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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 51, de 11/10/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 51
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA
PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS
Sesión núm. 10
celebrada el martes, 11 de octubre de 1994,
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA:
Estudio de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular sobre coordinación de medios para la investigación y persecución
del tráfico de drogas. (Números de expediente S. 572/000018 y C. D.
161/000242)
Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Excmo. Sr. D. Carlos López Riaño. (Números de expediente S.
713/000176 y C. D. 212/000777)
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
--ESTUDIO DE LA PROPOSICION NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR SOBRE COORDINACION DE MEDIOS PARA LA INVESTIGACION
Y PERSECUCION DEL TRAFICO DE DROGAS. (S. 572/000018; C. D. 161/000242.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el primer punto del orden del día,
debate y votación de la proposición no de ley sobre coordinación de
medios para la investigación y persecución del tráfico de drogas,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra doña Teófila Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el motivo principal que ha llevado al Grupo Parlamentario
Popular a la presentación de esta proposición no de ley para la creación
de una unidad única en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, para que se coordinen todos los medios humanos y materiales
al servicio de la investigación, como dice nuestra proposición, ha sido
principalmente la preocupación que desde hace tiempo tiene la sociedad
española y, cómo no, muchos de los funcionarios adscritos a estas
funciones, por los acontecimientos que se están desarrollando en los
últimos meses.
Desde luego, la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y blanqueo de
dinero y, en definitiva, contra las mafias organizadas está siendo, sin
duda, una de las asignaturas pendientes del Gobierno socialista. Llevamos
varios años escuchando a sus principales responsables que se está
trabajando en la dirección acertada. Se aprobó hace un año la Ley de
Blanqueo de Capitales; se nombró un Delegado del Plan Nacional sobre
Drogas, como el señor Garzón, que, según el Presidente del Gobierno,
señor González, por su grado de conocimiento desde la judicatura iba a
impulsar de forma importante el Plan Nacional sobre Drogas.
Posteriormente, señorías, en diciembre de 1993, se cambió de ubicación la
Delegación del Gobierno, pasándola del Ministerio de Asuntos Sociales al
Ministerio del Interior, con el objetivo principal de coordinar las
operaciones de lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo, además
de todo lo concerniente a la prevención y al tratamiento.
En esta lucha contra el narcotráfico han venido actuando, como todos
conocemos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por parte del
Ministerio de Economía y Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Con respecto al blanqueo de capitales, los funcionarios que más
experiencia han ido acumulando a lo largo de los últimos cuatro años han
sido los adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera, siempre actuando
por mandato de los jueces de la Audiencia Nacional.
El señor Garzón, cuando tomó posesión como Delegado del Plan Nacional
sobre Drogas, anunció en su primera comparecencia la necesidad de
coordinar de manera eficaz todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y más tarde, durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre, el señor Garzón estuvo manteniendo conversaciones con los
responsables del Ministerio del Interior, incluido el señor Vera, con
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, del Servicio de
Vigilancia Aduanera, señor Herrera, y cuando parecía que ya se había
llegado, más o menos, a un acuerdo sobre cuál iba a ser la composición de
esa única unidad que se iba a dedicar, como verdaderos especialistas, a
la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo, en la última
reunión el señor vera anunció a los representantes del Servicio de
Vigilancia Aduanera que iban a poder estar dos miembros de dicho Servicio
como observadores, como asesores, pero nunca como miembros de esa unidad
especial.
Pasados estos meses de conversaciones, el día 4 de mayo de 1994, en la
comparecencia del señor Garzón como máximo responsable después de haberse
ubicado a la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio
del Interior --y ruego a sus señorías que disculpen el tiempo que voy a
tardar en leer textualmente sus manifestaciones, pero creo que son
importantes--, el señor Garzón decía: El narcotráfico, entendido por el
tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, es sobre todo una de las
manifestaciones más genuinas de la criminalidad organizada. Consciente de
todo ello, y de que este tipo de criminalidad internacional exige una
serie de respuestas de alcance equivalente, el Gobierno estudió y,
finalmente, decidió, que el organismo de coordinación política en todos
los ámbitos lo sea también de coordinación operativa. En este sentido han
marcado las normas jurídicas necesarias para que la Delegación pueda
llevar adelante este contenido con la finalidad clara de aprovechar todos
los recursos humanos y materiales, coordinándolos y haciéndolos funcionar
en una misma dirección. Este cometido no es fácil por tres razones:
Primero, porque con carácter previo, aun reconociendo el esfuerzo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no existía esa coordinación de
aglutinación de esfuerzos que ahora se pretende. Segundo, porque la
mencionada coordinación afecta no sólo al Ministerio del Interior, sino
también al Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se encuentra
ubicada la Agencia Estatal Tributaria y en ésta el Servicio de Vigilancia
Aduanera, con competencias actuales en la represión del tráfico de
drogas. Tercera, porque la coordinación interna por sí sola no es
suficiente, ya que han de diseñarse los mecanismos de colaboración y
obtención de información de otras instancias diferentes, a saber, del
Servicio Ejecutivo y de la Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales cuando éstos procedan del tráfico de drogas.
Más adelante, el Delegado del Gobierno decía: Una vez expuesto el sistema
de coordinación, de información y de dirección de actuaciones, debe
hacerse mención a tres cuestiones. El Servicio de Vigilancia Aduanera,
integrado en la Agencia Estatal Tributaria; el Servicio Ejecutivo y la
Unidad de Policía, adscrita a la Fiscalía General del Estado. El Servicio
de Vigilancia Aduanera, por su trayectoria, por su composición y por los
medios técnicos de que dispone es fundamental en la investigación y
persecución de los comportamientos a los que extiende su competencia, en
especial el contrabando; asimismo, y viene prestando importantes
servicios en la represión del tráfico de drogas, e incluso en la de
blanqueo de capitales, cuando han actuado por orden de los jueces.
Señorías, éstas eran las manifestaciones del Delegado del Plan Nacional
sobre Drogas el 4 de mayo de 1994.
Ante estas propuestas y ante estas manifestaciones que se efectuaban por
parte del señor Garzón, máximo responsable entonces, el Grupo
Parlamentario Popular encontró una esperanza porque pensamos que iba en
el camino acertado para, en parte, luchar contra el blanqueo y contra el
narcotráfico. Han pasado seis meses y la verdad es que no tenemos
conocimiento de ninguna operación nueva de lucha contra el blanqueo. Han
pasado seis meses y el desánimo
de muchos funcionarios que han venido trabajando en esa dirección, a las
órdenes de los jueces, es palpable; han pasado estos meses y, al
contrario, en las zonas más sensibles al blanqueo y al narcotráfico, el
Servicio de Vigilancia Aduanera, en los últimos días, está siendo en su
organización, por la parte terrestre, prácticamente desmantelado en el
sentido de que se han quitado todas las funciones operativas a los
funcionarios que llevaban desde 1990 trabajando en estos aspectos.
Señorías, les voy a poner un ejemplo de Andalucía, donde más ha actuado
al servicio de los jueces el Servicio de Vigilancia Aduanera. Las
primeras investigaciones en materia de blanqueo de capitales con origen
en actividades de narcotráfico se iniciaron por parte de la Jefatura del
Servicio de Vigilancia Aduanera en Cádiz, en septiembre de 1990. La
iniciación de estas tareas fue totalmente a instancias de la propia
Jefatura y sirviendo como soporte-base del trabajo de cuatro funcionarios
que iniciaron la actividad de una forma autodidacta y por voluntad
personal. En noviembre de 1991, aprovechando el apresamiento por parte
del Servicio de Vigilancia Aduanera del pesquero «Paco Inne», con 10.000
kilos de hachís en aguas del litoral gaditano, se arremeten los primeros
golpes a una importantísima red internacional de narcotraficantes que el
Servicio de Vigilancia Aduanera vino a denominar MUFA. Se detuvo a
catorce personas y se intervinieron e investigaron más de 6.000 millones
de pesetas. Después, en octubre de 1992, coordinados por los jueces de la
Audiencia Nacional señores Garzón y Bueren, se organizan los preparativos
de lo que se ha venido en llamar la «operación pitón». En dicha
operación, el Servicio de Vigilancia Aduanera se encargaría, de acuerdo
con los trabajos aportados hasta esta fecha, de la detención de 15
personas de un total de 38, vinculadas todas ellas a las organizaciones
internacionales MUFA, OVA y Everest, a través de los trabajos de
investigaciones económicas de sus componentes hasta esa fecha. En
diciembre de 1992 el Juez Garzón encomienda al Servicio de Vigilancia
Aduanera, en calidad de policía judicial, mediante la expedición de casi
cuarenta órdenes judiciales, una vastísima investigación económica y
patrimonial de un total de setenta y cinco personas. Durante 1992 se
intervienen e investigan capitales por valor de más de 1.000 millones de
pesetas relacionados con posibles operaciones de blanqueo.
Del mismo modo, en febrero de 1993 el Juez Bueren ordena el Servicio de
Vigilancia Aduanera, mediante la expedición de una veintena de
mandamientos, los mismos trabajos de investigación, en esta ocasión
referidos a otras cuarenta y cinco personas. Durante este año se
consolidan los trabajos de investigación, de tal forma que la Audiencia
Nacional encomienda al Servicio de Vigilancia Aduanera la investigación
en otros puntos de Andalucía, tales como Sevilla, Huelva, Málaga y
asimismo en Ceuta, lugar donde han sido determinantes los trabajos en
estas operaciones, no sólo las diligencias afectas a las organizaciones y
operaciones indicadas sino a posteriores líneas de investigación que se
abrieron en la Audiencia Nacional y con la misma Fiscalía Especial
Antidroga.
El año 1993 fue el más importante, no sólo desde el punto de vista
cualitativo, sino también cuantitativo, investigándose operaciones
financieras y patrimoniales por valor de más de 22.000 millones.
En la primavera de 1994, mediante dos fases que se denominaron «operación
cuellos blancos», coordinadas por el Juez Bueren y la Fiscalía Especial
Antidroga, se interrogó y tomó declaración a más de cuarenta personas,
vinculadas todas ellas directa o indirectamente a operaciones de
financiación y blanqueo de capitales procedentes de actividades de
narcotráfico. La operación constituyó un éxito importante pues era la
única experiencia de este tipo que se había llevado a cabo en España
hasta la fecha en materia de investigación de blanqueo de capitales,
fruto de casi dos años de trabajo.
Señorías, después de todo esto seguiría relatándoles los trabajos
realizados por el Servicio de Vigilancia Aduanera a nivel de Andalucía.
Se han pedido más medios por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera y,
sin embargo, ha quedado un solo funcionario, por ejemplo, en la Jefatura
de Cádiz.
Señorías, hay varias preguntas que quisiéramos hacer en esta Comisión.
¿Por qué en lugar de potenciar los medios humanos y técnicos de trabajo
del Servicio de Vigilancia Aduanera en materia de blanqueo de capitales
se han ido disminuyendo sus efectivos hasta dejarlos reducidos casi en su
totalidad? Eso nos muestra claramente cuáles son las intenciones del
Gobierno de no coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
con el Ministerio de Economía y Hacienda, con la Agencia Tributaria y con
el Servicio de Vigilancia Aduanera, porque sin los únicos funcionarios
que durante los últimos cuatro años han sido especialistas en la lucha
contra el blanqueo, no tiene sentido que aquellas unidades que tienen
hasta este momento una vasta experiencia se queden sin efectivos. Tampoco
tiene ningún sentido que, después de haber puesto en la Ley de Blanqueo
como Presidente de la Comisión al Secretario de Hacienda en vez de a un
Magistrado, se vacíe de contenido en esas operaciones al Servicio de
Vigilancia Aduanera, o sea, a la Agencia Tributaria, o sea, al Ministerio
de Economía y Hacienda.
Creemos, además, que la única manera de luchar contra el blanqueo es que
ninguna acción ni operación se pare en ningún estamento del Estado. ¿Por
qué? Porque por mucho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
estén detrás de una operación de narcotráfico, detrás de unas operaciones
de blanqueo, que son muy difíciles de seguir dada la complejidad de las
actuaciones de los narcotraficantes y los blanqueadores, si dejamos a un
lado o de manera puramente ocasional las operaciones y la coordinación
con el Ministerio de Economía y Hacienda y con el Servicio de Vigilancia
Aduanera, no vamos a llegar nunca al final, porque además manifestaciones
del Fiscal General de la Droga, señor Abad, manifestaciones del señor
Bueren y otros jueces de la Audiencia Nacional en jornadas realizadas en
el campo de Gibraltar durante los últimos años por el Consejo del Poder
Judicial y por el Ministerio del Interior han señalado la importancia de
que se cree esa unidad única o que se coordinen de forma especial todos
los efectivos de lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo,
incluido el Ministerio de Economía y Hacienda.
Señorías, si nosotros no le decimos al Gobierno que es necesaria la
creación de esa unidad, que modifique la legislación para que esos
Cuerpos puedan trabajar coordinadamente sin ningún problema de
competencias, estaremos dejando a los blanqueadores, verdaderos
especialistas en estas artes, y a los narcotraficantes, que sigan
considerando nuestro país como un cortijo especial para sus operaciones.
No tiene ningún sentido que el Ministerio de Economía y Hacienda y el
Servicio de Vigilancia Aduanera queden fuera de esta coordinación; no
tiene ningún sentido porque, señorías, en el Ministerio del Interior
hasta 1991 sólo había dos funcionarios, dos inspectores de Hacienda que
estaban especializados en estos temas y que escribieron un libro para el
Ministerio del Interior sobre las principales formas de blanquear dinero
en nuestro país; pero no tenían experiencia, porque es muy complicado,
según los expertos, hacer el seguimiento del dinero de los blanqueadores
que provenga del narcotráfico y de otras actividades a las que se dedican
las mafias internacionales.
Por tanto, señorías, nosotros no queremos hacernos preguntas de por qué.
¿Por qué? Porque sería muy peligroso ya que los especialistas del
Gobierno que tienen contactos con organizaciones internacionales no
quieren dar este paso. Señorías, por si ustedes no lo saben, quiero
informarles de que en las reuniones de los países, antes de la firma del
acuerdo de Viena, los únicos representantes del Gobierno español que iban
eran funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, no de otro
Ministerio, concretamente el funcionario adscrito al Ministerio de
Economía y Hacienda, al Servicio de Vigilancia Aduanera de la provincia
de Cádiz, en el Puerto de Algeciras.
Señorías, creemos que es muy importante que se dé este paso. Tenemos
sospechas de que el Gobierno va en dirección contraria. No queremos que
dentro de unos años ocurra lo que ha pasado el otro día como resultado de
la sentencia de la «operación nécora», que después de doce años se nos
diga que hay que cambiar las leyes. Esto no me produce, señorías, la
menor sonrisa, aunque, como Grupo de la oposición estemos aprovechando
políticamente esa oportunidad que se nos da ante esas manifestaciones
provenientes de los máximos responsables de un Gobierno que ha tenido
doce años para ir modificando las leyes de acuerdo con el desarrollo y el
devenir de los acontecimientos en lo referente al narcotráfico y el
blanqueo.
Estamos dispuestos a colaborar desde la oposición con el Gobierno
socialista y con sus técnicos para buscar la mejor solución a que
efectivamente todos, los mejores efectivos de los funcionarios al
servicio de los españoles, estén implicados en la lucha contra el
narcotráfico y contra el blanqueo. Señorías, no queremos seguir
asistiendo a que se sigan aprobando leyes y que luego nos falten
dotaciones, medios humanos y especialistas en la lucha contra el
blanqueo.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías. Espero la mayor
comprensión de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del
Senado y de sus representantes en esta Comisión ante esta proposición no
de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
A la Mesa no ha llegado ninguna enmienda. Supongo que ningún grupo ha
presentado enmiendas.
Tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, don Narcís Vázquez
Romero.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Muchas gracias, señor Presidente.
A mi Grupo esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular le
sugiere dudas, sinceramente. Creemos que en su formulación y en la
explicación que acaba de dar la señora Diputada tiene aspectos positivos
que podrían ser compartidos. Quizá el objetivo deseado sea muy loable,
pero al mismo tiempo se nos generan dudas. Dudas, porque ubicar en la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas todos los
aspectos de coordinación operativa de todo lo que significa actividad
policial y actividad del Servicio de Vigilancia Aduanera, por la fuerza
de los hechos podría acabar produciendo un efecto al que nosotros somos
radicalmente contrarios, y es que ésa fuera la actividad fundamental, y
prácticamente la única, de la Delegación Nacional y de propio Plan, y que
la mismo tiempo los demás aspectos del Plan que tienen que ver con la
lucha contra la demanda --prevención, rehabilitación, reinserción,
etcétera-- podrían acabar siendo, si no olvidados, bastante ninguneados
--utilizando una expresión de uso reciente--, y eso parecería un error.
Nosotros pensamos que, siendo ése un efecto seguramente no deseado por el
Partido Popular, a través de esta proposición no de ley podríamos acabar
produciendo este tipo de situaciones.
El modelo que propone el Partido Popular es un poco el de la DEA, la
«Drugs Enforcement Administration» de los Estados Unidos, que tiene
virtualidades positivas y también negativas, como todo el mundo sabe. Con
ese modelo de coordinación policial, Estados Unidos no es precisamente un
país que se encuentre libre del tráfico de drogas, ni muchísimo menos, es
más, no son pocos los trabajos sobre el tema de drogas que consideran a
ese país como un impulsor del propio tráfico de drogas en función del
gran volumen de negocios que significa el mismo, y, por tanto, el ejemplo
no sería el mejor.
En cuanto a la referencia final que ha hecho la señora Diputada a los
problemas recientes con la «operación nécora», yo creo que el problema
fundamental es que desde la Administración se debe conseguir que se sea
absolutamennte escrupuloso en todo lo que pueden considerarse garantías
procesales para evitar lo que ha acabado ocurriendo, es decir, condenas
muy leves a supuestos grandes narcotraficantes y, por contra, condenas un
poco más fuertes a las ramas terminales, capilares de esas grandes
organizaciones, probablemente, repito, por esa falta de cuidado en el
cumplimiento estricto de lo que son garantías procesales --y no es la
primera vez que esto ocurre, además, en personas de alta cualificación,
al menos supuesta--. En definitiva, la Administración debería dedicar el
esfuerzo necesario para que esa situación no se volviera a repetir.
Volviendo de nuevo a la proposición, repito sintéticamente lo que he
dicho. Nos parece que tiene virtualidades positivas que podrían hacer más
eficaz la lucha contra el
narcotráfico --todo lo que significa coordinación de esfuerzos es en sí
mismo un hecho positivo--, pero los otros aspectos a los que me he
referido, es decir, que podrían acabar criminalizando todo el tema de
drogas, es algo a lo que mi Grupo y yo personalmente nos hemos opuesto
siempre y nos parece que desvirtúan esos supuestos efectos positivos.
Voy a oír atentamente las explicaciones de los demás grupos, como he oído
atentamente las razones de la señora Diputada del Grupo Parlamentario
Popular, y finalmente decidiré mi posición.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra don Josep María Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado con mucha atención las explicaciones de la señora
Diputada desde el momento en que hemos llegado a esta Comisión, y debemos
manifestar, en representación de nuestro Grupo, que algunas de las
cuestiones que ha planteado podrían ser suscritas perfectamente porque,
evidentemente, no hay ningún motivo por el cual puedan ser rechazadas.
Sin embargo, debemos manifestar también que entendemos que todos los
grupos parlamentarios de esta Comisión tenemos una sensibilidad similar
ante este problema, y me atrevo a decir que todos estamos dispuestos a
encontrar las mejores soluciones. Otra cuestión es que en la exposición
que ha hecho la señora Diputada se refiriera exclusivamente a la
propuesta de esta proposición no de ley; es decir, una cosa es el
análisis de las situaciones y otra es una propuesta concreta que se trata
de someter a debate en este caso y sobre la que ahora mismo nos vamos a
pronunciar.
Nuestro Grupo entiende que la coordinación que demanda esta proposición
--y tengo que decir que nosotros entendemos que todas las coordinaciones
son buenas y son bienvenidas-- es una coordinación que corresponde a
entidades que ya existen. Nos parece que insta a la creación de un
organismo nuevo en vez de instar a que funcionen bien, o a que funcionen
mejor, o a procurar rectificar aquellos errores que se produzcan y
modificar en positivo lo que se pueda modificar de aquellas entidades que
ya existen. Quizá, si la proposición hubiera ido en la línea de presentar
propuestas de planes por objetivos en los que se tuviera en cuenta la
corresponsabilización, estaríamos de acuerdo, pero no lo estamos con
crear una entidad nueva --puesto que insta la creación de una agencia
central--, que quizá tendría dificultades para coordinar tanto a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --que en la exposición de
motivos de esta proposición no de ley reconoce el Grupo proponente que
han realizado un gran esfuerzo en esta materia, y nosotros no dudamos de
que lo continuarán realizando--, como a la policía de base, que es la
primera fuerza actuante.
Por tanto, por los motivos expuestos, señor Presidente, y sin querernos
extender porque entendemos que no procede, nosotros vamos a votar
negativamente esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel Abad.
La señora ABAD PINILLOS: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que a estas alturas resulta para todos evidente que la lucha
contra la droga plantea una problemática muy extensa, en la que
convergen, en primer lugar, actuaciones muy diversas y que cada una y
todas ellas tienen una importancia capital, ya que no sólo es preciso
frenar la demanda, reducir los efectos del consumo y realizar una
política social positiva con los afectados, sino también combatir la
oferta, es decir, el narcotráfico. Este planteamiento se encuentra ya
recogido en el Plan Nacional de 1985, no es nada nuevo.
En segundo lugar, confluyen diversidad de competencias asumidas por los
diferentes departamentos ministeriales, y a tenor del diseño autonómico,
las Comunidades Autónomas tienen gran parte de las responsabilidades den
la materia. No olvidemos tampoco la importancia que en este sentido
tienen la corporaciones locales. Hoy son ya numerosos los ayuntamientos
que ofrecen servicios y programas en este sentido. Asimismo, quiero
señalar que el propio Plan Nacional sobre Drogas, así como el desarrollo
normativo propiciado por el Gobierno de la nación, ha implantado un
sistema de coordinación serio y eficaz.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que la coordinación y la
cooperación interinstitucional e interautonómica, y la incorporación a
ésta de la iniciativa social, es el mejor instrumento para la lucha
contra la droga. Y en este sentido, la lectura tanto de los «Diarios de
Sesiones» de esta Comisión, como de las diferentes normativas autonómicas
--entre las que se encuentran normativas realizadas por el Grupo
Parlamentario Popular--, nos demuestran la asunción del modelo instaurado
por el Plan Nacional sobre Drogas, modelo cuya filosofía y base de
actuación es la coordinación y la cooperación.
