DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1994 V Legislatura Núm. 17
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA
PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS
Sesión núm. 4
celebrada el lunes, 14 de febrero de 1994,
en el Palacio del Senado



ORDEN DEL DIA
--Comparecencia del Ministro del Interior, Excmo. Sr. don Antoni
Asunción, para valorar el Informe de la Comisión de la IV Legislatura.

(Número de expediente 711/000028.)



Se abre la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.

Iniciamos esta reunión, que tiene por objeto la comparecencia del señor
Ministro del Interior para evaluar el contenido del informe de esta
Comisión en la anterior Legislatura en las materias de su competencia.

Lo previsto por la Mesa, de conformidad con la Junta de Portavoces, sería
una primera exposición del señor Ministro, las intervenciones de los
distintos portavoces, la respuesta del señor Ministro, un segundo turno
de los portavoces, respuesta del señor Ministro y, finalmente, la
intervención de miembros de la Comisión que quieran hacer alguna pregunta
de forma breve.

Iniciamos, por tanto, la reunión dándole la palabra al señor Ministro del
Interior.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias,
señor Presidente.

Es para mí un honor comparecer nuevamente ante esta

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Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de la droga,
aunque esta vez lo hago desde una responsabilidad diferente a la que
tenía cuando comparecí en la Legislatura pasada.

La existencia y trayectoria de esta Comisión, que tiene sus antecedentes
en otros órganos que influyeron en la elaboración del Plan Nacional sobre
Drogas, creados en las Cortes Generales en pasadas Legislaturas, es un
reflejo del proceso de sensibilización, y todo ello aduce a que las
pautas que el Gobierno ha seguido son las indicaciones que esta Comisión
Mixta ha ido enmarcando y enumerando. Por tanto, el informe de la
Comisión integra un análisis pormenorizado de la situación del consumo y
tráfico, su evolución prácticamente desde la creación del Plan Nacional
sobre Drogas en el año 1985 hasta la elaboración del informe en el mes de
junio de 1991, así como todas las conclusiones que en el mismo se
recogen.

Para abreviar la intervención, facilitaremos a la Presidencia de la
Comisión un documento donde figuran las propuestas y los cumplimientos, a
fin de que sus señorías puedan analizar la parte que falta, que
prácticamente es la que tenemos previsto que recoja el nuevo Código
Penal.

Como ya conocen ustedes, por Real Decreto de 29 de diciembre se adscribe
al Ministerio del Interior la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, y por Real Decreto de la misma fecha se amplían
las competencias de dicho órgano en el ámbito de la coordinación, tanto
en el orden interno como en el internacional.

En el orden interno, el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, por delegación del titular del Departamento del Interior, podrá
asumir competencias de coordinación de la actuación de unidades o
respecto de determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado relativas al tráfico de drogas. Igualmente, podrá participar
en las reuniones de los organismos internacionales correspondientes e
intervenir en la aplicación de los acuerdos que de esas reuniones se
deriven y, en especial, de aquellas que se desarrollen en el marco de la
cooperación en el seno de la Unión Europea.

La adscripción de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas al Ministerio del Interior es fruto de una profunda reflexión
respecto a la evolución de sus funciones y a la incidencia que debe darse
a las mismas. Las propuestas que la Comisión elaboró ya en el año 1991
prácticamente se reproducen ahora en el Plan Nacional sobre Drogas.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tenía y
sigue teniendo importantes competencias de coordinación de las diferentes
Administraciones públicas y de los diferentes órganos de la
Administración central en el ámbito de la prevención y de la reinserción.

Sin embargo, tras la experiencia de estos años y tras los diferentes
estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que una política
unitaria y global frente al problema de la droga debía incluir la
posibilidad de coordinar ese otro importante campo de la lucha contra la
droga que es el de la represión del narcotráfico y el de la cooperación
internacional.

Para que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
pueda asumir la función de promoción y cooperación global sobre la lucha
contra la droga en los tres aspectos que la integran: preventiva,
asistencial o de reinserción y represiva, era absolutamente preciso su
integración en el Departamento donde esa coordinación global y, por otra
parte, compleja, pueda efectuarse de la forma más eficaz, teniendo en
cuenta que lo que es el bloque de parte preventiva, de parte de
reinserción tiene, desde luego, unas transferencias prácticamente plenas
a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales; con lo cual, el
paquete más importante de la lucha contra el narcotráfico y de lo que
debe integrarse en una actuación global del Plan Nacional sobre Drogas
está en el Ministerio del Interior.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas será, a
partir de ahora, el órgano coordinador y de impulso global de toda la
política del Gobierno en materia de drogas, que a partir de ahora podrá
integrar todos los aspectos que tiene.

Paso seguidamente a analizar la situación y, en su caso, el grado de
cumplimiento de las propuestas de esta Comisión formuladas en las
conclusiones de su estudio. Para conseguir la mayor claridad expositiva,
seguiré el mismo orden del informe, y además dejo copia del mismo para
que sus señorías puedan repasarlo individualmente.

En las propuestas del esquema se encuentra el control de la oferta. Por
lo que se refiere a los aspectos del control de la oferta, comenzaré por
referirme a las medidas legislativas.

En el ámbito legislativo se solicitaba concluir la adaptación de la
legislación penal sobre el tráfico de drogas a las prescripciones
contenidas en la Convención de Viena, al Reglamento de la Comunidad
Europea del Consejo sobre el control de sustancias químicas catalogadas
precursores, y a los entonces proyectos de Directiva sobre el control del
desvío de estos precursores y del blanqueo de dinero.

Si bien la mayor parte de las prescripciones de la Convención fueron ya
incorporadas a nuestro Ordenamiento por la Ley Orgánica de 24 de marzo,
con la reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas,
que amplía tanto las penas como los supuestos delictivos en este ámbito,
cabe destacar que todos los aspectos señalados en la misma que no fueron
incorporados en aquel momento lo han sido ya actualmente por la Ley
Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de Modificación del Código Penal y
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas. Por
esta Ley se incluyen en el Código Penal, entre otros supuestos, la
punición de posesión y tráfico de precursores, las conductas dirigidas al
encubrimiento de los capitales y beneficios económicos obtenidos del
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la
agravación de las penas a quienes pertenezcan a organizaciones dedicadas
al blanqueo y tráfico de precursores.

Se regula igualmente algo tan importante como la



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posibilidad de que puedan ser objeto de comiso los bienes que hayan
servido para cometer delitos relacionados con el tráfico de drogas, así
como la posibilidad de que puedan ser utilizados provisionalmente por la
policía judicial encargada de la represión del tráfico ilegal de drogas.

Por la misma Ley se modifica también la de Enjuiciamiento Criminal,
incluyendo la posibilidad de las entregas vigiladas de droga cuando sea
necesario a los fines de una investigación y bajo estricto control
judicial. Este supuesto, que ya se había integrado en la normativa de
todos los países de nuestro entorno, constituía una de las lagunas de
nuestro Ordenamiento en orden a facilitar la investigación del tráfico de
drogas.

Por lo que se refiere a la adaptación de la legislación interna al
Reglamento de la Comunidad Europea del Consejo sobre control de
sustancias químicas catalogadas como precursores, debo informar que la
materia regulada en dicho Reglamento estaba constituida por una serie de
medidas a adoptar para controlar e impedir el desvío fuera del territorio
aduanero de la actual Unión Europea de las sustancias químicas
catalogadas que sirven para la fabricación ilícita de estupefacientes.

Dicho Reglamento fue desarrollado y modificado por otros posteriores en
los años 1992 y 1993. Estos Reglamentos por su propia naturaleza jurídica
son de inmediata aplicación, sin que sea necesaria legislación interna
para dotarlos de eficacia; sin embargo, a los efectos de completar la
normativa interna, se procedió a regular esta materia mediante Orden del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno,
de 10 de diciembre de 1991, completada por una Circular de mayo de 1992.

Esta Circular es del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Actualmente se está elaborando una nueva normativa de adaptación a los
posteriores Reglamentos dictados con rango igualmente de Orden
ministerial, que próximamente serán publicadas.

Respecto a la transposición de la Directiva 92/109, relativa al control
del desvío de precursores en el ámbito intracomunitario, ha experimentado
ya una reforma por otra Directiva del propio Consejo, y el plazo de su
transposición al Ordenamiento interno se retrasó por la disolución de las
Cámaras y la convocatoria de elecciones, pero puedo decir que ya se ha
constituido un grupo interministerial de coordinación en materia de
precursores. Este es un problema que siempre es complejo, sobre todo,
dado que se trata de sustancias que se utilizan para la fabricación de
otros productos lícitos. El grupo dirigido por el Delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas trabaja actualmente en la elaboración
de un proyecto de ley que recoja las obligaciones, infracciones y
sanciones de los operadores en esta materia, tal como exige la Directiva
comunitaria.

Siguiendo con la parte de aplicación legal, la transposición de la
Directiva sobre prevención de la utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales ya se ha efectuado por la Ley 19 de 1993, del 28
de diciembre. Por otra parte, el reconocimiento de la reincidencia
internacional en este ámbito ya está recogido también en el Código Penal.

Además, por otro Real Decreto de 10 de septiembre, la circulación de
productos psicotrópicos y estupefacientes para fines lícitos medicinales
en el ámbito de la Unión Europea se somete a ciertas restricciones y
controles para que la supresión de las fronteras interiores y la libre
circulación de mercancías no incida negativamente en la lucha contra el
narcotráfico.

Finalmente, será el futuro Código Penal --como ya señalaban las
conclusiones de la Comisión-- la norma idónea para culminar la
configuración de la normativa penal en lo que se refiere al tráfico
ilegal de drogas en lo que aún queda por regular, que es lo relativo al
cumplimiento de las penas para los narcotraficantes y a la medida de
reinserción consistente en ampliar las posibilidades de revisión
condicional de la pena de los drogodependientes condenados por delitos
derivados de su dependencia.

Si bien estaba previsto en un principio introducir dicha remisión para
los condenados a penas privativas de libertad hasta tres años inclusive,
se estudia actualmente la posibilidad de ampliación no sólo en función
del límite temporal de las condenas. De todas formas, es algo que tenía
que incluirse en el Código Penal, y parece que el Ministro de Justicia
anunció la remisión al Congreso en el mes de marzo.

Se sugería por la Comisión, y el Gobierno así lo ha asumido, mantener
dentro de la tipificación penal únicamente el tráfico ilícito de drogas y
el blanqueo de capitales y no las conductas de autoconsumo. Esto no es
contrario a los compromisos contraídos por España al firmar y ratificar
la Convención de Viena, puesto que el sistema de sanción administrativa
al consumo en público y tenencia con tratamiento alternativo a la sanción
cubre perfectamente dicho compromiso.

Así, la Ley Orgánica del 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana sanciona como falta grave el consumo de drogas en lugares
públicos y la tenencia ilícita, aunque no esté destinada al tráfico,
cuando no constituya infracción penal, e igualmente el abandono en
lugares públicos de instrumentos utilizados para el consumo. Como es
sabido, las sanciones impuestas por estas infracciones pueden suspenderse
si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación.

Entre las sanciones que se pueden imponer por estas infracciones destaca,
por ejemplo, la suspensión del permiso de conducción de vehículos de
motor hasta tres meses y la retirada del permiso o licencia de armas.

Otro tipo de infracción grave que prevé la Ley es la recogida en el
artículo 23, relativa a la tolerancia del consumo o tráfico en locales o
establecimientos públicos que pueden sancionarse con la suspensión o
clausura preventiva de los mismos o la suspensión parcial o total de sus
actividades.

Aunque todavía no se ha llevado a cabo un análisis en profundidad sobre
la eficacia de estas medidas, puedo asegurar que su implantación ha
tenido importantes efectos disuasorios. Los primeros datos de su
aplicación desde la entrada en vigor de la Ley el 13 de marzo de 1992
hasta el 31 de diciembre de 1993, son los que a



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continuación les voy a detallar. Por infracción a lo dispuesto en el
artículo 25.1, consumo de drogas en lugares públicos, se han incoado un
total de 56.187 expedientes sancionadores y se han impuesto un total de
30.677 sanciones; 1.671 referidas a alguno de los supuestos del artículo
28.2, suspensión del permiso de conducción hasta tres meses o retirada
del permiso o licencia de armas. Por infracción a lo dispuesto en el
artículo 23, es decir, la tolerancia del consumo o tráfico en locales o
establecimientos públicos, se han incoado 568 expedientes sancionadores y
se han impuesto 342 sanciones. En 81 casos la sanción ha sido la clausura
del local o establecimiento y en 187 se ha adoptado la suspensión o
clausura cautelar de los mismos.

Se han incoado un total de 480 expedientes y se han impuesto 323
sanciones monetarias importantes por infracción de lo previsto en el
artículo 26. d) de la Ley, es decir, la venta del alcohol a menores. Debe
tenerse en cuenta que la facultad sancionadora en este ámbito, que estaba
regulada anteriormente en el Reglamento de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, corresponde ya como competencia exclusiva a las
Comunidades Autónomas en el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de
Valencia, Comunidad Autónoma de Canarias y Comunidad Foral de Navarra.

Si seguimos el orden establecido por la Comisión, entraríamos ahora a
tratar las medidas en el ámbito de la represión del narcotráfico. Por lo
que respecta al ámbito represivo, competencia de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad al servicio de vigilancia aduanera, se solicitaba su
potenciación, el desarrollo de la Guardia Civil del Mar para la
vigilancia de las costas y puertos deportivos y la continuación de las
actuaciones contra grupos organizados adoptando planes especiales en
zonas estratégicas, como el sur de la península y Galicia. Además, se
pretende incrementar la coordinación de todas las fuerzas policiales y
profundizar en los acuerdos de colaboración y coordinación policial en el
ámbito de la Unión Europea.

Como ustedes ya conocen, tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como el de
la Guardia Civil, cuentan con su propia estructura operativa para la
represión del tráfico de drogas. Uno de los cometidos del Delegado del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por delegación del titular
del Departamento, es coordinar esas estructuras en determinados servicios
relativos precisamente a la represión del tráfico de drogas.

Es importantísimo tener una plataforma que permita el control y la
coordinación de estos organismos en el ámbito nacional y también
internacional en su diversidad. Por tanto, es de suponer que todo esto va
a garantizar la coordinación frente a la investigación judicial, ya que
como en estos momentos no depende todo del mismo organismo podía haber
dificultades. A partir de la puesta en marcha a pleno rendimiento de la
Delegación en el Ministerio del Interior se va a poder cumplir uno de los
objetivos primordiales del Gobierno: perseguir con dureza al
narcotráfico.

El Cuerpo Nacional de Policía cuenta como órgano principal con el
Servicio Central de Estupefacientes integrado en la Comisaría General de
Policía Judicial, y constituye la oficina central nacional en materia de
drogas encargada de coordinar y centralizar la investigación de los
delitos relacionados con el tráfico de drogas dentro del territorio y de
colaborar con otras fuerzas policiales internacionales.

El Servicio Central de Estupefacientes, tras un período de ampliación y
puesta al día de su infraestructura, cuya primera fase ya se ha llevado a
cabo, se subdivide en dos brigadas: la de investigación o área operativa,
y la de inteligencia o área de investigación e información. La primera
cuenta con cuatro secciones operativas especializadas por tipos de droga:
opiáceos, cocaínicos, cannábicos y sintéticos. De cada una de ellas
dependen tres grupos operativos altamente especializados en las
investigaciones del tráfico ilícito organizado. Esta brigada de
investigación cuenta además con un grupo de investigación internacional y
dos grupos de apoyo operativo. La brigada de inteligencia está integrada
por la sección de estudios y documentación que dispone de tres grupos
técnicos encargados de la confección de informes sobre situaciones del
tráfico ilítico.

Esta reestructuración llevada a cabo en el Servicio Central de
Estupefacientes ha supuesto un notable incremento de personal y cuenta
actualmente con más de 100 funcionarios y modernos medios técnicos y
materiales, siendo su ámbito de actuación todo el territorio nacional.

En cuanto a la organización periférica, cada comisaría provincial cuenta
dentro de su respectiva brigada de policía judicial de uno o varios
grupos especializados en la investigación y persecución del tráfico
organizado que trabajan coordinamente con el Servicio Central.

Del mismo modo, las comisarías locales cuentan con una brigada local de
policía judicial y también, por tanto, con un grupo de estupefacientes.

Dentro de la propia estructura de las brigadas de policía judicial se
dispone en todas las comisarías de una sección de delincuencia urbana que
asume la persecución del tráfico ilícito a pequeña escala y distribución
callejera y que ha sustituido, a partir de la reestructuración de los
servicios operativos de la policía llevada a cabo en la Circular 83 del
año 1992, a los grupos de investigación de las brigadas de seguridad
ciudadana.

Finalmente, por lo que al Cuerpo Nacional de Policía se refiere, debo
decir que, integrados por el momento en la sección de blanqueo y fraude
fiscal de la Brigada de Delincuencia Económica del Servicio Central de
Policía Judicial, hay cuatro grupos operativos, tres dedicados al
blanqueo de capitales y uno al fraude fiscal. Además, por Orden
comunicada el 31 de marzo se 1993, se creó una unidad adscrita a la
Fiscalía General del Estado integrada por primera vez por funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que dependen
funcionalmente de dicha Fiscalía y actúan, en casi el 99 por ciento de
los casos, en colaboración con el Fical Especial de la Droga en asuntos
de esta naturaleza.

Cabe añadir aquí algunos de los aspectos que no vienen recogidos en el
informe pero que se están elaborando para la creación de juzgados
centrales en algunas Comunidades, con lo cual se podría ya iniciar --lo
que se haría



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por delegación-- la creación de fiscales dependientes de la Audiencia
Nacional que investigaran con la tutela del juez central, que podría
perfectamente desplazarse a la Comunidad en cuestión, si no se pueden
crear inmediatamente estos juzgados de lo central, para agilizar al
máximo todo el enjuiciamiento, toda la parte procesal, toda la parte
preparatoria de la investigación de los juicios, y servirla para
descargar la Audiencia Nacional, sobre todo, en la parte Sur, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en Galicia, que son los dos frentes más
cargados; si bien también es cierto que en Cataluña deberíamos hacer algo
similar. Esto no está excluido en el informe; se lo pasaremos por
escrito, pero está en estudio que va a incorporarse cuando esté
perfilado.

