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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 16, de 02/12/1993
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1993 V Legislatura Núm. 16
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS
PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO
Sesión núm. 3
celebrada el jueves, 2 de diciembre de 1993, en el Palacio
del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
--Propuestas de Resolución sobre los siguientes asuntos:
--Informe anual del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio de 1989 y
declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de 1989. (Número
de expediente Congreso 250/000001 y número de expediente Senado
770/000001) (Página 215)
--Informe-declaración sobre las Elecciones Locales celebradas el día 26
de mayo de 1991 y votos particulares formulados al mismo. (Número de
expediente Congreso 251/000003 y número de expediente Senado 771/000020)
(Página 224)
--Informe sobre la contabilidad de los partidos políticos del año 1988 y
votos particulares formulados al mismo. (Número de expediente Congreso
251/000001 y número de expediente Senado 771/000019) (Página 225)
--Informe de fiscalización del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD),
referido a los años 1986 a 1990. (Número de expediente Congreso
251/000019 y número de expediente Senado 771/000005) (Página 229)
--Informe-declaración sobre las elecciones a las Cortes de Castilla y
León, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares
formulados al mismo. (Número de expediente Congreso 251/000002 y número
de expediente Senado 771/000008) (Página 236)
--Informe-declaración sobre las elecciones a las Cortes de Aragón,
celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares formulados al
mismo. (Número de expediente Congreso 251/000004 y número de expediente
Senado 771/000012) (Página 236)
--Informe-declaración sobre las elecciones a la Asamblea de Madrid,
celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares formulados al
mismo. (Número de expediente Congreso 251/000005 y número de expediente
Senado 771/000016) (Página 236)
--Informe-declaración sobre las elecciones al Parlamento de las Islas
Baleares, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares
formulados al mismo. (Número de expediente Congreso 251/000006 y número
de expediente Senado 771/000011) (Página 236)
--Informe-declaración sobre las elecciones a la Diputación General de La
Rioja, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares
formulados al mismo. (Número de expediente Congreso 251/000008 y número
de expediente Senado 771/000014) (Página 236)
--Informe-declaración sobre las elecciones a las Cortes de Castilla-La
Mancha, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares
formulados al mismo. (Número de expediente Congreso 251/000009 y número
de expediente Senado 771/000010) (Página 236)
--Informe-declaración sobre las elecciones a la Asamblea Regional de
Murcia, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares
formulados al mismo. (Número de expediente Congreso 251/000010 y número
de expediente Senado 771/000015) (Página 237)
--Informe-declaración sobre las elecciones a la Asamblea de Extremadura,
celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares formulados al
mismo. (Número de expediente Congreso 251/000011 y número de expediente
Senado 771/000017) (Página 237)
--Informe-declaración sobre las elecciones a la Junta General del
Principado de Asturias, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos
particulares formulados al mismo. (Número de expediente Congreso
251/000012 y número de expediente Senado 771/000013) (Página 237)
--Informe-declaración sobre las elecciones a la Asamblea Regional de
Cantabria, celebradas el día 26 de mayo de 1991 y votos particulares
formulados al mismo. (Número de expediente Congreso 251/000013 y número
de expediente Senado 771/000009) (Página 237)
--Moción derivada de la actividad fiscalizadora sobre justificación y
control de subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. (Número de expediente Congreso 251/000017 y número de
expediente Senado 771/000006) (Página 237)
--Sobre petición de fiscalización especial, del Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Página 239)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados y señoras
Senadoras y señores Senadores. Iniciamos la sesión de la Comisión de
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Antes de comenzar voy a hacer algunas consideraciones respecto a los
diversos puntos del orden del día. En principio quiero manifestar que en
la reunión de la Mesa y Portavoces se han calificado las propuestas de
resolución presentadas por los diferentes grupos y hacemos la siguiente
consideración. Izquierda Unida ha presentado como propuesta de resolución
una serie de puntos relativos al informe de la Ponencia sobre la Cuenta
del Estado. Como no se trata de una proposición de ley, y en base a la
consideración que ha merecido a la Mesa con arreglo a los criterios
elaborados en su momento para su tratamiento, cada grupo puede
manifestarse en contra o a favor y aducir las razones que considere
convenientes a la hora de votar el informe, pero no se pueden presentar
enmiendas al mismo. Como, de hecho, lo que propone Izquierda Unida es no
aprobar la Cuenta del Estado, esto se puede reflejar en el momento de la
votación y, en consecuencia, puede hacer las consideraciones que estime
oportuno respecto al informe.
La segunda matización es que también como propuesta de resolución ha
presentado unas peticiones de
fiscalización que se refieren a períodos más amplios del ejercicio de
1989. Por tanto, se puede considerar, si los diversos grupos no se
oponen, una modificación del orden del día para incluirlo al final, y que
el representante de Izquierda Unida defienda esa petición de
fiscalización que se refiere a un período determinado, pero que no afecta
a lo que es cuenta del Estado.
En este sentido propondría una modificación del orden del día para que se
defendiese la propuesta de Izquierda Unida relativa a la petición de
fiscalización del Boletín Oficial del Estado del período 1989 y
siguientes. Si no hay objeciones, esto se vería como último punto del
orden del día. (Asentimiento.)
Considero que se puede hacer así.
PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
--INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO AL EJERCICIO DE 1989 Y
DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 1989. (Número
de expediente Congreso 250/000001 y número de expediente Senado
770/000001.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos con las propuestas de resolución sobre los
diferentes puntos del orden del día. En primer lugar, el relativo al
informe anual del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio de 1989 y
declaración definitiva de la Cuenta General del Estado.
Para turno en contra del informe de la Ponencia y para fijar posición con
respecto a las diferentes propuestas de resolución presentadas, ¿grupos
que desean intervenir? (Pausa.)
En principio intervendrán los grupos que tienen presentadas propuestas de
resolución.
Tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, intervendré con mucha
brevedad, puesto que este debate ya se realizó en su día.
Nosotros, en la comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas
pusimos de manifiesto nuestras cautelas para no aprobar la Cuenta General
del Estado para 1989, y en ese sentido hemos presentado una propuesta de
resolución que consiste en que el Congreso de los Diputados no apruebe
dicha Cuenta General del Estado correspondiente a 1989, al advertir la no
inclusión de un programa de fiscalizaciones aprobado también en esta
Comisión Mixta en abril de 1990, entre las cuales se encuentra la
fiscalización selectiva a Renfe, que se refería, fundamentalmente, a la
cuenta de resultados de 1989, a las variaciones patrimoniales y al grado
de cumplimiento de las previsiones para dicho año 1989 en diversos
aspectos. En nuestra propuesta alternativa de resolución ofrecíamos que
se aplazara la aprobación de la Cuenta General del Estado hasta tanto el
Tribunal de Cuentas procediera a remitir el programa de fiscalizaciones
aprobado en esta Comisión Mixta.
Además, tenemos conocimiento de que, efectivamente, durante estos últimos
años se han producido en Renfe una serie de fiscalizaciones «in situ» que
no se han trasladado por parte del Tribunal de Cuentas en su informe. En
ese sentido, nosotros habíamos hecho una serie de preguntas en la
comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas que no tuvo la
oportunidad o no vio la conveniencia de contestar en su momento y, según
su petición, se las hemos redactado por escrito. Paso a resumir estas
preguntas, porque las mismas fundamentan que estemos en contra de la
aprobación de las cuentas de 1989.
La primera pregunta que realizábamos, que no nos ha sido contestada y,
por tanto, permanecemos en la duda sobre su realidad o no, es por qué ese
informe, que sabemos que existe, no se ha presentado en esta Comisión
Mixta. Nos preocupaba conocer también el nombre del Consejero del
Tribunal que tenía encargada esta fiscalización, y si ese Consejero era
el mismo que había actuado en la fiscalización del tema Filesa.
Igualmente, nos preocupaba conocer el nombre de los secretarios técnicos
o el director técnico del departamento del Tribunal que tenía encargada
esa fiscalización, y manifestábamos la constancia, como decía antes, de
que funcionarios del Tribunal de Cuentas realizaron actuaciones en las
dependencias de Renfe en los años 1990-1991 y hasta mediados de 1992.
Como quiera que no se nos ha dicho nada en el informe, ello nos permite
especular con que tal vez los hechos descubiertos en dichas actuaciones
correspondientes al año de 1989 no se habían incluido en el informe
porque estuvieran detenidos, no sé por qué razones, en algún cajón del
Tribunal de Cuentas.
En todo caso, no queremos aprobar las Cuentas del Estado de 1989 porque
pensamos que si se ha producido esto que acabo de exponer en el caso de
Renfe, bien podría producirse en otros casos. Queremos una respuesta a
todos estos interrogantes por si hubiera alguna responsabilidad de los
Consejeros, puesto que si existe un informe y no se ha trasladado a esta
Comisión Mixta, podríamos entender que se estaban ocultando datos al
Parlamento, cosa que no quisiéramos que ocurriera, como supongo que
ninguno de los grupos políticos.
Por estas razones venimos a proponerles, como resolución alternativa, que
el Congreso de los Diputados no apruebe la Cuenta General del Estado, y
que tampoco --y aprovecho la ocasión-- apruebe las cuentas de los
organismos autónomos administrativos por las mismas razones que he
expresado anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición con respecto al informe y en
defensa de las propuestas de resolución, por el Grupo Popular tiene la
palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, la verdad es que decir algo nuevo
referente a la Cuenta General del
Estado de 1989, para los que hemos sido ponentes de los sucesivos
informes generales que el Tribunal de Cuentas ha venido remitiendo a esta
Cámara desde el año 1986 resulta harto difícil. Para ratificar las
palabras de esta Diputada no hay más que comprobar la declaración del
Ministerio Fiscal que viene incorporada a la declaración definitiva de la
Cuenta General del Estado. No quiero aburrir a SS. SS., por cuanto los
argumentos serían reiterativos, como decía al principio, y solamente me
voy a parar en un par de párrafos de lo manifestado por el representante
del Ministerio Fiscal en el Tribunal de Cuentas.
Cuando hace referencia a la cuenta de resultados de la Administración
general, dice que sus cifras deberían modificarse en una cantidad
negativa no inferior a un billón casi cuatro millones de pesetas, que
aumentaría el propio saldo deudor reconocido, y dice también que, por su
parte, los de las cuentas de los organismos autónomos administrativos
pasarían, debidamente corregidos, de un superávit de 145.000 millones a
un déficit de 33.005 millones.
¿Por qué me molesto en leer estos párrafos de la declaración del
Ministerio Fiscal? Porque yo creo que nos dan una visión gráfica de lo
que ha sido la liquidación de la Cuenta General del Estado del año 1989
en opinión del Tribunal de Cuentas. Y aunque al principio de la
declaración el Tribunal de Cuentas dice que lo refleja todo
adecuadamente, sin embargo, hace la salvedad de que el adecuado reflejo
de la actividad económico-financiera, llevado a cabo en el ejercicio por
el Estado y sus organismos autónomos, así como de su situación
patrimonial, se halla condicionado por las salvedades e infracciones de
las normas presupuestarias y contables que se expresan en los siguientes
apartados. Eso concuerda, indudablemente, con lo manifestado por el
Fiscal en la emisión escrita de su opinión adjunta a esta propia
declaración.
La verdad es que el Grupo Popular coincide con lo manifestado con el
Ministerio Fiscal en cuanto al que dice que la Fiscalía ha creído llegado
el momento de plantear si las cuentas pueden ser aprobadas, manteniendo
indefinidamente los elementos de incorrección señalados tantas veces, o
si, por el contrario, el control externo tiene por finalidad lograr que
dichos reparos se solventen para que lleguen a las Cortes Generales unas
cuentas plenas y perfectas que presenten el movimiento económico del
sector público con arreglo a derecho.
Empezaba mi intervención manifestando que era difícil decir algo nuevo,
pero es que presentar propuestas de resolución diferentes a lo hecho en
ejercicios anteriores también resulta difícil, por cuanto que la Cuenta
General, año tras año, nos viene planteada ante esta Cámara con los
mismos defectos e irregularidades que desde el año 1988, según dice el
Tribunal, condicionan gravemente la adecuación de sus cifras a la
realidad.
A pesar de ello, el Grupo Popular ha planteado, si no me equivoco,
dieciséis propuestas de resolución, en las cuales pretendemos que si el
Gobierno nos hace caso algún día (la verdad es que ya estamos empezando a
desesperar de ello) se puedan modificar los errores que vienen
constantemente condicionando esta Cuenta General del Estado.
No voy a hacer la defensa exhaustiva de las dieciséis propuestas de
resolución, pero sí me voy a parar en aquellas que considero de mayor
interés.
En la propuesta de resolución quinta, el Grupo Popular solicita que por
parte del Gobierno se presente a estas Cámaras un nuevo proyecto de
legislación general presupuestaria que regule adecuadamente la actuación
administrativa en la elaboración de los presupuestos y en la ejecución
del gasto. Creo que en la tribuna del Pleno, cada vez que se debate la
Ley de Presupuestos, por parte de distintos grupos parlamentarios se
viene planteando la necesidad de que los presupuestos aprobados en esta
Cámara tengan algún parecido con la liquidación que posteriormente se
hace, y nosotros creemos que las sucesivas modificaciones de la Ley
General Presupuestaria que se han venido realizando con la técnica que
podemos denominar con el lenguaje coloquial de parcheo, no es el mejor
marco legislativo que pueda permitir al Gobierno y facilitar a estas
Cámaras el seguimiento de los presupuestos y el control de su ejecución.
Por todo ello, creemos que ha llegado el momento de que se remita un
nuevo proyecto de legislación presupuestaria que supere, como decimos en
nuestra propuesta de resolución, la dispersa e insuficiente normativa
contemplada al respecto en las sucesivas leyes de presupuestos.
Asimismo, en la propuesta de resolución sexta solicitamos que tanto la
Administración general del Estado como sus organismos autónomos
regularicen todas las deficiencias expuestas por el Tribunal de Cuentas
en el informe anual de 1989, que incrementa sensiblemente la cuantía del
déficit de ejecución presupuestaria, y hacía referencia hace un momento
en mi intervención a la cifra manifestada por el Ministerio Fiscal, que
coincide lógicamente con la puesta de manifiesto por el informe del
Tribunal de cuentas si compensamos las minoraciones y los aumentos de las
distintas cifras de gastos. Es imposible que se pueda seguir el déficit
real del Estado si partimos de unas cifras que en ningún caso se adecuan
a la realidad, y esto es algo que viene denunciando el Tribunal de
Cuentas año tras año.
La propuesta de resolución número 7 va incardinada con la anterior.
Solicitamos que en el ejercicio de 1993, que todavía no ha finalizado
--anteriormente no puede ser, porque son cuentas cerradas y algunas
rendidas ya por parte de la Intervención General al Tribunal de
Cuentas--, se regularicen las operaciones detalladas en los apartados 1.2
1.3 y 1.2.3.2 de la declaración definitiva pendientes de aplicar o
aplicadas incorrectamente que servirían para cumplir el contenido de
nuestra propuesta número 6.
Hay otro problema que se plantea sucesivamente todos los años, y es que
existe un alejamiento del contenido de la Cuenta General del Estado con
el pretendido alcance de los presupuestos anuales, puesto que no forman
parte de la misma numerosos entes de derecho público que, sin embargo, sí
se nutren por la vía presupuestaria, y sociedades estatales cuyo número
se acrecienta sucesivamente.
Por ello solicitamos que el Gobierno proceda a elaborar un proyecto de
ley y a presentarlo a la mayor urgencia a estas Cámaras, que adecue el
alcance de la Cuenta General para que se corresponda con todos los entes
y sociedades públicas que se nutran de los Presupuestos Generales, pero
que, sin embargo, después no están incluidas en la Cuenta General del
Estado y, por tanto, salvo que sean objeto de fiscalizaciones especiales
por parte del Tribunal de Cuentas, no viene incluido el control externo
de la ejecución de su presupuesto en la Cuenta General del Estado.
En la propuesta de resolución número 12 --y algo habrá que hablar después
de subvenciones, porque también hay unas propuestas de resolución
referidas a una moción que nos remitió el Tribunal de Cuentas a esta
Comisión-- solicitamos que por parte del Tribunal de Cuentas se proceda a
evaluar en los informes anuales futuros la aplicación de las subvenciones
otorgadas al sector privado a la consecución de los objetivos señalados
en la norma de concesión y al cumplimiento de la normativa presupuestaria
reguladora de la misma.
En la propuesta número 13, también haciendo referencia al elevado número
de sociedades estatales y a la inseguridad de su total agregación a la
Cuenta General del Estado, así como la nula fiabilidad de los importes de
inmovilizado financiero en el balance integral de la Administraión
General del Estado y sus organismos autónomos, solicitamos que por parte
de la Intervención General de la Administración del Estado se proceda a
elaborar y presentar ante estas Cámaras relación exhaustiva de todas las
sociedades estatales, señalando la participación directa e indirecta del
Estado de las mismas.
Haciendo referencia a la última propuesta, la número 19, solicitamos que
por parte de la Intervención General de la Administración del Estado se
intervengan adecuadamente las cuentas que a través de la misma han de
rendirse al Tribunal de Cuentas, evitándose los defectos reiteradamente
expuestos en sus informes anuales, y evitando, asimismo, incluir en los
estados anuales las cuentas de aquellos organismos cuyos defectos no han
sido corregidos.
