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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 13/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIODE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 190
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 188
celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 10054)
Preguntas (Página 10054)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política económica y medidas para fortalecer
nuestro tejido productivo y alcanzar tasas de empleo y niveles de
protección social similares a los de los países de la Unión
Europea (UE) (número de expediente 172/000134) (Página 10081)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general de consumo y medidas legislativas, administrativas,
económicas y políticas a adoptar para conseguir la homologación
de nuestro sistema de protección al consumidor con el de los
países de nuestro entorno (número de expediente 172/000133)
(Página 10092)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 191,
de 14 de diciembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 10054)
Preguntas (Página 10054)
Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Cuáles son los nuevos compromisos del Gobierno con los Estados
Unidos de Norteamérica para una mayor integración en la
estructura militar de la OTAN ante el nombramiento del nuevo
Secretario General de la Alianza Atlántica? (Número de expediente
180/001578) (Página 10054)
Del Diputado don Rodrigo de Rato Figaredo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Asume el Presidente del Gobierno la
responsabilidad de los perjuicios causados al interés general por
el despilfarro que dio lugar a importantes desviaciones del gasto
en 1992, inadecuadamente reflejadas en las cuentas públicas según
el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del
Estado de dicho ejercicio? (Número de expediente 180/001585)
(Página 10055)
Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones ha efectuado
el Gobierno ante la Unión Europea, para corregir las
discriminaciones que sufre Euskadi, en las ayudas de la Política
Pesquera Común? (Número de expediente 180/001536) (Página 10056)
De la Diputada doña María Lucía Gómez García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales
en relación con la imagen de la mujer en los medios de
comunicación? (Número de expediente 180/001564) (Página 10058)
De la Diputada doña Manuela García Villamayor, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
política seguida por el Ministerio de Asuntos Sociales para
erradicar la violencia contra las mujeres? (Número de expediente
180/001565) (Página 10058)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace el Gobierno sobre la aprobación del Decreto que regula las
familias numerosas de tres hijos? (Número de expediente
180/001572) (Página 10059)
De la Diputada doña Joaquima Alemany i Roca, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Cuál ha sido hasta el momento presente la asignación y
distribución del presupuesto de 1995 destinado al fomento y
promoción de las asociaciones de voluntariado? (Número de
expediente 180/001579) (Página 10060)
De la Diputada doña María Jesús Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Asuntos Sociales: ¿A qué se debe el retraso en
el desarrollo de los principios y mandatos de la Ley de
Integración Social del Minusválido aprobada en abril de 1982?
(Número de expediente 180/001592) (Página 10061)
De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué grado
de desarrollo se encuentran los trabajos de elaboración de un
nuevo plan cuatrienal de vivienda? (Número de expediente
180/001566) (Página 10062)
Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo Socialista
del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Tiene prevista el Gobierno la
constitución de una segunda pista en el aeropuerto de Málaga para
resolver los acuciantes problemas que está originando el
creciente tráfico de pasajeros? (Número de expediente 180/001567)
(Página 10063)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
causas y las consecuencias de la resolución del Consejo de Estado
sobre la adjudicación del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) de la autopista Benavente-
León a Aulcasa? (Número de expediente 180/001568) (Página 10064)
Del Diputado don Manuel Couce Pereiro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto el
Gobierno comenzar las obras de la Casa del Mar de Ferrol? (Número
de expediente 180/001571) (Página 10065)
Del Diputado don José Ramón Fernández Ibáñez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia: ¿A qué achaca el Gobierno el
rechazo generalizado que se ha producido en Comunidades Autónomas
del territorio MEC al proyecto de adscripción de alumnos y
profesores de Enseñanza Primaria a los Centros de Educación
Secundaria Obligatoria? (Número de expediente 180/001590) (Página 10065)
Del Diputado don Eduardo Rodríguez Espinosa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia: ¿Piensa el Ministerio de
Educación y Ciencia cumplir el mapa escolar que publicó este año
para los Centros de Educación Secundaria Obligatoria? (Número de
expediente 180/001591) (Página 10067)
Del Diputado don Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la
Presidencia: ¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno
para esclarecer plenamente si dinero procedente de fondos
reservados terminó aplicándose al pago de alguna declaración a
propósito de la investigación en torno al caso «Lasa y Zabala»?
(Número de expediente 180/001586) (Página 10068)
Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la
Presidencia: ¿Cuándo tuvo el Gobierno conocimiento de las
relaciones de don Luis Roldán Ibáñez, ex Director General de la
Guardia Civil, con el ex Presidente del Gobierno de Navarra, don
Gabriel Urralburu, que dieron lugar al importante enriquecimiento
de éste? (Número de expediente 180/001587) (Página 10069)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la
Presidencia: ¿Cuál es la causa por la que los coches de la
Policía Nacional carecen de seguro de daños a terceros? (Número
de expediente 180/001593) (Página 10070)
Del Diputado don Francesc Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro
de Industria y Energía: ¿Tiene la intención el Gobierno de
incluir a un representante del sector de empresas productoras de
carbón en el Comité Consultivo previsto en la Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional? (Número de expediente 180/001580)
(Página 10071)
Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reactivar
el consumo privado, dada la caída del mismo a lo largo del último
trimestre y la vuelta a niveles de gasto similares a los de hace
seis años? (Número de expediente 180/001538) (Página 10072)
Del Diputado don Nestor Padrón Delgado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
que, en los Decretos-Leyes a aprobar como consecuencia de la
prórroga del presupuesto del año 95 para el próximo ejercicio, se
contemplen medidas de incremento de la financiación de las
corporaciones locales, tal como estaba previsto en el Proyecto de
Presupuestos para 1996? (Número de expediente 180/001569) (Página 10073)
Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones encuentra el
Gobierno para explicar la reiterada subida del índice de precios
al consumo en Canarias por encima de la media nacional,
especialmente en el grupo de alimentación? (Número de expediente
180/001570) (Página 10074)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Han cobrado ya los
Ayuntamientos afectados la compensación por la condonación del
Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I. rústica) por causa de la
sequía? (Número de expediente 180/001573) (Página 10075)
Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para compensar a
aquellos municipios que han recibido menores ingresos por
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como consecuencia de las
bonificaciones que se aplican a las cooperativas? (Número de
expediente 180/001581) (Página 10076)
Del Diputado don Julio Bassets Rutllant, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el papel de España,
como Estado miembro, en la Agencia Europea de Evaluación de los
medicamentos? (Número de expediente 180/001561) (Página 10077)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para evitar
la masificación en los servicios de urgencias de los hospitales
públicos, que obliga a ocupar los pasillos con camas y ha dado
lugar al fallecimiento de un enfermo en una sala de espera?
(Número de expediente 180/001588) (Página 10078)
De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas ha adoptado el
Ministerio para evitar las listas incontroladas de medicamentos
de utilidad terapéutica baja en el INSALUD? (Número de expediente
180/001589) (Página 10079)
Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para
las Administraciones Públicas: ¿Qué razones alega el Gobierno
para justificar el elevado número de comisiones de servicio que
ha utilizado durante el año 1995? (Número de expediente
180/001594) (Página 10080)
Interpelaciones urgentes (Página 10081)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política económica y medidas para fortalecer
nuestro tejido productivo y alcanzar tasas de empleo y niveles de
protección social similares a los de los países de la Unión
Europea (UE) (Página 10081)
El señor Frutos Gras defiende la interpelación urgente del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando
que los análisis económicos y los datos de la contabilidad
nacional apuntan casi sin excepción, en primer lugar, a que hay
una expansión económica y, segundo, que, como consecuencia de esa
expansión, hay una salida de la crisis, aunque a su juicio existe
bastante triunfalismo sobre el particular, ya que, aun aceptando
la existencia de una expansión económica, es mucho mas
problemático llegar a la conclusión de que existe una salida de
la crisis, entendiendo ésta como crisis económica, social y
estructural.
Observando la realidad económica y las secuelas sociales de la
misma en nuestro país llegan, por el contrario, a otro tipo de
conclusión, como es la existencia de importantes incertidumbres
que crean temor en una parte importante de la ciudadanía, lo que
se manifiesta en el gasto familiar de las personas con rentas más
bajas, provocando al mismo tiempo importantes disfunciones estructurales.
Frente a la afirmación de que el déficit público y los salarios
crean el paro, la inflación y la perdida de competitividad, tiene
que reconocer que tales elementos tienen alguna incidencia, pero
ciertamente relativa, ya que mayor importancia atribuye a la
debilidad productiva profundizada después de la extraordinaria
laminación industrial habida en los últimos diez años en este
país. Tampoco cabe olvidar el fraude en los impuestos o la
Seguridad Social, corruptelas a todos los niveles e incluso la
propia crisis política.
Rechaza también la tesis de que el mercado lo soluciona todo y el
desmantelamiento de lo público, en la línea de lo sucedido
recientemente con el Instituto Nacional de Industria o el de
Hidrocarburos, facilitando sobre el particular algunas cifras
comparativas respecto a la participación del tejido industrial en
el producto interior bruto y número de trabajadores ocupados en
ese sector en los años 1975 y 1994, agregando que otros países
europeos han perdido muchos menos puestos de trabajo por defender
mejor su sector industrial.
Frente a la actual situación, su Grupo propone, en primer lugar,
una decidida política de fomento de la actividad económica en
todos los terrenos y, segundo, una política industrial decidida
con una clara oposición al proceso de privatización total o
parcial.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía y
Hacienda (Solbes Mira) señalando que desconoce cuál es la
apreciación del señor Frutos sobre las razones de urgencia que le
han llevado a presentar esta interpelación y que, después de leer
su texto y escucharle, cree que se podría haber presentado hace
cinco años y seguramente se volverá a presentar dentro de otros
cinco años.
Expone que el interpelante hace un análisis de la realidad
económica de forma dispersa, utilizando una serie de datos de
forma no excesivamente conexa, lo que de alguna forma le obligará
a ser relativamente inconexo en la respuesta.
En primer lugar, le resulta difícil aceptar las dudas sobre la
salida de la economía española de la crisis, cuando estamos
creciendo a ritmo de aproximadamente el 3 por ciento, cifra
bastante impresionante si se observa lo que está sucediendo en el
resto de la Unión Europea. Por otra parte, se habla de la crisis
como si ese crecimiento no hubiera permitido en el año 1994
superar las cifras del PIB de 1992, a pesar de haber padecido una
gravísima crisis en 1993.
Sobre la desaparición del tejido industrial afirma que el señor
Frutos se ha basado en datos no coherentes, y sin considerar
aspectos tan importantes como las mejoras tecnológicas, que
llevan aparejadas una menor cantidad de mano de obra, o una
apertura de la economía mundial que también ha tenido sus
repercusiones.
Muestra, por tanto, su radical desacuerdo con que la filosofía
del tejido industrial en nuestro país está desapareciendo, cuando
la realidad es que se está transformando, como sucede en toda
modernización, consecuencia de una apertura de nuestra economía.
Expone finalmente algunas consideraciones en torno a la reforma
del mercado laboral, a los problemas de protección social y a la
lucha contra el fraude, para concluir manifestando que lo que se
están planteando es un problema de debate de orientación política
que no responde a la realidad. Señala que estamos apostando por
algo que desgraciadamente les parece fundamental, y es
integrarnos en la Unión Europea, decisión que evidentemente
supone ventajas e inconvenientes, siendo en su opinión las
ventajas claramente superiores a los inconvenientes. En todo
caso, es una decisión que no se puede adoptar a la carta, sino
aceptando todas las reglas del juego y no sólo las que más nos
convienen.
Replica el señor Frutos Gras, duplicando el señor Ministro de
Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i
Ferret (del Grupo Catalán Convergència i Unió), y Montoro Romero
(del Grupo Popular).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general de consumo y medidas legislativas, administrativas,
económicas y políticas a adoptar para conseguir la homologación
de nuestro sistema de protección al consumidor con el de los
países de nuestro entorno (Página 10092)
El señor Burgos Gallego defiende la interpelación del Grupo
Popular, cuya doble finalidad es evaluar la política general que
en materia de consumo se está realizando en nuestro país y, en
segundo lugar,
considerar las estrategias de futuro ante lo que ya constituye un
gran cambio en las relaciones de consumo en el ámbito de la Unión
Europea. Añade que el Grupo Popular piensa que la política de
consumo tiene una incidencia directa en el nivel y la calidad de
vida de los ciudadanos, y hoy nadie duda que lograr la máxima
eficacia a través de la competencia y libre concurrencia en el
mercado, garantizando al mismo tiempo la protección de los
legítimos intereses de los grupos sociales, especialmente los más
necesitados, constituye el papel primordial del Estado en la
actividad económica.
Recuerda que la Constitución, en su artículo 51, recoge los
derechos básicos del consumidor, que han de ser garantizados
eficazmente por los poderes públicos. En desarrollo de ese
precepto se aprueba en el año 1984 la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, aprobación que genera importantes
expectativas, que de alguna manera se han visto defraudadas en el
transcurso del tiempo. Si a la inconcreción de muchos de sus
preceptos y su excesiva generalidad se une la falta de desarrollo
reglamentario, se comprenderá que muchas de sus posibilidades
hayan quedado en mero papel mojado, arrastrándose hasta ahora las
consecuencias de sus defectos.
Agrega que se han aprobado además normas de muy diverso rango en
los últimos años, pero de forma muy deslavazada, en materia de
consumo, con vacíos muy importantes y con retrasos notables en
algunos casos. En definitiva, abundante y pormenorizada
legislación pero sin cumplimiento en la inmensa mayoría de sus
disposiciones.
Menciona, por otra parte, el retraso en la trasposición de las
directivas comunitarias, junto con nuestro modelo de organización
administrativa, con competencias asumidas por las
administraciones local, autonómica y general del Estado, todo lo
cual exigía un esfuerzo de coordinación que tampoco ha tenido
lugar.
A la vista de todo ello desearía conocer qué planes tiene
previsto desarrollar la señora Ministra.
En nombre del Gobierno, contesta la señora Ministra de Sanidad y
Consumo (Amador Millán) afirmando que la política de consumo de
este Gobierno es, a su juicio, plenamente homologable a la de los
países de nuestro entorno, impulsando precisamente la presidencia
española durante este semestre las actividades de la política
comunitaria de consumo, lo que ha merecido una valoración muy
positiva.
Realiza un repaso de algunos de los logros alcanzados, con
mención de las tres resoluciones adoptadas por el Consejo a
iniciativa de la presidencia española, que han contado con el
apoyo de todas las delegaciones, adquiriendo en consecuencia la
política de protección al consumidor una dimensión superior que
trasciende al propio mercado único.
Finaliza mencionando la notable base legislativa desarrollada por
España en los últimos años.
Replica el señor Burgos Gallego, duplicando la señora Ministra.
Para fijación de posiciones interviene el señor Vázquez Romero
(del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la
noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de pasar al punto quinto del orden del día, con carácter
previo a la continuación de la sesión vamos a proceder al
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte
del Diputado proclamado electo don Jesús Vicente Mingo Benítez,
en sustitución de don Javier Solana Madariaga.
Don Jesús Vicente Mingo Benítez, ¿jura o promete S. S. acatar la
Constitución?
El señor MINGO BENITEZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Jesús Vicente Mingo Benítez ha adquirido
la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUALES
SON LOS NUEVOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA PARA UNA MAYOR INTEGRACION EN LA ESTRUCTURA MILITAR
DE LA OTAN ANTE EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE
LA ALIANZA ATLANTICA? (Número de expediente 180/001578)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día, preguntas.
Pregunta número 21, del señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, según el Gobierno, el
Gabinete de prensa norteamericano filtra a los medios de
comunicación que el nombramiento del señor Solana está realizado
con el compromiso de incorporar a España en la estructura militar
integrada de la OTAN para tranquilizar a unos diputados
republicanos o por un problema de mala conciencia. Al día
siguiente, el señor Presidente, para tranquilizar a los españoles
votantes del sí o también por un problema de conciencia, niega la
mayor y afirma: España no modificará su «status» en la OTAN.
Inmediatamente, el señor Solana, ya casi consentido Secretario
General, dice: La OTAN de hoy no tiene nada que ver con la de
ayer. En cuatro o cinco años será otra cosa y España estará
plenamente integrada en esa realidad defensiva. ¿Tendrá
estructura militar esa nueva OTAN? ¿Contra quién? ¿Mandará
soldados? ¿ Decidiremos por referéndum?
El tema de la OTAN ha sido toda una antología del truco político
y el quehacer nefando de un partido: ahora no a la estructura
militar, sí a acciones militares; mañana en la OTAN de Solana sí,
por la puerta. ¿Cuáles han sido los compromisos del Gobierno de
nuestro Estado para poder acceder a la Secretaría General de la
OTAN por parte del señor Solana?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, no ha habido ningún compromiso por parte ni
del señor Solana ni del Gobierno en relación con el «status» de
España en la OTAN.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ríos, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que la respuesta del señor
Presidente deja en mal lugar al señor Solana. La ubicación de un
español al frente de un organismo internacional siempre debe ser
un honor. En todo caso, debería especificarse para qué va a ser
Secretario General, por qué va a ser Secretario General y por
quién.
Lo cierto y verdad es que nosotros aparecemos más como socios
americanos que europeos. Es decir, más que de seguridad nuestra
posición ha sido de buenos colaboradores, buenos embajadores y
buenos pajes de los intereses de la Administración
norteamericana.
Hay un poeta, socialista, cartero, de Murcia, se llama Sánchez
Bautista, que refiriéndose a Quevedo, a la novela picaresca,
dice: «Cuánto no ver y ver ni hacer oídos, y tanto como ven y
están oyendo ojos míos, de muchos, ¿no es horrendo de que seáis,
no siendo, enceguecidos?» (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, aparte de su fuga poética, la verdad es que
no parece poder resistir que quince países se pongan de acuerdo
para reconocer que España cumple un papel internacional
importante; quince países. De ellos, uno es Estados Unidos, el
resto son fundamentalmente países europeos, con Canadá.
Se ha propuesto que haya un Secretario General de la Alianza, que
sin duda es uno de los puestos de mayor responsabilidad en la
política internacional, que sea español. Algo tendrá que ver la
actitud, la acción de España en esa política internacional. Yo
creía que todos los españoles de buena fe podían y deberían
sentirse orgullosos de que hubiera habido esa distinción para
España, no digo para una persona sino para España, pero algunos
no lo pueden soportar y tratan de empañar la decisión de
dieciséis países como si hubiera sido algo duramente peleado por
nosotros. Pues no, ha sido propuesto por los demás y yo me siento
y satisfecho y orgulloso por mi país. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON RODRIGO DE RATO FIGAREDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ASUME EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA
RESPONSABILIDAD DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL INTERES GENERAL POR
EL DESPILFARRO QUE DIO LUGAR A IMPORTANTES DESVIACIONES DEL GASTO
EN 1992, INADECUADAMENTE REFLEJADAS EN LAS CUENTAS PUBLICAS SEGUN
EL DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL
ESTADO DE DICHO EJERCICIO? (Número de expediente 180/001585)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor De Rato
Figaredo, sustituido para este trámite por la señora De Palacio.
(Rumores.)
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente el Tribunal
de Cuentas acaba de plantear ante la opinión pública, con crudeza
y rigor contable, que el año 1992, el año de los fastos y de los
fuegos artificiales, se sumó a sus récord en despilfarro y
malabarismo presupuestario, porque supuso modificaciones por un
importe de 4,27 billones de pesetas, es decir, casi el
equivalente a la cuarta parte de los Presupuestos aprobados por
esta Cámara, sin contar las transferencias de crédito.
Modificaciones destinadas no sólo a gastar más, sino a gastar en
conceptos y destinos distintos a los aprobados por las Cortes.
Señala, además, el Tribunal de Cuentas que, efectuados los
ajustes pertinentes, el déficit final es más del
doble del inicialmente previsto; que se trasladó al ejercicio
siguiente cerca de un billón más de gastos contraídos en ese año
1992, que si se hubieran imputado directamente al presupuesto de
ese año significarían el incumplimiento por parte de su Gobierno
del límite legal establecido para el déficit anual, ocultando a
los españoles la factura real de las fiestas de 1992 de manera
consciente.
Por ello le pregunto; ¿asume, señor González, como Presidente del
Gobierno, la responsabilidad de esta actuación denunciada por el
Tribunal de Cuentas y los perjuicios para el interés general
derivados del despilfarro, o como siempre se ha enterado por los
periódicos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, como Presidente del Gobierno asumo todas las
acciones que fueron necesarias por parte del Gobierno para el
esfuerzo del año 1992 y desde luego me parece que nada tiene que
ver con lo que dice el Tribunal de Cuentas su calificación de
despilfarro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Léase el informe, señor
Presidente.
Pero es que además ese mismo año, mientras gastaba con tanta
alegría y de manera tan incontrolada, usted, como Presidente del
Gobierno, aprobaba el famoso decretazo del desempleo, que supuso
uno de los recortes sociales más importantes que ha habido,
seguido al poco tiempo del medicamentazo, y a pesar de esos
recortes no sólo no se corrigió el déficit público, sino que casi
se duplicó en el año 1993, con el consiguiente salto
absolutamente explosivo de la deuda pública española, agudizando
la crisis, lo que supuso, además, la peor recesión económica de
los últimos treinta años y la destrucción de casi un millón de
puestos de trabajo. Ha sido incapaz de controlar los recursos
públicos, los recursos económicos; ha perdido un tiempo precioso
en años cruciales; ya no cumplimos ninguno de los criterios de
convergencia de Maastricht.
Señor Presidente, asume esa situación. Asume entonces que es
responsable de habernos alejado de Europa, sobre todo en los
últimos años y que será su sucesor (Rumores.) el encargado de
llevar a cabo ese gran esfuerzo de modernización y de saneamiento
que permita, a pesar de su gestión, que España esté de pleno
derecho en la Unión Europea, en la convergencia real.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Como saben
todos los españoles, señoría, soy el responsable de alejar a
España de Europa y ustedes los responsables de acercarla. Esta es
una evidencia en la opinión pública.
Usted es quien no ha leído el informe del Tribunal de Cuentas, y
como no lo ha leído, por ejemplo, no es capaz de distinguir que
más de la mitad de eso que llama desviaciones del presupuesto son
movimientos financieros, entre otros, amortizaciones de pagarés
del Tesoro que no se habían previsto.
Pero, además de eso, el resto de los créditos han pasado por esta
Cámara y se han votado aquí, y usted, si quisiera ser rigurosa --
cosa a la que no acostumbra su Grupo--, tendría que decir qué
créditos de sanidad, de defensa o de otra naturaleza no hubieran
apoyado o votado.
Yo por mi parte sí asumo la responsabilidad de haber hecho todo
lo preciso para que el año 1992 fuera lo que fue: los Juegos
Olímpicos, la exposición de Sevilla, más de mil kilómetros de
autovías, Sefarad-92, la capital cultural de Europa, etcétera.
Ustedes nunca lo han asumido porque no les ha interesado nunca la
modernización de España. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO
VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES HA EFECTUADO
EL GOBIERNO ANTE LA UNION EUROPEA, PARA CORREGIR LAS
DISCRIMINACIONES QUE SUFRE EUSKADI, EN LAS AYUDAS DE LA POLITICA
PESQUERA COMUN? (Número de expediente 180/001536)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor
Gatzagaetxebarría Bastida, que tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué gestiones ha efectuado el Gobierno ante la Unión Europea
para corregir las discriminaciones que sufre Euskadi en las
ayudas de la política pesquera común?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe S. S., los criterios que se aplican a las ayudas del
IFOP son similares a los establecidos para
los fondos estructurales, siendo uno de sus objetivos
primordiales el reducir las diferencias entre las distintas
regiones de la Unión Europea para, de esta forma, avanzar en la
cohesión comunitaria. En la distribución de los fondos asignados
a las zonas objetivo 5.A, y como consecuencia del reparto
indicativo adoptado en la Conferencia Sectorial de Pesca
celebrada en septiembre de 1994, al País Vasco le corresponde el
60,18 por ciento de los fondos del IFOP destinados a estas
comunidades, de acuerdo con el objetivo de la cohesión
comunitaria y de la reestructuración y modernización de nuestro
sector pesquero. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Verdaderamente se nos ha hecho difícil escuchar en las debidas
condiciones la respuesta del Ministro, por tanto, nos encontramos
en una situación un tanto de indefensión porque no tenemos una
argumentación muy exacta de lo que acaba de decir el señor
Ministro en su parte final. Lo que sí queremos decir es que en el
sector pesquero vasco hay una enorme preocupación por el diseño
que, en cuanto a la política pesquera común, se ha realizado en
lo relativo a la plasmación de las ayudas a las estructuras
pesqueras.
Sabe usted, señor Ministro, que, dentro de los diferentes
objetivos que tiene el reglamento del IFOP en sus distintas
áreas, en lo que concierne a la modernización y a la nueva
construcción, que es el núcleo de la pregunta de nuestro Grupo
Parlamentario, hay una discriminación que no tiene justificación
alguna. En el País Vasco, cualquier modernización, cualquier
nueva construcción de un buque pesquero tiene una subvención como
tope del 40 por ciento, mientras que en otras comunidades
autónomas del Cantábrico, como puede ser en Cantabria, en
Asturias, o en Galicia, puede llegar hasta el 60 por ciento. Eso
está originando que flujos financieros de inversión importantes
del sector naval, del sector de la industria auxiliar naval, del
sector pesquero de altura al fresco y de bajura estén realizando
en este momento nuevas inversiones en Galicia.
Por ello, señor Ministro, es importante conocer qué está haciendo
el Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo parlamentario de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de 1 de marzo de 1995,
en el que se establecía que el Gobierno defendiera ante la Unión
Europea el que, ante el nuevo paquete financiero que entre en
vigor años más tarde, una vez finalizado éste, se establezcan, en
relación con el sector pesquero español, criterios de
discriminación basados en elementos del sector pesquero, no en
elementos de ordenación general o de criterios generales de
economía. ¿Por qué, señor Ministro? Porque usted, cuando va a
Bruselas, defiende por igual al sector pesquero vasco, al sector
pesquero asturiano, al sector pesquero gallego o al sector
pesquero cántabro, puesto que estos pescadores de la Cornisa
Cantábrica operan en el mismo caladero. Pues bien, a la hora de
modernizar, de hacer obras de reparación, de mantenimiento, de
modernización de sus buques, e incluso de nueva construcción, el
índice de ayudas es totalmente distinto. Existe una homogeneidad
en toda la actuación, tanto de recursos como de mercados,
mientras que en el ámbito de las estructuras para todas estas
incidencias y actuaciones a realizar no hay ese tratamiento
homogéneo, y es necesario corregir esa disfunción, esa
discriminación que no tiene fundamento alguno, y usted sabe mejor
que nadie que el sector pesquero vasco y gallego están en la
misma situación.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias.
Como sabe, el instrumento financiero de ordenación pesquera no es
solamente un instrumento sectorial, sino un instrumento de
cohesión entre las diferentes regiones europeas, y eso es lo que
determina una clasificación de las regiones en función de su
nivel de desarrollo y una discriminación en ciertos tratamientos
de las ayudas para algunas de las actividades de reestructuración
y de modernización del sector.
Es cierto que en la construcción de nuevos buques el límite
máximo en las zonas objetivo 5.A es del 40 por ciento y en las
objetivo 1 el 60 por ciento, pero eso no afecta a la construcción
naval, porque es irrelevante que esa construcción se produzca en
el País Vasco, en Cantabria o en Galicia, ya que todas pueden
recibir el mismo nivel de ayuda: el elemento de discriminación se
produce como consecuencia de donde tenga el puerto base el buque
en concreto. Además, hay otras ayudas para desguace, para
sociedades mixtas, para asociaciones temporales de empresas o
para paralizaciones temporales, en las que el armador recibe la
misma ayuda pública en unas regiones que en otras; lo único que
las diferencia es qué administración pública es la que realiza la
ayuda, si es la administración comunitario o es la administración
nacional, y en qué porcentajes, puesto que en ambos casos están
recibiendo la misma ayuda.
Recientemente, por otro lado, se ha firmado un convenio con el
País Vasco con el fin de cofinanciar las ayudas nacionales para
la paralización definitiva de la actividad en determinados
buques, que prevé 1.000 millones de pesetas de la Administración
general del Estado, lo que supone dos tercios de financiación
total frente a un tercio que aporta la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA LUCIA GOMEZ GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
EN RELACION CON LA IMAGEN DE LA MUJER EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACION? (Número de expediente 180/001564)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, de la señora Gómez
García. Tiene la palabra.
La señora GOMEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el segundo Plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres aprobado en 1993, y cuyo período de
actuación concluirá a finales de este mes, planteaba, como
objetivo genérico, la difusión de una imagen social de las
mujeres ajustada a su realidad actual. Dentro de este objetivo se
configuraban como fines específicos la eliminación de la imagen
discriminatoria de las mujeres y el evitar que la publicidad
utilice la imagen de la mujer o se dirija a ésta desde sus roles
tradicionales.
Convencida de que los medios de comunicación pueden cooperar al
necesario cambio de actitudes por medio de actuaciones tendentes
a que los mensajes que recibe la sociedad de manera consciente o
inconsciente sean acordes con la realidad social actual, es por
lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones ha
llevado a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales en relación a la
imagen de la mujer en los medios de comunicación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gómez García.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, ciertamente los estereotipos ligados al sexo siguen
presentes. Desgraciadamente, los medios de comunicación y los
mensajes publicitarios transmite todavía esa imagen que reproduce
papeles tradicionales y estereotipados. Este hecho constituye uno
de los factores fundamentales de la persistencia de las
desigualdades entre hombres y mujeres y, sobre todo, uno de los
mayores obstáculos para la participación plena de hombres y de
mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
Por ello, para el Ministerio de Asuntos Sociales es una prioridad
el que los medios de comunicación ofrezcan una imagen de la mujer
acorde con su realidad actual y con la diversidad de papeles que
hoy desempeña en la sociedad, igual que la diversidad de papeles
que desempeñan los hombres.
