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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 52, de 11/10/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 52
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 14
celebrada el martes, 11 de octubre de 1994,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del Ministro de Economía y Hacienda, Excmo. Sr. don Pedro Solbes Mira,
para que explique los criterios presentes y futuros de aplicación de los
fondos de cohesión (números de expediente: S. 711/000075; C. D.
213/000419), y para informar sobre la reunión del ECOFIN, celebrada en
Lindau (Alemania) los días 10 y 11 de septiembre, con motivo del
cumplimiento de los criterios de convergencia de la economía española en
la Unión Económica y Monetaria. (Números de expediente:
S. 711/000076; C. D. 213/000426) (Página 1066)/1079)
--Del Ministro de Asuntos Exteriores, Excmo. Sr. don Javier Solana
Madariaga, para que explique el grado de cumplimiento del compromiso
político del Consejo de Ministros de la Unión Europea para proceder a la
plena integración de España en el régimen general de la Política Común de
Pesca, así como las fechas en las que el Consejo piensa adoptar nuevas
medidas reguladoras de las condiciones de acceso a las aguas y los
recursos, contempladas en nuestra Acta de Adhesión para todos los Estados
miembros (números de expediente: S. 711/000077; C. D. 213/000415), y para
explicar la actitud del Gobierno ante la posible decisión de
institucionalizar la construcción de una Europa a dos velocidades.
(Números de expediente: S. 711/000078; C. D. 213/000420) (Página 1094)
Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA QUE
EXPLIQUE LOS CRITERIOS PRESENTES Y FUTUROS DE APLICACION DE LOS FONDOS DE
COHESION (S. 711/000075; C. D. 213/000419).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señor Ministro, señorías, buenos días.
Comparece hoy el Ministro de Economía y Hacienda, a petición del Grupo
Popular, para explicar, en primer lugar, los criterios presentes y
futuros de aplicación de los fondos de cohesión. Saben sus señorías que,
a continuación, habrá otra comparecencia, también a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular, en la que el señor Ministro nos va a exponer todo
el informe que obra en su poder y, sobre todo, puesto que ha sido el
protagonista directo, no sólo del Ecofín celebrado los días 10 y 11 de
septiembre, en el que se habló, lógicamente, de los criterios de
convergencia de la economía española en la Unión Económica y Monetaria,
tal y como ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular, sino que estoy
segura de que el señor Ministro tendrá la amabilidad de exponernos las
últimas noticias de cómo ha sido aceptado nuestro Plan de actualización
de la convergencia, que vimos el pasado mes de julio en esta Comisión, y
que ha sido presentado, debatido y aprobado en el Ecofín de ayer. Por
tanto, le agradecería que, en la segunda parte de su intervención, nos
explicara, por favor, esta actualidad más reciente del día de ayer.
Y sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Ministro para explicar la
cuestión de los fondos de cohesión.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí.
Voy a intentar explicar los criterios presentes y futuros de aplicación
de los fondos de cohesión, que entiendo bien que es la aplicación en
España, no distribución intracomunitaria, sobre la que, lógicamente, el
Ministerio de Asuntos Exteriores podrá dar mejor cuenta.
Para exponerlo, voy a intentar hacer un planteamiento general, y luego me
centraré en los dos tipos de objetivos que se han pretendido, que han
sido la financiación de infraestructuras de transporte y los problemas
medioambientales.
En cuanto a los fondos de cohesión, con lo que nos encontramos es con un
retraso inicial, en los años 1992 y 1993, para la puesta en vigor del
régimen definitivo, en la medida en que, sólo el 25 de mayo de 1994, se
publica en el Diario Oficial de las Comunidades el Reglamento del Fondo
de Cohesión. Mientras tanto, lo que hay que hacer es poner en marcha un
instrumento financiero provisional de cohesión que, con las mismas
dotaciones del fondo de Cohesión, lo que permite es la financiación en
los años 1993 y 1994. Es verdad, por tanto, que los criterios que se
aplican en el Fondo de Cohesión serán distintos en tres momentos
diferentes. En primer lugar, en el año 1993, recién aprobado el
instrumento financiero provisional; en el año 1994, prórroga de dicho
instrumento y, a partir del año 1995, con el nuevo modelo definido.
En el año 1993, lo que existe es una indeterminación formal en cuanto a
los proyectos, dado que no están aprobadas las líneas maestras sobre
grandes redes europeas, ni tampoco existe un consenso sobre la estrategia
nacional del medio ambiente. La programación en el año 1993 se basará,
por tanto, en unos criterios que apuestan hacia los objetivos
fundamentales en ambos sectores, y que van a permitir sentar la base de
la programación futura.
En el año 1994, ya hay un cambio sustancial, porque el Reglamento
definitivo del Fondo de Cohesión empieza a conocerse. Se aprueban las
primeras líneas maestras sobre las redes transeuropeas, y se presenta a
discusión y a aprobación posterior una estrategia nacional de medio
ambiente.
Los criterios de programación durante este período se establecen, por
tanto, sobre bases más sólidas, que anticipan ya de forma clara y
definitiva lo que será posteriormente el Fondo de Cohesión.
A partir de 1995, evidentemente, estos criterios ya están definidos y,
además, entra en juego un nuevo elemento, y es el acceso de corporaciones
locales y Comunidades Autónomas al Fondo de Cohesión.
Durante el año 1994, se acuerda qué corporaciones locales, un determinado
modelo de participación, y se ofrece también a las Comunidades Autónomas,
y se diseña por el Estado un modelo de participación de las Comunidades
Autónomas.
A partir de estas tres etapas, de estos tres momentos, voy a intentar
explicar cómo se han aplicado los criterios en cada uno de los años para
los dos subapartados fundamentales: el de infraestructura de transporte y
el de medio ambiente.
En el año 1993, nos encontramos en transportes --y voy a centrarme
primero en ellos-- con un criterio de indefinición formal de la red
viaria europea o transeuropea, tal y como he citado. Por tanto, en
España, en ese momento, a lo que damos una cierta prioridad es a los
últimos proyectos del Plan General de Carreteras, que está terminándose,
y se inician los primeros proyectos contenidos en el Plan Director de
Infraestructuras. ¿Con qué criterios se seleccionan los proyectos?
Fundamentalmente, en el año 1993, con un puro criterio de eficacia
presupuestaria, que es buscando los mayores retornos en breve plazo. En
consecuencia, lo que estamos financiando para ese año son proyectos ya
iniciados en 1993 o con fuerte inversión en dicho año. Y es verdad que,
al mismo tiempo, se presentan ya una serie de estudios con redacción de
proyectos de construcción, de los proyectos que van a ser --digamos-- la
base de la futura programación.
En carreteras, los proyectos que se eligen, dado que existe una
multiplicidad de los mismos que responden a ese criterio de búsqueda de
los mayores retornos en breve plazo, los criterios que se definen para la
elección de los proyectos son cinco. En primer lugar, proyectos situados
en itinerarios que, previsiblemente, van a formar parte de la futura red
viaria transeuropea. En segundo lugar, proyectos
que mejoren las comunicaciones de regiones periféricas con Francia o
Portugal. En tercer lugar, proyectos que comuniquen territorios
periféricos con la red de alta capacidad. En cuarto lugar, proyectos que
den continuidad a la red a su paso por las ciudades y, finalmente,
proyectos que completen la red interior de autovías comprendidas en el
Plan General.
Sobre esa base se ponen en marcha una serie de financiaciones, entre las
que cabe destacar los itinerarios con la frontera francesa, tanto del
Mediterráneo, como del centro del país; el itinerario Madrid-Barcelona;
el itinerario frontera francesa, desde Irún, a frontera portuguesa; el
itinerario Madrid-Galicia; el itinerario Cornisa Cantábrica-frontera
francesa; la circunvalación de Madrid y el itinerario de Andalucía
oriental-Madrid.
En el área de la infraestructura ferroviaria se parte de los criterios
siguientes. En primer lugar, se considera que el ferrocarril dispone de
ventajas importantes para los grandes flujos de viajeros y mercancías.
Por tanto, sería lógico potenciar el ferrocarril y mejorar los grandes
corredores. Sin embargo, es cierto que no existe en nuestro país un
transporte de mercancías de gran volumen comparable con el de otros
países europeos. En consecuencia, se piensa que es más lógico priorizar
los grandes corredores de transportes de viajeros en ese período.
Debido a esta doble concepción, la de priorizar los grandes corredores y,
especialmente, los de transporte de viajeros, al final se llega a la
conclusión de que la mejor opción será la de potenciar la red definida
por las cinco ciudades españolas con mayor población: Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza y Sevilla.
Las cuatro primeras se encuentran en el triángulo
Madrid-Barcelona-Valencia.Para ese triángulo se prevén una serie de
actuaciones. Las fundamentales son, en primer lugar, la eliminación de
los cuellos de botella en la vía única mediante una serie de
desdoblamientos entre Madrid-Valencia y Barcelona-Valencia y, en segundo
lugar, el inicio de los proyectos del corredor Madrid-Zaragoza,
Barcelona-frontera.
Hay también una actuación singular de especial relevancia a la que se le
presta atención en este momento y que tiene mucho que ver con la mejor
explotación de la red de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las diferencias
de vías de alta velocidad con ancho internacional y la vía de ancho de
RENFE hace necesario construir la estación de Majarabique, una
instalación de intercambio de ejes que permite la conexión de la red de
alta velocidad con la red normal, posibilitando la prolongación de los
recorridos hacia destinos como Jerez, Cádiz y Huelva. Ello pretende una
mejor utilización de la red de alta velocidad y, en consecuencia, un
mejor y más rápido servicio a las ciudades citadas.
Además de las infraestructuras de carreteras y ferroviarias, hemos de
mencionar, finalmente, los aeropuertos. En el año 1993 se incluye la
financiación de proyectos de aeropuertos en Baleares y Canarias, el
aeropuerto de Palma de Mallorca, el de Tenerife norte y el de la isla del
Hierro, que se consideran fundamentales para la comunicación de estas
regiones insulares y ultraperiféricas con el centro de la comunidad.
¿Con qué criterios se trabaja en el año 1994? Los criterios económicos y
funcionales del año 1994 son básicamente los mismos que los del año 1993.
No podría ser de otra forma basándonos en las grandes definiciones que se
habían realizado. Sin embargo, hay unos criterios de selección que
permiten hacer algunas correcciones respecto de las concepciones
anteriormente planteadas.
En ese sentido, se presta especial atención a dos casos concretos. En
primer lugar, los proyectos cuyo estudio previo fue presentado para su
financiación en el Fondo de Cohesión de 1993. Por tanto, hemos de atender
a su continuidad. Y en segundo lugar, los proyectos que continúan
itinerarios ya definidos en la programación anterior. Hemos de completar,
por consiguiente, lo que anteriormente se había hecho.
Sobre la base de los mismos hay una serie de actuaciones en carreteras
bastante relevantes. Por ejemplo, todo lo que son las autovías de las
rías bajas, la autovía Bailén-Granada, el ferrocarril de Valencia a
Barcelona y el ferrocarril de Madrid-Albacete-Valencia.
De acuerdo con el criterio de completar los itinerarios ya definidos, se
va perfeccionando el itinerario de la Cornisa Cantábrica con la frontera
francesa. Hay ya algunas variantes en Asturias, de las cuales la más
importante es la ronda de Gijón, y también hay otro tipo de actuaciones
específicas, por ejemplo, la frontera francesa con Zaragoza, Teruel y
Sagunto en el túnel de Somport, la circunvalación de Madrid, etcétera.
¿Con qué criterios se está trabajando en infraestructura de transporte de
cara al período 1995-1999? El Reglamento del Fondo de Cohesión entra en
vigor a partir del 26 de mayo de 1994. El Fondo de Cohesión introduce
variaciones en el sistema de cálculo de ayuda a los proyectos de larga
duración o de importante cuantía, lo cual afecta a la programación
prevista en este año.
En el año 1994 se prevé una ayuda de 41.000 millones de pesetas con cargo
al Fondo de Cohesión del año 1995. Dicho en otros términos, en el año
1994 estamos avanzando una parte de gasto de 1995 y parte de la
programación de 1995, por tanto, está ya comprometida en proyectos del
año 1994.
Hay un segundo elemento importante al que he hecho anteriormente
referencia. Existe una oferta del Gobierno sobre un modelo de
presentación de proyectos por parte de las Comunidades Autónomas a
incluir en las redes transeuropeas. Esa oferta se realiza en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera de 21 de septiembre de 1994 y permitirá
la utilización de un 10 por ciento del porcentaje del Fondo de Cohesión
dedicado a infraestructura de transportes. Del total de la
infraestructura de transportes un 10 por ciento se pondrá a disposición
de las Comunidades Autónomas, lo cual nos supone una cuantía,
aproximadamente, de 11.000 millones de pesetas en el año 1995.
Resumiendo, los criterios de cara al futuro serán los siguientes: En
primer lugar, y hablando siempre de transportes, seguiremos, porque es lo
razonable, con la financiación de los proyectos ya puestos en marcha, de
las anualidades posteriores a 1994 de los proyectos presentados en dicho
año.
En segundo lugar, seguiremos con los proyectos de las Comunidades
Autónomas situados en las redes transeuropeas que sean de competencia de
las mismas. En tercer lugar, continuaremos los proyectos cuyo estudio ya
fueron aprobados por el Fondo de Cohesión en 1993 y que están en fase de
ejecución. Y finalmente, proseguiremos con los proyectos que constituyen
fases complementarias de otros aprobados anteriormente.
Es evidente que respecto del medio ambiente los criterios tienen que ser
distintos de los que son aplicables a las infraestructuras del
transporte. Hay una cierta diferencia entre cómo se financian los
proyectos medioambientales en 1993, en 1994 y a partir de 1995.
Los criterios en 1993 se basan en los siguientes objetivos. En primer
lugar, reducir los desequilibrios hidrológicos espaciales y temporales
mediante la construcción de obras hidráulicas que permitan la regulación
del recurso hidráulico. En segundo lugar, garantizar recursos hidráulicos
a los ciudadanos con la calidad suficiente para los distintos usos y
necesidades. Todo ello compatible, evidentemente, con el medio ambiente.
Hay proyectos para frenar los graves procesos de erosión, para mantener y
restablecer los distintos tipos de hábitat naturales, los vinculados a la
corrección de los procesos de degradación del borde litoral y para
incrementar la seguridad marítima y luchar contra la contaminación
marina. Asimismo, hay proyectos para adaptar las industrias españolas al
marco jurídico medioambiental y, finalmente, para mejorar la calidad de
los núcleos urbanos.
Estos son los criterios que nos van a permitir seleccionar aquellas
actuaciones que se financian con el presupuesto del Fondo de Cohesión del
año 1993.
En el año 1994, y como consecuencia de los trabajos que en el año 1993
realiza la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se definen ya de
forma más clara las prioridades de nuestra actuación medioambiental, y a
partir de ese momento, esas prioridades se pueden centrar en cinco
grandes bloques.
En primer lugar, gestión adecuada del agua de acuerdo con un uso racional
de este recurso. En segundo lugar, depuración del agua y control de su
calidad, de modo que en combinación con el anterior objetivo se consiga
su aprovechamiento integral. En tercer lugar, la lucha contra la
desertificación y, en particular, contra la erosión en cuencas fluviales
y en el litoral. En cuarto lugar, la gestión adecuada de los residuos de
todo origen. Pensemos que más de 270 millones de toneladas al año de
residuos deberían ser reciclados en nuestro país. Y, finalmente, la
mejora de la calidad del medio urbano y, en particular, de los niveles de
contaminación atmosférica y acústica.
A partir del año 1995 los criterios siguen siendo los mismos pero con las
dos variaciones a las que antes he hecho referencia. El 1.º de agosto se
firma el Acuerdo relativo a la participación en los ingresos del Estado
de las corporaciones locales para el convenio 1994-1995 y en el protocolo
de intenciones de dicho acuerdo se recoge la creación de un fondo
destinado a la financiación de infraestructuras para la mejora del medio
ambiente en los municipios con una dotación de 30.000 millones de
pesetas. De estos 30.000 millones de pesetas, 15.000 procederán del Fondo
de Cohesión y evidentemente otros 15.000 de otros orígenes. Estos 15.000
millones suponen aproximadamente el 20 por ciento de la dotación prevista
para el Fondo de Cohesión. A partir de ahí, disponíamos de un 80 por
ciento de financiación y ese 80 por ciento de financiación se ofrece al
50 por ciento a las Comunidades Autónomas, por tanto, el 40 del 100, para
que, de acuerdo con ese modelo que presentamos el 21 de septiembre en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, las Comunidades puedan también
presentar proyectos de financiación medioambiental de acuerdo con los
criterios antes planteados, por un importe total de 29.000 millones de
pesetas. Por supuesto, ni uno ni otro acuerdo suponen variación de los
criterios establecidos en el año 1994 a los que he hecho referencia. La
única variación radica en que hasta la existencia de los acuerdos se
financiarán actuaciones de tipo nacional, y a partir de ese momento
también se podrán financiar actuaciones de competencia local o de
competencia autonómica. En ambos casos, tanto en el del sector
medioambiental como en el sector de infraestructuras, los Ministerios
sectoriales correspondientes sobre la base de estos principios, el
Ministerio de Obras Públicas básicamente pero también el Ministerio de
Agricultura en la parte que afecta a reforestación y lucha contra la
erosión, tendrán que definir ya las prioridades más concretas de manera
que se obtengan los objetivos previstos de acuerdo con unos criterios de
distribución que lógicamente no serán territoriales, sino que se
decidirán de acuerdo con consideraciones cualitativas en función de la
naturaleza y de la importancia o relevancia de los proyectos que se
presentan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Parlamentario Popular solicitante de esta comparecencia,
tiene la palabra el Senador don Francisco Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradecemos al Ministro de Economía y Hacienda sus explicaciones, varias
veces reiteradas, eso sí, sobre la naturaleza de estos fondos, sobre su
aplicación en el año 1993 y 1994 como un instrumento provisional y sobre
la participación recientemente definida, que no acordada, en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Hay dos cuestiones principales. Llegados al punto en que nos encontramos,
sabemos que existen unos fondos que recibe nuestro país cuya cuantía y
reparto están básicamente definidos, aunque sin conocer los sujetos
finales que van a recibirlos. Es decir, sí se conoce la distribución
entre Estado y Comunidades Autónomas, pero no dentro de éstas. Y, por
otro lado, sabemos también que es un instrumento condicionado a que se
cumplan determinados requisitos en materia de convergencia europea.
Llegados a esta situación, como decimos, hay que plantearse dos tipos de
cuestiones; la primera, la continuidad del flujo hasta el
año 1999 de los Fondos de Cohesión a nuestro país, y la segunda, la forma
en cómo se van a distribuir estos fondos entre las Comunidades Autónomas
y el Estado.
La primera cuestión, la continuidad del flujo del Fondo de Cohesión,
haciendo un breve repaso a lo que hoy mismo refleja la prensa de los
resultados de ayer del Consejo de Ministros Europeo de Economía y
Finanzas, encontramos términos como escepticismo sobre el cumplimiento
del programa de convergencia, insuficiencia, poco ambicioso,
incredulidad, en definitiva, falta de credibilidad también en Europa
respecto de los objetivos o las intenciones y, lo que es peor aún, la
posibilidad de cumplimiento del programa de convergencia por parte del
Gobierno español. Lo cierto es que estamos divergiendo de Europa; lo
cierto también es que el Fondo de Cohesión está condicionado a que se den
resultados concretos en materia de aproximación, sobre todo de déficit
público, y lo cierto también --y esto es lo que más nos preocupa-- es que
el Fondo de Cohesión, tal como expuso el señor Solbes en el Senado,
concretamente antes del verano, el 27 de junio, el Fondo de Cohesión no
es como podría parecer, o mejor dicho, no es sólo un fondo que trata de
converger en determinadas inversiones a los países integrantes de la
Unión Europea, sino una especie de retorno financiero por un sistema de
financiación --así lo explicó el señor Ministro, y así se incluye en una
publicación reciente del Ministerio de Economía y Hacienda-- de ingresos
comunitarios en el presupuesto comunitario regresivo. Así, tendríamos que
los Fondos de Cohesión no serían, como parecen, unos fondos que desde el
presupuesto comunitario tratan de aproximar a determinados países, los
que tienen unas rentas per cápita inferiores al 90 por ciento de la media
comunitaria, a la situación comunitaria por lo menos en dotación de
infraestructuras e inversiones de medio ambiente, sino que sencillamente
tratan de devolverles parte de los ingresos indebidos que previamente
esos países han aportado a la Comunidad.
En definitiva, estamos hablando aproximadamente de un nuevo cheque, del
cheque español. Podríamos decir que ésa es la concepción que el
Ministerio tiene sobre los Fondos de Cohesión. Pues bien, ese cheque es
un cheque condicionado, condicionado al cumplimiento de objetivos de
política económica. Y tendríamos que, sin haber cambiado un ápice la
financiación del presupuesto comunitario, nosotros podríamos vernos
privados del instrumento financiero que trata de corregir las
insuficiencias, las deficiencias de la financiación presupuestaria
comunitaria, sobre todo, de la que aportan los países más débiles, los
países que ahora reciben el Fondo de Cohesión.
Por tanto, hay una inconsistencia básica entre esa naturaleza
condicionada del Fondo de Cohesión que no entendemos cómo pudo aceptarse
si realmente el Fondo de Cohesión era contrapartida de unos ingresos
indebidamente altos de España en el presupuesto comunitario por la forma
en como se financia el mismo y, además, principalmente es que hay riesgos
potenciales, y yo diría altos, de que efectivamente se pierda el Fondo de
Cohesión sin haber variado o modificado la forma de financiarse el
presupuesto comunitario. En este sentido, nosotros quisiéramos saber del
Ministro de Economía y Hacienda, a la vista de los resultados del Consejo
de ayer mismo, si puede prever una continuidad de estos Fondos de
Cohesión hasta el año 1999.
En segundo lugar, respecto de la distribución del fondo entre Estado y
Comunidades Autónomas, es verdad que partiendo de esta premisa, que se
utilizó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de que los Fondos
de Cohesión eran un retorno para el Estado que realizaba ingresos
excesivos en las arcas comunitarias, lógicamente el Estado exigía que
esos ingresos fueran básicamente para él y, en definitiva, si aceptáramos
esta forma de entender los Fondos de Cohesión debería de ser el Estado el
principal gestor de los mismos por cuanto en otro caso supondría pagos
excesivos al presupuesto comunitario, y si cuando viene en el retorno en
forma de Fondo de Cohesión éste se atribuyera a las Comunidades
Autónomas, tendríamos entonces un perdedor financiero final que sería el
propio Estado. Por tanto, el Estado, haciendo uso de esta concepción del
Fondo de Cohesión, efectivamente ha impuesto, que no acordado, una
distribución determinada de los Fondos de Cohesión entre la
Administración Central del Estado, las Administraciones autonómicas y las
Administraciones locales. Dos cuestiones principales se plantean a este
respecto; la primera es que parece que en parte el Ministerio de Economía
y Hacienda ignora u olvida que nos encontramos en un Estado de las
Autonomías y que concretamente en materia de medio ambiente estas
administraciones tienen unas competencias plenas.
En una publicación del Ministerio de Economía y Hacienda de la que,
además, hemos podido apreciar que el señor Solbes ha utilizado bastantes
de sus argumentaciones para desarrollar esta comparecencia, se dan unos
datos, unas proyecciones hasta el año 1999, de la importancia que pueden
tener los Fondos de Cohesión en relación con el déficit público, en
relación con la inversión pública y en relación con la inversión en medio
ambiente. En cuanto al déficit público el Fondo de Cohesión tiene una
importancia muy reducida, en la actualidad apenas el 3 por ciento y, tal
como se señala en esta publicación, no llegará al 10 por ciento al final
del período, es decir, al final del período si se cumple el supuesto de
reducción del déficit público que el Gobierno ha planteado en el programa
de convergencia. Por tanto, tiene muy poca importancia en términos de
déficit público.
El Fondo de Cohesión también tiene una importancia menor en términos de
inversión pública, e incluso, por lo que se refiere a ésta, en
infraestructuras de transporte, las cuales, en promedio, se cifran en no
más del 17 por ciento por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Pero donde sí adquiere verdadera importancia el Fondo de Cohesión es,
precisamente, en las inversiones en medio ambiente. En este sentido, más
del 50 por ciento de estas inversiones --suponiendo que aumente
considerablemente su cuantía en los próximos años porque, de no ser así,
no se podría absorber el 40 por ciento del Fondo de Cohesión, si se va a
dedicar a inversiones de medio ambiente-- que hay que realizar en España
podrían ser financiadas por el Fondo de Cohesión.
Dicho esto, las administraciones con competencias prácticamente
exclusivas en esta materia van a ver reducida --a pesar de que, como he
dicho, el Fondo de Cohesión supone más del 50 por ciento de las
inversiones en medio ambiente-- a menos de la mitad su participación en
este subfondo de medio ambiente. En consecuencia, eso plantea --y algunas
Comunidades Autónomas ya lo han señalado-- dificultades de interpretación
acerca de quién debe asumir la gestión de la parte del Fondo de Cohesión
referida al medio ambiente.
Adicionalmente, hemos podido comprobar que ni el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, ni a través de ninguna otra de las manifestaciones
posteriores del Ministerio de Economía y Hacienda y del Gobierno en
general, se ha especificado ningún método objetivo, ningún conjunto de
variables --sean éstas económicas, sociales, o de tipo geográfico, en el
caso de la distribución de los fondos relativos a infraestructuras de
transporte-- que permitan siquiera vaticinar cuál va a ser el reparto
entre las Comunidades Autónomas de la parte de los fondos de cohesión que
corresponde al conjunto de éstas.
Esperábamos del señor Ministro que en esta comparecencia nos explicase
cuál ha sido el reparto en 1993; cuál será, previsiblemente, el de 1994,
y cómo --una vez que ya ha sido acordado con las Comunidades Autónomas su
participación en conjunto en el Fondo de Cohesión-- se va a atribuir a
éstas. En definitiva, quisiéramos saber cómo se va discriminar entre los
proyectos que cada una de ellas presente y a cuáles se va a dar
prioridad. Bien es verdad que ya hemos hablado de los grandes ejes de
transporte, tanto ferroviarios, como de carretera, etcétera; pero, como
digo, no se ha especificado a cuál de esos grandes ejes se va a dar
prioridad en el programa de inversiones para 1995.
En este sentido, aunque todavía no hemos podido depurar las cifras, en el
Capítulo de inversiones reales de los presupuestos generales del Estado
para 1995 no hemos visto una excesiva correspondencia entre fondos de
cohesión e inversiones territorializadas, por lo que nos gustaría que el
señor Solbes nos diera hoy una explicación al respecto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Utrera.
Por razones de tiempo, fundamentalmente, y puesto que, a continuación,
hay otra comparecencia, esta Presidencia estima que es preferible dar
paso ahora a todas las intervenciones de sus señorías para que, de forma
conjunta, conteste después el señor Ministro de Economía y Hacienda.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señora Presidenta y, gracias, señor
Ministro, por su comparecencia, relativa a la aplicación --entendemos que
más allá del reparto concreto-- de los fondos de cohesión en nuestro
país, ya que nos parece que esta comparecencia plantea el problema de
fondo de los --y valga la redundancia-- fondos de cohesión en cuanto a su
futuro y a los problemas que puede suscitar en los próximos años la
prevista ampliación de la Unión Europea.
Consideramos que el fondo de cohesión previsto en el Tratado de
Maastricht tiene una significativa importancia, porque viene a compensar
--parcialmente, desde luego-- de alguna forma la situación regresiva que
existe en la Unión Europea en cuanto al sistema de ingresos.
Se calcula que el fondo de cohesión será disfrutado por España en casi un
60 por ciento --entre el 52 y el 58 por ciento-- y, al menos respecto del
año pasado, podría suponer --aunque no sé si ésta es, exactamente, la
cifra-- casi el 12 por ciento de la inversión pública prevista en los
presupuestos generales del Estado, lo que le da, como decía, una
significativa importancia. Por tanto, junto a los fondos estructurales,
es un elemento comprendido en el nuevo objetivo de la Unión Europea: la
cohesión económica y social.
Nos parece, pues, clave el tratamiento de los fondos de cohesión para
valorar el desarrollo de la Unión Europea desde una perspectiva
progresista, en un sentido integrador y de cohesión. Por eso, nos parece
fundamental el control de la aplicación de dichos fondos.
Hay que decir que el fondo de cohesión, junto a los fondos estructurales,
compensan algo --ya he dicho que parcialmente-- el sistema regresivo y
perverso de ingresos que todavía existe en la Unión Europea, y su reforma
es uno de los indudables objetivos para el futuro de ésta, si quiere
tener un carácter de verdadera integración europea.
Los cuatro países menos prósperos, en estos momentos, de la Unión Europea
--Grecia, Portugal, Irlanda y España-- realizan una aportación por
recursos propios, en porcentaje de su renta, que, como usted sabe, es
superior a la del resto de los demás países, salvo Luxemburgo. Esto,
combinado con una financiación de las políticas comunitarias que centra
su importancia en la política agrícola, produce un auténtico mecanismo
redistributivo perverso, que hace que este sistema esté en las antípodas
de un sistema redistribuidor normal y corriente en un Estado mínimamente
progresivo, en el que se hayan implantado algunos de los aspectos de lo
que se ha dado en llamar el Estado del bienestar.
Por eso, el fondo de cohesión compensa --y es importantísimo a ese
respecto-- ese elemento regresivo del sistema de ingresos en la
Comunidad. En este sentido, nos gustaría conocer la posición del Gobierno
respecto del futuro, es decir, cuál es la posición respecto de compensar
ese sistema de ingresos regresivo a todas luces que existe en la Unión
Europea y que hace recargar mucho más el peso de la contribución en los
países menos ricos de la Comunidad, en lugar de en los que lo son más.
Sin embargo, este sistema de fondo de cohesión, creado con el Tratado de
Maastricht, como decía con anterioridad, a pesar de su carácter
adicional, lo cual es positivo, solamente compensa parcialmente el
sistema regresivo de ingresos, ya que es insuficiente --se aplica sólo a
los sectores de infraestructura de transportes e infraestructura de medio
ambiente y, por tanto, no tiene una aplicación genérica
en el conjunto de la economía--, tiene un coste de gestión, sin duda,
elevado, un coste burocrático elevado y, sobre todo, una condicionalidad
macroeconómica sujeta al famoso asunto de los no déficit excesivos. El
fondo de Cohesión es un Fondo que se da siempre que el Estado no incurra
en déficit excesivos, y éste ha sido básicamente el debate de los últimos
días: la posición de la Unión Europea respecto del Plan de Convergencia
español y el déficit previsto en los sucesivos años en ese Plan de
Convergencia.
No obstante, lo cierto es que en ese Plan de Convergencia, aunque me
imagino que de esto hablaremos más a fondo en la siguiente comparecencia
esta misma mañana, prevé una periodificación de déficit que a nosotros
nos parece tremendamente arriesgada y se sitúa en el 3 por ciento para el
año 1997. Teniendo en cuenta las experiencias anteriores --nada más la
del año pasado, que de un déficit previsto en torno al 3 por ciento se
situó casi en el 7 por ciento--, nos parece que es sumamente arriesgado
establecer ese sistema de déficit decrecientes, tan fuertemente
decrecientes, ya que en el año 1997 ya estaríamos en el 3 por ciento.
También significa un enorme optimismo pensar que va a haber un
crecimiento como el que se prevé en ese Plan de Convergencia, y nos
parece arriesgado porque nos estamos jugando el Fondo de Cohesión y
porque hay una distorsión en la opinión pública. Es decir, la opinión
pública piensa que para conseguir el Fondo de Cohesión, para que no se
pierda, no hay que tener déficit excesivos. La Unión Europea dice que no
hay que tener déficit excesivos, pero para tener opción al Fondo de
Cohesión y que no sea retirado, ya que hay una periodificación temporal,
lo que hace falta es que no se incumpla el Plan de Convergencia. Eso es
lo que hay que hacer, no incumplir el Plan de Convergencia.
Y si se hace un Plan de Convergencia excesivamente arriesgado como éste,
por el objetivo político de tener ese 3 por ciento mítico en el año 1997,
corremos el riesgo de que el año que viene o al siguiente incumplamos el
objetivo de déficit previsto en el Plan de Convergencia, no el exigido
por la Unión Europea, y haya, por tanto, una penalización en cuanto a la
pérdida del Fondo de Cohesión. Es decir, se produciría una suma de males:
por una parte, déficit excesivo y, por otra, pérdida del Fondo de
Cohesión, que se supone que es lo que España tiene que recibir para poder
converger.
Por consiguiente, el problema de la priorización de los fondos de
cohesión está pendiente de un hilo y de ese Plan de Convergencia, que
consideramos en sus objetivos de déficit excesivamente arriesgado por
razones exclusivamente de tipo político, pero no por razones de
experiencia económica tenida en los últimos años.
Además, y ya voy terminando, señora Presidenta, quería señalar otros dos
aspectos que están muy relacionados con la aplicación de los fondos de
cohesión entre medio ambiente y transporte, relativas al año 1993: España
dedicó, del 54 por ciento del Fondo --España se ha beneficiado en el año
1993 del 54,8 por ciento del Fondo de Cohesión--, el 29 por ciento a
proyectos de medio ambiente y el 71 por ciento a proyectos de transporte.
Es el país, dentro de los cuatro de cohesión --Portugal, Grecia, Irlanda
y España--, que menos ha dedicado a proyectos de medio ambiente, un 29
por ciento; Portugal, el 43 por ciento; Grecia, el 62 por ciento, e
Irlanda, el 39 por ciento.
Nos gustaría saber por qué se ha dado ese desequilibrio y cuáles son las
previsiones para los sucesivos años en cuanto a ese reparto entre
infraestructuras de medio ambiente e infraestructuras de transporte. El
Fondo de Cohesión es especialmente adecuado para infraestructuras de
medio ambiente, teniendo en cuenta que fondos estructurales, sobre todo
el Feder, están muy volcados sobre las infraestructuras de transporte y,
sin embargo, España ha dedicado un porcentaje muy pequeño, el más pequeño
de todos los países de la cohesión a medio ambiente.