Siguiendo esta línea de actuación, el Gobierno, para dar cumplimiento a
las propuestas contenidas en el informe de la Comisión de la IV
Legislatura y como fruto de una reflexión política seria sobre cómo
podría darse una respuesta global a las prioridades actuales, entre las
que se encuentran, indudablemente, la represión del narcotráfico y el
blanqueo de capitales proveniente de él, decidió que la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, organismo de coordinación
política e institucional, lo fuera también de coordinación operativa. En
este sentido ha marcado normas precisas para que pueda llevar a cabo este
cometido con la finalidad de aprovechar todos los recursos humanos y
materiales, coordinándolos y --utilizando las palabras del anterior
Delegado del Gobierno-- haciéndolos funcionar todos en la misma
dirección, y dotándolos
de una estructura complementaria que hoy ya está vigente.
No me voy a extender en este sentido, pues es de todos conocida la
normativa y los objetivos que ésta perseguía. Pero sí quiero recordar la
creación de dos órganos de coordinación nuevos: el Consejo Superior de
Lucha contra el Tráfico de Drogas y Blanqueo de Capitales y el Grupo de
asesoramiento y asistencia de operaciones de lucha contra el tráfico de
drogas y blanqueo de capitales, así como los dos gabinetes dependientes
directamente del Delegado del Gobierno. También le tengo que recordar lo
reciente de la implantación; la última norma aplicable a este respecto es
el Real Decreto 1334, de 20 de junio del presente año.
Es claro que el Gobierno fue consciente de la necesidad de coordinación y
no hizo depender del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas los distintos medios y servicios para luchar contra la droga, le
otorgó la coordinación.
Por lo dicho anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista, en nombre
del cual realizo esta intervención, cree que en estos momentos se debe
profundizar en el modelo recientemente implantado. Aun así, cualquier
sugerencia que insista en la necesidad de coordinar las actuaciones y las
competencias ofrece en sí misma interés y resulta bueno que se reflexione
sobre ella.
La proposición no de ley que hoy se debate, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, plantea en sí misma profundas dificultades para
que el Grupo Parlamentario Socialista le preste su apoyo.
En primer lugar, me parece necesario insistir en que el modelo que
apoyamos es el modelo desarrollado por el Gobierno y que no ha tenido
tiempo suficiente para consolidarse. Una de las críticas más contumaces,
manifestada por el Grupo Parlamentario Popular en sus intervenciones
hacia la política del Gobierno, ha sido los cambios producidos en la
ubicación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas y las modificaciones en su estructura que, según sus
planteamientos, han motivado un freno en el desarrollo de los objetivos
del Plan Nacional sobre Drogas. En este sentido, percibo una
contradicción, puesto que a los 20 días de manifestar esta situación,
ustedes, los firmantes de esta proposición no de ley, firmaban la
mencionada proposición. Desde nuestro punto de vista, si ésta se llevara
a cabo significaría un quebrando absoluto del actual Plan Nacional, una
muy seria reorganización administrativa y una importante revisión
legislativa.
Asimismo, de forma insistente, el Grupo Parlamentario Popular dice en sus
exposiciones que en política tenemos que acostumbrarnos a evaluar
resultados; de acuerdo. En este sentido poco seria resultaría una
evaluación de un sistema que ha finalizado su definición hace tres meses,
el último --como antes he señalado-- en junio de este año. Por mantener
un mínimo de seriedad y coherencia, debemos dejar que la nueva
estructura, que ha alcanzado un nivel funcional y organizativo suficiente
para iniciar una nueva fase, profundice en sus cometidos.
En segundo lugar, la propuesta que se realiza significaría que en nuestro
país se abandonaría el modelo de coordinación y se implantaría un modelo
de intervención operativa, modelo que no está instaurado en ningún país
de la Unión Europea y que, según se desprende del texto propuesto --que
también ha señalado el interviniente de Izquierda Unida--, nos acercaría
al modelo americano que ya se ha demostrado ineficaz y que en estos
momentos se encuentra en revisión.
El sistema que se produce entrañaría, asimismo, una duplicidad de
estructuras entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras
unidades policiales también serían receptoras de denuncias, también
tendrían objetivos claros con delitos relacionados con la droga y, por
tanto, a tal efecto tendría que crearse otro sistema de coordinación.
Todo esto restaría eficacia al objetivo principal e, indudablemente,
incrementaría el gasto público. No supondría una mayor especialización,
como ustedes dicen, señores del Partido Popular, puesto que la
especialización ya existe, y nos lo demuestra el éxito que están teniendo
en sus actuaciones las diferentes unidades y servicios que están
interviniendo. No nos interesa tener policía ni servicios especiales de
droga, sino que la policía y los servicios que existen trabajen y tengan
éxito en la lucha contra la droga.
En tercer lugar, un sistema como el propuesto por ustedes, de dependencia
de todos los medios y servicios, es imposible ante la variedad de órganos
de competencia en el ámbito que nos ocupa y que desde su ubicación están
contribuyendo de forma muy eficaz al control del tráfico de drogas.
Estos, por otra parte, no sólo se encuentran bajo la dependencia del
Ministerio de Justicia e Interior, como las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, sino también en el de Economía y Hacienda, del que
depende el Servicio de Vigilancia Aduanera, con competencias mucho más
amplias que las de represión del tráfico de drogas, aunque hay que
señalar los excelentes resultados que en este sentido están teniendo y
que su nueva ubicación supondría el abandono de funciones
tradicionalmente encomendada a la aduana, lo cual impediría el
cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Unión Europea.
En la misma línea se encuentra la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales y de Infracciones Monetarias, en la que ya está representado el
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y que, además de
las funciones relacionadas con los capitales provinientes del
narcotráfico, tiene otras muchas. Y no hay que olvidar tampoco la
necesaria coordinación y cooperación con las diferentes policías
autonómicas y locales.
Por todo lo expuesto, la propuesta que contiene la iniciativa que se
examina parece escasamente realista y poco conforme con la naturaleza y
las características del Plan Nacional sobre Drogas y de la Delegación del
Gobierno, que correría el riesgo de sesgar su actividad abandonando su
principal función coordinadora y pudiendo apartarse de otras muchas
facetas que tiene el problema, como la preventiva, la asistencial, la de
incorporación social, etcétera. Asimismo, entraría en contradicción con
el modelo autonómico y con los contenidos del pacto local. Por otra
parte, la Delegación del Gobierno no está concebida para que de la misma
dependan órganos cuya competencia recae de lleno en ámbitos funcionales
propios de otros departamentos ministeriales y de los entes autonómicos.
Para concluir, manifestaré que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta
de forma clara y decidida por el modelo existente, modelo de coordinación
operativa, en cuya estructura se encuentran implicadas todas y cada una
de las instituciones competentes, incluyendo la Fiscalía General del
Estado, que permite tener buenos niveles de coordinación con las
autoridades administrativas y policiales de ámbito internacional. Por
supuesto, tiene como un objetivo irrenunciable la coordinación
interministerial e interautonómica, y es ésta la base para que en nuestro
país sean cada día mayores los esfuerzos dedicados a la lucha contra la
droga y que sean también más los recursos con los que cuenta la sociedad
para enfrentarse al problema.
Por tanto, la posición de nuestro Grupo es contraria a la proposición no
de ley que ha presentado el Partido Popular.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Abad. (La señora Martínez Saiz pide
la palabra.
Tenemos muy poco tiempo, porque es posible que alguna de sus señorías
desee tomarse un café y a las diez y media viene el Delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. No obstante, como la Senadora
Martínez desea hablar y esto es un Parlamento, le voy a conceder la
palabra. Todas las consideraciones previas acerca del tiempo son
simplemente para rogarle brevedad.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve. Creo que
el representante de Izquierda Unida no me ha entendido bien o no ha leído
bien, porque con nuestra proposición no intentamos, ni muchísimo menos,
restar todas las demás competencias del Comisionado para la Droga;
nosotros decimos una unidad especial. Es más, la intención del Gobierno
en la persona del que fue Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, señor
Garzón, y me imagino que mientras fue Delegado del Gobierno trabajaría
para un Gobierno y con órdenes del Gobierno, era: veinte funcionarios
especialistas de la Guardia Civil, veinte de la Policía y veinte del
Servicio de Vigilancia Aduanera; era la creación de un Cuerpo especial,
no que todo girase alrededor de esa unidad.
Nosotros, señorías, seguimos teniendo dos importantes dudas: por qué la
Presidencia de esa Comisión de Lucha contra el blanqueo está presidida
por el Secretario de Estado de Hacienda; si el Servicio de Vigilancia
Aduanera y la Agencia Tributaria van a estar fuera, porque los hechos son
más tozudos de lo que se dice, y el Servicio de Vigilancia Aduanera está
en este momento fuera de la lucha contra el blanqueo, y el Gobierno
pretende sacarla también de la Ley de Contrabando, y ustedes lo saben.
Pero, además de eso, señorías, les voy a leer algo muy llamativo que
antes no he leído pero creo que es ilustrativo: En el transcurso de las
fases de la «operación de cuellos blancos» --operación hecha a las
órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional--, el número de efectivos
dedicados al asunto se reduce al mínimo, en contraste con operaciones
anteriores donde se llegaron a emplear todos los funcionarios
disponibles. Hay duras críticas por parte de los responsables locales y
nacionales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el
desarrollo de estas últimas operaciones donde, curiosamente, el ochenta
por ciento de las personas llamadas a declarar ejercían actividades
industriales, empresariales, y en la mayoría de los casos justificaban su
vinculación económica con otras personas ya detenidas por narcotráfico en
fases anteriores a través de sus actividades en negocios y empresas,
poniendo encima de la mesa de los jueces y fiscales la contabilidad «B»
de sus empresas que el Ministerio de Hacienda, a través de las
inspecciones, no había sido capaz de averiguar desde el punto de vista
tributario, intentando con ello desconectar las operaciones económicas
descubiertas en las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera
con el narcotráfico y apoyarlas, en todo caso, con infracciones o delitos
contra la Hacienda pública.
Señorías, ¿qué coordinación está haciendo el Gobierno ahora para
averiguar todas aquellas actas complementarias del Ministerio de
Hacienda, que se está limitando a aceptar el pago del acta complementaria
--y esto es muy grave, señorías, porque tiene que ver contra el
blanqueo-- sin averiguar, a través de especialistas de lucha contra el
blanqueo, de donde proviene ese dinero? ¿Por qué Hacienda no tiene la
coordinación necesaria con los fiscales de lucha contra la droga y con la
Comisión del Blanqueo para que, realmente, esas actas complementarias se
sigan, desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo, para saber
dónde va ese dinero? ¿Por qué hay actas complementarias de más de 500
millones de pesetas, en operaciones de compraventa de inmuebles, que es
donde dice el Servicio de Vigilancia Aduanera y donde dicen los expertos
que se está blanqueando dinero, y resulta que Hacienda se limita a
aceptar el pago del acta complementaria sin enviarlo para que se averigüe
de dónde viene ese dinero?
Señorías, no nos engañemos, es necesario que todos los especialistas en
la lucha contra el blanqueo trabajen a las órdenes del Delegado del
Gobierno para la lucha contra la droga. Es necesario, y es necesario que
se siga hasta el final. No podemos asistir a lo que estamos asistiendo,
señorías, que a los investigados por el Servicio de Vigilancia Aduanera
en la «operación cuellos blancos» les sea más fácil poner encima de la
mesa su contabilidad «B» para justificar la procedencia de un dinero que
viene del narcotráfico, y que nadie siga esto hasta el final.
Señorías, nosotros sólo estamos pidiendo que no se olvide esa
coordinación; nosotros estamos pidiendo que los mejores efectivos estén a
disposición de la lucha contra la droga y contra el blanqueo. Y,
señorías, el tiempo perdido en esto es muy importante, son miles de
millones de pesetas, y eso no es justificable. No podemos esperar más,
porque lo que se está haciendo actualmente es nada. ¿Dónde están las
operaciones de lucha contra el blanqueo en aplicación de la Ley de
Blanqueo?
Yo reto a cualquiera de ustedes a que pongan encima de la mesa una
operación como la MUFA, como la Everest, como cualquier otra. Ninguna
desde que se aprobó la ley. Y no me vengan a decir ustedes que es porque
se llevan las diligencias secretas. No, es mentira, no hay ninguna. Por
tanto, nosotros creemos que no es hacer ninguna cosa
nueva, es profundizar en eso que decía la representante del Grupo
Socialista, pero eso no se hace apartando a los funcionarios
especialistas del Servicio de Vigilancia Aduanera de lo que han estado
haciendo hasta ahora, a las órdenes de los jueces de la Audiencia
Nacional, actuando como policía judicial, señorías.
Espero que sus señorías lo reconsideren de nuevo y que dentro de unos
meses no nos tengamos que arrepentir de la decisión tomada hoy en esta
Comisión. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra la señora Abad.
La señora ABAD PINILLOS: Muy brevemente, deseo señalar ahora, pues no lo
he hecho antes, que me parece que ustedes tienen una contradicción seria
en sus planteamientos, y mezclan lo que es la lucha contra la droga y los
problemas que ésta ocasiona en la sociedad actual con otros asuntos.
Sigo insistiendo en que tanto la Comisión de Blanqueo como el Servicio de
Vigilancia Aduanera no tienen sólo la competencia que usted quiere
otorgarle. Y voy a decirles que ustedes, por una parte, están pidiendo
que se profundice en el sistema de coordinación, y que hasta ese punto
estamos todos de acuerdo, en ese sentido tenemos que profundizar y, por
otra parte, ustedes piden la creación de una unidad. Ustedes tienen una
argumentación que, la verdad, no me parece coherente en ninguno de sus
puntos. Y no nos vengan aquí con datos y más datos sobre operaciones o no
operaciones. Yo creo que en la comparecencia que posteriormente vamos a
tener del actual Delegado del Gobierno tendremos ocasión de escuchar cuál
ha sido la evolución en estos últimos meses de la nueva estructura de
coordinación.
Sigo insistiendo en que hay que dar coherencia a la actuación en este
sentido, hay que dar la oportunidad de que se profundice en el modelo y
hay que seguir con el modelo de cooperación y coordinación en vez de con
el modelo que ustedes proponen que, realmente, no es un modelo que
nuestro Grupo apoye en estos momentos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, le diría a la señora Martínez que mi Grupo, y yo
personalmente, nos hemos cansado de decir en esta Comisión que el
problema fundamental de la droga, desde nuestro punto de vista, lo genera
la enorme plusvalía que produce precisamente la droga, y que la única
forma eficaz de luchar contra la droga es acabar con esa enorme
plusvalía; por tanto, la lucha contra el blanqueo de dinero es esencial.
Después de sus palabras, podría parecer que es la primera vez que
hablamos aquí de blanqueo de dinero y que el único Grupo interesado en la
lucha contra el blanqueo es el suyo. Yo sé que su Grupo está interesado
en la lucha contra el blanqueo, pero, créame, el mío también, y estoy
seguro que todos los demás.
Yo lo que no acabo de ver, ni veía antes, ni acabo de ver ahora mismo es
que su proposición sea el instrumento eficaz para luchar contra el
blanqueo y para luchar contra todo el mundo del narcotráfico; no lo acabo
de ver, y por eso he dicho antes que oiría atentamente sus explicaciones,
como las he oído, y las de todos los demás, para ver si me aportaban
alguna luz. Le repito que, estando de acuerdo en la importancia vital,
fundamental, probablemente la primera de la lucha contra el blanqueo, no
creo que el instrumento que usted nos ofrece sea la panacea que vaya a
resolverlo. Por tanto, sigo en la misma duda respecto a su proposición en
la que estaba al principio.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
La redacción de la proposición está redactada en los términos de «el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno...» Señora Martínez, creo
interpretar su opinión también de que habría que corregir el texto que
vamos a someter a votación en el sentido de que en lugar de «el Congreso
de los Diputados» serían «Las Cortes Generales instan al Gobierno... (La
señora Martínez Saiz hace signos afirmativos.)
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en
contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Reanudaremos la sesión dentro de cinco minutos. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE
DROGAS. (5.713/000176; C. P. 212/000777.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Este segundo punto del orden del día trata de la comparecencia del
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, don Carlos
López Riaño, para informar sobre las líneas generales a desarrollar en su
Departamento, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La vinculación antigua del señor López Riaño a esta Comisión quizás haga
un poco superfluo decirle que sea muy bienvenido de nuevo a esta
Comisión.
El señor Delegado del Gobierno tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores, señoras y señores Diputados, yo
creo que no es necesario que ocupe mucho tiempo de mi intervención en
significar cuál es la sensación que me produce estar aquí en la mañana de
hoy.
Desde luego, tengan la seguridad de que es la dificultad mayor que he
padecido nunca en mi vida parlamentaria, porque habiendo estado ahí con
ustedes durante toda una legislatura, es probable que sea difícil sentir
mayor respeto por la Institución en la que me encuentro.
Agradezco al Grupo de Izquierda Unida que haya solicitado mi
comparecencia en esta Comisión. He tenido hasta aquí un período de
reflexión política, de organización administrativa, de toma de contacto
con los problemas de la droga en nuestro país en mi condición de Delegado
del Gobierno y de Secretario de Estado, formando parte de un proyecto, a
mí me parece que progresista, con contenidos sociales muy importantes que
supone el desarrollo de la política del Ministerio de Justicia e
Interior. Desde esa situación el agradecimiento de esos meses en los que
he podido trabajar, en los que me han permitido sus señorías dedicar ese
tiempo a la organización y a la reflexión, he sacado una primera
conclusión: creo que nuestro país necesita sedes, por llamarlas de alguna
forma, para debatir con rigor y con serenidad la problemática de la droga
en nuestro país. Tenemos algunas de naturaleza excelente que nos pueden
permitir avanzar seriamente y rigurosamente en las respuestas a esta
problemática; sin duda, una de ellas es la Coordinadora de Organizaciones
no Gubernamentales. Tengo la sensación, y se la quiero transmitir a
ustedes después de estos primeros meses de dedicación al cargo y a la
tarea política que supone, que la mayor respuesta que una sociedad puede
dar al tema de la droga nace en el seno de los impulsos de esa propia
sociedad, y que las Administraciones Públicas a todos los niveles no
somos sino coadyuvantes de ese impulso social para que realmente los
resultados puedan ser considerados positivos.
Un segundo encuentro, también me parece de suma importancia, es lo que
podríamos llamar las relaciones interautonómicas, correspondientes a la
distribución de poder en nuestro Estado.
Nuestro Estado, como saben sus señorías, es un Estado de las Autonomías,
es un Estado descentralizado, y yo tengo que decir que el encuentro de
todo el esfuerzo de las Autonomías de nuestro país en el Plan Nacional
contra la Droga es la segunda sede de reflexión importante con que
nuestra sociedad cuenta para dar respuesta a este conflicto social.
La tercera sede, sin duda es el Parlamento y, dentro del Parlamento, esta
Comisión. Yo participé con sus señorías en un consenso en el año 1991 que
dio lugar a que todas las Administraciones públicas recibieran un nuevo
impulso en el desarrollo de sus programas, recibieran también el respeto
que les producía que una institución de este altísimo nivel fuera capaz
de iluminar con sus resoluciones el camino a seguir de entonces hacia
adelante.
Hoy, que prácticamente hemos conseguido entre todos y entre todas las
Administraciones poner en marcha lo que fueron aquellas conclusiones de
la Comisión Mixta Congreso-Senado, me parece que no me excedo en mi
atribución de mero coordinador de esos esfuerzos como Delegado Nacional
del Plan Nacional contra la Droga si les solicito a sus señorías una
intensa colaboración con dicho Plan Nacional a efectos de dar en esta
legislatura un nuevo impulso que acredite la presencia parlamentaria en
nuestra sociedad para discutir, debatir y dar resoluciones como se hizo
en aquel momento. Me consta, porque el señor Presidente de la Comisión me
lo ha comunicado informalmente en alguna ocasión, que tienen tomada sus
señorías la decisión de iniciar ese trabajo. Tengan por seguro que la
Delegación del Plan Nacional está abierta y al servicio de sus señorías
para que esas resoluciones puedan llegar a la opinión pública.
También es sabido que la propia Comisión va a comparecer en hechos o
actos sociales, que va a intervenir en una visita importante a una parte
de nuestro territorio. Pueden ustedes imaginarse la satisfacción que
produjo en el equipo dirigente del Plan saber que, por lo menos desde el
Parlamento español, había una respuesta serena y rigurosa a la tensión
que sin duda vive nuestra sociedad en estos días.
¿Cómo está el tema de la droga en nuestro país? ¿Cuál es la dimensión de
este conflicto?
He aprovechado el día de hoy para anunciarles también que ha sido puesta
a disposición de sus señorías la Memoria del Plan Nacional. Créanme --y
permítanme una sonrisa-- que una de las tribulaciones más grandes del
Delegado del Plan Nacional contra la Droga es conseguir que ustedes
reciban la Memoria antes que los medios de comunicación y antes que
cualquier otra institución del Estado. Creo que en esta ocasión, casi
bordeando la imposibilidad física, lo hemos conseguido. Tienen ustedes en
su poder la Memoria correspondiente al año 1993.
Me parece que los indicadores que contienen esa Memoria son de tal
importancia, en muchos aspectos muy positivos, estimulantes y optimistas,
que no quisiera yo que en la comparecencia de hoy, si ello es posible,
agotáramos todo lo que se refiere al análisis de esa Memoria. Y ya
aprovecho para decirles que quedo a disposición de ustedes para una tarea
reiterada; que no sea esto una comparecencia solemne del primer día, sino
que sea una tarea de trabajo en colaboración, poniéndome a la absoluta
disposición de la Mesa de la Comisión a efectos, quizá, de ir analizando
esa Memoria sectorialmente, de ser capaces de intercambiar opiniones
respecto del alcance y desarrollo de algunos de los programas
relacionados con este asunto.
¿Cómo está el problema de la droga en nuestro país? Desde luego, menos
tenso. Me van a decir ustedes: pero ¡si hace tan sólo unos días
determinado acto judicial ha producido una conmoción social! Eso es
cierto. Sin embargo, ello no nos debería llevar a la conclusión de que el
tema de la droga en España está en peor situación que lo ha estado en
etapas precedentes, porque ni siquiera los ciudadanos españoles lo
entienden así. Con ser éste un problema de suma importancia para ellos,
lo sitúan ya en un nivel de sus preocupaciones inferior a aquel en que
estuvo situado en algún momento del pasado.
¿Qué significa eso? Significa algo que me parece esencialmente político.
En el debate sobre la droga en una sociedad, ¿qué estamos discutiendo en
realidad? Estamos discutiendo la capacidad de solidaridad de las
Administraciones públicas. Cierto que se puede hablar de las situaciones
individuales y concretas y que asimismo se puede hablar de los efectos de
la droga en el individuo, que son los que producen y generan todos los
programas de atención al drogodependiente y que eso es de suma
importancia, pero lo que quizá caracteriza al modelo de la sociedad
española como respuesta al conflicto de la droga es la creencia, como
dice nuestra Constitución, de estar formando parte todos de un Estado
social y de Derecho.
