DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 39
INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
PRESIDENTE: DON JUAN DE DIOS IZQUIERDO COLLADO
Sesión núm. 5
celebrada el martes, 14 de junio de 1994, en el Palacio
del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Debate y aprobación, en su caso, del informe de la Ponencia sobre la
memoria de actividades del Plan Nacional de I+D durante 1991. Resumen del
cuatrienio 1988-1991 y perspectivas de futuro. (Número de expediente
Congreso 49/000004 y número de expediente Senado 701/000018.)



Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días.

Se abre la sesión de la Comisión de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico para conocer el informe de la Ponencia de la Comisión Mixta
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico sobre la Memoria de
actividades del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo durante 1991.

Para hacer una primera exposición sobre la misma, tiene la palabra el
ponente señor Del Pozo.




El señor DEL POZO I ALVAREZ: Señor Presidente, efectivamente, como acaba
de enunciar el Presidente de la Comisión, se trata de presentar el
informe, y miraré que la presentación sea lo más breve posible y
descargada de un

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exceso de datos que los señores comisionados habrán podido recoger ya en
su lectura de la Memoria y del borrador del informe, acerca de la Memoria
del año 1991 del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico. Lo que es más interesante, como ya acordó la propia Ponencia
en su momento, es centrarse en la segunda parte de esa Memoria que
incluye una evaluación hecha en 1991 tanto del Sistema Español de Ciencia
y Tecnología como del Plan que lo articula.

El informe ha procurado atender a todos los aspectos que tradicionalmente
atiende desde el año 1988 en que se emite el primero e incluye diversos
capítulos que van desde unas observaciones generales hasta las
recomendaciones finales, pasando por las observaciones a los distintos
epígrafes que constituyen el esquema de la memoria.

Del capítulo de observaciones generales especialmente señalaría que el
informe recoge, como la propia Memoria, la conciencia que todos tenemos
del triple desafío en que nos encontramos; un desafío que afecta, por un
lado, a la propia consolidación del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología. Indudablemente, la ciencia y tecnología en España, por
suerte, hace años que ya tiene actividad. Tenemos investigadores, en
algunas ocasiones y en algunos momentos, de una brillantez y
reconocimiento universal, pero también es cierto que una organización
sistemática del trabajo de investigación científica y desarrollo
tecnológico no la ha habido hasta que se aprobó la Ley de la Ciencia en
el año 1986. Ahí nace un nuevo sistema, bien estructurado, que creemos
que ya está en fase de apreciable madurez. Eso no debe entenderse, en
absoluto, como una muestra de autosatisfacción, sino, al contrario, como
el reconocimiento modesto de un hecho cargado de posibilidades. Creemos
que esta Comisión Mixta Congreso-Senado tiene también posibilidad de
articular y ayudar a la promoción del Sistema Español de Ciencia y
Tecnología y que debe proseguirse, por supuesto, en el trabajo
parlamentario de la misma con el seguimiento de las memorias del Plan y
con otras iniciativas que la Comisión debería desarrollar paralelamente a
su trabajo específico de análisis de las memorias.

El segundo desafío que recoge el informe es el de la adaptación y
aprovechamiento al marco europeo de investigación y desarrollo.

En efecto, como sabemos todos, por nuestro compromiso con la Unión
Europea, algunas de las políticas que estaban siendo desarrolladas en
exclusiva por los Estados hoy están siendo ya desarrolladas de forma
principal por el germen de la Unión Europea, hacia la que caminamos, con
hechos recientemente importantes, como han sido las elecciones del pasado
domingo, que están ya dando un núcleo de competencias muy importante a lo
que puede ser un futuro gobierno europeo.

En este momento estamos ya en el tercer programa marco de la Comunidad y
es conocido por todos que el tercer programa marco incluye un incremento
extraordinario de presupuestos para investigación y desarrollo y nosotros
debemos adaptarnos a las posibilidades no sólo económicas, pero
principalmente económicas, que ese marco nos ofrece.

El tercer frente de desafío es el progresivo ajuste a lo que la Memoria
define como el nuevo paradigma tecnoeconómico emergente. Con esa
expresión un tanto críptica se quiere hacer referencia al hecho
siguiente. Nuestra sociedad, nuestras instituciones, la vida diaria de
nuestras gentes está discurriendo de una forma mientras que la
investigación y el desarrollo discurren en un nivel que está produciendo
cambios cualitativos y que puede producir un desajuste entre las
instituciones sociales y el propio dinamismo de la investigación y el
desarrollo.

Efectivamente, hoy ya está siendo una de las vanguardias de la
investigación la que se concentra en las llamadas tecnologías difusoras.

La multiplicación de la información, la capacidad potenciadora de su
difusión están produciendo cambios esenciales en la propia investigación
y hay que adaptar la investigación a la sociedad y hay que adaptar, desde
luego, la sociedad a la investigación. Y, sin duda, en ese aspecto el
Parlamento tiene un papel destacado a desarrollar.

Otra consideración general que incluimos en la introducción --y con ello
termino esta parte-- es la necesidad de tener como horizonte de
referencia el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo.

Sabemos que es una pieza muy importante del impulso que la Unión Europea
va a darse a sí misma para poder constituir un espacio de crecimiento
económico y de desarrollo social importante en los próximos años y
debemos alegrarnos en esta Comisión de que uno de los capítulos
principales del Libro Blanco sea exclusiva y específicamente destinado a
la investigación y el desarrollo tecnológico.

No es necesario reproducir aquí las principales ideas, pero sí debo
decir, para conocimiento de todos los señores comisionados, que el
informe las reproduce y que el informe se redacta dentro del espíritu de
ese Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo.

Quiero dar algunas muy rápidas pinceladas respecto a los capítulos que
podíamos llamar intermedio de nuestro informe.

En cuanto a la distribución del fondo de 1991, una sola idea que me
parece importante y que aparece tanto en la introducción como en el
desarrollo y las conclusiones del informe: la insuficiente todavía --en
el año 1991--, hoy, por supuesto, ha mejorado algo, pero en el momento en
que analizamos la situación, insuficiente participación del sector
privado español en actividades de investigación y desarrollo. Creo que es
importante que digamos que todos los esfuerzos que se realizan en el
sector privado son bienvenidos, son muy apreciados, pero que echamos
todavía en falta una mayor decisión de nuestro mundo empresarial para
fomentar, en su ámbito específico productivo, la investigación y el
desarrollo tecnológico.

Sin duda, los poderes públicos, y muy especialmente en los centros
públicos de investigación y en las universidades, deben seguir
protagonizando la investigación en nuestro país, pero sería un error
gravísimo, también para esos propios centros públicos y universidades,
que ello se hiciera en solitario y descolgados absolutamente del mundo de
la producción y de la competitividad. Esa es otra de las ideas que se
recogerá precisamente en las recomendaciones:



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intentar que la política científica de nuestro país se conecte lo más
posible con la política económica e incluso con la política laboral. No
podemos desarrollar una política científica que esté al margen de las
necesidades industriales y de las necesidades de empleo, aun advirtiendo,
por supuesto, que nunca debe olvidarse --como así también lo recoge la
recomendación-- la persistencia de unos buenos niveles de investigación
básica o no orientada.

En el capítulo dedicado al desarrollo de programas del año 1991,
resaltamos muy especialmente la importancia de la formación del personal
investigador --así se llama, formación de personal investigador, uno de
los programas que se desarrollan--. Es cierto que en nuestro país estamos
todavía, a pesar de un crecimiento importante, faltos de suficiente
número de investigadores; evidentemente, faltos en el ámbito privado
especialmente, porque ahí es donde todavía no se desarrollan decididas
políticas de investigación. Pero no cabe duda de que si España consigue
alcanzar objetivos de convergencia económica y científica con Europa,
España necesitará todavía más investigadores de los que hoy tiene y
necesitará mantener unos altos niveles de formación de esos
investigadores.

En el capítulo dedicado a ámbitos de coordinación, resaltamos
positivamente la creciente coordinación de investigadores. En el año 1991
se registra una coordinación del Plan Nacional sobre el 55 por ciento del
total de los investigadores de nuestro país y sobre el 74 por ciento de
los investigadores públicos; ésos son buenos niveles de coordinación. No
cabe duda de que debemos aspirar a una coordinación máxima y que esa
coordinación con el sector privado todavía no es satisfactoria; pero hay
un camino abierto muy bueno que tiene un método a seguir, que es el
intercambio de personal investigador. Hemos facilitado, mediante
normativas adecuadas, que los investigadores de los sectores público y
privado puedan intercambiar temporalmente sus puestos de actividad
investigadora. Eso, sin duda, contribuye a acercar la investigación
básica a los desarrollos industriales y a vincular éstos con la
investigación básica, a través de la vía del intercambio de personal
investigador, que creemos que, estando abierta, debe ser fomentada e
incrementada.

Los capítulos de mayor interés para los oponentes han sido no tanto los
del propio año 1991, que no dejaba de ser un año más, cuanto los de la
evaluación en ese año del sistema de ciencia y tecnología y del Plan
Nacional de Investigación como elemento articulador principal de ese
sistema. Creo que puede ser de importancia que resaltemos algunos datos
relativos a la situación del sistema.

