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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 26, de 22/03/1994
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 26
PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS
PRESIDENTE: DON MARCELINO OREJA AGUIRRE
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 22 de marzo de 1994,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
--Comparecencia del señor Secretario de Estado de Economía (Pastor
Bodmer), para informar sobre las reuniones del ECOFIN de los meses de
febrero y marzo del presente año. A solicitud de la Mesa y Portavoces de
la Comisión. (Números de expediente Congreso 212/000606 y Senado
713/000134.)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión.
El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay
observaciones? (Pausa.) Queda aprobada.
El punto único del orden del día es la comparecencia del señor Secretario
de Estado de Economía para que informe sobre las reuniones de Ecofin de
los meses de febrero y marzo del presente año.
Quiero señalar a SS. SS. que se había pensado también, en la composición
del orden del día, en un principio, que pudiera comparecer hoy el
Gobierno para tratar otros temas, pero no han podido comparecer hoy el
Ministro de Economía y Hacienda y el Secretario de Estado para las
Relaciones con las Comunidades por estar ausentes, uno de Madrid y el
otro no podía venir a esta hora. De todas formas, nos ha parecido a la
Mesa y a los Portavoces que podía ser útil el que pudiera comparecer hoy
el señor Secretario de Estado de Economía para tratar sobre el tema de
Ecofin, que es un tema muy importante, y de esa forma despejamos ya este
asunto y dejamos para las sesiones siguientes las comparecencias
pendientes.
Ya informaré a SS. SS. del orden de los trabajos a lo
largo de las próximas semanas. Daremos a conocer un programa de estas
sesiones en el curso de la primera semana de abril para que conozcan las
sesiones que va a haber hasta la celebración de las elecciones europeas.
Sin más, agradeciendo mucho al señor Secretario de Estado su presencia
hoy aquí, le doy la palabra para pedirle que nos informe sobre las
reuniones de Ecofin.
Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Buenos días.
He dividido mi exposición sobre el desarrollo de los Consejos Ecofin de
los últimos meses, y en concreto de febrero y de marzo de este año, en
cuatro bloques, para tratar de sistematizar un poco la información. Los
cuatro bloques serían: en primer lugar, todo lo que se refiere a la
aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas del mes de
diciembre de 1993 y que en el ámbito del Ecofin se concreta en el llamado
Libro Blanco; el segundo bloque se refiere a los desarrollos del Tratado
de Maastricht en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria; el tercero
trata de los desarrollos del mercado interior en el ámbito económico y
financiero, que es el que corresponde al Consejo Ecofin, y, finalmente,
un apartado de «Varios», en el que he incluido algunas cuestiones que
suelen venir de forma recurrente al Ecofin y que no se pueden clasificar
con facilidad en ninguno de los apartados anteriores.
En cada uno de estos tres bloques quisiera considerar tres aspectos: en
primer lugar, una descripción de la cuestión; en segundo lugar, cuando es
una cuestión problemática, cuál es la posición española, y, en tercer
lugar, también cuando sea procedente, las perspectivas de solución de
cada uno de estos asuntos.
Empiezo, pues, por la aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo
de Bruselas de diciembre de 1993.
Por lo que se refiere, fundamentalmente, al ámbito del Consejo de
Economía y Finanzas, el aspecto más importante del Consejo Europeo de
Bruselas es la puesta en práctica del llamado Libro Blanco, que viene de
la iniciativa de crecimiento que el Presidente Delors presentó al Consejo
Europeo en diciembre para su discusión.
Los cuatro aspectos más importantes del Libro Blanco son los siguientes:
en primer lugar, se parte de la constatación de que un crecimiento
económico sostenido, que es lo que se considera indispensable para
generar empleo de manera estable, requiere el mantenimiento de ciertos
equilibrios macroeconómicos, que se refleja, fundamentalmente, en dos
variables: en una inflación moderada y en unos tipos de interés bajos y
decrecientes. Estas son las dos variables que reflejan los equilibrios
que debe mantener una economía para ser capaz de crecer de forma
sostenida. El que esas dos variables --inflación y tipos de interés-- se
comporten como es debido, requiere, a su vez, por una parte, una
contención de costes en el conjunto de la economía y, por otra parte, la
adopción de políticas fiscales estrictas. El Consejo Ecofin, junto con el
Consejo de Asuntos Generales, tiene la responsabilidad básica de la
coordinación de la aplicación del Libro Blanco en todos sus aspectos. En
este primer aspecto, que es el del mantenimiento de los equilibrios
macroeconómicos, la responsabilidad del Ecofin se centra en la
formulación, aprobación y seguimiento de lo que se llaman las grandes
orientaciones de política económica, que describiré de manera más exacta
al tratar del segundo bloque. Este es el primer aspecto del Libro Blanco.
El segundo parte de la constatación de que el crecimiento sostenido sólo
generará empleo en volumen suficiente y de manera estable si, por un
lado, la oferta de trabajo, tanto en calidad como en coste, se ajusta a
la demanda y, por otro, si se aminoran las rigideces en el uso del factor
trabajo. En este terreno, que podíamos llamar en términos muy generales
del mercado laboral, la responsabilidad del Ecofin se concreta en la
inclusión y vigilancia de las medidas de reforma del mercado de trabajo
como parte de las grandes orientaciones de política económica, y en este
terreno lo más reciente es el mandato que el Consejo Ecofin quiere hacer
al Comité de Política Económica de la Comisión para que vigile el
cumplimiento de esas medidas estructurales. Ese mandato, que estaba
previsto darle formalmente en el Ecofin de ayer, se les dará con toda
seguridad en el próximo Ecofin de principios de abril, pero digamos que,
a partir de este momento, el Comité de Política Económica quedará
encargado de vigilar la aplicación de estas medidas estructurales en el
terreno del mercado laboral y en otros por parte de los Estados miembros.
El tercer aspecto es que el crecimiento sostenido exigirá el
mantenimiento de la competitividad, lo cual quiere decir que será
necesario aplicar medidas estructurales en otros campos que no son el
mercado laboral, que en nuestro país, por ejemplo, se concretan en todas
las medidas liberalizadoras de la economía. Ahí también, igual que en el
caso anterior, la responsabilidad del Ecofin, cuyo cumplimiento dará
mandato al Comité de Política Económica, es el formular y seguir la
aplicación de medidas estructurales por parte de los Estados miembros.
Finalmente, el cuarto aspecto, al que se ha dado más importancia en el
exterior, es el que se refiere a la iniciativa comunitaria en materia de
infraestructuras y de redes de comunicación. Esta iniciativa, que ya
viene de la iniciativa de crecimiento que luego se concreta en el Libro
Blanco, parte de la constatación de que, mientras cada una de las
economías de los Estados miembros se puede considerar como una economía
abierta y, por consiguiente, puede esperar que el impulso inicial de
crecimiento lo dé el sector exterior, sin embargo, si consideramos la
economía de la Unión Europea en su conjunto, es prácticamente una
economía cerrada y, por consiguiente, es posible que sea bueno
complementar las medidas que toma cada uno de los Estados miembros por su
cuenta con alguna iniciativa que sirva para, en cierta manera, cebar la
bomba de la recuperación, de tal forma que se considera que el inicio en
la recuperación a escala comunitaria puede verse favorecido por un
impulso inversor a escala comunitaria, y de ahí la iniciativa de
movilizar algunos recursos comunitarios en el terreno, por una parte, de
las infraestructuras y, por otra, de las grandes redes transeuropeas de
comunicaciones.
Como digo, este último apartado es el que quizá se haya seguido con más
atención. Sin embargo, desde el punto de
vista de la concepción general del Libro Blanco, es un aspecto claramente
subsidiario; es decir, los aspectos más importantes del Libro Blanco son
los que se refieren a la necesidad de mantener ciertos equilibrios
macroeconómicos y, por consiguiente, de adoptar políticas fiscales
estrictas, de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y la
adecuación de la oferta de mano de obra a su demanda y, finalmente, de
avanzar en el terreno de modificar nuestras estructuras económicas de tal
forma que sean capaces de mantenerse competitivas frente a los desafíos
que vienen del exterior de la Unión Europea.
Por lo que se refiere a este último apartado, el de la iniciativa en el
terreno de las infraestructuras y de las redes de comunicación, su
desarrollo ha dado lugar, en el seno de la Comisión, a la formación de
dos grupos: uno es el que preside el Comisario Cristophersen,
Vicepresidente de la Unión Europea en este momento, que se concentra en
infraestructuras y que se ocupará de establecer listas de proyectos
prioritarios a escala comunitaria, atendiendo a cuatro criterios
explícitos y uno implícito.
Los cuatro criterios explícitos son: la escala excepcional de los
proyectos, en primer lugar; en segundo lugar, el interés comunitario de
cada uno de esos proyectos; en tercer lugar, el que promueven la cohesión
económica y social entre los Estados y las regiones de la Unión, y, en
cuarto lugar, que sean proyectos que permitan un compromiso por parte de
la iniciativa privada en su ejecución y en su financiación.
El criterio implícito es el de la madurez de los proyectos; es decir, ya
que se trata de una iniciativa que se tiene que poner en marcha en un
período de tiempo relativamente breve, se considerarán con cierta
prioridad aquellos proyectos que ya estén en cierta manera maduros para
iniciarse en un tiempo breve.
El propósito del grupo Cristophersen es concentrarse en este momento en
la elaboración de listas de proyectos prioritarios y dejar para el final
todo lo relativo a su financiación, teniendo presente, no obstante, que
la movilización de recursos en este aspecto y la ayuda que prestará la
Comunidad a estos proyectos tendrá un carácter relativamente modesto, ya
que de lo que se trata, en realidad, es que la colaboración comunitaria
se limite a reducir el riesgo financiero de los proyectos y no a tener en
esta financiación un papel más directo. Dicho de otro modo: en general,
lo que decidirá si esos proyectos se hacen o no, no será tanto su
inclusión en estas listas que está elaborando el grupo Cristophersen como
las políticas de cada uno de los Estados miembros sobre estos aspectos.