Es uno de los objetivos, como usted ha dicho, del segundo Plan de
igualdad de oportunidades de las mujeres, que se aprobó en enero
de 1993, que está a punto de finalizar ahora y evaluaremos en
enero del próximo año.
¿Qué hemos querido hacer en desarrollo de ese objetivo, para que
se vea y se transmita una imagen de la mujer acorde con su
realidad? Eliminar, por un lado, la imagen discriminatoria de las
mujeres y, sobre todo, potenciar su presencia en los medios de
comunicación y en la vida pública. Como instrumentos para llevar
a cabo estos objetivos hemos hecho un observatorio de la
publicidad, único en el mundo y que ahora están poniendo en
marcha en otros países europeos, que es un foro de observación,
análisis y canalización de las denuncias que originan los
anuncios sexistas y que se realiza a través de un teléfono. Y
también hemos creado un Consejo asesor de imagen en el que están
presentes las empresas publicitarias y las asociaciones que
trabajan en esta materia, a fin de colaborar con el Instituto de
la Mujer en materia de imagen y, sobre todo, en cumplimiento de
estos objetivos.
Puedo decirle, y ésta es una satisfacción que hemos tenido en
Presidencia española de la Unión Europea, que a iniciativa de
esta Presidencia hemos conseguido una resolución en el Consejo de
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 5 de octubre de
1995 relativa a la imagen de los hombres y de las mujeres en la
publicidad y en los medios de comunicación. Esta resolución pone
de manifiesto la necesidad de que los medios de comunicación, los
medios publicitarios, los gobiernos y las fuerzas sociales
adopten medidas concretas para garantizar esa igualdad de
oportunidades y destacar las funciones de la mujer en todas las
áreas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MANUELA GARCIA VILLAMAYOR, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA
POLITICA SEGUIDA POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES PARA
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES? (Número de expediente
180/001565)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, de la señora García
Villamayor. Tiene la palabra.
La señora GARCIA VILLAMAYOR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, supongo que estará usted de acuerdo conmigo en
que la violencia física, psíquica y sexual, tanto dentro como
fuera de la familia, es una realidad que, desgraciadamente, las
mujeres sufrimos en el mundo y, por supuesto, en España. Esto
constituye un problema de vital importancia en la sociedad de hoy
y es fuente de transtornos que precisan para su
tratamiento y solución del apoyo de los poderes públicos, así
como de un cambio de actitud de toda la sociedad.
Sabido es por todos la preocupación que el Grupo Socialista tiene
en este tema, y supongo, señora Ministra, que estará usted de
acuerdo conmigo en que no se puede hablar de superación de las
desigualdades mientras siga existiendo la violencia hacia la
mujer.
El segundo plan de igualdad de oportunidades para la mujer
establece una serie de medidas tendentes todas ellas a erradicar
la violencia contra la mujer. Teniendo en cuenta que este mes de
diciembre finaliza el plazo de duración del mencionado plan de
igualdad, creo que estamos en un buen momento, señora Ministra,
para hacer balance de los resultados obtenidos. Es por ello por
lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la política
seguida por el Ministerio de Asuntos Sociales para erradicar la
violencia contra las mujeres?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Villamayor.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, la cuestión relativa a la violencia que se
ejerce contra las mujeres en el área doméstica constituye una de
las lacras más graves que sufre nuestra sociedad, y no sólo en el
área doméstica sino en otras circunstancias en las que la mujer
padece esas agresiones específicas por el mero hecho de
pertenecer a ese sexo; por tanto, es un objetivo prioritario de
la política que desarrolla el Ministerio de Asuntos Sociales en
relación con la igualdad de oportunidades.
Precisamente usted se ha referido al segundo plan de igualdad de
oportunidades, donde hay una serie de medidas relativas a esta
materia y cuyo objetivo es contribuir a erradicar estas
agresiones y esta violencia contra la mujer. Fundamentalmente
hemos trabajado en el área de las medidas sociales, pero también
en el área de la interpretación y la aplicación de las normas
existentes. Se ha trabajado con el área de la aplicación
judicial, con el área del Ministerio Fiscal y, desde luego, con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ahí son importantes los
trabajos y los convenios que se han realizado desde el Instituto
de la Mujer, en el sentido de concienciar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad para la atención a las mujeres maltratadas que
acuden a las comisarías denunciando estos hechos.
También es importante el trabajo que se ha llevado a cabo en
cooperación con el Consejo General del Poder Judicial,
precisamente para ir en la línea de interpretación acorde con los
objetivos de luchar contra la violencia sobre las mujeres, contra
las agresiones que existen hacia las mujeres en el área
doméstica; por tanto, para sensibilizar a quien aplica las leyes
en el sentido de que las condenas sobre la norma legal que
tenemos vayan en la línea de los objetivos que perseguimos.
Igualmente se ha trabajado en todo el tema de las casas de
acogida. Hoy es una realidad que hay un número bastante amplio de
casas de acogida para mujeres maltratadas, en las que se trabaja
para hacer un seguimiento de las causas que han llevado a esa
violencia, y también de la atención psicológica a las mujeres y a
los niños que han sido víctimas de esta violencia. Se ha
trabajado con el programa de salud y servicios sociales y, sobre
todo, atendiendo de una forma multidisciplinar a las mujeres que
sufren estas agresiones.
Es importante también la formación y la sensibilización de las
personas, los profesionales, los colectivos que están implicados
en el tratamiento de estos grupos.
Hay que atender especialmente el análisis de la violencia y las
repercusiones que tiene sobre las mujeres esta violencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
HACE EL GOBIERNO SOBRE LA APROBACION DEL DECRETO QUE REGULA LAS
FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES HIJOS? (Número de expediente
180/001572)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, de la señora Rodríguez
Ortega. Tiene la palabra.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, la aprobación del Decreto
que regula las familias numerosas de tres hijos era un tema
pendiente derivado del compromiso adquirido en esta Cámara hace
un año y por estas mismas fechas. Cuando en el mes de diciembre
pasado aprobamos la que se conoce como Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos Generales del Estado para 1995, la Ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, adoptamos el
compromiso de regular esta nueva situación. Esta regulación
respondía a un hecho que se ha puesto de manifiesto en los
últimos años, y es que ha descendido notablemente la tasa de
natalidad en nuestro país hasta colocarse en 1,2; por tanto, una
familia con tres hijos es algo, si me lo permiten, casi
excepcional que debe contar con las mismas medidas de protección
que las familias con cuatro o más hijos. En esta Ley de
Acompañamiento se recogían, entre los beneficios para estas
familias, los relacionados con las tasas universitarias para el
curso académico 1995-1996.
Por este motivo, a principios de curso se produjo una demanda
importantísima en relación a la expedición
de títulos de familias numerosas de tres hijos y algunas
comunidades autónomas, entre otras la de Andalucía, han
reconocido esta condición a bastantes familias. Incluso, según
las previsiones existentes, más de un millón de familias se verán
afectadas por la aprobación de este Decreto, familias que, por
otra parte, han acogido favorablemente la aprobación por el
Gobierno de este Decreto.
Por todos estos motivos, señora Ministra de Asuntos Sociales, le
formulo la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno
sobre la aprobación del Decreto que regula las familias numerosas
de tres hijos?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, la ampliación del concepto de familia numerosa a las
compuestas por tres hijos supone, un nuevo desarrollo de las
previsiones constitucionales y, desde luego, un mandato que
recae, en cuanto a su desarrollo, fundamentalmente sobre las
comunidades autónomas.
Me parece que lo importante es valorar que hoy hay una realidad
demográfica que hace que las familias numerosas de cuatro, cinco
o seis hijos sean muy poco frecuentes y, sin embargo, hay que dar
ya un tratamiento de familia numerosa --así lo hemos considerado-
- a las de tres hijos.
Este fue un acuerdo de la Ley de acompañamiento a los
presupuestos generales del año pasado y lo que hemos hecho este
año ha sido desarrollarlo reglamentariamente por parte de la
Administración General del Estado, a fin de homologar a nivel
nacional, para que luego los desarrollos desde cada comunidad
autónoma atiendan a los casos que consideren convenientes.
El primer principio que se ha defendido con esto es un concepto
plural de familia abierto a las nuevas realidades sociales
emergentes y, por tanto, se van a beneficiar de esta norma las
familias, con independencia de que sea una relación
institucionalizada o no, que tienen tres hijos o más. Sobre todo,
hemos querido adaptar la acción del Gobierno a la nueva realidad
sociodemográfica.
Es necesario enfrentarnos a una realidad demográfica muy distinta
de la existente hace muchos años, cuando se aprobó la Ley de 1971
y, sobre todo, a una realidad de competencias, en cuanto a las
actuaciones de las administraciones públicas, muy distinta de la
de 1971. Como es obvio, hoy aumentan cada vez más las
competencias de las comunidades autónomas en la nueva
implantación autonómica. Pero no por ello deja de ser obligatorio
el que, por parte del Estado, se lleve a cabo esa función de
homologación.
Lo importante es que, desde nuestro punto de vista, afecta
únicamente a dos áreas: a la reducción en las tasas de las
universidades, que aún no se han transferido, y a los descuentos
en los transportes de competencia estatal. Lógicamente, ésas son
también las dos posibilidades que desarrollan hoy las comunidades
autónomas en todo lo relativo a la reducción de las tasas
universitarias.
En cualquier caso, estábamos pendientes --y por eso nos hemos
retrasado un poco en cuanto al desarrollo reglamentario-- de los
resultados de la ponencia que sobre familia se constituyó aquí en
el Congreso de los Diputados. Todavía la ponencia no ha concluido
sus trabajos, pero parece que en esta semana los terminará.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA JOAQUIMA ALEMANY I ROCA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿CUAL HA SIDO HASTA EL MOMENTO PRESENTE LA ASIGNACION Y
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE 1995 DESTINADO AL FOMENTO Y
PROMOCION DE LAS ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO? (Número de
expediente 180/001579)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, de la señora Alemany i
Roca.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, durante el año 1994 se promocionaron 37
programas de formación del voluntariado, con una dotación de 430
millones de pesetas, según la Diputada ponente en la reunión de
la Comisión de Política Social y Empleo del día 15 de noviembre,
en la que se debatía el proyecto de ley del voluntariado.
En la Orden de 27 de enero de 1995, por la que se convocan ayudas
y subvenciones para la realización de programas de cooperación y
voluntariado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, se destinaban más de 223
millones de pesetas a programas de formación y promoción del
voluntariado.
En la resolución de 14 de julio de 1995 se publicaba la lista de
entidades subvencionadas para estos programas. En dicha
resolución aparecen 30 entidades subvencionadas que representan
un importe global que supera los 400 millones, en vez de los 223
inicialmente previstos.
Señora Ministra, ¿podría explicarnos, más allá de lo que aparece
publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuál ha sido la
distribución de este presupuesto tan considerablemente
incrementado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, desde el Ministerio de Asuntos Sociales
ya en el ejercicio de 1994 pensamos que debíamos ampliar las
cantidades destinadas a la formación de los voluntarios. Uno de
los objetivos del Ministerio en cuanto a sus prioridades
políticas ha sido fomentar la participación ciudadana para
colaborar en el diseño de las políticas más adecuadas para cada
colectivo en los que desarrollamos nuestra acción, así como para
que colaboren en la ejecución de las políticas.
Naturalmente que uno de los elementos básicos y fundamentales es
la formación de los voluntarios, porque nos hemos visto ante la
realidad en España de un espíritu bastante dispuesto a hacer
actuaciones de tipo voluntario, a realizar actuaciones altruistas
y a colaborar, través de las asociaciones, de una forma
voluntaria, pero nos hemos encontrado con que ese colectivo, que
era numeroso, que estaba motivado, sin embargo, carecía de
organización y, sobre todo, de formación. Hemos visto también
cómo ante sucesos internacionales, como la guerra y los problemas
de Ruanda o de Bosnia, había una enorme disposición de los
jóvenes, sobre todo, y en general de la sociedad española, para
actuar como voluntarios y, sin embargo, esas personas no tenían
la formación adecuada. Por tanto, no eran útiles precisamente
para lo que debían serlo, que era colaborar de esa forma
voluntaria.
Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar tres líneas, una de
apoyo financiero, con el 0,5, otra de reconocimiento de la labor,
valoración de lo que significa entregar de una forma altruista tu
tiempo a labores humanitarias, a labores de fines de interés
general, a labores de apoyo a los demás, de preocupación por los
temas colectivos, con ese concepto nuevo de ciudadanía, de
compromiso con los temas sociales; hemos querido impulsarlo por
la vía del reconocimiento y de la valoración y también,
naturalmente, reforzar los cauces para una buena realización, un
buen trabajo como voluntarios. De ahí que hayamos aumentado las
concesiones de subvenciones para la formación de voluntarios y,
como usted muy bien ha dicho, prácticamente las hemos duplicado.
Hemos destinado 406 millones de pesetas del 0,5 del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas precisamente a estos
programas de formación y fundamentalmente los destinatarios han
sido asociaciones acreditadas durante muchos años de trabajo en
la formación de voluntarios, como Cruz Roja, Cáritas, como grupos
que tienen acreditado el trabajo de una forma voluntaria...
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es verdad que el informe que usted nos ha dado
ha sido económico, pero detrás de todo esto hay una filosofía.
En estos días se está debatiendo, como usted muy bien sabe, el
proyecto de ley del voluntariado. El Partido Popular y el Partido
Socialista parece ser que están de acuerdo para aprobar un texto
que supondrá un recorte de las libertades individuales, que no
reconocerá el trabajo que están llevando a cabo las entidades de
voluntariado y que supondrá un control por parte de los
organismos públicos a los cuales se les capacita para crear
voluntariado.
El voluntariado debe ejercerse de forma completamente altruista,
sin ánimo de lucro, sin incentivo alguno. Es un hecho que, dentro
de los organismos públicos, la esencia del voluntariado se
desvirtúa. Esa esencia se fundamenta en la libertad de elección,
en el compromiso de las personas voluntarias y en una autonomía
de acción de las organizaciones de voluntariado. Estos principios
de libertad, de autonomía, deben ser respetados, deben ser
potenciados por los poderes públicos. La participación del
voluntariado en la actuación pública debería ser excepcional y se
debería regular por convenio o bien por acuerdo con las entidades
privadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
--DE LA DIPUTADA DONA MARIA JESUS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES: ¿A QUE SE DEBE
EL RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS Y MANDATOS DE LA
LEY DE INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO APROBADA EN ABRIL DE
1982? (Número de expediente 180/001592)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, de la señora Sainz
García.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿a qué se debe el retraso en el desarrollo de
los principios y mandatos de la Ley de Integración Social del
Minusválido aprobada en abril de 1982?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, no existe ningún retraso, salvo el derivado de la
obstrucción que hemos padecido en la última conferencia sectorial
por el representante de la Consejería de Bienestar Social de
Asturias, que nos impidió aprobar el plan de acción que estaba
comprometido en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Señora Ministra, su respuesta es ya el
colmo. En primer lugar, dice que no ha habido retraso en el
desarrollo de la LISMI y usted misma ha reconocido, el 4 de
diciembre en un medio de comunicación, el incumplimiento de la
Ley cuando anuncia un plan para el mes de enero que desarrollará
la LISMI, aprobada hace trece años. ¿Por qué no la han
desarrollado? O por incompetencia del Gobierno o por falta de
sensibilidad social para atender a las personas más débiles que
en muchas ocasiones viven dramas personales y familiares, como el
que hemos oído esta misma mañana en un medio de comunicación.
Ante esa realidad, pretenden ahora engañar, una vez más, a la
opinión pública y a las personas con discapacidades, hablando de
un plan que van a sacar previsiblemente en enero cuando ya sean
Gobierno en funciones. Y no me diga, además, que ello obedece a
un mandato del Senado a propuesta del Grupo Popular, porque el
Grupo Popular pretendía otras cosas, y una enmienda descafeinada
del Grupo Socialista llevó a cabo los últimos resultados.
Nuestro Grupo viene denunciando, no ahora, sino hace muchos años,
ese retraso en la aplicación y desarrollo de la LISMI. Ahora
usted quiere sacar adelante un plan, pero sólo teórico, con
medidas y objetivos absolutamente generales, en el que, por
cierto, no figura todavía ese censo completo y diferenciador de
las personas minusválidas. Pero lo más grave --y es lo que usted
no ha dicho, faltando a la verdad de lo que sucedió en esa
sesión-- es que las comunidades autónomas --todas, no una-- le
han dicho, además, que lo pretende presentar sin financiación
económica, sin compromiso presupuestario que le dé credibilidad.
Ello revela, señora Ministra, que no hay voluntad política de
solucionar los problemas de un sector que requiere toda nuestra
atención, sin demagogias, y ello no se puede utilizar, a las
puertas de una elecciones, con fines electoralistas.
Hay que señalar, además, que no pueden tener credibilidad, porque
en el proyecto de presupuestos para 1996 se recortaban en 500
millones las atenciones a minusválidos y a la tercera edad.
Carecen de credibilidad porque en trece años no han podido --no
han querido-- desarrollar la LISMI, y es inadmisible que el
electoralismo siga presidiendo las actuaciones de un Gobierno
que, sin credibilidad, porque los hechos lo han contrastado,
pretende engañar una vez más.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señoría, la verdad es que me llama la atención el
planteamiento de S. S., porque si alguien ha tenido voluntad
política de desarrollar para el colectivo de minusválidos y otros
colectivos políticos de igualdad de oportunidades ha sido el
proyecto socialista y ha sido este Gobierno. (Rumores.)
Permítame, señoría, que le diga que esta Ley ha merecido de esta
propia Cámara el reconocimiento y la valoración muy positiva, y
así consta en las actas, del desarrollo de la LISMI. Precisamente
con ocasión de la presentación de una moción y de una
interpelación se acordó, con el voto del PP --y consta también en
esta Cámara--, que traeríamos un plan de acción para la
integración de las personas con minusvalías en el plazo de tres
meses. (Rumores.) Y esta Ministra, de acuerdo con la estructura
actual... (Rumores.) Señorías, un respeto, silencio...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias,
señor Presidente.
De acuerdo con esa moción, trajimos a la conferencia sectorial un
plan para la integración de las personas con minusvalía. Y
precisamente en la última conferencia sectorial hubo una
desigualdad total de las comunidades autónomas regidas por el PP
(Rumores.) y eso fue lo más sorprendente, porque cuando me he
referido a Asturias es porque fue la única comunidad que boicoteó
--y no con un consejero, sino con un director general-- el plan
de acción y fue imposible aprobarlo.
Tengo que decirles, señorías, por si no lo conocen, que
precisamente la Consejería de Madrid y la de Castilla y León,
entre otras, aplaudieron el plan, lo recibieron con apoyo y
dijeron que había que aprobarlo, con independencia del trabajo
que había que realizar para poner en común la financiación
relativa al plan. Y por la obstrucción de un director general de
la Consejería de Asturias, no tenemos aprobado el plan, como
deberíamos tenerlo, y además por un acuerdo unánime de esta
Cámara que, afortunadamente, ha habido otros representantes del
PP que han entendido que era un tema general...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE GRADO
DE DESARROLLO SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE UN
NUEVO PLAN CUATRIENAL DE VIVIENDA? (Número de expediente
180/001566)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, de la señora Pelayo
Duque.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Plan de Viviendas 1992-1995, elaborado y
puesto en marcha por el Gobierno de la nación con el objetivo
principal de favorecer el acceso a una vivienda a quienes no
pueden hacerlo en las condiciones del mercado, ha venido
desarrollando a lo largo de su vigencia una serie de actuaciones
que es necesario destacar por cuanto que el plan, como se ha
evidenciado por amplios sectores sociales y económicos de nuestro
país, arroja unos aspectos muy positivos: no sólo se han
construido alrededor de 400.000 viviendas a lo largo del plan,
sino que ha movilizado un volumen de recursos financieros de
cerca de dos billones de pesetas, ha supuesto un freno en la
tedencia alcista en los precios de las viviendas y ha reactivado
el sector de la construcción y, como consecuencia de ello, el
fomento del empleo, la creación de empleo en nuestro país.
Los éxitos del plan, tanto cualitativos como cuantitativos, y,
sobre todo, el acierto de las normas puestas en vigor, junto con
el tipo de colaboración del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente con las comunidades autónomas en el
proceso de gestión del plan han instaurado una vía de hacer
política en vivienda que, por los resultados, puede y debe ser
continuada, dado que, a mayor abundamiento, las competencias en
materia de vivienda son de las comunidades autónomas y
corporaciones locales.
Por ello, próximo a concluir el Plan 1992-1995, le pregunto al
Gobierno en qué grado de desarrollo se encuentran los trabajos de
elaboración de un nuevo plan cuatrienal de vivienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, los trabajos se encuentran ya muy avanzados,
prácticamente terminados, puesto que la reciente conferencia
sectorial, celebrada en Avila los días 23 y 24 pasados, logró
consensuar entre la Administración central y las comunidades
autónomas unas líneas de actuación para los próximos cuatro años.
Como usted sabe, los consejeros de comunidades gobernadas por el
Partido Popular acudieron a esa reunión pidiendo una prórroga por
un año del actual plan de vivienda y no conseguimos sacarles ni
una sola idea novedosa sobre cuáles eran sus planteamientos en
política de vivienda, limitándose a repetir que pedían la
prórroga por un año de la política desarrollada por los
socialistas. Después de convencerles de que esto sería muy
negativo para el sector, puesto que sembraría una incertidumbre
indeseable, aceptaron el diseño de un marco normativo para los
próximos cuatro años
--que ellos se siguen empeñando en llamar prórroga--, que
consiste en la elaboración de un plan que, partiendo del éxito
conseguido por el Plan 1992-1995, introduce un conjunto de
modificaciones, flexibilizando el segmento de familias que pueden
recibir ayudas, consolidando las políticas de rehabilitación,
aumentando las medidas destinadas a fomentar la urbanización de
suelo con destino preferente a VPO, abriendo la posibilidad de
que el Estado participe, junto con las comunidades, en la
financiación de las VPO de promoción pública y reforzando las
ayudas a los jóvenes y al primer acceso alargando los plazos de
amortización del régimen especial. Todo ello configurará un nuevo
plan que, en alguna medida, será continuación del anterior --por
eso, en cierto sentido se puede llamar prórroga--, que para el
período 1996-1999 pretende financiar 500.000 actuaciones y que
espero pueda ser sometido a la firma de las comunidades autónomas
en una nueva conferencia sectorial a celebrar previsiblemente en
el mes de enero en Santander.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTA
EL GOBIERNO LA CONSTITUCION DE UNA SEGUNDA PISTA EN EL AEROPUERTO
DE MALAGA PARA RESOLVER LOS ACUCIANTES PROBLEMAS QUE ESTA
ORIGINANDO EL CRECIENTE TRAFICO DE PASAJEROS? (Número de
expediente 180/001567)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Martínez
Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, desde el momento
mismo de su inauguración, el nuevo aeropuerto de Málaga viene
experimentando un importante crecimiento en el tráfico de
pasajeros, como lo demuestran las cifras siguientes: En el año
1994 se ha recuperado la tasa media anual de cinco millones y
medio, propia de la época anterior a la crisis económica mundial
de comienzos de los años noventa y de la depresión consecuencia
de la Guerra del Golfo. En las alturas del año en que nos
encontramos, se puede afirmar casi con toda precisión que serán
unos 6.200.000 las personas que utilicen el aeropuerto este año y
lo previsible para finales del próximo es que sean cerca de siete
millones de personas.
Si se mantuviera el ritmo actual, según estas cifras que acabo de
indicar, según estas tasas de crecimiento, lo previsible también
es que a final de siglo sean nueve millones de personas las que
utilicen cada año el nuevo aeropuerto de Málaga.
Sucede, señor Ministro, señorías, que ese elevado número de
usuarios, y a diferencia de lo que suele pasar
con otros aeropuertos nacionales o extranjeros, se mueve conforme
a unas pautas que podrían exigir, dentro de no mucho tiempo, la
construcción de una segunda pista.
Se trata de una afluencia que tiene un fuerte carácter
estacional, es decir, de una afluencia muy concentrada en
determinadas épocas del año, y sobre todo en los domingos y
festivos respecto al resto de los días de la semana.
Personalmente tengo mis dudas de si sería en estos momentos
adecuada, si sería racional, desde el punto de vista del uso de
los recursos públicos, de los recursos que son de todos, una
optimización de esos recursos en la construcción de una segunda
pista en estos momentos.
De lo que no me cabe ninguna duda es de que es absolutamente
necesario hacer las previsiones pertinentes, sobre todo en
materia de suelo, para que, cuando llegue ese momento, que
calculo no puede ser mucho más allá de los últimos años de este
siglo o los comienzos del siguiente, pueda construirse esa
segunda pista que sería absolutamente necesaria.
Son estas las consideraciones, señor Ministro, que me llevan a
formular la pregunta al Gobierno de si tiene prevista, y en qué
términos, la construcción de una segunda pista en el aeropuerto
de Málaga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene usted mucha razón en la forma en como plantea su
pregunta y las consideraciones que hace.
En el momento presente no es necesario dotar al aeropuerto de una
nueva pista de vuelo, ya que las actuales instalaciones tienen
capacidad suficiente para atender un tráfico de once millones de
pasajeros al año. En 1994 Málaga registró un total de cinco
millones y medio de pasajeros, estimándose que para el 2000
alcance los siete millones, todavía muy por debajo de los once
millones de capacidad que tiene el aeropuerto. El tráfico es de
3.500 pasajeros hora punta, y esos datos no implican, obviamente,
que no puedan producirse situaciones de congestión en momentos
puntuales de tráfico.
Sin embargo, con el número actual de movimientos y el que
previsiblemente soportará el aeropuerto en los próximos años, de
acuerdo con las previsiones razonables, no creemos que se
justifique a medio plazo la puesta en servicio de una nueva pista
de vuelo. Ello no es óbice, obviamente, para que, en situaciones
futuras, y ante el aumento de uso previsto del aeropuerto, se
realicen las adecuaciones necesarias para aumentar la capacidad,
entre las que podría incluirse la construcción de una nueva
pista.
Para ello y por ello, el plan director del aeropuerto de Málaga
contempla la necesidad de reserva de terrenos, como sugiere S.
S., para esta potencial segunda pista paralela que debería entrar
en servicio, en todo caso, más allá del 2004.
En definitiva, a la vista de los últimos datos de crecimiento de
tráfico en el aeropuerto de Málaga, es prematuro establecer un
horizonte concreto para una segunda pista, que no es necesaria,
pero sí deben incluirse, como se esta haciendo, en los planes
futuros de expansión y previsión de reserva de suelo las
actuaciones necesarias para que, cuando llegue ese momento, el
aeropuerto no haya quedado axfisiado por una falta de previsión
en las necesarias reservas de suelo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE ESTADO
SOBRE LA ADJUDICACION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (MOPTMA) DE LA AUTOPISTA BENAVENTE-
LEON A AUCALSA? (Número de expediente 180/001568)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
como bien conoce el señor Ministro, en los sucesivos planes que
afectan al desarrollo de la comunicación entre el norte y el
noroeste de España quedan algunos importantes proyectos en
desarrollo, entre otros el que afecta al tramo relativo al
desdoblamiento de Benavente-León que, como bien el señor
Ministro, sufre una importante intensidad de tráfico.
Ya desde el II Plan de Carreteras y el Plan puente se ha venido
contemplando la ejecución de una autopista en este tramo, y se
había producido ya una adjudicación a Aucalsa, concesionaria de
la autopista León-Campomanes, que ha tenido un incidente de
recorrido, podríamos decir, como consecuencia de una resolución
del Consejo de Estado que ha provocado inquietud en cuanto al
mantenimiento, por un lado, de la voluntad y, por otro, de la
posible previsión en el tiempo de la ejecución de este tramo
Benavente-León, que comunicaría León y Asturias, ya por doble
vía, hacia el centro de España y especialmente hacia Madrid. De
ahí que tengamos interés en conocer cuáles son las causas, y
fundamentalmente las consecuencias, desde el punto de vista de la
voluntad política y de la previsión, que ha tenido la decisión
del Consejo de Estado sobre la adjudicación
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de
la autopista Benavente-León a Aucalsa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PQBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ya se había elaborado el correspondiente estudio
informativo de trazado y la preceptiva declaración de impacto
ambiental para poder prolongar la concesión de Aucalsa hasta
Benavente, y en el trámite de expediente, al solicitar el informe
preceptivo del Consejo de Estado, el Ministerio constató, con una
cierta sorpresa, que este alto órgano consultivo entendía que la
concesión no podía efectuarse directamente a Aucalsa y que la
longitud del nuevo tramo era demasiado larga como para poder
entender que se prolongaba el tramo previamente concedido. Con el
máximo respeto al criterio del Consejo de Estado, y aun
discrepando de él, el Ministerio ha decidido rehacer el
expediente y actuar de acuerdo a como le sugiere el Consejo de
Estado, efectuando un concurso público para proceder a una
concesión separada de la que tiene en este momento Aucalsa, desde
Asturias hasta León. Ello cambia el trámite necesario para actuar
y ahora tenemos que efectuar un proyecto de construcción, como
paso previo a la convocatoria del concurso. Este proyecto de
construcción hubiese sido efectuado por Aucalsa, una vez que se
le hubiese prolongado la concesión. Ahora tenemos que hacerlo
desde el Ministerio para que los posibles concesionarios sepan de
qué se trata a la hora de concursar, y eso, naturalmente, cambia
el orden de los acontecimientos. No tanto los retrasos, puesto
que ese proyecto de construcción en cualquier caso tenía que
haberlo hecho Aucalsa, una vez hubiese sido concesionaria por
prolongación de la concesión; ahora lo tiene que hacer la
Dirección General de Carreteras y proceder a la convocatoria de
un concurso público, para que el adjudicatario proceda a
construir las obras según el proyecto que saquemos a concurso.