Así, por ejemplo, se constata el crecimiento del gasto en investigación y
desarrollo entre 1987 y 1991 a una tasa media acumulativa anual del 19,7
por ciento en pesetas corrientes o del 12 por ciento en pesetas
constantes, mientras el resto de Europa lo hacía a un 8 por ciento. El
hecho de que esta tasa triplique el crecimiento del producto interior
bruto en el mismo período indica que la I+D se ha constituido como una de
las prioridades políticas, lo que debemos valorar como un avance
fundamental.

Por otra parte, un crecimiento esencial --al que hacíamos referencia hace
un momento-- es el crecimiento --que esta Comisión debe mimar por su
valor permanente-- del personal investigador. En el referido período
1987/1991 hemos pasado de una proporción de 1,84 investigadores por 1.000
habitantes activos a 2,6, con una tasa acumulativa anual del 9,5, siendo
de 3,5 en el conjunto de los países europeos.

Del conocimiento de estos y otros datos se deduce que el esfuerzo ha sido
muy importante y altamente productivo para España. Sin embargo, persisten
diferencias importantes con la media de los países más avanzados, tanto
en proporción de gasto en I+D sobre producto interior bruto como en
número de investigadores por habitante activo, en balanza tecnológica o
en esfuerzo empresarial. Todo ello puede y debe ser mejorado y no cabe
duda de que el camino emprendido y los trechos recorridos nos confirman,
en términos globales, en las políticas desarrolladas. Lo importante es
sostener y, a ser posible, incrementar el esfuerzo emprendido con la
colaboración de todos los sectores.

En relación con el Plan Nacional de Investigación, que actúa como
elemento coordinador y articulador del sistema, el Fondo Nacional de I+D
ha contado con una cifra global, en el cuatrienio 1988/1991, de 76.890
millones de pesetas; de ellos, 18.000 se han dedicado exclusivamente a
formación del personal investigador, y 15.000 se han adjudicado a
proyectos concertados con empresas, movilizando inducidamente sus
recursos hacia los objetivos diseñados por el Plan.

Es importante señalar entre estos datos generales iniciales la capacidad
movilizadora del Plan. En el año 1988 fueron movilizados un total de
51.000 millones de pesetas, que representaban el 18 por ciento del total
de gasto en I+D, mientras que en 1991 se alcanzaban 137.000 millones de
pesetas, que representaban un 30 por ciento del total de gasto en I+D,
con lo que al incremento de la capacidad movilizadora cabe añadir el de
la capacidad coordinadora. Esta queda subrayada también por el papel
realizado por uno de los instrumentos coordinadores del Plan, la red
OTRI-OTT que ha gestionado en el cuatrienio contratos por 41.000 millones
de pesetas, con un crecimiento del doble en 1991 respecto a 1989.

Ciertamente, estos son algunos de los datos --yo creo que no es necesario
ampliarlos más--, pero que son suficientes para hacernos cargo de una
idea que está en el fondo del análisis y de las recomendaciones del
presente informe. La idea es la importancia extraordinaria del impulso
obtenido, pero la necesidad de incrementarlo, especialmente si tenemos en
cuenta que la recesión económica que estamos todavía sufriendo o hemos
sufrido fuertemente en los dos últimos años ha provocado un cierto freno
en la prioridad política que representaba para el Gobierno la
investigación científica y el desarrollo tecnológico. Esta Comisión
quiere recoger todo lo de positivo que hay en el impulso, la coordinación
y la estructuración del sistema que, sin duda, se ha producido, pero, al
mismo tiempo, quiere advertir sobre la necesidad de no ceder ni un
milímetro en la aspiración de conseguir que España converja en políticas
de investigación científica y desarrollo tecnológico con la media de los
países europeos.




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Uno de los capítulos que cierra el cuerpo del informe, previamente a las
recomendaciones, es el relativo al análisis de la participación española
en programas internacionales. Ahí constatamos, también en términos
globales, la creciente y positiva participación de España en distintos
programas internacionales, el más importante de los cuales, por su
proximidad y por el compromiso europeo de España, es el que hemos
mencionado anteriormente, conocido como Programa marco de I+D de la Unión
Europea. Sin embargo, no es sólo ese Programa marco el que tienen como
ámbito propio muchos investigadores en España, sino que hay otros marcos,
como el CERN, el programa Eureka o el programa Fitec, que constituyen
ámbitos de trabajo para nuestros investigadores de una extraordinaria
importancia. Hoy --estoy hablando en términos de 1991, es decir, 1991
para mayor claridad--, 1.300 equipos de investigación y desarrollo
españoles están trabajando en proyectos europeos y los científicos y
tecnólogos españoles lideran el 18 por ciento de los proyectos en los que
participan. Esas son cifras no brillantes, pero extraordinariamente
importantes para valorar la acción internacional no de nuestra política
científica, sino, sobre todo, del trabajo de nuestros investigadores.

Finalmente llegamos a las recomendaciones. Tampoco creo necesario hacer
una lectura detallada de todas ellas, que están a disposición de los
señores comisionados, sino simplemente dar algunas pinceladas sobre las
principales, a juicio de este ponente.

Las recomendaciones están divididas en dos capítulos: uno relativo a la
memoria de 1991 y otro relativo a la evaluación del sistema y del Plan.

En relación a la memoria de 1991, especialmente destacamos la necesidad
de incrementar las acciones que tiendan a acercar los resultados de la
investigación a las empresas y sectores productivos. Ese es un objetivo
que está también en el Libro Blanco y nosotros hemos trabajado (al decir
nosotros me refiero al conjunto de la política científica española, con
participación muy activa de esta Comisión) en la fundación de las
oficinas de transferencia tecnológica, la red OTRI-OTT, que están dando
frutos muy esperanzadores.

Sin embargo, todavía hoy oímos en las empresas y en los centros públicos
de investigación quejas relativas al aislamiento del mundo de la
investigación y del mundo de la producción. Ese aislamiento es menos real
que tiempo atrás; sin embargo, mientras haya, como hay, demandas de una
mayor comunicación, esta Comisión debe impulsar la idea de continuar el
crecimiento de la comunicación de resultados de investigación entre
investigadores y empresas.

Otro aspecto que se recomienda en relación a la memoria de 1991 es el
incremento del peso de los estudios socioculturales y, en un ámbito muy
determinado, pero de mucha importancia social en este momento, el
incremento de proyectos de investigación sobre la enfermedad del sida.

Igualmente se insiste en el incremento de la formación de personal
investigador, y en el impulso de la capacidad de comunicación de la
información a través de las acciones, por ejemplo, como las propias de la
red IRIS, y el incremento de la participación de las comunidades
autónomas, tanto en la adquisición de infraestructura como en otros tipos
de programas, especialmente aquellos que lideran algunas de ellas.

Probablemente tienen mayor interés las recomendaciones relativas --y con
esto termino la exposición del informe-- a las evaluaciones del sistema y
del desarrollo del Plan Nacional de Investigación. Algunas de ellas son
las siguientes: asegurar la mejora y permanencia, en cualquier caso, de
buenos niveles de investigación básica o no orientada. A la Ponencia le
pareció importante poner en un primer punto esta alusión a la
investigación básica porque corremos el peligro, con la obsesión de la
competitividad y del empleo, que son obsesiones muy legítimas, por otra
parte, de olvidar que jamás tendremos una buena competitividad industrial
si no tenemos una buena competitividad tecnológica, pero que nunca vamos
a tener una buena competitividad tecnológica si no tenemos competitividad
científica básica, porque no hay duda ninguna de que si la investigación
básica se diluye o acaba encerrada en una especie de museo, la
investigación aplicada será pura y exclusivamente una reelaboración de lo
que ya hay, jamás un salto adelante en auténticos desarrollos que tengan
valor para el desarrollo industrial y social.

Una segunda recomendación pide una redefinición de objetivos para incluir
entre ellos los problemas asociados al cambio tecnológico, al famoso
cambio de paradigma que mencionábamos en la introducción, y sus
relaciones con el empleo, así como la organización del trabajo y la
competitividad del sistema productivo. Es decir, la Ponencia considera
que, habiendo salvado, como deseamos que se salve, un buen nivel de
investigación básica, debemos ir a la otra punta del interés científico,
y la otra punta del interés científico no es otra que el interés social,
y en estos momentos uno de los intereses sociales básicos es la creación
y mantenimiento de buenos niveles de empleo.

En otra recomendación apuntamos la necesidad de proseguir y mejorar las
inversiones en capital humano. Estamos absolutamente convencidos de que
la formación bruta de capital fijo tecnológico, a la que aludimos en
algún momento del informe, es una condición «sine qua non» para buenos
desarrollos científicos. Sin embargo, el protagonista de la investigación
científica es, indiscutiblemente, el cerebro humano, la personalidad
humana, y no hay forma de aprovechar las posibilidades de un gran
instrumental tecnológico si no hay al frente de ese instrumental una
persona con una profunda formación y una capacidad investigadora
probadas.

