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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 193, de 20/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 193
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 191
celebrada el miércoles, 20 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 10201)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general para garantizar la objetividad y
transparencia en la adjudicación de contratos del Estado y, en
concreto, para el esclarecimiento de las informaciones que
vinculan a la «trama Roldán» con los cobros irregulares de
comisiones procedentes de dicha adjudicación (número de
expediente 172/000135) (Página 10213)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre medidas a adoptar por el Gobierno frente al
deterioro e insuficiencias de la sanidad pública (número de
expediente 172/000137) (Página 10220)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
informar sobre el Consejo Europeo que se celebrará en Madrid los
días 15 y 16 de diciembre (número de expediente 210/000034)
(Página 10233)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 194,
de 21 de diciembre de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la
mañana.
Preguntas (Página 10201)
Del Diputadon don Leopoldo Ortiz Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Qué piensa hacer el Ministro de Economía y
Hacienda en favor de los damnificados de la presa de Tous?
(Número de expediente 180/001600) (Página 10201)
Del Diputado don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en orden a
la fijación del salario mínimo interprofesional para el año 1996?
(Número de expediente 180/001608) (Página 10202)
Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia: ¿Qué razones han llevado al Gobierno a no
retirar de la Cámara el Proyecto de Ley de modificación de la Ley
de Reforma Universitaria? (Número de expediente 180/001603)
(Página 10203)
Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuándo se van a adjudicar
las obras de ampliación de la nueva terminal de pasajeros del
aeropuerto de Sondika? (Número de expediente 180/001597) (Página 10204)
Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la
Presidencia: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar
un fluido abastecimiento de cereales y pienso a la ganadería
española? (Número de expediente 180/001602) (Página 10205)
Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
tras el compromiso de iniciar el proyecto de regeneración de la
bahía de Portman y, en su caso, qué plazos tiene previsto para su
licitación en el «Boletín Oficial del Estado»? (Número de
expediente 180/001611) (Página 10206)
Del Diputado don Lluís Miquel Pérez i Segura, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno en relación con la variante de Reus?
(Número de expediente 180/001614) (Página 10207)
Del Diputado don Feliu Guillaumes i Rafols, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Por qué no ha dado cumplimiento el Gobierno a la
resolución aprobada por la Cámara en el año 1994 en relación a la
modificación de la Ley reguladora de la objeción de conciencia y
la prestación social sustitutoria? (Número de expediente
180/001598) (Página 10208)
Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué medidas va a adoptar el
Gobierno a fin de controlar la información sobre construcción de
bombas, artefactos y explosivos, a la que, a través de diversos
sistemas informáticos, libremente puede acceder cualquier
ciudadano? (Número de expediente 180/001599) (Página 10209)
Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Qué medidas ha adoptado el Sr. Ministro
para garantizar la seguridad personal de los funcionarios de
prisiones afectados por los gravísimos incidentes provocados por
familiares de presos de la banda terrorista ETA en el centro
penitenciario Sevilla-2, el pasado día 11 de noviembre de 1995?
(Número de expediente 180/001601) (Página 10210)
Del Diputado don Diego López Garrido, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno la adopción de medidas
dirigidas a la excarcelación inmediata de todas aquellas personas
que se encuentren actualmente en prisión por los llamados
«delitos contra el deber de prestación del Servicio Militar», del
vigente Código Penal? (Número de expediente 180/001609) (Página 10211)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace el Gobierno de la Declaración de Ottawa, suscrita por España
la semana pasada en representación de la Unión Europea? (Número
de expediente 180/001610) (Pägina 10212)
Interpelaciones urgentes (Página 10213)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de
política general para garantizar la objetividad y transparencia
en la adjudicación de contratos del Estado y, en concreto, para
el esclarecimiento de las informaciones que vinculan a la «trama
Roldán» con los cobros irregulares de comisiones procedentes de
dicha adjudicación (Página 10213)
El señor Hernando Fraile defiende la interpelación del Grupo
Popular. Expone que en marzo de 1993 su Grupo Parlamentario,
junto con otros Grupos de la Cámara, solicitó la creación de una
comisión parlamentaria de investigación para estudiar las
distintas irregularidades existentes durante el proceso de
contratación de las empresas que participaron en la construcción
y adquisición de material del tren de alta velocidad Madrid-
Sevilla y determinar las responsabilidades políticas oportunas.
Recuerda que el presupuesto inicial aprobado por el Consejo de
Ministros para esta línea del AVE era de 262.500 millones de
pesetas, teniendo una desviación que supuso un incremento
presupuestario, a 31 de diciembre de 1991, de más de 55.000
millones. Recuerda también que en aquellos momentos varias
informaciones apuntaban a la intermediación de diversos
comisionistas, con el fin principal de la financiación del
Partido Socialista y, paralelamente, el enriquecimiento
particular de algunos de los implicados. Alude asimismo al
informe pericial del caso Filesa, en el que se menciona el abono
de comisiones por parte de algunas empresas, a pesar de lo cual
el Grupo Socialista estimó que se trataba de datos sin relevancia
alguna y que no procedía la creación de la comisión solicitada.
Agrega que el mismo procedimiento sumarial abierto permite
confirmar la existencia de una serie de sociedades y empresas
dirigidas por notorios militantes del Partido Socialista cuyo
oficio y beneficio se basaba en la extorsión a empresas privadas
al objeto de obtener de las mismas cuantías millonarias como
condición a la resolución a su favor de contratos con el Estado y
cuyo cobro se justificaba mediante la adquisición de facturas por
informes inexistentes.
Por otra parte, durante las últimas semanas se han producido
nuevas y gravísimas revelaciones del «caso Roldán» que
vincularían al ex director general de la Guardia Civil y a otras
relevantes personalidades socialistas con el cobro de comisiones
procedentes del tren de alta velocidad y de otros contratos del
Estado, especialmente en relación con la autovía del Norte, todo
lo cual obliga a esclarecer las vicisitudes de esos contratos y
también de otros relacionados con el Estado, sobre todo aquellos
que derivan de la seguridad de la Expo y los Juegos Olímpicos.
Se trata de unos datos aparecidos en los últimos días que deben
ser aclarados por el Gobierno, ya que apuntarían a la existencia
de una nueva trama corrupta dedicada al cohecho, en el mismo seno
del corazón de la seguridad del Estado, con los señores Roldán y
Vera al frente y con responsabilidad política clara del señor
González. Afirma que el Gobierno tiene la obligación de aclarar y
explicar el importe total de las comisiones cobradas por el señor
Roldán y en base a qué contrataciones ha obtenido semejantes
sumas, así como el sistema previsto para que esas comisiones
ilegales se restituyan al patrimonio del Estado. Igualmente debe
explicar al país de una vez por todas qué responsabilidades
políticas asume por todos estos hechos.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Justicia e
Interior (Belloch Julbe), manifestando que el texto escrito de la
interpelación no era tan expresivo como el manifiesto formulado
por el señor diputado, que es el mismo que han oído en toda clase
de iniciativas parlamentarias, preguntas y comparecencias, y por
tanto no aporta grandes novedades. El interpelante se ha basado
fundamentalmente en las citas de un periódico español y en las
últimas noticias respecto a los 2.100 millones de Roldán, lo cual
ha merecido nada menos que una interpelación parlamentaria en una
forma habitual de actuar que no coincide con la del Gobierno. Se
trata de lo de siempre, de un edificio construido sobre una
hipótesis con el riesgo de que la arquitectura global sea
deforme.
Expone que desde la perspectiva del Gobierno está absolutamente
claro que cada vez que hay un procedimiento judicial en marcha la
única forma de relación posible es la transmisión del contenido
de los trabajos investigadores de la policía al juez y nada más,
ya que esos datos no deben ser revelados ni siquiera cuando, por
algún error técnico, se habla de que ya no es secreto del
sumario, pues en cualquier caso el material aportado por la
policía a un juez nunca puede tener un tratamiento distinto que
el de su transmisión al propio Juez.
Fuera de lo expuesto por él ahora, recuerda que en esta
legislatura se han adoptado un conjunto de medidas importantes
para garantizar lo que se planteaba en el texto escrito de la
interpelación, es decir, que haya transparencia en la
contratación pública y se eviten ese tipo de conductas. Menciona
especialmente la Ley 13/1995, de contratos de las
Administraciones públicas, que tiene por una de sus finalidades
políticas lograr esa mayor transparencia para obtener la mayor
objetividad en la acción administrativa. Otra medida importante
en esa línea ha sido la aprobación de la Ley 12/1995, de
incompatibilidades, consagrando como principio general la
incompatibilidad absoluta de los altos cargos con el ejercicio de
cualquier actividad pública o privada de carácter lucrativo, con
la única excepción de la administración del patrimonio familiar.
Como tercer bloque de medidas menciona el Código Penal, a lo que
habría que añadir la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y la
Ley 10/1995, modificando el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y creando la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Cree
que con el conjunto de iniciativas legislativas mencionadas no
cabe duda de la voluntad ni de la intención del Gobierno en este
marco.
Replica el señor Hernando Fraile, duplicando el señor Ministro de
Justicia e Interior.
Para fijación de posiciones interviene el señor Martínez Blasco,
en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe), replicando el señor Martínez Blasco.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre medidas a adoptar por el Gobierno frente al
deterioro e insuficiencias de la sanidad pública (Página 10220)
La señora Maestro Martín defiende la interpelación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando que considera
imprescindible plantear ante esta Cámara una situación de grave
deterioro e insuficiencia de la sanidad pública, máxime ante un
panorama más que oscuro del futuro del sistema sanitario público
en nuestro entorno y específicamente en el caso de nuestro país.
Recuerda que recientemente el Gobierno español ha reiterado su
compromiso irracional, al margen de cualquier grado de sensatez
en función de los intereses de los ciudadanos, en el cumplimiento
estricto de los criterios de convergencia del Tratado de
Maastricht, sustancialmente el cumplimiento del objetivo de
reducción del déficit público, con medidas importantes de
reestructuración interna de los ingresos del Estado, penalizando
a los sectores más desfavorecidos, lo que considera una
irresponsabilidad política grave.
El Grupo Socialista y el Gobierno del PSOE reiteran la defensa
del sistema sanitario público y, sin embargo, resulta obvio hasta
para el menos informado de los ciudadanos que la reforma puesta
en marcha por los países de nuestro entorno, dirigida a disminuir
la financiación pública del sistema sanitario y a la introducción
de sistemas de gestión empresarial en la sanidad pública, se
contempla en
el llamado «informe Abril Martorell», nunca discutido en
profundidad.
Considera evidente que el sistema sanitario público en España
tiene insuficiencias importantes que se reflejan en primer lugar
en las listas de espera, encontrándose el gasto sanitario muy por
debajo del de países de nuestro entorno. Por otra parte, el
personal sanitario por cama en nuestro país es casi un 40 por
ciento inferior al de otros países, y la duración de la visita
médica en esos países de nuestro entorno tres veces superior a la
del nuestro.
Añade que, según manifestaciones de un asesor del propio
Ministerio de Sanidad, es la escasez de recursos la que determina
situaciones de ineficiencia de la sanidad pública, considerando
errónea la percepción de que los problemas de esta sanidad son
problemas de gestión. Consecuentemente, la principal solución
radica en incrementar el gasto sanitario público.
Sin embargo, la señora Ministra se ha hecho muchas veces
solidaria de medidas tomadas por predecesores suyos en el
Ministerio, relativas a una congelación de las inversiones y del
gasto público total y la introducción de medidas de gestión
empresarial, con constantes alusiones a la eficiencia del mercado
y la gestión empresarial.
Se refiere seguidamente a cuestiones como la adquisición de
material sanitario, en ocasiones sin pasar por control aduanero
ni la homologación de la dirección general correspondiente, o la
introducción de lo que denomina mecanismos perversos para reducir
las listas de espera, que lo único que provocan es un incremento
desproporcionado del gasto sanitario, debido al abono de peonadas
a determinados profesionales, así como a la cuestión del gasto
farmacéutico, que ha supuesto retirar determinados medicamentos
para los sectores más desprotegidos, y termina afirmando que,
ganen o pierdan las elecciones, los socialistas son los
derrotados en unos principios que asumieron como propios, porque
han aceptado con armas y bagajes los principios, los objetivos y
los valores del enemigo.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Sanidad y
Consumo (Amador Millán), que comienza lamentando que la
interpelante anteponga sus estrategias de grupo y de la coyuntura
en que nos movemos para realizar un ataque injustificado, injusto
e inconcreto al funcionamiento de un sistema que la Diputada, por
distintas razones, tiene obligación de conocer y de valorar lo
que supone para la sociedad española y en cuya obligación de
defensa deberían estar todos comprometidos, más allá de
planteamientos coyunturales de grupo político. Aludir, sin
embargo, a Maastricht o los objetivos de política económica para
atacar el sistema sanitario y su funcionamiento le parece un
ejercicio de irresponsabilidad para un responsable político que
conoce el mundo sanitario y que ha demostrado preocupación por
algo en lo que todos están empeñados, como es hacer efectiva la
protección de la salud de los ciudadanos.
Afirma que el Gobierno socialista ha contribuido decisivamente a
la construcción de un sistema sanitario público del que esta
sociedad debiera sentirse orgullosa. Acepta, desde luego, todas
las críticas, todos los problemas que existen en el
funcionamiento diario del sistema sanitario y el compromiso de
seguir mejorándolo, pero negar que han universalizado la
asistencia sanitaria y que han brindado un Sistema Nacional de
Salud en el que por el solo hecho de ser ciudadano español se
accede a dicho sistema, cuya calidad técnica y nivel de atención
médica está reconocido dentro y fuera de España, lo considera tan
injusto, irracional y alejado de la realidad que tiene que
rechazarlo con la máxima energía. Expone que desde la
promulgación de la Ley General de Sanidad, la transformación
producida en el sistema sanitario español es asombrosa,
produciendo tristeza que se reconozca mejor en los ámbitos
internacionales que en nuestro país.
Contesta seguidamente a algunas de las críticas concretas
formuladas por la señora Maestro, facilitando numerosos datos
económicos sobre el particular que demuestran, a su juicio, que
no se ha producido ninguna congelación de inversiones ni de
presupuestos sanitarios, aunque a pesar de ello reconoce que
siempre habrá defectos de funcionamiento. Lamenta, en cambio, que
la interpelante no haga referencia a las cosas que van bien,
asegurando que son bastantes y que justifican el seguir
trabajando con absoluta convicción en la defensa de un sistema en
el que creen profundamente, como uno de los logros importantes de
esta sociedad, y que de ninguna manera está dispuesta a que se
desmantele ni que se ponga en cuestión.
Replica la señora Maestro Martín, duplicando la señora Ministra.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor
Villalón Rico, en nombre del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados (Página 10233)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
informar sobre el Consejo Europeo que se ha celebrado en Madrid
los días 15 y 16 de diciembre (Página 10233)
El señor Presidente del Gobierno (González Márquez), expone que
comparece ante la Cámara para informar sobre los debates y
resoluciones del Consejo Europeo, celebrado en Madrid la pasada
semana, y sobre el que los señores Diputados tienen en su poder
el documento de conclusiones y la llamada parte B, que recoge una
breve síntesis de los trabajos desarrollados a lo largo del
semestre.
Le gustaría considerar, lo mismo que el resto de los Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que este Consejo va a
marcar la agenda de trabajo de la Unión Europea de los próximos
años, preparándola para enfrentarse con el mayor éxito posible a
los retos del próximo siglo.
Expone que en la primera mañana del Consejo comenzó el debate
sobre la unión económica y monetaria y los Ministros de Economía
y Finanzas avanzaron un documento importante en el que se
definían con precisión el escenario del paso a la tercera fase de
la unión monetaria. Quedaban, no obstante,algunos temas de cierta
importancia por resolver y de entre los que destaca, en primer
lugar, la denominación de la moneda, sobre la que se ha llegado
al acuerdo de que a partir de 1999 se llame euro. La segunda de
las decisiones se refiere a la fecha en que habrá que tomar la
decisión de qué países van a pasar a la tercera fase de la unión
monetaria, acordándose que sea en el 98 cuando se decidirá qué
países cumplen los requerimientos del Tratado sobre los criterios
de convergencia. Sobre el tercero de los problemas se decide que
se emita deuda negociada a partir del 1 de enero de 1999 en
euros. En cuanto a la entrada en vigor del euro como moneda de
circulación para todos los ciudadanos, se producirá a partir del
1 de enero del 2000.
Añade que durante la sesión del Consejo y anteriormente se han
discutido otras cuestiones, una de ellas conocida como el pacto
de estabilidad, para tratar de garantizar esa estabilidad para
aquellos países que formen parte del núcleo inicial de la unión
monetaria.
Otro tema de preocupación sobre el que se viene discutiendo en
los últimos meses es la relación que habrá de establecerse entre
los países que formen parte del núcleo inicial de la moneda única
y aquellos países que queden fuera de ese nuevo sistema.
Finalmente, un tema que interesa a todos los países que puedan
tener alguna dificultad para acceder en la primera fecha a la
moneda única es en qué condiciones van a acceder con
posterioridad los países que deseen estar en la moneda única y
que no cumplan los requisitos de convergencia, decidiéndose
naturalmente que las condiciones serán idénticas a las previstas
en el Tratado de la Unión Europea para los países que entren en
la primera fase, sin aplicárseles las que puedan derivarse del
llamado pacto de estabilidad.
A continuación, se firmó el acuerdo de relación entre Unión
Europea y los países de Mercosur, primero en su género y de
extraordinario interés para nosotros como país desde el punto de
vista económico, de las relaciones comerciales y también desde el
punto de vista político.
En cuanto a la sesión de la tarde, comenzó con la política de
empleo, considerándose ése como el objetivo prioritario de la
Unión Europea y de los Estados miembros. En segundo lugar, se han
recogido los programas plurianuales de empleo de todos los
Estados miembros. Señala que la impresión en el conjunto de la
Unión es que la situación del empleo está mejorando, y
particularmente en España en el último año y medio, aunque nos
encontramos en una gran desventaja por nuestro volumen de paro.
A partir de ahí se ha entrado en la discusión de otro de los
temas sustanciales, como era la Conferencia Intergubernamental,
afirmando que se ha apreciado extraordinariamente el trabajo del
grupo de reflexión como una base importante para la discusión que
se va a abrir el próximo año sobre la Conferencia
Intergubernamental, concretamente el 29 de marzo de 1996 en la
ciudad de Turín.
A continuación, discutieron la aplicación del principio de
subsidiariedad, que para nosotros es de enorme interés,
manteniéndose las directrices que se establecieron en Birmingham
y en Edimburgo. Después de esta discusión, ha quedado establecido
con nitidez que la ampliación de la Unión Europea no puede
afectar negativamente al acervo comunitario ni a las políticas
comunes. Por otra parte, se firmó la fecha de comienzo de
negociación con Chipre y Malta, que será seis meses después de
finalizada la Conferencia Intergubernamental, previéndose por
tanto que sea a principios del 98 el comienzo del proceso de
negociación. También se decidió intensificar la estrategia de
preadhesión, pidiendo a la Comisión que elabore informes sobre el
impacto que puede suponer en las políticas de la Unión la
ampliación de ésta a los países del centro, del este y del
sureste de Europa, y sobre los problemas de financiación, la
financiación plurianual que habrá de entrar en vigor a partir del
año 1999. Sobre la ampliación había una gran inquietud entre los
países afectados, y se ha decidido que el tratamiento para todos
los candidatos, hasta el momento de iniciarse
las negociaciones, sea objetivo e igualitario, utilizándose
exactamente los mismos criterios.
Informa también sobre los acuerdos alcanzados en torno a la ayuda
para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia y la garantía del
proceso de paz con 60.000 hombres.
Respecto a la Unión aduanera entre la Unión Europea y Turquía,
señala que no ha habido necesidad de abrir un debate en torno a
un acuerdo que tenía gran importancia desde el punto de vista
político y económico.
En cuanto a Rusia, se ha destacado la importancia de esta
relación, reiterando el apoyo al proceso de reformas y la
cooperación en materia de seguridad.
Alude, finalmente, a la nueva dimensión de las relaciones
trasatlánticas y el documento firmado sobre el particular, a la
política mediterránea y la Conferencia de Barcelona, sin olvidar
la relación con el continente latinoamericano, recogiéndose
además en el documento de conclusiones muchas tareas relativas al
mercado interior, pequeñas y medianas empresas, medio ambiente,
agricultura y pesca.
En definitiva, el Consejo de Madrid prácticamente culmina la
presidencia semestral española de la Unión Europea, y
probablemente será uno de los consejos que marquen la agenda de
trabajo y el propio destino de la Unión en los próximos años. Se
trata de un Consejo importante que marca una recuperación del
impulso en la construcción europea, sintiéndose todo el mundo
satisfecho por el desarrollo de los trabajos y por el enorme
esfuerzo realizado por equipos de altos funcionarios que han
dedicado al semestre lo mejor de sí mismos, cree que con
resultados notables.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aznar
López, en nombre del Grupo Popular; Anguita González, en nombre
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i
Amat, en representación del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Anasagasti Olabeaga, en nombre del Grupo Vasco (PNV); Mardones
Sevilla, en nombre del Grupo de Coalición Canaria; señora Rahola
i Martínez y señores Mur Bernad y Chiquillo Barber, del Grupo
Mixto, y señor Almunia Amann, en representación del Grupo
Socialista.
Para contestar a los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios interviene de nuevo el señor Presidente del
Gobierno (González Márquez).
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la
noche.
Se reanuda la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la
mañana.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE PIENSA HACER EL MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA EN FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS DE LA PRESA DE
TOUS? (Número de expediente 180/001600)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 10, del señor Ortiz Climent.
El señor ORTIZ CLIMENT: ¿Qué pasa, ministro, qué va a hacer usted
en favor de los damnificados de Tous? Eso huele muy mal y es
lógico después de más de trece años.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que el Gobierno ha hecho muchas cosas, no veo
por qué plantea usted el tema en términos tan tremendos. En el
Decreto-ley del año 1993, de 26 de marzo, se habilitó un crédito
extraordinario de 19.000 millones de pesetas para dar la
posibilidad a que aquellos que quisieran percibir la
indemnización lo pudieran hacer. Es cierto que algunos
prefirieron no optar por esa fórmula, prefirieron seguir
litigando con la Administración y es cierto que la Audiencia de
Valencia no les ha dado la razón, con un voto particular, pero no
les ha dado la razón.
A partir de ahí es verdad que nosotros tampoco tenemos ningún
interés en dar un tratamiento diferente a uno y a otro supuesto
y, en consecuencia, nos interesaría seguir y llegar a un
convenio, incluso con aquellas personas que no se acogieron al
modelo inicial definido en el año 1994 y, por tanto, plantear una
posibilidad a los que han litigado y están afectados por la
sentencia de 4 de diciembre de este año, extendiendo incluso a
otros municipios --Alcántara del Júcar, Carcer y Favara--, que no
estaban incluidos en el decreto del año 1993, los efectos de este
supuesto. Todo ello va a aumentar el número de damnificados y
tendremos también que realizar una ampliación del Decreto-ley.
El Gobierno tomó ya decisiones en su momento, sigue pensando que
la decisión es correcta y está dispuesto a ampliarla a los
afectados en aquel momento que, sin embargo, decidieron no
acogerse al modelo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ CLIMENT: Señor ministro, parece que usted va a
ser, por primera vez, candidato a unas elecciones, no como el
señor González, que va a repetir por séptima vez, veremos si con
ideas nuevas, y además, buenas, o veremos qué hacen; porque a las
personas se les conoce por lo que hacen y no por lo que piensan o
dicen.
Usted ha dicho claramente que desde hace trece años y dos meses.
¿Sabe usted lo que supone aguantar esa situación de desdén, de
injusticia, de insolidaridad, en una de las provincias de España
más solidarias que pueda haber en este país, que 35.000
afectados, más de trece años después, estén esperando una
solución definitiva? Realmente, señor Solbes, eso no es resolver
problemas, sino seguir atormentando a la gente en catástrofes
humanas que han sucedido porque sí, habría que tratar de resolver
y en trece años no han sido resueltas por el Gobierno socialista.
Es evidente que cuando hay elecciones automáticamente aparece en
Valencia el caso Tous. ¡Qué casualidad! Pero los 35.000 afectados
siguen sin tener una solución digna --no de caridad--, fruto de
la sensibilidad que debemos tener todos, que no ha tenido el
Gobierno socialista, respecto de estos afectados que son tan
españoles como cualquiera y que se merecen el criterio más
apropiado ante una sensibilidad de la que no ha hecho gala el
Gobierno socialista, sensibilidad política que demuestra
sensibilidad humana. Esa insolidaridad y esa injusticia hacen que
en estos momentos, precisamente vísperas de elecciones, se vuelva
a hablar de ese tema. ¡Qué triste es eso!
¿Transparencia? No la habido en la información, en el tono, ni en
las ofertas que últimamente está haciendo el Gobierno a través de
su delegación en Valencia. No hay transparencia, no hay
coherencia y no hay soluciones. En definitiva, señor Solbes, creo
que, en estos momentos, los valencianos afectados por la
catástrofe de la presa de Tous han demostrado mucha paciencia, a
pesar de la serena indignación, y necesitan soluciones,
soluciones que ustedes no han aportado en más de trece años. El
Partido Popular analizará este caso con verdadero interés, con
verdadera prioridad, porque es un caso de justicia y usted, señor
Solbes, no tiene palabras para replicarme.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias,
señor Presidente.
Señor Ortiz, oída su soflama, le voy a hacer algunos comentarios.
(Rumores y protestas.-- El señor Ortiz Climent pronuncia palabras
que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Ortiz!
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): El modelo
es muy claro y consiste en poner en marcha un sistema de
compensación por parte del Estado, a pesar de que, como muy bien
deja claro la sentencia, no hay responsabilidad por parte de los
funcionarios que se vieron afectados por el tema de la presa de
Tous.
Dice que no se ha hecho nada. ¡Hombre!, un decreto de 19.000
millones de pesetas es bastante.
¿Se ha intentado plantear algún problema y estamos intentando
resolverlo de forma incorrecta? El que 13.000 afectados hayan
aceptado la solución no nos parece un problema. Es cierto que hay
otros que quieren más, pero eso lo entiendo perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON RICARDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES
DEL GOBIERNO EN ORDEN A LA FIJACION DEL SALARIO MINIMO
INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 1996? (Número de expediente
180/001608)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Peralta
Ortega.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, usted sabe perfectamente que el derecho
constitucional de los trabajadores a una remuneración suficiente
es desarrollado parcialmente por el Estatuto de los Trabajadores
mediante la figura del salario mínimo interprofesional
garantizado. Esta figura, importante, y que, por ello, ha sido
cuestionada, en los últimos años está sufriendo un deterioro, en
nuestra opinión, difícilmente justificable; deterioro que
procede, por una parte, de la proliferación de figuras
contractuales en las que la retribución está por debajo del
salario mínimo, pero, en nuestra opinión, el deterioro procede
fundamentalmente de la pérdida de capacidad adquisitiva de ese
salario mínimo interprofesional garantizado, que anualmente se
revaloriza en cuantía notablemente inferior a la que experimenta
el IPC. En concreto, en 1993 el salario mínimo sufrió una pérdida
de seis décimas; en 1994, de ocho décimas, y, tal como va el IPC,
este año es previsible una pérdida más o menos similar, que cabe
establecer en torno al 25 ó 30 por ciento de pérdida de capacidad
adquisitiva.
En nuestra opinión, ésta es una evolución preocupante. Queremos
creer --estamos convencidos-- que el Gobierno comparte esta
valoración; desde luego, la
comparten los agentes sociales y, por eso, posiblemente en
puertas de los contactos del Gobierno con esos agentes sociales,
quisiéramos saber las previsiones del Gobierno en orden a su
fijación en el año 1996.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, es verdad, estamos en la víspera misma de la
determinación del salario mínimo para 1996, y también en la
víspera del inicio del diálogo con los agentes sociales, que se
habrá de producir precisamente la próxima semana, como también es
verdad que habrá que conciliar una serie de intereses, que están
claramente especificados en el artículo 27 del Estatuto de los
Trabajadores y que podríamos sintetizar en dos: por un lado, el
mantenimiento del poder adquisitivo y, por otro lado, garantizar
también que no se superen unas determinadas cifras de déficit
público y que con ello se perjudique la economía.
Es cierto que en los últimos dos años ha habido una pérdida de
poder adquisitivo del salario mínimo, pero también lo es que en
los tres años inmediatamente anteriores hubo una ganancia de
poder adquisitivo del salario mínimo en términos de inflación. En
todo caso, vamos a hacer una propuesta y a entablar una
negociación la próxima semana y procuraremos conciliar esos dos
intereses: la salvaguarda del interés económico general en
términos macroeconómicos y el mantenimiento del poder
adquisitivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Desde luego nuestro grupo desea que esos contactos sean más que
contactos, sea una verdadera negociación que permita la fijación
de un salario mínimo que recupere el poder adquisitivo perdido.
La evolución de la inflación, señor ministro, pone de manifiesto
que no guarda relación directa en estos momentos con la evolución
de los salarios, y tanto por vía directa como indirecta son
muchos los afectados. Yo me permitiría sugerirle que en ese Real
Decreto en el que el Gobierno fije finalmente el salario mínimo
para el año 1996 haga uso de las previsiones legales del artículo
27 del Estatuto de los Trabajadores y garantice durante 1996 su
actualización en el mismo valor que finalmente fije la inflación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco su recomendación, que tendremos en cuenta, señoría, de
mantenimiento del poder adquisitivo, a lo que yo añado el otro
término, el mantenimiento de las variables económicas que el
Gobierno siempre tiene que vigilar. Le recuerdo que el salario
mínimo tiene escasa incidencia en rentas directas, sí la tiene en
rentas indirectas, en rentas de Seguridad Social y de protección
por desempleo, y que cada punto de incremento supone
aproximadamente de gasto por encima de los ingresos de unos 6.000
millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor, Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE RAZONES HAN LLEVADO AL GOBIERNO A NO
RETIRAR DE LA CAMARA EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY
DE REFORMA UNIVERSITARIA? (Número de expediente 180/001603)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 del señor Ollero Tassara.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro ¿qué razones han llevado al Gobierno a no retirar
de la Cámara el proyecto de ley de modificación de la Ley de
Reforma Universitaria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Ollero, como usted sabe perfectamente, a partir de los
primeros días del mes de septiembre se produjo la situación de
pérdida de la mayoría parlamentaria por parte del Gobierno y la
complejidad de la modificación de la LRU y del proyecto de ley
que se encontraba todavía en Ponencia aconsejó no producir una
aceleración de su tramitación sino esperar a que la próxima
legislatura entre en profundidad acerca de los 300 puntos que
deben ser modificados de la LRU.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, si alguna razón hay para retirar un proyecto es
lo que usted acaba de decir ahora mismo; qué otra razón puede
haber. ¿Qué espera usted para poder retirar un proyecto? Hay un
artículo en el Reglamento que lo hace posible para situaciones
como la que usted ha descrito. Lo que pasa es que el inédito
ministro Saavedra, que prometió hace seis meses que en septiembre
estaría terminada la negociación --no que comenzaría entonces--,
ha demostrado cumplidamente que no sabe qué hacer con la LRU, y
mientras tanto va por ahí presumiendo de lo que desconoce.
Presume, por ejemplo, de desconocer la postura del Partido
Popular al respecto. Hay sólo 100 enmiendas presentadas por el
Partido Popular en esta Cámara que usted no se ha molestado en
leer porque sólo lee lo que le preparan a veces para contestar
preguntas, pero si las leyera sabría que mientras que usted ha
hablado de modificar los órganos de gobierno universitarios, a
estas alturas nadie sabe qué fórmula tiene usted, y el Partido
Popular ha dicho claramente: elección directa de rectores y
decanos, y que sean órganos formados por personas competentes en
la materia las que decidan. Mientras que usted ha reconocido que
la endogamia es un grave problema de la Universidad y no ha dicho
cómo lo va a resolver, el Partido Popular ha hablado de una
habilitación y de establecer pruebas que supongan el conocimiento
del programa de la asignatura, cosa que, como usted sabe por
experiencia, tiene un enorme interés. Estamos todavía esperando
que usted aclare qué va a hacer, porque presume de lo que
desconoce y además lo da por no existente.
Señor ministro, si no existiera todo aquello que usted desconoce
no habría ni un problema educativo en este país, pero
desgraciadamente siguen existiendo aunque usted no se haya
molestado en enterarse de en qué consisten. Mientras tanto a la
Universidad le ha tocado en la tómbola un ministro como usted,
que viene aquí con la misma placidez con que va a la ópera, que
no se ha preocupado realmente de enterarse de la magnitud de los
problemas, y eso le permite desconocer que las consecuencias de
la reforma de la LRU son problemas como los que en algún debate
reciente en público hemos mantenido, lo que pasa es que usted no
se entera de que eso tiene que ver con la LRU.
El artículo 128 del Reglamento dice claramente que el Gobierno
puede retirar un proyecto en cualquier momento, y de usted
depende; una proposición de ley, no, una proposición de ley la
tiene que retirar el Pleno. Por tanto no nos deje aquí los
desperdicios de su gestión. Llévese la chatarra que ha acumulado
su pasividad política para que no quede en esta Cámara como
residuo sólido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Está claro, señor Ollero, que usted está picado por algunas
declaraciones mías. En consecuencia, si está picado, rásquese,
que es lo más sano en estas circunstancias. (Risas.)
En cuanto a si estoy inédito o si la chatarra está por ahí, la
verdad es que el Consejo de Universidades, en los dos que he
presidido ha adoptado todas sus decisiones, salvo en una materia,
con un voto en contra, incluidos los representantes de su partido
en representación de esta Cámara y en el Senado, Consejeros de
Educación de Comunidades Autónomas, gobernadas por el Partido
Popular, que son miembros también de ese Consejo, y supongo que
algún rector también será del Partido Popular, porque, si no,
sería lamentable que no pudieran tener un rector que llevarse a
la boca para satisfacción política de S. S. En esos Consejos de
Universidad --repito-- se han adoptado decisiones muy importantes
sobre nuevas titulaciones sobre el Plan de Evaluación y sobre
creación de grupos para valorar los resultados de la aplicación
de los nuevos planes de estudio.
En resumen, vengo aquí con la misma placidez con que voy a la
ópera porque, efectivamente, tengo una concepción humana de las
cosas que me permiten venir a sentarme aquí con la misma
tranquilidad con que me siento en una butaca en el Teatro de la
Zarzuela, y, cuando sea posible, en el Teatro Real de la Opera,
de Madrid.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO
VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE VAN A ADJUDICAR
LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL
AEROPUERTO DE SONDIKA? (Número de expediente 180/001597)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor
Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
¿Cuándo se van a adjudicar las obras de ampliación de la nueva
terminal de pasajeros del aeropuerto de Sondika?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, la adjudicación del concurso para la contratación de la
obra civil y arquitectura del aeropuerto de Sondika ha sido
otorgada a una UTE constituida por Entrecanales y Távora y
Ferrovial, por un importe de 7.165 millones de pesetas, con un
plazo de ejecución de veintiocho meses, y todo ello en la reunión
del Consejo de Administración de AENA, celebrado el día 18 de
diciembre de este año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de la Presidencia, nuestro grupo parlamentario se
congratula de que ya se haya materializado la adjudicación de las
obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Sondika, en
la medida que forma parte de un acuerdo político que en el año
1989 suscribieron el Gobierno central y el Gobierno vasco para el
desarrollo de algunas acciones de infraestructuras en el País
Vasco. En ese sentido, las instituciones vascas habían cumplido
con su acuerdo, que era la mejora de los accesos al aeropuerto, y
faltaba la otra parte, que era el comienzo de las obras de
ampliación de la terminal.
Nuestro grupo parlamentario es consciente de los problemas que ha
habido a lo largo de la tramitación de toda la adjudicación de la
obra, tanto en lo que se refiere a la contaminación que algunas
empresas realizaron en su día y que ha dado lugar a que
suscribiera un acuerdo entre el ente público AENA y la Consejería
de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno vasco, pero también
somos conscientes de que el Gobierno quizás cometió algún error
de cálculo cuando sacó a licitación el pasado mes de febrero las
obras de ampliación y no se presentó ninguna empresa licitadora,
por lo cual fue declarado desierto.
De todas maneras, lo importante es que las cosas se lleven
adelante, que ya hay una acción, un acto administrativo del ente
público Aeropuertos Nacionales, adjudicando, como decía usted, la
realización del proyecto de ampliación de la terminal. Por tanto,
nuestro grupo parlamentario se congratula y le satisface la
respuesta que nos ha dado de que ya se ha materializado esa
adjudicación, y nos gustaría conocer que las obras vayan a
empezar en un breve plazo de tiempo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muy
brevemente, señor Presidente.
Simplemente, para ratificar que la adjudicación se ha hecho ya,
que es una obra que, como S. S. ha señalado acertadamente, ha
tenido problemas, algunos difíciles de prever cuando se
planificó, como la aparición en el suelo de productos químicos no
biodegradables, que ha habido que tratar previamente; es cierto
también que la adjudicación en su momento quedó desierta, pero no
lo es menos que se ha producido ya y que la obra se construirá en
el plazo adecuado. La Administración así lo garantiza en este
Parlamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO
PARA GARANTIZAR UN FLUIDO ABASTECIMIENTO DE CEREALES Y PIENSO A
LA GANADERIA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/001602)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Ramírez
González.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor ministro, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno para
garantizar un fluido abastecimiento de cereales-pienso a la
ganadería española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como S. S. sabe, la cosecha de cereales ha sido corta respecto a
las necesidades normales de consumo de la campaña, algo
perfectamente lógico después de la sequía que está atravesando
nuestro país. A la vista de esta situación, ya a finales de 1994,
el Ministerio de Agricultura abrió un proceso de negociación con
la Comisión Europea, que ha permitido la aprobación ya en el mes
de mayo de una operación especial de intervención que adjudicó a
la ganadería española 1.410.000 toneladas de cereales-pienso. En
el mes de agosto, el Senpa puso a disposición de los ganaderos
30.000 toneladas de cebada. Asimismo, se ha adelantado la
aplicación del acuerdo de importación de maíz y sorgo entre
Estados Unidos y Unión Europea, correspondiente al segundo
semestre de 1995, lo que ha permitido disponer de 820.000
toneladas de cereales-pienso y están pendientes de adjudicar algo
más de un millón de toneladas en el primer semestre de 1996.
Finalmente, le quiero recordar que en los primeros días del mes
de enero comenzará la venta del «transfer» de 200.000 toneladas
de cereales-pienso, para su utilización
en las zonas ganaderas de España más afectadas por la baja
disponibilidad de pastos y cereales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Comprendo que está leyendo el escrito
que le han hecho en el Ministerio de Agricultura, y no tiene más
responsabilidad, pero esos datos no corresponden a la realidad.
Voy a empezar por lo último a lo que ha hecho referencia; el
«transfer» de 200.000 toneladas del organismo de intervención
alemán al español. Eso no ha sido posible porque el precio del
transporte es superior al precio de la mercancía --a 21 pesetas--
y se ha suspendido la licitación del transporte. ¿Por qué? Porque
el Gobierno español no ha reaccionado a tiempo y desde que el
Partido Popular le exigió, en la primavera pasada, que se
solicitara el «transfer» directo de organismo de intervención a
organismo de intervención, no se nos hizo caso. Se ha hecho ahora
y las condiciones del transporte en el período invernal y la
situación de los puertos alemanes hace imposible la llegada de
ese «transfer».
Señor ministro, tenemos un déficit de ocho millones de toneladas
de producción de cereales, que necesita urgentemente nuestra
ganadería. En este momento, de licitaciones directas del comité
de gestión de la Comunidad y de países terceros han llegado sólo
2.197.000 toneladas. La situación de nuestro mercado es que las
cotizaciones de cereales para la ganadería española es el 40 por
ciento más caro que en el resto de la Unión Europea. Eso está
provocando la ruina física de los pequeños ganaderos, que no
pueden aguantar esa situación de falta de competitividad con los
ganaderos comunitarios que obtienen una materia prima mucho más
barata.
Es absolutamente necesario, señor Ministro, que antes del 1.º de
marzo de 1996 lleguen a posesión de los ganaderos españoles
millón y medio de toneladas, y antes del 30 de junio dos millones
y medio de toneladas, lo que completaría, como mínimo, la llegada
al mercado español de cuatro millones de toneladas de cereales-
pienso, cantidad mínima para garantizar el abastecimiento y
supervivencia de nuestra ganadería. Hasta ahora, señor ministro,
nos han estado administrando los cereales desde el comité de
gestión del Feoga-garantía. Ha habido un cuentagotas que sólo
está beneficiando a las grandes compañías multinacionales, que de
esa forma y con esa estrategia están manteniendo artificialmente
unos precios altísimos en el mercado nacional, lo que está
provocando la ruina del sector. O reaccionan ustedes, señor
ministro, o a partir de enero la ganadería española va a pasar
una de las circunstancias más duras en su reciente historia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ramírez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Ramírez, usted sabe que el Gobierno es perfectamente
consciente de que el problema no ha terminado. De hecho, conocerá
también, y si no le informo en este trámite parlamentario, que
hay un acuerdo tácito en virtud del cual se podrá disponer de
600.000 toneladas de cereales-pienso adicionales de la operación
especial, y 300.000 toneladas adicionales de «transfer». De
hecho, en el día de hoy le puedo indicar que hay posibilidades de
que mañana mismo, día 21 de diciembre, se acuerden estas
ampliaciones. Por otra parte, recuerdo a S. S. que en el
Ministerio de Agricultura funciona satisfactoriamente una
comisión de seguimiento de este problema, y que a la vista de la
evolución del mercado nacional, del comunitario y del mundial --
lo que podremos evaluar en enero y febrero-- decidiremos
conjuntamente con la Comisión la apertura de otra operación de
suministro cereales-pienso de la intervención comunitaria para
España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA
ADOPTADO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE TRAS EL COMPROMISO DE INICIAR EL PROYECTO DE
REGENERACION DE LA BAHIA DE PORTMAN Y, EN SU CASO, QUE PLAZOS
TIENE PREVISTOS PARA SU LICITACION EN EL «BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO»? Número de expediente 180/001611)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Alonso Conesa.
El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la bahía de Portman, que se encuentra en la
Comunidad Autónoma de Murcia y en el municipio de La Unión, puede
considerarse como uno de los balcones naturales abiertos al mar
de la extensa sierra minera de Cartagena-La Unión.
Durante siglos, esta cuenca minera ha sido explotada mediante la
construcción de pozos y galerías para la extracción de minerales
como plomo, cinc, plata y azufre. Desde 1957 se vienen realizando
vertidos de estériles al mar, con cantidades que inicialmente
comenzaron con 3.000 toneladas-día y que consiguieron alcanzar la
cifra de 8.000 toneladas-día.
Tras un larguísimo proceso de protestas y denuncias llevadas a
cabo tanto por particulares como por organizaciones no
gubernamentales, y también por instituciones como los
ayuntamientos y la Comunidad Autónoma,
el 31 de diciembre de 1990 se finalizó con dichos vertidos al
mar. Después, y hasta el momento actual, la playa ha desaparecido
y los efectos perjudiciales, tanto para las aguas mediterráneas
como para el ecosistema, han sido incalculables: han desaparecido
prácticamente los usos tradicionales del baño y de la pesca en
dicha bahía.
En el plan especial para el desarrollo de Cartagena, aprobado por
el Gobierno de España en 1993, había un compromiso con la
Administración regional para realizar la recuperación de dicha
bahía, y fue en enero de 1994 cuando se concretó el acuerdo entre
el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la Comunidad Autónoma para iniciar los estudios y actuaciones,
más la financiación necesaria para dicha recuperación.
Quiero significarle, señor Ministro, que el municipio de La Unión
padece en estos momentos el índice más alto de paro de toda la
región de Murcia y la población de Portman, prácticamente toda la
población laboral, se encuentra en dicha situación de paro.