La Guardia Civil dispone en el nivel central de una unidad central de
investigación fiscal antidroga dependiente de la Jefatura del Servicio
Fiscal, que tiene encomendadas las funciones de represión del contrabando
y, por tanto, del tráfico ilícito de estupefacientes. Su organización
periférica está constituida por los grupos de investigación fiscal y
antidrogas dependientes orgánica y funcionalmente de las zonas y
comandancias y técnicamente de la Jefatura del Servicio Fiscal, y por las
unidades de especialistas fiscales distribuidas en compañías, secciones y
puestos dependientes de las comandancias y técnicamente del Servicio
Fiscal.

En este momento la Dirección General de la Guardia Civil estudia un
proyecto de reestructuración del servicio fiscal, en parte ya adoptado
por el órgano central, que dejaría a las unidades operativas de la
siguiente forma: en el nivel central existirá un departamento antidroga y
fiscal dividido en un órgano de inteligencia y otro de investigación con
ámbito de actuación nacional.

Por lo que se refiere a la organización periférica, además de las
unidades de especialistas fiscales que actúan como resguardo fiscal del
Estado, se pretende que los grupos operativos periféricos se estructuren
en secciones y grupos de investigación con ámbito de actuación regional
los primeros, y provincial los segundos, distribuyendo sus efectivos con
arreglo a las características que presente el tráfico de drogas en cada
región o provincia.

La plantilla prevista para estas secciones y grupos supone un aumento de
360 personas respecto de la plantilla actual de los grupos de
investigación. Otra innovación en la organización periférica antidroga de
la Guardia Civil consistirá en la creación de patrullas móviles
dependientes de las unidades territoriales del Cuerpo situadas en el
litoral, encagadas de la vigilancia de los puertos deportivos y pesqueros
que carezcan de vigilancia de resguardo fiscal.

En total, la reestructuración del servicio fiscal puede suponer un
incremento de 594 efectivos. Quiero señalar aquí que los funcionarios
adscritos a estos servicios tanto en la policía como en la Guardia Civil
cuentan con una formación altamente especializada en la materia y
participan de forma habitual en cursos de reciclaje sobre la misma
materia.

Aún debo referirme al despliegue de la Guardia Civil del Mar, creada por
Real Decreto el 22 de febrero de 1991. Como saben, la Guardia Civil del
Mar ejerce en las aguas marítimas españolas hasta el límite exterior del
mar territorial, y excepcionalmente fuera de éste, todas las competencias
que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye en el ámbito de
la seguridad pública, y de forma muy especial en el control del tráfico
de drogas, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera.

Si bien la primera fase de implantación de este servicio, que suponía
dotar a todas las provincias del litoral de un determinado número de
embarcaciones, estaba previsto llevarla a cabo en un período de cinco
años, es cierto que existe un retraso y una disminución en el ritmo de
implantación previsto debido, por una parte, a los recortes
presupuestarios, que han obligado a disminuir las adquisiciones de nuevo
material y, por otra, al tiempo necesario en la formación del personal,
ya que se trata de una formación larga y costosa.

No obstante, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil está ya implantado
en La Coruña, Cantabria, Barcelona, Murcia, Almería, Málaga y Algeciras,
y cuenta actualmente con diecisiete embarcaciones y 426 miembros del
Cuerpo que se dedican a estas labores.

Próximamente entrará en funcionamiento el Servicio Marítimo Provincial de
Huelva, y se adjudicarán dos nuevas patrulleras: una al Servicio de
Huelva y otra al de Algeciras. Es probable que en el transcurso del
presente año pueda entrar en funcionamiento el Servicio Marítimo
Provincial de Valencia, al que se le adjudicará una patrullera media.

Sus señorías saben que una de las embarcaciones del Servicio Marítimo de
la Guardia Civil presta servicio actualmente en Bulgaria, en el marco del
control del embargo a los países implicados en el conflicto de la antigua
Yugoslavia.

Por lo que se refiere a la dotación de medios materiales y a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad para la lucha contra el tráfico de la droga,
informo a sus señorías de que, integrado en el programa de actuaciones
policiales en materia de droga, en los tres útimos años se han consignado
cantidades por un valor de más de 2.000 millones de pesetas para
inversiones en material especializado, tanto de la Policía como de la
Guardia Civil.

Respecto a la evolución de las aprehensiones de droga en estos tres
últimos años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del
Servicio de Vigilancia Aduanera han continuado efectuando importantes
decomisos en actuaciones aisladas, y en muchos casos conjuntas, cuya
evolución les describo.

Han descendido ligeramente las cantidades de heroína aprehendidas, que se
sitúan en una media de 600 kilos por año, y concretamente 603,7 en el año
1993. Se mantienen las de cocaína respecto a las del año 1990, aunque hay
un descenso con relación al año 1991, que fue el año que más cantidad de
cocaína se decomisó en España y que alcanzó la cifra de 7.573 kilos. En
1993, la cantidad aprehendida fue de 5.347 kilos.

Por otro lado, se sigue incrementando de forma importante la cantidad de
hachís decomisado, que alcanzó en



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España en el año 1993 exactamente la cantidad de 160.164.

Otro aspecto a resaltar es el incremento de las aprehensiones en drogas
sintéticas, fundamentalmente de éxtasis, que ha pasado de 22.176
pastillas en el año 1991, a 274.753 en el año 1993.

El número de detenidos por tráfico de drogas ha seguido aumentando,
alcanzando en el año 1993 la cifra de 30.163. Decimos detenidos, lo cual
no significa ingresados en prisión. Debo decir a este respecto que
aproximadamente el 78 por ciento de los detenidos por tráfico de drogas
lo son por pequeño tráfico, y el 15 por ciento por tráfico de tipo medio,
constituyendo el 7 por ciento restante las detenciones de grandes
traficantes, aunque, como es natural, la mayor cantidad decomisada se
produce a estos últimos.

Analizando los datos de decomisos, en el contexto de la Unión Europea
España ocupó en el año 1991 el tercer lugar en cantidad de heroína
decomisada, después de Alemania e Italia, y el primer lugar en cantidad
de cocaína, seguida de Italia y de los Países Bajos, y el primer puesto
en cantidades de hachís, seguida de los Países Bajos y de Francia. En el
año 1992 España ocupó el cuarto lugar de estos países en cantidad de
heroína decomisada, por detrás de Alemania, Italia y los Países Bajos; el
primer puesto en cantidades de cocaína, seguida de los Países Bajos y del
Reino Unido, y el primer puesto en cantidades de hachís, seguida
igualmente por estos dos países.

En cuanto a los planes especiales, debo reiterar que se mantienen los dos
que hay en funcionamiento y que son los únicos que se estiman necesarios:
el Plan de Galicia y el Plan del Sur, si bien se está estudiando un plan
para el litoral mediterráneo. Con el primero se ha conseguido
desarticular las principales organizaciones de antiguos contrabandistas
de tabaco, reconvertidas al tráfico de drogas, y la detención y puesta a
disposición judicial de sus componentes más destacados. Como es sabido,
el Plan Sur se adoptó porque el tráfico de hachís convierte a nuestro
país en el arquetipo de zona de paso obligado debido a la proximidad de
países productores en el Norte de Africa. Nuestro territorio o nuestras
aguas costeras son utilizadas por los pequeños y grandes traficantes para
hacer llegar el hachís al resto de Europa y, como en este caso, como un
país claramente de tránsito.

Debido en parte a la adopción de las medidas que este Plan aconsejaba, se
han conseguido importantes detenciones de personas vinculadas a
organizaciones internacionales, así como la incautación de grandes
cantidades de droga. El inicio del despliegue de la Guardia Civil del Mar
obedeció precisamente a cubrir de forma prioritaria las dos zonas de
aplicación de estos planes. Hay que añadir aquí también unas estimables
cantidades de droga que muchas veces son destruidas o lanzadas al mar en
el momento en que son asaltados los barcos que las transportan. En esas
maniobras, que tienen perfectamente estudiadas los narcotraficantes,
desaparece la prueba.

Entre las medidas en el ámbito de la cooperación internacional
--siguiendo con el esquema-- figura la lucha contra el tráfico de drogas,
que no puede plantearse únicamente a nivel interno debido a la
interconexión de este tráfico a escala internacional, lo que obliga
siempre a una política de colaboración con todos los países y a
participar de manera activa en los distintos foros y organismos creados
para combatir este tráfico, en especial las Naciones Unidas y la Unión
Europea. Debo señalar que España cuenta con enlaces policiales, que son
de una altísima eficacia, destacados en la mayoría de los países
productores, lo cual facilita la investigación de las grandes redes.

También se han suscrito acuerdos bilaterales con varios países como
Marruecos, Italia, Estados Unidos, Portugal y Francia, que, naturalmente,
tienen estos enlaces y que son de una gran eficacia en la investigación.

Por lo que se refiere a la Unión Europea, debo decir que constituye uno
de sus objetivos desarrollar una estrecha colaboración en materia de
justicia y asuntos de Interior, lo que ha llevado a proponer la creación
de una unidad de inteligencia europea, Europol, para la cooperación
policial en la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y
otras formas graves de criminalidad organizada.

En desarrollo de esta propuesta contenida en el Tratado de la Unión se
formó un grupo «ad hoc» de trabajo con el fin de crear la citada unidad
de inteligencia, y en la actualidad los trabajos de este grupo han
desembocado en la creación de la unidad de drogas de Europol, que está en
plena operatividad desde el día 1 del pasado mes de enero y que tiene su
sede en la ciudad de La Haya, donde España mantiene por el momento a dos
inspectores de policía como enlaces. Con posterioridad, y tras la
redacción y ratificación del acuerdo que elabore el citado grupo,
comenzará a funcionar Europol en las restantes áreas.

Por otro lado, los acuerdos de Schengen se orientan a avanzar en la libre
circulación de personas, creando un sistema de garantías que permita
hacerla efectiva. El convenio de aplicación instrumenta un conjunto de
medidas para posibilitar el cumplimiento de los objetivos, destacando,
entre otras, la cooperación policial, en la que se incluye la vigilancia
y persecución transfronteriza, y la lucha contra la criminalidad en
materia de estupefacientes. En este sentido, hay convenios bilaterales
con Portugal y con Francia, que ya nos permiten prácticamente ir
adelantando lo que figura en el acuerdo Schengen, con unidades móviles de
control y levantando fronteras con los dos países. Esto es un aspecto
bilateral que entraría ya en pleno funcionamiento con los acuerdos
Schengen que, en este momento, mantiene un ligero retraso.

Consideramos que la colaboración económica con los países productores,
con el fin de que se pueda llegar a la sustitución de cultivos, es
fundamental. Por ello, España participa tanto en el fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas con el fin de
generar fondos de cooperación en los países productores, como con el
grupo de Dublín, organismo paralelo y con las mismas funciones en el
marco de la Unión Europea, en el que también puede participar, y al que,
de hecho, están adheridos otros países ajenos al mismo.

Siguiendo el mismo esquema de la Comisión, entraríamos



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en la reducción de la demanda. En relación con los objetivos de
prevención en el ámbito de reducción de la demanda, esta Comisión Mixta
elaboró también un amplio abanico de propuestas que reflejaban claramente
la importancia que sus señorías concedían a estas formas de actuación.

En efecto, ya en los primeros planteamientos se entendía que, ante los
diversos y graves problemas que el consumo planteaba, la mejor política
era adelantarse al consumo en la forma preventiva, evitándolo y
haciéndolo innecesario, cosa bastante difícil de todas formas pero en la
que se han conseguido avances notables.

Desde aquellos inicios la Delegación del Plan sólo ha encontrado motivos
para ratificarse en las posturas iniciales, y sus señorías son testigos
de cómo en anteriores comparecencias el Delegado del Gobierno ha
reafirmado el compromiso de potenciar las medidas preventivas de
reducción de la demanda y de apoyar en ellas las estrategias básicas de
actuación.

Siguiendo con el mismo esquema, entraríamos en la coordinación de las
Administraciones públicas y el apoyo institucional. El Plan Nacional
sobre Drogas ha proclamado desde sus inicios la imposibilidad de llevar
adelante sus responsabilidades sin el concurso de todas las
Administraciones, y muy especialmente sin el de las organizaciones que
vertebran la propia estructura social. En este sentido, ha sido
imprescindible la potenciación de esta colaboración y el apoyo a las
estructuras asociativas, un aspecto fundamental. Colaboración y apoyo que
se ha pretendido a través del establecimiento de plataformas de
coordinación de organizaciones no gubernamentales, comisiones autonómicas
de coordinación y del establecimiento de líneas crediticias, subvenciones
y convenios finalistas.

Más adelante me referiré con mayor detalle a las dotaciones
presupuestarias. Sin embargo, quiero adelantar que el presupuesto de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas para ayudas a
organizaciones no gubernamentales se ha incrementado en un 30 por ciento
en 1994, alcanzando los 436 millones de pesetas. Seguramente son
insuficientes, pero lo cierto es que se ha conseguido un notabe aumento.

Por otra parte, pensamos que este año se mejorarán los criterios de
distribución de la asignación del IRPF a otros fines sociales al disponer
de una información ajustada proporcionada por las Comunidades Autónomas.

Se trata, sin duda, de hacer un reparto más justo, más equitativo, aunque
habría que introducir también aspectos de cumplimiento finalista, ya que
es muy desigual en las diferentes Comunidades con respecto a los trabajos
que desarrollan. Hay muchas Comunidades que incrementan en gran medida
los presupuestos del Estado y que consiguen planes realmente muy
atractivos, con la participación incardinada de aportaciones de
corporaciones locales y de la propia Comunidad.

Otro objetivo permanente del Plan Nacional sobre Drogas consiste en la
coordinación de las Administraciones locales, coordinación que debe
plasmarse, sobre todo, en el ámbito autonómico. Esto está siendo objeto
de estudio por una Ponencia y, por otro lado, ya es en parte una realidad
como lo atestiguan cientos de convenios o acuerdos entre las distintas
Administraciones locales. Insisto en que estos planes autonómicos, que
constan en la Memoria del Plan, deben mejorarse para que el Plan cada vez
se parezca más a un plan finalista en el que los objetivos --que han sido
muy consensuados en estas materias en la propia Comisión en que sus
señorías los elaboraron-- puedan trasladarse también de forma finalista a
cada uno de los programas.

En materia de prevención, y siguiendo el esquema, la Comisión Mixta
realizó básicamente tres tipos de propuestas preventivas: las dirigidas a
la población escolar, las de índole comunitaria y las que debían apoyarse
en los medios de comunicación y en campañas dirigidas a la opinión
pública. En relación con las propuestas dirigidas a la población escolar,
sus señorías pueden comprobar en las últimas Memorias del Plan Nacional
sobre Drogas que sus recomendaciones han sido ampliamente contempladas y
seguidas. La educación para la salud forma parte de los objetivos y de
las estrategias generales de la educación primaria y de la educación
secundaria obligatorias.

El Ministerio de Educación y Ciencia, con la colaboración no sólo de los
integrantes de la comunidad escolar, sino también con la de
organizaciones sociales, ayuntamientos y Comunidades Autónomas, han
mostrado una especial preocupación por todas las intervenciones que se
preconizan ya en los planes de dicha Comisión. La designación de
coordinadores provinciales de estos programas, la formación especializada
para profesores, la implicación de las asociaciones de padres, la
elaboración de material preventivo específico, han sido actuaciones
habituales en los últimos años que sus señorías conocen perfectamente.

He de subrayar el convenio de colaboración en 1993 entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el de Sanidad y Consumo para el desarrollo de un
programa específico de prevención de consumo de alcohol. Asimismo, hay
que citar el desarrollo de un grupo de trabajo mixto entre el Ministerio
de Educación y Ciencia y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, que elaborarán un repertorio de estrategias de educación
para la salud y proporcionarán el material necesario para llevarlas a la
práctica.

En cuanto a los programas preventivos de ámbito comunitario, el Plan
Nacional sobre Drogas puede presentar unos datos que demuestran
fehacientemente hasta qué punto considera importante el cumplimiento de
las recomendaciones de la Comisión Mixta. Alrededor de 400 ayuntamientos
fueron financiados por los planes autonómicos para el desarrollo de
programas de este tipo a lo largo del último período del que se tienen
datos totalmente elaborados. Estos programas han contado con la
colaboración de organizaciones sociales, han significado la participación
de unas 50.000 personas y han supuesto la formación de más de 19.000
profesionales de distintas especialidades.

Dirigido a la población juvenil, se ha instrumentado un paquete de
programas utilizando medios de



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comunicación y campañas institucionales dirigidas a promover una cultura
de rechazo del consumo, así como la sensibilización ante sus riesgos.

Entre ellos cabe destacar la Semana Europea de Prevención sobre Drogas,
el establecimiento de un marco de colaboración con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, la colaboración de la Coordinadora de
Organizaciones No Gubernamentales y la presencia fija de la Delegación
del Plan en medios radiofónicos.

Siguiendo con el mismo esquema, pasamos ahora a la asistencia y
reinserción. Entre las propuestas que hicieron sus señorías respecto a la
atención de los problemas de drogodependencias, destacan aquellas
destinadas a mejorar la coordinación de los recursos, y buena parte de
los esfuerzos de la Delegación y de las Administraciones que lo integran
van dirigidos a cumplimentar estas indicaciones.

Procuraré concluir el informe a las seis y cuarto. Tendríamos así otra
hora para la discusión del mismo.

El conjunto de estructuras que permite la coordinación de todos los
esfuerzos institucionales del Plan es suficientemente conocido por sus
señorías, pero quiero señalar en este orden de cosas el esfuerzo
realizado para profundizar en la atención de los problemas médicos de los
drogodependientes por parte del Sistema Nacional de Salud.

En estos momentos está en marcha un subprograma de asistencia médica en
los centros de atención primaria del Insalud. Existe, además, un
calendario que prevé la implantación de programas de sustitución, de
reducción del daño y de apertura de nuevas camas de desintoxicación en
los próximos meses. Este propósito de integrar y potenciar lo asistencial
no sería realizable sin una continua estrategia de formación de
profesionales. A tal efecto se ha constituido una Ponencia
interautonómica para analizar la mejor forma de llevarla a cabo, y
posteriormente se ha puesto en marcha un conjunto muy importante de
programas formativos en todas las Comunidades Autónomas, de los que
tienen cumplida referencia en el informe de situación y en las Memorias
del citado Plan.

La recomendación de la Comisión sobre las líneas telefónicas de
información se ha traducido en una puesta en marcha en varias Comunidades
Autónomas, y ya se ha establecido un teléfono con prefijo 900. Ello es
fruto de un convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogras y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. El
año pasado fueron atendidas a través de esta línea más de 15.000
llamadas.