Pero puedo asegurarle que no ha cambiado ni un ápice la voluntad
del Ministerio de construir esta autopista en los plazos, técnica
y jurídicamente, más cortos posibles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL COUCE PEREIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO COMENZAR LAS OBRAS DE LA CASA DEL MAR DE FERROL? (Número
de expediente 180/001571)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Couce Pereiro.
El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, varios son los retrasos, como usted sabe, que
lleva el proyecto de la Casa del Mar de Ferrol. ¿Cuándo tiene
previsto el Ministerio que comiencen esas obras?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Grinán
Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, superadas ya las dificultades que habían venido
obstaculizando la ejecución del proyecto de la construcción de la
Casa del Mar de Ferrol, el proyecto definitivo, que asciende a
362 millones de pesetas, fue aprobado ya por la oficina
supervisora de proyectos. En estos momentos se está tramitando el
preceptivo expediente de contratación, se va a adjudicar mediante
subasta, previéndose la adjudicación para finales del mes de
enero y el comienzo de las obras en febrero. Puedo añadir que el
plazo de ejecución previsto para las obras es de quince meses,
por lo que, si el si el plazo se cumple --y no hay razón para que
no se cumpla--, la construcción de la Casa del Mar de Ferrol
puede estar terminada en el ejercicio de 1997.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Couce.
El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco su información y solicitaría del
Ministerio un seguimiento preciso de esta importante obra para
Ferrol y su comarca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON FERNANDEZ IBAÑEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR.
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿A QUE ACHACA EL GOBIERNO EL
RECHAZO GENERALIZADO QUE SE HA PRODUCIDO EN COMUNIDADES AUTONOMAS
DEL TERRITORIO MEC AL PROYECTO DE ADSCRIPCION DE ALUMNOS Y
PROFESORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA A LOS CENTROS DE EDUCACION
SECUNDARIA OBLIGATORIA? (Número de expediente 180/001590)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Fernández
Ibáñez.
El señor FERNADEZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
¿A qué achaca el Gobierno el rechazo producido ante el proceso de
adscripción de alumnos y profesores a los centros de educación
secundaria obligatoria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Ibáñez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, no comparto en absoluto la afirmación contenida en su
pregunta, en la que da por hecho la existencia de un rechazo
generalizado al proyecto de adscripción de alumnos y profesores
como resultado de la implantación del nuevo sistema educativo.
Es indudable que todo proceso de reforma, de cambio, genera
inquietudes en los receptores de los mismos y más cuando el
proceso afecta a un aspecto tan básico y generalizado como es la
educación. Pero inquietud no es, en ningún caso, igual a rechazo.
Es cierto que se han producido puntuales manifestaciones de
disconformidad con las líneas trazadas por el Ministerio, pero
éstas también han originado expectativas, sugerencias y
aportaciones de gran valor que, junto con las discrepancias,
están siendo analizadas por los servicios técnicos, para
introducir las correcciones que consideren oportunas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Fernández Ibáñez tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ IBAÑEZ: La verdad, señor Ministro, es que se
ha producido, y se sigue produciendo en este momento, un rechazo
generalizado al proceso de adscripción de alumnos y profesores a
los centros de educación secundaria obligatoria, rechazo que está
movilizando a padres, alumnos, profesores y corporaciones
locales, todos ellos con el ánimo de que lo que ellos estiman, y
yo comparto, descalabro organizativo no se lleve a efecto. Es
cierto también que se está llegando a acuerdos con algunas
direcciones provinciales que están paralizando el proceso de
adscripción de algunos alumnos. Reflexione, señor Ministro, ante
el hecho de que es precisamente en aquellos lugares donde se les
dice a los alumnos que el curso que viene seguirán en las mismas
condiciones educativas en donde están paralizándose las
movilizaciones.
No le extrañe, señor Ministro, que exista además un gran recelo
en la opinión pública. Al fin y al cabo, en los centros en donde
se ha implantado la ESO con carácter experimental se ha detectado
un mayor fracaso escolar, y utilizo datos del Servicio de
Inspección Educativa.
Sin embargo, la verdad, señor Ministro, es que estos
acontecimientos están dejando al descubierto la nula
planificación del Ministerio en estos últimos diez años, una
falta de financiación y unos pies de barro, en definitiva, que
ponen al descubierto, como le decía, la planificación de su
Ministerio.
No es usted el único culpable, señor Ministro. Ha tenido usted
tres antecesores en el cargo que no se han ocupado de la
planificación, por lo que usted va a heredar esta bomba de
relojería, en términos políticos, que posiblemente le estalle en
la cara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
El señor Ministro de Educación y Ciencia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, espero que su humor macabro no lo haya expresado
con realismo o que la intención no sea ésa.
Señoría, no se trata de rechazo general. Ha habido protestas,
como ya he manifestado, y dado que S. S. es Diputado por La
Rioja, puedo hacer referencia a los problemas que ha suscitado en
dicha Comunidad Autónoma. En particular, la adscripción de
alumnos del colegio de primaria Las Gaunas, de Logroño, a un
centro de formación profesional situado justamente enfrente del
citado colegio. Se han hecho manifestaciones y durante tres días
los alumnos no entraron en clase. Parece ser que el motivo
radicaba en que los padres preferían y exigían que sus hijos
fueran adscritos a un instituto. Igualmente, otro foco de
conflicto estuvo motivado por el hecho de que estaba previsto que
un grupo de 20 o 25 alumnos de poblaciones rurales de la sierra
de Cameros continuaran sus estudios en Logroño y residieran en
las instalaciones del CEI de la capital. Otros pequeños
conflictos surgieron por el proyecto de fusión de determinados
centros de primaria que tenían por objeto conseguir un centro
mejor dotado de infraestructuras y con mayor racionalización de
los medios personales. Todos estos asuntos han sido objeto de
negociación entre la Dirección Provincial del MEC, organizaciones
sindicales y federaciones de APA de La Rioja.
La situación al día de hoy es la firma de un acuerdo, al que se
han sumado Comisiones Obreras y la Federación de APA, en el
siguiente sentido: no se ha aceptado la petición de adscribir los
alumnos de Las Gaunas a un instituto, existiendo actualmente
normalidad académica; se ha aceptado una subvención singular al
conflicto de la Sierra de Cameros, permaneciendo los alumnos en
sus colegios, en los que cursarán el primer ciclo hasta que se
acuerde una solución definitiva, y se ha aceptado la petición de
no fusionar los centros previstos.
Finalmente, el pasado lunes se celebró una manifestación,
convocada por Comisiones Obreras, con el lema «En defensa de la
escuela pública», que fue aprovechada por sectores descontentos
para otros fines.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON EDUARDO RODRIGUEZ ESPINOSA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿PIENSA EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA CUMPLIR EL MAPA ESCOLAR QUE PUBLICO ESTE Año
PARA LOS CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA? (Número de
expediente 180/001591)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Rodríguez
Espinosa, que tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Educación y Ciencia, en el documento de trabajo
sobre la red de centros, hecho público por su Ministerio en marzo
del presente año, se especifica que esa propuesta inicial es la
base del mapa escolar de cada provincia y solo podrá ser
modificado en caso de que se produzcan cambios demográficos no
previstos que cambien el entorno productivo o que surjan nuevas
situaciones sociales. Los cambios anunciados hasta la fecha en
las distintas provincias o las negociaciones con los sindicatos
no responden a estos criterios y, a estas alturas de calendario,
no se sabe cuántos cambios se van a realizar en realidad; qué es
lo que queda vigente de esa propuesta inicial ni cuántos nuevos
cambios se van a seguir introduciendo.
De aquí, señor Ministro, la pregunta que le formulo. ¿Piensa
cumplir el mapa escolar que publicó este mismo año su Ministerio
para los centros de la ESO?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, obviamente sí, se piensa cumplir el mapa escolar
publicado, porque es el resultado de un estudio riguroso,
dirigido a garantizar el servicio público de la educación en el
marco establecido por la Logse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Rodríguez Espinosa, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, o no le informan o no quiere enterarse de lo que
está pasando, pero estas dos posibles circunstancias no se
corresponden con la realidad ni con su respuesta. A título de
muestra le puedo señalar que los profesores, en este momento, no
conocen ninguna disposición que regule los criterios que se van a
seguir para cambiarles de puesto de trabajo ni el procedimiento
para asignarles uno nuevo, qué centros van a seguir
incorporándose a la reforma para poderlos considerar a la hora de
participar en los concursos de traslados, la forma de elegir
asignaturas afines, condiciones concretas en las que se ha de
producir necesariamente el desplazamiento, situación de los
profesores de latín, de griego y de filosofía.
En un segundo aspecto se están aplicando sistemas de
incorporación de alumnos a los centros de ESO que no están
contemplados en el documento de trabajo del propio Ministerio ni
en ninguna disposición posterior, y como botón de muestra le voy
a servir tres modelos que se piensan aplicar en la provincia por
la que soy Diputado. El director provincial manifiesta que, en
Alcázar de San Juan, los alumnos se mantendrán en los centros de
primaria sin que tengan aulas de tecnología ni de música; que en
Puertollano se va a utilizar un doble turno sin contar con las
aprobaciones de las APA ni de los claustros, y que Ciudad Real
asegura se van a construir no sé cuántas decenas de aulas de aquí
a septiembre sin saber en qué tiempo ni con qué partida
presupuestaria. Y por si esto es insuficiente, la tipología de
centros que se contempla en el documento del MEC es la de
instituto de secundaria, en la que haya ESO, Bachillerato y FP.
Pues bien, en las negociaciones con los sindicatos los
representantes de su Ministerio hablan de institutos que se
construyan con tamaño suficiente, de centros de EGB contiguos a
los institutos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, el mapa escolar ofertado es una propuesta abierta
y como tal susceptible de modificación, y ello no sólo por
posibles variaciones en los diferentes factores utilizados en su
elaboración --cambios demográficos, exigencia de un entorno
productivo concreto, distintas situaciones sociales, etcétera--,
sino también por las aportaciones realizadas por la comunidad
educativa, las administraciones locales y los agentes sociales, a
los que se les ha sometido a consulta siguiendo la línea de
actuación de este Ministerio en pro de la participación de los
sectores afectados. Todos ellos configurarán el mapa escolar de
la provincia de Ciudad Real, que tendrá una red de centros
disponibles en el curso 1997/98, no refiriéndose por tanto a los
que corresponden al momento de la implantación generalizada de la
Logse que es el año 2000, según el calendario establecido.
No obstante, por los datos que S.S. me facilita, si a mí no se me
hubieran dado esos datos y fueran ciertos,
exigiré las responsabilidades que correspondan, y asumo la
responsabilidad en su caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER PEON TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE MEDIDAS CONCRETAS PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO PARA ESCLARECER PLENAMENTE SI DINERO PROCEDENTE DE
FONDOS RESERVADOS TERMINO APLICANDOSE AL PAGO DE ALGUNA
DECLARACION A PROPOSITO DE LA INVESTIGACION EN TORNO AL CASO
«LASA Y ZABALA»? (Número de expediente 180/001586)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Peón Torre.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desgraciadamente, este último lunes hemos
comprobado una vez más que en la lucha contra ETA no hay atajos y
que la impaciencia por encontrar soluciones rápidas, cediendo a
planteamientos de diálogo y negociación sin condiciones previas,
alienta a los violentos a matar con más saña y más horror. El
Gobierno debe despejar de una vez por todas actuaciones poco
claras de estos últimos meses en la lucha contra ETA, entre ellas
las que afectan a la polémica en torno al cuartel de la Guardia
Civil de Intxaurrondo y los acuerdos que en el seno de la
Comisión de coordinación policial del País Vasco se han venido
alcanzando y aplicando sin que la opinión pública, ni esta Cámara
ni los integrantes de los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid
tengan conocimiento concreto de su contenido. La falta de
información ha extendido la sospecha de que existen compromisos
asumidos por el Gobierno con el PNV o con el Gobierno vasco para
un nuevo repliegue policial que no obedecería a necesidades de un
mejor servicio, sino a nueva estrategia del PNV. Nos preocupa que
el cuartel de Intxaurrondo, su cierre y traslado, haya podido ser
comprometido en esa nueva estrategia, que nos parece equivocada.
No ayudan a la claridad las informaciones sobre pagos con fondos
reservados para obtener alguna declaración inculpatoria a
propósito de determinados casos judiciales. Es preciso saber si
dichos pagos se han producido desde el Ministerio del Interior y
con qué intención. Por todo ello, señor Ministro, esperamos su
respuesta a la pregunta que figura con el número 26 en el orden
del día de la sesión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como sabe S. S., el uso de los fondos reservados y también su
control parlamentario ha sido reglamentado recientemente en una
ley aprobada por esta Cámara, según la cual el Gobierno informa
ante la Comisión encargada de entender de los secretos oficiales
en este Congreso de los Diputados tanto del uso que se hace
semestralmente como del destino final de dichos fondos.
El Gobierno viene haciendo un uso reglamentario excepcionalmente
cabal de esta ley. Por tanto, los fondos se están aplicando de
acuerdo con la misma, y el control parlamentario se desarrolla de
acuerdo con esta ley en la Comisión correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Peón tiene la palabra.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Mire, señor Ministro, yo no le preguntaba sobre el destino final,
sino sobre qué se iba a hacer para investigar si esos fondos se
han aplicado a ese destino.
Señor Ministro, este Diputado preguntó al Gobierno en junio cuál
era el tenor literal de los acuerdos alcanzados sobre estos temas
en la famosa Comisión de coordinación policial del País Vasco,
que no es secreta. Pues bien, su Gobierno me envía hace pocas
semanas una mera relación de los temas sobre los que se han
alcanzado acuerdos, pero no sobre el contenido concreto, que era
lo que yo les pedía.
En consecuencia, ¿cómo se extrañan, señor Ministro, de que
tengamos no ya sospechas sino certezas de que no quieren
contestar, de que no quieren decirnos exactamente cuáles son esos
compromisos, esa nueva estrategia política y policial y cuáles
son las razones que les están moviendo a actuar de esa manera, si
no reúnen el Pacto de Ajuria Enea, si no nos contestan a lo que
les estamos preguntando?
Señor Ministro, es preciso recuperar el máximo consenso en la
lucha contra ETA en torno al Pacto de Ajuria Enea y al Pacto de
Madrid para cohesionar la firmeza democrática ante los violentos
y ante quienes les apoyan, pero ustedes tienen su
responsabilidad, señor Ministro. Deben asumirla. Tienen la
responsabilidad de no provocar la sospecha de que van por libre,
de que no cuentan con los demás en esa tarea. Nosotros no podemos
responder a una exigencia de complicidad en actuaciones que
vulneran la ley o dar cheques en blanco para actuar
unilateralmente. Por tanto, señor Ministro, rectifiquen. Háganlo
por el bien de todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la verdad es que tengo que decir que estoy sorprendido.
No alcanzo a comprender, se lo aseguro,
qué tiene que ver el uso de fondos reservados en la investigación
del llamado caso Lasa y Zabala con el despliegue policial en el
País Vasco. Créame que no le entiendo. Si S. S. quiere saber cuál
es la posición del Gobierno sobre el cuartel de Intxaurrondo,
pregúntelo así y con toda seguridad se le contestará, con toda
seguridad. Ahora bien, S. S. formula una pregunta a la que luego
no se refiere y me hace un alegato sobre la lucha antiterrorista
que, en términos generales, yo tengo que decir que comparto.
Comparto el consenso, cómo no, comparto la eficacia y el apoyo a
las fuerzas policiales, como no, y comparto, desde luego, la
presencia de la Guardia Civil en el País Vasco y en el cuartel de
Intxaurrondo luchando contra los terroristas. Y ya que usted no
me pregunta, en este turno oral, en relación con lo que en teoría
me iba a preguntar de acuerdo con el escrito que tengo encima de
la mesa, le tengo que decir que la información a la que usted se
refiere ha sido desmentida por la Secretaria de Estado de
Interior.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿CUANDO TUVO EL GOBIERNO CONOCIMIENTO DE LAS
RELACIONES DE DON LUIS ROLDAN IBAÑEZ, EX DIRECTOR GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL, CON EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, DON
GABRIEL URRALBURU, QUE DIERON LUGAR AL IMPORTANTE ENRIQUECIMIENTO
DE ESTE? (Número de expediente 180/001587)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Ramallo
García.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de la Presidencia, ¿cuándo tuvo el Gobierno
conocimiento de las relaciones de don Luis Roldán Ibáñez, ex
director General de la Guardia Civil, con el ex Presidente del
Gobierno Vasco, don Gabriel Urralburu, que dieron lugar al
importante enriquecimiento de éste último?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
El Gobierno ha tenido conocimiento del tema por el que usted se
interesa a medida que se han ido dando a conocer a la opinión
pública las investigaciones de los juzgados de Pamplona y de
Madrid que están investigando ambos supuestos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ramallo tiene la palabra.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Yo esperaba de la fina inteligencia del señor Ministro que hoy
hubiera dicho algo distinto, porque es increíble, señor Ministro,
que ustedes no se hubieran enterado de que el clan navarro del
señor Roldán y adheridos, entre los que están el señor Urralburu,
habían conseguido un enriquecimiento importantísimo. El señor
Urralburu, ganando 400.000 pesetas al mes como Presidente de la
comunidad autónoma de Navarra, ha hecho patrimonio de 250
millones de pesetas.
Hace más de un año que en la Comisión de investigación denuncié
yo, precisamente, en una rueda de prensa, este enriquecimiento --
comprendo que no le guste, es molesto, pero es que los números
son así-- y la esposa del señor Urralburu me amenazó con una
querella criminal que, por cierto, no interpuso.
El Gobierno, según parece, y se deduce del sumario de las
escuchas ilegales en el Cesid, confirma que grabó y espió desde
el primer español al último. Pero ustedes, a lo que se ve, en un
acto de negligencia irresponsable, no han conseguido enterarse de
lo que verdaderamente era importante para el pueblo español.
El auto del magistrado señor Fernández decreta prisión para el
señor Urralburu por un delito continuado de cohecho, cifrando en
258 millones de pesetas lo defraudado. Y hay algo más. Se han
pagado estudios electorales hechos para el Partido Socialista de
Navarra por compañías (y eso quiere decir financiación del
Partido Socialista) que intervenían en obras con las que tuvo que
ver el señor Urralburu. Luis Roldán convirtió a Urralburu en una
máquina de hacer dinero, pero lo grave, señores Diputados, es que
esa máquina de hacer dinero es de dinero que pagamos todos los
españoles, de dinero que viene de los impuestos. Perdóneme que le
diga, señor Ministro, que ni usted se cree que se han enterado
ahora, porque no considero que estemos gobernados por ineptos,
pero por irresponsables sí, señor Ministro.
Mire usted, en el caso de la autovía de Leizarán se llevaban el
dinero a espartas mientras estaban siendo asesinadas por ETA
muchas de las personas que estaban intentando construir aquella
autovía. ¿Cuándo van a devolver el dinero de los españoles que
han dejado robar? Señor Ministro, esa es la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias,
señor Presidente.
Señor Ramallo, primero, lea usted bien los sumarios, porque
justamente lo que dice el sumario de las llamadas escuchas es lo
contrario de lo que usted ha dicho aquí y lo contrario de lo que
ustedes sostuvieron en esta Cámara. Lea usted bien el sumario.
Justamente lo que dice y lo que sustenta el sumario, y no
precisamente porque lo digan miembros del Gobierno, sino técnicos
independientes, es que el Gobierno dijo aquí la verdad, aunque
ustedes se negaron a reconocerlo. Por tanto, no utilice usted ese
ejemplo. Estúdiese bien el sumario y deje de decir cosas que no
son ciertas. (El señor Ramallo García: ¡Pero si nos lo han
enviado a todos!)
Déjeme acabar, que yo le he escuchado muy respetuosamente. Déjeme
acabar. No se ponga nervioso.
El Gobierno está colaborando con las investigaciones judiciales y
parte de los trabajos que está realizando el Juzgado de Pamplona
lo está haciendo porque el Gobierno ha puesto a su disposición, y
así se recoge en el sumario, los datos que obraban en poder del
mismo. Eso que quede claro. El Gobierno está siendo prudente.
Usted ha hecho una excursión por la financiación de los partidos
políticos, y cómo se entera la gente, que a mí me lleva al
Mediterráneo. Pero mire usted, no voy a ir por ahí. Voy a ser más
prudente que usted, entre otras cosas para ser fiel a lo que le
he dicho aquí en varias ocasiones: no me gusta su estilo
parlamentario. (El señor Ramallo García: Ni a mí el suyo.) Tengo
que decírselo. Usted es el autor de una famosa frase, que
seguramente pasará a los anales de la historia parlamentaria,
según la cual el señor Roldán se encontraba en un sitio húmedo
merced al peso inhabitual de sus zapatos. Todavía estoy esperando
que desmienta esa frase, señor Ramallo. (Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!.--Aplausos.)
El señor RAMALLO GARCIA: Se me ha parafraseado. Yo no he dicho
nunca lo que ha dicho el señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, el turno de preguntas lo
conoce S. S. perfectamente. Son dos turnos que cada Diputado o
miembro del Gobierno dosifica con el contenido y el tiempo que
quieren. Señor Ramallo, no tiene la palabra.
El señor RAMALLO GARCIA: Es que lo ha convertido en una pura
mentira. Ha mentido y lo sabe.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, no tiene la palabra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿CUAL ES LA CAUSA POR LA QUE LOS COCHES DE LA
POLICIA NACIONAL CARECEN DE SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS? (Número
de expediente 180/001593)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, del señor De Torres
Gómez.
El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la causa por la que los coches de la
Policía carecen de seguro de daños a terceros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Los vehículos de la Dirección General de la Policía tienen, según
la información de la que dispongo, el seguro obligatorio de
vehículos a motor, seguro que cubre la responsabilidad civil
frente a terceros, por lo que, a mi juicio, no es exacta la
información de la que dispone su señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Efectivamente, señor Ministro, tengo
que darle la razón en eso. Pero tengo aquí la póliza de ese
seguro de automóviles y entre las exclusiones generales --que son
muchas-- está la del conductor de los mismos vehículos, por lo
que en la pregunta faltaba haber puesto «cobertura suficiente.»
Pero, señor Ministro, eso es poner de manifiesto lo accesorio
para soslayar lo principal.
Como S. S. sabe, la actuación de los funcionarios policiales en
la persecución y en la captura de delincuentes o en la rápida
intervención para la que son requeridos produce a veces lesiones
en los derechos a terceros. Cuando tal ocurre, siempre que los
daños se hayan ocasionado en el ejercicio del cumplimiento del
deber de estos funcionarios, debe responder económicamente el
Estado, lo que podría subrogarse en la correspondiente compañía
de seguros mediante la existencia de la oportuna póliza. Esto es
lo lógico y lo normal.
Pero esto, que tan normal parece, no es, sin embargo, lo que
ocurre en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya
que la situación en que se encuentra la asistencia jurídica de
los funcionarios inmersos en estos accidentes y la de los seguros
de los vehículos que usan hace que muchos de ellos tengan que
hacer frente por sí mismos a responsabilidades derivadas de
accidentes en la conducción de esos vehículos y, como S. S.
sabe --y si no lo sabe se lo digo--, hay suficientes sentencias
judiciales declarando dicha responsabilidad en su perjuicio.
Esta situación de los seguros de vehículos fue planteada en el
Consejo de Policía, sin que se tomara ningún tipo de resolución,
si acaso que sobre el mes de marzo de 1996 podrá quedar resuelta,
pero es que los
funcionarios policiales llevan más de dos años sin garantía
suficiente y con continuos embargos de haberes por actuaciones
policiales, de las que precisamente fueron felicitados por sus
superiores. Ahora se pretende dejarlo para marzo de 1996, después
de las elecciones, para que otro lo solucione, y mientras tanto,
señor Ministro, ¿quién garantiza la cobertura a estos
funcionarios por los hechos ocurridos con anterioridad?
Existe una enorme contradicción entre las aseveraciones del
Subdirector General de Gestión, que el pasado día 4 de este mes
señalaba, al parecer con cierta satisfacción, la relación de
seguros, como usted dice, que sirven de cobertura a estos
funcionarios, y las exigencias de las organizaciones sindicales
que, ante la dura realidad, se quejan amargamente del embargo de
sus haberes y de los de sus compañeros por hechos de esta
naturaleza, lo que implica que o bien no hay seguro o, desde
luego el existente no es bastante.
En definitiva, señor Ministro, la realidad demuestra...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Los vehículos de la Dirección General de la Policía, como le
indicaba anteriormente, están cubiertos por el Consorcio de
Compensación de Seguros mediante el seguro obligatorio de
vehículos a motor. Este seguro, como S. S. conoce bien, cubre la
responsabilidad civil por daños materiales o corporales causados
a terceros hasta los límites del seguro obligatorio.
Los límites, que están actualizados por un Real Decreto de 1992,
ascienden a 4.500.000 pesetas para daños materiales; un máximo de
16 millones para los daños corporales de cada víctima, con
independencia de su número; gastos de asistencia sanitaria
ilimitada para centros reconocidos por el Consorcio con un límite
de 100.000 pesetas para centros no reconocidos, y finalmente una
indemnización de 5.800 pesetas diarias por baja laboral hasta un
máximo de dos años.
Aun así debemos tener en cuenta que la Ley de Supervisión de
Seguros Privados, en su disposición transitoria duodécima,
ampliaba los límites de aseguramiento obligatorio, con efecto
desde el 1 de enero de 1996, a 56 millones de pesetas por cada
víctima, en los daños a las personas, y a 16 millones de pesetas
por siniestro para los bienes, sin perjuicio de posteriores
modificaciones por vía reglamentaria, en virtud de la
habilitación de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de
circulación de vehículos a motor.
En consecuencia, no sólo existe una cobertura de daños a terceros
para los vehículos de la policía, sino que las cuantías se han
incrementado en un 400 por cien y se ha habilitado al Gobierno
para poder ampliar estos límites sin necesidad de tener que
recurrir a una ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCESC HOMS I FERRET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿TIENE INTENCION EL
GOBIERNO DE INCLUIR A UN REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EMPRESAS
PRODUCTORAS DE CARBON EN EL COMITE CONSULTIVO PREVISTO EN LA LEY
DE ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL? (Número de
expediente 180/001580)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Homs i Ferret,
que tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene la intención el Gobierno de incluir a un
representante del sector de empresas productoras de carbón en el
comité consultivo previsto en la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Homs, el Gobierno tiene la intención de hacer cumplir la
Ley y, por tanto, de cumplir con las previsiones establecidas en
la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional al regular la
comisión del sistema eléctrico nacional. Nada impide, a la vez
que nada exige, el que estas empresas tengan un representante.
Pero más bien habría que decir que es una cuestión de
interpretación el que una empresa o la representación de las
empresas productoras de carbón deban tener un puesto. Lo que sí
está previsto en la Ley es que haya una representación de las
empresas del sector eléctrico, no necesariamente de las empresas
del sector de carbón. Por eso le puedo decir que tendremos que
hacer una interpretación cabal. Hay un puesto correspondiente a
diferentes agentes, a comunidades autónomas, a la Administración
del Estado, a las empresas del sector eléctrico, a los
consumidores y usuarios y a otros agentes, y tal vez en este
último capítulo pueda caber, incluso si no hay una previsión
explícita.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias señor Presidente.
Señor Ministro, atendiendo a la conyuntura en la que se encuentra
en estos momentos el sector del carbón, que no es otra que la de
un proceso de ajuste, proceso de ajuste no exento de
complicaciones, puesto
que toda la transformación y reestructuración que debe
experimentar ese sector no va a ir acompañada de las medidas
complejas que deberían tomarse, nosotros entendemos que por la
vinculación y la relación que hoy tiene la producción de carbón
con la producción de energía eléctrica, quizá en esta etapa
inicial en que nos encontramos, sería oportuno que la comisión
tuviera algún representante.
Usted sabe perfectamente que el 43 por ciento de la energía del
sistema español se produce con carbón y, atendida la
transformación que experimentará el sector, quizá sería
interesante y muy positivo que la comisión tuviera una
representación en los próximos tres, cuatro o cinco años para
poder integrar todas las decisiones que tome el sector eléctrico
y aconseje la comisión con las que necesariamente tiene que tomar
el sector de la producción de carbón, puesto que su futuro va muy
vinculado a la producción de energía eléctrica. Usted sabe, por
ejemplo, que la Unión Europea está contemplando en estos momentos
los proyectos y los programas de ajuste y de transformación del
sector que España está planteando, y quizá sería interesante que
todas esas decisiones que se tienen que tomar en el futuro en el
ámbito de la energía eléctrica pudieran estar estrechamente
relacionadas con las que necesariamente se tienen que tomar en el
sector de la producción de energía de carbón.
Creo que tiene usted razón cuando dice que la ley no obliga
directamente a ningún representante del sector del carbón, pero
tampoco lo prohíbe, como usted muy bien ha dicho, y yo creo que
en las distintas modalidades de representación --por comunidades
autónomas, por la Administración del Estado, por las compañías
eléctricas, por los consumidores y usuarios y por los agentes
sociales-- deberíamos encontrar la fórmula para que el sector del
carbón tuviese un representante en ese comité.
Nada más, señor Ministro; nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Homs.
