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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 189, de 12/12/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 189
Sesión Plenaria núm. 187
celebrada el martes, 12 de diciembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 10015)
Modificación en el orden del día (Página 10015)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Vasco (PNV), sobre modificación de la Ley 20/1990,
de19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 110.1,
de 24 de febrero de 1995 (número de expediente 122/000089)
(Página 10016)
--Declaración institucional por la que se condena el atentado
terrorista perpretado ayer en Madrid (Página 10021)
Modificaciones en el orden del día (Página 10022)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al reparto de
trabajo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 286, de 27 de octubre de 1995 (número de expediente
162/000251) (Página 10022)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
prohibición de minas terrestres antipersonales. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 279, de 9 de octubre de
1995 (número de expediente 162/000244) (Página 10030)
--Del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
adopción de determinadas medidas para evitar la proliferación de
minas antipersonales como arma de guerra (Página 10030)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre proliferación de minas
antipersonales (Página 10030)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre conocimiento que tiene el Gobierno de los
denominados «skins» y otros grupos similares de ultraderecha, de
su situación organizativa, así como medidas que piensa adoptar
para erradicar este fenómeno (número de expediente 173/000104)
(Página 10036)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
de vivienda (número de expediente 173/000105) (Página 10042)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 190,
de 13 de diciembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 10015)
Modificación del orden del día (Página 10015)
El señor Presidente somete al Pleno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, y a propuesta de
dos Grupos Parlamentarios, la exclusión del orden del día de la
presente sesión de la proposición de ley de iniciativa
legislativa Popular, Ley Marco Reguladora de la Financiación del
Sistema Educativo.
Se acuerda por asentimiento la exclusión de este punto del orden
del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 10016)
Del Grupo Vasco (PNV), sobre modificación de la Ley 20/1990, de
19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas (Página 10016)
El señor Olabarría Muñoz defiende la proposición de ley del Grupo
Vasco (PNV), manifestando que aunque la misma consta únicamente
de dos artículos y una disposición final única, su contenido es
relevante y es justa y razonable. Cree que su defensa requiere
pocas explicaciones, ya que se trata de una iniciativa que se
defiende por sí sola, dada la justeza de sus términos y el
sentido común que trasciende y que respira en sus pretensiones.
La proposición pretende reformar dos preceptos del Estatuto
fiscal de las Cooperativas actualmente vigente, la Ley 20/1990,
que consagra determinadas discriminaciones o injusticias en
relación a ciertos tipos de cooperativas que esta Cámara tiene la
obligación política, jurídica y constitucional de remover.
Pretenden, en primer lugar, que se consideren como cooperativas
especialmente protegidas también las que se rotulan como
cooperativas de enseñanza y, por otra parte, pretenden que se
considere igualmente como especialmente protegidas las
cooperativas de consumidores y usuarios, éstas ya reconocidas en
el artículo 7 de la Ley vigente, pero con una limitación que
intentan superar y es que el objeto social no es necesario que
sea sólo la entrega de bienes, sino que abarque también a las
destinadas a las prestaciones de servicios. Su Grupo desea
armonizar la legislación tributaria cooperativa con la
legislación sustantiva o material cooperativa, para lo cual es
necesario acometer la doble reforma que sugiere su Grupo a través
de esta proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mauricio Rodríguez (del Grupo de Coalición Canaria); López de
Lerma i López (del Grupo Catalán Convergència i Unió); Espasa
Oliver (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa perCatalunya);
Martínez-Pujalte López (del Grupo Popular), y García Ronda (del
Grupo Socialista).
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Vasco (PNV), es rechazada por 17 votos a favor, 134
en contra y 126 abstenciones.
Declaración institucional por la que se condena el atentado
terrorista perpetrado ayer en Madrid (Página 10021)
El señor Presidente propone a la Cámara la adopción de una
declaración institucional por la que se expresa la condena más
enérgica, frontal y absoluta del atentado terrorista perpetrado
ayer en Madrid, con tan alto coste en vidas humanas, en
sufrimientos y en daños personales y materiales, a la vez que
hace llegar su solidaridad y condolencia a los familiares de las
víctimas y su aliento a los heridos y afectados.
Se aprueba por asentimiento.
Modificaciones en el orden del día (Página 10022)
El señor Presidente, a solicitud de seis Grupos Parlamentarios y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento,
propone la inclusión en el orden del día de la presente sesión de
las proposiciones no de ley del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno para
que en el ejercicio de la Presidencia de la Unión Europea logre
la adopción de determinadas medidas para evitar la proliferación
de minas antipersonales como armas de guerra, y del Grupo
Socialista del Congreso, sobre eliminación de minas
antipersonales.
Se acuerda la citada modificación del orden del día.
El señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.1 del Reglamento, somete asimismo al Pleno de la
Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de
las enmiendas del Senado relativas a la proposición de ley de
Ordenación del Comercio.
Se aprueba por asentimiento.
Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1
del Reglamento, somete asimismo al Pleno la exclusión del orden
del día de la presente sesión del debate de las propuestas de
resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras remitido
por el Gobierno.
Se acuerda por asentimiento dicha exclusión del orden del día.
Proposiciones no de ley (Página 10022)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al reparto de trabajo
(Página 10022)
La señora Pelayo Duque defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista manifestando que la misma se inserta en el
debate abierto en el mundo desarrollado sobre el paro y la
incapacidad de los sistemas económicos vigentes de garantizar el
pleno empleo. Afirma que las políticas sobre generación de empleo
y los debates sobre cómo resolver el paro y la escasez de trabajo
están hoy en el orden del día y forman parte de las
preocupaciones de los gobiernos, sindicatos, patronales y
ciudadanos en general.
Menciona las cifras de paro existentes en la Unión Europea y en
España, así como el amplio abanico de medidas puestas en marcha
para combatir el desempleo, a lo que se unen la multiplicidad de
acciones emprendidas durante los últimos años por el Gobierno,
reconociendo no obstante que no existen soluciones milagrosas, ya
que de existir se habrían aplicado anteriormente. Tampoco existen
fórmulas únicas para combatir esta situación, por lo que parece
que en los próximos años y en el futuro vamos a tener que
convivir con la triste realidad de la existencia de bolsas de
paro y escasez de empleo.
Agrega la señora Pelayo Duque que el debate sobre el reparto de
trabajo ya se viene produciendo en la Unión Europea en términos
mucho más amplios que en nuestro país. Sobre este particular, la
Presidencia española ha impulsado las acciones necesarias para
cumplir el compromiso del Consejo Europeo de Essen sobre el
reparto de trabajo y presentar el correspondiente informe en la
Cumbre de Madrid. Si el trabajo es un bien escaso, que hace
necesario poner en marcha medidas nuevas a nivel macro y
microeconómico, los socialistas piensan que es llegada la hora de
promover un debate en nuestra sociedad sobre el reparto de
trabajo e iniciar experiencias en las Administraciones Públicas
que permitan la incorporación de figuras funcionariales que
presten servicios en régimen de horario reducido, repartiendo así
la oferta pública de empleo.
Termina pidiendo el apoyo de los Grupos Parlamentarios a esta
iniciativa del Grupo Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Peralta Ortega (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya) y Gómez Martínez-Conde (del Grupo Popular).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria) y Homs i Ferret (del
Grupo Catalán Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista, en los términos resultantes de la aceptación parcial
de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, es aprobada por 151 votos a favor, uno en contra y 142
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre prohibición
de minas terrestres antipersonales (Página 10030)
Del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
adopción de determinadas medidas para evitar la proliferación de
minas antipersonales como arma de guerra (Página 10030)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre proliferación de minas
antipersonales (Página 10030)
El señor Hernando Fraile defiende la proposición del Grupo
Popular, recordando que en 1980 las Naciones Unidas aprobaron la
Convención sobre armas inhumanas o sobre ciertas armas
convencionales, en cuyo Protocolo Segundo, sobre prohibición y
restricciones del uso de minas, tropas explosivas y otros
artefactos, se establecían una serie de restricciones al uso de
este tipo de armamentos.
Sin embargo, los resultados quince años después han sido
claramente insuficientes, obligando a la adopción durante los
últimos años de diversas resoluciones por parte de algunos
organismos internacionales, de diversos Estados e incluso
numerosas organizaciones no gubernamentales, todo lo cual ha
llevado al Grupo Popular a presentar esta proposición no de ley
sobre la necesidad de limitar el uso de este tipo de armas.
Alude también al acuerdo al que han llegado con otros Grupos de
la Cámara, que a su vez han formulado iniciativas en idéntico
sentido, esperando por tanto que se alcance un acuerdo unánime
sobre el particular.
En defensa de las proposiciones no de ley cuya tramitación se ha
aprobado anteriormente, y que se acumulan al presente debate,
intervienen los señores Vázquez Romero (del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya) y Estrella Pedrola (del Grupo
Socialista). Para fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria) y Carrera i
Comes (del Grupo Catalán Convergència i Unió).
Se somete a votación una enmienda transaccional a las
proposiciones no de ley de los Grupos Popular, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Grupo Socialista, en los
términos resultantes del texto acordado por los citados Grupos,
siendo aprobada por 284 votos a favor y uno en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 10036)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre conocimiento que tiene el Gobierno de los
denominados «skins» y otros grupos similares de ultraderecha, de
su situación organizativa, así como medidas que piensan adoptar
para erradicar este fenómeno (Página 10036)
El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza señalando que una gran
mayoría de los Grupos de esta Cámara, en función de la moción
consecuencia de interpelación, han llegado a un acuerdo conjunto
para replicar a la situación denunciada durante el debate de la
última sesión plenaria, en la dirección de abordar soluciones y
de dar una imagen de unidad absolutamente necesaria en estos
tiempos en que el terrorismo de todo signo puede sembrar pánico
en el seno de nuestra democracia.
Termina dando lectura al acuerdo conjunto o moción unitaria a la
que han llegado los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular,
Catalán (Convergència i Unió) e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
En defensa de las enmiendas que se habían presentado inicialmente
a la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y para fijación de posiciones de sus respectivos
Grupos, intervienen los señores Curiel Alonso (del Grupo
Socialista); Gil Lázaro (del Grupo Popular), y Guillaumes y
Ráfols (del Grupo Catalán Convergència i Unió). Para fijación de
posiciones hace uso de la palabra el señor Chiquillo Barber (del
Grupo Mixto).
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la
transacción con las enmiendas de los Grupos Socialista, Popular y
Catalán (Convergència i Unió), es aprobada por 289 votos a favor,
uno en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de
vivienda (Página 10042)
El señor Ortiz González defiende la moción del Grupo Popular.
Señala que en el debate del pasado 29 de noviembre, al tratar de
la interpelación correspondiente, se pusieron en evidencia un
conjunto de cosas que sirven de punto de partida para esta moción
subsiguiente a aquella interpelación. Expone que la moción no
pretende reproducir la alternativa de vivienda del Grupo Popular,
sino abordar los problemas inmediatos con que se enfrenta la
política de vivienda y con ella el sector de la construcción, en
estos momentos en una situación crítica como consecuencia del
impacto de la Ley de Contratos del Estado, que ha significado un
frenazo en las licitaciones y adjudicaciones del sector, estimado
en 700.000 millones de pesetas. Abordar estos problemas y
determinar los recursos financieros precisos para el cuatrienio,
pero sobre todo para el inmediato 1996, son los objetivos
fundamentales de la moción, que ha merecido un conjunto de
enmiendas, especialmente del Grupo Socialista, y que ha terminado
en un texto transaccional que recoge la totalidad de las
enmiendas presentadas a la moción y natural y básicamente el
propio texto de la moción.
Alude seguidamente a algunos aspectos de la actual situación de
este sector y al contenido de la propia moción, señalando que en
definitiva de lo que se trata es de que cuanto antes se complete
un Plan de viviendas con una definición de actuaciones, de
recursos financieros, de recursos presupuestarios y de marco
fiscal.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora
Pardo Ortiz (del Grupo Socialista).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles (del Grupo Catalán Convergència i Unió), y Ríos Martínez
(de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Sometida a votación la moción debatida es aprobada por 282 votos
a favor, uno en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución
por parte de los Diputados proclamados electos, don Joan Josep
Armet Coma, en sustitución de don Rafael Ribó Massó; don Remigio
Herrero García, en sustitución de doña Carmen Figueras i Siñol;
don Feliu Guillaumes i Ráfols, en sustitución de don Rafael
Hinojosa i Lucena; don Joan Antoni Turell i Cabrinety, en
sustitución de don Ramón Camp i Batalla y don Amador Alvarez
Alvarez, en sustitución de don Felipe Camisón Asensio.
Don Joan Josep Armet Coma, ¿jura o promete S. S. acatar la
Constitución?
El señor ARMET COMA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Remigio Herrero García, ¿jura o promete
S. S. acatar la Constitución?
El señor HERRERO GARCIA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Feliu Guillaumes i Ráfols, ¿jura o
promete S. S. acatar la Constitución?
El señor GUILLAUMES I RAFOLS: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Joan Antoni Turell i Cabrinety, ¿jura o
promete S. S. acatar la Constitución?
El señor TURELL I CABRINETY: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Amador Alvarez Alvarez, ¿jura o promete
S. S. acatar la Constitución?
El señor ALVAREZ ALVAREZ: Sí, juro. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Don Joan Josep Armet Coma, don Remigio
Herrero García, don Feliu Grillaumes i Ráfols, don Joan Antoni
Turell i Cabrinety y don Amador Alvarez Alvarez han adquirido la
condición plena de Diputados. Bienvenidos todos a la Cámara.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el tratamiento del orden
del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento y a propuesta de dos grupos parlamentarios, se somete
al Pleno la exclusión del orden del día de la presente sesión de
la proposición de ley de iniciativa legislativa popular, ley
marco reguladora de la financiación del sistema educativo.
¿Acuerda la Cámara la exclusión de este punto de orden del día?
(Asentimiento.)
Queda excluido.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTO VASCO (PNV), SOBRE MODIFICACION DE LA LEY
20/1990, DE 19 DE DICIEMBRE, DE REGIMEN FISCAL DE LAS
COOPERATIVAS (Número de expediente 122/000089)
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de proposiciones de
ley.
Proposición del Grupo Vasco (PNV), sobre modificación de la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, la
proposición de ley que tengo el honor de defender en nombre de mi
Grupo Parlamentario es una proposición de ley sencilla, de
dimensión pequeña, no tiene más que dos artículos y una
disposición final única; sin embargo, en opinión de mi Grupo
Parlamentario, su contenido es muy relevante, es justa y es,
sobre todo, razonable. Por lo tanto, requiere pocas
explicaciones. No hay que ahondar en ilustraciones de mayor
relevancia para SS. SS. porque es una de esas proposiciones de
ley que prácticamente se defiende sola, dada la justeza de sus
términos y el sentido común que trasciende y que respira en sus
pretensiones.
Lo que pretende esta proposición de ley, señor Presidente, es
reformar dos preceptos del Estatuto Fiscal de las Cooperativas
actualmente vigente, en concreto de la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, que todavía consagra determinadas discriminaciones o
determinadas injusticias en relación a determinados tipos de
cooperativas, que esta Cámara tiene la obligación política, la
obligación jurídica y la obligación constitucional de remover.
Nosotros pretendemos, primero, que se consideren como
cooperativas especialmente protegidas también las que se rotulan
como cooperativas de enseñanza. Especialmente protegidas es una
mención o un nivel de protección fiscal o tributario que no se
reconoce todavía, en el Estatuto Fiscal de Cooperativas, a este
tipo de cooperativas a pesar de la nobleza y a pesar de la
relevancia de la función o del objeto social que desarrollan, una
función de naturaleza educativa, una función vinculada a la
enseñanza o un objeto social, en el ámbito de las ikastolas,
relativo a la normalización lingüística y a la enseñanza en
lengua vasca, en euskera.
Por otra parte, pretendemos también que se consideren como
especialmente protegidas las cooperativas de consumidores y
usuarios, éstas sí ya reconocidas como especialmente protegidas
por el artículo 7 del Estatuto Fiscal de las Cooperativas, pero
con una limitación, que es la que mi Grupo pretende superar, y es
que, para que sean especialmente protegidas, el objeto social de
las cooperativas de consumidores y usuarios tiene que ser la
entrega de bienes y no la prestación de servicios, que es el otro
objeto o la otra posibilidad de actuación que la propia
legislación material sustantiva de cooperativas reconoce a este
tipo de cooperativas de trabajadores y usuarios.
Luego en el fondo, ¿cuál es la pretensión de mi Grupo
parlamentario, señor Presidente? Es armonizar la legislación
cooperativa en su conjunto, hacer compatible... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Olabarría. Señorías, ruego
guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Decía en el momento en que tan oportunamente me ha amparado (digo
tan oportunamente porque era incapaz de escuchar mis propias
palabras; y seguramente que las interrupciones no eran debidas a
la voluntad de SS. SS., porque yo conozco la gran sensibilidad y
prioridad política que en esta Cámara se otorga a la economía
social) que la pretensión de mi Grupo parlamentario era coordinar
intrínseca e internamente la legislación cooperativa en sus
distintas manifestaciones o sectores y, en concreto, armonizar la
legislación tributaria cooperativa con la legislación sustantiva
o material cooperativa, para lo cual necesariamente tenemos que
acometer la doble reforma que mi Grupo sugiere en forma de
proposición de ley.
En primer lugar, que el artículo 7 del Estatuto Fiscal de las
Cooperativas, de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, reconozca
como cooperativas fiscalmente protegidas también a las
cooperativas de enseñanza. Esto es un requerimiento o un mandato
constitucional consignado expresamente por el artículo 129.2 de
la Constitución, de forma directa y positiva, y por el artículo
9.2 de la Constitución, de forma indirecta, de forma tácita; y,
por otra parte, pretende también corregir una disfuncionalidad
interna en el seno de la propia legislación cooperativa, una
falta de armonía interna entre la legislación tributaria
cooperativa y la legislación material o sustantiva cooperativa,
constituida fundamentalmente por la Ley 3/1987, de 2 de abril, en
el sentido de que las cooperativas de consumidores y usuarios
tengan la calificación fiscal de especialmente protegidas cuando
no sólo se dediquen a la entrega de bienes, sino también a la
prestación de servicios.
Esto lo hacemos por dos razones, señor Presidente. Primero, por
una razón de carácter jurídico, de carácter general, un
requerimiento jurídico de carácter general, cual es que la
entrega de servicios en nuestro Derecho puede consistir en la
entrega de bienes materiales o de bienes inmateriales; en
definitiva, la prestación de servicios tiene la consideración
jurídica en el Derecho común --la entrega de bienes
inmateriales--
y las prestaciones de servicios tienen una posible doble
consideración jurídica también en nuestro Derecho común, cual es
la de constituir obligaciones de dar u obligaciones de hacer.
Me imagino que el señor García Ronda, a tenor de lo que yo,
cuando se discutió el Estatuto Fiscal de las Cooperativas, tuve
el placer de escucharle, también compartirá, en una
interpretación extensiva y no restrictiva del artículo 12 del
Estatuto Fiscal de las Cooperativas, que mantengamos la opinión
de que las cooperativas de usuarios y consumidores que se
dediquen a la prestación de servicios, y no sólo a la entrega de
bienes, podrían tener esta calificación fiscal: la de
especialmente protegidas.
Y ello por estas razones, vinculadas o derivadas de los
requerimientos del Derecho común y del Derecho civil con carácter
general. Pero es que se trata también de armonizar la legislación
cooperativa internamente, como antes decía.
Si, en relación a las cooperativas de consumidores y usuarios, el
artículo 127 de la Ley General de Cooperativas ya establece que
las que son especialmente protegidas --las de consumidores y
usuarios-- les serán de aplicación las normas de las cooperativas
de trabajo asociado cuando asocien en su seno a profesores, a
personal docente o personal de servicios, y les serán de
aplicación las normas de las cooperativas de consumidores y
usuarios cuando asocien a padres de alumnos, a sus representantes
legales o alumnos --me estoy refiriendo a las cooperativas de
enseñanza--, un requerimiento elemental de armonización de la
legislación interna, de armonización de la legislación
cooperativa, exige que también a las cooperativas de enseñanza se
les atribuya esta condición de especialmente protegidas.
Por otra parte, con relación a las cooperativas de consumidores y
usuarios, el artículo 147 de la Ley General de Cooperativas, Ley
3/1987, de 2 de abril, ya reconoce que parte de su objeto social,
o, entre otros, su objeto social, pueda constituir la prestación
de servicios, no sólo la entrega de bienes. Luego el
reconocimiento del carácter de especialmente protegidas a estas
dos cooperativas, a las de enseñanza, por una parte, y a las de
consumidores y usuarios que se dediquen a la prestación de
servicios, por otra, no es más que un puro requerimiento de la
legislación material o sustantiva de cooperativas.
Este sería el primer argumento que utilizaría mi Grupo
Parlamentario en la defensa de esta proposición de ley. Y se
podrían utilizar también otros argumentos de carácter general o
de carácter metajurídico, señor Presidente, que serían los
siguientes: Ya el propio Estatuto Fiscal de las Cooperativas,
actualmente vigente, ya la Ley 20/1990, de 19 de diciembre,
establece que las normas de promoción fiscal de las cooperativas
no deben fundarse nunca, lo dice la propia exposición de motivos,
en razones recaudatorias o en razones de tipo tributario, sino en
razones o fundamentos de naturaleza social o económica, dada la
función social y económica que el cooperativismo cumple en la
propia concepción constitucional del mismo, en el artículo 129.2,
que exige a los poderes públicos exactamente una promoción
adecuada, una promoción, a través de una legislación adecuada, de
las sociedades cooperativas, de todas, también de las
cooperativas de enseñanza, también de las cooperativas de
consumidores y usuarios cuando éstas tengan por objeto la
prestación de servicios, no la entrega de bienes.
