DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 29
PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS
PRESIDENTE: DON MARCELINO OREJA AGUIRRE
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 12 de abril de 1994,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Solana
Madariaga), para informar sobre las políticas y medios que el Gobierno
tiene previsto instrumentar con la finalidad de alcanzar en España los
objetivos propuestos en el Consejo Europeo de Bruselas, previa remisión
por el Gobierno de aquellos documentos, informes, programas y planes de
actuación relacionados con la misma que sean necesarios. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió. (Número de expediente
Congreso 212/000381 y número de expediente Senado 711/000053.)



Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señor Ministro. Buenos días, señorías.

En primer lugar, corresponde aprobar el orden del día. ¿Se aprueba?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.

Agradecemos mucho al señor Ministro su presencia aquí. Quería trasladarle
la posición manifestada por los diversos portavoces de los grupos
parlamentarios en el sentido siguiente. En relación con la comparecencia,
que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència
i Unió, para que informe el señor Ministro

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sobre las políticas y medios que el Gobierno tiene previsto instrumentar
con la finalidad de alcanzar en España los objetivos propuestos en el
Consejo Europeo de Bruselas, tiene dos partes fundamentales, entre otras,
una que se refiere al libro blanco, a las consecuencias económicas y a la
ampliación, y otra específica relativa a los temas de infraestructuras.

De este último tema se va a ocupar el día 3 de mayo el señor Ministro de
Transportes y Comunicaciones.

Teniendo en cuenta, asimismo, que el Secretario de Estado de Economía y
Hacienda trató sobre el libro blanco en una sesión anterior, sin
perjuicio de que el señor Ministro es muy libre de abordar estos temas en
relación con la comparecencia solicitada, le pediríamos que se centrara
fundamentalmente en el tema de la ampliación, puesto que es muy reciente,
ya que ha habido unas negociaciones hace pocas semanas. Es la primera vez
que el señor Ministro comparece después de la culminación de esas
conversaciones, que ultimaron en unas negociaciones y en un acuerdo, y
nos parece especialmente importante que pudiera centrarse en este tema. A
continuación, y si hubiera tiempo, pasaríamos a los otros dos puntos del
orden del día: uno relativo a la definición de la política exterior y de
seguridad común y otro a una pregunta formulada por don Guillermo
Martínez Casañ, sobre la ayuda estructural de la Unión Europea a los
países de la Comunidad Financiera Africana y a Guinea.

También quiero señalar que me han comunicado los portavoces de los grupos
el deseo de que esta sesión termine a las diez y media para poder asistir
a la presencia del señor Presidente de la Federación Rusa, que viene al
Congreso de los Diputados a las once menos cuarto. Esa es la razón por la
cual tendremos que precipitar un poco los acontecimientos y quizá no
podamos concluir hoy más que el primer punto del orden del día. En
consecuencia, los otros dos puntos quedarían pendientes para las sesiones
siguientes. De todas maneras, no adelantemos los acontecimientos,
comencemos por el principio y veremos hasta dónde llegamos.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias,
señor Presidente, por sus aclaraciones. Yo haré una muy breve, y es que
estoy dispuesto a venir mañana a la hora que sea necesaria; mañana estoy
en Madrid y con sumo gusto comparezco el tiempo que sea necesario tras
despedir al Presidente Yeltsin, si SS. SS. lo tienen a bien. No obstante,
parece ser que hay un problema físico de sala el día de mañana; siempre
pensé que hoy era un día poco precipitado para reunirnos y ofrecí el día
de mañana, pero parece ser, insisto, que hay algún problema de local. Si
se encontrara una solución, mañana con sumo gusto continuaría la sesión
de hoy si a la Presidencia le parece oportuno.

Señor Presidente, señorías, me centraré, de entre los distintos puntos
del orden del día, en el correspondiente a la ampliación de las
negociaciones y al resultado de las mismas. Lo haré dentro del tiempo que
tenemos tratando de ceñirme a los aspectos más importantes y trataré los
otros aspectos de una manera más somera, y si en algún otro momento se
puede hacer con mayor precisión y con mayor longitud, estoy a su
disposición con sumo gusto para hacerlo.

Me parece que, ante todo, es importante destacar que este proceso de
adhesión a la Comunidad se produce en un contexto interno comunitario, y
desde el punto de vista de la situación internacional, distinto del
proceso de ampliación que se produjo cuando España y Portugal se
adhirieron a la misma. Creo que no hace falta insistir sobre ello, SS.

SS. conocen bien los acontecimientos que han tenido lugar en el ámbito
comunitario y en el mundo desde ese momento hasta ahora. Sí quisiera
decir dos palabras sobre cuál es el alcance y el significado de esta
ampliación.

En mi opinión, señor Presidente, señorías, esta primera ampliación, tras
la ratificación del Tratado de la Unión, tiene un significado grande
tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista
económico. España, nuestro país, siempre ha sido y sigue siendo uno de
los que más claramente han apoyado el proceso de integración europea en
todas sus dimensiones. Por tanto, también ha apoyado, con convicción, la
adhesión a la Unión de los cuatro países de los que estamos hablando, sin
dejar por ello de defender, con la máxima firmeza y con la máxima
tenacidad de la que somos capaces, los legítimos intereses de nuestro
país. Entendemos que esta ampliación debe fortalecer, debe reforzar,
política y económicamente, a la Unión Europea.

En el plano político, señorías, esta ampliación debe reforzar el peso de
la Unión en aquellos asuntos mundiales de importancia. La influencia de
Europa deberá ser mayor en los foros y en los organismos internacionales,
ya sean de carácter político, ya sean de carácter económico o ya sean de
carácter de cooperación al desarrollo. También va a dotar a la Unión, sin
duda alguna, de mayor seguridad, por tanto al Continente europeo, y
supondrá un nuevo avance en ese objetivo de una Europa unida que figura
en el preámbulo y en el conjunto de estos tratados fundamentales, más
concretamente del Tratado de la Unión. Si es importante, a nuestro
juicio, desde el punto de vista político, sin duda desde el punto de
vista económico esta ampliación debe fortalecer y reforzar también a la
Unión Europea. Vamos a tener un mercado mayor para los bienes, los
servicios y los capitales, y no podemos olvidar que los intercambios de
la Comunidad con esos cuatro países a los que estamos haciendo referencia
representan hoy un volumen similar al mantenido con Estados Unidos y
Japón sumados.

La ampliación va a incrementar, casi en un 50 por ciento, el territorio
físico de la Comunidad, y en más de un 12 por ciento el producto interior
bruto total de la misma. Por tanto, tendremos nuevos recursos naturales,
nuevos recursos humanos y nuevos recursos financieros, que formarán parte
de la Unión Europea.

En estos planos, señor Presidente, señorías, la ampliación es, a nuestro
juicio, el triunfo de un cierto modelo de integración política y
económica de la Comunidad Europea frente a otro modelo, el que estaba
simbolizado por la denominada EFTA, basado exclusivamente en una



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cooperación de carácter intergubernamental y en una asociación
estrictamente de libre comercio.

Para ganar tiempo, señor Presidente, no voy a hacer un repaso
pormenorizado del calendario de los acontecimientos que han tenido lugar
a lo largo de este proceso de negociación, y pasaré a hablar solamente de
lo que ha sido el desarrollo de las negociaciones de adhesión.

Señor Presidente, señorías, la Unión Europea se fijó, en esta
negociación, el objetivo esencial de garantizar la aceptación plena del
acervo comunitario por parte de los cuatro países candidatos. España,
además de este objetivo, se fijó un segundo, el de la defensa de sus
intereses legítimos de carácter nacional. Creo sinceramente, y trataré de
exponer a continuación las razones, que hemos conseguido salvaguardar lo
uno y lo otro; creo que hemos sido capaces de salvaguardar la plena
aceptación del acervo comunitario por parte de estos países y también de
garantizar los intereses legítimos de España.

Señor Presidente, señorías, pasaré brevemente a hacer una reflexión sobre
las consecuencias para nosotros de este proceso de ampliación.

En términos generales entiendo que se puede decir que todos los
beneficios derivados del establecimiento del mercado interior y del
proceso de integración política y económica se ampliarán teóricamente a
partir de la entrada en vigor del Tratado de adhesión de estos países, el
1 de enero de 1995, y ello porque esta ampliación posibilita que
participen plenamente en ese proceso de integración unos países que
tienen características especiales, unos países muy competitivos desde el
punto de vista económico, con una estructura económica e industrial
semejante a la de los países más desarrollados de la Unión Europea.

Como ya ocurre en el mercado interior a doce, señor Presidente, algunos
de estos efectos económicos nos deben beneficiar a todos. Por ejemplo, el
aumento de la competencia entre las empresas debería traducirse, sin duda
ninguna, en una presión a la baja del precio de los productos
industriales y de consumo. Otros efectos derivados de la eliminación de
trabas comerciales y del establecimiento de mayores mercados quizá puedan
ser más discutibles, y es evidente que no serán uniformes, que no se
distribuirán homogéneamente en unos y otros sectores económicos o en las
regiones, que resultarán unas más favorecidas que otras.

Al margen del estímulo del crecimiento económico que puede generar la
ampliación (que en este momento es difícil de cuantificar, pero sin duda
habrá un tirón de la economía europea debido a esta integración), el
Tratado contiene también disposiciones numerosas que van a ofrecer, en mi
opinión, notables ventajas a nuestro país. Me voy a referir, una a una, a
las más significativas.

En primer lugar, incremento de los intercambios comerciales. Para
refrescar la memoria a SS. SS. les diré que nuestros intercambios
comerciales con Austria, con Suecia, con Finlandia y con Noruega
representan prácticamente el 5 por ciento de nuestras importaciones
totales, para ser más precisos 361.000 millones de pesetas de
importaciones en 1993, y el tres por ciento de nuestras exportaciones,
para ser más preciso, también, 230.000 millones de pesetas. A excepción
de Noruega, con todos ellos tiene España una balanza comercial negativa,
que se había deteriorado de forma considerable desde nuestro ingreso en
la Comunidad Europea y que solamente el año pasado ha iniciado su mejora.