Dada esta desaparición de la minería y la falta de perspectiva,
existe en este momento un desasosiego y una alta tensión por el
no inicio de estas obras de recuperación de la bahía. Desde
luego, a este Diputado le consta la preocupación tanto del señor
Borrell como de la señora Narbona, y por ello, señor Ministro,
quiero preguntarle, aquí, en el Parlamento, cuál es el compromiso
de la Administración del Estado y cuándo se va a iniciar la
recuperación de dicha bahía de Portman.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, le puedo informar que el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente ha adjudicado el proyecto denominado
«Recuperación de usos de la bahía de Portman», en Murcia. El
proyecto contempla la actuación en la bahía para recuperar la
costa original de 1957, y con este fin se dragarán unos ocho
millones de metros cúbicos de minerales, de los aproximadamente
30 millones que se han ido vertiendo desde el año 1957, al que me
refería anteriormente. Además, en dicho proyecto se contempla la
creación, de nuevo, de la playa, que se recubrirá con
aproximadamente un millón y medio de metros cúbicos de arena
limpia.
Las actuaciones de este proyecto tienen inicialmente un
presupuesto estimado de 4.000 millones de pesetas y un plazo de
ejecución de ocho meses. Esta es una actuación perfectamente
compatible con la ordenación urbanística y el acondicionamiento
del borde costero de la bahía.
La declaración de impacto ambiental determinará, por otra parte,
la conveniencia, desde el punto de vista del medio ambiente, de
realizar o no el proyecto y, en caso afirmativo, fijará las
condiciones en que deba realizarse.
Finalizado todo el procedimiento de evaluación se procederá
inmediatamente a la licitación, adjudicación e inicio de las
obras de recuperación de la bahía de Portman.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LLUIS MIQUEL PEREZ I SEGURA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA VARIANTE DE REUS?
(Número de expediente 180/001614)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Pérez i
Segura.
El señor PEREZ I SEGURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, uno de los signos de identidad de la ciudad de
Reus es que forma un cruce de caminos, en el campo de Tarragona.
Está surcada por 11 carreteras, lo que produce una gran
complejidad en su tránsito, ya que algunos de estos viales pasan
por el mismo centro de la ciudad.
En este sentido y para paliar esta problemática, el Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente ha programado, hace
ya algunas anualidades, un nuevo trazado de la Nacional 420 a su
paso por Reus, en concreto licitando y estando en el trámite
previo a su ejecución una variante. Esta es una obra importante,
una obra que incluso puede alcanzar una longitud de unos 10
kilómetros.
El enlace de la autovía de Tarragona desde el aeropuerto de Reus,
completando el trazado de esta Nacional con zonas de gran
complejidad orográfica, como puede ser el Coll Negre o el Coll de
la Texeta, lo que hará será construir un nuevo eje de penetración
a las comarcas naturales del interior de Cataluña, incluso hasta
Aragón por Alcañiz, derivando el tráfico hacia las zonas
industriales de Poniente de esta ciudad.
Un dato para evaluar la importancia de esta obra es que el flujo
de tránsito en algunos de sus tramos es de 29.000 vehículos
diarios. Por ello, existe en la ciudad y en los sectores
económicos una necesidad de conocer, en la medida que sea
posible, la concreción de los plazos o el estado de tramitación y
ejecución de dicha variante, y por ello planteo al Gobierno la
pregunta de cuáles son las previsiones en relación con esta
variante de la Nacional 420 a su paso por la ciudad de Reus.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el programa de actuaciones prioritarias en materia de
carreteras para el período 1993-1995 ha incluido lógicamente las
actuaciones prioritarias para el Ministerio de Obras Públicas;
entre ellas, está la variante de Reus, por la que S. S. se
interesa, en la Nacional 420, entre los puntos kilométricos 868 y
879, en la provincia de Tarragona.
En relación con dicha variante le puedo informar que, después de
haberse aprobado el proyecto del trazado, el 17 de marzo de este
año se dio la orden de expropiación de los terrenos. Además de
ello, el proyecto de construcción de este tramo, por un importe
de 6.821 millones de pesetas, fue aprobado definitivamente el
pasado 23 de noviembre.
Quiero también recordarle las características del proyecto
constructivo que se ha aprobado, que tiene una longitud de 9,4
kilómetros, que dispondrá de dos calzadas, con dos carriles de
3,5 metros cada una. A lo largo del trazado tendrá seis enlaces,
todos a distinto nivel: Tarragona-Bellisens, Salou, Cambrils,
Riudoms, Circunvalación Norte y Falset, que incluyen sus
correspondientes ramales, de una longitud total de casi 19
kilómetros, y alumbrado de los mismos mediante la instalación de
torres de 28 metros.
Dada la proximidad de los enlaces de Cambrils, Riudoms y
Circunvalación Norte, se dispone de calzadas laterales que unen
las tres rotondas, que suman un total de 3,5 kilómetros
adicionales de dichas calzadas. Asimismo, se contempla en el
proyecto la ejecución de caminos de servicio con una longitud de
5.770 metros.
Además, el proyecto de la variante Sur de Reus contempla las
obras de drenaje transversal, entre ellas el encauzamiento y
desvío del Barranco de Pedret y las medidas correctoras de
impacto ambiental que incluyen, entre otras cosas, plantaciones
en taludes, así como disposición de barreras antisónicas.
Finalmente, quisiera indicarle que el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente tiene previsto licitar las
obras en el primer trimestre de 1996.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FELIU GUILLAUMES I RAFOLS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿POR QUE NO HA DADO CUMPLIMIENTO EL GOBIERNO A LA
RESOLUCION APROBADA POR LA CAMARA EN EL AÑO 1994 EN RELACION A LA
MODIFICACION DE LA LEY REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y
LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente
180/001598)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8 del señor Guillaumes i
Rafols.
El señor Guillaumes tiene la palabra.
El señor GUILLAUMES I RAFOLS: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señor Ministro, señorías, en abril de 1994 esta
Cámara aprobó una resolución que simplemente leeré, ya que se
explica sola: El Congreso de los Diputados, consciente de que la
Ley 48/1984, de 25 de diciembre, reguladora de la objeción de
conciencia y la prestación social sustitutoria, no ha dado
solución completa ni satisfactoria al libre ejercicio del derecho
de objeción de conciencia, insta al Gobierno para que, en el
plazo de tres meses, remita un proyecto de ley de reforma, a fin
de introducir en dicha normativa modificaciones que corrijan las
actuales deficiencias prácticas, se adecuen a las orientaciones
más progresistas que ofrece el Derecho Comparado... etcétera. No
termino.
Simplemente, quiero matizar que el incumplimiento de esta
solicitud ha obligado a nuestro Grupo a presentar una proposición
de ley, que ahora parece condenada a decaer.
La pregunta, por tanto, es bien simple: ¿Por qué este
incumplimiento por parte del Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, Presidente.
No hace mucho ya contesté a esa misma pregunta. La respuesta
tiene que ser la misma. Los objetivos de la resolución se han
logrado a través de reformas reglamentarias y a través de la
ejecución del Plan de Objeción de Conciencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Guillaumes tiene la palabra.
El señor GUILLAUMES I RAFOLS: Señor Ministro, dicho sea con todo
respeto, su respuesta me suena poco convincente.
Sin duda, no se le escapan a usted una serie de hechos que voy a
citar. Primero: si continúa creciendo a este ritmo la ola de
objetores que no pueden realizar la prestación social
sustitutoria, llegará el colapso total del sistema. Segundo: la
evidencia de que un ejército únicamente de conscripción no es
posible con el nivel tecnológico y la evolución demográfica
actual ha sido reconocida de hecho por el propio Gobierno,
asumiendo en la práctica un modelo mixto de Fuerzas Armadas.
Tercero, y como corolario de la anterior, la igualación de los
períodos de servicio militar y prestación social y la reducción
de formalidades para declararse objetor, en la práctica, tendrían
que haber dejado de ser un problema político al haber un ejército
mixto.
Cuarto, y no menos importante, quizá la más importante, la
negativa a aceptar la objeción sobrevenida, además de una
delimitación de derechos en la práctica, constituye, y usted lo
sabe muy bien, una coartada para aquellos que defienden actitudes
de rechazo radical a la ley.
Estas son las líneas por las que debería discurrir la reforma que
hemos citado; de hecho, así lo recoge nuestra proposición de ley.
Finalmente, señor Ministro, tampoco debe escapársele el grado de
apoyo social que una reforma de este tipo obtendría en esta
Cámara, así como también le supongo sensible a los problemas
laborales que a muchos jóvenes provoca esta situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señorías, cuando he hablado de que, efectivamente, a través de
las reformas reglamentarias, se han incorporado las reformas que
facilitaban el funcionamiento del sistema, no niego que el
problema exista, simplemente pongo de relieve que las cosas han
mejorado sustancialmente, hasta el punto de que cualquier
indicativo lo evidencia. El plazo para el reconocimiento de la
condición de objetor, antes de la reforma reglamentaria y antes
del plan, implicaba períodos superiores a los seis meses; la
media de 1995 ya ha sido de tres meses y, concretamente a partir
de enero, se va a reducir a un mes. Por tanto, es manifiesto que
el sistema está funcionando.
Otro tanto podríamos hablar respecto del número de
incorporaciones. En 1995, se han producido 55.000
incorporaciones, más que en períodos de muchos años. Esto supone
concretamente incrementar un 20 por cien por encima la propia
previsión del plan. Está claro que están funcionando las cosas,
aunque el problema es de fondo y de mucho calado. Lo que me
parece claro es que, antes de reformar las leyes, hay que
exprimirlas en su verdadero contenido, que es lo que ha hecho la
reforma reglamentaria, y una gestión más eficiente. Sin duda, en
la próxima legislatura será interesante iniciar una ley de este
tipo, espero que con el apoyo de su Grupo Parlamentario, ya sea
por vía de un Gobierno monocolor u otra fórmula de asistencia
parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO A FIN DE CONTROLAR LA INFORMACION SOBRE CONSTRUCCION DE
BOMBAS, ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS, A LA QUE, A TRAVES DE DIVERSOS
SISTEMAS INFORMATICOS, LIBREMENTE PUEDE ACCEDER CUALQUIER
CIUDADANO? (Número de expediente 180/001599)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Azpiroz Villar.
Tiene la palabra.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace escasas semanas se produjo el lanzamiento de
un artefacto explosivo contra una comisaría de Policía.
Evidentemente, la noticia tiene su gravedad, pero no la vamos a
discutir aquí. Sí nos trae, y es la pregunta que formularemos, la
preocupación que se nos ha suscitado, consecuencia de información
pública, fundamentalmente a través de la televisión, en orden a
que este grupo de jóvenes, en torno a los catorce años de edad,
había podido construir el artefacto en base a la información que
se derivaba del acceso a los sistemas informáticos, existiendo
varios en este sentido.
Anticipamos que el control de este tipo de información es una
cuestión difícil, pero el hecho nos parece preocupante, porque
prácticamente se podría acceder a un semimanual del terrorista
con elementos domésticos para confeccionar cualquier tipo de
artefacto, bomba o explosivo.
Por tanto, este Diputado, con su preocupación, que sin duda
compartirán muchos ciudadanos, se ve en la precisión de
formularle la pregunta siguiente: ¿Qué medidas va a adoptar el
Gobierno a fin de controlar la información sobre construcción de
bombas, artefactos y explosivos a la que, a través de diversos
sistemas informáticos, libremente pueden acceder los ciudadanos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, Presidente.
Señoría, ciertamente el problema que plantea va a ser serio en el
futuro; hasta este momento, sólo hemos detectado un supuesto,
concretamente a través de la captura de un CD-Rom en inglés que
se había comprado por un determinado establecimiento comercial,
hasta un número de veinte, nada menos que en una relación de
juguetes de esta naturaleza. Fue detectado y se pudo neutralizar,
pero ciertamente eso va a ser un problema serio de futuro en
todos los campos. Piense que, tras el atentado de Oklahoma, en
Estados Unidos, se inició, como conocerá seguramente S. S., un
proceso de debate en el Cámara de Representantes sobre la
posibilidad de establecer tipos delictivos concretos para el
control de esta figura.
En España no sería ése el problema, porque con el nuevo Código
Penal habría tipos suficientes para la incriminación de estas
conductas y para realizar en definitiva investigaciones
policiales y judiciales. Pero el problema de fondo es más el de
la investigación policial, el del control preventivo ante la
información incorporada a Internet, concretamente, ya que este
CD-Rom no era más que material sacado de la red Internet y, por
tanto, con posibilidades reales de que esté en la propia red y
con mecanismos para acceso a esa red.
Ese tipo de delincuencia va a ser, sin duda, la delincuencia del
año 2000. En Estados Unidos ya empieza a ser un problema real y
ese problema lo podemos tener en el resto de países y en la Unión
Europea de manera bastante inmediata.
Frente a ello, nosotros estamos realizando lo que nos parece más
razonable, que es incidir en la formación de funcionarios
policiales especialistas en esta materia. Para ello precisamente
no hace muchos meses tuve ocasión de trasladarme a Washington
para hablar con la señora Reno y llegar a un convenio con el FBI,
que en este momento es el organismo policial más avanzado en el
control de este tipo de temas, a fin de especializar
funcionarios. También hemos incorporado accesos a la red de
Internet para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a fin de poder
evaluar el trabajo sobre la práctica y en la materia.
Solamente tendrá salida en el marco de cooperación trasnacional,
como es obvio, y en este momento España ha entendido que el mejor
marco era la cooperación bilateral para la formación y la
cooperación con el FBI norteamericano. Se podrá hacer más
adelante también con especialistas europeos, pero ciertamente en
este campo estamos menos avanzados que en los Estados Unidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias por su respuesta, señor
Ministro.
Simplemente quiero indicarle que creemos que hay que ahondar en
ese trabajo. Como usted muy bien ha dicho, es una cuestión que
desgraciadamente en el futuro inmediato puede crear problemas
notorios en la sociedad. Es adecuado que se forme al personal, a
los funcionarios policiales y nos parece --y su Gobierno ha hecho
gala en esta materia de adecuación en su política internacional--
que debería liderar e impulsar un proceso, porque algunos
pensamos que los legisladores y los políticos no siempre tenemos
que poner el carro y los bueyes por delante, sino que en este
caso deberíamos ponernos delante de los bueyes para evitar, con
esa terapia preventiva, que en el futuro haya males mayores y que
la comisión de delitos, tal vez con esfuerzo e imaginación, se
pueda evitar. En eso no dude que tendrá al Grupo Popular y a este
Diputado siempre a su lado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL SEÑOR MINISTRO
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE
PRISIONES AFECTADOS POR LOS GRAVISIMOS INCIDENTES PROVOCADOS POR
FAMILIARES DE PRESOS DE LA BANDA TERRORISTA ETA EN EL CENTRO
PENITENCIARIO SEVILLA-2, EL PASADO DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1995?
(Número de expediente 180/001601)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Seco Gordillo,
que tiene la palabra.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas ha adoptado para garantizar la
seguridad personal de los funcionarios de prisiones afectados por
los gravísimos incidentes provocados por familiares de presos de
la banda terrorista ETA en el centro penitenciario Sevilla-2, el
pasado día 11 de noviembre de 1995?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco. Tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, se lo digo completamente en serio y espero que así me
entienda. Se han adoptado las medidas necesarias y decir
cualquier otra cosa sería absolutamente irresponsable. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, usted conoce perfectamente que el pasado día 11
de noviembre de 1995 unos 1.200 familiares y simpatizantes de
presos de la banda terrorista ETA, al serles prohibida la entrada
en territorio francés, decidieron desplazarse hasta Sevilla para
manifestarse ante el centro penitenciario Sevilla-2,
circunstancia que era conocida por el Ministerio al menos 14
horas antes de que llegaran a Sevilla.
Sabe perfectamente también que, una vez en el Sevilla-2 y
coincidiendo con el cambio de turno, dichos manifestantes
retenían, zarandeaban, insultaban, amenazaban
y coaccionaban a todos los funcionarios de prisiones que entraban
y salían del centro penitenciario. Y, lo que es mucho más grave,
sabe perfectamente que todos los funcionarios de prisiones que
entraban y salían del centro eran fotografiados y filmados en
video, ellos y sus vehículos, ante la mirada pasiva, por las
órdenes recibidas, de la dotación de los Grupos Rurales de
Seguridad de la Guardia Civil, que se encontraban a la entrada
del centro penitenciario.
No criticamos la pasividad del Ministerio ante esos hechos,
aunque hay dos denuncias interpuestas contra la Delegada del
Gobierno en Andalucía por un presunto delito de omisión del deber
de socorro. Lo que sí criticamos es que el señor Ministro, que lo
es desde luego de Justicia y a veces, sólo a veces, de Interior,
no haya adoptado ninguna medida para garantizar la seguridad
personal y la tranquilidad familiar de los funcionarios de
prisiones, de decenas de funcionarios de prisiones, que se
sienten muy seriamente amenazados por ETA. Este Diputado rechaza
que no se pueda hacer nada para garantizar la seguridad, y hay
algo que sí se puede hacer y que se lo han solicitado,
individualmente desde el día 12 de noviembre, y colectivamente
desde el 16 de noviembre, y que usted se niega a realizar, y es
simplemente cambiar la matrícula de los vehículos pertenecientes
a los funcionarios de prisiones afectados por esos gravísimos
incidentes.
Por último, señor Belloch, por una vez, haga de Ministro de
Interior y preocúpese por la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones que,
con tanta asiduidad como generosidad, han dado su vida por la
seguridad de todos los españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Ya veo,
señoría, que no ha servido para nada mi referencia a que le
estaba contestando seriamente, y esperaba de S. S. otro tanto.
Usted no me ha preguntado sobre los incidentes, si no con mucho
gusto le hubiera respondido. Usted ha tenido a bien preguntar qué
medidas concretas se han adoptado para garantizar la seguridad
personal.
La mera formulación de la pregunta es una irresponsabilidad; su
intervención, una absoluta temeridad. Desde el momento en que se
formula y se conoce públicamente... (El señor Seco Gordillo: No
puedo consentirlo.) ¿Me permite que termine, señoría? Desde el
momento en que se dice públicamente la medida de seguridad, en
ese momento la medida de seguridad carece de todo objeto y de
toda finalidad. Lo que S. S. ha dicho respecto al cambio de
placas de matrícula... (Rumores.--El señor Seco pronuncia
palabras que no perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Seco.
EL señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): ... es
algo que ningún responsable que tenga el más mínimo conocimiento
de en qué consiste la actividad terrorista se atrevería a
pronunciar. Usted se ha atrevido en un ejemplo manifiesto de
irresponsabilidad.
Nada más. (El señor Seco Gordillo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Seco
Gordillo pide la palabra.) Señor Seco, sabe cuál es el trámite de
este tipo de iniciativas. Su señoría ha consumido sus dos turnos.
Está terminada la tramitación de la pregunta (El señor Seco
Gordillo pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Seco, no
tiene la palabra.
--DEL DIPUTADO DON DIEGO LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA
AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO LA ADOPCION DE MEDIDAS
DIRIGIDAS A LA EXCARCELACION INMEDIATA DE TODAS AQUELLAS PERSONAS
QUE SE ENCUENTREN ACTUALMENTE EN PRISION POR LOS LLAMADOS
«DELITOS CONTRA EL DEBER DE PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR», DEL
VIGENTE CODIGO PENAL? (Número de expediente 180/001609)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor López Garrido.
Tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Ministro, en estos momentos hay más
de 200 presos insumisos en las prisiones españolas cuya causa
última está en una actitud ante el Ejército, una objeción de
conciencia a los ejércitos y, como consecuencia, una
desobediencia civil.
Como también sabe, el futuro Código Penal, que entrará en vigor
dentro de algunos meses, prevé que no exista pena de cárcel para
los insumisos a la prestación social sustitutoria y rebaja a dos
años el servicio militar a los insumisos.
Creo que comparte conmigo que esta regulación en el futuro Código
Penal, por otra parte un buen Código Penal, es probablemente su
agujero negro; es aquello que no corresponde al reproche social
que existe en este momento frente a la insumisión en nuestro país
y, por tanto, no justifica esa regulación que, aunque disminuye o
suprime la pena de cárcel, sin embargo, mantiene una altísima
pena de inhabilitación que producirá efectos discriminatorios y
que se ha llamado «la muerte civil». En todo caso, el futuro
Código Penal suprime o atenúa la pena de cárcel y, en estos
momentos,
como no entra en vigor hasta dentro de seis meses, lo cierto es
que muchos insumisos están en la cárcel y no deberían estarlo.
Por ello, nosotros entendemos que el Gobierno debe tomar las
medidas oportunas para que desaparezca esta situación
inmediatamente. Sólo hay dos vías para el Gobierno, en este
momento, desde el punto de vista jurídico: bien instar una
progresión al tercer grado, o bien acelerar indultos para estos
insumisos. Nosotros instamos a que el Gobierno desarrolle todas
esas medidas y, en concreto, instamos a que el Gobierno produzca
expedientes de indulto que conduzcan a la concesión de indultos
para estos insumisos, que deben estar en sus casas
inmediatamente.
A la vista de esto, nosotros hacemos al Gobierno la pregunta que
está expuesta en el «Diario de Sesiones».
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, en cualquier caso, desde luego, el Gobierno va a cumplir
la moción aprobada por el Senado el pasado 30 de noviembre, que
S. S. conoce y, por tanto, dentro de los márgenes de las
previsiones constitucionales, que prohíben el indulto general,
como es bien sabido, las previsiones de la Ley de Indulto y las
propias previsiones del nuevo Código Penal. Su señoría lo conoce
perfectamente: hay dos modalidades. Es distinto el régimen de la
insumisión al servicio militar de la insumisión a la prestación
social. Respecto del primero, está claro que el nuevo Código
Penal, por sí mismo, no modifica la situación. Respecto del
segundo tema, sin duda se va a iniciar un proceso individualizado
de examen de todos y cada uno de los supuestos. Pero ciertamente
tampoco las Cámaras han decidido que esas conductas sean impunes,
sino que, efectivamente, lo que han decidido es que las penas
sean sustituidas o conmutadas --si hablábamos de fase de indulto-
- por otras penas de naturaleza diferente.
Esta claro que habrá que dar respuesta individual caso por caso,
y en los supuestos en que ya haya habido cumplimientos
determinados de duración en el tiempo de la pena privativa de
libertad, podrían formularse proposiciones de indulto, por
razones de equidad, respecto del resto y, en los supuestos en que
eso no se haya producido, debería irse a fórmulas, no de indulto
puro y libre, sino de indulto con conmutación con otro tipo de
penas privativas del derecho. En esa línea vamos a trabajar, y
dentro del plazo de los seis meses a que hacía alusión la moción
del Senado, sin ninguna duda el Gobierno informará a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZABAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
HACE EL GOBIERNO DE LA DECLARACION DE OTTAWA, SUSCRITA POR ESPAÑA
LA SEMANA PASADA EN REPRESENTACION DE LA UNION EUROPEA? (Número
de expediente 180/001610)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Mendizábal
Gorostiaga. La señora Mendizábal tiene la palabra.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el terrorismo es, sin duda, una lacra que, para
llevar a cabo su actividad, se vale, en muchos casos, de la
existencia de fronteras, moviéndose con gran facilidad en el
espacio internacional, usando la violencia como un medio para
expresar sus ideas, o para imponerlas, o incluso para luchar
contra aquellos que no han podido ganar democráticamente y, por
qué no decirlo, en muchos casos por puros intereses mercenarios.
Esta actividad terrorista no sólo produce daños irreparables en
las personas, sino que además genera una cierta desconfianza en
la sociedad, crea unos recelos en la comunidad internacional y a
veces genera actitudes intolerantes. Ante esta situación, muchas
veces a los sistemas democráticos les cuesta reaccionar. Por eso,
dado que ha habido recientemente en Ottawa una reunión del Grupo
G 7 y Rusia, en la que España ha asistido en su condición de
Presidente de la Unión Europea, quisiera que me dijera qué
valoración hace el Gobierno de esa Declaración de Ottawa,
suscrita por España como Presidente de la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, el pasado 12 tuvo lugar en Ottawa la
reunión del G 7, más bien P 8, es decir, G 7 más Rusia, con la
presencia de España como consecuencia de la presidencia de la
Unión Europea. El objetivo único de esta reunión P 8 era realizar
una declaración de voluntad política de actuación en materia de
la lucha antiterrorista.
Hay varias constataciones que creo que tienen importancia: la
primera de ellas sería constatar que la Declaración de Ottawa --
documento de indudable interés-- sigue en lo esencial el mismo
espíritu, los mismo criterios a que ya se llegaron en el marco de
la Unión Europea en la Declaración de la Gomera, dentro del
semestre
de la presidencia europea: el análisis y el balance de medidas
que deben adoptarse frente al terrorismo. Me parece muy positivo
que lo logrado en el marco de la Unión Europea haya tenido esa
ratificación en el marco del G 7, P 8 y con la presencia
española.
En definitiva, ¿cuál es el balance? Hoy ya nadie duda --y eso se
ha logrado en estos seis meses; es verdad que hacía muchos años
que se estaba trabajando en estos temas, pero han fructificado en
estos seis meses-- que el terrorismo, en su configuración real,
no es más que una forma específica de delincuencia internacional
organizada, frente a la cual deben plantearse, en términos
policiales y judiciales, exactamente los mismos mecanismos que,
por ejemplo, se emplean --y ya existe un marco de colaboración
eficaz-- en materia de narcotráfico, blanqueo de dinero,
organizaciones delictivas mafiosas, etcétera. El que el
terrorismo, en cualquiera de sus variantes y formas, se haya
incorporado tanto en el marco de la Unión como en el marco del G
7, P 8, esa doctrina trae unas consecuencias inmediatas, y es que
deben trasladarse al ámbito de la lucha antiterrorista los mismos
mecanismos de cooperación policial y judicial que ya están en
vigor en este otro tipo de modalidades de delincuencia
internacional organizada.
En el ámbito policial, en definitiva, se trata de lograr una
fluidez en el intercambio de información, ya no sólo en el plano
bilateral, sino en el plano global e interregional, de los
procedimientos de actuación, de los medios de financiación, de
las redes de blanqueo de dinero vinculados inmediatamente a
actividades terroristas.
En el plano judicial, son tres, fundamentalmente, las líneas. La
primera, es la de homogeneización de las legislaciones en esta
materia. Se trata, en definitiva, de dar una respuesta
transnacional a un problema que es transnacional, de suerte que
ningún lugar del mundo pueda ser paradero en el que impunemente
permanezca un terrorista o desde el que se verifiquen, propulsen
o impulsen actividades terroristas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS
DE POLITICA GENERAL PARA GARANTIZAR LA OBJETIVIDAD Y
TRANSPARENCIA EN LA ADJUDICACION DE CONTRATOS DEL ESTADO Y, EN
CONCRETO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LAS INFORMACIONES QUE
VINCULAN A LA «TRAMA ROLDAN» CON LOS COBROS IRREGULARES DE
COMISIONES PROCEDENTES DE DICHA ADJUDICACION (Número de
expediente 172/000135)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día, interpelaciones
urgentes.
Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas de política
general para garantizar la objetividad y transparencia en la
adjudicación de contratos del Estado y, en concreto, para el
esclarecimiento de las informaciones que vinculan a la «trama
Roldán» con los cobros irregulares de comisiones procedentes de
dicha adjudicación.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, aunque el señor Ministro Belloch se encuentra en estos
momentos dilucidando algunos asuntos, creo que me puede percibir
perfectamente; alguna de las cosas que esta mañana vamos a tratar
tienen que ver, indudablemente, con cuestiones de su Ministerio,
pero hay otras que no. Por tanto, sean mis primeras palabras para
manifestar mi sorpresa, debida a que otros miembros del Gobierno
que tienen bastante que ver y bastantes cosas que decir en este
asunto, o tendrían que hacerlo, no estén presentes. Pero vamos al
tema.
Señorías, en marzo de 1993 el Grupo Parlamentario Popular, junto
con otros grupos de esta Cámara, solicitó la creación de una
comisión parlamentaria de investigación con el fin de estudiar
las distintas irregularidades existentes durante el proceso de
contratación de las empresas que participaron en la construcción
y adquisición de material del tren de alta velocidad Madrid-
Sevilla y determinar las responsabilidades políticas oportunas.
El coste de la línea del AVE, cuyo presupuesto inicial, aprobado
por Consejo de Ministros el 7 de julio de 1989, era de 262.500
millones de pesetas, había tenido una desviación mediante
reformados del proyecto, con un incremento presupuestario a 31 de
diciembre de 1991, de más de 55.000 millones de pesetas, más del
21 por ciento de lo que tan sólo año y medio antes había previsto
el Gobierno.
En aquellos momentos, varias informaciones apuntaban a que los
fallos de los distintos concursos se habrían realizado sobre la
base de actividades de intermediación de diversos comisionistas,
algunos de los cuales con responsabilidades en Renfe y el
Gobierno, como el señor Ornia, y que además también habrían
intervenido otros miembros del Partido Socialista implicados en
una basta red de sociedades --Filesa, Malesa, Time Export, el
Grupo 2.020, GMP y GTP Consultores y otras-- dedicadas al cobro
de comisiones procedentes de empresas que aspiraban a obtener
contratos del Estado y cuyo fin primordial era la financiación
ilegal del Partido Socialista, permitiendo, además, el
enriquecimiento particular de alguno de los implicados.
En marzo de este año, el informe pericial del caso Filesa
demostraba que, en concreto, las empresas
GMP Consultores y el Grupo 2.020 habían recibido, entre 1989 y
1992, 825 millones de pesetas de Siemens, la cual encabezaba un
consorcio que habría obtenido contratos iniciales del AVE por un
importe de 79.000 millones aproximadamente, que luego, mediante
el sistema de reformados, ascendieron a casi 100.000 millones de
pesetas.
La empresa GMP Consultores, creada en 1986 por Carlos Mangana y
Sotero Jiménez, y en la que Aída Alvarez tenía plenos poderes por
aquellas fechas, habría montado a su vez una serie de filiales en
Costa Rica, Miami, Bahamas, cuyo objeto sería operar más
fácilmente, triangulando operaciones que le permitieran ocultar y
desviar fondos hacia paraísos fiscales.
Por su parte, el mismo contable de Filesa, Carlos Van Schowen,
empresa dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios
por informes inexistentes con las que pagar gastos electorales
del Partido Socialista, declararía que esta empresa habría
recibido 3.000 millones de pesetas por parte de las empresas
adjudicatarias del AVE y pagadas fundamentalmente a través de
Alsthom y Siemens. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista
estimó que estos datos no tenían relevancia alguna y que, como el
procedimiento administrativo seguido para la adjudicación de los
contratos estaba dentro de la ley, no procedía la creación de
comisión de investigación parlamentaria alguna. Pero, señorías,
informaciones e investigaciones posteriores confirmaron que
también Alsthom había realizado pagos por 570 y 300 millones de
pesetas en comisiones por las adjudicaciones del AVE a través de
la empresa suiza Experta Treuhand, implicada a su vez, junto con
otras sociedades, en otras tramas ilegales de financiación del
Partido Socialista francés y del italiano. Curiosamente el
Presidente de esta sociedad en Suiza era a su vez consejero del
Banco Exterior en aquel país.
Asimismo, este año algunos medios de comunicación publicaron que
con unos cien millones de marcos transferidos por Siemens a un
banco de Ginebra habrían sido generosamente tratados algunos
miembros de organismos oficiales del Gobierno y del Partido
Socialista Obrero Español para la obtención de determinados
contratos, entre los que se encontraba fundamentalmente el del
tren de alta velocidad.
También se puso de manifiesto que la empresa GMP había recibido
importantes contratos del entonces Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, del que era titular don José Barrionuevo, y de
empresas adscritas a este Ministerio, como Renfe y Feve, por
informes sobre asuntos ciertamente pintorescos, por un importe
que ascendió, entre 1989 y 1992, a 523 millones de pesetas y cuyo
resultado y justificación final desconocemos.
Por otra parte, el mismo avance del procedimiento sumarial
permitiría confirmar lo antes mencionado sobre toda una serie de
sociedades y empresas dirigidas por notorios militantes del
Partido Socialista, cuyo oficio y beneficio se basaba en la
extorsión a empresas privadas al objeto de obtener de las mismas
cuantías millonarias como condición para la resolución a su favor
de contratos con el Estado, cobros que se justificaban mediante
la adquisición de facturas por informes inexistentes.
También se pudieron desvelar las distintas conexiones entre el ex
director general y jefe del gabinete de crisis de la Presidencia
de Gobierno y esas empresas a través de las sociedades Atacir y
Alcalá 121, cuando aún ocupaba su puesto en Moncloa, y también
las relaciones de este señor Ornia con Roberto Dorado. Además,
recientemente, también hemos tenido noticias de que uno de los
antiguos socios de la empresa GTP, con quien Siemens firmó los
mismos contratos de mediación que con GMP Consultores a través
del mismo sujeto para la adjudicación de contratos del AVE, ha
acusado a ex miembros de la administración socialista, entre los
que se encuentran el ex Presidente de Renfe y ex Ministro de
Sanidad, señor García Valverde, y Leopoldo Iglesias y Martín
Baranda, ex altos cargos de Renfe y Tifsa, empresa esta última
pública, perteneciente a Renfe y encargada de elaborar los
informes que sirvieron para la adjudicación de los contratos, y a
la que pertenecía Florencio Ornia. Según esta persona, los
concursos celebrados eran una farsa, puesto que existía una
preadjudicación y además los reformados en los proyectos, que en
el caso de los contratos adjudicados a esta empresa supusieron
21.000 millones de pesetas, tenían como objetivo amortizar el
pago de las comisiones.
Además, señorías, durante las últimas semanas se han producido
nuevas y gravísimas revelaciones del caso Roldán que vincularían
al ex Director General de la Guardia Civil y a otras relevantes
personalidades socialistas con el cobro de comisiones procedentes
también de este contrato del tren de alta velocidad y de otros
contratos del Estado. Así, según estos datos, algunos miembros
del anterior Gobierno socialista en Navarra, con su Presidente a
la cabeza, habrían estado utilizando de forma sistemática un
«modus operandi» similar al descrito por el anterior denunciante,
señor Mundo Aragó, para la obtención de comisiones ilegales de
distintas adjudicaciones de obras que el Gobierno navarro realizó
entre los años 1986 y 1991, y otras de especial relevancia, como
la Autovía del Norte. El sistema era el mismo: primero se diseña
un concurso a medida del adjudicatario, se procede a la
adjudicación convenida, se cobran las comisiones y por último se
reforma el proyecto elevando el precio final a pagar en un claro
fraude de ley. Algunos de los contratistas de esta Autovía del
Norte han justificado esos pagos basándose en que Roldán les
ofrecía a cambio seguridad adicional. Además, según distintas
investigaciones, entre las que se encuentra un informe de la
Oficina Federal de la Policía de Ginebra, esta persona junto con
su ex Consejero de Obras Públicas y otras personas aparecen
implicados junto con el señor Roldán, antes
mencionado, en el cobro de 800 millones de pesetas que mediante
doce talones se habrían ingresado en el Banco de Ginebra CBI-TDB
procedentes de Siemens y correspondientes al pago de comisiones
ilegales en los trabajos de instalación del AVE.
También distintos periódicos y medios de comunicación suizos y
alemanes han venido evidenciando datos de un informe elaborado
por un juez suizo que eleva a más de 2.100 millones de pesetas el
importe de las sumas de los que el ex director general del
Gobierno socialista habría dispuesto procedentes de la
multinacional alemana y de otras empresas, entre las que se
encuentra otra del sector automovilístico, cuyos responsables han
vuelto a reconocer que el objetivo del pago era resolver un
problema de seguridad. Además, esta misma empresa resultaría ser
una de las principales suministradoras de vehículos al Ministerio
del Interior. Según ese informe, esos 2.100 millones de pesetas
habrían sido transferidos a otras personas cercanas al Gobierno
de don Felipe González y las cuentas manejadas a estos efectos
por Roldán habrían servido para el blanqueo de talones
procedentes de comisiones ilegales con dinero procedente de los
fondos reservados del Ministerio del Interior. Esto respondería
al hecho de que Roldán hubiera ingresado, entre el 4 de diciembre
de 1989 y el 7 de junio de 1991, en esas cuentas suizas, otros
375 millones de pesetas en sesenta talones bancarios de 100.000
marcos cada uno que, provenientes también de la multinacional
alemana y tras pasar por Uruguay, habrían sido entregados al
señor Roldán por el entonces Secretario para la Seguridad del
Estado, don Rafael Vera.
Señorías, es necesario esclarecer si estas entregas corresponden
al tema del AVE o si también están relacionadas con otros
contratos del Estado y, en especial, con aquellos que derivan de
la seguridad en la Expo y en los Juegos Olímpicos. Estos datos,
de los que hemos tenido conocimiento en los últimos días, deben
ser aclarados por el Gobierno, y ustedes deben señalar las
medidas a adoptar para su total esclarecimiento, ya que, de
confirmarse los mismos, estaríamos ante la evidencia de unos
gravísimos hechos que apuntarían hacia la existencia de una nueva
trama corrupta dedicada al cohecho continuado en el mismo seno
del corazón de la seguridad del Estado, con los señores Roldán y
Vera al frente y con un responsable político claro, señor
Belloch: don Felipe González.
Ustedes tienen hoy la obligación de aclarar y explicar cuál es el
importe total de las comisiones cobradas por el señor Roldán y
sobre qué contrataciones efectuadas por la Administración ha
obtenido el señor Roldán semejantes sumas. Ustedes deben explicar
hoy cuál es el importe total de las comisiones que todos los
españoles hemos pagado al señor Roldán y al Partido Socialista y
otros en razón a los reformados de los proyectos, así como el
sistema previsto para que esas comisiones ilegales sean
restituidas al Patrimonio del Estado.
Usted debe explicarnos hoy, señor Belloch, en qué han consistido
los informes de GMP Consultores al Ministerio de Transportes de
Renfe y de Feve. Usted debe explicar cuál ha sido la utilización
de fondos reservados por parte del señor Roldán y de las cuentas
suizas en las que se habían depositado estos fondos reservados, y
por qué permitieron desde el principio, y por qué permitió el
Gobierno socialista que el señor Roldán eliminara los
tradicionales controles de Caja existentes en la utilización de
los fondos reservados. Ustedes deben explicar cuál es la
implicación del señor Vera en el posible cobro de comisiones por
la adjudicación de contratos a Siemens para la seguridad de la
Expo y de los Juegos Olímpicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando, vaya
concluyendo.
El señor HERNANDO FRAILE: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ustedes deben explicar por qué el Ministerio del Interior y otras
empresas públicas adquirieron determinado material a Siemens de
forma ilegal porque se trataba de material de seguridad sin
homologar. Usted debe explicar quién proporcionó al señor Roldán
los talones de Siemens por valor de 375 millones de pesetas que
fueron ingresados en sus cuentas y a cambio de qué.
Usted y el Gobierno deben revelar cuál es la relación de la
empresa fiduciaria suiza Experta Trehuan con el Partido
Socialista y por qué su Presidente ocupaba un puesto de consejero
en un banco público como es el Banco Exterior de España en Suiza.
Deben ustedes explicar qué servicios de seguridad ofrecía y
prestaba el señor Roldán a empresas que han pagado comisiones por
ello, al margen de las prestadas por las fuerzas del orden
público.
Tienen que aclarar cómo es posible que todas estas actividades de
Roldán pasaran desapercibidas para los servicios de inteligencia
del Estado, que tan eficientes se mostraban en investigar a otras
personas.
Ustedes deben investigar si Urralburu, Aragón, Esparza y Roldán
recaudaban a título particular esas sumas o lo hacían también
para terceras personas.
Deben contestar ustedes sobre qué acciones ha emprendido el
Gobierno y qué contratos y adjudicaciones han sido revisados para
esclarecer estos hechos.
Y, por último, señor Belloch, y lamentando que aquí no esté el
principal responsable de estos asuntos, ustedes deben contestar y
explicar al país, de una vez por todas, qué responsabilidades
políticas asumen ustedes por todos estos hechos.
Gracias, señor Presidente.
Gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señorías, el texto escrito de la interpelación no era
tan expresivo como el manifiesto formulado por S. S. que es el
mismo que hemos oído en toda clase de iniciativas parlamentarias,
preguntas, comparecencias en comisiones, etcétera, y, por tanto,
no aporta grandes novedades.
No obstante, parece ser que --por lo menos eso era el texto
escrito-- se interesaba S. S. por informaciones sobre asuntos
vinculados con el señor Roldán --que han aparecido en la prensa--
pedía información que obre en poder del Gobierno sobre ese punto
y medidas de política general para garantizar la objetividad de
los contratos del Estado, tema al que no ha aludido en su
intervención oral pero que sí estaba, incluso como la pregunta
central aparente de la interpelación.
Y digo si he entendido bien porque, desde mi punto de vista, ya
no resulta sorprendente que el eje de una intervención
parlamentaria se base (en este caso en las últimas noticias
respecto de los 2.100 millones de pesetas de Roldán) en la cita
de un periódico español que, a su vez, recoge la cita de otro
periódico extranjero el cual afirma que el juez Perraudín habría
hecho determinadas actuaciones cuando, a todo esto, no consta en
absoluto que el señor Perraudín haya hecho esas actuaciones, pero
sí queda claro que ese rebote ha merecido nada menos que una
interpelación parlamentaria. Es una forma de actuar que es
habitual pero que no coincide con la forma de actuar del
Gobierno.
En cualquier caso, es verdad que ese rebote de prensa, rebotado a
su vez de una información inicial no confirmada, permite elaborar
toda una moción sobre lo que el juez helvético debe pensar, debe
instruir, debe investigar. En definitiva, lo de siempre, un
edificio construido sobre una hipótesis, y cuando se construyen
edificios sobre hipótesis siempre está el riesgo de que la
arquitectura global sea deforme.
No me parece esto lo más relevante, creo que en otras ocasiones
se han realizado hipótesis basadas en cálculos erróneos sobre la
realidad y no tendría mayor importancia. Pero en este caso, más
que una hipótesis basada en un error sobre la realidad, más bien
da la impresión de que se trata de una eficiente deformación de
la realidad, que no es exactamente lo mismo. Es ya tradicional la
forma en que su Grupo entiende el tratamiento del trabajo
judicial y cómo lo entendemos nosotros.
Su señoría, y en realidad en otras muchas intervenciones otros
miembros de su Grupo, dan por supuesto que el hecho de que
existan procedimientos judiciales abiertos contra determinada
persona es un tema que nada tiene que ver con que sobre eso mismo
se informe a la Cámara, en cualquiera de sus ámbitos, respecto al
contenido de las actuaciones policiales o de investigación
destinadas al juez.
Bien. Me limito ya en esta sesión, quizá de las últimas de
control parlamentario, a evidenciar que tenemos dos formas de
entender el problema radicalmente diferente. Desde su perspectiva
siempre ha sido así, y mantiene una evidente coherencia; desde la
perspectiva del Gobierno está absolutamente claro que cada vez
que hay un procedimiento judicial en marcha, la única forma de
relación posible es la relación trabajo de la policía, de la
Guardia Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en función de policía judicial, transmisión del contenido de esos
trabajos investigadores al juez y nada más. La comunicación debe
ser policía judicial-juez. El juez, en definitiva, debe encauzar
la investigación. Y esos datos que la policía judicial
proporciona a los jueces en el marco de investigaciones no deben
ser revelados ni siquiera cuando, con algún error técnico, se
habla de que el sumario ya no es secreto. No es exactamente así.
En ocasiones, deja de ser secreto para las partes, pero, en
cualquier caso, el material aportado por la policía, por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a un juez, en funciones
de policía judicial, nunca puede tener tratamiento distinto que
el de su transmisión al juez. Eso es algo que en los últimos
tiempos, por otro lado, se ha evidenciado pero que S. S., en
concreto, y, en general, su Grupo se resisten a aceptar como
planteamiento. Ya es un poco tarde para que evidentemente se
cambien los criterios.
