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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 191, de 14/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 191
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 189
celebrada el jueves, 14 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de Ley de telecomunicaciones por cable. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 102.1, de 6 de
febrero de 1995 (número de expediente 121/000086) (Página 10105)
--Proyecto de Ley de televisión local por ondas terrestres.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 103.1,
de 6 de febrero de 1995 (número de expediente 121/000087)
(Página 10114)
--Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie A, número 106.1, de 24 de marzo
de 1995 (número de expediente 121/000090) (Página 10119)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 125.1, de 25 de julio de 1995 (número
de expediente 121/000109) (Página 10129)
--Informe de la Ponencia creada en el seno de la Comisión de
Educación y Cultura, encargada de elaborar el estudio y
seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos en carretera
por la práctica del ciclismo, sus causas y recomendaciones para
la prevención y corrección de los mismos, haciéndola extensiva a
otros elementos débiles del tráfico (número de expediente
154/000016) (Página 10142)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado (Página 10105)
Al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable (Página 10105)
Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado
al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, intervienen
los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria);
Recoder i Miralles (del Grupo Catalán de Convergència i Unió);
Alcaraz Masats (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya); la señora Mato Adrover (del Grupo Popular), y el
señor Morlán Gracia (del Grupo Socialista).
Al proyecto de ley de televisión local por ondas terrestres
(Página 10114)
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria); Recoder i Miralles (del
Grupo Catalán de Convergència i Unió); Alcaraz Masats (del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya); la señora Mato
Adrover (del Grupo Popular), y Martinón Cejas (del Grupo
Socialista).
Al proyecto de ley del Impuesto sobre sociedades (Página 10119)
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Homs i
Ferret (del Grupo Catalán de Convergència i Unió); Zabalía
Lezamiz (del Grupo Vasco (PNV); Espasa Oliver (del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya); Costa Climent (del
Grupo Popular), y señora Aroz Ibáñez (del Grupo Socialista).
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado debatidas
anteriormente, en relación con los proyectos de ley de
telecomunicaciones por cable, de televisión local por ondas
terrestres y del Impuesto sobre sociedades.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 10129)
Proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo (Página 10129)
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen la señora
Fernández González (del Grupo Popular); señores Olabarría Muñoz
(del Grupo Vasco (PNV); Cardona i Vila (del Grupo Catalán de
Convergència i Unió), y Chiquillo Barber (del Grupo Mixto).
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley,
interviene la señora Del Campo Casasús (en nombre del Grupo
Socialista).
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra la señora Urán
González (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas
anteriormente en relación con el proyecto de ley orgánica sobre
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sometido asimismo a votación el dictamen de la Comisión, votación
que es también de conjunto, correspondiente al carácter de Ley
Orgánica, es aprobado por 180 votos a favor; 141, en contra; una
abstención.
Informe de la ponencia creada en el seno de la Comisión de
Educación y Cultura, encargada de elaborar el estudio y
seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos en carretera
por la práctica del ciclismo, sus causas y recomendaciones para
la prevención y corrección de los mismos, haciéndola extensiva a
otros elementos débiles del tráfico (Página 10142)
El señor Martín del Burgo Simarro presenta el texto de la
ponencia.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz (del Grupo Vasco (PNV); Simó i Burgues (del Grupo Catalán
de Convergència i Unió); Ríos Martínez (del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya); Carreño Rodríguez-Maribona (del
Grupo Popular), y Paniagua Fuentes (del Grupo Socialista).
Sometido a votación, se aprueba el informe de la ponencia por 276
votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el desarrollo de los
siguientes puntos del orden del día, comunico al Pleno que la
votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica
del punto número 41 del orden del día, proyecto de ley orgánica
sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, se
celebrará a las doce o en el momento posterior en que el debate
lo permita.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE (Número de
expediente 121/000086)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de
telecomunicaciones por cable. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de televisión local por
ondas terrestres. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de impuestos sobre
sociedades. (Pausa.)
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de telecomunicaciones por
cable. Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Por parte del Grupo de Coalición
Canaria, vamos a votar a favor todas las enmiendas que nos llegan
de la Cámara alta, pero tenemos que hacer las siguientes
observaciones, quitando aquellas enmiendas que son puramente
técnicas, de corrección de estilo o de concordancia con las
modificaciones que se han hecho.
A nadie se le oculta que este texto del proyecto de ley de
telecomunicaciones por cable no es un mero proyecto de ley
técnico, puramente ordenancista de un sector, sino que tiene
también, por su alcance económico, una trascendencia política,
porque está basado en la discrecionalidad de la Administración
del Estado para otorgar las concesiones y licencias respectivas,
y tal vez el tiempo nos dé la razón cuando vaya habiendo
jurisprudencia, incluso del Tribunal Constitucional, sobre
algunos aspectos que a nosotros se nos alcanzan en este momento
como dudosos en esta cuestión constitucional. Nosotros creemos
que todo va a estar centrado en el problema de que la ley
habilita a la Compañía Telefónica a prestar una serie de
servicios en todas las demarcaciones del Estado español en
relación con el contrato del Estado y en la restricción que se
hace al número de operadores por demarcación, según dice aquí el
preámbulo del proyecto de ley todavía, por razones de tipo
económico, porque da por supuesto una inviabilidad de las
operaciones, caso de que proliferaran los operadores. Si estamos
con una Constitución en la mano que habla de la economía libre de
mercado, en cuanto a que aquí se hable de razones de tipo
económico, dado que esos riesgos son inherentes a la empresa
privada, es ésta la que los tiene que correr y no ponerse el
Estado cautelarmente en una especie de papel paternalista, para
evitar que unos supuestos empresarios eventualmente se arruinen
también en el caso de que quieran establecerse por su propia
cuenta, cumpliendo por supuesto con las condiciones
administrativas, al obtener una concesión de telecomunicaciones
por cable, porque aquí el caballo de batalla va estar en lo que
se entiendan por redes de transformación o transmisión de datos
en el campo genérico de las telecomunicaciones y específicamente
de la televisión por cable, que es donde va a estar centrada la
más significativa de las batallas posibles.
No obstante, fuera de estas reservas que tenemos, queremos
destacar una serie de enmiendas que ha introducido el Senado, que
nos parecen acertadas, ya que ofrecen seguridad jurídica y
competencial, desde el punto de vista de Coalición Canaria, a las
comunidades autónomas. Efectivamente, en el apartado 4 del
artículo 2 se ha introducido una referencia al ámbito de
demarcación de las comunidades autónomas.
Queremos hacer también una observación de la enmienda aprobada al
artículo 4, en cuyo apartado 3 se han introducido determinadas
disposiciones que se tratan de justificar como de seguridad
jurídica, sobre todo, en lo que respecta a regular las
transmisiones, disposiciones o gravámenes de las acciones de las
sociedades adjudicatarias de las concesiones.
También son de resaltar las enmiendas introducidas en el artículo
10, que nos parece que suponen una gran mejora, cuando en sus
apartados 1 y 3 se concretan y especifican las competencias que
van a tener las comunidades autónomas en esta regulación legal.
Lo mismo diríamos respecto al artículo 13, en cuanto a las
referencias competenciales de las comunidades autónomas en
general.
Igual podría decirse en cuanto a las enmiendas introducidas en el
campo competencial autonómico, que nos parecen acertadas, a las
disposiciones adicionales segunda y cuarta.
Vamos a votar positivamente, aunque tenemos alguna reserva, la
enmienda que se introduce a la disposición adicional sexta. Sobre
esto tenemos que manifestar, señor Presidente, que aunque nuestro
voto va a ser favorable, en concordancia con anteriores
enmiendas, lo tenemos que justificar en razón a que en la
transmisión por cable cabe que la misma se pueda efectuar por
otro sistema técnico distinto al del cable. A nuestro juicio, no
debía haberse establecido que esto se llevase a cabo de forma
permanente --la enmienda dice que puede ser de forma transitoria
o permanente--, porque si estamos haciendo una ley para regular
las telecomunicaciones por cable, no entendemos cómo la
disposición adicional sexta consagra que se pueda prestar
excepcionalmente el servicio --lo de excepcionalmente nos llena
de reservas y cautelas--, de forma permanente, por un sistema
distinto del cable. En ese supuesto estaríamos regulando las
telecomunicaciones por otro sistema, el cual no tendría su
entrada en esta ley, sino en otra, la que correspondiera.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, en
primer lugar quiero manifestar la satisfacción del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) porque finalmente hoy la Cámara está a
punto de dar su aprobación definitiva a este proyecto de ley, un
proyecto de ley por el que hace unos meses nadie hubiera apostado
por que viera la luz. En cambio, hoy, y gracias a un acuerdo
alcanzado en sede parlamentaria entre distintas fuerzas
políticas, entre las fuerzas políticas que representan la mayoría
de la Cámara, este proyecto va a transformarse finalmente en ley.
También quiero anunciar, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán, nuestro voto favorable a la mayoría de las enmiendas
introducidas por el Senado a este proyecto de ley de
telecomunicaciones por cable, ya que entendemos que casi todas
ellas mejoran el texto aprobado por el Congreso de los Diputados,
y no sólo en cuestiones técnicas o de estilo, porque también se
han introducido aspectos novedosos o algunos que clarifican el
texto que aquí aprobamos, como son el dejar claro que la
limitación del número de abonados afecta también a los titulares
de una sola sociedad --en el texto que remitimos desde el
Congreso se hablaba de dos o más sociedades--; el determinar que
la limitación del número de abonados no afectará a la telefonía
básica vocal y a los servicios de valor añadido; la inclusión del
criterio de desarrollo regional como uno de los que deben ser
tenidos en cuenta en el momento de efectuar la concesión de los
operadores de cable; el reforzar la transparencia y objetividad
que debe guiar la relación entre el operador de cable y los
programadores independientes, obligando al primero a poner en
conocimiento del segundo todos los aspectos que se refieran a la
gestión comercial relacionados con su oferta, o el refuerzo,
asimismo, del carácter imperativo de las disposiciones que dicten
las comunidades autónomas en uso de sus competencias, derivadas
del artículo 149.1.27 de la Constitución, es decir sus
competencias en materia de medios de comunicación social.
La única enmienda introducida en el Senado a la cual nos
oponemos, que además me consta que es fruto de una confusión
producida en la votación en el Pleno de la Cámara alta, es la que
suprime el párrafo segundo, del número 3, del artículo 2. Dicho
párrafo se refería a la aprobación y constitución de las
demarcaciones que incluyen a más de un término municipal, por lo
que, al suprimirse este párrafo anormalmente, se cierra la puerta
a las demarcaciones supramunicipales. En consecuencia, entendemos
que todo el esquema de la ley se viene abajo, ya que sólo podría
haber demarcaciones de ámbito municipal y, además, demarcaciones
en aquellos municipios que tuvieran más de 50.000 habitantes. Por
tanto, cerraríamos la puerta a un posible cableado a los
municipios de menos de 50.000 habitantes, lo que creo que no
pretendía ningún grupo presente en el Senado. Por tanto, reitero
que vamos a votar en contra de la supresión de este párrafo, como
espero que lo haga el resto de los grupos o, al menos, aquellos
que, en vez de arremeter contra todo a ciegas --eso sí, sin
plantear alternativas-- apuestan por este proyecto de ley.
Por consiguiente, y con la salvedad manifestada, pensamos que el
proyecto de ley, con las enmiendas introducidas por el Senado, ha
sido notablemente mejorado y que la ley que finalmente verá la
luz constituirá, sin duda alguna, un buen marco que permitirá el
desarrollo de las telecomunicaciones que utilicen el cable como
soporte.
Señorías, nuestro Grupo no es un entusiasta de esta ley. Esta no
es la ley que hubiéramos aprobado si nos hubiera correspondido en
exclusiva su redacción, pero, como sucede en todo consenso,
supongo que no hay ningún grupo en la Cámara que la suscriba en
su totalidad. Todos nos hemos dejado algo en el camino de la
negociación. Ahora bien, sí estoy convencido --lo digo
sinceramente-- de que esta ley es suficientemente buena para
merecer el apoyo mayoritario de la Cámara, y sólo entiendo que
una actitud destructiva justifica autoexcluirse de un consenso en
el que se ha podido participar desde el principio sin limitación
alguna previa. Al menos, éste era el ánimo con que todos los
grupos que hemos participado en este consenso hemos afrontado la
negociación.
Entendemos que el texto aprobado garantiza suficientemente los
objetivos que inicialmente se planteó nuestro Grupo Parlamentario
ante el debate de esta
ley. Por ejemplo, esta ley garantiza un marco que posibilita el
desarrollo de las telecomunicaciones por cable y, además, lo hace
en un entorno de competencia, respeta las importantes
competencias autonómicas en la materia, asegura una extensión del
cable homogénea en el territorio y facilitará una amplia
inversión industrial.
La disposición de nuestro Grupo Parlamentario ha sido siempre la
de intentar alcanzar un acuerdo --en este tema como en todos,
obviamente--. Por ello, lamento especialmente que una ley de la
trascendencia de ésta haya permanecido nueve meses paralizada,
por culpa de la falta de disposición gubernamental a la
negociación. Saben SS. SS. que este proyecto de ley fue aprobado
en el último Consejo de Ministros del año 1994 y que fue remitido
por el Gobierno al Congreso de los Diputados en enero, es decir,
hace ya once meses y, además, fue remitido, diría yo, en un acto
de audacia, porque en ese momento el Gobierno no tenía ni la más
remota idea de con qué mayoría lo iba a aprobar. Y,
sorprendentemente, durante nueve meses este proyecto ha
permanecido parado en el Congreso a la espera de no se sabe qué.
Durante todo este tiempo de lo único que nos hemos enterado
algunos de los grupos de la Cámara es que desde el Gobierno se
pensaba, de hecho se decía, que los demás no teníamos ni idea,
que no sabíamos por dónde iba el futuro de las
telecomunicaciones, que la Constitución no amparaba nuestras
pretensiones, y un largo etcétera de argumentos, demasiado a
menudo fuera de lugar, que nos hacían creer que lo que
efectivamente se quería era que la ley nunca se aprobara, y
aunque a todos nos distraían estos argumentos, entendíamos que
iban en contra del interés general del país. En medio de todo
ello la ley no avanzaba porque, más allá de las declaraciones más
o menos explosivas y ocurrentes en los medios de comunicación,
durante estos nueve meses, de oferta de negociación, ni una
palabra. El proyecto permanecía en el congelador, seguramente
esperando que los demás viéramos la luz y nos lanzáramos a los
brazos de la verdad absoluta que parecía que el proyecto
gubernamental contenía; o al menos así parecía hasta septiembre,
porque es, finalmente, cuando la cosa se empieza a mover, y lo
celebramos. Recuerdo que el Ministro Borrell en una sesión de la
Comisión de Infraestructuras acepta la oferta del Grupo Popular
de negociar la ley, oferta que se vio rápidamente que era
engañosa porque no escondía una auténtica voluntad de
negociación. Además, a pesar del entusiasmo ministerial por
llegar a un acuerdo con el principal Grupo de la oposición,
porque parece ser que hay algunos aspectos en los cuales hay
importantes coincidencias entre el Ministerio y el principal
Grupo de la oposición, rápidamente se dio cuenta que la oferta
escondía la intención de evitar ponerse de acuerdo y, a partir de
aquí, no hubo otro remedio que sentarse a la mesa con el resto de
los grupos.
A partir de aquí se fraguó el acuerdo, al que curiosamente
nuestro Grupo Parlamentario --y quiero dejarlo muy claro-- ha
llegado defendiendo exactamente los mismos planteamientos que
defendíamos ahora hace once meses y, además, con la misma
disposición a la negociación que en el mes de enero, y creo que
lo mismo podemos decir del Grupo Parlamentario del PNV o del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por tanto, el dudoso mérito del retraso deben atribuírselo a
otros, en ningún caso a nosotros, y es, supongo, a quien por
intereses ajenos al cable les interesa mantener un pulso ficticio
con Convergència i Unió a quien compete o en cuyo activo hay que
cargar este retraso. También creo que a quien le ha interesado
mantener este pulso ficticio es a quien hay que apuntar la
responsabilidad de que esta ley vea la luz en un momento donde
sinceramente las cosas se han complicado para el cable.
Llegado a este punto también quiero manifestar nuestro sincero
reconocimiento al papel jugado por el Grupo Parlamentario
Socialista en el acuerdo alcanzado finalmente. Aun defendiendo
con ahínco sus posiciones políticas, no han escatimado esfuerzos
para lograr el acuerdo en unas negociaciones que han sido
difíciles. Soy testigo de que constantemente han intentado
suavizar las a veces tensas relaciones en aras al acuerdo. Si
todos nos hubiéramos dejado llevar por la dinámica que desde
otros ámbitos se nos quería imponer, seguramente que el acuerdo
al menos por nuestra parte hubiera sido mucho más difícil, y este
reconocimiento quiero hacerlo extensivo a los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y al
Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco.
Por tanto, señor Presidente, señorías, y para finalizar quiero
reiterar nuestro apoyo al acuerdo alcanzado, manifestar nuestra
satisfacción por la aprobación de la ley y solicitar el voto en
contra de la enmienda introducida por el Senado al segundo
párrafo del número 3 del artículo 2.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señorías, se han
pronunciado muchísimas frases a la hora de intentar definir cuál
sería el final de la transición o en función de qué fenómeno se
podría caracterizar el final de la transición. Yo voy a decir
otra frase tan importante como las anteriores, es decir tan poco
importante como las anteriores. Creo que la transición habrá
terminado cuando en este país aprendan a gobernar los grupos en
minoría, los gobiernos en minoría, cosa que hasta ahora no ha
sucedido.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas, regentado a la
sazón por el señor Borrell, posiblemente ha dado una muestra, en
los últimos estertores, de cómo esta legislatura podría haber
sido de otra manera, desde
otro punto de vista. Ya es tarde, pero la idea que alumbra el
acuerdo con respecto a la ley de telecomunicaciones por cable es
distinta a cómo se han desarrollado los hechos hasta aquí, no
sólo con respecto al cable sino también, en cierto grado aunque
no de manera tan completa, con respecto a la televisión local por
ondas, con respecto a la televisión por satélite o con respecto,
ya veremos si es posible un acuerdo, al futuro que le espera a
Retevisión. En todo caso, saludamos este rasgo positivo, aunque
último, de racionalidad y sensibilidad, quizá, repito, en estos
últimos estertores, cuando se empieza a comprender que se podía
haber hecho de otra manera y se podía haber aprendido a gobernar
en minoría antes de este acuerdo de la ley de telecomunicaciones
por cable.
Quizá siguiendo la secuencia que ha dado el señor Recoder de cómo
se produce el principio de este acuerdo, no aparezcan claras
todas las resultantes, todas las causas y las consecuencias,
porque aquel día, concretamente el 20 de septiembre, en la
Comisión de Infraestructuras, cuando habíamos pedido la
comparecencia del señor Borrell para tratar del tema del acuerdo
Telefónica-Canal Plus, el primer Grupo que ofertó la necesidad de
un acuerdo fue Izquierda Unida, que dijo al señor Borrell: Aquí
tiene usted dieciocho votos y, si este proyecto experimenta un
giro a la izquierda y un giro hacia el Estado de las autonomías,
sería posible un acuerdo con la mayoría que le ofertamos, con el
complemento de nuestros dieciocho votos. También hay que tener en
cuenta que este aspecto lo resaltó el Partido Popular. Tendió la
mano ante la posibilidad de un acuerdo.
El señor Borrell contestó positivamente y dijo que inmediatamente
empezaríamos a vernos, aunque a los pocos días también dijo ante
los medios de comunicación que ya no había tiempo. En aquel
momento, hubo que relanzar la posibilidad de un acuerdo, aunque
fuese por la vía de urgencia, y se retomó esta posible síntesis,
que al final ha terminado de manera positiva. En aquel momento,
nosotros dijimos al señor Borrell que el acuerdo Telefónica-Canal
Plus, tal como se había hecho, sin una ley, tendía al dominio,
incluso al abuso de dominio, fundamentalmente en el tema de los
medios de comunicación; que la serie de acuerdos que se estaban
tomando en distintos ayuntamientos sobre la vía de los hechos
tendía a la ley del más fuerte, a la ley de la selva, en una
carrera que haría del cable un proceso de crecimiento
absolutamente inarmónico y desigual y que en muchos ayuntamientos
se estaba confundiendo la sentencia del Tribunal Constitucional
con la posibilidad de que los ayuntamientos tuvieran el derecho
de dar las concesiones del cable.
El Partido Popular había presentado aquí una proposición de ley
que, excepto en el papel que asignaba a Telefónica, era en cierto
grado asumible respecto al texto que hoy estamos defendiendo
aquí, pero súbitamente el Partido Popular cambió de posición e
incluso las mismas enmiendas registradas por escrito en esta
Cámara ya no tenían ningún sentido a la luz de esa especie de OPA
hostil que se lanzó intentando, como así se ha hecho, convocar
concursos de cable en una serie de ayuntamientos, sólo en
aquellos en los que el Partido Popular tiene mayoría absoluta,
porque en el resto no ha sido posible. Son concursos que no
responden a la legalidad, responden en todo caso a una lectura
sesgada, no rigurosa, de la sentencia del Tribunal
Constitucional, que dice que, en función de la libertad de
comunicación, no se puede reprimir ésta, pero en ningún caso esa
sentencia da permiso a los ayuntamientos para que tengan derecho
a la concesión del cable en su término municipal. Por tanto, ahí
se echa un pulso que nos parece exagerado, fruto de una lectura
inmadura de la sentencia del Tribunal Constitucional y, desde
luego, sin tener en cuenta que era posible y absolutamente
necesaria una ley. Como se impuso esta racionalidad, aquí estamos
hoy celebrando el acuerdo del texto sintético al que hemos
llegado.
Nosotros estamos contentos con ese texto, que está sufriendo
sacudidas desde todas partes. Hace poco se ha dicho que era un
parche; incluso un alto dirigente del Ministerio acaba de decir
que puede tener ciertos aspectos inconstitucionales, aunque,
después, en conversaciones privadas ha reconocido que no había
dicho esto y que no defendía esta posición. En todo caso, se dice
que es un texto improvisado, un texto que el Partido Popular va a
cambiar cuando ocupe el Gobierno de la nación, a partir de las
próximas elecciones generales. Nosotros pensamos que no es un
texto improvisado. Simplemente es un giro serio en el documento
que nos envió en un principio el Gobierno; un giro, repito, hacia
la izquierda, hacia una idea de progreso con respecto a temas
importantísimos y un giro hacia la imbricación en el Estado de
las autonomías que estamos construyendo en función de los
dictados constitucionales.
Nosotros hemos apoyado el papel de la Compañía Telefónica
Nacional de España, tal como se contempla en el texto, como
primer operador, teniendo en cuenta no sólo que es una empresa
pública, una empresa con 70.000 trabajadores, sino en función de
una serie de artículos que apoyan la idea, que debe ser
dinamizada por la Compañía Telefónica Nacional de España, en la
línea de cubrir el servicio universal del cable en poblaciones
marginales, en poblaciones donde no sea rentable desde el punto
de vista de la competitividad mercantil y teniendo en cuenta el
fondo de cohesión que se crea para que no haya poblaciones de
primera y poblaciones de segunda división, para que no haya
telecomunicaciones para ricos y telecomunicaciones para pobres.
Esto habrá que incentivarlo a través del reglamento y de la
actuación diaria, pero se contiene en alto grado en el texto que
hoy aquí estamos a punto de votar.
Las tentaciones de concentración se evitan a través de la
limitación de 1.500.000 abonados para las empresas
correspondientes, con la matización que hace el
Senado, y que nosotros vamos a apoyar, en el sentido de que no
afecta sino a las empresas y a los productos de tipo audiovisual;
al resto, a la telefonía básica, etcétera, no afecta esta
limitación de 1.500.000 abonados.
Se restablece en el texto que hoy aquí vamos a aprobar con una
amplia mayoría, a excepción del Partido Popular, el protagonismo
de comunidades autónomas y ayuntamientos, tanto a la hora de
señalar las demarcaciones, cuanto de establecer las concesiones a
través de una mesa, en la que estará representado el Estado en un
50 por ciento, las comunidades autónomas con un 25 por ciento y
los ayuntamientos también en un 25 por ciento.
Junto a la enmienda de que la limitación del número de los
1.500.000 abonados no afecte sino a los productos audiovisuales,
que nosotros vamos a apoyar, aparece también un apoyo a ese 40
por ciento de los programadores independientes que pueden
intervenir en las redes, en el sentido de que se les va a dar
cuenta de la gestión que se realice con respecto a sus productos;
otra enmienda que vamos a aceptar también y que hubiésemos
deseado que fuese más completa, pero no ha sido posible. Tampoco
apoyaremos la enmienda al artículo 2.3, en los términos expuestos
por el señor Recoder anteriormente.
En todo caso, señorías, no se trata de una ley parche; no se
trata de una ley improvisada; no es la ley de ningún grupo, como
aquí se ha dicho, pero es la ley de muchos de los grupos de esta
Cámara y, en todo caso, no responde en absoluto al texto
primitivo que nos envió el Gobierno. De ahí viene también el
sentido de sensibilidad democrática, de giro profundo que, por
parte del Ministerio, fundamentalmente por parte del Grupo
Socialista, se ha hecho a la hora de permitir este acuerdo que
hemos logrado en una ley de trascendental importancia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular con respecto al texto remitido por el
Senado al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable;
posición que necesariamente va a ser la misma, en términos
globales, que la que ya hemos sostenido en el anterior debate
producido en esta Cámara.
Digo esto, señorías, porque las enmiendas que se han incorporado
en la Cámara Alta, en el Senado, no introducen ningún cambio, ni
cualitativo, ni cuantitativo, que se pueda considerar
significativo. Por supuesto, estas enmiendas no resuelven, en
absoluto, ninguno de los problemas que el Grupo Parlamentario
Popular tenía en torno a este texto; texto que, como recordarán,
es producto de un pacto antinatura del que fue excluido nuestro
Partido. Nuestro Partido que hoy es el primer Grupo de la
oposición y mañana será posible Gobierno de España, si los
españoles nos otorgan su apoyo mayoritario.
En consecuencia, el sentido de nuestro voto va referido a las
enmiendas del Senado que no han mejorado, en absoluto, el texto
que salió del Congreso y también, por supuesto, al conjunto de
este proyecto de ley de telecomuniciones por cable, que seguimos
manteniendo que no lo podemos compartir básicamente por las
siguientes cuestiones.
En primer lugar, este proyecto de ley no apoya, ni respeta la
libertad de empresa en España, encorsetándose, a través de esta
propia ley, privilegios para algunos en perjuicio de otros. En
segundo lugar, este proyecto de ley sigue estableciendo
privilegios para iniciativas públicas, en perjuicio de
iniciativas privadas. En tercer lugar, el proyecto aborda con
vergüenza y con complejos la necesaria liberalización de las
telecomunicaciones. En cuarto lugar, es un proyecto de ley que no
respeta, en absoluto, el marco de la autonomía municipal y las
decisiones de los ayuntamientos en el ámbito de su territorio y
de sus intereses.
Señorías, como se ha recordado por otros portavoces, estamos
finalizando el año 1995 y, en vísperas de agotar esta agónica
legislatura, volvemos a esta Cámara a aprobar hoy definitivamente
un proyecto de ley. Un proyecto de ley clave para el sector de
las telecomunicaciones; clave, si pensamos en los intereses
generales de España, en la creación de empleo y en la creación de
riqueza.
La aprobación de este proyecto de ley viene, además, acompañada
por una serie de actuaciones comunitarias que se plasmarán
próximamente en directivas de obligado cumplimiento para España.
La ley, de la que hemos sido excluidos en su consenso, contradice
claramente las directivas comunitarias y las últimas propuestas
del Parlamento y del Consejo Europeo; y eso ya nos lleva a
concluir que esta ley, de aprobarse hoy en esta Cámara, tendrá
que ser revisada. Es más, anticipo, señor Alcaraz, el deseo y el
compromiso de nuestro Grupo Parlamentario en el sentido de
modificarla tras las próximas elecciones generales.
Una ley que es básica para dar confianza a los inversores, no
puede ser objeto de la irresponsabilidad de no contar en la misma
con el primer partido de la oposición, y con el partido que opta
a la victoria en las próximas elecciones generales.
Pues bien, señorías, dentro del marco europeo de liberalización,
con el permiso de la Presidencia y con toda brevedad, vamos a
hacer un poco de historia. El Gobierno, presentó en diciembre de
1994, un proyecto de ley de telecomunicaciones por cable que fue
precedido por una decena de borradores y que había sido
anunciado, aunque con diferentes matices y mayor o menor vigor,
según las ocasiones, desde el año 1990. Me refiero a matices
porque el anuncio de esta ley se ha venido concretando
contradictoriamente, según quien lo desarrollase, bien fuera el
Ministro Borrell, la Secretaria
General de Telecomunicaciones o el Presidente del Gobierno, o
según el momento del anuncio, si se producía o coincidía con
alguno de los encuentros entre Pujol y González. En cualquier
caso, seis años de incumplimientos constantes, de plazos
sobrepasados, seis años perdidos para España, seis años perdidos
para colocar al sector de las telecomunicaciones en una situación
competitiva con el resto de Europa y seis años perdidos para que
los ciudadanos puedan acceder, como ya ocurre en otros países, a
lo que se conoce como las autopistas de la información. Y es que,
señorías, desde que el Ministro Borrell anunció la presentación
de una ley de nuevas modalidades de televisión en la que
se regularía el cable junto con el satélite, ya han pasado seis
años; seis años, señor Recoder, en los que el Partido Popular y
mi Grupo Parlamentario permanentemente han solicitado y han
mostrado su disposición para llegar a un acuerdo que fijase las
reglas de juego claras y estables que generasen confianza para
los posibles inversores, un acuerdo en favor de la concurrencia y
de la transparencia, un acuerdo en favor, al final, de la
liberalización de las telecomunicaciones.