Desde esa perspectiva, nosotros entendemos que lo que nosotros
corregimos a través de esta proposición de ley no es más que
atender a este clarísimo mandato constitucional, a este clarísimo
requerimiento constitucional, al requerimiento constitucional
contenido en el artículo 9.2, que exige a los poderes públicos
del Estado también que remuevan las dificultades que impidan la
efectiva igualdad de los ciudadanos. Así no es un tratamiento
justo, no es un tratamiento igual, sino discriminatorio, mantener
la calificación como fiscalmente protegidas de determinadas
cooperativas, que son las que tipifica o las que expresa el
artículo 7.º del Estatuto Fiscal, las de trabajo asociado, las
del mar, las de explotación comunitaria de la tierra, las
agrarias y las de consumidores y usuarios que se dediquen a la
entrega de bienes, y no considerar como especialmente protegidas
a otras que cumplen funciones igualmente nobles, funciones
igualmente relevantes desde la perspectiva económica y social a
la que se refiere el texto constitucional. Desde esa perspectiva,
también mi Grupo Parlamentario entiende que se corrigen
disfunciones de constitucionalidad, que se pueden vincular
incluso al propio principio de igualdad ante la Ley que consagra
el artículo 14 de la Constitución.
Por esto, mi Grupo Parlamentario, señor Presidente, y con esto
acabo mi intervención, pretende algo tan sencillo, algo tan
lógico, un requerimiento tan elemental, no sólo de los sectores
implicados que están cumpliendo relevantes, importantes funciones
en el ámbito educativo, en el ámbito de la normalización
linguística, lingüista, cuando se trate de «ikastolas», en el
ámbito de la enseñanza en euskera, como el reconocimiento de lo
que la Constitución nos obliga a reconocer en distintos
preceptos, y lo que debe ser un requerimiento de política
elemental de justicia social en el ámbito de la promoción de las
cooperativas. Por eso, estas disfunciones, esta falta de armonía
interna en el seno de la propia legislación cooperativa, este
mandato constitucional que nos dirige a todos los poderes
públicos del Estado tan claramente la Constitución en el artículo
129.2 se corrige, entre otras cosas, con estas dos correcciones a
las que lleva esta proposición de ley.
Señor García Ronda, usted y yo ya debatimos el Estatuto Fiscal de
las Cooperativas en su día. Ya le comenté las reservas mentales
que respecto a este Estatuto tenía mi Grupo Parlamentario.
Teníamos dudas, reservas mentales respecto a si este nuevo
Estatuto Fiscal de las Cooperativas mejoraba cualitativa y
cuantitativamente la protección fiscal de estas entidades;
teníamos dudas, y las mantenemos. Ya discutimos cómo desde la Ley
de Presupuestos de 1988 se reconocía a las cooperativas, en el
Impuesto sobre Sociedades, un tipo privilegiado del 20 por
ciento, que excluyó el Estatuto Fiscal de las Cooperativas para
las no protegidas. Desde la Ley del IRPF ya se reconocía a las
cooperativas la posibilidad de acogerse al régimen de
transparencia fiscal voluntaria posibilidad que se excluyó para
las no protegidas. Luego, ya tuvimos dudas y reservas mentales de
que este Estatuto, esta Ley, la 20/1990, de 19 de diciembre,
mejorara, cumpliendo el mandato constitucional, la protección
debida en el ámbito tributario fiscal a las cooperativas.
Y ya le indiqué también, señor García Ronda, cómo faltaban cosas
y todavía se mantenían discriminaciones en este Estatuto Fiscal.
Este es el momento, en las postrimerías, todavía posible de
regularlo, de corregir algunas de las disfunciones o
discriminaciones más características, sobre todo la atinente a
las cooperativas de enseñanza.
Las cooperativas de enseñanza cumplen funciones constitucionales
tan nobles o relevantes como cualquier otro tipo de cooperativa.
Por eso, yo pido que todas SS. SS. reflexionen debidamente,
atiendan a los requerimientos de justicia y de constitucionalidad
que se contienen en esta proposición de ley y espero el voto
positivo de todas SS. SS.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero expresar nuestro apoyo y dejar constancia de
que consideramos de gran valor y de gran interés esta iniciativa
del Grupo Vasco. Por tanto, nuestro voto va a ser positivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, voy a fijar la
posición de nuestro Grupo que, obviamente, no puede ser otra que
la de apoyar esta iniciativa presentada por el Grupo Vasco (PNV),
por entender que es un acto de justicia. Además, las propias
palabras de su portavoz, don Emilio Olabarría, y el propio
preámbulo, exposición de motivos, avalan precisamente ese acto de
justicia que propone el Partido Nacionalista Vasco.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo no acostumbra a oponerse a tomas en consideración
de proposiciones de ley de otros grupos de la Cámara y, por
tanto, tampoco lo haremos en el día de hoy.
Pero sí queremos manifestar que nos parece una proposición de ley
extemporánea en el tiempo parlamentario y que no compartimos, ni
mucho menos, todos sus extremos, sobre todo, algunos de las
argumentaciones con las que el señor Olabarría nos ha obsequiado.
El Diputado del Partido Nacionalista Vasco se refería una y otra
vez a la igualdad de trato entre las cooperativas fiscalmente
protegidas o con una protección fiscal especial, las del 20 por
ciento, y pedía un tratamiento similar para las de enseñanza.
Este es un argumento que no podemos compartir en su literalidad,
puesto que cuando se toma la decisión de considerar a algunas
cooperativas especialmente protegidas, desde el punto de vista
fiscal, se hace, como S. S. pretende hacerlo para el caso de las
de enseñanza, por un juicio de valor, por un juicio político,
debido a la especial penosidad o dificultad del sector que se
quiere proteger.
En este sentido, nosotros sí compartimos plenamente la
enumeración que hoy existe en la Ley respecto a las que están
incluidas y no llegamos a entenderlo; no es que estemos en
contra, simplemente es que no vemos el mismo grado de protección
o, por decirlo de alguna forma, de penosidad a las cooperativas
de enseñanza con las que hoy figuran en la Ley como especialmente
protegidas. Es un juicio opinable para el digno representante del
Partido Nacionalista Vasco que estas cooperativas deberían tener
el mismo trato fiscal que las que hoy figuran en la Ley, pero
para nosotros nos es tan evidente esta aseveración, no porque
tengamos nada en contra ni del espíritu cooperativo ni
concretamente del espíritu cooperativo aplicado a la promoción de
centros educativos; nos parece que no es lo mismo que las que hoy
están fiscalmente protegidas con el tipo del 20 por ciento.
Respecto a la inclusión de los servicios en las cooperativas de
usuarios, en relación a la entrega actual de bienes, ahí
podríamos estar más de acuerdo en la propuesta, aunque deberíamos
estudiarla más a fondo. En el caso de que esta proposición de ley
siga adelante en su trámite parlamentario, que, como digo,
nosotros no vamos a opinar, nos gustará estudiar más a fondo este
otro extremo de la proposición de ley.
Por tanto, señor Presidente, anuncio la abstención de nuestro
Grupo en la votación de esta toma en consideración de la
proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo, entendiendo las razones que el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), ha aducido en la defensa de la toma en
consideración de esta proposición de ley, anuncia que se va a
abstener en la misma.
Nos parece que la modificación de la Ley 20/1990, sobre el
régimen fiscal de las cooperativas, es acertada, nos parece que
esta Ley es mejorable y su modificación podría venir a esta
Cámara, pero entendemos que el momento actual no hace posible ni
viable que esta tramitación se lleve a buen puerto. Nos parece
que la toma en consideración de esta proposición de ley sería un
signo más estético que práctico, porque no hay ninguna
posibilidad de que esta tramitación llegue a buen término.
Además, el texto que presenta hoy el Grupo Vasco (PNV), tiene, a
nuestro juicio, deficiencias importantes que hacen que no sea
posible aprobarlo en su conjunto. Podría suceder que en la
próxima legislatura se nos dijera que hemos aprobado un texto
lleno de deficiencias.
En realidad, lo que plantea esta proposición de ley es que dos
tipos de cooperativas, las de consumidores y usuarios, para la
prestación de servicios, y las de enseñanza, pasen de ser
protegidas a especialmente protegidas. Eso tiene dos aplicaciones
prácticas: una exención del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la adquisición
de bienes y derechos destinados directamente a sus fines sociales
y estatutarios y una bonificación del 50 por ciento de la cuota
íntegra en el Impuesto sobre Sociedades, es decir, que pasen a
tributar del 20 por ciento al 10 por ciento. Ambos beneficios
parecen razonables cuando las cooperativas cumplen un claro fin
social. Pero la propuesta del Grupo Vasco (PNV), de modificación
de los artículos 12 y 7 tiene defectos que ahora explicaré.
Piden que, entre los requisitos enumerados en el artículo 12 para
que las cooperativas de consumidores y usuarios sean
especialmente protegidas, se incluya no sólo la entrega de
bienes, sino también la prestación de servicios. Parten del
hecho, y nos parece razonable, de que las cooperativas de
consumidores tienen por objeto la entrega de bienes y las
cooperativas de usuarios la prestación de servicios. Parecería
razonable que si el título del artículo 12 es «Cooperativas de
consumidores y usuarios», se contemple la prestación de servicios
dentro del régimen que se establece para las cooperativas
especialmente protegidas. Pero algún tipo de control hay que
poner para impedir que cualquier tipo de cooperativas
--sanitarias, de agencias de viajes, etcétera-- pueda gozar de un
régimen fiscal que perturbe la libre competencia en el mercado.
Algún tipo de control, algún tipo de rigor hay que introducir en
la ley para que no todas quepan.
En el artículo 7 de la Ley 20/1990, se enumeran las cooperativas
fiscalmente protegidas de manera especial. En esta proposición se
pide la adición de un apartado f) donde se incluyan las
cooperativas de enseñanza. Se enumeran las cooperativas que gozan
de esos privilegios y en los artículos 8 a 12 se van determinando
los requisitos que debe cumplir cada una de ellas. No hay un
artículo definido para las cooperativas de enseñanza. Sería una
laguna importantísima que habría que cubrir, lo que no se hace en
la proposición que presenta el Grupo Vasco (PNV).
Actualmente, en las leyes autonómicas --en la vasca, sobre
cooperativas, en la de la Comunidad valenciana, en la catalana--
se definen las cooperativas de enseñanza de una manera desigual.
Si hoy en el texto de la ley no se integran las distintas
definiciones, podría suceder que hubiera una diferencia de trato
de unas regiones a otras en el régimen fiscal. Algún tipo de
orden hay que establecer. Cuando hablan de cooperativas de
enseñanza, ¿se refieren a enseñanza reglada? ¿A enseñanza no
reglada? ¿A enseñanza concertada? ¿A enseñanza no concertada?
Actualmente --y en eso mi Grupo está absolutamente de acuerdo--,
las cooperativas de enseñanza formadas por profesores tienen el
régimen de especialmente protegidas a través de la figura de
cooperativas de trabajo asociado. Ustedes lo plantean para las
cooperativas de padres y/o alumnos, y nos parece razonable, pero
habría que regularlo.
Por ello, nosotros entendemos, en primer lugar, que no es el
tiempo de aprobar tomas en consideración de proyectos de ley que
no se van a llegar a buen término y, en segundo lugar, no podemos
dar el voto favorable a ese proyecto de ley porque nos
comprometeríamos en un texto que nos parece deficiente. Por todo
ello, mi Grupo, que entiende que la Ley 20/90, sobre el Régimen
Fiscal de las Cooperativas debe ser modificada, se va a abstener
y esperará a la próxima legislatura para plantear las
modificaciones de una manera más estable al nuevo Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Ronda.
El señor GARCIA RONDA: Señor Presidente, señorías, la
intervención del señor Olabarría defendiendo la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Vasco me ha hecho cambiar un poco el
análisis que tenía sobre la exposición de motivos. Creo que será
mejor que, al hilo de sus palabras, fije nuestra posición
respecto a esta proposición de ley.
El señor Olabarría, con su habitual vehemencia y sutileza, y en
este caso también trufada de escondidos
sofismas, ha asimilado conceptos yéndose a lo metajurídico, como
dice en más de una ocasión, nos ha llamado incluso al corazón y a
la ética, no sólo a lo que debe hacerse legislativamente, sino
también a otros aspectos, quizá con objeto de conmovernos y con
el fin de que diésemos nuestra aprobación a la proposición de
ley. Ha dicho S. S. que es relevante, que es justa, que es
razonable, realmente le ha faltado lo de lo saludable, que quizá
también lo pensaba para acercarse a algún canon.
Respecto a la obligación de remover y renovar, como ha dicho, la
Ley 20/90, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, hay que
decir que una cuestión es que haya que ir modificando --si es
necesario-- la legislación, y en concreto esta Ley, pero no
quiere ello decir que haya que hacerlo necesariamente. A
continuación diré lo que considero básicamente válido, todavía
hoy día, en la Ley.
¿Se trata de decir que la discriminación implica injusticia? No
señor, no la hay. La discriminación es algo que se hace
continuamente en todas las leyes porque es necesario hacerla.
Puede haber tratamiento de igualdad en aquello que es igual. Por
eso, cuando se ha referido incluso al principio de igualdad ante
la ley, yo le quiero recordar el debate de la Ley de Régimen
Fiscal de Cooperativas, donde si hacíamos discriminaciones --y
así figura en las ponencias de entonces--, era precisamente
porque considerábamos que eran de distinta índole los sujetos que
teníamos que tratar.
En cuanto a armonizar la legislación, siempre se intenta
armonizar la legislación. Yo creo que SS. SS. con este
planteamiento lo que hacen es tabla rasa, no armonizan. En ese
sentido, creo que es un poco excesivo dirigirse a la justicia, a
la constitucionalidad incluso; en absoluto está fuera de lo
constitucional de la actual Ley de Régimen Fiscal de Cooperativas
y, además, es muy favorable para las cooperativas. También quiero
recordarle que en aquel entonces pasamos largas horas
precisamente matizando y haciendo modificaciones en un proyecto
de ley que, sin embargo, tampoco al grupo que defiende al
Gobierno nos acababa de gustar, y por eso mismo ya entonces
tratamos de modificarlo.
En realidad --y pasando en concreto a la proposición de ley--, lo
que puedo decir es que, a mi juicio, no es necesario modificar el
condicionamiento para la consideración de especialmente
protegidas en las cooperativas de consumidores y usuarios en
cuanto a la limitación para la venta de bienes, porque al haber
sido suprimido el concepto de IVA incrementado ya no hay motivo,
ya queda modificada por sí misma la Ley de Régimen Fiscal de
Cooperativas en el sentido de que el párrafo que se refiere a
aquellos bienes que no tienen el IVA incrementado no tiene
sentido. Por tanto, las cooperativas de consumidores y usuarios
podrán ser especialmente protegidas aun cuando vendan bienes de
cualquier clase.
En cuanto a la inclusión de los servicios como actividades de
cooperativas de consumidores y usuarios especialmente protegidas,
le tengo que decir que una cosa es que jurídica y
legislativamente podamos hacerlo y otra cosa es que se deba hacer
o que sea aconsejable hacerlo. Cuando se elaboró la Ley, se
tuvieron en cuenta razones de política social y económica, y
precisamente por eso se diferenció entre cooperativas protegidas
y cooperativas especialmente protegidas. Como bien saben SS. SS.,
a la hora de elaborar una ley no se puede tener en cuenta una
casuística absoluta, sino que hay tomar los fenómenos en su
generalidad. Es evidente que los bienes manejados, vendidos por
estas cooperativas de consumidores y usuarios normalmente tienen
un carácter de mayor necesidad que los servicios, que pueden ser
servicios normales, servicios de mayor o menor necesidad,
servicios convenientes y hasta de lujo; aquí podría aducir
ejemplos de servicios que podrían ser hasta peregrinos. Su
señoría no ha hablado de ningún tipo de servicios ni el propio
texto de la proposición de ley hace ninguna discriminación, sino
que habla de servicios en general, con lo que podemos pensar en
cualquier tipo de servicios e irnos casi hasta el chiste.
Respecto al segundo punto, que trata de incluir a las
cooperativas de enseñanza en aquellas que define el artículo 7 de
la Ley de Régimen Fiscal de Cooperativas, es decir, especialmente
protegidas, he de llamarle la atención --creo que él también lo
ha dicho así y de alguna manera es como figura en la exposición
de motivos de la proposición de ley-- sobre que realmente se
pueden transformar en cooperativas de trabajo asociado y, por
tanto, disfrutar desde ese momento del tratamiento que tienen
éstas como especialmente protegidas. En realidad, la Ley de
Régimen Fiscal de Cooperativas no se lo impide, ni mucho menos.
Siempre que pasen a ser cooperativas de trabajo asociado podrán
entrar perfectamente en la categoría de especialmente protegidas.
Por todo ello, y fundamentalmente por lo que se ha escuchado a
quien ha presentado la proposición de ley, el señor Olabarría,
parece que la legislación actual fuera insuficiente. Yo llamo la
atención de SS. SS. sobre el hecho de que no sólo es ampliamente
protectora de las cooperativas la Ley de Régimen General de
Cooperativas, sino también la Ley de Régimen Fiscal de
Cooperativas, a la que nos venimos refiriendo y que, a mi juicio,
se hizo muy de acuerdo con el grupo hoy proponente, a pesar de
las reservas mentales de que se hablaba. Probablemente la
voluntad política, que no el equilibrio político, llevaba a las
señorías del grupo hoy proponente a pretender que todas tuviesen
la fiscalidad menor posible, tendente a cero, de tal manera que
las especialmente protegidas fueron consideradas con una
tributación no de cero, pero bastante cercana y, por supuesto,
alejadísima de la tributación normal de sociedades que no tienen
el carácter de cooperativas. ¿Que esas reservas mentales
existían? Naturalmente que sí, pero S. S. recordará que el
proyecto de ley se modificó muchísimo hasta la redacción final de
la ley.
Da la impresión de que no hemos protegido suficientemente a las
cooperativas o que no queremos protegerlas;
para demostrarles lo contrario voy a leerles esquemáticamente los
aspectos tributarios a los que afecta el carácter de cooperativa
protegida. En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados hay exención salvo en unos casos muy
concretos; en el Impuesto sobre Sociedades se aplica un 20 por
ciento, cuando SS. SS. saben que la tributación de las sociedades
no cooperativas es del 35 por ciento; hay libertad de
amortización para los elementos de activo fijo durante los tres
primeros años de las cooperativas protegidas, que son
prácticamente todas, y hay una bonificación del 95 por ciento en
el Impuesto sobre Actividades Económicas y en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. No hablo ya de los casos
especiales de Canarias, Ceuta y Melilla, donde también hay unas
exenciones para las operaciones sujetas al Impuesto General de
Tráfico de Empresas o el equivalente. Y en cuanto a las
operaciones de fusión y escisión, hay beneficios fiscales máximos
para las cooperativas protegidas, que son las que pudiéramos
llamar normales. En realidad, ¿en qué se diferencian estos
beneficios fiscales para las especialmente protegidas? En que
además hay otra exención en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales para operaciones de adquisición de bienes y
derechos, y en el Impuesto sobre Sociedades, cuya tributación
queda reducido en lugar de al 20 al 10 por ciento.
La propia ley contiene una serie de modificaciones de las que se
deriva que todos los bienes, como he dicho anteriormente, pueden
entrar a ser considerados como venta posible de las especialmente
protegidas de consumidores y usuarios. Sin embargo, con las
modificaciones que pretende el Grupo Parlamentario Vasco, y otras
cuya petición desde luego no me es difícil prever en un horizonte
visible, creo que el grupo proponente parece querer acabar con la
diferencia establecida entre cooperativas protegidas y
especialmente protegidas, llevando a todas a la última categoría,
a la de especialmente protegidas.
El señor PRESIDENTE: Señor García Ronda, le ruego concluya.
El señor GARCIA RONDA: Concluyo ahora mismo, señor Presidente.
Y nada menos que en esa categoría entran, cumpliendo los
requisitos correspondientes, las siguientes: la de trabajo
asociado, las agrarias, las de explotación comunitaria de la
tierra, las del mar, las de consumidores y usuarios y las de
enseñanza si se constituyen en cooperativas de trabajo asociado.
Si tenemos en cuenta lo anteriormente dicho en cuanto a las
modificaciones, creo que la categoría fiscal de especialmente
protegida está bien nutrida de cooperativas. Por otra parte,
nuestro Grupo considera que debe haber diferenciación entre unas
cooperativas y otras, sin que sea injusto, por su objeto, por su
conformación, etcétera, por una serie de cuestiones que no hay
tiempo de expresar ahora ni tampoco es el lugar. El no efectuar
esa diferenciación contendría factores reales de desequilibrio
para el desenvolvimiento de una recta política económica.
Por otro lado, creo que la proposición está poco matizada. Hay
una especie de entrada radical y sin ningún condicionamiento en
este deseo. Yo creo que aquí el deseo, señorías, ha vencido al
rigor jurídico.
Les anuncio el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ronda.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Vasco (PNV), sobre modificación de la Ley de Régimen
Fiscal de las Cooperativas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 17; en contra, 134; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
--POR LA QUE SE CONDENA EL ATENTADO TERRORISTA PERPETRADO AYER EN
MADRID
El señor PRESIDENTE: Antes de continuar con el tratamiento del
orden del día, propongo a la Cámara la adopción de la siguiente
declaración.
«El Congreso de los Diputados expresa su condena más enérgica,
frontal y absoluta del atentado terrorista perpetrado ayer en
Madrid con tan alto coste en vidas humanas, en sufrimiento y en
daños personales y materiales.
El Congreso de los Diputados quiere hacer llegar su solidaridad y
condolencia a las familias de las víctimas y su aliento a los
heridos y afectados, en la certeza de que transmite los
sentimientos de la ciudadanía.
El Congreso de los Diputados entiende que, frente a quienes
pretenden imponer la violencia como una rutina sanguinaria, la
sociedad debe oponer la unidad en el dolor y en el rechazo;
unidad en el aislamiento de la violencia por su consustancial
incompatibilidad con la convivencia libre y democrática; unidad
en el trabajo activo, policial y político frente a quienes
pretenden imponerse por la vía del terror.
El Congreso de los Diputados expresa su rotunda determinación
para hacer inútiles, absolutamente inútiles, actos de barbarie
como el de ayer, cuya única consecuencia debe ser la reafirmación
del frente común
de los demócratas ante quienes amenazan la paz y la democracia.»
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.) Queda
aprobada. (Aplausos.)
MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: A solicitud de seis grupos parlamentarios, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, se
propone la inclusión en el orden del día de la presente sesión de
las proposiciones no de ley del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya por la que se insta al Gobierno para
que, en el ejercicio de la Presidencia de la Unión Europea, logre
la adopción de determinadas medidas para evitar la proliferación
de minas antipersonales como arma de guerra, y del Grupo
Socialista del Congreso sobre eliminación de minas
antipersonales.