Deseamos que se multiplique el esfuerzo por aprovechar las posibilidades
mayores del nuevo programa marco de la Unión Europea. Esta Comisión
tiene, entre otras, la obligación de difundir algunas ideas por simples
que sean, y una de ellas es que en los próximos años España, como el
resto de países de la Unión Europea, va a tener muy grandes posibilidades
de aprovechamiento de fondos destinados a investigación y desarrollo.

Podemos encontrarnos incluso en la situación, no especialmente agradable,
de tener que reconocer que las posibilidades desbordan a las capacidades.

Eso no debería ocurrir. Esta Comisión desea



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que nuestros investigadores públicos y privados se pongan a trabajar para
ser capaces de un aprovechamiento óptimo de las grandes posibilidades que
se van a plantear en el nuevo programa marco de investigación y
desarrollo de la Unión Europea.

Como objetivo general, deseamos que se mantenga el esquema evolutivo que
aparece en la memoria de nuestra convergencia con Europa en investigación
y desarrollo.

Este ponente desea reiterar una vez más que, aun reconociendo los
importantísimos avances producidos en los ocho últimos años, eso es
todavía insuficiente. Nuestra distancia respecto a la media europea es
todavía importante y debemos hacer un esfuerzo suplementario para
intentar salvar esa distancia tanto como sea posible.

Deseamos también que se favorezca el desarrollo a la investigación de las
empresas, como hemos señalado antes, a través de incentivos fiscales
específicos a las inversiones en investigación y desarrollo. Ello está ya
en las últimas leyes de presupuestos. Deseamos que el Gobierno mantenga e
incremente, si es posible, la incentivación fiscal a la investigación en
la empresa privada, porque consideramos que es una pieza fundamental del
sistema de ciencia y tecnología de cualquier país moderno.

Proponemos el objetivo de alcanzar en el corto plazo el uno por ciento
sobre el producto interior bruto de gasto en I + D. Creemos que eso es
importante. Estamos unas décimas por debajo de ese objetivo y en el corto
plazo eso debería conseguirse no, por supuesto, para dormirse en ese uno
por ciento, sino intentar en el medio y largo plazo acercarnos al dos por
ciento, que es la media de la Unión Europea.

Igualmente creemos que es importante asegurar el mayor peso específico
del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo en relación con los
respectivos programas sectoriales que desarrollan diversos Ministerios.

Finalmente, deseamos que se promueva, sin merma de su autonomía, la
cooperación científica del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo,
con todas las comunidades autónomas y la participación de todas ellas en
cada uno de los programas que algunas puedan liderar, intentando que hay
necesidad de establecer mecanismos eficaces de coordinación para obtener
el máximo rendimiento de las inversiones de las Administraciones públicas
en investigación y desarrollo, evitando lo que podríamos llamar inútiles
mimetismos y provocando, en cambio, la más activa sinergia desde las
respectivas diferencias y voluntad de cooperación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pozo.

El informe, como saben los miembros de la Comisión, es fruto del trabajo
de una Ponencia, en el que han participado, por tanto, la totalidad de
los grupos representados en ella. Quizá sea por eso por lo que no ha
recibido de forma expresa enmiendas, dado que en ese trabajo se han
integrado propuestas de los distintos grupos. De todas maneras, el debate
lo vamos a realizar dando un primer turno a los portavoces de los grupos
parlamentarios y, posteriormente, si algún miembro de la Comisión quiere
intervenir, podría hacerlo y procederíamos al segundo turno, a su vez, de
los portavoces.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Ripoll, del Grupo Popular.




El señor RIPOLL SERRANO: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, felicitar al Presidente por su elección como
eurodiputado, lo que nos va a privar de su presidencia, me imagino, en
breve tiempo.

El Grupo Popular, cuando emprendió el trabajo de colaborar en la Ponencia
o de elaborar la misma Ponencia, tenía muy claro que lo importante de
esta memoria no era ceñirse única y exclusivamente a analizar que había
sido el Plan Nacional en el año 1991, sino todo lo contrario, intentar
dar una salida a los trabajos de la Comisión acerca de estas memorias,
intentar que este trabajo no se reduzca a un simple análisis de unos
datos suministrados en la Memoria, sino que pueda ser una especie de
consejo corrector o, más que corrector, intentar dar unas directrices
para que los que tienen que elaborar la política científica en el
Gobierno sepan y conozcan qué es lo que opinan los parlamentarios sobre
ella.

Hay que destacar también que, evidentemente, discutir en 1994 lo
realizado en el año 1991 suponía un anacronismo, pero sí era interesante,
dado que el año 1991 acababa el primer ciclo del Plan Nacional, hacer un
análisis global del mismo.

Muchos de los criterios que se han seguido y que ha expuesto ahora el
ponente son compartidos por nosotros; lo que ocurre es que hay otros que
no fueron incorporados; aunque bien es cierto que no fueron enmiendas
propiamente dichas, sí fueron criterios a considerar y, por tanto, al
final nos abstuvimos de aprobar dicho informe.

Lógicamente, proponíamos un esquema doble: en primer lugar, que analizara
la memoria y, en segundo lugar, y como se recoge al final en las
recomendaciones al sistema, analizara si el sistema va bien, va en el
sentido correcto o quizás convendría efectuar algún giro a dicho sistema.

Entrando en la primera parte, la que correspondería con el análisis de la
memoria, creo que es excesivo el optimismo con que los redactores de la
memoria describen el sistema. Expresiones, como las que ha repetido el
portavoz del Partido Socialista, como «apreciable madurez», quizás
inducen a un excesivo optimismo y nuestro sistema todavía está en la
infancia y hay que suministrarle nuevas vitaminas. Creo que en este año
1991 lo que se acaba simplemente es el primer ciclo de ese sistema, pero
aún lejos de consolidarse.

No voy a pasar a las observaciones que hicimos en el documento, sino
simplemente hacer algunas matizaciones, sobre todo en el tema de la
participación europea, donde creo que, evidentemente, el papel de la
ciencia y la tecnología españolas ha subido mucho en relación a lo que
existía anteriormente, pero se ha citado aquí, por ejemplo, el
Laboratorio Europeo de Física de Partículas, y no se ha hecho ninguna
referencia a la situación, que considero desagradable, en la que estamos
en este momento, con una deuda importante y una renegociación del pago de
esa



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deuda que quizás, aunque empieza a generarse el año 1991 y los mayores
problemas se presentan en años posteriores, se debía haber hecho alguna
referencia a la necesidad de que España siga participando y de que se
subsanen esos problemas.

En cuanto a la segunda parte del informe, que es lo que consideramos más
importante, la segunda parte del esquema que creemos que debe tener ese
informe se refiere a fijar unas directrices para la formulación de la
política científica española. En primer lugar, aunque el déficit
tecnológico español es consecuencia de la penuria investigadora de épocas
pasadas y no de lo que está ocurriendo en estos momentos en España, en la
actualidad la actividad investigadora ya no es un proceso lento con un
período de maduración muy prolongado y con resultados a largo plazo, sino
que este proceso debe obtener resultados poco a poco.

El sistema científico y tecnológico español ha experimentado cambios
profundos en los últimos años, pero no se puede esperar a finales de los
noventa para juzgar su eficiencia. Consideramos que una política
científica sin resultados a corto y medio plazo en el desarrollo
tecnológico puede estar mal enfocada.

Nosotros hemos sugerido una serie de ideas que se podían incorporar al
documento, alguna de las cuales sí está, como la que ha citado el ponente
relativa a los incentivos fiscales, independientes del resto de los
incentivos a la inversión y que se debe mantener por lo menos en un
período de diez años, evitando así la posibilidad de su reiterada
modificación anual.

Por otro lado, en cuanto a la proyección a largo plazo del gasto, aunque
se fija el objetivo del 1 por ciento a corto plazo, nuestra idea, la idea
de los propios redactores de la memoria, porque se recogía en ella, es
que el 1 por ciento debía estar superado en el año 1995, y creo que
hubiera sido intentar incidir más e intentar que en el próximo ejercicio
se alcanzara ese 1 por ciento, fijando como objetivo el 2 por ciento no
muy lejos del año 2000 y teniendo en cuenta que el propio libro blanco
del que hemos hablado, y que consideramos fundamental, fija el objetivo
del 3 por ciento del PIB. Por tanto, creemos que la Ponencia ha sido
excesivamente blanda al fijarlo a corto plazo, cuando realmente debía ser
una exigencia de esta propia Comisión que el próximo ejercicio
presupuestario ya contemplara ese 1 por ciento del PIB.

Por otro lado, también habíamos hecho alguna recomendación en el sentido
de ensanchar la base empresarial innovadora del país en tres tipos de
empresa: las de pequeño y mediano tamaño; las que, estando bajo control
de capitales nacionales, se insertan en el núcleo oligopolístico de las
distintas industrias, y la de las filiales de las multinacionales.

También se ha de buscar una política tecnológica más eficaz reformulando
su contenido instrumental en dos campos: el de los incentivos en la
generación interna de tecnología y en los procedimientos de protección de
conocimiento técnico.

