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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 33, de 04/05/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 33
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA
PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles, 4 de mayo de 1994
en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DIA Comparecencias:
--Del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Excmo.
Sr. don Baltasar Garzón Real, para informar sobre el cambio de ubicación
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Asuntos Sociales al de Interior, a solicitud del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Números de
expediente S. 713/000086; C. D. 212/000450) y para informar sobre el
organigrama, nombramientos y las líneas generales de actuación de su
Departamento, a solicitud del G. P. Popular. (Números de expediente S.
713/000154; C. D. 212/000657). (Página 658)
--Pregunta de don Gonzalo Robles Orozco, del G. P. Popular, sobre qué
medidas piensa adoptar el Gobierno para que sea aplicada con rigor la
legislación vigente sobre protección de menores en cuanto al consumo de
alcohol y otro tipo de sustancias estupefacientes. (Números de expediente
S. 683/000008; C. D. 181/000673). (Página 674)
--Del Ministro de Justicia, Excmo. Sr. don Juan Alberto Belloch Julbe,
para informar sobre la evaluación del informe aprobado por la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de la Droga en la pasada Legislatura.
(Números de expediente S. 711/000056; C. D. 213/000296). (Página 678)
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, tengo que comunicarles que desde el Gobierno se ha hecho
una petición, en el sentido de modificar el orden de las comparecencias
previstas para hoy, de forma que la comparecencia inicial del Ministro de
Justicia, prevista a las nueve horas y treinta minutos, se retrase hasta
las doce horas y la prevista a esta hora del Delegado del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas se adelante a las nueve horas y treinta
minutos. Con la conformidad de la Mesa y la Junta de Portavoces, se ha
tomado el acuerdo de aceptar la petición del Gobierno. (El señor Robles
Orozco pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero dejar constancia, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de
nuestro malestar por la actitud del Gobierno y, en este caso, del
Ministro de Justicia.
No hay una razón de peso para que deba producirse este aplazamiento. Por
deferencia y porque en este momento interesa a la Comisión, hemos
accedido al cambio en el orden del día, pero el que el Ministro haya
cambiado una comparecencia en el Parlamento por asistir a un medio de
comunicación nos parece una falta de respeto hacia éste absolutamente
injustificada, y creo que debe quedar constancia --así lo quiere mi
Grupo-- de nuestro rechazo a este tipo de planteamientos que, por cierto,
no es la primera vez que los adopta el Gobierno con respecto a la Cámara.
Por tanto, ello demuestra una falta de seriedad y de respeto --insisto--
del Gobierno --en este caso del Ministro-- hacia la Comisión, ya que
estaba citado con suficiente antelación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Declaro que conste en acta.
COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS,
PARA INFORMAR SOBRE EL CAMBIO DE UBICACION DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES AL
DEL INTERIOR, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA
INICIATIVA PER CATALUNYA (S. 713/000086; C. D. 212/000450), Y PARA
INFORMAR SOBRE EL ORGANIGRAMA, NOMBRAMIENTOS Y LAS LINEAS GENERALES DE
ACTUACION DE SU DEPARTAMENTO, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (S. 713/000154; C. D. 212/000657.)
El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulos, iniciamos la comparecencia del
señor Garzón.
Tiene la palabra don Baltasar Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
Por tercera vez comparezco ante esta Comisión Mixta, Congreso-Senado,
para el estudio de los problemas de las drogas y, como siempre, lo hago
con sumo agrado para exponer a sus señorías los cambios producidos en la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, así como el
sistema de trabajo en la nueva estructura y los proyectos, más o menos
inmediatos, a los que dedica sus esfuerzos la Delegación en esta nueva
fase.
En más de una ocasión he dicho que la droga por su implantación y
expansión es un hecho mundial y, por ello, los problemas o consecuencias
que esta realidad produce deben afrontarse desde una perspectiva global,
que tenga en cuenta los distintos aspectos del fenómeno.
Por ello, es preciso atender a la dimensión internacional del mismo, ya
que no sólo se precisa reducir los efectos del consumo, sino también
combatir el tráfico. El narcotráfico, entendiendo por tal tráfico de
drogas y blanqueo de capitales, es sobre todo una de las manifestaciones
más genuinas de la criminalidad organizada.
Consciente de todo ello y de que este tipo de criminalidad internacional
exige una serie de respuestas de alcance equivalente, el Gobierno estudió
y, finalmente, decidió que el organismo de coordinación política en todos
los ámbitos lo sea también de coordinación operativa. En este sentido ha
marcado las normas jurídicas necesarias para que la Delegación pueda
llevar adelante este cometido, con la finalidad clara de aprovechar todos
los recursos humanos y materiales, coordinándolos y haciéndolos funcionar
en una misma dirección.
Este cometido no es fácil por tres razones: primera, porque, con carácter
previo, aun reconociendo el esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, no existía esa coordinación y aglutinación de
esfuerzos que ahora se pretende. Segunda, porque la mencionada
coordinación afecta, no sólo al Ministerio del Interior, sino también al
de Economía y Hacienda, en el que se encuentra ubicada la agencia estatal
tributaria y, en ésta, el servicio de vigilancia aduanera, con
competencias actuales en la represión del tráfico de drogas. Tercera,
porque la coordinación interna por sí solo no es suficiente, ya que han
de diseñarse los mecanismos de colaboración y obtención de información de
otras instancias diferentes, a saber, del servicio ejecutivo y la
comisión de prevención del blanqueo de capitales, cuando éstos procedan
del tráfico de drogas; las diferentes policías autónomas, en los casos en
que se tengan competencias en materia de represión del tráfico de drogas
y blanqueo de capitales, así como las autoridades administrativas y
policiales de otros países. Y unido a todo ello, se pretenden unificar
los mecanismos de colaboración con la autoridad judicial y el Ministerio
fiscal, de modo que la dispersión ahora existente se reduzca y, de esta
forma, el sistema gane en efectividad.
Señorías, a lo largo de mi comparecencia desarrollaré estos aspectos,
estaré atento a las cuestiones que me planteen y aclararé cualquier duda
que pueda presentarse.
Por Real Decreto 2.314/1993, de 29 de diciembre, se modifica la
adscripción ministerial de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, que pasa del Ministerio de Asuntos Sociales al del
Interior.
Por Real Decreto 2.322/1993, del mismo día, se atribuyen al Delegado del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas nuevas competencias,
concretamente la coordinación por delegación del Ministro de la actuación
entre unidades, o respecto de determinados miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de tráfico de drogas, y la
participación en reuniones internacionales, especialmente las que se
desarrollen en el marco de la Unión Europea, interviniendo en la
aplicación de los acuerdos que de ella se deriven en asuntos de
prevención y represión.
Las previsiones contenidas en estos dos reales decretos son fruto de la
convicción del Gobierno de que la implantación del crimen organizado, una
de cuyas actividades principales es el tráfico de drogas, resulta una
gravísima amenaza para nuestra sociedad e incluso para el propio sistema
democrático. A ello se une el convencimiento de que la lucha contra la
droga debe ser abordada globalmente, alcanzando todos sus aspectos, es
decir, la prevención, la rehabilitación y la represión. Pero este
tratamiento global requiere la coordinación de todos los esfuerzos, cosa
que, por lo que al aspecto represivo se refiere, no se venía dando con el
grado de efectividad necesario. La coordinación, en este punto, debe
producirse nacional e internacionalmente.
La necesidad de hacer una política global de drogas aconseja residenciar
esta política en el lugar en el que mayor capacidad de coordinación se
tenga para establecerla, y tratándose de aspectos represivos y de
investigación, este lugar sólo puede ser el Ministerio del Interior. Sin
embargo, esta nueva adscripción administrativa no supone en ningún caso
merma en las competencias que desde siempre tuvo la Delegación en materia
de prevención, rehabilitación y asistencia. La reciente ubicación tiene
por fin atender de manera más eficaz las actuaciones de investigación y
represión.
Las nuevas competencias, unidas a las que ya tenía atribuidas la
Delegación del Gobierno, nos lleva a afirmar que corresponden a la
Delegación el diseño y la coordinación de la política global en materia
de drogas en todos los aspectos que presenta el problema desde el
Gobierno.
Existiendo ya en la Delegación una estructura administrativa encargada de
las materias de prevención, rehabilitación y asistencia, se hacía
necesario crear otra estructura a la que encomendar las nuevas labores de
coordinación de las acciones de investigación y persecución del tráfico
de drogas. Así, en el Real Decreto 495/1994, de 17 de marzo, por el que
se modifica la estructura y funciones de determinados órganos del
Ministerio del Interior, se dota a la Delegación y al Ministerio de los
mecanismos necesarios para llevar a cabo las nuevas funciones de
coordinación. Destaca en este decreto la desaparición de la Secretaría de
Estado para la Seguridad, Dirección de la Seguridad del Estado, con sus
gabinetes. La nueva organización, que sustituye a la anterior, puede
examinarse en dos aspectos. Uno relativo a la creación de dos gabinetes
dependientes del Ministro, cuestión que no es objeto de esta
comparecencia, y otro relativo a la estructura de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que se amplía con respecto
al organigrama ya existente al crearse dos gabinetes dependientes del
Delegado del Gobierno. Aparte de estos gabinetes a los que me referiré
después, se establecen dos mecanismos de administración consultiva, uno
como órgano superior del Ministerio --el Consejo Superior de Lucha contra
el Tráfico de Drogas y Blanqueo de Capitales--, presidido por el Ministro
del Interior, y otro --el Grupo de Asesoramiento y Asistencia de
Operaciones de Lucha contra el Tráfico de Drogas y Blanqueo de
Capitales-- presidido por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas.
Por lo que se refiere al primero de estos dos organismos --el Consejo
Superior--, diré que forman parte de él, además del Ministro como
Presidente, el Delegado del Gobierno, los directores generales de la
Policía y de la Guardia Civil, el Fiscal General del Estado o,
sustituyéndolo, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para la Prevención
y Represión del Tráfico de Drogas, el Director General de la Agencia
Estatal Tributaria y el Director del Gabinete de Análisis y Coordinación.
De la composición de este órgano colegiado se deduce que en él están
todos los máximos responsables de la investigación y persecución del
tráfico de drogas incluso los que no pertenecen al Ministerio del
Interior, o sea el Fiscal General y el Director de la Agencia Estatal
Tributaria, organismo en el que se integra el Servicio de Vigilancia
Aduanera.
Este Consejo Superior tiene como misión fundamental diseñar las políticas
y estrategias a seguir en la represión del tráfico de drogas y del
blanqueo de capitales provenientes de dicho tráfico, de tal forma que, en
la construcción de tales políticas y en el establecimiento de las
prioridades, sean oídos todos los implicados en la materia.
En relación con el segundo de los organismos consultivos, el grupo de
asesoramiento y asistencia está compuesto por el Delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, que lo preside, por su Director de
Gabinete, por el Subdirector General de Operaciones de la Guardia Civil,
por el Subdirector General Operativo de la Policía, por el Jefe del
Servicio de Investigación e Información de la Guardia Civil, por el
Comisario General de Policía Judicial y por el Jefe de la Unidad Policial
adscrita a la Fiscalía General del Estado, así como por el Director del
Gabinete de Análisis y Coordinación, y se tiene prevista su ampliación
próximamente a otros organismos.
Los cargos que ocupan los miembros de este grupo garantizan que en sus
labores de asesoramiento al Delegado sean oídos distintos responsables de
la lucha contra el tráfico de drogas, no en el máximo nivel político que
conlleva el Consejo Superior, sino en el terreno operativo. Por eso,
entre las funciones generales de asesoramiento y asistencia al Delegado
en el ejercicio de las competencias que se le
han atribuido se destaca ese asesoramiento cuando se trate de las que ha
de llevar a cabo a través del Gabinete de Análisis y Coordinación que,
como veremos después, se refieren a la recepción y análisis de
información y a la coordinación de investigaciones y operaciones.
Como ya he indicado más arriba, el Real Decreto 495/1994 incorpora a la
estructura de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas dos gabinetes que no actúan como órganos consultivos, como los
recién examinados, sino como órganos de administración a través de los
cuales el Delegado del Gobierno ejerce sus nuevas competencias, es decir
las atribuidas en el Real Decreto 2.322/1993 relativas a coordinación de
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la participación en foros
internacionales. Estos son el Gabinete de Análisis y Coordinación y el
Gabinete de Evaluación y Seguimiento.
El Gabinete de Análisis y Coordinación recibe y analiza toda la
información relativa a la materia de tráfico de drogas que ha sido
delegada por el Ministro al Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, y a través de tal gabinete se ejercen las labores de
coordinación. El ámbito en el que se ejercen tales tareas de
coordinación, es decir, los supuestos en los que se ha efectuado la
delegación del Ministro, es el siguiente.
En primer lugar, los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales
relacionados con dicho tráfico, cometidos por organizaciones criminales.
En segundo lugar, los mismos delitos, aun cuando no sean cometidos por
tales organizaciones, siempre y cuando no sean cometidos por tales
organizaciones, siempre y cuando su enjuiciamiento corresponda a la
Audiencia Nacional por razón del territorio, es decir, cuando se hayan
perpetrado en territorios correspondientes a más de una audiencia
provincial o en el extranjero. En tercer lugar, los delitos conexos con
los anteriores, por ejemplo, falsedades, cohechos o cualquier otro en
relación de medio a fin o en concurso instrumental. En cuarto lugar,
delitos relacionados con los de tráfico y blanqueo por razón de la
utilización de beneficios económicos procedentes de aquéllos, como pueda
ser el delito fiscal o la reinversión de los beneficios en otras
actividades delictivas como, por ejemplo, el tráfico ilícito de armas.
Como se puede observar, el ámbito competencial delegado dentro del cual
se ejerce la coordinación de las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado es bastante amplio y coincide en gran parte con las
actividades primordiales de las organizaciones criminales, pues éstas se
dedican en gran medida al tráfico de drogas, cometiendo otras conductas
delictivas conexas o necesarias para perpetrar aquél, y estas mismas
organizaciones u otras que aparecen conectadas se dedican al blanqueo del
dinero ilícitamente obtenido con el tráfico.
El segundo Gabinete creado por el real decreto mencionado es el de
Evaluación y Seguimiento. Este, al igual que el anterior, depende
directamente del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, y el número de personas que deberán integrarlo será reducido. La
función de este gabinete es la de asistir al Delegado en las tareas de
seguimiento y evaluación de las actuaciones que se coordinen a través del
Gabinete de Análisis y Coordinación, de manera que pueda establecerse el
exacto grado de cumplimiento de las instrucciones dadas y puedan
detectarse eventuales fallos en el mecanismo de coordinación o de la
actuación en casos concretos. De esta forma se pretende garantizar la
máxima eficacia en el desarrollo de las investigaciones y operaciones
coordinadas y su éxito final. Su actuación se desarrollará tanto
simultánea como posteriormente, pudiendo obtener, siquiera sea
ocasionalmente, información, que deberá ser elaborada por el Gabinete de
Análisis y Coordinación.
Con estos dos gabinetes, se dota a la Delegación del Gobierno de los
instrumentos necesarios para el desarrollo de las nuevas competencias
asignadas al Delegado en el Real Decreto 2.322/1993.
Una Orden comunicada por el Ministro del Interior, de fecha 7 de abril de
1994, recoge la estructura orgánica de los dos gabinetes y prevé la
sustitución del Delegado en supuestos de ausencia.
El Gabinete de Evaluación y Seguimiento se estructura en dos servicios:
el de Evaluación y el de Seguimiento, mientras que el Gabinete de
Análisis y Coordinación tiene bajo su dependencia cuatro servicios: el de
Documentación y Estudios, responsable de la elaboración de estudios,
informes y estadísticas; el de Asuntos Legales y Relaciones
Institucionales, que deberá mantener las relaciones con todas las
instituciones responsables de la represión del tráfico y del blanqueo y
coordinar las actuaciones en las que se realicen entregas vigiladas; el
de Relaciones Internacionales, encargado de la elaboración de las
propuestas de acuerdos internacionales, preparación de reuniones en foros
supranacionales y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley de 13 de marzo de 1986 y,
finalmente, el de Coordinación, a través del cual el Delegado ejercerá
sus funciones de coordinación operativa en las áreas nacional e
internacional, dentro del marco de la delegación hecha por el Ministro y
sobre la base de la competencia atribuida en el Real Decreto 2.322/1993,
de 29 de diciembre, en lo que se refiere a la actuación entre unidades
con respecto de determinados miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
La Orden Ministerial de 7 de abril a la que estoy aludiendo contempla,
finalmente, la sustitución del Delegado del Gobierno en cuanto a las
nuevas competencias, es decir, las previstas en el Real Decreto de 29 de
diciembre de 1993, en los casos de ausencia, recayendo dicha sustitución
en el Director de Gabinete. Téngase en cuenta que, tratándose de las
competencias que el Delegado tenía antes de la incorporación al
Ministerio del Interior, la sustitución recae en el Director General de
la Delegación, es decir, en el responsable de las áreas de prevención,
tratamiento y asistencia.
Volviendo al nuevo sistema de coordinación de información y actuaciones
diseñado, el mismo se completa con una instrucción, recientemente dictada
por el que les habla, en la que se explica cuál debe ser su
funcionamiento. Básicamente esta instrucción se refiere a los siguientes
aspectos: primero, tanto la ubicación de los enlaces policiales de
España en el extranjero como el alcance de la actuación de los
extranjeros en España son decisiones que competen al Delegado del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en las materias propias de
su competencia, se entiende, y que se tomarán a través del Gabinete de
Evaluación y Seguimiento.
Segundo, las operaciones consecuencia de comisiones rogatorias serán
coordinadas y dirigidas a través del Servicio de Coordinación Operativa.
Tercero, toda la información que se produzca con relación al ámbito
competencial delegado por el Ministro deberá llegar al Delegado del
Gobierno. Esto ocurrirá, en todo caso, tratándose de información
procedente del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, del Servicio Central
de Estupefacientes de la Policía y de los servicios periféricos. Sin
embargo, también podrá ocurrir, y ello es lo deseable, que la información
tenga su origen en las policías autónomas y en el Servicio de Vigilancia
Aduanera.
Cuarto, toda la información que llegue a la delegación será enviada al
Servicio Central de Estupefacientes en su calidad de Oficina Central
Nacional, y ello sea cual sea el servicio competente para su explotación,
extremo que decidirá la delegación, según las circunstancias que
concurran en cada caso.
Quinto, toda la información que se reciba y elabore en la Oficina Central
Nacional deberá ser enviada al Gabinete de Análisis y Coordinación.
Además, a esta Oficina podrá dirigirse cualquier servicio en demanda de
información con la reserva necesaria.
A grandes rasgos, éste es el sistema de circulación y utilización de la
información que ya está puesto en práctica y que pretende que toda la
información esté centralizada en la delegación y en la Oficina Central
Nacional: en la primera, porque sólo así puede lograrse una óptima
explotación de la misma por el responsable de la coordinación de
operaciones; en la segunda, para dar adecuado cumplimiento a los
compromisos internacionales que exigen la existencia de una Oficina
Central Nacional, cualidad que le corresponde, como he dicho, al Servicio
Central de Estupefacientes.
El sistema de coordinación de información y actuaciones que acaba de
nacer pretende sustituir la hasta ahora mecánica de funcionamiento de la
represión del tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Hasta la entrada
en vigor del Real Decreto 495/1994, que es el que realmente dota a la
delegación de las estructuras precisas para el ejercicio de las nuevas
competencias, la coordinación existente se caracterizaba por las
siguientes notas: en primer lugar, era una coordinación genérica entre
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de la extinta Secretaría de
Estado para la Seguridad, pero sin que existiese un órgano de
coordinación específica similar al que sí funcionaba en materia de
terrorismo, el Gabinete de Información. En segundo lugar, ausencia de una
normativa específica que atribuyese competencias en materia de
coordinación en la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de
capitales y que crease estructuras idóneas para hacer realidad esa
coordinación. En tercer lugar, la colaboración entre los distintos
cuerpos y servicios, cuando se daba, era consecuencia de la buena
voluntad y del ánimo de cooperación de los miembros de los distintos
cuerpos y servicios y no obligada norma de conducta. En cuarto lugar,
falta de criterio y enfoque uniforme en las actuaciones derivadas de la
cooperación internacional. En quinto lugar, ausencia de sistemas de
información que unificasen la misma, fuese cual fuese su procedencia,
para hacer una óptima explotación de ella. En sexto lugar, inexistencia
de un sistema de relaciones con todas aquellas instituciones o entidades
públicas o privadas responsables o coadyuvantes en la represión del
tráfico y del blanqueo.
Si ésta era la situación anterior, el nuevo sistema de coordinación
supone: primero, la existencia de un organismo específico responsable de
la coordinación en la materia expresamente delegada por el Ministro. Hay
que recordar que el Delegado del Gobierno coordinará la actuación de
unidades y miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Segundo, existencia de una normativa «ad hoc» que atribuye la competencia
de coordinación y que crea la estructura orgánica necesaria para ejercer
tal coordinación.
Tercero, los términos de la cooperación entre los distintos cuerpos y
servicios no queda ya a la buena disposición de sus miembros, sino que es
ordenada desde la cúpula del sistema.
Cuarto, la actuación de los enlaces y las operaciones fruto de la
cooperación internacional también se coordinarán con unidad de criterio y
desde arriba.
Quinto, se crea un sistema de circulación de la información en los
términos ya descritos, que garantiza su centralización y su mejor
explotación.
Sexto, se prevén las relaciones con otras instituciones responsables en
la materia, estableciéndose un servicio específico encargado de esta
función.
Con todo ello se pretende evitar la dispersión o inútil duplicación de
esfuerzos, los fallos en las actuaciones e incluso los conflictos que en
otras ocasiones se han planteado entre cuerpos y servicios en detrimento
de la deseada eficacia.
Una vez expuesto el sistema de coordinación de información y de dirección
de actuaciones, debe hacerse mención a tres cuestiones: el Servicio de
Vigilancia Aduanera, integrado en la Agencia Estatal Tributaria; el
Servicio Ejecutivo y la Unidad de Policía, adscrita a la Fiscalía General
del Estado.
El Servicio de Vigilancia Aduanera, por su trayectoria, por su
composición y por los medios técnicos de que dispone, es fundamental en
la investigación y persecución de los comportamientos a los que extiende
su competencia, en especial el contrabando. Asimismo, viene prestando
importantes servicios en la represión del tráfico de drogas e, incluso,
en la del blanqueo de capitales, cuando han actuado por orden de los
jueces.
