DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 43
PARA LA UNION EUROPEA
PRESIDENTA: DOÑA ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA
Sesión núm. 13 (extraordinaria)
celebrada el martes, 19 de julio de 1994
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana Madariaga), para
informar sobre el Consejo Europeo extraordinario de Bruselas. A petición
del Gobierno. (Número de expediente Congreso 214/000059 y número de
expediente Senado 711/000068) (Página 888)
--Del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), para informar
sobre la actualización del Plan de Convergencia. A petición del Gobierno.

(Número de expediente Congreso 214/000060 y número de expediente Senado
711/000069) (Página 906)

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Se abre la sesión a las nueve de la mañana.




--COMPARECENCIA, A PETICION DEL GOBIERNO, DEL MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES (SOLANA MADARIAGA) PARA INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO
EXTRAORDINARIO DE BRUSELAS. (Numero de expediente Congreso 214/000059 y
número de expediente Senado 711/000068.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, se inicia la sesión.

Vamos a dar comienzo a esta primera parte de la comparecencia del señor
Ministro de Asuntos Exteriores, que, a petición propia, viene a la
Comisión para informar sobre el Consejo Europeo extraordinario celebrado
en Bruselas este pasado viernes, día 15.

Si bien el tema estrella, efectivamente, es el nombramiento del nuevo
Presidente de la Comisión, señor Santer, el señor Ministro tiene la
posibilidad de explicar ante esta Comisión aquellos otros puntos de la
actualidad internacional más reciente que también fueron abordados en esa
Cumbre y seguramente nos dará los últimos datos que figuran en su agenda
de los acontecimientos de estos días.

Sin más preámbulos, y a la espera de que se sigan incorporando los
portavoces que están llegando en estos momentos para poderles dar la
palabra en el momento adecuado, tiene la palabra el señor Ministro de
Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Como bien ha
dicho la Presidenta, trataré de darles una información lo más detallada
posible de un Consejo extraordinario, que tuvo lugar el 15 de julio,
donde, como se ha resaltado, el punto más importante del orden del día
era la elección del sucesor del Presidente de la Comisión, Jacques
Delors. No obstante, como también se trataron, aunque fuera de carácter
informal y brevemente, algunos otros extremos o algunos otros puntos, les
daré la información que poseo en este momento no solamente de la reunión
del 15 de julio, sino de la de ayer, donde algunas de las consecuencias
de esa reunión también se trataron en el primer Consejo de Asuntos
Generales, bajo presidencia alemana.

Si la Presidencia me lo permite, me gustaría iniciar esta sesión
expresando la consternación y el dolor, en nombre del Gobierno y creo que
en nombre de todos los ciudadanos, por el tremendo atentado que tuvo
lugar ayer en Argentina. Pienso que para los españoles y, en general,
para todas las personas de buena voluntad ese atentado supone un paso
atrás en la vía de la racionalidad y de avanzar en la paz entre
israelitas y palestinos y me gustaría que constara en acta la
consternación y el dolor. Me parece que todos los miembros de la Comisión
y, en general, los ciudadanos de España, compartirán estas brevísimas
palabras.

La sesión del día 15 de julio empezó por la tarde, como saben ustedes, y
tenía tres puntos el orden del día. El primer punto era la sucesión del
Presidente, Jacques Delors; el segundo, una información sobre la reunión
del G-7 y, en tercer lugar, una breve información sobre la situación en
Yugoslavia también tras la cumbre del G-7. La reunión duró prácticamente
tres horas y, por lo tanto, la explicación que les puedo dar será
proporcional a su duración.

El Consejo extraordinario se inició con unas palabras del Presidente del
Parlamento, el señor Klepsch, que era la última vez que se iba a dirigir
al Consejo Europeo. El señor Klepsch tuvo una intervención breve, donde
puso de manifiesto el momento decisivo que estaba viviendo Europa, con un
nuevo Parlamento. Hizo un llamamiento para que en esa fecha, el día 15,
se tomara la decisión definitiva para la sucesión del Presidente de la
Comisión y presentó brevemente el calendario que el nuevo Parlamento
tenía en mente para todos los procesos de investidura o de cuasi
investidura para el nuevo Presidente, de acuerdo con el Tratado de la
Unión. El Parlamento desea que el día 7 de enero se hayan cumplido todos
los trámites necesarios, de manera tal que en esa fecha pueda tomar
posesión el nuevo Presidente de la Comisión.

Hizo una reflexión en nombre del Parlamento, sobre el sentido que veían
que había tenido el veto británico. Hizo una crítica acerba y dura sobre
el comportamiento, sobre el veto por la parte británica e insistió en que
era un mal método para seguir avanzando en la construcción europea. Desde
el punto de vista del calendario, pidió que el jueves, es decir, pasado
mañana, estuviera ya en disposición el nuevo Presidente de la Comisión,
si se alcanzaba consenso en esa fecha, para que tuviera la primera
comparecencia en el Parlamento Europeo. Se despidió agradeciendo la buena
cooperación que había tenido durante su mandato y con esa despedida se
pasó al primer punto formal del orden del día, la elección del Presidente
de la Comisión.

El Presidente del Consejo, el Canciller Kohl, hizo un breve resumen de lo
que había acontecido desde la Cumbre de Corfú hasta el día 15 de julio,
los esfuerzos que la Presidencia había realizado en visitas a todas las
capitales para tratar de encontrar o de sumar un consenso para la
sucesión de Jacques Delors. Dio lectura de una carta que había recibido
del Primer Ministro belga, el señor Dehaene, una carta que, en términos
generales, venía a decir que, habiendo tenido el apoyo de 11 miembros del
Consejo, seguía con una disposición abierta para mantener su candidatura,
pero que si existía un consenso suficiente en torno a otra persona
estaría en disposición de retirarse en favor de ese consenso. Como así
fue, el señor Dehaene retiró su candidatura.

Posteriormente, el propio Canciller Kohl propuso al Primer Ministro de
Luxemburgo, señor Jacques Santer, haciendo un breve elogio de su
biografía, como Presidente de un país de la Unión, de Luxemburgo, con una
experiencia como Ministro de Hacienda durante varios años, Primer
Ministro de Luxemburgo durante 10 años y Presidente del Consejo Europeo
en dos ocasiones, en ocasiones de una cierta relevancia, una de ellas en
el año 1985, cuando a Luxemburgo le correspondió la presidencia, que
coincidió con el debate sobre el Acta Unica, y una segunda ya más próxima
que tuvo que ver también con el propio Tratado de Maastricht. Le definió
como un europeo con experiencia, capaz de compromiso y un hombre que
había



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trabajado a lo largo de muchos años por la idea europea que todos
compartimos.

Después de esa presentación, tomaron la palabra muy brevemente, en primer
lugar, el señor Dehaene, el Primer Ministro belga, que reconoció y
agradeció al Presidente, al canciller Kohl, la búsqueda del consenso y el
haberlo encontrado, e hizo una brevísima reflexión sobre lo que él
entendía que había acontecido en Corfú. Por decirlo casi textualmente,
afirmó que no era algo para ser banalizado, que tampoco para ser
dramatizado, pero quiso dejar bien claro que lo que había acontecido en
Corfú dejaría alguna huella en las relaciones entre los distintos países,
no entre Bruselas y Gran Bretaña ni entre el Primer Ministro Major y él
mismo; creía que no sería algo a banalizar, sobre todo el veto. Insistió
en que alguna consecuencia sobre estos mecanismos de toma de decisiones
habría que sacar para la cumbre intergubernamental de 1996. Hizo un
elogio al Primer Ministro Santer y declaró su voluntad de apoyarle.

Posteriormente hubo un turno de intervenciones, de las que me gustaría
subrayar dos: la primera la del Presidente Mitterrand, que también hizo
una reflexión sobre el sentido del veto que había tenido lugar en Corfú.

En la misma dirección que el Primer Ministro Dehaene, insistió en que no
era algo para ser banalizado, tampoco para ser dramatizado, y que alguna
consecuencia, en la misma línea que el Primer Ministro Dehaene, habría
que sacar para la Conferencia intergubernamental de 1996. Se preguntó en
voz alta si, teniendo en cuenta que después del Tratado de la Unión, del
Tratado de Maastricht, realmente la ratificación del Presidente de la
Comisión debe ser hecha por el Parlamento, no se podría haber considerado
la hipótesis de haber presentado al Parlamento no una persona con acuerdo
unánime, sino una persona que, como en el caso del señor Dehaene, había
obtenido once votos de doce, y que fuera el Parlamento el que hubiera
dicho su última palabra en esta cuestión. Lo dejó abierto como algo para
poderse negociar, hablar, trabajar sobre esa dirección, de acuerdo con el
trabajo que nos debía llevar a la Conferencia de 1996.

El Primer Ministro británico, que también tuvo una intervención breve
como todas ellas, agradeció al Canciller Kohl, mostró su aprecio hacia el
Primer Ministro Dehaene e insistió, contrariamente a la intervención del
Presidente Mitterrand, en que la forma en que se había trabajado era la
correcta, porque una interpretación más ajustada del Tratado exigía la
unanimidad para la propuesta al Parlamento del Presidente de la Comisión.

El turno siguiente de los demás primeros ministros fue para sumarse al
consenso propuesto por el canciller Kohl. Y poco más de una hora después,
hacia las cinco y media de la tarde, el canciller Kohl, de acuerdo con el
artículo 58 del Tratado de la Unión, propuso al Parlamento Europeo a la
persona de Jacques Santer para que tomara posesión como Presidente de la
Comisión, de ser ratificada esa propuesta por el Parlamento, el 7 de
enero de 1995.

Con esto se acabó el primer punto del orden del día, para pasar al
segundo, que fue la información sobre la Cumbre del G-7. La información
sobre la Cumbre del G-7 la dio el Primer Ministro italiano, que era y que
es todavía, hasta la próxima cumbre, el Presidente en ejercicio del Grupo
de los Siete, del G-7. Creo que SS. SS. conocen bien el documento que se
acordó en Nápoles. Por tanto, les diré solamente algunas reflexiones que
se hicieron en voz alta, tanto por el Primer Ministro Berlusconi como por
el Presidente Jacques Delors.

Sin pasar uno a uno, que lo puedo hacer posteriormente, por los puntos
del documento final, les diré que quizá los puntos más relevantes son los
siguientes: en primer lugar, en la cumbre del G-7 se intenta lanzar un
mensaje de confianza a la economía mundial, poniendo de manifiesto que la
crisis económica, la parte recesiva del ciclo económico, afortunadamente
se encuentra ya a nuestras espaldas; que el problema fundamental que
todos tenemos, teniendo en cuenta que las economías empiezan ya, aunque
sea lentamente, a recuperarse y a crecer, es ser capaces de trasladar ese
crecimiento económico a crecimiento del empleo. Para que eso sea así de
la manera más eficaz posible será necesario poner en marcha algunas
reformas estructurales que permitan optimizar el salto en el crecimiento
económico y el salto también en el crecimiento del empleo.

El segundo punto que se puso de manifiesto es la importancia que tiene
que estas cumbres tengan un carácter informal, lo más informal posible,
lo más parecido a lo que se dio en llamar «las charlas alrededor de la
chimenea», más que que tengan un carácter formal, cargadas de agenda, de
manera tal que los jefes de Estado y de Gobierno de estos países puedan
hablar de manera informal y de manera franca y clara sobre los problemas
que realmente preocupan a los países y a los ciudadanos en este momento.

La próxima cumbre, que tendrá lugar en Canadá, se quedó de acuerdo en que
tuviera ese mismo carácter.

La tercera cuestión, quizá la más relevante de todas, es que a partir de
Nápoles se quieren dividir las cumbres del G-7 en dos, es decir, que haya
dos cumbres en una: una, de carácter estrictamente económico, ligada con
lo que fue el origen de la cumbre del G-7 y, otra, que pudiéramos llamar
G-8, de carácter más político, a la cual se incorporaría ya
definitivamente al Presidente de la Federación Rusa. En Halifax se ha
tomado el acuerdo de que un día entero se dedique a la componente
política, es decir, a lo que podríamos llamar la Cumbre del G-8.

El cuarto punto que quizá merezca la pena subrayar es que esta Cumbre de
Nápoles y la próxima de Halifax van a coincidir con aniversarios (50
aniversario, en algún caso) de instituciones internacionales importantes.

Este año ha coincidido con el aniversario de Bretton Woods y el año que
viene coincidirá con el 50 aniversario de Naciones Unidas. Quizá es el
momento para que toda la comunidad internacional se replantee, después de
50 años de la puesta en marcha de estas instituciones, la funcionalidad,
la labor que están realizando y si no es posible estructurar de una
manera más eficaz, quizá más útil todo lo que es la estructura de
organizaciones internacionales en este momento.

Si se pone de manifiesto que cuando el G-7 se puso en marcha los siete
países que lo componían significaban, en la producción mundial, bastante
más del 50 por ciento y que dentro de muy pocos años esos mismos países
van a significar bastante menos del 50 por ciento de la



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producción mundial, también es oportuno hacer una reflexión sobre todas
estas cuestiones.

Les diré tres o cuatro cosas sobre los temas, a mi juicio, más
importantes, más allá de estas reflexiones de carácter general.

Sin duda ninguna, uno de los temas más importantes era Ucrania, como SS.

SS. saben, y todo lo que tenía que ver con el cierre de las centrales
nucleares. Sigue siendo el tema de Chernobil un tema de importancia
capital para la seguridad nuclear y, por tanto, para la seguridad de los
ciudadanos europeos.

Como tuve ocasión de explicarles en la última comparecencia de la
Comisión Mixta, en la última Cumbre de Corfú se había acordado que la
Unión Europea diera 100 millones de ecus para cerrar la central nuclear
de Chernobil y 400 millones de ecus en vía de créditos, de ayudas, a
través de EURATOM.

Recordarán SS. SS. que el objetivo que se pretendía era doble: de una
parte, cerrar Chernobil y, de otra, abrir un grupo de centrales nucleares
de una potencia equivalente a la que se cerraba en Chernobil.

El debate del G-7 se plantea una vez más en los mismos términos que tuve
ocasión de explicar a SS. SS. tras la reunión de Corfú. La pregunta que
uno se formula es si el hecho de cerrar Chernobil debe llegar acompañado
de la apertura de otros tres grupos nucleares para seguir produciendo
energía eléctrica en Ucrania.

El problema que se planteó es el mismo que se planteó en la Unión
Europea: si realmente merecía la pena embarcarse en una operación de
abrir tres nuevos grupos nucleares en Ucrania. Ha quedado abierta esa
posibilidad, tras pedirse que se haga un estudio más detallado del
consumo de energía eléctrica en Ucrania.

Para que se hagan ustedes una idea, Ucrania tiene un producto nacional
bruto que, aproximadamente, es el 20 por ciento del francés, y tiene un
consumo energético del mismo orden que el francés, por no decir un
poquito superior. Por lo tanto, tratar de racionalizar todo lo que es la
demanda de energía en Ucrania puede ser un paso importante, antes de
embarcarnos en abrir nuevas centrales nucleares.

El Grupo de los Siete, como saben SS. SS., aprobó una ayuda del doble de
la que dio la Unión Europea, es decir, 200 millones de ecus, para la
operación de cierre de Chernobil. Por tanto, en este momento, hay 300
millones de ecus, 100, de la Unión Europea, 200, del Grupo de los Siete.

Si se reparten proporcionalmente, como en el Grupo de los Siete hay
cuatro países europeos, sigue siendo, una vez más, la Unión Europea, los
países que la componen, los máximos colaboradores para la resolución del
problema nuclear de Ucrania.

Quiero decir una palabra sobre la presencia del Presidente Yeltsin y las
consecuencias que ésta ha tenido.

Todos creemos que la presencia del Presidente Yeltsin en la Cumbre de los
Siete es un paso adelante para seguir incorporando a nuestro mundo a la
Federación Rusa, desde el punto de vista económico y político.

Subrayaré una cosa que fue puesta de manifiesto por todos los
intervinientes. El estado de ánimo --si me permiten la expresión-- del
Presidente Yeltsin fue muy distinto en esta Cumbre de Nápoles que en la
anterior. Seguramente, ese estado de ánimo tiene algo que ver con que en
Corfú se llegó a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y la
Federación Rusa. Por primera vez, el Presidente Yeltsin no pidió un
paquete de ayudas, como solía ser el caso en las cumbres anteriores, sino
que dijo que en este momento no necesitaba más ayudas y que se sentía
enormemente satisfecho con el acuerdo que había alcanzado en Corfú con la
Unión Europea. Deseo destacar la importancia que tuvo ese acuerdo en
Corfú.

Hay dos cosas más que me gustaría subrayar. La primera, que, sobre la
posible iniciativa del Presidente Clinton de lanzar lo que pudiéramos
llamar una nueva ronda en el comercio mundial, la idea no fue aceptada,
pensando que era mucho mejor que esperáramos a que se terminara y se
ratificara por todos los países los resultados de la Ronda Uruguay;
tiempo habría para reflexionar sobre posibles iniciativas comerciales
ulteriores en el ámbito del comercio internacional.

La segunda cosa que me gustaría resaltar fue la llamada que se hace, por
parte de los países del Grupo de los Siete, para reducir la deuda de los
países menos ricos, de los países más pobres de la tierra. Hace un
llamamiento el Club de París para que se puedan reducir los pesos de las
deudas que suponen para las economías de estos países menos
desarrollados.

Creo que con esto les doy una información suficiente. Si quieren SS. SS.,
después me puedo extender con más detalle sobre lo que aconteció en el
Consejo Europeo de Bruselas sobre la reunión del Grupo de los Siete.

Paso muy brevemente a hablar de las últimas informaciones sobre
Yugoslavia, que también figuraban en el orden del día de la reunión, y
les completo esa información con la que tengo de la reunión celebrada
ayer.

Señorías, entiendo que conocen bien la propuesta del Grupo de Contacto
que se hizo a las partes tras la reunión ministerial del día 5 de julio.

Como saben también, en el Grupo de los Siete se dio un apoyo a esa
posición, de manera tal que ese mapa o esa oferta del Grupo de Contacto
tiene hoy el apoyo de los Estados Unidos de América, de la Federación
Rusa, de la Unión Europea y de Naciones Unidas; por tanto, tiene el apoyo
de la comunidad internacional en sentido amplio. Entiendo que SS. SS.

conocen bien las componentes fundamentales de ese acuerdo. Les reiteraré
muy brevemente que el acuerdo, desde el punto de vista del mapa, tiene un
reparto territorial del 51/49: 51 a la Federación croata-musulmana, 49 a
los serbios. El mapa --como conocen SS. SS.-- todavía tiene una
estructura de una cierta complejidad: es un mapa más simple que el del
Plan Owen-Vance, porque tiene bloques --digamos-- de unidad territorial
más amplios, y esperemos --con la llamada que se ha hecho por todas las
partes-- que en el día de hoy --que queda todavía, porque el Parlamento
de Pale toma su decisión final-- se pueda encontrar un acuerdo suficiente
que permita arrojar luz a este terrible conflicto que ha venido
preocupando y haciendo sufrir a todos durante tanto tiempo.

Si me permiten mi visión personal, les diré que, a pesar de que en el día
de ayer el Parlamento de Sarajevo ha dado



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un voto positivo a la propuesta del Grupo de los Siete, no seré yo tan
optimista respecto a lo que pueda suceder en la mañana de hoy en el
Parlamento de Pale.

Les explicaré, muy brevemente, cuál es la situación tras las visitas a
todas las capitales.

En Sarajevo --cómo SS. SS. saben ya-- hay un acuerdo positivo. El
Parlamento y los políticos de Sarajevo entienden que el plan que se ha
propuesto no es bueno, pero, en cualquier caso, entienden que es la mejor
solución en este momento.

Con respecto a Zagreb, las visitas a Zagreb nos dan la siguiente
información: Zagreb, y muy concretamente el Presidente Tudjman, está a
favor del plan de paz, lo ha puesto ya de manifiesto, pero tiene la
preocupación fundamental que tiene que ver con las Krajinas.

Para hacerlo de una manera muy clara, les diré que el problema de las
Krajinas se nos va a complicar en las próximas semanas, en los próximos
meses, quizá tanto como lo que hemos vivido a lo largo de los últimos
meses con Bosnia.

¿Cuál es la propuesta que Tudjman hace? Tratar de entrevistarse con
Milosevich y tratar de hacerlo siempre que se cumpla la siguiente
condición: que haya un reconocimiento mutuo de Croacia con Serbia y que
el mismo lleve consigo el reconocimiento de las fronteras actuales, es
decir, todas las fronteras de las Krajinas en este momento. Si fuera así,
el Presidente Tudjman se comprometería a dar una autonomía lo más amplia
posible a los ciudadanos serbios que viven en las Krajinas.

Como podrán SS. SS. comprender, la situación no es fácil y, por tanto,
tendremos que tener una mirada atenta al desarrollo en las Krajinas,
porque en el mes de septiembre vence el mandato de las fuerzas de
Unprofor en las Krajinas y tendremos, en consecuencia, que tomar una
decisión en ese mes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
decisión que no será fácil.

En la visita a Pale, sede del supuesto gobierno serbio de Bosnia, la
situación fue mucho más complicada y, como les he dicho anteriormente,
todas las informaciones de las que se dispone en este momento conducen a
pensar que no darán un «Sí», que en el mejor de los casos dará un «Sí,
pero». En cualquier caso, no habrá un «Sí» claro sobre el plan de paz.

Los temas que todavía siguen preocupando al Gobierno de Pale, o a las
gentes de Pale, concretamente a Mladich y a Karadzic, son los siguientes:
En primer lugar, el corredor del Norte. Si recuerdan SS. SS. el corredor
de Pasadina ha sido siempre un tema de debate y de preocupación grande.

En el mapa que se presenta por parte del Grupo de Contacto, en la zona
del Broco, el corredor de Pasadina tiene una anchura relativamente
pequeña y para los serbios de Bosnia les parece que demasiado estrecha,
demasiado pequeña. El corredor de Pasadina lo que hace es poner en
comunicación la parte de Serbia este con la Serbia más occidental.

La segunda preocupación son los temas de carácter constitucional, los
temas institucionales. Como saben, los acuerdos institucionales en la
propuesta del Grupo de Contacto son bastante poco precisos y tendríamos
que seguir trabajando para precisar más esos acuerdos de carácter
institucional o constitucional. El esquema de lo que permiten es el
siguiente: la Federación musulmano-croata tendría una relación, digamos
laxa, pero con una unión con fronteras claramente diferenciables y
claramente defendidas internacionalmente, con los serbios de Bosnia y, a
su vez, esa Federación podría confederarse con Croacia. Por tanto, la
situación es complicada; habría que seguir trabajando para definirla de
una manera más precisa.

La tercera cuestión es el acceso al mar. El acceso al mar, como saben SS.

SS., ha estado siempre ligado a los bosnios, con un acceso al mar a
través de Croacia hacia el Mar Adriático. Esa preocupación quedó resuelta
al constituirse los acuerdos de Washington, la Federación entre bosnios,
musulmanes y croatas.

Ahora surge una nueva preocupación, un nuevo problema, que es el acceso
al mar de los serbios de Bosnia, acceso al mar que se reclama en este
momento mucho más al sur de la costa dálmata y Tudjman estaría dispuesto,
en el esquema al que antes he hecho referencia de un reconocimiento mutuo
con fronteras, incluidas las Krajinas, a negociar un posible acceso al
mar por parte de los serbios.

Dos palabras más sobre tres capitales de las que me parece importante
conocer su posición en este momento.

La primera es Belgrado, donde se ha hablado largo y tendido con
Milosevich. La impresión que se obtiene, dentro de las dudas que siempre
plantean las conversaciones con Milosevich, es que él estaría dispuesto a
hacer la presión necesaria sobre los bosnios serbios, o los serbios
bosnios, para que aceptaran el plan de paz. Se percibe una diferencia
creciente entre las posiciones de Belgrado y las posiciones de paz,
diferencia que, quizá, no esté ligada a una concepción distinta de fondo,
pero que sí está ligada, sin duda ninguna, al deseo y a la necesidad que
Belgrado tiene de que las sanciones sobre Belgrado empiecen a aligerarse,
empiecen a levantarse. Por lo tanto, ahí una pequeña vía de presión sobre
Belgrado para que en las próximas horas y en los próximos días pueda
realizar una presión lo más intensa posible.

La segunda capital que me gustaría mencionar es Moscú. Como saben SS.

SS., la Federación Rusa se incorporó al Grupo de Contacto y ha tenido una
función activa y, a nuestro juicio, positiva a lo largo de todo el
proceso de negociación.

La presencia de la Federación Rusa ha sido importante para que las
posiciones se fueran acercando. Ahora bien, el problema de Moscú es que
aparece cada vez con más claridad una diferencia entre las posiciones del
Gobierno y las posiciones de la Duma. Así como el Presidente Yeltsin, el
Ministro Kosirev y el viceministro Churkin han estado sumándose de manera
muy positiva al esfuerzo del Grupo de Contacto, las posiciones de la Duma
empiezan a ser distantes de las que está defendiendo el Gobierno de la
Federación Rusa. Por tanto, aquí podemos tener un problema, incluso para
la propia implementación del plan de paz presentado por el Grupo de
Contacto.

La otra capital que quisiera mencionar es Washington. La posición de
Washington la conocen SS. SS., pero me gustaría subrayarla, aunque fuera
brevemente, en esta



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mañana. La posición del Gobierno del Presidente Clinton es de apoyo total
al plan de paz del Grupo de Contacto, pero de la misma manera que en
Moscú hay una cierta diferencia o divergencia potencial entre las
posiciones gubernamentales y las posiciones parlamentarias, lo mismo se
puede decir de Washington.

Como saben SS. SS., la presión parlamentaria del Congreso americano sobre
el levantamiento del embargo de armas a Bosnia sigue estando en pie. El
presidente Clinton ha hecho declaraciones, las últimas muy recientemente,
de que no habría un levantamiento del embargo unilateral, pero la presión
en el Parlamento de Washington, en el Parlamento americano, sigue siendo
creciente sobre este particular. Les quiero decir que sería una decisión,
a nuestro juicio, de consecuencias graves. Si se levantara el embargo de
armas, a nuestro juicio, sería imposible el mantenimiento de las fuerzas
de Unprofor sobre el terreno. Esa decisión llevaría consigo una retirada
de las fuerzas de Unprofor sobre el terreno. Una retirada de las fuerzas
de Unprofor sobre el terreno tendría también consecuencias sobre el
estallido nuevo de conflictos de guerra y, por tanto, de sufrimiento.

Por todo ello, nosotros no seríamos partidarios, la Unión Europea no
sería partidaria de una decisión de esa naturaleza, intentando que las
presiones y el aumento de sanciones pudiera ir en otra dirección,
fundamentalmente apretar las tuercas en las sanciones en los países
ribereños de El Danubio y, en segundo lugar, la ampliación de las zonas
de exclusión, de las zonas seguras, más que tomar una decisión en este
momento del levantamiento del embargo de armas que, como digo, tendría
consecuencias, a nuestro juicio, lamentables desde el punto de vista de
ayuda humanitaria, desde el punto de vista de encontrar una solución
pacífica a este terrible conflicto que lleva ya, sin duda, demasiado
tiempo pesando sobre nuestras conciencias.

Obra en mi poder, como se pueden imaginar, señorías, mucha más
información sobre el tema de Yugoslavia. No les quiero aburrir en esta
primera intervención. Si SS. SS. creen que les puedo ser de utilidad con
información ulterior, con sumo gusto contestaré a sus preguntas.

Permítanme, antes de terminar, hacer una referencia a Ruanda. Ruanda fue
objeto también de un debate, breve, sin duda, en el Consejo Europeo del
día 15, más largo en el Consejo de asuntos generales del día de ayer.

Deseo decirles, con las palabras más austeras que pueda, pero no exentas
de la conmoción que a todos nos embarga en cuanto a la situación de
Ruanda, que, sin ningún género de dudas, es la tragedia humanitaria más
terrible que hemos vivido nunca. La situación de Ruanda es absolutamente
trágica, dramática. Les daré algunas cifras para que se hagan cargo de
cómo está la situación en las últimas horas. Además, las cifras, conforme
el tiempo pasa, conforme las horas pasan, son más dramáticas, si cabe.

En este momento, el territorio del país está aproximadamente entre las
dos terceras y las tres cuartas partes en conflicto, y a pesar de las
noticias de esta noche, que pueden tener un cierto sentido positivo, las
noticias reales que llegan desde el terreno son verdaderamente
escalofriantes. Desde una población inicial aproximadamente de cinco o
seis millones de habitantes, en estos meses de conflicto se han producido
más de 500.000 muertos, lo saben SS. SS., y más de dos millones y medio
de refugiados. Para que se hagan ustedes una idea, necesitaríamos una
ayuda alimentaria de aproximadamente 80 toneladas diarias, que en mecus,
en cifras financieras, significaría aproximadamente más de 50 millones de
ecus al mes. Para que lo pongan en pesetas, multipliquen por 140 y se
harán una idea del tamaño de la necesidad de ayuda humanitaria que en
este momento se tiene.

Los últimos datos de esta madrugada nos decían que había un éxodo, un
flujo en torno a 12.000 personas por hora hacia Goma, es decir, pasando
ya la frontera de Zaire. Estas cifras desnudas y austeras les pueden dar
a SS. SS. una idea de la dimensión de la tragedia humanitaria que estamos
viviendo en estos momentos.

¿Qué se puede y qué debemos hacer? Sin duda ninguna tenemos que hacer
algo, no podemos permanecer impasibles ante una tragedia de estas
dimensiones. ¿Qué ha hecho hasta ahora la Unión Europea? Les diré que
entre el 1 de enero y el 6 de abril de este año, para cerrar las cifras
que se han manejado en estas últimas horas, la Unión Europea sigue siendo
el contribuyente neto mayor de toda la comunidad internacional. La ayuda
que se ha prestado en ese período supera los 40 millones de ecus.

Actualmente, la Unión Europea acaba de desbloquear, aproximadamente,
otros 23 millones de ecus para esta finalidad, y la agencia humanitaria
de la Unión Europea está dispuesta a desbloquear todos los recursos que
haya disponibles en el presupuesto comunitario para tratar de llegar, a
la mayor brevedad posible, con la ayuda que se necesita.

Para poner de manifiesto algunas de las contradicciones en las que
vivimos, les diré que en el puerto de Mombasa, en Kenia, hay en estos
momentos 40.000 toneladas de ayuda alimentaria que la Comisión ha puesto
sobre el terreno y que es imposible hacer llegar a la zona; es decir, hay
40.000 toneladas y harían falta, aproximadamente, para que se hagan una
idea, dos mil camiones para hacerlas llegar. Las carreteras son muy malas
y, por tanto, esos camiones pueden llevar sólo una fracción de peso
pequeña. Tendríamos que ser capaces de montar seguramente operaciones no
por carretera, sino por aire, y se ha hecho una llamada a todos los
países para que pongan a disposición aviones que puedan llevar este
material.