Fundamentalmente, nuestra abstención en la votación del informe viene
motivada porque creemos que el sistema de ciencia y tecnología español,
aunque ha experimentado importantes avances, quizás esos avances no han
sido conseguidos por la propia configuración o por la totalidad de esa
configuración y, como se señala en la memoria, se ha producido un nuevo
proceso complejo y hay nuevos paradigmas, quizás el sistema debía empezar
a intentar ajustarse a esos nuevos procesos e intentar modificar su
estructura en algún punto fundamental; quizás en su momento el impulso
dado por los miembros del propio Ministerio de Educación al Ministro de
Educación y los miembros de esta Comisión, con su Presidente a la cabeza,
fueron suficientes para ocultar ciertas lagunas que tenía el sistema,
sobre todo a la hora de definir cuál pudiera ser el organismo que dirija
la ciencia y la tecnología, que en la actualidad pensamos que queda
difuso.

Esta es mi primera intervención; luego justificaré nuestro sentido del
voto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Fonseca, por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, voy a hacer una sucinta
valoración de lo que ha sido el balance de esta primera etapa del Plan
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico manifestando ya desde
el principio que, si bien compartimos algunos de los puntos señalados en
el informe de la Ponencia, sin embargo no nos sentimos reflejados, ni
mucho menos, en el conjunto de la redacción de este informe. Nos parece
un informe excesivamente tibio, que no entra en el fondo de los
problemas, que hace valoraciones y que, si bien es verdad que recoge
aspectos críticos que compartimos, sin embargo lo hace de manera o muy
genérica o poco operativa y, en todo caso, nos parece que no aborda los
problemas en su raíz.

Por nuestra parte, en relación a lo que es esta primera etapa del Plan
Nacional de Investigación, empezando por el aspecto más básico, el tema
presupuestario o de dotación de recursos, creo que es importante
reconocer que, efectivamente, ha habido un avance sustancial en estos
tres primeros años en lo que ha sido los recursos públicos de nuestro
país destinados a I+D. Creo que esto es de justicia reconocerlo y,
además, creo que es quizás el elemento más positivo, a nuestro juicio, de
estos tres primeros años del Plan. Simplemente señalar que los recursos
se han duplicado en los últimos cinco años, y me parece que es un dato
suficientemente revelador y expresivo de este aspecto positivo que,
repito, creo que es bueno reconocer.

De todas formas, sobre este aspecto nosotros queremos señalar, al menos,
dos aspectos críticos importantes: primero, que el hecho de que no haya
habido un mecanismo de financiación plurianual que nosotros propusimos
desde el principio, creo que ha dejado el Plan muy al albur de las
incidencias del recorte del gasto público en general que se está dando en
los últimos años en los Presupuestos Generales en este tema específico de
I+D. A nuestro juicio, esto ocurre de manera radicalmente equivocada,
porque precisamente en unos años donde la crisis económica y la crisis
industrial en nuestro país se ha acelerado, adquiriendo,



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creo, características muy graves, precisamente hoy uno de los elementos
reconocidos por todos los analistas es que el tema de investigación y
aplicación tecnológica es una de las palancas fundamentales para hacer
frente a esta crisis. Entonces nos encontramos doblemente desarmados
porque en un momento de mayor crisis precisamente se produzca este
recorte bastante drástico de las dotaciones presupuestarias. Simplemente
quiero señalar al respecto que uno de los pocos objetivos económicos que
nos habíamos marcado con algún tipo de referencia cuantitativa, conseguir
el 1 por ciento del PIB, que todavía nos lo volvemos a marcar como
objetivo y, además, indefinido en este caso, estaba señalado para
conseguirlo en 1990. Estamos bastante lejos de ello, andamos por el 0,70
y yo creo que éste es un dato de relieve que no se nos puede escapar, ya
que pone un poco en cuestión realmente las prioridades del I+D en la
política que actualmente se sigue en nuestro país.

El nuevo impulso en cuanto a la distribución interna de los fondos,
tampoco nos parece que, «de facto», haya sido el más adecuado.

Efectivamente, han primado los programas del área de tecnología de la
producción y de las comunicaciones, que se han llevado casi el 50 por
ciento de los fondos, frente a los de calidad de vida y recursos
naturales; desde luego, han quedado en ultimísimo lugar los referidos al
área de estudios socioculturales, precisamente en un momento de
transformaciones sociales, culturales, laborales y de todo tipo enormes
que se están produciendo como consecuencia de los cambios tecnológicos y
económicos de las reconversiones, etcétera, que están produciendo
realmente un tejido social problemático y nuevo, tanto a nivel social
nacional cuanto a nivel laboral o industrial, en particular. Si a esto
añadimos que en ese tipo de estudios nuestro país arrastra un déficit
crónico de datos básicos --por ejemplo, un inventario de recursos
naturales, estudios epidemiológicos, etcétera-- yo creo que las
consideraciones sobre esta distribución interna ponen de manifiesto que
no ha sido la adecuada.

Sin embargo, yendo ya a algunos otros puntos de crítica de fondo de lo
que ha sido, a nuestro entender, esta primera etapa del Plan, uno que a
nosotros nos parece fundamental, por muy genérico que sea, es que yo creo
que el plan en la práctica, y quizá en la intención, en la teoría, ha
respondido a un modelo que nosotros criticamos desde el principio, que
basaba el motor de la innovación tecnológica en nuestro país precisamente
en los temas de defensa, combinado con prioridades ligadas exclusivamente
o casi a tecnologías de punta. Nosotros creíamos que era mucho más
conveniente para la situación de nuestro país, y en todo caso hubiera
sido necesario --así lo propusimos al principio del Plan-- hacer un
estudio de los cuellos de botella industriales y tecnológicos de nuestro
país para que sobre ellos incidiera la planificación de la investigación
y desarrollo tecnológico del Plan Nacional de Investigación. No se hizo
así y yo creo que en el fondo y en la práctica se ha estado lejos de lo
que nosotros consideramos que era el modelo adecuado, es decir, un modelo
de desarrollo ligado a demandas sociales --sanidad, educación, medio
ambiente, infraestructuras, etcétera-- y que, además, estuviera muy
ligado, cohesionado y sustentado en los grandes mercados institucionales,
y, por otra parte, no definíamos ningún mecanismo nuevo. Este ha sido el
mecanismo que han aplicado incluso países de larguísima tradición
teóricamente no intervencionista y que, sin embargo, han hecho de los
grandes mercados institucionales una de las palancas fundamentales del
desarrollo de la propia industria nacional, pública o privada, y también
de los nichos tecnológicos más adecuados al propio país.

Otra crítica que nosotros también hacemos de forma reiterativa es que de
alguna forma se reconoce en el informe de la Ponencia --e insistimos en
ella porque nos parece un tema fundamental al hablar precisamente de un
plan-- que no se definieron con claridad las relaciones entre el sector
público y el sector privado ligado al I+D, porque previamente ahí había
que haber definido una ordenación del sistema público de I+D. Yo creo que
la falta de esta ordenación y de coordinación entre los diferentes
organismos públicos de investigación de las universidades y de las
empresas públicas supone una de las asignaturas pendientes de nuestro
Plan Nacional de Investigación. Además, es un tema crucial y fundamental
si de verdad queremos que los recursos sean destinados según prioridades
adecuadas.

Algunos puntos más, si se me permite, para terminar brevemente con
algunas de las conclusiones que nuestro Grupo considera que serían
importantes.

En cuanto a la política de recursos humanos, también quiero subrayar y
empezar por algunos de los aspectos que nos parecen positivos.

Efectivamente, yo creo que éste es también otro de los aspectos de mayor
relieve positivo del plan en estos años. La formación de personal
investigador ha sido una de las tareas más dinámicas, y, simplemente, el
dato de las nueve mil becas concedidas aproximadamente creo que es
expresivo de este esfuerzo.

No obstante, quiero señalar dos deficiencias que nos parecen notables:
por una parte, el mantenimiento del becario como mano de obra barata, sin
utilizar uno de los instrumentos legales que ya existen en nuestro país y
que se utiliza en otras áreas, como los MIR u otros, y, por otra, que
hubo una falta de previsión en la política de crecimiento de las
plantillas, tanto de las universidades como de los organismos públicos de
investigación, que permanecen prácticamente congeladas, lo cual, añadido
a la poca absorción por parte de los sectores productivos de nuestro país
de las actividades tecnológicas, hace que en realidad se produzcan unos
dos mil doctores todos los años que no saben muy bien cuál va a ser su
futuro profesional y si realmente va a tener algún tipo de utilidad
práctica la cualificación científico-técnica que han adquirido
precisamente en gran medida debido a estos aspectos positivos que
señalaba el Plan.