¿Acuerda la Cámara la inclusión de estas iniciativas?
(Asentimiento.)
Queda acordada. Estas iniciativas se tramitarán de forma
acumulada con la proposición no de ley del Grupo Popular sobre
prohibición de minas terrestres antipersonales, que figura como
punto 4 del orden del día.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la exclusión del
orden del día de la presente sesión de las enmiendas del Senado
relativas a la proposición de ley de ordenación del comercio, que
figura como punto número 40. ¿Lo acuerda la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda acordada la exclusión. Asimismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68.1 se somete al Pleno la exclusión del
orden del día de la presente sesión del debate de las propuestas
de resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras,
remitido por el Gobierno, que figura como punto número 43. ¿Lo
acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la exclusión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL REPARTO DE
TRABAJO (Número de expediente 162/000251)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Socialista
relativa al reparto de trabajo.
Tiene la palabra la señora Pelayo. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señorías, la presente
iniciativa de mi Grupo se inserta en el debate abierto en el
mundo desarrollado sobre el paro y la incapacidad de los sistemas
económicos vigentes de garantizar el pleno empleo.
No sólo se trata, como afirmara algún autor, de que el sistema de
economía de mercado tiene hoy una preocupación principal, cual es
la de crear empleo, sino que se trata de constatar una realidad y
una tendencia que definen este fin del siglo XX, que es la
carencia en las economías occidentales de empleo.
Las políticas sobre generación de empleo y los debates sobre cómo
resolver el paro y la escasez de trabajo están hoy al orden del
día y forman parte de las preocupaciones de los gobiernos,
sindicatos, patronales y ciudadanos en general.
La Unión Europea tiene actualmente una tasa de desempleo sobre
población activa de 10,5 millones de desempleados. España es el
país de la Unión Europea que cuenta con el mayor porcentaje de
desempleados, habiendo superado la tasa del 23 por ciento de paro
a tenor de la encuesta de población activa del primer trimestre
de 1995.
En nuestro país, y en la Unión Europea, se ha puesto en marcha un
amplio abanico de medidas tendentes a combatir el desempleo, y
citaré, por lo que se refiere a nuestro país, algunas de las
importantes reformas legales producidas en los años 1993 y 1994 a
modo de ejemplo de lo que digo. Así, el Real Decreto-ley 18/1993,
de 3 de diciembre, de medidas urgentes de fomento de la
ocupación; la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y
de la protección del desempleo; la Ley 11/1994, de 19 de mayo,
por la que se reforma parcialmente el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de
infracciones y sanciones en el orden social; la Ley 14/1994, de 1
de junio, por la que se regulan las empresas de carácter
temporal, etcétera.
También ha habido, a lo largo de estos últimos años, fruto de la
preocupación del Gobierno, una multiplicidad de acciones, entre
las que citaría las que han tenido por objeto la protección del
medio ambiente, la creación de infraestructuras, la mejora de
nuestros transportes, la creación y la puesta en marcha de
medidas fiscales de apoyo a las empresas, las acciones tendentes
a mejorar la formación profesional, etcétera.
Según la memoria del Consejo Económico y Social de 1994, las
previsiones para nuestro país apuntan a que para reducir el paro
hasta una tasa del 11,5 por ciento, porcentaje medio de la Unión
Europea, se necesita crear más de 300.000 empleos netos cada año
durante los próximos 10 años.
Los expertos también afirman que una tasa alta y sostenida de
crecimiento económico como la que venimos teniendo --el 3,2 es el
último dato que tenemos en relación con el crecimiento de la
economía española-- tampoco sería suficiente para generar el
empleo que demanda la sociedad española actual. Hoy también
sabemos, como afirma el Libro Blanco sobre crecimiento,
competitividad y empleo de la Comisión
de las Comunidades Europeas, que no existen soluciones o curas
milagrosas. Si existieran, nuestros países las habrían aplicado;
si existiera una cura milagrosa ya se sabría. Tampoco existen
soluciones unitarias o fórmulas únicas.
Hoy también sabemos que no es válido el proteccionismo, al
contrario, sería un suicidio; ni la huida económica hacia
delante, dados los efectos negativos que sobre la inflación
produce; ni la drástica disminución de los salarios; ni los
recortes de la protección social, como nos recuerda la evidencia
más próxima.
Para invertir la tendencia de nuestras sociedades, gangrenadas
por el paro, como dice el citado Libro Blanco, sería necesaria la
creación de millones de puestos de trabajo de aquí a fin de
siglo. Como respuesta a esa necesidad de creación de millones de
puestos de trabajo, se han puesto en práctica en los últimos años
variadas propuestas y formulaciones para combatir el desempleo.
Por lo que se refiere a la iniciativa planteada por mi Grupo,
quisiera recordar y traer aquí la que se refiere al reparto de
trabajo. Sin embargo, acontece que, mientras se han puesto en
práctica fórmulas como, por ejemplo, la ampliación de la forma de
contratación laboral, la propuesta sobre el reparto de trabajo
sólo se ha orientado hacia fórmulas tímidas de reducción de la
jornada laboral en el mundo económico privado, propuesta que,
además, ha recibido un rechazo frontal por parte de algunas
organizaciones empresariales. Esa fórmula, sin embargo, no se ha
ensayado en ninguna administración pública donde también se
producen ofertas de empleo y donde, además, existe empleo
calificado por algunos, por su comparación con otras fórmulas de
contratación laboral o de empleo, como un empleo privilegiado. La
Administración, al contrario que la empresa privada, sometida a
fuertes convulsiones en su relación con el entorno, tiene una
dinámica inercial y, a juzgar por algún tratadista, también tiene
un aspecto o un aire confortable.
Un informe de la Intervención General del Estado, muy reciente,
señorías, nos dice que las diferentes corporaciones estatales, es
decir, el sector público del Estado, poseía 1.300.000 empleados
públicos, que costaban por término medio 3.500.000 pesetas
anuales cada uno.
La Administración central ha venido convocando ofertas de empleo
público a lo largo de los últimos años, de tal manera que en 1993
ofertó alrededor de 14.000 plazas, en 1994 alrededor de 5.000 y
en 1995 unas tres mil. Resulta llamativo que, frente a esa oferta
de empleo público realizada por la Administración pública, se
hayan producido respuestas por parte de los ciudadanos de
305.000, 187.000 y 23.000 solicitudes; es decir que, frente a un
total de 22.000 plazas ofertadas por la Administración en los
últimos tres años, han intentado optar a las mismas alrededor de
medio millón de ciudadanos.
Estas cifras, señorías, deben movernos a la reflexión. Parece que
en los próximos años y en el futuro vamos a tener que convivir
con la triste realidad de la existencia de bolsas de paro y
escasez de empleo. Se comprende así la presión que se ejerce por
los ciudadanos cuando se oferta empleo público pero, además,
señorías, ante la magnitud de esas cifras, ante la magnitud de
esas solicitudes para acudir al empleo público, la pregunta que
habría que hacerse es qué medio de selección garantiza la
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, qué
sistema podríamos poner en marcha para garantizar la igualdad de
oportunidades ante el acceso a la función pública.
Además el debate sobre el reparto de trabajo ya se viene
produciendo en la Unión Europea incluso en términos mucho más
amplios que los que se han producido en nuestro país, y
precisamente a partir del Consejo Europeo de Essen, entre cuyas
recomendaciones se encuentra el tema del reparto de trabajo,
estando, como sabemos, la presidencia española impulsando las
acciones necesarias para cumplir el compromiso de presentar el
informe europeo sobre el empleo a la cumbre de Madrid, en el que
se analizarán, entre otras muchas, las medidas relativas al
reparto de trabajo.
Si el trabajo es un bien escaso, si las experiencias puestas en
práctica nos dicen que el mercado por sí solo no puede resolver
los problemas de empleo y de desempleo, si parece que es
necesario poner en marcha medidas nuevas e imaginativas a nivel
macro y microeconómico, si estamos hablando ya, no sólo de
solidaridad, sino de cumplimiento de principios constitucionales,
como el de la promoción de la igualdad entre los funcionarios en
el acceso a los empleos públicos, del derecho al trabajo, de
promoción de la juventud --no en vano el desempleo azota con
especial gravedad a la juventud española--, los socialistas
pensamos que es llegada la hora de promover un debate en nuestra
sociedad sobre el reparto del trabajo e iniciar experiencias en
las administraciones públicas de tal manera que se pueda
contemplar, por ejemplo, la cesación progresiva de actividades
basada en jornadas de trabajo de horario reducido u otras
experiencias --y esto es importante remarcarlo, señorías-- que,
salvaguando las necesidades de la organización del sector y de la
prestación del servicio y el control del gasto público, permita
la incorporación de figuras funcionariales que presten servicio
en régimen de horario reducido, repartiendo así la oferta pública
de empleo. Señorías, acabo. Tenemos la responsabilidad de buscar
fórmulas para crear empleo y también repartirlo. Como decía el
Libro Blanco, si podemos crear empleo, debemos crear empleo para
asegurar el porvenir de nuestros hijos, que deben hallar
esperanza y motivación en la perspectiva de participar en la
actividad económica y social, y de ser parte activa de la
sociedad en la que viven. Nuestra iniciativa, modesta, sólo
pretende abrir ese camino de repartir empleo en la función
pública y, a la vista de esa experiencia, seguir avanzando en un
futuro próximo en
el reparto del trabajo desde la Administración pública. Por ello
pedimos a los grupos parlamentarios de la Cámara el apoyo a esta
iniciativa.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pelayo.
A la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista se
han formulado enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo creo que es bueno y es justo reconocer al Grupo
Parlamentario Socialista el acierto, la habilidad de traer a esta
Cámara un tema realmente importante, un tema que nuestra
organización considera particularmente importante, como es el del
reparto del empleo. Podemos afirmar que el tema del reparto del
empleo, así planteado, es un debate reciente en las sociedades
más desarrolladas. Parte este debate de la constatación de que,
en las épocas de recesión económica, se produce un desempleo
importante y de que, en las épocas de crecimiento económico, éste
no se traduce en un crecimiento simultáneo del empleo en términos
capaces de absorber el desempleo existente en las sociedades.
Ello guarda, sin lugar a dudas, una íntima relación con la
incidencia de la importante introducción de la tecnología en el
proceso productivo; tecnología que posibilita alcanzar niveles de
productividad como no se conocían anteriormente y que se obtienen
con un empleo notablemente inferior al que se requería en épocas
anteriores para alcanzar dichos niveles de productividad. En
definitiva, señorías, el tema del reparto del empleo guarda
íntima relación con la situación de desarrollo económico que hoy
atraviesan las sociedades más avanzadas del mundo, y en concreto
las europeas. En el caso particular de nuestro país, no siendo de
las sociedades más desarrolladas, precisamente su estructura
económica, su incorporación al proceso de la Unión Europea, con
una acelerada reducción de aranceles y de libertad de
movimientos, ha dado lugar a un crecimiento importante del paro,
que es la motivación por la que este debate, en nuestra opinión,
tiene especial interés y actualidad en nuestro país.
Se habla del reparto del empleo en este contexto como un
mecanismo para intentar conseguir que ese proceso de innovación
tecnológica de la producción, ese proceso de modernización, se
ponga al servicio de la gran mayoría de la sociedad, que no sea
un proceso que descargue sobre el empleo de los trabajadores y
redunde exclusivamente en beneficio de los empresarios. El
reparto del empleo, en definitiva, señorías, es uno de los
mecanismos de intentar poner la economía al servicio de los
hombres y de las mujeres, de la humanidad.
Desde esta perspectiva, el tema del reparto del empleo podría
ligar con experiencias ya antiguas, del siglo pasado, en las que
el movimiento obrero se enfrentaba a problemas como la innovación
tecnológica, incipiente en aquellos momentos de inicio del
capitalismo, pero importante en sus ámbitos concretos. Y ya,
atendiendo a esta cierta raíz histórica que cabe buscar a este
debate, tendremos que reconocer que el movimiento obrero ha
intentado durante décadas trabajar por conseguir unas mejores
condiciones de empleo, no sólo para los activos sino también para
los desempleados; aspecto éste que ocupa una especial relevancia
en las últimas décadas, en las que hemos asistido a un
crecimiento espectacular del desempleo y que, precisamente por
ello, dota de actualidad y de interés a este tema que hoy nos
plantea el Grupo Parlamentario Socialista y que nosotros
sinceramente celebramos; y digo que sinceramente celebramos,
porque es de todos conocido que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en coherencia con los
planteamientos de la organización, hemos hablado reiteradamente
de la necesidad de abordar este debate en nuestro país, y el que
sea el Grupo Socialista el que hoy nos plantea este debate nos
resulta particularmente llamativo porque, también muy
recientemente en nuestro país, y coincidiendo con una cumbre
empresarial, hemos oído a destacadas voces empresariales
afirmando que el reparto del trabajo no soluciona el problema del
paro; en definitiva, una posición empresarial radicalmente
enfrentada al tema del reparto del empleo.
Nosotros, desde luego, no compartimos en modo alguno esa opinión.
Somos conscientes de que, tal como decía anteriormente, el
reparto del empleo no es la panacea del desempleo, pero qué duda
cabe que no se puede confiar --y ahí están los datos de la
experiencia-- la solución del dramático problema del paro al
simple crecimiento económico. El crecimiento económico es un
requisito que tiene que ir acompañado de otras políticas,
políticas de reparto del empleo, pero también políticas de otro
tipo, una política económica, una política fiscal general que
posibilite que esos aspectos concretos del reparto del empleo,
que pueden incidir sobre la población ocupada, se vean
compensados adecuadamente, por la vía de la solidaridad, por
parte de quienes son los principales beneficiarios de este
sistema económico. Esa es nuestra opinión.
Por esta razón, señorías, hemos presentado una enmienda al texto
que nos propone el Grupo Socialista. El primer punto de nuestra
enmienda pretende que, en las experiencias que se puedan plantear
de reparto del empleo, se cuente con el acuerdo de las
organizaciones sindicales representativas. Desearíamos que este
punto quedara claro a toda la Cámara. La política de reparto del
empleo es una política importante, pero delicada. Afecta a los
intereses de millones de ciudadanos y puede afectar al
funcionamiento del sistema económico.
Una política de reparto del empleo llevada a cabo sin acuerdo con
las organizaciones sindicales, puede traducirse, en el peor de
los casos, en una desestabilización seria del mercado laboral.
Una política de reparto del empleo librada a las exclusivas
fuerzas del mercado, empeoraría la ya de por sí deteriorada
situación del mercado laboral español. Por ello, planteamos que
las experiencias de reparto de empleo que se hagan, aunque sean
en el ámbito limitado de la oferta pública de empleo que plantea
el Grupo Socialista, lo sean siempre con el acuerdo de las
organizaciones sindicales representativas.
En segundo lugar, nos parece que la propuesta que formula el
Grupo Socialista, con ser importante y con ser interesante, y así
lo reconocía su portavoz, es una propuesta limitada. Quizá es
oportuno empezar por ahí, pero no nos parece adecuado al día de
hoy, a las puertas del siglo XXI, en un país que tiene un paro
que supera notablemente el 20 por ciento, en un país en el que
este debate llega con retraso, que lo limitemos exclusivamente a
la oferta pública de empleo y, en definitiva, al ámbito de la
Administración pública, cuando todos somos conscientes de la
pequeña parcela de empleo que ello supone y del gravísimo
problema de paro que tenemos en nuestro país.
Creemos necesario que este debate (que, insistimos, es muy
importante, aunque debe enmarcarse en el ámbito de una política
económica global que atienda los intereses de la gran mayoría) se
traslade a la esfera privada. En este sentido, nos parece
evidente que cuando un país como el nuestro se ha dotado de un
Consejo Económico y Social en el que están los agentes económicos
y sociales, hay que pedirle a ese órgano que nos dé su opinión
sobre el tema, que se impliquen en el tema, y eso se concreta en
el acuerdo del Congreso, instando al Gobierno para que el Consejo
Económico y Social, en definitiva los empresarios y los
trabajadores de este país, elaboren un informe sobre las
modalidades de concreción de una política de reparto de trabajo
en la realidad laboral española.
Distinguimos claramente lo que es la esfera pública, donde
planteamos ya experiencias de reparto del trabajo, previo acuerdo
con las organizaciones sindicales, de la esfera privada, donde
sólo planteamos lanzar un debate. Pero ello nos parece
especialmente necesario. Desearíamos que este tema importante,
que el Grupo Socialista ha tenido el acierto de traer a esta
Cámara, coincidiendo con una reivindicación nuestra exigida desde
hace tiempo, saliera de aquí con un consenso adecuado. Desde
luego, nosotros estamos dispuestos a trabajar en esa dirección, y
con este sentido constructivo hemos elaborado la enmienda que he
tenido el honor de defender ante sus señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Gómez Martínez-Conde.
El señor GOMEZ MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, señorías, nos
encontramos con un proposición no de ley, como decía mi antecesor
en el uso de la palabra, señor Peralta, verdaderamente importante
y oportuna, en un momento en que nuestro país sobrepasa unas
cifras de paro alarmantes. Por otra parte, y como decía este
mismo señor, es un problema muy delicado. Adelanto que estaríamos
dispuestos a coincidir con su enmienda en todas sus partes y
pensamos que debe añadirse a la que va a proponer más adelante el
Grupo Popular. Es necesario, como decía el señor Peralta, repito,
contar con el CES, contar con los sindicatos y contar con unas
fuerzas políticas que, de entrada, en ningún momento han
demostrado su oposición, de lo contrario nos veríamos abocados a
un problema social excesivamente doloroso, grave, muy importante
y difícil de controlar en su momento.
Es verdad que el motivo principal que tiene como base esta
iniciativa de proposición no de ley del Grupo Socialista ha hecho
correr ya muchos ríos de tinta en toda Europa, en todos los
países industrializados, puesto que es un problema muy importante
y que da lugar a diversas opiniones, todas ellas muy atendibles,
pero cuyos resultados hasta ahora han sido inciertos y poco
claros. Todos los países industrializados que tienen problemas de
deterioro de paro han intentado ensayar medidas de este tipo,
hasta ahora, como he dicho, con resultados muy limitados, muy
poco claros y muy inciertos.
Los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones empresariales
han analizado la incidencia que tendrían normas de este tipo de
reducción del tiempo o de reparto del tiempo del trabajo en la
productividad, y la verdad es que los resultados no han sido muy
halagüeños. Todos, como digo, han ensayado este tema, pero
ninguno se ha pronunciado de una forma contundente, de una forma
clara sobre los posibles resultados.
Es verdad que hay una tendencia a flexibilizar estas posturas
que, en un principio, como digo, han sido negativas. Así, los
empresarios han suavizado un tanto su postura de no admitir
reducción alguna del trabajo. Es verdad que los mismos sindicatos
han admitido o empiezan a admitir que haya una reducción o un
reparto del trabajo paralelo con una reducción de los salarios,
pero, repito, no hay unos resultados ni unas conclusiones que nos
animen a seguir eso de forma inmediata e irreflexiva. Los
gobiernos han entendido esto y han dado normas flexibilizadoras
de los horarios de trabajo, de su reducción o de su reparto. Por
ejemplo, ha habido normas tendentes a limitar las horas
extraordinarias o normas incentivando los contratos de trabajo a
tiempo parcial. Es verdad también que han dado normas sobre
jubilaciones anticipadas, etcétera, pero siempre en el campo
empresarial y siempre cuando iban acompañadas de subsidios o de
beneficios de tipo fiscal; beneficios o exenciones que
no se pueden llevar al campo de la Administración pública, como
es obvio.
Nadie se ha pronunciado, como he dicho, de una forma definitiva
sobre estas experiencias. En España, por ejemplo, la última
iniciativa tomada en el País Vasco muy recientemente, simplemente
a nivel de debate, no ha dado resultado y ha terminado sin pena
ni gloria. Luego el asunto no parece tan claro, siendo tan
oportuno, siendo tan necesario recurrir de alguna forma a
cualquier clase de medios con tal de que se logre una detención
del paro, ascendente cada día, o del desempleo, que cada día es
mayor.
Por otra parte, la iniciativa del Grupo Socialista merece de
verdad un aplauso por su sinceridad al reconocer que el Gobierno
socialista no ha sido capaz de detener el paro tan ascendente que
ha habido en los doce años que lleva gobernando. No ha sido capaz
y lo reconoce. Incluso empieza a utilizar las cifras de la EPA,
que nunca ha utilizado, utilizaba cifras del CIS, que todos
sabíamos que eran engañosas. Empieza a reconocer que en el primer
trimestre de este año estábamos en un 23 por ciento de paro, que
es exactamente más del doble de la media de los países de la
Unión Europea. Hoy, al final del año, sabemos que este índice de
paro está en más del 25 por ciento. Podemos preguntárselo a los
operarios de la provincia de Cádiz, cuyo índice de paro, según un
medio de comunicación, se cifraba esta misma semana en más del 50
por ciento. Son cifras verdaderamente alarmantes, impensables en
toda esa demagogia que se ha utilizado muchas veces al hablar de
nuestro paro diciendo que nada más tenemos tanto y cuanto.
La realidad es esta, y merece un aplauso que por parte del
proponente del Grupo Socialista se reconozca que estamos ante una
situación verdaderamente grave. Sin embargo, no merece ningún
aplauso el hecho de querer trasladar estos ensayos de reparto de
trabajo, de reducción de los horarios o de normas
flexibilizadoras sobre los horarios, a la Administración pública
a través de la oferta de empleo. La oferta de empleo, como se ha
reconocido, en 1995 no alcanza los 3.000 puestos ofertados. Pero
no los alcanza porque no existe oferta de empleo público, ya que
está congelada. No hay más que leer el artículo 18 de la Ley de
Presupuestos. No existe oferta de empleo. La única oferta de
empleo, no cumplida, ha sido para cubrir puestos que quedaban
vacantes, bien por muerte, bien por jubilación. Esta es la
realidad, señorías. No puede el Gobierno pretender repartir un
trabajo que no está ofreciendo porque está congelada la oferta de
empleo. Hasta este momento está clarísimo. Además, el Gobierno no
podría hacer esto por vía normativa si no es a través de un
proyecto de ley que se debatiese en el Congreso de los Diputados.