En el Consejo de Asuntos Generales esta madrugada hemos tomado la
decisión de buscar en todas las partidas presupuestarias de ayuda
humanitaria las cantidades suficientes para, al menos, hacer una entrega
de estos 50 millones de ecus-mes que son necesarios por tres meses, y nos
hemos comprometido a ser los donantes de los 150 millones de ecus que nos
lleven por lo menos hasta la finalización del verano y principio del
otoño.

¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Se ha hecho una propuesta por la
Comisión, que fue aceptada por el Consejo de Asuntos Generales de ayer,
de que ese dinero saliera de fondos que hay todavía disponibles que no
están gastados del Convenio de Lomé. Quedan seguramente aproximadamente
150 millones de ecus que se podrían utilizar si se llega a un acuerdo con
el grupo de los países de



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Lomé para este objetivo. En cualquier caso, les diré que la Unión Europea
va a seguir en contacto en las próximas horas para tratar de encontrar,
allí donde se pueda, los recursos comunitarios suficientes o necesarios
para salir al encuentro de este drama que nos pone a todos los pelos de
punta y nos conmueve auténticamente.

¿Qué podemos hacer desde España, señorías, que es otra de las preguntas
que nos debiéramos hacer? España, como saben, ha aportado ya con fines
humanitarios a esta tragedia dos aviones Hércules que realizaron las
tareas de evacuación, llevando también ayuda humanitaria a los residentes
españoles en Ruanda. Hemos comprometido ayer la oferta de otro avión para
que pueda llevar, de forma inmediata, aproximadamente diez toneladas de
ayuda humanitaria de carácter bilateral, no solamente en alimentos sino
también en medicinas, y poner sobre el terreno médicos y elementos
primarios para generar hospitales de campaña en la zona sobre todo de
Goma. Se puede pensar también en la otra zona de exclusión de defensa que
está en estos momentos controlada por el Ejército francés, donde quizá no
sea necesaria tanta ayuda en este momento. Por tanto, pondremos en
marcha, a la mayor brevedad, un avión con ayuda alimentaria
--aproximadamente diez toneladas-- para salir al encuentro de esta
tragedia.

Pero como sus señorías pueden comprender, todas estas medidas que estamos
tomando con carácter bilateral, incluso con carácter multilateral en la
Unión Europea, no son nada más que una parte de la resolución del
problema. Las dimensiones del mismo harían imprescindible una
movilización internacional de otras características que se está
intentando hacer en el ámbito de Naciones Unidas.

Esta reflexión la hago con relación a la ayuda humanitaria. Pero queda
también otro problema a resolver, que es poner en marcha la operación de
Naciones Unidas sobre el terreno. Como saben, la Resolución 938 de
Naciones Unidas autorizaba la puesta en marcha de una nueva operación
Unimar II. La solicitud de países que quisieran colaborar en ese esfuerzo
no tuvo una respuesta muy positiva. Por tanto, lo que se está haciendo es
tratar de que algunos países africanos, que sí han puesto tropas a
disposición de Naciones Unidas, sean los que se hagan cargo de esta
segunda operación.

¿Cuál es el problema? El problema es que estas tropas puestas a
disposición por los países africanos no tienen ni el armamento, ni la
preparación, ni el equipamiento necesario. Por tanto, el segundo
llamamiento que se ha hecho a todos los países por parte de la Unión
Europea y Naciones Unidas es que los países que pueden colaborar para dar
una ayuda, por ejemplo, en transporte, de carácter logístico, a estas
fuerzas de los países africanos, lo hagan. España se ha comprometido
también a hacerlo, y esperemos que los demás países también lo cumplan.

De esa manera cabría la posibilidad de que antes de que finalice el mes
de agosto tengamos en marcha cinco mil hombres que Naciones Unidas ha
pedido para esta segunda operación de Unimar.

Como sus señorías ven y comprenden, la situación es dramática, es
tremenda y, como les decía al inicio de mi intervención, estamos
confrontados seguramente con la tragedia humanitaria más terrible, más
dramática que hayamos conocido nunca. Por parte de la Unión Europea se va
a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y por parte bilateral, por
parte de España, también trataremos de hacer todo lo que esté en nuestra
mano.

Los objetivos que se persiguen en este momento son, lógicamente, un alto
el fuego duradero --las noticias de esta madrugada en esa dirección
pueden ser esperanzadoras--, y el retorno a la mesa de negociación para
que esta masacre acabe a la mayor brevedad. Hemos apoyado la creación de
un Gobierno de unidad nacional con un primer ministro elegido en el marco
de los acuerdos de 1993, los acuerdos de Arusha, y con una base amplia de
representación de todas las fuerzas políticas.

Esto es lo que se pretende, a lo que se aspira, pero, ya les digo, cuando
se habla de estas cuestiones a uno le embarga una enorme tristeza y una
enorme, casi me atrevería a decir, desesperación.

Señora Presidenta, creo que éstos son los temas más importantes que se
trataron en la cumbre del Consejo Europeo del día 15, con una ampliación
de las iniciativas que ayer se tomaron, fundamentalmente en el ámbito
humanitario, ya sea en relación con Yugoslavia, ya sea en relación con
Ruanda. Estoy a su disposición para completarlas, de acuerdo con la
solicitud de los grupos parlamentarios.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro, por sus amplias y
concretas explicaciones, no solamente de la cumbre extraordinaria del
pasado viernes en Bruselas, sino que ha sabido muy bien resumir los temas
candentes, de gravedad, que se han tocado en las dos importantes cumbres,
como han sido la del 6-7, de Nápoles, y la más reciente de ayer, de la
que todavía no hemos podido tener ni conocimiento por los medios de
comunicación, por lo que agradecemos muy sinceramente sus explicaciones.

Quiero dejar constancia también de que esta Comisión, tal y como usted
hacía alusión al principio de su intervención, se une a la consternación
que usted ha manifestado con relación al condenable atentado que ha
experimentado la comunidad judía en Argentina. En un momento,
efectivamente, delicado pero muy esperanzador de las relaciones
árabe-israelíes, atentados de este calibre no son nada favorables.

Nosotros deseamos que esas relaciones sigan por el buen camino.

Vamos a dar, a continuación, la palabra a los distintos grupos
parlamentarios que quieran intervenir al hilo de la exposición del señor
Ministro de Asuntos Exteriores.

En primer lugar, tiene la palabra el representante de Coalición Canaria,
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Ministro, por esta
comparecencia suya para informarnos ampliamente sobre el Consejo Europeo
del día 15.

Voy a pasar rápidamente a hacer unas reflexiones y una toma de posición
al respecto.

En primer lugar, señor Ministro, con relación a la elección del nuevo
presidente del Consejo, el señor Santer, vimos ya, con ocasión del debate
que tuvimos en la Cámara con el señor Presidente del Gobierno al informar
sobre la



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Cumbre de Corfú, que había habido una cuña de crisis. Desde Coalición
Canaria creemos que esta cuña de crisis obedece, fundamentalmente, a la
carencia de un procedimiento normativo para la elección del presidente
del Consejo. Una organización como es la Unión Europea, con todos los
Estados de derecho que la componen, está basada precisamente en que las
personas que representan a las instituciones están sometidas, para su
elección y para su nombramiento, a un procedimiento normativo, y es
curioso que en la Unión Europea este procedimiento normativo no exista
para la elección de la figura del presidente. Viene la crisis cuando no
están tampoco reguladas a este nivel lo que se entiende por mayorías, o
que haya el veto de una parte, como ha sido en este caso el veto
británico a la elección de los anteriores candidatos, como el primer
ministro belga. Creemos, señor Ministro, que la Unión Europea, de aquí a
la Conferencia intergubernamental de 1966, bien por propia decisión del
Consejo, bien estimulando desde aquí al Parlamento Europeo, debería
cubrir también eso que nosotros consideramos un vacío democrático: la
carencia de un procedimiento normalizado --por mayorías o por
unanimidades, lo que se decida--, para que no ocurran estas situaciones
de vacío de competencias del propio Consejo en sí mismo, porque, si no,
seguiremos siempre acusando a estas cúpulas de la Unión Europea de una
carencia democrática en este sentido.

Me gustaría que nos informara, señor Ministro, sobre si, aparte de la
presentación del nuevo Presidente del Consejo, el señor Santer, de
Luxemburgo, se trató allí del acompañamiento que lleva esta figura. Me
estoy refiriendo a la composición de la Comisión. Porque si la Comisión
que va a presidir el señor Santer no tiene, dentro de sí misma, un
equilibrio que recoja las sensibilidades políticas que hay en este
momento a nivel informativo, cuantitativo y cualitativo del Parlamento
Europeo, y al mismo tiempo no recoge el equilibrio geográfico que tiene
que existir en la nueva Europa con la incorporación de cuatro nuevos
países, será un consejo verdaderamente desequilibrado en lo político y en
lo territorial.

Las políticas de fondos regionales, etcétera, inciden muchas veces, y de
una manera muy fuerte, en los países del sur, como es el caso de España;
por eso me gustaría saber si esto se ha tocado de alguna manera.

En segundo lugar, si por parte española se ha puesto de manifiesto una
preocupación de España, tanto como país occidental de la Unión Europea,
como país del sur, de lo que yo llamaría un excesivo predominio de la
política de intereses alemanes en este nuevo Consejo. Es decir, el señor
Santer, de cuyo impecable currículum profesional nosotros no tenemos nada
más que congratularnos, ha sido acusado fuertemente de pro alemán o de
estar dentro de la órbita de la definición del modelo económico alemán,
lo que quiere decir que nos encontramos en este momento, y para los
próximos dos años y medio de su mandato, en el Parlamento Europeo con un
representante alemán. Quisiéramos saber si los países meridionales del
sur no dicen que debe haber algún factor de corrección, porque, si no,
habremos desplazado sobre Berlín el eje de la Unión Europea, incluso
superando a cualquier posible equilibrio; desde luego, parece ser que el
centro de gravedad político en este momento de la Unión Europea está
hacia aquel lado.

Pasando rápidamente nuestra preocupación a otros órdenes, quisiéramos
saber si la presencia de esta política que ha representado dentro de
Luxemburgo el señor Santer, la va a extender también --digamos-- a todo
el resto de la política económica de la Comunidad, porque, señor
Ministro, usted no ignora que Luxemburgo se ha caracterizado por ser el
país que más oposición ha tenido a la normalización fiscal, hasta tal
punto que ha vetado prácticamente que en los tratados de convergencia
europeos existiera esa normalización fiscal, tema que también ha
aplaudido Gran Bretaña. Quisiera saber, repito, si esto puede de alguna
manera motivar que la diplomacia española, o su Departamento, dentro del
Gobierno español, trate de buscar posiciones equilibradas en cuanto a la
política que pueda desarrollar el señor Santer, dado que este señor, a
fin de cuentas, va a representar un papel importante en la Conferencia
intergubernamental de 1996.

Pasando al segundo punto que usted nos ha dicho que se ha tratado en la
reunión de Nápoles, en la información que usted nos da, que es de eco o
repetición de la postura de los países europeos (aparte de la de Estados
Unidos, Canadá o Rusia que han estado en la reunión), preguntaría sobre
la postura española con relación a las cotizaciones de divisas, en este
caso del dólar; por qué no ha habido una presión europea mucho más fuerte
con referencia al dólar, ya que se ha dejado al señor Clinton
prácticamente en una posición que, a efectos de expansión económica en el
G-7 se tienen que haber frotado las manos los exportadores
norteamericanos, así de sencillo, lo cual va en detrimento de lo que
estábamos viendo en España en cuanto a una reactivación de nuestras
exportaciones, mejorando la balanza de pago con respecto al mercado del
área dólar en estos momentos.

En tercer lugar, y termino señora Presidenta, con relación al caso de
Yugoslavia que ustedes han tratado en la reunión del Consejo del 15 de
julio, quisiera preguntar al señor Ministro por lo siguiente. En caso de
que en el Parlamento de Pale hoy sea negativa la consideración del
acuerdo para aceptar el programa internacional impuesto en este momento,
¿cuál es la posición española con respecto al embargo de armas? Usted ha
dicho únicamente que aumentan las presiones a nivel norteamericano,
dentro del Senado de dicho país, porque el Congreso ya lo tenía decidido,
para levantar el embargo de armas a Bosnia. Si este pronunciamiento
negativo se produce, da la sensación de que tiene que dejar las manos
libres a los que presionan para que se levante el embargo de armas, pero
usted ha dicho algo que a mí me preocupa y que me hace secundar esta
postura de prudencia y preocupación que mantiene el Gobierno. Me refiero
a la concomitancia con la presencia allí de las fuerzas de Unprofor, ya
que el levantamiento del embargo de armas llevaría consigo la retirada de
las fuerzas de Unprofor. Esa decisión es de tal responsabilidad y de tal
envergadura, señor Ministro, que nosotros en este momento, sin saber qué
solución pueda tener el problema, le pedimos al Gobierno español que esa
postura de alta



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responsabilidad y sensatez, que compartimos, la mantenga ante la gravedad
del hecho.

No obstante, voy a hacerle una pregunta relacionada con esto. En la
comparecencia última del mes pasado ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del señor Ministro de Defensa se habló de una propuesta
española para mandar a Yugoslavia aviones F-18. Aquí hubo varios
portavoces que entramos en el debate para aconsejar al Gobierno prudencia
en este tema. Cuando usted dice que un levantamiento del embargo de armas
a Bosnia puede conllevar la retirada de las fuerzas de Unprofor, no sé
cuál es la postura española en este momento, anunciada el mes pasado, en
cuanto a esa posibilidad. Quiero que conste que este portavoz que habla
le hizo la reflexión al señor Ministro de Defensa de que nosotros
estábamos en contra del envío de F-18 por una serie de razones que allí
se explicitaron, tanto técnicas --operativas de estos propios aparatos--,
como políticas, para que España no se embarque en esto.

Dándole las gracias, señor Ministro, y sumándome a su primer voto, que ya
ha hecho extensivo la señora Presidenta, respecto a lo ocurrido esta
madrugada en Buenos Aires, nada más queda ofrecerle el apoyo a esta
política de prudencia, pedirle una intensificación de los intereses
españoles en el marco de la Unión Europea con el nuevo Presidente y darle
las gracias también por su comparecencia e información.




La señora PRESIDENTA: Aunque el señor Ministro, muy amablemente, ha
sugerido la posibilidad de contestar individualmente a cada uno de los
intervinientes, saben ustedes que tenemos otra comparecencia a las doce
de la mañana del señor Ministro de Economía. Por otra parte, entiende
esta Presidencia que quizás algunas de las preguntas o comentarios de los
intervinientes puedan resultar más o menos en la misma línea. Por tanto,
para ahorrar tiempo y, sobre todo, repeticiones que obligaríamos a hacer
al señor Ministro de Asuntos Exteriores, vamos a continuar dando la
palabra, primero, a todos los intervinientes, y luego hará una respuesta
común pero individualizada el señor Ministro de Asuntos Exteriores.

¿Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.)
Pasamos entonces al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia y
sus explicaciones.

Empiezo por sumarme a la condena de la señora Presidenta por el atentado
producido en Argentina esta pasada noche contra la comunidad judía en un
momento esperanzador y altamente delicado de las relaciones entre
palestinos, o árabes en general, y judíos.

Entrando ya en lo que es el tema de la comparecencia, a mi Grupo, señor
Ministro, le parece que la elección del señor Santer, más allá de las
cualidades personales y del currículum de este Presidente de Gobierno
luxemburgués, es un poco expresión de un mal momento, sobre todo en la
construcción política europea.

Probablemente, en esta tensión entre más mercado o más unión política,
quien ha salido reforzado de esta crisis evidenciada en Corfú, y que se
ha intentado resolver el pasado viernes en Bruselas, ha sido, una vez
más, el mercado en detrimento de la unión política; más cohesión
económica y menos cohesión social, menos camino en la unidad política.

Esta menor entidad del camino político en favor del camino económico
exclusivamente lo pone de manifiesto el hecho de que haya sido una
elección de una persona probablemente muy cualificada, pero del país más
pequeño de la Comunidad, por tanto, con menos capacidad de presión y
menos posibilidad de influir en determinadas líneas en esa dirección
política a la que me refería; una persona que, al parecer, está muy en la
órbita de lo que puede ser considerado como la hegemonía alemana. Esta
elección por exclusión no va a favorecer el impulso necesario, en este
momento de crecimiento del euroescepticismo, incluso del europesimismo,
no va a favorecer, repito, el necesario impulso de la construcción
política; de ahí nuestras reflexiones. Nos parece que tanto el señor
Lubbers como el señor Dehaene tienen un mayor currículum de compromiso
con la propia construcción europea que la que pueda tener el señor
Santer, en función, fundamentalmente, de la fuerza que cada cual va a
aportar a esta tensión que va a estar latente supongo que durante mucho
tiempo.

Todo esto puede significar también una pérdida de entidad, de peso
político de lo que es la Comisión, que, aunque insuficientemente, va a
ser lo único que va a poder controlar el Parlamento Europeo. Mientras que
probablemente de esta disminución de entidad de peso político de la
Comisión quien pueda salir reforzado va a ser el Consejo; por tanto,
menos controlado por el único órgano elegido democráticamente en la Unión
Europea, que como todos sabemos es el Parlamento Europeo.

No obstante, estas son reflexiones o ideas que nos sugiere la reciente
elección. Nos gustaría muchísimo equivocarnos y que el señor Santer fuera
un clarísimo impulsor de la cohesión, no sólo económica sino
fundamentalmente social y de la construcción política europea. Si así es,
nos alegraremos de nuestro error. En cualquier caso, todos los gobiernos
tienen unos días, meses incluso de estado de gracia en el que se le
pueden suponer como buenas todas las actitudes; nosotros también se lo
vamos a conceder. Pero, repito, estas reflexiones iniciales nos parecen
obviamente evidentes teniendo en cuenta tanto el trayecto seguido hasta
la elección del propio Santer, como la personalidad y el país que
representa; país que no nos olvidamos tampoco que es el mayor enemigo de
cualquier intento de regulación fiscal, como ha sido antes citado.

Pasando a los otros aspectos que usted ha mencionado, señor Ministro,
nosotros seguimos sin entender cuál es el marco institucional --y nos
gustaría que lo aclarase-- en que se mueve el G-7. Más allá del derecho
de determinados países a reunirse cuando les parezca conveniente, no
encontramos cuál es ese marco institucional que presta cobertura a ese
tipo de reunión de los siete grandes, desde el punto de vista económico
en el contexto mundial, en el que nosotros podemos estar indirectamente
representados, como una especie de convidado no sé si de piedra, por
parte en este caso del todavía Presidente de la Comisión Europea, señor
Delors. Que esa reunión del G-7 obedece a



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la existencia de países económicamente potentes de determinadas áreas
geoestratégicas o geoeconómicas del mundo es evidente, pero, repito, no
sabemos bajo qué paraguas institucional se produce ese tipo de reunión y
en qué paraguas se inserta, cuáles son las relaciones del G-7, si
existen, con la ONU, con CSCE, con la Unión Europea, etcétera. Me
gustaría que me pudiera dar alguna razón institucional de esa reunión del
llamado G-7.

La fuerza de los hechos, la evidencia es que está y que, además,
habitualmente decide y decide mucho. En esta ocasión parece que ha
decidido menos y que las actitudes que se han tomado han sido más
dubitativas. No se ha optado por salir en defensa estricta del dólar. No
seré yo quien pida que se defienda el dólar como moneda en el contexto
mundial, pero, en cualquier caso, también nos afecta por nuestras
exportaciones y por nuestras importaciones, aunque se trata de un tema
marginal.

Usted ha hecho referencia a la reflexión del G-7 sobre la necesidad de
disminuir la deuda de los países pobres --la absoluta mayoría de los
países del mundo--, esa deuda externa que les ahoga y que yo creo que es
evidente que es absolutamente impagable y que por muchos esfuerzos que se
pretendan hacer los países del Tercer Mundo no van a poder hacer frente a
ella. Podríamos entrar en muchos razonamientos sobre el origen de esa
deuda y podríamos discutir mucho cuál es la razón real, si tiene alguna
justificación defendible desde el punto de vista ético, moral o político.

Respecto a la situación en la ex Yugoslavia, nos parece que este acuerdo
que está sobre la mesa probablemente no es el mejor. Recuerdo que las
primeras manifestaciones del señor Owen y del señor Vance eran las que
planteaban un horizonte mucho más razonable para la solución del problema
de la ex Yugoslavia, con la no aceptación de la violación de fronteras
por la fuerza, de repartos étnicos, de limpiezas étnicas, etcétera. La
fuerza de los hechos ha obligado a que muchos de esos criterios entonces
intocables hayan ido modificándose y al final se llegue a este acuerdo
que está sobre la mesa, ese reparto del 51 por ciento para croatas y
bosnio-musulmanes y el 49 por ciento para serbios bosnios, con el
conflicto todavía no sólo de acceso al mar, sino el más importante, como
usted ha señalado, de La Krajinas y el de las relaciones territoriales y
demográficas actuales, sin respeto a las minorías de una u otra
nacionalidad. Ese va a ser el problema, supongo, más importante a
resolver. En cualquier caso, sea éste u otro, ojalá sea el último plan
que se presente para la solución de Yugoslavia, porque significará que se
parará este absolutamente irracional conflicto que tenemos a la puerta de
nuestra propia casa.

Referente a Ruanda, no sé qué decir. Yo creo que es una expresión de la
absoluta impotencia de la comunidad internacional. Nos deja a todos sin
palabras cuando cualquier ciudadano con los que uno puede tener relación
nos dice: Pero, ¿qué se hace con Ruanda? Uno se da la vuelta y no sabe
qué decir, simplemente se siente avergonzado de lo que está ocurriendo en
ese país. Esas cifras de muertos, de refugiados, de barbarie, etcétera,
están poniéndonos no solamente los pelos de punta, sino la vergüenza
propia y la ajena a flor de piel.

Volviendo atrás, al tema de Yugoslavia, comparto la posición del Gobierno
de no favorecer el levantamiento del embargo de armas, que nos da la
impresión de que iba a significar, con todo, un mayor nivel de conflicto
y, desde luego, no una solución positiva.

Acabo haciéndole una pregunta a título informativo. No sé si su
Departamento está interviniendo o no en el actualísimo conflicto pesquero
entre España y Francia con la pesca del bonito y con las situaciones que
se están produciendo que de alguna manera pueden ser también materia de
su competencia. Nos gustaría que nos dijera si ha participado en alguna
medida en la solución de este conflicto que conviene resolver lo antes
posible porque puede tener consecuencias todavía posiblemente
controlables, pero una vez disparado un cierto clic, muy difíciles y
lamentables.




La señora PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Arias-Salgado.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Ministro, muchas gracias por su
presencia hoy aquí y por la información detallada que nos ha suministrado
sobre el último Consejo Europeo. En nombre de mi Grupo Parlamentario, nos
sumamos también a la expresión de consternación por el atentado de ayer,
ocurrido en Argentina.

Con carácter general y empezando, señor Ministro, por las últimas
cuestiones que ha planteado, en relación con los problemas de Yugoslavia
y de Ruanda, va a encontrar siempre un apoyo en este Grupo Parlamentario
hacia las acciones del Gobierno tendentes a la búsqueda de soluciones
humanitarias y de paz.

Me permitiría únicamente una reflexión de tipo general, que es de alguna
manera la que deberían hacer valer países como España. El señor Ministro
sabe muy bien que en estos momentos va cediendo gradualmente el
sacrosanto principio de no intervención que ha inspirado el Derecho
Internacional clásico durante muchísimos años y que hoy se admite el
supuesto contrario por razones humanitarias, por razones de búsqueda de
la paz e incluso en determinadas circunstancias por razones estrictas de
seguridad.

No obstante, el problema que tenemos es que no se han sacado las
consecuencias de lo que supone el proceso de sustitución del principio de
no intervención, y se interviene sin proyecto, sin rumbo, sin autoridad,
en definitiva, sin proyección supranacional. Eso hace que el seguimiento
de los conflictos como el de Yugoslavia o el de Ruanda sea un seguimiento
de hechos concretos, a veces de una sucesión de hechos un tanto prolija,
que no siempre es fácil de seguir y en la que uno acaba por perderse como
consecuencia de la abundancia de la información, por una parte, o de la
existencia de otros acontecimientos en el panorama internacional, por
otra.

Desde otra perspectiva se plantea el tema de Ucrania. Creo que el
problema está encauzado y que por razones obvias es preciso encontrar una
solución al tema de Chernobil. Unicamente querría aquí poner de relieve
la posible



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contradicción en la que se puede encontrar el Gobierno español como
consecuencia de su distinta posición en relación con la construcción de
nuevas centrales nucleares; postura contraria en el territorio nacional
y, en cambio, en principio manifiestamente no contraria, aun cuando dadas
las explicaciones que se han suministrado hoy se deja una puerta abierta
al estudio de otras posibles soluciones, a la posible construcción de
centrales nucleares sustitutivas de los grupos de Chernobil.

En relación con el tema principal de esta comparecencia, que es el
Consejo Europeo y la sucesión de Jacques Delors al frente de la Comisión,
querría decir, en primer término, que mi Grupo Parlamentario, en
principio, se felicita moderadamente por lo que es la resolución de una
crisis. Es una autofelicitación, por así decirlo, moderada, y cabe
destacar desde esa perspectiva un cierto éxito en el inicio de la
presidencia alemana, al haber resuelto en tan breve plazo de tiempo una
sucesión no fácil. Expuesta la dimensión optimista de la cuestión, no
debe olvidarse, sin embargo, que la situación vivida ha sido la
consecuencia de la utilización de un veto; eso es lo importante sobre lo
que debemos reflexionar más que sobre el hecho mismo de haber resuelto,
finalmente, la sucesión.

La utilización de un veto en el Consejo Europeo se ha hecho por dos
razones que constituyen un auténtico precedente para lo que puede ser el
comportamiento de los distintos miembros de la Unión Europea de cara al
futuro, y más todavía en un momento en que se incorporan cuatro nuevos.

Lo que ha traslucido en las informaciones de los medios de comunicación,
informaciones directas e incluso suministradas por los propios
protagonistas, es que el señor Major, por una parte, estaba disconforme
con la imagen o con la trayectoria federalista y europeísta del candidato
Dehaene, que obtuvo once votos de los doce, y, por otra, que ha habido
--y el señor Major no ha dejado de afirmarlo así-- razones obvias de
política interior británica para la expresión de ese veto. Yo no quiero
valorar en estos momentos lo que es la actitud de otro jefe de Gobierno,
como es lógico, sino simplemente poner de relieve, a los efectos de
reflexiones presentes y futuras sobre la evolución de la construcción
europea, que se ha ejercido ese veto y que, al ejercerse, se han alegado
razones de doble índole: de una índole que podríamos decir estrictamente
europea y, también, de índole interna o nacional. Ese es un precedente
que en el proceso importante abierto en estos momentos de cara al
perfeccionamiento de la construcción europea y de cara a la Conferencia
intergubernamental no deja de ser algo verdaderamente significativo.

Dicho esto, señor Ministro, ya no tenemos mucha información para opinar
sobre lo que puede suponer el nombramiento del señor Santer. Se ha
conocido su currículum vitae, el señor Ministro ha suministrado alguna
información, y lo único que podemos hacer es abrir un compás de espera y
razonablemente tratar de encontrar la significación más objetiva posible
de ese nombramiento. Yo la resumiría en tres rasgos, también más a título
de reflexión que de interrogante, aunque sí esperaría algún comentario
del señor Ministro sobre algún aspecto concreto. Yo creo --y se ha dicho
aquí-- que, en primer lugar, es un nombramiento que refleja una cierta
situación de crisis en la construcción europea. La elección de una
personalidad aparentemente indefinida o, por decirlo de otra manera, de
una personalidad no fuerte en lo que es el proceso de construcción
europea en la última década tiene una significación objetiva, es la
expresión de esa situación de crisis de la que tanto se habla en la
construcción europea.

En segundo lugar --y aquí sí ha habido un pronunciamiento expreso del
señor González--, es un nombramiento que podría reflejar --la expresión
fue dada en términos condicionales-- un cierto reequilibrio institucional
en el sentido de iniciar la retirada o una cierta retirada en el
protagonismo de la Comisión en beneficio de un mayor protagonismo del
Consejo Europeo o del Consejo de Ministros en su caso. Esta fue una de
las interpretaciones que públicamente, creo haberla leído en los medios
de comunicación, hizo el señor González. Creo que este tipo de
interpretaciones sí deberían ser objeto de explicación en estas
intervenciones del Gobierno para dar cuenta de la celebración de los
consejos europeos y no hacer, como se hace frecuentemente, una
información tan absolutamente aséptica. Dentro de las limitaciones del
lenguaje que obviamente se tienen, sin embargo cabe hacer
interpretaciones y análisis desde la perspectiva española, que por otra
parte no dejan de hacerse en las ruedas de prensa ante la presión de los
periodistas.

En tercer lugar, diría que éste es un nombramiento que, sin embargo, por
sus propias características, puede ser útil a la construcción europea
para encauzar lo que han de ser necesariamente el debate y los trabajos
hacia la Conferencia intergubernamental de 1996. Por la trayectoria del
señor Santer cabe esperar de él esa capacidad, mínima en todo caso, de
ordenación de los trabajos hacia la Conferencia intergubernamental, en la
que habrán de resolverse algunas de las mayores incógnitas que en estos
momentos tiene la construcción europea.

Señor Ministro, yo querría terminar diciéndole simplemente que en el
Consejo de Asuntos Generales celebrado a principios de esta semana (ayer
y en parte en el día de hoy) hay para España temas más importantes que
los tratados en el Consejo Europeo del viernes. De alguna manera, con las
nuevas competencias de la Comisión, habremos de hacer un seguimiento de
los consejos de ministros europeos y, en particular, de los consejos de
Asuntos Generales. Hay ya un documento de la Comisión, de directrices,
pasado al Consejo de Ministros sobre la estrategia a seguir para las
nuevas ampliaciones de la Unión Europea. Indudablemente éste va a ser un
proceso largo, pero por las informaciones que se han filtrado sabemos que
se trata de un documento amplio, con muchos anejos en relación con los
distintos sectores productivos y con las repercusiones que podría empezar
a tener en el conjunto de las políticas comunitarias actualmente en
curso. Asimismo hay un documento sobre lo que a mi juicio también es muy
importante para España y para el sur de la Unión Europea, que es todo lo
que afecta a la cuenca del Mediterráneo occidental y, más en particular,
al norte de Africa. Si los temas de Ruanda, de Ucrania o de Yugoslavia
merecen tratamiento,



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lo que está ocurriendo en Argelia no es precisamente un problema menor.

