DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 23
PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS
PRESIDENTE: DON MARCELINO OREJA AGUIRRE
Sesión núm. 6
celebrada el viernes, 11 de marzo de 1994,
en el Palacio del Congreso de los Diputados



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Gobierno para informar:
--Sobre la ampliación de la Unión Europea. (Número de expediente Congreso
214/000046 y número de expediente Senado 713/000120) (Página 408)
--Sobre el llamado tercer pilar de la Unión Europea, es decir, las
materias de Justicia e Interior (número de expediente Congreso 214/000045
y número de expediente Senado 713/000121), y principalmente en lo que se
refiere a la libre circulación de personas y los acuerdos de Schengen.

(Número de expediente Congreso 212/000507 y número de expediente Senado
713/000116) (Página 420)
--Sobre los contenidos del proyectado Convenio Euro-Magrebí. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista (número de expediente Congreso
212/000465 y número de expediente Senado 713/000115), y también para
contestar a la pregunta del Diputado señor Peralta Ortega (Grupo
Parlamentario Federal IU-IC) acerca de la posición del Gobierno sobre las
negociaciones de la Unión Europea y Marruecos para alcanzar un nuevo
acuerdo comercial. (Número de expediente Congreso 181/000243 y número de
expediente Senado 683/000004) (Página 429)
--Sobre la valoración del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía
y la Insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN) como instrumento
específico para el desarrollo de Canarias. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente Congreso 212/000473 y
número de expediente Senado 713/000115) (Página 437)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.




COMPARECENCIAS:



--DEL GOBIERNO PARA INFORMAR SOBRE LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA.

(Números de expedientes Congreso 214/000046 y Senado 713/000120.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, señor Secretario de Estado.

Primero, ¿se aprueba el orden del día? (Asentimiento.) Queda aprobado.

El punto primero es la comparecencia del Gobierno para informar sobre la
ampliación de la Unión Europea.

Al saludar al Secretario de Estado, señor Westendorp, yo quiero
manifestarle el interés con el que hemos seguido todos el curso de la
negociación, que, en su última fase, se ha concentrado en dos cuestiones
que afectaban directamente a los intereses de España: de una parte, el
acceso a las aguas y a los recursos pesqueros de Noruega y, de otra, la
minoría de bloqueo que permite impedir la adopción de decisiones
contrarias a los intereses de unos estados, siempre que a ello se opongan
tres países que reúnan 23 votos en el Consejo.

Yo celebro que, cuando aún no ha concluido la negociación, comparezca
aquí el Secretario de Estado y podrá apreciar cuál es el grado de apoyo
que tiene de los grupos parlamentarios ante la posición que ha adoptado
el Gobierno.

Sin más, agradeciéndole mucho su presencia, doy la palabra al señor
Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en los últimos días, en las últimas dos semanas se han
producido dos maratones de largos días y largas noches en Bruselas para
concluir las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea de Suecia,
Austria, Noruega y Finlandia, que es la prioridad máxima que en estos
momentos tiene la Unión Europea, la de dar acogida a estos nuevos
miembros que pertenecen a la familia europea, que desean entrar en la
misma y que están en condiciones de hacerlo.

España ha ido a estas negociaciones con el convencimiento de que es bueno
para Europa y también para España esta ampliación, pero, asimismo, con el
deseo de defender, en esta operación de ampliación, sus legítimos
intereses.

En el maratón de los días 26 a 28 se pudieron concluir los capítulos más
importantes, más duros, desde el punto de vista de los países candidatos,
que eran la política regional, la agricultura, los monopolios y, para
Austria, el problema del tránsito a través de los Alpes, y también un
problema puntual, pero delicado, para algunos países, que es la
adquisición de segundas residencias por parte de otros ciudadanos de la
Unión distintos de los propios nacionales.

Al final del día 28, se pudo constatar con alegría que tres países
--Austria, Suecia y Finlandia-- habían aceptado las condiciones
contenidas en las posiciones comunes a las que los Doce habíamos llegado
después de no pocas horas de discusión. Voy a referirme muy brevemente al
contenido fundamental del resultado de dichas negociaciones.

En primer lugar, la posición común, y así ha sido asumida, es la
aceptación del acervo comunitario desde la adhesión, sin ninguna
derogación permanente y solamente con las mínimas derogaciones temporales
o períodos transitorios posibles. Desde el punto de vista de la
industria, ya existía una total apertura recíproca y, por tanto, esta
operación no ha necesitado ningún tipo de período transitorio, y desde el
punto de vista de la agricultura es donde los países candidatos tienen un
mercado más cerrado y, al mismo tiempo, unos precios más altos, como
media, que los precios de la Comunidad; en muchos casos --sobre todo en
los casos de Finlandia, Noruega y Austria-- eran casi el doble de los
precios comunitarios, por lo que la operación de adhesión resultaba
sumamente complicada. Había dos enfoques diferentes: bien el enfoque
clásico de permitir una aproximación de precios paulatina --ése es el
enfoque que tuvo España durante su adhesión--, a través de un período
transitorio, de manera que las rentas de los agricultores no sufrieran un
impacto demasiado fuerte desde el día de la adhesión, o bien compensar la
diferencia de precios que hubiera durante ese período transitorio a
través de la aplicación de lo que se llama montantes compensatorios de
adhesión.

Pues bien, este enfoque ya no era posible, básicamente porque ya no
existen fronteras dentro de la Unión Europea y, por tanto, tampoco
deberían aplicarse controles fronterizos a los nuevos países; había que
adoptar un nuevo enfoque, que es el que se ha denominado en el argot
comunitario, sobre todo por los países candidatos, el enfoque del «big
bang», es decir, de la gran exposición, de la aproximación radical de
precios de la noche a la mañana de los precios agrícolas de los países
candidatos a los precios de la Unión Europea. Para compensar la brutal
caída de renta de los agricultores se permite, sin embargo, la concesión
de ayudas a las rentas a cargo de los presupuestos nacionales de cada uno
de los países candidatos. Este «big bang», esta sensación de revolución
muy fuerte desde la adhesión, ha sido lo que ha motivado el bloqueo de
las negociaciones durante largo tiempo, unido a una petición de
devolución de los saldos netos, es decir, de las contribuciones de los
países, con objeto de que no resultaran contribuyentes netos durante los
cuatro primeros años de la adhesión. Al mismo tiempo, estos países
solicitaban importantes ayudas regionales con cargo a la política
regional comunitaria, con cargo a los distintos objetivos, todos ellos,
evidentemente, aplicables a partir del 2, 3 ó 4 --paro de larga duración,
paro juvenil, ayudas a las rentas agrícolas, etcétera-- todos éstos son
aplicables a estos países con los mismos criterios que en la Comunidad.

La disparidad estaba en la aplicación o no del objetivo número 1, de
aquellos mecanismos de apoyo previstos en la Unión Europea para las
regiones a nivel 2, el nivel que en España sería de comunidad autónoma,



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y que tuvieran un 75 por ciento por debajo de la renta comunitaria.

Dado que las distintas regiones de estos países, salvo la región de
Burgenlan (Austria), no reunían los requisitos «stricto sensu» de la
legislación comunitaria, la delegación española se opuso desde el
principio a que se les concedieran estas ayudas con el título del
objetivo 1, es decir, como regiones atrasadas, por debajo del 75 por
ciento, y con un nivel regional similar al que tenemos en la Comunidad.

Después de duras negociaciones y haciendo España la salvedad de que no se
oponía a la concesión de fondos específicos, teniendo en cuenta las
peculiares características de estas regiones, que son muy desfavorecidas
por el clima, por su lejanía y por su despoblación, dejando bien claro
que España estaba dispuesta a considerar una política regional que, en
términos financieros, fuera equivalente pero que no contaminase la
política regional comunitaria, se consiguió que la posición común de la
Unión fuera la concesión de un objetivo nuevo, el objetivo 6 o programa
Nodic, que se otorgará a las regiones árticas que tengan menos de ocho
habitantes por kilómetro cuadrado. Esta concesión para los cuatro países
supondrá de 180 a 200 millones de ecus al año y durará hasta 1999, cuando
se revisará toda la política regional de la Comunidad. Por supuesto, se
aplican los otros objetivos y el total de ayudas que recibirán estos
países al año, en concepto de política regional, estará entre los 1.000 y
1.100 millones de ecus.

Al mismo tiempo, y para compensar las preocupaciones de tipo financiero,
el impacto del «big bang» en los primeros años, se les ha concedido una
serie de ayudas directamente dirigidas a la agricultura, con objeto de
remediarlo. Esas ayudas se han ido considerando por distintos conceptos.

Una de ellas se da en el primer año, que es cuando deberían beneficiarse
de una serie de programas agrícolas, pero no lo van a hacer porque las
campañas no están establecidas, etcétera, y se les compensa con una ayuda
global de 900 millones de ecus a los cuatro, a los que se añaden
posteriormente unas ayudas por devaluación de «stock» y la ganancia que
supone para ellos el traslado de las ayudas que daban ciertos países por
el espacio económico europeo --era el famoso Fondo de Cohesión para
España, Portugal, Grecia e Irlanda--, que ya no lo tendrán que pagar
ellos cuatro solos, sino que se integra dentro del presupuesto
comunitario y, por tanto, se repartirá entre los dieciséis países que
formamos parte de la Unión Europea. En total, estos países tendrán unas
compensaciones financieras globales regresivas que serán del orden de los
2.000 millones de ecus, en 1995, exactamente 1.948 millones de ecus, que
descienden a 989 en 1996, a 404 en 1997 y a 255 en 1998, para ya no tener
ningún tipo de compensación a partir del quinto año.

Simultáneamente, se pudo resolver el problema de Austria, que era el
problema más espinoso, sobre todo después del resultado del referéndum
suizo, que ha rechazado las posibilidades de acordar el tránsito tal y
como había sido convenido en el marco del espacio económico europeo. Este
impacto negativo del referéndum suizo sobre Austria ha sido muy fuerte y
también lo ha sido sobre algunos países de la Unión, concretamente sobre
Francia, cuyas desviaciones de tráfico a través de su territorio evitando
el territorio suizo ha sido muy fuerte. Esta negociación llevó a que, al
final, se aceptase que Austria tendrá una derogación de tres años para
mantener los esquemas de tránsito actual, que se ampliará automáticamente
a otros tres, a menos que haya una decisión contraria por unanimidad y,
por tanto, Austria puede estar en esa decisión bloqueando el paso. Son
prácticamente seis años seguros, en los que se verá si se ha reducido el
índice de contaminación por debajo del 60 por ciento; si no ha sido así,
se podrán prorrogar otros tres años. Es decir, que el total de la
duración del tránsito puede durar hasta el año 2003, que era cuando
expiraba el convenio que tenía Austria con los países de la Unión
Europea.

Finalmente, el problema de la inversión en segundas residencias, en el
que los países candidatos aspiraban a una derogación permanente, ha
quedado en un período transitorio de cinco años.

Estos han sido hasta estos momentos los resultados de Austria, Suecia y
Finlandia. Quedaban pendientes los problemas derivados de Noruega, no
solamente el conocido problema de la pesca, sino también de la
agricultura (Noruega tiene serios problemas en su agricultura, tiene una
industria de transformación volcada solamente a la producción local, muy
subvencionada, no competitiva en términos de la Unión Europea), que
necesita fuertes ayudas, y el llamado «big bang» planteaba mayores
problemas si cabe a Noruega que al resto de los países.

Por otra parte, está el conocido problema de la pesca, al que me voy a
referir a continuación.

En la última sesión de los días 7 y 8, Noruega ha aceptado la posición
común en materia de agricultura y ha hecho algunas aproximaciones en el
terreno de la pesca. Partíamos de la posición negativa absolutamente no
negociadora expresada por los responsables políticos noruegos de ni un
solo pescado más; evidentemente, a partir de esa posición no era posible
llegar a alcanzar la flexibilidad que España estaba dispuesta a mostrar
en este terreno. Pero, en los últimos días, la delegación noruega ha
efectuado algunas aperturas que, junto con la mediación establecida por
la Comisión, pone la negociación en mejores vías, por no decir en vías
definitivas, de solución, para la siguiente reunión, que tendrá lugar el
próximo martes.

Otro problema era el del acceso a los recursos. España solicitaba la
recuperación de los derechos históricos perdidos en 1981 por decisión
unilateral de Noruega (cifrado en el orden de las 7.000 toneladas de
bacalao equivalente) y solicitábamos también un aumento por adhesión, en
concepto de cohesión para los cuatro países, por debajo del 80 por ciento
de la media comunitaria (del orden de las 11.000 toneladas) a repartir
entre los cuatro. Pues bien, en los últimos días, se consolidan las
cantidades del espacio económico europeo (en vez de llegar hasta 1997,
que era cuando se alcanzaba la cifra máxima de 11.000 toneladas, esas
11.000 toneladas bajan, se aplican tres años antes, es decir, a partir de
la adhesión en 1985, con lo cual ya se consolida la cifra de 11.000 a la
que se hubiera llegado al final del período pero para lo que hubiera
habido que establecer una media entre las 6.000 del primer año y las
11.000 del



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siguiente, con lo cual hubiera sido en torno a unas 8.000 toneladas), y
hay alrededor de unas 3.000 toneladas más a repartir, evidentemente con
Portugal, Grecia e Irlanda, en concepto de cohesión. Al mismo tiempo,
Noruega nos cede unas 1.000 toneladas en cuota NAFO, cerca de Canadá, y,
por otra parte, hay algunas ofertas no concretadas últimamente en el
sentido de conceder unas 5.000 toneladas adicionales en aguas de países
terceros, también a cargo de los fondos comunitarios. Esa oferta no está
todavía concretada, estamos haciendo gestiones tanto con la Comisión como
con Noruega para llegar a una definición más precisa sobre de dónde
precederían esas cuotas y cuál sería la cantidad de las mismas. Hasta
aquí lo que se refiere a los recursos.

En cuanto al acceso a aguas, nuestra preocupación ha sido siempre que los
españoles no sufriésemos discriminación con relación a los nuevos
candidatos, discriminación que se podría producir, dado que España tiene
un período transitorio hasta el año 2003 y, si no se les hubiera aplicado
el período transitorio a los países candidatos, hubieran tenido mejores
condiciones que las que tiene España en estos momentos. La manera de
resolver este tema era doble. Bien adelantar la terminación del período
transitorio para España, que es lo que se está tratando en el Consejo de
Pesca, o bien que se aplicaran las mismas condiciones a los países
candidatos que a España.

En lo que se refiere a los dos países, porque Austria no plantea
problemas pesqueros, como es obvio, a Suecia y Finlandia, se les aplica
las mismas condiciones que a España, ellos lo han aceptado ya, y en lo
que se refiere a Noruega se está en negociaciones para conseguir una
cláusula similar a ésta, pero que también pudiera derivar en un
compromiso de la Comunidad de adelantar la terminación del período
transitorio para España o, por lo menos, mejorar sensiblemente las
condiciones del período transitorio, antes de que se produzca la adhesión
de dichos países. Como esto se está discutiendo en el Consejo de Pesca y
éste se tiene que reunir en el mes de abril, existen unas propuestas de
la Comisión que, por parte de España, van en la buena dirección, pero que
estaban siendo sistemáticamente disminuidas, empeoradas por algunos
países pesqueros de los Doce. De lo que se trataría es de que antes de
que se produzca la entrada en vigor del Tratado de Adhesión de Noruega y
antes de que haya sido ratificado por nuestro Parlamento y por los
restantes, este problema de la situación de nuestros pescadores en las
aguas comunitarias haya sido resuelto.

Hay otros dos temas que quedan pendientes de la negociación, que ya no
son solamente de tipo sectorial con Noruega, sino de tipo horizontal: la
cuestión de la Unión Económica y Monetaria y la cuestión de la minoría de
bloqueo o sistema institucional de voto en el seno de la Comunidad.

En lo que se refiere a la Unión Económica y Monetaria tenemos una
posición lógica, coherente, que consiste en querer estar en el núcleo de
países que puedan estar en condiciones de pasar a la tercera fase en
1997, pero esas condiciones, que había sido negociado con una Comunidad
de doce, en una Unión Europea con dieciséis, se pueden ver agravadas
porque los criterios, los parámetros aportados por los cuatro países
candidatos hacen que esas condiciones pactadas en 1992 se hagan más
difíciles en 1997. Por lo tanto, solicitábamos una derogación transitoria
de dos años para que se tuvieran en cuenta exclusivamente los criterios
de los actuales doce países miembros de la Comunidad y para que, en el
cálculo de la mayoría, para pasar a esa tercera fase, se tuviera en
cuenta exclusivamente la mayoría de los doce países miembros de la
Comunidad.

Esta lógica posición española, sin embargo, hay que reconocerlo, no fue
recibida con un apoyo entusiasta por la mayor parte de las delegaciones,
había comprensión por parte de algunas, pero realmente la posición
mayoritaria era contraria. Por lo tanto, España señaló entonces que lo
que quería era marcar su preocupación y marcar el principio, y si no se
podía obtener una solución de tipo jurídico inserta en el Tratado, a
través de una cláusula de tipo temporal, que se pudiera tener una
declaración política, un compromiso político de que el paso a la tercera
fase, en esa decisión que hay que tomar por mayoría cualificada en 1997,
constatando cuántos países cumplen los criterios, en ese momento se
tuviera principalmente en cuenta la situación de los doce países que
actualmente formamos parte de la Unión Europea.

En eso estamos, se está intentando negociar ese tipo de declaraciones,
ese tipo de compromiso político.

En lo que se refiere a las minorías de bloqueo, siempre se habla de la
mayoría necesaria para adoptar una decisión cuando se vota por mayoría
cualificada, conforme al artículo 148, pero, para entendermos mejor,
hablamos de la minoría de bloqueo.

Normalmente, en todas las adhesiones anteriores, se ha producido que,
cuando hay más Estados miembros, es necesario subir el umbral de la
minoría de bloqueo. Así se ha producido en la primera ampliación, en la
segunda y, mecánicamente, la mayor parte de los países quieren hacerlo
también en esta otra. Pero esta otra es diferente; en esta otra entran
cuatro países escasamente poblados, con poca población --todos ellos
suman 25 millones de habitantes, un seis por ciento del total de la
población de la Comunidad-- mientras que el número de votos que estos
países van a tener, sumados, son 14, que representan el 16 por ciento del
número de votos de los países de la Comunidad. Por lo tanto, existe una
clara desproporción entre número de votos en el Consejo y número de
habitantes en esos países.

En las anteriores ampliaciones no ocurrió esto, porque siempre se produjo
la entrada de países pequeños, poco poblados, y de países grandes. En la
primera entró el Reino Unido y en la segunda, si se incluye también a
Grecia, entró España.

En esta ocasión es diferente y, además, se produce también un salto
cualitativo diferente de esta Unión Europea, donde los países que entran,
como no puede ser de otra manera, son países nórdicos o centroeuropeos,
con unas características evidentemente diferentes de las que tienen los
países que estamos al sur de la Comunidad o que tenemos unos problemas
específicos.




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Por tanto, para resolver este problema, frente al salto matemático de la
minoría actual de bloqueo de 23 votos a 27, el Reino Unido, teniendo en
cuenta también estos problemas que acabo de explicar y estos
desequilibrios nuevos que se introducen, desea mantener la minoría de
bloqueo en 23 votos. Esto es rechazado por la mayor parte de los países
y, en principio, por el Parlamento Europeo, porque dice que va a
dificultar el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea.

Frente a estas dos posturas extremas, España acepta el salto hacia
adelante y subir la minoría de bloqueo de 23 a 27 votos como norma
general, pero, al mismo tiempo --y esto es en aras de la eficacia en la
toma de decisiones, facilitar la toma de decisiones--, teniendo en cuenta
los desequilibrios que se generan con esta nueva ampliación y para
atender al principio de legitimidad democrática, que haya una mejor
representación del número de personas que tienen los países, mantiene la
minoría de bloqueo en 23, siempre que esos 23 votos estén reunidos por,
al menos, tres Estados miembros; es decir, que frente a la posibilidad de
que bloqueen con 27 votos una combinación de países que todos ellos
juntos podrían tener 40-45 millones de habitantes --que sería el caso de
una combinación de países poco poblados--, la posibilidad de que 105-110
millones de habitantes, un tercio de la población de la Comunidad pueda
también formar una minoría de bloqueo o, lo que es lo mismo, que sus
intereses puedan ser tenidos en cuenta, también parece una aspiración
lógica.

Esta es la posición mantenida por España y por parte del Parlamento
Europeo no nos consta que sea algo que le repugna a dicha institución. Y
¿por qué nos basamos en eso? Entre otras cosas, porque el propio
Parlamento Europeo, en el «Report Herman», reconoce que es necesario
introducir un sistema de votaciones que tenga en cuenta no solamente los
Estados, como sería en un sistema intergubernamental, y el peso relativo
que tenga cada Estado en el sistema de votos en el Consejo, sino también
la población.

Yo creo que ésta es una explicación que debemos hacer, que debemos seguir
haciendo, que estamos haciendo en estos momentos y nos gustaría que este
problema que expone España sea tenido en cuenta a la hora de cerrar las
importantes negociaciones de adhesión a las Comunidades Europeas, a la
Unión Europea, que, esperemos, concluya felizmente el próximo martes.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Molins.




El señor MOLINS I AMAT: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Westendorp no sólo su comparecencia, sino las explicaciones extensas, que
todavía son más de agradecer por la gran cantidad de trabajo que en este
momento está desarrollando. Muchas gracias por su información que, por
otra parte, ha sido extraordinariamente clara.

Voy a hacer una intervención muy breve. Nosotros entendemos que, en
general, los capítulos que nos ha explicado, cerrados entre el 26 y el 28
de febrero, que eran los capítulos más dificultosos, por otra parte --de
política regional, agricultura, segundas residencias, circulación por
Austria--, se han cerrado en una forma razonable. Probablemente algunos
de los mecanismos utilizados ahora para llegar a acuerdos hubieran sido
muy útiles, de ser conocidos y de estar esa posibilidad encima de la
mesa, para otras adhesiones en otros momentos de la historia, pero eso es
muy fácil verlo ahora. En aquel momento, probablemente no existía esa
facilidad o esa posibilidad. Insisto en que yo creo que se han cerrado en
forma extraordinariamente razonable.

Restan los problemas concretos con Noruega y, fundamentalmente, los
problemas de los Doce con la ampliación, los problemas internos entre los
Doce y no sólo con los países a los que se amplía la Comunidad. Al
respecto, nosotros quisiéramos exponer nuestra posición, política
fundamentalmente.

Todos nos planteamos, en su momento, si deseábamos o no la ampliación y
creo que no debemos perder de vista que políticamente todos hemos
decidido que era buena la ampliación; decisión, por otra parte, que no
estaba clara. Es decir, podía haberse discutido mucho sobre las
tendencias a reforzar los mecanismos de funcionamiento de los Doce antes
de plantearse nuevas adhesiones, pero pareció que por las situaciones
internas específicas y concretas de los Doce podía ser un buen mecanismo
para un paso adelante --alguien lo puede llamar una huida hacia adelante,
yo creo que no-- de la Unión Europea el, a pesar de esos problemas
internos de los Doce, producir la ampliación. Por tanto, nosotros por lo
menos, y estoy seguro de que también el Gobierno, tenemos muy presente
que todo lo que estamos haciendo son esfuerzos porque queremos que este
proceso acabe con la ampliación de la Comunidad a esos nuevos cuatro
países. A partir de aquí, evidentemente, y aunque esa decisión política
sea así de clara y de rotunda, esa ampliación no puede hacerse en
cualquier circunstancia ni en cualquier situación y, por tanto, son
perfectamente comprensibles los reparos que en este momento no sólo
España --pero por razones concretas particularmente España-- está
defendiendo respecto a la adhesión de uno concreto de esos países,
Noruega, respecto a esos mecanismos de los que hablábamos anteriormente.

A nosotros nos parece que en el tema concreto noruego lo que choca más es
no tanto el hecho concreto de unas toneladas arriba o abajo como la
ruptura de un principio que nos parece fundamental en la Unión Europea,
que es el libre acceso de todos a todas partes. Insisto, no es tanto el
mantenimiento de unas cuotas de pesca o las posibilidades de nuestro
sector --que también lo hemos de defender, obviamente-- sino que me
parece más importante la defensa del principio del libre acceso que no
unas toneladas concretas. Por tanto, entendemos que es muy razonable la
posición que está adoptando España. Ya se ve que poco a poco se va
abriendo camino a la imposibilidad de aceptar otro tipo de soluciones que
otros países, quizá porque valoran menos ese capítulo pesquero y ante su
deseo de la unión y de la adhesión, están más predispuestos a no valorar
en lo que yo creo que es justo valorarlo, que es algo



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muy importante y, por tanto, nuestro apoyo a la posición mantenida por el
Gobierno.