Tendríamos que empezar por modificar el concepto que tenemos de
la naturaleza de la función pública. Tendríamos que cumplir el
mandato constitucional del artículo 103.3 en el sentido de
proponer y aprobar el estatuto de la función pública, que no lo
hemos hecho a pesar de que el Grupo Popular lo viene pidiendo
durante los trece años de mandato socialista. No tenemos el
estatuto de la función pública.
Por el Gobierno se ha dicho que existen muchas normas. En efecto,
existen muchas normas que hablan sobre este tema, pero son
contradictorias, son incompletas, son incoherentes y no están
coordinadas. No tenemos un estatuto de la función pública. El
vigente es de 1964 y está anticuado, por lo que no se puede
aplicar a la realidad actual sobre empleo.
Reconociendo, como antes he dicho, que es positivo que el Grupo
Socialista trate de salvar de alguna forma un tema tan
importante, como es el desempleo creciente que tenemos en España,
sin embargo, con esta proposición no de ley no se puede hacer
nada; no se puede instar al Gobierno, como se hace en la
proposición que debatimos, a que experimente en la función
pública estos intentos que ha habido en el campo empresarial de
reducir los tiempos de trabajo, de repartir el trabajo, etcétera,
porque, como antes decía, normalmente han ido acompañados de
subvenciones, exenciones o beneficios fiscales, que no cabe
aplicarlos a la función pública, máxime cuando no existe, como
antes he dicho, oferta de empleo público porque está congelada y
porque los 3.000 puestos de trabajo son de tan pequeña entidad,
de tan pequeña cuantía económica, que no cabe hacer estas
experiencias. No obstante, a nivel personal pienso que podrían
ser unas experiencias ejemplarizantes para llevarlas también al
campo empresarial o a ambos campos.
La enmienda que proponemos va dirigida a que se inste al Gobierno
a que remita un proyecto de ley a esta Cámara sobre el estatuto
de la función pública que permita poner en marcha medidas sobre
la flexibilización y ordenación del tiempo de trabajo. Si tenemos
esto es cuando podremos aplicar estas experiencias, o hacer
ensayos si hay oferta pública, con el fin de reducir la jornada y
repartir el trabajo.
Estamos de acuerdo en admitir la enmienda que presenta el Grupo
de Izquierda Unida. Si el Grupo Socialista acepta tanto esa
enmienda como la nuestra, estaríamos muy gustosos en apoyar
totalmente esta proposición no de ley. De lo contrario, no
podríamos, porque no tendría objeto alguno ni finalidad al no
poderse cumplir absolutamente nada. Y más en un momento en que
esta legislatura está terminando. Aunque no sea vinculante una
proposición no de ley, el futuro Gobierno, que espero sea del
Partido Popular, podría cumplir el deseo que hemos tenido durante
estos doce años de tener el estatuto de la función pública para
poder aplicar estas experiencias de flexibilización de horarios o
reparto de trabajo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre del Grupo de Coalición
Canaria, paso a fijar nuestra posición en esta proposición no de
ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, vemos el diagnóstico real que hay en su
exposición de motivos. Efectivamente, las circunstancias están
ahí expuestas parcialmente; hay un tremendo problema, sobre todo
de desempleo juvenil en España; el paro alcanza cifras dobles de
las que hay en este momento en la Unión Europea; en el segmento
juvenil nosotros estamos en una tasa de desempleo casi del 40 por
ciento, frente a una media de un 20 en Europa y hay que tomar
medidas.
Sin embargo, en mi fijación de posiciones, yo he querido ceñirme
no al ambiguo título de «proposición no de ley sobre reparto de
trabajo», sino a lo que hace referencia a la función pública.
La función pública, señorías, tal como está redactada la
proposición no de ley, en tres líneas, me parece que es algo muy
preocupante. No se pueden llevar experiencias de forma alegre,
indeterminada y genérica en la función pública. Se debería tener
un respeto por la función pública, con todos sus defectos y con
todo lo que pueda tener, defectos muchas veces no atribuibles al
funcionario sino a la administración responsable de esa función
pública, porque no se puede situar en una posición de
improvisación y de ambigüedad algo tan genérico, tan abstracto
como decir: «poner en marcha experiencias de reparto», y en el
empleo público: ¿Es que, en primer lugar, solamente la
Administración central es quien oferta empleo público?
Se han presentado dos enmiendas, que nos parecen muy atinadas,
acertadas. Una, la del Grupo Parlamentario Popular, acabada de
defender por su portavoz, que dice. Alto, venga antes aquí, a
esta Cámara, el Estatuto de la función pública. Desde la Ley 30,
de 1984, que tantos efectos colaterales está produciendo,
incluido el perturbador de haber provocado alteraciones en cuanto
a la edad de jubilación de los funcionarios públicos, haciendo
posteriormente salvedades para jueces y magistrados, catedráticos
y profesores de universidades pero dejando al resto del colectivo
de la función pública en una situación de agravio comparativo,
¿cómo no se va a tener en cuenta que es necesario que venga aquí
un proyecto de ley del Estatuto de la función pública? Es ahí
donde hay que contemplar las medidas de flexibilidad y de
ordenación en la función pública, porque estamos hablando de una
materia que no afecta a la Administración central del Estado. No
es solamente que en 1993 se ofertaran 14.000 plazas o 50.000 en
1994 y 3.000 en 1995. ¿Cuántas se iban a ofertar para 1996 con
las medidas de ahorro público que había anunciado el Ministro
Solbes? Pero, ¿es que no están ofertando plazas las comunidades
autónomas y los ayuntamientos, cabildos y diputaciones? O esto
tiene un tratamiento unitario o, verdaderamente, podríamos
producir un auténtico galimatías en los horarios de
funcionamiento, en las contrataciones a tiempo parcial, en las
reducciones de jornada laboral, etcétera.
Junto a la enmienda que ha presentado el Grupo Popular está
también la sensata enmienda que el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ha hecho valer aquí. Pero, ¿cómo se
puede hablar de este tema solamente por una Administración
central sin llamar a la parte a los sindicatos representativos
del sector? En toda negociación colectiva que se ha hecho sobre
la función pública, el Ministro del ramo correspondiente ha
tenido que reunirse con los sindicatos más representativos del
sector. ¿Por qué esta exclusión de la fuerza sindical? Incluso en
la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que lo ha extendido a toda la problemática general del
reparto del trabajo, pero que yo vuelvo a circunscribir a la
función pública, que es a lo que se refiere en verdad,
concretamente, el texto final de la proposición no de ley del
Grupo Socialista, se recomienda en su punto 3 que el Congreso de
los Diputados acuerde crear una ponencia en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo. Por supuesto, eso si aquí
estuviéramos hablando solamente en términos genéricos de todo el
desempleo; pero es que tenemos también en esta Cámara la Comisión
de Régimen de las Administraciones Públicas, y es ante ella donde
el Ministro correspondiente ha venido siempre a dar
explicaciones, a trazar las líneas de su política para la función
pública. ¿Cómo podemos hurtar este caso aquí?
Creo que este es un problema muy preocupante, pero tanto que no
se puede despachar con una simple proposición no de ley. Yo no
recuerdo, señorías, que en esta Cámara hayamos visto una
proposición no de ley tan exigua, tan ambigua, tan genérica y,
por tanto, tan abstracta, para hablar de experiencias en
generación de empleo, aunque no sé cómo, porque aquí a lo único
que se hace referencia es a la reducción de la jornada laboral y
a qué tipo de funcionarios públicos nos estamos refiriendo. ¿A
los que se han entendido como administración pública clásica
central? ¿No se va a hablar de la administración pública en las
corporaciones locales? ¿Por qué no se llama aquí a la parte a las
comunidades autónomas? ¿Pero cómo se puede traer aquí una
proposición no de ley sin llamar a participar a quien está
ofertando en este momento, en razón de las transferencias, las
plazas de empleo público más cuantiosas de España, que son las
comunidades autónomas, y que, además son las estatutariamente
competentes en esta materia? Pero, ¿cómo podemos dar dos
tratamientos distintos a los funcionarios públicos: uno a los que
queden residualmente, en lo no transferido, en la Administración
Central del Estado y otro a
lo que van a estar mayoritariamente en las administraciones
públicas de las comunidades autónomas y de corporaciones locales?
Señores, vamos a tratar de racionalizar este tema. Que el
problema sea importante no significa que, además, aquí se pueda
empezar con experiencias abstractas. Creo que el primer principio
de legalidad y el primer principio de seguridad jurídica, que es
fundamental, además, en la Administración pública, se deben
clarificar. Al final, hay que decir también si es que los
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado son o no
funcionarios públicos, porque si hay ofertas de trabajo en lo que
de forma clásica se entiende como funcionario público de una
administración normal, dígase qué alcance puede tener esto en
fuerzas que dependen del Ministerio de Justicia e Interior, y me
refiero a los Cuerpos de Seguridad del Estado o a toda la
Administración de Justicia española. Ese tema requiere un
principio de seguridad jurídica fundamental.
Por esta razones, si esto no tiene una corrección armónica dentro
de las enmiendas que se han presentado aquí en cuanto a que sean
llamadas para ser interlocutores en esta materia los sindicatos y
las comunidades autónomas, así como la Administración local,
tendremos que votar en contra. No sé si esto se ha consultado con
la Federación Española de Municipios y Provincias, pero creo que
algo tendrían que decir estas corporaciones y administraciones
respectivas. Esto debe ser objeto de un sensato, de un sereno, de
un reposado debate, con grupos de trabajo, con ponencias o con
comisiones de estudio, como propone aquí el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Pero, en cualquier caso, junto a
los miembros representantes de la Comisión de Política Social y
Empleo, en el caso concreto de esta proposición no de ley, debe
estar la representación de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas. La seriedad de la materia lo exige y
lo merece así, porque no podemos crear otro motivo más de caos en
el funcionamiento de los servicios públicos.
Por tanto, si esto no se corrige, nuestro voto será contrario a
la aceptación a trámite de esta proposición no de ley. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. La posición de
nuestro Grupo respecto a esta proposición no de ley es favorable
en cuanto al espíritu que la impulsa, pero recela, y en cualquier
caso no se puede comprometer, con la literalidad del texto que se
nos somete a consideración.
Sin duda, es una iniciativa parlamentaria oportuna, que va en la
dirección de lo que están haciendo muchos otros países en Europa:
Es una iniciativa que nos impulsa a avanzar en la línea de la
modernización de nuestras disposiciones normativas laborales. Sin
embargo, es cierto, como ya se ha dicho en alguna otra
intervención, que las experiencias europeas en torno a las
medidas de reparto del empleo no han sido muy fructíferas, que no
han dado resultados muy importantes.
La iniciativa se plantea en estos momentos con una motivación que
mi Grupo, en principio, puede compartir con el Grupo proponente.
Lo que subyace en su fondo es que la sociedad de nuestros tiempos
puede admitir que se avance fórmulas de reparto siempre que hacer
lo mismo no cueste más dinero. En términos simples y vulgares.
¿Se trata de introducir fórmulas de reparto en la Administración
pública para que, haciendo lo mismo impongamos al presupuesto
público más gasto y, por tanto, más déficit? Nuestro Grupo no
puede compartir esa línea. ¿Se trata de impulsar experiencias de
reparto del empleo para que la actividad económica pierda
productividad, porque haciendo lo mismo en el mismo tiempo se
genere mayor gasto social en la actividad productiva y se pierda
competitividad? No podemos admitir experiencias en esa dirección.
Es complejo combinar experiencias de reparto con el mantenimiento
o reducción de los costes del trabajo para hacer esa misma
función. En el fondo, el problema está en combinar ese objetivo
con el de crear más empleo.
La verdad es que nuestro Grupo comprende la motivación, pero no
alcanza a comprender qué experiencias se podrían poner en
funcionamiento con esa avocación que se nos pide que hagamos a la
Cámara. En el fondo, la proposición no de ley es un aval
político, supone dar al Gobierno un aval político para que
impulse experiencias en la Administración pública de reparto de
empleo. ¿Qué tipo de experiencias? ¿Qué modalidad de
experiencias? En función de la modalidad de experiencia, nuestro
Grupo podría comprometerse con este aval político, pero de la
proposición no de ley no se desprende ningún calificativo que
limite esas experiencias, ni que implique a las organizaciones
sindicales ni que garantice que no van a generar mayor gasto
público.
Por ello, el Grupo proponente tiene que comprender que estaríamos
dispuestos a avanzar en un compromiso político que estimular el
inicio en España de experiencias en esa dirección, pero siempre y
cuando pasasen por esta Cámara, siempre y cuando la experiencia
de fórmulas de reparto de empleo vengan a esta Cámara y
formúlense a través de una modificación normativa de rango de
ley. Por otra parte, no puede ser de otra forma: no pueden
iniciarse en la sociedad española, ni en el sector público ni en
el privado, experiencias de reparto sin pasar por adaptaciones
normativas de rango legislativo.
Si se comprometiera esta Cámara a instar al Gobierno a remitir
medidas dirigidas a iniciar experiencias
de reparto de empleo, pero planteadas en esta Cámara, podríamos
comprometernos con el Grupo proponente. También podríamos
comprometernos con el Grupo proponente si estas experiencias
fueran previamente consultadas --no digo acordadas, pero sí
consultadas-- con las organizaciones sindicales. También en el
sector público: no se pueden iniciar experiencias de reparto de
empleo en las administraciones públicas de espaldas a las
organizaciones sindicales hoy representativas en ellas.
En tercer lugar, no se puede dar al Gobierno un aval político
para iniciar experiencias de reparto de empleo sin que esta
Cámara ponga como condición que las mismas no comporten mayor
déficit público, mayor gasto público. Es decir, que hacer lo
mismo no le cueste al presupuesto público más recursos, lo que
significa o más impuestos o más déficit público.
En segundo lugar, no se puede instar al Gobierno a experiencias
de reparto de empleo si ponemos en peligro o afectamos la
garantía de la prestación del servicio respectivo. En ámbitos
determinados de la Administración pública sería más fácil iniciar
experiencias de reparto. Por ejemplo --estoy improvisando--, en
la administración educativa podría ser fácil introducir fórmulas
de reparto, pero, a lo mejor, en un servicio de seguridad sería
más complejo que ello no repercutiera en la garantía de
prestación de los servicios.
En síntesis, señor Presidente, nuestro Grupo no se puede
comprometer a la literalidad del texto que se nos presenta. Sin
embargo, estamos dispuestos a que si mediante las transacciones
de las enmiendas que se han presentado se alcanza un cierto
consenso en el sentido de no instar al Gobierno a poner en marcha
experiencias, sí se inste al Gobierno a plantear a esta Cámara
una iniciativa legislativa para iniciar experiencias, teniendo en
cuenta que esas experiencias van a considerar la consulta previa
a las organizaciones sindicales y con la garantía de que estas
experiencias se van a realizar sin que comporten gasto público.
Si en estas tres direcciones se alcanza un consenso mediante las
enmiendas planteadas, nuestro Grupo podría estar de acuerdo.
Respecto a las enmiendas, la presentada por el Grupo
Parlamentario Popular va en la dirección que yo he expresado; se
compromete en instar al Gobierno a iniciar experiencias, previa
presentación de un texto legal a esta Cámara. Esta enmienda nos
parece acertada.
Respecto a la enmienda presentada por Izquierda Unida, el punto 1
va en la dirección de permitir experiencias de reparto de empleo,
previa consulta a las organizaciones sindicales, siempre y cuando
la avocación no fuera al margen de esta Cámara, sino instando al
Gobierno a plantear la iniciativa a esta Cámara. También el punto
2 nos parece acertado en el sentido de que el Consejo Económico y
Social realice estudios y profundice más para iniciar
experiencias normativas que nos permitan lograr el reparto de
empleo en nuestro país.
Los puntos 3 y 4 de la moción de Izquierda Unida no nos parecen
adecuados y no los apoyaremos.
En síntesis, insto y avoco al Grupo Socialista para que intente
alcanzar un acuerdo en torno a esas direcciones que nuestro Grupo
plantea, puesto que no hemos presentado enmiendas a esta
proposición no de ley. En razón de lo que suceda después de este
posible consenso, apoyaríamos dicha enmienda o, por el contrario,
nos abstendríamos en la votación de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Tiene la palabra la señora Pelayo, para indicar si acepta o no
las enmiendas defendidas por los portavoces de los Grupos
Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Popular.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, tengo que lamentar que
el trámite parlamentario no permita a este Grupo exponer las
razones que le asisten para no aceptar algunas de las propuestas
de la oposición, con lo cual a mi juicio --y también al de mi
Grupo-- queda frustrado parte del debate, pero el trámite es así,
mi Grupo lo acepta, señor Presidente, y, por tanto me voy a
limitar a decir qué enmiendas acepta y cuáles no puede aceptar.
Mi Grupo no puede aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular. Consideramos que es una propuesta maximalista en el
momento y circunstancias presentes y, por tanto, no podemos
aceptar su trámite. Lo lamentamos y creemos que nuestra
iniciativa es mucho más modesta que la presentada por el Grupo
Popular, porque no pretendemos abordar toda la problemática de la
Función pública, sino --como dije en mi exposición inicial--
buscar caminos nuevos de reparto de trabajo en la Función pública
y, por lo tanto, no vamos a aceptar la enmienda del Grupo
Popular.
Respecto a la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, señor
Presidente, mi Grupo estaría dispuesto a aceptar, en el número l,
la expresión «... de acuerdo con las organizaciones sindicales
representativas en ese ámbito...», expresión que se adicionaría
al texto de nuestra proposición no de ley. De este modo
aceptaríamos la sugerencia del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), en el sentido de que nunca hemos pretendido que sea un
cheque en blanco para el Gobierno. Esto es algo que se viene
haciendo --previo acuerdo con los sindicatos-- cuando se negocia
o se aprueban las ofertas de empleo público, es algo habitual en
la práctica y, por lo tanto, a continuación de «...poner en
marcha...» se intercalaría la expresión «...de acuerdo con las
organizaciones sindicales representativas en ese ámbito,
experiencias de reparto de empleo, en las ofertas de empleo
público que realice».
Aceptaríamos también el punto 2 de la enmienda de modificación de
Izquierda Unida, suprimiendo algunos párrafos y quedando de la
siguiente manera: «El Congreso de los Diputados insta el Gobierno
a que solicite del Consejo Económico y Social la elaboración de
un estudio sobre las modalidades de concreción de una política de
reparto de trabajo en la realidad laboral española». Punto.
El resto de las propuestas de Izquierda Unida no las aceptaremos
porque, como ya he dicho, afectan a otro ámbito, que es el de la
economía privada. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pelayo.
Como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha presentado la enmienda como una enmienda única con
cuatro apartados y no como diferentes enmiendas, para poder
incorporar estas enmiendas parciales es preciso el consentimiento
del Grupo proponente de la enmienda.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Aunque no se recoja la totalidad de la enmienda, a nuestro Grupo
le parece que se mejora el texto inicial propuesto por el Grupo
Socialista. Nos parece importante que, efectivamente, este debate
se traslade a la sociedad, y eso, aunque mínimamente, se consigue
con el texto que propone el Grupo Socialista.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Pasamos a las votaciones correspondientes. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista,
relativa al reparto de trabajo, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación parcial de la enmienda del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de acuerdo con
lo resultante del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 151; en contra, uno; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROHIBICION DE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONALES (Número de
expediente 162/000244)
--DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA
ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE
MINAS ANTIPERSONALES COMO ARMA DE GUERRA
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE PROLIFERACION DE MINAS
ANTIPERSONALES
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
sobre prohibición de minas terrestres antipersonales. Tiene la
palabra el señor Hernando Fraile. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en 1980, las Naciones Unidas aprobaban la Convención
sobre prohibición o restricciones en el uso de ciertas armas
convencionales que pudieran considerarse excesivamente dañinas o
de efectos indiscriminados, conocida como Convención sobre armas
inhumanas o sobre ciertas armas convencionales. En su Protocolo
2.º acerca de las prohibiciones y restricciones del uso de minas,
trampas explosivas y otros artefactos, establecía una serie de
restricciones al uso de este tipo de armamentos recogiendo
parcialmente dos principios de lo que hoy podemos denominar el
derecho humanitario internacional consuetudinario. Esos dos
principios eran que las partes en conflicto deben distinguir
entre personas civiles y combatientes, que las personas civiles
no deben ser atacadas, prohibiéndose el uso de armas o ataques
indiscriminados, y, en segundo lugar, que estaba y que está
prohibido el uso de armas cuyos efectos perjudiciales no guarden
relación con su finalidad militar. Por tanto, en dicho Protocolo
2.º se establecían las siguientes condicionantes. En primer
lugar, que las minas antipersonas deben dirigirse sólo contra
objetivos militares, prohibiéndose su uso indiscriminado; que
deben usarse todas las medidas posibles para proteger a los
paisanos. En segundo lugar, que las minas han de ser exactamente
localizables o han de tener mecanismos neutralizadores eficaces.
En tercer lugar, que debe registrarse la localización de los
campos minados existentes o los que se creen posteriormente a la
firma de este protocolo. En cuarto lugar, que al finalizar las
hostilidades, las partes deben tratar de llegar a acuerdos entre
sí o con otros Estados u organizaciones, a fin de tomar las
medidas necesarias.
Sin embargo, señorías, los resultados, quince años después, han
sido claramente insuficientes. En estos momentos, tan sólo 51
países se han atenido a este 2.º Protocolo, y España lo hizo en
diciembre de 1993. Las minas no se registran cartográficamente en
numerosas ocasiones y se han venido utilizando
extraordinariamente en conflictos civiles en los que los
ejércitos regulares,
por una parte, las han sembrado indiscriminadamente, y, por otra,
los insurgentes han pretendido debilitar las estructuras
económicas de los gobiernos, hostigando a los mismos mediante la
ubicación de estas armas en zonas de cultivo, pozos, vías de
comunicación o poblaciones, lo que hace de estos artefactos, cuya
vida es larga, causa de numerosas muertes, aun después de los
conflictos. Así, en Camboya, por poner un ejemplo, señorías, en
estos tres últimos años se han producido más muertes por esta
causa que en los quince años de conflicto civil. Además, según el
Departamento de Estado americano y distintas organizaciones no
gubernamentales, como la Cruz Roja Internacional, se estima que
al año se producen 26.000 víctimas entre muertos, heridos y
mutilados por causa de las minas antipersonales, cuyos efectos,
como he dicho antes, perduran años y años después de las luchas.