Sin entrar aquí y ahora a debatir sobre el carácter o no de policía
judicial del precitado Servicio, lo que podría mejor hacerse en la
Comisión de Justicia e Interior, lo cierto es que Vigilancia Aduanera, de
hecho, posee una abundantísima información que interesa muy especialmente
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. Además, desarrolla intervenciones importantísimas en aguas
marítimas, con éxitos notables en la incautación de alijos de droga, y
por tal motivo ha de estar en el esquema y estructura de coordinación de
información e inteligencia que se ha diseñado y, asimismo, ha de estar
bajo ese mismo esquema en la dirección de las operaciones que se
desarrollen. De hecho, así está haciéndose, con positivos resultados.
Existe una clarísima voluntad por parte de la Agencia Estatal Tributaria
de aceptar la coordinación y dirección de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, y es misión de esta Delegación y del
delegado conseguir que el sistema sea global y todos trabajen dentro del
mismo en una sola dirección, corrigiendo las desviaciones que se
produzcan.
En todo caso, han de elaborarse las normas jurídicas necesarias para que
lo mismo que se ha previsto para Policía y Guardia Civil, por el Real
Decreto de 17 de marzo de 1994, se haga con Vigilancia Aduanera,
resaltándose que la Agencia Estatal Tributaria ya está representada en el
Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y Blanqueo de
Capitales.
En cuanto al Servicio Ejecutivo, incardinado dentro de la estructura del
Banco de España, ahora, y una vez se apruebe el Reglamento de la Ley de
Prevención de Blanqueo de Capitales de 29 de diciembre de 1993,
desarrolla y desarrollará específicamente labores de investigación en el
ámbito administrativo de las operaciones y actuaciones
bancario-financieras a través de las cuales se pretenda llevar a cabo
blanqueo de capitales. Dentro del mismo existe una unidad policial de
delitos monetarios que desarrolla labores de investigación, pero nunca en
funciones de policía judicial, ya que la investigación, cuando existan
indicios de delito, ha de dirigirse desde la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas y la Unidad Especial competente para
actuar, que en este caso es la adscrita a la Fiscalía General del Estado
y la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de
Drogas. Por tanto, aquella brigada deberá quedar limitada a la
investigación de los delitos sobre control de cambios y falsificación de
moneda con el fin de que no existan confusiones o invasiones de
competencia.
La situación actual, y ejerciendo la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas la coordinación que legalmente le corresponde, se
conforma con la necesaria remisión a ésta por parte del Servicio
Ejecutivo de todos los expedientes por él instruidos en el momento en que
se constata la existencia de indicios de actividad delictiva, que en
nuestro caso es blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas,
no de las demás actividades a las que también se extiende el ámbito de
aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Una vez que la Delegación, a través del Gabinete de Análisis y
Coordinación, examina el expediente remitido, se envía a su vez a la
unidad policial adscrita a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía
Especial para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas, cuya
coordinación también ha quedado asumida por la Delegación. Esta unidad
policial se creó por orden del Ministerio del Interior del 31 de marzo de
1993 y se adscribió funcionalmente a la Fiscalía General del Estado.
Como consecuencia de la reestructuración del Ministerio del Interior, y
manteniéndose la dependencia funcional a la Fiscalía, la coordinación de
los grupos operativos que componen la unidad, antes responsabilidad de la
Secretaría de Estado para la Seguridad, corresponde ahora a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que además designará al
jefe de dicha unidad adscrita, quien deberá ser un funcionario de la
Escala Superior del Cuerpo Nacional de Policía.
Por último, también le corresponde la asignación de los medios materiales
y técnicos necesarios para el desempeño de las funciones de la unidad
adscrita y actuar como órgano de relación entre la Fiscalía General del
Estado y el Ministerio del Interior, al objeto de adoptar cuantas medidas
sean necesarias para el funcionamiento de la citada unidad, según Orden
de 7 de abril de 1994.
Hasta aquí me he referido a lo que en esta comparecencia aparecía como
nuevo organigrama. Por lo que se refiere a los planes de actuación
futuros, creo que van implícitos en todo lo dicho: coordinar con el mayor
nivel de eficacia posible todos los esfuerzos humanos y materiales al
servicio de la investigación, persecución y represión del tráfico de
drogas y blanqueo de capitales, y no sólo los del Ministerio del
Interior, sino todos los existentes en otros organismos, administraciones
o instituciones, y todo ello sin olvidar la ineludible proyección
internacional del problema, que obliga a extender la colaboración y la
cooperación más allá de nuestras fronteras.
Por lo que se refiere a los nombramientos, hay que advertir que ninguno
de los dos órganos consultivos, Consejo Superior y Grupo de
Asesoramiento, llevan aparejados nombramientos, dado que sus integrantes
ocupan otros cargos dentro y fuera del Ministerio del Interior. En
cambio, sí se han nombrado dos directores en los dos nuevos gabinetes que
tienen rango de subdirector general, y que han recaído en dos
profesionales de reconocido prestigio y expertos en labores de
información, un comisario de policía y un coronel de la Guardia Civil.
Ninguno de estos dos nombramientos ha supuesto incremento de gasto;
tampoco se ha producido tal incremento con relación al personal que
integrará la estructura de dichos gabinetes, y ello en razón de que los
gastos de la nueva estructura proceden del Servicio 05 de la extinta
Secretaría de Estado para la Seguridad, hecho que incluso puede suponer
una reducción del gasto total del Ministerio, al desaparecer dicha
Secretaría.
Pasando ya al objeto de la segunda de las comparecencias para la que hoy
me encuentro entre sus señorías, razones del paso al Ministerio del
Interior, diré que en parte ya está contestada: una estructura de
coordinación de las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado tal como la que se ha hecho sólo puede incardinarse en el
Ministerio del Interior. Sin embargo, no puede caerse en la
simplificación de decir que los otros aspectos de la lucha contra la
droga, o sea, la prevención, la rehabilitación y la asistencia, vayan a
verse desatendidos en el Ministerio del Interior. La nueva adscripción
ministerial y la
ampliación de competencias de la Delegación del Gobierno suponen, como ya
he dicho al principio, que es necesaria una política global de drogas que
abarque todos los aspectos y que el diseño de esa política corresponda a
un solo organismo: la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas.
Si en el año 1985, al crearse el Plan Nacional sobre Drogas, el problema
fundamental era poner en marcha todos los recursos de la red asistencial
que pudieran hacer frente a los problemas sanitarios de los
drogodependientes, entonces pareció lógico que la Delegación del Gobierno
fuera una unidad del Ministerio de Sanidad, pero reiterando que, a pesar
de ello, seguía teniendo competencias más amplias que las meramente
sanitarias, como eran las de prevención y coordinación internacional en
materia de drogas.
Según fue normalizándose la situación de asistencia sanitaria, se optó
por adscribir la Delegación al Ministerio de Asuntos Sociales, por
entender que, globalmente considerados, los problemas de las drogas eran
tema de carácter eminentemente social. Sin embargo, el fenómeno ha
evolucionado lo suficiente en el campo internacional y nacional como para
darse cuenta de que en la actualidad, dentro de lo que debe ser un
concepto de represión selectiva, el control de la oferta es de gran
importancia. Además, existe el convencimiento internacional de que uno de
los grandes problemas actuales es la criminalidad organizada que toma
como objeto el tráfico de drogas y la utilización que hace del sistema
financiero nacional e internacional para blanquear los capitales
procedentes de dicha actividad delictiva. Así pues, si se tiene en cuenta
que la asistencia a los problemas sanitarios de las drogodependencias han
entrado en una fase de cierta normalización dentro del Sistema Nacional
de salud y que, por tanto, ya no es tan necesaria la ubicación de la
delegación en Sanidad, que la adscripción a Asuntos Sociales venía dada
por la ubicación del fenómeno como problema social general, que las
funciones de coordinación en materia preventiva y asistencial no tenían
por qué verse necesariamente favorecidas por la adscripción ministerial,
y habiéndose tomado conciencia del problema que la criminalidad
organizada plantea, queda, a mi modo de ver, absolutamente justificado
que la Delegación, con las nuevas competencias de coordinación de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se adscriba a Interior, no
porque se entienda que la única política en materia de drogas sea la
represiva, sino porque ésta es una de las vías para enfrentarse al
problema, y en muchos casos está insuficientemente coordinada. Esta
carencia sólo puede evitarse desde el mencionado Ministerio y sin que
ello, insisto, suponga merma en la atención a los aspectos preventivos y
asistenciales fundamentales en el seno de esa política global en materia
de drogas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
La comparecencia del señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas se produce a petición de dos Grupos parlamentarios,
Izquierda Unida y Partido Popular. Por tanto, como es habitual, dado que
la petición de Izquierda Unida fue anterior, tiene, en primer lugar, la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Garzón, por sus explicaciones. Quisiera comenzar por decir
que quizás no estamos en el mejor día para tratar estos temas; como bien
es sabido, cada momento tiene su afán, y éste no parece el afán de este
momento. Dicho esto, también es verdad que la situación global no debe
significar que paralicemos las actividades normales de las instituciones
y, por tanto, esa aparente contradicción se resuelve teniendo esta sesión
ordinaria hoy, aunque quizás hubiera sido más conveniente haberla
aplazado unos días para ver cómo evolucionan las cosas.
Sobre este tema, señor Garzón, que mi Grupo planteaba al reflexionar
sobre la utilidad o no de la reubicación de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, ya tuvimos ocasión de discutir con el
Ministro del Interior, señor Asunción, y ya tuvimos ocasión de explicarle
de dónde partía nuestra inquietud; inquietud que está basada
fundamentalmente en una expresión que quizá por antigua puede que algunos
la hayan apartado, pero que nosotros seguimos pensando que es de rabiosa
actualidad, y es aquélla que dice que el ser social determina la
conciencia. La ubicación en un sitio o en otro de una cosa tan importante
como el Plan Nacional sobre Drogas no es neutral o no es baladí, porque
al final la forma de trabajo, digamos el espíritu intelectual que anima a
un determinado Ministerio puede llevar las cosas hacia un sitio o hacia
otro. Para nosotros es importante que se centren mucho los esfuerzos,
como parece que se hace a partir de esta reubicación, en la lucha contra
la oferta y contra, digamos, la criminalidad organizada, contra todos los
problemas del narcotráfico a nivel nacional e internacional, y
fundamentalmente contra el blanqueo de dinero. Nos parece también
importante y lo apoyamos, nos parece bien que usted haya aumentado sus
competencias en este campo, fundamentalmente porque en un pasado no tan
lejano usted demostró, digamos, habilidades en este terreno. No
manifestamos oposición a que usted esté reubicado, nos parece bien que
con ese Real Decreto 495/1994, de Incorporación de la Delegación del Plan
Nacional al Ministerio del Interior, se le dote, además, de los
instrumentos adecuados para que su función sea eficaz, pero --repito--
nos sigue preocupando el posible desviamiento --no por su voluntad
explícita-- de la acción hacia todo lo que tenga que ver con la actividad
normal del Ministerio del Interior, y que se vayan dejando de lado los
otros aspectos del problema, como usted ha señalado: la rehabilitación,
la asistencia, la reinserción del drogadicto, etcétera. No pretendemos
caer en la simplificación que usted ha señalado de que otros aspectos no
se van a valorar o no van a ser debidamente atendidos, pero --repito-- no
dependen las cosas exclusivamente de la voluntad de uno, sino de algo que
a veces empuja en otra dirección.
Usted ha señalado que antes las cosas estaban de una manera y que ahora
están de otra. El antes, la realidad
anterior es que la coordinación fuera genérica y voluntarista, que
hubiera una ausencia de normativa específica que atribuyera competencias,
que hubiera una ausencia de estructuras adecuada, que esa coordinación
voluntarista implicara también la falta de un criterio uniforme a la hora
de enfrentar los problemas, que no hubiera una información unificada y
asequible a todos los instrumentos dedicados a esta actividad, y la
inexistencia de un sistema de relaciones con instituciones públicas o
privadas. Lo otro, el ahora, más que una realidad es un desiderátum,
desiderátum que podemos compartir, es decir, que a partir de esa
reubicación y de ese nuevo organigrama, el conjunto en el que usted se
mueve sea capaz de coordinar todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado dedicados a este terreno, porque eso significará una mejor
utilización de los recursos públicos y una mayor eficacia en esa función;
las actuaciones a nivel de la relación con otras instituciones públicas o
privadas será mejor; la actuación de los enlaces y las actividades
internacionales será más coordinada. Todo esto es un desiderátum
--repito-- que podemos compartir. Está bien tener claro dónde estaban
antes los problemas, pero el ahora no está resuelto exclusivamente porque
se haya reubicado; está bien que se hayan dotado las estructuras poder
hacerlo posible, pero estamos todavía en el terreno del desiderátum
--repito--, desirátum que compartimos.
Un ejemplo de lo que estoy diciendo es que en la comparecencia del señor
Asunción, hace unas semanas, para hablar de este mismo tema, de la
ubicación en su Ministerio de este campo, yo le señalé que había dedicado
la mayor parte de su tiempo a hablar de lo que mejor conocía --él
entonces llevaba menos tiempo como Ministro del Interior--: de
Instituciones Penitenciarias y de la situación del problema de la droga
en relación con las cárceles, todo un cúmulo de cifras y de datos
importantes, necesarios, pero que venían a traducir que el mayor bagaje
de información que tenía y su mayor preocupación intelectual en ese
momento eran todavía las que venían derivadas de su acción inmediatamente
anterior.
Nuestra prevención es ésa, que la reubicación del Plan Nacional sobre
Drogas al Ministerio del Interior acabe, al condicionar toda su
actividad, en una involuntaria criminalización del asunto, dejando de
lado otros problemas, no porque ustedes tengan la voluntad de hacerlo,
sino porque la práctica cotidiana, el quehacer de cada día les lleve a
ello, prestando poca atención a otros aspectos que para nosotros también
son importantes.
Dicho esto, y significando --repito-- que nos parece muy importante que
se centren todos los esfuerzos posibles en el control de la oferta y en
la lucha contra la criminalidad organizada, con todos los problemas del
blanqueo de dinero, debo recordar algo que usted no ha señalado y que
supongo que estará dentro de ese nuevo organigrama, que es la lucha
contra la exportación de precursores, de la que en nuestro país también
tenemos algunos ejemplos.
Esos son los motivos de preocupación de mi grupo y el porqué de esta
petición de comparecencia y de haber dado la misma explicación al
Ministro del Interior, señor Asunción. Repito que nos consta que no será
su voluntad ni la del Plan Nacional caer en esa simplificación. No
pretendemos caer en ella tampoco, pero tengan ustedes muy presente ese
viejo aforismo: que el ser social determina la conciencia, porque es un
hecho de constatación absolutamente cotidiano, a pesar de que para
algunos sea un tema quizás olvidado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para responder, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero dejar constancia, una vez más, por primera
vez, ahora, en esta Comisión, de que el cambio de adscripción de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que no del
Plan, al Ministerio del Interior no influye absolutamente para nada en la
línea política que la Delegación, como órgano que el Gobierno tiene
establecido de coordinación, venía trayendo desde el inicio del Plan
Nacional sobre Drogas.
Tan es así que lo que se establece es una nueva estructura, diferenciada
totalmente de la anterior para que, ni siquiera en ese aspecto, exista
esa confusión. El único órgano de conexión entre ambas estructuras es el
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Está la
estructura tradicional de la Delegación, con su Dirección General del
Plan Nacional sobre Drogas, con sus Subdirecciones, que sigue
desarrollando su trabajo exactamente igual en las mismas materias y a un
ritmo bastante trepidante, y el Delegado coordina esa labor como
responsable político máximo de la Delegación.
Por otra parte, la nueva estructura, que por estar separada está hasta en
sedes distintas, una en Interior y otra en Sanidad, también coordina esa
nueva estructura, que no incide en uno solo de los aspectos de la
anterior.
En el aspecto presupuestario habrá una neta separación para el próximo
ejercicio entre una estructura y otra. Ni una sola peseta, que estaba y
que está en el presupuesto para la Delegación del Gobierno del Plan
Nacional sobre Drogas en sus anteriores competencias, va a ser traspasada
a la nueva estructura. Es decir, no va a haber detrimento de atenciones.
Pero lo más importante es que la política del Gobierno en materia de
drogas se diseña, en los aspectos de prevención, rehabilitación y
asistencia, en coordinación estrecha con cada uno de los planes
nacionales que existen en España. Es una política de coordinación y,
además, de consenso en un altísimo porcentaje de ocasiones. La política
en esta materia la establece la Conferencia Sectorial, la establece en el
día a día la Comisión del Plan Nacional sobre Drogas, la Comisión
Interautonómica y el Gobierno, a través de la Delegación coordinada.
Hay una absoluta separación entre ambas estructuras y una coordinación
desde arriba por el Delegado, porque el responsable político de la
coordinación debe extender esa responsabilidad a la coordinación de todos
los esfuerzos en la forma que he expresado en la comparecencia.
Por tanto, no es posible la desviación, no es posible ni aunque se
quisiera hacer, insisto, por la propia estructura del Plan Nacional sobre
Drogas que viene desarrollando su actuación desde 1985. Pero es que
tampoco está en la voluntad del Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas; tendría que hacerse un ejercicio de absoluta
esquizofrenia para mantener lo contrario, porque entiendo --y lo he dicho
en más de una ocasión-- que, si queremos paliar los efectos del problema
de la droga, el futuro no está precisamente por la vía de la represión a
ultranza, sino por la vía de la prevención, de la educación, de la
asistencia y recuperación de los sujetos.
Finalmente, discrepo en orden a lo del desiderátum, porque esa
coordinación ya es realidad y, evidentemente, se está ejerciendo.
Comprenderás las razones del sigilo correspondiente de todas y cada una
de las operaciones que están en marcha y en las que intervienen los
distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicio de
Vigilancia Aduanera y otras muchas instituciones. Esa coordinación se
está haciendo de forma positiva, ya ha habido y seguirá habiendo
resultados prácticos porque, insisto, la voluntad está clara. Es cierto
que es difícil, porque los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y
los demás servicios implicados en la lucha contra el tráfico de drogas no
obedecen todos y cada uno a los mismos esquemas.
Si me he extendido o he centrado mi exposición en todos estos temas ha
sido porque el objeto de la comparecencia de hoy era, precisamente,
explicar estos aspectos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Vázquez tiene la palabra para una breve réplica.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Sí, señor Presidente, brevísima.
Señor Garzón, si, como usted dice, lo que yo he calificado de desiderátum
ya no es desiderátum, sino realidad, pero no se explica o no se publicita
por razones de discreción, porque pertenece a ámbitos en los que no es
conveniente que esa actividad sea excesivamente conocida, dado que
compartimos el desiderátum, nos alegramos de que sea así.
En cualquier caso, mantendremos una actitud vigilante para que ese
desiderátum sea realidad y para que esa desviación no querida, pero con
tanta frecuencia producida en tantos ámbitos de la vida, independientes
de la voluntad estricta de la persona, no se produzca.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Robles tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero recordar al señor Secretario de Estado que la
comparecencia en sus términos estrictos era para informar sobre el
organigrama, nombramientos y líneas generales de actuación de su
Departamento. Por tanto, entiendo que en su Departamento, como acaba de
recordar de nuevo el Delegado del Gobierno, se incluye lo que él ha
llamado la otra estructura, que también está bajo sus competencias y que,
por cierto, hasta el día de hoy era la única que había demostrado
eficacia en la ordenación de los planes autonómicos y que funcionaba como
coordinación del Plan Nacional.
Usted se ha olvidado de la otra estructura en esta comparecencia cuando
para nosotros tiene tanta importancia como la nueva que nos ha anunciado
y que todavía se encuentra, a nuestro entender, o por lo menos a efectos
de conocimiento público, en un diseño teórico y sin conocimiento de que
haya resultados prácticos.
Señor Garzón, usted ha intervenido durante cuarenta y cinco minutos y no
ha hablado en ningún momento de la estructura dedicada a los planes de
prevención, asistencia y rehabilitación de toxicómanos, que es, por
cierto, la estructura tradicional que tenía el Plan Nacional de lucha
contra la Droga. Esa ha sido nuestra preocupación desde el primer
momento.
Lamentablemente, hoy, con su explicación en esta Cámara, ha demostrado
que las cosas tienden a su naturaleza y que usted, que ha evolucionado
--como ahora le comentaré-- durante estos últimos meses de forma personal
y de forma política, ha llevado la estructura del Plan hacia claros
contenidos de lucha contra la oferta, claramente represivos, abandonando
y quitando importancia a lo que tradicionalmente era el Plan Nacional de
lucha contra la Droga.
Le dijimos en su momento y le volvemos a decir ahora que no tenemos
absolutamente nada que objetar, todo lo contrario, es decir, nos parece
una política acertada buscar mayores estructuras de coordinación y
reforzar todas aquellas que llevan a una mejor ordenación en la lucha
contra la oferta. No nos oponemos a que el Plan esté ubicado en el
Ministerio del Interior, aunque hubiese mejor --como ya le comenté en su
momento-- que hubiera estado ubicado en otra estructura, incluso de rango
político superior, que hubiese garantizado de forma más eficaz su
trabajo. Pero sí tememos mucho que eso suponga una pérdida de importancia
real de las funciones tradicionales para las que fue pensado y diseñado
el Plan Nacional de lucha contra la Droga.
No hay que olvidar que los organismos internacionales nos recuerdan, año
tras año en su memoria anual, que cualquier política seria y eficaz de
lucha contra la droga tiene que basarse en tres pilares fundamentales y
que el más importante es la lucha en la prevención. Es decir, cualquier
política que no esté basada en una prevención a medio y largo plazo es
una política fracasada.
Por tanto, como introducción a lo que va a ser mi intervención quiero
decirle que nos ha preocupado el énfasis que usted ha puesto en esta
nueva parte del plan porque, insisto, no hay que olvidar lo que hasta
ahora había dado resultados, pues lamentablemente día tras día vemos que
está sufriendo una merma en sus contenidos y en sus competencias.
El 30 de julio de 1993 fue usted nombrado Delegado del Plan Nacional con
rango de Secretario de Estado. Entonces, el plan estaba ubicado en el
Ministerio de Sanidad
y tenía un Director General, el señor Falcón, que ejerció durante unos
meses. El dia 7 de septiembre de 1993 el Plan Nacional pasa del
Ministerio de Sanidad y Consumo al Ministerio de Asuntos Sociales. El 29
de diciembre de 1993 el plan pasa del Ministerio de Asuntos Sociales al
Ministerio del Interior. El día 24 de enero es cambiado el Director
General y se nombra al señor Garrido Lestache. Y el día 8 de abril es
cesado el señor Garrido Lestache y se nombra al señor Mejías Director
General del Plan. Es decir, en el período en el que usted se hace cargo
de la Secretaría de Estado y del Plan Nacional, éste ha pasado por tres
Ministerios y ha tenido tres directores generales distintos.