También le recuerdo, señor Alcaraz, según sus propias palabras,
la proposición de ley que presentó nuestro Grupo Parlamentario,
en febrero de 1994, relativa al cable. Según sus propias
palabras, una proposición perfectamente asumible pero que ni
siquiera fue tomada en consideración para ser debatida en esta
Cámara, a pesar de nuestra disposición anunciada en ese momento
de incorporar cualquier aportación de otros grupos parlamentarios
para lograr un consenso que tuviera como objetivo fijar estas
reglas de juego a las que me he referido anteriormente.
Al final, después de diez meses desde su presentación en esta
Cámara, en sólo un mes y medio ustedes pretenden aprobar,
mediante un acuerdo de diversos grupos políticos de esta Cámara,
grupos con ideologías y estrategias dispares y contradictorias,
una ley improvisada, hecha con toda premura y que ofrece un texto
lleno de parches y componendas, un texto que no se ajusta en
absoluto ni a la realidad actual ni a lo que ha de venir. Parece
que a ustedes sólo les une el concepto del poder en la
utilización de los medios de comunicación, les ha unido solamente
una idea: que haya ley antes de que pueda haber un Gobierno del
Partido Popular que salga de las próximas urnas. Eso puede servir
para sus intereses partidistas, pero está absolutamente en contra
de los intereses generales. Por eso, señorías, además, después de
haber tenido el proyecto paralizado durante casi un año,
prácticamente disueltas las Cortes, convocadas nuevas elecciones,
y como reacción a actuaciones legítimas de alcaldes en materia de
cable, en un mes y medio, por vía de urgencia, ¿creen ustedes que
se puede aprobar un proyecto clave para la economía española y
para el futuro del sector de las telecomunicaciones? ¿Creen que
se puede configurar una ley perdurable cuando ésta tiene su
origen en el oportunismo? Es todo un espectáculo que, porque unos
alcaldes opten por la claridad y la transparencia en la
adjudicación, ustedes tomen la decisión de actuar contra el PP,
contra los ayuntamientos y contra todo un sector.
Señorías, si han esperado seis años, ¿a qué viene ahora la
urgencia de aprobar una ley con la oposición del Grupo
mayoritario de la Cámara a un mes de la convocatoria de
elecciones cuyos resultados, sin duda, constituirán y
configurarán un nuevo y diferente Gobierno, sea éste del signo
político que sea, y una nueva mayoría parlamentaria? No es sino
afán partidista y un interés particular más que la defensa de
intereses generales.
Este proyecto de ley que ahora nos devuelve el Senado también
contó en esa Cámara con el voto en contra del Grupo Popular,
porque, como ya denunciaba el portavoz de nuestro Grupo en esa
Cámara, a pesar de los esfuerzos realizados para contribuir en la
elaboración de un texto legislativo bien adaptado a la realidad
española y respetuoso con las orientaciones comunitarias, ha sido
estéril toda aportación por positiva que ésta fuese. Por tanto,
este proyecto, muy a pesar nuestro, no podrá contar con nuestro
voto favorable.
Denuncio que en el Senado tampoco han hecho el más mínimo
esfuerzo por incorporarnos al consenso, ni lo hicieron en el
Congreso ni lo han hecho en el Senado. Por eso, algunas enmiendas
introducidas en el Senado tratan de mejorar técnicamente el
proyecto, pero el fondo de la cuestión no ha sido modificado en
absoluto. El pacto de poder, que ha dado como resultado este
texto que hoy debatimos, ha tenido más presente los resultados
electorales que la situación de nuestro país. Por ello y por las
diferentes características ideológicas y estratégicas de los
grupos firmantes, este acuerdo ha impedido un texto coherente que
ofrezca garantías y reglas de juego claras.
El texto que nos devuelve el Senado, además de algunas
consideraciones técnicas, presenta nuevos parches o, diríamos,
concesiones a determinados grupos políticos que, por otro lado,
al tratar de separar los intereses de España de los intereses de
todos los ciudadanos, están perdiendo fuerza política entre su
propio electorado.
Señorías, como decía, no podemos votar favorablemente las
enmiendas del Senado, a pesar de que reconocemos la buena
voluntad que han puesto algunos para tratar de mejorar
técnicamente un texto hecho con premura y profundamente
incoherente.
En cualquier caso, seis años de incumplimientos constantes, de
plazos sobrepasados, seis años perdidos para España, seis años
perdidos para colocar al sector de las telecomunicaciones en una
situación competitiva con el resto de Europa y seis años perdidos
para que los ciudadanos puedan acceder, como ya ocurre en otros
países, a lo que se conoce como las autopistas de la información.
Y es que, señorías, desde que el Ministro Borrell anunció la
presentación de una ley de nuevas modalidades de televisión en la que
se regularía el cable junto con el satélite, ya han pasado
seis años; seis años, señor Recoder, en los que el Partido
Popular y mi Grupo Parlamentario permanentemente han solicitado y
han mostrado su disposición para llegar a un acuerdo que fijase
las reglas de juego claras y estables que generasen confianza
para los posibles inversores, un acuerdo en favor de la
concurrencia y de la transparencia, un acuerdo en favor, al
final, de la liberalización de las telecomunicaciones. Es más,
también le recuerdo, señor Alcaraz, según sus propias palabras,
la proposición de ley que presentó nuestro Grupo Parlamentario en
febrero de 1994 relativa al cable. Según sus propias palabras,
una proposición perfectamente asumible pero que, sin embargo, ni
siquiera fue tomada en consideración para ser debatida en esta
Cámara, a pesar de nuestra disposición anunciada en ese momento
de incorporar cualquier aportación de otros grupos parlamentarios
para lograr un consenso que tuviera como objetivo fijar estas
reglas de juego a las que me he referido anteriormente.
Al final, después de diez meses desde su presentación en esta
Cámara, en sólo un mes y medio ustedes pretenden aprobar,
mediante un acuerdo de diversos grupos políticos de esta Cámara,
grupos con ideologías y estrategias dispares y contradictorias,
una ley improvisada, hecha con toda premura y que ofrece un texto
lleno de parches y componendas, un texto que no se ajusta en
absoluto ni a la realidad actual ni a lo que ha de venir. Parece
que ustedes sólo les une el concepto del poder en la utilización
de los medios de comunicación, les ha unido solamente una idea:
que haya ley antes de que pueda haber un Gobierno del Partido
Popular que salga de las próximas urnas. Eso la verdad es que
puede servir para sus intereses partidistas, pero está
absolutamente en contra de los intereses generales. Por eso,
señorías, además, después de haber tenido el proyecto paralizado
durante casi un año, una vez prácticamente disueltas las Cortes y
convocadas nuevas elecciones, y como reacción a actuaciones
legítimas de alcaldes en materia de cable, en un mes y medio, por
vía de urgencia, ¿creen ustedes que se puede aprobar un proyecto
clave para la economía española y para el futuro del sector de
las telecomunicaciones? ¿Creen que se puede configurar una ley
perdurable cuando ésta tiene su origen en el oportunismo? Es todo
un espectáculo que, porque unos alcaldes opten por la claridad y
la transparencia en la adjudicación, ustedes tomen la decisión de
actuar contra el PP, contra los ayuntamientos y contra todo un
sector.
Señorías, si han esperado seis años, ¿a qué viene ahora la
urgencia de aprobar una ley con la oposición del Grupo
mayoritario de la Cámara a un mes de la convocatoria de
elecciones cuyos resultados, sin duda, constituirán y
configurarán un nuevo y diferente Gobierno, sea éste del signo
político que sea, y una nueva mayoría parlamentaria? No es sino
afán partidista y un interés particular más que la defensa de
intereses generales.
Este proyecto de ley que ahora nos devuelve el Senado también
contó en esa Cámara con el voto en contra del Grupo Popular,
porque como ya denunciaba el portavoz de nuestro Grupo en esa
Cámara, a pesar de los esfuerzos realizados para contribuir en la
elaboración de un texto legislativo bien adaptado a la realidad
española y respetuoso con las orientaciones comunitarias, ha sido
estéril toda aportación por positiva que ésta fuese. Por tanto,
este proyecto, muy a pesar nuestro, no podrá contar con nuestro
voto favorable. Denuncio que en el Senado tampoco han hecho el
más mínimo esfuerzo por incorporarnos al consenso, ni lo hicieron
en el Congreso ni lo han hecho en el Senado. Por eso, algunas
enmiendas introducidas en el Senado tratan de mejorar
técnicamente el proyecto, pero el fondo de la cuestión no ha sido
modificado en absoluto. El pacto de poder, que ha dado como
resultado este texto que hoy debatimos, ha tenido más presente
los resultados electorales que la situación de nuestro país. Por
ello y por las diferentes características ideológicas y
estratégicas de los grupos firmantes, este acuerdo ha impedido un
texto coherente que ofrezca garantías y reglas de juego claras.
El texto que nos devuelve el Senado, además de algunas
consideraciones técnicas, presenta nuevos parches o diríamos
concesiones a determinados grupos políticos que, por otro lado,
al tratar de separar los intereses de España de los intereses de
todos los ciudadanos, están perdiendo fuerza política entre su
propio electorado.
Señorías, como decía, no podemos votar favorablemente las
enmiendas del Senado, a pesar de que reconocemos la buena
voluntad que han puesto algunos para tratar de mejorar
técnicamente un texto hecho con premura y profundamente
incoherente. Eso hace imposible que sea un texto riguroso y
adecuado a la actual situación española y europea.
Esta ley no apuesta por la concurrencia y la claridad de las
reglas de juego; esta ley establece discriminaciones clarísimas
para el sector privado en el futuro de las telecomunicaciones por
cable en España; se otorgan privilegios a Telefónica, que no
compite en igualdad de condiciones, y no se garantiza
adecuadamente, a nuestro modo de ver, el derecho de acceso de
terceros a las redes de cable.
Este proyecto no ofrece un sistema de igualdad de oportunidades,
un sistema de concurrencia y de transparencia que fomente la
dinamización del sector de las telecomunicaciones en España.
Señorías, en definitiva, seis años de retraso imputables al
Gobierno; la exclusión del Grupo Popular imputable al Gobierno y
a sus aliados en este proyecto de ley; un texto profundamente
incoherente y al final, lo que es más grave, no se ofrece
confianza al sector y a los inversores.
Por eso, señor Presidente, señoras y señores Diputados, hoy
volveremos a votar en contra, a la vez que ratifico
que tras las próximas elecciones traeremos un texto de
telecomunicaciones por cable a esta Cámara que sea acorde con los
tiempos, acorde con las directivas europeas y, sobre todo, que
nos permita recuperar los años que el socialismo nos ha hecho
perder en esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos en el último término
del debate de un proyecto de ley de telecomunicaciones por cable
que el Grupo Socialista considera importante para el desarrollo
de un sector económico como es el de las telecomunicaciones, e
importante también para una sociedad que poco a poco se está
viendo transformada como consecuencia de los avances tecnológicos
que se están produciendo.
El Grupo Socialista se siente satisfecho de haber participado en
este amplio consenso que se ha conseguido con otros grupos
políticos, a excepción del Partido Popular, tanto en el Congreso
como en el Senado, y por tanto, dentro de este consenso y este
nivel de buen entendimiento que ha existido entre los grupos, que
ha motivado el que estas enmiendas del Senado hayan sido
plasmadas en un texto, va a votar a favor de las enmiendas que
nos remite el Senado, con excepción de la referida a la supresión
del párrafo segundo del apartado tercero del artículo 2, enmienda
a la que han hecho referencia otros grupos políticos que han
intervenido con anterioridad y que viene a restituir el que
exista una perfecta distribución competencial entre las distintas
administraciones a la hora de fijar las demarcaciones donde se
van a articular las concesiones correspondientes.
Votando en contra de esta supresión que del Senado, lo que
hacemos es evitar que exista una laguna importante, que de
mantenerse habría que salvar con otra actuación legislativa, a
fin de que no faltase ese apoyo fundamental en lo que ha de ser
el desarrollo de esta nueva ley.
El resto de las enmiendas del Senado, como he indicado, siguen
obedeciendo a las conclusiones de un diálogo, de un debate, a
veces difícil, duro, pero que ha sido muy fructífero y que se ha
venido haciendo en los últimos tiempos. Este debate, a pesar de
que es un proyecto de ley que ha estado parado en este Congreso -
-y esta responsabilidad, por mucho que se diga, deberíamos de
repartirla entre todos los grupos políticos, porque, al fin y al
cabo, cuando hemos decidido ponernos de acuerdo lo hemos
conseguido--, ha supuesto alcanzar un acuerdo que ha dado salida
a un proyecto de ley de indudable repercusión para el sector de
las telecomunicaciones. Debate que en el Senado ha supuesto la
incorporación de nuevas aportaciones efectuadas como consecuencia
de este buen nivel de entendimiento y que, además, hacen
referencia a aspectos pocos relevantes del proyecto relacionados
con la incorporación de textos que mejoran su redacción, que
aclaran conceptos o que corrigen errores y supone modificaciones
de mayor calado, de indudable repercusión positiva para el
posterior desarrollo y aplicación de la nueva ley. Me estoy
refiriendo concretamente a los siguientes apartados, algunos de
los cuales ya han sido perfectamente significados por algunos de
los intervinientes de otros grupos políticos.
En el artículo 4.º el límite de un millón y medio de abonados no
afecta a las actividades de los operadores relativas a la
telefonía básica vocal y a los servicios de valor añadido. Creo
que es una mejora sustancial que sitúa esta limitación en los
términos en los que los grupos políticos desde un principio
habíamos entendido que tenía que estar situada, y es en aquellas
materias relacionadas con los medios de comunicación social.
En el mismo artículo 4.º se regula, como nueva incorporación del
Senado, otro aspecto importante también, como es la transmisión,
disposición o gravamen de las acciones de las sociedades
adjudicatarias de las concesiones, con la finalidad de que exista
un mejor conocimiento de cuál es la estructura de las misma y
para ver de qué manera se está perfilando esa transmisión o esa
disposición de acciones a cargo de las sociedades que, como
consecuencia de los procesos de adjudicación, han tenido derecho
a que se les concediera una concesión.
En el artículo 6.º.4 ha habido un error, que creo que ya está
corregido, porque en el texto del Congreso aparecía en el
apartado f) una regla que venía a significar todas las
condiciones que habla establecidas en este mismo artículo,
relacionadas con los criterios que había que seguir para las
concesiones. En él se recogía que existiera una cláusula que
recogiera todos aquellos aspectos que no he encontrado en las
directrices y que tenían que estar incluidos. Por ello se
recogían en ese apartado f) escuetamente los demás criterios que
se establezcan reglamentariamente. Como es lógico, pensamos que
la Administración tiene que tener derecho a que estos criterios
vengan recogidos reglamentariamente en función de las
circunstancias características y especiales de cada concesión.
Por eso, entendemos que se trata de un error de carácter técnico,
porque la enmienda del Senado sí lo incluía. A la espera de que
esté perfectamente subsanado porque se ha incorporado en las
enmiendas del Senado, ese apartado f) pasará a ser apartado g) en
el nuevo texto de la ley.
En el artículo 10, programadores independientes, que es una nueva
figura que recoge el proyecto de ley, aparece una nueva
aportación relacionada con el respeto a las competencias de las
comunidades autónomas en medios de comunicación social.
También se ha introducido como enmienda en el Senado en el
artículo 11, apartados 2 y 3, una más correcta
regulación del sistema tarifario a aplicar a los usuarios y sobre
las contraprestaciones económicas entre operadores de redes de
cable y gestores de los servicios que se indican.
Igualmente, en cuanto a la habilitación a Telefónica de España,
se han introducido una serie de modificaciones de estilo que
mejoran la redacción del texto, pero que no añaden nada nuevo al
espíritu de los grupos que hemos pactado este proyecto de ley
respecto a la posición de Telefónica con esa situación de
preferencia en algunos apartados, que debe mantenerse tal y como
viene recogido en el texto del Senado.
Se incorpora asimismo la posibilidad de prestar excepcionalmente
el servicio mediante sistemas distintos al del cable cuando se
reúnan una serie de circunstancias que recoge la propia ley.
En definitiva, señorías, es conveniente destacar que los grupos
que hemos debatido sobre este proyecto de ley lo hemos hecho
sabiendo que teníamos que renunciar a algunas de nuestras
propuestas para llegar a un acuerdo. Creo que lo hemos conseguido
y lo hemos sabido hacer con rigor, con debate, con diferencias
que hemos sabido superar, pero siempre con respeto y con el
objetivo muy claro de conseguir un proyecto que recogiera
nuestras más destacadas propuestas y regulara el funcionamiento
de un sector cada vez más importante para nuestra sociedad y
nuestra economía. Lo hemos conseguido con el acuerdo de los
grupos y, desde luego, contando con que, a pesar de lo que algún
portavoz ha dicho, nuestros 159 parlamentarios en esta
legislatura tan azarosa que estamos pasando, han sabido superar
mediante el entendimiento con otros grupos políticos la mayoría
de las votaciones que se han celebrado en esta Cámara. Hemos
sabido salir adelante, a pesar de los pesares, como vulgarmente
se dice, con un espíritu siempre abierto al diálogo y al
entendimiento con otros grupos políticos, que ha motivado que un
buen número de proyectos de ley salieran adelante sin ninguna
dificultad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Morlán.
Señorías, ruego guarden silencio.
Continúe.
El señor MORLAN GRACIA: Señorías, este proyecto de ley que hoy
vamos a aprobar definitivamente surge de un acuerdo del Gobierno
de octubre de 1994, un acuerdo sobre telecomunicaciones que
establecía una panorámica general de cuál iba a ser el desarrollo
de las telecomunicaciones en España, un acuerdo que a lo largo de
estos meses ha ido poniendo encima de la mesa y pasando sin
ninguna dificultad algunos retos importantes, como han sido la
puesta en marcha del segundo operador, el funcionamiento de la
telefonía móvil automática, la televisión por satélite, la
televisión por ondas terrestres --cuyas enmiendas del Senado
luego se debatirán-- y, como es lógico, este proyecto de ley de
telecomunicaciones; proyecto de ley que, desde luego, señora
Mato, no obedece a ningún pacto antinatura, obedece al acuerdo de
los grupos que han querido hablar y que han querido discutir. A
ustedes se les ha invitado y no han querido asistir; y todavía no
nos hemos explicado ni nos han explicado por qué razón cuando se
les invita no acuden a las reuniones.
Creo, señorías del Grupo Popular, que debieran moderar un poco su
lenguaje a la hora de hacer valoraciones sobre los acuerdos de la
mayoría de esta Cámara, porque, sinceramente, hablar de que es un
pacto con vergüenza o un pacto antinatura, en los términos que
están utilizando, les desacredita para que en un futuro puedan
hacer las cosas tal y como creo que las van a hacer.
En principio, ustedes no han ganado las elecciones. Hay unas
elecciones que se celebrarán pronto, y veremos quién las gana.
Ustedes quieren, nosotros también. Con este tipo de
intervenciones, señora Mato --lo he visto en este debate y en
otros anteriores--, demuestran un talante que a mí me empieza a
preocupar; porque ustedes no saben admitir que haya habido cuatro
o cinco grupos en esta Cámara que hayan tenido el buen hacer de
llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley. Ustedes tienen que
acostumbrarse a que si no han entrado porque no han querido, no
porque nosotros les hayamos excluido, a que si no han podido
sacar sus planteamientos adelante, habrán de aceptarlos, porque
lo ha dicho la mayoría de esta Cámara. Es el mínimo requisito
democrático que todos deberíamos respetar.
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, le ruego que concluya.
El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente.
Va a ser muy complicado hablar con ustedes si no cambian de
talante, señora Mato.
Espero que este proyecto de ley, por cómo se ha debatido, por
cómo han llegado a un acuerdo los grupos, les sirva de ejemplo
para entender que en esta Cámara se puede hablar con auténtica
tranquilidad de los temas, se puede hablar defendiendo las
posiciones, se puede llegar a acuerdos. No hay ningún pacto
antinatura, ninguna cosa vergonzante en ningún grupo. Ustedes
tienen que aprender a respetar que lo que se hace y lo que se
dice en esta Cámara está hecho y dicho por Diputados que están
representando la voluntad popular, la voluntad del pueblo emanada
después de unas elecciones.
Por eso, señora Mato, le aconsejo --si usted me quiere admitir
ese consejo-- que modere su lenguaje, reconozca que en este caso
concreto ha habido un acuerdo mayoritario de la Cámara, y espero
que a raíz del mismo ustedes aprendan que es bueno dialogar y que
es bueno no llegar a límites de confrontación como a los que
llegan ustedes últimamente.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
--AL PROYECTO DE LEY DE TELEVISION LOCAL POR ONDAS TERRESTRES
(Número de expediente 121/000087)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de
televisión local por ondas terrestres.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, voy a
fijar la posición de Coalición Canaria respecto a las enmiendas
que nos remite el Senado a este proyecto de ley de televisión
local por ondas terrestres.
Han sido pocas las enmiendas que se han introducido y me voy a
referir a las que Coalición Canaria considera sustanciales, que
son las referidas --y empiezo por el final-- a la disposición
adicional, dado que ésta es la que vamos a votar afirmativamente,
por entender que se ha corregido algo que constitucionalmente
tendría muchas dudas para su admisión.
Tenemos que decir de entrada que este proyecto de ley puede
correr en los tribunales de justicia y en los recursos ante el
Tribunal Constitucional, posiblemente, los mismos derroteros que
el proyecto de ley anterior, de telecomunicaciones por cable. El
tiempo dirá lo que vaya a quedar, de estas dos leyes, con
vigencia en el Derecho y, por supuesto, me da la sensación de que
la vigencia técnica va a ser muy escasa.
Quiero recordar a SS. SS. una de las enmiendas a la que nosotros
vamos a votar en contra, que es la referente al artículo 3,
porque hace referencia a los archipiélagos y, concretamente, al
Canario, en la demarcación isla, Radio Nacional de España, la
dirección general, en sus servicios técnicos, empezará el próximo
año a emitir en todo el archipiélago canario --como primera
comunidad autónoma-- vía satélite, con lo cual toda la regulación
de transmisión de una señal acústica de onda de radio, de isla a
isla, en este momento, queda totalmente obsoleta. Y la
demarcación es ya de tal calibre que la retransmisión se hace por
satélite, cubriendo toda la franja del archipiélago.
La enmienda que ha sido introducida por el Senado a la
disposición adicional, haciéndola en singular y no en plural,
viene a corregir el agravante que había de que se pagara un canon
por la concesión a particulares y no lo pagaran las concesiones
municipales.
La enmienda que se ha dirigido al artículo 7 de este proyecto nos
parece aceptable en la medida en que consagra el principio de
soberanía y de competencia de las comunidades autónomas.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que reconoce la competencia de las comunidades autónomas,
pero lo hace de una manera muy cicatera, porque este proyecto de
ley de las telecomunicaciones locales por ondas terrestres
sacraliza, de una manera curiosa, algo que cualquier técnico en
instalaciones radioeléctricas rechazaría o le parecería absurdo,
que es el principio sacrosanto de la reserva de frecuencias o del
espectro radioeléctrico, como si fuera algo verdaderamente
estrechísimo, y es algo que la tecnología de las
telecomunicaciones viene haciendo vez más amplio y superponiendo
al propio plano territorial, como señalaba antes, en el caso de
las telecomunicaciones por satélite.
Por tanto, resulta que aquí se da un principio de competencia a
las comunidades autónomas --en un texto que siempre empieza por
el no, el restrictivo, sabiendo siempre como sospechosas a las
comunidades autónomas--, pero les pone por delante la obtención
previa de la Administración General del Estado en la reserva
provisional de frecuencias. En territorios discontinuos, como
pueden ser los archipiélagos canario o balear, me parece que esto
va a dar origen a conflictos y, por supuesto, a corruptelas.
Nosotros tenemos tantas reservas ante lo que se regula aquí, que
estaríamos más dispuestos a la abstención que a dar nuestro voto
de apoyo.
A lo que vamos a votar en contra es a la enmienda que se ha
introducido por el Senado en el artículo 3, que, en su último
párrafo, hace referencia a este artículo 7 que acabamos de
comentar, porque vamos a ver qué pasa con la interpretación de
una conformidad del pleno municipal cuando una de las
concesiones, o las dos, de televisiones locales para la
retransmisión en cadena --porque aquí nos estamos refiriendo a
este tipo de emisión-- no corresponda a un ayuntamiento, sino a
un particular. Me da la sensación de que vamos a abrir una guerra
entre ayuntamientos por las emisiones en cadena, porque resulta
que, si una concesión a particulares quiere hacer emisiones en
cadena, van a tener que opinar todos los plenos de todos y cada
uno de los ayuntamientos afectados por este modo de transmisión,
lo que va a producir un verdadero galimatías. Y tampoco se nos
alcanza qué va a pasar cuando esta concesión sea solicitada por
particulares, la obtengan y quieran transmitir en cadena.
Curiosamente, hemos visto que la enmienda al artículo 3 que se
aprobó en el trámite de Comisión de esta Cámara, con competencia
legislativa plena, y que fue presentada por Coalición Canaria
para señalar el ámbito territorial de cobertura referido a la
isla en los archipiélagos, ha desaparecido. Y quiero poner de
manifiesto que la enmienda al artículo 3 que viene del Senado,
relativa al ámbito territorial de cobertura, no nos satisface.
Aunque en el texto que salió de la Comisión de este Congreso de
los Diputados solamente había un apartado con dos párrafos, el
Senado nos lo devuelve
con tres apartados y el primero va a crear un confusionismo
total, en cuanto a los núcleos principales del municipio
correspondiente. Me gustaría saber cómo se va a interpretar eso
en un municipio como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao o
Valencia.
Desde luego, si con lo que señala el apartado 3 de la enmienda
del Senado, que excepcionalmente las comunidades autónomas
competentes podrán autorizar coberturas que superen el estricto
ámbito territorial a una televisión por ondas terrestres, se
trata de quitar una competencia, no técnica y territorial, al
ámbito de la isla, quiero decirles, señorías, que esto supone una
sustracción del reconocimiento competencial en el ámbito
administrativo del archipiélago canario que existe,
constitucional y estatutariamente, en las islas. En las Islas
Canarias hay una Administración, que es elegida por votación
directa, que son los cabildos insulares, y el hecho de que
desaparezca en esta ley, al referirse al ámbito territorial de
cobertura, la cuestión de la isla, entraña unas repercusiones
administrativas. No se trata de una cuestión puramente
territorial, porque cuando, en esta ley, se está
territorializando el ámbito de una televisión local, lo
circunscribe administrativamente al del ayuntamiento y, cuando
habla de estructuras supramunicipales, lo circunscribe al de la
comunidad autónoma. Yo me pregunto: ¿Qué pasa cuando el ámbito es
la isla? Y las islas están singularizadas en la Constitución, y
en el caso canario, específica y concretamente. Incluso, en la
Constitución se señala la figura administrativa del organismo
denominado cabildos insulares, que están consagrados en el
estatuto de autonomía, y la ley electoral española señala un
sistema específico de la elección directa, no como las
diputaciones en la península, sino por una elección directa de
todos los candidatos, la presidencia y los consejeros de los
cabildos insulares, con un paquete de competencias bien recibidas
estatutariamente, por ejercicio propio, por delegación o por
transferencia.
Por estas razones, señorías, Coalición Canaria, que se siente
dolida por la supresión de esta referencia a los términos isla y
archipiélago, va a votar en contra de la enmienda del Senado al
artículo 3.º, del ámbito territorial de cobertura.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Por el Grupo
Catalán (Convergencia i Unió) tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, quiero
manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió), el voto favorable a las enmiendas que ha
introducido el Senado a este proyecto de ley de televisión local
por ondas terrestres. Son unas enmiendas que nos satisfacen, en
su conjunto y cada una de ellas, y muy especialmente las
introducidas a los artículos 3.º y 7.º, que forman un conjunto
que viene a garantizar algo que para nosotros era especialmente
importante, como es posibilitar que, en determinados supuestos,
sean factibles emisoras que tengan un ámbito de cobertura
superior al del municipio.
Nosotros, señor Presidente, señorías, cuando, en el debate
inicial de la ley, proponíamos enmiendas en este sentido
estábamos pensando en dos supuestos. En primer lugar, en unas
amplias zonas del territorio, en comarcas con una densidad
demográfica muy baja, donde difícilmente iban a ser factibles una
o varias televisiones locales, ya que los núcleos principales de
población --y ya no digamos los secundarios-- tenían un número de
habitantes que, de forma difícil, haría factible o viable
económicamente la existencia de estas televisiones, pero, en
cambio, sí sería conveniente, sí era deseable y sí sería viable,
económicamente, que pudieran existir unas televisiones de un
ámbito superior, ámbito, por ejemplo, como es el comarcal. Nos
parece que estas enmiendas lo posibilitan.