Aun cuando, si se quiere --y hay que decirlo a veces con palabras
crueles--, el número de víctimas no alcanza obviamente al del genocidio
que se está produciendo en Ruanda, no es menos cierto que la situación en
Argelia puede desestabilizar toda una parte del norte de Africa y de ahí
puede seguir una situación tan dramática o más si cabe que la que está
ocurriendo en estos momentos en Ruanda.

Desde esa perspectiva, señor Ministro, yo creo que deberíamos también
encontrar mecanismos para dar prioridad en estas comparecencias y en el
seguimiento de la política comunitaria del Gobierno a las cuestiones que
forman parte del interés principal de los ciudadanos españoles.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA COSTA: En primer lugar, permítanme también sumarme a la
condena por el atentado ocurrido en Argentina y que es especialmente
doloroso para nuestro Grupo, que históricamente ha hecho esfuerzos
importantes para la convivencia de estas dos comunidades.

Dicho esto, me voy a centrar en el tema objeto de la comparecencia, que a
lo mejor no es el más importante para nuestro país, pero sí es el más
reciente de la agenda europea y de las reuniones que se celebran en la
Unión Europea y, por tanto, el que es objeto en estos momentos de examen
en esta comparecencia. Quisiera manifestar mi satisfacción por la
información que nos ha sido suministrada, que es una información muy
reciente, por lo tanto una información que se produce satisfactoriamente
en el tiempo, y que además tiene un contenido también importante para la
construcción europea y para la evolución de los problemas que Europa
tiene en estos momentos.

Me voy a referir en primer lugar, intentando seguir el orden cronológico
que ha mantenido el señor Ministro en su comparecencia, al nombramiento
del sustituto del Presidente de la Comisión Europea. Quisiera mostrar la
satisfacción de nuestro Grupo por la salida del impasse que se había
producido por el veto británico en el Consejo Europeo de Corfú. Creo que
ésta es la valoración más importante que se puede hacer. Cualquier
solución es mejor que el vacío, que la incapacidad de dar continuidad a
la Presidencia de la Comisión Europea, creando por lo tanto una cierta
inestabilidad en las instituciones europeas. Creo que esa situación se ha
superado con gran satisfacción y en un tiempo récord y, por qué no
decirlo, con un cierto éxito por parte de la diplomacia alemana que ha
encontrado a la persona que ha conseguido el consenso de los Doce y que
era fundamental porque en estos momentos no había otra fórmula de
elección. Esto permite, evidentemente, la comparecencia del candidato a
presidir la Comisión ante el Parlamento Europeo en la fecha prevista,
concretamente --me parece--, el 21 del presente mes, en una primera
comparecencia, y, por tanto, un normal funcionamiento de las
instituciones europeas en este marco.

Es verdad que el veto británico producido en el Consejo de Corfú ha
dejado huellas yo diría que en las personas y en los países de la
Comunidad. Nuestro deseo es el de que estas huellas, a las que ha hecho
referencia el señor Ministro, no sean excesivamente profundas, sean
superables en el trabajo diario de los Doce, en el que tienen que abordar
numerosos problemas. Yo diría que el propio trabajo del día a día irá
restaurando estas huellas. Nos llama la atención la propuesta del
Presidente francés, señor Mitterrand, respecto al apunte que hizo sobre
el nombramiento del Presidente de la Comisión y que creo que España,
especialmente, debe tomar en consideración, dado que la Conferencia
intergubernamental de 1996 será coordinada por nuestro país y apunta en
una dirección que, como mínimo, es una dirección sugerente para el
nombramiento de Presidente de la Comisión y de los comisarios europeos.

Con estas breves palabras termino la valoración sobre la sustitución del
señor Delors, insisto, mostrando la satisfacción porque se haya llegado
el consenso de los Doce en esta sustitución, y sin entrar en las
valoraciones personales que se han hecho de una manera prolija, diría yo,
tanto en los medios de comunicación como en los medios políticos; en
cualquier caso, insistiendo en que el nombramiento de un nuevo candidato
a Presidente, que tiene todavía que pasar por el trámite parlamentario,
es mejor que la inestabilidad que provocaba que no hubiera una solución a
este problema.

En segundo lugar, sobre la reunión del Grupo G-7 me gustaría señalar algo
que creo de vital importancia y que está relacionado muy directamente con
la situación económica que vivimos en nuestro país. La comunidad
internacional se está esforzando en emitir y generar un mensaje de
confianza hacia los agentes económicos. Yo diría que esto, de alguna
manera, significa un compendio de todos los esfuerzos que están
intentando los responsables internacionales respecto a la economía
internacional, naturalmente, y que tiene su reflejo en el esfuerzo que
está haciendo nuestro Gobierno para generar también la confianza que
ayude a que la situación de crecimiento económico que ya se está
produciendo tenga lugar con mayor vigor. Creo que deberíamos hacer una
llamada aquí también, desde esta Comisión, a la responsabilidad de todos
los agentes económicos para que sean conscientes de que el problema de
generar confianza política respecto a la economía no es un problema de un
Gobierno o de un partido, es un problema del conjunto de la comunidad, la
comunidad que forman las naciones o los estados, y que implica, por
tanto, a todos sus agentes; que éste no es un bien partidista, que es un
bien general de todos los ciudadanos, a quienes afecta verdaderamente la
destrucción de esta confianza.

Me llama la atención --aunque esté de moda y en el orden del día-- que el
Grupo G-7 se preocupe especialmente no sólo por el crecimiento económico
sino también por las reformas estructurales del mercado de trabajo que
permitan, a la vez que crecimiento económico, creación de empleo. Y me
llama doblemente la atención porque en nuestro país, en España, se están
produciendo las dos cosas a la vez, después de haber afrontado, yo diría
que con rigor y profundidad, algunas reformas estructurales de gran



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calado, tanto para el momento presente como para el futuro de nuestra
economía y, sobre todo, del empleo en nuestro país, que es el objetivo
que se ha fijado el Gobierno para esta legislatura. Por tanto,
básicamente debo señalar la coincidencia en la valoración y en los
objetivos de la política nacional española, de la política europea a
través del Libro Blanco de crecimiento, competitividad y empleo, y, como
no podía ser de otra manera, por otra parte, del dictamen o de la
declaración del Grupo G-7.

También quiero señalar, dentro de las políticas de este Grupo y quizás en
el orden de los aniversarios, la necesidad de seguir profundizando en los
acuerdos para el comercio internacional, si bien creo que no es el
momento adecuado hasta que se produzca la entrada en vigor del tratado
mundial que se termina de firmar y, por tanto, sería desacompasado en el
tiempo iniciar ahora una nueva ronda de conversaciones sin que haya
entrado en vigor todavía el acuerdo de La Ronda Uruguay recientemente
firmado. En consecuencia, debo manifestar mi satisfacción por el mensaje
de confianza que generan todas las instancias internacionales, mi
satisfacción también por la coincidencia de la política europea y de la
política internacional del Gobierno español respecto a estas importantes
materias. Asimismo hacemos una llamada a todos aquellos agentes políticos
y económicos que puedan ayudar a generar esta confianza para hacer que el
crecimiento económico pueda producirse en el tiempo más corto posible y
que por tanto pueda darse una mayor eficacia de cara al mayor bienestar
también de todos los ciudadanos.

Respecto a Ucrania, quisiera señalar algunas cuestiones que han sido
apuntadas aquí por algún grupo y de las que quisiera dejar constancia. Es
verdad que en España nos hemos dado una moratoria nuclear y es verdad
también que existe un grave problema derivado de la central de Chernobil,
que está funcionando con dos reactores, cuyo mantenimiento es un peligro,
y, por tanto, la comunidad internacional debe ser sensible a este peligro
y debe participar en su solución, pero nosotros plantearíamos si no sería
posible, además de racionalizar el consumo de energía en este país, que
no es el normal en relación a su producto interior bruto, utilizar otras
alternativas que no fueran necesariamente las de la energía nuclear. En
cualquier caso, insistimos en que lo que existe es más peligroso que lo
que pueda venir y en que la comunidad internacional debe participar en la
solución de este problema en un país que está, como otros, haciendo un
gran esfuerzo por dotarse de estabilidad política y económica.

También recibimos con satisfacción las modificaciones que se han
producido en el G-7. Es importante que se incorpore Rusia, por todo lo
que representa, y el esquema de funcionamiento de que se han dotado,
grupo político y grupo económico por otra parte, puede ayudar a que
exista la participación de países que tienen un peso político en el mundo
y, por tanto, a que se dé una salida correcta a la nueva situación que
vive la comunidad internacional y que es muy distinta a aquella que había
cuando se formó el G-7, por ejemplo.

También deseo mostrar mi satisfacción y pedir si se podría ampliar la
información sobre la reducción de la deuda en los países del Tercer
Mundo. Es un tema del máximo interés desde nuestra perspectiva ideológica
y política y también desde el papel de España en el mundo. Creo que --ya
lo ha dicho algún portavoz-- esta deuda resulta impagable para muchos de
los países que la han contraído, y las condiciones, tanto humanitarias
como económicas, por las que pasan algunos de estos países requieren de
acciones fuertes para ayudar a que salgan de esta situación.

Respecto de Yugoslavia, la propuesta del Grupo de Contacto yo creo que
tiene elementos muy positivos, y así está siendo considerada, pero
existen una serie de problemas subyacentes que no entiendo muy bien, y me
van a perdonar mi falta de capacidad de comprensión, cómo se pueden
solucionar una vez que los Parlamentos de los distintos grupos en
conflicto se han manifestado al respecto. Son las informaciones que nos
ha dado el señor Ministro respecto a la posible apertura de un corredor,
el corredor del norte, los temas institucionales y el acceso al mar
básicamente. Si los Parlamentos de los distintos grupos en conflicto se
manifiestan, y alguno se manifiesta en sentido contrario, lo que no es de
descartar, no entiendo muy bien la continuidad de la propuesta del Grupo
de Contacto en el futuro. Seguramente existe ya alguna salida, pero no la
he terminado de comprender. Creo que sería bueno poder escenificar cuál
sería el desarrollo, a partir de esta propuesta y de las reacciones a la
misma, y cuál sería la salida, si sería la salida del contacto entre
Tudjman y Milosevic, que sería una propuesta aparentemente viable, su
hubiera un acuerdo entre estas dos partes en conflicto, yo diría las dos
partes más importantes en conflicto. En cualquier caso, deseo mostrar la
preocupación ante una presión internacional como la que se está
produciendo, y muy especialmente por las diferencias que existen entre
países que tienen una gran influencia sobre el área, como son Rusia y
Estados Unidos, las diferencias contrapuestas entre los Gobiernos y sus
Parlamentos o sus órganos representativos, cuyas posturas, si no tengo
mal entendido, no son en absoluto coincidentes; el Parlamento ruso
estaría más por ayudar a una salida más próxima a la que propugnan los
serbios, mientras que el Parlamento de Estados Unidos, estarían más cerca
de una postura de levantamiento del embargo de armas en Bosnia. Por lo
tanto, son difícilmente casables esas divergencias entre las dos
potencias que tienen una gran influencia sobre el área en conflicto,
junto con la Unión Europea.

Respecto de Ruanda, quiero hacer un comentario muy breve, como ser humano
y como político. Como ser humano, me llena de horror comprobar que esas
cosas pueden pasar en el mundo de hoy; como político, tengo que mostrar
mi frustración porque la comunidad internacional no sepa dar una
respuesta rápida a ese tipo de conflictos que de verdad producen un
verdadero horror y que, como no los vivimos en la acera de al lado, nos
parece que son conflictos de otro mundo, y son conflictos de este mundo,
que existen y la comunidad internacional debería ser capaz de abordarlos
con fuerza.

Es cierto el esfuerzo que en esta materia ha hecho la Unión Europea,
dentro del cual España está haciendo un aportación importante, pero
parece que, si se hubieran



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desarrollado todas las potencialidades que existen hoy en intendencia de
transporte, en capacidad para prevenir esos conflictos, actuando si se
producen, no se hubiera dado esta situación que vivimos hoy y que ya es,
en gran parte, irreversible.




La señora PRESIDENTA: Para contestar a los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTO EXTERIORES (Solana Madariaga): Trataré de
contestar a las preguntas que han formulado los grupos parlamentarios y
también de hacer algunas reflexiones al hilo de las sugerencias o de las
propias reflexiones que los portavoces han realizado.

Al representante del Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones, quien no
está en este momento en la sala, le contestaré cuando regrese.

Al representante de Izquierda Unida, al Diputado señor Vázquez, le
quisiera decir lo siguiente. Ciertamente, su reflexión inicial tiene unos
ciertos tonos pesimistas acerca del momento por el que atraviesa la Unión
Europea, porque yo creo que no conduce a nada tampoco ser un optimista
ingenuo; sin duda, estamos atravesando por un momento de una cierta
dificultad --yo no quisiera dramatizar tampoco los tonos-- que se pone de
manifiesto, sin ningún género de dudas, en la forma en que la sucesión
del presidente Delors se ha realizado, pero tampoco merece la pena el
aislar este acontecimiento.

Permítanme que eche la moviola un poquito hacia atrás y pongámonos diez
años antes, en el momento en que el Presidente Delors fue elegido. Si
recuerdan lo que aconteció cuando fue elegido el Presidente Delors no fue
muy distinto de lo que ha acontecido ahora. El candidato para asumir la
Presidencia no era el señor Delors, que luego ha sido un magnífico
Presidente, como todo el mundo reconoce hoy; había otro, que era el que
encontraba el mayor consenso, y fue también Gran Bretaña la que impidió
que ese candidato, que era el que entonces se pensaba que era el mejor,
fuera elegido. El propio Presidente Delors, no hace muchos días, me decía
algo que creo que merece la pena recordar. El nombramiento del señor
Delors como Presidente de la Comisión ocupó en los periódicos europeos
escasamente tres líneas en páginas más allá de la catorce; el fracaso en
la sucesión del Presidente Delors ha sido primera página de todos los
periódicos del mundo. Algo ha acontecido en estos diez años, entiendo que
positivo para el peso de la Unión Europea en el mundo, para el
significado que tiene la construcción europea en el mundo. De todas
maneras, nos hubiera gustado más, sin duda alguna, que la sucesión del
Presidente Delors se hubiera realizado de una manera más suave, más
fácil, pero estamos viviendo una situación en la Unión Europea que, como
S. S. ha dicho, atraviesa algunas dificultades, y al hilo de estas
dificultades haré algunas reflexiones contestando a los demás
intervinientes.

Ahora bien, no creo que la elección del primer ministro luxemburgués para
sustituir a Jacques Delors signifique que haya una dicotomía. No entiendo
que exista una dicotomía en este momento entre mercado y política en la
Unión Europea. Pienso que la dicotomía que hay en la Unión Europea es más
zona de libre cambio versus unos elementos o un edificio que tenga unos
ingredientes de mayor unión política, pero no que la dicotomía sea entre
mercado y unión política. ¿Ganan los primeros o ganan los segundos? Creo
que ni ganan los primeros ni los segundos. Seguimos caminando en la
dirección fundamental que está definida en el Tratado de la Unión. Creo
que el objetivo fundamental que esta Presidencia debe tener es llevar a
buen puerto todas las potencialidades que el Tratado de la Unión tiene,
ni más ni menos; sacar y poner en valor todas las potencialidades que el
Tratado de la Unión tiene, que son muchas, y que sin duda van a dar pie a
que de aquí a la conferencia intergubernamental de 1996 se pongan en
marcha y que en 1996 podamos hacer una pausa y reflexionar sobre qué
modificaciones deben producirse para un mayor despliegue de las
potencialidades que el Tratado de la Unión tiene.

¿El ser el Presidente de la Comisión futura miembro de un país pequeño
significa que va a tener menos capacidad de influir? Creo que no y, si a
sensu contrario fuera que el presidente de un país grande tuviera más
capacidad de influir, estaríamos en una situación no deseable, porque no
sería deseable que el Presidente de la Comisión tuviera mayor o menor
peso en esa institución tan importante por surgir de un país más grande o
más pequeño, o por ser de una ideología o de otra. La Comisión es una
institución; la Presidencia de la Comisión está ocupada por una persona
importante de esa institución y no debiera estar relacionada su
influencia, su peso, su capacidad, a que surgiera de un país de tantos
habitantes o de un país que tuviera tres o cuatro veces más habitantes
que ése. Sería un planteamiento a mi juicio equivocado. Por tanto, ¿tiene
una pérdida de peso la Comisión por ser el Presidente elegido, y
esperemos que ratificado dentro de unos días, originariamente de un país
más pequeño? Creo que no. Insisto una vez más en que no sería un buen
procedimiento o una buena forma de actuar el que el peso estuviera
relacionado con el tamaño o la dimensión del país en el que se produce la
elección.

Sobre el marco institucional del G-7 tengo que decirle que no existe. El
G-7 es una reunión de países que hace algunos años significaban más del
50 por ciento de la producción mundial y que, conforme el tiempo pasa,
van representando cada vez un porcentaje menor de la misma. Pero sin duda
son países importantes en el ámbito internacional y se reúnen, como le he
dicho --y quiero hacer hincapié en ello--, con carácter informal, para
debatir los problemas que entienden que son más importantes desde el
punto de vista de la cooperación internacional. Inicialmente los temas
eran estrictamente de carácter económico, de coordinación de políticas
económicas. Hoy, a mi juicio afortunadamente, con la incorporación al G-7
de Yeltsin y convertirlo al menos políticamente en un G-8, se puede
empezar a hablar y de hecho así se hace con más insistencia y la mitad
del tiempo se dedica a temas de carácter político; temas de carácter
político cuyo debate no tiene una implementación inmediata. Son
sugerencias,



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recomendaciones, conclusiones que las instancias internacionales
pertinentes tienen que llevar a la práctica, si así lo estiman oportuno,
pero no tiene sentido institucional alguno.

No les he dicho en la primera intervención que, a mi juicio, uno de los
temas que me gustaría resaltar --repito que no lo hice en la primera
intervención--, sobre algunas de las reflexiones del G-7, tiene que ver
con la Conferencia de la Población de El Cairo. Creo que esta Conferencia
va a tener un gran debate porque los temas relativos a la demografía son
enormemente sensibles. La posición del Grupo de los Siete me pareció que
fue positiva para que en la Conferencia de El Cairo se tomen las
decisiones que a nuestro juicio se deben tomar en relación con la
demografía mundial. Comprendo que son temas de enorme delicadeza. Ha
habido llamamientos de instancias internacionales haciendo reflexiones
sobre el sentido que debe tener la Conferencia de la Población de El
Cairo, distintas de las del G-7, pero me parece que ese debate es
importante en este momento del desarrollo internacional. Les daré un dato
del que me parece que a veces no nos damos cuenta. Para enmarcar el
sentido que tiene la Conferencia de la Población les diré algo que saben
sus señorías, pero permítanme que lo exponga de esta manera. Cada diez
años el crecimiento de la población mundial equivale a China. Lo expongo
de esta manera porque me parece que es más plástica y más gráfica que dar
una cifra desnuda. La población mundial cada diez años crece como si una
nueva China se incorporara al mundo. Creo que estas reflexiones nos
tienen que hacer pensar en cómo somos capaces de organizar mejor nuestra
convivencia para dar cabida a esta situación demográfica que trae consigo
consecuencias extraordinarias de índole política, de índole humanitaria,
de todo tipo.

Respecto a Yugoslavia, creo que su señoría en el fondo está de acuerdo
con la posición que estamos adoptando, de acuerdo con la posición que
está tomando el Grupo de Contacto que tiene, como les decía
anteriormente, un elemento positivo, que es que por primera vez se
coordinan los esfuerzos no solamente de la Unión Europea, sino también de
Rusia y de Estados Unidos de América. Sin duda plantea una mayor
complejidad porque hay que poner en común diferentes posiciones, como
antes he afirmado, pero también es mejor que esos países estén
coordinados no solamente en el ámbito de Naciones Unidas, también fuera
de Naciones Unidas, para conseguir encontrar lo que todos deseamos, que
es una paz duradera en los Balcanes.

Sobre Ruanda no le diré mucho más de lo que he dicho. Hablar de Ruanda,
cuanto menos mejor y cuanto más hagamos mejor, porque a veces hay que ser
más austeros en las palabras y menos austeros en los actos. Cuando se
habla de ayuda humanitaria a veces se hace al revés: se es menos austero
en las palabras y se es menos eficaz en las acciones. Quiero recordar una
vez más (antes daba la cifra en ecus, 50 millones de ecus al mes) que eso
representa aproximadamente 7.500 millones de pesetas al mes y
aproximadamente también 24.000 toneladas de ayuda humanitaria al mes, las
que se necesitan. Es decir, que sólo estas dos cifras nos tienen que
volver a dar ese aldabonazo en nuestra conciencia colectiva, y no sólo en
nuestra conciencia colectiva sino también en nuestra conciencia
individual.

Me pedía las informaciones que yo pudiera tener sobre el conflicto
pesquero que hemos tenido en estas últimas horas. Diré las cuestiones que
me parecen más relevantes no desde el ámbito del Ministro de Agricultura
y Pesca, que es quien tiene la competencia, pero sí desde el ámbito de la
responsabilidad que yo tengo en este momento. Una de las razones por las
cuales puedo estar hoy bajo de tono es que me he acostado muy tarde; he
vuelto de Bruselas y he estado hasta últimas horas tratando de que el
problema no tuviera una dimensión mayor de la que todos deseamos que
tenga. Les diré lo siguiente. En primer lugar, como he tenido ocasión de
decir y ha dicho el Ministro de Agricultura, a los pescadores españoles
les asiste la razón en el tema de fondo. Lo que tenemos que hacer entre
todos es mantener la cabeza fría para que esa razón que tenemos de fondo
no quede disminuida porque la percepción de otros países no sea
comprendida. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir con ello que me
parece que es muy importante que los que estamos haciendo un esfuerzo
para que la normativa internacional y la normativa europea se cumplan
tenemos también que cumplir las normas, y ahora lo que nos queda --no sé
en esta hora qué es lo que estará sucediendo-- es que hemos adquirido el
compromiso de devolver el barco francés que está en este momento rodeado
de un buen número de barcos españoles. Nos comprometimos ayer a así
hacerlo, y yo creo que es en beneficio de la defensa de los intereses de
España aquí ahora y en el futuro. No nos olvidemos de que los pescadores
españoles tienen que pescar donde están pescando ahora, pero tienen que
pescar también en zonas más al norte, en aguas de Canadá, y lo que nos
interesa es que tengamos la capacidad de exigir que se cumplan las
normas, siendo los primeros en cumplirlas. Eso es lo que me parece
importante.

Los acuerdos que ayer se alcanzaron son desde nuestro punto de vista muy
positivos. ¿Qué cambian respecto a lo anterior? Primero, cambia
fundamentalmente que los inspectores de la Unión Europear van a tener
unas capacidades que antes no tenían: van a ir embarcados en las
patrulleras españolas y francesas y van a tener capacidad de inspección.

Antes, como SS. SS. saben, tenían estrictamente una capacidad de
observación. Hoy van a tener una capacidad de inspección; y los
inspectores de la Unión Europea llegaron en la madrugada de hoy a Galicia
y se embarcaron para poder ya tomar las primeras medidas a las que les
capacita la Comunidad Europea. Segundo, los barcos franceses, como SS.

SS. saben --se acordó ayer, una vez más-- no estarán autorizados a pescar
ni a llevar a bordo redes de enmalle a la deriva con una longitud total
superior a los dos kilómetros y medio. Esta es la segunda cuestión, es el
segundo compromiso que ayer se alcanzó, y el tercer compromiso tiene que
ver con «La Gabrielle», con el barco francés que nos comprometimos a que
fuera entregado por las autoridades españolas a las autoridades
francesas. Estos son los tres compromisos que se alcanzaron ayer. Vuelvo
a insistir en que a España y a sus pescadores en el tema de fondo les
asiste la razón, y lo que tendremos que hacer es, con esa razón que nos
asiste, exigir que las



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normas que da la Unión Europea se cumplan, pues la Unión Europea es la
que ha de tener la responsabilidad y, aparte de dictar normas, hacerlas
cumplir.

A la intervención del Diputado señor Mardones --vuelvo un momento hacia
atrás-- contesto lo siguiente. Es verdad que carece de procedimiento
normativo. Es la primera vez que la elección del Presidente de la
Comisión se realiza con el nuevo tratado en vigor y ciertamente pueden
existir algunas lagunas. Este acontecimiento de Corfú nos puede dar
algunas líneas de por dónde se podrían llenar esas lagunas. Pondré un
ejemplo de algunas lagunas que llenamos ayer. Ayer se eligió al
Secretario del Consejo de Ministros por un mecanismo yo creo que eficaz.

No sé si será el que luego pongamos en marcha, pero nos pusimos de
acuerdo los doce ministros en este caso en una fórmula de elección del
Secretario del Consejo. Decidimos que entre todos los candidatos que
había --en este caso había dos, uno belga y otro alemán-- se hiciera una
votación, como eran personas, en papeleta secreta, con el compromiso de
todos de aceptar al candidato que tuviera más votos y sin que se hiciera
público el número de votos que tuvo cada quien ni el resultado de quien
había votado a cada quien. Es un ensayo que no sé si puede dar luego pie
a que se utilice en otras ocasiones, pero, como S. S. podrá comprender,
hay fórmulas que pueden superar esa dificultad de los vetos y que pueden
también ayudar a que cuando se realiza una votación sobre personas se
dañe lo menos posible a las implicadas.

¿Se trató de la futura Comisión? No. Ni se trató ni se debe tratar. Los
nombramientos de los miembros de la Comisión, de los comisarios
nacionales, son prerrogativas de los gobiernos. Los gobiernos son los que
nombran a los comisarios próximos de la futura comisión. Por otro lado,
los cargos internos de la Comisión son competencia de la propia Comisión;
es decir, las vicepresidencias, las carteras, etcétera. En el caso de las
carteras se suele hacer de común acuerdo entre los Estados y los
comisarios y en el caso de la elección en el seno de la Comisión se hace
por los propios comisarios. Vuelvo a insistir en que es un colegio de
comisarios. Cuando el Parlamento Europeo plantea el análisis por
separado, la sesión de control para la elección de comisarios, de cada
uno de los comisarios autónomamente, la respuesta que el Consejo y la
Comisión actual están dando es que los comisarios no son nada sin el
colegio de comisarios. Los comisarios forman un colegio y, por tanto, el
voto se debe dar al conjunto del colegio. Esta es otra reflexión que
quería hacer.

En cuanto a si la política económica de la Unión Europea, a partir de
este momento, va a ser la de Luxemburgo, yo creo que no. La política
económica de la Unión Europea la definen los Estados en el Consejo de
Asuntos Generales, en el Ecofin, de acuerdo con las competencias que el
Tratado da. Lo que le puedo decir es que Luxemburgo sí tiene una política
económica propia, una política económica que ha creado algunos problemas
sobre todo a la libre circulación de capitales. Como S. S. sabe y conoce
bien, en este momento, con la Presidencia alemana vamos a tener un
problema de armonización de circulación de capitales, porque el Tribunal
Constitucional alemán ha dictado una sentencia sobre la fiscalidad de los
capitales que tiene que cumplir Alemania, al poner retenciones también en
las rentas de capital, de acuerdo con dicha sentencia. Alemania piensa
que eso le puede producir algunos problemas de fuga de capitales hacia
Luxemburgo, que tiene una situación mejor desde el punto de vista de las
rentas de capital. Ese será un debate interesante durante la Presidencia
alemana, en el ámbito del Ecofin, porque el problema de la circulación de
capitales va adquiriendo cada vez mayor envergadura, hasta el punto de
que, como decía S. S., en la Cumbre del G-7 ha sido uno de los temas
tratados, pero no se ha podido tratar hacia fuera todo lo que tiene que
ver con la libre circulación de capitales. Sin duda alguna los gobiernos
están hoy más desarmados, en cuanto a la defensa de sus monedas, de lo
que lo estaban antes por los mecanismos de libre circulación de
capitales. Al inicio de este proceso, hace año y medio o dos, veíamos
cómo la libra fue incapaz de aguantar, cómo la lira fue incapaz de
aguantar, las presiones sobre el franco francés o sobre la peseta
española. Pero en estas últimas semanas estamos viendo cómo el dólar
americano tampoco está pudiendo aguantar por mucho que desde los bancos
centrales se le trate de ayudar. Por tanto, hasta cierto punto los
gobiernos están más inermes frente a lo que damos en llamar las presiones
del mercado para defender sus monedas. Eso es así y está ligado a la
libre circulación de capitales, decisión que se tomó hace algunos años.

Quizá no esté muy lejos el momento en que haya que hacer algunas
reflexiones sobre estas cuestiones. En la Unión Europea, durante la
Presidencia alemana, se van a tener que hacer y quizá no estaría de más
hacerlas en ámbitos más amplios de la comunidad internacional.

Respecto a Yugoslavia, S. S. me pregunta que si el Parlamento de Pale se
pronuncia negativamente habrá un levantamiento del embargo de armas sobre
Bosnia. Es una decisión que, como S. S. sabe, debe tomar el Consejo de
Seguridad. El embargo está aprobado por una resolución del Consejo de
Seguridad y, por tanto, difícilmente se puede hacer de otra manera. ¿Cuál
es el riesgo? El riesgo es que la presión del Parlamento americano fuerce
al Gobierno a tomar una decisión por la que se levante unilateralmente el
embargo. Yo no creo que, en este momento, ningún gobierno pueda levantar
unilateralmente el embargo dictado por Naciones Unidas. Si fuera así,
entraríamos en una crisis sin precedentes en relación con los embargos
que existen. Piense que en este momento Naciones Unidas no sólo tiene
embargo de armas sobre Bosnia; tiene embargos de toda naturaleza sobre un
buen número de países. Imagínese S. S. lo que sería que unilateralmente
ahora las sanciones de Naciones Unidas se pudieran romper por un país,
por poderoso que éste fuera.

Su señoría me pregunta sobre los F-18 españoles que, como S. S. sabe,
podían tener una opción doble. La primera, colaborar en el mantenimiento
de la zona de exclusión de vuelos sobre Bosnia --yo creo que en este
momento no debe ser necesario-- y la segunda, ayudar al mantenimiento de
las zonas de exclusión sobre el terreno. ¿Será necesario utilizarlo en el
futuro? Me cuesta mucho afirmarlo o tomar posición en este momento. Vamos
a



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esperar a cómo se desarrollan los acontecimientos, porque S. S. sabe que
una de las medidas de presión sobre los serbios sería aumentar las zonas
de exclusión sobre el terreno y, por tanto, si hay que defenderlas, es
posible que sean necesarias actuaciones como las que tuvieron lugar en
los casos de Sarajevo y de Gorazde en relación con violaciones de las
zonas de exclusión que requirieron actuación militar aérea por parte de
la Alianza Atlántica. No se lo podría decir en este momento porque
desgraciadamente no conozco cuál va a ser el desarrollo de los
acontecimientos. Esperemos que el desarrollo de los acontecimientos sea
positivo y ninguna de estas cuestiones sean necesarias.