Además, la mayor parte de estas bajas y de estos heridos se
produce en zonas donde no existen conflictos ya, afectando
fundamentalmente a agricultores y niños.
El bajo precio de las minas y la facilidad de su fabricación hace
que su utilización sea masiva estimándose por parte de la
organización The Arms Proyect que en la actualidad se fabrican en
el mundo entre cinco y diez millones de estos artefactos al año,
de los que al menos un millón son sembrados frente a los 80.000
que son desactivados cada año, fundamentalmente debido al alto
coste de desminado. Ello es causa, señorías, de que amplias zonas
de esos países en conflicto sean irrecuperables para su
aprovechamiento por los habitantes de esas zonas que,
generalmente, son zonas deprimidas de países subdesarrollados.
Por ello, esta situación, percibida con grave preocupación por la
comunidad internacional condujo a que en 1993 la ONU dictara una
resolución titulada «Desarme general y completo: moratoria sobre
la exportación de minas terrestres antipersonas», en la que se
hace un llamamiento a los Estados miembros para que establezcan
moratorias a la exportación de estas armas, insistiéndose sobre
este asunto de nuevo en una resolución del pasado período de
sesiones. También, por su parte, el Parlamento Europeo, en
resolución de 14 de diciembre de 1994, solicita de los Estados
miembros que se declare una moratoria de cinco años en este mismo
sentido. De esta forma, distintos países, a lo largo de estos
últimos dos años y de forma diferente han establecido moratorias
en varios sentidos en sus países. Así, Bélgica, Canadá, Gran
Bretaña, Grecia, Francia, Italia o Sudáfrica han establecido
moratorias indefinidas, en distintos grados, es verdad, y Estados
Unidos, Alemania, Israel, Chequia o Argentina han establecido
moratorias de distinta duración. También España aprobó
recientemente una prórroga de un año a la moratoria que se acordó
en 1994.
Además, señorías, el Consejo de Europa, en su reciente resolución
número 95/170, de 12 de mayo de este año, sobre la política
exterior de seguridad común relativa a las minas antipersonas,
acordó, en primer lugar, establecer una moratoria común para los
Estados miembros, que abarca la prohibición total de exportar
minas antipersonas no detectables y no autodestruibles hacia
cualquier destino, así como una prohibición total de exportar
minas antipersonas a cualquier Estado que no haya ratificado la
Convención de 1980 y su Protocolo número 2. En segundo lugar,
acordó la preparación de la Conferencia de Viena, conferencia que
se inicia por una petición del Gobierno francés en 1993. Y, en
tercer lugar, decide contribuir con tres millones de ecus de la
Unión al esfuerzo internacional de desminado. Además, señorías, a
partir de 1993, se ha venido trabajando, como decía antes, a
propuesta del Gobierno francés, en la revisión de esta
conferencia. Se han mantenido diversas reuniones que debían
concluir en la conferencia que se ha reunido entre los días 25 de
septiembre y 13 de octubre. También numerosas organizaciones no
gubernamentales, como Manos Unidas, Cruz Roja Internacional,
Médicos sin Fronteras, Unicef, CEAR, CIP o el Servicio Jesuita a
Refugiados e Intermon han venido trabajando en distintas
iniciativas para pedir una restricción de la exportación y
utilización de estas minas.
Por eso nuestro Grupo presentó esta proposición no de ley y por
eso también entiendo que otros grupos han hecho lo mismo.
Nosotros hemos estado trabajando con esos otros grupos que han
presentado proposiciones no de ley en este mismo sentido y hemos
llegado a una serie de acuerdos, unos acuerdos que serán
presentados a esta Mesa. Se refieren, sobre todo, a tres puntos
de encuentro sobre este tema: en primer lugar, a la presión, a
través de la Presidencia europea, para que tanto la Unión Europea
como aquellos ámbitos en los que tengamos presencia a través de
la Unión insistan en la necesidad de limitar el uso de este tipo
de minas, de este tipo de armas; en segundo lugar, instando al
Gobierno a que adopte medidas concretas relativas a la
prohibición de la fabricación y exportación de este tipo de
minas, e instando, asimismo, a muchos países que todavía no se
han adherido a este Protocolo 2.º a que lo hagan. También se
solicita, señorías, que esa Conferencia de Viena, suspendida sin
llegar a un acuerdo y aplazada hasta primeros del próximo año,
sea un punto de encuentro y se llegue a acuerdos relativos, sobre
todo, al control y verificación de la utilización de este tipo de
minas. Hay que resaltar que el fracaso de esta conferencia se ha
producido debido fundamentalmente al boicot que ha planteado una
serie de países, y esta vez no han sido precisamente los más
poderosos sino algunos países más pobres, como Cuba, Rusia,
China, India o Méjico, que siguen entendiendo que las minas,
señorías, son el arma de defensa de los pobres, cuando a nuestro
juicio son precisamente el arma contra los pobres. Por eso, es
deseable que todos los grupos, tanto los que hemos llegado a ese
acuerdo como otros que creo que apoyarán esta iniciativa,
insistan en la necesidad de que en esa conferencia se llegue a un
acuerdo. La próxima reunión de la PESC (Política Exterior de
Seguridad Común),
que se va a celebrar el próximo viernes para tratar de estos
mismos asuntos, debe avanzar para llegar a estos acuerdos que
convenzan a los países que se han resistido a no firmar a que lo
hagan.
Por todo ello, consideramos extraordinariamente importante que
hoy aprobemos esta proposición no de ley, en la que los partidos
proponentes, insisto, hemos llegado a un acuerdo; un acuerdo,
señorías, que implique un código de conducta de nuestro Gobierno,
así como para el resto de los gobiernos y de la comunidad
internacional, en un asunto como éste, el de las minas
antipersonales, que hoy en día tiene limitado valor militar pero
un gravísimo impacto entre las poblaciones de los países más
subdesarrollados. Por todo eso, señorías, mi Grupo les insiste en
la necesidad de que ustedes voten positivamente esta proposición
no de ley, presentada por el Grupo Popular y transada con otros
grupos, y que hoy podamos ofrecer este acuerdo a la sociedad
española, así como a las sociedades de otros países menos
desarrollados que el nuestro, pero que necesitan urgentemente de
un control sobre este tipo de armas destructivas.
Muchas gracias, señorías; señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando.
Efectivamente, como la Cámara ha aprobado a lo largo de la sesión
de esta tarde, se acumula al debate de la proposición no de ley
del Grupo Popular el debate de dos proposiciones no de ley, una
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y otra del
Grupo Socialista, sobre la misma cuestión.
En primer lugar, para la exposición de la proposición no de ley
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
En septiembre de este año, mi Grupo presentó una proposición no
de ley que intentaba aportar nuestra visión y nuestras soluciones
a este problema, que sin duda es enorme y que está generando un
gran sufrimiento y tremendas dificultades para el desarrollo de
muchos países especialmente de los más pobres. En nuestra
proposición no de ley pedíamos una serie de medidas que tenían
como objetivo acabar, en un horizonte lo más cercano posible, con
el uso especialmente, la producción, el almacenamiento y la
exportación de las minas antipersonales, así como con
submuniciones y artefactos equivalentes y la tecnología necesaria
para la construcción de estas armas que --como se ha dicho
anteriormente y compartimos absolutamente el criterio-- han sido
consideradas tradicionalmente como el arma de los países pobres,
aunque también, paradójicamente, sirven para matar a los más
pobres, es decir a los pueblos, especialmente del Tercer Mundo.
Actualmente existen unos 100 o 120 millones de minas sembradas,
sobre todo en 60 países, y anualmente esta cifra se eleva en dos
millones más. Cada año se producen entre cinco y diez millones de
minas nuevas; minas que matan o mutilan alrededor de 30.000
personas por año, en su mayoría civiles, entre las que se
encuentran numerosas mujeres y niños. Sólo se consigue retirar
algo menos de 100.000 minas/año, cuando decimos que se suelen
sembrar alrededor de dos millones por año.
La utilidad militar de las minas antipersonales es prácticamente
marginal en lo que son aspectos estrictamente militares, pero
siguen siendo «útiles» --entrecomillado-- para generar el terror
entre la población civil y para condicionar gravemente el
desarrollo de los países que se ven en estas circunstancias, no
sólo por las pérdidas de vidas, sino por imposibilitar el uso
agrícola, por ejemplo, de grandes cantidades de terrenos que
están sembrados de estas minas. Al mismo tiempo, para muchos de
estos países significan un costo sanitario y de protección
social, si es que la hay en los mismos, excesivamente grande como
para poderlo asumir, por la cantidad de lesiones traumáticas de
mutilaciones y lesiones similares que producen. De hecho, la Cruz
Roja, a instancias de los cirujanos que trabajaban para ella, fue
una de las impulsadoras de estas medidas que todos estamos
proponiendo, especialmente desde el conocimiento de la gravedad
de las lesiones que producían con el gran número de mutilaciones
y de dificultades para la integración posterior de estas personas
a una vida normal.
Hay un informe reciente del Parlamento Europeo, del 24 de mayo,
en el que se establecen todas estas cifras a las que me estoy
refiriendo, en el que también se hace referencia a esa idea,
antes citada, de minas terrestres como armas de los pobres, y que
en sus propuestas va un poco más allá de lo que va la proposición
no de ley que finalmente hemos podido consensuar el Grupo
Popular, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; va un poco más allá al proponer algunas
medidas un poco más radicales que las que nosotros hemos podido
consensuar. En cualquier caso, se trata, a través de la acción
conjunta en este caso de los tres grupos y, especialmente, con el
apoyo, esperamos, unánime de la Cámara, de hacer avanzar este
tipo de iniciativas que, como se dice en el primer punto de esta
proposición no de ley, como fin último consigan la prohibición
por parte de todos los países de la comunidad internacional del
diseño, producción, despliegue, uso y comercio de minas
antipersonales. Es cierto que hablar del fin último es dejarlo
para muy tarde, pero, en cualquier caso, no está de más que esta
visión completa del problema, no solamente de la producción, del
almacenamiento o de la exportación, sino de todo el problema en
su conjunto, desde el diseño hasta el uso y el propio comercio de
las minas, se sitúe como una finalidad a alcanzar, finalidad a
alcanzar que será más cercana si entre todos tenemos la
convicción suficiente como para empujar en esa misma dirección
todos a la vez, como podemos estar haciendo
a través de esta proposición no de ley conjunta de los tres
grupos.
En la que presentaba mi Grupo insistíamos especialmente en que se
generaran mecanismos de verificación con un registro
internacional de reservas de minas existentes con sus
correspondientes inspecciones y sanciones internacionales. En la
proposición no de ley conjunta que hemos presentado entre los
tres grupos esto adquiere una redacción diferente, pero significa
prácticamente lo mismo, y remitimos los casos de violación de los
protocolos a cuya firma instamos, especialmente el Protocolo 2.º
de esta Convención sobre armas especialmente dañinas, a la
aplicación de los convenios de Ginebra del año 1949, que, como
ustedes conocen, acabarían considerando este tipo de violaciones
como crímenes de guerra y, por tanto, con una gravedad importante
y, en consecuencia, con el rechazo y con la sanción internacional
correspondiente.
En la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
también pedíamos la prohibición, ya, de todo uso almacenamiento y
tráfico de minas. En la proposición conjunta fijamos un tiempo
para esta pretensión, pero seguimos manteniendo el objetivo final
al que me refería. De la misma manera, como parte importante de
nuestra proposición, pretendíamos que durante la moratoria que
solicitábamos los fondos previstos para la producción y tráfico
de las minas se dedicaran a financiar programas de retirada de
minas y de artefactos equivalentes. En la proposición conjunta
optamos por que se aumenten sustancialmente los recursos del
Estado español destinados a los programas de desminado promovidos
por Naciones Unidas para, al mismo tiempo que facitando la
posibilidad de financiación a empresas públicas o privadas, éstas
puedan dedicarse a este tipo de trabajo, así como a entrenar en
estas especialísimas actividades a personas de los países
afectados.
En conjunto, creo que todos nos podemos sentir satisfechos de
haber sido capaces de conseguir la unanimidad que espero, porque
sin duda, a través de la misma, podremos sentirnos todos también
mucho más comprometidos en la defensa de esta línea de acción,
que tiene que tener como fin último acabar con esta idea de la
mina como arma, ni para países pobres ni para países ricos. Es
cierto que las mayores dificultades para la firma del Protocolo
2.º las pusieron los países pobres, porque, por el costo reducido
de las mismas, significan un sistema de defensa más o menos
adecuado a sus economías, pero no hay que olvidar que también los
países ricos --el nuestro y otros de la Unión Europea-- son
productores y exportadores de minas. Si conseguimos, como espero,
la unanimidad en esta propuesta, creo que todos tendremos más
fuerza moral y política para que esa circunstancia vaya
desapareciendo de la faz de la tierra y para que deje de
utilizarse este tipo de instrumentos, maquiavélicos y perversos,
en guerras, cuyas consecuencias, como siempre, sufren los pueblos
y que acaban generando, también como casi siempre, muchas más
víctimas civiles que de cualquier otro tipo, especialmente
mujeres y niños.
Debo reconocer que ni en la proposición conjunta de los tres
grupos ni en la individual de cada grupo hemos hecho alusión a
algo que deberíamos haber incluido, pero ya les anuncio que en el
próximo período de sesiones --que no sé si será la próxima
legislatura, sea como sea-- presentaremos una proposición
dirigida a las minas antivehículo, porque si las minas
antipersonales sirven para matar al personal de a pie, las minas
antivehículo sirven también para matar a la población civil, en
este caso en autobús, circunstancia harto frecuente en estos
países del Tercer Mundo a los que nos estábamos refiriendo.
En cualquier caso, repito, creo que todos nos podemos sentir
satisfechos de haber conseguido reunir las tres proposiciones
individuales en ésta única, que espero consiga la unanimidad de
la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Para exponer el contenido de la proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre la misma cuestión, es decir, sobre eliminación
de minas antipersonales, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, señorías, no es
casual que tres grupos parlamentarios hayamos coincidido hoy en
la presentación de proposiciones no de ley sobre las denominadas
minas antipersonales. La verdad es que resulta difícil hablar
desde esta tribuna con la frialdad con que quizá nos veríamos
obligados a hacerlo si entrásemos en disquisiciones de carácter
técnico sobre los diferentes tipos de minas, y este portavoz del
Grupo Socialista se niega a hacerlo. Prefiero comenzar recordando
que hay una serie de países en el mundo donde la paz,
paradójicamente, se ha convertido en una especie de ruleta rusa
para sus habitantes. El ejercicio de libertad de movimiento que
trae la paz se ha convertido en una amenaza constante para su
vida en países como Camboya, Mozambique, Angola, El Salvador,
etcétera. Los portavoces que me han precedido han hecho
referencia a las cifras tremendas que se manejan de víctimas
inocentes de estos artefactos, que han sido esparcidos durante
conflictos, que no han sido señalizados, que han sido
irresponsablemente dejados allí, que nadie se ha preocupado de
levantarlos y que, al pasar sobre ellos, provocan la muerte de
personas inocentes. Se señalaba hace un momento cómo los
esfuerzos de desactivación quedan bastante lejos de los propios
procesos de esparcimiento de nuevas minas, ya que cuando hace dos
años, en 1993, se desactivaban 80.000, al mismo tiempo se
instalaban otros dos millones de minas nuevas. Yo querría
referirme a algo que aparentemente tiene poco que ver con el tema
que estamos tratando, y es el
hecho de que si el principal obstáculo con que nos encontramos
para el control y la eliminación de minas es el escaso número de
países signatarios del principal instrumento jurídico de la
Convención sobre armas dañinas --sólo 51 países son miembros de
la Convención--, esas minas que tienen entre sus víctimas
fundamentalmente a niños inocentes, hay 157 países que han
ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre derechos del
niño frente a esos 51 países que han ratificado la Convención
sobre armas dañinas.
Hay otro aspecto que es importante en el tema que nos ocupa. La
Convención se refiere exclusivamente a conflictos entre Estados,
y estamos viendo en nuestros días cómo la mayor parte de los
conflictos donde se ha producido precisamente el despliegue, la
instalación de minas, de estas armas asesinas, son países donde
se producen conflictos internos, como es el caso de América
Latina, de Africa o de Asia, y también en Europa vemos que esto
ocurre así. Como se ha señalado también, son unas armas cuyo
coste actualmente es relativamente bajo.
Hemos visto cómo recientemente la Conferencia de Viena, donde se
reunían los pocos países que son miembros de la Convención para
intentar extender y hacer más riguroso el régimen de control y la
supresión de determinado armamento, de estas minas, ha resultado
un fracaso. Ha habido imposibilidad de ponerse de acuerdo por los
intereses de los países miembros, en particular, como se ha
señalado, por algunos países que han querido ver en este intento
de endurecer las medidas de la Convención un intento de intrusión
en su soberanía. Esa sería quizá la primera reflexión.
Escasamente dentro de un mes, tenemos la reanudación de esta
Conferencia. Ahí el objetivo tendría que ser, en primer lugar,
aumentar el número de miembros, de países signatarios de la
Convención, y ése es uno de los elementos que destacamos en el
texto que hemos aprobado, que hemos elaborado conjuntamente los
tres grupos firmantes. Pero el segundo objetivo tendría que ser
que junto a ese aumento de miembros de la Convención, se
incrementasen también las medidas y el rigor de las mismas para
controlar, para ir eliminando progresivamente el diseño, la
producción y, por supuesto, el tráfico de estos artilugios.
También hay que introducir medidas como la obligatoriedad de
señalización de los campos de minas existentes y mecanismos de
verificación, algo que parece molestar a alguno de los países
signatarios. Al mismo tiempo, también hace falta un esfuerzo
solidario para asistir a los países donde se encuentran
desplegadas las minas, para que puedan adquirir los medios y la
tecnología para su eliminación. Por tanto, hace falta dotar con
mayores recursos el fondo fiduciario de Naciones Unidas para la
desactivación y eliminación de minas y, al mismo tiempo, ayudar a
estos países en cuestiones como la asistencia sanitaria a las
víctimas de estos aparatos.
España ha venido actuando en una posición de vanguardia. Desde
1994 el Gobierno introdujo una moratoria a la exportación de todo
tipo de minas, que va más allá de las medidas adoptadas en el
marco de una acción común de la Unión Europea, que se limita a
determinadas categorías de minas. Parece lógico que las medidas
adoptadas por la Unión Europea se extiendan, y no solamente en
cuanto a las características de las minas, sino también en cuanto
a los intentos de incorporar a terceros países, con los que la
Unión Europea tiene unas relaciones especiales, a esta Convención
tan importante. Pero también parece lógico que se incrementen los
recursos que se destinan. España participa a través de los
3.000.000 de ecus con que contribuye la Unión Europea y ha
contribuido también el año pasado con 175.000 millones de dólares
al fondo fiduciario. Los grupos firmantes pedimos que se
incremente sustancialmente esta aportación.
Señorías, yo querría acabar diciendo algo en nombre del Grupo
Socialista. No podemos estar tan sólo a las expensas de cuál
pueda ser el resultado de la Conferencia de Viena, no podemos
conformarnos con unos resultados de mínimos en esta Conferencia a
la que solamente un tercio escaso de los miembros de Naciones
Unidas se han querido adherir. Si los resultados de la
Conferencia de Viena no son satisfactorios, si no permiten
convertir la convención en un instrumento adecuado para la
eliminación de las minas antipersonales, el Grupo Socialista es
partidario de que se vaya a acuerdos entre aquellos países que
están en una más clara posición de defensa de la introducción de
medidas de control, de garantías y de verificación y que se
vinculen además las relaciones con terceros países con los
regímenes de exportación de estos aparatos, de sus componentes o
de sus tecnologías. Pensamos que este código de conducta, más
allá del convenio que se verá en la Conferencia de Viena, podría
ser una medida necesaria de aquellos países que, al igual que
España, han venido demostrando un mayor grado de responsabilidad.
Por lo tanto, pedimos al conjunto de los grupos de la Cámara que
se unan al acuerdo que hemos firmado los Grupos Popular,
Izquierda Unida y Socialista del Congreso.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Estrella.
Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) El
señor Mardones tiene la palabra por el Grupo de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Empiezo por la últimas palabra que ha pronunciado el Diputado
señor Estrella, en nombre del Grupo Socialista.
Coalición Canaria no es que fije su posición aquí dando un voto
de apoyo, sino que se suma a este acuerdo consensuado. Coalición
Canaria también quiere estar en espíritu y en forma parlamentaria
subsumida en esta proposición no de ley con la iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular y con las enmiendas presentadas en
su momento por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista
máxime cuando se nos han dicho esas cifras tan preocupantes, que
conocíamos, de la frustrada reunión de los meses pasados en la
Conferencia de Viena y que no habrá intereses económicos
verdaderamente ocultos en seguir manteniendo un mercado de la
muerte en su forma más perversa, en aquella que produce las
secuelas de una guerra y, como se ha señalado aquí, no solamente
con muertos sino fundamentalmente con la invalidez permanente de
los que quedan privados de sus miembros de locomoción.
Por todo ello, nosotros pedimos también al Gobierno español que a
través de esta Cámara reciba un mensaje de refuerzo moral porque
Coalición Canaria, como todos los grupos que suscribimos esta
iniciativa, hemos estado en la vanguardia de la defensa de los
derechos humanos, señor Presidente, fundamentalmente porque hay
que acabar también con la hipocresía y el cinismo, que ya vimos
cómo se desarrolló en las cotas más altas, en la Conferencia de
septiembre y de octubre en Viena.