Asimismo pensamos en otras realidades, coincidiendo con la
inquietud que acaba de expresar el portavoz del Grupo de
Coalición Canaria, señor Mardones, como era el ámbito insular.
Existen en el archipiélago canario como en el balear, en este
momento, televisiones que prestan un servicio importante a su
comunidad, como son las de ámbito estrictamente insular,
televisiones que dan cobertura a una isla. En la redacción
inicial del proyecto de ley no se permitía que estas televisiones
pudieran continuar funcionando, ya que se circunscribía, como
decíamos, el ámbito estrictamente al municipal, pero entendemos
que de la forma que se ha redactado finalmente el proyecto, y
especialmente las enmiendas a los artículos 3.º y 7.º, sí es
posible que esas televisiones puedan continuar funcionando o bien
se puedan crear nuevas.
El procedimiento no es especialmente complicado. ¿Qué se exige?
En primer lugar, que los distintos municipios --situémonos, por
ejemplo, en el ámbito insular-- que deseen recibir una televisión
de este ámbito, que deseen colaborar en la creación de una
televisión de este ámbito, deberán solicitar la correspondiente
licencia. Podrá ser la primera licencia, es decir, la municipal,
como podrá ser la segunda, es decir, la destinada a ciudadanos, a
la sociedad civil, a sociedades. Una vez que se ha solicitado
esta licencia, simplemente se exige conformidad del pleno
municipal. Recordemos que en el texto que fue remitido por el
Congreso de los Diputados al Senado se exigía que fuera el pleno
municipal quien solicitara esta televisión; ahora simplemente es
la comunidad autónoma quien se debe dirigir al ayuntamiento para
que diga si está de acuerdo o no, y ¿qué ayuntamiento se va a
oponer a que sus ciudadanos reciban un canal de televisión? Creo
que no va a haber ningún responsable político en su sano juicio
que se oponga a la recepción por parte de sus ciudadanos de un
servicio como el de televisión local. A partir de aquí, con la
simple conformidad del gestor del servicio,
puede empezar a emitir una televisión de este ámbito.
Por tanto, repito, nos parece que se ha dado un paso importante
con la aprobación de estos artículos 3.º y 7.º. Además, no se
modifica el sentido del artículo 3, tal como salió redactado de
la Cámara, porque, en la práctica, los efectos van a ser
exactamente los mismos: Posibilitar televisiones locales de
ámbito superior estrictamente al local, como podrían ser
televisiones comarcales o de ámbito insular.
Junto a estas enmiendas, nos parecen especialmente destacables
otros cambios que se han producido a lo largo de la tramitación
parlamentaria. Pienso que no me equivoco si afirmo que ha
cambiado sustancialmente el proyecto que fue remitido por el
Gobierno. Por ejemplo, la ley que vamos a aprobar hoy permite la
existencia de dos licencias de televisión local por término
municipal. Quiero recordarles, señor Presidente, señorías, que el
texto remitido por el Gobierno sólo admitía una licencia. Ello
llevó a nuestro Grupo parlamentario a afirmar que este proyecto,
más que un proyecto de ley de televisión local, parecía un
proyecto de ley de televisión municipal, ya que se reconocía la
preferencia de las administraciones locales para poder ser
titulares de este canal de televisión.
Ahora ya no es así, hay dos licencias por municipio. Una de ellas
que en cualquier caso va a ser utilizada por el ayuntamiento y,
si no la utiliza, va a quedar aparcada. Una segunda va a estar a
disposición de aquellos ciudadanos, de aquellas empresas, de
aquellas entidades sin ánimo de lucro que quieran prestar el
servicio de televisión local.
Con ello, además, se va a posibilitar que realidades que ya
existen en muchos municipios del país, donde conviven una
televisión pública, gestionada por el ayuntamiento, y una
televisión privada, gestionada por la sociedad civil, puedan
continuar funcionando.
Otra cuestión importante que se ha modificado del texto
originalmente remitido por el Gobierno es la que se refiere a una
prohibición que a nuestro Grupo parlamentario le pareció absurda
y por ello presentamos la correspondiente enmienda. Me refiero a
la prohibición de emitir publicidad entre las 20 y las 24 horas,
precisamente en las horas que todos sabemos que las televisiones
tienen un mayor índice de audiencia.
Ya manifestamos en el debate previo en esta Cámara que no
entendíamos a qué obedecía esta limitación. Finalmente, este
artículo ha sido sustituido por una remisión a la competencia de
las comunidades autónomas para establecer limitaciones
publicitarias. Ya dije también en su momento que esperaba que no
hubiera ninguna comunidad autónoma que hiciera uso de esta
competencia, al menos en el sentido de prohibir la emisión de
publicidad durante determinadas horas. Evidentemente, se puede
hacer uso de esta competencia en ese sentido y en otros. Nosotros
creemos que las comunidades autónomas deben legislar en el
sentido de limitar el número de minutos, el tiempo total que las
televisiones locales dedicarán a la publicidad.
Una tercera cuestión a la que ya me he referido, pero que quiero
reiterar muy brevemente, es la posibilidad de que finalmente, por
parte de gestores privados, se pueda prestar el servicio de
televisión local.
Otro aspecto donde ha sido sustancialmente modificado el proyecto
inicialmente remitido por el Gobierno es el referente a la
duración de la concesión. Saben ustedes, señorías, señor
Presidente, que en el proyecto del Gobierno las licencias tenían
una duración de cinco años; en el texto que finalmente vamos a
aprobar serán cinco anos, prorrogables a otros cinco, prórroga
que sólo puede ser denegada por causas de fuerza mayor
expresamente tasadas en la ley.
Por último, en cuanto a las principales novedades que se han
introducido en el proyecto de ley, en su tramitación
parlamentaria, quería hacer una breve referencia al trámite que
deberán seguir las numerosas televisiones locales que en el
momento de entrar en vigor esta ley están emitiendo. La ley fija
un plazo para que esas televisiones soliciten una inspección
técnica por parte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, con el objetivo de levantar un acta sobre los
medios técnicos con los que cuenta esa televisión y a partir de
ahí tienen la posibilidad de solicitar la correspondiente
licencia. En el caso de que no se obtenga esta licencia, el
proyecto inicial determinaba que en el plazo de tres meses esas
televisiones debían dejar de emitir. En la ley que hoy vamos a
aprobar, este plazo para dejar de emitir va a ser de ocho meses,
que pensamos nosotros que va a permitir un cierre ordenado de las
televisiones que no obtuvieran esa licencia.
En definitiva, señor Presidente, señorías, reiteramos nuestro
voto favorable a las enmiendas aprobadas por el Senado, puesto
que los objetivos que nuestro Grupo parlamentario se planteó al
iniciarse el debate de este proyecto de ley entendemos que han
sido plenamente cumplidos y que el proyecto aprobado da plena
satisfacción a los mismos, manifestando, al mismo tiempo, nuestra
satisfacción porque finalmente las televisiones locales van a
tener un marco legal que permitirá su desarrollo, que permitirá
su continuidad, que permitirá su expansión.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo de Izquierda Unida presentó, tanto al tema del cable
como al de las televisiones locales por onda, propuestas
completas articuladas, proposiciones de ley. Nosotros vimos que
había una posibilidad de acuerdo en el tema de las televisiones
locales por onda
cuando, al presentar nuestro texto, en la réplica, en la
intervención del Grupo Socialista, este Grupo cambió
sustancialmente algunos de sus planteamientos clásicos, por así
decirlo, con respecto a la publicidad o a la posibilidad de dos
licencias por demarcación. A partir de ahí, se desarrolló un
proceso en Ponencia y, finalmente, en Comisión, que nos llevó a
un acuerdo, no total, pero sí amplio, un acuerdo básico. Por
tanto, con respecto a esta ley no ha habido negociaciones; sí ha
habido un acercamiento sustancial a raíz del debate de totalidad
que se desarrolló en esta Cámara.
La ley es aceptable, a nuestro juicio, aunque tiene matices, que
se podían haber perfeccionado, pero no ha podido hacerse ni aquí
ni el Senado. En todo caso, anunciamos que votaremos
favorablemente las enmiendas que proceden del Senado, aunque
queremos recordar que, tanto en el tema del protagonismo de las
asociaciones sin ánimo de lucro, que alcanzan un semiacuerdo, no
un total acuerdo, con respecto a nuestras posiciones, en el de
que no pagarán canon de explotación (se conserva el canon de
explotación), como en el de que no se concede la posibilidad de
una fracción a las licencias que afecten a las grandes ciudades
como Madrid, donde conviven unas cinco emisoras, o Barcelona,
donde podía darse también este fenómeno. Y había una enmienda que
se votó favorablemente en Comisión incluso por el Grupo
Socialista, pero que después en el Senado no ha pasado, porque
hubo un error técnico en la Comisión y esa enmienda se dejó a la
espera del debate en el Senado. Allí, el Grupo Socialista, al
final, ha decidido no aceptar esta propuesta de fracción de la
segunda licencia en las grandes ciudades.
Quedan estos detalles, pero, en definitiva, el acuerdo es un
acuerdo amplio que nos permite, en principio, aceptar esta ley y
votaren este acto las enmiendas que proceden del Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con toda brevedad voy a fijar la
posición de mi Grupo parlamentario, en un proyecto de ley, en el
que, como es característica común a este Gobierno, hemos perdido
muchísimo tiempo antes de regular una modalidad de televisión,
que sin duda contribuye a engrandecer la libertad de expresión y
a garantizar el pluralismo informativo.
Volvemos a hablar de retrasos, como ven, señorías, en todo lo que
se refiere a telecomunicaciones o a televisión. El Gobierno
socialista nunca ha tenido un modelo de comunicación, no ha
sabido, no ha podido o no ha querido ponerlo en marcha y fijar su
postura al respecto; siempre ha llegado tarde y con propuestas
poco adecuadas que sirvan para fijar unas reglas generales
básicas para el funcionamiento del mismo.
En este momento, tenemos varias leyes diferentes, trasnochadas y
contradictorias, para regular la misma materia, la televisión.
Les estoy hablando del Estatuto de Radiotelevisión Española,
todavía hoy, a pesar de lo caduco de sus contenidos, Ley básica
en la materia, la Ley del tercer canal, la Ley de Televisión
privada, la Ley de Ordenación de telecomunicaciones, la Ley del
satélite, la Ley del cable, y creo que no me dejo ninguna.
Nuestro Grupo cree que, ante esta situación, no cabe seguir
ampliando el número de leyes que incidan sobre la materia, sino
presentar una regulación global que fije las reglas
imprescindibles para todas estas modalidades diferentes de
televisión.
Por eso, señorías, esta nueva ley, que hoy se trae para
aprobación en esta Cámara, llega tarde y llega mal. Llega tarde,
porque en estos momentos ya hay innumerables emisoras de
televisión local, viables, emitiendo por toda España en base a
sentencias de los tribunales que les garantizan este derecho que
la propia ley les va a restringir. Y llega mal, porque ya llega
trasnochada; es una ley que nace caduca.
¿Cómo es posible que se apruebe una ley que olvida la situación
existente y restringe ofertas viables de información a los
ciudadanos, actualmente existentes. ¿Cómo es posible que en el
final del siglo XX se pretenda mantener el concepto de servicio
público esencial para la televisión local? La televisión local,
la televisión en general, ya no es un servicio público esencial.
¿Quién puede mantener que los contenidos de las programaciones de
las televisiones, de cualquiera de las televisiones, ofrece un
servicio público esencial; es más, la nueva ley de televisión por
satélite, presentada por el Gobierno, ya deja fuera ese criterio
y, por tanto, esa modalidad de televisión, la televisión por
satélite, dejará de estar sujeta a concesión. Me pregunto por qué
en materia de televisión local sí se mantiene en su puesto.
¿Cómo es posible que el Ministro Borrell anuncie que no se puede
poner puertas al campo en materia de comunicación y este proyecto
sólo permita una televisión de iniciativa privada por cada una de
las demarcaciones? ¿Cómo es posible que sólo se pueda emitir y
hacer en el núcleo principal de la población? ¿Qué pasa con la
periferia? ¿Qué pasa con las grandes ciudades donde ya hay varias
televisiones locales emitiendo y con una audiencia reconocida?
¿Cómo es posible que el Gobierno pretenda que cierren su
emisiones para que sólo exista una cadena pública local y otra
cadena privada local? Nosotros pensamos que eso es poner puertas
al campo, puesto que la técnica permite que puedan seguir
subsistiendo esas televisiones que en estos momentos ya lo están
haciendo.
Señorías, no se puede tratar de utilizar todo lo que se refiere a
comunicaciones como elementos de poder y, por tanto, intentar
controlarlo todo. Dejen libertad y dejen que funcione la ley de
la oferta y la demanda en esta
materia. Pongan ustedes las bases, dejen que la libertad de
información y el derecho a la misma pueda salir adelante y no
traten de controlar todo, porque no tiene ningún sentido y la
propia tecnología lo va a impedir.
Señoras y señores Diputados, estamos regulando la televisión
local de forma restrictiva, estamos impidiendo el desarrollo de
este sector. Al mismo tiempo, acabamos de aprobar, todavía no la
hemos votado, pero parece ser que se va a aprobar, la ley del
cable, que está llamada a concurrir y a coexistir con la local;
es más, la televisión local incrementará sin ninguna duda las
ofertas del cable.
¿Por qué motivo quieren ustedes restringir la posibilidad de la
existencia de más televisiones locales y de más emisoras de
televisión local? ¿Hay acaso alguna razón política que aconseje
cerrar ciertas emisoras de televisión local privadas, que hoy ya
están emitiendo?
Señorías, estamos hablando esta mañana de liberalización y ya es
éste el segundo proyecto que no va encaminado en esa dirección;
estamos yendo contra corriente, y eso, al final, lo vamos a pagar
todos los ciudadanos.
Por otra parte, el texto presentado por el Gobierno ante esta
Cámara, como ya han dejado ver otros grupos parlamentarios que
han intervenido antes, se mejoró notablemente con el debate que
se realizó en el Senado. Se pasó de tener una sola televisión
local, que tenía que ser pública, que era la propuesta del
Gobierno, una televisión local que, además de existir, tenía
prohibida la publicidad, lo que hacía aún más inviable la
existencia de televisiones que no fueran públicas, y se pasó --
esto se ha añadido en el Senado-- de tener canon para las
privadas, y no para las públicas, a que no exista este canon.
También se mejoró el tema de la duración de las concesiones, que
se ha ampliado a cinco años, aunque nosotros pretendíamos que la
duración de la concesión fuera desde un principio de diez años.
En cualquier caso, creemos que se ha hecho un gran avance con
respecto al proyecto presentado por el Gobierno, de lo cual nos
congratulamos.
El texto remitido por el Senado no ha mejorado, salvo alguna
cuestión de estilo, la propuesta del Congreso. Además, tengo que
recalcar que en la enmienda al artículo 3.º se modifica
sustancialmente el texto anterior que, por cierto, como ya han
recordado también otros representantes de grupos parlamentarios,
fue aprobado por unanimidad de esta Cámara.
Con esta nueva redacción se impide, por ejemplo, que el ámbito
territorial de cobertura pueda ser el de toda la isla; se impide
que los grandes municipios se puedan dividir en varios ámbitos
territoriales y, por tanto, contar con más de dos cadenas de
televisión. Como decía el señor Alcaraz este es un tema
importante en las grandes ciudades, ya que en estos momentos
existen televisiones locales viables coexistiendo con gran
audiencia, que tendrán que desaparecer para dejar paso sólo a dos
televisiones locales. Nuestra propuesta, y es la que se presentó
en la Comisión con competencia legislativa plena y fue aprobada
por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, era que hubiera
la posibilidad de que se constituyeran ámbitos territoriales
menores en los grandes municipios.
Por tanto, nos vamos a oponer a esta incorporación que, como
digo, desdice lo aprobado por unanimidad en esta Cámara y también
nos vamos a oponer, en general, a la aprobación de este proyecto
de ley por las cuestiones que he planteado.
En cualquier caso, quiero mostrar de nuevo mi satisfacción por la
eliminación de la disposición adicional del canon, que no suponía
más que una nueva discriminación para las televisiones privadas,
que agravaría aún más la competencia desleal que ya ejercen las
televisiones públicas contra las televisiones privadas, pudiendo
incluso impedir al final la existencia de éstas.
Señorías, en todos los ámbitos de la vida es importante la
libertad, pero, en materia de medios de comunicación, creemos que
ésta es esencial. Como he dicho en mi intervención, en materia de
libertad ustedes siempre se quedan a mitad de camino. No se han
sentado las bases para que haya una televisión hertziana viable y
sobre todo se continúa con la tendencia perniciosa de incrementar
el papel de lo público en el ámbito audiovisual.
Una vez más se les ve a ustedes el plumero, porque en materia de
comunicación lo único que les interesa es el control, el control
y el control. Estoy segura de que el tiempo nos dará la razón y
que nuestro Grupo aportará en el futuro, mediante un texto
legislativo global, su contribución para una mejor información,
una mayor formación y un digno entretenimiento a través de todas
las televisiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, anuncio el voto
favorable del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que
el Senado nos presenta a este proyecto de ley de televisiones
locales.
Las propuestas de modificación que nos presenta el Senado
básicamente se refieren al artículo 3, en el que se regula el
ámbito territorial de cobertura de la televisión local y en el
que se corrige una situación anómala que se produjo en la
Comisión al haber votado una enmienda de Coalición Canaria que
encajaba mal con el resto del proyecto de ley.
El texto que el Senado nos remite, permite un ámbito de cobertura
municipal o supramunicipal --otros portavoces lo han explicado
brillantemente--, y se puede llegar al ámbito de cobertura
insular si los plenos municipales están de acuerdo y si la
comunidad autónoma así lo considera oportuno.
Hay otra modificación al artículo 7, que de hecho hace referencia
a la posibilidad de emisión en cadena.
Creemos, por lo tanto, que con las enmiendas del Senado el
proyecto queda mejorado técnica y políticamente, con un sistema
de atribución de competencias claro, en que lo que es competencia
de medios de comunicación social corresponde a la comunidad
autónoma y aquellos otros aspectos fundamentalmente técnicos
relativos a las telecomunicaciones corresponden al Estado.
No hay ninguna limitación técnica caprichosa en este proyecto de
ley. Uno de los portavoces señalaba que el espectro
radioeléctrico es muy grande, y efectivamente así es. Pero
también es cierto que hay acuerdos internacionales, hay
limitaciones técnicas, hay reglas del mercado que obligan a
limitar un cierto intervalo de frecuencias para el servicio de la
televisión. No hay, por tanto, limitación técnica alguna
caprichosa, superflua, innecesaria, sino que responda a acuerdos
de carácter internacional que tienen, lógicamente, una
justificación.
No estamos regulando televisión alguna de carácter regional; las
televisiones de ámbito regional son posibles por otra vía.
Estamos regulando una televisión fundamentalmente local,
municipal y con la posibilidad de que sea supramunicipal si hay
acuerdo de los plenos de los ayuntamientos y la conformidad de la
comunidad autónoma.
Hay una actitud permanente de crítica, por parte principalmente
del Grupo Parlamentario Popular, tantas veces repetida y tantas
veces respondida que hace inútil el seguir hablando, dialogando o
discutiendo sobre esto. Yo no acabo de ver cuál es la política
alternativa en materia de telecomunicaciones, en general, por
parte del Partido Popular. Si en telecomunicaciones por cable la
alternativa es este tipo de política que se define, se dibuja o
se perfila en los concursos convocados por los ayuntamientos en
que gobierna el Partido Popular, ¡mal futuro le espera a España,
si algún día el Partido Popular llega a obtener la confianza del
pueblo español! Si la alternativa en las televisiones locales es
decir que las corporaciones públicas no puedan gestionar el
servicio de televisión local, pero luego veo que allí donde se
ganan las elecciones se continúa teniendo en sus manos el
servicio de televisión local, es decir, si la política que se
defiende para la televisión local es decir una cosa y hacer otra,
¡mal futuro le espera a España si algún día el Partido Popular
obtiene la confianza del pueblo español para gobernar España!
Se repite una y otra vez que algunos proyectos de ley han llegado
tarde y que se pretende --con estos proyectos de ley, con estas
leyes-- limitar y poner trabas a la libertad de expresión. Ante
tanta impertinencia sólo se me ocurre decir, por responder algo,
que si las señorías de ese Grupo Parlamentario se hubieran dado
prisa para otras cosas quizá en España la democracia hubiera
llegado antes del año 1977. (El señor Arias-Salgado Montalvo:
¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estaba usted en 1977?.--El señor García-
Arreciado Batanero: ¡Dónde estaba usted! Eso es lo que sabemos.)
Yo entiendo bien que algunas de SS. SS. se rían, porque he leído
en algún sitio que el líder del Grupo Popular no sabe reírse ni
cuándo reírse, pero parece que tiene más de un imitador.
Señorías, concluyo. Reafirmo la voluntad de mi Grupo de votar a
favor de las enmiendas que nos llegan del Senado, y quiero
reiterar la satisfacción de mi Grupo Parlamentario porque en el
día de hoy y en estas últimas semanas, las Cortes Generales hayan
avanzado en la regulación de un sector moderno de las
telecomunicaciones en nuestro país, y porque ese sector de las
telecomunicaciones supone un instrumento fundamental para el
desarrollo del país en su conjunto.
Con estas leyes estamos contribuyendo a que España continúe por
el camino de la modernidad, que iniciamos el año 1977 y de forma
especial el año 1982.
Gracias, señorías.
--AL PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (Número de
expediente 121/000090)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el debate sobre el Impuesto de Sociedades hoy
constituye el último trámite de toda la discusión parlamentaria
que ha arrastrado este proyecto de ley en esta Cámara durante los
últimos seis meses. Se trata de una ley fundamental, de una ley
importante dentro del ámbito de la legislación tributaria, y
también se trata de una ley representativa de lo que ha sido la
actividad parlamentaria en esta legislatura. Sin duda, ésta va a
ser una de las leyes significativas de los trabajos que hemos
desarrollado durante la presente legislatura, porque un país no
cambia un impuesto de sociedades, cada año hará ajustes
puntuales, hará modificaciones parciales, pero una reforma en su
globalidad de todo el marco legal del Impuesto de Sociedades se
hace en períodos distantes, y nos encontramos con que esta
reforma va a tener una incidencia y una importancia en el
desarrollo futuro de la actividad económica en España.
Ya se hizo una reforma del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas hace unos años, que constituía el primer pilar
de la reforma y la adaptación de la fiscalidad en España. A lo
largo de esta legislatura se han adoptado modificaciones fiscales
sustantivas e importantes para ir modernizando y adaptando el
marco legal fiscal en España al que existe en la mayoría de los
países de Europa, pero hoy asistimos al último acto parlamentario
de la reforma de uno de los pilares del sistema fiscal y de uno
de los instrumentos fiscales de
mayor incidencia en la actividad económica en nuestro país.
Nuestro Grupo Parlamentario fija su posición en este trámite
final con satisfacción. Ha habido diálogo, ha habido
contraposición de planteamientos y de criterios, pero ha habido
acuerdo, ha habido una conjunción de esfuerzos para determinar
unas redacciones consensuadas por la mayoría de los grupos de la
Cámara, y en el Senado esa voluntad se ha mantenido. Las
enmiendas que proceden de la Cámara Alta vienen con un alto arado
de consenso, son muchas, son importantes, es un último esfuerzo
de revisión y de modernización del Impuesto de Sociedades, y se
nos plantea a esta Cámara para que se ratifiquen con un origen
que viene avalado por un alto grado de consenso; casi la
totalidad de estas enmiendas formuladas por la Cámara Alta
vienen, señorías, con el voto unánime de los grupos
parlamentarios. ¿Cómo íbamos a oponernos a la casi totalidad de
esas reformas y de esas correcciones que el Senado nos plantea en
estos momentos?
Por tanto, vaya por delante, señor Presidente, que nuestro Grupo
va a tener una posición favorable a toda la propuesta que nos
formula el Senado. Simplemente hay unas correcciones en las
disposiciones adicionales duodécima y decimocuarta que son
contradictorias, tenemos que optar por una de ellas y, por
consiguiente, creo que tampoco hay problema que exprese una
contradicción con lo que hemos hecho en el Congreso de los
Diputados. Pero vayamos un poco más allá; ya que estamos en esta
última fase de discusión parlamentaria, vayamos a valorar el
contenido y el alcance de todas estas enmiendas que se nos
formulan en el conjunto general de este Impuesto de Sociedades.
Va a ser un buen Impuesto de Sociedades si se aprueba tal y como
se nos plantea por el Senado. Va a salir de las Cortes Generales
una ley de impuesto de sociedades más positiva, más moderna, más
europea de la que hoy existe. Por lo tanto, nuestro Grupo se
enorgullece y se adhiere totalmente a todas estas correcciones
que se nos formulan desde el Senado en estos momentos.
Quiero significar que el Impuesto de Sociedades tiene unas
novedades de alcance muy importante, tiene unas innovaciones
históricas en el ordenamiento tributario español. Se dan unos
pasos en esa norma que son los primeros en este siglo en el marco
legal de las obligaciones fiscales en España. Hay que reconocerlo
y valorarlo políticamente. Por primera vez en una norma de esa
naturaleza se contempla un capítulo específico para las pequeñas
y medianas empresas. ¿Cuántas y cuántas veces hemos escuchado en
los debates parlamentarios en materia económica la necesidad de
que el ordenamiento fiscal reconozca la especificidad de la
pequeña empresa? ¿Cuántas y cuántas veces hemos exigido e instado
la conveniencia de que la pequeña empresa tenga un marco fiscal
más adaptado, más específico, en relación con las demás
actividades económicas? Pues, por primera vez en el Impuesto de
Sociedades, aquellas empresas que tengan un volumen de ingresos
inferior a 250 millones van a tributar menos que las demás, y nos
parece muy bien. Nos parece muy bien que, con carácter estable,
en una norma como la que estamos debatiendo, una pequeña empresa
esté sometida a unas consideraciones cuya resultante sea que va a
tener unas obligaciones fiscales un poco menores que las que van
a tener las demás actividades económicas, porque políticamente
optamos por potenciar, por estimular, la realidad económica de la
pequeña empresa. Es un gran paso político e histórico en el campo
del ordenamiento fiscal en España.
Las novedades que se incorporan en ese capítulo para la pequeña
empresa tampoco son menores, son significativas. La empresa
pequeña que va a verse favorecida o estimulada va a ser la
dinámica, la que invierta, la que cree empleo, la que desarrolle
esfuerzos o actividades de investigación, de formación de
exportación; no va a ser la que no haga nada, no va a ser la que
no tenga expectativas ni grados de solvencia ni de
competitividad. Por el contrario, la que haga esfuerzos para
consolidarse, para ser competitiva, para crear empleo, va a verse
favorecida por ese Impuesto de Sociedades.
Por lo tanto, es un paso importante, políticamente importante.
Las enmiendas que se plantean en el Senado en su conjunto
terminan de reforzar esa decisión política que se ha tomado con
el impuesto que estamos tratando.
También se han adoptado unas novedades significativas en otros
campos, por ejemplo, en el de recuperar lo que era la deducción
general del 5 por ciento en la cuota por las inversiones en
activos fijos. Ha sido objeto de debate en la Cámara y en la
sociedad si era conveniente o no eliminar la deducción del 5 por
ciento en cuota por las inversiones que se realizan en activos
fijos con carácter general. Ese debate se resuelve con las
enmiendas que proceden del Senado. Se mantiene la deducción del 5
por ciento con carácter general por todas aquellas inversiones
que se materialicen en activos fijos.
Es una buena decisión, no retrocedemos, nos mantenemos en el
instrumento y en el estímulo hoy existente para favorecer la
inversión. Esta es una deducción adicional al límite general
mantenido del 35 por ciento. Por lo tanto, la empresa que tenga
capacidad para mejorar su competitividad, para ser más
productiva, para estar más adaptada a los tiempos futuros, va a
tener que invertir y la que invierta podrá tener la posibilidad
de deducir en la cuota del Impuesto de Sociedades hasta el 35 por
ciento con carácter específico si la inversión genera empleo, si
genera mejores capacidades de investigación, si genera mejoras de
formación. Pero, adicionalmente, va a reconocerse también hasta
un 15 por ciento más, por consiguiente, hasta el 50 por ciento de
la deducción de la cuota, de la deducción con carácter general
por la inversión en activos fijos en la actividad económica. Por
consiguiente, se van a mantener los instrumentos de estímulo a la
inversión en España; con carácter específico, se modernizan
dichos
instrumentos y con carácter general, se mantienen para no generar
un impacto negativo en el desarrollo de la actividad económica.