Y termino como empecé, señor Presidente, diciendo que en los sucesivos
informes de la Cuenta General del Estado que nos vienen llegando a estas
Cámaras --y me refiero a las dos últimas legislaturas, de las que yo
tengo conocimiento por haber ejercido mi labor de Diputada en esta
Comisión-- son reiterativos los defectos, faltas e irregularidades que el
Tribunal de Cuentas viene poniendo de manifiesto.
Ya sería hora de que el Gobierno, y en su nombre la Intervención General
del Estado, hubiera corregido estos defectos. Indudablemente, el paso
siguiente de mi Grupo es plantear qué propuetas de resolución de las
aprobadas en esta Cámara en ejercicios anteriores se han aplicado por
parte de la Administración.
Lo que sí es cierto es que la Cuenta General del Estado del año 1989,
como bien dice el Tribunal de Cuentas, queda condicionada en su
representatividad por estas irregularidades, y tal y como se manifestó mi
Grupo en Ponencia y como lo viene haciendo en las liquidaciones de la
cuenta definitiva de ejercicios anteriores --y así lo haremos en el pleno
del Congreso cuando este asunto pase-- indudablemente votará en contra no
del informe del Tribunal, sino de la aprobación de la Cuenta General del
Estado, por cuanto creemos que no se adecua a la realidad de la ejecución
de los Presupuestos del año 1989.
El señor PRESIDENTE: Para defensa de sus enmiendas y fijación de posición
con respecto a las otras, tiene la palabra el señor Gimeno, por el Grupo
Socialista.
El señor GIMENO MARIN: Mi Grupo pretende que se proceda por esta Comisión
a proponer a la Cámara la aprobación de las Cuentas del Estado y los
organismos autónomos en base al informe de la Ponencia, que nosotros sí
vamos a votar favorablemente.
Los argumentos que he venido escuchando por parte del portavoz de
Izquierda Unida me parecen insuficientes para justificar en estos
momentos un voto en contra de la aprobación de los presupuestos. Ello en
sí mismo no me preocupa, pero sí me preocupan algunas de sus
informaciones dando a entender --yo creo que eso es lo incorrecto-- como
si hubiera hechos descubiertos por el Tribunal que se pretenden ocultar.
Creo que es prácticamente imposible que ocurra semejante situación. En
cualquier caso, es una duda que parece que se le suscita al Grupo de
Izquierda Unida, y mi Grupo, por supuesto, está a favor de la mayor
transparencia posible en las actuaciones lógicas del Tribunal, sobre las
que no tenemos nada que decir, sino que es el propio Tribunal el que
estoy convencido que actúa en esa misma línea. Y desde luego,
políticamente, ni mi Grupo ni el Gobierno tienen nada que ocultar en
absoluto. No sólo eso, sino que nosotros incluso hemos presentado
propuestas de resolución que tienen relación con algunos de los temas que
le preocupan a Izquierda Unida, y todos los demás grupos hemos acordado
incluir en el orden del día un punto que manifestará claramente nuestra
voluntad y la del propio Gobierno en cuanto a la transparencia para
evitar así cualquier tipo de suspicacias y dudas respecto a algunos de
los problemas que se puedan plantear.
Decimos que vamos a votar a favor y vamos a proponer a la Cámara su
votación también favorable, porque mi Grupo ha presentado un conjunto de
propuestas de resolución y ofertamos también unas transacciones al resto
de los grupos, especial y específicamente al Grupo Popular, ya que aunque
no estamos de acuerdo con algunas de las manifestaciones que se hacen, sí
creemos que por lo menos en las propuestas de resolución nuestras y en
las que presenta el Grupo Popular, en mi opinión hay aspectos
coincidentes, aunque también existen algunas diferencias que creemos que
son, a veces, de posibles interpretaciones diferentes de lo que es la Ley
y otras cuestiones en las que nos podemos aproximar, y así lo vamos a
intentar, insisto, en tres transacciones específicas que vamos a ofrecer
al Grupo Popular.
Nosotros pensamos que a veces las discrepancias que
existen entre los criterios del Tribunal y los que se pueden defender por
el Gobierno obedecen no sólo a diferencia de opinión, sino que están
basadas y fundamentadas en lo que establecen las normas y las leyes, lo
cual no quita para que el propio Tribunal pueda tener una opinión
diferenciada sobre cómo se debe computar o no el déficit. El Gobierno
sigue manteniendo criterios de acuerdo con la Ley en la interpretación de
cómo se debe establecer ese déficit, y además creo que coincide con los
que se siguen en otros países a la hora de elaborar un sistema de cuentas
análogo para que sean comparables por lo menos dentro de la Unión
Europea.
Yo no he estado en esta Comisión en otras legislaturas, pero por lo que
conozco y he leído es evidente que se plantean puntos de vista
diferentes, como el de devengo y el de caja, a la hora de determinar el
déficit, y que la posición del Gobierno no ha sido distinta de la que
mantiene el Tribunal como opinión, pero el Presidente del Tribunal ha
manifestado ya, por lo menos en lo que yo le he oído, que son criterios
diferenciados que pueden ser perfectamente opinables, pero que el del
Gobierno está de acuerdo también con el de la Ley.
En cualquier caso, creo que hasta en eso se van a producir
aproximaciones, puesto que me da la impresión de que en cuentas
sucesivas, respecto al cómputo de los intereses a la hora de determinar
el déficit, que es uno de los problemas que se venían suscitando, pienso
que se puede llegar ya a acuerdos entre el Gobierno y el Tribunal.
Además, el Tribunal ya empieza a reconocer algunos de los criterios del
Gobierno.
Sin embargo, no es eso lo importante. Lo importante para nosotros es que
formulemos propuestas de resolución orientadas a que el Gobierno actúe de
una forma más de acuerdo con las normas, aunque yo creo que así se hace,
lo que significa una ejecución presupuestaria más de acuerdo con lo que
nosotros estamos produciendo en los debates y de acuerdo también con los
criterios que establece el propio Tribunal.
En cuanto al problema que se plantea en estos momentos de las
modificaciones de crédito, nosotros proponemos el desarrollo
reglamentario de los artículos 66 y 71 del texto refundido, quizá en una
forma más concreta y específica de lo que plantea el Grupo Popular, pero
yo creo que refleja algunas de sus preocupaciones específicas. Quiero
decirle que, en todo caso, el Gobierno actúa de acuerdo con la Ley. Otra
cuestión es que la Ley haya que cambiarla o no, pero en lo que son
créditos extraordinarios esta Cámara es soberana para decidir sobre los
mismos. Podrá producir más o menos debates, pero insisto en que el
Gobierno actúa de acuerdo con esos criterios.
Nosotros planteamos en nuestras resoluciones que las modificaciones de
crédito autorizadas de los organismos autónomos se correspondan y
contabilicen en los términos acordados, y si surgen discrepancias en el
Tribunal al respecto con la práctica que se vienen realizando en algunos
casos, así como con la incidencia de las modificaciones en la consecución
de los respectivos objetivos del gasto, las consideraciones del Tribunal
a nosotros nos parecen positivas.
En organismos autónomos proponemos una resolución para mejorar el sistema
de presupuestación y de rendimiento de cuentas --creo que en este punto
coincidimos con algunos otros grupos--. En los balances de situación
planteamos que se cumplan de forma estricta las resoluciones de la
Intervención General de la Administración del Estado y las normas sobre
ajustes de valores, que es un tema que yo creo que preocupa al Grupo
Popular, así como una clasificación más adecuada de actuaciones
específicas, como por ejemplo préstamos a UTECO, etcétera. Nos parece
conveniente determinar la posibilidad de reembolso de los préstamos
concedidos al Consorcio de Compensación de Seguros, lo cual aparece
reflejado con cifras concretas en nuestras propuestas de resolución, y en
ello creo que coincidimos con otros grupos. Proponemos que se cancelen
los anticipos de tesorería en relación con la adquisición de material
militar a través de préstamos, en cumplimiento de la Ley 44/1982, y
hacemos consideraciones sobre la deuda de Tabacalera, de Juntas de Puerto
y de otras sociedades estatales. Con ello pretendemos mejorar el sistema
para la determinación de la participación mayoritaria directa o indirecta
del Estado para aplicar la exigencia de rendición de cuentas al Tribunal
de Cuentas por medio de la Intervención General del Estado.
Nosotros creemos que este tema debe plantearse en estos términos y
estamos de acuerdo en que hay que mejorar esa situación, pero también
creemos que pueden existir discrepancias sobre la consideración de qué
cuentas deben llegar o qué cuentas no deben llegar de las sociedades
estatales. Mantenemos el criterio de que sean las sociedades en las que
el Estado tenga participación mayoritaria, puesto que, si no, surgirían
problemas. En cualquier caso, como podrán comprobar, lo que se pone de
manifiesto es nuestra preocupación al respecto.
Presentamos propuestas de resolución sobre los objetivos por programas,
concretamente en el tema de actuaciones en la costa, aunque posiblemente
se pueda mejorar la redacción de nuestro texto. Proponemos también
resoluciones sobre el FEOGA-Garantía, las relativas a subvenciones, sobre
agregadurías militares, así como en lo relativo al fondo de garantía de
depósitos de cooperativas de crédito.
En cuanto a la contratación administrativa, aun coincidiendo en parte con
la propuesta del Grupo Popular, creemos que la nuestra es más completa.
Nosotros proponemos que hasta tanto entre en vigor la nueva Ley de
Contratos del Estado se efectúe una adecuada vigilancia y control de los
diferentes sistemas de contratación. De todas formas, no creo que haya
una diferencia sustancial. Quizá si hubiésemos mantenido un mayor número
de conversaciones al respecto habríamos podido llegar a un acuerdo que
hubiese quedado plasmado en el texto. Lo que sí quiero decir es que la
voluntad de nuestro Grupo es articular los mecanismos necesarios para
conseguir que la labor del Tribunal de Cuentas sea lo más eficaz posible.
En ese sentido, intentando aproximar posiciones
con otros grupos, presentamos tres enmiendas transaccionales a la
propuesta del Grupo Popular. La primera de ellas es a su propuesta de
resolución número 2 (según la numeración del Grupo Popular y no de la
Comisión, lo digo para evitar errores), en la que venimos a plantear que
las modificaciones aprobadas por el Ejecutivo referidas a créditos
catalogados como ampliables se adecuen no sólo a las obligaciones reales,
sino a las posibilidades de ejecución de los mismos, evitando así que
haya que proceder a la acumulación de importantes remanentes al final del
ejercicio. La explicación obedece a que, en nuestra opinión, determinados
créditos ampliables tienen que adecuarse a obligaciones reales. Sin
embargo, como S. S. sabe sin duda mejor que yo, este último concepto es
distinto al tema de ejecución concreta, y a veces el crédito tiene que
ver algo con la obligación, pero luego la ejecución es otro problema. En
cualquier caso, creemos que el espíritu es el mismo y simplemente
introducimos esa pequeña variación.
Respecto a la propuesta de resolución número 5, del Grupo Popular,
proponemos otra enmienda transaccional. Nosotros planteamos que por parte
del Gobierno se presente a las Cámaras, en el más breve plazo posible, un
nuevo proyecto de legislación general presupuestaria que regule
adecuadamente la actuación administrativa en la elaboración de los
Presupuestos y en la ejecución del gasto. Hemos suprimido algunas de las
expresiones utilizadas por el Grupo Popular, en las que más o menos
podíamos coincidir, porque nos ha parecido adecuado dar un planteamiento
más positivo a este tema.
En cuanto a la propuesta de resolución número 15, del Grupo Popular, en
la que existe una coincidencia fundamental, lo que proponemos es que se
incluya en la resolución número 2, del Grupo Socialista, relativa a
organismos autónomos, cuya redacción final sería la siguiente: «Asimismo,
que se proceda a realizar un análisis profundo de la situación financiera
y en su caso determinar los índices de solvencia y liquidez máximos y
mínimos permisibles, y en función de ellos establecer una adecuada
presupuestación y utilización del fondo de maniobra que permita una
política de transferencias coherente entre el Estado y los organismos
autónomos.» Yo creo que con ello recogemos la idea fundamental del texto
presentado por el Grupo Popular.
Lo que sí quiero decir sinceramente es que creo que en gran número de las
propuestas presentadas existe una aproximación importante entre el Grupo
Popular y el Grupo Socialista. Con toda sinceridad, creemos que las
discrepancias no serían tan importantes en las propuestas que presenta el
Grupo Popular. La número 1, es relativa a las modificaciones de crédito;
la número 12, relativa a subvenciones; la 13, de sociedades estatales,
tiene algo que ver con la 8 socialista, o la 8 socialista con la 13 del
Grupo Popular, sobre contratación administrativa; la 17, relativa a
amortizar el inmovilizado inmaterial, que creemos coincide en parte con
la 3 a) nuestra; la 18, que propone se contabilicen como pérdidas
asumidas por el Estado todos los préstamos concedidos al Consorcio de
compensación de seguros en el período 1984-1989, a la que hemos
presentado una propuesta de resolución; la 16, relativa a la remisión al
Tribunal de Cuentas de todos los contratos, que creemos ya se hace (lo
digo por las manifestaciones del propio Tribunal; es el Presidente del
Tribunal quien ha hecho referencias al respecto); creemos que se está
cumpliendo, por lo menos así lo hemos oído. En la 19 se plantea evitar
incluir en los estados las cuentas de aquellos organismos a los que no
les han sido corregidos sus defectos. En mi opinión, lo que ocurre --no
sé si servirá para convencer al Grupo Popular-- es que la Intervención
General de la Administración del Estado, por mandato imperativo de la
Ley, establece y decide si hay defectos importantes o defectos no
importantes; si los defectos que estima no son importantes, los remite al
Tribunal y si estima que los defectos son importantes, no remite esas
cuentas al Tribunal. Ese es el criterio que parece se aplica. Si fuera
así, vuelvo a insistir, creo que las discrepancias no serían tan
importantes en las propuestas de resolución que se plantean.
Vuelvo a insistir --y termino con ello, señor Presidente-- que la
voluntad de nuestro grupo, por supuesto, es que se cumplan las propuestas
que la Cámara hace al Gobierno en todo lo relativo a la ejecución
presupuestaria, ¡no faltaba más! Por eso no se preocupe S. S. que
nosotros plantearemos que todas las decisiones de esta Cámara se
defiendan frente al Gobierno, pero le vuelvo a insistir que no en todos
los casos lo que dice el Tribunal de Cuentas coincide con los
posicionamientos no sólo de mi grupo sino también del Gobierno, porque
creemos que el Tribunal interpreta criterios que exigirían modificaciones
de leyes; criterios que no tienen por qué ser compartidos por mi grupo ni
por el Gobierno. En esos supuestos, lógicamente hay diferenciaciones que
nos permiten perfectamente seguir discrepando, aunque creo que, en
cualquier caso, es deseable que vayamos aproximando todas las posiciones
para mejorar, como todos queremos, la ejecución del presupuesto.
Como está dentro de las cuentas de 1989, mi grupo plantea, porque creo
que tiene relación con ello, una propuesta de resolución sobre
universidades. Como tiene que ver con ello, se lo manifiesto.
Nosotros creemos --lo decimos de manera rotunda y clara en nuestra
propuesta de resolución-- que hay deficiencias importantes en la
ejecución presupuestaria de las universidades. En ese contexto, hacemos
una propuesta muy clara para que las propias universidades, que tienen
autonomía al respecto, adopten y sigan las indicaciones que el Tribunal
de Cuentas les está planteando para corregir los defectos señalados en el
informe del propio Tribunal de Cuentas.
Quiero indicarle, además (y creo que eso conecta con lo que propone el
Grupo de Izquierda Unida, aunque no sé si será suficiente) que mi grupo
hace unas propuestas de resolución sobre Transportes Bacoma. Hay una
propuesta específica que sí tiene que ver y ni que decir tiene que es una
propuesta dura porque la voluntad de mi grupo, igual que la voluntad del
Gobierno, es ser muy estrictos y exigentes en todo tipo de cuestiones que
puedan suscitar cualquier tipo de dudas. Planteamos al
respecto que se cumplimenten en sus justos términos las recomendaciones
del Tribunal de Cuentas expuestas en el informe, pero también planteamos
proseguir con las actuaciones jurídicas efectuadas --hay un error en la
propuesta de resolución, señor Presidente-- en relación con las empresas
Bacoma y Enatcar ante la jurisdicción ordinaria contra los presuntos
responsables de los contratos con Interleasing, y Aresleasing, en
beneficio de CTM, S. A.
Ya digo que nuestra propuesta es rigurosa y tan dura como la que más
porque creemos que exige una actuación de este tipo. Planteamos que se
informe a la Comisión Mixta en relación con las actuaciones de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad social y de Economía y Hacienda, de
las irregularidades expresadas en las conclusiones 8.ª y 9.ª y las
actuaciones de la Inspección de Hacienda por los conceptos tributarios de
los últimos ejercicios de la compañía. Y no sólo eso, sino que se
requiera al Tribunal de Cuentas para que, en el plazo menor preciso,
proceda a informar a la Comisión sobre resultados y fallos, si los
hubiere, de las actuaciones jurisdiccionales de la Sección de
Enjuiciamientos señalados en el informe.
Nuestra voluntad vuelvo a insistir, señor Presidente, en este tema, como
en los demás --y los iremos viendo-- es de transparencia total por parte
del Gobierno, transparencia total por parte del Grupo Socialista y
colaboración total para que se conozcan en profundidad y se exijan las
responsabilidades a quien proceda.
El señor PRESIDENTE: El señor González tiene la palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Voy a intervenir brevemente, señor
Presidente, para dejar clara la cuestión. No dudamos de la voluntad de
transparencia del resto de los grupos políticos, pero nosotros hemos
observado deficiencias en el informe y esas deficiencias nos obligan a
votar en contra tanto de las propuestas de resolución en torno al informe
como de la Cuenta General del Estado de 1989.