En este caso es palmario. La jueza instructora, a la cual la
policía española puso a su disposición, detenido, al señor
Roldán, lo ha procesado por una serie de delitos sobre la base de
un trabajo policial de investigación, realizado, como es natural,
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su función
de policía judicial y, además, el Ministerio de Justicia, a
través de los mecanismos de cooperación jurídica internacional,
facilitará el trabajo, como viene haciendo, de la juez en
cualquier necesidad de auxilio internacional, ya sea a través del
juez Perraudín o de cualquier otra autoridad judicial.
Fuera de ello, poco más voy a decir. Sí que me interesa, sin
embargo, recordar que, efectivamente, en esta legislatura sí que
se han adoptado un conjunto de medidas importantes para
garantizar lo que se preguntaba en el texto escrito de la
interpelación: medidas para garantizar que haya una transparencia
en la contratación pública y se eviten este tipo de conductas.
La enumeración de las medidas que se han adoptado yo creo que es
importante, porque esa lucha contra la corrupción en todas sus
formas ha sido uno de los ejes básicos de la política del
Gobierno y también de esta Cámara a través de un conjunto de
medidas que yo creo que son razonables y suficientes para
controlar de manera efectiva esta serie de fenómenos patológicos
o simplemente delincuenciales. Entre ellas destacaría la
aprobación de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas, que tiene precisamente como una de sus finalidades
centrales lograr la mayor transparencia en la contratación
administrativa como medio de obtener la mayor objetividad de la
acción administrativa.
Allí, en esa Ley, aunque con ciertas rectificaciones --que, por
cierto, dentro de poco tendrá que ver esta Cámara--, se consagran
los principios de igualdad, no discriminación, libre
concurrencia, estableciendo una serie de principios básicos para
el logro de ese objetivo: por un lado, normas relativas a la
publicidad de licitaciones y adjudicaciones adaptadas a la
normativa comunitaria; en segundo lugar, regula detalladamente
las causas que suponen prohibición de contratar; limita los
supuestos de contratación de urgencia; restringe la utilización
del procedimiento negociado; prevé la abstención y recusación de
los funcionarios intervinientes en la contratación administrativa
con el fin de garantizar la independencia y la objetividad de los
órganos de contratación; por último, da una nueva configuración
al actual registro de contratos, al que dota expresamente de
carácter público, a fin de permitir a todos los interesados un
exacto conocimiento de todos los contratos celebrados por las
administraciones públicas y de las empresas con quienes se
celebren.
Una segunda gran medida en esta línea ha sido la aprobación de la
Ley 12/95, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y
de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Consagra como principio general la incompatibilidad absoluta del
alto cargo con el ejercicio de cualquier actividad pública o
privada de carácter lucrativo, con la única excepción de la
administración del patrimonio familiar o la creación literaria o
participación en asociaciones o fundaciones que carezcan de ánimo
de lucro, y ello siempre que su ejercicio además no comprometa su
imparcialidad en el ejercicio de la función pública. Amplía el
Registro para la constitución de dos más, uno de actividades y
otra de bienes y derechos patrimoniales. Finalmente, establece un
régimen sancionador completo y suficiente.
Un tercer bloque de medidas supone, sin duda, el Código Penal,
aprobado por esta Cámara el pasado día 8 de noviembre, que
incorpora --junto a delitos ya tipificados e incorporados de
manera parcial con anterioridad, en particular el relativo al
tráfico de influencias-- un capítulo específico --el IX-- bajo la
rúbrica «De las negociaciones y actividades prohibidas a
funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de la
función», dedicado a la tipificación y sanción de conductas
reprobables de esta naturaleza.
Una cuarta medida es la Ley Orgánica que crea el Tribunal del
Jurado, que extiende su competencia, como saben SS. SS., a los
delitos cometidos por funcionarios públicos.
Una quinta línea es la Ley 10/95 que modifica el Estatuto
orgánico del Ministerio Fiscal y crea la fiscalía especial para
la represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción, cuya función básica consiste en la intervención en
los procesos penales por delitos económicos relacionados con la
corrupción y en la coordinación de actuaciones de las distintas
fiscalías. Recientemente ha tomado posesión el fiscal encargado
del tema que ya cuenta, desde el momento mismo de su nacimiento,
con una unidad de policía judicial adscrita.
Una sexta línea sería la creación, mediante el Decreto 915/94 de
la Unidad Especial del Servicio Jurídico del Estado para
controlar, coordinar y ejercer, en su caso, las acciones legales
contra actividades de fraude y corrupción. Asimismo, la Ley
11/93, reguladora de la utilización y control de los créditos
destinados a gastos reservados, que aunque no cabe entender que
se refiera a la contratación del Estado, venía exigida también
por razones de transparencia y por actividades presuntamente
delictivas evidenciadas en este campo. Esta Ley prevé, además,
una declaración específica de bienes ante el Presidente del
Congreso de los Diputados y un control por un comisión
parlamentaria «ad hoc».
Ya en el acto estricto del Ministerio del que soy titular, con el
mismo objetivo de absoluta y radical transparencia en la
contratación pública y siguiendo recomendaciones dictadas por el
Congreso con ocasión del tema Roldán, se creó, mediante el Real
Decreto 1334/94, la Dirección General de Planificación y Control
de la Gestión, unidad que ha creado una comisión ministerial de
contratación que ha establecido criterios homogéneos para todas
las unidades de contratación. Dicha comisión tiene que informar
todos los contratos --con lo cual se anticipó y extendió lo
previsto posteriormente en la Ley de Contratos del Estado--
superiores a 30 millones de pesetas o cualquier contrato de
importe inferior que no sea adjudicado mediante licitación
pública.
Por último, habría que mencionar el Plan de lucha contra el
fraude, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de
enero. Este Plan cuenta con 143 programas que engloban 448
medidas y su primer informe de seguimiento, que presentó el
Ministro Solbes al Consejo hace pocos días, concretamente el día
7 de diciembre, pone de relieve el buen funcionamiento de los
programas iniciados.
Con este conjunto de iniciativas legislativas, que han contado
con la aprobación de la Cámara, y las disposiciones y políticas
concretas citadas pienso que el Gobierno y las Cámaras han puesto
en marcha un conjunto de actuaciones perfectamente adecuadas para
garantizar la transparencia en la contratación del Estado a que
se refería el texto de su interpelación.
Me parece que no cabe dudar de la voluntad ni de la intención del
Gobierno en este marco. Se trata, en definitiva, de hechos; en
ocasiones se acierta, en ocasiones se producen errores pero, en
todo caso, se trata de hechos dirigidos a la realización de
objetivos concretos que pretenden respetar el trabajo de los
jueces, el secreto sumarial, el secreto obligado de la
información conocida por funcionarios públicos en el ejercicio de
sus cargos o por las partes procesales. En definitiva, un
ejercicio que trata de conjugar realismo y responsabilidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente, gracias,
señorías.
Señor Ministro, decía Gracián que en política, tan importante
como la suscitada era la circunstancia, y usted hoy no ha
contestado ni a la sustancia ni a la circunstancia de la
interpelación. Usted lo único que ha pretendido ha sido venir hoy
y ahora a relatarnos algo de cara al futuro pero, a su vez,
intentando eludir sus responsabilidades sobre el pasado, que es
precisamente sobre lo que veníamos a discutir hoy aquí, señor
Ministro. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!)
Usted ha hecho referencia a la Ley de Contratos del Estado. No
soy yo quien va a opinar sobre eso. Ayer mismo, el señor Gómez-
Navarro, en la Comisión de Cooperación, decía que la Ley de
Contratos del Estado iba a ser insuficiente para poner freno a
casos de este tipo. Nosotros intentamos ir más allá en esa ley de
contratos del Estado; intentamos aplicar la legislación y esta
ley a toda la Administración del Estado, incluyendo las
sociedades estatales, y ustedes se negaron a ello; intentamos
establecer límites a los reformados de los proyectos, causa
fundamental de los procesos de corrupción que hoy nos traen aquí,
y ustedes se negaron a ello. Esta ley, señoría, no introduce las
debidas garantías y el control jurídico en la actividad
contractual de todo el sector público y, por tanto, creo que el
señor Gómez-Navarro tenía razón ayer cuando afirmaba lo que
afirmaba.
En cuanto al Código Penal, ustedes han rebajado algunas de las
penas relacionadas con la corrupción.
Pero, señor Belloch, aquí no se trata de determinar las
responsabilidades jurídicas, sino de determinar las
responsabilidades políticas. Aquí se trata no de ver qué ha
ocurrido con las investigaciones jurídicas, sino de saber qué han
hecho ustedes en relación con las investigaciones
administrativas; qué es lo que han hecho ustedes para investigar
toda esta trama; cómo es posible que, tres años después, nos
encontremos con los casos con que nos estamos encontrando, que
todavía son flecos del caso AVE y del caso Siemens.
Lo que han demostrado ustedes, y lo que ha demostrado usted hoy
aquí al no contestar a ninguna de las preguntas que le he
formulado, es que la Comisión Roldán se cerró prematuramente; en
eso tenía razón nuestro Grupo, como han demostrado sus
manifestaciones, ya que en aquella Comisión se dejó sin
investigar todo la trama suiza, a la cual ustedes tenían bastante
miedo, y se dejó sin investigar todo lo relativo al tráfico de
armas del señor Roldán y sus relaciones con determinadas empresas
públicas, y ésa es la cuestión. ¿Qué contratos de
administraciones públicas se han celebrado y se han realizado que
han permitido este enriquecimiento ilícito del señor Roldán? Ese
es el quid de la cuestión. ¿Cuál ha sido la participación del
señor Vera en la adjudicación de estos contratos? ¿También el
señor Vera está ligado a estas tramas de corrupción? Esa es la
cuestión, señor Belloch, y usted, le vuelvo a repetir, no ha
contestado a mis preguntas y debería hacerlo.
¿Cuál es el total de las comisiones cobradas por el señor Roldán
procedentes de pagos de empresas que han contratado sus servicios
con el Estado? ¿Que servicios ofrecía el señor Roldán a estas
empresas a base de seguridad? ¿En qué consistían esos servicios
de seguridad? ¿Cuál es el importe total --interesa a todos los
españoles-- de esas comisiones y qué forma van a tener para
intentar revertir esas comisiones a los presupuestos del Estado?
Señoría, usted ha hecho referencia a una serie de cuestiones y de
leyes que seguramente no les tocará aplicar, porque estoy seguro
de que, a partir de marzo, pasarán a la oposición; sin embargo,
hay que recordar a los ciudadanos que ustedes cerraron en falso
la Comisión Roldán; que ustedes se negaron en esta Cámara a la
creación de una comisión de investigación sobre los fondos
reservados; que ustedes se negaron a la creación de una Comisión
sobre el AVE; que ustedes se han negado a investigar cualquier
cosa que haya tenido que ver con estas tramas de la corrupción y
que, por tanto, ustedes son los responsables de que hoy todavía
nos encontremos con lo que nos estamos encontrando.
No voy a alargarme más porque usted no ha replicado ni contestado
a lo que le preguntaba, pero han sido ustedes, cuando se les ha
acusado de esto, los que, desde estas tribunas, han dicho cosas
como «los socialistas hemos mamado la ética», o también que
podían meter la pata pero no la mano. Señorías, a ustedes o,
mejor dicho, a algunos de ustedes --seguramente no a los que
están presentes hoy aquí, pero sí a algunos altos miembros del
Partido Socialista-- les ha podido la codicia, y les ha podido la
codicia basada en la impunidad, en la impunidad que ustedes,
señor Belloch, miembros del Partido Socialista y parlamentarios
del Grupo Socialista, se han encargado de encubrir con su actitud
y su actividad en esta Cámara, negándose a la investigación de
estas tramas de la corrupción.
Nada más, señor Ministro; nada más, señorías. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias. Seré extraordinariamente breve.
Como anticipo de campaña electoral me parece pobre. Si realmente
se van a basar en la corrupción, complementado con el GAL,
volverán a perder las elecciones generales. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que estamos asistiendo a una sesión confusa, puesto que el
Partido Popular ha pedido conocer qué medidas se estaban tomando
para el esclarecimiento de la corrupción en nuestro país, y el
Ministro de Justicia e Interior ha contestado diciendo que como
el esclarecimiento está siendo objeto de atención por parte de
los jueces nada hay que decir sobre el contenido, porque aunque
los sumarios ya no son secretos no es cuestión de que esta Cámara
entre en los contenidos de las jurisdicciones, limitándose a
relatar las leyes y los decretos que se han aprobado en los
últimos meses.
Yo quiero, desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, denunciar la hipocresía de esta sesión, porque,
señorías, esta Cámara endureció un proyecto de ley de contratos
del Estado del Gobierno, lo endureció sustancialmente, y en las
últimas semanas hemos asistido sorprendidos a un pacto entre el
Partido Popular y el Partido Socialista para rebajar las
condiciones de la ley de Contratos de Estado. Y mientras eso está
ocurriendo ahora en el Senado, se viene aquí a preguntar qué
medidas se han tomado para esclarecer los problemas de la
corrupción.
Uno de los elementos fundamentales de la nueva Ley de Contratos
del Estado es que se castiga muy duramente --lo reconozco aquí--
a los administradores de las grandes empresas que han entrado en
el juego de la corrupción, porque no es sólo que haya habido
funcionarios o cargos políticos que hayan aceptado dinero, sino
también empresas que han entrado en el juego de pagar dinero,
mucho dinero, cientos o miles de millones. Por eso, yo creo que
conscientemente esta Cámara dijo que había que castigar muy
duramente a los administradores, ya que por eso de que eran
sociedades anónimas siempre se escapaban, puesto que eran los
administradores los que, para aumentar sus carteras de pedidos y
de contratación, pagaban suculentos sobres, y con conciencia y
voluntad esta Cámara dijo que había que castigarlos muy
duramente, tan duramente como que se les castigaría cuando fuesen
procesados, aunque no hubiese habido condena. Pues bien, ese
elemento tan sustancial y fundamental se está quitando en estos
momentos en el Senado, se está quitando por un pacto entre el
Partido Socialista y el Partido Popular.
Otro de los elementos que se observó en la tramitación de la ley
de Contratos del Estado era que como la Administración adjudicaba
los contratos sin tener siquiera, por ejemplo, los terrenos sobre
los que se iba a construir una carretera, la empresa estaba en
muy buenas condiciones para pedir constantes revisiones de
precios, y se dijo que no se podría construir una carretera, un
edificio o un equipamiento cualquiera hasta que los terrenos
estuviesen en manos de la Administración, para evitar que la
suspensión en la ejecución de la obra provocase alteraciones en
los precios mediante las revisiones. Pues bien, ese elemento tan
fundamental está siendo retirado en estos momentos en el Senado
por un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
El señor Ministro ha dicho que no cabe dudar de la voluntad y de
la intención del Gobierno, y yo quiero denunciar aquí que se está
vulnerando la voluntad de esta Cámara, que yo creo --por lo menos
en cuanto me afecta como ponente de esa ley-- que quiso endurecer
con una serie de medidas la Ley de Contratos del Estado. Pero aun
admitiendo, como ha dicho el señor Ministro, que todo aquello que
en estos momentos en manos de los jueces no podamos entrar a
discutirlo, sí que hay que decir que el Gobierno no ha cumplido,
y es, como se ha señalado, la investigación administrativa.
Señorías, el otro día apareció en la prensa un nuevo caso. Es
verdad que no podemos construir todos los casos sobre las
noticias de la prensa, pero para que eso no ocurra el Gobierno
tiene que ayudarnos, tiene que hacer investigaciones internas, de
lo contrario, la única fuente que tenemos es la prensa. El otro
día, repito, apareció en la prensa que un ciudadano se atrevió a
decir: «yo he pagado un 10 por ciento de todos los contratos en
el Ministerio de Obras Públicas». Inmediatamente, nosotros le
preguntamos: «¿Lo ha denunciado a la Administración para que haga
una investigación?» Dijo que sí. Efectivamente, nos enseñó que en
el mes de septiembre había depositado en el Registro del
Ministerio una denuncia en la que decía: «Yo he pagado a fulano y
mengano de tal dirección general un 10 por ciento de todos los
contratos». ¿Qué había hecho el Ministerio? Nada.
Evidentemente, el Ministerio, por una razón lógica, podría
intervenir ahí, que es donde estaban las personas denunciadas de
que habían cobrado un 10 por ciento; que es donde entró un papel
que les denunciaba, pero ese papel no apareció nunca más, esa
investigación nunca se produjo. Esa sí que es una responsabilidad
del Gobierno.
Cuando un ciudadano, cuando un empresario dice públicamente que
ha pagado, ahí es donde se debe investigar, y eso es una
responsabilidad del Gobierno.
Voy a poner otro ejemplo. Estos días ha vuelto a aparecer en la
prensa que el anterior consejero del Gobierno navarro había
intervenido en lo que se conoce como trama Roldán en los textos a
los que se refiere la propia interpelación del Partido Popular.
Estas personas han intervenido en otros organismos públicos, por
ejemplo, desde Aragón hemos dicho: este señor ha estado
presidiendo la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha tenido
miles de millones de pesetas en adjudicaciones. ¿No sería
oportuno y conveniente que, antes de que
vuelvan a aparecer en la prensa nuevas consideraciones, o antes
de que los tribunales tengan su intervención, no sería
conveniente, repito, que, por aquellos sitios por donde ha pasado
este señor en los últimos años se haga una investigación
administrativa interna? Lo hemos pedido porque ha estado al
frente de la Confederación Hidrográfica del Ebro mucho tiempo, y
la Confederación Hidrográfica del Ebro tiene un autonomía muy
importante en cuanto a contratación. ¿Ha hecho algo el Gobierno
para investigar esto?
Por tanto, yo creo que, aun siendo cierto que han de ser los
jueces los que terminen todos estos trámites, no es suficiente.
El Gobierno, a la vista de lo que está ocurriendo, debería hacer
investigaciones internas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco,
vaya terminando, por favor.
El señor MARTINEZ BLASCO: Voy terminando.
Concluyo con las dos consideraciones que he tratado de explicar.
Por una parte, me parece, por lo menos le parece a este Grupo, un
cinismo escandaloso que, mientras el Partido Popular y el Partido
Socialista están en estos momentos aprobando en el Senado la
rectificación a la baja de las características duras de la Ley de
Contratos del Estado, que endureció esta Cámara frente al
proyecto del Gobierno, se venga aquí a preguntar qué es lo que se
está haciendo.
Por otra parte, el Gobierno, sin entrar en los temas judiciales o
que están bajo las jurisdicciones debería hacer más cosas en
cuanto a investigación, y he expuesto dos casos que afectan,
curiosamente, al Ministerio de Obras Públicas.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Blasco. (El señor Ministro de Justicia e Interior, Belloch Julbe,
pide la palabra.)
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muy
brevemente, pero por cortesía parlamentaria quisiera hacer dos
precisiones.
Respecto al tema de la Ley de Contratos del Estado, no conozco
con precisión cuáles sean las enmiendas propuestas o que se estén
discutiendo en el Senado. Sin embargo, sí quisiera, porque me
parece de justicia, dejar claro lo siguiente. Si las reformas que
los grupos parlamentarios en el Senado pactaran tuvieran como
finalidad impedir los excesos que en la regulación de ese tema se
realizaron en aquella ocasión, me parecería un acierto, y me
gustaría, señoría, que consultara, por ejemplo, con los
sindicatos del sector de la construcción, si no lo ha hecho ya;
consulte con Comisiones Obreras y con UGT cuáles serían las
consecuencias de la aplicación automática de algunos de los
preceptos de esa norma si se mantuviera en sus términos. Si la
finalidad de la reforma es permitir un resultado razonable y
justo, como yo creo que estará orientado, me parece que es de
justicia elogiarla en este momento.
Hay que tener en cuenta, además, otro factor. No parece razonable
aplicar, casi con consecuencias retroactivas, un nuevo modelo de
mejor control. No puedes hacer depender conductas del pasado de
mecanismos de sobreprotección establecidos en una fecha ulterior.
Si también fuera en esa línea de evitar efectos retroactivos,
sería una gran reforma.
Respecto al segundo bloque de temas que he indicado, sólo señalar
una cuestión. La investigación administrativa necesariamente debe
frenarse en el momento mismo en que existe cualquier indicio de
que sea delito. No cabe mantener paralela y simultáneamente una
investigación administrativa y una investigación judicial sobre
hechos que tengan carácter de delito. En consecuencia, siempre
que de una investigación inicial se infiere cualquier elemento
que pueda ser constitutivo de delito, la obligación es su
remisión a la Fiscalía General o al juzgado de guardia
correspondiente. Mi tesis es que tampoco cabe una tercera
instrucción paralela, que es la parlamentaria. Pero sobre ese
tema venimos discutiendo toda la legislatura, y quizá no valga la
pena hacer más precisiones. (El señor Martínez Blasco pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor
Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Yo también solicito que el señor
Ministro se lea las enmiendas, que no van a resolver los
excesos --salvo en los términos en los que yo he dicho--, sino
que van a disminuir el grado de precisión que se había
establecido en la ley.
Respecto a la segunda cuestión, he dicho textualmente en la
tribuna que la investigación debe hacerse antes de que estén bajo
los jueces. Los ejemplos que he puesto todavía no están bajo los
jueces. Lo que yo he denunciado aquí es que en ninguno de los dos
casos
--y de uno se sabe expresamente que el expediente se ha perdido
en el Ministerio de Obras Públicas-- el empresario que ha
denunciado que pagaba un diez por ciento sabe nada de la
denuncia, y el caso de la Confederación Hidrográfica, que se sepa
a fecha de hoy no se ha hecho una investigación previa para
llegar a la conclusión de que hay indicios razonables suficientes
como para que actúen los tribunales.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Blasco.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO FRENTE AL
DETERIORO E INSUFICIENCIAS DE LA SANIDAD PUBLICA (Número de
expediente 172/000137)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre medidas a adoptar por el Gobierno frente al deterioro e
insuficiencias de la sanidad pública.
Para su exposición, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ante este final acelerado de la legislatura, cree
imprescindible plantear ante esta Cámara una situación de grave
deterioro de insuficiencias de la sanidad pública y, lo que es
más grave, ante un panorama más que oscuro del futuro de los
sistemas sanitarios públicos en nuestro entorno, y
específicamente en el caso de nuestro país.
La señora Ministra de Sanidad decía recientemente que el futuro
de la sanidad pública está en el centro de los debates sobre el
futuro del llamado Estado de bienestar. Eso es así, y no a juicio
de mi Grupo Parlamentario. Ante la perspectiva de ninguna mejora
en la calidad de la atención de los ciudadanos, de ninguna
reforma en la financiación, en la gestión y en la evaluación de
los servicios sanitarios que tenga en cuenta algo que parecería
obvio, y es que cuando una sociedad como la nuestra destina un
nivel de recursos como el que se destina al gasto sanitario; ante
esta perspectiva, repito, el objetivo fundamental del
funcionamiento de los servicios sanitarios debería ser, por
encima de cualquier otro tipo de planteamiento, la satisfacción
de las necesidades de salud de los ciudadanos.
Recientemente, el Gobierno español ha reiterado su compromiso
irracional, su compromiso al margen de cualquier grado de
sensatez en función de los intereses de los ciudadanos, en el
cumplimiento estricto de los criterios de convergencia del
Tratado de Maastricht, sustancialmente, el cumplimiento del
objetivo de la reducción del déficit público, y todo ello cuando
se contemplan medidas muy importantes de reestructuración interna
de los ingresos del Estado. Incrementando los ingresos del mismo
a partir de impuestos indirectos, reduciendo los impuestos
directos sobre el patrimonio y sobre la riqueza y, al final,
reduciendo los ingresos del Estado. Es decir, la disminución del
déficit al mismo tiempo que se planifica la disminución de los
ingresos del Estado y se hace una reestructuración interna del
mismo, penalizando a los sectores más desfavorecidos, no puede
calificarse de otra manera que como irresponsabilidad política
grave.
Hoy mismo, en periódicos especializados en temas económicos se
refleja un planteamiento de la OCDE que requiere del Gobierno
español --del de ahora o del que surja de las urnas-- reformas
importantes, reformas estructurales en el sistema de pensiones y
de sanidad.
Parece ser que los dos grupos parlamentarios mayoritarios en esta
Cámara han aceptado no debatir acerca del futuro de las
pensiones. No sé si habrán llegado al mismo acuerdo acerca del
futuro de la sanidad pública, pero, en cualquier caso, no es
porque estos dos importantísimos sistemas de protección social
estén fuera del objetivo fundamental de los poderes económicos,
que --me permito afirmarlo-- están detrás de las decisiones tanto
del Gobierno del PSOE, en estos momentos, como del que pudiera
sustentar un cambio en las elecciones próximas.
El Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno del PSOE, reiteran
--y no espero otras palabras por parte de la Ministra de Sanidad
que afirmaciones tajantes en su favor-- la defensa del sistema
sanitario público. Sin embargo, creo que es obvio, hasta para el
menos informado de los ciudadanos, que las reformas puestas en
marcha por los países de nuestro entorno --que van dirigidas, al
mismo tiempo, a disminuir la financiación pública del sistema
sanitario y a la introducción de sistemas de gestión empresarial
de la sanidad pública-- se contemplan en el tantas veces
mencionado, aunque nunca discutido en profundidad, Informe Abril
Martorell.
Es evidente que el sistema sanitario público en España tiene
insuficiencias importantísimas. Insuficiencias que se reflejan en
las listas de espera, que no son otra cosa --demagogias aparte--
que el resultado de la pobreza de recursos en el sector público.
Listas de espera que suponen un beneficio directo, económico y de
imagen, para el sector privado, y un beneficio indirecto para el
sistema privado, derivado de la infravaloración del sistema
público.
En nuestro país, el gasto sanitario está muy por debajo del de
países de nuestro entorno. Hay que decir que el gasto público
«per capita» supone el 4,3 por ciento del producto interior bruto
del gasto estricto
--eliminando el pago de deudas acumuladas que espero que la
señora Ministra tendrá la delicadeza de no incluir en el gasto
sanitario público global--, mientras la media de la OCDE alcanza
el 6,8 por ciento del PIB. Todo ello teniendo en cuenta que el
PIB en España está muy por debajo del 40 por ciento del de otros
países y que el gasto sanitario público en España es el 39 por
ciento del británico, el 25 por ciento del francés, etcétera.
El personal sanitario por cama en nuestro país es casi un 40 por
ciento inferior al de otros países, la duración de la visita
médica es en otros países de nuestro entorno tres veces superior,
etcétera.
Los indicadores de la escasez de recursos, señora Ministra, según
palabras de un asesor del Ministerio de Sanidad, don Vicente
Navarro, son los que determinan situaciones de ineficiencia de la
sanidad pública. Es errónea la percepción de que los problemas de
la sanidad pública son problemas de gestión.
Dice don Vicente Navarro: sin minimizar la importancia de mejorar
la gestión, el problema que hoy existe en la sanidad española se
basa en la escasez de recursos de la sanidad pública. Por tanto,
la principal
solución radica en incrementar el gasto sanitario público. Sin
embargo, señora Ministra, usted muchas veces se ha hecho
solidaria de medidas --como creo que no podía ser de otra manera-
- tomadas por otros predecesores suyos en el Ministerio de
Sanidad. Usted ha seguido exactamente la misma lógica. Las
medidas introducidas se refieren a una congelación de las
inversiones; a una congelación del gasto público total, con una
reducción del gasto público por habitante; a la introducción de
medidas de gestión empresarial de la sanidad pública, que
tuvieron como frontispicio el real decreto que separaba la
financiación pública del sistema sanitario de la gestión pública
o privada de los servicios. Todo ello bien aderezado con unas
constantes alusiones a la eficiencia del mercado interno, a la
gestión empresarial.
Señora Ministra, no puedo dejar de traer a esta Cámara los datos
que se derivan de un aspecto de la gestión resultante de las
nuevas medidas. El informe del Tribunal de Cuentas que se
presentó hace exactamente un año daba cuenta, en un análisis
parcial, de una parte de la estructura y de las características
del gasto sanitario que, a mi juicio, supone una generalización
de la desorganización profunda, de la falta de gestión y de las
consecuencias en gasto, en calidad y en incumplimientos legales
graves por parte del Ministerio de Sanidad, derivada de ese tipo
de gestión que se basa en criterios que ustedes han aceptado --
permítame que lo diga-- con la fe del carbonero; de criterios de
gestión empresarial de la sanidad pública que en todos los países
donde se han puesto de manifiesto se ha incrementado el gasto
sanitario global --evidentemente el gasto privado más que el
público--, teniendo en cuenta las repercusiones que eso tiene
sobre las desigualdades en la asistencia sanitaria, que eran
citadas por la Sociedad de Gestión en su informe anual reciente.
El Tribunal de Cuentas señala qué es exactamente lo que supone el
protagonismo de los profesionales en el gasto sanitario; qué es
lo que supone la ausencia de control de la Dirección General del
Insalud en las compras de las gerencias hospitalarias. Refleja
cómo en el 84 por ciento de los implantes de prótesis adquiridos
por hospitales públicos se ha hecho por adjudicación directa, sin
que hubiera concurso público previo; cómo el mecanismo de venta
de estos materiales, que desde mi punto de vista es generalizable
a las compras del Insalud, se hace mediante un procedimiento por
el cual los proveedores instalan depósitos del material a
utilizar en los implantes, en los propios servicios, sin que haya
habido homologación, ni siquiera compra de los mismos. De manera
que el gasto es inducido directamente por los profesionales
sanitarios, por los servicios médicos, evidentemente no en
general, salvo honrosísimas excepciones, pero que han determinado
un incremento del gasto sanitario global y, desde luego, una
ausencia total de control de calidad.
No me resisto a señalar aquí, señora Ministra, un escenario
concreto, que si alguien de los pacientes del sistema sanitario
público pudiera escucharnos quizá se le pusieran los pelos de
punta, si no fuera porque este procedimiento tiene carácter de
ley general, con excepciones.
Se están implantando prótesis, se está adquiriendo material
sanitario que no ha pasado por control de aduanas, que no ha
pasado ningún tipo de homologación por parte de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios; se instituyen
incentivos económicos directos por los profesionales que utilizan
material que no ha pasado por ningún tipo de servicios de
suministros, que lo compra «a posteriori» de haber sido utilizado
por el servicio correspondiente; hay desviaciones del gasto; hay
diferencias entre el gasto por un mismo implante y por un mismo
proveedor que alcanzan hasta el 25 por ciento.
Esto es, señora Ministra, el resultado de la gestión empresarial
de la que ustedes se han enamorado, haciendo caso omiso a los
datos concretos que históricamente señalan que los sistemas
sanitarios que utilizan este tipo de procedimientos desbordan,
multiplican hasta por tres, el gasto sanitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya
concluyendo, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
Esta actuación, y voy con toda rapidez, ha supuesto la anulación
de todas las medidas más positivas que hubieran permitido el
desarrollo de la Ley General de Sanidad, supone el incremento de
las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, supone el
incremento de las desigualdades en materia de salud de la
población. Un reciente informe sindical señalaba cómo en las
zonas en reconversión industrial hay incrementos de la mortalidad
de los trabajadores en paro de larga duración de hasta el triple.
Está suponiendo un deterioro de uno de los principales puntales
de la reforma del sistema sanitario como es la atención primaria;
supone que ustedes han incentivado el ahorro del gasto inducido
por los médicos, en ausencia de control de sanidad. Supone,
además, por ejemplo --un dato bien concreto--, que haya
profesionales de atención primaria en Getafe que han recibido
hasta 500.000 pesetas de sobresueldo, derivado del ahorro
producido en petición de pruebas diagnósticas y terapéuticas.
Ustedes han introducido un mecanismo absolutamente perverso para
reducir las listas de espera, el famoso de las peonadas, es
decir, la prolongación de la jornada de trabajo. Eso no parece
haber producido otro resultado que un incremento desproporcionado
del gasto sanitario. Hay profesionales que han obtenido
sobresueldos, derivados directamente de peonadas, de cuatro
millones de pesetas mensuales. ¿Cree la señora Ministra que,
cuando son los mismos profesionales quienes prescriben las
intervenciones, quienes inducen el gasto, van a tomar medidas
para disminuir
las listas de espera que producen tan sustanciosos ingresos?
Quiero terminar con el gasto farmacéutico, señora Ministra. Ese
ha sido uno de los debates fundamentales que hemos tenido en esta
legislatura el Ministerio de Sanidad y el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El gasto farmacéutico ha
aumentado, señora Ministra. El Real Decreto de financiación
selectiva de medicamentos no ha hecho otra cosa que dejar a los
sectores más desprotegidos de la población sin ningún tipo de
subvención pública de medicamentos de bajo coste. Ahora, en el
acuerdo-marco firmado con Farmaindustria, el Ministerio de
Sanidad se compromete a subir el precio de los medicamentos de
más bajo coste en el mercado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, termine,
por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señor Presidente.
Evidentemente, ustedes están dentro de una determinada lógica,
que no tiene nada que ver, insisto, con los criterios de
rentabilidad social, que no tiene nada que ver con criterios de
eficacia y tiene que ver con la aceptación de principio de la
supuesta lógica del adversario, que atribuye unos beneficios
jamás demostrados a una gestión empresarial de la sanidad. Digo
que unos beneficios jamás demostrados para el gasto sanitario
público, para la calidad de la atención sanitaria y para la
mejora del nivel de salud de la población, aunque, evidentemente,
hay demostraciones más que suficientes de cómo estos criterios de
gestión empresarial sirven directamente para aumentar las cuentas
de beneficios del sector farmacéutico, de los sectores
empresariales que trabajan sobre material y productos sanitarios
y, desde luego, la factura de la sanidad privada.
Cualquier otro planteamiento, señora Ministra, debe situarse en
otra lógica. El incremento del gasto sanitario público, junto con
medidas de gestión que tengan como principal objetivo, como
criterio de evaluación de la calidad, la mejora de los niveles de
salud de la población, requiere retribuciones justas para los
profesionales, participación de los trabajadores sanitarios y
también de la población en un sistema sanitario que es suyo, que
es de los usuarios, los grandes excluidos de todas las decisiones
y los que sufren las consecuencias.
Termino diciendo, señora Ministra, señores Diputados y señoras
Diputadas del Grupo parlamentario Socialista, que ustedes,
independientemente de quién gane las elecciones, lo cual
evidentemente, no está escrito en ningún papel, son los
derrotados, si es que les queda algo de planteamiento
socialdemócrata, si es que les queda algo de sensibilidad social
y de derechos sociales. Ganen o pierdan las elecciones, son los
derrotados en unos principios que asumieron como propios, porque
han aceptado con armas y bagaje los principios, los objetivos y
los valores del enemigo.
Permítanme que les recuerde una pintada anónima, en una calle de
Montevideo, que relata Eduardo Galeano en un libro reciente, y
permítanme que se la atribuya porque, ganen o pierdan las
elecciones sería posible decir de ustedes: Son ustedes los
vencidos. Ellos les derrotaron porque les creyeron, porque
aceptaron los principios y los valores desde los cuales ofertar y
sobre todo gestionar en la práctica los servicios sanitarios y el
sistema social en su conjunto.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la
señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Maestro, permítame que inicie mi contestación a
su intervención lamentando seriamente que también S. S. anteponga
estrategias de su Grupo y de la coyuntura en la que nos movemos
para hacer este ataque injustificado, injusto, apresurado,
inconcreto, al funcionamiento de un sistema que S. S., por
distintas razones, tiene obligación de conocer y, pensaba yo,
sensibilidad para valorar lo que se ha hecho, lo que supone hoy
para la sociedad española y en cuya obligación de defensa
deberíamos estar todos más comprometidos, más allá, créame, de
planteamientos coyunturales de grupo político. Porque mezclar
aquí Maastricht o los objetivos de política económica con
pintadas anónimas en Montevideo para atacar el sistema sanitario
y su funcionamiento, me parece un ejercicio de irresponsabilidad
para un responsable político representante de los ciudadanos que
conoce el mundo sanitario y que ha demostrado preocupación por
eso en lo que estamos todos empeñados, que es hacer efectiva la
protección de la salud de los ciudadanos.
Por tanto, voy a intentar contestarle a algunas de las cosas que
ha dicho, tratando de concretar, pero créame que es
imprescindible de entrada rechazar ese planteamiento por
incierto, por injusto y por demagógico.
Señora Maestro, este Gobierno, desde que gobierna en este país,
ha contribuido decisivamente a la construcción de un sistema
sanitario público del que esta sociedad debería sentirse
orgullosa. Créame. Y, a continuación, le aseguro que acepto --
¡cómo no voy a aceptarlo!-- todas las críticas, todos los
problemas de su funcionamiento diario que existen y el compromiso
de seguir mejorándolo. Pero negar que hemos universalizado la
asistencia sanitaria, que hemos caminado de un sistema de
Seguridad Social estricto a un Sistema Nacional de Salud en el
que por el solo hecho de ser ciudadano español se accede a un
sistema sanitario cuya calidad técnica, cuyo nivel de atención
médica está reconocido dentro y fuera de España, es una negativa
tan irracional, tan injusta, tan alejada de la realidad,
que yo tengo que rechazarla con la máxima energía.
Desde que se promulgó la Ley General de Sanidad, señora Maestro,
la transformación que se ha producido en el sistema sanitario
español es asombrosa y es triste que también en esta materia
resulte que se reconozca mejor en los ámbitos internacionales que
dentro de nuestro propio país.
Señora Maestro, siete millones de ciudadanos más se han integrado
en la cobertura sanitaria. Todo ciudadano español hoy tiene
derecho a una protección integral de la salud que usted conoce
bien porque ha seguido con especial interés la atención primaria;
significa acceso a cuidados de prevención importantísimos, y digo
de prevención, en la atención primaria; en atenciones especiales
a la infancia hasta los catorce años; en atención sanitaria al
anciano, con programas por los que todos los días recibimos
muestras de satisfacción por parte de expertos, de profesionales
sanitarios y de los propios interesados; la atención
domiciliaria; las unidades de valoración que se han creado para
la atención a los ancianos; todas ellas son realidades de nuestro
sistema hasta hace unos pocos años impensables. Impensables.
Todo español vive hoy a menos de sesenta minutos de un hospital
en el que se realiza toda la atención especializada. España
cuenta en su sistema sanitario con la incorporación de las
técnicas médicas asistenciales más sofisticadas.
En el último Consejo de Salud de la Unión Europea, señora
Maestro, que ya sé que no es un asunto que le interese
especialmente, pero que me parece relevante, a mí me lo parece,
los quince ministros de la Unión Europea, y no respondiendo a
ninguna iniciativa de la presidencia española, hicieron una
valoración del sistema de trasplantes español como modélico. Y lo
hacen los quince ministros de la Unión Europea. ¿A usted eso le
parece irrelevante? A mí me parece que es un motivo de
satisfacción enorme para quien lo ha hecho posible, y algo ha
tenido que ver este Gobierno.
De manera que las críticas a la gestión, a eso que usted,
incurriendo en una contradicción, critica y sobre lo que, al
mismo tiempo, expresa su preocupación, no son ajustadas. Porque,
vamos a ver, S. S. denuncia o se hace eco de las denuncias, por
sintetizar, que el Tribunal de Cuentas hizo en aquel informe
respecto al incorrecto procedimiento de adquisición de algunos
implantes, en el sentido de que la adjudicación directa en un
porcentaje tan alto podía ser poco rentable, desde un punto de
vista de gestión; usted se suma a esa denuncia para a
continuación decir que los sistemas de gestión son incompatibles
poco menos que con los sistemas de protección social. ¿En qué
quedamos?
Si siguiera sin tanta predisposición en contra lo que yo estoy
diciendo, sabría que yo no soy ninguna partidaria acérrima de los
sistemas de gestión privada; es más, soy de las que creen que esa
etiqueta de lo público ineficaz, lo privado eficaz es una falacia
absoluta. Absoluta. Y concretamente en el ámbito sanitario,
señora Maestro, en todas mis intervenciones, la última hace tres
días, pongo siempre de manifiesto cómo los sistemas en los que la
gestión privada es mayor aumentan los costes de gestión, aumentan
los gastos administrativos.
Nuestro sistema tiene un gasto administrativo sobre el conjunto
que no llega al tres por ciento. No hay ningún sistema privado
comparable. Gastos de funcionamiento, gastos administrativos. De
manera que lo que yo hago es defender la eficacia en la gestión
del sistema público. Esa imputación permanente de la mala gestión
de la sanidad pública es injusta y falsa, lo cual no excluye,
naturalmente, que se haya adquirido implantes de forma incorrecta
en algún caso, no con carácter general, y, sobre todo, que eso
tenga una explicación, que S. S. sabe, porque conoce bien la
profesión sanitaria. S. S. sabe que, antes de que todo el mundo,
en todo el arco parlamentario, desde la derecha hasta la
izquierda, reclamara los concursos públicos para la adquisición
de implantes, nos ha costado ir a los tribunales hacer un
concurso público para adquirir implantes, porque los médicos,
algunos médicos, nos discutían la capacidad de los gestores de
los centros públicos para decidir la convocatoria de un concurso
público, esgrimiendo su derecho a elegir ellos, directamente, qué
prótesis o qué implante utilizar. Y hemos tenido que esperar una
sentencia de los tribunales, que nos ha dicho que no es
prevaricación, como se argumentaba por algún profesional
sanitario, que el gerente de un centro convoque un concurso para
tratar de comprar en mejores condiciones los implantes o las
prótesis que necesita el centro. Su señoría eleva a categoría
general un caso particular, que está sub júdice, en el que se ha
utilizado un instrumento que parece que no estaba homologado y
parece que no formaba parte de las adquisiciones del hospital. Un
asunto, señora Maestro, que está sub júdice y sobre el que yo,
por tanto, no me voy a pronunciar. No lo utilice para elevar a
categoría de dogma o generalizar que en nuestros hospitales lo
que se utiliza no está homologado, no está importado, poco menos
que es clandestino. Señora Maestro, no es así.
Por otro lado, hace S. S. unas referencias a las inversiones que
desconocen absolutamente la evolución que se ha producido, y,
como no puedo imputar a desconocimiento esas afirmaciones, es que
S. S. no quiere aceptarlas. Según los últimos datos de que
dispongo, y la fuente es la OCDE --cuyo informe, naturalmente,
puede decir lo que piensa la OCDE y no significa que este
Gobierno comparta lo que dice en todos sus extremos; desde luego,
en lo que se refiere al sistema sanitario, una cosa es lo que
dice el Gobierno y otra lo que dicen los distintos expertos, por
cierto, cada día más--, teniendo como fuente la OCDE, digo, en el
año 1995, el porcentaje de gasto sanitario sobre el producto
interior bruto que atribuye a España es el 7,3, señora Maestro;
Alemania, 8,6; Austria, 9,2; Bélgica, 8,3; Dinamarca, 6,7;
Finlandia, 8,8; Grecia, 5,7; Irlanda, 6,7.
El porcentaje de gasto sanitario público sobre el gasto sanitario
total que atribuye a España es el 78,5; gasto per cápita en
salud, 972 dólares, frente a 1.296, de Dinamarca; 1.601 de
Bélgica, 1.777 de Austria. Hay datos que son absolutamente
irrefutables y yo los acepto cuando son así. De manera que
gastamos menos que cualquier país de nuestro entorno --con alguna
excepción; Portugal y Grecia gastan menos que nosotros-- con
sistemas sanitarios comparables. Eso constituye un dato objetivo,
y para un responsable de Sanidad, como yo en este momento,
constituye una aspiración. Le aseguro que he peleado mucho, y con
algún resultado, por aumentar el gasto sanitario, y que la
evolución de los presupuestos en los últimos años es muy
elocuente. Y el proyecto de presupuestos de 1996, que esta Cámara
no aprobó, recortaba todo el gasto público en todos los ámbitos
de los Ministerios excepto en uno, señora Maestro, en Sanidad,
porque resulta que en Sanidad este Gobierno ha decidido aprobar
un marco de financiación estable para cuatro años, que garantiza
el crecimiento del gasto sanitario con arreglo al crecimiento del
producto interior bruto. Eso no lo menciona usted, le parece
irrelevante. A mí me parece extraordinariamente importante.