Asimismo, estamos considerando en el campo de las novedades una
tercera cuestión importante: España introduce en el Impuesto
sobre Sociedades un marco legal específico para las sociedades
holdings que se instalen en nuestro país --otra gran novedad del
Impuesto sobre Sociedades-- y con las enmiendas del Senado se
revisan y se adaptan las decisiones que se habían tomado en el
Congreso. En el Congreso se da un primer paso, paso muy
significativo, y en el Senado termina de revisarse ese marco
legal; marco legal que va a permitir situarnos en la cabecera
europea del país al que le conviene y le interesa que en España
se instalen las sociedades que van a desarrollar en un futuro
actividades en el terreno internacional. Y, ¿preferentemente en
qué campos? Principalmente en el campo territorial del Magreb y
en el campo territorial de Sudamérica, las dos zonas
internacionales en que España tiene que desarrollar un pulso y
acrecentar su capacidad, y Europa debe entender que es
conveniente situar sus actividades económicas y sus holdings en
España a la hora de expandirse y hacerse presente en los mercados
internacionales de Sudamérica y del Magreb, es conveniente. Por
ello se ha adoptado el marco fiscal hoy existente en los mejores
países de Europa --en Holanda, por ejemplo-- y lo hemos
incorporado en el Impuesto sobre Sociedades.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego concluya.
El señor HOMS I FERRET: Termino enseguida, señor Presidente.
Hay otros aspectos significativos que se han revisado en las
enmiendas del Senado, que no me da tiempo de irlos
particularizando. Todos ellos son positivos en la línea de
incidir en la mejora de la capacidad de competencia de la empresa
española frente a la que le presentan las demás empresas en un
contexto internacional y, especialmente, en el marco europeo.
Señor Presidente, también se han incorporado algunas otras
enmiendas específicas que hacen referencia a otras leyes, a las
que nuestro Grupo, en principio, no ve obstáculo para dar su
apoyo y, en ese sentido, ya anticipo la posición favorable de
nuestro Grupo a la totalidad de estas enmiendas, con alguna
salvedad puntual que ya expresaremos en el momento de la
votación.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la reforma del Impuesto sobre Sociedades, que vamos a
aprobar pasado ya el trámite del Senado, constituye para nuestro
Grupo Parlamentario un paso adelante importante con respecto a la
normativa existente.
Es cierto que no están recogidas todas las propuestas realizadas
por los grupos parlamentarios, incluido el nuestro, pero, desde
luego, sería injusto no reconocer que se ha hecho un esfuerzo
importante por consensuar al máximo un impuesto clave dentro del
sistema tributario empresarial. Significa una reforma en
profundidad, dando un sentido de mayor neutralidad y en línea con
las tendencias que sobre la tributación de renta de las empresas
existe en los países europeos.
El acercamiento de la base imponible al resultado contable; el
mejor tratamiento del sistema de amortización, incluyendo la
posibilidad de amortización del fondo de comercio y la aplicación
del sistema LIFO; el mejor tratamiento de los gastos no
deducibles y de las reglas de valoración; el mayor acercamiento
para evitar la doble tributación de dividendos; la regulación de
los regímenes tributarios especiales, estableciendo un capítulo
aparte para las entidades en régimen de tributación parcial; el
propio tratamiento que se da al régimen fiscal de determinados
contratos de arrendamiento financiero, que ha sido consensuado
por todos los Grupos Parlamentarios; los incentivos fiscales para
las empresas de reducida dimensión, todas éstas son algunas de
las mejoras o novedades que se han introducido en esta reforma
que consideramos importante. Una reforma que de todas maneras, a
pesar de este avance que significa en la tributación de las
sociedades, debería de haber contemplado propuestas que nuestro
Grupo parlamentario planteó y que consideramos hubiese
significado un mayor impulso para la competitividad empresarial.
Me refiero a medidas para evitar la penalización fiscal y la
inseguridad jurídica que en algunos aspectos de la actividad
empresarial se dan, por ejemplo, con el tema de la actualización
de balances o la compensación de las bases imponibles negativas.
Medidas que también proponíamos para fortalecer la estructura y
capitalización de las empresas, como son la creación de una
reserva especial para inversiones productivas o el desarrollo de
las sociedades de capital riesgo. Proponíamos unas mayores
deducciones en gastos por investigación y desarrollo y en
formación profesional. De la misma forma que consideramos que
debería de haberse recogido nuestra propuesta para la deducción
por creación de empleo con contrato laboral indefinido. También
consideramos que debería de haberse dado un mejor tratamiento al
régimen de transparencia de las sociedades de mera tenencia, en
el sentido de no discriminar a ningún grupo de contribuyentes por
la clase de actividad empresarial, cuando hay sociedades de
profesionales o artistas que no son sociedades de mera tenencia e
intervienen
en el proceso de producción de bienes y servicios.
Como digo, estas medidas, podrían haber mejorado un texto que, a
pesar de ello, puede considerarse aceptable. Y es que, señorías,
difícilmente, se puede reformar una figura tributaria
independientemente del sistema fiscal considerándolo en su
globalidad.
El estrecho margen de maniobra que proporciona el no incrementar,
por una parte, la presión fiscal, y, por otra, el objetivo de
reducir el déficit público, encorsetan cualquier reforma
tributaria que no contemple un equilibrio fiscal y un plan
agresivo para la lucha contra el fraude.
Este es, a nuestro entender, el motivo fundamental por el que el
Gobierno, y en consecuencia los grupos que han pactado el
proyecto de ley, no ha querido ir más lejos en algunas medidas
propuestas por el resto de los grupos parlamentarios, lo cual
motiva una reflexión sobre una nueva reforma de la fiscalidad y,
consecuentemente, el replanteamiento de la tributación que
permita reducir la presión fiscal directa, trasladando el peso
hacia la tributación indirecta.
De cualquier forma, y como decía al principio, el texto de la ley
que vamos a aprobar con las reformas introducidas en el Senado,
supone una reforma sustancial sobre la normativa ya existente,
por lo que, desde nuestro Grupo Parlamentario, vamos a dar
nuestro voto favorable a estas enmiendas del Senado, con una
excepción a las enmiendas 294, 295 y 296 del Grupo Parlamentario
Popular, por varios motivos que me van a permitir que les
explique.
Desde luego, estas enmiendas mejoran el tratamiento fiscal de
toda la previsión social complementaria. Incluso la enmienda 294
supone un régimen fiscal mejor que el propio régimen de la
Seguridad Social. ¿Qué es lo que está ocurriendo, en el fondo con
este problema? Lo que está ocurriendo es que está en juego el
futuro del sistema complementario privado de la Seguridad Social.
Está en juego el desarrollo de un sistema donde los agentes
industriales, que son los que están implicados directamente en
este desarrollo, están intentando obtener unas situaciones del
máximo privilegio fiscal, porque saben lo que esto significa de
atracción al ahorro que va a estar destinado a la planificación
de los fondos de pensiones en el futuro. Ya se dio esta batalla
cuando estuvimos debatiendo la Ley del Seguro Privado, y ahora se
pretende introducir toda una reforma fiscal de los planes de
pensiones en una ley que, desde nuestro punto de vista, no es su
sitio. Precisamente para evitar esto, en esta Cámara se aprobó
recientemente la creación de una ponencia que analizara y
estudiara el régimen fiscal y los aspectos mercantiles de la
previsión social. En ese sentido, desde nuestro punto de vista,
no tiene ningún objeto modificar en estos momentos algo que está
en estudio en esta Cámara, porque incluso puede darse el caso de
que a través de esta ponencia lleguemos a conclusiones que
limitaran o modificaran los incentivos fiscales de estas figuras.
Por tanto, no parece que sea aconsejable introducir en estos
momentos, a un mes o dos meses vista del trabajo de la ponencia,
unas modificaciones de este calado, porque entre otras cosas,
aquellos ahorradores que pudieran invertir su dinero a través de
los incentivos fiscales que se producen por estas enmiendas, se
verían posteriormente en una inseguridad jurídica patente. Por
eso, entendemos que no es el momento ni el lugar oportunos para
hacer ahora una modificación de este nivel.
Tampoco se ha contado con el efecto recaudatorio. ¿Cuánto van a
incidir estas reformas que están en estas enmiendas en la
recaudación, en la tributación? ¿En qué medida van a influir,
teniendo en cuenta el momento en que estamos, con un objetivo
claro y determinante como es la reducción del déficit público? A
partir de aquí hay que considerar y valorar, desde mi punto de
vista, todas las repercusiones de tipo tributario que se puedan
establecer en medidas de cualquier tipo.
Finalmente, porque previamente a cualquier reforma de la
fiscalidad de la previsión social, tanto pública o privada,
requiere establecer una estrategia social de previsión,
defendiendo los objetivos y las modalidades de previsión, en la
línea del Pacto de Toledo, que en su recomendación decimocuarta,
sobre los sistemas complementarios, hace referencia a la
promoción fiscal, diciendo textualmente: con especial atención a
los sistemas colectivos. Por tanto, hay que tener en cuenta
también este aspecto y además, hay que valorar otros aspectos
relativos a la prioridad del cobro en forma de renta o de capital
o a la determinación del sistema de aportación o prestaciones
definidas.
Por todas estas razones, señorías, creemos que no es oportuno
modificar hoy los incentivos fiscales de los planes y fondos de
pensiones, en un momento en que se está estudiando, como he
dicho, y analizando en profundidad, la fiscalidad de la previsión
social, incluida la de los planes y fondos de pensiones,
independientemente de que además, como decía, la reforma del
Impuesto sobre Sociedades no es el lugar oportuno; se da porque
pasaba por aquí la reforma del Impuesto y se ha enganchado para
introducir esta medida, con calzador, y creemos que ni es el
momento ni el lugar oportuno para ello. Por estas razones, mi
Grupo Parlamentario no va a apoyar las enmiendas 294, 295 y 296
del Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, quiero comunicar que nuestro Grupo votará en contra de
las enmiendas del Senado a este proyecto de ley del Impuesto
sobre Sociedades. Nuestro voto también fue contrario en su
trámite por el Congreso a la globalidad de esta ley y, en
consecuencia,
también lo será a las enmiendas que vienen del Senado a este
proyecto de ley.
Me voy a referir únicamente a un voto diferenciado que vamos a
hacer sobre tres disposiciones adicionales y una final, que son
las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta,
decimoséptima y la disposición final undécima.
La razón de estas votaciones complejas, a veces difíciles de
explicar o de entender si no hay buen entendedor, es la
siguiente. Hemos constatado que el segmento de la previsión
social complementaria ha sido gravemente distorsionado por
distintas producciones legislativas de esta Cámara. En primer
lugar, la existencia de fondos de inversión que dejan de tributar
a los 15 años de permanencia de los capitales en estos
instrumentos de ahorro genera un elemento de competencia externa,
indirecta pero real, a los sistemas de ahorro finalista del
segmento complementario de la Seguridad Social y, por tanto, este
es un elemento de perturbación que existe, que está ahí y que
condiciona las opciones de las personas individuales o de los
colectivos a la hora de entrar en una de las tres figuras de la
previsión social complementaria: seguros de vida, mutualidades
o --que es lo que a nosotros como grupo parlamentario más nos
interesa potenciar-- planes y fondos de pensiones, porque son los
que están promoviendo los sindicatos como planes de empleo en los
que está más del 70 por ciento del total de los planes y fondos
de pensiones; de los 1,7 billones que hoy existen en planes y
fondos de pensiones, más del 65 por ciento está en sistemas de
empleo, que son los que han promovido, a través de los convenios
colectivos, los sindicatos y nosotros apoyamos, lo hemos hecho
siempre y queremos continuar haciéndolo y primando política,
social y fiscalmente esta figura, porque prolonga naturalmente la
Seguridad Social pública, que no entra en competencia con ella y
que además genera acción sindical y es hija de la acción sindical
y de la asociación colectiva de los trabajadores para prevenir
sus riesgos de futuro en el momento que deban acudir a la
sustitución de rentas porque por jubilación han dejado el
trabajo.
En este panorama, señorías, la existencia de los fondos de
inversión con la fiscalidad que he referido, la modificación que,
a instancias de Convergència i Unió, introduce el Partido
Socialista Obrero Español en la Ley del Seguro Privado, haciendo
que por primera vez se rompa el sistema público de la Seguridad
Social y se permita que las mutualidades puedan ser sustitutorias
del sistema público de la Seguridad Social representó, y lo
dijimos en su momento, un grave atentado al segmento público,
universal y de reparto de la Seguridad Social.
No estuvimos de acuerdo con aquella enmienda, dijimos que aquello
premiaba innecesariamente a las mutualidades y que además
contravenía la propia Ley del Seguro que entiende que las
mutualidades son entidades de seguro y que, por tanto, las
aportaciones a estas entidades no pueden desgravar en base
imponible, sino que sólo deben hacerlo en cuota. En cambio, en la
Ley de Ordenación del Seguro Privado, debido a las enmiendas de
Convergència i Unió y del Partido Socialista Obrero Español,
ahora las mutualidades, que además pueden ser sustitutorias, pero
también complementarias, pueden desgravar --de hecho lo harán--
hasta 750.000 pesetas, como los planes de pensiones desgravarán
en base imponible.
Por tanto, el atentado al segmento público de la Seguridad Social
se ha producido ya aceptando esta nueva figura de desgravación
fiscal en la previsión social voluntaria, en el tercer segmento
de nuestra arquitectura de Seguridad Social: fondos de inversión,
mutualidades premiadas en la desgravación fiscal en base
imponible y no en cuota como estaban ahora.
¿Quién ha sido el patito feo? ¿Quién ha quedado relegado en esta
reordenación selvática de las figuras de previsión social
complementaria, en este aquelarre final de legislatura en el que
todos van a pillar lo que puedan? Los planes y fondos de
pensiones.
Los planes y fondos de pensiones se han visto relegados de ser la
figura de ahorro finalista, es decir, la que mejor contempla el
sentido último de lo que en el Pacto de Toledo hemos redefinido,
que ya estaba definido en la Constitución como el segmento
voluntario y libre de la Seguridad Social. Esta figura, que es la
que mejor resume la idea de ahorro finalista y, por tanto,
desgravación a la entrada pero gravamen a la salida de lo que han
sido aportaciones de renta del trabajo, esta figura, repito, ha
sido la más penalizada en este aquelarre final de beneficios
fiscales a ver quién pilla más, a ver quién desmantela más el
Estado, a ver quién produce más cerca y más rápidamente la crisis
fiscal del Estado.
En estas condiciones, y debido a esta situación, nosotros creemos
que podemos apoyar parcialmente, porque queremos marcar muy
claramente una posición política, alguna de las enmiendas que
vienen a corregir esta situación y que vienen a mejorar la
fiscalidad de los planes y fondos de pensiones.
Concretamente, señorías, vamos a pedir votación separada de la
disposición adicional decimoquinta y no vamos a votar
favorablemente el punto segundo de esta disposición adicional
decimoquinta. Sí vamos a votar favorablemente el resto de la
disposición, con lo cual habremos diferenciado en cuanto a
gravamen fiscal lo que serán las aportaciones a un plan de
pensiones que desgravan en el momento de la entrada pero serán
gravadas en el momento de la salida igual que ahora, igual que
sucede en la Seguridad Social pública, en el segmento público de
la Seguridad Social, pero los rendimientos del capital mobiliario
que estas aportaciones hubieran generado durante toda su vida de
ahorro finalista serán tratadas como lo son ahora los fondos de
inversión, es decir, que dejan de tributar a los 15 años.
Creemos que este es un elemento de necesaria simetría con las
otras figuras que existen en esta jungla que
mezcla ahorro y ahorro finalista, que es el que nosotros
quisiéramos defender, sólo el ahorro finalista, pero la jungla
que ustedes han creado es una mezcla de figuras de ahorro con
figuras de ahorro finalista; figuras de ahorro que permiten la
recuperación, es decir, la liquidez del producto con figuras de
ahorro finalista que no permiten esta liquidez.
Por esta razón votaremos esta disposición adicional de la forma
que acabo de indicar, es decir, no al punto 2 y sí al resto de la
disposición.
La disposición adicional decimosexta la votaremos negativamente
porque creemos que lo que pretende introducir es un perjuicio
recaudatorio para la Hacienda pública, y creemos que votando
negativamente estamos reforzando la capacidad recaudatoria de la
Hacienda pública. Por lo tanto, ésta será votada por nuestro
Grupo de forma negativa.
La disposición adicional decimoséptima la votaremos
favorablemente.
La disposición final undécima, señorías, también la votaremos
favorablemente.
En resumen, señorías, se trata de reequilibrar fiscalmente las
figuras del ahorro finalista. No se trata de erosionar el sistema
público de pensiones sino todo lo contrario.
Tenemos una ponencia en marcha en este final ultimísimo de
legislatura para ver si somos capaces de reordenar estas cuatro
figuras a las que me he referido: fondos de inversión, seguros de
vida, mutualidades, planes y fondos de pensiones; habría que
introducir racionalidad en estas cuatro figuras. Para nosotros la
racionalidad sería que volviésemos a la situación anterior en la
que lo que estaba mejor tratado y más primado fiscalmente era el
ahorro finalista contenido en los planes y fondos de pensiones.
Nosotros estamos dispuestos a volver a esta situación y brindamos
nuestro apoyo a quien esté en esta misma línea. Me gustaría oír
del Partido Socialista que está en esta dirección de situar en
primer plano del ahorro finalista la figura «planes y fondos de
pensiones». Si es así, nos tendrá a su lado. Pero en el ínterin,
y debido a la jungla que se ha creado por distintas producciones
legislativas, por la Ley de Ordenación del Seguro Privado,
nosotros creemos que es de justicia, que es lógico mejorar en
estos aspectos, sólo en estos que he dicho, que es bastante menos
de lo que preveían las enmiendas propuestas por el Partido
Popular y por Convergència i Unió, y que así equilibramos la
posición de planes y fondos de pensiones a la de mutualidades y a
la de fondos de inversión.
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.
El señor ESPASA OLIVER: Concluyo, señor Presidente.
Esta es la razón de nuestra posición en estas enmiendas que, como
saben SS. SS., son en sí mismas muy importantes, pero se refieren
a un elemento enormemente complejo, como el mejor equilibrio
entre las figuras de previsión social complementaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, han transcurrido más de cuatro años
desde que las Cortes Generales, desde que esta Cámara requirió
del Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de reforma del
actual Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, hoy, con varios años
de retraso, esta Cámara podría poner fin a la tramitación
parlamentaria de una norma absolutamente imprescindible para
colocar la economía de nuestro país en una situación que le
permita hacer frente a los retos que exige en estos momentos esa
economía abierta y a los retos a los que España tiene que
enfrentarse si quiere acceder en condiciones óptimas a la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria.
Sin embargo, el Impuesto sobre Sociedades que podría ver hoy la
luz, aunque mejora substancialmente el marco tributario vigente y
avanza en la línea de adecuar nuestro sistema fiscal a las
tendencias internacionales, constituye de nuevo una oportunidad
perdida para diseñar un marco fiscal capaz de cumplir con dos
objetivos absolutamente irrenunciables en las condiciones en las
que se encuentra la economía española en estos momentos. Por un
lado, la necesidad de incentivar en mayor medida la mejora de la
competitividad de la empresa española y del tejido empresarial de
nuestro país; y, por otro lado, la necesidad de mejorar la
posición de España en la captación y atracción de capitales y
actividades, en ese gran marco que constituyen los países de la
Unión Europea y los países desarrollados de nuestro entorno
económico.
Desde esta perspectiva, señor Presidente, la tramitación
parlamentaria en el Senado, aunque mejora de forma sustancial
algunos aspectos del proyecto de ley aprobado por esta Cámara, no
introduce tampoco grandes cambios y continúa renunciando a
medidas absolutamente necesarias, como una actualización de
balances para eliminar el impacto de la inflación en las cuentas
empresariales y contribuir a la mejora de la capitalización de
nuestra economía; la plena eliminación de la doble imposición
económica para eliminar cualquier discriminación, cualquier
distorsión de trato tributario a las diferentes fuentes de
financiación; la admisión de la compensación de las pérdidas
fiscales con beneficios futuros sin límite y con los beneficios
de ejercicios anteriores, en línea con países como Holanda o el
Reino Unido; una mejora del sistema de amortizaciones para
adecuar los coeficientes de amortización de los activos a los
coeficientes que existen en los países de nuestro entorno
económico y, por tanto, para alcanzar una mayor correlación entre
el
momento en que debe pagarse el Impuesto y las disponibilidades de
tesorería de las empresas y de los agentes económicos en sentido
amplio.
Finalmente, otra medida a la que ha renunciado la tramitación
parlamentaria del Senado ha sido la necesidad de diseñar un nuevo
marco de los aspectos internacionales del Impuesto. En estos
momentos, la economía española no puede descansar única y
exclusivamente en el fomento de las exportaciones; necesitamos
impulsar a nuestras empresas para que tomen posición en los
mercados de destino, para que tengan una presencia más activa en
los mercados de destino. Eso exige un diseño radicalmente
diferente de los aspectos internacionales del Impuesto, un diseño
donde se elimine la doble imposición económica internacional a
través del método de exención, donde se elimine también la doble
imposición jurídica internacional en determinados casos a través
del método de exención, donde se prime la creación de estructuras
productivas y comercializadoras en el exterior, donde se fomente
también el desplazamiento de los trabajadores españoles a prestar
sus servicios en empresas establecidas en otros países de la
Unión Europea o de nuestro entorno económico y que, por tanto,
mejore la cualificación de nuestra fuerza de trabajo.
Por lo que respecta a las enmiendas del Senado, mi Grupo
Parlamentario va a votar favorablemente a su convalidación, por
dos razones básicamente. En primer lugar, porque la mayor parte
de las enmiendas constituyen enmiendas de carácter técnico. En
muchas ocasiones son, incluso, enmiendas que se limitan a mejorar
la redacción de algunos artículos del proyecto de ley de reforma
del Impuesto. Y, en segundo lugar, porque las únicas
modificaciones de fondo que introducen las enmiendas del Senado
corresponden a enmiendas planteadas por nuestro Grupo
Parlamentario a lo largo de la tramitación parlamentaria de este
proyecto de ley.
En este sentido quiero destacar algunas de las enmiendas que hoy
mi Grupo Parlamentario va a votar favorablemente en este trámite
de convalidación en el Congreso de los Diputados: La ampliación
del sistema de amortización degresiva a los equipos de oficina;
la eliminación de la doble imposición económica internacional
cuando las empresas españolas ostentan participaciones
empresariales en entidades no residentes con un porcentaje igual
o superior al cinco por ciento; mejorar el tratamiento de la
inversión y de los gastos en I+D, eliminando cualquier exigencia
de un esfuerzo inversor; introducir coeficientes de actualización
para exonerar de gravamen las plusvalías monetarias y mantener la
deducción general por inversión en activo fijo nuevo del 5 por
ciento.
Finalmente, voy a referirme a algunas de las modificaciones que
se introducen también en este proyecto de ley con relación al
tratamiento tributario de los planes y fondos de pensiones.
Señor Presidente, la situación de nuestro país no es homologable
con la de otros países de nuestro entorno económico. Los grupos
parlamentarios con representación en esta Cámara asumieron en su
momento un gran compromiso a través del Pacto de Toledo. En ese
Pacto se fijaba la conveniencia de potenciar y estimular el
desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones. Nadie
puede dudar que en nuestro país en estos momentos no tenemos un
grado óptimo de desarrollo de esos sistemas complementarios de
pensiones, un grado óptimo como el que podría existir en otros
países de nuestro entorno económico que nos llevan la delantera
después de muchísimos años de un marco tributario más coherente y
de un marco legal con mayor flexibilidad y, probablemente, en los
que se dota de mayor liquidez a este sistema o a este tipo de
instrumentos de ahorro.
Por eso mi Grupo Parlamentario presentó en el Senado un conjunto
de enmiendas que tienen como finalidad mejorar el tratamiento
tributario de los planes de pensiones para garantizar que
atribuimos, permitimos o establecemos las líneas, los cauces, los
vehículos, para que los ciudadanos españoles puedan sentirse
empujados a mejorar sus pensiones el día de mañana ahorrando hoy
y, por lo tanto, permitiéndoles que el día de mañana puedan
mantener un determinado nivel de vida mínimo a través de un
sistema complementario que en ningún caso impide, obstaculiza o
colisiona con el sistema público de pensiones.
Para ello resulta imprescindible, en primer lugar, elevar el
límite de las aportaciones desgravables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Señor Presidente, en estos
momentos las aportaciones a planes de pensiones pueden alcanzar
la cifra de un millón de pesetas, pero, sin embargo, la cantidad
fiscalmente deducible continúa fijada desde 1987 en 750.000
pesetas. Por lo tanto, si queremos mantener la situación de 1987
deberíamos actualizar esa cifra y permitir que fueran deducibles
las aportaciones a planes de pensiones hasta una cifra de un
millón de pesetas en consonancia con el límite legal a las
aportaciones a planes de pensiones.
En segundo lugar, resulta necesario también permitir que las
prestaciones percibidas como consecuencia de aportaciones a
planes de pensiones estén sometidas en el momento de su
percepción a tributación, aplicándoles el tipo medio de gravamen
correspondiente a las rentas regulares. Esta medida no tiene como
finalidad más que adecuar la situación actual al marco tributario
que se encontraba en vigor en 1987, que era el marco tributario
de la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Por tanto, se trata también con esta enmienda de
mantener, en líneas generales, el marco tributario aprobado y
consensuado en esta Cámara en 1987.
En tercer lugar, la última enmienda a la que voy a hacer
referencia tiene como finalidad diferenciar en el momento de la
percepción entre la parte que corresponde a la recuperación
actualizada de las aportaciones a planes de pensiones y la parte
que corresponde
al beneficio imputable o a las rentas generadas como consecuencia
de esas aportaciones.
Nadie puede dudar que la parte actualizada que corresponde a
aportaciones de rentas salariales a los fondos de pensiones como
salario diferido debe tributar como renta del trabajo en el
momento de su percepción. Pero la parte correspondiente a las
rentas generadas por ese ahorro debería tributar en línea con
otros productos financieros aprobados y puestos en marcha por
otros grupos de esta Cámara, debería tributar como ganancia de
capital para no penalizar y no colocar en una situación de
Inferioridad frente a otras formas de ahorro o instrumentos
financieros a los planes de pensiones, sobre todo considerando la
importancia que debe tener en estos momentos la voluntad de todos
los partidos políticos, de todos los grupos parlamentarios, de
establecer un marco que garantice un adecuado desarrollo de los
sistemas complementarios de pensiones, que en definitiva suponen
garantizar a los ciudadanos españoles un determinado nivel renta
y un determinado poder adquisitivo en el momento de su
jubilación.
Para finalizar, señor Presidente, únicamente quiero manifestar,
como hice al principio, que el proyecto de ley al que hoy vamos a
dar luz, que va a ser aprobado hoy después de este trámite
parlamentario de convalidación de las enmiendas del Senado, como
he dicho anteriormente, mejora el marco tributario vigente. Pero
es un trabajo a medias, un trabajo en el que hemos renunciado a
medidas extraordinariamente importantes, como una actualización
de balances o un nuevo diseño de los aspectos internacionales del
Impuesto.
Por ello quiero manifestar que mi Grupo Parlamentario, desde
luego, considerará en el futuro, en función de las
responsabilidades que puedan atribuirle los ciudadanos españoles,
la conveniencia de mejorar en algunos extremos el proyecto de ley
que hoy aprobamos en este trámite parlamentario.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa. Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con la aprobación definitiva por esta Cámara del
proyecto de ley del Impuesto sobre Sociedades, a partir del 1 de
enero de 1996 las empresas españolas van a disponer finalmente de
un nuevo marco fiscal largamente esperado, bien es verdad. Un
marco moderno que recoge las tendencias consolidadas a nivel
internacional, un marco adaptado a la economía y a la sociedad
española actual, a las exigencias que plantean la apertura e
internacionalización de la economía española y que responde
también a la necesidad cada día más asumida de que la normativa
fiscal signifique un apoyo a la economía productiva.
El resultado de todo ello va a significar, señorías, un alivio
considerable en la carga tributaria de las empresas. Llega, por
tanto, en un buen momento, en un momento en que las empresas
están adoptando importantes decisiones relativas a la inversión y
la creación de empleo. Va a significar un apoyo a esos esfuerzos
de inversión y de creación de empleo que están llevando a cabo
las empresas españolas.
El texto que se aprueba recoge el régimen general, pero también
los regímenes especiales y es, por tanto, un texto completo en sí
mismo que no requerirá un gran desarrollo reglamentario.
Quisiera recordar que este proyecto de ley fue aprobado por el
Consejo de Ministros y remitido a las Cortes en el mes de marzo
del presente año.
Ha estado, por tanto, diez meses en las Cámaras, a lo largo de
los cuales ha habido un trabajo intenso de todos los grupos
parlamentarios, entre ellos del Grupo Socialista, con una
voluntad, la de mejorar el proyecto de ley y la de aprobar una
ley que fuese, porque así nos lo pedía la sociedad, una ley
técnicamente sólida, económicamente eficaz y homologable a las de
los países de nuestro entorno. Para el Grupo Socialista, el
resultado, en esa triple dirección, es muy satisfactorio. Las
modificaciones que se han introducido, tanto en el Congreso como
en el Senado, han sido significativas. En cuanto a las enmiendas
remitidas por el Senado, aunque buena parte de ellas son de
contenido técnico, nuestro Grupo quisiera destacar que, en una
ley de carácter eminentemente técnico, las mejoras de este
carácter no son de tipo secundario sino también importantes.