El propósito del grupo Cristophersen es tratar de presentar una lista
acordada entre los componentes del grupo para el Consejo Europeo de
junio. Hasta el momento, Ecofin no ha debatido en ninguna ocasión esas
listas de proyectos que todavía no le han sido presentados.
El segundo grupo es el que preside el Comisario Bangemann y que se
concentrará en redes transeuropeas de comunicación. Este grupo se reunió
por primera vez el 15 de febrero y de él surgieron dos grupos: uno
presidido por el señor Benedetti, que hará propuestas prácticas en el
terreno técnico, y otro que preside el señor d'Avignon, que se
concentrará en los aspectos de regulación jurídicos y organizativos de
estas grandes redes de comunicaciones. El grupo quiere presentar también
un informe al Consejo Europeo de junio. La posición española, por lo que
se refiere a este primer bloque de asuntos, puede resumirse de la forma
siguiente. En primer lugar, un apoyo sin reservas a los tres primeros
aspectos del Libro Blanco, es decir, a la necesidad de mantener ciertos
equilibrios macroeconómicos; en segundo lugar, a mejorar el
funcionamiento del mercado de trabajo, incluyendo ahí sus aspectos más
amplios de formación, etcétera, y, en tercer lugar, a la necesidad de
mantener la competitividad ajustando nuestras estructuras de costes. Ahí
no hay ninguna reserva al apoyo por parte de España a las propuestas
comunitarias y, como ustedes saben, además, estos tres apartados son
también tres aspectos fundamentales de la política económica del
Gobierno. Por lo que se refiere al cuarto aspecto, es decir, a la
iniciativa comunitaria en el terreno de las infraestructuras y de las
grandes redes de comunicación, la postura española, que es compartida por
buena parte de los Estados miembros, es de cierta cautela sobre el
impacto de las medidas a nivel comunitario sobre los presupuestos de los
Estados miembros, por una parte, y también una cierta cautela por lo que
se refiere a los criterios de selección de proyectos y a la separación de
la definición de listas de proyectos prioritarios de los condicionantes
financieros. Es decir, en general, consideramos que la metodología
adoptada por el Grupo Cristophersen, que es definir proyectos
prioritarios en una primera fase y pasar a ver cómo se financiarán en una
segunda, probablemente es una metodología que deba ser modificada, ya que
el que un proyecto se haga o no se haga dependerá, en último término, de
cuáles sean sus posibilidades de financiación y, como he dicho antes, en
este terreno, la ayuda de la Comunidad será una ayuda limitada. De manera
que pocas veces será una ayuda decisiva para que se haga o no el
proyecto.
Con esto termino el primer bloque de información y quisiera pasar al
segundo, que es el que se refiere a los desarrollos del Tratado de
Maastricht. Como saben, el Tratado de Maastricht se concibió como un
instrumento para facilitar la Unión Económica y Monetaria, y una parte
central del Tratado, no tanto en cuanto a su articulado como a su
concepción general, es la insistencia en que, para que una unión
económica pueda ser posible y sea posible de manera estable, tiene que
haber un cierto grado de similitud --que es lo que luego se ha llamado
convergencia-- entre las estructuras económicas de los Estados miembros y
también entre sus políticas económicas. En este momento, quizá lo más
sustantivo del Tratado está en los procedimientos que se prevén en él
para la orientación de las políticas económicas de los Estados miembros
en el sentido de la convergencia, que pueda hacer posible más adelante
una unión económica efectiva. En este terreno, las responsabilidades del
Ecofin se concretan en cuatro aspectos. En primer lugar, el
establecimiento de un calendario para la formulación y el seguimiento de
las grandes orientaciones de política económica. El procedimiento que se
ha establecido en el Ecofin es el siguiente. Cada año, en junio, el
Ecofin adoptará un proyecto de grandes
orientaciones de política económica. Este proyecto será presentado al
Consejo Europeo para su aprobación, en los términos previstos en el
artículo 103.2 del Tratado. Y en ese mismo momento, es decir, en junio,
el Ecofin examinará el grado de aplicación de las grandes orientaciones
fijadas en el año anterior para todos los Estados miembros. En segundo
lugar, al final de cada año se procederá a un ejercicio de vigilancia
multilateral, en los términos previstos en el apartado 3 del mismo
artículo 103, y este ejercicio de vigilancia multilateral, en vez de
establecer criterios generales para todos los Estados miembros, se
centrará en la evolución de las economías de cada uno de los Estados
miembros. De manera que ésta es la primera responsabilidad del Ecofin en
el desarrollo de los mecanismos del Tratado y consiste, fundamentalmente,
en la puesta en marcha de unas grandes orientaciones para todos los
Estados miembros, por un lado, y de un mecanismo de seguimiento del
cumplimiento de las mismas. En tercer lugar, otra responsabilidad del
Ecofin que se deriva del Tratado es el examen de los programas de
convergencia. Como ustedes saben, los programas de convergencia son
ejercicios que realizan los Estados miembros, que no tienen periodicidad
definida (de hecho, cuando se escribió el Tratado se pensó, ya que se
preveía la entrada en una nueva fase en 1997, en que esos programas de
convergencia se harían una vez) y tampoco tienen un formato definido,
cosa que sí tienen las grandes orientaciones de política económica. En el
último trimestre del año 1993 se presentaron al Consejo Ecofin los
programas de convergencia de Alemania y Francia, que se centraban
fundamentalmente en perspectivas presupuestarias y que no entraban en
grandes detalles de otras variables económicas. En enero se presentó el
programa de convergencia de Portugal y, finalmente, en el Consejo Ecofin
de ayer fue presentado el programa de convergencia de Dinamarca. Este es
el segundo aspecto de la responsabilidad del Ecofin en materia de
desarrollo del Tratado de Maastricht.
El tercer aspecto se refiere al llamado procedimiento de deficit
excesivos. Como ustedes saben, el artículo 104, apartado c), del Tratado
de Maastricht prevé que si los Estados miembros, o algunos de ellos, no
cumplieran los requisitos del Tratado, es decir, un ratio de déficit con
respecto al producto interior bruto no superior al 3 por ciento y un
ratio de deuda con respecto al PIB no superior al 60 por ciento, la
Comisión elaborará un informe. Ese informe será dictaminado por el Comité
monetario y, finalmente, será presentado al Ecofin para su valoración. El
Tratado prevé también que el Consejo Ecofin pueda proponer que se
suspenda el acceso de un Estado miembro a los fondos de cohesión si se
considera que el esfuerzo que está realizando en el terreno de la
convergencia no es suficiente. Les recuerdo todo esto no porque el asunto
de déficit excesivos se haya debatido, por el momento, en el Ecofin. Este
punto, hasta el momento, no ha sido objeto de debate en el Consejo
Ecofin; sí ha sido objeto de debate en el Comité monetario. Por
consiguiente, es probable que en el Consejo Ecofin del mes de abril sí se
hable del procedimiento de déficit excesivos. Como pueden imaginarse, la
situación prevista en el Tratado es una situación que habrá que revisar,
ya que en este momento, de los doce Estados miembros, sólo uno, que es
Luxemburgo, cumple con los requisitos previstos. Todos los demás los
incumplimos, en grado variable. Por consiguiente, es indispensable que el
Consejo Ecofin reflexione sobre la oportunidad, el momento y el modo de
poner en marcha un procedimiento de déficit excesivos.
Finalmente, el cuarto aspecto, que es el de responsabilidad del Consejo
Ecofin en el desarrollo del Tratado de Maastricht, es todo lo relativo al
futuro de la Unión Económica y Monetaria, en particular de la Unión
Monetaria. Este aspecto, en contra de lo que he leído en algún medio de
comunicación, no ha sido debatido, por el momento, en el Consejo Ecofin
en 1994, ni en el mes de enero ni en el Consejo de ayer; es decir que en
el Consejo de ayer figuraba en la agenda, pero no se trató. No obstante,
creo que puede ser de interés, aquí, el transmitirles los resultados de
las últimas deliberaciones del Comité monetario, que luego se trasladarán
al Consejo Ecofin, probablemente en el mes de abril. En su última sesión
el Comité monetario reflexionó sobre cuatro aspectos de la Unión
Monetaria. En primer lugar, se preguntó por la existencia de tensiones
subyacentes en los mercados de divisas posteriores a la ampliación de las
bandas. Nuestra posición con respecto a esta cuestión fue que el
incremento de bandas que se decidió el 2 de agosto de 1993 había
contribuido de manera esencial a aliviar las tensiones en el sistema
monetario y estaba haciendo posible el progreso coordinado en la
convergencia real.
El segundo aspecto sobre el que reflexionó el Comité monetario fue el de
si sería bueno o no volver al sistema monetario antiguo, es decir,
plantearse de nuevo un estrechamiento de las bandas, y ahí la posición de
los Estados miembros fue unánime en decir que no. Algunos consideran que
las tensiones que existieron en su momento dentro del sistema monetario
pueden volver a plantearse incluso con unas bandas ampliadas, pero nadie
considera que, para evitar que esas tensiones vuelvan a plantearse, sea
una buena idea el volver a las bandas estrechas, sino que en general la
opinión es que el volver a las bandas estrechas volvería a crearnos la
inestabilidad del año 1993.
El tercer aspecto sobre el que reflexionó el Comité monetario fue el de
si podían considerarse los márgenes actuales, es decir, las bandas del 15
por ciento, como normales en el sentido del Tratado. Como ustedes saben,
una de las condiciones previstas con el Tratado para el ingreso de un
Estado miembro en la tercera fase es que durante un período de dos años
haya permanecido sin intervenciones dentro de las bandas marcadas por el
sistema. Esto tenía una cierta razón de ser cuando las bandas eran del
más-menos 3 por ciento, del más-menos 6 por ciento. La pregunta es: ¿se
pueden considerar estas bandas como normales cuando son del 15 por
ciento? En general, la respuesta fue que no; es decir que el permanecer
en estas bandas del 15 por ciento no es una muestra por sí sola
suficiente de estabilidad cambiaria, porque una banda en más o menos 15
por ciento es muy amplia. Sin embargo, lo importante en el proceso de
integración no es tanto la convergencia nominal como la estabilidad
cambiaria en la práctica, es decir,
lo que se produce como consecuencia no de la convergencia nominal, sino
de la convergencia real.