Por último, señor Ministro, quiero saber la posición del Gobierno
respecto del peligro que puede haber en el futuro en cuanto a los fondos
de cohesión como consecuencia de la inminente ampliación de países
nórdicos y como consecuencia de la menos inminente ampliación en un
futuro a los países del este, ya que existe un importante debate en la
Unión Europea sobre si hay países que son vocacionalmente países de
cohesión. Por ejemplo, me parece que Finlandia ha sufrido una importante
regresión en su renta per cápita: en estos momentos está en el 86 por
ciento de la renta media comunitaria, cuando al comienzo de las
negociaciones estaba por encima del cien por cien, y sería un país de
cohesión. Y no digamos los países del este que están llamando a la puerta
de la Unión Europea que, por supuesto, son países no solamente de
Objetivo 1, sino también de Fondo de Cohesión. ¿Qué significaría eso para
el Fondo de Cohesión en un futuro? Me da la impresión de que los países
contribuyentes netos de la Unión Europea no están dispuestos a adicionar
a los fondos de cohesión sino que hay una cantidad fija y que se la
repartan los países que entren dentro de esa categoría de fondos de
cohesión.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en primer lugar, quiero transmitirle la satisfacción de
mi Grupo al escuchar en su intervención los logros alcanzados en la
revisión de los criterios de la distribución de los fondos de cohesión en
España para el año 1995.
Es cierto, como ha dicho usted al comienzo de su intervención, que los
fondos de cohesión son un instrumento financiero, por cierto, instruido y
propuesto por el Gobierno español con cierta eficacia, de cuyo destino
España se va a beneficiar preferentemente, por lo cual siempre hemos
estado de acuerdo con esta iniciativa, propuesta y solución que se
alcanzó en los procesos de negociación con la Unión Europea.
A pesar de que usted ha hablado de su novedad, de la aplicación tan
novedosa que han tenido en nuestro país y
del retraso que usted ha recordado en la definición de criterios --los
años 1993 y 1994 han sido, podríamos decir, unos años experimentales y
nos alegramos de que el año 1995 ya no sea tan experimental--, señor
Ministro, mi Grupo entiende que los criterios para 1995 también deberían
ser objeto de análisis y experimentación para ver si en 1996 y 1997
podemos mejorar todavía más los criterios de distribución.
Los fondos de cohesión, instrumento financiero importante en el proceso
de Unión Europea y de cohesión del mercado interior europeo, se impulsan
por el Gobierno español con un propósito importante: favorecer la
integración de España en el mercado interior europeo. Si no es así, no
entendemos por qué el Gobierno impulsó este instrumento. Este objetivo,
este instrumento tiene dos finalidades, como usted ha indicado
perfectamente: infraestructuras, redes transeuropeas, que las necesitamos
muchísimo para competir con Europa e infraestructuras para mejorar el
medio ambiente, porque tenemos un cierto retraso en lo que son los
instrumentos básicos infraestructurales para preservar la contaminación
de nuestro medio ambiente.
Estos son dos objetivos fundamentales que aplaudimos y con los que no
tenemos ninguna discrepancia, pero sí existen algunas observaciones que
queremos trasladarle, señor Ministro. En relación con el primer objetivo,
creemos que éste responde, como he apuntado, a las exigencias de nuestro
proceso de integración. Por consiguiente, estas inversiones deben
responder a las exigencias de mayor rentabilidad económica de las mismas;
éste debe ser el criterio que las oriente y la selección acerca de dónde
localizamos estas inversiones: intentar obtener la más elevada y máxima
rentabilidad económica. Es decir, influir en la mayor posibilidad de
mejorar nuestra competitividad con Europa. No deben ser criterios
territoriales; no deben ser criterios políticos; no deben ser criterios
de otra naturaleza, legítimos en las políticas sectoriales del Gobierno.
Debe ser el criterio de cómo contribuir a mejorar al máximo nuestra
capacidad de competir. Porque, si hemos de trasladar personas, mercancías
y capitales en el marco del mercado europeo, debemos ayudar a que estas
redes e infraestructuras contribuyan al máximo a este objetivo. Por
tanto, no es tan importante quién haga la inversión, si la hace la
Administración Central del Estado o la hace cualquier otra
Administración. Lo importante es que esta inversión contribuya al máximo
a mejorar nuestra capacidad de competir con Europa.
Segundo objetivo: Fondos de Cohesión-Medio Ambiente. También entendemos
que estas inversiones en infraestructuras para corregir la mayor
incidencia que pueda tener nuestro progreso en el medio ambiente debe
destinarse a priorizar los criterios de rentabilidad en la corrección de
la alteración del medio ambiente. Tampoco deben ser criterios de cupos
territoriales, ni criterios de naturaleza política los que deben
establecer dónde invertimos estos recursos. Debe ser en función de qué
mayor corrección de impacto medioambiental se puede obtener con estas
inversiones. Y quizás --y quiero decirlo en esta Cámara-- no deben
extrañarse sus señorías de que en las zonas donde hay más desarrollo
económico es donde hay más alteración y más afectación del medio
ambiente. Con lo cual, no debe extrañarle al ciudadano español que
España, prioritariamente, debe concentrar estas inversiones donde mayor
alteración del medio se produce. Por eso, este debe ser el criterio. Y
hoy, las competencias medioambientales están localizadas en exclusiva en
las Comunidades Autónomas. No puede primar un criterio estrictamente
territorial en la distribución de estos recursos. Debe realizarse
prioritariamente mediante un criterio de valoración de la corrección de
la alteración del medio.
Señor Ministro, mi Grupo considera que se ha alcanzado un buen acuerdo.
Algún Grupo ha apuntado que no ha sido aprobado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Políticamente, ha sido prácticamente
apoyado, porque ahí no ha habido discusión fundamental. Es más, me alegro
de que algún Grupo Parlamentario, especialmente el Grupo Parlamentario
Popular, se sume a esta valoración que se hace en este extremo, porque en
los años 1993 y 1994 levantamos muchas voces de revisión de estos Fondos
para que se destinen mediante participación en inversiones de las
Comunidades Autónomas y también de las Corporaciones Locales. Y por fin,
en el año 1995, esto va a ser una realidad.
Pero, señor Ministro, es una realidad en un tercio, sólo en un tercio de
estos recursos. Usted ha apuntado, y es verdad, que dicho acuerdo, que
valoramos muy positivamente y vamos a ver cómo funciona en 1995, da por
primera vez paso a que estos recursos se puedan materializar en
inversiones que realicen las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales, que, reitero, deben ser recursos que principalmente se prioricen
en inversiones que puedan ayudar a mejorar nuestra competitividad y
nuestra corrección del medio ambiente. Y, en segundo nivel, funciones o
criterios de ámbito territorial. Pero este 10 por ciento sobre el 60,
Infraestructuras, y este 40 por ciento sobre el 40, Medio Ambiente, que
da un peso global de un 24 por ciento de recursos localizados en las
Comunidades Autónomas, más el ocho por ciento, como ha dicho usted, en
Corporaciones Locales, es un 33 por ciento, un tercio de localización de
estos recursos en ámbito fuera de la Administración Central del Estado.
Un paso positivo, creo que valorable y políticamente acertado. Creo que,
desde esta perspectiva, será un acuerdo que tendrá efectos positivos para
el ciudadano y para los objetivos que se persiguen con este Fondo; pero
en el año 1995 deberemos analizar cómo se desarrolla, porque a lo mejor
en 1996 y 1997 no tiene por qué ser ese tercio, sino que puede ser en
función de otros criterios. ¿Por qué? Porque por ejemplo se localiza en
determinadas actuaciones que desarrollan las Comunidades Autónomas o las
Corporaciones Locales la mayor corrección del impacto medioambiental. A
lo mejor son los ayuntamientos los que tienen la mayor posibilidad de
actuar para la corrección del impacto medioambiental, y a lo mejor son
las Comunidades Autónomas las que pueden realizar inversiones con las que
se pueda corregir con mayor intensidad dicho impacto. Pues es ahí donde
deberemos destinar más recursos los próximos años, pero ya lo veremos en
función de cómo se desarrolle en 1995.
Hay cuestiones muy puntuales y concretas para las que quisiera aprovechar
su presencia a fin de pedirle una información complementaria. En primer
lugar, ¿va a haber cambios en la distribución entre los cuatro países que
van a tener participación en estos Fondos? España, Portugal, Grecia e
Irlanda son los países que tienen el acceso prioritario a estos recursos.
¿Va a haber criterios que puedan alterar la distribución que, más o
menos, tenemos hoy?
Segunda cuestión: ¿Sabe, por casualidad, señor Ministro --ya sé que no es
su competencia-- qué prioridades en el ámbito de infraestructuras
hidráulicas tiene en estos momentos el Gobierno? ¿En qué determinadas
actuaciones de infraestructuras, de canales y actuaciones hidráulicas,
van a localizarse algunas inversiones? Sé que es competencia del señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente orientar y
establecer estas prioridades, pero si usted tuviera la información, se lo
agradeceríamos, porque en ese ámbito es donde se encuentra una de las
principales novedades de la localización en infraestructuras.
Redes ferroviarias. Ha dicho usted, respecto de esta cuestión --me la he
apuntado--: El Gobierno parte, en el momento de seleccionar criterios de
distribución por lo que hace referencia a las redes ferroviarias, de que
en España no tenemos ejes importantes de transporte de mercancías. Tiene
usted razón; pero esto sucede porque hemos hecho una mala planificación,
señor Ministro. Porque toda la planificación que ha hecho España sobre la
red ferroviaria no ha contemplado el transporte de mercancías por
ferrocarril de forma prioritaria. No tenemos unos buenos ejes de conexión
con Europa para transportar mercancías. Es más económico, es más
rentable, trasladar las mercancías por carreteras o incluso por otros
conductos, transporte aéreo incluido. Pero toda Europa traslada las
mercancías prioritariamente por transporte ferroviario, con lo cual, de
la selección de la prioridad de estos recursos, de los fondos de
infraestructuras en redes ferroviarias, quizás deberíamos tener en cuenta
empezar por primera vez a conectar mucho mejor España con las redes de
transporte de mercancías con Europa. Por eso creemos mucho más importante
hacer el Tren de Alta Velocidad en determinadas zonas de España a hacerlo
en función de este objetivo: cómo transportar mejor mercancías hacia
Europa.
Por eso, quiero apuntarle que sería interesante que este eje de
transporte de personas, que ha dicho usted que tiene prioritariamente el
Gobierno, entre Madrid, Barcelona, Valencia y la frontera con Francia, no
se empiece en el tramo Zaragoza-Lérida; haríamos un mal favor al objetivo
de mejorar la competitividad en España si empezamos ahí ese eje, como
parece ser que va a ser prioritario. Que empiece por la conexión frontera
con Francia, o que se extienda, por ejemplo, por la vía de la capital,
Madrid, hacia otros puntos más próximos de la frontera europea. No
tendría sentido hacer un tramo intermedio entre ese eje.
Cuarto punto que quisiera plantearle. En el año 1996, ¿entiende el
Gobierno que, en función de las experiencias acumuladas en 1995, las
Comunidades Autónomas, pero principalmente las Corporaciones Locales,
podrían tener una mayor participación en estos recursos en función de que
se justifiquen sus proyectos con base en la mayor posibilidad de incidir
en la mejora de la competitividad y en la mejora de la corrección del
medio ambiente? ¿Es que se le puede decir al mundo de las Corporaciones
Locales, a los grandes municipios, que en función de cómo evolucione la
experiencia de 1995 en 1996 pueden obtenerse mayores posibilidades de
actuación en temas medioambientales y en temas de infraestructuras por lo
que hace referencia a su participación en estos recursos?
Estas son las cuatro cuestiones que quería plantearle, señor Ministro. Y
reiterar, finalmente, que nuestro Grupo valora muy positivamente ese
acuerdo que el Gobierno ha impulsado, que las Comunidades Autónomas han
aprobado y que a las Corporaciones Locales les parece que es un primer
paso muy positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Homs.
Señorías, y también medios de comunicación que nos acompañan: les
agradecería que, puesto que tenemos que estar aquí toda la mañana y
tenemos una concurrencia muy nutrida, lo cual agradecemos, si fuera
posible la Presidencia preferiría que quienes necesiten fumar salgan un
momento a los pasillos y después se reincorporen, porque si no va a ser
un poco complicado mantener, hablando del impacto medioambiental, una
situación de auténtica salubridad para esta Comisión. (Varios señores
Diputados y Senadores: ¡Muy bien!)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señora Presidenta, señorías, señor Ministro, en
primer lugar, un saludo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y
nuestro agradecimiento por las informaciones que nos ha aportado esta
mañana sobre los criterios y el futuro inmediato del Fondo de Cohesión.
Señor Ministro, tengo la sensación de que ésta es la segunda
comparecencia que realiza ante esta Comisión Mixta, consecuencia del
debate que hubo en el Pleno del Congreso en septiembre de 1993 sobre todo
este problema de los criterios del Fondo de Cohesión. El hecho de que sea
la segunda comparecencia, y separada por un año, nos permite, al menos
según el criterio del Grupo Parlamentario Socialista, comenzar a hacer
una cierta valoración, aunque la perspectiva es evidentemente corta, pero
permite un inicio de valoración. Quisiera trasladarle los aspectos
fundamentales de la valoración que hace el Grupo Parlamentario
Socialista.
Este Grupo contempla la primera etapa de esta perspectiva con un respiro
de alivio o, dicho de otra manera, con una preocupación superada o
comenzada a superar por los temores que tuvimos en el inicio de la puesta
en marcha de los Fondos de Cohesión. Señor Ministro, para explicar esa
preocupación que nos invadió en otro momento, resaltaría una triple
faceta que concurría en el nacimiento de los Fondos de Cohesión. No sería
la menor la que usted ha señalado de que empezábamos en el año 1993 en
una situación de un instrumento financiero provisional, incluso ligado a
si las perspectivas de ratificación del Tratado de la Unión
Europea iban a conseguirse o no, por tanto, implicando toda una
provisionalidad más allá de la meramente administrativa y una cierta
connotación política de cuál pudiera ser el futuro de este Fondo y, por
tanto, una inevitable devaluación de la atención por parte de todos, no
sólo de la Administración, sino incluso de los que concurrían a ese
posible Fondo, de exigencia de perspectivas a largo plazo. Esta considero
la menor, porque las verdaderamente importantes usted las ha señalado en
todas y cada una de sus intervenciones, al menos con una claridad que yo
siempre he apreciado como de un gran rigor intelectual.
Su señoría nos recordaba varias veces, incluso supongo que por vivencia
personal, cómo este Fondo de Cohesión viene, si no formalmente
condicionado, sí históricamente explicado por aquellas razones que en
Edimburgo condujeron a que, ante la dificultad insuperable y quizá la
prudencia adecuada de no citar el problema de la regresividad que el
sistema de recursos propios ligado al IVA implicaba para determinados
países, concretamente el nuestro, se adoptara la solución política de ir
hacia un Fondo de Cohesión con las características que hemos conocido.
Apelo a este recuerdo de las explicaciones de este Fondo histórico que
usted nos ha dado, para explicar que no son sorprendentes las tendencias,
que reiteradamente hemos presenciado, de invocar el carácter de fondo
nacional, e incluso compensatorio, con criterios presupuestarios que, en
cambio --voy a tratar de contrarrestarlo con otras circunstancias que yo
le indicaba--, conducían a una conflictividad, al menos, potencial.
Si eso no hubiera sido poco --que ya lo era ese trasfondo histórico--,
había también un condicionamiento formal que ha sido reiteradamente
invocado; es decir, ese Fondo de Cohesión está ligado a dos condiciones,
una es el famoso artículo 104 C del Tratado, que, cuando lo oigo
mencionar, y estos días con gran frecuencia, tengo a veces la sospecha de
que no se ha leído con la meticulosidad conveniente, porque --no sé si
usted lo comparte conmigo--, la menor de las preocupaciones que yo
tendría, en caso de que el artículo 104 C fuese puesto en funcionamiento,
sería el futuro de los Fondos de Cohesión. Me preocuparía más como
síntoma de que nuestros esfuerzos en la convergencia no iban en la forma
que debieran y, por tanto, eran indicación de un problema de muchísima
más envergadura que el de disponer o no del Fondo de Cohesión, cuanto más
si cuando se lee ese artículo 104 C con detenimiento, y no sólo se le
invoca numéricamente, se ve que las cautelas, en caso de que hubiese
desviaciones respecto del déficit o de la deuda, son de tal precisión y
meticulosidad que casi no hay probabilidad de que lleguen a ser
utilizadas y surtan los efectos milenaristas que oímos constantemente. No
es ésa mi preocupación, desde luego.
Sin embargo, es una reiteración más a ese carácter nacional, de fondo
nacional y, por tanto, aquí viene la contradicción que yo quisiera
señalar y fue el origen de nuestras preocupaciones --hoy creemos que
venturosamente solventadas--, porque esas circunstancias venían sobre una
premisa anterior e inexorable para nosotros, que es el Estado de las
Autonomías derivado de nuestra Constitución, donde no sé si se puede
imaginar alguna actividad en la que la participación de las Comunidades
Autónomas y las corporaciones locales en los procedimientos explícitos o
implícitos que se quiera puede ser evitada. Eso con criterio político.
Pero mucho más cuando, además, a este Fondo de Cohesión, por
circunstancias históricas que tal vez usted pueda contarnos, se le dio
esa vinculación al medio ambiente y se tiene en cuenta que el medio
ambiente (en la concepción todavía no superada por muchos de esa trilogía
--parques nacionales, depuradoras, vertederos--, que ya no es el del
medio ambiente del siglo XXI, pero sí del que rige) es evidente que, tras
la aprobación de la Constitución española, es de competencia absoluta de
las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales.
Por tanto, nuestro problema y nuestra preocupación era que esa
circunstancia y las formas en que estaba planteado, el Fondo de Cohesión
se convertía en un agujero negro regionalizante. Pongo el símil
astronómico en el sentido de que su cuantía (que no es despreciable
cuando oigo algunas intervenciones que a continuación, en cambio, se
pelean por esos cuatro duros que dicen que significa el Fondo de Cohesión
y no lo son tanto) es de tal envergadura que dando las posibilidades de
invocación a lo regionalizable que se exigiría por esa vinculación, sobre
todo en el aspecto medioambiental, era evidente que podíamos entrar en un
proceso que temimos no fuese conducido adecuadamente. Por tanto, en un
símil aeronáutico creíamos que estábamos haciendo en el Fondo de Cohesión
un despegue en condiciones si no bajo mínimos, desde luego, delicado.
Tengo la satisfacción de decir que el Grupo Parlamentario Socialista en
estos momentos --y continuando con el símil aeronáutico-- tiene la
sensación de que ya podemos desabrocharnos los cinturones, empezamos la
travesía, otra cosa es cuál sea el destino, pero la travesía empieza y
empieza, en nuestra opinión, bien, porque, en tanto que Grupo que apoya
al Gobierno, quiero expresar nuestra satisfacción porque se ha hecho un
alarde de sensatez política, entendida o al menos como yo la entiendo,
como capacidad de conciliar lo contradictorio --que es lo que he tratado
de señalar antes-- para lograr la superación de esas condiciones
desfavorables. Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Se han superado las
inercias incluso mentales. Porque, señorías, ¿qué ha pasado? Es evidente
que «a priori» nadie podría invocar la regionalización del Fondo de
Cohesión bajo ningún concepto, pero también es evidente que nadie podía
negar que la gestión del Fondo de Cohesión, al menos en una parte muy
importante, tenía que ser necesariamente regionalizada, luego había que
superar eso, había que superar ese trasfondo administrativista de que
aquello que tenga carácter de interés general y sea reconocido como tal,
tiene que ser gestionado y llevada adelante su realización por el Estado
en su concepción de Administración Central.
La sensatez política que nuestro Grupo ha percibido es que si la
declaración de interés general era lo que hubiera obligado a estas
complicaciones, no lo declaremos, vayamos por los mecanismos que permitan
detectar qué es lo verdaderamente de interés general más allá de las
declaraciones que se puedan hacer desde un criterio administrativo y
hagámoslo mediante unos convenios. El que en estos
momentos el procedimiento del Fondo de Cohesión tenga como ejes
fundamentales las conferencias sectoriales, es decir, las contradicciones
de los intereses y las perspectivas de cada una de las Comunidades
Autónomas para que nazca de ello cuál es el interés general y que, en
cambio, la gestión sea hecha por los convenios oportunos, nos parece el
gran hallazgo.
Por tanto, más allá de lo que sean los detalles, que ahora muy sucinta y
brevísimamente voy a comentar, de los proyectos concretos, lo que nos
parece motivo de satisfacción, al menos desde la perspectiva de este
Grupo, es haber logrado encontrar una ruta de conciliación de
contradicciones que permita hacer que esto que pudo haber sido, por
grande que fuera, un regalo envenenado, se convierta en un instrumento de
avance en las perspectivas indicadas.
El tema ya de los programas en concreto, señorías, si me permiten invocar
mi condición de madrileño de Chamberí, resumo diciendo que no hay más
cera que la que arde. Quiero decir con esto que el hecho de que se
empiece a percibir que el medio ambiente ya no es sólo la trilogía,
parques nacionales, depuradoras, vertederos, sino que es otra cosa, es
una dimensión y una variable tecnológica, que es la que hace
cualitativamente pasar de los modelos de desarrollo sostenido a
sostenible; el hecho de que ese sea el gran reto; el hecho de que
probablemente estos Fondos de Cohesión hubiesen sido una ocasión de oro
para que la transformación ineluctable de nuestro sistema productivo se
hiciese con visión ambiental de futuro y no en un saldar deudas
absolutamente racionales, deudas ambientales que tenemos de nuestro
pasado, esos hechos no deben enmascarar el utópico pragmatismo de que los
proyectos que pueden ser financiados son los que hay, y que, por tanto,
si el procedimiento encontrado, desde nuestra perspectiva, es el mejor,
el más sensato políticamente, y se tiene esa exigencia de que no sean
unos repartos en los que yo te apoyo para que tú te lleves esto, para que
tú luego, cuando llegue el momento, apoyes el mío, sino en la
contradicción de todos se identifique qué es lo que es de interés
general, y luego la gestión de ello se haga por convenio, este Grupo
Parlamentario Socialista considera que esa travesía de los Fondos de
Cohesión, que contemplamos un momento con cierta preocupación, va por el
buen camino, y estamos seguros que entre todos y por interés de todos
será conducido a un buen final.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Dávila.
Para responder a sus señorías, tiene la palabra el señor Ministro de
Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Voy a intentar dar respuesta a los distintos temas que se han planteado.
El Grupo Popular parte de un supuesto que retomando una frase acertada
del señor Dávila sobre las preocupaciones milenaristas, yo diría que
impregna toda su intervención, y es el problema de la continuidad, es
decir, ¿van a seguir los Fondos de Cohesión funcionando o no? Pongamos
las cosas en su sitio. Yo creo que hay que ser realistas y yo creo que
hay que tener las ideas y los conceptos claros. Es verdad que hay un
artículo, el 104 C famoso, que establece qué sucede en caso de déficit
públicos. Es verdad que hay un Reglamento del Consejo, que es el 1.164,
de 1994, que dice que existe la posibilidad de que los Fondos de Cohesión
no se apliquen a partir de un determinado momento, pero el artículo 6 del
Reglamento del Consejo, cuando habla de la ayuda condicional, habla de
que cuando la discusión de derogación con arreglo al apartado 12 del
artículo 104 C del Tratado, en el plazo de un año o cualquier otro plazo,
y ese concepto de cualquier otro plazo que se fije para corregir el
déficit en la recomendación, etcétera, es relevante, lo que nos lleva es
a si lo que es relevante es el cumplimiento del 3 por ciento o lo que es
relevante es el cumplimiento de lo previsto en el Plan de Convergencia.
Incluso cuando tengamos después ocasión de hablar de este tema, ya
volveré a insistir, si hace falta, sobre ese punto, pero en las
recomendaciones queda claro que hay dos conceptos distintos: un concepto
del 3 por ciento al final del período, que sería este de cualquier otro
plazo, y es verdad que hay un planteamiento anual. Pero, sin embargo, el
automatismo del planteamiento anual no es total, sino que corresponde a
una decisión de la Comisión. En consecuencia, de lo que estamos hablando
es, primero, de un incumplimiento del Plan de Convergencia; segundo, que
la decisión de la Comisión no dé lugar a unas correcciones que permitan
volver a la senda del Plan de Convergencia; tercero, que se apliquen en
un momento determinado; y cuarto, que se aplique a las cantidades de las
que estamos hablando, y, siendo muy significativas esas cantidades del
Fondo de Cohesión, es evidente que tienen el valor que tienen. En 1995
estamos hablando de 140.000 millones de pesetas; sin duda alguna
muchísimo dinero, pero que cuando comparamos con los billones del
Presupuesto del Estado, evidentemente, tampoco es un problema para
rasgarse las vestiduras. En consecuencia, no estamos hablando de los 6
billones de pesetas, que ha aparecido en alguna información de prensa que
se refiere no al Fondo de Cohesión, sino a todos los fondos estructurales
y para todo el período. Por tanto, en primer lugar yo le diría que no es
correcta su afirmación, esa especie de tremendismo, de que la
condicionalidad nos lleva a una posible retirada del Fondo de Cohesión.
Yo no la veo. Yo parto de un Plan de Convergencia que hemos querido que
sea realista; exige, evidentemente, un esfuerzo por parte del país, pero
yo creo que se puede cumplir, y, por tanto, ese riesgo del Fondo de
Cohesión no se plantea.
En segundo lugar, su señoría ha planteado algunos elementos de tipo
conceptual como, por ejemplo, ¿en qué medida, si es correcta la
concepción del Fondo de Cohesión como retorno financiero, debe estar
condicionada o no? Yo entiendo su preocupación y el poner de relieve esta
contradicción, que seguramente la verá usted en la mayor parte de las
decisiones comunitarias. Es muy difícil que decisiones propuestas por un
órgano colegiado de diecisiete personas y, finalmente, decididas por doce
Estados miembros
sean absolutamente coherentes. Supongo que usted conocerá la famosa
anécdota, que yo, por otra parte, he utilizado muchas veces, que es la
definición del camello: un camello es un caballo negociado en Bruselas.
(Risas.) Intentar buscar coherencia en el sistema comunitario, yo creo
que se puede hacer hasta cierto punto, pero no se puede hacer al cien por
cien. ¿Que el sistema actual es regresivo? Sin duda alguna; es regresivo
y no nos gusta. Era más regresivo el sistema anterior basado casi
exclusivamente en el IVA, por tanto, incidiendo en sobre el impuesto
sobre el consumo. El nuevo elemento que conseguimos introducir, por
presión de España, de forma fundamental en los Consejos europeos desde
que somos miembros de «plazonar» o de, digamos, establecer un tope de
utilización del IVA y, sin embargo, empezar a sustituir por porcentaje de
PNB, nos da una parte de participación porcentual --no progresiva, sí
porcentual, por lo menos--, y en ese sentido, digamos, estaríamos
hablando de una proporcionalidad, no de una progresividad, pero es cierto
que todo el sistema sigue siendo regresivo, y seguiremos viviendo durante
mucho tiempo, en la Comunidad, con un sistema regresivo. Hasta que seamos
capaces de conseguir una modificación del sistema, vamos a tener que
seguir existiendo y conviviendo con el mismo.
Sin embargo, es cierto que hay una condicionalidad. Es verdad que el
pacto final, cuando se establece el modelo en Maastricht y posteriormente
en las definiciones de las perspectivas financieras, hay una
condicionalidad vinculada al cumplimiento de los planes de convergencia.
¿Por qué? Porque hay algo que no es incoherente dentro de esas
contradicciones, y lo que no es incoherente es decir: vamos a ver, es
verdad que usted está peor que los demás, es verdad que yo le doy dinero,
le doy dinero para compensar adicionalmente su aportación. No olvidemos,
por ejemplo, que el saldo neto previsto para España, en el año 1995, es
de 680.000 millones de pesetas, por tanto, son 140.000 millones de Fondo
de Cohesión, pero además de eso hay 530.000 más; es decir, no pensemos
que todo el saldo neto para España es Fondo de Cohesión en ese concepto
de progresividad, pero sí hay un punto que parece razonable desde el
punto de vista de la visión de un consejo europeo. Es decir: le voy a dar
usted más dinero, pero ese dinero no se lo gaste usted para gastos
corrientes, gástelo usted para inversión y, digamos, actúe usted de forma
coherente. Dicho de otra forma: no vaya usted aumentando el déficit y
gaste esto para inversiones, sin embargo tenga gastos corrientes de otra
naturaleza; por tanto, cumpla usted los programas de convergencia.
Yo no comparto, por tanto, su tremendismo cuando dice: hay un riesgo
potencial alto de que se pierdan los Fondos de Cohesión. Yo tengo la
impresión de que no, que ese riesgo existe, pero es un riesgo que depende
de nosotros mismos en la medida en que seamos capaces de cumplir el Plan
de Convergencia. Se puede decir que es poco ambicioso, se puede decir que
le falta credibilidad, pero veo difícil decir las dos cosas al mismo
tiempo. Yo creo que si lo hubiéramos hecho más ambicioso le faltaría
mucho más de esa credibilidad que ustedes le achacan.
Segundo punto, la distribución entre los Estados y las Comunidades
Autónomas. Usted parte del supuesto que dice que el Estado exige que sean
para él los fondos; se pregunta si debe ser el Estado el principal
gestor. Sí, es cierto, porque una cosa son las comparecencias y otra cosa
es la financiación de esas competencias. Hay competencias en las
Comunidades Autónomas, pero es cierto que esas competencias se
transfieren en su momento con los fondos del Estado destinados para ese
tipo de actuaciones.
Es verdad que posteriormente se introducen nuevas responsabilidades en
las Comunidades Autónomas como consecuencia, incluso, de obligaciones
comunitarias. Y es verdad que se podría adoptar la posición cínica de
decir que las Comunidades Autónomas, que son las responsables de esas
políticas, deben buscar sus propios recursos. Sin embargo, me parecería
ilógico que en un modelo en que la Comunidad nos ayuda a resolver parte
de los problemas, consecuencia de la propia normativa comunitaria, y
estoy pensando en términos medioambientales, si son las Comunidades
Autónomas quienes tienen que llevar a cabo ese tipo de actuaciones, una
parte de los fondos no se transfieran a las Comunidades Autónomas.
No cabe duda de que lo que estamos haciendo, de hecho, es un incremento
de la financiación de las Comunidades Autónomas por vía indirecta en la
medida que es el Estado quien aporta a Bruselas y, sin embargo, los
fondos, al final, acaban en manos de las Comunidades Autónomas.
Tampoco comparto la tesis de que el Estado no ha acordado, por
imposición, el sistema de distribución. Está acordado con las
corporaciones locales. Con las Comunidades Autónomas no está acordado, no
hemos buscado el acuerdo, pero tampoco buscamos la imposición. Hemos
hecho una oferta para quien quiera utilizarla. Quien no quiera utilizarla
está, evidentemente, en su derecho para hacerlo.
Su señoría ha planteado la importancia del tema medioambiental en las
Comunidades Autónomas y la de los fondos de inversión para las mismas.
Usted dice, si he entendido bien el argumento: si perdiésemos el Fondo de
Cohesión, las Comunidades Autónomas perdería el 50 por ciento de su
financiación, en la medida en que ése es el porcentaje que su señoría
calcula para las actuaciones medioambientales en las Comunidades
Autónomas. Es cierto. Es posible, aunque no sé si he entendido bien el
argumento. No cabe duda de que su señoría parte, primero, de la pérdida
de los Fondos de Cohesión, pérdida que yo no comparto y, segundo, de que
los temas medioambientales tendrán que ser financiados necesariamente a
largo plazo con Fondos de Cohesión, cosa que tampoco comparto. Creo que
para la degradación medioambiental, consecuencia de la polución,
deberíamos aplicar el principio de que quien poluciona paga y, por tanto,
deberíamos poner en marcha sistemas que, evidentemente, ayuden a la
recuperación medioambiental sin necesidad o con independencia o con
adición de los Fondos de Cohesión que actualmente existen para ello.
A su señoría le preocupa que no demos el reparto por Comunidades
Autónomas. No tenemos ningún interés en darlo, porque hemos dicho muchas
veces que nuestro criterio
es, precisamente, la no territorialización de los Fondos de Cohesión. Los
Fondos de Cohesión nunca han tenido como finalidad fundamental, ésa es
por lo menos mi concepción, la recuperación de una situación económica
como consecuencia de dificultades previas, dicho de otra forma, el
incentivo de naturaleza regional que sí impregna a los fondos regionales,
básicamente al Feder.
Por tanto, no puedo hablarles del reparto de los años 1993-1994. Ni tengo
aquí los datos, ni me parece que sea relevante. Lo lógico es que la
distribución entre Comunidades Autónomas se puedan apreciar picos
relativamente importantes, entre otras razones porque las cifras que
manejamos, en función de que se elija uno u otro proyecto, nos van a dar
picos muy significativos en un momento u otro.
Voy a hacer al señor López Garrido algunos comentarios que me parecen
relevantes. Preguntaba usted, ¿el sistema de financiación es regresivo y
perverso? Por supuesto que sí, pero ya les he dicho anteriormente que, en
mi opinión, va a seguir siendo así durante mucho tiempo.
Los Fondos de Cohesión son una compensación parcial, son una compensación
parcial y temporal. No nos olvidemos que está vinculada a unas
situaciones de perspectivas financieras para un período temporal
determinado. En ese sentido, a mí no me inquietan excesivamente sus
preocupaciones de cómo puede afectar esto a los nuevos Estados miembros.
En la ampliación no está previsto utilizar los Fondos de Cohesión. Sí
está previsto utilizar los fondos regionales para los países de la
ampliación. No obstante, es posible que en el futuro se plantee la
cuestión del papel que deben jugar los fondos regionales y el Fondo de
Cohesión en el caso de las futuras ampliaciones. Pero eso será una vez
que las perspectivas financieras nuevas se definan. Será el comienzo de
otra batalla, como las históricas que hemos tenido, sobre financiación de
la Comunidad donde seguramente habrá intereses contradictorios de una u
otra naturaleza, todos perfectamente dignos, pero, lógicamente, habrá que
buscar un acuerdo que nos permita avanzar.