Me alegro muchísimo de la explicación que nos ha dado el señor
Westendorp, que me consta que es la que hace pocos días --no sé si ayer
mismo o anteayer-- exponía ante el Parlamento Europeo, porque ciertamente
la posición española respecto a la minoría de bloqueo no estaba siendo
bien interpretada o, por lo menos, no estaba siendo bien explicada,
probablemente de manera interesada estaba siendo deformada. Ha quedado
claro ya ahora con su explicación, señor Westendorp, que la posición de
Gran Bretaña no es la misma que la española, que no tiene nada que ver, y
cómo y hasta qué punto la posición española representa una garantía que
debe ser dada a los ciudadanos europeos, lo más aproximadamente posible,
de que esta Europa que estamos construyendo se hace sobre la base de los
Estados, pero se tiene en cuenta también el principio democrático de cada
ciudadano un voto, y que aproximamos o intentamos conciliar esa Europa de
los Estados que se está creando con la Europa de los ciudadanos, es
decir, que el peso de cada ciudadano no sea baladí respecto al peso de
los Estados que no pueden ser considerados en este sentido como iguales,
bien entendido que cada uno lo es, evidentemente, pero no en la toma de
determinadas decisiones. Es decir, que lo que pueda bloquear no sean sólo
los Estados considerados todos iguales, sino también ponderado su peso
con el número de sus ciudadanos. Por tanto, creo que en este sentido no
se trata sólo de dar nuestro apoyo a la posición española, sino, además,
en la medida de nuestras posibilidades, comprometernos a intentar ayudar
en esa explicación, cosa que es muy necesaria porque ciertamente no era
así entendida. En los contactos que todos podemos tener con
parlamentarios amigos de otros Estados miembros, la explicación que a uno
le dan es que no están de acuerdo con la posición española porque se
creen que la posición española es otra, por lo que entre todos debemos
comprometernos a ayudar --como digo-- a aclarar cuál es realmente la
posición española respecto de las minorías de bloqueo.

Gracias otra vez, señor Westendorp. Termino diciéndole que estoy seguro
de que usted comparte con nosotros el deseo de que la Comunidad pueda ser
ampliada a partir del 1 de enero de 1995; como estoy convencido se lo
reitero en concordancia con su posición.




El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra don Narcís Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, también quiero empezar por
agradecer al señor Westendorp su comparecencia y su intervención, que nos
parece que a pesar de la brevedad ha estado llena de contenido y ha
resultado bastante esclarecedora de algunas posiciones.

Siguiendo un poco el hilo de la misma, queremos empezar por señalar que
nuestro grupo siempre ha sido favorable a la ampliación de la Unión
Europea y que habría de hacerse de forma pausada, sin prisas pero sin
pausas. Quizá si previamente se hubiera producido una posición común de
los Doce respecto a las reformas institucionales, algunos de los
problemas actuales los podríamos haber evitado. Sería de desear que eso
hubiera sido así, en cualquier caso las cosas han sido como han sido.

Continuando el hilo de su intervención, me parece que, por ejemplo, la
pretensión de incluir regiones importantes, fundamentalmente Laponia y
otras, en el Objetivo 1 podría haber significado una distorsión
considerable de la política de desarrollo regional de la propia Unión
Europea y que esa salida que han encontrado ustedes con el programa
Nordic, el Objetivo 6, esa carencia de subvención o de ayuda financiera
al desarrollo nos parece que es una solución bastante acertada e
inteligente.

Los problemas de Austria con el tránsito rodado son, lógicamente, como
usted ha dicho, subsidiarios del no suizo, que ha alterado la dinámica de
todos, especialmente la nuestra. Probablemente los más perjudicados con
la no entrada de Suiza somos nosotros. Sin duda, en el problema que
plantea Austria de la contaminación por el tránsito rodado a través de
los Alpes, de las redes transeuropeas, la salida de Suiza de esta
dirección nos ha perjudicado a todos.

Con respecto a Noruega, queremos mostrar nuestro apoyo a la posición del
Gobierno, insistiendo en algo que se ha dicho anteriormente, en la
importancia no sólo de unas toneladas más o menos --siempre importantes,
cuantas más mejor-- de bacalao, teniendo en cuenta, además, la especial
significación que tuvo para nuestra flota pesquera en nuestra entrada en
la Comunidad la reducción importantísima, el sacrificio considerable que
tuvo que hacer este sector en ese terreno. Por tanto, no es una cuestión
baladí o banal el que sean mil, dos mil o seis mil toneladas más de
bacalao, son importantes estas toneladas; pero junto con este criterio,
el otro que se ha esgrimido anteriormente, quizá más importante
conceptualmente, el acceso de todos a todo nos parece que tiene
probablemente más peso conceptual. Repito que apoyamos esa posición y a
pesar de las presiones que ustedes hayan podido recibir, ya que tenemos
informaciones de prensa de diferentes países en los que ha sido así,
fundamentalmente por parte, al parecer, de Alemania, creo que hay que
mantener la presión intentando que en esa reunión del próximo día 15,
habiéndose modificado sustancialmente la posición noruega, se pueda
llegar a acuerdos que no signifiquen retroceder en las nuestras; tener la
flexibilidad necesaria para poder llegar a acuerdos, pero sin que
signifique una renuncia a nuestras posiciones esenciales. En ese sentido
contará usted con nuestro apoyo, señor Westendorp.

En el otro problema, el de la Unión Económica y Monetaria, que
lógicamente con la entrada de los tres países, Suecia, Finlandia y
Austria, puede modificar muy mucho los diferentes indicadores de la
convergencia, creo que ustedes un poco voluntaristamente siguen
manteniendo el horizonte de 1997. Creo que eso lo ha abandonado ya todo
el mundo, incluidos nosotros; todo el mundo. Otra cosa es que quizá por
razones de índole psicológica se quiera mantener para continuar la
presión sobre esas coordenadas económicas, pero creo que no mantiene ya
absolutamente nadie en la realidad ese horizonte de 1997, todo el mundo
como mínimo está en el horizonte de 1999. Mi grupo ha



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defendido, en sintonía con algunas altas autoridades de la Unión Europea,
la necesidad de incluir entre esos criterios de convergencia nominal
otros criterios de convergencia especialmente importantes para nosotros,
como el paro de larga duración y el paro juvenil, que nos parece que
podría dar una visión más acertada de la realidad de la convergencia
europea y, en función de esa visión más acertada de la realidad, impulsar
políticas en la dirección de combatir esa lacra que nos parece
especialmente importante, especialmente significativa. Yo sé que eso no
está hoy encima de la mesa, que la mayoría de los Doce no lo comparten,
pero nos parece que es un error. Queremos insistir en que para nosotros
sería importante incluir esos parámetros de paro entre los criterios de
convergencia.

Respecto a la minoría de bloqueo, creo que la posición española ha sido
correcta, no sólo porque nos interese, sino por algo conceptualmente más
importante, claramente diferenciado de la posición de Gran Bretaña, que
es casi antitética con la nuestra. El argumento político de más peso para
defender nuestra posición tiene que estar basado no en la posibilidad de
que con la entrada de los tres, y la próxima de Noruega, se desplaza el
centro de gravedad de la Unión Europea al norte, con lo que pueda
perjudicar al sur, etcétera, sino en el hecho de que la entrada de estos
tres países nuevos es posterior a Maastricht, posterior a la entrada en
vigor del Tratado de la Unión, con lo que significa de vigencia actual de
la ciudadanía europea. Por tanto, dar importancia al peso de los
ciudadanos nos parece que es un argumento político de más entidad, no
sólo, repito, por la matemática más o menos instrumental de impedir
acuerdos que puedan perjudicar a los países del sur, en concreto al
nuestro, sino además por el principio de devolver soberanía a los
ciudadanos en función de que no es razonable, desde ningún punto de
vista, que una minoría de ciudadanos pueda imponer a una mayoría
determinadas cuestiones, sobre todo, repito, después de la entrada en
vigor del Tratado de la Unión y la incorporación posterior de estos tres
países.

En general tenemos una posición bastante acorde con la mantenida por el
Gobierno. Termino felicitando, de nuevo, al señor Westendorp por su
intervención, que nos ha parecido esclarecedora, y agradeciéndole su
presencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Tocino.




La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Muchas gracias al señor Secretario de
Estado para las Comunidades Europeas porque, como han dicho esta mañana
los representantes de los grupos parlamentarios, después de unas duras
negociaciones comparece hoy el señor Westendorp para explicarnos con más
detalle cuáles han sido los entresijos de estas duras negociaciones y por
dónde podemos esperar que vayan en el futuro, la próxima semana.

Mi grupo ha tenido ya ocasión de pronunciarse, señor Westendorp, como
usted sabe, en una línea de total y absoluto apoyo a la dureza y a la
firmeza con la que nuestro Gobierno está defendiendo los intereses
nacionales. Y si es cierto que en reiteradas ocasiones hemos tachado al
Gobierno de no defender hasta el final estos intereses nacionales, no
sólo no nos duelen prendas sino que nos hemos anticipado a decir que
adelante en esa dureza y firmeza para defender nuestros intereses. Quizá
ha sido muy bueno, muy positivo, que acuda el señor Westendorp esta
mañana para que nuevamente le reiteremos nuestro apoyo y nuestro impulso
para que él y los negociadores no se sientan desamparados. Porque no
quisiera entender de sus palabras --he tenido esa vaga sensación-- que a
lo mejor por el cansancio de estos días en las negociaciones tan duras
los representantes de nuestro Gobierno están dispuestos si no a
claudicar, sí a ir aceptando poco a poco, por no decir cediendo, puesto
que lo mismo en los temas de pesca en relación a Noruega como en el arduo
y gravísimo problema de las minorías de bloqueo parece que el señor
Westendorp intentaría darnos una posible pista de por dónde podrían ir
las negociaciones. Desde luego nos parece bien que se desbloqueen. Mi
grupo siempre ha estado totalmente a favor de la ampliación y hemos sido
partidarios de la fortaleza europea. Pero también hemos dicho en
reiteradas ocasiones que la ampliación tiene que producirse pero no a
cualquier precio. Creo que hemos de centrar un poco estos temas de la
ampliación en tres puntos esenciales: lo que representa el acuerdo
pesquero con Noruega, lo que representa la minoría de bloqueo y un
comentario sobre si se aplican o no los posibles criterios de
convergencia a los países que formarían parte de la esta ampliación.

La verdad, señor Westendorp, es que yo creo que existe un mal precedente
en Europa, en primer lugar, porque los españoles claudicamos siempre y
claudicamos muy pronto. En ese sentido creo que los tenemos muy mal
acostumbrados. Por eso ahora tenemos que leer en la Prensa, no sólo
nacional sino internacional, que España está bloqueando con su derecho de
veto, y el señor Kinkel, Ministro de Asuntos Exteriores alemán, poco
menos que nos ha tachado de insolentes, y no nos llama thatcheristas
porque el thatcherismo está un poco pasado de moda, pero por ahí van sus
insinuaciones de que no queremos saber nada de Europa, cuando realmente
es todo lo contrario y cuando podemos esgrimir que precisamente bajo los
auspicios de la Presidencia de España se inició lo que fue el primer
cauce y el primer marco de lo que hoy es la ampliación: el Acuerdo del
Espacio Económico Europeo. Curiosamente, conviene recordar que fue la
Primera Ministra de Noruega la que impulsó este Acuerdo del Espacio
Económico Europeo. Por tanto, creo que estábamos todos muy de acuerdo en
que Noruega tendría que entrar y España se sintió tremendamente halagada
de que en aquella época pudiéramos ya encauzar esa posible ampliación a
través del Espacio Económico Europeo.

Conviene recordar este antecedente porque, en cierta medida, aquí está un
poco la clave de cuanto nos pasa. He dicho ya en reiteradas ocasiones,
primero, que la ampliación no está cerrada, como se nos ha dicho, porque
faltan negociaciones, pero sobre todo porque faltan dos temas
fundamentales: falta que las opiniones públicas de sus respectivos
países, a través de un referéndum, acepten ese ingreso en la Comunidad
Europea y, por otra parte, falta que



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los parlamentos nacionales ratifiquemos esta ampliación. Usted muy bien
ha dicho que antes de la ampliación, antes de esa ratificación,
tendríamos que tener esas condiciones estrictas bien claras y bien
comprometidas para que España pudiera ratificar. ¿Por qué digo que ha
sido un mal precedente el Espacio Económico Europeo? Por una razón muy
sencilla, porque el propio Gobierno se mostró muy complaciente en esas
negociaciones del Espacio Económico Europeo y existen suficientes
«Diarios de Sesiones», como el del 25 de noviembre del año 1992, cuando
el Secretario de Estado de Comercio, señor Feito, en un triunfalismo yo
creo que desbordante, con una alegría que a mí no me parece que
respondiera a la realidad, y así lo hice constar y figura en el «Diario
de Sesiones», decía: Por lo que se refiere a este Acuerdo del Espacio
Económico Europeo, sólo se puede decir de manera categórica que se
obtienen ventajas. Esto no era así entonces, y tan no era así entonces
que después hemos visto las idas y venidas de nuestro Gobierno en las
propias negociaciones de ese Espacio Económico Europeo y, a su vez, tuve
la ocasión también en esta Cámara no de denunciar, sino simplemente
enunciar los cambios de posición que estaba teniendo nuestro Gobierno.

Creo nuevamente que éste ha sido un mal precedente para la firmeza que
ahora tenemos. Los europeos, los demás países comunitarios saben que
España enseña los dientes, pero acaba por no morder y entonces intentan
que con unas negociaciones que se vayan prolongando llegue un momento en
que España claudique. Todos sabemos que Noruega también está jugando un
juego distinto al de los demás países de la ampliación, puesto que tiene
más problemas que los demás países comunitarios para su ingreso a través
del referéndum y le vendría incluso bien --conviene decirlo-- que otros
países se sumaran primero a la ampliación, tuvieran estos referendos
positivos y entonces Noruega pudiera demostrar, como país nórdico, no
puede quedarse descolgado de la ampliación simplemente formando parte del
Espacio Económico Europeo, que sería ya un acuerdo bastante light porque
todos habrían pasado no solamente a la fase del decision shaping, sino
del decision making, a través del derecho de voto, que es lo que más les
interesa.

Digo, por tanto, que les hemos acostumbrado mal, porque usted recordará
muy bien, señor Westendorp, a veces incluso con contradicciones entre el
propio Gobierno, cómo el 12 de enero de 1993 nuestro Gobierno se expresa
diciendo que España piensa que la aprobación precipitada del Espacio
Económico Europeo es un mal comienzo para las negociaciones de la
ampliación. Esto se dijo el 12 de enero de 1993 y se mantuvo la misma
tesis el 20 de enero de 1993, en el Parlamento Europeo, cuando nuestro
Ministro de Asuntos Exteriores anunció el deseo de renegociar, por
desequilibrado, el Espacio Económico Europeo. Tuve ocasión de comentar
esto a S. S. y lo único que me dijo es que era debido a que Suiza se
quedaba fuera. Traté de demostrarle entonces, señor Westendorp, que lo de
Suiza, efectivamente, era un hándicap y que en función de la cláusula
rebus sic stantibus era un tratado distinto el que había que negociar.

Pero que había mucho más en el fondo: los países que pretendían
incorporarse lo hacían casi con condiciones leoninas. Nuestro Gobierno,
que el 20 de enero de 1993 dice que hay que renegociar todo, el 1 de
febrero de 1993, es decir, 15 días más tarde, dice que hemos obtenido
satisfacción suficiente como para levantar las reservas que hemos
mantenido en el Espacio Económico Europeo. Por tanto, pedimos
explicaciones, que no se nos dan, pero el 22 de noviembre estábamos
dispuestos a negociar el Espacio Económico Europeo. El 8 de marzo de
nuevo España da marcha atrás y dice entonces que en las condiciones en
que se quiera negociar el Espacio Económico Europeo se nos plantea a
España una discriminación inaceptable --cito palabras textuales del señor
Solana-- y que, por tanto, España se siente resentida por la traición de
los futuros socios de la Unión Europea --concretamente se refería a unos
acuerdos en agricultura; ni siquiera entrábamos en el tema de la pesca--
y que, por tanto, España vincula su apoyo al Espacio Económico Europeo a
la ratificación de Maastricht, que por entonces se venía demorando. Esto
ocurre el 8 de marzo de 1993 y nuevamente, y sin darnos ningún tipo de
explicaciones, cuando se había mantenido esa fecha de marzo, decía el
señor Solana: No estoy dispuesto a asegurar un calendario de ratificación
del Espacio Económico Europeo. El 22 de abril de 1993 --es decir, cuando
ya empezábamos aquí el período electoral de unas nuevas elecciones
generales anticipadas-- se dice por el señor González que España no
condiciona la aprobación del Espacio Económico Europeo a la ratificación
de Maastricht.

¿Por qué saco yo estos antecedentes a colación? Porque las condiciones
que ahora estamos viendo tan difíciles de modificar se han aceptado ya en
el Espacio Económico Europeo, nada favorables para España, aunque nos
felicitamos de que se haya conseguido ese adelanto de las 11.000
toneladas y que ahora esos tres años de adelanto nos supongan un poco más
de cuotas. Pero queremos recordar que saben los candidatos y tienen razón
que exigiendo consiguen sus logros. Porque España, que era quien les
planteaba problemas, primero acabó claudicando, pero, segundo, le dieron
las idas y venidas, cantidad de contradicciones, porque no había un
criterio unánime hasta el final de estas negociaciones para la defensa de
los intereses nacionales. Por eso, señor Westendorp, decía yo que sería
bueno que esta mañana saliera usted reconfortado de esta sesión
parlamentaria al saber que tiene usted a todos los grupos parlamentarios
detrás diciéndoles que sigan negociando tan al alza como hacen los
futuros países candidatos, porque las condiciones no son nada buenas, si
no, para España.

Concretamente, en el acuerdo pesquero yo creo que lo más interesante para
España --y usted ha planteado unas posibilidades de acceso a los
caladeros y de cuotas-- en este momento es la eliminación del período
transitorio. No es que se acelere. Yo creo que no podemos pasar nada más
que aceptando que el día que ingrese Noruega --sea en 1995, sea en
1996--, ese mismo día, Noruega que se incorpora, en principio, sin un
período transitorio, ese mismo día quede derogado automáticamente el
período transitorio que tiene España. Porque, desde luego, supondría un
agravio comparativo que un país candidato, que es



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además competitivo en tema de pesca y al que le afecta fundamentalmente
lo que se llama la Europa comunitaria azul --que está fundamentalmente en
España, que es quien tiene más costa y más necesidad de recursos
pesqueros-- entrara sin esas condiciones, y que España siguiera teniendo
un período transitorio que la sigue discriminando. Por tanto, creemos que
el Gobierno debe defender la eliminación del período transitorio. Y, si
se puede conseguir --yo, por lo menos, creo que hay que negociar muchas
cosas para luego poder dejar algo en el camino, y usted lo sabe hacer muy
bien, señor Westendorp--, yo creo que además de lograr que nosotros nos
quedemos ya sin período transitorio, que bastante hemos pasado ya, habría
que exigir que Noruega sea la que tenga un período transitorio para
incorporarse a la Unión Europea. Es una segunda condición que debemos
exigir también en estas negociaciones para poder luego dejar algo. Al
final, yo también pediría en este acuerdo el reconocimiento de las cuotas
históricas en los caladeros de Noruega porque, ¿a santo de qué fuimos
excluidos en el año 1981?
Con relación a los temas pesqueros y para poder ceder algo, estas tres
negociaciones, estos tres puntos creo que son inamovibles. Han de vernos
firmes y sin mandato parlamentario, porque aquí nadie le da un mandato,
que no sería el sistema de esta democracia parlamentaria, pero sepa el
Gobierno que cuenta con el pleno apoyo del Grupo Parlamentario Popular
siempre que se vaya a negociar en esta situación, porque ya digo que es
inadmisible que Noruega, con sus condiciones, pretenda organizar toda la
política comunitaria de pesca a su antojo. Están mal acostumbrados porque
en el acuerdo del Espacio Económico Europeo, como usted muy bien sabe, no
se negoció la aceptación de esta política comunitaria pesquera.

Por ir muy rápido y no profundizar en muchos más temas, como me hubiera
gustado, quiero dejar unos puntos muy claros. El segundo problema que
tenemos es el de las minorías de bloqueo. Yo creo que si es importante
económicamente lo que negociemos en el acuerdo pesquero, desde luego a la
hora de tener un peso específico en el proyecto de Unión Europea, en el
que España tiene que jugar un papel muy importante, está todo ello
concentrado precisamente en las minorías de bloqueo. Yo no sé si le habré
entendido mal, señor Westendorp, pero parece que estuviera dispuesta
España a aceptar ya que se pasara de 23 a 27 en función de la población
que podría bloquear, pero lo que no le he oído es que si aceptamos ya de
entrada esa subida de 23 a 27 es porque también a España le suben el
porcentaje de votos; si ahora tenemos creo que ocho votos, al aceptar ser
27 exigiéramos tener mayor porcentaje. Digo esto por la misma razón,
porque como al final algo habrá que ir cediendo, creo que nuestras
negociaciones tienen que ser al alza para que podamos después conseguir
una condición adecuada. También he leído, aunque tampoco le he oído hoy
que nosotros exijamos que se mantenga el voto de 23 hasta la conferencia
intergubernamental de 1996, igual que han quedado aparcados otros temas,
y que ya se negociaría si, una vez que ya se han incorporado esos países,
pasáramos a los 27. Creo que hay que ser también muy exigentes en este
tema de las minorías de bloqueo, porque aquí sí que España se está
jugando el recuperar ese peso que yo creo que algunos piensan que tenemos
perdido.

Termino diciéndole que en cuanto a los criterios de convergencia de estos
países que ahora constituirían la ampliación de la Unión Europea, señor
Westendorp, comprendo que usted ya lo dé completamente por perdido y que
nos quieran luego vender la idea de que se ha aceptado un compromiso
político, que ya sabemos los compromisos políticos hasta dónde se cumplen
posteriormente. Y es que, señor Westendorp, se nos ha dicho por activa y
por pasiva cuáles tenían que ser los criterios de convergencia y cuáles
tenían que ser las políticas nacionales de crecimiento y de
competitividad que están marcadas en el libro blanco, pero nosotros no
vemos que nuestro Gobierno haya intentado, al menos, iniciar con seriedad
este camino para tranquilizar a los demás países comunitarios de que
España sí que quiere cumplir esas condiciones. Por tanto, creemos que en
este tema, en el que se puede seguir exigiendo que no se ampliaran esos
criterios de convergencia, lo importante es que nosotros demostráramos
que estamos actuando con una política económica completamente distinta,
en la línea de no ser ciudadanos de tercera o cuarta velocidad, sino que
estamos dispuestos a llegar, en las condiciones adecuadas, en el año 1997
ó 1999 --puede producirse ese desfase-- con nuestra situación económica a
cumplir los objetivos que se nos han marcado. Creo que aquí al final
radicaría nuestra auténtica debilidad. Habríamos negociado mal los
caladeros y tendríamos un mal acuerdo pesquero, nos habrían dejado
prácticamente eliminados en cuanto a agendas (ya no digo en cuanto a
conseguir posibilidades, sino ni siquiera marcar la agenda para defender
intereses mediterráneos) si no mantenemos la minoría de bloqueo, y nos
justificarían todo diciendo que hemos sido unos malos socios porque no
hemos querido cumplir esas reglas del juego.

Reitero, señor Westendorp, nuestro total apoyo en esa firmeza en las
negociaciones, en la línea que hasta ahora han estado manteniendo, y
queremos que el martes se acuda con nuevas exigencias, levantando mucho
más el nivel, para que efectivamente se puedan desbloquear esas
negociaciones, cediendo en aquello en lo que realmente pedimos a lo mejor
en exceso, que pueden ser peticiones nuevas, para que nuestros intereses
al final queden bien defendidos y la ampliación no suponga más que un
beneficio para toda la comunidad europea, incluida España.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, permítame en primer lugar,
agradecer la comparecencia del Secretario de Estado para las Comunidades
Europeas hoy aquí. Sé que tienen unas semanas especialmente intensas en
cuanto a horario y a dedicación y que hacer un hueco al Parlamento,
siendo su presencia importante, es un hecho a reconocer. Por lo tanto, le
agradecemos que haya comparecido con esta prontitud para informar de un
tema que sigue en la actualidad, que no se agota con la comparecencia de



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hoy, pero que sí está avanzando y, por lo tanto, es objeto de interés de
esta Cámara.

Me gustaría, en mi intervención, marcar cuál era la posición de salida
para España en esta negociación para poder analizar después si la
evolución de la propia negociación ha ido por el camino correcto, por el
camino deseable para los intereses de nuestro país. Yo entiendo que
nuestro país partía del deseo de mantener un proyecto político y
económico para Europa derivado del Tratado de la Unión Europea celebrado
en Maastricht, por lo tanto, del deseo de una Europa que se desarrollara
en todas y cada una de sus dimensiones y que no diera un tratamiento
específico o de cláusulas específicas a los países que pretendían
integrarse en esta Comunidad internacional que tiene el mayor peso de
todas las que hay ahora mismo tanto a nivel económico como a nivel de
población. Y, en segundo lugar, hay que destacar un objetivo claramente
nacional, el mantenimiento del peso relativo de España que evite un
posible desequilibrio geográfico de la Unión que perjudique a los países
mediterráneos, a los países del sur de Europa que tienen una alta tasa de
población por kilómetro cuadrado, frente a otros países más desarrollados
del norte de Europa que tienen menos población y que, sin embargo,
obtienen, con menos población, una representación bastante considerable
en las instituciones europeas. Yo creo que, sintentizando mucho, éstos
serían los dos puntos de partida en esta negociación que aún no se ha
cerrado.