Finalmente, el último aspecto sobre el que reflexionó el Comité monetario
fue el preguntarse si se consideraba concebible pasar de las bandas
actuales del 15 por ciento a un sistema de tipos de cambios fijos de un
salto o, por el contrario, de forma gradual. La verdad es que en este
último aspecto fue donde las conclusiones del Comité monetario fueron
menos contundentes, y esto es absolutamente lógico.
En general, tenemos la impresión de que, si llegara el caso, el Comité
monetario se pronunciaría más bien por un paso de las bandas actuales a
un sistema de cambio fijos sin estadios intermedios, pero, como digo, esa
es una conclusión que se puede deducir de lo que dijo el Comité
monetario, pero que no está ni escrito.
Este es el estado de la reflexión sobre el futuro de la Unión Monetaria,
como les digo, en el seno del Comité monetario. No hay ninguna de estas
conclusiones que por el momento se puedan atribuir al Consejo Ecofin, ya
que el asunto no ha sido debatido formalmente en él, pero, en general,
las conclusiones del Comité monetario les dan una buena pista de cómo
puede ser el debate en el seno del Consejo de Ministros.
Con esto termino con el segundo aspecto de mi exposición, que se refiere
al papel de los Consejos Ecofin en el desarrollo del Tratado de
Maastricht.
El tercer aspecto comprende algunas medidas de desarrollo del mercado
interior que corresponden al Ecofin en la medida en que sean del ámbito
económico y, sobre todo, financiero. Ahí, como todas las iniciativas que
se refieren al desarrollo del mercado interior, son iniciativas que se
centran en el terreno de la armonización de la legislación entre diversos
países y en la unificación, en lo posible, de procedimientos.
En este momento, y por lo que se refiere a este aspecto, tenemos tres
cuestiones distintas: la primera es la llamada Directiva de Garantía de
Depósitos; la segunda es la llamada también fiscalidad del ahorro y,
finalmente, la tercera viene bajo el título de «Intereses y cánones y
fiscalidad de no residentes». Voy a referirme brevemente a cada una de
las tres.
La primera, la Directiva de Garantía de Depósitos, lo que pretende hacer
es llegar a un sistema unificado o armonizado de fondos de garantías de
depósitos para entidades bancarias o para entidades financieras en todos
los Estados miembros. Como ustedes saben, todos los Estados miembros
tienen algo parecido a nuestro Fondo de Garantía de Depósitos. Sin
embargo, si la idea es similar en todos los países, su articulación es
muy distinta, por dos razones fundamentales: la primera, porque el nivel
de garantía de los depósitos no es el mismo, es decir, la cantidad máxima
asegurada por los fondos de garantía de depósitos no es la misma en todos
los Estados miembros y uno de los propósitos de la Directiva sería
establecer un nivel común de garantía a todos los depósitos de todas las
entidades bancarias de todos los Estados miembros de la Unión. Este es el
primer aspecto.
El segundo aspecto es que no todos los fondos de garantía de depósitos se
financian de la misma manera. En algunos Estados, como el nuestro, la
financiación de los fondos de garantía de depósitos corre a cargo en
parte de la banca privada y en parte de la banca pública o de
aportaciones presupuestarias. En otros Estados miembros (y ahí
probablemente el ejemplo más sobresaliente es el alemán), el fondo de
garantía de depósitos es un mecanismo exclusivamente privado que se
concibe casi como un seguro. Entonces, el armonizar estos dos aspectos es
una tarea bastante complicada, que se complica, además, porque esta
Directiva del Fondo de Garantía de Depósitos es la primera que se ha
decidido tramitar por el procedimiento de codecisión, es decir que se
tramita conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo. En este
momento, el Consejo ha presentado al Parlamento un borrador y el
Parlamento ha presentado enmiendas a ese borrador. Lo que se espera es
que se apruebe la Directiva en el mes de julio de este año. La Directiva
del Fondo de Garantía de Depósitos no ha sido objeto de debate en el
Ecofin ni en enero ni en marzo. La posición nuestra en este terreno es
que creemos que es necesario que se respeten las distintas formas de
financiación por parte de los distintos Estados miembros, es decir que no
se imponga ni una ni otra.
La segunda cuestión en la que tenemos una cierta posición es en la
llamada de la no exportación, que se refiere a lo siguiente: ¿puede una
entidad, dado que los niveles de garantía son distintos en los diversos
Estados miembros, que pasa a operar en otro Estado miembro acogerse al
sistema de garantía de ese Estado miembro? Por el contrario, ¿puede una
entidad que procede de un Estado miembro instalarse en otro Estado
miembro con su propio sistema de garantía de depósitos o no? Estas son en
este momento las cuestiones más importantes que quedan abiertas.
El segundo aspecto dentro de este desarrollo del mercado interior es lo
que se llama la fiscalidad del ahorro, que es un título que designa en
realidad el problema que se plantea, debido a la libertad de movimientos
de capital, sobre la tributación de los rendimientos del capital
mobiliario. Para decirlo de manera sencilla y comprensible: la libertad
de movimientos de capital hace sumamente difícil pensar que los
rendimientos del capital puedan someterse a tributación con la misma
facilidad que los rendimientos del trabajo, que son mucho más fáciles de
identificar y que son también menos móviles. Esto plantea problemas de
equidad que justamente los Tribunales alemanes plantearon al Gobierno
alemán y que le obligaron a introducir una retención que antes no
existía.
Para resolver la cuestión de la fiscalidad del ahorro existen, en
términos muy simplistas, dos mecanismos alternativos. El primero es que
se practique una retención en el origen de esos rendimientos, sea
retención liberatoria o no, pero que se practique una retención en la
fuente, y en este caso puede practicar la retención o bien el país de
origen del inversor o bien el país en el que se genera el rendimiento, es
decir, el Alemania, si el inversor es alemán, en España, si la inversión
del inversor alemán está en España y genera sus rendimientos en España.
Este es el primer mecanismo: el de retención.
El segundo mecanismo es el de información directa, en el que no hay
retención, pero la entidad en la que se generan los rendimientos, o en la
que se depositan los rendimientos, informa al Estado de origen del
inversor de esos rendimientos que se han generado, para que el Estado
miembro aplique la legislación que corresponda.
En este problema, la posición española ha consistido en defender la
coexistencia de ambos mecanismos. Como ustedes saben, en nuestro
ordenamiento tributario el que prevalece es el mecanismo de retención más
que el de declaración; retención, además, practicada por el país donde
está la inversión que producen los rendimientos y no por el país de
origen del inversor. La posición española ha sido la de que, en cualquier
caso, un sistema no excluya al otro, es decir que el sistema de retención
no excluya al sistema de declaración ni al revés.
En este momento, y después de unos debates que duran ya muchos meses, no
se vislumbran posibilidades de acuerdo; es decir, hay algunos países que
consideran que cualquier regulación en este sentido es perjudicial y se
traducirá, además, en unos movimientos de deslocalización de esos
capitales mobiliarios fuera del ámbito de la Unión Europea. Esta es una
posición. La posición de aquellos países que mantienen el secreto
bancario es contraria al mecanismo de declaración y de intercambio de
información y, finalmente, nuestra posición es favorable al sistema de
retención con intercambio de información, ya que no tenemos secreto
bancario, pero siempre que la retención la pueda practicar el país
destino de la inversión y no el país origen del inversor.
Como ven, estas tres posturas, y algunas variantes de las mismas, están
todavía muy lejos de llegar a un acuerdo y no se vislumbra una solución a
corto plazo. Mientras tanto, hay que decir que muchos de los países de la
Unión tienen este asunto resuelto mediante convenios bilaterales. De
manera que no es que no haya ninguna regulación; lo que no hay en este
momento es una regulación a nivel comunitario ni hay, por lo menos a
corto plazo, perspectivas de que esa regulación se alcance.
El tercer aspecto es muy secundario con respecto a los dos anteriores y
se refiere al pago de intereses y cánones por parte de empresas de un
Estado miembros que están operando en otro Estado miembro y también de
fiscalidad de no residentes. En muchos países de la Unión, los residentes
y los no residentes son tratados de forma distinta desde un punto de
vista fiscal; uno podría pensar que en perjuicio, en general, de los no
residentes, pero no siempre es así. De manera que, en algunos casos, para
determinados niveles de rentas, los no residentes reciben un trato más
favorable que los residentes; en otros casos, y para otros niveles de
renta, pasa lo contrario. En esto, la Comisión ha tomado una iniciativa
que planteará antes de final de año, y a partir del año que viene mirará
si esa iniciativa se va concretando o no en la legislación de Estados
miembros.
Finalmente, en el último bloque, que no he podido llamar otra cosa que
«Varios», me quería referir a cinco aspectos que han sido objeto de
debates en los Ecofines recientes. El primero es todo lo que se refiere a
la decisión de disciplina presupuestaria, que tiene dos aspectos: el
primero se refiere a la posibilidad de emplear la reserva monetaria para
regularizar los pagos agrícolas, a la vista de los cambios de paridad que
ha habido entre las monedas de los países de la Unión en los últimos dos
años. Como saben, estos realineamientos de paridad han supuesto la
necesidad de volver a hacer las cuentas de la política agrícola común y,
por consiguiente, de arbitrar fondos que fueran capaces de subvenir a las
mayores necesidades de pagos. Se acordó en el Consejo de Edimburgo
utilizar durante un cierto período de tiempo la reserva monetaria para
subvenir a esos pagos y está en este momento en discusión saber si esa
disponibilidad de la reserva monetaria tiene o no un límite temporal, es
decir, si se le da una fecha límite a partir de la cual ya no se podrá
emplear la reserva monetaria o no. El segundo aspecto, ligado con el
primero, se refiere a la elevación de la directriz agrícola, es decir, si
habrá más fondos de manera estable, o sea, a través de la directriz, para
la política agraria común. En esto, así como en el primer aspecto, si hay
o no fecha límite para la utilización de la reserva monetaria, España no
tiene una posición definida porque todas las soluciones que se arbitran
en este momento le son igualmente convenientes, en el segundo aspecto, es
decir, en la elevación de la directriz agrícola, España ha manifestado su
interés en que, si esa directriz se amplía, se tenga la seguridad de que
es compatible con el techo de recursos propios; porque, si no lo es, es
decir, si la ampliación de esta directriz obliga a gastar más de lo
previsto, o sea, si se rompe el techo presupuestario, entonces la
diferencia tendrá que venir de otros gastos de la Comunidad, y España se
opone a que un exceso en el terreno de la política agrícola se compense
con recortes o bien en fondos de cohesión o en fondos estructurales. En
segundo lugar, dentro de este apartado de varios, lo que se refiere a los
recursos propios de la Comunidad. Como ustedes saben, está previsto, por
una parte, que los recursos propios de la Comunidad pasen de ser el 1,20
del PIB de los Estados miembros al 1,27 y que, al mismo tiempo, se cambie
la estructura de la financiación, reduciendo el peso del IVA del 56 al 36
por ciento y aumentando el peso del recurso PNB del 20 al 40 por ciento.