Demuestra lo que para este Gobierno significa la prioridad del
gasto social, en este caso el gasto sanitario; demuestra la
voluntad de sostenerlo, de mantener un gasto sostenido, y
demuestra un esfuerzo, como país, importantísimo. Porque tres
billones y medio de pesetas, señora Maestro, a usted le parece
poquísimo y que, comparado con otros países de Europa, es
inferior. Pero vamos a comparar todo, vamos a comparar los años
que llevamos en situación de compararnos con Europa, porque
entonces es asombroso lo que se ha conseguido. En tres billones y
medio, crecer con arreglo al crecimiento del producto interior
bruto, le aseguro que es una magnitud importantísima, desde
cualquier punto de vista. A usted le sigue pareciendo
insuficiente. Esto en cuanto a crecimiento. En cuanto a lo que
supone el crecimiento, que dice usted que si voy a tener la
delicadeza de explicarlo, lo he explicado por activa y por
pasiva. El presupuesto del año 1996, con respecto al del año
1995, que el Gobierno trajo a esta Cámara, crecía un 7,5 por
ciento de media. Sin el último plazo de la deuda correspondiente
a ejercicios pasados, señora Maestro, que también es gasto
sanitario pagar las deudas generadas con anterioridad, que, por
cierto, ya no se generan, sin incluir la partida de saneamiento,
82.000 millones, que es el último plazo en 1996 para liquidar las
deudas pendientes del sistema; un 6,6, de crecimiento, señora
Maestro.
Por lo que se refiere a las inversiones, S. S. me dice que se han
congelado. Pues las cifras que yo tengo aquí, desde el año 1988,
por ejemplo, frente a 27.000 millones en atención especializada,
hay 40.000 en 1995. Obras nuevas en primaria, inversión nueva, no
de reposición, en el año 1988, 3.000; 7.500, en 1995. Si esto a
S. S. le parece irrelevante y le parece que es haber congelado la
inversión en sanidad, si le parece que la creación de mil centros
de salud, equipos de atención primaria, es irrelevante, realmente
no entiendo las magnitudes con las que S. S. se mueve. Si le
parece que la construcción de 47 hospitales, como los que se
construyen en el sistema público español, es decir, dotados de
todas las nuevas tecnologías, dotados de unas características
técnico-asistenciales al nivel de la asistencia más sofisticada
en el mundo, repito, si 47 centros hospitalarios en diez años a
S. S. le parece que es congelar la inversión, a mí me parece un
esfuerzo enorme de este Gobierno y de la sociedad que lo ha
respaldado; porque no hay que olvidar que el sistema sanitario
que tenemos también es una conquista de toda la sociedad, ya que
se construye con la solidaridad y con el apoyo de toda la
sociedad, especialmente en un sistema que ha evolucionado hacia
una financiación mayoritariamente por impuestos.
De manera que no tiene razón S. S. cuando habla de congelación de
inversiones, ni de congelación de presupuestos. Los presupuestos
han evolucionado de manera espectacular en sanidad, y se han
consolidado en un horizonte con el nuevo modelo de financiación
que abarca hasta el año 1997, se aprobó en 1994 y se hizo para
cuatro años, lo cual demuestra que no es una decisión coyuntural
de un momento dado, sino una apuesta clara por la sanidad
pública.
A S. S. no le parece bastante. Nunca es bastante, siempre habrá
defectos de funcionamiento. Pero yo le tengo que decir --sin
ningún triunfalismo, créame, porque ni me parece procedente ni va
con mi estilo--, para dejar las cosas en su sitio, que esta
Cámara, este Gobierno, esta sociedad en su conjunto, debería ser
sensible a las valoraciones que se está haciendo de nuestro
sistema sanitario público. Este Gobierno ha aprobado un catálogo
que ordena las prestaciones sanitarias, que constituye una
garantía para los ciudadanos, en la medida en que hace explícitas
todas las prestaciones a las que tiene derecho un ciudadano
español. No es sólo que cuando se encuentra grave o enfermo acuda
a un centro y le hagan lo que le tengan que hacer, que eso lo
deciden los profesionales sanitarios, es que tiene publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» una norma con el rango jurídico
adecuado para respaldar que desde que una persona viene al mundo,
y antes, porque hay programas preventivos ya en el embarazo,
tiene derecho a una serie de atenciones sanitarias preventivas,
que si no se conocen es difícil que se utilicen; por tanto, se
hacen explícitas prestaciones preventivas, prestaciones de
promoción de la salud, prestaciones asistenciales, prestaciones
complementarias, prótesis, etcétera.
Ese catálogo de prestaciones, que ha sido utilizado en el debate
político en este país, como tantas cosas en esta última
legislatura, como el pimpampum, como el gran anuncio de los
recortes en la sanidad, como el mecanismo subrepticio a través
del cual el Gobierno iba a recortar las prestaciones, está ahí.
Hace un elenco
de las prestaciones. Estoy esperando que alguien reconozca que no
tan sólo no hay ningún recorte, sino que se han ampliado; se ha
ampliado la salud bucodental a los niños hasta los catorce años,
etcétera, un conjunto de prestaciones que no estaban garantizadas
y que ahora lo están y generalizadas. Le diré que ese catálogo,
por ejemplo, que constituye una norma jurídica, ha sido
presentado en una reunión internacional, traducido por la agencia
de evaluación canadiense. El sistema canadiense es una referencia
obligada para todo experto sanitario, constituye un modelo
seguido en todo el mundo, hay valoraciones que le otorgan el
primer lugar en cuanto a eficacia, funcionamiento. Pues bien,
quiero decirle, sin triunfalismo, pero por hacer honor a la
verdad, que los canadienses han traducido nuestro decreto al
inglés, lo han presentado en una reunión internacional, han
comentado la trascendencia de esa iniciativa, se ha debatido por
los expertos como iniciativa importante, dentro de los modelos de
sistemas nacionales como el que tenemos. En la última reunión de
Londres, que ha sido hace pocos días, donde se ha debatido el
futuro de los sistemas nacionales de salud en el ámbito del
Estado de bienestar, se ha hablado del sistema español, señora
Maestro, y le aseguro que nada tiene que ver lo que allí se ha
dicho por expertos internacionales con el retrato que S. S. trae
a esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, vaya
concluyendo, por favor.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Acabo,
señor Presidente.
Los usuarios, señora Maestro, son los protagonistas del sistema,
por eso estamos trabajando en la libre elección de especialista,
por eso se ha implantado ya la libre elección de médico general y
pediatra, por eso trabajamos permanentemente en la elaboración de
un barómetro sanitario que nos trae a diario las opiniones de los
usuarios del sistema, que, afortunadamente, son cientos de miles,
son millones de españoles los que pasan por la sanidad pública y
que tienen opinión propia, afortunadamente. Si tuviéramos que
depender de la valoración que, desde la estrategia política, se
hace del sistema, estaríamos peor, pero los usuarios utilizan el
sistema todos los días, señora Maestro, y los datos del barómetro
sanitario --que si tengo tiempo le daré alguno-- que explican su
opinión le aseguro que son muy alentadores y, desde luego, muy
sensatos, porque los pacientes en nuestro sistema se quejan,
naturalmente, cada vez que hay un fallo de funcionamiento, pero
también valoran lo que significa tener al alcance de todos, sin
desigualdad ninguna, todas las atenciones que hacen posible que
la salud de los españoles hoy no sea un problema para su propia
seguridad.
En cuanto a la referencia que S. S. ha hecho al gasto
farmacéutico, señora Maestro, no sé si está en desacuerdo con la
lista que excluyó de la financiación pública los cosméticos, las
cremas dermatológicas, los laxantes. Si es así, es un nuevo punto
de desencuentro; yo creo que eso no tiene que estar financiado
por el sistema. El acuerdo con Farmaindustria, que compromete a
la industria farmacéutica a no sobrepasar el umbral de la
disponibilidad presupuestaria, garantizando igualmente una
prestación farmacéutica que está en las mejores condiciones --con
exclusión de Alemania, me parece, somos el país que en mejores
condiciones da la prestación farmacéutica--, con el 40 por ciento
de los activos, con los enfermos crónicos que acceden a los
medicamentos, lo que se ha hecho en el plan del sida, lo que se
ha hecho con los enfermos de sida en cuanto a la atención
farmacéutica, lo que se hace en trasplantes..., eso no merece ni
una sola referencia a la hora de hacer una valoración conjunta
del sistema.
Yo lamento que S. S. no haga referencia a las cosas que van bien,
pero le aseguro que existen y son muchas, y son las que
justifican que sigamos trabajando con absoluta convicción en la
defensa de un sistema en el que creemos profundamente como uno de
los logros más importantes de esta sociedad, que de ninguna
manera estamos dispuestos a que se desmantele ni se ponga en
cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ya supongo que le incomoda que haga referencia a
los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht.
Evidentemente, desde hace mucho tiempo, más de lo que mi Grupo
Parlamentario desearía, los criterios económicos son los que
están rigiendo no solamente el gasto sanitario público, sino la
estructura del gasto y la gestión del sistema sanitario público.
¿Cómo quiere usted, señoría, que cuando se habla de una reducción
para 1997, para conseguir los criterios de convergencia, de 1,8
billones de pesetas, yo, desde la defensa del sistema sanitario
público, no me plantee con preocupación qué parte de los 1,8
billones de pesetas se va a traducir en recortes del gasto en la
sanidad pública? Usted me dirá, señora Ministra --no sé si lo
verá o no desde su puesto--, cuando el Gobierno de España ha
asumido, por encima de todo otro tipo de compromiso, este recorte
del gasto público necesario, para acceder al nivel de déficit
comprometido, cómo no me voy a plantear qué repercusiones va a
tener todo ello sobre la sanidad pública.
Señora Ministra, o usted no se entera de lo que pasa en el
Ministerio o usted no se entera de lo que pasa en el Insalud, o
no entiendo cómo es posible que usted esté hablando a esta
alturas de gestión pública del sistema
sanitario, cuando los criterios de gestión empresarial están
siendo introducidos a marchas forzadas y están siendo como la
piqueta que está reduciendo a sus mínimos un sistema sanitario
público que --claro que sí, estoy de acuerdo con usted-- tenía
todas las posibilidades de desarrollarse si se hubieran puesto en
marcha las medidas más claras, más progresistas, de la Ley
General de Sanidad.
La realidad, señora Ministra --en esto estoy de acuerdo con
usted--, es que da igual que la sanidad sea pública o privada, si
los criterios con los que se gestiona la sanidad pública son
criterios de rentabilidad económica y de ahorro y no son
criterios de rentabilidad social. Me da igual que lo gestione el
Insalud o que lo gestione Sanitas si los objetivos de ahorro, de
beneficio económico son los mismos que rigen los criterios de
planificación, de gestión y de evaluación de los recursos
sanitarios.
Señora ministra, señores del Grupo Parlamentario del PSOE, esos
criterios de gestión, de competitividad, de contrato-programa, de
coste por proceso, de acuerdo cooperativo son compartidos
exactamente por todo el mundo menos por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Recientemente ha habido
una reunión en Sevilla, en la que estuvieron presentes los
consejeros de Sanidad de Galicia, de la Comunidad Autónoma vasca,
de Cataluña y de Andalucía, todos como una sola voz ensalzaban
los criterios empresariales en la gestión en la sanidad;
criterios empresariales, señora ministra, que no me los invento
yo ni utilizo datos anecdóticos. El caso, al que sabe usted me
refiero, del desgraciado accidente en el hospital La Paz, de
Madrid, no fue un error médico ni una situación anecdótica.
Parece mentira, señora ministra, que venga a esta Cámara sin
haber conocido lo más fundamental de lo que está caracterizando
la gestión del sistema sanitario. El informe del Tribunal de
Cuentas, insisto, no analizó el conjunto de la sanidad pública
sino la pequeña parcela que se refiere a la adquisición de
implantes para prótesis en algunas especialidades quirúrgicas. El
Tribunal pidió una relación de los implantes con autorización
sanitaria de comercialización y resultó que entre los implantes
autorizados no había ninguno de válvula cardíaca, ni ningún
implante traumatológico; es decir, las válvulas cardíacas y los
implantes traumatológicos en su totalidad que se están poniendo
en el sistema sanitario, ninguno contaba con la homologación
pertinente por la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios. Sólo tres de las 15 marcas utilizadas en lentes
intraoculares estaban homologadas; y sólo 17 de las 54 marcas
utilizadas en implantes traumatológicos. Eso permite al Tribunal
de Cuentas decir que la práctica totalidad de los implantes
utilizados no están homologados, no tienen autorización para su
comercialización y, por tanto, en función de directivas europeas
y en función de legislación española, no hay garantías
suficientes de seguridad. Lo que yo relataba era la consecuencia
en un accidente, en un caso concreto. La generalidad es la
situación a que nos referimos y que permite la máxima
descoordinación, el incremento del gasto --insisto--, y un
injustificado protagonismo de los profesionales, enmascarando así
no la totalidad de los profesionales, pero en una parte muy
importante un lucro indebido, en función de promoción interna,
pagado por casas comerciales. Eso está sucediendo con ensayos
clínicos de medicamentos. Es el criterio que las empresas
privadas están utilizando al margen de cualquier criterio de
mercado, porque algunas veces habría que llamar a Adam Smith o a
David Ricardo para que nos dijeran qué es eso de la oferta y la
demanda cuando las marcas y las empresas comerciales están
dirigiendo, condicionando, determinando la demanda en la sanidad
pública, que está pagando gastos muy superiores a los de la
sanidad privada, con criterios empresariales en la gestión,
incumpliendo la Ley de contratos del Estado, incumpliendo la
normativa española y europea respecto a registros, incumpliendo
la Ley General de Sanidad.
Cuando hablo, señora ministra, acostumbro a venir documentada.
Otra cosa es que, evidentemente, el breve tiempo impida en muchas
ocasiones llegar en profundidad a los temas. Supongo que será
feliz, señora ministra, creyéndose lo que dice, creyéndose que
las actividades preventivas y de promoción de la salud están
generalizadas en el Estado español o en el Insalud no
transferido. Los últimos datos de memorias del Insalud señalaban
que solamente el 15 por ciento de equipos de atención primaria,
que cubre como mucho al 70 por ciento de la población, llevaban a
cabo programas preventivos. Además, como yo tengo la mala
costumbre de utilizar esos datos en las interpelaciones y en las
preguntas, el Insalud ha optado por la cómoda decisión de no dar
datos en la Memoria del Insalud sobre qué porcentaje de programas
preventivos son llevados a cabo con los equipos de atención
primaria, lo cual, evidentemente, dice muy poco respecto a la
transparencia y, desde luego, priva a los grupos parlamentarios
de la oportunidad de conocer en profundidad qué está pasando
realmente en la actividad de la atención primaria en nuestro
país.
No obstante, hay algunos datos que son reflejos de la situación.
El libro «Indicadores del Insalud», el segundo publicado,
mostraba en su portada el incremento importantísimo de la
mortalidad en nuestro país por cáncer de mama en la mujer.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya
terminando, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, voy terminando.
Los datos de estudios parciales porque, el Ministerio de Sanidad
no los ha ofrecido, dicen que en ausencia de programas
universales de detección precoz del cáncer de mama deben hacerse
mamografías en edades de riesgo, a partir de los 50 años. Se está
produciendo una sobremortalidad, es decir, una no evitabilidad de
la mortalidad que en los países en los que se llevan a cabo estos
programas supone un descenso de la mortalidad entre el 30 y el 40
por ciento.
Supone, señora ministra, y quizá debería llevar algo de
intranquilidad a su conciencia, que entre el 30 y el 40 por
ciento de las mujeres que mueren por cáncer de mama en nuestro
país no deberían morir si se ponen en marcha programas de
detección precoz que están puestos en otros países de nuestro
entorno y ello hace que mientras que en España la supervivencia
al año es solamente del 89 por ciento, en Francia y en Italia se
sitúa por encima del 94 por ciento; y que mientras la
supervivencia a los cinco años en España es de 50,9 por ciento,
en Francia es del 68,7 y en Italia del 71,1 por ciento. La
conclusión es clarísima: no hay programas de detección precoz
universales y los casos llegan muy avanzados.
Señora ministra --no espero que me lo adjudique, en cualquier
caso lo afirmo--, a mi grupo parlamentario le importa la calidad
del sistema sanitario público, y va a hacer todo lo que esté en
su mano institucionalmente y en la sociedad para frenar a las
poderosas fuerzas en presencia que están contribuyendo a que la
privatización de la sanidad pública sea un ejercicio fácil para
todos aquellos que quieran dejar restringido el sistema sanitario
público a una mínima expresión de prestaciones básicas
introduciendo el criterio del pago para aquellos que estén en
condiciones de prestarlo. Eso le lleva con la misma obligación y
con la misma responsabilidad, a denunciar aquí en esta Cámara
cómo un sistema sanitario público con posibilidades, con un nivel
de desarrollo importante está deteriorando la calidad del
sistema, está precarizando la atención y no está haciendo lo
exigible, lo posible --no lo imposible, no lo utópico-- desde
criterios científicos, desde criterios técnicos, desde criterios
de un incremento no disparatado del gasto sanitario, pero sí con
unos recursos sanitarios, humanos y personales suficientes para
hacer aquello para lo que la sociedad destina un nivel tan
importante de recursos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, termine
en medio minuto, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Sí, concluyo.
La Ley General de Sanidad no ha sido desarrollada en sus aspectos
más importantes, el plan integrado de salud no existe, el
desarrollo de los aspectos que se refieren a salud laboral no
existen y sí se han desarrollado todas aquellas ambigüedades que
permiten hoy hablar con toda claridad y en un sentido creciente
de la parasitación de la sanidad privada respecto a la sanidad
pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señora Maestro, a S. S. le preocupa Maastricht en la medida que
supone reducción importantísima de gasto público por lo que va a
afectar a sanidad. Debería estar tranquila, porque para el año
1996 ya se había iniciado ese proceso con una reducción de gasto
público cercano a los 900.000 millones de pesetas. ¿Cuánto de esa
cifra tan extraordinaria había correspondido a Sanidad? Nada.
Señora Maestro, el presupuesto de sanidad elaborado por el
Gobierno --y esta Cámara no lo ha aprobado-- crecía el año 1996
300.000 millones de pesetas; crecía igual que ha crecido el
producto interior bruto, crecía respetando un modelo de
financiación que preserva a la sanidad, como prioridad de este
Gobierno, de esos avatares económicos, de esa política económica
que sí afecta a otras áreas. De manera que bastaría conseguir los
papeles, conseguir lo que explica el Gobierno, conseguir el
proyecto de presupuestos para que S. S. hubiera despejado esa
preocupación.
¿Maastricht supone reducir gasto público? Sí. ¿Qué va a suponer
en el sistema sanitario español? Ningún problema. El presupuesto
de 1996, que está elaborado, presentado y del que el Gobierno se
ha responsabilizado (que, por cierto, vamos a intentar que la no
aprobación tampoco suponga un perjuicio para el funcionamiento
del sistema), crecía el 7,5 por ciento mientras que el conjunto
del gasto público se reducía en una cifra extraordinariamente
importante, de manera que quédese tranquila. El objetivo de
Maastricht no va a desmantelar el sistema sanitario público
español, sobre todo si es este Gobierno, como yo espero, quien
conduzca a este país hasta la última etapa de Maastricht. (Un
señor Diputado: ¡Muy bien!)
¿Criterios de ahorro? Sí, señora Maestro. Yo creo que hay que
gestionar de la manera más eficaz posible los recursos públicos
en sanidad.
Puesto que S. S. vuelve a sacar el informe del Tribunal de
Cuentas, quiero decirle que de todas las recomendaciones que esta
Cámara hizo al ministerio como consecuencia de ese informe, el
Insalud ha realizado una serie de actuaciones desde elaboración
de pliegos técnicos, convocatorias de concursos públicos,
realización de catálogos de prótesis, de cirugía ortopédica, de
cadera, de rodilla, de hombro, remitidas a todos los centros con
unas indicaciones precisas sobre cuáles son los mecanismos en
virtud de los cuales se deben adquirir las prótesis en el
conjunto del sistema. De manera, señora Maestro, que gestionar
adecuadamente, intentar ahorrar, bajar, como hemos hecho, el
precio de las lentes intraoculares en virtud de estas medidas de
42.000 pesetas, en que se estaban comprando por el sistema
público, a 12.000 pesetas, es nuestra obligación. Naturalmente yo
voy a hacer todo lo que esté en mi mano para avanzar en ese
camino, para que cada peseta que gastemos esté bien gastada, y
que no se produzcan ineficiencias. Si a S. S. le repugna porque
considera que son medidas privatizadoras de gestión, o que el
funcionamiento del sistema público se parece algo al
funcionamiento de empresas privadas, señora Maestro, es una
ofensa porque yo sé que S. S. sabe más como para poder sostener
eso, pero, por si acaso, se lo voy a explicar.
No se parecen en nada. Una cosa es gestionar bien, tratar de
obtener mejores precios y tratar de obtener ventajas por ser un
cliente tan importante como es en este caso el Insalud, cosa que
inexplicablemente no es unánime. ¿Cómo va a comprar a los mismos
precios un cliente como el Insalud que un señor particular? No
puede ser, ¿verdad? Pues rentabilizar esa condición de cliente
mayoritario y obtener mejores precios es nuestra obligación. Pero
le voy a decir por qué no es confundible eso con gestión privada
de la sanidad. La protección sanitaria para los españoles en el
sistema público no exige períodos de carencia, no hace chequeos
previos, no hace selección de riesgos, no excluye a los enfermos
de cáncer, de sida, o de riñón. El sistema público atiende a toda
persona que necesita ser atendida sólo por razones de salud,
independientemente de dónde viva, de cuánto pueda pagar. Es una
diferencia abismal. No hay selección de riesgos, no se excluye a
nadie, y las prestaciones que se dan en este sistema, señora
Maestro, están absolutamente desvinculadas de su coste, ¿cree S.
S. que los trasplantes son rentables, o que puede haber alguna
magnitud económica que justifique determinadas prestaciones? No.
Están totalmente desvinculadas. La decisión de qué prestaciones
se dan está desvinculada de sus costes. Cuando se ha elaborado el
catálogo de prestaciones, señora Maestro, no ha habido criterios
económicos sino criterios de salud. Se han incluido en las
prestaciones sanitarias del sistema público el tratamiento de la
infertilidad o la reproducción asistida --le aseguro que ha sido
un enorme esfuerzo--, a pesar de su coste, por razones de
protección de la salud, de solidaridad, de igualdad; por razones
de protección social, señora Maestro. Nada de eso preside las
decisiones de una empresa privada, lógicamente. Las decisiones de
una empresa privada están condicionadas por la obtención de
beneficio; hay selección de riesgos, hay selección de personas,
hay rescisión de pólizas cuando las personas contraen una
enfermedad grave o cumplen una edad determinada. Aquí no se echa
a nadie, no se selecciona a nadie y no se excluye ninguna
prestación por el costo.
Los medicamentos, los últimos, los que aparecen, los que son
capaces de combatir enfermedades tan serias como el sida o de
paliar sus efectos, son costosísimos, señora Maestro. Por razón
de precio no se ha excluido ningún medicamento, y el sistema
público es el único que facilita los medicamentos. Por tanto, no
me haga paralelismos con el funcionamiento de las empresas
privadas porque no se sostienen, señora Maestro.
Dice S. S. que no hay prestaciones preventivas y que los datos
del Insalud son distintos a los que yo manejo. Más del 50 por
ciento de los servicios de la cartera de atención primaria,
señora Maestro --que es una terminología de gestión, pero
elocuente porque nos permite tener aquí la lista de lo que se
hace--, son actividades preventivas. Todas tienen un
procedimiento específico de evaluación periódica. Por ejemplo,
señoría, en atención al niño, vacunaciones infantiles de 0 a 14
años. (La señora Maestro Martín hace signos negativos.) ¿No se
hacen? Se hacen, señora Maestro. A todos los niños de este país
se les vacuna con el calendario oficial de vacunaciones. Revisión
del niño sano de 0 a 23 meses, programa específico. Revisión del
niño sano de 2 a 5 años. Revisión del niño sano de 6 a 14 años.
Información sanitaria en la escuela. Prevención de las caries
infantil. Valoración del embarazo. Seguimiento de la mujer
embarazada. Preparación al parto. Visita en el primer mes.
Información y seguimiento de métodos anticonceptivos --S. S. que
está tan preocupada con que se incluyan en el sistema--, lleva
mucho tiempo incluidos. (La señora Maestro Martín: figuran en un
papel.) No, señora Maestro, no están en un papel, yo le doy los
datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro ha
consumido ya su turno, ahora permita que la señora ministra pueda
consumir pacíficamente el suyo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Cuando
quiera, señora Maestro, le doy los datos.
El diagnóstico precoz de cáncer de cervix, endometrio, de mama,
está incluido en la cartera de servicios, señora Maestro. La
alusión que S. S. ha hecho a mi conciencia respecto al incremento
de este problema me parece de pésimo gusto y no la voy a
contestar. Le aseguro que trabajo todos los días, tengo muchos
problemas y me llevo muchos disgustos, pero le aseguro que la
conciencia sí la tengo tranquila, ya que S. S. se ha preocupado
por mi conciencia.
El programa de salud buco-dental, señoría, y se ha conseguido en
un año, está implantado en la actualidad en algo más del 50 por
ciento del territorio del Insalud; el cien por cien, no. Están
desarrollando el programa 498 equipos de atención primaria, y 116
tienen acreditados protocolos del programa. En educación para la
salud, aplicación del fluor tópico, la exploración de la cavidad
buco-dental, especialmente en las embarazadas, tienen acreditado
el programa de salud buco-dental en su totalidad 382 equipos.
Tenemos 87 odontólogos con programas específicos de
tartrectomías, obturaciones selectivas del molar de los 6 años,
aplicaciones de selladores de fisuras, extracción de piezas
dentarias. No le digo que el programa se haya cumplido al cien
por cien, sólo al 50 por ciento, pero estoy muy contenta que en
un año se hayan conseguido estos resultados, sobre todo porque
vamos a seguir aumentándolos.
En al ámbito sociosanitario, por ejemplo, he de decirle que 112
ancianos están disfrutando del programa
de coordinación sociosanitaria (La señora Maestro Martín: ¿112?)
sí, señora Maestro, 112 ancianos. Llevamos un año trabajando en
este tema. A usted le parece irrelevante: a mí me parece muy
importante. En centros de día se atienden a 105 ancianos en estos
programas concretos; 4.088 ancianos se acogen al servicio de
atención domiciliaria; 920 ancianos con teleasistencia; 12.028
participan del protocolo de atención domiciliaria. Este es el
programa concreto que hemos desarrollado a raíz del convenio con
el Ministerio de Asuntos Sociales y nos está dando muchas
satisfacciones, créame. Hay personas que reciben una atención
magnífica y están muy satisfechas con lo que se está haciendo. A
S. S. le parece irrelevante. El 53,2 por ciento de los hospitales
ya tienen los equipos de valoración y cuidados geriátricos. A S.
S. le parece poquísimo, a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo
y, por tanto, estamos satisfechos del programa de los ancianos en
el que tenemos especial preocupación.
Si me queda tiempo, señor Presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un par de minutos, señora
ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): En un
par de minutos le diré, señora Maestro, que en relación con el
barómetro sanitario (que se realiza continuamente desde el
ministerio para conocer la opinión de los pacientes que reciben
atención en el sistema sanitario público), en octubre de 1995, el
60 por ciento de todos los preguntados opinan que el sistema
sanitario funciona bien. Comparado con los datos del año 1991
opinaba a favor el 45 por ciento, por tanto, ha aumentado en 15
puntos. Además, si preguntamos a las personas mayores de 65 años,
que son las que más utilizan los servicios, como sabe S. S., el
porcentaje de quienes consideran bueno el funcionamiento del
sistema sanitario sube al 77 por ciento y en el año 1991 era el
61 por ciento; por consiguiente, hay incrementos que responden al
esfuerzo que estamos haciendo para mejorar el funcionamiento.
A la pregunta de si los servicios sanitarios públicos dan
respuesta rápida ante un problema grave de salud, le diré que en
octubre de este año, el 57 por ciento de las personas contestan
que sí, frente al 50 por ciento. Por tanto, seguimos mejorando
los servicios de urgencia que es también otro punto neurálgico
del sistema.
En definitiva, señora Maestro, como le acabo de decir, seguimos
trabajando en el perfeccionamiento de un modelo en el que creemos
profundamente. ¿Que habrá que seguir mejorando?, ¿que donde dice
50 tiene que decir 100? Para eso necesitamos un poco más de
horizonte temporal, porque, créame, lo que se ha hecho en 10 años
en el sistema sanitario público es heroico, y lo digo en la
medida que no he sido yo quien lo ha hecho, pero sí los
profesionales, los responsables y el Gobierno, que ha decidido
que ésta sea una prioridad.
Puestos a hablar de felicidad personal, aunque le aseguro que yo
no creo en la felicidad como estado permanente, pero sí en la
satisfacción que me produce venir a defender en nombre de este
Gobierno lo que se ha hecho en la sanidad, deseo a S. S. que
sienta la misma sensación que siento yo, no de felicidad --ya le
digo que no creo en ese estado--, pero sí de satisfacción y de
conciencia tranquila cuando defiende los planteamientos políticos
de su grupo.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora Ministra de Sanidad, en estos
días no solamente finales de año, sino final de legislatura, la
iniciativa que ha presentado Izquierda Unida --una interpelación-
- creo que está un poco de más, teniendo en cuenta los plazos que
estipula el reglamento parlamentario.
Se prevé que la interpelación sea una iniciativa de control del
Gobierno y que, como consecuencia de esa interpelación, haya una
moción que, en este caso, parece ser que no se va a realizar. Por
eso, a nosotros nos ha parecido que esta sesión parlamentaria,
esta iniciativa de Izquierda Unida, sea más bien una valoración,
un resumen, un balance de lo que ha sido la gestión socialista en
materia sanitaria a lo largo de esta legislatura. Como decía
antes, nosotros creemos que, realmente, la interpelación casi
queda diluida según los acontecimientos políticos de estos días -
-el ministro que ha intervenido en la anterior interpelación ha
hecho referencia a una precampaña electoral--, es decir, ya
estamos sumidos en lo que es el litigio electoral y, por tanto,
respecto al texto de la interpelación, las medidas que piensa
adoptar el Gobierno frente al deterioro e insuficiencia de la
sanidad pública, yo preguntaría a la diputada interpelante lo
siguiente: ¿usted cree, que en mes y medio que queda de
gestión...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalón, fije
posición, porque no puede abrirse un debate. Si es una pregunta
retórica y usted mismo da la contestación, vale, pero en otro
caso no.
El señor VILLALON RICO: Sí, es una pregunta retórica; se trata
simplemente de hacer una introducción.
Preguntaba a la señora Maestro si ella cree que la Ministra de
Sanidad puede tomar medidas para solucionar
los males que ella achaca a la sanidad pública cuando le queda
mes y medio y no las ha tomado en tres años de gestión. La
ministra ha dicho aquí que se hacían grandes cosas --como decía
antes, luego haremos una valoración de lo que ha sido el sistema
sanitario público--, pero ¿cree usted que el Gobierno socialista
va a solucionar los problemas que tenemos en mes y medio?
Nosotros creemos que no; creemos que están incapacitados para
solucionar los problemas, y por eso decía yo que uso el derecho
de la palabra en esta interpelación para hacer una valoración del
sistema sanitario público, de la satisfacción de los ciudadanos,
a los que antes ha hecho referencia la ministra, e incluso de la
satisfacción de los profesionales que trabajan en el sistema
sanitario. Hay que plantear que grupos tan distintos como
Izquierda Unida, el Grupo Popular o el grupo de la señora
ministra, el Grupo Socialista presentarían soluciones diferentes
a los problemas concretos; cada uno tiene sus remedios
terapéuticos --si se me permite la expresión-- para atajar los
males de la sanidad, pero es evidente que lo que podríamos
denominar el diagnóstico, los datos objetivos de los males que
tenemos en nuestro país a nivel sanitario son datos que están ahí
y que nadie puede tachar de falsedad.
Nosotros consideramos que el sistema sanitario en general cuenta
con unos buenísimos profesionales, que es uno de los aspectos
fundamentales a los que antes hacía referencia la señora ministra
cuando aludía a la satisfacción de los usuarios y de los
ciudadanos en general, profesionales que están poco incentivados,
que están poco motivados --lo hemos visto a lo largo de este año-
-, y no solamente los médicos sino también el sector de
enfermería y lo que se denomina personal no sanitario, es un
sector de la sociedad que no está motivado ni está apoyado en
todas sus posibilidades por el Ministerio de Sanidad.
También hay que hacer alusión a lo que son los recursos
materiales en materia de sanidad de nuestro país. Yo no voy a
negar las cosas que se han hecho a lo largo de estos años porque
son evidentes y por tanto no las vamos a negar, pero cuando se
hace un balance y se ponen en los dos platillos de la balanza las
cosas positivas y las negativas, nos sorprende ver que pesa más
el platillo de las cuestiones negativas. Por eso, nosotros
planteamos este tema a modo de valoración de la gestión de la
ministra en particular, del ministerio y del Gobierno socialista
a lo largo de esta legislatura.
La Ministra de Sanidad, cuando tomó posesión de su cargo en junio
o julio de 1993, heredó unos problemas que nosotros creemos que
no ha solucionado; creemos que siguen ahí enquistados y son los
problemas clave, aparte de los avances que se han realizado en
sanidad, como es por ejemplo el aspecto económico presupuestario.
En diferentes foros en los que tenemos ocasión de intervenir en
temas sanitarios, siempre decimos que el sistema público de salud
tiene una deuda de más de un billón de pesetas, la ministra,
sistemáticamente, nos dice que no, pero cuando nos dice que eso
es falso no aclara exactamente qué nivel alcanza la deuda del
sistema sanitario, y nosotros creemos que es porque ni ella misma
lo sabe. En el aspecto presupuestario pasa lo mismo, bien es
verdad que en estos dos últimos años la desviación del
presupuesto sanitario ha sido menor que en los años anteriores,
pero desde que el Gobierno socialista tiene responsabilidades de
gestión, las desviaciones del presupuesto en sanidad han sido
casi intolerables, han llegado al veintitantos por ciento, y
parece ser que para los años 1993 y 1994 --y se considera bueno--
las desviaciones van a estar en torno al siete o diez por ciento.
Es decir, ustedes siguen sin solucionar el problema económico
financiero, presupuestario, o como lo quiera llamar.
En cuanto al tema de las camas, que ha sido planteado
anteriormente, hay que decir que ustedes tampoco lo han
solucionado, no han solucionado el déficit de camas que hay en
nuestro país. Le voy a dar datos. Por ejemplo, tengo que decir
que la media del número de camas en la Unión Europea por cada
1.000 habitantes es de 7,7, mientras que en nuestro país es de
4,6, teniendo en cuenta que la media del Insalud es de 2,17.
También ha hecho usted referencia a la tercera edad, los mayores.
Pues bien, le tengo que decir que el número de camas específicas
para tratamiento tanto de agudos como de crónicos de las personas
mayores está en 0,5 camas por cada 1.000 habitantes. Por tanto,
yo creo que todavía estamos muy lejos de alcanzar no sólo la
media europea sino un nivel por lo menos de salubridad pública,
si se me permite la expresión, respecto a lo que es la asistencia
sanitaria.
Las listas de espera son evidentes, lo dice cualquier persona que
tenga una mínima relación con la sanidad, no solamente desde la
gestión, desde el Parlamento o como usuario. Las listas de espera
es el gran déficit del Gobierno socialista, no solamente porque
se ha gestionado mal desde los centros sanitarios, desde las
direcciones del Insalud, sino porque realmente se han empleado
recursos que nosotros consideramos que no han sido bien
utilizados. Cuando se habla de listas de espera se podría dar el
número de pacientes que están en esas listas, aunque seguramente
ahí se puede entrar en la demagogia. Quizá ni usted misma sabe el
número total de enfermos que integran esas listas, pero yo le
haría una clasificación que dividiría en tres apartados, cada uno
de los cuales puede ser más grave. Son listas de espera de las
primeras visitas, que en estos momentos están entre 15 y 20 días,
cuando una lista de espera de primera visita yo creo que como
mucho tendría que estar entre los tres o cuatro días, si usted me
apura en una semana. A continuación estarían las listas de espera
para pruebas diagnósticas. Todos hemos leído alguna vez en
diferentes medios de comunicación que a alguna embarazada le han
llamado para hacerle una ecografía a los nueve meses de haberlo
solicitado. Esos son anécdotas, pero ponen un ejemplo de cómo
está la situación y, por supuesto, de cómo están las listas de
espera quirúrgicas, que son las más largas. Estos aspectos son
los que usted ha heredado y no ha solucionado.
Luego, también habría que hablar de la masificación de los
hospitales. La Ley General de Sanidad, hecha por ustedes, que ha
podido ser desarrollada a lo largo de casi diez años desde que se
aprobó (y que todavía está sin desarrollar, y no ha sido porque
hayan tenido ustedes impedimentos), es una Ley que se centra en
lo que se denomina el hospitalocentrismo, y eso ha originado la
masificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalón, vaya
concluyendo.
El señor VILLALON RICO: Un minuto y enseguida termino, señor
Presidente.
Eso ha originado la masificación de los hospitales. Cuando habla
de la satisfacción de los ciudadanos, por el sistema sanitario
público, yo le tengo que decir que a mí me gustaría ver esas
encuestas cuando se hacen en una planta de un hospital o cuando
se hacen fuera del hospital, porque los ciudadanos tienen dos
valoraciones distintas.
Yo no sé si usted se habrá pasado últimamente por algunos de los
grandes hospitales de nuestro país. Yo no sé si usted habrá ido,
por ejemplo, al «Doce de Octubre», o al «Valle de Hebrón» que,
aunque esté transferido, pertenece al sistema sanitario público.
Le voy a leer simplemente una frase del coordinador de urgencias
del «Doce de Octubre». Digo esto, porque es uno de los
fundamentos del porqué las urgencias están sobresaturadas, por el
problema de la masificación de los hospitales y por el problema
que ustedes no han solucionado bien: el paso entre la asistencia
primaria y la especializada.
El coordinador de urgencias del «Doce de octubre» en una carta
decía: La dramática situación que, a mi entender, se vive a
diario en el área de urgencias, en general, y especialmente en
las zonas de la clasificación. Dice también: He planteado
diversas soluciones y, hasta el momento, no se me ha contestado.
Esto es lo que dice el coordinador de urgencias del «Doce de
octubre», que pone de manifiesto los problemas que hay en los
hospitales. Estos son problemas que usted ha heredado y que no ha
solucionado.
Pero además, a usted se le han creado otros problemas también,
fundamentalmente desde el punto de vista del personal médico, más
en concreto. Hay que ver que a usted, a lo largo de este año, le
han hecho huelgas, si se me permite la expresión, todo bicho
viviente. Empezaron los estudiantes de medicina, siguieron los
médicos de medicina general, por la trasposición de la directiva
comunitaria, han seguido los médicos especialistas. Esas
soluciones las ha dado usted de forma intermedia, pero se
mantienen los problemas de los mestos y se mantienen los
problemas de los Maequis y, como usted conoce, dentro de un mes
le van a hacer los interinos otra huelga por los motivos que
ellos creen razonables.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Villalón, termine
por favor.
El señor VILLALON RICO: Sí, ya termino, señor Presidente.
A la hora de hacer una valoración, con permiso del señor
Presidente, también habría que decir los compromisos que usted ha
adquirido y no ha llevado a la práctica. Me tengo que referir a
unas declaraciones que hizo en abril de este año, donde decía
que, a lo largo de esta legislatura (en abril de este año ya se
sabía que más allá de 1996 no se iba a llegar en esta
legislatura), usted se comprometía a traer al Parlamento el
estatuto-marco y la ley de ordenación de profesiones sanitarias.
Ninguna de la dos ha llegado a estas Cortes Generales. Estos son
incumplimientos de usted.
Permítame, señor Presidente, dar algunos aspectos positivos de
algunas de las gestiones que nosotros vemos en la gestión de la
señora Ministra: la libre elección de médicos, la libre elección
de especialista; con un problema, lógicamente, que casi no se
pude llevar a cabo esa libre elección por la burocratización del
sistema, porque es un sistema muy administrativo, muy
burocratizado. La prueba es que, en el período que han dado como
proceso de iniciación de la libre elección de especialista, casi
no ha habido libre elección de especialista.
Ha mencionado usted la Comisión Nacional de Trasplantes. Estamos
de acuerdo con usted en que estamos a la cabeza de la Unión
Europea en eso, pero también sabrá usted que estamos a la cabeza,
dentro de la Unión Europea, en enfermos del sida. Ahí se pone de
manifiesto una de las cosas que usted debatía con la Diputada
anterior que es el tema de la prevención. Yo creo que el tema de
la medicina preventiva en la sanidad pública, exceptuando los
casos que ha dicho usted de vacunaciones, y etcétera, todavía
tiene un importante déficit que no han solucionado.
Ya para terminar, señor Presidente, teniendo en cuenta --usted lo
sabe-- que desde nuestro Grupo le profesamos un afecto personal y
que le tenemos un cariño, nosotros, queriendo ser objetivos, no
podemos hacer una buena valoración. Como decía antes, pesa más el
platillo de los aspectos negativos que el de los positivos.
Nosotros creemos que usted no ha aprobado el examen sanitario,
ahora que se termina la legislatura, y nos planteamos que si
usted hace un examen de conciencia o una autocrítica de su
gestión si intenta ser objetiva, verá que la quedan muchas cosas
por hacer y que ha hecho poco a lo largo de estos tres años. Eso
es lo que se evidencia a lo largo de este debate y lo que será el
debate nacional cuando, en plena campaña electoral, los españoles
puedan oír las propuestas que nosotros hacemos y, por supuesto,
el día de las elecciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Villalón.
El Pleno se reanudará a las cinco de la tarde.
Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA AL AMPARO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS:
--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, PARA
INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO CELEBRADO EN MADRID LOS DIAS 15
Y 16 DE DICIEMBRE (Número de expediente 210/000034)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara para informar sobre el Consejo Europeo
celebrado en Madrid los días 15 y 16 de diciembre.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, comparezco ante la Cámara para informar
sobre los debates y resoluciones del Consejo Europeo celebrado en
Madrid el viernes y el sábado de la pasada semana. Intentaré ser
lo más breve posible, habida cuenta que SS. SS. tienen en su
poder el documento de conclusiones y la llamada parte B, que
recoge una breve síntesis de los trabajos que se han desarrollado
a lo largo del semestre y que han sido recogidos por el Consejo
Europeo.
El principio me gustaría considerar, lo mismo que lo considera el
resto de los jefes de Gobierno y de Estado de la Unión Europea,
que este Consejo va a marcar la agenda de trabajo de la Unión
Europea en los próximos años. Por consiguiente, es un Consejo que
prepara la Unión Europea para enfrentarse, con el mayor éxito
posible, a los retos del próximo siglo. Voy a seguir el mismo
orden de debate del Consejo Europeo para explicar, como digo
sintéticamente, el contenido de las discusiones y de los
acuerdos.
La primera mañana del Consejo Europeo empezó el debate sobre la
Unión Económica y Monetaria. Ya saben SS. SS. que los ministros
de Economía y Finanzas avanzaron un documento importante en el
que se definía con precisión el escenario del paso a la tercera
fase de la Unión Monetaria. No obstante, quedaban algunos temas
por resolver de cierta importancia; temas que, habiendo sido
conflictivos en el Consejo Ecofin, tenían que ser dilucidados en
el Consejo Europeo. Destaco tres de esos temas, que son los
sustanciales. El primero de ellos es la denominación de la
moneda. Finalmente se ha llegado al acuerdo de que la moneda
común, la moneda que será a partir del año 1999 aquella en que se
denomine la deuda de obligaciones negociables, se llamará euro.
