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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 57, de 10/11/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 57
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 11
celebrada el 10 de noviembre de 1994,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA
Solicitud de comparecencia del Vicepresidente del Gobierno, Excmo. Sr.
don Narcis Serra i Serra, para informar sobre las razones por las que no
ha sido oído el citado Tribunal por el Gobierno en el proceso de
selección del miembro español del Tribunal de Cuentas de la Comunidad
Económica Europea (CEE), a petición del Grupo Parlamentario Popular.
(Números de expedientes S. 711/000087; C. D. 213/000100) (Página 1184)
Para dar a conocer a la Cámara los criterios manejados por el Gobierno
para la designación de don Antonio Castells como candidato a miembro del
Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea, a petición del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida; Iniciativa per Catalunya. (Números
de expedientes S. 711/000088; C. D. 213/000108) (Página 1184)
Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas de que se recabe de dicho Tribunal la realización de una
fiscalización de la empresa pública Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, S. A. (ENRESA), desde su fundación hasta el año 1993, a
petición del Grupo Parlamentario Popular. (Números de expedientes S.
772/000005; C. D. 253/000011) (Página 1193)
Solicitud de fiscalización específica económico-financiera de la gestión
de Cruz Roja Española, durante el período que fue Presidenta de la
Entidad doña Carmen Mestre, a petición del Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida; Iniciativa per Catalunya. (Números de expedientes S.
772/000006 y C. D. 253/000005) (Página 1195)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de dar comienzo a la sesión de esta Comisión Mixta para las
relaciones con el Tribunal de Cuentas de acuerdo con el orden del día,
este Presidente, y en nombre de la Mesa, quiere expresar su
agradecimiento a don Adolfo Carretero, Presidente del Tribunal de
Cuentas, que ha dimitido por razones personales. Todo el mundo sabe que
padece una grave enfermedad, por lo que creía necesario y obligado
expresar el reconocimiento de la Comisión a una persona que ha dedicado
bastantes años a las tareas de presidir el Tribunal de Cuentas y que ha
comparecido aquí cuantas veces ustedes lo han querido para expresar las
aclaraciones y las explicaciones de lo informes que han tenido entrada en
esta Comisión.
Muchas gracias.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO PARA INFORMAR SOBRE
LAS RAZONES POR LAS QUE NO HA SIDO OIDO EL CITADO TRIBUNAL POR EL
GOBIERNO EN EL PROCESO DE SELECCION DEL MIEMBRO ESPAÑOL DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (S. 711/000087; C. D. 213/000100.)
--PARA DAR A CONOCER A LA CAMARA LOS CRITERIOS MANEJADOS POR EL GOBIERNO
PARA LA DESIGNACION DE DON ANTONIO CASTELLS COMO CANDIDATO A MIEMBRO DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (S.
711/000088; C. D. 213/000108.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el primer punto del orden del día:
Solicitud de comparecencia del señor Vicepresidente del Gobierno para
informar sobre las razones por las que no ha sido oído el citado Tribunal
por el Gobierno en el proceso de selección del miembro español del
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Económica Europea, a
petición del Grupo Parlamentario Popular.
Debo aclarar que al haber dos solicitudes prácticamente en el mismo
sentido, la del Grupo Parlamentario Popular y la de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en primer lugar ambos Grupos formularán
sus solicitudes de aclaración al Vicepresidente del Gobierno, el cual
responderá a continuación.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Rudi
Ubeda.
La señora RUDI UBEDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de entrar en el tema objeto de debate, quiero dejar aquí
constancia, en nombre de mi Grupo y como Portavoz del mismo en esta
Comisión, que, aunque son sabidas las discrepancias de criterio que en
muchas ocasiones hemos mantenido con el señor Carretero, lamentamos que
su dimisión haya sido debida a una enfermedad y le deseamos un pronto
restablecimiento.
Dicho esto, señor Presidente, entro en el punto del orden del día.
Su comparecencia, señor Serra, Vicepresidente del Gobierno, fue pedida
por mi Grupo en octubre del año pasado. Entiendo que en este momento
quizá se ha quedado antiguo el asunto por el cual pedimos que usted
compareciera, pero bien es cierto que ha sido algo ajeno a la voluntad de
este Grupo lo que ha originado que estemos hablando hoy, 10 de noviembre
de 1994 --,y no quiero decirle que sea consecuencia de su falta de
voluntad para venir a la Comisión-- de un asunto que tuvo su origen el 5
de octubre de 1993, un acuerdo del Tribunal de Cuentas adoptado por
unanimidad en su Pleno extraordinario, que dice lo siguiente: El Pleno
del Tribunal de Cuentas lamenta no haber sido oído en el proceso de
selección del miembro español del Tribunal de Cuentas de la Comunidad
Europea como es criterio unánime de los Tribunales de Cuentas de los
países miembros de la Comunidad Europea, expresado en su reunión de La
Haya de 1989, que fue ratificado por este Pleno en junio de 1993.
Asimismo, expresa un malestar por haber sido preterida esta Institución
al seleccionar dicho miembro español sin tomar en consideración a
personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido al Tribunal de
Cuentas, como se establece en el artículo 206.3 del Tratado de Bruselas.
Y continúa el acuerdo del Tribunal con un tercer punto, que dice: Dar
traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y comunicarlo a los
Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.
Como bien dice el contenido de este acuerdo, y como usted seguramente
conoce sobradamente, señor Serra, el
artículo 188.b) del Tratado de la Unión Europea, de 1992, prevé que el
Tribunal de Cuentas Europeo estará compuesto por doce miembros. El punto
segundo de ese artículo dice: Los miembros del Tribunal de Cuentas serán
elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus
respectivos países a las Instituciones de control externo o que estén
especialmente capacitadas para esta función, y deberán ofrecer absolutas
garantías de independencia. El artículo 206 del Tratado de Bruselas de
1975 tiene un texto semejante, y en él se dice que se deberá elegir entre
personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus países
respectivos a las Instituciones de control externo, y también contempla
que deberán ofrecer garantías totales de independencia.
Señor Serra, a la vista de estos datos, nos gustaría que nos explicase
por qué el Gobierno no consultó al Tribunal de Cuentas a la hora de
nominar al miembro español para el Tribunal europeo. Y también nos
gustaría que nos explicase si el Gobierno considera que la persona
nominada, don Antonio Castells i Oliveros --cuya capacidad profesional no
voy a poner en cuestión porque es catedrático de Hacienda Pública-- va a
dar garantías de total independencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rudi.
Para formular sus razones de solicitud de comparecencia por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo también quiero dejar constancia del profundo pesar de mi Grupo por la
enfermedad del señor Carretero, así como desear su pronta recuperación.
La comparecencia del señor Vicepresidente del Gobierno se produce, como
se ha dicho en la anterior intervención, casi un año después de ser
pedida también por mi Grupo. Pero esta comparecencia tiene un precedente
en esta Comisión: la propia comparecencia del Presidente del Tribunal de
Cuentas para este mismo tema y en la misma Comisión.
Mi Grupo, en su momento, también hizo una pregunta escrita al Consejo de
las Comunidades Europeas que venía a decir, más o menos, lo siguiente: El
Gobierno español presentó el 1.º de octubre de 1993 la candidatura de don
Antonio Castells, Diputado y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido
Socialista de Cataluña, como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. La
presentación de esta candidatura ha sido criticada por el Tribunal de
Cuentas de España en un Pleno extraordinario celebrado el 6 de octubre de
1993. La resolución de este organismo, que ya ha sido leída, adoptada por
unanimidad, señalaba que el Pleno del Tribunal de Cuentas lamentaba no
haber sido oído en todo el proceso, y asimimo expresaba su malestar por
haber sido preterida esta Institución al seleccionar dicho miembro del
Tribunal de Cuentas español sin tomar en consideración a personalidades
que pertenezcan o hubieran pertenecido al Tribunal de Cuentas.
A la vista de estos datos, preguntamos al señor Vicepresidente del
Gobierno si se puede garantizar que el candidato don Antonio Castells
reunía en su momento todas la condiciones requeridas en el artículo 206
del Tratado de Bruselas para ejercer sus funciones con absoluta
independencia y en interés general de la comunidad.
Decía anteriormente que esta comparecencia viene después de otra del
Presidente del Tribunal de Cuentas que expresó, en esta misma Comisión,
que en su día el Tribunal de Cuentas creía que debería haber sido oído
antes del nombramiento no sólo del Tribunal de Cuentas había dirigido una
carta al Ministro para las Relaciones con las Cortes en la que le había
hecho saber todas estas consideraciones que acabo de referir. El Tribunal
de Cuentas, que es una organización supranacional, sino de otras
organizaciones internacionales. Finalizó su intervención el Presidente
del Tribunal de Cuentas diciendo que, después de una reunión con el
Ministro de la Presidencia en la que estubo presente el plenario del
Tribunal de Cuentas, éste, en nombre de Gobierno, le dio la explicación
de que la premura, dado que todos los países ya habían propuesto
candidatos, exigía al Gobierno español que lo hiciera rápidamente, siendo
ésas las únicas razones de no haber consultado al Tribunal de Cuentas.
Creo que el propio Presidente del Tribunal de Cuentas no se dio por
satisfecho con esa explicación, aunque la manifestó en el momento citado.
Nosotros estamos persuadidos y convencidos de que el Gobierno tenía las
competencias adecuadas para nombrar o proponer a don Antonio Castells
como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. Ahora bien, ¿no le parece
al señor Vicepresidente del Gobierno que se deberían haber guardado las
formas y haber tenido un respeto, a mi entender, por el plenario del
Tribunal de Cuentas Europeo y considerar su opinión para la propuesta?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Para expresar los criterios del Gobierno o las razones esgrimidas en este
tema, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vicepresidente
del Gobierno.
