DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 47
PARA LAS RELACIONES
CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENTE: DON ALFONSO LAZO DIAZ
Sesión núm. 6
celebrada el viernes, 30 de septiembre de 1994,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1993. (BOCG serie A, número 26, de 9-6-94. Número de
expediente Congreso 260/000002 y número de expediente Senado 780/000002.)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores parlamentarios, se abre la sesión.

Antes de nada damos las gracias a la señora Defensora del Pueblo por su
presencia entre nosotros.

El único punto del orden del día es el informe del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 1993. Vamos a
seguir la misma mecánica que en ocasiones anteriores. Hablará primero la
señora Defensora del Pueblo, con todo el tiempo que necesite para su
exposición; a continuación intervendrán los distintos portavoces de los
grupos parlamentarios, una réplica de la señora Defensora del Pueblo y
luego, si hay

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tiempo, según sea la hora, podrá abrirse un turno entre las señoras y
señores Diputados y Senadores para que formulen las preguntas que
consideren oportunas. Sólo, vuelvo a repetir, si nos encontramos bien de
tiempo.

Aclarados esos extremos, tiene la palabra la señora Defensora del Pueblo.




La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Muchas
gracias, señor Presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores
Diputados y Senadores.

Si hay una primera frase que puede sintetizar la serenidad en el talante,
la firmeza en las convicciones humanitarias y académicas, el sentido de
la Universidad, de la universitas como valor de encuentro y
perfeccionamiento, la continuidad en el trabajo por encima de las
vicisitudes externas, fue la famosa «Decíamos ayer» de Fray Luis de León.

En 1576, cuando volvió a su cátedra de Salamanca, después de haber pasado
cuatro años y nueve meses en la cárcel de Valladolid por la gravísima
irregularidad de traducir «El Cantar de los Cantares» contra el parecer
del Concilio de Trento, comenzó sus explicaciones, como es sabido, como
si nada hubiera sucedido.

No vean, señorías, en este recuerdo a mi vieja Universidad de Salamanca
sino algo que continuamente y en todas mis comparecencias en el
Parlamento estoy haciendo. Me considero hija suya. He estudiado allí, y
si me permito comenzar esta intervención con tan famoso recuerdo es
porque expresa exactamente la medida del tono con el que quisiera
realizar esta intervención para dar cuenta de la gestión correspondiente
al informe parlamentario de 1993 y también el análisis y la valoración de
todo lo que en él está contenido y que SS. SS. conocen bien.

Por mi parte, lo primero que quería decirles es que el agradecimiento no
es de la Comisión hacia el Defensor; es una congratulación del Defensor
hacia su Comisión, ante su comisionante, ante el cual, una vez más, rinde
cuentas y, al mismo tiempo, les quisiera pedir excusas. Me preguntarán
ustedes que por qué he de pedir excusas. Porque, de verdad, a la hora de
preparar esta intervención estaba releyendo el «Diario de Sesiones»,
tanto del Pleno como de la Comisión del año pasado, y noté que había dos
líneas fundamentales en esa intervención y que todos ustedes pusieron de
relieve. La primera fue la vehemencia con la cual planteé la defensa del
informe parlamentario y, la segunda, la ilusión que se podía deducir del
trabajo, no solamente de la Defensora del Pueblo en funciones sino de
todo el equipo que forma parte de la institución del Defensor del Pueblo.

Pues bien, un año después he de decirles, y se lo confieso paladinamente,
que la vehemencia quizá esté atemperada por la reflexión que produce un
año más --19 meses-- en la cabeza de la institución del Defensor del
Pueblo. Pero lo que no ha disminuido un ápice, ni en esta Defensora en
funciones ni en todo el equipo que compone la casa, es la ilusión por el
trabajo que estamos realizando.

Voy a intentar hacer un esfuerzo de síntesis --reconozco, además, que no
es una de mis virtudes principales; sé que no tenemos demasiado tiempo,
pero lo voy a intentar--, de reflexión crítica de la Institución sin que
pretenda, señorías, desconocer y obviar el especial momento en el que se
desarrolla su actividad hoy, situación sin precedentes en el Derecho
comparado.

He de decirles que desde la experiencia de estos once años yo creo que
esta situación, que se desarrolla en este momento con absoluta normalidad
en el interior de la casa, va a cambiar algunos de los parámetros de
interpretación de lo que la Institución del Defensor, del Ombudsman
significa.

En mis relaciones internacionales es la primera vez que un Defensor del
Pueblo en funciones, un Adjunto Defensor del Pueblo en funciones,
presenta por segunda vez no solamente el informe parlamentario
correspondiente al ejercicio de 1992 sino que también ha presentado el
balance de su propio ejercicio correspondiente a 1993. Y lo que es
importante señalar, y eso es una dimensión positiva de lo que la
Institución significa de evolución en el tiempo, no solamente en nuestro
país sino en la órbita mundial, porque lo que es evidente es que hay una
interrelación de todos los fenómenos mundiales, y concretamente en el
campo de la defensa de los derechos humanos, la institución del Defensor
del Pueblo, es decir, el Ombudsman internacionalmente, está evolucionando
en todo el mundo y en todos los países. Una institución que nace, sobre
todo, a partir de la segunda guerra mundial, cuando se incorporan los
derechos de contenido económico-social, aunque hay antecedentes en
Derecho comparado muy anteriores, es cierto que está cambiando sus
premisas de actuación; una institución eminentemente personalista y
presidencialista --si se pudiera llamar así-- como es la institución del
Defensor del Pueblo, del Ombudsman, empleando terminología internacional,
ha cambiado esos parámetros, y el International Ombudsman Institute, que
es el máximo organismo de representación, el Colegio de Ombudsman, que
depende, como todos ustedes conocen, de la Universidad de Alberta en
Canadá, pero donde estamos todos integrados, ha admitido la teoría de que
no solamente son las personas que representan a la institución las que
pueden hablar en nombre de ella sino que es la institución en sí misma la
que tiene un papel predominante. Sin embargo, esta teoría ha cambiado
desde el momento que en la reunión del 22 de junio del año pasado, en
Lisboa, todos los Ombudsman europeos eligieron a esta Defensora en
funciones como cuarta directora internacional para Europa, junto con el
Ombudsman parlamentario del Reino Unido, junto con el Ombudsman
parlamentario de Holanda y junto con el Ombudsman de larga tradición
histórica parlamentaria como es el de Noruega.

En esa reunión tuvimos que convencerles de que en España no existía un
vacío en la institución del Defensor del Pueblo porque en el bloque de la
constitucionalidad que significa el artículo 54 de la Constitución y la
Ley Orgánica que lo desarrolla estaba suficientemente explícito que no se
podía producir una situación de «vacatio» y que la institución continuaba
funcionando. Yo creo que, en ese sentido, los momentos históricos se
pueden tomar en una doble dimensión: en una dimensión negativa, en el
sentido de ver los efectos que pueden producir unos determinados aspectos
en las instituciones, y en una dimensión positiva,



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porque puede haber una crisis de crecimiento y, desde esa dimensión
positiva, cambiar hacia expectativas cada vez más amplias y de más
desarrollo de la institución del Ombudsman, y en este caso concreto de la
institución del Defensor del Pueblo que en este momento represento.

Por encima de estas consideraciones, señorías, voy a intentar dar un
soplo de vida a los fríos datos cuantitativos y estadísticos, aunque
tampoco pretendo hacer una mera descripción de casos y actuaciones sin
valorar su significado. Quiero, ni más ni menos, desde la legitimidad que
me otorga haber estado 19 meses a su frente, intentar que se comprenda
mejor a esta institución, cargada de posibilidades y proyección de
futuro. Para ello necesito, como punto de arranque, argumentar el
«decíamos ayer» con el que he empezado esta intervención.

Para sintetizar, y para obligarme a mí misma a llevar una línea homogénea
de intervención, les he dado a ustedes un guión que, con la máxima
brevedad que pueda, porque comprendo que el tiempo nos acucia, como
siempre, que además es viernes, y porque creo que una de las obligaciones
del Defensor del Pueblo es ser lo más breve, conciso y claro posible, voy
a intentar seguir.

Decíamos ayer --y con ello entro en las reflexiones obligadas sobre la
institución del Defensor del Pueblo--, sin que esto signifique que vaya a
centrarme en la intervención que tuve el 23 de noviembre de 1993, que el
objetivo del Defensor del Pueblo es ser una institución de garantías.

Pero no quiero en este momento volver a esa intervención de hace un año
sino que, si SS. SS. me lo permiten, voy a remontarme un poco más en el
tiempo y voy a recordar el sentido que esta institución tuvo en los
debates constituyentes y el sentido que esta institución tiene, desde mi
punto de vista, en función del contexto constitucional.

Para mí, el Defensor del Pueblo es una institución de encuentro y de
diálogo. Así se pensó durante los debates que hubo para la redacción de
la Constitución; no sólo como un novedoso instrumento jurídico que venía
a completar el edificio cautelar de garantías para los derechos y
libertades fundamentales del Título I. Esta institución responde al mismo
espíritu de nuestra norma suprema, es decir, el diálogo; es decir, el
consenso, el ser un vínculo de encuentro, algo imprescindible para
definir nuestra Carta de convivencia. Porque, para mí, una Constitución
no es una mera relación de artículos ni una mera colección de ciento y
pico textos separados, de los cuales el artículo 54 es uno más; si tiene
una vocación es la de ser un conjunto orgánico de decisiones
fundamentales, una norma ordenada y equilibrada de la comunidad política
que define, además de los principios básicos, las instituciones de la
comunidad: Corona, Parlamento, Gobierno, Administración, Justicia,
Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. En ese sentido, el
Defensor del Pueblo es también una institución de integración, como ha
intentado demostrar y ha demostrado a lo largo de sus 11 años de
existencia.

El consenso, desde mi punto de vista, es un pacto para la convivencia,
con profundas raíces éticas y culturales, que pretende superar una
tradición de enfrentamientos y buscar la coincidencia en lo fundamental,
con una imagen que quizá pudiera ser más expresiva. El consenso, el
encuentro o el diálogo es para mí lo mismo que la armonía es a la música.

La unión de voluntades en lo fundamental no excluye las divergencias en
lo que pudiéramos llamar otros aspectos no esenciales. Y con ello,
señorías, no estoy defendiendo un mundo idílico ajeno a las legítimas
tensiones políticas, pero estas últimas no pueden ensombrecer el daño, no
creo que irreparable, que se puede hacer a una institución cuyo único
patrimonio de autoridad es la credibilidad basada en la radical
independencia, en la confianza del Parlamento y en la confianza de la
opinión pública.

La institución del Ombudsman es una institución básica del
parlamentarismo, es una conquista del parlamentarismo frente al
Ejecutivo. Si no me equivoco, creo que la primera proposición de ley
orgánica que se aprobó por consenso por las Cortes Generales fue la
proposición de ley reguladora de la institución del Defensor del Pueblo.

La «autoritas» --hablaba de ello en mi anterior comparecencia-- es una
dimensión moral y también una cláusula de garantías en atención a la
evolución de las cambiantes aspiraciones individuales y colectivas.

La institución está muy próxima a la sociedad y la sociedad debe saber
qué hace el Defensor del Pueblo y para qué lo hace. La confianza de la
sociedad en sus instituciones legitima estas últimas. Yo no comparto el
pesimismo histórico de falta de confianza en las instituciones, ni una
visión idílica rousseauniana por la cual la sociedad civil es
intrínsecamente buena hasta que... No la comparto. Yo lo que sí sé,
después de once años de experiencia, o por lo menos rebajo el «sé» a mi
propia convicción, es que la sociedad española no desea un Defensor del
Pueblo justo y benéfico, desea un Defensor del Pueblo ágil, activo,
firme, atento, amable y, sobre todo, un Defensor del Pueblo comprometido
con la labor que tiene que realizar, y un Defensor del Pueblo respetado.

Sé que abuso de su paciencia con este exordio pero, desde mi punto de
vista, por la responsabilidad que ostento, es obligado punto de partida
de mi intervención sobre los aspectos concretos de la gestión del
Defensor del Pueblo, que es el motivo de esta comparecencia y en el cual
voy a entrar enseguida. Abuso de su paciencia pero insisto en que las
características fundamentales de los Ombudsman son: independencia,
autoridad y credibilidad. Estas tres premisas van a ser objeto de estudio
en las reuniones preparatorias que van a tener lugar, dentro de muy poco,
por el Instituto Internacional de Ombudsman --del cual España forma parte
y está representada por mí-- en Buenos Aires, preparatorias de la
conferencia mundial que se va a celebrar en 1996, por primera vez en un
país de habla hispana: Argentina.

Hago mías las palabras de Roberta Jannison, Ombuds woman de Ontario,
cuando dice que una forma de mostrar flexibilidad es exhibir nuestra
propia aceptación de la diversidad, aunque al mismo tiempo manteniendo
los tres requisitos fundamentales de la actividad de los Ombudsman, que
son los que antes les he señalado.

Volvemos al «decíamos ayer», y esta vez más próxima: voy a utilizar la
comparecencia del 23 de noviembre pasado, en la que expresé qué entendía
yo por interinidad. Les dije que era un concepto administrativo, desde mi



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punto de vista, que ni rebajaba las facultades ni las competencias que la
Constitución atribuye al Defensor del Pueblo.

Hoy, con un año más de experiencia, puedo completar esta afirmación con
las siguientes: la primera, que en estos diecinueve meses no ha habido ni
un solo día sin Defensor del Pueblo; no hemos dejado, señorías, a la
institución empantanada en una parálisis esterilizante. Yo misma, el
Adjunto señor Rovira y todo el equipo que compone la casa, en una
sociedad como la nuestra, volcada hacia el exterior, hemos intentado
consolidar, con firmeza y tranquilidad, el papel de la institución y el
reto que supone en este delicado período superar lo que yo entiendo que
es una fase de crecimiento, en la que no podían, no pueden y no podrán
quedar desatendidas aquellas bolsas de población como menores,
emigrantes, enfermos psíquicos, reclusos, detenidos, mujeres, minorías
étnicas o religiosas que se encuentran en una especial situación de
vulnerabilidad. Pero tampoco el ciudadano de a pie, que se ve tantas
veces impotente en un sistema rígido y burocrático, también cambiante, de
acomodación, y que todavía no ha encontrado el punto exacto de la tensión
Administración y administrados y que siempre tiene algún fleco que se le
escapa.

La sociedad del Defensor del Pueblo es una sociedad riva y allí se podrán
encontrar ustedes, en un determinado momento, desde la viuda de un alto
miembro de las Fuerzas Armadas --de la Armada en este caso concreto-- que
viene al Defensor del Pueblo a preguntar sobre los retrasos de su
pensión. Allí podemos estar tratando en este mismo momento el caso de un
pastor de León que se acerca al Defensor del Pueblo porque, estando
cuidando de sus ovejas, se abren las compuertas de una determinada presa
de la comarca y se lleva por delante todo lo que constituye su
patrimonio: 1.500.000 pesetas. No es nada más que eso, pero dice que ha
ido de pueblo en pueblo preguntando: ¿Y a mí quién me paga? ¿De quién es
la responsabilidad? No se había anunciado la apertura de esa compuerta.

Es sintomático que acuda al Defensor del Pueblo para preguntar: ¿Y usted
qué puede hacer por mí? Pura y simplemente esto. O vienen estudiantes que
sufren retrasos en la concesión de sus títulos académicos. O viene una
mujer de nacionalidad española, pero de religión musulmana, que necesita
como un requisito primordial para obtener la tarjeta de residencia fuera
de España hacerse el documento nacional de identidad, puesto que es
española, y el Consulado no le admite la fotografía porque no enseña el
pabellón auricular, ya que lo tiene cubierto con un velo, en una
interpretación muy rigorista de una vieja disposición que ya está
ampliamente desfasada. Esta persona alega que la religión islámica impide
que una mujer enseñe a un hombre otras partes de su cuerpo que no sean la
cara, las manos o los pies.

Todo lo que les acabo de contar son actuaciones que cada una de ellas ha
sido solucionada o está en vías de solución.

Pero también viene al Defensor del Pueblo un mendigo, en ese mismo
abanico, a explicarnos que en una determinada ciudad el centro de
transeúntes sin hogar se ha cerrado en unas determinadas horas del día y
no sabe dónde acudir. Analizando sus papeles, nos damos cuenta de que
tiene derecho a una prestación de la Seguridad Social que no ha sabido
solicitar.

Si les he dicho que la primera característica era que la institución no
ha estado en sede vacante en estos diecinueve meses, la segunda es la
capacidad real para evitar abusos sobre los ciudadanos, y ello debido a
la fácil accesibilidad. Le he dado un buen ejemplo de algunas situaciones
de las que pueden llegar al Defensor del Pueblo.

Con esto, señorías, entro en el punto tercero, en el análisis de la
gestión realizada.

Empezaré, como hice el año pasado, a describir el perfil sociológico de
los usuarios, que creo que ya lo conocen, porque está contenido en las
páginas finales del informe que ha sido entregado a todos ustedes. Pero
me interesa destacar por qué hago hincapié en este perfil sociológico de
los ciudadanos que vienen a la institución del Defensor del Pueblo; pura
y simplemente porque ésta es una institución que es sensible a la
evolución de los cambios sociales, sobre todo a efectos de las
conclusiones que, en relación con las quejas o aspectos más
significativos, voy a detallar a lo largo de esta exposición,
concretamente los sectores más vulnerables y el reflejo de la crisis
económica y cómo percibimos este aspecto desde la dimensión del Defensor
del Pueblo.

Como los datos los tienen ya, y por abreviar, he de decirles que el
perfil medio de los ciudadanos que acuden al Defensor del Pueblo es varón
(aunque se han acortado notablemente las diferencias que existen entre
los varones y las mujeres que acuden al Defensor del Pueblo; ya este año
ha habido un punto menos de diferencia, muy lejos de los 44 puntos de
distancia que había en el año 1988), 45 años de edad media, casado, con
estudios medios y que gana menos de cien mil pesetas mensuales.

De nada me valdría, señorías, que en las encuestas que aparecen --y me
gustaría reflexionar sobre esto con ustedes-- en los medios de
comunicación o de que tenemos constancia, la institución del Defensor del
Pueblo aparezca clasificada en el índice de conocimiento en el primero o
en el segundo lugar en esas encuestas de tipo cuantitativo. Yo creo que
eso es importante, pero de nada vale --e insisto-- si no es en la medida
en que se completa con una dimensión cualitativa de algunos aspectos de
las circunstancias de por qué vienen al Defensor del Pueblo.