Entiendo su criterio, y lo que le puedo decir en estos momentos
es que me comprometo a analizar esa cuestión, aunque, como he
dicho anteriormente, no debiéramos confundir los problemas del
sector del carbón con los problemas del sector eléctrico, por
mucha que pueda ser su vinculación. Hay otros mecanismos para
analizar los problemas de las empresas del carbón, como los hay
para analizar los de las empresas del petróleo, o los de las
empresas del gas, que son también materias primas utilizadas para
la producción de electricidad. Pero insisto en que nada está
prohibido y que, por tanto, puede ser objeto de un análisis y,
como he dicho anteriormente, me comprometo a que esto se pueda
analizar con algún sosiego, a la vista de los criterios
expresados por otras representaciones que sí tienen establecido
en la ley el derecho a formar parte de ese comité asesor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA
AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA REACTIVAR
EL CONSUMO PRIVADO, DADA LA CAIDA DEL MISMO A LO LARGO DEL ULTIMO
TRIMESTRE Y LA VUELTA A NIVELES DE GASTO SIMILARES A LOS DE HACE
SEIS AÑOS? (Número de expediente 180/001538)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Frutos Gras.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reactivar el consumo
privado, dada la caída del mismo a lo largo del último trimestre
y la vuelta a niveles de gastos similares a los de hace seis
años? Debería añadir que el consumo privado que se ha visto
afectado, afecta sobre todo, valga la redundancia, a las rentas
más bajas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Posiblemente su análisis y el mío tienen un punto de partida
diferente. Para S. S. un crecimiento del consumo privado del 1,8
por ciento es un mal crecimiento, pero desde mi punto de vista no
lo es. En un año como el actual, con un crecimiento al tres por
ciento, el que crezca más la inversión y el sector exterior que
el consumo privado me parece que no es un mal resultado.
Por otra parte, nosotros pensamos que en el año 1996 --y así se
estableció en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos
Generales del Estado--, en la medida en que aumente el empleo y
se mantenga la misma propensión marginal al ahorro, lógicamente
aumentará el consumo privado. Por tanto, el consumo privado es
cierto que tiene el aspecto positivo de incrementar la demanda
interna, pero presionando la inflación, sobre todo si
incentivamos de forma atípica la demanda privada interna, pero es
mucho mejor modelo de crecimiento el que actualmente está en
marcha, basado más en la exportación y en la inversión que en el
consumo privado. El consumo privado no está mal; en mi opinión
crecerá más el próximo
año, y ese crecimiento es positivo desde otros puntos de vista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Es obvio, señor Ministro, que tenemos
discrepancias bastante importantes. El gasto familiar ha bajado
un 1,5 por ciento en el tercer trimestre de este año y retorna al
nivel de 1989. El consumo real de alimentación ha caído hasta
cantidades inferiores a las de 1989. El consumo real de
alimentación afecta sobre todo a las capas más humildes de la
sociedad a las rentas más bajas. Las familias mantienen por
tanto, cautela, mucha cautela en sus gastos; y en esto coincido
con muchos analistas y con muchos políticos. Mantienen su
desconfianza en la solidez de la recuperación económica y se
agrandará todavía mucho más esta desconfianza en el momento que
vean que en este mes de noviembre hay 20.000 parados más, entre
los cuales está una parte importante de los de larga duración,
mujeres, etcétera.
Por tanto, los gastos de los hogares siguen cayendo tras tres
años de persistente descenso. La bajada de un punto y medio del
tercer trimestre sobre el mismo período de 1994 es más grave, ya
que en este año 1994 hubo un gasto muy reducido. A nuestro
entender todo esto se debe a la transferencia de las rentas
salariales a las rentas del capital; es decir, más beneficios
para los que tienen más y menos beneficios para los que en este
momento podrían gozar de una cierta reactivación económica; menos
cobertura al desempleo, lo cual también afecta a las familias más
humildes; más precariedad en el empleo, con lo cual se amplia el
temor que la gente tiene; un sistema fiscal más regresivo y una
moderación salarial extraordinaria, según cifras del propio
Ministerio de Economía y Hacienda; no son cifras mías sino que
son las que da el propio Ministerio.
En definitiva, señor Ministro, creo que esta políticas, que
ustedes consideran tan acertadas para la reactivación de la
economía y para que ésta se traduzca en lo que debe suponer
cualquier acción política, en que la gente note que vive mejor,
no se ven en la realidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias.
Su señoría saca una conclusión que no es necesariamente
compartible. Su señoría dice: Cómo el consumo de alimentación ha
bajado, están peor las rentas más bajas. ¿Por qué no hace la
inversión del argumento y dice: Los precios de la alimentación
tienen un mejor comportamiento y, en consecuencia, es necesario
utilizar menos dinero para alimentación. También se puede hacer
otra formulación: En la medida en que las familias tienen una
mayor propensión al ahorro, están gastando menos en alimentación
y teniendo un comportamiento más coherente y ahorrando para el
día de mañana. Yo creo que ésa es la situación que realmente se
está produciendo. No creo que nadie prescinda de los gastos
básicos de alimentación como consecuencia de la evolución de
rentas.
Por otra parte, S. S. saca algunas conclusiones que no puedo
compartir. La menor cobertura del desempleo tiene otro tipo de
argumentos. El problema de la precariedad lo hemos tratado muchas
veces. Sus señorías no se dan cuenta de que lo que ustedes llaman
empleo precario en su contexto sería falta de empleo. No es que
el empleo actual, si fuera permanente, existiera; seguramente no
existiría y la situación sería mucho peor, como también creo que
sería peor con otros elementos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO QUE, EN LOS DECRETOS-LEYES A APROBAR COMO CONSECUENCIA
DE LA PRORROGA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 95 PARA EL PROXIMO
EJERCICIO, SE CONTEMPLEN MEDIDAS DE INCREMENTO DE LA FINANCIACION
DE LAS CORPORACIONES LOCALES, TAL COMO ESTABA PREVISTO EN EL
PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 1996? (Número de expediente
180/001569)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Padrón
Delgado. Tiene la palabra.
El señor PADRON DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a raíz de la devolución del presupuesto de 1996,
y teniendo en cuenta sus inmediatas declaraciones y las
manifestaciones que hizo el otro día en la Comisión de
Presupuestos, está previsto un decreto-ley para corregir el
problema planteado de incremento de salarios de funcionarios y el
de la Seguridad Social. Las corporaciones locales, como
consecuencia de ese decreto de incremento de salarios, van a ver
incrementados sus gastos corrientes. Y en la Ley de Presupuestos
para 1996 se contemplaba un incremento del fondo de cooperación
municipal del 7,54 por ciento. La pregunta va dirigida a si en
ese decreto-ley que el Gobierno va a aprobar el próximo día 29,
según sus manifestaciones, se puede contemplar alguna medida que
corrija la situación financiera de las corporaciones locales
teniendo en cuenta el índice de inflación habido y que estaba
previsto en la propia ley de presupuestos, porque las
corporaciones locales no tienen
culpa de la devolución del presupuesto. En todo caso, el Gobierno
en la Ley de Presupuestos para 1996 lo que hacía era dar
cumplimiento a los acuerdos que había habido con la FEMP. En este
sentido, señor Ministro, la pregunta es si cabe esa posibilidad
para corregir una situación que va a provocar problemas
financieros a las corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias,
señor Presidente.
Señor Padrón, es un tema que todavía no está decidido. Cuál es la
lógica del decreto-ley. En primer lugar, tenemos que aceptar la
decisión de la Cámara que ha optado por la prórroga del
presupuesto del año 1995. Nosotros consideramos que hay que
incrementar los salarios de acuerdo con los compromisos del
Gobierno. Es cierto que la Cámara tendrá que decir si acepta o no
esa modificación. A partir de ahí, es cierto que en teoría se
podría plantear una dificultad de financiación en las
corporaciones locales y está bien planteada su pregunta. Lo que
sucede es que tendremos que analizar si ese problema se plantea
de forma tan inmediata que sea necesario incluir en el decreto-
ley esa modificación o se puede hacer frente a esos pagos en un
momento posterior del año presupuestario. En opinión del Gobierno
tendrá que existir un presupuesto para el año 1996.
No es cierto que no se puedan librar cantidades adicionales que
permitan resolver el problema financiero de las corporaciones
locales por encima de doceavas partes en los primeros meses. En
consecuencia, lo que habría que plantearse en un momento
posterior sería una aprobación del presupuesto que tendría que
pagar esos derechos que, en todo caso, las corporaciones locales
van a devengar y que el Estado podría transferir en la segunda
parte del año. Esos son los problemas que tendremos que estudiar
y esos serán los argumentos que tendrán que tomarse en
consideración para adoptar la decisión de incluir o no en el
decreto-ley. En mi opinión, lo que es evidente es, en primer
lugar, que si incrementamos el 3,5 por ciento tendremos que tomar
las decisiones coherentes en temas de corporaciones locales. En
segundo lugar, los derechos se van a devengar en todo caso. El
problema es, por tanto, de liquidez, que se podrá resolver con el
decreto-ley, si es imprescindible hacerlo, y si no tendrá que
resolverse con el presupuesto futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Gracias, señor Ministro, por la
contestación. Veo que el tema le preocupa y que ha sido objeto de
estudio.
No hubiera planteado el problema, señor Ministro, si, en el mes
de abril o mayo estuviese el presupuesto. Pero hay que tener en
cuenta, según las previsiones, que no podrá haber un presupuesto,
contando con la constitución de las Cámaras, la formación del
Gobierno, etcétera, posiblemente hasta pasado el primer semestre
del año. Si bien es verdad que en el segundo semestre podrá ser
corregido ese problema, lo cierto es que durante un primer
semestre, señor Ministro, las entidades locales van a tener ese
problema.
Por todas estas razones, le agradezco que se tome interés para
ver una posible solución que no agrave la situación financiera de
las corporaciones locales.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias,
señor Presidente.
No es interés del Gobierno, evidentemente, crear problemas a las
corporaciones locales. En el caso de que viésemos que no se puede
librar la cantidad correspondiente para hacer frente a esos
pagos, tendríamos que plantearnos cuál es la solución, que puede
ser el nuevo presupuesto o pueden ser, en todo caso, los créditos
extraordinarios necesarios para hacer frente a los derechos y a
los créditos devengados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES ENCUENTRA EL
GOBIERNO PARA EXPLICAR LA REITERADA SUBIDA DEL INDICE DE PRECIOS
AL CONSUMO EN CANARIAS POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL,
ESPECIALMENTE EN EL GRUPO DE ALIMENTACION? (Número de expediente
180/001570)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Martinón
Cejas. Tiene la palabra.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el índice de precios de consumo en Canarias viene
subiendo, como tónica general, a lo largo del año por encima de
lo que sucede en el conjunto del territorio nacional. Es
especialmente significativa la subida en el grupo de
alimentación, que llega a ser tan espectacular como que en el mes
de septiembre el índice acumulado durante los últimos doce meses
llega a ser el 13,1 frente al 4,6 por ciento nacional, lo cual
indica que triplica prácticamente la media nacional, en una
comunidad autónoma que tiene un régimen específico de
abastecimiento que supone una ayuda
de la Unión Europea superior a los 30.000 millones de pesetas.
Por ello le formulo la siguiente pregunta aprovecho para corregir
el texto que ha sido publicado, pues hay una errata donde dice
«índice de precios al consumo» debe decir «índice de precios de
consumo»: ¿Qué razones encuentra el Gobierno para explicar la
reiterada subida del índice de precios de consumo en Canarias por
encima de la media nacional, especialmente en el grupo de
alimentación?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Son
ciertos los datos que S. S. ha dado. Es cierto que éste es un
elemento de preocupación para todos. Todos somos conscientes de
la importancia que para Canarias tiene una evolución correcta del
índice de precios al consumo, especialmente en alimentación, como
consecuencia de la prestación de servicios, especialmente
turísticos, que son fundamentales para las islas.
¿Cuáles son los problemas, las razones y dónde está la dificultad
mayor? Cuando uno analiza con cierto detalle lo que está
sucediendo con la alimentación, ve que hay dos elementos
explicativos del fenómeno. En primer lugar, las islas tienen un
régimen de importación libre, incluso subvencionada en algunos
casos, por lo cual en teoría no debería tener un comportamiento
peor que la península, excepto --y este es un tema importante--
por dos elementos que sí pueden haber influido en este período:
la evolución de los tipos de cambio del precio de venta de
ciertos productos, lo que se ha producido en los últimos años, y
la elevación de los precios internacionales de ciertos productos,
que también se ha producido. Es cierto que juega el elemento
compensatorio que en estos momentos está funcionando en términos
de Unión Europea y que está favoreciendo que ese incremento no
sea superior.
Hay otra cuestión que me gustaría destacar y es que un elemento
fundamental de ese incremento del índice de precios al consumo se
ha producido en las patatas. En el resto de España se ha
producido una caída del 2,7 por ciento, pero en Canarias ha
habido sólo una caída del 0,1 por ciento. Esto hay que
interpretarlo también en relación con un punto, en mi opinión
relevante, que es la protección específica que se da a los
cultivos de medianías de las Islas canarias, especialmente las
papas. Definimos en su momento un modelo determinado que
permitiese facilitar la producción en esa zona a cambio de un
mayor precio al consumo. Sería relativamente fácil aceptar la
importación de patatas en Canarias, pero S. S. sabe como yo que
puede plantear problemas relevantes fitosanitarios, aparte de
otros de otra naturaleza, y en consecuencia tenemos que buscar un
equilibrio razonable.
En definitiva, a mí el problema me preocupa como le preocupa a
usted. Yo creo que tenemos que poner en marcha todos los
mecanismos necesarios para resolverlo, pero también tenemos que
ser conscientes de las dificultades que podríamos crear con
cierto tipo de soluciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Según entiendo, señor Ministro, los tipos de cambio y la subida
de precios internacionales son dos elementos que han podido
contribuir a esta subida exagerada, así como la protección que de
hecho existe a la papa canaria. A mí me da la impresión, y me
atrevo a sugerirlo, que algo han tenido que influir también las
estructuras comerciales deficitarias que existen en Canarias que
permiten que buena parte de la alimentación pase por pocas manos,
incluso que se llegue a situaciones de acaparamiento de
mercancía. Yo creo que, siendo conscientes de que hay una
competencia de la comunidad autónoma, algún tipo de preocupación
debe generar en el Gobierno de la nación esta situación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HAN COBRADO YA LOS
AYUNTAMIENTOS AFECTADOS LA COMPENSACION POR LA CONDONACION DEL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI RUSTICA) POR CAUSA DE LA
SEQUIA? (Número de expediente 180/001573)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, para paliar los efectos de la sequía el
Gobierno arbitró en 1994 --también lo ha hecho este año, pero
lógicamente la pregunta va referida al año anterior-- una serie
de medidas entre las cuales se encuentra la condonación del
impuesto de Bienes Inmuebles, en concreto el de rústica, por
causa de la sequía. Pero al propio tiempo, como era lógico, para
que los ayuntamientos no vieran mermados sus recursos, el
Gobierno en el mismo decreto previo una compensación económica
por las mismas cantidades que habían sido condonadas. Los
ayuntamientos han cumplido los requisitos que se formularon en la
reglamentación posterior enviando una documentación, y
en estos momentos muchos de ellos ya han percibido las cantidades
de esa compensación, pero hace un tiempo faltaban algunos.
Por tanto, mi pregunta es literalmente: ¿Han cobrado ya los
ayuntamientos afectados la compensación por la condonación del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI rústica) por causa de la
sequía?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo creo que sustancialmente sí, pero de todas formas voy a darle
los datos, y no me refiero únicamente a 1994. Entre 1992 y 1994
la compensación prevista por bienes inmuebles en IBI rústica se
ha pagado por un total de 12.545 millones de pesetas. Queda
todavía algo pendiente; quedan pendientes exactamente 3.419
millones de pesetas al día de hoy, el 21,4 por ciento del total.
¿Por qué queda pendiente? En la mayor parte de los casos por
tramitación administrativa o por falta de cumplimentación al cien
por cien de los expedientes. En el momento en que esas
documentaciones estén completadas, evidentemente se pagarán, y a
mí me gustaría que no quedase nada pendiente al que tiene la
documentación en regla absolutamente a fin de año. Hemos empezado
ya también a trabajar con la compensación del año 1995. En este
momento se han recibido solamente siete solicitudes de las 40
provincias afectadas y el importe total es de 1.342 millones de
pesetas, calculamos que el 15 por ciento del total. También esas
cifras, en la medida en que los expedientes estén terminados, se
van a pagar.
Por tanto, no hay ningún problema de tesorería, no hay ningún
problema de impagos por parte del Gobierno central. Simplemente
es un problema de cumplimentación de los requisitos burocráticos
para hacer frente a esas deudas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES SE HAN LLEVADO A CABO PARA COMPENSAR A
AQUELLOS MUNICIPIOS QUE HAN RECIBIDO MENORES INGRESOS POR
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE) COMO CONSECUENCIA DE LAS
BONIFICACIONES QUE SE APLICAN A LAS COOPERATIVAS? (Número de
expediente 180/001581)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Carrera i
Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas, en su artículo 33 sobre beneficios fiscales
reconocidos a las cooperativas protegidas y, en concreto, en su
apartado 4 hace referencia a que gozarán de una bonificación del
95 por ciento de la cuota del IAE. En el mismo apartado 4 se
indica que, previas las compensaciones que sean necesarias, la
Dirección General de la Coordinación con las Haciendas
Territoriales ordenará las compensaciones que procedan con cargo
a un crédito ampliable que se consignará a tal efecto en los
Presupuestos Generales del Estado. Por ello le dirijo la
siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para
compensar a aquellos municipios que han recibido menores ingresos
por el IAE como consecuencia de las bonificaciones que se aplican
a las cooperativas?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
La compensación de los años 1992 a 1994 se ha efectuado a todas
las entidades locales solicitantes que han aportado todos los
documentos de los ejercicios correspondientes. Por tanto, no hay
nada que quede pendiente de los años 1992 a 1994 teniendo
completo el expediente. Si hay algún problema de completar estos
expediente debe resolverse, evidentemente, y a partir de ese
momento se pagarán sin ninguna dificultad.
¿Qué sucede con lo que afecta al año 1995? Los expedientes
presentados durante el primer semestre han sido ya tramitados
todos por la Dirección General de Coordinación con Haciendas
Territoriales, ya se han dictado las resoluciones
correspondientes aprobatorias, cuyo importe está pendiente de
pago por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y
también se irá haciendo frente de acuerdo con el proceso normal
de pagos. Ahora lo que estamos haciendo es examinando los
expedientes que se han presentado durante el segundo semestre del
año. El sistema de compensación a las diputaciones provinciales
del porcentaje correspondiente al recargo provincial en la cuota
IAE de las cooperativas con derecho a bonificación se efectúa de
oficio por la Dirección General de Coordinación con Haciendas
Territoriales, a la vez que se compensa a los ayuntamientos
solicitantes. Es cierto que existen algunas diputaciones
provinciales que han instado directamente a la compensación que
les corresponde junto con las de los municipios de su territorio,
que se les había atribuido competencias en materia de gestión y
recaudación tributaria. Por lo tanto, no hay ningún problema
específico. Simplemente es el problema de la tramitación norma y
no está, en mi opinión, planteándose ninguna dificultad
específica en
estos casos. Los que no han cobrado cobrarán cuando los
expedientes estén finalizados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Ministro, por la
información.
Mi pregunta iba dirigida no tanto a la concreción del año 1995,
que por lo que veo va siguiendo ese curso, sino más bien, por los
contactos habidos con algunas corporaciones locales, de
municipios pequeños cuyas quejas no eran de este año sino a
partir de la aplicación de la IAE --por tanto de 1990--, como si
en el transcurso de todos estos años no se hubiera cobrado la
compensación correspondiente.
Por tanto, a la vista de la información que facilita el señor
Ministro, debe consistir en un fallo de notificación. Tomo nota
de ello. Conectaremos con los municipios que se han dirigido a
nosotros e intentaremos resituar la cuestión, porque --repito--
no ocurre sólo en el ejercicio actual del año 1995, sino que
estos hechos se remontan al año 1990. Por tanto, hay algo que no
concuerda con los informes que nos acaba de facilitar el señor
Ministro.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias,
señor Presidente.
Es cierto que el procedimiento es relativamente complejo, exigen
una serie de certificados y es verdad que en algunos casos esos
certificados no se han cumplimentado verdad que al día de la
fecha hay bastantes expedientes incompletos. La Dirección General
de Coordinación con Haciendas Territoriales lo que hace es
requerir que se completen esos expedientes para realizar los
pagos correspondientes. Por tanto, yo le pediría que informe a
los ayuntamientos afectados y que si hay alguna dificultad se
pongan en contacto directamente con la Dirección General de
Coordinación para ver dónde está el problema y subsanar los
posibles defectos que actualmente tienen los expedientes para
hacer los pagos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JULIO BASSETS RUTLLANT, DEL GRUPO SOCIALISTA
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL PAPEL DE
ESPAÑA, COMO ESTADO MIEMBRO, EN LA AGENCIA EUROPEA DE EVALUACION
DE LOS MEDICAMENTOS? (Número de expediente 180/001561)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Bassets
Rutllant.
El señor BASSETS RUTLLANT: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, cuando presenté esta
pregunta --pregunta que formularé a continuación-- lo hice
conjuntamente con otra que complementaba a ésta y que era la
siguiente. ¿Ha adoptado el Ministerio de Sanidad y Consumo alguna
medida para agilizar la actividad en cuanto a la evaluación de
los medicamentos? A esta pregunta la señora Ministra me respondió
en su última comparecencia de forma satisfactoria.
Con sorpresa pero con satisfacción, he tenido conocimiento hace
un momento de que en el último Consejo de Ministros se ha
aprobado un real decreto --que todavía no ha sido publicado en el
Boletín Oficial del Estado--, por el que se regula la evaluación,
autorización, registro y condiciones de dispensación de
especialidades farmacéuticas. El real decreto introduce para
España el nuevo procedimiento para aprobar medicamentos en la
Unión Europea consistente en que, después de la autorización
concedida por cualquier Estado miembro, los restantes deben
reconocer dicha autorización en los mismos términos. Este nuevo
sistema se irá consolidando hasta su plena entrada en vigor en el
año 1998. Si existieron discrepancias deberán ser resueltas por
la Agencia Europea para la evaluación de los medicamentos. Con
ello se pretende garantizar la pureza, calidad, seguridad y
eficacia de los medicamentos, tanto en el uso humano como en el
uso veterinario, así como los niveles máximos de residuos
medicamentos en los alimentos de origen animal.
Por todo lo dicho anteriormente es de mayor actualidad, si cabe,
la pregunta que formulo al Gobierno: ¿Cuál es el papel de España,
como Estado miembro, en la Agencia Europea de evaluación de los
medicamentos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bassets.
Tiene la palabra la señora Ministra.
El señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Bataller):
Gracias, señor Presidente.
Señor Bassets, efectivamente es un asunto capital, a la hora de
hablar de política farmacéutica, lo que ha supuesto la entrada en
vigor de un nuevo sistema de evaluación de los medicamentos a
nivel europeo, tomando como base el reglamento del Consejo del
año 1993, por el que se creó la Agencia Europea de evaluación de
medicamentos que, como sabe S. S., tiene su sede en Londres.
A la hora de explicar el papel que nuestro país tiene en este
nuevo sistema de evaluación, quiero recordar que la estructura
básica de la Agencia consta del Consejo de dirección, de los
comités científicos y el Secretario permanente. España está
representada en el Consejo de Dirección por la Directora General
de Farmacia para los medicamentos de uso humano y por el
Director General de Sanidad Animal, del Ministerio de
Agricultura, para los medicamentos de uso veterinario. Nuestro
país ya ha realizado en el Consejo de Dirección algunas
propuestas, que me parecen significativas, relativas a la
necesidad de armonizar en mayor medida las condiciones de
autorización de los medicamentos y garantizar, de esta forma, que
existan criterios similares tanto si el registro se efectúa por
la Agencia como por un Estado miembro. Por ello se acaba de
organizar un grupo ad hoc, que se ha reunido la semana pasada en
Bruselas, atendiendo --como ya he dicho-- una iniciativa
española. Hemos impulsado también, a través de nuestra
representación en el Consejo, un proyecto de colaboración con el
Centro de Traducción de Luxemburgo, con el fin de garantizar que
las traducciones de los textos científicos de los medicamentos a
las once lenguas oficiales se realicen con las máximas garantías.
Esto supone un asunto de especial transcendencia en esta materia.
Por lo que se refiere a los comités científicos, que son el
Comité de Especialidades Farmacéuticas y el Comité de
Medicamentos Veterinarios, tengo que decir que tienen como misión
la de adoptar decisiones comunes sobre autorización de
medicamentos de uso humano y veterinario en base a criterios de
eficacia, de calidad y de seguridad. Esta constituido por todos
los Estados miembros y, por tanto, España también está
representada. Se reúne mensualmente en la sede de la Agencia,
bajo la presidencia de un representante elegido por los miembros
de cada comité.
De las ocho primeras solicitudes de autorización de medicamentos
presentadas a la Agencia para su evaluación --como usted sabe, su
entrada en funcionamiento ha sido muy reciente--, España ha sido
ponente de un interferón BR combinante, cuya evaluación, por ser
un medicamento obtenido por biotecnología, planteaba ciertas
dificultades técnicas. Esto significa que, en la actualidad,
aunque nosotros no contamos con...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS ADOPTARA EL GOBIERNO PARA EVITAR
LA MASIFICACION EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LOS HOSPITALES
PUBLICOS, QUE OBLIGA A OCUPAR LOS PASILLOS CON CAMAS Y HA DADO
LUGAR AL FALLECIMIENTO DE UN ENFERMO EN UNA SALA DE ESPERA?
(Número de expediente 180/001588)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Burgos
Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿qué medidas adoptará el Gobierno para evitar la
masificación en los servicios de urgencia de los hospitales
públicos, que obliga a ocupar los pasillos con camas y ha dado
lugar al fallecimiento reciente de un enfermo en una sala de
espera?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, las urgencias son uno de los elementos
fundamentales en el funcionamiento del sistema sanitario, de
forma que constituyen un objetivo permanente en todos los planes
del Insalud. Ello se refleja, por ejemplo, en que en todos los
planes directores de los hospitales del Insalud se han incluido
sistemáticamente presupuestos destinados específicamente a los
servicios de urgencia, lo que ha permitido que en los últimos
seis años se hayan realizado 37 remodelaciones y mejoras en los
servicios de urgencia.
En las urgencias, que en el servicio público funcionan
correctamente, que son utilizadas mayoritariamente por los
ciudadanos --un 89 por ciento expresa su preferencia por las
urgencias en el sistema sanitario público-- y atienden al 92,6 de
la población española, se producen períodos punta por razones que
van desde la climatología a los puentes de vacaciones. En esos
momentos determinados se producen aglomeraciones que en ocasiones
dificultan la utilización de los servicios. Como S. S. no me
expresa a qué caso se refiere, no puedo darle datos, pero si me
precisa trataré de darle una explicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la situación de los servicios de urgencia en
nuestros hospitales es una situación límite. La demanda creciente
y objetiva de asistencia especializada inmediata evidencia
permanente y cotidianamente la falta de medios materiales y
humanos, la organización caótica en muchos casos y siempre
fácilmente desbordable y, sobre todo, que los ciudadanos están
buscando el servicio de urgencias debido al fracaso de la
organización sanitaria ante la burocracia administrativa y,
fundamentalmente, ante las galopantes listas de espera. El
problema de las urgencias en España es que ya no son un término
para describir situaciones en que objetivamente existe un riesgo
para la vida o la integridad física de las personas, sino que,
por obra y gracia de un modelo sanitario ineficiente,
congestionado y desesperante para muchos ciudadanos, se han
convertido en una mera asistencia fuera del horario
administrativo habitual de la atención programada de nuestros
centros. En definitiva, la mala organización de nuestro sistema
hace que recaiga sobre los verdaderamente necesitados el uso y
abuso indiscriminado del servicio de urgencias, su devaluación
asistencial, la sobrecarga de los servicios y la presión excesiva
sobre los profesionales.
Desde que en 1988 el informe del Defensor del Pueblo denunció
frontalmente la situación de la asistencia médica de urgencias en
nuestro país, no se han dado más que tímidos pasos en la reforma
de esos servicios de urgencias para dotarlos de medios
suficientes y, sobre todo, de un sistema de valoración inmediata
de riesgos para el enfermo, que a veces puede llegar por su
propio pie a los servicios, pero tiene que esperar un tiempo
excesivo para recibir asistencia que algunas veces, como en caso
dramático al que me refería, es vital para su propia
supervivencia.
En definitiva, hay que acabar con el espectáculo de las camas en
los pasillos de los servicios de urgencia, hay que acabar con las
camas cruzadas en los ingresos de los servicios de urgencia. Todo
eso evidencia la falta de organización, la falta de medios, la
falta de credibilidad de los ciudadanos en un sistema sanitario
cuya única puerta de entrada para ofrecerles la atención
inmediata y oportuna que precisan es el servicio de urgencias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, tengo que lamentar que S. S. utilice un servicio
como el de urgencias para soltar su discurso demagógico, injusto
y falso.
Las urgencias del sistema sanitario público, señoría, funcionan
muy bien. En el año 1994 se han atendido 4.179.786 urgencias, con
una media de 11.450 al día; 422 intervenciones quirúrgicas; con
una media de médicos de urgencia por día que alcanza 2.400.
Como son muchos (9 de cada 10 ciudadanos) los que utilizan las
urgencias de la sanidad pública, sus afirmaciones, señoría, no se
corresponden con la opinión de estos millones de personas que
pasan a diario por urgencias.