En este momento esta decisión de recursos propios está paralizada por una
reserva política general expresada por Italia, que no quiere que se
llegue a una decisión final hasta tanto no se hayan celebrado las
elecciones generales en Italia, haya un nuevo Parlamento y un nuevo
gobierno, porque probablemente el resultado de la decisión de recursos
propios será unos mayores pagos por parte de Italia. La posición de
España es que tenemos un gran interés en que la decisión se adopte lo más
rápidamente posible.
El tercer aspecto se refiere a las ayudas de la Comunidad a los países de
la Europa del Este, a los llamados Pecos. Este problema se ha debatido en
muchas ocasiones y en los últimos Consejos Ecofin con el pretexto de una
ayuda a Bulgaria y Rumania. En esto la posición española, reiterada
muchas veces, puede resumirse en dos puntos: en primer lugar, que la
unión económica no es una institución financiera y que, por consiguiente,
las ayudas a los países que sean no deberían arbitrarse tanto a través de
la unión
económica como a través de las instituciones financieras que ya existen:
Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Europeo, etcétera, que en los
últimos tiempos, y en el caso de algunos países de la Europa del Este, la
aportación que ha hecho la Unión Europea ha sido muy superior a la que
han hecho Estados Unidos o Japón, por ejemplo, y se considera que esto es
algo que hay que revisar, de manera que las aportaciones tendrían que ser
en condiciones de mayor igualdad.
En la sesión del Ecofin de ayer, en la que la Comisión planteaba al
Consejo la conveniencia de financiar el 50 por ciento de una ayuda a
Bulgaria de un volumen total de 300 millones de ecus, el acuerdo final
del Consejo fue el que, como máximo, en este momento se comprometiera la
ayuda a un 30 por ciento, es decir, a 110 millones de ecus y que sólo en
el caso de que los demás aportaran en cantidades similares se llegara
hasta los 150 millones.
El cuarto aspecto es la actitud de la Comisión y de los países de la
Unión frente a una decisión que quiere tomar el Gobierno de Estados
Unidos y que consiste en cobrar a los bancos extranjeros establecidos en
Estados Unidos los costes de su inspección por parte del sistema de la
Reserva Federal. Como ustedes saben, a veces, en algún Estado miembro
europeo, la autoridad supervisora cobra por el coste de esos servicios de
supervisión, pero en ningún caso limita los cobros a los bancos
extranjeros. Dicho de otra manera: cuando cobra, cobra a todo el mundo.
La Comisión ha estimado que la decisión de Estados Unidos, que se
aplicaría sólo a los bancos extranjeros, es discriminatoria y, por
consiguiente, ha escrito en este sentido tanto al Presidente de la
Reserva Federal como a los miembros del Parlamento responsables de estos
asuntos en el Congreso de Estados Unidos.
El último aspecto al que me voy a referir es el informe del Tribunal de
Cuentas sobre las operaciones de la Comisión en el último año. Ayer se
presentó este informe, que ya había sido presentado al Comité Monetario,
ante el Consejo Ecofin, y basta decir que, como suele ocurrir con los
informes de los tribunales de cuentas, ponía de manifiesto deficiencias
en muchos aspectos de la gestión de los fondos comunitarios tanto por
parte de la Comisión como de los Estados miembros. En este terreno, la
posición española fue la de admitir que esas deficiencias existían; que
quizá el informe del Tribunal de Cuentas daba una impresión excesivamente
pesimista del grado de control de la Comisión sobre sus gastos y de las
agencias de los Estados miembros sobre las aportaciones de fondos
comunitarios, pero que esperaba que las deficiencias puestas de
manifiesto por el Tribunal se fueran corrigiendo con el tiempo.
Con esto he terminado esta exposición general. Les agradezco mucho la
paciencia que han tenido de escucharla porque comprendo que en muchos de
estos casos se trata de problemas bastante enrevesados y quizá en algunos
aspectos no muy importantes. Creo que les he dado una panorámica completa
de lo que se ha venido tratando en los Consejos Ecofin durante los
últimos meses y contestaré con mucho gusto a sus preguntas, en la medida
en que esté en mi capacidad hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su
exposición y se abren ahora las intervenciones de los Grupos.
El señor COSTA COSTA: Solicito la palabra para una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría.
El señor COSTA COSTA: Solicitaría que se interrumpiera la sesión de la
Comisión durante diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Se interrumpe por diez minutos la sesión de la
Comisión y comenzaremos a las once y diez.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿Grupos que van a intervernir? (Pausa.)
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: En primer lugar, quiero agradecer al señor Pastor
su comparecencia y sus explicaciones, como siempre muy claras; aunque la
materia no sea sencilla ni, incluso, agradable de explicar, ha sido muy
convincente y muy claro, al menos para nosotros. Por tanto, repito, le
agradecemos su intervención.
Voy a hacerle una serie de preguntas, la primera en relación con algo que
he encontrado a faltar. El señor Pastor nos ha explicado las funciones de
Ecofin y yo encuentro a faltar una, porque, aunque no sea una clara
competencia de esta Comisión, es evidente que su impacto tiene influencia
sobre el equilibrio económico y financiero de la Unión Europea. Me estoy
refiriendo a todo lo relativo a las negociaciones del GATT y la apertura
de fronteras.
Como el señor Secretario de Estado conoce, los últimos convenios, las
últimas conferencias del GATT, los últimos acuerdos de la Ronda Uruguay
del GATT, han puesto sobre la mesa el problema existente entre países que
levantan sus barreras arancelarias partiendo de sistemas productivos que
soportan costes muy diversos, lo que se ha dado en llamar el «dumping»
social, etcétera. Es evidente que alguien, en nombre de la Unión Europea,
que era el negociador de los acuerdos del GATT, debe haber valorado el
impacto sobre el conjunto de la Unión Europea y sobre sus equilibrios
económicos-financieros que tienen estos nuevos acuerdos del GATT y, sobre
todo, en qué línea hay que actuar como ámbito económico único en relación
con esa posible competencia desleal que suponen productos que no soportan
los costes sociales que soportan los productos producidos en general en
la Unión Europea --que, aunque no tenga tampoco un sistema unificado de
costes sociales, sí los tiene, más o menos, en líneas similares--, ya
que, como digo, hay otras áreas económicas del mundo en que estos costes
sociales no son soportados por las empresas y, por tanto, por los
productos que después son comercializados con libertad a través de esos
nuevos acuerdos. Imagino que si el señor Pastor no lo ha relatado es
porque Ecofin no se cuida de estos asuntos, pero quisiera saber si el
Secretario
de Estado conoce quién es el que se cuida. Porque lo que sería grave es
que nadie se cuidara, ya que, entiendo, eso tiene un impacto evidente
sobre el equilibrio económico y financiero de la Unión, sobre el objetivo
de la Unión Económica y Monetaria y sobre el futuro del desarrollo de los
países miembros y del conjunto de la Unión.
Desearía también otras dos aclaraciones. Ha hablado del Comité de
Infraestructuras, que preside el señor Christophersen --no el de
Comunicación, que preside el señor Bangemann--, y yo quisiera
preguntarle: en esas conversaciones, en ese objetivo de proponer una
lista de proyectos prioritarios para junio de 1994 --ya nos ha comentado
él cómo cree que esa separación de hacer primero la lista de proyectos
importantes y ver después cómo se financian es más ficticia que real
porque, al final, por prioritarios que sean, si no tienen financiación
posible dejarán de ser prioritarios en su realización--, cuál es la
actitud del Gobierno español, en el sentido siguiente. Existen
determinadas infraestructuras que en algunos de los países miembros
tradicionalmente han generado recursos como para financiarse, mientras
que aquí hay otras determinadas infraestructuras --pienso
fundamentalmente en infraestructuras del transporte-- que
tradicionalmente no sólo no se han financiado, sino que, a pesar de ser
la inversión realizada a fondo perdido de los presupuestos del Estado, la
propia explotación es deficitaria; es decir, que la explotación, no sólo
no genera beneficios que pueden incluso llegar a financiar la inversión,
sino que no da ni para los gastos de explotación; por ejemplo, el
transporte ferroviario, etcétera. ¿Cuál es, entonces, el criterio del
Gobierno español en la propuesta de proyectos? Si piensa, con los clichés
de nuestra situación, que, por ejemplo, es imposible entrar en
inversiones ferroviarias con autofinanciación porque hasta ahora,
insisto, nuestra experiencia histórica es que es deficitaria y en niveles
muy importantes, o si se han cambiado esos clichés y se utiliza la
realidad de otros países miembros de la Unión Europea, donde esas
infraestructuras no solamente no son deficitarias en su explotación, sino
que pequeñas ayudas en la inversión --normalmente las necesitan-- son
suficientes para hacer rentable la explotación y con los excedentes de
explotación financian parte de la inversión en infraestructura fija.