Usted comprenderá, señor Garzón, que aunque su explicación teórica ha
sido muy encomiable, sus explicaciones son difíciles de asumir. Comprendo
--usted lo ha dicho-- que el fenómeno de la droga evoluciona con rapidez,
pero a estas alturas son difíciles de aceptar las explicaciones que en su
momento se nos dieron para justificar que el plan estuviera en el
Ministerio de Sanidad, cuando dos meses después se nos daban similares
explicaciones para justificar lo importante que era que fuera al
Ministerio de Asuntos Sociales y otros dos meses después se nos volvía a
dar explicaciones para decirnos lo importante que era que se fuera al
Ministerio del Interior.
A estas alturas ya no sabemos si lo importante es la situación
administrativa y política del plan o la evolución personal, la evolución
política de las personas que están adscritas en estos momentos al plan.
Por muy rápidamente de que evolucione el fenómeno de las drogas nos da la
sensación de que se está produciendo más una evolución personal que una
evolución social del problema de las drogas.
Un tema tan serio y tan importante como es la lucha contra el
narcotráfico, la prevención y la asistencia a los enfermos que padecen
estos problemas no puede verse afectado por las contingencias políticas
ni por las circunstancias personales de los que se hacen responsables de
estas competencias.
Han pasado nueve meses. Hemos escuchado durante todo este tiempo
explicaciones de toda índole. Hemos visto cambios de adscripción y hemos
visto cambios de responsables políticos. Por eso, señor Garzón, es
difícil a estas alturas poder seguir aceptando ese tipo de
planteamientos. Permítame que le diga con esta claridad que no hay forma
de entenderlo de otra manera, sino como un problema personal, como una
evolución personal y política que nada tiene que ver con el rigor
administrativo que en este momento usted intenta explicar.
Esta es la preocupación que tiene nuestro Grupo. Nos da la sensación de
que todo esto ha sido un proceso de improvisación de cambios permanentes
que ha llevado durante estos nueve meses a una parálisis real, cuando no
a un retroceso de lo que hasta ahora habían sido los logros en el ámbito
de la prevención y en la lucha contra las drogodependencias en nuestro
país. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes logros había sido,
precisamente, la coordinación con los planes autonómicos.
Usted sabe muy bien que gran parte del éxito reside en que los planes
autonómicos funcionen. Usted también sabe muy bien que ha habido
problemas en la coordinación con los planes autonómicos. Ha habido
problemas, ha habido desánimos y ha habido pérdida de eficacia en la
coordinación que hasta la fecha había sido exitosa. Esto, a mi juicio, se
puede entender como un retroceso. Y el diseño teórico que usted nos ha
planteado todavía está por dar los frutos que a todos nos gustaría.
Usted hoy aquí no ha explicado uno de los temas más importantes, que es
el nombramiento del Director General del Plan. No ha hecho mención de
este asunto. El señor Garrido Lestache ha estado durante dos meses al
cargo de la Dirección General. Por eso, sería bueno que esta Cámara
conociera cuáles son los motivos por los que un Director General ha
estado exclusivamente dos meses al frente de la Dirección General. No le
voy a quitar a usted el derecho que tiene a nombrar y a cesar, pero sí
tengo que decirle que resulta un tanto extraño que una persona que es
nombrada y anunciada como un gran fichaje, con conocimientos teóricos y
profesionales importantes para esta Dirección General, sea cesada en
cuestión de dos meses. Esto cuando menos nos hace pensar, señor Garzón,
que ese nombramiento no había sido valorado suficientemente y que no
había la coordinación previa en los proyectos y en los objetivos que
debería de haber habido a la hora de nombrar a una persona tan importante
como es el Director General.
Siguiendo con el tema, también hemos de hablar del nuevo nombramiento de
una persona, sin duda, eficaz y competente, un funcionario que venía
desempeñando sus funciones, pero no sé que interpretación darle a este
nombramiento. No sé si lo que usted ha hecho ha sido rebajar el rango de
esa parte del plan o funcionarizar una parte que hasta ahora había tenido
un rango político. En todo caso, me gustaría que usted nos diera alguna
explicación más sobre este aspecto porque me parece de una enorme
trascendencia.
Ha dejado en el aire algunas cuestiones y ha citado unos temas que a mí
me parece que no están lo suficientemente explicados. No solamente se
trataba de conocer el organigrama, sino de ver de una vez por todas temas
cerrados que usted nos ha anunciado comparecencia tras comparecencia.
Usted no ha hablado aquí de la Ley del Fondo que tantas veces ha
mencionado. En alguna ocasión nos ha hablado usted de una dotación
policial adscrita especialmente a los servicios que usted va a tener. No
sé en este momento si va a existir esa dotación policial, con qué número
va a existir, de dónde se va a nutrir, cómo se va a coordinar con los
servicios de vigilancia aduanera.
Usted ha hecho una loa hoy aquí de los servicios de vigilancia aduanera,
después de que, por cierto, desde otras instancias del Gobierno se hayan
puesto en cuestión sus actuaciones y sus funciones. Sí quiero decir que
no hay que desmantelar ningún servicio, sino, por el contrario,
potenciarlo y coordinarlo, sobre todo, cuando está dando unos resultados
importantes en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, nos parece
importante que nos diga cómo va a ser dotado y cómo va a ser la
coordinación con estos servicios de vigilancia aduanera.
En algún medio de comunicación he oído que el plan se va a dotar de una
especie de Consejo Asesor, pero ninguno
de estos dos consejos que usted ha citado, sino un tercer Consejo Asesor
en el que van a estar Organizaciones no Gubernamentales y otra serie de
instancias. Por eso, me gustaría, ya que antes no lo ha hecho, que usted
nos diera alguna explicación al respecto.
Creo que la ubicación física en el Ministerio de Sanidad y Consumo
--porque a todas luces está inscrito en el Ministerio del Interior-- de
esa sección del plan que es la parte preventiva está produciendo en este
momento una disfunción. Quería también que usted me dijera si eso es una
situación definitiva, si va a quedar físicamente adscrito al Ministerio
de Sanidad y Consumo, con qué funciones y cómo va a operar la
coordinación con el Ministerio del Interior.
Creo, señor Garzón, que es el momento de pasar de la teoría a la
práctica, que es el momento de dejar de escuchar diseños teóricos y que
es el momento, después de nueve meses en los que usted ha estado al
frente del plan, de que empecemos a conocer los resultados y hacer el
seguimiento de proyectos que podamos evaluar, no opinar sobre sus
objetivos, sino evaluar. Nueve meses al frente del plan es tiempo
suficiente como para que usted nos presente cuanto antes resultados de su
acción de gobierno y para que podamos comprobar si realmente esta nueva
estructura, esta nueva organización, y el impulso político que se supone
que usted debe darle al plan va por el buen camino o, por el contrario,
como a todas luces parece, hay una cierta parálisis y un cierto retroceso
en algunos aspectos. En todo caso, lo que sí está claro es que hay una
constante desorientación en los continuos cambios de ubicación y en los
continuos cambios de responsables políticos.
A nuestro Grupo le preocupa esta situación. Le preocupa, como he dicho al
principio de mi intervención, el énfasis que ha puesto en la parte nueva
del plan en detrimento de las tradicionales funciones de prevención y
asistencia. Una vez más le pedimos que potencie la coordinación con las
Comunidades Autónomas, que potencie el ámbito de la prevención con el
Ministerio de Educación y con los servicios que pueden ser útiles a este
menester como son las televisiones públicas, y que ponga en marcha
definitivamente, no en el plano de la teoría, sino en el plano de la
práctica, la estructura que hoy usted nos ha relatado aquí.
Dicho esto, espero que nos pueda contestar a algunas de las cosas que han
quedado en el aire y que seguramente serán de interés de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Gracias, señor Presidente.
Voy a contestar a las afirmaciones del señor Robles haciendo un inciso
inicial. Quisiera decir por una parte que me parecen manifiestamente
injustas algunas de las afirmaciones que ha hecho su señoría, y por otra
parte que me parecen absolutamente incorrectas o inexactas, lo que no se
puede deber sino al olvido ya que me consta que no puede haber ninguna
otra motivación al respecto.
Si por mi parte he omitido la explicación sobre los nombramientos, no
tengo ningún inconveniente en darla ahora. Yo había entendido realmente
que la petición de comparecencia por parte de la Comisión Mixta para el
estudio del problema de la droga se refería exclusivamente a la nueva
estructura de la Delegación, por lo que he centrado mi intervención en
ella, pero, como comprenderá el señor Robles, no tengo ningún
inconveniente en extenderla también a lo que es la competencia
tradicional de la Delegación, pero extraer de ahí que eso da una
sensación de desviación hacia lo represivo, me parece algo absolutamente
injusto.
En lo que se refiere a la anterior estructura, creo que es
suficientemente conocida por el señor Robles y por el resto de la
Comisión, pero no tengo inconveniente en comparecer de nuevo, y tantas
veces como lo consideren necesario, en el momento en que ustedes lo
dispongan para explicárselo a sus señorías. Si no lo he hecho --insisto
en ello-- ha sido porque creía que esta comparecencia se refería
exclusivamente a informarles a ustedes sobre la nueva estructura.
En cuanto al nombramiento del Director General, señor Garrido Lestache,
se produce en el mes de enero de este año. Tengo que indicarle, señor
Robles, que yo no nombré a don Antonio Falcón puesto que ya estaba antes
ocupando el puesto de Director General. El señor Falcón permaneció en su
cargo hasta que él mismo presentó su renuncia ya que deseaba continuar
por otros derroteros profesionales, renuncia que se le aceptó como una
decisión personal emitida por él mismo. Por tanto, no se trataba de un
cese sino de una dimisión a petición propia.
En lo que se refiere al señor Garrido Lestache, me dijo que por razones
profesionales, tanto médicas como farmacéuticas, deseaba volver a su
anterior actividad. Entendí que esa decisión personal era respetable y
que la Delegación debía mantener su habitual ritmo de trabajo. Por ello,
se designó inmediatamente al nuevo Director General, don Eusebio Mejías,
que ya era Subdirector en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Como es evidente, esa Subdirección ni se
funcionaliza, ni se amortiza, ni va a quedar desamparada, ya que directa
y personalmente el propio Director General es quien la lleva además de
ocuparse de sus otras responsabilidades. Es decir, lo único que ocurre es
que estamos a la espera --dentro todavía del tiempo-- de nombrar al nuevo
Director de esa Subdirección.
Es injusto que usted diga que desde que se produjo mi nombramiento hemos
asistido a tres cambios ministeriales. Usted sabe que eso no es verdad.
Yo fui nombrado a finales de julio y el cambio de la Delegación del
Ministerio de Asuntos Sociales se produjo hacia el día 13 de julio. Por
tanto, no me impute la decisión previa de ese cambio, a no ser que usted
haya tenido el don de la predicción del que yo carezco. Le aseguro que yo
no tenía idea en aquellos momentos de que iba a ser nombrado Delegado del
Plan Nacional sobre Drogas.
Cuando se produjo el cambio a Asuntos Sociales desde Sanidad --insisto,
creo que se produjo entre los días 8 y 13
de julio, no lo recuerdo ahora mismo--, tomé posesión en el Ministerio de
Asuntos Sociales. Por tanto, yo no patrociné ese cambio de adscripción.
En cuanto al posterior cambio al Ministerio del Interior, fue una
decisión del Gobierno en la que, evidentemente, pesó también mi opinión
al respecto, eso es obvio, pero vuelvo a insistir en que es injusto decir
que se ha producido una desviación hacia lo represivo cuando usted sabe
perfectamente que no es así. Entiendo que usted tenga que mantener aquí
otra cosa, pero repito que usted lo sabe al igual que lo saben todos y
cada uno de los que forman parte de los planes regionales sobre drogas y
del mismo modo que lo sabe toda la Comisión interautonómica, Comisión
que, como órgano colegiado de gestión ordinaria y de coordinación, tiene
que tener, evidentemente, sus altos y bajos y sus puntos de vista
discrepantes debido a que cada uno de sus componentes tiene sus propias
ideas al respecto y dado que la diversidad de opiniones en este ámbito
--como usted sabe perfectamente-- debe respetarse al máximo.
Ha habido momentos de discusión y de mayor o menor tensión, pero todo se
ha resuelto siempre en el seno de la Comisión; siempre se ha hecho así y
siempre seguirá haciéndose así. No ha habido ni un solo parón, ni un solo
obstáculo en la marcha del Plan Nacional sobre Drogas. Se han producido
tan sólo las incidencias propias de cualquier organismo de coordinación,
pero, que yo sepa, todas y cada una de la ponencias elaboradas por la
Comisión interautonómica, todos y cada uno de los programas que se han
elaborado coordinadamente, todos y cada uno de los proyectos que están
sometiéndose al estudio de la Comisión están saliendo adelante incluso en
el «tempus» marcado, es decir, ni antes ni después en lo que a los
proyectos se refiere. Es cierto que no he mencionado cuáles son los
planes inmediatos, pero, insisto en que si no lo he hecho ha sido porque
creía que lo que a la Comisión le interesaba concretamente en el día de
hoy era todo lo relacionado con la nueva estructura de la Delegación. No
tengo, pues, ningún inconveniente en dedicar toda una disertación en una
comparecencia el día que ustedes quieran a propósito de la marcha y
evolución de dicho Plan. Si no, yo mismo solicitaré la comparecencia a
este respecto ya que es lógico que ustedes deseen conocer qué se está
haciendo en esta Delegación.
Su señoría ha mencionado que esto le parece más una evolución política
personal que una evolución social en lo que al problema de las drogas se
refiere, pero no voy a entrar a discutirle esto ya que su opinión me
merece bastante respeto. Por otra parte, tengo que decirle que el
problema de las drogas es para mí --igual que con toda seguridad lo será
para usted-- lo suficientemente importante como para que nos perdamos en
disquisiciones en cuanto a si se trata o no de aspiraciones personales.
Es evidente que yo tengo mi opinión sobre el tema de las drogas igual que
usted tiene la suya, opiniones que en muchas ocasiones hemos compartido y
sobre las que hemos discutido también en otras. Qué duda cabe de que mi
línea política en materia de drogas tiene su reflejo. Si estoy diciendo
desde el principio --no desde que fui nombrado Delegado del Plan Nacional
sobre Drogas sino desde mucho tiempo antes-- que entiendo que el problema
de la droga es un problema global que debe ser tratado también
globalmente con una conjunción de todos los esfuerzos, con una
diversificación, prestando atención a todos y cada uno de los aspectos y
materias que lo componen, en realidad lo único que he hecho ha sido
mantener mi criterio. Si ese criterio no es acertado, el tiempo lo dirá,
pero insisto en que no se trata de una cuestión de evolución política
personal aunque sé que ahí no nos vamos a poner de acuerdo su señoría y
yo. De todos modos, quiero que quede constancia de ello.
Su señoría me ha dicho también que yo anuncié como un gran fichaje el
nombramiento del Director General anterior, señor Garrido Lestache.
Quiero decirle que no lo anuncié ni como un gran fichaje ni como lo
contrario. Consideré que su designación era la de un profesional al que
se nombra para que desarrolle un trabajo dentro de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Los adjetivos los pone
usted. Si después he tenido que nombrar a otro Director General, prefiero
asumir la equivocación política en que haya podido incurrir en un
nombramiento que mantener un nombramiento si el mismo no es acertado,
pero insisto en que en este caso concreto la petición de renuncia fue
hecha por el propio señor Garrido Lestache.
Creo que el nuevo Director General del Plan Nacional sobre Drogas tiene
una preparación técnica incontestable y es un profundo conocedor del
fenómeno de las drogodependencias y de la Administración. Como he dicho
antes, ya se encontraba en la Delegación, me consta que sus relaciones
con cada uno de los responsables autonómicos son muy buenas y, sin duda,
con su nombramiento la Delegación ha recibido un impulso que se constata
día a día. Por otra parte, hago esta loa al Director General porque está
presente, por lo que puede escuchar mis palabras.
En cuanto a la ley del fondo, efectivamente, existe un borrador de
anteproyecto, al que se ha dado el curso interno que procede en estos
casos. En primer lugar, se ha trasladado para su informe por el
Secretario General Técnico del Ministerio, y una vez que éste lo elabore,
seguirá su curso. Como afecta a varios Ministerios, tendrá que ser
informado por cada uno de éstos para que se establezcan los pros y los
contras y, en su caso, las modificaciones que fuera menester, para ser
presentado posteriormente como proyecto del Gobierno.
Con respecto a la dotación policial, su señoría debe haber estado un
tanto desatento a lo largo de mi exposición, ya que he dicho que se han
producido una serie de nombramientos --un coronel de la Guardia Civil y
un comisario-- y se ha creado una estructura con varios servicios, a los
que se ha dotado de funcionarios. En mi opinión, el gabinete de
evaluación y seguimiento no debe exceder de veinte personas, y el de
análisis y coordinación no debe tener más de cuarenta. Por tanto, como
digo, se ha nombrado a dos funcionarios --uno, de la Policía, y otro, de
la Guardia Civil--, con la aspiración de que, en su momento, se integren
de otros cuerpos como, por ejemplo, del de vigilancia aduanera, aunque
estoy estudiando este tema.
Por otra parte, esos gabinetes ya han empezado a funcionar. Al contestar
al representante de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya he señalado que se trata de una realidad aunque,
obviamente, incipiente. Si recuerda usted las fechas que he citado sobre
la creación y dotación de competencias, habrá comprobado que la última es
del 7 o el 8 de abril de 1994 y la instrucción, de hace unos días. Por
tanto, se está ejerciendo la coordinación en bastantes operaciones, con
el objetivo de cubrir todo el ámbito competencial. Reitero, pues, que se
trata de una realidad incipiente, y tanto usted como yo deseamos que los
resultados se produzcan cuanto antes porque, en el aspecto de la
represión, se ha diseñado esta estructura en beneficio de la lucha contra
este fenómeno.
Usted ha afirmado que he hecho una loa de la coordinación con el servicio
de vigilancia aduanera, pero no ha sido sino reconocer lo que creo que es
una realidad. Por otro lado, no tengo por qué discutir el que los medios
de comunicación afirmen que otro sector del Departamento critique o
minusvalore la función del servicio de vigilancia aduanera, ya que
entiendo que en esta materia todos los esfuerzos son necesarios y se
tienen que conjuntar, y precisamente el Delegado debe ejercer la labor de
coordinación en el aspecto al que me he referido. Por tanto, aunque haya
reticencias --qué duda cabe-- entre los distintos cuerpos por la
diferente mecánica y operatividad con las que actúan, no le quepa la
menor duda de que existe una voluntad política de coordinación y, si es
necesario, ésta se impondrá. No tendría sentido crear esta nueva
estructura, si la coordinación no fuera efectiva.
Por lo que respecta al consejo asesor --sobre el que usted ha leído algo
en la prensa--, en mi primera comparecencia ya dije que era un proyecto
de la Delegación y que se estaba elaborando su borrador de norma. Lo
anuncié como tal borrador en la Conferencia Sectorial que se celebró no
hace más de un mes y, posteriormente, se hizo a los medios de
comunicación. Pero, además, desde hace un mes se ha distribuido a todas
las Comunidades Autónomas, a los ayuntamientos más importantes del país y
a otras altas instituciones. Y si no se ha remitido al Parlamento, ha
sido por no confundir la labor de éste con la del Ejecutivo, aunque si me
autoriza la propia Comisión, estaré encantado de enviárselo a ustedes. En
cualquier caso, insisto en que si no lo he hecho hasta ahora ha sido por
respeto a la división de poderes.
En cuanto al hecho de que exista una disfunción porque la anterior
estructura de la Delegación esté en Sanidad y la nueva, en Interior, creo
que su señoría no tiene razón, aunque respeto su opinión, ya que antes se
encontraba en Asuntos Sociales y también en Sanidad. Creo que la
Delegación debe seguir en Sanidad --con todos los bancos de datos
existentes y los que llegarán por el observatorio español sobre drogas--,
por ahorro en el gasto, por su ubicación tradicional y porque el trabajo
es mucho más operativo en los ámbitos de prevención, asistencia y en los
tradicionales de competencia. Es más fácil que el Delegado del Gobierno
acuda a la Delegación diariamente, o cuantas veces fuera necesario, que
trasladar toda una estructura a otro edificio.
Con respecto a los proyectos que se puedan evaluar, ya hay varios que
están bastante desarrollados y muy ampliados. El día que la Comisión lo
desee, o que cualquier grupo lo solicite, me gustaría exponer la
evolución de aquellas treinta y nueve medidas iniciales que anuncié en mi
primera comparecencia, para que entre todos reflexionemos sobre esa
evolución y lo que sea menester modificar, ampliar, o corregir.
Por lo que se refiere a la desorientación por los cambios constantes, le
aseguro que yo no estoy nada desorientado y tampoco lo está la
Delegación; ni con su actual estructura, ni con la anterior. A este
respecto, creo que la línea de actuación está muy clara: todos tenemos
que contribuir en las áreas de prevención, rehabilitación y asistencia.
Usted se ha referido a esta cuestión como si yo no lo dijera, pero he
afirmado una y mil veces que la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas no es nada en esos ámbitos sin los planes
regionales y autonómicos. Por tanto, el Plan Nacional sobre Drogas no se
reduce a la Delegación del Gobierno para aquél, sino que la Delegación es
el organismo de coordinación, considerándolo como un «primus inter
pares», ya que todos somos iguales. Unicamente, le corresponde al
Gobierno de la nación el ámbito de actuación internacional, y,
evidentemente, el aspecto represivo también es una competencia específica
del Gobierno central, salvo que las policías autónomas --en este caso,
sólo la Ertzaintza-- tengan competencias, y por eso he dicho que una
aspiración de la Delegación es que esa coordinación también se produzca.
Lamento que entendiera que la comparecencia se concretaba en los aspectos
del nuevo organigrama, por lo que expresamente dejo hecha la petición de
comparecer en esta Cámara para explicar la evolución de todos los temas
relativos a prevención, rehabilitación, asistencia, etcétera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ser breve, porque sería repetitivo volver a plantear los
mismos temas, pero como resumen y para poner énfasis en los que, a mi
juicio, quedan insuficientemente explicados, quiero decirle, señor
Garzón, que en política tenemos que juzgar y evaluar los hechos, no las
intenciones. Las intenciones se presuponen buenas a todos los
responsables políticos; lo hechos son los que, en este momento, tenemos
que evaluar.