Las medidas asistenciales relativas a los centros de emergencia social,
servicios móviles de atención y programas de reducción del daño han sido
atendidas mediante su financiación con cargo al 0,52 por ciento del IRPF.

Con estos medios se han abierto seis centros de emergencia social o de
atención inmediata. Se ha ampliado la red de pisos de sustitución
tutelados o no. En cinco Comunidades Autónomas se han establecido
servicios móviles de atención y existe la previsión de ponerlos en marcha
en otras cuatro Comunidades.

Los programas de reducción de riesgo, con atención especial a los
problemas de infecciones por virus de sida, VIH, han experimentado el
desarrollo más notable del sector asistencial. La generalización de los
«kits» sanitarios, la evitación del intercambio de jeringuillas, los
programas de vacunaciones, los programas en poblaciones especialmente
marginadas y el amplísimo desarrollo de los programas de sustitución son
un buen ejemplo de este crecimiento. En estos momentos los tratamientos
con sustitutivos se han extendido prácticamente a todas las Comunidades
Autónomas y benefician aproximadamente a 12.000 personas.

Entre las recomendaciones que había que destacar, como las que se
referían a las exigencias de evaluación de los centros para
drogodependientes, se ha llegado a un consenso entre las Comunidades
Autónomas a fin de establecer los requisitos mínimos exigibles para los
centros dedicados a la rehabilitación de drogodependientes. Las
correspondientes normas autonómicas para la autorización de apertura de
centros han venido a recoger todos estos requisitos.

En este orden de cosas, la Delegación del Gobierno tiene en estudio los
criterios de evaluación de los programas libres de droga y de
sustitución; especialmente, los de metadona. La dificultad que, desde el
punto de vista metodológico, plantean este tipo de evaluaciones es
notable, pero precisamente por ello se hace más necesario uniformar
dichos criterios.

Siguiendo el esquema establecido, llegamos a las medidas de ámbito
penitenciario. Se instaba al Gobierno a potenciar la motivación para el
tratamiento y, por tanto, su rehabilitación, especialmente, en el caso de
jóvenes preventivos y primeros ingresos; a la coordinación de los
diferentes servicios asistenciales que se les presta, ampliando la
colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones no
gubernamentales; a mejorar la formación de personal y coordinar los
diferentes servicios penitenciarios de atención, y a aumentar el control
y la erradicación del tráfico y consumo de droga en los centros
penitenciarios. En definitiva, se trata de insistir en las actuaciones
que se están llevando a cabo en el sistema penitenciario desde hace
algunos años.

Cabe señalar que en todos los centros penitenciarios ha existido a lo
largo del pasado año programas básicos de intervención, desarrollados a
partir de la coordinación de los servicios penitenciarios y de servicios
comunitarios de drogodependencias.

En primer lugar, todos los internos toman contacto, en el momento de su
ingreso, con el sistema unificado de recogida de información --que se
implantó en 1989--, que orienta e informa sobre la oferta que existe en
los centros sobre cuestiones de salud y servicios.

Durante 1992, además de la información que se proporciona en todos los
centros penitenciarios, 5.400 internos drogodependientes --se entiende
que en el momento de su ingreso, no que siguieran consumiendo droga en el
interior-- participaron en actividades de motivación para el cambio,
realizadas por equipos especializados. Una buena muestra del cambio de
conductas se refleja en los centros penitenciarios, con el ingreso. Se ha
pasado de un



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28 por ciento, aproximadamente, de seropositivos en el momento de su
ingreso, a un 18,7 por ciento, aproximadamente, de ingresados que son
portadores en la actualidad, que suponen el setenta y tantos por ciento
de drogodependientes, con lo cual, se comprueba que el trabajo de
información a la sociedad en su conjunto tiene un calado que se ve
cclaramente en el ingreso en prisión de drogodependientes.

En sesenta centros penitenciarios se desarrollan estrategias
especializadas de intervención asistencial con drogodependientes, en
colaboración con los planes autonómicos, y a través de diferentes
metodologías: programas ambulatorios, centros de día, etcétera. En estos
programas estuvieron incluidos 2.900 internos; 330 personas siguieron un
tratamiento con antagonistas opiáceos, y 90 se incluyeron en programas
sustitutivos.

Por otro lado, 240 internos fueron derivados a dispositivos
extrapenitenciarios para su tratamiento, si bien esto es algo que
depende, prácticamente, del orden judicial, que contempla si se debe
cumplir la condena, o bien, por progresiones de grado, en régimen
abierto, lo que también puede realizarse perfectamente, siempre que el
informe penitenciario sea factible y prevea la no reincidencia.

La Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas mantiene incrementada la
financiación finalista de este tipo de programas, que está previsto que
se desarrollen en todos los centros penitenciarios y continúen
diversificando sus acciones. Por otra parte, todas las intervenciones en
prisiones se llevan a cabo sobre la base de la colaboración entre
instituciones penitenciarias, planes autonómicos, en algunos casos con
ayuntamientos, diputaciones y con organizaciones no gubernamentales.

Todos los equipos son mixtos y todas las actuaciones se integran en la
estructura penitenciaria y cuentan con la aportación de recursos
comunitarios.

Se trata de algo muy desigual y que depende, como es lógico, de la
sensibilidad que exista en las diferentes Comunidades Autónomas. Las hay
con un mayor grado de sensibilización, donde las cifras que les estoy
dando incluso pueden estar concentradas, mientras que en otras
Comunidades existe una menor atención, es decir, que ésta no es
homogénea. Esto es lógico, porque la autonomía precisa la finalidad de
los programas; de ahí que, en mi opinión, deban producirse algunos
cambios a la hora de establecer objetivos más finalistas que puedan
llegar más directamente a los usuarios de estos programas.

También hay que señalar que a lo largo de 1992 --del que disponemos de
datos completos--, 3.707 funcionarios de distintos perfiles profesionales
de la institución penitenciaria participaron en cursos de formación
relacionados con las drogodependencias.

Las administraciones penitenciarias mantienen un programa de coordinación
entre sus distintos departamentos, que llevan a cabo actuaciones con
drogodependientes, y en muchas prisiones existen equipos
multidisciplinares de referencia para favorecer esta integración, si bien
en todas las prisiones existe lo que se denomina el equipo de
tratamiento, que puede afrontar individualmente los problemas de
desintoxicación y rehabilitación, dado los medios sanitarios de que
dispone y la propia componente de un equipo de tratamiento de una
prisión.

Los programas asistenciales que se basan en equipos mixtos, instituciones
penitenciarias y Comunidades Autónomas no se ponen en marcha hasta que no
existe un claro consenso interinstitucional, y la homologación de los
sistemas de recogida de información contribuye a esta coordinación.

Por lo que respecta a las medidas para erradicar el tráfico y el consumo
de drogas en el interior de los centros, las Juntas han continuado
adoptando las medidas necesarias, se han incorporado los procedimientos
de los análisis toxicológicos, el control de retornos de permisos y la
atención a comunicaciones «vis a vis»; todo ello, naturalmente, con un
estricto control judicial, ya que hay jueces que lo autorizan, y otros
que no lo hacen. En cualquier caso, el juez de vigilancia siempre está
informado de todas las medidas de control que se adoptan para impedir que
entre droga en las cárceles.

Con respecto a las medidas en el ámbito laboral, un grupo de
recomendaciones se dirigía a establecer fórmulas de intervención
preventiva en el ámbito laboral y la incorporación al mercado de trabajo.

Empezando por este último aspecto, en distintos territorios autonómicos
están en marcha programas de promoción de empleo y de formación. En la
comparecencia del Delegado de Gobierno para dar cuenta a sus señorías de
la última Memoria del Plan, se hizo referencia a los datos relativos a
estos programas. De todas formas, se les puede volver a enviar, si
ustedes así lo requieren.

Por otra parte, la Delegación está reelaborando su convenio con el INEM,
incluyendo nuevas fórmulas de formación laboral y promoción del empleo,
para agilizar su aplicación y extenderla a todas las Comunidades
Autónomas.

En otro orden de cosas, puedo anunciarles que el próximo mes se firmará
un convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, la CEOE y las organizaciones sindicales más representativas, para
la constitución de la Comisión nacional de prevención de los consumos de
droga en el ámbito de la empresa. De forma complementaria, se está
trabajando en la formación de mediadores en la empresa. Se han editado
guías y documentación informativa para representantes sindicales,
protocolos de actuación, etcétera.

Por último, se ha iniciado la primera fase de desarrollo del convenio
entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el
Instituto Nacional de Industria, que contempla programas similares a los
ya señalados en esta primera fase, y que afecta a empresas del grupo en
cuatro Comunidades Autónomas.

Por lo que se refiere a las dotaciones presupuestarias, ante todo debe
señalarse que la recomendación formulada por la Comisión Mixta, en el
sentido de incorporar las dotaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las propuestas, ha sido, a mi juicio, razonablemente
atendida, a pesar del carácter de insuficiencia que



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siempre se puede atribuir a las consignaciones presupuestarias destinadas
a estos fines.

Hasta el presente año, el programa presupuestario relativo a la lucha
contra la droga que figuraba en el Ministerio del Interior era de
actuaciones policiales en materia de droga. Su objetivo era la prevención
y la represión del tráfico ilegal de drogas, tal y como figura en la
Memoria de objetivos que acompaña al presupuesto. Y sus dotaciones en los
últimos tres años han sido muy similares. Concretamente, en 1993 ascendió
a 4.325 millones de pesetas, y su desglose fue el siguiente: el 82 por
ciento se destinó al pago de retribuciones de los policías y guardias
civiles asignados al cumplimiento de los objetivos del programa; el 14
por ciento se consignó a inversiones reales, fundamentalmente, para la
adquisición de vehículos, transmisiones y equipos especiales --visión
pasiva, material fotográfico u óptico, etcétera--, y el resto cubrió las
necesidades en gastos corrientes, sobre todo, en lo relativo a dietas,
desplazamientos, combustibles y vestuario.

Al margen de esta partida de inversiones, incluida en este programa
específico de droga, todas las inversiones del programa de seguridad
ciudadana en ambos cuerpos policiales inciden en mejorar, en general,
todos los medios materiales puestos a su disposición para la prevención e
investigación de todo tipo de delitos, en los que cabe incluir el tráfico
de drogas.

Es decir, para el cumplimiento de los objetivos de este Programa se
consigna una determinada cuantía para inversiones, pero también se
beneficia del resto de inversiones el Programa de Seguridad Ciudadana. El
año 1994, la dotación de este Programa asciende a un total de 4.582
millones de pesetas, lo que supone un incremento del 5,94 por ciento
respecto al año 1993, y su desglose por capítulos no varía
sustancialmente respecto al del pasado año. Desciende ligeramente el
porcentaje destinado a gastos de personal, que pasa a ser el 81,17 por
ciento, y aumenta el destinado a inversiones. Aumenta, igualmente, el
destinado a gastos corrientes.

Como consecuencia de la adscripción del Plan Nacional sobre Drogas al
Ministerio del Interior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 4
de febrero de 1994, ha aprobado la transferencia de los créditos del
Programa que tenía el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de
Asuntos Sociales al Ministerio del Interior. Como resultado de ello, la
cuantía de los créditos que gestiona este año el Ministerio del Interior
para actuaciones en materia de drogas asciende a 9.620 millones de
pesetas.

Interesa señalar que incluso en una situación de recesión, y en la cual
se han congelado los presupuestos, el presupuesto de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas se incrementa en un 10,9 por
ciento.

En cuanto a su distribución por capítulos, aproximadamente, el 87 por
ciento de esta dotación corresponde al Capítulo Cuarto, Transferencias
Corrientes, que se destina a subvenciones a Comunidades Autónomas,
organismos públicos y organizaciones no gubernamentales para atender
programas preventivos, asistenciales y de reinserción, que constituye uno
de los objetivos fundamentales del Plan.

Con este último apunte --acabo ya, señorías-- de los recursos
disponibles, creo que se ha pasado ya revista, siquiera someramente, a
todos y cada uno de los aspectos contenidos en el Informe de esta
Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga. En todo caso, la
lucha contra el tráfico de drogas y las políticas de prevención y
rehabilitación son difíciles, y sus resultados pueden parecer en
ocasiones decepcionantes. Nadie posee la clave para acabar con esta
lacra. Las recomendaciones de esta Comisión han orientado la actuación de
los poderes públicos, y se ha comprobado que estas medidas, en su
conjunto, son de las más eficaces de las posibles. Estamos, pues, en el
camino correcto que, por otra parte, coincide con el que siguen los
restantes países de características sociopolíticas similares a las
nuestras.

No me queda sino agradecer a sus señorías la atención que me han prestado
y pedirles excusas por la exposición, que seguramente ha sido
excesivamente larga, una hora exactamente. Quedo a su disposición.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Ministro, por su comparecencia. Le saludo en esta primera
ocasión en que lo hace ante esta Comisión en su nueva responsabilidad.

Voy a intentar seguir el orden de su intervención, en lo que sea posible.

En primer lugar, la transferencia del Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Asuntos Sociales al Ministerio del Interior, al margen de
algunos comentarios que después haremos, es algo que, conceptualmente, mi
Grupo no comparte. No lo comparte por una razón elemental: las drogas son
un problema muy complejo --como acaba de decir en su intervención--, que
afecta a diferentes ámbitos de la vida de la sociedad, y, desde ese plano
conceptual de las cosas, nos parece que la ubicación del conjunto del
Plan en el Ministerio del Interior no ayuda a que el conjunto del Plan
tenga una visión más completa de los fenómenos sociales que lo envuelven.

Para simplificar, quiero decir que, de alguna manera, independientemente
de cuál sea la persona que ocupe el Ministerio del Interior --no tiene
que ver con su persona sino con el Ministerio-- la ubicación del Plan
Nacional sobre Drogas en el Ministerio del Interior puede significar una
especie de, entre comillas, criminalización del problema de la droga,
teniendo en cuenta el ámbito habitual de las competencias de su
Ministerio. Eso nos parece que no es una visión acertada o adecuada del
problema de las drogas; nos parece que estaba mejor ubicado en el
Ministerio de Asuntos Sociales.

Otra cosa es que el Delegado Nacional del Plan, señor Garzón, tenga
competencias sobre distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
que tengan relación con



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la lucha contra el narcotráfico. Eso sí nos parece bien, que en una
persona como el señor Garzón esté centralizada la acción de su Ministerio
en la lucha contra el narcotráfico, que no es lo mismo que llevarse
detrás del señor Garzón todo el Plan Nacional sobre Drogas. Creo que
éstos son dos aspectos que no conviene mezclar.

Dicho esto --podríamos quedar para hablar con más profundidad del
asunto--, nos parece que si usted nos hubiera proporcionado con
antelación lo que acaba de leer podríamos haber hecho una comparecencia
un poco más rica, porque aunque muchos de los datos que usted ha dado los
conocemos, porque forman parte de la Memoria del Plan, etcétera,
podríamos estar discutiendo concretamente de aspectos más importantes que
el detalle de cifras y datos, que sin duda son importantes, pero
probablemente ocuparíamos mejor el tiempo en la otra dirección.

Si a usted no le conociera nadie en esta sala, un observador perspicaz
seguramente llegaría a la conclusión de que usted tiene que ver con el
Ministerio del Interior, efectivamente, y que tiene o ha tenido que ver
bastante con el sistema penitenciario, porque es en esos dos aspectos en
los que ha sido más preciso, en los que ha dado cifras y datos. En los
otros terrenos de su intervención, dice: se creará una ponencia, se está
estudiando una ponencia... Es decir, las expresiones son mucho más vagas,
y eso tiene que ver con la consideración inicial que le hacía, desde
nuestro punto de vista, de la inconveniencia de llevar el Plan Nacional
sobre Drogas al Ministerio del Interior, es decir, ese deslizarse hacia
lo que acaba siendo normal en un Ministerio pero no tanto en otro,
aquello de que el ser social determina la conciencia sigue siendo verdad
de alguna manera, y el Ministerio del Interior piensa en términos de
Ministro del Interior, obviamente, y no en otros. Usted ha dedicado gran
parte de su intervención a contarnos con pelos y señales, con datos sin
duda interesantes, todo lo que es la lucha contra la oferta, y ha
dedicado muy poquito a la lucha contra la demanda, y remitiéndolo a las
Comunidades Autónomas.

Es verdad que gran parte de ese trabajo está ubicado ahora mismo en las
Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos, pero hay una desproporción.

Los aspectos referidos a la prevención escolar, etcétera, son mucho menos
precisos que los referidos a las dotaciones que tienen estas unidades de
la Policía Nacional en esta Dirección o en aquella; a las unidades de que
dispone o dispondrá la Guardia Civil del Mar, etcétera, es decir, a lo
que son aspectos más concretos de su competencia. Estoy de acuerdo con
algunas de las afirmaciones que usted ha hecho, así como también con
algunas de las que suele hacer el señor Garzón en esta Comisión cuando se
habla de promover la cultura del rechazo entre los jóvenes, etcétera,
pero creo que si usted mismo se lee su intervención cuando esté
publicada, podrá percibir la misma música a la que yo estoy haciendo
referencia, es decir, una cierta mayor dedicación a unos temas que a
otros, cosa, por otra parte, psicológicamente normal y absolutamente
lógica.

Nos parece importante que se intente aumentar y completar las dotaciones
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todos los aspectos
relacionados con la lucha contra el narcotráfico. Pero la otra parte, que
además es vieja y lo venimos diciendo todos, usted, yo, todo el mundo que
se interese por el tema de drogas, señala la importancia de las drogas en
la capacidad de negocio que significan, en la cantidad de dinero que
mueven; cómo sin esa capacidad de dinero que mueven probablemente sería
más fácil combatirlos; cómo lo sería sin la colaboración absolutamente
explícita de conciencias muy honestas por fuera pero muy deshonestas por
dentro, con la fabricación y comercialización de precursores, no para
otros usos relacionados con el tema de las drogas, sino precisamente con
el tema de las drogas. Sin embargo, en ese terreno la trasposición de las
normativas está más en el aire todavía que otros aspectos que son mucho
más operativos y que también son más fáciles. Es obvio que es más fácil
incrementar la dotación policial para conseguir más cantidad de decomisos
de heroína, de cocaína o de hachís que enfrentarse con la posibilidad de
que determinadas industrias sigan produciendo precursores que sigan
comercializando por canales irregulares, que es mucho más complicado.