En relación a las enmiendas más significativas, nuestro Grupo
quisiera destacar determinadas disposiciones. En primer lugar,
las que van dirigidas al apoyo a la internacionalización de la
economía española, facilitando la deducción por doble imposición
internacional y la utilización del régimen de las sociedades
«holding»; se ha reducido el porcentaje requerido para acceder a
ella, que se sitúa en el 5 por ciento; se ha ampliado el ámbito
territorial internacional de las sociedades «holding»; se amplia
el objeto social, que ha dejado de ser exclusivo para pasar a ser
primordial y, por tanto, se ha perfeccionado el sistema propuesto
por esta Cámara. También se han mejorado los beneficios fiscales
en actividades de I+D y los dirigidos a apoyar la actividad
exportadora. Se ha suavizado el régimen de sociedades
profesionales transparentes, puesto que se han elevado los
porcentajes para acceder al régimen de transparencia fiscal, que
se han situado en el 75 por ciento, en los ingresos, y en el 50
por ciento, en la participación de los socios profesionales. Se
ha incorporado un nuevo capítulo, que recoge el régimen de
entidades parcialmente exentas, que a nuestro Grupo le parece
particularmente acertado; se ha aprobado un régimen transitorio
de aplicación progresiva del régimen de transparencia fiscal; se
han corregido prácticas de elusión fiscal que se llevaban a cabo
a través del denominado lavado de dividendo, estableciendo un
plazo de seis meses de permanencia en la adquisición de acciones
para acceder a la deducción por doble imposición interna en
relación a los beneficios de ejercicios anteriores al de
adquisición de la participación y, finalmente --por destacar los
más significativos--, se han resuelto problemas derivados de la
no aprobación inmediata de la ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1996, introduciendo la disposición correspondiente al
pago fraccionado del impuesto, que se sitúa en el 15 por ciento,
y a la corrección monetaria para 1996 en la transmisión de
elementos patrimoniales. Asimismo, se aprueba la deducción del 5
por ciento por inversiones en elementos del inmovilizado, que en
el proyecto de ley se remite, como norma estructural, a la ley de
Presupuestos Generales del Estado.
El Grupo Socialista va a votar favorablemente a todas las
enmiendas remitidas por el Senado relativas al Impuesto sobre
Sociedades. Sin embargo, hay otras enmiendas remitidas por el
Senado que se refieren a modificaciones de otras leyes, con
algunas de las cuales el Grupo Socialista está en desacuerdo. Son
cuestiones que se derivan del trámite de la Ley de Ordenación y
Supervisión del Seguro Privado. En primer lugar, en relación a la
modificación que se hace de la Ley de mediación del seguro, hay
dos disposiciones que son contradictorias, la disposiciones
adicionales duodécima y decimocuarta. El Grupo Socialista votará
favorablemente a la disposición adicional decimocuarta.
En segundo lugar, se plantean enmiendas que suponen la
modificación de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en lo que
se refiere a la fiscalidad de los planes de pensiones. Nuestro
Grupo no quisiera que el interés que suscita esta cuestión dejase
hoy en un segundo nivel informativo al protagonista de este
trámite, que es el Impuesto sobre Sociedades, largamente
esperado, como decía antes, por las empresas españolas. Por eso,
con la máxima brevedad pero también con la máxima precisión,
quisiera fijar la posición del Grupo Socialista a las enmiendas
294, 295 y 296, presentadas por el Partido Popular a las
disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y
decimoséptima. Podemos compartir, señorías, la conveniencia --y
me refiero a la disposición adicional decimoséptima-- de
actualizar el límite fiscal a aportaciones a planes. La cifra que
se propone de un millón de pesetas nos parece una cifra
razonable, pero no podemos compartir el procedimiento que se
sigue para esta modificación. Creemos que se está vulnerando un
criterio elemental de coherencia legislativa y de coherencia
política.
Recientemente ha sido aprobada, dentro de la Ley de Ordenación y
Supervisión del Seguro Privado, la habilitación a la ley de
Presupuestos Generales del Estado para la actualización del
límite fiscal en las aportaciones a los planes de pensiones --
acaba de ser aprobado hace apenas un mes--, sin embargo, y una
vez que se ha impedido la tramitación de la ley de Presupuestos
Generales del Estado, se plantea esa actualización a través de la
modificación de la norma que acaba de aprobarse recientemente.
Nuestro Grupo Parlamentario no puede compartir este procedimiento
y, tanto, no vamos a votar favorablemente esta enmienda.
Por otra parte, hay abierta una ponencia sobre fiscalidad de la
previsión social privada, una ponencia creada por iniciativa del
Grupo Socialista pero con el apoyo unánime de todos los grupos
parlamentarios, con un doble objetivo: en primer lugar, para
fortalecer los mecanismos de previsión social con carácter
complementario, de acuerdo con lo contenido en el Pacto de
Toledo, y en segundo lugar, para buscar el equilibrio entre todos
los seguros de previsión social privada, para corregir
desequilibrios que se han producido como consecuencia de lo que
hoy se pretende, de haber legislado aisladamente sobre la
fiscalidad y los aspectos mercantiles de cada una de estas
figuras de previsión social, planes de pensiones, seguros de
previsión social o mutualidades. Por tanto, entiende nuestro
Grupo, señorías, que la aprobación de las enmiendas del Senado
correspondientes a esta cuestión supondría ir por el camino
contrario al de la búsqueda de equilibrio, como muy bien ha
señalado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco.
Pero lo que para el Grupo Socialista es más grave, señorías, es
que el resultado de la aprobación de este tratamiento fiscal de
las pensiones privadas, de las derivadas de los planes de
pensiones, supondría situar en una posición de clara desventaja a
las pensiones públicas. Conviene recordar en este sentido que los
planes de pensiones privados se configuran como un sistema de
previsión social complementario del sistema público de la
Seguridad Social, por lo que el tratamiento fiscal de este último
--entiende nuestro Grupo--, por su propia condición de básico,
debe ser la referencia y el límite del tratamiento fiscal que
pudiesen recibir los sistemas complementarios, cualquiera sea su
articulación --planes de pensiones, mutualidades o seguros de
vida--. Sin embargo, el régimen tributario de los planes de
pensiones derivado de las modificaciones que se nos proponen por
el Partido Popular, apoyadas básicamente por el Grupo de
Izquierda Unida, resulta mucho más favorable que el tratamiento
fiscal de las prestaciones públicas de la Seguridad Social, ya
que en éstas simplemente se difiere su tributación al momento en
que se producen, mientras que el nuevo tratamiento fiscal de los
planes de pensiones, al aplicar conjuntamente el mecanismo
reductor de los incrementos de patrimonio para los resultados
obtenidos de las aportaciones y el tipo medio del impuesto, hará
que se grave sólo una pequeña parte de dichas prestaciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Aroz, le ruego concluya.
La señora AROZ IBAÑEZ: Enseguida, señor Presidente.
Quisiera, brevemente, dar unos datos a SS. SS. en base a las
consideraciones que he hecho. Con la brevedad
que exige el señor Presidente, quisiera decir que la tributación
que realizaría un plan de pensiones configurado durante 25 años,
con una aportación media de 500.000 pesetas anuales percibida a
lo largo de 15 años después de la jubilación de una persona
(desde los 65 años hasta los 80), supondría una tributación de en
torno a los tres millones de pesetas. Señorías, la tributación de
las pensiones de la Seguridad Social para una pensión equivalente
a la de esta aportación supondría una carga fiscal de 36 millones
de pesetas, exactamente 10 veces más la pensión pública que la
pensión privada. Creo que estos datos son sumamente elocuentes.
Por ello, el Grupo Socialista quiere invitar a todos los grupos a
considerar estos argumentos, pero si el Grupo Socialista se
quedase en minoría defendiendo esta posición --el voto en contra-
- y perdiese estas votaciones, se sentirá cómodo ya que aprobar
el régimen fiscal que se propone por parte del Partido Popular
para los planes de pensiones privados es un paso regresivo
respecto al contenido del Pacto de Toledo. En el caso de
aprobarse estas disposiciones, el Grupo Socialista anuncia su
retirada de la ponencia abierta sobre revisión de la previsión
social, por considerar que ya no tiene objeto dicha ponencia.
Señor Presidente, pido benevolencia, dos minutos más, para
regresar al Impuesto sobre Sociedades, que es el protagonista de
esta sesión, destacando el amplio consenso que ha habido en las
modificaciones y mejoras que se han producido con las
aportaciones de todos los grupos. Ha habido una gran implicación
de la mayoría de los grupos en este proyecto, más del 90 por
ciento de las enmiendas han sido aprobadas con el apoyo
mayoritario, con una excepción que yo creo que honra la ley y que
confiere para el futuro una gran estabilidad.
En nombre del Grupo Socialista, gracias a todos los grupos por el
trabajo, por las aportaciones y por la colaboración.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de telecomunicaciones por
cable.
Enmienda al artículo 2, apartado 3, párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; en contra, 313; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 192; en contra, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de televisión local por
ondas terrestres.
Enmienda al artículo 3.º
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 315; a favor, 188; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 7.º
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 186; en contra, 125; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda del Senado por la que se suprime la disposición
adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 315; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 316; a favor, 189; en contra, 126; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley del Impuesto sobre
Sociedades. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, pedimos votación
separada e individualizada de las disposiciones adicionales
decimoquinta, decimosexta, decimoséptima y final undécima.
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, según la comunicación que
tiene la Mesa, su Grupo había solicitado
votación separada de la disposición transitoria decimoquinta,
apartados 1 y 3, en una votación.
El señor ESPASA OLIVER: Sí, señor Presidente. Retiro esa
petición.
El señor PRESIDENTE: ¿La petición que vale es la que ha formulado
últimamente?
El señor ESPASA OLIVER: Las disposiciones decimoquinta,
decimosexta y decimoséptima son adicionales.
El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar, por tanto, las enmiendas
del Senado a la disposición adicional decimoquinta en una sola
votación? (Asentimiento.)
Enmiendas del Senado a la disposición adicional duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, uno; en contra, 316; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Senado a la disposición adicional decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, 142; en contra, 171; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas a la disposición adicional decimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, 147; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición adicional decimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, 169; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a la disposición final undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; a favor, 318.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 317; a favor, 300; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA SOBRE REGULACION DE LA INTERRUPCION
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 121/000109)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, dictámenes
de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen del proyecto de ley orgánica sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra la señora Fernández. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Popular presentó a este proyecto de ley sobre
el aborto una enmienda a la totalidad y, simultáneamente, formuló
quince enmiendas al articulado. Dichas iniciativas parlamentarias
son desde nuestro punto de vista complementarias entre sí y se
basan en idénticos planteamientos. No obstante, las enmiendas al
articulado, que voy a pasar a defender, tienen como finalidad
subrayar nuestras discrepancias con el proyecto de ley del
Gobierno y, a la vez, señorías, introducir una serie de medidas
de naturaleza positiva dirigidas a ayudar a la mujer que se
encuentre ante el conflicto, ante la situación dramática, ante la
encrucijada personal de tener que decidir si quiere o no realizar
un aborto ante un embarazo. (Rumores.)
De los siete artículos que componen el proyecto presentado por el
Gobierno y que ha tenido la correspondiente tramitación
parlamentaria a través del estudio de la Ponencia, la discusión
en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, a lo largo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Fernández. Ruego silencio a sus señorías. (Pausa.) Cuando quiera,
señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Decía que de los siete artículos
que componen el proyecto del Gobierno el Grupo Parlamentario
Popular va a centrar su
atención en aquellos aspectos nucleares que nos hacen discrepar
fundamentalmente del proyecto --esto no significa que el resto no
tenga importancia-- y, por contra, presentar alternativas de
naturaleza positiva que, desde nuestro punto de vista, colaboran
a conseguir una mayor solidaridad social, una ayuda más moderna
hacia la mujer, hacia su problemática y para con las necesidades
que pueden rodearla ante una situación dramática o de difícil
solución.
La primera enmienda que introducimos en el articulado hace
referencia a un asunto fundamental. Cuando se hace una síntesis
de este proyecto de ley se suele afirmar que una de sus novedades
lo constituye la introducción de la expresión, del cambio de
concepto parcial de «no constituirá delito» en lugar de «no será
punible». Esta señorías, entendemos que es una novedad no
positiva que se introduce en el proyecto, y es objeto de la
primera enmienda al articulado que presenta el Grupo
Parlamentario Popular. Desde el punto de vista de fondo y desde
el punto de vista de técnica legislativa consideramos que se
trata de una redacción insatisfactoria y con una escasa e
insatisfactoria también técnica científica en el proyecto. Se
dice en la exposición de motivos que mantener la situación actual
puede en algunos supuestos llevar a un menosprecio por el
derecho, y se aboga igualmente en la exposición de motivos por ir
más allá a través de una despenalización más amplia, y, a renglón
seguido, se constituye un perfecto galimatías jurídico, y sería
muy conveniente y oportuno, para clarificar el debate en términos
estrictamente jurídicos, que quienes han redactado el proyecto,
quienes lo avalan con su presentación y quienes lo apoyan con sus
votos explicasen la difícil conciliación que desde nuestro punto
de vista existe entre expresiones tales como la contenida en el
artículo 1, en el epígrafe que establece supuestos no punibles de
abortos, la expresión contenida en la exposición de motivos de la
ley del aborto, donde se dice hay que ir a una despenalización
más amplia porque lo contrario sería impropio de un ordenamiento
jurídico democrático y, finalmente, el epígrafe global, genérico
que da título al Libro II del Código Penal, que entrará en vigor
dentro de seis meses y que lleva por título «De los delitos y sus
penas». Este galimatías conceptual, donde no se sabe muy bien si
lo que se quiere es despenalizar, que no constituya delito, que
se cumplan determinados trámites administrativos, que no haya
consecuencias sancionadoras desde el punto de vista penal, nos
parece, señorías, a todas luces, inadecuado y que responde, y
ustedes lo sabrán mejor que nosotros, a alguna estrategia no
demasiado clara y, desde luego, no explicada con rotundidad en
los debates que hemos tenido en torno al presente proyecto de
ley. Por tanto, la enmienda que en este sentido introduce el
Grupo Parlamentario Popular, importante desde nuestro punto de
vista, sería sustituir la expresión «no constituirá delito» por
«no serán punibles».
Sin duda, señorías, la mayor novedad que presenta el proyecto
gubernamental de ampliación de la Ley del Aborto en España es la
introducción del denominado cuarto supuesto, en base al cual, si
entra en vigor esta ley, se podrán practicar abortos cuando la
mujer se encuentre ante un conflicto de índole personal, de
índole familiar o de índole social. Empieza ya la primera
dificultad interpretativa. Se dice a renglón seguido que estos
conflictos habrán de ser de gravedad semejante, introduciendo el
criterio analógico, como interpretativo, en referencia a los tres
supuestos vigentes hoy en España: peligro para la vida de la
madre, que el embarazo sea fruto de una violación o que se
deriven peligros de malformaciones para el posterior desarrollo
de la vida del feto.
Sinceramente, creemos que no se puede recurrir a la analogía y
decir que es equiparable la gravedad objetiva de los tres
supuestos vigentes hoy en España con estos conflictos
absolutamente subjetivos, donde la mujer, solamente a través de
una declaración de voluntad, será la que sitúe el nivel del
conflicto y la que tutele sus únicos y exclusivos derechos sin
hacer tutela de los derechos del concebido y no nacido. Por eso
proponemos, señorías la supresión del número 2 del artículo 1 de
este proyecto de ley, pues no se puede entender ni equiparable ni
analógico, como dice el texto, el nuevo supuesto de conflicto
personal, familiar o social.
También queremos introducir una reflexión, porque nos parece que
faltan criterios de índole objetiva. Cuando el Tribunal
Constitucional estableció en su sentencia la importante doctrina
interpretativa en relación a la vigente Ley del Aborto, se
refirió en un momento determinado a la necesidad de establecer
medidas de garantía encaminadas a verificar la comprobación de
los supuestos. Decía el Tribunal Constitucional que es necesario,
en estos conflictos singulares --hablamos de los tres supuestos
hoy vigentes en España y entonces recurridos ante el Tribunal
Constitucional--, que exista una comprobación. Se decía más: El
Estado nunca podrá desinteresarse de verificar o de realizar la
comprobación de que el hecho objetivo regulado en los supuestos
sea acorde con la realidad que se presenta en la situación de
hecho.
Si el Tribunal Constitucional exigió garantías --y tenemos que
recordar que en el apartado referido al aborto terapéutico se
introdujo expresamente la necesidad objetiva de garantizar la
certeza del supuesto a través del aval de un dictamen médico,
supuesto que no se contenía en el precepto que fue objeto del
recurso-- para poder objetivar el supuesto y para poder tutelar
desde esta posición los derechos del concebido y que no tuviesen
una preeminencia absoluta ni los derechos de la mujer ni el bien
jurídico protegido del concebido y no nacido, imagínense qué
objetividad podemos decir que ampara el cuarto supuesto que se
introduce en este proyecto de ley, donde no hay ningún tipo de
criterio objetivo; donde solamente --y hay grupos parlamentarios
que lo exhiben como la novedad y la modernidad del proyecto--
queda a la decisión de la mujer, que puede quizá tener un
sentimiento de exactitud
con la realidad, pero que puede, en ocasiones, fruto de la
confusión, del estado anímico complicado, imaginar un conflicto
que en la realidad no tenga tal consideración o sea inexistente.
Por tanto, nos parece desafortunada la redacción que se ofrece,
la ausencia de criterios objetivos y la ausencia, en definitiva,
de tutelas que para el concebido y no nacido se derivan de la
redacción de este punto 2 del artículo 1.
Tenemos que ligarlo y relacionarlo muy directamente con la
figura, creada también en el proyecto de ley, de los centros de
asesoramiento. Yo quiero poner de manifiesto y matizar, respecto
a los centros de asesoramiento, argumentos que se han utilizado
sin precisión alguna. Incluso, en la propia exposición de motivos
de la ley, en la memoria del proyecto de ley, se utiliza la
sentencia del Tribunal Constitucional alemán como aval de la
tesis defendida por el proyecto gubernamental. A poco que se
ahonde y se lea de forma detenida, serena y sin pretender
introducirse con su lectura en los fundamentos jurídicos de la
sentencia del Tribunal Constitucional alemán, hemos de llegar a
la conclusión rápidamente de que la declaración de
inconstitucionalidad que a través de dicha sentencia se deriva
para el artículo 218 del Código Penal alemán estuvo
fundamentalmente basada en dos cuestiones: en que el
asesoramiento debía de darse y tratarse desde el punto de vista
de una constatación de conflicto en términos objetivos; que el
asesoramiento estuviera efectiva y prácticamente dirigido a
convencer a la madre a seguir adelante con su embarazo. Por no
cumplir, entre otros, estos requisitos, el Tribunal
Constitucional alemán declaró la inconstitucionalidad del
precepto al que hice referencia con anterioridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya
concluyendo, por favor.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Por tanto, utilizar argumentos que no convienen a este debate,
que no lo ilustran adecuadamente, introduciendo, a su vez, sesgos
para tratar de defender tesis avaladas en la sentencia del
Tribunal Constitucional alemán, desde luego, nos parece una
frivolidad, nos parece un desajuste jurídico importante y nos
parece una torpeza argumental de bastante magnitud.
Nosotros hemos planteado una serie de medidas, a través de
nuestras enmiendas, que tratan de corroborar la situación de la
mujer en España. La mujer que quiere afrontar una maternidad
puede verse en situaciones complicadas, en situaciones de escasas
ayudas sociales o insuficientes. Y no lo decimos sólo nosotros,
señorías. Recientemente, la Directora del Instituto de la Mujer
afirmaba: El elenco de ayudas en España es relativamente
restringido y hay que aumentarlas. La maternidad ha sido
penalizada en nuestro país. Por compartir esta realidad, hemos
introducido una serie de medidas, a través de nuestras enmiendas,
de índole o naturaleza positiva. Sin embargo, nos parece una
tremenda hipocresía convenir que las ayudas en España son escasas
o insuficientes y que la maternidad ha estado penalizada en
nuestro país --y quizá de ahí la situación demográfica en la que
nos encontramos-- y, a renglón seguido, después de hacer
declaraciones de intenciones, no apoyar de forma eficaz, que es a
través de los votos, las enmiendas de índole y naturaleza bien
positiva que introduce el Grupo Parlamentario Popular al
articulado para que no sea una ley que se fije solamente en el
aborto, sino que se fije también en una decisión, igualmente
libre y voluntaria de una mujer, que decida seguir adelante con
una maternidad, pero que tenga una insuficiencia de medios, de
recursos o de fortaleza para hacer frente a una situación que,
por sí sola, no sería capaz de afrontar.
El tratamiento de la objeción de conciencia nos parece que tiene
una redacción inadecuada en el proyecto. Creemos que no es
sensato conculcar derechos fundamentales que la propia
Constitución establece y que se amparan en nuestro texto
constitucional. Por eso enmendamos el artículo 4, ya que el
artículo 16.1 de la Constitución resulta de aplicación directa en
esta materia.
Por lo que se refiere a los embarazos de las adolescentes menores
de 20 años, creemos que es necesario introducir medidas positivas
que garanticen un tratamiento integral preventivo, a través de
difusión y métodos anticonceptivos que puedan evitar los
embarazos; pero, una vez que éstos se han producido y que se han
aceptado, establecer un sistema de tratamiento integral, ya que
la problemática de una joven de 20 años o menor de esta edad debe
tener un tratamiento singular y diferenciado al de las mujeres
por encima de la edad de referencia.
Aspectos esenciales, y termino, señor Presidente, nos llevaron a
presentar una enmienda a la totalidad con solicitud de devolución
al Gobierno. La finalidad de nuestras enmiendas parciales ha sido
siempre la de tratar con sensibilidad , pero con rigor jurídico,
el problema del aborto; con solidaridad, pero no solamente con la
mujer, sino también con el concebido; con realismo, pero sin
radicalismos trasnochados; con serenidad, pero con claridad en
los planteamientos.
A nosotros, como declara la exposición de motivos del proyecto,
también nos parece insatisfactoria la regulación que a través del
proyecto del Gobierno se ha planteado de ampliación del aborto en
España, pero discrepamos en el diagnóstico y en la solución
final. Creemos que no era necesaria la ampliación de esta ley.
Era necesario, conocida la realidad social española, establecer
una ley positiva, incentivadora, solidaria y de ayudas a la mujer
que, también voluntaria y responsablemente, decide seguir
adelante con un embarazo, no fijando sólo nuestra atención en
aquellas mujeres que, también de forma voluntaria, deciden poner
fin a la vida del concebido y realizar finalmente un aborto.
Este ha sido el espíritu y la literalidad de las enmiendas que
hemos defendido en el seno de la Comisión
de Justicia e Interior, y que yo, de forma global, he defendido
hoy aquí,en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y aquéllas a
las que no he hecho referencia las doy por defendidas en los
propios términos en los que lo hice en el seno de la Comisión de
Justicia e Interior en fechas pasadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra, por el Grupo
Vasco (PNV), el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia e Interior, mi Grupo
considera ya este debate un tanto superfluo. Dada la situación
cronológica de la legislatura, no hay ninguna posibilidad
material de que este proyecto de ley pueda ser aprobado. Desde
esa perspectiva mi Grupo no va a entrar en el cuerpo a cuerpo
jurídico que un debate de la trascendencia del que aquí estamos
regulando admitiría en otro contexto, en otra situación y en otro
momento de la legislatura.
Sí quiero decir que nosotros entendemos que ésta no es la
solución del aborto «in genere». El aborto es una institución
compleja, multidisciplinar, que tiene múltiples perspectivas
analíticas de carácter antropológico, jurídico, sanitario,
sociológico. El planteamiento punitivo del aborto requiere,
primero, una situación política diferente en la legislatura, un
mayor asentamiento, menos tribulación, donde sea posible suscitar
no sólo los debates conceptuales pertinentes, sino los consensos
que una materia de esta naturaleza inevitablemente requiere.
En todo caso quiero decir que las soluciones jurídicas que este
proyecto de ley plantea --no voy a hablar del aborto, sólo voy a
hablar del proyecto, ya que son cosas diferentes, aunque esto
parezca paradójico-- son soluciones incorrectas, técnicamente
deficientes, y algunas contradicen requerimientos claros de la
Constitución, ya interpretada jurisprudencialmente por las muchas
veces citada sentencia de 11 de abril de 1985.
Yo no sé en qué Ministerio, en el ámbito prelegislativo, se ha
redactado este proyecto de ley, aunque lo puedo suponer. Si es el
Ministerio que yo sospecho, donde los proyectos han tenido una
depuración normativa e importante, que es muy loable, de ajuste a
los requerimientos siempre constitucionales de modernización de
nuestro ordenamiento jurídico en sus sectores más atrasados, me
resulta decepcionante que se presente un proyecto de ley de estas
características, con estas deficiencias, y las voy a enunciar
como un mero relator, de forma muy sumaria. Son por lo menos las
siguientes.
En primer lugar, en cuanto a la tipificación de la conducta,
considera que el aborto materialmente consiste, en las doce
primeras semanas de gestación, en algo neutral, algo aséptico,
algo que no debe ser objeto de tratamiento jurídico y, por tanto,
desprotege absolutamente, desde la perspectiva penal, que es la
que se contiene en este proyecto de ley, el derecho a la vida,
que es un derecho tan fundamental, tan elemental, es el «prius»
del ejercicio de cualquier otro derecho. Se contradice lo que
consagra tan enfáticamente el artículo 15 de la Constitución, el
derecho a la vida, no el derecho a la personalidad o a la persona
humana, sino el derecho a la vida. Ese es el tenor literal del
precepto, y la vida empieza, como la biología y la ciencia médica
han consensuado de forma inevitable, desde el entrecruzamiento
cromosómico que se produce tras la fusión de los gametos. Hay ya
una entidad, una célula ya germinada que tiene todo el componente
genético para llegar a ser un ser humano posteriormente. Desde
ese momento, el derecho a la vida debe ser protegido por mandato
de la Constitución, no sólo por el mandato contenido en el
artículo 15, sino por el mandato también contenido en el artículo
10, que establece que el propio orden político que nos hemos
atribuido constitucionalmente descansa en la dignidad de la
persona, atribuyendo a esa persona una serie de derechos que sólo
pueden ser ejercitados por un ser vivo. Se contradice lo que se
consagra ya, en virtud de luenga tradición civilista, en el
artículo 29 del Código Civil, que establece que al «nasciturus»
se le debe considerar como nacido para los efectos que le
beneficien, tanto actualmente, en su vida intrauterina, como
posteriormente, cuando sea un ser con plena conformación
genética. Se contradicen, en definitiva, los requerimientos de
una jurisprudencia que era clara --dos sentencias hacen
jurisprudencia--, por lo menos de una sentencia del Tribunal
Constitucional que era clara, y se pretende compensar esta
desprotección penal a la que estamos materialmente obligados --
porque ésta no es materia disponible para el legislador, no
estamos habilitados a declarar la conducta o la protección de la
vida como algo aséptico, algo irrelevante o neutral para el
ordenamiento jurídico punitivo, no lo podemos hacer aunque lo
queramos, aunque se quiera en esta Cámara--, tal como lo ha hecho
el Código Penal nuevo en su artículo 144 y siguientes --ahí sí
han afinado, señor Ministro, han hecho un gran Código Penal--,
tal como lo establece el Código Penal anterior, el vigente, en su
artículo 417 bis, se ha intentado compensar esta desprotección
penal, que paradójicamente y sin sistemática jurídica alguna
comete este proyecto de ley, fuera del Código Penal, con un
esotérico trámite de información administrativa que no se sabe
muy bien qué es. Se pretende informar a la madre de los motivos
que asisten a los poderes públicos para defender la vida --ya se
está reconociendo palmariamente por el propio proyecto de ley que
es la vida humana lo que está en juego en el conflicto que se
sustancia--, pero no se establece qué tipo de trámite
administrativo informativo se articula, no se le da ningún tipo
de consecuencia o de efectos jurídicos, no se sabe quién tiene
que transmitir esa información, no se sabe cuáles son los motivos
sobre los que se debe
informar, cuáles son los que justifican o exigen al Estado
informar sobre esta materia, si son los motivos metafísicos, si
son los sanitarios, si son los jurídicos, los sociales. No se
concreta y se establece, con la falsa pretensión, imposible
pretensión, de compensar la desprotección penal de la vida, un
esotérico trámite de información administrativa que no es
admisible desde una perspectiva estrictamente jurídica. Yo no
quiero hacer valoraciones de naturaleza o vinculadas a la
conciencia personal, ni a la ética ni a la moral. Estoy
utilizando requerimientos jurídicos que debían ser
constitucionalmente indiscutibles.
Se utilizan expresiones incorrectas, como el consentimiento de la
madre. El consentimiento de la madre sirve para poder abortar en
las doce primeras semanas de gestación de forma totalmente libre;
consentimiento que la madre no puede prestar, puesto que no
estamos hablando de un bien que sea de la titularidad jurídica de
la madre. Este consentimiento que se prevé en el proyecto de ley
es de naturaleza imposible, constitucionalmente imposible. Se
establece una especie, una suerte de conflicto de pura
condimentación personal, puesto que no se tiene que probar, no se
tiene que acreditar, cuando nuestro ordenamiento jurídico penal
hasta ahora exige la lógica carga a la madre que pretende
abortar, para que la consecuencia de ese aborto sea impune, la
lógica carga de probar e identificar la entidad del conflicto, la
naturaleza del conflicto. Aquí se establece una suerte de
conflicto de pura condimentación personal, que es tanto como
decir una fórmula omnicomprensivamente libre de abortar, una ley
de plazos encubierta en definitiva. Se establece la analogía --y
usted sí que sabe de esto, señor Ministro-- cuando se utiliza la
expresión: o conflictos semejantes a los previstos, en el
artículo 1.2. Se remite, en cuanto a la evaluación de la
naturaleza del conflicto, a la expresión «semejante». Usted sabe
que la analogía es algo prescrito como fuente del Derecho Penal
absolutamente por la propia Constitución. El uso de la analogía
como fuente de las normas punitivas nos retrotrae a las peores
épocas del derecho punitivo, del Derecho Penal. No se da ningún
tipo de relevancia jurídica al consentimiento del padre. No sé
cuál es --eso requiere un debate político más amplio--, pero
algún tipo de consecuencia jurídica tiene que tener también el
consentimiento del progenitor padre en este ámbito.