Y estos hechos son que desde hace nueve meses hasta el día de hoy el Plan
ha pasado por tres Ministerios, ha tenido tres Directores Generales, ha
habido un Director General que ha ocupado el puesto por dos meses
escasos, y hoy no sabemos muy bien si el cese ha sido a petición suya o
ha sido una aceptación por su parte de esas responsabilidades que usted
dice tener. En todo caso, permítame que le diga que resulta poco creíble
y, sobre todo, resulta poco serio que un Director General, nombrado
directamente por usted --porque no estamos hablando de un Director
General que usted se haya encontrado--, haya durado exactamente dos meses
en el cargo. Eso es síntoma, señor Garzón, de que
algo se hizo mal en ese nombramiento, y no me podrá usted negar que
denota una falta de criterios en el nombramiento o una falta de
congruencia en los objetivos que deberían tener el Director General y el
propio Secretario de Estado. A mi juicio, eso es síntoma de que hay una
política de improvisación y una política de parcheo, es decir, que se
está permanentemente improvisando, y eso no es bueno para este área tan
importante de la Administración. Hace usted permanentemente afirmaciones
como «usted sabe» o «usted conoce». Pues bien, ni lo sé ni lo conozco,
para eso precisamente le llamamos a usted a esta Comisión, para que nos
cuente las cosas. No podemos seguir suponiendo que nosotros sabemos. Hay
que informar aquí, en esta Cámara, de los proyectos y de las cosas, no
presuponiendo que la oposición o los demás Grupos políticos lo conocen.
Queremos conocerlo de usted; queremos conocer exactamente los datos que
usted nos está diciendo.
Nos dice que usted tiene claro cuál es ese proyecto global. Pues bien, de
su exposición hoy aquí lo que hemos tenido claro es que usted tiene muy
claro cuál es uno de esos pilares que debe tener el Plan, pero ignoramos
el resto de esos pilares, y permítame que le diga que yo tengo serias
dudas sobre cómo marchan en este momento los necesarios elementos de
coordinación, por ejemplo con el Ministerio de Educación y Ciencia, para
poder desarrollar proyectos de prevención, que es un tema muy importante
y es una de las competencias que debe tener esta Delegación. Tengo serias
dudas de que realmente se esté en una vía eficaz de promoción de
mecanismos de prevención en el ámbito de la educación. Por tanto, señor
Garzón, quiero decirle que todo esto a nosotros nos preocupa.
No he hecho una afirmación respecto de sus aspiraciones políticas, por
otra parte absolutamente lógicas, razonables y lícitas y sobre las que no
tengo nada que decir porque es su propia situación personal. Pero sí
quiero decirle que no estoy muy seguro de que esta evolución personal
haya beneficiado al Plan Nacional. Si tuviéramos al frente del Plan
Nacional a una persona con menos conocimiento político quizás hubiera
sido un trabajo más anónimo, pero metodológicamente desarrollado y con
una mayor constancia. Lo cierto es que las cosas son como son. No creo
que sea usted quien busque esa situación de protagonismo en los medios de
comunicación, pero es un simple dato estadístico, que supongo que a usted
también le será muy fácil comprobarlo, que de todas sus apariciones
públicas en los medios de comunicación de cuatro a cinco meses a esta
parte el 98 por ciento de todas las declaraciones que ha hecho no tienen
nada que ver con las competencias políticas y administrativas que usted
tiene encomendadas. Usted habla absolutamente de todo al país, lo cual es
muy razonable. Usted es demandado para que hable de estas cosas, pero no
le he oído dedicar más que un dos por ciento de su tiempo al tema para el
que fue nombrado. Insisto en que las cosas son como son, usted no ha
creado la situación política en la que estamos viviendo ni ha creado el
ser un foco de atención, porque, lógicamente, usted ha tomado posición
--no de ahora, sino de siempre-- sobre temas de opinión pública. Yo me
limito a constatarlo y a decir que eso, evidentemente, tiene unas
consecuencias para la responsabilidad que a usted le ha sido encomendada.
Por último, señor Garzón, quiero decirle algo que ya le he mencionado a
lo largo de mi intervención: que en política tenemos que acostumbrarnos a
evaluar los resultados y no los proyectos y las declaraciones. En esta
Comisión, durante nueve meses hemos estado llenos de proyectos, de
declaraciones y de buenas intenciones, y queremos pasar a una segunda
fase que es la de evaluar los resultados de los que usted es responsable.
Créame, de verdad, que quiero llevar a su ánimo que mi deseo personal y
el deseo de nuestro Grupo es que usted acierte; no tenemos ningún
interés, ni personal ni político, en que la Delegación sufra su merma, ni
en sacar rendimiento --lo que, por otra parte, sería una torpeza-- a una
cuestión, lo cual no será bueno para este país.
Creo que estamos intentando demostrarlo también desde otros ámbitos de la
Administración con los que nos coordinamos, pero deseo dejarlo claro
aquí: el deseo personal de nuestro Grupo es que la Secretaría de Estado y
usted mismo tengan éxito, porque el éxito que usted tenga en la lucha
contra el narcotráfico es el éxito que tendrán nuestro país y la sociedad
española. Pero es nuestra obligación, y así debe usted entenderlo, como
Grupo político, demandar en la Cámara todos estos temas, precisamente
para la mayor eficacia de lo que todos perseguimos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
El señor Garzón tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, entiendo perfectamente que como Grupo de oposición tengan
que demandar. Es su obligación exigir el cumplimiento de esos proyectos y
que se concreten en hechos. Pero creo que esos proyectos son realidad en
gran medida, se están desarrollando también en gran medida, porque un
proyecto se inicia en una fecha y necesita un tiempo para llegar hasta el
final. Hay proyectos en los que la Delegación termina con la elaboración
del anteproyecto correspondiente; hay proyectos que se encarga
directamente de llevar adelante, hay otros en coordinación con los
distintos Planes, y otros en el ámbito internacional. Son muchos. Insisto
en que no sólo no tengo ningún inconveniente sino que estoy pidiendo
comparecer para explicarles la situación actual de esos proyectos, de los
que se han hecho, de los que están por hacer y de los que se están
desarrollando, es decir, para exponer hechos encima de la mesa; pero
creía que la comparecencia de hoy se limitaba a la nueva estructura.
En cuanto a los hechos o resultados de esta nueva estructura, es pronto
y, en muchos casos, se tendrá que constatar en realidades de cara a la
opinión pública y no se conocerá el día a día de lo que se está
trabajando, porque una estructura de coordinación de información y de
inteligencia ha de caracterizarse precisamente por el no
conocimiento público de la labor de coordinación que está haciendo para
que sea realmente efectiva. Pero no dude de que pronto va a dar esos
resultados.
Insiste usted en el tema del Director General, y yo me atrevería a decir
que es un ejercicio de responsabilidad política que, en el supuesto de
que hubiese sido un cese, si una persona es designada y, por la razón que
fuere, no se constata su buena preparación para el cargo, reconocer el
error y sustituirla. Creo que eso es lo que exige la función pública,
creo que eso es lo que exige el servicio a la sociedad, no lo que, quizá
con excesiva frecuencia, se ha producido, como es mantener a personas en
puestos en los que, a lo mejor, no tenían que estar, por el miedo,
precisamente, a la crítica. No dude de que si eso es así yo asumiré mi
responsabilidad, cesaré a quien tenga que cesar y a continuación nombraré
a quien lo sustituya, pero insisto en que en este caso --y así apareció--
fue petición personal del interesado, y lo que se pretendió fue que no
quedara vacuo el cargo en ningún momento y que el nuevo Director General
asumiera con prontitud, como lo hizo, sus nuevas competencias.
Insiste usted en el cambio de tres Ministerios. Mire, por favor, las
fechas del Boletín Oficial del Estado, a ver si en la próxima
comparecencia no me lo vuelve usted a decir. Mire las fechas, porque
cuando yo fui nombrado, la Delegación ya estaba en el Ministerio de
Asuntos Sociales. Le acepto y le respeto la crítica que pueda hacer del
cambio sucesivo; yo he dado una explicación que, a mi modo de ver, es
razonable, aunque al suyo probablemente no lo sea, pero en modo alguno es
síntoma de una política de parcheo.
Le vuelvo a insistir en que la línea de la Delegación en sus diferentes
ámbitos de competencia es bastante uniforme, e insisto en que no podría
ser de otra manera porque actúa en coordinación con los distintos planes
regionales. No podría ser de otra forma, vuelvo a insistir, es «primus
inter pares», y si tiene una opinión discrepante se discute dentro de la
Comisión Interautonómica, que para eso está. Claro que hay muchas
opiniones discrepantes, puesto que son 17 Comunidades Autónomas y la
Delegación, pero es bueno que existan opiniones discrepantes porque
precisamente de la discrepancia sale el acuerdo. Así lleva funcionando
nueve años el Plan Nacional sobre Drogas y permítame que le diga que yo
no tengo el temor que usted tiene de que esto no vaya a ser así.
Me dice su señoría que no he hablado del resto de los pilares. Hasta
ahora, en las anteriores comparecencias, siempre hablé de los demás
pilares, nunca o muy lateralmente hablé del tema de la represión. Insisto
en que creía que hoy era el tema objeto de la comparecencia.
En cuanto a la coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencia,
existe esa coordinación, y si no existiese no dude de que la Delegación
la exigirá, porque el Delegado es el responsable político de que se
produzca. Hay proyectos de coordinación, que expondré a la Cámara cuando
comparezca próximamente, en el área de educación no sólo con el
Ministerio de Educación y Ciencia, sino también con otras entidades.
Respecto a que sea perjudicial el excesivo protagonismo político --nunca
buscado, por supuesto, por mi parte-- para la función que se desarrolla
en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para mí
no supone ningún problema. Usted dice que es el 2 por ciento, y la verdad
es que si se ha dedicado hasta a calibrar el 2 por ciento hay que hacerle
un monumento, porque es demasiado. En fin, aunque sea el 2 el 1 o el 5
por ciento, los medios de comunicación sacan lo que consideran que tienen
que sacar. Yo lo que sí le puedo decir es que tantas cuantas veces me
preguntan por los temas de la droga --que, además, es de los que me gusta
que me pregunten-- yo contesto; si luego la oportunidad del momento exige
dar otra información, se da.
En cualquier caso, le agradezco esa voluntad de cooperación crítica por
parte de su Grupo e insisto en que no hay el menor problema en que por
parte de la Delegación se produzca esa cooperación y en comparecer para
explicar cuál es la situación actual de los ámbitos de prevención,
rehabilitación y asistencia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don
Jaume Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia, tercera ya, en esta
Comisión del señor Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, y expresar muy brevemente que sobre el tema motivo de su
comparecencia, la ubicación, nada tenemos que añadir a lo que dijimos en
su momento en la comparecencia del Ministro del Interior. Entendemos que
es una competencia del Gobierno y debemos respetarla.
En cualquier caso, si participamos de la preocupación de que no deben
soslayarse los aspectos de prevención y rehabilitación. Aunque nos puedan
tranquilizar las manifestaciones del señor Delegado, nosotros debemos
insistir para que ello no suceda, es decir, para que no se soslayen o no
se descuiden esos aspectos.
También debo expresar la voluntad de cooperación que existía cuando el
Plan Nacional estaba en el Departamento de Sanidad con los planes
autonómicos; dada la nueva estructura esperamos y deseamos, y así
expresamos nuestra voluntad, que siga existiendo.
Señor Garzón, le voy a hacer dos preguntas en concreto. Si no le hemos
entendido mal, está prevista la ampliación a otros organismos de la
incorporación de los dos consejos asesores, y quisiéramos saber en qué
sentido está prevista esta ampliación.
Se ha hablado de que los recursos deben ser proporcionales a la
efectividad. En este tema, efectividad y necesidad de recursos, podríamos
llegar a la conclusión de que son infinitos, pero, en cualquier caso,
vistas las especiales características de España en su orografía, y vistas
también las nuevas competencias delegadas en relaciones internacionales,
la pregunta en concreto es si está previsto o hay
posibilidad de que se reciban recursos de la Unión Europea para estas
materias.
Finalmente, deseamos que el nuevo organigrama que usted ha expuesto ante
esta Comisión consiga unas cotas de efectividad y eficacia deseables por
todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Contestando al representante de Convergència i Unió, insisto una vez más
que en ningún momento van a soslayarse o van a preterirse los aspectos de
prevención, asistencia y rehabilitación. Insisto, no es la política del
Gobierno cargar las tintas sobre la represión, no es la intención del
Delegado del Gobierno y no es la perspectiva o línea del Plan Nacional
sobre Drogas, sino, si me apremia, todo lo contrario. (El señor
Vicepresidente, Martínez Soriano, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la ampliación posible a la que me he referido del Consejo
Superior de lucha contra el narcotráfico y demás --entiendo que es a lo
que se refiere su señoría--, es un organismo, al igual que el de
asesoramiento, que está abierto a la posibilidad de que, según
evolucionen las relaciones, por ejemplo, con Comunidades Autónomas,
puedan tener representación incidental, según el caso y según el ámbito,
aquellos responsables de Interior de la respectiva Comunidad Autónoma que
sean competentes en la persecución del tráfico de drogas y blanqueo de
capitales cuando se centre en el ámbito territorial correspondiente; lo
mismo puede decirse de otros organismos que puedan tener participación o
incidencia en esa coordinación, como puede ser el Servicio de Vigilancia
Aduanera u otras instituciones.
En cuanto a los recursos proporcionales, de momento la Unión Europea para
lo que sí da subvención, y ya ha entregado aproximadamente 46 millones de
pesetas, ha sido para la formación de la red de información del
Observatorio Europeo sobre Drogas, establecimiento del centro focal en
España, en íntima relación con el Observatorio Español sobre Drogas, en
cuyo desarrollo normativo estamos trabajando. Ya hay un convenio de
acuerdo con determinadas instituciones, en concreto con la FAD, que está
desarrollando la red Reitos por encargo de la Comisión Europea, que le
entregó la subvención a propuesta de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, y estamos elaborando la norma que regulará el
Observatorio Español sobre Drogas. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Yo espero que en fecha breve, en los próximos meses tengamos ya la norma
que regule el Observatorio Español sobre Drogas para que comience a
funcionar. Está bastante avanzado e, insisto, espero que en los próximos
meses ya tengamos esa norma jurídica que permita su funcionamiento. No se
excluye la posibilidad de ayudas a otros niveles, pero depende del
desarrollo de los distintos temas como, por ejemplo, Europol y similares
que se lleven a cabo dentro de la Unión Europea. En este momento el
programa es incipiente y hasta que no se desarrolle totalmente el
mecanismo de actuación no se podrá saber si va a haber subvenciones, si
va a haber ayudas, o alguna otra forma de colaboración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Constantino
Méndez.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que a estas alturas de la comparecencia, la Presidencia me
agradecerá una cierta brevedad. Intentaré ser fiel a la misma
agradeciendo la intervención y la comparecencia del señor Garzón, que ha
sido precisa y rigurosa respecto al contenido de la convocatoria. Juzgo
que es una actitud profundamente cicatera mezclar el sentido de esta
comparecencia que, evidentemente, era estudiar la estructura, la
composición y los nombramientos de esta Delegación del Gobierno con
requerimientos de información que, sin duda, o bien ya han sido
producidos en anteriores comparecencias del señor Garzón o pueden serlo
en el futuro.
Yo creo que estamos en lo que podríamos llamar una evolución de las
prioridades relativas al Plan y al trabajo de la Delegación y ante una
mejora organizativa. Y como en todas las mejoras organizativas hay que
decir que una estructura, en este caso, de un Departamento Ministerial,
debe estar siempre en función de los diferentes programas políticos que
se traten de ejecutar. Por tanto, la necesidad de proporcionar siempre
una mayor capacidad para el funcionamiento de esa estructura y de ese
programa de trabajo está regida por dos elementos bien sencillos: la
eficacia y la eficiencia. En este sentido, en la medida en que sea eficaz
para los resultados y objetivos de la Delegación y en la medida en que
sea eficiente, es decir, comporte el menor gasto posible, no dude que
tiene totalmente nuestro respaldo y que, además, juzgamos altamente
conveniente todo cambio que fuera necesario introducir siempre que esas
dos premisas estuvieran respetadas. En todo caso, el tiempo se va a
encargar de decir si ha sido así o no.
Creo también que todos los Grupos --lo he escuchado en esta sesión--
coincidimos siempre, y hoy no ha sido una excepción, en señalar que la
lucha contra los problemas de la droga requiere una actuación simultánea
y altamente interactiva en materias de prevención, rehabilitación y
represión. Por tanto, esa capacidad de actuación coordinada, conjunta,
simultánea entre distintos programas ejecutados o gestionados por muy
diferentes unidades administrativas, incluso por diferentes
Administraciones Públicas o por la propia sociedad civil es la que exige
una necesidad de adaptación de una estructura que no es propiamente
gestora, sino básicamente coordinadora y que lo ha de ser tanto en el
ámbito interno respecto al ejercicio de sus competencias y coordinaciones
en nuestro país, como en el ámbito internacional. Por tanto, insisto, en
que esa capacidad de coordinación es la que exige un rango administrativo
que ya tiene la Delegación, un rango político que ya se obtuvo en un
momento anterior, y también exige posiblemente su mejor ubicación en el
Ministerio del Interior porque pone de manifiesto la voluntad de mejorar
y ampliar la actividad de la Delegación sobre el conjunto de políticas
vinculadas a la represión del tráfico y de todas las figuras delictivas.
Y eso, sin duda, va a redundar en la mayor eficacia de nuestras políticas
en esa materia. Todo ello sin menoscabar --así lo he escuchado y es el
deseo de todos los Grupos-- las políticas que ya se vienen realizando y
que en el futuro haya que realizar en materia de prevención y de
rehabilitación.
Creo que con la nueva estructura y su nueva ubicación, la Delegación
dispone de una mayor capacidad, de mayores medios tanto materiales como
personales y controla, además, y es algo que ha podido pasar
desapercibido, áreas fundamentales en la lucha contra el delito
organizado en materia de tráfico de drogas y blanqueo de capitales;
dispone, por tanto, de recursos de inteligencia, de información, para el
control, la represión y la cooperación internacional que van a ser
fundamentales en este delito que además, como se ha señalado aquí,
evoluciona con una enorme rapidez a la que hay que adaptarse
sistemáticamente.
Es curioso que cuando la Delegación se encontraba en el Ministerio de
Sanidad, en comparecencias de la anterior legislatura se reclamaba una
mayor coordinación de la Delegación e, incluso, su adscripción al ámbito
de Interior; ahora asistimos al efecto contrario. También se decía lo
mismo cuando estuvo adscrita, aunque por poco tiempo, al Ministerio de
Asuntos Sociales. Yo creo que, al final, el tema no es que sea baladí o
tenga poca importancia; el tema es cómo interaccionar esos tres aspectos
que afectan básicamente a esos tres Departamentos, pero también afectan
al resto de las Administraciones Públicas e, incluso, a la capacidad de
coordinación con las instancias que en la sociedad civil llevan a cabo
políticas relacionadas con nuestro programa de trabajo.
Quiero decirle también al portavoz de algún otro Grupo, que efectivamente
se deben exigir hechos y no meras intenciones, pero igualmente cuando se
cuestione la actividad de la Delegación será necesario que se conozcan
hechos y datos que efectivamente contrasten que esa actividad no es la
correcta y no simples descalificaciones o dudas sin fundamento como son
las que muchas veces se introducen en estas comparecencias.
Señor Garzón, por mi parte y por parte de mi Grupo le invito a que use
esas mayores capacidades que ahora, sin duda, tiene y que mejore en
función de esas nuevas capacidades nuestra lucha común contra la droga,
en la seguridad de que no pondrá en segundo plano las políticas de
prevención y de rehabilitación cuyos programas, como insistía antes, son
de vital importancia para todos nuestros ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Méndez.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero dar las gracias al portavoz del Grupo Socialista e
insistir en que estoy deseoso de comparecer ante la Comisión para
expresar el grado de cumplimiento de los proyectos y así constatar que
efectivamente la Delegación y el Delegado en cuestión no ha estado parado
durante nueve meses como sistemáticamente se dice. Les puedo asegurar que
la Delegación no está paralizada, que en la Delegación se han cumplido
muchos de los proyectos que ya estaban en marcha, se están haciendo otros
y que, sin duda, para cuando comparezca de nuevo tendremos ocasión de
evaluar si en el espacio físico de nueve meses y sumando las horas que
tiene el día se ha hecho el trabajo que se debía, menos o más. Le
garantizo que la dedicación por parte del Delegado del Gobierno en el
Plan Nacional sobre Drogas y de todos los que componen la Delegación,
desde el Director de Gabinete hasta el último funcionario, no está
paralizada. Eso se lo puedo garantizar y afirmar lo contrario no deja de
ser ciertamente tendencioso.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Como es habitual, abrimos un breve turno de intervenciones para todos los
miembros de la Comisión. ¿Algún parlamentario miembro de la Comisión
desea intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Alvarez.
El señor ALVAREZ GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Garzón, en primer lugar yo quisiera agradecerle, como ha hecho ya
el representante de mi Grupo, su comparecencia. Y si usted me lo permite,
muy brevemente, quisiera sustraerme al hecho concreto de los motivos de
su comparecencia y, aprovechando prácticamente sus palabras, preguntarle
algo que puede tener interés en estos momentos para la sociedad española
en relación con una serie de noticias de prensa, que usted conocerá como
conoce este Senador, referidas a la información aparecida hoy mismo sobre
la presunta vinculación entre el señor Roldán y algunos de los cárteles y
organizaciones de la droga.
Y al hilo de ello, señor Garzón, si usted me lo permite, tengo que
preguntarle, lógicamente, cuál es su valoración, como responsable y,
además, qué medidas inmediatas piensa tomar en orden al esclarecimiento
de tales imputaciones, que afectan, obviamente, no sólo al tal señor
Roldán, sino también al Ministerio del Interior y a la Delegación que
usted representa.
Creo que estas preguntas son fundamentales en esta comparecencia, aunque
se salgan un poco del sentido de la reubicación dentro de un Ministerio
de la Delegación del Plan Nacional sobre la Droga, porque responden a una
necesidad sentida por la sociedad española, para que hoy mismo, cuando
han aparecido dichas informaciones, sean esclarecidas, aprovechando
precisamente su comparecencia en esta Comisión.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Garzón.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Alfonso Moreno.