En esa complejidad está también su mayor virtud porque, sin duda, si
fuéramos capaces en los países industrialmente desarrollados de acabar
con la producción de los precursores o al menos con la comercialización
ilícita de los precursores estaríamos cortando la posibilidad de que en
origen se produjeran esas drogas. De la misma manera, si fuéramos capaces
de acabar, si no todo, con gran parte del blanqueo de dinero y con el
gran negocio que significa la droga, también estaríamos sentando las
bases para ser mucho más eficaces.

Señor Asunción, acabo felicitándole por su comparecencia e instándole a
que la lea desde esa perspectiva a la que yo me he referido y,
probablemente, estaremos de acuerdo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señor Presidente,
trataré de ser breve y así podré contestar individualmente a cada uno de
los grupos que lo han solicitado, así como exponer nuestro punto de
vista, el punto de vista naturalmente del Gobierno, en la medida en que
los aspectos fundamentales su señoría, como si dijéramos, está escorado
hacia la parte preventiva, la parte de policía represiva; ésas son las
competencias que tiene en exclusiva el Gobierno y no otras, ya que están
todas transferidas. En buena lógica a la hora de planificar medios y
hacer programas puede entrar detalladamente en lo que concierne a las
cárceles que, excepto Cataluña que tiene transferencias, no hay ninguna
transferida; por tanto, son competencia exclusiva del Ministerio de
Justicia y ámbito de concurrencia de un nivel alto de personas con graves
problemas de drogodependencias. Los más graves concurren dentro de las
prisiones,



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con lo cual el apartado debe ser muy amplio y no debe entenderse como
represivo, sino todo lo contrario, más bien muy asistencial, quitándole
toda la carga represiva, porque se trata, precisamente, de ir creando su
estructura fuera para que pueda haber medidas alternativas.

En cuanto a la parte que completa la medida preventiva podemos
planificar.

Existe mayor dificultad a la hora de planificar todos los bloques a que
se refería su señoría porque depende y son competencias de las
comunidades autónomas. En ese caso vamos al acuerdo, al concierto, al
convenio, figura elemental de lo que es unir voluntades; digo que
coincidan voluntades pero nada más.

De ahí mi observación a la hora de pedir a sus señorías que, dentro de
los presupuestos del Estado, si la Comisión así lo considera, se vaya a
aspectos mucho más finalistas en las asignaciones que se dan a las
comunidades autónomas. No voy a enumerar ninguna, pero por mi anterior
adscripción a Justicia y a Prisiones tengo la experiencia de saber dónde
está la sensibilidad, dónde se han creado alternativas terapéuticas,
dónde existe la mayor profundización en lo que es la parte preventiva y
aminorando la demanda.

Nos podemos encontrar con comunidades con una gran sensibilidad y otras
con una nula o escasa sensibilidad, pero no voy a poner ninguna como
ejemplo, simplemente digo que hay una gran diversidad. Si estuvieran
hipotecados los recursos económicos, sin duda habría que condicionar los
objetivos porque existe una gran diversidad: algunos gastan una buena
parte importante en materias de conferencias, seminarios a última hora
del ejercicio porque hay que gastar el presupuesto y eso se ve
inmediatamente en la ejecución del gasto; sin embargo, otras comunidades
tienen una planificación donde coordinan las corporaciones locales, donde
llevan programas amplios y francamente dignos de felicitar porque tienen
una gran cooperación y nunca escapan a lo que es la conexión con el mundo
carcelario, puesto que si hablamos muchas veces de la interdependencia
luego no podemos hacer una segregación tan radical.

Existe ahí una interdependencia de personas que pasan por las prisiones
que, posiblemente, si tuviéramos más recursos en el exterior, podrían ir
a penas alternativas ya con la actual legislación, sin necesidad de
modificar. Sin embargo, a veces la Administración del Estado se las ve y
se las desea para poder sacar gente al exterior aunque están financiadas
por el Ministerio de Justicia.

Naturalmente el informe tiene que ser más concreto en aquello que es
responsabilidad propia que en lo que es concertada, pero eso tendría
solución siempre que sus señorías consideraran que se podría especificar
y concretar mucho más lo que es la finalidad y hacer un modelo que se
trasladase a otro tipo de administración, como son las diputaciones que
tienen ámbito de cooperación en sus planes. Voy a poner un símil muy
fácil, pero que está muy experimentado; los planes provinciales hipotecan
la finalidad y priorizan, con lo cual cada uno aporta la parte pero sabe
que tiene que cumplir los objetivos que previamente se han fijado, sino
naturalmente queda un gasto muy discrecional.

Eso es mejorable, pero debe recogerse en el ámbito del consenso que tiene
la Comisión porque me parece que es lo suficientemente importante como
para que eso no se rompa y que se mantenga. Naturalmente se puede mejorar
y se podría ir a especificar el número de personas que tenemos capacidad
--digo tenemos en conjunto-- entre corporaciones locales y comunidades
autónomas y hacer una adecuada planificación si el marco presupuestario
lo determináramos y concretáramos más con unas normas que se pueden
estudiar con facilidad de otras corporaciones.

En cuanto a lo que es la visión global que tiene el plan, éste responde,
tal y como está estructurado ahora, a las recomendaciones que la Comisión
hizo en el año 1991. De la A a la Z es el orden cronológico que tiene
ahora el tratamiento integrado; se ha conseguido ubicar de forma que es
posible coordinar toda la actuación en cadena, las que sus señorías
recomendaban en la Comisión Mixta, desde la primera a la última de las
recomendaciones en su propia estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque
luego viene la implicación que tiene el delegado del plan en lo que es la
parte del blanqueo, la coordinación que tiene que tener con la fiscalía,
lo que es la interconexión con las organizaciones internacionales.

Sin embargo, el fleco que puede poner a disposición judicial toda esa
plataforma de coordinación, que ahora en la actualidad se dificulta y los
jueces tienen que hacer un verdadero equilibrio de coordinación a veces
internacional, se lo puede facilitar dentro de esa visión global, una en
cooperación con las administraciones que intervienen y otra, como es
lógico, con el Ministerio del Interior, con una policía autónoma también,
como es la Ertzaintza, y con las policías locales que puedan intervenir.

Pero dentro del marco de cooperación de las fuerzas de seguridad, podemos
tener una visión global de todo el problema, podemos actuar en la medida
en que creamos que se pueda incidir. De esa forma la visión es global.

Nunca se ha ajustado una Administración a los objetivos como ésta,
primero se fijaron los objetivos y lo que son medios se han estructurado
con la misma ordenación que está en las propuestas de la Comisión.

Por tanto, señoría, tengo que discrepar, no solamente por mi pasado que
podría orientarse de carácter represivo porque he pasado por toda la
Administración del Estado, desde corporación local, Cultura... Si hay que
añadir los tintes personales le podría enumerar algunos más lúdicos
también, pero no es el caso. El caso es el que aquí nos trae y el que
concretamente nos da el Plan Nacional de la Droga.

Estoy totalmente de acuerdo en que hay que aumentar, intensificar lo que
serían los acuerdos para vigilar los llamados precursores, pero hay que
hacerlo en un ámbito internacional. De ahí precisamente la plataforma que
tiene el Ministerio del Interior dentro de los marcos de Europol para
poder trabajar en ese campo porque ahí es fundamentalmente donde hay que
incidir, así como los acuerdos de Schengen. Al final está todo
interrelacionado,



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por tanto me parece que ha sido la adscripción justa de fijación de
objetivos y medios y, naturalmente, va a redundar en la medida que
empiece a funcionar toda la coordinación que acabamos de establecer, que
puede estar en un mes o mes y medio, tiene que abundar en una agilización
de temas que ahora ofrecen mayor dificultad.

Yo rechazaría esa velada acusación de criminalización del Plan porque si
la base de referencia era el pasado represor del actual titular de
Interior, también he pasado por un departamento de cultura.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra don Josep Maria
Bertrán.




El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Asunción, Ministro del
Interior, la comparecencia ante esta Comisión mixta, y sobre todo
agradecerle su exposición porque me va a permitir ser muy concreto, ya
que entiendo que ha contestado a muchas de las cuestiones que para
nuestro Grupo eran fundamentales.

Por tanto, esta intervención como portavoz de Convergència i Unió va a
limitarse a plantearle, señor Ministro, dos cuestiones que nos
interesaría que contestara. En cuanto a la primera, es evidente que
nosotros entendemos que la actual cooperación en esta materia de las
drogas ha funcionado bien, creemos que funciona bien ahora y estamos
seguros de que continuará funcionando bien porque vamos todos como en
punta de lanza hacia un objetivo común y nadie discute la voluntad de los
objetivos que pretendemos, aunque, por supuesto, tampoco nadie discute
que deberían dedicarse mayores recursos; la cuestión es de dónde se
sacan. Lo que sí queríamos plantear es que nosotros pensamos que en este
momento las Comunidades Autónomas tienen competencia en la prevención, en
la asistencia, en la rehabilitación y en la reinserción de las víctimas
del problema. Y la Administración del Estado continúa teniendo la
competencia en la represión de los delincuentes, de los narcotraficantes.

Nosotros estimamos que hasta cierto punto podría ser buena esta situación
porque, precisamente, cuando todo el mundo tiene claro qué competencias
tiene que desarrollar, la buena cooperación entre las instituciones y las
administraciones hace que a veces los objetivos que se pretendan sean más
fáciles de conseguir, aunque no sea en su totalidad, sí en aquellos
aspectos más relevantes.

Por tanto, si me lo permite ahora le voy a hacer una pequeña confesión:
en nuestro Grupo no nos preocupa en absoluto que el Plan Nacional contra
la Droga haya sido adscrito al Ministerio del Interior. Nosotros nos
habíamos preocupado antes, cuando había sido nombrado delegado el señor
Garzón. Y es una preocupación que ahora en este momento ya no tenemos.

¿Por qué nos preocupaba? Porque sospechábamos que el buen oficio del
señor Garzón podría propiciar una tendencia a aumentar los esfuerzos en
la represión y dejar un poco de lado estos aspectos de prevención,
asistencia, rehabilitación y reinserción. O dicho de otra manera, podría
aumentarse mucho los esfuerzos respecto a los delincuentes, que ya es muy
bueno y en lo que todos estamos de acuerdo, pero dentro de un mismo plan
el otro grave problema que son las víctimas podría quedar un poco
desasistido.

Nosotros celebramos que en este momento esta incógnita nos haya quedado
bastante despejada, sin embargo deberemos ir vigilando este proceso de
cooperación entre todas la instituciones en la resolución de estos
problemas de la droga y, por suspuesto, celebramos que la Administración
haga caso de una comisión como esta Comisión mixta, porque es bueno que
los esfuerzos que se están realizando sean tenidos en cuenta para que
tenga una relación con la efectividad de las medidas que la
Administración aplica.

Señor Ministro, la segunda cuestión se refiere básicamente a las
dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Vigilancia
Aduanera. Usted se ha referido antes, y es verdad, a que España se ha
comprometido a través del Acuerdo de Schengen ya no sólo a dar desde
dentro de nuestras fronteras unas garantías, sino que ahora en nuestros
límites también debemos garantizar la seguridad a nueve Estados miembros
que son los que firmaron el Acuerdo de Schengen. Por tanto, nuestro Grupo
considera que en la práctica esto debería significar mayores esfuerzos de
control y vigilancia en toda la frontera de nuestro país, porque en
realidad este compromiso ya no sólo es respecto al interior de nuestro
país, sino también es un compromiso compartido con los ocho restantes
Estados miembros que firmaron el Acuerdo de Schengen. Y en este sentido,
señor Ministro, mi pregunta es si es cierto que en España
desgraciadamente se ha tomado como un lugar de paso, y no precisamente
turístico, para la ruta afgana, la turca, la marroquí, la colombiana; y
de dónde vamos a sacar los recursos para que este control y este
compromiso que hemos adquirido a través del Acuerdo de Schengen para
hacer un efectivo control del narcotráfico tanto de nuestro litoral como
de nuestras zonas de vigilancia aduanera, ya que en esta época de crisis
--usted también se ha referido a ello-- parece que hay una
contraposición. Usted ha hablado de unas cifras de recursos, esto creo
que es importante, pero quizá, señor Ministro, con el compromiso que se
ha adquirido, nos gustaría que nos diese su opinión respecto a cómo ve
este tema que para nosotros es de capital importancia.

Para terminar, señor Presidente, quiero agradecer al señor Ministro muy
sinceramente que al referirse a los decomisos del año 1993 lo haya hecho
exclusivamente al número de kilogramos de las distintas drogas
aprehendidas y no haya incurrido en la tentación de trasladarlo al dinero
que esto hubiera supuesto en el mercado negro. Señor Ministro, creemos
que es muy de agradecer su intervención porque tanto las autoridades de
fuerzas armadas como políticas, cuando con buena fe dan estas
informaciones de alguna manera podrían estar fomentando mentalidades
perversas que están a la espera de



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tener noticias de cómo hacer dinero de una manera rápida.

Por tanto, señor Ministro, muchas gracias por su intervención y esperamos
su contestación a estas cuestiones que hemos formulado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.

Para responderle tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR: (Asunción Hernández): Muchas gracias,
señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer su intervención en el fondo y en el
tono y en la medida en que parece que estamos de acuerdo en aspectos
básicos y que hay una información que su señoría me solicita.

Empezaré por el final para llegar al primer punto. En la política de
fronteras los Acuerdos de Schengen en realidad lo que hacen es
reafirmarnos a todos en unos compromisos que deberíamos de cumplir
estuviésemos o no en Schengen, porque nosotros deberíamos de impedir que
fundamentalmente nuestras costas pudieran servir como tránsito a
cualquier droga o estupefaciente, estuviéramos o no en Schengen. Porque
naturalmente eso significaría que estarían invadiendo el territorio y
pudiera distribuirse. Por tanto, en realidad los Acuerdos no hacen
incrementar las partidas, sino que lo que hacen es reafirmar una
voluntad, coordinar una política de fronteras que en nuestro caso podemos
potenciar más hacia el litoral, como es lógico, ya que Portugal tiene el
mismo compromiso respecto a su litoral y la península queda entonces
enmarcada con Portugal y España. Igualmente Francia tiene que reforzar el
control por las fronteras que pueda tener en el litoral e interiores. En
las interiores se ha de hacer con controles móviles, que es otro esquema
de funcionamiento, pero los otros controles no se abandonan; lo que no se
va a tener es el control de aduana, pero el control móvil sí, que es ya
la experiencia con Francia y que ya se ha puesto en marcha con Portugal,
donde incluso existen ya comisarías mixtas y centros de investigación
conjuntos, con funcionarios de uno y otro país tanto en la frontera con
Portugal como en la frontera con Francia. Pero nuestro cierre es el
litoral donde tenemos que ocuparnos de que sea impermeable.

Al mismo tiempo, está el control internacional de las rutas. La
imaginación del narcotraficante es amplísima en la medida en que puede
diseñar rutas alternativas incluso atravesando toda Africa.

Por tanto, aquí la cooperación con los diferentes organismos de
inteligencia de otro países es fundamental. En estos temas la cooperación
es imprescindible a todos los niveles, va interrelacionado el tráfico
interno con el internacional.

En cuanto a las medidas preventivas es una reafirmación de estas medidas,
con el respeto a lo que hemos configurado en la parte administrativa de
las competencias del Estado de las Autonomías. Por tanto, hay fórmulas,
como las que antes explicaba, que podrían ser mucho más finalistas, si en
Presupuestos se fijara así. Sin embargo, se deja un amplio margen,
prácticamente se da el dinero, con arreglo a unas variables que producen
una justa redistribución, una especie de consejo de política fiscal de la
droga para redistribuir las pesetas a las Comunidades. Pero, respecto a
las políticas, después también existe autonomía de aplicación. Eso
depende, naturalmente, del criterio en este caso del legislador que
aprueba las Leyes de Presupuestos y que puede dejar ese margen a las
Comunidades Autónomas o hipotecar más la parte finalista.

No obstante, éste es un tema que creo que escapa ahora a lo que sería la
discusión de esta Comisión. Es un tema que se puede dejar ahí y llevar un
seguimiento sobre la ejecución Comunidad por Comunidad, otra de las
cuestiones que podría incentivar el hecho de que Comunidades que no lo
tienen como una gran prioridad tuvieran que rendir cuentas de las pesetas
que de los Presupuestos del Estado se están transfiriendo y, por tanto,
tendría que haber una coordinación, que hecha desde los ayuntamientos por
el Gobierno también se tacharía entonces de invasión de competencias. Por
tanto, creo que en este equilibrio, globalmente, funciona muy bien. Se
puede mejorar, sin duda, y ése es uno de los trabajos que habrá que
continuar, pero quiero tranquilizar a sus señorías respecto a que la
parte preventiva, la parte asistencial, la parte sanitaria no se va a
descuidar, sino que se ha mantenido y ha sido siempre el primer bloque
que el Plan ha tenido como objetivo y que se ha visto necesario
implementar, dado que se trataba de coger el guión establecido por la
propia Comisión en el año 1991.

Nada más. Creo que he contestado a sus preguntas. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro,.

Por el Grupo...




El señor VAZQUEZ ROMERO: Concédame diez segundos, señor Presidente, sin
abrir ninguna polémica.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.




El señor VAZQUEZ ROMERO: Conforme estoy pensándolo me preocupa más una
cosa que se ha dicho. Al final de su intervención el señor Asunción ha
dicho que quizás le haya acusado de pasado represivo. En ningún caso;
estaba hablando de cómo el trabajo de una determinada área puede agilizar
las preferencias a ese área. En ningún caso su actuación como alto
funcionario de una administración democrática significa que tenga ningún
tipo de pasado represivo. Lo digo porque me preocupaba --conforme lo
estoy pensando-- que quedara constancia de ello, sin aclaración, en el
acta de esta Comisión.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Creo que ha aprovechado usted la bondad y debilidad
de este Presidente para con usted y su Grupo.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.




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Con cierto retraso sobre la previsión de horario que había hecho el
Presidente y que hago notar, para que quede constancia de que no es el
portavoz del Grupo Popular el que causa estos retrasos y, por tanto,
quiero decir que haya también la suficiente flexibilidad con el mismo,
intentaré explicar nuestra posición y lo que, a nuestro juicio, merece la
valoración del Ministro esta tarde aquí.

En primer lugar, permítame recordar, señor Ministro, que esta
comparecencia estaba concebida para que compareciera el titular del
Ministerio del Interior, en términos generales, que estaba previsto que
fuera su antecesor. Entre tanto se ha producido la dimisión del señor
Corcuera y su presencia hoy aquí se debe a que dicha comparecencia estaba
concebida para rendir cuentas específicamente de los contenidos del Plan.