La segunda de las decisiones adoptadas por el Consejo se refiere
a la fecha en que habrá que tomar la decisión qué países van a
pasar a la tercera fase de la unión monetaria. Había una cierta
discusión durante el semestre entre aquellos países que
pretendían que se decidiera antes de acabar el año 1997 y, por
consiguiente, sobre estimaciones de déficit o de inflación o de
tipos de interés del propio año 1997, pero sólo estimaciones, y
aquellos países que pretendían que la decisión se adoptara en los
primeros meses de 1998 y, por consiguiente, con datos reales
sobre el año 1997. Esta segunda tesis es la que ha prosperado y
el Consejo Europeo acuerda que lo antes posible, en el año 1998,
se va a decidir qué países son los que formarán parte de núcleo
inicial de la unión monetaria y, por consiguiente, qué países
cumplirán los requerimientos del Tratado sobre los criterios de
convergencia.
El tercero de los problemas sobre los que se había discutido sin
llegar a un acuerdo era cómo intentar crear una masa crítica
suficiente para que la moneda tuviera ya una significación desde
el 1 de enero de 1999, y se ha resuelto decidiendo que se emita
la deuda negociadora a partir de enero de 1999 en euros. El euro,
como saben, sustituye a partir de ese momento al ecu y desaparece
la moneda cesta para pasar a ser una moneda común. La entrada en
vigor de la moneda como moneda de circulación para todos los
ciudadanos se producirá a partir del 1 de enero del año 2002.
No eran estas solas las cuestiones a discutir en torno a la unión
monetaria, aunque sí las decisivas para completar el escenario
del Ecofin y, por consiguiente, para completar los trabajos
necesarios para pasar a la tercera fase de la unión monetaria.
Sin embargo, durante las sesiones del Consejo y anteriormente en
el propio Consejo de Ministros se han discutido otras cuestiones.
Una conocida como el pacto de estabilidad. Hay un mandato al
Consejo Ecofin para que defina con precisión en qué va a
consistir ese pacto de estabilidad que, en definitiva, trata de
garantizar esta estabilidad para aquellos países que formen parte
del núcleo inicial de la unión monetaria y, por consiguiente,
fijando objetivos tal vez más ambiciosos desde el punto de vista
del déficit y otros objetivos macroeconómicos. El Consejo Ecofin,
en los próximos meses, tendrá que definir con el Instituto
Monetario Europeo y la Comisión en qué va a consistir este pacto
de estabilidad.
El otro tema de preocupación sobre el que se viene discutiendo en
los últimos meses, y que naturalmente no forma parte de la
definición del paso a la moneda única, pero sí de la fase
posterior a la implantación de la moneda única, es la relación
que habrá de establecerse
entre los países que formen parte del núcleo inicial de la moneda
única y aquellos países que queden fuera de ese nuevo sistema,
por consiguiente, que queden --digamos-- en la periferia del
núcleo. No se ha hecho una definición porque todavía no están
suficientemente estudiadas las consecuencias, y se pide a los
Ministros de Economía y Finanzas que garanticen unas relaciones
entre las monedas de dentro y de fuera del sistema con vistas a
perfeccionar un intercambio estable; que garanticen, por
consiguiente, la estabilidad. Pero éste no será el único problema
que se plantee y antes de la entrada en vigor de la moneda única
también tendrá que estar perfectamente definida la relación entre
los que estén dentro y los que estén fuera del sistema.
Finalmente un tema que interesa a todos los países que puedan
tener alguna dificultad para acceder en la primera fecha a la
moneda única: en qué condiciones van a acceder con posterioridad
los países que deseen estar en la moneda única y que no cumplan
los criterios de convergencia. Naturalmente se ha decidido --y
digo naturalmente porque ha habido algunas dudas en los debates
anteriores-- que las condiciones serán idénticas a las previstas
en el Tratado de la Unión Europea para los países que entran en
la primera fase o en la primera onda de aquellos que forman parte
de la Unión Europea. Por tanto, hay una garantía para aquellos
países que por razones de deuda acumulada, por razones de
déficit, de tipo de interés o por razones de otra naturaleza no
puedan acceder en la primera fase, en el primer período, a la
Unión Monetaria y, por consiguiente, tienen la garantía de que no
se les van a exigir nuevas condiciones que pueden derivarse del
llamado pacto de estabilidad, sino que accederán exactamente en
las mismas condiciones que los países primeros, los iniciales.
Durante el curso de la mañana del viernes, además de discutir
sobre la unión monetaria, que fue lógicamente el grueso del
debate, en compañía de los ministros de Economía y Finanzas y de
Exteriores, también se debatió y se aprobó el documento sobre
orientaciones generales de política económica, resaltando sobre
todo, como verán en el documento de conclusiones, la necesidad de
mantener un alto grado de convergencia entre las economías de los
Estados de la Unión, y aprobando el informe que hizo el Consejo
Ecofin sobre la aplicación de las grandes líneas de orientación
económica. También dio tiempo en la mañana a discutir sobre el
fraude. Se tomó nota del análisis comparado del informe de
síntesis y también del protocolo adicional al Convenio sobre
protección de intereses financieros de las comunidades europeas.
A continuación de este debate --y aunque rompa la sistemática
porque paso a un problema del segundo pilar-- se firmó el acuerdo
de la relación entre la Unión Europea y los países de Mercosur.
Se firmó ante Su Majestad el Rey, como saben muy bien, un acuerdo
que es el primero en su género entre dos conjuntos regionales y
el primero también para la Unión Europea. Acuerdo de un
extraordinario interés para nosotros como país, porque supone no
sólo un gran avance desde el punto de vista de las relaciones
económico-comerciales previsibles con los países de Mercosur (en
la mañana de hoy se acaba de perfeccionar ese acuerdo con la
firma del Presidente de Brasil; el viernes pasado lo hicieron los
ministros de Asuntos Exteriores de Paraguay, Uruguay y
Argentina); acuerdo, como digo, no sólo de un enorme interés
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las
relaciones comerciales, sino también desde el punto de vista
político. Como saben SS. SS., es un acuerdo que tiene un
fundamento muy sólido. Entre estas dos zonas se dan algunas
circunstancias especiales: la Unión Europea es el primer inversor
en los países de Mercosur; la Unión Europea es, a la vez, el
primer socio comercial de los países de Mercosur y el primer
donante de ayuda al desarrollo. Por consiguiente, el sustento de
ese acuerdo con Mercosur tiene una gran trascendencia. Más tarde
me referiré a otros acuerdos con América Latina. Pero, también
quiero resaltar la importancia política de este acuerdo. Por
primera vez la relación de Europa con América no es sólo
noratlántica, sino que tiene un vector suratlántico con los
países de América Latina. Para nosotros, sin duda, tiene una
importancia, desde el punto de vista político, también de
carácter estratégico. Por tanto, para la presidencia española es
una gran satisfacción que se abra una nueva fase en las
relaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur, que
son, como saben, un porcentaje muy alto del producto bruto del
conjunto de América Latina.
La sesión de la tarde empezó con la política de empleo. Les daré
algunas de las características del acuerdo al que se ha llegado.
En primer lugar, se considera el empleo como el objetivo
prioritario de la Unión Europea y de los Estados miembros. En
segundo lugar, se han recogido los programas plurianuales de
empleo de todos los Estados miembros. Ya saben que fue una
decisión de Essen presentar programas plurianuales de empleo. A
lo largo de la presidencia española se han ido presentando estos
programas y se ha hecho por primera vez un informe conjunto de
los ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y de la propia
Comisión. El informe tiene el valor de ser contrastable además
con el acuerdo adoptado por los interlocutores sociales en una
cumbre celebrada en Florencia, con un grado de coincidencia
extraordinariamente importante con el informe conjunto al que me
refiero y también coincidente con la resolución del Parlamento
Europeo en cuanto a la orientación adecuada para una lucha eficaz
contra el problema del desempleo. Este informe sigue
fundamentalmente las líneas que con carácter de prioridad se
habían establecido en Essen. Les recuerdo las fundamentales. En
general se afirma que es importante, para una política de empleo
eficaz, impulsar los programas de formación profesional. Y lo es
también, como segunda línea de orientación, preocuparse de
una mejor organización del trabajo y de una mejor distribución
del tiempo de trabajo en las empresas. Asimismo de rebajar los
costes laborales indirectos, de fomentar --y es una misión
fundamentalmente de los interlocutores sociales-- la moderación
salarial, relacionando la evolución de los salarios con los
crecimientos de productividad para mantener la competitividad a
la que, como saben SS. SS., apelaba como factor importante el
llamado Libro Blanco de Delors. Asimismo se pretende que la
eficacia de los sistemas de protección social no desincentiven el
empleo y que además haya un esfuerzo por convertir las políticas
pasivas de protección del desempleo en políticas activas de
estímulos a la creación de empleo. Finalmente se ha añadido un
criterio, cuyo encargo tenía en sus manos la Comisión Europea,
sobre el fomento de las iniciativas locales de empleo.
Además de este esfuerzo de orientación de una política de los
Estados miembros por el empleo y de asunción de la
responsabilidad, como objetivo prioritario de la Unión, de la
política de empleo, se ha decidido hacer un seguimiento anual de
las políticas de empleo. Nosotros no hemos aceptado, en un debate
anterior, no en este Consejo, que el empleo se convirtiera en un
criterio de convergencia. No nos parecía adecuado. Sin embargo,
hemos impulsado que se haga un seguimiento de las políticas de
empleo, de tal manera que en diciembre del año 1996 se hará la
segunda revisión de los programas plurianuales de empleo, de
acuerdo con las recomendaciones. La impresión en el conjunto de
la Unión es que la situación del empleo está mejorando. En el
último año y medio hay países en los que, según el propio informe
de la Comisión, ha mejorado particularmente, como es el caso de
España que tiene una gran desventaja, naturalmente, en cuanto a
su volumen de paro.
A partir de ahí hemos entrado en la discusión sobre otro de los
temas sustanciales del Consejo Europeo: la Conferencia
Intergubernamental. Conocen SS. SS. que ha sido
extraordinariamente apreciado el trabajo del Grupo de Reflexión
como una base importante para la discusión que se va a abrir el
próximo año sobre la Conferencia Intergubernamental. He
pretendido, desde el principio, que el Consejo no discutiera los
contenidos sino que tomara el trabajo del Grupo de Reflexión como
una base sustancial, además de la aportación que puedan hacer los
Estados miembros, para el desarrollo de la Conferencia
Intergubernamental. Por consiguiente, hemos dedicado nuestro
debate a intentar resolver los problemas de la puesta en marcha
de la Conferencia Intergubernamental.
Recuerdo a SS. SS. que la Conferencia tiene su origen en un
mandato del Tratado de la Unión Europea. Pero además de aquellas
materias que constan en el mandato del propio Tratado para la
Conferencia, que ya entonces se prevé que sea en 1996 cuando
empiece, hay algunos acuerdos de los sucesivos consejos europeos
que han ido añadiendo materia de discusión para la Conferencia
Intergubernamental. Hemos decidido en el Consejo la apertura de
esta Conferencia el 29 de marzo de 1996, bajo presidencia
italiana, en la ciudad de Turín. Hemos decidido --debate que
todavía no estaba claro-- que la Conferencia se desarrolle en un
solo cesto, por consiguiente, bajo la responsabilidad de los
ministros de Asuntos Exteriores, sin dividir esa responsabilidad
aunque se pueda consultar a otros consejos y, por tanto, con
representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores. Hemos
decidido al mismo tiempo, y era una reclamación que planteaban
con insistencia los llamados países de la ampliación, o los
pecos, más Chipre y Malta, que cada dos meses se informará a
estos países sobre el desarrollo de la Conferencia y se recibirán
sus opiniones para saber en qué medida pueden ser integradas en
los trabajos de la Conferencia. También que tiene que haber un
mecanismo de asociación con el Parlamento Europeo o del
Parlamento Europeo a los trabajos de la Conferencia. La propuesta
que hice al principio y durante la ronda de capitales iba
encaminada a mantener el mismo esquema de trabajo en cuanto a la
asociación del Parlamentario Europeo que se había mantenido
durante los seis meses de trabajo del Grupo de Reflexión. Esto
por el momento no ha podido ser. Se puede ir a la fórmula
anterior --lo decidirán los ministros de Asuntos Exteriores en el
mes de enero, cuando definan además el mandato de la Conferencia-
- de encuentros interinstitucionales, que no dio muy buen
resultado a lo largo de la discusión del Tratado de Maastricht, o
bien se puede ir a la fórmula que sugiero de asociar durante todo
el tiempo a un par de representantes del Parlamento Europeo a los
trabajos de la Conferencia. Esta fórmula sería sin duda, a
nuestro juicio, mucho más eficaz, como se ha demostrado a lo
largo de los trabajos del Grupo de Reflexión. Por consiguiente,
tenemos una decisión importante sobre unión monetaria, una
decisión importante sobre política de empleo y otra sobre la
convocatoria y el desarrollo de la Conferencia
Intergubernamental.
Hemos discutido a continuación la aplicación del principio de
subsidiariedad. Para nosotros es de un enorme interés, porque a
veces la interpretación de la aplicación de este principio se
plantea más en términos de deshacer una parte del acervo
comunitario que de una aplicación rigurosa del principio en
aquellas competencias que son compartidas entre la Unión y los
Estados miembros. No obstante, se han mantenido --creo que de
manera acertada-- las directrices que se establecieron en
Birmingham y en Edimburgo. Por tanto, sigue su curso la misma
política de aplicación del principio de subsidiariedad y se ha
pedido a la Comisión que en junio de 1996 informe sobre la
aplicación de este principio.
Cuando tratábamos sobre la Conferencia Intergubernamental y sus
consecuencias surgió en el Consejo, como no podía ser de otra
manera, una amplia discusión sobre cuál sería la estrategia,
cuáles serían los criterios para la ampliación de la Unión
Europea
a los países que tienen ya acuerdo de asociación y que aspiran a
formar parte, sea en el centro, en el este o en el sudeste de
Europa, de la Unión Europea. La discusión fue difícil y los
acuerdos del último día del Consejo han sido extraordinariamente
apreciados por aquellos países que llamaremos, para entendernos,
de la ampliación. El primer elemento clave dentro de esa
discusión ha quedado establecido, a mi juicio, con nitidez en el
documento de conclusión. La ampliación de la Unión Europea no
puede afectar negativamente al acervo comunitario ni a las
políticas comunes. En todo caso, debería reforzar la vocación de
integración de la Unión Europea y no deshacerla en una especie de
área de libre cambio. Eso es lo primero que hemos fijado. Si
recuerdan SS. SS. ésta, entre 109 más, era una de las
recomendaciones que el propio Parlamento, en la Comisión Mixta
Congreso-Senado, hacía para el semestre de la presidencia
española.
Se ha reafirmado la fecha de comienzo de las negociaciones con
Chipre y Malta. Como recordarán SS. SS. por la información del 4
de julio, esa fecha será seis meses después de finalizada la
Conferencia intergubernamental. Si las estimaciones sobre el
desarrollo de la Conferencia son correctas, esto significa que a
principios de 1998 empezará el proceso de negociación de
ampliación --ya verán cómo se completará con otros-- al menos
respecto de Chipre y Malta. También se ha decidido intensificar
la estrategia de preadhesión. Es decir, aprovechar el período que
queda hasta el momento en que se produzca la adhesión para que se
realicen las reformas económicas institucionales necesarias para
acercar estos países a lo que son las políticas que componen el
acervo de la Unión Europea. Se le ha pedido a la Comisión que
elabore tres informes desde aquí a esa fecha, es decir, informes
que deberá presentar en los próximos meses o inmediatamente
después de que acabe la Conferencia Intergubernamental. El
primero es para que siga la evaluación --se ha hecho la primera
sobre el impacto de la política agrícola común de la ampliación--
sobre el impacto en todas las políticas de la Unión de lo que
puede suponer la ampliación a los países del Centro, del Este y
del Sureste de Europa. El segundo informe que se le pide a la
Comisión es que haga un documento conjunto sobre la ampliación,
no sólo, que también, los dictámenes sobre cada país aspirante a
incorporarse a la Unión Europea, sino un documento conjunto sobre
el cual pueda decidir el Consejo una estrategia global de
negociación, aunque, como saben, la negociación ha de hacerse
país a país, pero se trata de tener una perspectiva global de lo
que supone la ampliación. Y el tercero --y yo creo que el
decisivo para nosotros como país porque planteará un problema de
una enorme envergadura-- es un estudio sobre los problemas de
financiación, la financiación plurianual que habrá de entrar en
vigor a partir del año 1999, de la Unión Europea, teniendo en
cuenta ya los posibles impactos que producirá en esa perspectiva
financiera la ampliación a los países del Centro y del Este de
Europa.
Sobre la ampliación había una gran inquietud; ya han visto que en
la prensa ha habido debates sobre qué países entrarán antes y qué
países después provocando, como es natural, incertidumbre
política e inquietud entre los distintos países afectados. Por
consiguiente, hemos decidido en el Consejo Europeo que el
tratamiento para todos los candidatos debe ser, hasta el momento
de iniciarse las negociaciones, es decir, hasta el momento en
que, hechos los dictámenes de la Comisión para cada uno de los
países, el Consejo pueda evaluar cuáles son aquellos que están en
condiciones de empezar un proceso de negociación, el tratamiento
debe ser objetivo e igualitario para todos los países, utilizando
exactamente los mismos criterios. El problema no es baladí. Ya
saben que ha habido históricamente en Europa zonas de influencia
relacionadas con uno u otro gran país europeo y, por
consiguiente, siempre hay preferencias que tienen un arrastre
histórico que necesariamente hay que intentar evitar si no se
quiere ir a una nueva división en el conjunto de Europa. Se ha
decidido, además, hacer el esfuerzo de que las primeras
negociaciones --y hemos tenido buen cuidado en fijar que son las
primeras negociaciones, no se dice las negociaciones con los
primeros países-- empiecen al mismo tiempo que las negociaciones
con Chipre y Malta, y, naturalmente, hemos advertido, y lo hemos
discutido ampliamente con los países de Europa Central y Oriental
y Malta y Chipre, que la negociación será una negociación
individualizada con esos criterios objetivos y en base a los
propios méritos de cada uno.
A partir de aquí se ha discutido en el Consejo el paquete del
segundo pilar de relaciones exteriores empezando por la antigua
Yugoslavia. Telegráficamente --tienen mucha documentación sobre
ello--, se celebra que haya habido un acuerdo de paz negociado en
Dayton, firmado en París, y, por consiguiente, se muestra la
disponibilidad de la Unión Europea para colaborar en el esfuerzo
de la IFOR y en el esfuerzo también de reconstrucción de Bosnia
y, en conjunto, de la antigua Yugoslavia. Hoy mismo y mañana en
Bruselas hay una reunión de trabajo para ir definiendo la
magnitud de ese esfuerzo. En la antigua Yugoslavia parece que
hemos entrado en una nueva fase, todo el mundo lo ve todavía con
una cierta preocupación --yo diría que con un cierto escepticismo
en vista de la experiencia transcurrida--, pero todo el mundo
está dispuesto a hacer el esfuerzo.
Nosotros hemos hecho desde la Presidencia las primeras
estimaciones sobre las aportaciones de tropas que se van a
producir teniendo en cuenta que la Alianza Atlántica, que será la
encargada de garantizar la aplicación del proceso de paz, hablaba
de 60.000 hombres. Como saben, Estados Unidos va a poner 20.000
hombres sobre el territorio; de hecho hoy ha empezado la
operación de sustitución de los cascos azules por la Alianza
Atlántica. La Unión Europea pondrá algo
más de 35.000, con lo que suman más de 55.000, y otros países, no
ligados a la Unión Europea o que no son Estados Unidos, ya tienen
decididos contingentes que superan, a mi juicio ampliamente, las
demandas de la Alianza Atlántica, aunque en la Alianza Atlántica
existía una preocupación seria por no llegar al nivel necesario
de fuerzas para garantizar la aplicación de los acuerdos de paz.
No ha habido necesidad de abrir un debate sobre Turquía. En el
documento de conclusiones, verán que existe una congratulación
porque el Parlamento Europeo, por una mayoría muy amplia, haya
dado su dictamen conforme sobre el acuerdo sobre unión aduanera
entre la Unión Europea y Turquía. Sin duda alguna, este acuerdo
tenía una importancia estratégica desde el punto de vista
político y desde el punto de vista económico, y en el propio
documento de conclusiones se recuerda que las relaciones de la
Unión con Turquía también estarán marcadas en el futuro por el
progreso de los derechos humanos y de la democratización en el
país.
Se ha destacado también la importancia de la relación con Rusia,
reiterando el apoyo al proceso de reformas y la cooperación en
materia de seguridad. El Consejo ha recibido información sobre el
primer paso de la aplicación del acuerdo interino, que ya se hizo
en fecha de Presidencia española, y sobre la primera cumbre que
celebramos en el mes de septiembre, en Moscú, con el Presidente
ruso.
También he tenido la ocasión de informar al Consejo sobre la
nueva dimensión de las relaciones transatlánticas. Como saben, en
Madrid, el día 3 de diciembre, se firmó un documento sobre la
relación transatlántica, la nueva agenda, más el documento de
trabajo, que tiene más de acciones comunes con Estados Unidos.
¿Qué es lo que se pretende, en síntesis, en esta nueva fase de la
relación Unión Europea-Estados Unidos? Se pretende pasar de un
sistema de consultas a un sistema de cooperación entre ambas
partes y, por consiguiente, se pretende dar un paso
cualitativamente importante en el desarrollo de las relaciones.
La política mediterránea ha sido también acogida, yo creo que con
bastante satisfacción, por todos los participantes en el Consejo
Europeo. Hay una referencia extensa a la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona. Es la vocación de establecer un
partenariado en el Mediterráneo con los doce países que tienen
acuerdos anteriores de cooperación y ahora van renovándolos en
acuerdos de asociación con la Unión Europea. Se va a continuar la
política de negociación de esos acuerdos. Actualmente existen con
Israel, con Túnez y con Marruecos, y también se pretende
llevarlos adelante con la Autoridad Nacional Palestina y con
otros países de la región, como Egipto, con los que se negocia en
este momento; posteriormente, con Argelia y también con Siria.
Como les decía antes, para nosotros era un tema prioritario que,
absorbida la Unión Europea por sus relaciones con los países del
Centro y del Este, y añadiendo ahora la política mediterránea, no
se olvidara sino que se intensificara la relación con el
continente latinoamericano. Por consiguiente, no sólo hemos hecho
el acuerdo con Mercosur, que marca una nueva estrategia que irá
seguida de una negociación con Méjico --y también se ha firmado
una declaración previa a un acuerdo con Chile--, sino que además
hemos recibido el compromiso de elaborar el proyecto de mandato
para la realización de un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba,
naturalmente ligado a los procesos de reformas económicas y
políticas en la isla. Por tanto, además de los acuerdos con el
Pacto Andino que conocen SS. SS., que se han renovado en esta
fase
--justamente cuando ha habido un acuerdo, firmado hace pocos
días, sobre precursores, en la lucha contra el narcotráfico-- se
completa el mapa de la relación con América Latina, reiterando
los acuerdos de San José y completándolo, como digo, con un país
con el que no había habido esa relación con la Unión Europea,
como es el caso de Cuba.
Me interesa destacar que en la reunión informal de Formentor --
porque no fue realmente un consejo-- hicimos una amplia
discusión, sin conclusiones, sobre la agenda europea en los
próximos años. Yo tenía interés en que ese debate se abriera
camino y se pudiera consolidar a nivel de la Unión Europea,
porque efectivamente en los próximos años tenemos que enfrentar
no sólo la Conferencia Intergubernamental --que, como decía,
empezará el 29 de marzo de 1996--, sino que, a partir de la
Conferencia Intergubernamental, en el 98 se decidirá el número de
países que pasan a la moneda única. En 1998 tendrán que estar ya
preparadas y empezadas a discutir las perspectivas financieras
para después del 31 de diciembre del 99. En el 98 también se
empezarán, con toda probabilidad, las negociaciones para la
ampliación de la Unión a los países del Centro y del Este de
Europa. Y en el 98, inexorablemente, hay que definir o tener un
gran avance en la definición de la arquitectura europea de
seguridad, entre otras cosas porque caduca el Tratado de la Unión
Europea Occidental. Por consiguiente, tenemos que avanzar en ese
proceso inexorablemente, y la reflexión que planteé en Formentor
y que se va abriendo paso a lo largo de este tiempo es si estamos
en condiciones de enfrentar ese calendario para intentar
conducirlo, para liderarlo y llevarlo adelante con un discurso
que sea comprensivo de los desafíos de Europa de aquí al año
2000, y por consiguiente ofrecer perspectivas para el año 2000 a
los ciudadanos de Europa, o bien de dejarse arrastrar por ese
calendario. Pues bien, en el Consejo Europeo, como habrán visto
SS. SS. en el documento de conclusiones, se afronta la necesidad
de encarar este calendario, esta agenda europea, hasta el año
2000.
Estos son los elementos sustanciales de discusión y de decisión
del Consejo. El Consejo culminó, como saben, con la invitación a
los países del Centro y del Este
de Europa, también a los del Sureste. Teníamos interés en cambiar
lo que habían sido las reuniones de Cannes y de Essen, en las que
oímos once discursos consecutivos de cada uno de estos países, y
hemos propuesto y han aceptado, yo creo que con buen ánimo, que
hubiera una discusión sobre los propios temas del Consejo.
Naturalmente la discusión se ha planteado fundamentalmente en
torno a la participación en la Conferencia Intergubernamental y
en torno a la ampliación, aunque no ha habido tampoco
representantes gubernamentales que dejaran de hablar de temas tan
importantes como la unión monetaria y qué iba a significar ésta
dentro de su proceso de aproximación a la Unión Europea y de su
posibilidad de incorporación a la Unión Europea.
Junto a eso ven, señorías, que en el documento de conclusiones se
recogen además muchas tareas relativas a mercado interior,
pequeñas y medianas empresas, medio ambiente, agricultura --esta
misma mañana ha habido un acuerdo sobre la OCM del arroz y se
sigue discutiendo algún problema de pesca-- y pesca.
También se recogen los acuerdos y las políticas referidas al
tercer pilar, que enumero sucintamente. Por ejemplo, la
declaración de La Gomera sobre terrorismo, el informe sobre droga
a partir del cual se derivará un plan de acción importante para
la Unión Europea, la lucha contra la delincuencia organizada,
cooperación judicial, inmigración y asilo, plan de lucha contra
el racismo y la xenofobia, que, como saben SS. SS., se ha ido
retrasando porque había algunas pegas que parece que se pueden
superar a partir del Consejo de Madrid.
Y desde luego en política exterior no pueden lógicamente más que
pensar que hemos hecho referencia a otros temas en los que yo
esta tarde en este informe no he querido extenderme. Por ejemplo,
relaciones con la zona del Báltico, relaciones con Naciones
Unidas, con Oriente Medio, con Irán --con una llamada especial
otra vez al problema de Salman Rushdie--, la Convención de Lomé y
otros.
En definitiva, señorías, y como conclusión, yo creo que el
Consejo de Madrid, que casi culmina --todavía están en el Consejo
de Agricultura y Pesca-- la Presidencia semestral española de la
Unión Europea, probablemente será uno de los consejos que marquen
la agenda de trabajo y por consiguiente el propio destino de la
Unión Europea en los próximos años. A mi juicio, sin enfatizarlo
mucho, se trata de un Consejo importante. Todos los jefes de
Estado y de Gobierno han coincidido en que el Consejo marca de
nuevo una recuperación del impulso en la construcción europea.
Todo el mundo se ha sentido satisfecho por el desarrollo de los
trabajos y desde luego satisfecho por el enorme esfuerzo que ha
hecho el equipo de altos funcionarios que han dedicado al
semestre lo mejor de sí mismos, y realmente yo creo que con
resultados notables. Me gustaría que SS. SS. hicieran un
ejercicio, que es comparar los resultados del semestre con las
peticiones que se le hicieron a la Presidencia española en julio
del año pasado por la Comisión Mixta Congreso-Senado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra el
señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, entre los
diversos y muchos temas que efectivamente ha abordado el Consejo
Europeo de Madrid, me voy a referir a aquellos que, a mi juicio,
tienen para España un interés mayor: las cuestiones más
sobresalientes de la política exterior común, la Conferencia
Intergubernamental de 1996 y la ampliación a los países del Este
europeo, la Unión Monetaria y el cumplimiento de los criterios de
convergencia, el desempleo y, por último, la agricultura y la
pesca.
Bajo la Presidencia española, señorías, la Unión Europea ha
alcanzado tres grandes objetivos que constituyen el punto de
partida para articular al menos una efectiva política exterior y
de seguridad común: sentar las bases en la Conferencia de
Barcelona de una verdadera política mediterránea, perfilar la
dimensión iberoamericana en la proyección exterior de la Unión a
través, especialmente, del acuerdo marco interregional con
Mercosur y los que le puedan seguir y fortalecer y ampliar el
marco de la relación transatlántica mediante la nueva agenda
transatlántica y el plan de acción conjunto con los Estados
Unidos.
En los tres planos, mediterráneo, iberoamericano y atlántico,
habrá seguramente en el futuro problemas, dificultades,
retrocesos y avances, porque nada está conseguido de antemano,
pero sin duda debemos felicitarnos de que se haya puesto en
marcha un proceso en tres dimensiones en el que se funden el
interés nacional español y el interés europeo y por ello habremos
de continuar trabajando e impulsándolo en el futuro.
España tiene en ese marco un papel irrenunciable que jugar. De
ahí que, como Partido, hayamos contribuido a formular el programa
de la Presidencia española en el seno de la Comisión Mixta.
Quiero decir que creo que ha sido extraordinariamente útil que
todas las fuerzas políticas hayan sido capaces de aportar
propuestas consensuadas para el semestre español. El nuevo
Ministro de Asuntos Exteriores, al cual felicito, destacaba ayer
mismo --y con razón-- este hecho. Nosotros hoy hemos de mostrar
nuestra satisfacción y felicitar a todos cuantos han colaborado
para alcanzar este objetivo.
Son destacables también en el ámbito de la política exterior y de
seguridad común los acuerdos de asociación con Túnez, Israel y
Marruecos, no solamente porque resultan coherentes con la
política mediterránea de la Unión, sino porque también
constituyen instrumentos útiles para extender las relaciones
económicas
y de cooperación en el espacio euromediterráneo y, por lo tanto
también, para reforzar su estabilidad.
Hay otros puntos positivos, a los que ha hecho mención el
Presidente del Gobierno, cuyos resultados han sido especialmente
notables. El acuerdo de paz de Dayton firmado el pasado 14 de
diciembre en París debe ser motivo de felicitación también,
aunque no sea un éxito europeo. Sólo debe lamentarse el
desacuerdo en el terreno operativo entre la Unión Europea y los
Estados Unidos. Pero una lección hay que sacar y es que o se hace
de la política exterior común un instrumento eficaz de la Unión o
se escapará siempre para ésta la solución de los conflictos. Es
abrumadora la desproporción existente entre el esfuerzo humano y
material realizado por la Unión Europea en la ex Yugoslavia y el
balance político resultante final, que no es precisamente
satisfactorio en favor de la Unión Europea. Por otra parte y por
último en este apartado, el acuerdo con Rusia, el desbloqueo del
acuerdo con Turquía y la revisión del Convenio de Lomé completan
el balance de la acción exterior de la Unión durante la
Presidencia española.
El Consejo Europeo de Madrid, entrando en un segundo apartado,
tenía ante sí otros dos grandes temas importantes: la definición
del marco de la Conferencia Intergubernamental de 1996 y el guión
definitivo para iniciar las negociaciones de ampliación con los
países del Este europeo, determinando, como se ha dicho, cuándo,
cómo y con quiénes.
En relación con la Conferencia, aparte de señalar la fecha del
comienzo de la misma, no parece que el panorama se haya aclarado
suficientemente. Los objetivos son genéricos en exceso y, en
nuestra opinión, el posible orden del día debería haber sido
objeto de una mayor concreción en las conclusiones del Consejo
Europeo.
En lo que concierne a la ampliación para Malta y para Chipre, se
ha establecido un calendario. Para los países del Centro y del
Este de Europa las negociaciones de adhesión solamente comenzarán
después, como se ha dicho, una vez terminada la Conferencia, y
después, a su vez, de que la Comisión emita varios informes: uno
global, dictámenes individuales y, también, una comunicación, sin
duda trascendental para nosotros, como se ha dicho aquí, relativa
a las perspectivas financieras de la Unión y a la discusión sobre
el sistema de ingresos a partir de 1999. Es un buen procedimiento
y debe avanzarse en él sin discriminaciones, pero también sin
improvisaciones, calibrando exactamente las repercusiones de la
financiación sobre las actuales políticas comunes para poder
distribuir equitativamente su coste.
El tercer apartado es el relativo al campo económico. La
Presidencia española se había propuesto abordar diversos temas y
alcanzar algunos objetivos, unos relacionados con el crecimiento
y el empleo y otros relativos a la unión monetaria.
Efectivamente, se ha aprobado el nombre de la futura moneda única
y el procedimiento a seguir para introducirla, pero, en nuestra
opinión, lo más importante ha sido la clara reafirmación de la
voluntad de alcanzar la unión monetaria y de mantener los
criterios de convergencia.
Sin embargo, la cuestión que en principio puede afectar a España
de una manera importante, y tal vez desgraciadamente, ha quedado
para un estudio posterior: la relación entre los Estados miembros
que participen desde el primer momento en la moneda única, el
euro, y los Estados miembros que, queriéndolo, no puedan
participar por no cumplir los criterios, los requisitos
establecidos en la fecha prevista. Esto nos debe llevar, señor
González, a una cuestión muy importante: el que hoy no cumplimos
ninguno de esos requisitos; es más, en alguno de ellos, nuestra
situación, en comparación con nuestros socios, lejos de mejorar,
ha empeorado. Repasémoslos brevemente.
En materia de crecimiento de precios no hemos avanzado durante
este año y, como los demás sí lo han hecho, desgraciadamente,
nuestro diferencial con ellos ha crecido. La deuda pública, que
ya el pasado año superó los límites establecidos por la
convergencia, ha vuelto a crecer y se distancia aún más del
cumplimiento de ese criterio. Aquí también estamos peor que hace
doce meses y quiero recordar una vez más a la Cámara que
solamente para el año que viene nos tenemos que gastar en el pago
de intereses de una deuda, incontrolada en gran medida, tanto
como nos gastamos en pagar las pensiones de jubilación. En cuanto
al déficit del sector público, ciertamente es posible que a final
del año nos situemos en el 5,9 en relación con el producto bruto,
lo que, aun constituyendo una mejoría respecto al 6,7 del pasado
año, supone una reducción claramente insuficiente para alcanzar
el objetivo del 3 por ciento a finales de 1997. La Comisión
Europea y el propio Consejo han advertido al Gobierno español
sobre las consecuencias de su política y sobre la necesidad de
claras modificaciones presupuestarias. Por último, en cuanto a
los criterios referidos al tipo de interés y estabilidad de la
moneda tampoco hemos mejorado. El diferencial de nuestros tipos
de interés a largo plazo, comparado con el de los tres mejores
países, se ha incrementado, y la devaluación de la peseta de
comienzos de año también nos coloca en un situación peor respecto
a este criterio.
En conclusión, a causa de una política equivocada, España,
después de años de Gobierno, corre el riesgo de no estar en el
núcleo inicial de países que constituyan la unión monetaria,
cuando para nosotros es claro que España debe estar en ese
núcleo. Para ello, es necesario cambiar las políticas que se han
aplicado en los últimos años justamente para poder cumplir, y
cumplir efectivamente, esos criterios. Así se lo han dicho los
mercados; así se lo han dicho también en la Unión Europea, que
usted ha presidido estos seis meses, al reclamarle un mayor rigor
en política económica, y así se desprende igualmente de los
distintos informes económicos aprobados tanto por la Comisión
como por el Consejo. Y es que lo que ha fallado es la política
del Gobierno, y la crisis política que ha afectado a usted y a su
Gobierno ha impedido aprovechar la bonanza económica de los
últimos tiempos para alcanzar los requisitos de convergencia y
justamente ahora, cuando se produce esta situación, es cuando
tiene lugar una desaceleración en el ritmo de crecimiento
económico. Hoy mismo, la Comisión Europea, reunida en Bruselas,
puede aprobar un informe sobre el carácter condicional de los
fondos de cohesión, es decir que el año que viene podría
suspenderse el envío a España de dichos fondos por un
insuficiente esfuerzo de rigor presupuestario. Y es la tercera
vez que advierten a su Gobierno sobre esa posibilidad.
En lo que afecta al empleo, señor González, yo no sé si nos han
felicitado realmente; si lo han hecho, no entendemos muy bien por
qué. Pero sin duda yo creo que los informes comunitarios y del
Consejo Europeo constituyen un clara censura, en términos
generales, a su política de empleo. No cabe interpretarlo de otra
manera en un país que desgraciadamente dobla la media comunitaria
de desempleo, porque si bien es verdad que todos los países de la
Unión están preocupados por el problema del desempleo, en el
fondo, no todos soportan sus consecuencias con igual intensidad,
y desgraciadamente España es la que soporta esas consecuencias
con mayor rigor y con mayor intensidad. Y es evidente que aquí,
donde el problema es mucho más grave, no se avanza en su
resolución, cuando es evidente que ésa debe ser la prioridad
política para cualquier Gobierno.
Quisiera referirme a continuación a los resultados de la
Presidencia española en materias esenciales para España como la
agricultura y la pesca.
El balance en pesca no lo consideramos bueno, entre otras cosas
porque no podemos considerar bueno el acuerdo pesquero con
Marruecos. La situación de la flota pesquera española que faena
en aquellas aguas es peor que la que tenía durante el anterior
acuerdo. Es cierto que la flota artesanal puede haber quedado
salvaguardada, pero no lo es menos que es con un convenio más
desfavorable del que había, y ello a pesar de las buenas
relaciones con Marruecos y de los beneficios y ayudas que recibe
de España y de la Unión Europea.
En nuestra opinión, el balance es también negativo en materia de
agricultura. De los cuatro objetivos señalados en el programa
sólo se ha avanzado algo en uno; ni se ha progresado en la
consolidación de la reforma de la política agraria común en
condiciones de igualdad para todos los productos protegidos, ni
se ha avanzado en las reformas de la organización común de
mercado, excepto en la del arroz precisamente, ni tampoco se han
promovido actuaciones en sectores complementarios de importancia
en algunas zonas. Solamente en lo que afecta a los riesgos
climáticos se ha conseguido la creación de un fondo de 50.000
millones de pesetas para toda la Unión que compense a los
agricultores de los daños provocados por las catástrofes
climatológicas. Y es que la política europea que usted comenzó,
señor González, con una mala negociación agrícola, de tal modo
que una buena parte de la actividad de nuestros representantes en
estos diez años se ha tenido que centrar, con dudosos resultados,
en enmendar y parchear el capítulo agrícola o en resolver sus
innumerables flecos, es verdad que se ha seguido manteniendo
durante estos meses.
Es cierto que la renta de nuestros agricultores ha crecido. ¿Pero
crece por la actividad agraria o crece por las subvenciones? Más
de la cuarta parte de los ingresos del sector agrario español son
ayudas de la Unión Europea, y en algunos sectores, como el de los
cereales y el olivo, las subvenciones comunitarias suponen la
mitad de los ingresos, llegando al 80 por ciento en el caso del
girasol. Usted sabe lo que va a pasar el día que esas
subvenciones se reduzcan o no lleguen a esa cuantía, lo cual
puede ocurrir en un año tan próximo como 1999. ¿Qué va a pasar
cuando se perciba que la renta de nuestros agricultores ha estado
creciendo porque cada vez hay menos agricultores entre los que
repartir la riqueza que produce nuestro campo? En este ámbito,
señor González, su Gobierno ha sido incapaz de presentar una
alternativa para proteger nuestra agricultura mediterránea. Es
más, cabe preguntarse razonablemente por qué razón ha sido España
el país que en el convenio con Marruecos ha asumido el mayor
coste en concesiones comerciales a los productos marroquíes. No
se trata de oponerse a un convenio con Marruecos, que es
objetivamente positivo, sino de hacer planteamientos que pongan
el mayor énfasis en la defensa de los intereses de los sectores
productivos españoles. Convenio a convenio, todos ellos
necesarios pero todos ellos con concesiones y con la cláusula de
nación más favorecida, se va creando una situación en la que el
perjuicio global final puede resultar difícilmente soportable
para la agricultura española.
Señorías, en los próximos tres años, con una agenda
verdaderamente cargada y con asuntos importantes que afrontar, la
Unión Europea y también España se juegan mucho en otros terrenos.
Por eso, quiero hacer aquí una apelación al mantenimiento del
consenso en las grandes líneas de la política europea como ha
venido funcionando hasta ahora, y espero que el Partido que usted
dirige, señor González, mantenga en el futuro la misma postura,
porque hemos visto algún desmarque relevante y significativo en
los últimos días en lo que afecta a los compromisos en relación
con la Unión Monetaria.
Los retos, como decía al principio, no son ni pequeños ni pocos.
Al menos son la reforma institucional, objetivo prioritario de la
Conferencia Intergubernamental para hacer funcionalmente viable
una Unión Europea de treinta miembros; las negociaciones con los
antiguos países sometidos a la órbita soviética; las
consecuencias de la ampliación sobre las políticas comunitarias y
los recursos; el paso a la tercera fase de la
puesta en marcha de la moneda única; la negociación del sistema
de recursos propios y de las perspectivas financieras que
concluyan en 1999, y el porvenir de la UEO, dado que en 1998
expira el Tratado que le dio nacimiento.
Creo que a España le interesa un proceso de integración
equilibrado y solidario, respetuoso con las identidades
nacionales y claramente sujeto a las reglas democráticas en todas
nuestras naciones, y bien pegado a lo que significa la defensa de
nuestros intereses y la opinión pública española. De ahí la
importancia de globalizar el planteamiento europeo a la hora de
encarar esos retos. Se ha de avanzar positiva y razonablemente en
todos ellos, y, naturalmente, no cabe sustanciar algunos, los que
más preocupan a algunos Estados miembros, especialmente a los más
desarrollados y postergar otros que interesan a países como
España, que han hecho estos años y deben seguir haciéndolo en el
futuro un importante esfuerzo de adaptación.
No se puede pedir a los españoles que apoyen un proceso en el que
unos ganan margen de maniobra y otros renuncian a sus
instrumentos de defensa, al tiempo que sienten su agricultura
discriminada, o se les reducen o niegan las ayudas o políticas de
acompañamiento que necesitan para asimilar la integración.
Señorías, en la sesión informativa que siguió al Consejo Europeo
de Cannes, me referí a lo que podía ser una política europea que
tuviese el respaldo mayoritario de esta Cámara. Consciente de la
importancia que para España tiene la salvaguarda de ese consenso,
la coincidencia del interés nacional español, el interés europeo,
pasa, al menos en nuestra opinión, por estas coordenadas, por la
aplicación rigurosa a todos los Estados miembros de los criterios
contenidos en el Tratado de Maastricht para introducir la moneda
única. Ello debe permitir colocar definitivamente la economía
española en una senda de competitividad y, además, establecer una
unión asentada en sólidos pilares económicos, con unas economías
sanas y unos sólidos pilares políticos, con la participación de
una significativa mayoría de los países y el alejamiento de la
concepción del núcleo duro que acabaría por dividir Europa y
destruir el mercado interior.
La articulación de una política exterior y de seguridad común en
la que quede garantizado que el Mediterráneo e Iberoamérica son
objetivos permanentes y vitales del proyecto exterior de la Unión
Europea. El establecimiento gradual en el sistema de recursos de
la Unión del principio de prosperidad relativa. El mantenimiento
de los principios y criterios esenciales que inspiran la política
agraria común, así como las políticas estructurales y de
cohesión. La financiación de la ampliación a los países del Este
y del Centro de Europa, ampliación que decididamente España debe
apoyar con criterios equitativos que permitan repartir la carga
sin hacerla recaer en mayor medida sobre los países menos
desarrollados, y la configuración de la Unión Europea Occidental
como pilar europeo de la Alianza Atlántica.