Por último, en cuanto a los aspectos críticos, decir que también es
preocupante nuestra relación con los organismos europeos de investigación
y desarrollo y en concreto el tema de los retornos. A pesar del esfuerzo
que se ha realizado para aumentar el nivel de retornos, seguimos siendo
claramente deficitarios en el Programa-marco de I+D, y aunque esto en
principio debiera ser compensado por FEDER para investigación, sin
embargo el déficit,



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incluyendo estos Fondos, permanece. Si a esto añadimos el cambio de
filosofía en el tercer Programa-marco, donde se quiebra el criterio de
homogeneidad establecido hasta entonces y, desde luego, se subraya de
manera rotunda el de competitividad, esto puede significar, en la
práctica, que los países más débiles, tecnológicamente hablando y como
tejido industrial, como ocurre en el nuestro, todavía tengan mayores
dificultades para poder competir en el acceso a los retornos y en la
práctica puede significar, desgraciadamente, que nosotros estemos con
nuestros propios recursos escasos reforzando la investigación de países o
de empresas multinacionales, las más potentes, lo que puede tener poco
que ver con las prioridades de nuestro tejido productivo. Por eso
nosotros --y termino ya-- creemos que, por una parte, habría que ir
cambiando el modelo, ir orientando cada vez más los recursos hacia I+D de
aplicaciones civiles. Nosotros creemos que es necesario el desarrollo, la
potenciación o la priorización de sectores ligados --como decía en el
aspecto crítico; ahora lo digo en el aspecto positivo de propuesta-- a
los recursos naturales: patrimonio natural, salud, medio ambiente,
educación, infraestructuras, ordenación del territorio, etcétera.

Nosotros creemos que en esta época, donde es verdad que los recursos
públicos son más escasos, el tema de I+D es un tema prioritario y,
entonces, lejos de decrecer, debiéramos insistir en el esfuerzo.

Señalamos como enormemente preocupante no sólo el decrecimiento que se ha
producido en estos últimos años, sino las previsiones que se hacen para
los próximos tres. Todavía esto nos parece que ahonda nuestra
preocupación. Además, insistimos mucho, como un elemento muy concreto,
específico y propio del Plan --de un plan, de cualquier plan-- en la
integración, ordenación y control de los recursos dedicados por las
distintas instituciones del Estado: Administración central, ministerios,
comunidades autónomas, empresa pública, retornos de la CE. Yo estuve
repasando un poco las conclusiones de esta Comisión sobre las distintas
memorias de años anteriores y ésta era una de las conclusiones
permanentes de esta Comisión: La necesidad de coordinación de los
distintos organismos públicos, universidades, empresas públicas y demás,
y de las comunidades autónomas, que ya hoy suponen casi la mitad del
gasto público en este aspecto, en lo que yo creo que se ha avanzado muy
poco.

Permítaseme --y termino con ello-- una cita, a mi juicio, muy expresiva,
de Fernández Lucio, actual responsable de la Oficina de Transferencias
Tecnológicas de la Universidad Politécnica de Valencia, que incluso fue
jefe del gabinete de estudios del CSIC. Este estudio, que es muy
interesante, termina con una conclusión, que dice así: Alcanzar las metas
expuestas --en este sentido de la coordinación-- debe exigir un cambio de
cultura en las diferentes administraciones; la cultura del protagonismo
debe dejar paso a la cultura del diálogo y del proyecto en común. Son
palabras quizá un tanto genéricas, pero enormemente válidas y que
intentan responder a una realidad que hasta ahora ha ido en sentido
contrario. El CSIC, que es el organismo que ha incidido hasta el momento
en las actividades de fomento, debiera orientar una parte de sus acciones
a actividades de coordinación, para lo cual quizá debiera tener un rango
político más elevado si realmente se quieren establecer mecanismos que
aseguren esta coordinación, que, repito, nosotros echamos en falta un año
tras otro, y cuando digo «nosotros» no me refiero a Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sino a esta misma Comisión en sus
conclusiones.

Estos son algunos de los puntos --otros ya los hicimos llegar por escrito
en trámites anteriores de Ponencia-- que nuestro Grupo piensa que sería
importante que figuraran de manera destacada en las conclusiones.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Baltá.




El señor BALTA I LLOPART: Señorías, podríamos decir que el conocido
retraso en el análisis de la memoria dificulta muy considerablemente la
reflexión sobre la tarea desarrollada, especialmente cuando sabemos que
se prepara un tercer plan para el período 1996-1999, al que debieran
incorporarse las recomendaciones de esta Comisión Mixta. Sin embargo, el
informe ofrece una dimensión positiva de las actividades del plan de I+D
en cuanto a la aplicación de la Ley de la Ciencia, correcta en cuanto a
balance sobre el aspecto de avance real, aunque lo confrontemos con
algunos aspectos de carácter regresivo. No obstante, sí se hace difícil
considerarlo ajustado a la realidad, por cuanto el contenido elude
aspectos por los que tenemos cierta preocupación. Atiende al criterio de
que el fin fundamental de la Ley de la Ciencia es la coordinación del
sistema de ciencia y tecnología, pero aún nos hallamos a cierta distancia
de alcanzar dicho fin, lo que hace que en el análisis de la memoria en
torno a la actuación del Fondo Nacional para el desarrollo de la
investigación de la tecnología observemos que no llega a representar ni
un 10 por ciento del dispendio público del Estado en I+D, que en 1991 fue
del orden de los 209.000 millones de pesetas.

En el ámbito de la formación del personal investigador, aspecto que es
reconocido como una de las limitaciones en el momento de equiparar
nuestro sistema de ciencia y tecnología con el de los países del entorno,
especialmente si miramos hacia el Norte, podemos hacer una valoración
positiva ante el paso de 1,84 a 2,3 por mil activos en cuatro años, pero
hay un retroceso en términos absolutos al comparar los resultados de 1990
y 1991, ya que se ha producido la reducción de la tasa de crecimiento
hasta la práctica estabilización de los programas de formación
gestionados por la Dirección General correspondiente.

Por otra parte, nos preocupa la no aplicación práctica de diversas
recomendaciones del Consejo General de Ciencia y Tecnología dirigidas a
una mejor coordinación entre las políticas de investigación a nivel del
Estado y las de las comunidades autónomas. En el momento preciso de la
ejecución de la memoria tenemos todavía pendientes de solución los
mecanismos de intercambio de información entre el CSIC y los organismos
autonómicos aun con base de datos sobre el particular.

Entre las observaciones a la distribución del Fondo Nacional destaca el
incremento de los recursos para los



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proyectos concertados. No se entra en la contradicción de que, no
obstante el incremento de 3.100 millones/año en 1990, en 1991 se pasó a
los 4.100 millones y se han financiado 15 proyectos menos y ha disminuido
la presencia del sector industrial. También hay que hacer notar el
descenso de recursos destinados a proyectos de I+D, infraestructuras y
acciones especiales y de los destinados al PETRI y a la política
científica o a los recursos destinados a los programas nacionales, que
tuvieron una disminución de algo más de 4.000 millones, con un impacto
negativo en las actividades que financia el Fondo Nacional de Comunidades
Autónomas, cosa que se debería corregir oportunamente.

En cuanto al capítulo de desarrollo del Plan Nacional I+D, queremos
destacar la preocupación que nos produce la problemática que conlleva una
excesiva concentración en proyectos de alguna área determinada, mientras
que se observa la carencia de proyectos de investigación aplicada que,
razonablemente, debieran haberse producido. Quizá sea una consecuencia
del criterio erróneo de valorar los currículum de los investigadores
primando el número de publicaciones científicas en detrimento de la
cantidad de patentes o de modelos de utilidad. Otro tanto sucede con los
programas de investigación agrícola y desarrollo de la ganadería, donde
se observa interposición de competencias y concurrencia de acciones
paralelas, que debieran ser corregidas para un mejor aprovechamiento de
unos recursos que, como es sabido, son más bien escasos.

En cuanto a las actuaciones en los ámbitos de coordinación, diré que nos
preocupa la propia tipología de las actuaciones. Se habla, por ejemplo,
de cifra de investigadores coordinados, cuando nos parece que el CSIC
debiera coordinar las políticas de investigación más que las personas que
las ejecutan. Destacamos la homologación de criterios de valoración que
realiza la ANEP en cuanto a la actividad científica. No obstante, la
coordinación es una asignatura aún pendiente y problemática, ya que los
Ministerios actúan por separado: Asuntos Exteriores realiza sus
convocatorias de becas, Industria elabora su propio plan, Sanidad tiene
su propio programa de investigación y Presidencia, Economía y Asuntos
Sociales realizan convocatorias por su cuenta. Nos parece que todo ello
se hace sin la debida coordinación, a lo que, además, podemos añadir la
acción de las comunidades autónomas. El Plan Nacional debería actuar con
más incidencia en la coordinación, evitando duplicidades, optimizando
recursos y aprovechando las economías de escala. Posiblemente, la gestión
debe estar donde está; es decir, en el organismo correspondiente, pero la
necesidad de mejorar la coordinación se evidencia. También existe una
cierta carencia de atribuciones para el Consejo General de la Ciencia y
la Tecnología; nos parece que la introducción de fórmulas de cooperación
institucional ayudaría a resolver problemas como el de la existencia de
una estructura dual de competencias concurrentes, sobre todo cuando en
estos momentos los recursos que alguna comunidad autónoma aporta a la
investigación en su territorio superan los de la Administración central;
ello sucede en Cataluña y en alguna otra comunidad. Unificar esfuerzos
superando fronteras para mejorar la calidad de nuestra investigación y la
eficacia en la aplicación de los resultados, sigue siendo la política más
aconsejable y, conociendo la realidad, también parece aconsejable partir
de plataformas de decisión más dinámicas y adaptables que favorezcan la
adecuación a los cambios y evoluciones que se producen en un sector hoy
tan dinámico como el de la innovación tecnológica, que requiere
desburocratización y, sobre todo, la máxima proximidad entre los entes de
gestión y los de decisión; cuando menos, eso es lo que se hace en los
países con una tradición científica y tecnológica, que van por delante de
nosotros porque investigaron en su momento y han sabido dotarse de
fórmulas de gestión imaginativas en beneficio de la eficacia.