Con esto no es que quiera empezar siendo descortés, no es que no esté
satisfecho de su presencia en esta Comisión; evidentemente, se introducen
elementos nuevos sobre la previsión inicial de comparecencia y usted
mismo, con su intervención, nos ha dado pie para poder entrar en esta
materia. Por tanto, resulta difícil en la intervención centrarse
exclusivamente en los términos de valoración del Plan y es necesario
introducirse en las nuevas directrices o contenidos del Plan, es decir,
lo que son previsiones y proyectos.

La primera duda que me asalta --y supongo que como a muchos españoles--
es cuál es la razón por la que, con esa claridad con la que usted ve en
este momento y dice que ha visto el Gobierno la necesidad de adscribir el
Plan Nacional de Lucha contra las Drogas al Ministerio del Interior, no
se vio también cuatro meses antes. Si usted dice que en este momento se
sigue de la A a la Z los contenidos de la Comisión Mixta, es una pena que
ustedes lo hayan visto con tanto retraso, porque el informe es del año
1991, este Plan estaba adscrito al Ministerio de Sanidad y después, nada
más iniciarse esta Legislatura, se adscribió al Ministerio de Asuntos
Sociales. Por cierto, que hay que agradecer a la señora Ministra de
Asuntos Sociales el encomiable esfuerzo con el que explicó en el
Congreso, a una pregunta de este mismo Diputado, las bondades por las que
estaba adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales y la claridad con la
que se veía que tenía que ser así, para tan solamente cuatro meses
después recibir de su propia expresión la claridad con la que desde el
primer momento se debía haber visto que tenía que estar adscrito al
Ministerio del Interior. Por tanto, es una pregunta que me hago como
simple espectador y como político, es decir, por qué esa falta de
claridad de cuatro meses antes.

Por otra parte, señor Ministro, la pregunta puede formularse a la
inversa: ¿Hubiera habido otra razón, de no ser usted el titular, para
adscribir el Plan al Ministerio del Interior? ¿Si el señor Corcuera
siguiera siendo Ministro del Interior, se hubiera adscrito el Plan
Nacional contra la Droga al Ministerio del Interior? ¿Si no fuese el
señor Garzón el Delegado Nacional de la Lucha contra la Droga, se hubiera
adscrito al Ministerio del Interior? Demasiadas incógnitas que me parece
que tienen una sola contestación. No dudo de la eficacia de tener un Plan
basado en esos tres pilares, prevención, asistencia y represión --ese es
el mensaje que ha dado esta Comisión y ese es el mensaje que debe ponerse
en práctica--, pero sí dudo de la finalidad con la que se va a hacer y,
sobre todo, sí tenemos muchas dudas de que esta decisión no haya estado
muy vinculada a las personas que ocupan la Delegación del Plan y, en este
caso, han ocupado u ocupan el Ministerio del Interior.

Por otra parte, señor Ministro, usted ha hecho una valoración que no diré
triunfalista pero sí de autosatisfacción del Gobierno en cuanto al
cumplimiento de las directrices de la Comisión. Y lo ha hecho en
términos, primero, de seguimiento literal de lo que la Comisión expresó
y, segundo, de cumplimiento de objetivos.

Le tengo que decir que a nuestro Grupo le parece, como creo que le parece
a una inmensa mayoría de los españoles --que, por cierto, está reflejado
así en la propia Memoria del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas del
año 1992--, que hay una percepción altísima en los españoles, que se
cifra en torno al 70 por ciento, de que no estamos precisamente siendo lo
suficientemente activos y eficaces, lo que se traduce en un alto grado de
falta de confianza en la política que se está siguiendo de lucha contra
la droga. Es una encuesta perteneciente al Plan Nacional, está reflejada
en la Memoria y el propio Delegado del Gobierno, señor Garzón, nos la
leyó en esta Comisión.

Por tanto, me da la sensación de que cuando tantos españoles no están
convencidos de que la política seguida es la más eficaz, de que se está
siendo lo suficientes activos y se está poniendo la suficiente carga en
el tema es que algo de razón debe haber en la cuestión. Puedo aceptarle
que en un tema de tan delicada transcendencia puede haber una carga de
susceptibilidad, pero creo que es un porcentaje demasiado alto como para
que tantos españoles lo perciban de forma equivocada.

Con esto quiero decir que cuando se refleja en papel lo que ustedes nos
han dado aquí, este papelito sobre objetivos y cumplimientos, como tantas
veces se dice, el papel lo aguanta todo. Por ejemplo, cuando se dice que
se han incrementado las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía,
eso está muy bien, pero después uno tiene otra sensación cuando camina
por determinados barrios de determinadas ciudades, o cuando escucha
determinadas situaciones de determinados polos conflictivos de nuestro
país. Usted ha mencionado el Plan Sur. Pregúntele usted, por ejemplo, a
los señores que viven en La Línea o en Algeciras si en este momento
realmente se percibe el mencionado Plan Sur. O pregunten ustedes en un
radio, por ejemplo, de 500 ó 600 metros saliendo de esta misma Casa, es
decir, en barrios de este entorno, si realmente ha mejorado la situación
y perciben la presencia policial con la suficiente eficacia. Mucho me
temo que no es así y, por tanto, eso es lo que hay que analizar, es
decir, por qué esto no ha sido así y qué es lo que se puede hacer para
que pueda mejorarse la eficacia de los servicios policiales y, en
general, del Plan Nacional de Lucha contra la Droga, que es, por cierto,
lo que nos ocupa en este momento.




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Por lo que respecta a lo que usted ha dicho sobre el cumplimiento de los
objetivos, la parte legislativa, por supuesto que tengo que decirle y
empiezo afirmando que nuestro Grupo se alegra extraordinariamente de la
parte que ha sido cumplida; tanto se alegra que ha sido motor en muchos
casos, a través de proposiciones no de Ley y de otro tipo de iniciativas,
de que esto se llevara a cabo. Pero tengo que decir que se ha hecho con
mucho retraso y usted lo sabe bien, señor Ministro, es decir, sabe que la
Ley de blanqueo ha entrado con más de un año de retraso en nuestro
ordenamiento jurídico, un grave retraso para una Ley tan importante como
ésta. Hay otros asuntos, como el tema de los precursores que está sin
desarrollar, o como la Ley del Fondo o el propio Código Penal que por los
asuntos de la disolución de la legislatura todavía está en este momento
en estos términos.

Yo, por tanto, creo que si es cierto que se han dado pasos en el
cumplimiento de la legislación, se han dado con mucho retraso y de forma
notablemente incompleta.

En cuanto a lo que son medidas, que se llaman aquí «otras medidas»,
fundamentalmente de dotación a los Cuerpos de Seguridad del Estado, que
es lo más importante, el Plan Sur, yo no voy a entrar en análisis de esos
datos que usted nos ha dado como si se ha aumentado 300 ó 400 números o
efectivos de la policía o de la Guardia Civil. Lo que es evidente es que
no son suficientes, eso también usted lo sabe, y por tanto probablemente
usted también me diría que efectivamente no son suficientes; entonces,
como estamos de acuerdo, lo que hace falta es ver cómo se pueden mejorar
esos recursos, cómo se puede mejorar su eficacia y cómo podemos hacer
realmente que las leyes que aprobamos puedan ser eficaces en la medida
que tengan recursos. La Ley de Blanqueo de Capitales en sí misma no es
nada más que un instrumento jurídico, si detrás de esa Ley de lucha
contra el blanqueo de capitales, de Prevención del blanqueo de capitales
no hay unos instrumentos del Estado, es decir suficientes, como para
hacer efectiva esa ley.

Usted nos ha hablado, por ejemplo, de los servicios de la Guardia Civil,
pero como estamos también, insisto, pasando revista y haciendo balance,
nadie puede olvidarse, y ha sido un tema que como usted bien conoce ha
sido tratado con excelente y exquisita prudencia por, creo, todos los
Grupos de esta Cámara. En este período de tiempo, por ejemplo, se
desmanteló los servicios de la Guardia Civil de lucha contra el tráfico,
porque hubo problema judicial importante, y todavía nunca hemos recibido
una explicación lo suficientemente clara de cómo afectó y cómo está
afectando al desmantelamiento de esos servicios a la eficacia. Porque
parece lógico pensar que un servicio desmantelado y hasta que se vuelve a
montar con el personal preparado y eficaz, tiene que haber tenido una
repercusión indiscutible en los servicios que venía desarrollando ese
servicio, valga la redundancia. Por tanto, no hemos recibido una
explicación lo suficientemente clara de cómo va a quedar, cuál fue su
repercusión, qué es lo que realmente en este momento va a pasar con esos
nuevos servicios que han sido instalados.

Por tanto, cuando usted dice que se ha adscrito a la Policía Judicial, se
ha adscrito a la Fiscalía Especial una unidad, en la propia memoria del
Fiscal Especial, como usted bien sabe, una vez más este año se vuelve a
denunciar que se carece de los medios suficientes. Por tanto, insisto,
está bien. Yo siento que es un esfuerzo que se hace de darle medios, pero
cuando el propio Fiscal Especial vuelve a denunciar en su memoria la
falta de medios suficientes, a mí me parece que la Fiscalía no puede ser
sin más una coartada, no puede ser una forma de tranquilizar nuestras
conciencias, sino que tiene que ser un instrumento eficaz de lucha contra
la droga.

Notables y conocidos jueces, como el señor Bueren, acaban de hacer de
nuevo declaraciones --como hacía antes el señor Garzón cuando no era
responsable de estos temas sino Juez de la Audiencia Nacional-- en el
sentido de que con tan sólo los medios de que en este momento se dispone
no se puede ser eficaz en la lucha contra la droga. Lo acaba de decir
hace solamente dos meses, como, insisto, lo dijo en su momento el señor
Garzón. Por tanto, a mí me parece que en cuanto a medios materiales,
medios humanos, medios económicos, francamente estamos muy lejos de
considerarnos en un punto de partida eficaz para poder luchar contra este
enorme movimiento de capitales, de organización y de criminalidad que
está detrás del mundo de las drogas.

Como usted ha mezclado, como no podía ser de otra forma, valoración con
proyectos actuales, con objetivos, también me voy a tener que introducir
por este camino. Usted ha puesto algunos ejemplos de la eficacia o de lo
que se está haciendo en la lucha contra las drogas una vez más
centrándose en los decomisos de drogas.

Creo que ha quedado meridianamente claro, no solamente por ya la
experiencia de este tipo de datos en estas Comisiones, sino también por
lo que nos aportan los organismos internacionales, que las aprehensiones
de droga no son elemento lo suficiente claro o al menos no son en
exclusiva un elemento lo suficiente claro como para determinar la
eficacia de la lucha contra estas organizaciones. Son un elemento que nos
aproxima al volumen de droga circulante por nuestro país. Lo veníamos
diciendo en esta Comisión, y por primera vez lo ha dicho un Delegado
Nacional del Plan contra las Drogas; el señor Garzón ha reconocido por
primera vez, como lo venían diciendo los organismos internacionales, que
en el mejor de los casos estamos decomisando entre un diez y un veinte
por ciento de la droga que circula. Por tanto, si eso es así, es muy
fácil hacer una proyección de la droga circulante, y también hacer una
estimación de lo que significa eso en términos de consumo y en términos
de impacto económico sobre nuestro país. Como tantas veces hemos dicho,
eso lo único que nos lleva a pensar es que nuestro país sigue siendo
desgraciadamente un país de tránsito para muchas de estas drogas, en un
gran volumen, y también de destino. Y cuando vemos que se mantiene
prácticamente igual cada uno de estos elementos, como heroína, cocaína,
aumento importante de hachís y aumento importante de drogas sintéticas,
nos hace pensar que la cosa no va lo suficientemente bien. Y si al mismo
tiempo valoramos el número de detenidos, lo que



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esto supone sobre la seguridad ciudadana, insisto, nos hace pensar que
las cosas no van lo suficientemente bien.

La coordinación con las Comunidades Autónomas: Creo que hay que recordar,
señor Ministro, que el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, si no
fuera por las Comunidades Autónomas, o por lo menos hasta ahora con las
competencias que tradicionalmente tenía, es decir, sin las competencias
que ahora tiene a través del Ministerio del Interior, no sería
prácticamente nada. El Plan Nacional de lucha contra la Droga
fundamentalmente es un plan de coordinación de las acciones de las
diferentes Comunidades Autónomas; es decir, hay unos recursos, hay unos
programas, pero ejecutan en gran medida estos programas y estas
coordinaciones a través de los propios programas de las Comunidades
Autónomas. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Pues que hay que darle
la suficiente importancia a las Comunidades Autónomas, que hasta ahora
por lo menos se le habían dado, y creo que había funcionado prudentemente
bien, y hay que pensar que hay que ayudar a las Comunidades Autónomas
también a que puedan ejecutar estos programas.

Tengo entendido, y quizás el señor Ministro nos podría informar algo más
sobre este tema, que en la última reunión de coordinación autonómica se
han producido determinados malestares con las Comunidades Autónomas que
por cierto no se habían producido nunca hasta este momento, incluso con
la anécdota de que por primera vez se han votado determinadas decisiones,
incluso de carácter más o menos anecdótico, pero que se han votado por
primera vez, cosa que no había pasado hasta la fecha, y que me da la
sensación de que hay un determinado malestar entre los coordinadores de
algunos planes autonómicos por percibir una falta de explicación de
objetivos y claridad y una falta de colaboración con el Plan. Insisto que
hasta la fecha no se había producido y que creo que sería malo que se
cortara esa dinámica de colaboración.

Usted ha mencionado un aspecto que quiero comentarle y que comparto con
usted. Creo que es importante la labor de la coordinación con los grandes
y numerosos municipios de nuestro país que están también desarrollando
acciones específicas de lucha contra las drogas. Son fundamentalmente a
través de los planes autonómicos como se hacen estos programas de
colaboración, pero no hay que olvidar que el Plan Nacional hizo alguna
excepción en algún caso como fue, por ejemplo, el Ayuntamiento de
Barcelona que tuvo algún programa directo de colaboración desde el Plan
Nacional de Lucha contra las Drogas.

Quiero aprovechar, por ejemplo, para sacar el caso del Ayuntamiento de
Madrid, en donde tiene un plan municipal propio al que destina más de
1.400 millones de pesetas y que no recibe ni un solo duro de su Comunidad
Autónoma pertinente. Yo creo que cuando el Plan Nacional tiene
colaboración con esa Comunidad Autónoma y está de alguna manera siendo
castigado un ayuntamiento tan importante como el de Madrid por parte del
llamado e inexistente plan autonómico de Madrid, el Plan Nacional tiene
también que tener los mecanismos suficientes como para que los ciudadanos
de Madrid no sientan de alguna manera, por extrañas circunstancias que
todavía no atino a comprender, un menoscabo en las funciones de las que
necesitarían sentirse beneficiados.

Por tanto, creo que el Plan Nacional también tiene que velar por el
correcto cumplimiento de los objetivos que determinadas Comunidades
Autónomas pueden hacer, y en ese sentido coordinar adecuadamente los
niveles municipales y autonómicos.

Nos ha dado usted la cifra que le pedimos al Delegado en la anterior
comparecencia sobre los expedientes que se han hecho con motivo de la Ley
de Seguridad Ciudadana en diferentes criterios y también las sanciones
que se han puesto, pero no nos ha dicho usted, y es una pregunta concreta
que le hago, cuántas de estas 30.000 sanciones que usted nos anuncia, por
ejemplo, se han hecho efectivas, y cuántos tratamientos alternativos se
han puesto como suspensión de esas sanciones, y cuántos se han cumplido.

Me gustaría conocer, como complemento a esta información, si usted
considera que se dispone en estos momentos de los suficientes centros o
plazas para poder desarrollar coherentemente estos tratamientos
alternativos o suspensiones de sanciones que se están poniendo y qué
previsión hace usted para que se pueda desarrollar lo que llamamos
tratamientos alternativos o penas alternativas en lo que a esto se
refiere.

En cuanto a los bienes que se decomisan, a una pregunta formulada a este
respecto al Delegado en la última Comisión, se nos contestó
aproximadamente, sumando diferentes criterios, que estábamos hablando de
unos 2.000 millones de pesetas no sólo en dinero sino también en bienes
tangibles que habían sido decomisados el año anterior, pero hemos visto
con sorpresa que solamente se contemplan 25 millones de pesetas de un
crédito ampliable en los presupuestos generales del Estado. Como todo el
mundo conoce, entre todos los grupos hemos acordado la posibilidad de que
los bienes decomisados en relación con los narcotraficantes puedan ser
destinados a la lucha contra el narcotráfico en sus vertientes de
prevención, de asistencia, etcétera. Si los datos que nos facilitó el
Delegado se referían a una cifra aproximada a los 2.000 millones de
pesetas y solamente hemos visto contemplados en los presupuestos 25
millones, nos parece que podría hacerse un mayor esfuerzo para mejorar
unos presupuestos de por sí bastante escasos. Como sabe el señor
Ministro, ya tuvimos ocasión durante el anterior período de sesiones de
debatir en profundidad los presupuestos y conoce, por tanto, cuál es
nuestra opinión. Para nosotros son unos presupuestos escasos, es un año
malo desde el punto de vista presupuestario, pero es evidente que se ha
establecido un aumento de gastos vinculados a la nueva Secretaría de
Estado, aumento que, al menos hasta la fecha, nos parece absolutamente
injustificado debido a la falta de competencias.

Usted nos ha dado la cifra de la cantidad que se destina a las
organizaciones no gubernamentales pero sin darnos toda la información
--permítame que le haga esta reflexión de la forma más suave posible--.

Usted nos ha dado



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la información del último año pero no nos ha hablado, por ejemplo, del
recorte que sufrieron las organizaciones no gubernamentales en 1991. Por
tanto, nos ha hablado de un aumento referido a este último ejercicio,
pero hay que decir que en 1991 fueron recortadas las subvenciones a las
organizaciones no gubernamentales por lo que, en términos reales, el
aumento ha sido muy escaso ya que --insisto-- se había recortado
previamente ese concepto presupuestario a dichas organizaciones.