Desde el individualismo --no me atrevo a definirlo ideológicamente--,
desde la consideración de que sólo el individuo tiene que manejar esta
clase de asuntos para sí y no debe comprometer a la sociedad en esfuerzos
de ningún tipo, ni financieros ni asistenciales porque, al fin, es la
voluntad del hombre la que decide qué consumir o no o en qué engancharse
en este mundo que vivimos a finales del siglo XX, lo cierto es que
predomina entre nosotros, creo que afortunadamente, el concepto de una
sociedad de bienestar y, como consecuencia de ello, de una sociedad
solidaria, solidaridad que no pertenece en exclusiva, cómo iba a ser así,
al Gobierno central, solidaridad que es compartida --a veces no sabemos
transmitirlo incluso desde la propia Delegación-- por todas y cada una de
las Administraciones públicas de este país. Es decir, que no hay
ayuntamiento hoy, no hay prácticamente ayuntamiento importante, de cierta
relevancia demográfica, e incluso ayuntamientos pequeños, que no tengan
un plan asistencial y un programa para hacer frente al tema de la droga.
No hay Autonomía en nuestro país que no haya desarrollado excelentes
programas respecto de la respuesta a este conflicto personal y social.
Hay algunos ejemplares. No me atrevería a establecer un «ranking» o un
escalafón, porque el esfuerzo de todas las Administraciones autonómicas
es de tal magnitud, que en este momento se puede decir que,
probablemente, es nuestro país uno de los más sólidos y más maduros en su
configuración organizativa para responder ante una situación como es la
drogodependencia o el abuso del consumo de drogas en nuestra sociedad.
Tenemos, pues, elementos e instrumentos de suma importancia. Tenemos, por
fin, el Plan Nacional que es, a mi juicio, si tuviera que definirlo, la
sede absoluta del consenso. Si no tenemos un consenso básico, lo cual no
es obstáculo para hacer diferentes apreciaciones o diferentes análisis
sobre la realidad social, si no tenemos un consenso en este punto,
probablemente, además de estar quebrantando una solicitud de los
ciudadanos españoles que lo desean, estaremos haciendo más difícil la
lucha integrada contra la droga.
Señorías, el Plan Nacional ha sufrido en los últimos meses una
transformación muy importante. Algunas voces críticas han dicho: se ha
perdido el tiempo con esa transformación. Pues bien, yo creo que no
solamente hemos ganado tiempo, sino que hemos ganado una estructura que
podría ser modelo incluso --yo lo pretendo-- para la Unión Europea en el
sentido de que cada vez el fenómeno institucional dé una respuesta
integrada, que no es otra cosa que el avance que hemos dado en estos
meses, es decir, el tener capacidad para analizar las relaciones de
prevención pero también las relaciones de represión contra el
narcotráfico, es, probablemente, una de las cuestiones más creativas que
hayan surgido en los últimos meses.
Del esfuerzo de mi antecesor, que se dirigió en este sentido a la
sociedad y a los organismos públicos, y del de los antecesores, que ya
vieron en la configuración del propio Plan que en el mismo figura la
posibilidad de que atienda ambos aspectos, prevención y represión, creo
que hemos llegado al punto de una etapa de madurez. Además, creo que
podemos confiar en que el modelo elegido, en el que conviven y cohabitan
ambos esfuerzos, es muy importante, como les decía a sus señorías. ¿Por
qué?
He comprobado durante estos meses que los elementos que conforman el área
de la represión, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en
contacto con los elementos del área de prevención, adquieren un nivel de
conocimiento y de formación policial que, probablemente, sea un punto de
referencia a desarrollar en mayor amplitud.
En la mañana de hoy, antes de mi comparecencia, han discutido ustedes una
proposición del Grupo Popular en la que se piden mayores competencias en
cierto modo, mayor responsabilidad de la unidad político-administrativa,
Secretaría de Estado-Delegación del Plan Nacional para la Lucha contra la
Droga.
Si me lo permiten, aunque ya lo han resuelto sus señorías soberanamente,
añadiré solamente que, en esa dirección, sin que tengamos que decidirlo
en la mañana de hoy, podemos continuar trabajando. Pero hagámoslo --sería
una petición de mi parte-- con la serenidad política suficiente para que
lo que hemos hecho hasta ahora, que es comprometido y no fácil, funcione.
Esa convivencia entre los aspectos de represión y el mundo de la
prevención han servido, lo he dicho ya, para que los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado adquieran un mayor nivel de formación, pero también
para que desde las áreas de la prevención se sepa que es muy difícil
justificar éticamente una lucha contra la droga si los aspectos
represivos no funcionan en nuestro país con la suficiente eficacia dentro
del marco de nuestras leyes.
Sin una represión organizada en el marco de una legalidad
incontrovertible y sin una prevención que conozca el alcance de esas
posibilidades y esa respuesta ética y política al problema, probablemente
será un modelo que quede cojo en alguno de sus aspectos.
El haber dedicado tiempo a la construcción de esa parte de la Secretaría
de Estado y de la Delegación del Plan, que a partir de ahora va a
constituir un órgano de inteligencia en la lucha contra la droga --deseo
que sea el órgano que tenga mayor información de las operaciones que se
han desarrollado y se desarrollarán en este sentido en nuestro país-- me
parece de suma importancia. La función de la Secretaría de Estado en este
aspecto no es la de interferir los elementos operativos del sistema
contra el narcotráfico, pero hemos hecho ya, puedo decirles a sus
señorías que de forma ejemplar y explicaré por qué, algunas operaciones
que justifican más que sobradamente la creación de los gabinetes
especiales de la Secretaría de Estado para la coordinación de los
esfuerzos de la lucha contra la droga. Hubo una operación en Pontevedra,
recién tomada posesión de mi cargo, respecto de la que les puedo decir
que decidimos
que se hiciera conjuntamente con elementos de la Guardia Civil y del
Cuerpo Nacional de Policía. Tradicionalmente se ha considerado que a
veces han existido piques en este asunto. Pues bien, señorías, cuando se
trabaja desde una visión integrada de respuesta al problema de la droga,
esos piques, si existían, desaparecen por completo. Y no es verdad que no
hayamos hecho nada en los últimos meses. Se ha hecho mucho y los medios
de comunicación lo saben mejor que nadie porque lo han transmitido
diariamente. Raro es el día en que no se produce una noticia respecto de
alijos importantes incautados a los criminales organizados, raro es el
día que no hay una noticia positiva en este sentido, porque creo que hay
un clima de trabajo excelente en nuestro país.
Entiendo, señorías, que para luchar contra la doga en ese área de la
represión son necesarias dos cosas: una magistratura comprometida y una
política profesionalmente formada. En términos generales, ambas
cuestiones están consolidadas en nuestro país y, a pesar de pequeños
avatares, o de pequeñas circunstancias, o de conflictos puntuales, como
se dice ahora, o de situaciones que analizan hechos concretos, lo cierto
es que en el conjunto operativo tanto la Magistratura española como los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de nuestro Estado tienen una formación
profesional de altísimo nivel. Probablemente, es un instrumento que otros
Estados podrían sentir con cierta envidia. Y hay temas de corrupción en
ambos sectores. Pero si los hay, señorías, aquí está el compromiso,
formando parte también del compromiso global del Ministerio de Justicia,
de luchar contra la corrupción en nuestro país. Y si hay elementos de
corrupción en ambos sistemas, judicial y policial, corresponde a los
jueces, dada la Constitución de nuestro país, resolver el conflicto de
esa situación en la Magistratura y nos corresponde a nosotros, desde el
Ejecutivo, dar respuesta en cuanto a que no aceptaremos ningún nivel de
corrupción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y ese clima, ¿por qué? ¿Por qué existe un clima positivo en este sentido?
Porque creo, señorías, que se ha producido un fenómeno muy importante, y
es que se ha llegado al tema de la droga desde una percepción global de
los ciudadanos españoles de naturaleza esencialmente cultural. En este
momento, en nuestro país los ciudadanos no es que quieran convivir con
este problema, pero considero que lo tienen situado en los límites o en
el marco de su debida magnitud. El grado de información que se ha
desarrollado en los últimos años es muy importante y ello nos lleva a
tener la sensación --y me remito al área de la prevención-- de algunas
respuestas positivas u optimistas. En general, nuestros jóvenes rechazan
cada día más el contacto con un mundo que se vincula al del fracaso
personal, a un mundo sin salida, a un mundo que rompe la reconstrucción
de una serie de valores de vida en equipo, de vida en grupo e, incluso,
de respeto individual.
¿Pero, cómo ha sido posible esto? Sin duda, por el esfuerzo sistemático
que esas Administraciones públicas han desarrollado desde la perspectiva
de ese Estado del bienestar al que me refería. Algunos lo ponen en
cuestión. Consideran, como dije antes --y habrá tiempo de analizar ese
asunto en el futuro--, que es el plano individual el que deber regir
definitivamente estas cuestiones. No obstante, esa respuesta colectiva ha
servido para que los chicos y las chicas de nuestro país tengan hoy un
concepto de la droga radicalmente distinto del que tuvo esta sociedad tan
sólo hace diez años. La droga supuso entonces probablemente un fenómeno
implicado en una situación político-social, en un despertar --entendido
positivamente y a veces negativamente-- hacia la libertad colectiva. Sin
embargo, hoy día no funcionan esos elementos o esas consideraciones en
nuestra sociedad. Afortunadamente, los jóvenes se plantean con más fuerza
si ésta es una moda aceptable, asumible, o si, por el contrario, es algo
que el tiempo va dejando traspasado o «demodé».
Por tanto, creo que por ahí es por donde los esfuerzos han tenido éxito.
Son ellos, con sus propios valores, en su propio discurso colectivo, los
que van decidiendo que merece la pena luchar por vivir en un mundo con
mejor calidad de vida. La idea de la calidad de vida ha funcionado en
nuestra sociedad, hasta tal punto que hoy el rechazo de la juventud hacia
el tabaco, hacia el alcohol, a pesar de que las cifras de los
consumidores de alcohol juveniles aumenten --pero fíjense que digo de los
consumidores de alcohol juveniles, porque no es cierto que aumente
exacerbadamente el consumo de alcohol global en nuestra sociedad--, el
entendimiento de que hay otras pautas de conducta más aprovechables, como
el deporte o el contacto ecológico con la naturaleza, o, simplemente, el
preservarse tal vez en un mundo competitivo para estar en condiciones y
no partir desde una plataforma de fracaso hace que nuestra juventud
ofrezca hoy día en este sentido un aspecto o una visión mucho menos
conflictiva del problema que lo fue antaño.
Probablemente, en edades superiores a las juveniles hay un problema
soterrado, un problema potencial cuyo desarrollo no coincide con las
cifras --por eso soy reacio a manejarlas--. Probablemente, en nuestra
sociedad hay una generación madura, una generación comprometida con la
propia sociedad, quizás tensa en eso que llamamos el estrés laboral y
diario, que tiene contacto con el mundo de la droga, existiendo un número
importante de consumidores en ese estamento social o en ese segmento de
edad, pero sin producir conflicto social. Habría que decir entonces que
ahí existe un riesgo potencial que posiblemente en su día estará
relacionado con el tratamiento médico de salida de esa situación, lo que
probablemente requerirá un nuevo modelo o diseño de las respuestas
asistenciales para estos individuos y ciudadanos de nuestra sociedad que
hasta un momento concreto han controlado el consumo de drogas pero que se
puede, insisto, disparar. Por eso hablamos en el Plan de un riesgo
potencial, que está ahí y que sería hipócrita desconocer.
A mí me parece que todos los esfuerzos que se realicen --pensando en el
futuro-- para tener una respuesta asistencial y sanitaria nueva y
específica en este sentido, sería muy importante a tener en cuenta como
una previsión, que no debíamos de dejar ahí, en el sentido de no ser
capaces de tomar este asunto en nuestra mano.
Probablemente ya hoy haya que modificar algunos esquemas del método que
podríamos llamar asistencia. No es lo mismo --lo estamos viendo-- la
unidad asistencial adecuada a un heroinómano que la dedicada al
tratamiento de cocainómanos, porque no es el mismo el origen o plataforma
social donde se produce el consumo de uno y otro. Creo que estamos, en
consecuencia, en un momento de novedades en el que hay que innovar
nuestra propia cultura o patrimonio cultural en este sentido: médico,
asistencial, sociológico, cultura, etcétera. Estamos en un momento
excelente, señorías, para dar un impulso en la dirección en que yo,
además, creo que nuestra sociedad quiere que lo demos. Un impulso más
racional aún, más atractivo, en el sentido de menos tenso pero más
creativo y eficaz y, en definitiva, adquirir ese nivel de solidez
ciudadana, de colectividad, que es, como digo, el mayor o mejor
instrumento que tenemos para luchar contra este asunto.
Hay que ir inexorablemente --voy a ir concluyendo, señor Presidente-- a
cifras concretas. Los medios de comunicación siempre nos exigen que al
final aterricemos en algunos datos --no sin razón-- que sean más o menos
espectaculares. Podríamos decir que respecto del alcohol España está
considerada en el momento actual como el tercer consumidor de alcohol
puro por habitante en Europa. El 53,4 por ciento de mayores de 16 años
han consumido alguna bebida alcohólica durante el mes anterior a la
encuesta. El 41,2 en la última semana. El 15,3 cuatro veces o más en la
última semana y el 90,2 lo ha consumido alguna vez.
Un reciente estudio de don Domingo Comas, presentado en el Instituto
Nacional de la Juventud, demuestra, sin embargo, un cierto abandono por
parte de los jóvenes en España del consumo de alcohol en esa misma área
de la juventud en relación con el consumo del mes precedente al momento
en que se desarrolla la encuesta.
El hachís sigue siendo, sin duda, la droga más consumida en nuestro país.
Yo quiero dejar ahí un punto de reflexión en la Comisión. Probablemente
en el futuro habríamos de trabajar respecto del tema del hachís con unas
informaciones, consideraciones o aspectos que podrían ser novedosos si
sus señorías decidieran ir en esta dirección, desde luego, con mucho
cuidado al tomar la decisión. Ya en Francia, por ejemplo, respecto del
hachís y su consumo, se han celebrado reuniones de expertos de alto nivel
que consideran que quizás hay que dedicar un punto de reflexión al
consumo de esta droga. Sin embargo, va descendiendo, aunque probablemente
no como tal hachís --si me permiten esta expresión no muy formal--, sino
en la medida del sentido de calidad de vida, de que inhalar --es la misma
cultura que hay frente al tabaco-- un producto artificial no es
conveniente para la salud. Otra razón no cabría explicar.
La cocaína presenta un consumo superior al de la heroína. Lo sabíamos.
Esa tendencia sigue manteniéndose. El 4,2 por ciento de los encuestados
lo había consumido alguna vez. Es una cifra alta, si se tiene en cuenta
comparativamente las que se refieren a la heroína o a otros modelos de
droga.
El crack es la droga más barata, con lo cual la relación precio-droga a
veces --si me permiten utilizar una expresión usual-- tambalea. Y no está
nada claro que la disminución del precio de una droga esté en relación
--no tenía por qué estar-- con la nocividad o el peligro que su consumo
supone. Afortunadamente, está muy poco extendido en nuestra sociedad.
Estamos muy abiertos a analizar el problema de las drogas de diseño. Es
un problema conocido por parte de sus señorías en la Comisión. Yo creo
que ésta fue la primera en advertir en el año 1991 la importancia que
tenía este asunto. Ya el Senado había hecho anticipadamente reflexiones
de suma importancia también en esa dirección. De modo que correspondió al
esfuerzo de ambas Cámaras el señalar que en nuestro país podría
producirse un problema relacionado con lo que llamamos drogas de
síntesis.
En cuanto a estas drogas, nos preocupan dos aspectos: primero, que son
presentadas a la juventud --en general a la sociedad--como drogas
absolutamente inocuas, que estimulan el ocio, la diversión y que no
entrañan ningún peligro. Hay literatura científica sobre algunas
posiciones en el debate respecto de las drogas de síntesis que quieren ir
en esa dirección, que quieren decir que dichas drogas no son como las
otras drogas. Eso no es cierto, con lo cual estamos acumulando un riesgo
de cara al futuro.
Probablemente, en estos momentos estamos añadiendo al problema de la
droga en España un aspecto menos conocido, de peor o más difícil manejo
por nuestra parte, como es las consecuencias que pueden producir estas
drogas de diseño al ser presentadas sin ninguna garantía de producción, y
por supuesto de elaboración, cuando pueden ser objeto de cualquier
manipulación, en todo caso malintencionada, para obtener un beneficio
mayor del que ya producen en el comercio ilícito habitual --en las zonas
de ocio de la juventud--. Preocupación que entraña, precisamente, lo que
también corresponde a una de las conquistas del Estado del bienestar, y
es que el consumo en nuestro país de sustancias esté garantizado por las
autoridades. Si aquí estamos luchando por que todos los elementos que
comemos, que usamos en nuestro consumo diario estén catalogados, se sepa
cuáles son sus ingredientes, cuál es su fecha de caducidad, parece
absurdo que se haya generado en nuestro país alguna literatura en pro de
estas drogas de diseño, como que respecto de ellas cabría la
legalización.
Es imposible la legalización de estas drogas porque no cumplen ninguna
normativa de tipo farmacéutico o sanitario que permitan su control. Con
lo cual, en cualquier momento, en cualquier ruta, en cualquier «movida»
juvenil de nuestro país podríamos encontrarnos de la noche a la mañana
con un hecho que yo, desde aquí ya lo manifiesto, sería de una
envergadura, probablemente, incuestionable, que es la gravedad que
supondría una alteración o una manipulación de estas drogas en la
juventud que cree que usándolas --la familia de las anfetaminas, el
«speed», las pastillas--, al no ser heroína --que ya saben lo que es, el
aspecto que ofrece y de dónde viene, en la mayor parte de las
ocasiones--, al no ser cocaína o alguna de las tradicionales o el propio
hachís, prácticamente no se corre riesgo ninguno.
Igual que sucedió cuando debatíamos el artículo 25.2 de la Ley de
Seguridad Ciudadana respecto del consumo
de las drogas en público, cuando lo sancionábamos administrativamente,
quiero decir que yo reitero, después de cuatro o cinco meses al frente
del Plan Nacional, mi convicción de que son elementos --si me permiten
ustedes la definición-- culturales, de relaciones de comunidad. No son
grandes proyectos ni grandes mensajes, sino elementos culturales de
desarrollo de la comunidad los que nos ayudarían más que cualquier otra
cosa a luchar contra este riesgo. En el caso del consumo en público
porque contribuye, como decíamos en el Congreso, a una educación
ciudadana, en convivencia y porque, en el caso de la alerta potencial
respecto de las drogas de síntesis, tenemos en este momento la capacidad
de decir sencillamente esto: que es un consumo enormemente peligroso y
que nuestros jóvenes deben saber que corren un grave riesgo porque esas
sustancias no tienen control alguno y son absolutamente nocivas o pueden
serlo --dramáticamente nocivas-- en un momento determinado.
Para terminar, señorías, y quedar a disposición de ustedes, quiero
decirles que el esfuerzo que desarrollamos desde todos los niveles
administrativos hace que nuestra sociedad tenga en este momento la
sensación de que puede salir adelante, incluso ante conflictos concretos.
Ha habido una importante sentencia estos últimos días, nacida, como todas
ellas, desde la independencia del Poder Judicial. No me corresponde a mí
--y no lo he hecho en público ni en privado-- definir qué problemática
judicial se plantea en el análisis y estudio de dicha sentencia. Sí me
corresponde ser sensible al problema que ha sido recibido por nuestra
sociedad con un sentimiento, en principio, probablemente, de cierta
impotencia. Lo más grave sería pensar que ya es imposible luchar contra
el narcotráfico y que las mafias y las organizaciones criminales se
asentarán en nuestro país.
Yo creo que digo la verdad, señorías, si les manifiesto que mi convicción
es que ese hecho ha sido y es ya pasajero, que ha servido también --y
probablemente el día 15 tendremos ocasión de comprobarlo en Pontevedra--
para que quienes a lo mejor estaban un poco dormidos en el tejido social
--me refiero a asociaciones, movimientos sociales, personas que desde la
base habían luchado contra la droga-- vuelvan a tomarse de la mano y
conjuntamente quieran elaborar una respuesta desde esa convicción de que
es la sociedad, con sus instrumentos educativos, solidarios, culturales,
la que va a constituir precisamente la armazón más sólida de la respuesta
en un momento de crisis, ya que, como es obvio, y ahora ya con mayor
serenidad lo vemos todos, más adelante podrán ocurrir hechos parecidos.
No todas las sentencias del Poder Judicial van a ser, probablemente, del
gusto de todos, pero lo que va a quedar claro en nuestra sociedad es que
por encima de esa importante cuestión de las sentencias judiciales está
la necesidad y el deseo de agruparnos todos por una sociedad que sea más
libre y más democrática.
Yo creo que en ese impulso social y creo que se había dormido un poco. Lo
pude comprobar el otro día, el señor Robles también andaba por allí, en
la manifestación deportiva de los asociados para la lucha contra la
droga, a la que no acudió mucho público. No había muchos ciudadanos de
Madrid apoyando la iniciativa, lo cual demuestra que se ha bajado tal vez
un poco la guardia en ese movimiento sereno asociativo. Hay que
recuperarla; eso es lo que mueve a la sociedad. Al final, la conquista
del Estado de Derecho, señorías, tampoco fue nunca una conquista --aunque
también-- de sentencias judiciales o de actuaciones policiales, sino que
fue el conjunto de la sociedad, desarrollando todos sus estímulos y sus
profundas convicciones, el que da o no un paso hacia adelante. Y yo creo
que esa responsable --creo yo; estoy seguro de ello-- sentencia judicial
ha servido para conmovernos un poco a todos, desde luego, en el Plan
Nacional, sin duda alguna, en los dos ámbitos: en el de la prevención,
que supone un esfuerzo recuperar esos esfuerzos, pero también en el de la
represión, que supone una exigencia de mayor coordinación y de mayor
eficacia en la obtención de pruebas y de métodos que puedan llevar a los
criminales organizados a las salas de justicia y, como consecuencia de
ese proceso, a una condena. Este va a seguir siendo el norte y el
horizonte de nuestro trabajo en la Delegación.
Tengo la sensación de haber sido prolijo y largo en mi exposición, pero
de ella desearía que quedara en la Comisión el compromiso de que, a
partir de ahora, el discurso sea menos solemne y que el intercambio de
datos y de información entre el Plan y sus señorías sea más intenso.
Si deciden soberanamente que en un momento determinado van a producir
ustedes unas nuevas resoluciones de cara al futuro, lo único que yo puedo
decirles es que compartiríamos esa necesidad, esa sensación y, en la
medida en que coordinamos los esfuerzos de otras Administraciones,
estaríamos en condiciones de servir eficazmente a los intereses que
ustedes, señorías, representan para la sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra don Narcís Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
En ningún caso nuestra intención, como bien sabe el señor López Riaño,
era ponerle en dificultades ante esta Comisión, aunque podríamos haberlo
hecho, sino, más bien al contrario, brindarle la ocasión, a través de
nuestra petición de comparecencia, de explicarse respecto a las líneas
generales a desarrollar en su departamento, y yo creo que eso es lo que
se está produciendo en esta primera comparecencia.