Porque hay que empezar a denunciar a los países que siguen
practicando este tráfico y este comercio. No basta con que los
que renunciemos a la fabricación y exportación de estas minas
antipersonales nos quedemos es una especie de satisfacción
interna. Hay que ejercer la fuerza, como hicimos tantas veces en
los foros internacionales cuando citamos con nombres y apellidos
a las naciones y gobiernos que practicaron el racismo, y el
«apartheid», cuando se las señaló y se las maldijo, comenzando
por Naciones Unidas. Y si como está demostrado hoy, hay un tercio
sólo de países miembros de Naciones Unidas --señalando, como ha
hecho el señor Estrella, esos dos tercios que no suscriben estos
acuerdos-- que quieren alcanzar un compromiso, que se diga y se
señale para vergüenza pública internacional, porque, desde luego,
cuando hay esta voluntad de acabar con este tráfico de las armas
dañinas de las minas antipersonales, estamos obligados también
ética, moral, política y democráticamente, a través de nuestros
representantes gubernamentales en los foros internacionales y de
todas aquellas organizaciones no gubernamentales --porque hay que
citar aquí, señor Presidente, señorías, la tremenda labor que
están haciendo tantas organizaciones no gubernamentales,
fundamentalmente del ámbito de los médicos, de los pacifistas, de
los que defienden los derechos humanos de todos los pueblos--, a
denunciar este gravísimo problema de las minas antipersonales.
Para ellos nuestro reconocimiento y también para que el Gobierno
español se sienta respaldado y reforzado, política y
democráticamente, para llevar la denuncia a todos los foros
internacionales. Vuelvo a repetir, que nos sumamos plenamente y
con orgullo a la iniciativa que apoyamos con nuestro voto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Interesante y urgente es la proposición
no de ley en este trámite y con un texto único sobre la
prohibición de minas terrestres antipersonales. Interesante por
su trascendencia y eco en todos los organismos internacionales, y
urgente porque los efectos devastadores y la gran cantidad
existente en fabricación comporta la necesidad de la toma de
decisiones sin ninguna demora.
Entre muchas otras cosas y como una muestra, se han barajado
cifras millonarias de minas antipersonales que se fabrican en
cerca de cien empresas, ubicadas en 50 países, entre los que se
incluye España. Es obvio que este tipo de material militar es
doblemente peligroso, no sólo por la facilidad de dispersión y
dificultad de detección, sino porque sus efectos perduran años y
años después de las luchas.
Tal como se ha dicho con anterioridad, la ONU en 1993 dictó una
resolución en la que se hacía un llamamiento a los estados
miembros para que establecieran moratorias a la exportación de
estas armas. También el Parlamento Europeo en 1994 solicitó una
moratoria de cinco años. En esta línea de referencias, hay
algunas más como, por ejemplo, la Comisión de Defensa de
Seguridad de la Asamblea del Atlántico Norte, a raíz de una
iniciativa del portavoz, en este caso socialista, en una
propuesta de resolución que se aprobó en el pleno, venía a decir
que convencidos de que más de cien millones de minas repartidas
en 65 países son un grave riesgo, sabiendo que en numerosos
países este tipo de arma mata o hiere a centenares de personas
cada semana. Conscientes de que en 1993 unos 80.000 ingenios
explosivos han sido eliminados, pero ¡atención! cerca de dos
millones y medio han sido depositado o instalados. Convencidos de
que la resolución de un problema humanitario de esta envergadura
y urgencia pasa por la instauración de un régimen internacional
de vigilancia, en esta propuesta de resolución se hacía un
llamamiento a los distintos gobiernos para que se refuercen los
protocolos de prohibición, se impongan moratorias, se
intensifique la ayuda financiera a los países donde es más
urgente la necesidad de proceder a las desactivaciones y a lanzar
una iniciativa para la elaboración de un programa de constitución
de un fondo internacional destinado a promover y financiar
campañas de sensibilización de los peligros de las minas
terrestres, así como la destrucción de los stock. Añadamos más
referencias. Las mismas ONG hacen un claro y estremecedor
llamamiento cuando nos indican, por ejemplo, que las minas
producen más víctimas en los años siguientes al conflicto bélico
que durante el mismo; que se estiman en unas 50.000 el número de
minas terrestres que se producen semanalmente en el mundo y --una
nueva estadística-- cuando
cuantifican y valoran un cuadro del número de mutilados por minas
en determinados países, que en algunos casos llegan a uno de cada
236 habitantes.
Siguiendo en esta línea de referencia, no tengo por qué pasar por
alto el texto inicial de la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que hablaba de la
prohibición de todo tipo de producción, uso, almacenamiento y
tráfico de minas, de la creación de un mecanismo de verificación
por un registro internacional y de la moratoria del destino de
los fondos previstos para la protección y tráfico, a financiar en
programas de retirada.
En el fondo, señoras y señores Diputados, todas estas referencias
no hacían otra cosa que reforzar inicialmente la proposición
presentada, cuyos tres puntos proponían: moratoria indefinida de
la prohibición de fabricación, exportación y almacenamiento de
minas terrestres antipersonales no destructivas y destinar una
partida a programas de desminación que desarrolle la ONU.
Tampoco voy a pasar por alto la última iniciativa presentada
recientemente por el Grupo Socialista, en la que resaltaría un
punto que veo que se incluye también en el texto final, que es el
que hacía referencia a la falta de acuerdo en la reunión de
Viena. Yo me adhiero a la misma consideración de que es
lamentable que no se haya producido este acuerdo.
Ahora debatimos --nuestro Grupo se alegra de que sea así-- un
texto único, consensuado, que engloba las tres iniciativas. Por
tanto, anticipo nuestro apoyo total y absoluto a este consenso.
Si lo hacíamos respecto a cada uno de los textos presentados de
una forma individual, más lo vamos a hacer en este texto
consensuado. Texto consensuado que, en definitiva, nos viene a
decir que hay que impulsar acciones de moratoria indefinida, de
ampliación de las limitaciones a los conflictos internos, de
promover la incorporación de nuevos países y del incremento de la
financiación. Repito, pues, nuestro voto favorable a este texto
único consensuado.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Tal como han expresado en sus intervenciones los portavoces del
Grupo Popular, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y del Grupo Socialista, la Presidencia entiende
retiradas las iniciativas de cada uno de esos grupos y, en
consecuencia, lo que se va a someter a votación es la enmienda
transaccional presentada por los mismos grupos parlamentarios.
Pasamos a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda transaccional presentada a la
proposición no de ley sobre minas antipersonales por los Grupos
Popular, Izquierda Unida y Socialista, que se somete a votación
en los términos resultantes del texto acordado por los citados
grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos
285; a favor, 284; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE CONOCIMIENTO QUE TIENE EL GOBIERNO DE LOS
DENOMINADOS «SKINS» Y OTROS GRUPOS SIMILARES DE ULTRADERECHA, DE
SU SITUACION ORGANIZATIVA, ASI COMO MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
PARA ERRADICAR ESTE FENOMENO (Número de expediente 173/000104)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
subsiguiente a interpelación, sobre conocimiento que tiene el
Gobierno de los denominados «skins» y otros grupos similares de
ultraderecha, de su situación organizativa, así como medidas que
piensa adoptar para erradicar este fenómeno.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en el Pleno anterior Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya defendió una interpelación con
respecto a los «skin heads» y otros grupos de matriz nazi-
fascista. Afortunadamente, --tengo el honor de anunciarlo--, una
gran mayoría de los grupos de esta Cámara, en función de la
moción consecuencia de interpelación, ha llegado a un texto
conjunto que da réplica a esta situación en la dirección de
abordar soluciones y de dar una imagen de unidad absolutamente
necesaria en estos tiempos en los que el terrorismo de todo signo
puede sembrar pánico en el seno de nuestra democracia. Tanto el
Partido Socialista como el Partido Popular y Convergència i Unió
junto a Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, hemos llegado
a este acuerdo conjunto que, posteriormente, leeré. Antes me van
a permitir unas brevísimas consideraciones.
Nosotros anunciamos en esta Cámara, en el Pleno anterior, que un
día sí y otro no se producían en toda España agresiones de los
«skin heads» o bandas, repito, radicadas en esta matriz
ultraderechista, de raíz nazi-fascista. El señor Ministro que
contestaba a la interpelación,
el señor Rubalcaba, admitió que en el último año estas agresiones
habían aumentado un 20 por ciento. Nosotros hicimos la
consideración, que pareció aceptarse, de que no es lo mismo tribu
urbana que «skin head» y que a partir de ahora había que realizar
una especificación de las consecuencias y de los signos
ideológicos de cualquier otro tipo que hay en la raíz de
fenómenos que son distintos.
Por una parte, puede haber reyertas de tribus urbanas procedentes
o de la rebeldía juvenil o de consecuencias sociales y económicas
que tienen causa en la situación económica gravísima que estamos
viviendo. Pero, de otra parte, aparecen grupos ideológicamente
organizados, con estrategias cada vez más sistemáticas y con
objetivos cada vez menos aleatorios, consiguiendo presas, incluso
crímenes, que apuntan a la necesidad de hacer frente a una
situación que, a nuestro juicio, no es de emergencia pero empieza
a ser seriamente preocupante, porque tienen financiación,
organizan revistas que financian de manera sistemática e incluso,
como se ha demostrado, están organizados internacionalmente.
Como consecuencia de todo ello, nuestro Grupo resalta la gran
sensibilidad que ha obtenido en el resto de los grupos que habían
presentado enmiendas, que han podido ser refundidas en un texto
común, en un texto que desde el principio remite a una política
de unidad con respecto a estas prácticas antidemocráticas y que
deja ver que sí es una preocupación ante la que ya hay que actuar
y que no se puede seguir argumentando que son pocos, que no
tienen importancia o que no tienen consecuencias de índole penal
o social.
Por tanto, señor Presidente, paso a leer la moción unitaria
suscrita por los portavoces del Partido Socialista, Partido
Popular, Convergència i Unió e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Punto primero. El Congreso de los Diputados reitera su más
enérgica repulsa y condena de la violencia terrorista y apela al
conjunto de las fuerzas políticas democráticas para que refuercen
su unidad y coordinación con el ánimo de erradicar de la sociedad
española cualquier forma o manifestación de violencia.
Dos. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender
cuantas acciones resulten convenientes en cooperación con todas
las administraciones, y respetando las atribuciones de las
comunidades autónomas y entidades locales, a fin de impedir
taxativamente que los grupos de «skin heads», de ideología
neonazi y fascista y otros grupos violentos continúen
protagonizando inaceptables actuaciones contra la libertad y la
integridad de las personas y contra los valores de la pluralidad,
la solidaridad, los derechos humanos, el respeto a la dignidad
individual, la tolerancia y la convivencia, fundamentos del
Estado social y democrático de derecho, afirmados en la
Constitución española.
Tres. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar
la actividad de las unidades y grupos específicos ya constituidos
en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
prestando especial atención en orden a investigar la
organización, financiación e implantación de aquellos grupos que
utilizan la terminología, emblemas y símbolos de la ideología
nacional-socialista y fascista. Todo ello, con el objetivo de
coordinar las acciones policiales tendentes a la persecución de
los delitos tipificados en la legislación vigente.
Cuatro. El Congreso de los Diputados solicita del Gobierno su
comparecencia periódica ante la Comisión de Justicia e Interior
de esta Cámara, con el fin de conocer los criterios y las
actuaciones del Ejecutivo, en relación con los grupos referidos
en la presente moción.
Cinco. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el
seno de la Unión Europea se impulse con carácter urgente el
máximo grado cooperación internacional en orden a la prevención,
acerca de la extensión de este tipo de grupos y a la
desarticulación de sus redes operativas de financiación y apoyo.
Sexto. El Congreso de los Diputados insta a los poderes públicos,
a todas las instituciones y al conjunto de la sociedad, a
programar campañas específicas de carácter preventivo, con la
finalidad de dar a conocer ante los sectores de población que más
directamente puedan verse afectados por la incidencia de estos
grupos violentos el peligro que los mismos pueden comportar para
la convivencia social y los riesgos que su ideología representa
para el mantenimiento de los valores democráticos.
Siete. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con
carácter inmediato se adopten las medidas pertinentes para
erradicar la infiltración de estos grupos en los ambientes y
manifestaciones deportivas.
Madrid, 12 de diciembre de 1995.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
A la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
habían presentado inicialmente enmiendas los Grupos Socialista,
Popular y Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, y para fijar la posición de estos grupos, tiene
la palabra, en primer lugar, por el Grupo Socialista, el señor
Curiel.
El señor CURIEL ALONSO: Señor Presidente, señorías, el señor
Alcaraz ha explicado ya exactamente cuál ha sido el trabajo, la
colaboración de cuatro grupos parlamentarios, tanto él como
proponente de la moción, como los enmendantes, en orden a llegar
a un consenso sobre una resolución que, efectivamente, nos parece
importante por motivos bastante significativos y que, sin duda,
están en la mente de todas sus señorías.
En primer lugar --creo que se ha dicho ya, pero quisiera
repetirlo--, se trata, pensamos los grupos que proponemos esta
moción conjunta, de que la sociedad
española tenga una señal inequívoca del Congreso de los Diputados
en el sentido de que estamos decididos, con medios políticos y
sociales, a través de medidas gubernamentales y legislativas de
esta propia Cámara, a impedir y anular la actuación y la
violencia desatada por estos grupos de la extrema derecha que no
han dudado en cometer acciones verdaderamente brutales, que hacía
tiempo que no se daban en nuestro país. Hace pocas semanas,
ustedes recordarán que un joven, David Martín, moría, en Arganda
del Rey, brutalmente golpeado por uno de estos grupos. Las
diligencias están en el juzgado correspondiente y, por
consiguiente, a ellas nos remitimos.
Insisto en que quede clara esta señal inequívoca. Por eso,
pediría a los grupos parlamentarios que no presentaron enmiendas
y que, en principio, no han participado en la redacción formal de
la moción, que se sumen a ella, porque sería nuestra voluntad
política, la de toda la Cámara, que esta resolución fuera
aprobada por unanimidad, a ser posible.
Desde el punto de vista del Grupo Socialista, no es suficiente
una condena genérica simplemente. Para combatir estas acciones
violentas, estás situaciones límite que se presentan en algunos
momentos, necesitamos hacer un principio de diagnóstico de cuál
es la explicación social, y diría también cultural, que está
detrás de estos fenómenos, que no solamente se desarrollan en
España --yo diría que, afortunadamente, menos en España que en
otros países europeos--; necesitamos saber por qué se están
desarrollando; qué fenómeno sociocultural encubre esta nueva
realidad de las llamadas tribus urbanas, a las que a continuación
me referiré.
Pensamos, señorías, desde el Grupo Socialista, que este fenómeno
es más grave y más profundo que aquél que se conoce genéricamente
como tribus urbanas. Tenemos que diferenciar entre el malestar de
sectores juveniles --por problemas de desempleo, por falta de
expectativas profesionales, por mala adecuación de las
condiciones educativas-- y el estricto fenómeno de una extrema
derecha organizada, financiada, coordinada y claramente decidida
a actuar en la sociedad española de una manera violenta. Son
circunstancias distintas y a las dos nos queremos referir, pero
la moción va esencialmente dirigida a la preocupación por esta
organización y estructuración de la extrema derecha.
¿Cuáles podrían ser las causas, señorías? Brevemente. Sin duda,
se están produciendo --probablemente podría servir como
aproximación--, en los últimos años, cambios espectaculares en
los países del centro y del este de Europa. Se podría decir que
desde la caída del muro de Berlín ha renacido una extrema derecha
prácticamente en todo el continente, impulsada por fenómenos
racistas y xenófobos que resurgen como hacía tiempo que no
conocíamos.
Este fenómeno comienza a ser preocupante en toda Europa. Estos
grupos, que actúan en países que ustedes conocen muy bien,
reaccionan contra la llegada de inmigrantes, de refugiados,
manifiestan su intolerancia a través de la violencia y satanizan
culturalmente a estos sectores sociales y culturales inmigrantes
que llegan a los países europeos para trabajar y para vivir.
Afortunadamente, decía antes, el caso español no tiene la entidad
de otros países europeos. Pero eso no quiere decir que no debamos
reaccionar con prontitud, con claridad y energía para impedir que
en España pueda desarrollarse este caldo de cultivo en el que
estos grupos perciben su sustento ideológico y cultural.
España comienza a ser, lo saben ustedes, un país de inmigración,
cada vez más, y lo será más en las próximas décadas. Por
consiguiente, este problema, que está ya muy presente en otros
países europeos, sin duda comienza a aparecer también en la
sociedad española. Nosotros no queremos, desde nuestra
responsabilidad, desde la responsabilidad de esta Cámara, que se
avance en esa idea a la que antes me refería de satanización de
todo lo que es extraño, de todo lo que es ajeno o de todo aquello
que tiene un color diferente al normalizado de los que vivimos en
España y que de ahí se promuevan actuaciones racistas claramente
intolerables.
Señorías, dicho esto, no voy a hacer referencia al texto de la
moción, puesto que el señor Alcaraz la ha presentado con toda
claridad, pero sí quiero decir que tenemos que actuar en el
ámbito social, educativo y policial. Estamos preocupados --por
eso impulsamos hace meses la creación de una comisión de estudio
sobre los problemas de la inserción laboral de los jóvenes y del
acceso a la vivienda-- por esa marginación que puede producir el
desempleo juvenil, la dificultad de acceso a la vivienda y la
sensación de frustración en estas jóvenes generaciones. Creemos
que hay que promover una adaptación cultural en el ámbito
educativo de estas nuevas generaciones y adaptar su mundo de
valores a los cambios que se están operando en este final del
siglo XX.
El Ministerio de Educación está actuando de una manera clara y
rotunda en este sentido y ha dado prioridad en la reforma
educativa al impulso de valores como la solidaridad, la
tolerancia, el respeto a la diversidad, la capacidad de diálogo y
la participación social, es decir, valores progresistas de
integración y de cohesión social. Luchar en este sentido y desde
esta perspectiva contra el fracaso escolar y contra la percepción
de grupos juveniles que carecen de medios para alcanzar metas
deseadas de integración constituye una prioridad del Grupo
Socialista y lo seguirá siendo cada vez que abordemos este
problema.
Termino diciendo que no podemos olvidar la acción estrictamente
policial. Señorías, en esta moción se hace referencia al impulso
que solicitamos del Gobierno hacia los grupos especiales,
llamados grupos de tribus urbanas, que están organizados tanto en
la Brigada de Información, desde el ámbito central, como en las
brigadas de información, en las respectivas provincias. Queremos
que esos grupos, que fueron creados en diciembre
de 1993 --por consiguiente, tienen una vida corta, pero muy
operativa e importante--, sean impulsados desde el Gobierno y
puedan prestar toda su colaboración a las autoridades judiciales
en el supuesto de la comisión de delitos.
Les voy a dar algunos datos para que conozcan cuál es la
situación de nuestro país en este momento. En diciembre de 1993,
se creó el grupo de tribus urbanas de la Brigada de Información;
de enero a diciembre de 1994 se han contabilizado 252 agresiones,
de las cuales 157 son atribuibles a las llamadas tribus urbanas,
en este tiempo fueron detenidos 62 «skin heads», 47 «punkies» y
47 miembros de otras tribus. En el año 1995, de enero a mayo, ha
habido 123 agresiones, 98 atribuibles a tribus urbanas, han sido
detenidos 33 «skin heads», 24 «punkies» y 16 miembros de otras
tribus. Naturalmente, señorías, desde nuestro punto de vista la
acción policial no es la más importante, es el resorte definitivo
que tiene el Estado de Derecho para corregir conductas desviadas
que vulneran el Estado de Derecho y la normativa que nos hemos
dado en esta Cámara. Básicamente nuestra preocupación es atender
los aspectos sociales, educativos, de promoción social y de
promoción cultural, de valores de integración y de valores de
cohesión social y solidaridad.
Nada más.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Curiel.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Sin lugar a duda, el Grupo Parlamentario Popular siente en este
acto una especial satisfacción por el hecho de haber podido hoy,
en circunstancias dramáticamente próximas que a ninguno nos
resultan ajenas, reforzar nuevamente, con hechos parlamentarios y
políticos concretos, ese principio de solidaridad y de unidad
que, frente a cualquier acción de naturaleza violenta o
terrorista, frente a formulaciones políticas totalitarias, debe
presidir la acción en común de todos los grupos políticos
representados en esta Cámara y del conjunto de la sociedad
española. Creo que es motivo de felicitación el hecho de que los
diversos grupos parlamentarios, en principio participantes de
manera activa en este debate, hayamos sido capaces de reforzar
ese principio de unidad y de lograr trascender posiciones
particulares a la hora de elaborar el texto, precisamente para
poder señalar ese principio de acción en común.
Además, esta moción, que es el resultado del acuerdo de cuatro
grupos parlamentarios y que quiero pensar que será el resultado
de una posición unánime de la Cámara, avanza en algo que hoy se
constituye frente a este tipo de fenómenos en una exigencia
esencial, avanza de una manera decidida en la necesidad de
trascender de las políticas puramente declarativas para abordar
compromisos concretos y, sobre todo, el esbozo de líneas de
actuación específicas.
Creo que esta moción incardina en su principio fundamental de
inspiración dos realidades que, sin lugar a duda, hoy siente más
que nunca el conjunto de la sociedad española. Por una parte, una
llamada específica, rotunda y concreta de rechazo y de repulsa
frente a la violencia terrorista y frente a la salvaje inutilidad
de ese tipo de métodos, desde la afirmación del convencimiento
por parte de todas las fuerzas democráticas de que esa barbarie
asesina no nos moverá un sólo ápice, el más pequeño ápice, de la
postura afirmada por el conjunto de la sociedad española en el
momento de vertebrar el Estado social y democrático de Derecho
constituido a través de nuestra Constitución. Y por otra parte,
esta moción también afirma en su fundamentación inicial una
posición clara de los grupos políticos de esta Cámara respecto al
profundo rechazo que merecen determinados grupos e ideologías de
naturaleza fascista y neonazi que, precisamente a través de la
violencia, de la barbarie y de la afirmación de un sistema de
contravalores carente de cualquier tipo de justificación ética,
política o intelectual, pretenden romper con ese proceso de
convivencia nacional afirmado en los valores de la solidaridad,
de la tolerancia, del respeto mutuo, de la exaltación permanente,
de la dignidad individual y del conjunto de presupuestos y
compromisos que configuran la exacta dimensión, no solamente
teórica o discursiva, sino práctica, de lo que es la realidad y
la cultura de los derechos humanos.