Antes de entrar a analizar si se ha desarrollado correctamente esta
negociación, me gustaría hacer algunas consideraciones en aspectos
colaterales. En primer lugar, se ha dicho aquí que ha habido
contradicciones en la negociación del Espacio Económico Europeo. Yo creo
que la gran contradicción está en no decir que el Espacio Económico
Europeo ha sido acordado por este Parlamento con la unanimidad de todos
los grupos parlamentarios. Luego, me parece que es un ejercicio
dialéctico bastante banal decir que se ha negociado mal el Espacio
Económico Europeo, porque esta Cámara lo ha aprobado por unanimidad y con
el asentimiento de todos los grupos que la conforman. Si no recuerdo mal,
creo que fue por unanimidad.

En segundo lugar, me alegra también poder expresar mi satisfacción por la
concurrencia de un acuerdo muy amplio de todos los grupos parlamentarios
respecto a la posición del Gobierno español en esta negociación. Creo que
es motivo de especial satisfacción, fundamentalmente cuando ha habido
manifestaciones que considero, como mínimo, muy desafortunadas del líder
del principal Partido de la oposición diciendo que los intereses de
España no han sido correctamente salvaguardados, en contradicción, es
verdad, con las manifestaciones de otras personas cualificadas del mismo
Partido, como el Comisario europeo don Abel Matutes o el mismo Presidente
de esta Comisión, que han apoyado en todo momento la negociación que
estaba llevando a cabo el Gobierno español.

Si apoyamos la postura del Gobierno español no es sólo porque seamos el
Grupo que lo sustentamos en esta Cámara, sino porque creemos firmemente
que ha adoptado una posición correcta en todos los aspectos de la
negociación y que me gustaría desarrollar en tres apartados lo más
sintéticamente posible, que serían: el económico, el político y el
institucional.

En el aspecto económico, yo creo que se ha llegado a un amplio acuerdo en
todos los temas, salvo en materia de pesca. La posición de España en esta
materia entiendo que no sólo es razonable para nuestro Grupo
Parlamentario sino que es más bien exigible para los ciudadanos de
nuestro país. Los pesqueros españoles fueron literalmente distanciados de
los caladeros noruegos en 1981 sin grandes explicaciones. La entrada de
España en la Comunidad fue especialmente sacrificada para el sector
pesquero, el más dimensionado de toda la Unión Europea. El sector
pesquero representaba ciertamente un peligro para los otros países
pesqueros de la Unión Europea porque era un sector muy dimensionado en el
que España era fuertemente competitiva, y de ahí los períodos
transitorios que se nos impusieron. Es lógico, pues, que ahora España
mantenga una posición de dureza, porque eso fue lo que se le aplicó a
nuestro país cuando ingresó en la Comunidad, a pesar de que esto se hizo
en unas circunstancias diametralmente opuestas en la situación política
de la propia Unión Europea a las que existen hoy, y la diferencia
sustancial está en que los países que entraban en la Comunidad eran
grandes mercados, tenían potencialidades muy importantes en agricultura y
pesca, eran por tanto objeto del deseo de las empresas europeas, pero
también suponían un peligro para sectores muy importantes de la
productividad en estos países, mientras que los países que entran hoy
suponen un mercado muy importante por su capacidad adquisitiva, pero no
suponen un peligro especial para los principales sectores económicos de
ninguno de los países de la Unión Europea, salvo la pesca, en la que
España, evidentemente, está posicionada muy singularmente en esta
cuestión. Yo creo que es exigible que Noruega tenga que abrirse a la
competencia en todos sus sectores productivos, y muy especialmente en el
sector de la pesca, porque nuestro país es claramente competidor y, por
tanto, debemos defender nuestros intereses nacionales, tal como otros
países han hecho en cada uno de los momentos de la ampliación.

En el aspecto económico también quedan cuestiones importantes por
dilucidar o por aclarar. En la Unión Económica y Monetaria ha dicho que
existía un compromiso político, y a nosotros nos gustaría conocer, si es
posible, en qué podría consistir este compromiso, ya que es evidente que
las rentas y la situación económica de estos cuatro países candidatos al
ingreso alejan a nuestro país de los criterios de convergencia
establecidos en el Tratado de la Unión.

Quiero mostrar también mi satisfacción por otros dos apartados, tanto en
el de transporte, en el que se ha llegado a un acuerdo equilibrado con
Austria, que permite la circulación a través del Brennero, con respeto
para el medio ambiente en esta zona específica de Austria, el Tirol, que
es una zona altamente sensibilizada en materia medioambiental, como en el
de agricultura, en donde yo creo que España ha conseguido los objetivos
principales de la negociación, es decir, que no se vieran afectados los
fondos del Objetivo 1, que están específicamente dirigidos a regiones con
rentas inferiores al 75 por ciento de la renta comunitaria,



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habiéndose creado un mecanismo que contempla las especificidades
agrícolas de estos países. En cualquier caso, para España en esta materia
es más importante el mercado que nos ofrecen estos países que su
competencia. Por tanto, en materia económica yo creo que ésos serían los
temas que más preocupan a nuestro país.

En cuestiones políticas, son de especial interés las que afectan a la
identidad de la Unión Europea y a sus objetivos, ya asumidos en
Maastricht. No hemos observado, a lo largo del tiempo que ha durado la
negociación, reticencias de los países candidatos a asumir el acervo
comunitario, y la ampliación, por otra parte, supone una importante
revitalización de la idea de Europa y del proyecto derivado del Tratado
de la Unión. Los cuatro países candidatos --Austria, Finlandia, Noruega y
Suecia-- son países que, como ya he dicho, gozan de un alto poder
adquisitivo --la renta per cápita está muy por encima de la media
comunitaria--, y es importante para el fortalecimiento de la idea europea
que países ricos, como son los candidatos que quieren entrar, estén en la
Unión Europea. Creemos que ésta es la mejor prueba de la vitalidad de
este proyecto político, el hecho de que países que gozan de un alto nivel
de bienestar quieran estar dentro de este proyecto político, económico y
social.

Finalmente quisiera referirme muy brevemente a las cuestiones
institucionales. Creo que en el horizonte pesa la Conferencia
intergubernamental de 1996. La entrada de tres países del norte y uno del
centro de Europa produce un reforzamiento territorial de este área dentro
de la Unión Europea frente a los países del sur o mediterráneos. Las
problemáticas sociales, económicas y territoriales serán ahora más
plurales, y existe el riesgo de marginación de políticas que afectan a la
convergencia económica, a la cohesión social y territorial de la Unión
Europea. Es importante que no se margine en las decisiones a países que
representan el 30 por ciento de la población de la Unión Europea; por
ello, nosotros entendemos que es necesario mantener mecanismos que
garanticen, hasta que se realicen las reformas institucionales, la
presencia de los países del sur. En concreto, la fórmula ofrecida por los
negociadores, por el Gobierno español, nos parece una fórmula
equilibrada, porque aceptando que puedan ser 27 los votos de la minoría,
mantiene los 23 --si yo he entendido bien-- siempre que éstos reúnan un
número de habitantes que esté en torno a los 100 millones. Me parece una
fórmula inteligente y flexible que garantiza los intereses de nuestro
país en esta materia.

Si aceptamos que éstas son las tres cuestiones que debemos atender,
podemos ir avanzando posiciones respecto a lo que ha sido la negociación.

La posición del Gobierno español ha sido en todo momento una posición de
defensa de los intereses nacionales de España dentro de una política
netamente europea. Las posiciones en materia de pesca o de exigir que se
mantuviera la minoría de bloqueo responden a una determinada concepción
europeísta en la que no se deben obviar las cuestiones políticas ni las
referidas a la solidaridad personal o territorial. Ampliación y
europeísmo no pueden ser conceptos contrapuestos sino complementarios. La
posición del Gobierno español debe ser mantenida en todo lo sustancial;
para ello cuenta con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario y, en caso
de no encontrar fórmulas que satisfagan las exigencias de nuestro país en
esta negociación, no debe preocuparle ejercer todos sus derechos hasta
que se solucionen las cuestiones pendientes en la negociación. La
ampliación es para nosotros deseable, pero no es urgente si no se
resuelven antes todos los problemas pendientes que son de interés
específico para nuestro país.

Por tanto, le alentamos a continuar en la construcción europea, en el
proyecto diseñado en el Tratado de la Unión: una Europa con dimensión
económica, política y social en la que la solidaridad interregional esté
garantizada; a mantener posturas firmes en la defensa de esta posición,
conociendo que está ampliamente respaldado por esta Cámara. Creo que esto
es lo mínimo y exigible que, como representantes de la soberanía
nacional, podemos hacer hoy aquí: mostrar nuestro firme respaldo a las
posiciones que está manteniendo nuestro Gobierno en defensa de nuestro
país, de los intereses de sus ciudadanos y en la defensa de un proyecto
europeo que tiene una dimensión política además de la económica y social.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Ante todo, querría agradecer profunda y sinceramente el apoyo,
que creo unánime, de esta Cámara a las posiciones que está defendiendo el
Gobierno en estos momentos en la mesa de negociación. Sin duda, este
apoyo es de un extraordinario valor en estos momentos y refuerza
inequívocamente las posiciones negociadoras que está manteniendo nuestro
Gobierno y que responden a ese doble objetivo de defender los intereses
de Europa --y por lo tanto mostrarse favorable a la ampliación--, pero
también salvaguardar los legítimos intereses de nuestro país. Sin duda
alguna, cuando terminen estas negociaciones, quien tendrá la primera y la
última palabra es este Parlamento; por tanto, confiemos en que, cuando el
Gobierno recomiende a esta Cámara la aprobación de los tratados de
adhesión, sean objeto de un apoyo unánime por parte de la misma. Por
tanto, muchas gracias a todos y, por supuesto, el Gobierno informará
puntualmente del resultado de estas negociaciones, como lo ha venido
haciendo hasta ahora.

Agradezco al señor Molins su apoyo y su comprensión relativa a las
fórmulas institucionales que España ha puesto encima de la mesa, que han
sido mal comprendidas, quizá de una manera espontánea pero quizá también
voluntariamente. En unos momentos en que en la guerra de propaganda
cuenta muchísimo el desgaste del adversario y la intoxicación en los
medios, es sumamente importante que se comprenda bien cuál es la posición
española y cuáles son los motivos que están detrás de dicha posición
española.

Señor Vázquez, estoy de acuerdo con S.S. en que las cuotas de bacalao son
importantes; es un principio que hay que mantener, porque quizás no se
trata tanto de las cantidades



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como del principio, aunque las cantidades también sean muy importantes
para dar una actividad económica a un sector muy significativo de nuestra
actividad productiva. Sin embargo, es importante que no exista una
discriminación entre los candidatos y el país miembro en cuestión, que es
España, y que tiene unas condiciones de dureza en nuestro acceso a las
aguas, aunque tuvo la virtud de, por lo menos, detener en el Tratado de
Adhesión la progresiva expulsión de los caladeros comunitarios que se
estaba produciendo en aquellos momentos previos a la firma del tratado.

Yo creo que, aun con dificultades, las flotas españolas están operando en
aguas comunitarias de una manera que aunque yo no diría que es
satisfactoria al cien por cien es relativamente estable y satisfactoria.

También estoy de acuerdo con el señor Vázquez en que el peso de los
ciudadanos, introducido en Maastricht, debe ser mejor tenido en cuenta.

En el sistema institucional que nosotros estamos proponiendo, estamos
avanzando lo que habrá de ser nuestra posición en el marco de la
Conferencia intergubernamental. Nos hubiera gustado, sin duda, haber
resuelto el tema institucional ahora. Lo que ocurre es que, si hubiéramos
anticipado la Conferencia de 1996 en estos momentos, cuando todavía las
heridas de Maastricht no están cicatrizadas, cuando atravesamos un
período de crisis económica y cuando no es el momento más propicio para
hacer ejercicios de profundización en las instituciones europeas, hubiera
sido quizá contraproducente hacer ese ejercicio, porque hubiésemos
obtenido un resultado menos favorable que el que esperamos obtener en la
Conferencia de 1996. Al mismo tiempo, tampoco hubiéramos querido ser los
culpables de un retraso de esas negociaciones de ampliación que ya
estaban garantizadas por la profundización de Maastricht; cuando
tendremos que hacer la verdadera profundización, en 1996, es para
garantizar el éxito de las nuevas ampliaciones hacia los otros países
europeos que quieren y puedan integrarse en la Comunidad.

Agradezdo también a la señora Tocino su apoyo, con el que vamos sumamente
confortados a las negociaciones, y le querría decir que no piense que la
trayectoria española es que al final siempre hemos claudicado; lo que
siempre hemos hecho es negociar y obtener resultados en beneficio de
Europa y de la propia España. Por lo menos yo así lo creo, como también
pienso que lo cree su propio Grupo cuando votó a favor del Espacio
Económico Europeo, y lo hizo porque se habían obtenido unas condiciones
satisfactorias. Yo cité aquí a un parlamentario francés al decir que
presentaba a la aprobación de la Cámara, con lucidez y con pragmatismo,
sin excesivo entusiasmo, el resultado de este acuerdo. Lo dije entre
otras cosas porque sabíamos que el Espacio Económico Europeo era una
especie de expediente para haber evitado una ampliación que no se ha
podido evitar y que en el Espacio Económico Europeo ya no quedaba
prácticamente nadie, ya solamente queda Islandia dentro de este Espacio
Económico Europeo, y, por lo tanto, tampoco parecía demasiado fundado,
una vez que ha salido Suiza. Suiza nos ha tratornado a todos, no
solamente a España; estamos negociando con ella unas condiciones para
aquello que faltaba, pero ha tratornado también y, sobre todo, a los
países que están alrededor de Suiza y cuyos camiones tienen
fundamentalmente que pasar por su territorio; también pasan los nuestros,
pero, sin duda alguna, los franceses y los alemanes, que son países
limítrofes, sufren una enorme extorsión por este bloqueo suizo. Yo confío
en que, a través de negociaciones puntuales con Suiza, podamos resolver
este problema que a Suiza y a la Unión Europea nos está creando este
sistemático recurso a la democracia directa, que es perfectamente
aceptable, pero que, en el plano de las negociaciones internacionales,
ocasiona unos problemas muy difíciles de gestionar.

Digo que al final siempre negociamos sin claudicar porque pensamos que
mantener unas posiciones a ultranza, intentar, en una negociación en la
que existen doce países por una parte y cuatro por otra, unas condiciones
que sean al cien por cien favorables a un solo país es una utopía. Lo que
intentamos es obtener un equilibrio entre el proceso de construcción
europea, en el que nosotros creemos firmemente, y la defensa de los
intereses nacionales. Ese es el equilibrio que estamos intentando buscar
en estas negociaciones y que estamos seguros que vamos a conseguir.

Estoy también de acuerdo con la señora Tocino en que Noruega debe tener
un período transitorio si lo tiene España. Sin duda alguna. Es decir, el
principio de no discriminación es algo que tiene que ser plenamente
aceptado. Esto se puede obtener por varias vías. Por una parte se puede
conseguir dándole a Noruega un período transitorio para el acceso a los
caladeros comunitarios, en aplicación del principio de estabilidad
relativa. Este principio, que es sacrosanto en la Comunidad, significa
que no se puede ampliar la presencia en unas aguas allí donde no se había
tenido una presencia tradicional. Por lo tanto, ese principio también
tiene que jugar para Noruega en las aguas del resto de los países de la
Unión, lo mismo que va a jugar en las aguas noruegas para los países de
la Unión. A lo que nosotros aspiramos en esa presencia es a romper el
principio de estabilidad relativa cuando se negocia la adhesión de un
nuevo país miembro. El principio de estabilidad relativa juega cuando ya
se está dentro de la Unión, pero cuando se negocia es perfectamente
posible que un país nos dé una presencia, como es el caso de Noruega, que
no teníamos o que se nos había quitado anteriormente. Un tema que es
importante y que antes no he mencionado es que Noruega ha tenido que
aceptar el principio de un período transitorio de tres años para las
inversiones en empresas pesqueras en su país, en función de la sentencia
del Tribunal de Justicia que España obtuvo contra la posición británica
de no permitir empresas conjuntas, empresas mixtas en su país, y que dice
que allí donde existe un vínculo real con la actividad económica no puede
haber discriminación por la aplicación del principio de libre
establecimiento en un determinado país. Pues bien, este principio, que
Noruega quería retrasar permanentemente o del que quería obtener una
derogación permanente, se ha conseguido que sea un período derogatorio de
solamente tres años. A partir de este período, las empresas de la Unión
podrán establecerse en Noruega siempre que tengan una conexión real con
la actividad económica en aquel país.

La señora Tocino querría conocer si estamos dispuestos a subir a 27
votos. Por supuesto que sí. Nuestra postura es



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que 27 sea la norma general para la minoría de bloqueo e incluso no nos
hubiera importado haber subido algo más ese porcentaje, como norma
general, en principio en función de la facilidad de la toma de
decisiones, porque si nos hubiéramos mantenido en los 23 votos con más
países, sin duda alguna sería más difícil tomar decisiones. Pero, al
mismo tiempo, lo que queremos es que, aceptando este principio de los 27
o incluso 28 --para nosotros podía haber sido aceptable, y esto es lo que
debería saber el Parlamente Europeo y lo que deben saber los que se
preocupan por la facilidad en la toma de decisiones--, lo que sí queremos
es que, al mismo tiempo, si se diera la circunstancia de que tres países
que reúnen 23 votos están disconformes con una decisión, que se tengan en
cuenta sus intereses, que también puedan bloquear, pero no para bloquear.

La minoría de bloqueo nunca se utiliza para bloquear, se utiliza para
negociar. La minoría de bloqueo significa que cuando la Comisión Europea
presenta una propuesta encima de la mesa sabe de antemano que no la puede
hacer de tal forma que lesione gravemente los intereses de los millones
de habitantes, y, por tanto, nos permite, en el día a día de la
Comunidad, sin llegar a un Consejo, en los comités de gestión, en los
comités del 3-A y del 3-B y en todo ese proceso de miles de reuniones que
existen, que se tengan en cuenta los equilibrios, los nuevos equilibrios
de esta Comunidad para que se tengan en cuenta los intereses de esos
millones de ciudadanos, porque, como decía el representante británico el
otro día, no tiene sentido que el voto de unos ciudadanos valga más, por
el hecho de que vivan en países poco poblados, que si viven en países muy
poblados. No tiene ningún sentido.

Pues bien, ésta es la combinación que ofrece España. ¿Es hasta 1996? Sin
duda alguna, en la Conferencia de 1996 se va a plantear este tema. Para
la Conferencia de 1996 ya hay un informe del Parlamento Europeo que el
Presidente de esta Comisión Mixta ya presentó en su día y que ha asumido
el Parlamento Europeo a través de este informe Herman al que me he
referido, con un proyecto de constitución europea, en la cual el sistema
de votaciones tendrá en cuenta no solamente el peso relativo de los
Estados, sino también el número de habitantes que está detrás de una
decisión, y en este sentido es en el que va nuestra propuesta.

Me ha preguntado si España querría aumentar el número de votos en el
Consejo. España no lo ha planteado. Nos lo hemos planteado
intelectualmente todos, pero hemos pensado que esto era abrir la caja de
Pandora y que si realmente abrimos esa caja de Pandora, no sabemos cómo
hubiéramos salido de esta negociación. Ciertamente, ahora no estaríamos
hablando de la ampliación, estaríamos hablando de cuántos votos
necesitamos cada país miembro. ¿Por qué? Porque Alemania tiene 80
millones de habitantes y tiene diez votos, y Francia, Italia y el Reino
Unido, con 50, 55 millones de habitantes, también tiene diez votos. Si
tenemos en cuenta estrictamente el número de votos, empezamos a romper la
paridad institucional entre los cuatro llamados grandes de la Comunidad.

Por otra parte, Luxemburgo, con 300.000 habitantes, tiene dos votos, es
decir, que cada voto a Luxemburgo le cuesta 150.00 habitantes, o, al
revés, que necesita 150.000 habitantes para un voto, mientras que a a
Alemania le cuesta ocho millones, de manera que este ejercicio hubiera
sido tremebundo. ¿Que a España nos hubieran dado dos de regalo? Yo creo
que esto no lo podemos plantear nosotros, entre otras cosas porque, si se
fija, con 40 millones de habitantes y ocho votos, estamos en un nivel
incluso medio en cuanto a la infra o sobrerrepresentación, porque los que
sí que están mal son los que están por encima de nosotros, con sólo dos
votos más y el doble de millones de habitantes que nosotros.

Por tanto, éste no es un tema que se esté planteando por España en esta
negociación. Otra cosa es que en algún momento se pueda plantear, y si se
plantea en ese momento lo consideraremos, pero España no lo plantea en
estos momentos. Yo creo que este tema va a ser el objeto de la
Conferencia de 1966, junto con toda la solución institucional que tiene
que producirse en ese momento, porque, sin duda alguna, hoy podemos
funcionar con dieciséis con el sistema institucional actual, pero nos va
a ser sumamente difícil poder hacerlo con este mismo sistema cuando
seamos veinticinco o treinta y cuatro.

Quiero agradecer también al señor Costa su apoyo, estoy de acuerdo con él
en que lo importante es el consenso de los grupos de esta Cámara detrás
de la posición española. En segundo lugar, también estoy de acuerdo con
él --y lo he dicho-- en que el Espacio Económico Europeo lo aprobó la
Cámara por unanimidad, supongo que también de una manera lúcida y sin
entusiasmo, y también estoy de acuerdo con él en las contradicciones que
en un principio se pudieron producir en manifestaciones en torno a si
esta negociación ha sido o no ha sido mejor. Yo creo que el problema nace
de un titular inadecuado de un determinado periódico. Yo les recomendaría
que no solamente se leyeran los titulares, sino que también entraran en
el texto concreto de dicho diario, donde yo creo que se explicaba con
cierta objetividad cuáles han sido los resultados de estas negociaciones.

Estamos en tiempos distintos, en épocas distintas, en condiciones
diferentes, y yo creo que las comparaciones entre esta ampliación y la
anterior no deben hacerse.

Yo sí querría señalar aquí que si se nos hubieran aplicado a nosotros las
condiciones que se han aplicado ahora a los cuatro países candidatos --es
una pura ucronía, no podemos ponernos en esa situación hacia el pasado--,
lo que sí está claro es que España no hubiera podido resistir el impacto
del big bang de aproximación de precios de la noche a la mañana, y
tampoco hubiéramos podido resistir el haber sido contribuyentes netos, de
la noche a la mañana, como lo van a ser estos países, a pesar de que, de
cara al referéndum, puedan presentar unos resultados mejores ante su
opinión pública, y de hecho los pueden tener, por lo menos un alivio de
su contribución neta, pero no una reducción de la misma, y España tuvo
ese alivio desde el primer día de la adhesión. Por tanto, yo creo que no
se deberían hacer comparaciones entre una y otra adhesión.

En cuanto a la afirmación del señor Costa de que se han obtenido unas
condiciones económicas convenientes, yo



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estoy de acuerdo con él. Un tema al que no me he referido pero creo que
para la circunscripción del señor Costa puede ser interesante, es que
para las frutas y hortalizas y el vino los países candidatos, sobre todo
Austria y Finlandia, que curiosamente producen frutas y hortalizas en
unas condiciones que evidentemente pueden ustedes figurarse cuáles son,
querían aplicarnos el mecanismo complementario a los intercambios, es
decir, el mismo mecanismo que nos aplicó la Unión, entonces Comunidad, a
las mercancías españolas. Y yo les dije: Es curioso que si la Comunidad,
en aquella época, nos impuso ese mecanismo a los españoles, ahora sean
los países candidatos los que nos impongan ese mecanismo a los países de
la Unión. No se nos ha impuesto y, por tanto, no hay más que una cláusula
de salvaguardia general en el Tratado para estos productos como para
cualquier otro, lo que quiere decir que nuestras posibilidades de
exportación en estos productos, según las estimaciones, pueden duplicarse
en un corto espacio de tiempo, y una duplicación de 25.000 hasta 50.000
millones de pesetas yo creo que no es desdeñable en los tiempos que
corren. (La señora Tocino Biscarolasaga pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Pediría que, si no es absolutamente imprescindible,
no interviniera. Tenemos muchísimos puntos en el orden del día, y quizá
en las intervenciones siguientes pudieran recogerse algunos.

Evidentemente, yo estoy en manos de la Comisión, pero si no es
absolutamente imprescindible, insisto, pediría que siguiéramos, porque,
si no, abrimos un nuevo turno de intervenciones y creo que eso nos
complicaría. De todas maneras, estoy en manos de la Comisión, y haré lo
que ésta decida.