A su señoría le preocupa que el Plan de Convergencia haya sido
excesivamente exigente. Yo creo que no. Creo que está en el límite de lo
posible. Un déficit superior al 3 por ciento, más allá del año 1997, a mí
me hubiera parecido políticamente inaceptable para España y para
Bruselas.
Si analizamos la historia de la negociación del Tratado de Maastricht,
cuando se establece el final del año 1996 y el principio de 1997 como
años de referencia, se discute si el déficit debe ser el 3 por ciento o
el 4 por ciento. Al final, no se llega a un acuerdo y se establece el
concepto de referencia en el artículo 104 C, que explicado en el
protocolo quinto, si recuerdo bien, del Tratado, dice que tendremos que
acercarnos al 3, pero estar próximos al 3 por ciento; luego dice
acercarse al 60 de deuda, pero no dice estar próximos al 60; eso es lo
que ha dado lugar a la gran discusión sobre el tema irlandés del que
posteriormente hablaremos. En consecuencia, cuando hablamos de ese 4 por
ciento en el año 1996, estamos aproximándonos a lo que era el espíritu de
lo negociado en Maastricht, pero eso implica que en 1997 tengamos que
estar en el 3 por ciento.
Para mí las cifras del Plan de Convergencia no son cifras de referencia
deseables. Son una obligación absoluta de este Gobierno. Lo dije ayer
públicamente en Bruselas y lo repito hoy aquí en esta Cámara. La
obligación fundamental del Ministro de Economía y Hacienda en estos
momentos es conseguir que se cumplan de forma absolutamente rigurosa los
límites de déficit previstos en cada año. Incluso así, superaremos el
límite de deuda del 60 por ciento, y sólo empezaremos a descender en el
año 1997.
Podemos plantearnos si esto es una discusión puramente teórica o tiene
algo más de fondo. Mi opinión es que tiene mucho más de fondo. Nuestro
gran problema, lo he dicho muchas veces, es que el endeudamiento genera
un crecimiento, evidentemente, de nuestra deuda total. Y la deuda hay que
pagarla. Ese es el problema fundamental. No sólo hay que pagar los
intereses, sino que hay que acabar devolviendo la deuda.
Lo único que nos va a generar el ir a un crecimiento adicional de deuda
en los próximos años son problemas adicionales en el futuro. De ahí que
yo no pueda compartir la tesis de endeudamientos adicionales que nos
lleven a situaciones imposibles en el futuro. Comprendo que a corto plazo
puede ser, incluso, políticamente aceptable o defendible, pero creo que
hay que comprender que a medio y largo plazo una solución de ese tipo es
totalmente inaceptable.
Su señoría ha hablado también del reparto de las cifras: en 1993 medio
ambiente el 29 por ciento y transportes el 71. No es cierto, para 1995
esa tendencia ya cambia de forma sustancial y hablamos de 60,
transportes; 40, medio ambiente. Y, en consecuencia, digamos que hay un
cambio sustancial respecto a esa situación.
Al señor Homs le haré algunos comentarios. Me parece bien su
satisfacción, pero no comparto un punto de la filosofía que subyace en
todo su planteamiento, porque yo creo que su señoría está dando la vuelta
a un equilibrio que es fundamental en el acuerdo actual. Su señoría dice:
Todo esto está muy bien pero éste es un primer paso para el futuro y
sigamos. Yo le digo a su señoría que esa no es en absoluto la posición
del Gobierno. Desde nuestro punto de vista, es imprescindible un
equilibrio entre dos elementos: primero, esto es una compensación por
mayores aportaciones del Gobierno; segundo, va a ir destinado a algunos
objetivos que son de naturaleza autonómica. En consecuencia, nos parece
bien una participación de las Autonomías, pero creemos que esa
participación no se puede incrementar de forma permanente, de tal manera
que, al final, lo que consigamos sean dos cosas: por una parte, modificar
sin contraprestación el modelo de financiación autonómica en detrimento
de los ingresos del Estado y, por otra, evidentemente, una modificación
de un sistema inicial que distribuye de acuerdo con ciertos criterios el
modelo actualmente en vigor. Estoy pensando en que cuando hablamos del
40-60 en medio ambiente e infraestructuras de transporte también se
podría haber definido cualquier otra cifras; sin embargo, yo creo que ese
60-40 es razonable en el contexto actual, y parece difícil que se pueda
aceptar que sea también razonable una cifra distinta en la actual
situación.
A partir de ahí, y dentro de esa filosofía, su señoría afirma que las
redes de transporte deberían ser seleccionadas en función de la mayor
rentabilidad. Eso como argumento para la financiación no me parece mal;
podría compartir su tesis de que no debemos ir a criterios territoriales
y, ya se me hace mucho más duro, aceptar su otra afirmación «que de ni de
ninguna otra naturaleza». Yo creo que no; creo que las exigencias de
mayor rentabilidad son un elemento a tomar en consideración y hay otros
criterios que también son dignos de serlo.
Respecto a los elementos territoriales, decía antes que, en mi opinión,
el Fondo de Cohesión no debe tener un criterio territorial. Es verdad que
el fondo regional sí lo tiene; es verdad que otras actuaciones sí lo
tienen y, es verdad, sin embargo --y en eso volveré a insistir
posteriormente-- que la distribución de fondos territorialmente en
nuestro país pueden dar lugar a un teórico desequilibrio en la aplicación
de los Fondos de Cohesión entre unas Comunidades y otras si sólo
analizamos el Fondo de Cohesión y no analizamos el modelo en su conjunto.
Creo que en medio ambiente el criterio rentabilidad es un criterio
posible, pero no es el único. También es cierto que cuando estamos
pensando en medio ambiente en Fondos de Cohesión estamos pensando en un
medio ambiente que posiblemente afecte más a zonas de mayor desarrollo
porque es verdad que el medio ambiente de otra naturaleza --los parques
nacionales o la protección del medio ambiente rural-- tiene otras
políticas y otros modelos de financiación que podrían permitir funcionar
de forma más correcta.
Su señoría plantea cuatro preguntas de las cuales voy a contestar sólo
parcialmente algunas porque para otras no tengo las respuestas. Primero,
en cuanto al cambio de distribución entre los cuatro países de la
cohesión tengo que decirle que no; el sistema está pactado y mientras
estén en vigor las actuales perspectivas financieras seguirá
distribuyéndose el Fondo de Cohesión como pactado. No se verá afectado ni
por ampliaciones ni por elementos de ninguna otra naturaleza. Y, es más,
incluso aún suponiendo ese caso teórico, que yo creo que no se va a
producir, de que un Estado miembro como consecuencia del incumplimiento
de sus obligaciones de los planes de convergencia viera suspendida su
financiación, en las declaraciones del Consejo como consecuencia de la
negociación, el Reglamento 1164/94, al referirse al apartado 3 del
artículo 6, dice muy claramente que el Consejo y la Comisión declaran que
en caso de que se suspenda la financiación destinada a un Estado miembro,
la cantidad asignada a dicho Estado miembro no deberá reasignarse a
ningún otro Estado miembro que pueda beneficiarse de la asistencia de
conformidad con el Fondo. Dicho de otra forma, es una cifra fija y no
tiene posibilidad de ser reducida, pero también de ser aumentada aunque
haya alguien que no pueda al final utilizarla.
Respecto a la segunda pregunta sobre las prioridades en infraestructuras
hidráulicas, no se las puedo dar. En cuanto a las redes ferroviarias,
entraríamos en un largo debate sobre si es primero la gallina o el huevo.
Es decir, no se utiliza el transporte para las mercancías porque no hay
mercancías o porque no hay transporte. Lo que sí es cierto es que se
llevan realizados múltiples intentos en nuestro país para copiar eso que
su señoría ve tan evidente y que es la existencia de zonas de gran
densidad de tráfico en Europa que deberían poderse trasladar a España.
Hasta ahora no hemos conseguido que esa situación tenga el éxito que ha
tenido en otros países europeos. Tal vez la dispersión de la población,
tal vez la orografía, tal vez la concentración de nuestros esquemas
productivos o el abastecimiento de materias primas tengan un papel que
jugar también en estos elementos y, al final, el sistema no sea tan fácil
como parece.
No voy a pronunciarme sobre las prioridades para iniciar las inversiones
del tren de alta velocidad porque no las conozco, excepto por la prensa,
como seguramente las ha conocido usted también esta mañana.
Finalmente, en cuanto a la última pregunta, es con la que he empezado mi
comentario a su intervención. La posición del Gobierno es que el pacto
con las corporaciones locales es para cuatro años y que desde luego para
el año 1996 se debe seguir con el mismo criterio de atribución global de
fondos. Otra cosa es que los criterios de distribución interna en función
de la práctica se puedan modificar.
Al señor Dávila le agradecería su refrescante intervención con sus
alusiones interesantes de todo tipo. Yo estoy de acuerdo con él en que se
ha avanzado mucho en este año, en que los elementos existentes de
provisionalidad se han superado y en que es cierto también que se ha
iniciado un camino claro de cooperación y de distribución con las
Comunidades Autónomas. No sé si es un alarde de sensatez política o no,
pero yo sí que creo que es un modelo que puede funcionar de forma
bastante eficiente consiguiendo los resultados que todos querríamos
conseguir.
Por otra parte, quería hacer una referencia global un poco más amplia
tomando como referencia su afirmación de que no hay más cera que la que
arde. Y es verdad, al final vamos a financiar los proyectos que existen.
Yo creo que no habría que hacer fundamentalismo con el Fondo de Cohesión.
Y digo esto porque empiezo a percibir la extraña sensación de que algunas
Comunidades Autónomas consideran o pueden valorar la presencia en el
Fondo de Cohesión como una especie de prurito fundamental sin tomar
referencia de los fondos que están percibiendo por otro tipo de
aportaciones comunitarias. A mí me parecería lamentable que intentásemos
utilizar todos el Fondo de Cohesión cuando sabemos que su espacio
financiero es relativamente reducido y renunciáramos a la utilización de
otros fondos que otras Comunidades Autónomas pueden utilizar y que, sin
embargo, algunas no. Con esto quiero decir algo que me parece que debe
ser bastante claro. Hay algunas Comunidades Autónomas en este país que no
van a tener acceso a otro fondo que al Fondo de Cohesión. Y en mi opinión
ese sería un elemento importante a tomar en consideración para unos
criterios de financiación de la inversión. Pienso que es fundamental
porque creo que los restantes proyectos razonables de las restantes
Comunidades Autónomas no van a quedar sin financiación; van a tener
financiación de otra forma y con otros criterios y me parecería que
incluso un mínimo de solidaridad nacional debería llevarnos a pensar que
las Comunidades, que son
bastantes, que no tienen acceso a ningún otro fondo comunitario tuviesen
una participación significativa en el Fondo de Cohesión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA PARA INFORMAR
SOBRE LA REUNION DEL ECOFIN, CELEBRADA EN LINDAU (ALEMANIA), LOS DIAS 10
Y 11 DE SEPTIEMBRE, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE
CONVERGENCIA DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA.
(S. 711/000076; C. D. 213/000426.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, al segundo punto del orden
del día: la comparecencia del señor Ministro, solicitada por el Grupo
Popular, para informar sobre la sesión del Ecofin celebrada los pasados
días 10 y 11 de septiembre, con motivo del cumplimiento de los criterios
de convergencia de la economía española en la Unión Económica y
Monetaria, lo cual nos va a llevar, sin solución de continuidad, a la
explicación más reciente de la aprobación de la actualización del
programa de convergencia español, que ha tenido lugar en el Ecofin último
del día de ayer, de lo que, sin duda, el señor Ministro nos dará cumplida
cuenta.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Es cierto que esta comparecencia se plantea sólo parcialmente, en la
medida en que se refiere al Ecofin celebrado de forma informal los días 8
y 9 de septiembre y también, casi de forma exclusiva, al cumplimiento de
los criterios de convergencia.
Creo que se están mezclando dos ideas que, tal vez por razones
metodológicas, y para su mejor comprensión, convendría delimitar. Una de
ellas, es la relativa al programa de convergencia y a la aprobación de
estos programas, y la otra, al procedimiento de déficit excesivos. Siendo
temas distintos tienen, evidentemente, una correlación, pero sería
necesario separarlos para que se analice claramente uno y otro problema,
a pesar de --como he dicho-- su interrelación.
Precisamente sobre la base de esta idea fundamental voy a realizar mi
exposición, comenzando por el programa de convergencia de nuestro país,
aprobado ayer en Bruselas. En primer lugar, hay que preguntarse por qué
se ha llevado a cabo una actualización del programa de convergencia. Sin
duda alguna, porque se había quedado obsoleto, como prácticamente todos
los programas de convergencia de los restantes Estados miembros. Hasta
ahora, se han revisado los de Francia, Alemania, Grecia, Portugal, Países
Bajos --creo que ninguno más--, y está pendiente de actualización algún
otro.
La crisis de 1993 nos ha afectado a todos --a unos más, y a otros,
menos--, y ha hecho que las cifras inicialmente previstas tengan muy poco
que ver con los programas iniciales. Nuestro programa de convergencia --y
no lo voy a explicar en este momento, puesto que creo que es
perfectamente conocido-- fue presentado a finales del mes de agosto; se
analizó por el Comité Monetario en el mes de septiembre y, finalmente, ha
pasado al Consejo de Ministros en el mes de octubre.
Con respecto a los elementos fundamentales que se han destacado del
programa de convergencia y que, posteriormente, pueden dar lugar a un
cierto debate, en primer lugar, se encuentra como elemento básico el
realismo y la coherencia de las medidas en que se apoya: de reducción del
déficit y medidas estructurales adicionales para hacer frente a nuestra
necesidad de adaptación a la integración y, sobre todo, para la tercera
fase. En este sentido, también se destaca que la puesta en práctica total
del programa permitirá que España progrese en términos de convergencia
nominal y de convergencia real.
En relación con el proceso de consolidación presupuestaria, es cierto que
la Comisión y el Consejo señalan que hubieran preferido objetivos más
ambiciosos por parte del Gobierno español. Sin embargo, reconocen que el
hecho de que partamos de previsiones relativamente conservadoras puede
hacer más fácil el cumplimiento del programa. De ahí que sea
imprescindible que el nuestro se considere como un programa de mínimos y
no un programa objetivo, que puede ser rebajado en un momento posterior.
Pero hay algo más. La Comisión y el Consejo valoran de forma muy positiva
un elemento incluido en el propio programa, y es que, en el caso de que
se produzcan mejoras en los ingresos derivados de una evolución más
favorable de las hipótesis subyacentes, la parte sustancial de esas
mejoras se dedique a la reducción del déficit.
A partir de un programa, llamémosle realista, se aprecia en la discusión
en el Consejo que no existe prácticamente margen en cuanto a las
desviaciones de la evolución anual del déficit si queremos alcanzar ese 3
por ciento en 1997. Pero este es un hecho que no es ajeno al propio
diseño del programa de convergencia, ya que el Gobierno había asumido en
el mismo el compromiso de adoptar medidas adicionales de reducción del
déficit en el caso de desviaciones al alza, compromiso que,
evidentemente, la Comisión y el Consejo han valorado muy positivamente.
En la recomendación final de la aprobación del programa hay otros dos
elementos que me gustaría destacar, y que me parecen especialmente
significativos. En primer lugar, la necesidad absoluta de una cooperación
con todas las administraciones. Dicho de otra forma, lo que se destaca
por parte del Consejo y la Comisión es la necesidad de que no sólo el
déficit del Estado, sino también el de las administraciones
territoriales, estén bajo control, dado que el ajuste que estamos
proponiendo, al estar muy próximo al mínimo necesario para el
cumplimiento de reducir el déficit al 3 por ciento, hace imprescindible
que no exista ninguna holgura, ni siquiera en el caso de las Comunidades
Autónomas.
Finalmente, hay un último elemento que se destaca en la declaración del
Consejo. Se trata de que es imprescindible adoptar con rapidez las
medidas previstas y necesarias de reforma estructural, con objeto de que
se flexibilice nuestra economía y se puedan conseguir los resultados
previstos en la lucha contra la inflación.
Hasta aquí, la declaración del Consejo, que no es otra cosa que una
página en la que se hace referencia al programa de convergencia español.
Sin embargo, como he dicho antes, hay que vincular el programa de
convergencia al procedimiento de déficit excesivos. En el Tratado de
Maastricht, y a partir de la segunda fase de la Unión Económica y
Monetaria --por tanto, en el momento actual--, de acuerdo con lo
establecido en el famoso artículo 104 C --al que antes ha hecho
referencia el señor Dávila, afirmando que pocos lo habían leído, lo que,
en gran medida, es cierto--, se habla de un concepto de déficit excesivos
y de un procedimiento para su corrección.
Según la concepción del artículo 104 C, esa actuación sobre déficit
excesivos pretende aplicarse más bien a los casos concretos que se
pudieran plantear, de acuerdo con la filosofía imperante en aquel
momento, si algún Estado miembro no cumpliera con sus obligaciones de
déficit. Sin embargo, veremos cómo en la práctica esa idea, que
inicialmente era puntual y de aplicación concreta a algún Estado miembro,
al final, se ha convertido en un procedimiento generalizado como
consecuencia de la difícil situación en la que se encuentran la mayor
parte de los Estados miembros de la Comunidad.
Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 104 C del Tratado
de la Unión, a finales de mayo la Comisión presentó al Comité Monetario
el informe sobre la situación presupuestaria de los Estados miembros,
destacando la situación de aquellos que incumplen los criterios de
déficit, o el criterio de deuda. De este informe se deriva, no que haya
algún Estado miembro que lo haga, sino que hay diez Estados que incumplen
el criterio de déficit excesivo, según la visión de la Comisión. Y son
sólo diez Estados miembros los que lo incumplen, porque hay uno, Irlanda,
con unas características especiales como consecuencia de un problema de
interpretación jurídica que, a pesar de que tiene una deuda superior al
90 por ciento, en la medida en que la está rebajando de forma rápida, la
Comisión considera que podría ser excluida del sistema de régimen
excesivo.
Durante el mes de junio el Comité Monetario analizó el informe de la
Comisión, aceptó la propuesta respecto de los diez Estados miembros y se
planteó el tema de Irlanda. Y el tema de Irlanda da lugar a un debate
importante, que finalmente se sustancia en el Consejo informal de Lindau.
¿Cuál es el problema? La tesis de la Comisión es: el concepto de déficit
anual es un concepto del 3 por ciento y es verdad que el artículo 104,
cuando habla de referencias, remite al protocolo quinto del Tratado, que
dice que tiene que estar próximo al 3 por ciento o por debajo del 3 por
ciento. Pero si usted está próximo al 3 por ciento, tiene que estar
rebajando ese 3 por ciento en los años anteriores. Por tanto, el 3 por
ciento actúa más bien como un criterio sin demasiado margen de maniobra,
excepto la posibilidad de una reducción progresiva y una aproximación al
3 por ciento.
Sin embargo, en el caso de la deuda, la discusión se plantea en otros
términos, porque ahí lo que se dice no es que tenga que ser próximo al 60
por ciento, sino que el 60 por ciento es la cifra de referencia y que lo
que se tiene que producir es una reducción de la deuda aproximándose al
60 por ciento.
El concepto de déficit próximo al 3 por ciento o aproximación al 60 es lo
que da lugar a una discusión áspera en el seno del Consejo sobre si esa
aproximación al 60 también implica proximidad al 60 por ciento, sí o no.
De hecho, el debate en el Consejo no se puede sustanciar porque no hay
mayoría en un sentido y otro, pero, sobre todo y fundamentalmente, porque
no corresponde al Consejo tomar la decisión, sino simplemente a la
Comisión. Es ésta quien escucha la intervención de los diferentes Estados
miembros y quien finalmente toma la decisión sobre la propuesta a
realizar al Consejo.
La Comisión, después del Consejo de Lindau, lo que hace es presentar las
recomendaciones de déficit excesivos al Consejo y toma la decisión de no
presentar, sin embargo, la recomendación del déficit excesivo en el caso
de Irlanda, aunque ya, como digo, su deuda total está en el 93 por ciento
para el año 1994 y, evidentemente, ese 93 por ciento está muy lejos del
60 por ciento.
A partir del Consejo de Lindau se toma la decisión de poner en marcha el
procedimiento y éste consiste en dos recomendaciones: en primer lugar,
una definición de qué países están en déficit excesivo y, en segundo
lugar, una recomendación en la que, sobre la base de una propuesta de la
Comisión y previo informe del Comité Monetario, el Consejo de Ministros
recomienda a los Estados miembros qué es lo que tienen que hacer.
Esas recomendaciones están ya casi elaboradas y se llevaron al Consejo de
Ministros de ayer. Prácticamente existe acuerdo en el fondo, pero hay una
reserva parlamentaria de la delegación francesa, porque el Parlamento
francés quería opinar antes de tomar la decisión y de acuerdo con los
procedimientos internos franceses debería respetarse la decisión del
Parlamento y no adoptarse el punto de vista del Consejo antes de que la
decisión se adoptara.
Es más un problema político que jurídico. En mi opinión, no era necesaria
esta posposición, entre otras razones porque la delegación francesa no
tiene que votar sobre su propia recomendación, ya que son todos los
restantes miembros distintos del afectado los que tienen que pronunciarse
sobre la recomendación de cada uno de los Estados miembros.
Por tanto, ayer se dio el visto bueno a estas recomendaciones y a partir
de ahí tendremos que empezar a trabajar sobre la base de lo que la
Comisión nos recomienda. ¿Y qué es lo que nos recomienda la Comisión? En
primer lugar, nos dice que para poner fin a la actual situación de
déficit excesivo y con el objeto de participar en la tercera fase es
imprescindible que cumplamos los objetivos del Plan de Convergencia.
En el primer párrafo se hace referencia a que se da, por parte de España,
una especial importancia al año 1997 para
el cumplimiento del 3 por ciento. A continuación, se hace referencia a la
necesidad de seguir con la consolidación fiscal y la continuación de las
reformas estructurales y se cifra un objetivo del 5,9 del PIB como
déficit de 1995 como un paso hacia el déficit del 3 por ciento en el año
1997 y se dice, además, que el Consejo insta al Gobierno español a
aprovechar todas las oportunidades para lograr una reducción del déficit
mayor de la prevista en el programa de convergencia, especialmente en el
porcentaje de deuda.
Evidentemente, éste es un párrafo, como tantas veces en la Comunidad, que
puede dar lugar a una interpretación, yo diría, equívoca. ¿Qué quiere
decir este párrafo? ¿Quiere decir, de acuerdo con el artículo 6 de la
ayuda condicional, y vuelvo al Fondo de Cohesión, que se aplica al plazo
de un año, o quiere decir que se aplica la definición de cualquier otro
plazo y, por tanto, el año 1997?
Mi opinión, y después de la discusión de ayer, es que queda bastante
clara la intención actual de la Comisión y el Consejo respecto a estos
criterios. La aplicación en el Fondo de Cohesión por incumplimiento de
manera automática será el 3 por ciento del PIB en 1997. Sin embargo, en
la medida en que el 5,9 por ciento es un paso necesario para llegar al
déficit del 3 por ciento del PIB en 1997, un incumplimiento significativo
de ese 5,9 por ciento puede dar lugar a una iniciativa, en su caso, de la
Comisión.
A mí me parece que ésta es una fórmula aceptable, que es una
interpretación que puede ser correcta y que, como he comentado con
anterioridad, no debería plantearnos ninguna dificultad fundamental, dado
que el diseño que nosotros tenemos del absoluto cumplimiento del Plan de
Convergencia no va a plantear ningún riesgo para el Fondo de Cohesión.
Por supuesto, en la recomendación final sobre nuestro programa de
convergencia también se hace referencia a las medidas adoptadas por
España, tomando nota sobre algunos puntos significativos, sueldos de
funcionarios, pensiones, gasto sanitario, lucha contra el fraude fiscal,
etcétera, definidos en el programa y que se consideran como coherentes
con el planteamiento global que las autoridades españolas han hecho en el
mismo.
Por tanto, a partir de ahora, ¿qué es lo que nos queda? Sin duda alguna,
seguir adelante con la aplicación del programa de convergencia; prestar
toda nuestra atención al cumplimiento de nuestras obligaciones,
fundamentalmente la de decidir y reiterar los compromisos a los que ya he
hecho referencia antes: por una parte, si hay mejora en los ingresos,
reducir más la deuda y, por otra, si hay desviaciones en cuanto al
déficit, adoptar las medidas necesarias para que esas desviaciones se
corrijan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la comparecencia
del señor Ministro para conocer la valoración y la opinión del Gobierno,
en relación con las advertencias e incluso los reproches que iban
mereciendo en las anteriores sesiones del ECOFIN el comportamiento del
déficit público y los esfuerzos presupuestarios para reducir el déficit y
la deuda pública en España.
La fecha en la que celebramos esta comparecencia ha ampliado la misma y
de hecho el señor Ministro lo que ha hecho ha sido utilizarla,
legítimamente en este caso, para traernos lo que fue el resultado de la
reunión de ayer, relativa al programa de convergencia. Así pues, la
intervención del Grupo Parlamentario Popular se articulará en dos partes.
La primera, la concerniente al comportamiento del déficit y de la deuda
pública en España, asunto inicial de esta comparecencia. Y, en la
segunda, aunque sea brevemente, me referiré al Programa de Convergencia,
cuya aprobación el señor Ministro nos ha explicado esta misma mañana.
Quiero advertir, como ya hemos hecho en todas estas comparecencias
parlamentarias, que el Grupo Parlamentario Popular es firme partidario de
la Unión Económica y Monetaria de Europa. Eso significa que, en nuestra
opinión, España debe cumplir los criterios de convergencia nominal de
Maastricht. También hay que decir que esos criterios están devaluados por
la implantación de esa relativa laxitud de las bandas monetarias, pero
insistimos en que la ortodoxia económica en nuestro país exige el
cumplimiento de los criterios de Maastricht relativos al déficit y la
deuda pública. Y, a partir de ese comportamiento presupuestario,
ciertamente introduciendo lo que llamamos las reformas estructurales de
la economía, conseguiremos acercarnos, conseguiremos converger en materia
de precios y de tipos de interés. Este es el único camino para conseguir
la convergencia real de la economía española con la europea. Convergencia
real en la que no estamos, como sabe perfectamente el señor Ministro.
Estamos perdiendo posiciones, lo que hace que la integración de España en
la Unión Económica y Monetaria de Europa sea vista por muchos españoles
como una fuente de amenaza para su bienestar económico e, incluso, para
su puesto de trabajo.
Hecho este breve preámbulo sobre nuestra actitud en relación con el
sustrato de lo que estamos valorando esta mañana en esta comparecencia
parlamentaria, quiero referirme al comportamiento de la deuda pública y
del déficit público en España advirtiendo, en primer lugar, la gravedad
del ritmo de crecimiento de la deuda pública que se está produciendo y
que están llevando adelante los sucesivos Gobiernos socialistas. Las
cifras que voy a utilizar, señor Ministro, son cifras oficiales, es
decir, no son estimaciones de institutos privados, no son estimaciones de
expertos, no son estimaciones, obviamente, de mi Grupo Parlamentario
Popular, sino estimaciones del Gobierno español. Y las estimaciones del
Gobierno español nos dicen que la deuda pública en España, en el año
1982, alcanzaba un 31,7 por ciento del producto interior bruto, es decir,
6,2 billones de pesetas; en 1993, esa cifra se elevaba al 59,8 por ciento
del producto interior bruto, es decir 36,4 billones de pesetas. Esto
significa que hemos multiplicado por
seis, un crecimiento realmente vertiginoso, la existencia de este
perjudicial fenómeno de endeudamiento del sector público. Y lo hemos
hecho a un ritmo que consideramos inadmisible para la fortaleza, para la
sanidad de nuestra economía y, desde luego, para nuestro bienestar
social.
Pero es que, señor Ministro, lo que estamos observando es que vamos a más
en crecimiento de deuda pública. Y en 1993, señor Ministro --y valdrá la
pena que luego me detenga también en la valoración, porque me interesa
mucho que nos explique cuál es la valoración y cuál es, en su criterio,
la exactitud de las cifras que estoy manejando de deuda pública en
España--, según sus cifras, la deuda pública ha crecido 11,5 puntos
porcentuales del producto interior bruto respecto del año anterior, y eso
significa pasar de un 28,4 por ciento del producto interior bruto al 36,4
por ciento. Es decir, más o menos, señor Ministro, ocho billones de
pesetas en un solo año de emisión neta, de emisión adicional de deuda
pública.
Para 1994, las cifras, también oficiales, son que nos vamos a un
endeudamiento muy cercano a cuatro billones de pesetas. Y siempre,
insisto, no hablo de emisión de obligaciones ni de nada que se le
parezca; estoy hablando de incremento, de adición de deuda sobre los
volúmenes ya existentes en España, lo que supone que los españoles, en
definitiva, la sociedad española, se está endeudando a un ritmo de 10.700
millones de pesetas por día en este año 1994, lo que hará que esa deuda
se sitúe en el 63 por ciento del producto interior bruto, que es la cifra
que usted ha anunciado en la presentación de los Presupuestos Generales
del Estado para el año que viene.
En síntesis, de continuar por esta senda, no es que vayamos a cumplir el
programa de convergencia, es que, de continuar por esta senda, es fácil
vaticinar, como hacen los expertos, como ha hecho en un reciente trabajo
el profesor Raymond Bara, que en el año 2000, es decir, bien pronto, la
deuda pública en España, en la hipótesis más blanda, en la mejor de las
hipótesis, vamos a estar en un 90 por ciento del producto interior bruto.
Y éstas son las proyecciones razonables a partir del comportamiento
reciente del endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas,
señor Ministro.
¿Por qué crece? ¿Cuáles son las causas de ese crecimiento de la deuda
pública? La causa fundamental está en la génesis, en la presencia, en el
mantenimiento de un déficit público en nuestro país que resulta del
desmesurado aumento del gasto público corriente, puesto que lo que está
ocurriendo con la inversión pública es que se está encogiendo, va a
menos. Y ese déficit público es el que, en definitiva, va obligando a
incrementar en primer lugar, no como única razón pero sí como la
principal, la necesidad de endeudamiento de las Administraciones públicas
españolas. Ese déficit, y la propia necesidad de endeudamiento, está
engendrando una carga de gastos financieros, de intereses de la deuda,
que en nuestro país han pasado del 1 por ciento en 1982 a representar
casi un 5 por ciento en 1994.
Lo peor del déficit público, como reconocen todos los expertos, como
identifican todos los organismos internacionales, es que es de naturaleza
estructural, fundamentalmente debido a deliberadas actuaciones del
Gobierno en materia de política económica. Las tres cuartas partes del
déficit público en España, podemos decirlo con propiedad, que son de
naturaleza estructural. Y, de hecho, el crecimiento, el espectacular
avance del déficit público en el año 1993, viene motivado
fundamentalmente por actuaciones discrecionales del Gobierno, es decir,
decisiones de gasto del Gobierno que no obedecen a la depresión económica
que ha ocurrido en España. Esto es, la coyuntura económica no explica la
evolución del déficit público en España, y esto es importante advertirlo
para que los españoles conozcan cuál es el origen de ese problema de
endeudamiento que se está originando en nuestro país. Son decisiones de
gasto del Gobierno las que nos están empujando a eso. Ni siquiera es la
caída de recaudación impositiva motivada por la coyuntura económica, que
sería razón de orden coyuntural.
Y lo que va a ocurrir en el año 1994 es bastante sintomático a ese
respecto, porque el comportamiento histórico de la relación producto
interior bruto-déficit público en nuestro país nos está advirtiendo que,
más o menos, cuando el producto interior bruto varía un punto, el déficit
público lo hace en 0,3 puntos porcentuales, tres décimas. Y esto
significaría que en una economía que este año se recupera desde la caída
del menos 1 por ciento del año anterior hasta registrar el 1,7 por ciento
que, en estimación oficial, hace el Gobierno de crecimiento medio de este
año, señor Ministro, hay un margen para reducir el déficit público
bastante superior a estas seis décimas que se va a reducir, en caso de
que se consiga.
Con ello, lo que estoy señalando es, en definitiva, la responsabilidad de
ese crecimiento que, insisto, radica, en la idea principal, en la
actuación discrecional, en la actuación deliberada del Gobierno español.
Y a eso hay que sumar otra causa que es la asunción por parte del Estado
de deudas, de deudas de empresas públicas o emisión de otros tipos de
activos financieros, o sea, créditos que se conceden en un intento inútil
de enmascarar el comportamiento del déficit público, puesto que al final
la cuenta financiera va a acabar reflejándolo. Pero en fin, esta
estrategia deriva o es una segunda gran causa del crecimiento de la deuda
pública.
Sobre las consecuencias, hay que advertir la que planea sobre nosotros
esta mañana en este debate parlamentario. La primera es el alejamiento de
Europa por esta vía. Y en ese sentido, ahí están las advertencias de los
órganos de la Unión Europea; ahí están las advertencias del Consejo de
Economía y Finanzas cuando ha calificado los esfuerzos del Gobierno
español de insuficientes, de claramente insuficientes, es decir, cuando
ha merecido lo que sería, en una traducción escolar, una calificación de
suspenso, señor Ministro. El Gobierno español ha sido suspendido en ese
comportamiento a la hora de plantear esfuerzos relativos a la reducción
del déficit y de la deuda pública en nuestro país.
Ahora tenemos la otra valoración del Plan de Convergencia, a la que
después me voy a referir, pero el crecimiento de la deuda pública es la
causa del alejamiento de Europa que nos tiene que preocupar, que nos
preocupa, por eso nuestro Grupo Parlamentario insiste en el objetivo de
la Unión Económica y Monetaria de Europa, concebido como un requerimiento
para la reducción del déficit de la deuda pública para el cumplimiento de
la disciplina presupuestaria.