Lamento que nuevamente un asunto tan serio y tan importante, en
el que se ha avanzado tanto en la mejora de su funcionamiento, se
utilice por S. S. para descalificar de manera global, injusta y
falsa el funcionamiento del sistema.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL
MINISTERIO PARA EVITAR LAS LISTAS INCONTROLADAS DE MEDICAMENTOS
DE UTILIDAD TERAPâUTICA BAJA EN EL INSALUD? (Número de expediente
180/001589)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Fernández-
Capel.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, ¿qué medidas ha adoptado el ministerio para
evitar las listas, llamémosle incontroladas, de medicamentos de
utilidad terapéutica baja en el Insalud?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señora Fernández-Capel, como usted conoce, en 11 junio de 1993 la
Dirección General del Insalud estableció la publicación periódica
de boletines u hojas de información farmacoterapéutica, a las que
S. S. se refiere.
En el año 1993 se elaboraron 208 y en ninguno de ellos se
incluyeron marcas comerciales, ni listas negativas por las que S.
S. de interesa.
En el año 1994 se publicaron 316, y en cuatro se detectaron ese
tipo de listas o utilización de marcas. Con este motivo se
dirigió un escrito, el 7 de julio de 1994, a la dirección
provincial del territorio donde se había producido esta
publicación, señalando que no era ése el criterio para estos
boletines.
Durante el año 1995 se han detectado nuevamente algunos boletines
que incluían marcas comerciales. Por ello, en fecha 6 de abril de
1995, se remitió otra nota reiterando las indicaciones de que
sólo se trataba de hablar de principios activos y en ningún caso
de marcas comerciales.
Hasta octubre de 1995 se han editado 112 boletines de los cuales
en cinco hemos detectado nuevamente esa interpretación incorrecta
de lo que son las guías terapéuticas.
Puedo asegurarle, señoría, que desde la Subdirección General de
Atención Primaria se remitió la nota de 6 de abril de 1995 y que
desde entonces en ninguno de los boletines se incluyen relaciones
de marcas comerciales.
No obstante, y para unificar criterios, la dirección general, con
fecha 29 de noviembre de 1995, ha enviado instrucciones a todas
las gerencias de atención primaria
para precisar el contenido, la finalidad de los boletines y
evitar equívocos, que son malas interpretaciones de lo que
constituye una política farmacológica que avala la Dirección
General.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández-Capel.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, le planteamos este problema hace casi año y
ustedes lo habían negado siempre.
Podríamos haber aclarado en una conversación esto que ustedes han
negado siempre, pero la responsabilidad de un Diputado cuando
trae preguntas a esta Cámara, en el ejercicio de la
representación que le reconocen los artículos 111 y 66 de la
Constitución, y por respeto al pueblo soberano que nos ha
encomendado esta misión, es demandar en ella la respuesta en el
ejercicio de control del Gobierno.
Le puedo asegurar, señora ministra, que no ha sido grato tropezar
con el muro e irracionalidad de un Gobierno atrincherado, que no
ha admitido ser controlado y por principio ha negado siempre la
mayor.
Ni cuatro ni cinco listas; le puedo decir ahora mismo otras más:
Cantabria, 95; Talavera, 94; Ciudad Real, 94; Melilla, 94;
Plasencia, 94. ¿Sigo? Y no han sido incontroladas, señora
ministra; son oficiales de las áreas de salud, porque
oficialmente se han remitido a esta Diputada a esta Cámara hace
muy pocos días.
Ustedes lo han negado, señora ministra, o no se han enterado de
lo que estaba pasando en su ministerio, y se pierde un tiempo
precioso por no oír lo que la oposición, en el ejercicio de sus
derechos, les está diciendo, o no dicen la verdad sobre sus
actuaciones. En cualquier caso, señora ministra, las dos
situaciones son graves.
Nuestra responsabilidad en la denuncia está asumida, pero asuman
ustedes la suya y actúen. No se le pueden descontrolar otra vez.
Actúen y, si con incontroladas, controlen, porque hemos perdido
un año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señora Diputada, si usted considera que la actuación que le he
explicado, consistente en remitir circulares aclaratorias y en
detectar los casos en que eso se ha producido, es una actitud
irracional y de negación, pues difícilmente voy a convencerle en
los minutos de que ahora dispongo. He negado, y niego, que desde
la Dirección General del Insalud o desde el Ministerio de Sanidad
se esté haciendo una política farmacológica o de uso racional del
medicamento consistente en publicar listas, diferentes, de
medicamentos negativos con marcas comerciales. Eso lo he negado y
lo seguiré negando.
Naturalmente reconozco que en cientos de boletines que se han
editado (en cuatro, en dos, no en esas cifras que S. S. me dice
ahora y que no conozco) se han producido interpretaciones
incorrectas, que hemos corregido a través del correspondiente
instrumento, que es la instrucción.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PARA LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿QUE RAZONES ALEGA EL GOBIERNO PARA
JUSTIFICAR EL ELEVADO NUMERO DE COMISIONES DE SERVICIO QUE HA
UTILIZADO DURANTE EL AÑO 1995? (Número de expediente 180/001594)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Núñez Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, ¿qué razones alega el Gobierno para justificar el
elevado número de comisiones de servicio que ha utilizado durante
el año 1995?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i
Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
El Gobierno en todo momento ha utilizado la comisión de
servicios, de acuerdo a lo previsto en la Ley de medidas y al
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, para cumplir
determinados puestos en caso extraordinario, de urgente necesidad
y de forma restrictiva, buscando siempre un mayor servicio al
ciudadano y no la satisfacción de necesidades personales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, Presidente.
Señor ministro, las 12.213 comisiones de servicio concedidas en
los primeros nueve meses de 1995 son un número excesivo y
altamente sospechoso. ¿Por qué? Porque según el artículo 64 del
Reglamento vigente, pueden utilizarse sólo en caso de urgente e
inaplazable necesidad y pueden prorrogarse un año. Por tanto, o
estamos ante prórrogas ilegales o estamos ante la utilización
generalizada de lo excepcional, pues además de
las concedidas este año, suman 69.394 las concedidas en los cinco
años anteriores. Tratándose de supuestos urgentes e inaplazables,
son demasiadas, señor ministro, y no tienen ninguna
justificación; pero sí tienen, por desgracia, mucha explicación.
El simple análisis de los datos que figuran en el Registro
central de personal demuestra que el 60 por ciento de los puestos
cubiertos por concurso de méritos, ya estaban ocupados mediante
comisiones de servicios. En términos claros, en estos últimos
seis años se han realizado cerca de 70.000 libres designaciones
encubiertas. La opinión generalizada de los funcionarios tampoco
ofrece dudas. Es «vox populi» entre ellos que las comisiones de
servicio son la antesala de las libres designaciones.
¿Qué quiere que le diga, señor ministro? Que nadie se rasgue las
vestiduras, porque esta técnica figura, no en una ley, figura ni
más ni menos que en el manual de procedimiento de gestión de
recursos humanos de su ministerio. La comisión de servicios --
dice-- es la solución más fácil y cómoda para sortear lentitudes
y rigideces de los concursos. Elocuente confesión de parte, señor
ministro. La politización de la función pública en los términos
que ustedes han llevado a cabo, conculcando los principios de
mérito y capacidad, ha conducido a los funcionarios a un estado
de desmoralización y a la Administración pública a un alto grado
de ineficacia. No huya usted, señor ministro, a otras geografías
para justificar lo injustificable, refiérase a la Administración
general del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i
Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, usted ya se pone la venda antes que la herida porque
sabe que usted dice exactamente lo que ustedes hacen donde tienen
responsabilidades de Gobierno. (Rumores.) La Administración
general del Estado no lo hace, porque esas doce mil y pico que
usted decía y que ha obtenido usted del Registro de personal que
creó el Gobierno socialista cuando empezó a gobernar (ustedes no
lo crearon y cuando usted era ministro no sabía ni las comisiones
de servicio ni siquiera los funcionarios que tenía a su cargo),
le tengo que explicar que es exactamente la misma cifra que se
repite año tras año durante los que usted ha analizado. Por
consiguiente, no aumentan las comisiones de servicio, sino que se
mantienen constantes, y se hacen para cubrir los puestos de
urgente necesidad, como son los funcionarios docentes, porque en
otro caso no se dan clases a los alumnos, o los funcionarios de
los juzgados, porque no se podrían celebrar los juicios. Esto es
exactamente lo que hace la Administración general del Estado:
cubrir los casos de urgente necesidad con esas comisiones de
servicio que, por lo demás, están completamente reguladas y
vigiladas, y sabe usted que se mantienen constantes a lo largo de
los años.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA ECONOMICA Y MEDIDAS PARA FORTALECER
NUESTRO TEJIDO PRODUCTIVO Y ALCANZAR TASAS DE EMPLEO Y NIVELES DE
PROTECCION SOCIAL SIMILARES A LOS DE LOS PAISES DE LA UNION
EUROPEA, UE (Número de expediente 172/000134)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día:
Interpelaciones urgentes.
Interpelación, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política económica, medidas para fortalecer
nuestro tejido productivo y alcanzar tasas de empleo y niveles de
protección social similares a las de los países de la Unión
Europea.
Por el Grupo proponente de la interpelación, tiene la palabra el
señor Frutos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputadas, señores Diputados, los
análisis económicos y los datos de la contabilidad nacional, por
todo lo que está saliendo estos días, apuntan casi sin excepción
a dos cosas: en primer lugar a que hay una expansión económica y,
en segundo lugar, como consecuencia de lo primero, que hay una
salida de la crisis, yo creo que de forma bastante triunfalista.
Independientemente de que podemos aceptar que hay una expansión
económica, no vamos a negarlo, es mucho más problemático y
conflictivo llegar a una conclusión en relación a la salida de la
crisis económica, entendiendo ésta como una crisis económica,
social, estructural. Es decir, si escarbamos en la realidad
económica y en las secuelas sociales que tienen esta realidad y
la situación económica de nuestro país, las estructuras y el
funcionamiento de las mismas o los cambios que hay, llegaremos a
otro tipo de conclusiones que crean importantes incertidumbres,
crean temor en una parte importante de la ciudadanía que se
expresa, como he intentado explicar anteriormente en mi pregunta
al Gobierno, en relación al mismo gasto familiar de las personas
o rentas más bajas y crean fuertes disfunciones estructurales,
como posteriormente intentaré demostrar.
Se dice que el déficit público y los salarios crean el paro, la
inflación y la pérdida de competitividad. Yo no voy a negar de
forma rotunda y absoluta que estos elementos
tienen incidencia en la inflación, en la posible pérdida de
competitividad, pero creo que tiene una incidencia bastante
relativa, porque, al mismo tiempo, se obvia lo que consideramos
nosotros más importante como la incidencia en la inflación y en
la pérdida de competitividad, que es la debilidad productiva
agudizada o profundizada después de la extraordinaria laminación
industrial que ha habido en los últimos diez años en este país.
Se obvia, por ejemplo, el fraude de impuestos, fraude a la
recaudación de impuestos, o el mismo fraude a la Seguridad
Social, corrupciones y corruptelas a todos los niveles, que dan
una imagen de la Administración pública y del quehacer político
bastante desastrosa y, naturalmente --lo pongo para que vea que
no aprovecho la ocasión para meter cizaña ni hurgar en la herida-
-, la crisis política algo tendrá que ver también en todo eso. Se
proponen tesis, de forma cada vez más rotunda, con afirmaciones
cada vez más ideológicas --perdón, pseudoideológicas--, tesis y
prácticas de carácter radicalmente liberal.
El mercado. El mercado lo soluciona todo, aunque, como se acercan
las elecciones, en el último período parece que se dice, para
polemizar con los señores de la derecha, a pesar de que luego
practican la misma política: no, no, el mercado no lo soluciona
todo; el Estado tiene que intervenir, porque si no, las personas
más desfavorecidas son las afectadas.
Desmantelamiento de lo público. Se dice que no, que es la derecha
la que va a desmantelar, pero se continúa, a través de una serie
de leyes, de legislaciones y, como, por ejemplo, el debate que
tuvimos hace poco en relación a la liquidación del Instituto
Nacional de Industria o del Instituto Nacional de Hidrocarburos
va en esta línea.
Hay determinadas incertidumbres sobre las pensiones (podrán
cobrarse, no podrán cobrarse; qué cantidad; tiene que haber
reforma), aunque naturalmente, como esta mañana se ha hecho de
forma solemne pero poco creíble, todo el mundo ante las
elecciones dice: no se preocupen ustedes, que las pensiones no
sufrirán. Ojalá no sufrieran, pero tenemos la mosca detrás de la
oreja, y muchos ciudadanos también la tienen.
Al mismo tiempo hay reformas fiscales más regresivas desde el
punto de vista social, que no hacen un papel de activación de la
economía, sobre la base de su propia filosofía, no de la nuestra,
que es diferente.
El pleno empleo prácticamente ya se descarta. Aquí cuando hay un
aumento de medio punto de la tasa de ocupación ya sacan ustedes
las castañuelas y hay jolgorio; sin embargo, nadie se propone
como objetivo para el futuro un pleno empleo, por ejemplo, en el
objetivo del año 2000, este emblemático año 2000. Cuando
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya habla de pleno empleo
estamos hablando incluso de la posibilidad de tener unas cuotas
de paro más o menos en torno al 10 o 12 por ciento, la medida que
hay en estos momentos en la Unión Europea; es decir, la tasa de
cobertura al desempleo es más baja que en el conjunto de la Unión
Europea, el 20 por ciento como mínimo. La tasa de siniestralidad,
como sabe todo el mundo, es bastante más alta en muertos y en
trabajadores tullidos como consecuencia de accidentes en los
centros de trabajo. Todo ello se produce a pesar de que los
salarios reales han crecido desde 1987, nueve puntos menos que la
productividad, sin crear más trabajo, trasvasando renta de estos
salarios, como he intentado explicar en la anterior pregunta, a
las rentas empresariales, a los beneficios de las empresas.
En definitiva, a nuestro entender ustedes se merecen un suspenso
en política social y laboral. A lo mejor tienen incluso un
aprobado justo en macroeconomía, en macromagnitudes de la
situación económica, pero al mismo tiempo, cuando esta
macroeconomía no se traslada al conjunto de la ciudadanía y ésta
además lo ve como propio y tiene una tranquilidad ante el
presente y ante el futuro, creemos produce esto que he dicho: que
hay, en definitiva, un efecto en la política social y laboral que
merece un suspenso.
Continuamos en esta misma línea. Nosotros pensamos que la
moderada expansión que hay en estos momentos con las políticas
concretas que están aplicando, no es capaz de vencer
significativamente al paro. Se reconoce de forma objetiva por
todo el mundo --ustedes mismos lo reconocen-- que en el año 1996
puede haber el 22 por ciento de paro. Si esto es darle un
mordisco fuerte al paro que tenemos en este momento que venga
Dios y lo vea. Pero es que además esto se produce en un momento
que en España, por ejemplo, hay seis puntos menos de presión
fiscal que en la Unión Europea --lo siento, señor Montoro, pero
sabe que es así--; que el 76 por ciento de la recaudación por
IRPF corre a cargo de los asalariados --que esos sí cotizan
religiosamente a través de la nómina--; y que las rentas del
capital y las rentas derivadas de las actividades profesionales y
empresariales son el 8,3 por ciento, en un caso, y el 10 por
ciento en otro, en definitiva no llega siquiera al 19 por ciento.
El Instituto de Estudios Fiscales, no nosotros, ya lo dijo hace
tiempo, y continúa reiterando que hay tres billones de fraude, es
decir, el 5,5 por ciento del producto interior bruto, que es una
cifra más o menos equivalente al déficit público, que hay más
imposición indirecta (cada vez se van decantando más los
impuestos hacia una imposición indirecta que castiga naturalmente
al consumo por abajo, es decir, a las rentas más bajas, a los
sectores más humildes de la sociedad) y, además, se producen
reducciones que impiden tener una mayor recaudación por parte del
Gobierno y hacer una política más social, si tuviera voluntad
política de hacerla.
En ingresos, las reducciones se concretan en 77.000 millones en
los planes de pensiones según el informe económico y financiero
de los propios Presupuestos Generales del Estado para 1996; en un
gasto fiscal en vivienda de 368.000 millones; en fondos de
inversión colectiva, 300.000 millones más; en la libertad para la
amortización en el Impuesto de Sociedades, 200.000 millones más.
Ya hemos tenido debates en relación a lo que esto representaba
sin que se vea una mejora significativa en todo ello, con la
reforma estructural en el tipo de trabajo que hay y en el tipo de
economía productiva que existe.
Aparte de valoraciones triunfalistas que ha hecho recientemente
el señor Ministro de Trabajo u otros ministros en relación a que
se han creado en este período 110.000 contratos indefinidos más
que en 1994, con lo cual parece que se venga a decir: ¡viva la
reforma laboral que está dando sus frutos! al mismo tiempo
sabemos, saben ustedes, lo dicen sus informes, los informes de su
ministerio y de otros ministerios, que un gran porcentaje de
estos contratos es a tiempo parcial, varias horas a la semana o
al mes en muchos casos. Ya sé que usted me contestará: vale más
esto que nada. Efectivamente, y menos todavía que una pedrada en
la dentadura. Eso está claro, en eso estamos de acuerdo. Pero, en
definitiva, dicho incremento que se plantea desde el Gobierno no
representa una variación importante de la contratación indefinida
en el conjunto. Datos concretos, le pongo un ejemplo. El primer
semestre de 1994 fue un aumento del 3,4 por ciento; en el primer
semestre de 1995, del 3,9 por ciento.
En definitiva, «la creación de empleo» --entre comillas--, su
creación de empleo durante este período ha justificado
importantes medidas de ajuste en lo laboral y, sobre todo y de
forma especial, como si fuera el buque insignia, la reforma
laboral de 1994. En estos momentos ya están ustedes vislumbrando,
esperan a que pasen las elecciones porque se dan cuenta de que lo
más significativo de la creación de este empleo es lo precario.
Por eso su antiguo socio el señor Roca o Convergència i Unió en
su conjunto está diciendo ¡cuidado! se está creando un empleo muy
malo y esto es malo para el conjunto de la economía. Por tanto,
vamos a ver si pactamos con los sindicatos un empleo más
indefinido y, al mismo tiempo, unas indemnizaciones más bajas en
caso de despido.
Hay una degradación de las condiciones laborales y sociales de un
amplio segmento de la población, y, si no me creen ustedes
váyanse a los despachos laboralistas o a los propios despachos u
oficinas sindicales y entérense de lo que piensa la gente, de lo
que dice la gente, o de que muchas veces la gente ni tan siquiera
se atreve a defender leyes que están aprobadas desde hace 25 o 30
años en este país. El propio Gobierno lo reconoció ante el
Consejo Económico y Social en su documento sobre la reforma
laboral; están reconociendo exactamente todos estos datos que
estoy dando, por tanto, no me invento nada.
Intento ampliar estos datos para que tengan una vigencia
política. Así se explica que a pesar de las cifras millonarias de
contratación, las últimas que hemos conocido hoy, en muchos casos
el empleo neto no ha aumentado o se ha incrementado muy poco, y
hay un factor grave en términos generales para el sistema
productivo, y es que la temporalidad, tal y como anunciaba
inicialmente, está produciendo una descualificación y una
desprofesionalización de los propios trabajadores, lo cual
conduce, efectivamente, a un resultado negativo para el conjunto
de la economía, incluso para las políticas que ustedes dicen
defender con sus medidas.
Si miramos el aspecto industrial (no sé qué me va a contestar
usted, ya me contestaron algo hace poco tiempo) nos encontramos
con que desde 1982 con la feroz reconversión industrial que se ha
producido para reducir la capacidad productiva y el empleo en
determinados sectores como la minería, la siderurgia, el sector
naval, electrodomésticos gama blanca, textil, equipo eléctrico,
con la continuación de estas políticas a través de la integración
del Acta Unica y del Tratado de Maastricht, nos encontramos con
que la industria se ha visto como el sector más confrontado con
la competencia del resto de países de la Unión Europea y del
resto de países del mundo, y que la política macroeconómica
recesiva que se ha practicado durante años, la política
monetarista --de la cual estaban ustedes tan orgullosos cuando
Carlos Solchaga era el ministro-- ha mantenido deprimida la
economía, siendo el elemento estructural que ha producido
determinados problemas que ahora estamos arrastrando. Esto ha
afectado en su conjunto y fundamentalmente a la industria y,
además, ha venido agravado por esta célebre frase, seguida de una
política concreta, de que sin política industrial, solamente con
la acción del mercado se podía desarrollar extraordinariamente la
industria.
Resultados. Pérdida de tejido industrial. En 1975 había más del
29 por ciento de producto interior bruto, que venía a través de
la producción industrial.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya
concluyendo, por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Estoy terminando, señor Presidente.
En 1994 es el 21 por ciento. En 1975, para redondear más los
datos, había 3.368.000 trabajadores en el sector industrial; en
1994, había 2.479.000 trabajadores, es decir, una reducción de
más de 800.000 trabajadores. Además, por si acaso me contesta
usted que es un proceso que ha ocurrido de forma más o menos
semejante en la Unión Europea, le digo que ha habido países de la
Unión Europea --como Italia y otros-- que han defendido mucho
mejor su sector industrial y han perdido muchos menos puestos de
trabajo. Lo que pasa es que nosotros vamos con la Fe del
converso; con el europeísmo que está fundamentado en la fe del
converso y nos encontramos con que desprotegemos toda nuestra
producción, en este caso concreto nuestra producción industrial.
Señor ministro, ¿dónde cree usted de verdad que van a ir las
criaturas que se van sumando al paro día tras día? ¿No piensa que
a estas alturas sería ya necesario hacer otra política? Sin
redundar más en todos
los temas que hemos planteamos, nosotros le proponemos tres
acciones posibles, que desarrollaremos la próxima semana en la
moción que vamos a presentar seguidamente.
En primer lugar, una decicida política de fomento de la actividad
económica en todo los terrenos, y esto quiere decir un compromiso
fundamental desde el Estado, desde el sector público y desde la
empresa pública, aunque sólo sea por la dimensión reducida de las
empresas privadas españolas en relación a las empresas de su
entorno, con las cuales tienen que competir.
Segunda acción. Una política industrial decidida. Si sobran
puestos de trabajo o capacidad productiva en determinados
sectores, subsectores o empresas, dígase, pero dígase al mismo
tiempo dónde tenemos que potenciar y desarrollar nuestra
capacidad industrial a través de una política industrial
decidida, naturalmente por el Gobierno que gobierna, pero
discutida y aprobada en este Parlamento, y con una selección de
actividades. Es decir, no pensamos nosotros, como ustedes
piensan, que el mercado lo asigna todo y que soluciona todos los
problemas que puedan aparecer, sino que haya, junto con este
impulso del mercado, una planificación democrática de todas las
necesidades de este país y de las potencialidades. Esto quiere
decir seleccionar, planificar democráticamente, ver qué sectores
potencialmente en España --y en el conjunto de Europa y del
mundo-- serían necesarios y qué podríamos hacer con nuestra
capacidad productiva instalada, con nuestra cultura industrial,
con nuestro tejido productivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, termine,
por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Ahora sí termino.
Por tanto, ver las necesidades que tenemos y también las
carencias que tenemos, ver las ventajas que podría representar
que la economía española compitiese en determinados segmentos de
la actividad internacional, la calidad, ver las necesidades
reales de la producción. Naturalmente --para terminar--, esto
representaría, como he señalado antes, un impulso muy decidido
por parte del sector público y de la empresa pública.
Por tanto, volvemos a reiterar nuestra oposición al proceso de
privatizaciones, totales o parciales. Parciales, en las que se
privatiza lo rentable de una empresa y se deja en el sector
público lo no privatizable. En definitiva, una acción pública de
fondo, con el protagonismo del sector público potenciando la
financiación. Esto podría representar, a nuestro entender, además
del endeudamiento necesario cuando sea preciso y de las
transferencias que vienen de la Unión Europea, intentar tener una
suficiencia tributaria y una mejor distribución de la carga
fiscal para poder hacer frente a todas estas necesidades. Sobre
esta base, nosotros pensamos que podría haber una verdadera
reactivación, que no representara un «bluff», un eslogan, y que
dentro de cuatro meses nadie se acuerde de la misma. Pensamos que
esto sería sentar las bases para otro tipo de política en este
país.
Espero que lo hagan ahora. No vayan ustedes a proponernos esta
política si, por ejemplo, en marzo pierden ustedes las
elecciones, estén estos señores en el Gobierno (señalando a los
bancos del Grupo Popular), y entonces les acusen de querer hacer
una política de derechas. No, ustedes habrán abierto la autopista
para esta política de derechas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Economía y Hacienda.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente, señoría.
La verdad es que ignoro cuál es su apreciación, señor Frutos,
sobre las razones de urgencia que le han llevado a presentar esta
interpelación. Tras leer el texto de la misma y tras escucharle a
usted creo que esta interpelación se podría haber presentado hace
cinco años y seguramente se volverá a presentar dentro de cinco
años.
Su señoría hace un análisis de la realidad de forma dispersa;
utiliza una serie de datos de forma no excesivamente conexa y
permítame que le responda a algunos de ellos, desgraciadamente
también tendré que ser relativamente inconexo dando respuesta a
sus puntos de vista.
Primer elemento. Se me hace difícil mantener la tesis de que hay
duda sobre la salida de la economía española de la crisis.
Nuestra economía está creciendo a ritmos de aproximadamente el 3
por ciento. Si su señoría sigue lo que está sucediendo en el
resto de la Unión Europea verá que esa cifra es impresionante.
Todavía ayer se producían las últimas revisiones del crecimiento
en la República Federal Alemana, donde para el tercer trimestre
se habla de crecimientos por debajo del 2 por ciento, del 1,5
después de haber tenido crecimientos del 2,9 y de algo más del 2
en el primer y segundo trimestres de este año. Incluso cuando
hablamos de previsiones para finales de este año y para el
próximo vemos que nuestra economía está creciendo a tasas
claramente superiores a las de los restantes países de la Unión.
En segundo lugar, S. S. habla de la crisis como si ese
crecimiento no nos hubiera permitido ya en el año 1994 superar
las cifras del PIB del año 1992. Dicho en otros términos, a pesar
de haber padecido una gravísima crisis en el año 1993 esa crisis
de producción está superada. Y S. S. se basa en una teórica
dificultad en el sector industrial y utiliza argumentos
evidentemente parciales. La desaparición del tejido industrial se
basa en dos datos: primero, el 25 por ciento del PIB era
industrial en el año 1985, ahora es el 21 por ciento. Me
parece que no es ningún dato especialmente coherente. Tenemos que
hablar de la evolución del PIB industrial en términos absolutos y
no la participación en términos del PIB total, porque lo que S.
S. está planteando con su argumentación es algo totalmente
distinto a lo que intenta plantear y es que hay sectores más
dinámicos que la industria en España y hay otros que están
participando más en el PIB, lo cual, por otra parte, es coherente
con todo el mundo: hay menor producción industrial y hay,
evidentemente, mayor participación de otros sectores en el PIB.
Ello, por otra parte, es consecuencia de dos elementos que
comprendo que a veces son difíciles de aceptar, pero que son
bastante coherentes: primero, mejoras tecnológicas que hacen que
sea imprescindible --y me vínculo al segundo punto que ha
planteado, que es la reducción de la mano de obra-- utilizar
menos mano de obra para producciones parecidas. En segundo lugar,
una apertura de la economía mundial que S. S., dado el origen
político del que procede, debería en cierta medida aceptar.
Parece bastante razonable que nosotros seamos cada vez
importadores netos de ciertos productos de países menos
desarrollados, que sin duda alguna va a permitir mejorar los
niveles de riqueza de los mismos y a largo plazo mejorar no sólo
la distribución del trabajo a nivel internacional, sino también
mejorar la riqueza en términos absolutos.
Estoy en radical desacuerdo en esa filosofía de que el tejido
industrial de nuestro país está desapareciendo; se está
transformando, como en toda modernización y sobre todo una
modernización consecuencia de una apertura de nuestra economía.
En el siglo XIX había gente que se oponía al maquinismo, al
comercio o a la apertura de las fronteras, pensando que eso
introducía problemas de paro a corto plazo, lo cual por otra
parte sucede ser cierto, sin embargo a medio y largo plazo era
claramente positivo, como nos ha demostrado la historia.
Su señoría, al final, se basa en un punto fundamental, y es decir
que nuestra economía no genera empleo, y utiliza el concepto de
paro siempre en ese concepto ambivalente que utilizamos del
concepto de paro. Su señoría utiliza el concepto de paro EPA. Yo
creo que el concepto de paro EPA es un concepto correcto,
responde a las definiciones de la Organización Internacional del
Trabajo de Ginebra, pero recordemos lo que quiere decir paro EPA;
son aquellos que no teniendo trabajo quieren trabajar, pero es
cierto que también podríamos plantearnos en qué condiciones
quieren hacerlo. Yo en estos casos siempre hago referencia a un
punto concreto. Si su señoría analiza la EPA no sólo en su
primera página sino en la páginas siguientes verá que el 72 por
ciento de la gente que quiere un trabajo en nuestro país no
quiere ese trabajo en un lugar distinto al de su lugar de su
residencia, lo cual es perfectamente lícito, yo no estoy diciendo
que eso no sea correcto, pero sí nos demuestra una cosa y es que
estamos hablando de amas de casas o de mujeres que no han
trabajado en el pasado, o estamos hablando de hijos de familia
que evidentemente sólo trabajarían en ciertas condiciones. Yo
creo que en términos sociales y en términos personales son
parados, pero tengamos muy claro qué es lo que significa ese
paro.
A su señoría parece que le preocupa la importancia de la reforma
del mercado laboral, y dice que no ha servido para nada. Yo
discrepo. Yo creo que ha servido claramente para algo el hecho de
que creemos 280.000 empleos, con una tasa de crecimiento del 3
por ciento, cuando en circunstancias anteriores esa tasa del 3
por ciento era el mínimo necesario para empezar a generar empleo,
lo cual nos pone de relieve que la reforma ha sido un éxito desde
el punto de vista de la generación de empleo. Podríamos entrar en
el debate de si ese empleo es precario o no lo es y en qué
circunstancias se produce. Mi posición es muy clara; su señoría
la ha repetido y yo creo que no vale la pena insistir en ello. Mi
opinión es que el trabajo sin la reforma sería mucho menor.