Quisiera añadir simplemente que creo que la pausa en la negociación ha
sido especialmente oportuna, ya que ha permitido pronunciarse a todos los
grupos parlamentarios. En este momento --y lo sabe bien el señor
Secretario de Estado-- tiene el respaldo de los grupos. Y diría algo más,
y es que el respaldo de los grupos no es solamente para la defensa del
interés nacional español, sino que al defender el interés nacional
español se está defendiendo el interés comunitario. En manifestaciones
que aparecen de otros países parece que nosotros estamos defendiendo
únicamente nuestra parcela, y no es cierto. Es decir, al defender este
interés nacional, que es perfectamente legítimo, tanto en el tema de la
pesca como en el de la minoría de bloqueo, también estamos defendiendo un
interés comunitario.

Cuando estaba escuchando las intervenciones de los grupos yo pensaba que
tal vez el señor Secretario de Estado estaría pensando --y sobre todo lo
pensará en el momento en que salga para Bruselas-- en la leyenda de aquel
repostero que él y yo vimos durante dos años en la escuela diplomática, y
que decía aquello de: «Pro patria legatione fungimur tanguam patria
exultante per nos.» Creo que eso le reconfortará para defender, con toda
la firmeza que se ha pedido aquí, los intereses nacionales y los
intereses comunitarios.

Con esto ponemos punto final a este punto primero del orden del día.




--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO PARA INFORMAR SOBRE EL LLAMADO TERCER PILAR
DE LA UNION EUROPEA, ES DECIR, LAS MATERIAS DE JUSTICIA E INTERIOR
(números de expedientes Congreso 214/000045 y Senado 713/000121),
PRINCIPALMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS Y
LOS ACUERDOS DE SCHENGEN. (Números de expedientes Congreso 212/000507 y
Senado 713/000116.)



El señor PRESIDENTE: Un Grupo me pide que se altere el orden del día, si
está de acuerdo la Comisión, de tal forma que situemos el punto 3 en el
número 2. Por consiguiente, que pongamos el tema relativo al proyecto del
convenio Euro-Magrebí antes que el del llamado tercer pilar.

¿Hay alguna reserva?



El señor BAON RAMIREZ: Sí, señor Presidente. Lo siento, pero mis
compromisos...




El señor PRESIDENTE: No siga, estoy de acuerdo. Con que haya una reserva
a la propuesta seguimos el orden establecido. Unicamente, si a nadie le
perturbaba, como hay un Grupo que me lo había pedido, lo hubiéramos
hecho, pero en este caso seguimos el orden del día tal y como se ha
aprobado al principio de la sesión.

El punto segundo del orden del día es la comparecencia del Gobierno para
informar sobre el llamado tercer pilar de la Unión Europea, es decir,
materias de justicia e interior. Se ha incluido en este punto lo relativo
a la libre circulación de personas y al acuerdo de Schengen. Como saben,
había peticiones de comparecencia y preguntas en relación con el tema de
Schengen, y ha parecido oportuno reunirlo todo dentro de un mismo punto.

Por ello, doy la palabra al señor Secretario de Estado, y a continuación
intervendrán los distintos grupos políticos.

Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Señor Presidente, con mucho gusto voy a darles cuenta también de
este importante tema que nace ahora, tras el Tratado de la Unión, después
de una búsqueda de salida de la maraña intergubernamental en la que se
movía la cooperación en asuntos de justicia y de interior, para
integrarlo dentro del aparato comunitario, aunque sea a título de un
pilar diferente, bajo un mismo frontispicio, como es la arquitectura
específica y un tanto estrambótica del nuevo Tratado de la Unión Europea.

Por tanto, a partir del Tratado de la Unión, los asuntos de justicia e
interior que se trataban en foros dispersos, en foros con distintas
personas, con distintos actores y en distintas ocasiones, pero siempre
desde un punto de vista intergubernamental, ahora se integran dentro del
marco institucional único de la Unión Europea. Antes estaba el Grupo de
Trevi, para asuntos de interior; el Celad, para asuntos de droga; los
coordinadores de libre circulación de



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personas; la cooperación política europea, etcétera. Todo esto se integra
dentro de un mismo marco bajo el aparato institucional único.

Reconozcamos que es un aparato institucional único no exacto al del
primer pilar; es decir, la Comisión Europea, que es el órgano de
propuesta y el que ostenta el monopolio de iniciativa en el marco del
primer pilar, aquí solamente comparte, por así decirlo, la iniciativa con
los Estados miembros.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia tiene un papel solamente ligado
a las competencias puramente comunitarias, como es el asunto de los
visados. Los países a los que se aplica visado antes eran competencia
intergubernamental y ahora pasan a la competencia del primer pilar de la
Comunidad, y en esa materia sí que es competente el Tribunal de Justicia,
pero no lo es en las otras materias de dicho tercer pilar.

Finalmente, el Parlamento Europeo tendrá derecho de resolución, un
derecho de información, pero no entrará en los mecanismos de cooperación
o de codecisión con el Consejo en estas materias.

Por tanto, este tercer pilar es un pilar «sui generis», como decimos,
pero que tiene una vocación, una dinámica de integrarse en el primer
pilar a través de las llamadas pasarelas, que están previstas justo para
que sean acordadas en la conferencia intergubernamental de 1996.

Por otra parte, en este Título VI, o artículos K (que es la letra que
tienen estos artículos del tercer pilar), también se prevé la libre
circulación de personas como un objetivo deseable por parte de la
Comunidad, pero también tratable en el marco de esta cooperación un tanto
«sui generis» que es la del tercer pilar.

¿Qué se ha hecho en estos momentos al amparo del nuevo Título VI, del
tercer pilar, de la Unión Europea? Pues bien, hasta ahora sólo ha tenido
lugar un Consejo de Ministros de Justicia y de Interior, que ya son
consejos conjuntos y son los que van a llevar a cabo las políticas en
este marco, los días 29 y 30 de noviembre de 1993. En este Consejo se
adoptó un plan de acción y un programa prioritario a desarrollar a lo
largo de todo 1994. De este programa yo quisiera destacar los siguientes
puntos.

En primer lugar, se tomaron disposiciones, se están tomando todavía
disposiciones, que garanticen el rápido funcionamiento de Europol, que
tiene vocación de ser una agencia federal en materia de justicia y de
interior y que de momento va a empezar dedicada, como sus señorías saben,
al tema de las drogas.

También se han tomado medidas eficaces en la lucha contra la droga,
incluidas aquellas que van contra el blanqueo de los beneficios ilegales
obtenidos de este tráfico. Hay una acción en materia de derecho de asilo,
de conformidad con una declaración aneja al Tratado, y que fue, como SS.

SS. conocen, bloqueada por España durante un tiempo, dada la actitud de
un Estado miembro, mejor dicho del Comisario Regio de un Estado miembro
en materia de asilo, concretamente Bélgica, que admitió a trámite la
petición de asilo de unos ciudadanos españoles, ciudadanos de la Unión
Europea, cuando no es comprensible que se otorgue el derecho de asilo
entre ciudadanos de un espacio cultural, político y democrático común.

Este tema está siendo estudiado y analizado, las posiciones de este país
se han aclarado y en este campo del asilo podrá darse un importante salto
hacia adelante.

Igualmente hemos tratado la lista de terceros países cuyos nacionales
deban poseer un visado y ya se ha establecido esta lista. Por último, se
ha reforzado la cooperación judicial, en particular en el ámbito de la
extradición.

Estas son las disposiciones más importantes que se han tomado en estos
momentos.

¿Cuáles son los temas más importantes de este tercer pilar que están
sobre el telar? En primer lugar, el convenio de cruce de fronteras
exteriores. Sus señorías ya conocen que este Convenio se quiso hacer en
el marco de la cooperación intergubernamental, pero no pudimos llegar a
un acuerdo por el problema de Gibraltar, es decir, porque la frontera
exterior de la Unión Europea tiene que estar definida no sólo por la
Unión Europea, sino también por cada Estado miembro. Si se hubieran
aceptado las propuestas que en aquel momento estaban sobre la mesa, la
posición de reivindicación legítima de España acerca de Gibraltar se
hubiera visto seriamente perjudicada; por tanto, este tema sigue estando
bloqueado por esta cuestión. En estos momentos, la Comisión, dejando
aparte el problema de Gibraltar, ha transmitido al Consejo un nuevo texto
de convenio para el cruce de fronteras exteriores que, dejando al margen
el problema de Gibraltar, a la delegación española no le plantearía
problemas. No tengo la misma seguridad en cuanto a otra delegación
concreta. Además, hay una propuesta de reglamento por la que se
determinan los terceros países, como ya he dicho antes, para los que se
va a aplicar un visado. Es una de las cuestiones comunitarizadas, dentro
del primer pilar, en virtud del artículo 100.c.

En el tema del asilo también se ha avanzado enormemente, no sólo en
cuestiones de procedimiento, que son muy importantes en el otorgamiento
del derecho de asilo, sino también en temas de fondo. En el ámbito
procedimental destacaría el Convenio de Dublín de 1990, que no está en
vigor, pero que se asume por la Unión Europea. Como SS. SS. conocen, este
Convenio determina cuál es el Estado responsable de una solicitud de
asilo, para evitar aquello que se llamaba anteriormente el demandante de
asilo en órbita, es decir, que vaya de un país a otro porque le digan: le
falta una póliza, venga por otro país. Y así se lo iban echando unos a
otros y el pobre demandante de asilo no sabía a qué atenerse en esta
petición. Lo que hace el Convenio de Dublín es evitar precisamente esta
figura.

En cuanto al fondo, se destacan las resoluciones aprobadas por los
Ministros de Inmigración en Londres en noviembre de 1992; unas se
refieren a las solicitudes de asilo manifiestamente infundadas y otras a
los terceros países de acogida. Se ha aprobado un informe donde se
desarrolla el concepto del país donde no existe peligro de persecución,
lo cual es importante para saber cuál es el país al que podría ir
destinado el demandante de asilo o del que procede dicho demandante.

En el último consejo de Justicia e Interior, al que me he referido antes
y que ya he explicado a SS. SS., presentamos esta reserva general sobre
el tema del asilo. En este caso, en el Parlamento Europeo --y destaco la
excelente



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colaboración de todos los europarlamentarios españoles, cualquiera que
fuera su grupo político-- se aprobó una resolución diciendo que un Estado
miembro no debe, en ningún caso, otorgar el estatuto de refugiado
político a un nacional de otro Estado miembro. Una vez más se demuestra
la importancia que tiene el Parlamento Europeo, la que va a tener en la
próxima legislatura y la necesidad, por tanto, de que nos demos cuenta de
que el Parlamento Europeo va a ser cada vez más importante para nuestra
vida diaria.

Finalmente, querría referirme al Sistema de Información Europeo, el SIE,
que eso, o debería ser, una extensión del Sistema de Información
Schengen, del que disponemos los nueve Estados miembros que formamos
parte de este Convenio.

Me voy a referir ahora, por tanto, al Convenio Schengen, que es una parte
del todo y que tiene vocación, como SS. SS. conocen, de integrarse en la
Comunidad tan pronto como logremos convencer de las virtudes de Schengen
a los tres países que son reticentes a participar en esta libre
circulación de personas que tienen una interpretación distinta; es decir,
Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido dicen que la libre circulación de
personas, en primer lugar, no exige la supresión de controles en las
fronteras y, en segundo lugar, que se debe controlar solamente a los
ciudadanos de terceros países y no a los ciudadanos comunitarios,
mientras que la posición de los nueve países Schengen es que no debe
haber controles en las fronteras internas, pero sí debe haberlos en las
fronteras externas, aunque no limitados a los ciudanos de terceros
países, sino a cualquier tipo de ciudadano, siempre que su procedencia
sea de un país tercero.

Por esta disparidad de criterios es por lo que tiene su sentido el
Convenio de Schengen, que contiene unas disposiciones de autodestrucción
tan pronto como se integre dentro de la Unión Europea.

Como SS. SS. conocen, el Convenio de Schengen ha sufrido una serie de
vicisitudes en los últimos años durante la doble presidencia española, a
la que nos hicieron honor nuestros socios, pero que supuso no pocos
sinsabores. Se consiguieron eliminar una serie de condiciones previas, es
decir, constatar que se habían cumplido una serie de condiciones previas
para que Schengen pudiera entrar en vigor. Quedaban tres, que eran: el
tema de los estupefacientes; el control, la impermeabilidad y
homogeneidad de la frontera exterior, y el sistema de información
Schengen.

En la presidencia francesa y después en la presidencia alemana se ha
logrado constatar que los requisitos políticos de la droga y del cruce de
fronteras, de la frontera exterior, han sido también cumplidos. Es decir,
solamente queda no una condición política, sino una condición técnica,
que es el Sistema de Información Schengen, que es el corazón, el núcleo,
el pulmón del sistema de libre circulación de personas y que combina la
libertad y la seguridad. Consta de un ordenador central, sito en
Estrasburgo y encargado a un consorcio europeo, Sema Group, compuesto por
dos empresas: una francesa y otra alemana. Este sistema central sería
alimentado por los SIS nacionales. Cada uno de nuestros países tendrá un
propio sistema SIS para estar conectado con este gran banco de datos que
es el SIS de Estrasburgo.

Pues bien, en los últimos tiempos se ha constatado que los SIS
nacionales, sobre todo los de España, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, eran
los primeros que funcionaron. Son estos SIS nacionales los que, al
constatar las deficiencias del SIS central, están haciendo las pruebas de
carga de datos en ese SIS central, y en estos momentos los problemas que
tiene este centro de Estrasburgo están siendo resueltos por una célula de
crisis. En esta célula de crisis está España y otros países, como
Alemania y Holanda, pero no está Francia; por tanto, Francia, que era
juez y parte al tener el SIS radicado en Estrasburgo, no está en la
célula de crisis, y por eso se ha podido avanzar enormemente en la
resolución de estos problemas técnicos.

En estos momentos, la presidencia alemana, que en principio dura hasta
junio de este año, se ha comprometido --y creemos que tiene grandes visos
de ser realidad-- a que la libre circulación de personas, el
funcionamiento del SIS, sea una realidad antes de junio de este año.

Ya lo hemos oído muchas veces, y sé que podemos generar cierto
escepticismo, pero vamos a dar un margen de confianza a los alemanes y a
los técnicos, que están trabajando intensamente para subsanar los
defectos del sistema de información Schengen central de Estrasburgo, que
ciertamente los había dada la enorme complejidad de este tratamiento de
datos.

En cualquier caso, ya entre España y Alemania hay un principio de acuerdo
para que con anterioridad tengamos la efectividad real de varios vuelos
entre dos ciudades, una alemana y otra española, para que se puedan
visualizar, al menos en un aeropuerto, las ventajas de la libre
circulación de personas y que no sean vuelos exteriores, sino interiores.

Esta es en este momento la situación del Convenio de Schengen.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Ibarz.




El señor IBARZ CASADEVALL: Señor Westendorp, en Cataluña, dada su
situación geográfica, tenemos desde siempre un concepto de la vecindad
con nuestros países del norte, y sobre todo, por la antigua pertenencia a
un mismo país, una percepción algo peculiar de las fronteras. Por eso,
durante largos años nos ha sido difícil percibir sobre nuestro territorio
la existencia de una línea.

Ello hace que seamos especialmente sensibles a la libre circulación de
los ciudadanos. Usted ha reseñado perfectamente que en la actualidad esto
bascula en la Unión Europea entre el primero y el tercer pilar.

Desde Convergència i Unió entendemos que los esfuerzos para poner en
marcha todos los mecanismos que permitan la libre circulación de los
ciudadanos serán pocos. En este sentido queremos manifestar todo nuestro
soporte a cuantas acciones ayuden a superar los obstáculos que en este
momento puedan existir para que esto sea una realidad.




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De todos los aspectos que usted ha señalado que plantean dificultades
para ver culminado el proceso, pensamos que uno de gran trascendencia es
seguramente el de la cooperación judicial.

En el Tratado de la Unión, pero sobre todo en las actuaciones
comunitarias en la materia, se ha dado especial relevancia a la
cooperación judicial en lo criminal, haciendo hincapié en el tráfico de
drogas y de blanqueo de capitales. Pero pienso que hay un aspecto en el
que quizá no se ha profundizado lo suficiente. Entendemos que en la
actual situación económica, no sólo de nuestro país sino comunitaria en
general, pueden ser de gran relevancia en el futuro todos aquellos
aspectos que hagan referencia a la relación entre ciudadanos, y
especialmente entre ciudadanos cuya actividad básica sea el comercio, a
título individual o a título empresarial.

Cualquier empresa española o europea conoce las dificultades que en el
actual sistema cerrado de relaciones judiciales de cada país existen para
hacer efectivas las consecuencias de las relaciones comerciales que hayan
entrado en crisis.

Dicho esto, no me queda sino manifestar nuestro apoyo, el soporte total a
los avances que en estos momentos se han producido en el tema del
Convenio de Schengen y reconocer los esfuerzos que se han hecho
especialmente en toda la puesta en marcha y la resolución de los
problemas que dan los sistemas de información de los que depende, al
final, la virtualidad o la efectividad total del Convenio, y expresar que
nuestro Grupo seguirá dando soporte a la acción del Gobierno en este
sentido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unidad-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Westendorp, por su información
respecto del desarrollo actual del llamado tercer pilar o Asunstos de
Justicia e Interior de la Unión Europea.

Hay una serie de aspectos técnicos en este tercer pilar sobre los que
usted ha pasado muy rápidamente. El tema de la Europol, lucha contra la
droga, asilo y extradición, que seguramente deberían ser objeto de
estudio en esta Comisión con los Ministros de Justicia e Interior. Desde
luego, nuestro Grupo ya anuncia que va a pedir la comparecencia de estos
Ministros para que expliquen, mucho más en concreto, cuál es la situación
de desarrollo de este tercer pilar. Me parece que es más adecuado que sea
tratado con estos Ministros, que se ocupan muy directamente de estas
cuestiones, y por eso es por lo que en este momento sí nos gustaría
centrarnos en aspectos más políticos que están relacionados con el
Consejo de Ministros de Asuntos Generales en cuanto al desarrollo de este
tercer pilar.

En primer lugar, me referiré al enfoque de este tercer pilar --Justicia e
Interior-- en relación con la idea de libre circulación de personas, el
enfoque político que se está desarrollando en estos momentos en la Unión
Europea. Ese tercer pilar es un pilar algo inconexo, hay una serie de
puntos objeto de interés común, por tanto, no tiene una contextura
sólida, acabada, y, sin embargo, puede entrar en contradicción con la
idea de libre circulación de personas. Es decir, la libre circulación de
personas es uno de los elementos estrella de la ciudadanía europea que
seguramente es el aspecto más cercano al ciudadano, más social del total
de la Unión Europea, que no anda precisamente sobrado de ellos, y está
situado, si no me equivoco, en el artículo 7.A del Tratado de la
Comunidad Europea. Así se llama ahora mismo ese Tratado que antes era
Tratado de la Comunidad Económica Europea. O sea, está comunitarizado,
está situado dentro de la Comunidad Europea, no está en el ámbito
intergubernamental, sino que la libre circulación de personas está en el
ámbito de lo comunitario, de lo más integrado, de la intervención posible
de la Comisión, del Tribunal de Justicia, y de los acuerdos incluso por
mayoría cualificada y no por unanimidad, como es el caso de lo
intergubernamental.

Sin embargo, el problema de la libre circulación de personas está siendo
interferido por --vamos a llamarlo así-- la lógica del tercer pilar, que
es una lógica diferente, intergubernamental, donde pesan mucho los
problemas --diríamos-- policiales y ahí estamos ahora mismo. No se ha
sabido salir de esa contradicción, y la prueba es que ha habido que
acudir al Convenio de Schengen, que es un convenio a Nueve y no a Doce,
es un convenio, por cierto, presidido, de principio a fin, por la idea de
cooperación policial. Me parece que de los más de cien artículos del
Convenio de Schengen, casi la mitad están dedicados a cooperación
policial, cerca de cincuenta artículos.

Yo creo que aquí hay un problema de planteamiento político de fondo en
relación con la libre circulación de personas; es decir, si se va a
llevar hasta las últimas consecuencias esta idea política, ciudadana, de
libre circulación y no va a ser eso interferido por la lógica policial,
que es más bien la del tercer pilar, porque no olvidemos que la idea de
libre circulación de persona, concebido ya como un auténtico derecho
dentro de la Comunidad Europea, está comunitarizada.

Por otra parte, nos vamos a encontrar en el futuro con un problema de
control parlamentario del desarrollo del tercer pilar. A partir del
Tratado de Maastricht habrá que empezar a pensar en que hay que hacer
mucho más a fondo el control parlamentario.

Nosotros estamos de acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo, de
15 de julio del año pasado, en la que se señala que el desarrollo de los
asuntos de Justicia e Interior tendrá que ser objeto de fuerte control
parlamentario en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales.

Y, por tanto, creemos que es absolutamente necesario que se pase a una
nueva fase, a una nueva época, distinta de la anterior en la que las
reuniones de Ministros de Justicia y de Interior, aquel famoso Grupo de
Trevi, estaban centradas en cuestiones muy alejadas de la opinión
pública, reuniones casi clandestinas, como me atreví a calificarlo en un
programa de televisión hace algún tiempo, porque nadie se enteraba de lo
que pasaba en esas reuniones y, desde luego, muy alejadas del control
parlamentario. Creo que eso debe superarse, debe irse a una etapa de
absoluta claridad y



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transparencia en ese tercer pilar que no puede seguir con la mala
tradición o la mala cultura, opaca, de tiempos anteriores.

En cuanto al tema concreto de Schengen, éste expresa seguramente todas
estas contradicciones que señalamos. Nuestro Grupo ha tenido una fuerte
reserva en cuanto al contenido del convenio de Schengen, como usted sabe,
que tiene aspectos muy preocupantes para derechos y libertades de los
ciudadanos y ciudadanas, pero el convenio de Schengen está ahí, un
convenio a nueve, un convenio en el que se supone que se podía ir mucho
más deprisa que a doce porque no estaban Estados que tienen una
interpretación muy distinta de lo que es la libre circulación de
personas, pero que también tiene límites. Uno de los límites es,
precisamente, el técnico, que se ha puesto de manifiesto, aunque no todo
el mundo comparte la idea de que solamente haya límites técnicos a la
puesta en práctica del convenio de Schengen. En este sentido, nosotros
compartimos muchas de las conclusiones de una reciente resolución del
Senado francés, de principios de este año, me parece que ha sido en
enero, una reunión interesante porque se han extraído conclusiones
políticas sobre el parón de Schengen, muchas de las cuales compartimos,
repito, y que yo voy brevemente a anunciar.

En primer lugar, hay que evitar la reducción tecnocrática de las
responsabilidades, y ésa ha sido una de las causas por las que ha callado
el convenio de Schengen en cuanto fue puesta en práctica. En segundo
lugar, y esto engarza con lo que decíamos al principio, hay que reforzar
la autoridad política del Consejo de Ministros e intentar, usted lo ha
señalado en su intervención, acercar Schengen al tercer pilar, para en un
futuro ir incluso más allá y acercar el tercer pilar a lo comunitario,
comunitarizar ese tercer pilar.

Y como aspecto también señalado por el Senado francés, que compartimos, y
yo he señalado lo mismo anteriormente, hay que crear un verdadero control
democrático de los temas que tienen que ver con el convenio de Schengen y
en un futuro, si se centran en el tercer pilar, los temas del tercer
pilar. Es decir, que en el Senado francés se ha constatado algo que se ha
repetido también aquí, y es que los parlamentos nacionales y el
Parlamento europeo han sido mantenidos al margen de los trabajos en el
marco de Schengen. Y, por tanto, si en un futuro toda esta problemática
se quiere engarzar, situar en el interior de la idea de la libre
circulación de personas, que es ahí donde tiene que situarse, donde tiene
que meterse esta problemática, para darle una gran proyección popular y
acercar la construcción comunitaria a los ciudadanos, hace falta que haya
un control democrático de todo lo que se refiere al desarrollo del tercer
pilar, de todo lo que se refiere al convenio de Schengen.

Por último, algunas cuestiones muy concretas, por si usted me pudiera
contestar. En relación con el tema del asilo, el Consejo de Ministros de
Justicia e Interior de 29 y 30 de noviembre del año pasado acordó la
preparación de una acción común sobre el tema del silo. Me gustaría saber
si se ha desarrollado; ésta será una de las cuestiones que, por supuesto,
les serán planteadas a los Ministros de Justicia e Interior en la
comparecencia que anunciamos vamos a solicitar.