Quisiera conocer cuál es el criterio que seguirá el Gobierno español en
esa propuesta de lista de proyectos prioritarios, en qué tipos de
proyectos está pensando el representante español en Ecofin, que es quien,
al final, deberá trasladar esta lista de proyectos prioritarios a nivel
europeo, en cuáles se está pensando.
Y una cosa muy pequeña. Me ha parecido entender, y creo que es sumamente
interesante, además, que el primero de los proyectos, que se ha tramitado
de acuerdo con los nuevos mecanismos previstos en el Tratado de
Maastricht por el procedimiento de codecisión, ha sido precisamente esa
directiva comunitaria sobre los fondos de garantía; he entendido que
piensan aprobarla en julio. Quisiera preguntarle si en julio ya estará
constituido el nuevo Parlamento Europeo, si es viable que en julio el
nuevo Parlamento pueda tomar esa codecisión, si es que lo están
preparando con el Parlamento actual y continuará los trabajos el
siguiente. Cómo está ese tema que, como le decía, me parece de la máxima
importancia, ya que es un nuevo mecanismo de toma de decisiones en la
Unión Europea que acerca a la Unión a mecanismos de toma de decisiones
con control democrático. Repito, pienso que es extraordinariamente
interesante.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Tocino.
La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Gracias, señor Secretario de Estado de
Economía. Es muy de agradecer su presencia aquí esta mañana y, sobre
todo, las explicaciones que nos ha dado, en un tono realmente pedagógico.
Por eso digo que es realmente de agradecer que hayamos venido a escuchar
una magnífica lección de economía, en la que nos ha explicado en qué
consiste la fiscalidad del ahorro o en qué pueden consistir los fondos de
garantía. Siempre está bien aprender y más cuando se tiene la oportunidad
de tener un gran maestro, como es el señor Secretario de Estado de
Economía; sin embargo, yo quisiera decirle que a lo mejor no era éste el
foro más adecuado para quedarse simplemente en lo que ha sido una
magistral lección de economía. Se supone que los que no somos economistas
pero tenemos asignada la responsabilidad de ser portavoces de nuestros
grupos en estas áreas tan comprometidas tenemos documentos a nuestro
alcance en los que podemos tener conocimiento no solamente de cuáles son
los órdenes del día de los distintos ecofines, sino de qué es lo que en
ellos se ha tratado. Está muy bien que personas como usted, que han
asistido, nos digan que, a veces, esa información puede estar un tanto
sesgada o no estar al día; por ejemplo, se ha dicho que se había tratado
el tema de los déficit públicos excesivos y, en realidad, lo único que se
ha dicho es que el problema es tan profundo que lo que hay que hacer es
estudiarlo en mayor profundidad en el Comité Económico y que luego ya se
verá a qué conclusiones se llega.
En cualquier caso, lo que quiero decirle, señor Secretario de Estado de
Economía, es que lo que esperábamos del Secretario de Estado de Economía
no eran lecciones magistrales sobre economía, sino criterios políticos;
es decir, qué papel está jugando España en cada una de esas reuniones tan
importantes del Ecofin, que era el tema que hoy nos convoca y, en ese
sentido, me gustaría saber qué es lo que está haciendo España, qué se
pone a hacer España cuando regresa de esas reuniones del Ecofin y empieza
a preparar el siguiente. Concretamente, a mí me gustaría saber qué piensa
España y qué es lo que decide que va a hacer cuando oye cosas tan
maravillosas que ya todos conocemos, contenidas en el libro blanco o en
el Tratado de la Unión, como que el crecimiento económico sostenido es el
que genera empleo y que ello exige ejercicios macroeconómicos de control
de la inflación o de bajada de tipos de interés. Qué piensa España cuando
oye que el Comité Político-Económico va a ejercer la vigilancia del
cumplimiento de las medidas económicas para que estos criterios se
mantengan. Qué piensa España cuando se le dice que hay que adecuar la
mano de obra a las necesidades de la
demanda. Qué piensa España cuando oye que hay que mantener la
competitividad ajustando la estructura de costes. Y no me refiero a una
política de rentas, que parece que es la única de la que quiere hablar
este Gobierno, sino a una política de costes no salariales, que siguen
siendo los más elevados dentro de los doce países de la Comunidad
Europea. ¿Qué piensa España cuando se sabe que en junio va a haber un
proyecto de grandes orientaciones de política económica y, sobre todo,
que en diciembre se va a ejercer un balance de esa vigilancia
multilateral, de cómo se han venido cumpliendo los deberes que el Consejo
Europeo de Bruselas nos impuso a los doce países comunitarios en
diciembre? ¿Qué piensa España cuando se pone encima de la mesa el examen
de los programas de convergencia económica? Simplemente que el concepto
de la convergencia, como decía el señor Solbes, es un concepto obsoleto.
Pues bien, hablemos de planes plurianuales o trianuales, o de planes
antidéficit, como se han denominado, en vez de planes de convergencia.
En este sentido, a mí me gustaría saber --pensé que era la información
que nos iba a traer el señor Secretario de Estado de Economía-- en qué
está consistiendo, en qué va a consistir ese plan que se nos anunció como
un plan plurianual el 7 de febrero. Como siempre, no movidos por la
convicción de nuestro Gobierno de que España necesita esos planes de
modificación de su política económica, para que podamos convergir,
nominal y realmente, en la fecha en que sea, no me planteo si en 1997 o
en 1999, sino movido el Gobierno por las exigencias de estos sistemáticos
ecofines. Y, como sabía que el 14 de febrero en el Ecofin anteúltimo se
iba a hablar de esos planes plurianuales, el Gobierno anunció que se iba
a poner en marcha ese plan plurianual. Llega al Ecofin del 14 de febrero
y el señor Solbes anuncia unas medidas, más o menos genéricas, al menos
la información que teníamos por la prensa es muy genérica y muy vaga, y
por eso esperábamos que el señor Secretario de Estado de Economía nos
concretara hoy este plan que tenemos noticias de que se va a presentar
próximamente en un Consejo de Ministros, porque, además, se nos va a
obligar, seguramente antes de junio, a presentar, se llame como se llame,
ese programa de convergencia renovado o ese programa antidéficit o como
quiera llamarse. Creíamos que iba a traernos esas medidas y las únicas
noticias que tenemos es que, mientras que el señor Solbes decía unas
cosas en Bruselas, había verdaderas contradicciones en la concreción que
establecía, el mismo día, en unas jornadas económicas el Vicepresidente
del Gobierno, señor Serra, en Madrid. Había grandes contradicciones en
cuanto a concreción de datos. Y nos quedamos con la idea de que lo más
importante era que se iba a controlar el déficit público, puesto que,
como lo superábamos con creces, nos encontrábamos con la obligación de
justificarnos en Europa de que íbamos a ser chicos buenos, íbamos a ser
aplicados y que, si no lo habíamos conseguido hasta ahora, como los
demás, no tuvieran en cuenta que nuestro déficit estaba ya en el siete y
pico, que nosotros íbamos a ser capaces en ese plan plurianual de
imponernos un déficit del 3 por ciento del PIB.
No pasan ni quince días y oímos el desmentido del señor Solbes,
desmentido al que, por otra parte, nos tiene muy acostumbrados, como en
el tema de las pensiones. Nos dice que parece que va a ser complicado
comprometernos a tener un déficit del 3 por ciento en el año 1997 y que
habrá que ver si podemos alargarlo un poquito más. Posteriormente, el
señor Serra reconoce que el único criterio de la convergencia de
Maastricht, que era el de la deuda, lo vamos también a superar con
creces. Nos sentíamos muy orgullosos en tiempos del señor Solchaga de
que, por lo menos, cumplíamos un criterio. Decíamos al señor Solchaga que
el déficit público era tan grande que, como después ha reconocido el
señor Solbes, estaba autoalimentando la deuda pública. Y con eso nos
hemos encontrado que era el único criterio de la convergencia que
estábamos cumpliendo y que en este momento tampoco lo cumplimos.
Pues bien, las últimas noticias que tenemos --y por eso esperábamos que
el señor Secretario de Estado de Economía nos hubiera aclarado estos
términos-- es que ahora ni siquiera para 1997; posponemos al año 2000 el
cumplimiento del déficit público que exigía la convergencia de
Maastricht.
Yo no sé, señor Pastor, si, realmente, el Gobierno, en este momento, ante
el déficit excesivo que estamos teniendo, piensa hacer declaraciones
sobre ese plan plurianual tan utópicas o tan poco cumplibles como las que
hizo en el programa de convergencia, cuando decía que en el caso de la
economía española es posible hacer compatible la desinflación y la
reducción del desequilibrio presupuestario con el mantenimiento de tasas
de crecimiento elevadas; o cuando decía que lo que se cifraba en este
plan de convergencia eran objetivos cuantitativos claros y fácilmente
reconocibles y de los cuales la economía española no está tan alejada
como para suponer que alcanzarlos tenga que ser una tarea especialmente
difícil. Decía que por esta razón no había motivos para pensar que
conseguir los citados objetivos de la convergencia tenía que representar
un sacrificio especial para la economía de nuestro país. Todo esto se
decía en el programa de convergencia.
No contentos con no haber cumplido absolutamente nada del programa de
convergencia, que ahora incluso se desecha ya hasta terminológicamente,
el Gobierno del señor González tuvo la osadía, en vísperas de las
elecciones del año pasado, de presentar un documento que afortunadamente
no circuló demasiado, pero que ahí estaba, que era un balance de
ejecución del programa de convergencia. Es decir, ese programa de
convergencia del que hoy, para no avergonzarse, ya dicen que está
obsoleto y que se van a cambiar los criterios de la convergencia, nuestro
Gobierno tuvo la osadía en febrero del año pasado de presentar el balance
de ejecución, en el cual, cuando se hablaba del déficit público, que,
desde luego, es un desastre porque lo duplicamos en este momento, se
decía, en la página 10: La valoración del progreso alcanzado en el campo
del déficit público en 1992 es muy positiva. El déficit estructural
español se ha ido reduciendo y se reducirá todavía más en 1993, de tal
forma que será posible satisfacer el criterio de déficit público en 1994.