Señor Ministro, hay otra cuestión que también quiero plantearle esta
mañana antes de hablar de otras consecuencias de la deuda, las
consecuencias, en definitiva, sobre el crecimiento de la economía
española, y es que tenemos grandes dificultades para determinar cuáles
son los niveles reales, auténticos, quiero decir, de deuda pública en
España. Tengo que lamentar y, desde luego, tengo que hacer este reproche
al Gobierno español cuando lo que hace es jugar en un auténtico baile de
cifras que está confundiendo a la opinión pública a la hora de conocer
cuál es la auténtica deuda pública que existe en España.
El Programa de Convergencia, que debatimos aquí en el mes de julio, es un
programa que ha revisado sus cifras de deuda pública, lo cual, desde
luego, es llamativo y asombroso que se produzca, cuando se ha presentado
un Programa de Convergencia a esta Cámara que ha sido debatido apenas
hace dos meses, y ya ha sido revisada la cuantificación de la deuda
pública relativa al ejercicio pasado, no hablo ya de lo que pueden ser
cierres de este ejercicio o pronósticos de próximos ejercicios, me
refiero al comportamiento en el año 1993.
Quiero cerrar esta primera valoración sobre el comportamiento de la deuda
pública hablando sobre las consecuencias negativas que ese crecimiento de
la deuda pública provoca sobre el comportamiento de nuestra economía a la
hora de utilizar su potencial de crecimiento, a través de inducir mayores
tipos de interés. La elevación de tipos de interés, que está provocando
el incremento de esa deuda pública, es un factor obstaculizador del
crecimiento económico en España; todos los españoles tenemos que ver esta
elevación con gran preocupación porque afecta directamente a nuestra
capacidad adquisitiva, afecta al desánimo de las empresas a la hora de
invertir y provoca lo que llamamos técnicamente el efecto expulsión del
sector privado por ese incremento del endeudamiento de las entidades
públicas por el impacto financiero que provoca ese endeudamiento de las
Administraciones públicas.
Esta es la consecuencia de la forma de restar capacidad de crecimiento a
nuestra economía, que resulta especialmente lamentable para una sociedad
que tiene como principal problema ante sí el del desempleo. Lo que
estamos haciendo con estas emisiones masivas de deuda pública es
disminuir las expectativas de crecimiento de la economía española, lo que
estamos haciendo es trasladar a las generaciones futuras el pago de
nuestro bienestar actual, de nuestro bienestar presente, y de esta forma
lo que hacemos es que a las generaciones más jóvenes no les estamos dando
empleo, no les estamos dando capacidad de inserción en el sistema
productivo, en el régimen laboral y les dejamos como herencia el pago de
unos intereses y la amortización de un principal de deuda que,
inevitablemente, les va a restar a ellos su propio bienestar. Eso, unido
al deterioro de la imagen internacional de España que está produciendo
esa emisión de deuda, es lo que nos obliga a pagar una prima de riesgo en
España superior a la de la mayoría de los países que tienen altos
endeudamientos públicos; ese deterioro de la imagen internacional es
también muy preocupante porque puede entorpecer la recuperación económica
española. Tenemos que guardar un diferencial de tipos de interés con
Alemania para títulos emitidos a diez años, a todas luces excesivo y, por
supuesto, pagando unos tipos de interés crecientes, como ha ocurrido ya
en este año.
Estos son los comentarios y las valoraciones que expresan la preocupación
de mi Grupo Parlamentario en relación con lo que ha sido y sigue siendo
el comportamiento del déficit y de la deuda pública en España.
En relación con el programa de convergencia, no quiero repetir ahora lo
que fue la valoración claramente negativa que defendimos en su día en el
debate que tuvimos en el seno de esta Comisión Mixta, cuando el Gobierno
trajo a esta Cámara un Programa de Convergencia obsoleto --y ahora me
referiré a esto--, pero recuerdo, simplemente, que la contundente crítica
que mereció por parte del Grupo Parlamentario Popular se sostenía, en
primer lugar, por ser ese programa nada más que un conjunto de
vaguedades, imprecisiones e incoherencias, con ausencia absoluta de
compromisos en materia de política económica. En segundo lugar, por
plantear un ajuste económico al final del período contemplado, en vez de
empezar el ajuste económico ahora (realmente el Gobierno no está en una
posición política para decir a los españoles la clase de ajuste económico
que hay que practicar). Y, en tercer lugar, por utilizarlo como un
reclamo electoral cuando exhibía de una manera bastante poco lícita un
incremento de empleo que no va a resolver en sí mismo ni siquiera la
urgente necesidad creada por la destrucción de empleo de la crisis
económica que acabamos de pasar. Pero es que, además, es un programa
incoherente con los presupuestos generales del Estado para el año 1995.
Esto ya tendremos ocasión de debatirlo en otras comisiones en el debate
de presupuestos de 1995, pero ya advierto que apreciamos aquí claras
incoherencias con ese Programa de Convergencia.
A la crítica del Grupo Parlamentario Popular se han sumado las de los
mejores expertos en economía en España que han criticado, y además con
severidad, el contenido de ese Programa de Convergencia, y hay que sumar
la realizada por el Consejo Económico y Social, organismo consultor que
ha emitido una crítica bastante explícita también sobre los contenidos e,
incluso sobre las formas en que estaban reflejados esos contenidos del
Programa de Convergencia. Pero la peor crítica, señor Ministro de
Economía, es la realizada por los mercados financieros. El Programa de
Convergencia no ha movido a los mercados financieros ni un ápice, siguen
donde estaban; lo que quiero decir es que el Gobierno sigue con la
retirada de credibilidad que padece y que hace padecer a toda la economía
y a toda la sociedad española. Ahí está el juicio, ahí está la sentencia
de esos mercados financieros bien explícita ante la publicación de un
Programa de Convergencia que no es creíble.
Además, queremos añadir un reproche adicional al Gobierno desde mi Grupo
Parlamentario y es un reproche bastante severo, señor Ministro, porque lo
que ha hecho el Gobierno español ha sido llevar a Bruselas el Programa de
Convergencia para discutirlo allí cuando no lo ha sometido a la votación
de esta Cámara, cuando no ha permitido que en el debate parlamentario se
completara ese Programa de Convergencia. Esa es una actitud huidiza por
parte del Gobierno, una actitud bastante grave, especialmente grave
después del 12 de junio cuando el Gobierno perdió de forma clara las
elecciones al Parlamento Europeo, lo que significa, en definitiva, perder
el apoyo social en la política de inserción europea en favor de la
política auspiciada por el Partido Popular. Desde luego parece que el
Gobierno español no tiene ningún tipo de escrúpulos, como le ocurre al
Primer Ministro francés, señor Balladur, de llevar al Parlamento
cualquier tipo de decisión o implicación que suponga merma de la
soberanía nacional, cualquier tipo de decisión de ámbito unitario que
implique los destinos de Francia en su integración europea. Parece que el
Gobierno español se siente suficiente como para arrastrar a España a esos
destinos, lo que ocurre es que los hechos no están acompañando a esa
fortaleza, a esa suficiencia del Gobierno español.
Señor Ministro, quiero referirme también a una precisión --termino,
señora Presidenta-- sobre el contenido del Programa de Convergencia, al
que ya he aludido de pasada anteriormente.
¿Cómo puede explicar el señor Ministro de Economía y Hacienda que el
Grupo Parlamentario principal de la oposición en España, que este
portavoz que está interviniendo en este momento no conozca los cuadros
económicos, los cuadros resumen que se han presentado y que se han
aprobado ayer en el Ecofin? ¿Cómo explica esta actitud? ¿Cómo explica
esta falta de responsabilidad, realmente? ¿Cuál es el contenido exacto de
la deuda pública en España en el año 1993? Porque la publicación anterior
del Programa de Convergencia ha quedado obsoleta por sus propias
estimaciones en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1995,
donde revisan, además de las cifras de deuda, señor Ministro, las cifras
de déficit público. El déficit público del año pasado lo han elevado de
un 7,2 por ciento al 7,5 por ciento. ¿Pero dónde estamos, señor Ministro,
en déficit público y en deuda pública? Es lamentable que tengamos que
estar haciendo esta pregunta a estas alturas, y lamentable porque,
incluso, en algunas informaciones de prensa, publicadas esta mañana,
seguimos en la misma confusión, siguen apareciendo cifras que no son las
revisadas en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, cifras del
año 1993, o sea que no son las revisadas en los Presupuestos para el año
que viene.
Lo primero que le pediría al señor Ministro de Economía de mi país es que
nos informara, que nos informara puntualmente, y que informara a los
representantes de la soberanía española de lo que se está debatiendo en
Bruselas en una cuestión tan importante para los destinos de nuestro
país.
Finalizo, señora Presidenta, con la expresión de una valoración crítica
bastante contundente a lo que está siendo la actitud del Gobierno español
en la confección del Programa de Convergencia, en la presentación de ese
Programa de Convergencia y en los compromisos que el señor Ministro de
Economía está asumiendo en forma de anuncios, de recortes presupuestarios
o de destino de mayores ingresos recaudatorios a reducir el déficit
público.
Realmente, señor Ministro, no vemos decisión, no vemos voluntad clara del
Gobierno español a la hora de reducir el déficit y la deuda pública en
nuestro país. No vemos una actitud realmente colaboradora en el proceso
de integración europea, en el proceso de construcción de la Unión
Económica y Monetaria de Europa. El Grupo Parlamentario Popular entiende
que ahí está el futuro de España, ahí está el futuro de nuestra sociedad
y, por tanto, ofrece siempre una actitud colaboradora, una actitud
positiva en la construcción de ese futuro. Pero, realmente, hay que
atender a lo que las instituciones europeas nos están enseñando, nos
están marcando; hay que atender a la actitud de recelo que se desprende
de esas instituciones europeas; hay que intentar, señor Ministro, en una
palabra, evitar los errores del pasado. Y, desde luego, con la posición
del Gobierno español con los proyectos en política económica, como los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1995, lo que nos están
haciendo es perseverar en ese error, persistir en un camino que es el que
nos está alejando de Europa, en vez de integrarnos en él.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montoro.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
El señor Solbes se ha referido en su intervención a las últimas reuniones
del Ecofin, y más concretamente a la que terminó ayer en donde se dio el
visto bueno al Plan de Convergencia, presentado por el Gobierno español.
A nosotros nos parece que la reunión de ayer del Ecofin corresponde a lo
que es la filosofía o, diríamos, la puesta en escena habitual de
reuniones de ministros de Economía y Hacienda, y que la forma en la que
se valoró el Plan de Convergencia español --hemos conocido algo muy
apresuradamente por lo que usted nos ha señalado y por las informaciones
de los medios de comunicación, esta mañana-- responde a una toma de
postura eminentemente macroeconómica, en términos de cifras cuantitativas
de déficit, de cifras de crecimiento, es decir, algo que tiene un sabor
muy tecnocrático, y recibió el apoyo del Ecofin. Recordemos que también
recibió el apoyo del Ecofin, y, además, incluso con aplausos sonoros, al
parecer, el Plan que presentó, en su momento, el señor Solchaga, que
fracasó estrepitosamente, y que ha habido que rectificar de arriba abajo.
Por tanto, no es tampoco un aval de solvencia el hecho de que el Ecofin,
que funciona fundamentalmente con esos criterios muy cuantitativos y
macroeconómicos, dé el aval al Plan de Convergencia.
La verdad es que el Plan de Convergencia presentado tiene las rémoras que
ya señalamos en su momento en la reunión que hubo en esta misma Comisión,
el día 19 de julio de este año. No parece que sea un plan de recuperación
económica y de empleo, ni un plan de convergencia real; sí un plan de
convergencia nominal, pero no un plan
de convergencia real, ni tampoco un plan que esté pensado para facilitar
la competitividad de la economía española, es decir, introduciendo
elementos de gasto, sobre todo en infraestructuras y en I+D. Nada de esto
se vio, parece ser, ayer en la reunión del Ecofin, y no solamente es algo
que digamos nosotros sobre estos criterios de empleo, de políticas activa
de empleo, de convergencia real, no solamente nominal, de competitividad,
sino que, por ejemplo, la propia Comisión Europea en el quinto informe
periódico sobre la situación y la evolución socioeconómicas de las
regiones comunitarias --algo que aprobó justo antes del verano-- dice:
Las tres causas principales para explicar las diferencias de desarrollo
entre las regiones son el equipamiento en infraestructuras --hay que
tener en cuenta que en España tenemos una dotación de infraestructuras
terrestres que está al 62 por ciento de la Unión Europea--, nivel de las
inversiones, y el lugar que se concede a la investigación y el
desarrollo. Lo recordábamos entonces y le recordamos ahora que mientras
que la convergencia en renta de España con la Unión Europea es del 76 por
ciento, la convergencia de I+D es sólo del 28 por ciento. Estos son
elementos fundamentales de competitividad de la economía. Por tanto, un
plan de convergencia tiene que tenerlos muy en cuenta y, naturalmente,
que se proyecten en las cifras macroeconómicas, también en las cifras de
déficit, y no al contrario, preparando unas cifras de déficit simplemente
por el hecho de que el año 1997 hay que llegar al 3 por ciento, sin tener
en cuenta las necesidades de la economía española y, por tanto, ajustando
casi a martillazos esas cifras, sin tener en cuenta las necesidades
reales de la convergencia real. Esto no se vio en el Ecofin, parece ser
que no se discutió ayer; se ha seguido persistiendo en ese dogma
inflexible de que primero es la convergencia nominal y después la
convergencia real. Dogma, como todos los dogmas, apodícticos y sin una
real argumentación de fondo que lo justifique.
Y así es como --lo señalaba anteriormente-- se pasa en este Plan de
Convergencia de una época del descontrol
--ha habido un descontrol evidente del déficit-- a una especie de
descenso draconiano que sobre todo se da, además, en los años 1996 y
1997, porque la reducción del déficit desde el año 1994 a 1997 es
vertiginosa, sobre todo en los años 1996-1997, años que quedan algo
lejos, años en los que ya entramos, probablemente, en otro período
electoral. En el año 1994 se prevé un 6,7; en 1995 el 5,9; pero luego
baja ya muy rápidamente al 4,4 en 1996 y, muy rápidamente, al 3 en 1997.
Y existen demasiadas incógnitas, a nuestro juicio, que planean sobre esta
previsión de déficit en función de la cual, repito, está el que España
mantenga su cifra de Fondos de Cohesión, que es una cifra importante: se
calculan en 1,3 billones de pesetas los Fondos de Cohesión en los
próximos años y, como digo, jugársela a unas cifras de déficit no
realistas, creemos que no es una actitud prudente políticamente. Hay una
incógnita sobre el crecimiento. En el Plan de Convergencia se habla de un
crecimiento del 3,9 en los años 1996-1997, casi el 4 por ciento, una
cifra tremenda de crecimiento económico que es una cifra que tiene un
apoyo relativo, una hipótesis, digamos, de no necesario cumplimiento.
La incógnita de la inflación y de los tipos de interés ya empieza a
planear hacia el lado negativo. En cuanto hay un apunte de recuperación
empieza, otra vez, a recalentarse la economía y empieza a aparecer el
espectro de los tipos de interés alto. Otra de las incógnitas, como
señalé anteriormente, es la de la ampliación. La ampliación hacia el Este
está preparándose ya. Si los países del fondo de cohesión tenemos que
cargar con esa ampliación hacia el Este, el gasto fundamental a ese
respecto lo va a tener que hacer España. En España va a recaer,
fundamentalmente, el coste de esa ampliación si no hay fondos nuevos. Y
no hay seguridad de que los haya. Usted no ha asegurado aquí que los vaya
a haber.
España recibe el 55 por ciento del fondo de cohesión y, aproximadamente,
el 25 por ciento de los fondos estructurales, y va a cargar sobre España,
fundamentalmente, esa ampliación al Este, a no ser que haya una
adicionalidad, que está por ver. Por tanto, ésta es otra incógnita más
que aparece en el horizonte.
La propia Comisión Europea lo señala cuando alude a las medidas externas
que hay que tomar para realizar la ampliación al Este. Una resolución de
la Comisión de hace solamente unos días, de finales del mes de
septiembre, propone que hay que modificar las perspectivas financieras a
la vista de las nuevas necesidades generadas por la ampliación y, entre
ellas, la necesidad de una mayor capacidad financiera, aumentar los
medios disponibles para una mayor asistencia a los países de Europa
central y oriental con la perspectiva de futuras adhesiones, contando,
por cierto, y esto es positivo, con reforzar la cooperación con los
países mediterráneos. Una incógnita más.
Debido a las incógnitas se ha escogido un ritmo de decrecimiento del
déficit, a nuestro juicio, no realista. Hubiera sido más lógico pensar en
el horizonte de 1999, que está previsto como fecha real de la unión
económica y monetaria, si es que llega, ya que usted ha señalado que hay
10 estados en este momento que incumplen los déficit excesivos. Hubiese
sido más lógico pensar en ese horizonte teniendo en cuenta, además, que
en el año 1996 va a haber una conferencia intergubernamental de reforma
del Tratado de Maastricht para adaptar las cifras cuantitativas de
convergencia nominal que se aprobaron en un momento en que la economía
europea estaba boyante y en el que no se pensaba que fuese a haber esa
crisis profunda que se desencadenó años después.
Probablemente está planeando aquí y sobre el Gobierno español la idea de
la Europa de las dos, de las tres o de las distintas velocidades o la
teoría del núcleo duro, es decir, que estamos donde tenemos que estar a
costa de cualquier cosa. Esto hace que siga pesando sobre la aprobación
de este plan de convergencia y sobre las cifras de déficit de las que
dependen los fondos de cohesión un concepto muy inflexible de la unión
económica y monetaria. Por ello, sigue habiendo una falta de
credibilidad, dado que, como señalaba antes, ha predominado el interés
estrictamente político en este caso, sin tener en cuenta las exigencias
económicas, las exigencias para mantener y recuperar el empleo o las
exigencias de competitividad y de convergencia real, es decir, los gastos
necesarios que España tiene que mantener
en infraestructura y en I + D para converger realmente con la Unión
Europea. Para ello, son necesarios, precisamente, estos fondos de
cohesión que penderán de un hilo a partir de esta previsión sumamente
arriesgada de déficit del plan de convergencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a
usted también, señor Ministro, por sus explicaciones.
En nombre de mi Grupo quisiera trasladarle nuestra opinión y nuestra
posición sobre el tema del debate.
En primer lugar, les diré que nosotros constatamos que
Europa aprueba el programa del Gobierno sobre convergencia. Podemos
constatarlo porque así lo ha dicho la Comisión y el Consejo. Pero Europa
aprueba nuestro programa de convergencia en lo que es su diseño, en lo
que es su estructura. No obstante, Europa aprueba con matices. Y yo creo
que los matices se localizan en la intensidad y en cómo se aprovechan los
próximos años para ir lo más lejos posible en la corrección de nuestros
desequilibrios.
Creo que, en términos simples, Europa aprueba la orientación de la
política económica del Gobierno. Usted sabe, señor Ministro, que tenemos
un especial interés en estos últimos años en compartir ideas con el
Gobierno. El Gobierno conoce nuestras opiniones, y hemos podido influir
en esa reorientación. Pero Europa nos traslada matices y nos transmite
algunas observaciones que es importante que tengamos en cuenta y que
debatamos políticamente en esta Cámara.
La Comisión y el Consejo europeos nos dicen que hay coherencia en el
diseño del plan de convergencia del Gobierno. Así quiero manifestarlo.
Pero las discrepancias en la intensidad es el elemento que deberíamos
revisar o comentar.
Usted sabe de nuestro empeño en esta orientación y usted sabe de nuestro
empeño en esa intensidad. Quizás nuestras discrepancias, las que mantiene
mi grupo parlamentario con el Gobierno hoy son por esa intensidad, porque
hay que aprovechar el máximo posible estos años para corregir los
desequilibrios y las dificultades por los que atraviesa nuestra economía.
Creo que la temporalidad es, quizás, el ámbito de reflexión. Debemos
saber en qué plazo de tiempo se tienen que adoptar las nuevas medidas,
las nuevas orientaciones de la política económica, si se pueden adoptar
muchas más de las que adoptamos, si se deben adoptar con mayor rapidez, o
si tienen que ser más intensivas y más exhaustivas en su ambición. Este
es el tema de discusión.
Quisiera también hacer referencia al déficit y a la deuda pública. Este
es un problema, sin duda, importante. Quisiera pedirle que no lo
minimice. Creo que el Ministro de Economía siempre tiene que minimizarlo,
evidentemente, porque es su responsabilidad. Pero no lo minimice, al
menos no lo haga cuando lo analice comparativamente con el déficit y la
deuda que tienen los países de Europa; porque si es cierto que usted
puede tener elementos que le den la razón, no nos debemos rasgar las
vestiduras porque España este teniendo unos similares índices de deuda
acumulada. No estamos a la cabeza de los países de Europa con deuda
acumulada, es más, estamos a la cola. En esto comparto su opinión. Pero
creo que no debemos de analizar el problema comparativamente aislando la
variable déficit y deuda en relación con los demás países de Europa.
Nuestro país debe analizar el tema de la deuda y el déficit conjuntamente
con otras realidades de nuestra economía. El análisis comparativo se debe
hacer teniendo en cuenta la inflación, el tipo de interés y el paro que
tenemos. Se debe hacer, por tanto, teniendo en cuenta estas variables.
Si estas variables las comparamos con las de otros países de Europa
obtendremos la conclusión de que somos uno de los países que menor margen
de maniobra tenemos para corregir nuestro propio déficit. Por eso, Europa
y el Ecofin nos hacen una observación en cuanto a la intensidad de
nuestra corrección porque conocen nuestro escaso margen de maniobra;
margen de maniobra que no es el mismo que tienen otros países que tienen,
incluso, mayor déficit y mayor deuda acumulada que nosotros, pero que
tienen un mayor margen de maniobra porque tienen una inflación más baja,
porque tienen un diferencial de tipo de interés que les beneficia más o
porque tienen una tasa de paro mucho más baja que la nuestra.
Con nuestra tasa de paro, con nuestros tipos de interés y con nuestra
inflación, el déficit público para España es un elemento muy preocupante.
Y para nuestro Grupo es un elemento importante que hay que tener en
cuenta.
Después de estas observaciones de tipo general, ¿que consideraciones ya
más particulares quisiera trasladarle? La economía española no está
todavía en una situación boyante. No atraviesa todavía unas expectativas
y unas perspectivas para lanzar valoraciones excesivamente optimistas. Se
está corrigiendo, es cierto, positivamente la situación económica
española, vamos en una buena dirección. Usted sabe que compartimos este
análisis y esta conclusión. No obstante, nos preocupa mucho que no
sepamos aprovechar de forma importante los años 1995 y 1996 para adoptar
las medidas que requiere nuestra situación económica.
¿Cuál es para nosotros la prioridad? Usted lo sabe, señor Ministro; la
prioridad para poder afrontar los problemas que tiene España de paro, que
tiene un índice de los más elevados, quizá el problema social, económico
y político más importante, para el déficit, y para corregir los otros
desequilibrios es, como usted sabe, señor Ministro, ser competitivos. Si
España no es competitiva no afrontaremos el futuro con estabilidad. La
economía española tiene que ser competitiva; las empresas que están
ubicadas en España deben ser competitivas, deben producir productos,
servicios y elementos que colocados en el mercado internacional tengan
estabilidad, futuro, evolución. Si España no es competitiva no podremos
reconducir nuestros problemas. La segunda consideración es cómo hemos de
lograr que España sea más competitiva. Desarrollando, señor Ministro,
políticas de reactivación. Somos partidarios de intensificar todo el
desarrollo de una orientación de la política económica dirigida a
reactivar la economía y, selectivamente, a reactivar la economía
productiva, no la financiera ni la economía de determinados servicios
sino la economía productiva: agricultura, industria, comercio y turismo,
la única actividad económica productiva en la que España es capaz de
generar empleo y puestos de trabajo. Reactivar la economía productiva es
la estrategia por la que nuestro Grupo entiende que el Gobierno debe
velar y garantizar a lo largo de los próximos años. Es más, señorías, la
estrategia de intentar reactivar la economía productiva mediante el
estímulo del ahorro y la inversión es la única que puede darle mayores
recursos a la Hacienda Pública para poder atender las obligaciones y la
corrección del déficit público. Reactivando la economía es como vamos a
lograr tener mayores recursos para la Hacienda y reducir la deuda
acumulada para atender las obligaciones que tiene el Estado hacia la
sociedad.
Creemos que la política económica diseñada en el programa de convergencia
y la que debe desarrollarse por el Gobierno en España debe mantener la
política monetaria. Si el Ministro de Economía no es escrupulosamente
rígido y exigente en mantener la actual política monetaria, se nos puede
desajustar la evolución de nuestra economía. Los tipos de interés no
pueden aumentar, el tipo de cambio de la peseta debe moverse en el margen
en el que está en estos momentos situado, que tan favorablemente está
ayudando a la expansión internacional de los intereses españoles.
El segundo punto es que la política económica del Gobierno debe dirigirse
a reducir el déficit. Por tanto, esto quiere decir contener el gasto. El
gasto público no puede crecer más o por encima de lo que crezca la
economía. Por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado se
contempla este principio. Los gastos públicos no crecen en 1995
globalmente más de lo que se estima que va a crecer la economía en este
año. Señor Ministro, seamos rigurosos en este objetivo global general de
contención del gasto. Quizá pudiéramos hacer algo más, y la observación
del Ecofin en cuanto a la intensidad en la contención del gasto público o
a la reducción del déficit nos puede hacer tomar algunas medidas más de
esfuerzo, de contención, o de austeridad en el gasto público. Quizá el
trámite parlamentario nos pueda brindar alguna oportunidad más para hacer
algún esfuerzo puntual de ajuste recogiendo estas observaciones del
Ecofin.
El tercer elemento que le quiero trasladar, para nosotros importante y
que compartimos con el Gobierno es incrementar la flexibilidad laboral.
Quiero apuntar, señorías, especialmente al Grupo Parlamentario Popular y
al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que Europa ha
valorado positivamente la reforma laboral que ha hecho España. Y así
explícitamente se ha hecho mención a ella en los dos informes del Consejo
y de la Comisión. Europa y todos los Gobiernos y Ministros de Economía de
los países de Europa de signos políticos muy distintos aprueban la
reforma laboral que ha hecho España. Voces y valoraciones que discrepan
con algunas que se levantaron en esta Cámara en el momento de considerar
y valorar esta reforma laboral que hemos impulsado muy intensamente por
parte de mi Grupo.
Cuarto punto: políticas fiscales y presupuestarias para liberar costes al
sector productivo. La fiscalidad y el presupuesto público hay que ponerlo
también --digo también-- al servicio de que la economía sea productiva
pero, especialmente, para que el sector productivo sea competitivo. Crear
empleo es un propósito y es el objetivo. Los instrumentos presupuestarios
y fiscales deben priorizarse para estimular la creación de empleo,
estimular la inversión en I+D, exportación y formación y también para
tener la posibilidad de homologar el marco fiscal con el que tienen los
demás países. España tiene que pagar los impuestos como cualquier otro
país. Las empresas y ciudadanos españoles en España deben pagar los
impuestos como lo hacen los demás países de Europa; un poquitín más o un
poquitín menos, puede haber un margen de flexibilidad, pero en términos
generales la actividad productiva española y el ciudadano debe estar
soportando unas presiones fiscales individuales en personas físicas y en
personas jurídicas equivalente, no digo exactamente igual, a la que
soportan Francia, Italia, Alemania, Grecia, Portugal, etcétera.
Quinto y último elemento: nuestro Grupo entiende, como ha dicho usted,
señor Ministro, que también es importante afrontar las reformas
estructurales. Va a tener todo nuestro apoyo y el de este Grupo
Parlamentario para poder afrontar las reformas estructurales que tan
arriesgadamente a veces se pueden olvidar por parte de aquellos que
tienen la responsabilidad política de adoptar esas decisiones por temor a
las implicaciones que pudiera tener en la sociedad. Hay que tomar
decisiones de naturaleza estructural, no podemos demorar más decisiones
importantes en este campo. Va a tener todo nuestro apoyo en esos temas;
en el campo de la revisión de determinados sectores como pueden ser
comercio, vivienda o telecomunicaciones; va a tener usted apoyo en la
revisión de la Seguridad Social; va a tener usted apoyo en la revisión
del sector público empresarial y en la reestructuración de la
Administración periférica del Estado para ahorrarnos dinero superfluo que
no tiene ningún sentido mantener.
Señor Ministro, no perdamos el año 1995, ésta es mi conclusión. Que los
Presupuestos Generales del Estado para 1995 y la ley de medidas fiscales
que los acompaña no sea una ley que no pueda incorporar todas las
posibles medidas para que el año 1995, año de perspectiva económica muy
diferente a la que tenía el Presupuesto de 1994, pueda permitir la mayor
intensificación de medidas que puedan aprovecharse para garantizar el
programa de convergencia que el Gobierno ha presentado y para el
propósito de contención del déficit público que tiene el Gobierno. Europa
nos dice que vamos en la buena dirección pero que pongamos más empeño en
la intensidad de esos objetivos y en esos propósitos. Que 1995 no sea un
año perdido. Por eso, quizás, señor Ministro, le vamos a transmitir, y en
debate parlamentario vamos a insistir en ello, que hemos de mantener todo
el rigor del que seamos capaces en 1995 para que esos objetivos
de mínimos se cumplan. Podemos incorporar a lo largo del año, si puede
ser ya en el trámite parlamentario, mayores decisiones que puedan ayudar
a mejorar los logros y a garantizar los objetivos que tiene el programa
de convergencia para que este año 1995 pueda ser un año que incida lo más
positivamente posible en la recuperación de la economía. No perdamos este
año 1995, hay algunos puntos en los Presupuestos Generales del Estado y
en la ley que los acompaña que podían ser revisables; hay algunos
elementos que podían ser objeto de revisión y podíamos mejorar todavía
más algunos otros para que la economía y la sociedad puedan beneficiarse.
El objetivo, señorías, no nos engañemos, es solamente uno: reducir el
paro y permitir que la sociedad española tenga un mayor progreso. A esos
objetivos vamos a destinar la fuerza política que administra nuestro
Grupo parlamentario y en el debate presupuestario o económico vamos a
plantear todas las medidas y todos los elementos que conforme a nuestra
capacidad sea posible para que estos objetivos se cumplan.
Nada más, señor Ministro, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, como es de rigor, quiero agradecer al señor Ministro su
presencia para informarnos de los Consejos de Ministros de Economía y
Finanzas y no me importa referirme a si han sido los del día 10, los del
11, o ha sido el de ayer, sino que lo que interesa es hacer la valoración
política de lo que significa para España el programa de convergencia y
cómo vamos.
Centrándome en este asunto, voy a ceñirme a una frase que dice que el
programa de convergencia presentado por España es coherente, ambicioso y
puede ser aplicado íntegramente. Esta frase es del Vicepresidente
económico de la Comisión, señor Christophersen, y creo que tanto esta
sencilla definición, como la calificación de notable --contraria a otras
opiniones, que lo califican con un suspenso-- dada por él al programa de
convergencia presentado por España, son suficientes para evitar
intervenciones con un cierto grado de derrotismo y pesimismo, que
consideran al programa de convergencia como una mezcla de vaguedades,
imprecisiones, e incoherencias. Prefiero, pues, quedarme con la
interpretación del Vicepresidente económico de la Comisión.
Por otro lado --ya que no sólo voy a hacer referencia a lo que ha dicho
el Vicepresidente económico de la Comisión--, el señor Ministro nos ha
dado su explicación acerca de lo bien aceptado que ha sido el programa de
convergencia por parte del Consejo y de que el Gobierno español ha
mostrado en aquél la firme determinación de reducir el componente
estructural del déficit público, que es uno de los temas que más nos
preocupa en esta comparecencia.
En relación con el déficit público, efectivamente, las haciendas públicas
han experimentado un gran deterioro a partir de 1990, lo que ha dado
lugar a una situación presupuestaria preocupante en la mayoría de los
Estados miembros de la Unión Europea. Está claro que la recuperación
económica --que creo que en estos momentos nadie pone en duda que exista
en los países comunitarios-- conlleva el que éste sea un momento idóneo
para llevar adelante esos planes de consolidación presupuestaria
previstos en los programas de convergencia. Según mi opinión y la de mi
Grupo, se trata de hacer uso del margen de maniobra que conceden esas
tasas de crecimiento económico, manteniendo los objetivos principales de
la política económica, como son apuntalar y reforzar esa recuperación
para garantizar unas bases que propicien el aumento del empleo,
consolidar el presupuesto y llevar una política de control del déficit.
Creo que estos objetivos --y el señor Ministro lo ha dicho claramente--
suponen una obligación religiosa por parte del Gobierno. Por
consiguiente, hay que hacer constar el compromiso decidido de reducción
del déficit, teniendo en cuenta este viento a favor de la recuperación
económica. Creo que, sin duda, éste es el núcleo fundamental de toda la
discusión.
Sin embargo, también quisiera hacer algunas reflexiones sobre otros
elementos citados por el señor Ministro en su intervención, que en
algunos casos pueden resultar recomendaciones de la Comisión o del
Consejo, y que por parte de algunos se han presentado como advertencias,
por otros, como discrepancias y, en algún caso, como matices. Me refiero
a la recomendación de que la presentación del programa de convergencia
debería haber tenido unos objetivos fiscales más rigurosos, que pudieran
llevar a una mayor consideración en la reducción del déficit público.
En este punto, quiero constatar el compromiso serio por parte del
Gobierno --no sólo en sus declaraciones públicas y en el Consejo, sino en
estos momentos, en esta Comisión-- para que existan medidas precisas de
ajuste presupuestario, en el caso de que se produzcan algunas
desviaciones sobre el control del déficit, y para que el mayor incremento
que pueda haber de la actividad económica se aplique en una reducción
adicional del déficit. Toda mejora en el margen de la recaudación de los
ingresos públicos irá encaminada, precisamente, al control del déficit
público.