Nosotros hemos hecho, con nuestros limitados medios, algunas preguntas a
nuestros usuarios. Sólo voy a valorar tres de ellas, que considero
relevantes a la hora de ponerlas en su conocimiento. Son las siguientes:
Antes de acudir al Defensor del Pueblo, ¿intentó solucionar el problema
de alguna forma? La segunda, ¿Por qué o cómo tuvo usted la primera idea
de acudir al Defensor del Pueblo? Y la tercera: ¿Qué dificultades ha
tenido para dirigirse a la institución?
En cuanto a la primera, antes de acudir, ¿intentó solucionar el problema?
El resultado es el siguiente: el 75 por cien de los ciudadanos ha
intentado solucionar el asunto por las vías normales (gestiones
personales, vías administrativas y vías judiciales), de lo que podíamos
deducir, quizá, que esta institución está trabajando en asuntos en los
que el sistema no ha podido solucionarlos convenientemente,



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al menos a juicio del administrado que nos escribe. El resto, un 25 por
ciento, se ha asesorado, es decir, no viene a la ligera sino que intenta
saber las competencias, aunque, en definitiva, todavía se detecta un gran
vacío en este punto.

La segunda pregunta sería: ¿Cómo tuvo usted la idea de acudir al Defensor
del Pueblo? De las ocho soluciones que nosotros les dábamos, la que me
interesa resaltar, a efectos de ese informe (no obstante, todos estos
datos, cuando del Presidente y la Mesa lo estimen oportuno, los tendrán a
su disposición), es que el 22 por ciento acude a la institución del
Defensor del Pueblo motivado por alguno de los rasgos esenciales de la
institución: independencia, acceso fácil y prestigio.

Otro dato muy importante es que el 95 por ciento de los que escriben
acuden por primera vez al Defensor, lo cual significa que no está
monopolizado siempre por los mismos, si puede decirse así. Son usuarios
nuevos los que vienen a plantear demandas, no las mismas, distintas o con
distintos perfiles.

¿Qué dificultades han tenido para dirigirse al Defensor del Pueblo? Esta
sería la última pregunta. La respuesta es tajante: el 86 por ciento de
los que han acudido declara no haber tenido dificultad alguna. El resto
se divide, en partes muy pequeñas, entre las dificultades de falta de
cultura jurídica general y, en segundo lugar, las dificultades
burocráticas. ¿Y qué se entiende por dificultades burocráticas? Pues que
no saben la dirección del Defensor del Pueblo o que creen que hay que
hacerlo con unas formalidades muy rígidas. Es más, algunas veces acuden a
la institución con una póliza formalizada, sin saber que éste no es el
sentido de la institución. Esto quiere decir que nosotros también debemos
modificar nuestras pautas de actuación y comportamiento. Esta es la línea
que en el futuro deberíamos seguir: eliminar todas las dificultades y
mejorar el conocimiento de la institución, y para eso en este año hemos
formalizado convenios informativos con comunidades autónomas y con
corporaciones de Derecho público, concretamente --y esto no data de 1993
sino de 1994-- con el Colegio de Registradores de la Propiedad, para
mejorar los instrumentos jurídicos de información en los expedientes de
bienes inmuebles.

Pasando a los datos de gestión solamente daré unas cifras. La
admisibilidad este año se ha incrementado en un 67 por ciento. Ha habido
un 33 por ciento de no admitidos, y en cuanto a los resultados, este año
hemos continuado en la línea de incremento de aquellos en los cuales la
Administración ha reconocido su error y se ha producido una subsanación
total o parcialmente. Los datos son los siguientes: se ha producido una
subsanación en el 78 por ciento de los casos, ha habido una actuación
correcta en un 10 por ciento, no ha habido subsanación en un cuatro por
ciento, y ha habido un dos por ciento de otros supuestos.

El número de recomendaciones y sugerencias aceptadas ha sido muy
importante. Ha habido 110 recomendaciones aceptadas, se han rechazado 41
nada más y en este momento están pendientes 106 recomendaciones. Los
datos gráficos los tienen ustedes delante y, por tanto, en el debate
podríamos entrar en el análisis de alguno de ellos.

Sin embargo, me interesa recalcar algunos aspectos para dar la auténtica
dimensión del sentido y hacer un análisis de los mismos. Yo lo definiría
como una actuación creciente, selectiva y por objetivos. Ha habido un
incremento en un 12 por ciento en el número de quejas recibidas, pero
nunca me cansaré de insistir en que el número de quejas recibidas por la
institución no es significativo, es meramente indicativo. Uno sólo de los
expedientes que recibe la institución puede ser mucho más importante que
un gran bloque de colectivos sobre los cuales la institución del Defensor
del Pueblo no tiene competencia o sobre los que hay un procedimiento
judicial que impide nuestra actuación.

Otros datos distintos a los del año pasado, sobre los cuales no puse
especial énfasis pero que ahora me gustaría señalar, es que este año se
han abierto de oficio 91 expedientes. Por ejemplo, en todas las denuncias
de malos tratos, tanto en prisiones como en comisarías, que aparecen en
los periódicos, inmediatamente abrimos queja de oficio. Hemos abierto
queja de oficio en temas de extranjería, por ejemplo, en la expulsión de
menores en el puerto de Barcelona --como ustedes recordarán
perfectamente--, en la detención de un periodista que hacía fotos de un
bando de la alcaldía en el que se prohibía repartir propaganda y se
sancionó al agente municipal, por lo que pudiera ser una coacción a la
libertad de expresión; asimismo se ha hecho en el caso de soldados con
distintos destinos que no pudieron ejercer su derecho al voto por correo
en las pasadas elecciones por falta de documentación electoral (se ha
demostrado que esa situación existió en un determinado momento, porque
estaban en unas maniobras militares, pero no va a volver a pasar en el
futuro) y en otros mil supuestos, algunos especialmente significativos.

Por ejemplo, en 24 casos se han dirigido ustedes al Defensor del Pueblo
pidiendo que actúe en el marco de nuestras competencias, en virtud del
artículo 10 de nuestra Ley Orgánica, o bien europarlamentarios o bien la
propia Comisión de Peticiones de Parlamento Europeo. En el caso de los
europarlamentarios les pondré un breve ejemplo. Un europarlamentario
español nos planteó que había recibido una reclamación de súbditos
ingleses, que vivían en España, que tenían el problema de que a la hora
de hacer la importación de los vehículos ingleses, que tradicionalmente
llevan el volante a mano derecha, se les ponían trabas y no podían
homologar su entrada en España en las inspecciones técnicas de vehículos
usados. Este no es un problema en el cual podía entrar el Defensor del
Pueblo, porque ésas son unas determinaciones técnicas, de acuerdo con la
normativa comunitaria, y es evidente que por razones de seguridad la
Administración está obligada a realizar esas determinaciones técnicas. En
lo que sí entró el Defensor del Pueblo es en la falta de información,
porque en las oficinas consulares no se advertía que era un requisito
imprescindible o que se prohibía en España la posibilidad de entrada
--hasta el momento, porque esto también ha sido subsanado-- de estos
vehículos. Este es un ejemplo de la fluida relación que podemos tener con
expedientes que llegan a nosotros.

Para insistir más en la transparencia en la interpretación de estos
datos, me gustaría --y esto es nuevo en relación



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con años anteriores-- poner como ejemplo una sola área, el de la función
pública y Administración educativa. Nunca lo había hecho, siempre
habíamos dado los datos globalmente, pero este año me gustaría analizar
con ustedes un área concreta de las seis en las que está dividida la
institución. El área de función pública y Administración educativa y
cultura recibió el 50 por ciento de las quejas totales que llegaron al
Defensor. Los gráficos los tienen delante. ¿Por qué? Por un incremento
importante de 9.000 expedientes, absolutamente individualizados, que
provenían de toda España, de universitarios que planteaban los problemas
que se habían detectado por los precios públicos de los servicios
académicos, las antiguas tasas académicas, en el curso 1993-1994.

Evidentemente, el análisis de esos datos es una variable que cambia la
interpretación de esas magnitudes. Somos absolutamente conscientes de
ello y así se lo dije el año pasado a SS. SS. Sin embargo, sí hemos
desglosado ya en esta misma área lo que significan las quejas colectivas,
en este caso llamadas individuales pero asumidas de forma colectiva las
9.000. Sin embargo, en lo que atañe a las quejas individuales se admitió
a trámite el 50 por ciento, fue rechazado el 44,3, y el resultado
positivo de las mismas proporcionalmente se ajusta a los límites en los
cuales se ha desarrollado la institución. De ahí la transparencia con la
cual nosotros queremos hacer un balance de los datos que proporcionamos a
la Cámara y a la opinión pública, porque creo que es un requisito
imprescindible.

Entro ya en el punto tercero: la mediación como método alternativo de
solución de conflictos. El año pasado, en la línea de ofrecer un análisis
de lo que puede ser la evolución de la institución de cara al futuro o de
aspectos que no han sido suficientemente estudiados, recordarán SS. SS.

que hablábamos de la articulación del derecho de petición vía Defensor
del Pueblo. Pues bien, este año, aunque sea de forma muy breve, muy de
pasada, quisiera hablar de las posibilidades que la institución del
Defensor del Pueblo tiene de cara a la mediación como método alternativo
en la resolución de conflictos que existen entre las administraciones y
los ciudadanos.

No quiero aburrir a SS. SS., ni creo que deba hacerlo, sobre el concepto
que hay de la mediación, sobre lo que significa la mediación, sobre la
diferencia entre la mediación, el arbitraje y la conciliación, sino
simplemente señalarles que no es algo novedoso, que en jornadas de
estudios universitarios empieza a estudiarse el papel que puede tener el
Defensor del Pueblo en este tipo de relaciones con las administraciones
públicas, por varias razones. La primera, por el prestigio de la
Institución; la segunda, por la flexibilidad de la institución como
método de solución de conflictos, y la tercera, y es la más importante
desde el punto de vista práctico, por el cambio de la realidad
administrativa que se desplaza de la acción imperativa unilateral al
despliegue de mecanismos basados en la ponderación, la composición y el
arbitraje, como bien están explicados en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común.

En definitiva, la mediación es un método muy antiguo, muy flexible, muy
acomodado a la realidad, más de buscar solución a los conflictos que
culpables de los mismos, en conflictos de gran envergadura y de diversa
naturaleza; tiene mucho sentido y ha tenido mucho interés, es una fórmula
de larga tradición y está muy desarrollada en Estado Unidos.

Concretamente existe a partir de la Administrative District Resolution
Act de 1990. En Europa, sin embargo, no ha tenido tanta tradición, a no
ser a través de la figura de los Ombudsman. Quiero recordar que el
Ombudsman francés se llama «médiateur», aunque esté también en proceso de
evolución, pero no es el momento de entrar, en estas circunstancias, en
los perfiles de los diferentes modelos de defensores que hay en el ámbito
europeo.

En definitiva, ¿de qué se trata? Más que de un medio alternativo se trata
de un medio complementario de los recursos administrativos judiciales. En
la situación española existe en Derecho del Trabajo, pero en el campo
administrativo, con la excepción de la nueva Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, solamente en las leyes de los comisionados
parlamentarios autonómicos podemos encontrar un antecedente.

Concretamente, la Ley del Sindic de Greuges de Cataluña, en el artículo
28.1, le faculta para proponer al departamento, organismo o entidad
afectada, en el marco de la legislación vigente, fórmulas de conciliación
o de acuerdo que faciliten la resolución positiva y rápida de las quejas.

Pero también las tiene el Justicia de Aragón y la novedosísima Ley del
Procurador del Común de Castilla y León de 1994. No lo tenemos nosotros
ni otros comisionados parlamentarios autonómicos. Quizá porque el
legislador, cuando diseñó los perfiles del Defensor del Pueblo, pensó más
en una institución de investigación y de control que en esta otra faceta.

Pero no es excluyente y en el futuro se abren inmensas posibilidades,
siempre que se haga con prudencia, siempre que se haga no solamente
dentro del campo de las facultades discrecionales de la Administración,
sino, sobre todo, con prudencia, analizando caso a caso y los intereses
en juego en conflictos importantes, con voluntad de las dos partes y,
evidentemente, de las administraciones públicas.

Paso a señalar algunas actuaciones significativas. He puesto de relieve
tres importantes que SS. SS. ya conocen. La cultura de la intimidad, la
modernización de las administraciones públicas, los sectores más
vulnerables y el reflejo de la crisis económica serían, pues, algunos de
los focos de atención institucional del Defensor del Pueblo, sin que sean
más importantes que todas las demás actuaciones del Defensor del Pueblo
en este año y que están contenidas en ese voluminosísimo informe que
ustedes tienen.

En cuanto a la primera, la cultura de la intimidad, me interesa destacar
la palabra que deliberadamente he buscado. El derecho a la intimidad está
clarísimamente especificado en el artículo 18 de la Constitución. Pero
sobre la vulneración de esa intimidad todos tenemos que hacer un
esfuerzo. Se debe concienciar a la sociedad española. Tenemos una Ley
Orgánica de protección de datos informáticos sobre la que, en su día, el
Defensor del Pueblo presentó, como ustedes saben, un recurso de
inconstitucionalidad.

Entre los aspectos puntuales en los que la institución ha trabajado
destacan el de prisiones, el tratamiento informatizado



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de los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin olvidar el
tema de menores, en el cual no me puedo extender mucho, evidentemente,
por las dificultades del tiempo y porque ya me referí a él el año pasado.

Y también en otro aspecto de los servicios públicos, porque hemos
conseguido que se lleve a la práctica una recomendación de esta
institución de 1990 en la cual se pedía que los nombres de los abonados
no estuvieran incluidos en la lista de la Compañía Telefónica sino a
petición de parte.

Es importante que hablemos de las actuaciones del Defensor del Pueblo en
relación con el derecho a la intimidad en el campo de prisiones. Este año
hemos tenido un volumen importante de expedientes relacionados con los
cacheos y registros personales de los ciudadanos que estaban en prisión.

Analizados uno a uno todos los casos, la Administración penitenciaria nos
confirmó que, de acuerdo con las facultades que le permite la legislación
penitenciaria, algunos presos eran previamente desnudados y en algunos
casos se les obligaba a hacer flexiones.

De los informes recibidos se podía colegir que no había uniformidad en
los criterios seguidos por la Administración penitenciaria, tanto para
ordenar la práctica de estos registros personales como en orden a las
circunstancias que rodeaban la práctica de tal medida. La constancia
documental no existía, tampoco se sabía si había una garantía judicial al
respecto. En las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria
que en algunos casos se habían producido tampoco había uniformidad de
criterios.

La institución --y usted lo tiene en el informe parlamentario-- hizo una
serie de consideraciones que se han visto luego avaladas por la posición
del Tribunal Constitucional en la sentencia 57/1994, de 28 de febrero.

La posición de la institución la tienen ustedes, pero no es ocioso
repetir que del mismo modo que el año pasado nosotros presentamos una
recomendación de que los cacheos, las detenciones para identificación que
se produzcan al amparo de la Ley de seguridad ciudadana se hicieran de
acuerdo con los requisitos interpretativos marcados por la jurisprudencia
del alto Tribunal, este año el Defensor del Pueblo pide en su informe y
reitera ante la esta Cámara que los criterios interpretativos que se
apliquen en estos supuestos están de acuerdo con la sentencia 57/1994, a
la cual me he referido con anterioridad. Nosotros consideramos que aunque
los internos se encuentren sometidos a una relación de sujeción especial,
una persona contra su voluntad no puede verse en la situación de exponer
y exhibir su cuerpo ante otra, porque ello vulneraría el derecho
fundamental a la intimidad corporal. Este no es un derecho ilimitado,
puede verse sometido a limitaciones, evidentemente, pero, como ha dicho
el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, tiene que ser de forma excepcional, proporcionada a la
finalidad y con circunstancias adecuadas.

En tercer lugar, también el Defensor del Pueblo ha pedido que la
Administración penitenciaria posibilite en estos supuestos el control
judicial sobre la adopción de esta medida.

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sobre lo que el Defensor
del Pueblo ha venido trabajando --y lo tienen ustedes reflejado en el
informe-- ha sido fundamentalmente en dos situaciones absolutamente
distintas. La primera de ellas es la de los procesos de detención, la
imposición coactiva de reconocimientos físicos por agentes de la policía
subsiguientes a intervenciones de identificación o de detención y, por
otro, el uso y tratamiento que vienen dándose a los datos de carácter
personal a través de lo que se denominan Grupos de Análisis y Tratamiento
de Información, el GATI, y del fichero denominado Personas de Interés
Policial, PERPOL.

A la primera recomendación que dirigimos a la Administración, imposición
coactiva de reconocimientos físicos subsiguientes a intervenciones de
identificación, hemos recibido una contestación en la cual el Ministerio
de Justicia, también de Interior en este momento, nos dice que acepta la
recomendación y seguirán los criterios según las instrucciones de la
Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas,
así como la jurisprudencia recaída en relación con los registros en estos
supuestos.

En cuanto a los cacheos al amparo de la Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana, que fue una de las recomendaciones genéricas que el año pasado
expuso el Defensor del Pueblo y estaban contenidas en el informe y
mencionamos en nuestras intervenciones parlamentarias, he de decirles
que, en una contestación de la Secretaría de Estado de Interior que tengo
aquí presente, la Secretaría de Estado comunica al Defensor del Pueblo
que va a impartir las instrucciones convenientes a la dirección General
de la Guardia Civil y de la Policía, dependientes de este Centro
directivo, en orden al conocimiento de las mismas y a la evitación de
hechos similares que puedan resultar inadecuados con el ordenamiento
jurídico vigente.

El Defensor del Pueblo considera esta contestación positiva,
evidentemente, y hace un seguimiento. He de decirles que desde la fecha
en que se ha producido la contestación y a lo largo de 1994 no hemos
vuelto a tener constancia de que se hayan producido supuestos en este
caso concreto. No así en el caso de prisiones.

Respecto al tema del tratamiento de los datos personales, a los que antes
me he referido, personas de interés policial que están en los ficheros
automatizados denominados PERPOL y en los ficheros del GATI, hemos podido
saber también qué criterios tiene el Ministerio de Justicia e Interior a
la hora de acomodarlos a la LORTAD, y sabemos que ese fichero
automatizado contiene datos de aquellas personas que han sido buscadas,
por cualquier motivo, por las autoridades policiales o judiciales, han
sido detenidas o están reseñadas por cualquier motivo, si han sido o
están siendo objeto de actuación o investigación policial, o han sido
condenadas judicialmente.

En el tema de las GATI hemos pedido un informe sobre este nuevo banco de
datos de la policía, en el que al parecer se incluye información sobre
los detenidos, así como sobre las personas con los que éstos conviven y
se relacionan, aunque no tengan relación directa con los hechos que se
investigan.

Esta institución conoce que hay una orden ministerial, de 26 de julio de
1994, para acomodar los ficheros policiales al cumplimiento de la
disposición adicional segunda,



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número 2, de la LORTAD, que obliga a las Administraciones públicas a
relacionar y describir los ficheros automatizados que tienen cada una de
ellas.