Al representante del Grupo Popular, don Rafael Arias-Salgado, le
agradezco la primera parte de su intervención. Sobre Yugoslavia y Ruanda
yo creo que no debe haber ninguna diferencia entre los distintos grupos
parlamentarios. Estamos en una operación de ayuda humanitaria. El dolor
que a todos nos produce es no tener recursos mayores para poderlos poner
al servicio de estas causas de solidaridad internacional en el mundo. Es
verdad que el principio de no intervención como principio básico
histórico está quebrándose y que tenemos que ser capaces de dar contenido
a esa quiebra, de manera tal que no sea una quiebra sin rumbo, sin norte,
sin organización y sin plan, sino que sea una quiebra organizada. Sin
duda alguna la intervención por razones humanitarias es algo que se está
produciendo de hecho. Hasta ahora, afortunadamente, todas han tenido el
acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estima el Gobierno
que así debiera seguir siendo. Es decir, que intervenciones incluso por
razones humanitarias no se realizaran sin el acuerdo o el beneplácito del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Respecto a Ucrania su señoría ha hablado positivamente de que el problema
está encauzado. Me parece que S. S. es demasiado optimista. El problema
está encauzado en el papel, en una parte. Está encauzado sobre la
voluntad de la comunidad internacional de resolver el problema de
Chernobil, pero Ucrania no solamente tiene ese problema; tiene un
problema de estructura política y un problema económico de dimensiones
también tremendas. Esa Ucrania que fue el granero de la vieja Unión
Soviética hoy está demandando ayuda humanitaria alimenticia. Estas son
las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar y que son tan
sorprendentes. Daré otro ejemplo. Ayer en el Consejo de Asuntos Generales
tratamos de aprobar que de los fondos Feoga hubiera alguna ayuda
humanitaria para países de la antigua Unión Soviética, hoy de la CEi,
países que han sido históricamente grandes suministradores de alimentos.

Esta es una de las grandes contradicciones con la que nos tenemos que
enfrentar.

Sobre Chernobil y el tema nuclear le diré que no creo que exista una
contradicción para España, en absoluto. España es un país que en el
último Plan Energético Nacional tiene la aprobación de una componente
nuclear de su energía primaria que, si no recuerdo mal --me puedo
equivocar en alguna cifra--, es aproximadamente el 25 por ciento de su
producción de energía eléctrica. Por tanto, España tiene una componente
nuclear. Lo que sí es verdad es que no desea que tenga una componente
nuclear mayor porque entiende que una distribución óptima de la energía
primaria llevaría a equilibrar con otras formas de energía primaria que,
por desgracia, históricamente en España han estado infravaloradas, por
ejemplo el gas. El gas debe suplir una parte de la energía primaria e
incluso de la utilización para producción de energía eléctrica en el
marco global de distribución de la energía primaria para producción de
energía eléctrica. La situación de Ucrania es muy distinta. Todos estamos
de acuerdo en que la situación de Chernobil desde el punto de vista de la
seguridad es extraordinariamente preocupante y grave, y existen tres
grupos nucleares que están ya en una fase avanzada de construcción. La
primera pregunta que hay que hacerse es ¿se cierra Chernobil? Sin duda
alguna, y la comunidad internacional está pagando un precio muy alto en
ecus, en dólares o en pesetas para que se cierre Chernobil. La segunda
pregunta es cómo somos capaces de cambiar esa energía que deja de
producir Chernobil por otra energía. ¿Lo hacemos con energía nuclear, que
hay tres grupos, de 900 megavatios cada uno, que tienen la posibilidad de
acabarse en un tiempo razonable o, por el contrario, no le damos
terminación a esos grupos y buscamos por un doble camino: uno, por una
racionalización mayor del consumo de energía eléctrica en Ucrania, y dos,
por la utilización de otras fuerzas primarias de energía? Piénsese en
carbón o en gas, que no sé si de sobra hay en Ucrania carbón, pero se
podría incluso importar de países vecinos y a lo mejor salía más
económico. Ese es el estudio que se está haciendo y el primer ministro
italiano tiene la responsabilidad, como Presidente en ejercicio del G-7,
de hacer esa aproximación a Ucrania para analizar con más detenimiento
estas cuestiones.

Hablaba el otro día --no sé si en esta Comisión o en la de Asuntos
Exteriores-- de cómo se dilapida la energía eléctrica, la energía en
general en Ucrania. Les contaba la anécdota de que nuestro embajador nos
decía que yendo a visitar una casa que tenía el infiernillo encendido día
y noche, preguntó por qué no lo desenchufaban y lo volvían a encender
cuando fuera necesario, y le contestaban que porque era más costoso el
precio de la cerilla para encender el gas que mantener el infiernillo
eléctrico conectado día y noche. Seguramente es una anécdota exagerada,
pero da una idea del sentido de la utilización de la energía en Ucrania.

Sobre el Consejo Europeo del 15 de julio su señoría se felicita
moderadamente. Es verdad que seguramente es la forma en que nos debemos
felicitar, porque ha habido un éxito de resolución en tiempo corto de una
crisis pontencial que podía tener unas dimensiones mayores. Pero volvamos
a echar la mirada atrás y pongámonos hace diez años. El proceso para la
sustitución del Presidente de entonces fue quizá más complejo y más largo
que el de ahora. Su señoría se preocupa por la utilización del veto.

Todos nos preocupamos por la utilización del veto como precedente que
marca. Tendríamos que hacer un esfuerzo para que, sobre todo en una Unión
ampliada a 16, el veto no fuera el instrumento normal de trabajo. Yo creo
que hay que hacer lo posible, como se puso de manifiesto en el Consejo,
para que el veto no sea el arma normal para dirimir



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diferencias de estas características. Yo creo que la experiencia del
Consejo de Corfú va a ser de extraordinaria importancia para la cumbre
intergubernamental de 1996.

Decía S. S. que se han alegado razones de dos tipos por parte de la
presidencia británica. La primera, discrepancias con el primer ministro
belga, señor Dehaene, sobre su concepción europea. Permítame que le diga
en este momento que las discrepancias debían haberse puesto de manifiesto
exactamente igual por el señor Santer. Las diferencias del primer
ministro belga y el primer ministro luxemburgués son escasísimas sobre el
modelo de construcción europea. Pueden tener diferencias sobre estas
cuestiones, pero también deben ser pequeñas.

Vuelvo a insistir en que el acuerdo que se había alcanzado para la
sustitución del señor Delors constaba fundamentalmente de tres elementos
que no había que llevarlos al pie de la letra, pero que eran indicativos.

Primero, que a poder ser fuera un primer ministro; segundo, que fuera un
representante del grupo demócratacristiano del Parlamento Europeo, y
tercero, que procediera de un país no grande, por no llamarle pequeño.

Ese era el acuerdo de base que se había alcanzado. Por eso se propuso en
primera instancia a Dehaene y a Lubbers, los dos candidatos que cumplían
esos tres requisitos. Al fracasar Lubbers y Dehaene se abrió otra vez la
posibilidad de que esos tres requisitos no tuvieran que cumplirse. Al
fracasar algunos países en encontrar una persona que no cumpliera esos
tres requisitos para ocupar la presidencia se volvió otra vez a la
búsqueda de un personaje que cumpliera, en términos generales, esos tres
requisitos. Santer y Dehaene forman parte de la Internacional Demócrata
Cristiana, por lo que las diferencias ideológicas no deben ser muy
grandes; las diferencias sobre la concepción europea tampoco deben ser
muy grandes y, en cuanto a la experiencia como primeros ministros, el
señor Dehaene llevaba poco tiempo y el señor Santer llevaba 10 años,
ciertamente en un país más pequeño y, por tanto, más fácil de gobernar.

Del Presidente Delors antes de ser elegido se decía poco y ha resultado
ser un gran impulsor y un gran dinamizador de la Unión Europea. Creo que
tenemos que tener la misma prudencia al evaluar hoy al primer ministro
Santer, porque la historia no está escrita y a veces no se sabe lo que
las personas son capaces de hacer hasta que no ocupan el puesto de
responsabilidad para el que son elegidos.

Respecto a las tres reflexiones, sin duda hay que hacer una sobre la
situación en la Unión Europea, como S. S. dice en el tercer punto de su
exposición, con vistas a la conferencia intergubernamental de 1996, que
se convierte en uno de los hitos más importantes para dar el impulso
definitivo a la Comunidad.

Su señoría pregunta si podría reflejar un reequilibrio institucional o un
mayor peso del Consejo Europeo sobre la Comisión. Lo que dijo el
Presidente del Gobierno a la pregunta de un periodista es que él percibía
que ésa era la conclusión que se podía sacar del debate mantenido tanto
en Corfú cuanto en Bruselas, lo cual no quiere decir que se vaya a
plasmar en la realidad, pero el olfato de cualquier observador político
con perspicacia, como S. S. es y el Presidente del Gobierno también lo
es, percibe bien que hay una tendencia hacia la recuperación de un peso
mayor del Consejo sobre la Comisión. ¿Será eso al final la realidad de
aquí a 1996? Pues ya veremos. Pero es verdad que hay unas presiones
mayores para la recuperación de peso en el equilibrio entre Consejo y
Comisión hacia el Consejo.

En cuanto a la tercera reflexión que S. S. hace sobre la Conferencia
intergubernamental, estoy totalmente de acuerdo en que toda esta
experiencia nos tiene que ser de hecho muy útil.

Tres cuestiones más planteaba su señoría. Coincido totalmente en la
importancia que tienen los consejos de asuntos generales. Cada vez más.

En el de ayer no es que se tomaran decisiones que pudieran afectar a
nuestros intereses como españoles, pero sí es verdad que cada vez van a
ser más importantes. Me presto y me brindo a la posibilidad de que
estructuremos un mecanismo de explicación de los consejos de asuntos
generales en el ámbito de esta Comisión. Solo rogaría a los grupos
parlamentarios una cuestión que creo que SS. SS. y la Presidencia
entenderán: Muchos de los temas que se tratan en el Consejo de Asuntos
Generales tienen que ver con la política exterior y de seguridad común.

Si me permiten, les diría que casi un 60 por ciento de los temas que se
tratan tienen que ver con la política exterior y de seguridad común.

Rogaría a los responsables de los grupos parlamentarios que hubiera una
cierta coordinación para que no tuviera que comparecer en dos ámbitos
parlamentarios, en la Comisión de Asuntos Generales y en ésta, dos días
consecutivos para explicar lo mismo prácticamente a las mismas personas,
a los mismos dignísimos representantes. Si pudiera llegarse a un acuerdo,
con sumo gusto comparecería después de los Consejos de Asuntos Generales
aquí o en la Comisión de Asuntos Generales, o en las dos Comisiones
reunidas, como a SS. SS. les plazca. Entiendan que es mejor.

Dos cosas sobre la reunión de ayer. Es verdad que no les he dado una
información exhaustiva del Consejo de Asuntos Generales de ayer. Sobre el
tema que S. S. ha planteado, el documento de la Comisión sobre ampliación
a los países del centro y del este de Europa, le diré que es de
orientaciones muy generales. Es un documento que nos llegó a los
gobiernos el día 15, es decir, el jueves, que tuvieron que elaborar los
miembros de la Comisión desde Corfú, que tenían el mandato. Es un
documento de carácter muy genérico y ayer hubo un debate también de
carácter muy genérico. El contenido, en primer lugar, del documento --se
lo digo muy brevemente-- es la racionalización de las relaciones
institucionales entre la Unión y estos países. La segunda parte es una
llamada al incremento también de la institucionalización entre estos
países. Estos países en los últimos años han tenido un flujo comercial
creciente con la Unión Europea y están teniendo un flujo comercial
decreciente entre ellos mismos. Es decir, hay que hacer una reflexión
sobre la necesidad que estos países deben tener de aumentar sus
relaciones comerciales, sus relaciones económicas entre ellos mismos.

Sería mejor para ellos y sería mejor también para su incorporación a la
Unión Europea, aunque ésta ya ha tomado la decisión de que no habrá
ampliación con anterioridad a la Conferencia



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intergubernamental y que será una ampliación país a país, que no será una
ampliación global del conjunto de los países llamados de Visegrad o PECO.

Sobre el Mediterráneo, le diré que no me he extendido en ello porque la
información que se dio fue muy escasa. Fue estrictamente pasar revista a
la situación en que se encuentran las negociaciones para los nuevos
tratados con los países del Mediterráneo, desde el tema relacionado con
Israel, donde hay un problema con la petición de Israel de incorporarse
más a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, pasando
por Túnez y Marruecos. Como saben SS. SS., yo iba a ir a Marruecos esta
misma mañana y lo he pospuesto hasta el jueves para que no se interfiera
con esta Comisión. El mandato que tiene la Comisión para la negociación
con Marruecos no es del agrado del Gobierno de Marruecos y están
solicitando un nuevo mandato. Vamos a ver si en los próximos meses somos
capaces, tanto por relaciones bilaterales con Marruecos cuanto por las
relaciones de la propia Comisión con Marruecos, de resolver este
problema.

No hubo más. Argelia no fue ayer objeto de debate. Lo ha sido en otras
ocasiones, pero ayer no, porque estábamos pasando revista estrictamente a
la marcha de las negociaciones con estos países. Su señoría sabe que
mañana viene a España el Primer Ministro argelino y, por lo tanto,
tendremos ocasión de dialogar y de analizar con ellos la situación por la
que atraviesa Argelia que, sin duda ninguna, cada día es más preocupante,
entiendo que para los argelinos y también para nosotros.

Creo que con esto doy contestación a sus problemas, a sus preocupaciones
y, sobre todo, a la pregunta. Y, con sumo gusto, me comprometo a venir
cuantas veces sea necesario, con un poco de coordinación y de orden.

Al Diputado señor Costa le agradezco también sus reflexiones con las que,
en términos generales, estoy de acuerdo. Es verdad que en el G-7 hay una
llamada (no una llamada, una constatación) a la recuperación económica.

Afortunadamente, la parte más dura de la crisis económica está a nuestras
espaldas, y, vuelvo a insistir --tendrán ocasión de verlo a partir de las
doce con mayor detenimiento-- la preocupación fundamental que tenemos que
tener los políticos en este momento y nuestra gran responsabilidad es
cómo hacer compatible el crecimiento económico con el crecimiento del
empleo. Podríamos encontrarnos en una situación dramática, que hubiera
crecimiento económico y que no viniera aparejado o en paralelo con un
crecimiento del empleo. Por tanto, nuestra responsabilidad es preparar a
nuestros países de manera tal que ese crecimiento económico se traduzca
en un crecimiento del empleo lo más alto posible. España ha sido capaz de
hacerlo en la última década en varias ocasiones, tenemos que seguir
siendo capaces de hacerlo en el futuro.

Sobre Yugoslavia, sí le diría que, a nuestro juicio, el Grupo de Contacto
ha realizado una labor importante, de coordinación de la esfera
internacional. ¿Qué va a pasar si el Parlamento de Pale dice no? Si
pasara que dijera un no rotundo tendríamos que poner en marcha las
medidas que se acordaron en el Grupo de Contacto en la reunión del día 5
de julio. Lo más probable es que no diga un no rotundo, sino que diga un
no o un sí pero. Yo creo que serán más inteligentes y dirán un sí pero.

Su señoría se preocupaba sobre cómo podemos todavía enfrentarnos a los
problemas a los que hice referencia anteriormente, el corredor de
Pasavina, el acceso al mar de los serbios, los temas institucionales y el
tema de Sarajevo, que es el cuarto que antes no mencioné. Yo creo que
cabe esa posibilidad dentro de un planteamiento que se puede tener a
partir de este momento con los serbios, pero siempre que den un sí o una
contestación positiva al programa que se les ha presentado por el Grupo
de Contacto.

El compromiso ahora es que estaremos en contacto prácticamente diario los
responsables de la Unión Europea, para ver qué respuesta vamos dando a lo
largo del verano a las posibles respuestas que hoy dé el Parlamento de
Pale.

Sobre Ruanda, comparto las palabras que S. S. ha dicho: horror,
consternación. Nos faltan las palabras para expresar el sentimiento que
todos tenemos.

Yo creo que con esto, señora Presidenta, doy contestación a las
preocupaciones que albergaban algunos portavoces de los grupos
parlamentarios Y, si no hay ninguna otra cuestión, pongo la palabra a
disposición de la Presidenta.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos
Exteriores.

Gracias por su presencia esta mañana, por la información que nos ha
suministrado, yo diría de máxima actualidad, de última hora, algunos de
los temas que se han comentado, inclusive la referencia al conflicto
pesquero que esta mañana nos tiene a todos pendientes y preocupados.

Gracias, también por la primacía que ha dado a su presencia esta mañana
que le ha obligado incluso a posponer 48 horas su viaje a Marruecos, para
tocar temas de sumo interés, sin duda, para los problemas españoles. Y
gracias asimismo por el ofrecimiento que hace nuevamente el señor
Ministro de Asuntos Exteriores de comparecer en esta Comisión cuantas
veces creamos conveniente. Desde luego, esta Presidencia toma muy buena
nota tanto del ofrecimiento del señor Ministro como de la propuesta que
ha hecho el representante del Grupo Popular de que sea en el seno de esta
Comisión donde tengamos la oportunidad de hacer este seguimiento de los
diferentes consejos de ministros de la Unión Europea y muy especialmente
de los consejos de asuntos generales. Porque si bien es cierto, como
decía el señor Ministro de Asuntos Exteriores, que todo ello puede
englobarse en el marco de la Comisión de Política Exterior de esta
Cámara, no es menos cierto que existe esta Comisión especializada en los
temas de Unión Europea, que, además, tiene la posibilidad de reunir tanto
a representantes del Congreso como a representantes del Senado, evitando
así en ocasiones la duplicidad, hasta tres veces, de comparecencias del
señor Ministro de Asuntos Exteriores para explicar un mismo tema. Que en
el seno de esta nueva ley de funcionamiento que nos hemos dado en esta
Comisión sea donde podamos tener este seguimiento puntual de los temas de
interés, máxime cuando, como hoy se ha visto, ya hay un tema encima de la
mesa, que es importante, ese documento al que se ha referido el señor



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Ministro de Asuntos Exteriores, de la estrategia a seguir en la
ampliación. Este es uno de los temas que, sin duda, esta Comisión va a
tener muy en cuenta a partir del mes de septiembre, puesto que tenemos
que ratificar en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, la
ampliación de los cuatro países que se van a incorporar próximamente y,
desde luego, tenemos que analizar en toda profundidad los deseos de
ampliación que en estos momentos consideramos que son muy importantes en
los objetivos de la Presidencia alemana, una vez que una ha tenido la
oportunidad de estudiar cuál es el programa.

Por lo tanto, agradecemos su ofrecimiento y seguro que en más de una
ocasión utilizaremos su amabilidad para tenerle en esta Comisión,
dándonos la información, como ha tenido la amabilidad de hacer.

Gracias, señor Ministro.

Quiero recordar a los Senadores y Diputados que a las doce reanudaremos
esta Comisión con la comparecencia del señor Ministro de Economía.

También quiero decirles que el letrado va a suministrar a quienes no lo
tengan todavía el Programa de Convergencia, que será objeto de debate
posteriormente.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión a las doce horas del mediodía.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SOLBES MIRA),
A PETICION DEL GOBIERNO, PARA INFORMAR SOBRE LA ACTUALIZACION DEL
PROGRAMA DE CONVERGENCIA. (Número de expediente Congreso, 214/000060 y
número de expediente Senado, 711/000069.)



La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión con la comparecencia
del Ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes Mira, a quien
agradecemos su presencia esta mañana, para hacernos la presentación de la
actualización del Programa de Convergencia, que, como saben SS. SS., fue
aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes y que hoy el
señor Ministro va a presentar a esta Comisión.

A continuación, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios
tendrán la posibilidad también de hacer sus comentarios al texto que hoy
se nos presenta y que obra ya en poder de todas SS. SS., entendiendo que,
puesto que estamos en una sesión extraordinaria, lo que se va a hacer
como tramitación de esta actualización del anterior Programa de
Convergencia, precisamente por el precedente que ya existe de cómo se
tramitó el anterior, es que cuando se reanude el período de sesiones en
el mes de septiembre los grupos parlamentarios tendrán la posibilidad de
presentar las enmiendas que consideren oportunas; se debatirá, pasado el
plazo reglamentario, en esta Comisión y, posteriormente, se llevará todo
ello al Pleno de la Cámara para su aprobación.

Sin más, y agradeciendo, como les digo, la comparecencia esta mañana del
señor Ministro de Economía y Hacienda, tiene la palabra el señor Solbes.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En primer lugar,
quiero también agradecer a ustedes su presencia hoy aquí, en un caluroso
día del mes de julio.

En segundo lugar, aunque es cierto que el Gobierno aprobó el documento
que se les ha remitido como Programa de Convergencia, también es verdad
que dicho Programa puede quedar sometido a alguna corrección o bien como
consecuencia de las mociones que se puedan aprobar en la Cámara, o bien
como consecuencia de informe que el Consejo Económico y Social, en su
caso, va a emitir sobre el mismo.

Hechos estos dos comentarios preliminares, y sin más preámbulos, entraré
a hacer una exposición rápida --disponen ustedes del documento y, por
tanto, no vale la pena que les exponga con detalle su contenido-- para
destacar algunos aspectos que me parecen fundamentales.

Con cierta frecuencia vinculamos Programa de Convergencia a Unión
Económica y Monetaria, y es cierto que los objetivos de la Unión
Económica y Monetaria son relevantes, pero, sin embargo, no deben
hacernos perder el objetivo fundamental del Programa de Convergencia, que
no es ni más ni menos que poner en marcha una política económica ortodoxa
que nos permita, a su vez, generar un crecimiento suficiente para
combatir, sin duda alguna, el problema fundamental que tiene nuestro
país, y que es el problema del empleo.

Ya en el plan anterior se destacaban tres objetivos fundamentales: por
una parte, mejorar el empleo; por otra parte, la competitividad y,
finalmente, la renta de nuestros conciudadanos, de tal forma que se
produjese esa convergencia real con Europa de la que tantas veces hemos
hablado. Este plan no tiene objetivos distintos, Esas son las grandes
líneas que en su día fueron aceptadas por toda la Cámara y que yo
considero que siguen siendo válidas.

Es verdad que la consecución de estos objetivos nos va a permitir
plantearnos la posibilidad de acceder a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria en condiciones parecidas a como lo pueden hacer
aquellos países que cumplan las condiciones estrictas establecidas en el
Tratado de Maastricht. Sin embargo --como decía anteriormente--, con
Unión Económica y Monetaria o sin Unión, con tercera fase o sin tercera
fase, no cabe la menor duda de que las medidas que tenemos que poner en
marcha son imprescindibles «per se», con independencia de lo que suceda
desde el punto de vista de nuestra integración con Europa.

También quiero decir que esto no es un nuevo Programa de Convergencia; es
una actualización del anterior, y me gustaría subrayar específicamente
este punto. Por ello, quiero poner de relieve dos hechos: en primer
lugar, que lo que hacemos es corregir aspectos del anterior que se han
visto superados por la actual situación; en segundo lugar, que todos los
compromisos existentes en el anterior Programa de Convergencia siguen
siendo válidos. En



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consecuencia, no decae ninguna de nuestras anteriores obligaciones,
siguen existiendo, y estoy pensando fundamentalmente en las referencias
que en el anterior plan había a algunas medidas de tipo estructural y que
seguirán, desde luego, como objetivo en el momento actual.

El segundo punto que había destacado era que hay algunos elementos del
antiguo plan que han quedado absolutamente desfasados, y fundamentalmente
son los objetivos de tipo cuantitativo. Es cierto que la gran crisis de
1993 no sólo ha trastocado todas las previsiones que en el año 1992 se
hacen en un contexto en el que se imagina que se empieza una nueva etapa
de recuperación, y que ese cambio de previsiones, o de la inadecuación de
la realidad con las previsiones, se produce no sólo en nuestro país, sino
prácticamente en todos los países de la Unión Europea. En el propio
documento se citan algunas cifras que me parecen relevantes, y tal vez
por ser aquellas en las que se ha fijado más la atención podríamos volver
a insistir en las mismas.

El gran problema --se dice-- es que teníamos previsto una reducción del
déficit y, sin embargo, lo que se ha producido es un aumento. Es cierto.

El déficit del año 1991 era del 4,9 por ciento en nuestro país, teníamos
previsto que descendiera y, sin embargo, en el año 1993 hemos terminado
con un déficit del 7,3 por ciento. Pero ese comportamiento se produce
también en la media de la Comunidad. Sobre la media de la Comunidad, en
1991 estábamos hablando de un déficit del 4,6 por ciento, decreciendo
como el nuestro, y, sin embargo, en 1993 se llega a un déficit que supera
el 6 por ciento. En consecuencia, los resultados sobre la deuda son
parecidos. Nuestra idea era que la deuda del 44,5 de 1991 fuera
descendiendo y, sin embargo, en el año 1993 hemos llegado a una deuda
prácticamente del 56 por ciento. Pero otro tanto ha sucedido también en
la media comunitaria, ya que esa deuda del 57 por ciento --por tanto, ya
próxima a ese 60 por ciento considerado como deuda máxima deseable--, se
ha superado de forma clara, y en el momento actual nos encontramos ya en
una deuda superior al 66 por ciento para la media comunitaria.

La crisis lo que nos pone de relieve es la absoluta necesidad de
replantearnos algunos elementos del plan anterior que a mí me parece
fundamental, y estoy pensando sobre todo en la necesidad de poner en
marcha nuevas políticas activas que al final nos permitan ir a una mejor
creación de empleo. Este es un objetivo que no sólo se plantea en
términos españoles, sino que se plantea en términos comunitarios. El
Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo, el
Libro Blanco de Delors, sin duda alguna va en esa misma dirección,
poniendo de relieve aquellos elementos necesarios para que se produzca un
cambio de tendencia y, en consecuencia, podamos avanzar.

Es verdad que las políticas que hemos llevado a cabo los distintos países
tiene una serie de elementos comunes. Todos intentamos, por una parte,
reducir tipos de interés, y el contexto monetario internacional hasta
hace pocas semanas nos ha favorecido en esa dirección. No es menos
cierto, sin embargo, que la consolidación fiscal, la reducción de los
déficit, se convierte en elemento fundamental de la política de los
últimos años. En el caso español, ese elemento de consolidación fiscal
tiene una importancia fundamental. Y es cierto también que la necesidad
de reformas estructurales para flexibilizar la economía pasa a tomar un
papel fundamental de manera que podamos generar empleo adicional.

Junto a eso hay ideas nuevas de reducción de los costes directos o
indirectos del trabajo, de tal forma que podamos obtener un crecimiento
del empleo en condiciones distintas a cómo se producía en el pasado o,
dicho de otra forma, que el umbral de iniciación de crecimiento del
empleo se produzca con crecimientos del PIB inferiores a los que se
venían teniendo en el pasado.

Esta es la situación que se ha producido en todos los países, por lo cual
todos esos países han ido a políticas de este tipo, y también
prácticamente todos han planteado modificaciones de sus planes de
convergencia. Hasta el momento actual han presentado ya modificación de
su plan de convergencia Bruselas, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y
Portugal. Está previsto que revisemos el plan de convergencia de Grecia e
Irlanda en el próximo Consejo de Ecofin del mes de septiembre y la idea
sería discutir el plan español en el mes de octubre.

El contenido de nuestro Programa de Convergencia está resumido de forma
bastante explícita, ya que consta de cuatro partes. Una primera en la
cual se realiza un balance de la aplicación del Programa de Convergencia
de 1992; se destaca cómo ha evolucionado la economía española en los años
1992 y 1993, y cómo se ha producido un incumplimiento de las previsiones
iniciales como consecuencia precisamente del cambio del contexto
económico.

Hay una segunda parte en la que se resume la situación actual de la
economía española, y a partir del ahí se fijan los grandes objetivos de
política económica para los períodos 1994 y 1997, así como se define ese
nuevo escenario macroeconómico que sirve de base para todo el ejercicio.

En tercer lugar, se recogen unas envolventes financieras que determinarán
la actuación de las administraciones públicas durante este período.

Finalmente, se recoge una exposición de las medidas de reforma
estructural ya realizadas, así como la inclusión de otras nuevas que el
Gobierno pretende adoptar en los próximos años. A partir de aquí querría
hacer algunos comentarios rápidos sobre los aspectos fundamentales.

El cuadro macroeconómico es, sin duda alguna, un ejercicio que parte de
algunos supuestos que son fundamentales para entender de qué estamos
hablando. En primer lugar, partimos de la idea de que los actuales
escenarios de crecimiento elaborados por el Fondo, elaborados por la OCDE
y por la Comisión son válidos y que, en consecuencia, el comportamiento
en los restantes países de la Unión Europea va a responder a ciertos
criterios.

En segundo lugar, partimos también del supuesto de que nuestro país tiene
un potencial de crecimiento algo superior a la media comunitaria y, por
tanto, nuestro crecimiento medio podría tener una pauta de comportamiento
parecido al que tuvo en la fase de auge anterior del ciclo o, dicho en
otros términos, podríamos aproximarnos a un crecimiento superior a un
punto de la media comunitaria. En el momento actual lo que hemos supuesto
es que ese crecimiento no va a ser de un punto de 0,9 y, en consecuencia,



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podríamos ir superando el «gap» o reduciendo la diferencia existente
entre España y los países de la Comunidad.

En tercer lugar, el comportamiento de nuestro crecimiento tendrá una
composición, yo diría, coherente con lo que está sucediendo en el resto
de Europa. Iniciamos 1994 con un consumo privado prácticamente
estabilizado, con un consumo público negativo, con una formación bruta de
capital relativamente estabilizada con un crecimiento lento y, en
consecuencia, con una aportación fundamental de la demanda externa
respecto al PIB total en el año 1994. Es cierto que a partir de ahí
hacemos un ejercicio, yo diría, más preciso para el año 1995, sin duda
alguna serán los cálculos que nos servirán para los Presupuestos del
próximo año y un cálculo agregado medio de los años 1996 y 1997; es
cierto también que podríamos haber desagregado los años 1996 y 1997, pero
no es menos cierto que intentar hacer previsiones a tres años vista
incluye un riesgo de error de tal magnitud que hemos pensado que era más
lógico hacer una presentación conjunta.

Después de esto nuestra opción es muy clara. En general, la demanda
interna empieza a tomar el relevo de la demanda externa a partir del
próximo año y, al final, en el período 1996-1997 hay una aportación
negativa de la demanda externa al crecimiento del país. Sin embargo,
crece de forma progresiva el consumo privado nacional y la formación
bruta de capital fijo. Todo ello sucede de forma bastante coherente con
lo que ha sucedido en otras situaciones pasadas y, en consecuencia,
coherente con el comportamiento normal de nuestra economía.