En definitiva se articulan --y con esto acabo, señor Presidente--
, una serie de fórmulas o soluciones jurídicas inadecuadas que no
resuelven la consideración punitiva que en un Estado democrático
el aborto tiene que tener. Seguramente no es la de la legislación
actual, aunque sí me gustaría preguntar a los que defienden este
proyecto de ley cuáles son los problemas que la legislación
actual plantea, porque desde el año 1985 no es que no haya
ingresado ninguna madre en prisión por esta razón, es que no ha
habido un solo auto de procesamiento. A través del uso de la
indicación psicológica, que es el que se utiliza para el 98 por
ciento de los abortos que se producen, se ha podido abortar de
forma razonablemente libre, y no ha habido autos de procesamiento
sencillamente. Luego no sé cuál es el problema social que se
pretende resolver con este proyecto de ley. Quizá no sea
suficiente la legislación actual, quizás haya que debatir de
forma más pormenorizada, haya que buscar elementos de consenso
para reformar esta legislación. En todo caso, señor Presidente,
debo indicarle que no es este proyecto de ley el que debe
resolver una cuestión tan importante, que afecta o que llama tan
profundamente a la conciencia ética de todas las personas, que
tiene aspectos jurídicos tan complejos que tienen que ser
aprobados o ser consensuados de forma suficiente, que divide a la
sociedad, que polariza a la sociedad, y quizá esta sea una de las
razones que ha justificado su propia presentación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, voy a defender las enmiendas firmadas
en su momento por mí, pero asumidas, como se dejó constancia en
el trámite de Comisión, por mis compañeros de Grupo
Parlamentario, los señores Sánchez i Llibre, Sedó, Vidal y Silva,
de Unió Democrática de Catalunya.
Las enmiendas números 23 y 25 pretenden una modificación en el
sentido de que quien practique el aborto sea un especialista en
obstetricia y ginecología. Entendemos que sería conveniente que
fuera un especialista y además consideramos inadmisible la
expresión «o bajo su dirección.» ¿Qué se pretende decir con eso?
¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se dirige esa intervención? Tal como
está redactado entendemos que incluso implica la posibilidad de
que cualquier persona pudiera practicar el aborto, eso sí, bajo
la dirección, sin especificar en qué consiste la misma, de un
médico, lo que, a nuestro entender, va en contra de la
legislación vigente y del mínimo sentido común. No voy a insistir
más, porque entiendo que en la Comisión ya fue suficientemente
debatido el tema.
Algo parecido cabría decir de las enmiendas números 24 y 26. La
número 24 propone la supresión de la frase «o de reproducción
asistida no consentida». Se trata de un supuesto imposible de
concurrencia en la práctica por los motivos técnicos necesarios
para la preparación de la mujer. No deja de ser chocante, por
otra parte, cuando menos, que en una ley de regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo se contemple un supuesto en
el que se pretende algo tan distante y diferente como la
reproducción asistida, por las dificultades previas del embarazo.
La enmienda número 26 propone suprimir el artículo 4 que se
refiere a una pretendida regulación de la
objeción de conciencia. Bajo el pretexto de que pueda haber --de
hecho puede que la haya-- una doble moral con relación a la
actividad privada o bien al ejercicio público, se ha dado un
verdadero salto en el vacío y se remite a los casos de riesgo
vital, lo cual atenta contra la ética profesional y la
deontología médica.
Para defender la enmienda número 27 considero necesario y
conveniente hacer unas consideraciones previas. La sentencia del
Tribunal Constitucional 53/1985, en su fundamento jurídico
séptimo, dice que el Estado tiene que establecer un sistema legal
para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de
la misma y que dado el carácter fundamental de la vida incluya
también como última garantía las normas penales. Por tanto, la
vida del «nasciturus» en cuanto éste encarna un valor
fundamental, la vida humana garantizada en el artículo 15 de la
Constitución española constituye un bien jurídico cuya protección
encuentra en dicho precepto fundamento constitucional; es decir,
estamos ante un bien jurídico constitucional fundamental. Ahora
bien, ningún bien jurídico tiene protección penal absoluta. El
fundamento jurídico noveno decía: El legislador puede tomar en
consideración situaciones características de conflicto, tal es el
caso de los supuestos en los cuales la vida del «nasciturus»,
como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con
derechos relativos a los valores constitucionales de muy
relevante significado, como la vida o la dignidad de la mujer.
Pero, añadía: No pueden contemplarse conflictos tan graves tan
sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la
protección de la vida del «nasciturus». Es decir, ni ésta puede
prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos, ni los derechos
de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del
«nasciturus», dado que dicha primacía supondría, «de facto», la
desaparición, en todo caso, de un bien no sólo
constitucionalmente protegido sino que encarna, además, un valor
central de nuestro ordenamiento jurídico.
Dentro de la graduación de los bienes jurídicos no estamos ante
un bien jurídico cualquiera, sino ante un bien de un valor
central de nuestro ordenamiento jurídico.
En la exposición de motivos se dice: Por todo ello, a la vez que
se reforma el Código Penal, se buscará la forma, mediante una
ley, de ampliar la regulación voluntaria del embarazo, sin ceder
un ápice en punto a la tutela de la vida en formación.
Veamos cómo lo contempla este proyecto de ley. ¿Cómo se intenta
compensar ese déficit de protección punitiva del bien jurídico?
¿Cuál es el medio del que se sirve el proyecto para pretender
compensar el déficit de protección jurídica que supone la
despenalización y, por tanto, el no recurso a la intervención del
Derecho penal? Este mecanismo es el asesoramiento, con lo cual,
de hecho, éste se convierte en el núcleo del sistema. Pero el
simple asesoramiento por sí mismo es bien poca cosa, por no decir
que es nada. En cualquier caso, es un concepto vacío si no se
relaciona con algo. En función de esto podría ser motivador o
intimidante. Pero este asesoramiento, no se olvide, como hemos
dicho, debe procurar, a su vez, no ceder un ápice en punto a la
tutela de la vida en formación, por lo que ha de tener unos
mecanismos que lo motiven. Y en lugar de introducir estos
mecanismos nos encontramos con un concepto meramente formal que
termina en un certificado.
También se dice que el asesoramiento debe mover a la reflexión y
que su misión es procurar una decisión libre, consciente y
responsable de la gestante, incentivando previamente estos
elementos de reflexión.
Se reconoce que no hay protección posible para la vida en
formación salvo la que resulte de alentar en la madre la decisión
libre y responsable de continuar el embarazo. Por lo tanto, los
centros de asesoramiento deberían alentar. Pero en la regulación
de los centros queda muy poco definida esta función de alentar a
la gestante a proseguir, mediante la decisión libre y
responsable, su embarazo, porque el artículo 5.º, que se refiere
a los centros de asistencia y asesoramiento, en el fondo trata de
formalidades: información, apoyo, asesoramiento, indicando las
ayudas y recursos de protección social disponibles. La cuestión
está en que estas ayudas, los recursos de que se dispone en la
protección social representen un cierto equilibrio para ejercer
libremente el derecho de decidir. Si no hay este equilibrio, ni
se ayuda a la mujer a adoptar una decisión libre, consciente y
responsable, ni se protege por parte del Estado este bien
jurídico consagrado constitucionalmente, sino que, todo lo
contrario, se vulnera clarísimamente el deber de tutela que el
Estado, por mandato constitucional, debe practicar de forma
activa e incentivadora para este bien concebido y no nacido aún.
El fondo de la cuestión no son, por lo tanto, los requisitos
formales. Admitido que hay alternativas al Derecho penal, éstas
tendrían que verse reflejadas de forma clara, en forma de ayudas
concretas al caso, como modificaciones a la normativa laboral al
respecto, acceso a la vivienda, etcétera.
No puede ni debe bastar sólo con declaraciones de buenas
intenciones. Habría que contemplar compensaciones tangibles,
propias de un Estado social. Los centros de asesoramiento
deberían estar provistos --eso sería lo deseable-- de medios
suficientes para, si es necesario, prestar ayuda financiera,
social y familia. Por contra, el centro de asesoramiento que se
contempla en el proyecto de ley, informa de que el Estado tiene
interés en proteger la vida, pero el sistema de ayudas familiares
y sociales es bastante insuficiente, porque de lo que se trata es
de sustituir, como hemos dicho, una protección penal. Si se
sustituye, si se decide apostar por ello, ha de hacerse en
coherencia con la apuesta que se hace, y esa coherencia implica
estar dispuesto a asumir el esfuerzo que ello implique; esfuerzo
que, por otra parte, está en las líneas rectoras de lo que tiene
que ser un Estado social y que ni siquiera tendría que ver con el
tema de la interrupción o no del embarazo.
Señor Presidente, señorías, ¿creen realmente que disponemos de
este Estado social y de las medidas
propias para compensar la protección de bienes jurídicos como
dicta la Constitución española en sustitución del Derecho penal?
Sinceramente nosotros, no. Recuérdese al respecto el tema de
protección a la familia de que disponemos.
Pues bien, el artículo 7 representaba en su redacción inicial, en
el proyecto que se remitió a las Cortes, uno de los más injustos
agujeros desde el punto de vista de justicia social; se ha
paliado en parte esta enorme injusticia con una enmienda
transaccional de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Decimos que sólo en parte, porque así se deduce del simple
enunciado, que dice: Artículo 7.2. Las mujeres que no dispongan
de recursos propios para sufragar la financiación de las
interrupciones voluntarias de embarazo que se realicen al amparo
de lo previsto en el artículo 1.2 de esta ley, tendrán derecho a
percibir atención económica para tal fin. Y termina diciendo: El
Gobierno dictará las normas precisas para dar cumplimiento a esta
previsión.
¿Es imaginable que las mujeres en estas condiciones y
circunstancias, y con las ayudas sociales actuales, puedan
adoptar una decisión libre, consciente y responsable, tal como se
prevé en el artículo 5.2? A mayor abundamiento, en este supuesto
no sólo no se cumple lo contemplado en la exposición de motivos
sin ceder un ápice en cuanto a la tutela de la vida en formación,
porque el Estado no sólo se inhibe o se desentiende en la defensa
o protección de un bien jurídico fundamental protegible, sino
que, además, entendemos que participa «de facto» en su
destrucción.
Por otra parte, tampoco acertamos a ver la necesidad de que se
contemplen las prestaciones del Sistema Nacional de Salud en una
norma con rango de ley que, eso sí, es Ley Orgánica, aunque este
artículo 7.2, y a indicación de los servicios de la Cámara, ha
perdido su carácter de orgánico; porque la verdad es que tampoco
lo tiene recogido el catálogo de prestaciones del Sistema
Nacional de Salud.
Finalmente, señor Presidente, señorías, voy a defender la
enmienda número 28, presentada por nuestro portavoz, el señor
Molins, y asumida por este Diputado en el trámite de Comisión. La
Ley General de la Seguridad Social regula en sus artículos 180 y
siguientes las prestaciones familiares de la Seguridad Social por
hijo a cargo. Y en el artículo 181 a) de esta Ley se establece
que para tener derecho a la asignación económica de la Seguridad
Social por hijo a cargo, las personas deben estar integradas en
el régimen general y no percibir ingresos anuales de cualquier
naturaleza superiores a 1.035.000 pesetas. Para las personas que
puedan acogerse a esta prestación, la misma está establecida
actualmente en 36.000 pesetas anuales por hijo a cargo; ello
supone, por tanto, una cuantía mensual de 3.000 pesetas por hijo.
La enmienda del señor Molins, que yo defiendo y asumo, pretende,
en primer lugar, aumentar hasta 10.000 pesetas mensuales esta
prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo. De esta
manera se incrementa de 36.000 a 120.000 pesetas la mencionada
cuantía, que sólo afecta a aquellas personas con ingresos no
superiores, como hemos dicho, a 1.035.000 pesetas, límite que se
incrementa en un 15 por ciento por cada hijo a cargo a partir del
segundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cardona, le ruego
que concluya.
El señor CARDONA I VILA: Voy terminando, señor Presidente.
Se establece que tendrán derecho a esta prestación de 120.000
pesetas anuales aquellas personas que, aunque no coticen a ningún
régimen de la Seguridad Social, tengan un hijo exclusivamente a
su cargo y no perciban ingresos anuales superiores a 1.035.000
pesetas. De esta manera, sin duda, tendrían derecho a esta
prestación económica de 10.000 pesetas mensuales colectivos de
jóvenes que han decidido seguir adelante con su embarazo y que
aún no se habían incorporado al mercado de trabajo y, por tanto,
no tenían derecho a ninguna prestación por hijo a su cargo.
Por último, se aumenta también la actual prestación de 72.000
pesetas anuales para hijos de los menores de 18 años y con una
minusvalía superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento,
ya que esta prestación se aumenta de 72.000 a 150.000 pesetas
anuales pasando, por tanto, de las 6.000 pesetas mensuales que
reciben actualmente a 12.500, y en este supuesto debe cumplirse
también el límite de ingresos anuales no superior a 1.035.000
pesetas.
De aprobarse esta enmienda, favoreceríamos el deber que tiene el
Estado de tutelar la vida en todos sus supuestos, deber que fue
claramente reconocido, como hemos dicho, por el Tribunal
Constitucional y deber que, a nuestro entender, el actual
proyecto parece ignorar al producirse un claro desequilibrio
entre, por un lado, el derecho a la vida del «nasciturus»,
derecho que deber protegerse a través de medidas que incentiven y
ayuden a proseguir el embarazo, y, por otro lado, el propio
derecho de decisión de la madre ante un embarazo en el que se
producen circunstancias siempre de grave conflicto para ella. La
presente enmienda, por tanto, pretende atemperar este conflicto
intentado aumentar sustanciamente las contribuciones económicas
por parte del Estado, superando así el actual marco legal,
claramente insuficiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cardona.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente porque muchos de los argumentos ya se
han expuesto en la mañana de hoy brillantemente por el Diputado
del Grupo Vasco (PNV), señor Olabarría.
Mi intervención es para reafirmar el mantenimiento y la defensa
de esta enmienda número 20 al artículo 1.2, enmienda de
supresión, respecto a este proyecto de ley orgánica sobre
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Dejando de lado la discusión sobre los imperativos éticos y
morales, porque cada uno tiene los suyos, cada uno tiene sus
convicciones, hay que enfocar el tema que nos ocupa desde el
punto de vista jurídico y constitucional, como bien ha
argumentado el señor Olabarría. Creo que es pertinente enfocarlo
desde esta óptica y de lo que dispone nuestro ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Se han hecho numerosas referencias a la sentencia 53/1985, de 11
de abril, del Tribunal Constitucional. Creo firmemente que el
proyecto que hoy debatimos tiene un difícil encaje o ajuste con
el contenido de algunos de los fundamentos de esa sentencia del
Tribunal Constitucional. Lo decimos porque estimamos que el
contenido material de los preceptos de este proyecto contradice
claramente algunos de los fundamentos jurídicos de la mencionada
sentencia.
Sólo quiero reafirmar el mantenimiento de esta enmienda número
20, que lo único que pretende es manifestar de una manera
enérgica, eficaz y democrática la defensa de la vida y la
dignidad de cada persona de acuerdo con los imperativos éticos de
cada uno de nosotros.
Desde aquí, quiero hacer una llamada a todos los Diputados para
que, dejándose guiar por esas convicciones y teniendo ciertas
dudas de legalidad constitucional algunos de los extremos de este
proyecto de ley que hoy debatimos, se vote en conciencia y cada
uno decida libremente qué piensa hacer respecto a este proyecto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Para un turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías, debo
reconocer que afronto este debate en el día de hoy con una mezcla
de sentimientos: de confianza y de cansancio. La confianza es
lógica. Estamos aquí defendiendo un proyecto de ley necesario y
urgente. Urgente porque el Código Penal, que hemos aprobado hace
poco, no contempla los supuestos no delictivos de aborto. Es
necesario, por tanto, regularlos rápidamente, contemplando en
nuestra opinión, aspectos sanitarios y asistenciales y no
puramente los penales.
Es necesario, tal como señala este proyecto, establecer un tipo
de protección no penal a la vida del feto, pero no por ello menos
efectiva; al contrario, más efectiva en nuestra opinión. Es
necesario, además, regular esta materia de una forma adecuada a
la realidad social española de hoy, que es muy similar a la de la
mayoría de los países democráticos europeos --Reino Unido,
Alemania, Italia, Francia, Bélgica, no quiero aburrir a SS. SS.
con la enumeración--, que tienen precisamente leyes que regulan
la interrupción del embarazo de esta forma, con un sistema de
indicaciones amplio en el que prima la decisión final de la
mujer, debidamente asesorada y tras haber reflexionado.
Esa es la necesidad urgente que fundamenta nuestra confianza,
pero hay, además, otra razón para ella, señorías, y es que hoy
venimos aquí a defender un proyecto de ley que es mejor que el
que defendimos en el del debate de totalidad. Es mejor porque
garantiza, de una forma más efectiva, la intimidad de la mujer,
la libertad de su decisión y la gratuidad de la interrupción del
embarazo en el nuevo supuesto para aquellas que no puedan hacer
frente con sus propios medios.
Al hacer estas modificaciones en el proyecto de ley no sólo hemos
dado satisfacción a los grupos partidarios de este proyecto en el
trámite de Comisión, como Izquierda Unida o Coalición Canaria,
sino también a exigencias contenidas en las enmiendas del Grupo
Popular o del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Por eso
también venimos aquí con confianza y satisfacción.
Decía al principio que con cansancio, porque tenía razón el señor
Olabarría: este largo esfuerzo posiblemente no culminará en la
aprobación definitiva del texto. Hay dos grupos que con su
actitud de bloqueo sistemático al debate han impedido la
tramitación normal y que pudiera consolidarse hasta el final este
proceso por el que la mayoría de la Cámara impusiera sus
criterios y llegara a la aprobación de un nuevo texto regulador
de la interrupción voluntaria del embarazo.
Se han esgrimido aquí, señorías, muchos argumentos de
inconstitucionalidad de este texto. Para mí algunos son más
creíbles que otros. Yo creo, sinceramente, que el señor Olabarría
está convencido de la inconstitucionalidad de aspectos de este
texto haciendo una lectura, a mi parecer, totalmente errónea de
lo que la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional dice
sobre la titularidad del derecho a la vida. Es un largo debate y
no lo volveremos a abrir ahora, señor Olabarría.
Sin embargo, me merece menos confianza la propia creencia en esos
argumentos de inconstitucionalidad que sustenta el Grupo Popular.
Lo digo con toda sinceridad, señorías. Pienso que si estuvieran
tan convencidos de que un hipotético recurso al Tribunal
Constitucional les daría la razón en sus argumentos, no hubieran
zarandeado de esta manera los procedimientos parlamentarios para
evitar el debate. (Rumores.) Con toda sinceridad lo creo,
señorías, y creo que es el sentir no sólo de la Cámara, sino de
la opinión pública.
Prescindiendo de estos argumentos generales, quisiera pasar con
brevedad --no es mucho el tiempo de que dispongo-- a oponerme a
algunas enmiendas concretas.
El Grupo Popular , en lo que es el núcleo de la ley, el artículo
1.º, pretende reconducir el texto a los términos de la ley
vigente, incluso en términos más restrictivos si se hace una
lectura conjunta de todas estas enmiendas. Habla de lo inadecuado
de la destipificación que se establece en el proyecto de ley, de
cómo esa destipificación restringe la garantía de protección
penal y constituye un galimatías conceptual.
Yo quiero aclararle algunas ideas, señora Fernández, si es que
existe alguna confusión. Efectivamente, pretendemos destipificar.
Pretendemos que no sean delito los supuestos de aborto que se
contemplan en el texto de este proyecto y creemos que ello no
atenta, en absoluto, contra que haya una protección efectiva para
la vida que incluya como última garantía las normas penales. Esa
protección está en los artículos 144, 145 y 146 del Código Penal.
Este proyecto de ley sólo establece que el aborto no será atípico
en aquellos casos --los que en él se contemplan-- en los que
concurre una autorización legal. Quiero recordarle a S. S. que
hay múltiples supuestos en el Código Penal que establecen que
determinadas conductas normalmente típicas, no lo son cuando
concurren una autorización legal, y son conductas que afectan a
bienes jurídicos de tal calado, como puede ser la intimidad o el
derecho a la salud. Es, por tanto, una postura totalmente
congruente con la sentencia del Tribunal Constitucional el
renunciar a la sanción penal de esta conducta, manteniendo la
protección de la vida en otro ámbito. Otro ámbito, a nuestros
ojos, mucho más eficaz: el ámbito de lo suasorio, el ámbito de la
reflexión, el ámbito que incide en la libre voluntad de la mujer,
que es la única que en última instancia puede garantizar la vida
del feto. No habrá menos abortos, señorías, porque sean más
restrictivas las normas penales. Lo hemos dicho una y mil veces.
Lo que habrá será menos abortos legales y más abortos
clandestinos, y en eso estamos, para evitarlo.
Por otra parte, le quiero recordar --ya lo hemos dicho varias
veces-- que en la legislación comparada es sumamente frecuente la
destipificación de los supuestos legales de aborto --Reino Unido,
Alemania, Suiza, Bélgica--, o el no establecer qué clase de
punibilidad tienen los supuestos de aborto permitido. Le remito a
usted a Francia e Italia, por ejemplo.
En cuanto a la supresión del nuevo cuarto supuesto, señoría, no
es impreciso. Es un sistema de indicaciones --una indicación
subjetiva, por lo tanto, con el grado de precisión que puede
tener lo interno y lo anímico--, que es el sistema que rige en la
generalidad de los países europeos. Difíciles condiciones de
vida, serio peligro para las condiciones de vida, peligro para
las condiciones económicas, sociales o familiares son las
expresiones que fundamentan este tipo de supuesto en la
legislación de nuestro entorno.
Por otro lado, se oponen ustedes a la evaluación del conflicto
por la mujer. Dicen que si no hay una decisión imparcial adoptada
por un tercero el conflicto no podrá ser debidamente objetivado
ni evaluado, no se podrá saber de su existencia. Y ponen un
ejemplo que, permítame S. S., es totalmente sesgado: el del
aborto terapéutico. Dicen que en el aborto terapéutico ha de ser
comprobada la malformación del feto. ¡Pues claro que sí, señoría!
Porque el aborto terapéutico es un supuesto objetivo, un supuesto
comprobable en la práctica. Se puede comprobar la probabilidad de
malformación de un feto.
Señoría, dentro de lo que pasa en el ámbito más íntimo de una
mujer, dentro de lo que pasa en el ámbito de lo subjetivo --no
son palabras mías, son palabras del Tribunal Constitucional
alemán, son palabras de nuestro Consejo General del Poder
Judicial-- es imposible entrar. Pero aun suponiendo que se
pudiera, sería imposible hacer una evaluación objetiva. Por ello,
la mejor garantía de que existe el conflicto, la mejor garantía
para su constatación es el asesoramiento, es el inducir a la
mujer, mediante ese asesoramiento y esa información, a una
decisión consciente y responsable, a una decisión no precipitada
ni tomada en un momento de desesperación.
El señor Cardona ha presentado a este mismo artículo una serie de
enmiendas, que ya hemos debatido en Comisión, que se refieren a
la necesidad de especialización del personal médico, a la
necesidad de colegiación y, también, a la supresión del embarazo
consecuencia de reproducción asistida no consentida.
Señor Cardona, simplemente quiero decirle, como hicimos ya en
Comisión, que nos parece que las exigencias de especialización no
son objeto de este primer artículo sino que se contienen en el
tercero, que regula las condiciones de los centros; que tampoco
es objeto de esta ley la exigencia de colegiación del personal
médico en un determinado colegio y que, por otra parte, sabemos
que el embarazo consecuencia de algún tipo de reproducción
asistida no consentida será un supuesto raro pero posible. El
nuevo Código Penal contempla la posibilidad de reproducción
asistida no consentida practicada a una mujer y, por ello,
creemos que debemos mantenerlo dentro de la indicación ética.
El Grupo Popular ha hecho una serie de consideraciones sobre la
inoperancia --y en ello se une al señor Cardona-- de los centros
de asistencia y asesoramiento. Señorías, los centros de
asistencia y asesoramiento que perfila el proyecto de ley
cumplen, de forma más que suficiente, la obligación del Estado de
tutelar la vida. Para nosotros, y para cualquiera que conozca la
realidad de esta sociedad, no hay mejor forma de alentar a una
mujer a una decisión libre y responsable que la información, la
información suficiente y eficaz. Creemos que la mejor tutela de
la vida es esa que favorece una decisión responsable de la mujer.
Es curioso observar que precisamente la enmienda del Grupo
Popular en este aspecto suprime un párrafo, que es aquel que dice
que en ningún caso los centros de asesoramiento podrán autorizar
o denegar la interrupción del embarazo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren
ustedes
reconducir esa función del tercero objetivo de que hablaban a los
centros de asesoramiento, de una forma más o menos velada? Nos
parece que no es ésta su función, su función es la de alentar en
la mujer esa capacidad que tiene como ser libre y responsable y
hacer que, además de ser libre y responsable, sea un ser
informado a la hora de tomar esa decisión tan trascendental y tan
dura en ocasiones como la de interrumpir o no un embarazo.
Por último, hay una serie de enmiendas,en este caso de
Convergència i Unió, no del señor Cardona, y del Grupo, que se
refieren a un incremento de ayudas de tipo económico y social a
la embarazada y a la familia. Señorías, yo quiero hacerles
algunas consideraciones.
En primer lugar, las ayudas en nuestra sociedad a la familia han
crecido sustancialmente en los últimos años y van a seguir
creciendo. Sería muy interesante saber dónde ponen ustedes,
señora Fernández, el listón, en qué momento les parece a ustedes
que esas ayudas a la embarazada y a la familia serán suficientes
para permitir la libre decisión de la mujer debidamente informada
a la hora de interrumpir o no un embarazo. Se están
contradiciendo al negar, por un lado, la libre decisión y decir,
por otro, que esa libre decisión no se puede producir porque no
hay ayudas suficientes. Seamos consecuentes porque este tipo de
ayudas que se pretenden tienen una vertiente presupuestaria
importante, que no se puede contemplar en este proyecto de ley y
que es muy difícil reflejar en un año en el que precisamente esta
Cámara no ha tenido, gracias a algunos de los grupos aquí
sentados, la posibilidad de discutir los Presupuestos Generales
del Estado.
Termino, señor Presidente. He hablado de confianza y el Grupo
Socialista la mantiene. He hablado también de cansancio y es
cierto, pero este cansancio no supone para nosotros desánimo ni
abandono. Si no se consigue ahora seguiremos luchando, pero
conseguiremos, en esta legislatura o en la próxima, una ley
similar a las de los países europeos que nos rodean, una ley que
garantice con efectividad la dignidad y la libertad de las
mujeres que se ven en el trance de tener que interrumpir su
embarazo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Del
Campo.
Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar un breve turno de réplica para hacer algunas
puntualizaciones a la intervención de la señora Del Campo.
Empezaba su intervención diciendo que estaba cansada y que era
necesaria la rapidez. Le puedo asegurar que el Grupo
Parlamentario Popular está cansado, en idéntica medida que lo
está S. S., de oír argumentos que no se ajustan a la realidad ni
son veraces.
La tramitación parlamentaria ha sido la ordinaria y, por contra,
otros, que han dispuesto de un buen número de años para realizar
esa tramitación, pretendieron, de forma rapidísima y agolpando
los trámites, abreviarla reduciéndolos a la mitad. Por tanto, no
hemos sido nosotros quienes hemos zarandeado ningún debate en
este proyecto de ley de ampliación del aborto.
Respecto a su juicio de valor relativo a si creemos o no y cómo
creemos que podrá ser conforme a la Constitución el proyecto de
ley si llega a ser texto definitivo, que no deseamos ni estamos
convencidos de que vaya a suceder, es un juicio de valor que
usted hace de una forma muy gratuita. Dice que no estamos
convencidos, cuando a lo largo de toda la tramitación
parlamentaria usted sabe que hemos esgrimido todo tipo de
razonamientos avalando la contradicción que se da entre el
proyecto de ley presentado por el Gobierno y la sentencia del
Tribunal Constitucional español, e incluso, si queremos ir más
allá, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que
ustedes invocan en beneficio de sus tesis cuando la realidad
demuestra que es todo lo contrario.
No hay confusión en nuestras interpretaciones, señoría; la
confusión reside en el texto del proyecto de ley del Gobierno,
donde hay un auténtico galimatías legal en la conceptuación
jurídica de delito, de despenalización, de destipificación, de
sanciones de privación de libertad y de otro tipo de
consideraciones.