Voy a seguir un poco el hilo de su intervención para hacer algún
comentario sobre los puntos en los que coincido y sobre aquellos en los
que no coincido.
Yo creo que es cierto que el impulso de la lucha contra la cultura de la
droga tiene que nacer de la sociedad, pero estoy seguro, señor López
Riaño, de que usted coincidirá conmigo en que ese impulso necesita ser
matizado de vez en cuando para que lo que en ocasiones pueda ser una
emoción se transforme en una reflexión. Es decir, que desde la necesidad
de tomar decisiones o hacer reflexiones políticas lo más tranquilamente
posible no nos dejemos
llevar de impulsos que pueden venir de la sociedad y que pueden estar
motivados fundamentalmente por la emoción que generen hechos concretos en
momentos puntuales.
Decía usted que la primera conclusión a la que había llegado como
Delegado del Gobierno en el Plan era que nuestro país necesitaba sedes
donde debatir el tema de la droga, y una de ellas la encontraba usted en
la Coordinadora de ONG de Lucha contra la Droga, otra en las Comunidades
Autónomas y otra en esta Comisión. Yo creo que la de las ONG y la de las
Comunidades Autónomas --fundamentalmente la de la ONG-- es un foro de
debate muy importante, con participación muy plural y, digamos, menos
formal que la que se produce en esta Comisión, pero esta Comisión
necesita ser una sede importante de debate de este tema, entre otras
cosas, porque es su obligación y porque, además, sería necesario y yo
creo que de interés para todos --intereses elevados, no mezquindades de
protagonismos-- que esta Comisión tuviera el protagonismo político y
social que debería tener, es decir, mucho más del que tiene actualmente.
Le voy a contar una anécdota de la semana pasada. Fui a un curso sobre
drogas que se daba en una institución penitenciaria de nuestro país, con
funcionarios de prisiones, y ninguno conocía el informe que esta Comisión
editó en 1991. Ni uno. Lo que significa que la repercusión pública del
trabajo de esta Comisión, repito, no por cuestiones de protagonismo
individual o de grupo, que serían mezquinas, sino por la repercusión
sobre la sociedad de la discusión y del trabajo que en esta Comisión se
pueda hacer, es de momento bastante escasa. Y repito, en un ámbito tan
concreto como es una institución penitenciaria, nadie conocía el informe
que se aprobó con votos particulares en 1991, si no recuerdo mal la
fecha.
Al mismo tiempo, esta Comisión debería ser una sede de debate del tema de
drogas, a ser posible, como tantas veces he dicho --y perdonarán ustedes
mi insistencia en ello--, desde el apriorismo, desde el bagaje cultural,
político e ideológico de cada cual, pero intentando enfrentarnos a este
problema con la menor superficialidad política posible, es decir, con la
visión política más profunda, y no en el sentido de utilizar el tema de
drogas, como tantas veces hemos repetido, como armas arrojadizas. Es un
tema que tiene implicaciones muy sutiles a veces, que se escapan de la
lógica natural y deseable de la confrontación política en tantos otros
temas entre los diferentes grupos que aquí nos encontramos.
Usted no ha utilizado en toda su intervención los conceptos más ortodoxos
para hablar del tema de las drogas: oferta y demanda. Yo vuelvo a ellos,
porque me parece que no sólo me sirven, sino que además me son muy útiles
para intentar enfrentarme con esos dos aspectos fundamentales que,
repito, responden quizá a una visión clásica del problema de las drogas,
pero que sigue siendo importante.
Decía usted que se ha producido un cambio cultural en la sociedad
española --y yo creo que es cierto-- y que a través de la multiplicidad
de acciones de unos y de otros --del propio Plan, de la Administración,
de la propia sociedad y de todos y cada uno de los ciudadanos-- se ha ido
modificando de alguna manera esa conciencia colectiva respecto al tema de
las drogas, si bien yo diría que probablemente no con relación a hace 10
años, sino con relación a hace 20 años. Pero, sin duda, señor López Riaño
--y también lo ha señalado usted--, no debemos sentirnos satisfechos
simplemente con ese cambio cultural, aunque sí sea muy importante a la
hora de enfrentarnos de otra manera al problema de la droga, porque lo
evidente es que el riesgo potencial --como usted señalaba-- en
importantes capas de la sociedad española sigue existiendo. Si bien hemos
dicho en muchas ocasiones que en alguna clase social puede ser la droga
la que lleva a la marginación, en la mayoría de la sociedad es la
marginación la que lleva a la droga, y en nuestro país, por desgracia,
seguimos teniendo tasas de paro, de marginación y de pobreza muy altas,
sustrato objetivo sobre el que crece bien la cultura de la droga como
escape de la realidad poco afortunada en la que tiene que vivir, por
desgracia, demasiada gente; incluso se puede hacer sociología no sólo
geográfica, sino de clase social, en función de los tipos de consumo de
las diferentes drogas que se realiza en unas u otras zonas. Yo estoy de
acuerdo con usted en que hace falta un impulso más racional y más
creativo en el futuro inmediato, porque ése puede ser un instrumento muy
válido en la lucha contra la droga.
Nos ha dado también cifras de consumo, pero no sé a qué se refiere usted
al hablar de la actitud novedosa con la que nos debemos enfrentar al tema
del hachís; no sé cuál debe ser esa actitud. Decía que en Francia se han
producido reflexiones al respecto, por lo que quizá convendría señalar en
qué dirección van las mismas.
El consumo de alcohol es el más tóxico en nuestro país. De todas las
drogas, legales o ilegales, que existen en el mercado la que más
mortalidad, coste social, económico y sanitario produce es, sin duda, el
alcohol, siendo, quizá por sus particulares condiciones, la heroína y la
cocaína las que han generado más alarma social. Insisto en que cualquier
persona que quiera entrar en un conocimiento más profundo del asunto
comprobará que el alcohol es, con mucho, el que más coste en vidas
humanas, en dinero y en atención sanitaria genera en nuestro país.
Decía usted que en el Estado del bienestar todo lo que consume una
sociedad tiene que estar controlado, y éste es un argumento que, sin
duda, puede llevarnos a otros sitios: a intentar ver el problema de las
drogas desde otra posición. Porque uno de los problemas que hoy se genera
fundamentalmente con las drogas de diseño, a las que usted ha hecho
referencia, es que su producción es relativamente fácil y su manipulación
también, pero la mala manipulación es igualmente fácil y, por tanto, la
posibilidad de acabar tomando drogas de diseño químico fácilmente
producibles y, por tanto, fácilmente mal manipulables está en la realidad
de cada día; aunque es evidente que existe controversia científica
respecto a la toxicidad potencial de estas sustancias, tanto del MDMA
--respecto a las anfetaminas, es más vieja la historia--, como del
éxtasis, etcétera.
Ha hecho usted referencia al debate que hubo en su día del artículo 25.2,
sobre la sanción administrativa del consumo público de droga, en el que
usted mantenía una posición y yo mantuve otra que sigo manteniendo
porque, sin negar que pueda haber elementos culturales que contribuyan
a esa educación ciudadana, también la no sanción administrativa tiene
elementos culturales, porque --y eso lo discutíamos en su día-- el
quitarle a la gente más joven la parte oculta, de atractivo más o menos
esotérico que pueda tener el terreno de las drogas también podría tener
que ver con ese cambio cultural, al mismo tiempo que otras evidencias más
inmediatas, como lo que podría significar de castigo a la familia si
realmente se aplicara esta sanción administrativa de forma estricta, que
lleva consigo un alto grado de discrecionalidad en su aplicación, como
usted sin duda conoce bien.
También decíamos entonces que aquello era expresión --y sigo pensando que
en buena parte lo es-- de un importante grado de hipocresía social, y yo
utilizaba entonces el símil de la psiquiatría reclusional: lo que generó
la psiquiatría reclusional no fue el interés por el --entre comillas--
loco, sino que molestaba a la vista de la buena gente, de la gente bien
pensante, y lo que se hizo fue, simplemente, quitarlos de en medio y
meterlos en una especie de almacén. Este es el origen de la psiquiatría
reclusional en todos los países del mundo, y en el nuestro también. Nos
parecía que ese aspecto no era un impulso cultural muy loable en el seno
de nuestra sociedad, puesto que, además, nunca la visión de un borracho
por la calle había inducido a ningún joven a tomar alcohol;
indudablemente, es una publicidad determinada del alcohol, ligándolo a
bienestar, a placer, a lujo, etcétera, lo que induce, o puede inducir, al
consumo de alcohol junto con otras muchas cosas, no la visión en la calle
de un borracho, así como tampoco la visión en una esquina de un pobre
desgraciado rompiéndose una vena va a inducir a ningún joven a entrar en
el terreno del consumo de heroína. Esta es una discusión que ya tuvimos
en su día y he hecho referencia a ella porque usted lo ha traído a
colación.
Respecto a las sentencias judiciales, yo creo que desde su
responsabilidad y desde la responsabilidad de la Administración lo que
hay que hacer es estimular a quien haya que estimular para que los jueces
sean capaces de ser absolutamente estrictos con todo lo que signifique
garantías procesales, para evitarnos que, por no tener un cuidado
escrupuloso con ese respeto a las garantías procesales, salgan por una
puerta los que entran por otra y que, amparados en eso --que, además, es
amparable y yo defiendo absolutamente la necesidad de unas garantías
procesales estrictamente respetadas--, se le escapen a la sociedad
española evidentes narcotraficantes, cuando, por otra parte, se utilizan
las penas más duras contra el más débil, contra la rama terminal de esa
red de narcotraficantes.
Decía usted que la conciencia ciudadana se había dormido un poco respecto
al tema de drogas y que convenía estimularla. Fuera de hechos puntuales
que generan tensión, con lo que parece que la olla hierva mucho, no es
malo que haya poca tensión en el tema de drogas, no es malo que se vea el
tema de las drogas de una forma desdramatizada o, al menos, que exista
esa dualidad de mantener una cierta tensión cultural sobre el tema, al
mismo tiempo que lo desdramatizamos, lo que nos permitirá, sin duda, un
acercamiento más racional al mismo. Luego no me parece mal que haya poca
tensión social en el tema de drogas; al contrario, me parece muy bien, o
que esa tensión social no aumente puntualmente en función de uno u otro
hecho determinado.
Acabo por donde empecé. Es la primera vez que usted comparece en esta
Comisión como Delegado del Plan, yo se lo agradezco, y el objetivo
personal y el de mi Grupo era brindarle la ocasión para que usted nos
pudiera explicar lo que nos ha explicado: las líneas generales de su
actuación al frente de esta Delegación del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vázquez, le vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la iniciativa
que ustedes han tenido para que yo pudiera comparecer en el día de hoy.
Podía haberse producido por iniciativa propia, pero uno ha estado ahí
abajo con mucha vida parlamentaria y me parece que la iniciativa de los
grupos es la norma de oro de toda la responsabilidad política en esta
Cámara. Como sabía por su señoría que tenían ustedes interés, como grupo
parlamentario, en conocer estas manifestaciones --interés que creo que
era compartido por los demás grupos, aunque ustedes tomaran la
iniciativa--, a mí me ha parecido más coherente con mi forma de actuar
que sean ustedes los que me llamen aquí a comparecer, que no tomar la
iniciativa, sin perjuicio de que en algún momento me vea en la necesidad
de hacerlo.
Impulsos sociales adormecidos o para estimular. Este es un tema en el
que, como ha señalado muy bien su señoría, hay que tener cuidado, no sea
que abramos una olla que produzca un efecto distorsionante en nuestra
vida colectiva. Yo me refería a los impulsos que están canalizados a
través de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Una de las
apreciaciones más inmediatas que les puedo hacer a los señores
comisionados de estos meses de gestión es la de tener la impresión,
respecto a las organizaciones no gubernamentales, de que unas desvían sus
objetivos de lo que fue el compromiso inicial, otras parecen como
relativamente faltas de estímulo en el desarrollo del movimiento
asociativo y otras nos reclaman a las instituciones públicas y al sistema
democrático una mayor colaboración mutua para salir de esa situación en
la que estamos. Es en ese sentido en el que yo hablo de estas cuestiones;
no hablo del impulso demagógico --coincido con su señoría--, participo de
una cultura común, probablemente en su origen, sobre el respeto a los
agentes sociales, además del respeto que tenemos a las instituciones.
Yo creo que en Alemania, por ejemplo --y he tenido ocasión de
comprobarlo--, el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales es
superior; pesan sobre ellas el 80 ó 90 por ciento de la actividad social
en contra de la droga, en planteamientos asistenciales y de prevención.
En ese sentido tenemos un determinado déficit; no tenemos
desafortunadamente en nuestro país un movimiento asociativo consolidado
en esa dirección, y es por ahí por
donde tenemos que caminar, porque al fin, fíjense, una de las
obligaciones del Plan es, como saben sus señorías, repartir dinero. El
año que viene yo tendré que determinar, con el equipo del Plan y con el
marco legal que ustedes proporcionan como Congreso y Senado, cómo
repartir el dinero para esas organizaciones no gubernamentales, para
ayudarlas y para que se estimulen. A partir de ahí, tengo una
preocupación: quisiera hacerlo en un sentido de impulso para aquellas que
han trabajado mejor, que han tenido el compromiso más firme y que han
producido, además, unos resultados más eficaces.
Me decía en una visita personal uno de los convocados del acto del
próximo día 15 en Pontevedra, la señora Avendaño, algo que me quedó
grabado: mira, vamos a pasar de sentencias y de conflictos jurídicos, lo
que queremos hacer en Pontevedra es demostrar que, a pesar de todas las
situaciones, aquí seguimos, decimos no al narcotráfico e incluso estamos
dispuestos a señalar a los que trafican. A mí eso no me parece
demagógico, me parece positivo, y es en ese sentido en el que yo hablo de
impulso de la sociedad.
Sobre la idea de mercado o la advertencia que me hace usted de que no he
utilizado los términos tradicionales oferta/demanda, le diré que he
utilizado los términos de prevención y represión, más o menos, intentando
visualizar este conflicto. Señor Vázquez, tengo mis reservas --y usted
quizá las compartiría desde un mismo origen teórico de formación inicial
en nuestro compromiso político--, tengo mis dudas de si cuando hablamos
de oferta y demanda ya como algo que hemos acuñado entre todos no estamos
hablando del mercado, y si hablamos del mercado, señor Vázquez, más tarde
o más temprano entraremos en las inexorables leyes del mercado, lo cual
no quiere decir que no haya estado bien lo de oferta y demanda, pero
quiero advertir que probablemente ahí alguien nos seduce --y en su Grupo
ustedes siempre han sido muy sensibles a esa seducción maliciosa-- en el
sentido de que, hablando de oferta y demanda, casi se normaliza este
asunto, y al final a lo mejor es cuestión de precios. Sé que su señoría
no va por ahí, que se refiere al acuñamiento que hemos hecho, que,
además, es mundial. Yo prefiero --en estoy estoy un poco más comprometido
con el origen del debate --seguir utilizando en la medida en que pueda
los términos prevención y represión, que me parece que obedecen a esa
idea del Estado del bienestar.
En este aspecto, me ha preguntado usted una cosa que, efectivamente, yo
he dicho: ¿habría que meditar sobre el hachís? Sí, porque se está
haciendo fuera. He puesto el ejemplo en Francia, donde una asociación
médica muy importante se cuestiona si la prohibición del hachís tiene
sentido. Yo creo que esta Comisión y las autoridades que en nuestro país
intentamos dar una respuesta al conflicto de la droga no pueden ser
insensibles o ser ese monito que se cierra los ojos ante la realidad y
que, a lo mejor, hay avances o proposiciones que puedan ser considerados.
En realidad, podíamos decir que todo el proceso de la inhalación de
sustancias se vincula más a un tema que sin duda le preocupa a su
señoría, cual es el de la calidad de vida o la posible utilización en
libertad de determinados dispositivos que la sociedad nos pone al alcance
de la mano, llámense drogas legales en este caso --no las drogas
ilegales. Tendríamos que tener ahí una respuesta contra el hachís
probablemente más fundamentada en la respuesta general de calidad de
vida, en el discurso que hacemos contra el tabaco o contra el alcohol
que, sin embargo, están legalizados en nuestra comunidad.
¿Qué quiero decir? Que me parece insensato cerrar las vías de los debates
que espontánea y democráticamente surjan en nuestra sociedad, porque a lo
mejor tomar decisiones por ese camino también contribuiría a un mayor
bienestar de nuestra sociedad. Si no es así, pues no lo haremos; si tras
el debate, la información y los datos que tenemos llegamos a la
conclusión de que es óptima la posición actual de seguir prohibiendo el
comercio de esa sustancia, creo que ésa sería una decisión que hay que
tomar conjuntamente. No quiero ir más allá --como suponen sus señorías--
en algo que no me corresponde definir en este momento, cual es la
libertad de un debate más general.
Respecto a las garantías procesales, a la respuesta jurídica al problema
de la droga, he dicho en público --y algunas personas me han advertido
que quizá he adquirido un compromiso excesivo en el sentido de las
iniciativas legislativas que se pudieran adoptar en el futuro-- que creo
que estamos manteniendo un debate que no podríamos ocultar por mucho que
insistamos en ello, y es cómo equilibrar las exigencias de una sociedad
democrática madura --claro, hay que partir de la base de que nuestra
sociedad es una sociedad madura--, y yo, señoría, parto en mi posición en
el debate de esa realidad; es decir, yo creo que como Diputado represento
a una sociedad madura y que como gestor gestiono intereses de una
sociedad madura. Si yo creyera que no lo es, estaría hablando a lo mejor
de pedagogía o de otras cosas. No, yo me sumerjo en el debate actual de
mi sociedad. Y, ¿qué dice esa sociedad? Que quiere instrumentos
democráticos, punto número uno; legales --como decía su señoría--, en el
marco de nuestra Constitución, que hagan posible que los criminales
organizados sean condenados en nuestra sociedad y cumplan condena. Me
parece que nadie puede obligarnos a convivir con el crimen, y que ni la
Magistratura española defiende eso ni nosotros podemos contribuir a un
deterioro de tal naturaleza que nos llevara a sostener que ya es
necesario o que no hay otra forma sino convivir con quienes están
agrediendo a nuestra sociedad cotidianamente. ¿Cómo la agrede? Pues de
forma organizada; también lo he dicho en público. Tenemos la constancia
de que es verdad que existen en nuestra sociedad organizaciones
criminales individualmente considerados: el ladrón, el homicida, el
criminal, el estafador, el narcotraficante. Pero, ¿qué sucede cuando todo
ese tejido criminal se pone de acuerdo en constituir una organización, en
donde hay individuos que hacen un tramo de la conducta delictiva, que son
los sujetos activos y los actores, en un tramo de una decisión criminal
que empieza en la cúspide de la organización y que termina, por ejemplo,
en el alijo, en el caso del narcotráfico? ¿Cuál es la posición del
intermediario? Yo creo que no es perder el tiempo, es avanzar; al fin y
al cabo, aquí vuelvo un poco a un terreno que tampoco me corresponde --y
no voy a seguir por él-- de miembro que fui en su momento
de la Comisión de Justicia. Creo que esta sociedad no puede renunciar a
lo que jamás ha renunciado una sociedad progresista y moderna, y es a
diseñar su futuro, a ver cuáles son los problemas del presente y a
recomponer el Código Penal en la medida en que eso se produce.
He dicho en público y en privado: tenemos una gran posibilidad --y lo
dejo ahí, porque eso sí sería una injerencia en terreno que no me
corresponde-- a la vista en el debate del Código Penal. Tenemos la
ocasión de consensuar la respuesta de una sociedad madura, que exige a
los poderes públicos una definición y que exige un marco de leyes que
haga posible que en ningún caso en nuestra sociedad haya crímenes impunes
y que además, exige una cosa muy importante: que las penas tengan
credibilidad.
No insisto en el tema de los arrepentidos; yo creo que podría formar
parte de esa resolución de la Comisión Mixta, creo que es la sede de ese
gran debate. Al final, yo pienso que si no lo hacemos aquí, si no lo
hacen ustedes, señorías, el debate siempre quedará cojo, y probablemente
exento del rigor y de la serenidad que su señoría reclama y que yo
comparto. Este asunto no debe ser arma arrojadiza; sería absurdo. Fíjense
que la problemática de la droga, si la observamos en la posición
territorial de nuestro país, no conduce a ningún aspecto ideológico.
Galicia es un territorio gobernado desde una opción política y
democrática; Cataluña lo es también; Castilla-La Mancha, lo mismo; y, sin
embargo, el problema no tiene la misma dimensión en todos los sitios.
Sería absurdo, ridículo, que ahora dijéramos que hay algún componente en
lo político que hace de Galicia lo que es o de Castilla-La Mancha lo que
es. Yo creo que el problema es más profundo. Esa es una cuestión
geográfica. La droga entra por Galicia porque hay rías --yo soy de allá,
y las conozco--, hay mucho puerto, etcétera. No podemos, no deberíamos
vincular a una cuestión política lo que pasa en Galicia, porque no lo es,
porque es una cuestión social de mucha mayor dimensión. Y ese mismo
tratamiento lo exigiría también en favor de los que diaria y
cotidianamente dejan mucho de su tiempo en la lucha en todos los
aspectos, preventivos y represivos, en nuestro país contra la droga. Creo
que no debe ser arma arrojadiza, sobre todo para que no se desmoralice
quien hoy tiene, todavía, una altísima moral, que son las organizaciones
no gubernamentales, las asociaciones sociales, los sindicatos, con los
que tenemos una excelente relación, los educadores, los policías, los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Sobre el debate del éxtasis, diré que hemos contratado con la Universidad
de Granada la elaboración de un informe que estoy deseando tener en las
manos, y que compartiré con sus señorías en cuanto que eso se produzca,
respecto de las condiciones médico-químicas --no sé si la expresión es
correcta-- o químicas y médicas del éxtasis y de las drogas de diseño. El
problema no es baladí. No es que yo diga que haya controles, que la
sociedad controle el consumo. No; lo que yo quiero es que, cuando menos,
sepamos controlar la sustancia, porque --a veces lo he dicho, y a lo
mejor estoy equivocado--, con ser difícil la lucha contra la heroína y la
cocaína, hoy sabemos lo que son la heroína y la cocaína. Sabemos que es
el clorhidrato de coca, en un caso, que es un derivado opiáceo en el
otro. Lo sabemos porque hay una literatura médica muy intensa desde el
siglo pasado respecto de lo que esta sustancia significa desde el punto
de vista farmacológico. Las conocemos. Y yo he pensado siempre que cuando
se conoce al enemigo, cuando se conoce al adversario del progreso en esta
sociedad, es más fácil combatir contra él. De hecho, en eso siento una
cierta tranquilidad. Estamos trabajando sobre cosas que conocemos. Del
proceso de la síntesis no conocemos apenas nada, y encima se produce una
cobertura respecto del ofrecimiento a los jóvenes, en las barras de las
discotecas --esto lo conocemos todos, no voy a perder un segundo en
describir cómo se produce ese hecho--, en donde parece normal e incluso
saludable compartir las horas de ocio con el consumo de una sustancia que
absolutamente nadie conoce ni controla. Y como en nuestro país, por
desgracia, hemos tenido asuntos tremendos en el aspecto del control
sanitario --no me refiero al control de las conductas; no podría llegar a
eso en mi información, hablo del control sanitario--, no sabemos de qué
va este asunto. Yo creo que el informe de la Universidad de Granada nos
va a permitir avanzar en una posición definitiva sobre este asunto.