Importa resaltar que éste, en cualquier caso, es un marco
político de referencia en el que deberá moverse la diplomacia
española durante la Conferencia y después de ella. La Unión
Europea es, después de todo, un proceso de negociación permanente
en el que siempre caben acuerdos para el después.
En resumen, señor Presidente, señorías, un balance positivo en lo
político y negativo en lo económico. Los intereses concretos de
los sectores productivos españoles explican cómo percibe en gran
medida la opinión pública española su política; explica, por
ejemplo, que una política que ayuda a Europa a avanzar produce,
sin embargo, un retroceso en el apoyo de los ciudadanos
españoles. Esto no se debe, en absoluto, a la falta de apego de
los ciudadanos españoles a la construcción europea o a que
prefieran otras alternativas. Bien sabemos que más del setenta
por ciento de los españoles apoyan explícitamente la permanencia
y la presencia de España en la Unión Europea. También sabemos que
más de un 50 por ciento están en contra de una Europa de dos
velocidades. Pero es cierto que los datos preocupantes que
afectan a nuestra economía afectan de una manera muy grave a
nuestros sectores productivos, que, naturalmente, en este
momento, no están satisfechos de las políticas realizadas. Y el
problema no está, señorías, en la Unión Europea, sino en la
política del Gobierno, en cómo negocia o en cómo defiende o
sacrifica nuestros intereses.
Concluyo, señor González. Como europeo me puedo sentir, y nos
sentimos, razonablemente satisfechos; como españoles,
preocupados. Podría decirse al final que usted ha sido un buen
Presidente europeo y es un mal Presidente del Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tengo que comenzar coincidiendo con el Presidente del
Gobierno en una parte de su aseveración inicial: que ésta ha sido
una cumbre que marca el futuro de la agenda de varios años. En
cierto sentido, ésta es una cumbre eje, una cumbre que tiene
influencias para los años venideros. Pero, a partir de ahí, hay
que analizar en dónde radica la influencia de esta cumbre, en qué
sentido. ¿En el sentido del telegrama del Ministro de Finanzas
alemán al señor Ministro de Economía español: «Enhorabuena,
Pedro»? ¿En el sentido de la felicitación del señor Presidente de
la República francesa, señor Chirac: «!Bravo por la Presidencia
española!»? ¿O en el sentido
de las declaraciones del socialista Presidente de la República
portuguesa, don Mario Soares, cuando dice: «Europa ha llegado a
un punto muerto. Tenemos una Europa decepcionante»?
Dicho de otra manera: Esta cumbre de Madrid es una cumbre eje,
pero ¿en qué sentido? ¿Hacia una Europea unida, tal y como aquí
se ha vertido en muchos discursos, una unión política, una unión
económica, una Europa solidaria? ¿O es una cumbre para una Europa
de la desunión, de varias velocidades y una Europa de la
insolidaridad?
Para tratar de este tema voy a utilizar como método una doble
comparación. En principio, vamos a comparar la Presidencia
española frente a las palabras del señor González pronunciadas
aquí el día 4 de julio del presente año. Y, en segundo lugar, la
Presidencia española frente a la construcción europea.
El 4 de julio de 1995 el señor González planteaba para los seis
meses de Presidencia española cuatro grandes objetivos, tres
lugares de encuentro y otros objetivos menores. Los cuatro
grandes objetivos eran los siguientes: relanzamiento de la Unión
Económica y Monetaria, con una atención especial a las políticas
de empleo; la consolidación de la proyección exterior de la Unión
Europea en un marco de estabilidad y seguridad; la aproximación
de los trabajos de la Unión a los ciudadanos y el diseño de la
Europa del futuro, especialmente a través de la conferencia de
1996.
Unos objetivos menores: la solución de algunos problemas que
afectan a la organización de mercados agrícolas para productos
muy sensibles de la agricultura española, o la aprobación de
reglamentos en materia de pesca. Y también los lugares de
encuentro estaban previstos: la cumbre extraordinaria de
Formentor, la Conferencia Euromediterránea y la conferencia de
Madrid.
En la intervención del señor Presidente del Gobierno aquella
tarde de julio del presente año, destaca la siguiente afirmación:
Para nuestra Presidencia la prioridad principal --y es ésta
prioridad la que da sentido al programa económico del semestre--
es el empleo.
Comparemos, por tanto, la cumbre de Madrid con los objetivos
perseguidos y manifestados aquí por el señor Presidente del
Gobierno en julio de este año.
Se dice que la lucha contra el paro, la prosecución de una
política de empleo es el objetivo fundamental a perseguir por la
Unión Europea. Y, a partir de ahí, el problema de cerca de 20
millones de europeos --en concreto en España, con un paro del 22
y pico por ciento, con un 49,5 por ciento entre los jóvenes-- se
despacha aludiendo a las sempiternas políticas que siempre han
venido a manifestarse aquí. Por ejemplo, ¿cómo se ataca el
problema del paro? Se alude a que es necesario un crecimiento
económico sostenido. Y la pregunta es obvia: ¿Y cuándo no lo
haya? ¿No se sabe ya, y está afirmado por todas las instituciones
europeas, que el crecimiento económico, en sí, ya no basta para
asegurar empleo? Esa apuesta por el crecimiento sostenido ¿no ha
tenido en cuenta que éste ya no es garantía de la creación de
puestos de trabajo?
La segunda línea de actuación viene a decir: más desregulación
del mercado laboral. Es decir, más facilidades para el despido,
menos seguridad en el puesto de trabajo, más agilidad y más
flexibilidad en las relaciones laborales.
La tercera línea también está marcada clarísimamente: más
moderación salarial, incrementos salariales y subidas de sueldo
por debajo de las subidas de los precios.
La cuarta línea, cogida del texto del documento, es: Mantener --y
vienen a continuación, entre comas, unas palabras altamente
significativas--, en lo posible, el nivel alcanzado en las
prestaciones sociales; un nivel que en España, en cuestiones de
desempleo ha bajado ya 20 puntos, situándonos casi como estaba en
1988.
¿Puede evaluar el señor Presidente del Gobierno los resultados de
esta política, de cara a la consecución de empleo? Es cierto que
el señor Presidente del Gobierno ha afirmado que se dan un año
para ver si esta política consigue unas ciertas tasas de empleo.
¿No han tenido suficiente ya con varios años con esta política?
Un año más. Y acuden, naturalmente, a un ejercicio de
seguimiento. Pero el señor Presidente del Gobierno y los señores
Presidentes y Jefes de Estado de la Unión Europea no tenían por
qué esperar un año, si hubiesen cogido un informe hecho en la
Comisión temporal de Empleo del Parlamento Europeo que, en base a
seis informes de seis prestigiosos institutos, termina afirmando
lo que sigue: Si se mantienen los criterios de la convergencia y
las líneas políticas de esta política económica, nos podemos
encontrar en Europa, de aquí a unos pocos años, con 10 millones
de parados más. Es decir, a partir de este informe, aprobado en
la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, no tienen por qué
esperar a lo que va a ocurrir dentro de un año. Pero, además,
está la experiencia vivida en cada país de Europa.
Seguir manteniendo los criterios de convergencia y las políticas
económicas neoliberales, afirmando que así se puede crear empleo,
no es sólo una contradicción o un error es, sencillamente, un
disparate. Porque, señorías traslademos la lógica a España y
hagámoslo, simplemente, con una lógica presupuestaria. Pasar de
aquí a 1997, es decir en dos años, a un déficit en torno al tres
por ciento, significa buscar la manera de ahorrar en torno a dos
billones de pesetas, en pesetas de 1994.
A partir de aquí, señoras y señores Diputados, puesto que aquí se
ratificó el Tratado de Maastricht, yo le pido al señor Presidente
del Gobierno, para la réplica, y a los demás ilustres Diputados
que han intervenido o que vayan a intervenir, que me saquen de
esta duda. ¿Cómo es posible que en dos años se puedan eliminar
dos billones de pesetas? Y, a partir de ahí, quisiera que me
dijeran cómo lo van a hacer. Yo adelanto cómo creo que ustedes lo
harán y me dirán ustedes un sí o
un no. Para ello, ¿van ustedes a aumentar la imposición
indirecta, el IVA o cualquier otro tipo de imposición indirecta?
¿Van a subir los impuestos indirectos?
Segunda pregunta: ¿Van a mantener los salarios por debajo de los
índices de inflación? Es decir, ¿van a mantener una constante
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores?
Tercera línea: ¿Van a seguir manteniendo el actual «status» de
pensiones, jubilaciones y, sobre todo, de subvenciones, subsidios
del desempleo? ¿Van a continuar con la venta discriminada del
sector público?
A partir de ahí, después de estas respuestas --que ya las espero-
-, tendría que lanzarles la segunda interrogante. Imaginemos,
señoras y señores Diputados, que haciendo un esfuerzo brutal
contra los trabajadores y asalariados de este país, sometiéndoles
a condiciones onerosas, llegamos al tres por ciento del déficit
público. Surge a continuación la nueva expresión, el «pacto de
estabilidad», lo que se llama en el documento de Madrid la
convergencia duradera. Es decir, los que han llegado, si llegan -
-y yo creo que España no llega en estas condiciones, pero
imaginemos que llega a costa de machacar y triturar los bolsillos
de los trabajadores y asalariados españoles--, no han alcanzado
la meta. Alemania vuelve a imponer reducir hasta el uno por
ciento, y además con multas. Es decir, no se llega a 1999 a un
final de etapa feliz, sino que se continúa con esta política.
Por tanto, si hay que bajar al uno por ciento, vuelvo a
preguntar: Después de este esfuerzo que yo he señalado aquí,
¿seguirán ustedes reduciendo el déficit con las mismas medidas u
otras? ¿Qué hay al final de 1999? ¿Podrá soportar la economía
española esto? Y pregunto si podrá soportar la economía española
esto porque cuando se habla de la reducción de la inflación todo
el mundo coincide en que el pueblo español tiene cada vez menos
capacidad adquisitiva. Cada vez compra menos porque no puede
comprar, porque con estas condiciones no se incentiva la demanda.
¿Cuál es la situación de llegada? Y al llegar allí, ¿qué es lo
que hay después con esto que se llama el «pacto de estabilidad»?
Pues bien, el panorama no puede ser más sombrío. El objetivo de
empleo no es, ni más ni menos, que un fuego fatuo. El objetivo
fundamental que marca la cumbre de Madrid es romper toda atadura
a una revisión posible y continuar por una senda de error que
conduce a una Europa de varias velocidades donde nuestro país no
va a estar precisamente en la primera. Pero si llegara a la
primera, exangüe y exhausto, allí se va a encontrar con que le
van a marcar una nueva meta.
El segundo objetivo que planteaba el señor González en la
intervención de julio de este año fue enunciado obviando un
elemento fundamental que apenas aparece en los documentos de la
cumbre de Madrid. Señorías, en esta tribuna se ha hablado muchas
veces de unión política. Esa expresión ha desaparecido, ya no se
habla nada más que de unión económica y monetaria. La expresión
unión política ya no es de uso normal y corriente y está ausente
en la cumbre de Madrid. Eso marca, por tanto, una directriz en
torno a la supuesta Europa que se quiere construir.
El hueco dejado por la falta de política exterior europea ha sido
ocupado por Estados Unidos, porque lo de Dayton ha sido un éxito
de Estados Unidos y nosotros nos hemos puesto en la foto, en la
agradable foto de familia. Pero el hueco dejado por la
inexistente política exterior europea ha sido ocupado, repito,
por Estados Unidos.
La firma de la Declaración Trasatlántica no ha añadido
sustantivamente nada nuevo a las relaciones que Europa mantiene
con Estados Unidos. La Conferencia Euromediterránea ha sido,
desde luego, un gran éxito diplomático, justo es decirlo.
Esperemos a ver si en los próximos meses también ha sido un gran
éxito político.
Interesante también la firma con Mercosur, por lo menos puede
constituir un pilar sobre el que realizar ulteriores avances.
Sobre la cumbre de Formentor no queremos comentar nada, porque
una cumbre en la que se conviene que no se ha convenido nada, no
merece la pena que gastemos tiempo en comentarla aquí.
Las experiencias atómicas francesas en Mururoa se han ido crudas,
sin una crítica, sin una nota, sin nada. Mayor desconexión con la
calle no cabe. Se ha aprobado el acuerdo de supresión de barreras
aduaneras con Turquía --lamentable aprobación--, obviando una
situación de violación permanente de los derechos humanos por
parte del Gobierno turco. A otros países se les ponen ciertas
condiciones, pero ha estado ausente la crítica a Turquía. Y algo
más, se ha permitido la unión aduanera pese a haber un informe
exhaustivo por parte de un parlamentario europeo y español, que
sobre el terreno ha podido comprobar y denunciar todas las
tropelías y la violación de derechos humanos que ocurren en
Turquía. Pero el mundo de los negocios por lo visto es
incompatible con el mundo de los derechos humanos.
No se habla de la situación política de Marruecos, ni se ha
hablado para nada de la situación del Sahara.
El tercer objetivo era conseguir la aproximación de los trabajos
de la Unión a los ciudadanos. Claro que, curándose en salud, el
señor González, en su intervención del día 4 de julio, dijo que
el acercamiento de las instituciones comunitarias a los
ciudadanos europeos no era otra cosa que el impulso de aquellas
políticas y acciones que permitan al ciudadano mantener la plena
confianza en el trabajo diario de la Unión y comprender que se
trata de un ejercicio destinado, por encima de todo, a mejorar
sus condiciones de vida.
¿Para cuándo la carta de derechos de la ciudadanía europea?
Porque esto ya se llama acercarse a los ciudadanos. Vuelvo a
preguntar: ¿Para cuándo la carta de derechos de la ciudadanía
europea? ¿Para cuándo la Carta Social Europea? ¿Para cuándo
podemos hablar de una Carta Social, para que le dé a esa imagen y
a
esa construcción europea que ustedes están haciendo siquiera un
ligero matiz social?
El cuarto objetivo que planteaba la Europa del futuro, haciendo
gravitar la reflexión sobre la misma y las medidas a adoptar
sobre la Conferencia Intergubernamental de 1996, ha quedado en
humo. Es decir, se proyecta sobre la Conferencia
Intergubernamental la posibilidad de hablar de revisar
Maastricht. Sin embargo, la cumbre de Madrid --y de ahí su
importancia-- se ha encargado de impedir que en la Conferencia
Intergubernamental se discuta poco más allá de la relación con
los pecos. Se han quemado las naves y la decisión ha sido tomada:
moneda única en 1999 caiga quien caiga, pase lo que pase.
Nada se ha dicho acerca del déficit democrático y del papel
precario e insatisfactorio del Parlamento Europeo. Inapreciables
o inexistentes alusiones a la unión política o a cualquier debate
sobre la misma. Insisto en esta cuestión. Cuántos oradores,
cuántas palabras pronunciadas aquí desde 1992 esgrimiendo el
discurso europeísta, hablando de la construcción europea, que
exige una construcción política ausente totalmente del nuevo
discurso de esta llamada construcción europea, porque lo único
que se está construyendo es un imperfecto mercado único, pero en
absoluto una construcción europea.
Renuncia casi definitiva a una política exterior y de seguridad
compartida estrictamente europea. El relanzamiento de la OTAN y
las palabras del flamante y nuevo Secretario General del citado
organismo lo vienen a decir: Tenemos que tener en cuenta que la
OTAN puede ir ocupando un lugar interesante en el diseño de la
política exterior europea. Y se ha visto en Bosnia, donde Europa
no ha hecho absolutamente nada. Además, y ya como español,
nosotros, que estuvimos de acuerdo con que el ejército español,
soldados profesionales, ejerciesen misiones de paz, hemos dicho
ya --y lo solemnizo en esta Cámara-- que retiramos nuestro apoyo
en la medida en que los soldados españoles han cambiado la boina
de la ONU por el casco de la OTAN. Nos consideramos exentos de
todo compromiso, porque para eso no prestamos apoyo, sobre todo
cuando ya aviones españoles han participado en acciones de
bombardeo sobre objetivos militares en los anteriores y pasados
meses.
Conclusión: Aquí no se está construyendo Europa. Aquí lo único
que se está haciendo, y mal, es construir un imperfecto mercado
único, y todo lo más una Europa a varias velocidades.
Otros objetivos menos importantes pero interesantes eran los que
versaban sobre agricultura y pesca, pero no han recibido el trato
prometido. Sobre la reforma de la Organización Común de Mercado
del Vino no se ha hecho absolutamente nada en un tema que ya
viene pendiente desde las Presidencias alemana y francesa.
Sobre la reforma de la Organización Común de Mercado de frutas y
hortalizas se ha acordado lo peor, sin tener en cuenta los
acuerdos del Parlamento Europeo. Lo acordado contraviene
principios básicos de la Política Agrícola Común y los
compromisos del Consejo «jumbo» de septiembre de 1993. La gestión
de los mercados se paga a medias entre el presupuesto comunitario
y los agricultores.
En lo referente al acuerdo con Marruecos, sigue sin aclararse la
cuestión de la parada biológica, a pesar de las concesiones
realizadas sobre las frutas y hortalizas, básicamente españolas.
Señorías, señor Presidente del Gobierno, en el camino de esta
llamada construcción europea, nos encontraremos muchas veces en
este hemiciclo, tantas cuantas veces vengamos aquí a expresar
nuestra posición. Mientras esta llamada construcción europea vaya
por esa senda, S. S. y los demás parlamentarios presentes en el
hemiciclo escucharán por boca nuestra nuestra propia alternativa
a esa construcción que, en el fondo y en la forma, es la que SS.
SS., casi unánimemente, mantenían aquí hace cuatro años, pero que
han ido variando al socaire de la construcción del Mercado Unico.
Consultados los «Diarios de Sesiones» de hace cuatro años, desde
una a otra parte del hemiciclo, observamos que se hablaba de
unión política, de la Europa de la solidaridad, de la cohesión
económica y social, del espacio social económicamente integrado,
de la Carta Social. Hoy, ante el silencio, se ha enterrado eso,
no queda más que un mercado único y una Europa de varias
velocidades. Mientras eso sea así, la voz de nuestro Grupo
Parlamentario volverá, una y otra vez, a insistir, no solamente
en su propuesta política sino que recordará la que ustedes
trajeron a esta tribuna en años pasados.
Para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la construcción
según el Acta Unica se realizaba, y se sigue realizando desde
nuestro punto de vista, sobre dos pilares: el mercado único y la
cohesión económica y social. Pero la cohesión económica y social
no son fondos estructurales, son políticas acordadas por un poder
político europeo, no solamente fondos estructurales. Para eso
hace falta una auténtica unión política; sin unión política no
hay cohesión económica y social. Si no, veamos.
Estamos constantemente cediendo soberanía en aspectos de política
económica, financiera y comercial. Cuando el señor Ministro de
Economía y Hacienda viene aquí a explicar los Presupuestos,
cuando habla de subir los impuestos indirectos, de los salarios y
de la moderación salarial, siempre señala que hay que cumplir los
criterios de la convergencia; habla de que aquí, este Parlamento,
al ratificar Maastricht entregó parte de soberanía a Europa y por
eso tenemos que hacer la política que hacemos, dice el señor
Ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Estoy terminando.
Estamos cediendo soberanía, pero la estamos cediendo a un poder
político, a órganos como el Instituto Monetario Europeo, los
bancos centrales con posterioridad, es decir, estamos renunciando
al acto de ejercer la directriz política. Esta Cámara ha
enajenado su soberanía en organismos, no en otro órgano político
superior. Mayor aberración política no cabe en la mente, sobre
todo cuando es defendida desde la izquierda.
No hay mercado único si no hay una política fiscal común ni una
hacienda común ni un presupuesto común. Por tanto, el dilema es
el siguiente. Ceder soberanía sobre la economía y no ceder
soberanía sobre la política social ¿a qué obliga a los gobiernos?
A tener que mantener políticas restrictivas con los trabajadores
y a enfrentarse a las situaciones que mantiene esa política que
se hace por haber cedido soberanía. Mayor contrasentido no se
puede tener en pie.
Este va a ser el futuro porque, a partir de ahí, no es de
extrañar, cuando se venga a esta tribuna, que unos y otros digan
que no se puede hacer otra política, viene marcada desde fuera,
lo único que se puede hacer son políticas sociales; perdón,
políticas antisociales, que para eso no quieren que cedamos
soberanía. Entran entonces las graves crisis, los graves
enfrentamientos dentro de los Estados, pero la construcción de
Maastricht solamente sobre pilares económicos, nada más que sobre
pilares económicos, unifica el discurso político, uniformiza las
fuerzas políticas. ¿Para qué elecciones? Por tanto, se llega a un
cierto falseamiento del sistema democrático.
Sin unión política, el sueño de Spinelli y las palabras de SS.
SS. aquí hace muchos años, en las accisas de Roma o en las
intervenciones del Parlamento Europeo son simplemente «El sueño
de una noche de verano», espectros que vagan por este hemiciclo
pero que son incapaces de encontrar un cuerpo.
No hay construcción europea sin una política exterior de
seguridad compartida, que superando la herencia y organizaciones
de un mundo bipolar, cree instrumentos para una política exterior
exclusivamente europea. Seguimos manteniendo, por mor de
europeísmo consciente, la necesidad de abrir un proceso
constituyente como tantas veces se ha explicado, para Europa, en
el cual intervengan los ciudadanos europeos, que se enteren de lo
que se está construyendo, que manifiesten sus opciones, que
manifiesten sus opiniones, que entiendan a dónde los conduce, a
dónde van.
Estamos convencidos --y así nos posicionamos-- de que las
condiciones de convergencia y los plazos de la misma son
quiméricos, en cuanto que no pueden ser alcanzados por todos los
actuales integrantes de la Unión Europea; injustos, porque atacan
los intereses de la mayoría de los ciudadanos de Europa y
desarticulan los logros conseguidos de tantos y tantos años de
lucha por parte de los trabajadores y asalariados; incompatibles
con una auténtica construcción europea, porque obvian el
encuentro de las distintas economías y los auténticos parámetros
de convergencia: paro, prestaciones sociales, etcétera;
retrógrados e involutivos, porque conculcan los principios más
elementales del Estado social y democrático de Derecho,
contenido, tácita o expresamente, en todas las constituciones
europeas.
El caso de la Constitución Española es más flagrante. ¿Con esta
política de pleno empleo SS. SS. creen que se cumple el artículo
40 de nuestra Constitución, que dice que los poderes públicos, y
en este caso los que se sientan en ese banco azul, están
obligados a hacer una política orientada al pleno empleo?
Artículos y artículos de la Constitución Española no se pueden
desarrollar con esta política económica. Ataca, por tanto, la
construcción del Estado social y democrático de Derecho que
plasma el artículo 1.º de nuestra Constitución.
Y terminando, señorías, cuando llegue el momento procesal
oportuno plantearemos en esta Cámara que se apruebe un referéndum
sobre la revisión de Maastricht. Espero que simplemente por
interés democrático, por darle la palabra a nuestro pueblo y, por
tanto, con el debate previo para informarle de lo que se está
construyendo, SS. SS. digan que sí, que haya un referéndum para
que el pueblo español se pueda pronunciar. Siquiera será una gota
democrática en medio de una construcción europea totalmente
cupular y, desde luego, sin intervención de los pueblos de
Europa.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo de Izquierda
Unida.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados.
Permítame, señor Presidente, que inicie nuestra intervención en
este debate recordando cómo en las seis u ocho últimas
oportunidades en que, con periodicidad semestral, un debate de
esta naturaleza ha tenido lugar en esta Cámara, desgraciadamente,
en ninguna de ellas ha podido faltar un lamento por una brutal
situación que se sucedía en el corazón de Europa, en Bosnia, en
las repúblicas de la ex-Yugoslavia. Lamento por la situación,
manifestación, al mismo tiempo, de la propia impotencia europea
para dar respuesta a ese conflicto. De hecho, incluso el inicio
de la Presidencia española de la Unión Europa, que hoy revisamos,
coincidió con uno de los momentos más cruentos de ese
enfrentamiento. Hoy, y por primera vez en estos últimos cuatro
años, la esperanza de paz sustituye al lamento. Creo, señor
Presidente, que no tendríamos derecho a empañar esa alegría, ni
siquiera con la constatación, evidente por otra parte, del flaco
papel jugado por la Unión Europa en la consecución de esa paz.
Europa se vio enfrentada al conflicto sin tener preestablecidos
mecanismos de política exterior y seguridad
común eficaces para dar respuesta a conflictos de esa naturaleza,
y además con posiciones internas confrontadas entre varios de
esos países miembros. En ese contexto, España, a nuestro
entender, ha jugado el papel acorde con su peso real; peso, por
otra parte, realzado --y eso sí creo que debemos constatarlo--
por la clara predisposición de la sociedad civil española que, en
multitud de ocasiones, se ha manifestado al respecto, en favor no
sólo del fin de la masacre, sino también con la expresión activa
de su solidaridad.
Hoy nos enfrentamos con otro problema muy distinto, de muy
distinta naturaleza: nuestra participación en el desarrollo de
ese proceso de paz. En ese desarrollo, como nos ha explicado el
señor Presidente del Gobierno en su intervención, las fuerzas de
la OTAN van a sustituir a las fuerzas de Naciones Unidas. Me
alegra oír que la participación finalmente de soldados de los
países procedentes de la Unión Europea, ha ascendido de 20.000 en
que, por lo menos al principio, parecía cifrarse el número a
35.000; por tanto, cuantitativamente, Europa participará más
activamente en esa fuerza de pacificación. Creo que, obviamente,
dentro de nuestros objetivos en ese proceso de paz, debe existir
uno prioritario, y es que el propio proceso no se vaya al traste,
pero también, en concreto dentro de la Unión Europea, no permitir
que vuelvan a aflorar los conflictos internos europeos a los que
antes hacía referencia. Sabemos, señor Presidente del Gobierno
que algunos países europeos que forman parte de la Unión Europa
por su tradición histórica, por sus especiales relaciones
históricas con las zonas en conflicto, tuvieron, por lo menos,
diferencias de opinión, que si no alentaron, al menos, no
consiguieron frenar el conflicto en sus inicios. Deberíamos
prestar especialísima atención a que esos conflictos no volvieran
a aflorar.
Por otra parte, creo, señor Presidente del Gobierno --y, al
menos, ésa sería la solicitud de nuestro Grupo Parlamentario--,
que deberíamos velar porque ese papel de OTAN en Bosnia, ese
papel específicamente importante de OTAN en Bosnia, ese papel que
le corresponde en el proceso de paz, o incluso la propia
personalidad del nuevo Secretario General de la OTAN, no nos haga
perder de vista la prioridad, que siempre hemos expresado, en
favor del papel de la Unión Europea Occidental en la política
exterior y de seguridad común europea. El señor Presidente del
Gobierno ha hecho referencia al tema en su exposición, por lo que
no me extenderé más en él.
La primera de las valoraciones sobre el semestre de la
Presidencia española en la Unión Europea es la de que los
resultados obtenidos durante dicho semestre cabe calificarlos
globalmente, a nuestro entender, como positivos y como una
contribución a la construcción europea, tanto desde la
perspectiva interna, la Unión Económica y Monetaria, como desde
la perspectiva exterior, en relación al Mediterráneo, a América y
a los países del Centro y del Este de Europa. Con esta
Presidencia, el Consejo Europeo vuelve a recuperar, recupera, de
hecho --y usted hacía referencia a ello--, la vía de
consecuciones específicas en cada una de sus cumbres, lo que
permite confirmar, de nuevo, que Europa avanza. Después de la
confusa y conflictiva Presidencia griega y del relativo fiasco de
las expectativas puestas en las presidencias alemana y francesa,
a causa de su coincidencia con procesos electorales internos,
debemos congratularnos de los resultados globales obtenidos por
la Presidencia española, que, como decía al principio, retoma el
espíritu de los compromisos de construcción europea.
Creemos que el presente semestre ha permitido incorporar a la
realidad europea aspectos en los que, además, España está
verdaderamente interesada, lo cual es positivo. Este es el caso
de los avances obtenidos en la definición de una política
mediterránea y en los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea
y Mercosur.
La Cumbre de Madrid confirma que la Europa política y económica
van unidas, pero que, tal como ha venido ocurriendo en otras
ocasiones durante el proceso de unión europea, el aspecto
económico va por delante del político. La definición del euro
como nombre de la moneda única y del calendario para la puesta en
marcha de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, no
es, a nuestro entender y como muchos han manifestado, bautizar la
criatura antes del embarazo. Por el contrario, se ha confirmado
el embarazo, se ha certificado la fecha de nacimiento y se han
establecido incluso las dietas alimenticias, en forma de
cumplimiento de los criterios de convergencia, que deberá cumplir
cada uno de los países, requisitos imprescindibles para que el
nacimiento de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
pueda llegar a buen fin.
Es cierto que no se ha entrado en detalles y concreciones del
funcionamiento y período transitorio de la moneda única, pero los
avances en la construcción europea siempre se concretan en
calendarios y compromisos que, con el tiempo, consolidan un
funcionamiento real sin margen a retroceder. La economía europea,
la economía internacional exige a Europa que siga avanzando en su
consolidación, y la Cumbre de Madrid confirma la voluntad,
evidentemente política, de que así sea.
Dos han sido los grandes avances de la Unión Europea durante el
semestre de Presidencia española. El primero, interno: la
fijación del calendario y el nombre para la entrada en vigor de
la moneda única. En 1998, y con los datos correspondientes a
1997, Europa decidirá qué países entran a formar parte del núcleo
duro de la Unión Económica y Monetaria.
El segundo de los grandes avances que señala la Cumbre de Madrid
es el de las relaciones exteriores de Europa con tres grandes
mercados. En primer lugar, con Estados Unidos; en segundo lugar,
con Iberoamérica, y en tercer lugar con los países mediterráneos.
Centrar este triple acuerdo en unas pocas semanas es
un éxito que la diplomacia española ha brindado a Europa. Así lo
reconocemos.
Es también un éxito particular para España haber logrado
incorporar las relaciones de Europa con los países mediterráneos
y las relaciones de Europa con Iberoamérica entre las prioridades
futuras de la Unión. De hecho, significa incorporar a las
prioridades europeas lo que históricamente son y deben seguir
siendo las prioridades españolas en política exterior: el
Mediterráneo e Iberoamérica.
Desde la perspectiva más política y no estrictamente económica,
los resultados de la Cumbre de Madrid deben analizarse, a nuestro
entender, con menos triunfalismos. Resultan escasos y, en algunas
cuestiones fundamentales, son insuficientes. Poco se ha avanzado
en cuestión de empleo, que era una de las prioridades que había
puesto de manifiesto la Presidencia española. Poco se ha avanzado
en la estabilización del crecimiento económico. Poco se ha
avanzado en la desaparición de las fronteras o en la concreción
del principio de subsidiariedad. De hecho, se constatan escasos
avances en materia de empleo y de ayudas a las Pymes, como decía,
teniendo en cuenta que uno de los activos más importantes
conseguidos en la Cumbre de Cannes, anterior a la de Madrid,
gracias precisamente a la posición española, había sido el
compromiso de intensificar las reformas estructurales para el
empleo y contra el paro. Fue esa también una de las prioridades
de la Presidencia española para este semestre y, en cambio, los
resultados obtenidos, como decía, son extremadamente modestos.
Se ha fracasado nuevamente en la puesta en marcha de la Europol.
La negativa británica continúa estando vigente. No se ha avanzado
en la financiación de las redes transeuropeas de comunicaciones.
En este tema, señor Presidente del Gobierno, además de por su
impacto en general, por su incidencia directa en la creación de
empleo, entendemos que debería ser de la mayor importancia
conseguir desbloquear la financiación de las redes transeuropeas
de comunicaciones. No se ha aprobado tampoco la OCM de frutas y
hortalizas
--aquí ya se ha hecho referencia a ello--, aunque se ha salvado
la del arroz, que comportaba menores enfrentamientos internos o
de intereses entre los propios países de la Unión Europea.
Ha habido un avance político en la ampliación de la Unión
Europea, pero debe avanzarse también en la definición de cómo
financiar ese proceso. La Presidencia española ha dado una
respuesta política a las solicitudes de integración de nuevos
miembros procedentes del Mediterráneo, de los países de
Centroeuropa colindantes con Alemania, así como los países
bálticos o de los demás países del Este de Europa que hayan
solicitado o soliciten su integración. El compromiso de Madrid,
como nos recordaba, señor Presidente, es iniciar las
conversaciones con todos aquellos países que hayan solicitado la
integración seis meses después de terminada la Conferencia
Intergubernamental. Con ello, el Consejo expresa su voluntad
manifiesta en pro de la ampliación, pero, a la vez, deben
constatarse las dificultades para la financiación de este proceso
y para la construcción de una Europa a veinte o a más que
funcione con las estructuras institucionales de una Europa mucho
más pequeña.
Quisiera, señor Presidente, revisar ahora lo que, a nuestro
entender, deben ser las prioridades del Gobierno español en la
continuación de los trabajos, no tanto de esta Presidencia a
punto de finalizar, como en los próximos semestres.
Nuestra posición clara respecto a la Unión Económica y Monetaria
es que nuestra prioridad debe ser el cumplimiento de los
requisitos de Maastricht. Ahora, nuestro objetivo prioritario es
que en el plazo de dos años la economía española pase de no
cumplir ninguno de los cinco criterios de convergencia
establecidos en Maastricht a cumplirlos todos. Ello exige,
básicamente, la reducción del gasto público y del déficit, de
acuerdo con lo establecido en el programa de convergencia. El
cumplimiento del citado programa debe ser una prioridad de todos
los gobernantes, de los actuales y también de los futuros.
Por una parte, la Cumbre de Madrid ha confirmado la Europa de dos
velocidades, que desde hace tiempo se viene gestando. El año 1998
se decidirá qué países cumplen los criterios de convergencia y
pasan a formar parte del núcleo duro de la Unión Económica y
Monetaria. A partir de ese momento, la Europa de dos velocidades
será una realidad.
Por otra parte, el compromiso a que antes hacía referencia, de
iniciar las conversaciones para la ampliación de la Unión Europea
hacia aquellos Estados que lo soliciten, implica que determinados
países mediterráneos del centro, este y norte de Europa puedan
formar parte dentro de cinco años de la Unión Europea,
encontrándose en un proceso transitorio, que bien pudiera
catalogarse como una tercera velocidad en el seno de la propia
Unión Europea.
En esa previsible Europa a tres velocidades, ¿qué debemos hacer?
Ya he dejado clara nuestra posición de que España debe estar
entre los países del núcleo duro, en la primera velocidad, y de
nuestro convencimiento de que si hacemos las cosas bien desde hoy
hasta 1998 España puede estar en ese núcleo duro. Esa sería
nuestra primera prioridad.
En segundo lugar, la Unión Europea debe plantearse desde ahora el
tipo de relación a establecer entre los países del núcleo duro,
los países internos al sistema, y los países de segunda
velocidad, los países al margen del sistema de moneda europea.
Porque es seguro que de entre los Quince alguno habrá.
Cuestiones a las que se debería dar respuesta. ¿Podrán los que lo
deseen incorporarse al sistema cuando cumplan los requisitos y
con posterioridad a 1998? ¿Deberán esperar a que exista un bloque
de países que lo cumplan para integrarse todos juntos? ¿Se pondrá
una nueva fecha con posterioridad a la actual o nuevos
requisitos que supongan una segunda oportunidad? Es, en cierta
manera, la relación estable entre los países del núcleo duro y el
resto a la que hacía referencia el señor Presidente del Gobierno.
Este no es un tema que deba preocupar sólo a los países que no
quieren o que no puedan incorporarse en 1998 a la primera
velocidad; este es un tema de interés para todos los países de la
Unión Europea.
Permítame, señor Presidente del Gobierno, una cuestión de orden
interna, pero que hace referencia a esta voluntad, a esta
prioridad de nuestro Grupo Parlamentario, para intentar dar
cumplimiento a la convergencia de Maastricht en los dos próximos
años por parte de nuestro país. Anunció en su día el Gobierno --
anunció el señor Ministro de Economía con motivo del debate
presupuestario-- la intención de incluir en los posibles decretos
de prórroga presupuestaria algunos temas: actualizaciones de
pensiones, actualizaciones de sueldos de los funcionarios
públicos, deflactación de tarifas tributarias con la inflación
para evitar que existan incrementos de hecho no queridos de la
presión fiscal, y también la inclusión en esos decretos de las
medidas necesarias para confirmar la voluntad de todos en el
cumplimiento de la senda de Maastricht, en particular en lo
referente al déficit público.
Permítame, señor Presidente, que añada a todas estas cuestiones -
-con las que nuestro Grupo Parlamentario ya expresó en su día, y
hoy reitera, su acuerdo-- lo siguiente. Teniendo en cuenta los
datos relativos a la desaceleración del ritmo de crecimiento
económico, que es general en toda Europa y que incluso en España
es inferior a la del resto de Europa, a nuestro entender se hace
necesaria --a la vez que creemos que lo hacen posible-- la
adopción de medidas específicas de fomento de la actividad
económica y del empleo. Conoce el señor Presidente que con motivo
de los debates en 1993 y 1994, de los Presupuestos para 1994 y
1995, respectivamente, esas medidas vinieron acompañadas de otras
que significaban de hecho fomento de la actividad económica y del
empleo. Creemos --y le insistiríamos en ello, señor Presidente
del Gobierno-- que en este momento son necesarias, y además son
posibles, medidas de este tipo; medidas que fomenten --insisto--
la actividad económica y el empleo. Con seguridad, no es este el
momento ni la ocasión de profundizar en este tema, pero quede
expresada nuestra opinión, señor Presidente del Gobierno, al
respecto.
Por último, quisiera tratar, en lo que hace ya nuevamente
referencia al semestre de la Presidencia española de la Unión
Europea, todos los temas que hacen referencia a la reforma del
Tratado de Maastricht en la Conferencia Intergubernamental. En la
Ponencia sobre las consecuencias para España de la ampliación de
la Unión Europea y reformas institucionales, de cuyos trabajos
conoce y mucho el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores --a quien
felicito y deseo en su nueva responsabilidad todo tipo de fortuna
y de actuación positiva--, creada en el seno de la Comisión Mixta
para la Unión Europea, ya se ha elaborado un documento sobre el
que los grupos parlamentarios han presentado las correspondientes
enmiendas para su próximo debate. Entre las propuestas que
incluye este documento consideramos conveniente destacar como
prioridades españolas para la reforma de este Tratado de
Maastricht en la Conferencia Intergubernamental las siguientes:
en primer lugar, la financiación. Al igual que los Estados
miembros, Unión Europea no debe registrar déficit ni ahora ni en
el futuro inmediato, ni después de la integración de otros países
europeos como los pecos, pequeños países mediterráneos, y Estados
Bálticos. La posición española en esta cuestión debe ser clara:
cualquier ampliación de la Unión a nuevos países miembros, o
cualquier nueva política que asuma la Unión Europea debe venir
precedida por el correspondiente análisis y solución a los
problemas de financiación que esas decisiones pudieran comportar.
La entrada en Europa de países de menor renta no puede
interrumpir los procesos de aproximación y de cohesión vigentes.
En segundo lugar, en lo que hace referencia a las reformas
institucionales he de manifestar que las instituciones de una
Europa a veintitantos deben tener una estructura diferente a las
que guiaban la Europa a seis o la Europa a doce o la Europa a
quince. Instituciones europeas que ya se detectaban como
insuficientes para la Europa a quince lo serán, evidentemente,
para una Europa a veintitantos. El principal cambio a incorporar
está en el sistema de toma de decisiones, la necesidad de
unanimidad para la toma de determinadas decisiones y el tamaño
que deberán tener las minorías de veto, recordando a importancia
que para nosotros tiene el hecho de que la Europa mediterránea
pueda disponer de ese derecho.
La segunda cuestión que debe guiar la reforma institucional es la
articulación del principio de subsidiariedad para que no quede
limitado a un criterio para el ejercicio de las competencias
compartidas entre la Unión y los Estados. El principio de
subsidiariedad debería extenderse de forma dinámica como un
criterio de reparto de competencias y responsabilidades entre
todos los niveles de gobierno que participan en la Unión Europea.
En tercer lugar, será preciso reforzar las funciones consultivas
del Comité de las Regiones, en concordancia con las competencias
existentes a nivel estatal. Es preciso resaltar esta cuestión
desde España y en defensa precisamente de nuestro propio Estado
de las autonomías, ya que si bien otros Estados como Alemania
tienen una estructura federal con importantísimas competencias en
manos de los poderes regionales, estos poderes participan
activamente en la toma de decisiones del Gobierno federal en
respeto hacia sus propias competencias. El Comité de las Regiones
debe tener el rango de institución de la Unión Europea y disponer
de la capacidad para interponer recursos ante el Tribunal de
Justicia.
La política exterior y de seguridad es el tercer pilar de la
Unión Europea y el que manifiesta, a nuestro entender,
señor Presidente del Gobierno, una mayor debilidad. La reforma
del Tratado de Maastricht debe priorizar su consolidación
definitiva. En política exterior la prioridad para España es
reforzar los vínculos de la Unión Europea con Iberoamérica y con
los países mediterráneos del Norte de Africa, como antes hacía
referencia. Nos interesa profundizar en el camino iniciado
durante la actual Presidencia española. En política de defensa y
seguridad la Unión Europea Occidental, como ya decía, debe
consolidar en los próximos años su posición.
En lo que hace referencia a la ciudadanía y a los derechos
fundamentales dos cuestiones deben centrar las prioridades en
este ámbito: el empleo y la inmigración. En lo que hace
referencia al empleo sabe, señor Presidente del Gobierno, que
para muchos --y alguna intervención que hemos oído desde esta
tribuna parece ir por ahí-- el empleo es el gran fracaso de
Europa. Sabe también que a nosotros no nos gusta asociar la idea
europea a la idea de fracaso, entre otras razones porque
simplemente mirando alrededor se ve lo injusto de una asociación
de esa naturaleza. Europa, la Europa de hoy, nuestra Europa, es
en la Historia el ejemplo de un gran éxito, el éxito de la
libertad, el éxito de la convivencia en paz, del respeto a los
derechos individuales y colectivos y el éxito también, y
particularmente, de la solidaridad y del valor de la persona, que
se traduce en lo que todos entendemos como el Estado del
bienestar. Es precisamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.
El señor MOLINS I AMAT: Voy acabando, señor Presidente.
Es precisamente por defender esos valores --que no existen en la
mayor parte del planeta, no lo olvidemos--, es precisamente por
el compromiso firme, leal, rotundo del conjunto de los ciudadanos
europeos en la defensa de los logros de ese Estado del bienestar
y del modelo de convivencia que el mismo implica por lo que hoy
Europa tiene problemas. Uno de ellos, que no el único, el del
empleo; otro, evidentemente, es el de la financiación del propio
sistema del Estado del bienestar. Se equivocan quienes puedan
creer que el desmantelamiento del Estado del bienestar, con la
disminución de costes sobre el empleo que ello pudiera implicar,
solucionaría el problema del empleo. Una solución de ese tipo,
por la que hoy --me apresuro a decirlo-- nadie aboga en nuestro
país, rompería la cohesión de nuestra sociedad, quebraría la base
de nuestra convivencia. Pero se equivocan también los que
pretenden ignorar la relación entre ambos factores. Defender hoy
el Estado del bienestar, del que el empleo forma parte, pasa por
analizar con el mayor rigor todas y cada una de las prestaciones
concretas que el sistema incorpora, estudiando su adecuación o no
a los objetivos que la prestación pretende y modificando todas
aquellas que sean necesarias para conseguir precisamente el
mantenimiento del sistema que todos defendemos. El empleo debe
ser un objetivo prioritario de la construcción de la Unión
Europea y, por tanto, también debe serlo de la Conferencia
Intergubernamental. La Comisión y el Consejo de Europa deben, por
su parte, articular programas y políticas concretas para mejorar
la capacidad de creación de empleo de las economías europeas,
especialmente, como ya hemos dicho, en las pequeñas y medianas
empresas.