Otro de los elementos que quisiera destacar --porque no se ha hecho en
otras intervenciones, aunque sí por parte del señor Ministro--, hablando
de advertencias, recomendaciones, o de discrepancias, se refiere a la
necesaria cooperación de los gobiernos autonómicos y locales para
alcanzar un mayor control del déficit público. Esta mayor cooperación
resulta fundamental, porque no debemos olvidar que en estos momentos el
déficit de las administraciones públicas locales y autonómicas está por
encima de la administración pública central. Asimismo, el que haya otra
serie de procedimientos presupuestarios más eficientes también es otra
recomendación del Consejo.
Creo que estas dos recomendaciones están perfectamente recogidas y son
coherentes con el presupuesto presentado para 1995. Precisamente, éste se
encuadra en ese
proceso de consolidación fiscal que nos recomienda Europa, que ya se
inició en el presupuesto de 1994 y, desde luego --vuelvo a repetirlo--,
es perfectamente coherente con la actualización del programa de
convergencia. No debemos olvidar que se propone la reducción del déficit
de las administraciones públicas en un 0,6 por ciento del producto
interior bruto, es decir, pasar del 5,7 al 5,1 por ciento. También se
propugna una caída de ocho décimas en el caso de las administraciones
públicas, para que se pueda obtener un 5,9 por ciento del PIB en el
presupuesto del próximo año. Esta reducción correspondería, lógicamente,
a una orientación restrictiva de la política fiscal encaminada,
precisamente, a la contención el gasto público, de la que hay una muy
clara evidencia.
Con respecto al otro punto que he señalado, las mejoras del procedimiento
presupuestario, quisiera destacar que, en este aspecto, el presupuesto
presentado expone grandes mejoras en el procedimiento presupuestario de
las operaciones de saneamiento financiero, como indica la Comisión.
En este sentido, quisiera hacer mención de dos ejemplos muy claros. En
primer lugar, el del gasto financiero, ya que se ha llegado a un nuevo
sistema de financiación, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera hace dos semanas, que permite sanear los gastos derivados de
las deudas generadas en el pasado, propone un criterio objetivo para la
revisión del gasto en el futuro, es decir, partiendo de un presupuesto
real de la sanidad pública, y mejora el propio procedimiento
presupuestario mediante la pérdida del carácter ampliable de determinados
créditos en esta política.
Otro ejemplo claro es el de Renfe, ya que se determina un nuevo
contrato-programa con esta Compañía. Se trata, pues, de hacer un esfuerzo
importante y considerable para incorporar al presupuesto el coste real
del sistema ferroviario. Estos son ejemplos de la mayor eficiencia del
procedimiento presupuestario, como recomienda la Comisión.
Por tanto, creo que la visión del Grupo Socialista --por contra a algunas
otras expuestas en esta Comisión-- no puede ser, desde luego, pesimista.
No se trata de hacer brindis al sol, pero lo único que queremos decir es
que la situación de recuperación económica que estamos viviendo nos lleva
a tener la esperanza, no sólo de recuperar la actividad económica
necesaria para la creación de empleo --lo que, vuelvo a insistir, es uno
de los objetivos importantes--, sino de controlar ese déficit que, a su
vez, es algo indispensable para poder crear empleo.
No quisiera acabar mi intervención sin hacer dos consideraciones, y no me
gustaría calificarlas de reproches, como ha hecho otro grupo. Se trata,
simplemente, de explicitar un hecho y de plantear un ruego. En primer
lugar, al Grupo Socialista le hubiera gustado que se hubiese debatido en
mayor medida el programa de convergencia en esta Comisión y queremos
hacer constar la disposición del Gobierno al respecto. Por tanto, eso
quedaba en el ámbito de autonomía de la Cámara y quizá esta Comisión
debería haber ordenado los trabajos de forma que nos hubiera permitido
llevar adelante el debate del programa de convergencia.
El segundo ruego es que también nos gustaría --comprendemos que por la
inmediatez de la incorporación del Ministro a esta Comisión pues después
del Ecofin de ayer no ha dado tiempo-- que se nos aportara, no sólo al
principal partido de la oposición, sino también al partido que apoya al
Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios, toda la documentación
del Ecofin de ayer lo antes que fuera posible.
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Como sus señorías saben, se inició el período de sesiones de esta
legislatura, creo que el 12 o el 13 de septiembre, y no hubo tiempo
material de poder reanudar el debate sobre la actualización del programa
de convergencia, puesto que antes del 20 de septiembre, es decir, en el
plazo mínimo de una semana ya había sido presentado definitivamente en
Bruselas. Tanto esta Cámara como, incluso, el propio informe del Consejo
Económico y Social llegaron a posteriori. El informe se había hecho
puesto que ya el Gobierno, también por calendario europeo, tenía que
haberlo presentado con anterioridad. Esa fue una de las razones por las
cuales en esta Comisión no se pudo contemplar a propuesta de ningún
grupo, porque no había calendario, el programa de convergencia. Lo que
nos atropelló fue el calendario europeo, ya que el Gobierno presentó esta
actuación del programa de convergencia en esta Cámara el 20 de julio. Es
decir, justo cuando también esta Cámara iniciaba su período de
vacaciones.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
Presidenta.
Señor Montoro, yo veo que usted cae en las preocupaciones milenarias como
su predecesor. En la intervención vemos una situación prácticamente
próxima al fin del mundo. Y me preocupa más en su caso, porque usted en
general es un hombre riguroso y, sin embargo, en la intervención de hoy
yo creo que se ha dejado llevar por afirmaciones que no sé si usted
realmente comparte o no.
En primer lugar, hace usted, por ejemplo, referencia a reproches de
anteriores sesiones del Ecofin que nunca se pudieron haber producido
porque el Ecofin sólo ha hablado del caso español en la sesión de ayer.
Por tanto, no es ése el problema.
Su señoría habla también de que el Grupo Parlamentario Popular comparte
las finalidades de la Unión Económica y Monetaria y de los criterios ya
desvaídos o devaluados como consecuencia de la modificación de bandas. Yo
no compartiría esa tesis pues creo que ésa es una afirmación incorrecta.
Pero lo que me preocupa es la presentación que su señoría hace de la
evolución de la gravedad del ritmo de Deuda Pública. Yo creo que, como
tantas veces en política, partiendo de hechos ciertos se llega a
conclusiones falsas. Decir que se ha multiplicado por seis la Deuda
Pública entre 1982 y 1993 es una forma de presentar las cosas, pero
yo creo que ningún economista serio plantearía la comparación de esa
forma. Hablar de pesetas nominales del año 1982 y del 1993 sin hacer
ninguna corrección en ese sentido, sin hablar tampoco, por ejemplo, de la
evolución del PIB entre los dos años, me parece un planteamiento, como
mínimo, poco riguroso.
Su señoría ha intentado transformar el debate de hoy en un debate más
bien sobre evolución de déficit y de deuda, no sobre la presentación del
Plan de Convergencia en el Ecofin. Y lo lamento, no por el hecho de que
debatamos ese tema, que siempre es bienvenido, sino porque no he podido
traer toda la documentación que me hubiera gustado para clarificar algún
punto más de su argumentación. En ese sentido, querría, sin embargo,
aprovechar algunos elementos que sí me parecen relevantes y que le puedo
explicar de memoria, aunque no con los datos que me hubiera gustado.
A su señoría le preocupa enormemente el salto de 1992 a 1993. Y dice: por
qué pasamos a esta situación de déficit, por qué vamos a esta situación
de deuda. Hemos tenido la ocasión, no pocas veces, de hablar de ese tema.
Es verdad que hay un problema de caída de ingresos y de desviación de
gastos como consecuencia de la crisis. Por otra parte, si analizamos el
comportamiento del déficit en el año 1993 en los países de la Unión,
vemos que las diferencias no son enormes y es verdad que hay algún
elemento adicional que su señoría conoce perfectamente y que, sin
embargo, prefiere hacer una presentación distinta. En ese sentido, se
rasga las vestiduras, tanto por las correcciones del déficit del año 1993
como por el incremento como consecuencia del paso de Deuda Pública neta a
bruta. Es verdad que es una forma distinta de presentación pero sería
difícil, también en términos económicos, decir que es Deuda del Estado el
hecho de que se tome dinero en el mercado a final de año para hacer
frente a la situación del año 1994, cuando desaparece la capacidad de
recursos del Banco de España y, por tanto, se dispone de unos fondos de
absoluta liquidez en el Banco que, desde luego, son computados como Deuda
Pública, que son más de dos puntos, evidentemente, en términos de Deuda y
en consecuencia incrementan esa deuda, pero que, sin embargo, no se
pueden honestamente calificar como Deuda desde el punto de vista
económico.
Su señoría se rasga las vestiduras del paso del 7,2 al 7,5 o del 7,3 al
7,5, cuando su señoría conoce perfectamente que es una modificación con
un criterio contable del sistema de contabilidad europeo que ha adoptado
la IGAE y que, en consecuencia, atribuye la periodificación de intereses
con criterios y con formas distintas a como lo hacíamos en el pasado. Por
tanto, ni hay ocultación ni nuevos elementos. Hay variaciones, como,
evidentemente, se producen tantas veces en este tipo de cosas. Su señoría
dice: no se explica por la coyuntura. Y entramos en una definición de
déficit estructural y cíclico que yo no comparto. Yo no sé de dónde ha
sacado su señoría las cifras, pero no son las mismas de las que yo
dispongo. De acuerdo con nuestra valoración y los criterios que
normalmente utiliza la Comisión Europea y la OCDE para la definición de
déficit cíclico y estructural, de nuestro déficit del 6,7 por ciento para
1994, aproximadamente el 2,7 por ciento es estructural y el 4 por ciento
es cíclico.
Partiendo de esta situación --es verdad que no hablamos de un déficit
estructural que hay que corregir tan tremendamente como su señoría
plantea--, es cierto que nuestro diseño de reducción de déficit
estructural es de, aproximadamente, 0,6 puntos cada año desde el año 1994
hasta el 1997, para dejar al final del período de 1997 el déficit
estructural en un 0,9 por ciento del PIB al final de dicho año. Y es
verdad que el déficit cíclico es el que tiene un comportamiento de
reducción, que puede ser menos acelerada en el año 1995 --lo que explica
el menor esfuerzo en dicho año--, como consecuencia, precisamente, del
peor comportamiento de la economía en el año 1994 y, sin embargo, a
partir del año 1996 ó 1997 lógicamente tendrá un comportamiento mucho más
coherente. En consecuencia, sí vamos a aprovechar el período de
crecimiento para la corrección del déficit estructural y, desde luego,
también para la del déficit cíclico.
Su señoría dice que hay advertencias del Consejo de Ministros, que no
estamos en la vía correcta y habla de programa insuficiente. No se
menciona absolutamente nada de eso y, además, es difícil que su señoría
conozca la recomendación sobre el déficit porque aún no ha sido
publicada. En cuanto a las conclusiones del Consejo de Ministros de ayer,
sí las puede conocer porque fueron publicadas ayer. Pero yo en ningún
caso he visto esa referencia a las insuficiencias, aunque sí dice --y lo
he repetido en mi anterior exposición-- qué objetivos fiscales más
ambiciosos e inmediatos serían bienvenidos. Dicho en otros términos, lo
que nos está recomendando el Consejo es que hagamos el máximo posible en
el período más corto de tiempo. Sin embargo, yo eso no lo tacharía de
insuficiencia.
El problema de los riesgos que podemos tener como consecuencia de la
evolución de los tipos de interés y su preocupación por el incremento del
diferencial, es una preocupación que me parece perfectamente lícita y que
todos compartimos. No comparto, sin embargo, su afirmación de deterioro
de la imagen de España. Es decir, su señoría dice que no se ha mejorado
la imagen como consecuencia de la presentación del Programa de
Convergencia. Yo le podría hablar de la versión contraria: tampoco se ha
deteriorado. Es más, yo diría que incluso, en términos de diferencial de
tipo de interés, la situación está algo mejor.
Y es verdad que sobre diferenciales de tipo de interés podríamos hablar
mucho. Los diferenciales de tipo de interés en el mes de febrero estaban,
es verdad, mucho más reducidos que en el momento actual, pero cuando
analizamos los diferenciales actuales vemos que siguen siendo bastante
mejores que en años anteriores. Es verdad que nuestros tipos de interés,
aunque han subido algo a largo plazo, siguen estando más de dos puntos
por debajo de los tipos de interés que nuestro país tenía que pagar hace
año y medio o hace dos años.
Sin embargo, no quiero que todo esto sirva de excusa para el problema que
nos preocupa y que sí comparto, y es en qué medida nuestros tipos de
interés pueden remontar y en qué medida eso nos puede plantear
dificultades. Esa, sin
duda alguna, va a ser una preocupación fundamental del Ministro de
Economía. Su señoría sabe perfectamente, porque profesionalmente se
dedicaba a esto hace algún tiempo, no demasiado, que los diferenciales de
tipos de interés son consecuencia, fundamentalmente, de la evolución
pasada en la inflación y de las expectaciones previsibles de déficit, y
las expectativas de déficit en nuestro país de momento se van cumpliendo,
de acuerdo con lo que hemos mantenido en los últimos meses y en ese
sentido no hay variación de ninguna naturaleza.
Su señoría ha repetido las críticas al Programa de Convergencia, su
valoración negativa. Yo lamento que esa valoración negativa no sea
compartida por Bruselas. Le preocupa al falta de precisión. Yo creo que
tiene elementos bastante precisos, aunque tal vez haya que leer entre
líneas lo que se dice. Yo pienso que la precisión entre líneas se ve con
cierto detalle, y a su señoría le preocupa que el ajuste sea mayor en el
futuro que en el momento actual. Se lo he querido explicar sobre la base
de la evolución del déficit cíclico y yo creo que es perfectamente
coherente ese esfuerzo en un momento posterior, aunque se produzca una
mejor situación de crecimiento, pero manteniendo siempre la reducción de
ese déficit estructural en 0,6 puntos a lo largo de todo el
comportamiento del programa.
¿Son incoherentes con los presupuestos de 1995? Pienso que no. Tendremos
ocasión de debatirlo. Más bien queremos seguir manteniendo la coherencia
de lo que estamos haciendo desde el año 1994. Tendremos ocasión de
debatir este punto con posterioridad. Y, desde luego, no creo que el
Gobierno siga en retirada de credibilidad. Más bien mi impresión es
exactamente la contraria.
No comparto su reproche adicional al Gobierno sobre el tema de la no
votación en la Comisión. Es verdad que en su momento se habló de hacer
mociones en la Comisión en el mes de julio, precisamente por los
problemas de temporalidad que teníamos. No entro en las razones por las
cuales al final la Comisión no pudo plantear ese asunto y no lo
considero, en absoluto, como un tema grave desde el punto de vista de las
responsabilidades del Gobierno ante el Parlamento. Creo que más bien es
al contrario, que en su día presentamos aquí el Programa, que esperábamos
los puntos de vista de los diferentes grupos y que esperamos hasta el
final del mes de julio, principios de agosto, que era el momento en que
recibimos el informe del CES, para ver si había alguna corrección
adicional y poderla enviar posteriormente.
De mucho más tiempo no disponíamos, porque era imprescindible que el
documento fuera discutido en el Comité del mes de septiembre si queríamos
que finalmente fuese al Consejo del mes de octubre. Y era importante que
fuera al Consejo del mes de octubre por el problema de la recomendación
sobre déficit excesivos. Si no hubiéramos tenido ninguna presentación o
ningún Programa de Convergencia para discutir en el mes de octubre, se
hubiera planteado una recomendación sobre déficit excesivos sin ninguna
cifra de referencia planteada por nuestro país, sino como consecuencia de
una decisión pura y libre de propuesta de la Comisión, que podía haber
coincidido o no con nuestras prioridades y con nuestra situación actual.
Por último, en cuanto a las críticas sobre la actitud del Gobierno sobre
el Programa de Convergencia y nuestra presentación, yo creo que su
valoración no es correcta. La voluntad del Gobierno es clara, está
definida de forma contundente en el programa y vamos a seguir manteniendo
esta posición. No estamos en contra de atender lo que las instituciones
europeas nos están indicando, sino más bien al contrario y creo, además,
que el resultado final puede, y espero que se vea, ser satisfactorio.
En cuanto al señor López Garrido, veo que hay una diferencia de concepto
fundamental entre usted y yo, y esa diferencia de concepto es la que nos
lleva a ver las cosas de forma distinta. Su señoría dice que la
competitividad se gana gastando más y es indiferente el déficit final al
que se llegue y no acepta que el déficit es un elemento fundamental para
disponer de fondos razonables que nos permitan hacer una política
coherente. A mí en una situación teórica, en la que no existiera el mundo
exterior y que tampoco existiera la deuda, su posición me parecería
correcta. Es decir, avancemos el gasto en el momento actual, que ya se
pagará cuando la situación económica mejore.
Sin embargo, desgraciadamente la situación no es así. Esa situación sólo
se produce, y es discutible, en una economía cerrada en ciertas
condiciones y, de acuerdo con las teorías del señor Keynes, en unos
contextos muy especiales. Desgraciadamente, cebar la bomba, tener más
gastos, plantear más actuaciones, llámese en infraestructuras, en
educación o en formación, por muy interesantes que sean y por muy buenas
que sean para el país, sólo tendrán resultados positivos en la medida en
que seamos competitivos y podamos mejorar con respecto a la situación de
los demás y, desafortunadamente, ésa no es la situación de nuestro país
en este momento.
Yo creo que ir a mayores incrementos del déficit es una apuesta mucho más
arriesgada que partir del déficit como un elemento fundamental. Y no es
un problema de dogma, no es que cumplamos el 3 por ciento en 1997 porque
nos lo impone Bruselas --que tampoco nos impone 1997, sino 1996--, sino
que es un procedimiento realista de reducción del déficit, porque
consideramos que el déficit es malo por sí mismo. Si estuviéramos en el
momento actual en una deuda no del 60 ó 61 por ciento como estamos ahora,
sino del cuarenta y tantos por ciento, seguramente de ese dinero
adicional, que a su señoría le preocupa para hacer inversión adicional en
infraestructuras, en formación o en investigación, dispondríamos de él.
Siempre recuerdo una cifra --era la del año pasado, este año vamos a
tener una mejor situación, pero hay que descartar que se vuelva a
reproducir en el futuro--, y es que entre el presupuesto de 1993 y 1994
el Capítulo III, gastos de intereses de la deuda, subió 500.000 millones
de pesetas. Si no hubiésemos tenido que subir 500.000 millones de pesetas
los gastos en intereses, seguramente podríamos poner en marcha todas las
medidas que su señoría está propugnando y muchas más.
En cuanto al Fondo de Cohesión, no comparto su valoración. A partir del
momento en que tengamos la ampliación encima de la mesa, habremos de
plantearnos hacia dónde van los nuevos fondos y las nuevas aportaciones,
eso es evidente, pero, por otra parte, parece bastante lógico, dentro de
un esquema de solidaridad, que los países más ricos cooperen con los
menos ricos. En ese sentido, seguramente los esfuerzos que se van a hacer
a nuestro favor en el futuro o los que nosotros tendremos que hacer en
favor de otros, sin duda alguna tendrán que buscar un equilibrio
razonable.
Estamos en el principio de un proceso de ampliación de la Comunidad hacia
el Este. Yo no veo que ese proceso hoy plantee problemas a medio plazo.
No creo que haya países que estén en condiciones de adherirse a la
Comunidad, si no es después de un período largo de adaptación a una
situación de economía de mercado, de desmantelamiento de todo su sistema
de protección y, desde luego, de la supresión de un sistema de autarquía
y entrada en un sistema de economía de mercado. Eso va a tardar bastante
tiempo, y es verdad que durante ese tiempo seguramente nos pedirán apoyo
financiero, y seguramente habrá que dárselo, y yo creo que no es malo, lo
mismo que tampoco creo que sea malo que ese esfuerzo financiero se
extienda a otras zonas próximas a nosotros, y estoy pensando
fundamentalmente en el Norte de Africa, elemento que siempre planteamos
nosotros como la otra parte de la compensación, dentro de un esquema de
apoyo de la Comunidad a países terceros.
Las perspectivas financieras están definidas hasta el año 1999 --creo
recordar-- y, en consecuencia, hasta ese momento yo creo que no tenemos
que temer por los fondos españoles, excepto, digamos, esa situación que,
como decía antes, me parece más teórica que real, del Fondo de Cohesión.
Y, como comentaba antes, el Fondo de Cohesión, siendo muy relevante, no
deja de ser una pequeña parte del total de fondos que este país recibe,
incluso una pequeña parte del saldo financiero neto que este país recibe
desde la Comunidad.
Al señor Homs le comento que comparto su tesis de que las críticas del
Consejo más bien se refieren a la intensidad de las medidas que debemos
adoptar, y podría aceptar esa idea de que la intensidad está muy
vinculada al momento temporal en que se adoptan ciertas decisiones.
No ha sido nunca mi intención minimizar el concepto de déficit ni el de
deuda; lo que sucede es que tampoco tenemos que magnificarlo. Yo creo que
estamos en una grave situación de déficit y en una no tan grave situación
de deuda, que se puede convertir en grave si seguimos con el déficit
actual, pero es cierto que somos el cuarto país que tiene menor deuda de
la Comunidad.
Todo eso dicho, y por ver la otra parte de la moneda, sin embargo,
tenemos unos costes de la deuda más altos que la media comunitaria, por
lo que incluso esa cifra menor hay que corregirla como consecuencia de
ese factor.
Para mí, en el momento actual, el elemento clave en el momento actual de
cualquier equilibrio o modificación de equilibrio en este país pasa por
la reducción del déficit, y ése ha sido el objetivo del Gobierno y sobre
eso hemos trabajado.
A partir de ahí, yo creo que tendríamos que hablar mucho más de cómo
desarrollar esas matizaciones o esa modificación en la intensidad, porque
es cierto que su señoría hace un doble planteamiento: por una parte
tenemos que ser más rigurosos, pero por otra tenemos que poner en marcha
políticas reactivadoras, tenemos que tener políticas presupuestarias
fiscales que ayuden al sector productivo. Dicho de otra forma, tenemos
que hacer una cosa y la contraria al mismo tiempo, cosa que no siempre es
fácil. Es evidente que siempre pueden buscarse equilibrios entre medidas
de tipo selectivo que ayuden a la incentivación de la economía
productiva, y es lo que estamos intentando hacer en 1994 y 1995, pero sin
embargo no podemos generalizar ese tipo de medidas porque nos llevarían
más bien al efecto contrario del que pretendemos plantear.
Sí estoy de acuerdo --y agradezco la oferta-- sobre seguir adelante en
algunas reformas estructurales. Sigo pensando que este país tiene un
largo camino por recorrer, y yo creo que no se puede perder --y ahí estoy
absolutamente de acuerdo con usted-- el año 1995, bien sea con la Ley de
Acompañamientos de los Presupuestos o bien mediante normas específicas
posteriores que nos permitan avanzar para conseguir una economía más
competitiva, dado que, en otro caso, lo que podemos avanzar desde el
punto de vista del déficit lo podemos perder desde el punto de vista de
inflación.
Es cierto que hemos definido unos cuadros macroeconómicos yo diría que
bastante coherentes. El señor López Garrido hacía referencia antes a sus
dudas sobre el crecimiento del 3,9 por ciento de este país en los años
1996 y 1997, y yo le diría que, si pensamos que Europa va a crecer ya al
3 por ciento, como media, prácticamente en el año 1995, que deberá crecer
algo más en los años 1996 y 1997; si nosotros hemos tenido un diferencial
de crecimiento con Europa como consecuencia de nuestro potencial superior
al 1 por ciento, la cifra del 3,9, si sigue el ciclo con su
comportamiento actual, es perfectamente defendible. Es cierto que si el
ciclo se para como consecuencia de una subida excesiva de tipos de
interés o por cualquier otro factor, por supuesto, estas previsiones
pueden verse modificadas. Pero yo diría más bien que nuestro
planteamiento intenta ser realista en función de los datos actuales y que
lo que pretendemos es aprovechar esa fase de mejora del ciclo,
precisamente, para reducir nuestro déficit y hacer frente a nuestras
dificultades.
A la señora Mendizábal le agradezco, en primer lugar, la referencia que
ha hecho a las afirmaciones del señor
Christophersen, que las manifestó públicamente pero también internamente
en el Consejo, y yo creo que valoran bastante bien lo que la Comunidad
quería decir en Comisión y Consejo: El Plan es coherente, el Plan se
puede aplicar pero debe ser aplicado íntegramente. Y cuando él hablaba de
íntegramente, lo que estaba pensando era que se tiene que aplicar
totalmente y que no tenemos márgenes para ir por debajo de ese Plan, si
queremos cumplir con los objetivos definidos.
Evidentemente, el objetivo del Gobierno --y agradezco que el grupo apoye
esta tesis-- tiene que ser la reducción del déficit con objeto de ir a
una recuperación económica que sea lo más profunda y larga posible. Y es
verdad que ello nos va a permitir poner en marcha unas medidas de
incremento de la actividad económica que, a su vez, deberían ayudarnos a
reducir el déficit adicional.
Es verdad que la referencia a Comunidades Autónomas y a Administración
local es fundamental. El esfuerzo de reducción de déficit que se les pide
en el Programa de Convergencia es importante. Sin embargo, es la senda
pactada con ellos en el anterior Programa de Convergencia, con las
desviaciones y las correcciones oportunas que se producen,
fundamentalmente, en alguna Comunidad Autónoma perceptora de ingresos y
que, por tanto, sufre los mismos problemas que el Estado en 1993, o por
incremento de gastos en algún caso concreto, que se han reconducido ya
mediante programas también autonómicos que van a permitir hacer frente a
sus desviaciones.
Yo tengo la esperanza de que las cifras que al final se incluyen en el
programa sean conservadoras en cuanto a las Administraciones
territoriales, pero es cierto que ni en el caso de éstas ni en el del
Estado podemos bajar la guardia.
Desde luego, como decía antes, nuestro programa pretende ser coherente
con el Presupuesto de 1995, y es verdad que en dicho Presupuesto a veces
se están minusvalorando los importantes elementos de clarificación de la
situación que se incluyen. Estoy pensando desde luego en las
modificaciones presupuestarias, en los créditos ampliables, en el juego
de limitación de las incorporaciones, pero también en el saneamiento de
deudas como la de Sanidad, o clarificación del modelo, que nos va a
permitir conocer mucho mejor dónde estamos.
En definitiva, yo creo que tenemos un programa realista que tiene que ser
valorado en su justa medida y que hay que cumplir a rajatabla, y creo que
si somos capaces de hacerlo, en 1997 estaremos en las condiciones de
optar o no --ésa será una decisión del momento-- de ir a la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria.
A mí no me plantea ese problema ningún dogma. Yo creo que es un problema
puro de oportunidad política y económica. Creo que la integración de este
país en la Comunidad ha sido positiva, ha sido la gran palanca de
modernización sobre la base de un modelo preexistente, sin que tuviésemos
que inventar hacia dónde íbamos, y me parecería inaceptable no optar o no
tener, al menos, la posibilidad de que se opte en su momento por seguir
en este proceso.
En cuanto a que se haga pública y disponible la documentación de Ecofin,
evidentemente, no hay ningún problema para facilitarla a la Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
No suele ser costumbre conceder un turno de réplica, pero, puesto que son
tres los portavoces que están solicitando una mínima intervención, voy a
conceder un minuto a cada uno para que aclaren esos datos que quizá
piensan que no han sido bien interpretados.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene un minuto el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Un minuto para reflexionar sobre la palabra
rigor, que tanto ha utilizado el señor Ministro esta mañana. Y es que el
rigor, en nuestra opinión, señor Ministro, es una característica
elemental, sencillamente, para quienes tenemos la condición de
representantes de la soberanía nacional. El rigor, no le quepa duda, es
lo que preside nuestra actuación y también nuestra evaluación, y nuestros
cálculos están hechos con ese rigor. Esa es la norma del Grupo
Parlamentario Popular y es la norma que esta mañana hemos seguido
manteniendo en las cifras que hemos manejado, porque junto a las cifras
de volumen absoluto de deuda, yo he hablado, señor Ministro, de cifras
relativas a la participación del Producto Interior Bruto. Lo que ocurre
es que el crecimiento de la deuda, mírese por donde se mire --si quiere,
en vez del 600 por ciento de crecimiento en términos absolutos, en
porcentaje del Producto Interior Bruto--, es una duplicación, es un
crecimiento cercano al 100 por ciento desde que el Gobierno socialista
está en el poder. Esta es la situación, dramática situación, de la deuda
pública, señor Ministro.
Además, lo que yo le estaba pidiendo era una precisión, que no me da, en
cuanto a que su explicación sobre el volumen de deuda pública en España
en el año 1993 no es el que usted me da, porque esa emisión especial que
se hace desde la Dirección General del Tesoro el año pasado es,
efectivamente, equivalente a esos dos puntos porcentuales del Producto
Interior Bruto. Pero ¿qué tiene que ver eso, que se hizo en el año 1993,
con la revisión de la cifra que aparece en el Programa de Convergencia,
señor Ministro, que hemos estado debatiendo en esta Cámara? En la
representación de la soberanía popular hemos estado debatiendo datos que
no son los fundamentales como expresión de déficit y de deuda pública en
España. Ese rigor es el que estamos pidiendo al Gobierno. Ese es el rigor
que debe tener el Gobierno. No puede cambiar un Programa de Convergencia
en dos meses, porque, de esa manera, lo que hace es descalificar ese
Programa en una cifra fundamental como es ésta y que no se explica por la
razón que usted me está dando. Porque es un cambio que afectaría a la
diferencia entre deuda pública y deuda neta, señor Ministro, que está en
el Programa de Convergencia. Esa es la diferencia que usted me está
dando; pero no la diferencia de que subamos dos puntos más tanto la deuda
pública como la deuda neta.
Ni siquiera le estoy obligando a que me conteste en este momento; pero sí
estoy en condición de exigir el máximo rigor al Gobierno de mi nación a
la hora de someter al debate Parlamentario un programa tan importante
como es el Programa de Convergencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montoro. Hemos dicho que solamente
se intervendría por tiempo de un minuto.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente quería puntualizar una expresión que me ha atribuido el señor
Ministro, que considero absolutamente
infundada, y es que según él yo pienso que la competitividad se gana
gastando más. Y, a continuación, ha señalado que el déficit es malo por
sí mismo. Respecto de estas dos afirmaciones, quiero decir, en primer
lugar, que esto último sí es un dogma, que el déficit es malo por sí
mismo, es un dogma enorme; y sin una determinada cifra de déficit,
seguramente no se habría producido en Europa un crecimiento importante
del Estado del bienestar. Por tanto, el déficit no es malo o bueno en sí
mismo, sino que depende de para qué se utilice y a qué cantidad puede
llegar ese déficit, porque lo que sí es cierto es que el déficit en unas
cifras determinadas se descontrola absolutamente y se convierte en un
elemento muy negativo para el conjunto de la economía.
Es decir, que no se trata de que la comodidad se gana gastando más, sino
gastando según y cómo. Pero esta apreciación que hace usted es muy
abstracta, muy en el vacío, porque no estamos partiendo de cero, sino que
estamos en unas cifras de déficit que consideramos muy altas, demasiado
altas. Cuando algo no es positivo en sí, supone una carga de deuda
importante; pero igual que usted no propone que para el año que viene
baje el déficit a cero, que sería una barbaridad, un tratamiento de
caballo, nosotros proponemos que haya un ritmo mucho más adecuado del
descenso del déficit. Es decir, consideramos adecuado el descenso del
déficit, pero a un ritmo más adecuado que el que se propone en este
Programa de Convergencia. Y ésta es la discusión. Entendemos que, para
mantener la competitividad y las prestaciones sociales en un determinado
nivel, el ritmo de déficit que se propone es altísimo, vertiginoso, y
sería más adecuado, sin perder la perspectiva de la Unión Económica y
Monetaria, mantener ese déficit, esa perspectiva, para el año 1999 en vez
de para el año 1997. Y esto es algo perfectamente opinable, discutido y
defendido en muchos foros cuando se ha debatido el Programa de
Convergencia de la economía española.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para comentar la discrepancia que tengo con el
señor Ministro en relación con la dicotomía entre rigor y políticas
presupuestarias y fiscales para estimular la reactivación.
Bajar determinados impuestos, señor Ministro --así se lo dije muchísimas
veces al señor Solchaga y ahora se lo repito a usted--, no es sinónimo de
recaudar menos. Todo lo contrario, precisamente bajando determinados
impuestos se puede recaudar más. Y nosotros entendemos que se recauda
más. La prueba está en el año 1994 en el que adoptamos un conjunto de
estímulos e incentivos fiscales, se han aplicado en el Ejercicio de 1994
y la recaudación está siendo más elevada de la prevista. Con lo cual
indicamos que para reactivar hay que hacer políticas presupuestarias y
fiscales, considerando determinados impuestos, y la consecuencia será
mayores ingresos para el presupuesto público para reducir el déficit
público.
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Homs.
Agradecemos sinceramente la presencia del señor Ministro de Economía y
Hacienda esta mañana en esta Cámara y agradecemos sus explicaciones, que
nos han llevado a ver cosas tan sutiles como la diferencia que se hace
entre el déficit próximo al 3 por ciento o déficit aproximadamente al 60
por ciento, cuando se refiere a deuda. Y, desde luego, nos queda muy
claro el compromiso del Gobierno de cumplir esas exigencias del Ecofin de
ayer, tal y como ha dicho el señor Ministro.
Gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y diez minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías, se reanuda la sesión.
--COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES PARA QUE EXPLIQUE EL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO POLITICO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE
LA UNION EUROPEA PARA PROCEDER A LA PLENA INTEGRACION DE ESPAÑA EN EL
REGIMEN GENERAL DE LA POLITICA COMUN DE PESCA, ASI COMO LAS FECHAS EN LAS
QUE EL CONSEJO PIENSA ADOPTAR NUEVAS MEDIDAS REGULADORAS DE LAS
CONDICIONES DE ACCESO A LAS AGUAS Y LOS RECURSOS, CONTEMPLADAS EN NUESTRA
ACTA DE ADHESION PARA TODOS LOS ESTADOS MIEMBROS, Y PARA EXPLICAR LA
ACTITUD DEL GOBIERNO ANTE LA POSIBLE DECISION DE INSTITUCIONALIZAR LA
CONSTRUCCION DE UNA EUROPA A DOS VELOCIDADES. (S. 711/000077 y
711/000078; C. D. 213/000415 y 213/000420.)