Pero no es esto lo que pide el Defensor del Pueblo. Lo que el Defensor
del Pueblo pide es la acomodación de esos ficheros y datos de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad a las previsiones del artículo 20 de la LORTAD, y,
en definitiva, a que la recogida y tratamiento de datos de carácter
personal se limiten a los supuestos y categorías necesarias para la
prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la
represión de infracciones penales, y que datos relativos a ideología,
religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, sólo puedan
tomarse en los términos en que está previsto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos. Esta es una gestión que
está abierta y que continuaremos.

El tema de menores es sobradamente conocido y en cuanto a la Compañía
Telefónica acabo de hacer mención a ella.

Por lo que se refiere al procedimiento como garantía, es una de las
constantes de la actuación de la Institución, en la medida que es el
elemento de relación que los ciudadanos tienen con las Administraciones
públicas. A lo largo de todos los años, en su informe, han ido viendo
ustedes cómo el Defensor del Pueblo hacía hincapié en el silencio
administrativo, en la inejecución de sentencias, en la falta de
motivación de los recursos administrativos, No siempre, evidentemente,
desde la generalización, sino de los supuestos concretos que están
contenidos en el informe parlamentario. Ha habido respuesta de las
Administraciones públicas, porque todas ellas están implicadas en el
procedimiento administrativo, pero este año quisiera hacer relación,
fundamentalmente, a un problema que nos preocupa, que es el de las
dilaciones en el procedimiento administrativo, y concretamente en una
cuestión que saben preocupa a la institución del Defensor del Pueblo,
como son las demoras de los tribunales económico-administrativos, porque,
según investigaciones que están también contenidas en el informe (los
últimos datos que tenemos son del primer semestre de 1993) y por informes
complementarios, lo que sí hemos detectado es que ha aumentado el número
de expedientes que están todavía pendientes de fallo, al mismo tiempo que
ha descendido el número de resoluciones producidas.

Les hago gracia de seguir insistiendo en este tema, porque creo que está
suficientemente explicitado en el informe que tienen ustedes delante.

Pero también reconocemos, cuando se producen respuestas en la línea de
encontrar resoluciones al conflicto (que es una preocupación constante de
la institución del Defensor del Pueblo) los retrasos en la concesión de
becas. Casos concretos ha habido de retrasos de cinco o seis meses desde
que se concedió la beca por parte del Ministerio de Educación hasta que
se hizo efectiva. Un caso concreto que admitimos de oficio fue el de un
estudiante al que se le había concedido la beca el 20 de noviembre de
1993 y hasta el 18 de marzo de 1994 no se hizo efectiva. Lo que la
institución del Defensor del Pueblo pretende en estos supuestos es que,
si la finalidad de la beca tiene una misión compensatoria, se produzca la
adjudicación de la misma en el momento en que empieza el curso académico,
y nos ha contestado el Ministerio de Educación y Ciencia, y concretamente
la Dirección General de Formación Profesional Reglada y Promoción
Educativa del Ministerio, que el 77 por ciento de las becas son abonadas
a los interesados en un plazo inferior a diez días, tras la recepción de
la credencial por el becario. No hay motivos para poner en duda las
afirmaciones que realiza la Administración, ya que de las 740.000 becas y
ayudas al estudio que se concedieron en el curso 1993-1994 una pequeña
parte de los interesados de las mismas han acudido a la institución del
Defensor del Pueblo. Lo que la institución del Defensor del Pueblo
continuará exigiendo y pidiendo es que se facilite el procedimiento. Por
eso nosotros habíamos sugerido que se modificara el procedimiento de pago
de las becas a los beneficiarios, utilizando el sistema de libramiento de
fondos a justificar, en lugar del tradicional de pago en firme, lo que
implicaba una mayor agilidad en la realización de estos trámites.

En cuanto al reflejo de la crisis económica en los sectores más
vulnerables, este aspecto es importante en la medida de los rasgos
sociológicos que les he proporcionado a ustedes y afecta además a
diversas prestaciones de todo tipo, prestaciones de la Administración
central, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, donde las
medidas de contención del gasto público, la insuficiencia presupuestaria,
son los argumentos esgrimidos en muchas ocasiones para dar razón a la
institución, pero alegando que no hay dotación presupuestaria o dilatando
la solución en el tiempo.

Ejemplos hay muchos, tanto en el ámbito hospitalario, con el campo de la
Seguridad Social y prestaciones de desempleo, como con el de prestaciones
asistenciales. Me preocupa fundamentalmente en dos aspectos. En lo que
hace relación a la carencia de estructuras intermedias en el campo de la
asistencia sanitaria que se da por parte de la Seguridad Social, en la
medida en que nuestro sistema de Seguridad Social, según el modelo de
reforma psiquiátrica que, afortunadamente, está incluido en la Ley
General de Sanidad, prevé una hospitalización por causas psíquicas que no
sea institucionalizada, y además se creen recursos alternativos eficaces
como son esas estructuras intermedias (pisos asistidos, talleres), y
hemos comprobado que esas estructuras intermedias no existen o son
insuficientes en muchas comunidades autónomas. Y tenemos respuestas
concretas en las que se nos dice que tenemos razón, pero que las
limitaciones presupuestarias que tienen les impiden en ese momento hacer
frente al caso concreto, absolutamente flagrante, que se les está
exponiendo.

El tema del reintegro de gastos cuando un enfermo residente en una
comunidad autónoma ha tenido que desplazarse a otra, o de los
desplazamientos con motivo de trabajo, o por vacaciones, cuando es
acreedor de los beneficios de la Seguridad Social, incluso cuando ese
desplazamiento de su lugar de origen ha de ser para la continuación del
tratamiento; el reintegro de los gastos por usos ajenos a la Seguridad
Social en asistencia psiquiátrica, aunque haya sido fijado por los
propios médicos de la Seguridad Social,



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las dietas por los desplazamientos de los enfermos, que están congeladas
en 400 pesetas diarias, hoy por hoy; la modificación del criterio
aplicado en las revisiones de grado de invalidez contributiva para
acomodarlo a lo más equitativo previsto para la invalidez no
contributiva, sobre lo que nos reconocen que tenemos razón, pero que
depende de las posibilidades de financiación, así como las prioridades de
la utilización de los recursos financieros, impiden por el momento
abordar la reforma aludida.

Y hay algunos otros aspectos, también importantes, en cuanto a las
medidas asistenciales, servicios sociales, sobre los que no hay
proyectos, no hay crédito presupuestario, en el caso, insisto, de métodos
alternativos para desinstitucionalizar los enfermos mentales, y una
comunidad nos contesta: El tipo de recursos mencionado es complejo y caro
y, dados los recortes presupuestarios existentes, no es previsible en
estos momentos determinar cuándo podrán ponerse en marcha. O, por
ejemplo, la influencia que esta crisis, los efectos de la limitación
presupuestaria puede tener en prestaciones asistenciales en personas de
tercera edad, en las ayudas que le tienen que prestar los ayuntamientos,
y, en concreto, la difícil situación en la que se encuentra el padre de
una señora que ha acudido al Defensor del Pueblo, que tiene 84 años, vive
solo en un término del norte de Burgos y precisa la ayuda por tercera
edad que le tiene que dar su propio ayuntamiento. El ayuntamiento, que
está perdido en las montañas, le dice que no tiene la ayuda
correspondiente. Es verdad que las comunidades autónomas firman convenios
con el Instituto Nacional de Servicios Sociales, pero en este caso,
preguntado si por parte de las administraciones en juego había elementos
para encontrar una solución, se nos dijo que no, que las dificultades
presupuestarias hacían que los convenios se hubieran establecido en
diversas zonas, pero que precisamente en la zona norte de Burgos no había
ningún convenio al respecto.

Si me permite, le preguntaría al Presidente de cuánto tiempo dispongo
todavía.




El señor PRESIDENTE: La Defensora del Pueblo tiene todo el tiempo que
necesite para su Informe.




La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Muchas
gracias, señor Presidente.

No pretendo cansar a SS. SS. con este gran volumen de datos y de cifras.

Me había comprometido a ser lo más sintética posible, pero, honestamente,
he de confesar que la síntesis muchas veces es difícil cuando hay que
barajar todos los elementos que componen un informe parlamentario.

Paso a la presencia parlamentaria de la institución del Defensor del
Pueblo durante este año. Creo que se ha dado un paso más. El Defensor del
Pueblo ha comparecido cuatro veces durante 1993 y una a principios de
1994 ante la Comisión Constitucional, en la Comisión Mixta, en el Pleno
del Senado, que es obligado, en el Pleno del Congreso, y, además, en la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, lo cual implica más
comparecencias que en años anteriores. Lo que sí hemos detectado,
analizando el «Diario de Sesiones» y los Boletines Oficiales del Congreso
y del Senado, es que muchas veces se hace relación expresa a la
institución del Defensor del Pueblo, y en sus informes parlamentarios,
que, evidentemente, no son el objeto de la comparecencia, la institución
ha detectado el interés de sus señorías. En seis supuestos --puede haber
muchos más-- Ministros y Secretarios de Estado han comparecido en la
Comisión de Justicia e Interior, en la Comisión de Defensa, en la
Comisión de Política Social y Empleo, en la Comisión de Industria, Obras
Públicas y Servicios, tanto del Congreso como del Senado, sobre aspectos
planteados por el Defensor del Pueblo. Que yo recuerde, hasta el momento
hay dos proposiciones de ley presentadas a raíz de actuaciones del
Defensor del Pueblo y por lo menos 50 preguntas formuladas por SS. SS.

sobre temas diversos que la institución ha puesto de relieve en sus
informes parlamentarios. Por eso, señalaría que quizá, de cara al futuro,
habría que señalar que la comparecencia del Defensor se debería articular
no solamente en la obligada ante la Comisión Mixta para defensa de su
gestión en el Parlamento, sino también en el valor importantísimo que
tiene el uso que todas SS. SS. están haciendo del informe parlamentario,
porque no hay que desconocer que, según los distintos modelos de
ombudsman que hay en el mundo, su gestión ante el Parlamento, la dación
de cuentas al Parlamento se articula de diversas formas. No hay una
fórmula única. Lo que sí hay es una actuación normalizada de encuentro
entre el comisionante y el comisionado.

Pasamos, pues, brevísimamente a la respuesta de las administraciones
públicas. Les había dado algunos datos significativos de las
recomendaciones y sugerencias: aceptadas, 110; rechazadas, 41, y
pendientes, 106. Es muy importante el número de recomendaciones. Quiero
señalar que recomendaciones son aquellos escritos del Defensor del Pueblo
que tiene carácter general y un valor amplio no solamente en supuestos
concretos, pero la dimensión de las recomendaciones del Defensor del
Pueblo y su impacto sobre la sociedad española este año es, podría decir,
realmente importante.

Respecto a esta cuestión, algunas relaciones de este reflejo normativo de
las sugerencias y recomendaciones las tienen delante, pero me gustaría
destacar en este momento --y buscando entre mis antecedentes-- que el año
pasado les hice mucho hincapié sobre el tema de la protección
medioambiental y les hablaba de los problemas surgidos en las Islas
Canarias en relación con la contaminación atmosférica. Pues bien, este
año se ha formalizado la creación de una comisión técnica, con un plan de
trabajo, en la que se abordarán los problemas urbanísticos, ambientales,
de protección a la salud, presencia de los organismos de la
Administración canaria en la gestión y toma de decisiones de las
centrales. Para ello se ha encargado un estudio epidemiológico, otro
estudio de morbilidad en los centros de salud y la medición y evaluación
de los contaminantes. Es decir, lo que el año pasado se apuntaba como una
posibilidad y una promesa del Gobierno de Canarias, este año es una
realidad. La última reunión --ha habido ya dos-- ha sido el 22 de
septiembre de 1994.




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Una recomendación de indudable relieve y trascendencia que está contenida
en el Informe parlamentario y que afecta a derechos fundamentales en el
tratamiento de temas penitenciarios es la que recientemente ha recibido
el Defensor del Pueblo --y la tienen en la relación que les he entregado
a ustedes--, la informada por la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, en la cual se nos dice que acepta la recomendación
formulada por la institución sobre la situación de algunos internos
clasificados penitenciariamente en primer grado e incluidos en el FIES y
que es consciente de la especial incidencia de la denominada primera fase
del primer grado de tratamiento penitenciario en la medida en que la
recomendación formulada por el Defensor del Pueblo y que ustedes conocen
se refiere a la naturaleza jurídica de las circulares que regulan esta
materia, a los períodos y formas de revisión de esta clasificación
penitenciaria y a la ausencia de actividades de los internos
clasificados.

La Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios textualmente dice que:
Respondiendo a su actuación, le envío el instrumento de trabajo elaborado
por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, denominado Plan
de Recuperación de Internos Conflictivos, que se encuentra en fase de
consulta y sugerencia, donde se recogen la totalidad de las observaciones
de su recomendación. En cuanto a la naturaleza jurídica de las
circulares, se incluirán en la reforma del actual Reglamento
penitenciario que se encuentra en fase de preparación.

Hay otras quejas significativas. De estas 110 aceptadas, quiero señalar
en este momento la protección del derecho a la intimidad de los menores
víctimas de delito --es una circular de la Fiscalía General del Estado--,
la falta de regulación de las actividades y productos utilizados en
naturopatía y ciencias bioenergéticas --está incluida en el proyecto de
ordenación de las profesiones sanitarias--; está ya en tramitación el
proyecto de ley de vías pecuarias; la protección de los consumidores en
la celebración de contratos de multipropiedad ha sido aceptada por el
Instituto Nacional de Consumo, falta la presentación efectiva de este
proyecto de ley; las prótesis auditivas y oculares en la circular 8/1994,
del Ministerio de Sanidad y Consumo, aunque hayamos detectado que hay
retrasos en el reintegro de estas ayudas y al mismo tiempo que existe la
necesidad de que se haga anticipadamente la entrega de cantidades para
poder implantar determinados tipos de estas prótesis y --lo que ya
conocen-- la modificación del artículo 191 del Reglamento del Registro
Civil.

He trastocado el orden de la respuesta de las administraciones públicas
porque el punto primero era la valoración de la colaboración de las
administraciones públicas con la institución del Defensor del Pueblo.

Señorías, si mantengo que una queja puede tener más significado que
muchas recibidas sobre el mismo tema, evidentemente, un solo expediente,
en definitiva una valoración global de la actuación de las
administraciones públicas es muy difícil hacerla por parte de la
institución. Puede haber actuaciones puntuales, tanto favorecedoras como
entorpecedoras, pero si lo clasificáramos a efectos de simplificación, yo
diría que hay colaboradoras, donde la relación es muy fluida,
administraciones en las que se ha detectado un cambio de actitud
esperanzador; hay actuaciones de tensión, pero normalizadas, y hay
actuaciones difíciles, hostiles o, por qué no decirlo, desde el punto de
vista de la institución del Defensor del Pueblo, entorpecedoras.

¿Decir cuáles son las actuaciones más colaboradoras y menos
colaboradoras? Si yo estoy eliminando los criterios de la
discrecionalidad administrativa a la hora de acotar los extremos en los
cuales debe desarrollar la administración, una mención específica de una
u otra administración podía hacer que no fuera lo justa, lo equitativa y
lo equilibrada que debe ser la institución del Defensor del Pueblo. Sin
embargo, a pesar de ese riesgo, yo quiero hacer mención de dos aspectos
importantes. El primero es que en la tensión que ha existido entre las
relaciones con el Ministerio de Interior y los criterios que interpreta
el Defensor del Pueblo hemos detectado un esperanzador cambio de
actitudes, y buena prueba de ello es la contestación de la Secretaría de
Estado para Asuntos Penitenciarios sobre el tema de FIES a que he hecho
referencia.

Sobre la cuestión de actuaciones hostiles y entorpecedoras, he de decir
que al momento de cerrar el informe había algunas administraciones, no
muchas, y siempre pequeños ayuntamientos o en circunstancias difíciles,
pero creo que ha llegado el momento de dar un paso más. Hablábamos el año
pasado de la necesidad de mejorar el concepto del artículo 24.2 de la Ley
Orgánica del Defensor del Pueblo, y en este sentido el Defensor del
Pueblo pone en conocimiento de la Mesa que ha habido 28 administraciones,
tanto autonómicas como fundamentalmente locales y alguna corporación de
derecho público, que no han contestado, por primera vez, y nunca, a la
actuación del Defensor del Pueblo, y ha sido imposible analizar las
circunstancias que concurrían en la reclamación presentada por los
ciudadanos y abrir la investigación correspondiente. Lo pongo en
conocimiento de esta Cámara a los efectos que sean oportunos, dado que el
envío al Ministerio Fiscal necesita, como dije en la comparecencia
anterior, una tipificación penal oportuna. Es más, insisto, la Ley
Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, en el artículo 24.2, especifica
cuál es la obligación en estos supuestos.

El año pasado les decía que era necesario un proyecto de Código Penal que
incluyera esta tipificación de delito de desobediencia al Defensor. Por
los datos que poseemos, en el anteproyecto del Código Penal se incluye,
parece ser, el artículo 489.2, en el cual se dice que: ...habiendo sido
requerido en forma legal y bajo apercibimiento... dejaren de comparecer
(...) en las mismas penas incurrirá el funcionario que obstaculizare la
investigación del Defensor del Pueblo negándose al envío de los informes
que se solicitaren o dificultando el acceso a los expedientes o
documentación administrativa necesaria para su investigación.

Por último, he de decirles que en cuanto a las relaciones institucionales
ha continuado la consolidación de dichas relaciones, tanto con los
comisionados parlamentarios como una intensa relación internacional en
tres escenarios distintos. Por un lado, con Iberoamérica, con Europa, con
el Parlamento Europeo, con el Consejo de Europa, con la



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Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y en visitas, asistencia a
seminarios y ayuda a petición propia para la elaboración de proyectos de
la figura del Defensor del Pueblo en Iberoamérica. Concretamente hemos
estado en Paraguay, en Honduras y en Bolivia, y hemos conseguido una vía
de financiación para los proyectos de ampliación y difusión de una figura
de la importancia de la institución del Defensor del Pueblo en estos
países.