La ampliación debería tener una incidencia muy favorable en nuestra
relación tradicional de intercambio con esos países, fundamentalmente, a
mi juicio, por dos razones. En primer lugar, porque en productos
industriales, que suponen aproximadamente el 95 por ciento de la
exportación de esos países a España, existía ya desde hace años su libre
acceso al mercado comunitario español; por el contrario, nosotros no
teníamos el libre acceso a sus mercados. En segundo lugar, porque con una
ampliación como ésta conseguimos, de hecho, el libre acceso para nuestras
exportaciones agrícolas, especialmente de frutas y hortalizas, a esos
mercados, hasta ahora enormemente protegidos, y lo haremos desde el
primer día de la adhesión. Los productos agrícolas representan
actualmente el 25 por ciento de nuestras exportaciones a estos cuatro
países; para que se hagan una idea SS. SS., aproximadamente 50.000
millones de pesetas anuales, que a nuestro juicio deben duplicarse
fácilmente en un plazo de dos a tres años gracias al libre acceso y a su
aceptación del acervo veterinario y fitosanitario.

En estas negociaciones también hemos obtenido garantías suficientes de
los países candidatos para que el desmantelamiento de sus actuales
monopolios de alcohol, de producción, de importación y de distribución al
por mayor se lleve a cabo respetando la cuota importante de nuestros
vinos y cavas que ya tienen en esos mercados. Lógicamente, la aplicación
del principio de preferencia comunitaria y la trasposición de las
directivas fiscales deberían facilitar también un incremento de nuestras
exportaciones de vinos y de cavas en detrimento de las que llevan a cabo
países terceros.

Una palabra sobre la mejora de las condiciones de competencia. Pienso que
con la extensión a Austria, Suecia, Finlandia y Noruega de las normas
comunitarias de competencia, concretamente de las ayudas de Estado,
mejorará la transparencia en las condiciones de dicha competencia. Hasta
ahora, alguno de estos países ha competido ventajosamente con España en
la atracción de inversiones extranjeras, principalmente japonesas o
americanas, valiéndose de mayores recursos para ayudas y de mayores
techos que los permitidos para el resto de los países de la Unión. Esta
situación deberá cambiar tras la entrada en vigor del tratado, en virtud
del cual todos los Estados miembros deben aplicar unas normas uniformes
en lo que se refiere a las condiciones de la competencia, que deberán ser
homogéneas.

Una palabra también sobre la libre circulación de capitales y servicios.

En cuanto a ese tema, libre circulación de capitales y servicios, es
previsible que la mayor liberalización genere también un incremento
sustancial de los movimientos de capitales entre España y estos cuatro
países. Debemos tener en cuenta que sus inversiones directas en España
han totalizado en el último decenio cerca de 20.000 millones de dólares,
el 9 por ciento del total, a los que



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habría que añadir unos 2.500 millones de dólares en inversiones en
inmuebles. La inversión española en estos cuatro países supone
actualmente el 3,5 por ciento de toda nuestra inversión exterior; por
tanto, también es previsible que se incremente de manera notable al
facilitarse la misma por su incorporación a la Unión.

El siguiente aspecto sobre el que quería decir una palabra es el de la
libre circulación de personas, en el cual los españoles obtienen
beneficios importantes de este proceso de ampliación. No se trata
únicamente de que esos países acepten el principio de igualdad de trato
para los trabajadores residentes o que se aplique la legislación
comunitaria en materia de Seguridad Social, normativa laboral y todas las
demás normas, como se había previsto ya en la negociación y ratificación
del Espacio Económico Europeo; se trata de que la adhesión debe suponer,
además, la concesión a nuestros ciudadanos residentes en estos países de
los nuevos derechos establecidos por el Tratado de la Unión en materia de
ciudadanía: derecho de circulación y residencia, sufragio activo y pasivo
en las elecciones europeas y en las elecciones municipales, protección
diplomática y consular, etcétera; todas estas cuestiones están
contempladas en el Tratado de la Unión.

Paso, señor Presidente, señorías, a referirme a los temas de carácter
agrícola. La importancia de este capítulo para los países candidatos
estaba justificada en el nuevo mecanismo de ajuste que van a tener que
realizar, un mecanismo más duro que el de anteriores ampliaciones. Estos
países, con excepción de Suecia, tenían una diferencia de precios muy
alta entre sus productos agrícolas y los productos de la Unión, así como
una protección muy elevada de sus agriculturas en relación con la
política agrícola común. Para darles un dato les diré que, según las
estadísticas de la OCDE, las agriculturas de Finlandia y de Noruega
(quizá en menor medida la agricultura de Austria) son las que tienen en
este momento un mayor nivel de protección en todo el mundo occidental.

Por tanto, era lógico que a ellos les moviera un modelo de transición
hacia su incorporación a la Unión Europea de carácter tradicional, es
decir, lo que en agricultura se denominaban los montantes compensatorios
de adhesión, los MCA que conocemos bien los españoles, como se había
seguido en adhesiones precedentes, y con peticiones, por razón de esa
situación tan privilegiada de sus economías, ambiciosas en política
regional para tratar de compensar de alguna manera los efectos
socioeconómicos del ajuste.

Sin embargo, esto que se ha dado en llamar el big bang de la ampliación,
que tenían que adaptarse inmediatamente a los nuevos precios, sin embargo
--insisto-- la existencia del propio mercado interior impedía a la Unión
el establecimiento de los montantes compensatorios de adhesión con
controles en frontera. Por tanto, la situación es nueva con respecto a la
anterior, en la que el mercado interior todavía no era una realidad.

Se ha impuesto un alineamiento inmediato de precios desde el primer día
de la adhesión unido a ayudas directas de carácter decreciente a los
agricultores a cargo de los presupuestos nacionales de los países
candidatos. Y el mecanismo de ajuste de precios con la Unión, desde el
punto de vista de esos países, se realiza de una forma distinta, por
razón de estar ya en vigor en el Mercado Unico los montantes
compensatorios de adhesión que conocimos nosotros en nuestro momento.

Paralelamente, señorías, se han asignado a cargo del presupuesto
comunitario unas compensaciones decrecientes que van a totalizar para el
período 1995/1999 y para los cuatro candidatos aproximadamente 3.500
millones de ecus. Algunas de estas cantidades se van a concentrar en los
primeros años con objeto de aligerar sus contribuciones al presupuesto
comunitario y permitirles hacer frente a esos desequilibrios
presupuestarios internos en los momentos iniciales de la adhesión debido
al mecanismo nuevo en que se produce la misma, desde el punto de vista
agrícola.

Esta solución es muy satisfactoria para nuestro país, es la que
deseábamos. Siempre defendimos el modelo de alineamiento inmediato de
precios sin ningún período transitorio, en la medida en que era el más
beneficioso para nuestras exportaciones agrícolas.

Ya he señalado que, como consecuencia de la adhesión, la exportación
agrícola española puede crecer de manera importante en estos mercados,
que hasta ahora han mantenido restricciones muy intensas, restricciones
muy fuertes y grandes medidas proteccionistas en el sector agrícola. La
denuncia de sus acuerdos bilaterales con algunos de nuestros países
competidores debe facilitar, por otra parte, una penetración más rápida
de nuestros productos agrícolas de calidad en esos mercados que tienen
una gran capacidad adquisitiva.

Paso brevemente a darles una impresión en cuanto a lo que en lo relativo
a política regional ha acontecido en el proceso de adhesión.

En política regional, señor Presidente, señorías, la principal
preocupación que España ha manifestado era el tratar de evitar lo que
pudiéramos llamar una contaminación del acervo comunitario en materia de
fondos estructurales. Atendiendo estrictamente a los criterios
establecidos en los reglamentos vigentes sobre fondos, sobre todo sobre
fondos estructurales, tan sólo la región austriaca del Burgenland podría
calificarse como región de objetivo 1. Sin embargo, en la Comisión,
interpretando con flexibilidad (creo que con gran flexibilidad) los
criterios existentes había propuesto incluir también dentro de dicho
objetivo número 1 a varias regiones nórdicas de Suecia, de Finlandia y de
Noruega por razones de la densidad de población.

Como saben SS. SS., España se opuso de manera clara a esta pretensión, y
el resultado de la negociación ha sido positivo, a nuestro juicio, porque
no ha contaminado el objetivo 1. Se ha creado un nuevo objetivo, el
denominado objetivo 6, que fue propuesto precisamente por nosotros y que
tomará en cuenta esa particularidad de algunas regiones de estos países,
fundamentalmente la baja densidad de población, lo que permite satisfacer
las reivindicaciones de los tres candidatos nórdicos sin que por ello se
contamine el acervo existente en materia de fondos estructurales, que era
la reivindicación que a nosotros nos preocupaba más.

Tenemos que destacar también que las cantidades asignadas tanto para este
objetivo nuevo, el objetivo 6, como



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para los restantes objetivos, serán, lógicamente, adicionales ya a las
acordadas en el Consejo Europeo de Edimburgo, es decir, las perspectivas
financieras que aprobamos en Edimburgo. Les voy a dar algunas cifras. Las
ayudas regionales para los cuatro países candidatos ascenderán a 5.800
millones de ecus a precios de 1995 para el período 1995/1999. Esta suma
comprende las dotaciones para la región austriaca del Burgenland, a la
que antes he hecho referencia, la única que se incluye realmente dentro
del objetivo 1, a los objetivos 2 a 5-B y a los correspondientes al nuevo
objetivo que hemos llamado objetivo 6. A título de comparación, y para
que se hagan una idea, quizá baste con señalar que España va a recibir
durante ese período más de 30.000 millones de ecus con cargo a dichos
objetivos en los fondos estructurales.

Voy a pasar, señor Presidente, a darles una visión de lo que puede ser el
desarrollo presupuestario de una Comunidad ampliada. Les recordaré que
los 5.800 millones de ecus dedicados a la política estructural, que se
unen a los 3.500 que ya he dicho del paquete agrícola para el cuatrienio
1995/1999, no deben impedir que Austria, Suecia y Noruega --y de hecho no
lo impiden-- se conviertan en lo que son: en importantes contribuyentes
netos desde el primer momento de su adhesión. Esto es lo lógico porque se
trata de países con nivel de desarrollo económico alto y con una renta
«per capita» que, salvo en el caso de Finlandia, es superior ya a la
media comunitaria. Estas contribuciones netas al presupuesto comunitario,
según las estimaciones preliminares, serán, para el período 1995/1999,
del orden de 7.200 millones de ecus.