De acuerdo también con la historia, en cuanto se produce una recuperación
económica deberían caer, por lo menos en términos porcentuales, en el
crecimiento porcentual, la exportación de bienes y servicios y, sin
embargo, aumentaría de forma relativamente rápida la importación.

El comportamiento de los precios, en nuestra opinión, debería ser
moderado, porque en el momento actual, en una economía abierta, el papel
jugado por los precios en el exterior adquiere una importancia
fundamental. Si la moderación de precios va a ser un elemento fundamental
en toda la Unión Europea durante este período, pensamos que el
comportamiento de los precios en España debería seguir con pautas
parecidas. Es cierto que en la medida en que la aplicación de las
reformas estructurales tenga una mayor incidencia, nuestros diferenciales
de inflación podrán seguir reduciéndose respecto a la media comunitaria.

Y finalmente, tenemos unas previsiones de empleo. Previsiones de empleo
que también la hemos calculado en términos de una horquilla entre dos
alternativas posibles. Es cierto que todo ejercicio de cálculo de
previsiones de empleo es difícil. Nosotros hemos situado esta horquilla
entre el 1,5 y el 1,9 en el año 1995, y entre el 2,7 y el 3,3 en los años
1956 y 1997, y la razón es bastante clara.

En primer lugar, se han puesto en marcha una serie de medidas de
flexibilización del mercado de trabajo y resulta difícil saber cuál va a
ser el umbral de crecimiento de empleo de nuestro país a partir de los
próximos años. Hemos partido del supuesto de que nos vamos a ir
aproximando al umbral comunitario. Dicho de otra forma, que como
consecuencia de las adaptaciones del mercado no necesitaremos crecer
tanto como en el pasado para generar nuevo empleo. Es cierto también que
la mejora de otros factores puede facilitar esa creación de empleo, y eso
nos lleva a una cifra (que comprendo que es una hipótesis de trabajo y
que unos pueden considerar válida y otros discutible) que he citado en
algún momento entre los 750.000 y el millón de puestos de trabajo que se
podrían o se deberían, en todo caso, crear en este país. Cuando digo que
se debería lo digo de forma clara, porque tendremos que plantearnos si
ese millón de puestos de trabajo, con independencia de que sea un cálculo
de previsión económica, no debería ser también un objetivo. Dicho en
otros términos, este país necesita crear un millón de puestos de trabajo
en los próximos años para que no aumente el diferencial de paro con otros
países de la Unión Europea, y, en consecuencia, tenemos que hacer todos
los esfuerzos posibles para que ese objetivo se consiga.

Esos son los elementos básicos del cuadro macroeconómico, y supongo que
posteriormente tendremos ocasión de volver a hablar de ellos.

En segundo lugar, hay también unos escenarios presupuestarios que se
basan, fundamentalmente, en el cuadro macroeconómico anterior, pero que
además introducen algunas restricciones en cuanto a ingresos y gastos.

En cuanto a ingresos, la idea fundamental es que no vamos a aumentar la
presión fiscal nominal, no vamos a modificar la norma como punto de
partida y, en consecuencia, las mejoras de ingresos se producirán por dos
factores: en primer lugar, el posible incremento de la actividad
económica y, en segundo lugar, por supuesto, la mejora de la lucha contra
el fraude fiscal, y con ello elaboramos unos escenarios de déficit de
deuda pública, en la página 99, que nos permiten no conseguir el tres por
ciento de déficit público de todas las administraciones en el año 1996,
sino en 1997, y ello con un esfuerzo importante de reducción de gastos,
esfuerzo importante que parte de las grandes líneas presupuestarias del
año 1994: una restricción en cuanto a la contratación pública, una
moderación salarial en cuanto al incremento del sueldo y salarios de los
funcionarios, un comportamiento, en general, de las prestaciones sociales
coherente con la evolución también de la inflación y, finalmente, unas
transferencias, especialmente a comunidades autónomas, ayuntamientos y
empresas públicas, estabilizadas de acuerdo con las sendas que habíamos
definido.

Por lo demás, un supuesto adicional, y es que el déficit de la Seguridad
Social debería tender, a medio y largo plazo, al equilibrio, de ahí que,
partiendo de un déficit relativamente alto en el año 1994, pensamos que
debe irse reduciendo hasta llegar a un 0,2 del PIB en el año 1997.

La deuda de las administraciones públicas territoriales se ha calculado
en función de la senda de crecimiento pactada con las mismas. Es verdad
que se produce una desviación importante en el año 1994 en esas
administraciones como consecuencia del desfase de la transferencia de
ingresos del año 1993 y a su vez, consecuencia de las propias
dificultades del déficit público del Estado. Sin embargo, pensamos que
este escenario, aunque es ambicioso, es posible y va a exigir mantener
toda la atención en cuanto a la evolución de gastos para que,
evidentemente, éstos no se



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disparen y pueda al final conseguirse ese crecimiento por debajo del
crecimiento del PIB nominal, de manera que se vaya produciendo una
reducción progresiva del déficit y podamos iniciar una reducción de la
deuda pública total a partir del año 1997.

Es cierto que seguiremos aumentando la deuda total como consecuencia de
este déficit en los próximos años y es cierto que superaremos ese 60 por
ciento que se considera como objetivo deseable en términos comunitarios,
aunque, como he comentado alguna vez, ese valor del 60 por ciento tiene
una naturaleza distinta del valor de otros compromisos comunitarios
existentes en el Tratado de Maastricht.

Finalmente, en la parte de reformas estructurales se ha recogido un
listado de cosas que se han hecho o de cosas que se prevé realizar en los
próximos años, y se hace referencia no sólo a la reforma del mercado de
trabajo ya realizada, y que sin duda alguna tendrá un efecto positivo en
cuanto a generación de empleo, sino también a aquellas modificaciones de
la Seguridad Social que deberían ayudar a corregir las desviaciones
financieras, y estoy pensando fundamentalmente en el desempleo; también
se avanzan algunos elementos de interés para el futuro vinculados a la
ILT y a la invalidez provisional, además de hacer una referencia a la
esperada ponencia del Congreso sobre financiación futura de la Seguridad
Social.

También hacemos mención al sector de telecomunicaciones; las cosas que se
han hecho, las cosas que está previsto hacer antes de fin de año,
fundamentalmente vinculadas a reventa de capacidades, televisión por
cable y el compromiso de liberalización de voz en el año 1998, en el caso
de que se cumplan ciertas condiciones.

Se comenta la situación en la que se encuentra la reforma del mercado del
suelo, así como todos los avances que se producen en los aspectos
vinculados a viviendas. Se incluyen referencias a las modificaciones
previstas en el sistema fiscal, IRPF por una parte e Impuesto de
Sociedad, por otra, y se hace también un comentario, vinculado, por otra
parte, al Libro Blanco de la Comisión, sobre sustitución de Seguridad
Social por imposición indirecta. Se introducen compromisos respecto al
control de gasto público, mejora de mecanismos de intervención de la Ley
General Presupuestaria, compromisos que se piensan cumplir en este año.

Se recogen las actuaciones que se han realizado en privatizaciones, así
como los compromisos que el Gobierno tiene en otros aspectos, como los
vinculados al fraude fiscal, cuyo informe ya podrá ser presentado en el
mes de julio o en el mes de agosto, y también aspectos vinculados a otros
temas, como pueden ser los sectoriales, que están conectados con el
Ministerio de Industria o con el Ministerio de Comercio y Turismo,
referentes al turismo y a la internacionalización de la economía
española.

No hay, sin embargo, referencias a otros aspectos que podrían ser de
interés y que, sin duda alguna, van a ser fundamentales para valorar la
evolución del déficit del gasto público en nuestro país; estoy pensando
en el sistema de financiación de comunidades autónomas, cuya discusión
está en marcha con objeto de adoptarlo, tal y como estaba previsto, en el
año 1996; el nuevo sistema de financiación de corporaciones locales,
prácticamente terminado, y la financiación de la sanidad, que también
espero que entre en vigor el nuevo sistema en el año 1996. Estos son los
grandes elementos, los grandes conceptos en las reformas estructurales;
conceptos que, sin duda alguna, tienen una vinculación con los elementos
del Programa de Convergencia, pero que también se pueden disociar del
mismo en la medida en que, aun siendo deseables para que la convergencia
se produzca, no siempre son absolutamente imprescindibles. Desde el punto
de vista de Bruselas los elementos relevantes serán, sin duda alguna, el
cuadro macroeconómico y las envolventes financieras, y desde luego ésos
serán los puntos fundamentales de discusión.

Estos son los comentarios que yo quería hacer para presentación del
programa y con esto terminaría mi intervención.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro, por la presentación
del documento de actualización del Programa de Convergencia.

Tienen la palabra, a continuación, los distintos grupos parlamentarios.

En primer lugar, el representante del Grupo de Coalición Canaria, señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, quiero agradecerle aquí su
comparecencia e información en esta presentación yo diría que perentoria
--dado que el Consejo de Ministros del viernes pasado aprueba las
directrices de actualización del Programa de Convergencia--, y
comentarios que ha hecho al respecto.

Señor Ministro, de la primera lectura y análisis que hemos hecho del
documento facilitado en la tarde-noche del pasado viernes a los
portavoces, quiero decirle, en primer lugar, que nosotros, que apoyamos
el vigente Programa de Convergencia, estamos en la línea de entender que
éste contempla aspectos correctores --algunos ya hechos por legislaciones
que se han aprobado en esta Cámara--, que merecen, digamos, nuestra
conformidad sobre el sentido literal de lo que se propone.

Hemos hecho un primer juicio de valor de entender que es un plan de
convergencia corregido, con un carácter muy realista y moderado, sin
pretender ir en contra, a veces, de los sucesos que han producido las
tormentas y las quiebras que hemos tenido a nivel internacional en los
últimos tiempos. Nos parece, por tanto, un Programa prudente y moderado y
tal vez sensato de actualización de la convergencia.

Pero otro tema, señor Ministro, es la valoración de credibilidad de que
existan instrumentos suficientes en este momento de control por parte del
Gobierno --y digo de control incluso de variantes aleatorias, en la
economía nacional o internacional-- que puedan permitir cumplir los
objetivos que aquí se tratan, y no tanto los instrumentos que se
evidencia y que se han enunciado, sobre todo cuando se habla de la
actualización de las envolventes financieras y de las reformas
estructurales, a los que más adelante me referiré. Porque plantear aquí
un nuevo plan de convergencia, desarrollando o corrigiendo el anterior,
basado en situaciones de hecho ya resueltas con leyes que se hayan traído
al Parlamento en estos dos últimos años, tanto las de



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modificación del mercado laboral como las que pueden afectar, por citar
algunas, a investigación y desarrollo o las sociedades de garantía
recíproca, si esto no tiene un seguimiento de evaluación, como puede ser,
por ejemplo, el último que he citado del apoyo a las sociedades de
garantía recíproca como instrumento fundamental en la financiación de las
pyme, si esto no va acompañado, repito, de una evaluación del
instrumento, pocas garantías se podrán aportar, señor Ministro, para
llegar a una concreción.

Cuando ustedes, en el documento que presentan, hablan de un objetivo de
llevar el crecimiento del producto interior bruto español a un promedio
superior al 3,5 por ciento --dicen que deberá crecer a un promedio del
3,5 por ciento--, señor Ministro, si no hay, efectivamente, un control
del déficit público y su correlación con el binomio de la inflación, yo
dudo que se pueda crecer a ese promedio superior en este momento al 3,5
por ciento en nuestro producto interior bruto.

En los aspectos de la política fiscal, cuando ustedes señalan que se ha
logrado invertir la tendencia alcista del déficit público y proponen
situar el objetivo de déficit de las administraciones públicas al final
de este año en torno al 6,7 por ciento del producto interior bruto, y
llevarlo a cifras del 3 por ciento en 1997, yo no sé, señor Ministro,
cómo pueden ustedes conseguir bajar esos dos o tres escalones hasta 1997,
del 6,7 por ciento del producto interior bruto al 3 por ciento. Me
gustaría que el señor Ministro lo explicase junto a las medidas
instrumentales y a su intensidad, porque yo no encuentro en las medidas
propuestas ningún factor de intensidad para conseguir que en tres años
--1995, 1996 y 1997-- se pueda bajar, insisto, el déficit público del 6,7
al 3 por ciento. Que nos diga qué distorsiones se podrían producir en los
mecanismos, en las estructuras económicas internas españolas con esa
bajada tan fuerte del déficit público. Nosotros no situamos el suelo para
1997 del producto interior bruto, en cuanto a déficit público, en que se
consiga un 3 por ciento. Nos parece tal vez excesiva la cifra, señor
Ministro. Desde luego, entre la actual que usted ha enunciado y la del
6,7 por ciento, a conseguir a finales del año 1994, situarnos a lo mejor
en cifras de alrededor del 5 por ciento podría estar más cerca de una
realidad también virtual de los distintos factores económicos que aquí
están incidiendo. Me gustaría que el señor Ministro nos concretase en
este aspecto las medidas que tiene previstas.

Respecto a la convergencia, dado que el Tratado de la Unión Europea nos
habia señalado --y en esto se insistió mucho hace dos años, cuando
debatimos el primer documento sobre convergencia económica-- que era
necesario una convergencia nominal suficiente en aspectos como la deuda
pública, inflación y tipos de cambio, nos gustaría que sel señor Ministro
nos hiciera unas reflexiones sobre qué incidencia o perspectivas tiene de
la utilización de la deuda pública en este principio de convergencia,
dado que en el documento que se nos han facilitado las referencias al
tema de la deuda pública son muy escasas y en algunos criterios las vemos
ambiguas, lo que incluso nos puede llevar a estar planteándonos, con este
plan de convergencia, una Europa de dos velocidades.

Respecto al deterioro que dice el informe: Entre las previsiones de
1991-93 se ha producido en España un deterioro muy acusado de las cuentas
de las administraciones públicas, que han visto cómo sus necesidades de
financiación aumentaban desde el 4,9 por ciento del PIB al 7,3 del PIB, y
en tanto que la deuda pública acumulada en términos de producto interior
bruto ha pasado del 44,5 por ciento al 55,8 por ciento..., me gustaría
que el señor Ministro nos relacionase esto con la cifra anterior que él
ha dado y el proyecto que tiene del plan de convergencia, porque, como
más adelante me referiré, cuando se habla de esta reducción de la deuda
pública acumulada, sabe el señor Ministro que no sólo tiene la variante
Gobierno central o Administración central del Estado, sino la variante
comunidades autónomas. ¿En qué medida puede existir un compromiso de
cumplimiento de esto, como de la reducción del déficit público que se
asigna aquí, en el porcentaje que más adelante comentaremos, por parte de
las administraciones públicas? Si el aumento del déficit público en
España ha tenido su origen en un fuerte aumento del gasto público que,
como he dicho, ha pasado a representar también del 45,4 por ciento del
PIB en 1991 al 48,9 del PIB en 1993, ¿sobre qué segmentos de la economía
inversora, qué capítulos --agricultura, obras públicas, servicios,
etcétera-- se va a hacer esa incidencia de la reducción para que eso
tenga después un fiel reflejo numérico, cualitativo y cuantitativo,
cuando en el próximo otoño tengamos aquí el debate de los Presupuestos
Generales del Estado?
Respecto a la política monetaria, dado que en este momento entra en
funcionamiento una nueva ley de autonomía del Banco de España, como bien
usted nos recordaba el otro día aquí al presentar ante la Comisión de
Economía y Hacienda la propuesta del nuevo Gobernador del Banco de
España, ¿en qué medida, dado que no se hace aquí ninguna referencia en
concreto a la operatividad en sus nuevas competencias sobre la política
monetaria, no sólo como diseñador de la misma sino como ejecutor, va a
actuar el Banco de España en esta política que dicen ustedes aquí que
está siendo menos restrictiva sobre todo con los tipos de interés? Sin
embargo, ¿qué va a pasar con la ampliación de las bandas de fluctuación
del Sistema Monetario Europeo que tenemos en este momento? ¿Hay alguna
previsión por parte de la autoridad económica española de tocar la
ampliación de las bandas de fluctuación del Sistema Monetario Europeo? Al
someternos aquí a un plan de convergencia económica con Europa, de cuya
banda de fluctuación de las monedas siguen ausentes --creo recordar en
este momento-- Italia y el Reino Unido, mientras que España sigue dentro,
qué posición va a adoptar la política monetaria y financiera española con
respecto a la reducción o la vuelta a sus orígenes de los porcentajes de
las bandas de fluctuación del Sistema Monetario Europeo?
Respecto a las cuestiones inflacionistas y dado que aconsejan en su
documento que es imprescindible actuar desde el lado de la oferta,
olvidándose ya del comportamiento que había tenido la demanda --y yo
comparto, señor Ministro, que efectivamente los factores de la política
que han incidido sobre la demanda tienen una efectividad muy limitada--
hay que hacer ese control no ya desde el



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lado de la demanda sino desde el lado de la oferta, aunque desde un punto
de vista de lo que también se dice aquí sobre el control y la limitación
salarial, sobra decir que se va a actuar desde el lado de la demanda,
porque la demanda interna de los españoles con rentas salariales bajas
será también una demanda baja.

Cuando ustedes hacen una declaración en su documento de que es deseable
--viene aquí el capítulo de lo que es deseable-- un pacto de rentas para
el período 1995-97 que anteponga la creación de empleo a cualquier otra
prioridad, este pacto de rentas ¿en qué marco lo contempla el Gobierno,
señor Ministro? ¿Un pacto de rentas en que intervengan solamente los
interlocutores sociales, sindicatos y patronal, o va a estar presente
también el Gobierno como tercera parte? Nos gustaría conocerlo, señor
Ministro, a los efectos de garantizar el mismo.

Entrando ya para terminar en esta penúltima parte, en el punto IV:
Actualización de las envolventes financieras, a que ya he hecho
referencia anteriormente, se habla de reducir el déficit público en 3,7
puntos durante el período 94-97. En esta reducción 3 puntos
corresponderían a la Administración central y 0,7 puntos a las
administraciones territoriales. ¿Es que, señor Ministro, en este momento
las administraciones territoriales, las comunidades autónomas, han
accedido a ajustar sus necesidades a la baja con esta reducción de 0,7
puntos? ¿Esos 0,7 puntos son acumulables en el período 1994, 95, 96 y 97
o no?
Cuando se hacen provisiones de bienes y servicios públicos, señor
Ministro, en cuanto a una de las líneas concretas que promueve su plan de
convergencia, es una oferta de empleo público restrictiva que sólo
cubrirá el 50 por ciento de las bajas que se produzcan por jubilaciones
de funcionarios. ¿Va a ser esta una determinación que tomará el Gobierno
per se sin consultar a los sindicatos de funcionarios de la
Administración pública? Se lo pregunto porque no he oído que se haya
llegado ni siquiera a tener conversaciones con los sindicatos presentes
en el sector público para decir que la oferta de empleo de funcionarios
queda reducida en el 50 por ciento de bajas que se produzcan por
jubilaciones de funcionarios. ¿Es soportable esta baja tan drástica de
las plantillas de funcionarios para conseguir también estos objetivos de
que funcione? Porque la Administración está también para que funcione
también la cosa administrativa, no para hacer ahorros; tampoco está para
hacer dispendios. Le pregunto estas dos cosas: ¿es posible que funcione
el sector público con esta reducción tan fuerte de plantillas de
funcionarios y, al mismo tiempo, hay la previsión de llevar este tema a
una mesa de negociación con los sindicatos de funcionarios?
Termino, señora Presidenta, con el V punto referente a las reformas
estructurales. Estamos conformes con ello, señor Ministro, sobre todo
aquello que sea referido a las medidas de liberalización. Ahí están las
directrices europeas y el propio Libro Blanco del señor Delors sobre el
crecimiento, la lucha contra el desempleo y sobre la competitividad.

Nosotros lo que pediríamos al Gobierno es que hubiera una libre igualdad
de oportunidades en los temas fundamentalmente de liberalización de las
telecomunicaciones, que es uno de los capítulos que ustedes han
introducido. En este documento se ha hecho referencia a informes
encargados por el Gobierno al Tribunal de Defensa de la Competencia, así
como se vuelve a traer aquí un tema que ya se había prometido por el
Gobierno en el anterior plan de convergencia, que era la actualización de
la Ley de Seguros. Ahora parece que hay otra demora y nos gustaría saber,
señor Ministro, a qué se debe la demora para que entre en la Cámara el
nuevo proyecto de ley del seguro privado en España. Y le pediríamos una
referencia expresa --incluso usted al principio de esta legislatura
incidió en ello y nos pareció atinado y acertado-- sobre el tema de los
colegios profesionales. Se enuncia aquí de tal manera que no vuelve a
aparecer ninguna concreción, salvo una referencia muy indirecta y ambigua
del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, así como la
concreción, señor Ministro, que aquí solamente es una declaración de
buenas intenciones, de reducción de organismos públicos que figura
también en la entradilla de las reformas estructurales.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia y
las explicaciones que nos ha dado.

Efectivamente, hace más de dos años que el Gobierno elaboró --me parece
que en la primavera del año 1992-- el Programa de Convergencia español,
que fue presentado en la Comisión Europea y que fue aprobado por el
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas en junio de ese año. Desde
entonces, la negativa evolución de la economía española y europea no ha
permitido estar hoy en la senda adecuada para poder alcanzar los
objetivos marcados y que definían las líneas básicas de la política
económica a desarrollar en el período de 1992 a 1996.

Los planteamientos globales de nuestro Partido siguen siendo los mismos
que hace dos años. Partimos de que el marco de referencia de nuestra
política económica debe ser la Comunidad Europea, de que el objetivo
último que se debe pretender alcanzar no es la convergencia nominal --es
decir, los cinco tests establecidos-- sino la convergencia en niveles de
renta y bienestar con los países más adelantados de la Unión. En tercer
lugar, de que es necesario orientar la política económica para controlar
los desequilibrios básicos de inflación, déficit público, déficit
exterior, paro, etcétera. De éstos, la inflación constituye el
desequilibrio que deteriora el nivel de competitividad y es por ello el
objetivo último desde nuestro punto de vista, teniendo en cuenta que el
déficit público es la variable instrumental que puede actuar sobre los
demás desequilibrios.

Tras estos principios generales que propugna nuestro Grupo Parlamentario
y dado el hecho de que hemos tenido muy poco tiempo para poder analizar
el documento en profundidad, no voy a entrar a opinar de momento sobre la
consistencia del mismo ni sobre la fiabilidad de sus objetivos
macroeconómicos, objetivos no tanto discutibles en sí



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mismos, sino en la referencia del marco económico en que se basan.

Reducir el déficit público del 7,3 por ciento en 1993 al 3 por ciento en
1997 es deseable y necesario, pero ¿es posible? ¿Es posible con los
elementos que se están barajando, con el previsible crecimiento
económico, con las reformas estructurales que se están planteando? Desde
nuestro punto de vista, mientras no exista una reforma en profundidad de
la Administración, no será posible reducir el déficit público. En esta
reducción se está trasladando además --y creo que esto ya ha sido
comentado por mi antecesor en el uso de la palabra, el señor Mardones--
un gran esfuerzo a las administraciones territoriales, que pasan del 1,2
por ciento en 1993 al 0,7 por ciento en 1997. ¿Se ha contado para ello
con estas administraciones? Hay que tener en cuenta que proporcionalmente
el esfuerzo, tal y como está distribuido, es mucho mayor para las
administraciones territoriales que para la Administración central.

En este punto hay que precisar que en la elaboración del anterior
Programa de Convergencia se llegó a un acuerdo, a través del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, firmado en su día con cada una de las
administraciones de las comunidades autónomas, comprometiéndose con el
objetivo del 3 por ciento para el 31 de diciembre de 1996, compromiso
que, por lo que respecta a la Comunidad Autónoma Vasca, se ha cumplido
escrupulosamente. Por tanto, si no se ha negociado este objetivo de
déficit público con el resto de las administraciones territoriales,
¿hasta qué punto vincula a las mismas?
Al margen de estas consideraciones, hay otros aspectos que a nuestro
Grupo Parlamentario le gustaría también conocer. ¿Cómo quedan en este
momento los objetivos del Tratado de Maastricht? ¿Sigue siendo válido el
Tratado? ¿Se están revisando los programas de convergencia por parte del
resto de los países de la Unión Económica? Porque no es necesario
recordar que para formar parte de la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria es necesario establecer un alto grado de convergencia
macroeconómica con el resto de los países, con lo cual, si no varían sus
programas, nuestras referencias para el cumplimiento de los objetivos
serían las mismas que las previstas hace dos años. Si están variando, ¿en
qué medida lo están haciendo? ¿Cuáles son estas nuevas previsiones? ¿Cuál
es, en este caso, el nuevo calendario de convergencia? En una palabra,
¿se ha elaborado este nuevo programa de acuerdo con las directrices
comunitarias o es un programa económico del Gobierno para el período
1995-1997? Hay que tener en cuenta que 1993 está ya finalizado y 1994 a
punto de concluir, o por lo menos hay ya unas previsiones bastante
acertadas de lo que puede ocurrir en 1994. Por lo tanto, ¿se ha elaborado
este nuevo programa de acuerdo con directrices comunitarias o al margen
de los acuerdos de Maastricht?
Hay otro aspecto a destacar en esta actualización del plan aprobado en
1992 cual es la magnitud del índice de desempleo. Esta magnitud no había
sido contemplada en el plan anterior. ¿Es una iniciativa de este Gobierno
incluirla en el Programa de Convergencia o se conoce si va a ser una
variable nueva a incluir en la redacción del Tratado de
Maastricht? ¿La están contemplando los demás países de la Unión Europea?
Si esto es así, si la tasa de desempleo se introduce como requisito de
convergencia, nuestra situación es francamente delicada, y no vemos desde
nuestro Grupo Parlamentario cómo pretende el Gobierno reducir esta tasa a
la mitad, cifra en la que se encuentra actualmente la media de los países
de la Unión Europea.

Todas estas preguntas responden a las reflexiones que nos estamos
haciendo en un primer golpe de vista de estos presupuestos y que me
gustaría que en cierto modo nos aclarara el señor Ministro. Estas serían,
en definitiva, las cuestiones a aclarar en una rápida y superficial
reflexión que hemos hecho sobre el programa elaborado por el Gobierno;
reflexión más bien enfocada desde la perspectiva de los compromisos
adquiridos en su día en el Tratado de Maastricht que desde la perspectiva
de un programa económico del Gobierno sobre el que nuestro Grupo
Parlamentario ya tendrá ocasión de pronunciarse en su momento ante esta
Cámara.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Ministro, por la exposición y,
aunque sea con la premura que el tiempo ha hecho imprescindible, por
hacernos llegar el programa que aquí se está debatiendo que, como usted
muy bien decía, más que un nuevo programa de convergencia es la
actualización del programa existente, que va a tener la tramitación
parlamentaria que nos comentaba la señora Presidenta al inicio de la
sesión y la tramitación a través de la Unión Europea en el mes de
octubre, como nos recordaba también el señor Ministro.

Es suficientemente conocida nuestra opinión respecto al Programa de
Convergencia cuando fue redactado y debatido en el año 1992 en el sentido
de que el Programa de Convergencia no es sólo eso, es decir, un programa
que nos hace converger con las economías que conforman conjuntamente con
la nuestra la Unión Europea, sino que son, además, las reformas que
nuestra economía, que nuestro sistema productivo en general debería
llevar a cabo aunque no existiera la Unión Europea. Es decir, deben ser
los equilibrios de las grandes variables macroeconómicas que si queremos
que persista hacia el futuro un crecimiento razonable debemos ser capaces
de alcanzar. Por tanto, es un esfuerzo que nuestra economía debe intentar
realizar, al margen incluso y aunque no existiera la Unión Europea. De
hecho, el Programa de Convergencia no es más que un programa que intenta
dotar a la economía española en su conjunto de competitividad, es decir,
de hacer las mismas cosas a los mismos costes con que lo están haciendo
nuestros vecinos de la Unión Europea.

Es bien cierto que la crisis económica no sólo no ha permitido reducir
los desequilibrios básicos que se pretendían con el Programa de
Convergencia de 1992, sino que los ha incrementado. Si repasamos las
cinco variables fundamentales, es bien cierto que ha mejorado el
diferencial de inflación en términos absolutos, pero no ha mejorado en
términos relativos y porcentuales. El déficit ha evolucionado



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muy mal hasta hoy y, además, tiene una dificultad evidente, como se ha
visto en los Presupuestos de 1994 y probablemente veremos también en los
de 1995, una rigidez tremenda al disminuir la actividad económica y, por
tanto, al disminuir también proporcionalmente los ingresos fiscales del
Estado a través de ese descenso de la actividad económica de muy difícil
mejora en el próximo ejercicio presupuestario. La deuda pública ha tenido
una evolución muy mala. Además, tenemos el inconveniente --el señor
Ministro nos lo recordaba-- de que en relación con aquellos parámetros
que se marcan sobre la base de los parámetros medios de la Unión Europea
hemos tenido una evolución peor que esa media europea y, en cambio, en el
que hemos evolucionado, como el resto de los países todas han empeorado
su ratio de deuda pública, el objetivo no se fija según el porcentaje de
los que tienen más sino en porcentajes absolutos respecto al PIB, lo cual
quiere decir que nosotros no cumpliremos el único de los parámetros que
cumplíamos, nos acercamos al no cumplimiento del único de los parámetros
que cumplíamos. Sí ha tenido una evolución positiva el tipo de interés,
que en este momento cumple prácticamente el punto y medio por ciento
superior a los tres países europeos con menor tipo de interés,
prácticamente es idéntico, alrededor del 8,7 por ciento, y el tipo de
cambio, con la inteligente, a nuestro parecer, decisión comunitaria de
eliminar la banda estrecha por lo menos ha suprimido las presiones que
venían produciéndose sobre las monedas europeas en general y muy
particularmente sobre la peseta, conjuntamente con la nueva paridad de la
peseta establecida con las tres devaluaciones sucesivas del año pasado.

Quisiéramos expresar nuestra opinión respecto al Programa actualizado de
Convergencia en el sentido de que creemos que la economía española es
capaz de alcanzar los objetivos que se marcan en ese programa, pero la
economía española será capaz de alcanzar esos objetivos si todos somos
capaces de actuar con un tremendo rigor, y cuando digo todos digo todos,
empezando por las administraciones públicas, los agentes sociales y
empresariales y las personas, porque la aportación de todos es necesaria
para ese esfuerzo de rigor que requiere ese Programa actualizado de
Convergencia sobre el que, insisto, el esfuerzo que todos deberíamos
realizar en la economía española tendría que ser exactamente igual, al
margen de su convergencia con el resto de países europeos.