Pero hemos tenido otro escenario distinto, que han sido las relaciones
con Naciones Unidas. Asistimos a la Conferencia Internacional de Naciones
Unidas y al Seminario Internacional, en el taller de trabajo que se
realizó en Túnez a finales del pasado año para profundizar más en cómo
pueden ser los mecanismos internacionales de protección de los derechos
humanos vía la figura del Defensor del Pueblo. Y un aspecto nuevo, en
diversos países de Africa nos han pedido nuestra colaboración. El
Defensor del Pueblo de Gabón estuvo en la institución del Defensor del
Pueblo, y puedo anunciarles que el día 10 próximo vendrá a la institución
del Defensor del Pueblo, a petición suya, el Mediateur de Mauritania. Lo
que significa el Defensor del Pueblo en España, la experiencia de estos
diez años, el sentido emblemático que tuvo como figura que venía a
completar ese edificio de garantías de los derechos fundamentales, yo
creo que tiene indudable peso internacional, y así ha sido reconocido, no
solamente por la elección de España como miembro del International
Ombudsman Institute, al que al principio he hecho referencia, sino porque
el Parlamento Europeo, y fundamentalmente la Comisión de las
Administraciones Públicas de la Unión Europea, nos ha pedido que
concurramos a un seminario para ver cómo puede ser en el futuro la
articulación de la figura del próximo Defensor del Pueblo Europeo con la
realidad práctica del trabajo de derecho comunitario que realizan las
instituciones nacionales, y se lo ha pedido a la institución del Defensor
del Pueblo de España. También el Consejo de Europa nos ha pedido que
comparezcamos en un seminario para tratar de perfilar cuáles pueden ser
las vías de desarrollo sobre derechos humanos, concretamente en los casos
de racismo y xenofobia, para desarrollar la Convención del año 1980.

Asimismo, el Consejo de Europa nos ha pedido que vayamos a Rumania, como
así hemos hecho, para explicar lo que la institución del Defensor del
Pueblo significa y su potencial de cara al futuro, o incluso a la
Federación Rusa, donde se va a implantar también la figura del Defensor
del Pueblo. Es decir, que recogiendo nuestras actuaciones y la idea que
me dieron SS. SS. en la comparecencia pasada, nuestro frente ha sido de
consolidación de la dimensión del Defensor del Pueblo en todos estos
ámbitos.

Probablemente se me hayan olvidado muchas cosas, y posiblemente quedan
por fijar y desarrollar muchos aspectos que están contenidos en el
análisis, y quizá se me hayan podido olvidar algunas situaciones que me
hubiera gustado desarrollar más ampliamente. Tal vez esto pudiera ser el
capítulo VI, las conclusiones. El año pasado las hice, y les confieso
que, al empezar este año a elaborar cuál podía ser el sentido de esta
comparecencia, el guión de mi intervención en la misma, pensé cuáles
podrían ser las conclusiones más importantes que se deducían de la
intervención del Defensor del Pueblo. El año pasado lo hice, no creo que
me equivocara al hacerlo, pero pienso, señorías, que en este momento lo
importante no son las conclusiones que saque el Defensor del Pueblo, sino
las que ustedes fijen sobre la institución que en este momento
represento.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Margarita Retuerto. La Comisión
ha seguido, sin duda, con una extraordinaria atención su informe.

Pasamos, por tanto, ahora a la intervención de los distintos grupos
parlamentarios.

¿Grupo Mixto? (Pausa.) No está.

¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Sanz.




El señor SANZ CEBRIAN: Señora Defensora del Pueblo, señor Adjunto,
señorías, quiero empezar esta intervención, que va a ser concisa,
haciendo alusión a una importante labor a la que ha aludido la Defensora
del Pueblo. Me refiero a la función de mediación. Entendemos que hay que
potenciar y fomentar esta labor de mediación, porque para nosotros sería
muy interesante de cara a resolver el problema de la lentitud de la
justicia, llamémosla, ordinaria. Incluso estaríamos dispuestos a llegar a
que el Defensor del Pueblo se constituyese en una nueva forma de justicia
administrativa, potenciando, como digo, ese carácter arbitral. No se nos
oculta que las reformas legislativas serían profundas, y como Grupo Vasco
estaríamos dispuestos a participar y a apoyar este tipo de reformas.

Sometiéndome al objeto que ahora nos ocupa, que es el informe propiamente
dicho correspondiente al ejercicio 1993, quiero remitirme a unas palabras
que constan con carácter introductorio en ese informe, unas palabras de
Molière: Los hechos hablan más que las palabras. Efectivamente, la
realidad es que la labor encomiable realizada en una situacion de
interinidad por la Defensora del Pueblo en funciones y por su equipo
habla por sí misma. Cuando en el ejercicio pasado valorábamos
positivamente la gestión correspondiente al año 1992, éramos muchos los
que creíamos que esta institución iba a alcanzar su normal
desenvolvimiento mediante la provisión de la vacante. La realidad --lo
cito en varias ocasiones-- es obstinada, es siempre tozuda y ha
demostrado que hemos sido incapaces de proveer tan notable vacante
institucional. Sin embargo, el Informe que ahora tenemos es
afortunadamente ajeno a tan extraordinarios avatares.

La institución funciona, y bien, y tiene un nombre responsable de ese
buen hacer: doña Margarita Retuerto y el equipo que le acompaña, que ha
tenido la honradez, y yo diría que hasta la gallardía, de permanecer en
la penosa situación de la interinidad, que lógicamente podía menoscabar
no sólo la imagen sino la efectividad del funcionamiento de la
institución. Por tanto, tal como hicimos el año anterior, otorgamos
nuestra confianza a la institución y a las personas que la encarnan, y
muy especialmente a doña Margarita Retuerto.




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Por nuestra parte, y como parlamentario, lamento profundamente no haber
sabido corresponder a la entrega de quienes han trabajado correctamente
en situación tan anormal y, por último, si me permiten y al hilo de esta
anormal situación a la que me refiero, quisiera hacer una pregunta: ¿no
estaremos buscando fuera lo que ya tenemos en casa?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que hacía referencia el portavoz del
Grupo Vasco (PNV) a la presentación del Informe Anual del año 1993. Decía
Molière que los hechos hablan más que las palabras, y es verdad. Yo
terminaba mi intervención de hace dos días, en el Senado, cuando
discutíamos una propuesta de candidatura, diciendo que no vaya a ser que
la realidad de hecho se transformase en realidad de derecho.

La Defensora del Pueblo en funciones ha hecho una introducción realizando
una reflexión poética o explicativa sobre el papel del Defensor del
Pueblo diciendo que la interinidad es un problema accidental, menor; que
hay una práctica normalidad en el funcionamiento del Defensor del Pueblo
--lo dice también en la presentación-- e indica que a lo largo de este
período de tiempo la institución y el equipo que la compone han seguido
actuando convencidos de que la situación de interinidad es un mecanismo
administrativo que tiene por objeto asegurar la continuidad de las
instituciones al frente de cualquier contigencia. Es decir, se ha tenido
que dar una explicación a algo que por más que nos esforcemos no es
normal. La interinidad en una institución no es positiva ni buena.

Podíamos utilizar aquello de «excusatio non petita, accusatio manifesta»,
pero en todo caso la valentía de la Defensora del Pueblo ha sido coger el
toro por los cuernos y decir: «Hemos pechado con esta adversidad para
mantener un trabajo institucional riguroso o serio.»
En todo caso, yo quisiera esperar que esto se termine pronto y que la
institución presente un próximo informe tan voluminoso --decíamos antes
con el Presidente-- o tan exhaustivo como el que nos ha presentado para
el año 1993 en el año 1994, por lo menos a mitad de tiempo, cincuenta por
ciento va a ser difícil, pero que para el tiempo que queda sea corregido.

Me gustaría hacer comentarios en cuanto a lo que pudiéramos llamar
elementos positivos del documento-informe de la intervención de la
Defensora del Pueblo, elementos menos positivos o críticos con el
funcionamiento de la institución y los efectos, comentarios sobre algunas
quejas que consideramos que son complicadas y a las que es preciso hacer
frente, y una solicitud de información a la Defensora del Pueblo sobre
algunos datos que quizá no hemos podido o no hemos sabido encontrar.

Como elemento positivo yo creo que, aparte de lo que decía antes de que
la institución ha mantenido un trabajo institucional creciente --aunque
no hemos llegado al volumen del año 1991, en el año 1993 el número de
quejas tramitadas o respondidas por la propia Administración del Defensor
del Pueblo ha sido alto--, ha habido una gran actividad externa, que yo
valoro positivamente: convenios de cooperación con Hispanoamérica --en el
Informe se hace referencia a un gran volumen de relación con distintos
países de Hispanoamérica--, encuentros internacionales, Defensor del
Pueblo Europeo. Hay una cosa que a mí me ha chocado, que son las charlas
de divulgación, a más de una por mes --quince--, charlas de
participación, encuentros o mesas redondas. Por tanto, ha tomado en las
manos el trabajo de dar a conocer que esta institución está haciendo una
labor determinada.

Segundo, yo valoro como positivo esa actuación de oficio --91 casos-- que
el Defensor del Pueblo, sin recibir quejas, ha tomado y ha tramitado. Yo
no sé si esos 91 casos son muchos o pocos, pero lo cierto y verdad es que
es un número importante y es un paso sobre cómo actuar de oficio.

Rapidez de tramitación. Yo creo que se ha mejorado la rapidez de
tramitación, inclusive para decir que a usted no le corresponde esa queja
o no tiene vía, y que en muy pocos días o en poco tiempo se ha respondido
a los ciudadanos que han presentado la queja. Otra cosa es si se han
encontrado bien o no bien respondidos los ciudadanos.

Hay un volumen alto de subsanación de actuaciones. En el Informe, en la
página 1168 de este libro amarillo, se habla de que el número de
subsanaciones --habla de cinco mil y pico actuaciones correctas de la
Administración-- son 11.335. Yo creo que eso es importante y demuestra
que el camino del Defensor del Pueblo debiera utilizarse para que
actuaciones más o menos irregulares pudieran encontrar solución, al
margen de lo que decía la Defensora del Pueblo de las actuaciones o las
recomendaciones que se han hecho a la Administración o las sugerencias
que han podido devenir.

Elementos negativos o críticos que nosotros encontramos en el Informe e
inclusive en lo que pudiéramos llamar explicación de la Defensora del
Pueblo.

En la introducción se habla en la página 4 de lo que ella ha repetido
reiteradamente, de que el número de quejas no quiere decir que tengamos
un país muy quejoso o que haya un cierto malestar con la actuación de la
Administración por el número. Decía la Defensora del Pueblo que unas
pocas quejas pueden ser más representativas y de mayor magnitud que
muchas quejas que pueden ser de menor magnitud. Eso está bien dicho como
declaración, pero a mí me gustaría conocer cuántos y cuáles, porque
querríamos ver cuáles son las actuaciones de gran magnitud --por lo menos
diferenciadas o separadas-- y cuáles son las muchas de poca magnitud. En
este sentido, yo creo que esa idea o esa sintetización de que tenemos un
país poco quejoso con la Administración o que tiene quejas o críticas de
poca magnitud se debiera de documentar.

Yo creo que hay dos grandes limitaciones que detecto en el Informe del
Defensor del Pueblo. Uno, tenemos un Defensor del Pueblo muy madrileño.

El 60 por ciento de las quejas son de Madrid, no de fuera. Por tanto,
sería bueno que nos planteáramos la colaboración con los Defensores del
Pueblo territorial e inclusive con el Defensor del Pueblo Europeo. Es
verdad que hay una comunicación



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con Defensores del Pueblo o figuras similares de comunidades autónomas,
pero fíjese que son 814 las peticiones o la relación que ha habido. Otra
cosa es que se pueda ir a más número.

Segundo, en el propio resumen que se hace en la introducción, cuando se
comenta el perfil del ciudadano que ha presentado la queja, en la página
1162 se dice que hay una minoración --por así decirlo-- de lo que
pudiéramos llamar personas con un bajo nivel de estudios, es decir, las
personas con un nivel social más bajo hacen menos usos del Defensor del
Pueblo y parece ser que hemos crecido en personas con estudios, bachiller
superior o más. Creo que ésa es una limitación y que precisamente los
sectores más débiles de la población son los que más necesitan de esa
actuación. Había que fomentar, facilitar, llegar más a estos sectores de
la población para eso que decía usted simbólicamente: «¿Hay que poner una
póliza?, ¿cómo me dirijo?» Y yo sé que con el Defensor del Pueblo no hay
ningún problema, que se hacen hasta papeles escritos a bolígrafo y sirven
para tramitar una queja, pero a estos sectores no les llega que eso es
así. Fíjese que usted, en su explicación, decía que incluso hay gente que
se ha documentado, que se ha informado para dirigirse al Defensor del
Pueblo y ya lo hace de forma más articulada, pero son sectores de la
población que tienen una situación, vamos a decir, más fácil.

Creo que también hay un escaso uso de lo que pudiéramos llamar actuación
del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. En el informe
figura un solo caso, el referente a los datos, al artículo 19.1 de la ley
de datos. Respecto a las demás demandas, ocho no se han decidido por el
Consejo del Defensor del Pueblo. En el informe hay también un apartado
que habla de recursos de amparo. Se dice que han sido muchos, pero que no
se ha aceptado ninguno. Me gustaría que se nos informase sobre los más
significativos, los motivos, etcétera, porque, aunque el informe es
exhaustivo, esto no figura. Desde nuestro punto de vista hay un trabajo
menos, diría, intensivo, en ese descender a cuestiones como la
constitucionalidad o no de algunos desarrollos legislativos.

Creo que, a pesar de que se ha reducido, todavía hay un número muy alto
de quejas no admitidas. Eso puede ser porque los ciudadanos no sepan a
quién dirigirse o porque se necesite un trabajo de explicación.

Creemos que hay también un excesivo número de quejas pendientes. A este
ejercicio vienen del año anterior 2.331 y, al final del ejercicio, quedan
pendientes cinco mil y pico. Eso quiere decir que en un año no se ha
podido solucionar el atraso; el tiempo pasa por encima de la rapidez en
las respuestas del Defensor del Pueblo.

Me gustaría conocer también, puesto que ha hecho mención a la parte
positiva de lo que han sido esas resoluciones que la Defensora del Pueblo
ha planteado, como, pudiéramos llamar, actuaciones o recomendaciones, de
qué manera se pueden tomar medidas para tener una eficacia real ante la
resistencia de la Administración. Usted ha hecho referencia a las
formulaciones que le han aceptado por parte de la Administración, unas de
subsanación y otras no, pero, en cuanto a las recomendaciones, hay 85
formuladas, de las que han sido aceptadas 36 --usted ha sido exhaustiva
respecto a algunas por la importancia que tienen--, 43 están pendientes y
cinco han sido rechazadas. Cuando se rechaza una recomendación, que
consiste en modificar la normativa legal o el desarrollo, no estamos
hablando de una actuación equivocada en un momento puntual, sino de algo
más amplio, y resulta que, en lo que son recomendaciones, han sido
aceptadas menos del 50 por ciento.

En lo que son sugerencias --la Administración ha podido actuar bien o no
irregularmente, pero el Defensor del Pueblo le hace que modifique algún
acto concreto, que actúe de otra manera--, hay 172 formuladas, de las que
55 han sido aceptadas, pero han sido rechazadas 32 y quedan pendientes
85. Yo, como vengo de los ámbitos regional y municipal, al oírle decir
que han mejorado en las relaciones con la Administración central y que
las dificultades mayores vienen de los municipios y de algunas
comunidades, quisiera que, si eso es así, nos dijera qué dificultades
tienen, cuáles de estas recomendaciones rechazadas vienen de la
Administración local y cuáles de la Administración central, y, de estas
pendientes, me gustaría saber cuáles son, porque, si es verdad eso,
tendríamos que dedicarnos a esa municipalidad que pueda estar en una
situación más complicada.

En cuanto al contenido de algunas quejas, me gustaría centrarme en tres
cuestiones que hacen referencia al primer bloque, lo que ustedes
denominan derechos fundamentales y libertades públicas. Hay solamente 247
páginas de este voluminoso libro, pero, en un país que lleva ya tantos
años de Constitución, el que sobre los derechos fundamentales y
libertades públicas se reclamen, en volumen, 250 páginas, de mil y pico,
es importante.

Me gustaría, como digo, comentar tres bloques de esas quejas que yo he
entresacado del informe. En primer lugar, el tema de los malos tratos por
parte de algunas policías municipales, en concreto la de Madrid. Hay
muchas quejas sobre esto y esos malos tratos tienen una relación; todas
las actuaciones que le voy a referir tienen relación con algo que ha
pasado, con una realidad europea importante: la inmigración, la
aceptación de ciudadanos que vienen de otros países a nuestro país. Esta
actuación de malos tratos a personas que no son de nuestro país, que no
son de nuestra raza, tiene un porcentaje alto, y me gustaría saber de qué
manera se ha actuado, cómo ha respondido este Ayuntamiento de Madrid a
esas quejas de la actuación de la policía municipal.

El segundo bloque es un nuevo apartado que está dentro de lo que
pudiéramos llamar objeción de conciencia; no entra en el tema insumisión.

Hay tres clases de quejas a este respecto. La primera, el asunto de los
aplazamientos de la objeción de conciencia --yo he contado ocho quejas,
no sé si serán más--, y se trata de si se aplaza o no la incorporación
puesto que la persona está trabajando; son problemas parecidos a los que
se plantean respecto al servicio militar. Además, hay siete quejas de
aplazamiento por estudio y 12 por exclusiones; es más importante el tema
de la exclusión del servicio. Luego hay otro apartado que hace referencia
al que quiere modificar su posición: yo me he declarado objetor... Ahí no
entro. Es un volumen importante



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de quejas sobre algo que es nuevo, que se está poniendo en marcha y sería
bueno ver si funciona bien esa ley de objeción de conciencia, si no
funciona, si la Administración actúa o no.

Por último, me quería referir a los derechos y libertades de los
extranjeros en España. En el informe se hace el comentario de que se ha
mejorado en cuanto a la admisión de los ciudadanos inmigrantes en nuestro
país. Se dice que el número de quejas se ha reducido en este sentido,
pero se han incrementado las quejas en el tema de la expulsión de
ciudadanos de nuestro país. No sé si tiene o no relación nuestra realidad
legal en este aspecto, pero lo cierto y verdad es que este año --no en
este ejercicio-- se ha recurrido a la Ley de Asilo, lo que en mi opinión
particular y en la de mi formación política considero que es positivo. A
mí esto me preocupa por la referencia que hacía antes a una sociedad
europea cada vez más multirracial, más multicultural, y creo que sería
bueno que pudiéramos ver de qué manera actúa la Administración. Digo esto
porque no hay profundidad en cuanto a lo que son quejas aceptadas o no y
me gustaría conocer de qué manera ha sido receptiva la Administración en
esta vertiente.