Es probable que algunas cosas hayan quedado sin contestar. Yo ruego al
señor Vázquez que, si alguna es de su interés, me la reitere. En todo
caso, le agradezco una vez más que me haya invitado a comparecer, que me
haya obligado a comparecer, en el mejor de los sentidos, y a compartir
este momento con sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Respecto a la polémica inicial de si oferta-demanda significa aceptar las
normas del mercado, etcétera, no soy yo precisamente el más indicado para
aparecer aquí como defensor de las normas del mercado. Sigo prefiriendo
utilizar, para el estudio del problema de la droga, los conceptos de
oferta y demanda, y sobre la oferta, represión, y sobre la demanda,
prevención, casándolo con su actitud, porque yo creo que nos permite
tener un conocimiento más íntimo del problema. La idea de que droga es
igual a negocio y droga es igual a enormes plusvalías está en el origen
del problema que estamos tratando. Si no fuera un negocio tan enorme como
significa, si no produjera las enormes plusvalías que genera,
probablemente la dimensión del problema sería muchísimo menor. La
potencia del dinero es de tal magnitud que es capaz de corromper casi a
quien se ponga por delante, como hemos tenido ocasión de comprobar con
ejemplos recientes.
El estar abierto al debate sobre nuevas posiciones que aparezca en el
mundo que nos rodea es mi más que vieja pretensión; o sea que, por
supuesto, estoy absolutamente de acuerdo.
Las garantías procesales. Lo que quiero decir es que en un Estado de
Derecho --otra cosa será que en el próximo Código Penal hagamos estas o
aquellas modificaciones
que permitan esto o aquello--, en la situación actual, en la de hoy, al
mismo tiempo que tenemos que defender, como defensores de dicho Estado de
Derecho, el máximo cuidado en el cumplimiento de las garantías
procesales, hay que estimular a quien es responsable de velar por esas
garantías procesales, para que lo realice de forma y manera que evite las
negligencias que hacen que se nos escapen de las manos grandes
narcotraficantes en los entresijos que les permite la ausencia de esas
garantías, la ausencia --digamos-- del cumplimiento estricto de las
garantías procesales, como ha ocurrido en los hechos recientes de la
«operación nécora», que todos hemos tenido ocasión de conocer. Como es
obvio, a eso es a lo que me refería al hablar respecto de las garantías
procesales.
Gracias, señor López Riaño. Estoy seguro de que en un futuro próximo
vamos a tener ocasión de discutir sobre éstas y otras cuestiones en esta
Comisión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Gracias, señor Presidente.
Señor Vázquez, estoy totalmente de acuerdo con esta aclaración que ha
tenido usted la amabilidad de hacer. En ese ámbito de reflexión creo que
somos coincidentes.
Respecto de la oferta y la demanda, tampoco lo vamos a constituir más que
en un elemento pasajero del debate. Si sus señorías entienden que es algo
que define exactamente las posiciones de este problema, yo lo asumo con
toda facilidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, nuestro Grupo quiere celebrar y agradecer la presencia
de don Carlos López Riaño, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, ante esta Comisión, agradecimiento que no se debe
exclusivamente a la cortesía parlamentaria.
En su exposición hemos detectado un entusiasmo, un optimismo que no
tendría mayores consideraciones si viniera de una persona que no fuera
conocedora de la cuestión y de la magnitud del problema, pero cuando este
entusiasmo y este optimismo lo pronuncia quien, por anteriores
responsabilidades parlamentarias, sí es conocedor de la magnitud del
problema, señor López Riaño, debo manifestarle que nuestro agradecimiento
alcanza unas cotas altísimas, porque es muy agradable escuchar esta
actitud tan decidida y, a la vez, en una persona que se supone que es
conocedor de la cuestión. Por lo tanto, valga este agradecimiento de
nuestro Grupo.
En su exposición, usted ha manifestado cuestiones en las que nosotros
estamos absolutamente de acuerdo. Cuando usted hablaba de los foros de
debate principales, tanto en lo que hace a la coordinadora de las
organizaciones no gubernamentales como a unas relaciones interautonómicas
como a esta propia Comisión Mixta, por supuesto, debemos estar de
acuerdo.
En lo que se refiere a las relaciones interautonómicas, deseo aprovechar
para manifestar y reiterar, como hemos hecho en anteriores ocasiones, que
existe una gran coordinación con el Plan Nacional, y esto es muy de
celebrar, porque en un asunto de la magnitud del consumo de drogas todos
los esfuerzos son muy de agradecer, y todas las buenas coordinaciones,
muy de desear.
Cuando usted se refería a la solidaridad compartida por todas las
Administraciones públicas, entendemos que quizá sí debemos ser
optimistas, pero se podría ir un poco más allá de donde estamos
actualmente, sobre todo para conseguir una eficiencia y una efectividad
en los planteamientos. Y cuando digo eficiencia me refiero a eficiencia
en el sentido de priorizar las acciones en función de los recursos de que
disponemos. Los recursos, señor López Riaño, son limitados, no son
ilimitados. Por eso mismo entendemos que, dentro de este proceso de
coordinación de todas las Administraciones, quizá uno de los mayores
esfuerzos debe ir en la línea de esa priorización, para que se vaya en
punta de lanza a unos objetivos comunes con los recursos limitados de que
disponemos.
Y cuando hablo de efectividad me refiero a la resolución de los problemas
en el menor tiempo posible. Sé y me consta que en las cuestiones que
estamos tratando hablar de resolución en tiempo puede parecer una ilusión
o no estar tocando con los pies en el suelo y no plantearnos el tema con
el pragmatismo suficiente, pero sí es cierto que a veces hay planes o
acciones puntuales que requieren de un mayor esfuerzo en lo que a esta
efectividad se refiere.
Quiero plantear algunas preguntas que me ha suscitado su intervención. La
primera se refiere a que es bastante frecuente que cuando se habla del
tema de las drogas se cita el alcohol, la heroína, el hachís, las drogas
de diseño y, sin embargo, nadie habla del tabaco, cuando resulta que
continúa siendo en toda España la primera causa individual de muerte
causada por ese hábito susceptible de ser prevenido. Entendemos, por
tanto, que este hábito continúa teniendo su importancia y su magnitud,
por lo que no debería ser olvidado dentro de un Plan sobre las drogas.
También quisiera formularle otra cuestión. En este Senado tenemos una
Comisión Especial de Juventud que está aún en período de elaborar sus
resoluciones. Dentro de los estudios que ha realizado esta Comisión está,
evidentemente, el consumo de alcohol por los jóvenes, uno de los trabajos
más intensos que esta Comisión ha realizado. No obstante, me gustaría
conocer su opinión al respecto en cuanto que conviene que el mensaje que
se pueda producir también debería introducir la diferenciación entre lo
que es el consumo de alcohol, que no tiene que ser necesariamente
peligroso para la salud, y lo que es en sí el abuso del alcohol, lo que
sí incide muy negativamente, no sólo en cuanto que origina alteraciones
de la función hepática
--como aquí se ha manifestado-- produciendo, por tanto, cirrosis
hepática, sino en cuanto que el mayor daño que se está produciendo
actualmente entre los jóvenes por el consumo de alcohol en fines de
semana es un daño cerebral y progresivo, ya que está demostrado por
pruebas analíticas a través de «scanner» cerebrales que el tamaño de la
corteza cerebral en estos consumidores está disminuyendo, con lo cual a
lo mejor no llegan a tener una cirrosis hepática pero pueden acabar
teniendo una idiocia. Creo que esto es lo suficientemente importante como
para que se hable de ello claramente.
Por último, señor López Riaño, quiero decirle que, en cuanto al Plan de
salud de la Generalitat de Cataluña, usted sabe --y le reitero mi
agradecimiento-- que está ya dentro de estas priorizaciones por objetivos
y control por resultados. Celebramos que exista esta buena coordinación
con el Delegado del Drogas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Bertrán, por sus amables palabras.
Aprovecho la ocasión para manifestarle una idea que tenemos en el Plan
Nacional respecto del siguiente asunto. En algunas Comunidades,
concretamente en la que dirige su partido político, Comunidades que
tienen también Gobiernos locales dirigidos por otros partidos políticos,
por ejemplo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Partido Socialista
Obrero Español, Partido Popular, etcétera, hay un alto nivel de
experiencia en este asunto.
Si observamos los programas de la Generalitat en el Ayuntamiento de
Barcelona --por poner un ejemplo que no sirva de arma arrojadiza o que no
tenga un sentido electoralista en ningún aspecto--, veremos que hay un
gran nivel de respuesta a estos conflictos. Pues bien, querríamos que ese
nivel de experiencia no se quedara solamente ahí, y que personalidades de
los programas catalanes contra la droga pudieran intervenir, no solamente
formando parte del equipo del Plan en sus salidas al exterior, a la
sociedad europea, a la comunidad internacional, sino que intervinieran
también interiormente. Esto es algo que no nos costaría demasiado dinero
y que, sin embargo, produciría un excelente resultado. Y es que, como en
otros territorios, la solución del problema a lo mejor no se ha
desarrollado con la misma dedicación o intensidad. Sería bueno que esas
experiencias fueran compartidas.
Por poner de ejemplo un tema concreto no relativo a la sociedad catalana
en su conjunto, pero que consta como dato en la Memoria, los tratamientos
a base de metadona no se proporcionan por igual en todas las Comunidades
Autónomas españolas, con lo que habría que preguntarse por qué. Hay una
Comunidad --no quiero que tampoco nadie pueda sentirse aludido-- que no
tiene ningún programa de metadona, mientras que hay otras Comunidades
pioneras en el desarrollo de esos programas. No veo ni siquiera una
relación de tipo ideológico o partidario en esa situación. Sencillamente
se trata de que los expertos de una Comunidad determinada han optado por
un modelo mientras que los expertos de otras Comunidades han optado por
otro.
Por tanto, no estaría de más que, aprovechando también el desarrollo de
estos programas en Euskadi o en la propia Galicia, donde hay también una
experiencia notable al respecto, o en la Comunidad de Madrid, pudiéramos
intercambiar --eso sí, formando parte de un solo equipo-- experiencias en
este sentido. Y es que, al final, señor Bertrán --esto no lo he dicho en
mi primera intervención--, en realidad tenemos la obligación de construir
un nuevo instituto en esta área, un observatorio español contra la droga,
necesidad que procede de la existencia del Observatorio Europeo contra la
Droga que, como saben sus señorías, tiene su sede en Lisboa, y de ahí la
importancia del encuentro que tuvo lugar el fin de semana pasado. Hay que
estimular entre todos, entiendo yo, con el máximo grado de consenso, el
desarrollo del observatorio español en Europa. Ese será un cómodo lugar
de encuentro de todas esas experiencias y de todo el desarrollo a que
usted se ha referido.
Por último, respecto de las alusiones que su señoría haya podido hacer al
tabaco, al alcohol, a otras respuestas que no han sido explicitadas por
mi parte, creo que tendremos tiempo para ir aclarando la importancia de
todos estos asuntos.
En cuanto al tabaco, sin duda alguna se está produciendo un nuevo
problema, la incorporación de la mujer al hecho de fumar, lo que se
traduce en una mayor probabilidad de que empiece a padecer determinadas
enfermedades que hasta ahora eran típicas del varón. Es decir, cada vez
hay más cáncer de pulmón entre la población femenina y cada vez es más
frecuente, desgraciadamente, el infarto, pero no solamente en mujeres
maduras sino también en mujeres jóvenes, lo que está seguramente
relacionado --como usted ha dicho muy bien-- con el abuso de drogas como
el tabaco, que producen una nueva patología en el marco de lo que era
tradicional en la mujer. En este aspecto tengo que decirles --y no
quisiera hacerles perder más tiempo que el que ya les estoy robando en
sus dedicaciones en la mañana de hoy-- que sin duda habrá tiempo de
insistir, cuando tengan lugar las resoluciones de la Comisión, en que
efectivamente hay determinadas drogas legales cuyos efectos son de una
altísima nocividad en nuestra sociedad. Eso es indiscutible.
Muchas gracias, señor Bertrán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero sumarme a la intervención del señor Presidente
dando la bienvenida a esta Comisión al señor López Riaño, que viene hoy
en una calidad diferente a la que estábamos acostumbrados hasta ahora, en
calidad
de Secretario de Estado para el Plan Nacional sobre Drogas. Además, deseo
darle la bienvenida sinceramente como preámbulo y expresión del afecto
personal que sabe que le tengo, y asimismo por el reconocimiento que ha
realizado en esta Comisión como portavoz de un grupo político durante los
años en que hemos venido trabajando en el seno de la misma para intentar
encontrar ese punto de acuerdo y ese consenso. Pero como también es
nuestra obligación evaluar hoy aquí muchas de las políticas que el
Gobierno está siguiendo o debería estar siguiendo, quiero que se
interprete que nuestras palabras van a ser de crítica en ese sentido, es
decir, hacia lo que en este momento está suponiendo, a nuestro juicio,
una desorientación manifiesta por parte del Plan Nacional sobre Drogas.
Señor López Riaño, tengo que decirle en el tono más informal que me es
posible --puede entenderlo así--, que compruebo con satisfacción que
estos meses que usted ha pasado al frente de la Secretaría de Estado no
le han hecho perder sus cualidades, por ejemplo, lo buen parlamentario
que es usted. Lo que sucede es que no veníamos tanto a juzgar aquí su
cualidad parlamentaria, que sabemos que es importante y dilatada, sino
más bien a juzgar precisamente su capacidad como Secretario de Estado, es
decir, la capacidad de impulsar realmente la política del Gobierno y
resultar ese punto de encuentro, porque con frecuencia hay que pasar de
las musas al teatro y de la teoría a la práctica, sobre todo cuando se
tiene la enorme responsabilidad de liderar e impulsar los programas
políticos para los que usted está en esa Secretaría de Estado.
Quiero decirle, por tanto, señor López Riaño, que no se trataba hoy, a mi
juicio, de conocer su visión personal que, por otra parte, es tan
genérica, ambigua y amplia en algunos casos que es difícil no
compartirla. El 99 por ciento de las cosas que ha dicho hoy en esta
Comisión son expresiones recogidas en el debate político, en la reflexión
común de esta sociedad y de los grupos políticos durante muchos años, y,
salvo en matices muy peculiares --incluso en algunos aspectos, a mi
juicio, de nuevo preocupantes, como le dije al anterior Delegado del
Gobierno, al plantearlos tan a la ligera--, es fácil coincidir en ese 99
por ciento de las cosas que usted ha dicho.
Pero se trata, como digo, de evaluar programas y la acción del Gobierno.
Es decir, no ha empezado el señor López Riaño desde hace cinco meses a
impulsar la política del Gobierno. Se Supone que hemos iniciado una
Legislatura hace ya más de año y medio y que lo que estamos pretendiendo
es ver qué hace este Gobierno y el partido que lo soporta durante una
Legislatura que, como digo, ya dura año y medio, tiempo durante el que
tendrá usted que reconocerme no ha pasado por momentos precisamente de
calma y serenidad, sino que, por el contrario, precisamente desde el
inicio de esta Legislatura, el Plan Nacional de lucha contra las drogas y
la Delegación del Gobierno han pasado por avatares diversos y cambios
profundos en algunas circunstancias que, indiscutiblemente, han marcado,
a nuestro juicio, la eficacia o ineficacia de lo que en estos momentos
está siendo la acción del Gobierno y de la Administración Central.
Y de eso se trataba, a mi juicio, hoy, de conocer qué ha sido de las
cosas que el anterior Delegado del Gobierno anunciaba, porque como
alguien ha dicho también esta mañana: algo digo yo que tendrá que ver con
el actual Gobierno y con el partido que soporta al Gobierno. Y si me
apura usted más, ya ni siquiera de evaluar lo que dijo el anterior
Delegado del Gobierno, quien, tuve la ocasión de recordar, era el que de
verdad había enunciado las famosas 32 medidas que este Gobierno iba a
poner en práctica para desarrollar un programa global de lucha contra las
drogas.
Esperaba por parte del Secretario de Estado que nos hablara de esas
famosas 32 medidas y nos dijera qué ha sido de cada una de ellas, en qué
estado de realización se encuentran, qué pasos se van a dar para poner en
marcha muchas de las cuestiones que se plantearon en esas comisiones, o,
incluso, de las que ha manifestado el señor López Riaño en estos cinco
meses que lleva al frente de la Secretaría de Estado. Por el contrario,
hemos oído, insisto, declaraciones en muchos casos de sentido común pero
vacías de medidas concretas, de programas y compromisos concretos, con
fechas y planteamientos, que es lo que en esta Comisión queremos oír.
Hay una técnica que se ha utilizado frecuentemente por los responsables
de la Administración, que es la de diluir las responsabilidades. Y en
esta área concreta en el que nos encontramos, en el área de la lucha
contra las drogas, se utiliza ya con demasiada frecuencia. No obstante,
deseo volver a los orígenes, es decir, cuando surge en el año 1985 el
Plan Nacional tiene la finalidad, entre otras cosas, de coordinar también
los esfuerzos de la Administración Central. Usted ha hecho aquí una
referencia, extraordinariamente compartida por todos, sobre la
importancia de las organizaciones no gubernamentales --la compartimos, la
apoyamos y la impulsamos--, ha hecho una referencia a la importancia de
las Comunidades Autónomas --qué duda cabe, de hecho están siendo cada día
más las que soportan el peso de la parte asistencial y preventiva de
manera más notoria y clara, y, de hecho, son pilar fundamental del Plan
Nacional-- y ha hecho también referencia a la labor de este Parlamento.
Pero se le ha olvidado hacer referencia a lo más importante, a la labor
de la propia Administración Central del Estado.
Llevamos algunos meses asistiendo a comparecencias de los diferentes
Ministros que tienen competencia sobre los temas que afectan al Plan
Nacional y hemos notado importantísimas carencias en los compromisos que
se adquirieron en su momento en la Comisión Mixta o por el propio
Gobierno. Y le quiero recordar que en la constitución del Plan, en el
Decreto de 1985, se hablaba precisamente de las funciones de coordinación
y de impulso entre los diferentes estamentos de la Administración Central
del Estado como una de las piezas fundamentales. Hasta tal extremo es así
que se creó el grupo de coordinación interministerial. Y hasta tal
extremo es así que fue una de las piezas fundamentales que esgrimió el
anterior Secretario de Estado en esta Comisión como base para desarrollar
su política. Y tan es así que recordarán ustedes que se aprobó un Decreto
ampliando la composición de ese grupo interministerial
a otros Ministerios, como el de Asuntos Exteriores, por poner un ejemplo,
porque se consideraba pieza fundamental en la lucha contra la droga. De
eso no hemos oído nada. Y no hemos oído nada, ¿sabe usted por qué, señor
López Riaño? Porque desde el año 1991 no se ha vuelto a reunir el grupo
de coordinación interministerial.
Creo que ya está bien de pedir responsabilidades a la sociedad, ya está
bien de pedir responsabilidades a las organizaciones no gubernamentales,
ya está bien de pedir responsabilidades a las Comunidades Autónomas;
empecemos por pedir responsabilidades a ustedes mismos, que son los que
están instalados en la Administración Central del Estado, los que se
dotan de unos instrumentos que después no convocan y no reúnen, y los
que, por tanto, convierten en papel mojado muchas de las cosas de las que
se publican en los Boletines Oficiales del Estado. Por tanto, de esto es
de lo primero que hay que hablar hoy aquí, de por qué no se reúne el
grupo de coordinación interministerial, qué se ha hecho de la importancia
que se le dio por el anterior Delegado hace tan sólo seis meses a la
incorporación de determinados Ministerios, cuáles son precisamente los
programas que se han puesto en marcha y cuándo va a ser la próxima
reunión de coordinación.
En el acta de la última reunión del grupo interministerial, que fue el 15
de julio de 1991, es curioso comprobar cómo en aquel momento --hace ya
más de tres años-- ya se hablaba de la necesidad y la urgencia y de los
compromisos que el Gobierno adquiría en determinados aspectos de la lucha
contra las drogas. El más notorio de todos, sin lugar a dudas, es el
campo legislativo. Pues bien, todos, a excepción de la Ley de Prevención
--que, como usted bien sabe, primero, se aprobó con mucho retraso, y,
segundo, todavía está pendiente de desarrollo reglamentario y de algunos
aspectos tan importantes como la ley del fondo--, a excepción de ese
compromiso, todos los demás, absolutamente todos desde el año 1991 están
totalmente sin realizar. Y son cuestiones tan importantes como, por
ejemplo, la relativa a la oficina técnica, que los propios Ministros
decían que se iba a poner en funcionamiento.
De eso, insisto, es de lo que tenemos que hablar; qué ha sido de los
compromisos del Gobierno, qué ha sido de las medidas enunciadas por los
anteriores Delegados del Gobierno, porque la labor de este Gobierno no
empieza con la del señor López Riaño como Secretario de Estado, sino en
el momento en que comienza esta nueva Legislatura, y, si me apuran
ustedes, desde el momento en que el partido que soporta este Gobierno
tiene la responsabilidad de marcar la política de la lucha contra las
drogas.
Estamos de acuerdo, como le he dicho, en ser un punto de encuentro. Sabe
usted que en ese sentido vamos a hacer todo lo posible, y lo hacemos
desde el ámbito nacional, en el Parlamento nacional, como fuerza
política, y lo hacemos las Administraciones autonómicas en las que
tenemos responsabilidades. Sabe usted que colaboramos de la forma más
leal en ese conjunto. Pero tenemos también la obligación de señalar que
el Plan no solamente es un sitio de encuentro. El Plan debe ser también
un proyecto de programas, de medidas concretas que hay que ejecutar, y no
solamente enunciar.
Esperaba también, señor López Riaño, que muchas de las cosas que usted ha
dicho siendo ya Secretario de Estado, algunas muy importantes y que
tienen una trascendencia fundamental para nuestro país, las hubiera
matizado, desarrollado y explicado con más profundidad en esta
comparecencia. Por ejemplo, este verano, el día 19 de julio, respecto de
un tema de una importancia vital, refiriéndose a la cuestión del blanqueo
de capitales en Gibraltar, hizo una afirmación tan extremadamente dura e
importante como que el Peñón era un centro internacional de blanqueo de
dinero, paraíso de criminales organizados. Cito literalmente un fax de la
Agencia Efe y después reproducido también por otra agencia como es
Colpisa: «Riaño dice que Gibraltar es un paraíso de criminales.» Me
parece que cuando el señor López Riaño hace una afirmación de esta
naturaleza es porque debe tener la información suficiente como para ello.