El señor MORENO DEL CUVILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Todas las preguntas que iba a formularle, señor Garzón, sobre la muy
sensible cuestión para la provincia de Cádiz, a la que represento, de la
incardinación efectiva del servicio de vigilancia aduanera en la --vamos
a llamarle como la ha denominado él-- nueva estructura policial
especializada en materia de narcotráfico, creo que han sido contestadas
adecuadamente por su señoría; personalmente lo estimo así y se lo
agradezco.
Pero, en nombre de la Coordinadora antidroga del campo de Gibraltar
especialmente, quiero transmitirle el sufrimiento por la humillación
social que supone para la provincia de Cádiz el que sea un auténtico
coladero de drogas en la actualidad y preguntarle si en breve tiempo
quedarán adecuadamente impermeabilizadas las costas de esta provincia,
que cuenta con puntos fronterizos y aduaneros muy importantes, muy
sensibles hoy en día, además, de la Unión Europea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): En cuanto a la cuestión sugerida por don Mariano Alvarez, sí le
tengo que decir que he oído por radio esa información. No sé cuál es el
medio que la publica, creo que es el diario «Ya». Por tanto, en primer
lugar, tendré que leer la información. En cualquier caso, el hecho en sí
de la información ya me parece muy grave. Habrá que constatar, en primer
lugar, por tanto, si esa información se ajusta a la realidad o no.
Sobre si existe o no existe vinculación, permítame que le diga que lo
desconozco. En estos casos lo que ha de hacerse, ante una imputación tan
grave de un medio de comunicación, es poner en marcha los diferentes
dispositivos de investigación que el Ejecutivo y, en su caso, el Poder
judicial y el Ministerio Fiscal tienen. Si el Ministerio Fiscal, a la
vista de esta información, considera que tiene la consistencia suficiente
para formular petición o abrir una investigación, lo debe de hacer. Y el
juez, a partir de ahí, en el momento en que tenga jurisdicción, también.
Por su parte, no me cabe la menor duda de que el Ministerio del Interior
hará la correspondiente indagación, por orden del Ministro, a quien
corresponda. Si forma parte del ámbito de competencias de la Delegación
del Plan Nacional sobre Drogas, evidentemente, la hará. Pero, insisto, la
competencia de la Delegación en este ámbito es de coordinación de
información e inteligencia. Por tanto, la investigación concreta de cada
una de las conductas de las diferentes organizaciones, personas o grupos
vinculados con este tipo de comportamientos ilícitos la llevan adelante
los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y la
coordinación, la Delegación. Insisto en que quizás el más adecuado para
contestar a esa pregunta es el propio titular del Departamento que, sin
duda, una vez evaluada, encargará la investigación a quien corresponda. Y
el esclarecimiento de la veracidad o de la falsedad de la noticia es
fundamental, por obvias razones.
Contestando a la pregunta de don Alfonso Moreno, también comparto el
sufrimiento de la Coordinadora de Asociaciones de Lucha contra la droga
de Cádiz, especialmente sensible tanto por la incidencia de los consumos
como por la incidencia del tráfico y todo lo que ello comporta en esa
zona específica.
Es difícil poder vaticinar la impermeabilización de la frontera, como
sabe perfectamente su señoría. Lo que sí le puedo decir es que es una de
las zonas de atención preferente por parte de la Delegación y del
Ministerio del Interior. Así, quedó constatado en la cumbre que se
celebró con Portugal en diciembre del año pasado que se iban a establecer
--y se está preparando el diseño-- grupos de acción específica para
control y represión del tráfico de drogas y blanqueo de capitales en
Andalucía y el Algarbe, comprendiendo la provincia de Cádiz, incluida
también Málaga y todo el cono restante hacia Portugal, así como en la
zona de Galicia y el Miño, por ser dos puntos de incidencia y, además,
con frontera, lo cual duplica el fenómeno. Además de esto, también el
Ministerio y la Delegación del Gobierno están llevando a cabo los
contactos necesarios para una estrecha colaboración con Marruecos y con
otros responsables de servicios de la zona.
Es un proceso difícil por los intereses encontrados que hay y también por
la ubicación de la colonia de Gibraltar, que supone un aumento de esta
incidencia, como usted sabe perfectamente. Es una preocupación especial
por mi parte el solucionar también los pequeños o grandes roces que pueda
haber, así como la descoordinación que pueda existir en la zona.
Próximamente me desplazaré hasta allí para estudiar «in situ» toda esta
cuestión y poner los medios que sean necesarios para que no se siga
produciendo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Me parece que en este momento no hay nadie en la sala que esté fumando y
he esperado hasta ahora para recordar a los miembros parlamentarios de la
Comisión y a aquellas otras personas que se encuentren en la sala que hay
un acuerdo de la Mesa del Senado en el sentido de que no está permitido
fumar en las reuniones, tanto plenarias como de Comisión. Hay también un
acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces sobre esta Comisión en el
sentido de no permitir fumar en las sesiones, por considerarlo poco
edificante en una Comisión que se dedica al estudio del problema de la
droga, aunque el tabaco no forme parte de las drogas sujetas a estudio.
--PREGUNTA DE DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR,
SOBRE QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE SEA APLICADA CON
RIGOR LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE PROTECCION DE MENORES EN CUANTO AL
CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRO TIPO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. (S.
683/000008; C. D. 181/000673.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos ahora el tercer punto del orden del día.
Pregunta de don Gonzalo Robles, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para que sea aplicada con rigor la legislación vigente sobre
protección de menores en cuanto al consumo de alcohol y otro tipo de
sustancias estupefacientes.
El procedimiento es el siguiente: el parlamentario que hace la pregunta
tiene diez minutos para formularla, el representante del Gobierno tiene
diez minutos para contestar y hay un segundo turno donde cada uno de
ellos tiene cinco minutos. Recuerdo tanto al parlamentario que formula la
pregunta como al representante del Gobierno que no es indispensable
agotar los tiempos máximos previstos en el Reglamento.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Seguiré su sugerencia y, efectivamente, no voy a utilizar en mi primer
turno los diez minutos, primero, porque usted ha hecho el favor de leer
la literalidad de la pregunta que formulo al Gobierno y, por tanto, en
esos términos queda formulada. Simplemente me voy a permitir adornar esa
pregunta con algunos datos que nos preocupan y que quizás sirvan también
para centrar, en los términos que al Grupo le interesa, la contestación
del señor Garzón.
Como usted bien sabe, en este momento el problema del alcohol es una de
las preocupaciones de la sociedad porque ha aparecido con un dramatismo
quizás hasta la fecha desconocido, especialmente entre los adolescentes,
con cifras tan alarmantes como que uno de cada dos españoles antes de los
18 años haya probado alcohol, o que tres de cada cuatro lo hagan antes de
los 20, o que entre los menores de 13 años el 66 por ciento hayan
consumido alcohol, o que el 43 por ciento de los estudiantes hayan
entrado en contacto antes de los 15 años con el mismo, todos ellos datos
que demuestran la gravedad del problema. Y a esto hay que sumar que la
relación entre el consumo de alcohol y los accidentes de tráfico en los
fines de semana está siendo la principal causa de muerte entre los
adolescentes españoles.
En definitiva, es un nuevo fenómeno que creo que necesita el análisis
serio y la reflexión de qué está sucediendo, si es un proceso de cambio
en los hábitos de la sociedad, especialmente de los adolescentes, y qué
se va a hacer para intentar corregir esta actitud perniciosa; qué se va a
hacer en dos ámbitos: primero, estrictamente en el que formulo en la
pregunta de cumplimiento de la legislación para poder realmente ser
eficaces en una línea no represiva pero sí disuasoria del consumo entre
menores de edad, y también en el ámbito de la prevención. Hay una serie
de normativas, como la propia Ley de Seguridad del Estado, que contempla
la posibilidad de restringir la venta de alcohol a menores en
establecimientos públicos, o los Decretos del Ministerio de Educación,
que prohíben la venta de alcohol en las propias cafeterías de los centros
escolares, que no sé si en estos momentos se están cumpliendo con rigor o
si hay que replantearse que esa normativa es insuficiente. En este
momento habría que estudiar, por ejemplo, si en vez de ser infracciones
leves a la seguridad ciudadana tendrían que imponerse otro tipo de
sanciones, si es que hemos considerado que son insuficientes. No sé si
ésta es la vía: en todo caso, hay una vía que contempla la legislación
actual y convendría saber si está siendo eficaz, si se está cumpliendo y
si se puede hacer algo para que se cumpla.
En el ámbito de la prevención y la disuasión --que creo que es donde
realmente hay que hacer un esfuerzo importante, tiene que haber un cambio
de actitudes, de valores y de conductas entre los adolescentes--, creo
que esta Secretaría de Estado tiene mucho que hacer y tiene que
implicarse. En ese sentido nos ha preocupado, sólo en una parte, que se
haya firmado el día 13 de abril un convenio entre tres Ministerios
--Educación, Sanidad y Asuntos Sociales--, en el que no vemos que esté
presente la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional, porque, de
alguna manera, nos parece que debería de estarlo. Y, además de estar
presente en este convenio, debería ser, incluso, la coordinadora de los
procesos del convenio que se pongan en marcha, porque creo que a la
Delegación le compete esa labor de coordinación y, sobre todo, enmarcarla
en un conjunto de medidas de las que antes hemos estado hablando.
Por eso nos preocupa el convenio en esa parte. Pero también nos preocupa
en otra, en lo que se refiere a la demostración palpable de que con la
firma de este convenio aspectos tan importantes como la educación para la
salud --de la que venimos hablando desde hace mucho tiempo-- son
planteamientos más teóricos que reales. Por tanto, está bien y nos agrada
que en este momento se pongan en marcha los mecanismos para potenciar
esos proyectos de educación para la salud, pero --insisto-- hace dos años
que deberían estar en marcha. El desarrollo de la LOGSE comenzó hace dos
años; en esta Comisión se nos ha anunciado repetidas veces que estaban
preparados los materiales, que iban a estarlo, y, de nuevo, se firma un
convenio para preparar los materiales escolares, como por lo menos leo en
la literalidad de lo que se nos informa.
Por tanto, hay una parte positiva que me parece saludable: que se firme
el convenio y que se potencie ese aspecto, pero demuestra, primero, que
hay unas deficiencias y un retraso cuando menos en la puesta en marcha de
esos aspectos, y, sobre todo, nos preocupa que no esté contemplada la
labor de coordinación y la presencia de la Secretaría de Estado en una de
las más claras competencias en el ámbito de la prevención.
En estos dos aspectos está formulada mi pregunta: en el de la prevención
y disuasión y en el cumplimiento estricto de la legislación. ¿Cuáles son
los planes, cómo se puede hacer o qué tiene previsto en este momento el
Gobierno para luchar más eficazmente en la prevención, especialmente del
consumo masivo de alcohol entre adolescentes?
Muchas gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Comparto también la preocupación por el problema del alcohol y la
incidencia de su consumo en la juventud
especialmente. Hoy mismo, en un editorial de un periódico de alcance
nacional, se hacía referencia a que más del 80 por ciento de los jóvenes
se dedican a comprar bebidas alcohólicas. Son datos preocupantes.
También comparto la idea de que es necesario efectuar un proceso de
reflexión, ver lo que estamos haciendo y, quizá, autorresponsabilizarnos
y establecer si la política de educación familiar, la política de
educación de las propias instituciones del Estado es la adecuada o bien
hay que introducir nuevos elementos que lleven al ánimo de los
adolescentes la diversión sin necesidad de refugiarse permanentemente en
el consumo de alcohol. Por otra parte, aunque estos datos son
preocupantes, el problema no es de tanto alcance ni hay una
generalización.
Voy a pasar a exponer brevemente cuáles son las informaciones que le
puedo suministrar sobre la pregunta concreta que se hacía al Gobierno. En
este sentido, tengo que decir que es propósito del actual Gobierno seguir
llevando a cabo una política tendente a evitar el aumento del consumo de
bebidas alcohólicas entre la población en general y, particularmente,
entre los más jóvenes de nuestra sociedad.
En relación con ello, de acuerdo con el principio de que básicamente
conviene trabajar en la reducción de la demanda de los consumos en pro
del favorecimiento de la salud colectiva --como usted decía-- y de la
promoción de alternativas, el Gobierno durante el año 1993 ha
desarrollado todo un conjunto de actuaciones en este sentido
--actuaciones que están teniendo y tendrán continuidad en 1994--, sin que
se prevea ningún descenso en la intensidad de esos proyectos. Por el
contrario, existe la decidida propuesta de incrementar los planes de
prevención y profundizar en los mismos.
En este sentido, cabe señalar que el Plan Nacional sobre Drogas, a través
de las actividades de la Delegación y de los planes autonómicos, ha
desarrollado programas específicos de prevención, materializados en
intervenciones cumunitarias, campañas institucionales y programas sobre
grupos de riesgo. Todas estas actividades están recogidas y se publicarán
en la Memoria de 1993 de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha continuado el desarrollo de los
programas de educación para la salud, que se han materializado en cursos
de formación de profesores, seminarios para APAS y actividades en
relación con los alumnos, todo ello en colaboración con recursos sociales
y comunitarios. Estas actividades se verán reflejadas igualmente en la
Memoria de 1993.
Es cierto que se ha llevado a cabo un convenio entre los tres
Ministerios. También entiendo que la Delegación del Gobierno del Plan
Nacional sobre Drogas debe de participar y, en su caso, coordinar el
desarrollo y ejecución de ese convenio. En ese sentido se ha expuesto y
se va a exponer a los tres Ministerios en cuestión, para ejercer la
función de coordinación que compete a la Delegación del Gobierno en esta
materia.
Por su parte, este convenio de colaboración entre los Ministerios de
Sanidad y Consumo, Asuntos Sociales y Educación está especialmente
dirigido a la prevención de consumo de alcohol entre las poblaciones de
jóvenes y adolescentes.
El Instituto de la Juventud, además de diversas publicaciones, ha
dedicado más de 260 millones de pesetas, con cargo al 0,52 por ciento del
IRPF, para ayudas a organizaciones sociales que desarrollen programas
para la prevención de los consumos en general --alcohol, droga-- en los
jóvenes.
Conjuntamente con estas intervenciones básicas destinadas a la reducción
de la demanda, el Gobierno tiene el compromiso de controlar con rigor las
actividades que puedan favorecer o promocionar la difusión de los
consumos de alcohol y otras drogas. Con tal propósito, en aplicación de
la Ley de Seguridad Ciudadana y desde su entrada en vigor, para
información de la Comisión, se han incoado 687 expedientes a
establecimientos públicos por incumplimiento de la normativa vigente
protectora de menores en materia de consumo de drogas y alcohol, de los
cuales han resultado 526 sanciones por una cuantía de 24 millones 93.000
pesetas. Es propósito del Gobierno continuar con estas tareas
fiscalizadoras aumentando el rigor de las mismas.
En el orden legislativo, cabe destacar la elaboración del anteproyecto de
Decreto-ley, actualmente en fase de información previa, en el cual se
prevé un endurecimiento de las medidas de control de la publicidad y de
aquellas otras destinadas a perfeccionar los controles, con la finalidad
de evitar el acceso de menores de edad al consumo de bebidas alcohólicas.
En el citado anteproyecto, el borrador propuesto por la Dirección General
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo perfecciona el
control de la publicidad directa e indirecta, tanto en los medios de
comunicación como en los espacios exteriores. Insisto que es un
anteproyecto. Sus líneas básicas son: prohibición total de publicidad en
televisión de bebidas de graduación superior a los 20 grados; aumento de
la franja horaria en televisión con prohibición de publicidad de todas
las bebidas alcohólicas entre las ocho y veintidós horas; franja horaria
con prohibición de publicidad en las radios entre las ocho y veintidós
horas; inclusión en la prohibición de los patrocinios o financiaciones de
programas si ello supone la publicidad de tal patrocinio o la difusión de
marcas, símbolos o imágenes relacionadas con bebidas alcohólicas;
prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas en programas deportivos,
juveniles o infantiles y en determinadas secciones de las programaciones
generales; prohibición de la publicidad exterior en determinados lugares
y ocasiones: cubiertas exteriores, páginas dedicadas a deportes,
secciones juveniles o infantiles, pasatiempos o similares; prohibición de
publicidad exterior en instalaciones y centros sanitarios de centros
deportivos, como estadios, pabellones, transportes públicos, etcétera, y
un régimen sancionador endurecido.
En lo que se refiere a aumentar el control del acceso de los jóvenes a
los consumos, el borrador elaborado por el Ministerio del Interior
contempla en sus líneas genéricas la prohibición de venta, suministro o
disposición de todo tipo de bebidas alcohólicas a los menores de
dieciséis años, incluyendo los casos en que su venta o consumición haya
sido autorizada por padres o tutores; prohibición de distribución
gratuita de bebidas alcohólicas en actos o espacios públicos, excepto en
determinadas situaciones; prohibición de venta de bebidas de más de
veinte grados en áreas o estaciones de servicio de autopistas y autovías;
otras actuaciones de mejora del control y mejora del régimen sancionador.
También deseo decir que en las formas de publicidad se entienden incluida
la indirecta, es decir, la que, sin mencionar directamente la bebida
alcohólica, intenta eludir la prohibición o limitación de la publicidad
utilizando marcas o símbolos de esas bebidas o de las empresas que las
patrocinan.
El Real Decreto, superados los trámites de información, será presentado
conjuntamente al Gobierno por los Ministros del Interior y de Sanidad y
Consumo.
En relación y en consecuencia también con el punto anterior, es de
señalar que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
informó de forma favorable, en marzo de 1994, la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista del Congreso, que tenía como propósito
instar al Gobierno a dictar la normativa pertinente para prohibir la
venta y consumo de bebidas alcohólicas en los centros educativos de
enseñanza secundaria.
En lo que se refiere al problema específico de los accidentes de
circulación entre los jóvenes, aunque las variables relacionadas con los
mismos son diversas, es de señalar la importancia que puede tener el
consumo de alcohol como factor correlacionado. Para corregir esta
situación, la Dirección General de Tráfico tiene previsto incrementar las
campañas dirigidas de forma especial a los jóvenes. Igualmente, se están
reforzando los controles por parte de la Agrupación de Tráfico,
especialmente en las cercanías de los lugares que son frecuentados por
este sector de la población y se está investigando sobre la determinación
de métodos óptimos para la detección de los consumos y sus efectos sobre
la conducción.
Por último, la Dirección General de Tráfico ha propuesto la celebración
anual de una gran campaña sobre alcohol y drogas.
Estas son las medidas que, con carácter general, se están aplicando y las
perspectivas de aplicación inmediata que tiene el Gobierno en el ámbito
al que se concreta la pregunta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Deseo agradecerle la confirmación de la información que, por otra parte,
ya conocíamos por los medios de comunicación o por otras intervenciones
de miembros del Gobierno. Quizá de todo ello le insistiría en que creo
que hay que replantearse algunos aspectos de la legislación actual, y no
sólo en el ámbito de la restricción de la publicidad, que es una vía,
aunque no sé si es la más eficaz habida cuenta de que hay otros muchos
canales que influyen en esa publicidad directa o indirecta. En todo caso,
es una vía a estudiar y a plantearse quizá en el ámbito del cumplimiento
estricto de la legislación o del agravamiento de las sanciones a quien
está incumpliendo esa normativa que se refiere a adolescentes. Pero me
quiero quedar especialmente con el convenio al que antes me he referido,
para insistirle en que me parece grave que no se haya contado con la
Secretaría de Estado. Creo que es un síntoma de lo que yo le decía antes
de que convendría hablar de que esa coordinación fuera eficaz y que
realmente, por decirlo de forma vulgar, no se pasase de esa presencia.
Pero lo que deseo decirle sobre esto es que, por lo que yo he podido
conocer de ese convenio, hay un aspecto que me parece extraordinariamente
positivo y que hace referencia, precisamente, a una educación en valores.
Este es un término que yo he usado y que usa claramente el programa de
gobierno que nosotros hemos presentado sobre este aspecto y que,
seguramente, sus señorías y otros grupos también utilizan y en torno al
cual se genera una idea de por dónde pueden ir las pautas de una
prevención razonable.
Habla también de la posibilidad de conseguir hábitos saludables, de la
posibilidad de basar una educación familiar, que usted ha vuelto a
destacar hoy aquí. Yo creo que ésa es precisamente la vía en la que
tenemos que profundizar si queremos que esto sea un proyecto a largo
plazo, es decir, realmente de modificación de conductas, de consolidación
de valores y de actitudes de los jóvenes españoles. En ese sentido, me
gustaría promover en la Delegación, si es que tengo esa facultad desde
aquí, que esta Comisión conociese algún proyecto, algún documento por
parte de la Delegación para orientar no sólo en este convenio sino a las
Administraciones públicas: locales, autonómicas y nacional, en el ámbito
de conseguir esos proyectos de educación en valores. Si seguimos el
ejemplo de lo que fue el anterior informe y que pretendemos reeditar, y
por eso están compareciendo los diferentes miembros de la Administración,
para que haya un segundo informe, tenemos que sentirnos realmente
complacidos de que haya servido realmente de orientación para las pautas
de funcionamiento de muchas Administraciones públicas. A mi Grupo y a mí
personalmente nos gustaría que en el próximo informe que oriente la
actividad de las Administraciones y que emane de esta Comisión Mixta y
del Parlamento se contemplen también de alguna manera estas cuestiones de
educación de valores en el ámbito de la prevención.
Me quedo con esta preocupación, y me gustaría instar a que la
Administración presentase a la Cámara algún documento en ese sentido,
para ver cómo podemos desarrollar una educación en valores de forma lo
más consensuada posible entre todos los grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón
Real): Gracias, señor Presidente.
La Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas no ha sido
ajena a la génesis y a la elaboración de ese convenio. Es cierto que se
ha estimado que debían ser los Ministerios de Asuntos Sociales, Sanidad y
Educación y Ciencia los que firmaran ese convenio. Insisto en que la
Delegación no ha sido ajena a esa génesis. Ello no quiere decir que la
labor de coordinación que tiene la Delegación vaya a ser ajena asimismo a
la ejecución de ese convenio, sino todo lo contrario.