Termino, señor Presidente, con ese bloque de solicitudes de información
--de paso ya le he ido diciendo cuáles eran de mayor o menor envergadura
en esa definición que hacía de Defensora del Pueblo--. En cuanto a los
recursos de amparo, me gustaría saber cuáles y cuántos son, si es
posible; en el tema de la colaboración con el Defensor del Pueblo
quisiera saber cómo se está articulando, así como la relación con los
defensores de las comunidades autónomas; también quisiera que se pudiera
variar la composición de este Informe en lo que pudiéramos llamar
modificaciones, porque aquí se sigue la evolución de cuatro grandes
bloques de actuación, pero a mí me gustaría saber qué reclamaciones son
colectivas y cuáles individuales, porque a veces hay una reclamación que
no es una, sino ochocientas o novecientas. Y en cuanto al tema de oficio,
me gustaría --en el Informe que nos ha entregado hoy sí que va separado--
saber lo que son las 91 actuaciones de oficio; es decir, ver si es
posible añadir una separación de lo que es de oficio, por hacer un
seguimiento.

Respecto a qué hacer para acercar más el Defensor a quien más lo
necesita, me gustaría conocer si la propia institución tiene campañas de
explicación o difusión, aunque es verdad que se hacen encuestas; la otra
vez nos habló de la encuesta que se había hecho y hoy nos vuelve a
remitir a ella.

Por último, en cuanto a las quejas en tramitación, hay una evolución de
cuántas son las quejas pendientes: creo que son cinco mil y pico. Me
gustaría saber cuántas de esas quejas devienen del año 1992; en suma,
buscar el almacén de quejas que se han tardado en tramitar más de un año.

Termino, señor Presidente, diciendo que, en todo caso, en cuanto a la
profundidad del conocimiento, es un trabajo poco exhaustivo, porque no
hemos tenido más tiempo, pero no quisiera que la parte crítica o la parte
de demanda de información hiciera suponer que nosotros creemos que no se
ha hecho un trabajo, en interinidad, eficiente. En el devenir del tiempo,
no lo sé, creo que estamos demasiado tiempo deshojando la margarita.

(Risas.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Baltá i Llopart.




El señor BALTA I LLOPART: Señorías, la singularidad de que el Informe del
Defensor del Pueblo nos sea presentado en una situación de interinidad en
el ejercicio del cargo tiene su peso específico sobre este momento
preciso, en el que, sin embargo, debía preocuparnos el contenido del
Informe por encima del continente, la institución por encima de su
titular. Pero hay que reconocer que ni tan siquiera la compareciente,
doña Margarita Retuerto, ha podido prescindir de su status actual para
definirlo como inusual. Lo es desde el momento en que expiró e plazo
prudencial, cuando a partir del 16 de marzo del pasado año se debería
haber elegido el nuevo titular en aplicación del artículo 5 de la Ley
Orgánica del Defensor del Pueblo.

Afortunadamente, la titular de la institución, como no podía ser de otra
manera, asumió sus funciones desde el sentido de la responsabilidad y con
la pasión demostrada en el contexto de su intervención de hoy, y se
desprende del Informe que los niveles de confianza popular no se han
reducido en una institución fundamental para la sociedad democrática de
este fin del siglo XX. Puede que no haya sucedido otra cosas que aquello
del deber cumplido, pero ante la posibilidad, que puede tentarnos, de
trascender la comparecencia de la titular del Defensor del Pueblo más
allá de su función específica, bien lícito sería hacerlo por otra parte,
mi Grupo prefiere decirle: muchas gracias por seguir trabajando así, por
cumplir con un deber y una función perfectamente regladas, por no dejarse
llevar por la incapacidad de consenso, consenso que quienes estamos en
esta parte de la sala estamos demostrando; por seguir atendiendo las
quejas, las reivindicaciones, las demandas de quienes no encuentran en la
Administración pública, en el conjunto de organizaciones del Estado, en
el conjunto de los mecanismos de nuestra sociedad democrática la solución
o la salida a las cuestiones que plantean. Muchas gracias por oírle decir
que, pese a todo, y conste que esta expresión «pese a todo» no ha sido
utilizada en su discurso, el incremento de ciudadanos se acerca a un 15
por ciento que, con respecto al año anterior, han acudido al Defensor del
Pueblo, que ustedes han podido resolver un 36 por ciento de supuestas
quejas que no eran otra cosa que insuficiencia de información, lo que en
sí mismo es una evidencia del acierto de cuantos creímos en su momento en
la utilidad de la institución.

También nos complace la capacidad de resolución de expedientes demostrada
hasta el nivel de que la Administración reconociera, aunque fuera
parcialmente, errores cometidos que han sido enmendados, lo que por su
importancia estadística nos habla de unas estructuras de la gestión
pública que precisan de gran atención para su perfeccionamiento. Frente a
ello hay que constatar que en más de 5.000 casos, un 28 por ciento, el
ciudadano reclamante carecía de razón porque se había actuado
correctamente.

La capacidad de enmienda demostrada por quien ejerce el poder es una
garantía de que avanzamos hacia la madurez de una sociedad democrática, y
ayuda, sin duda, a consolidar la confianza en las instituciones que nos
hemos



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dado. Ello ocurre precisamente ahora, cuando tantas cosas suceden que
invitan a la desconfianza. La observación que se nos hace en su informe
nos permite reflexionar sobre la posibilidad de que, cuando pase el
vendaval, el horizonte se verá despejado.

Precisamente en esta línea en una segunda reflexión referida a los
derechos fundamentales protegidos por el artículo 18 de la Constitución,
que protege cuestiones tan poco tangibles como el honor y la intimidad,
le hemos escuchado hablar de intensas gestiones en torno a agresiones a
la intimidad e incluso a un recurso de inconstitucionalidad a la
legislación que regula el tratamiento de datos de carácter personal,
cuestión que debe seguir preocupándonos a todos por el poder que la
tecnología informática otorga al Estado. Una dictadura desde la
información o desde informática puede ser más peligrosa que la de la
violencia, aunque se produzca en la más farisaica inconcreción.

La intimidad y la «utilización», entre comillas, de menores en los medios
de comunicación sigue siendo un tema de preocupación, junto a la coacción
que la legislación permite en los centros carcelarios. De nuevo nos dice
que el derecho a la intimidad, los vicios de legalidad, subyacen en las
quejas recibidas, así como la inhibición de la Administración pública que
adopta resoluciones sin la debida motivación y, como consecuencia, no las
comunica adecuadamente o practica la dilación a la hora de ejecutar
sentencias, respetar plazos, contestar escritos, hechos todos ellos que
nos entristecen, que todavía le vienen a dar la razón a Mariano José de
Larra, que la compareciente ha citado, en su «Decíamos ayer». Más crítico
sería nuestro admirado Larra ahora mismo en defensa de las
reivindicaciones ciudadanas, porque ahora disponemos de más y mejores
medios y existe más conciencia social en pro de una adecuada
administración, principal garantía del Estado de Derecho, que nos sitúa a
todos en igualdad ante la ley, y también debiera situarnos ante una
Administración y unos servicios públicos activos, próximos y, sobre todo,
humanizados. Ante ello, la propia justicia es hoy uno de los grandes
problemas de nuestra sociedad. Surge en el Informe cuando conocemos las
demoras de los tribunales económico-administrativos, que podemos
reconocer también en los de justicia ordinaria, hasta provocar auténticos
colapsos al no resolver oportunamente los recursos.

Ahí están también los reflejos de la crisis económica, el perfil que nos
ha dado sobre quiénes acuden a la institución del Defensor del Pueblo
(bajos niveles de renta, problemática laboral y, añadiríamos, con
dificultades en su situación familiar). Nos ha dicho que el 15 por ciento
de ellos acudía a la institución tras fracasar en otros estadios de la
Administración. Me satisface escuchar que el 22 por ciento acude a
ustedes por la convicción de que la Institución del Defensor del Pueblo
goza de independencia, fácil acceso y prestigio.

Quisiera resaltar la condición de observatorio de calidad que añade
cualitativamente a las restantes peculiaridades de la institución, que
son de gran utilidad para la sociedad, y, cómo no, para los
parlamentarios que aquí la representamos. Y desde la posición concreta de
mi grupo también debo resaltar la colaboración establecida, y valorada en
las diferentes jornadas de coordinación entre Defensores del Pueblo de
las comunidades autónomas, y también nos complace la implantación a nivel
internacional de una figura que importamos en su momento. Es un buen
camino para la aproximación al conjunto de la ciudadanía, no obstante la
constatación madrileña hecha por el portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, mi buen amigo Pedro Ríos. Seguramente,
las peculiaridades de cada una de las problemáticas autonómicas se queden
en el respectivo Defensor, el Sindic de Greuges en el caso de Catalunya.

Voy acabando, señor Presidente, planteando el hecho al que me he referido
al iniciar mi intervención. Si bien es cierto que la comparecencia ha
esbozado la problemática que la sociedad dirige hacia el Defensor del
Pueblo como mediador, Mediateur como recordaba que se llama en Francia y
me parece que también en Mauritania, ante una Administración que deja
irresolutos no pocos problemas, no es menos cierto que buena parte de la
intervención se ha ocupado del propio prestigio de la institución que,
sin duda, la tiene, especialmente porque cuenta, yo diría, a partir de la
ya referida pasión por la tarea, demostrada por la compareciente, con un
equipo entregado a que en la realidad no exista el vacío que produce el
desacuerdo parlamentario. No obstante, nos ha dicho que lo importante son
las conclusiones que nosotros fijemos. Ciertamente, ése es el
procedimiento parlamentario, pero, sin duda, su magnífico trabajo puede
hacer más fácil nuestra labor y más objetivas las conclusiones.

Nada más, señor Presidente. Sin duda, el debate en los plenarios de las
Cámaras servirá para entrar más a fondo en un informe que no es menos
exhaustivo y documentado que en los anteriores períodos legislativos, lo
cual nos permite felicitar a doña Margarita Retuerto como cabeza visible
de la institución, cuyo informe anual debe ayudar a las restantes
instituciones del Estado a evitar la parálisis esterilizante que
constituye una de las preocupaciones constantes de la institución del
Defensor del Pueblo, que también compartimos, y que no se puede decir que
esterilice la labor que debatimos, pese a su interinidad, que nosotros
lamentamos, pero que a la señora Retuerto no le produce complejo alguno.

Muchas felicidades también por la constatación de este hecho.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Gil Lázaro tiene la
palabra.




El señor GIL LAZARO: Señora Defensora del Pueblo, señoras y señores
Senadores, señoras y señores Diputados, nosotros tenemos que comenzar,
una vez más, haciendo un reconocimiento expreso del papel desarrollado
por la institución durante este período de interinidad, porque bien es
cierto que la interinidad como tal está prevista perfectamente en la Ley
Orgánica reguladora de la institución a efectos de la sustitución durante
el período que media entre el cese de un titular y la elección del nuevo,
y, por tanto, tiene una naturaleza estrictamente jurídico-administrativa
que no debería empecer en absoluto para el normal funcionamiento de la
institución. Ese es, sin lugar a duda, el diseño



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sobre el papel, pero muchas veces éstos no se corresponden con la
realidad. En este caso, sin lugar a duda, el diseño normativo se ha
correspondido estrictamente con la realidad. El papel desempeñado durante
este período por la Defensora en funciones, por su Adjunto, por todo el
equipo humano de la institución, desde luego, ha servido para dar
solamente ese carácter jurídico-administrativo a la interinidad y ha
servido para convertir también la interinidad en una nueva etapa de
acrecentamiento de la confianza social y del prestigio institucional que
el Defensor del Pueblo tiene entre las instituciones del Estado y, lo más
importante si cabe incluso, en la ciudadanía española.

Excusaba la señora Retuerto al comienzo de su intervención una supuesta
vehemencia de años anteriores. Creo, señora Retuerto, francamente, que
esa excusa está de más. La vehemencia, cuando va unida a factores clave,
como son la inteligencia en el trabajo, el trabajo intenso y la lealtad a
la misión constitucional, se convierte, sin lugar a dudas, en una pasión
constructiva, y esa pasión constructiva redunda en beneficio de la
institución, en beneficio de esa misión constitucional y, por tanto, sin
lugar a dudas también, en beneficio, legítimo beneficio, de
reconocimiento a todos los que han servido en esa tarea.

Estamos ante una institución concebida en nuestro ordenamiento con unos
trazos muy significativos, pero creemos, desde nuestro Grupo, que esta
institución es un factor esencial de profundización en la calidad
democrática de nuestro sistema, pero es también --y ésa es una nota que
importa resaltar porque se ha resaltado, especialmente durante estos
últimos meses de trabajo de la institución) una institución dotada de un
importante factor de significación social.

Nosotros creemos que el Defensor del Pueblo constituye un elemento
institucional de igualación social, porque constituye un elemento
institucional de asistencia a los sectores más débiles, lo que equivale a
decir que es, sin duda, un elemento corrector de comportamientos
administrativos y de disfuncionalidades normativas que pudieren llegar a
empecer los valores conceptuales de la libertad, los valores teóricos de
la libertad en todas sus acepciones, pero, lo que es mucho más
importante, los valores concretos de la libertad en lo que concierne a su
traducción en el conjunto de derechos de naturaleza social y económica
que nuestra Constitución reconoce a todos los ciudadanos.

Es, por tanto, ésta, si cabe, una institución muy del ciudadano de a pie,
muy pensada en el ciudadano de a pie, y el perfil, tal y como relatan
este informe y los anteriores informes anuales, de quienes acuden
mayoritariamente a la institución, su extracción social, su condición
económica, su bagaje cultural, demuestran efectivamente que esta
institución, como garante de los valores de la libertad, tiene una
significación trascendental, pero que esta institución, como garante de
los factores de la igualdad --que al fin y al cabo constituye, sin lugar
a dudas, un soporte esencial de la libertad-- y de los valores de la
justicia social y de los valores, en definitiva, de respeto del hacer de
las administraciones públicas frente a la privacidad, frente a la
intimidad, frente al derecho del ciudadano, considerado individualmente
como persona y como ciudadano en su dimensión social y económica, tiene,
como decía, un valor esencial.

Credibilidad, independencia y autoridad moral, ha señalado la señora
Defensora como notas esenciales de una institución. Nosotros compartimos
plenamente esa afirmación porque, sin duda, ésas y no otras son las
condiciones esenciales que el legislador constituyente pensó que debían
ser, en un terreno efectivo, constatable, práctico, en el quehacer diario
de la institución, las notas determinantes de la misma. Es, como ha
recordado la señora Defensora, una institución básica del parlamentarismo
y esa consideración nos debe obligar, sin lugar a dudas, a ambas Cámaras,
a una reflexión permanente sobre el mejoramiento de los mecanismos de
relación institucional entre la institución del Defensor como comisionado
de las Cortes Generales y las propias Cámaras en su dinámica cotidiana.

Confianza de la sociedad. Ese es, sin duda, el mejor bagaje de conjunto,
el mejor balance concreto de actuación que la institución puede
presentarnos: confianza de la sociedad. Qué duda cabe que la institución
del Defensor del Pueblo es, hoy por hoy, una de las instituciones que
mayor nivel de confianza y de credibilidad tienen entre los ciudadanos,
precisamente porque es, como antes señalaba, una institución de auxilio,
en su más amplia acepción, a aquel ciudadano que, ante una determinada
carencia, vacío o vacío normativo, o ante un determinado comportamiento
de las administraciones, las administraciones en general, todas las
administraciones, sin ponerles nombres y apellidos ideológicos concretos,
ante una situación de ésas siente que puede tener una vía de audiencia y
una vía de solución inmediata y concreta.

Son fundamentales, a nuestro juicio, los datos que ha dado la señora
Defensora en relación a esa encuesta casi doméstica que han realizado,
son fundamentales, no solamente por lo que se deduce de una
interpretación estricta de los mismos, es decir, en lo que afecta a la
institución, sino también, y si se me permite decirlo, por lo que puede
suponer en una interpretación contrario sensu en lo que afecta a las
demás administraciones, y, vuelvo a insistir, a las demás
administraciones sin origen específico y sin nombres y apellidos
ideológicos concretos.

Cuando se nos dice que el 75 por ciento de los ciudadanos que han acudido
a la institución lo han hecho para solventar su asunto después de haber
intentado encontrar soluciones en la vía teóricamente «normal», entre
comillas, es decir, en la propia vía administrativa o en la propia vía
judicial, tenemos que pensar necesariamente que ese afán de encontrar
para nuestro país un conjunto vertebral de administraciones ágiles,
eficaces y modernas, es todavía en exceso lejana. Cuando se nos dice que
un 22 por ciento de los ciudadanos ha acudido a la institución por sus
condiciones de independencia, de acceso fácil y de prestigio, cabe pensar
también que esos mismos ciudadanos han topado con una excesiva opacidad
administrativa en otros ámbitos. Y cuando se nos dice que un 86 por
ciento de los ciudadanos que han acudido a la institución reconocen no
haber tenido que topar con ninguna dificultad para poder acceder a ella,
hay que pensar efectivamente que todavía nuestras administraciones
--insisto, todas las administraciones--



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son excesivamente complejas o quizás excesivamente burocratizadas, lo que
crea una sensación de lejanía respecto de los fines generales que esa
misma administración tiene que servir y que son los que conciben y dan
sentido a su propia naturaleza, es decir, el servicio al ciudadano, el
servicio al interés general.

Habla la señora Retuerto de la naturaleza básicamente transparente en el
hacer de la institución, y naturalmente eso es así, pero eso también nos
obliga a los demás a tener que pensar que probablemente existe todavía un
cierto complejo genérico de opacidad en la actuación de todas las
administraciones y que, en una voluntad firme de poder llevar adelante
esa transformación de las administraciones españolas, sea cual sea su
origen o sea cual sea su naturaleza ideológica, en una administración
ágil, eficaz y moderna, algo habrá que aprender, y mucho habrá que
aprender, de lo que es el operativo ordinario en la actuación del
Defensor del Pueblo.

Nos parece básica, y ya hicimos mención de ello con ocasión del informe
anterior, esa connotación que hoy ha vuelto a señalar la señora Defensora
cuando hablaba de la necesidad de orientar una parte esencial del futuro
de la dinámica de la institución en una tarea de mediación para la
resolución de conflictos entre las administraciones y el ciudadano. Nos
parece absolutamente esencial. Nosotros entendemos que una de las
exigencias básicas en todos los terrenos de las instituciones del Estado
tiene que ser precisamente la de servir a un fin esencial, amplio en su
formulación, el de la paz social, el de la reducción de los niveles de
crispación entre el ciudadano y sus instituciones o sus administraciones.

En ese sentido, que tribuna del prestigio moral y de la autoridad
reconocida, de la independencia y de la cercanía popular del Defensor del
Pueblo pueda, en un determinado momento, proponer vías de solución,
dentro del marco normativo vigente, a conflictos que se suscitan entre
administraciones y ciudadanos, es, sin lugar a dudas, un factor esencial
para poder redundar en esa aspiración de reducción de las causas, motivos
o elementos, por mucho que en un momento determinado sólo puedan tener
una naturaleza puntual de crispación o de conflicto social. Eso obligará,
y será también un motivo de reflexión, a plantearnos los grupos
parlamentarios la posibilidad de reformar, en ese punto concreto, la Ley
Orgánica del Defensor para poder darle a éste esas competencias que hoy
sí tiene algún comisionado territorial, algún síndico autonómico, pero
que no tiene la institución estatal.