Entrando en el contenido del plan, el plan descansa --nos lo decía el
señor Ministro, nos lo recordaba hoy-- en la seguridad de que España
puede tener en los próximos años un crecimiento del PIB superior al
crecimiento medio europeo. Esta seguridad viene del hecho de que se ha
comprobado en 1994 que con una demanda interna prácticamente hundida
creceremos gracias al sector exterior como la media de la Unión Europea.

Si esto es así, se supone que con una demanda interna que lógicamente en
1995 mejorará respecto al 92, al 93 y al 94, este crecimiento del PIB
puede ser mucho mayor, ésta vendría a ser la base. Quizá aquí haríamos
una pequeña llamada de atención. Estamos convencidos de que el
crecimiento medio de la economía española puede ser superior al
crecimiento de la media europea, pero no deberíamos confiar en que ese
crecimiento se produjera, como parece deducirse del contenido del
Programa de Convergencia, por el incremento de la demanda interna, por el
incremento del consumo, como en años anteriores. Esta es una frase que se
lee en el Programa de Convergencia, que ha sido dicha por el señor
Ministro y que a nosotros nos produce una cierta angustia, por cuanto el
crecimiento de la economía fundamentado en el crecimiento de la demanda
interna y, sobre todo, en el consumo, en los años anteriores no ha tenido
precisamente un efecto positivo sobre la economía española.

Nosotros pensamos que el gran potencial de crecimiento de la economía
española sigue residiendo en el crecimiento del sector exterior y que no
debe bajarse la guardia sino al contrario, debe incrementarse el esfuerzo
por la internacionalización de la economía. Nuestro gran potencial de
crecimiento sigue estando en el crecimiento de nuestro sector exterior, y
soy consciente de que los ingresos por turismo probablemente, que son
excepcionales, lo son en todos sus términos, son excepcionales porque son
muy elevados pero también probablemente porque no debemos contar con que
puedan repetirse, porque se han dado unas circunstancias en los mercados
turísticos internacionales que han beneficiado indirectamente al mercado
turístico español. A pesar de ello creemos y seguimos opinando que
nuestro gran potencial de crecimiento reside en el sector exterior y, por
tanto, hay que seguir con una paridad realista de la peseta, con un coste
del dinero controlado, con el impulso a través de medidas fiscales de la
investigación y el desarrollo, de la formación, de la flexibilidad
laboral y con costes laborales competitivos y de una presión fiscal sobre
la empresa que sea competitiva, es decir, que la empresa sufra la misma
presión fiscal que sufren las empresas que hacen la competencia a las
empresas del resto de los países comunitarios. En este sentido quiero
hacer un nuevo apunte respecto a los costes sociales que cargan sobre la
empresa. He leído en el informe con una cierta sorpresa que se plantea si
es cierto que los costes de la Seguridad Social sobre la empresa son
superiores o no a la media comunitaria. El informe del Programa
actualizado de Convergencia parece dudar de esa afirmación. Conocemos,
por lo menos, los informes que obran en nuestro poder, son bien claros al
respecto. La Seguridad Social carga sobre las empresas, en la media
comunitaria, en un 48 por ciento de sus costes; el 52 por ciento carga
sobre los presupuestos generales. En el caso español la proporción es
distinta: un 58 por ciento sobre la empresa y un 42 por ciento sobre los
presupuestos generales. Este es el resultado de unos estudios que
--insisto-- por lo menos son los que obran en nuestro poder, creo que
procedentes de la Comisión Europea y, por tanto, con datos que me imagino
deben ser conocidos por el señor Ministro y probablemente aportados por
los Ministerios españoles a la Comisión, y de no ser así me gustaría que
me fuera aclarado por el señor Ministro. Si esto es así, es evidente que
hay que hacer un esfuerzo para rebajar la carga de los costes sociales
sobre la empresa que representan una carga sobre la misma superior a la
media europea y, por



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tanto, quitando competitividad e incidiendo de forma negativa en la
creación de empleo, es decir, que es una rémora para la creación de
empleo.

Igualmente --y esto sí se menciona en el capítulo de reformas
estructurales-- está la reforma del Impuesto sobre Sociedades que también
creemos que es necesaria para dotar de esa competitividad a la empresa en
general, pero sobre todo es necesario un esfuerzo en la promoción de la
internacionalización en la economía. Es importante la promoción exterior
de venta de bienes y servicios. Por ello, aunque no únicamente, también
será importante ver cómo se comportan los presupuestos de 1995 con la
partida presupuestaria correspondiente al ICEX, que es uno de los
instrumentos de promoción de la internacionalización, y sobre todo la
creación de instrumentos que incorporen las pequeñas y medianas empresas
a la internacionalización, a la exportación. La gran empresa ya está
metida en la exportación; es la pequeña la que no ha dado ese salto, y en
un país como el nuestro donde la pequeña y mediana empresa conforman un
porcentaje de nuestra economía tan importante, sólo podremos incrementar
nuestras exportaciones si se incorporan al mercado exportador las
pequeñas y medianas empresas.

Hemos tenido una economía protegida durante muchos años, demasiados
probablemente, como para conformar una opinión generalizada de que el
mercado de una empresa es el mercado más próximo territorialmente
hablando y ahora debemos convencer a nuestra gente de que si no se es
capaz de vender en Lyon, en Berlín o en París, tampoco se será capaz de
vender en Almendralejo, es decir, que si nuestras empresas no son capaces
de producir bienes y servicios para ser vendidos en el resto de países de
la Unión Europea, será porque sus costes son superiores a los de aquellas
que producen esos bienes y servicios en París, en Berlín y en Lyon, y
ellos sí venderán a vender a Almendralejo. Nuestro mercado ya no está
protegido, está en competencia con los de los demás y debemos ser capaces
de producir nuestros bienes y servicios a los mismos costes que los demás
y venderlos efectivamente en el exterior.

Por tanto, quizá habría que hacer un comentario de que los objetivos del
plan de convergencia son asumibles, son alcanzables, pero poniendo el
acento en el crecimiento del sector exterior, porque entendemos que ese
plus de crecimiento que la economía española es capaz de realizar en los
próximos años respecto a la media comunitaria vendrá más de la mano del
sector exterior que del crecimiento de la demanda interna, que igualmente
se producirá, estamos seguros.

Competitividad, como decía el señor Ministro, es producir bienes y
servicios a costes idénticos a la competencia, es decir, a como es capaz
de hacerlo otro. Se ha hablado mucho de la competitividad de la empresa,
de la competitividad en general del sector productivo. También debe ser
competitivo lo público, las administraciones públicas. Ha de haber
prestaciones sociales parejas a costes parejos. España ha incrementado,
ha mejorado sus prestaciones sociales en estos últimos años, pero
veníamos de una situación muy baja relativamente respecto a las
prestaciones sociales de los países comunitarios. Debemos seguir haciendo
ese esfuerzo y, sobre todo, deberemos hacer el esfuerzo de mejorar las
prestaciones sociales a costes parejos a los resultantes de esas mejores
prestaciones en el resto de países de la Unión Europea.

Quiero hacer un comentario a un asunto que para nosotros es muy
importante y al que también se ha referido el señor Ministro. Todos los
objetivos del plan de convergencia parten de la base de que la presión
fiscal debe continuar inamovible. Si ésta es la afirmación del Gobierno,
del Ministro de Economía, a pesar de la situación en que tenemos el
déficit, estoy seguro de que es porque reconocen que la presión fiscal no
puede incrementarse más. Y en este sentido volvería a solicitar del
Gobierno que, en esa petición de competitividad, de esfuerzo y de rigor
que se está haciendo a todos los agentes sociales, a todas las personas,
a todos los ciudadanos, el Estado predicara con el ejemplo. Fíjese, señor
Ministro, que en este momento tenemos un IRPF con topes del 56 por
ciento, superior incluso al contemplado en la ley, que era del 53, y un
Impuesto sobre el Patrimonio que, como sabe muy bien, está muy por encima
de la media comunitaria; hay muchos países comunitarios que ni siquiera
lo tienen y, los que lo tienen, en proporciones inferiores a la mitad del
porcentaje del Impuesto sobre el Patrimonio en España. El propio señor
Ministro decía que la lucha contra el déficit público debe venir de un
rigor en el gasto y, sobre todo, de un incremento en la recaudación,
producto de dos factores: la mejora de la actividad económica previsible
en los próximos años, en los próximos ejercicios presupuestarios, y un
mayor rigor en la lucha contra el fraude fiscal. Aquí quisiera, señor
Ministro, hacerle una petición muy específica en tanto que responsable
del Ministerio de Economía y Hacienda. Creo que sería muy conveniente que
al rigor con el que se está actuando desde su Ministerio en el control
del gasto público, se añadiera un rigor en la exigencia a los servicios
de Hacienda para mejorar la eficacia del sistema impositivo y del sistema
fiscal, fundamentalmente en un impuesto que, por la falta de costumbre,
quizás continúa siendo el de más difícil previsión en los ingresos, como
pone de manifiesto el propio señor Ministro en múltiples ocasiones, que
es el IVA. Son ya ocho los años que llevamos de experiencia con este
impuesto y sus resultados no son todo lo buenos que al señor Ministro y a
nosotros nos gustaría. Creo que es llegado el momento en el que
intentemos, a través de la exigencia a los servicios de Hacienda, mejorar
la aplicación del IVA. Es no sólo una cuestión de justicia impositiva y
fiscal de aquellos que están cumpliendo con la ley, sino también de las
consecuencias que sobre la economía en general tiene la existencia de la
economía sumergida. Creo que ése es un balance muy negativo. Sé que no es
un problema exclusivamente español. En tanto en cuanto que el IVA marca
también los ingresos comunitarios, las aportaciones de los diferentes
Estados a la Comunidad, es un impuesto extraordinariamente vigilado o
puesto en común con los países comunitarios. Pero así como parece que la
Hacienda pública se está mostrando eficaz en el control de los ingresos
por otras figuras impositivas, muy concretamente por el IRPF que tiene la
ventaja de que puede ser controlado a posteriori, en el IVA, que si no es
detectado



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en el momento de creación de la factura tiene más difícil control, no
parece que estemos consiguiendo los ingresos que el Estado necesita y que
la justicia fiscal también requiere.

En definitiva, señor Ministro, nuestro Grupo Parlamentario está
convencido de que la economía española puede crecer como el plan prevé
sólo si somos capaces de continuar con el rigor que las reformas
estructurales de nuestra economía exigen. Entre esas reformas
estructurales una de las más importantes --insisto en la última parte de
mi intervención-- es la de las propias administraciones públicas, tanto
en el sentido del gasto como en el de los ingresos, no por el incremento
de la presión fiscal, sino por una mayor eficacia de la recaudación que
esa misma presión fiscal puede permitir.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Ministro, por su presencia en esta
Comisión y por sus palabras al presentar lo que llama actualización del
plan de convergencia.

A nuestro juicio, dado el fracaso rotundo que reconoce implícitamente el
propio texto que se nos ha presentado del anterior plan de convergencia,
el nuevo plan de convergencia, y no una mera actualización, debería tener
al menos tres características fundamentales. La primera, ser un plan para
la recuperación económica y el empleo; la segunda, ser un auténtico plan
de convergencia, no sólo nominal, sino real, que es, sin duda, la gran
laguna del Tratado de la Unión Europea y del anterior plan de
convergencia; y la tercera, ser un plan --como se ha señalado por el
anterior interviniente-- que facilite la competitividad necesaria de la
economía española. A nuestro juicio no cumple este nuevo plan de
convergencia estas exigencias, estas tres características fundamentales
que debería cumplir un plan a las alturas de la situación crítica en que
nos encontramos desde el punto de vista económico y político, y sobre
todo en el campo del empleo.

En primer lugar, no es un plan que permita solventemente pensar en una
recuperación económica y en una recuperación fuerte del empleo. Es
cierto, y hay que reconocerlo, que es un plan más realista en cuanto a
las previsiones macroeconómicas, en cuanto al déficit, en cuanto a la
previsión de deuda, en cuanto a los precios; es más sensible a la
importancia de la demanda para el relanzamiento económico y, desde luego,
hay que alabar el plan respecto del anterior porque, a la vista de lo que
ha sucedido, habría que considerar que era casi delirante en cuanto a las
previsiones que planteaba, por ejemplo, en relación al déficit o al
crecimiento. A pesar de eso, la verdad es que este documento que se nos
ha entregado sigue siendo un ejercicio de prospectiva bastante
voluntarista (se ha señalado también por el señor Mardones, creo
recordar, y algún otro interviniente) en las cifras de PIB, en las cifras
del empleo o en las cifras de déficit, sin una base real. Habría que
preguntar en base a qué se calculan esas cifras. Usted incluso ha
mencionado --me ha parecido-- en su intervención el término «ejercicio».

Ha dicho: Hemos hecho un ejercicio...; algo así como un ejercicio de
prospectiva, un ejercicio de previsión profética, un programa aplicado en
ordenador del que salen esas cifras como podrían salir otras.

Hay demasiadas afirmaciones gratuitas en el documento que no se
sostienen. Por ejemplo, cuando dice que la política económica del
Gobierno ha creado condiciones favorables para que se reactive la
inversión, el empleo y el consumo. O cuando dice que la política fiscal
del Gobierno ha logrado invertir la tendencia alcista del déficit,
compatible --dice-- con el mantenimiento de medidas de protección social,
como si no hubieran existido reformas laborales o decretazos. O cuando
dice que la reforma del mercado de trabajo ha tenido un impacto
importante; ésa es una frase a todas luces triunfalista. O cuando dice
que el aumento de la recaudación tributaria dependerá del éxito de la
lucha contra el fraude y de la progresividad global del sistema
tributario. ¿Cuál es esa progresividad? Porque no hay, al parecer,
ninguna medida concreta sobre reformas en el sistema tributario. En qué
va a consistir esa progresividad global del sistema tributario, de la
cual depende, en opinión de este documento, el que haya un aumento de la
recaudación tributaria. O cuando habla de que va a haber de aquí al año
1997 una reducción del gasto de las administraciones públicas centrales
en tres puntos. ¿Cómo se va a producir esa reducción en el gasto de las
administraciones centrales? No hay medidas concretas que justifiquen esta
previsión tan optimista.

Por otra parte, desde luego, no hay ningún tipo de autocrítica sobre el
fracaso del anterior plan. Esto creo que es importante porque, si no,
podemos caer en los mismos errores, a pesar de que hay cosas que ya son
irrecuperables porque se ha perdido mucho tiempo y se ha consumido
demasiado tejido industrial. Pero incluso en relación con la política
monetaria, que es lo que más ha cambiado afortunadamente (han bajado
ostensiblemente los tipos de interés, se ha devaluado la peseta tres
veces y se ha situado en un nivel mucho más lógico en relación con las
demás divisas), el documento dice: Tuvo que mantenerse en tonos
restrictivos la política monetaria; justificando el anterior período,
cuando yo creo que todo el mundo reconoce que fue una auténtica locura
mantener la peseta en esos niveles de sobrevaloración y mantener los
tipos de interés, ese enfriamiento constante de nuestra economía que
dificultó su relanzamiento y que está, sin duda, en la base de muchos
cientos de miles de puestos de trabajo perdidos en ese momento. Sin
embargo, el documento dice que el deterioro de las finanzas públicas ha
sido exclusivamente por los estabilizadores automáticos. El único y
exclusivo culpable del deterioro de las finanzas públicas parece que son
los estabilizadores automáticos.

Por otra parte, es un documento que no vale para punto de partida de
recuperación económica y del empleo, ya que es verdaderamente abstracto
en muchos de sus párrafos, en muchos de sus capítulos. No hay ejes o
puntos de referencia claros en el documento; no hay una política
económica clara y, por tanto, se mantienen muchas incertidumbres sobre
aspectos fundamentales, por ejemplo la política social.




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Sobre el tema de las pensiones, ¿cuál va a ser la política de igualdad o
la política social en el futuro? O sobre la política fiscal; porque se
dice que no va a aumentar la presión fiscal pero se mantienen
incertidumbres, ambigüedades, en algunas de sus declaraciones recientes,
por ejemplo, en cuanto a cambios en la tarifa del IRPF o en las
retenciones. Se habla de una posible modificación, no se sabe en qué
sentido, del Impuesto sobre Sociedades. Se apunta la posibilidad, que
nuestro Grupo estaría dispuesto a discutir, del descenso en las
cotizaciones sociales a cambio de un aumento en la imposición indirecta.

En definitiva, se habla de una bajada de ingresos y de gastos, pero al
final no se sabe realmente qué partidas van a suprimirse, y de ahí
nuestro temor en relación con la política social.

Tampoco se atacan suficientemente políticas activas de creación de
empleo. Al principio del documento hay algo bastante alentador. Se dice,
creo recordar, literalmente: Se ha demostrado la insuficiencia de que el
mercado por sí mismo produzca creación de empleo y hace falta, por tanto,
políticas activas de creación de empleo. Eso dice el documento al
principio, pero la verdad es que, después, en el resto del documento no
vemos ni una sola de esas políticas activas. Esa afirmación que se hace
al principio del documento luego no se ve reflejada en el resto y, por
tanto, no aparece claro en qué va a consistir esa reactivación del
empleo. No hay políticas de reparto del empleo ni se apuntan. Tampoco hay
una preocupación por lo que el Libro Blanco de Delors llama los nuevos
nichos de empleo o, con una expresión bastante desafortunada, yacimientos
de empleo. En el documento incluso se hacen comparaciones que yo creo que
son trucos que no van a a ningún lado. Por ejemplo cuando se comparan
fechas. Se comparan las fechas de 1984 a 1993 y se habla de que hay un
millón de ocupados más. Sin embargo, si se compara la cifra última del
año 1994 con la de 1977 se ve que hay 604.000 ocupados menos en nuestro
país, y eso teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe, la tasa de
actividad de España es muy inferior a la tasa de actividad europea. Los
últimos datos de la EPA del primer trimestre indican que tenemos un 25
por ciento de parados. Además, el aumento en empleo, usted tendrá que
reconocerlo, es un aumento muy precario. En España estamos situados ahora
mismo en casi un 35 por ciento de empleo precario frente a las cifras del
10 por ciento, aproximadamente, en que se está en la Unión Europea;
empleo precario y salarios bajos.

Tampoco hay una propuesta fuerte, consistente, de medidas estructurales.

La única que se ha llevado a cabo, y en la que parecen cifrar todas sus
esperanzas, es la que más hemos combatido desde nuestro Grupo y la que
ustedes han llevado adelante, por cierto con el apoyo de la derecha
política, que es la reforma laboral. Pero no hay otras medidas
estructurales de intervención. Realmente el documento destaca las
telecomunicaciones, que parece que es la gran solución, la gran panacea;
la reforma urbanística, aunque en España no hay el problema que no haya
suelo sino que falta inversión en ese suelo; la revisión del sistema
fiscal, aunque no se dice cómo --una medida estructural pero no se dice
cómo--; y los mecanismos de gestión y control del gasto público, que
tampoco se dice cómo. Repito que no hay medidas estructurales serias y
los grupos parlamentarios que han intervenido anteriormente han
coincidido, y nosotros también, en que la más importante de todas ellas
sería una reforma a fondo de las administraciones públicas, que es la
gran reforma estructural que no se ha llevado a cabo, o reformas nítidas
contra los oligopolios en el sector servicios. Tenemos, como usted sabe,
una inflación dual en nuestro país. No hay inflación en el sector
industrial, sí en el sector servicios, y muy fuerte. Tampoco hay
políticas activas industriales o sobre infraestructuras, a las que luego
me referiré.

Por tanto, no creemos que haya una política económica definida en este
documento que creíblemente permita pensar en una recuperación, o al menos
las cifras son aleatorias y con ellas sería inútil ponerse a discutir.

Son tan aleatorias como cualesquiera otras y tampoco hay una credibilidad
en cuanto que esto debe producir un aumento sustancial de las cifras de
empleo que prevén.

Una segunda gran característica de este plan, a la que me refería al
principio, es que todavía no es un plan de convergencia real en los temas
de empleo, por ejemplo, de prestaciones sociales o de PIB, de la economía
real, no de la economía nominal. Todavía sigue habiendo un dogma: primero
una convergencia nominal, después vendrá la convergencia real. Hay
solamente algún atisbo de que empieza a cuartearse este dogma en el
documento, pero no hay una decidida apuesta por la preeminencia de la
convergencia real, en donde tenemos una brecha muy amplia con la Unión
Europea. Habla de convergencia real el documento, pero la verdad es que
no se atreve a expresar cifras concretas de convergencia real, políticas
concretas de convergencia real. Está montada la convergencia sobre una
mera liberalización, en la línea por cierto de llevar simplemente a las
últimas consecuencias el mercado interior único de la Unión Europea. Se
hace una referencia a la liberalización del sistema financiero, sistema
que, por cierto, no acaba de llevar a la economía de los particulares, de
los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, la bajada de los tipos
de interés. No acaba de ser flexible en este aspecto el sistema
financiero, a pesar de las medidas de liberalización. Naturalmente hay
una desregulación del mercado laboral, a que me refería anteriormente,
pero no hay medidas de intervención real en la economía, no hay medidas
de políticas activas, no hay, por tanto, un serio plan de convergencia
real, no solamente nominal, en este documento.

Por último, como he señalado antes, no es un plan que acierte en la línea
de conseguir una verdadera competitividad de la economía española.

Estamos de acuerdo con lo dicho por algún grupo parlamentario sobre que
es fundamental, es clave el tema de la competitividad. Y es clave también
el sector exterior, como decía el señor Molins. Pero no podemos montar la
competitividad española sobre esto. El gran debate es sobre qué se monta
nuestra competitividad. Si se monta solamente sobre devaluaciones de la
peseta, sobre un descenso acelerado del coste de trabajo, sobre
exacciones fiscales a las empresas también de una forma un tanto alocada
o si se monta sobre el modelo del Estado de bienestar europeo, que es que
la competitividad se basa en la calidad de la producción, se basa en la



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investigación y el desarrollo, en la formación profesional, en las
políticas industriales y en las infraestructuras. Es ahí donde hay que
incidir para conseguir una verdadera competitividad que no castigue el
empleo y que no castigue las condiciones laborales porque, si no, nuestra
competitividad tendrá que montarse exclusivamente sobre un modelo que no
es aquel con el que queremos converger. Y es ahí donde creemos que falla
sustancialmente el documento. No hay suficiente atención a estos
criterios de convergencia sobre la competitividad; no hay suficiente
atención en cuanto a investigación y desarrollo. Aquí aparece otro
ejemplo de los trucos en las cifras del documento, a veces un poco
infantiles, que es ocultar situaciones de descenso en el porcentaje
dedicado a investigación y desarrollo en los últimos años. Se habla de
que la convergencia con la Unión Europea en el año 1987, en el caso de la
investigación y el desarrollo, era del 23 por ciento, y en el año 1991 ha
pasado al 36 por ciento. No se dice, sin embargo, que en el año 1994 ha
vuelto a bajar esta convergencia en investigación y desarrollo, que
todavía estamos en el 0,87 por ciento del PIB, cuando las cifras en la
Unión Europea son mucho mayores. La investigación y el desarrollo son
estratégicos en la competitividad; absolutamente estratégicos. Pero para
que nos demos cuenta del abismo que hay en investigación y desarrollo en
nuestro país respecto de la Unión Europea solamente hay que ver dos
cifras, que son espectaculares. En España la convergencia en renta con la
Comunidad Europea es del 76 por ciento y la convergencia en I+D es del 28
por ciento. Es decir, o vamos a un ritmo de convergencia en I+D mucho
mayor que el aumento del PIB, y nosotros propondríamos una cifra para
1996 de al menos el 45 por ciento de la convergencia en I+D, o si no no
vamos a lograr este importante aspecto de competitividad. Consideramos
que tenemos que aspirar a situar inmediatamente el porcentaje de I+D
respecto al PIB en el 1,2 por ciento. Pero en esta como en otras
ocasiones no hay en el documento ningún tipo de cuantificación, sino
simplemente una alusión vaga a la importancia de I+D. Respecto al capital
humano, es evidente que es absolutamente esencial la formación
profesional para una mayor competitividad. Este es otro elemento de
incidencia en la competitividad en el modelo de Estado del bienestar, y
no en la precariedad, en los salarios bajos y en la falta de empleo. Ahí
tampoco hay una cuantificación adecuada. El gasto en educación sobre PIB
en nuestro país está muy lejano respecto del de la Unión Europea, igual
que la relación alumno-profesor. Tendríamos que plantearnos seriamente ir
a una cuantificación de esta convergencia real en competitividad hasta
una cifra que nosotros pensamos que podría situarse, o debería situarse,
en el año 1996 en el 5 por ciento en el gasto público en educación, lo
mismo que valen las mismas argumentaciones respecto de la formación
profesional.

Política industrial, otra de las ausentes del documento de convergencia.

Ni siquiera se siguen las directrices del Libro Blanco; hay un
alejamiento incomprensible de algunos de los elementos más importantes
del Libro Blanco de Delors. Sin embargo, España tiene un determinado
sector público empresarial-industrial que no se utiliza adecuadamente.

Hay un cierto desprecio que ha sido el dominante, como usted sabe, en las
esferas del área económica del Gobierno en los últimos años. Se habla de
una especie de goteo, de pérdidas de participación del Estado en las
empresas públicas. Hay un cierto enorgullecimiento, parece, incluso de
que el sector público tiene un tamaño muy pequeño en relación con Europa.

Sin embargo, hay que decir que el Estado no puede olvidar su papel de
empresario, que es muy importante en el sector industrial; no puede
despreocuparse de ese papel de empresario. Además, hay que decir que en
un país en el que el 50 por ciento de su capacidad industrial está en
manos extranjeras no parece que sea el momento de incidir más en el
desprendimiento de participaciones industriales del Estado en relación
con este sector. De hecho, la empresa pública ha sido una de las grandes
olvidadas de los gobiernos de los últimos años y no parece que vaya a
corregirse este, a nuestro juicio, grave pecado, al menos a la vista de
lo que se señala en el documento de actualización del plan de
convergencia.

No hay prácticamente nada sobre infraestructuras. Usted ha dicho que se
mantiene lo del plan anterior. Me gustaría saber si el compromiso del 5
por ciento sobre el PIB en infraestructuras se mantiene. Realmente las
infraestructuras y el capital humano son una base fundamental, por
ejemplo, para la localización de empresas o de inversiones; es esencial.

Las decisiones sobre localización de inversores, de empresarios, están
condicionadas enormemente por el capital humano y por las
infraestructuras; por tanto, este es un elemento fundamental de
competitividad. Hay una gran correlación entre infraestructuras y renta.

Las infraestructuras son un elemento fundamental no solamente de mejora
de productividad del propio capital privado, sino también para facilitar
la generación de empleo.




La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego que concluya.




El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señora Presidenta.

La dotación española en infraestructuras terrestres está en el 62 por
ciento de la Unión Europea; por tanto todavía muy lejos. No olvidemos que
en la Unión Europea, en la década de los setenta y casi de los ochenta,
se destinó un punto más de PIB --3 por ciento frente a 2 por ciento-- a
formación de sujeto de capital fijo por las administraciones públicas. No
hay tampoco una referencia en el plan a la coordinación con comunidades
autónomas y ayuntamientos, que son los que crean --no se olviden-- los
dos tercios de esta formación bruta de capital fijo. Y no hay una apuesta
por una inversión no sólo suficiente sino sostenible en el tiempo. La
gran tentación en época de crisis es hacer descender la inversión en el
caso de las infraestructuras. No hay tampoco una auténtica política de
infraestructuras medioambientales.

En conclusión, señora Presidenta, creemos que este documento sigue
demasiado anclado en una llegada a la unión económica y monetaria de una
forma muy inflexible. Esta inflexibilidad en la convergencia ha tenido ya
efectos muy nocivos en la actividad y en el empleo, y



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puede causar un daño muy grave a España, que no está a niveles de riqueza
parecidos a los de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea no
incorpora --y es una gran lacra de este Tratado-- instrumentos
autocorrectores de las caídas que puede haber localizadas, por ejemplo,
en un país de producción y empleo. Sin embargo, el acceso a la unión
económica europea y monetaria debe ser mucho más flexible para permitir
ajustes de cambio y evitar que haya unas caídas importantes en la
producción o en el empleo. Si a esto unimos la ausencia de una verdadera
política de diálogo social --se refería el señor Mardones al tema del 50
por ciento en la oferta de empleo-- o la situación de debilidad política
actual, nos hace pensar que, unido a que los ciclos de recuperación van a
ser cada vez más cortos, no es éste un documento que creíblemente permita
pensar en los objetivos de recuperación económica de empleo, de
competitividad, objetivos que esperábamos que estuvieran justificados,
expuestos en este plan, que no lo están, y que esperamos todavía porque
va a tener nuestra colaboración al respecto; colaboración para que haya
una reactivación económica en nuestro país, colaboración leal en los
futuros trámites parlamentarios, pero que en este documento no
encontramos.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Montoro.




El señor MONTORO ROMERO: Señor Ministro, señorías, el Programa de
Convergencia que nos presenta hoy el Gobierno se enmarca en un proceso de
integración monetaria y económica en Europa, que está pasando un tiempo
difícil. Realmente son momentos de zozobra en la construcción de la unión
económica y monetaria de Europa. Las causas de ese tiempo difícil son la
fuerza, la intensidad ante la recesión económica que ha pasado buena
parte de Europa, los problemas derivados de la unificación de Alemania y
los problemas que sin duda se derivarán de la ampliación de los miembros
comunitarios. También es preocupante la tentación nacionalista que está
surgiendo en diferentes países y que hace que se pierda la visión, el
ideal comunitario.

En este ambiente de dificultad, el Grupo Parlamentario Popular quiere
expresar su voluntad firme de preservar y fortalecer la unión económica y
monetaria de Europa. Entendemos que la unión monetaria es conveniente, es
necesaria para que el mercado único funcione con plenitud y de ese
mercado único obtengamos todos sus beneficios potenciales. Ello nos lleva
a la necesidad de cumplir los criterios de convergencia nominal trazados
en el Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, y en
concreto nos lleva a enfatizar la necesidad de cumplir con el objetivo de
reducir la inflación y con el objetivo de reducir el déficit público y la
deuda pública. Alcanzados esos dos objetivos, el resto de los criterios
de convergencia nominal se dan por añadidura. Pero, en sociedades como la
española, el cumplimiento de esos objetivos exige compatibilizar el
esfuerzo de la política económica en aras a su alcance con la consecución
de lo que llamamos convergencia real con Europa. En definitiva, un
crecimiento económico en España que nos acerque al nivel de desarrollo
que tienen los países más prósperos de la Unión Europea y un crecimiento
económico creador de empleo. Porque si no conseguimos armonizar la
convergencia nominal con la convergencia real, realmente no vamos a
despejar la duda, que se ha instalado en buena parte de nuestra sociedad,
respecto del futuro de Europa, respecto de la presencia de España en esa
Europa unida. Hay que devolver la confianza a nuestros ciudadanos en lo
que significa el proyecto europeo; hay que devolver incluso la ilusión
misma de los ciudadanos en ese proyecto europeo. Para eso hay que
aprender de las lecciones que se derivan de las recientes dificultades y
crisis, y las lecciones en nuestra opinión son claras, son expresivas.