En cuanto al tema de los visados, se ha hablado del reglamento de la
Comisión --me imagino que es un reglamento de la Comisión-- que establece
la lista de países para los que se va a exigir visado en cuanto a la
entrada en la Unión Europea de sus ciudadanos nacionales, pero también se
ha hablado --y queremos saber cómo está la situación-- de una lista
positiva, de aquella lista de países a cuyos nacionales en ningún caso se
les va a exigir visado para entrar en la Unión Europea. ¿Existe esa lista
positiva de países y la posibilidad de llegar a un reconocimiento mutuo?
Es decir, el que un país de la Unión Europea conceda visado,
¿automáticamente significará que esta persona no necesitará pedir visado
para el resto de los países de la Unión Europea?
Por último, el tema de la famosa pasarela que está prevista en el
artículo K.9 del Tratado de la Unión para algunas de las cuestiones --los
seis primeros temas, que tienen que ver con asilo, inmigración, lucha
contra la criminalidad internacional, etcétera--, ¿está pensando
desarrollarla en este momento? Probablemente es pronto para hablar de
estos temas, pero me gustaría saber si existe algún tipo de reflexión
sobre el desarrollo de ese artículo K.9 y si próximamente se está
pensando en que alguno de esos temas pueda pasar a la Comunidad Europea,
pueda «comunitarizarse», como es --usted lo ha expresado con una palabra
muy exacta-- la vocación de esos temas que están en el tercer pilar de
asuntos de justicia e interior.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Rogelio
Baón.




El señor BAON RAMIREZ: Muchas gracias al Secretario de Estado por
comparecer ante las Cortes Generales en esta Comisión Mixta y compensar
ese déficit informativo que en estas materias, sobre todo respecto al
tercer pilar, están padeciendo las instituciones españolas. Es un clamor
general, no solamente aquí, sino también en instituciones europeas, que
esto se está haciendo de tapadillo, con cierta nocturnidad, sobre todo
cuando no se habla de la crisis que está padeciendo este tercer pilar. Me
gustaría compartir, en este sentido, el optimismo que ha exteriorizado
ante la Comisión el señor Westendorp, porque yo entiendo que en la
realidad jurídico-política, todo lo que es judicial y policial en Europa
--si Europa es un poliedro--, el poliformismo que se da aquí es todavía
mucho mayor, alternándose en temas de cooperación, incluso en el ámbito
de la Comunidad, con el método intergubernamental e institucional, y es
lo cierto que eso quizás subraye esa característica funcionalista de la
Comunidad, pero complica mucho las cosas, tanto que un país como Bélgica,
que tiene un sistema jurídico positivo igual que el nuestro y un
procedimiento de extradición mixto, también como el nuestro,
jurisdiccional y gubernativo, intenta acoger a dos terroristas, que fue
precisamente, como ha contado el señor Westendorp, lo que paralizó o
bloqueó con una reserva el convenio que se estaba discutiendo en el
Consejo de los días 29 y 30 de noviembre del año pasado.




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Eso es lo paradójico, y eso ha terminado de desbloquearlo el Parlamento
Europeo con una resolución, pero eso era la expresión de esa crisis que
padece. Supongo que convendrá conmigo el compareciente en que lo que no
deja de sobrevolar sobre todo este asunto es la cuestión de la cesión de
soberanía. Creo que no habrá primer pilar mientras no haya un tercer
pilar, mientras que a través de esa pasarela no se fortalezca el primer
pilar. Digo esto porque la Comunidad está incumpliendo; el Acta Unica ya
permitía la libre circulación de capitales, de mercancías y, por
supuesto, de personas, pero hay que darse cuenta de que si circulan los
ciudadanos normales, los honrados padres de familia, también circula la
criminalidad y, por eso, tenemos que buscar esos recursos, esos resortes
jurídico-políticos para que puedan pasar los buenos padres de familia y
poder interceptar a los malhechores. Me gustaría compartir eso porque,
entre otras cosas, Europea está funcionando a base de grupos de trabajo y
de clubes como eran los tres Trevi; ahora ya parece que se
institucionaliza el Consejo de Ministros de Justicia e Interior. No voy a
abundar en aspectos específicos, como bien ha dicho el representante de
Izquierda Unida, porque mi partido ya lo ha planteado y ha pedido que
comparezcan ambos Ministros para que expliquen, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en qué afecta el parón de Schengen.

Yo doy por bueno --no quiero extenderme mucho-- los tímidos avances en
esa magmática realidad de Europol; confío en que algún día salga adelante
Europol, el blanqueo de dinero, etcétera; se están consiguiendo algunas
cosas, por ejemplo, en materia de derecho de asilo.

En cuanto a la lista de terceros países, ¿cómo se configura dentro del
ámbito institucional de la Comunidad? Son dos realidades, por eso ese
poliformismo, porque Schengen es otra cosa; con vocación hacia Europa,
como taller o como experimento hacia Europa, pero no es Europa porque no
están todos. Yo quiero saber, insisto, cómo se configura esto y una de
las preguntas iba dirigida precisamente a esas dos iniciativas que la
Comisión adoptó el 24 de noviembre sobre la configuración de las
fronteras externas y sobre el listado común de países a los efectos de
exigir el visado común a los que estén incluidos. Eso Schengen ya lo
tiene; por cierto, que en una anterior comparecencia en la Legislatura
IV, el señor Westendorp nos lo ofreció a los comisionados. Quiero saber
también si es en sentido positivo o negativo; si figuran los que se
excluyen, los que quedan admitidos y cómo afecta también a los que tienen
acuerdos --por ejemplo, el Acuerdo de Lomé-- con la Comunidad, que es una
cosa más específica y le compete a usted como coordinador del Gobierno en
todas estas materias, dejando los aspectos muy técnicos o muy específicos
para la comparecencia que ya he anunciado que he solicitado de los dos
Ministros.

El señor Secretario de Estado se ha referido a las dificultades de
Schengen. Yo soy muy pesimista, debo decirlo; es un acuerdo
intergubernamental a nueve y además ha entrado Grecia en contigüidad
territorial, lo que complica las cosas a efectos de homologar los accesos
por aeropuerto o por puerto. Pero eso está ahí y además ya se ha
invertido un dinero y hay equipos que están trabajando en el SIS
--equipos informáticos-- en Estrasburgo; casi todos los países tienen ya
homologada su legislación en torno a la protección de datos sensibles y
calientes, asimismo hay acuerdo ya sobre la observación transfronteriza o
la persecución en caliente, etcétera.

No tengo más remedio que referirme a las objeciones y dificultades muy
serias que ha puesto el Senado francés. El senador que es paladín del
tema de Schengen en el Senado francés decía, por ejemplo, que Schengen no
podía funcionar hasta tanto no se hiciese un aeropuerto nuevo en Holanda,
porque el que tenían no permitía la comunicación entre los de fuera y los
de dentro. Nosotros también tenemos que hacer arreglos en el aeropuerto
de Barajas, como principal aeropuerto internacional de acceso de terceros
países, y yo, que no es que viaje mucho en avión pero sí suelo frecuentar
Barajas, no he visto obras de ningún tipo en ese sentido. Me refiero a
este tema concreto, como podría hablar del SIS, de la base de datos, de
la conexión, quiénes son los autorizados, etcétera, o de las fuerzas de
cooperación en torno a la lucha contra el crimen organizado, pero lo dejo
para otro momento.

Por último, reiterarle que me encantaría poder compartir su optimismo,
pero yo entiendo que Schengen está aplazado «sine die» y lamentaría que
ese aplazamiento llevase el virus de su muerte, porque entiendo que daba
solución al tema de Gibraltar, toda vez que para nosotros era una
alternativa en ese sentido. Al poner reparos al convenio, parece que,
desde el ámbito institucional comunitario, se empuja lo que nosotros
hemos conseguido parar. No sé si ello indica que hemos perdido
importancia y prestigio en la Comunidad, o que realmente hay dificultades
serias y objetivas en el convenio de Schengen para que pueda ser
aplicado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA COSTA: Me gustaría, en esta corta intervención, abordar
algunos de los aspectos más globales de este tercer pilar que creo que es
de gran importancia para los ciudadanos europeos, sin que ello signifique
renunciar ni mucho menos a que en una comparecencia más específica de los
ministros correspondientes se puedan plantear cuestiones más concretas
que entiendo que tienen un interés más específico en las áreas de
justicia e interior concretamente, mucho más que en las políticas
derivadas del desarrollo de este pilar.

En cualquier caso, sí me gustaría señalar algunos aspectos que afectan a
lo que nuestro Grupo entiende que es muy importante, a la percepción de
los propios ciudadanos europeos de su pertenencia a un ámbito geográfico
y político común distinto al de su Estado o nación. Yo creo que ésa es la
cuestión más importante de este tercer pilar, que efectivamente se está
traduciendo lentamente, por las muchas dificultades técnicas que ello
comporta, en la realidad.

Si bien es verdad que el convenio de Schengen no es propiamente
comunitario al no participar todos los países de la Unión, sí creo que es
un instrumento fundamental



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para lograr que esa percepción de los ciudadanos de pertenecer a un
espacio común se haga realidad. Creo que es el instrumento más eficaz que
se puede tener, puesto que de él va a depender, en gran parte, todo el
tema de fronteras exteriores, todos los sistemas informáticos que van a
permitir esa política común y esa libre circulación de ciudadanos, así
como su seguridad, dentro del espacio que representa la Unión Europea.

El plan de acción establecido por el Consejo Europeo el 10 y 11 de
diciembre llegó a un acuerdo de actuación en distintas materias que han
sido tratadas, algunas de las cuales voy a reiterar por la importancia
que tienen. Sin embargo, antes de entrar en este punto, quisiera disipar
la preocupación del Grupo Popular con respecto a los aeropuertos
nacionales, por mi conocimiento directo del tema y por las informaciones
de que dispongo. Los aeropuertos nacionales, desde hace ya más de un año,
tienen un diseño de aplicación de una entrada específica para los
ciudadanos de la Unión Europea, al menos los internacionales más
importante, aunque, evidentemente, no lo van a poner en funcionamiento
antes de que sea aplicado en el conjunto de los países. Lo digo porque lo
conozco por otras responsabilidades que no son éstas y porque pertenezco
a una zona en donde esto nos preocupa especialmente, porque no es Madrid
particularmente el aeropuerto que más pasajeros internacionales tiene,
pues el de Palma de Mallorca tiene algunos más y nos preocupa
especialmente que puedan circular libremente estos pasajeros que vienen
como visitantes y, por lo tanto, deben ser especialmente bien acogidos,
como todos.

Decía que el Consejo llegó a un acuerdo para establecer un plan en
distintas materias: la entrada en funcionamiento de la unidad antidrogas,
Europol, cuya ultimación debería realizarse antes de finales de 1994,
concretamente en el tercer trimestre; una estrategia global en la lucha
contra la droga; la lista común de terceros países cuyos nacionales deban
contar con visados, que me parece de especial importancia para nuestro
país, por las implicaciones que ello tiene a todos los niveles de la
política internacional de nuestro país y su proyección; el fortalecer la
cooperación judicial y la coordinación entre la política del tercer pilar
y la política exterior y de seguridad común específicamente.

Creo que todos esos temas son de gran interés y deberían ser objeto de un
tratamiento más concreto, quizás a otro nivel de comparecencia, por los
Ministros que tienen que desarrollarlos en sus ámbitos respectivos. Yo
creo que el Secretario de Estado nos ha informado de los diferentes
avances realizados en esta materia dentro de la Unión y, siendo esta
política desarrollada recientemente, a un nivel bastante satisfactorio.

Quiero referirme también al desbloqueo producido en el tema de política
de asilo, después del incidente lamentable que se produjo entre países de
la Unión. Creo que se dejó una puerta abierta en el Consejo del 10 y 11
de diciembre y la resolución del Parlamento europeo contribuye sin duda a
que esa conciencia colectiva de los ciudadanos de la Unión consideren que
es absurdo que un país miembro de un mismo ente político, de la Unión
Europea, pueda dar asilo a ciudadanos de otro país, aunque se respeten
necesariamente todos los derechos humanos. Por lo tanto, es bastante
absurdo que eso se produzca. Deseando que esta política siga avanzando
dentro de la Unión, creo que debemos esperar al informe anual al que se
remite el mismo Consejo y que tiene previsto realizar a finales de 1994
sobre los avances en todo lo que significa el tercer pilar.

Creo que este informe del Consejo Europeo que se celebra a finales de año
nos dará la posibilidad de opinar, en un período de tiempo suficiente,
respecto al desarrollo de este tercer pilar y hacerlo con mayor
conocimiento de causa, conociendo la valoración que el Consejo hace del
mismo. Por lo tanto, no voy a entrar en más detalles, porque tampoco es
un tema en el que yo sea un especialista, y voy a terminar agradeciendo
la comparecencia del Secretario de Estado, que creo conoce como yo la
arquitectura de este pilar, pero no las aplicaciones concretas, que,
insisto, podrían ser objeto de una comparecencia de los responsables
respectivos.




El señor PRESIDENTE: El señor Baón tiene la palabra.




El señor BAON RAMIREZ: Quería hacer una observación.

A mí me hubiese gustado que don Antonio Costa se hubiese sentado allí, en
la Mesa, porque ha actuado como un compareciente dando respuestas. La
verdad es que no sé cuál es la posición de su Grupo en torno a otros
aspectos y a lo único que ha venido es a replicar.




El señor PRESIDENTE: Si les parece, después de la intervención del señor
Secretario de Estado suspenderemos la reunión durante diez minutos y
volveremos inmediatamente después.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Comenzaré por agradecer al señor Costa su apoyo y su
identificación con las posiciones que yo he expuesto, pues sin duda
alguna es siempre bueno saber que está en la misma longitud de onda que
la que manifiesta el Gobierno.

Querría contestar a algunas cuestiones planteadas. Voy a ver si puedo
hacerlo de una manera rápida. Tengo tantos temas interesantísimos, que
merecerían ser objeto de debates monográficos, que siento tener que
hacerlo un poco apresuradamente, pero como, saben SS. SS., estoy a su
disposición para venir aquí cuantas veces haga falta y para explicar, de
la mejor manera que sepa, lo que ocurre en el ámbito de las competencias
que me han sido atribuidas.

En primer lugar, he de decir al señor Ibarz que le agradezco también el
apoyo de su Grupo y que estoy absolutamente de acuerdo con él en lo que
se ha referido a la cooperación judicial para las personas normales. Es
decir, no solamente la cooperación judicial para aquellos que transgreden
la Ley; el mecanismo está montado tendente más bien a resolver los
problemas de delincuencia que a resolver los problemas de los operadores
económicos y que



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debería haber una mayor cooperación judicial tendente a facilitar la vida
a este tipo de personas. Por ejemplo, ya hay algunos casos, por ejemplo,
de convenios en ejecución de sentencias para una mayor rapidez,
tramitación rápida de los «exequatur», para que, en definitiva, el
traspaso de la frontera no suponga encontrarse con barreras de justicia
infranqueables y que se añadan a las propias barreras que podamos tener
en cada uno de nuestros países. Sin duda alguna, estoy de acuerdo con él
en que hay que intensificar la acción en ese campo, porque, a fin de
cuentas, un mercado interior es una cosa muy amplia, es que tengamos el
mismo espacio que tendríamos en un espacio nacional. Por tanto, no
solamente se trata de suprimir una barrera física, sino otro tipo de
barreras, entre otras las psicológicas; algunas de ellas no podremos
resolverlas como es el tema de los idiomas, pero esperemos que todo el
resto sí se pueda hacer. De manera que muchas gracias y seguiremos
trabajando en esa dirección.

Respecto a lo manifestado por el señor López Garrido, una vez más tengo
que decir que coincido con la mayor parte de sus afirmaciones y de su
exigencia en la profundización de la construcción europea. No es la
primera vez que coincidimos y espero que no sea la última. Estoy de
acuerdo en que la libre circulación de personas aparece como una
contradicción, o mejor dicho, los arreglos del tercer pilar que se están
haciendo aparecen como una contradicción flagrante con el artículo 8.a).

El problema es que la interpretación del artículo 8.a) en el marco de los
doce es divergente, por una parte somos nueve --solos los mismos que
estamos en Schengen-- los que tenemos la impresión de que perfectamente
se pueden y se deben suprimir las fronteras entre nosotros, y a lo que
aspiramos es a que se produzca una especie de deslegitimación espontánea
del hecho de la frontera como hecho generador del control. Sin embargo,
los británicos, quizá por ser una isla, piensan que no, que la existencia
de una frontera es básica para impedir el paso de delincuentes, tráfico
de drogas, blanqueo de dinero, etcétera, y aducen que sus estadísticas en
el cruce de fronteras de aprehensiones de alijos o de aprehensiones de
delincuentes es muy importante. Pero, evidentemente, lo que no tiene en
cuenta es la estadística de lo que ocurre en el interior de nuestros
países, es decir, el hecho de que la delincuencia es muy superior a los
posibles delincuentes o materiales aprehendidos en una frontera, y que lo
que es importante es conseguir un espacio interior sin fronteras que sea
a la vez un espacio en libertad y un espacio con seguridad. Sin duda
alguna, la sensibilidad de las distintas ideologías y de los diferentes
grupos políticos es diversa: unos están más inclinados a primar la
libertad y otros prefieren primar la seguridad. Es perfectamente
legítimo, las sensibilidades son distintas y también los problemas son
diferentes.

Creo que también tiene razón cuando dice que la preocupación policial
represiva, es decir, el aspecto seguridad del convenio de Schengen prima
sobre los aspectos de libertad, aunque yo creo que priman desde el punto
de vista del volumen legislativo porque son más complejos de analizar que
los otros, los aspectos de libertad, que dependen no tanto de una
regulación sino de nuestras propias constituciones. Ahora, lo que sí
parece claro es que en el convenio de Schengen hay elementos claros a
favor de la libertad. Uno de ellos es el tratamiento del derecho de
asilo. Otro de ellos son las leyes de protección de datos, que son
absolutamente necesarias para que el ciudadano sepa en todo momento
cuáles son los datos que acerca de su persona existen y pueda
rectificarlos. Estas leyes ya las tenemos en todos nuestros países, y
también tenemos una autoridad central común y autoridades nacionales que
velen precisamente por la buena ejecución de ese principio de la
protección de la intimidad y de la personalidad. Por último, está el
tener estrechos contactos con las organizaciones de refugiados, sobre
todo con la ACNUR, que es básica para intentar que no confundamos la
represión de las persona indeseables con la necesidad de dar acogida a
refugiados por razones de todo tipo, sean políticas o sean económicas.

De manera que yo creo que existen también elementos de suficiente
protección en este ámbito, desde el punto de vista de la seguridad. Es un
difícil equilibrio, lo reconozco; un difícil equilibrio --como decía el
señor Baón-- entre que circule la persona honrada y que a ser posible no
circulen los criminales o que por lo menos puedan ser aprehendidos. Yo
creo que la difícil búsqueda de ese equilibrio es lo que ha movido a los
Estados signatarios de Schengen a conseguirlo, si es que el ejercicio de
Schengen funciona. Yo comparto el escepticismo del señor Baón porque ya
hemos aplazado demasiadas veces la puesta en vigor de este convenio, con
la normal frustración de nuestras opiniones públicas, pero creo que sí va
a funcionar, espero que sí. Cuesta el mismo precio ser optimista que
pesimista. No tengo ningún otro motivo para ser optimista, simplemente
porque creo que incluso hasta sienta mejor, pero desde el punto de la
realidad me da la impresión de que estamos más cerca que antes de que
podamos celebrar pronto la libre circulación de personas.

A los ministros de Interior y Justicia les voy a transmitir la demanda de
mayor información, que con mucho mayor conocimiento de causa que el mío,
sin duda, va a ser atendida y me parece que es una ocasión importante
para comprender la problemática exacta en esta importante materia.

Me pregunta el señor López Garrido sobre el tema del asilo. España, en la
última reunión del Comité coordinador del llamado K-4, ya ha levantado la
reserva y, por tanto, la acción común prevista esperamos que pueda ser
puesta en práctica a la mayor brevedad posible.

En cuanto a los visados --y ya contesto al señor López Garrido y al señor
Baón-- existe, primero, en el marco del tercer pilar, una propuesta de la
Comisión de tener una lista positiva de países a los que se pide o se va
a exigir visado. Es una propuesta de la Comisión que todavía no ha sido
aprobada por el Consejo y que en este período hasta 1996 será aprobada
por unanimidad y después por mayoría cualificada. Esa propuesta actual de
la Comisión coincide en mucho, por no decir exactamente, con la lista de
126 países a los que se pide visado en el ámbito Schengen; lista que creo
que ya transmití a SS. SS. con carácter reservado, evidentemente, porque
no es una lista para el



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conocimiento del público en general, pero si no ha sido así con mucho
gusto volveré a actualizar el envío de esta lista. En ella, como saben
SS. SS., están prácticamente todos los países de Lomé, todos los países
que tienen algún riesgo potencial tanto de envío de emigración
clandestina como de algunos problemas de tipo de delincuencia, y
solamente hay dos países latinoamericanos que son Cuba, a la que
históricamente se aplicaba visado, y la República Dominicana, a la que se
aplica visado precisamente por beneficiarse, gracias a la actuación de
España hace tiempo, de su pertenencia a la Convención de Lomé.

Me pregunta el señor López Garrido si existen listas positivas. No
existen listas positivas en el ámbito del tercer pilar, pero existen dos
listas en el ámbito de Schengen; no son listas obligatorias sino
simplemente indicativas. Una, de los países a los que en estos momentos
no se solicita visado, lo cual no quiere decir que no haya una decisión
del Comité Ejecutivo de que algún día, si algún país es requerido para
que tenga visado pueda incluirse, pero que de momento es una fotografía
de la actualidad; y otra lista de países a los que algunos miembros de
Schengen les solicitan visado y otros no, que es puramente ilustrativa,
por tanto no tiene carácter vinculante, como digo es simplemente
indicativa para las autoridades de control en la frontera exterior.

En cuanto a la solicitud de información en el tema de aeropuertos, diría
al señor Baón que en España estábamos preparados. Unos aeropuertos tenían
más problemas que otros; los que tienen estructura en estrella son
siempre más difícil que los de estructura lineal. En Barajas,
concretamente, en los últimos tiempos sufrimos las dificultades de la
puesta en práctica de estos paneles que separan los vuelos nacionales de
los vuelos internacionales, pero no están puestos todavía en
funcionamiento. Está preparado para el día en que se ponga en vigor el
Acuerdo de Schengen con el consiguiente perjuicio que supone este retraso
para las autoridades de los aeropuertos. Sin duda alguna no es solamente
el ciudadano el que se encuentra frustrado porque Schengen no haya
entrado en vigor, sino también las autoridades aeroportuarias que han
hecho unas inversiones y que todo retraso les genera complicaciones de
tráfico interno y daños desde el punto de vista económico.

En cuanto a la pasarela ya he contestado, pero hay otra pregunta. En
cuanto a la pasarela el K-9 en estos momentos no se plantea; todavía es
muy reciente el tercer pilar. Es necesario que se vayan sedimentando las
opiniones en esta fundamental materia donde el residuo de soberanía
siempre es muy importante, el reflejo de soberanía nacional sigue siendo
muy vivo y es necesario dar tiempo al tiempo. Esta previsto, eso sí, para
la conferencia intergubernamental de 1996, es decir, dentro de dos años.

Creo que en dos años ya habremos adquirido la suficiente experiencia para
que podamos considerar algunas materia de justicia e interior como
integrantes del pilar comunitario.

En el tema de Gibraltar no hay ningún problema. Le puedo garantizar que,
sea en el marco intergubernamental, sea en el marco de la Comunidad --y
la propuesta de la Comisión ha tenido en cuenta nuestras preocupaciones
al ser aprobada--, se excluirá a Gibraltar del tratamiento. En todo caso
es un tema de unanimidad y al ser así creo que tenemos perfectamente
salvaguardada nuestra posición en esta materia.

Muchas gracias. (La señora Tocino Biscarolasaga pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Si les parece, voy a suspender... Tiene la palabra
la señora Tocino.




La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Señor Presidente, muy brevemente, antes
de suspender la sesión quería agradecer nuevamente la disponibilidad del
señor Secretario de Estado. El mismo reconoce la importancia de los temas
que se están abordando y el poco tiempo del que se dispone, por lo cual
hay que ir realmente a uña de caballo. Ya sé que el Reglamento no lo
exige, sino todo lo contrario, se pueden permitir o no las réplicas, pero
no tenemos tiempo para hacer ningún tipo de réplica ni de observaciones.

Estoy segura de que antes el señor Secretario de Estado no quería haber
hablado de la intoxicación de los medios de comunicación, que era la
intervención que yo quería haber tenido posteriormente, o de la especie
de desgaste que había del adversario; en fin, una serie de temas que
quería haber comentado. Incluso ahora me parece que no podemos dar por
entendido que se ha debatido en esta Comisión, como muy bien ha
reconocido el señor Secretario de Estado, el tercer pilar de justicia e
interior; un pilar tan importante que nos afecta a todos muchísimo y que,
efectivamente, se ha podido abordar muy superficialmente alguno de sus
aspectos, el derecho de asilo o la situación de Schengen. Pero justicia e
interior llevan muchísimos más temas, y simplemente con leer el Tratado
de la Unión o las conclusiones de la Presidencia de Bruselas del 11 de
diciembre de 1993, sería más que suficiente para tener una comparecencia
con los correspondientes ministros, porque mandan al señor Secretario de
Estado --y le agradecemos muchísimo que nos dejen poder preguntarle sobre
muchos temas--, pero aquí hay un plan de acción concretísimo, con puntos
específicos de obligaciones que ponen a cada uno de los Gobiernos, un
plan de acción, repito, del que le van a examinar por primera vez a
finales de 1994 sobre el informe que tienen que mandar, donde explique
las realizaciones que como tal Gobierno ha conseguido.