La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida al señor Ministro de Asuntos
Exteriores.
Al cumplimentar el orden del día observamos que aunque a primera vista
pudiera parecer que las dos comparecencias no tienen el mismo nexo y que
podrían tratarse diferenciadamente, sin embargo la Mesa estaba
considerando en este momento la posibilidad de sintetizarlas en una sola,
por la siguiente razón. Porque el primer punto del orden del día, que
hace referencia al compromiso político del Consejo de Ministros de la
Unión Europea para proceder a la plena integración de España en el
régimen general de la Política Común de Pesca, así como las fechas en las
que el Consejo piensa adoptar nuevas medidas reguladoras
de las condiciones de acceso a las aguas y los recursos, contempladas en
nuestra Acta de Adhesión para todos los Estados miembros, ya ha sido
tratado en el Pleno del Congreso de los Diputados de la semana pasada con
una Proposición no de ley que fue asumida por todos los grupos y que, por
tanto, fue aprobada por unanimidad, luego es lógico que el señor Ministro
informe sobre las previsiones que él, con una información mucho más
detallada que nosotros a través de los diferentes Consejos de asuntos
generales y demás presencias suyas en la Unión Europea, tiene respecto a
esta posibilidad de cumplir ese compromiso. Pero para no alargar
demasiado todo el proceso de comparecencia y de intervenciones de todos
los portavoces, quizá fuera conveniente que el señor Ministro empezara
explicándonos el punto segundo del orden del día: la actitud del Gobierno
ante la posible decisión de institucionalizar la construcción de una
Europa a dos velocidades, y que en torno a esta situación de la Europa
hoy, nos expusiera sobre todo cómo ve el Gobierno la posición de España
en esa Europa --que, incluso, parece amenazar que puede construirse a dos
o más velocidades--, y que lo uniera con el punto primero del orden del
día para que nos explicara, en esta línea de conceder España la
ratificación de los países de la ampliación a finales de este año, cómo
ve el Gobierno la posibilidad de mantenernos en la línea que hemos
propuesto, o si al final cree que, efectivamente, desde Europa se van a
cumplir esos compromisos que se habían adquirido con España.
Por tanto, si les parece bien a todos los portavoces --creo que el señor
Ministro estaría conforme--, él va a explicar el punto segundo del orden
del día y hará esta incursión en el tema que, por otra parte, ya fue
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados la semana pasada.
¿Algún portavoz desea alguna aclaración? (Pausa.)
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas
gracias, señora Presidenta, por las palabras de síntesis que ha
pronunciado sobre el orden del día; me atendré a ellas en la medida de
mis capacidades y empezaré por contestar a la primera comparecencia, cuyo
objetivo es explicar la actitud del Gobierno ante la posible decisión de
institucionalizar la construcción de una Europa a dos velocidades.
Antes de explicar cuál es la posición española sobre esta materia, que
sus señorías conocen bien porque fue objeto de contestación a una
pregunta formulada en el Pleno del Congreso de los Diputados por el
propio Presidente del Gobierno, pero por hacerlo con mayor extensión, si
me permiten, empezaría por situar los términos del debate que se ha
producido en las últimas semanas, en los últimos meses. Para ello, quizá
merezca la pena hacer una brevísima reflexión sobre el documento del
partido de la CDU alemán, que trae causa de que el debate se inicie con
una mayor intensidad en los medios de comunicación y en las sociedades de
la Unión Europea, algunas otras declaraciones que se han producido al
hilo de aquéllas, las reacciones que se han producido por parte de
personalidades relevantes de la vida política europea, incluso por
gobiernos, para pasar, posteriormente, a describir, quizá con un detalle
mayor de lo que se hizo en el Pleno del Congreso de los Diputados, la
posición española y hacer una reflexión sobre el trasfondo del debate en
el que nos encontramos para que, poco a poco, vayamos situando los
parámetros y las coordenadas básicas de lo que tiene que ser el debate
europeo a partir de este momento con la mirada puesta en la Conferencia
Intergubernamental de 1996 y quizá un poquito antes en la presidencia
española y en la Comisión de expertos que, bajo presidencia española,
tiene que iniciar los trabajos ya en el segundo semestre de 1995.
Los elementos del debate, empezando por el documento que se hizo público
por parte de un partido político alemán, la CDU, básicamente son los
siguientes: la cuestión de la Europa de geometría variable, o la Europa
de varias velocidades, o de una Europa a la carta, según la terminología
que uno quiera utilizar en cada momento, sin duda ha ocupado la atención
de la opinión pública europea y en parte también, como no podía ser
menos, de la opinión pública española en las últimas semanas, incluso
hace más de un mes, teniendo como origen o como plasmación de ese debate
el documento o reflexiones sobre Europa, al que antes he hecho
referencia.
Estoy seguro de que sus señorías habrán leído el documento, pero, para
refrescar la memoria, los elementos fundamentales que el documento tiene
son los de un partido político, partido político que apoya al Gobierno de
Alemania y, siendo Alemania un país importante que en este momento
ostenta la presidencia, aunque ha habido luego reflexiones y
declaraciones de separación de los dirigentes políticos del Gobierno
alemán, sí creo que merece la pena analizarlos.
El documento tiene tres partes: una primera parte en la que se analiza la
situación en Europa, una segunda en la que se analizan los propios
intereses en ese contexto de Alemania y una tercera que se refiere a las
propuestas institucionales para la Unión Europea del mañana.
Respecto a la primera cuestión, la situación de Europa, como sus señorías
recordarán, se identifica en el documento un riesgo potencial de lo que
pudiéramos denominar dilución europea del proyecto europeo, a no ser que
en los años próximos la Unión Europea refuerce sus vínculos de
integración; es decir, el documento tiene como objetivo fundamental la
reflexión sobre un potencial riesgo de dilución, de disolución de la
propia Unión Europea y, por tanto, hace una llamada --y ése es el hilo
conductor-- a una mayor integración en la Unión Europea.
El documento se plantea algunas causas de este riesgo de dilución y se
identifican de la manera más significativa con un modelo institucional
que surge de la Europa de los Seis, es decir, de la Europa fundacional, y
que tiene que ser útil para una Europa que hoy tiene más de seis miembros
y que mañana tiene que tener, si los referenda salen bien, 16 miembros y
en un futuro no muy lejano, si damos paso a los acuerdos de Corfú, a una
ampliación mayor llegando, incluso, a una Europa que tenga más de 20
miembros. Ese
es un primer elemento de reflexión sobre los riesgos de dilución.
Un segundo elemento de reflexión tiene que ver con la situación
económica, es decir, el contexto de regresión económica que hemos vivido
que, afortunadamente, se puede afirmar que está a nuestra espalda, pero
que, sin duda alguna, ha socavado algunos de los cimientos básicos en los
que parecía edificarse nuestra casa europea. Por tanto, la reflexión
primera es riesgo de dilución y necesidad de un mayor impulso de
integración.
Como les decía, el segundo elemento del documento se refiere a los
intereses de la propia Alemania. El documento de la CDU analiza las
razones por las que el proyecto europeo era vital para Alemania en el
pasado y concluye, a mi juicio de manera muy significativa y muy
importante, que ese proyecto europeo, que ha sido vital para Alemania,
sigue siendo vital para una Alemania reunificada. Por tanto, en frases
casi textuales, Alemania tiene un interés esencial, tanto en la
ampliación como en la profundización de la Unión Europea, y el propio
documento dice que la profundización ha de ser previa a la ampliación.
Me parece importante significar este segundo aspecto del documento, los
intereses de Alemania, porque en esta hora es bueno que partidos de gran
solvencia en Alemania, como el de la CDU, afirmen de una manera clara y
sin duda alguna que la construcción europea desde la perspectiva de
profundización y de ampliación está en el corazón de los intereses de una
Alemania reunificada. Podía caber la duda de que no fuera así y,
afortunadamente, este documento sí sale al encuentro de preocupaciones
que pudieran existir en algunos países o en algunos elementos de la
ciudadanía europea sobre esta cuestión. Por tanto, me parece que merece
la pena que este segundo aspecto sea resaltado.
El tercer elemento o vector que el documento se plantea son las
propuestas institucionales para la Unión Europea. Aquí es donde surge
realmente el conflicto, porque este documento, como se ha dicho ya, tiene
algunos ingredientes que, a nuestro juicio, son positivos, pero en las
propuestas estrictamente institucionales para la Unión Europea, España y
el Gobierno español, espero que también su Parlamento, no puede compartir
las tesis defendidas en el mismo. En esta parte del documento la CDU se
pronuncia a favor de una reforma que refuerce el componente federal de la
Unión Europea, hasta aquí básicamente de acuerdo. Pero, a partir de ese
momento, la concreción de este parámetro se produce a través de las ideas
de geometría variable o de la Europa a varias velocidades que, si no son
conceptos claramente matizados para España y para el Gobierno, por lo
menos, y espero que incluso para el Parlamento, son cuestiones que nos
deben plantear alguna inquietud y alguna preocupación.
Por tanto, el documento argumenta que la propuesta institucional más
positiva para estas ideas, que están contenidas en el prefacio del
documento, sería el avanzar en una Europa de geometría variable o en una
Europa de varias velocidades, incorporándose básicamente un núcleo, que
pudiéramos llamar núcleo duro, por usar la terminología que utiliza el
documento, en el cual estuvieran, fundamentalmente, los países que se
hubieran integrado en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
Para, constitucionalmente o desde el punto de vista jurídico-formal,
poder dar estos pasos que están contenidos en el documento, la CDU
propone la modificación de un artículo básico del Tratado; el artículo N
del Tratado que hace, si recuerdan sus señorías, la llamada a la
Conferencia Intergubernamental, pero que es el artículo que pone de
manifiesto que todos los avances de carácter institucional que se
produzcan tendrán que ser aprobados por unanimidad. Lógicamente para este
modelo de geometría variable o este modelo de varias velocidades, tal y
como es concebido por la CDU, se requeriría que el artículo N del Tratado
fuera abolido para permitir que los avances institucionales se pudieran
dar sin necesidad de la unanimidad de los países miembros, sino que
pudiera ser por unas mayorías cualificadas.
Como saben ustedes, ésta es la posición que está manteniendo la CDU, que
no es una posición defendida por el Gobierno alemán y, para nosotros,
esta modificación del artículo N del Tratado, autorizando o permitiendo
que los avances institucionales se pudieran dar sin una mayoría, sin una
unanimidad, nos parece que sería, sin duda alguna, un paso en la
dirección que a nosotros no nos gustaría que se diera.
Este ha sido, como saben, el aspecto más polémico del documento que, como
he dicho antes, sin embargo, contiene aspectos muy positivos, me
atrevería a decir que enormemente positivos. Estoy seguro de que sus
señorías lo han leído con detenimiento y habrán encontrado en él
posiciones de fondo, desde la perspectiva de la construcción europea y
del papel que Alemania quiere jugar en esta construcción europea, que son
francamente alentadores para los que deseamos un edificio completo y
sólido de la construcción europea.
Les diré, más allá del documento de la CDU, que a los elementos del
debate que ha tenido y está todavía teniendo lugar se suman también unas
declaraciones anteriores a este documento del Primer Ministro francés,
señor Baladur, que quizá recuerden ustedes, en una entrevista realizada
en agosto en el diario «Le Figaro», donde el mencionado Primer Ministro
frencés hace una reflexión sobre la necesidad de profundizar y de avanzar
en la construcción europea, pensando fundamentalmente no en una Europa de
12, ni tan siquiera en una Europa de 16, sino pensando en una Europa que
haya pasado ya el umbral de la Conferencia Intergubernamental y que se
enfrente a una ampliación que nos llevara a un número de miembros
superior a 20. En este último caso en el que el Primer Ministro Baladur
hace sus reflexiones, y las hace pensando en lo que él denomina los
círculos distintos, los círculos concéntricos en algún caso, incluso
círculos excéntricos en algunos otros, de diferentes solidaridades
reforzadas, como hace referencia el Gobierno francés, para dar ese paso
de la nueva arquitectura europea. Aquí el Ministro Baladur contempla todo
esto de una manera menos explícita, quizá menos rigurosa de como está en
el documento de la CDU; son unas declaraciones a la prensa, en donde se
comprende un primer círculo en el que estarían también los países que
habrían dado el paso a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria y que compartieran también la política exterior y de seguridad
común, para pasar a un círculo más amplio en el que estuvieran todos los
que fueran capaces de compartir el Mercado Unico fundamentalmente, es
decir, el primer pilar, para pasar después a un círculo de radio todavía
más grande, y quizá no con el mismo centro, es decir, un poco excéntrico
con respecto a los dos ciclos anteriores, que contuviera los países de la
vieja Europa Central y de la Europa del Este, que tendrían unos ritmos y
unas velocidades para su incorporación --ya sea al segundo o al primer
círculo-- más largas y más lentas de lo que cabría quizá esperar en una
primera hipótesis. En esos círculos entrarían también temas más allá de
los estrictamente de la Unión Europea, entrarían también los temas de la
seguridad y de la defensa europea; por tanto, se plantearían también las
pertenencias a la Unión Europea Occidental e incluso las pertenencias a
la propia Alianza Atlántica.
Como ven, es un conglomerado de círculos de radio distinto, de centros
distintos, por tanto, no todos ellos circulan concéntricos --alguno
excéntrico--, y desde la perspectiva de su explicitación definitiva y
final, creo que todavía queda un tramo muy importante del camino en la
reflexión francesa, porque lo único que tenemos hasta este momento son
esas declaraciones del Primer Ministro Baladur y algunas conversaciones
bilaterales.
¿Cuáles han sido las reacciones, fundamentalmente al documento de la CDU?
Las reacciones las conocen sus señorías; incluso en la propia Alemania ha
habido reacciones para todos los gustos, ha habido reacciones del propio
Canciller Kohl, distanciándose por lo menos de la filosofía de la reforma
institucional del documento; las ha habido de otros miembros de la
coalición gobernante en Alemania, el caso más concreto el Partido
Liberal, que se ha distanciado de manera muy clara del planteamiento del
documento, y ha habido también reacciones en los demás países socios de
la Unión. La reacción quizá más elaborada ha sido la del Primer Ministro
británico, del señor Major, que, como saben sus señorías, se opone a esa
concepción del núcleo duro que está contenida en el documento de la CDU.
A través de las palabras del Primer Ministro Major, de Gran Bretaña, se
desprende una idea más de la Europa a la carta, que es la concepción más
tradicional de Gran Bretaña, en la que el protagonista fundamental son
los Estados soberanos que, de forma individual, deben decidir el nivel de
compromiso entre las distintas ofertas de integración, ya sea la
económica y monetaria, ya sea la de política exterior y de seguridad; ya
sea el tercer pilar de la Unión Europea, ya sea el Mercado Unico, incluso
la política de seguridad. Por tanto, son contrarios a la idea de núcleo
duro y más bien proclives a una idea de la Europa como suma o
yuxtaposición de Estados soberanos en la que ellos mismos eligen de
manera soberana también --permítanme la redundancia-- el tipo de
solidaridad que quieren tener con los demás países.
Otras reacciones de otros miembros de la Unión se podrían calificar de
poco positivas hacia el planteamiento del núcleo duro, no solamente de
aquellos países que no se contempla en el documento que formen parte del
núcleo duro, sino incluso de alguno de los países que están
explícitamente mencionados como candidatos posibles para estar en el
núcleo duro, como, por ejemplo, alguno de los países del Benelux.
Luxemburgo ha hecho unas declaraciones por boca de sus dirigentes
políticos muy negativas o muy críticas con respecto a esta filosofía; e
incluso Bélgica cuyos responsables políticos también han hecho
declaraciones contrarias a ese planteamiento.
Por tanto, éste es el debate que tenemos en este momento situado; un
debate, a mi juicio, con el documento de la CDU puesto no en el momento
más adecuado. Piensen por un momento que este debate en nada favorece a
los referenda que se van a celebrar en los próximos días --o se están
celebrando-- en los países que se van a incorporar o que desean
incorporarse a la Unión Europea, los cuatro países EFTA que se van a
incorporar a la Unión Europea. En consecuencia, desde el punto de vista
de la oportunidad --y adelanto las reflexiones que haré luego con mayor
detenimiento-- no nos parece el mejor momento. Y desde el punto de vista
del fondo, teniendo reflexiones similares en las que podemos estar de
acuerdo en líneas generales sobre las referencias que se hacen a las
reformas institucionales, no podemos estar de acuerdo con el
planteamiento de la CDU. Me importa subrayar una vez más que el propio
Canciller Kohl y el Ministro de Asuntos Exteriores Kinkel se han
desmarcado de manera clara sobre estas cuestiones últimas de la reforma
institucional, y también se han desmarcado, con mayor o menor verdad,
sobre la oportunidad de iniciar el debate; un debate que, sin duda, hay
que producir; un debate que debe producirse en el ámbito de las
sociedades que configuran la Unión Europea, que debe producirse también
en España, pero que se debe producir, a nuestro juicio, en el momento
procesal oportuno; es decir, entrando ya en el año 1996, cuando esté
definido el planteamiento de ampliación al menos en los cuatro países
EFTA de la Comunidad.
Le diré que, además del documento de la CDU, hay un acontecimiento, a mi
juicio, de una cierta importancia, que es el debate que se ha producido
posteriormente en el propio Parlamento Europeo: conocer cuál es la
posición del Parlamento Europeo sobre esta reflexión me parece
importante.
Como saben, en la última sesión plenaria del Parlamento Europeo se ha
aprobado, por una mayoría grande --342 votos a favor, 37 votos en contra
y 32 abstenciones-- una resolución por la que se rechaza lo que
pudiéramos denominar la Europa a la carta, lo que concebimos bajo el
término Europa a la carta, y responde a las propuestas institucionales de
la CDU reafirmando --y leo literalmente lo que la resolución del
Parlamento dice-- su visión de una Unión Europea en la que todos los
Estados miembros, deseosos de avanzar de manera decidida por el camino de
la integración, tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Esta es
la posición que el Parlamento Europeo vota por una mayoría muy
cualificada --repito, por 342 votos contra aproximadamente 30--. Y el
Parlamento Europeo afirma que la Conferencia Intergubernamental de 1996
debe encontrar modalidades que permitan a los Estados que lo deseen
avanzar en sus esfuerzos de integración europea, pero sin limitar el
deseo o la ambición
de los Estados que quieran llegar a esos umbrales o a esos estadios.
Como ven, las propuestas institucionales de la CDU han encontrado en el
entorno europeo un eco relativamente crítico, ya sea desde la perspectiva
de países que se podrían considerar como candidatos al núcleo duro, como
desde la perspectiva del propio Parlamento Europeo. Sin duda, el
documento del CDU tiene algunos aspectos que abren un debate, que aunque
sea inoportuno será un debate al que habrá que hacer frente y contestar
desde todas las sociedades y todos los países que configuran la Unión
Europea, porque las cuestiones que se plantean son cuestiones de fondo,
cuestiones fundamentales, en las que para la Conferencia
Intergubernamental de 1996 España también tendrá que dar su opinión tras
el debate que tengamos en el ámbito parlamentario correspondiente.
Paso, por fin, a darles la visión que de este debate y de las
posibilidades del documento de la CDU, que es lo que me preguntan en la
comparecencia, tiene el Gobierno español --y espero que al final de este
debate sea una posición compartida por la mayor parte de los Grupos
Parlamentarios y si es posible por todos.
Les decía al inicio de mi exposición que en la contestación escueta o
breve, como es el trámite parlamentario de control del Gobierno en el
Congreso de los Diputados de los miércoles, el propio Presidente del
Gobierno contestó, y contestó de una manera clara, yo creo, en una línea
que no difiere mucho de lo que posteriormente fue la línea del Parlamento
Europeo. El Gobierno se mostró contrario a ese diseño institucional de la
CDU, señalando que la Conferencia deberá encontrar una solución para
impedir, y esto es lo más importante, que quienes quieran avanzar puedan
verse bloqueados por aquel que no desee hacerlo. Pero también que no se
pueda impedir, a aquel que quiera ir lo más lejos que desee dentro de sus
ambiciones y de sus capacidades, llegar a esas cotas.
Por tanto, la fórmula que recoge de manera más plástica la posición del
Gobierno español en esta materia sería la siguiente: Todo el que quiera
avanzar, tan lejos como el que más, no deberá verse impedido, y nadie
debería impedir a los demás avanzar en ese esfuerzo de integración. Este
es el haz y el envés de la posición que el Gobierno español tiene en este
momento en relación con la polémica que se ha abierto sobre las
velocidades o sobre las geometrías.
Debemos hacer un esfuerzo para empezar a entrar en el trasfondo del
debate. No debemos quedarnos encorsetados con los planteamientos de tal o
cual grupo político o de tal o cual personalidad por relevante que sea
del escenario europeo, sino que debemos entrar en el trasfondo del debate
para que poco a poco vayamos configurando la posición mayoritaria de la
sociedad española y del parlamento español.
El Gobierno español coincide con quienes piensan que en este momento en
Europa es necesaria una reforma institucional que permita, sin duda
alguna, a la Unión Europea hacer frente con eficacia, pero también con
transparencia y mediante procedimientos que refuercen la legitimidad
democrática, a los grandes desafíos del final de siglo.
Creo que cualquier persona con sentido común cuando imagina lo que puede
acontecer de aquí al final de siglo y al inicio del siglo XXI tiene que
concluir que la Unión Europea requiere unas reformas institucionales para
poder hacer frente a estos desafíos con eficacia y transparencia.
Este esfuerzo requiere transformar las instituciones y reforzar la puesta
en práctica de los objetivos de la construcción europea que, como
recordarán Sus Señorías, están recogidos, y a mi juicio bien recogidos,
en los artículos A y B del Tratado de la Unión, una unión cada vez más
estrecha entre los pueblos y los ciudadanos europeos. Esto es lo que se
contiene básicamente en los artículos A y B.
Para dar respuesta desde la perspectiva europea a estos contenidos de los
artículos A y B de cara al final de este siglo y al principio del próximo
siglo, entendemos que deben hacerse algunas reformas institucionales.
El documento de la CDU identifica, como les decía anteriormente, en
algunos extremos con gran acierto algunos de los problemas. Hace un
diagnóstico que puede ser adecuado para lo que puede ser la Europa de fin
de siglo y del principio del siglo que viene.
La decisión de dotarnos de lo que damos en llamar «más Europa», la
decisión de avanzar por la vía de la integración, no está exenta de
riesgos, no está exenta de dificultades. Pero creo que somos muchos, y
espero que seamos más, quienes vemos un riesgo muy superior a éste en el
hecho de dejar a Europa sin capacidad de respuesta. Frente a los riesgos
que sin duda trae consigo la integración, el avance por esta vía, hay que
contrastar el riesgo de dejar a Europa sin capacidad de respuesta ante
sus grandes desafíos, pues éstos son muy superiores a los otros riesgos.
Nuestra dirección sería más la de avanzar en la integración, la de
avanzar en la profundización, que hacer lo contrario. Pensamos que los
beneficios que nos debe traer a todos el avanzar hacia la construcción
europea más integrada son muy superiores a los beneficios que nos podría
traer, que a nuestro juicio son menos, prácticamente ninguno, una Europa
diluida, como podía ser la idea de algunos países.
La primera consecuencia de esta reflexión es que el alcance de la
Conferencia de 1996 ha de ser, quizá --y ésta es una de las reflexiones
que me gustaría poner sobre la mesa para irlas debatiendo, no solamente
en la sesión de hoy, sino conforme vayamos preparando la Conferencia de
1996-- un poco más ambicioso, o si me lo permiten, más ambicioso, que el
previsto cuando se firma el Tratado de Maastricht y se establece en el
artículo N.2 del Tratado. Quizá haya que plantearse una agenda un poco
más ambiciosa que la que está estrictamente contemplada en el artículo
N.2 y en otros aspectos que nos hablan de cuáles deben ser los temas a
tratar obligatoriamente en la Conferencia intergubernamental.
Como recuerdan, el Consejo Europeo de Corfú va un poquito más allá que el
propio artículo N.2 del Tratado, porque reconoce la necesidad de una
reforma institucional y señala, además, que las negociaciones de
ampliación con los países del Este y del centro de Europa no deben
comenzar hasta que esta Conferencia esté terminada y, por
tanto, hasta que estos aspectos de carácter institucional sean
contemplados en toda profundidad.
Se nos impone la necesidad de responder a una agenda ambiciosa de la que,
a nuestro juicio, puede depender la supervivencia de nuestra Europa en el
siglo próximo, tal y como la concebimos, con las instituciones que la
concebimos, como ámbito de libertad y como ámbito de prosperidad frente a
tentaciones nacionalistas en su interior y frente a la presión de un
mercado abierto, de un mercado global, respecto del que Europa ha
perdido, quizá, su hegemonía histórica. Para nadie es un secreto que una
de las grandes dificultades de la Conferencia es el grado desigual entre
unos y otros de voluntad política para avanzar en este proyecto de una
Europa integral.
Ante la necesidad apremiante de avanzar y los derechos de veto que otorga
la unanimidad como procedimiento de decisión, el documento de la CDU, al
que antes he hecho referencia, ha cedido ante la tentación de lo que
damos en llamar el núcleo duro y el enfoque de la geometría variable,
provocando los rechazos a los que antes aludí.
Les vuelvo a insistir en que el Parlamento ya ha puesto de manifiesto
cuál es su voluntad. El Gobierno español está decidido a apoyar en la
Conferencia el avance europeo en ese proceso de integración, dotando a la
Unión de unas instituciones que permitan gestionar y representar a una
comunidad que pronto contará con más de 20 miembros.
Nos preocupa, por tanto que se proponga el enfoque de la geometría
variable o el de las varias velocidades como única solución posible ante
el bloqueo del veto potencial se algún país. Para nosotros el proyecto
europeo sólo podrá funcionar si está articulado en una comunidad de
derecho servida por unas instituciones comunes.
Resulta preocupante --me gustaría subrayarlo-- que los vocablos o las
voces en alza en este momento en el ámbito comunitario, defendidas
incluso por personas y grupos políticos que tienen un claro compromiso
europeísta, sean voces encaminadas en una dirección que, a nuestro
juicio, no es la ideal. Se están poniendo más en boga y aparecen como
vocablos o términos en alza la geometría variable, la flexibilidad, las
varias velocidades, la subsidiariedad, entendida como argumento opuesto
al de la solidaridad, etcétera. Estos son los valores que parece que
están en alza, por lo menos entre los medios de comunicación y entre
algunos dirigentes políticos, como conceptos, frases o ideas, frente a
otros conceptos que aparecen, quizá, en baja, y que no nos gustaría que
así fuera, que podríamos resumir en los siguientes: vocación federal,
acervo comunitario, marco institucional único, es decir, los viejos
conceptos que alimentaron los primeros pasos en la construcción de este
edificio.
A mi juicio, no es una casualidad que los valores en alza que acabo de
mencionar correspondan con un discurso más abiertamente liberal en el
sentido más negativo del término en lo económico, mientras que los
valores en baja tienen más relación con los componentes de solidaridad
del viejo continente.
Por tanto, no se trata de un debate estrictamente técnico. Me atrevería a
decir que estamos ante un debate especialmente político en el que están
pugnando visiones distintas, visiones diversas, de la construcción
europea y de la propia sociedad europea.
En conclusión, señorías, señor Presidente, el Gobierno prepara sus
contribuciones a la Conferencia con el objetivo de avanzar hacia una
integración solidaria, hacia una Europa capaz de responder a su destino.
Ni una Europa a la carta, ni una Europa de geometría variable como
esquema inspirador de la Conferencia, sino más bien una Europa amparada y
enraizada en los elementos básicos o fundamentales contenidos en el
Tratado de la Unión.
Europa se encuentra una vez más ante un dilema, aunque no hay por qué
dramatizar. No obstante, sí es un dilema que hay que tomar con la
seriedad y con la responsabilidad que los que estamos en esta sala nos
debemos plantear. Tenemos que optar entre la desintegración y la
solidaridad. Tenemos que optar, por tanto, entre avanzar hacia una Europa
más cohesionada o, por el contrario, avanzar hacia una Europa menos
cohesionada o más disgregada.
Por tanto, solidaridad o desintegración, cohesión o no cohesión son los
parámetros en los que se debería centrar el debate. La plasmación de
estas grandes ideas en reformas institucionales es el tema del debate que
a partir de este momento, en nombre del Gobierno, ofrezco a los
responsables de los grupos parlamentarios para que vayamos poco a poco
hallando el camino para construir la voluntad española en este debate tan
importante y tan apasionante que se va a abrir a partir de enero de 1995,
y que a partir de enero de 1996 tendrá lugar como parte ya de una
Conferencia.
A España le va a corresponder la responsabilidad, así como también el
privilegio y el honor de presidir la Comisión de expertos que deben
preparar el éxito de esa Conferencia Intergubernamental. Desde este
momento, desde esta primera intervención, me ofrezco en nombre del
Gobierno, para que la preparación de dicha Conferencia, así como la
formación de la voluntad española --insisto--, podamos afianzarla con el
máximo consenso posible manteniendo los debates oportunos entre los
grupos parlamentarios en el ámbito de esta Comisión o donde el Parlamento
estime oportuno, para que, poco a poco, vayamos profundizando en lo que
pueda ser la posición española en ese momento.
Vuelvo a insistir en que el debate adquiere unos caracteres quizá más
ambiciosos que los que inicialmente estaban contemplados desde el punto y
hora en que la ampliación a más de 16 países se va a tener que producir a
partir de la finalización de la Conferencia Intergubernamental. Por
tanto, no solamente tenemos que dar respuesta a lo que el Compromiso
Ioánnina contenía, dar respuesta a una ampliación de una Europa de 16
miembros, sino que tenemos que empezar a pensar en la respuesta que se
pueda dar a una Europa que trascenderá ese número de 16 y que alcanzará,
muy probablemente, la cifra de 20 o incluso de más miembros en los
albores del siglo XXI. Este es el desafío que tenemos: conseguir esa
Europa ampliada --que no diluida-- y más profundizada para que pueda
seguir siendo un polo de paz, un polo de prosperidad, un polo de
solidaridad en un mundo cada vez más globalizado como el que
nos ha tocado vivir en los últimos días del siglo XX y viviremos en los
primeros del siglo XXI.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Si le parece bien, y tal y como habíamos expresado, creo que su señoría
podría darnos unas pinceladas sobre cómo ve en este momento todo lo
relacionado con los otros temas que incluye el orden del día.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Con sumo
gusto, señora Presidenta.
No quisiera aburrirles con una comparecencia excesivamente dedicada al
tema de la pesca, pero sí quisiera sentar las bases sobre dónde nos
encontramos a este respecto.
En primer lugar, voy a hacer algunos recordatorios a propósito de las
negociaciones para la ampliación que, como recordarán sus señorías,
revistieron una gran complejidad. Se negociaron un buen número de temas y
se asumieron asimismo un buen número de acuerdos entre los distintos
países de los Doce y de los Doce más cuatro. Se asumieron compromisos por
parte del Consejo de los Estados miembros y de los países candidatos,
compromisos que, lógicamente, deben cumplirse. Por tanto, la posición que
el Parlamento español y el Gobierno tienen es que todos los compromisos
que se adquirieron en el ámbito de esa negociación desde la perspectiva
pesquera deben cumplirse. No debe haber gran problema desde la
perspectiva parlamentaria, puesto que una Resolución aprobada no hace
muchos días por unanimidad pone el acento en que estos compromisos deben
cumplirse como contrapartida a la ampliación. Por tanto, la ampliación a
esos cuatro países nuevos tiene que venir acompañada del cumplimiento de
todos los compromisos acordados, incluidos, lógicamente, los compromisos
en materia de pesca.
Quiero también recordar que el compromiso de pesca tiene varios estadios,
pero quizá al que hemos dedicado mayor intensidad en el debate y al que
dedican mayor preocupación sus señorías es el compromiso político y
jurídico de la plena integración de España en la política pesquera común,
que se logró, como quizá recordarán sus señorías, en el marco del debate
del Consejo de Asuntos Generales, cuya concreción y puesta en práctica
corresponde, como no podía ser de otra manera, al Consejo de Pesca.
Les puedo decir como datos precisos que la Presidencia alemana del
Consejo de Pesca ha anunciado ya que considera esta cuestión
absolutamente prioritaria y que su intención es la de adoptar los
reglamentos necesarios en el Consejo de Pesca que se celebrará el día 23
de noviembre sin que haya que esperar a la celebración del Consejo de
Pesca del mes de diciembre que creo que ha sido fijado para los días 19 ó
20 de dicho mes. Quiero que sepan sus señorías que las delegaciones que
en este momento tienen mayores reticencias ante este planteamiento son
las Delegaciones del Reino Unido y de Irlanda.
No sé si merece la pena que les recuerde los elementos fundamentales del
acuerdo de pesca, pero por aquello de refrescar la memoria de sus
señorías les diré que el primero de ellos es la defensa del acervo
comunitario que ya saben lo que quiere decir. El segundo es el incremento
de las posibilidades de pesca para la flota española y el tercero es
aquel al que acabo de hacer referencia, la plena integración de España en
el régimen general de la política común de pesca, adelantando en siete
años --me interesa volverlo a subrayar-- el final del período transitorio
establecido para España en nuestra Acta de Adhesión. Este es, sin duda,
el objetivo de más calado, de mayor importancia desde el punto de vista
pesquero de la negociación. Queremos que este pacto entre los Doce y los
Doce más cuatro se cumpla.
Y ahora voy a exponer muy brevemente lo que ha acontecido desde la última
vez que se reunieron sus señorías en esta Comisión, mejor dicho, desde
que se produjo el Acuerdo de Corfú el día 24 de julio.
El día 30 de mayo tuvo lugar la aprobación del Reglamento 1265/1994, que
prevé que la Comisión presente las propuestas sobre la adaptación del
Acta de Adhesión de España y Portugal a más tardar el día 1.º de junio de
1994, sobre las que debe pronunciarse el Consejo antes de enero de 1995,
como consta en el Acuerdo.