El señor VICREPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, yo también quiero iniciar esta comparecencia lamentando que se
haya retrasado tanto en el tiempo, y lamentando también que se produzca
en un momento en el que el señor don Adolfo Carretero, por las razones
que ha expresado la Presidencia, ha debido dimitir de su cargo. Yo
también considero que el señor Carretero ha sido un Presidente eficaz,
riguroso e imparcial del Tribunal de Cuentas, al que todos deseamos no
sólo una pronta recuperación, sino que sentimos perderle al frente de
esta Institución dada la ejecutoria que ha tenido al frente de la misma.
Y digo que siento que la comparecencia se haya producido con tanto
retraso porque no se trata de que el Gobierno no tenga nada que ocultar
en relación con este nombramiento,
sino que, precisamente, el Gobierno hubiera querido explicarse
rápidamente, y en todo caso, si hubiera sido posible, junto al Presidente
del Tribunal de Cuentas. De todos modos, el retraso permite decir hoy
--puesto que hace ya meses que el Tribunal al completo viene ejerciendo
sus funciones-- que el Gobierno está plenamente satisfecho del
nombramiento que en su día propuso, y voy a dar las explicaciones, que
creo que responden ampliamente a las demandas de sus señorías, tanto
sobre el procedimiento para designarlo como sobre la idoneidad del
candidato, si bien, evidentemente, estoy dispuesto a ampliarlas en la
medida en que ustedes me lo pidan.
En primer lugar, quiero dejar sentado --a ello se ha referido el señor
González y por eso en este tema no vamos a tener posiciones distintas--
que el Gobierno ha hecho un mero ejercicio de lo que son sus propias
competencias y responsabilidades al seguir el procedimiento que ha
seguido para proponer al señor Antonio Castells como miembro del Tribunal
de Cuentas Europeo.
La señora Rudi ha hecho referencia al artículo 188 del Tratado de la
Unión Europea, y ese artículo, que reproduce el artículo 206 del
constitutivo de las Comunidades Europeas, deja bien claro que el
nombramiento del Tribunal de Cuentas Europeo es competencia del Consejo a
propuesta de los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros y oído el
Parlamento Europeo. El Gobierno español hizo, por lo tanto, uso de sus
competencias y por ello el día 1.º de octubre del año 1993 se dieron
instrucciones a la Embajada española ante la Comunidad Europea para que
comunicase al Consejo la propuesta de nombramiento y para que también la
comunicase al Parlamento Europeo a los efectos de que el mismo procediera
a los trabajos de Comisión y a emitir por parte de su órgano plenario el
informe correspondiente. En cuanto al procedimiento de designación, los
tratados europeos no establecen ningún otro requisito.
Sin embargo, tanto la señora Rudi como el señor González han hecho
referencia a la consulta del Tribunal de Cuentas de nuestro propio país y
han citado la carta del Presidente del Tribunal de Cuentas en su día al
Ministro de Relaciones con las Cortes --esta referencia la ha hecho el
señor González--. Efectivamente, existe una recomendación adoptada por el
denominado Comité de Contacto de los Tribunales de Cuentas de las
Comunidades Europeas en su reunión de septiembre de 1989, acuerdo que fue
transmitido en el mes de noviembre de ese mismo año, 1989, por el
entonces Presidente del Tribunal de Cuentas, Pascual Sala, al Ministro de
Relaciones con las Cortes, indicando en su carta las características de
ese órgano, es decir, del Comité de Contacto de los Tribunales de
Cuentas, órgano que existe con el objeto de intercambiar opiniones acerca
de problemas comunes y de establecer sistemas, métodos, y en algunos
casos normativas, que de una u otra manera aproximen los puntos de vista
de los distintos Tribunales Europeos en relación con las tareas que
tienen encomendadas. Por lo tanto, el Comité de Contacto de los
Tribunales de Cuentas es un organismo no institucional de las Comunidades
Europeas y aunque sus resoluciones sean muy estimables y sus trabajos
necesarios en la medida en que conviene la coordinación informal de las
tareas de los Tribunales de Cuentas de los países europeos, no tienen ni
pueden tener eficacia jurídica, como lo prueba un hecho que espero que
sus señorías acepten como demostrativo: sólo un país de los 12 que
componen la Comunidad Europea ha seguido la recomendación de esta reunión
de Presidentes de Tribunales de Cuentas, sólo uno, y ha procedido a una
consulta previa al Tribunal de Cuentas de este propio país.
Más allá del contenido de los tratados europeos existe una Resolución del
Parlamento Europeo de 1992, sobre procedimientos, principios y criterios
para emitir su dictamen --tampoco vincula a los Gobiernos de los países
miembros-- sobre las candidaturas de miembros del Tribunal de Cuentas de
las Comunidades Europeas. En esa Resolución no se contiene ninguna
previsión sobre la participación de los Tribunales de Cuentas en la
conformación de la voluntad de los respectivos Gobiernos para proponer
los candidatos. Sí existen exigencias de características profesionales:
experiencia profesional adquirida a alto nivel, bien en las finanzas
públicas o bien en la gestión o en el control de gestión. Es decir, en
sus criterios el Parlamento Europeo amplía el contenido del Tratado de la
Unión Europea, puesto que en este último los miembros pueden pertenecer o
haber pertenecido en los respectivos países a las instituciones de
control externo o estar especialmente calificados para esa función,
mientras que el Parlamento ya distingue entre haber participado en el
control de gestión, haber participado en la gestión de organismos
económicos o bien en las finanzas públicas. Además --y lo leo porque va a
tener que ver con las demandas de garantías de independencia del
candidato que han formulado sus señorías--, el Parlamento Europeo aprobó
como criterio que no se ejerza ningún tipo de mandato electivo ni ningún
tipo de responsabilidad en un partido político a partir de la fecha de
nombramiento. El siguiente apartado de este acuerdo del Parlamento
Europeo se refiere a la edad de los candidatos; pide que los candidatos
tengan una edad tal que no cumplan los 65 años en el ejercicio del primer
mandato y si son renovados que no cumplan los 70 años en el segundo. Y
después, los criterios aprobados por el propio Parlamento Europeo se
refieren a la necesidad de establecer una composición diversa, plural, en
el Tribunal de Cuentas, porque el Parlamento Europeo --dice esa
Resolución-- velará por que se mantenga un equilibrio razonable en el
colegio de miembros, y sigue: si la actual composición del Tribunal puede
considerarse afortunada por la diversidad de origen de sus miembros --y
no puede hacer referencia a la diversidad de países, que es obvia, sino a
la diversidad de origen en cuanto a profesiones, órganos de la
Administración, procedencia de los órganos de control de las
instituciones--, no es justificable que no exista --se refiere al momento
en el que se dictó la Resolución, en 1992-- ningún miembro femenino en el
Tribunal de Cuentas, siendo éste un criterio que el Parlamento Europeo
querría que se enmendase. Por último, el Parlamento Europeo tiene como
criterio aprobado el que los miembros del Tribunal de Cuentas no deberían
tener en el mismo más de dos mandatos.
Dicho esto, es decir, conocidos --porque los ha leído la señora Rudi--
los criterios que impone el Tratado de la Unión Europea y conocidos los
criterios que votó el Parlamento Europeo, queda claro que es
responsabilidad del Gobierno buscar la persona idónea que cumpla con
estas condiciones.
Señorías, hasta la aprobación por parte del Parlamento Europeo, es una
condición de valoración de los candidatos, pero en ningún caso vinculante
de la decisión final del Consejo, como lo prueba el hecho de que en la
renovación que estamos considerando, de octubre de 1993, de los seis
candidatos presentados por los seis países que debían renovar su miembro
en el Tribunal de Cuentas, dos de ellos no tuvieron el informe favorable
del Parlamento Europeo y, a pesar de ello, el Consejo Europeo los nombró
para dicho Tribunal.
Dicho lo anterior, que el Gobierno ha cumplido con todos los requisitos
legales de tratados internacionales y de acuerdos del Parlamento Europeo
para nombrar al candidato al Tribunal de Cuentas, quisiera expresar a sus
señorías que el Gobierno sí contó con el Tribunal de Cuentas español
antes de tomar su decisión.
El día 13 de septiembre de 1993, junto con el Ministro de la Presidencia,
recibí al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal de Cuentas para
intercambiar criterios respecto del posible candidato futuro.
Posteriormente, siguió los contactos el Ministro de la Presidencia que, a
su vez, comunicó al Presidente del Tribunal de Cuentas cuál sería el
candidato propuesto por el Gobierno español antes de transmitir nuestra
propuesta a Bruselas. El propio Ministro, como han explicado sus
señorías, se reunió días después con el Tribunal de Cuentas y le explicó
las razones del Gobierno para nombrar a este candidato.
Aunque no me parece estrictamente necesario, puesto que consta en el
«Diario de Sesiones» de las Cortes Generales, quiero decir, en defensa de
lo que exactamente dijo don Adolfo Carretero en su comparecencia, que el
Ministro explicó al Tribunal de Cuentas que el Gobierno era quien tenía
competencia para la propuesta, que no se hallaba vinculado por ninguna
resolución de los presidentes del Tribunal de Cuentas, que no había
preferencia ni en el Tratado de la Unión Europea ni en el anterior para
miembros del Tribunal de Cuentas, ni en las resoluciones del Parlamento
Europeo, puesto que en los artículos que ha leído la señora Rudi se
explicita que pueden nombrarse expertos, y que no hubo --eso sí que es
cierto-- tiempo material en el momento de la decisión final --porque los
demás países ya habían presentado los candidatos-- de hacer una consulta
formal al Tribunal de Cuentas.