Para que SS. SS. tengan una idea aproximada de la magnitud de estas
cifras debe tenerse en cuenta que el saldo neto de España en el
presupuesto comunitario en 1992 fue de 411.000 millones de pesetas, es
decir, a precios actuales aproximadamente 2.750 millones de ecus.

En los próximos meses tendremos que decidir a qué fines se va a destinar
lo que pudiéramos llamar ese dinero fresco, ese dinero nuevo que llega al
presupuesto comunitario.

Un efecto positivo inmediato será el de llevar a la práctica algunas
acciones relevantes de la propia Unión que ya estaban aprobadas y que no
se habían podido ejecutar por falta de fondos. Esto es importante para la
Unión, pero también lo es para España. Por ejemplo, el incremento de la
línea directriz agrícola hará posible las reformas de las denominadas OCM
de productos mediterráneos que habíamos acordado --recuerden señorías que
tuve ocasión de explicárselo en las negociaciones del GATT--, o el propio
plan de reforestación, que será una de las contrapartidas de ese plan,
por sólo mencionar dos sectores específicos de los que debe beneficiarse
directamente nuestro país.

Pero puesto que estoy aludiendo al presupuesto, permítanme señorías, que
cite dos ejemplos más que deben beneficiar directamente a España. En
primer lugar, se ha aprobado el presupuesto de la contribución de estos
cuatro países al mecanismo financiero del espacio económico europeo. Con
ello nos aseguramos que estas cantidades siguen plenamente disponibles
para los países beneficiarios, entre ellos España; para nosotros
representa aproximadamente 40.000 millones de pesetas cada año. En
segundo lugar, tendremos que establecer también las contribuciones de los
nuevos estados al Fondo Europeo de Desarrollo. El porcentaje alto que
estos países destinan a la ayuda al desarrollo contribuirá, sin duda, a
reducir proporcionalmente las aportaciones de otros a dicho Fondo, lo que
puede dar un margen de maniobra mayor a nuestros planes de cooperación
bilateral.

Señor Presidente, unas palabras también sobre los nuevos capítulos del
tratado. Como estoy seguro que SS. SS. saben, los cuatro países
candidatos aceptaron ya el pasado mes de diciembre, sin reservas, el
acervo íntegro del Tratado de la Unión Europea.

En el ámbito de la política exterior y de seguridad común, el acervo,
como saben, comprende no sólo el de la antigua cooperación política
europea, sino también los principios y los objetivos políticos del
Tratado, entendiéndose que en la fecha de la adhesión el marco jurídico
de los Estados sería compatible con ese acervo comunitario en materia de
pesca.

Señor Presidente, señorías, deseo detenerme, por último, sobre dos puntos
que entiendo especialmente importantes para nuestro país en esta
negociación: me refiero al tema de la pesca y a las cuestiones
institucionales.

Respecto a la pesca, a lo largo de las últimas semanas todos hemos
hablado mucho de la misma y del proceso de negociación. Para España se
trataba, en efecto, de un capítulo importante, singular, el de la
política común pesquera. España, como SS. SS. saben, tiene la flota
pesquera y el mercado más importante de la Unión, y estábamos negociando
fundamentalmente con un país pesquero, en este caso Noruega, también muy
importante en la Comunidad o en la futura Comunidad.

Nuestros intereses en este asunto son variados, pero sintéticamente se
pueden reducir a tres, que son los más importantes. En primer lugar, la
defensa del acervo comunitario, evitando, como consecuencia de la
ampliación, una marcha atrás o un retraso en el desarrollo de la política
común pesquera debido a las peticiones de Noruega; en segundo lugar, el
incremento de las posibilidades de pesca para nuestra flota y la
recuperación de lo que denominábamos la presencia histórica en aguas de
Noruega, y, en tercer lugar, acelerar la plena incorporación de España a
la política común de pesca. Creemos, señor Presidente, que los resultados
obtenidos en la negociación son satisfactorios en estos tres ámbitos,
pero vayamos por partes para analizarlos.

El acervo comunitario no sufre merma alguna como consecuencia de esta
ampliación y tampoco se pone en peligro su desarrollo. Se ha concedido,
como saben SS. SS., un período transitorio de tres años y medio a
Noruega, durante el que podrá mantener su actual sistema de gestión de
los recursos --SS. SS. conocen los recursos al norte del paralelo 62--,
sistema que, hay que decir de paso, se ha mostrado realmente eficaz. Los
noruegos, con una experiencia pesquera grande, han gestionado esos
recursos bien. Pero a partir de 1998 será la propia Unión Europea quien
administre estas aguas y quien negocie con



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Rusia el establecimiento anual del denominado TAC, que es la cantidad de
capturas anuales de bacalao ártico.

También prevalece el acervo comunitario para la liberalización completa
de las inversiones en el sector pesquero en Noruega después de un período
transitorio de tres años. Recordaré a SS. SS. que en el marco del espacio
económico europeo Noruega había obtenido una derogación permanente en
este campo. Con la adhesión, a partir de 1998, las empresas españolas
podrán invertir libremente en el sector pesquero noruego y obtener
recursos a través de empresas mixtas, como actualmente se hace en las
aguas del Reino Unido.

En cuanto a los recursos, el compromiso final, a nuestro juicio, es
razonable, teniendo en cuenta las posiciones de partida iniciales y
teniendo en cuenta la negociación que ya habíamos llevado, con relación a
Noruega, en lo que al Espacio Económico Europeo se refiere. Recordaré,
señorías, que la posición noruega de «ni un pescado más» ha pasado a la
consecución de cuotas adicionales que incrementan, de manera sustancial,
las ya obtenidas en el marco del Espacio Económico Europeo. España
recupera así una presencia histórica en aguas noruegas, de las que a
nuestro juicio fue injustamente expulsado en el año 1981, ya que las
cantidades adicionales obtenidas de bacalao equivalen aproximadamente a
la cuota que España tenía en dichas aguas de Noruega entre 1977 y 1981.

Pero, además, señor Presidente, con motivo de esta negociación España ha
conseguido el compromiso del Consejo y de la Comisión de obtener 4.000
toneladas adicionales de bacalao equivalente en aguas de terceros países,
posiblemente en Rusia o en Groenlandia. Finalmente, hemos obtenido otras
500 toneladas de bacalao en la zona 13-M del NAFO, la zona del mar que
está controlada en este momento por Canadá; hemos obtenido la garantía
jurídica de nuestra importante cuota de bacalao en esa zona (500
toneladas), mas, como les decía, la garantía jurídica de la cuota de
bacalao en aguas de Svalbard, que se va a mantener tras la entrada de
Noruega en la Unión, y de otras 500 toneladas de capturas accesorias. Por
tanto, tres o cuatro cuestiones que nos parecen de enorme importancia,
sobre todo para el sector pesquero español.

La cuota adicional obtenida por España en el marco del Espacio Económico
Europeo, lógicamente, señorías, se consolida también a nivel de Derecho
primario.

En definitiva, para exponer gráficamente lo que nos va a ocurrir, si el
año pasado nuestra flota bacaladera sólo tenía acceso a 8.500 toneladas
de bacalao en el Artico, el año próximo podrá capturar algo más de 21.800
toneladas.

Sin embargo, señor presidente, quizá lo más importante para España, en el
marco de las negociaciones de pesca, ha sido el compromiso político del
Consejo y de la Comisión para proceder a la integración plena de España
en el régimen general de la política común de pesca, y muy posiblemente
en la mañana de hoy en el Consejo de Pesca, que se debe estar celebrando
ya a estas horas, se pueda dar algún avance concreto, específico al
respecto.

Como saben, el Consejo se compromete a adoptar, antes del 1 de enero de
1995, las nuevas medidas reguladoras de las condiciones de acceso a las
aguas y los recursos aplicables a todos los Estados miembros que permitan
la plena integración de España y Portugal en la política común pesquera.

Esas nuevas medidas deberán entrar en vigor antes del 1 de enero de 1996,
adelantando, de esta manera, en siete años el final del período
transitorio establecido para España en nuestra Acta de Adhesión.

Sobre este particular, señor Presidente, debo decir que se trata de una
cuestión de gran importancia para nosotros en términos políticos y en
términos económicos y sociales, y cuyo alcance y desarrollo práctico
tendrán que valorar estas Cortes en el momento de dar su visto bueno
definitivo al procedimiento de ratificación del Acta de Adhesión.

En resumen, señor Presidente, señorías, creo que el compromiso negociado
finalmente en esta materia refleja un equilibrio razonable y beneficia a
los intereses de nuestro país, se ha respetado plenamente el acervo
comunitario, se ha eliminado la amenaza de una renacionalización de la
política pesquera común, hemos obtenido cuotas adicionales en aguas
noruegas y de terceros países y hemos conseguido ese compromiso político
para la integración plena de España en el régimen general de la política
común de pesca siete años antes de lo previsto en el Acta de Adhesión.

Por tanto, señorías, creemos que en el aspecto de la pesca, como ha sido
reconocido por tantas personas e instituciones en los últimos días, hemos
realizado una negociación razonable.

Y paso, finalmente, a las cuestiones de carácter institucional. Como SS.

SS. conocen, el capítulo institucional ha sido, quizá, el más complejo,
el más difícil de resolver en esas negociaciones de adhesión. La entrada
de nuevos Estados miembros requería, sin duda, adaptaciones
institucionales, y algunos miembros destacadísimos de esta Comisión lo
conocen bien, ya que han sido portavoces en foros internacionales de esta
cuestión.

En el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado en diciembre del año pasado,
se adoptaron varias decisiones en este ámbito. Recordarán SS. SS. que se
modificó el orden de rotación de las presidencias para hacerlo más
representativo, y el acuerdo que se tomó fue que, tras la presidencia
española, a partir del segundo semestre de 1995, la rotación de las
presidencias se hiciera de manera que hubiera siempre en la troika de la
PESC un país que pudiéramos denominar más poblado, más grande, un país
pequeño y un país nuevo, de forma tal que las troikas fueran
equilibradas; por tanto, se hizo, no una traslación de lo que hubiera
sido una ampliación aplicando estrictamente características mecánicas a
la misma, sino que se trató de tomar algunas decisiones que permitieran
que dichas troikas de la política, sobre todo para la política exterior
de seguridad común, fueran más eficaces, y se concedió también, por
ejemplo, un comisario a cada nuevo Estado miembro, o un juez en el
Tribunal de Justicia. Sobre estas dos cuestiones, en una se produjo una
trasposición mecánica en cuanto al número de comisarios, pero no se hizo
así en lo que hace referencia a la rotación de las presidencias.