Es por eso que, coincidiendo con la intervención del portavoz socialista,
nos planteamos también la necesidad de adaptar la sociedad a la
investigación o la investigación a la sociedad; es una exigencia del
tiempo presente, ya que este país no supo resolver esta cuestión en el
pasado. Ahora tenemos la gran ocasión de subirnos al tren de una
mentalidad social, la europea, que, en general, sí supo aplicarse a la
curiosidad intelectual del investigador, cosa que produjo desarrollo.

Nuestra presencia en la Unión Europea puede permitirnos un acercamiento a
la media continental en el ámbito de la investigación, corrigiendo
antiguos errores: enclaustramientos en centros oficiales y universitarios
desconectados del sector privado. Es necesario favorecer la
intercomunicación entre la sociedad y el núcleo investigador; este
criterio es la base fundamental del informe que comentamos, más allá del
impulso de la propia investigación.

Hoy es inimaginable que se desarrolle una investigación al margen de la
sociedad. Sabemos que los investigadores lo tienen claro desde siempre,
pero ha sido la sociedad la que les encerró en sus laboratorios. También
es inimaginable --y con esto termino-- una desconexión de la nueva
realidad que representa para este país la pertenencia a la Unión Europea,
que nos obliga a la conexión con las estructuras europeas de
investigación en busca de la convergencia que debe producirse también en
este sector, saliendo de nuestra tradición histórica. En este sentido, el
informe debe ser y es positivo. Por ello, desde una cierta visualización
del futuro, mi Grupo valora favorablemente el texto del informe que
debatimos.

Nada más, señor Presidente, solamente felicitarle, en nombre de mi Grupo,
por su nueva condición de eurodiputado y desearle los mejores éxitos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.

El señor Albistur, representante del Grupo Mixto, ha excusado su
presencia en la Comisión por estar interviniendo en otra.

¿Por el Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.)
Tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Del Pozo.




El señor DEL POZO I ALVAREZ: Ni que decir tiene que mi Grupo se suma
también a esas felicitaciones, y si no lo hizo en el primer momento fue
por cierto sentimiento de modestia, puesto que se trataba de un compañero
de Grupo



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Parlamentario. Indudablemente, le deseamos la mejor suerte en su nueva
ocupación política.

Deseo hacer unos pequeños comentarios. Creo que la propia entidad de los
realizados por los distintos Grupos no permite un debate de gran
precisión, puesto que no hay un texto escrito formalizado como enmienda;
sin embargo, debo decir que, a pesar de no haberse presentado textos
escritos como enmienda, sí se han presentado algunos textos escritos y
que tengo una satisfacción que deseo comunicar a todos los señores
comisionados en relación con la actitud y la forma en que los distintos
ponentes han colaborado en la redacción del presente informe. Así, deseo
hacer constar que algunas de las ideas que propusieron en una redacción
que no tenía la forma estricta de enmienda, pero que tenía claramente
propuestas incorporables a nuestro informe, se han recogido positivamente
y forman ya parte del informe de la Ponencia. Así, por ejemplo, deseo
hacer constar que desde el Grupo Popular se recogió la propuesta de
expresar lo que no estaba en el primer borrador de forma explícita, las
líneas maestras del Libro Blanco relativas a investigación científica y
desarrollo tecnológico que figuran en el capítulo introductorio. Asimismo
se reforzó la idea de profundizar en el crecimiento del personal
investigador, a propuesta del Grupo Popular, y, finalmente, también la
idea de mantener en el período en que ellos mismos proponían los
incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo tecnológico.

Del Grupo de Izquierda Unida se incorporó la necesidad de la coordinación
económica y temática en materia de investigación de las distintas
administraciones y la necesidad de asociar la investigación a los
problemas del cambio tecnológico y las relaciones con el empleo.

Deseo agradecer la aportación de estas ideas y me van a permitir, señor
Presidente, señores comisionados, algún comentario a algunas de las ideas
que han expresado. El señor portavoz del Grupo Popular habla de un
excesivo optimismo por expresiones como «apreciable madurez de nuestro
sistema de ciencia y tecnología». La verdad es que es una apreciación
discrecional. Creo que debemos ser optimistas en relación con el
instrumento del que como país nos hemos dotado en materia de política
científica. La expresión de «apreciable madurez» puede no ser la mejor.

En cualquier caso, creo que no estamos en absoluto en una frase
simplemente germinal o acaso infantil, sino que hoy ya tanto el sistema
que coordina y dirige la política científica, lo que podríamos llamar la
administración y dirección de esa política, como la propia textura del
cuerpo investigador del país creo que merecen ya una consideración
positiva. Indudablemente, lo más positivo de la consideración que debe
merecer a todos los parlamentarios deriva no tanto de quien dirige la
política científica como de quien la ejecuta. Sin embargo, creo que eso
tampoco resta importancia y mérito a la acción coordinadora de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, al plan que ella
elabora y a consejos como el Consejo General o el Consejo Asesor de
Ciencia y Tecnología que han creado ya un hábito de coordinación y
fomento de la investigación que me parece que está ya en un estado muy
apreciable de madurez.

Ha habido una alusión por parte del señor Ripoll al problema que ya
tratamos en una sesión monográfica de la Comisión sobre la situación de
España en relación con el Laboratorio Europeo de Física de Partículas.

Creo que es conocido por todos, porque ha salido en la prensa, que
estamos en fase final, de acuerdo con los nuevos rectores del CERN, para
que se produzca una refinanciación de la deuda española y una acomodación
de las exigencias del CERN a nuestras posibilidades económicas e
investigadoras. Creo que estamos próximos a conocer definitivamente la
firma de ese acuerdo. Sin duda, esta Comisión ha mantenido y mantiene --y
se expresa así en nuestro informe-- el interés que supone para España de
continuar en ese Laboratorio Europea de Física de Partículas y de
colaborar con él en la medida de nuestra posibilidades.

En cuanto a resultados, ha habido una alusión del señor Ripoll a la
necesidad de conocer resultados de la política de investigación.

Efectivamente, se recoge también en el informe --y creo que fue a
sugerencia suya-- la idea de que en próximas memorias hubiera una
expresión clara de cuáles son los resultados que se van obteniendo de la
política de investigación. Lo cierto es que se necesita un cierto tiempo
hasta que eso sea técnicamente posible, puesto que es de todos conocido
que la investigación no produce frutos rápidos. Ese es uno de los
problemas de una política de investigación. A diferencia de una política
de infraestructuras, que tiene efectos muy visibles a muy corto plazo,
una política de investigación científica, por la naturaleza misma de la
investigación, necesita largos plazos para la obtención de resultados
apreciables. Efectivamente, creo que en el futuro va a ser necesario que
esta Comisión conozca resultados. Sin embargo, algunos sí que hay. En la
página 21 del informe se cita, por ejemplo, que hemos pasado de
representar el 1,2 de la producción científica mundial al 1,7, o que ha
habido una multiplicación por cuatro de las patentes en el extranjero,
todo ello entre 1987 y 1991, y entre 1988 y 1991 la tasa de cobertura
tecnológica ha evolucionado desde el 13,6 al 29 por ciento. Ciertamente,
éstos son todavía indicadores de lo que podríamos llamar una fase
intermedia de los resultados de la investigación, porque, sin duda,
podemos publicar muchos más artículos, mucho mejores y en muy buenas
revistas científicas internacionales, y no por ello conseguir que nuestra
productividad industrial sea mejor. Esa es una posibilidad real y, por
tanto, estamos insistiendo en la necesidad de conectar política
científica con política industrial y política de empleo, porque sabemos
que, finalmente toda la acción científica debe repercutir en ese
bienestar económico y social, sin que ése sea su único justificante, pero
ésa es una de sus consecuencia más deseables.

Finalmente, el señor Ripoll ha hecho alusión a los incentivos fiscales y,
como sabe, hemos incorporado ya una recomendación en ese sentido.