Comprendo que las propuestas del Grupo Socialista se acerquen más a las
propuestas del Grupo Popular porque, al fin y al cabo, los miembros del
Tribunal de Cuentas obedecen a un acuerdo entre el Grupo Socialista y el
Grupo Popular. No es ése el objeto de mi intervención, sino que mi grupo
ha constatado que faltan informes importantes en la Cuenta General del
Estado de 1989 y caben dos hipótesis: una, que no han llegado al Pleno
del Tribunal de Cuentas y entonces hay que preguntar quién es el
responsable de que no hayan llegado; y, otra, que hayan llegado y se
pudieran haber ocultado, en cuyo caso hay que preguntar también quién es
el responsable de que se hayan ocultado. En todo caso, constatamos que
esas fiscalizaciones especiales no están en el informe del Tribunal de
Cuentas y por eso nos hemos dirigido a su Presidente.
Resumo, pues, que vamos a votar en contra del informe porque es
incompleto, aunque tiene otros aspectos positivos, y vamos a votar en
contra de la Cuenta General del Estado de 1989.
El señor PRESIDENTE: Señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: En primer lugar quiero manifestar nuestra voluntad
respecto a las enmiendas transaccionales que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista a nuestras propuestas de resolución números 2, 5
y 15.
Indudablemente, preferiríamos que el texto que se aprobara fuera el
nuestro, pero si seguimos manteniendo única y exclusivamente nuestro
texto va a ser rechazado y no será así con el texto de la transaccional
(aunque insisto que no es el ideal que plantea el Grupo Parlamentario
Popular, que es el reflejado en nuestras propuestas) aceptaremos las tres
propuestas transaccionales de resolución por cuanto entendemos que pueden
ayudar a que la Cuenta General del Estado de años sucesivos se presente
de una manera que refleje más adecuadamente la realidad.
Siento y lamento que no se hayan presentado propuestas de resolución --y
tampoco se ha hecho referencia a ellas-- respecto a nuestra número 11, en
la que solicitamos que el Tribunal de Cuentas proceda a efectuar una
fiscalización específica, y con carácter urgente, del Inem; ni a la
número 22, en la cual también solicitábamos que el Tribunal de Cuentas
procediera a realizar una fiscalización específica del Instituto Nacional
de Industria. ¿Por qué digo esto? Porque en estos dos organismos tienen
su origen algunas desviaciones importantes que se vienen reflejando en la
Cuenta General del Estado y que el Tribunal de Cuentas viene denunciando
en años sucesivos.
Estas propuestas de resolución ya las habíamos presentado referidas a la
Cuenta General del Estado de 1988 y fueron rechazadas por el Grupo
Parlamentario Socialista. A mí me queda la esperanza de que en este
camino de plantear propuestas transaccionales, que creo recordar es la
primera vez que se plantean en esta Comisión, el Grupo Socialista, en ese
camino que ha iniciado de adecuar su criterio más a la realidad de los
hechos, se dé cuenta de que estas peticiones del Grupo Popular son
necesarias. Cuando nosotros hablábamos del agujero del Inem, los hechos
nos han venido a dar la razón. Los cargos del Gobierno socialista
referidos a esta área nos tacharon de catastrofistas y nos dijeron que no
llevábamos razón; sin embargo, en los Presupuestos Generales de 1993 ha
habido que incorporar dotaciones de crédito extraordinario precisamente
para cubrir eso que nosotros veníamos denominando agujeros. Habría que
conocer con exactitud cómo se han generado; no solamente a cuánto
ascienden sino de qué manera se ha llegado a eso. Para ello es
conveniente que sea el Tribunal de Cuentas el que intervenga.
Respecto a la fiscalización del INI, cabe decir lo mismo. Supongo que el
señor Gimeno sabrá que en las fiscalizaciones anteriores el Tribunal de
Cuentas viene denunciando la mala costumbre contable que tiene el
Gobierno de tapar las subvenciones que le da el INI, no
contabilizarlas como pérdidas y, por tanto, no engrosan las cifras de
déficit del ejercicio. Eso no es tener diferencia de criterios contables,
señor Gimeno, eso es contabilizar mal; algo que a las empresas privadas
el Ministerio de Hacienda no les permite. Lo que es deuda es deuda y lo
que es pérdida, es pérdida. Las subvenciones del Gobierno al Instituto
Nacional de Industria son pérdidas y, por tanto, deben sumarse a los
gastos e incrementar el déficit del Estado, en ningún caso deben estar
ahí en una cuenta suspensiva, que no es que el dinero haya desaparecido,
que nadie se equivoque, pero que sí está mal reflejado en la contabilidad
y, por tanto, está desvirtuando la realidad del déficit de la Cuenta
General.
Por último, señor Gimeno, en cuanto a los criterios que aplica el
Gobierno y que aplica el Tribunal de Cuentas, quiero decirle dos cosas.
Por una parte el Tribunal de Cuentas cuando fiscaliza lo que hace es
comprobar la adecuación a la legislación vigente y en algunas cuestiones
que denuncia el Tribunal hay vulneración de la legislación vigente, punto
primero.
En cuanto al famoso criterio de devengo y de pago al cual yo en este
momento no había hecho referencia porque nos quedará otro trámite
posterior para hablar de la Cuenta General del estado, el criterio del
Tribunal de Cuentas no es un criterio caprichoso. El criterio del
Tribunal de Cuentas de que se aplique el criterio de devengo --y valga la
redundancia--, es porque está basado en uno de los principios contables
fundamentales generalmente aceptados en todos los países, no solamente en
España y en Europa, sino en todos los países. Además porque resulta que
ése es un criterio que el Ministerio de Hacienda en su legislación fiscal
exige que se cumpla en el sector privado. Luego si es un criterio
contable generalmente aceptado y cuando se dice eso los que nos movemos
en el mundo de la contabilidad sabemos que es algo internacional y que no
son muchos los principios contables que están recogidos en nuestro Plan
General de Contabilidad aprobado por el Gobierno no hace más allá de dos
o tres años, que encima el propio Gobierno lo está exigiendo para el
sector privado, es pura lógica que se aplique en el sector público. No es
que sean dos criterios y que pueda acogerse uno u otro porque los dos se
aplican en la generalidad del mundo y porque los dos pueden ser
asumibles, no; es que el Gobierno defiende uno a rajatabla, porque le
conviene, lo defiende para aplicárselo para sí, pero sin embargo está
exigiendo el cumplimiento del contrario en el sector privado. Por eso,
señor Gimeno, las discrepancias entre el Tribunal de Cuentas y el
Gobierno van algo más allá de decir; estos son criterios que se pueden
aplicar.
Luego quiero decirle una cosa, señor Gimeno. Soy consciente de que usted
pertenece al Grupo Socialista y, por tanto, es el grupo que sustenta al
Gobierno; pero no olvide usted que aquí está como parlamentario; que el
Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador del Gobierno, que
depende de esta Cámara y que usted no está en estos momentos ejerciendo
la labor de sostén del Gobierno, sino de controlador, insisto, y frente
al criterio del Gobierno tiene el criterio del máximo órgano fiscalizador
dependiente de esta Cámara, según recoge nuestra Constitución.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la réplica el señor Gimeno tiene la
palabra.
El señor GIMENO MARIN: Sin ninguna duda la función nuestra --tiene razón
la portavoz del Grupo Popular-- es controlar al Gobierno, pero le puedo
asegurar que nuestra concepción también es sustentar al Gobierno. (La
señora Rudi Ubeda: ¿En esta Comisión?) En esta Comisión también.
Permítame que le diga que lo hacemos con enorme satisfacción pero también
se lo digo con claridad. A veces discrepamos con el criterio del Tribunal
de Cuentas y no nos preocupa porque creemos que la labor del Tribunal de
Cuentas es establecer el criterio que a él le parezca adecuado. En
algunas cuestiones es cierto --y usted tiene toda la razón al
manifestarlo-- por supuesto no obedece sólo a criterios de interpretación
de la ley, sino a otro tipo de criterios y ahí están las propuestas de
resolución que pretendemos todos ir mejorando y que creo van mejorando la
ejecución presupuestaria, la propia técnica de presupuestos y esas
opiniones incluso llevan, a veces, a modificaciones legislativas.
Dicho eso vuelvo a insistir en que a veces podemos discrepar, pero usted
ha suscitado dos temas que a mí me parecen de enorme interés.
En el debate de esos dos temas creo que usted debería cambiar la
propuesta de votación en relación con la cuenta que estamos considerando.
Una, porque no sé si hay algo que se haya debatido más que el tema del
Inem, tanto en el final de la legislatura anterior como en ésta. Hace
poco tiempo hubo un debate por parte de su grupo con la Interventora
General de la Administración del Estado y de nuestro propio grupo donde,
por cierto, la portavoz de su grupo me parece que dijo que le había liado
tanto que al final iba a tener que aprender contabilidad. Usted no
estaba. (La señora Rudi Ubeda: No es mi caso.); ya sé que no estaba
usted. Ya sé que usted es una gran experta en contabilidad. Lo que la
portavoz de su grupo planteaba, que me parece era Celia Villalobos,
portavoz de la Comisión de Política Social, era que le había liado un
poco. Yo le aseguro que la aclaración de la Interventora General fue muy
interesante. Le recomiendo que la lea en el «Diario de Sesiones» porque
verá con claridad la situación. Pero es que hemos aprobado varios
créditos extraordinarios, con toda la polémica política que se pueda
suscitar, como usted sabe, y con todos los problemas que se han planteado
en la financiación de esos déficit, como consecuencia de la intervención
de la propia Seguridad Social, de la intervención, en su día, de
préstamos del Banco de España a la Seguridad Social, pero todas esas
situaciones forzosamente, por unas razones o por otras, y por la propia
voluntad política de su grupo, del nuestro, de la Cámara y de la propia
realidad de la Unión Europea que nos impide determinadas situaciones,
creo que esas cuestiones se han ido resolviendo.
Por eso no hemos hecho una referencia especial. Sé que se han planteado.
Yo he estado leyendo el «Diario de
Sesiones» y es verdad. Me he dado cuenta, sorprendentemente, de que se
repiten muchas cuestiones; pero tengo la impresión de que se van
resolviendo algunas.
Usted plantea un debate que a mí me parece todavía mucho más interesante,
el del Instituto Nacional de Industria. Ahí yo le tengo que dar la razón.
Le tengo que dar la razón en parte en lo siguiente. Le tengo que dar la
razón en parte porque posiblemente, según los criterios de
contabilización, podrá producirse una imagen más o menos diferenciadora
de la realidad del Instituto Nacional de Industria; pero yo le quiero
decir algo muy claro. Ya no va a poder ocurrir. A partir de 1993 no puede
ocurrir esa situación, por algo muy simple, que sin duda alguna usted
conoce porque ha estado debatiendo estos temas más tiempo que yo; pero
desde que el INI se transformó, ya hace tiempo, y de organismo autónomo
pasó a sociedad estatal más todas las transformaciones que se han venido
produciendo, que han coincidido también con la aprobación de un plan
general de contabilidad, lo que usted plantea ya es obligación para el
INI a partir del año 1993. Es cierto que no era obligación ni podía serlo
para el INI porque el propio Gobierno había adoptado disposiciones que le
salvaban de esa obligación.
Creo que usted ya tiene que estar satisfecha al respecto porque a partir
de este año se van a producir unas consecuencias evidentes en el reflejo
de la realidad del Instituto Nacional de Industria, eso es verdad, tan
verdad como que yo creo que ustedes lo van a poder percibir, igual que
todos.
Quiero hacer una reflexión que también me parece interesante e
importante, que no tiene nada que ver quizá con los problemas, pero como
estos días se está suscitando un debate también sobre el tema del INI y
la Comunidad Económica Europea (no sólo eso; luego tendremos ocasión de
producir otro debate entre subvenciones y Unión Europea) le digo una
cosa. Desde el punto de vista de los intereses españoles una cuestión es
que clarifiquemos cuál es la situación real, pero también le digo que no
vayamos a generar una situación demasiado cómoda a los demás países de la
Unión Europea que aplican criterios menos estrictos que los nuestros. Yo
le digo: de acuerdo totalmente. Conozcamos la realidad; pero, por favor,
cuando hablamos de países como Francia, no sé si decirlo, o como Italia,
me da la sensación de que su flexibilidad en las interpretaciones les
lleva con mucha alegría a denunciar situaciones en España
incapacitándonos a nosotros para presentar denuncias de lo que pasa en
estos países. Sólo lo digo como reflexión; pero totalmente de acuerdo con
usted. El INI en estos momentos se rige por el mismo sistema de
valoraciones. Por ejemplo, en cuanto a su cartera, que a usted le
preocupa, como es razonable, cómo no le va a preocupar, porque de la
valoración de esa cartera depende el reflejo más real de esa situación,
este año el INI va a tener que reflejarlo de acuerdo con esos criterios.
Se le ha comunicado ya por la Intervención General de la Administración
del Estado.
El portavoz de Izquierda Unida ha hecho alguna referencia. No me
parecería muy cortés dejar de darle alguna contestación. El tono en que
lo ha planteado es moderado, aunque el fondo no es nada moderado, señor
Presidente, porque decir que se ocultan determinados informes me parece
preocupante. Como lo dice en un tono muy suave, en un tono muy suave le
voy a responder yo también. Sinceramente, nosotros no tenemos problema en
ningún tipo de información ni de informe del Tribunal de Cuentas, pero la
responsabilidad del Tribunal de Cuentas será remitirlo, si lo considera
conveniente y si lo tiene.
Estoy convencido, y se lo digo al portavoz de Izquierda Unida; yo no creo
sinceramente que haya ningún intento de ocultación ni de fijar la
responsabilidad. El Presidente dijo que informaría quién ha hecho esos
supuestos informes, que yo desconozco, señor Presidente, quizá porque
llevo poco tiempo en esta Comisión. En cualquier caso, si el Presidente
se ha comprometido, estoy convencido de que nuestro Presidente le
recordará los compromisos que adquirió con la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no han presentado propuestas y desean
intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco, el señor Zabalía tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, intervengo muy brevemente en
nombre del Grupo Parlamentario Vasco indicando que nosotros no hemos
presentado ninguna resolución al informe anual del Tribunal de Cuentas y
que, por tanto, vamos a votar afirmativamente en relación con la Cuenta
General del Estado de 1989.
Al margen de que nosotros vayamos a aprobar esta Cuenta General, creo que
sería necesario dejar constancia de que para nosotros es muy importante
seguir avanzando, decididamente y a la mayor brevedad posible, en
aquellos aspectos que generen una mayor transparencia de las cuentas
generales del Estado, aquellos aspectos que permitan que tanto la
Comisión Mixta como el Parlamento puedan disponer de la información
suficiente para el control y fiscalización de estas cuentas.
Comparto la necesidad --que creo ya ha quedado reflejada en esta Comisión
y en el Parlamento-- en la urgencia de que el Gobierno presente un nuevo
proyecto de ley General Presupuestaria, para lo que ya hay un compromiso
implícito por parte del Gobierno y creo que debe hacerse a la mayor
brevedad posible, todo ello en aras de poseer los mecanismos necesarios
para el control del cumplimiento de los Presupuestos y fundamentalmente,
de las desviaciones que tradicionalmente estamos observando en el
cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado. Este es el
verdadero problema. De los Presupuestos Generales del Estado, no es tan
importante lo que pueda quedar aprobado el 1.º de enero como el miedo que
siempre se nos presenta a cómo van a quedar esos presupuestos a 31 de
diciembre de ese mismo año. Creo que una de las funciones principales de
la Comisión es el control y el seguimiento del cumplimiento de los
Presupuestos Generales.
Respecto a las resoluciones presentadas por los grupos
parlamentarios, independientemente de poder compartir la filosofía que
puede impregnar las resoluciones presentadas por el Grupo de Izquierda
Unida, sin embargo no puedo compartir el hecho de no aprobar la Cuenta
General por lo que antes he apuntado. En definitiva, creo que el texto va
a quedar mejorado después de las propuestas de resolución que han
presentado los grupos parlamentarios.
Por tanto, nosotros vamos a votar afirmativamente a la Cuenta General del
Estado para el año 1989.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), el señor Carrera tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, nuestro grupo no cree que el
informe del Tribunal de Cuentas contenga irregurlaridades u oculte datos
e información. Por ello vamos a votar favorablemente, eso sí, prestando
la debida atención a las resoluciones que han sido presentadas, por
entender que es precisamente a través de estas resoluciones como se
pueden paliar deficiencias e incluso impulsar nuevas actuaciones. En este
sentido y como fijación de posición respecto a las resoluciones
presentadas, evidentemente, nuestro voto va a ser negativo en cuanto a
las propuestas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y vamos a
votar afirmativamente las propuestas que han sido transaccionadas con el
Grupo Popular y que su portavoz ha aceptado en este trámite.
Por nuestra parte quisiéramos plantear un par de transaccionales al Grupo
Socialista, que haré llegar a la Presidencia a continuación. La primera
hace referencia a actuaciones en la costa --página 6 de las propuestas
presentadas por el Grupo Socialista--, que quedaría redactada como sigue:
Los objetivos que se señalan en los programas presupuestarios deberán
definirse con mayor exactitud, «de forma que permitan, en lo posible, su
cuantificación» --éste sería el añadido a dicha propuesta de
resolución--, continuando, igual que la propuesta de resolución, y ser
objeto de un seguimiento y control adecuado que permita establecer el
grado de cumplimiento de los mismos. Asimismo, atender las
consideraciones del Tribunal de Cuentas sobre control interno y archivo
de expedientes de inversión, finalizando tal como estaba: «De igual forma
deberá exigirse de las diferentes unidades administrativas responsables
de la gestión de los diferentes programas presupuestarios esta medida.»