Me gustaría dejar constancia de que agradecemos esta buena disposición
del señor Secretario de Estado. Parece que no es culpa de nadie, pero
todos coincidimos en que vamos siempre a uña de caballo y, de verdad,
creo que ha llegado el momento de profundizar mucho más en los temas,
reunirnos cuantas veces haga falta o meter menos temas en cada orden del
día, porque la sensación que tenemos, al menos algunos grupos, es que no
nos da tiempo de ahondar en cada uno de los temas que tenemos sobre la
mesa, en los temas comunitarios que son esenciales.




El señor PRESIDENTE: Estoy nuevamente en manos de la Comisión. Les
pediría que intentáramos terminar hoy el orden del día. Quiero decir
también que la Mesa y los portavoces componen el orden del día. Por
consiguiente, lo que sí podremos hacer en otra ocasión es un orden del
día



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más breve, que nos permita extendernos más en cada uno de los puntos.

Tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Efectivamente, la Mesa y los portavoces elaboran el
orden del día y éste fue elaborado por unanimidad, por lo que me parece
que sobran ahora las manifestaciones de que hay excesivos temas en este
orden del día que, repito, fue elaborado por unanimidad y por tanto, hay
intervenciones que no se deben producir en esta Comisión.

Es evidente que cualquiera de los temas que estamos tratando se podría
abordar a lo largo de todo el día puesto que hay materia suficiente, pero
los grupos tenemos que ser disciplinados y saber plantear aquellas
materias que tengan más interés para cada uno de los grupos en los
tiempos que el reglamento nos oferta. La Presidencia de esta Comisión
siempre ha sido flexible en la utilización de los tiempos y me da la
impresión de que esto es más un subterfugio dialéctico que una necesidad
de más tiempo para tratar determinadas materias. No se ha retirado la
palabra a nadie cuando estaba en el uso de la misma para abordar el tema
con la profundidad que se creyera conveniente. Pero es cierto también que
los distintos grupos hemos manifestado la conveniencia de abordar este
tema del tercer pilar, que se está iniciando prácticamente en la política
europea, en otro ámbito, con las personas que tienen la obligación de
aplicar los acuerdos derivados de la política del Consejo y de la
Comisión, es decir, los correspondientes ministros de Justicia e
Interior. Yo he añadido algo más en mi intervención: que no iba a
profundizar en la misma porque entendía que quizás el momento más
adecuado de abordar este tema en esta Comisión sería cuando se presente
el informe que el Consejo del 10 y 11 de diciembre compromete a los
distintos gobiernos nacionales a realizar, a finales de año, sobre los
avances que se han producido en esta materia. Es decir, sin que ello
signifique que se puedan producir las comparecencias que se crean
convenientes, para esta Comisión sería mucho más interesante debatir
sobre informes realizados por un ámbito competente en la materia, que nos
daría pie a analizar si se están cumpliendo correctamente las cuestiones
planteadas.

Para acabar ya este turno extraordinario, quisiera dejar bien clara la
postura de nuestro grupo ante lo que se ha dicho por otro grupo sobre el
control democrático y que compartimos. Con el instrumento que nos hemos
dado en este Parlamento ya no se puede aducir más la existencia de un
déficit en el control democrático de cualquiera de las políticas
derivadas del Tratado de la Unión. Esta política puede ser abordada con
la profundidad que se crea necesaria dentro de esta Cámara, y no porque
lo diga una resolución del Parlamento Europeo, sino porque nos hemos dado
el instrumento adecuado para hacerlo. Por tanto, comparto con el portavoz
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya su preocupación por estas
materias que afectan muy directamente a la vida de los ciudadanos, pero
también quiero recordar que ya existe, aunque falte el trámite del
Senado, el instrumento adecuado para realizar con plenitud y sin
cortapisas el control democrático que estas Cámaras deben ejercer sobre
las políticas europeas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Tocino.




La señora TOCINO BISCAROLASAGA: Señor Presidente, lamento mucho
nuevamente la falta de tiempo, pero entre mis muchos defectos reconozco
que uno de ellos es la claridad. Y la claridad de mi intervención no
lleva a que el representante del Grupo Socialista tergiverse mis
palabras. Menos mal que tenemos un «Diario de Sesiones». En ningún
momento he acusado de que se haya quitado la palabra a nadie o de que
unos utilicen mal su tiempo. Lo que estoy diciendo es el cúmulo de temas
importantes que tenemos encima de la mesa porque es la Comunidad Europea
la que nos propone esos temas. Y los deberes que nos han puesto en la
última cumbre --y esta intervención ya la he hecho en otras
comparecencias-- me lleva a tener que decir, una vez más, que lamento
profundamente que cada uno de los intervinientes estemos diciendo siempre
que qué lástima que no tenemos tiempo, que en próximas comparecencias...

Lo que no se puede --y tenemos medios de comunicación que nos acompañan--
es presentar un orden del día como el que aquí se debate hoy, con temas
como el tercer pilar, la ampliación en profundidad, el Magreb o tantas y
tantas cuestiones. No sé la sensación que sacarán los demás grupos, pero
veo que por problemas de tiempo no podemos entrar en la profundidad que
los temas requieren. No estoy acusando a nadie. Nos acusamos todos o
simplemente denunciamos que algo habrá que hacer para que, ante la
abundancia de temas que tenemos que tratar en esta Comisión, encontremos
los cauces adecuados para no estar siempre quedándonos en la
superficialidad de los asuntos, porque no comparto esta forma de hacer
política. Creo que en otros paíse negocian, dialogan y conversan mucho
más en profundidad y por eso quizás consiguen más efectos cuando llegan a
acuerdos.

Lo que pido es que profundicemos más en los temas, que les dediquemos el
tiempo que sea necesario, viernes, sábados o lunes, pero que no tengamos
la sensación de que aquí ya nos damos todos por contentos porque ya hemos
cubierto el expediente y hemos tocado hoy ocho temas. No lo comparto, y a
lo mejor también dentro de mi grupo encuentro personas que no comparten
estas ideas, pero de momento soy la responsable de esta Comisión por
parte del Grupo Popular y quiero dejar constancia de que ésta es la
sensación que tengo.




El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por diez minutos. A la
una y dos minutos volveremos a reanudarla para abordar los puntos tres y
cuatro del orden del día.




Se reanuda la sesión.




--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, A PETICION DEL GRUPO SOCIALISTA DEL



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CONGRESO, PARA INFORMAR SOBRE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTADO CONVENIO
EURO-MAGREBI (Números de expedientes Congreso 212/000465, Senado
713/000115.) Y TAMBIEN PARA CONTESTAR A LA PREGUNTA DEL DIPUTADO DON
RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA (GP. IU-IC) ACERCA DE LA POSICION DEL
GOBIERNO SOBRE LAS NEGOCIACIONES DE LA UNION EUROPEA Y MARRUECOS PARA
ALCANZAR UN NUEVO ACUERDO COMERCIAL (Números de expedientes Congreso
181/000243, Senado 683/000004.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Pasamos al punto tercero del orden del día relativo a los contenidos del
proyectado convenio euro-magrebí. En este punto existe una petición de
comparecencia y una pregunta, que vamos a unir y, si les parece a SS.

SS., le damos el tratamiento de comparecencia. Por consiguiente, pedimos
al señor Secretario de Estado que nos haga una exposición y, a
continuación, tomarán posición los distintos grupos.

Tiene la palabra el Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Como saben, señorías, desde su incorporación a la Unión Europea,
España ha afirmado constantemente la necesidad de corregir los
desequilibrios existentes entre las riberas norte y sur del Mediterráneo,
habiéndonos erigido, junto con algún otro socio comunitario, en los
principales valedores de los intereses de los países magrebíes ante la
Unión Europea. Esta política se hace más evidente a la luz de los cambios
históricos que se han producido y se están produciendo en el escenario
europeo, que conllevan un dato positivo, que es el acceso de los países
del centro y del este de Europa al área de estabilidad económica y
política del resto del Continente, pero que conllevan también el riesgo
de desplazar el centro de gravedad de los intereses de la Unión Europea
hacia el norte y el este de Europa en detrimento del sur, cuando
realmente el sur es también nuestra zona de vecindad, y no solamente
nuestra en el sentido de decir de España o de los países más cercanos
sino también de la Unión Europea en su conjunto. España asume la política
de vecindad como si fuera propia en lo que se refiere al centro y este de
Europa, pero también esperamos que el resto de los socios de la Unión
asuman que la política de vecindad debe contar también con los países del
sur del Mediterráneo.

La política mediterránea de la Unión Europea está basada en una serie de
instrumentos que tienen ya bastantes años, que se han ido adaptando
sucesivamente para mejorar a lo largo de estos tiempos y que
concretamente tuvieron un impulso cuando España y Portugal entraron en la
Comunidad y tuvimos que adaptar esa política mediterránea a la nueva
situación, de entrada en la Unión Europea --en la Comunidad entonces-- de
unos países que eran clientes y, a la vez, socios comerciales y políticos
de los países del norte de Africa pero al mismo tiempo también
competidores en una determinada producción de tipo mediterráneo.

Además de todo eso, tenemos la conciencia de que el área del sur del
Mediterráneo tiene una enorme importancia estrategica para la Unión
Europea. En primer lugar, y ése es un dato que se desconoce, es que es el
tercer socio comercial de la Unión Europea: absorbe un ocho por ciento
del comercio total de la Unión con el mundo, detrás de los países de la
antigua EFTA y de los Estados Unidos. Además, es una zona vital para el
aprovisionamiento energético de la Unión Europea, pues las exportaciones
de gas natural, por ejemplo, de estos países hacia Europa son muy
importantes para nuestro abastecimiento energético. Por otra parte, cinco
millones de los nacionales de estos países residen ya en territorio
comunitario. Además, de eso, los países en cuestión están afectados de
una problemática que es la de una demografía pujante, acompañada de una
creciente deuda exterior, de un déficit comercial muy notable, de
problemas de medio ambiente y, por qué no decirlo también, de riesgos
claros de extensión de las ideas fundamentalistas. Por lo tanto, la nueva
estrategia de la Unión Europea debería tener un carácter global que
tomara en consideración todos estos aspectos, con el objetivo de asegurar
la estabilidad política y la prosperidad económica de los Estados de la
zona.

Teniendo en cuenta estas necesidades, en 1989 la Comunidad Económica
Europea, con el impulso de algunos países, entre ellos España, marcó la
inflexión de posición de la Comunidad hacia un salto cualitativo, lo que
se llama la política mediterránea renovada, con una serie de
acuerdos-marco, más completos en el terreno comercial, en el financiero y
también en la cooperación económica y tecnológica. Esta filosofía y esta
nueva política mediterránea renovada, lanzada en el período en el que se
ocupaba de esta cartera el Comisario Matutes, ha desembocado en una
declaración solemne del Consejo Europeo de Lisboa de junio de 1992 en la
que se pasa de la lógica de la cooperación para el desarrollo, que era la
que venía rigiendo las relaciones euromagrebíes, a una lógica de la
asociación. Por tanto, se lanza la idea de una asociación euromagrebí
donde se tienen en cuenta por primera vez elementos políticos muy
importantes como, por ejemplo, la necesidad del respeto a los derechos
humanos en dicha zona, dado que se trata de enlazar, en una política de
vecindad no solamente geográfica sino también ideológica, a estos países
con el resto de Europa, y también la necesidad de empezar a entablar un
verdadero diálogo político con dichos países, semejante al diálogo
político que ya estamos teniendo con los países del este y del centro de
Europa. Por tanto, se va hacia una nueva generación de acuerdos de
asociación, esta vez ya acuerdos verdaderamente de asociación
euromagrebí. A este fin se han aprobado una serie de mandatos empezando
por el de Marruecos, seguidos después por el de Túnez y por el de Israel.

Con esto y centrándonos en la contestación a la pregunta, me voy a
referir básicamente al convenio primero, el pionero, que es el de
Marruecos, y que se va a trasladar mutatis mutandis en cuanto a mandato a
los otros países de la zona. Se basa fundamentalmente en tres grandes
capítulos:



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por una parte, el capítulo comercial: mejorar las condiciones comerciales
a través del establecimiento de una zona de libre cambio --es un enfoque
muy semejante al enfoque de la zona de la NAFTA en el Norte de América--
y en una zona de librecambio desequilibrada a favor, en lo que se refiere
al tiempo, de la parte más débil, es decir, en este caso a favor de
Marruecos y de los otros países. ¿En qué consiste ese desequilibrio?
Consiste en que la Unión Europea se abre plenamente, como ya está, a las
exportaciones agrícolas, con algunas excepciones en productos textiles,
que se tendrán que ir resolviendo en el marco de la Ronda Uruguay,
mientras que Marruecos se abrirá lentamente, se dice en el mandato, a lo
largo de un período de doce años; esto todavía no ha empezado a
negociarse, pero yo creo que también deberíamos tener una actitud
flexible y tener en cuenta que una zona de libre comercio puede
significar problemas serios de ajuste en una zona menos desarrollada y
tener en cuenta, también, problemas de industrias nacientes, etcétera.

Esto desde el punto de vista industrial.

Desde el punto de vista agrícola, donde, como SS. SS. conocen, no es
posible constituir una zona de librecambio porque la agricultura comporta
no solamente los aranceles --lo que sería en el librecambio la reducción
de los derechos de aduana--, sino que la política agrícola tiene otros
elementos importantes, y el más importante es la preferencia comunitaria,
y para que se cumpla el principio de preferencia comunitaria es necesario
que se respeten una serie de normas, entre otras, un respeto de precios,
de los precios de la política agrícola común. Naturalmente, para asegurar
el respeto de los precios es necesario tener una serie de mecanismos, que
antes se llamaban precios de referencia y ahora se llaman precios de
entrada, pero que lo que suponen es que el precio de un producto que
entra de países terceros tenga que comercializarse en el mercado interior
al mismo precio que los productos comunitarios.

Por tanto, en este mandato lo que hay es una «comunitarización», por una
parte, del contingente histórico y tradicional que tenía Marruecos con
Francia, que era un contingente bilateral, pero, al mismo tiempo, como ya
no existe una compartimentación de mercados, hay que extender este
contingente al resto de los socios comunitarios. Por consiguiente, se
fija un contingente que tiene en cuenta las corrientes tradicionales y,
al mismo tiempo, lo que hace es establecer la posibilidad de una
ampliación del contingente arancelario, que no es un contingente
cuantitativo, no es una limitación de volumen sino del arancel, dentro
del cual se aplica un arancel reducido; contingente que se irá ampliando
en un 3 por ciento anual a partir del primer año. Por tanto, se tiende,
por así decirlo, hacia una zona de libre comercio en lo que se refiere a
lo arancelario, pero se mantiene la protección de los productos agrícolas
de exportaciones de Marruecos y de los otros países para que se respete
el principio de la preferencia comunitaria.

Permítanme que me extienda un minuto sobre el nuevo mecanismo que se va a
establecer en el marco de la Ronda Uruguay. En el marco de la Ronda
Uruguay, y en virtud del memorándum que presentó España en su día,
teníamos diversas preocupaciones. Una de ellas eran los productos
mediterráneos, que no están reformados como otros productos de la PAC y
podían haber sufrido; por tanto, se van a tener que modificar las
organizaciones comunes de mercado para ellos. Esto se va a hacer en el
marco del Consejo de Agricultura, para que tengan las mismas facilidades
que ya han tenido los productos llamados continentales. Por consiguiente,
éste es uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos del GATT.

El otro aspecto fundamental es el de extender la protección para
determinados productos a lo largo de todo el año. Concretamente son los
tomates, el pepino y los calabacines, que son de los más sensibles para
nuestra producción en competencia con los de Marruecos, sobre todo los
tomates.

Por razones históricas, a la entrada de España en la Comunidad los
precios de referencia se aplicaban, fundamentalmente, a la época en que
concurrían las producciones de los entonces miembros de la Comunidad, es
decir, las Islas Británicas, las Islas del Canal, Holanda y Bélgica, que
es en los meses de primavera y de verano, pero quedaban desprotegidos de
precios de referencia porque no existían, en los meses de fundamental
producción española, es decir, en los meses de producción de Almería,
Alicante, Murcia o Canarias.

En aquella época, y dado que Canarias había quedado fuera de la Unión
Aduanera, consideramos que no era oportuno luchar por establecer una
protección en frontera que hubiera penalizado a Canarias si hubiéramos
extendido dicha protección a los meses en que Canarias producía. Pero
ahora ya es distinto. Canarias, como luego veremos en la otra pregunta,
está dentro de la Unión Aduanera, se beneficia de la Política Agrícola
Común y, por tanto, necesita ser protegida en frontera con precios en
relación a sus competidores. De manera que en las negociaciones del GATT
se ha conseguido extender el sistema de precios de entrada --que se llama
ahora-- a todo el año.

La firma en Marrakech es próxima, pero luego necesita un período de
ratificaciones. No obstante, cuando entre en vigor supondrá una
protección en frontera adecuada para nuestros productos, de manera que se
tenga que respetar, por parte de los países exportadores, sobre todo de
Marruecos, el sistema de precios de entrada.

Los marroquíes nos han manifestado en varias ocasiones su profunda
preocupación --yo he estado recientemente en Marruecos y también estuvo
el Ministro de Agricultura-- por la posibilidad que ellos aducen de
desaparecer completamente el mercado de la Unión Europea si aplicamos
todo el año los precios de referencia. Hemos estudiado detenidamente el
problema y hemos llegado a la conclusión de que esos temores son en parte
infundados, y en la medida en que tengan algún fundamento es lógico que
las corrientes tradicionales tengan que mantenerse. Yo creo que ni España
ni la Unión Europa desearía expulsar del mercado europeo a unas
producciones tradicionales de las que depende tanto la vida de Marruecos,
pero, al mismo tiempo, Marruecos tiene que comprender que es necesario
que ordenemos el mercado. Antes estaba desordenado porque se concentraban
todas las exportaciones marroquíes justamente en los períodos que
producía España, y ahora lo



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que se hace es extenderlo a lo largo del año, por tanto, vamos a tener la
posibilidad de conseguir un mercado más ordenado que no suponga una
competencia salvaje coincidente con las producciones españolas y que, a
través de una serie de mecanismos, se puedan mantener las exportaciones
tradicionales de Marruecos en estos productos.

Al mismo tiempo que los temas comerciales están, y tienen un destacado
lugar, los temas financieros.

Marruecos y los demás países necesitan importantes ayudas para el
desarrollo de su economía, de la misma manera que los necesitamos los
países menos desarrollados en el marco de la Unión Europea, y aunque ya
las ayudas que se están recibiendo son cuantiosas --el último protocolo
financiero con Marruecos tiene un importe global de 324 millones de
ecus--, por parte de España y por parte de Marruecos se ha detectado que
estas cantidades son insuficientes. Vamos a hacer todo lo que está en
nuestra mano para que los demás socios comunitarios se den cuenta de la
importancia que tiene la estabilidad financiera de este país, no
solamente para que sanee y reestructure su sector público, sino también
para que sane y reforme radicalmente sus finanzas públicas con objeto de
poder integrarse en esta política de vecindad.

Por último está la cooperación técnica, la cooperación económica prevista
en este mandato y que tiene que profundizarse mucho más si realmente
queremos establecer esa situación de partenariado, de asociación con
Marruecos y con el resto de los países del Magreb.

Es necesario el diálogo político, cuyo condicionamiento fundamental, cuyo
faro, cuya guía es el respeto de los derechos humanos y, a partir de ahí,
la participación en las tomas de decisiones de la política exterior y de
seguridad común; es preciso la comunicación en estos países, insisto, a
los que por parte de España, y siguiendo el ejemplo de una iniciativa que
han hecho los Ministros italiano y británico para los países del Este,
como es mantener un estrecho contacto en el pilar segundo, es decir, en
la política exterior y de seguridad común, y en el tercer pilar,
podríamos también estar abiertos a llevar a cabo una iniciativa que los
asociara de una manera similar «mutatis mutandis», teniendo en cuenta la
distinta vocación que tienen con relación a los países del centro y del
este de Europa, que tienen vocación de integración en la Unión; pero
teniendo en cuenta, repito, esas especificidades, también enmarcarlos en
el ámbito de la cooperación en materia de seguridad y en materia de
justicia para, de esa manera, anclarlos definitivamente a Europa, frenar
la emigración, luchar en lo posible contra el fundamentalismo y ayudar a
la democratización, tanto de la vida política como de la vida económica
de dichos países.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Westendorp, por su exposición
sobre el estado de la cuestión del acuerdo euromagrebí, en concreto del
próximo acuerdo con Marruecos. Nos ha aclarado algunas cuestiones que
pensábamos plantearle y, por tanto, obviamos la profundización en estos
temas, específicamente la primera de las dimensiones de las que usted
hablaba, la dimensión comercial y su relación con los acuerdos GATT.

Nuestro Grupo quisiera, en una brevísima intervención a estas alturas de
la mañana, simplemente dejar clara la posición política respecto de este
acuerdo euromagrebí.

En primer lugar, nos parece que el haber pasado de una fase de mera
cooperación a una fase de asociación en relación con el área magrebí es
un paso positivo. Entendemos que todo lo que sea en esa dirección será
una política inteligente, desde nuestro punto de vista. Nuestro Grupo es
favorable, que quede claro, a un acuerdo euromagrebí, a un acuerdo
específicamente con Marruecos, que tiene, además, una posición especial
ahí, con independencia de las reservas que siempre hemos manifestado y
que seguiremos manifestando sobre el problema de los derechos humanos,
que creemos que no han sido suficientemente enfatizados por el Gobierno
español en muchas ocasiones, a diferencia de otros gobiernos europeos.

Por consiguiente, creemos que una política de acuerdo con el área del
Magreb, en concreto con Marruecos, es una política inteligente, adecuada,
oportuna y que contribuye a dos resultados que me parecen esenciales para
la Unión Europea y para España. Uno de ellos es una estabilidad
económica, comercial y financiera, por emplear los dos aspectos que usted
ha mencionado. Me parece que es papel de los países más desarrollados
contribuir, a través de esta vía más sólida y comercial y no sólo la pura
ayuda humanitaria, al desarrollo de los países en vías de desarrollo
--valga la redundancia--. Todo lo que sea ir en esa dirección nos parece
muy adecuado.

Pero este acuerdo (como le pasa al Barça, que es más que un club) es
mucho más que un acuerdo comercial, es un acuerdo de gran calado
político, que debe contribuir a la estabilidad política de la zona.

Además, es un acuerdo de profundidad política porque un fortalecimiento
de las relaciones de la Unión Europea con esta zona es algo que favorece
a dicha Unión Europea, pero especialmente a España. Precisamente en estos
momentos en que hay una extensión de la Unión Europea hacia el norte, una
asociación hacia el sur es algo que contribuirá, sin duda, al
fortalecimiento de la posición de esos países del sur. Por tanto,
estratégicamente nos parece muy importante que dejemos bien claro, como
dice Benedetti, que el sur también existe, y que hay que profundizar en
esa línea. Quede también claro que nuestra posición es favorable a esa
política.

Ahora bien, también hay que dejar claro que este acuerdo tiene unos
costes significativos para nuestro país, para los países de la zona
mediterránea que componen la Unión Europea, unos costes muy superiores a
los que tiene para países del centro y norte de Europa. La competencia
del tipo de agricultura que tienen esos países (y su economía está muy
centrada en la agricultura) confronta con una agricultura de similares
características como es la de toda el área mediterránea. Los costes de
ese acuerdo son importantes, fundamentalmente, en todo el sector
hortofrutícola (tomates, cítricos, fruta temprana), que está



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profundamente afectado y a veces hasta agredido por una determinada
política comercial de estos países que muy legítimamente intentan
llevarla a cabo. Esto tiene que quedar claro en el seno de la Unión
Europea, porque no sé si todos los países miembros entienden bien que
estos acuerdos, que favorecen al conjunto de la Unión, sin embargo pueden
perjudicar mucho más a una parte de la misma.

Además, es una política euromagrebí, no sólo hispanomagrebí o
hispanomarroquí, pero al ser una política europea, los costes tienen que
ser soportados por el conjunto de la Unión Europea y no por España o por
otros países mediterráneos. De no hacerse una política solidaria de
afrontar el conjunto de costes que tiene, no habría una posición
equitativa, ni se llevarían a cabo las ilusiones de la ampliación,
extensión y profundización de la Unión Europea.