A partir de esta doble gran línea de afirmación se ha conseguido
definir lo que los grupos políticos participantes en la redacción
de la moción entendemos que debe ser el esbozo de una acción en
común, de todas las administraciones, respetando el papel y las
competencias propias de cada una de ellas --la del Estado, las
autonómicas y las locales--, pero en la realización de un
esfuerzo en común, precisamente para poner coto y freno de una
manera eficaz y dar respuestas singulares y prácticas al avance
de este tipo de grupos, sean de naturaleza neonazi o fascistas o
sean de cualquier signo violento, ya que con esa violencia
pretenden precisamente alterar la normalidad de la paz social y
del orden democrático, que es el orden de equilibrio entre los
factores de la libertad y de la seguridad.
El llamamiento que esta moción hace a la intensificación de los
esfuerzos, de los medios y de las capacidades operativas de los
grupos policiales ya constituidos, el llamamiento que esta moción
hace a la necesidad de actuar en el marco de la Unión Europea,
políticas de cooperación policial internacional que precisamente
puedan ir a la raíz misma del problema, a la determinación de los
núcleos y de las redes operativas de apoyo y de financiación que
permiten la acción de estos grupos, la determinación que esta
moción hace del papel que no sólo el conjunto de las
instituciones tiene que hacer en el ámbito policial, sino también
en el ámbito preventivo cultural educativo, el llamamiento
que esta moción hace a la movilización del conjunto de la
sociedad, precisamente para que la sociedad se ponga al frente de
sí misma en orden a evitar que nadie, por el ejercicio de la
fuerza y de la violencia, desde la sinrazón de la carencia de
ideas pueda privarle de ese bien precioso y preciado que
constituye la libertad, la democracia, y la capacidad de convivir
en la pluralidad y en el respeto a los demás en su consideración
de seres humanos y de ciudadanos, en definitiva, el conjunto de
planteamientos de esta moción parece, sin lugar a dudas, que es
un punto de inicio y de culminación de lo que han sido los
trabajos de esta Cámara a lo largo de la legislatura en relación
con el asunto que nos ocupa, así como un esbozo de lo que tiene
que ser la continuación de esos trabajos en el futuro.
El Grupo Parlamentario Popular siente, por tanto, cubierta y bien
cubierta su responsabilidad en este acto. Hemos sido claros,
contundentes y rotundos en la condena de este tipo de
manifestaciones. Somos adversarios claros de cualquier acción que
por la violencia pretenda subvertir el orden social. Quienes
utilizan esos métodos, quienes puedan sentirse tentados a
utilizar esos métodos en el futuro deben saber, saben ya con
claridad, que no encontrarán en nosotros género alguno de
debilidad o de complicidad, por más que sean los exabruptos, por
más que sean las amenazas, por más que sean los intentos de
nublar la claridad de la acción política de mi Grupo en este
orden de cosas.
Asimismo, mi Grupo Parlamentario siente cumplida su
responsabilidad en relación con lo que han sido acciones
específicas a lo largo de esta legislatura. Los trabajos
desarrollados por mi compañero, señor Robles Fraga, en orden a la
propuesta de tipificación del delito de apología del genocidio,
los trabajos continuos de control que hemos desarrollado en el
seno de la Comisión de Justicia e Interior en orden al
seguimiento, a la prevención y a la represión de la acción de
estos grupos fascistas y neonazis, hacen que sintamos cumplida
nuestra responsabilidad, desde la insatisfacción de ver que el
actual estado de cosas en nuestras calles es preocupante,
precisamente por el crecimiento de este oscuro, lamentable,
dramático y negro fenómeno, pero también desde el compromiso de
poner en el futuro todo el esfuerzo preciso y necesario,
contando, sin lugar a dudas, con el consenso y con la
colaboración de todos los grupos de la Cámara para que este
fenómeno quede reducido a lo que solamente debe ser, un fenómeno
inicialmente marginal para convertirse al fin en un fenómeno
erradicado.
En el presente y en el futuro de España no hay sitio para los
violentos y tengan por seguro SS. SS. que el Grupo Parlamentario
Popular, llegado el caso, sabrá, con políticas concretas, basadas
en la aplicación del orden jurídico, de la justicia y en el
mantenimiento del equilibrio del binomio libertad-seguridad,
hacer reales estas palabras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RAFOLS: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el tema de la moción que nos ocupa no sólo tiene un
interés intrínseco, sino que es además un tema de candente
actualidad en los medios de comunicación, así como también una
creciente preocupación ciudadana.
Barcelona, por ejemplo, mi circunscripción, se ha convertido en
un centro editorial de publicaciones de carácter antisemita y
racista, con destino muchas veces internacional, mientras que,
como todas las grandes ciudades, sufre también por las
actividades de los grupúsculos parafascistas ultraviolentos, a
veces de muy complicada identificación y de muy complicado
seguimiento.
Así lo ha hecho saber nuestro Grupo en otras ocasiones en esta
misma Cámara, por boca de nuestro Diputado Lluis Recoder. Por
tanto, manifestamos nuestro acuerdo con la intención que expresa
la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, así como
también con el espíritu que manifiestan las enmiendas del Grupo
Socialista y del Grupo Popular. Lo estábamos, inicialmente, algo
menos, con la redacción que nos ofrecían, y esto era así
simplemente por su carácter sectorial, centrado quizás
excesivamente en el carácter violento de estos grupos. La
violencia es el producto final quizás más llamativo que
caracteriza ese fenómeno, pero no es la causa primera y no es, si
me apuran, ni tan sólo el elemento más peligroso.
En primer lugar, creíamos necesaria una declaración explícita de
condena por parte del Congreso de los Diputados a estos grupos,
que la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
entrada, no contemplaba, sino que ya entraba directamente a
hablar de medidas concretas. Creemos que ésta es una inmejorable
ocasión para este posicionamiento genérico del Congreso, que, por
lo demás, no debe ser sustitutorio, sino complementario de las
medidas concretas que se proponen. En la moción original también
se olvidaba que, de las dos competencias que de alguna manera se
implicaba en la moción, competencias de educación y competencias
de seguridad ciudadana, varias comunidades autónomas tienen
asumidas funciones que deben ser respetadas. En segundo lugar, la
constitución de una Ponencia que proponía la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, útil en teoría, era de dudosa
eficacia práctica a estas alturas de legislatura, dada la
anunciada convocatoria de elecciones.
En cambio, estábamos de acuerdo en gran medida en cuanto al
segundo punto, referente a la creación de unidades especiales en
el seno de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre
dentro del respeto competencial anteriormente mencionado.
Encontrábamos claramente insuficiente el contenido del tercer
punto, dado que se limitaba a proponer una compaña que podríamos
llamar simplemente en negativo, restringida, además, a los
centros de enseñanza media.
Creemos nosotros que el tema de los grupos neofascistas es un
problema de carácter complejo, de naturaleza podríamos llamar
horizontal. Implica temas de educación, pero no simplemente en
negativo, contra algo, definirse contra algo, sino también de
educación en positivo, de educación en la democracia, de recuerdo
vivo de nuestro pasado y el de Europa y, en concreto, de nuestra
historia más reciente. También requiere un adecuado trato en los
medios de comunicación.
Finalmente, este tema implica, desgraciada e inevitablemente,
elementos de seguridad; seguridad en su doble vertiente,
seguridad ciudadana, o sea, investigación, y de simple
preservación del orden público, aprovechando las posibilidades
que el nuevo Código Penal nos ofrece con la tipificación del
delito de apología del genocidio. En este sentido, proponíamos
una nueva redacción que dejaba abiertas también todas estas
posibilidades que he enunciado.
Estas consideraciones, no obstante, ya, parcialmente, iban
recogidas en las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo
Popular, encontrando una actitud muy abierta en lo que hace
referencia al resto de nuestras propuestas, hecho que no ha de
parecer sorprendente, dado que los cuatro textos, el de la moción
y el de las tres enmiendas, eran de un sentido similar. Por todo
ello, se ha llegado a un texto consensuado al que nuestro Grupo
dará su apoyo, de lo cual nos congratulamos.
Creemos sinceramente que el contenido final del texto enriquece
el contenido de la moción, respetando en cambio la totalidad de
su espíritu original. En ese sentido, nuestro Grupo le dará apoyo
y pedimos su aprobación.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, hoy es un
día en el que hemos dado un paso más en esto que nos une a la
mayoría, a esa mayoría silenciosa de ciudadanos, que no es otra
cosa que la paz, la convivencia pacífica y la solidaridad, desde
el respeto y los valores esenciales, a los derechos humanos.
Hace unos momentos hemos aprobado por unanimidad de todos los
grupos una declaración institucional, con una taxativa repulsa y
condena a la violencia terrorista, que ayer volvió a sacudir a
todos los demócratas. Ayer, todos nos sentimos agredidos en lo
más íntimo de nuestras entrañas por el nuevo ataque de la
barbarie y el terrorismo, que tenemos que esforzarnos un poco más
en erradicar de la sociedad española.
Ahora, en este segundo punto del orden del día de hoy sobre esta
materia, que estimo tan importante como el anterior y en el que
también se requiere la unanimidad, intervengo para que no haya
ninguna duda sobre esa unanimidad que hay y debe haber en estas
cuestiones. Ha habido unos grupos impulsores, otros que han
firmado el texto conjunto que hoy vamos a debatir, pero, desde
los grupos que no han participado en este debate, como el Grupo
Vasco, hasta el Grupo Mixto, al que represento en estos momentos
por Unión Valenciana, no tenemos que dejar ninguna duda de cara
al exterior de que en este importante tema para el futuro de
nuestro país debe haber una gran unanimidad, porque nuestra
unión, nuestra coherencia, nos da fuerza frente a esa minoría
activa que atemoriza a la mayoría silenciosa.
En el ánimo de todos, en el espíritu de todos, es voluntad de
todos erradicar cualquier forma de violencia de la sociedad
española, venga de donde vega. El llamado bloque democrático, en
el que estamos representados todos los grupos parlamentarios,
todos los partidos políticos de esta Cámara, desde el más
numeroso hasta el más pequeño, que represento yo, todos estamos
convencidos de que todo esfuerzo en esta materia siempre es
pequeño para conseguir ese objetivo final, que es erradicar,
aislar y separar de nuestra sociedad a esos que son una droga
para la sociedad, aquellos que no quieren vivir en sociedad y
aquellos que intentan poner en peligro los valores básicos que
rigen el funcionamiento y el comportamiento de una sociedad
civilizada y democrática.
Tanto el primer punto de la declaración institucional aprobada
esta tarde, como los puntos recogidos en la moción que ahora
vamos a apoyar unánimemente, los vamos a apoyar todos aquellos
Diputados representantes de grupos parlamentarios, pero también
todos aquellos ciudadanos, que creo que son el 99,99 por ciento
de nuestra sociedad, que apoyan los valores básicos de la
pluralidad, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a la dignidad individual, la tolerancia, la convivencia
y, en fin, todos aquellos valores y principios básicos que
inspiran el Estado social y democrático de Derecho consagrado en
nuestra Constitución, que acaba de celebrar su 17.º aniversario.
Tenemos que trazar una línea muy clara entre todos aquellos
ciudadanos, entre esa mayoría silenciosa que digo yo, que separe
a los que estamos por la defensa de esos valores básicos de
aquellos que, desde la violencia y la sinrazón, intentan hacer
acallar la voz de esa mayoría silenciosa.
Esta cuestión ha conllevado cientos de miles de páginas en los
periódicos, sesiones parlamentarias en el Congreso, en el Senado,
en los Parlamentos autonómicos; creo que es una cuestión de
Estado. El terrorismo, en todas sus vertientes, es una cuestión
de Estado y, como cuestión de Estado, el primero de los
principios que deben inspirarlo, desde la unión de todos los
grupos, es que los que defienden la violencia tienen que estar
aislados y erradicados. Sin embargo, junto a este
principio básico de actuación, que es la unidad, el consenso y la
unanimidad, tiene que haber otros dos principios que informen la
acción frente a los terroristas, frente a los violentos y frente
a los antidemócratas en su conjunto, que son la firmeza y la
decisión para defender y preservar la paz, la convivencia y la
democracia.
En este camino está Unión Valenciana, están los representantes
del Grupo Parlamentario Mixto, creo que estamos todos los
representantes de todos los grupos parlamentarios, así como el
99,99 de los ciudadanos del Estado español.
Sirva mi intervención para aportar este granito de arena, porque
pienso que en esta cuestión todos los esfuerzos son positivos y
que no sobra nadie. Pero si en esta sociedad sobra alguien son lo
violentos y los que se dejan guiar por la sinrazón del odio, la
intolerancia, la violencia y el desprecio a los derechos humanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
se somete a votación en los términos resultantes de la
transacción con las enmiendas de los Grupos Socialista, Popular y
Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor 289; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE POLITICA
DE VIVIENDA (Número de expediente 173/000105)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
interpelación sobre política de vivienda. Tiene la palabra el
señor Ortiz. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, el pasado 29
de noviembre, es decir, la última semana de Pleno, debatíamos en
este hemiciclo una interpelación de mi Grupo relativa a política
de vivienda. En esta interpelación se pusieron en evidencia un
conjunto de cosas que sirven de punto de partida para esta moción
subsiguiente a aquella interpelación.
En primer lugar, se puso en evidencia que la política de vivienda
de los gobiernos socialistas, pese a los éxitos parciales del
Plan de vivienda 1992-1995, no ha logrado frenar, ni siquiera
paliar más que en medida muy limitada, un fenómeno de alcance
político y social fundamental, que es la inaccesibilidad de la
vivienda a segmentos muy importantes de nuestra sociedad,
singularmente a la juventud. En segundo término, que era
necesario un cambio sustancial de la política de vivienda. Tuve
ocasión entonces de exponer, para este cambio verdadero, las
líneas básicas, la síntesis fundamental de la alternativa de
vivienda del Grupo Parlamentario Popular, que naturalmente no voy
a repetir en esta ocasión. Finalmente, se puso en evidencia que
en el último tramo de la ejecución del Plan de vivienda 1992-1995
del Gobierno socialista se ha registrado un fenómeno que el señor
Ministro calificó de morir de éxito y que yo califico de un
desastre, desde el punto de vista de financiación, porque lo
cierto es que, a partir del mes de julio, se agotaron los
recursos financieros --en forma de convenios concertados con las
entidades de crédito por el Ministerio responsable-- y que a
final de octubre había del orden de 60.000 o 70.000
calificaciones pendientes --dadas a otros tantos ciudadanos a los
que, por consiguiente, se les ha reconocido el derecho a ayudas
públicas o a subsidiaciones de interés--, que carecen de
financiación. Por otra parte, en la Conferencia sectorial de
Avila se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas
para la prórroga por cuatro años del Plan de vivienda 1992, pero
con la posibilidad de revisión anual. Este es el punto de
partida.
En definitiva, éste es el propósito de la moción, que obviamente
no pretende reproducir la alternativa de vivienda del Grupo
Parlamentario Popular, sino abordar los problemas inmediatos con
que se enfrenta la política de vivienda y, con ella, el sector de
la construcción.
Decíamos entonces que el sector de la construcción se encuentra
en estos momentos sometido a una situación crítica como
consecuencia del impacto de la Ley de Contratos del Estado, que
ha significado un frenazo en las licitaciones y adjudicaciones
que el sector estima en 700.000 millones de pesetas. Si a esto se
añade que no está diseñado un nuevo plan de vivienda para el
cuatrienio sino una mera prórroga del plan anterior, pero sin
contar con uno de los elementos fundamentales de un plan de
vivienda como son los recursos financieros, es evidente que es
muy importante --y ésta es la motivación de la interpelación y de
la moción-- evitar que se produzca una solución de continuidad en
la política de vivienda que se ha seguido hasta ahora y,
consiguientemente, que se genere un parón importante en un sector
tan trascendental para nuestra economía como es el sector de la
construcción.
Abordar fundamentalmente estos dos problemas, de indefinición de
recursos finacieros para las calificaciones pendientes del año en
curso 1995 y determinar los recursos financieros precisos para el
cuatrienio, pero sobre todo para el año inmediato 1996 --si me
permiten, hasta que haya un gobierno del Partido Popular y los
defina con toda claridad--, son los objetivos fundamentales de
esta moción. Moción que ha merecido un
conjunto de enmiendas, fundamentalmente del Grupo Socialista, y
que ha terminado en una enmienda transaccional que recoge la
totalidad de las mismas y, naturalmente, la básica totalidad del
texto de la moción misma.
La moción --me referiré primero a ella y después a la enmienda
transaccional-- lo que planteaba era, en primer lugar, la
necesidad de determinar los objetivos para el cuatrienio 1996-
1999; objetivos en términos de recursos financieros y de
actuaciones con desglose en los diferentes conceptos de vivienda,
arrendamiento, rehabilitación y suelo.
En segundo lugar, determinar los recursos financieros para estas
calificaciones que han quedado colgadas --si se me permite la
expresión-- del año 1995, y que aunque la cifra sea muy gruesa,
el Partido Popular estima en no menos de 250.000 o 300.000
millones de pesetas para afrontarlas en el curso del año 1995. De
ahí mi invitación, cuando la interpelación, al Ministro de Obras
Públicas a que mañana haga los convenios precisos con las
entidades de crédito.
En tercer lugar, fijar, en colaboración con las comunidades
autónomas, los recursos financieros para atender al menos las
necesidades financieras del primer año del cuatrienio, es decir,
el año 1996.
En cuarto lugar, plantear algo que ha estado ausente --por
descoordinación perfecta entre el Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente y el de Economía, en perfecta
descoordinación, repito-- de las manifestaciones del señor
Ministro y de los acuerdos de Avila, que es el marco fiscal en
que se va a mover la política de vivienda en el cuatrienio
1996-1999. Por tanto, se trata de empezar a estudiar --es el
verbo suave que utilizamos en la moción-- cómo se puede poner la
política fiscal al servicio de la política de vivienda en aquello
que llaman los hacendistas los fines no fiscales del impuesto, es
decir, los fines no meramente recaudatorios del impuesto.
Igualmente, se trata de empezar a elaborar y concienciar a la
sociedad, y desde luego a las administraciones públicas, de la
necesidad de una nueva política de suelo, que tiene que moverse
entre el intervencionismo a ultranza del Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente, y la necesidad de una
liberalización, de una desregulación en la que se mueve no sólo
el Grupo Parlamentario Popular, sino el informe del Tribunal de
Defensa de la Competencia.
También hay que elaborar un plan de urgencia que permita afrontar
el año 1996 la generación de suelo urbanizado, fruto de una
concertación entre las tres administraciones responsables, la
estatal, la autonómica y la municipal, con la debida preferencia
a la VPO, a la vivienda de protección oficial, y ahí está la
enmienda del Grupo Socialista. Por último, finalizar, en el plazo
más breve posible, en colaboración con las comunidades autónomas
siempre, el real decreto que regule las nuevas actuaciones
protegibles, en el bien entendido que en tanto se promulga este
real decreto deberán seguir en vigor --y esto es el sentido de la
palabra prórroga-- los reales decretos actualmente vigentes.
Este es el alcance de nuestra moción, repito, con una motivación
fundamental: evitar una solución de continuidad en la política de
vivienda y un parón en el sector de la construcción que se añada
al generado por la extremosidad, decíamos el último día, de la
Ley de Contratos del Estado.
En relación con esta moción se han presentado una serie de
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que básicamente, no
en su literalidad pero sí en su conjunto, hemos aceptado, y que
dan lugar a una enmienda transaccional que obra en poder de todos
los grupos y a la cual voy a referirme brevísimamente, haciendo
algunas precisiones fundamentalmente en relación con los
planteamientos de algún grupo que ha manifestado en principio su
intención de votarla favorablemente.
Hay que determinar los recursos financieros para el año 1996, por
lo menos, pero evidentemente también, como sugiere el portavoz de
Convergència i Unió, los necesarios para el conjunto del
cuatrienio 1996-1999. Hay que revisar, en colaboración --y ahí
hemos aceptado el texto del Grupo Socialista-- con las
comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias, la legislación de suelo, teniendo en cuenta
simultáneamente las recomendaciones de la comisión de expertos en
urbanismo y, aunque desde otra filosofía política y de suelo
absolutamente opuesta, las del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Hay que elaborar, en colaboración con las
comunidades autónomas, un plan de urgencia en materia de suelo, y
ahí hemos incorporado la enmienda del Grupo Socialista, donde
subraya el destino preferente de este suelo a viviendas de
protección oficial, y hemos incorporado dos puntos nuevos, el
octavo y el noveno, de las enmiendas del Grupo Socialista, donde
se hace referencia a mejorar las líneas de apoyo financiero a las
viviendas de protección oficial y a la financiación de
patrimonios públicos de suelo, por una parte y, por otra, a
extender la financiación cualificada de este tipo de reales
decretos a las técnicas de construcción y experiencias piloto que
comporten un mejor uso de materiales contaminantes y mayor ahorro
energético y de agua.
En definitiva, señorías, de lo que se trata --y esta es la
almendra de la moción, incluso en la versión de la enmienda
transaccional-- es de que cuanto antes se complete un plan de
vivienda porque un plan de vivienda no existe sólo con un real
decreto, sino con una definición de actuaciones, de recursos
financieros, de recursos presupuestarios y de marco fiscal.
Para esta moción, en la versión resultante de la enmienda
transaccional, pido el voto a sus señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ortiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO ORTIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Reconozco que el portavoz del Partido Popular no tiene muy fácil
justificar su moción aquí esta tarde, y en parte por los
argumentos que él ya nos ha dado.
Dice que el pasado 29 de noviembre se efectuó la interpelación al
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sobre la
vivienda, y obvia que los días 22 y 23 se estaba celebrando en
Avila la conferencia entre comunidades autónomas y el Ministerio
para hablar sobre el segundo plan de vivienda que el Gobierno
puso encima de la mesa, que más tarde ha cambiado el nombre y se
ha constituido en un real decreto de prórroga del anterior Plan
de vivienda.
Antes de entrar a defender las enmiendas que el Grupo Socialista
ha presentado a la moción original del Grupo Popular me voy a
permitir algunas apreciaciones respecto a la introducción que el
portavoz de dicho Grupo Popular nos ha hecho desde esta tribuna.
El dice que el plan de vivienda --supongo que se refiere al
primero-- no ha solucionado la inaccesibilidad de la vivienda.