Y qué duda cabe --y saben sus señorías que es un tema que preocupa a la
sociedad española, que preocupa y que afecta gravemente a la comarca de
Algeciras y del Campo de Gibraltar-- que debe tener, por tanto, su
respuesta. Lo que le quiero decir al señor López Riaño es que,
coherentemente con esa afirmación, debe explicar en esta Comisión, o
donde crea conveniente, qué va a hacer el Gobierno, es decir, qué medidas
va a tomar el Gobierno para evitar que Gibraltar siga siendo, como él
dice, un centro internacional de blanqueo de capitales, que está, además,
perjudicando de forma gravísima a las comarcas españolas que se ven
afectadas por ese centro internacional de blanqueo de capitales; qué
medidas va a tomar el Gobierno de la nación para que Gibraltar deje de
ser dicho centro, o para que el Gobierno británico presione a su vez al
Gobierno de la Roca para que eso deje de ser así, o qué medidas
complementarias de desarrollo integral se van a seguir tomando, porque
según se desprende de la afirmación, hecha de esa manera, es evidente que
el señor López Riaño tiene una buena información sobre lo que allí pasa,
pero nos parece que la respuesta es escasa.
El señor López Riaño dice en otras declaraciones, en un importante medio
nacional: «Evitaremos que la trama gallega se convierta en mafia.» Y yo
le digo: señor López Riaño, ¿cómo va a evitar el Gobierno que la trama
gallega se convierta en mafia? Yo quiero conocer cuáles son las medidas
que usted va a aplicar, las que el Gobierno va a impulsar para que las
tramas gallegas o de otro orden se conviertan en mafia. Es una
preocupación que ya hemos expresado más de una vez en esta Comisión. Es
verdad que hay un peligro real en nuestro país de que la delincuencia no
organizada se convierta en delincuencia organizada. Nos preocupa a todos,
pero el Gobierno tiene una responsabilidad adicional, tiene que traer
iniciativas a esta Cámara, tiene que traer proyectos a esta Cámara, para
evitar, precisamente, y para ser más eficaces en la lucha contra las
mafias organizadas.
Dice el señor López Riaño: «Falta legislación contra el crimen
organizado.» Señor López Riaño, es usted el Secretario de Estado. Si
falta legislación contra el crimen organizado, dígannos ustedes qué
legislación va a traer a esta Cámara el Gobierno, la Secretaría de Estado
que usted impulsa,
para ser mucho más eficaces en la lucha contra el crimen organizado. Y de
eso es de lo que yo creía que hoy íbamos a hablar aquí, de medidas y
proyectos concretos y, como mínimo, de la evaluación de las que ya se nos
han anunciado, no solamente por el anterior, sino, como ya tuve la
ocasión de decir, por, incluso, el anterior.
Repito de nuevo --porque es un hecho que se puede comprobar fácilmente
leyéndose las actas de esta Comisión-- que desde la dimisión del señor
Solans, con escasísimos meses en los que estuvo como responsable el señor
Villoslada y con el período transitorio del señor Garzón, no se ha hecho
ni un solo proyecto nuevo en la Delegación para el Plan Nacional de lucha
contra la droga. Todo lo demás ha sido enunciar una y otra vez medidas
que ya conocíamos, proyectos bien intencionados, pero que duermen en el
cajón y en las buenas intenciones de los responsables de la
Administración. Yo creo que hay que romper esa dinámica, porque está
paralizando la eficacia de la lucha contra la droga a nivel central y
está desanimando, desmotivando importantes esfuerzos que se habían
conseguido movilizar en la sociedad española durante estos años atrás, en
muchas Administraciones autonómicas y también en algunos colectivos
sociales --como usted ha reconocido precisamente hace un momento-- que
demandan más de la Administración y que, entre otras cosas, demandan
claridad, iniciativas, liderazgo, que es lo que tiene que hacer, a mi
juicio, en este momento la Secretaría de Estado.
Usted no ha entrado en profundidad en el análisis de la Memoria, porque
me imagino que, entre otras cosas, la va a presentar usted esta tarde a
los medios de comunicación, pero como yo no voy a tener la ocasión de
estar en la rueda de prensa para poderle preguntar a usted algunas cosas,
voy a tener ahora --si a usted no le importa-- la ocasión de hacerle
algunas preguntas o algunos análisis sobre las cifras.
Por cierto, usted ha hecho, como siempre, un juego inteligente con el uso
de las cifras y de la Memoria, porque, por una parte, ha hecho la
afirmación de que no le gusta utilizar demasiado las cifras y escudarse
en ellas, pero al final de su intervención ha utilizado las cifras.
Lógicamente, ha dado usted las cifras que creía más convenientes en este
momento, las que creía que a los medios de comunicación le pueden
resultar más interesante escuchar. Pero hay otras muchas más cifras en la
Memoria del año 1993 que hay que estudiar y evaluar.
Tengo que decirle que es encomiable, y siempre lo he admirado mucho, el
optimismo con el que usted se expresa, pero me da la sensación de que ese
optimismo es un tanto, en este momento, infundado, señor López Riaño.
Creo que del análisis profundo y frío de la Memoria del año 1993, del
análisis reflexivo de las declaraciones que hacen importantes
personalidades del mundo de la Magistratura, de la Fiscalía, de los
medios policiales, de los medios sociales en nuestro país, en este
momento precisamente no puede derivarse un optimismo demasiado profundo.
Por el contrario, hay una preocupación de que de nuevo se nos están
escapando algunos aspectos importantes de la lucha contra la droga, como
ahora voy a intentar demostrarle.
El mismo Secretario de Estado me hizo notar el sábado que teníamos la
Memoria en el casillero, por lo que he tenido escaso tiempo para poderla
estudiar. El la ha estudiado, pero he podido comprobar que los temas
fundamentales, como consumo, percepción social u otros muchos temas a los
que ahora me referiré, todos y cada uno de ellos han tenido un
empeoramiento en la Memoria del año 1993 respecto del año 1992. Por
ejemplo, en la página 38, cuando se le pregunta a los españoles sobre la
percepción que tienen sobre si ha mejorado o empeorado, el 55 por ciento
de los españoles dice que ha empeorado; un porcentaje mayor de los que lo
decían en el año 1992. En la página 17 --que usted ha mencionado de
pasada--, cuando se habla de tendencias de consumo, nos estamos yendo a
unas cifras de consumo de sustancias tóxicas que en todos y cada uno de
los casos, salvo mínimamente y de forma casi anecdótica en el tema de la
heroína --y, como usted bien sabe, más bien asociado al drama de lo que
significa en este momento la infección de VIH--, en todos y cada uno de
los demás parámetros hay un aumento importante de consumo, tanto de
cannabis como de coca como de crack, y no digamos de las drogas
sintéticas. Por cierto, hago un paréntesis para recordar que esa
preocupación que en algún caso se ha expresado en esta Comisión fue
manifestada por mí como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su
momento, y fue entonces el señor Solans el que dijo que no tenía ninguna
trascendencia para España, ni en el corto ni en el medio ni en el largo
plazo. La Delegación del Gobierno no consideraba en aquel momento que el
problema de las drogas sintéticas fuera para nuestro país. Pues
precisamente por no tenerlo en cuenta en aquel momento y no disponer de
la capacidad de adaptarse, hoy en este momento estamos viendo cómo de
forma dramática se ha producido una escalada en el consumo y, por tanto,
también en el tráfico de las drogas sintéticas.
Si nos vamos, por ejemplo, a la página 37, sobre la preocupación que
produce en los españoles, sigue siendo el segundo factor de preocupación
entre los españoles y muy a distancia del tercero, que es la inseguridad
ciudadana. Si se les pregunta a los españoles sobre las preocupaciones o
los riesgos que tendrían sobre algún familiar cercano, en el año 1993, el
62 por ciento de los españoles siguen sintiéndose preocupados ante la
posibilidad de que algún hijo o familiar consuma. Es un porcentaje mucho
mayor que el que había en el año 1992, que era del 51 por ciento. Por
tanto, hemos pasado del 51 por ciento de preocupación al 62,7 por ciento.
También ha aumentado.
Si hablamos de otro tipo de preocupaciones, en cuanto a la persecución de
los delitos o en cuanto a la idea de la mayor represión, en todos y cada
uno de ellos se demuestra que la sociedad española sigue reforzando su
preocupación, su inquietud y sigue demandando del Gobierno más
prohibición, más dureza en la actuación contra el narcotráfico. Por
tanto, insisto, se pueden derivar datos muy distintos a ese optimismo que
usted nos menciona.
En la página 42, cuando se habla de la implicación de la Administración
Central del Estado, hay un 45 por ciento de españoles que dice que no es
suficiente y que debería hacerse más por parte de la Administración
Central del Estado.
Curiosamente, solamente el 11 por ciento lo dice de las Comunidades
Autónomas. Es decir, el ciudadano percibe que hace más la Comunidad
Autónoma y hace menos la Administración Central en la lucha contra la
droga. Por tanto, alguna circunstancia debe existir.
Si hablamos de detenciones, han aumentado; si hablamos de decomisos, han
aumentado; si hablamos de la situación en nuestro país en relación con el
contexto europeo, seguimos siendo el primer país en cannabis y en cocaína
y el cuarto en heroína. Eso creo que también es un motivo de enorme
preocupación.
Si se les pregunta a los españoles el porcentaje de gente a la que se le
ha ofrecido droga en el año 1993, también ha aumentado respecto del año
1992. Por tanto, existe otro factor de preocupación.
Por cierto, ahora que he mencionado el tema del cannabis, que sigue
siendo para nuestro país uno de los principales problemas, aprovecho para
decirle, señor López Riaño, que, como dije al anterior Delegado del
Gobierno, sin cerrarnos a ningún debate de tipo intelectual ni político,
creo que cuando se tiene la responsabilidad de estar en la Secretaría de
Estado, cuando se hacen determinadas afirmaciones, hay que valorarlas y
pensarlas muy bien y hay que elegir el foro en el que han de hacerse y
efectuarse cuando se tienen ya muy meditadas y muy valoradas; es decir,
si realmente ese mensaje que se lanza a la sociedad es el más correcto.
Usted ha lanzado hoy un reto sobre la posible legalización del consumo de
cannabis, es decir, la liberalización de la distribución, que me parece
extraordinariamente peligroso porque es una evidencia que,
independientemente de los grados y de los riesgos o equilibrios que
producen determinadas sustancias, el cannabis es intrínsecamente una
sustancia tóxica que produce deterioro en muchos aspectos, físicos y
psíquicos, y la resignación o aceptación de ese hecho lleva implícita una
concepción de valores en la sociedad que, a mi juicio, no debemos
resignarnos tan fácilmente a aceptar.
Yo creo que en este momento no debe ser una de las prioridades de la
Delegación, ni siquiera de esta Cámara, plantearnos esa modificación,
entre otras cosas, por coherencia con nuestras propias posturas
internacionales. Como ya recordé en su momento, España ha firmado
convenciones internacionales que nos comprometen, y mientras los grupos
internacionales en los que nosotros libremente nos hemos incorporado,
porque hemos decidido seguir esa política, no cambien o no cambiemos
todos consensuadamente esa política, creo que no debemos lanzar mensajes
contradictorios a la sociedad porque podría ser que algún chico que en
este momento esté consumiendo cannabis diga: ¡Hombre, resulta que al
final de todo esto, hasta lo van a liberalizar y al final tendrán razón
los que decían que no era tan malo que se consumiera cannabis. No creo
que sea ésa la línea de trabajo, sino que, más bien por el contrario, es
bueno reforzar mensajes claros a la sociedad española.
Si vemos la situación en instituciones penitenciarias, ya tuve la
ocasión, cuando valoramos la anterior memoria, de explicar nuestra gran
preocupación; de hecho, hemos presentado una iniciativa en esta Cámara
para produndizar en este tema. Solamente 12.000 de los más de 40.000
reclusos que hay en nuestro país, según la Memoria, han recibido lo que
llaman algún tipo de información. Después se detalla en la Memoria que
«algún tipo de información» consiste en haber distribuido 10.000
folletos, es decir, que ni siquiera los 12.000 han tenido acceso a un
folleto por recluso. Considerando que ésa sea una forma eficaz de hacer
prevención en una población con claros síntomas de marginación e incluso
con unos niveles de desarrollo cultural limitado, no sé si se puede
deducir que es una forma eficaz de hacer prevención en los centros
penitenciarios.
Pero si además nos vamos a valorar la actuación por centros, vemos que
sigue siendo todavía insuficiente. Como recordé entonces al anterior
Delegado, la competencia en instituciones penitenciarias, a excepción de
Cataluña donde está transferida, es exclusiva del Estado Central, y en
los centros españoles de instituciones penitenciarias no se están
haciendo todavía programas de tratamiento de desintoxicación ni de
información, y ésa es una deficiencia grave, a mi juicio, de la
Administración Central del Estado.
Si hablamos de Presupuestos Generales, señor López Riaño, me parece que
tenemos que detenernos en este tema con algo de tranquilidad. Se nos
anunció, cuando celebramos otros debates, que era inminente la
presentación de lo que llamamos entre todos coloquialmente la ley del
fondo. Incluso, una Diputada que es miembro de esta Comisión tuvo la
ocasión de preguntar al Gobierno sobre ese tema, y se nos volvió a decir
que el proyecto estaba ya poco más o menos ultimado y que iba a venir a
las Cámaras en un corto período de tiempo. Pero es que, releyendo las
actas de las comparecencias, eso mismo se nos dijo exactamente hace un
año y medio. Efectivamente, hace un año y medio se nos dijo que ya estaba
ultimado el proyecto y que era cuestión poco menos que de días para que
llegara a esta Cámara.
Por tanto, las afirmaciones que se hacen en este momento tienen, a
nuestro juicio, poca credibilidad porque se ha dejado pasar un año y
medio sin traer el proyecto a la Cámara. Y cuando digo que se ha dejado
pasar, quiero decir que se ha dejado pasar la oportunidad de utilizar
fondos decomisados a los narcotraficantes para poder mejorar la lucha
contra las drogodependencias.
Los últimos datos del Servicio de Vigilancia Aduanera contenidos en la
memoria del año 1993, que supongo que usted conoce perfectamente, hablan
de 22.000 millones de pesetas decomisados a los narcotraficantes. En una
contestación a una pregunta escrita al Gobierno, por el contrario, se
habla de dinero contante y sonante, es decir, aproximadamente 2.700
millones de pesetas en 1993. En todo caso, a pesar de la disparidad de
las cifras, es una cantidad sumamente importante, que estaría casi
multiplicando por dos la capacidad efectiva del Plan Nacional de Lucha
contra la Droga, si pudiéramos realmente haber utilizado de forma
razonable y eficaz ese mecanismo que nos daba la ley del fondo.
Se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado una enmienda que
trataba de paliar en aquel momento la
demanda social en ese sentido. Había una demanda social, y sigue
habiéndola por parte de las Organizaciones no Gubernamentales, de que se
utilicen los fondos que se decomisan a los narcotraficantes. Como el
Gobierno no fue eficaz y no presentó ese proyecto de ley, tuvo que
buscarse el artilugio de presentar una enmienda a través de los créditos
ampliables en los Presupuestos Generales del Estado. Así se hizo el año
pasado, es decir, se creó un crédito de 25 millones de pesetas, ampliable
hasta los 500 millones de pesetas, que no se ha utilizado durante el
ejercicio actual, y eso me parece una gravísima responsabilidad.
Y no me valen, señor López Riaño, disculpas de orden administrativo ni de
orden interno, porque la voluntad política --y usted es legislador, no es
que lo haya sido, sino que sigue siendo Diputado y sigue apoyando al
grupo mayoritario-- está para eso, para cambiar las normas obsoletas, las
normas anticuadas, y ahí es donde se nota la capacidad de liderazgo de un
Gobierno y de un partido, cuando es capaz de resolver situaciones
anacrónicas y de impulsar nuevas medidas que hagan eficaces las cosas que
nos proponemos en este Parlamento.
De hecho, hoy, a estas alturas, lo cierto es que los bienes que se siguen
incautando a los narcotraficantes no los podemos utilizar, no se están
utilizando en beneficio de las víctimas que han sido afectadas por el
tráfico criminal de los narcotraficantes. Ni hay ley del fondo ni se ha
utilizado el crédito ampliable que estaba previsto en los Presupuestos
del año 1994, y eso me parece una gravísima responsabilidad, una
negligencia importante por parte del Gobierno que está en deuda con la
sociedad a la hora de responder sobre este tema.
Por tanto, como le he dicho antes, yo no tengo una visión demasiado
optimista, y no la tengo porque creo, insisto, que desde hace dos años se
ha perdido el norte. Ha habido demasiados cambios, demasiados vaivenes
dentro de la Secretaría de Estado, dentro del Plan Nacional, con cambios
de responsables, con cambios de ubicación, con demasiadas enunciaciones
de buenísimas intenciones que después no se han llevado a la práctica. Ha
habido una larga lista de medidas anunciadas, de las cuales también hay
una larga lista de incumplimientos, pero poco más se ha hecho.
Y tengo que basar mis afirmaciones no solamente en estos juicios que
puede alguien considerar subjetivos, sino que los estoy basando en los
datos de la Memoria que se nos acaba de entregar; los estoy basando en
los análisis de la Memoria de la Fiscalía Especial del Estado, que están
también aquí y que son los de este año, por lo que son datos objetivos
del Fiscal Especial para la Lucha contra la Droga. Los estoy basando en
afirmaciones de personas a las que yo creo que tenemos que dar algún
juicio, como son, por ejemplo, el propio Fiscal Especial para la Lucha
contra la Droga, que públicamente acaba de decir --como le hemos
escuchado todos los españoles en medios audiovisuales-- que no se puede
seguir con la situación actual, que no existen los medios suficientes,
que la legislación española está obsoleta, que se realizan operaciones
internacionales en las que nos faltan instrumentos legales y mecanismos
administrativos para poder ser eficaces. Y tenemos también que basarnos
en personas como el señor Bueren --y hago referencia a su nombre porque
él lo ha dicho públicamente--, que algo, digo yo, debe de saber sobre
este tema, que ha dicho literalmente: Faltan medios judiciales y
policiales para luchar contra el narcotráfico y contra el blanqueo de
dinero, lo que ha llevado al Estado a una grave situación de inoperancia,
con grave riesgo de que las leyes se conviertan en papel. Esto lo ha
dicho el señor Bueren, que digo yo que alto tiene que saber de este tema.
Si lo unimos a lo que acaba de decir el Fiscal Especial para la Lucha
contra la Droga; si lo unimos a los datos de la memoria de este año; si
lo unimos a los datos de la propia Fiscalía Especial y si lo unimos a la
evidencia de lo que nos están demandando todos los días los ciudadanos,
de lo que nosotros percibimos y de lo que ha sido, lamentablemente, la
experiencia de estos últimos años en los vaivenes del Gobierno, yo creo
que no estamos en la mejor de las situaciones.
Es, por tanto, necesario, señor López Riaño, cambiar el ritmo. Creo que
hay que abandonar este discurso de planteamientos teóricos y hay que
proceder a recuperar el terreno perdido. Hubo un pilar fundamental por el
que se consiguieron éxitos importantes, que fue precisamente el hecho de
poner de acuerdo a las diferentes Administraciones del Estado para que el
tema funcionara; otro pilar fundamental fue cooperar con las
Organizaciones no Gubernamentales, pero el otro pilar que es la
Administración Central del Estado hay que ponerlo a funcionar
definitivamente.
Creo que hemos perdido un tiempo importante. Yo confío plenamente no sólo
en sus buenas intenciones y en su capacidad porque le conocemos por los
años que lleva usted aquí, pero tiene usted que reconocer que hay que
volver a replantearse determinados temas y que hay que dar explicaciones
de alguna de las cosas que el Gobierno se comprometió a hacer.
Me estoy alargando demasiado, pero no puedo dejar de citar los
compromisos. Insisto en que supongo que se mantienen vivos, porque no
creo que fueran los compromisos del señor Garzón; supongo que serían los
compromisos del Gobierno. ¿Qué ha sido de las 32 medidas anunciadas aquí?
Aquí se nos anunciaron dos encuestas públicas que iban a hacerse
inmediatamente y que íbamos a conocer, una al final del año 1993 y otra
al final de 1994, y no sabemos nada en este momento. Aquí se nos habló de
la incorporación al grupo interministerial, y no conocemos qué ha pasado
con ese tema. Se nos anunció la publicación inmediata de un manual sobre
el alcohol, que no ha sido publicado. Se nos anunció la puesta en marcha
inmediata de programas de prevención en el ámbito laboral y de la
Comisión con sindicatos, etcétera, que tampoco ha salido más allá de la
propia formulación, de la propia firma de esa Comisión, y no hay
programas concretos.
Por no leerles todas y cada una de ellas, en el ámbito legislativo se nos
anunció la tan traída y llevada, y tantas veces anunciada, ley sobre el
tema de los precursores. Se nos anunció la ley del fondo y se nos
anunciaron, por ejemplo, medidas de coordinación con el Plan Nacional del
Sida, sobre el que en este momento tampoco hemos
hablado y lo hemos pasado como si no tuviera relación una cosa con la
otra. En el ámbito de instituciones penitenciarias se nos anunciaron
cambios importantes en la legislación que permitieran el cumplimiento de
penas dentro de los centros penitenciarios, etcétera. Todo eso está
enunciado en las, si no recuerdo mal, 32 medidas, que se dijo que fueron
del señor Garzón, y yo vuelvo a recordar que fueron del señor Villoslada
y que fueron del señor Solans, que fue quien realmente enunció aquellos
planteamientos, salvo, lógicamente, algunas aportaciones que cada uno de
los que han sido responsables han hecho por su propio conocimiento
personal o por su propia experiencia. Pero, señor Garzón, de todo ello
--del tema de la regulación de los agentes infiltrados, de las entregas
vigiladas, que había que desarrollar y controlar mejor, del proyecto de
ley sobre los procedimientos de cooperación judicial internacional,
etcétera-- usted no nos ha hablado, y de eso es de lo que hay que hablar,
porque este Gobierno se comprometió a un proyecto legislativo amplio que
no se ha cumplido.
Para terminar, tengo que decirle que nos va a tener aquí, en esta
Comisión y en el Parlamento, como siempre, de la forma más constructiva,
así como también lo haremos en donde tengamos responsabilidades en otras
Administraciones, pero que le vamos a demandar, señor Delegado del
Gobierno, que asuma la responsabilidad que tiene de impulsar la
coordinación, en primer lugar, de la propia Administración central del
Estado, para desde allí, con la autoridad moral que da el hecho de que la
primera que está cumpliendo es ella, poder demandar a la sociedad, a las
demás fuerzas políticas y a las demás Administraciones un compromiso en
la misma línea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Robles, por el afecto que ha manifestado en el
inicio de su intervención y por el reconocimiento a una tarea
parlamentaria. Créame que cuando uno decide asumir responsabilidades en
el Ejecutivo --y sin duda le ocurrirá en alguna ocasión a usted mismo--,
se siente no que el sistema parlamentario sea gravoso, pero uno sí rehuye
hacer discurso estrictamente formal, y de hecho yo creo que ha sido así:
en la mañana de hoy yo no me he sentido más que responsabilizado con las
cosas que digo y que quiero hacer llegar a la opinión pública, y antes
que nadie a sus señorías.