La Ley anterior, señoría, la que está vigente en la actualidad en
España, le puedo asegurar que no fue una ley presentada por un
Gobierno del Partido Popular; fue una ley recurrida por el Grupo
Parlamentario Popular, a través de un recurso previo de
inconstitucionalidad, pero la ley la hicieron ustedes, los
socialistas, y la han mantenido vigente en España durante 10
años, porque parece, después de haber escuchado su argumentación,
tan enfadada e indignada con la legislación vigente hoy España,
que la ley la hubiese elaborado otro Gobierno distinto al que
usted y su Grupo parlamentario apoyan con sus votos.
Por lo que se refiere al ejemplo del aborto terapéutico, señoría,
usted no me ha entendido, o tal vez yo no me he explicado con
suficiente claridad. En el aborto terapéutico, fue la sentencia
del Tribunal Constitucional español la que introdujo la
necesidad, ante la ausencia en el proyecto gubernamental, de un
criterio de índole o naturaleza objetiva que permitiese
establecer con nitidez la adecuación de la realidad al supuesto
de hecho regulado en el artículo 417 bis del Código Penal. Por
tanto, no se trata de un argumento sesgado ni improcedente; se
trata de un argumento muy al caso, ya que el Tribunal estimó que,
con la redacción originaria, no había garantías de tutela para la
vida del concebido, porque no había garantías de objetividad en
la
decisión de la práctica del aborto por un médico si no existía un
dictamen previo que lo avalase.
En cuanto a los centros de asesoramiento, señoría, en diversas
comparecencias y en sus propias intervenciones han hablado de un
concepto de neutralidad. Nosotros lo hemos dicho en innumerables
ocasiones, y yo lo repito hoy aquí: desde la neutralidad no se
tutela el derecho a la vida; desde la neutralidad y la
información aséptica el Estado incumple con la función
fundamental que le asigna la Constitución y que reinterpretó el
Tribunal Constitucional.
Sobre las ayudas a la familia, el Grupo Parlamentario Popular no
va a poner ninguna limitación. En un país como el nuestro, en el
que el reemplazo generacional no está asegurado por el porcentaje
escasísimo de natalidad que tenemos, que hace invertir la
pirámide poblacional, las ayudas que en la actualidad están
vigentes en España y que aparecieron en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1995 (20.700 pesetas por los dos
primeros hijos; 25.000, por el tercero y 30.000, por el cuarto y
los siguientes), aun ampliando el concepto de familia numerosa y
reduciéndolo a tres, nos parecen insuficientes. Y no hay techo en
el planteamiento del Partido Popular. Queremos apostar por una
ley de protección a la familia, y le invito a usted y a su Grupo,
a la vez que al Gobierno, que tanto fija su atención en la
legislación comparada, a que lo hagan también en esta materia,
para copiar iniciativas que son dignas de admiración, desde el
punto de vista político, como las iniciativas alemanas, que no se
fijan sólo en el aborto, sino también en la defensa de la
maternidad y en la protección a la familia.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández.
Tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Señora Fernández, habla usted de que el cansancio del Grupo
Popular es similar al mío personal. Otra vez estamos en el ámbito
de lo subjetivo y difícilmente medible. Pero sí quiero señalarle
algunas cuestiones.
Usted considera que la tramitación parlamentaria de este proyecto
ha sido la ordinaria. Yo le remitiría a una simple comparación.
Hemos aprobado hace media hora el proyecto de ley del Impuesto
sobre Sociedades, un proyecto de ley de 150 artículos, que entró
en la Cámara en el mes de marzo y que ha terminado su trámite,
incluido el del Senado. En cambio, desde el día 7 de julio,
estamos atascados con un proyecto de ley que tiene siete
artículos y que ha sufrido avatares tan pintorescos, por decirlo
con una expresión suave, como el boicot a la Mesa del Congreso
por parte de algún grupo, o como la negativa a la urgencia en la
Mesa del Senado de una manera, a nuestro juicio, difícilmente
compatible con el artículo 90.3 de la Constitución.
Los juicios de constitucionalidad que S. S. y yo podamos hacer
son bastante gratuitos; hay un intérprete de la Constitución, que
es el que, en última instancia, algún día podrá hacerlos
definitivos. Unicamente, me he limitado a señalar, primero, que,
a nuestro juicio, este proyecto es plenamente constitucional;
segundo, que, a nuestro juicio también, el Grupo Popular no
confía demasiado en los argumentos de inconstitucionalidad que da
para este proyecto y se ve obligado a recurrir a otros cauces
laterales, para impedir su debate y aprobación.
Por otra parte, nos acusan de haber mantenido la Ley de 1985. Esa
Ley, señorías, tuvo un período de adaptación a esta sociedad y,
una vez terminado ese período de adaptación, el Gobierno se
comprometió, hace tiempo, a vincular la entrada de un nuevo
sistema de ley despenalizadora de la interrupción del embarazo a
la aprobación del nuevo Código Penal. Este era el momento, en
este verano, y éste era el cumplimiento de un compromiso
gubernamental y también de este Grupo.
Y no confundamos el sistema de ayudas a la familia, señorías.
Todos sabemos en esta Cámara que, en España, el sistema de
protección social general y el sistema de ayuda a la familia, en
concreto, es horizontal y que no depende sólo del número de
hijos, sino de muchas más variantes, como rentas, situación
económica, trabajo o no trabajo del cabeza de familia, variantes
que configuran en conjunto un sistema bastante más progresista,
que el que depende exclusivamente del número de miembros de la
familia y de la financiación de la familia, en función de ese
número de miembros. Así lo han reconocido otros países de Europa
que están inclinándose a introducir este tipo de sistema, y creo
que así debemos reconocerlo nosotros ahora, porque espero que, en
ámbitos como el de la protección social y la protección a la
familia, no hagamos un campo de batalla.
Gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Del
Campo.
Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
quieran fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya con respecto al proyecto de ley de
Interrupción voluntaria del embarazo.
Señorías, este Grupo Federal presentó enmiendas al proyecto de
ley, que fueron después transaccionadas y, por lo tanto,
retiradas por nuestro Grupo, ante el acuerdo que había habido
entre el Grupo Socialista y
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La intención de las enmiendas que tenía el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya iban en la línea de
asegurar la intimidad, de asegurar la libre decisión de las
mujeres, y, además, tenían la intención de regular no solamente
la objeción de conciencia, sino la gratuidad de la interrupción
voluntaria del embarazo en el cuarto supuesto, que es el que
quedaba completamente fuera de cualquier tipo de protección.
El acuerdo alcanzado entre estos dos grupos realmente lo que
viene a hacer es apoyar estas medidas que nosotros considerábamos
oportunas, introduciendo que no se puede coaccionar la decisión
de las mujeres, porque libre nunca será una decisión --incluso la
educación y la cultura condicionan nuestras decisiones-- pero
responsable, siempre; las mujeres siempre tomamos decisiones
responsables; somos mayores de edad, adultas, y jamás se nos
puede acusar de irresponsabilidad, y mucho menos en una decisión
de estas características. Por lo tanto, «libre» será siempre
entre comillas; responsable, siempre.
Lo que queríamos era que, además, quedara en el ámbito de la
total intimidad e introducíamos una enmienda transaccional,
conjuntamente con el Grupo Socialista, para que quedara el
anonimato de la mujer en los centros de información y
asesoramiento hasta que se le tenía que expedir el certificado
para poder practicarse la interrupción del embarazo.
Conseguimos llegar a un acuerdo, que no es el mejor, pero que sí
consideramos que es bueno, en el tema de la prestación económica.
Primero, porque hablamos de recursos propios de las mujeres, no
recursos del ámbito familiar, propios de las mujeres, y porque,
además, en el texto de la enmienda, quedaba reconocido que esto
era un derecho, un derecho que la mujer tenía que recibir para
poderse interrumpir el embarazo. Y dejábamos en manos de los
centros de información y asesoramiento que efectuaran todos los
trámites, para que las mujeres no tengan que ir, ni de ventanilla
en ventanilla, ni de servicio en servicio, comentando cuál es su
problemática, que todo quedara circunscrito ya al ámbito del
centro de información y asesoramiento.
Con estas enmiendas, consideramos que el texto queda lo
suficientemente mejorado como para que este Grupo pueda apoyarlo.
Además, nos parece totalmente imprescindible, totalmente
necesario, que se apruebe este proyecto de ley y que entre en
vigor, por la sencilla razón de que, de los 45.000 y pico de
abortos que se producen en nuestro país en estos momentos, casi
el 95 por ciento de ellos se hacen en el supuesto de riesgo para
la salud psíquica de las mujeres.
Señorías, no nos sirve que se haya encontrado esa puerta para que
las mujeres se puedan practicar una interrupción libre del
embarazo. Las mujeres necesitarán abortar sencillamente porque
les pueda perjudicar para su salud psíquica o porque tengan un
conflicto personal y sean ellas las que decidan. Por eso,
señorías, no podemos aceptar la situación en que nos encontramos
en estos momentos.
De no aprobarse esta ampliación de la despenalización del aborto,
nos vamos a encontrar, una vez más, con que las mujeres van a ser
tratadas indignamente; volveremos a tener mujeres denunciadas,
por haberse acogido al supuesto de riesgo para la salud psíquica,
por sus novios, por sus maridos o por sus familiares. Y eso es
indigno para una mujer. Eso es llevar a los tribunales una vida
privada y una decisión responsable de una manera totalmente
indigna, y la dignidad de las personas también está amparada por
la Constitución.
A partir de aquí, nuestro Grupo quiere plantear cuál es su
posición respecto a las enmiendas que ha presentado el resto de
los grupos.
Señorías, vamos a votar en contra de ellas, como ya manifestamos
en la Comisión. Con algunas podemos estar de acuerdo en el fondo
de lo que se pretende hacer, y nos parecen correctas, pero no en
el ámbito de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.
Estamos de acuerdo con que posiblemente sea necesario ampliar las
prestaciones por hijos en el sistema de Seguridad Social, pero,
desde luego, señorías, 10.000 pesetas no van a convencer a una
mujer que, por cualquier tipo de conflicto, haya decidido
abortar.
Estamos de acuerdo con que hay que proteger la maternidad, por
supuesto, señorías, y el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya es un gran defensor de la maternidad. Y
nos preocupa cómo queda la situación de las jóvenes adolescentes
que tienen un embarazo no deseado; por supuesto que también nos
preocupa. Pero, desde luego, para poder desarrollar todas estas
cosas, el mejor sitio no es la ley de interrupción voluntaria del
embarazo. Hay otras leyes que son las que se tienen que
desarrollar y se tienen que debatir; no ésta.
Por lo tanto, señorías, consideramos que este texto tendría que
ser aprobado. Y, recordando las palabras de la señora Ministra de
Sanidad en el momento de la presentación de la ley, que nos dijo:
Es tiempo de ponerse de acuerdo, nosotros estábamos dispuestos a
ponernos de acuerdo y lo alcanzamos. Pero de lo que ya estamos
seguros es de que no era tiempo de voluntad política para aprobar
el proyecto.
Señorías, trece años ha tenido el Grupo Socialista para poder
plantear una modificación de la ley del aborto que nos permitiera
hoy estar en otras condiciones; trece años desperdiciados. Si
realmente este proyecto era una necesidad urgente, llevamos dos
años y medio de legislatura en los que este Grupo ha venido
reivindicando, de todas las maneras habidas y por haber y que
esta Cámara nos otorga a los Diputados, que se presentara un
proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que resolviera
el problema social que tienen las mujeres. Señorías, esto no ha
sido así.
Señoras y señores Diputados del Grupo Socialista, cuando es una
necesidad urgente que este proyecto
salga adelante, el Gobierno debía tener la obligación --debía
haberla tenido-- de declararlo urgente cuando entró en la Cámara,
en el mes de julio, y tampoco se hizo. Por tanto, señorías, la
responsabilidad, la irresponsabilidad, mejor dicho, de que este
proyecto no salga adelante no es solamente de aquellos grupos que
han boicoteado su debate de una manera, según nuestro criterio,
bastante antidemocrática; la irresponsabilidad es del Grupo
mayoritario de esta Cámara, que a nosotros ya nos ha convencido
de que las mujeres seguimos siendo moneda de cambio en su
política, que realmente es un adorno el seguir llevando en un
programa electoral la interrupción voluntaria del embarazo y la
ampliación de este derecho, de cara a las mujeres, pero que, a la
hora de la verdad, aquí no se ve el resultado, y hoy, que debería
ser un día de satisfacción porque estamos dando solución a un
problema social, realmente, es un problema de frustración, no
para nosotros, sino para las mujeres. Porque este Grupo, desde
luego, cansado no está. Seguiremos reivindicando y luchando por
un derecho que nos corresponde y que nadie, absolutamente nadie,
nada más que las mujeres, tiene derecho a juzgar.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (El señor
Presidente ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas al dictamen del
proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Enmiendas del Grupo Popular.
Enmiendas números 30, 31, 32 y 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 143; en contra, 174; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 131; en contra, 187; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Enmiendas números 8 y 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 17; en contra, 300; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 6, 7 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos
320; a favor, 14; en contra, 177; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 320; a favor, 141; en contra, 172; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán.
Enmienda número 28, del señor Molins.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 321; a favor, 147; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 24, del señor Cardona y otros señores Diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 15; en contra, 169; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Catalán, del señor Cardona y otros
Diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322, a favor, 12; en contra, 303: abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 319; a favor, 142; en contra, 171; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión.
No habiéndose solicitado la votación separada de ninguna de las
partes del dictamen, la votación del mismo será también la
votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica
de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 180; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados el dictamen y el proyecto
de ley orgánica en votación de conjunto. (Aplausos en los bancos
de los Grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.)
-- INFORME DE LA PONENCIA CREADA EN EL SENO DE LA COMISION DE
EDUCACION Y CULTURA, ENCARGADA DE ELABORAR EL ESTUDIO Y
SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO OCURRIDOS EN CARRETERA
POR LA PRACTICA DEL CICLISMO, SUS CAUSAS Y RECOMENDACIONES PARA
LA PREVENCION Y CORRECCION DE LOS MISMOS, HACIENDOLA EXTENSIVA A
OTROS ELEMENTOS DEBILES DEL TRAFICO (Número de expediente
154/000016)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Informe de
la Ponencia creada en el seno de la Comisión de Educación y
Cultura, encargada de elaborar el estudio y seguimiento de los
accidentes de tráfico ocurridos en carretera por la práctica del
ciclismo, sus causas y recomendaciones para la prevención y
corrección de los mismos, haciéndola extensiva a otros elementos
débiles del tráfico.
Para presentar el texto de la Ponencia, tiene la palabra el señor
Martín del Burgo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la presidencia.)
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, quiero dar la bienvenida, en la tribuna de invitados, a
ilustres comparecientes, colaboradores de la Ponencia, de la
Federación Española de Ciclismo, del sector del automóvil, de la
Asociación Nacional de Ciclistas Profesionales, de los propios
afectados, del Consejo Superior de Deportes, de las
administraciones públicas y de la propia empresa pública.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Martín
del Burgo.
Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, como dijera Eddy Merckx, «solo se hace bien aquello que
se estima», refiriéndose a este singular deporte del ciclismo. La
Ponencia, los grupos parlamentarios, este Diputado relator, no
hemos escatimado medios ni tiempo ni recursos en orden a
presentar hoy, en este trámite ante el Pleno de la Cámara, un
adecuado paquete de recomendaciones para la prevención y
corrección de los índices de siniestralidad ocurridos en vías
urbanas e interurbanas como consecuencia de la práctica del
ciclismo.
Así, hemos tenido un año de labor, de análisis, de estudio, de
seguimiento y de atención a los trabajos de la Ponencia. Respecto
de la naturaleza de los trabajos, primero, en el trámite
informativo, desde cinco ángulos, tengo que decir a SS. SS. que
han pasado por la Ponencia casi un centenar de cualificados e
idóneos comparecientes. Quiero significar entre ellos a una
veintena de ciclistas españoles, entre los que se encontraban
Olano, Pedro Delgado, Cavestany, Chozas, Cubino, Fuente, Julio
Jiménez, Laguía..., hasta veinte; cicloturistas, peñas y clubes,
sector del automóvil, afectados (doña María Teresa de Palacios
Salvador, que nos acompaña en la tribuna, viuda de un
cicloturista fallecido, de Sam Pere de Ribes, aportó 27.800
firmas como aval de su campaña de denuncia y de reclamación de
medidas, campaña que, bajo el epígrafe «Basta de muertes en
carretera», ha tenido una repercusión importante y notable en los
medios de comunicación), los propios medios de comunicación, los
profesores universitarios comparecientes, las autoridades de los
poderes públicos, de las administraciones, federaciones y empresa
pública. Señorías, en definitiva, la sociedad, la ciudadanía, los
afectados, los actores, todos han sido los auténticos
protagonistas de este trabajo.
Ha habido un capítulo de viajes: a la Vuelta Ciclista a España, a
la ciudad de Vitoria, y seguimiento de pruebas deportivas. Hemos
estudiado la bibliografía, la documentación y la normativa
vigente en España y en los países de la Unión Europea y hemos
tenido, siendo importante destacarlo, un respaldo considerable de
la sociedad a través de escritos de apoyo, de aportaciones y de
sugerencias, de publicaciones en prensa y noticias en medios,
radio y televisión.
Señorías, la bicicleta es el vehículo de transporte más
generalizado del planeta: 800 millones de bicicletas frente a
algo más de 400 millones de automóviles. Asia, señorías,
transporta a más personas en bicicleta que todo el parque mundial
de automóviles. En China, por ejemplo, se compran al año más
bicicletas que automóviles en el resto del mundo. La bicicleta no
solo se utiliza en Asia, sino que en Holanda o Dinamarca es el
medio de transporte habitual de muchas ciudades. Esta cultura se
propaga y arraiga progresivamente, no siendo ajena España como
país a este fenómeno.
A mayor número de ciclistas y de cicloturistas en zonas urbanas y
en carreteras, las probabilidades de siniestros y accidentes
aumentan en proporción directa. Así, la bicicleta presenta un
coeficiente de gravedad por accidentes mortales superior a la
media.
Señorías, desde 1990 a agosto de 1995, las carreteras y vías
españolas se han cobrado más de 747 muertos y unas 16.192
víctimas, y precisamente en agosto del año en curso fue cuando
fallecía, fatalmente, el hermano del compañero Diputado Luis
Pérez. Nuestro afecto
y solidaridad con él y su familia. No erramos, señorías, si
adelantamos que, a 31 de diciembre de 1995, carreteras y vías
urbanas se cobrarán, aproximadamente, 800 víctimas mortales y
unas 17.000 accidentadas.
Si a este dato preocupante en sí, unimos la tendencia al alza del
número de practicantes de este deporte (las fuentes informantes
calculan en unas 700.000 personas el número de cicloturistas y de
ciclistas que salen a las carreteras cada fin de semana), todo
ello nos remite al hecho incontestable de que se hace precisa la
integración de los ciclistas en carretera bajo fórmulas más
seguras, sin perturbar el rodar ordinario del resto de vehículos.
Esta Cámara ha dado una pedalada decidida hacia nuestro objetivo
final: una circulación deportiva más segura, rechazando la fácil
tentación de esgrimir otras preocupaciones, otras tareas, otras
prioridades. Hemos estudiado el problema para diagnosticarlo,
primero, y recetar después. El Congreso ha estado a la altura de
las circunstancias. De estar ocupado en otros menesteres
ciertamente no menos relevantes, hemos pasado a ocuparnos de la
seguridad vial por la práctica del ciclismo, solidarizándonos con
el más débil y frágil. Señorías, el Parlamento ha conectado con
los intereses y preocupaciones de la sociedad, lo que revalida la
soberanía popular y la semblanza democrática de esta Cámara. A
saber: Primero, por esas casi 30.000 firmas de adhesión y
reclamación en la toma de medidas que han encontrado cobijo en
sede parlamentaria en la Comisión de Peticiones y en la Ponencia
parlamentaria; segundo, por el centenar aproximado de
comparecientes y el respaldo social que son su expresión mas
genuina.
Este trabajo parlamentario puede ejercer la necesaria función
sustitutiva de cualquier conato de enfrentamiento violento,
haciendo las veces de instrumento desactivador de crispaciones en
el tráfico rodado, favoreciendo actitudes de comprensión, de
respeto y de tolerancia, frente a los excesos que pudieran
cometerse y que pretendemos corregir, favoreciendo, primero, una
tipología sosegada de la conducción y, segundo, la sustitución de
la incompatibilidad entre automóvil y bicicleta por una
convivencia más armónica y de respeto recíprocos.
La Ponencia al presentar este informe dictamen, desde la Comisión
de Educación y Cultura, ha pretendido y pretende en todo momento,
defender el interés general de todos los que, al volante de
automóvil, o sobre el caballo de hierro, circulan por vías,
carreteras y ciudades. La carretera es de todos. Ni quitamos, ni
ponemos rey, pero ayudamos a nuestro señor, a la seguridad vial,
y al más débil, como podía expresarse Bertrand Duguesclin en los
Campos de Montiel, de mi tierra castellano-manchega, y siguiendo
una concepción aristotélica de la decisión política.
El ciclismo, señorías, es un deporte muy exigente por su dureza,
atractivo por su belleza, con la oportunidad de practicarlo al
aire libre, en torno a un crisol de paisajes y de territorios,
arriesgado por la fragilidad del ciclista en carretera o en
ciudad, con la magia y riesgo de esa práctica. A la satisfacción
de avanzar propulsado por tu propio cuerpo en el rodar en el
equilibrio sobre dos ruedas, se corresponde la zozobra que
comporta el implícito riesgo de la marcha por vías y carreteras
en base a dos asertos: los riesgos de las mezclas de tráfico,
vehículos a motor y bicicletas, ciclistas; la libertad de
circulación desde el principio ineludible e irrefutable de la
fragilidad personal del ciclista.
El Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación
Vial, analizando la accidentalidad de los vehículos de dos
ruedas, constata que el total nacional de víctimas y de muertos
en carretera y zonas urbanas, muestra un descenso significativo
en la mortalidad y la accidentalidad de los ciclomotores y
motocicletas. Por contra, los de las bicicletas se mantienen o
aumentan.
Dicho Consejo Superior, aun reconociendo que no se dispone de
estudios precisos para determinar cuáles pueden ser las causas de
la no disminución de la accidentalidad de los usuarios de las
bicicletas, anota tres factores como determinantes: aumento del
uso de la bicicleta normalmente con finalidad deportiva o de
ocio; poco respeto del resto de los usuarios de la carretera a
los usuarios más débiles, los ciclistas: poca atención prestada
por los ciclistas a la normativa recogida en el Reglamento
General de Circulación.
Señorías, dos figuras míticas se expresaban así al hablar de los
riesgos y de la necesaria templanza y prudencia en este deporte.
Bernard Hinault sentenciaba: «Se debería poder tocar el piano
mientras se va en bicicleta.» Era partidario de utilizar
adecuadamente corazón, piernas y la cabeza para discurrir por el
asfalto; siempre consciente y razonado; el ritmo en las piernas;
la consciencia en la cabeza, el respeto a las normas y a la
prudencia.
Jaques Anquetil afirmaba: «No hay nada más sencillo que ponerse
el calzón elástico, el maillot y los guantes, atarse los zapatos,
llenar una cantimplora, hinchar los neumáticos, comprobar que
todo funciona y salir a la carretera con el corazón lleno de
alegría ante la idea de un recorrido atractivo.» Pero hay que
regresar, señorías. Las recomendaciones que hoy aprobamos
apuntalan este paseo deportivo con deseable billete de ida y
vuelta. Las varias decenas de actuaciones que, como
recomendaciones sometemos a la aprobación del Pleno de la Cámara,
señorías, van desde la educación vial, hasta las campañas
informativas, disuasorias y preventivas que, como pedagógicas, se
proponen. La situación, efectivamente, no es buena, pero las
medias que se proponen son las adecuadas.
Este paquete de recomendaciones conforman, señorías, la
arquitectura de la seguridad vial, objeto de la Ponencia, desde
la ingeniería de la eficacia y de la eficiencia, según estos ocho
bloques de actuaciones a desarrollar: Una educación vial más
acorde acentuándola
en el sistema escolar y en la formación en autoescuelas, nuevos
comportamientos viales en carretera y vías urbanas hacia una
seguridad vial del siglo XXI que pretende subvertir la
inapropiada por superada en el tiempo, cultura vial de nuestro
país, que data de los años treinta, fecha en la que se aprobaba
el extinto, en parte, Código de Circulación, y que dice algo así
como que la carretera está diseñada para los automóviles y que el
resto de los elementos que discurren por ella son considerados
como elementos extraños.
Proclamamos, pues, la necesidad de adaptar el real decreto
legislativo sobre texto articulado de la Ley de Tráfico y
Seguridad Vial y el Reglamento de Circulación a esta realidad
emergente de la práctica del ciclismo. Este apartado supone
varias decenas de medidas, campañas divulgativas y disuasorias,
circulación en paralelo, vehículos de protección, tutela del
menor, nueva distancia de seguridad, prioridades en el tráfico,
controles de alcoholemia, etcétera. Un capítulo dedicado a las
infraestructuras para adecuar y mejorar nuestras vías y, en su
caso, complementarlas con itinerarios propios y alternativos para
ciclistas, así como los carriles para la práctica del ciclismo.
Se persigue diseñar paulatinamente itinerarios más seguros. Una
quincena de recomendaciones concretas, utilización de vías de
ferrocarril en desuso, carreteras preferentes secundarias en
fines de semana, como contrapartida a la posibilidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le ruego que vaya
concluyendo, por favor.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Concluyo, señor Presidente.
... de que circulen los ciclistas por vías de tráfico denso y
peligroso, la utilización de los arcenes, medidas de seguridad y
garantía para el deportista practicante del ciclismo, la
participación de representantes del sector en el Consejo Superior
de Tráfico, el uso de la bicicleta en nuestros espacios, la
protección del peatón, la presencia de patinadores en zonas
urbanas --y voy concluyendo, señor Presidente, señorías--;
actuaciones que incidiendo sobre el fenómeno, lo corrijan desde
la consideración polisémica de los significados y planos tanto
del ciclismo como de la circulación.
Empero no sería justo ni apropiado terminar esta presentación y
defensa de las propuestas de la ponencia sin dedicar un capítulo
de agradecimiento y de reconocimiento. A los grupos
parlamentarios, por la confianza depositada en este Diputado
rolador, confianza expresada día a día tras un año de trabajo por
los compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas que me han
acompañado y colaborado notablemente en la responsabilidad; a los
técnicos y administrativos adscritos a la Ponencia por el interés
mostrado hacia y para un trabajo bien hecho; al casi centenar de
comparecientes, por su inmediata respuesta positiva para
colaborar en las tareas de la Ponencia y sus acertadas opiniones
que nos han ilustrado.
Termino, señorías, nadie pierde otra vida que la que vive y no se
vive más vida que la que se pierde. Si del resultado y aplicación
de estas recomendaciones que proponemos resultara la fortuna de
salvar la vida de una persona, habrá merecido la pena el trabajo
parlamentario y la atención y apoyo que SS. SS. nos brindan.
Muchas gracias, señor Presidente, y perdón por la premura.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar a los compañeros
parlamentarios por su apoyo a la aprobación unánime de este
informe, que consideramos vital para muchos deportistas y otros
aficionados y usuarios que tienen graves problemas para practicar
con seguridad uno de los deportes más hermosos, como es el de la
bicicleta, sobre el que ha existido y existe una gran tradición
en todo el territorio. A nadie se le escapa los cambios
vertiginosos en que nos hemos visto inmersos las sociedades
occidentales en lo que se refiere a los cambios de
infraestructura, urbanización, aplicación de nuevas tecnologías,
utilización de nuevos recursos naturales, en una sociedad que
cada vez demanda una mayor protección del medio ambiente y unas
prácticas más sanas en contacto con la naturaleza.
En esta vorágine de contradicciones se impone que desde los
poderes públicos se creen una serie de mecanismos que hagan
posible el desarrollo pleno de la cultura de la bicicleta, en
definitiva una cultura próxima a la ciudad del siglo XXI, donde
imperen los carriles para las bicicletas, el uso del vehículo
público, el peatón, el respeto al débil en la carretera, la lucha
contra la contaminación, en definitiva una ciudad mucho más
humana.
Para aproximarnos lo más posible a esta utopía deseada por la
mayoría, se parte de iniciativas como la que se va a tomar aquí
hoy. Lo que pretendemos es concienciar a la población, a la
opinión pública en general, para que se cree un poso, una semilla
que fructifique entre los diferentes sectores, administraciones,
policías autónomas, organizaciones de cicloturistas, pero sobre
todo entre los conductores de automóviles y vehículos pesados,
para que los practicantes del deporte de la bicicleta puedan
circular sin necesidad de sentir que cada vez que toman una
carretera se van a jugar la vida. La nada despreciable cifra de
600 muertos y 11.000 heridos, usuarios de bicicletas en carretera
y en vías urbanas, son el vivo reflejo del lugar que
ocupan en el actual Código de Circulación, que anticipo ya que
habrá que modificar, y, lo que es más grave, del lugar que ocupa
el ciclista en la mente del conductor del automóvil y de la
sociedad.