Esta sería la primera propuesta transaccional a la actuación en la costa,
página 6.
La otra es sobre el tema al que ha hecho referencia el portavoz
socialista cuando hablaba de universidades. Proponemos el siguiente
texto: «La Comisión, al constatar los defectos y anomalías respecto a las
cuentas rendidas por las Universidades, que ponen de manifiesto
salvedades que afectan a su situación financiera y patrimonial y al
escaso rigor de su presupuestación, insta a las Universidades y, en
particular a sus consejos sociales, para que procedan a la corrección de
los defectos señalados en el informe del Tribunal de Cuentas.» Hasta aquí
sería exactamente el mismo texto. A nosotros nos gustaría añadir, en
virtud de esta propuesta transaccional: Asimismo, insta al Gobierno para
que, en el marco de sus competencias, estudie la posibilidad de
establecer un plan de cuentas sectorial para las universidades que se
adapte a sus características y circunstancias.
Estas serían las dos transaccionales que ponemos a consideración del
Grupo Socialista y del resto de los grupos en este trámite, que hago
llegar inmediatamente a la Presidencia.
Para finalizar, en este primer punto referido a las cuentas generales del
Estado de 1989, y aunque pueda parecer un tema muy puntual cuando me
refiero a juntas de puertos, me gustaría dejar constancia de lo
siguiente, sin ser siquiera una enmienda transaccional. Aunque es cierto
que el plan general de contabilidad pública se señala como sistema de
valoración el valor coste, tal como se viene contemplando, creemos sería
necesario hablar de valores actualizados, lo más cerca posible de un
valor real, como podría ser en este caso el valor catastral rectificado
con los correspondientes coeficientes de actualización. Este es un
comentario que me gustaría añadir en cuanto a la posición de mi grupo
parlamentario sobre este punto concreto.
Nada más por mi parte, sino hacer llegar a la Presidencia las dos
transaccionales para su debate posterior.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede hacernos llegar las propuestas? (El señor
Gimeno Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno, le voy a dar la palabra únicamente a efectos de manifestar
si acepta estas modificaciones, que en realidad son añadidos de frases a
dos propuestas presentadas por el Grupo Socialista.
El señor GIMENO MARIN: Como interprete el Presidente. Si es enmienda
transaccional, retiramos las nuestras para que sea posible, lo que diga
el Presidente; y si simplemente vale con las afirmaciones que hace el
Presidente, también estamos de acuerdo. Si hiciera falta estaríamos
dispuestos a retirar nuestras propuestas de resolución para que fuera
posible la asunción de la propuesta transaccional, en mi opinión, que ha
presentado el Grupo Catalán.
Simplemente quería indicar, señor Presidente, que, por incorrección
nuestra, no hemos numerado todas las propuestas de resolución de la
cuenta general y posiblemente tendríamos que haberlo hecho. Las
actuaciones en costa figuran sin número, y yo espero que la Mesa resuelva
estas deficiencias nuestras en la presentación de las resoluciones.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, vamos a proceder a las
votaciones, informando que en principio se votará el informe que elaboró
la Ponencia relativo a la aprobación o no de la cuenta del Estado y
Seguridad Social, y a continuación se votarán las propuestas de
resolución en el mismo orden que han sido defendidas, haciendo las
salvedades de las que el Grupo Popular, he
querido entender, retiraba para presentación de las transaccionales por
el Grupo Socialista. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
Señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Es para una cuestión de orden en cuanto a las
votaciones, señor Presidente.
Respecto a las propuestas de resolución de Izquierda Unida, que están
ordenadas separadamente, en dos bloques, y como al principio...
El señor PRESIDENTE: Señora Rudi, una aclaración, Izquierda Unida no
tiene propuestas de resolución, lo dije al inicio.
La señora RUDI UBEDA: Sobre eso le iba a pedir aclaración, porque quizá
estaba distraída y no he captado bien la opinión de la Mesa o de su
Presidente. La que solicita la fiscalización del BOE se va a ver después,
no como propuesta de resolución, sino como solicitud de fiscalización.
El señor PRESIDENTE: Exactamente.
La señora RUDI UBEDA: ¿Y las de ABB lo mismo?
El señor PRESIDENTE: Ya se verá en su momento.
Iniciamos entonces las votaciones. Votamos el informe de Ponencia
relativo a la cuenta general del Estado de 1989.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.
A continuación, procedemos a la votación de las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Popular, con la excepción de las números 2, 5 y
15, que serán objeto de transacción por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación se someten a votación las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Socialista, con la incorporación de las
transaccionales presentadas en relación con las números 2, 5 y 15 del
Grupo Popular, y las modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario
Catalán relativas al punto de actuaciones en la costa y universidades
públicas. (El señor Gimeno pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: No debería ser yo el que lo dijera, señora
portavoz del Grupo Popular...
La señora RUDI UBEDA: Por desgracia, señor portavoz del Grupo Socialista.
No he pedido la palabra en este turno, porque aunque las propuestas del
Grupo Socialista, puras, no las transaccionales, indudablemente no
coinciden al cien por ciento con lo que el Grupo Popular hubiera querido,
sin embargo, algunas cosas son tan obvias que no parece razonable
votarlas en contra, aunque provengan del Grupo Parlamentario Socialista.
(Algunos señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Repito, entonces, se votan las enmiendas presentadas
por el Grupo Socialista, incluidas las modificaciones propuestas por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las transaccionales a las números
2, 5 y 15 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por mayoría, con una abstención.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, no sé si me corresponde la
posibilidad reglamentaria de una brevísima intervención aunque sólo sea
para agradecer la postura del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: La intervención ya está hecha y no es necesario
concederle la palabra.
A continuación se votan las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Socialista referidas a la fiscalización a Transportes Bacoma, S.
A., que aunque vienen con la Cuenta General del Estado en el informe
vienen con una fiscalización especial aparte. Estas enmiendas ya han sido
defendidas por el señor Gimeno del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por mayoría con una abstención.
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL DIA 26
DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES FORMULADOS AL MISMO. (Número de
expediente Congreso 251/000003 y número de expediente Senado 771/000020.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto del orden
del día, defensa de las propuestas de resolución presentadas con respecto
al informe sobre las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 1991.
Las propuestas se han presentado solamente por el Grupo Socialista. El
señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Muy brevemente, señor Presidente, simplemente
reconocer las propias afirmaciones del Tribunal, y como ya son conocidas
por los demás grupos, he terminado con mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Grupos que quieran fijar posición con respecto a
estas propuestas. (Pausa.)
Se someten a votación las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista en relación con las elecciones locales
celebradas el 26 de mayo de 1991.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
--INFORME SOBRE LA CONTABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL AÑO 1988 Y
VOTOS PARTICULARES FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso
251/000001 y número de expediente Senado 771/000019.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que es
informe sobre contabilidad de los partidos políticos del año 1988.
Se han presentado propuestas de resolución por Izquierda Unida, Grupo
Socialista y Grupo Popular. En este orden serán defendidas.
En primer lugar, para la defensa de sus propuestas, tiene la palabra el
señor González, del Grupo de Izquierda Unida.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: También muy brevemente, señor Presidente.
Creo que nuestra propuesta de resolución será aceptada por el resto de
los grupos políticos porque en su apartado primero viene simplemente a
constatar las insuficiencias de la actual Ley de Financiación de Partidos
Políticos, la falta de competencias sancionadoras en el caso de
incumplimiento de la Ley.
En ese mismo apartado proponemos la creación de una Ponencia en el seno
de esta Comisión encargada de redactar una proposición de ley, con el
consenso de los grupos parlamentarios, que modifique la actual Ley de
Financiación de Partidos Políticos. Ponemos algunas cautelas más de
determinadas responsabilidades de los partidos políticos en el caso de no
pedir las cuentas, falsear las mismas, etcétera, preocupación de todos
los grupos políticos. Proponemos la facultad del Tribunal de Cuentas para
imponer sanciones que se consideren pertinentes en el redactado de la
Ley; concretar normativas más específicas sobre las fuentes de
financiación pública, incluyendo, lógicamente, todas las subvenciones y
ayudas en las corporaciones locales a los grupos de cargos electos;
extender --fíjese qué valientes somos-- el cumplimiento de las
obligaciones contables de la Ley también a las coaliciones; reconocer al
Tribunal de Cuentas competencias para recabar de las entidades
financieras y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas cuantos
extremos estimen precisos sobre operaciones entre éstas y el partido o
coalición correspondiente; y en el último apartado proponemos una novedad
y es que pedimos que se elabore por parte del Tribunal de Cuentas un
nuevo informe sobre la contabilidad del PSOE en el año 1988 donde se
clasifiquen las posibles relaciones del PSOE con terceros a través de
determinadas empresas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las propuestas de resolución del
Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Con respecto a la fiscalización de los partidos
políticos referidos al ejercicio de 1988, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado cuatro propuestas de resolución. Las tres primeras se
corresponden --como se dice en el inicio de nuestro escrito-- con las
recomendaciones efectuadas por el referido organismo en relación a los
partidos políticos. Puede parecer en algún caso que su redacción, como
decía antes haciendo referencia a alguna otra propuesta, es demasiado
obvia, pero lo que sí es cierto es que, quizá por ser el año 1988 el
primer año completo que los partidos políticos recibieron financiación en
aplicación de la Ley 3/1987, el Tribunal de Cuentas en su fiscalización
recomienda el sistema de contabilidad o, por lo menos, algo tan obvio
como es establecer un sistema de contabilidad. Por ello, siguiendo
--insisto-- las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, lo que
planteamos es que los partidos políticos deben de reflejar su actividad
económico-financiera en los correspondientes libros contables. Que no se
entienda con esta recomendación que son libros manuales, sino que, al
igual que en el sector privado existe la posibilidad, cuando se lleva la
contabilidad por ordenador --algo muy habitual en los tiempos que estamos
viviendo--, de encuadernar posteriormente los listados de ordenador --y a
eso se le sigue llamando libros contables-- los partidos políticos puedan
hacer lo mismo, correspondiéndose este reflejo con los oportunos soportes
y justificantes, aclarando además que el sistema de control interno
deberá permitir el seguimiento de todos los derechos y obligaciones
derivados de su actividad.
La propuesta de resolución segunda lo que plantea es que los partidos
políticos presentarán los estados contables consolidados hasta el nivel
fijado en la Ley 3/1987, de financiación de partidos políticos, y en
dichos estos estados se integrarán y reflejarán tanto las operaciones de
funcionamiento habitual como las distintas campañas electorales. Esto hay
que hacerlo constar porque, como seguramente conoce SS. SS., las campañas
electorales están sometidas a una doble fiscalización: primero se realiza
una fiscalización por parte del Tribunal, nada más finalizar las
elecciones y, luego, sin embargo, se debe integrar dentro de la
contabilidad general de los partidos para sufrir, podríamos decirlo así,
una segunda fiscalización. Por tanto, en los registros contables,
siguiendo la normativa tanto de la Ley Electoral como de la Ley de
Financiación de Partidos Políticos, deberán figurar perfectamente
diferenciados los ingresos por aportaciones regulares de sus afiliados y
de los ingresos por aportaciones voluntarias.
La propuesta tercera hace referencia a que los partidos
políticos (es obvio, pero quizá haya que hacerlo constar), al igual que
cualesquiera otra persona física y jurídica, vienen obligados a efectuar
las retenciones a cuenta del IRPF y otros impuestos fijados por la
legislación vigente, y por tanto la Inspección Financiera y Tributaria
deberá vigilar el cumplimiento de estas obligaciones lo mismo que lo hace
con las personas físicas o jurídicas.
Estas tres propuestas de resolución, como digo, recogen el espíritu de
las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas.
La cuarta propuesta hace referencia a algo que ya discutimos aquí en su
momento y que fue, desde luego, origen de un fuerte debate en el mes de
marzo en esta Comisión, que venía originado por el caso específico de que
la contabilidad del Partido Socialista hubiera sido fiscalizada
independientemente como consecuencia del llamado caso Filesa y,
posteriormente, el resto de los partidos lo hayan sido en otro momento.
El debate no venía originado solamente por ese hecho sino porque en esas
fiscalizaciones, según denunciaban los votos particulares de algunos
consejeros del Tribunal de Cuentas, se había utilizado --lo veíamos
comparando unos informes y otros-- distinto plan de fiscalización y
diferentes métodos. Aquí, estuvimos discutiendo con el Presidente del
Tribunal de Cuentas las diferentes circularizaciones a las que se había
sometido a unos partidos y a otros y hay que recordar que al Partido
Socialista Obrero Español, en cuanto a sus cuentas bancarias, única y
exclusivamente se le pidió directamente al Partido que dijera qué cuentas
bancarias tenía y en qué entidades. Sin embargo, a otros partidos
políticos se les ha exigido una circularización mucho más extensa y,
además, solicitando los extractos bancarios. Que quede claro, a efectos
del «Diario de Sesiones» y a efectos de los medios de comunicación que se
encuentran en esta sala, que la segunda circularización es la correcta.
Es decir, que el Grupo Popular no está disconforme con la técnica de que
el Tribunal de Cuentas fiscalice al propio partido; sí está disconforme
con que no se hayan utilizado los mismos criterios.
Por ello, y para dar una salvaguardia al Tribunal de Cuentas, en este
punto 4 pedimos que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/1987, de
financiación de partidos políticos, el Tribunal deberá realizar las
fiscalizaciones correspondientes a las distintas formaciones de manera
simultánea en cada ejercicio. Es decir, cada ejercicio todos los partidos
políticos a la vez, empleando los mismos métodos de fiscalización, el
mismo proceso y lenguaje semejante en la explicitación del informe.
Indudablemente, para que pueda formar opinión la sociedad, ante la cual
los partidos políticos, siendo receptores de subvenciones públicas,
tenemos que ser cuentadantes, es necesario que los métodos de
fiscalización sean los mismos y que, desde luego, los informes se
redacten utilizando un criterio semejante. Por ello planteamos hoy aquí,
señor Presidente, esta propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González. (Rumores.--Un
señor Diputado: Ya ha hablado.)
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: No me entero muy bien, señor Presidente, no
sé si tengo derecho a réplica. Yo había intervenido anteriormente y he
defendido mi propuesta.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Tiene la palabra el señor Gimeno para la
defensa de su propuesta de resolución.
El señor GIMENO MARIN: En este problema creo que hay una voluntad común
del conjunto de los grupos políticos, pero permítame, señor Presidente,
algún comentario amable.
Yo tenía la sensación, señora Rudi, de que, por desgracia, con el Partido
Socialista se había sido mucho más duro que con los demás partidos. Esa
es mi impresión. En cualquier caso, no vamos a discutir sobre esa
cuestión. Yo creo que el Tribunal ha aplicado criterios análogos a los
seguidos con otros partidos. Yo no participé en ese debate en el que
usted tomó parte en esta Comisión, eso es verdad. Pero yo tenía la
percepción, por lo menos, de que, ¡hombre!, no sé, me daba la sensación
de que pocas veces se han fiscalizado las cuentas de un partido con tanta
profundidad como se ha hecho con el Partido Socialista. Nos parece bien y
así lo defendimos en su momento y seguimos defendiéndolo ahora.
Hay unos aspectos fundamentales en los que coincidimos, y es la voluntad
de transparencia total de la actividad de los partidos políticos. Eso se
recoge en una serie de propuestas de resolución. Querría intentar
convencer al portavoz de Izquierda Unida fundamentalmente --también a la
portavoz del Grupo Popular, pero creo que va a ser más sencillo-- de ver
si es posible que coincidamos, porque me parece un tema lo bastante
importante en cuanto a su significación política como para que intentemos
llegar a un acuerdo.
El portavoz de Izquierda Unida propone que se articule en el Congreso de
los Diputados una ponencia para preparar una ley relativa a la
financiación de partidos políticos. No sé si es el método más adecuado o
no, posiblemente sea adecuado, pero la Comisión del Tribunal de Cuentas
quizá no sea la más apropiada; habrá otras comisiones donde estos
trabajos se puedan desarrollar. El Gobierno se ha comprometido
públicamente, entre las medidas que hemos denominado de impulso
democrático, a elaborar una ley de financiación de los partidos políticos
en la que, por supuesto, yo creo que es fundamental que exista un
consenso suficiente entre el conjunto de los partidos políticos y de los
grupos parlamentarios de esta Cámara. Desde esa iniciativa es en la que
yo entiendo que es posible sin ninguna duda articular en su momento los
mecanismos legales de ponencia u otros que permitan ponernos de acuerdo,
en conversaciones previas o no, con el Gobierno o no --no entro en esa
consideración--; pero si llega a la Cámara una iniciativa de esas
características, yo tiendo a pensar que, a la fuerza, se articularán los
mecanismos que posibiliten ese acuerdo, porque, vuelvo a insistir, en lo
fundamental podemos estar de acuerdo. Además, creo que es conveniente que
lo
estemos. Por eso invito al portavoz de Izquierda Unida a que haga una
reflexión de esas características.
Agradezco a la portavoz del Grupo Popular que me haya resuelto la pequeña
duda que tenía sobre libros contables, porque yo, en mi Partido, veía que
manejaban los ordenadores y pensé: ¡A ver si la liamos! En cualquier
caso, disculpe mi desconocimiento.