Sin embargo, como recordarán también SS. SS., no se pudo entonces adoptar
(estoy hablando de Bruselas) una solución para el problema del voto por
mayoría cualificada



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en el Consejo, sin duda uno de los temas institucionales más importantes
de esta negociación. La simple trasposición mecánica del procedimiento de
decisión a doce conduce a que la mayoría cualificada, en el caso de la
adhesión de Austria y Suecia, con cuatro votos (repito, cuatro votos), y
de Finlandia y Noruega, con tres votos, se establezca en 64 votos, que
corresponden aproximadamente al 71 por ciento de los 90 votos con que
contaría en ese caso el Consejo, formado ya por 16 miembros. Como
consecuencia de esta trasposición, la minoría de bloqueo se establecería
en 27 votos, en lugar de los 23 que existen actualmente en una Comunidad
a doce.

Como saben SS. SS., España aceptó desde el primer momento establecer,
como norma general, la minoría de bloqueo en 27 votos, y ello por razones
claramente comprensibles de eficacia en la toma de decisiones, pero
solicitó asimismo que, por razones varias, por razones de legitimidad
democrática y de representatividad, también pudieran bloquear tres
Estados miembros que, por sí solos, representasen al menos 23 votos. De
este modo pensábamos que se aseguraba el mantenimiento de los grandes
equilibrios políticos, económicos y sociales de una Unión ampliada a 16,
pues no hay ninguna combinación de tres Estados (y me gustaría subrayar
esto: de tres Estados) que sumen 23 votos que representen menos de cien
millones de ciudadanos comunitarios. Es decir, la combinación de tres
Estados para que sumen 23 votos se mueve entre 100 millones de ciudadanos
comunitarios, como mínimo, y 150 ó 150 y tantos millones, como máximo, en
el caso de que entre esos tres Estados esté la Alemania reunificada ya,
con 80 millones.

Por ello, nuestra posición en la negociación fue la de defender una
minoría de 27 votos, como norma general, salvo que se opusieran en una
decisión del Consejo tres Estados miembros que por sí solos reunieran, al
menos, 23 votos. Con esa fórmula se preveían dos minorías de bloqueo
alternativas que, a nuestro juicio, garantizaban perfectamente la
eficacia en la toma de decisiones y la legitimidad democrática, por
cuanto se evitaba que esa toma de decisiones fuera en contra o en ella
quedaran minorizados aproximadamente un tercio de la población
comunitaria. Como saben SS. SS., el propio Parlamento Europeo, en los
últimos dictámenes que ha realizado, entiende que cualquier reforma
institucional que se produzca en el futuro debe contemplar estos
aspectos. Lo que sí es cierto es que se ha optado por una ampliación en
la que no se realice previamente el proceso total de reformas
institucionales.

Con nuestra fórmula entendemos que se preveía el salvaguardar, de una
parte, la eficacia en la toma de decisiones (no somos de los países que
queremos arrastrar los pies en la toma de decisiones, sino al contrario,
creemos que esa Comunidad integrada podrá funcionar con eficacia), pero a
la vez que haya la posibilidad de no dejar en minoría a un porcentaje,
que puede ser superior al tercio, de la población comunitaria.

La negociación ha sido larga, quizá la más larga de todas. Ha habido un
buen número de consejos de asuntos generales, formales, informales; un
buen número de reuniones bilaterales, reuniones con la troika, reuniones
a cinco, reuniones de todo tipo, algunas restringidas, otras en plenario.

Pero finalmente, en el curso de la reunión informal de Ministros de
Asuntos Exteriores celebrada en Grecia, en Janina, el pasado día 27 de
marzo, alcanzamos una fórmula de compromiso que fue aprobada por el
procedimiento escrito el día 30 de marzo. De ese modo se pudo celebrar en
ese mismo día, el 30 de marzo, la última reunión para concluir las
negociaciones con los países candidatos.

Desde mi punto de vista, el acuerdo, que considero satisfactorio en
nombre del Gobierno para los intereses de nuestro país, establece que en
la hipótesis de que los cuatro candidatos se adhieran a la Unión
(insisto, los cuatro; puede ser que tras sus «referenda» nacionales,
alguno de ellos no lo apruebe, no lo deseamos, pero puede ser), la
mayoría cualificada requerida para los tratados quedará fijada en 64
votos. Pero, a su vez, el Consejo adopta una decisión por la que, en el
caso de que miembros del Consejo que reúnan de 23 a 26 votos e indiquen
su intención de oponerse a la adopción por el Consejo (estoy leyendo
textualmente) de una decisión por mayoría cualificada, el Consejo,
repito, hará todo lo que esté a su alcance para conseguir una solución
satisfactoria que pueda adoptarse por 68 votos, como mínimo, dentro de un
plazo razonable y sin menoscabo de los plazos establecidos por los
tratados y por el Derecho derivado.

Por tanto, el equilibrio que encontramos es el que básicamente andábamos
buscando: una minoría de bloqueo que permitiera la eficacia en la toma de
decisiones, con 27 votos, y un trato particular, un trato excepcional en
tanto en cuanto no se celebra la Conferencia Intergubernamental de 1996,
un trato particular, decía, en el caso de que la minoría de bloqueo se
constituya por países que al menos configuran 23 a 26 votos. Reitero que
hasta que no se lleve a efecto dicha Conferencia ésta será la situación
normal de funcionamiento de la Comunidad.

Se pretende (y es algo que también se ha conseguido en la reunión de
Janina), mediante el nombramiento de unos delegados personales de los
Ministros de Asuntos Exteriores, que a partir del 1 de julio de 1995, es
decir, a partir de la entrada en vigor de la presidencia española de la
Comunidad, trabajen sobre la reforma institucional que debe realizarse,
de manera tal que estos problemas que España planteó sobre la mesa, y que
muchos otros países comparten (por no decir casi la totalidad),
encuentren su solución de forma definitiva a partir de la finalización de
la Conferencia Intergubernamental de 1996. Este compromiso se recogerá,
como ya he dicho, en una declaración formal de los doce Estados miembros
(ya está recogida), y también una declaración formal de los cuatro
candidatos aceptando este planteamiento que se inscribirá en el acta de
la conferencia de negociación, y el párrafo que acabo de leerles, casi
textual, se publicará como decisión del Consejo en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.

Creo, señor Presidente, que lo reciente del debate y de las negociaciones
me ahorran en este momento mayores comentarios. Con gusto en la réplica
les haré mayores precisiones, si es que SS. SS. las desean, aunque creo
que conocen bien el desarrollo, tanto temporal como de fondo, de lo que
han significado estas negociaciones.




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Paso, señor Presidente, para no quitarles más tiempo en esta primera
intervención, a la conclusión.

Una vez cerrado el capítulo institucional, la entrada en vigor del
Tratado de Adhesión se puede producir, como estaba previsto, el 1 de
enero de 1995. Recordarán que esta decisión se fue tomando en los
Consejos Europeos, primero de Lisboa y posteriormente de Bruselas, donde
esperamos que se termine creo que esta misma mañana (la mañana en que
estamos hablando), la redacción del Tratado de Adhesión, transformando
los acuerdos políticos a los que hemos llegado en textos jurídicos y que
puedan estar a disposición del Parlamento Europeo en las próximas horas.

De esta forma entiendo que el Parlamento Europeo podrá emitir el
preceptivo dictamen sobre la ampliación en la última sesión plenaria de
la primera semana de mayo. Así lo esperamos y así lo deseamos. Si así es,
y el Parlamento emite su dictamen favorable, después habrá que conocer el
resultado de los «referenda» que se deban producir en los cuatro países
candidatos. Como saben SS. SS., ya hay fechas fijadas por parte de los
cuatro países para celebrar sus «referenda». El primero coincide con las
elecciones al Parlamento Europeo, que es el de Austria, y creo recordar
que el último será el de Noruega.

Deben saber SS. SS. ya en este momento que las opiniones públicas de
estos cuatro países atraviesan por momentos de una cierta fluidez. Las
posiciones de esa opinión pública son relativamente optimistas, de
acuerdo con los resultados de los sondeos que se tienen, en los casos de
Austria y Finlandia, y ciertamente son algo menos alentadoras en Suecia y
Noruega. El calendario para estas consultas populares, como ya les he
dicho, será el 12 de junio en Austria, que será el primero, coincidiendo
además con las elecciones europeas; Finlandia lo hará el 18 de
septiembre, y se discute si podría celebrarse también coincidiendo con el
de Suecia, que tendrá lugar el 13 de noviembre. Como saben SS. SS., el
Gobierno de Noruega no ha tomado todavía una decisión sobre la fecha.

Me queda, por último, señor Presidente, recordar que la firma del Tratado
de Adhesión tendrá lugar en cuanto se reciba el dictamen conforme del
Parlamento Europeo, que esperamos que sea a mediados del mes de mayo. A
partir de ese momento podrán iniciarse los trámites necesarios para que
todos los gobiernos puedan remitir dicho Tratado a sus parlamentos
respectivos, a fin de obtener la oportuna autorización de ratificación.

Señor Presidente, quiero concluir con una brevísima reflexión final. A
veces, señorías, se presentan a la opinión pública las negociaciones en
la Comunidad como una lucha de intereses en la que se trata de encontrar
quiénes son los vencedores y quiénes son los vencidos, cuando,
lógicamente, todos los que estamos aquí creemos que lo importante es el
éxito de la construcción comunitaria. Y el éxito fundamental de la
construcción comunitaria es haber preservado la paz en Europa, es decir,
haber evitado que en el solar europeo haya vencedores y vencidos. Lo que
tratamos de hacer es construir una casa común entre todos, donde todos
queremos seguir viviendo de manera confortable. Nuestra participación
activa en Europa no persigue, por tanto, nada más que contribuir a esa
causa común, defendiendo los intereses de nuestro país. España confía en
la ratificación de ese tratado de ampliación para los dieciséis miembros,
es decir, que cuatro miembros más se incorporen a ella.