Por último, señor Presidente, la emigración y la lucha contra la
xenofobia y el racismo. La emigración y la lucha contra la
xenofobia y el racismo es otra de las prioridades que debe
perseguir España en la defensa de los derechos fundamentales de
los ciudadanos. En los próximos años, la presión inmigratoria,
sobre todo en los países miembros de la actual Unión Europea,
será creciente. Los criterios y actuaciones a adoptar deben estar
consensuados por todos los países miembros, desde una posición
abierta e integradora, desde las propias capacidades de cada
país, y acompañada de una decidida política de ayuda al
desarrollo.
Dicho esto, señor Presidente del Gobierno, déjeme hacer
nuevamente una pequeña incursión sobre este tema en nuestro
propio país. Somos, señor Presidente del Gobierno --y usted lo
sabe bien--, la capital mundial de la edición de libros en lengua
castellana --España, en general, y Barcelona, en particular--;
capitalidad que, como es lógico, nos ufana. Pero somos, al mismo
tiempo, no sólo la capital sino que incluso, al parecer, tenemos
la exclusiva en la edición en cualquier lengua, no sólo en
castellano, de las obras de carácter fascista, racista y
xenófobo. No es la primera vez que surge este tema en esta
Cámara. Incluso, a raíz de estas discusiones en la Cámara, se ha
reformado en los últimos meses el Código Penal, por ver de
encontrar los mecanismos legales para luchar contra esa lacra que
nuestra sociedad aborrece. Le ruego, señor Presidente, que, una
vez que disponemos ya de los instrumentos legales a nuestro
alcance, el Gobierno actúe contundentemente para acabar con ese
triste récord.
Acabo, señor Presidente, renovando nuestra valoración,
globalmente positiva, de la Presidencia española de la Unión
Europea. Y permítame, señor Presidente del Gobierno, que, muy
discretamente, le dirija finalmente un pequeño reproche. En
España existe un sistema proporcional de representación. Esta
Cámara refleja, conforme a ese sistema proporcional de
representación, una realidad plural. Sabe que a nuestro Grupo no
nos mueven protagonismos, que por otra parte incluso evitamos a
veces, pero cuando en temas como éste es necesaria, buena y
positiva, como ha existido siempre, la aportación de todos,
también es bueno que, desde la Presidencia del Gobierno, no se
prime a unos sobre otros, se busque esa colaboración con todos,
teniendo también contactos con todos. Dicho esto, como le decía,
con la boca pequeña y como un último y pequeño reproche, que en
nada debe empañar el éxito, globalmente considerado,
de los resultados del semestre de Presidencia española la Unión
Europea.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins. Por el Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo siempre creyó que durante una presidencia comunitaria no se
deberían convocar unas elecciones legislativas, y no solamente lo
dijo, sino que no apoyó una anticipación electoral durante el
actual semestre, y aunque usted, señor González, no es dado a
reconocer gestiones de los demás ni gestos, permita que inicie mi
intervención recordándole este dato, porque para nosotros, y como
se lo dijimos hace seis meses, ha sido su presidencia, no la
presidencia de un país ilusionado.
A pesar de ello, hemos de decir que sólo el acuerdo sobre la
moneda justifica todo un trabajo, y desde ese punto de vista ha
tenido usted éxito. El balance, pues, nosotros lo ciframos en un
semestre positivo para Europa. Ya sé, señor Presidente, que usted
va a utilizar la siguiente argumentación, y por eso se la
adelanto. Ha sido su Gobierno el que decidió comparecer, tras
cada cumbre comunitaria, en este hemiciclo, y tiene razón, pero
no ha habido aquí más Gobierno que el suyo desde la adhesión en
1986. Nos dirá también que usted contesta preguntas
parlamentarias y, como nos ha recordado con no demasiado buenos
modos Miguel Gil, que ahí está la Comisión Mixta y con eso basta.
Pero yo personalmente se lo vengo diciendo desde 1986: no es eso,
señor Presidente, no es eso.
Pero vayamos a la Cumbre. El gran éxito ha sido el de la moneda;
este ha sido uno de los pasos más serios, no sólo para una Europa
económica, sino para una Europa política en construcción. Todo
mercado con moneda requerirá con el tiempo un control político, y
ahí está el germen de una Europa con un perfil serio de una
supranacionalidad eficaz.
A nosotros nos gustaría que la discusión sobre la reducción del
gasto público, el déficit y la inflación fueran los ejes de la
próxima campaña electoral, y no de manera polarizada entre dos
partidos, sino que todos entrásemos en esa discusión. Si se dice
que no se va a hablar de terrorismo ni de pensiones, busquemos un
capítulo interesante y clave para el país, como los esfuerzos que
hemos de hacer todos para estar en la primera velocidad. Sería un
debate muy sugestivo, y nosotros creemos que podríamos estar en
este estadio primero si lo asumimos todos, si no se hace
demagogia con este asunto y si no se lleva con el actual criterio
de opacidad con el que se están llevando estas cuestiones. De ahí
la importancia de discutirlo en la campaña electoral y que cada
partido establezca sus prioridades. A nuestro juicio, el poder
económico y los mercados financieros tienen más fuerza de la que
debieran, y todos ellos deben tener un mayor control político.
Y un apunte marginal que no deja de tener su miga, e incluso su
gracia si lo decimos nosotros. Hace diez años la cumbre fue en
Milán, en la presidencia alemana fue en Essen y en la francesa en
Cannes, por hablar solamente de las dos últimas, y no deja de ser
curioso que un Estado autonómico haga sus cumbres en la capital,
todo en la capital, y es el único Estado de la Unión Europea que
hace estas cosas. Al parecer no se podía permitir que algo tan
importante como el euro no naciera en Madrid, y ustedes luego
ponen a España como modelo de Estado autonómico. Un apunte
marginal tan sólo, señor Presidente.
En segundo lugar, nos preocupa que la Europol no avance. Se dice
que el culpable ha sido Gran Bretaña, pero este ha sido uno de
los fracasos de esta Cumbre, y nosotros creemos que aquí se
debería haber hecho un esfuerzo adicional que quizás se
materialice en el futuro, pero hubiera sido muy interesante que
en esta presidencia se hubiera logrado un gesto importante sobre
el particular.
En tercer lugar, nos parece bien todo lo hecho en materia de una
política exterior que quizá no ha tenido la menor autocrítica
ante el fracaso de Bosnia, pero ha acertado con el acuerdo con
Mercosur, con la agenda transatlántica, con la Conferencia
Euromediterránea, incluso con Cuba, pero echamos de menos una
alusión al Pacto Andino, lo que nos ratifica que las tan
nombradas cumbres iberoamericanas sirven tan solo para hacer
retórica. Venezuela y Colombia necesitaban de ustedes un gesto
que ustedes no han sido capaces de realizar, porque tampoco se
trataba de tomar decisiones sobre todos los temas habidos y por
haber, pero siempre es bueno realizar gestos en política, y son
países que están viviendo unas serias dificultades. ¡Ojalá!
ustedes hubieran tenido en cuenta este dato importante, sobre
todo porque son naciones amigas que viven momentos difíciles. Así
como el canciller Kohl dijo que si el mar Mediterráneo es Europa
también lo era el mal Báltico --como buen alemán defiende sus
intereses--, tras los acuerdos con estas repúblicas, nosotros le
recordamos que también existe el Eje Atlántico y que, en este
momento, está quedando rezagado en un crecimiento equilibrado. Y
usted, en su presidencia, no ha tenido un pequeño gesto, como
tampoco lo ha tenido sobre la petición que le han formulado
algunos países sobre el Comité de las Regiones.
Es curioso que usted --quizá contestando a alguna pregunta que le
hayan formulado en alguna rueda de prensa de sus viajes, donde se
habla más de política interna que de política europea, que
también es política interna-- nos haya acusado de ir al siglo
XVIII buscando unas fronteras que nosotros, como partido
nacionalista, queremos borrar, y, sin embargo, usted no haya
hecho nada durante su presidencia para eliminar
el efecto de las fronteras ni hayan hecho mención alguna a la
cooperación transfronteriza ni al marco jurídico necesario para
fomentar la cooperación interregional. Son los Estados los que
siguen manteniendo las fronteras y no es a nosotros a quienes les
gusta esa política, pues concebimos una Europa sin fronteras, sin
cicatrices de la historia, sin aduaneros; queremos una Europa
unida y que los ríos sirvan para pescar y no para establecer
fronteras.
También nos preocupa el capítulo dedicado a la ampliación, que en
principio es correcto, pero nadie dice qué cesión de soberanía
está dispuesto a hacer cada Estado para que una Unión tan
numerosa pueda ser gobernable en serio. Con el tiempo, ahí nos
vamos a encontrar con los nacionalismos de Estado, que no estarán
dispuestos a ceder soberanía. Entonces veremos quiénes son
verdaderamente los nacionalistas exacerbados.
En la primera presidencia española tuvo usted la deferencia de
reunirse con los grupos parlamentarios aquí, en esta Cámara, en
el salón del Consejo de Ministros, cosa que esta vez no ha hecho.
Pero recuerdo que en aquella reunión, al hablar usted del
Parlamento Europeo, opinó que un parlamento con el nombre de tal,
con capacidad de control y con la estructura de un parlamento,
debería haberse abordado al final del proceso y no al inicio del
mismo. De eso a la actual situación va un trecho, porque un
parlamento como el actual, que tiene que mendigar su propio
presupuesto ante la Comisión, que no puede establecer impuestos,
que no nombra a nadie --sólo nominalmente-- en la Comisión, no
merece ese nombre y nunca se convertirá en un instrumento
democrático total. Y cumbre va, cumbre viene, lo que hace no
forma parte del proceso democrático normal, porque la mayoría de
las decisiones europeas se toman en el Consejo de Ministros sin
discusión y son el producto de comisiones de funcionarios que se
sustraen a cualquier control. Y esta situación creemos que no
puede durar demasiado tiempo.
Finalizo, señor Presidente. Ha recordado usted que quien viajara
a los catorce países de la Unión con 1.000 pesetas en el bolsillo
y las cambiara, se volvería con sólo 500. Y para demostrarlo ha
sido el Presidente quien ha viajado a los catorce países con el
fin de preparar la cumbre. Nosotros le alabamos el gusto, porque
con el contacto directo y, sobre todo, conociendo los problemas
«in situ» es como se pueden resolver. Pero si durante estos
años --y permítame que le haga este comentario de índole interna-
- hubiese dedicado ese mismo entusiasmo a abordar en serio, por
ejemplo, el hecho autonómico u otros problemas que están encima
de la mesa y que son candentes, quizá hoy estarían encaminados.
No le criticamos por su motivación europea, que es la nuestra,
sino por lo fastidioso que son para usted los asuntos
autonómicos; de ahí que nos haya parecido por lo menos curioso el
que usted en Finlandia, en uno de estos viajes, contestando a una
pregunta sobre lo pendiente de sus trece años de presidencia,
haya dicho que la cuestión autonómica sigue siendo su asignatura
pendiente.
Y hay una cuestión que nosotros no podemos dejar pasar sin
denunciarla con contundencia y que nos crea una cierta
desafección con su manera de hacer política. La semana pasada se
entrevistó usted en la Moncloa con el Presidente de uno de los
partidos de la Cámara, el más numeroso e importante. Usted puede
entrevistarse para hablar de lo que sea y con quien sea, en la
Moncloa, en Ferraz, en su casa o debajo de un puente y no seremos
nosotros quienes critiquemos que, en política, los políticos
hablen, todo lo contrario, pero lo que nos parece absolutamente
intolerable y denota una total y absoluta falta de sensibilidad
por su parte es que se entreviste para hablar con dicho dirigente
antes de la Cumbre y hurte de información a los demás grupos
parlamentarios, menospreciándolos de manera tan visible y
tratando de polarizar la acción política.
Usted, señor Presidente, no puede hacer eso en un sistema
proporcional, otra cosa es que lo haga, pero no debe hacerlo
donde no hay líderes de la oposición sino libre juego de partidos
políticos. De lo contrario le sugiero inicie un trámite de cambio
de la Constitución de sistema proporcional a sistema mayoritario.
Hágalo, y díganos con hechos que nuestra opinión y la opinión de
los demás grupos no vale para nada; además de darle la razón a
esa minoría que nos dice que no vale la pena estar en este foro,
estaría usted mucho más cómodo sin el incordiante recuerdo de que
vive en un Estado autonómico no totalmente asumido.
Usted no tiene derecho a hacer lo que hizo, y Miguel Gil no tiene
ningún derecho a decirnos que con la Comisión Mixta ya nos basta.
No se lo toleramos, y mucho menos después de que hace seis meses
usted, aquí, cuando le planteamos esta misma cuestión
informativa, nos dijo todo lo contrario de lo que ha hecho en
esta presidencia. En el tema europeo, además de en la Comisión
Mixta, usted debería haber informado de las claves de la Cumbre a
todos los grupos, pero no lo ha hecho, y yo le critico por ello.
Una vez más ha faltado a lo dicho, señor Presidente.
Pero fíjese, señor Presidente, si el día de hoy, sabiendo de su
senbilidad hacia los demás, nos volvieran a pedir nuestro voto
para un adelantamiento electoral que hubiera truncado este
semestre, hubiéramos votado en contra porque consideramos que
este semestre ha valido la pena a pesar de sus carencias. Esa es
la diferencia entre una manera de actuar como la nuestra y una
manera de actuar como la suya, con poca sensibilidad hacia los
demás. No es usted, a nuestro juicio, el mejor representante de
un régimen parlamentario en el que las ideas se fraguan, las
políticas se afinan y los proyectos comunes no se imponen de
manera unilateral desde arriba y desde ese despotismo ilustrado
al que alude Carlos Westendorp cuando dice: Atrás han quedado los
tiempos en que Europa se hacía desde el Despotismo ilustrado;
debemos rechazar toda tentación
de opacidad para hacer partícipes a los ciudadanos del proyecto
europeo y combatir su desencanto.
Ya nos dirán cómo lo piensan hacer. Desde luego solamente con la
Comisión Mixta, a nuestro juicio, no es suficiente.
Sin dejar de apostar por ese pragmatismo constructivo y por el
riesgo político que caracterizó a los pioneros de Europa, Europa
hay que hacerla también desde abajo, desde las urnas, desde el
debate partidista, desde el debate electoral, desde la opinión
pública y desde el ágora parlamentaria.
Y termino como empecé. Ha habido otras cuestiones, pero solamente
por el acuerdo sobre la moneda, aunque ha habido muchos más y muy
importantes que ya han sido enunciados por usted y por los otros
intervinientes, solamente por ese hecho, se justifica una
presidencia; eso es lo que se ha logrado y se lo reconocemos
públicamente. Ha hecho usted una buena presidencia, pero ésta ha
sido su presidencia, no nuestro semestre ni la presidencia de un
país ilusionado, informado y comprometido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, en nombre de Coalición Canaria voy a
hacer una valoración de lo que ha sido el resultado del semestre
de la presidencia española y su documento final, plasmado en la
Declaración de Madrid en el Consejo Europeo correspondiente a
este cierre del ejercicio.
Está lejos aquel junio de 1989, señor Presidente, en el que
debatíamos la primera presidencia española, y yo creo que el
balance de esta segunda es positivo en ese mensaje de proyección
europea.
Usted sabe, señor Presidente, que Coalición Canaria ha mantenido
siempre una postura inequívoca de europeidad, hasta tal punto que
cuando se aprobó en 1986 el ingreso de España en la Unión
Europea, fuerzas políticas canarias no estaban conformes con el
primer documento que se aprobó y que afectaba a nuestro
Archipiélago, y aquello se corrigió, actuando usted con una
actividad y una responsabilidad positiva que yo reconozco aquí
para que aquel famoso Protocolo número II desapareciera y no nos
dejara lejos de Europa.
Han pasado seis meses desde que el Gobierno nos presentó su
documento de prioridades para la presidencia española, e incluso
Coalición Canaria, en los debates que tuvimos en la Comisión
Mixta, presentó una serie de enmiendas centradas fundamentalmente
en lo que consideramos nuestro objetivo, del que después hablaré,
que es el Estatuto permanente de Canarias.
Ha habido una serie de hechos que yo quiero resaltar, porque la
dinámica que se ha generado a nivel gubernamental ha superado la
propia dinámica parlamentaria, y señalo como hitos los más
importantes: la Conferencia de Barcelona; la firma de la nueva
agenda transatlántica del plan de acción conjunta con los Estados
Unidos de Norteamérica y la Unión Europea; la firma de los
acuerdos de Dayton; el Convenio revisado de Lomé-4 con los países
de Africa, Caribe y Pacífico (a veces estas cosas pasan
desapercibidas pero para productores de frutas, etcétera, y para
Canarias son muy importantes); la unión aduanera con Turquía (hay
que serenar también ese otro extremo del Mediterráneo, no es
solamente el Magreb); estamos con la declaración contraterrorista
de La Gomera; estamos con algo muy importante que ha contribuido
a las reformas, de las que después hablaré, y de los resultados
informales pero fundamentales de Formentor. Y quisiera destacar
dos finales: el Consejo Europeo de la Unión Europea Occidental,
donde nosotros vamos a hacer una crítica de deficiencias sobre lo
que ha sido la declaración del Consejo Europeo de Madrid, y el
tema del Mercosur. Al final, se cierra con el broche del Consejo
Europeo de Madrid.
Dicho esto, señor Presidente, vamos a pasar, en primer lugar, a
hacer un análisis, en sus tres aspectos fundamentales, de la
moneda, de la ampliación y de la reforma. Canarias los suscribe
plenamente. En Canarias, como lugar de tráfico internacional, la
moneda es un valor de comercio, donde no hemos fijado señas de
identidad nacionalista. En un mundo cada vez más acostumbrado a
las tarjetas de crédito y a pagar en plástico, poco sentido puede
tener incluso algún sinónimo, con todo el respecto histórico que
esto puede tener. Por lo tanto, adelante con esta política del
euro, con la que nos sentimos plenamente identificados desde
Canarias.
Pero para nosotros, desde un valor político, el núcleo duro, la
señas de identidad de todo Estado nacional, son cuatro: su
moneda, su política exterior, lo que es la defensa y lo que es el
territorio. Estamos avanzando --y este ha sido un gran compromiso
de la Cumbre de Madrid-- y en la Europa sin fronteras se
evidencia un paso más, con todos los defectos de Schengen, de los
países que no quieren cumplirlo; se ha dado un paso político
tremendo, porque el euro no es sólo una moneda que vamos a llevar
en un billetero dentro de unos años, sino que es haber renunciado
a una seña de identidad histórica, que va a permitir una cohesión
política de Europa. Es muy difícil conseguir una cohesión
política sin una moneda común.
Queda la cuestión de la política exterior común y de la política
de defensa común. En este momento, está aquí el señor Ministro de
Defensa, señor Suárez Pertierra, al que yo quiero reconocer la
labor que ha hecho en la reunión de noviembre de la Cumbre
Europea de la Unión Europea Occidental, con su presencia el día 4
de diciembre en París ante la Conferencia parlamentaria de la
Unión Europea. Hay que aproximar esas posturas porque la Unión
Europea sin un instrumento de
política de defensa será también deficiente. Hay que hacer
política de convergencia, no solamente en la economía, en la
moneda, en el Banco Europeo sino en la política de defensa, con
la armonización que ahora nos puede permitir un mejor
entendimiento con la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, con la presencia allí del señor Solana, ausente hoy aquí,
a quien quiero reconocer la magnífica labor que ha realizado en
su etapa como Ministro de Asuntos Exteriores. Dicho esto, nuestro
reconocimiento a uno de los artífices que, como albañiles del
procedimiento, ha llevado a buen puerto todo lo que ha sido un
trabajo. Y hoy, al mismo tiempo que le doy la bienvenida a
nuestro nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, don Carlos
Westendorp, quiero reconocer la labor que él, en diálogo amplio,
ha tenido con la Comisión Mixta Congreso-Senado y con la Comisión
de Asuntos Exteriores, donde hemos estado puntualmente informados
(después hablaré del documento de reflexión). Y también el
Embajador permanente de España ante la Unión Europea, digno de
que se le tenga en cuenta, representando a todos los diplomáticos
y a todos los técnicos del funcionariado español que han
trabajado en esta labor. Es justo reconocerlo porque sin esa
pléyade que ha servido de base para reconducir este tema,
posiblemente los resultados del semestre español no hubieran
pasado de una buena voluntad, pero sin encontrar su realización.
Dicho esto, señor Presidente, en Canarias consideramos positivo
que se haya pasado de la etérea circunstancia del diálogo
estructural, aquello que sale de Essen (que quiero recordar aquí
porque hay que hacer una valoración positiva del resultado de la
Cumbre de Madrid), de las ambigüedades, de lo etéreo, lo
difuminado que salió de las cumbres de Cannes y de Essen, y yo
voy a invertir las expresiones: las deficiencias de la
presidencia griega, por razones obvias pero también políticas,
las deficiencias de la presidencia alemana y las deficiencias de
la presidencia francesa. Entiendo que usted no pueda hacer esta
crítica a sus colegas, pero yo en mi libertad, porque no vengo a
moverle la silla a nadie, la puedo realizar con toda
tranquilidad, porque es un reconocimiento a la verdad y a lo que
ha hecho el Gobierno español en este semestre. Porque lo que no
hubiera podido permitirse la Unión Europea es otra cumbre en
Madrid con lo etéreo, con lo difuso, con lo ambiguo de las tres
anteriores presidencias: la griega, la alemana y la francesa. Por
cuestiones electorales una, porque como dice el refrán no se
puede estar en misa y repicando. Usted ha optado por no estar en
misa aquí dentro y repicando fuera. Se ha conseguido una
presidencia española que ha marcado un hito --y así se la llamará
desde ahora-- con la Cumbre de Madrid. Se acaba de abrir todo un
proceso para no menos de cinco años en que usted, señor
Presidente, y sus colegas europeos, han dejado un programa de
trabajo, con incógnitas, por supuesto, como todo programa de
trabajo, tal vez con déficit, pero con el haber importantísimo de
dejar señalado a la Europa de los Quince un calendario de trabajo
para los próximos años. Y las dudas y las deficiencias tiempo
tendremos para resolverlas. Se ha establecido un calendario, y a
ese calendario no solamente le veo un aspecto positivo, también
me produce preocupación, preocupación cuando determinados países
pasen a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, cuando
los primeros Pecos comiencen a negociar su adhesión, cuando se
inaugure en 1999 el período transitorio para la moneda única y
cuando en el año 2002 se ponga en práctica para los países
seleccionados.
Es importante reconocer también que la agenda de Madrid ha
conseguido objetivar, abandonar aquello del diálogo estructurado,
poner baremos a los países que deseen entrar y que no nos
importen sus problemas internos añadidos, ni nos provoquen un
desequilibrio financiero, político y estructural con su
presencia. Como en el Ejército, hay que tallar a los mozos, para
saber dónde se les adscribe, y eso creo que es un logro
importante, señor Presidente, y lo reconocemos así desde
Coalición Canaria. Para estos países que están en lista de espera
o que se quieren poner en lista de espera para ingresar deben
tenerse en cuenta cuestiones objetivas. Aquí no se trata ya de
voluntarismo, porque los problemas que se pueden derivar para la
actual composición de la Unión Europea con la entrada de quien no
da la talla pueden poner incluso en la cuerda floja nuestro
proyecto europeo, que bastante trabajo nos está costando
consolidar.
La gran incógnita de este calendario, señor Presidente, y que
ustedes tienen que despejar, es qué pasará con los países de la
Unión Europea que no cumplan las condiciones establecidas en el
calendario. Usted me hace un gesto, si después lo explica en su
respuesta en la tribuna yo se lo agradeceré, pero es una
incógnita que legítima y democráticamente estoy obligado a
plantear.
Ese es el primero de los peros. El segundo --ya lo han dicho
otros oradores-- es el desempleo. Es importante, señor
Presidente, que se refuercen las medidas adoptadas. No nos
podemos quedar con los acuerdos de Essen y hacer un seguimiento
del desempleo. Hay que poner algo más; no basta con poner un
radar para saber quiénes están peor o quiénes están mejor
respecto al desempleo. Se requieren medidas de generación de
empleo.
Siguiendo con los peros, dos cuestiones me preocupan, señor
Presidente: defensa común y Mercosur. Los países de la Unión
Europea Occidental, entre ellos España, deben consolidar el
proyecto europeo, por las razones que le había dicho antes. Eso
para nosotros es algo importante. No queremos tener una
dependencia de servidumbre total y absoluta de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte o de los intereses de una especie
de gendarmería internacional presidida por los Estados Unidos.
Celebro que el señor Clinton, con las influencias de quien haya
sido de ustedes, haya reflexionado sobre que el acuerdo de Dayton
--una de las citas que le hacía
antes-- no se podía firmar en el territorio de los Estados
Unidos. Sirvió para hacer de una Base el lugar de diálogo a los
tres Presidentes de la ex Yugoslavia, pero la firma tenía que
llevarse a cabo en territorio europeo, porque el protagonismo es
europeo. Yo celebro que usted, señor Presidente, haya estampado
su firma en ese Tratado de Dayton porque el compromiso para
Europa es fundamentalmente político, no electoral para el señor
Clinton o de prepotencia de las fuerzas armadas norteamericanas.
El tema de Mercosur, señor Presidente --usted lo sabe y lo sabe
don Carlos Westendorp--, ha sido uno de los que más nos ha
sorprendido, sobre todo a Coalición Canaria, porque en las
comisiones del Congreso apenas ha aparecido. Y crear ahora una
zona de libre comercio nos preocupa, señor Presidente, si no hay
garantías; salvo que lo que se haya firmado en el Palacio Real de
Madrid haya sido un documento de intencionalidad y de
voluntarismo diplomáticos, del que, desde luego, hay que hacer un
seguimiento.
¿Qué va a pasar con los productos sensibles españoles, sobre todo
en el área de la agricultura, carne, lácteos, productos
hortofrutícolas y vino, en el tema de Mercosur, con esos cuatro
países, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, sobre todo
Argentina que tiene una capacidad de producción agrícola que
puede interferir con los productos sensibles que produce en este
momento España, concretamente Canarias? No hemos soportado la
granizada del tomate marroquí para encontrarnos ahora, en la
agricultura canaria, con otra competitividad, en un libre mercado
con Mercosur. Yo espero que el tiempo de que se dispone hasta que
el tratado de Mercosur entre en vigor permita reflexionar y traer
a la Cámara --porque no hemos tenido ocasión de debatirlo--
cuáles son las repercusiones y el alcance para la agricultura
española del tratado de Mercosur. Además, el día que las
organizaciones agrarias lean esto creo que también empezarán a
preocuparse.
Sin embargo, quiero que conste que estamos de acuerdo con el
fondo político que se pretende con este tema, sobre todo con esa
proyección de Europa hecha a través de España, como se hace desde
Canarias. Y en Canarias siempre repetimos, y usted lo sabe, señor
Presidente, que nos consideramos como una especie de plataforma
tricontinental: sobre Europa continental, sobre Africa y sobre
Centro y Sudamérica, es decir sobre el área de la América
hispana.
¿Dónde se sitúa --y éste es mi segundo punto de intervención--
Canarias en la Unión Europea Occidental? Señor Presidente,
nosotros le pedimos que se sigan intensificando las actuaciones
del Gobierno, que afortunadamente han mejorado en los últimos
meses, en el tema de la prórroga del Poseican. Por tanto, espero
que nuestro nuevo y flamante Ministro de Asuntos Exteriores, don
Carlos Westendorp --que es sensible al problema, porque lo conoce
como el mejor especialista en la materia, desde el punto de vista
de la diplomacia española--, consiga llevar adelante la prórroga
de los documentos del Poseican, incluso con la tarifa exterior
común. La economía y el ambiente sociolaboral canario necesitan
esto.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero pedirle que se acelere
la aprobación de los reglamentos del REF, aunque reconocemos que
en los últimos meses se ha avanzado. Se han hecho esfuerzos con
Bruselas, que era quien ponía todas estas objeciones. No está
cerrado el tema, pero sí quisiéramos que antes de que se celebren
las elecciones generales, anunciadas por usted, señor Presidente,
se consiga el decreto-ley haciendo la modificación de la Ley del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias y que, al mismo tiempo,
podamos resolver los contenciosos que quedan.
También celebro que haya habido un acuerdo de intenciones entre
el Gobierno central, que usted preside, y el Gobierno autónomo de
Canarias, presidido por don Manuel Hermoso, y que se haya llegado
a una solución pactada para que la zona económica especial de
Canarias encuentre su acomodo, que no se prescinda de la posible
presencia en ella de empresarios españoles, y que se pueda seguir
adelante con todo este proceso.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Finalmente, tenemos el tema del Estatuto permanente de Canarias.
Quiero reconocer aquí la labor que ha hecho el grupo de reflexión
y esperamos, señor Presidente, que el documento --conjuntamente
con el que mañana vamos a aprobar aquí, en cuyo Título IX, los
instrumentos de la Unión, se ha introducido el tema de las
regiones ultraperiféricas y de los reglamentos y estatutos
permanentes-- se consolide.
Mañana, Coalición Canaria va a apoyar y a votar favorablemente,
en la Comisión Mixta Congreso-Senado, el epígrafe que hace
referencia al Estatuto permanente, pero es fundamental que en la
Conferencia de Turín, en la próxima primavera, se lleve ya
incorporado en el documento de reflexión. Por otro lado, quiero
agradecer, una vez más, al señor Westendorp su agilidad respecto
a nuestra Comisión, al irnos facilitando los documentos, tanto de
etapa como toda la negociación hecha dentro del seno del marco de
reflexión.
En lo que sí quiero sensibilizarles es que para Canarias, para
consolidar su situación ante la Unión Europea, es fundamental
obtener y reflejar en el Derecho positivo comunitario y en todo
su acervo, un estatuto permanente. Si no, Canarias no entendería
cómo está vinculada a la Unión Europea; nos quedaríamos en una
entelequia. Es este Estatuto permanente el que nosotros
esperamos, señor Presidente, que se consiga.
Nosotros hacemos una valoración positiva de la labor del Gobierno
que usted preside al visitar las 14 capitales europeas. Quiero
recordar aquí que desde 1993
no habíamos conocido ningún presidente de gobierno de los
miembros de la Unión Europea y de la presidencia que hubiera
visitado los 14 países. Esto es positivo porque da una sensación
de coherencia y de cohesión. El broche final que se le ha puesto
es un motivo de satisfacción y orgullo para todos los españoles.
Canarias, en su distanciamiento geográfico, se siente muy próxima
a este logro, como le dije en la sesión que celebramos en junio
sobre las prioridades de Europa y cuando vino usted a rendir
cuentas de Cannes y se debatieron, más que esta cumbre, que tenía
poco que discutir, lamentablemente, las prioridades del semestre.
El triunfo del Gobierno que nos representa es el triunfo de
España. Nosotros queremos participar de él. Como si esto fuera
una competición deportiva, pedimos que precisamente el sentido de
la dignidad de España, en la que participa Canarias, se sienta
satisfecho, las incógnitas se resuelvan y que podamos
felicitarle.
A mí no me duelen prendas en reconocer que ha sido un triunfo
diplomático para España en su política exterior que podemos
rentabilizar. Como España va a ocupar la troika comunitaria,
ahora ya de salida, esperemos que el nuevo semestre permita a
España jugar un papel de árbitro entre los intereses --porque no
nos gustaron los gestos ni del señor Dini ni del señor Chirac por
razones ajenas a los documentos de la Unión Europea-- para que no
fracase la Conferencia Intergubernamental. Es uno de los retos
que tenemos. Cuando Coalición Canaria --y usted lo sabe, señor
Presidente-- ha mantenido posiciones críticas y le ha pedido el
adelanto de las elecciones, ha respetado el semestre de la
presidencia española. Se ha cumplido y yo creo que podemos hoy
felicitarnos todos por el prestigio diplomático, oficial,
político y democrático de España.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Empieza a ser norma no escrita en el debate europeo que, salvo
las necesarias diferencias, haya una filosofía de unidad, una
voluntad, a mi juicio responsable, de no contaminar con
parámetros interiores la presión común exterior. Por ello me
parece obligado felicitar la presidencia española tanto en los
aspectos procesales, donde se ha demostrado una gran precisión --
y quizás en esta época tumultuosa es bueno poder saludar a un
nuevo Ministro, el señor Westendorp, con una felicitación--, como
en aquello que puede ser calificado de éxito indiscutible, el
informe consensual del grupo de reflexión; la cumbre con Estados
Unidos, que ha profundizado las relaciones con Europa, y la
apertura económica y política hacia el Mediterráneo en un
proceso, yo espero que de mediterranización de Europa, que recibe
su bautismo efectivo en la Conferencia de Barcelona. Una
conferencia, por cierto, que también fue, yo creo, un gran éxito,
y especialmente allí.
A partir de ahí se acaban, a nuestro entender, las euforias y
empiezan las incertidumbres. La Cumbre de Madrid pasará
seguramente a la historia por ser el escenario donde nació el
nombre de la cosa, donde la moneda pasó a tener un nombre y,
sobre todo, un calendario. Sin embargo, este punto fundamental de
la Unión ¿ha sido un éxito, un éxito español, o ha sido el inicio
de la propia tumba? Es más, ¿estamos ante un éxito real o ante un
ejercicio de voluntarismo que ha derivado en una gran campaña de
autobombo?
Como decía un comentarista, este es un guión escrito por Kohl y
Chirac y culminado por un protagonista, Felipe González, al que
han permitido capitalizar la foto. Por cierto, el Chirac de las
pruebas nucleares y los experimentos sociales no es un gran
aliado.
Tenemos, pues, un gran titular, el de la Unión Europea. Pero,
¿dónde están las respuestas a cada una de las incógnitas? ¿Podrá
el Estado español ser convergente a tiempo si Francia, por
ejemplo, tiene ya grandes dificultades? ¿Y llegarán países como
Grecia, como Suecia, como Bélgica? ¿Hasta qué punto es un proceso
unificador si quedan excluidos países de esta dimensión? Es más,
¿cómo será la relación entre el núcleo duro de la Unión y los que
queden fuera? ¿Habrá consensos, política económica común,
facilidad para hacer un presupuesto comunitario si se produce
esta distinción entre el núcleo duro y los que queden fuera?
¿Cómo aseguramos, señor González, que la moneda única no cree
nuevos muros que dificulten ampliaciones posteriores? ¿Hay
respuesta, debate, reflexión a este respecto?
Esta Europa de mercado único, que no consigue acabar de serlo, de
desaparición de fronteras que, sin embargo, no desaparecen, de
Estados que se rearman contra la presencia de las naciones --ni
como idioma europeo conciben ustedes al catalán, y de esa
exclusión sé que el señor Westendorp sabe bastante--, la Europa
de los grandes intereses que la alejan de la Europa de los
ciudadanos, esa Europa acaba de hacer, a nuestro parecer, otro
golpe de efecto: consolida una unidad monetaria que nadie sabe en
qué grado es unidad y en qué grado va a ser desunión y mayor
segmentación entre el núcleo duro y los países menos
desarrollados.
Pero lo más importante es que usted no ha explicado, señor
González, ni creo sinceramente que pueda hacerlo, cómo se
impedirá que el Estado español se quede fuera del proceso
unificador más importante de la historia. ¿Cómo harán para que
ese barco que acaba de botar con cava --espero que con cava
catalán-- no se aleje de su propia costa? ¿Usted está en
condiciones de asegurar, señor González, que España superará en
1998 el test de Maastricht? ¿Cómo hará para sanear en un año y
medio lo que ha sido incapaz de hacer en trece años? ¿O ya se
considera definitivamente derrotado y deja un regalo envenenado a
sus adversarios políticos?
Con la incapacidad demostrada en estos trece años para regular el
déficit y racionalizar la economía, ¿qué
milagros se van a plantear para ejecutar en ese escaso año y
medio de plazo, para llegar, por tanto, a la convergencia? Ahí
nos parece que está la clave entre el éxito y el fracaso, entre
la foto del éxito y la foto del fracaso. Usted, señor González,
se ha hecho la foto de la Euro, pero quizá a costa de dejarnos a
todos los demás ciudadanos fuera de ella.
En todo caso, y para acabar, ese tren que han puesto en marcha
tiene luces brillantes, pero no es --y ahí empiezan las sombras--
ni el tren de las naciones --no nos lo parece a muchos catalanes-
-, ni el tren de la paz --no lo ha parecido demasiado tiempo en
Bosnia--, ni el tren de la justicia social, a tenor de la falta
de respuesta a grandes incógnitas. Sobre todo, siendo el tren de
la unidad, a lo mejor por esos errores de gestión durante tantos
años, no es el tren que puede coger el Estado español.
Madrid quizá ha visto nacer y ha impulsado un proceso en el cual
se quede fuera. Madrid quizá ha visto, pues, nacer su propia
exclusión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
El señor Mur tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Partido Aragonés en este
debate.
Debemos comenzar por reconocer que este semestre español y la
Cumbre celebrada los días 15 y 16 han sido un éxito político y de
imagen para el conjunto de nuestro país. La imagen de España
ciertamente ha salido refortalecida. Hemos estado a la altura de
lo que los socios europeos demandaban de nosotros. Pero ese
éxito, quiero decírselo, señor Presidente, no es exclusivamente
un mérito suyo. Usted ha tenido el privilegio de estar ahí en
este momento histórico y ha contado con muchas y valiosas
colaboraciones. Usted ha podido dar la talla porque tenía detrás
suyo un gran país en su conjunto, y tenía la colaboración de
muchas personas, de muchos profesionales, de este Parlamento, de
los partidos políticos que están aquí representados, que durante
todo este tiempo y en los temas europeos creo que hemos cerrado
filas y hemos colaborado a que todo esto fuera un éxito.
Debemos también reconocer el éxito de la diplomacia española, de
esa diplomacia que ha trabajado eficaz y calladamente y que ha
culminado con el nombramiento de nuestro anterior Ministro de
Asuntos Exteriores como Secretario General de la OTAN y con el
ascenso lógico de don Carlos Westendorp a la Cartera de
Exteriores, al que felicitamos y le deseamos los mayores éxitos.
Por eso, señor Presidente, no debería usted personalizar lo
conseguido este semestre. No caiga en la tentación de utilizar
electoralmente el semestre y la Cumbre Europea. Lo conseguido en
Europa no debe hacerle olvidar los problemas internos, que son
muchos y de difícil solución. Además, hay ejemplos de líderes
que, habiendo ganado la batalla de la política exterior, han
perdido seguidamente la batalla de las elecciones en su país; no
le vaya a pasar a usted lo mismo.
No sólo no se ha resuelto la larga batalla del camino hacia
Europa, sino que quedan todavía muchas dificultades, en especial
de índole económica. Son buenos y necesarios los éxitos
políticos, pero insuficientes. Si los ciudadanos no perciben en
su vida diaria, en sus expectativas de futuro, en su calidad de
vida, los beneficios europeos, no se van a resignar fácilmente a
tantos requerimientos como nos va a exigir Europa. Europa nos va
a exigir, nos está exigiendo, un duro ajuste porque, hoy por hoy,
no cumple las exigencias de la Unión Económica y Monetaria y
queda muy poco tiempo hasta esos 1996, 1997, 1998, cuando nos van
a evaluar. Nuestra inflación sigue siendo excesiva, nuestra deuda
nos ahoga y los intereses impiden que se hagan inversiones
creadoras de empleo; el déficit público sigue siendo excesivo,
gastamos mucho, gastamos mal e invertimos poco; nuestros
intereses son altos, tenemos que pagar todavía el riesgo de
nuestro país; y el desempleo, esa gran lacra, ese gran déficit
que tiene nuestro panorama económico, es todavía el doble de la
media europea. Además, se ceba de manera especial entre capas
sociales dinámicas y, sobre todo, entre nuestra juventud. El
crecimiento económico es menor del previsto y no se nota en las
economías domésticas, en la de las pequeñas y medianas empresas,
en el consumo; hay un estancamiento en materia económica que
impide crear un empleo estable.
Hay sectores especialmente castigados, y usted lo sabe señor
Presidente, la agricultura, la pesca; estamos pendientes de
organizar la OCM; las subvenciones que el campo español percibe
son pan para hoy y hambre para mañana y no han servido para
hacernos más competitivos. Realmente, da la sensación de que, en
Europa, lo que quieren es condenarnos a ser consumidores de sus
productos y copar nuestro mercado.
Esa convergencia económica que se nos exige no debería hacerse
aumentando la divergencia social. En España no se percibe por
igual entre los ciudadanos los beneficios de la política europea
y tampoco llegan de manera igual o solidaria a todos los
territorios. En Aragón, señor Presidente, nos sentimos
discriminados en las ayudas europeas, lo hemos dicho más de una
vez, y eso que nosotros tenemos una vocación europeísta, una idea
clara y una voluntad firme de lo que es Europa, de lo que es ser
plenamente aragonés, tanto por razones históricas como por
razones geográficas.
Por eso, los nuevos retos que nos plantea Europa deben hacerse
desde la eficacia en la toma de decisiones, de manera muy
especial en la política exterior, en la política de seguridad y
en la política de defensa. Por ello, el Parlamento Europeo debe
ampliar y reforzar sus poderes, su capacidad de control y su
representatividad. La unidad política y cultural de Europa no
debe ir en contra de la pluralidad de los pueblos que la
componen.
Debemos reforzar nuestra propia identidad para no vernos
difuminados y absorbidos por otros idiomas, por otras costumbres
y por otras culturas. Hay que potenciar también la cultura de lo
propio, la cultura de lo próximo, la cultura de lo nuestro.
El proyecto europeo debe significar una mayor libertad real para
los ciudadanos y un mayor respeto para los derechos individuales.
Debemos proteger los ámbitos territoriales y sociales concretos,
la región, la ciudad, la profesión, la familia, que son hoy por
hoy el soporte de nuestra identidad, y deben ser compatibles con
la nueva Europa, en especial con la actual y con la ampliada.
Todo ello será difícil si no vencemos ese fantasma del desempleo
que hoy recorre Europa, ya que la lucha por el puesto de trabajo
es, hoy por hoy, el mayor enemigo de la idea europea. De aquí a
marzo de 1996, cuando se celebre la Conferencia
Intergubernamental, en la que tantas expectativas se han puesto,
queda todavía mucho por hacer. Todos deberemos hacer un gran
esfuerzo, pero con los tiempos que vienen, señor Presidente, esto
no va a ser fácil. De ahí que todos tendremos que estar
preparados porque, en definitiva, este empeño europeo y este
futuro para España es responsabilidad de todos nosotros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, pensando
que podía ser una de las últimas intervenciones en esta
legislatura del Diputado que les habla y en el tema de que se iba
a hablar creo que me he preparado demasiado y no voy a tener
tanto tiempo, porque, si a usted le gusta hablar de Europa, a los
valencianos también nos suena bien esa música y siempre hemos
creído en lo que es Europa, en lo que significa y qué queremos
que sea Europa en un futuro.
Ha terminado la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y de
entrada le quiero felicitar porque estoy convencido de que
felicitándole a usted estoy haciendo extensible la felicitación a
todos los que han participado directa o indirectamente, desde
arriba hasta abajo, desde usted hasta el último ciudadano del
último municipio del Estado español. Quiero felicitarle pero
haciendo algunas matizaciones a lo largo de mi discurso que
intentaré transmitirle.
En estos seis meses de presidencia que han permitido continuar en
el Gobierno a un Ejecutivo débil ante el resto de socios de la
Unión Europea, hemos detectado los ciudadanos unas fases de
ímpetu, de esfuerzo, de trabajo firme, alternados con períodos de
debilidad, de dejación, según se tratara de unos temas o de
otros. Usted ya sabe a qué me refiero. Así, frente a firmeza en
cuestiones como la moneda única y la política económica común,
que aplaudimos, han brillado con luz propia conductas de
debilidad como los acuerdos con Marruecos y terceros países en
materia agrícola y pesquera, en los que no me voy a extender
porque no es tampoco el momento de hacerlo, pero quería que
quedara constancia. Esa poca voluntad política de sacar adelante
la reforma de la OCM de frutas, del vino, del arroz, con
planteamientos beneficiosos para nuestros productos, basados en
el respeto al principio de solidaridad financiera, preferencia
comunitaria, ayudas al sector, etcétera.