Por otra parte, le quiero decir que en la propuesta número uno no tenemos
ningún tipo de problema, estamos totalmente de acuerdo, pero también le
invitamos a que, si a S. S. tampoco le parece mal la propuesta que hemos
planteado nosotros como primera, la voten a favor, si piensan que están
de acuerdo con ello. Yo creo que sí.
Su propuesta segunda introduce alguna consideración importante, que
nosotros no habíamos considerado en nuestras propuestas, sobre todo la
consideración específica de establecer el nivel fijado en la Ley 3/87, de
Financiación de los Partidos Políticos, porque si no, a lo mejor, las
propuestas se saldrían un poco de lo que es la realidad necesaria y
conveniente.
En ese contexto nosotros les presentamos una enmienda de transaccional
que pretendería unificar nuestra propuesta de resolución segunda con su
propuesta segunda. En la práctica, es eso. Nosotros tenemos algunas
dudas, se lo planteo así y le explico por qué hemos modificado su texto.
En nuestra propuesta transaccional hemos quitado una referencia a un
párrafo, unas líneas de su texto, porque es posible que nos convenzan
ustedes en otro momento, pero ahora tengo dificultades para que me
convenzan respecto a la integración de las cuentas electorales. Ya le
digo que no es una cuestión de fondo, sino de consideración.
¿Por qué se lo planteo? En las cuentas electorales se determina y se fija
la responsabilidad del administrador electoral que, de alguna manera, es
responsable ante las comisiones electorales y, como consecuencia, también
ante la justicia de lo que pasa en ese proceso electoral. A mí se me
suscita la duda, en ese contexto --así se lo digo--, sobre la integración
de las dos contabilidades --la electoral y la del partido-- porque la
responsabilidad del partido está en otras personas. Sólo por eso, no es
otro tipo de problema. Esa consideración me lleva a la reflexión de que
la integración, que puede ser deseable, en la práctica posiblemente haya
que producir alguna modificación legislativa para que sea posible, porque
hay un responsable específicamente señalado por la Ley en la contabilidad
electoral, y hay un responsable, señalado por la Ley, menos concretamente
--y eso lo sabe usted también-- en lo que es la responsabilidad de los
partidos políticos. Por eso en la propuesta transaccional hemos quitado
justo la referencia que hacía S. S.: «En dichos estados se integrarán y
reflejarán, etcétera.»
Esa es la cuestión. No era otra la razón, sino simplemente estar también
de acuerdo con el espíritu que planteaba su punto dos. No sólo de
acuerdo, sino que nos parece muy conveniente el que se haga la referencia
al nivel fijado en la Ley 3/87. Lo que añade nuestra propuesta tiende a
evitar algunos de los problemas que suscitaba su señoría. ¿Para todos
igual? Por supuesto. Pues articúlese por el Tribunal de Cuentas una
propuesta que, dentro de esos límites que usted ha señalado, establezca
un sistema normalizado de cuentas para los partidos políticos y así todos
tengamos la misma normativa, estando de acuerdo, porque lo dice la Ley,
en que tiene que estar dentro del marco del Plan General de Contabilidad;
porque lo dice la Ley en estos momentos. Ese es el sentido de nuestra
enmienda transaccional.
La tercera que presenta el Grupo Popular, como ha dicho usted, es tan
obvia, tan obvia, que nos parece innecesario decirlo. Por eso no la hemos
incluido y por lo que preferiríamos votar que no. Por eso sólo, porque
nos parece obvio decir que la Inspección de Hacienda tiene que intervenir
los partidos políticos. Pues ya lo sé. Cuando lo estimen conveniente, y
las obligaciones las tendremos que cumplir en los partidos políticos como
cualquier ciudadano. ¡No faltaba más! Tanto para que se nos inspeccione
como para que se nos sancione por la Inspección de Hacienda; sin ningún
tipo de dudas.
Más problemas se suscitan con la interpretación de algún Grupo, como el
de Izquierda Unida, sobre las sanciones del Tribunal de Cuentas. Yo creo
que es un tema a debatir, pero no sé si ya está lo suficientemente maduro
como para plantearlo aquí en estas propuestas de resolución.
En cuanto a la propuesta número cuatro del Grupo Popular, nosotros le
ofrecemos una transacción que a nosotros nos parece obvia. El Partido
Socialista quiere que se le inspeccione, se lo aseguro, y que se nos
fiscalice al mismo tiempo que a los demás partidos. Usted me entendereá
perfectamente. ¡Claro que lo queremos! ¿Cómo no lo vamos a querer? Lo que
pasa es que a nosotros ya se nos han fiscalizado dos ejercicios: uno, el
que estamos hoy debatiendo aquí y otro que todavía no se ha debatido, con
lo cual su propuesta es por lo menos difícil respecto a ese año. Por eso
le ofrezco una transaccional que está de acuedo con el espíritu que le
anima, aunque discrepe de la interpretación que ha utilizado usted para
llegar al final. Se lo digo porque yo coincido con lo que decía ya el que
fue portavoz de mi grupo en su momento y hoy es Presidente de la
Comisión, y es que los criterios que ha seguido el Tribunal con el
Partido Socialista me parece que, como mínimo, eran iguales a los
seguidos con el resto de los partidos, y yo ya he dicho que me parecía
que eran más duros para el Partido Socialista. Por eso le pongo en la
transacción «en la medida de lo posible»; porque sólo estoy pensando en
el próximo ejercicio, pero en cualquier caso, estamos de acuerdo con el
fondo al que usted llega. Esas son las dos enmiendas transaccionales que
le ofrecemos.
Al portavoz de Izquierda Unida le pediría que hiciera un esfuerzo para
ver si es posible que en este tema se llegue a un acuerdo entre todos los
partidos políticos, ya que nuestra voluntad, y estoy convencido que la de
todos, es lograr la mayor transparencia y claridad ante los ciudadanos,
ante las Cámaras y ante la sociedad en su conjunto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para réplica el señor González, del
Grupo de Izquierda Unida.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista su
oferta de consenso para la redacción de la proposición de ley de
modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, lo que le
recordaré verbalmente en su momento; no tema S. S. que no le voy a enviar
ninguna carta.
Voy a mantener mis propuestas, aunque considero razonable las presentadas
por los dos grupos y por ello las voy a apoyar, si bien considero que son
un tanto edulcoradas e incompletas. No obstante voy a votarlas
favorablemente, como espero que ustedes también voten las mías.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rudí.
La señora RUDI UBEDA: Con respecto a la transaccional que plantea el
Grupo Socialista a la número 2 del Grupo Parlamentario Popular y la
preocupación del representante de dicho Grupo en cuanto al responsable de
las campañas electorales, tengo que decir que una cosa no es contraria a
la otra, señor Gimeno. Efectivamente, hay un responsable de las campañas
electorales que lo fija la Ley Electoral, pero tenga en cuenta que aquí
estamos hablando de una vez que se ha fiscalizado la contabilidad de las
campañas electorales, lo cual queda perfectamente diferenciado; es decir,
integrar no significa hacer un «totum revolutum», son dos estados
contables diferentes que luego se integran en uno solo. En primer lugar
quedará la fiscalización del Tribunal de Cuentas, que lo primero que hace
son las campañas electorales, antes de llegar a los ejercicios
corrientes, y en segundo lugar quedará la contabilidad inicialmente
diferenciada. En cualquier caso, creemos que puede ser asumido el texto
de la enmienda transaccional que ustedes plantean.
En cuanto al punto número 4, la forma de fiscalizar a unos partidos u
otros... No son palabras mías, señor Gimeno, son palabras de consejeros
del Tribunal de Cuentas e incluso, en algún caso, manifestaciones del
propio fiscal del Tribunal, y son datos objetivos de técnica de
fiscalización, es decir, ya no es opinión o aplicación de criterios; no
se produce una fiscalización con la misma profundidad cuando al auditado,
en el caso del sector privado, se le pregunta qué cuentas bancarias tiene
abiertas y punto, que cuando se va a los bancos y no solamente se piden
las cuentas bancarias, sino que se puntean los saldos y se cuadran las
cifras de pasivo por préstamos bancarios. En el informe del Partido
Socialista no se hacía referencia a lo que era su endeudamiento final de
aquel año y, sin embargo, en el del Partido Popular no solamente se hacía
referencia a la deuda viva --esto lo discutí con el Presidente del
Tribunal-- sino que se pretendía contabilizar como deuda viva no ya
solamente los intereses devengados y no pagados, que hasta ahí podríamos
estar de acuerdo aplicando el criterio de devengo al que antes hacíamos
referencia, sino que inclusive pretendía incluir como cantidad no
contabilizada por el Partido Popular el de unas costas reclamadas en un
proceso judicial sobre el cual todavía no había recaído sentencia. Pongo
esto como ejemplo de las distintas maneras de fiscalizar --hecho técnico
concreto de fiscalizar-- a unos o a otros.
¿Introducir «en la medida de lo posible»? En esta vida sabemos que los
seres humanos somos capaces de muchas cosas, indudablemente de lo
posible, de lo imposible nunca. Y en cuanto a la fiscalización del
Partido Socialista, si no recuerdo mal, la fiscalización que ya tiene
hecha es la de los años 1988 y 1989; del resto de los partidos políticos
tenemos aquí el informe de 1988, pero, por noticias que aparecen por ahí
de vez en cuando, sabemos que el de 1989 está a punto de cerrarse ya. Con
ello quiero decir que la primera fiscalización que va a iniciar el
Tribunal de Cuentas, por lógica, es la del año 1990, con lo cual, el
«posible» que ustedes introducen creo que no era necesario; en cualquier
caso, me remito a lo anterior, prefiero que se apruebe esto así a que no
se apruebe.
En cuanto al punto tercero, que efectivamente es obvio y que ustedes no
van a aprobar, también en sus propuestas de resolución de la Cuenta
General del Estado, que mi Grupo ha apoyado, había muchas obviedades, y
por no votar en contra de las obviedades hemos votado que sí, por eso le
he dicho que aunque tuvieran el origen en su grupo político.
Efectivamente, los partidos políticos estamos sujetos a toda la
normativa, a toda la legislación vigente. Lo que pasa es que quizás en
momentos como éstos, en los que la sociedad está en una situación de
sospecha sobre determinados aspectos, creo que muchas veces lo que abunda
no daña.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, entiendo, señora Rudi, que acepta las
propuestas de transacción presentadas por el Grupo Socialista.
(Asentimiento.)
Vamos a proceder a las votaciones. (La señora Rudi Ubeda pide la
palabra.) Tiene la palabra, señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Es para una cuestión de orden.
Querría que se sometiese a votación separadamente, de las propuestas de
Izquierda Unida, la letra c) del punto 1; el resto conjuntamente. (El
señor Gimeno Marín pide la palabra.)
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, simplemente supongo que de mi
intervención se deduce claramente que lo único que pretendíamos es
votación separada de la resolución tercera del Grupo Popular; a la
segunda y a la cuerta hay unas transacciones y sobre la primera hemos
manifestado nuestra conformidad.
Lo digo simplemente a efectos de la ordenación de las votaciones.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la letra c) de la propuesta número 1
de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la letra c) del apartado 1.
Votamos el resto de las propuestas de resolución de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 14; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a votar las propuestas de resolución del Grupo
Popular. Votamos, en primer lugar, si no hay petición en contra y ha
entendido bien la Presidencia, la número 1 y la número 3. (El señor
Gimeno Marín pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Separadas las dos.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la propuesta de resolución
número 1 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos la propuesta de resolución número 3 del Grupo
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación se someten a votación las propuestas transaccionales a las
propuestas de resolución números 2 y 4, del Grupo Popular, con el texto
que obra en la Mesa y que ha sido dado a conocer por el señor Gimeno. ¿Se
pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)
El señor GIMENO MARIN: Una aclaración, señor Presidente. Nosotros damos
por supuesto que queda retirada la propuesta de resolución número 2 que
se incorpora a la propuesta transaccional.
El señor PRESIDENTE: Votamos, pues, estas dos propuestas transaccionales.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
A continuación votamos las propuestas del Grupo Socialista.
El señor GIMENO MARIN: La número 2 está incorporada en la transacción.
El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta de resolución número 1, del
Grupo Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada también por unanimidad.
--INFORME DE FISCALIZACION DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD),
REFERIDO A LOS AÑOS 1986 a 1990. (Número de expediente Congreso
251/000019 y número de expediente Senado 771/000005.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate de las propuestas
de resolución relativas al informe de fiscalización del Fondo de Ayuda al
Desarrollo. A este informe han presentado propuestas el Grupo Socialista
y el Grupo Popular.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Hernando para la defensa de
las propuestas de resolución del Grupo Popular.
El señor HERNANDO FRAILE: Nuestro Grupo ha presentado un total de ocho
propuestas de resolución a este informe de Tribunal de Cuentas sobre la
fiscalización del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Estamos tratando,
señorías, de la parte más importante de los fondos que habilita el
Gobierno para la cooperación al desarrollo con los países en vías de
desarrollo y del Tercer Mundo. De aquí la importancia de que las
resoluciones que salgan esta tarde de esta Comisión tengan su oportuna
traslación al Gobierno y marquen, de alguna forma, la política
gubernamental.
Hemos de decir, señorías, que este informe del Tribunal pretendía
fiscalizar los años 1986 a 1990 y que, además, era continuación de un
informe que se había presentado previamente. En total, el período
analizado hace referencia a pagos realizados por nuestro Gobierno, que se
estiman en 266.000 millones de pesetas y con unas recomendaciones o
conclusiones que hacía el Tribunal de Cuentas, que son las que han
motivado las dos primeras resoluciones de nuestro Grupo.
La primera y la tercera recomendaciones, ambas referidas al sistema
normativo, hablaban de la necesidad de dotar al FAD de la normativa
adecuada que superara la indefinición y contradicciones señaladas en el
informe. También consideraban necesario establecer, con rango normativo
suficiente, los criterios de otorgamiento de las ayudas con cargo al FAD,
así como los sistemas de administración y gestión. Es evidente que la
normativa que regula actualmente la gestión del FAD es una normativa del
año 1977. Son ya 16 años y, por tanto, creemos que ha llegado la hora de
establecer una normativa que basada en la experiencia regule de forma más
adecuada el sistema de funcionamiento de estos fondos de ayuda al
desarrollo. El propio informe a lo largo de su exposición hablaba sobre
el carácter genérico, reducido e incluso contradictorio de la normativa
sobre estas ayudas y a la
carencia de criterios generales en su organización y administración.
Por eso las dos primeras resoluciones estaban encaminadas a solicitar un
proyecto de ley --la primera-- en la que adecuando y actualizando la
normativa de la ayuda al desarrollo se definieran con precisión la
naturaleza, la financiación, la organización, los objetivos, criterios de
aplicación y tipo de operaciones diferenciándolas de lo que son créditos
Gobierno a Gobierno, de lo que son también las políticas de exportación,
que creemos que deben tener otra vía distinta a los fondos de ayuda al
desarrollo y que se deben de tramitar a través del ICEX, así como de las
donaciones a países u organizaciones multilaterales. Evidentemente
creemos que no se puede contabilizar una donación como un crédito y que
la donación o compra de acciones a bancos u organismos multilaterales,
como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el BERD no
deben de hacerse a través de este fondo, sino a través de otros fondos
existentes dentro de la cooperación. También señorías solicitábamos que
en esta normativa quedase expresamente prohibida la exportación con cargo
a dichos fondos de material militar o de doble uso, algo que la
Administración ha venido reiteradamente realizando, sobre todo y con
especial profusión hasta el año 1990. También pretendíamos que se
limitara de alguna forma y no se diera pie a que con estos fondos de
ayuda al desarrollo se pudieran exportar bienes y servicios que no fueran
españoles.
La segunda resolución está dirigida a mejorar los sistemas de gestión y
de control del FAD y a realizar su regulación normativa. Pretendíamos y
pretendemos que se contemple además un sistema de control y de gestión
más adecuado a la importancia que tienen estos fondos referidos a las
relaciones bilaterales entre España y estos países necesitados. El propio
informe del Tribunal de Cuentas denunciaba el caos administrativo y
señalaba la necesidad de definir el sistema. Por otra parte la escasa
normativa existente se ha venido incumpliendo en este sentido en el tema
de la gestión y del control, hasta el punto de que la Comisión
interministerial ha dejado de realizar una función que nosotros
entendemos básica, como es llevar a cabo el seguimiento y la valoración
de cada uno de los proyectos. Esto permitiría además al Estado adoptar
decisiones y criterios sobre el futuro de estos fondos y valorar
precisamente si los mismos cumplen el fin para el que fueron creados.
La tercera resolución que presentamos a esta Comisión Mixta pretende
requerir al Gobierno para que a través de la Intervención General del
Estado proceda, en la formación de la cuenta general del Estado de los
ejercicios aún pendientes de aprobar por el Parlamento, a contabilizar
adecuadamente, en relación con el FAD, la situación de los créditos
concedidos, las donaciones realizadas, los resultados derivados de
intereses, así como las diferencias de cambio y gastos de administración,
procediendo a este respecto a introducir la correspondiente rectificación
y ajuste en la cuenta de ejercicios ya cerrados. Como decía antes las
irregularidades contables han sido numerosas y, por tanto, en el propio
informe del Tribunal de Cuentas ya consta la necesidad de proceder a la
revisión de esas cuentas de ejercicios, tanto las ya aprobadas como las
que quedan por aprobar al haber existido equivocaciones y errores en la
contabilidad. No se ha cumplido el principio de devengo en el 1990, y
como ejemplo, se llegaron a realizar hasta 158 apuntes contables sobre
las cuentas realizadas o existentes dos años antes, las cuentas del año
1988. Se han contabilizado operaciones de forma discontinua y con retraso
y no han existido cuentas de resultado ni cierres de ejercicios y ha
habido algo que denuncia el propio informe del Tribunal de Cuentas en la
página 11, que es un escaso rigor presupuestario.