El día 13 de julio de 1994 la Comisión presenta una propuesta de
reglamento del Consejo por el que se regula ya el acceso a ciertas zonas
de recursos de pesca comunitarios en cumplimiento de los compromisos
adquiridos en el Consejo de Asuntos Generales al que antes he hecho
referencia. Este documento se encuentra en este momento en fase de
discusión.
Como les digo, es voluntad del Gobierno --como no podía ser de otra
manera--, apoyada por todos los grupos parlamentarios, que se cumplan los
plazos, y que antes de la finalización del año, es decir, antes de que se
produzca la ampliación España se encuentre integrada en la política de
pesca común.
Creo que ésta es la información que les puedo dar a sus señorías en este
momento reiterando una vez más que hay dos fechas, la de noviembre y la
de diciembre, en que se celebrarán Consejos de Pesca donde se plantearán
estas cuestiones.
Si sus señorías solicitaran mi opinión al respecto, el estado de ánimo
con que concibo la evolución de los acontecimientos, les diré que me
encuentro en un estado de ánimo positivo dado el planteamiento y las
conversaciones que hemos mantenido con la Presidencia alemana, eso sí, a
sabiendas de que todavía existen reticencias fundamentalmente por parte
de Gran Bretaña e Irlanda, pero faltaría a la verdad si en este momento
no les dijera que veo las cosas con un cierto optimismo que se apoya
también en el respaldo que el Gobierno ha encontrado en los distintos
grupos de la Cámara.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro, por su intervención
y también por su amabilidad al resumir materialmente en una única
intervención los dos puntos del orden del día.
Dado que ambas solicitudes han sido formuladas por el mismo Grupo, el
Grupo Popular, tiene la palabra, en primer lugar, su Portavoz, el señor
Arias-Salgado.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, muchas gracias por su comparecencia y por su información.
Para abreviar en la medida de lo posible el trabajo de esta tarde,
empezaré por el final. Por tanto, con unas breves palabras voy a
referirme a la posición de España en relación con nuestra integración en
la política común de pesca.
El señor Ministro ha hecho referencia a los Consejos de Ministros de
Pesca aún pendientes. Efectivamente, hay uno previsto para el día 23 de
noviembre y otro para los días 19 ó 20 de diciembre.
A juzgar por el último Consejo de Ministros de Pesca que se ha celebrado,
la aprobación de los reglamentos que permitirán la aplicación a España de
la política común pesquera va a tropezar con serias dificultades. En
principio hay razones para ser relativamente escépticos en lo que afecta
al Consejo de Ministros que se celebrará el día 23 de noviembre por un
motivo concreto, porque el día 28 de noviembre tendrá lugar el referéndum
en Noruega. Es decir, que la decisión del Consejo de Ministros de Pesca
va a tener lugar cinco días antes de que se celebre ese referéndum, que
es, al parecer, el más complicado de los «referenda» que pueda celebrar
cualquiera de los cuatro países miembros.
Por eso, señor Ministro, me permitiría hacerle una sugerencia: que se
dieran los pasos oportunos para tratar de introducir este tema, si fuera
necesario --y creo que lo va a ser--, en el orden del día del Consejo de
Essen. Yo creo que sin una fortísima presión política ejercida desde el
Consejo Europeo, por tanto, con presencia de los Jefes de Gobierno y de
Estado, va a haber dificultades casi insuperables para que se aprueben,
tal y como están comprometidos, los reglamentos que equiparan o integran
a España en la política común pesquera.
Al mismo tiempo que hago esta sugerencia --y dirigiéndome, no sólo al
Gobierno, sino también al resto de los grupos parlamentarios--, sería
bueno que impulsáramos el procedimiento parlamentario de la tramitación
del proyecto de ley orgánica por el que se autoriza la ratificación del
Tratado de Adhesión, de tal manera que el trámite final quedara
pendiente, por lo menos, hasta el Consejo Europeo de Essen, del día 11 de
diciembre del presente año. Después, tendríamos tiempo más que suficiente
para autorizar la ratificación y para que el Gobierno pudiese depositar
el instrumento de ratificación en la fecha prevista en el propio Tratado,
una vez cumplido el compromiso por la Unión Europea.
Esta doble sugerencia --hecha, por una parte, exclusivamente al Gobierno
y, por otra, a los demás grupos parlamentarios y al Gobierno-- quizá
constituiría una buena posición para trasladar a la Unión Europea, por un
lado, la voluntad unánime de esta Cámara de autorizar la ratificación del
Tratado, como no podía ser menos. Pero, al mismo tiempo, en virtud del
principio de equilibrio --al que hacía referencia la resolución que
aprobamos en el Congreso de los Diputados la semana pasada-- y del hecho
mismo de que hay que cumplir los compromisos internacionales --pero
todos, no solamente algunos, y no sólo los internacionales, sino también
los comunitarios e internos--, la Unión Europea y, en concreto, el
Consejo Europeo, podrían ser conscientes de la unanimidad que existe en
la opinión pública española sobre esta cuestión, en la que se juegan
intereses importantes para muchas empresas y familias españolas.
Establecida esta cuestión, señor Ministro, paso a hablar de la Europa de
las dos velocidades desde la perspectiva del documento alemán, de la
democracia cristiana alemana. Creo que, efectivamente, el documento ha
podido ser inoportuno en el tiempo, pero al menos ha tenido la
virtualidad de desencadenar un debate que, como decía el señor Ministro,
es estrictamente necesario. Se trata de un debate que va a ser largo y en
el que es preciso perfilar algunas ideas. Precisamente, el día de hoy
podría servir para hacer una primera aproximación al respecto.
Al documento de la CDU alemana también le atribuiría una virtud
complementaria --y no solamente la de provocar el debate--, como es la de
huir de un cierto nominalismo y, en ocasiones, de una cierta hipocresía
que se produce frecuentemente en el debate sobre la construcción europea.
Es verdad que estamos en una determinada fase de esa construcción, pero
no es menos cierto que ya hemos institucionalizado sistemas que, en
cierto modo, reflejan, o dos velocidades, o una geometría variable, o
círculos concéntricos, terminología que, obviamente, a mí tampoco me
gusta.
Tampoco es menos cierto que la opción de salida, o el «opting out»,
consagrado en el Tratado de Maastricht en beneficio de Dinamarca y Gran
Bretaña, ya representa una cierta geometría variable; nos guste, o no, el
sistema está institucionalizado. También es verdad que el sistema
monetario europeo refleja de alguna manera una cierta geometría variable.
Shengen podría ser otro ejemplo, y diría que la misma situación de la
Unión Europea occidental como instrumento de la Unión Europea no deja de
atravesar hoy en día por una situación de perfiles poco claros, porque
poco claras van a ser las actitudes de países como Austria y Suecia en lo
que afecta a su tradicional política de neutralidad, sin perjuicio del
compromiso, genéricamente asumido, de respetar y recoger todo el acervo
comunitario.
Pero, en definitiva, eso no está hoy absolutamente claro, de tal manera
que en la propia construcción europea se van institucionalizando
gradualmente formas y perfiles que el documento alemán no hace más que
recoger, en relación con la situación económica de la Unión Europea.
Creo que lo importante del documento, más allá de su letra, está en
preguntarse a qué obedece realmente, por qué se produce este tipo de
reflexión en el seno del principal Partido alemán, reflexión que también
se ha producido en los demás partidos, aunque no se ha hecho pública. Al
margen de que el Gobierno tenga que hacer oficialmente ciertas
declaraciones, como es lógico, ya que es un Estado miembro de la Unión,
en la opinión pública alemana existe una doble preocupación: una,
económica, y otra, estratégica. El problema es que, a corto plazo, ambas
preocupaciones son contradictorias. La preocupación económica
presiona por la geometría variable, y la estratégica lo hace por una
ampliación que, aparentemente, tiende a la homogeneidad, a la Unión
Europea, y a fortalecer la unión política.
¿Cuál es la preocupación económica de Alemania? Que tiene un modelo de
crecimiento basado en la estabilidad monetaria y de precios que puede ser
perjudicado por economías menos estables, como es el caso de las de
Europa del sur. Por tanto, se resiste a que la futura moneda europea
--que, en definitiva, va a ser el marco transformado-- pueda ser objeto
de una política de crecimiento basada, no tanto en la estabilidad de
precios y de los tipos de cambio, como en políticas económicas más
erráticas.
Al mismo tiempo, Alemania tiene la preocupación estratégica;
precisamente, es lo que mejor está reflejado en el documento. Digamos que
el miedo que, en cierto modo, se tienen a sí mismos los alemanes como
consecuencia de su posición central en la geografía europea les lleva a
decir: cuanto antes integremos a la Europa central y del este en la Unión
Europea, tanto mejor para todos: para Alemania y para el conjunto
europeo. Esta probablemente sea la mejor reflexión que contiene el
documento. Por tanto, si hemos de estar en desacuerdo con la propuesta de
núcleo duro, en virtud de la preocupación económica, hemos de estar
totalmente de acuerdo con su preocupación estratégica y, por
consiguiente, manifestar una postura favorable en lo que afecta a la
ampliación, tal como se contempla en el documento.
Pero, naturalmente, nosotros no podemos dejarnos atrapar como país en el
juego de la contradicción alemana. Es lógico que entre en contradicción
su preocupación económica con la estrategia, pero nosotros hemos de
analizar el documento alemán desde la perspectiva de los problemas que
plantea y no desde la perspectiva alemana, como es obvio.
Diría, señor Ministro, que tenemos tres ejes de reflexión en los que
deberíamos detenernos de manera muy principal. Uno, le corresponde
fundamentalmente al Gobierno. Es evidente que la reflexión sobre el
núcleo duro de la Unión Económica y Monetaria no se hubiera producido en
el documento alemán si la inmensa mayoría de los países estuviera en
condiciones de constituir ya dicha Unión Económica y Monetaria. Por
tanto, la política económica del Gobierno --en este caso, de España--, en
la medida en que se aleja de los requisitos de Maastricht, que reflejan
lo que es el modelo de crecimiento alemán, es causa, naturalmente, de
preocupación.
En este punto, hay que hacer una serie de rectificaciones que incumben de
manera exclusiva al Gobierno. Es absolutamente imprescindible que la
política económica se oriente de manera clara, nítida, hacia la
consecución de unos objetivos previstos en el Tratado de Maastricht, que
son objetivamente buenos para la economía española, aun cuando puedan
constituir un modelo de crecimiento económico duro y su implantación en
España pueda tener dificultades. Pero para eso se ha tenido tiempo
--tiempo ya perdido--, y aunque queda menos, lo hay todavía.
Hay una segundo eje de reflexión, que es el de la ampliación. En este
sentido, voy a distinguir entre la ampliación 1 y la ampliación 2. La
primera es la que se va a producir con un carácter cuasi inmediato, y la
segunda, la que está en preparación y sobre la cual presiona también
fuertemente Alemania.
La ampliación 1 ha sido, en cierto modo, una improvisación. Prueba de
ello es que no se ha articulado definitivamente --o, por lo menos,
nítidamente-- la integración de esos países en la PESC. Ni siquiera se ha
llevado a cabo de forma adecuada la adaptación de las perspectivas
financieras, y ha habido que asumir compromisos complementarios, como es
el caso de la pesca con España. Por tanto, el procedimiento a presión por
el que se ha producido la ampliación 1, sin perjuicio de que todos
estemos a favor de la misma, ha tenido unas buenas dosis de
improvisación.
Ahora bien, señor Ministro, la ampliación 2 va a plantear muchísimos más
problemas. ¿Por qué? Porque va a tener repercusiones sobre la PAC, va a
tener repercusiones institucionales muy claras y va a tener también
repercusiones financieras. Y aquí es donde no cabe la improvisación. No
debemos dejar que la Unión Europea improvise en lo que afecta a la
ampliación 2, sino que como país hemos de adoptar nosotros todas las
medidas necesarias para que se pueda producir un procedimiento ordenado
que contemple la ampliación en forma conveniente para la Unión Europea y
para los nuevos países que han de integrarse en la Unión Europea.
Para esto, yo diría, señor Ministro, que España necesita --y voy a
discrepar ligeramente de lo que ha manifestado usted en relación con la
opción que tenemos enfrente-- no tanto una política comunitaria de
horizontes --que es la que usted ha diseñado al establecer que la opción
es entre una Europa Unida o más integrada y una Europa más diluida. Pues
para eso no hace falta trazar ninguna política comunitaria, ya que creo
que hay unanimidad en la Cámara sobre la conveniencia para España de ir
hacia un proceso de integración cada vez más pleno. Ahí yo no veo la
necesidad de diseñar una política comunitaria. Yo veo la necesidad de
diseñar una política comunitaria para el camino hacia esa unión política
más integrada, que es donde se ponen en juego todos nuestros intereses;
los intereses de nuestros sectores productivos concretos y los que van a
resultar afectados como consecuencia de la ampliación 2. Es esa política
comunitaria para el camino lo que debería detener a esta Cámara y lo que
debería hacer reflexionar al Gobierno.
El camino tiene una perspectiva general y una específicamente española.
La perspectiva general es la que en cierto modo debe responder a tres
desafíos sobre los cuales hay que tener respuesta y, además, concreta.
El primer desafío es cómo se puede hacer una Unión Monetaria, a pesar de
las diferencias económicas que existen actualmente entre los países
miembros de la Unión.
El segundo desafío es más a corto plazo. Es cómo se puede ampliar la
Unión Europea hacia países que tienen unas estructuras económicas y un
grado de desarrollo muy inferior al de la media comunitaria.
Y el tercer desafío es cómo se puede garantizar la capacidad de decisión
de una Unión, que va a pasar de 16 a 20 ó 25 miembros.
Estos son tres desafíos genéricos y en su marco se abre para España un
camino específico. Y ahí, a mi juicio, la estrategia o la política
comunitaria debería ser selectiva: qué es lo que de verdad interesa a
España en este camino, en este proceso, al margen de la configuración
final de la Unión. Y yo me permitiría, señor Ministro, sugerir tres
líneas importantes sobre las cuales, a mi juicio, conviene adoptar una
posición de país. Para eso hemos acordado la constitución de una ponencia
que pueda trabajar en el seno de esta Comisión Mixta. Naturalmente que
esta estrategia selectiva tiene como punto de referencia el grupo de
reflexión y la conferencia intergubernamental de 1996.
Yo creo que a España le interesan fundamentalmente tres líneas, sobre las
cuales, insisto, es absolutamente imprescindible tener una posición de
país, preparar su defensa y preparar el camino hacia lo que se pueda
conseguir con esas tres líneas porque nadie le va a pedir al Gobierno una
victoria en todos los terrenos. Lo que la opinión pública española le
pide al Gobierno es que plantee claramente la defensa de los intereses
nacionales y que obtenga lo que razonablemente se pueda obtener en el
contexto de la Unión. No se trata de colocar al Gobierno en una situación
difícil, sino que se trata de construir una posición de país, que sea
defendible, razonable, sólida y que, además, contribuya a configurar la
Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya terminando.
El señor ARIAS-SALGADO MONTALUD: Estas tres líneas --las dejo
enunciadas-- hacen referencia a los siguientes temas: en primer término,
la financiación de la Unión Europea. Esta mañana se ha puesto aquí de
relieve, por activa y por pasiva, que la financiación de la Comunidad
Europea es regresiva, está basada en un sistema regresivo. Nosotros
tenemos la obligación de dar una batalla, precisamente frente a la
ampliación 2, para modificar el esquema de financiación de la Comunidad
Europea o de la Unión Europea. Yo sé que es una batalla difícil; yo sé
que los países más ricos se van a oponer, pero si llevamos un
planteamiento solvente y sólido sobre la financiación, algo se podrá
conseguir o, en todo caso, debemos intentarlo.
En segundo lugar, debemos trabajar claramente sobre las consecuencias de
la ampliación 2 y, particularmente, sobre las consecuencias financieras.
¿Qué va a ocurrir con los Fondos Estructurales? ¿Qué va a ocurrir con la
Política Agraria Común?
Y, en tercer lugar, debemos trabajar sobre los procedimientos de
decisión. En el camino hacia la Unión Europea, las minorías de bloqueo,
cuando resultan afectados intereses vitales de sectores productivos
concretos, no son, en contra de lo que se dice, un obstáculo a la
construcción europea. No es cierto. Porque la construcción europea hay
que hacerla de acuerdo con las opiniones públicas nacionales y no puede
ser el resultado de los trabajos de los gabinetes. Esta tiene que ser una
premisa constante. Y las opiniones públicas están cada vez más
concienciadas y, por consiguiente, todo lo que afecta a los
procedimientos de decisión y a tener la posibilidad de salvaguardar
intereses vitales que necesariamente van a resultar afectados en el
proceso de construcción de la Unión Europea --de esa Unión Europea
ampliada--, me parece que es uno de los temas capitales.
Además de esas tres líneas, hay otra que quedó enunciada --ya sé que
puede no ser popular-- en el seno de la Unión Europea. Pero no estaría de
más ver qué tipo de políticas sectoriales convendría trasladar --en
términos de competencias-- o transferir a la Unión Europea, por tratarse
de unas políticas en las cuales podría resultar beneficiada España. Por
poner un ejemplo, todo lo que afecta a reforestación y, por tanto, lucha
contra la desertización podría ser conveniente sacarlo de lo que es el
planteamiento de medio ambiente para convertirlo en una política
específica. Podría ser, en todo caso, una línea de reflexión a
considerar.
Nada más, señora Presidenta, señor Ministro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arias-Salgado.
Para responder a sus reflexiones, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Contestaré con la mayor brevedad a los planteamientos del portavoz del
Grupo Parlamentario Popular diciendo, en principio, que hay un buen
número de sugerencias bien expuestas, muchas de ellas fundamentalmente
obvias, que forman parte de la reflexión que todos hacemos, donde va a
ser difícil no estar de acuerdo.
En primer lugar, sobre los temas de pesca, yo no tengo ese grado de
escepticismo. Quizá nos diferencia eso y, por ello, cada uno estamos en
el sitio donde estamos. El optimismo vital es una forma de entender las
cosas. Yo creo que nos va a salir bien y, desde luego, estoy dispuesto a
seguir peleando como lo he hecho en el pasado.
En cuanto a las dos cuestiones que plantea, me parece que la primera es
fácil de introducir y la segunda es el acuerdo al que habíamos llegado,
si entiendo bien. Por tanto, lo que plantea en este momento el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular es algo que ya teníamos acordado, aunque
lo plantea como nuevo. Se trata de poner en marcha todos los instrumentos
de ratificación para que estén preparados para que el día D, si se
produce lo que deseamos, se pueda plantear.
Pero paso a los temas más de fondo que su señoría ha planteado en
relación con el documento de la CDU, el cual, sin duda es importante --lo
he reconocido-- y sin duda, es inoportuno --lo ha reconocido también su
señoría--. Es verdad que el debate es necesario, porque los temas que el
documento plantea son temas sobre los que tenemos que hablar pero
estábamos todos comprometidos a hacerlo. Tampoco tenemos que pensar que
tiene características excepcionales o que es un documento que nos plantea
cosas que a nadie se le hubieran ocurrido. Se nos había ocurrido a todos,
lo que pasa es que esperábamos debatirlo en otros momentos. Las actas de
los Consejos europeos y
de los Consejos de Asuntos Generales están llenas de reflexiones, más
profundas, más amplias, de mayor envergadura que las que están contenidas
en ese documento. Lo que sí es verdad es que nos parecía --para eso se
convoca la Conferencia intergubernamental-- que el momento para hacerlo
era posterior.
Su señoría entra en un tema del que yo he hablado muchas veces. El
concepto de dos velocidades es una práctica que ya existe. Su señoría lo
reconoce y cita algunos ejemplos que yo he puesto. Es verdad que no todos
los países de la Unión están en la Unión Europea Occidental, que no todos
los países están en el Eurocuerpo, que no todos los países están en
Shengen y que algunos países tienen cláusulas de «opting out».
¿Cuál es la diferencia, señoría -- es lo que usted no ha mencionado--,
entre eso que ya existe y lo que queremos que no exista? La diferencia es
muy importante porque la geometría variable, en el sentido que el
documento de la CDU plantea, no existe en Europa. Porque todos estos
ejemplos que su señoría pone --que yo he puesto-- corresponden a países
que no quieren entrar en un cierto nivel de cooperación o de solidaridad
reforzada. Ocurre que un país no quiere estar en la UEO y se permite que
no esté, o un país no quiere estar en Shengen y se permite que no esté
por un tiempo relativo o un país no está en el Eurocuerpo y se permite
que no esté. Pero lo que no se plantea es que un país quiera estar en el
Eurocuerpo y se le diga no o que un país quiera estar en la UEO y se le
diga que no.
Ese es el concepto de velocidad variable, de geometría variable que se
plantea en el documento de la CDU, porque su señoría sabe, como estoy
seguro de que ha atendido de manera eficaz a mis palabras y ha leído el
documento, que lo que plantea de fondo, y es quizá el elemento más grave
que plantea el documento, es la modificación del artículo N. Ese es el
corazón del documento, ése es el corazón de la decisión que si se toma
permite avanzar en geometría variable a expensas, incluso, de que un país
diga que quiere estar y le digan que no le dejan estar.
El otro ejemplo que se puede aducir es el de la Unión Económica y
Monetaria. Pero en la Unión Económica y Monetaria, que fija unos
criterios por los cuales unos podrán estar y otros no, el acuerdo para
formalizar esos criterios está adquirido unánimemente, por todos. Menos
los que han optado por «optig out», todos los demás aceptan ese
planteamiento voluntariamente y, por tanto, es un acuerdo que surge de la
unanimidad.
Lo que sería malo es que hubiera acuerdos que no surgieran de la
unanimidad, sino que permitieran a cuatro, cinco, seis, «equis» países
dar un salto, y no sólo eso, sino legislar desde esa minoría que ya tiene
para ellos y, por consiguiente, dificultar, incluso, que los que quieran
incorporarse a ese núcleo en el futuro lo pueden hacer habiendo
participado en el desarrollo legislativo, constitucional de ese grupo.
Este es el problema.
El corazón del debate y el corazón del problema está en si se modifica o
no el artículo N del Tratado. Es decir, si seguimos avanzando
unánimemente, sean cuales sean las decisiones. La decisión unánimemente
puede ser la de que yo no quiero ir, pero la decisión unánimemente no
puede ser la de yo quiero ir y usted no me deja ir. Por tanto, ésa es la
diferencia fundamental de un planteamiento y otro.
Con respecto a la posición alemana, yo creo, afortunadamente, que es una
posición contradictoria, porque tenemos ya una Alemania reunificada, con
un peso en la construcción europea mayor que el que ha tenido nunca y se
encuentra entre una situación económica yo no diría tan dramática como la
que ha planteado su señoría, pero sí favorable al núcleo duro y, por
tanto, no favorable a la extensión, y un problema de carácter político de
estabilidad y estratégico favorable a una ampliación. Pero pienso por un
segundo que la economía y la estrategia se dan en dos momentos distintos,
porque cuando éramos 12 ó 16 no tenía la preocupación económica. Es
decir, la Unión Económica y Monetaria está pensada para una Europa de 12,
incluso de 16, y ahí no se plantea ningún problema para Alemania.
Por consiguiente, cuando argumenta que la dificultad para Alemania la
plantean los países que ya están en la Unión y que no pueden adquirir su
capacidad económica para entrar en la Unión Económica Monetaria, ése no
debe ser el punto de partida de la reflexión alemana. El punto de partida
tiene que ver con la Europa de 20. En una Europa de 12 ó 16 este
planteamiento no se hubiera dado desde el punto de vista estrictamente
económico, sino que, como su señoría ha reconocido, el siguiente salto en
la ampliación a 20 ó 22 sí que plantea diferencias económicas, no entre
los 12, 14, 16 o los que seamos, sino en el siguiente salto cualitativo.
Ahí sí que es verdad que se producen unos problemas de gran envergadura.
Sí le puedo decir que la ampliación a los otros países, al siguiente
círculo, al de los PECOS, sí nos plantea, y su señoría lo ha reconocido y
yo lo he dicho en múltiples ocasiones, algunos problemas que van más allá
de la concepción estratégica, que van a la defensa de intereses muy
concretos, no solamente de España, sino de muchos países, que reconozco
que fundamentalmente son dos: la política agrícola común y las políticas
estructurales o los gastos de cohesión o los fondos de cohesión o como
quieran llamarles.
Piense por un momento, señoría, y haga los siguientes cálculos: suponga
usted que forma parte del Gobierno alemán y que quiere hacer la siguiente
operación que es llevar, por ejemplo, dos tercios de la renta media
alemana a la población de 18 millones de alemanes del este. Siendo usted
un gobernante alemán generoso, haría más cosas: hacer la misma operación
con Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia y me paro ahí, no meto ni a
Rumanía ni a Bulgaria. Haga usted las cuentas y, si las hace, seguramente
le saldrá que no existe ahorro en el mundo para hacer semejante operación
en un tiempo que nos lleve a no muy entrado en el siglo XXI. Por tanto,
la operación es de una envergadura tremenda y, una de dos, o hacemos
regímenes transitorios de adaptación a esta situación o será muy difícil
que lo resolvamos.
Este es el problema por el cual yo he dicho al inicio que de la
Conferencia Intergubernamental de menú corto, si me permite la expresión,
seguramente tendremos que pasar no a una conferencia intergubernamental
de menú infinito, sino a un poco más del menú que estaba considerado.
¿Cuál era el menú que estaba considerado para la Conferencia
Intergubernamental? El menú era muy claro y fácil, ya que estaba
contenido en algunos artículos, y era qué políticas las pasábamos a
codecisión con el Parlamento; qué políticas las hacíamos comunitarias; si
hacíamos o no una nueva jerarquía de normas; que hacíamos con la PESC y
la política de seguridad común; qué hacíamos con el tercer pilar, si
hacíamos o no alguna modificación y, por último, si metíamos o no nuevas
políticas sectoriales, que, como saben sus señorías, eran
fundamentalmente tres: el turismo, la protección civil y la energía; una
la pedían los franceses, otra los italianos y otra los griegos. A
nosotros, realmente, no nos interesaba de manera muy significativa
ninguna de las tres, y ésas no aparecen en el Tratado de la Unión, aunque
esos países las deseaban.
Este sería el menú corto, al que hay que añadir el Compromiso de
Ióannina, que tiene en su seno los elementos que no estaban, que son los
ingredientes de la ampliación a cuatro más, que son las reformas
institucionales para pasar de 12 a 16. Este sería el menú corto.
¿Por qué hay que pasar a un menú más largo? Porque se nos abren unas
perspectivas de ampliación 20 ó 22 que distorsionan todo el
planteamiento, tocando elementos nucleares de la construcción europea,
como, por ejemplo, la política agrícola común. Este es el problema que
tenemos y ésta es su dimensión. Hoy estamos hablando de ello por primera
vez y tendremos que hacerlo en múltiples ocasiones, porque nos plantea
unos problemas importantes.
Decía su señoría que la ampliación 1, lo que ha dado su señoría en llamar
ampliación 1, está cargada de improvisación. Yo quisiera decirle que no,
que tiene algunos elementos de improvisación, como los tienen todas las
políticas comunitarias, porque trabajar a 12 o a más de 12 es muy
difícil. Piense por un momento que todo el debate sobre el espacio
económico europeo --su señoría estaba en el Parlamento cuando se trató--
es lo que ha permitido una ampliación en un tiempo récord. Si no
tuviéramos el espacio económico europeo que habíamos debatido con gran
profusión en temas muy complicados como la pesca, no habríamos sido
capaces de hacer en un tiempo tan corto el proceso de ampliación a los
cuatro.
Y digo más, para España el debate fundamental para la defensa de sus
intereses se produjo en el debate de ampliación del espacio económico
europeo, no en el otro. En el otro, lo único que sacamos de entidad es la
incorporación a la política común de pesca. Todo lo que significaba
capturas, yo creo que lo jugamos bien --y no lo reconocerá su señoría--,
porque hicimos una negociación en dos etapas: sacando una parte muy
significativa en la primera etapa y presionando en la segunda etapa para
sacar fundamentalmente el ingrediente político de la incorporación de
España a la política común. Hoy podemos explicar estas cosas con mayor
detenimiento, algo que no pudimos hacer en el momento del debate.
Por tanto, la ampliación 1, en terminología de su señoría, no es tan
improvisada. Hubiera sido improvisada si no existiera el espacio
económico europeo. Insisto, es una cuestión de matiz. No sé si mucho, su
señoría ha dicho muy improvisada, pero yo creo que no siempre. Hay
algunos ingredientes de improvisación, pero, insisto, los temas medulares
estaban negociados en la definición del espacio económico europeo.
Su señoría me va a permitir una pequeña broma. Me encanta verle tan
bernsteiniano. Me seduce mucho ver a don Rafael Arias-Salgado defendiendo
la figura de Bernstein sobre el camino y el modelo. No hay modelo y sólo
hay camino. En eso quizá nos podamos encontrar. No sabía que su señoría
estaba en estas tesis. Me alegra que lo esté. Siempre sospeché que algo
de eso había en sus planteamientos, pero me alegra mucho constatarlo hoy
públicamente. Hay camino y en éste es donde nos tenemos que pelear, sin
duda alguna, pero también hay un poco de modelo, señoría, y usted lo
sabe. Con Bernstein nos encontraremos a lo largo del camino, si me lo
permite, y fíjese que no he citado a Machado, sino a Bernstein.
¿Tenemos desafíos? Sí que los tenemos y muchos. Su señoría pone tres de
manifiesto, muy fáciles, en los que podemos estar de acuerdo, y es cómo
la Unión Económica y Monetaria se produce con diferencias tan drásticas,
pero vuelvo a insistir en que ese tema fundamental está planteado en el
salto de 16 en adelante. Piense por un momento que en esta hora, en la
que estamos hablando, no hay nada más que un país que estaría en
situación de dar el salto a la Unión Económica y Monetaria, que es un
país muy importante de la Unión, Luxemburgo, y el segundo es Irlanda, que
está, si me permite la expresión y que nadie me cite, un poco por
chiripa, ya que cumple todos los requisitos por chiripa. No sé lo que
pasará mañana o pasado mañana, pero hoy los cumple. Hoy se fía, mañana no
se sabe. Pero muy pocos más. Los demás tenemos que seguir haciendo los
esfuerzos para estar, incluido el país alemán.
Por tanto, la dificultad fundamental será para la incorporación del
siguiente círculo, cuyas diferencias de renta, como decía anteriormente,
pueden ser tan amplias que acabarlo nos puede llevar un cierto tiempo.
Termino, señoría, para que no me llame la atención la Presidencia. Sobre
las tres estrategias aludidas, en financiación --y, más que financiación,
recursos propios, que creo que es una terminología más ajustada-- sabe su
señoría que hemos peleado mucho por dos cuestiones fundamentales: el paso
al recurso PNB, que no es en sí mismo progresivo, pero sí es más
progresivo que otros, el PNB frente al IVA; y el paso siguiente, el ya
estrictamente progresivo, que sería la proporcionalidad. Hacer una
apelación al recurso PNB es más progresivo que el IVA, y usted sabe que
el siguiente paso lo hemos defendido en la Cumbre de Edimburgo, que no
será fácil, porque eso quiere decir que los países que son contribuyentes
netos, que en este momento son dos, tienen que pagar más, y esto no es
exactamente un Estado-nación, sino que es algo más sofisticado, por lo
que aplicar estrictamente las normas de proporcionalidad en el ingreso es
un poco más complicado. Pero estamos totalmente de acuerdo y en esa
dirección hemos ido.
El cambio del IVA al PNB en una proporción, no en todo, ya es un paso de
progresividad. Y en cuanto al siguiente paso, aunque hay unas
declaraciones del Canciller Kohl que podría aceptar, ayer me decía
alguien que era rehén
de sus silencios o de sus palabras y esclavo de sus silencios, o al
revés, y me temo, señoría, que en el caso de estas declaraciones a las
que estoy haciendo referencia puede darse esa situación también.
Sobre los temas de decisión y de bloqueo, en cuanto a nuestra posición en
el Compromiso de Ioannina, que su señoría no valoró entonces, me alegro
de que hoy reconozca que era un paso importante en la defensa de los
intereses generales.
Nada más, Presidenta, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
El señor ARIAS SALGADO: Quería intervenir un minuto nada más.
La señora PRESIDENTA: Al final, cuando intervengan los demás grupos.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señora Presidenta.
Yo le decía ayer al señor Ministro en otra Comisión, hablando de
cooperación, que él, como todos, es dueño de sus silencios y rehén de sus
palabras, que es la expresión que utilicé.
Y puestos a citar aforismos de ese estilo, y hablando de pesimismo y
optimismo, le brindo dos definiciones: una, un poco o bastante cínica,
que dice que el pesimista no es más que un optimista informado, y la
otra, más popular o más clásica, de Gramsci, más cargada quizá de
esperanza, que dice que contra el pesimismo de la inteligencia, el
optimismo de la voluntad.
Refiriéndome a lo que nos ocupa, y empezando por la parte final de su
intervención respecto a los temas de la ampliación y la proposición no de
ley que el otro día conseguimos aprobar por unanimidad del Congreso,
esperemos a ver cuáles son los acontecimientos que se producen. Yo quiero
esperar con confianza que bien el 23 o, como máximo, el 20 de diciembre
se puedan fijar en firme en el Consejo de Pesca los acuerdos que permitan
la inclusión de España en la Política Común de Pesca. En cualquier caso,
ustedes tienen el mandato unánime del Congreso para que así sea. Por
tanto, yo creo que están obligados a hacer los esfuerzos necesarios para
conseguirlo.
Bien es verdad que, como decía el señor Arias-Salgado hace un momento y
yo decía el otro día en el Pleno, van ustedes a recibir presiones por los
referendos de los países que van a entrar, concretamente del más
complicado de todos, que parece ser el noruego, pero tampoco el sueco
parece demasiado fácil, el austriaco ya se ha producido y el finés
también parece que tiene buenas perspectivas, pero son piedras en el
camino que sin duda se van a encontrar.