Nos parece que la vertiente esencial del informe, desde un punto de vista
conceptual, es decir, la defensa de lo que la señora Defensora ha llamado
la cultura de la intimidad, la tarea desarrollada en pro de esa
aspiración de modernización de las administraciones públicas y la defensa
de las garantías de los sectores sociales más débiles, son también una
causa importante que debería motivar una reflexión sobre lo que vamos a
hacer en este próximo ejercicio con el trabajo de la institución.

Ha hecho referencia, dentro del respeto a esa cultura de la intimidad, a
algunos sectores sociales o a algunos colectivos muy específicos. Tengo
que decirle, porque estoy seguro que será motivo de satisfacción --en
todo caso estoy seguro que es motivo de satisfacción para todos los
grupos parlamentarios--, que en un ámbito muy específico, como es el de
las prisiones, los trabajos de la institución han servido para que todos
los grupos parlamentarios, por consenso, hayan aprobado en este último
ejercicio una serie de proposiciones no de ley, una serie de iniciativas
parlamentarias que, sin lugar a dudas, van a redundar en beneficio de los
derechos básicos de las personas sometidas a esa condición de privación
de la libertad, pero no de exención, ni de privación, ni de suspensión de
sus demás derechos fundamentales.

A partir de la letra del informe que hoy estamos analizando, hay también
presentadas en el registro de la Cámara otras iniciativas que van a
permitir continuar esa dinámica de trabajo, porque, al fin y al cabo, es
la que nos parece esencial, y es la que nos parece más natural, dimanando
de esa condición de comisionado que el Defensor tiene como legitimidad
para el ejercicio de su misión constitucional.

Es natural que, por razones de tiempo, la señora Defensora no haya hecho
mención hoy a algunos de los aspectos muy sustanciales del informe, o
haya pasado por encima de ellos, pero es justo que nosotros los
resaltemos porque son esenciales al valor, al rigor y a la valentía de
este informe.

El informe se abre con un llamamiento a la sociedad española --al menos
nosotros así lo interpretamos-- a vacunarse activamente y a luchar de
manera fehaciente frente a ese tremendo virus, frente a esa lacra del
racismo y de la xenofobia. Nosotros entendemos que no está puesto eso por
casualidad al comienzo del informe. Entendemos que cuando la institución
del Defensor del Pueblo quiere convertir ese llamamiento en una especie
de pórtico de su propio informe, nos está advirtiendo de un riesgo en el
que la sociedad española puede incurrir, y que sin lugar a dudas
trastocaría ese valor conceptual de la libertad y esa significación de lo
que nuestra Constitución y los predicados de nuestra Constitución
representan como voluntad histórica de la España democrática y del
futuro.

Nos ha hablado de una cuestión que viene siendo ya recurrente en los
últimos informes, y que a nosotros nos preocupa: la débil salud que se
viene apreciando desde hace años en nuestro país de lo que es el derecho
a la tutela judicial afectiva en su doble acepción, y la débil salud de
lo que es la constatación de todas las garantías del procedimiento como
garantía, a su vez, en la relación de los ciudadanos con la
Administración. Nosotros creemos que tiene que haber sobre este aspecto
una actuación comprometida, decidida y consensuada de todos los grupos
parlamentarios, y constructivamente crítica con el Gobierno para poder
llevar adelante una reversión profunda y absoluta de esta situación. No
cabe entender una sociedad plenamente democrática sin una efectiva
realidad del principio del derecho a la tutela judicial efectiva. Y no
cabe entender la relación administrado y administración si no es a través
del escrupuloso atenimiento de la Administración a las reglas del
procedimiento, porque entonces se puede llegar a incurrir en una
subversión de la naturaleza de esa relación, convirtiéndola, no en una
relación de cooperación y



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de servicio, sino en una especie de relación de «imperium» que puede
hacer del ciudadano no tal ciudadano, sino, casi de hecho, del ciudadano
un súbdito.

Pensamos que es muy preocupante que se nos diga que ha aumentado este año
el número de expedientes pendientes de resolución y que ha disminuido el
número de resoluciones producidas, porque eso puede inducir
clarísimamente (y es un factor que así lo permite constatar) en esa
devaluación de lo que son las reglas del procedimiento, de lo que es la
constancia del procedimiento, y, en su extensión, afecta, sin lugar a
dudas, a otras garantías políticas, jurídicas y conceptuales básicas,
como antes señalaba, a lo que es la significación de una sociedad
democrática. Nos preocupan, y es valiente el retrato que se hace en el
informe, algunas de las disfunciones que se señalan en dos ámbitos que
son claves para el ejercicio de una política de Estado de solidaridad y
de una política de Estado de igualación social, es decir, las
disfunciones que en el ámbito de la educación y en el ámbito de la
sanidad el informe viene retratando.

Sólo quiero hacer una mención, pero tengo que decir que, en concreto, en
el ámbito de la sanidad dice el informe literalmente que es insuficiente
el desarrollo reglamentario de la Ley General, tal y como se ha venido
señalando en los últimos informes en los que se reflejaban algunos de los
aspectos más significativos afectantes a la falta de ese correspondiente
desarrollo reglamentario y que, en su consecuencia, precisamente por la
carencia de ese desarrollo reglamentario, minusvaloran el reconocimiento
constitucional del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la
salud.

En el ámbito de la educación hay, igualmente, demasiadas
disfuncionalidades señaladas, que, al fin y al cabo, no son sino producto
de la queja, es decir, de la experiencia del ciudadano. Alguna mención ha
hecho a un factor evidentemente de igualación, como es el de las becas,
que tiene que ser necesariamente corregido, porque, si no, el sistema
público de salud y el sistema público educativo, que al fin y al cabo se
conciben como elementos de igualación social, perderán fuerza conceptual
y perderán aportaciones prácticas a ese fin de igualación.

Hay muchas otras cuestiones a las que podríamos hacer mención, pero
dejaremos esas cuestiones concretas para el Pleno por no prolongar en
exceso esa intervención. Pero sí nos preocupa que en el contexto general
del informe vengan siendo recurrentes situaciones que ya se prolongan
desde años anteriores. Algunas de ellas, siendo cierto que no son
generalizadas sino que responden a hechos específicos y concretos,
afectan a lo que son los niveles de calidad de una sociedad en libertad.

Hay que ser más escrupulosos --y en este sentido nos ha dado cuenta la
señora Defensora de una reciente comunicación de la Secretaría de Estado
de Interior-- en todo aquello que concierne a las garantías y las
condiciones de la detención. El derecho a la libertad es un derecho
absoluto, que solamente puede estar limitado en función de garantías
concretas y de aplicación estricta de las normas del ordenamiento que
contemplan esa limitación.

Sin lugar a duda, hay que hacer compatible, dentro de nuestro
ordenamiento, todas aquellas situaciones que, en función de una exigencia
o de una demanda de seguridad, no deben empecer tampoco la pervivencia y
la defensa del valor de la libertad.

Concluyo señalando algo a lo que hacía mención la propia señora
Defensora. Nos decía que ha habido --y lo celebramos, sin lugar a duda--
un gran número de recomendaciones aceptadas por las administraciones
destinatarias de las mismas, insisto, de cualquier naturaleza o de
cualquier signo ideológico. Pero nos preocupa en exceso que la aceptación
formal no venga acompañada, en demasiados casos, de una ejecución
práctica inmediata. Son muchas las administraciones que dicen sí al
Defensor, pero después la aplicación de ese sí, por indolencia, por
excusas de restricción administrativa o simplemente por ninguna causa, se
demoran en el tiempo. Son cuestiones y recomendaciones tan importantes
como las que efectuó en su momento la institución en materia de
asistencia a enfermos psíquicos; cuestiones tan importantes como las que,
en general, determinó la institución en cuanto al desarrollo de la propia
Ley General de Sanidad; cuestiones tan puntuales como las recomendaciones
efectuadas por la institución relativas a los permisos de ventas de
armas, y tantas y tantas otras, por lo que, desde luego, se debería
exigir a las administraciones destinatarias de las mismas y, en
definitiva, más que a ellas previamente a todos los grupos
parlamentarios, una insistencia mucho más rigurosa para que esa magnífica
aportación de la institución, luego, cuando llega a quien corresponde,
quien corresponde no la deje dormir a veces en exceso en el cajón del
olvido.

Terminamos diciendo que será en el Pleno de la Cámara donde fijaremos
unas conclusiones. Lo haremos, desde luego, buscando un tono
constructivo. Lo haremos, sin lugar a duda, conscientes de que la
naturaleza del informe del Defensor debe ser mucho más que un --yo
diría-- irresponsable alegato utilizado por algún grupo parlamentario
para leerle la cartilla a otro. No lo hemos hecho nunca ni lo haremos,
precisamente porque estamos convencidos de que del compromiso de los
informes anuales de la institución tiene que surgir, por necesidad, la
afirmación de una vocación de conjunto de todos los grupos para incidir
en las direcciones que en él nos apunta.

Concluyo, por tanto, con la misma expresión con la que comencé. Su
vehemencia, señora Defensora --esa vehemencia a la que aludía al
principio de mi intervención--, la vehemencia de su Adjunto, la
vehemencia de todo el equipo humano que durante estos largos y difíciles
meses ha sabido no hacer perder el rumbo y el norte a la institución, sin
lugar a dudas ha enriquecido a dicha institución. Su vehemencia les honra
a todos ustedes; su vehemencia debe ser un motivo de compromiso y de
reflexión para todos los grupos parlamentarios, y su vehemencia, señora
Defensora, sin lugar a dudas, ante su conciencia y ante la sociedad
española, le permiten decir, con la cabeza muy alta y con todo orgullo,
con legítimo orgullo, que ha sabido usted cumplir con su deber.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Valls.




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El señor VALLS GARCIA: Señora Defensora del Pueblo, señor Adjunto,
señoras y señores comisionados, de acuerdo con la Ley Orgánica que regula
la institución del Defensor del Pueblo, asistimos hoy a la rendición de
cuentas, por parte en este caso de la Defensora, del mandato, yo diría
que del honrosísimo mandato que estas Cortes Generales encomiendan al
Defensor del Pueblo: la de la defensa de los derechos comprendidos en el
Título I de nuestra Constitución.

De esta dación de cuentas yo destacaría que es una dación de cuentas
positiva. Positiva, fundamentalmente, porque la señora Defensora del
Pueblo y su equipo han sido fieles, en grado sumo, al mandato legal del
artículo 6 de la citada Ley Orgánica. Han actuado --yo diría-- lealmente
a ese mandato, porque han obrado con autonomía y según su criterio. Para
mí, todo esto es más importante todavía que el acierto en cuanto a sus
resoluciones, el acierto en cuanto a sus gestiones y el mayor o menor
plus de trabajo que hayan podido realizar. Le felicito por ello a usted,
señora Defensora del Pueblo, y a todo su equipo.

Yo digo que han actuado con autonomía y según su criterio e
inmediatamente, créame, y con la misma sinceridad le tengo que decir que
inclusive no compartiendo yo, como jurista, alguna de esas actuaciones.

Pero como en Derecho dos y dos no son cuatro, vamos a permitirnos
discrepar, y yo dejo constancia de esa independencia de criterio con la
que usted ha obrado.

La felicito, igualmente, porque han actuado con gran laboriosidad en unos
momentos en los que --lo mismo que he dicho en otra ocasión-- ustedes han
tenido un plus de dificultad. Esta interinidad que estamos padeciendo,
para mí --debo reconocerlo-- supone un doble elogio.

Pero ateniéndome a la ley, a la letra y al espíritu de la misma, yo
también tengo que felicitarles porque no conozco que haya habido ninguna
denuncia por algún ciudadano que haya acudido a la institución y no haya
sido atendido. No conozco a nadie a quien se le haya rechazado una queja
y que luego se haya demostrado que ese ciudadano tenía razón, y creo que
eso también dice mucho y bien de su labor.

Yo creo que lo mismo que el año pasado hablábamos del prestigio y del
arraigo de la institución, ustedes --usted en primer lugar, señora
Retuerto-- yo no voy a decir que lo han acrecentado, pero sí les voy a
decir, sinceramente, que lo han mantenido y sigue habiendo esa confianza
de la que hablábamos en su anterior comparecencia, que me parece
fundamental para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan seguir
acudiendo con esa fe a la institución.

Igualmente, he de destacar, como han hecho algunos de los compañeros que
han intervenido antes que yo, la labor no estrictamente de canalización
de queja o de establecer recomendaciones. Pienso que es importante
destacar las quejas que ustedes han realizado de oficio, y creo que es
destacable también la labor internacional, con especial referencia a
Iberoamérica, la labor de conexión con los organismos europeos y, quizá
más importante todavía, para conseguir una especie de uniformidad de
jurisprudencia, si lo podemos llamar así, de los contactos periódicos con
los distintos defensores del pueblo de las comunidades autónomas.

Quizá habría que formular una pequeña queja --con minúscula-- o petición.

Yo desearía que la institución tuviese más relación con esta Comisión
Mixta, y no sólo a nivel formal de las comparecencias establecidas por la
ley o las que se soliciten por distintos grupos. Desearía incrementar, y
creo que sería positivo tanto para el equipo del Defensor del Pueblo como
para esta Comisión, un contacto más informal.

De su informe, detallado informe, trabajado informe, yo destacaría
algunos puntos.

En primer lugar, se está consiguiendo --y esto no lo digo para bien de
nadie, lo digo para bien de la salud democrática de nuestro país-- una
mayor eficacia en las peticiones del Defensor del Pueblo y la respuesta
de todas las administraciones. Creo que nadie debe ponerse la medalla,
sino que debe ser una medalla colectiva o un reconocimiento colectivo de
que disfrutamos, en líneas generales, de una muy buena salud democrática.

En segundo lugar, le agradezco las recomendaciones que ha hecho a la
Administración, porque estoy convencido de que todas van dirigidas a una
mejor protección de los derechos fundamentales. Veo con satisfacción que
estas recomendaciones se van aceptando, y tengo que decir que en el
informe que nos ha dado hoy señala cómo desde la redacción a diciembre de
1993 hasta el día de hoy, usted reconoce que ya se han realizado o han
tenido virtualidad otras recomendaciones que usted pedía. En concreto,
quiero leer que de las treinta y seis que se manifiestan en el informe de
1993, al día de hoy, repito, usted señala que ya han sido reconocidas o
aceptadas cincuenta y una. Eso me parece muy importante.

Es bueno también destacar que ha habido un aumento de resoluciones de
expedientes de manera positiva, y no me preocupa ese uno por ciento de
discrepancia. Digo que no me preocupa no porque no me gustaría que el
nivel de discrepancia fuera cero, sino porque creo que en cualquier
sociedad de hombres y mujeres la discrepancia tiene que darse por algún
sitio, y el ver, el contemplar que este nivel de discrepancia es tan
pequeño me hace reafirmarme en la opinión que había dicho antes de una
buena o muy buena salud democrática de nuestro país.

Me importa también destacar, porque lo celebro, la asunción de sus
sugerencias por parte de la Fiscalía General del Estado. Me parece muy
relevante esta vía de relacionarse, puesto que puede hacer que sus
sugerencias tengan una forma más operativa.

Para terminar, señor Presidente, no quiero entrar en una guerra de
cifras. Todos sabemos y tenemos experiencia de manejar cifras de una
manera que parezca que nos beneficia a todos. Me parece importante
resaltar que las cifras de actuaciones que pudiéramos llamar lesivas por
parte de las administraciones --de todas-- para los ciudadanos, han
disminuido, ya que, al haber quejas colectivas --sólo catorce grupos han
sufrido una reclamación por parte de casi once mil ciudadanos, diez mil
novecientos y pico--, quiere decir que las actuaciones --repito-- que han
podido parecer lesivas, han disminuido.

Igualmente, me parece importante la observación que usted ha hecho de
acercarse a unos puntos de micropolítica, en el sentido, no de que no
sean importantes, sino de



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que no se refieren a esos aspectos más llamativos, inclusive
escandalosos, que puedan darse en la vida de un país. Me estoy
refiriendo, en concreto, al celo que usted demuestra con su informe al
seguir el cumplimiento de los plazos mínimos para hacer efectivas las
becas de los alumnos. Me parece muy importante, repito, porque asistimos
a unos colectivos, como es lógico, a los que si se les concede la beca es
porque les hace falta, y si se les retrasa van a sufrir una serie de
perjuicios.

No me resisto a hacer una observación al señor Ríos. No creo que las
reclamaciones sean excesivamente de madrileños. Hay que tener en cuenta
el número de ciudadanos que viven en Madrid o en su Comunidad y que
carecen de defensor del pueblo autonómico; los que vivimos en comunidades
donde contamos con defensor del pueblo autonómico vemos que a esa
institución, a nivel regional, se dirigen una serie de quejas que podrían
--no tengo datos en la mano ahora mismo-- hacer comparable las quejas en
Cataluña, Andalucía o cualquier otra región, a la de Madrid, que carece,
insisto, de esa institución.

Por último, quiero reiterarle mi agradecimiento y expresarle que aplique
su celo especialmente con los más desprotegidos, bien sea por su edad,
bien sea por su sexo, o bien sea por su raza o por sus condiciones
económicas. En la seguridad de que el tiempo que usted siga al frente de
esta institución lo cumplirá, le deseo mucha suerte y le agradezco su
comparecencia aquí.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Defensora del Pueblo.




La señora DEFENSORA DEL PUEBLO EN FUNCIONES (Retuerto Buades): Muchas
gracias a todos los intervinientes por la generosidad con que se han
expresado en torno a la figura del Defensor del Pueblo, a la institución
del Defensor del Pueblo. Muchas gracias por las alabanzas, que son
alabanzas a todo el equipo, y muchas gracias también por sus críticas, o
por sus observaciones, que evidentemente van a servir en el futuro para
estudiar aspectos nuevos de las modificaciones que puede tener el
Defensor del Pueblo a la hora de realizar la gestión o aclarar conceptos
que no están bien perfilados.

Hemos ido evolucionando mucho desde que en 1983 se puso en marcha
efectiva la institución. Esta institución no es un monolito, es una
institución que va adaptándose paso a paso para acomodarse a algo vivo,
que es la sociedad española, y a las exigencias que reclama esa sociedad,
y sobre todo a una dinámica parlamentaria ágil que da respuesta a las
necesidades sociales. Por esto, nunca el Defensor del Pueblo, ningún
ombudsman, se puede entender como algo esterilizante o como un monolito
inamovible. Somos una institución viva y, sobre todo, rigurosa
--intentamos serlo, como ustedes han dicho--, y somos también una
institución que se acomoda a las exigencias de lo que se reclama de
ellas, sin olvidar el principio que obliga a todas sus actuaciones.