En este balance de ejecución, de
cara al programa de la campaña electoral, se decía también que se
mantendría una tasa de crecimiento mayor que la de nuestros socios
comunitarios. Y la última perla --porque, desde luego, tiene mucho
contenido comparar los dos documentos-- para el día de hoy es lo que dice
en la página 26: Transcurridos sólo siete meses desde la aprobación --del
programa de convergencia, ése del que ya nos hemos olvidado--, debe
señalarse que se ha cumplido prácticamente la totalidad de medidas
contenidas en el programa de convergencia.
El programa de convergencia, que, como usted sabe muy bien, porque me
imagino que alguna colaboración tuvo que aportar por sus grandes
conocimientos, lo que hacía era reformar todo el cuadro macroeconómico
que estaba en vigor en los Presupuestos del año 1992. Lo modificaba, en
lo que repuntaba al alza, al alza y, en lo que veíamos que se reducía, a
la baja, y así modificaba todos los criterios. Pensar que ninguno de esos
criterios se haya cumplido es lo que nos mueve a preguntarnos en este
momento si el Gobierno va a seguir con tanto triunfalismo, con tal falta
de rigor que le lleva a la falta de credibilidad que tiene en este
momento y que es la razón fundamental por la que la iniciativa privada no
acaba de moverse como debiera, porque no existe esa seguridad y esa
estabilidad necesaria para invertir.
Y quiero ir terminando, señor Presidente, pero quería preguntar al señor
Secretario de Estado si, realmente, reconociendo la situación gravísima
de nuestra economía en su conjunto, que, según se ha dicho por el
Instituto Nacional de Estadística, no por la catastrofista oposición,
sino con datos oficiales que emanan de su Gobierno, si resulta que
estamos en el año 1993 ante la mayor recesión de los últimos treinta
años, en que la caída del PIB ha sido del 1 por ciento cuando, ya
modificada, se previó un crecimiento del 1 por ciento en los Presupuestos
de 1993; cuando la demanda interna ha descendido un 3,6 por ciento,
frente al crecimiento del 1,1, en 1992; el consumo privado también ha
caído hasta un 2,3 y no el público, que era del 1,6; recordará usted que
en el programa de convergencia se decía que el consumo privado en el año
1993 iba a tener un crecimiento de 3 puntos y ha sido menos 2,3 y, en
cambio, el crecimiento del gasto público iba a ser del 2 por ciento y ha
sido todavía mayor; si la inversión ha caído en picado, si nuestra renta
per cápita, en comparación con la media de la Comunidad Europea, en el
año 1993 es 2 puntos inferior a la que teníamos en el año 1975, señor
Secretario de Estado de Economía, mi pregunta final es: ¿usted cree
realmente que todo lo va a arreglar el cambio de criterios en los
programas, se llamen de convergencia o se llamen plurianuales o
trianuales? Usted ha dicho que, como nadie lo cumple --unos más que
otros, también ha dicho-- se van a cambiar los criterios. ¿Usted cree
que, si nosotros no modificamos nuestra política económica, si seguimos
con estas declaraciones triunfalistas que hace el Gobierno o con estas
lecciones pedagógicas estupendas que hace el señor Secretario de Estado
de Economía, realmente, en alguna época, podremos estar a la altura de
los países con los que tenemos que convergir?
Ya he dicho que agradecía muchísimo esas explicaciones respecto al
desarrollo del mercado interior. ¡Por poco les hubieran solucionado el
problema de Banesto, con la garantía de los depósitos, sin tener que
darse prisa en modificar nuestra normativa! ¿no? La fiscalidad del ahorro
creo que tendríamos que aplicárnosla también internamente, en un momento
en el que se habla tanto de las pensiones y habrá que ir a algún tipo de
pensiones privadas. Pensando en que la fiscalidad del ahorro tiene mucha
importancia en un país en el que la presión fiscal es la más elevada de
estos últimos años y sabiendo que también por ahí, favoreciendo el ahorro
con una política fiscal adecuada, podríamos reactivar nuestra economía,
le pregunto, por último: ¿Qué piensa un representante del Gobierno
español cuando en Europa le hablan de la disciplina presupuestaria (allí
referida el presupuesto de la Comunidad Europea), o le hablan del informe
del Tribunal de Cuentas? ¿No piensa que cuando en Europa, y somos
europeos, se está dando importancia a estos criterios, tendríamos que
conseguir que nuestro Gobierno fuera ejemplar en cuanto a su ajuste
presupuestario? Y cuando el Tribunal de Cuentas le saca los colores con
las desviaciones, no ya actuales, sino de los equilibrios financieros que
se han hecho en ocasiones, con agujeros tan tremendos como los del Inem o
la Seguridad Social, y saben que los déficit son mayores en 1989 y en
1990 de los que el Gobierno había anunciado, y se habla de desviaciones
tan graves en nuestro presupuesto, ¿qué piensa el Gobierno: simplemente
seguirnos enunciando que en Europa se habla de la disciplina
presupuestaria o del informe del Tribunal de Cuentas?
Por último, tampoco le hemos oído nada, y habrá que dedicarle otro día
también, sobre la importancia que creo que se iba a dar (al menos estaba
previsto) a todo el tema del control del fraude, que tiene mucha relación
con esto que usted nos decía del grado de control a través del Tribunal
de Cuentas.
Señor Secretario de Estado, le reitero mi agradecimiento, pero, desde
luego, sí le pediría que en próximas ocasiones tuviéramos la oportunidad
de abordar todos estos temas, que son los que afectan al pueblo español,
al margen de agradecer sus clases; le afectan muy directamente, porque
con esta política económica lo que estamos haciendo es alejarnos más cada
año que pasa de la convergencia con los países europeos. Y tampoco nos ha
dicho nada, quizá porque da hasta vergüenza plantear estos temas, sobre
que la solución pueda ser pedir cláusulas tansitorias para que la masa
crítica de los criterios de convergencia de Maastricht no se eleve en el
núcleo superduro si, finalmente, como deseamos, se consigue la ampliación
de los países de economía más saneada, los países nórdicos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Antes de entrar en la intervención propia de la
comparecencia del Secretario de Estado, quisiera hacer público que ésta
es la primera vez que en la Comisión Mixta para la Unión Europea
comparece un alto cargo del Gobierno para informar de la política de
Ecofin. Y quiero decir esto porque creo que tiene una importancia visual
respecto al nuevo contenido de esta Comisión Mixta. Me parece a mí que,
por el «status» de que se ha dotado esta Comisión para su funcionamiento,
se requiere de la máxima responsabilidad de todos los que formamos parte
de esta Comisión para que sus trabajos se desarrollen con el máximo rigor
y en un clima de debate sereno y reflexivo respecto a las políticas que
desarrolla nuestro Gobierno en la Unión Europea y que, evidentemente,
tienen unos efectos muy importantes sobre el conjunto de los ciudadanos
de nuestro país.
Me parece que es una mala forma, aunque la respeto, querer hacer, ante
cualquier tipo de comparecencia, un debate sobre el estado de la nación.
Y entro ya en lo que ha sido la comparecencia del Secretario de Estado.
En primer lugar, quiero agradecerle la forma y el fondo con que se ha
producido esta comparecencia. En la forma didáctica, por tanto,
inteligible para todos los que estamos en esta Comisión; en el fondo,
donde nos ha explicado de una manera clara y perfectamente comprensible
las políticas y los acuerdos que se han celebrado en el Ecofin,
relacionados con las políticas de nuestro Gobierno, así como la posición
del Gobierno español en cada uno de los temas que pueden ser conflictivos
para nuestro país y que no hace falta que diga que comparto plenamente y
que iré especificando a lo largo de mi intervención.
No podemos olvidar que esta comparecencia y el objeto de la misma, así
como las políticas que nos ha explicado el Secretario de Estado, se
derivan de una situación de crisis económica en el conjunto de la Unión
Europea y en España también, como país miembro de esta Unión Europea, y
que hace que en el Consejo de Copenhague de junio de 1993 se acuerde una
iniciativa para el crecimiento, la competitividad y el empleo en la Unión
Europea, que se ve respaldada plenamente en el Consejo de diciembre con
una serie de prescripciones de las cuales hoy nos ha informado el
Secretario de Estado. Esta iniciativa es de diciembre de 1993. Estamos en
marzo de 1994 y lo que constatamos es que las iniciativas contenidas en
el libro blanco se están instrumentando, se están poniendo en
funcionamiento y por ello entendemos que podrán cumplir las funciones
previstas, al menos en lo que respecta al Gobierno español.
El libro blanco nos hablaba de la necesidad de un crecimiento sostenible
para la creación de empleo estable y hacía referencia a que, para esto,
la condición imprescindible era una referencia macroeconómica estable, un
marco macroeconómico estable, que tenga también, por tanto, credibilidad,
y la credibilidad tenemos que contribuir a aportarla todos los elementos
políticos y sociales que conformamos el entramado institucional de
nuestro país.
Es verdad que, además de este marco macroeconómico que en lo que va del
año 1994 entendemos que se está desarrollando según las previsiones
presupuestarias (por tanto, hay que seguir confiando en él), además de
esto, digo, se preveían en estos acuerdos dos tipos de reformas, las del
marco macroeconómico y las reformas estructurales, que tenían dos piezas
básicas: la reforma del mercado laboral para hacerlo más flexible (que no
tan sólo va en el discurso, sino que se está tramitando en este
Parlamento, creo que con un ritmo bastante razonable y que está
produciendo ya efectos en el mercado de trabajo bastante importantes y
que deberíamos analizar) y medidas liberalizadoras, especialmente en lo
que es el sector sevicios y transportes de nuestro país.
Es evidente que en la primera se está produciendo este desarrollo; en la
segunda, sabemos que está en estudio. Quizá podría profundizarnos algo
más respecto a las reformas, tanto de los servicios como de los
transportes, si es que tiene esta información.