Por lo que se refiere a la cuarta resolución, instamos al Gobierno para
que, en tanto no se apruebe esta normativa que reclamamos, integradora de
toda la actividad del FAD, destine estos fondos a operaciones de estricta
ayuda al desarrollo respetando los criterios establecidos en el consenso
de la OCDE, y en especial los relativos a los límites de renta para los
países objeto de esta ayuda que, como saben SS. SS., están establecidos
en 2.450 dólares por habitante referidos al producto interior bruto de
estos países, lo que dejaría fuera, además, a importantes países, con los
que todavía tenemos en vigor convenios de cooperación en los que se
recogen fondos de ayuda al desarrollo, como pueden ser Venezuela,
Argentina, Chile o Méjico; y, por supuesto, que se valore la rentabilidad
de los proyectos financiados. También pretendemos que se seleccionen los
proyectos con garantías de objetividad y publicidad, evitando las
disfunciones observadas en la organización administrativa y contable, de
conformidad con su configuración de fondo sin personalidad jurídica.
Con la quinta resolución pretendemos instar también al Gobierno para que,
en tanto no se apruebe esta normativa, se respeten estrictamente los
criterios con los que en el año 1984 se dotó a la Comisión
interministerial y que estimamos que han sido incumplidos. Han sido
incumplidos en lo que se refiere a la exclusión de operaciones de
material militar, y lo refería antes. Hasta 14.700 millones fueron dados
entre el año 1987 y 1990 para este tipo de operaciones. Tampoco se ha
respetado el criterio que fijaba la necesidad de excluir aquellas
operaciones en las que se incorporara material extranjero por encima del
10 por ciento. Es obvio y recientemente se ha aprobado además una
operación referida al metro de Medellín, en la cual un consorcio
hispano-alemán, alemán en el 45 por ciento, va a participar y va a
recibir un crédito de más de 3.000 millones de pesetas para la
realización de un proyecto, el metro de Medellín, que, por cierto, había
sido cancelado recientemente por la propia Comisión interministerial,
dada la escasa operatividad del asunto y las dificultades de llevar
adelante el proyecto. También pedimos en la resolución número 5 que se
tengan en cuenta las resoluciones y criterios adoptados por el Pleno del
Congreso de los Diputados el 26 de noviembre de 1992 relativos a
cooperación internacional.
La sexta resolución pretende también instar al Gobierno para que informe
trimestralmente sobre las autorizaciones aprobadas por el Consejo de
Ministros, los contratos
suscritos, las formalizaciones y disposiciones de créditos realizados por
el Instituto de Crédito Oficial, especificando los países beneficiarios,
la naturaleza de las operaciones, la cuantía y condiciones de las mismas,
así como el exportador español y la situación de las devoluciones sobre
créditos vencidos y, en su caso, impagos o refinanciaciones. En
definitiva, pedimos que el Parlamento tenga la posibilidad de obtener
información detallada sobre la cooperación internacional relativa al FAD.
Nosotros entendemos que la cooperación internacional debe de ser una
cuestión de Estado en la que las fuerzas políticas estén de acuerdo en el
mayor grado posible, porque eso favorecerá que esta cooperación
internacional no sea una cooperación sometida a criterios subjetivos de
grupos que en un momento determinado puedan llegar al poder, sino que
hará y precisará que esta ayuda al desarrollo, que esta cooperación
internacional siga unos criterios concretos y un camino definido.
Nosotros hemos observado, además, en distinta información parlamentaria
que las cuantías presupuestarias no coinciden con los pagos realizados
por el ICO en ninguno de los años, en ninguno de los ejercicios, y mucho
menos con las autorizaciones realizadas por Consejo de Ministros relativa
a distintas operaciones. Es obvio que las operaciones pueden ampliarse a
un marco superior al de un solo ejercicio, pero es indudable que este
escaso rigor presupuestario hace necesario que el Parlamento tenga
conocimiento puntual y concreto sobre cuándo se producen estas
disfunciones. Además, nosotros entendemos que esta prodigalidad del
Gobierno, como denunciábamos hace unos días en la pasada sesión de esta
Comisión, a la hora de autorizar operaciones financiadas por estos
fondos, ha puesto en peligro un sistema que está al borde de la quiebra.
Tengan en cuenta SS. SS. que las disposiciones o pagos realizados por el
ICO en el período 1987 hasta el día de hoy ascienden a 318.000 millones.
Pues bien, las autorizaciones realizadas por Consejo de Ministros están
en 521.000 millones. Es decir, existe un saldo pendiente sobre
operaciones autorizadas por Consejo de Ministros y comprometidas de
203.000 millones. Esta situación ya tuvo sus consecuencias el año pasado
y la insuficiencia de dotación presupuestaria provocó que el sistema se
situara en suspensión de pagos durante algo más de tres meses; algo
similar ocurrió el año 1991 y me temo, señorías, que este año nos
encontremos con una situación muy parecida. El propio Instituto de
Crédito Oficial reconocía recientemente que la deuda pendiente,
formalizada por operaciones, ya está en torno a 226.000 millones, cuando
tan sólo disponemos de 13.000 millones para hacer frente a estas
operaciones de aquí hasta final de año.
Con la resolución número 7 pretendemos solicitar del Tribunal de Cuentas
la realización, con carácter de urgencia, de la fiscalización de las
operaciones financiadas por el Fondo de Ayuda al Desarrollo
correspondiente al período 1991-93. Entendemos que, si se ha realizado en
ocasiones anteriores la fiscalización del período 1984-87 y recientemente
hemos recibido esta fiscalización de los años 1986-90, es coherente que
inmediatamente el propio Tribunal de Cuentas pase a realizar la
fiscalización sobre las cuentas relativas al período 1991-93 y que
determine, además, si las numerosas reflexiones que hace en el propio
informe, basadas en las alegaciones que realiza la Secretaría de Estado,
se han venido o no cumpliendo.
Por último, señor Presidente --ya concluyo--, con la resolución número 8
pretendemos solicitar del Tribunal de Cuentas, también con carácter de
urgencia, la realización de la fiscalización de las operaciones de
empresas públicas, como Enasa, en el período en que fue pública, Focoex,
Astilleros Españoles, CASA y Babcock & Wilcox; de las operaciones
financiadas total o parcialmente con créditos FAD durante los ejercicios
1986-90 y los posteriores, es decir, de los años 1986-93. Tengan ustedes
en cuenta que algunas de estas empresas han recibido importantes créditos
a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Por mencionarles las cinco
empresas públicas que tenemos en este caso, cuya fiscalización no sería
más que el cumplimiento del artículo 34.3 y 35 de la Ley 7/1988, sobre
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Focoex, empresa pública de
trader, recibió, en el período 1987-93, 41.831 millones de pesetas;
Astilleros Españoles, 26.731 millones de pesetas; Babcock & Wilcox,
17.203 millones de pesetas; CASA, 6.100 millones de pesetas; y Enasa, en
el período que era pública, 22.607 millones de pesetas, lo cual hace un
total de 114.472 millones de pesetas, que es algo más del 30 por ciento
de todos los fondos que se han aportado para la cooperación internacional
a lo largo de este período.
Para terminar, quiero señalar que hemos visto las resoluciones
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y me gustaría hacer una
reflexión muy breve.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, muy brevemente, porque se ha
excedido en el tiempo.
El señor HERNANDO FRAILE: Seré muy breve, señor Presidente.
Respecto a la primera resolución, estamos perfectamente de acuerdo con
ella, puesto que no es más que incidir en que haya más información, y
nosotros siempre estamos a favor de ello, pero creemos que esto no puede
suplantar lo que se refiere al control. La segunda resolución, referida a
la necesidad de que el Parlamento cuente con un juego completo de los
balances del FAD, entendemos que estaría incluida en la tercera nuestra,
que pretende que las cuentas generales del Estado regularicen
precisamente toda la gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo, y
entendemos que la tercera está incluida en la cuarta nuestra y pretende
la eliminación de la consideración de las dotaciones del FAD como un
préstamo del Tesoro, que sería como un préstamo concedido a sí mismo por
el Estado.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus propuestas y para la fijación
de posición con respecto a las defendidas por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARTIN: Sin duda, es una continuación, en parte, aunque
sean propuestas de resolución, del debate que ya mantuvimos en la
anterior sesión. Por eso voy a intentar centrarme, tanto en la
contestación a las propuestas de resolución como en la defensa de las
nuestras, y manifiesto ya que mi Grupo va a presentar una transacción a
la resolución número 6, siguiendo la numeración del propio Partido
Popular, que es por donde voy a empezar, simplemente para aclararle que,
en principio, parece que deberíamos estar de acuerdo con el conjunto de
su texto, pero no puede ser porque no podríamos cumplir algunas de las
cuestiones que plantea no las podríamos cumplir, como por ejemplo son los
contratos suscritos que se suscriben con otros gobiernos; como
consecuencia, es difícil obligar al conocimiento de algunas de las
informaciones que usted plantea por lo que se refiere al contrato
suscrito. Otra cuestión serían las actuaciones del ICO, que es otro
problema específico, de unas características diferenciadas. Ese es el
sentido formal de nuestra transacción, para evitar esas dificultades que
se plantean, dando por supuesto que la voluntad de nuestro Grupo es que
se suministre la mayor información posible a las Cámaras de lo que se
viene haciendo con los créditos FAD o con el FAD. Por eso la propuesta
dice: «Instar al Gobierno para que, a través de la correspondiente
comisión parlamentaria, informe periódicamente sobre las autorizaciones
aprobadas por Consejo de Ministros, indicando el país beneficiario, el
importe de la operación y el sector económico afectado, así como sobre
las formalizaciones y disposiciones de créditos realizadas por el ICO.»
Es posible que por la vía del ICO se consigan sus aspiraciones de
información, pero en otros casos es prácticamente imposible, puesto que
S. S. sabe que hay líneas de créditos también con países, y, como
consecuencia, las contrataciones corresponden a esos países con las
empresas, y eso nos plantearía algún tipo de dificultad.
Me parece que en algunas de las afirmaciones que hace el portavoz del
Grupo Popular, posiblemente sin ninguna intencionalidad, introduce
consideraciones que pueden dar lugar a un mal enjuiciamiento de la
realidad de los créditos FAD, como por ejemplo cuando se habla de una
concentración en determinadas empresas, e incluso con los datos de la
evolución en el tiempo se podría ver una cierta modificación, pero yo
creo que es muy importante saber que normalmente, cuando las empresas
operan en estos mercados, con el apoyo, por supuesto, de estos créditos
FAD y con determinados países, las empresas que consiguen esos contratos
luego subcontratan con un número de empresas muy importante. Al margen de
esas consideraciones tan específicas de si cinco, seis o siete empresas,
que además le aseguro que no por ser públicas se benefician frente a
otras privadas, sino que se benefician a veces, fundamentalmente porque
los proyectos o sus características tienen que ver con bienes de equipo,
si usted repasa la realidad española verá que no hay muchas empresas
públicas o privadas que puedan concurrir a determinados contratos para
cierto tipo de operaciones. Esa es la realidad porque responde a la
necesidad de determinados países en vías de desarrollo y a la necesidad
de nuestros sectores económicos en concreto.
Haciendo un análisis de las propuestas de resolución que presenta el
Grupo Popular, yo le diría que, en la propuesta de resolución número 1,
el aspecto fundamental de la dificultad que nosotros encontramos es --y
es cierto que lo dice también el Tribunal de Cuentas-- que no vemos con
la claridad con que lo ven SS. SS. que se apruebe un proyecto de ley.
Pensamos que no es necesario, aunque, por supuesto, hay que actualizar la
normativa siempre que sea necesario, y en ese sentido no tendríamos
ninguna dificultad. Sí la tenemos en considerar que deba ser por una ley.
Nosotros creemos que lo que ustedes pretenden no necesariamente debería
ser llevado a cabo mediante una ley.
Igualmente, tenemos dificultades en algunas de las propuestas que
plantean, porque creemos que son imposibles legalmente. Por ejemplo, la
propuesta de resolución número 3 del Grupo Popular, nosotros creemos que
no es posible. Es decir, la Intervención General del Estado debe
someterse a los criterios legales del momento en que actúa. Posiblemente,
podríamos plantear una modificación de futuro de cómo debería procederse
a la actuación respecto a los créditos FAD. Pero respecto a los
ejercicios aún pendientes de aprobar, a contabilizar adecuadamente,
nosotros creemos que se contabiliza adecuadamente lo que se contabiliza
con la normativa existente. Sí que creemos que hay que proponer
posiblemente un cambio de normativa, y yo creo que en nuestra propuesta
de resolución se avanza en esa línea, pero vemos que respecto a los años
no fiscalizados, en estos momentos habría dificultades por parte de la
Intervención General para actuar con normas que no fueran las que estaban
en vigor en el momento que se tendrían que producir las fiscalizaciones.
Esa es la valoración que hacemos de la número 3.
Referente a la número 5, creemos que está llena de buenas intenciones,
pero tiene algunas dificultades importantes. Por ejemplo, si la
aceptáramos, el Gobierno no tendría capacidad de decisión sobre las
propuestas que le llegaran al Consejo de Ministros. Yo sinceramente creo
que eso es imposible o, mejor dicho, no debe ser así. Es como si la
Comisión de Subsecretarios hiciera propuestas que el Consejo de Ministros
tuviera la obligación de aceptar. Nosotros creemos que no es correcto el
planteamiento. No sé si su intención era plantear que fuera así, pero si
la propuesta de la Comisión Interministerial respecto a los criterios que
usted dice, tanto en lo referente a solvencia, como a riesgo, acumulación
de créditos, etcétera, el Consejo de Ministros tuviera que aceptarla tal
cual, mejor sería que no se reuniera, que decidiera la Comisión
Interministerial.
Puede haber discrepancias en los planteamientos; no lo sé. Yo creo que
quizá sea simplemente un problema terminológico y, como consecuencia, de
consideración e interpretación. Pero fíjese que usted ata tanto los
criterios que los hace casi imposibles. ¿Cómo se resuelven esos criterios
de solvencia de un país no desarrollado? No sé cuál sería la política de
su Grupo, pero en la del nuestro y en la del Gobierno nos plantearía unas
dificultades
enormes. ¿Los criterios de solvencia de Marruecos, o Argelia, o China, o
países latinoamericanos, cómo los medimos? Usted sabe que es muy difícil.
Usted sabe que tan difíciles son de medir que de vez en cuando se reúnen
los gobiernos y se llega a un acuerdo para considerar la deuda de los
países del tercer mundo, o de los países en vías de desarrollo.
A nosotros nos parece que esos criterios nos generarían unas dificultades
enormes, y aunque estamos de acuerdo con la buena voluntad de algunos de
sus planteamientos, por ejemplo, exclusión de operaciones de material
militar, o lo relativo a la incorporación de material extranjero por
encima del 10 por ciento, etcétera --donde hacen ustedes propuestas muy
concretas con las que posiblemente en un debate normal estaríamos de
acuerdo--, yo le aseguro que plantean dificultades reales enormes. Usted
piense, por ejemplo --y lo expongo como ejemplo simplemente, lo cual no
tiene nada que ver con el planteamiento, en el que a lo mejor podríamos
coincidir con el suyo--, que un vehículo todo terreno lo llevamos a un
país del tercer mundo, ¿podríamos asumir la responsabilidad de para qué
se utiliza ese vehículo? Nosotros creemos que no, sinceramente, porque
nos crearía muchos más problemas de los reales.
Creo que cuando hablamos de este tipo de problemas de lo que estamos
hablando no es sólo de países en vías de desarrollo, sino que estamos
también hablando de política comercial, y esta es una reflexión que quise
introducir yo en el debate de la anterior sesión de esta Comisión. Y
hablar de política comercial es indudable que beneficia a los intereses
nacionales, igual que desde otros países están intentando beneficiar sus
propios intereses. En ese contexto yo creo que atar las cuestiones como
usted plantea lo que genera son unas dificultades que nos provocarían
--permítame que se lo diga en plan casi coloquial-- hacer el tonto en
relación con otros países. Ese es el problema que le veo.
Ya sé que podríamos discrepar en el tema de los espacios territoriales
prioritarios en cuanto a la política comercial, puede ser que
discrepemos, yo no digo que no, pero usted sabe que los espacios
territoriales fundamentalmente son América Latina, Africa y Asia, no sé
si deberían ser otros, porque también es cierto que se benefician otro
tipo de países en algunas ocasiones. En Asia fundamentalmente ha sido
ahora China; en Africa tenemos Marruecos y Argelia, y en América Latina
países diversos. Posiblemente habría discrepancias en sus consideraciones
respecto a las relaciones con algún país específicamente, pero me parece
que no se puede atar tanto que nos consideren en los demás países como si
fuéramos un poco ingenuos respecto a lo que ellos no son; desde luego
ingenuos en los demás países no son. Es más, yo creo que a veces en este
país pecamos de ingenuidad en relación con otros de la Unión Europea,
porque yo creo que actúan con criterios menos estrictos y de menor
transparencia de lo que a veces a nosotros nos gusta; yo digo que la
transparencia por lo menos debe hacerse compatible con la inteligencia, y
desde luego con la defensa de los intereses nacionales, porque, si no, a
veces nos vamos a encontrar en situaciones complicadas o difíciles.