En cuanto a un tema que usted conoce bien, el de Instituciones
Penitenciarias, podemos utilizar todos los matices semánticos que usted
quiera, y sobre esto mismo ya he discutido en más de una ocasión con
delegados del Plan. Usted ha dicho que todos los internos se ponen en
contacto con un programa básico de información, pero en cuanto a eso,
señor Ministro, que dicho así resulta muy rimbombante y que parece una
cosas muy profunda --supongo que usted se refiere al contacto con el
SURI--, tengo que decir que en realidad es solamente una captación de
datos por parte del equipo y, en todo caso, una orientación, pero en
ningún caso puede entenderse como un programa de atención a
drogodependientes, y usted lo sabe muy bien, señor Ministro.

Usted ha dado unos datos que, lógicamente, coinciden con los de la
Memoria. Usted dice que 5.400 reclusos han hecho programas de
información-motivación, pero esos 5.400 representan el 13 por ciento
sobre el total de los reclusos en cuanto a información-motivación que no
en cuanto a rehabilitación. Y ha dado un dato, que también se recoge en
la Memoria, sobre 2.900 reclusos en programas de rehabilitación, es
decir, el 7,25 por ciento. Pues bien, por decirlo más claramente, sólo el
7,25 de reclusos ha seguido un programa de rehabilitación. Lo demás podrá
adornarse con bonitas palabras referidas a programas de información o de
motivación, pero no dejan de ser poco más que una charla, una
orientación, un folleto distribuido, un «kit» sanitario, y todo ello no
puede ser entendido seriamente como un programa de rehabilitación. Por
tanto, la única verdad es que el 7,25 por ciento de los internos son los
que pueden seguir en este momento programas de tratamiento. Además, usted
sabe muy bien que no todos los centros penitenciarios tienen unidades
especializadas de tratamiento, señor Ministro, y es que no pueden
considerarse esos programas como terapéuticos.

En más de una ocasión ya he expresado lo que nuestro Grupo piensa a este
respecto. A excepción de Cataluña, señor Ministro, las competencias en
instituciones penitenciarias las tiene el Estado; por tanto, es al Estado
al que compete poner en marcha esos centros y esos programas. Eso no
puede dejarse, como usted dice, a la sensibilidad de las Comunidades
Autónomas puesto que no es competencia de las mismas. Nos parece muy bien
que se busque su colaboración y que participen en esos programas, pero
debería ser en todo caso garantizado por Instituciones Penitenciarias el
que una persona, que está privada de libertad pero que tiene un problema
de dependencia con las drogas, pudiera seguir un programa de
rehabilitación, un programa de tratamiento mediante los suficientes
programas homologados en esas Comunidades Autónomas, pero la verdad es
que no los hay.

Como usted no ha querido poner ejemplos de Comunidades Autónomas yo
tampoco los pondré, pero, como usted bien sabe, yo formé parte de una
Comisión parlamentaria que visitó algunas prisiones --Comisión que en
principio era de mi propio Partido y que fue interrumpida bruscamente
después de haber visitado algunas unidades penitenciarias-- en las que,
sin lugar a dudas, no existían esas unidades de tratamiento --y le puedo
citar algunas-- porque se nos dijo simplemente que la Comunidad Autónoma
de turno no estaba lo suficientemente motivada y sensibilizada para
llevar a cabo dichas unidades. En todo caso, creo que no es cuestión de
discutir, sino de que se cumplan las garantías. Es Instituciones
Penitenciarias quien tiene que hacerlo y esos programas deben ponerse en
marcha. Una vez más le digo que estar privado de libertad no significa
estar privado del derecho a la salud. Creo que en nuestro país el
altísimo grado de personas dependientes de las drogas que están en
prisiones haría necesaria, sin lugar a dudas, una mayor atención a este
tema.

Usted ha dicho muy de pasada, y yo tampoco quiero dejarlo de decir,
aunque lo voy a hacer también muy de pasada, que estas cinco mil y pico
personas que entran en contacto con estos servicios de información no
significa que sigan siendo drogodependientes cuando están en la cárcel.

No me voy a atrever a decir, porque lo desconozco, en cuánto podemos
cifrar en este momento el consumo de droga en las cárceles españolas,
pero si con su afirmación lo que ha pretendido decir es que en las
prisiones españolas no se consume droga, señor Ministro, tengo que
decirle que eso es voluntarismo. Sin lugar a dudas estará en su deseo que
así sea, pero usted bien sabe que la realidad es muy distinta, es tan
distinta como que todo el mundo sabe que se consume droga en las
prisiones españolas y que hay incluso compra-venta de jeringuillas con
las que poderse inyectar. Es una realidad que está, desgraciadamente, al
alcance de bastante gente. ¿Cómo se mejoran estos servicios? No hay duda
de que esto es difícil, pero es una evidencia manifiesta que en las
prisiones españolas se sigue consumiendo droga.




El señor PRESIDENTE: Señor Robles, le ruego concluya lo antes posible.




El señor ROBLES OROZCO: Voy a concluir inmediatamente, señor Presidente.

No obstante, le rogué al principio de mi intervención una cierta
flexibilidad habida cuenta que habíamos calculado un tiempo sobre la base
de la intervención del señor Ministro, intervención que ha sido mucho más
amplia de lo previsto. Por tanto, para poder contestar a la amplia
información que nos ha proporcionado el señor Ministro, tiene que haber
también una mayor amplitud en la respuesta.




El señor PRESIDENTE: Señor Robles, concluya simplemente cuando pueda.




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El señor ROBLES OROZCO: Termino ya de verdad.

Uno de los temas que también ha abordado el señor Ministro ha sido el del
cumplimiento de determinados proyectos que estaban anunciados. Nos ha
citado, como una de las cosas que se van a poner en marcha, un programa
del Insalud. No se lo tome a mal, señor Ministro, pero tengo que decir
que es ya la cuarta o quinta vez que en esta Comisión escuchamos al
responsable político de turno anunciándonos la puesta en marcha de ese
programa del Insalud, y lo saben muy bien, por cierto, los responsables
del Plan Nacional sobre la Droga, que conocen perfectamente que no se ha
puesto en marcha ese programa del Insalud que ya nos fue anunciado
incluso por el señor Solans en su momento. Fíjese, por tanto, lo que ha
llovido desde entonces. Insisto en que el papel y las afirmaciones lo
aguantan todo, e insisto en que, sin lugar a dudas, la voluntad por su
parte está fuera de toda duda, pero lo cierto es que llevamos ya algunos
años escuchando programas que se nos siguen anunciando como proyectos
inmediatos y novedosos en cuatro comparecencias sin que se haya puesto en
marcha ninguno de ellos. Por tanto, en cuanto al programa del Insalud,
que no es nuevo, todos desearíamos que en vez de que se nos vuelva a
contar, nos den cuenta de que ha sido puesto en marcha.

En cuanto a las sanciones a los bares, a los «pubs» y a los sitios donde
se permite la droga alcohol, de lo que nos alegramos, quiero manifestarle
al menos una preocupación.

Nosotros hemos presentado algunas iniciativas en el sentido de cumplir la
legislación y la normativa que permita no sólo un mayor control del
alcohol que consumen los menores, sino también de los establecimientos
donde se permite determinado consumo y venta de estupefacientes, de
drogas.

Hemos visto que cuando surge la preocupación social --cuando surge la
ruta del bacalao, cuando ocurren las muertes de jóvenes en carretera por
el alcohol-- se ponen en marcha dispositivos policiales y se imponen
sanciones. Pero mi inquietud reside en saber qué plan tiene previsto,
señor Ministro, para que esto no sea una acción coyuntural que responda a
los estímulos de la inquietud social, sino que un asunto tan importante
como la concienciación de la prevención del consumo de alcohol en menores
o como la tolerancia de determinada venta de estupefacientes en algunos
centros pueda hacerse de forma sistemática y constante, que no tengamos
que ir a ciudades españolas, como ha ocurrido recientemente, y comprobar
cómo cerca de la comisaría de la ciudad de turno un determinado bar
permite que en la calle haya decenas de jóvenes consumiendo litronas con
cierta normalidad.

Yo sé que es complejo, que intervienen diferentes niveles, pero creo que
esa acción no puede ser consecuencia de la presión social del momento,
sino que tiene que ser una acción constante. Es decir, si se han
conseguido éxitos, por ejemplo, en la reducción del consumo de tabaco
entre los adolescentes españoles, pienso que lo mismo puede hacerse con
el alcohol en cuanto a cambiar hábitos de consumo, y si se hace de forma
sistemática y constante, probablemente se podrán conseguir éxitos en ese
terreno.

Ahora sí que acabo, señor Presidente, dándole las gracias por su
benevolencia y pidiendo disculpas por lo desordenada que ha sido mi
intervención, que forzosamente ha tenido que ser así por la avalancha de
datos recibida por parte del Ministro, a quien agradezco su información.

Quiero decirle, en todo caso, sea como sea y estando definitivamente
adscrito el Plan nacional al Ministerio del Interior, y esperando que no
se le ocurra a otra persona que puede estar mejor en otro sitio, que
nosotros no nos oponemos --quiero decirlo claramente-- a esa concepción
de lucha en los tres ámbitos, sino que creemos que tenía que haberse
hecho antes. Sabe usted que esta fue una demanda que hicimos en esta
misma Comisión cuando se debatió este asunto. En aquel momento nosotros
pedimos que se adscribiera a la Presidencia del Gobierno porque creíamos
que era el único ámbito en donde de verdad podría garantizarse una
coordinación eficaz entre los diferentes niveles y departamentos de la
Administración. Ojalá que usted tenga más suerte que otros responsables y
pueda hacer eficaces, de verdad, otros aspectos de la lucha contra la
droga, que, a nuestro juicio, son en este momento los más importantes de
todos: prevenir, involucrar a las instituciones educativas de este país y
generar esa cultura de rechazo por la que todos luchamos y que,
desgraciadamente, hasta la fecha no se ha dado.

Insisto una vez más, y al margen de lo que digan los papeles, en que
usted sabe muy bien que se han puesto con mucho retraso en funcionamiento
los materiales escolares, porque los profesores no tienen los incentivos
suficientes y porque el propio Ministerio de Educación no tiene los
recursos necesarios para el reciclaje. En definitiva, por muchas razones,
lo que llamamos educación para la salud sigue siendo todavía un
planteamiento teórico y no práctico y real. Mientras esta educación para
la salud no sea una realidad en la mayoría de los centros escolares del
país y esté impregnada y concienciada la sociedad de la necesidad de
formar para la salud no solamente en los centros educativos, sino también
a través de los medios públicos de comunicación y en todos los sectores,
va a ser muy difícil que consigamos esa cultura de rechazo.

Para conseguir esa cultura de rechazo, que es en el fondo poner en marcha
una política preventiva eficaz, señor Ministro --y cierro ya de verdad mi
intervención--, no puede ser que el presupuesto del Plan Nacional contra
la Droga destine exclusivamente un 17 por ciento a prevención. Yo creo
que hay que invertir los términos. Hay que empezar a pensar más en
presupuestos destinados a prevención y hay que empezar, por tanto, a
invertir en este momento tendencias de recursos para que seamos eficaces
de verdad en la reducción de la demanda.

Muchas gracias, señor Ministro, y espero que pueda contestar a alguna de
las preguntas que le he formulado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Para responder, tiene la palabra el señor Ministro.




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El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias.

Va a ser difícil responder porque hay pocas preguntas. Hay una
descripción, y tengo que reconocer el esfuerzo que le ha supuesto buscar
el aspecto negativo de toda la exposición del Ministro. Sin duda, le ha
tenido que llevar su tiempo buscar todo lo negativo. Trataré de ir
haciendo la reflexión que el titular del Departamento hace a otra
reflexión, que me ha parecido que es lo que se ha hecho aquí.

Si entramos en la primera parte de su exposición, los recursos son para
la fijación de objetivos y, por tanto, las estructuras de los Ministerios
cambian según los objetivos que se les asignan. Si las competencias del
menor en algún momento estuvieron en Justicia, ahora lo están en Asuntos
Sociales y si otras lo estuvieron en un Ministerio, ahora lo están en las
Comunidades Autónomas, pero, a su vez, no llevan miméticamente los
encuadres. Por consiguiente, lo que hay que ver exactamente son los
objetivos y a partir de ellos asignar los recursos.

Después del período de transferencias que se ha tenido y después de unos
informes que elabora el señor Garzón durante unos meses, desde su
incorporación al plan, el Gobierno reflexiona sobre su adscripción y lo
traslada a otro Ministerio, porque entiende que es mejor, sobre la base
de los informes que hace el señor Garzón, que esté ubicado en el
Ministerio del Interior. Ya expliqué antes que recoge prácticamente la
totalidad de las propuestas y me ha parecido deducir que, en el fondo, sí
había acuerdo en cuanto a las materias o todo lo que era la concepción
integral del plan que en estos momentos tiene.

En lo relativo a personas y voluntades, no me gustaría entrar, porque me
parece una falta de delicadeza hablar sobre personas que pueden no estar
aquí ahora. Eso queda en la hipótesis de cada uno. El Gobierno se basa en
unos programas y en unos objetivos, al margen de las personas.

Es lógico que el titular de un departamento haga una valoración positiva
de su trabajo. ¡Cómo no! Ya se ha esforzado usted mucho en buscar toda la
parte negativa. Vamos a ver si aquí conseguimos equilibrarlo y llevarlo a
sus justos términos, porque el trabajo está ahí, aunque, sin duda, haya
muchas cosas que mejorar y que modificar. Eso es lo que se trata de
hacer, pero se tendrá que reconocer también algo positivo, porque me ha
parecido deducir de su exposición que no había nada positivo y que
incluso estábamos inmersos en una sociedad caótica, donde el desastre era
lo generalizado.

Hay que resolver muchas cosas, sin duda, pero me parece que se ha
avanzado muchísimo y no creo que sea una cosa solamente del Gobierno,
sino de las Comunidades Autónomas, las cuales responden a diferentes
signos políticos, y de los ayuntamientos, donde ocurre exactamente igual.

Hay un avance notabilísimo en materia de asistencia y hay sensibilidad.

La prueba es que el Director General que está al frente del plan en la
parte preventiva asistencial es un médico y, por tanto, no se le podrá
tachar de su pasado en cuanto a instancias judiciales. Es un médico, un
profesional de la salud. Por consiguiente, creo que eso es algo que
habría que introducir.

En cuanto al retraso legislativo, seguramente ha habido dificultades. Hay
corresponsabilidad en muchas materias y no quiero generar una discusión
aquí sobre la ley de blanqueo, sobre posibles retrasos y por quién fueron
producidos, porque me parece que es conocido por quienes están en esta
Comisión. No voy a entrar a polemizar sobre algo que creo que es una
parte del Plan que ya quedó discutido.

Respecto a otro tipo de materias, la memoria del fiscal que se publica
ahora debe ser la de 1992, que es la que está completa y se aprecia un
avance notabilísimo de lo que supone la investigación por parte de los
fiscales.

Yo he anunciado algo más, y lo hice prácticamente a la semana de llegar
al Ministerio, y es la necesaria descentralización. Si bien soy
consciente de las dificultades y limitaciones que tiene, con la Ley
orgánica del Poder Judicial, crear jueces de lo central en las
Comunidades Autónomas, creo que habría que profundizar en una
descentralización que permitiera desatascar la Audiencia Nacional. Para
eso he dado fórmulas alternativas: descentralización tutelada a fiscales
con posibilidad de investigación, y digo tutelada, no estoy hablando aquí
de lo que es el fiscal instructor, sino del fiscal que investiga con la
tutela judicial correspondiente. Son alternativas que pueden agilizar
todo este cúmulo de problemas, que, sin duda, tenemos que resolver.

La puesta en práctica del Plan va a facilitar que un juez no tenga que
estar coordinando organismos internacionales desde el juzgado, porque no
es su cometido. Su cometido es otro en cuanto garante de las libertades
de los ciudadanos y del cumplimiento de la ley. Por tanto, tiene que
tener otra plataforma. Al Gobierno le parece que esa estructura del Plan
Nacional sobre la Droga puede estar ubicada perfectamente donde está para
facilitar toda esa tarea de coordinación de las Fuerzas de Seguridad, de
los organismos de inteligencia españoles y de otros países, no solamente
del entorno europeo, ya que esto no tiene fronteras. Hay que ir hablando
de otros continentes, y no parece que ése sea el cometido del juez. Sin
embargo, sí parece que sea una tarea que el Gobierno puede facilitar, con
la tutela judicial, para una eficaz resolución, sin acortar miras,
mirando desde el principio hasta el final. Por eso nos parece que la
atalaya es adecuada. Veremos los resultados, daremos un balance de
gestión, y podrán ustedes decirnos si hemos o no hemos acertado, pero al
menos reconózcanme, en principio, que estamos modificando cosas y
estructuras para mejorar los resultados. Se podía haber quedado todo
donde estaba y, sin embargo, estamos asumiendo cambios, y siempre que se
gestionan cambios producen críticas y algún que otro chirrido. Eso es
normal, y asumimos todo lo que sea continuar progresando en esos
objetivos que al Gobierno le parecen fundamentales.

En cuanto a preguntas muy concretas, sobre decomisos, dinero, partidas
ampliables y otras cifras en cuanto a número concreto de sanciones, como
no tengo aquí los



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datos, se los facilitaré por escrito a través de la Presidencia de la
Comisión.

Me parece deducir alguna contradicción respecto a la labor de
coordinación y lo que es finalista del Plan. Son cosas que se pueden
modificar, pero siempre que modifiquemos el aspecto finalista rozaremos
las competencias que se entienden propias de otras Comunidades a la hora
de incentivar ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Todo es modificable
en lo que supone la coordinación. Por otra parte, los roces entre
ayuntamientos y Comunidades no son novedad en ningún tipo de
competencias, sobre todo en ayuntamientos tan poderosos por su volumen
como los de Madrid y Barcelona, que en algunos casos encajan mejor y en
otros peor. De todas formas, no me parece que debamos entrar nosotros a
resolver los problemas de ajuste, y si entráramos, naturalmente lo
haríamos con finalidades muy concretas y estaríamos limitando la
capacidad de autonomía de más administraciones. Por tanto, creo que es un
tema sobre el que se debe reflexionar; la plataforma es la Comisión, y
desde ahí habrá que hacer un balance minucioso sobre la finalidad del
Plan en cada Administración, sin que ello suponga fiscalizar a nadie. Sí
se puede recabar información y hacer ese análisis, y a mí me parece
interesante que se haga a la hora de ver cuál es la elaboración.