Para llegar a un primer acuerdo, yo le propongo que no me diga que estoy
instalado aquí, en el poder, porque le tendría que decir: no se instale
usted, don Gonzalo Robles, en la oposición. Para avanzar en esta nueva
etapa sería muy conveniente que nos deslastráramos del entendimiento de
que cualquiera de nosotros que tenga la responsabilidad de hablar de este
asunto está instalado en ninguna parte, y a partir de este primer
acuerdo, yo estoy de acuerdo de que avanzaremos en el consenso que usted
finalmente propone.
Por no cansar a la Comisión no les he dicho a sus señorías en qué estado
está el cumplimiento de las proposiciones que don Baltasar Garzón hizo
aquí. También creo que ha sido un lapsus, señor Robles, y cuando usted al
final me ha llamado señor Garzón --me parece que así será recogido en el
«Diario de Sesiones»-- he querido ver que usted mismo entendía que había
una continuidad, que yo siento. Yo creo que en los momentos difíciles es
bueno que se produzcan cambios, no pasa nada, eso ayuda a la sociedad a
vernos mejor y a saber qué es lo que no sabemos hacer y que es lo que
tenemos que hacer mejor. Y repito que no he querido hacerles perder el
tiempo a sus señorías, pero dejo a disposición de la Mesa, si así se
considera necesario, el estado de ejecución en el momento actual de las
proposiciones que el señor Garzón hizo en esta Comisión.
Por ponerles unos ejemplos --cuando ustedes consideren que es fatigoso me
lo dicen--, la primera proposición del señor Garzón era: «Medidas de
coordinación, cooperación y diseño. Estrategias de intervención en la
lucha contra la droga: un congreso nacional sobre el Plan Nacional sobre
Drogas». El llamado congreso nacional sobre el Plan Nacional sobre Drogas
sería el resultado del debate aprobado por la Conferencia Sectorial; este
debate, que, articulado alrededor de diferentes cuestiones sectoriales,
trataría de implicar en el mismo a las distintas instituciones, está en
marcha. Durante 1994 la Delegación del Gobierno ha financiado a un
conjunto de ONG para que puedan implicarse en esta tarea.
Punto número dos: «Ampliación del grupo interministerial para el Plan
Nacional sobre Drogas». El grupo interministerial ha sido ampliado con la
presencia de los Ministros de Economía y Hacienda, y Exteriores, si no
recuerdo mal.
El punto número tres era la creación de un consejo asesor en materia de
lucha contra la droga. Aquí he sido yo quien ha tomado la decisión de
dedicar un tiempo a la reflexión sobre la creación de un nuevo consejo
por dos razones: en primer lugar, desde el punto de vista del ahorro
presupuestario y, segundo, teniendo en cuenta la política coordinada con
las Administraciones periféricas, puesto que algunas Autonomías, algunos
partidos que tienen su funcionalidad política en alguna autonomía, han
manifestado su rechazo, señor Robles, a que se cree un nuevo organismo en
donde nos metamos todos, cuando piensan que el Plan es exactamente ese
organismo.
Punto número cuatro: «Adopción de medidas de cooperación y contacto con
las ONG». La Delegación ha continuado esas medidas, las ha intensificado
y ha repartido más de 36 millones con respecto al año anterior.
El punto número cinco era la «Participación de la Comisión Nacional de
Coordinación y Seguimiento con los problemas del sida», tema que le ha
interesado siempre a su señoría. Durante el año 1994, es decir, durante
la gestión del señor Garzón y la mía propia, la Delegación ha
incrementado muy significativamente su colaboración con el Plan Nacional
del Sida. Ha participado activamente en la
Comisión Nacional de Coordinación y ha establecido un grupo de trabajo
conjunto.
En el punto seis: «Potenciación y consideración del papel de España en
los organismos públicos internacionales». España ha continuado su
participación activa en todos los foros internacionales. Durante 1994 ha
recibido la visita, que usted conoce, del JIFE y ha superado el examen
--al que no he querido referirme porque me parecía demasiado estimulador
para mí mismo-- autoevaluador del GAFI. Se ha enfatizado el seguimiento
de los convenios bilaterales, especialmente con Francia, Alemania y
Portugal. Yo mismo estoy desarrollando una política en relación con
gobiernos extranjeros, dentro y fuera de la Unión Europea, y yo creo que
la Comisión podrá analizar más adelante si ha sido eficaz o no.
Señor Robles, yo creo que en menos tiempo no se puede dar mejor
cumplimiento a aquellos compromisos, pero por si hubiera dudas en la
Comisión, yo dejo aquí --para no cansar a sus señorías-- el estado de la
cuestión.
Esta Comisión produjo en su día --como usted ha dicho muy bien-- unas
resoluciones, importantísimas para mí en este asunto --no sé para su
señoría, supongo que también--. El problema es que casi todas están en
marcha, y por eso yo al principio de mi comparecencia insinuaba la
posibilidad de llegar a un debate en el seno de la Comisión que produjera
nuevos compromisos. Yo creo que si no nos instalamos, por mi parte en el
poder y por su parte en la oposición, seremos capaces de diseñar nuevos
compromisos a cumplir, porque, sencillamente, los que habíamos adoptado
en esta Comisión, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad,
han sido cumplidos, y éste es el problema que tenemos: el haber dado
cumplimiento a muchos de los compromisos y tener, sin embargo, la
sensación de que se puede mejorar.
En cuanto a la reunión interministerial se celebra una vez al año, y
últimamente --en eso lleva usted un punto de razón-- lo que se ha
preferido es que la intervención de los Ministros de cada ramo se haga en
las conferencias sectoriales. Por eso le quiero decir, señor Robles, que
no es verdad que no se hayan producido durante todos los años, lo que
ocurre es que se han hecho de forma distinta a partir del año 1993. Se
puede considerar si la reunión de la interministerial aborda nuevos
problemas y es necesaria en estos momentos; mi voluntad es convocarla,
pero quiero decirle que no por ello ha dejado de trabajarse por parte del
Gobierno en ese sentido.
En cuanto a los datos de la Memoria, lo primero que le agradezco, señor
Robles, es que utilice usted la Memoria del Plan; esos datos --algunos de
ellos no muy ventajosos para quien dirige el Plan-- están en la Memoria
del Instituto. No son datos de fuera, son datos que nosotros traemos aquí
a la reflexión de sus señorías y de la opinión pública en general. Ello
significa que se ha hecho esta Memoria desde el mayor grado de
objetividad y neutralidad posible, que no queremos engañar a la opinión
pública, y menos, señoría, a esta Comisión, que hay datos que no son todo
lo gratos que desearíamos, pero todos los indicadores a los que usted se
ha referido han mejorado.
Usted, cuando cita la opinión de los españoles en este tema, la cita
ciertamente pero no todo el pasaje de la Memoria en la que, si pone usted
en relación esa encuesta con las de períodos anteriores, verá que en este
asunto hay un problema de representación social muy importante. Muchas
personas que nunca han tenido el problema de la droga ven en ésta un
grave problema; es decir, hay un problema de representación social, según
hablan los expertos, que es incuestionable y que tenemos que asumir. Pero
la confianza de nuestros ciudadanos en la red asistencial, que es
coparticipada con otros gobiernos, y no solamente desde el Gobierno
central, es muy alta en este momento. Y el crédito de las instituciones
públicas, tanto ayuntamientos, sean del partido que sean, tanto
Autonomías, las gobierne quien las gobierne, como del Estado es cada vez
mayor. Nuestros ciudadanos acuden en este sentido cada vez más a los
centros de asistencia. Unicamente, como dato negativo, observo que hay
una disminución en las llamadas unidades hospitalarias integradas en el
sistema del Insalud. ¿Por qué? Porque muchas de esas competencias han
sido absorbidas por las Comunidades Autónomas en sus programas
regionales. Y mire si fueron importantes las resoluciones de esta
Comisión, señor Robles, que hoy podemos decir aproximadamente lo que nos
gastamos los españoles en este asunto.
Fíjese, las Comunidades Autónomas, cuyos representantes yo recuerdo que
comparecieron ante esta Comisión, en el ámbito de la que se creó un
estímulo evidente de mejora entre unos y otros, supone que
aproximadamente se gastan hoy en nuestro país 14.000 millones de pesetas,
lo cual significa un aumento extraordinariamente considerable respecto de
lo que tan sólo antes de aquella resolución de sus señorías se gastaba en
este país. Con lo que se gasta el Estado central a través del Plan, unos
3.800 millones de pesetas, que repartimos a las organizaciones no
gubernamentales y a las propias Comunidades Autónomas, la cifra aumenta
la cantidad que acabo de decir; para aumentarla definitivamente en los
programas que todos los Ministerios del Gobierno establecen ahora en la
lucha contra la droga, a la que hay que añadir, como digo, unos 6.000
millones más.
En resumen, podemos decir que hoy los españoles nos gastamos 24.000
millones de pesetas, independientemente de todo lo que invertimos en el
área educativa, en el pago a los profesores, en los programas especiales,
en lo que podríamos llamar el sueldo de los funcionarios de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, que no deja de ser una inversión en este asunto; es
decir, específicamente en el ámbito de lo que podríamos denominar la
responsabilidad asumida. Pero, de verdad, señor Robles, yo he dejado de
ser jacobino en cuanto que he tomado contacto con la realidad de este
problema. El Gobierno central tiene responsabilidades, algunas las ha
señalado usted y las ha criticado legítimamente. La inmensa mayoría de
las cosas que ha dicho son competencia y responsabilidad de otras
autoridades, y el deber y la tarea del Plan es ofrecerles a ustedes el
esfuerzo conjunto de esas administraciones que a mí, sin embargo, me
parece que de la lectura de esta Memoria de 1993 se deriva un cierto
optimismo.
Me hablaba usted de la legalización o no del cánnabis. Yo también pienso
que en estas cosas hay que arriesgar el titular. Y es probable que los
medios de comunicación digan que yo he dicho que hay que legalizarlo. No,
señoría, soy consciente de que en mi sociedad hay un debate
importantísimo sobre la legalización o no de las drogas en nuestro país;
sería miope no ver esa realidad. Y, le voy a decir más, autoridades
intelectuales, sectores de la magistratura o de la medicina pueden estar
de acuerdo en esa opción; es una opción que algún congreso ha determinado
como posicional para determinados sectores de nuestra sociedad.
Yo creo que es una barbaridad --y lo digo con esta expresión-- legalizar
las drogas contra las que luchamos en el momento actual; es una
barbaridad porque no tenemos en este momento una evaluación de los
efectos y del coste económico que esto supondría en la sociedad moderna,
en la sociedad occidental. No hay ningún Estado que se atreva a dar ese
paso. Pero, en el seno de esos Estados, sin miedo ninguno a la realidad,
hay determinados análisis de tipo científico, educativo o sociológico que
indican que no parece razonable tratar de la misma manera a sustancias
distintas.
¿Qué he querido decir? Que me parece que ése es un importante debate a
hacer, si sus señorías lo estiman conveniente, porque la obligación de la
Secretaría de Estado es cumplir las leyes que existen y que se dan en
nuestro sistema democrático. Ese es el único marco que limita la
actuación del Delegado o del Secretario de Estado, pero ese no es el
marco definitivo, señoría. Supongo que somos capaces de hacer las cosas
mejor y que, de hecho, el compromiso que tenemos con la sociedad es
hacerlas cada vez mejor.
En el sistema penitenciario se ha avanzado mucho. Fue una inquietud del
señor Garzón; sus contactos con la institución Secretaría de Estado para
Administraciones Penitenciarias fueron eficaces, y yo creo que si usted
lee exactamente lo que dice la Memoria también podrá admitir que, después
de una situación de análisis crítico, la Memoria señala los avances en
programas, en asistencia, en la situación en el ámbito del sistema
penitenciario. No habrá ningún inconveniente en ampliar esta posición en
el futuro, o bien a través de mi modesta persona, o bien a través de la
Secretaría de Instituciones Penitenciarias, doña Paz Fernández
Felgueroso. Creo sinceramente, señor Robles, que se ha avanzado en ese
asunto.
Me habla usted de los presupuestos, de la ley del fondo y de una cantidad
que aprovecho para decirle que a lo mejor está equivocado, no me atrevo a
decir que sea un error reiterado. usted, cuando quiere fijar la cifra que
podríamos disponer en el futuro, utiliza la cantidad, si no me equivoco,
de 22.000 millones de pesetas, que devienen de una información del
Servicio de Vigilancia Aduanera. Le digo, señor Robles, porque usted se
lo preguntó al señor Ministro, que esa cantidad se refiere a todo lo
incautado por ese servicio pero, usted, que es jurista, reconocerá que no
es lo mismo las mercancías, bienes o productos decomisados y objeto de
sentencia definitiva judicial que van a nutrir la ley del fondo. Y le
advierto esto porque, si no, estaremos cometiendo un desenfoque social,
estaremos informando mal a la comunidad.
En este sentido, lamentablemente la cifra es menor, señor Robles; incluso
en una estimación que yo he hecho recientemente en la Delegación no
alcanza ni siquiera el crédito ampliable que tenemos; es decir, lo que
los jueces y magistrados definitivamente podrían poner a disposición del
Fondo es una cifra, como le digo, muy inferior a la que usted maneja. La
que usted maneja es la totalidad de las incautaciones, y la que tenemos
que manejar, de acuerdo con la ley que ustedes dictaron y la cláusula
adicional a la Ley de Blanqueo, es estrictamente la que los jueces
definitivamente consideran que debe ingresar en el Tesoro Público. No son
bienes que estén a la disposición de la Secretaría de Estado en su
determinación. Yo no puedo determinar cuántos son en cada ejercicio
económico, tengo que esperar y aguardar a que la autoridad judicial, una
vez más, me diga cuál es la cuantía. Y en eso estamos, si es la Fiscalía
Especial contra la Droga, el Poder Judicial o la propias salas de
Gobierno quienes han de certificar al Ministerio de Hacienda una por una
qué cantidades en un determinado ejercicio han sido, no ya decomisadas,
sino objeto de sentencia firme. Y esas cifras son las que podemos
disponer usted y yo, de acuerdo con la norma presupuestaria, para
repartir esos bienes. (El señor Robles Orozco: ¡Yo, no!) Usted también
porque vota los presupuestos, señor Robles.
Continuando con las medidas legislativas y para tranquilizarle, es
verdad, señor Robles, que la ley del fondo está siendo estudiada en el
equipo del Ministerio de Justicia y, a la mayor brevedad, la vamos a
presentar a las Cámaras. Es una ley, como acabo de decir, delicada.
Probablemente al legislador --cuando yo estaba sentado donde ustedes-- le
pareció suficiente aquello que hicimos como adición a la Ley del Blanqueo
de Dinero, pero nos equivocamos en una cosa, en que, según me dicen los
expertos, hicimos depender todo ello del capítulo II que, como sus
señorías saben, se refiere a reuniones, estudios, programas, pero a lo
mejor la Delegación y ustedes deseaban distribuirlo para las
organizaciones no gubernamentales, o para las Autonomías, o para otro
tipo de programas. En la Ley del fondo tendremos ocasión de rectificar
aquel acuerdo que alcanzamos y que hoy nos mediatiza relativamente en lo
que yo creo que usted compartiría y que sería la disponibilidad de esos
fondos. Se estructuró ese asunto, quizá de forma no totalmente
conveniente, y habrá que aprovechar la ocasión de la Ley del fondo para
hacerlo.
La misma dificultad tengo con el crédito ampliable. El crédito ampliable
está ahí, pero no es un dinero --eso sí que sería reprochable-- que
tuviera la Delegación y que no hubiera usado; es un dinero que la
Delegación tiene derecho a exigir, pero cuya intermediación es
absolutamente imprescindible por parte del Ministerio de Hacienda y la
autoridad judicial. La destrucción de las substancias, de las propias
drogas decomisadas, viene siendo un problema por su cuantía, porque se
trabaja bien en este asunto, aunque se critique, como es lógico. Debo
recordar la responsabilidad que ustedes pusieron en la disposición de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que, en
nuestro país, los jueces deben determinar el destino de la
droga incautada. Yo, conjuntamente con la autoridad del Ministerio, los
gobernadores civiles y la Fiscalía especial, estoy intentándolo. Eso es
algo de lo que no hemos hablado, pero que a mí me preocupa, como es
evidente.
El Fiscal especial ha dicho que necesita más medios. Yo conozco bien la
Fiscalía, porque es mi obligación. Creo que sí. Lo ha dicho el señor
Ministro de Justicia hace no más de cuarenta y ocho horas: «Entiendo que
la Fiscalía exija mayores medios.» Tenemos un proyecto que hemos expuesto
a la sociedad: es la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio quiere que
esa Fiscalía Anticorrupción tenga todo el apoyo de sus señorías en las
votaciones presupuestarias, y que hagamos, de verdad, una Fiscalía
especializada en nuestro país. A lo mejor también es el momento de
aprovechar para ver qué se puede hacer en torno a la investigación de
patrimonios criminales, qué podría hacer una unidad especial dotada de
excelentes medios, con el apoyo que no han tenido hasta ahora estas
instituciones --en eso lleva usted razón-- y qué sentido positivo
podíamos dar a esa idea, que ya es un compromiso, creada por el
Ministerio de Justicia.
Para terminar, respecto a las declaraciones del señor Bueren, Magistrado
de la Audiencia Nacional --con el que tengo la obligación de colaborar, y
lo hago con gusto todos los días que sean necesarios en nuestro trabajo y
respetando mutuamente lo que es la independencia del Poder Judicial y lo
que es el compromiso del Poder Ejecutivo--, le diré que me parece
livianamente injusto que don Carlos Bueren nos dijera esas cosas en el
mes de agosto, porque en dicho mes don Carlos Bueren y yo mismo tuvimos
ocasión de coordinar dos operaciones muy importantes en Pontevedra, una
fue la «operación René», en la que se han utilizado unos medios
materiales que creo que son muy dignos. Lo que pasa es que también
comprendo que don Carlos exija más medios del Gobierno y que sea mi
obligación proporcionárselos, y en eso estoy todos los días. Al final, la
Secretaría de Estado, por definirla en ese aspecto de gabinetes de lucha
contra el narcotráfico, es una apoyatura diaria y permanente al sistema
judicial. Todo cuanto los jueces de este país puedan pedir al Gobierno lo
canalizan a través de la Secretaría de Estado, y yo le puedo decir, señor
Robles, que todo cuanto nos han pedido en este período de tiempo se ha
puesto a su disposición. Por ejemplo, todo lo necesario para suspender
las cuentas corrientes, más de doscientas, en la primera operación de
Pontevedra, la que podríamos llamar «nécora II», por denominarla de
alguna forma y, desde luego, todos los elementos materiales del servicio
de vigilancia aduanera para la persecución del barco que dio lugar a la
«operación René», y que supone la captura de 900 kilos de cocaína, aparte
de las implicaciones criminales que de ahí se dedujeron.
Me parece normal, me parece sensato que se nos exija más, pero no
debíamos ser tan cicateros o tan faltos de generosidad como para no
reconocer que hay canales gubernamentales que permiten que todas las
lagunas que en ese sentido pueda encontrar un juez en nuestro país, por
imperio de la ley, por simpatía a la institución y porque ahí se ha
creado una relación que yo creo que es muy evaluable en esta Secretaría
de Estado, se irán soslayando en el futuro.
No sé si he olvidado alguna cosa que interese a su señoría. Me parece que
hemos hablado de todo. En cualquier caso, señor Robles, yo sé cuál es la
consideración personal que nos tenemos, lo que hemos sufrido y padecido y
también compartido en esta Comisión. Le reiteraría el compromiso inicial.
No nos instalemos, yo, como Delegado Nacional, en la creencia de que el
mundo empieza conmigo y acaba conmigo, que sería una solemne ridiculez,
pero usted tampoco lo haga --créame, señor Robles-- en la imperiosa
necesidad de descalificar una obra que, en parte, es compartida por
Administraciones de las que usted, como representante del Partido
Popular, forma parte, ya sea Galicia, ya sea Cantabria, ya sean las
Baleares, ya sean tantas Comunidades como ustedes dirigen y gobiernan en
este momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Intentaré ser breve porque, de lo contrario, forzosamente sería
reiterativo en mi intervención.
Señor López Riaño, a mí me gusta más la segunda parte de su intervención,
porque creo que es más realista. Las afirmaciones que he hecho las he
expuesto basándome, como usted ha reconocido al final, en los datos de la
Memoria y en afirmaciones que no sólo he hecho yo, sino que han
manifestado otras personas a las que tenemos que suponer, por lo que son
y por lo que representan, que deben hacerlas con algún criterio objetivo.
Por lo tanto, las he hecho con el espíritu constructivo que siempre nos
ha guiado en esta Comisión. Creo que, al final, su segunda intervención
nos ha demostrado que la primera afirmación que he realizado sobre el
optimismo de sus declaraciones no estaba carente de sentido. Es decir,
que su segunda intervención ha sido mucho más comedida y hemos pasado de
ese entusiasmo inicial al reconocimiento de lagunas importantes, de
deficiencias importantes, de necesidades todavía importantes y de los
datos que realmente arroja la Memoria y que, como usted ha reconocido
bien, no siempre son lo positivos que al Gobierno le gustaría que fueran
ni, probablemente, a las demás fuerzas políticas y a la sociedad
española. Eso es lo que yo he querido poner de manifiesto. Creo que un
optimismo infundado no es un buen punto de partida para un proyecto
político como es el diseñar una política global de lucha contra la droga,
sino que, al revés, debe hacerse una reflexión serena y realista sobre
cuál es realmente la situación, por lo que nos afecta a nosotros y por lo
que hacen los demás, en esta cuestión tan extraordinariamente compleja.
Hay que empezar reconociendo que hemos perdido un tiempo importante, que
ha habido momentos de desorientación y de cambios --que los ha habido--,
y que ese tiempo hay que recuperarlo. He seguido poniendo de manifiesto
que, con ser verdad que en el Estado de las Autonomías y en este asunto
tan importante tienen que jugar y juegan un papel fundamental otras
Administraciones y las fuerzas sociales, no puede utilizarse la
técnica de la responsabilidad fundamental, que es la del propio Gobierno
y de la propia Administración central. Señor López Riaño, yo creo que
está bien que aquí hablemos de las Comunidades Autónomas, está bien que
hablemos de las organizaciones no gubernamentales, pero tenemos que
hablar de lo que compete directamente al Gobierno, y en eso es en lo que
yo quería que usted centrara su intervención.
Como también ha quedado de manifiesto, sólo faltaba que no se hubieran
hecho algunas cosas, pero de las que se enunciaron entonces son muchas
más las que quedan por hacer que las que realmente se han hecho. Porque
de nuevo hoy se nos dice que van a ser traídas inmediatamente, pero
tampoco están aquí, y con ese discurso llevamos ya, en algunos casos, dos
años.