Nos espera, señor Presidente, señorías, una tarea que entiendo que es
apasionante, una tarea de trabajo en común para construir y seguir
trabajando por los valores fundamentales de la paz y de la prosperidad de
todos nuestros ciudadanos. Repito que ése es el ánimo con el que hemos
ido a estas negociaciones y es el ánimo con el que venimos también a
comparecer ante la representación soberana de las Cortes Españolas.




El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra a los grupos que lo soliciten,
pero comienzo con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que ha sido el
que ha solicitado la comparecencia.

Señor Homs, tiene la palabra.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy a intervenir brevemente,
puesto que hemos resuelto levantar la sesión a las diez y media, para que
puedan intervenir todos los demás grupos.

Señor Ministro, quisiera transmitirle la coincidencia de nuestro Grupo en
esas conclusiones generales en torno al proceso de la ampliación. Siempre
hemos sido un grupo político, un grupo parlamentario partidario de
afrontar esa ampliación que ahora parece que se va a consumar a nivel de
cuatro países de la EFTA que se integran en la Comunidad Europea. Por
tanto, por razones políticas, por razones de interés en el proceso de
construcción de la Unión Europea, también por razones de implicación
económica en toda la construcción de la Unión Económica que se está
realizando en el ámbito europeo y también, por qué no decirlo, por los
aspectos positivos que tiene esta ampliación para nuestro país en
concreto, creo que la misma puede aceptarse como válida y como muy
positiva desde lo que son nuestras posiciones y nuestros intereses.

Señor Ministro, creo que, en todo lo relativo a los aspectos económicos
de esta ampliación, no tengo más que coincidir con lo que usted ha dicho,
porque tiene consecuencias económicas para nuestra situación y para
nuestra realidad económica. Quizás las incertidumbres están más en la
dimensión política; yo diría, como usted ha explicado muy correctamente,
en toda la dimensión institucional que abriría esta ampliación de cuatro
miembros más. Pero no deseo tampoco extenderme. Coincido en que esta
solución transitoria que se ha adoptado, esta solución mixta y periódica
hasta el año 1996, abriendo esa posibilidad de incertidumbre en ese
período transitorio, es una solución para poder, cuando menos, cerrar el
acuerdo y poder ir a una revisión más profunda en la conferencia
intergubernamental.

Mi pregunta sería la siguiente. En este período que vamos a administrar
hasta el año 1996, ¿cree usted, señor Ministro, que podríamos tener,
desde lo que son nuestras posiciones y desde lo que son intereses
españoles, algún riesgo de que, en esta composición que se ha hecho ahora
del ejercicio del voto cualificado, en la Unión Europea pudiera operarse
alguna minoría de bloqueo contraria a



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nuestros intereses? Es decir, ¿podemos esperar que haya una cierta
incertidumbre que se pueda gestar en ese período hasta 1996, algunas,
digamos, coincidencias de determinados países de la Unión que pudieran
alterar o perjudicar en algún punto lo que son los intereses de España?
Creo que valdría la pena clarificar esta cuestión, porque si este riesgo
no existe y si no hay tal incertidumbre, yo diría incluso que esa fórmula
transitoria que se ha aprobado podríamos darla por buena.

En síntesis, en cuanto a la ampliación, quería decirle que nuestro Grupo
Parlamentario, llegado el caso, podría votar favorablemente el dictamen
de la ampliación y la podríamos valorar en muchos aspectos sobre los que
ahora no tengo tiempo de extenderme, pero en todo caso la incertidumbre
política que abre la ampliación con ese período transitorio es el único
aspecto sobre el que yo quisiera que usted se extendiera un poquito más.

Hay otra cuestión, pero ya es una cuestión más difícil de determinar, que
es ese riesgo que plantea este proceso de ampliación en cuanto a
desplazar el centro político o el centro de atracción de la Unión
Europea; ese riesgo de desplazar los intereses que, dentro de la Unión,
pueden tener los países del arco mediterráneo a una Unión con una
preponderancia mayor en lo que puede ser la preservación de los intereses
de los países más nórdicos, del centro y norte de Europa. Esta es una
discusión hoy planteada. Sin duda, es cierto que esta ampliación desplaza
ese centro de atracción, y creo que deberíamos reflexionar sobre cómo se
podría, en el futuro, compensar, vigilar o incidir en que esa perspectiva
de desplazamiento no se materialice; pero ésta es, en todo caso, una
discusión política y hay que ver cómo se desarrolla en el futuro la
ampliación.

En cuanto a esta cuestión de la ampliación, yo también quería
preguntarle: ¿Hemos de prever que se abre un período de cierta
estabilidad en estos momentos en Europa? ¿Es que esa Unión a dieciséis va
a abrir un período, a su entender, de una cierta estabilidad en cuanto a
la incorporación de nuevos países, o estamos en un proceso sin duda
dinámico, pero que a muy corto plazo vamos a abrir otra vez el proceso de
ampliación? ¿Es que hay perspectivas a muy corto plazo de volver a abrir
la ampliación de la Unión Europea, o podemos prever una cierta, digamos,
estabilización de esa dinámica de ampliación? Yo creo que Europa la
necesita. Yo creo que la discusión entre si la ampliación está dándole
excesivo protagonismo a una estrategia política que está mermando el
proceso de consolidación está provocando algunas incertidumbres, y
algunas posiciones políticas postulan que hay que priorizar más todo lo
relativo a la consolidación que no todo lo relativo a la ampliación. Por
tanto, a su juicio, ¿entramos en un proceso de ampliación constante, a
corto plazo, con otros países, o vamos a abrir un período de estabilidad
en el que podemos trabajar en la consolidación de las instituciones
europeas?
Señor Ministro, puesto que nuestra solicitud se gestó a raíz de la
comparecencia del Presidente González en esta Cámara con motivo del
Consejo Europeo de Bruselas el 14 de diciembre y han transcurrido tres
meses desde entonces, esta comparecencia ha quedado un poco desfasada, y
por eso hemos aceptado extenderla a esta cuestión de la ampliación, que
tiene mucho más interés y novedad en estos momentos. Yo quisiera
aprovechar esta ocasión para trasladarle algunos de los puntos en los que
tenía interés mi Grupo al pedirle su comparecencia.

En primer lugar, en presencia del Presidente González en la Cámara se
apuntó que, como consecuencia del Consejo Europeo de Bruselas, los
Estados miembros adquirían unas obligaciones que tenían que consumir a lo
largo del año 1994 y que estas obligaciones tenían tres ámbitos. Uno era
la dimensión económica, y en el marco del libro blanco se les exigía a
los Estados miembros que concretaran unas políticas económicas que
pudieran incidir en el objetivo que tenía el Consejo de combatir el paro
de Europa. Esta dimensión de las actuaciones y de los planes de acción
que tiene que desarrollar el Gobierno español, que habría que presentar
ante el Consejo Europeo para que pudiera, digamos, valorarlos y conocer
su incidencia en la situación de la economía en Europa, es uno de los
puntos que interesan a mi Grupo Parlamentario, pero ya fue tratado, como
ha indicado el señor Presidente, en la comparecencia del Secretario de
Estado de Economía.

No obstante, debería usted saber que en las conclusiones de la
Presidencia del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 1993,
se acordó que los planes de actuación de los Estados miembros se
presentarían a la Comunidad y el Consejo Europeo haría sus
correspondientes valoraciones. Deberían ustedes tener esto en cuenta,
puesto que en España estamos adoptando muchas medidas en estos momentos
de revisión de la política económica y quizás sería interesante que, al
final del ejercicio de 1994, pudiéramos transmitir a la Comunidad todas
las novedades y actuaciones que España ha adoptado en el campo de la
política económica.

El segundo ámbito que nosotros planteábamos era el relativo a los
compromisos que se adoptaron en aquel Consejo en cuanto a la
subsidiariedad y a la transposición de la normativa comunitaria al
Derecho interno. Yo quisiera pedirle en este punto si hay alguna cuestión
sobre la que nos pueda informar en cuanto a la transposición de la
normativa comunitaria a nuestro Derecho, sobre lo que queda en estos
momentos o sobre algún aspecto prioritario a aplicar que tengan ustedes
en funcionamiento en estos momentos o las propuestas del Gobierno español
para la aplicación del principio de subsidiariedad. Este es un compromiso
de las conclusiones de la Presidencia del Consejo, que dice que en
diciembre de 1994 emitirá un informe valorativo a raíz de las propuestas
y sugerencias que hagan los Estados miembros. Quería preguntarle si el
Gobierno español está elaborando estas consideraciones.

La tercera cuestión que exponíamos se refería a las exigencias que en el
Consejo de Bruselas se aprobaron en cuanto a los programas de inversión,
es decir, cada Estado miembro debería plantear a la Unión cuáles serían
sus prioridades en cuanto a las redes transeuropeas de energía, de
transporte y medio ambiente. Nos gustaría saber si eso se ha propuesto y
si se ha dado a conocer, por lo que tendríamos interés en conocer cuál es
la posición del Gobierno español. El señor Presidente ha indicado que
para



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dar respuesta a estas cuestiones, vendrá el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, señor Borrell. En el segundo punto, quizás
usted podría decirnos cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo
el Gobierno en cuanto a esta transposición normativa y a la aplicación
del principio de subsidiariedad.

Por último, querría agradecer al señor Ministro su comparecencia en esta
Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, en aras de la brevedad,
quería decirle al señor Ministro, como reflexión, que Coalición Canaria,
desde el punto de vista de la peculiar situación de Canarias, como bien
conoce el señor Ministro, dentro del Tratado de Adhesión, con sus
peculiaridades económicas y fiscales, ve esto con una valoración
positiva. Entendemos que la influencia que puede tener Europa en los
foros internacionales, con este aumento se ve fortalecida. Esperemos que
ese valor de influencia se mantenga, señor Ministro, una vez que se
despeje la incógnita de los «referenda» a la que se va a ver sometidos,
porque, si no, esa influencia no sería la deseable. Por tanto, partimos
del principio de desear (esto, en verdad, es nada más una declaración de
buenas intenciones) que los «referenda» en esos cuatro países sean
positivos, y después haré una pregunta al respecto.