Sobre los problemas de la Comisión Interministerial, sobre las
coordinaciones y los coordinadores autonómicos, seguramente habrá habido
algún problema, pero no me parece que tenga una especial relevancia el
hecho de que se discuta en una Comisión tan plural, en la que,
naturalmente, habrá visiones muy diferenciadas. En mi paso por otras
Administraciones he podido comprobar la diversidad de opiniones que hay
respecto a la utilización de los recursos del Plan Nacional, en algunos
casos, incluso, se pretendía sustituir a la Administración Penitenciaria
creando unidades nuevas de cumplimiento, y en otros, había otros
criterios. No me extraña que surjan esos problemas, ni me parece que sean
graves ni insolubles. Me parece que en el seno de la propia Comisión
pueden resolverse perfectamente.

En cuanto a Instituciones Penitenciarias, me va a permitir que discrepe
bastante. El SURI es algo mucho más serio de lo que aquí se ha tratado de
exponer, en la medida en que hay un contacto, el SURI es un diagnóstico
clarísimo. Y en cuanto a la cifra de 7,25 que usted me da como un factor
enormemente negativo, le diré que prácticamente la mitad de las personas
drogodependientes reciben tratamiento. No puede usted olvidar que no
todos los reclusos son drogodependientes, porque una cosa son los
drogodependientes y otra cosa son las personas que han consumido alguna
vez estupefacientes, o que de forma eventual los consumen. Entraríamos en
un símil con el alcohol: quién es alcohólico y qué significa eso en
relación con el consumo de estupefacientes. Los programas son
voluntarios, no son obligatorios, no pueden serlo nunca. Están
incentivados, y hay diversas formas de incentivar, incluso con la
progresión, pero también con los filtros y las condiciones determinadas
para que el beneficio penitenciario no sea un coladero de conductas
delictivas reincidentes. Por tanto, señorías, el tema es mucho más
complejo de lo que en principio se trata de exponer. Existen planes en
todas las cárceles: unos con unidades terapéuticas exteriores; en otros,
el propio equipo de tratamiento puede subsumirse en equipo de tratamiento
multidisciplinar, porque tiene médicos, asistentes sociales, etcétera. Es
decir, todas las cárceles de España tienen un equipo multidisciplinar que
contempla todas las posibilidades, porque el propio régimen penitenciario
ya lo contempla. Otra cosa es que unas dispongan de más medios y otras de
menos; pero el equipo de tratamiento es obligatorio en todas las
cárceles. Otra cosa es que estén cubiertas o no las plazas en algún
centro determinado, pero ése es otro problema.

En cuanto a programas homologados, estamos de acuerdo. Trivializar sobre
el consumo en las cárceles es tan fácil que le puedo decir que hay tres
clases de cárceles: las que aparecen en las películas; las que otros
dicen que son y las que son de verdad. Y eso los que llevamos muchos años
en este tema sabemos que es así. No obstante, creo que lo que yo diga
aquí no va a resolver nada y vamos a seguir con esa imagen de las
películas o con la que cuentan otros, que casi siempre es una imagen muy
alejada de la realidad.

He tratado de ser muy breve en la exposición, pero recogiendo
prácticamente lo que era un matiz a una reflexión. A mí me parece que la
valoración global del Plan es positiva y, naturalmente, respeto las
opiniones de quienes no lo ven así. Pero los datos están ahí, y estamos
dispuestos a comparecer cuantas veces crean sus señorías oportuno que
vengamos a dar cuenta de estos temas. (El señor Robles Orozco pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Robles, habrá un segundo turno. Le ruego
encarecidamente que lo utilice en ese momento.




El señor ROBLES OROZCO: Como el Ministro está utilizando la técnica de
contestarnos uno por uno, por deferencia, me parecía mejor terminar
ahora. Seré breve.




El señor PRESIDENTE: Creo que debemos dar por fin la palabra al Grupo
Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra don José Luis Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.

Reitero la bienvenida y el agradecimiento al Ministro del Interior, que
ha hecho una amplia exposición sobre la evolución de lo que básicamente
compete al Ministerio del Interior en cuanto a la aplicación del Informe
de la Comisión Mixta.

Quiero empezar por intentar acotar --porque tengo la sensación de que
todos podemos estar un poco confusos-- lo que es el significado de esta
comparecencia, al menos en la intención inicial de la mayoría de los
Grupos Parlamentarios. Y no es otra cosa que hacer una evaluación
conjunta del máximo responsable del Ministerio del Interior, del
Ministro, sobre aquellos aspectos que afectaban



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al Ministerio del Interior en el Informe de la Comisión Mixta, sin
perjuicio de que siempre haya cuestiones colaterales que se producen y
que han sido generosamente abordadas por el Ministro del Interior. Lo
digo porque, si no, va a ser muy difícil que en cada Comisión Mixta todos
hablemos de todo y siempre de todo. Creo que eso no va a ser posible y es
poco constructivo.

Desde el punto de vista del desarrollo de la comparecencia, se ha
producido una valoración --me atrevería a decir-- de carácter
político-gimnástico, sobre la bondad o no, la virtud o no, de la
ubicación de la Secretaría de Estado en el Ministerio del Interior, una
vez que ha pasado a asumir las competencias de coordinación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el
narcotráfico. Creo que, desde el punto de vista político, es una cuestión
de índole menor y algunos portavoces han intentado ver un posible cambio
en la orientación, en el sesgo de la filosofía de lucha contra el
problema de la droga que tiene el Gobierno. Yo tranquilizaría a sus
señorías desde esa perspectiva, porque en el Grupo Socialista estamos
plenamente convencidos de que el Gobierno mantiene lo que ha sido esa
filosofía en la que las tres patas de la prevención, la rehabilitación y
la lucha activa contra el tráfico son fundamentales. Desde luego, nos
parece exagerada alguna afirmación que se ha producido aquí, máxime
cuando proviene de Grupos que han pedido reiteradamente una coordinación,
que el Plan tuviera un amplio abanico de competencias, que es quizá hacia
la vía que caminamos en este momento, y por tanto, nos parece bastante
positiva.

Por consiguiente, me voy a ceñir sólo a aquellos aspectos que básicamente
afectan, en la evaluación del informe de la Comisión Mixta del año 1991,
al área de Interior, bien es cierto que la ubicación ahora en el Plan en
el Ministerio hace que en última instancia, y seguramente no es ningún
regalo, una competencia más pase al Ministerio del Interior.

Lo primero que quería resaltar es que, básicamente --y se ha podido
desprender de la mayoría de las intervenciones de los grupos
parlamentarios--, las medidas propuestas por esta Comisión Mixta han sido
cumplidas en lo que afecta al Ministerio del Interior. Eso es lo primero
que una evaluación objetiva y sincera para todos nosotros debería dejar
constancia. ¿Habrán sido poco ambiciosas? Seguramente. ¿Habrán podido
provocar efectos menores de los deseados? Posiblemente también. Pero la
verdad es que el Gobierno ha cumplido básicamente. Algún retraso se ha
puesto aquí de ejemplo, como la Ley contra la lucha del blanqueo, que
ahora es aplaudida con entusiasmo por algún grupo que en algún momento
tuvo una posición ciertamente extraña ante esta materia. Se han aumentado
los recursos humanos en la policía y en la guardia civil; se ha puesto en
marcha la guardia civil del mar; se ha producido la entrada en vigor de
la normativa que el informe de la Comisión Mixta establecía, en lo que es
la Ley de Seguridad Ciudadana; se han puesto los planes especiales a
funcionar: El Plan Sur, el Plan Galicia y el Plan de Grandes Ciudades.

Por consiguiente, los mecanismos, los instrumentos básicos están en
marcha, incluso algunos con resultados positivos.

Por tanto, la Comisión es la que desde su propia responsabilidad, debe de
evaluar si, con las medidas que hemos propuesto --y sería de otra manera
un poco absurdo--, no se han conseguido en el ámbito de la lucha contra
el narcotráfico todos los objetivos, porque, obviamente, estamos ante un
problema seguramente utópico, de gran complejidad, en un país que,
además, geográficamente ocupa la posición que tantas veces ha sido
comentada.

Yo creo que la intervención del Ministro y el contraste con las medidas
que el Gobierno ha puesto en marcha en sólo dos años --no hay que olvidar
que hace poco más de dos años que se aprobó el informe de la Comisión
Mixta-- nos va a servir para ampliar el campo de nuevas propuestas que en
su momento esta Comisión tendrá que formular al conjunto de la sociedad
y, de una forma muy directa, al Gobierno de la nación.

No obstante, mientras llegan esas nuevas recomendaciones --que serán
coherentes, con lo que fue la postura de esta Comisión y que creo que es
la labor fundamental que hay que desarrollar--, me atrevería a animar o a
instar, desde el apoyo que el Grupo Socialista presta, lógicamente, al
Ministro, a alguna cuestión concreta, como, por ejemplo, a que hagamos el
máximo esfuerzo en el desarrollo de las previsiones en la extensión de la
guardia civil del mar. Es un tema que viene teniendo un ligero retraso y,
desde luego, el Grupo Socialista comparte esta posición con el
Ministerio, pero nos parece fundamental a la luz de los resultados que se
han producido en este campo de la represión.

También quiero animar a que el Ministerio del Interior --y es algo que
viene produciendo una reflexión cada vez más insistente en esta Comisión
y en la sociedad, y lo comentaba algún Grupo, pero nosotros qureremos
subrayarlo con el mayor énfasis posible-- sea firme en la aplicación de
la legislación vigente en cuanto a la venta de alcohol a menores. Creemos
que se está produciendo un salto importante --yo creo que por una acción
decidida más que por una respuesta social, que también es lógico que así
sea--, pero toda firmeza será poca porque es uno de los problemas que más
preocupa en estos momentos a la sociedad española.

Asimismo, animo a que los grupos especializados dentro de la estructura
de la policía nacional sobre blanqueo de capitales puedan incrementarse
en un horizonte inmediato porque es otra de las vías básica para la lucha
contra el narcotráfico.

Por último quiero subrayar --porque alguna cuestión se ha planteado y
sería descortés, a pesar de la naturaleza de esta Comisión, no polemizar
algo con el Grupo mayoritario de la oposición-- que hay algunas
afirmaciones que ya se han reiterado aquí en otras ocasiones y yo le
invito a que se ponga a reflexionar.

En primer lugar, se ha hecho alusión, con un intento de calado político,
al Ayuntamiento de Madrid. No vamos a convertir al Ministro también en
responsable de la Comunidad Autónoma de Madrid porque creo que ya tiene
bastante con sus competencias.




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En segundo lugar, sobre los presupuestos destinados a la prevención, el
portavoz del Grupo Popular, que conoce y maneja muy bien la memoria del
Plan y todo lo relativo a las cuestiones sobre la droga, sabe
perfectamente que ese 17 por ciento del presupuesto que aparece en la
página 70, que es lo que globalmente está integrado en el Plan Nacional
de la Droga, es lo que gastan las Comunidades Autónomas. Comparto su
preocupación por aumentar el dinero en prevención, pero cuando se pone el
grito en el cielo hay que empezar por uno mismo.

Señor Robles, la Comunidad Autónoma de Castilla y León --lo puede
contrastar en la página 141-- gasta en prevención el 8 por ciento del
dinero que dedica. Por tanto, me parece que es bastante más coherente
empezar por uno mismo, y con ese esfuerzo conjunto podremos aumentar los
recursos en prevención que, sin duda alguna, es el pilar básico de futuro
de la lucha contra la droga.

En definitiva, reitero el agradecimiento al Ministro del Interior;
constato que en lo que es su área básicamente se han cumplido las
recomendaciones de la Comisión Mixta; y apuesto porque esas
recomendaciones, que en su momento volverá a formular esta Comisión,
puedan ser más ambiciosas incluso, porque yo creo que en un tema de esta
envergadura todos debemos serlo, cada uno desde su posición política.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Voy a ser muy breve
en la respuesta y anoto las recomendaciones que me ha hecho el portavoz
del Grupo Socialista en la medida en que compartimos plenamente los
objetivos.

Se va a trabajar y se está trabajando en lo que es el control de
establecimientos que puedan vender alcohol a menores, así como en la
prevención como objetivo fundamental. En cuanto a la Guardia Civil hay
que explicar que la política de fronteras que nuestro país tiene que
asumir con Schengen supone, desde luego, una prioridad absoluta con lo
que es el control del litoral. Por tanto, el desarrollo de la Guardia
Civil del mar es uno de los objetivos fundamentales, conjuntamente con el
servicio de vigilancia aduanera, para llevar a cabo el control de todo el
litoral español, que tiene muchos kilómetros y de momento cuenta con
escasos recursos. Por ello tenemos que priorizar las inversiones en este
sector.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Abrimos un segundo turno de portavoces.

El señor Robles tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.

Creo que es razonable, después de una larga comparecencia, que podamos
cerrar este capítulo para hacer preguntas que han quedado en el aire.

Para cerrar el capítulo de polémicas con el portavoz del Grupo Socialista
le diré que, como bien debería saber el señor Zapatero, porque parece que
es Diputado por una provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, esta Comunidad no tiene transferidas las competencias de educación
hasta la fecha. Y como usted debería saber muy bien gran parte de los
elementos de prevención se ejecutan, precisamente, a través de la
educación y de la educación para la salud. Con lo cual la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, que no tiene competencias en educación y que
tampoco tiene, por ejemplo, una televisión pública como la de la
Comunidad Autónoma de Madrid, que cuesta bastantes millones a los
ciudadanos madrileños, o como la de Andalucía o la de otras Comunidades
Autónomas, no puede contabilizar ahí la parte proporcional que destinan.

Aún así, me gustaría que muchas de las Comunidades Autónomas siguieran
los programas que sigue ésta.

Usted bien sabe --por eso yo quise resaltar antes la importancia de esa
conferencia de coordinación de las Comunidades Autónomas-- que hasta
ahora se estaba siguiendo el diseño de esas políticas de forma coordinada
en esas conferencias. Por tanto, ese porcentaje sí es válido para saber
lo que aplican los programas del Plan Nacional. Y yo lo que le he querido
decir al señor Ministro, y lo vuelvo a repetir ahora, es que hay que ser
coherentes entre lo que decimos y lo que luego aplicamos
presupuestariamente; es decir, si estamos todos enunciando que hay que
generar una cultura del rechazo, que en este momento es prioritario
reducir la demanda y que es fundamental hacer prevención, tenemos que
aplicar luego eso de forma coherente en los presupuestos, y no podemos
seguir repitiendo miméticamente, año tras año, los mismos conceptos
presupuestarios. Hay que empezar a liderar un movimiento realmente amplio
de la prevención para la reducción de la demanda.

Eso es lo que le he querido decir y, por tanto, señor Zapatero, siento
que no conozca usted bien su Comunidad, así le ocurren las cosas que le
pasan por allí.

Dicho esto de forma más bien suave, señor Ministro, le diré que sí que
tiene mucha importancia lo de las Comunidades Autónomas, no es una
nimiedad, como usted lo ha querido presentar. Lo que pasó en la última
Conferencia es que en los únicos ocho años de duración del Plan Nacional
es la primera vez que se vota en una Conferencia interautonómica. Si a
usted no le parece importante que hasta ahora todo haya funcionado de
forma más o menos consensuada, que por primera vez se vote, siendo
Delegado del Gobierno el señor Garzón, que además se vote contra
propuestas que hace el señor Garzón, y que además el señor Garzón pierda
esas propuestas, votadas incluso por algunos responsables políticos
socialistas, yo creo que sí tiene alguna importancia.

En consecuencia, me gustaría que no fuera síntoma de un deterioro de las
relaciones con las Comunidades Autónomas y que se entendiera que hay que
concebir también el Plan con las sugerencias y con las aportaciones que
hasta ahora venían siendo tradicionales en el Plan



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Nacional. Por tanto, tiene importancia, y nosotros se la damos.

También tiene importancia lo que pase en otros ayuntamientos tan
relevantes como éste porque, si no la hubiera tenido, señor Asunción
--comprendo que usted es nuevo en estas funciones y no le habrán
transmitido toda la información sus predecesores--, el anterior
responsable del Plan no tendría que haber entrado en esa polémica con la
Comunidad Autónoma de Madrid, y tuvo que hacerlo; es decir, no estaba
haciendo las cosas de forma correcta y estaba, por tanto, afectando al
funcionamiento de ese Plan y a lo que estaba pasando con los recursos que
se estaban destinando a determinados programas. Así pues, también tiene
su importancia.

En cuanto a mi valoración, tengo que decirle, señor Ministro, que la
valoración positiva en exceso ya la hace usted, yo no la hago en exceso
negativa; es decir, he empezado diciendo que me daba la sensación de que
mi valoración coincidía más con lo que pensaba la inmensa mayoría de los
españoles que con lo que usted estaba diciendo. La encuesta que viene en
la Memoria que está manejando el señor Zapatero en este momento es una
encuesta que han hecho ustedes; esa valoración es la que hacen los
españoles, no es que la haga yo, y, además, señor Ministro, yo no hurto
nunca lo que son puntos de acuerdo, y usted lo sabe. Lo hemos hecho y lo
hemos practicado en esta Comisión, y las cosas positivas lo son. Lo que
sucede es que queda mucho camino por recorrer para que realmente podamos
sentirnos satisfechos en este terreno, y es nuestra obligación venir aquí
no a hacer un canto de satisfacción de lo que hacemos, sino a decir lo
que nos queda por hacer para impulsar a la Administración, al Gobierno y
a nosotros mismos.

La esencia de esta comparecencia, señor Ministro, es evaluar en este
momento para volver a emitir un informe que sirva de orientación a las
Administraciones Públicas y al Gobierno; por tanto, mal estaríamos
haciendo nuestro trabajo si empezáramos haciendo una valoración que no
pone el análisis también en las deficiencias que en este momento se
detectan en el Plan Nacional. Por eso es por lo que a mí me toca hacer,
lógicamente, ese papel, que creo que usted entiende perfectamente.

En cuanto a los temas de instituciones penitenciarias, no quiero insistir
en la polémica; creo que el concepto que utilizamos de drogodependiente,
efectivamente, no coincide, pero pienso que el que no coincide
acertadamente es el suyo. La desintoxicación, como usted debería saber
bien, es bastante fácil hacerla en este momento; o sea, desintoxicar a
una persona es fácil, lo que no es nada fácil es rehabilitarla,
reinsertarla y reeducarla. Eso es lo que en este momento, difícilmente,
con los recursos que tienen muchas unidades penitenciarias, se puede
hacer. Claro que existen equipos multidisciplinares, pero equipos que son
--ellos mismos lo dicen-- incapaces de hacer esa segunda parte. La
primera por supuesto que la hacen, y la hacen bien, como cualquier
profesional; la parte de reeducación y la parte de tratamiento
terapéutico es la que son incapaces en este momento de realizar, no por
nada, sino porque no son los más adecuados y porque en muchos sitios no
tienen los medios para hacerlo. Y eso es lo que yo le demando: esos
sitios, esas plazas o esos tratamientos especializados que nos permitan
completar esa fase.