Europa se construye desde dentro de los países. Europa no se construye
fundamentalmente desde Bruselas, sino que se hace con las políticas
económicas que aplican los gobiernos nacionales. Son esas políticas que
deben armonizar la convergencia nominal y la convergencia real. Son
políticas económicas, señor Ministro, bien diferentes de las que está
aplicando el Gobierno socialista.

A ese respecto, los resultados de las elecciones europeas del 12 de junio
son bastante claros. La victoria holgada del Partido Popular ha
significado la deslegitimación de la política económica del Gobierno
socialista en el acercamiento a Europa y, en definitiva, también la
deslegitimación de quienes están apoyando a ese Gobierno en la aplicación
de políticas económicas que no están procurando la convergencia con
Europa. (Rumores.)
Esta es la única lectura, la única interpretación del 12 de junio. Y ante
esta situación creada por el resultado del 12 de junio, el Gobierno
socialista estaba obligado a clarificar nuestro panorama político, a
contribuir a la mejora de las expectativas económicas en nuestro país, de
las que depende el crecimiento económico y la creación de empleo; estaba
obligado a despejar esas incertidumbres políticas que están
obstaculizando la recuperación económica. Y para ello, tenía varias
opciones. La Primera, sin duda, anticipar elecciones generales; la
segunda es presentar un programa económico de acciones concretas, de
compromisos políticos claros e incluso concretados en calendarios
específicos y concretos.

Pues bien, ninguna de esas virtudes adorna este Programa de Convergencia
que nos presenta hoy el Gobierno. No hay nada de esto en este Programa de
Convergencia, señor Ministro. El escenario macroeconómico es
sencillamente una imprecisión completa y, en ese sentido, el contraste
que hay con el escenario que acompañaba al programa de 1992 es bastante
claro.

En comparación con el Programa de Convergencia del año 1992, no precisan
lo que sería el PIB a precios corrientes en miles de millones de pesetas.

Tampoco precisan la variación del PIB a precios corrientes. No precisan
cuáles son los deflactores del producto interior bruto. No hablan de la
evolución de la remuneración por asalariados. No hablan nada de la
productividad por ocupado, de la evolución del coste laboral unitario. No
hablan nada de la previsible evolución de la población activa. No hablan
nada de la tasa de paro sobre esa población activa. No hablan nada de la
balanza de pagos de su saldo por cuenta



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corriente. No establecen una cuantificación exacta de la evolución de los
ingresos de las administraciones públicas --sólo se refieren a la
Administración central del Estado-- y a los gastos de esas
administraciones públicas. Es decir, el cuadro no puede estar más lleno
de imprecisión y de deliberada confusión, como, sin duda, a deliberada
confusión responde el agrupamiento de los años 1996 y 1997 en ese cuadro
macroeconómico que ya desdibuja por completo cualquier capacidad de
análisis y cualquier precisión sobre la evolución de la economía.

Ahora, eso sí, se han cuidado, obviamente, de resaltar lo que han llamado
una capacidad de creación de empleo, que usted mismo, esta mañana, ha
calificado de hipótesis de trabajo. Realmente, lo que lamentamos es que
no lo hiciera cuando presentó esas cuantificaciones a los medios de
comunicación, que hubiera explicado a la sociedad española que esa
creación de empleo no es más que una hipótesis de trabajo. Porque, señor
Ministro, tal y como ha quedado, lo ha convertido usted en una nueva
oferta electoral del Partido Socialista, una de tantas de esas ofertas
electorales que realmente necesitan en estos momentos, pero cuyo
incumplimiento posterior lleva a una nueva defraudación de las
expectativas de la sociedad, que todos lamentamos.

En lo que se refiere a las envolventes financieras, la confusión alcanza
cotas históricas. No hay ninguna precisión de la evolución de la presión
fiscal en España. Usted acaba de afirmar que no subirá, pero es que esto
hay que precisarlo en cifras. Y hay que dejar de hablar, señor Ministro,
de la presión fiscal individual, que es un término tan burdo que lo que
hace es descalificar a quien sistemáticamente lo está utilizando. Y
vuelven a utilizar en este Programa de Convergencia un concepto que no se
tiene de pie materialmente, que no hay forma de cuantificar, a no ser que
ustedes hayan descubierto un prototipo de contribuyente, que tengan
aislado, y sean capaces de comprometerse a que este protitipo de sujeto
pasivo no va a sufrir ningún incremento de pago de impuestos en el
futuro. Si lo han descubierto, sería bueno que lo identificaran en esta
Cámara, delante de estos parlamentarios, o, por lo menos, si no lo han
descubierto, que dejen de utilizar este término que no es más que una
forma de inducir, una figura política, una clave política que, cuando
menos, es confusa, desde luego, errática, que hay que desterrar de una
vez por todas.

Tampoco especifican, en las envolventes financieras, las partidas de
gasto público. Y lo que sí es destacable, señor Ministro, es la renuncia
que hacen a la reducción de deuda pública, renuncia que obviamente se
desprende de las previsiones de déficit público que establecen en su
Programa de Convergencia.

Usted ha intentado suavizar en su intervención lo que significa esa
renuncia, ha intentado rebajar la importancia que tiene renunciar a este
objetivo, diciendo que éste no es un objetivo que impedirá la entrada de
España en la primera velocidad de esa unificación monetaria. Pero es que
ésta no es la cuestión, señor Ministro. La cuestión es lo que significa
esa deuda pública creciente que ustedes establecen en su programa,
continuadamente creciente hasta el año 1997, donde ya consiguen bajar
alguna décima del producto interior bruto. Por cierto, un crecimiento del
producto interior bruto para 1977 que me gustaría conocer, si pudiera
especificárnoslo, para saber cómo consiguen bajar esa participación de la
deuda pública. Decía que ésa no es la cuestión, porque la cuestión es lo
que significa la carga de intereses, la aportación de nuevos intereses a
un déficit público creciente en España, lo que significa de hipoteca para
la política presupuestaria en estos años venideros y lo que significa de
renuncia política a la lucha más decidida contra el déficit público y
contra el incremento de deuda pública en nuestro país.

De lo que sí nos congratulamos es de que en su programa económico haya el
reconocimiento del error de la política económica que han practicado los
gobiernos socialistas. Ese es un texto similar al que le leí, señor
Ministro, en la anterior comparecencia, hace pocos días, con motivo de la
Ley de Autonomía del Banco de España, la propuesta del nuevo Gobernador,
cuando recordaba las palabra del señor Rojo al Consejo General, para
hablar, en su último discurso, del reconocimiento de ese fracaso. Ese
fracaso está reconocido en la página 14 del Programa de Convergencia,
cuando, textualmente, dice: «... desequilibrios acumulados... que no se
vieron compensados por una orientación restrictiva de la política fiscal
durante esos años, impidieron un rápido acomodo a la nueva coyuntura de
la política monetaria...» Fin de la cita.

Realmente, este reconocimiento de que faltó esa orientación restrictiva
se supone que tendrá también una responsabilidad política por parte de
los gobiernos socialistas que no estaban aplicando los presupuestos del
Estado que la evolución económica exigía.

También nos felicitamos del reconocimiento siguiente, que figura en el
Programa de Convergencia, cuando dice que nuestro sistema económico
necesita de estas reformas estructurales profundas para que el desarrollo
se traduzca en empleo de manera más intensa.

Exactamente, señor Ministro, hace falta acometer unas reformas
estructurales más intensas, como dicen ustedes, profundas reformas
estructurales para que en España haya una reactivación económica creadora
de empleo.

¿Dónde están esas reformas estructurales en el Programa de Convergencia,
señor Ministro? Porque cuando llegamos al capítulo de reformas
estructurales, creo que los demás intervinientes han sido complacientes
incluso en la lectura de lo que significan esas reformas estructurales.

En una lectura correcta de lo que es el contenido de este Programa no
encontramos nada más que vaguedades, vaciedades, imprecisiones y lo que
es más grave, señor Ministro, ausencias de compromisos políticos. Y eso
sí que nos preocupa, que en este programa no aparezca el compromiso
político del Gobierno socialista de llevar adelante esas reformas que
acaba de reconocer en el texto como una necesidad perentoria para que en
España haya creación de empleo.

Lo que hacen en el Programa, en el capítulo de reformas estructurales, es
un balance, un balance extremadamente complaciente de lo que han
conseguido, de lo que han realizado hasta ahora. Esa autocomplacencia
también



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se la apuntan en lo que es la política económica de estabilización de la
economía. Hablan de lo positivo que es la relajación de la política
monetaria en España, como si eso fuera una decisión deliberada del
Gobierno, haber bajado el valor de la peseta en los mercados
internacionales. Hablan de haber conseguido corregir la tendencia alcista
del déficit público, después de haber llegado al récord histórico de ese
7,3 por ciento que acepta el Gobierno ahora; hablan de que han conseguido
pararlo; el siguiente éxito sería que este año el Gobierno espera
situarlo en el 6,7 por ciento del producto interior bruto. Espléndido
éxito, después de haber registrado el récord histórico como tal.

Esa es la autocomplacencia de estas políticas económicas que se
simultanean con vaguedades, con imprecisiones continuas en las reformas
estructurales.

Sin ánimo de alargar demasiado esta primera intervención, voy a referirme
a alguna de esas vaguedades, para que quede clara la extrema gravedad que
tiene el no ejercer un compromiso político a ese respecto.

Decían algunos de los intervinientes anteriores que falta más decisión en
la reforma de la Administración pública. ¡Y tanto que falta! Es que no
está la reforma de la Administración pública, no hay una reforma del
sector público en el contenido de este Programa
En el campo del control del gasto público, se habla de introducción de
técnicas de gestión más avanzadas. Esa es la expresión que se utiliza,
esa es toda la reforma.

En el horizonte del sistema de salud público se dice textualmente: Para
el futuro, el objetivo sigue siendo la conciliación del sistema.

mejorando su funcionamiento con especial atención a la satisfacción de
los niveles de calidad que los ciudadanos demandan. Obvio, ¿verdad?
Realmente es un objetivo tan obvio que contrasta con lo que sería una
reforma del sistema de salud público para conseguir que, efectivamente,
se adecue a la demanda de los ciudadanos.

En cuanto al futuro de las pensiones, se concluye: Alcanzados ya unos
niveles de protección coherentes con nuestro nivel de renta, en los
próximos años se abordará una política de mantenimiento de la capacidad
real del consumo de las pensiones. Eso es todo. ¿Ese es todo el proyecto
que tiene el Gobierno socialista del futuro de las pensiones en España?
En cuanto al futuro de la protección al desempleo, se afirma: Las
decisiones tomadas en materia de protección al desempleo serán muy
palpables en materia de control del gasto y su reducción cuando la
economía española consolide su recuperación. En otras palabras, señor
Ministro, cuando se empiece a crear empleo, habrá menos parados y habrá
menos seguro de desempleo. ¡Excelente conclusión también, valiente
propuesta de reforma de la protección del desempleo en España!
En materia de empresa pública, hay un retroceso claro respecto al
programa de 1992, donde, al menos, se comprometían a congelar las
transferencias a las empresas públicas. Ahora ya se les ha olvidado esto
y entran en una serie de recomendaciones vagas. Para no cansar a SS. SS.,
voy a dejar de leer textos, pero es que es antológica la redacción de
este programa, en cuanto a un ejercicio de vaguedad.

Es grave que cuando en las primeras páginas se reclama una reforma fiscal
profunda, una profunda revisión --textualmente-- de nuestro sistema
fiscal y de los mecanismos de control y gestión de gasto público, eso
quede referido a una revisión de las tarifas del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas cuando el control del déficit público lo permita.

En cuanto a la importante reforma del Impuesto sobre Sociedades, lo que
hace es remitirnos al Libro Blanco que han distribuido; no comprometen
siquiera en un programa de este tipo lo que serían los criterios, las
claves de esa reforma por parte del Gobierno socialista. Esta es toda la
reforma fiscal que proponen.

De las cotizaciones sociales, lo que nos anuncian textualmente es que el
Gobierno abordará la posible sustitución de cotizaciones sociales por
imposición indirecta a la mayor brevedad posible. Excelente conclusión
también, excelente calendario, después de anunciar que serán objeto de
análisis inmediato por parte del Gobierno, que el Gobierno sigue
analizando, sigue estudiando, sigue pensando en cuál es la solución a eso
que usted mismo ha calificado de idea nueva de los programas de
convergencia europeos. Pero es que si califica de idea nueva, señor
Ministro, reducir el coste de la fiscalidad sobre el factor empleo, es
que, realmente, ha llegado usted tarde a ese concepto, porque,
francamente, no es una idea nueva abaratar fiscalmente el empleo. Lo
encuentra además en los más importantes documentos comunitarios desde
hace bastantes años. Recuerdo aquel programa que establecía una
estrategia cooperativa de crecimiento económico, que creo recordar que
era del año 1986, donde se insistía en la necesidad de reducir la brecha
fiscal, la diferencia entre salario bruto y salario líquido de los
trabajadores europeos, brecha fiscal mucho más amplia en Europa que en
otras zonas del mundo desarrollado.

En formación profesional, la autocomplacencia es completa. De reforma del
mercado de trabajo no se dice una sola palabra, no hay una sola palabra
en cuanto a su concreción.

En el sector industrial, se anuncia un libro blanco de la industria.

Seguimos pensando sobre el futuro de la industria en nuestro país. En
cuanto a las Pyme, no hay unas políticas concretas de pequeña y mediana
empresa, cuando este sector es tan decisivo, es un sector clave del que
depende la creación de empleo en el futuro.

En resumen, señor Ministro, estamos ante un conjunto de vaguedades, de
vaciedades, decía anteriormente, que son reveladoras de falta de ideas en
el Gobierno socialista. Faltan proyectos, faltan compromisos en el
Gobierno socialista, lo que tampoco es extraño habida cuenta de la
división interna que tienen ustedes, que seguramente será una de las
claves de por qué este Programa aparece vaciado, aparece tan desmochado
respecto de lo que deberían ser reformas estructurales en nuestro país.

Incluso le falta alguna concreción. Quizás es que ustedes tienen algún
programa oculto cara a lo que es la reasignación de los funcionarios en
nuestro país, algún programa oculto en cuanto a la aplicación de precios
en los servicios públicos. No lo sé. De todas formas, sería bueno que si
lo tienen, nos



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precisaran, dieran a conocer cuanto antes el contenido de ese programa a
la sociedad española. Desde luego, le sobra intervencionismo, señor
Ministro, le sobra recelo respecto de lo que significa una integración
exterior, una apertura y la confianza en los mecanismos del mercado.

En resumen, decía, estamos ante un Programa de Convergencia que es
electoralista, voluntarista, lleno de imprecisiones y de silencios,
silencios deliberados, es un programa que usted ha convertido en un
trámite para Europa cuando debería haber sido una apuesta decidida para
estar en Europa. Por tanto, como resumen de esa característica, es un
programa no creíble y, desde luego, no asumible. Esta valoración tampoco
es tan difícil de entender cuando este programa es heredero de lo que fue
el fracasado programa del año 1992. Es lamentable que a estas alturas de
la construcción de la Unión Económica y Monetaria estemos sin programa de
convergencia, sin una conducción firme de la economía española en esa
integración en Europa. Si seguimos así, no habrá recuperación económica
creadora de empleo, no habrá convergencia con Europa. Señor Ministro, el
riesgo está en que registremos una evolución de nuestro crecimiento
económico que despierte los viejos fantasmas de nuestra economía, que
haga resurgir la inflación y el déficit exterior. Eso será así si no
abordamos con decisión las reformas estructurales.

España en esa integración en la Unión Económica y Monetaria de Europa
necesita aprovechar las ventajas de lo que significa esa integración.

Necesitamos realmente obtener los beneficios de esta circunstancia de
nuestra integración, que es una circunstancia realmente histórica.

Necesitamos una guía clara para proseguir nuestra integración en Europa;
necesitamos, en definitiva, renovar profundamente nuestros
planteamientos, nuestros proyectos en políticas económicas en el ámbito
económico.

El proyecto socialista al que pertenece este Programa de Convergencia fue
deslegitimado en las urnas el pasado 12 de junio y, desde luego, no es el
pasaporte válido para la construcción de esa Europa. En todo caso, este
Programa de Convergencia sería una mala actualización de lo que ya fue un
mal programa en el año 1992, que no es extraño que haya fracasado, lo que
no hubiera ocurrido si en ese momento se hubieran atendido las mociones
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para remozar, para
actualizar aquel programa fallido del año 1992.

El nuevo Programa de Convergencia, señor Ministro, ese programa que hoy
juzgamos, que hoy valoramos en esta Cámara, lleva el marchamo del fracaso
sobre su frente. Lo procedente, señor Ministro, sería que lo enterráramos
cuanto antes y procediéramos a dar salida al actual «impasse» político
que constituye el más grave riesgo para la recuperación económica y la
creación de empleo en nuestro país.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Mercedes Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: Quisiera agradecer, en nombre del Grupo
Socialista, al señor Ministro su comparecencia hoy en esta Comisión, que
ha visto recientemente modificada su regulación para adaptarla al
objetivo de fortalecer la participación de los Parlamentos de los Estados
miembros de la Unión en el proyecto europeo. Gracias también, señor
Ministro, por su exposición sintética y precisa que ha centrado las
cuestiones básicas sobre las que debe producirse el debate político y en
la sociedad, respecto a la actualización realizada por el Gobierno del
Programa de Convergencia para la Unión Europea.

Es importante --y quiere señalarlo nuestro Grupo-- que nada debe
distraernos de analizar, de reflexionar sobre estas cuestiones básicas en
las que se asienta el Programa de Convergencia; nada y mucho menos la
estrategia deslegitimadora del Partido Popular, con independencia de los
contenidos del Programa; yo creo que es indiferente lo que hoy diga este
programa, lo que hubiera podido decir en otro momento, de otra manera, es
indiferente porque su intervención corresponde a una estrategia de
deslegitimación de la acción del Gobierno y de negación de la legitimidad
sobre la que se asienta este Gobierno, que es el resultado de las urnas
de 1993, que es sobre el que se desarrolla esta legislatura.

No quiero distraerme, señor Ministro y señora Presidenta, de las
observaciones, valoraciones, que quiere hacer el Grupo Socialista en
relación con la actualización del Programa de Convergencia. La primera
apreciación que quisiera realizar es que existe el riesgo, se ha
producido, lo hemos visto en las valoraciones públicas de estos últimos
días, como también ha ocurrido en el pasado, que existe la tendencia a
centrar estas valoraciones en escenarios macroeconómicos y en cifras, en
la especulación sobre su grado de fiabilidad, dejando en un segundo
lugar, a veces, en ningún lugar, la reflexión, el debate, la valoración
de la política económica sobre la que se sustentan y las reformas
estructurales que se proponen.

Por ello, el debate parlamentario de hoy, con el que se inician las
observaciones y las aportaciones de todos los grupos al Programa, con sus
coincidencias y sus discrepancias, incluso con la falta de rigor en estas
discrepancias, entiende nuestro Grupo que también ha de contribuir a
trasladar a la sociedad española la necesidad de debatir sobre las
cuestiones básicas para el cumplimiento del Programa de Convergencia.

En ese sentido, señor Ministro, el Grupo Socialista quiere animarle a un
gran esfuerzo de explicación y diálogo con el conjunto de la sociedad
sobre todos estos aspectos sobre los que se sustenta el actual Programa.

Con la actualización, el Gobierno cumple con la necesidad de revisión del
aprobado en 1992. La revisión ha venido obligada por los efectos que la
recesión ha producido en la economía española, que se ha traducido en el
desfase, como bien se señala en el documento, para conseguir las
magnitudes fijadas para el período 1992-1996. Pero hay que señalar e
insistir --porque, a veces, parece que España es el único país de la
Unión Europea que debe hacer esta revisión-- en que todos los países de
la Unión Europea se encuentran ante la necesidad de modificar las
magnitudes que fijaron en su momento en los respectivos programas de
convergencia.




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Por tanto, señor Ministro, señoras y señores Diputados, sería deseable
que, para despejar elementos que puedan suponer un menoscabo de nuestra
confianza en nosotros mismos como país, que esto se reconozca y que la
revisión se realice con toda naturalidad. Pero la actualización no afecta
sólo a magnitudes económicas, tiene un segundo aspecto más positivo que
es el relativo a las medidas y reformas estructurales. Y, en este campo,
el balance de lo que se ha hecho es intenso y claramente positivo y están
en marcha una serie de reformas que van a tener y ya tienen una
repercusión positiva en el proceso de recuperación económica.

A nuestro Grupo le parece importante resaltar dos de estas reformas
recientes: la reforma del mercado laboral, que va a mejorar la eficacia
de nuestro sistema económico para transformar crecimiento en empleo; una
vez aprobada, queda, evidentemente, aplicarla a fondo y en toda su
extensión. Por ello consideramos necesario, señor Ministro, proseguir con
el esfuerzo de explicación de todos los aspectos de la reforma para que
los cambios normativos que se han producido sean plenamente asumidos por
los agentes económicos y empresariales y para que se haga uso de todas
las posibilidades que la negociación colectiva ofrece.

He de destacar también la reciente aprobación de la Ley de Autonomía del
Banco de España que va a introducir una mayor disciplina en la política
monetaria, en el objetivo de la estabilidad de precios, y que va a
fortalecer también la credibilidad de la política económica respecto a
este objetivo.

Entrando ya en las previsiones y objetivos, quisiera manifestarle, señor
Ministro, el pleno acuerdo del Grupo Socialista respecto a lo que
constituyen los tres pilares básicos sobre los que se asienta la política
económica y que orientan la actualización del programa: la consolidación
de la recuperación, la creación de empleo y consolidar los derechos y las
prestaciones sociales alcanzadas.

Nuestro acuerdo, por tanto, con las propuestas de política económica que
se articulan en esa dirección, unas propuestas que no son de cambio, son
de perseverancia en la política económica, con la que se ha hecho frente
de manera acertada a la crisis y en la que se está sustentando la
recuperación económica, una política económica que ha recibido --no lo
olvidemos-- un aval importante en la última Cumbre comunitaria de Corfú.

La política económica que está desarrollando el Gobierno es una política
a medio plazo, coherente, que conoce cuáles son los problemas del país,
que está dispuesta a resolverlos y que está en plena consonancia, que es
homologable, con la que practican los demás países de la Unión.

Como objetivo clave para resolver nuestras dificultades se sitúa la
competitividad, competitividad que quiere decir empleo y una base
productiva más amplia, algo que es, sin duda, la garantía necesaria para
mantener la solidaridad social. En este objetivo se incluye proseguir en
dos líneas de actuación básicas: el control y reducción del déficit y
avanzar en las reformas estructurales de nuestros mercados.

Somos conscientes, señor Ministro, de que los datos del déficit público
del último año no hacen fácil los objetivos marcados en relación a la
contención del déficit ni tampoco la defensa del carácter riguroso que ha
de tener la política fiscal. El déficit presentó tensiones importantes en
1992, ha sido elevado en 1993 y continuará siendo alto en 1994, aunque ha
cambiado la tendencia alcista. Esto es cierto, pero no significa que la
política fiscal haya tenido un carácter expansivo.

Es preciso reconocer que hemos sufrido, al igual que otros países --a
veces también se tiene la impresión de que España es el único país que ha
sufrido este problema--, el efecto rápido del incremento de los gastos
por desempleo y del descenso de la recaudación fiscal, así como el efecto
de unas cargas financieras muy elevadas como consecuencia de los altos
tipos de interés que Europa ha tenido en los últimos años.

El problema del déficit, junto con una magnitud elevada de la deuda es,
evidentemente, un problema importante de nuestra economía, como lo es del
resto de las economías de la mayoría de los países comunitarios, que ha
de ser resuelto en un plazo de tiempo razonable. En este sentido, la
previsión del Gobierno de situar el objetivo en el tres por ciento del
PIB, que es el requisito fijado en Maastricht, y ampliar el período a
1997, al Grupo Socialista le parece prudente y realista pero que va a
exigir, en cualquier caso, aunque los tipos de interés se mantengan bajos
y la actividad económica se recupere, seguir manteniendo una política
presupuestaria rigurosa que revise todos los programas de gasto y todos
los procedimientos que lo determinan y por el lado de los ingresos, sin
aumentar la presión fiscal normativa, aumentar el grado de cumplimiento
fiscal.

Esta voluntad de una política fiscal rigurosa se ha demostrado claramente
en el Presupuesto de 1994, que ha recortado el gasto corriente al máximo,
que, a la vez, ha mantenido el gasto en inversión y la incentivación de
la actividad productiva y que, al mismo tiempo, ha aceptado un aumento
significativo de gasto social, como consecuencia del ciclo. Lo que se
propone es proseguir en esa línea, sin perjudicar la capacidad productiva
del país ni el nivel de justicia social conseguido.

Respecto al conjunto del escenario macroeconómico y los objetivos
cuantitativos que se contemplan para el período 1995/1997, es un
escenario que está en línea con las previsiones que los organismos
económicos internacionales realizan para las economías europeas a partir
de la consolidación de la fase de la recuperación iniciada en 1993, y que
resulta consistente --creo que es importante resaltarlo-- con el
comportamiento de la economía española en la anterior fase de expansión
económica, en la que se compatibilizó saneamiento con crecimiento
económico muy alto. Conviene recordar que, entre los años 1986 y 1991, el
producto español creció a una tasa real acumulativa por encima del 4 por
ciento anual, apoyada en el mantenimiento de una tasa de crecimiento
diferencial en el uso de los recursos productivos en esa etapa.

La creación de empleo, en torno al millón de nuevos puestos de trabajo,
es, sin duda, señor Ministro, una



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previsión ambiciosa, pero que tiene su justificación en el efecto
positivo que ya está produciendo la reforma laboral y en la moderación
prevista de los salarios nominales.

Conviene también recordar en esta materia el impacto positivo de la
reforma que se produjo a mediados de los 80, que contribuyó de forma
positiva a la creación de puestos de trabajo entre los años 1985 y 1991,
en cuya etapa se crearon más de un millón y medio de empleos netos.

En el escenario del crecimiento del PIB para los próximos tres años que
se plantea, resulta una previsión alcanzable, que debería contemplarse,
en cualquier caso, como un gran objetivo del conjunto de la sociedad
española.

En relación con las reformas estructurales, con la continuación de las
reformas que se proponen, la próxima presentación de los proyectos
legislativos que van a desarrollarlas hacen prever, sin duda, un período
de sesiones intenso. Pero desde el Grupo Socialista queremos animarles,
señor Ministro, a llevar adelante, con la mayor celeridad posible, todas
estas reformas, a fin de remover las trabas que dificultan la
competitividad y la creación de empleo. Y en este sentido nos satisface
que el Gobierno esté considerando la reducción selectiva de las
cotizaciones sociales y su sustitución por imposición indirecta, en línea
con las recomendaciones del Libro Blanco sobre el empleo de la Comisión
Europea.

Referente a las nuevas medidas, nuestro Grupo quisiera expresar una
reflexión sobre la adecuación del sistema fiscal que se plantea. Estamos
en un momento de debate sobre el papel de los instrumentos fiscales en la
creación de empleo y sobre la financiación de los sistemas de protección
social; en una reflexión sobre la reestructuración del actual sistema
impositivo para favorecer la creación de empleo, y un modelo de
crecimiento económico sostenible. Pero dicha reestructuración --y ésta es
la línea que mantiene el Grupo Socialista-- debe evitar la progresiva
erosión de las bases impositivas y debe mantener la progresividad de
nuestro sistema fiscal.

A modo de conclusión diré que el Grupo Socialista considera que el
Programa de Convergencia actualizado que el Gobierno ha presentado es un
programa realista y viable para avanzar en la convergencia real con los
países más prósperos de la Unión Europea, a través del mantenimiento del
crecimiento económico, superior a la media comunitaria, y mediante la
estabilidad a medio plazo que ha de permitirnos un crecimiento más
duradero y estable. Entiende el Grupo Socialista que los objetivos que se
proponen son posibles y nada indica que no estemos en condiciones de
alcanzarlos. Debemos, no obstante, construir un importante consenso en
torno a estos objetivos y también crear un clima de confianza, que
invitamos a construir a todos los grupos dentro de nuestras posibilidades
y capacidad para conseguirlo.

Estamos en un momento similar al de 1985, en la antesala de una nueva
fase de expansión de la economía, y nuestro país está en mejores
condiciones que entonces, con una economía más abierta e integrada en
Europa, para aprovechar esta fase intensamente, como se hizo en la etapa
1986/1991. Sin embargo, hoy como ayer, hay voces pesimistas, hay voces
agoreras que, desde las mismas filas políticas que entonces, cuestionan
nuestro futuro. Frente a esos juicios, yo quisiera citar aquí, para
acabar, opiniones más constructivas. Una voz autorizada, la del Director
del Fondo Monetario Internacional, muy recientemente, en una conferencia
a la que también asistía el señor Ministro, recordaba que España es el
país del mundo que más ha crecido en los últimos diez años y que su
imagen, nuestra imagen internacional es la de un país vital, moderno y
con una gran potencialidad de futuro. Esta potencialidad y una política
adecuada --la que propone el Gobierno-- es lo que ha de permitirnos
alcanzar los retos contenidos en el Programa de Convergencia para la
Unión Europea.

Al Gobierno socialista corresponde, como decía al inicio de mi
intervención, desde la legitimidad que le confieren los resultados
electorales sobre los que se desarrolla esta legislatura, liderar el
nuevo proceso de progreso para España y de contribución a la Unión
Europea.




La señora PRESIDENTA: Para responder a los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Voy a intentar
rápidamente comentar los aspectos más sobresalientes que se han
planteado.

Al señor Mardones le indicaría que, evidentemente, lo que nos jugamos con
el Programa de Convergencia es un elemento de credibilidad; credibilidad
que he considerado, desde hace un año que me responsabilicé de estos
temas, como punto fundamental para que la sociedad aprecie de forma
realista las actuaciones del Gobierno, y con esa credibilidad se ha
intentado definir el Programa que hoy presentamos.

El objetivo del crecimiento del PIB es verdad que es algo superior al
3,5, y S. S. se plantea el problema de si es compatible ese crecimiento
sin un control adecuado del déficit público y sin una reducción de la
inflación, y expone una duda: ¿podemos pasar del 6,7 en el año 1994 al 3
por ciento en el año 1997? Yo le diría que sí, que es perfectamente
posible con una política de gasto enormemente restrictiva, como he
planteado, política que es la que estamos haciendo ya en el año 1994. Por
tanto, no estamos planteando temas distintos de lo que ya estamos
haciendo.