Quiero expresar mi opinión personal y la del Gobierno sobre el
particular. Creo conveniente que, antes de que el Gobierno ejerza sus
responsabilidades, tenga un intercambio de opiniones con el Presidente
del Tribunal de Cuentas, y esto lo hizo el Gobierno; y no sólo con el
Presidente del Tribunal de Cuentas, sino con los presidentes anteriores,
y sugiero que en el futuro esto se haga precisamente como una forma de
valorar la idoneidad de los candidatos. Pero, señorías, no es mi criterio
ni es criterio del Gobierno nombrar a un miembro en activo del Tribunal
de Cuentas como miembro del Tribunal de Cuentas de Europa, porque no nos
parece que una decisión, que es responsabilidad del Gobierno, interrumpa
el mandato parlamentario que tienen los miembros del Tribunal de Cuentas
para un período determinado. Y, como no nos parece oportuno ni
conveniente, del mismo modo que pueden nombrarse personas que hayan sido
miembros de tribunales de cuentas o de órganos de control, evidentemente,
junto a profesionales de prestigio, creemos que por el mecanismo de
nombramiento, que es responsabilidad del Ejecutivo, no es adecuado que
esa decisión del Ejecutivo interrumpa un período de mandato del
Legislativo respecto de la composición del Tribunal de Cuentas.
Dicho esto, pasaré a responder claramente las demandas de justificación
de idoneidad de la persona elegida. Antes quiero decir con toda
cordialidad al señor González que en absoluto se ha preterido a la
institución del Tribunal de Cuentas, ni lo ha hecho el Gobierno español
ni lo han hecho los otros diez países que no han formulado consultas a su
propio Tribunal de Cuentas y que, por descontado, hemos guardado las
formas porque el Gobierno las ha guardado y las guardará siempre en
relación con el Tribunal de Cuentas y con el respeto que éste le merece.
Precisamente, por esa posición de respeto al Tribunal de Cuentas y al
mandato parlamentario respecto de sus componentes y a las relaciones
entre el Legislativo y el Tribunal de Cuentas, el Gobierno no considera
adecuado designar a una persona que esté en estos momentos cumpliendo ese
período de mandato parlamentario en el Tribunal de Cuentas.
Como decía antes la señora Rudi, los miembros de Tribunales de Cuentas
europeos deben pertenecer o haber pertenecido en sus respectivos países a
las instituciones de control externo o estar especialmente calificados
para esta función.
Por tanto, la alternativa es doble: o se justifica la presentación del
candidato por haber estado en un órgano de control, o se justifica por
tener capacidades o calificaciones especiales para esta función.
Insisto en que el Parlamento Europeo no pone en absoluto el énfasis en la
pertenencia a los órganos de gestión, sino que solicita que hayan
pertenecido también a órganos de gestión, y no sólo de control de
gestión, o que tengan calificación personal. Pero es que resulta,
señorías, que el candidato del Gobierno español reúne las dos condiciones
establecidas en el artículo 206 del Tratado constitutivo de las
Comunidades Europeas, o el 188 del Tratado de la Unión que ha leído la
señora Rudi, porque el candidato que hemos propuesto es catedrático de
Hacienda Pública, es Auditor de Cuentas, ha sido miembro de la Comisión
Mixta de Valoraciones entre el Estado y la Generalitat de Cataluña para
las transferencias y tiene numerosas publicaciones. Además, don Antonio
Castells ha sido miembro de una institución de control externo de nuestro
país, porque, sin menoscabo del Tribunal Constitucional, estarán ustedes
de acuerdo conmigo en que ser miembro de un Tribunal de Cuentas de
Comunidad Autónoma, en este caso síndico de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña, es cumplir con la condición del artículo 206 del Tratado de las
Comunidades, que especifica que hayan pertenecido en sus respectivos
países a las instituciones de control externo, y la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña es en España una institución reconocida y actuante en
nuestro ordenamiento jurídico. En esta institución, don Antonio Castells
fue síndico entre 1984 y 1989 y, además, Presidente de la Sección de
Enjuiciamiento de dicha sindicatura durante los mismos años.
Para tranquilidad de sus señorías, y quizá a causa del retraso con que
comparezco --del que se ha lamentando, y yo también, la señora Rudi--, he
de decirles que la audiencia que tuvo lugar en la Comisión de control
presupuestario del Parlamento Europeo en relación con cada uno de los
candidatos propuestos por los distintos países fue especialmente
favorable al señor Castells, es decir, al candidato propuesto por el
Gobierno español, ya que fue el único de los propuestos por estos seis
países avalado por unanimidad por la citada Comisión. Y por si sus
señorías requieren una mayor seguridad en relación con la idoneidad de
don Antonio Castells, les diré que, días después, cuando el Pleno del
Parlamento Europeo votó el informe sobre cada uno de los candidatos para
cubrir una vacante del Tribunal de Cuentas Europeo, quien más votos
obtuvo en esa sesión plenaria volvió a ser el señor Castells, candidato
propuesto por el Gobierno español.
Por lo que respecta a las garantías de independencia, el señor González
se ha referido a una pregunta que un miembro de su Grupo Parlamentario
europeo formuló en el Consejo, que éste contestó en su momento con toda
claridad. Por otra parte, este tema está resuelto en el artículo 206 del
Tratado de constitución de las Comunidades Europeas, que señala que en el
momento de asumir sus funciones estas personas se comprometerán
solemnemente a respetar, mientras dure su mandato, la independencia,
etcétera.
Por otro lado, el señor Castells no es el único parlamentario que ha
habido, y hay en estos momentos, en el Tribunal de Cuentas Europeo. El
miembro alemán del citado Tribunal también era parlamentario y Presidente
de la Comisión de Presupuestos del Parlamento alemán y, al igual que en
el caso del candidato español, en el momento de su nombramiento dimitió
de todos sus cargos para garantizar en todos sus términos la
independencia a que se refieren los tratados y normas elaborados por el
Parlamento Europeo. Hasta en nuestro Tribunal de Cuentas hemos nombrado
miembros de una de las dos Cámaras que, evidentemente, han dimitido de su
condición de parlamentarios para formar parte del Tribunal de Cuentas
español.
Por tanto, señorías, supongo que estarán de acuerdo conmigo en que la
garantía de independencia no procede de la ausencia de pertenencia a un
partido político, sino de la dimisión respecto de esos cargos y de la
conducta que a partir de ese momento tenga el miembro del Tribunal de
Cuentas. Pensar lo contrario sería creer que tan sólo funcionarios
públicos que no hubieran pertenecido a partidos parlamentarios serían las
personas idóneas para formar parte del Tribunal de Cuentas europeo y por
la composición de éste, está claro que ése no es el criterio de los
países de la Comunidad Europea.
Por ello, señorías, puedo decirles que el candidato español al Tribunal
de Cuentas europeo fue propuesto por el Gobierno español siguiendo
rigurosamente todas las exigencias de la legislación vigente, con una
consulta y comunicación al Presidente del Tribunal de Cuentas español,
nombrándose a una persona idónea para el cargo, lo que se ha podido
demostrar durante el ejercicio de estos meses, pero también, como ya he
dicho, por el hecho de que fuera el candidato mejor valorado y avalado,
tanto por la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, como por
éste último.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Con el fin de solicitar alguna aclaración, o expresar su criterio
respecto de la información dada por el Vicepresidente del Gobierno, en
primer lugar, tiene la palabra la señora Rudi, del Grupo Popular.
La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, dice usted que hubiera querido
explicarse rápidamente, pero tenía la oportunidad de hacerlo, ya que el
Gobierno puede comparecer a petición propia en cualquiera de las
Comisiones del Congreso. Por tanto, si su comparecencia en esta Comisión
--a petición de los Grupos Parlamentarios Popular y de Izquierda Unida--
ha sufrido alguna demora por diferencias de criterio en la aplicación del
Reglamento, no hubiera ocurrido así en su petición de comparecencia ante
la Cámara como Ministro del Gobierno. Quizá esto sea algo anecdótico,
pero se lo digo por si le ocurre en otra ocasión. Me imagino que usted
conoce bien el Reglamento, porque lleva muchos años en política y en el
Gobierno pero, por si acaso, haga uso de él, señor Serra y no espere a
que le llamemos; venga usted, ya que tiene derecho como miembro del
Gobierno.
Toda su argumentación se ha centrado en dos ideas. Una de ellas, relativa
a que el Gobierno ha cumplido con una potestad que tiene atribuida, lo
que no he puesto en duda en ningún momento. Efectivamente, la potestad de
nombrar al representante de España en el Tribunal de Cuentas pertenece al
Gobierno, y sólo faltaría que el Gobierno se hubiera atribuido una
potestad que no tuviera. Y aunque, señor Serra, estamos acostumbrados a
ver cosas relativamente extrañas --por utilizar un término suave-- en las
decisiones que toma el Gobierno, permítame que insista en que sólo
faltaría que ustedes hubieran tomado una decisión que no tuviera un
amparo legal. Por tanto, no hemos discutido esa cuestión, sino el
criterio político.
En este sentido, la intención de mi Grupo es hablar de criterios
políticos y, en el uso de esa potestad legal, entendemos que el Gobierno
--porque se trata de un acuerdo corporativo-- no ha actuado
correctamente. Pero esto no sólo lo piensa mi Grupo, sino que en aquel
momento, el Tribunal de Cuentas, por unanimidad, en un Pleno
extraordinario convocado al efecto, les hizo llegar su malestar. Luego
mostramos nuestra discrepancia con el aspecto formal del trámite --no con
el legal--, pero también lo ha hecho el Tribunal de Cuentas español.
Por otra parte, usted dice que las resoluciones del Tribunal de Cuentas
europeo no tienen eficacia jurídica y en su argumentación sigue hablando
de la legalidad o ilegalidad que, por otra parte, es un campo en el que a
ustedes les gusta moverse mucho y quizá huyan de los principios éticos y
de los criterios políticos. También sabemos esto, pero sigo insistiendo
en que no haber consultado al Tribunal de Cuentas español nos ha parecido
una mala forma de actuar en el ámbito político.