Ya le he ofrecido la transacción a la número 6. Le vamos a decir que sí a
la número 7, y le digo por qué. En principio le diríamos que no por una
razón muy sencilla, porque si al Tribunal de Cuentas todos le pedimos
realización con carácter de urgencia de fiscalización de operaciones, al
final nada va a poder ser urgente. Se lo digo como lo pienso. No queremos
que les parezca que nosotros queremos ocultar algo o que no queremos que
se fiscalice; queremos que se fiscalice ¡cómo no! Por eso le vamos a
decir que sí, pero pensamos sinceramente que es generar más dificultades
al Tribunal en las prioridades que tiene en estos momentos respecto a
todas las actuaciones que tiene que desarrollar. Si todas las propuestas
de urgencia de intervención del Tribunal que nos han hecho ustedes las
aceptáramos, el Tribunal no tendría ninguna urgencia, porque tendría que
dejar lo que la ley le obliga a hacer.
En cualquier caso, para que ustedes no piensen que hay dificultades o
consideraciones de otro tipo, les decimos que aceptamos la número 7, pero
ya le digo que no nos gusta. La aceptamos simplemente para ponerle de
manifiesto que no tenemos ningún problema en que se fiscalice. Sí tenemos
más problemas en la propuesta número 8, porque nos piden fiscalización
urgente en la número 7, pero en la número 8 nos pide fiscalización
urgente de empresas. Por eso le cedemos una fiscalización urgente, pero
vamos a decirles que no a la otra fiscalización.
Usted ya ha dicho que Enasa no es una empresa pública, y que se fiscalice
sólo durante el tiempo que era pública. No sé si no habría dificultades
legales para hacerlo en el propio Tribunal, puesto que ya no es, insisto,
empresa pública, pero nos parece que no habría que establecer ninguna
diferencia teórica entre empresas públicas y empresas privadas. Así lo
veo y se lo digo.
Su señoría me plantea empresas públicas en base a las razones que ha
dicho. ¿Usted sabe que si se fiscalizan esas empresas públicas hay que
fiscalizar a cantidad de empresas subcontratistas que son las que han
hecho los trabajos y que ninguna es pública, son empresas privadas que no
van a poder ser fiscalizadas, salvo que forcemos la situación de tal
manera que legalmente es imposible?
Le vuelvo a manifestar que, en mi opinión, no habría que establecer
diferencias entre unas y otras, sino que habría que plantearlo en
situación de igualdad, para evitar los problemas que se nos iban a
suscitar con empresas ni siquiera públicas, que automáticamente tendrían
que ser fiscalizadas por el Tribunal, porque, si no, no habría
fiscalización posible. Las empresas públicas lo que venden en el mercado
es un saber de proyecto, es decir, poder hacer un proyecto, y luego
articulan a distintas empresas que lo realizan. Le he dicho antes, y se
lo dije en la reunión anterior de la Comisión, que 600 empresas han sido
beneficiarias. Usted me habla siempre de seis empresas públicas y yo le
digo que son 600 empresas, pero hay muchas más. También le he recordado
que a veces las líneas de crédito son con países, y son esos
países los que contratan con muchas más empresas que las que se plantean.
Para terminar, señor presidente, le diré que las propuestas de resolución
nuestras son conocidas: transparencia e información hacia el exterior,
sin ningún tipo de duda, y mejora de las deficiencias contables. Quiero
decir que desde nuestra consideración política, que es importante, y
desde nuestra consideración económica también, creemos que el FAD no sólo
es Fondo de Ayuda al Desarrollo, también es política comercial para
defender los intereses nacionales. Y le vuelvo a insistir en que no
seamos ingenuos, que regulemos y controlemos lo que hay que controlar y
seamos transparentes, pero no seamos tan ingenuos, repito, que lo que
estemos haciendo sea un favor a otros países de la Unión Europea, por
ejemplo, que son los que nos están denunciando últimamente y no paran. Le
puedo asegurar que no sé que criterios siguen, pero nosotros podríamos
hacer mucho más respecto a ellos.
El señor PRESIDENTE: ¿Va a intervenir el Grupo Popular en la réplica?
(Asentimiento.)
No más de cinco minutos, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, querría saber también la
fijación de posiciones de otros grupos.
El señor PRESIDENTE: Eso es al final del debate entre las propuestas
suyas y la del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO FRAILE: Quiero decirle al señor Gimeno que vamos a
aceptar su enmienda transaccional al punto sexto, pero desearíamos, si es
posible, que en esa transacción se fijara ese adverbio periódicamente,
tan indefinido, de forma más concreta. Nosotros hablábamos de tres meses,
y creemos que es un período factible de cumplir. En ese sentido nos
gustaría definir más, insisto, ese periódicamente que serviría para
acercar posturas.
Excluye también los impagos y las refinanciaciones, y el exportador
beneficiario basándose en que eso es difícil de saber. Efectivamente, es
difícil de saber en las líneas de crédito, pero no son la mayoría de las
operaciones las líneas de crédito, y evidentemente nosotros tenemos los
listados del ICO con las empresas que participan en esas líneas de
crédito, que suelen ser pequeñas y medianas.
Sin embargo, yo estaba refiriéndome precisamente a las operaciones
bilaterales, es decir, a las que el propio informe del Tribunal de
Cuentas señala que no son créditos a gobiernos, sino que en realidad son
las empresas las que ya tienen trenzada la operación y lo único que hace
la Secretaría Política y Comercial es precisamente fijar y aprobar el
proyecto realizado.
Excluye también las devoluciones y la situación del proyecto, y esa
situación del proyecto se contempla en otras proposiciones, incluso en
alguna de las que ustedes han presentado y las vamos a aceptar. Pero
quiero decirles que es muy importante que el Estado valore la situación
del proyecto. Si eso se deja solamente a la empresa beneficiaria y al
país receptor, podemos incurrir en graves casos de corrupción, lo cual,
señorías, saben que es perfectamente posible. Por tanto, queremos que se
establezca algún mecanismo de seguimiento de esas operaciones, cosa que
no ha hecho la Comisión Interministerial a lo largo de este tiempo, ha
renunciado a ello sin saber exactamente por qué.
En cuanto al tema de la normativa, tengo que decirle que es del año 1977,
está regulada en un Real Decreto-ley, y por eso creemos que para
modificarla un proyecto de ley lo definiría mucho mejor. Por tanto, vamos
a seguir manteniendo la primera y la segunda propuesta.
En cuanto al tema de las empresas de bienes de equipo, evidentemente que
no hay muchas, pero gracias a Dios son bastantes las que están
concurriendo, optando y solicitando esos Fondos de Ayuda al Desarrollo.
Nosotros lo que queremos al hablar de las empresas públicas es que éstas
no pisen el terreno (sobre todo referido al caso de Focoex) a otras
empresas españolas que pueden acceder perfectamente a esos fondos, y que
establezcan una competencia desleal basándose en su situación de
prevalencia a la hora de acceder a estos fondos públicos.
Estará usted conmigo en que el que esta empresa haya conseguido en ese
período 47.000 millones de pesetas es una cifra muy elevada, y que además
debo recordarle que alguna de las operaciones ha tenido graves
consecuencias para la política comercial española. No voy a hacer sólo
referencia al hecho de que el propio informe del Tribunal de Cuentas
señala que no hay relación entre nuestra adaptación a los países a través
de estos fondos y nuestra presencia comercial, pero sí le voy a relatar
una de las operaciones de una de las empresas públicas, Focoex en
concreto, relativa a Venezuela.
Mire usted, en 1989 la empresa pública Focoex recibe 50 millones de
dólares para una operación de suministro de azúcar indeterminado --porque
el propio informe del Tribunal de Cuentas no lo determina--, una
operación que contemplaba 170 millones de dólares, basándose, además,
según las alegaciones de la propia Secretaría de Estado, en el proceso
del caracazo. Entiendo que haya estados de necesidad en algunos países,
pero no se puede argumentar estado de necesidad cuando luego nos
enteramos de que ese azúcar no es español, que es cubano, que es comprado
por la empresa pública española a 350 dólares la tonelada y es vendido a
570 dólares la tonelada. Ese es un claro ejemplo de lo que entendemos que
no se debe de hacer. Ese caso concreto, además, ha provocado que el
Parlamento venezolano no aprobara la línea de crédito que habíamos
firmado con Venezuela, y que se hayan puesto en duda muchas operaciones
de exportación de empresas públicas y privadas a este país.
Por tanto, insistimos en que hay que fiscalizar las empresas públicas, y
no hemos metido todas, hemos metido aquellas que entendíamos que eran más
significativas y que incluso reconoce el propio informe del Tribunal de
Cuentas.
Por nuestra parte entendemos que este asunto no debe de quedarse
solamente en este tipo de recomendaciones.
Tenemos intención de trasladar algunas de las resoluciones que aquí no se
han aprobado al Parlamento, y creemos que definir claramente nuestra
cooperación internacional, que como decía antes engloba a más del 60 por
ciento de lo que es nuestra ayuda a la cooperación internacional, es un
tema de Estado en el que creo que sería deseable que cada día fuéramos
acercándonos más ustedes y nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, tiene la palabra, y le reitero que la
tiene por cinco minutos, como límite de tiempo para la réplica.
El señor GIMENO MARIN: Sin duda, señor Presidente, va a ser menos de
cinco minutos.
Sólo quería hacer una consideración al portavoz del Grupo Popular. En
principio quiero decirle que estamos de acuerdo en los criterios de
igualdad de las empresas públicas y las empresas privadas. Creo que la
labor de su Grupo y la del nuestro, labor de transparencia, va a permitir
esa posibilidad en ese tipo de situaciones. Pienso que vamos a estar de
acuerdo totalmente en intentar conseguirlo.
Usted planteaba la información trimestral. Creo que el Secretario de
Estado de Comercio va a comparecer en la Comisión correspondiente de esta
Cámara para informar sobre el tema de los créditos, y a mí me parecía que
condicionarlo trimestralmente iba a ofrecer dificultades, por eso fue
plantearlo periódicamente. A lo mejor viene más, porque usted sabe que
cualquier grupo puede pedir la comparecencia, en cualquier momento, del
Secretario de Estado o del Ministro correspondiente para debatir el
problema. Insisto en que a lo mejor viene más veces que trimestralmente.
Quizá se debata en Comisión y en Pleno porque ustedes lo quieran,
simplemente.
A mí me parece, repito, que establecer unos plazos determinados puede
generar más dificultades con un debate mucho más vivo, y en esto del FAD,
por supuesto, ustedes están intentando que sea muy vivo, lo cual me
parece muy bien. Igual tiene que venir más veces, insisto, o a la
Comisión de Relaciones con el Tribunal, o a otras más especializadas en
los temas, o al Pleno de esta Cámara, o al del Senado. En ese contexto es
en el que planteaba la oferta de periódicamente, para coincidir con usted
en algo que nos parecía importante, es decir, coincidir en la voluntad de
transparencia y de información a la Cámara. Ese era el sentido y no otro.
Ustedes pueden garantizar lo trimestral, lo mensual, e incluso a veces
hasta lo semanal, si quieren. No tienen ningún problema. Si lo plantean
ustedes trimestralmente, como lo soliciten más de una vez en un trimestre
igual vamos a tener que protestar contra ustedes. Por tanto, utilícelo
todas las veces que quiera y ponga periódicamente. Creo que eso es lo más
razonable y le resuelve sus problemas.
Estamos de acuerdo en intentar coincidir lo máximo posible y aproximar
todas las posiciones en la definición de nuestras políticas comerciales
en relación con los países en vías de desarrollo. A mí me parece
conveniente. Hagámoslo. Pero le vuelvo a insistir en algo que ya he
dicho: no hagamos el primo en relación con los demás países. Pongámonos
de acuerdo, pero, desde luego, sepamos que tenemos que defender los
intereses nacionales, sean públicos o sean privados. Estoy totalmente de
acuerdo con usted en condiciones de igualdad, que creo que es lo que se
debe hacer.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen fijar posición respecto a
las resoluciones presentadas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Fundamentalmente por solicitud del portavoz del
Grupo Popular, voy a dar mi opinión sobre estas propuestas de resolución.
Por lo que respecta a las resoluciones presentadas por el Grupo
Socialista, las comparto. Creo que es importante el esfuerzo adicional,
tanto informativo como la adecuación informativo-contable, que presentan
en estas resoluciones. Nos parecen acertadas y repito que vamos a
votarlas afirmativamente. También votaremos afirmativamente las
transaccionales, ya que se ha llegado a un acuerdo en ello.
Por lo que respecta al Grupo Popular, entiendo las explicaciones que ha
dado el portavoz del Grupo Socialista, las reticencias que tiene y las
dificultades que ve en la solicitud de algunas informaciones y alguna
fiscalización. Entiendo también el hecho de que no debemos ser tan
quijotes que vayamos haciendo cosas que los demás países no hacen. De
todas formas, creo que la situación en que nos encontramos en estos
momentos, los casos de corrupción que frecuentemente tenemos, la
situación del déficit público, etcétera, requiere que se haga un esfuerzo
por parte del Gobierno en aclararlos. Y sin entrar en las consecuencias
que puedan tener estas aclaraciones, considero que la Comisión y las
Cámaras deben de tener información suficiente de los casos presentados y
de la solicitud realizada por el Partido Popular.
Por tanto, yo considero que este esfuerzo que se debe hacer en
fiscalización en empresas y en operaciones redundaría en beneficio de la
disposición que tendríamos los grupos en saber exactamente y en cada
momento cuál es la situación de las mismas. Desde nuestro punto de vista,
consideramos que son interesantes las propuestas realizadas por el Grupo
Popular y vamos a votarlas afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Voy a ser incluso más breve, si cabe.
Como fijación de posición, diré que vamos a votar favorablemente, sin
duda, las transaccionales que ha aceptado el Grupo Popular, ofrecidas por
el Grupo Socialista, y, asimismo, la propuesta séptima planteada también
por el Grupo Popular.
Aprovecharía este turno para plantear una transaccional
que iría entre dos de las propuestas de resolución que han planteado
ambos grupos, es decir, la cuarta del Grupo Popular y la tercera del
Grupo Socialista. La transaccional tendría un nuevo texto, que pongo a su
consideración en este momento y que ya he dejado en la Mesa, que es el
siguiente: «Instar al Gobierno para que, en tanto no se apruebe una
normativa definitiva integradora de toda la actividad del FAD, respete el
criterio establecido en el consenso de la OCDE y seleccione estos
proyectos con garantía de objetividad y publicidad, mejorando la
organización administrativa y contable en conformidad con su
configuración como fondo, sin personalidad jurídica.» Esta sería la
enmienda transaccional.
Para terminar mi intervención voy a hacer una puntualización que, quizá
por sabida, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para dejar
constancia de la misma. Se trata de remarcar una vez más que en el FAD el
carácter prestatario del Estado a él mismo representa una
autocontratación que es realmente ilegítima. Es puramente una
reafirmación más que aprovecho este trámite para dejar constancia de la
misma.
Nada más por mi parte, sino poner a consideración la transaccional
propuesta.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista retira su propuesta número 3?
El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente, retiramos la 3 nuestra para
que sea posible someter a votación la transaccional del Grupo Catalán de
Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Popular retira su propuesta de resolución
número 4?
El señor HERNANDO FRAILE: Sí, señor Presidente, retiramos también la
cuarta nuestra porque creemos que la incluye.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, votamos las propuestas de resolución del Grupo Popular,
con excepción de la cuarta, que ha sido retirada para poder transaccionar
la presentada por el Grupo Catalán, la número 6, que entiendo que también
retira, y la número 7, de la que el Grupo Socialista ha pedido votación
separada.
Se someten a votación las propuestas del Grupo Popular, con excepción de
las que he indicado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve;
en contra, quince.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos, a continuación, a votación la propuesta número 7, del Grupo
Popular.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Ponemos a votación las enmiendas transaccionales. ¿Se pueden votar
conjuntamente las presentadas por el Grupo Socialista a la número 6 del
Grupo Popular y la del Grupo Catalán a la tercera del Grupo Socialista y
a la cuarta del Grupo Popular? (Asentimiento.) Se votan conjuntamente.
En los términos aceptados por todos los grupos, se someten a votación las
transaccionales a que he hecho referencia.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA Y
LEON CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE
1991 Y VOTOS PARTICULARES FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente
Congreso 251/000002 y número de expediente Senado 771/000008.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE ARAGON
CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES FORMULADOS AL
MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000004 y número de expediente
Senado 771/000012.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE MADRID
CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES FORMULADOS AL
MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000005 y número de expediente
Senado 771/000016.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE LAS ISLAS
BALEARES CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES
FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000006 y número
de expediente Senado 771/000011.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LA DIPUTACION GENERAL DE LA
RIOJA CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES
FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000008 y número
de expediente Senado 771/000014.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LAS CORTES DE CASTILLA-LA
MANCHA CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES
FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000009 y número
de expediente Senado 771/000010.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE
MURCIA CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES
FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000010 y número
de expediente Senado 771/000015.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA
CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES FORMULADOS AL
MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000011 y número de expediente
Senado 771/000017.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LA JUNTA GENERAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS
PARTICULARES FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso
251/000012 y número de expediente Senado 771/000013.)
--INFORME-DECLARACION SOBRE LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA REGIONAL DE
CANTABRIA CELEBRADAS EL DIA 26 DE MAYO DE 1991 Y VOTOS PARTICULARES
FORMULADOS AL MISMO. (Número de expediente Congreso 251/000013 y número
de expediente Senado 771/000009.)