Paso seguidamente a exponer tres consideraciones. Señor Ministro, la
ampliación de la Unión Europea se está haciendo por el norte/este. Esto
significa que en el mapa de las repercusiones para España, nosotros
estamos situados en el otro extremo, en el extremo oeste. Esa ampliación
norte/este va a significar --usted ha citado las ventajas para el aumento
de las exportaciones hortofrutícolas-- que si no hay por parte de la
Unión Europea o de España unas compensaciones a las tarifas de los fletes
y de transportes, esos mercados son los más lejanos para los productos
hortofrutícolas españoles y, por tanto, flete marítimo, flete aéreo o
flete transporte, en camión por carretera o de ferrocarril, van a
encarecer la competitividad de los productos españoles si no hay una
política de compensación al transporte.

La segunda pregunta que le hago es la siguiente. En caso de que esas
reticencias, que usted ha dicho que se están dando en este momento de
cara al «referendum», en la opinión pública de Suecia y de Noruega; si en
uno de estos países el «referendum» --después de que se haya pronunciado
a su favor el Parlamento europeo y los Parlamentos nacionales, como
parece que es el ánimo y nuestro voto va a ir en esa línea de apoyo-- se
produjera un resultado negativo, ¿tienen ustedes previsto en una reunión,
sin esperar a la intergubernamental, hacer una especie de traje a la
medida o de carta, como a Dinamarca, buscar una solución para no perder
ese socio en la Unión Europea y dar las exenciones que obtuvo Dinamarca
entre el primer «referendum» negativo y el que se consiguió que fuera
después positivo?
Mi tercera y última pregunta sería: ¿El Ministro podría explicitar
--porque lo ha hecho bien y lo compartimos--, en la postura de España
sobre las minorías de bloqueo, qué grado político, con respecto a las
instituciones, tiene con la postura británica? Porque se confundió ante
la opinión pública la posición española con la británica y viceversa,
diciéndose incluso que había intereses totalmente distintos en el
planteamiento que sobre la minoría de bloqueo hacían los británicos con
el que tenía España.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Rupérez.




El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señor Ministro, quiero darle
las gracias por su presencia y por su detallada exposición.

No es ésta la única ocasión en la que vamos a hablar sobre la ampliación,
y no es ésta la única ocasión en la que vamos a hablar sobre los efectos
de la negociación; de manera que nuestra intervención, en este caso, va a
ser bastante preliminar. Inicialmente, quería decir algunas cosas que nos
parecen importantes.

Primero, nosotros estamos a favor de la ampliación y votaremos
favorablemente en el momento en que ese Tratado sobre la ampliación
comparezca en esta Cámara. Tenemos alguna duda sobre el momento en que va
a comparecer --dicho sea de paso-- y, quizá, pudiéramos obtener alguna
clarificación mutua al respecto, porque, si los tiempos no se respetan,
puede llegar a ser bastante complicado el hecho de que antes del final
del presente año --por lo que a nosotros nos afecta y seguramente también
a otras cámaras nacionales-- esté finalizado el proceso de ratificación,
y tendríamos que irlo pensando a los efectos correspondientes. En
cualquier caso, no seremos nosotros los que impidamos que el proceso de
ratificación se produzca de la forma más expedita posible.

Segundo, como bien sabe el señor Ministro, nosotros, en este trámite,
hemos ayudado y apoyado de una manera consistente y sin fisuras al
Gobierno, porque nos parecía importante que en una negociación tan
significativa, el Gobierno pudiera contar con los sectores más
representativos de la vida política nacional. Así lo hemos hecho y en
función de los méritos y de las circunstancias --naturalmente no puedo ni
quiero extender un cheque en blanco a todo lo que el Gobierno haga-- es
previsible que el Gobierno pueda seguir contando con un apoyo claro por
parte del Grupo Popular.

Es importante que vayamos reflexionando, no únicamente por el placer de
hacerlo, sobre eventos ya transcurridos o pasados, sino también para ir
clarificando lo que en el pasado ha sucedido y para ir imaginando lo que
en el futuro puede ocurrir.

El Gobierno, desde nuestro punto de vista, por una vez --y esperamos que
sí tenga precedente--, ha querido actuar de una manera contundente en la
defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea, en el marco de
la política comunitaria. Como sabe el señor Ministro, hemos sido nosotros
los que en varias ocasiones hemos criticado lo que hemos creído observar
como falta de contundencia



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en esos intereses. De manera que ésta ha sido una de las razones, si se
quiere, formal o ajena, en principio, a la misma sustancia de lo
negociado, por lo cual nosotros hemos creído que el Gobierno, en parte al
menos, hacía caso a las recomendaciones de este Grupo y,
consiguientemente, ha actuado de una manera más coherente y consistente
en la defensa de los intereses nacionales.

Pero cabe preguntarse también si la selección de los asuntos de fondo en
donde se ha producido esa actitud gubernamental eran los más adecuados
para manifestar esa defensa de los intereses nacionales. No voy a entrar
en cuáles hubieran podido ser los alternativos, pero sí quiero que
recordemos --lo hago no con efectos críticos, sino como reflexión-- cuál
ha sido la evolución de esa parte de la negociación que tenía que ver con
la postura española de cara a la ampliación.

Es evidente que, de las posturas inicialmente mantenidas por el Gobierno
a las posturas efectivamente obtenidas a través de la negociación, hay un
trecho relativamente importante. Todos sabemos que las posturas
negociadoras no son siempre --más bien tienden a ser todo lo contrario--
las que uno piensa obtener del contenido de la negociación, y por eso se
habla de las posturas que se mantienen a efectos de negociación. Pero yo
creo que el Gobierno ha fallado --incluso algunos representantes
gubernamentales lo han subrayado-- en el efecto comunicativo, porque no
todos en la ciudadanía española saben que ésos son los efectos de la
negociación y más bien tienden a tomar los planteamientos
gubernamentales, los planteamientos negociadores, a efectos puramente
faciales. Por eso hemos podido observar --y en su momento hablaremos con
más detalle-- que, por ejemplo, el sector pesquero español no parece
estar de acuerdo con las valoraciones, al menos relativamente optimistas,
cuando no abiertamente acríticas, que el Gobierno hace del resultado de
su negociación sobre el terreno de la negociación pesquera.

Hay otros sectores --también el Gobierno debe ser sensible a eso-- en los
que se ha planteado si España debería morir por unas toneladas más o
menos de bacalao. Es uno de los efectos políticos sobre los que también
tenemos que reflexionar --no lo digo únicamente por el Gobierno, sino por
todos-- para que sepamos dónde, cuándo y por qué España, en el sentido
más figurado pero también más noble de la palabra, debe morir por
cuestiones concretas.

En este momento el señor Ministro nos ofrece esas cifras olvidando un
poco cuáles fueron los requerimientos iniciales, las propuestas
maximalistas iniciales, que no parecen casar con lo efectivamente
obtenido, con independencia de que se pueda mantener --y a nosotros nos
parece bien-- que haya una recuperación de determinados derechos
históricos que en su momento se habían producido.

En segundo lugar, está el tema, por demás batallón, de la minoría de
bloqueo. Como recuerda el señor Ministro, nosotros también hemos apoyado
al Gobierno en ese tipo de posturas. Lo que es evidente es que el
resultado no tiene un carácter jurídicamente vinculante. Eso puede tener
importancia o puede no tenerla, en función de algunos aspectos que tengan
que ver con la defensa de los intereses españoles, pero no podemos decir
que el carácter máximo de las posturas que el Gobierno mantuvo al
principio haya sido acordado por el resto de los socios comunitarios. Hay
una decisión, que en el Fondo se traduce en una pendencia decisoria, en
un retraso decisorio. «Mutatis mutandis», con todos los respetos y el
máximo de los cariños a la segunda de las Cámaras de las que está formado
nuestro sistema, es comparable al efecto que puede jugar el Senado con
respecto a las decisiones que toma el Congreso de los Diputados, que en
el caso extremo es un efecto puramente retardatario de las decisiones de
la Cámara. Eso no es lo que el Gobierno pedía. El Gobierno pedía pura y
simplemente, duramente, una consideración de la minoría de bloqueo en los
veintitrés anteriormente.

Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta también --a nosotros nos
interesaría conocerlo, sin afán excesivamente crítico con respecto al
Gobierno-- alguno de los efectos, de los cristales relativamente rotos
que se han podido producir en el curso de la negociación. En primer
lugar, nos hemos visto asociados de una manera involuntaria a uno de los
países que tienen menos ímpetu, capacidad o voluntad integradora desde el
punto de vista comunitario o unionista, que es Gran Bretaña. No es que
nos preocupe esa compañía excesivamente. Por otras razones, tenemos
respeto a los planteamientos británicos, pero ciertamente no es lo que el
Gobierno español ha dicho que quería, no es el impulso que el Gobierno
español ha venido sistemáticamente manteniendo.

En segundo lugar, otros cristales rotos venían de una cierta aplicación
de la lógica de países que tradicionalmente habían sido no ya aliados,
sino más bien íntimos amigos de los planteamientos españoles. Me refiero
concretamente a la República Federal. Nosotros y yo mismo seremos los
primeros en condenar --así lo hemos hecho-- y manifestarnos radicalmente
críticos con todas las desmesuras que se han podido producir en el curso
de la negociación, sea por los alemanes, sea por los griegos. Pero qué
duda cabe que ha habido también algún malentendido, esperemos que
puramente coyuntural y temporal y que haya desaparecido como suelen
desaparecer, pero a lo mejor no desaparece y podemos quedar con una
cierta fama que no es precisamente la que nosotros querríamos mantener.

En tercer lugar --y el señor Homs, que me ha precedido en el uso de la
palabra, apuntaba algo de eso--, ¿el Gobierno prevé que en un momento
determinado, en concretas circunstancias, los intereses vitales de España
se puedan ver afectados, en qué terrenos, de manera que España se vea
obligada a utilizar esa minoría de bloqueo?
El tiempo pasa, no es éste el momento para hacerlo de una manera
detallada; cuando el Tratado comparezca en la Cámara tendremos ocasión de
examinar por lo menos su contenido, pero me parece importante que esos
aspectos, que son laterales pero enormemente relevantes y que tienen que
ver con la negociación, también sean recordados.