Respecto a los problemas de protección social, que parece que a
S. S. le perturban tanto, a estas alturas casi siento un cierto
rubor al recordar algo que es absolutamente evidente. La
elevación del bienestar social en nuestro país y su progresivo
acercamiento al patrón común europeo ha sido uno de los logros
fundamentales de estos años. Ya sé que hay países más
desarrollados que el nuestro, con niveles de protección mayor,
pero yo creo que ese no es nuestro problema, nuestro problema
ahora es precisamente cómo asegurar el sostenimiento futuro de lo
actualmente conseguido.
Su señoría se ha referido también a la lucha contra el fraude y a
otro tipo de medidas. Yo le diría que ese concepto de los tres
millones de fraude es un concepto del que podemos hablar largo y
tendido, pero no cabe duda que en la lucha contra el fraude
también se ha mejorado de forma sustancial en los últimos años, y
el último informe que hemos presentado a la prensa sobre efectos
de la unidad de las medidas adoptadas en la lucha contra el
fraude nos pone bastante de relieve cuáles son esos resultados.
Su señoría, al final, lo que está planteando es un problema de
debate de orientación política, y le preocupa mucho esa
orientación que habla de liberalismo o de dependencia del mercado
como rector único. Yo creo que eso le conviene a su discurso
político pero no responde a la realidad. Para S. S., los
planteamientos del Gobierno y del Partido Socialista se basan
única y exclusivamente en ese neoliberalismo y en ese mercado,
cuando S. S. sabe que eso no es cierto.
Es verdad que estamos muy lejos de la planificación centralizada,
y también es verdad que ese modelo no nos gusta, no nos gustan
planteamientos excesivamente rígidos en ese tipo de supuestos.
Sin embargo, voy a darle algún dato que me parece relevante en
este punto. Cuando nuestro sector público se encuentra en torno
al 50 por ciento del PIB y el gasto que más ha crecido ha sido el
de protección social y el de inversiones
públicas hablar de una no presencia del Estado a mí me resulta
francamente difícil. Cuando el Estado, por otra parte, incentiva
la inversión y la creación de empleo a través de múltiples
instrumentos o se regula normativamente la actividad económica en
su conjunto hablar de neoliberalismo me parece, como mínimo, un
exceso.
Su señoría dice que el problema es que estamos obsesionados por
algunos objetivos macroeconómicos que parece que no acaban de
gustarle. Es verdad que estamos obsesionados por el déficit
público y la inflación, pero también estamos obsesionados por
algo que me parece fundamental, y es que sólo corrigiendo déficit
público e inflación podremos generar más empleo. De eso yo,
personalmente, estoy convencido. No creo que con más déficit y
con más inflación, al final, este país genere más empleo.
Muchas veces utiliza la cifra del déficit público en nuestro
país. ¿Realmente no les preocupa que en el año 1996 tengamos que
pagar tres billones y medio de pesetas en intereses?
Verdaderamente, ¿podemos plantearnos incrementar el déficit
público a través de medidas de mayor apoyo de una u otra
naturaleza a las muy importantes que ya se están aplicando? ¿Su
señoría no piensa que al final también afecta a los ciudadanos la
devolución de la deuda y el pago de intereses? ¿Cree S. S. que es
mantenible de forma indefinida una política de ese tipo?
Es verdad que nosotros estamos apostando por algo que
estratégicamente nos parece fundamental, y es integrarnos en la
Unión Europea. Y es verdad que esa decisión no se puede adoptar a
la carta. Eso supone, evidentemente, ventajas e inconvenientes.
En mi opinión, si analizamos esas ventajas y esos inconvenientes,
las ventajas son claramente superiores a los inconvenientes. ¿Que
puede haber problemas puntuales en ese proceso? Sin duda alguna.
Que el crecimiento de nuestra economía desde el año 1986 no puede
explicarse sin la apertura del mercado para mí es evidente. Y que
sin ese crecimiento no podríamos haber aumentado ni el empleo ni
la mejora de rentas, para mí también es un hecho que no merece la
menor duda.
Yo comprendo que S. S. podría definir un modelo distinto. Podría
pensar, y vuelvo a la fiscalidad a la que S. S. ha hecho
referencia, en una fiscalidad diferenciada para los capitales en
nuestro país. Las rentas de capital podrían tributar más que lo
que lo están haciendo en este momento. ¿Cómo resolvería S. S. la
contradicción con la libertad de movimientos de capital? No me
diga que suprimiendo la libertad de movimientos de capital, que
significa tanto como no cumplir las obligaciones derivadas de
nuestra presencia en la Unión Europea. Cuando entramos en un club
tenemos que entrar aceptando todas sus reglas y no podemos decir
que aquella parte que no nos conviene no la aceptamos y
únicamente aceptar la parte que nos conviene. Pero junto a eso
hay otro tipo de elementos que yo creo que son importantes.
Estamos en un contexto internacional cada vez más abierto. No
sería razonable pensar que podemos seguir siendo un país
exportador sin ningún tipo de obstáculos en los mercados de otros
países y que, al mismo tiempo, nuestro mercado pudiera cerrarse.
Yo creo que ese modelo no nos lo aceptarían nunca terceros. En
consecuencia, de lo que tenemos que hablar es de que estamos
integrados en un mercado mundial. Esa tesis de la aldea global,
que si se puede aplicar a algo se puede aplicar específicamente
y, sobre todo, para la economía, yo creo que es evidente.
Al final es verdad que si no aceptamos las reglas del juego e
intentamos actuar de forma diferente pagaremos un precio:
pagaremos un precio alto y, de hecho, lo estamos pagando ya, en
la medida en que no somos tan eficientes como otros, vía tipos de
interés. Y, señoría, tipos de interés reales excesivamente altos
sí penalizan, de verdad, al Estado en sus gastos, a los
consumidores, a la inversión y, en definitiva, al empleo.
Por lo tanto, yo creo que no es cierta la afirmación de que
podríamos vivir mejor sin preocuparnos de esos objetivos
macroeconómicos. Rotundamente no. Yo creo que nuestro mayor nivel
de bienestar nos lo da precisamente el preocuparnos de políticas
macroeconómicas sanas que, al final, permitirán generar más
empleo.
Es cierto que esa generación de empleo va a crear más actividad y
nos permitirá reconsiderar la redistribución de recursos. En la
medida en que, por un lado, la necesidad de redistribución de
recursos es en algunos casos creciente y, por otro lado, las
posibilidades de recaudación son limitadas, yo creo que es
absolutamente imprescindible que crezcamos para disponer de más
recursos.
Su señoría plantea un problema, que es el problema de la mayor
fiscalidad. Es un tema del que yo estoy dispuesto a hablar en
cualquier momento. Tenemos una presión fiscal alta o baja. Su
señoría ha dicho, y es cierto, que tenemos una presión fiscal por
debajo de la media comunitaria, prácticamente 10 puntos por
debajo de países como Francia, 6 puntos por debajo de la media.
Es verdad que sólo hay un país que tiene una presión fiscal más
baja que la nuestra en la Unión Europea, pero no es menos cierto
que la estructura de nuestra presión fiscal puede estar
penalizando el empleo en algunos casos. Y esa penalización del
empleo a lo que nos llevaría es a una mayor presión en imposición
indirecta, que ya sé que a S. S. no le gusta, pero que es el
modelo de todos esos países de niveles de bienestar social o de
protección social más elevados que aquellos a los que S. S. hace
referencia.
El problema del paro es, sin duda alguna, subjetivo y es el
nuestro. La diferencia fundamental entre su planteamiento y el
nuestro, en cuanto al paro, es que nosotros vemos bastante
evidente que para resolver el problema del paro hay que conseguir
dos cosas. Primero, crecer, y para crecer creemos que es
importante hacer frente a los problemas de déficit y de
inflación; en segundo lugar, tener un mercado laboral más
flexible.
Ese mercado laboral más flexible y esa reforma laboral que a S.
S. parece que le desagrada, creo que es el elemento fundamental
para que al final trabaje más gente en nuestro país. Además de
ello se han puesto en marcha otras medidas enormemente
interesantes desde el punto de vista del fomento del empleo.
Esa gama de opciones va desde la formación y los programas de
fomento del empleo, hasta medidas que S. S. considera como
beneficiosas para las empresas, en la medida en que permiten su
capitalización, pero que no tienen otra finalidad que disponer de
mayores recursos para inversión y acabar generando empleo.
Difícilmente veo cómo se puede pensar en empresas que sin
recursos puedan invertir y puedan generar empleo. Su solución,
evidentemente, está en ampliar el sector público --y algún
comentario haré finalmente a sus propuestas concretas-- que, en
mi opinión, sin embargo no es razonable por todo tipo de
argumentos a los que posteriormente me referiré. Mi opinión es
que las medidas adoptadas por el Gobierno: política
macroeconómica sana, políticas de apoyo, formación, incentivación
a la contratación, reforma del mercado laboral, están siendo
claramente positivas y creo que las cifras son evidentes.
Su señoría plantea una opción en tres principios de actuación
cara al futuro. El primer problema que S. S. plantea es el
fomento de la actividad económica. Su señoría, sin embargo,
plantea una cierta contradicción; por una parte, critica los
gastos fiscales y, por otra habla de fomento de la actividad
económica. ¿Dónde cree S. S. que van los gastos fiscales que se
están destinando, por ejemplo, a la política de vivienda? ¿Dónde
cree S. S. que van, en definitiva, los fondos de inversión que,
al final, lo que permiten es financiar el déficit público y
disponer de fondos a largo plazo para que la actividad funcione
en mejores términos de lo que lo hace actualmente?
Su señoría llega a dos conclusiones. Primero, queremos un sector
público mayor y queremos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Voy
concluyendo.
... unas empresas públicas mayores. Un sector público mayor no es
imprescindible, no es ni siquiera necesario. Creo que el Gobierno
tiene que actuar a través de leyes, a través de normas, pero no
tiene por qué actuar directamente en la actividad económica,
excepto si hay intereses estratégicos específicos. El problema de
las empresas públicas es distinto. En el pasado, cuando las
ayudas públicas eran delimitadas, podía utilizarse la empresa
pública como elemento de actuación social; hoy, en el contexto
comunitario, con la prohibición de ayudas, ese no es el modelo
que pueda funcionar. Por tanto, la política de privatizaciones
más bien lo que pretende es lo contrario de lo que S. S. quiere,
y es, evidentemente, que esas empresas sigan funcionando y que
sigan generando empleo. La política industrial decidida está
claramente definida en las actuaciones del Gobierno y creo que es
difícil dar apoyos mayores de los que actualmente se están
planteando.
Finalmente, una mejor distribución de la carga tributaria.
Evidentemente estoy dispuesto a hablar de ello, pero seguramente
con los datos en la mano, los resultados no son los que S. S.
querría, sino algo totalmente diferente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, reconozco que formalmente ha mejorado usted.
Simplemente me ha dicho que esta interpelación la podía haber
presentado hace cinco años o la puedo presentar en el año 2000.
Ha mejorado usted. Antes nos descalificaba con toda una serie de
calificativos que no viene a cuento reproducir ahora, pero veo
que está mejorando formalmente. A lo mejor es que como la
situación política y social está dura es mejor templar gaitas
para el futuro a ver qué pasa.
Usted dice que salimos de la crisis. ¡Seguramente! Yo le digo que
hay reactivación económica. Se puede afirmar desde su posición
que salimos de la crisis. Se puede aceptar desde su filosofía que
podemos salir algo de la crisis pero el Ministerio de Economía y
Hacienda en su informe de coyuntura económica de octubre de este
año, dice: La amortiguación en los crecimientos del consumo
reflejada en la contabilidad nacional trimestral podría responder
entre otros factores --atento, señor Ministro, porque no son mis
palabras-- a cambios en la actitud de las familias tras el
intenso retroceso del empleo en la última recesión: la
temporalidad predominante en los puestos de trabajo creados, las
elevadas tasas de paro alcanzadas, la moderación de los
crecimientos salariales y las posibles consecuencias de las
políticas de consolidación fiscal sobre los futuros sistemas de
pensiones, todo lo cual lleva a aumentar la tasa de ahorro. Es lo
único que ha dicho usted, que a lo mejor es que aumenta la tasa
de ahorro y eso es positivo. Y nosotros podríamos añadir que los
elevados tipos de interés redundan y van en esta misma dirección.
En segundo lugar, me dice que la participación de la creación
industrial en el producto interior bruto español no es tal, que
se tendría que contrastar con otras coordenadas, con otros
baremos. Yo le he hablado de ocho puntos de descenso. Desde 1975
hasta ahora ha disminuido del 29 al 21 por ciento de
participación en el producto interior bruto. Son cifras
oficiales, no me las invento yo. Esta es una disminución real y
ha añadido que esto ha reducido puestos de trabajo de forma muy
significativa. Se ha reducido casi un millón de puestos de
trabajo en esos 20 años. Son cosas concretas,
cosas muy concretitas. No le estoy hablando en abstracto.
Contésteme en este mismo plano y dígame: que hay más sector
industrial, hay más producción industrial y esto es un cuento,
eso del 21 por ciento es un cuento que se han inventado los
periodistas. Por cierto, a finales de agosto ya salía en todos
los medios de comunicación. Salía en los informes económicos de
todos los analistas, etcétera.
Dice que utilizo el concepto de paro de la EPA y que hay gente
que quiere el trabajo en su propia casa y no sé qué y no sé
cuántos. Entre otras cosas nosotros hemos razonado que el hecho
de que una persona tenga el trabajo muy cerca de su vivienda
facilita cosas para nosotros fundamentales. Por ejemplo, ahorro
energético, no tener que desplazarse tanto, etcétera. En fin, una
serie de ahorros en el dispendio de cada ciudadano trabajador que
se tenga que desplazar. Usted, por ejemplo, encontrará muy normal
que de Castilla-La Mancha vengan miles de trabajadores cada
semana, a veces cada día, haciendo trayectos de cuatro e incluso
cinco horas para venir a trabajar, es decir, que duermen
prácticamente en el autocar. Yo lo encuentro bastante poco
moderno. A lo mejor usted, en esta flexibilidad y movilización
del mercado, lo encuentra muy moderno. Yo no. Yo lo encuentro del
siglo pasado. Lo que pasa es que en vez de ir en carretas van en
autocar e incluso les ponen video. ¡Mira si pueden estar
contentos esos trabajadores!
Por tanto, el concepto de paro de la EPA es el concepto de paro
que hay de gente que dice: Mire, yo trabajaría, pero no puedo
trabajar porque no encuentro un puesto de trabajo. Y el INEM es
un organismo absolutamente inútil, inepto, que no sirve para nada
salvo para apuntar quien está. No hace ninguna política activa
para intentar emprender acciones para solucionar algunos de estos
problemas.
Asegurar la sostenibilidad de las prestaciones sociales. Aquí me
plantea una cosa bastante importante. Señor Ministro, como
ministro de un gobierno socialista, ¿qué le parecen las
movilizaciones sociales que se están produciendo en Francia, con
una dura negociación con los ministros de turno y con el Primer
Ministro? Puede decirme: No, yo no digo nada, me callo, aunque
estoy de acuerdo con la política de Juppé, pero me callo porque
como yo también soy gobierno y hago las mismas políticas vale más
que me calle. Pero que no resulte que pasado mañana o el próximo
mes de abril o mayo, si ustedes no ganan las elecciones, nos
saquen del baúl de los recuerdos unas políticas enfrentadas a las
mismas que está practicando el señor Juppé en Francia en estos
momentos. Me gustaría que me dijera si usted está de acuerdo con
la actitud de sindicatos y trabajadores en defensa de algo que
consideran justo, justísimo.
¿Por qué se tienen que pagar tres billones en 1996 en intereses?
Se lo pregunto ya que ha sacado usted esta cifra. ¿No tendrá esto
absolutamente nada que ver, señor Ministro con determinadas
políticas que se han hecho en este país desde los años 1988,
1989, 1990, 1991, 1992 y la mitad de 1993? ¿No tendrá nada que
ver con aquellas políticas monetaristas de una fuerte peseta?
Ustedes decían que en el conjunto de Europa había muchos países,
sectores sociales que nos envidiaban por lo bien que
funcionábamos. (Incluso creo recordar que Major, cuando hizo una
visita a España y se discutía sobre los fondos estructurales
europeos, los FEDER, etcétera, dijo que nosotros en España
teníamos mucho dinero. Véase la Expo, los Juegos Olímpicos, no sé
qué y no sé cuantos. Es decir, alharacas.) Pero detrás de esta
política no había nada en concreto. Entonces, dígame usted cómo
se forman esos tres billones de deudas. ¿Me lo quiere explicar
usted? ¿De dónde vienen? ¿Es porque ahora a los trabajadores, y
sobre todo a los más humildes, se les pagan más pensiones, más
servicios sociales, más vivienda, etcétera, o hay algunos
elementos estructurales que vienen determinados por una política
económica y financiera suicida? Dígamelo usted, por favor.
Movimientos de capital. No podemos rechazar lo que no nos
conviene. Cada vez que oigo el término, el concepto, la palabra
«globalización» me pongo a temblar, y con eso coincido, fíjese
usted, con un pensamiento tan revolucionario, tan ultramontano
como, por ejemplo, es el del director de «Le Monde Diplomatique»,
que en su artículo «La pensée unie» habla en concreto de una
serie de cosas que son posibles hacer en este mundo. Dice que
según ustedes, según los que defienden estas políticas, la mano
invisible corrige las asperezas y los disfuncionamientos del
capitalismo, los signos orientan y determinar el movimiento
general de la economía, ... Es decir, todo lo hace el mercado.
Naturalmente, desde «Le Monde Diplomatique» este señor, cuyo
pensamiento está bien estructurado intelectualmente pero no va
más allá de un pensamiento socialdemócrata con una cierta
dignidad, dice estas cosas tan concretas --no las digo yo--, y
las escribe en la Francia que en estos momentos está viviendo las
movilizaciones que está habiendo.
Por tanto, señor Ministro, yo no le hablo a humo de pajas. Yo
estoy convencido de que el programa que defendemos desde
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en estos momentos
concretos en el terreno económico, social y laboral o en el
terreno incluso de las finanzas y de la economía en general es un
programa que podríamos llamar socialdemócrata en el sentido mejor
entendido. Lo que pasa es que como ustedes tienen una política --
y por eso tengo que repetirlo y continuaré en mis trece-- como
máximo --y hago concesiones-- social-liberal, esta política
social-demócrata no es la que practican ustedes, porque chocan
con cualquier argumentación de desarrollo programático social-
demócrata en cualquier país de Europa y también lo que podría ser
en España.
Por tanto, señor Ministro, aquí, efectivamente, hay diferencias
importantes, pero no porque nosotros vayamos a venir con el
programa de gota. Nosotros venimos
aquí con un programa muy modestito, muy concretito, muy
pragmático, muy poco revolucionario. Es verdad que luego en otros
aspectos nosotros queremos desarrollar algo que nos parece
absolutamente transformador a finales del siglo XX como es
unificar el debate, el análisis sobre la economía con algo
fundamental que es la ecología --es decir, la ecología política--
, entendiendo que en este mundo y con todas las cosas que están
ocurriendo ya nunca más se podrá decir que el problema de la
derecha es que cuando gobierna no reparte bien y nosotros haremos
lo mismo pero repartiremos mejor. Esta vieja fórmula de la vieja
izquierda periclitada no es la que defendemos nosotros. Por
tanto, tenemos aspectos del programa más allá de lo que es lo
económico, lo social y laboral, que naturalmente se pueden
calificar de transformadores porque son pautas culturales en las
cuales no hemos entrado ni tan siquiera en una mínima discusión
seria en nuestro país.
Usted me dice dónde van determinados gastos fiscales: en vivienda
y luego, además, en fondos de inversión. Pues en vivienda muchos
de estos gastos fiscales van a viviendas que afectan a un
segmento de la población que quizá no tenga mucha necesidad de
ellos porque ya tiene una cobertura económico-social básica para
poder hacer frente a sus necesidades. Cuando me habla de fondos
de inversión, pues no sé, a lo mejor reforzando desde otro punto
de vista, incluso, la filosofía de la gente en cuanto a que
batalle o luche para que haya una buena seguridad pública, unos
buenos servicios públicos.
Porque es paradójico, señor Ministro, que en el momento que hay
posibilidades en nuestro país y en el mundo, a través de los
desarrollos científicos y técnicos y de las fuerzas productivas,
de crear más riqueza, ¿qué me importa que haya menos gente parada
si somos capaces de crear, conjuntamente, una riqueza superior en
la población? Ustedes dicen que como son menos los que pagan la
Seguridad Social, tienen que reducirse los servicios de la misma.
Esto no es así.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.
No es así en la medida en que el desarrollo de las fuerzas
productivas, la tecnología y la ciencia ponen al alcance de
cualquier sociedad mínimamente estructurada --es decir, moderna--
la posibilidad de desarrollar de forma extraordinaria los
servicios y los productos que ofrece el conjunto de esa sociedad.
Por tanto, si aumenta la riqueza (y como no hay un aumento
demográfico importante, y en nuestro país menos), empezara
alertar aquí de lo que puede pasar dentro de diez años me parece
que es, como mínimo, suicida; es redundar en unas políticas que
ya han demostrado su fracaso.
En definitiva, señor Ministro, usted a lo suyo y con los suyos, y
yo a lo mío y con los míos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Frutos.
No suele ser mi estilo, señor Frutos, descalificar; más bien
suelo ser templado en mi expresión. En todo caso, me alegra que
S. S. me haya dado el aprobado y considere que he mejorado.
Tengo la impresión de que, en su opinión, sólo he mejorado en la
forma, porque veo que en el fondo seguimos teniendo discrepancias
bastante sustanciales.
Hace referencia S. S. a un informe del Ministerio de Economía,
pero, como siempre, trabuca usted los datos. Es verdad que el
consumo no va mal, con un crecimiento del 1,8 o 1,9 como
consecuencia del menor empleo, pero no del menor empleo actual,
sino del menor empleo debido a la crisis del año 1993. Es verdad
que si la temporalidad no existiera podría ir mejor el consumo,
pero es que si no existiera la reforma del mercado laboral,
seguramente no existirían tampoco esos trabajadores temporales.
Es cierto que la gente tiene un mayor temor a la crisis, y en ese
sentido hay un mayor propensión al ahorro, pero creo que eso es
bueno para el futuro del país. Como también creo que es bueno
todo un planteamiento mucho más racional del consumo de lo que
era en el pasado.
Yo no creo en los modelos de crecimiento basados en un consumo
privado muy alto a largo plazo. Los datos a los que yo he hecho
referencia son los que usted ha mencionado, pero S. S. vuelve a
trabucarlos con el producto industrial. En su primera
intervención se ha referido al 25 por ciento del PIB en el año
1985 y al 21 por ciento en el año 1994, no al 28 por ciento. No
me parece un sistema excesivamente ortodoxo comparar en un caso
los datos de 1985 y 1994 y en otro caso los datos de 1975 y 1994.
Es verdad que en un proceso como el de la modernización
industrial, que lleva veinte años, la caída del número de
trabajadores como consecuencia de las mejoras tecnológicas, de
las mejoras de inversión y de las mejoras de productividad tiene
que darnos una caída de trabajadores importante, en España y en
el resto del mundo, y lo que se está produciendo es una
sustitución de ese tipo de empleo por otro de otra naturaleza. Mi
argumento fundamental es que mida usted la evolución del Producto
industrial en términos de valor, incluso si quiere S. S.
deflactando esos términos de valor, y entonces podremos empezar a
entendernos. Si S. S. utiliza medidas absolutamente
heterogéneas, creo que será difícil que hablemos.
El problema del concepto del paro EPA es el que yo le he
comentado. Ya he dicho que ese colectivo se considera de parados,
pero no cabe la menor duda que hay una parte muy importante de
nuestros desempleados que sólo trabajarían en determinadas
condiciones. ¿Es eso lo que el Estado debe favorecer? Señoría,
tengo mis dudas. Yo creo que muchas de estas personas pueden
generar su propia actividad si lo considerarán pertinente.
Plantea S. S. un problema fundamental: qué sucede con Francia y
si estamos dispuestos a asegurar la permanencia de las
prestaciones sociales. Históricamente, ningún Gobierno de este
país se ha comprometido tanto como éste en asegurar las
prestaciones sociales, ninguno, y este Gobierno lo seguirá
haciendo porque es una parte consustancial de su filosofía.
A su señoría le preocupa qué es lo que yo opino del problema
francés. Se lo voy a decir de una forma muy clara. En mi opinión,
el problema francés hay que analizarlo con algunos datos de
partida que me parecen esenciales.
En primer lugar, un error que no se debe cometer nunca es hacer
promesas que luego no se puedan cumplir cuando uno tiene
posibilidades de acceder al Gobierno. Cuando uno no tiene
posibilidades de acceder al Gobierno puede hacer las promesas que
quiera, pero cuando puede acceder al Gobierno no debe hacer
promesas que luego son incumplibles.
En segundo lugar, no compare usted los problemas del sistema de
seguridad social francés con los problemas que se pueden plantear
en España. Mire las cifras en términos absolutos o relativos,
como S. S. prefiera, y verá que la diferencia es sustancial.
En tercer lugar, no olvide S. S. --lo he dicho en mi intervención
anterior-- que Francia tiene una presión fiscal aproximadamente
diez puntos superior a la de nuestro país; que tiene ya en marcha
una contribución social generalizada para financiar la Seguridad
Social, y que, además, ahora se plantea poner en marcha otro
impuesto adicional a la contribución social generalizada para
resolver temporalmente los problemas que puede generar el poner
al día las cuentas de la Seguridad Social.
Por tanto, nada tienen que ver un caso y otro. En mi opinión, la
política que ha puesto en marcha este Gobierno de ir clarificando
las cosas de forma permanente nos permite resolver los problemas
sin esfuerzos mayores que los que ya hemos planteado.
Nuestra posición, la posición del Ministerio de Trabajo --todavía
no le he discutido, pero es sustancialmente coincidente con la
posición del Gobierno respecto al sistema de pensiones--, está
establecida en un libro rojo publicado por el Ministerio de
Trabajo, donde se ve claramente cuáles son nuestras opciones
fundamentales.
Evidentemente, el problema de la deuda tiene que ver con
políticas de gasto en el pasado, pero mire S. S. cuáles son las
políticas de gasto que han crecido más y seguramente verá que el
problema de la deuda tiene que ver con políticas de una y otra
naturaleza que es conveniente corregir, y yo vincularía esto con
una de sus últimas frases. Su señoría dice: no parece razonable
que porque haya menos pagos en la Seguridad Social haya que
apostar por menores prestaciones. Ahí entraríamos en un debate
interesante en el que yo estoy en radical desacuerdo con usted.
Si estamos hablando de un sistema contributivo, evidentemente el
sistema tiene que estar equilibrado financieramente. Si estamos
hablando de un sistema no contributivo, y puedo aceptarle que por
razones de protección social podamos establecer unos sistemas de
protección social mínima, evidentemente el sistema es totalmente
diferente, pero en ese caso estaremos hablando de una protección
social de acuerdo con criterios de otra naturaleza, financiada
con fondos públicos, pero no por el propio sistema. Y, desde
luego, si de lo que estamos hablando es de la parte de las
prestaciones contributivas, creo que hablar de un déficit
permanente del modelo es la mejor garantía para que, a largo
plazo, el sistema salte por los aires.
Comprendo que a S. S. le puede preocupar esa idea de la
globalización, pero la idea de la globalización no es algo que
únicamente sea consecuencia de pactos internacionales y de
aceptación, sino que es consecuencia de la propia tecnología y no
se puede luchar contra los hechos, es muy difícil luchar contra
la innovación. Le puedo asegurar que, por muchos tipos de normas
restrictivas que pudiésemos poner en marcha en nuestro país o en
cualquier otro, la globalización, por lo menos en algunos
aspectos esenciales, se seguía produciendo, y la tiene usted
desde la inmigración ilegal hasta las entradas y salidas de
capital no controladas, tráfico de mercancías que encuentran en
países donde existen restricciones a la importación sistemas
indirectos para que, al final, se produzca el comercio; en
definitiva, es muy difícil ponerle puertas al campo.
Su señoría intenta contraponer un programa socialdemócrata de
Izquierda Unida frente a un programa social-liberal del Partido
Socialista. Depende de lo que usted entienda por social-demócrata
y depende de lo que usted entienda por social-liberal, lo que sí
puedo decirle es que lo que nosotros planteamos es un programa
que, de acuerdo con la realidad existente en el mundo en que
vivimos, tenga una protección social suficiente, establezca un
sistema de reparto equitativo y permita la creación de empleo,
que, al final, es nuestro objetivo fundamental.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muchas gracias.
Muy brevemente, para expresar la posición de mi Grupo en torno al
contenido de esa interpelación que ha planteado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Mi Grupo sólo tiene intención de expresar su total disconformidad
con los argumentos que se han vertido en la misma. No compartimos
nada de lo que usted ha expresado, nada. No podemos compartir
ninguno de los argumentos que usted ha razonado. El catastrofismo
que usted ha transmitido a la Cámara sobre la situación actual no
lo entendemos ni lo podemos apoyar ni compartir.
Simplemente quiero decirle que si usted presenta una moción
consecuencia de interpelación con los mismos argumentos que nos
ha transmitido, vaya por delante que la vamos a votar en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Montoro.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere, arropado por la
interpelación que ha presentado Izquierda Unida, expresar su
opinión en relación con el asunto que estamos tratando en el
debate parlamentario de esta tarde, asunto que, tal como define
la interpelación de Izquierda Unida, trata del fortalecimiento
del tejido productivo, del incremento del empleo en nuestro país
y de la preservación del bienestar social o del sistema de
protección social.