El señor PRESIDENTE: Se van a someter a votación las propuestas de
resolución presentadas a los informes-declaración de las elecciones
celebradas a las Asambleas Legislativas de Castilla y León, Aragón,
Madrid, Islas Baleares, La Rioja, Castilla-La Mancha, Asamblea Regional
de Murcia, Asamblea de Extremadura, Principado de Asturias y Asamblea de
Cantabria.
Solamente se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo
Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gimeno Marín.
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, las doy por defendidas, porque
supongo que son conocidas por todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo quiere intervenir con respecto a estas
propuestas? (Pausa.)
Votamos las propuestas de resolución en relación con el
informe-declaración del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones a las
distintas asambleas legislativas a que he hecho referencia.
Efectuada la votación, fueron aprobadas por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Queda, por último, la petición del Grupo de Izquierda Unida en
relación...
El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, ¿no queda algo relativo a
subvenciones? No lo sé, quizá no me acuerdo yo bien.
--MOCION DERIVADA DE LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA SOBRE JUSTIFICACION Y
CONTROL DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO. (Número de expediente Congreso 251/000017 y Número de
expediente Senado 771/000006.)
El señor PRESIDENTE: Perdón. El deseo de acabar me lleva a estos lapsus.
Efectivamente, queda el informe sobre subvenciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, elaborado por el Tribunal de Cuentas.
Se han presentado propuestas de resolución por parte del Grupo Socialista
y por parte del Grupo Popular.
Por el Grupo Popular, y para defensa de sus propuestas, tiene la palabra
el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, en el Grupo Popular del
Congreso y del Senado entendemos que esta moción del Tribunal de Cuentas,
derivada de la actividad fiscalizadora sobre justificación y control de
subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
es una moción del máximo interés y muy oportuna, puesto que evidentemente
existen unas grandes lagunas en estas tramitaciones, y hoy tenemos la
gran ocasión de intentar solucionar esos graves problemas, porque
entendemos que no sólo existen inconvenientes en cuanto se incumplen los
requisitos de obligado cumplimiento o que no está aún regulada la forma
de acreditación de las obligaciones fiscales o la regulación de las
rendiciones de cuentas.
Por otra parte, creemos que intentar solucionar el problema a base de
proporcionar el establecimiento de acuerdos o convenios tendentes a
evitar concurrencia entre las diversas administraciones no es suficiente.
Por tanto, creemos que la solución debe venir por el establecimiento de
una ley específica sobre la materia. Por eso nuestra propuesta va en la
dirección de que se cree en el plazo máximo de seis meses, y que se
remita a la Cámara por el Gobierno, un proyecto de ley general de
subvenciones que regule de forma sistemática y completa todos los
aspectos relacionados con este asunto, tanto en los trámites previos como
en los posteriores de ejecución, seguimiento y contrastación de las
inversiones realizadas.
Nuestra propuesta está en la dirección, como ven sus señorías (a través
de una solución globalizadora, de no
andarse por las ramas), de ir a la raíz del problema, y de intentar que
se solucione definitivamente.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su propuesta y fijación de la
posición respecto a la propuesta del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Coincidimos con el Grupo Popular en la importancia
de que las subvenciones estén suficientemente controladas, pero tenemos
una dificultad respecto a la consideración de si debe ser un proyecto de
ley único para subvenciones o si deben ser varias leyes o si deben ser
varios desarrollos reglamentarios a su vez.
Nosotros creemos, y eso es lo que hemos estado discutiendo en mi Grupo,
que esta ley de subvenciones va a afectar como mínimo a la ley de
funcionamiento del propio Tribunal de Cuentas, que está anunciado que se
va a traer a esta Cámara. El propio Tribunal nos manifestaba las
contradicciones y las ambigüedades que existían entre la Ley General
Presupuestaria y la ley de funcionamiento del Tribunal. Hoy hemos
aprobado una resolución para que venga a esta Cámara la Ley General
Presupuestaria. El debate se produce, en mi opinión, no respecto al
fondo, en el que creo que coincidimos, sino en cuanto a la forma, para lo
que creemos que van a hacer falta varios instrumentos legales y varios
desarrollos normativos.
Por eso nuestro Grupo ha preferido hacer un esfuerzo específico en
nuestras propuestas de resolución sobre los temas que también ha tratado
el Tribunal y que, por supuesto, en los debates celebrados ha planteado
el Grupo Popular en la anterior Comisión y en ésta.
Por eso nosotros, aparte de esas consideraciones que estoy exponiendo,
requerimos al Gobierno para cuestiones muy específicas: rectificar las
normas reguladoras de subvenciones que incumplen alguno o algunos de los
requisitos que se establecen en el texto refundido de la Ley General
Presupuestaria o la próxima ley.
Seguimos dando una gran importancia a que la Ley General Presupuestaria
regule las consideraciones de las subvenciones. Incluso esa iniciativa se
tomó en una ley de presupuestos, pero creemos que es bueno que se dé
prioridad a esa ley para que señale el marco fundamental de lo que deben
ser las actuaciones en política de subvenciones, puesto que, como S. S.
sabe y el propio Tribunal ha informado, las subvenciones en este país y
en los demás tienen carácter billonario, con lo cual su consideración
tiene enorme importancia.
Pero queremos no sólo esos mecanismos legales que afectarán a la ley de
funcionamiento del propio Tribunal de Cuentas --que también habrá que
modificar y que tendrán que ser coherentes con lo que diga la Ley General
Presupuestaria o como se quiera llamar--, sino también que el Ministerio
de Economía regule la forma de acreditación del cumplimiento de las
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social de modo general, habida
cuenta de la dudosa vigencia de la Orden Ministerial de 28 de abril de
1986, puesta de manifiesto por el propio Tribunal de Cuentas.
Queremos que exista un marco homogéneo respecto a obligaciones, respecto
al conjunto de los órganos de la Administración del Estado, puesto que
cada Administración tiene sus propias competencias. En este sentido,
pedimos que se articulen normas de desarrollo de las leyes que existan,
pero con unas características homogéneas mínimas, sin perjuicio de las
especificidades que se tendrán que producir. Establecer con carácter
general medios y procedimientos que permitan mejorar y asegurar la
justificación tanto de las condiciones o requisitos exigidos para la
concesión de las subvenciones como de la aplicación efectiva de éstas a
los fines para los que se concedieron, problema también señalado por el
Tribunal. Nosotros pretendemos ampliar los mecanismos de control de
subvenciones intensificando el control de las mencionadas justificaciones
por parte de los órganos gestores.
También solicitamos que la Intervención General de la Administración del
Estado incremente sus actuaciones mediante la articulación que pedimos en
una de nuestras propuestas de resolución. Es decir, regular los casos y
modo en que es obligada una formal rendición de cuentas por parte de los
perceptores de subvenciones a partir de determinados volúmenes de gasto o
actividades subvencionadas y en función de la entidad del perceptor. ¿Por
qué? Porque la realidad de las subvenciones es excesivamente amplia, como
SS. SS. saben, y, sin ninguna duda, hay que establecer unas prioridades
respecto a quién tiene muchas obligaciones y a quién tiene menos, y lo
digo no por evitar el control. En definitiva, es distinta una sociedad de
vecinos, por decirlo de alguna manera sencilla para que nos entendamos,
de una gran empresa, en donde también habría que hablar de la posibilidad
subvencionadora que se produce. Lo que planteamos es que se analice y, en
su caso, se rectifiquen actuaciones públicas que puedan encubrir casos de
subvenciones, que también se plantean, y que, al seguir un distinto
procedimiento, puedan vulnerar la normativa general aplicable a éstas --a
veces se hace-- y ampliar los sistemas y medios dedicados al seguimiento
y control de las subvenciones en el ámbito de los órganos gestores.
Otra cuestión que ha señalado S. S. nos parece muy importante: que se
articulen los mecanismos --no es fácil-- de coordinación del conjunto de
las administraciones públicas (y digo que no es fácil porque las
administraciones públicas tienen también competencias propias al
respecto) porque sería bueno y positivo para conseguir que el gasto
público fuera en su utilización más eficaz en la consecución de los
objetivos que se plantean.
He venido diciendo en esta Comisión a lo largo de mis intervenciones que
el problema de subvenciones separa a otros. Vuelvo a insistir:
transparencia y control, sí. Además, es un gasto de enorme importancia en
los Presupuestos Generales del Estado. Pero también tengamos en cuenta
que en estos momentos en la Unión Europea también existen subvenciones, y
uno de los problemas que nos plantea permanentemente --se interrelacionan
casi
todos-- son las denuncias ante la Comisión. Tampoco hay que descuidar
esos aspectos no vaya a ser que nosotros seamos tan claros --que queremos
serlo-- y seamos tan transparentes --que queremos serlo-- que lo que les
demos a otros países es simplemente un certificado o un libro de registro
para que automáticamente lo que hagan es presentar todas las denuncias.
Lo digo porque si todos los países cumplieran todos los requisitos
igualmente, evidentemente nosotros deberíamos cumplirlos igual que ellos.
Nuestra voluntad es la de ser transparentes y controlar el gasto y que
exista una información suficiente en el seno de nuestro país y de todas
las administraciones; pero no seamos tan ingenuos que pongamoss un libro
de registro para que alguien, leyendo ese libro, se pase el día
denunciando en la Comisión Europea todos los problemas que se producen en
este país. Lo digo porque eso ocurre en todos los países.
El señor PRESIDENTE: El señor Camisón tiene la palabra por no más de
cinco minutos.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, quiero intervenir muy
rápidamente para replicar al señor Gimeno, portavoz socialista, en el
sentido de que, después de oírle, ha quedado claro que está bastante de
acuerdo con nuestra propuesta de adición, puesto que ha admitido que en
el fondo es admisible. Por tanto, reiteramos que la solución de un
proyecto de ley era la mejor, puesto que si era necesario no sólo uno
sino varios proyectos, esto se podría haber solucionado. Por tanto,
intervengo solamente para dejar constancia que habiendo faltado tan poco,
cantidades infinitesimales de voluntad política exclusivamente por parte
del Grupo Parlamentario Socialista, para haber aceptado esta propuesta,
lamentamos que no se apruebe. Que quede constancia que lo sentimos porque
creíamos que era la mejor solución de todas.
El señor PRESIDENTE: El señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Quiero decir que, en cualquier caso, me parece un
aspecto bastante positivo que en los problemas de fondo estemos
coincidiendo. Creo que lo ha dicho su señoría también. Eso es lo
importante porque permitirá, sea una ley, sean varias o sean varias leyes
y varios reglamentos, que, sin ninguna duda, podamos coincidir en la
misma voluntad. Creo que es un problema importante en este país, en otros
también, pero las subvenciones y los presupuestos son demasiado
importantes como para que no exista control suficiente, transparente y
adecuado.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea fijar posición respecto a las
propuestas presentadas? (Pausa.)
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la propuesta de
resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete;
en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, vamos a proceder a la votación de la propuesta de
resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.
--SOBRE PETICION DE FISCALIZACION ESPECIAL, DEL GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
El señor PRESIDENTE: Una vez terminados los informes que figuraban en el
orden del día, cabe ahora el tratamiento que la Mesa, en la reunión de
portavoces, estimó respecto a lo que en principio parecía una propuesta
de resolución del Grupo de Izquierda Unida y que en realidad es una
petición de fiscalización que, por acuerdo inicial en la Comisión, se
acordó tramitarla en esta sesión.
Por tanto, tiene la palabra el señor González para la defensa de este
escrito sobre petición de una fiscalización especial.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Nuestro interés es simplemente que se
produzca dicha fiscalización. Por tanto, estamos dispuestos a aceptar
cualquier enmienda en cuanto a la literatura. Si hay que corregir algunos
adjetivos, así se hará, si con ello se producen las fiscalizaciones que
pedimos en sus justos términos.
Como creo que ninguno de los Grupos, así al menos lo han manifestado sus
portavoces, tienen nada en contra de ello, si hubiera que proceder a
alguna corrección --insisto-- en la literatura, lo aceptaríamos para que
se produjeran las fiscalizaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Para manifestar la voluntad del Grupo
Parlamentario Popular, en el sentido de que creemos que es oportuna esta
fiscalización y estamos a favor de que se apruebe en esta sesión.
El señor PRESIDENTE: El señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Nuestro Grupo quiere proponer al de Izquierda
Unida una transacción respecto a la propuesta número uno que formula en
esas dos propuestas que ya estamos considerando. Además, quiero
hacer algunas aclaraciones al respecto, para que no quede ningún tipo de
duda.
En el tema del «Boletín Oficial del Estado», el Gobierno conoció el
informe de la Intervención General de la Administración del Estado en el
que se producían determinadas irregularidades, que se consideraron graves
antes de esta legislatura. Por considerarlas como tales, el propio
Gobierno remitió a la Fiscalía el asunto. Eso ha dado lugar a un
procedimiento judicial, del que en estos momentos hemos conocido algunas
de las decisiones que han tenido mayor sonoridad en los medios de
comunicación, como era razonable y como es normal.
La voluntad de nuestro Grupo y del Gobierno es de absoluta transparencia
en todas estas cuestiones, aunque somos conscientes, y lo quiero dejar
bien claro, que posiblemente no haría falta ninguna actuación del
Tribunal de Cuentas, por las siguientes razones. Posiblemente, en estos
momentos los Tribunales tienen mucho más conocimiento que el que pueda
aportar el propio Tribunal de Cuentas sobre el asunto, después del tiempo
que llevan recibiendo auditorías e informes de la Administración, de la
propia Intervención General del Estado y todos los mecanismos que hayan
querido utilizar a efectos de conocer en profundidad el problema.
Es más, se podrían adoptar algunas de las decisiones, que posiblemente
incluso vamos a proponer nosotros transaccionalmente con alguna
dificultad, y es que a lo mejor el Tribunal tiene en su poder una parte
de la documentación que es fundamental y de la que nosotros estamos
hablando. Lo digo porque eso es posible que ocurra.
En cualquier caso, lo que no queríamos es dejar ningún tipo de duda sobre
cuál es la voluntad política. Puede que eso choque con la realidad
técnica en cuanto a su posibilidad o no, pero para evitar esa situación,
aparte de que la Mesa y el Presidente han hecho que esta resolución salga
en lo que es la Cuenta de 1989 para que se pueda articular un mecanismo
más amplio de funcionamiento en el tiempo, nuestra propuesta es que el
Tribunal de Cuentas produzca una fiscalización especial relativa a los
ejercicios 1989 a 1991. No sé si será posible en algún año; a lo mejor
no, pero será porque la actuación del Tribunal está impidiendo la
posibilidad de que sea factible. No obstante, queremos dejar bien clara
la voluntad política, y ya digo que a lo mejor choca esa voluntad
política con consideraciones de tipo técnico, pero se trata de que no
quede ninguna duda al respecto.
Esa es la voluntad que queremos manifestar y por eso ofrecemos la
transacción de que el Congreso de los Diputados acuerda la realización
por el Tribunal de Cuentas de una fiscalización especial de la gestión
económica y de la administración del organismo autónomo «Boletín Oficial
del Estado» durante los ejercicios 1989 a 1991, para que no sólo se
remita al tiempo específico en el que han podido producirse problemas,
sino también después. Así conoceremos cuál es la situación también más
histórica de lo que ha venido pasando y de lo que pasa.
El señor PRESIDENTE: Señor González, ¿acepta usted la transacción que le
ofrece el Grupo Socialista?
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Gimeno, por aceptar nuestra propuesta, aunque no lo considere necesario.
Como decía anteriormente, la voluntad es que se produzca esa
fiscalización, y como no quiero que me ponga nadie trabas y quiero
sacarla adelante, la acepto.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, ¿puede entregar el texto a la Mesa?
(Así lo hace el señor Diputado.)
Señor González, una pregunta. En su escrito se pedía una fiscalización
del «BOE» y aparte había un punto número 2. ¿Entiende usted que la
transacción satisface su pretensión? ¿Se somete también a votación el
número 2?
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Yo entendía, señor Presidente, que la
transacción era al punto número 1 y que en el punto número 2 no había
inconveniente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, en el texto que nos ha leído figuraba
«El Congreso de los Diputados acuerda...» Creemos que debería decir la
Comisión Mixta.
El señor GIMENO MARIN: De acuerdo, señor Presidente, con la corrección.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, se somete a votación el punto
número 1 de la propuesta que ha presentado Izquierda Unida en el texto
que ha leído el señor Gimeno, texto que obra en la Mesa. Dice así: La
Comisión Mixta acuerda la realización por el Tribunal de Cuentas de una
fiscalización especial de la gestión económica y de administración del
organismo autónomo «Boletín Oficial del Estado» durante los ejercicios
1989 a 1991. Esto sustituye al punto número 1 del escrito de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Seguidamente se somete a votación el punto 2 de lo
que era la petición del Grupo de Izquierda Unida, que es otra
fiscalización relativa a una subvención concedida a una empresa privada.
(El señor Camisón Asensio pide la palabra.)
Señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, le pediría, si es posible,
poder justificar en este momento el voto del Grupo Popular sobre esta
materia, puesto que no ha sido debatido.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, ha habido turno. El señor González
tampoco defendió profusamente, creo que ni siquiera hizo alusión a ello,
lo que constituía este último punto del orden del día. Los grupos han
tenido la oportunidad de manifestarse y, por tanto, creo
que el debate está cerrado. No ha lugar a nuevas intervenciones respecto
a este punto.
Sometemos directamente a votación el punto número 2 de la petición del
Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Habiéndose agotado todos los puntos que constituían el orden del día,
levantamos la sesión.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados y Senadores.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.