Y dicho esto de entrada, cuando analizo todas las preguntas y
observaciones que ustedes me han hecho, con las que no puedo discrepar,
me encuentro en estos debates con la misma sensación de una anécdota que
conozco desde hace mucho tiempo sobre cómo debe un examinando enfrentarse
al examen de su tribunal examinador.

En la ENA, la magnífica, profunda y de reconocido prestigio universidad,
LÕEcole Publique Française, donde todos los enarcas reciben la más alta
cualificación, los exámenes para entrar en la misma son verdaderamente
difíciles, complicadísimos, donde importa no sólo el altísimo prestigio y
preparación del interviniente, sino también la fluidez, la naturalidad,
la tranquilidad con la que se puede afrontar cualquier pregunta que se le
pueda hacer.

La anécdota es la siguiente. Un joven alumno aspirante a entrar en la
prestigiosa escuela compareció, y el tribunal, serio, le preguntó: «¿Cuál
es la profundidad del río Danubio en su paso por Viena?» Inmutable,
replicó el examinando: «¿Bajo qué puente?» (Risas.)
Quería decirles con esto, señorías, que creo que hay que cambiar el modo
de relacionarse con el Defensor del Pueblo. Hay una comparecencia formal,
como lo hay en todos los obmbudsmen del mundo, en la cual se debate en
Pleno o, en Comisión, sus informes. Pero deben hacerse más contactos
periódicos en el futuro. Sobre todo, en los ritos de una comparecencia es
imposible, señorías, que cualquier representante de la institución pueda
asimilar 2.700 páginas de informe y contestar una a una a las
atinadísimas observaciones que ustedes me han hecho; es imposible.

Necesitaríamos romper, en este momento, el debate y volver a hablar
dentro de una semana para analizar con tranquilidad y reflexionar sobre
las divergencias, coincidencias, mejoras, por qué la institución afirma
esto en este punto, por qué dice que no en otro y cuál es el resultado
cuatro meses después. En este sentido, hay distintos mecanismos de
relación parlamentaria que ya están establecidos con otras instituciones
del Estado, con longas manos de parlamento. Simplemente es una sugerencia
que me permito poner en este momento sobre la mesa, para que el futuro
Defensor del Pueblo pueda comparecer ante la Comisión para mejorar ese
diálogo y que no sea una especie de tormenta de ideas, en la que todos
intentamos decir lo más y mejor que podemos de nuestra respectiva
apreciación, pero que, seguramente, no va a ser, por mi parte,
absolutamente satisfactorio para el inmenso abanico de cuestiones que
ustedes me han planteado.

Voy a intentar contestar a todas y cada una de las cuestiones en la
medida de lo posible, pero yo les garantizo, como hice el año pasado, que
si en este momento no puedo responder a cada una de las cuestiones, abro
la posibilidad de contestarles personalmente, puesto que la institución
está absolutamente disponible para hacerlo por escrito, personalmente o
como ustedes estimen más oportuno.

Dicho lo anterior, aunque de verdad no me encuentro como alumno examinado
de la alta escuela de la Administración Francesa y estoy en la cómoda
situación de un comisionado parlamentario que está en su sitio y en su
casa, voy a intentar dar respuesta a las preguntas que ustedes me han
hecho.

Agradezco al representante del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) lo que ha
dicho sobre la institución en este



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momento y haber recogido la idea de la mediación y lo que ésta puede
significar de potencialidad de cara al futuro. Yo simplemente quería
explicarle que la mediación no es un método alternativo de los
tribunales, la mediación no es exclusivamente un instrumento jurídico, no
tiene la coactividad o la ejecutividad que tiene una sentencia de un
tribunal. Es una fórmula de composición, de arbitraje, pero que no
excluye los planteamientos jurídicos ni otras fórmulas que puede haber.

Lo que sí es cierto es que la mediación, si tiene un carácter, es el de
servir para descongestionar los ya congestionados tribunales y, sobre
todo, los congestinados tribunales contencioso-administrativos. Esto es
lo que quería apuntar.

Me he prometido no hacer ninguna observación personal sobre la situación
en la que se encuentra la institución, con independencia de esas
consideraciones generales en las que todos coincidimos y que me he
permitido exponer en la presentación del informe.

Yo no creo que la situación de esta Defensora del Pueblo en funciones y
sus adjuntos se pueda calificar como penosa. Evidentemente, lo único que
he hecho, señorías, lo único que hemos hecho todos es cumplir nuestro
deber constitucional; nada más. Cuando asumí el compromiso ante la
Cámara, y elegida por el Parlamento, de ejercer las funciones de Adjunta
primera, ya sabía que esto se podría producir; no he hecho nada que no
debiera. Y, de verdad, señorías, lo he hecho con mi mejor talante y
disposición. Esto es, simplemente, lo que quería exponer en este momento.

Agradezco, de verdad, la confianza que el representante del Grupo Vasco
(PNV) ha dado a la institución del Defensor del Pueblo.

Señor Ríos, no creo que le pueda contestar a todo lo que usted me ha
preguntado, porque ha sido tanto y tan importante que a lo mejor no tengo
elementos suficientes como para contestarle como usted quisiera. Voy a
empezar por algunos aspectos que a usted le interesan.

En primer lugar, voy a hacer hincapié no tanto en la dimensión positiva,
que le agradezco sinceramente, sino en aquellos aspectos que yo no
entiendo que sean negativos, sino susceptibles de mejorar. Rebato, sin
embargo, la idea que usted ha expuesto de que más número de quejas
--puede ser que me haya expresado mal-- significa que los ciudadanos
confían más en el Defensor del Pueblo. No es esto. Yo creo que hay que
romper con la cultura más quejas, menos quejas. Hay que ver qué sentido
tiene el Defensor del Pueblo, cómo valora el Defensor del Pueblo la
actuación de las administraciones; eso es lo que quizá deberíamos hacer
de cara al futuro. Y en lo que tiene usted toda la razón es en que hay
que tener una mayor transparencia, una mayor claridad en lo que significa
el impacto que tienen las quejas denominadas colectivas sobre el volumen
total de expedientes que recibe la institución.

Usted me ha dicho que la institución, en ese sentido, tiene un carácter
eminentemente madrileño, donde estamos ubicados. Como mallorquina que
soy, he de decirle que la Comunidad Autónoma de Baleares se queja también
al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo debe asumir estas
quejas. La inmensa mayoría de escritos que ha recibido de Madrid el
Defensor del Pueblo se debe a una razón eminentemente objetiva, como es,
por ejemplo, el colectivo de los estudiantes, fundamentalmente los de la
Universidad Complutense y los de la Autónoma; ésa es la razón y no que a
esta institución acudan más o menos de una u otra comunidad. En
definitiva, la institución es de todos, y les he dado un gráfico que
puede explicar el mayor o menor volumen porcentaje de expedientes que se
reciben de cada comunidad.

Creo que con lo anterior he contestado a la primera pregunta que me
hacía.

Tiene usted toda la razón cuando dice que donde debiera de incidir el
Defensor del Pueblo es en aquellos sectores de más débil nivel, no
solamente económico, sino, sobre todo, cultural. Es ahí donde debe estar
el Defensor del Pueblo; es ahí donde el Defensor del Pueblo debe buscar
la queja, y no solamente con actuaciones puntuales, esperando el escrito
que se recibe, sino ir a por ellas, con investigaciones generales, como
hemos hecho otras veces (menores, psiquiátricos, y ahí están los datos
que di en la comparecencia que me pidió la Comisión Mixta sobre la
situación de las mujeres en España y sobre el problema de los
extranjeros. Quiero decirle, señoría, en ese sentido, que verdaderamente
para mí ha sido importante el hecho de acudir a una visita a la Mezquita
que me ofreció la comunidad musulmana en España, donde me emocionó ver
que en un apartado había un montón de escritos al Defensor del Pueblo,
porque en esos escritos, la Comunidad, que es la que luego los transmite
al Defensor, demuestra la confianza y, según me dijeron ellos, ésta es su
más importante institución.

En cuanto a la dimensión constitucional del Defensor del Pueblo, es una
labor importantísima y que los antecesores que han ocupado la titularidad
de la institución han puesto de relieve. La posibilidad de recurrir en
amparo o en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional viene a
completar los elementos de garantía, en todas sus dimensiones: justicia
constitucional y control ordinario de las administraciones públicas en
una dimensión no jurisdiccional.

Me pregunta usted sobre los recursos de inconstitucionalidad que la
institución ha presentado. He de decirle que, a lo largo de todos estos
años, el Defensor del Pueblo ha presentado ante el Tribunal
Constitucional doce recursos de inconstitucionalidad, se han resuelto
diez y están pendientes dos. De los diez, tres fueron estimados, uno
estimado en parte, cuatro desestimados y en dos se ha desistido.

El problema que usted me plantea es de más calado, yo creo que de más
fondo, y es cuál debe ser la dimensión del Defensor del Pueblo a la hora
de valorar si utiliza su legitimidad para acudir o personarse ante el
Tribunal Constitucional. Yo creo que en todos los recursos que ha
recibido el Defensor del Pueblo los criterios los ha motivado de acuerdo
con la misión que tiene establecida, y los ha motivado sustancialmente,
porque lo que no se puede hacer ante el recurrente que viene a solicitar
la más alta competencia que puede ejercitar la institución es darle una
resolución que no sea motivada.




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No es cierto, yo pienso --no lo ha dicho usted pero es una reflexión que
me estoy haciendo a mí misma--, que con eso se produzca una indefensión
constitucional, porque una resolución motivada del Defensor del Pueblo a
la no presentación de un recurso, implica los criterios con los cuales la
institución aborda la interpretación de los preceptos constitucionales, e
implica, además, como dice nuestra Constitución --porque nuestro sistema
constitucional de garantías es muy perfecto--, que al quejoso, a quien
acude al Defensor del Pueblo le quedan otras vías de recurso ante el
Tribunal Constitucional: la cuestión de inconstitucionalidad promovida
por jueces y magistrados y el recurso de amparo.

No hay una indefensión constitucional cuando el Defensor del Pueblo cree,
en su leal saber y entender, que no procede el ejercicio de su
legitimación. Ahora bien, cuando entiende que ese ejercicio es necesario,
lo hace con todas sus consecuencias y con todos los argumentos para
llevar a buen fin el contenido que tiene establecido.

Me ha preguntado también cuántos recursos de amparo se han presentado en
estos años y son 10 recursos; se han estimado nueve y se han desistido en
un caso. ¿Por qué? Sería muy largo que analizáramos ahora toda la
dimensión constitucional de recurso de amparo, pero, contestando a su
pregunta, la mayor parte de las solicitudes de recurso de amparo que
tenemos, entre 30 y 40 al año, resultan técnicamente imposibles de
plantear, porque sobrepasan, con mucho, los plazos o porque no han
agotado la vía jurisdiccional previa, que son los requisitos que marca el
Tribunal Constitucional.

Se interpuso uno en 1983; siete en el año 1986, que fueron resueltos por
sentencia; uno en el año 1987, resuelto por sentencia, y uno en el año
1990, que está resuelto, igualmente, por sentencia. En todos ellos se ha
concedido el amparo que solicitaba el Defensor del Pueblo.

El problema es que, a lo mejor, técnicamente se solicita amparo en los
términos generales jurídicos como un concepto en el cual no tienen
absolutamente la percepción constitucional del recurso de amparo. Es
decir, se solicita al señor Defensor del Pueblo, ante la falta de acuerdo
con una sentencia --dice la persona que acude al Defensor--, su amparo,
pero el amparo constitucional tiene unos requisitos de obligado
cumplimiento que no podemos soslayar bajo ningún concepto y SS. SS. lo
conocen. Además, eso es algo que no dudaría en ningún momento, ni yo ni
ninguno de los anteriores titulares, ni los que en el futuro --es un
compromiso que asumo en nombre de la institución-- ejerzan esta labor
constitucional. Tengo aquí una notificación sobre los recursos de amparo
individualizados que a veces no hemos interpuesto y el Tribunal
Constitucional, en parte, no nos ha dado la razón. Pero quiero decirles
que en todos los casos en los que el Defensor del Pueblo, hasta ahora, ha
hecho uso de su legitimación, en la inmensa mayoría, creo recordar,
aunque no haya conseguido una sentencia estimatoria, por lo menos sí
hemos dado lugar a algo muy importante, a sentencias interpretativas.

Esto creo que es un valor constitucional que no puede ser olvidado.

Me ha preguntado usted también algo que tiene mucho interés, que son las
relaciones institucionales. De esto podríamos tener otra sesión
absolutamente individualizada, porque en este momento existen en nuestro
país el Sindic de Greuges, el Diputado del Común, el Síndico de Agravios,
el Justicia de Aragón y muy recientemente se acaba de incorporar a
nuestra reunión de ombudsmen el Procurador de los Derechos Humanos de
Castilla, con el cual vamos a tener --todavía no está elegido-- un debate
importante en la sede de las Cortes castellanas a finales del mes de
noviembre. El año pasado le hablaba de las reuniones anuales de
comisionados parlamentarios autonómicos, pero la próxima reunión es la
semana que viene. Los días 6 y 7 tenemos en Valencia la reunión siguiente
de coordinación en la línea que todos ustedes han manifestado.

Pero, además, hemos ido más allá. Nos damos cuenta de que en la
complejidad de las administraciones, en la línea de desarrollo de nuestro
sistema autonómico, en ese sentido de influencia de diversas
administraciones sobre varios supuestos, lo importante no es solamente
mantener una relación fluida, sino que ese principio de coordinación y
colaboración constitucional se haga efectivo. Ya no vale solamente la Ley
de coordinación, que es nuestro marco; ni los artículos de nuestra Ley
orgánica, ahora estamos dando pasos más adelantados, más allá, y tenemos
reuniones muy puntuales. Este año se han celebrado sesiones en la sede
del Defensor del Pueblo con el Sindic de Greuges, con el Diputado del
Común, con el Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana, y nosotros
hemos ido a otras sedes autonómicas, con el Justicia de Aragón y con el
Diputado del Común. Es una actividad muy normal.

Pero creemos que hay que dar más pasos, que hay que mejorar nuestros
instrumentos de cooperación, pero los estamos ejercitando. En este
sentido, un instrumento de cooperación que tenemos es un convenio con el
Sindic de Greuges, que nos ha preguntado cómo proseguir unas actuaciones
no solamente con el sistema penitenciario catalán, sino, además, con los
retrasos que se han podido producir en un supuesto concreto de una
enferma en Wad-Res, y cómo continuar esa actuación en relación con la de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; concretamente, el traslado de las
ambulancias. Esto es una actuación normalizada. La va a realizar el
Sindic de Greuges en coordinación con el Defensor del Pueblo.

Me ha dicho usted que son muy importantes las recomendaciones que se han
aceptado; hay otras parcialmente aceptadas y también no aceptadas.

Señoría, hay una relación no solamente de las aceptadas, que la tiene
usted porque se las acabo de dar, pero tiene razón en que a usted le
interesa conocer cuáles han sido las aceptadas parcialmente y por qué, y
cuáles han sido las no aceptadas y por qué. Como creo que alargaría
demasiado el examen enunciativo de cada una de ellas, lo tiene a su
disposición. No obstante, en este momento las enuncio a título meramente
indicativo. Ha sido aceptada parcialmente una resolución sobre
acreditación de las condiciones físicas y psíquicas para el reingreso al
servicio activo de funcionarios docentes dependientes del Ministerio de
Educación y Ciencia. Ha sido aceptada parcialmente una modificación
normativa para la admisión de alumnos en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos. No ha sido aceptada una



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recomendación sobre incompatibilidad de las pensiones de mutilación de la
Ley 35/1980 con el Título II de la Ley 37/1984. No ha sido aceptada una
recomendación de 10 de febrero sobre unificación de criterios a la
calificación de ejercicios de opositores a plazas de oficiales de la
Administración de Justicia. Hoy no ha sido aceptada una recomendación de
23 de junio sobre preferencia en materia de colocación de los titulares
de familias numerosas. Y no ha sido aceptada una ley de atribución de
funciones de una sola categoría profesional.

Sobre todas estas recomendaciones no aceptadas le interesará saber lo que
estamos detectando, por el impacto económico que representan y porque
afectan a la potestad autorrealizatoria de la Administración y a los
criterios de personal y desarrollo.

En cuanto a las recomendaciones pendientes, las tiene usted a su
disposición. Yo creo que estas recomendaciones lo son en tanto en cuanto
demuestran que hay un seguimiento de la institución. El trabajo de la
institución no puede entenderse como un ejercicio cerrado, lo he dicho
muchas veces. Este año se han aceptado recomendaciones de 1990, como
ocurrió en 1993. Ya he hecho referencia a una anteriormente, que era
sobre la Compañía Telefónica, relativa a la eliminación del nombre de los
usuarios en las guías. Hacemos un seguimiento constante y permanente, no
sólo de las recomendaciones y sugerencia, sino de los casos individuales,
que no han tenido una recomendación o sugerencia y, sin embargo,
necesitan una actuación singularizada de seguimiento por parte de la
institución.

Ha hecho referencia a un tema sobre el que el Defensor del Pueblo ha
estado siempre sensibilizado, me refiero a las cuestiones de extranjería
y las relativas a los malos tratos, así como a todos aquellos problemas
que están relacionados con el artículo 17 de la Constitución. En la
comparecencia del año pasado hice especial hincapié en definir las
actuaciones concretas que habíamos realizado; este año no lo he hecho por
falta de tiempo, pero siempre hemos dicho que estamos a su absoluta
disponibilidad para aclarar cada uno de los supuestos.

Es verdad --y está contenido en el informe-- que este año hemos tenido un
aumento importante de las quejas sobre malos tratos en relación, no tanto
con la Guardia Civil ni con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino con
las policías municipales. Además de las quejas concretas relativas al
Ayuntamiento de Madrid, a las que se ha referido y que a continuación le
contestaré lo más brevemente que pueda, aparecen quejas importantes de
los Ayuntamientos de Granada, de La coruña, de Oviedo, de Torremolinos,
de Marbella, de Málaga, de Sagunto, de Leganés, de Valencia, etcétera.

Todas estas actuaciones, una a una, componen la parte más exhaustiva del
informe, dada la importancia que tienen, y siempre vamos dando cuenta de
todo ello en los informes sucesivos. Además damos cuenta en varios
capítulos, explicando qué hemos hecho en las quejas nuevas y qué hemos
hecho en las quejas cuyas actuaciones están emprendidas.