Efectivamente, Izquierda Unida, en la formulación de esa
interpelación, ha combinado perfectamente lo que podemos llamar
los mimbres del desafío de las políticas económicas y de las
políticas sociales de nuestro tiempo. Esas políticas económicas y
sociales tienen que hacer frente a la conjugación de la necesidad
de tener un tejido productivo moderno, de crear empleo y de
preservar ese bienestar. Lo que ocurre es que tiene que hacerlo
ateniéndose a las nuevas condiciones que vive la España de este
final del siglo XX. Esas nuevas condiciones se llaman: nuestra
integración en la Unión Europea; nuestra llegada final a la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria de Europa, y se
llama, en definitiva, la respuesta de la economía de la sociedad
española a los desafíos inherentes a nuestra integración en la
economía mundial.
Estamos necesitados de adaptarnos a esas condiciones. No hay
tiempo. El calendario es realmente exigente para adaptarse a esas
nuevas condiciones y tenemos que reaccionar como sociedad y
aplicar en nuestro país esas políticas económicas correctamente
orientadas hacia esos objetivos.
Tenemos que felicitarnos también de que vivamos un mundo en el
que se estén produciendo cambios significativos en las grandes
ideologías que ha dominado este siglo.
La intervención esta tarde del señor Frutos, en su turno de
réplica, ha sido bastante aclaratoria cuando, como representante
de Izquierda Unida, se ha arropado la ideología social-demócrata
en los planteamientos de política económica. Esto es positivo
para España, porque no les quepa duda, señorías, que España
necesita una izquierda razonable, una izquierda moderna, y en ese
sentido no tenemos más que felicitarnos de la llegada del Grupo
de Izquierda Unida hacia esas posiciones donde va a competir --en
competencia leal sin duda alguna-- con el Partido Socialista. Ya
tenemos dos grupos social-demócratas en la Cámara en franca
competencia. Bienvenidos los social-demócratas porque pronto será
la oposición parlamentaria en nuestro país, y es importante para
España, para la economía española, para las expectativas frente a
los agentes económicos, que la Izquierda en España sea moderada,
razonable, una izquierda que plantee las transiciones políticas y
las reformas económicas sin traumatismos, sin revanchismos, con
una concepción actual de lo que significan esos cambios para
nuestro país.
Tenemos que advertir, desde el Grupo Parlamentario Popular, que
no es fácil la combinación de lo que plantea Izquierda Unida en
su interpelación; no es fácil, pero es posible. Lo que sucede es
que la sociedad española está urgida a cambiar el eje de lo que
llamamos el bienestar moderno. El eje del bienestar está en el
ciudadano, está en el servicio a ese ciudadano, y no en el
bienestar del Estado. El concebir el bienestar como un servicio
fundamental para el ciudadano es el gran cambio de nuestro
tiempo. Y en esa nueva concepción del bienestar, la necesidad y
el desafío que tenemos
--en ese sentido la urgencia-- es crear empleo, porque esa
creación de empleo es la aspiración fundamental de la sociedad
española, la principal preocupación de los españoles desde hace
ya más de quince años. Y es que, señor Presidente, sin empleo,
sin una auténtica y efectiva creación neta de empleo, no es
posible que haya ni bienestar social ni bienestar individual.
El Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular ha dicho
reiteradamente a la sociedad española que si hay algo que pone en
riesgo las prestaciones sociales en España, si hay algo que pone
en riesgo las pensiones, es la falta de ocupados, es la falta de
empleo, es la falta de cotizantes a la Seguridad Social, en
definitiva, es la falta de personas que trabajen, que paguen los
impuestos y, de esa manera, fortalezcan y saneen el sistema de
Seguridad Social. Además, es que si no hay empleo, si no hay
creación de empleo, realmente no es posible tener una sociedad
vertebrada, una sociedad donde imperen los valores de la
tolerancia y del respeto mutuo, y menos aún será posible tener
una sociedad justa donde tengamos una equitativa distribución de
la renta.
Para crear empleo en nuestro país es importante, en primer
término, consolidar la recuperación económica,
demasiado incipiente, y además una recuperación económica que no
es percibida por los ciudadanos españoles. Tenemos que sacarla de
esa categoría de recuperación técnica para convertirla en una
recuperación perceptible, en una recuperación social, en una
recuperación que entre en el hogar y en el bienestar de los
españoles, y para eso es fundamental bajar los tipos de interés,
que afortunadamente ya están bajando en España, por fin,
adivinando un cambio político, apostando por lo que significa un
cambio de gobierno y, en ese sentido, generando una confianza
ante los mercados financieros que es fundamental para que se
consolide la recuperación económica, para conseguir más
crecimiento económico en el futuro y, en definitiva, más creación
de empleo; como lo es también introducir reformas en mercados, en
servicios y en sectores productivos que es importante modernizar
en nuestro país; como lo es también aplicar políticas de pequeña
y mediana empresa, porque en el futuro la creación de empleo
estará en la pequeña y mediana empresa, estará en ese trabajo
autónomo como fuente fundamental del empleo del día de mañana. En
ese sentido, es fundamental que las políticas macroeconómicas
encuentren su versión, su aplicación en el estímulo de una nueva
generación de pequeña y mediana empresa, de la que depende esa
creación de empleo.
No quiero exceder el tiempo reglamentario, pero sí deseo hacer un
llamamiento a que estos cambios han de ser percibidos por la
sociedad española como unos acontecimientos positivos. Tenemos
que luchar contra la incertidumbre que se está apoderando de
nuestra sociedad, presentando los cambios de políticas económicas
y las reformas estructurales como acontecimientos positivos que
redundarán en el bienestar de los ciudadanos. La incertidumbre es
un mal, un peso, un lastre que está restándonos capacidad de
crecimiento económico; está pasando en España y está pasando en
otros países europeos. Y si en esta carrera final de la Unión
Económica y Monetaria de Europa nos dejamos dominar por la
incertidumbre, realmente estamos poniéndonos cuesta arriba el
llegar con éxito, no ya como opción política sino como país, a la
culminación de la Unión Económica y Monetaria en este final de
siglo.
Por tanto, tenemos que presentar a los ciudadanos que es posible
realizar esos cambios de política económica, que es bueno y
oportuno introducir esos cambios desde un debate sosegado de
alternativas, desde un debate dominado por la racionalidad y
lejos de los apasionamientos. De esa manera no desconcertaremos
más a una sociedad que ya está bastante desconcertada por una
crisis de gobierno que, como se ha demostrado una vez más con la
intervención del señor Ministro de Economía, no tiene proyectos
de futuro y gasta la mayor parte de su tiempo en criticar a la
oposición.
Acabo, señor Presidente, con un resumen de cuál es la visión y
cuál es la opción que plantea el Partido Popular para la sociedad
española, afrontando ese desafío, esa combinación entre lo que
significa el fortalecimiento del tejido productivo, la
recuperación de empleo, el incremento de empleo neto y la
preservación del bienestar social. El propósito del Partido
Popular es contar con un Estado eficaz en los planteamientos y en
la prestación de los bienes y servicios públicos que los
españoles demandan, es fortalecer una social civil que es la base
de la libertad del individuo y que no será posible si no somos
capaces de crear más empleo, especialmente para nuestros jóvenes,
y seguir fortaleciendo esa economía a través de la mejora de la
competitividad como única vía, como único fundamento para que
España sea un miembro de la Unión Europea, de la comunidad
internacional, cada vez más próspero y también más solidario con
esa comunidad internacional.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Montoro.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLITICA
GENERAL DE CONSUMO Y MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS,
ECONOMICAS Y POLITICAS A ADOPTAR PARA CONSEGUIR LA HOMOLOGACION
DE NUESTRO SISTEMA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CON EL DE LOS
PAISES DE NUESTRO ENTORNO (Número de expediente 172/000133)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Popular sobre política general de consumo y
medidas legislativas, administrativas, económicas y políticas a
adoptar para conseguir la homologación de nuestro sistema de
protección al consumidor con el de los países de nuestro entorno.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Popular presenta hoy esta interpelación, que juzgamos importante,
con una doble finalidad. En primer lugar, evaluar la política
general que en materia de consumo está realizando nuestro país y,
en segundo lugar, considerar las estrategias de futuro ante lo
que ya constituye, sin duda, un gran cambio en las relaciones de
consumo en el ámbito de la Unión Europea tras el Tratado de
Maastricht y que España tiene que afrontar en numerosas
vertientes.
Nuestro Grupo piensa que la política de consumo tiene una
incidencia directa en el nivel y en la calidad de vida de los
ciudadanos, y nadie duda hoy que lograr la máxima eficacia, a
través de la competencia y la libre concurrencia en el mercado
pero garantizando al mismo tiempo la protección de los legítimos
intereses de los grupos sociales y, sobre todo, de los más
necesitados, constituye el papel primordial del Estado en la
actividad económica y, si me apuran, incluso, a ser posible, el
único que debe jugar ese mismo Estado.
Nuestra Constitución, en el artículo 51, recoge los derechos
básicos del consumidor: seguridad, salud y legítimos intereses
económicos que han de ser garantizados eficazmente por los
poderes públicos. Además, considera básicos la promoción de la
información y la educación del consumidor, el fomento de sus
organizaciones representativas y el derecho de audiencia y
representación. Y esto es así porque la política de consumo como
política autónoma tiene su nacimiento en los años 60 y, por ello,
solo las constituciones modernas, entre las cuales se encuentra
la nuestra, hacen referencia expresa a estos derechos positivos.
Por tanto, como consecuencia de este derecho básico
constitucional se procede a la aprobación, en el año 1984, de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin
duda, señorías, se generaron importantes expectativas con aquella
aprobación, que el camino recorrido desde el año 1984 se ha
encargado, en alguna medida, de demostrar como defraudadas.
Desde el primer momento surgieron posiciones contradictorias y
dispares sobre, por ejemplo, el alcance de la definición de la
propia noción de consumidor en nuestro país. Aquella Ley
consideraba al consumidor solamente como el usuario final de los
bienes o servicios, exigiendo la concurrencia de un empresario o
un comerciante y apoyando la noción de consumidor, refiriéndola a
aquellos que acceden a esos bienes o servicios únicamente para su
uso particular. Estas discrepancias ya se han plasmado en algunas
normativas, por ejemplo, de ámbito autonómico, y así, la
Generalidad de Cataluña, en su estatuto del consumidor, contempla
una figura mucho más amplia, donde se recoge la posibilidad de
que el pequeño y el mediano empresario puedan reconocerse en
determinados casos como consumidores y puedan acogerse a alguna
de las posibilidades que contempla la legislación.
Queremos decir, señorías, que una ley, como la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que pretende
establecer los derechos del consumidor y que ni siquiera es capaz
de constituir un concepto de consumidor vigente en todo el
Estado, no puede decirse que esté cumpliendo razonablemente con
su función. Sin embargo, obviamente, no es éste el único
obstáculo con el que nos encontramos.
La falta de desarrollo reglamentario de esa Ley General, la
inconcreción de muchos de sus preceptos, su excesiva generalidad,
hacen que muchas de sus posibilidades hayan quedado en mero papel
mojado.
Ustedes saben que aquella Ley fue muy criticada desde el punto de
vista técnico-jurídico. Las consecuencias de sus defectos las
hemos venido arrastrando hasta ahora. Pudo ser --nadie lo duda,
nadie lo ha dudado nunca-- un buen motor, pero eso fue
inicialmente. Lo importante en una ley no es tanto su aprobación
como su cumplimiento, como su posterior desarrollo, y ahí,
señorías, se ha fallado tremendamente. El problema no son las
leyes que tenemos, sino su conocimiento por parte de los
ciudadanos y, sobre todo, su aplicación práctica y el seguimiento
que los poderes públicos hacen diariamente de ese cumplimiento.
España ha aprobado, además, normas de muy diverso rango en estos
últimos años, pero lo ha hecho de forma muy deslavazada en
materia de consumo, con vacíos muy importantes, con retrasos
notables y flagrantes en algunos casos. Abundante y pormenorizada
legislación, pero sin cumplimiento en la inmensa mayoría de sus
disposiciones. Por otro lado, nos hemos escudado permanentemente
en las directivas comunitarias para no legislar en España con
anticipación, y cuando Europa aprobaba las directivas, tardábamos
y seguimos tardando años en trasponerlas a nuestra propia
normativa, a nuestra legislación nacional. Así pasó con la Ley de
crédito al consumo, que España tuvo que aprobar después de haber
recibido numerosos apercibimientos de sanción por parte de la
Unión Europea. Así pasó con la Directiva sobre productos
defectuosos, que España tardó años en trasponer. Así está
ocurriendo en estos momentos con la Directiva sobre cláusulas
abusivas, cuyo anuncio de aprobación se ha producido en esta
Cámara en numerosas ocasiones, y todavía hoy seguimos pendientes
de que el Gobierno remita a esta Cámara la legislación prometida.
Recuerdo que tenía que haberse producido antes de diciembre del
año 1994 y que llevamos más de un año de retraso. Y así está
pasando, por ejemplo, con los contratos de adquisición del
derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo
compartido.
En esta Directiva última que he citado incluso España pidió,
cuando se aprobó, que se acelerara el tiempo en que
obligatoriamente tenía que trasponerse a las legislaciones
nacionales. Pues bien, después de aprobarse, España, a pesar de
haber sido una de las impulsoras de que se restringiera el tiempo
para trasponerla, es la que probablemente con más retraso lo vaya
a hacer.
No nos caracterizamos, señorías, por la agilidad y por el interés
a la hora de reforzar nuestro ordenamiento jurídico con medidas
de protección al consumidor. La propia evolución de la sociedad,
del mercado y de las estructuras institucionales, exige una
permanente adaptación de la normativa, y los retrasos en esto
constituyen ya de por sí, por ser meros retrasos, un notorio
perjuicio para los consumidores españoles.
Por otro lado, nuestro modelo de organización administrativa, con
competencias asumidas por las administraciones local, autonómica
y general del Estado, exige un esfuerzo permanente de
coordinación entre administraciones, coordinación que no
significa supeditación y mucho menos imposición, y desde luego la
opinión sobre la actuación de los responsables del Ministerio en
materia de consumo, en esta labor de coordinación, no es,
señorías, muy favorable. Si hacemos extensiva esa coordinación a
otros departamentos de
la propia Administración del Estado, nos hace llegar a la
conclusión de que en este momento carecemos realmente de una
política de Estado en materia de consumo, en la que la primacía
del consumidor prevalezca sobre las actuaciones unilaterales de
algunos departamentos de esa propia Administración.
Recordemos, por ejemplo, el carácter retroactivo con que el
Ministerio de Economía y Hacienda regulaba en este país
actividades importantísimas para todos los ciudadanos, incluyendo
el propio Impuesto sobre la Renta, o las numerosas disposiciones
del Ministerio de Industria y Energía, que considera
permanentemente al consumidor en España en una situación de
desigualdad frente a las grandes empresas industriales, o la
falta de desarrollo de las previsiones de protección al
consumidor de la propia Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, o la instauración, como mero ejemplo, de la lectura
estimativa en el cobro del suministro eléctrico. Solamente
poniendo estos ejemplos resulta evidente que el consumo no tiene
un peso específico en su Departamento, ni desde el punto de vista
del reconocimiento presupuestario. Las cantidades destinadas a
los servicios, a los problemas de consumo, son absolutamente
ínfimas, pero resulta más evidente todavía que su Departamento es
incapaz de transmitir el criterio, para nosotros básico, de que
la política del consumo no puede ser ejercida por los órganos que
sólo tienen como fin último la protección de los consumidores. El
reto es darse cuenta de que la política de consumo ha de hacerse
por toda la Administración, que no es estanca, que no es
vertical, y hay que extender esa sensibilidad absolutamente a
todos los ámbitos. En España no hay cultura, no hay tradición de
políticas transversales, y en materia de consumo eso es
especialmente evidente.
Hay un aspecto esencial en el cual nuestro país apenas ha
avanzado nada en estos últimos años, y es precisamente el
descender la figura del consumidor, del usuario, a la propia
relación de éste con la Administración. Ni ésta ni los servicios
públicos fundamentales que la Administración presta se están
caracterizando precisamente por la protección del usuario y por
la plena promoción de sus derechos.
Hace muy pocas fechas la propia Comisaria responsable de estas
materias en la Unión Europea decía que era incluso más heroico
que lo que usted afirmaba, reclamar contra una multinacional,
incluso era más heroico reclamar, desde el punto de vista de los
consumidores, frente a la propia Administración y, además, hacía
una referencia muy clara a que países como España tienen un
importantísimo retraso en relación con otros países europeos en
este sentido. Un claro ejemplo de esto podría ser también la
exclusión del nuevo Código Penal de las faltas de los
funcionarios como causa de responsabilidad civil subsidiaria del
Estado.
Uno de los aspectos que más preocupan en el actual panorama del
consumo es el que hace referencia precisamente a las
discriminaciones y a los desequilibrios a la hora de ejercitar
unos derechos como son, por ejemplo, el derecho a la información
o el acceso al sistema arbitral de consumo. Sistemas de
información se han puesto en marcha en nuestro país en más de 800
ayuntamientos en los últimos años, sistema arbitral de consumo se
ha instaurado en algo más de cincuenta juntas arbitrables
constituidas. Pero toda esta incipiente infraestructura en
materia de consumo se está poniendo en cuestión por la falta de
colaboración de la Administración central, por la falta de
colaboración del ministerio competente en esta materia. De hecho,
la desaparición de las ayudas a las corporaciones locales, en
colaboración con las comunidades autónomas, ha supuesto, está
suponiendo un duro golpe para la extensión y la consolidación de
esos servicios, y algunos ayuntamientos ya han declarado que no
podrán mantener aquellos servicios que pusieron en marcha hace
tiempo.
Por tanto, hoy el panorama es muy variopinto en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, vaya
concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando.
Consumidores que, por el hecho de residir en zonas rurales o en
determinadas ciudades, no pueden acceder a recursos de
información o a ese sistema arbitral, disparidades en razón de
las condiciones sociales o en razón de la pertenencia a grupos
específicos de población, como pueden ser los niños, como pueden
ser los ancianos, o como pueden ser las personas con minusvalías,
y eso es algo que viene siendo reclamado por los propios planes
de la Unión Europea desde hace años y que en España sigue sin
avanzar de forma decisiva.
Una responsabilidad clara de la Administración es no haber
conseguido todavía que las empresas de titularidad pública, o
aquellas de titularidad privada que están prestando servicios de
interés público, se hayan sometido ya en toda su extensión al
sistema arbitral de consumo, o que unas lo hagan en unas
provincias y no lo hagan en otras.
En esta intervención no me gustaría dejar de hacer referencia a
la situación de nuestro movimiento asociativo, del movimiento de
las asociaciones de consumidores y usuarios. En pocos asuntos
relacionados con el consumo existe más disparidad entre las
grandilocuentes declaraciones de su Departamento y la realidad,
tal distancia entre las apelaciones a la necesidad de configurar
un movimiento asociativo independiente y las prácticas que
ustedes realizan; el uso de fondos públicos con absoluta
discrecionalidad, con flagrante discriminación, con descarada
tendenciosidad ha sido una constante todos estos años hasta el
punto de haber sido puesto en evidencia por el Tribunal de
Cuentas hace no demasiadas fechas. Con un Consejo de Consumidores
y Usuarios que, tras cuatro años operando, no puede dar
un balance más pobre en sus actuaciones; con una falta de
sensibilidad, fundamentalmente de las empresas públicas, a la
hora de dar cobijo a la representación de esos usuarios. En
definitiva, con un rosario de incumplimientos de la
Administración en la puesta en marcha de planes específicos,
orientados fundamentalmente a la educación y a la información de
los consumidores, que son, como usted señora Ministra sabe muy
bien, dos de los pilares básicos que el programa de acción
comunitaria presentado por la comisaria Bonino establecía como
prioridades absolutas. Muy poco se ha hecho en ese sentido en
estos últimos tiempos. Nos gustaría...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, termine,
por favor.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy a acabar, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya acabando no.
Termine, por favor, en un minuto.
El señor BURGOS GALLEGO: Nos gustaría conocer cuáles de esos
planes está previsto desarrollar. El acceso a la justicia, entre
otros, sigue todavía sin ser aspecto esencial en la promoción de
los derechos de los consumidores.
Por ello, señora Ministra, señorías, la nueva orientación en la
Unión Europea, que nos exige más que nunca configurar un modelo
nuevo de relaciones de consumo, basado precisamente en la
integración de todas las actuaciones institucionales y sociales
en esta materia, nos lleva a presentar esta interpelación, para
debatir, para discutir realmente a qué altura estamos en España
respecto a la situación del resto de los países, cuáles son las
perspectivas de futuro y si, en los próximos años, los
consumidores españoles van a seguir siendo consumidores de
segunda categoría en el ámbito europeo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Burgos.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señor
Presidente, señorías, la política de consumo de este Gobierno es,
a nuestro juicio, plenamente homologable a las políticas de
consumo de los países de nuestro entorno. Señor Burgos, el
enfoque con que S. S. plantea esta interpelación, precisamente
haciendo referencia a la Unión Europea, al marco comunitario, me
permite exponer cuáles son los grandes objetivos de nuestra
política de consumo, haciendo un repaso de un acontecimiento
reciente, concreto, que da una idea cabal --me parece-- de cuál
es nuestra situación en relación a la Unión Europea, cuál es el
liderazgo que ha ejercido la presidencia española en materia de
consumo y en qué se ha plasmado, en un Consejo de Ministros tan
reciente como el celebrado el 9 de noviembre, que veo con
satisfacción que S. S. ha seguido en la medida en que se ha
referido aquí a los comentarios de la Comisaria responsable,
señora Bonino.
El Consejo de Ministros que acabamos de celebrar es un buen
exponente, señor Diputado, de cómo está la política de consumo en
España en relación con la política comunitaria y de cuáles son
los objetivos políticos que ha impulsado esta presidencia y que
me permiten hacer la afirmación con la que he empezado esta
intervención.
La presidencia española se había planteado dar, en el semestre
comunitario, un impulso a las actividades de la política
comunitaria de consumo, y ha sintonizado perfectamente, no sólo
con la política de la Comisión, que ha valorado muy positivamente
nuestras iniciativas, sino que ha constituido una revitalización
de una política que, en el ámbito europeo, tiene un reflejo
evidente, como, por ejemplo, que en la anterior presidencia, la
francesa, ni siquiera se celebró el Consejo de Ministros.
Por tanto, en un repaso breve, pero que nos permite señalar
algunos de esos logros, permítame que le diga qué hemos hecho en
ese Consejo. En primer lugar, hemos conseguido desbloquear una
Directiva, que llevaba bloqueada desde el año 1991, que es la de
la publicidad comparativa. Ha sido fijada la posición común del
Consejo y ha sido aprobada. Hemos realizado un debate importante
sobre otra propuesta de directiva presentada por la Comisión que
me permite contestar a una de las preocupaciones que S. S. ha
suscitado. Su señoría ha hecho hincapié sobre él, a su juicio,
poco desarrollo normativo en materia de consumo. Pues bien, he de
decirle que el sentimiento que compartimos varios responsables en
la Unión Europea, y que desde luego comparte la Comisión, es que
una excesiva proliferación de normativa comunitaria, sin el
adecuado traslado de la información al consumidor, ha tejido un
conjunto que no mejora la protección del consumidor, sino que a
veces constituye un motivo de dificultad. Esto viene al caso de
la propuesta de directiva que estoy explicando a S. S., porque
consiste en la revisión de una directiva ya aprobada que contiene
un sistema de fijación de precios y que no ha entrado en vigor
por decisión comunitaria, dada su enorme complejidad técnica.
Al hilo de esta revisión, hemos tenido ocasión de debatir cómo no
se trata tanto de seguir desarrollando normativamente,
prolijamente y con minuciosidad la normativa de consumo, que a
juicio de todos los comunitarios es suficientemente extensa, como
de ser eficaces en hacer conocer al consumidor cuál es el
contenido de esa normativa. De manera que discrepamos, señor
Burgos, no hay poca normativa, hay mucha normativa de desarrollo
en materia de protección
de los consumidores y a veces su complejidad técnica impide el
adecuado conocimiento por parte de los consumidores.
Tanto es así que, como S. S. conoce, se ha celebrado en Madrid un
foro de comunicación precisamente dedicado a ver cuáles son los
mecanismos que nos permiten mejorar la información y la formación
del consumidor para que llegue a su conocimiento todo este
trabajo normativo y técnico que ya está hecho. De manera que la
valoración que S. S. hace no es desde luego la nuestra, pero
tampoco es la que se ha realizado en el foro comunitario.
Además, en el Consejo de Ministros que acabamos de celebrar hemos
debatido la comunicación de la Comisión, que ha presentado cuál
es su programa de prioridades en la política de los consumidores
en los próximos años, que ha sido valorada muy positivamente por
parte de todos los Estados miembros y que contiene algunas de las
reflexiones que acabo de hacer a su señoría.
Finalmente, el Consejo ha adoptado tres resoluciones, a
iniciativa de la presidencia española, que han contado con el
apoyo de todas las delegaciones. Una se refiere a los productos
milagro que, como S. S. conoce, constituyen un problema que ha
irrumpido en nuestras sociedades y que son una amenaza para la
buena fe del consumidor. Otra se ha producido sobre crédito al
consumo, en la que se especifican las áreas prioritarias de
actuación y, finalmente, una sobre educación e información al
consumidor, que trata de dar respuesta a las necesidades
planteadas en la actualidad por un mercado tan complejo como en
el que nos movemos y a las dificultades con las que se enfrenta
ese consumidor.
De manera que la simple enumeración de los acuerdos adoptados, la
noticia de la aprobación de la Directiva, que desde el año 1991
estaba bloqueada, demuestran que las consecuencias de la
presidencia española en la política comunitaria de consumo han
sido eficaces, señor Burgos, créame, y demuestra también que
nuestros objetivos políticos en materia de consumo están en
perfecta sintonía con los comunitarios, que son compartidos y que
desde luego no avalan de ninguna manera la afirmación que S. S.
ha hecho respecto a una situación de desigualdad.
No es sólo, sin embargo, el aspecto de la información el que nos
preocupa, con ser prioritario. También S. S. ha hecho referencia
al asociacionismo, al acceso a la justicia, problemas que han
sido objeto de atención preferente en el desarrollo de la
política de consumo y que han conseguido un nivel de resolución
en España que desde luego no justifica las afirmaciones que S. S.
se ha permitido.
La política de consumo en el marco de la Unión Europea, señor
Diputado, como S. S. ha puesto de manifiesto, ha sufrido un
importante cambio cualitativo tras la aprobación del Tratado de
la Unión, porque ya no se persiguen únicamente objetivos
económicos,
sino que se crea una ciudadanía europea que atribuye derechos
políticos fundamentales a todos los ciudadanos de los Estados
miembros. La política de protección al consumidor adquiere así,
en ese marco, una dimensión superior que trasciende al propio
mercado. La base jurídica contenida en el artículo 129 a)
refuerza el concepto de ciudadanía europea y representa un cambio
cualitativo frente a la situación anterior, en la que el objetivo
comunitario fundamental era la consecución de ese mercado único.
España ha sido consciente de esta situación, y la prueba es que
en su regulación de los derechos de los consumidores, en la ley
que S. S. ha citado, se ha anticipado notablemente a la
regulación en otros países comunitarios. Pero es que ya en el año
1989, cuando España asumió por primera vez la responsabilidad de
la presidencia comunitaria, se impulsó la propuesta que desembocó
en la resolución del Consejo del año 1989 sobre prioridades para
la potenciación de la política de protección al consumidor, y que
dio lugar al primer plan de acción con vigencia trienal de los
años 1990 a 1992, plan de acción que, como usted sabe, marcó un
modelo que se ha convertido en la fórmula adecuada para continuar
desarrollando esta política.
Como consecuencia de estos planteamientos, ha tenido lugar la
creación de una muy estimable y notable base legislativa, que
constituye un auténtico derecho comunitario del consumo, además
de definir actuaciones concretas a las que después me referiré.
El segundo plan de acción trienal, el que abarca desde el año
1993 a 1995 y que, por tanto, vence en estos días, va más allá y
dirige ya su objetivo prioritario a situar realmente el mercado
interior al servicio de los consumidores además de evaluar las
demás políticas comunitarias desde el punto de vista de los
intereses de los propios consumidores. En el ámbito nacional, se
ha materializado en actuaciones concretas conectadas muy
directamente con estos esquemas.
Su señoría ha hecho referencia al impulso del asociacionismo,
plasmado en la regulación que en el año 1990 se hizo con la
creación del Consejo de Consumidores y Usuarios, en desarrollo
del precepto constitucional y de la ley a la que ha hecho
referencia su señoría. Pero a continuación ha añadido algo que yo
debo rechazar enérgicamente, porque me parece una valoración que
excede a la crítica de las políticas del Gobierno que S. S. ha
subido a esta tribuna a hacer, porque el Consejo de Consumidores
y Usuarios engloba las asociaciones de consumidores, que a mí me
parece que han hecho una labor absolutamente estimable.