Deseo también adelantarle que este proyecto o estudio que va a servir de
orientación dentro de la Administración y, en general, para las
instituciones, es algo que ya se tiene previsto hacer por parte de la
Delegación en la Memoria de 1993 del Plan Nacional sobre Drogas, que va a
sufrir un cambio de formato, un cambio de planteamiento, y en ella se
recogerán estas líneas de orientación, de reflexión, que no sólo en el
ámbito del alcohol sino de otros ámbitos nos hagan ver la situación real
en la que España se encuentra dentro del entorno general y cuál es la
serie de valores o la serie de parámetros que debemos seguir para
conseguir esa educación en valores y generación de espacios saludables.
Insisto en que es la línea de actuación de la Delegación en este aspecto
y que en la ejecución del convenio, sin duda, la coordinación estará de
parte, entre otros, de la propia Delegación del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.
Se suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA. (S. 711/00056; C. D.
213/000296.)
El señor PRESIDENTE: Comparecencia del señor Ministro de Justicia, don
Juan Alberto Belloch, para informar sobre la evaluación del informe
aprobado por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga
en la pasada Legislatura.
Si el señor Ministro y los señores portavoces no tienen inconveniente, la
respuesta podría producirse después del turno de intervención efectuado
por los portavoces.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor
Presidente.
En primer lugar, debo expresar la satisfacción de tener la posibilidad de
comparecer, la primera ocasión, ante la Comisión Mixta, que está
afrontando, sin duda, uno de los principales problemas de Estado, un
problema estructural de evidente calado que afecta a los poderes públicos
y a los ciudadanos en su conjunto.
La Comisión tiene frente a sí un ambicioso programa de actuaciones,
concretadas en impulsar la acción del Gobierno y de todas las
Administraciones públicas en la lucha contra la droga y en realizar el
seguimiento de las acciones que se desarrollan en este campo, y muy
especialmente en el de la prevención, rehabilitación y reinserción social
de los afectados. Este trabajo ya lo plasmaron sus señorías en la
legislatura anterior con la elaboración de un muy completo informe de
situación, que contenía conclusiones de actuaciones, de políticas
concretas referidas a los poderes públicos de ámbito estatal.
Mi comparecencia como miembro del Gobierno y en cuanto Ministro de
Justicia debe ser, necesariamente, de carácter sectorial, reducirse
exclusivamente a los aspectos parciales de la incumbencia de este
Ministerio. El haz de medidas que corresponden a este Ministerio, en
definitiva, tiene, según creo, dos ámbitos claramente delimitados: por un
lado, debe ser objeto de mi intervención el análisis de aquellas medidas
legislativas, y en especial las de carácter penal, que han de plasmarse
en el nuevo Código Penal, referidas a quienes sean responsables de la
comisión de actividades delictivas vinculadas al tráfico de drogas y a la
drogodependencia. Y, por otro, necesariamente deberé hacer una alusión a
los temas de prevención, tratamiento y reinserción en el ámbito
penitenciario. Me parece que a esos dos ámbitos debe limitarse mi
intervención. Los aspectos de tipo más general o global corresponden a
otros ámbitos.
Por tanto, en primer término debo referirme al Código Penal. El proyecto
de Código Penal, que se encuentra ultimándose en el Ministerio de
Justicia y cuya aprobación por el Gobierno ya está muy próxima, contiene
destacadas previsiones legislativas en materia de drogas, tanto en lo que
se refiere al tratamiento de los delincuentes en situación de
drogodependencia como a la concreta tipificación penal de las conductas
que comprenden todo el ciclo del tráfico propiamente dicho.
A tal efecto, el anteproyecto de Código Penal incluye las siguientes
previsiones: En primer lugar, se establece como causa de exención de la
responsabilidad el estado de intoxicación plena por estupefacientes u
otras sustancias que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido
buscada con el propósito de delinquir. En estos supuestos, al declarado
exento se le aplicarán, en todo caso, las medidas de seguridad que prevé
el propio Código Penal.
En segundo lugar, la situación de intoxicación que no tenga plenos
efectos sobre el sujeto y no haya sido preordenada al hecho, podrá ser
apreciada como circunstancia atenuante.
En tercer lugar, entre las formas alternativas de ejecución de las penas
se prevé la suspensión de la ejecución --en las privativas de libertad--
para aquellos condenados que han delinquido por primera vez. El requisito
que hay que añadir es que además, en términos generales, la pena impuesta
se refiere a hechos no graves, concretamente hasta el límite de dos años.
No obstante, en los casos de delincuencia por motivo de dependencia los
requisitos varían en función de esta situación, de manera que podrá
acordarse la suspensión de la ejecución en aquellos delincuentes que, aun
no siendo primarios, coincidan una serie de requisitos: que la pena no
sea superior a tres años; que acrediten realmente esa situación de
drogodependencia y la circunstancia de que el delito se cometió
precisamente por esa drogodependencia; que acrediten igualmente de manera
fehaciente y suficiente que se encuentran sometidos a tratamiento de
deshabituación y que no sean reincidentes.
Cumplidas las anteriores exigencias y una vez obtenida su deshabituación
total en el plazo establecido sin haber vuelto a delinquir, el juez podrá
ordenar la remisión de la pena. Esta es una medida, por cierto, que fue
expresamente propuesta por la propia Comisión Mixta, ante quien tengo el
honor de comparecer.
En la regulación de las medidas de seguridad en este campo de la
drogadicción destaca, en primer lugar, la garantía de que se hallen
sometidas a las mismas limitaciones y principios que la pena propiamente
dicha. Eso es, en opinión del Ministerio de Justicia, consecuencia
ineludible del planteamiento que realizan el Tribunal Constitucional, el
Tribunal Supremo y tribunales inferiores. De ello deriva, en primer
término, la importante consecuencia de que no podrán ser aplicadas si no
con carácter posdelictual y por tiempo determinado. Además, tendrán
consideración preferente en cuanto a su cumplimiento; preferente en
relación, claro está, a la pena privativa de libertad.
En cuanto a los tipos de medidas que puedan ser acordadas destaca, en
primer lugar, la de internamiento en centro de deshabituación; y entre
las que consisten en privación de otros derechos, la de prohibición de
estancia y residencia en ciertos lugares, la de sometimiento a
tratamiento sanitario externo, prohibición de concurrencia a determinados
lugares, etcétera. En cualquier caso, la medida de internamiento en un
centro de deshabituación no podrá exceder del tiempo que dure la pena
privativa de libertad establecida en la condena.
En el caso de que la deshabituación lograda con la medida de
internamiento pudiera verse malograda con el ingreso en prisión por el
tiempo que restare del cumplimiento de la pena --privativa de libertad
siempre--, el juez podrá --no es preceptivo, pero el juez
facultativamente podrá-- suspender esta última o sustituirla con otra
medida de seguridad que se estime más oportuna desde la óptica de la
reinserción que todos pretendemos.
Por otra parte, el Código Penal vigente recoge ya la totalidad de
conductas comprendidas en lo que se denomina el ciclo de tráfico
propiamente dicho, siguiendo los criterios, en definitiva, del Convenio
de Viena, de 20 de diciembre de 1988, que sus señorías conocen
perfectamente bien y que nuestro país ratificó recientemente. Ya se
incorporaron al Código Penal con ocasión de la aprobación de la Ley
Orgánica de 23 de diciembre de 1992; modificación que fue realizada, como
sus señorías recordarán, cuando el proyecto de nuevo Código Penal ya se
había aprobado por parte del Gobierno y se encontraba en fase de
tramitación parlamentaria. La urgencia de la entrada en vigor inmediata
de dichas medidas aconsejó, efectivamente, su tratamiento desglosado.
De esta forma se dio cumplimiento, como esta Comisión conoce
perfectamente, al compromiso adquirido por nuestro país a raíz de la
firma del citado Convenio, al tiempo que ofrecía una regulación más
eficaz en la lucha contra este tipo de delincuencia al incorporarse
supuestos delictivos de tipificación llamada voluntaria, esto es, dejada
al criterio de cada uno de los Estados, de acuerdo con lo manifestado por
la Fiscalía General del Estado en la Memoria del año 1989 y recogidos en
el citado Convenio.
Pues bien, además de los delitos referidos al tráfico de drogas ya
integrados entre los llamados delitos contra la salud pública, se han
incluido en la mencionada reforma de 8 de diciembre de 1992 los tipos
delictivos y medidas penales siguientes: Primero, como tipificación
voluntaria, es decir, al margen de los compromisos del Convenio, la
agravación penológica de conductas en situaciones especiales realizadas
contra menores de edad en establecimientos públicos de forma organizada
mediante adulteración de sustancias peligrosas, así como la máxima
agravación para los responsables de dichas organizaciones y la
posibilidad de adoptar judicialmente medidas cautelares para la
suspensión y disolución de las mismas.
En segundo término, la fabricación, transporte y distribución de equipos
materiales o sustancias comúnmente definidas como precursores. Además, se
ha incorporado el tipo contenido en la cláusula de salvaguardia de
tenencia de dichos precursores. También aquí la conveniencia, que no la
obligatoriedad de este último tipo, es el motivo que impulsó su
incorporación.
En tercer término, la ampliación considerable del ámbito material del
comiso en los términos propuestos por el citado Convenio de Viena:
instrumentos, beneficios económicos, transformaciones, etcétera.
Es evidente que todas estas innovaciones se encuentran, a su vez,
incorporadas, como no podía ser de otro modo, al proyecto de nuevo Código
Penal que presentaremos próximamente y cuya aplicación son el obligado
reproche penal a este tipo de conductas particularmente graves.
También es de señalar que en el ámbito del narcotráfico la gravedad de
las conductas tipificadas ha exigido un endurecimiento de las penas en
los tipos delictivos más graves, concretamente en los hechos cometidos
por los miembros de organizaciones dedicadas exclusiva o preferentemente
a este tipo de fines. A su vez, se ha sancionado de manera extraordinaria
y como una excepción la apología de estos delitos.
Por último, es inevitable mencionar a la siempre compleja, discutible y
discutida figura del arrepentido. Esta previsión permite individualizar,
con carácter extraordinariamente benevolente, las penas a los autores de
estas infracciones que abandonen voluntariamente sus actividades,
confiesen los hechos en que hayan participado y colaboren activa y
eficazmente en la evitación de nuevos delitos.
En suma, para cerrar este capítulo, debe citarse la recientísima
aprobación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre medidas de
prevención de delitos de blanqueo de capitales que, como saben sus
señorías, traspuso en realidad la Directiva 91/308 de la CEE por
iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda. Mediante esta Ley, como
saben sus señorías, se trata de impedir el blanqueo de capitales
provenientes de aquellas actividades ilícitas referentes al narcotráfico,
terrorismo y delincuencia organizada, actividades que, desgraciadamente,
presentan con frecuencia claras vinculaciones.
La Ley va dirigida fundamentalmente a las personas y entidades
financieras en un ámbito territorial lo más amplio posible al exigirse el
establecimiento de estas medidas
en las sucursales y oficinas de entidades españolas en el extranjero y
recabando la cooperación internacional, especialmente de nuestros países
vecinos.
El haz de medidas previstas en esta ley, tendentes a controlar y
fiscalizar cualquier operación financiera presunta de blanqueo y a la
identificación de sus autores, junto con la colaboración con el Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo, han de servir --así
lo piensa el Gobierno-- de eficaz medio en la lucha contra la droga.
Por último, debe destacarse cómo, de acuerdo con esta Ley, quedarán
afectados a la lucha contra la droga los bienes incautados a los
narcotraficantes a los que se refiere el 344 bis, E, del Código Penal.
Creo que con ello se han dado cumplimiento sustancialmente a las medidas
legislativas previstas por esta Comisión ante la que comparezco, ya que
incluso la tipificación como infracción administrativa del consumo de
drogas en público fue incluida, como saben sus señorías, en la Ley de
Seguridad Ciudadana. Pienso que es la mejor constatación de la positiva
evaluación que el Gobierno realizó de las medidas propuestas por esta
Comisión y, sin duda, del certero diagnóstico que sus señorías hicieron,
lo que, en mi opinión, debe animarnos a todos a seguir en la misma
dirección.
El segundo bloque de mi intervención debe referirse, como dije al
principio, al conjunto de medidas en el marco penitenciario. En primer
lugar, he de decir que en todos los centros penitenciarios se lleva un
riguroso control tendente a evitar la entrada de drogas, utilizando para
ello los medios técnicos: cacheos, registros, exploraciones radiológicas,
etcétera, y jurídicos necesarios, siempre con respeto a los derechos de
la persona, tal como establece la legislación vigente y, lo que es más
importante incluso, la interpretación que de la legislación vigente
realiza el Tribunal Constitucional. Como saben sus señorías, como
expertos que son en estos temas, sin embargo, en la práctica judicial no
siempre se mantienen en las diversas resoluciones de los juzgados de
vigilancia penitenciaria criterios absolutamente uniformes.
La responsabilidad directa de estas actuaciones es de los servicios de
vigilancia de los centros penitenciarios y constituye una absoluta
prioridad dentro de ese ámbito. Junto a esta actividad de control, se
están llevando a cabo otra serie de programas a los que tengo que aludir.
En primer lugar, prevención. En todos los centros penitenciarios se han
desarrollado programas preventivos, tanto desde los dispositivos propios
como, sobre todo, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en un
marco imprescindible de cooperación interinstitucional.
En efecto, considerando a la población penitenciaria como un grupo
específico de la población de la comunidad, se han incrementado los
planes regionales que desarrollan sus programas de prevención en los
centros penitenciarios, y a su vez las fórmulas para llevarlos a cabo se
estudian conjuntamente por técnicos de las diversas instituciones
implicadas. En estos programas se han desarrollado tanto actividades
informativas dirigidas a la población reclusa como actuaciones
específicas dirigidas a drogodependientes, bajo la modalidad de educación
para la salud, etcétera...
En segundo término, en lo referente a asistencia, ésta se lleva a cabo en
dos áreas fundamentales, la primera de las cuales es la desintoxicación
y, la segunda, la deshabituación. Respecto a la primera, es llevada a
cabo por los equipos sanitarios de los centros penitenciarios. Para su
desarrollo se cuenta con la colaboración de los citados planes
regionales, tanto por la posibilidad de derivación a las unidades de
desintoxicación de la Comunidad Autónoma donde se encuentra el
correspondiente centro como por la posibilidad de cofinanciación de la
medicación específica que pudiera aplicarse. En definitiva, se trata de
garantizar la continuidad de la medicación en la vida extrapenitenciaria
y en la penitenciaria. Igualmente, se ha incrementado el número de
equipos que ejecutan actuaciones de desintoxicación programada.
Respecto de la deshabituación, debo decir que la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios, a través de convenios y acuerdos suscritos dentro
de los planes regionales de las Comunidades de Valencia, Canarias y
Madrid, así como a través de la concertación de servicios con otras
organizaciones, ha puesto en marcha dispositivos específicos en régimen
de módulo centro de día en los centros penitenciarios de Navalcarnero y
Picasséns, así como se ha estimado el mantenimiento del dispositivo
terapéutico del centro penitenciario de Tenerife 2. El número de centros
penitenciarios que desarrollan en la actualidad programas asistenciales
de modo estructurado es de 65, mientras que en los restantes solamente se
realizan actividades puntuales.
Respecto al tema de la reinserción, planteada como la fase de
incorporación al medio social, se desarrolla en el medio penitenciario a
través de la aplicación de las previsiones del reglamento penitenciario.
El tratamiento ambulatorio se lleva a cabo en los centros ambulatorios
comunitarios y el ingreso en comunidad terapéutica se realiza usualmente
en comunidades con plazas concertadas con las Comunidades Autónomas. La
financiación de dichas plazas debe realizarse por las Comunidades
Autónomas correspondientes. Asimismo, la apertura reciente de centros de
inserción social ha permitido una mayor aproximación de los internos
drogodependientes a los recursos comunitarios.
Es necesario hacer una breve alusión a los programas de mantenimiento con
metadona. La intervención con programas de mantenimiento con metadona se
desarrolla a través de una actuación conjunta con los planes regionales,
con la participación de las unidades de metadona comunitarias. Estos
programas, incluidos dentro del grupo de intervenciones para la reducción
del daño, se han iniciado en aquellos centros penitenciarios
pertenecientes a Comunidades Autónomas en las que ya existían, al margen
de la vida penitenciaria, programadas redes de asistencia de esta
naturaleza. Por ser un programa de seguimiento inmediato, y a la espera
de los datos definitivos, han sido 135 los internos drogodependientes a
los que se les ha continuado, no iniciado, dentro de la prisión el
tratamiento de mantenimiento con metadona pautado de manera previa en los
servicios comunitarios.
Se ha incrementado, asimismo, el número de equipos de referencia, grupos
de atención a toxicómanos, los GAT,
de los centros penitenciarios que han participado en los programas de
formación y reciclaje dentro de los programados por los planes regionales
de drogas por sus respectivos técnicos. La Secretaría de Estado, a través
de las áreas competentes, ha ejecutado cursos de formación en
drogodependencias, tanto para técnicos como para funcionarios. Como se
desprende de lo dicho, es indudable que esta importante tarea ha de ser
afrontada no sólo por la Administración penitenciaria del Estado, sino
que resulta imprescindible la elaboración y aplicación de los planes
regionales con las Comunidades Autónomas, lo cual es lógica y natural
consecuencia de la estructura de competencias que en este momento tienen
las mismas.
En ese ámbito territorial desarrollan su vida, aunque privados de
libertad, los internos de los centros penitenciarios y, ciertamente,
dentro de ese ámbito deben desarrollarse este tipo de programas. Por
ello, como desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas se vienen elaborando
estos planes regionales. En 1993 ya han participado, aunque de forma
diversa, varias Comunidades Autónomas y se han derivado créditos por este
concepto por un importe de 362 millones y pico de pesetas.
Con base a este experiencia, en 1994 se están aplicando proyectos de
intervención conjunta y se está realizando un progresivo incremento de
los programas existentes. A tal fin, están proyectadas para 1994 las
siguientes previsiones. En primer lugar, en cuanto a las intervenciones
con otras instituciones, de acuerdo a la política de cooperación
institucional en los planes de droga, habría que indicar las siguientes
medidas: primero, agilizar las vías de comunicación y participación en el
diseño de seguimiento de programas; segundo, participar activamente en
los programas del fenómeno de la drogodependencia a través del
mantenimiento de sistemas de información común y, en tercer lugar,
estudiar la viabilidad y operatividad de un sistema de registro
específico de casos, incluyéndolos en los sistemas comunitarios.
En cuanto a la ejecución de programas, habría que aludir, en primer
término, al incremento de programas preventivos; al estímulo de las
actuaciones conjuntas con las Comunidades Autónomas en el ámbito
asistencial; la implementación de módulos en centros de día de acuerdo a
las necesidades de la población en un centro penitenciario por cada
Comunidad Autónoma; el incremento de las intervenciones con programas de
reducción del daño y el estímulo de la participación en programas
asistenciales de drogas y de reinserción con aquellas asociaciones y
organizaciones no gubernamentales que tengan implantación y seriedad, ya
sea a nivel estatal o a nivel autonómico.
Esta cooperación, que no es otra cosa que la corresponsabilidad
institucional en tareas de interés general, junto con el respaldo del
Parlamento, como legítimo representante de la soberanía popular, deben
ser --así lo cree el Gobierno-- los cauces idóneos para afrontar el grave
y preocupante problema de la droga como, repito, verdadero problema de
Estado, en el que todos debemos luchar con el mayor esfuerzo en la medida
de nuestras respectivas responsabilidades.
Por ello, en el Ministerio de Justicia consideramos crucial el seguir
ampliando el marco de diálogo existente con todas las fuerzas políticas
para lograr el máximo acuerdo posible, al margen de las legítimas y
razonables posiciones de cada uno, en el entendimiento de que debe
prevalecer la voluntad común de superar este gravísimo problema sobre
cualquier otra consideración.
Estimo, a su vez, que el marco de este diálogo debe seguir siendo éste,
precisamente, el de la propia Comisión. Por ello, valoro como muy
positiva esta primera comparecencia, que espero tenga continuidad,
siempre que sus señorías lo consideren preciso, para encontrar entre
todos las mejores y más eficaces alternativas en esta difícil tarea que
nos ocupa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra don Narcís Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Muchas gracias, señor Presidente.
De forma breve empezaré por saludar al señor Ministro de Justicia en esta
su primera comparecencia ante esta Comisión Mixta y voy a hacer una mini
reflexión sobre alguno de los extremos a los que su señoría se ha
referido.
Quiero mostrar mi acuerdo personal y el de mi Grupo con las medidas que
presuntamente estarán incluidas en el Código Penal respecto a las causas
de exención de pena, de suspensión de pena, a las que el señor Ministro
se ha referido. Compartimos ese criterio que, por otra parte, como bien
se ha señalado, formaba parte del informe que esta propia Comisión
elaboró en la legislatura pasada.
Nos parece que el nuevo Código Penal, y no tengo datos que indiquen lo
contrario, si se confirman los extremos que acaba de referir el señor
Ministro, tiene una actitud que no dudo en calificar de positiva respecto
al problema final de la droga, que es el drogadicto, la persona, el ser
humano que acaba siendo víctima de esa situación. Creo que esa actitud
positiva nos sitúa bien para poder entender el problema y para poder
luchar contra él.
Respecto al arrepentido que como también el señor Ministro ha dicho es
una figura discutida y discutible, yo también tengo mis dudas; no sé
hasta qué punto puede ser positivo introducir en la sociedad una especie
de cultura de la delación además como mecanismo para evitar el castigo
por los delitos anteriores. Yo sé que es un tema que tiene muchas facetas
y sobre el que hay criterios diferentes. Personalmente no me parece bueno
para nada, aunque el resultado a corto plazo pueda serlo, introducir en
la sociedad esa cultura de la delación, a la que antes me refería.
Respecto a la existencia de drogas en las cárceles, dice el señor
Ministro que existe un riguroso control de la entrada de drogas. Sin duda
es así, pero a pesar de ese riguroso control la evidencia es que sigue
habiendo drogas en las cárceles, y sigue habiéndolo --y yo creo que esto
es quizás uno de los orígenes del problema-- porque la droga sigue
teniendo un enorme valor añadido. Es decir, la cantidad de plusvalía que
genera la droga, es decir la cantidad de negocio, de dinero que genera es
capaz de corromper casi todo lo que toca y a pesar de una determinada
textura moral exigible a los funcionarios, a los familiares y a todo el
mundo, no es difícil de entender que con esos enormes beneficios que
produce acabe siendo capaz de corromper conciencias y de posibilitar que,
como la evidencia parece demostrar, dentro de las cárceles siga habiendo
droga. Creo que en esa idea para mí esencial del enorme valor añadido que
tiene la droga, de la enorme cantidad de plusvalía que genera, está la
posibilidad de enfrentarnos a algunos de sus problemas aunque quizá desde
ópticas distintas; no es el momento en esta comparecencia de discutir
todo eso pero, desde mi punto de vista, en esa conceptuación, en ese
binomio droga-enorme negocio está la explicación de no pocas de las cosas
que ocurren en este mundo de la droga.