Permítame que le diga, porque usted se ha parado en su lista en algunos
puntos --y seguramente lo ha hecho para no cansarnos--, que yo puedo
empezar a la inversa la lectura de esa lista y decirle, por ejemplo, que
fue un compromiso firme la ampliación del número de unidades adscritas a
la Fiscalía Especial Antidroga en materia de investigación, cosa que no
se ha hecho y que usted acaba de reconocer que es necesario hacer en
mayor medida. Fue un compromiso firme agilizar las normas que regularan
la cooperación judicial internacional y facilitar los procedimientos de
extradición; no se ha hecho. Fue un compromiso firme abordar y ampliar la
regulación y legislación denominada entregas vigiladas. Fue un compromiso
firme la regulación normativa de las colaboraciones con la Administración
de Justicia, agentes infiltrados y protección del Estado. Fue un
compromiso firme aumentar las dotaciones a los medios de seguridad del
Estado, que tampoco se ha hecho. Fue un compromiso firme promover la
elaboración de proyectos necesarios para el cumplimiento de penas o para
que la prisión provisional se produzca en condiciones que favorezcan su
reinserción social. Tampoco está ese proyecto en esta Cámara. Yo no lo
conozco. También fue un compromiso firme la elaboración de proyectos que
regulen los procedimientos de suspensión del procedimiento penal iniciado
y ejecución de la pena impuesta, sustituyéndolo por medidas de
desintoxicación y rehabilitación en centros públicos o privados nuevos.
Tampoco hay un proyecto específico que yo conozca a ese respecto. Y así
podríamos seguir hablando.
Hay cosas, por tanto, que indiscutiblemente quedan por desarrollar. Yo no
dudo de que el Gobierno tenga la intención de hacerlo; lo que digo es que
esta Cámara no conoce todavía unos proyectos concretos que son, por
cierto, pieza fundamental para que podamos adaptarnos --en palabras del
propio Delegado del Gobierno, en palabras del Fiscal Especial Antidroga,
en palabras de la Magistratura--, para que podamos modernizarnos y nos
podamos dotar de los instrumentos jurídicos necesarios para conseguir ser
eficaces. Pero repito que ello no sólo en palabras del señor Bueren,
quien supongo que cuando hacía esas manifestaciones no se estaría
refiriendo a una operación concreta respecto de la que no tengo por qué
dudar --estoy seguro de que se le proporcionaron todos los medios
necesarios--; me imagino que sus manifestaciones partirían de un criterio
más general, con lo cual supongo que no se estaría refiriendo
exclusivamente a una operación concreta.
Sin embargo, hay algo mucho más reciente. El día 6 de octubre,
importantes miembros del Consejo General del Poder Judicial vuelven a dar
exactamente el mismo mensaje: faltan medios para la lucha contra el
narcotráfico; es necesario utilizar mecanismos más modernos, más eficaces
contra la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, insisto en que por
diferentes canales, por diferentes estamentos que se ven muy afectados y
que están muy implicados diariamente en la lucha se transmiten los mismos
mensajes: adaptación de la legislación española, modernización de los
mecanismos judiciales y legislativos, modernización de los medios
materiales y aumento de medios económicos, materiales y de todo tipo para
poder realmente ser más eficaces, y asimismo para que esos datos de la
Memoria --que no me he inventado yo, que son, por tanto, exactamente los
que ustedes han publicado, datos que no reflejan precisamente una
situación muy favorable-- puedan también ser modificados. Eso es lo que
todos queremos.
La sensación que ha habido en los últimos dos años, es decir, lo que me
da la impresión que quieren transmitirnos el Fiscal, los jueces y también
otros estamentos es una especie de desmoralización, una especie de
sensación de que nos estaba ganando la batalla el tema del narcotráfico.
Creo que la alarma que ha provocado, por ejemplo, la cuestionada
sentencia de la «operación nécora» no se ha concretado exclusivamente en
la discusión sobre una sentencia judicial, sino en la sensación de que
probablemente no se estaba haciendo lo suficiente y se estaba perdiendo
la batalla en un tema tan importante como es el de las redes organizadas
contra el narcotráfico. De eso se trata.
En cuanto al tema presupuestario, señor López Riaño --con esto acabo--,
efectivamente, hay una diferencia muy notable --usted tiene razón-- entre
lo que se decomisa y lo que después, por sentencia judicial firme, se
pone a disposición del Tesoro Público. Pero es que precisamente yo me
estaba refiriendo a eso. Yo ya le he aceptado de antemano que me han
llegado Memorias diferentes con datos diferentes. En todo caso, le diré
que los 22.000 millones de pesetas de que habla la Memoria del Servicio
de Vigilancia Aduanera corresponden a decomisos procedentes directamente
del narcotráfico, y así lo cita. Yo también me sentí muy extrañado,
motivo por el que pedí confirmación de todos esos datos. Si después, en
una contestación por escrito que me envía el Ministerio de Justicia, se
me dice que esa cifra se convierte en 2.700 millones, yo me lo creo
porque, evidentemente, entre medias hay alegaciones y se producen
diferentes situaciones, con lo cual esa cifra no tiene por qué
materializarse. Pero, en todo caso, entre los 2.700 millones de pesetas,
los 500 o los 400 millones que podrían haber sido utilizados, millones
procedentes del decomiso a los narcotraficantes, hasta las cero pesetas
que en este momento se han utilizado hay un abismo. Por eso digo que ahí
es donde se distingue la capacidad de cambio político que debe tener un
Gobierno, un partido político, para impulsar las modificaciones oportunas
que hagan que las leyes, como decía el señor Bueren, no sean leyes de
papel. Hagamos, pues, que las cosas que aprobemos en esta Cámara,
la Ley del fondo o el famoso crédito ampliable, no sean una ley o un
crédito de papel, sino que realmente sean instrumentos eficaces. Y si nos
hemos equivocado, traígase a esta Cámara la reforma legislativa necesaria
para que usted disponga, y le aseguro que nosotros lo aprobaremos
encantados y le proporcionaremos todos los instrumentos que necesite, de
esos fondos y cuantos se les decomisen a esas organizaciones en beneficio
de su verdadera víctima, la sociedad, a la que todos queremos ayudar.
De nuevo le reitero que, si ustedes crean los mecanismos, estaremos
encantados de acudir, como hemos hecho en otras ocasiones, al desarrollo
de los mecanismos legislativos o al de cuantas medidas sean necesarias
para hacer eficaz la lucha contra la droga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Señor Robles, muchas gracias.
Creo que también su segunda intervención ha dejado de lado parte de su
pesimismo en la primera, con lo cual podríamos contraer un segundo
compromiso: yo podría atemperar mi optimismo, pero también es bueno que
se atempere desde la oposición la idea del pesimismo, la idea de que no
se hace nada.
Ha dicho usted que hay desmoralización. Yo creo que no. Para que haya
desmoralización lo primero que es necesario es que no haya voluntad
política de hacer un trabajo o de asumir una tarea, pero ni dentro del
equipo de la Delegación ni más aún, si cabe, entre quienes acaban de
llegar a la Delegación, como son, por ejemplo, los miembros de los
gabinetes --y habrá ocasión de que sus señorías conozcan el
funcionamiento inmediato de esos gabinetes de la Delegación--, se podrá
encontrar mayor nivel de moral que en estos funcionarios que están
trabajando por una causa tan hermosa --por decirlo tal cual es-- como la
lucha contra la droga.
Señor Robles, nosotros no formamos un equipo desmoralizado, a pesar de
las contingencias históricas de la Delegación de estos últimos meses,
porque hemos recibido una buena herencia, una herencia construida por
personas responsables que hemos asumido, si me apura usted, con la
sensación de estar viviendo, con esos cambios, una nueva etapa.
A partir de ahí, creo que podremos trabajar conjuntamente. Muchas de las
cosas que usted exige las pueden producir las Cámaras. Yo puedo insinuar,
por ejemplo, la iniciativa legislativa y ustedes pueden apoyarla o no
como Comisión Mixta y, en definitiva, el Congreso y el Senado decidirán
cuáles son las nuevas leyes de nuestro país. Pero hay una referencia que
usted ha pasado por alto cuando ha dicho que muchas de estas leyes no
están presentadas. No; muchas de las leyes que usted ha mencionado son
artículos que forman parte del Código Penal, cuya reforma va a ser
sometida a la consideración de ambas Cámaras. En ese sentido, creo que
tendremos una ocasión de oro para poder complementar lo que usted ha
insinuado y yo comparto, señor Robles: la necesidad de avanzar todos los
días en una mejora de los medios y de los instrumentos.
Pero créame --y con esto ya termino, señor Presidente--, también en ese
resumen de una experiencia de cuatro meses, la suma de los medios sin
voluntad política dice bien poco. No se trata tal vez en este momento de
tener muchísimos más medios materiales. Creo que todos debemos tener, yo
el primero al frente de la Delegación, el sentido de la profesionalidad
que usted reclama y que yo comparto; el sentido de que para llevar un
juicio, un proceso, hace falta el mayor respeto a las leyes y la mayor
eficacia procesal; el sentido de que los funcionarios públicos que
combaten el narcotráfico huyan de la corrupción personal y colectiva.
Todo eso me parece mucho más importante que el alcance de los propios
medios, con ser importantes los medios que el Estado nos proporciona a
todos para luchar contra esto.
Y termino definitivamente mi intervención, señor Presidente, diciendo que
voy a ser convocado a la Comisión de Presupuestos. Espero que en ese
momento tendremos ocasión de centrar más aún nuestras intervenciones.
Por último, si me lo permite, quiero agradecer a todos los grupos la
amabilidad que han tenido con esta mi primera comparecencia. Espero que
eso no comprometa...
El señor PRESIDENTE: Falta aún intervenir el representante del Grupo
Socialista. (Risas.)
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Perdón, señor Presidente. No me daba cuenta de que aún tiene que
intervenir mi Grupo. Estas son cuestiones de identificación con el
pasado. (Risas.) Que me perdone el señor Rodríguez Zapatero.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don José Luis Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que el Grupo Socialista podría comprender perfectamente el
lapsus del señor Delegado porque se ha sentido bastante identificado con
el planteamiento, con el tono y con el discurso político que ha sabido
apreciar.
No obstante, como es obvio, el Grupo Socialista debe en este momento
fijar su posición en esta primera comparecencia del Delegado Nacional
para el Plan contra la Droga, de don Carlos López Riaño. Esa posición ha
de ser, en primer término, coincidiendo con la del resto de los Grupos,
la de expresar nuestra satisfacción más íntima porque sea precisamente
don Carlos López Riaño quien comparezca hoy en esta Comisión. Para el
Grupo Socialista eso significa mucho en este momento. Y el revulsivo de
ánimo y de moral al que, lógicamente, se han referido en el contexto del
debate varios Grupos se produce sin duda en esta Comisión también para
nuestro Grupo.
Quisiéramos, en primer lugar, hacer una breve referencia, una reflexión
que, inevitablemente, ha estado también en las palabras del Delegado y
del portavoz de algún otro Grupo sobre el momento social en que se
produce esta primera comparecencia del Delegado después de una importante
sentencia, la famosa sentencia sobre el caso «nécora», que ha provocado,
lógicamente, la preocupación profunda de las instituciones, de los grupos
políticos y de la sociedad. Me quedo más allá de la discrepancia, que
creo que es compartida, aunque a veces no manifestada, por responsables
políticos sobre el contenido de la misma. Me quedo con lo que creo que
para el Grupo Socialista es más importante: esa reacción no ha derivado
nunca a un terreno de la irracionalidad, sino al terreno del debate, del
estímulo a la reacción social, de la profundidad en la solidaridad en las
políticas contra las drogas y el crimen organizado, y eso, incluso, desde
la propia base de la sociedad.
Creo que esta Comisión Mixta se debe felicitar porque eso sea así. Insta
al Delegado del Gobierno, porque me consta que en esa tarea está en
primera línea, a que continúe por esos derroteros y que, lógicamente, esa
reacción sea un elemento más de acicate para esta tremenda lucha contra
la droga en las sociedades modernas y contemporáneas y también en la
nuestra. Por ello he de felicitar también a la Mesa de esta Comisión, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por la iniciativa que ha
tenido en relación con el viaje que vamos a celebrar esta semana a
Galicia, al propio foco de la situación social.
Inevitablemente, en el desarrollo de la comparecencia se ha producido una
alusión a la Memoria sobre el estado de situación, una Memoria que creo
que este año es más rica en contenido, lo que se agradece, porque es una
demanda de todos los Grupos, ya que no es sólo una exposición fría de
porcentajes y de cifras, sino que contiene valoraciones de fondo
importantes que ayudan mucho más a comprender el fenómeno en el que
estamos.
La verdad es que la Memoria, para intentar ser objetivos, después de una
parte del debate al que hemos asistido en último término, tiene
claroscuros, como, seguramente, no podría ser de otra manera y que
posiblemente es lo que se percibe de la propia realidad social. Se ha
resaltado con más énfasis alguna de las parte negativas, pero,
inevitablemente, al Grupo Socialista le corresponde resaltar algunas de
las que se han omitido, seguramente sin intención, sino fruto de la
dificultad de leer todo en poco tiempo, pero hay algunas que son
ciertamente importantes, y algunas de ellas bastante significativas. Por
ejemplo, es importante que se haya estabilizado el número de personas
admitidas a tratamiento ambulatorio por opiáceos o cocaínas, como refleja
la página 29, o es muy importante, como refleja la página 20, que haya un
descenso notable en el número de muertes producto directamente de la
adicción a los opiáceos y a la cocaína: de 809 muertes --según datos de
la Policía, si bien los dos parámetros podrían ser utilizados--, se ha
pasado a 662. Asimismo, el número de casos de sida por vía parenteral
sigue una tendencia de descenso, lo cual es importante.
Sin embargo, en el contexto del debate sobre las responsabilidades de
unos y otros, creo que cada vez va a ser más difícil en nuestra realidad
política saber hasta dónde llega la responsabilidad exclusiva del
Gobierno central, la de las Comunidades Autónomas y la de los
ayuntamientos, pero lo hemos dicho muchas veces. La segunda intervención
nos ha hecho recuperar del Grupo Popular algo más de esperanza en ese
sentido. Estamos ante un problema nacional --de ahí quizá la propia
definición del Plan--, donde ciertamente la confrontación política
resulta de poco interés para los ciudadanos, de escasa rentabilidad
política y, seguramente, lo que provoque en los propios grupos sea el
esfuerzo de tener que estar manteniendo el listón. No obstante, para no
defraudar algunas de las cuestiones que se han podido dejar en el
ambiente, es significativo también que uno de los datos de la encuesta
sobre lo que opinan los ciudadanos revele con nitidez --creí que esto no
se le iba a pasar a algún portavoz de algún grupo parlamentario-- que la
Administración central aparezca, en opinión de los españoles, como la
Administración que más se ocupa de los problemas relativos a la droga.
Fíjense en que aparece incluso ligeramente por encima de las
instituciones privadas, lo que llamamos ONGs, y resulta significativo
porque creo que existe en la conciencia social una alta valoración --que
compartimos desde el Parlamento-- de la labor que realizan las mismas.
Pues bien, el 30 por ciento de los españoles considera que es la
Administración central la que más se ocupa de estos problemas; el 29 por
ciento, las instituciones privadas; el nueve por ciento, las Comunidades
Autónomas y el 6,7 por ciento, los ayuntamientos. Por el contrario, cree
que debería ocuparse más la Administración central un 45 por ciento; las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, el 11 por ciento y el 14 por
ciento, las instituciones privadas. Todos estos datos son bastante
interesantes. Pero más allá de eso podríamos concluir que no parece que
exista en la conciencia social, en la opinión pública, un desvalor hacia
la labor del Gobierno central, sino más bien lo contrario. Eso no quiere
decir, lógicamente, que el estado de situación sea satisfactorio, pero sí
parece que el clima social lo es en la actitud de los ciudadanos ante la
problemática y en la reacción que creen percibir de las propias
Administraciones, y así lo hemos podido comprobar hace unos días, como
comentaba antes, por lo que respecta a la sentencia respecto del caso
«nécora».
Por consiguiente, cada vez que hay un incidente, aunque sea grave, en el
recorrido, como ha sido el de la sentencia del caso «nécora», no
deberíamos poner nuestro sistema globalmente en cuestión. Esa es una
preocupación que mantiene el Grupo Socialista. Considerando las
imperfecciones que hay que mejorar en nuestro Ordenamiento jurídico,
proyectos de ley que urgimos desde aquí al Delegado y a la Secretaría de
Estado, al Gobierno, en definitiva, que sean una realidad, creemos que el
entramado institucional, las políticas definidas están, básicamente, en
la buena línea, y en algunos aspectos en la muy buena línea.
Creo que todos podremos coincidir --y si hay que atribuir el mérito a las
Comunidades Autónomas lo debe hacer esta Comisión mixta-- en afirmar que
en el terreno asistencial hemos tenido una evolución muy positiva, como
recoge la propia Memoria, y que en el terreno de la prevención
se ha avanzado, porque, inevitablemente, hay que ir a los grandes
conceptos. La conciencia social y la cultura del rechazo son cada vez más
fuertes y en ese sentido ha colaborado toda la sociedad: el Gobierno, los
partidos políticos, los medios de comunicación, las ONGs, etcétera.
Es verdad que este campo ha mejorado notablemente, como lo es también que
en el problema de la represión de la lucha contra el narcotráfico, de la
lucha contra lo que hoy día cada vez con más nitidez aparece consolidado
como organizaciones criminales, resulta mucho más duro, puesto que
seguramente la problemática tiene una vertiente internacional que a un
solo Gobierno o país se le puede escapar en buena medida. De ahí el que
nos parezca absolutamente necesario profundizar mucho más en los
instrumentos que se reflejan en la Memoria y que el Delegado del Gobierno
ha manifestado respecto de la política de cooperación internacional.
Creemos que es ahí donde en buena medida está la clave.
Por otra parte --y en ese sentido posiblemente estemos ante un problema
de imaginación jurídica o referente a que al Derecho no le pase lo que a
menudo le sucede, que va por detrás de la realidad--, hay que penetrar
con mayor profundidad en el problema de la ingeniería financiera que está
detrás de las redes del narcotráfico y del crimen organizado. Creo que
ésa sería una labor fundamental. Por tanto, insto al Delegado a que se
aumente el presupuesto en materia de investigación en las diversas
partidas del plan, porque me parece fundamental que se pueda avanzar en
esa dirección e intentar dar donde realmente se pueda hacer más daño al
crimen organizado, que creo que es, ciertamente, en estos momentos el
gran reto del Gobierno y de todas las fuerzas políticas. En la
actualidad, existen redes que muchas veces ni siquiera los instrumentos
normativos son capaces de destruir, teniendo que prever todas las
garantías y cautelas que exige un Estado de Derecho, que, desde luego, no
va a arrumbar o a poner en cuestión lo que se pueda derivar de la
actividad del narcotráfico.
Al Grupo Parlamentario Socialista le es muy querido el tema de la Ley del
fondo y del decomiso, que quiero recordar que es fruto de una enmienda de
dicho Grupo tanto en la Ley del blanqueo como en los propios Presupuestos
Generales del Estado. Desde nuestra perspectiva, el Delegado ha explicado
bien todos los problemas jurídicos que comporta ese proceso, pero sería
un avance que antes del 31 de diciembre, dentro del año presupuestario,
pudiera estar a disposición del Plan la cantidad de dinero que sea, y que
el Plan ya tenga previsto cuál va a ser la distribución de la hipotética
cantidad que se produce. Espero que tanto en la Ley del fondo como en la
Ley de precursores tengamos la agilidad necesaria y que todos los Grupos
estén en esa dirección que me parece absolutamente imprescindible.
Todos los Grupos somos conscientes de que vamos a tener una gran
oportunidad de contribuir desde esta Comisión, con la modestia que
lógicamente nos pueden dar los medios que una Comisión Mixta tienen para
este cometido, con el nuevo informe, con la actualización del informe de
1991, tarea que vamos a emprender, y es voluntad del Grupo Parlamentario
Socialista que sea una tarea de consenso de todos los Grupos, que sea una
tarea de implicación social en la medida de nuestras posibilidades y,
desde luego, que sea una tarea en la que la Delegación del Plan esté lo
más implicada posible en asesoramiento y apoyo para que la actualización
del informe nos permita a todos poner esas alternativas que a veces se
echan de menos. Pero podríamos lanzar la pelota en la otra dirección y
decir que a veces también se echan de menos iniciativas parlamentarias
que hayan podido afectar a esta cuestión más allá del debate, que es
siempre interesante.
En definitiva, reiterando el agradecimiento por su presencia aquí y
nuestra satisfacción por la línea que yo creo que se ha deducido de su
intervención, esperamos que esa colaboración sea intensa a partir de
ahora, sobre todo en lo que más preocupa a esta Comisión Mixta con
carácter inmediato, que es la definición de un nuevo informe, que espero
que entre todos los Grupos podamos hacerlo interesante, imaginativo y que
incorpore nuevas ideas y nuevos proyectos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor López Riaño.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López
Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con suma brevedad, pero no exenta de afecto y de
agradecimiento por el respaldo que el Grupo mayoritario de la Comisión
manifiesta a través de don José Luis Rodríguez Zapatero.
Creo que ha hecho un buen análisis de la Memoria, por lo menos ha
recogido algunos de sus importantes aspectos optimistas y positivos. Me
compromete, por otra parte, a realizar algún acto definitivo respecto de
la situación presupuestaria de la Delegación, de la situación del crédito
ampliable y de la Ley del fondo. Voy, por todos los medios, a intentar
dar cumplimiento a ese compromiso que me exige su señoría. Yo creo que
antes del 31 de diciembre esta Comisión podrá tener noticia exacta de la
situación de esos asuntos, y será grato ver una vez más que la
comparecencia de autoridades ante esta Comisión es la fuente de los
compromisos más importantes que en este asunto se pueden adoptar.
Aprovecho también esta intervención para lo que anticipé antes por error
creyendo que se había finalizado la intervención de los Grupos, para
agradecer a todas sus señorías la presencia en la Comisión y el trato que
yo creo que sólo entre colegas es posible, el trato de afecto pero
también de exigencia y de rigor con que me han manifestado sus posiciones
como Grupo o sus posiciones políticas.
Con ese agradecimiento, adquiero también el compromiso de quedar a
disposición de ustedes para todo lo que deseen. Ese último reto del
informe de la Comisión lo asume la Delegación como propio, abre todas sus
fuentes de información y todo el debate que esa Delegación contiene en su
seno, y eso queda a disposición de sus señorías en la medida en que nos
lo indiquen desde la Mesa de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Riaño.
Le agradecemos su comparecencia porque creemos que va a contribuir a que
esta Comisión lleve a cabo el papel que se le supone asignado.
Quisiera informar a los miembros de la Comisión de dos asuntos: en primer
lugar, que el viaje previsto este jueves a Galicia de una delegación de
la Comisión, por una decisión de la Mesa del Senado, ha quedado aplazado.
En segundo lugar, quiero recordar a los portavoces y miembros de la Mesa
que a continuación tenemos una reunión.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y cuarenta minutos.