En relación con las palabras pronunciadas por el señor García Fonseca,
desearía agradecer, como se lo agradezco también al señor Ripoll, el
reconocimiento del esfuerzo científico que el país ha realizado. Coincido
con él en que la dotación de recursos ha sido ciertamente positiva, pero
que ha tenido un freno en los últimos años. Es



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cierto que eso tal vez hubiera podido corregirse con un plan de
financiación plurianual, pero no es menos cierto que los planes de
financiación plurianual son necesariamente muy selectivos y tienen el
riesgo de aislar políticas de otras políticas, es decir, dicho en
positivo, la política de investigación científica debe ser también
solidaria con las dificultades económicas por las que pasa el país, y no
podemos pedir el privilegio de una financiación al margen del resto de
necesidades de financiación del Estado para la política de investigación
científica, incluso aunque la amemos mucho, como así ocurre, y la
deseemos fomentar. Creo, por tanto, que en los debates correspondientes
de los Presupuestos Generales del Estado todos debemos procurar que la
financiación de la política científica sea lo más alta posible dentro de
las posibilidades del país, y en ese objetivo, sin duda, el señor García
Fonseca nos va a tener a su lado. Por eso, nos hemos marcado el objetivo
explícito del 1 por ciento a corto plazo en una recomendación,
recordándole de paso que en este momento no estamos en el 0,7 de
participación de la política científica en el producto interior bruto,
sino en el 0,87. Ciertamente, no es mucho más, aunque es bastante más, y
nos permite pensar en ese 1 por ciento como un objetivo posible.

También hacía alusión a la necesidad de incrementar los estudios
socioculturales, y ésa es una recomendación explícitamente recogida en el
número 3. Creemos, ciertamente, que no podemos perder de vista que la
investigación sociocultural, que no está directamente ligada a la
productividad y al empleo, es necesaria para que la otra, la que sí está
ligada a la productividad y el empleo, no se produzca en el vacío y en
disonancia con el cambio de paradigma tecnicoeconómico al que hacíamos
referencia anteriormente. Podríamos decir que los estudios
socioculturales permiten una mayor adecuación de la política científica y
de sus resultados al estado real de la sociedad, y eso es absolutamente
necesario y deseable.

Insiste el señor García Fonseca, y tiene toda la razón, en la necesidad
de ordenación y coordinación del sector público de la I+D. Efectivamente,
también recogemos en una de las recomendaciones la necesidad de
incrementar el peso específico del instrumento principal, por no decir
único, de la política de coordinación de la investigación científica, que
es el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo. Con ello no queremos
decir que los distintos ministerios no puedan, como organismos públicos
que son, fomentar aquellos objetivos de investigación que sean
directamente necesarios para sus fines, pero es indudable que el conjunto
de la política científica, y también la suya propia, se verá beneficiada
de unos mayores niveles de coordinación. Con ello aludo también a las
palabras pronunciadas por el señor Baltá, que ha insistido en diversos
momentos de su intervención en la necesidad de mejorar la coordinación;
ciertamente, coordinación de los distintos sectores públicos entre sí,
coordinación del sector público y el sector privado, coordinación de la
política de investigación científica de la Administración central con la
de la Unión Europea, con la de las comunidades autónomas, y de éstas
entre sí. Objetivos de coordinación no faltan, y voluntad y esfuerzo para
impulsar esa coordinación no van a faltar tampoco por parte de esta
Comisión.

Estos son los comentarios fundamentales que deseaba realizar a las
intervenciones de los distintos portavoces y, finalmente, la palabra
última debe ser de agradecimiento a la colaboración de todos ellos en la
redacción del informe.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún miembro de la Comisión, que no haya
intervenido y que no sea portavoz, quiere hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
El señor Maragall tiene la palabra.




El señor MARAGALL I NOBLE: Yo solamente desearía conocer algún dato sobre
la capacidad que tiene actualmente España para la formación de
investigadores. Sé que se ha incrementado el capítulo destinado a
formación de investigadores, pero ignoro si hay en España suficientes
formadores de personal investigador. Esta es una de las preocupaciones
que tenemos en toda España, tanto en las comunidades autónomas como en el
conjunto del Estado español. Ignoro si realmente ha habido problemas por
lo que respecta a los formadores de personal investigador.

En un segundo plano, desearía también saber si se ha fijado ya en esta
primavera la nueva convocatoria de proyectos. Esto debe haber salido en
algún boletín oficial, pero tal vez sería deseable que desde la Mesa de
la Comisión se informara a los miembros de cuál es el boletín en el que
figura la convocatoria de este año.




El señor PRESIDENTE: Interpreto sus preguntas, concretamente la primera,
relacionada con el informe que estamos analizando, de 1991. Hay un
apartado en él que hace referencia precisa a la pregunta que usted
formula. De todas maneras, yo le invito a que en la próxima reunión de la
Comisión, que pretende presentar la memoria de 1992 y para la que tenemos
la intención de invitar al señor Ministro, y estamos tramitándolo, para
que se incorpore a ella y presente dicha memoria, se le puedan efectuar
de nuevo estas preguntas, con el fin de que las conteste con todo el
margen de tiempo posible que ya se marca en dicha memoria.

De todas formas, si alguno de los ponentes quiere y puede satisfacer las
preguntas del señor Maragall, yo le daría la palabra. (El señor del Pozo
i Alvarez pide la palabra.) Señor del Pozo.




El señor DEL POZO I ALVAREZ: No puedo contestar con detalle, porque no
dispongo en este momento del ejemplar de la memoria, pero sí puedo darle
el dato preciso para remitirle al señor Maragall a una lectura en la
página 37 de la memoria del año 1991, donde se expresan con precisión
todas las inversiones relativas al programa de formación del personal
investigador. Es todo lo que en este momento puedo detallarle. Además,
por supuesto, como habrá oído en la explicación del informe, ése es uno
de los objetivos de impulso, por parte de esta Comisión, en la redacción
del presente informe.




El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo turno, en caso de que sea
solicitado por parte de los portavoces.




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El señor Ripoll tiene la palabra.




El señor RIPOLL SERRANO: Para justificar un poco o fijar la posición de
nuestro Grupo con respecto a la memoria.

En primer lugar, sí quiero destacar que se ha hecho un trabajo de
análisis de lo que es el cuerpo de la memoria por parte del ponente,
trabajo en el que hemos colaborado en la medida de nuestras
posibilidades, y pensamos que ese trabajo se ha realizado tal como se
pensaba que se debía hacer. Lo que sí encontramos, y de ahí nuestra
posición, es que ha faltado valentía para decir que las cosas empiezan a
ir mal. Es evidente que el impulso dado a todo el sistema de I+D por la
Ley de la Ciencia del año 1986 se está empezando a difuminar, y todo el
progreso conseguido se está estancando por distintas circunstancias que
esta Comisión debe discutir y analizar. Las acciones tomadas empiezan a
ser abandonadas, la política de ciencia y tecnología ha perdido impulso,
y el acercamiento a Europa, en los indicadores de ciencia y tecnología,
se ha detenido. Quizás ahí esté el origen de la dimisión reciente del
Secretario del Plan Nacional.

Yo creo que, a pesar del esfuerzo realizado, que no tengo inconveniente
en volver a reconocer, la posición de la ciencia y tecnología españolas
dentro del Gobierno sigue presentando algunas de las características que
se atribuyen comúnmente a los países subdesarrollados. En primer lugar
existe una notable ausencia de coordinación de las acciones públicas,
distintas de la meramente presupuestaria; quiero decir que no todo
consiste en que figuren en un plan, sino en que éste no sea la suma de
políticas individuales de cada ministerio o de cada comunidad autónoma y
en que tenga la posibilidad de establecer prioridades y de estar dirigido
a la consecución de ciertos objetivos. Y, en segundo lugar, hay un escaso
nivel político y administrativo del organismo responsable de las
políticas de ciencia y tecnología, la Comisión Interministerial. Pensamos
que ello induce a lo primero, que quizás, al tener escaso nivel político
y administrativo, es incapaz de fijar esas prioridades y esos objetivos.

Tiene relativa razón el señor Del Pozo cuando dice que el sistema ha
mejorado mucho y que ya tenemos madurez en el cuerpo investigador. Es
cierto: el cuerpo investigador ha mejorado mucho, quizá cuantitativamente
no todo lo que deseamos, pero sí cualitativamente, y creo que el espíritu
de esta Comisión no es enfrentar políticas distintas por parte de los
partidos. Creo que hay una coincidencia en el fondo de todos los partidos
sobre cuál es el objetivo, sobre que la investigación científica y el
desarrollo tecnológico son un capítulo fundamental y necesario que quizá
debía estar por encima de otros. Lo que había comentado antes el portavoz
sobre la solidaridad de la política de investigación con el resto de las
políticas debería ir en sentido contrario: se debería mantener el
esfuerzo en la política científica y tecnológica, aunque otras políticas
sufran esos recortes, porque todo el esfuerzo en política científica y
tecnológica siempre redundará después en un mayor incremento de las tasas
de bienestar y de las tasas de calidad.

Por tanto, quiero decir que se ha hecho bastante, pero quizás estamos en
el punto de inflexión, y si no buscamos un nuevo impulso para la política
científica y tecnológica, empezaremos a dar pasos atrás. Por ello, nos
vamos a abstener en la votación de esta memoria, no por su contenido, en
el que reconocemos que se ha hecho un esfuerzo, sino, sobre todo, por la
falta de valentía para empezar a insistir ante las instancias
correspondientes para que se dé un nuevo cambio de rumbo, un nuevo
impulso, con el fin de que el proceso que se inició el año 1986 y que nos
iba acercando poco a poco, quizá más lentamente de lo previsto, a las
medias europeas no se detenga.