Acabo, señor Presidente, agradeciendo al señor Ministro las
explicaciones, mostrándole «a priori» mi acuerdo personal y el de mi
Grupo con las medidas a las que ha hecho referencia presumiblemente
contenidas en el próximo Código Penal, que esperemos llegue en esta
legislatura, aunque sobre el futuro de esta legislatura, como bien saben
ustedes, se ciernen negros nubarrones y esperemos que se puedan despejar,
al menos para que este Código Penal vea la luz lo antes posible, porque
buena falta hace. El Código Penal de la democracia yo creo que es una
necesidad de urgencia bastante evidente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer la comparecencia del Ministro de Justicia y someter a su
consideración algunas cuestiones puntuales. Algunos aspectos de los que
nosotros comentaremos los ha expuesto el señor Ministro pero, en
cualquier caso, queremos recabar una mayor información sobre aspectos que
quizá sean nuevos en el proyecto de ley de reforma del Código Penal o del
ordenamiento jurídico, en particular. En ese sentido, me gustaría que
profundizara en lo relativo al anteproyecto sobre Medidas de Control de
los Precursores de las Sustancias Químicas Catalogadas, es decir, las que
se desvían a la fabricación concretamente de drogas.
También ha hecho referencia a la suspensión del procedimiento penal
iniciado, sustituyéndolo por sistemas de desintoxicación. Es decir, al
que se le ha impuesto una pena y es drogadicto, ya que se le considera
enfermo, en este caso pueda aprovechar este tiempo para someterse a
desintoxicación y deshabituación. Pero, en cualquier caso, de lo que no
ha hablado es de aquellos toxicómanos seropositivos en una fase ya
avanzada, en una fase ya terminal, y me gustaría saber si en esos casos
se puede suspender esa pena de libertad.
También ha hablado de la figura del arrepentido en el ordenamiento
jurídico. Convenimos en lo que ha dicho el interviniente anterior en
cuanto a las dificultades que ello comporta, lo cual es una invitación a
que si es tan amable el señor Ministro profundice en ello. También en
este sentido queríamos preguntarle dos cosas que o bien se nos han pasado
o bien no se ha manifestado en el sentido de cómo pueden quedar
reguladas: si serán objeto de modificación en el Código Penal o de una
ley especial. Me refiero a la regulación normativa de los colaboradores
con la Administración de Justicia, bien sean agentes infiltrados o
encubiertos y su protección por el Estado, y a la regulación de lo que se
ha venido en denominar las entregas controladas o las entregas vigiladas.
En cuanto a la Ley del Fondo Nacional de la Lucha contra las Drogas, como
el interviniente anterior ya se ha referido a ella, no voy a preguntarle.
No sé si lo he ordenado bien, pero los temas son: Fundamentalmente como
nuevo, lo relativo al toxicómano; el seropositivo en una fase ya
adelantada; la regulación de los colaboradores con la Administración, y
las entregas vigiladas o controladas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Como usted sabe, señor Ministro, el motivo de las comparecencias de la
Administración en este trámite parlamentario es fundamentalmente la
evaluación de lo que ha sido el propio informe que esta Comisión evaluó,
pero con un objetivo claro que es reorientar la actividad del Plan
Nacional no solamente en lo que es la vertiente de la Administración
Central, sino también lo que son en estos momentos las Comunidades
Autónomas y los entes locales en un intento de continuar una política
acertada de coordinación en una lucha que tiene que ser lo más compartida
posible por todas las Administraciones y por todos los grupos políticos.
En ese sentido le diré que su comparecencia hoy aquí arroja luz sobre lo
que estamos haciendo.
Tengo que decirle que he sido crítico con usted por no haber comparecido
a primera hora de la mañana, porque creo que es una actitud ante el
parlamento, pero también tengo que decirle, en honor a la verdad, que ha
merecido la pena esperar porque creo que realmente va a sernos
extraordinariamente útil para elaborar el documento que después tendrá
que emanar de esta Comisión.
Voy a intentar ceñirme a la estructura que usted ha dado a su
intervención; es decir, una primera parte, que se podría denominar el
bloque legal, el bloque legislativo, y otra segunda parte, relativa a
instituciones penitenciarias.
A nosotros nos satisface extraordinariamente escucharle que todos estos
conceptos van a estar recogidos en el próximo Código Penal, primero,
porque efectivamente eran puntos de coincidencia en esta Comisión y,
desde luego, lo eran también de la preocupación del Grupo al que
represento.
Hay, evidentemente, matices sobre los que tendremos la ocasión de
discutir seguramente no en esta Comisión, sino en otras comisiones
legislativas del parlamento nacional, pero en todo caso el hecho de que
tengamos la ocasión de debatir sobre ese principio, aunque se introducirá
en el próximo Código Penal, ya es un hecho positivo. A nosotros nos cabe
la duda de sobre cómo se va a entender la figura del arrepentido, si va a
ser contemplado como el señor que se chiva o, por el contrario, como el
señor que repara el daño a la sociedad civil. Nos cabe la duda también
sobre cómo se van a estructurar los eximentes, es decir, las conductas
delictivas de las personas que actúan bajo los efectos de una
dependencia. Pero, en todo caso, son cuestiones que podremos debatir y
que nos parecen en este momento que estén contempladas.
La pregunta lógica, por tanto, señor Ministro, sería: ¿Cuándo va a entrar
el Código Penal? No es la cuestión de si estos temas se plantean, sino
realmente si tendremos la ocasión, en breve plazo, de conocer en la
Cámara el contenido del Código que, por otra parte, decayó en la anterior
legislatura y parecería lógico que pudiéramos estar en condiciones de
poderlo estudiar cuanto antes.
Hay un tema que no sé si es por la densidad o por la velocidad con que lo
ha expresado a mí me ha sido difícil saber si lo ha trocado, y no es otro
que el de las penas íntegras a los narcotraficantes. Nuestro Grupo ha
mantenido siempre esta postura, pero me gustaría saber cuál es la
posición que sobre este tema tiene el Ministro y el Gobierno.
Nos congratula que en estos términos se puedan debatir estos aspectos.
Esperamos que se ponga cuanto antes en marcha el proceso parlamentario. Y
ya tendremos ocasión de ir matizando cómo entendemos cada uno de nosotros
los aspectos a los que usted ha hecho referencia.
Voy a detenerme un poco más en la segunda parte de su intervención que ha
tenido mucho que ver con los proyectos y más con la evaluación de lo que
ha sido la política de Instituciones Penitenciarias. Este tema ha sido
fruto permanente de preocupación de nuestro Grupo. Yo he tenido ocasión
de preguntarle al Delegado del Gobierno y a otras personalidades, como el
Director de Instituciones Penitenciarias, que han pasado por esta
Comisión sobre estos aspectos.
A nosotros nos parece que se ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo,
en este ámbito, pero ha sido un esfuerzo claramente insuficiente. Digo
que es claramente insuficiente porque la dimensión del problema, qué duda
cabe, desborda los parámetros normales. La población penitenciaria
española ha crecido mucho en los últimos años. Estrechamente relacionado
con la población penitenciaria está el problema de las adicciones a
determinadas sustancias. Además, es importante referirse hoy aquí a un
tema que usted no ha mencionado, el de la seropositividad, el VIH.
Creo que estas tres cuestiones que están estrechamente relacionadas
generan en estos momentos un problema de una dimensión que necesita de
medidas adicionales y de un esfuerzo político también adicional.
Es cierto que se han ido implementando programas de asistencia y de
prevención; pero se ha hecho de forma, a mi juicio, desordenada y no han
sido impulsados por el propio Ministerio, por la Secretaría de Estado,
sino por las Comunidades Autónomas. Eso también es cierto.
Yo siempre hago esta reflexión. Esta es una competencia clara de la
Administración central, a excepción del territorio de Cataluña en donde
están transferidas las competencias de Instituciones Penitenciarias. Por
tanto, no podemos escudarnos en los planes regionales para poner en
marcha unos programas de prevención y de asistencia que tengan un efecto
que no sea solamente de barrera, sino que consoliden una política de
prevención y de asistencia.
Hasta la fecha se han venido desarrollando fundamentalmente acciones
esporádicas, campañas informativas. Mencionaré, por ejemplo, la
distribución misma del «kit» sanitario que se hace en la mayoría de las
prisiones. Pero nos da la sensación de que no tienen continuidad y de que
no tienen un aspecto realmente formativo.
La población penitenciaria se mueve mucho, no solamente geográficamente,
sino que lo hace con entradas y salidas. Es difícil, por tanto,
consolidar un sistema de tratamiento y de prevención seria.
Nosotros hemos propuesto en más de una ocasión, no sólo por ser una idea
nuestra, sino porque en las recomendaciones que hace el Consejo de
Ministros del Consejo de Europa de finales de 1993 habla,
específicamente, de Instituciones Penitenciarias y habla de la necesidad
de que se consoliden este tipo de programas. Y habla de hacerlo
involucrando a las familias, al entorno social del interno e intentando
que esas acciones no sean informativas, sino formativas en el ámbito de
la prevención y en el ámbito de la asistencia y del tratamiento.
No creo que nos podamos conformar con la distribución del «kit»
sanitario. Yo formé parte de una comisión parlamentaria que visitó un
importante número de prisiones españolas y pude comprobar que eso se
hacía de una forma más o menos rutinaria, pero con graves lagunas. Por
ejemplo, en el caso de una persona que tiene unos hábitos higiénicos
determinados y muy deteriorados, y que muchas veces se encuentra en
condiciones de hacinamiento, no siempre el «kit» sanitario e higiénico
que se facilita a los internos se usa de forma continuada.
Es cierto que se les ha distribuido una serie de folletos. Pero todos
sabemos lo que puede suponer en una población que tiene un perfil
determinado el simple hecho de darles un folleto explicativo de forma
aislada. Quizás haya que buscar otros mecanismos que continúen esa labor
para que esto no sea un hecho aislado en el tiempo. Por tanto, hay que
vincular claramente el tratamiento sanitario-higiénico. No podemos dejar
esta labor exclusivamente en manos de los equipos sanitarios de la propia
prisión que están desbordados. Hay que implicar a las Comunidades
Autónomas, pero siempre que Instituciones Penitenciarias tome la
iniciativa.
Creo, lo he dicho en más de una ocasión, que el punto de arranque para el
diseño de esta política en Instituciones Penitenciarias es reconocer la
realidad. Negando la realidad, que es la existencia de droga en las
prisiones, pues ésta sigue entrando, sigue circulando y siguen pagándose
precios muy altos por intercambiarse una jeringuilla, no avanzamos. Si
reconocemos el problema no creo que hagamos ningún daño a la política que
hay que aplicar. Al
contrario, creo que estamos sentando las bases, haciendo un análisis
realista, para poner los medios que nos permitan ser eficaces.
En este sentido quiero decirle que, a nuestro juicio, el próximo informe
que emane de esta Cámara debe poner un énfasis especialmente importante
en Instituciones Penitenciarias. Se trata de un grupo afectado seriamente
por la dependencia, por el Sida, por un problema añadido como es la falta
de integración en la sociedad a la que retornan y por un flujo de
entradas y salidas enorme. Todo esto requiere un esfuerzo importante.
Los datos que da el Plan Nacional en la última Memoria hablan de que un
13 por ciento han participado en programas de prevención y que un 7,25
por ciento han participado en programas de rehabilitación. Creo que estas
cifras son escasas. Por tanto, nuestro objetivo debe ser el de elevarlas.
Bien es cierto que hasta la fecha era lógico que la Administración
hiciese un esfuerzo en otras áreas. El informe que emanó de este
Parlamento hablaba de sanidad, de educación, etcétera. Pero ahora,
llegados a este extremo, hay que hacer un esfuerzo mayor en el ámbito de
Instituciones Penitenciarias. Tenemos que conseguir que todas las
prisiones españolas dispongan de equipos multidisciplinares, no sólo
hablo del equipo sanitario, que puedan tratar y dirigir a las personas
con problemas de adicción o de seropositividad y que, asimismo, trabajen
con sus familias y den una continuidad a ese trabajo.
Hay que hacer que los programas no sean meramente informativos, sino que
sean formativos y preventivos. Hay que intentar mejorar, y yo sé que lo
que voy a decir casi es una perogrullada, las barreras para impedir la
entrada de determinadas sustancias en la prisión.
Estas son nuestras preocupaciones y nuestras reflexiones sobre el tema.
Ahora bien, le digo de antemano, como ya le he expresado antes, que nos
parece extraordinariamente positivo que estos temas vayan a ser
recogidos. En todo caso, aunque los mismos hayan sido escasos, haber
puesto las bases para que en Instituciones Penitenciarias puedan irse
abordando estos temas, nos parece positivo. Unicamente quiero demandarle
al Ministerio que usted dirige un mayor esfuerzo en el área de las
instituciones penitenciarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Méndez.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera agradecerle al señor Ministro su comparecencia de hoy en esta
Comisión. En relación con la misma quiero señalar lo siguiente: en la
estructura del informe al que nos estamos refiriendo no se perfilaban
solamente tres áreas específicas relacionadas con actividades de su
Departamento, sino que incluso podríamos hablar de una cuarta. Estas
áreas estaban descritas del modo siguiente: primera, postura en relación
con el consumo o prohibición del mismo y sanción. El punto quinto aludía
a los medios personales y materiales asignados a la Fiscalía Especial. El
sexto se refería al análisis de la legislación penal y administrativa y
estudio de la adecuación de la misma a la Convención de Viena. Y el
séptimo se refería a la posible modificación de la legislación penal y
penitenciaria aplicable a los condenados por delitos graves de
narcotráfico.
Con esta estructura del informe de la Comisión Mixta, y a la luz de su
intervención, queda patente que hay un conjunto de conceptos que se han
podido ir incorporando posteriormente a las diversas propuestas
normativas y que en el futuro van a estar presentes en el próximo Código
Penal.
A través de su Departamento se manifiesta que se acepta lo que podríamos
llamar la doctrina sentada ya en esta Comisión Mixta para enfocar el
problema de la droga como un fenómeno social. Eso es francamente
interesante para la Comisión, pues está haciendo el esfuerzo de trasladar
conceptos y valores para que sean finalmente asumidos por la sociedad y
específicamente por el Ejecutivo.
También ha quedado claro que se han ido articulando sucesivos textos
normativos --aquellos que la situación ha ido requiriendo-- de un modo
coherente con las propuestas y contenidos del informe que citamos. Se ha
hablado de la incorporación de los preceptos que están vinculados a la
Convención de Viena, hay sendas trasposiciones de directivas europeas, y
una Ley de prevención del blanqueo de capitales. En suma, existe un
cuerpo legal que ha podido ir siendo regulado, con independencia del
conjunto de normas que se contemplarán en otro cuerpo legal más
sustancial, como es el próximo Código Penal.
Además, a nuestro juicio se está desarrollando una política penitenciaria
más adecuada que la que se llevaba a cabo con anterioridad, no solamente
porque incorpore nuevos recursos --que lo hace--, sino porque se trabaja
con la premisa de realizar una actividad coordinada con los recursos
disponibles en las Comunidades Autónomas --y, por tanto, con las
políticas que éstas realicen en esta materia-- y con el enfoque de poner
en contacto lo que pasa en el centro con el exterior, es decir, con los
movimientos ciudadanos, asociativos y de todo tipo y, evidentemente, con
la implicación de la familia en la recuperación, rehabilitación y
reinserción de los penados.
Por otra parte, según la Memoria correspondiente --que he consultado--,
se han incrementado los medios asignados a la Fiscalía especial, por lo
cual, sin optimismos injustificados, creo que ha existido un cumplimiento
bastante riguroso y muy ajustado a las previsiones del informe. En todo
caso, se han puesto en marcha un buen número de iniciativas que nos
permiten ser optimistas sobre el modo en que su Departamento enfoca toda
la actividad que puede desarrollar en esta materia.
Es cierto --y digo esto por quitar lastre a este tema-- que las
vicisitudes parlamentarias por las que atravesó el Código Penal en la
anterior legislatura eran, obviamente, ajenas a la voluntad del
Departamento. En cualquier caso, su señoría juzga que, en breve plazo,
dicho texto se encontrará en trámite parlamentario. En cuanto a los
contenidos que ha citado, que figuran ya en el mismo, no sólo respecto de
los tipos, sino también de un conjunto de medidas muy
bien articuladas, a nuestro Grupo le parecen altamente satisfactorios.
Quisiera sensibilizarle, en nombre de mi Grupo, respecto de algunas
cuestiones que suponen una continuidad de lo que acabo de señalar. En
primer lugar, de la necesidad de seguir apoyando y mejorando los medios
que se asignen sistemáticamente a la Fiscalía Especial, que nos parece un
elemento decisivo en la lucha contra la droga. En segundo lugar, de la
conveniencia de mejorar permanentemente la Administración de Justicia,
para evitar esas situaciones de sobresalto social que se producen cuando
se juzga a delincuentes --normalmente pequeños delincuentes y
drogadictos-- por actos cometidos hace años, que afloran, sin embargo, en
un contexto que normalmente nada tiene que ver con aquel en que se
produjo el delito y que, insisto, producen una irrupción grave en su
nueva vida y una grave alarma social. En todo caso, en los grandes
procesos la conveniencia de mejorar la Administración de Justicia no hace
más que recordar a la sociedad --a efectos de demostración-- la capacidad
de la Justicia para ir contra el delito organizado.
Por último, también quisiera sensibilizarle respecto del apoyo a las
medidas --que usted ha citado-- de rehabilitación en el ámbito
penitenciario. Creo que existe una coincidencia absoluta en este tema,
pero entendemos que, tanto en los recintos, como en lo que supone la
actividad en régimen abierto, debemos ser cada vez más valientes y dar a
la sociedad un soplo de aire fresco que le permita pensar que nuestros
recintos penitenciarios no sólo sirven para la reclusión, sino que son
grandes instrumentos para la recuperación de los delincuentes.
Por último, sólo me queda felicitarle por la sistemática mantenida en su
información, y agradecerle su comparecencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Méndez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor
Presidente.
En primer lugar, quiero hacer una observación de carácter general. Que
quede por descontado que, desde el punto de vista del Ministerio de
Justicia, el lugar correcto para realizar políticas consensuadas en este
campo es esta Comisión. En consecuencia, todas las conclusiones a las que
ésta llegue van a ser elementos definitivos de cara a la articulación de
la política del Ministerio de Justicia. Sólo en aquellos casos en que la
Comisión plantee matices corresponderá, lógicamente, al Ministerio de
Justicia proponer que se resuelva la cuestión en una u otra línea. Pero,
desde luego, asumo plenamente el compromiso de que cualquier solución
consensuada nacida en el ámbito de esta Comisión pase a ser política del
Ministerio de Justicia y, en la medida en que esté en mi mano, política
del Gobierno. Por otra parte, el tipo de intervenciones --y es la primera
vez que comparezco ante esta Comisión-- no hace sino ratificar lo que ya
era una voluntad política.
Me van a permitir que no comente algunas cuestiones --simplemente, por
estar de acuerdo con las intervenciones que sobre ellas han realizado-- y
que me centre sólo en aquellos puntos que pueden ser más polémicos ya
que, como digo, estoy de acuerdo con el conjunto de las intervenciones de
sus señorías. Por tanto, de mi silencio no puede deducirse otra cosa que
la conformidad con lo que ustedes han manifestado.
Voy, pues, a referirme a los puntos más complicados, respecto de los que
pudieran existir más matices. Un tema general planteado desde diversas
ópticas por gran parte de los intervinientes es el relativo a los
arrepentidos. Yo mismo he dicho que se trata de un tema complicado,
discutido y discutible y que, efectivamente, tiene sus costos. En
abstracto --y con esto contesto al representante de Izquierda Unida--, me
sería muy fácil decir que yo tampoco comparto la cultura de la sospecha.
Sin embargo, para determinados supuestos hemos decidido dar un paso; por
ejemplo, en materia de terrorismo. Asimismo, más recientemente, con
ocasión del debate del estado de la Nación, el Congreso de los Diputados
aceptó una propuesta que supone otro paso en esta misma línea; me
refiero, como sus señorías comprenderán, al problema del cohecho activo y
del cohecho pasivo y a la posibilidad de establecer formas de atenuación
de la pena. No recuerdo en este momento la redacción exacta de la
conclusión del Congreso al respecto, pero creo que esa resolución fue
aprobada por todos los Grupos.
En definitiva, pese a que todos nos resistimos a la cultura de la
sospecha, puede ocurrir que, en relación con determinados tipos de
delito, con toda clase de precauciones, y ante la alarma social y la
profunda gravedad de esas conductas, no haya más remedio que atreverse a
dar ese paso. Y como todo paso, es discutible y tiene sus pros y contras.
En este sentido, confío en que se produzca una regulación prudente de
esta figura en el Código Penal para que queden salvaguardados los riesgos
más graves. Pero hay un segundo aspecto que nos debe tranquilizar a
todos, como es la propia configuración que el Tribunal Constitucional y
los tribunales ordinarios --en aplicación de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional-- vienen realizando en torno a la teoría de la
prueba.
A este respecto, tenemos un sistema de prueba, de garantías procesales
para poder ser condenado, como no tiene ningún ordenamiento jurídico. La
teoría de la prueba que ha consolidado, en primera lugar, nuestra
Constitución y, posteriormente, el Tribunal Constitucional, es quizá la
más garantista que existe en el ámbito de los países de nuestro entorno.
Se trata de una concepción global por la que es necesario que exista
prueba válidamente obtenida, que sea suficiente, como un mecanismo
puramente objetivo de control, es decir, prueba de la existencia y sólo
después se produce un segundo mecanismo, que es la prueba de la
convicción.
En definitiva, es imprescindible que exista una prueba procesal de cargo
con las debidas garantías procesales lo que, por ejemplo, no ocurre en el
mundo anglosajón donde, en relación con el jurado, el juicio es de
convicciones. Sin embargo, el planteamiento constitucional, tal
como lo interpreta nuestro Tribunal, nos permite tener la tranquilidad de
que nuestro esquema de prueba es tan garantista, que puede evitar gran
parte de los problemas de los «pentiti» --por utilizar su nombre
tradicional, ya que, como saben, surgió en Italia--, que estarán
sometidos en nuestro país al control del propio sistema procesal de
prueba articulado por el Tribunal Constitucional. Creo que eso, en buena
parte, evita muchos de los inconvenientes tradicionales de la figura de
los «pentiti».