En las infraestructuras, que es el segundo apartado, el que más ha
llamado la atención de la opinión pública y, evidentemente, el que tiene
unos efectos más apetecibles monetariamente para los ciudadanos, porque
se ha revestido de grandes inversiones, hay un avance en los ritmos de la
elaboración de la lista de proyectos y queda por despejar lo que para
nosotros debería ser fundamental, que son los sistemas de financiación;
una financiación que quiero recordar que en el propio libro blanco se
propone que sea mixta, pública y privada. Si se pudiera profundizar algo
más en si se está ya en condiciones en estos momentos de avanzar
criterios de financiación para esos proyectos en nuestro país, también se
lo agradeceríamos al Secretario de Estado, y creo que sería útil tanto a
la Comisión como a los ciudadanos y al conjunto de la opinión pública
española.
El segundo apartado al que ha hecho referencia ha sido el desarrollo del
propio Tratado de la Unión; básicamente ha hecho referencia, si no me
equivoco, a la formulación y seguimiento de las grandes orientaciones de
política económica, y ha habido un cambio en el método de estas
orientaciones, tal como se preveía hasta diciembre de 1993. Se ha
cambiado el método, pasa a formular las orientaciones en junio, lo cual,
según mi Grupo, es perfectamente razonable, dado que los presupuestos de
los Estados miembros se aprueban entre junio y diciembre; por tanto, esas
orientaciones están mucho más conectadas con las políticas
presupuestarias nacionales y se pueden, en cualquier caso, incluir en ese
instrumento, que no es sustituible por cualquier otro. Si se aprueban las
orientaciones en diciembre, nos encontramos con unos presupuestos ya
debatidos y aprobados en las Cortes Generales y, en caso de discrepancia
con esas orientaciones, serían difícilmente casables o aplicables las
orientaciones de política general. Deja para diciembre la parte del
análisis, lo cual también me parece razonablemente coherente, porque se
puede analizar si en el período transcurrido las grandes orientaciones se
han ido cumpliendo en el año en curso. Por consiguiente, creo que se está
adoptando un sistema correcto de funcionamiento, que además puede servir
perfectamente a esta Comisión y a este Parlamento, dado que, como el
Secretario de Estado sabe --y, si no, se lo comunicamos--, nos hemos
impuesto como trabajo de esta Comisión, en una ponencia específica, el
seguimiento de la unión económica y monetaria en la perspectiva de 1999.
Por tanto, hay un trabajo constante en esta Comisión de seguimiento de
estos temas y entiendo yo que vamos a tener que adoptar sistemas
similares, tanto de proposiciones como de análisis en el seno de la
Comisión, y hacerlo de una manera
anual, para ver cómo se están cumpliendo los objetivos del Tratado.
Respecto al sistema de bandas de cambio, coincido plenamente con la
posición manifestada por el Secretario de Estado, que no voy a reiterar,
pero me parece que las bandas actualmente en vigor, del 15 por ciento
más/menos, no es un sistema de cambios que se pueda adoptar como sistema
de cambios fijos. Me parecería difícil pasar a una banda más estrecha,
porque efectivamente podría provocar otra vez las tensiones monetarias,
lo cual haría muy difícil la convergencia en este tema. Pasar
directamente a sistemas de cambio fijo me parece la posición más
razonable y más útil a la construcción de la Unión Europea.
Respecto al mercado interior, solamente quiero señalar algunos aspectos
de las referencias que nos ha hecho el Secretario de Estado,
especialmente la directiva de garantía de depósitos bancarios, la puesta
en evidencia de sistemas diversos en los distintos países de la Unión y
muy especialmente en las aportaciones que sufre este fondo de garantías,
públicas y privadas, que entiendo que pueden permanecer perfectamente. Lo
que debería modificarse son los otros aspectos de este fondo de garantías
que no hacen referencia a la financiación o a las aportaciones públicas o
privadas.
La fiscalidad del ahorro tiene un interés muy importante para nuestro
país, dado que es claramente receptor de la política de inversiones. La
posición del Gobierno es la que comparte mi Grupo, y entiendo que otros
Grupos de la Cámara, y sería bueno que se instrumentara cuanto antes.
Como sabe el Secretario de Estado, yo soy de Baleares, que es una región
que conoce bien las consecuencias de esta inversión, y creo que
clarificar este sistema, así como el de la fiscalidad de los no
residentes, implica, en la práctica, soluciones que se necesitan hoy para
instrumentar las distintas políticas. Lo mismo digo, repito, de la
fiscalidad del ahorro y de la fiscalidad de los no residentes. Ambas me
parecen importantes.
Nos han preocupado, en el apartado de varios, los recursos propios de la
Comunidad. Me parece que fue en el Consejo de diciembre de 1992 donde se
instrumentó un sistema de financiación, de aportación de recursos,
distinto del que venía teniendo la Unión Europea, que era más progresivo,
tal como ha puesto en evidencia el Secretario de Estado, y que, por
tanto, para España producía unos efectos muy distintos de los que tiene
el sistema actualmente en vigor, que es claramente regresivo. Si Italia
mantiene el bloqueo de este sistema, España se puede encontrar con que
tenga que hacer aportaciones añadidas a las que está ya produciendo a la
Unión Europea. No sé si eso sería objeto de revisión o no, pero me parece
que los cálculos realizados para la inclusión presupuestaria en los
flujos financieros entre España y la Unión Europea están hechos en base
al sistema nuevo. No estoy seguro de que sea así, pero, caso de serlo y
de no aprobarse este sistema definitivamente, España se vería
perjudicada, porque el sistema anterior es más regresivo que el que nos
hemos dado en este Consejo.
Yo creo que con esto resumo las preocupaciones de mi Grupo. Insisto en
que la comparecencia ha sido de gran utilidad para nosotros, y creo que
para el conjunto de la Cámara, y que tanto en el fondo como en la forma
nos ha parecido con contenido real. Le agradezco una vez más la
explicación que nos ha dado y le avanzo que se van a convertir en
habituales, por lo menos dos veces al año, para que nos explique esas
reuniones del Ecofin; al menos, ésta es nuestra voluntad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA (Pastor Bodmer): Empezaré
contestando las preguntas del señor Molins. En primer lugar, por lo que
se refiere a las negociaciones del GATT, ha sido la Unión Europea la que
ha negociado en nombre de los Estados miembros, y esas negociaciones se
han llevado fundamentalmente en el Consejo de Asuntos Generales, es
decir, en el de los Ministros de Asuntos Exteriores. Creo, sin embargo,
que el Consejo Europeo de diciembre, en el que se debatieron, entre otras
cosas, los últimos aspectos de la Ronda Uruguay, estuvieron invitados los
Ministros de Economía y Finanzas, de tal forma que se consideró que el
asunto era lo bastante importante, por un lado, y lo bastante técnico,
por otro, para que estuvieran todos juntos para discutir estos aspectos.
En el ámbito del Ecofin, hay un aspecto de las negociaciones del GATT que
sí es de nuestra competencia y es lo que se refiere a los servicios
financieros. Como saben, todo lo relativo a la liberalización de
servicios financieros, que era algo que Estados Unidos quería plantear
dentro de la Ronda Uruguay, al final quedó en términos
extraordinariamente vagos, sólo para hacer posible la firma de un acuerdo
en las fechas más o menos previstas y, por consiguiente, se quedó en que
el desarrollo de esos aspectos de liberalización de servicios financieros
se confiaría a negociaciones posteriores.
El conocimiento que tiene el Ecofin de esto en este momento se limita al
memorándum distribuido por la Delegación francesa en el Ecofin de ayer,
que se distribuyó a última hora y que, por consiguiente, no fue objeto de
debate, pero, como saben, es la intención del Gobierno francés plantear
unas condiciones bastante estrictas frente a Estados Unidos en este
aspecto, en parte para compensar concesiones anteriores en otros ámbitos
dentro de la Ronda Uruguay.
En segundo lugar, por lo que se refiere al desarrollo de los trabajos del
grupo que preside el Comisario Cristophersen, en este momento los
trabajos del grupo se limitan estrictamente a lo que he dicho. El grupo
lo forman representantes personales de los jefes de Gobierno y, por
consiguiente, de Ministerios normalmente distintos. En nuestro caso, el
representante elegido para formar parte del Grupo Cristophersen es el
Secretario de Estado de Obras Públicas y Transportes. En estas
circunstancias, tal como están los trabajos del grupo, por un lado, y
dado que el peso fundamental de esos trabajos, en nuestro caso, recae en
un Ministerio distinto, el señor Molins me perdonará si no le
adelanto nada más, porque esa es la información de la que disponemos en
este momento.
Finalmente, por lo que se refiere a la Directiva del Fondo de Garantías,
la información que tengo es que se podría aprobar en julio. En cualquier
caso, se espera que se apruebe en la primera sesión del nuevo Parlamento,
que sea aprobada en la nueva legislatura. Yo tenía entendido que la
primera sesión podía ser en julio, por eso he dicho en julio. En este
momento se está negociando entre la Comisión y el Parlamento para llegar
a una postura definitiva en los próximos meses.
Por lo que se refiere a las preguntas de la señora Tocino, en primer
lugar, debo excusarme por la longitud de la lección. En realidad, el
primer destinatario de la lección era yo mismo, que me he visto obligado
a poner orden en una mecánica de consejos de economía y finanzas, que
para los no iniciados, como yo, es sumamente compleja.
Me cuesta un poco separar lo que de las preguntas y peticiones suyas cae
dentro del ámbito de la relación de nuestro Estado con la Comunidad y lo
que son cosas puramente de política interior y que, por consiguiente,
serían de otro ámbito. De todas maneras, sí que hay algunos puntos que
conviene aclarar. Primero, el menos importante de todos es el que se
refiere a la lucha contra el fraude. Es verdad que en los últimos
Consejos Ecofin se ha debatido esta cuestión del fraude a los
presupuestos de la Comunidad. Como ustedes saben, el Comisario
Schmidhuber tiene la misión de proponer una normativa que permitiría
castigar los fraudes al presupuesto comunitario como se pueden castigar
dentro de los Estados miembros, lo cual, desde el punto de vista
jurídico, tengo entendido que ofrece ciertos problemas.