Como S. S. conoce, la normativa vigente establece que todas y
cada una de las disposiciones que afectan a los intereses de los
consumidores, y le aseguro que son casi todas, sean objeto de
informe por parte de ese Consejo, y ese Consejo ha evacuado
cientos de informes en este período sobre todas las disposiciones
de carácter general, aportando la defensa de los intereses de los
consumidores. Por tanto, ha hecho un trabajo que yo sí quiero
reconocer hoy aquí y valorar adecuadamente,
y desde luego rechazar la valoración que S. S. ha hecho. No
obstante, quiero decirle que está en fase de tramitación un
proyecto de decreto que modifica la representatividad del
Consejo, tratando de adaptarlo a la situación del año 1995 y de
hacerlo más representativo por la vía de dar cabida en él a
representantes de los consejos de consumidores de ámbito
autonómico y a todas las asociaciones, federaciones y
confederaciones de asociaciones y de cooperativas de consumidores
de ámbito nacional. Por tanto, yo creo que el Consejo sí ha
realizado una importante labor que debemos agradecer, estando
además en tramitación una modificación de su composición que se
adapte a la configuración autonómica del asociacionismo y que,
por tanto, tenga más carácter representativo.
Pero no menos significativo, señor Diputado, es lo que se ha
hecho en el impulso al acceso a la justicia, mediante el
desarrollo del sistema arbitral, que S. S. valora pobremente y
que, por el contrario, a mi me parece que los datos demuestran
que se ha hecho un gran trabajo. Contamos en la actualidad con 53
juntas arbitrales, de ellas una es de ámbito nacional, 16 de
ámbito autonómico, 33 municipales y tres provinciales, y no puede
contraponer S. S. las 800 organizaciones municipales, que tienen
mucho que ver con el número de municipios que hay en nuestro
país, con el número de juntas arbitrales, porque, en la medida en
que están referidas al ámbito autonómico, tenemos 17 autonomías
y, por tanto, las diferencias de cifras no pueden guardar
relación. Pero las cifras son muy elocuentes, créame, porque el
número de entidades adheridas al sistema arbitral, que S. S.
pretende que sea imperativo, y que creemos que por su propia
definición el sistema arbitral no debe serlo, en este período ha
sido de 136 asociaciones de consumidores, 672 asociaciones
empresariales y 84.766 empresas. Las peticiones de arbitraje que
se plantean se están resolviendo en un período medio de tres
meses y a diciembre de 1994 ascendían a 24.234. De manera que,
dada la fecha de su constitución, me parece que estas cifras no
permiten descalificar ni su entidad ni la trascendencia del
trabajo que están haciendo.
Por otra parte, la articulación de las políticas de consumo en el
marco del Estado autonómico tampoco me parece que sea merecedora
de la descalificación que S. S. ha hecho. Por el contrario, la
articulación del Plan Estratégico de Protección del Consumidor
para el período 94-97, aprobado el 22 de mayo de 1994 por la
Conferencia Sectorial del Consumo, demuestra que las políticas de
consumo sí se están articulando adecuadamente, de acuerdo con la
configuración de nuestro Estado.
Por otro lado, la asunción de competencias por parte de las
comunidades autónomas, como consecuencia de la ley orgánica
aprobada en el año 1992, ha aumentado, como S. S. conoce, las
competencias de las comunidades autónomas y ha permitido
constatar un plan de trabajo, de cooperación entre la
Administración central, las autonómicas...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, vaya
concluyendo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Voy
concluyendo, señor Presidente.
...y las entidades locales que en absoluto parece que pueda
justificar esa valoración que S. S. ha hecho.
De manera que ni en el ámbito del asociacionismo, ni en el del
sistema arbitral como sistema de impulso de acceso a la justicia,
ni en el ámbito de la cooperación institucional entre las
distintas autoridades del Estado, me parece que pueda sostenerse
con fundamento que nos hallamos en una situación ni de desventaja
ni de falta de culminación de políticas.
Su señoría ha citado los 800 servicios de consumo de los
ayuntamientos, pero esa cifra habría que ponerla en relación
también con que más de 700.000 consumidores españoles están
agrupados hoy en asociaciones y, por tanto, el interés y la
implantación en nuestra sociedad de la defensa de los
consumidores a través de sus movimientos asociativos me parece
que ha recorrido un largo camino, que no ha frustrado
expectativas sino que, por el contrario, nos hace afrontar hoy la
política de consumo con un horizonte que es mucho más
esperanzador de lo que S. S. indica.
Finalmente, acerca del número de actos normativos, le diré que,
por ejemplo, hasta el presente, señor Diputado, se han aprobado
25 leyes, 65 reales decretos, más de 27 órdenes ministeriales por
la Administración central del Estado y, por tanto, hablar de
falta de desarrollo normativo me parece también faltar a la
constatación histórica.
Hay un entramado jurídico importante; hay un impulso del
asociacionismo, que se ha demostrado muy eficaz en la sociedad
española, y hay unos objetivos políticos de defensa de consumo
que nos han permitido afrontar la presidencia española de la
Comunidad Europea, también en esta materia, le aseguro que con
una cierta brillantez.
Gracias, señor Presidente
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la verdad es que usted mantiene permanentemente
en esta Cámara un nivel de autosatisfacción preocupante. Nosotros
nos preguntamos qué habría hecho Europa sin ustedes, qué habría
hecho Europa sin la presidencia española en este semestre o, más
bien, qué habrían hecho ustedes en este semestre si no hubieran
estado dedicados a la presidencia española.
En todo caso, me gustaría plantearle algunos de los aspectos que
usted ha pretendido contestarme. Yo creo que, tal vez, no ha
escuchado convenientemente mi
primera intervención,porque si no algunas de las afirmaciones que
usted me otorga creo que no tendrían ninguna justificación.
Precisamente yo he reiterado que lo que nos sobra en este país
probablemente sea esa abundante y pormenorizada base legislativa.
Yo no he dicho que hiciera falta más legislación o más
reglamentos, o que tuviéramos que incrementar nuestra normativa
en relación con el consumo. Lo que he dicho, y lo sigo
manteniendo, es que, en relación con la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios --que es una Ley que
ustedes los socialistas trajeron aquí en el año 1984--, existe
una absoluta falta de desarrollo reglamentario, con independencia
de que se hayan articulado muchas normativas autonómicas, muchas
normativas estatales, con independencia de que se haya
desarrollado otro ámbito normativo; esa Ley, que al fin y al cabo
es la más importante, y en la que tenemos que basar toda la
política del consumo en nuestro país, tiene un preocupante nivel
de desarrollo, yo no sé si porque ya no confían en esa Ley --
probablemente algo haya de eso-- o, simplemente, porque ustedes
no tienen capacidad política para desarrollarla, o no están
capacitados para tomar las decisiones políticas que permiten
desarrollar esa legislación.
Me voy a permitir no hacerle mención de todos los aspectos de esa
Ley concreta que están pendientes de desarrollo. Simplemente
algunos, como las cláusulas abusivas, como el régimen de
garantías, como las responsabilidades derivadas de la prestación
defectuosa de los servicios, como la regulación de las oficinas
de información de titularidad privada, como la ausencia de
reconocimiento oficial de los ensayos y análisis comparativos,
como el reconocimiento del acceso de las asociaciones de
consumidores a los medios de comunicación social. El artículo 17
está pendiente de desarrollo, después de once años, cuando
estamos hablando de que una de las bases fundamentales de la
política de información y de educación de los consumidores es la
labor de las asociaciones. ¿Cómo es posible que ustedes no hayan
regulado el acceso de las asociaciones de consumidores, que la
Ley establece, a la televisión pública o a las radios públicas, o
a todos los medios de comunicación pública? Eso es impulsar el
asociacionismo y lo demás, señora Ministra, con todos los
respetos, son zarandajas.
Y no he dicho yo --mejor dicho, me he limitado a repetirlo en
esta Cámara-- que la labor del Consejo de Consumidores y Usuarios
haya sido pobre; es que lo han dicho los propios componentes del
Consejo de Consumidores y Usuarios, y no tengo más que leerle uno
de los editoriales de una de las revistas de consumo de mayor
difusión en este país, precisamente la de una de las asociaciones
que pertenecen a ese Consejo de Consumidores y Usuarios. No lo
digo yo; yo no descalifico a las asociaciones por el hecho de que
no hayan tenido en ese Consejo ni la personalidad jurídica que
les permitiera actuar con libertad, ni los medios materiales, ni
la capacidad económica, ni la proyección que ellos mismos han
reclamado a la Administración y que se les ha negado
reiteradamente. Lo dicen ellos textualmente: Nuestro mandato
termina con un balance pobre en resultados y logros y sin haber
podido o sabido conectar con el conjunto de la sociedad española,
por falta de personalidad jurídica, escasa dotación económica, lo
cual ha motivado que hayan tenido que ser las propias
organizaciones de consumidores las que han tenido que financiar
los gastos.
Esto no lo digo yo, lo dicen las asociaciones de consumidores. No
nos atribuya ser los meros trasmisores de algo que usted, por
otro lado, tendría que conocer porque es la responsable del
Ministerio. Lo que pasa es que, al final, quien sube aquí a
descalificar a los demás normalmente no es la oposición, que
viene con datos y con opiniones, sino que normalmente es su
Gobierno, porque no tiene otros argumentos que echarnos a
nosotros en cara.
El programa de acción comunitaria que usted ha citado, presentado
por la Comisaria Bonino, establecía como prioridades mejorar la
información, mejorar la educación, el movimiento asociativo.
¿Usted cree que puede hablarse con rigor en este país de
políticas informativas sobre consumo? ¿Usted cree que puede
hablarse con rigor en este país de utilización razonable, de
utilización oportuna de los medios de comunicación social, como
agentes formadores en consumo? ¿Usted cree que puede hablarse de
programas de formación en materia de consumo en el sistema
educativo con rigor y con seriedad para afrontar, por ejemplo,
los gravísimos problemas que tenemos en nuestra juventud de
consumo de alcohol, o de tabaco, o de otro tipo de sustancias?
¿Usted cree realmente que se puede hablar de programas en el
ámbito escolar con rigor y seriedad? ¿Usted cree que puede
hablarse con rigor y seriedad de información y educación para los
consumidores en nuestro país, cuando no se ha puesto en marcha ni
una sola campaña de ámbito nacional coordinada con todas las
comunidades autónomas y con todos los agentes sociales y
asociativos que se mueven en este mundo?
No hemos sido capaces ni siquiera de articular una campaña. Miren
a ver si les da tiempo estas navidades de poner en marcha algo
concreto, aunque sólo sea, por ejemplo, la lucha contra la
publicidad exagerada a la que nuestros jóvenes o nuestros niños
se tienen que enfrentar todos los días en la televisión y que
supera con creces lo establecido por la normativa. Ni siquiera
hemos sido capaces de que cuando llegue la campaña de verano o la
de Navidad todos los recursos existentes en el país en materia de
consumo se puedan orientar en una sola dirección y rentabilizando
los recursos, que es lo que se hace en un país civilizado. ¿Qué
acciones han desarrollado desde el Instituto Nacional de Consumo
(que es el gran desconocido en este país en cuanto a sus
funciones y a su nivel de actividad) para formar al personal que
trabaja en esas oficinas de información
al consumidor o en el sistema arbitral o en todos los estamentos
sociales o institucionales que trabajan en el consumo?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, vaya
concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Termino ya.
Señora Ministra, no me confunda el sistema arbitral con el acceso
a la justicia porque no tiene --y usted lo sabe-- absolutamente
nada que ver. El sistema arbitral es un mecanismo extrajudicial y
cuando yo hablo de acceso a la justicia le hablo de la conciencia
que hay en este momento entre la judicatura o entre la abogacía
de los temas y de la problemática del consumo, que no existe, y
eso lo ven todos los consumidores todos los días.
Me podía dar usted su opinión desde su Ministerio, que
supuestamente es competente en materia de consumo, sobre la
creación de las fiscalías de consumo en este país. Me podría
decir si considera que es algo perseguible, si es algo positivo,
si es algo por lo cual usted está trabajando, o si, por el
contrario, no está realizando básicamente nada, o han realizado
alguna iniciativa con el Consejo General del Poder Judicial
precisamente para incentivar el conocimiento del mundo judicial,
del mundo de la judicatura en estos temas.
Presentamos señora Ministra, para terminar, un campo abonadísimo
para las prácticas abusivas, para la propaganda engañosa, para la
circulación de productos sin garantías ni controles, con una
inspección de consumo infradotada y minusvalorada, con un
movimiento asociativo tremendamente intervenido y dependiente de
las subvenciones públicas, con recursos institucionales cada vez
más insuficientes e incluso en retroceso, como sus propios
presupuestos ponen de manifiesto año tras año.
Necesitamos que esa nueva orientación de la Unión Europea tenga
también su traslado en España y que consigamos cumplir el
artículo 51 de nuestra Constitución para conseguir un consumidor
auténticamente protagonista de las vicisitudes del mercado, con
un mercado realmente orientado a la calidad, a satisfacer las
necesidades del usuario, para conseguir así restaurar la
confianza del ciudadano en la primacía de la calidad, de la
responsabilidad y de la satisfacción del usuario y del consumidor
como ejes del mercado del futuro.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Burgos.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, si no le he entendido bien su valoración de la
normativa, le ruego me disculpe, pero he vuelto a escucharle
atentamente y S. S. ha vuelto a decir que no le importa el número
de leyes ni de decretos ni de órdenes que se hayan hecho, que lo
que usted dice es que no se ha desarrollado suficientemente la
ley de consumidores. Yo tengo que insistir en que sí se ha
desarrollado, señor Burgos. La limitación del tiempo, y
naturalmente el interés en no aburrir a SS. SS. excesivamente, me
impide leer la relación que tengo aquí de normas: Detalle de
normas promulgadas a partir de la Ley de Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en desarrollo de la ley, señor Burgos.
Son 17 folios de leyes, decretos, órdenes, circulares, normas de
todo rango que afectan a materias de asociacionismo, de
etiquetado de productos, de control de productos alimenticios, de
publicidad, de seguros, de ventas, de normalización y
homologación, etcétera, y que yo pongo a su disposición. Porque
S. S. puede decir que hay un artículo de la ley que está sin
desarrollar y naturalmente tendrá razón, pero no me puede decir
que no se ha hecho un desarrollo adecuado de la Ley de Defensa de
Consumidores y Usuarios. De manera que, en el desarrollo
normativo, se ha hecho un esfuerzo enorme, señor Burgos, a pesar
de que, naturalmente, queden pendientes algunos aspectos de la
ley. Como digo, fue una ley pionera, que se adelantó a los países
incluso comunitarios y que contiene una regulación muy completa y
muy exhaustiva de todos los ámbitos de la política de consumo.
Su señoría hace referencia al balance del Consejo de Consumidores
y cita lo que ellos opinan. A mí me parece que honra a los
miembros del Consejo que consideren que su trabajo no ha sido
suficiente y que aspiren a una mayor presencia, a mayores medios,
a mayores instrumentos. Y eso qué tiene que ver con la valoración
que yo hago de su trabajo a lo lara, o de estos años, de cómo han
estado presentes en todas y cada una de las disposiciones de
carácter horizontal, que a S. S. le preocupan y con razón;
política de consumo o es horizontal o no será eficaz. Y eso, el
Consejo de Consumidores lo ha conseguido haciendo imprescindible
su dictamen en cada una de las normas que se han promulgado. De
manera que el Consejo valora su propio trabajo, se valora
asimismo. Yo hago una valoración y S. S. hace otra. Y, además,
yo, como responsable de la política de consumo, estoy impulsando
una modificación que mejora la composición del Consejo y que
trata de reforzar su capacidad de actuación, que no está
vinculada necesariamente a las dotaciones financieras, señor
Burgos, porque no podemos mezclar todo. ¿Los consumidores tienen
que sostenerse a sí mismos como entidades representativas de la
sociedad civil o hay que anclar de la Administración del Estado
todas y cada una de las actuaciones que tengan que llevar a cabo?
Por tanto, vincular la eficacia de la política de consumo desde
las asociaciones a la capacidad del Estado de subvencionarlas con
fondos públicos es una cuestión cuando menos discutible, señor
Burgos. En todo caso, está sujeta a los avatares presupuestarios
que no siempre permiten atender a todo lo que desde todas
partes, y especialmente desde su Grupo, se reclama como
financiable por el Estado, al mismo tiempo que se dice que hay
que reducir las cuentas públicas.
Luego, S. S. cuando habla de consumo, hace referencia a la
retroactividad del Impuesto sobre la Renta o al consumo de
alcohol entre los jóvenes. Señoría, la política de consumo afecta
a todo y consumidores somos todos, pero no puede usted hacer
responsable a la política de consumo de este Gobierno de cosas
tan dispares sin incurrir en una generalización difícil de
atender. Porque, el problema del alcoholismo entre los jóvenes es
un problema de salud pública, es un problema de educación, y S.
S. considera que los programas educativos no están
suficientemente desarrollados en las escuelas. ¿Y eso es una
carencia de la política de consumo? Pues es una vinculación,
señoría, yo creo que exagerada.
Me pregunta qué hemos hecho desde el Instituto Nacional del
Consumo. Por lo visto hemos hecho poca propaganda, porque le
aseguro que trabajar se ha trabajado mucho. Y si S. S. puede
afirmar que el Instituto Nacional del Consumo es el gran
desconocido, es porque nos hemos hecho poca publicidad, lo que,
por otra parte, no está entre nuestras prioridades. Pero le voy a
hacer referencia a algunas de las cosas que se han hecho en el
Instituto de Consumo recientemente y de manera significativa.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Consumo presta apoyo
técnico y analítico a todos los órganos de control de las
comunidades autónomas a través del Centro de Investigación y
Control de la Calidad --el CICC-- y a través del laboratorio del
propio instituto, en el que se vienen analizando una media de
7.000 muestras anuales, señor Burgos, muestras de productos que
constituyen además un ejercicio de la cooperación institucional.
Las competencias de ejecución de consumo, señoría, son de las
comunidades autónomas, de manera que a la hora de pintar ese
panorama desolador sobre lo que se ha conseguido en consumo,
piense S. S. qué parte está imputando a las competencias de las
comunidades autónomas, que, como digo, tienen transferidas las
competencias de ejecución. Pues bien, sin ser competente el
Instituto Nacional del Consumo de manera directa, está realizando
una labor de laboratorio y de control de calidad que se plasma en
7.000 muestras anuales. Además, el Instituto está cooperando con
las comunidades autónomas en la selección, diseño y programación
de las campañas nacionales de inspección, señor Burgos. Durante
este año se han realizado tres campañas nacionales: sobre
servicios financieros, sobre equipos terminales y uso público,
excluidos los del servicio telefónico básico, y sobre productos
milagro. Estas campañas se complementan con las más de 98
campañas de inspección de carácter regional que son realizadas
por los servicios de inspección de consumo de las comunidades
autónomas también con el apoyo y la cooperación del Instituto
Nacional de Consumo.
Según los datos de que disponemos, durante 1994 más de 130.000
actuaciones inspectoras, con cerca de 11.000 tomas de muestras y
análisis, representan la concreción material de esa labor que S.
S. dice desconocer y que yo tengo mucho gusto en comunicarle. De
estas actuaciones, 300 se refieren, por ejemplo, a productos
milagro. La incidencia de estas actuaciones por parte del
Instituto Nacional de Consumo, en cooperación con las comunidades
autónomas, ha hecho que desaparezcan del horizonte que se ofrece
al consumidor un porcentaje de productos milagro verdaderamente
relevante en relación con lo que pasaba hace un año. Algo han
tenido que ver estas actuaciones, además de haber llevado el
problema al ámbito europeo en el Consejo de Ministros, como he
dicho anteriormente. Por cierto, es verdad que estamos
satisfechos con la Presidencia Española en la Comunidad, señor
Burgos; estamos satisfechos no tanto como Gobierno, sino como
país, y me parece que S. S. también debería estarlo. Porque no es
irrelevante desempeñar con dignidad, con éxito y con una cierta
brillantez, la labor de presidir la Unión Europea. Por tanto,
reconozco que estamos satisfechos, pero me gustaría que usted lo
estuviera también.
El sistema de intercambio rápido de información, la red de
alerta, es otro de los mecanismos concretos en los que trabaja el
Instituto que ha demostrado gran eficacia a nivel nacional y
comunitario. Se ha implantado en desarrollo de una directiva que
afecta a la seguridad general de los productos y en el que el
Instituto Nacional de Consumo es el punto de conexión nacional
para productos no alimenticios notificados a través de este
sistema y la Dirección General de Salud Pública del Ministerio
para los que son alimenticios.
Se ha creado desde el Instituto una escuela de consumo, señor
Burgos, como nuevo servicio del Instituto Nacional del
Consumidor, que ha organizado ya más de 200 cursos en
colaboración con universidades y con otros centros formativos,
que precisamente atiende esa preocupación de S. S. en el sentido
de formar a los técnicos no sólo de las asociaciones de
consumidores, sino también de las diferentes administraciones
públicas de consumo y, por tanto, más de 200 cursos avalan esta
labor formativa que a S. S. le preocupa, pero que también está
desarrollándose.
En el ámbito de la investigación o del estudio, espero que S. S.
tenga conocimiento de los resultados del estudio.
Realizado en el ámbito comunitario sobre accidentes domésticos y
actividades de ocio, que constituye un dato fundamental a la hora
de valorar y de ser útil a la vida cotidiana de los consumidores.
A S. S. le preocupa la publicidad. En el ámbito del control de la
veracidad de la publicidad, quiero decirle que en el año 1994 se
ha realizado un programa --que continúa en el año 1995-- en el
que se han revisado 3.240 horas de televisión; se han
seleccionado un total de 683 anuncios publicitarios, que han sido
estudiados y analizados a la luz de la normativa vigente; se han
realizado 227 peticiones de cese o modificación de publicidad
a un total de 89 empresas; se han realizado 23 recomendaciones a
empresas y asociaciones empresariales, todo ello por el contenido
de los anuncios, señor Burgos. De estas peticiones --y me estoy
refiriendo al año 1994-- el 33,5 han sido atendidas
voluntariamente por los anunciantes. Insisto en que las
competencias de ejecución corresponden a las comunidades
autónomas, no al Instituto Nacional de Consumo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, vaya
concluyendo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Concluyo, señor Presidente.
El 33,5 por ciento ha sido atendido voluntariamente; el 21 por
ciento se ha comprometido a adaptar todas las campañas
posteriores a las sugerencias efectuadas y el resto se ha
remitido a los correspondientes órganos de control de las
comunidades autónomas para la apertura de los correspondientes
expedientes sancionadores. Se ha creado la Asociación de
Autocontrol de la Publicidad, señor Burgos; se han realizado
convenios con fabricantes de material eléctrico, con el Instituto
Nacional del Consumo para el fomento de la calidad del material
eléctrico; se ha realizado un código de autorregulación
publicitaria entre cerveceros de España y los consumidores; se ha
llegado a acuerdos con las asociaciones integradas en la
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la
correcta interpretación en materia de normativa de etiquetado y
presentación; se ha hecho un convenio del Instituto con la
Asociación Nacional de Fabricantes de Detergentes y Productos
Afines y la Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de
Productos Derivados; se ha concertado con la Asociación Nacional
de Fabricantes de Juguetes un convenio para la elaboración de un
código ético relativo a la publicidad dirigida a la población
infantil.
¿Le parece a S. S. que todo esto es ignorar estos problemas? A
nosotros nos parece el resultado de un esfuerzo serio, de un
trabajo serio, de una actuación que, más allá del estricto
ejercicio de las competencias, ha ido a unas vías de
autorregulación, de convenios y de actuaciones de cooperación con
las demás administraciones responsables de consumo, que me parece
que sí están siendo valoradas adecuadamente por los consumidores.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Sin duda, el Grupo Popular y el Gobierno, a través de su Ministra
de Sanidad y Consumo, están debatiendo un tema de enorme interés,
un tema que afecta a la globalidad de los ciudadanos y que, por
tanto, exige la mayor precisión a la hora de referirse a él. Creo
que es estéril entrar en un debate sobre cantidad de legislación
elaborada, cantidad de exámenes de tal o cual tipo realizados por
parte de la Administración, un poco en el sentido de si la
botella está medio llena o medio vacía, a la hora de abordar un
tema tan importante como éste; creo que ni es bueno un cierto
aire triunfalista ni tampoco es buena la visión catastrofista,
sobre todo teniendo en cuenta que, aunque sería de desear que
hubiéramos avanzado muchísimo más en este campo --y desde la
entrada en vigor de la Ley General de Protección del Consumidor
de 1984 se ha avanzado en este terreno--, queda tantísimo por
hacer que de muy mala manera podríamos permitirnos tener un aire
triunfalista.
Yo, señora Ministra, no creo que por el hecho de que en el
papel --desgraciadamente sólo en el papel-- se hable ya de la
ciudadanía europea, los intereses de los ciudadanos españoles
sean ya iguales a los intereses o a las posibilidades de ejercer
sus derechos de la mayoría de los ciudadanos europeos, sobre todo
en aquellos países que tienen una mayor tradición de
asociacionismo y de protección del consumidor que el nuestro. Es
evidente que en nuestro país, en función de la disparidad
geográfica, existe también disparidad en el nivel de protección
de los consumidores, junto con una relativa debilidad de las
organizaciones de consumidores y usuarios, que es cierto que
forma parte de eso que se ha dado en llamar sociedad civil, pero,
sin duda, también desde la Administración se tiene la
responsabilidad de estimular ese tipo de asociacionismo, ya que,
al final, redunda en beneficio de todos, y no sólo en el campo de
la protección al consumo, sino que, en cualquier campo, cualquier
medida que se pueda tomar desde la Administración y que genere
aumento de asociacionismo en nuestro país siempre será positiva.
Entiendo que usted se sienta satisfecha por esas tres iniciativas
que han adoptado en el Consejo Europeo: la lucha contra los
productos milagro y la publicidad engañosa, que dice usted que en
el último año ha disminuido sensiblemente, y es cierto, pero
todavía podemos enchufar la televisión, oír la radio o leer la
prensa y encontrarnos con abundante publicidad engañosa sobre los
llamados productos milagro, todavía hay muchos productos milagro
en el mercado español; el crédito al consumo, otra de las
iniciativas, que se reguló por ley en esta Cámara en marzo de
este año, y era una de las directivas de la Unión Europea no
introducidas en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la
Administración española fue apercibida de sanción en 1994, y, por
último, una que me parece muy importante, la educación e
información del consumidor. Uno se puede sentir satisfecho de
haber adoptado esa iniciativa, pero de ahí a que se haya
capilarizado y sea real que existe un nivel adecuado de
información y de educación
de los consumidores españoles que nos ponga realmente en pie de
igualdad a la hora de exigir que se cumplan los derechos que
tenemos los consumidores queda un enorme trecho. Y ese enorme
trecho únicamente se salva si hay una fuerza, una voluntad
política y una dedicación, que no sé si su Ministerio está en la
actualidad en condiciones de poder asegurar.
Por otra parte, me alegro, y lo digo sin ninguna ironía, de la
iniciativa del Grupo Popular en lo que significa una especie de
freno al neoliberalismo rampante y a las virtudes absolutas del
mercado. Me alegro y lo digo sin ninguna ironía. Esperamos esa
moción, consecuencia de este debate, para estudiarla atentamente
y poder votarla favorablemente si el objetivo que intenta cumplir
es proteger más a los consumidores españoles. Pero yo le
recordaría una anécdota --como ya somos pocos en el hemiciclo--
de la Administración americana, con el Presidente Reagan a su
cabeza, pretendiendo acabar con la FDA (Food and Drug
Administration). Ni el señor Reagan consiguió, afortunadamente,
acabar con la FDA, el adalid del neoliberalismo económico. Por
eso digo, sin ninguna ironía, que me alegro de esta iniciativa
del Partido Popular, que supongo tiene como fin último aumentar
el nivel de protección de nuestros consumidores, es decir, de
todos los ciudadanos españoles, entrando en alguna contradicción
con otras líneas, aunque sean paralelas, de otros tipos de
políticas en los que ese neoliberalismo es mucho más evidente.
Creo, para acabar, señor Presidente, que el tema nos debería de
preocupar muchísimo a todos; que no deberíamos entrar en ese
debate de cuántas directivas se han transpuesto o no, o la
cantidad de desarrollo legislativo, porque también, dicho al aire
de esta intervención, en nuestro país --y es una opinión--, en
general, el problema no es tanto de legislación como de voluntad
política de hacer cumplir lo legislado. Es decir, nos
encontramos, sin duda, con algunas lagunas legislativas sobre
algunos temas que hacen falta, y esta es una de las partes
esenciales de la actividad de esta Cámara, pero la otra, que es
la exigencia política por parte de quien tiene la responsabilidad
--es decir, de la Administración-- de hacer cumplir esas leyes
que aquí elaboramos o que son transposición de directivas
europeas, es la que no siempre es tan evidente. Repito, el
problema no es tanto, en general, de legislación, como de
voluntad política de hacer cumplir lo legislado.
En el informe referido al año 1994 pero emitido en julio de este
año, el duodécimo informe anual sobre el control de la aplicación
de Derecho comunitario, por citar un ejemplo, de las 50
directivas que había que haber transpuesto a nuestro ordenamiento
jurídico, a 31 de diciembre de 1994, España se habían traspuesto
41, un 82 por ciento. Parece mucho, y lo es; sin embargo, mirando
el cuadro de todos los países de la Europa a Doce --todavía a
Doce-- somos el último país en nivel de transposición de
directivas. Es cierto que algunas de las que aquí están por
transponer lo han sido en ese tiempo desde 1994 hasta el día de
hoy, como esa a la que nos referíamos anteriormente de crédito al
consumo. Siguen estando pendientes de transposición algunas muy
importantes, la 92/59, seguridad general de los productos, por
ejemplo, o las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, que son de enorme interés y que son también
desarrollo de esa Ley general de protección al consumidor.
Acabo, señor Presidente, reiterando que mi Grupo considera este
tema de vital importancia. Vamos a estudiar atentamente la moción
que nos presente el Partido Popular, y si el objetivo de la misma
es proteger y aumentar el nivel de conciencia ciudadana en la
exigencia de sus derechos en tanto que consumidores, la
consideraremos positivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
El Pleno continuará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.