También le quiero pedir una aclaración --porque no he conseguido
entenderlo-- sobre algo que usted ha dicho. He creído entender que habían
consultado al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal y se me
plantean dos dudas al respecto. La primera, referente a cómo es posible
que si ustedes hablaron con el Presidente del Tribunal --en aquellos
momentos, el señor Carretero--, posteriormente se produjera un acuerdo
unánime de protesta de aquél. En segundo lugar, quisiera saber quién es
la segunda persona con la que hablaron, porque el Tribunal de Cuentas no
tiene Vicepresidente; está el Presidente del Tribunal y dos Presidentes
de las dos Secciones: la de Enjuiciamiento y la de la Fiscalización, pero
es un órgano que no tiene Vicepresidente. Por tanto, me gustaría que nos
aclarase quién es la persona a la que le ha adjudicado usted el cargo de
Vicepresidente del Tribunal.
Por otra parte, ya he dicho que no iba a discutir la idoneidad
profesional del señor Castells, y no voy a hacerlo, pero sí la idoneidad
política de esta decisión. Usted dice que el señor Castells no es el
único miembro del Tribunal de Cuentas europeo que proviene de un
Parlamento, pero a mi Grupo no le parece lo más adecuado --y es el
criterio que también hemos mantenido para el Tribunal de Cuentas
español-- que personas vinculadas a partidos políticos --que,
lógicamente, dejan de estarlo en el momento en que toman posesión de su
cargo, porque así lo exige la ley-- ocupen puestos en órganos de control;
en este sentido, el Tribunal de Cuentas español es un órgano de control
del Ejecutivo dependiente del Parlamento y el Tribunal de Cuentas europeo
también lo es. Y es precisamente porque don Antonio Castells tiene
currículum político --y no por el especial condicionante de éste--, no
nos parece la persona más adecuada para formar parte de un órgano de
control. A este respecto, era miembro del Consejo Nacional del PSC desde
1987, formó parte de la Comisión Ejecutiva del PSC desde 1989, y fue
Diputado autónomo del Parlamento de Cataluña por el PSC-PSOE. Y el 7 de
octubre de 1993 --hace ya más de un año, pero es cuando se produjeron
estas noticias--, en un periódico catalán había declaraciones de la
Dirección del PSC --yo no he visto que hayan sido desmentidas--, en el
cual se dice --quizá no lo diga con claridad, porque está en catalán y mi
conocimiento de esa lengua no es muy amplio, pero creo que sí puedo
entender el sentido-- que los socialistas catalanes han informado que el
catedrático de Hacienda Pública mantendrá su residencia en Barcelona, se
desplazará puntualmente a Luxemburgo y, de esta manera, Castells, miembro
de la ejecutiva del PSC y próximo a Raimon Obiols, seguirá implicado en
las decisiones del partido.
Señor Serra, que el 7 de octubre aparezca esto publicado --que no ha sido
desmentido por la dirección de los socialistas catalanes-- me parece muy
grave y me hace dudar de la voluntad de independencia política que usted
aseguraba que este señor tenía en el momento que dimitió de su cargo de
Diputado.
Nos ha dado dos argumentaciones --para terminar, señor Presidente--: por
una parte, que recomienda y está de acuerdo en que se oiga al Presidente
del Tribunal de Cuentas en estas decisiones. Pues ponga en práctica su
criterio, señor Serra, que usted lleva de Vicepresidente del Gobierno
muchos años; no es que esté usted fuera del Gobierno y tenga que
recomendarle lo que tiene que hacer. Póngalo usted en práctica, y podía
haberlo hecho en octubre del año 1993.
Por último, cuando usted dice que son contrarios a nombrar para el
Tribunal de Cuentas Europeo a cualquier miembro actual del Tribunal de
Cuentas español, da una argumentación que puede tener su sentido --se lo
reconozco--, es decir, que no quieren interrumpir un mandato que tiene su
origen en un acuerdo parlamentario por un acuerdo del Ejecutivo.
Entonces, me planteo una duda, y vuelvo a su condición de Vicepresidente:
¿me quiere explicar usted cuál es el origen del señor Belloch, actual
Ministro del Gobierno del señor González? Porque el señor Belloch era
miembro del Consejo del Poder Judicial, y por mandato del Parlamento. Y
el señor González --el Presidente del Gobierno-- no tuvo empacho en no
aplicar su criterio. Mere usted, señor Serra, a ver si se lo explica
mejor al señor González. Además, el criterio del Gobierno es unánime.
Pero es que, a más a más --como dicen ustedes, los catalanes--: el señor
Belloch, una vez Ministro del Gobierno del señor González, del cual usted
forma parte, ha nombrado Secretaria de Estado de su Ministerio a una
señora que también era miembro del Consejo General del Poder Judicial por
mandato del Parlamento.
Señor Serra, justificar lo injustificable es realmente complicado. Asuma
usted que su criterio político es ocupar las instituciones, como lo han
venido haciendo desde que están en el Gobierno. Siempre han mandado
personas vinculadas con el Partido a ocupar órganos independientes. Y,
efectivamente, lo hicieron en el caso de un miembro del Tribunal de
Cuentas. Asuma usted eso, pero no busque justificaciones que se vuelven
en contra suya, porque todos los argumentos son de ida y vuelta. (Varios
señores Senadores y Diputados: ¡muy bien!)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rudi.
Tiene la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con mucha brevedad, señor Vicepresidente del Gobierno, puesto
que estamos hablando de un tema que ocurrió hace casi un año y a mí ya me
preocupan más los temas de actualidad.
Se ha retrasado mucho en el tiempo, y ya ha dicho la anterior
interviniente que si el Gobierno hubiera querido informar
tenía todos los medios posibles para hacerlo. Por tanto, no será mi Grupo
--supongo-- ni este Diputado el que tenga la culpa de que el Gobierno no
haya querido explicarse anteriormente. En cuanto a la idoneidad del
candidato, no dudamos de su solvencia. Es catedrático de Hacienda
Pública, etcétera.
Lo único que nos preocupaba y lo único que preguntamos a través de
nuestro parlamentario europeo es si el Consejo podía garantizar su
independencia, teniendo en cuenta que fue miembro de la Comisión
Ejecutiva de un partido político. Es verdad, señor Vicepresidente del
Gobierno, que no tenemos por qué lesionar el derecho de ninguna persona
por el hecho de que haya sido militante de un partido político, porque
estamos hablando de un miembro de una Comisión Ejecutiva de un partido
político. Y el Consejo no nos contestó en ningún momento a esa duda; a si
podría garantizar que reunía todas las condiciones requeridas en el
artículo 206 del Tratado de Bruselas para ejercer sus funciones con
absoluta independencia y en interés de la Comunidad. El Consejo nos dijo:
los miembros del Tribunal de Cuentas, que son nombrados por unanimidad
por el Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo para un período de
seis años, son elegidos, de acuerdo con el apartado dos de dichos
artículos, entre personalidades que pertenecen o hayan pertenecido en sus
respectivos países a instituciones de control externo o que estén
especialmente calificadas para esta función. No nos contestó a nuestra
duda de si podía garantizar la independencia y el interés de la
Comunidad.
Señor Vicepresidente del Gobierno, a mí me da la impresión de que la
lectura que usted ha hecho de la intervención del señor Carretero es,
como mucho, muy subjetiva. Yo tengo delante dicha intervención --aquí, en
esta Comisión Mixta-- y viene a decir lo siguiente: el Ministro de la
Presidencia tuvo una reunión con el Pleno del Tribunal de Cuentas y
explicó la posición del Gobierno. En resumen, venía a decir que tenía
competencia para la propuesta, que no se hallaba vinculado por resolución
del Parlamento Europeo, que no había preferencia para los Tribunales de
Cuentas puesto que los artículos dicen que se pueden nombrar expertos y
no hubo tiempo material de conectar, etcétera, pero, al final, en nombre
del Tribunal de Cuentas, dice el señor Carretero: El Tribunal de Cuentas
escuchó la explicación y se dio por enterado --no se dio por conforme, se
dio por enterado-- de qué iba a hacer el Presidente del Tribunal de
Cuentas, aunque anteriormente había tenido una postura contraria. Se dio
por enterado. No dice nada más, señor Vicepresidente.
En cuanto al nombramiento de un miembro en activo, yo no le he pedido que
lo hagan; ni mucho menos. Yo he dicho que tengan en cuenta la opinión del
Tribunal de Cuentas, porque en este tipo de temas me parece a mí que algo
tiene que decir.
Yo no quería insistir mucho más en el tema, porque ya he dicho que
ocurrió hace un año, que, efectivamente, no dudo que fuera el miembro más
votado cuando se propuso su nombramiento en el Parlamento Europeo, porque
capacidad tiene para ejercer la función por la que se le ha propuesto
--por lo que yo sé--, pero ahora lo que nos preocupa --nos preocupaba en
aquel momento, fundamentalmente, y por eso lo preguntamos-- es si podía
garantizar su idoneidad en cuanto a garantizar también la independencia
absoluta y el interés de la Comunidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
¿Algún grupo parlamentario quiere expresar alguna solicitud de nueva
aclaración o criterio, con respecto a las explicaciones dadas? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
don Fernando Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
En principio, al igual que los demás grupos y que el Vicepresidente del
Gobierno y su propia Presidencia, quiero desear la recuperación del
Presidente del Tribunal de Cuentas. También quiero manifestar aquí --para
que se le traslade-- nuestra valoración --que supongo que es coincidente
con el conjunto de la Comisión-- muy positiva de su actividad al frente
de este Tribunal. Yo le pediría al Presidente que diera traslado al ex
Presidente del Tribunal de Cuentas, señor Carretero, de esta posición de
los distintos grupos de la Comisión y, por supuesto, también de las
manifestaciones que ha hecho el señor Vicepresidente del Gobierno.