Pasando a las cosas un poco más importantes, lo que el Gobierno español
piensa cuando lee el libro blanco, para resumir de manera muy sucinta lo
que me ha preguntado la señora Tocino. En esto sí he tratado de ser
claro. De los cuatro aspectos en los que he resumido los contenidos más
importantes del libro blanco he dicho y vuelvo a repetir que la posición
del Gobierno español es de apoyo sin reservas a los tres primeros, es
decir, a los que se refieren a la necesidad de mantener ciertos
equilibrios macroeconómicos, a la necesidad de mejorar el funcionamiento
de nuestro mercado laboral en el sentido más amplio y a la necesidad de
mantener nuestra competitividad, moderando todos nuestros costes. La
posición del Gobierno español en esto es de apoyo sin reservas.
Hay una cautela un poco mayor por lo que se refiere al cuarto aspecto que
es el que se concreta en los trabajos de los grupos Christophersen y
Bangemann. Ya me he referido a por qué se manifiesta esa cautela. En los
tres primeros aspectos, no sólo existe el apoyo total del Gobierno
español a la posición comunitaria, sino que, además, creo firmemente que
son tres aspectos fundamentales de nuestra política económica. Hemos
tratado de hacer los mayores esfuerzos para mejorar en estos tres
aspectos, en el de los equilibrios macroeconómicos, tratando de bajar los
tipos de interés lo más posible, haciendo los mayores esfuerzos para
contener el déficit --y ahí sí tendría algo que añadir después-- y, en
tercer lugar, sobre la reforma del mercado laboral.
Es importante destacar en estos dos aspectos, tanto en el de la reforma
del mercado laboral, como en la contención del déficit, que el esfuerzo
que se ha hecho en los presupuestos del año 1994, que algunos han
considerado brutal y otros insuficiente, los dos con cierta razón, deberá
prolongarse en ejercicios sucesivos. Lo que se haga este año es muy
importante, pero es importante también estar convencidos de que habrá que
seguir con esos esfuerzos de contención del déficit en años sucesivos.
Porque aritméticamente es imposible que la situación cambie de signo en
un año y tampoco es posible que la tendencia de los años pasados pueda
prolongarse muchos años más sin que se produzca ese fenómeno al que usted
hacía alusión y es que haya que emitir deuda para pagar los intereses de
la anterior. No estamos en este punto. Tenemos margen todavía, pero es un
margen que hay que empezar a aprovechar desde ahora. Es un convencimiento
del Gobierno.
Esto se concreta en un plan plurianual de contención del déficit que es,
fundamentalmente, un plan de contención del gasto. Lo cual ya pone de
manifiesto una decisión del Gobierno y es que contener el déficit quiere
decir contener el gasto. No quiere decir aumentar los ingresos. Esta es
una decisión más difícil de lo que parece, pero que el Gobierno la tiene
firmemente tomada.
En la concreción de ese plan, lo mejor sería que tuviéramos un respeto
estricto a las reglas institucionales, que ese plan fuera presentado al
Consejo de Ministros y aprobado por él, y de ahí pasara a a ser conocido
por el Parlamento; primero porque debe conocerlo en general y, segundo,
porque su puesta en práctica es posible que requiera modificaciones de
orden legislativo. Hasta el momento lo mejor es no prejuzgar los detalles
de ese plan, porque todavía no ha sido aprobado por el Consejo de
Ministros. Lo que sí se puede decir es que es un plan que trata de
reducir el déficit en una senda creíble, que no será la senda prevista en
el programa de convergencia, como no lo es para ninguno de los países que
presentaron sus programas de convergencia en su momento. Puede haber
diferencias en el grado de cumplimiento, pero no son diferencias de
naturaleza. Todos los países se han visto sorprendidos por un crecimiento
del déficit muy superior al que esperaban. Ese crecimiento del déficit
por encima de la previsión se ha debido, por una parte, a un crecimiento
mayor del gasto de lo que se creía, y, por otra parte, también, a un
crecimiento de los ingresos mucho menor de lo que se esperaba. En el caso
de una economía como la nuestra, no cabe la menor duda de que ambos
mecanismos se refuerzan.
No voy a comentar los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística, sólo haré una observación y es que, como promedio, las
cifras de la contabilidad trimestral del Instituto Nacional de
Estadística se revisan doce veces y como máximo dieciséis veces. Eso está
en la metodología de las cuentas trimestrales. Por consiguiente, hay que
darles el valor orientativo que tienen.
Tampoco estoy seguro de que sepamos muy bien si el PIB ha bajado un 0,8 ó
un punto. De lo que no cabe la
menor duda, eso es verdad, es que en los años 1992 y 1993 y yo diría
incluso, segunda mitad de 1990 y 1991, 1992 y 1993 nos hemos enfrentado a
la recesión más grave de nuestra historia reciente.
Como usted misma ha dicho, el primer elemento para superar esa recesión
era la generación de confianza. Esa ha sido la preocupación central del
Gobierno: presentar una política económica coherente. En la situación
actual, una política económica coherente no puede ser una política
económica brillante; tiene que ser una política económica relativamente
modesta y que dé unos resultados menos buenos de los que nos cabría
esperar. Este realismo es absolutamente fundamental para la estabilidad
macroeconómica del país.
Sobre lo que no hay datos que lo sustenten es que en este momento, en
este año 1994, estemos en puertas de constatar de nuevo unas desviaciones
significativas de lo real frente a lo previsto. Los escasos datos que
tenemos hasta el mes de marzo de la ejecución de las cuentas públicas,
nos permiten pensar que la previsión de déficit que hicimos en los
presupuestos de 1993 para 1994 no va a sufrir desviaciones
significativas. Esto nos lleva a la cuestión del procedimiento de déficit
excesivos. Creo que ahí hay dos cosas que se deben poner de manifiesto, y
es que el Tratado no prevé un método mecánico para la puesta en marcha de
un procedimiento de déficit excesivos. Lo único que dice es que cuando se
estime que un país no cumple las condiciones la Comisión deberá elaborar
un informe y que éste será dictaminado por el Comité Monetario y valorado
por el Ecofin. En el Tratado en general se insiste siempre mucho más en
el esfuerzo que están realizando los países y en la tendencia que parecen
seguir que en las cifras absolutas de unos y otros.
Creo que en el contexto comunitario --y esta es nuestra preocupación en
este momento-- habría que evitar dos cosas. Una, que esas cifras que se
dieron hace unos años y que ningún país, con la excepción de Luxemburgo,
ha sido capaz de cumplir, se conviertan en síntomas de éxito o de fracaso
de una política económica o, peor todavía, de un país. Esa es la primera
cosa que hay que evitar.
La segunda cosa que hay que evitar --y es la opuesta-- es dar la
sensación de que la Comisión, el Consejo de Economía y Finanzas o los
gobiernos de los Estados miembros, en vista de que las cifras anunciadas
hace un tiempo no se han cumplido, renuncie por completo a cualquier
ejercicio de convergencia. Nosotros creemos que el espíritu de la
Comunidad en este momento, y a la vista de las lecciones de Maastricht,
consiste en hacer lo posible para que cada país realice los esfuerzos que
pueda, y que esos esfuerzos que pueda realizar los realice, pero que no
se le pida a un país, y que un país no se pida a sí mismo, más de lo que
puede hacer. Creo que así habría que resumir la posición comunitaria en
este momento.
En esta posición está el fundamento de la reserva española a las reglas
de ampliación y de entrada en la Unión Monetaria, porque lo único que el
Gobierno español ha pretendido decir es que la decisión de iniciar y
entrar en la segunda fase es demasiado importante como para que sea
confiada a unas cifras o a unas reglas mecánicas, incluso a un consejo de
economía y finanzas. Es decir, lo único que hemos pretendido hacer ha
sido garantizar que cuando se vayan a tomar esas decisiones se haga a
nivel de jefes de Estado y de Gobierno y que se tendrán en cuenta todos
los intereses de todos los Estados miembros. De manera que si un grupo de
países decide hacer una cosa y otros deciden hacer otra, que sea una
decisión y no una imposición. Creo que este es el fondo de la posición
española en este asunto, que a mí me parece coherente.
Pienso que las dificultades de nuestra economía para cumplir los
criterios de convergencia no se van a arreglar con un cambio de criterio
por parte de la Comisión. Es más, yo no estoy nada seguro de que la
Comisión decida dar cifras alternativas; a lo mejor no las da. Lo que no
van a cambiar serán los criterios, creo, ni desde el punto de vista de la
Comunidad ni, desde luego, desde el punto de vista de nuestro Gobierno.
Creo que con esto he contestado a la mayor parte de sus preguntas y
peticiones. Confío en que si hay una próxima comparecencia toda la parte
pedagógica nos la podamos ahorrar, porque tanto ustedes como yo ya
sabemos cuál es la mecánica de este asunto y podemos entrar directamente
al grano.
Contestaré ahora a las preguntas del señor Costa. En lo que se refiere a
liberalización de servicios y transportes, le diré que no ha sido nunca
objeto de debate en el Ecofin; lo será a partir de ahora en cuanto que
esas medidas que se consideran estructurales serán estudiadas por el
Comité de Política Económica y terminarán en el Ecofin. Pero hasta ahora
esto no se ha producido.
Por el momento no se puede adelantar nada sobre el problema de la
financiación de los proyectos de infraestructura, porque por deseo
expreso del Comisario Christophersen este asunto se deja para el final.
De todas maneras, sí es cierto lo que he dicho al principio: que en
cualquier caso la ayuda que puede comprometer la Comunidad para estos
grandes proyectos de infraestructura es modesta, es decir, en ningún caso
estamos hablando de financiaciones de grandes importes; estamos hablando
de ayudas, imagino que fundamentalmente de subvenciones de tipos de
interés que reduzcan el riesgo financiero de estas operaciones de
infraestructuras.
Creo que no había más preguntas. Le agradezco la buena opinión que ha
tenido sobre esta larga y aburrida comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado por su
intervención, por sus respuestas.
Si no hay más asuntos, levantaremos la sesión. Confío en que en el plazo
de unas pocas semanas reciban la noticia de la convocatoria de la próxima
sesión de la Comisión, que esperamos sea en la primera quincena de abril.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.