Se ha hablado de varios objetivos de esta presidencia española de
la Unión Europea, pero el principal
--y creo que así ha quedado puesto de manifiesto en el día de
hoy-- y en el que todos estamos de acuerdo es el relanzamiento de
la Unión Europea del año 2000, su futuro económico y político,
así como la apertura hacia los países del Este, etcétera.
Bautizar la futura moneda única ha sido relativamente fácil; digo
relativamente fácil. Lo del euro suena bien, pero peor sonaba el
nombre propuesto por esos jóvenes de la Organización para la
Solidaridad e Igualdad que solicitaban el nombre de «paro»,
porque, desgraciadamente --y usted bien lo sabe--, refleja mejor
la realidad del proyecto europeo en estos momentos.
Quizás los agricultores y pescadores españoles, tras los
«beneficiosos» --entre comillas-- acuerdos de la Unión Europea
con Marruecos, le hubieran dado otro nombre a la moneda, a lo
mejor el nombre de la moneda oficial del Reino de Marruecos, el
«diram». Pero no, el euro y vale. Se ha avanzado.
Algo más discutible, cuya discusión ha tenido más contenido y
donde ha habido alguna que otra discrepancia han sido los plazos,
el proceso de implantación, el saneamiento de las finanzas,
etcétera.
Un segundo objetivo importante era el de fijar la fecha en la que
los países que quieran acceder a la misma deberían cumplir los
criterios de convergencia determinados en Maastricht y, sobre
todo, de los retos del 2000 en adelante, para que se iniciaran,
como he comentado, esas negociaciones con Malta, Chipre, Polonia,
Hungría, la República Checa, la Eslovaca, Bulgaria, Rumania,
etcétera. Abrir la Unión Europea al Este y también al
Mediterráneo, tarea nada fácil.
También se ha propuesto --y creo que es positivo-- sentar las
bases de lo que puede ser la próxima conferencia
intergubernamental de 1996, sobre la que no se han adoptado
decisiones detalladas, para que se reformen las carencias que
tiene el Tratado de la Unión.
Creo que ha sido muy positivo el esfuerzo --y me consta que usted
personalmente lo ha hecho-- para reforzar las relaciones con
Hispanoamérica, como creo que se ha conseguido con el acuerdo
Mercosur y el diálogo con Cuba, en contra de algunos
planteamientos de Estados Unidos que en nada benefician al
proceso democratizador de Cuba en el que estamos empeñados muchos
ciudadanos del mundo. Pero sobre todo se ha hablado mucho en esta
Cumbre de economía, el llamado debate sobre la tercera fase de la
Unión, y entendemos que esta convergencia a la Unión Europea no
puede ser exclusivamente nominal: cumplimiento
de las condiciones de Maastricht --que no cumplimos ninguna--;
también se debería tener en cuenta la tasa del crecimiento del
PIB, sin olvidar el desempleo, como posteriormente comentaré.
Pienso que ha habido una cierta alegría en la política económica
aplicada por el Gobierno en estos últimos años y ahora nos va a
pasar factura. ¿No se sabía ya de antemano que había que
converger? ¿De qué han servido los planes de competitividad, de
convergencia, si luego algunos no se han cumplido?
La política fiscal cuasi confiscatoria que se está aplicando nos
ha llevado a una situación de alarmante paro y de gasto público;
no ha habido rigor ni equilibrio, pero la culpa posiblemente sea
de la oposición por rechazar los presupuestos de 1996.
Pues bien, a pesar de todo ello, el Gobierno sigue confiando en
entrar en la tercera fase de la Unión Europea. La verdad es que
alabo ese optimismo, pero las condiciones de la convergencia
están ahí, no cumplimos ninguna y de la inflación nos separa tan
sólo el 56 por ciento de la exigida, puesto que nuestra inflación
supera en un 56 por ciento los requisitos de Maastricht, y el
déficit público, por hablar de otra cifra, se supera en más del
cien por cien del requerido por las condiciones de Maastricht.
Evidentemente, en estas condiciones, podemos quedar relegados a
la segunda velocidad, y usted es consciente de ello. Ni es 1998
ni 1999 ni en el 2002 entraremos en el club de los países de
moneda única porque creo que no aprobaremos la evaluación o
examen de 1998.
Por cierto, a pesar de las ventajas de la moneda única, no hemos
de olvidar que el proceso de convergencia provocará un efecto
recesivo en la demanda y que con todo el proceso se pierde una de
las políticas económicas importantes, como es la monetaria.
Por tanto, el balance de seis meses de presidencia es, a mi
juicio, a pesar de esa felicitación que le he lanzado,
insatisfactorio, con carencias en algunos temas que han
decepcionado a muchos sectores españoles que tenían grandes
ilusiones puestas en algunos logros que se podían haber
conseguido, puesto que, realmente, se esperaba algún logro más.
Cuestiones importantes han quedado ralentizadas o paralizadas,
como la de las OCM de frutas, vino y arroz; la Europol, la lucha
contra el racismo. Otras han sido débilmente impulsadas, como la
lucha conjunta contra el terrorismo, la lucha contra el paro, la
droga, la sequía en el sur de Europa, la lucha contra el
despilfarro y la malversación de los ingresos y gastos
comunitarios y políticas medioambientales.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo. Señor Presidente, le ruego
un poco de benevolencia en una de las últimas intervenciones que
puedo tener en este hemiciclo.
El ímpetu y esfuerzo demostrados en la cuestión mediterránea
siempre son positivos y, sobre todo, en los acuerdos
preferenciales con terceros países y acuerdos de la Unión Europea
con Marruecos, y de ahí mi motivo de queja en el día de hoy.
Unión Valenciana considera, como ya he resaltado anteriormente,
que la lucha contra el desempleo constituye la tarea prioritaria
de la Unión Europea, supeditando, si es preciso, el calendario de
la moneda única a este objetivo. Se lo pido sinceramente.
El refrendo de los cinco puntos recogidos en la Cumbre alemana de
Essen de 1994, hace un año, no son suficientes. Hay que
impulsarlos con firmeza, con rigor y con serio y decidido apoyo
presupuestario.
Para concluir, muy brevemente, quiero decir que Europa se
enfrenta a nuevos retos. Tenemos que preparar la Conferencia
Intergubernamental de 1996, con el objetivo de acercar la Unión
Europea al ciudadano, y se han sentado ya las bases para ello. Yo
me congratulo. Además de acercarla al ciudadano, es fundamental
acercarla a la realidad de nuestra organización territorial del
Estado y conseguir la efectiva participación de las comunidades
autónomas en la construcción de la Unión Europea desde la visión
de la pluralidad del Estado español; subsanar las deficiencias
democráticas del Tratado en la actual estructura institucional
europea; garantizar para ello, repito, la participación y
presencia efectiva de nuestras comunidades autónomas en el
proceso de construcción europea. Hay que conseguir una Europa más
democrática, más transparente en la toma de decisiones y, para
ello, solicitamos esa reforma institucional.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, concluyo. Ya he
eliminado dos folios, y termino rápidamente. (Risas.)
Estas cuestiones son las asignaturas pendientes de la Unión
Europea y de sus Estados miembros. Si las abordamos con firmeza y
rigor, conseguiremos la Unión Europea a la que aspiramos todos:
esa Europa basada en el trabajo, la solidaridad, la paz y la
justicia; esa Europa unida en la que quepamos todos, pero, sobre
todo, las comunidades autónomas que conforman el Estado español,
que es donde se encuentra la esencia y el sentido europeísta del
Estado español en su conjunto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, los resultados del Consejo de Madrid y del semestre de
la Presidencia de la Unión
Europea nos llevan a comenzar esta intervención expresando una
felicitación calurosa a todos los que han colaborado en el éxito
alcanzado tanto con la presidencia como por el propio Consejo.
Sin exagerar, tanto uno como otro han tenido resultados
brillantes. La Presidencia ha sabido sortear las dificultades de
todo orden que tenía planteadas al comienzo de su tarea,
dificultades que a nadie se le escapan; ha conseguido aunar
voluntades muy dispares, despejar incertidumbres de gran calado,
incertidumbres que, de seguir abiertas, podían haber paralizado
el proceso de integración europea.
Al final, cuando se leen las conclusiones del Consejo Europeo de
la semana pasada, se encuentran en ellas trazos muy
significativos de nuestro propio futuro como europeos que hace
solo seis meses no eran todavía perceptibles. A partir de Madrid,
los perfiles de la Europa del próximo siglo empiezan a definirse,
y tanto los debates de la Cumbre de Formentor como el documento
elaborado por la Presidencia del Grupo de Reflexión están en la
base de esos avances.
Para quienes creemos que el empleo, el bienestar, la paz y la
seguridad de cada uno de nosotros y de nuestros conciudadanos
dependen en muy buena medida del éxito o del fracaso del proyecto
de construcción europea, estos éxitos suponen una excelente
noticia y nos producen una gran tranquilidad. Vaya, pues, nuestra
felicitación al Presidente del Gobierno, al Ministro Solana, al
Ministro Westendorp --doble, por su reciente nombramiento-- y a
todos los que con ellos han colaborado en el intenso trabajo
desarrollado para el buen fin de este semestre.
Pero no sólo se ha trabajado para imaginar el futuro. También la
Presidencia y el Consejo Europeo han podido resolver muchos
problemas arrastrados del pasado. Se ha contribuido, en la medida
de las posibilidades de la Unión, que todavía desgraciadamente
son pocas, a afianzar el proceso de paz en Oriente Medio, así
como al inicio de la pacificación en la antigua Yugoslavia. Ver a
nuestro Presidente del Gobierno en los actos de la firma de esos
compromisos de paz nos ha supuesto, como creo que ha supuesto
para la mayoría de los españoles, una gran satisfacción.
Además, es innegable que durante este semestre la Unión Europea
ha mejorado y clarificado sus relaciones exteriores prácticamente
en todas las direcciones imaginables. Lo ha hecho, especialmente,
en regiones de vital importancia para nosotros. Probablemente
ninguna otra presidencia de ningún otro país miembro de la Unión
hubiera querido y podido establecer, en tan poco tiempo, acuerdos
tan importantes como los firmados con Marruecos y con Mercosur a
la vez que convocaba y celebraba con éxito la Conferencia
Euromediterránea.
En relación con los acuerdos de pesca y de cooperación con
Marruecos, valoramos de forma muy positiva su contenido, después
de una negociación extraordinariamente difícil, y no compartimos
en absoluto la mayoría de las críticas que han recibido esos
acuerdos; críticas que en ocasiones tergiversan, de modo radical,
los propios términos de lo acordado.
Al Grupo Socialista le alegra, de manera especial, este esfuerzo
tan intenso de la Unión Europa para estrechar lazos de amistad y
relaciones comerciales y económicas con tantos países ajenos al
propio continente europeo pero unidos a España por razones
históricas, culturales y geográficas, porque pensamos que nuestro
bienestar como país y la personalidad exterior de Europa no deben
nunca edificarse contra el bienestar y los intereses del resto
del mundo, sino que tienen que estar basados en la mutua
cooperación y, cuando proceda, en la solidaridad con los países
más débiles. Como socialistas, no queremos que la fortaleza
comercial y económica de la Unión Europea sirva de coartada para
despreocuparnos de la suerte de quienes viven peor que nosotros.
Tampoco queremos caer en la hipocresía, en la que muchas veces se
cae, de pedir el incremento sustancial de los recursos destinados
a la ayuda oficial al desarrollo y exigir, al mismo tiempo, el
cierre de nuestras fronteras y nuestros mercados a los mismos
países a los que se quiere ayudar. El 0,7 por ciento no es la
alternativa a la apertura de nuestros mercados en beneficio de
países poco desarrollados, sino que tiene que ser el complemento
de una estrategia comercial y de cooperación económica capaz de
posibilitar su crecimiento sobre la base del potencial de los
mercados de los países más industrializados.
También nos sentimos satisfechos de la precisión con la que el
Consejo de Madrid ha diseñado los primeros pasos y las fechas
conducentes a la negociación de la próxima ampliación de la Unión
Europea a nuevos países, una vez que la Conferencia del año 1996
clarifique las reformas del Tratado exigibles para un
funcionamiento eficaz de las instituciones comunes en una
comunidad de cerca de veinte miembros.
Pero, con todo, es más que probable que el Consejo de Madrid y el
conjunto de la presidencia española sean recordados por el
consenso alcanzado en torno a la moneda única y por la fijación
de 1999 como el comienzo definitivo de la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria. Ello conecta directamente con
nuestra realidad cotidiana y con las opciones básicas de los
programas que vamos a confrontar ante los votantes en las
próximas elecciones de marzo.
Madrid ha fijado un calendario preciso. A partir de ahora
comienza, con todas las consecuencias, la cuenta atrás del
proceso que nos llevará a estar o a no estar dentro del núcleo de
países que se integren desde el primer momento en la Unión
Económica y Monetaria. Frente a quienes piensan que esa opción --
la unión monetaria-- encierra trampas, comporta sacrificios
estériles y no aporta ventajas para la vida cotidiana de la
gente, nuestro Grupo sostiene que debemos hacer todo lo posible
por no faltar a la cita de la moneda única.
De aquí a finales de 1997 podemos y debemos reducir aún más la
tasa de inflación, seguir ajustando nuestras finanzas
públicas y cumplir con ello con los requisitos que nos permitan
integrarnos en el euro y en la tercera fase de la Unión Económica
y Monetaria desde el primer día. Podemos hacerlo si seguimos
cumpliendo, como lo venimos haciendo, lo previsto en el Programa
de Convergencia, frente a otras visiones más pesimistas o incluso
agoreras. La propia Comisión Europea lo dice así en su último
informe sobre el estado de la convergencia económica de los
países miembros de la Unión. Y no sólo podemos sino que lo
debemos hacer. Si lo intentamos con seriedad y lo conseguimos de
aquí a dentro de dos años, habrá en España en el futuro más
empleo, más crecimiento de la renta y la riqueza, más
posibilidades de futuro para todos.
Ni dentro ni fuera de España vemos que existan alternativas
fiables ni argumentos de una mínima solvencia como para
convencernos de que los esfuerzos de cara a nuestra presencia en
la moneda única no merezcan la pena. Por más que a veces pueda
sonar bien a los oídos de algunos la música de quienes proponen
ensayar otras estrategias, cada vez que alguien intenta llevarlas
a la práctica los resultados son los mismos: menos crecimiento,
tipos de interés más altos, mayor subida de los precios y al
final, al cabo de unos meses, al cabo de poco tiempo, un paquete
de medidas de ajuste más duras que las que se querían evitar. Es
decir, se acaba haciendo lo contrario de lo que se prometía hacer
y con mayores costes en términos de empleo y de cohesión social.
Precisamente nuestro apoyo a la integración monetaria tiene como
principal argumento el que sirve para favorecer, y no para
dificultar, la creación de empleo a medio y largo plazo. En esa
perspectiva es muy importante el avance que se ha producido
durante la presidencia española de este semestre para situar el
objetivo de empleo y las políticas de empleo en el lugar que les
corresponde en la Unión. Porque es cierto que la mayor parte de
las medidas capaces de incentivar la creación de puestos de
trabajo, más allá de lo que el crecimiento económico genera por
sí mismo, dependen todavía de instrumentos de ámbito nacional y
de las actitudes de los agentes económicos y sociales en cada uno
de los Estados miembros. Pero también es igualmente cierto que la
creación del mercado interior y la apertura total de fronteras
hacia el resto del mundo obligan a coordinar esfuerzos a escala
europea y a diseñar, como lo ha hecho el Consejo Europeo y
nuestra presidencia, nuevos instrumentos que complementen los
efectos de la integración económica y monetaria en favor de la
creación de puestos de trabajo.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, de la lectura de
las conclusiones del Consejo de Madrid salta a la vista que los
objetivos fijados para nuestra presidencia se han cumplido con
creces. Es más, las expectativas despertadas por nuestra
presidencia --que eran muchas-- se han visto desbordadas por la
realidad. Europa ha salido reforzada gracias a las decisiones
adoptadas durante estos meses, y ello no ha sido fruto ni de la
casualidad ni de la suerte. Ello se debe a la gran
profesionalidad y habilidad diplomática de que ha hecho gala
nuestro servicio exterior; se debe también a la claridad de ideas
con la que el Gobierno y también el Parlamento habíamos planteado
los objetivos a alcanzar y los medios para hacerlo en estos seis
meses; se debe a la confianza que desde los demás países miembros
se otorga al quehacer europeo de nuestros responsables políticos
y al de nuestros altos funcionarios; y se debe, sin ninguna duda,
a la enorme capacidad de liderazgo en materia de integración
europea que ha sabido desarrollar a lo largo de los años, y en
particular en estos meses, el Presidente del Gobierno. En el
Grupo Socialista nos alegramos de todo ello, del refuerzo de la
idea europea y de las causas que han hecho posible que eso sea
palpable y evidente al final de nuestra presidencia.
Cuanto más creíble sea Europa como entidad política, menos
riesgos corremos frente al resurgir de los nacionalismos
excluyentes, de las tensiones xenófobas, de los proteccionismos
estériles. Cuanto más fuerte sea la Unión Europea, más fácil será
que desde nuestro continente podamos ayudar a paliar las
tremendas desigualdades existentes entre países, incluso entre
países vecinos con los que compartimos las riberas del
Mediterráneo. Cuanto más viable sea el proyecto de una Europa
unida, más factible será que podamos lograr nuestros objetivos en
materia de empleo y de bienestar social. Pero la alegría y la
satisfacción que estoy expresando no pertenece sólo a quienes
apoyamos la tarea del Gobierno. Quiero pensar que estos logros
los sienten como propios todos los españoles. El que España, y no
el Gobierno, salga de este semestre con más peso y más prestigio
internacional es algo que no sólo debe satisfacer a algunos sino
a todos. Es verdad que algunos afrontaron este semestre con un
pesimismo propio de otras épocas. Es verdad que el señor Aznar
nos dijo desde esta tribuna, hace seis meses, que el señor
González no estaba en condiciones de gobernar España ni mucho
menos la Unión Europea. Es verdad que algún portavoz cualificado
del Partido Popular dijo en el mes de julio que la presidencia
europea era una simple excusa del Presidente del Gobierno para
alargar la legislatura y que sería un impasse como lo habían sido
la francesa y la alemana, pues los problemas de la Unión Europea
no se resolverían con voluntarismos ni con fotos. Se afirmó en
julio que el Presidente del Gobierno no tenía capacidad política
para resolver ningún problema europeo, que era un presidente
débil y que no resistiría una crítica internacional. Incluso, a
escasos días del Consejo de Madrid, un parlamentario europeo del
Partido Popular, Vicepresidente del Parlamento Europeo, ha
declarado que la actuación española en la presidencia europea ha
sido pobre, haciendo gala de una gran claridad de ideas.
Pero un país como España no se merece a finales del siglo XX esa
visión ceniza y pesimista de sus propias posibilidades, ni tiene
por qué resignarse ante la
cortedad de miras de algunos de sus representantes políticos.
Menos mal que el canciller Kohl ha hablado del sobresaliente
trabajo de la presidencia española y del éxito de la cumbre de
Madrid; menos mal que el Presidente Chirac lanzó un bravo por la
forma en que se había desarrollado la presidencia española; menos
mal que el Primer Ministro belga calificó de muy buena la labor
de nuestra presidencia, que el Primer Ministro holandés dijo que
el Consejo de Madrid había superado las esperanzas depositadas en
sus resultados y que el Primer Ministro italiano habló de
conclusiones y resultados sumamente positivos. Opiniones todas
ellas que no obedecen a la cortesía lógica entre colegas, sino
que coinciden con las valoraciones que ha realizado prácticamente
toda la prensa europea digna de algún respeto.
Frente a lo que nos ha anunciado esta tarde el señor Aznar como
conclusión de su valoración, no se puede ser un buen presidente
europeo sin ser un buen presidente de su país, es decir, de
España. Separar España de Europa o Europa de España, a estas
alturas, es no entender nada. El éxito de este Consejo Europeo,
aunque a algunos quizá les deje un pequeño sabor amargo, es un
activo para nuestro país, para todo nuestro país. Igual da quién
ocupe la responsabilidad del Gobierno. Quien sale ganando con los
resultados obtenidos es España y también Europa por las
decisiones que se han adoptado y por cómo hemos sido capaces de
trabajar para hacerlo.
Al comienzo del otoño había quien opinaba que había que convocar
ya las elecciones y que no merecía la pena mantener abierta una
legislatura con el simple argumento de que había que aprobar un
código penal y llevar a cabo la presidencia europea. A la vista
de las conclusiones del Consejo de Madrid, ceder a esas
peticiones hubiese sido un grave error y nos hubiese impedido
conseguir la mayoría de los resultados que hoy estamos valorando,
y valorando positivamente. Ahora sí, una vez acabada la
presidencia europea, ahora sí que estamos a punto de afrontar una
campaña electoral una vez cumplida la tarea encomendada. Los que
apostamos por el éxito de la presidencia y del Consejo de Madrid
desde el principio tenemos muy fácil explicar a los electores por
qué hicimos lo que hicimos, por qué pensábamos lo que pensábamos
y qué es lo que se ha hecho en estos meses. En cambio, quienes
pedían día sí, día también, elecciones anticipadas quizá tengan
hoy cierta pereza al tener que dar cuenta ante los electores de
por qué expresaron las opiniones que expresaron hace unos pocos
meses, y tendrán que dar cuenta también de su acierto o de su
error, tal y como se han desarrollado las cosas desde entonces
hasta hoy.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Para contestar a las intervenciones de los distintos portavoces,
tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, por cortesía parlamentaria subo de nuevo a
esta tribuna, porque la sesión, como indica su propio nombre,
tiene el carácter de informativa y no querría yo, en manera
alguna, convertirla en otra cosa, a pesar de la proximidad, ahora
sí, del proceso electoral.
En primer lugar, me gustaría aclarar que, a mi juicio, sería muy
útil --y lo dije en mi intervención del comienzo de esta sesión--
que pudiéramos hacer una reunión específica para analizar el
semestre de la presidencia española, porque sí me he tomado el
trabajo de leer las 109 recomendaciones de la Comisión Mixta
Congreso-Senado, después del debate que hubo aquí sobre las
perspectivas o los proyectos de la presidencia española.
Naturalmente me gustaría que se hiciera porque creo que el grado
de cumplimiento ha sido extraordinariamente alto. También he
hecho una referencia --que reitero ahora-- a que esto en sí mismo
tiene un extraordinario valor. El valor de que ha habido un
amplísimo consenso --naturalmente no un concenso total-- entre
las fuerzas políticas parlamentarias para definir cuáles son los
objetivos de la presidencia española. Por eso no puedo dejar de
congratularme. Incluso yo agradezco las expresiones que
contenidamente, desde esta tribuna, se han expresado diciendo que
ha sido razonablemente positivo, positivo o bueno el resultado de
la presidencia. Lo agradezco porque sé que no están los tiempos
para piropos, sino para lo contrario.
Por tanto, ese simple reconocimiento tiene doble valor. Y también
quiero decir que el esfuerzo del equipo humano que se dedica a la
relación de España con la Unión Europea es, ése sí, absolutamente
digno de elogio, sin ningún tipo de reserva. Son pocas personas,
con una capacidad de entrega y con una capacidad de trabajo
extraordinarias, con un gran rigor, reconocidos en toda la Unión Europea.
Dicho esto, antes de entrar a hacer un poco de resumen, quizá
balance, de algunas de las cuestiones discutidas --lo que es el
motivo de esta sesión informativa-- en el Consejo Europeo, me
gustaría hacer algunas precisiones sobre datos que se manejan.
Por ejemplo, el crecimiento económico en España en el tercer
trimestre ha disminuido, en términos relativos, respecto del
segundo trimestre. Es un fenómeno que se está planteando en toda
Europa. Yo creo que deberíamos de intentar transmitir a nuestra
sociedad algo que no fuera autoflagelación permanente. Pero, aun
así, la media de estos trimestres es del 3,05 por ciento, lo cual
significa que, siendo la media prevista para este año por la OCDE
del 2,2 por ciento, estamos muy por encima de esa media, y
también de la media europea.
Me gustaría también aclarar algunos conceptos que no deberían
quedar oscuros. En primer lugar, los fondos de cohesión. Más de
una vez he dicho desde esta tribuna que yo negocié los fondos de
cohesión y su condicionalidad. Por consiguiente, conozco muy bien
cuál es el mecanismo, y los fondos de cohesión no están en riesgo
más que con la condicionalidad de la convergencia en cuanto que
programa de convergencia. Los fondos de cohesión estarán o no en
discusión, no exactamente si se cumplen o no los criterios en el
año en curso, sino se cumplen los objetivos del Programa de
Convergencia que se plantea y se presenta a la Unión Europea.
También me gustaría dar algunos datos complementarios que yo creo
que son útiles. Por ejemplo, el diferencial de tipos de interés
está mejorando. En la actualidad, este diferencial con Alemania
es de 3,77 puntos y en marzo superaba los 5 puntos. Por
consiguiente se ha acortado el diferencial de tipo de interés.
Pero también el tipo de cambio con el marco es hoy mejor que a
primeros de marzo. El tipo central se fijó entonces, tal como
era, en 85,07 y estamos en 84,89. En la consideración de la Unión
Europea, somos el tercer país en cuanto a moneda sólida no
alterada por los mercados de cambio en este momento. Por tanto,
creo que son noticias relativamente positivas.
También me gustaría que para calmar algunas inquietudes, que
considero absolutamente legítimas, se supiera --reitero ahora--
que la OCM del arroz se acaba de aprobar hoy; que falta un
dictamen del Parlamento, que no depende de nosotros, para avanzar
en la de frutas y hortalizas. Pero a pesar de todo, en un tema
tan sensible como el de frutas y hortalizas, me gustaría que
algunos datos pudieran quedar en la mente de todos. Por ejemplo,
la producción de frutas y hortalizas, desde que entramos en la
Comunidad, ha aumentado en un 50 por ciento, y todo dirigido a la
exportación hacia la Unión Europea. Especialmente ha aumentado el
tomate, que crea algún problema en relación con el acuerdo de
asociación con Marruecos, que mantendrá sus flujos tradicionales
de exportación. Por consiguiente, no alterará para nada el curso
de las exportaciones españolas. Hay muchos datos sobre eso. Hemos
pasado en tomate de 2,42 millones de toneladas a 3,96 en 1994.
Por consiguiente, hemos enviado a Europa el 94,7 por ciento de
ese total. En el año 1985 España ha exportado 396.075 toneladas
de tomate fresco, de las que a la Unión Europea envió el 90,6 por
ciento. Por tanto, la evolución ha sido espectacular. También en
cítricos la evolución ha sido muy positiva en cuanto al
incremento de las exportaciones. Hemos pasado de 600.000
toneladas de exportación en 1985 a más de 1,3 millones en 1994, y
un aumento semejante se ha producido en mandarinas. Pero también
se ha producido en el limón, que teníamos grave preocupación por
el mantenimiento de la producción, y se ha pasado de 224.000
toneladas a 355.000. Otros datos complementarios podrían crear
probablemente una sensación de mayor sosiego para lo que es
nuestra agricultura. Es verdad que han aumentado la subvenciones.
Es que ha cambiado la política agrícola común, y ahora no se
están subvencionando precios sino rentas. Por consiguiente, lo
lógico es que el sistema de subvención tradicional de la Unión
Europea vaya cambiando hacia un sistema de subvención de la
renta. Pero también es cierto que es España el país en que más ha
crecido la renta agraria en términos relativos con todos los
países de la Unión.
¿Qué hemos pretendido con el Consejo Europeo, no digo con la
presidencia en su conjunto, que, repito, respeto las 109
resoluciones que se hicieron con motivo del debate sobre los
objetivos de la presidencia europea? Hemos pretendido sacar
adelante un proyecto importante: la unión económica y monetaria,
definir el escenario del paso a la tercera fase. ¿Esto plantea
desafíos para todos? Sin duda. Para España plantea desafíos
especiales. Yo no quiero hablar de nuestra discusión, sino de las
previsiones de la Comisión. Las previsiones de la Comisión,
cumpliendo naturalmente el Programa de Convergencia, nos acercan
extraordinariamente al cumplimiento de todos los objetivos en la
primavera de 1998, cuando se van a tomar las decisiones para el
paso a la tercera fase. Por consiguiente, yo creo que con un
acuerdo y con un esfuerzo de todos indudablemente podemos estar
en esa primera fase.
A mí me gustaría decir que cuando se habla de la construcción
política europea --alguien lo ha dicho ya desde la tribuna, me
parece muy justo-- es imposible separar la unión monetaria de la
construcción política o del avance en la política exterior de la
Unión Europea. Porque la unión monetaria es el paso, la
transferencia de soberanía --también se ha dicho aquí--, para
compartirla con los demás, más significativa que se ha producido
en Europa en los últimos treinta años. Por consiguiente, se trata
de un paso que tiene un contenido formalmente económico,
monetario, pero tiene un sentido político extraordinariamente
importante. Y no se cede para que la manejen otros, sino para
compartirla entre todos, cosa que yo creo que hay que explicar
con claridad a los ciudadanos.
Es verdad que se va a plantear un problema de distintas
velocidades en la marcha, en la construcción europea. De cómo se
resuelva ese problema depende cómo se va a llegar al final en
este proceso. Porque no cabe duda de que va a haber dos niveles
distintos entre los países que participen en la unión monetaria a
partir del 1 de enero de 1999 y aquellos que, siendo actualmente
miembros de la Unión, porque no quieran o porque no puedan, no
participen en la unión. Me gustaría despejar alguna
incertidumbre. Ya lo he dicho esta tarde pero quizá no lo he
explicado bien. Los países que no forman parte de la unión
monetaria o que no formen parte el 1 de enero de 1999, cuando
cumplan los criterios de convergencia establecidos en el Tratado,
tienen automáticamente derecho a pasar al grupo de países que
forman la unión monetaria y no estarán afectados para nada por el
pacto de estabilidad en tanto no entren dentro del núcleo de
países que tienen esa unión monetaria consolidada. Por tanto,
habrá durante cierto tiempo velocidades diferentes, y esto se
incrementará cuando haya una negociación nueva con los
países de la ampliación, porque en estos países probablemente
incluso la adaptación al mercado interior, es decir, la
desaparición de sus fronteras, exigirá un proceso de muchos años.
Yo he hablado con muchos de ellos. El debate del otro día fue un
debate abierto, con todos. Probablemente será de 10, 12 ó 15
años. En algunas materias nosotros hemos tenido períodos de
adaptación de esa magnitud. Y estos países --lo he recordado en
alguna intervención pública--, entre todos, entre los once, con
100 millones de habitantes, gracias al sistema político del que
han disfrutado durante 50 años, contrario al sistema occidental,
tienen la mitad del producto bruto de España o el mismo que
Holanda. Por consiguiente, son países que tienen un deseo casi
irrefrenable de formar parte de esta maldición que se nos viene
encima que es la Unión Europea, con la unión monetaria incluida.
No quieren quedar fuera a ningún precio, de ninguna manera, sea
cual sea la velocidad de su aproximación, que deberá ser lenta
por dos razones: su capacidad de adaptación, que hay que tener en
cuenta, y también la capacidad de digestión de la propia Unión
Europea.
El tema del empleo ha sido prioritario. Yo debo decir, para que
no haya ninguna confusión, que la Unión Europea no tiene ninguna
competencia en empleo y en el horizonte previsible probablemente
tampoco la va a tener. Es una competencia estatal. Sin embargo,
la Unión Europea por primera vez ha hecho un esfuerzo de acuerdo
entre todos los Estados miembros, que, por cierto, tienen una
carta social de catorce, aunque hay uno que no la acepta porque
está, digamos, fuera del sistema, pero sí hay una para los
catorce restantes, que no tiene la categoría de carta de la Unión
porque debería aprobarse por unanimidad. Intentaremos que en el
tratado que surja de la Conferencia Intergubernamental se defina
así. Decía: El empleo se ha considerado por la Unión como una
prioridad. ¿Qué pasos se podrían dar en empleo? ¿Son
insuficientes los que se dan? La Unión Europea ha recogido los
criterios que la racionalidad y la experiencia indican que son
los mejores para impulsar la política de empleo; ha pedido a cada
Estado que le presente un proyecto de seguimiento político
plurianual para la generación de empleo con esos criterios;
después le ha pedido a la Comisión, a Ecofin y a los ministros de
Trabajo que por primera vez en la historia hagan un informe
conjunto y, por consiguiente, que hagan compatibles las
perspectivas de los ministros de Economía y Finanzas y de los
ministros de Trabajo, y con ese informe único elaborado más los
criterios establecidos va a hacer una revisión anual de la marcha
de las políticas de empleo.
A mi juicio, se ha dado un paso extraordinariamente
significativo. Es verdad que probablemente --digo probablemente
porque a veces tengo algunas dudas-- nosotros tenemos la peor
situación de la Unión desde el punto de vista del empleo, pero
también es verdad que este año hemos crecido en mayor medida que
otros países de la Unión, y eso es lo que recoge la Comisión: que
en España ha habido un 3 por ciento de crecimiento en el empleo;
más de 1.300 nuevos puestos de trabajo por día a lo largo de lo
que va de año. Por consiguiente, hay algo positivo en lo que está
pasando y, desde luego, tratamos de seguir las indicaciones que
todo el mundo coincide en que son razonables.
Me gustaría hacer de nuevo el razonamiento que ya hemos repetido
muchas veces y que comprendo que algunas personas no compartan,
pero que me parece justo reiterar. Una política macroeconómica
sana, es decir, no impuesta por Maastrich sino por la
globalización de la economía, por este proceso de competencia
abierta al mundo, significa una reducción de los déficit, una
reducción paralela de tipos de interés, un intento de bajar o de
controlar la inflación para no salirse de la competitividad,
etcétera. Y esa política de crecimiento sano es la condición
necesaria para que haya crecimiento sano, y el crecimiento sano
es la condición necesaria, aunque no suficiente, para generar
empleo.
Es verdad que cuando se pregunta desde una tribuna pública qué
pasa con el empleo si no hay crecimiento, a esa pregunta nadie ha
podido responder jamás. Algunos países creyeron tener la
respuesta, pero por los resultados los conoceréis, porque la
respuesta era falsa. Se han salido completamente de lo que es la
competencia a nivel internacional y han terminado por caer
estrepitosamente, anunciando, una vez que se ha abierto el telón,
el fracaso de ese tipo de políticas. Por consiguiente, es verdad
que el crecimiento es una condición necesaria para el empleo,
pero no suficiente. Hay que optimizar el crecimiento generador de
empleo, lo que sin duda alguna exige reformas estructurales en
las que el papel de los interlocutores sociales es fundamental --
y los interlocutores sociales, en su resolución de Florencia,
están de acuerdo-- y exige políticas específicas de empleo
dirigidas hacia colectivos que tienen más dificultades, sean de
paro de larga duración, sean de jóvenes en búsqueda del primer
empleo o sean de mujeres que tratan de incorporarse al mercado de
trabajo. Esta es la reflexión que se ha hecho a nivel de la Unión
Europea, y hay 15 países que están de acuerdo con esa resolución.
Y claro, cuando hay 15 países que están de acuerdo con una
resolución, siendo países gobernados con posiciones ideológicas
diferentes, será que se ha hecho un gran esfuerzo para extraer lo
que podría ser el denominador común de todos en esa lucha contra
la lacra del desempleo.
Me gustaría también hacer alguna precisión en cuanto a la
Conferencia Intergubernamental. Yo he pedido en el Consejo de
Madrid que no se discuta el contenido de la Conferencia, y todos
mis colegas, después de haberlos visto en las 14 capitales --si
no no hubiera sido posible ni siquiera llegar a los acuerdos en
Madrid--, han comprendido que no era posible abrir una discusión
de contenidos, que para eso ya le habíamos dicho al Grupo de
Reflexión que hiciera un documento
que sirviera de base. Pero además hay que tener en cuenta cómo se
reparten las competencias en la Unión. Los ministros de Asuntos
Exteriores se tendrán que reunir en el mes de enero y hacer un
mandato para la Conferencia. Ese mandato tendrá que pasar por el
dictamen del Parlamento y arrancar así el 29 de marzo con la
Conferencia Intergubernamental. ¿Qué hay hasta ahora para la
realización de ese mandato? El documento llamado Westendorp en la
Unión Europea, el del Grupo de Reflexión, y junto a ello las
orientaciones que acordamos en Cannes, que dicho sea de paso eran
las orientaciones extraídas de la primera aproximación a este
informe del Grupo de Reflexión que conocíamos. Por consiguiente,
la Conferencia Intergubernamental tendrá que cumplir con una
serie de objetivos que no podemos predeterminar en este momento.
Podemos fijar nuestras aspiraciones, y sería un buen ejercicio
parlamentario que lo mismo que hemos hecho con la presidencia y
sus objetivos tuviéramos también objetivos precisos en cuanto a
la Conferencia Intergubernamental, sean de carácter
institucional,
sean en relación con el empleo, sean en relación con el medio
ambiente, o con cualquier otro tema de los que se han suscitado,
sin olvidar, como es natural, las regiones ultraperiféricas y sus
estatutos permanentes. Por consiguiente, eso depende también del
esfuerzo que hagamos.
Ya les he dicho que con la ampliación he notado algo en todas las
capitales europeas, y se lo he dicho también a mis colegas. He
notado que no habíamos avanzado nada en una estrategia para la
ampliación, o muy poco. Todo el mundo hace un discurso que suena
bien a los oídos de los interlocutores (polacos, húngaros, de los
países bálticos, o de Chipre y Malta), todo el mundo dice que no
tiene ningún inconveniente en que la ampliación se produzca
cuanto antes. Pero a la hora de meter el diente a la ampliación,
en los 14 contactos que he tenido, he notado que hay mucha
prevención, preocupación, yo diría que incluso despiste. Entonces
hemos hecho un esfuerzo por buscar unas orientaciones básicas. La
primera de ellas es que ningún país se sienta discriminado
respecto de otro, o sea, que tenga un tratamiento objetivo
exactamente igual un país que otro. ¿Esto quiere decir que todos
van a empezar a negociar o a terminar la negociación al mismo
tiempo? En absoluto. Porque la aplicación de un criterio objetivo
lógicamente va a llevar a que haya diferentes ritmos de comienzo
y de desarrollo del proceso de negociación; depende del grado de
madurez en el que esté cada país de la ampliación. Esto lo hemos
discutido por primera vez, con total franqueza, con los países de
la ampliación. Y atención, porque tendrá efectos. Es verdad que
en la Unión Europea nadie quiere oír hablar hoy del coste de la
ampliación, pero con el producto bruto a que he hecho referencia
ahora (la mitad del español o el equivalente al holandés), con
ese producto bruto de los once países en su conjunto, es
imposible imaginar que la ampliación se va a producir sin costes.
En algunas de las conversaciones que he mantenido he puesto un
ejemplo que ha sido siempre bien recibido. Si hace diez años, en
1985, nos hubiera dicho alguien que nos costaría un punto de
producto bruto de la entonces Comunidad Europea la liquidación
del telón de acero, la liquidación de las dictaduras, la
recuperación de la libertad y la unidad política de Europa, todo
el mundo hubiera firmado. Pero ya no estamos en 1985, estamos en
1995, y nadie quiere añadir ni una peseta más al presupuesto
comunitario. Por lo tanto, estamos ante un debate que va a ser
extraordinariamente difícil, el debate sobre las perspectivas
financieras, no sólo sobre los gastos, que ha sido normalmente el
debate hasta ahora, sino, como se ha dicho desde esta tribuna,
sobre los ingresos, y sin duda habrá que tener en cuenta en la
política de recursos de la Unión el criterio de la prosperidad
relativa.
¿Hemos hecho un esfuerzo por avanzar en la unión política
europea? Sí, lo hemos hecho y lo hemos hecho definiendo una
política exterior, y va cuajando una definición de la política
exterior. Vamos a tener todavía resistencias al desarrollo de esa
política exterior, pero la prioridad que, a partir de 1989,
constituían el Centro y el Este de Europa, incluida Rusia, unida
a la prioridad histórica del Convenio de Lomé, de los países ACP,
en este momento está complementada seria y rigurosamente con una
prioridad de política exterior mediterránea, norteamericana y
latinoamericana. Por consiguiente, hemos dado un paso
extraordinariamente importante en la definición de una política
exterior.
¿Es una definición coincidente con los intereses básicos de
nuestro país? Es desde luego coincidente con los intereses de la
Unión, pero ¿lo es con los de nuestro país? Sin duda alguna.
Siempre que hemos hecho una definición de nuestra política
exterior, hemos analizado los vectores en los que en este
semestre se ha incidido fundamentalmente marcando pautas que no
tienen posibilidad de vuelta atrás, es decir, pautas que no serán
reversibles. Es verdad que un planteamiento de acuerdo con
Mercosur o con cualquier otro conjunto regional o un
planteamiento de acuerdo con Marruecos seguramente producirá
efectos en materia de exportaciones agrarias, aunque están muy
medidos y habrá períodos muy largos, como es natural, para
adaptarse, y seguramente producirá efectos cuando se trata de
Marruecos, más en la agricultura mediterránea que en la
agricultura del norte de Europa porque no hay zonas de
competitividad entre ellos. Sin embargo, objetivamente, nos
interesa hacer una política mediterránea, y vuelvo a repetir que,
defendiendo el acuerdo con Marruecos, tanto en materia agrícola
como en materia de pesca, es cierto que en el mismo hay una
reducción de capturas, y, aun así, hay que decir que es un buen
acuerdo. La expectativa era muy mala y el acuerdo agrícola
mantiene las exportaciones tradicionales de Marruecos. ¿Qué
significa eso para nosotros? Que si aumentamos nuestra capacidad
de producir,
nuestra eficiencia en nuestras exportaciones, los incrementos del
consumo en la Unión Europea serán fundamentalmente nuestros y en
porcentajes extraordinariamente altos.
En consecuencia, a la hora de evaluar, no digo el semestre,
porque el semestre deberíamos evaluarlo, en lo que queda de
legislatura todavía, en la Comisión Mixta --y yo les invito a que
ese esfuerzo se haga, porque, si no, me parecería éste un debate
inacabado--, sobre todo les sugería que hiciéramos un esfuerzo
para analizar esta tarde la información que teníamos sobre el
Consejo Europeo de Madrid, y permítanme que les diga que el
Consejo ha sido un buen Consejo Europeo, que ha roto la atonía de
varios años y que ha relanzado de nuevo la idea europea hacia el
futuro. Algunos señores Diputados lo han dicho desde esta
tribuna. Hemos hecho la agenda de trabajo de aquí al año 2000, y
la hemos hecho en Madrid. Yo creo que eso, con un esfuerzo de
consenso, como el que existe en la política europea entre todos
nosotros, debe ser una satisfacción para todos, aunque haya
elecciones dentro de dos meses.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (El señor Anguita
González pide la palabra.)
Señor Anguita, sabe que el turno para el que seguramente S. S. me
solicita la palabra es absolutamente excepcional en este tipo de
sesiones informativas. No ha habido elementos de polémica o de
debate en la intervención del Presidente y entiendo que no es
procedente la apertura de este segundo turno.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
nos señores Diputados lo han dicho desde esta
tribuna. Hemos hecho la agenda de trabajo de aquí al año 2000, y
la hemos hecho en Madrid. Yo creo que eso, con un esfuerzo de
consenso, como el que existe en la política europea entre todos
nosotros, debe ser una satisfacción para todos, aunque haya
elecciones dentro de dos meses.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (El señor Anguita
González pide la palabra.)
Señor Anguita, sabe que el turno para el que seguramente S. S. me
solicita la palabra es absolutamente excepcional en este tipo de
sesiones informativas. No ha habido elementos de polémica o de
debate en la intervención del Presidente y entiendo que no es
procedente la apertura de este segundo turno.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.