Es verdad, y volveré a este tema posteriormente, que gran parte de las
medidas que van a tener incidencia sobre el gasto han sido ya adoptadas.

Recordemos, por ejemplo, las medidas que afectan al desempleo adoptadas
en el año 1993 para la Ley de Presupuestos de este año, como también
afectan las medidas de reforma de la Administración pública y las medidas
sanitarias que en el momento actual están en vigor. Por consiguiente, yo
creo que el grueso de medidas que deben permitirnos esa reducción del
gasto sin duda alguna están en marcha.

A partir de ahí S. S. se plantea otra duda: ¿qué sucede con las
comunidades autónomas? ¿Ese compromiso --y es un problema que también
plantea el señor Zabalía-- es algo impuesto o es algo pactado? En el
pasado se pactó una determinada senda de reducción del déficit por parte



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de las comunidades autónomas. En esa senda se ha producido una cierta
desviación, yo diría que menos justificada posiblemente que la del
Estado, en la medida en que ha afectado fundamentalmente al gasto pero no
tanto al ingreso, dado que la percepción de ingresos se realiza de
acuerdo con ciertos criterios que inciden mucho menos que los ingresos
del Estado. Pero incluso en gastos también; hay una serie de gastos
anticíclicos que no corresponden a las comunidades autónomas. Hemos ido a
un reconocimiento de esos desfases en el año 1993, y como consecuencia ha
habido que readaptar la senda de reducción del déficit con esos
criterios.

Se ha hablado, en general, con las comunidades autónomas. Están de
acuerdo, en principio (por lo menos eso es lo que me informan), con este
nuevo replanteamiento de la senda de déficit, que es tomar en
consideración la situación actual para ir adaptándola de forma progresiva
a la situación futura.

En todo caso, es evidente que éste es un compromiso que tiene que adoptar
cada comunidad autónoma, y desde el Estado, por supuesto, lo que podemos
es convenir con ellas, pero en ningún caso hacer otra cosa.

¿En qué medida va a jugar el Banco de España en todo este proceso? Sin
duda alguna con su responsabilidad fundamental, que es el mantenimiento
de la estabilidad monetaria y, en su caso, como dice la Ley de Autonomía,
apoyar la política económica del Gobierno.

¿Estamos preocupados por la inflación futura? Sin duda alguna. Y es
verdad que la tensión ya no tiene que ser tanto, como S. S. planteaba, el
actuar desde el lado de la demanda como el actuar desde el lado de la
oferta. Es verdad que ahí se ha avanzado bastante, y es verdad también
que yo creo que ese camino puede seguir de forma parecida a como se está
comportando en el año 1994, aunque con los problemas ya conocidos.

Su señoría me plantea: ¿sería deseable un pacto de rentas? Sin duda
alguna. ¿Un pacto de rentas con el Gobierno? No necesariamente. Desde
luego, el Gobierno estaría dispuesto a hablar de un pacto de rentas.

Defendimos el año pasado un pacto a tres años; lo volveríamos a defender
ahora, a tres años, si fuera posible, si no a dos y si no a uno y, desde
luego, pensamos que sería enormemente positivo para el país que ese pacto
se produjese entre empresarios y trabajadores, con presencia del Gobierno
o sin presencia del Gobierno.

Respecto al problema de la oferta de empleo público, ¿es restrictivo ese
50 por ciento? Sin duda alguna es una medidas concreta de esas que otros
dicen que faltan, y que es coherente con la importante reforma de la
Administración que se hizo en la Ley de acompañamiento del Presupuesto
del pasado año. La creación de planes de empleo lo que permite es un
proceso lento pero seguro de adaptación, en un período de tiempo
razonable --no demasiados años, tres años es en lo que estábamos
pensando-- de la Administración central del Estado a las nuevas
necesidades.

En consecuencia, se define un sistema de acuerdo con el cual lo que se
produce es una reducción progresiva de la Administración central del
Estado, con sustitución de aquel tipo de funciones que hoy ya se han
transferido a comunidades autónomas por otro tipo de actuaciones que
sigan siendo responsabilidad del gobierno central. Y por eso se plantea
un diseño triple: por una parte, los planes de empleo; por otra, una
reducción del 50 por ciento de convocatorias de plantillas de acuerdo con
las jubilaciones de cada año, y, además --y éste es un tema muy
importante--, con algunas excepciones específicas en función de las
necesidades que pueden nacer de la prestación de algún servicio público.

No cabe la menor duda, y comparto totalmente su tesis, de que la
Administración pública está para prestar ciertos servicios, y mal
prestaría ese servicio, evidentemente, si no dispone de personal.

En cuanto a sus otras preocupaciones, la liberalización de
telecomunicaciones ha empezado ya de forma progresiva y seguirá de
acuerdo con el calendario previsto. Y en cuanto a la ley de seguros, yo
espero que tenga entrada en esta Cámara no más tarde de primeros de
septiembre. En este momento ya está finalizado el texto, debe ser
informado por el Consejo de Estado, y tan pronto como se disponga de ese
informe del Consejo de Estado y del CES se remitirá evidentemente a la
Cámara.

Respecto a colegios profesionales, repito lo que he dicho al principio.

Ninguno de los compromisos del anterior plan los dejamos caer. Otro
problema es si la fórmula que en su momento se plantea para resolver esta
situación es la óptima o tendríamos que ir a fórmulas distintas que, sin
duda alguna, podrían ayudar a resolvernos el tema con los mismos
resultados, pero sin crear las tensiones que una ley de colegios podrían
plantear.

En cuanto al señor Zabalía, ya le he comentado cuál es nuestra posición
respecto al comportamiento de las administraciones territoriales. Le
diría que es cierto que el País Vasco va cumpliendo bastante bien su
senda de déficit. Hay otras comunidades autónomas que, desgraciadamente,
no lo han podido hacer de la misma forma. A esas otras comunidades
autónomas es a las que les estamos pidiendo un esfuerzo para volver a una
senda de déficit que sea compatible con lo que en su día se pactó.

Su señoría se plantea el problema de Maastricht en una reflexión mucho
más amplia: cómo queda, qué significan las revisiones de los planes de
convergencia, cuál es el nuevo calendario de convergencia.

Yo creo que Maastricht hoy sigue siendo válido en su filosofía y en su
espíritu. Es cierto que la letra en algunos casos plantea algunas dudas,
y voy a explicarlo.

Todos tenemos en la cabeza que hay que seguir haciendo un esfuerzo
importante para el año 1997; que la decisión del paso a la tercera fase
se producirá en el año 1996; que existe la posibilidad de que esa tercera
fase no empiece en 1997, sino en 1999, y que hay unos criterios de
aplicación absolutamente estricta, como son los criterios de tipos de
interés y el criterio, evidentemente, de tipo de cambio en márgenes de
flotación, sin embargo, son más flexibles, como el propio Tratado
establece, los criterios de déficit público, y sobre todo el criterio de
deuda. Recuerdo, por ejemplo, que en estos momentos se está discutiendo
si Irlanda cumple o no la convergencia o los requisitos de convergencia
cuando Holanda está, en el momento actual, en deuda aproximadamente a un
nivel del noventa



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y tantos por ciento; recuerdo que países como Bélgica e Italia están a
niveles de deuda por encima del cien también en el momento actual. Por
tanto, esos conceptos tendrán que ser analizados en términos políticos en
cada momento, porque sin duda alguna no se pueden interpretar de forma
absolutamente estricta.

Es verdad, no obstante, que hay algunos temas que plantean dudas. Por
ejemplo, es imposible cumplir ahora el concepto de estar dos años en la
banda estrecha del sistema. Hoy no existe banda estrecha. El hecho de que
se suprimiera esa banda estrecha y se ampliara nos lleva a una situación,
evidentemente, de valoración de otra forma de esos criterios.

¿Debemos respetar el espíritu? Posiblemente sí, porque no estamos
hablando simplemente del cumplimiento de una condición formal; estamos
hablando de la posibilidad de que las economías sean compatibles, y que,
por tanto, no se generen problemas económicos de gran envergadura.

A partir de ahí creo que el problema fundamental se definirá en 1996, y
en función de la evolución de la crisis, de acuerdo con ese momento,
podremos decidir si se puede ir a 1999 o si hay que replantearse algún
elemento que en estos momentos posiblemente es prematuro plantearse.

¿Es el índice de desempleo una magnitud que nosotros consideramos que
deba ser incluida? Sin duda alguna, no. Lo hemos incluido como iniciativa
del Gobierno en este documento porque seguimos pensando que es el
problema fundamental que este país tiene. A nosotros nos obsesiona
realmente el problema del desempleo, y creemos que ésa es la clave de
cualquier opción política en el momento actual.

Desde luego, en términos comunitarios alguna vez se ha discutido este
tema; nunca podrá ser un concepto de Maastricht; nunca podrá ser un
criterio de convergencia, porque no está recogido como tal en los
tratados y sin duda alguna no van a ser modificados en estos conceptos.

Sin embargo, sí es cierto que, en algunas ocasiones, en el Ecofin se ha
considerado la posibilidad de discutir el problema del desempleo, tema
que me parece perfectamente correcto que se pueda plantear, aunque
siempre he puesto de relieve que cualquier discusión de este tipo debe
tener un debate previo, y es el sistema de cálculo del desempleo en cada
país y los criterios de homogeneización de cifras, dado que no todos los
Estados aplican los mismos criterios ni tampoco los aplicamos de la misma
forma.

Al señor Molins le diría que nuestra idea es, evidentemente, seguir con
un plan de convergencia, el anterior, sin duda alguna desfasado por la
realidad, pero que sigue siendo importante y, desde luego, nuestro
objetivo fundamental es aproximar nuestro PIB «per capita» medio al
europeo. Es verdad, sin embargo, que también ahí hay dificultades en
cuanto a valoración en la medida que cuando ponderamos por poder de
compra, nuestras diferencias no son siempre las mismas que cuando hacemos
los cálculos puramente en términos absolutos.

Es cierto que, en todo caso, hay un problema fundamental, y es que
tenemos un país más pobre, con menos recursos que la media comunitaria, y
eso nos debe llevar a analizar el problema en su conjunto de forma
distinta. Podemos hacer muchas cosas, pero desgraciadamente no las
podemos hacer todas al mismo tiempo. Creo que este es un punto
fundamental, y dado que una de las cosas que tenemos que hacer es
aproximarnos más a Europa, ese objetivo no debemos olvidarlo en ningún
caso como un punto fundamental de cualquier opción de la que partamos.

Parece que a S. S. le preocupa el que demos tanta importancia a la
demanda interna en los próximos años. Le diría que se tranquilizara,
porque no es ese un problema mayor. No hay procesos de crecimiento rápido
si no hay un importante componente de demanda interna; en consecuencia,
es absolutamente imprescindible. Lo que le preocupa, que es el componente
externo, si analiza el cuadro de la página 27 verá que seguimos apostando
por una exportación de bienes y servicios enormemente ambiciosa. Estamos
hablando de crecimientos del 9,8 en 1995 y del 9,1 en 1996 y 1997. Sin
embargo, es cierto también que el saldo exterior pasará de una situación
claramente positiva en 1994 a una aportación negativa en el año
1996-1997. Pero eso será consecuencia casi ineludible de dos cosas: por
una parte, de una necesaria exportación mayor que incorpora bienes
importados; por otra, de un comportamiento del consumo privado nacional
que va a requerir una mayor importación.

Este ha sido nuestro sino tradicional y ese seguirá siendo el proceso
mientras exista un diferencial de situaciones entre España y el resto de
la Comunidad que debe ir superándose de forma progresiva, pero que veo
prácticamente imposible que se supere en un corto período de tiempo.

En cuanto a la referencia a los costes salariales, le haría algún
comentario, aunque posiblemente estamos de acuerdo sin estar de acuerdo.

Su señoría hace referencia a que el porcentaje que en estos momentos se
financia con cargo a las cuotas en España es superior al porcentaje que
se financia con cargo a cuotas en otros países de la Unión Europea; y
siendo correcta esa afirmación, también es correcta la que yo he hecho, y
es que, a pesar de todo, lo que pagamos por cotizaciones sociales en
España es menos que lo que pagan los restantes países europeos. En
consecuencia, las dos afirmaciones son correctas.

Otro problema sobre el que podríamos discutir, pero ya exigiría algo más
de tiempo en este debate, es cómo se distribuyen las cotizaciones en
nuestro país y en qué parte la incidencia de la cotización social sobre
la empresa puede ser superior en España a la de otros países
comunitarios, como consecuencia de la desigual distribución de
cotizaciones sociales entre empresarios y trabajadores en nuestro país y
en otros países de la Unión Europea.

En todo caso, éste es un tema que me parece absolutamente fundamental, y
sobre el que conviene adoptar una decisión con algunos comentarios, con
algunos criterios que posteriormente realizaré. Desde luego, tanto la
internacionalización, el acento exterior, como las Pyme, creo que son
temas básicos y fundamentales a los que se está prestando mucha atención
y, desde luego, tanto el Ministro de Comercio y Turismo como el Ministro
de Industria han presentado ya programas específicos de actuación,
algunos de los cuales están aprobados y en marcha para seguir adelante.




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La reforma de la Administración también está en marcha a través de ese
modelo al que he hecho referencia antes y, en consecuencia, cuando usted
intenta establecer ese equilibrio entre lucha contra el fraude, por una
parte, que sin duda alguna se va a producir, y, por otra parte, reforma
estructural de la Administración, que se está produciendo de forma
progresiva, yo le diría que ese equilibrio en la actualidad está ya
funcionando; podremos acelerar más o menos ese proceso, pero sin duda
alguna el proceso está en marcha.

Al señor López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, le
diría que no comparto parte de su análisis; puedo aceptar algunos de sus
comentarios, pero no otros. Dice que el Programa tendría que plantearse a
partir de presupuestos, tendría que ser un plan para la recuperación
económica y el empleo, un plan para la convergencia real y un plan que
facilite la competitividad de las empresas españolas. Y su señoría parte
de unos comentarios que llegan exactamente a las conclusiones contrarias
a las que yo llegaría, pero posiblemente ahí es que nuestros puntos de
partida también son distintos.

Su señoría dice que las cifras son voluntaristas. Yo digo lo que he
comentado en mi exposición inicial: son exactamente igual de
voluntaristas o igual de realistas que en los restantes planes de
convergencia en los demás países europeos; igual de voluntaristas e igual
de realistas que las cifras que en estos momentos están planteando el
Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Comisión Europea. ¿Va a
sorprendernos la realidad como nos sorprendió después del año 1992 con
una crisis hoy no previsible? Pienso que no. Sin embargo, creo que las
cifras de que estamos hablando son coherentes con todo lo que está
pasando la gente que sabe de verdad de economía en Europa.

A partir de ahí, su señoría expone algunos de los grandes problemas y
algunas de las grandes discrepancias. Estamos de acuerdo con la política
económica, con la política fiscal, en si los cambios que se han producido
son suficientes, en el impacto de la reforma laboral, y su señoría no
comparte algunas de las afirmaciones que nosotros estamos realizando.

Está en su derecho a hacerlo. Posiblemente con más tiempo podríamos
discutir el porqué realizamos estas afirmaciones, que yo creo, sin
embargo, que son absolutamente correctas.

Su señoría dice que no hay autocrítica sobre el anterior plan. Yo creo
que sí hay una autocrítica. Cualquiera que reconoce que lo que había
previsto no se ha cumplido en absoluto está implícitamente aceptando una
autocrítica. Lo que sucede es que esa autocrítica no puede llegar a ser
tan profunda como para decir que además nos equivocamos nosotros solos
absolutamente respecto a la crisis económica que se nos vino encima. Creo
que esa autocrítica no se nos puede pedir. La realidad fue como fue, y
fue como fue con independencia de lo que se pensaba en España y de lo que
que se pensaba fuera de nuestro país. Yo comparto la tesis de su señoría
de que la política monetaria tuvo que mantenerse en tonos restrictivos,
produciendo un enfriamiento constante de la economía. Pensemos lo que era
el crecimiento económico en aquellos años y veremos que tal vez una
política monetaria como la actual en aquellos años hubiera sido
absolutamente imposible. Pero también creo que es muy fácil, a toro
pasado, hablar de ciertas críticas o hablar de ciertas situaciones e
intentar diseñar un modelo de comportamiento que no hubiera sido el que
se produjese en todo caso, sino el que desde ahora, sin ningún tipo de
posibilidad de contrastación, podemos definir como el modelo que en aquel
momento pudo ponerse en marcha.

Dice S. S. que no clarificamos los temas fiscales, el IRPF o las
sociedades. Yo creo que hasta cierto punto esa afirmación puede ser
aceptable, pero sólo hasta cierto punto. El Libro Blanco ya está
entregado, el proyecto de ley de sociedades estará al final del mes de
septiembre o principios de octubre, y ahí clarificaremos exactamente de
qué estamos hablando.

En el IRPF lo que hemos hecho ha sido avanzar unas ideas, porque no
estamos hablando todavía de un cambio en profundidad absolutamente del
impuesto; yo no lo descarto en un plazo de un año, pero desde luego no
son las correcciones que en estos momentos estamos planteando.

A su señoría le preocupa la utilización de las cifras. Las cifras las
podemos utilizar de muchas formas. Las que nosotros decimos son
correctas; las que su señoría dice también. En todo caso, yo creo que
tendríamos que estar de acuerdo en algo. Primero, que entre el año 1986 y
1991 se crean un millón y medio de puestos de trabajo; que entre 1984 y
1993 es un millón, es cierto, y que entre 1977 y 1984 caen 604.000,
también es cierto, pero habría que ver cuál es la naturaleza del trabajo
que cae, cuál es el tipo de educación obligatoria que se introduce en
este país y cómo aumenta la población activa, que también tiene
incidencia durante ese período de tiempo. Por tanto, yo creo que de esos
temas podríamos hablar con calma, y tal vez no estuviéramos tan lejos en
cuanto a las afirmaciones de unos y otros. Es verdad que siempre toda
cifra es discutible, pero no es menos cierto que toda cifra refleja una
cierta realidad.

A su señoría le preocupa el que no vayamos a una convergencia real. Esa
idea de la convergencia real intentamos incluirla en nuestro documento.

Cuando estamos apostando por un crecimiento del 0,9 por ciento en los
años 1996 y 1997, superior a la media de la Comunidad, estamos intentando
apostar por esa convergencia real e intentamos poner de relieve que esa
convergencia real es posible. ¿Cómo podemos conseguirlo? Podemos
conseguirlo con la I + D. ¿Le gustaría definir ya cuáles son los
compromisos de I + D o los compromisos de formación profesional y
prejuzgar cuáles son los comportamientos presupuestarios futuros? Eso
podía haber sido una opción, pero no nos equivoquemos, y vuelvo al tema y
a la referencia que anteriormente he dicho. Este país tiene limitaciones
presupuestarias claras. Podemos hacer una cosa u otra, pero no podemos
hacerlo todo al mismo tiempo. En consecuencia, nuestra gran opción va a
ser elegir en cada momento concreto qué cosa queremos hacer. A mí
personalmente la opción de apostar por el capital humano, por la
formación, por la tecnología, no me parece mala; más bien sería
partidario de defender la hipótesis de trabajo de que ha llegado el
momento de apostar por este tipo de posibilidades. Por supuesto, en
infraestructuras tendremos que



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hacer todos los esfuerzos que podamos para intentar aproximarnos o para
intentar conseguir ese 5 por ciento en la parte que corresponde a la
Administración pública central. No olvidemos nunca que la parte
fundamental de esta inversión no corresponde a la Administración pública
central.

Señor Montoro, le diría que no me ha sorprendido su intervención, que
partía ya de unos presupuestos previos y, en consecuencia, las
conclusiones son coherentes con esos presupuestos. Su señoría, aunque lo
ha dicho al final, podía haber empezado con lo mismo, diciendo que
nuestro plan es electoralista y voluntarista. Electoralista, le puedo
asegurar que no. De aquí a 1997 falta mucho tiempo y no tenemos ninguna
prisa. En consecuencia, ése es un pecado que difícilmente se nos puede
atribuir. ¿Voluntarista? Pues igual de voluntarista que era cuando el año
pasado afirmábamos que creceríamos en 1994 al 1,3 por ciento, que
defendíamos la tesis de mantenimiento de un déficit presupuestario del
6,7 y cuando S. S. decía que, como no había política económica, nada de
todo eso sería cierto. Su señoría ha estado negando la recuperación
económica frente a cualquier evidencia durante meses para intentar hacer
coincidir la realidad con sus apreciaciones, cuando la realidad casi
siempre acaba imponiéndose. Es verdad que a veces se consigue crear un
ambiente lo suficientemente negativo como para que situaciones como la
inversión no funcionen de forma correcta, y en ese caso yo no sé si se
está apostando en la buena o en la mala dirección. En todo caso no es una
dirección por la que yo apostaría nunca.

Su señoría parte de una afirmación que a mí me parece grave, que es que
el proyecto socialista está deslegitimado por las urnas. A mí me parece
que incluso es una afirmación inaceptable. Yo creo que hay que valorar
los procesos electorales en su contexto. Yo creo que nadie va a
deslegitimar a nadie. Las urnas legitiman o deslegitiman lo que
corresponde a cada elección. No cabe duda de que el Partido Popular tuvo
un gran éxito en las elecciones europeas, hecho por el que todos
felicitamos al Partido Popular, pero sacar de ahí la conclusión de que
existe una deslegitimación del Gobierno actual y de este Parlamento
elegido en junio de 1993 me parece una afirmación grave.

A partir de ahí querría hacer algún comentario adicional sobre los
aspectos puramente económicos. Ya imaginaba que el documento no le
gustaría a S. S. y ya imaginaba que cualquier crítica es bienvenida. Su
señoría preferiría un cuadro macroeconómico más ambicioso, con más
detalle, con lo que podríamos discutir más si se cumple o no el cuadro
macroeconómico, se podría decir más eso de «ustedes se han equivocado» y
«ustedes sólo aciertan cuando corrigen» y esas frases que a ustedes les
gustan tanto, pero no cabe la menor duda de que lo que hacemos es ni más
ni menos que lo que hacen nuestros colegas comunitarios: poner encima de
la mesa un cuadro que creemos que es coherente, que es coherente con la
situación actual, que creemos que es perfectamente realista y que se
puede cumplir.

Cuando yo hablo de una hipótesis de trabajo para el empleo, hablo de una
hipótesis de trabajo que creo que es realista. ¿Hay alguna razón para
pensar, por ejemplo, que no se puedan crear 300.000 empleos al año en los
próximos años? Si cuando analizamos las cifras, por ejemplo, de los
últimos períodos, vemos que en el período 1985-89 se creaban 270.000
empleos al año --y ya sé que S. S. me dirá que una parte de ellos era de
administraciones públicas, y es cierto, y es verdad que esa creación de
empleo no se va a producir en los próximos años--, de esos 270.000
empleos, en unas condiciones distintas en cuanto al mercado laboral,
pasar a unas 290.000, en la opción que nosotros estamos planteando,
creemos que es perfectamente realista.

Podemos analizar el umbral de crecimiento de empleo o de iniciación de
crecimiento de empleo con un criterio o con otro, con el que queramos,
pero yo creo que si pensamos que algo ha avanzado este país en los
últimos años, deberíamos aceptar también que cada vez nos vamos
aproximando a la situación comunitaria y, en consecuencia, si ya crear
empleo en este país es más fácil a partir de ciertos niveles de
crecimiento, creo que tendremos que aceptar también que las cifras que en
el año 1985-89 se situaban en los 270.000 empleos sería relativamente
fácil que llegasen a los 300.000. En ese sentido hablo de una hipótesis
de trabajo, porque parto de unos supuestos que evidentemente son
necesarios en todo caso, pero es cierto que esos supuestos, como siempre
en economía, se pueden cumplir o no. A mí ése me parece un tema
fundamental y no pretendemos con él nada especial, no pretendemos, como
usted lo ha llamado, un electoralismo. Pretendemos decirle a la población
algo que sí me parece fundamental y es que el gran problema de este país
es el empleo, nuestro gran reto es el empleo, y le puedo asegurar que si
usted tuviera mis responsabilidades y yo estuviese en su sitio, le
intentaría ayudar a conseguir ese millón de puestos de trabajo y si fuese
posible algo más.

A partir de ahí S. S. hace una serie de afirmaciones diciendo que están
de acuerdo con algunos puntos, especialmente con aquellos en los que
considera que se pueden apreciar algunas contradicciones con nuestra
propia posición anterior, y nos critica lo que llama balance complaciente
de la situación económica. No suelo ser en general complaciente, intento
poner de relieve lo que creo que es la realidad; lo que sucede es que
tampoco suelo ser maniqueo e intentar distinguir entre buenos y malos,
porque yo creo que las realidades son siempre bastante más complejas.

Intentar suponer que entre el año 92 y 94 no ha sucedido nada y que el
año 93 no ha existido a mí me parecería bastante poco realista.

Su señoría a continuación hace una valoración de una serie de puntos
sobre los que dice: no hay nada dicho. Su señoría olvida que desde el año
1992 venimos haciendo cosas de todo tipo. En el año 92 ya reformamos, por
ejemplo, el sistema de prestación por desempleo, la ILT, se modifican los
tipos de IVA, etcétera, que da un incremento de empleo. En el año 93 lo
que hacemos es variar también algunos elementos de incremento salarial
para modificar el crecimiento del gasto. En el año 93, en las medidas de
acompañamiento de este año, hay medidas importantes en cuanto a
desempleo, hay algunas medidas puestas en marcha en sanidad y no pensamos
que las reformas estructurales,



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por el hecho de que ya están realizadas, no van a tener impacto. Yo creo
que van a tener un impacto claro.

A su señoría quizá le admitiría una cierta crítica en el sentido de
decir: ustedes han puesto de relieve excesivamente lo que han hecho y,
sin embargo, no ponen de relieve lo que van a hacer, porque hay cosas que
hacer todavía, sin duda alguna. Es verdad que ahí algunas sí las
destacamos. Por ejemplo, hablamos de la necesidad de modificación de la
incapacidad laboral transitoria y del sistema de invalidez provisional,
como hablamos también de algún otro elemento concreto. Su señoría me
pregunta: ¿Qué van a hacer ustedes en pensiones? Evidentemente es un tema
que a todos nos interesa. Yo le devolvería la pelota y le diría que me
parece que, más que en pensiones, lo que tenemos que ver --yo creo que
está bien enfocado el tema-- es qué vamos a hacer con la financiación de
nuestro sistema de Seguridad Social futura, y ahí lo que el Gobierno está
esperando es precisamente el informe de la Ponencia de esta Cámara que
estoy seguro que nos dará luz y nos permitirá clarificar muchas cosas.

Desde luego seguimos pensando lo mismo de las empresas públicas, que hay
que mantener la congelación de transferencias, pero tampoco nos hacemos
trampas en el solitario. Sabemos que si hay empresas públicas que tienen
deuda en un momento determinado el decir que congelamos las
transferencias, de lo único que nos sirve es para saber que se va a
encubrir cierta deuda que reaparecerá posteriormente. En consecuencia
creo que es mucho más realista clarificar las cosas y hacerlas frente sin
ningún tipo de complejos.

Su señoría habla de que no completamos la reforma del mercado laboral.

Ahí posiblemente S. S. tiene razón, porque nosotros no estamos planteando
elementos adicionales de reforma del mercado laboral. Si S. S. los tiene
o los quiere plantear, hágalo, pero no es desde luego nuestra intención
presentarlos en el momento actual.

Lamento que S. S. haya adoptado una posición tan negativa, porque en mi
toma de posición inicial, lo he dicho en algún caso, yo creo que hay que
distinguir aspectos totalmente distintos, unos en los que creo que
deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo, y es en lo que este país
necesita, y otros donde, posiblemente, desde opciones políticas
distintas, tenemos puntos de vista diferentes, donde discrepamos ahora y
seguramente seguiremos discrepando en el futuro.

A la señora Aroz le daría las gracias por su presentación. Comparto
prácticamente todo lo que ha dicho. Unicamente haría alguna referencia, y
también contesto con ello a algún comentario del señor Montoro, y es
sobre todo el interesante problema de la sustitución de cotizaciones
sociales por imposición. Por supuesto, es un tema muy antiguo. El señor
Montoro ha hecho referencia a ello. Recuerdo que siendo yo muy joven,
tanto que todavía no estaba en la Administración, ya el señor Fuentes
Quintana hablaba de sustitución de cotizaciones sociales no en aquel
momento por IVA sino por fiscalidad. En aquel entonces vivíamos de la
desgravación fiscal a la exportación y se pensaba que era un buen sistema
el poner en marcha un modelo de fomento de la exportación por esta vía.

Posteriormente hemos vivido la tesis de sustitución de cotizaciones por
IVA. Es verdad que es una tesis que ha sido válida hasta el momento
actual y que S. S., como catedrático de Hacienda, conoce bien, pero que
va a tener mucho menos sentido con el sistema de IVA permanente, tal como
está diseñado por la Comunidad, en la medida en que ese IVA ya tribute en
origen, y, por tanto, aquellos países que tengamos un IVA menor podríamos
tener unas ciertas ventajas desde el punto de vista del comercio
exterior.

Lo que es novedoso del Libro Blanco es la vinculación de cotizaciones
sociales con otros modelos de imposición indirecta y especialmente con la
Ecotasa. Ahí es donde yo creo que hay que hacer una reflexión interesante
y, desde luego, pediría a toda la Cámara y a todos los grupos que
aportaran sus ideas, porque yo creo que por esa vía podríamos avanzar y
podríamos conseguir, sin duda alguna, resultados positivos para todos,
pero sin olvidar nuestra realidad, que es la que es respecto a la
aportación real a cotizaciones sociales enormemente coherentes con las
prestaciones que estamos realizando de acuerdo con las grandes cifras. Yo
creo que hay que ser realistas también en lo que puede aportar el Estado
a ese sistema de financiación y también hay que ser realistas respecto a
lo que aportan el trabajador y el empresario.

Muchas gracias.




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro. Con sus palabras
finales damos por concluida la sesión de esta mañana de presentación del
documento sobre la actualización del Programa de Convergencia, diciendo
que, efectivamente, va a haber tiempo para seguir debatiendo ese
interesante tema. Saben SS. SS. que se presentarán las mociones a partir
del mes de septiembre, cuando tendremos otro debate en esta misma
Comisión. Posteriormente tendremos ocasión de cerrar este asunto del
Programa de Convergencia en el Pleno de la Cámara.

En cualquier caso, el tiempo es suficiente, puesto que saben ustedes que
hasta el mes de octubre parece que no se presentaría tampoco el Programa
de Convergencia en el Ecofin en Bruselas y, por tanto, seguiremos los
consejos del señor Ministro de reflexionar sobre todos estos temas e
inclusive sobre algunos otros que ha apuntado, que serán objeto de
estudio en esta Comisión, puesto que forman parte de los deberes que a
todos nos ha puesto el programa de la presidencia alemana.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.