Señor Presidente, la verdad es que cuando yo he escuchado la intervención
del Vicepresidente del Gobierno creía --ingenuo de mí-- que, después de
sus aclaraciones y de sus explicaciones, los distintos grupos de esta
Comisión estarían totalmente de acuerdo con el candidato que fue
propuesto por el Gobierno y tan unánimemente aceptado. Pero no sólo
estaba convencido de ello, sino que pensaba que si los miembros de esta
Comisión tuvieran que votar --que no tienen que hacerlo-- una propuesta
de esas características, sin duda alguna, votarían prácticamente por
unanimidad.
Señor Presidente, quiero dejar constancia de una cuestión muy clara. Mi
Grupo y yo personalmente valoramos muy positivamente la comparecencia del
Vicepresidente por lo siguiente: primero, porque es la primera vez que un
miembro del Gobierno --que yo sepa-- comparece en esta Comisión. Es la
primera vez. (La señora Rudi Ubeda: Nos ha costado.) No sé si ha costado
o no, señora Rudi, pero usted tenía la posibilidad --se dijo en esta
Comisión, igual que en la Mesa-- de haber planteado esa misma cuestión en
el Pleno de la Cámara, fundamentalmente, aunque también posiblemente en
alguna otra Comisión. Sin duda, no se quiso hacer, lo cual es
perfectamente legítimo en el ejercicio de su actividad por cualquier
Grupo Parlamentario, pero de eso a imputar ahora responsabilidades de
otro tipo, queda mucho. Sin ninguna duda, el Vicepresidente del Gobierno
ha querido comparecer y su intervención ha sido, en mi opinión, muy
positiva. Pero yo, señor Presidente de la Comisión, no puedo evitar estar
sorprendido de algunas de las manifestaciones
que estoy oyendo y que tienen mucho que ver con la cuestión, aunque
empieza a parecerme que es un hábito que no sólo se produce en esta
Comisión, sino que empieza a ocurrir excesivamente en el funcionamiento
político de este país.
En estos momentos hay una cuestión que parece clara. Ya sabemos que los
miembros del Grupo Popular no se fían de la independencia de los que son
del Grupo Popular. (La señora Rudi Ubeda: Está muy equivocado.) Parece
ser que ya no se fían. Pero no es sólo eso lo que a mí me parece
alarmante. A mí me parece alarmante y preocupante que se esté planteando
como garantía de mayor independencia la posibilidad de no pertenecer a un
partido político; a mí me parece preocupante en el funcionamiento de un
sistema democrático. Pero no sólo me parece preocupante, lo que pasa es
que a mí me da la sensación, por lo que empieza a notarse en las
manifestaciones que se hacen por determinados partidos o portavoces, que
se fían muchas veces de la capacidad de algunos independientes más por
sus declaraciones que por sus actuaciones, cuestionando, en mi opinión,
continuamente el funcionamiento y los principios fundamentales del
sistema democrático. Creo que ése es el problema con el que continuamente
nos encontramos.
Señor Presidente, desde ese punto de vista, algunas de las
manifestaciones que se han hecho --no puedo decir otra cosa-- me parecen
un despropósito.
En cualquier caso, y en lo fundamental, quiero agradecer al
Vicepresidente su comparecencia y su explicación. Señor Vicepresidente,
lamento que sus explicaciones no hayan convencido a los demás miembros de
esta Comisión de la idoneidad de un candidato, que sin ninguna duda
ofrece todas las garantías de independencia, de profesionalidad, como ha
puesto de manifiesto no sólo en esta Comisión, sino en la propia Unión
Europea.
Muchas gracias. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
Señora Rudi, el turno es para expresar el criterio de los diferentes
Grupos. Tiene pedida la palabra el señor Grau, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y a continuación le toca
intervenir al Vicepresidente del Gobierno para cerrar el debate.
La señora RUDI UBEDA: Perdone que se lo plantee, señor Presidente, pero
el representante del Grupo Socialista ha introducido un debate totalmente
ajeno a lo que en estos momentos estamos hablando y ha acusado a mi Grupo
de apoyar a personas que cuestionan el funcionamiento de las
instituciones democráticas y, desde luego, señor Presidente, tengo que
contestarle. (Rumores.) Si el señor Presidente no me da la palabra,
quiero que conste en Acta mi protesta. El señor Gimeno ha utilizado unos
argumentos generales que no afectaban al debate que teníamos en este
momento. (Rumores.) Además, ha hecho un juicio de valor sobre las
intenciones del Grupo Popular en cuanto a si se fía o no de las personas
cercanas a él.
El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, yo creo que en la propia cuestión de
orden ha planteado usted su disconformidad con los planteamientos pero
tenga en cuenta que están en relación también con la respuesta dada por
usted en el turno anterior.
De todas maneras, le voy a dar un par de minutos para conteste a las
alusiones que ha efectuado el señor Gimeno.
La señora RUDI UBEDA: Muchas gracias, señor Presidente. Es lo que quería.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y con ese espíritu o ese
complejo de persecución que tienen algunos miembros del Grupo Socialista,
el señor Gimeno ha aprovechado para hacer unos juicios de valor muy
graves, por estar hechos además en el ámbito parlamentario español, y
concretamente voy a contestarle a dos. El ha dicho que los miembros del
Partido Popular no nos fiábamos de la independencia de las personas
cercanas a nosotros. Señor Gimeno, no es que no nos fiemos de la
independencia, es que quizás ustedes se han olvidado de un refrán muy
antiguo que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser
honrada, sino parecerlo. Y el problema de todos ustedes es que en muchas
ocasiones sus nombramientos ni lo han parecido ni lo han sido. Y el
criterio político del Partido Popular es que para instituciones que
tienen que controlar al Gobierno y al Ejecutivo es preferible que esas
personas no tengan ningún tipo de vinculación política. (Varios señores
Senadores y Diputados: Porque no se fían.--Risas.) Pero no se trata de no
fiarse, señores socialistas. Por favor, no sean pueriles. (El señor
Acosta Cubero: No nos regañe, señora Rudi.) No es que no nos fiemos, es
que entendemos, señores Diputados socialistas, que la garantía de
independencia está más asegurada cuando no hay una vinculación política.
(Rumores.)
Con respecto, señor Gimeno, a que nosotros estemos proponiendo o
apoyándonos en personas que cuestionan el funcionamiento de las
instituciones democráticas, no se lo voy a discutir, porque me parece tan
grave la afirmación que solamente le ruego que lo retire, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, tiene un par de minutos para cerrar
este tema, que está originando un debate inusual en esta Comisión.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar que yo creo que la portavoz del Grupo Popular no ha
variado en lo fundamental una cuestión y, por supuesto, yo no cuestiono
ni en ella ni en su partido que sean democráticos, pero creo que a veces
en algunas actuaciones apoyan a actitudes que no serían muy positivas
para el sistema democrático. (El señor González Blázquez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor González, no ha sido usted aludido en la
intervención del señor Gimeno. Por tanto no tiene la palabra. Este es un
debate muy tasado y, como excepción, le he dado la palabra a la señora
Rudi, porque había una alusión directa.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Como no he sido aludido, estoy tranquilo.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Grau.
El señor GRAU I BULDU: Muchas gracias, señor Presidente.
Ante todo, y en esta primera intervención, quiero sumar la posición de mi
Grupo al sentimiento unánime que se está manifestando aquí por la baja
del señor Carretero y desear su pronta recuperación.
Con respecto al nombramiento del señor Castells, mi Grupo entiende que se
produjo de acuerdo con la posibilidad legal que tenía de actuación el
Gobierno y, por tanto, no discrepa en su nombramiento. Por ello, no ha
manifestado su necesidad de una comparecencia en esta Comisión y acepta
el hecho de que este señor haya sido nombrado para el Tribunal de Cuentas
de la Comunidad Económica Europea. Aceptamos que es una responsabilidad
del Gobierno y que la explicación que se ha dado aquí es suficiente y,
por tanto, mi Grupo no tiene más que decir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Grau.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Quisiera responder
con sosiego a un debate que yo creo que lo permite plenamente,
precisamente por el retraso con el que lo celebramos y por el resultado
de la designación que en su momento hizo el Gobierno.
La señora Rudi ha insistido en que aunque teníamos potestad legal, cree
que no hemos actuado correctamente en el aspecto formal. Le he dicho con
claridad, señora Rudi, que consultamos al Presidente del Tribunal de
Cuentas. Quizá ha sido un lapsus por mi parte pensar que don Ciriaco de
Vicente, que es quien le acompañó, era Vicepresidente, pero sí son estas
dos personas a las que yo llamé para tener con él un cambio de
impresiones, con los nombres no de los miembros del Tribunal de Cuentas,
sino de ex miembros del Tribunal de Cuentas y otros candidatos. Y tuvimos
que tener en cuenta no sólo eso, sino que en muchos casos, puedo
decírselo a ustedes, candidatos que nos hubieran parecido de peso y de
mucha idoneidad tuvimos que descartarlos por la exigencia de la edad de
resolución del Parlamento Europeo. Esto nos puede suceder en el futuro,
dado el período en el que los miembros del Tribunal de Cuentas están en
el Tribunal de Cuentas, con los miembros actuales del Tribunal de
Cuentas.
No voy a perder el tiempo desmintiéndole la noticia de prensa que ha
leído su señoría. Fue desmentida, pero eso no es lo relevante. Lo
relevante es que la han desmentido los hechos, la dedicación y la
aceptación del señor Castells en Europa. Por tanto, no necesita su
señoría un desmentido ni del partido ni mío, son los hechos los que
desmienten la noticia que usted ha leído.
Y ha hablado al señora Rudi del señor Belloch, pero esto no invalida,
señora Rudi, en absoluto, el criterio general. Si en el caso del señor
Belloch, por la trascendencia de la función, pasar a ser Ministro del
Gobierno, creímos que podríamos hacer lo que hicimos con el señor Belloch
y la Secretaría de Estado, eso no quiere decir que convenga hacerlo en
todos los casos. Y en el caso del Tribunal de Cuentas, precisamente por
la existencia de muchos candidatos que pueden ocupar perfectamente este
puesto, hemos creído que la solución era la más adecuada.