He de decir que en el caso del Ayuntamiento de Madrid, en algunas quejas
concretas, éste ha informado a la institución en relación a que a varios
agentes de la policía se les ha abierto una sanción administrativa de
pérdida de 20 días de remuneración y suspensión de funciones por igual
período como autores de una falta. Se ha constatado otra condena a dos
policías municipales como autores responsables de una falta de lesiones a
consecuencia de una identificación. También se han abierto diligencias
previas como consecuencia de un sentencia dictada en febrero de este año.

En todos estos supuestos, y en los que usted ha mencionado, seguimos
insistiendo, continuamos trabajando, y hemos ido a las dependencias de
cada una de estas corporaciones para ver cuál es la situación. Hemos
detectado, en el caso de los ayuntamientos, algo que se ha puesto de
relieve en el informe, y es que es imprescindible la colaboración de los
ayuntamientos, gobiernos civiles y delegaciones y que funcionen las
juntas locales de seguridad. Esto se ha conseguido, por ejemplo, en el
caso de Marbella, y en el informe parlamentario lo pondremos de relieve
porque es importante. Pero es mucho más importante en todos los
ayuntamientos donde se producen estos supuestos que no se alegue que no
se puede abrir un expediente disciplinario o que no se procede a estas
situaciones porque hay un procedimiento judicial en marcha. Esto está
previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y supone una
reiteración de actuaciones que deben hacer todas las administraciones que
tienen competencia o autoridad en estos supuestos, tanto ayuntamientos
como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se ha referido también S. S. a los insumisos, concretamente me ha hablado
usted del problema de la objeción de conciencia. En relación con el
primer supuesto tenemos muy pocos casos que acudan al Defensor del
Pueblo, pero la objeción de conciencia sí ha sido un elemento importante
del trabajo de la institución, por ejemplo, la presentación de un recurso
de inconstitucionalidad a la Ley de Objeción de Conciencia que el
Tribunal Constitucional desestimó, recuérdenlo ustedes.

Los problemas que tenemos con el tema de la objeción de conciencia no son
importantes por su cantidad, sino por su significado. Son problemas
importantes encaminados a mejorar los procedimientos administrativos en
relación a la prestación social sustitutoria. Hemos intentado desbloquear
los servicios dependientes del Ministerio de Justicia e Interior por el
incremento significativo de objetores de conciencia. Los retrasos en
relación al tema de la objeción de conciencia ha sido una de nuestras
pautas de actuación. Hemos hecho también alguna actuación importante que
viene reflejada en el informe. Sin embargo, si desean SS. SS. puedo
contemplar los datos que figuran en el informe en este momento. Por
ejemplo, hemos incidido en el hecho de que no se declare la caducidad y
el consiguiente archivo de la solicitud formulada por determinados
objetores que no aportan todos los datos al Consejo Nacional de Objeción
de Conciencia, especialmente los que dicho Consejo considera relevantes,
y le hemos pedido que admita un plazo de subsanación de esos expedientes.

El resultado de esta actuación --si no recuerdo mal-- ha sido la admisión
de una serie de objeciones importantes



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por el departamento correspondiente, pero, de hecho, ha admitido nuestra
recomendación.

También ha sido importante una queja que abrimos este año, en la que, a
la vista de las consideraciones alegadas por la institución, se pedía que
el Consejo dictara, de oficio y en tanto no se promulgue el nuevo
reglamento de la prestación social, resoluciones que de modo expreso y
formal declaren la exención para realizar la prestación social
sustitutoria en todos los casos en los que los afectados superen la edad
de 30 años.

Cabe resaltar también el seguimiento puntual de un número importante de
quejas relativas a la falta de abonos, de haber en mano, que tienen
derecho los objetores de conciencia durante el tiempo de prestación, así
como, por ejemplo, el vale vestuario que se debe obtener en estos casos y
que ha sido conseguido en los supuestos concretos que nosotros hemos
planteado.

Abrimos en el año 1993 una queja que nos había llegado a través del
Instituto Valenciano de Servicios Sociales y se ha logrado la suspensión
cautelar de un centro de tercera edad como consecuencia del
incumplimiento por parte de éste de las obligaciones para con los
objetores que realizaban su prestación en el mismo.

Los aspectos administrativos que pueden incidir en este derecho, como
retrasos y otras circunstancias que atañen a la objeción de conciencia,
han sido las actuaciones que ha realizado el Defensor del Pueblo.

Respecto al tema de expulsiones de los extranjeros en España, no creo que
tenga tiempo para explicarle toda su problemática, que, entre otras
circunstancias, fue objeto de una comparecencia especial ante la Comisión
Constitucional para que el Defensor del Pueblo expusiera su opinión sobre
la Ley de Asilo. Los problemas que ha tenido la institución este año no
han sido por la entrada de los extranjeros en España, sino sobre todo el
procedimiento que rodea a dichas expulsiones. En ese sentido hemos
incidido fundamentalmente en las garantías del procedimiento, en las
incoaciones de unos expedientes con todos los requisitos, en que se
tuviera en cuenta el vínculo familiar, que no había sido tenido en cuenta
en muchas circunstancias, y para ello hemos tenido, como punto de
referencia, la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades, que dice
que la vinculación familiar debe ser tenida en cuenta a la hora de fijar
si el extranjero está en condiciones de expulsión o no lo está. El uso de
antecedentes penales para determinar la expulsión cuando esos
antecedentes penales han sido cancelados o cuando incluso el propio
extranjero ha tenido una sentencia absolutoria, éstos son muchos de los
aspectos que están recogidos en el Informe. Extranjería y la situación de
los extranjeros es uno más de los aspectos en los que la institución
manifiesta su preocupación porque es el índice de tolerancia de una
sociedad avanzada. Lo he dicho mil veces y me lo han dicho todos ustedes
en este momento: no se trata de que el Defensor del Pueblo fije las
líneas maestras de la política de extranjería, no es eso; lo que el
Defensor tiene que hacer es defender los derechos constitucionales de
todos, porque en este sentido no hay exclusiones, los ciudadanos que
están en nuestro país, y porque también entendemos que vamos a una Europa
multicultural, usted lo ha dicho, y en esa Europa multicultural lo que
tiene que haber no es sólo una dimensión represiva sino también una
dimensión muy importante, una dimensión de integración. En ese sentido
van las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Hay más cosas a las que no le he contestado, como las encuestas de
divulgación. Vamos a seguir insistiendo más en ellas, a través del Centro
de Investigaciones Sociológicas, y les aseguro que cuando la institución
tenga algún resultado más importante de esto que ha sido hecho de una
manera un poco artesanal pero con mayor peso, se lo proporcionaremos a
todos ustedes.

Señor Baltá i Llopart, le agradezco muchísimo todas las observaciones que
usted me ha hecho. De todos estos aspectos que tengo aquí enumerados,
quizá le he contestado con anterioridad al definir cómo se articula el
mecanismo de relación con los comisionados parlamentarios autonómicos, y,
fundamentalmente, como acabo de explicar, un caso concreto es el de la
colaboración. Hemos intentado, como usted ha dicho, mejorar nuestros
instrumentos internos, o sea, no solamente ejercer un control de calidad
hacia el exterior, sino mejorar nuestro propio funcionamiento interno
mediante, además, un sistema de información a los usuarios, y hemos
firmado convenios en este sentido con diversas comunidades autónomas, y
tenemos la idea de seguir en el futuro, pero, además, hemos mejorado
nuestros propios procedimientos informáticos. Tenemos un convenio
establecido con la Universidad Politécnica de Madrid --tema sobre el que
el año pasado hice hincapié en esta Cámara--, este convenio está ya
terminado y aunque el servicio informático todavía no está en
funcionamiento, ha sido ya terminada la auditoría que ha hecho la
Universidad Politécnica, y los pasos siguientes de implementación del
convenio informático ya han sido dados.

Agradezco muchísimo, una vez más, todas sus observaciones y le aseguro
que en la línea de lo que ha dicho al principio, hemos intentado actuar
de verdad sin complejos. No es un problema en esta dimensión, como le he
dicho antes, sino de actuar cumpliendo la responsabilidad que asumimos
cuando en un determinado momento, tanto la Adjunta primera, yo misma,
como el señor Rovira, juramos ante la Constitución y prometimos lealtad a
la Constitución y al Parlamento del cual dependemos.

Señor Gil Lázaro, no puedo contestarle a todo, no puedo contestarle a
todo porque es tanto que, no sé, evidentemente, reconozco mi
imposibilidad para abordar todos y cada uno de los supuestos. Intentaré
sin embargo puntualizar con alguna aclaración a lo que usted ha señalado.

En principio, le agradezco la coincidencia fundamental en los aspectos
generales de su intervención con los de la institución del Defensor del
Pueblo: el papel constructivo, el papel de búsqueda de la dimensión de la
sociedad de los más vulnerables, el mejoramiento de los mecanismos de la
institución, la perfección de las encuestas que tenemos, el tema de la
mediación como instrumento de paz social. Y en el tema de la mediación,
yo coincido con usted en que está articulada con la medida de finalizar
un procedimiento o resolver alguna cuestión entre la Administración y los
interesados porque se está propiciando un



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proceso de negociación que beneficia a todos, beneficia al interés
general, pero que hay que hacerlo de una manera prudente, una manera
asentada, una manera rigurosa.

Ha sido objetivo también de la institución el tema de prisiones, y, en
este sentido, en la comparecencia que tuve ante la Comisión Mixta
recalqué la importancia que para la institución del Defensor del Pueblo
tienen las personas sometidas a un régimen de especial sujeción, de sus
derechos y libertades, del sentido rehabilitador que tienen las penas, y,
al mismo tiempo, planteé, en nombre de la institución, la preocupación
que tenemos por la situación de las mujeres en establecimientos
penitenciarios. Y éste va a ser uno de los aspectos que en el próximo
informe parlamentario va a estar incluido.

Coincido en las cosas importantes que usted ha señalado, tutela judicial
efectiva, retrasos en los tribunales económico-administrativos, los
aspectos de la sanidad y el desarrollo general de la Ley de Sanidad, la
educación, los temas recurrentes, los niveles de calidad, los ejemplos
que hemos expuesto, y, sobre todo, usted ha hecho hincapié en algo sobre
lo que la institución evidentemente, por la dimensión constitucional,
tiene un evidente compromiso que es el derecho a la libertad. En este
sentido, creo que en todas las actuaciones, tanto en la dimensión de
control de las administraciones públicas como en la presentación de sus
recursos ante el Tribunal Constitucional, ha tenido muy presente este
principio que a S. S. le preocupa y que indica que debe ser uno de los
objetivos fundamentales, junto con todos los otros derechos, de la
actuación de la institución.

Me preocupa como a usted la aplicación en el seguimiento de las
recomendaciones de la Administración. Algunas son importantes porque
implican modificación de leyes que van a regular toda la manera como la
sociedad debe entender las conductas punitivas o sancionadoras, como es
el Código Penal. Algunas recomendaciones no han podido ser realizadas
porque estarán incluidas en grandes leyes que van a ser debatidas en esta
Cámara.

Seguimos escrupulosamente la Ley general de Sanidad y seguimos
escrupulosamente la Ley general de Sanidad en toda su dimensión pero
fundamentalmente en el artículo 10, los derechos y los deberes de los
usuarios de la sanidad, el consentimiento informado, la calidad de la
asistencia al usuario de la sanidad. Asimismo está el tema de los menores
y lo que sí le puedo garantizar es que todos los miembros de la casa del
Defensor del Pueblo, el Adjunto y todos los asesores y letrados que la
componen, todos los miembros en definitiva de la casa hacemos un
seguimiento de todas las actuaciones porque creemos que es una de las
dimensiones más importantes para la efectividad de la actuación de la
institución.

Nunca lograré, señoría, contener la vehemencia, creí que lo iba a hacer,
pero creo que está también atemperada por la experiencia. Hace mucho la
responsabilidad de la toma de decisiones y sobre todo porque yo creo que
la convicción no está en función de la vehemencia en este sentido --les
aseguro, señorías, que podría ser muchísimo más vehemente--, yo creo que
la convicción está fundamentalmente basada en la rigurosidad de los
argumentos, aunque se discrepe con ellos, desde el punto de vista del
derecho.

Señor Valls, con eso entro a contestar a su señoría. Este es un trámite
de rendición de cuentas, y así lo entiende la institución del Defensor
del Pueblo y desde luego tiene usted razón en que una cosa es el trámite
de rendición de cuentas y otra cosa es mejorar los mecanismos que pueden
existir o que existen y deberán existir en el futuro: la visita a la
institución, tener encuentros informales, analizar cómo actúa, que vean
SS. SS. cómo se tramita un expediente, cuáles son los pasos, por encima
de todas las posibilidades que les concede y que tienen ustedes como
comisionantes y, además, en el marco formal que les concede el artículo
10 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Hay que mejorar esa
relación, y cualquier fórmula que a ustedes les parezca oportuna será
bienvenida por parte de la institución del Defensor del Pueblo.

En cuanto al informe creo que he contestado a muchas de las cosas que
usted ha planteado en función de mis propias respuestas a los
planteamientos que me han hecho otros portavoces parlamentarios. Es bueno
que haya más contactos periódicos, es bueno que haya una relación con la
Comisión Mixta de una manera formal o informal. No sé si habrá mayor
eficacia. De verdad, señorías, no creo que la institución ahí tenga más
peso o no. Creo que la institución ha hecho lo que debe hacer. Ustedes,
la opinión pública en definitiva, son los que valorarán los resultados
del trabajo que con toda dedicación, con todo interés, con mejor o peor
fortuna está realizando todo el equipo de la casa.

Ha habido un incremento de resoluciones positivas, y es verdad que tiene
que haber una discrepancia; evidentemente, claro que la habrá. A lo mejor
a ustedes les interesará saber hasta qué punto hemos luchado nosotros con
la discrepancia. Pues, señoría, podría contestarle: en algunos casos y
con algún ayuntamiento hemos tenido hasta cincuenta y una intervenciones
y no hemos conseguido el resultado que pretendíamos, pero creo que eso
forma parte de cómo hay que definir en el futuro las conductas hostiles,
las conductas entorpecedoras, y si ustedes encuentran que tienen que
estar contenidas en el informe que se dé al Parlamento al terminar la
gestión correspondiente al año, en la idea de que dado el seguimiento
tenaz de la institución esas actuaciones pueden modificarse en el tiempo,
eso es algo sobre lo que deberíamos reflexionar y pensar de cara al
futuro.

Coincido con usted en que la institución continuará en la línea de la
protección constitucional para la cual fue diseñada: los más
desprotegidos, las situaciones de especial vulnerabilidad. Y ése es el
cometido, ésa es la misión que tiene el Defensor del Pueblo. En
definitiva, no olvidar nunca su punto de referencia básico, que es
nuestra Constitución.




El señor PRESIDENTE: Si hubiese algún miembro de esta Comisión que
quisiera plantear alguna pregunta, pero, atención, muy concreta y muy
precisa, no una catarata de preguntas que sería imposible de contestar,
éste es el momento de que pida la palabra. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




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El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad y ateniéndonos a lo que ha dicho
el señor Presidente, simplemente quiero señalar a la señora Defensora
que, efectivamente, tiene toda la razón, probablemente éste es un trámite
al que ya es muy difícil sacarle la rentabilidad adecuada, y en ese
sentido --no lo he querido señalar en el trámite de mi intervención--, mi
Grupo Parlamentario está estudiando la posibilidad de llevar adelante las
iniciativas pertinentes para, aproximándonos, por ejemplo, al modelo
nórdico, modificar el trámite parlamentario del informe anual, pero como
es una cuestión que simplemente tenemos en estudio, no he hecho ninguna
referencia a ello y simplemente la apunto ahora.

Las dos cuestiones concretas que yo quería plantear son las siguientes.

Evidentemente, esas jornadas de coordinación que vienen celebrándose con
carácter anual son, sin lugar a dudas, muy, muy valiosas. Me gustaría, en
la medida en que fuere posible, que la institución estudiara que en las
novenas jornadas --este año serán las octavas si no me equivoco-- se nos
pudiera hacer un pequeño hueco a las comisiones o a alguna representación
de las comisiones parlamentarias de las Cámaras nacionales, pero en su
caso también de las Cámaras territoriales, porque creo que podría ser muy
interesante un contacto entre los miembros o entre una representación de
esas comisiones y el Defensor del Pueblo y todos los comisionados
autonómicos. Lo digo a título de sugerencia por si fuere posible.

La segunda cuestión, relativa también a estas jornadas, es la siguiente.

Todas han tenido un carácter monográfico, las séptimas jornadas tuvieron
unas aportaciones interesantísimas en materia de menores y de tercera
edad. Por eso nos gustaría, siempre que fuera posible, que se planteara
la posibilidad de que en futuras jornadas se abordara un tema que a
nosotros nos parece capital, casa perfectamente con el espíritu de mi
intervención, libertad, solidaridad, justicia social, y que, además, en
este momento es muy importante, habida cuenta del proceso de
descentralización de competencias en los servicios. Es precisamente el
tema de la pobreza, cuando, además, tenemos cifras realmente alarmantes.

Esas simples sugerencias o preguntas queríamos dejarlas acreditadas esta
mañana.




El señor PRESIDENTE: Señora Retuerto, ¿tiene que hacer algún comentario?



La señora DEFENSORA DEL PUEBLO (Retuerto Buades): Sí, señor Presidente.

Su intervención me induce a hacer los siguientes comentarios. En cuanto a
la posibilidad de estar presente en las jornadas, no creo que exista
ninguna imposibilidad de asistencia, sobre todo a los debates generales y
a las conclusiones, por parte de los comisionados o de aquellas personas
que deseen asistir. Estas jornadas en algunos aspectos son de relación
entre nosotros, entre los comisionados parlamentarios, y no creo que haya
ningún problema. En todo caso, puesto que las próximas jornadas son en
Alicante y en Valencia, me comprometo a transmitirlo a todos los
comisionados parlamentarios autonómicos.

El tema monográfico de la pobreza ya está incluido en uno de los
elementos de estudio de las jornadas que se van a celebrar ahora. Como
saben ustedes, publicamos unos libros sobre lo tratado en esas jornadas.

Creo que SS. SS. tienen conocimiento de la existencia de los mismos. Se
publicó el relativo a las anteriores jornadas celebradas en Madrid y
también se hará de estas últimas. Se hará llegar a todos el resultado de
estas jornadas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Retuerto. Hemos llegado, así,
al final de la sesión. Una vez más, gracias por su presencia, y deseo
decirle, creo que interpretando el sentir de toda la Comisión, que su
informe y su intervención desde luego ha tenido mucha más profundidad y
mucha más precisión que la del famoso enarca de los puentes de Viena.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.




Era la una y veinte minutos de la tarde