El señor PRESIDENTE: El señor García Fonseca tiene la palabra.




El señor GARCIA FONSECA: Brevemente, señor Presidente.

También por mi parte quiero agradecerle al portavoz del Grupo Socialista,
señor Del Pozo, sus palabras, y no sólo sus palabras, sino el talante con
el que se ha comportado, no solamente en este momento, sino a lo largo de
todo el trabajo de la ponencia y de la Comisión, y además traducido en
aspectos concretos, como la asunción de algunas de las propuestas hechas
por otros grupos y particularmente algunas de las propuestas hechas por
mi Grupo. De todas formas yo quiero seguir insistiendo en algunos de los
aspectos que a nuestro Grupo le preocupan muy seriamente y que nos parece
que ponen en cuestión, a nivel de fondo, la situación del Plan Nacional
de Investigación.

Uno de ellos, que ya indiqué antes pero sobre el que quisiera insistir,
es que no se ha logrado, yo creo, o se ha logrado muy poco, que el Plan
responda, se adecue, se integre en las necesidades de nuestro sistema
productivo, y de hecho las transferencias tecnológicas del Plan hacia el
tejido productivo, específicamente el industrial, yo creo que son
escasas. Quizá sea ése uno de los cuellos de botella más importantes de
la situación tecnológica de nuestro país, que repercute luego en la
situación industrial. A mi Grupo, en una cuestión tan fundamental como
ésta, le gustaría saber qué unidades y cuántas de I+D se han creado o se
han generado en las empresas en estos años de vigencia del Plan. Yo creo
que ése sería un dato muy importante y me temo que es un dato negativo.

Lo digo sin recrearme en absoluto, sino todo lo contrario, en todo caso
lamentándolo profundamente. Existe el hecho mismo de que incluso el
trasvase de la propiedad de muchas de nuestras empresas hacia compañías
multinacionales, al menos en sectores muy amplios e importantes, no
solamente no está produciendo una incorporación de la tecnología de estas
grandes empresas sino que, al contrario, está originando un vaciamiento
de nuestros propios recursos tecnológicos. Podría citar muchos casos,
desde el sector olivero, donde en el mismo informe se reconoce, muy
tímidamente, porque dice que todavía se puede mejorar la cifra de
coordinación de investigadores, especialmente en el ámbito industrial, o
cuando dice que ha habido ausencia de financiación de proyectos
concertados en más de la mitad de los objetivos, y cita los recursos
forestales, el ganadero, marinos y



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acuicultura. Por ejemplo, en el aceite de oliva sí que se incorporan
ahora, de 1993 para 1994, pero ahora cuando ya realmente este sector está
multinacionalizado, es decir, ya son prácticamente empresas italianas y
francesas quienes lo controlan. En el caso del sector cementero hay que
citar, por ejemplo, el tema de As Pond, que tenía un centro de
investigación con más de cien personas y que desde que se transfirió al
grupo francés Lafargue resulta que tiene cuarenta y cinco y las
previsiones son que se quede en dieciocho para, supongo yo, terminar en
ninguna. En el caso de Laboratorios Abelló realmente ha desaparecido el
gabinete de I+D que tenía, etcétera.

Este es uno de los temas, quizá de los más cruciales a nuestro juicio,
que nos preocupa y donde nos da la impresión de que los mecanismos de
incentivación o de engarce entre el Plan y la empresa, fundamentalmente
la empresa privada, no se han logrado. Nuestra empresa privada sigue
siendo fundamentalmente una empresa que «pasa» --dicho en términos de
calle-- del tema de I+D desgraciadamente.

Un segundo aspecto en el que quería insistir de nuevo es el del tema de
la evaluación. Es verdad que ha habido una actuación positiva de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, como se reconoce en el
informe, pero yo quisiera señalar que, a nuestro juicio, los criterios de
evaluación son muy insuficientes, porque se basan fundamentalmente en el
tema de las publicaciones y no en el conjunto de las actividades de
transferencias de tecnología al sector industrial. En una de las
intervenciones del señor Del Pozo yo creo que de alguna forma reconocía
que podía darse la paradoja de haberse incrementado mucho con relación a
este baremo y, sin embargo, no haberse producido una transferencia
tecnológica real. Yo creo que por eso sería muy importante que en la
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva se
introdujeran otros criterios más pertinentes.

Por último, también deseo matizar algunas cosas a las que no aludí antes.

En cuanto al tema de las patentes en el extranjero, que se ha
multiplicado por cuatro, como se dice en el informe, me gustaría saber
también, por ejemplo, cuántas hay en explotación. También sería un dato
que matizaría de manera muy importante este baremo. Luego quiero matizar
también, en sentido critico, el tema de la tasa de cobertura tecnológica,
que se dice que evolucionó del 13,6 al 29 por ciento, lo cual es cierto,
pero no es menos cierto, primero, que mi Grupo tiene un poco la impresión
--y, repito, sin ánimo de ningún tipo de recreación en lo negativo, sino
simplemente señalarlo porque es algo a superar-- de que es algo
coyuntural, pero que, en todo caso, seguimos en la misma estructura de
hace varias décadas. Es decir, tenemos un déficit que es más o menos el
equivalente a los gastos públicos en I+D, un déficit que anda por los
360.000 millones de pesetas, según COTEC, y ésta era la estructura que
teníamos, repito, por los años 60. Nos parece que este indicador, en este
contexto, deja de ser positivo.

Estas son algunas de las matizaciones que quería hacer. En todo caso mi
Grupo, aun reconociendo los esfuerzos del Grupo Socialista, y, repito,
nuestra valoración positiva de muchos de los aspectos del informe, por
toda la serie de razones que he intentado exponer se va a abstener, no se
va a posicionar negativamente pero tampoco positivamente con relación al
informe.




El señor PRESIDENTE: ¿Señor Baltá?



El señor BALTA I LLOPART: Nada que añadir, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: El señor Del Pozo tiene la palabra.




El señor DEL POZO I ALVAREZ: Simplemente un brevísimo comentario final
para aceptar que algunas de las observaciones son atinadas; probablemente
es cuestión muchas veces de apreciación de grado. Yo estoy de acuerdo en
que la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva puede mejorar sus
criterios. Sin embargo, deben saber también los señores comisionados que
es una Agencia que se ha prestigiado extraordinariamente dentro de
nuestro país, tanto en el ámbito público como en el privado, no tanto
para evaluar a posteriori los resultados de la investigación científica,
que no constituye su objetivo específico, cuanto para evaluar a priori
cuáles de los proyectos que presentan las empresas, las universidades o
los centros públicos de investigación merecen una subvención, una ayuda
pública, y cuáles no la merecen, porque a nadie le puede caber la menor
duda de que en muchas ocasiones se presentan algunos proyectos que son
claramente tapaderas para subvencionar la producción ordinaria de una
industria, y eso, evidentemente, un responsable político de política
científica no puede dejar de conocerlo y evitarlo. En ese sentido tengo
la impresión de que es un organismo con suficiente --ése sí-- madurez en
su funcionamiento como para que vaya evolucionando hacia el afinamiento
de algunos de esos criterios.

Estoy de acuerdo también en la necesidad --y ése es uno de los leitmotiv
del informe-- de que nuestra empresa privada se implique y se comprometa
mucho más en la actividad científica y tecnológica, y, a sugerencia
precisamente del señor García Fonseca, se introdujo en una parte del
informe la necesidad de que próximas memorias incorporen datos precisos
de resultados de política científica entre los cuales figuren creación de
nuevas unidades de I+D en empresas, porque deseamos conocer cuál es el
florecimiento, por así decirlo, en la industria de nuestro país de la
política científica que vamos desarrollando.

Una última observación simplemente al señor Ripoll --casi es un puro
juego lingüístico-- en relación a su frase de que las cosas empiezan a ir
mal. Yo creo que ésa es una lectura no adecuada a la realidad. Lo que ha
sucedido con nuestra actividad inversora en política científica es que ha
dejado de crecer tanto como crecía, eso es cierto. Ese freno sería
absurdo no reconocerlo porque está a la vista en los datos y en los
gráficos. Sin embargo, no es lo mismo crecer menos deprisa de lo que se
crecía que hablar de que las cosas van mal. Yo pienso que todos somos
conscientes de que el país, y no sólo el país, sino el mundo
desarrollado,



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ha pasado un bache importante en materia económica, y ese bache se ha
notado también en la política científica de España. Sin embargo, estoy
absolutamente convencido de que no sólo el Parlamento, esta Comisión,
sino también el Gobierno van a mantener --porque así lo ha expresado el
Presidente del Gobierno en el debate de investidura y así se ha expresado
reiteradamente por los distintos responsables de política científica--
como uno de sus objetivos prioritarios la política de I+D en nuestro
país.

Esto es todo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Pozo.

Vamos a pasar directamente a la votación del informe de la Ponencia para
convertirlo en dictamen de la Comisión.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cinco minutos del mediodía.