Quiero hacer una referencia global al problema de idoneidad política o de
independencia política, que han suscitado tanto la señora Rudi como el
señor González.
Como mínimo, puedo decirles que sus criterios no son seguidos
prácticamente por ninguno de los países que componen la Unión Europea,
porque si nos atenemos a la actual composición del Tribunal de Cuentas
Europeo, cuatro miembros del mismo proceden de parlamentos, por lo que
eran parlamentarios en el momento en que fueron designados y, por lo
tanto, miembros de un grupo parlamentario y de un grupo político --son
los casos de Alemania, Luxemburgo, Irlanda y España--; y otros tres
proceden de cargos de designación política --son los casos de Holanda,
Reino Unido y Portugal-- y, por lo tanto, puedo decir a sus señorías que
al menos más de la mitad de los países miembros de la Comunidad Europea
entienden que la pertenencia a un cargo de designación política, a un
partido político, en absoluto tiene que ver con la independencia que pide
el Tratado de constitución de las Comunidades Europeas, con independencia
en el ejercicio de su función respecto de los intereses de los países de
procedencia. Así lo entiende el Parlamento Europeo cuando da la mayoría
de votos al candidato español, como es lógico, porque lo sorprendente son
las afirmaciones de sus señorías. (Rumores.)
Por eso, señorías, creo que puedo concluir como concluirá la intervención
anterior: El candidato español se ha decidido cumpliendo todos los
trámites legales, se ha decidido después de una consulta al Presidente
del Tribunal de Cuentas y, escuchada su opinión, se comunicó al
Presidente del Tribunal de Cuentas antes que a Bruselas, trámite que sólo
ha efectuado un país, y puedo decir a sus señorías que el único país que
formalmente ha consultado al Tribunal de Cuentas presentó un candidato
que fue rechazado por el Parlamento Europeo.
Por último, de los tres únicos miembros del Tribunal de Cuentas Europeo
que cumplen con las dos condiciones del artículo 206, haber pertenecido a
algún órgano de control de gestión y tener idoneidad profesional para el
cargo, uno es el candidato español. Yo espero que en otros temas tengan
más suerte en el futuro para buscarle los cinco pies al gato a las
decisiones del Gobierno. (El señor Ramallo García: Han sido tres.) En
este caso, nos pareció casi cinco. Porque hemos adoptado la decisión que
en su momento ajustada a Derecho, ajustada al respeto al Tribunal de
Cuentas y que defendía los intereses de España en la Comunidad Europea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Concluye el punto primero del orden del día, por lo que, tras despedir al
Vicepresidente del Gobierno, vamos a pasar inmediatamente al punto
segundo.
--SOLICITUD A LA COMISION MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE QUE SE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACION DE UNA
FISCALIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS
RADIACTIVOS, S. A. (ENRESA), DESDE SU FUNDACION HASTA EL AÑO 1993, A
PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (S. 772/000005; C. D.
253/000011.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la solicitud
de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuetas de que
se recabe dicho Tribunal la realización de una fiscalización de la
empresa pública Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Sociedad
Anómina, ENRESA, desde su fundación hasta el año 1993, formulada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Con el fin de la defensa de esta solicitud, tiene la palabra el señor
Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Buenos días, señor Presidente, buenos días,
señores Diputados y Senadores.
La empresa pública Enresa fue creada de acuerdo con el Real Decreto 1552
del año 1984, con el objetivo finalista de gestionar los residuos
radiactivos que van generando las centrales nucleares. Como es lógico,
para que esta empresa funcionase, se la dotó de una forma de financiación
unida íntimamente a la tarifa eléctrica, de tal manera que desde entonces
hasta esta fecha se han recaudado 175.000 millones de pesetas.
En la Ley fundacional, el legislador preveía que, por ser una empresa
eminentemente técnica, puesto que lo que tenía que hacer era buscar la
forma de gestionar esos recursos que se iban a generar como residuos
radiactivos de las centrales, se la dotó de una serie de controles que
permitiesen que el buen fin de los fondos que se fuesen recaudando fuese,
única y exclusivamente, la financiación de la gestión de esos residuos.
Con tal objeto, se concretó que tenía que haber una delegación del
Gobierno y que los Ministerios de Industria y Energía y de Economía,
anualmente, tenían que definir a Enresa en qué tipo de inversiones podía
realizar los fondos que iba recaudando. Diez años después, no existe
delegado del Gobierno y ni el Ministerio de Economía ni el de Industria
definen anualmente ni han definido a Enresa en qué tipo de inversiones ha
tenido que ir colocando sus fondos, hasta el punto de que se da la
paradoja de que en este momento Enresa no tiene más control sobre las
inversiones realizadas que los propios controles internos que hacen sus
funcionarios, que, repito, por la peculiaridad de la empresa, tienen que
ser funcionarios muy cualificados pero en cuestiones distintas a las
financieras.
Mi grupo en el Parlamento solicitó una serie de aclaraciones al respecto,
y a medida que se iban produciendo contestaciones, la cuestión se iba
complicando más. Y se iba complicando más porque, sin querer dudar del
buen hacer de los pocos funcionarios que en Enresa se dedican a las
cuestiones financieras, las contestaciones no coincidían en unos casos y
en otros se producían disfunciones entre la realidad y lo que nos estaban
contestando. Hasta el punto de que, a nuestra pregunta sobre qué tipo de
controles había realizado en Enresa la Intervención General del Estado,
se nos contestó con fecha 11 de abril, textualmente: La Intervención
General del Estado no ha emitido informe alguno sobre Enresa respecto a
los ejercicios 1989 a 1992, que eran sobre los que inicialmente
preguntábamos.
Con posterioridad y a otra pregunta distinta, Enresa o, mejor dicho, el
Ministerio, nos contesta todo lo contrario y nos dice que Enresa hace una
serie de informes, pero nunca nos habla de que se haya hecho una
auditoría a la citada empresa. Nos dice también muy por encima que el
Tribunal de Cuentas controla a Enresa y después, en otra contestación,
nos confirma que el Tribunal de Cuentas no ha hecho ninguna intervención
en Enresa.
Ante esta maraña de contestaciones contradictorias, mi Grupo solicita que
Enresa sea debidamente auditada por el Tribunal de Cuentas, y repito que
en ello no debe verse ningún tipo de duda sobre los funcionarios que
fiscalizan el tema financiero Enresa, sino que creemos que es conveniente
que haya claridad sobre unos fondos que en este momento, repito, son
175.000 millones de pesetas, es decir, bastante más que los fondos
propios de muchas instituciones financieras de prestigio, y que en el año
2005, que será el año en que Enresa tenga que empezar a gastar fondos en
gestionar los recursos nucleares, alcanzarán casi el medio billón de
pesetas.
Comprenderán sus señorías que estas cifras exigen que de alguna manera
esto se pudiera publicitar y que el contribuyente --que al fin y a la
postre es el que paga, porque no olvidemos, repito lo que decía
inicialmente, que los fondos se van recaudando en un porcentaje fijo de
la tarifa eléctrica, es decir, cada español, cada fábrica, cada
empresario, cada contribuyente, va aportando fondos-- pudiera comprobar
que la gestión ha sido la correcta.
Termino diciendo, como anécdota, y para que sus señorías puedan tomar
posicionamiento, que los 175.000 millones, actualmente en poder de
Enresa, están distribuidos en casi un 25 por ciento en préstamos,
préstamos que entiendo que de alguna manera deberían ser autorizados por
los Ministerios correspondientes. No olvidemos que en cualquier
institución financiera de mucho menos tamaño, a la hora de dar préstamos
existe una comisión que valora la capacidad de devolver del prestamista.
En Enresa, según hemos podido constatar de la documentación que se nos
manda, esta decisión de si al que se le va a prestar es bueno o es malo
la están tomando los propios funcionarios de Enresa.
Por último, quiero aprovechar para manifestar nuevamente que en Enresa se
ha incumplido la Ley constitucional desde el momento de su fundación
hasta la fecha. No entiende mi Grupo por qué no existe un delegado del
Gobierno,
ni por qué los Ministerios de Industria y Economía han incumplido
sistemáticamente una disposición legal que aparecía en la Ley fundacional
de Enresa, cual era que anualmente deberían definir a Enresa en qué tipo
de fondos podría invertir lo recaudado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Norniella.
¿Para fijar posición con respecto a la solicitud planteada, qué Grupos
van a intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor González tiene la palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Mi Grupo, lógicamente, es partidario de que se
realicen todas las fiscalizaciones que fueran convenientes para
garantizar la transparencia de las instituciones. Pero me cabe una duda
--quizá mi Grupo en alguna ocasión abuse de la petición de
fiscalizaciones de todo tipo de empresas--, porque si no dotamos al
Tribunal de Cuentas en los Presupuestos Generales del Estado de más
recursos, difícilmente con el trabajo que le estamos añadiendo ahora va a
poder realizar todas esas fiscalizaciones. Desde luego, el sentido de
nuestro voto va a ser apoyar la petición de fiscalizaciones, pero me
permito hacer la sugerencia a todos los Grupos, y a mí mismo también me
la voy a hacer, lógicamente, de que seamos cuidadosos en pedir excesivas
fiscalizaciones al Tribunal de Cuentas si sabemos que luego no va a poder
realizarlas o va a tener que realizarlas al cabo de los años, cuando no
van a tener efectividad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
La señora Pleguezuelos tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Coincidiendo con el planteamiento del representante de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para mi Grupo es importante realizar
cualquier fiscalización, porque ello redunda en el control y la
transparencia de los fondos públicos. Pero sin entrar a valorar, porque
no es el tema de esta Comisión Mixta, los cumplimientos o incumplimientos
constitucionales, sí creemos que cualquier fiscalización no puede abarcar
un período temporal tan amplio como son los diez años que parece
deducirse de la propuesta del representante del Grupo Popular. Mi Grupo
estaría dispuesto a apoyar esa iniciativa siempre que en el tiempo se
acotase, porque, coincidiendo con el señor González, creemos que en estos
momentos los recursos materiales del Tribunal de Cuentas podrían
dificultarlo, y si además el representante del Grupo Popular no cree que
exista ningún tipo de reticencia a ese control, para mi Grupo sería
deseable que se acotase en el tiempo, que podría ser tres años --por
ejemplo, podrían ser los últimos tres años-- o el período que el
representante del Grupo Popular ha planteado, de 1989 a 1992. En todo
caso, es casi históricamente habitual el que las peticiones de
fiscalización, en lo que es el aspecto temporal, abarquen aproximadamente
tres años.