¿Por qué hemos hablado de todo en esta comparecencia? Porque,
lógicamente, como ya he dicho al principio, ha cambiado la naturaleza de
la comparecencia del Ministro del Interior, no es el señor Corcuera, es
usted; no es el Ministro del Interior con competencia sólo en represión,
sino que es un Ministro del Interior con competencias totales en el Plan
Nacional de Lucha contra la Droga. Por tanto, hay que hablar de qué va a
hacer usted para que se cumpla la educación para la salud, qué va a hacer
usted para impulsar los programas de prevención, qué va a hacer usted
también en los temas asistenciales.

Hay una pregunta que queda en el aire. No sabemos todavía cuál va a ser
el organigrama del Plan Nacional de Lucha contra la Droga; es decir, ese
organigrama que da la sensación que va a tener, cuanto menos, dos
posiciones o ramas distintas, incluso físicamente. Por las noticias que
nos llegan, parece que van a estar ubicados simultáneamente unos
servicios en las antiguas dependencias que tenían en el Ministerio de
Sanidad, y otros en el Ministerio del Interior, si son correctas nuestras
informaciones. En consecuencia, ¿van a ser dos áreas distintas? ¿El área
tradicional que tenía el Plan con el señor Garrido, y el área del señor
Garzón con los temas del Interior? ¿Cómo se van a articular esos equipos?
Y, dentro del Ministerio del Interior, ¿qué unidades va a tener el señor
Garzón adscritas a él, con qué operatividad, con qué conexiones? Quizá
sobre eso también deberíamos tener alguna información más que en este
momento no poseemos.

La última pregunta concreta, porque las otras que le he hecho sobre
sanciones, etcétera, usted dice que en este momento no puede
contestarlas, es qué valoración hace usted del volumen que se realiza en
este momento del blanqueo de capitales en nuestro país; es decir, si cree
que estamos en un nivel aceptable de captación de esos fondos que se
blanquean o de interceptación de esas redes de blanqueo que están
operando en nuestro país y si los recursos que tenemos y la previsión que
usted hace es optimista en este tema. Si no puede responderme ahora, le
ruego que lo haga por escrito.

Otra pregunta muy pasajera es la siguiente. Usted ha mencionado que
tenemos pocos recursos --lo ha dicho hace un momento--, por ejemplo, en
cuanto a la Guardia Civil del Mar, y una de nuestras patrulleras está
patrullando en Yugoslavia, según acaba usted de comentar. Me da la
sensación de que probablemente habría alguna otra patrullera o algún otro
servicio del Ejército español que podría estar patrullando por Yugoslavia
y, ya que tenemos pocos efectivos de la Guardia Civil del Mar para hacer
estas prestaciones, posiblemente podría haber sido sustituida por algún
otro servicio.

En todo caso, le doy las gracias, señor Ministro, y espero que las
preguntas que no pueda contestar, a través de la Mesa de la Comisión nos
haga usted llegar las respuestas.




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El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el portavoz del Grupo Socialista?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Intervendré para no defraudar al Portavoz
del Grupo Popular. Simplemente deseo refutarle que, al margen de otras
consideraciones que vienen poco al caso y de las que usted también ha
sido partícipe en muchas situaciones que se conocen perfectamente, le
diré que su aproximación al tema es incorrecta; lo es porque nada tiene
que ver que, en efecto, la Comunidad Autónoma de Castilla y León no tenga
transferida la política educativa. La política de prevención se hace con
política educativa directa, gestionando, y con otro tipo de áreas, y los
ejemplos son claros: la Comunidadd Autónoma de Castilla-La Mancha, que no
tiene tampoco transferida la Educación, dedica el 22 por ciento a
prevención, casi tres veces más, que lo que destina la Comunidad Autónoma
de Castilla y León que, por vía de convenios con el MEC y con otras
instituciones formativas y educativas puede dedicar lo que estime
conveniente de su porcentaje de presupuesto a la política de prevención.

Tampoco estamos hablando de unos niveles excesivos, porque la comparación
más elevada podría ser la de las Comunidades Autónomas que tienen
transferida Educación, y fíjese que Cataluña, que la tiene, dedica el 30
por ciento a prevención, y una Comunidad Autónoma como Castilla-La
Mancha, que no la tiene, el 22 por ciento. Lo cierto es que Castilla y
León está en el nivel más pobre de política preventiva con sus propios
recursos y esfuerzos, y por eso le apelaba a que tuviéramos el rigor
kantiano de que antes de poner a los demás algo enfrente, nos miremos a
nosotros mismos, que es un buen ejercicio en política, con el que se
aprende y con el que se construye globalmente para todos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor Ministro, para dar respuesta a las preguntas
formuladas.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias,
señor Presidente.

De nuevo me han expuesto un cúmulo de valoraciones que voy a tratar de
contestar de la misma manera, de tal forma que se trata de traer aquí,
como seguimiento del Plan, incluso el ejercicio democrático de votar.

Nosotros, desde luego, tenemos mucha costumbre de practicarlo y, por
tanto, no nos sorprende que se vote en ninguna parte. Yo creo que ésa es
una cosa de cultura propia o de ejercicio; a mí no me sorprende, repito,
que se vote en un lado, se vota en muchos sitios y no pasa absolutamente
nada. Se sigue funcionando y eso supone una expresión democrática de
acuerdos y de desacuerdos. Por tanto, ese mismo hecho no tiene mayor
trascendencia que el propio acuerdo final.

En cuanto a las polémicas entre Ayuntamientos y Comunidades, se puede
mediar hilando más fino los presupuestos finalistas, ya lo dije. Creo que
si lo repitiera otra vez entraríamos en un exceso de valoraciones que
están ya claramente expuestas. Por ello en la medida en que se vaya
acotando y perfilando el nivel habrá menos conflictos y menos
independencia o margen de actuación de la autonomía de las instituciones.

En cuanto a concepciones sobre el modelo asistencial en las cárceles yo
trataba de rehuirlo, pero el paso por esta institución a veces le hace
tener a uno alguna información. Los presos no son del Estado, los tiene
recluidos el Estado. Pero en un Estado como el Autonómico, hacer
afirmaciones de que la responsabilidad asistencial es del Estado Central
supone un desconocimiento absoluto de lo que es la Administración Pública
de este país, porque es imposible dar asistencia adecuada si no es a
través de los servicios públicos. Dicho de otra forma, el modelo por el
cual se ha ido configurando es precisamente el de ir tratando a las
personas privadas de libertad desde recursos públicos, ya que es
imposible tener una adecuada asistencia sanitaria si no es desde las
Administraciones Públicas. Y las transferencias en este país sin tener
modelo sanitario transferido, modelo educativo transferido, modelo de
asistencia social transferido, etcétera, hace que también tengan que
converger a ciudadanos de pleno derecho esos derechos como ciudadano de
un territorio determinado.

Por tanto, creo que tratar de privar de los derechos que se tiene como
ciudadano de un municipio y también como perteneciente a una Comunidad
Autónoma es un gravísimo error de concepción porque precisamente se está
haciendo lo contrario. Se está tratando de homologar y de abrir a los
servicios públicos lo que es sin duda un tratamiento integral homologado
con sus convecinos, al margen de la privación o no de libertad, lo cual
supone un error de concepción brutal. De ahí que la participación del
Plan Nacional tenga ya programas específicos que se configuran para tener
que tratarlos dentro de las prisiones, si no no estarían, y eso además se
debe incrementar. No quiero abundar más en este tema que podría ser
reiterativo, ya que naturalmente discrepamos en la concepción de modelo
administrativo en algunos aspectos. Queda en una discrepancia y punto,
son valoraciones diferentes.

Preguntar por el problema de la droga es como preguntar por un ascpecto
negativo. Es obvio que siempre tengamos percepciones de mejora de todos
los servicios y yo tengo que agradecer en ese sentido las críticas que
van en la línea de decir que la valoración debemos continuar mejorándola;
tengo que agradecerlo, naturalmente que sí, pero de ahí a afirmar que el
balance tenga que ser negativo, en absoluto. Hay cosas que corregir,
cosas que redactar y seguramente alguna que otra cosa que modificar, sin
duda, pero ésa es la andadura que supone el trabajo del día a día, pero
la valoración del Ministro es positiva. Por tanto, yo respeto las
opiniones del Grupo Popular, pero me parece que ustedes están poniendo el
énfasis en acentuar toda la parte negativa obviando una valoración
global, aunque naturalmente se lo acepto.

En cuanto a la pregunta de cómo va a estar estructurado, es fácil
responderle. A toda la primera parte que hasta ahora conocemos como el
clásico Plan Nacional sobre la



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Droga se incorpora una estructura de gabinete, diríamos de inteligencia,
que tiene que coordinar las diversas instituciones que convergen en la
lucha contra el narcotráfico. Por tanto, ahí también convergen servicios
de información y operaciones determinadas como las que se están llevando
a cabo. Prácticamente eso es lo que hay en esas dos subdirecciones que se
tienen que complementar en el organigrama y que se van a regular a través
de un Real Decreto que se llevará este mes al Consejo de Ministros para
su ordenación con la relación de los puestos de trabajos que van a
configurar toda la parte que se va a implementar con miembros del
Ministerio del Interior, donde hay fuerzas de seguridad y también
funcionarios que no responden ni al estatuto policial ni al de la Guardia
Civil. Por consiguiente, es un complemento amplio que responde a lo que
acabamos de explicar, con dos subdirecciones más en ese organigrama.

Naturalmente los recursos son los que hay, trataremos de racionalizar y
de ir incrementando los objetivos prioritarios, mantener los que se
tengan que mantener y suprimir los que se tengan que suprimir, para que
nos cuadren las cuentas. Que lo mismo que se ingrese se pueda gastar y no
nos quedemos con déficit. Por tanto, sin duda sería deseable tener más
dinero.

Sobre el último tema no voy a hacer ninguna reflexión, me parece lo
suficientemente serio como para que lo tratemos aquí de forma
superficial. La conveniencia o no de tener una presencia de Guardia Civil
en lo que se llama la «operación Danubio» es un tema que se ha tocado ya
en otra Comisión y comentar si se debe tener o no esa patrullera allí,
sería entrar en un debate que quiero mejor obviar en la medida en que no
hay ninguna intencionalidad negativa en la exposición y que simplemente
es una pincelada de esas que uno da de paso y con la que a lo mejor se
toca un tema de una especial sensibilidad. Lo dejo aparcado.

En cuanto al volumen de blanqueo, nos gustaría tener una mayor acción
sobre esto. Precisamente en eso se trabaja, en coordinar el Plan en todas
sus vertientes, en ir descubriendo cada vez más e ir impidiendo que se
blanquee. En cuanto al volumen, no lo sé, y creo además que es muy
difícil hacer un diagnóstico. Si fuéramos capaces de hacer el
diagnóstico, tendríamos también el origen. Sin duda, los acuerdos
internacionales van contribuyendo a que todo esto mejore así como ir
introduciendo corsés e ir obstaculizando. Porque en realidad si
consiguiéramos que esa franja de lo que es el blanqueo quedara resuelta,
tendríamos un gran avance en lo que es el estímulo de aquellos que
trafican con la droga. Por tanto, si quitáramos ese estímulo y la
posibilidad de blanquear el dinero, repito, habríamos obtenido un gran
avance. Le informaré sobre suposiciones que pueda haber a nivel
internacional, ya que es muy difícil deslindar en el contexto europeo lo
que usted me pide. No obstante, una aproximación sobre el mecanismo no
tengo ningún inconveniente en enviárselo por escrito.

Nada más, no merecen mayor atención las cuestiones sobre televisiones de
Madrid o de Galicia. En cualquier caso, la valoración del Plan a pesar de
su reflexión es altamente positiva.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Ha concluido el turno de los diversos Grupos Parlamentarios para expresar
su opinión y hacer preguntas. Ahora pasamos a un turno que corresponde a
los miembros de la Comisión y que es básicamente para formular preguntas;
por tanto, deben ser breves.

Por favor, ¿quiénes desean intervenir? (Pausa.)
El señor Cardona tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para pedir una puntualización al señor Ministro que en el
curso de su información ha mencionado pero que yo no he sabido entender
muy bien.

Más que entrar en valoraciones personales sobre la ubicación y el
traslado del Plan de un Ministerio a otro, entendemos que es
responsabilidad de quien la tiene, en este caso del Presidente del
Gobierno y sus Ministros, quienes seguramente, después de haber hecho el
estudio pertinente, habrán creído más oportuno ubicarlo o trasladarlo
donde está. En cualquier caso, puesto que el sujeto más importante de
toda la lucha contra la droga es el drogodependiente, una vez conseguido
que se le conciba como un enfermo, creemos que Sanidad es un Ministerio
adecuado para llevar el tema.

Ahora bien, no es eso lo más importante. En la lucha contra la droga lo
que hace falta es incidir desde diferentes aspectos, desde lo que el
portavoz del Grupo Socialista ha denominado «las tres patas», con
responsabilidades en los diferentes grados de Administración. Y también
estamos de acuerdo en que la llamada lucha represiva no ha dado
resultados satisfactorios y de ahí el temor que para nosotros puede tener
el cambio de ubicación si ello diera a entender que se insistía en exceso
en ella.

Tengo información relativa a que era objetivo del Plan llenar el equipo
de la Delegación con otras personas que completaran esa visión más global
de la cuestión. ¿Se ha completado el equipo de la Delegación del Gobierno
en el Plan Nacional de la Lucha contra la Droga? Y, si es así, ¿se ha
tenido en cuenta esa globalidad de aspectos?
Nada más. Ahora sí, señor Presidente, en nombre de nuestro Grupo quiero
agradecer la contestación que ha dado el Ministro a las cuestiones
planteadas por el Senador Bertrán. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moreno.




El señor MORENO DEL CUBILLO: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con mucha brevedad.

Venimos insistiendo todos, y me parece muy bien, en que hay que arruinar
a los narcotraficantes. Por eso voy a hacer una pregunta muy concisa. Los
delitos de tráfico de drogas son siempre, siempre --lo recalco-- delitos
dolosos, que producen muertes y lesiones. Por eso se les llama



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delitos contra la salud. Los delitos que comete, a título de ejemplo, el
personal sanitario en el desarrollo de sus funciones pocas veces son
delitos dolosos y casi siempre delitos culposos, que producen muertes y
lesiones.

Conozco --y esto tiene relación con el epígrafe de la pregunta-- muy
pocos casos, quizá sólo dos, en que los representantes del Ministerio
Fiscal han solicitado responsabilidades civiles «ex delictum» para los
narcotraficantes y conozco decenas de cientos de casos en que los
representantes del Ministerio Fiscal solicitan responsabilidades civiles
«ex delictum» para este personal sanitario. ¿Me podría decir cuáles son
las razones de esta diferencia de trato?
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Para responder, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Mi respuesta a la
pregunta que planteaba el señor Cardona relativa al organigrama es que
falta completar la relación de funcionarios adscritos al Ministerio del
Interior. Por tanto, la parte asistencial y preventiva del Plan que hasta
ahora ha funcionado sí está completa, pero queda por finalizar la
ampliación de competencias que tiene ahora el Plan Nacional de Lucha
contra la Droga, que es la coordinación de todos los estamentos que antes
describíamos. Eso estará resuelto este mes con un Real Decreto que regula
ya el personal que se adscribe, personal del Ministerio adscrito al Plan
Nacional, las subdirecciones y el organigrama.

No se va a descuidar, en absoluto, lo que es la parte asistencial y
sanitaria. De hecho la sensibilidad por este tema hace que haya un médico
al frente de la Dirección General. Por tanto, me parece que en este
sentido podemos dar satisfacción a su señoría, diciéndole que ese es uno
de los esquemas que nos parecen importantes, por lo que no se va a
descuidar en absoluto.

En cuanto a la pregunta que me hace el señor Moreno, la verdad que sería
algo que debería responder el Ministerio Fiscal, porque el Ministro del
Interior muchas veces también se podría hacer alguna pregunta de este
tipo con arreglo a otros delitos. No obstante, creo que en este sentido
no sería difícil obtener la respuesta del Ministerio Fiscal, aunque puede
haber diversidad, incluso complejidad también. Pero esto es una
suposición del Ministro del Interior. No quiero representar a nadie, ni
muchísimo menos al Ministerio Fiscal, ni que nadie lo interprete así,
sino que tal vez la dificultad muchas veces existe en lo que respecta al
narcotráfico en aquellos portadores que son utilizados por el
narcotraficante, concretamente extranjeros. En España hay un buen número
de colombianos y marroquíes ingresados en las cárceles y que han sido
utilizados. De ellos, ¿cuál es el narcotraficante potencial y cuál es la
víctima, entre comillas, del narcotraficante, pero que no tiene
peligrosidad en cuanto al crimen organizado?
Es una cuestión compleja y es aquí donde realmente el Plan Nacional de
Lucha contra la Droga tiene que hacer de enlace entre la Fiscalía y la
Justicia y después con la institución penitenciaria, para impedir que la
condena tenga el mismo tratamiento, que en muchas casos para el
narcotraficante es también de prisión menor, cuando, sin embargo, la
potencialidad delictiva es muy elevada, por lo que habría que pedir
responsabilidades, sin duda, como decía su señoría.

Con toda esta complejidad, lo que se pretende ahora es que el Plan
descifre también para que facilite la información adecuada al Fiscal a la
hora de hacer la petición y, naturalmente, que después, en el
cumplimiento de la condena, el narcotraficante tenga un tratamiento
diferente, por su potencialidad delictiva, al que pueda tener una
víctima, entre comillas, del narcotraficante, que es ingresada en prisión
también. Pero no me atrevo, naturalmente, a darle más orientación que una
mera reflexión. Y el por qué hacen esto los fiscales lo debería decir el
Ministerio Fiscal.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Confío en que esta comparecencia del señor Ministro del Interior y las
variadas intervenciones de los portavoces y miembros de la Comisión hayan
servido para que esta Comisión avance en lo que es su misión principal:
es el estudio del problema de la droga en nuestro país.

Señor Ministro, en nombre de la Comisión, muchas gracias por su
comparecencia.

Se levanta la sesión.




Eran las veinte horas y cinco minutos.