Finalizo con un dato concreto que quizá tenga en cuenta el señor
Ministro. Ayer mismo contemplábamos cómo la Comisión adelantaba el primer
borrador sobre la organización de mercado del vino. Nuestra primera
evaluación, sin haber tenido todavía mucho tiempo para examinar en
detalle cuál es esa organización, nos parece claramente



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negativa. Quizá éste sea uno de los momentos en que esa voluntad
nuevamente adquirida por el Gobierno español de defensa sin ningún tipo
de contemplaciones de los intereses españoles, se vea efectivamente
manifestada en un terreno concreto donde muchos millones de españoles
comprenden perfectamente que el Gobierno actuará en esa defensa sin
contemplaciones de sus intereses.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA COSTA: Muy brevemente, para mostrar nuestra coincidencia
con los planteamientos del Gobierno en esa negociación y para señalar
algunos de los aspectos que históricamente han preocupado al Grupo
Parlamentario Socialista respecto a esta ampliación.

Nosotros creemos que la ampliación debía atender básicamente a las
siguientes cuestiones: políticas, las derivadas de la aplicación plena
del Tratado de la Unión, incluyendo en ellas naturalmente el
reforzamiento de la idea de Europa y el conjunto del acervo comunitario;
los efectos que para España tenía esa ampliación, los económicos muy
especialmente y la posición española frente a otros países, que quedaba
reforzada ampliamente con su presencia dentro de la Unión Europea,
especialmente Magreb y Sudamérica; y una serie de políticas sectoriales,
además del capítulo institucional del que nosotros creíamos que se
podrían derivar para el futuro graves problemas para nuestro país, de no
estar éste cerrado adecuadamente.

Es verdad que nuestro Grupo hubiera deseado que antes de la ampliación se
resolviera todo el capítulo institucional, porque creíamos que era más
fácil negociar en una Comunidad a Doce el cierre de este capítulo que en
una Comunidad a Dieciséis y ya con unos contenidos claramente distintos
en orden a intereses económicos y al peso geográfico dentro de la Unión
Europea, pero es verdad también que el propio Tratado ya incluye la
previsión de una conferencia intergubernamental para 1996, que coincidirá
con la Presidencia española de la Unión y que, queriendo atender con
rapidez a la ampliación, hacía incompatibles estos dos objetivos.

Como vamos a tener ocasión de tratarlo en el futuro ampliamente, al tener
que refrendar estas Cámaras el Tratado de adhesión de estos cuatro
países, nos extenderemos más en todas y cada una de las materias, y hoy
simplemente vamos a plantear la duda del calendario. Nos parece realmente
difícil que, habiendo «referenda» nacionales hasta el 13 de noviembre,
permita a las Cámaras tramitarlo, porque no se puede tramitar antes de
saber a cuántos países se refiere la ampliación. Por tanto, plantea
problemas mecánicos y de tiempo que harían imposible que la entrada en
vigor de la unión de estos países fuera el 1 de enero de 1995.

No me resta más que agradecerle al Ministro su exposición, que ha sido
amplia, concisa, didáctica y que permite a esta Cámara seguir trabajando
en aspectos que quedan por despejar, y muy especialmente en la
conferencia intergubernamental de 1996, que nos parece del máximo interés
y en lo que esperamos la máxima colaboración, como hemos tenido siempre,
del Ministerio de Asuntos Exteriores, que nos puede ayudar a orientar
nuestros trabajos y contribuir así a que podamos reconducir todo el tema
institucional de la Comunidad a lo que sería, entendemos nosotros, más
lógico y más operativo.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): En la
brevedad de los cinco minutos que las circunstancias me dan nada más para
contestar, trataré de replicar a todos los portavoces, agradeciéndoles
las posiciones que han manifestado y la forma en que se han producido.

Creo que hemos avanzado hoy de una manera importante en analizar estos
temas y que no será la última vez que lo hagamos.

Al señor Homs, portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), le
agradezco sus palabras y su coincidencia con la posición gubernamental, y
le contestaré a las tres preguntas muy concretas que me ha formulado.

Primero, ¿podrá tener algún riesgo para España la situación? Creo que no.

Realmente el acuerdo de Janina garantiza de manera clara los intereses
generales de España en todos los aspectos que pueden acontecer de aquí
hasta el año 1996, o al año en que se termine la conferencia
intergubernamental.

Hemos analizado con gran detenimiento las posibles nuevas iniciativas de
carácter legislativo que pueden surgir de ahora hasta 1996 y los
elementos de carácter presupuestario que pueden estar sobre la mesa. Lo
que puede haber son decisiones concretas o específicas de otro rango, de
otro nivel jurídico, donde sí tengamos que utilizar el mecanismo de
bloqueo. Pero creo honestamente que ningún interés fundamental de España
será puesto en cuestión en el período que va desde ahora hasta la
finalización de la conferencia intergubernamental. Si así fuera, aunque
España ya ha dicho en múltiples ocasiones que no entra dentro de sus
principios la utilización normal del compromiso de Luxemburgo, siempre
está a nuestro alcance el poderlo usar. Pero no creo, sinceramente, que,
de aquí a 1996, con los calendarios y los temas que están previstos para
debate, tengamos dificultad alguna con el resultado de Janina.

Le diría muy brevemente que el problema de la minoría de bloqueo no es
tanto el bloqueo, como S. S. sabe bien, no es tanto bloquear una
decisión. Es mucho más importante impedir que no se tenga en cuenta una
posición de un determinado gobierno, de tres gobiernos o del número de
gobiernos que sumen el número de votos responsables por suficientes para
poder bloquear. Nunca España ha bloqueado una negociación. Prácticamente
no lo ha hecho casi ningún país. Lo que sí se hace en un proceso largo,
que se inicia en los comités iniciales hasta la llegada a los consejos de
ministros, es el que unos países que creen tener unos intereses que deben
ser tenidos en cuenta, mediante la utilización del mecanismo de bloqueo
fuerzan que se tengan en cuenta para llegar a pactos y a acuerdos, pero
no es que se trate de que en el último momento, en el último día,



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se tomen decisiones de bloqueo que práctica y afortunadamente en el
ámbito comunitario no se toman.

Segundo. ¿Se desplaza la Unión Europea hacia el norte o hacia el noreste?
Lógicamente, señoría, sí se desplaza. ¿Queremos o no queremos que Europa
sea más grande? Lo queremos. ¿Por qué razones lo queremos? Por dos
razones. Primero, por razones políticas: una Europa mayor tendrá más
peso, una Europa mayor será más el territorio de la paz, una Europa mayor
nos dará más seguridad, más equilibrio, etcétera. Segundo, desde el punto
de vista económico. En un mundo como en el que nos vamos adentrando una
Europa más fuerte, desde el punto de vista económico, podrá tener un peso
específico mayor en un contexto internacional en el que las relaciones
comerciales entre los distintos bloques o países pueden ser de mayor
importancia. Por tanto, sí queremos una Europa más fuerte, desde el punto
de vista político y desde el punto de vista económico. ¿Puede esa Europa
ampliarse hacia el sur? Difícilmente. Geográficamente, la Europa del sur
ya está incorporada a la Comunidad. Más al sur del punto más sur de
Europa, prácticamente no existe ningún país europeo. ¿Puede la Europa de
hoy ampliarse hacia el oeste? Tenemos el punto más oeste de Europa, que
es Lisboa, y más allá no hay nada más que el Océano Atlántico. Por tanto,
si queremos una Europa más fuerte políticamente y más fuerte
económicamente no nos queda más remedio que ampliarla hacia donde existe
Europa; Europa existe hacia el este; Europa existe en la dirección del
norte. Si queremos, como creo que queremos, una Europa más fuerte,
tenemos que ampliarla hacia donde existe el territorio al que queremos
aumentar.

¿Quiere esto decir que debemos olvidar nuestra componente mediterránea de
Europa? No. No solamente no debemos olvidarlo, sino que debe ser cada día
una prioridad más importante. Me ha dado gran tranquilidad y me ha
gustado el escuchar que entre las prioridades de la Presidencia alemana
estará de una parte lógicamente, como no podía ser de otra manera, las
relaciones con la Europa del Este y la Europa del Centro, pero, sin
ningún género de dudas también, ya ha hecho llegar a Francia y a España,
que serán las siguientes presidencias, que tenemos que coordinar de una
manera intensa desde ahora mismo nuestras políticas con el Mediterráneo.

No les oculto que las últimas noticias, incluso algunas de la mañana de
ayer sobre situaciones de mayor inestabilidad en algunos países de la
zona norte de Africa o sur del Mediterráneo, deben hacer reflexionar
seriamente a los países de Europa sobre sus responsabilidades en la
estabilidad en el Mediterráneo, es decir, en el flanco sur.

Tercera pregunta que me formulaba su señoría: ¿Se abrirá una etapa de
estabilidad con 16 o estaremos en un proceso dinámico de ampliaciones
futuras? Independientemente de cuál sea mi opinión (yo creo que tendremos
ocasión y debiéramos debatirlo en el ámbito de esta Comisión o en la
Comisión de Política Exterior de esta Cámara), entiendo que estamos en un
proceso dinámico. Como saben SS. SS., desde hace muy pocas fechas hay dos
países más que han solicitado su adhesión, más los cuatro que ya se han
adherido, más Malta, Chipre y Turquía que tienen ya la solicitud
presentada. Polonia y Hungría han presentado ya su deseo de incorporarse
a la Unión Europea. Estamos en un proceso dinámico que debe generar
equilibrios estables, que no genere equilibrios ni metaestables, ni
inestables; S. S. ya sabe bien que metaestable son equilibrios errónea o
engañosamente estables.

Hace luego S. S. tres preguntas concretas. Primera, sobre el desarrollo
del Consejo de Bruselas o de política económica en 1994. Antes de la
finalización del año tendremos que presentar nuestro nuevo aspecto
económico. Pretendemos hacerlo, si es posible, antes del verano. Segundo,
sobre la transposición de directivas debo decirle que somos el quinto
país en cuanto a transposición de directivas. Hay 191 directivas
transpuestas, quedan 35 pendientes, algunas muy importantes y tendremos
que hacerlo para no pasar nunca del quinto país en este momento. Sobre
los programas de inversión en redes, sabe S. S. que en la reunión de
Záppeion del fin de semana pasado, la informal de Ministros de Economía,
los dos comités que existen en este momento, el Christopher y el
Bangemann, han dado algo de información sobre temas de carácter económico
relativos al desarrollo del Libro Blanco y a infraestructuras. Algunas de
las noticias que han aparecido en los medios de comunicación quisiera
decirles que no se ajustan a la realidad. Hasta el Consejo Europeo de
Corfú no habrá ninguna decisión significativa al respecto. Con esto creo
que doy contestación a sus preocupaciones.