Insisto en que mi Grupo apoyaría esa iniciativa de fiscalización
específica en el caso de Enresa y nos gustaría que se acotase en el
tiempo porque la amplitud es excesiva.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Para responder a la sugerencia de la representante del Grupo Socialista,
el señor Fernández Norniella tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo los argumentos que han planteado tanto el representante de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como la representante del
Partido Socialista. Bien es cierto que el Tribunal de Cuentas tiene mucha
tarea, pero también es cierto que empresas con las peculiaridades de
Enresa en este país no hay muchas, es decir, empresas que vayan generando
recursos y que tengan recursos propios para invertir que alcancen la
cifra de medio billón de pesetas en el año 2005 creo que no hay ninguna.
Repito algo que he dicho antes: a priori no tengo ninguna duda de la
eficacia de los funcionarios de Enresa, porque yo creo que todo el mundo
es bueno, mientras no se demuestre lo contrario. Pero en cualquier caso,
si a eso agregamos que los controles sean los adecuados, miel sobre
hojuelas; no habrá dudas sobre los funcionarios y además la praxis
confirmará la realidad.
Mi Grupo estaría dispuesto a aceptar cuatro años, y digo cuatro años
porque en 1992 se produce una serie de inversiones importantes de Enresa,
y entiendo que si el Grupo Socialista está de acuerdo, por parte de mi
Grupo no habría nada que oponer. Pero quiero insistir, señor Presidente,
señorías, en que el tema de Enresa es un tema delicado, porque nos
podemos encontrar, o mejor dicho, las generaciones futuras, en el caso de
que las gestiones financieras no se hagan adecuadamente, se pueden
encontrar con su medio ambiente hipotecado y sin recursos para poder
solucionarlo; por eso nuestra insistencia.
Repito: aceptamos la propuesta del Grupo Socialista siempre y cuando
acepten cuatro años.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Fernández Norniella, que la
solicitud en todo caso que usted propone sería una fiscalización de
Enresa de los cuatro últimos ejercicios.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Al Grupo Socialista les parece adecuada?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sí, señor Presidente. La vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: La solicitud de que se recabe por parte del Tribunal
de Cuentas una fiscalización de la Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, Enresa, S. A., sería de los cuatro últimos ejercicios. En
esos términos, se somete a votación esta solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Fernández Norniella pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Fernández.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Son los ejercicios 1993, 1992, 1991 y 1990.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Los cuatro últimos. ¿Se entiende que quiere que se
les ponga fecha? (Pausa.) Será solicitado en esos términos.
Sometemos a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Pausa.)
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--SOLICITUD DE FISCALIZACION ESPECIFICA ECONOMICO-FINANCIERA DE LA
GESTION DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, DURANTE EL PERIODO EN EL QUE FUE
PRESIDENTA DE LA ENTIDAD DOÑA CARMEN MESTRE, A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (S.
772/000006; C. D. 253/000005.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, hay otra solicitud, presentada por
el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de realización de
una fiscalización específica económico-financiera de la gestión de la
Cruz Roja Española durante el período en el que fue Presidenta de la
entidad doña Carmen Mestre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Gracias.
Sólo tardaré un minuto, Presidente.
Me estoy refiriendo, lógicamente, a una organización no gubernamental y,
por lo tanto, estoy hablando de la gestión de las subvenciones concedidas
por el Estado, y también me estoy refiriendo al informe del Tribunal de
Cuentas sobre la fiscalización de subvenciones otorgadas por el
Ministerio de Asuntos Sociales en el ejercicio de 1990, del cual podrían
deducirse algunas irregularidades que conviene aclarar. En ese sentido,
se hace necesaria una fiscalización especial de esta organización no
gubernamental.
En coherencia con mi intervención sobre la cuestión anterior --no voy a
ser egoísta en este asunto--, también estoy dispuesto a que se me recorte
el período de fiscalización. Por lo tanto, si eso provoca el que todos
los grupos puedan votar la fiscalización especial de esta organización no
gubernamental, también estoy dispuesto a aceptar que se recorte el
período.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
¿Hay alguien que quiera intervenir o fijar su posición con respecto a
esta solicitud? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDU: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo entiende que la Cruz Roja Española es una entidad no
gubernamental a la cual no le corresponde la fiscalización por parte del
Gobierno, pero sí entiende que es recipiendaria o al menos depositaria de
una serie de ayudas que recibe por parte del Ejecutivo y, por lo tanto,
nos parece que el análisis que tendría que hacer esta Comisión sería el
de fijar el uso o destino que se ha dado a las subvenciones que recibe
este organismo. Por lo tanto, nuestro Grupo apoyará una investigación en
este sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Mi intervención va a ser breve, pues es para apoyar la razonable y ahora
razonada petición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Además,
entendemos que es oportuna. Si algo es bueno en la democracia es la nota
de transparencia que la caracteriza. A ello contribuyen los tribunales de
cuentas y, evidentemente, al fiscalizar al Estado, están fiscalizando la
inversión del dinero público que se recauda con impuestos.
Las normas de ordenación de la Cruz Roja Española, de 27 de noviembre de
1987, dicen en su artículo 7, al hablar de la protección del Estado, que
se ejercerá a través del Ministerio de Asuntos Sociales, y que
corresponde al Estado velar por la observancia de la legalidad. Está
claro que no hay que reconocer que es una organización no gubernamental,
eso lo sabemos todos, pero el Estado debe velar por la observancia de la
legalidad y la correcta aplicación de los recursos, y ejercer la alta
inspección de la institución.
Por otro lado, el artículo 8 del mismo Decreto, en el apartado tercero,
al hablar de las funciones del Ministerio de Asuntos Sociales, dice:
Conocer e informar los proyectos de presupuestos ordinarios y
extraordinarios de la entidad, sus posibles modificaciones y la Cuenta
General del ejercicio. Y en el apartado quinto, dice: Conocer los
acuerdos y decisiones de los órganos colegiados de gobierno de dirección
de la institución, pudiendo recabar la información
oportuna y realizar las acciones administrativas pertinentes en relación
con lo dispuesto en el artículo 7.2, que les recuerdo que es velar por la
legalidad dentro de la institución de la Cruz Roja.
Mi pregunta es: Si el Estado puede inspeccionar la Cruz Roja y no
distingue de qué fondos se está hablando, si son fondos propios de la
institución, ¿qué hay que decir? ¿Qué si analizamos --en lo que se pueda
analizar, porque este Diputado tiene que decir aquí que todavía está
pendiente de recibir la auditoría del año 1993, y estamos a finales del
año 1994-- la inversión de fondos, toda la estructura financiera de la
Cruz Roja depende de los Presupuestos Generales del Estado?
En el documento que se llevó al Consejo de Ministros, Informe de Cruz
Roja Española, mayo de 1994, se articuló el cese y dimisión de la
anterior Presidencia de la Cruz Roja, período que yo creo que no hay que
trocear, porque es un período concreto. Si esta Comisión estima
democráticamente que debe fiscalizarse, debe hacerse con todo el período,
porque sería también una operación en estos momentos --es así como se da
ejemplo-- de saneamiento democrático saber qué es lo que ha pasado. Ha
habido operaciones irregulares. De este documento del Gobierno les voy a
leer un párrafo en el que se está hablando de la permuta de un edificio,
y en el que se va a mencionar al Tribunal de Cuentas: Posteriormente, el
Tribunal de Cuentas, con motivo de una fiscalización de Caja Postal,
individualizó determinados antecedentes relativos a la concesión de un
préstamo con garantía hipotecaria a la empresa Teseo, sobre la finca de
Eduardo Dato. Para ello se tasó el edificio, por una empresa general de
tasación, en la cantidad de 2.742 millones de pesetas, si bien, en la
escritura, Caja Postal lo valora en 2.937 millones de pesetas.
Actuaciones previas de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de
Cuentas en relación con la Cruz Roja fueron archivadas al no ser
competente, al parecer, el Tribunal, ya que la permuta inmobiliaria no
estaba relacionada con la percepción de ayudas o avales públicos.
¿Es que el Estado tiene que financiar desde la Hacienda Pública a la Cruz
Roja y luego ésta malbarata su capital, teniendo actualmente un déficit
conocido de 26.000 millones de pesetas para que, desde las arcas
públicas, le sigamos inyectando dinero sin tener posibilidad de
controlarlo? A nuestro juicio, eso no puede ser así. Pero es más. En la
estructura orgánica de la Cruz Roja, en la composición del Comité
Nacional, hay diez vocales representantes del Gobierno y, por lo tanto,
si éste puede inspeccionar a la Cruz Roja, a mí no se me alcanzan la
razones por las cuales no puede inspeccionarla el Tribunal de Cuentas
haciendo una fiscalización. Les voy a dar un detalle.