En cualquier caso, y respecto a los temas de ampliación, yo creo que
quedaron bastante resueltos el otro día en el Congreso, con la aprobación
por unanimidad y con lo que aquí se ha explicado.
En cuanto a la discusión que ha generado el documento de la CDU, yo creo
que lo primero que podíamos preguntarnos es por qué a nivel europeo un
documento interno de un partido, por muy importante que sea y por muy
importante que sea el país al que pertenece ese partido, genera un debate
de tanta magnitud. Sin duda porque, como hasta ayer mismo decía «Le
Monde», Alemania hace ya unos años, no muchos, que ha dejado de ser lo
que ha sido durante muchísimos años, más de 40: un gigante económico y un
enano político. Hoy es un gigante económico y político, lo que hace que
un documento de uno de sus partidos obligue a un debate en todo el
contexto europeo.
Del documento de la CDU me tranquiliza de alguna manera el segundo
aspecto que usted ha señalado, en el que se hace referencia a los
intereses de Alemania, y me parece una buena noticia que negro sobre
blanco se diga que los intereses de la Alemania reunificada están en
insistir en la construcción europea. Porque usted sabe bien, señor
Ministro, que hace sólo un año, en momentos en que la crisis económica
golpeaba más fuertemente las economías de nuestros países, no pocas voces
se alzaron en Alemania insinuando la posibilidad de dejar caer suavemente
la construcción europea y volver a la vieja idea de la «mittle Europa»
del siglo XIX, con todo el riesgo que podría significar. Por tanto, que
en ese documento se ratifique el interés estratégico para Alemania
reunificada de insistir en la construcción europea, en avanzar por ese
camino, es la parte que a mí me parece más interesante. Por supuesto, lo
que genera el debate no es esa afirmación, sino la que hace referencia a
la posibilidad de suprimir el artículo N del Tratado de la Unión y de
establecer la Europa de las dos velocidades, a la carta o de geometría
variable porque, como bien se ha dicho anteriormente, muestra de
geometría variable ya tenemos, bien es verdad que es geometría por
exclusión, es decir, se trata de países que no quieren estar en alguna de
las organizaciones de la lista que usted y el señor Arias-Salgado han
dado de la UEO, el «opting out», el Sistema Monetario Europeo, a la que
yo añadiría la dualidad y ambigüedad de la relación UEO-OTAN, que es otra
parcela de geometría variable, de círculo concéntrico, en este caso, de
un diámetro o de un radio mucho más grande, que también casa mal con el
proyecto de construcción europea, desde mi punto de vista.
Abordando aspectos que no han sido hasta ahora señalados, y compartiendo
algunas de las cosas que se han dicho por una y por otra parte respecto a
problemas del futuro inmediato y mediato de la construcción europea, me
voy a centrar en algo que para mi grupo es más consistente o forma parte
de nuestra preocupación fundamental, y es la existencia también de una
Europa que camina en dos velocidades, toda ella, pero en dos velocidades:
una, primera, que es la convergencia económica y monetaria, que tiene un
objetivo que para todos es defendible, que es la moneda única, con una
segunda velocidad, que es la cohesión social y política. La construcción
europea avanza, con dificultades y con los problemas que estamos
señalando, en todo lo que significa mercado y en todo lo que significa
cohesión económica; con dificultades, repito; pero todos los aspectos que
comportan la parte más política y más social
de la construcción europea están más o menos olvidados en el baúl de los
recuerdos. Ni siquiera se ha hecho mención a ellos en estas primeras
intervenciones de usted y del señor Arias-Salgado.
Ustedes han dicho que Europa no se puede construir de espaldas a los
ciudadanos. Me parece que ésa es la primera norma que debíamos tener
todos en la cabeza, y quien más responsabilidad tiene, más. Pues bien, de
alguna manera, Europa se está construyendo hoy al margen de los
ciudadanos, por varias razones: primero, porque la única institución
europea en cuya elección participan los ciudadanos, que es el Parlamento
Europeo, a pesar del aumento de entidad que le proporciona el Tratado de
la Unión, sigue estando desprovisto de funciones de forma absolutamente
improcedente en los tiempos que corren.
Yo creo que aumentar las capacidades y las competencias del Parlamento
Europeo sería un buen impulso para acercar a los ciudadanos a todo el
proceso de construcción europea, porque probablemente a través del
Parlamento Europeo los ciudadanos podrían sentirse representados y
encontrar cauces para hacer oír sus voces en el ámbito comunitario, y no
en cada uno de los Estados miembros de la Unión.
Una reflexión que a mí me gustaría que hiciéramos, y que alguna vez hemos
más o menos iniciado, es cómo todos los parámetros de convergencia
económica y monetaria, que sin duda tienen el objetivo por todos
compartido de llegar a la moneda única, significan sacrificios no para
quien hace los números, sino para quien los vive, es decir, para el
ciudadano de a pie. Sacrificios que no siempre son bien entendidos porque
no siempre son bien explicados y porque no siempre son fácilmente
justificables.
En varias ocasiones --anteriormente, por parte del señor Delors-- hemos
hablado en esta misma Comisión de ese tema, la posibilidad de haber
incluido el término o el número, absoluto o con matices, del paro, el
paro juvenil o el paro de larga duración, como un instrumento de
cohesión, es decir, como uno más de los parámetros de cohesión que, sin
duda, hubiera obligado a los Gobiernos de los diferentes Estados miembros
de la Unión a hacer políticas más activas de creación de empleo. Eso está
fuera de lo que parece ser la preocupación fundamental de la construcción
europea, y forma parte de esa preocupación de los ciudadanos del día a
día. Ciudadanos que, repito, en no pocas ocasiones se ven bastante
alejados de los problemas de la construcción, y no siempre es fácil
encontrar justificaciones o explicaciones que puedan convencerles. Y no
las hay porque con mucha frecuencia se diseñan políticas en lo económico
y en lo político alejadas de la repercusión que tienen esas decisiones
económicas o de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Decía usted antes que en Europa están hoy en alza los valores liberales
en el peor sentido del término liberal, y que están en baja los valores
más solidarios; que desde el Gobierno español se defiende una integración
solidaria, no una integración a la carta ni de geometría variable, sino
más solidaria a partir de hacer avanzar esos valores solidarios, y que
nos encontramos con ese dilema de desintegración o solidaridad, de mayor
o de menor cohesión. Yo insistiría en la mayor o menor cohesión no sólo
en los terrenos económicos, sino, fundamentalmente, en los terrenos
políticos y sociales, en los que, repito, estamos bastante atrasados en
lo que al camino de la construcción europea se refiere.
Los temas de la financiación europea del futuro --los fondos de cohesión,
las posibles modificaciones que se tengan que introducir en la PAC, la
política agraria comunitaria, con la futura nueva ampliación a los cuatro
miembros de los países nórdicos y Austria-- van a ser un más que
importante motivo de discusión y de reflexión en el seno de la Ponencia
de esta Comisión. Sin duda, vamos a tener mucho que hablar sobre todo
ello. Insisto, señor Ministro, en que, junto con los problemas de
cohesión económica, se haga el esfuerzo necesario para que también avance
la otra parte de la construcción europea, la de los ciudadanos de a pie,
la Europa de la cohesión social y de la cohesión política; la Europa que
busque e intente conocer, más allá de que casen mejor o peor las
macrocifras, cómo repercuten en la vida cotidiana de los ciudadanos
parámetros como el paro y tantos otros que están bastante alejados de lo
que es el impulso creador o generador de esa construcción Europea.
Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vázquez.
Señorías, el señor Ministro me ha comunicado que tiene un compromiso
ineludible por razones de su cargo que le obligaría a tener que abandonar
esta sala no más allá de las seis y media un poco pasadas. Como no
contaba con esa información al principio de la comparecencia, habíamos
iniciado este debate en torno a una intervención de los ponentes y una
intervención del señor Ministro. Por esta razón, como caso muy
excepcional, si a los dos portavoces que todavía tienen que intervenir no
les importa, les pido que lo hagan a continuación, y que aunque la
respuesta sea individualizada por parte del señor Ministro, que sea al
final conjunta su intervención, así podremos ahorrar tiempo o obtener una
respuesta más cumplida del señor Ministro.
Contando con su acuerdo, voy a dar la palabra a continuación al portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
señor Ibarz.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señora Presidenta. Antes que
nada, quiero corroborar que mi Grupo acepta la sugerencia que acaba de
formular. Conociendo los compromisos del señor Ministro, procuraré además
hacer una intervención muy breve, porque de los dos temas que voy a
plantear uno creo que puede resolverse con bastante rapidez, habida
cuenta de que estamos a punto de ver una solución, ya que es el tema de
la pesca. En cuanto al otro, creo que nos llevará un debate muy largo,
probablemente a lo largo de meses y, con toda seguridad, de años, antes
de dejarlo ultimado.
Respecto a la incorporación plena de España a la Política Común de Pesca,
hace unos días, el 4 de octubre, y concretamente a raíz de la proposición
que se trató en el Congreso de los Diputados y a la que ya han hecho
mención
algunos portavoces que me han precedido, nuestro Grupo cree que esta
proposición denota en sí un europeísmo algo «sui géneris». Ya el portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
señor Molins, dijo que votar afirmativamente a la misma le producía una
cierta amargura. Ciertamente, el europeísmo que late en esta proposición
no es el europeísmo que propugna Convergència i Unió. Ahora bien, creo
que tenemos que ser consecuentes. Es decir, la voluntad mayoritaria de
las Cámaras se produjo en este sentido, y al filo de este acuerdo de la
Cámara yo quisiera hacer una simple y breve reflexión.
España se adhirió a la Comunidad Europea tarde, creo que en esto
estaremos todos de acuerdo. Las circunstancias lo impusieron, bien es
cierto; pero esta tardía incorporación a la Comunidad le ha comportado a
España el pago de una importante factura. Una factura que algunas veces
se ha visto reflejada en unas condiciones draconianas, y en no pocas yo
diría que casi leoninas. Y parece ser que, no obstante ser ya miembros de
pleno derecho de la Unión, esta factura no se ha terminado. Así lo hacen
prever el tema de la pesca, o el hecho de que no esté totalmente
resuelto; o nos lo hace prever la OCM del vino que tenemos encima de la
mesa para debatir ampliamente y resolver. Por tanto, probablemente en
algunos aspectos y en éstos en concreto sí que es hora de que España fije
definitivamente una posición y diga: ya basta; ya hemos pagado la factura
que se nos exigía por el retraso.
Y pasando al tema de más enjundia, que es el debate de la Europa de las
velocidades, lo primero que hay que decir es que no es un debate nuevo,
ya se ha dicho; pero, además, tampoco es un debate fácil. El documento de
la CDU alemana no deja de ser un documento interno de trabajo del partido
que en estos momentos está en el Gobierno en la República Federal. Puede
tener la trascendencia que tenga este hecho, pero no más. No deja de ser
un documento de trabajo que surge de un grupo político que, de alguna
forma, se puede afirmar que era el de Adenauer, el fundador o uno de los
fundadores o patrocinadores de la CECA, que posteriormente fue la
Comunidad Europea y hoy la Unión Europea. Es decir, es el documento de
trabajo de un partido político que, de alguna forma, defiende los
intereses de Alemania, pero no por defenderlos se puede afirmar que sean
intereses ajenos a la Unión Europea, ajenos a Europa. Otra cosa, por
supuesto, es entrar en el fondo de los temas que venía planteando este
documento y sobre el modelo de la Europa que propugna la Democracia
Cristiana alemana. Este, por supuesto, es un tema abierto; es,
precisamente, el núcleo del debate que tendremos que afrontar todos los
europeos en los próximos años.
Y no se trata tanto de dos velocidades o muchas velocidades, porque creo
que en estos momentos, hoy, no sería tan disparatado hablar de que en
Europa se dan muchas más velocidades, probablemente sean doce velocidades
o quizás dieciséis velocidades. Y quizá por esto, porque ya existen estas
distintas velocidades, Europa, o la Comunidad, o la Unión, ha puesto en
funcionamiento los programas de convergencia, al objeto de que estas
distintas velocidades tiendan a converger en una velocidad común, en una
velocidad única. Pero yo pienso que esa velocidad única o esas pocas
velocidades son un gran objetivo a largo plazo que tiene dos frentes
claramente definidos. Por una parte, a corto plazo, el objetivo de la
Unión Económica y Monetaria. Pero seguramente hay otro objetivo a mucho
más largo plazo, que es la plena integración política. Y éste sí que será
el debate. El primero creo que ha sido apuntado, las bases han sido
asentadas ya en el Tratado de Maastricht; pero el segundo es un tema en
el que los europeos tenemos largas horas de debate abierto. Las tendremos
con motivo de la Conferencia Intergubernamental de 1996, pero en el bien
entendido, que todos tenemos que asumir, de que esta Conferencia
Intergubernamental no agotará, ni muchísimo menos, los temas de fondo
pendientes de resolución, porque a fin de cuentas, señor Ministro, el
problema no es ni de velocidad ni de geometría ni de menú o de carta,
sino que el problema de fondo es qué Europa vamos a construir, entre
quiénes la vamos a construir y para cuándo vamos a tener un proyecto
europeo común.
Todos los grupos de esta Cámara y los de las demás Cámaras de los países
europeos estamos emplazados a participar en este debate. Por supuesto, el
Grupo al que represento, Convergència i Unió, tiene el deseo de
participar en el mismo y contribuir a formular propuestas y a poner sobre
la mesa sugerencias para que un día podamos ver realizado este proyecto
de la casa común de todos los europeos.
Nada más, señora Presidenta, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ibarz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en primer lugar, y para despejar uno de los dos temas de
su comparecencia, nos alegramos de la noticia que nos ha dado referente a
la integración de España en la Política Común de Pesca, y tengo que decir
que la tomo con optimismo, en el sentido de que el país que ejerce la
Presidencia de la Unión la ha tomado como uno de los elementos
prioritarios para resolver los compromisos adquiridos en la negociación
de la ampliación europea, actualmente en curso. Creo que es una buena
noticia, y si bien es verdad que ya se dio el primer paso con la
aprobación del Reglamento que integraba a España en la Política Común de
Pesca, también faltan los instrumentos que llevan a cabo la integración
real en esta Política Común. Asimismo, nos da un cierto optimismo el que
el Congreso de los Diputados haya debatido ya en su Pleno cuál es la
posición de los distintos grupos, con gran unanimidad respecto a la
ampliación y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la
negociación no sólo --y me gustaría reseñarlo hoy aquí otra vez-- en la
Política Común de Pesca, sino también en el tema de recursos propios, que
aún está pendiente de decisión y que es de gran importancia para España,
de tanta importancia como una caída en las aportaciones a los
presupuestos de la Unión Europea
para el año 1995 en el recurso IVA del 16 por ciento, lo que supone más
de 200.000 millones de pesetas en conjunto en la aportación financiera de
nuestro país a la Comunidad; estamos hablando de cifras muy importantes y
es fundamental para nuestro país, por lo tanto, que también se
cumplimenten los compromisos adquiridos en esta materia.
Dicho esto, paso al segundo tema de una manera breve. En primer lugar,
debo manifestar mi satisfacción por el debate que se inicia hoy en esta
Comisión y por las aportaciones --yo creo que serenas, intelectualmente
sólidas y con unas perspectivas y unos horizontes que, como no puede ser
de otra manera, compartimos plenamente-- que nos ha hecho el Ministro de
Asuntos Exteriores hoy aquí. Pero también quiero referirme a algunos
temas que nos preocupan.
Es verdad que el documento del CDU --documento de un partido político--
abre el debate sobre la reforma institucional y canaliza las opiniones
sobre dicha reforma en el último mes en toda la Unión Europea. Por tanto,
prescindiendo de su oportunidad o, mejor dicho, de su inoportunidad, hay
que decir que es verdad que un partido político de un país central en la
construcción europea logra canalizar todo el debate de la reforma
institucional más allá de los propios instrumentos que la Unión Europea
se da para esta reforma, que en muchos casos ni siquiera han iniciado la
aproximación a los temas de fondo que esta reforma tendrá que resolver y
que ya no pueden ser los mismos --a lo que también han hecho referencia
otros grupos y el propio Ministro-- que están planteados en el Tratado de
la Unión. Por lo tanto, es un aspecto a considerar el hecho de que se
abra este debate por un partido político --es verdad que de un país muy
significativo-- y que este debate canalice las opiniones sobre la reforma
y la oportunidad de dicho documento en toda la Unión Europea.
Es verdad que en este debate existen también tres elementos claramente
diferenciados: la situación en Europa, que yo creo que se plantea de una
manera razonable y compartible por la mayoría de países y de grupos
políticos que están en la responsabilidad de gobierno en los mismos; hace
una reflexión, a mi modo de ver también interesante, sobre los intereses
de Alemania y alguna declaración explícita que no viene mal en estos
momentos de la situación europea, y un tercer apartado de propuestas.
Respecto a la situación en Europa --y estoy improvisando--, es muy
difícil trasladar a los ciudadanos los cambios que hemos vivido en los
últimos años, incluso es difícil para nosotros sentarnos en el nuevo
escenario y reflexionar sobre él desvinculándolo del que había hasta la
caída del muro de Berlín. Y es que la situación es tan distinta y nos
provoca tantas incertidumbres, que lo que es seguro es que no podemos
permanecer inánimes, sin hacer nada, ante la misma. Teníamos unas ciertas
seguridades respecto a lo que podría ser la Unión Europea: la Comunidad
Europea estaba claramente definida en los países que estaban en el
occidente, frente a otro grupo de países, pero en el momento en el que
cae el muro estas certidumbres que teníamos todos los países occidentales
también se caen y nos crean problemas de concepción de lo que tiene que
ser Europa, y sobre todo nos los crean a los grupos que entendemos Europa
desde la solidaridad, no la Europa fortaleza, la Europa que permanece
cerrada en sí misma y que no da respuesta a problemas que están dentro de
este espacio geográfico, político y de seguridad. Este es el primer
aspecto que me gustaría señalar y sobre el que tendremos que profundizar
en el futuro: la nueva situación nos plantea qué límites geográficos
tiene la Unión Europea y cómo abordar la integración de países con
grandes desigualdades económicas, sociales y de sistemas políticos muy
diferentes, aunque estén en una fase de adaptación.
El segundo elemento es el interés de Alemania, y el documento aclara
perfectamente que Alemania no quiere convertirse en una potencia entre el
norte y el sur de Europa, o entre el occidente y el este europeo, sino
que quiere integrarse dentro de Europa, no quiere avanzar sola y quiere
jugar el papel que le corresponde por su peso político y económico, pero
junto con otros países europeos. Y a mí esta aclaración me parece de
especial importancia --espero que lo haya entendido bien, porque he leído
el documento en inglés.
Y en el tercer apartado, el de propuestas, yo creo que el gran debate se
ha producido en torno al núcleo duro, que, evidentemente, nuestro Grupo
no puede compartir porque va en contra de la filosofía que ha llevado a
Europa a ser lo que es hoy, y una etapa posterior siempre se asienta
sobre otra anterior. Seguramente hoy seríamos muy críticos si
analizáramos lo que era la Comunidad Europea; hemos dado pasos muy
importantes hacia la integración política y hacia la integración
económica y monetaria. Cada paso sirve para un escalón posterior y
entendemos que estos pasos se tienen que seguir dando con todos los
países que forman en estos momentos la Unión.
Seguramente hoy seríamos muy críticos si analizáramos lo que era la
Comunidad Europea; hemos dado pasos muy importantes hacia la integración
política y hacia la integración económica y monetaria. Cada paso sirve
para un escalón posterior y entendemos que estos pasos se tienen que
seguir dando con todos los países que forman en estos momentos la Unión.
Es verdad que la Conferencia Intergubernamental sería muy distinta si en
el horizonte no estuvieran las futuras integraciones; seguramente, la
Conferencia Intergubernamental, para resolver los problemas que la Unión
Europea a dieciséis plantearía --básicamente, resolver la eficacia en el
sistema de decisiones, profundizar en la política exterior y de seguridad
común, avanzar en la Unión Económica y Monetaria, resolver el déficit
democrático de la Unión readaptando el papel del Parlamento Europeo y de
los parlamentos nacionales en esta nueva situación-- poco más tendría que
avanzar si no hubiera este nuevo horizonte. Este nuevo horizonte tampoco
lo tenemos a la vuelta de la esquina, me refiero a corto plazo. En el
documento que estamos debatiendo se explicita claramente que está en el
horizonte de principios del siglo que viene la integración de estos
países y que está en un horizonte con diferentes fases intermedias, que
serían las que nos deberían importar porque allí sí que se empiezan a
poner bases para lo que son los futuros tratados de integración, y ahí es
verdad
que habría preocupaciones sectoriales, preocupaciones de cómo incorporar
países con distinto nivel económico o con tan diferente nivel económico
de la media de la Unión, incluso, de sistemas políticos y sociales
claramente diferentes de los que están hoy en vigor dentro de la Unión
Europea.
Por tanto, creo que estamos abriendo un debate, estamos en el inicio de
un debate apasionante, que vamos a tener que resolver contemplando los
intereses de nuestro país, pero sin olvidar que lo fundamental para
nuestro país es estar dentro de la Unión Europea y en las mejores
condiciones que puedan asumir los países más avanzados de la Unión y, por
tanto, en participar plenamente en lo que serían futuras ampliaciones de
la Unión, porque ésta es de verdad la garantía de que vamos a poder
defender nuestros intereses sectoriales en cada uno de los temas que se
vayan a plantear.
Dicho esto, quiero recordar que tenemos ya constituidos los instrumentos
para producir este debate con más calma y con más tiempo, que son las
ponencias que esta Comisión ha creado sobre futuras ampliaciones y sobre
la reforma intergubernamental de 1996; que es deseo de nuestro Grupo que
exista una colaboración institucional con el Gobierno para llegar a crear
un cuerpo común de lo que sería el interés español ante esta reforma y de
fijar claramente cuáles serían los objetivos de España dentro de la
reforma intergubernamental de 1966; que para ello tenemos los mejores
instrumentos, como un amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios que
forman las Cámaras --tanto el Senado como el Congreso ostentan la
presidencia y la coordinación de esta Conferencia-- y, por tanto, las
mejores posibilidades de estar presentes en todos los foros de debate y
de hacer nuestras aportaciones en las mejores condiciones.
Esperando contar con esa colaboración, concluyo agradeciendo la
información suministrada y solicitando al Gobierno que todos los
documentos que distintos países o instituciones europeas puedan estar
elaborando sobre la Conferencia Intergubernamental sean trasladados a
esta Comisión para su conocimiento y análisis. Creo que es del máximo
interés conocer también lo que está pasando en otros países respecto a
esta reforma, así como saber cuál es su posición; evidentemente, sería de
gran interés para la Ponencia correspondiente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Costa.
Antes de dar la palabra al señor Ministro, agradezco nuevamente la
comprensión de los tres ponentes que acaban de intervenir porque, aunque
involuntariamente podría parecer una medida de discriminación positiva a
favor de un grupo parlamentario, en este caso coincidente con el de quien
ostenta la presidencia, nada más lejos de la realidad.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Contestaré a los portavoces de los grupos parlamentarios que han
intervenido en el segundo turno.
Quiero decir al Diputado señor Vázquez que comparto una parte muy
importante de su primera afirmación sobre la pesca. Es verdad que no
solamente el Gobierno, sino que algún grupo parlamentario también está
teniendo contactos con alguno de los países que se van a integrar, porque
es verdad que tienen preocupación, tienen preocupación sobre la marcha de
su referéndum en función no solamente de la posición española en relación
con la pesca, sino, como se ha señalado también por algún interviniente,
con la posición italiana en relación con los recursos propios. Como
saben, hay una reserva de carácter general sobre los recursos propios por
parte de Italia que, sin duda, también traería problemas muy serios
porque nos imposibilitaría la financiación de todo el proceso a partir
del mes de diciembre de 1994. Por tanto, sí hay preocupación. Estoy
seguro de que sus señorías leen la prensa internacional y habrán visto
que en Austria, en Noruega y en Suecia hay críticas de algunos de los
grupos parlamentarios de sus respectivos parlamentos sobre esta posición
que no alcanzan a comprender. Por tanto, sobre ese punto debe haber
tranquilidad y vamos a ver cómo nos sale toda esta operación, que creo
que nos saldrá bien.
El segundo tema es el del documento de la CDU, que parece que centra en
cierta manera nuestro debate. Su señoría vuelve a hacer una reflexión
sobre los dos temas fundamentales. Está de acuerdo --yo también-- con el
tema de la estabilidad europea y el papel de Alemania en esa construcción
estable que todos deseamos de Europa, y es verdad que el documento lo
afirma y lo hace con gran contundencia y teniendo en cuenta que es uno de
los grandes partidos que constituyen la Alemania unificada. Es importante
que eso quede negro sobre blanco y claro.
Con respecto a las geometrías, es verdad, como dije antes, contestando al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que el corazón del documento
está en las frases que hacen referencia al artículo N y otros artículos
conexos. Ese es el corazón del documento desde la perspectiva de las
modificaciones institucionales lejanas o próximas, según veamos luego
quiénes opinan que está más lejos y quiénes opinan que está más cerca.
Por tanto, sí es verdad que ahí está el corazón del debate.
Respecto al segundo tema de las velocidades no geográficas, al que su
señoría hacía referencia, es decir, las velocidades cualitativas
--económicas y políticas--, bien es cierto que la constitución europea ha
tenido un modelo, quizá si miramos hacia atrás podríamos denominarlo el
modelo Monet, que ha pasado de lo sectorial-económico a lo político. Por
tanto, lógicamente, si uno hace la integral de todo ese proceso ve que ha
habido una rapidez mayor en la integración en el Mercado Unico, y todo lo
que lleva consigo, que en lo que son las integraciones en el salto
cualitativo del ámbito político. Pero es verdad que el Tratado de
Maastricht sí pone en marcha un proceso de consolidación política que lo
que deseamos ahora es analizar en la Conferencia Intergubernamental, ver
sus pros, ver sus contras, sus partes negativas y sus partes positivas,
si es que las tiene, y avanzar.
Y sobre las propuestas que tiene el documento de la CDU, el representante
de Izquierda Unida debería ponerse
de pie y aplaudir, porque las coincidencias en esa materia entre una
parte del documento y la CDU y la filosofía de Izquierda Unida son muy
grandes. Señorías, no lo hago con ningún ánimo sarcástico, lo digo para
subrayar, porque escrito está. Señoría, todo lo relativo al Parlamento
Europeo y al papel del Parlamento Europeo es verdad que es enormemente
coincidente, no solamente por parte de la CDU, sino, en general, de todas
las fuerzas políticas alemanas. Las fuerzas políticas alemanas dan una
prioridad, también el SPD --incluso más este último--, pero no estábamos
hoy hablando de un documento del SPD, sino de la CDU. Pero ya digo que
las fuerzas políticas alemanas sí van en esa dirección, en el sentido de
que el Parlamento Europeo tenga un peso mayor.
Sobre la tercera reflexión, estoy muy de acuerdo con su señoría. Uno de
los problemas que nos ha traído estos últimos años la construcción
europea, aparte del ingrediente fundamental de la crisis económica --que
sin duda ha supuesto una cierta separación o zanja entre los ciudadanos y
sus representantes en la construcción europea-- ha sido que quizá hemos
estado tomando decisiones, no diría de espaldas, porque nunca se toman de
espaldas a los ciudadanos, pero quizá no con la suficiente explicación o
contacto con los ciudadanos. A tiempo estamos de tratar de no volver a
caer en este error, sino que en la conferencia intergubernamental debemos
tratar de asociar a los parlamentos, que son los respresentantes de la
soberanía popular, y tratar de hacer lo que estamos haciendo esta tarde.
Sobre la financiación futura, tengo que decir que, efectivamente, es una
preocupación que todos tenemos en cuanto a los recursos propios en el
momento en que damos un salto hacia 20 ó 22 países construyendo la Unión
Europea.
Al señor Ibarz, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, decirle
que sobre el tema que planteaba de la PESC tiene un punto de razón, lo
reconozco. Desde el punto de vista de la abstracción, tiene un punto de
razón, lo que hay que tener es confianza entre unos y otros, y saber que
los compromisos están para cumplirlos, y no hace falta jugar, entre
comillas, con amenazas parlamentarias para que se lleve a la realidad el
compromiso que estaba adquirido. La experiencia nos demuestra que, a
veces, no es malo tratar de poner blanco sobre negro, parlamentariamente,
porque también en algunos casos ayudan a las propias posiciones
gubernamentales en los consejos europeos, pero, sin duda, yo creo que la
filosofía general tiene que ser una filosofía de confianza y no de
desconfianza con respecto a lo que la Unión Europea tiene que hacer. Y es
verdad lo que dice su señoría de que nuestra incorporación tardía a las
praderas europeas ha traído como consecuencia estar en condiciones de
desventaja en muchas políticas. Pero su señoría dice bien --y en eso
estoy de acuerdo-- que ya ha llegado el momento de decir basta, ya han
pasado años suficientes, ha habido un proceso de ampliación, va a haber
un proceso de ampliación ulterior y no tiene mucho sentido que socios que
se incorporan después que lo ha hecho España tengan situaciones mejores
que las que tiene España incorporándose ya como miembro histórico de la
Unión Europea. Por tanto, ese «basta» al que su señoría hacía referencia,
creo que es algo en lo que podríamos estar de acuerdo, sin que fuera esta
expresión contradictoria con la anterior.
Dice su señoría que el tema de las velocidades ni es nuevo si es fácil.
No, no es nuevo ni es fácil; hay una parte que es nueva. Vuelvo a
insistir, señorías --perdonen que sea tan pesado-- que lo que tiene que
ver con el artículo N sí es nuevo, y plantea muchas dificultades, y en
eso quería hacer hincapié. Es verdad que hay unas velocidades distintas
para la Unión Económica y Monetaria, pero, vuelvo a insistir, son
velocidades aceptadas unánimemente por todos; menos los países que han
decidido salirse de ese acuerdo del «opting out» de la Unión Económica y
Monetaria, los demás lo hemos aceptado unánimemente y, por tanto, no es
lo mismo.
Sobre la PESC, la Política Exterior de Seguridad Común, yo creo,
señorías, que tardaremos mucho todavía en ver comunitarizada esa
política. Yo creo que pasarán todavía años por ver
intergubernamentalizada la política de la PESC. A menos que no haya
cambio en el artículo N, mientras esas decisiones se tomen por
unanimidad, la intergubernamentalización o comunitarización de las
políticas, la PESC seguirá por algunos años yo creo que en el pilar
segundo, y no pasará, digamos simbólicamente, del pilar segundo al pilar
primero; así como podríamos imaginar algunos elementos del tercer pilar
que creo que pueden tener una facilidad mayor en comunitarizarse aunque,
insisto, no creo que en la conferencia intergubernamental haya saltos de
pilar a pilar sustanciales, ni en el pilar dos ni el pilar tres de la
construcción europea.
Respecto a qué Europa y para cuándo, ésa es la pregunta del millón, y
estamos trabajando en eso, en definir qué Europa y para cuándo la
queremos.
Al Diputado señor Costa le agradezco mucho sus palabras. Sobre la pesca
me he olvidado decir algo, y aprovecho que estoy en el uso de la palabra
para contestarle a su señoría --y decirle que el optimismo que tengo, no
desbordado, pero sí un cierto optimismo, también lo tengo respecto a
Marruecos. Le puedo decir que las licencias han empezado ya a devolverse
en la tarde de hoy, y espero que mañana o pasado mañana estén todas
devueltas. Acabo de hablar con el Comisario Paleo Krasas antes de venir
aquí y creo que las cosas van relativamente bien en cuanto a la
devolución de las licencias, y que la flota española podrá estar en el
mar en los próximos días. Esto con respecto a Marruecos.
Su señoría se preguntaba por qué el documento de un partido --un partido
importante-- de un país importante ha centrado todo el debate. Vuelvo a
insistir, señorías, lo ha centrado porque pide algo que es imposible que
se haga con el esquema actual. Dar un salto en el núcleo duro no se puede
hacer nada más que llegando a un acuerdo para modificar los mecanismos
del artículo N. Es muy peligroso, no es baladí lo que plantea, plantea
una cosa muy seria, plantea tanto como dar un giro en lo que son los
siguientes pasos de la construcción europea. Por tanto, bien merece la
pena que reflexionemos sobre ello y que nos posicionemos sobre ello,
porque es de importancia capital.
Cuando decía su señoría que no habíamos fijado todavía el cuándo del
siguiente círculo de ampliación, diré que es verdad que no está fijado;
está fijado que será, en cualquier
caso, después de la conferencia intergubernamental de 1996, pero no le
oculto que hace muy pocos días, en Luxemburgo, decidimos tener un diálogo
estructurado con los PECO, diálogo estructurado que va a hacer que dentro
de unos días, el día 31 de octubre, tengamos una reunión a 16 y 4, 20;
vamos a hacerlo ya, el día 31 de octubre, para hablar de temas de PESC.
La velocidad con la que vamos caminando no es una velocidad de tortuga,
es una velocidad rápida. Por tanto, me parece que es muy importante
reflexionar sobre estos temas con respecto al tercer ciclo al que
hacíamos referencia.
Por último, tengo que decir que en relación a los mecanismos para el
debate yo me pliego a lo que sus señorías digan, y con sumo gusto trataré
de ayudar, en la medida de mis posibilidades y de las personas que
trabajan en el Ministerio, para que sea fructífero este trabajo que vamos
a hacer preparando la conferencia intergubernamental.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, señorías, el interés del debate de
esta tarde ha hecho que casi convirtiéramos la comparecencia en
comparecencia interactiva en algún momento, y la verdad es que tenemos
que agradecer muy especialmente al señor Ministro su presencia esta
tarde, a pesar de lo apretado de su agenda. Yo diría que ha sido como el
pistoletazo de salida para lo que tienen que ser esos debates, serios y
profundos, en este terreno que, desde luego, es muy comprometido para
España.
Agradecemos su colaboración y, a través de la Ponencia que se ha creado
ya en el seno de esta Comisión, tendrá cumplida cuenta de cuáles son los
debates y los avances de esta Comisión.
Gracias, señor Ministro.
Se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cuarenta minutos.