Paso a contestar al Diputado, señor Mardones, en nombre de la Coalición
Canaria, al que agradezco también sus valoraciones positivas. Respecto a
su pregunta de hacia dónde se amplía la Comunidad, creo que lo que acabo
de contestar al señor Homs le vale a S. S. también. Es verdad que algunos
precios se pueden encarecer por distancias. Le rogaría que hiciera el
escandallo de lo que es el coste de las exportaciones de las materias que
S. S. ha mencionado y verá cuánto pesan los fletes. Le rogaría que lo
hiciera porque si algo está pasando en este mundo es que el coste de
transporte afortunadamente, si queremos un mundo cada vez más global,
tiende a cero en los escandallos generales o tiende a disminuir. El
cambio que se ha producido en el coste del transporte de los años 1940
ahora en cualquier mercancía, cualquier producto, cualquier bien que se
quiera exportar, sabe S. S. que es algo de las características
fundamentales del mundo de hoy. Hoy son capaces de poner en el Puerto de
Nueva York en grandes buques, casi petroleros, agua de Perrier. Si no
fuera porque el coste de transporte tendiera a cero sería difícil que eso
se pudiera hacer. Por tanto, los costes de transporte van flexionando a
la baja, lógicamente, y aunque podamos ayudar no debiera ser ésa la
preocupación fundamental.

Si el «referéndum» fracasara habría soluciones, «a la danesa», entre
comillas. Yo creo que no. Una de las lecciones aprendidas es que el
acervo comunitario debe sostenerse. Uno de los compromisos adquiridos es
que esta ampliación debía hacerse con ese condicionamiento esencial y
previo: que el acervo comunitario debería respetarse en su totalidad.

Esto es lo que yo opino hoy. No somos el único país que debemos opinar
sobre esa cuestión, pero



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creo que ésa es la posición definitiva que la Comunidad Europea ha
tomado.

¿Hay relación entre las diferencias entre nuestra posición y la posición
británica? Hay relación en tanto en cuanto eran dos países, pero no los
únicos. Quisiera decirles a SS. SS. que la posición española es
compartida por un buen número de países. Lo que han entendido es que no
era quizás el momento oportuno para ellos para plantearla, por razones
que a algunas de SS. SS. no se les escapan; razones políticas, domésticas
o no domésticas que les dificultaba plantear algo en lo que creen y que
han estado defendiendo hasta el Consejo de Bruselas. Pero en lo que no
hay duda es que todos han reconocido con la posición española que es un
tema absolutamente inevitable de debate en 1996. Les recuerdo a SS. SS.

que entre los acuerdos del Consejo de Bruselas no figuraba en la
conferencia intergubernamental el tema de las minorías de bloqueo. Hoy sí
está. Está por el debate que modestamente España, creo que con buen
sentido, ha abierto. Había otras cuestiones de carácter institucional que
había que resolver y ahora, a partir de este debate, será también el de
la minoría de bloqueo. Gran Bretaña lógicamente quiere una minoría de
bloqueo de 23 puntos, de 23 para siempre, porque entiende que se encamina
mejor hacia su concepción europea, que es una concepción, como SS. SS.

saben, más de carácter intergubernamental que de integración europea como
la que España defiende.

Paso en esos breves minutos a contestar al Diputado, señor Rupérez. Le
agradezco mucho la intervención, el tono y el fondo, así como el apoyo
que han dado al Gobierno en esta negociación. Lo que sí quisiera decir es
que disiento de una de sus afirmaciones. En absoluto podría yo aceptar
que ésta es la primera vez que España defiende sus intereses en la Unión
Europea. España ha defendido siempre y en todo momento los intereses de
su país, los intereses nuestros, en sus negociaciones con la Unión
Europea. Lo hizo desde la negociación para su ingreso en la Unión
Europea, y lo ha hecho sistemáticamente desde ese momento. Ejemplos hay
«ad infinitum» para poner de manifiesto lo que acabo de afirmar: desde la
negociación en los fondos de cohesión, hasta las perspectivas de
Edimburgo, hasta la incorporación de la ciudadanía europea. Lo que sí es
verdad es que España es un país que tiene un modelo de Europa, es un
modelo de Europa consensuado fundamentalmente con todos los grupos
políticos, y ese modelo de Europa también lo tiene que defender. De lo
contrario, no haríamos un buen servicio ni tan siquiera a nuestros
propios intereses nacionales, porque debemos defender nuestros intereses
nacionales concatenados con un cierto modelo de Europa, y las dos cosas
son las que tenemos que hacer. Le agradezco su posición en cuanto al
apoyo o la comprensión en los momentos en que hemos negociado estas dos
cuestiones.

Se preguntaba el señor Rupérez --yo me lo pregunto también-- si debe uno
morir por el bacalao. No, no debe uno morir por el bacalao, lógicamente.

¿Debe uno morir por conseguir que haya un reconocimiento de un principio?
No sé si morir, o por lo menos morir colectivamente. Como es una decisión
que tendría que ser colectivamente adoptada, nos tendríamos que preguntar
antes si estábamos los dos dispuestos a morir por ello, no bastaría con
que uno de los dos lo hiciera. ¿Debe exigir por un principio? Creo que
sí. Pero vuelvo a insistir que en la Comunidad, desde nuestro punto de
vista, no se va a ganar o a perder. No es una batalla en campo abierto,
no es un partido de fútbol donde se gana 10 a cero; es un lugar donde
pretendemos seguir viviendo juntos. Por tanto, se trata de convencer; se
trata de aportar argumentos; se trata de, cuando se está minoría, sacar
el máximo rendimiento de la posición de los demás para poder seguir
construyendo un edificio que creemos que es bueno, y en el que nos
gustaría seguir viviendo. Por tanto, no se trata de ganar o perder, sino
de conseguir lo mejor para cada país y lo mejor compatible con un modelo
de Europa.

Sobre la minoría de bloqueo, aunque jurídicamente vinculante en el
sentido estricto --quizá se pueda argumentar que no lo es--, le puedo
decir, para ponérselo gráficamente, que tiene más valor que el compromiso
que la Unión Europea tiene con Dinamarca. Las especificidades que la
Unión Europea --entonces Comunidad Europea-- abrió a Dinamarca, desde el
punto de vista jurídico, tiene un valor menor que el compromiso que hemos
adquirido en Janina. Por tanto, tiene una solvencia grande el compromiso
adquirido.

Cristales rotos. En toda negociación afortunadamente hay cristales rotos,
de lo contrario no sería una negociación suficientemente intensa. Lo
importante es tener después buenos soldadores de cristales rotos --no sé
si los cristales rotos se sueldan o se pegan-- o utilizadores del
pegamento para conseguirlo. En la Comunidad, afortunadamente España ha
sido un país que tiene reputación (no solamente reputación, sino
realidad) de haber defendido, no sólo sus intereses, sino también una
cierta concepción de Europa. Nadie pone en cuestión que lo sigue
haciendo. Casi me atrevería a decir que no solamente no hay cristales
rotos después de esta negociación, sino que hay cristales más sólidos y,
por tanto, más difíciles de romper en el futuro. Creo que España en esta
negociación no ha perdido ni un solo punto en su valoración por parte de
los demás socios, sino que los ha ganado. Es una valoración personal, por
tanto subjetiva, pero espero que el tiempo me dé la razón.

Respecto a si algún interés fundamental de España puede estar en peligro
o en riesgo, creo que he contestado. Reitero lo argumentado al Diputado
señor Homs. Y no quiero finalizar la intervención, en relación con el
Grupo Popular, sin agradecer de verdad la posición que ha expresado su
portavoz en esta mañana y desear que sigamos trabajando, en estos temas
de carácter europeo, dentro de lo que quepa al unísono, porque, al fin y
al cabo, estamos defendiendo este país, creo que colectivamente, de la
manera má positiva que ningún otro país de la Unión Europea con un gran
consenso social y un gran consenso político, lo cual sin duda nos da
fuerza.

Al representante del Grupo Socialista, señor Costa, deseo agradecerle la
coincidencia con el Gobierno. Su preocupación por el calendario la
comparten todos los grupos políticos. Es verdad que la tenemos. Las
fechas son enormemente ajustadas. La primera, la del Parlamento



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Europeo, que ya es extremadamente ajustada; y la segunda, son las que
tienen que ver con los «referenda» de los propios países. Por tanto, ojo
avizor. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí hasta
que los Parlamentos nacionales puedan ratificarlo.

Yo creo que lo que está significando todo este proceso ya es un pequeño
impulso en la recuperación económica de la Unión Europea, que va a
empezar a tomar velocidad en los próximos meses, lo cual es algo de lo
que nos debemos alegrar: el que Europa no solamente se solidifique desde
el punto de vista político, sino que también lo haga desde el punto de
vista económico, son buenas noticias.

Nada más, señor Presidente. Siento haberles tenido que dar esta
información de manera tan rápida y esquemática, y quedo a su disposición
para cuantas veces estimen oportuno solicitar mi comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su intervención,
por sus respuestas.

Queda concluido con ello el primer punto del orden del día, aunque quedan
otros dos. La Mesa hará una propuesta a los portavoces para que veamos la
disponibilidad de salas y las posibilidades del señor Ministro. Mañana,
desgraciadamente, no hay salas, no se puede celebrar sesión en el
Congreso por estar convocado el Pleno, y tampoco la hay en el Senado. De
manera que tendremos que esperar a la semana próxima, a la vista del
calendario del señor Ministro. Yo espero que en las próximas horas
haremos una propuesta para que puedan concluirse los puntos dos y tres y
aquellos otros que han entrado en las Cámaras a lo largo de estos últimos
días.

Si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.




Eran las diez y cuarenta minutos de la mañana.