Esta es la posición de nuestro Grupo. Esperemos que el acuerdo a que se
llegue satisfaga estas preocupaciones. De su intervención parece que ésa
es la línea que se está llevando, pero nos gustaría que se nos
tranquilizase más. Estaremos muy atentos a que se produzcan estas
consecuencias después del acuerdo del que nos ha hablado esta mañana.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Efectivamente, el señor Secretario de Estado nos
ha hecho una exposición sobre lo que puede ser el futuro tratado
euromagrebí, tratado de cooperación entre la Comunidad Económica Europea,
como muy bien acaba de definir el portavoz de Izquierda Unida, y
Marruecos. Ya hubo un primer tratado en 1976, que fue modificado en 1988
con nuevas concesiones a Marruecos como consecuencia de la ampliación de
la Comunidad Económica Europa con la adhesión de España, y luego en 1992
vuelve a ser modificado, en parte, con la política mediterránea renovada,
con nuevas concesiones comerciales a un gran número de países del área
mediterránea, incluido Marruecos. En el mismo año, el Consejo de Europa
de Lisboa aprueba un nuevo acuerdo euromagrebí, un nuevo tratado con
Marruecos.

Efectivamente, después de una serie de documentos llegamos al último que
maneja la Comisión, que son la directivas adoptadas por el Consejo de
Ministros de asuntos generales el pasado 6 de diciembre de 1993, con
vista a la negociación de un nuevo acuerdo con Marruecos; directivas que,
en general, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con ellas.

Estamos de acuerdo en la definición política que ha hecho el señor
Secretario de Estado, en la que hay que reforzar unos lazos tradicionales
que a España le interesan mucho, así como la cooperación con Marruecos,
un muchísimo mayor reforzamiento de los derechos humanos en Marruecos y
la instauración de los principios democráticos y de libertad económica,
como dicen las citadas directivas adoptadas por el Consejo Europeo.

Habla también de una zona de libre cambio y dice que será realizada
progresivamente en el curso de un período de doce años a partir de la
entrada en vigor del acuerdo, en conformidad con las reglas del GATT.

Hace referencia a los productos industriales, que también ha citado el
señor Secretario de Estado, y luego se refiere en concreto a los
productos agrícolas, que como ha hecho mayor incisión en ellos el señor
Secretario de Estado también voy a hacerla yo.

Este documento, a mi entender, señor Secretario de Estado, tiene una gran
contradicción en cuanto empieza a hablar de los productos agrícolas. Dice
--y perdone por la traducción porque está en francés-- que para los
productos agrícolas la Comunidad y Marruecos pondrán en marcha, de una
manera progresiva, una mayor liberalización de sus intercambios
recíprocos y perseguirán igualmente, en el cuadro de la cooperación, la
diversificación de la producción agrícola de Marruecos. Yo no he visto
ningún documento donde se plasme esto, porque la producción de Marruecos
actualmente es sobre todo de frutas y hortalizas, que es lo que afecta a
toda la franja mediterránea de la Comunidad Económica Europea.

En concreto, el mismo documento dice, a continuación, que el acuerdo
contemplaba medidas de liberalización a aplicar en el curso de una
primera fase de cinco años en favor de las exportaciones marroquíes en la
Comunidad. Luego habla de las concesiones arancelarias más importantes
para las naranjas, para los pequeños cítricos, o sea para las mandarinas,
para la patata de tierra, para los tomates, para el zumo de naranja y
para las flores cortadas. O sea, no veo que hable de diversificar la
producción, sino que las concesiones siempre son a costa de los mismos de
siempre, en este caso de los productores de frutas y hortalizas europeos.

Hay un párrafo final importantísimo también, que además usted lo ha
citado, y se refiere a los precios de referencia, a la ampliación del
calendario a raíz del primer acuerdo como finalización de la Ronda de
Uruguay. Dice textualmente: Además, se entiende que para las patatas
tempranas y para los tomates frescos la Comisión se esforzará en la
negociación de establecer un mecanismo de concertación para la gestión de
los calendarios de importación y velará para que este régimen no sea más
restrictivo que el actualmente en vigor.

El pasado 27 de febrero, en una comparecencia similar a ésta, al Ministro
de Agricultura le hice la misma observación y no me supo explicar
exactamente en qué consiste esto, porque el Ministro Solana, echando las
campanas al vuelo, a finales del año pasado dijo que, efectivamente,
habíamos conseguido modificar los períodos de referencia en tomate,
pepino y calabacín y que el tomate iba a ser durante todo el año, con lo
cual desde el 20 de diciembre hasta el 1 de abril íbamos a tener precios
de referencia, y resulta que no ha sido en 1994, sino en 1995. El señor
Albero, el día 28 de diciembre, dijo que, además, se iba a hacer
hincapié, se iba a pedir fehacientemente que por lo menos entraran en
vigor en marzo de 1994. Estamos ya casi a mediados de marzo y no creo que
entren en vigor. Ahí tenemos, por lo que usted ha dicho, el miedo que
existe en Marruecos por el tema del tomate, pero este año el más afectado
ha sido el de Canarias, que está con unos precios totalmente hundidos. A
pesar de que la balanza agroalimentaria es deficitaria para Marruecos,
hay que



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tener en cuenta que ha tenido una evolución a pasos agigantados.

Solamente en tomate, las exportaciones de Marruecos a la Comunidad
Europea en 1988 eran de 80.000 toneladas, suben progresivamente y en 1993
se duplican y son ya de 171.000 toneladas.

En el período en que no están en vigor los precios de referencia, en el
último año, en 1993, durante los meses de enero, febrero y marzo las
importaciones de Canarias son de 100.000 toneladas y el resto del período
de 70.000, o sea, que la diferencia no es ni mucho menos tan grande como
se nos quiere hacer ver. Incluso con precios de referencia, Marruecos nos
sigue exportando tomates.

La balanza agroalimentaria entre España y la Comunidad Económica Europea
--que mostró el otro día el señor Ministro Albero-- es verdad que es
favorable a España prácticamente en el doble, pero hay que tener también
en cuenta su evolución, porque, según datos facilitados en la
contestación a una pregunta que formulé por escrito a través del
Congreso, de 1982 a 1992, es decir, en diez años, las exportaciones de
España a Marruecos han aumentado el 233 por ciento y las exportaciones de
Marruecos a España han aumentado el 908 por ciento. O sea, que aunque
sigue siéndonos favorable, cada vez lo es menos.

Me ha parecido entenderle, señor Secretario de Estado, que decía que en
los contingentes de cupos que estamos dando a las exportaciones de
Marruecos pagamos un tanto por ciento del arancel común, y en el listado
de concesiones arancelarias de la Comunidad a Marruecos, en el sector de
frutas y hortalizas, como consecuencia del Acuerdo de Cooperación, el
Protocolo Adicional y la política mediterránea renovada, el arancel es
cero, con un contingente realmente elevado.

A partir de ese contingente, a partir de que han exportado ese número de
toneladas, es cuando pagan no el arancel común que pagan otros países,
sino que se les reduce considerablemente. Y no solamente eso, sino que
con arancel nulo hay una serie de productos en los que hoy no es
competidora Marruecos, pero que puede serlo perfectamente dentro de muy
pocos años, sin limitación. Pueden importarnos la cantidad que quieran
con arancel cero de guisantes, judías verdes, alcachofas, berenjenas,
calabacines, aceitunas, dátiles, aguacates, limones frescos, uvas de
mesa, sandías, melones, ciruelas, fresas, granadas, etcétera, aparte de
conservas, congelados y compotas derivados de todos esos productos.

Por tanto, sus posibilidades son inmensas, o por lo menos
importantísimas, señor Secretario de Estado. Y esta preocupación no es
sólo de nuestro Grupo y de otros de la Cámara, sino, lo que es más grave,
del sector afectado.

En concreto, hay un informe de las cooperativas agrarias de España --sólo
voy a citar éste, pero las organizaciones agrarias se han pronunciado en
el mismo sentido-- donde dicen que es cierto que la Unión Europea tiene
que contribuir al desarrollo de los países subdesarrollados, pero la
vinculación que actualmente se establece entre desarrollo y exportaciones
agrícolas de países terceros es engañosa --dicen-- porque las ventajas
comparativas de estos países se basan únicamente en los bajísimos costes
de mano de obra y en la inexistencia o exención de obligaciones fiscales.

Además --continúan--, se hace poco creíble que el motivo de la apertura
de fronteras sea la ayuda al Tercer Mundo, cuando el beneficio recae
sobre unas pocas personas cuyo interés fundamental es mantener bajos los
costes de producción como base de su competitividad.

Este es otro de los peligros que quizá haya que plantearse: quién se está
beneficiando realmente o se puede beneficiar de este nuevo tratado si
solamente potenciamos las exportaciones de frutas y hortalizas, si están
afluyendo capitales --incluso capital español-- para inversiones en
Marruecos y usando unos canales de comercialización. Me planteo si
realmente esa estabilidad social es efectiva cuando se produce esto, ya
que su beneficio solamente va a unas pocas personas, en vez de
diversificar la producción y favorecer los productos en que Marruecos es
deficitaria y que, además, es su principal abastecimiento, como cereales,
leche y carne de vacuno.

Hay que denunciar también en esto, señor Secretario de Estado, el egoísmo
de los países de la Europa verde, de la parte norte de la Unión Europea,
porque les es muy cómodo importar frutas y hortalizas que inciden en la
cesta de la compra, abaratando el consumo, y, por otro lado, y más
agravado con los impedimentos a la exportación a raíz de los acuerdos del
GATT, esos excedentes que no van a saber qué hacer con ellos les van a
venir muy bien para colocárselos a Marruecos.

Como ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida, el Tratado es
euromagrebí y lo tiene que pagar toda la Comunidad Económica Europea y no
sólo un sector, que además es importantísimo --y termino ya, señor
Presidente--, un sector en España, como es el productor de frutas y
hortalizas, que no es baladí, porque a fin de cuentas la producción
nuestra es el 25 por ciento del total final agrario, supone el 40 por
ciento de nuestras exportaciones agroalimentarias, con una balanza que
además tiene una tasa de cobertura negativa, y donde la mayoría de los
productores son pequeños y medianos agricultores. En frutas, la media por
explotación es de 1,9 hectáreas y en hortalizas de 1,2 hectáreas. El 38
por ciento de nuestras exportaciones de frutas y hortalizas no llegan a
la hectárea y otro 38 por ciento está entre uno y cinco hectáreas. O sea,
que es un pequeño-mediano agricultor el que está produciendo frutas y
hortalizas en España, haciendo una función social, económica y comercial
importantísima y donde el resquemor que hay se debe, por un lado, al GATT
y, por otro, el Tratado euromagrebí.

Termino ya, señor Presidente, diciéndole que estamos de acuerdo en que
hay que apoyar el Tratado euromagrebí, pero en lo que no estamos de
acuerdo es en que este tratado que se están llevando entre manos lo
tengamos que pagar sólo unos cuantos europeos, como son los agricultores
mediterráneos. En esto mantengo también el apoyo que le ha dado mi
compañera Isabel Tocino en otra intervención, en el sentido de que si
tienen la postura que han tenido con la ampliación que está actualmente
debatiéndose de la Unión Europea, nosotros le apoyaremos, pero, desde
luego, si se sigue haciendo la dejadez que se ha hecho en la defensa de
estos intereses, sobre todo los agrarios, durante muchos



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años por el Gobierno socialista, en eso no podemos estar de acuerdo y lo
denunciaremos continuamente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Secretario de Estado, el Grupo
Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia para este tema
específico por cuanto es obvio que constituye una preocupación
manifestada en ambas Cámaras de las Cortes Generales en reiteradas
ocasiones como consecuencia de preguntas parlamentarias o de peticiones
de comparecencia de los ministros específicos responsables de cada uno de
los ministerios en las Comisiones correspondientes --insisto-- de ambas
Cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Por consiguiente, parecía oportuno que en estos momentos, en los que se
va avanzando en una línea directriz marcada por la Comunidad, en el
sentido de proporcionar un convenio global con Marruecos, fuese esta
Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas la que
canalizase y viabilizase el inicio de un fructífero debate y exposición
de planteamientos globalizadores, alejándonos de los planteamientos
específicos, monográficos o sectoriales que más bien son propios de otras
Comisiones.

Por ello, nos parece oportuno que se haya producido esta comparecencia y
que se produzcan previsiblemente en un futuro otras equivalentes, a
medida que se vaya avanzando en esa línea directriz de consecución del
acuerdo en cuestión.

Resulta obvio que nadie pone en tela de juicio que el Mediterráneo tiene
para la Comunidad Europea una importancia política y económica de
dimensión elevada. Resulta obvio también que los países mediterráneos no
comunitarios constituyen, en efecto, como muy bien ha dicho el Secretario
de Estado, el tercer socio comercial y económico de la propia Comunidad,
y también resulta obvio que existe un conjunto de casi 60 millones de
habitantes en estos países con unos índices de crecimiento demográficos
nada desdeñables que permiten predecir que en los decenios próximos
puedan llegar a alcanzar cifras francamente espectaculares desde la
perspectiva poblacional. Por consiguiente, la Comunidad debe analizar con
seriedad, con respeto y con generosidad --con generosidad reversible
también hacia estos países--, por cuanto exclusivamente con medidas
policiales o con medidas de naturaleza judicial no vamos a poder estar en
condiciones de impedir una --y lo digo entrecomillado-- «potencial
avalancha» de ciudadanos de estos países en busca de una mejor calidad de
vida y en busca, precisamente, de la convivencia y de residir en lugares
donde los derechos humanos constituyan columna vertebral de esa
convivencia. De aquí el que nosotros veamos con mucha simpatía el avance
que ha ido experimentando la Comunidad en los últimos años en esa línea
directriz.

El Grupo Parlamentario Socialista vio con simpatía, y lo ha manifestado
en otras ocasiones, la propuesta que, ya desde 1989, el Comisario español
Matutes elevó al Consejo, expresada en un documento que se tituló «Hacia
una política mediterránea renovada». Hemos visto también cómo desde aquel
acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos
(procedente del año 1976 y que entró en vigor en 1978, hace ya hoy
consiguientemente 14 años), que se suscribió con una duración indefinida,
sin embargo, la dinámica del tiempo motivó que, fruto de una tercera
ampliación comunitaria en 1986 a España y Portugal, tuviera que ser
ampliado, modificado con un protocolo adicional de naturaleza comercial,
con un protocolo técnico de naturaleza puramente mecánica, derivado de
las disposiciones del acuerdo base a la nueva realidad que surgió como
consecuencia de la adhesión del Reino de España y de Portugal, y con un
tercer protocolo de adaptación CECA. Esos tres protocolos adoptados, en
efecto, en mayo de 1988, a los que se ha hecho referencia por parte de
dos intervinientes anteriores, supusieron específicamente la apuesta
firme de la Comunidad y una consecuencia por parte del Gobierno español
para mejorar el trato que específicamente necesitaba una comunidad
singular española, como era la comunidad canaria, que, consecuencia de un
estatus especial derivado y recogido en el Tratado de Adhesión de España
a las Comunidades Europeas, dejaba una estructura que requería un cierto
planteamiento novedoso.

Pensamos que, naturalmente, en el transcurso del tiempo, los avances que
ha ido experimentando la Comunidad desde la perspectiva de la
sensibilidad política se han ido transmitiendo en nuestro país ya no
solamente a las diferentes fuerzas políticas, a los diferentes grupos
parlamentarios, sino también, a través de los medios de comunicación
social, a la población. Nosotros creemos que a la negociación de ese
nuevo convenio euromagrebí la Unión Europea tiene que darle un carácter
si no prioritario sí de cierta celeridad. Naturalmente, la situación
política, como aquí se ha mencionado por parte del señor Secretario de
Estado, relativa al avance de planteamientos políticos fundamentalistas
--esperamos que la dinámica futura los haga ir disminuyendo en
intensidad; ésta es una ilusión que me parece que podemos compartir
todos--, nos lleva a apostar por una estructura política en Marruecos
que, ayudada desde el exterior, posibilite la profundización en las
estructuras democráticas y en la defensa de los valores humanos en su
conjunto. Ello puede coadyuvar a que se vaya mejorando la calidad de vida
y las estructuras industriales y comerciales ancladas en tiempos pasados
y que no ha tenido el dinamismo de las estructuras de la propia Europa.

De ahí que nos parezca indiscutible que los nuevos instrumentos de
cooperación deben pasar por apoyos de asistencia técnica, por apoyos y
préstamos económicos a efectos de que se produzca un equilibrio
medianamente estable en la balanza de pagos, por la posibilidad de
potenciar las propias estructuras financieras magrebíes, por la necesidad
también de posibilitar un ámbito social más justo en el que se pueda
establecer un diálogo y una cooperación limpia, llana, clara y fluida
entre la Unión Europea y el Magreb en cuestiones tan difíciles y
complejas como los temas de las migraciones, el crecimiento demográfico,
la influencia de



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determinadas políticas en el ámbito laboral que hagan que el trabajador
magrebí se vea respaldado por unos derechos y que pueda cumplir con unas
obligaciones en un Estado de Derecho, y si bien es cierto que por razón
de estilo político no debemos evaluarlo en esta Comisión,
previsiblemente, el trabajo político del Gobierno español debe ir en esa
línea de coadyuvar a la consecución de esas metas fundamentales e
irrenunciables. Cooperación también en el ámbito de la cultura y
comunicación en su conjunto, potenciando programas que permitan
mecanismos de entendimiento entre las universidades más próximas
geográficamente o bien desde la perspectiva de proyectos de investigación
comunes. Insisto, cooperación en los derechos humanos, en la
profundización en la democracia en todas las líneas que lo posibiliten.

Nosotros somos conscientes de que precisamente el diálogo político que
Europa tiene que posibilitar con las diferentes zonas del Magreb, y
particularmente con Marruecos, tiene que impulsar actuaciones
gubernamentales que a buen seguro se verán apoyadas globalmente por las
Cortes Generales.

Desde la perspectiva comercial, el interviniente del Grupo Parlamentario
Popular se ha centrado monográficamente en aspectos vinculados a los
temas agrarios, que a este parlamentario también preocupan mucho y que
naturalmente preocupan a ambas Cámaras de estas Cortes Generales, pero no
podemos dejar de manifestar la satisfacción por los avances que en los
últimos meses se han ido produciendo en ese sector. Por ejemplo, en el
sector de frutas y hortalizas, al que se ha hecho referencia, se ha
conseguido en la Ronda del GATT, y específicamente en las sesiones del
Consejo de Ministros de Agricultura de hace muy pocas fechas, finalizando
el pasado mes de septiembre, el objetivo fundamental de ampliación de los
calendarios de los precios de entrada de tomates, pepinos y calabacines
aplicables a las importaciones de países terceros. Pensamos que esto va a
posibilitar que sectores productivos, particularmente el sector tomatero
canario, el del mediterráneo, el del Levante peninsular, puedan mirar el
futuro con perspectivas más positivas.

Dispongo de unos datos, pero soy consciente, señor Presidente, de que el
tiempo apremia y serán motivo de análisis en otro momento, pero como
parlamentario elegido en la circunscripción canaria no puedo dejar de
manifestar la compatibilidad del razonamiento que le hago llegar al señor
Secretario de Estado en cuanto a la preocupación por el sector tomatero
de todo el Estado español con mi preocupación por el hecho de que hay que
ser solidarios con Marruecos. Es decir, nosotros no podemos plantear una
defensa numantina de ese sector, sino todo lo contrario, una defensa
equilibrada, dinámica, reversible, que no lleve a producir la asfixia de
un sector que en Marruecos genera una cantidad ingente de puestos de
trabajo. Consiguientemente, si pensamos que además en los últimos años
prácticamente se ha multiplicado por dos la exportación de tomate
marroquí al mercado comunitario, como se ha manifestado aquí
recientemente, hace unos minutos, también es cierto que Canarias ha
incrementado un 75 por ciento en este período de tiempo la importación de
tomate del mercado comunitario, si bien los precios, que es donde se
encuentra la quiebra de este proceso hasta ahora, han ido generando en
paralelo, pero en sentido opuesto al crecimiento de la exportación, una
disminución de los beneficios económicos.

Señor Secretario de Estado, muchas gracias por su explicación sobre este
tema, pero como a buen seguro se producirán debates posteriores, otros
razonamientos que el Grupo Parlamentario Socialista quisiera poner sobre
la mesa los expondremos en el momento oportuno.




El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, por alusiones del portavoz
socialista.

En ningún momento de mi intervención he planteado que no tengamos que ser
solidarios con Marruecos; mi planteamiento ha ido por otros derroteros y
creo que lo he explicado bastante bien.

Se nos ha echado en cara que gracias a la futura ampliación --de momento
no ha sido-- de los precios de referencia, sobre todo en tomates, hemos
tenido una negociación muy favorable de frutas y hortalizas en el GATT.

Yo quiero leerle al portavoz socialista lo que se publica en un periódico
de Valencia, en concreto en el «Levante»: Las cooperativas agrarias temen
graves consecuencias del GATT. La Federación Valenciana de Cooperativas
Agrarias se ha mostrado contraria a los acuerdos del GATT por las
negativas repercusiones que tendrá su aplicación para la agricultura de
esta región. El Presidente de Fecoav, José Martorell, manifestó su
convicción de que lo que se nos viene encima es muy duro si no
conseguimos antes de abril que nos concedan contraprestaciones o medidas
de salvaguarda que garanticen que vamos a poder seguir vendiendo nuestras
producciones sin problemas añadidos.

Termino, señor Presidente, con la defensa que parece que estoy haciendo
del portavoz socialista, diciendo que está en la línea de lo que dijo una
vez el Presidente del Gobierno canario, hoy Ministro, el señor Saavedra:
que lo interesante era irse a invertir a Marruecos. (El señor Costa Costa
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, quiero expresar la protesta de mi
Grupo por el uso que se hace de la palabra en esta Comisión. Esto es una
comparecencia de un miembro del Gobierno y el Reglamento no permite que
se establezca debate entre dos portavoces de dos grupos; se establece el
debate con el compareciente. Creo que no hay que sentar estos precedentes
en un turno en el que se está inquiriendo al Gobierno sobre un aspecto de
su política.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Creo percibir un consenso más o menos matizado en todos los que
han intervenido en torno a dos ideas fundamentales: en primer lugar, la
necesidad de estabilizar Marruecos



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y el Magreb a través de estos acuerdos euromagrebíes y, en segundo lugar,
la necesidad de salvaguardar, dentro de ese nuevo marco de relaciones,
los legítimos intereses de los productores españoles. Creo que es en ese
difícil equilibrio en el que debemos movernos los negociadores. Por una
parte hay que tener en cuenta que, efectivamente, en los últimos tiempos
ha habido una irrupción de productos marroquíes en el mercado comunitario
que, como ha señalado el representante del Grupo Popular, prácticamente
se ha duplicado en los últimos tiempos --ha crecido un 70 por ciento--,
y, por otra parte, también hay que reconocer que la exportación, por
ejemplo de Canarias, ha experimentado el mismo tipo de aumento, lo cual
ha redundado en una distorsión del mercado; es decir, ha habido demasiado
producto al mismo tiempo y han bajado los precios y nos hemos hecho la
guerra los unos a los otros. En ese difícil equilibrio lo que habría que
conseguir es un ordenamiento pacífico del mercado y, al mismo tiempo, un
mantenimiento de las corrientes normales y tradicionales de Marruecos en
estos productos. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que España ha
presentado un memorándum tendente a la diversificación de la producción
en Marruecos, esto es, que no recaigan todos los costes de la estabilidad
del Magreb solamente en las producciones españolas, sino que se repartan
esos costes, en lo que está interesado Marruecos es fundamentalmente por
lo que sabe producir barato, que son sobre todo frutas y hortalizas.

Estoy de acuerdo con el representante del Grupo Popular cuando dice que
Marruecos tiene enorme potencialidad de desarrollo de frutas y
hortalizas, basado principalmente en unos costes mucho más bajos que los
nuestros en todos los ámbitos, no solamente salariales sino también de
otro orden, y por tanto es un competidor que puede distorsionar
enormemente nuestro mercado. Lo que tenemos que conseguir es ese difícil
equilibrio de, por una parte, permitir la venta de los productos
tradiciones, y por otra, hacerlo de una forma ordenada. Tendremos que
fijar los períodos de referencia --evidentemente, como producción
tradicional no se puede considerar la de los últimos años, que ha sido
una producción totalmente extraordinaria--, así como diversificar su
presencia a lo largo de los distintos meses del año. De la misma manera
que los productores españoles tuvieron forzadamente que producir en
aquellos momentos en que la Comunidad nos abría las puertas, es decir,
cuando no había precios de referencia, en los meses de invierno, de esa
misma manera lo tuvo que hacer Marruecos; sin embargo, Marruecos tiene
una capacidad de elasticidad mucho más grande y es normal que entren con
esas cantidades tradicionales, pero no concentrándola en los meses de
invierno, sino diversificándola a través de ese «partenariado» o de esa
concertación con la Comisión y con los estados miembro, con objeto de no
perturbar los mercados de una y otra parte.

Yo resumiría diciendo que creo saber, después de esta comparecencia, que
se comparten las grandes líneas generales de un acuerdo euromagrebí, y
creo también saber que los negociadores tenemos que defender las
legítimas aspiraciones de los productores españoles.