Pese a todo, habrá que ser muy cuidadosos y escrupulosos y, sin duda, sus
señorías mejorarán el proyecto del Gobierno, teniendo en cuenta la
delicadeza y lo complejo de estos problemas. En cualquier caso, el
Gobierno piensa que este tema debe afrontarse con todos sus riesgos.
También me han planteado una segunda cuestión de carácter general: ¿para
cuándo el Código Penal? El proyecto del Ministerio de Justicia es que
sea, aproximadamente, a finales de junio cuando lo apruebe el Consejo de
Ministros, pero éste es el proyecto del Ministro de Justicia, no el del
Gobierno. Quiero decir que el calendario del Ministro de Justicia es
presentar ese proyecto al Gobierno y será el Gobierno el que decidirá su
aprobación o no decidirá su aprobación para su remisión a las Cortes,
pero en el plan de trabajo del Ministerio de Justicia --tal como tuve
ocasión de anunciar en otro momento, no ante esta Comisión-- estaba que
para junio estuviera el proyecto de Código Penal, y esperemos que así
sea.
Además, se han planteado algunas cuestiones concretas. Mi reflexión
general sobre nuestra teoría de la prueba tiene mucho que ver también con
otra cuestión que ha suscitado el representante de Convergència i Unió,
que es precisamente la de los colaboradores y la entrega vigilada. En
cualquier avance que ustedes realicen --el Ministerio de Justicia tratará
también de hacerlo por su cuenta, pero, desde luego, me parecería
fundamental que la Comisión avanzara en esa línea-- tendrán las mismas
dificultades que tenemos nosotros en fase prelegislativa a este respecto:
de nuevo hay ciertos límites evidentes, impuestos por el propio marco
constitucional, y así, ya saben ustedes perfectamente las consecuencias
que tiene el delito provocado y cuáles son los límites. Por tanto, en ese
tema tenemos que operar todos, afortunadamente, dentro del marco que ha
fijado el Tribunal Constitucional como nivel de garantías; pero, pese a
eso, sí es necesario evaluar que los colaboradores --en definitiva, las
personas que estén realizando un trabajo policial para el
descubrimiento-- tengan ciertas garantías, que no son fáciles en modo
alguno de articular, y esto constituye, evidentemente, una de las líneas
de reflexión del Ministerio de Justicia. Como Ministerio agradeceríamos
particularmente cualquier sugerencia o colaboración de la Comisión en
este tema, que no es sencillo por muchas causas, entre otras porque la
figura de ese colaborador siempre se va a ver con dificultades en
relación con el valor de su testimonio en los correspondientes procesos.
En consecuencia, el tema tiene precisos límites jurisprudenciales y
constitucionales, pese a lo cual, repito, es necesario articular y
garantizar en la medida de lo que podamos su «status».
También se ha planteado por diversos intervinientes el tema de los
seropositivos. Ciertamente existen programas concretos, lo que pasa es
que sus señorías ya los conocen y no me pareció necesario comentarlos,
pero lo que sí hay que decir es que en esta materia no se están haciendo
las cosas mal, ni mucho menos. Dentro de la sanidad penitenciaria
empezamos a tener --aunque parezca paradójico, pues no era el sitio en el
que debieron haber nacido-- los mejores especialistas preventivos en este
campo, y al igual que hay que reconocer las malas situaciones, y después
aludiré al tema de la droga, también hay que atreverse a reconocer lo que
está bien. Se está trabajando muy bien y tenemos un cuerpo de médicos que
se han ido formando en la dura vida diaria de las prisiones y que tienen
un altísimo nivel de especialización. El Presidente de la Asociación
Médica, doctor Nájera, ha llegado a comentar que los seropositivos están
mucho mejor tratados en prisión que en la sociedad desde un punto de
vista médico y preventivo, porque es verdad.
Claro que se puede hacer más, es evidente --en materia penitenciaria creo
que ontológicamente es imposible tener una actitud de satisfacción,
puesto que las instituciones penitenciarias siempre van a reclamar más--,
pero lo que sí creo es que se ha avanzado lo suficiente como para crear
las bases que permitan avanzar más sin grandes modificaciones
estructurales; ya están las bases para que sigamos avanzando y eso obliga
a otro tipo de prioridades. Por ejemplo, desde el punto de vista del
Ministerio, en el ámbito presupuestario yo no consideré posible que el
Gobierno aceptara restricciones en materia penitenciaria; los propios
juzgados y tribunales han tenido que sufrir sacrificios importantes
--como sus señorías conocen, sobre todo los que hayan participado en
temas presupuestarios--, y así, en materia de inversión ha habido un
capítulo 6 francamente muy negativo, pero es que desde el punto de vista
del Ministerio estaba claro que, dentro de la necesaria solidaridad de
políticas gubernamentales, donde no se puede sacrificar, donde no es
posible ahorrar --entre comillas-- más que dentro de los términos, en
definitiva, globales de los presupuestos, es en materia penitenciaria, y
lo tengo perfectamente claro, ésa tiene que ser prioridad presupuestaria
de este Ministerio en todo caso, prioridad de esfuerzos, de medios y de
colaboración.
Voy a dejar para el final el tema de la droga, que me preocupa en
particular, y antes voy a hacer alusión a alguna otra cuestión que se ha
planteado. Es verdad que la responsabilidad política de coordinar la
cooperación institucional en materia penitenciaria corresponde al
Ministerio de Justicia, lo asumo en sus propios términos, y está claro
que es responsabilidad política de este Ministerio, a través de su
Secretaría de Estado, lograr ese clima de cooperación institucional. Por
tanto, no pretendía en modo alguno refugiarme bajo ningún paraguas de
distribuir responsabilidades; no, la responsabilidad, evidentemente, es
del Ministerio de Justicia, y por lo menos cuando las cosas no salen bien
la culpa la tiene, sin duda, el Ministerio de Justicia, y ésta es una
observación que quería hacer. Lo que es evidente también, sin embargo, es
que no hay más sistema que el de cooperación institucional; asumiendo que
la
responsabilidad de lograrla es del Ministerio de Justicia, repito, no hay
más sistema que la cooperación institucional. El conjunto de programas no
tiene sentido, incluso la propia concepción constitucional del artículo
25 no tiene sentido fuera del marco de esa cooperación. Si hablamos de
reinserción, de resocialización, sólo se puede realizar a través de una
vinculación directa entre los centros penitenciarios y las
correspondientes Comunidades Autónomas que tienen competencias en
materias tan esenciales como sanitarias, educativas, etcétera, y es
absolutamente imprescindible lograr esa conexión, sin perjuicio, sin
duda, de que la responsabilidad política sea del Gobierno y sin perjuicio
de reconocer que en algunos casos ha habido Comunidades Autónomas que han
tenido más impulso en estas materias que, incluso, la propia
Administración central.
Por último, me voy a referir --salvo que ustedes quieran alguna mención
específica a otro tema-- al tema de la droga en prisiones. Es un tema en
el que también les invitaría a que reflexionaran en esa línea todo lo
posible porque cualquier sugerencia en ese campo --como en cualquier
otro-- sería muy tenida en cuenta por el Ministerio de Justicia. No es
nada sencillo, claro que sigue circulando droga en prisiones, es
evidente, la prueba son los kilos --por ahí tengo el dato, pero a estos
efectos da igual-- de droga que hemos aprehendido en prisiones; en
definitiva, es una evidencia que eso ocurre. A partir de ahí, sus
señorías, como expertos en estos temas, saben las extraordinarias
dificultades que tiene articular mecanismos eficaces para evitarlo,
porque lo único que lo evitaría serían conductas y comportamientos que
implicaran a su vez menoscabo de otros bienes constitucionales
protegidos, y una lectura desapasionada de la jurisprudencia en su
conjunto y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional evidencia,
por ejemplo, que no es posible adoptar determinadas medidas de carácter
sistemático para el control. Muchísimas resoluciones de los juzgados y
tribunales sostienen que no se puede practicar la sistematización o la
automatización de esas medidas de control sin que existan previamente
datos sobre el riesgo concreto y específico que plantea el sujeto
concreto.
Es verdad que tenemos siempre un doble límite --y que conste que yo
siempre que hablo de límites constitucionales jamás lo hago desde la
óptica de «desgraciadamente tenemos esos límites», sino justamente desde
la óptica contraria, «afortunadamente tenemos esos límites»--, nuestra
Constitución nos habla del derecho a la intimidad y nos habla del derecho
a la salud, y cualquier planteamiento técnico de medidas de control
constantemente tienen los límites de la intimidad o de la salud. Incluso
los medios tecnológicos más sofisticados que pudiéramos imaginar, como en
el caso de los rayos x, conlleva problemas de salud a partir de una
determinada acumulación, lo que implicaría límites objetivos, y lo mismo
ocurre con cualquier otro medio tecnológico tipo scaner o cualquier otra
modalidad de esa naturaleza, que puede afectar directamente a la
intimidad puesto que es necesario a su vez que se verifiquen determinadas
condiciones físicas para ese tipo de análisis.
Por tanto, las dificultades objetivas para mantener al mismo tiempo, como
es nuestra obligación, el derecho a la intimidad de los internos, la
seguridad de los internos y el derecho a la salud en su doble perspectiva
--porque, evidentemente, el derecho a la salud también implica tratar de
evitar que las drogas entren en prisión--, es en ese marco de esos tres
derechos en juego donde hay que buscar las salidas y la soluciones,
siempre respetuosas con el marco constitucional. Desde luego, nosotros lo
vamos a intentar, y por la vía del reglamento penitenciario vamos a
intentar ofrecer fórmulas que hagan compatible estos valores. Cualquier
ayuda de la Comisión en ese sentido sería inestimable y, desde luego,
sería una pauta para el trabajo del Ministerio de Justicia.
Creo que en este planteamiento general he dado respuesta a las
principales cuestiones que sus señorías me han planteado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. (El señor Vázquez
Romero pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Muchas gracias, señor Presidente, voy a ser muy
breve.
Empezando por donde ha acabado el Ministro, yo creo que en el problema de
la entrada de droga en la cárcel, como en el problema de la droga en
general, la solución no está tanto en la resolución técnica o intelectual
de la colusión de derechos constitucionales, aunque sin duda es
importante, sino más bien en lo que yo me refería en la reflexión que he
hecho --y a lo que usted no ha hecho ninguna referencia--, en el sentido
de que quizá el problema está en la cantidad de dinero que genera la
droga, capaz, por el mecanismo más elemental, de corromper las
conciencias morales de los ciudadanos en su conjunto, circunstancia que
está probablemente en el núcleo basal de una de las partes esenciales del
desarrollo posterior de todo el problema de las drogas.
Afortunadamente, según nuestra Constitución, el sistema de la prueba es
tan garantista que hace difícil que por la implantación de lo que he
llamado cultura de la delación se puedan ver en peligro principios
constitucionales también. Pero, aunque no es el marco concreto del tema
de las drogas, porque el problema de los «pentiti» abarca el tema de las
drogas, el terrorismo y otros también, personalmente, en este tono de
reflexión, en mi memoria tengo que en las diferentes sociedades que han
vivido los momentos más negros de la historia de la humanidad de este
siglo, por no remontarnos más atrás, la cultura de la delación ha estado
profundamente arraigada y capilarizada: en la Alemania nazi, en los
procesos de Moscú, en la Francia de Vichy, y en la Yugoslavia de hoy. No
me refiero a la figura del arrepentido, sino a la introducción de la
cultura de la delación, en la que sin duda el arrepentido puede aportarle
a la justicia y a la sociedad en su conjunto beneficios inmediatos y
puntuales. Una persona que se encuentra en una trama terrorista, de
narcotráfico o de blanqueo de dinero se libra del castigo que tendría que
asumir y a través de su deposición permite la solución de ciertos
problemas. Pero no es a eso, insisto, a lo que me refería, sino a la
introducción,
por esa vía, de la cultura de la delación en el conjunto de la sociedad,
que es la que me parece más peligrosa y ya le digo que esta cuestión no
está íntimamente ligada con el tema de las drogas, sino que está presente
en otros terrenos más generales.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que es difícil decir dónde se
puede ahorrar en el conjunto de una sociedad como la nuestra, tan carente
de tantas cosas. Desde luego, no es en lo referente a la cárcel. He dicho
muchas veces y me ratifico en ello que probablemente la cárcel sea el
mejor reflejo de la sociedad en la que uno vive. Es decir, a la hora de
conocer la realidad de cualquier sociedad no basta con pasearse por las
calles de las capitales, ni siquiera por los suburbios, sino que,
probablemente, visitando las cárceles de esa sociedad estaremos teniendo
un reflejo más fidedigno de lo que esa sociedad es o significa.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quería hacer dos matizaciones.
En primer lugar, como mera aportación, a pesar de todos esos
inconvenientes y valoraciones que hace el señor Ministro, creo que hay
que seguir estudiando y valorando el hecho de la necesidad de dotar de
mejores medios materiales y disuasorios los mecanismos de las
instituciones penitenciarias, porque en la vida diaria todos estamos
sometidos de alguna manera a algún tipo de control, lo que no limita
nuestro derecho a la intimidad. Cuando pasamos, por ejemplo, un control
en un aeropuerto, nos hacen pasar por un arco de detección de metales.
Creo que, salvaguardando, lógicamente, los principios a que usted se ha
referido, hay mecanismos en estos momentos suficientes como para mejorar,
al menos, ese factor disuasorio. Muchas veces incluso la simple o mera
ubicación de los propios centros penitenciarios está facilitando esta
situación. Están inmersos en núcleos urbanos e insisto en que, cuando
hemos visitado algunas de estas prisiones, hemos podido comprobar lo
fácil que resulta introducir algunas de estas sustancias.
En cuanto a lo que sí quiero expresar mi profunda discrepancia es
respecto a la referencia que ha hecho el señor Ministro al tema del VIH y
los enfermos de sida. Creo, de verdad, que es difícil valorar que los
enfermos de VIH están en mejores condiciones de tratamiento y asistencia
en instituciones penitenciarias que en la vida exterior a las prisiones.
Es decir, la sola aplicación del sentido común de la lógica, respecto a
las condiciones higiénicas en las que están las personas que allí
residen, evidencia que éstas no facilitan las cosas. Usted sabe que se
producen cantidad de enfermedades oportunistas relacionadas
intrínsecamente con la propia situación sanitaria e higiénica en la que
se desarrolla la vida normal de estas personas seropositivas y ya es
difícil pensar que en las cárceles se puedan dar esas condiciones
higiénicas saludables necesarias. Pero es que, además, el anterior
Secretario para la Salud, en una comparecencia en el Congreso de los
Diputados, a instancias de una pregunta que yo mismo le hice, reconoció
que no todos los internos estaban siendo tratados con antirretrovidales y
argumentó que era un tratamiento caro y que en estos momentos se
imposibilitaba el poderlo aplicar. Creo, por tanto, que hay una
diferencia de trato hacia las personas que están en instituciones
penitenciarias y las que están fuera, obviamente, por las condiciones
higiénicas en las que están y también --no por los profesionales-- por
las condiciones existentes y los materiales empleados, incluso por lo que
respecta a los antirretrovidales que se les puede facilitar.
Además, hay otro problema añadido que, como usted sabe, es el de las
personas que están en fase terminal. Hasta que se puede producir la
situación de excarcelación, que en muchos casos no llega a producirse,
para una persona que está en fase terminal de su enfermedad se dan unas
situaciones de convivencia que no son, desde luego, ni para los otros
internos, ni para el mismo enfermo, las más adecuadas. Por tanto, creo
que la cuestión sobre los enfermos terminales y el tratamiento en
igualdad de condiciones tiene un debate abierto. Debería integrárseles en
la red normalizada de salud y vincular, por supuesto, esta cuestión con
el tema de la prevención, el único arma que en estos momentos tenemos
para evitar la diseminación de la plaga del VIH.
Nada más que esto. Eran unas simples reflexiones sobre esta preocupación
y volverle a recordar que para nosotros lo importante es concebir los
programas que se hagan, no como acciones aisladas, sino como acciones
continuadas de forma permanente.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias.
Efectivamente, señor Vázquez, comprendía su intervención y aludí a otros
problemas de mayor envergadura y entidad, incluso el problema mismo de la
legalización o no, que supongo que estaría en el fondo de su reflexión.
Creo que no es el momento de abordar ese problema. Personalmente, he de
decir --porque no debo ocultarlo-- que no soy partidario de ello, ni creo
que nos resolvería el problema, aunque comprendo que sobre esto podríamos
tener una sesión entera y que, efectivamente, es discutible, como todo,
y, quizás más que como todo, porque es un tema particularmente
discutible.
Respecto al tema de los arrepentidos, comparto su reflexión general,
pero, pese a todo, tenemos que buscar mecanismos en determinados
supuestos, con todas las garantías y todo el rigor.
La cárcel es el mejor reflejo de la sociedad en que vivimos, comentaba su
señoría. También comparto ese planteamiento, pero le he de decir que
tengo la satisfacción --de las pocas satisfacciones que he tenido, porque
es un campo en el que las satisfacciones no es precisamente lo que se
puede encontrar-- de comprobar cómo los presos de
países de la Unión Europea cuando se les ofrece cumplir la pena privativa
de libertad --concretamente, en Francia es así, aunque también en algún
otro país, pero en el país vecino ha habido varios casos y por eso lo
recuerdo más-- dicen que prefieren quedarse en España y no hacen uso de
la posibilidad que tienen, con los convenios de ejecución, lo cual es un
problema, por otro lado, de tipo económico, ya que nos ahorraría parte de
los gastos. Pero tampoco hay que flagelarse innecesariamente, más allá de
lo lógico. De hecho, esto está ocurriendo, afortunadamente para nosotros.
No obstante, solamente quería hacer este comentario. En modo alguno hablo
de satisfacción. Es perfectamente posible mejorar, pero impedir
totalmente también es imposible, salvo con medidas de tal carácter
extraordinario que convertirían aquello en algo intolerable desde el
punto de vista de la lógica de los derechos humanos. Por tanto, claro que
se puede y se debe mejorar, pero con dificultades objetivas.
Señor Robles, en el punto en el que había ese frontal desacuerdo que su
señoría ha comentado, es verdad que requiere más matizaciones mi
afirmación y con mucho gusto las hago ahora. El doctor Nájera sin duda
aludía a la evidencia de la población delincuencial. No estoy hablando de
una persona seropositiva que pertenezca a la clase media alta, que pueda
tener una atención particularmente adecuada porque vive en una sociedad
en la que tiene esas posibilidades. Nos referíamos al conjunto de la
población marginal y marginada, al conjunto de eso que antes se llamaba
«lumpen», en definitiva, al conjunto de personas que son potenciales
clientes de la justicia penal y para los cuales la prisión supone una
mejora efectiva, objetiva y real, porque hay control, alimentación sana,
etcétera, cosa que no ocurre en modo alguno en ese tipo de poblaciones
fuera del ámbito penitenciario. De todas maneras, está claro que quien
tiene posibilidades más generales de acomodo siempre va a tratar mejor su
problema, pero la verdad es que la clase media no suele estar en
prisiones salvo por matar o cosas de este tipo. Lo normal es que el tipo
de clientela sea masivamente otro dentro del mundo penitenciario.
Y ya para cumplir la promesa respecto al cumplimiento íntegro, su señoría
ya sabe que el matiz que nos separa al Grupo Parlamentario Socialista del
Grupo Parlamentario Popular es que nosotros hablamos del cumplimiento
efectivo y ustedes hablan del cumplimiento íntegro, una discusión que
muchas de sus señorías ya habrán oído en diversos ámbitos. Esa es la
única diferencia.
Sí que estamos de acuerdo con que los graves delitos de narcotráfico
tengan el tratamiento de cumplimiento efectivo. No habría más diferencias
que las que existen con carácter general en el entendimiento entre
cumplimiento efectivo y cumplimiento íntegro, pero sí que somos
partidarios de que los graves delitos de narcotráfico se incorporen,
junto con los de terrorismo y otras modalidades muy graves de crímenes
sexuales, a la teoría global del cumplimiento efectivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Hay una última intervención.
Tiene la palabra don Alfonso Moreno.
El señor MORENO DEL CUVILLO: Gracias.
Voy a ser muy breve y, además, casi voy a darle la respuesta ya
fabricada.
En medio de prensa de hoy aparece que el Ministerio Fiscal solicita de la
Justicia una rápida y contundente actuación dirigida al embargo de bienes
inmuebles y bloqueo de cuentas corrientes del señor Roldán, supongo que
para hacer frente a las responsabilidades civiles «ex delicto», en su
momento, como todo delincuente, conforme al código penal, artículo 19,
pero cuyo beneficiario, como víctima sería en este caso el Estado. Como
estamos en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga en
momento procesal, yo creo que oportuno, y todos decimos que mientras no
arruinemos a los narcotraficantes la represión no sirve absolutamente
para nada, yo le pregunto concretamente si el señor Roldán no es,
presuntamente --y subrayo lo de presuntamente-- más delincuente que un
narcotraficante. Y en este caso creo que parece que hoy la comparación es
lastimosamente oportuna. ¿Por qué los fiscales no muestran habitualmente
el mismo celo para embargar los bienes inmuebles de los narcotraficantes
y bloquear sus cuentas corrientes para garantizar las responsabilidades
civiles «éx delicto» de los mismos? ¿Consiste la diferencia en que en
este segundo caso la víctima no es el Estado sino la sociedad civil, y
que ésta no se halla representada en el proceso por el Ministerio Fiscal
pese al mandato imperativo del artículo 124 de nuestra Constitución?
¿Pondrá remedio a esta situación la futura ley del fondo?
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Gracias.
El Ministerio Fiscal tiene como criterio de carácter general, el que pida
este mismo tipo de medidas en todos los supuestos de narcotraficantes
importantes. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que
con la mayor parte de las personas que acuden a los tribunales por
delitos de narcotráfico no hay cuentas que bloquear porque,
desgraciadamente, suelen pertenecer a los últimos niveles de la cadena.
Pero, desde luego, la instrucción de carácter general es la que usted
dice: que siempre que haya posibles fuentes de dinero que controlar, se
realice. Lo que pasa es que es evidente que el caso Roldán tiene más
repercusión pública que cuando se plantea con carácter general para todos
los supuestos a los que usted alude.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, muchísimas gracias por su eficaz
comparecencia para los trabajos de esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las trece horas y treinta y cinco minutos.