Medidas como la necesidad de ampliar los carriles para las
bicicletas en todo el territorio del Estado, tanto por las vías
urbanas como para las carreteras; la necesidad de fijar una
normativa por la que todas las nuevas carreteras que se
construyan tengan un carril para bicicletas; establecer rutas
específicas con limitación de velocidad y control del tráfico,
dando preferencia al ciclista, con el consiguiente seguimiento
por parte de las policías locales y autonómicas y sus
correspondientes sanciones administrativas; la prohibición del
adelantamiento a un ciclista en carretera cuando exista línea
continua; la limitación del uso del transporte terrestre pesado
durante los fines de semana, como existe en otros países
europeos, para reducir al máximo los accidentes, son algunas de
las que consideramos vitales para impulsar esta nueva concepción
de la seguridad vial.
Planteamos la respuesta política a una nueva cultura que ya está
arraigando en nuestra sociedad y que entiende que también debe
usarse la carretera con una vertiente de ocio y deportista, ya
que la carretera está en la naturaleza. Se plantea, por tanto,
una revisión del concepto del uso de las infraestructuras
viarias, de la necesidad de redactar un Código de Circulación
acorde con los usuarios de la carreteras y con las nuevas
demandas sociales y, sobre todo, de conseguir una actitud más
solidaria y cívica entre todos los ciudadanos cuando nos lanzamos
a la carretera.
En la Ponencia se ha hecho un trabajo serio, un trabajo riguroso,
donde se han podido expresar los pareceres sobre esta cuestión
por los representantes de todos los sectores que pudieran verse
directa o indirectamente afectados, desde representantes de
organizaciones de cicloturistas, pasando por ciclistas
profesionales, representantes de las administraciones públicas,
policías de tráfico, sociólogos, etcétera. Todos ellos han
aportado una experiencia como testigos directos de la
problemática.
Otro de los factores importantes que es necesario emprender, y
que concuerda con el planteamiento inicial, es el de que todos
tenemos algo que aportar, no sólo es labor de los legisladores o
de los poderes públicos, sino de los padres, de los educadores,
de los conductores, de Protección Civil, de las federaciones de
ciclismo, etcétera. Es necesario realizar una labor padagógica
profunda, partiendo desde los más pequeños en las escuelas, así
como efectuar campañas divulgativas y persuasorias entre la
sociedad desde la Dirección General de Tráfico, las comunidades
autónomas y las corporaciones locales.
No obstante, desde el Grupo Parlamentario Vasco consideramos que
todas estas medidas son insuficientes. Es importante ir un poco
más allá. Sería un buen momento para que un deporte como el de la
bicicleta, cada vez con mayor aceptación entre la gente joven,
recibiese un mejor tratamiento y pudiera incluirse como deporte
escolar, con el tratamiento que en la educación reciben otros
deportes como el fútbol o el baloncesto, con las consiguientes
subvenciones y tratamientos específicos, disponibilidad de
espacios urbanos, rutas señalizadas y circulación protegida de la
bicicleta.
El Grupo Vasco proponía, pero no ha sido atendido así por los
demás Grupos de la Ponencia, que la pedagogía de la bicicleta
debe estar integrada en la campaña del deporte escolar e
impartida por monitores especializados que compaginen la teoría
con la práctica. Estos monitores podrían contar con asistencia de
federaciones y autoridades de tráfico, pero siempre integrados en
el programa del deporte escolar.
Sin embargo, sí hemos encontrado audiencia en otras proposiciones
como la creación, a modo de experiencia, de ciudades piloto que
integren un modelo de tráfico que compatibilice la circulación
peatonal, el transporte a motor y la bicicleta, estableciendo
vías especiales para cada uno. Estas ciudades piloto deberían ser
de tamaño medio y en ellas se realizarán inversiones para la
creación de vías que incentiven el uso de la bicicleta. Las
citadas inversiones serían financiadas por el Estado, las
comunidades autónomas y los fondos europeos.
El Grupo Vasco quiere mostrar su satisfacción porque el informe
de la Ponencia recoge en gran medida las aportaciones de las
asociaciones y deportistas del cicloturismo, porque de esta
manera se reconoce la importancia de la participación ciudadana y
el seguimiento que desde Euskadi se está realizando sobre esta
cuestión. Somos partidarios de aprovechar este impulso ciudadano,
que el Parlamento ha sabido captar en esta oportunidad, para que
los legisladores tengan en cuenta en adelante la experiencia
acumulada en nuestra sociedad entre los usuarios de la bicicleta
como medio de transporte o como instrumento de ocio.
Por encima de todas las consideraciones realizadas donde más
debemos insistir es en las conclusiones de esta Ponencia en
materia de seguridad, no sólo en lo que afecta a la seguridad que
debe de asumir para sí mismo y para otros el propio ciclista, en
función del axioma «respétate para que te respeten», sino,
además, en la seguridad de que se debe de apoyar al ciclista, por
ser un usuario más de la carretera, dándole el reconocimiento
preferencial en la vía pública como sujeto más débil frente a
todos los demás usuarios.
Hemos insistido en medidas que consideramos clave, como es la
utilización del casco protector, la circulación en paralelo, la
existencia de arcenes limpios y la creación de rutas específicas
para la bicicleta, e insistimos también en reclamar una
protección esencial para el ciclista por parte de la sociedad.
Esta iniciativa debe ir acompañada del aseguramiento de su propia
persona y del de la bicicleta, bien sea a través de federaciones,
asociaciones deportivas o mutualidades. Se debe buscar una
fórmula de aseguramiento que proteja la vida de la persona y los
bienes, tanto si se está federado
como si es un simple usuario de la bicicleta para transporte o
uso recreativo.
Finalmente, insistiremos en la responsabilidad política que
contrae hoy el Gobierno ante el acuerdo unánime contenido en la
aprobación del informe de esta Ponencia. Es hora de ponerse a
trabajar en la educación y modificación de un código de
circulación desacorde con los tiempos y con el disfrute deportivo
de la carretera. El Grupo Vasco estará vigilante y a la espera de
que sea el ejecutivo quien tome iniciativas en el desarrollo y
compromiso político que hoy asume este Parlamento.
De todas formas, anunciamos desde ahora la toma en consideración
de iniciativas que ayuden a adecuar la legalidad vigente a la
nueva cultura presente en nuestra sociedad que desea usar y
disfrutar en libertad de su carácter de ciclista y de peatón.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Señor Presidente, señorías, por parte de
nuestro Grupo entendemos que este informe de la Ponencia,
encargada de elaborar el estudio y seguimiento de los accidentes
de tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo,
atendiendo a sus causas y a las recomendaciones que en el informe
figuran, supone una aportación positiva para afrontar la
problemática y establecer soluciones.
A partir del análisis de la situación actual y la recopilación de
datos como, por ejemplo, la evolución de los índices de
peligrosidad y mortalidad en la red de carreteras del Estado,
reflejados en los cuadros estadísticos correspondientes, los
miembros de la Ponencia podemos presentar ante este Pleno toda
una serie de recomendaciones y propuestas que deberán ser tenidas
en cuenta a partir de ahora, con el fin de avanzar en la solución
y, en todo caso, en la aminoración del problema.
La educación y la mayor seguridad vial, la utilización del casco
protector, por ejemplo, las necesarias actuaciones tendentes a la
mejora de las infraestructuras, como es el carril-bici, que es
otro ejemplo que en varias ciudades está en uso, son medidas
debidamente detalladas en el informe y a las cuales se tendría
que prestar la debida atención.
Nuestro Grupo quiso aportar también que se tuviese en cuenta la
protección del peatón, especialmente por los ayuntamientos,
adoptando las medidas necesarias para garantizar la configuración
y diseño de los itinerarios para peatones que protejan su
prioridad frente a cualquier vehículo, como recoge el informe.
También los patinadores de zonas urbanas habrán de dotarse de
equipamiento adecuado, para poder ser identificados por otros
elementos de tráfico.
Todos los Grupos hemos aportado nuestra visión del problema y
sugerido las soluciones y medidas que entendimos más convenientes
y adecuadas. En definitiva, el informe supone un esfuerzo común
de todos y nuestro Grupo, lo decimos con toda sinceridad, se
siente satisfecho, como suponemos que se sienten todos los Grupos
y miembros de la Ponencia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Simó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es
que viene hoy al Pleno de la Cámara un trabajo colectivo
realizado durante bastante tiempo. A mí me gustaría poder
comunicar a todas SS. SS. con qué voluntad fue el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a este trabajo, cuál
era la visión que teníamos antes de iniciar el trabajo y cómo
paulatina y progresivamente, conforme íbamos avanzando, fuimos
entrando en contacto con una realidad que era más profunda de lo
que podía parecer a simple vista. Una propuesta para estudiar
cuáles eran las causas de los accidentes de tráfico ocurridos por
la práctica del ciclismo parecía que era una cosa muy
circunscrita a un número de personas muy limitado.
Después de verlo, el principio de funcionamiento sería aquel con
el que Manuel Vázquez Montalbán termina su libro «El panfleto
desde el planeta de los simios», en el que analiza la realidad de
estas situaciones de nuestros propios ciudadanos en el universo.
Termina diciendo: «No hay verdades únicas, pero aún es posible
orientarnos mediante verdades posibles contra las no verdades
evidentes. Se puede ver parte de la verdad y no reconocerla, pero
es imposible contemplar el mal y no reconocerlo. El bien no
existe, pero el mal me parece y me temo que sí.» Es la realidad
que hemos podido constatar en todo este trabajo.
Me gustaría también hacer referencia a cuál ha sido el tipo de
trabajo realizado por esta Ponencia. Creo que es una de las
nuevas dinámicas que el parlamentarismo deberá empezar a abrir al
próximo futuro, una dinámica nueva, una relación de los diputados
y sus grupos con la sociedad que tiene y vive un problema y ella
misma plantea los caminos, las sendas, para superarlo. Este tipo
de trabajo une al Parlamento con la sociedad, une con toda esa
realidad organizada en función de demandas concretas, de
realidades concretas. Aquí parece que en el Parlamento discutimos
de grandes teorías alejadas de la realidad. Este es un momento en
el que el Parlamento se ha abierto a una realidad constante.
Valgan las cifras o valgan las realidades que hemos podido
analizar.
Cuando hablamos de bicicletas y coches, puede parecer a simple
vista que hay una dinámica confrontada, que hay unos accidentes
provocados por una actuación más o menos equivocada en el uso de
la propia bicicleta. La realidad que nos hemos encontrado es que
en el
año 1994 el número de víctimas, de conductores implicados en
accidentes de carretera, ha sido de 1.229, de las que 542 no
habían cometido ninguna infracción, y que el volumen mayor de
personas que podían tener relación con estos accidentes se
producía por una conducción distraída o por una incorrecta
utilización de la propia bicicleta. ¿Qué es lo que está pasando?
El número mayor de accidentados no son solamente profesionales,
son menores de 17 años, personas que no dominan la bicicleta, son
personas que salen esporádicamente y que no entran en contacto
con lo que debiera ser una cultura distinta de la carretera.
Creo que aquí hace falta plantearnos un problema, que es lo que
propone la propia Ponencia: una nueva cultura vial. Las
insfraestructuras, las carreteras, la realidad debe ser entendida
como un modo de transportarnos que pueda ser usado por todos los
ciudadanos, utilicen coche, utilicen bicicleta u otro medio. Las
carreteras no son solamente para los coches. Esa es una de las
mayores conclusiones que hemos podido sacar. Hay que invertir en
infraestructuras, hay que invertir en adecuar las
infraestructuras actuales, hay que invertir para que sea posible
usar las nuevas, porque hoy empieza a crecer en nuestras ciudades
el uso de la bicicleta como modo de transporte, el uso de la
bicicleta como ocio y el uso de la bicicleta como una actuación
semiprofesional o profesional para prepararse o para entrenarse
las personas que después van a vivir profesionalmente de ella.
Yo creo que el trabajo que se ha traído aquí tiene esos tres
grandes desniveles que comprometen a este Parlamento y que deben
comprometer después de aquí a los gobernantes: a los gobernantes
a nivel de Estado, a los gobernantes en las comunidades autónomas
y a los gobernantes en los municipios. Pero, sobre todo, hay que
señalar que no son indicaciones sólo para los gobernantes, sino
que nos implican y comprometen a toda la sociedad, a todos los
ciudadanos.
Hay cuatro bloques de consideraciones. Primero, infraestructuras:
órdenes para dedicar mayores recursos para mejorar lo que son
ahora mismo los carriles bicis, los arcenes, las condiciones en
que se pueden usar, que haya mayor oferta o recorridos marcados
con mejores condiciones. Segundo, normas de seguridad: de qué
manera debe circularse, cómo tenemos que tener garantía de
seguridad de las personas que van en bicicleta, el uso del
paralelo y en qué condiciones debe usarse, las condiciones para
adelantar, toda una serie de normas que van a significar
modificaciones normativas y de uso en los propios ciudadanos.
El tercer bloque y el más importante que yo he encontrado es el
tema de la formación y la educación vial; formación y educación
vial no para aplazar sine die, sino que el compromiso de la
ponencia es desde ya. No se trata de que los Diputados queden
bien. No se trata de decir: que se meta en la educación vial y ya
les enseñaremos a los niños en deporte escolar o en educación
vial dentro de la escuela en la hora que le toque, y pretender
que con eso ya hemos solucionado el problema. No es así. Se
introduce un concepto de educación mucho más amplio: en las
autoescuelas, en las campañas de información, en la educación
transversal proyectada hacia el exterior, en la educación
incorporada como materia, en los parques infantiles de las
instituciones; es un concepto de educación proyectado después a
toda la realidad organizada fuera de la etapa educativa. Todo
ello se recogería en esa campaña de información divulgativa que
íbamos a hacer, en la que hay que reconocer --lo decía el
Presidente de la ponencia-- que hemos encontrado un eco muy
importante entre todos los practicantes. Todos los profesionales
que comparecieron estaban dispuestos a participar, a decir lo que
podía ser comprometerse con invitar a los ciudadanos a usar la
bicicleta y usarla en las mejores condiciones. Estaban dispuestos
a participar en esas campañas de divulgación, en esas campañas
informativas. Estaban dispuestos, a partir de su práctica, a
invitar a los ciudadanos, que los utilizan como ídolos, que los
utilizan como modelos a seguir, a tomar esas medidas de
seguridad.
Por último, una serie de compromisos que yo creo que fueron
importantes que se centraban en experiencias para recuperar vías
no usadas, vías que Renfe estaba usando, vías terrestres no en
uso, para fomentar la ocupación del ocio que hacemos los
ciudadanos. Se trata de incrementar esa oferta, porque no es lo
mismo el uso de la bicicleta de montaña, para ir de paseo un fin
de semana los niños, el padre y la madre, que la otra realidad
que pudiéramos tener.
Termino diciendo que hay un compromiso, porque se empieza a
recuperar esto. Yo tengo aquí una guía del ciclista de cuando era
mozo. Los dibujos están hechos por la Dirección de Tráfico. Aquí
se dan unas normas para circular, normas de la propia bicicleta,
las condiciones que debía tener la bicicleta; del tráfico, las
señales de tráfico. En suma, era una guía del ciclista, una guía
de la bicicleta. Pues bien, este es otro de los compromisos de la
ponencia: que se vuelva a recuperar esto para que en los focos de
distribución de las bicicletas todos los ciudadanos que usen una
máquina reciban estos conocimientos. Este compromiso se iba a
llevar a cabo a través de las Administraciones y de las
federaciones.
En suma, creo que es una satisfacción haber participado durante
un año en este trabajo. Hemos conocido un mundo que yo tengo que
reconocer que no conocía, donde hay un mundo de solidaridad
permanente en el funcionamiento y en el uso de las
infraestructuras, el disfrute y la profesión --muchos viven de
este uso-- y tengo que reconocer a SS. SS. que el voto afirmativo
no es ni más ni menos que una continuidad. Estoy convencido de
que haremos un seguimiento, como propone la propia ponencia, a
todo lo que aquí se apruebe. No es un canto al sol. Es un
compromiso de todos los grupos y de toda la sociedad para que
cada vez haya más bicicletas en la calle y menos accidentes
de ciclistas en el uso de este deporte o esta manera de vivir que
cada vez va ganando más adeptos, sobre todo en la población
joven.
Nada más señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor Presidente.
Hace un año y un día que se constituyó la ponencia que hoy
concluye sus trabajos. Iba a coincidir esta sesión plenaria con
el debate de propuestas de resolución sobre el Plan director de
infraestructuras, que ha quedado aplazado.
Decía hace un año, y repito hoy, que la seguridad vial depende,
en primer lugar, de las características técnicas, estado y
señalización de la red viaria. Hoy agrego: pero también es
fundamental para dicha seguridad el respeto y la educación vial,
consideradas básicas y resaltadas por la práctica totalidad de
los comparecientes e incorporadas dentro de un apartado
específico de recomendaciones de la ponencia.
Nuestro Grupo echó en falta en su día en el primer Plan general
de carreteras las vías complementarias de las autovías por las
que discurriera el tráfico local y el tráfico lento, omisión
posteriormente rectificada en parte con las vías de servicio
complementarias.
Considero éste un magnífico momento para introducir en el Plan
director de infraestructuras las recomendaciones que sobre
investigación de accidentes, sobre circulación de bicicletas y
ciclomotores y sobre seguridad vial propone esta ponencia y ha
ratificado la Comisión de Educación. Cumpliremos, además, la
propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento
Europeo acerca de la prioridad de que deben gozar en toda acción
de seguridad vial los más vulnerables --peatones, ciclistas,
ciclomotores--, expuestos a riesgos más elevados en la
circulación por carretera.
Estudios técnicos recientes concluyen que mezclar en una misma
vía concebida para gran intensidad y tráfico de largo recorrido
vehículos tan dispares como automóviles y bicicletas no es
aconsejable por razones de seguridad. Por ello, en principio,
siempre es recomendable la existencia de una vía de gran
capacidad para medias y largas distancias, separada de la
carretera existente, la cual debe dejarse para el tráfico de
corta distancia y para los vehículos lentos.
Pero hemos de tener en cuenta que si bien ésta es la solución
óptima, las consignaciones presupuestarias --y aquí están
nuestras aportaciones sobre señalización e infraestructura que
han sido aceptadas e incorporadas en las recomendaciones de la
ponencia-- para construcción, mejora y conservación de la red
viaria son insuficientes para afrontar por las distintas
Administraciones titulares de aquélla con la urgencia que demanda
el incremento de tráfico. Por ello se hace preciso priorizar
actuaciones y, entre tanto, es necesario mejorar las condiciones
de la inevitable e ineludible convivencia en la mayor parte de
nuestras carreteras del ciclista con el conductor de vehículo de
motor.
Para dicha convivencia, decíamos, es fundamental la educación
vial. Una sorpresa para mí fue que, pese a lo obsoleto de nuestro
anterior Código de Circulación, en su artículo 7, hoy todavía
vigente, dice: El profesorado de todas las escuelas y colegios,
tanto oficiales como particulares, está obligado a enseñar a sus
alumnos las reglas generales de la circulación y la conveniencia
de su perfecta observancia. El Ministerio --decía-- de
Instrucción Pública --hoy de Educación-- dictará las oportunas
disposiciones que aseguren la conveniente vigilancia en el
cumplimiento de este precepto. Simplemente debe recordarse al
Ministerio de Educación y Ciencia su aplicación.
Frente a esta actualidad del viejo Código, y como contraste, el
recentísimo Reglamento General de Circulación de 1992 olvida
prácticamente la realidad de la bicicleta y su expansión, pues en
su amplísimo anexo de señales tan sólo incluye dos dedicadas a la
bicicleta y al ciclista.
Debemos tener en cuenta que si el fenómeno Santana inició el
«boom» del tenis como deporte hace ya bastantes años, sus
practicantes lo hacen en terreno acotado, mientras que el
fenómeno Indurain y de otros ciclistas ha provocado la tremenda
expansión del ciclismo como un deporte cuyo terreno de juego es
en muchos casos la carretera. De ahí la necesidad de
actualización del modernísimo reglamento de circulación.
Se habla de cifras de bicicletas vendidas, importadas o
nacionales, de miles de ciclistas circulando por carreteras, en
especial los fines de semana, pero lo cierto es que no existen
control ni estadísticas fiables de todo ello, como tampoco sobre
las causas de los accidentes, mortales o no, de los ciclistas en
carretera. El logro de estos datos permitirá proyectar mejoras
racionales en nuestra red para la circulación de los ciclistas y,
con ello, de la seguridad.
Para concluir diré que elemento fundamental en la mejora de la
seguridad, hoy y en el curso del año 1995 --con cifras
desgraciadamente no tan alentadoras como en los años
inmediatamente anteriores--, son las campañas divulgatorias, y en
ello pueden ser claves nuestros ciclistas que, como el resto del
casi centenar de comparecientes, han contribuido de manera
esencial a la elaboración de nuestras conclusiones. El consenso
final nos lleva, lógicamente, a apoyar todas las recomendaciones
y desear su pronta puesta en práctica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carreño.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Señor Presidente, señorías, todos los
grupos parlamentarios han coincidido en destacar que la ponencia
que en su día se constituyó dentro de la Comisión de Cultura y
Educación del Congreso, sobre los accidentes que se producen como
consecuencia de la práctica del ciclismo, ha tenido un amplio
consenso, no habitual en los tiempos políticos que corren. No voy
a insistir mucho más en ello. Tan sólo quiero destacar que la
metodología, el trabajo, la serie de personas que han ido pasando
por esta Comisión y han dado su aportación sobre todos los
elementos que, para ellos, eran fundamentales para evitar, en el
futuro y en el presente, los accidentes de circulación, ha sido
una perspectiva importante dentro de lo que significan las
comisiones de investigación de este Congreso de los Diputados,
que ha dado lugar a que hoy día podamos tener un diagnóstico --en
general, casi todos han coincidido-- preciso de por qué este
fenómeno está desarrollándose, cada vez más y con mayor peligro,
en España. Aquí también se ha señalado por todos los anteriores
intervinientes --el mismo relator de la ponencia así lo ha dicho-
- la importancia que tiene la práctica del ciclismo en los
últimos años en España, un poco en la tendencia europea. No hay
que olvidar que la bicicleta es fundamentalmente una cultura
europea, que ha sido pasada, después, a otro tipo de continentes,
como es el caso americano. Diríamos que los dos grandes deportes
culturales que forman parte de toda la universalidad son el
fútbol y la bicicleta, y en este sentido los europeos tenemos,
hoy por hoy, una gran consistencia desde el punto de vista
universal.
Señorías, en relación a los accidentes de tráfico, me gustaría
destacar que generalmente practicar un deporte --y SS. SS. lo
saben porque han practicado alguna vez uno-- siempre conlleva un
riesgo, el riesgo intrínseco al mismo deporte. Sin embargo, en el
caso de la bicicleta este riesgo es un poco superior, porque
depende de factores externos a la práctica en sí de este deporte
para que la accidentalidad aumente, que es lo que realmente ha
ocurrido en España en estos últimos años. Naturalmente, los
factores son muy diversos. Creo que la ponencia los recoge, pero
sobre todo hay un aspecto importante que es la perspectiva del
que conduce una bicicleta, del que conduce un coche. Incluso,
alguna vez, SS. SS. habrán observado la diferente perspectiva
entre ser conductor y ser ciclista. Normalmente, hay una
costumbre generalizada en nuestro entorno social de considerar
que la carretera pertenece un poco a los coches de circulación
rápida.
Por tanto, hay que tener un freno, una mentalidad, un sentido de
la proporcionalidad cuando se ve a un ciclista. La carretera es
de todos y por tanto el ciclista también tiene derecho a
utilizarla. Pero hay una perspectiva diferente cuando estamos en
un coche, en un vehículo de circulación rápida, de cuando estamos
en una bicicleta y por tanto tenemos la perspectiva de ese coche
que nos pasa a menos de un metro y medio, como señala el Código
de Circulación, cuando pita insistentemente, y eso entraña una
cierta dificultad para continuar con la práctica. En los últimos
tiempos no podemos echar la culpa sólo a los conductores, también
el ciclista comete --y eso se ha recogido en la ponencia--
errores que le cuestan en muchos casos la vida y en otros heridas
de gran consistencia.
Pues bien, señorías, de todas las intervenciones, de todas las
perspectivas que hemos tenido a lo largo de estos meses para
diagnosticar exactamente cuáles son las causas fundamentales de
esta aceleración en la siniestralidad de los que practican el
ciclismo, tanto profesionales como cicloturistas, yo me quedaría
con la intervención de aquel catedrático de psicología de tráfico
de la Universidad de Valencia, don Luis Montoro, que señaló a los
miembros de la ponencia, que hemos trabajado conjuntamente con
este espíritu de consenso que antes les destacaba, que los países
conducen como viven. Efectivamente, la circulación es un elemento
de análisis de cómo somos realmente. Ustedes tienen la
experiencia de haber ido a otros países de caos circulatorio --no
quiero citar aquí a ninguno-- donde traducen un poco lo que son,
la personalidad, las características culturales de ese pueblo. En
la circulación nos reconocemos un poco todos colectivamente, como
ciudadanos, como españoles, y esto es lo que se traduce a la hora
de ver a un ciclista, a la hora de practicar el deporte del
ciclismo o a la hora de ser conductor. Muchas veces es un
problema de mentalidad.
Bien es verdad que todos los comparecientes y nosotros mismos
hemos destacado tres características para solucionar el problema.
Naturalmente las características son siempre generales y
acertadas, pero muchas veces difíciles de definir en toda su
extensión. Hace falta más educación, siempre hace falta; es obvio
que en la seguridad vial y en la circulación se insiste --sobre
todo en los accidentes de tráfico de este país se ha hecho
siempre hincapié-- en que la educación es un elemento
fundamental. Pero la educación no se consigue de un día para
otro, es un proceso largo en las sociedades que al final se
traduce en una mentalidad, y esto es lo que vale la pena destacar
a la hora de los accidentes con el que siempre lleva la peor
parte en el choque entre el vehículo y el que monta una
bicicleta.
Después se ha referido también --y está recogido-- la ponencia,
dentro de estas grandes líneas que antes el relator nos
destacaba, a infraestructuras. Por parte de algunas comunidades
autónomas y del Estado ha habido una cierta incidencia en acotar
espacios donde los ciclistas puedan desarrollar esta práctica,
bien en algunas comunidades poniendo horarios fijos en
determinadas carreteras para que puedan en los fines de semana
dedicarse a esta práctica, bien ampliando arcenes y destacando
estos arcenes para que pueda el ciclista desarrollar su práctica
ahí, bien haciendo carriles-bici, tanto urbanos como entre
comunidades o entre municipios. Otros compañeros y comparecientes
de la ponencia han destacado las dificultades de los
presupuestos para desarrollar una capacidad de infraestructura
que pueda llevar a tener en paralelo vías para el ciclismo.
Como tercer factor, medidas legislativas, medidas sobre
señalización, sobre la necesidad, por ejemplo, de utilizar el
casco, más en las personas que hacen el cicloturismo que en los
profesionales --aquí hay una mayor discusión--, o la posibilidad
de circular en paralelo, por cuanto que el conductor, cuando ve a
dos ciclistas en la carretera, tiene un mayor freno hacia su
actividad de conducción que cuando ve sólo a una persona o cuando
se ve en línea a estos ciclistas. Estos problemas han sido
ampliamente debatidos y analizados.
Al final, señorías, como decía al principio, tenemos que destacar
el problema de la mentalidad. Como ocurre en tantas cosas en la
vida, vivimos una cierta contradicción en nuestra sociedad urbana
entre los que quieren descansar, los que quieren espacios para
viviendas y los que quieren espacios verdes. Estas
contradicciones que nos comporta el vivir en una sociedad urbana
se dan también en la práctica del ciclismo. Por eso, señorías,
hemos de saber que, de alguna manera, aunque esto pueda
representar un canto a la práctica del ciclismo, donde se
combinan elementos individuales, elementos de liderazgo, con
elementos colectivos --no hay líder sin equipo, ni equipo sin
líder, como diría aquel ciclista--, es importante que al final la
sociedad de este país sepa que ésta es una práctica que tiene que
contar con el consenso de las personas que circulan y que las
carreteras corresponden a todos los ciudadanos.
Quiero finalizar mi intervención aludiendo a unas palabras
pronunciadas por el famoso ciclista italiano Fausto Coppi. Cuando
el Presidente de la República Italiana le preguntó, después de
haber ganado un «Tour» o una Vuelta a Italia, no recuerdo
exactamente, qué quería que hiciese por él, Fausto Coppi
contestó: Señoría, yo quiero que haya menos coches en la
carretera. Es decir, ya Fausto Coppi, en los años cincuenta
evidenciaba este problema.
No es un tema de ser ciclista y no querer que haya coches en la
carretera, simplemente se trata, como así se ha destacado en
Ponencia, de hacer viable que los coches, los ciclistas y los
peatones, o los que utilicen en el futuro los patines, que va a
ser también un elemento muy importante, disfrutemos de una
perfecta convivencia en esta sociedad multicultural y
multirracial a la que estamos abocados en el siglo XXI.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Paniagua.
Pasamos a la votación del informe que acaba de ser debatido. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación del informe de la Ponencia
encargada de elaborar el estudio y seguimiento de los accidentes
de tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 276; a favor, 276.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.