--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO, PARA INFORMAR SOBRE LA VALORACION DEL
PROGRAMA DE OPCIONES ESPECIFICAS POR LA LEJANIA Y LA INSULARIDAD DE LAS
ISLAS CANARIAS (POSEICAN) COMO INSTRUMENTO ESPECIFICO PARA EL DESARROLLO
DE CANARIAS (G. P. SOCIALISTA). (Números de expedientes Congreso
212/000473 y Senado 713/000115.)



El señor PRESIDENTE: Llegamos al punto cuarto del orden del día, relativo
al programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de
las Islas Canarias.

Sé que algunos miembros de la Comisión desean terminar pronto. ¿Les
parece que pida al señor Secretario de Estado que haga un resumen de esa
intervención, prefieren que la aplacemos a otro día, o prefieren que
dedique toda la extensión que este tema tan importante merece? Yo les
pediría que se pronunciasen, fundamentalmente porque algunos miembros de
distintos grupos me han manifestado que deseaban concluir.




El señor SEGURA CLAVELL: Si me permite, señor Presidente, yo creo que, si
todos los intervinientes hacemos un esfuerzo, podríamos abordar este
punto, dados los problemas planteados y los aspectos positivos
conseguidos. Es conveniente hacer un repaso del tema y plantearnos
terminar en 20 ó 25 minutos, como mucho. Es la sugerencia que hago.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Pediría, por tanto, al señor Secretario de Estado, que intentase hacer un
resumen sobre este tema tan amplio, un tema nada fácil, pero que sé que
es capaz de realizar con su capacidad de síntesis.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Voy a hacer un esfuerzo, no sin cierta nostalgia, dado que este
tema, como saben SS. SS., sobre todo las que proceden de Canarias, es
algo especialmente querido por todos los que hemos pasado por la
Secretaría de Estado de las Comunidades Europeas. Ha sido un verdadero
caso de estudio en las negociaciones con la Comunidad, no sólo porque se
han conseguido una serie de ventajas para Canarias sino porque también se
ha realizado en estrecha colaboración con la comunidad autónoma
interesada, habiendo tenido siempre en cuenta sus deseos, sin forzar, por
parte de la Administración central, a dicha comunidad autónoma en lo que
se refiere a su modelo de integración en la Unión Europea.

No les voy a relatar todos los pasos y vicisitudes que se han dado desde
el Protocolo número 2 del Acta de Adhesión por el que Canarias quedaba
excluida de algunas políticas, pero incluida en otras, con ciertas
ventajas. De ese modelo querido por el propio Parlamento canario pasamos
a un modelo de integración, pero lo hicimos con unas características
especialísimas. Por una parte, era necesario integrar aquello que había
quedado excluido y, por otra



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parte, había que tener en cuenta el régimen
económico y fiscal especial de Canarias --una especie de carta magna que
ha sido siempre consustancial para Canarias en su devenir político y
económico--, así como las especificidades de las islas, el hecho insular,
el alejamiento geográfico, etcétera. De ahí que se fuera a un modelo
basado en un sistema de reglamentos y en una decisión del Consejo que se
llama el modelo Poseican que, a mi juicio, hace una especie de cuadratura
del círculo para que, aun estando Canarias plenamente integrada en la
Unión Europea, obtenga los beneficios que se derivan de una no
integración en algunos elementos. Por ejemplo, en recibir «input» a
precios internacionales, y no solamente a precios comunitarios; tener un
sistema de fiscalidad específico, más reducido; mantener unos arbitrios
de importación cuando existe, sin embargo, un arancel exterior común y,
por tanto, tener una aplicación del arancel exterior común progresiva;
una integración en el régimen pesquero con una serie de ventajas,
etcétera.

En estos momentos creo que todas las normas de desarrollo están
prácticamente encima de la mesa; el Poseican está dando plenos
resultados; los datos de los últimos tres meses referidos a las Islas dan
cuenta de una recuperación económica mayor que en otras comunidades
autónomas, sobre todo en producción turística, en producción agrícola,
incluso en producción industrial. No sé si es excesivamente pronto para
extraer una conclusión, pero quiero suponer que todas las medidas de los
reglamentos del régimen Poseican, el beneficio de la pertenencia a una
zona ultraperiférica que compensa los perjuicios de ser ultraperiférica,
otorgado por la Unión Europea, tiene buena parte de la responsabilidad de
esta situación relativamente menos mala de la Comunidad Autónoma de
Canarias con relación a otras partes del territorio nacional.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular... (El señor López Garrido pide
la palabra.) Perdón, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, aunque no soy canario me
interesa este tema. A nuestro Grupo le interesa el modelo que ha llamado
el señor Secretario de Estado, modelo Poseican, que ha tenido una doble
vertiente en cuanto a protección de la realidad canaria, por un lado, y
la vertiente de las ayudas en el marco de las relaciones comunitarias.

Pensamos que ha tenido una vida agridulce en el sentido de que, por un
lado, los aspectos de protección seguramente se han conseguido y, sin
embargo, en cuanto al tema de las ayudas, adolece, desde nuestro punto de
vista, de falta de transparencia y no ha conseguido todos sus objetivos,
a pesar del optimismo con que lo ha expuesto el señor Secretario de
Estado, por una parte porque las posibles ayudas --sobre todo me refiero
al tema de la pesca y de la agricultura-- no han supuesto por el momento
--parece que hay unos atisbos-- suficiente revulsivo, no han provocado un
auge de la economía canaria, como cabía esperar, sin duda porque este
modelo tiene todavía algunas deficiencias de cara al desarrollo de
sectores artesanales, por poner simplemente un ejemplo.

Hay que tener en cuenta que Canarias está contemplada por el modelo
Poseican como una región preferente por su situación geográfica y por la
grave situación de desarrollo social y económico. Desde el punto de vista
de desarrollo social, podemos decir que se sigue manteniendo un
diferencial significativo entre Canarias y toda la media interregional
europea y, desde el punto de vista de desarrollo económico, porque
todavía son pocos los esfuerzos para ayudar a la producción interna, son
todavía insuficientes, incluso en sectores como la agricultura de
exportación, un sector tradicional en la economía canaria. Todo esto ha
derivado incluso, en ocasiones, en un cruce de acusaciones entre el
Gobierno central y el Gobierno canario, que no ha sido especialmente
afortunado ni fértil.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quiere hacer aquí algunas
protestas específicas respecto de la aplicación del Poseican, que
sintetizaríamos en tres: en una debida transparencia ante los resultados
de los planes interpuestos, no consideramos que sea suficiente; un
reforzamiento de la posición de los sindicatos más representativos en la
Comisión de seguimiento del Poseican a partir de este momento, y que las
posibilidades de ayuda a estos sectores internos de la producción canaria
se utilicen y se potencien superando un cierto grado de incapacidad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano, por el Grupo
Popular.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo lamento, en primer lugar, la
brevedad a la que tengo que circunscribir mi intervención, pero en todo
caso quisiera empezar dando las gracias al Secretario de Estado por su
comparecencia, persona que ha demostrado conocer bien el tema de Canarias
y, además, haberlo llevado desde hace tiempo en las Comunidades Europeas.

El Secretario de Estado también compareció en esta Comisión el día 26 de
noviembre de 1992, a instancias del Partido Popular, me parece que desde
entonces no había comparecido para nada en relación con el Poseican, y en
aquella ocasión ya decía que me hubiera gustado que por parte del
Secretario de Estado se nos hubieran expuesto las dificultades que están
ya encontrando algunos de los reglamentos en su aplicación práctica,
puesto que una cosa es la literatura que se establece en los mismos y
otra cosa bien diferente las consecuencias que se derivan directamente de
su aplicación.

Yo lamento que en estos momentos, en un debate de esta importancia, sobre
un tema que afecta fundamentalmente a los intereses de Canarias, sólo
estemos aquí dos grupos y falte un tercer grupo, que dice en algunas
ocasiones defender en exclusiva los intereses de Canarias, pero que a la
hora de la verdad habría que poner en tela de juicio esa defensa
exclusiva. Digo esto porque me parece que éste es un tema que debe estar
por encima de cuestiones partidistas, ya que es un tema que afecta a los
intereses canarios en general.




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Yo quisiera hacer referencia a los problemas concretos que se derivan del
régimen específico del abastecimiento, es decir, toda la problemática del
Poseican, donde está fallando y donde está habiendo ciertos
desequilibrios es en la aplicación del régimen específico de
abastecimientos que se contempla en los reglamentos correspondientes.

En este sentido, mi Grupo ha pedido en la Comisión de Agricultura la
comparecencia del Ministro de Agricultura para explicar estos problemas,
que yo comprendo que se escapan a la casuística de un Secretario de
Estado para las Comunidades Europeas porque afectan directamente a
problemas que corresponden más bien al Ministerio de Agricultura, pero a
los que no puedo por menos de hacer alguna referencia, no sin antes
indicar al Secretario de Estado que no nos confundamos y no creamos que
en Canarias se está produciendo una reactivación económica por el hecho
de que haya un auge turístico, debido más a condiciones ajenas a la
propia Canarias --la crisis en Yugoslavia, la situación en Egipto,
etcétera-- que a una reactivación auténtica del turismo, y que, sin
embargo, tendríamos que poner en tela de juicio la reactivación que se
está produciendo en otros sectores, como pueda ser el sector agrícola,
gravemente afectado en estos momentos, toda la agricultura, como
consecuencia de la integración en la Comunidad Económica Europea, y no
digamos ya la pequeña industria que existe en Canarias.

Pero circunscribiéndome, como digo, lo más brevemente posible, a los
problemas concretos, que son los que interesan al ciudadano de a pie, me
voy a referir a que, como es sabido, el régimen específico de
abastecimientos establece cantidades provisionales de productos de
primera necesidad que se prevé que consumirán las islas, al objeto de
evitar que aumente el coste de estos productos. Sólo nueve productos de
los cuarenta que se contemplan en el REA deben sufrir una variación al
alza y en otros, por el contrario, se pueden reducir las importaciones. Y
me voy a referir muy brevemente a estos productos.

En primer lugar, tenemos el aceite de oliva. El contingente comunitario
que recibe ayudas dentro del régimen específico de abastecimientos es
superior a la corriente del tráfico tradicional, lo que provoca la
desprotección de la industria local. La comunidad autónoma solicitó para
este producto diez mil toneladas a la Comunidad Europea, lo que supone un
crecimiento del 25 por ciento respecto al consumo tradicional en
Canarias, y desde el Gobierno central se propuso a la Comisión europea
14.400 toneladas. Por eso es preciso no sobrepasar --hasta la fecha el
consumo tradicional han sido 8.000 toneladas y el Gobierno canario
propone aumentarlo a 10.000-- esas cifras tradicionales y que también se
adecue la relación entre la ayuda al aceite de oliva y a los aceites de
semilla, bien disminuyendo la primera, bien incrementando la segunda.

Muy brevemente también he de decir, referente al vino, que existen
también serias dificultades, puesto que el régimen específico de
abastecimiento en potencia, mediante subvenciones o restituciones, como
quiera llamarse, la importación de vinos a granel y embotellados, sin
tener en cuenta la producción isleña, permite la introducción de vinos de
baja calidad, que además se hacen pasar como vinos del país.

Yo no voy a alargarme ahora en la problemática específica, pero lo que sí
es cierto es que la producción de vinos en Canarias, que se está
incrementando, puesto que está reduciéndose la del plátano, y podría
tener un gran futuro y ya lo tuvo en la historia de Canarias el famoso
vino de malvasía, en el siglo XVII, se está viendo afectada gravemente
por las importaciones masivas que vienen con subvenciones de la Comunidad
Europea de vinos peninsulares europeos e incluso de América latina, lo
que está provocando que haya una dura competencia con el vinicultor
canario, en detrimento de éste. Y no creo que el vino sea un producto de
primera calidad, con lo cual su protección, a través del régimen
específico de abastecimiento, habría que ponerlo en tela de juicio y,
sobre todo, enfocar sus previsibles modificaciones en beneficio y en
interés de la agricultura canaria.

Me podría extender mucho más en el tema del vino, pero, en aras a la
brevedad, voy a hacer referencia, como también lo hice en la sesión del
26 de noviembre, al tema de la ganadería.

Es preciso primar la producción local en lugar de favorecer las
subvenciones y las restituciones para las carnes importadas. Y sigo
insistiendo que me voy a referir a los problemas que preocupan y no a las
generalidades del Poseican, que muchas veces estamos hartos de
generalidades y de vaguedades, pero lo cierto es que hay unos sectores
concretos en la economía canaria que están pagando las consecuencias de
un régimen específico de abastecimiento que no contempla la producción
local.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que no es rentable producir
ganado ni aves que tienen que competir con carnes subvencionadas y con
aquellas que, sin ser frescas, pasan como tales. Porque es frecuente --y
aquí quizás sean otras administraciones las que tengan que intervenir--,
pero es frecuente que se introduzcan pollos refrigerados que, en teoría,
deberían de pasar sin patas y sin cabeza, para que no se produzca la
confusión de que esos pollos refrigerados luego se venden como pollos del
país y en dura competencia con las producciones canarias.

Para este año se han solicitado ayudas para 32 millones de kilos de
pollos, lo que supone 2.500 millones de pesetas en ayudas comunitarias.

Si parte de esas ayudas se dedicaran a la protección de la agricultura
canaria, creo que sería más interesante.

También el queso fresco de cabra de Canarias tiene un futuro
extraordinario, pero está siendo sometido a la durísima competencia de
los quesos europeos que se introducen en Canarias con subvenciones y con
restituciones, en perjuicio de la producción local canaria. Es sabido que
el queso de cabra tiene mucho futuro, puesto que la cabra de Canarias
está inmune a la fiebre de malta y sus quesos podrían tener un gran
atractivo de producción en Europa.

Pues bien, en estos momentos el queso tiene 350 pesetas de restitución
por kilo y debe desaparecer esta ayuda para que la ganadería canaria
pueda desarrollarse.

En estos momentos se importan 13 millones de kilos de quesos en Canarias
y en Canarias no se está en desacuerdo



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con que se importe el queso amarillo de bajo precio, pero lo que no
parece admisible es que compitan con los quesos canarios otros productos
de primera calidad.

En definitiva, señor Secretario de Estado, en aras a abreviar y a acabar
esta intervención, creo que habría que hacer un análisis del sector.

Comprendo que no es de su competencia, sino del responsable de
agricultura, y por esta razón mi grupo ha trasladado esta problemática a
la Comisión de Agricultura, pero como éstos son los problemas que vive
día a día el agricultor canario y el consumidor canario, me he permitido,
en aras a la brevedad, hacer una pequeña introducción respecto de estos
problemas concretos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Secretario de Estado, el Grupo
Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia porque en noviembre de
1992 usted celebró una primera comparecencia a efectos de evaluar los
seis primeros meses de aplicación del Poseican. Ya han transcurrido
prácticamente dos años y parece oportuno que este programa específico,
monográfico de las Islas Canarias sea conocido por la Comisión competente
de las Cortes Generales que ha de llevar un seguimiento globalizador, si
no específico, de cada uno de los aspectos.

En efecto, el reconocimiento de la especificidad de las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea, los departamentos franceses de
ultramar, los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira e Islas
Canarias, y, consiguientemente, la necesidad de un tratamiento
diferenciado, tuvo su plasmación política en la declaración recogida
específicamente en el Tratado de la Unión Europea, constituyéndose así en
derecho primario de las comunidades. Consiguientemente, reitero, parece
obvio que esta Comisión, con cierta periodicidad, debe producir un
análisis de la evolución de ese Derecho comunitario específico para
nuestra región ultraperiférica española, que es precisamente la Comunidad
canaria.

Me alegra el haber oído la intervención del portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el sentido
de manifestar su interés por la Comunidad canaria, aun cuando ese grupo
no tenga representación parlamentaria, porque este interviniente siempre
ha mantenido --y ayer lo hizo en una intervención equivalente en el
Senado-- que no es menester salir elegido por una circunscripción para
defender, con una perspectiva de Estado, todos y cada uno de los rincones
de este plural Estado español. De ahí que me identifique también con la
preocupación que ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Secretario de Estado, es tal el conjunto de actuaciones que se
están produciendo en Canarias que he acudido a esta sesión de la Comisión
Mixta que estamos celebrando con un conjunto documental exhaustivo que he
procurado recabar de la propia Administración General del Estado, así
como de la Administración Autonómica. No obstante, consciente de las
características que debe tener esta intervención, no pretendo, en
absoluto, entrar a desglosar, artículo tras artículo, lo que ha supuesto
la actuación y la penetración de cada uno de esos productos en la
Comunidad canaria, con el apoyo económico recibido, que no podemos
cifrarlo ni cuantificarlo, pero que sí ha rebasado, en mucho, en estos
prácticamente dos años, los 30.000 ó 40.000 millones de pesetas, con la
intencionalidad precisamente de que aquel mecanismo de nueva adhesión de
Canarias (plasmado en acuerdo de su Parlamento regional, recogido y
refrendado por las Cortes Generales, hecho suyo, naturalmente, por el
Gobierno y que ha supuesto la aplicación de nuevas políticas, como la
política agrícola común, la política común de la pesca o que entremos en
el cordón aduanero suponía la necesidad de que por parte de la Comunidad
y con cierta generosidad se planteasen políticas específicas. Esas
políticas que permitiesen la equiparación del nivel de vida y la
competitividad de los productos procedentes de los diversos sectores
canarios, se han recogido en el Reglamento comunitario número 1911/91 y
se recogieron también en la decisión Poseican; decisión Poseican que,
junto con el Reglamento comunitario, ha configurado esos dos mecanismos
impulsores de la ubicación definitiva de la estructura comercial y
económica canaria en régimen y en situación de igualdad con las distintas
comunidades del Estado español y, consiguientemente, con la posibilidad
del establecimiento de flujos comerciales, en ambos sentidos, con los
distintos países comunitarios.

El régimen específico de aprovisionamiento, el conocido popularmente como
REA, está siendo milimétricamente analizado por una comisión mixta
integrada por representantes de la Comunidad canaria y representantes del
Gobierno, de la Administración General del Estado en Canarias, en
sesiones consecutivas y con actas a las que cualquiera de los
parlamentarios que lo hemos intentado hemos podido tener acceso, lo que
nos ha permitido acumular un conjunto informativo que creo que enriquece
nuestra información y que posibilitará la petición de comparecencia tanto
del Ministro de Comercio como del Ministro de Agricultura en las
correspondientes comisiones específicas de ambas Cámaras. Si bien es
cierto que mi intencionalidad inicial venía asignada y motivada por todo
este conjunto informativo, renuncio a ello, por cuanto no parece oportuno
apabullar al señor Secretario de Estado, que ya nos ha dedicado tantas
horas con este conjunto informativo.

No obstante, permítame, señor Westendorp, sencillamente que le haga una
muy breve reflexión. Tanto la decisión como los reglamentos comunitarios
este parlamentario interviniente en estos instantes estima que tienen un
calado que desborda en mucho el carácter económico o comercial de las
aportaciones económicas. Nosotros pensamos que las decisiones
comunitarias y, naturalmente, su plasmación gráfica en todo un conjunto
documental y el establecimiento de unos mecanismos comerciales nuevos
están obligando a que la administración autonómica canaria cambie sus
mecanismos de trabajo, a que diferentes sectores económicos anclados en
el pasado en lo que a su quehacer comercial se refiere vayan
imperceptiblemente adaptándose a una nueva realidad del Estado español
inserto en el seno de la Unión Europea. Pero, es más, también se va
produciendo en cascada de forma no cuantificable,



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no medible, pero sí va afectando al concepto de Estado de la ciudadanía
de cada una de las siete islas. Pensamos que la importancia del Poseican
y de todas las medidas que lo han desarrollado no es pura y
exclusivamente económica, sino que también tiene un calado político,
social y cultural que permite integrar cada vez más a la comunidad
canaria en la estructura ideológica del Estado español y, naturalmente,
de la Unión Europea.

De ahí que la reflexión es, señor Secretario de Estado, que haga llegar
la opinión del Grupo Parlamentario Socialista al Gobierno de la bondad
global de actuaciones específicas por parte de la Unión Europea en la
comunidad canaria, porque con ello se está haciendo política de Estado,
se ahuyentan planteamientos de lamentables actitudes de autodeterminación
que en ocasiones se oyen en distintos foros, y de esta manera estamos
haciendo una política de acercamiento cultural e ideológico de unas islas
que están a muchos kilómetros, que afortunadamente están a muchos
kilómetros porque, como consecuencia de ello, disponemos de unas
condiciones climatológicas que están coadyuvando a que salgamos en estos
momentos de la crisis, fue la comunidad española que primero entró en
crisis y la primera que yo creo que está saliendo de la situación global
en la que nos encontramos.

De aquí, consiguientemente --y termino, señor Presidente, agradeciéndole
la benevolencia del tiempo--, el mensaje que el Grupo Parlamentario
Socialista quiere hacer llegar es que, dado que el Gobierno, la
Administración General del Estado a finales de 1994 tendrá que elevar a
la Comisión una evaluación, la Comisión tendrá que hacerlo, existen
aspectos puntuales en sectores productivos muy diversos, pero no es
motivo de esta comparecencia, pero sí que debe, señor Secretario de
Estado, reitero, quedarse con el mensaje de la bondad global de las
actuaciones que desbordan, con mucho, un marco economicista simple y que
están posibilitando el acceso a la modernidad de las estructuras sociales
canarias.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Westendorp y
Cabeza): Sigo, sin duda, presa de una profunda frustración por no haber
podido extenderme más en este tema que realmente siento con gran
convicción y, sobre todo, me reconforta saber que el enfoque dado a este
tema o que hemos sabido darle a este tema desde la Secretaría de Estado
ha conducido a esa apreciación global a la que se ha referido el Senador
señor Segura.

Todos los Grupos de esta Cámara que han hablado en favor de la resolución
de algunos problemas de Canarias pueden estar seguros de que, sin
perjuicio de que sean temas de la competencia de ministros sectoriales,
sea el Ministro de Agricultura, sea el Ministro de Comercio o el de
Economía y Hacienda, en la Secretaría de Estado nos compete la
responsabilidad y el honor de estar permanentemente negociando en
Bruselas, con unos amigos en este caso, los amigos de la Comisión, que
han sabido dar a Canarias el tratamiento que Canarias merecía y requería
y que en estos momentos se ha hecho un esfuerzo de imaginación
inconcebible por parte de esos funcionarios, de la Administración
central, de Canarias.

Tenemos un entramado de soluciones que creo que es muy apreciable. Eso
sí, se plantean problemas, qué duda cabe de que hay problemas, no sólo
derivados de la inserción de Canarias, del régimen Poseican, sino
derivados también de la propia crisis económica o de la situación
específica de Canarias. Dentro de esos problemas, el Senador Soriano se
ha referido al REA. El REA es un régimen de autoabastecimiento de las
Islas y fue concebido con objeto de que las Islas pudieran, por una
parte, no elevar excesivamente los precios cuando se estaban abasteciendo
de productos baratos, por así decirlo, en el mercado internacional y, al
mismo tiempo, abastecer a las industrias de transformación en la propia
Canarias. Por lo tanto, era necesario establecer un mecanismo para que
estos productos entraran baratos, con objeto de que se pudieran o
consumir «in situ» o transformar para reexportar. Al mismo tiempo, había
que fijar unos balances tan bien medidos que no causara un daño a las
producciones locales. Es decir que si entraban muy baratos para estos dos
objetivos por ese precio de «dumping» o por ese precio más bajo que los
nacionales o los europeos, sufrieran las producciones locales. Ese es el
dificilísimo equilibrio que tenemos que conseguir.

En estos momentos --y quería comunicarles una preocupación que me acaba
de trasladar ayer en mi estancia en Bruselas la Comisión--, al amparo del
régimen de autoabastecimiento, al amparo del REA, se están produciendo
distorsiones de tráfico importantes. Es decir, se está aprovechando un
régimen de autoabastecimiento a precios más bajos para reexportarlo a la
Unión Europea, sea Península o sea el resto de la Unión Europea, con lo
cual se está desvirtuando completamente el régimen de autoabastecimiento
y podremos tener problemas con la Comisión Europea si seguimos haciendo
ese tipo de prácticas. Por lo tanto, yo haría un llamamiento a los
sectores productivos para que se atuvieran estrictamente al cumplimiento
de las normas.

Dicho esto, sigo ofreciendo total transparencia, total apertura y total
diálogo desde la Secretaría de Estado para todo lo relacionado con
Canarias y todos los temas de la Unión Europea.

Me indican mis colaboradores que, precisamente para colmar esta
frustración de información, hemos traído unos dossiers sobre la situación
de Canarias, que con mucho gusto podríamos repartir entre SS. SS.




El señor PRESIDENTE: Queremos que sepa el señor Secretario de Estado que
la semana que viene, una representación de esta Comisión estará en
Bruselas muy cerca de usted, no solamente moralmente, como lo han
demostrado hoy los distintos Grupos, sino además físicamente, pues
estaremos el 14, 15 y 16 de marzo en Bruselas en contacto con la Comisión
y con el Parlamento Europeo.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado.

Se levanta la sesión



Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.