Según la Cuenta de Gastos de la Oficina Central de la Cruz Roja, en el
año 1993, la Revista de la Cruz Roja Española ha costado 209 millones de
pesetas. Sólo en el capítulo de dirección de la Revista --no sé quién los
cobraría-- figuran 16,5 millones de pesetas. ¿Es que vamos a renunciar
cuando --la cifra es significativa-- en el período 1989/1993, que es
parte de lo que se está pidiendo, el Ministerio de Asuntos Sociales ha
concedido un total de 19.058 millones de pesetas para distintos programas
de la Cruz Roja Española y, en concreto, a través de la convocatoria de
subvenciones del 0,52 por ciento del IRPF, la Cruz Roja ha recibido
13.493 millones? Por eso me ratifico, en nombre de mi Grupo --en la
opinión de que la peticion de fiscalización es razonable, está razonada y
es oportuna-- y en ese sentido pedimos a la Comisión que se exprese con
su voto favorable para que el Tribunal de Cuentas pueda auditar a la Cruz
Roja Española. Lograremos un beneficio para la Cruz Roja y para el
sistema de convivencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Coincidiendo con la totalidad de los grupos de la Cámara, el mío también
cree conveniente realizar fiscalizaciones que redunden en la
transparencia y en el control del dinero público.
Lo que sí es verdad, y también se ha puesto de manifiesto, no sólo por
algunos de los intervinientes, sino por el propio Tribunal de Cuentas
que, como órgano de control, es un control del dinero público, de la
gestión económico-financiera de ese dinero. Por lo tanto, el propio
Tribunal aclaró que, en este sentido, las fiscalizaciones tendrían que
tener sólo la cobertura de aquellos recursos que procedan de las
subvenciones públicas y, por ello, mi Grupo cree que sería conveniente
que fuera ese aspecto el que se fiscalice en este proceso.
Ahora bien, también, como no podría ser de otra forma, e insistiendo en
lo que ha sido el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista en la
intervención sobre el punto anterior, la acotación en el tiempo es
importante, sobre todo cuando parece que el propio Tribunal y la
intervención de solicitud de fiscalización por parte de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, aducen irregularidades en el ejercicio de
1990. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista presentaría una
enmienda a la propuesta de fiscalización del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya --ahora la pasaré a la Mesa-- relativa a
que esa fiscalización específica económico-financiera de lo que ha sido
la gestión de la Cruz Roja se redujera al ejercicio de 1990 y fuera
relativa a las subvenciones públicas percibidas por esa entidad.
No obstante, si este período parece poco procedente, no tendríamos
inconveniente en ampliarlo. Lo que sí es verdad es que insistimos en que
la propia redacción de la propuesta del Grupo de Izquierda Unida concluye
que las irregularidades y el propio Tribunal de Cuentas parece que se
centran en este ejercicio.
Esperamos que el Grupo Socialista pueda disponer en breve de la auditoria
de 1993 que, al parecer, tendremos en nuestro poder los grupos
parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Franco, perdone, señor González, tiene la
palabra solamente a los efectos de manifestar
el criterio con respecto a la enmienda transaccional que propone el Grupo
Socialista referido a la solicitud de fiscalización específica
económico-financiera de la gestión de Cruz Roja Española durante el año
1990 en relación con las subvenciones públicas percibidas por dicha
entidad.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
¡Por qué hablaría yo antes! Mucho me ha recortado el tiempo la señora
Pleguezuelos.
Aunque estoy muy de acuerdo con gran parte de la intervención del señor
Ramallo, y habiendo oído a los representantes de todos los grupos, me
parece inteligente por mi parte aceptar la enmienda transaccional del
Grupo Socialista --mejor es algo que nada-- porque si no, no podría
fiscalizar ningún período.
En ese sentido, debo manifestar que vamos a aceptar la enmienda, aunque
ya digo de antemano que hubiera estado más de acuerdo en que se hubiera
hecho durante todo el período en que ostentaba la Presidencia de esa
institución doña Carmen Mestre.
Muchas gracias. (El señor Ramallo García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿En qué concepto solicita la palabra el señor
Ramallo?
El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, solicito la palabra no sé
exactamente en qué concepto, quizá en concepto de explicación de voto o
como se quiera decir, porque se va a introducir una enmienda que varía
sustancialmente el contenido de la propuesta inicial.
Si me concede la palabra, señor Presidente, voy a ser muy breve.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, se trataría de una explicación de voto
anticipada. (El señor Ramallo García: Sí, es igual.)
El señor PRESIDENTE: Sería una explicación de voto, diríamos, de cara a
la enmienda transaccional presentada.
Tiene la palabra su señoría. Le ruego que sea breve, señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Voy a serlo, señor Presidente.
En primer término he de decir que el Tribunal de Cuentas no es el que
tiene que marcar los criterios de lo que tiene que hacer esta Comisión,
sino que es esta Comisión la que le marca los criterios al Tribunal y la
que le dice qué es lo que tiene que fiscalizar.
Pero lo que no entiendo es cómo vamos a poder fiscalizar sólo una parte
de los ingresos o de los gastos de Cruz Roja y no todos ellos. A mi
juicio, eso conduce a un absurdo, a que se fiscalice solamente un año
cuando nosotros estimamos que las irregularidades, que son las que han
llevado a ese tremendo déficit que tiene Cruz Roja, son incluso
anteriores a la Presidencia de la señora Mestre aunque se han consolidado
en ese período.
Por tanto, quisiera adelantar nuestra intención de abstenernos a este
respecto en la votación. Conceder, porque se acepta una enmienda, que se
va a hacer algo, a veces ese poco es bastante peor que el que se diga no.
Porque el Grupo Socialista lo que está negando es que se pueda de verdad
fiscalizar desde el Tribunal de Cuentas --lo he dicho antes-- más de
20.000 millones de pesetas que han sido utilizados por Cruz Roja
Española. Además, hay también otros ingresos atípicos, por ejemplo, el
Sorteo del Oro, que procede también de privilegios del Estado, o el
sorteo de Cruz Roja Española, que se le concede a esta institución y
cuyos ingresos también van a la propia Cruz Roja, ingresos que habría que
fiscalizar porque no sabemos, señor Presidente, a qué partida de gastos
se aplican. A lo mejor van a formar parte de esos 209 millones de pesetas
que cuesta la revista que Cruz Roja publica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramallo.
En todo caso, desearía aclararle a su señoría un concepto.
El hecho de que una empresa, una institución o un órgano tenga déficit,
no quiere decir que haya irregularidades. Es posible que sí, pero el
déficit no conlleva irregularidades.
El señor RAMALLO GARCIA: ¿Es que quiere hacer un debate el señor
Presidente?
El señor PRESIDENTE: No, señor Ramallo. Solamente quería hacer una
aclaración. Espero que no se moleste. Solamente estoy fijando unos
criterios respecto de lo que pueda ocurrir o haya ocurrido en Cruz Roja.
(La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, me gustaría indicar que
el Gobierno, a través de la Dirección de Acción Social está colaborando
--y tiene conocimiento de ello el señor Ramallo-- en las auditorías de
los ejercicios de 1990, 1991 y 1992. Su señoría tiene ya esas auditorías,
y supongo que también podremos tener todos en un plazo breve la
correspondiente al ejercicio de 1993.
De todas formas, en efecto, el Tribunal de Cuentas no puede valorar la
eficacia o no de una gestión, si la gestión al final tiene un déficit y
el empleo de esos recursos son correctos o no lo son. Lo que tiene que
analizar es si esos recursos se han invertido correctamente en términos
económicos y contables.
Por tanto, no quisiera decir la ignorancia --no sería yo tan atrevida--,
pero sí la falta habitual del señor Ramallo en una Comisión como ésta es
lo que le hace olvidar el carácter que tiene en sí misma esta Comisión
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que es el de evaluar,
controlar y fiscalizar los recursos y la gestión de los mismos en los
aspectos que acabo de señalar.
Por tanto, creo que está suficientemente evaluada y defendida la enmienda
por parte de mi Grupo y, consecuentemente, la iniciativa de Izquierda
Unida.
Nosotros apostamos por que quede claro, si es que ha habido algún tipo de
irregularidad, que debe ser el propio Tribunal de Cuentas, como máximo
órgano de control en este caso, el que ponga de manifiesto dichas
irregularidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Sometemos a votación la solicitud del Grupo de Izquierda Unida en
relación con la enmienda transaccional formulada por el Grupo Socialista.
(El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señoría.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, ¿podría dar lectura a la enmienda
transaccional?
El señor PRESIDENTE: Dice así: Solicitud de fiscalización específica
económico-financiera de la gestión de Cruz Roja Española durante el año
1990 en relación con las subvenciones públicas percibidas por dicha
entidad. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Señoría, el debate ya está cerrado. Además, el ponente ya ha explicado
claramente la posición de su Grupo. En todo caso, creo que no es posible
ni conviene reabrir el debate.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, si me lo permite, quisiera hacer
tan sólo una aclaración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor UTRERA MORA: ¿Cómo se distinguen en el balance y en la cuenta de
resultados de Cruz Roja Española los orígenes de fondos de la aplicación
de fondos? Es que nosotros no llegamos a entender, si se pone un límite a
la investigación de ingresos, a qué gastos se afectan esos ingresos.
Pensamos que desde un punto de vista contable eso no tiene coherencia.
El señor PRESIDENTE: Señoría, el Tribunal de Cuentas tiene la facultad de
fiscalizar toda subvención pública, ya sea a empresas, organizaciones no
gubernamentales, familias, etcétera. El Tribunal de Cuentas tiene
facultad de fiscalizar toda subvención pública y también la tiene para
ver si, efectivamente, esas subvenciones han sido aplicadas a los fines
para los que fueron concedidas y asimismo si esa aplicación ha sido
regular y eficiente. Ese es el informe que tendrá que emitir el Tribunal
de Cuentas. (La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.)
El debate está cerrado.
Vamos a proceder a la votación con la enmienda incluida. (Pausa.) (El
señor Ramallo García pide la palabra.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15;
abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Habiendo concluido el único punto del orden del día, se levanta la
sesión.
Eran las doce horas y diez minutos.