Señorías, el primer plan de vivienda --lo hemos dicho por activa
y por pasiva-- no pretendía solucionar todo el problema de la
vivienda. Tenía un único objetivo que era la creación de 400.000
viviendas, y hay que decir que ese objetivo ha sido cubierto
tanto en la cuantificación --se han creado-- como en el tiempo
que se tenía estipulado para la creación de esas viviendas, y
también con un presupuesto sin grandes desviaciones del
originalmente previsto.
Dice que se ha hecho necesario un cambio. Evidentemente. Se ha
terminado el primer Plan de vivienda, y el cambio necesariamente
tiene que ser articular un segundo plan de vivienda como el que
--repito-- en la conferencia última sobre vivienda puso el
Gobierno encima de la mesa.
El portavoz del Grupo Popular dice que no se ha hecho ningún plan
de vivienda. Yo le tengo que recordar que sí se ha hecho y que
además ha sido ya discutido en la conferencia anterior de la
vivienda y también en ésta de los días 22 y 23 celebrada en
Avila. Como sabe el señor Ortiz perfectamente, un plan de
vivienda es un diseño que tiene que tener una parte de
cuantificación --cuántas viviendas se van a hacer, dónde se van a
hacer; por tanto, coordinado en ese reparto de actuaciones entre
el Gobierno y las comunidades autonómas--, y luego otra parte que
es financiación, que corresponde establecer fundamentalmente al
Gobierno de la nación.
El dice que en esta conferencia de Avila ha estado ausente el
marco fiscal. Es que tiene que estar ausente, porque el marco
fiscal, según establece la Constitución y los estatutos de
autonomía de las comunidades autónomas, es competencia exclusiva
del Gobierno central; no tiene que pactarse con comunidades
autónomas. Las comunidades autónomas gestionan el plan de
vivienda, pero establece las líneas de financiación bajo su
responsabilidad el Gobierno de la nación según está establecido
constitucionalmente.
Me sorprende cuando finaliza diciendo en su introducción que lo
que pretende la moción ha sido evitar la continuidad en la
política de vivienda. Lo que han pedido las comunidades autónomas
y en lo que se ha quedado al final ha sido en prorrogar el primer
plan de vivienda como medida intermedia mientras se sigue en la
elaboración del segundo plan de vivienda, cosa que ya se está
discutiendo con las diferentes comunidades autónomas.
A continuación, voy a pasar a exponer qué contenidos hemos
aportado a la moción a través de nuestras enmiendas, que nos han
llevado, como ya ha expresado el portavoz del Grupo Popular, a la
aceptación de la moción transaccional que ha planteado. Nos ha
guiado introducir nuestras enmiendas, en primer lugar, el dotar a
la moción de un marco de referencia que, por otra parte, ya está
establecido en los acuerdos alcanzados en la Conferencia
sectorial de vivienda de Avila, celebrada los pasados días 23 y
24, por lo que nuestra enmienda establece un apartado adicional
donde esto queda recogido de modo explícito.
En segundo lugar, nuestra enmienda ha pretendido clarificar la
moción, en el sentido de delimitar funciones y responsabilidades
entre las diferentes instituciones que tienen que ver con la
elaboración de un plan de vivienda, o en este caso con la
elaboración del real decreto regulador de las actuaciones
protegibles en materia de vivienda y suelo en el período 1996-99,
en el sentido de comprometer al Estado en todo el paquete de
financiación, de acuerdo con las competencias establecidas, como
decía anteriormente, por la Constitución y por los estatutos de
autonomía de las comunidades autónomas, de tal modo que es el
Gobierno de la nación quien decide cuántos son los recursos que
se van a emplear y dónde y cómo se van a obtener estos recursos.
Y son las comunidades autónomas las que, en el ejercicio de su
competencia sobre vivienda, lleven a cabo el plan, una vez
decidido el total de ellas a construir --ya que este es el plan
de vivienda propiamente dicho-- y una vez establecido el reparto
y, por tanto, asignada la cuota de vivienda que corresponde a
cada comunidad autónoma. Todo esto es lo que ya se está haciendo
en la concertación de ese plan de vivienda al que me refería
anteriormente.
En tercer lugar, el Grupo Socialista ha añadido un párrafo nuevo
que ya viene recogido en el proyecto del segundo plan de vivienda
que el Gobierno ha presentado a las comunidades autónomas,
material que está discutiéndose en este momento. Este párrafo
recoge contenidos de directivas comunitarias en el sentido de
tener en cuenta cuestiones como el ahorro energético, como ir
eliminando el uso de materiales contaminantes en la construcción,
como ir estimulando la construcción
de viviendas cuyo diseño sea especialmente adecuado a las
condiciones bioclimáticas del ámbito donde se van a realizar esas
viviendas, etcétera. Es decir, aspectos que nuestro Grupo
entiende que a partir de ahora se van a constituir en el punto
fijo en la programación de la vivienda, porque vienen impuestos
por directivas comunitarias y porque son actuaciones compartidas
por parte de nuestro Grupo.
Dicho esto, que son las motivaciones que nos han llevado a
presentar las enmiendas, mi Grupo entiende que iniciativas
unilaterales de las características de la presentada por el Grupo
Popular, y sobre todo presentadas después de un acuerdo como el
de Avila, podrían entenderse e interpretarse perfectamente como
intentos de desvirtuar o paralizar dichos acuerdos.
El deseo de profundizar, ratificar y afianzar la concertación que
se ha llevado a efecto en Avila y de que todos debemos sentirnos
satisfechos de que mediante la concertación se haya conseguido no
parar y dar continuidad a todas las actuaciones que en materia de
vivienda se han desarrollado de manera satisfactoria --ya es un
logro que el representante del Grupo Popular reconozca que no
está del todo mal y vaya admitiendo la bonanza del primer Plan de
vivienda-- es lo que ha llevado a mi Grupo a realizar el esfuerzo
de presentar una enmienda a su moción. Porque la vivienda es una
de nuestras prioridades y porque en ningún caso queremos que
quede sombra alguna al respecto de lo que puede ser el
posicionamiento del Grupo Socialista y del Gobierno socialista en
materia de vivienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pardo.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, la
primera conclusión a la que uno llega tras la lectura de la
moción que plantea el Grupo Parlamentario Popular, consecuencia
de la reciente interpelación en materia de política de vivienda,
es que este Grupo hace suyos los acuerdos de la Conferencia
sectorial de Avila y, por tanto, que acepta el escenario de
prórroga, con modificaciones, del Plan de Vivienda 1992-1995,
prórroga que podría llegar a tener una duración de otros cuatro
años. Eso nos parece positivo, especialmente porque coincide con
la tesis que nosotros hemos defendido siempre, es decir, que es
necesario dar continuidad a la política de vivienda, que las
modificaciones de esta política han de ser fruto de un amplio
consenso y que hay que mantener las figuras del Plan 1992-1995
que se han mostrado eficaces. En definitiva, garantizar la
continuidad y estabilidad de la política de vivienda nos parece
más importante, más conveniente que discutir sobre si nuevo plan
sí o si nuevo plan no.
Un segundo aspecto positivo es el explícito reconocimiento de las
competencias autonómicas en política de vivienda que se realiza a
lo largo de toda la moción. Pero aún nos parece más positivo que
dicho reconocimiento formal, el espíritu que se desprende de su
punto primero, como es el determinar que el volumen de
actuaciones del Plan sea el resultado de la suma de las
necesidades expresadas por el conjunto o por cada una de las
comunidades autónomas, y no una cifra aleatoria, como son las
500.000 actuaciones que se prevén en el proyecto de decreto del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que
conocemos por la práctica que luego suponen una discusión brutal
entre las comunidades autónomas para repartirse el pastel puesto
a su disposición por la Administración central, formulado de una
forma que nos huele a eslogan electoral, al típico eslogan que se
busca cuando se ofrecen grandes cifras, grandes magnitudes,
tantas viviendas, tantos puestos de trabajo, etcétera. Estamos
acostumbrados a ello.
Porque nos satisface este primer punto de la moción en su
redacción actual, tal como ha sido propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular, debo decir que no nos satisface tanto el
punto primero de la enmienda transaccional que han pactado el
Grupo Popular y el Grupo Socialista, ya que en ella, de alguna
forma, se obvia o se elude el compromiso y la obligación de las
comunidades autónomas de aportar el conjunto de sus necesidades,
hecho que nos parecía importante. Por tanto, lamentamos que en la
enmienda transaccional se haya obviado esta necesidad.
Se pide en el segundo punto de la moción un paquete
complementario de recursos financieros para satisfacer todas las
calificaciones existentes a 31 de diciembre procedentes del Plan
1992-1995. Esta propuesta nos parece muy acertada. Nosotros la
hemos solicitado de forma reiterada. Lo hemos hecho sugiriendo
fórmulas diversas para ver si conseguíamos llegar a un acuerdo --
me estoy refiriendo a la reunión de Avila o a reuniones
anteriores--, desde la misma propuesta que se incluye en el texto
presentado por el Grupo Parlamentario Popular --segundo punto de
la moción--, hasta el incremento de recursos en el Plan 1996-1999
o a una dilación en los cuatro años del próximo plan para atender
estas actuaciones calificadas pero no financiadas.
Quiero llamar la atención de los distintos grupos parlamentarios
sobre la necesidad y la importancia de que encontremos una
solución a este problema. Incluso quiero resaltar los auténticos
dramas personales que se esconden detrás de la cuestión que hemos
de resolver por esta vía.
En nuestro país en este momento hay un número considerable de
ciudadanos, de familias, que han dado un paso muy importante,
como es el de comprometerse en la adquisición de una vivienda.
Mensualmente
tienen que hacer frente a las obligaciones derivadas de este
paso, como puede ser pagar una hipoteca, unos intereses, y luego
resulta que, por deficiencias en el plan, por falta de medios
financieros, no se satisface la obligación que había contraído la
Administración pública con ellos, es decir, subvencionarles,
financiarles una parte de la carga económica que preveían
soportar en el momento de adquirir la vivienda.
También nos parece razonable la propuesta de que se tenga en
cuenta el tipo de actuaciones protegibles en el momento de fijar
los recursos, los criterios a la hora de firmar los convenios con
entidades de crédito, o el mayor protagonismo que se quiere dar
para las comunidades autónomas en el punto 7.º de la moción en la
elaboración del decreto de prórroga y ampliación.
No coincidíamos, sin embargo --ahora sí estamos de acuerdo tras
las explicaciones que nos ha dado el señor Ortiz--, con el texto
de la moción cuando en el punto 3.º se refiere a los recursos
financieros para atender las actuaciones protegibles durante el
año 1996. Dado que nosotros hemos defendido siempre el carácter
plurianual que deben tener estos recursos --que entendemos es lo
que permite garantizar la continuidad de cualquier plan de
vivienda, cuando el punto 3.º del texto original de la moción se
refiere exclusivamente a los recursos para 1996--, entendíamos
que lo que quería el Grupo Popular era garantizar los recursos
para ese año sin tener en cuenta la continuidad del plan.
Aclarado este aspecto por parte del portavoz del Grupo Popular,
no tenemos ningún inconveniente al respecto.
En cuanto al punto 4.º, que se refiere a las modificaciones en el
marco fiscal, la verdad es que creemos que está poco elaborado.
Parece más bien una declaración de intenciones que una propuesta
de actuación, que es lo que esperábamos que contemplara la moción
en este punto. Hubiéramos agradecido sinceramente una mayor
concreción. Globalmente la propuesta nos parece bien, pero nos
quedamos sin saber si el Grupo proponente está a favor, por
ejemplo, de la extensión del IVA superreducido a toda la vivienda
protegida, qué tipo de beneficios proponen para quienes oferten
vivienda en alquiler, si están o no por mejorar el trato fiscal a
los fondos inmobiliarios, a la promoción protegida y al alquiler,
si serían partidarios de eliminar la doble imposición. (El señor
Ortiz González hace signos afirmativos.)
El señor Ortiz dice que sí, pero en el texto de la moción esto no
se especifica. Si serían partidarios de eliminar la doble
imposición en las compras de suelo o de vivienda usada en el
decurso de actuaciones de promoción inmobiliaria, si
introducirían alguna modificación en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales en relación a las tasas e impuestos que gravan
la promoción de vivienda protegida, y un largo etcétera de
aspectos que a nosotros sí nos parecen mejorables en cuanto al
tratamiento fiscal, que no olvidemos constituye un aspecto
principal de cualquier política de vivienda.
En definitiva, pensamos que hubiera sido una buena ocasión para
que se definieran en cuestiones de tanta trascendencia para una
política que lo que pretende es favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda.
Por lo que se refiere a los puntos 5.º y 6.º de la moción, sólo
quiero recordar que las comunidades autónomas disponen de
competencia exclusiva en materia urbanística dentro del marco
fijado con carácter básico por la Administración central, por lo
que estas propuestas en ningún caso deberían suponer una
homogeneización forzada.
También quería hacer mención a una cuestión que ya se resuelve en
el texto consensuado por los Grupos Socialista y Popular, que era
una referencia a los estudios y recomendaciones de la comisión de
expertos en urbanismo, además de las del Tribunal de Defensa de
la Competencia.
Para terminar este repaso a los siete puntos que integran la
moción, quería llamar la atención sobre la última frase del punto
7.º que también se corrige en el texto consensuado. Esa última
frase, que leo muy rápidamente, decía concretamente que estos
últimos Reales Decretos deberán continuar en vigor hasta la
promulgación del nuevo que lo sustituya; se refiere a los Reales
decretos que en este momento configuran el marco de política de
vivienda, cuya modificación se proponía en el texto de la moción.
Pues bien, se podía entender que el Partido Popular pretendía que
la vigencia del nuevo marco normativo fuera muy reducida en el
tiempo, y de ser así ese sentido de la frase nos parecía
sumamente contradictorio con el texto del resto de la moción,
porque entendíamos --y permítame señor Ortiz que exprese nuestra
opinión al respecto por si ustedes en el futuro pudieran tener
alguna tentación en este sentido, para que sepa de antemano cuál
es nuestra opinión-- que, si hacíamos el esfuerzo de aprobar el
decreto de prórroga y ampliación del plan que ahora acaba, de
firmar los convenios entre las comunidades autónomas y la
Administración central y entre ésta y las entidades de crédito y,
además, les damos carácter plurianual, no sería aceptable, por
ejemplo, que de aquí a seis meses se desmontase todo este
complejo entramado por una nueva norma que tampoco podría ser
radicalmente distinta.
Nuestro Grupo Parlamentario siempre ha defendido que, a pesar de
sus lagunas, el Plan 92-95 ha sido positivo y, además, ahora
tenemos la oportunidad de mejorarlo. Y seguro que durante la
próxima legislatura se podrían introducir nuevas modificaciones
mediante disposiciones complementarias que aún lo mejoren más. De
hecho, esto ya lo hemos hecho alguna vez, concretamente una, con
el Plan 92-95 por un decreto de medidas complementarias. Pero
pensamos que no es bueno para el país que se produzca un
«impasse» que nos deje sin una política coherente de vivienda
protegida. Y es que, además, un ciclo de ocho años entendemos que
no es excesivo para aplicar una política determinada, como se ha
venido haciendo y como se hará si se prórroga este plan.
Si ustedes gobiernan algún día, ya tendrán tiempo de promover un
nuevo plan, pero, de momento, no nos parece necesaria la fractura
que se produciría con lo que nosotros podríamos interpretar que
se deduce de este punto de la moción.
En consecuencia, señor Presidente, señorías, nuestra disposición
es la de votar favorablemente, en un principio, el texto
propuesto por el Grupo Popular, evidentemente, a pesar de que en
el punto 1.º entendemos que se da un paso atrás respecto al texto
de la moción y en otros se da un paso adelante, como en el 5.º y
el 7.º. Por tanto, vamos a votar favorablemente el texto de la
moción que se ha presentado como enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos
gustaría poder decir que el texto que se ha traído como propuesta
consensuada, transaccional, recogiendo algunas de las ideas del
Grupo Socialista, sin ser lo que veníamos a plantear hace poco en
esta misma Cámara, cuando discutíamos una interpelación de
Izquierda Unida allá en el mes de octubre, con una moción que se
trajo a la Cámara a primeros de noviembre, no es del tinte y del
color que nosotros proponíamos entonces, pero tenemos que
reconocer que sí es un avance a lo que significaba la propuesta
originaria. Este va a ser el trimestre de la vivienda. Aquí se ha
hablado de que el plan anterior ha construido 400.000 viviendas.
Aquí se ha hablado de que el problema es saber cuántas viviendas
se van a hacer, dónde se van a hacer y quién y cómo se van a
pagar. No, no; hay que añadir otro problema más: qué personas
tienen acceso a esas viviendas y de qué manera los recursos
públicos facilitan el acceso a quien más dificultad tiene, para
cumplir un mandato constitucional. Ese mandato constitucional es
que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna.
Por tanto, a nosotros nos hubiese gustado que aquella limitación
que le encontrábamos al anterior Plan de la Vivienda
desapareciera, y que el acceso a la vivienda de las personas que
tienen recursos escasos, las que tienen en torno a 2,5 del
salario mínimo interprofesional, pudieran ser fácil.
Lo cierto y verdad es que las personas que están en esa franja
inferior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional tienen
dificultad para obtener créditos, tienen dificultad para
comprometerse y tienen dificultad salarial. Por tanto, hacíamos
mucho hincapié en dos cosas en aquella discusión. Primero, que
había que destinar dinero para viviendas que faciliten el acceso
a través del alquiler; y, segundo, que deberíamos pensar en las
personas que tienen unos recursos escasos, es decir, los jóvenes,
las personas que tienen hoy una edad pronta, que quieren
independizarse, que quieren tener un sitio donde vivir y que
tienen una situación económica difícil.
En todo caso, nosotros planteábamos una discusión: no es buena la
prórroga de lo que era el antiguo plan, porque éste tenía
limitación que había que corregir. Había que modificar las
condiciones que socialmente habían sido limitadas dentro de aquel
plan. Por tanto, nosotros abogábamos por un nuevo plan.
La discusión es si el acuerdo de Avila se circunscribe
fundamentalmente en una prórroga del anterior plan o en el
compromiso de un nuevo plan. De esos nos saca la propuesta que
viene como transacción, puesto que habla de que el Gobierno
establezca, en colaboración con las comunidades autónomas, todo
lo que deben ser actuaciones en su conjunto hacia la vivienda en
el período 1996-1999, concentrándose en el año 1996, que es el
primero que tenemos delante. Por tanto, hay un paso hacia
adelante en el sentido de: «Queremos una idea global para cuatro
años, pero queremos centrarlo en el primer año».
Nosotros creíamos que había que partir de un presupuesto inicial.
Hay que destinar más recursos y hay que modificar lo que
pudiéramos llamar las ayudas fiscales, lo que pudiéramos llamar
el gasto fiscal derivándolo no a reducción, sino a mayor proceso
de inversión.
Por último, nosotros creíamos que había que abordar un proceso de
primera vivienda para los jóvenes y un proceso de rehabilitación
de cascos urbanos que se están vaciando, rehabilitación de zonas
urbanas, ya que la situación es ir a zonas residenciales o de las
afueras y los cascos históricos van quedándose vacíos.
¿Cuál es la modificación que nosotros creemos que se ha producido
en la propuesta transaccional, recogiendo tres ideas generales
que nosotros compartíamos con la propuesta que hacían las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista? La idea de no
solamente hablar dé un punto para que el Gobierno actuara, sino
comprometer en esa actuación al Gobierno y a las comunidades
autónomas. Aquí se ha entrado en la discusión de a quién le
corresponde la política de viviendas, quién debe marcarla. Yo
creo que no se debe confundir quién marca las grandes líneas de
política fiscal, de actuaciones para exenciones fiscales que se
puedan producir con la vivienda, con quién puede gestionarlo,
porque creo que el anterior plan de vivienda se gestionó también
descentralizado; ha habido comunidades que lo han incentivado de
una manera y ha habido otras comunidades que lo han hecho de
otra. El problema del suelo no se ha solucionado igual en cada
sitio. Muchas propuestas no se han podido ejecutar por la
limitación en la gestión del suelo.
Por eso, la propuesta que se hace aquí soluciona a los dos
niveles: un plan urgente para el tema del suelo
y una actuación global para la adquisición de suelo. Es decir, la
propuesta que traemos aquí intenta solventar algunas de las
realidades que no hemos podido solucionar.
Junto con eso, el Grupo Socialista planteaba dos cosas. Primero,
que se debía revisar lo que había sido la actuación, en función
de determinadas realidades en esta gestión del suelo, de la
legislación del suelo, que debía revisarse esa legislación del
suelo con las comunidades autónomas. Aquí es verdad que se han
juntado dos propuestas: una propuesta originaria del Grupo
Parlamentario Popular, que eran las recomendaciones del Tribunal
de Defensa de la Competencia, y otra propuesta que iba en la
enmienda del Grupo Socialista, que era esa comisión de expertos
de urbanismo.
La verdad es que para nosotros el Tribunal de Defensa de la
Competencia es una de las cosas a tener en cuenta a la hora de
revisarlo, pero no sería el elemento fundamental de más
liberalismo o más liberalidad para poder moverse a la hora de
hacer unas viviendas o que el número de viviendas deba ser lo que
prime y no quién acceda a esa vivienda.
Por eso, la redacción exacta que se da a este punto 5.º de la
moción, que es revisar esa legislación del suelo en colaboración
con comunidades y Federación de Municipios, teniendo en cuenta
las recomendaciones, por un lado, del grupo de expertos y, por
otro, del Tribunal de Defensa de la Competencia, creo que es más
factible de ser realidad para poder contentar la discusión que se
va a producir que la propuesta que había originariamente, que
prácticamente limitaba las indicaciones del Tribunal de Defensa
de la Competencia más que otra cosa.
Por último, señor Presidente, la otra propuesta, que no se ha
resaltado bastante. Junto al apoyo financiero a la vivienda de
protección oficial y la financiación de una especie de formación
de patrimonio público de suelo, está la idea de apoyar nuevas
culturas en la construcción de la vivienda, la idea de nuevas
técnicas de construcción, fundamentalmente dirigidas a algo
importante, el ahorro de energía, el ahorro de consumo de agua e
inclusive las condiciones bioclimáticas.
En suma, creo que la propuesta que sale definitivamente puede
significar que el Gobierno pueda desarrollar, en base a la
colaboración con las comunidades autónomas y la Federación
Española de Municipios y Provincias, una actuación que de verdad
recoja el derecho que tienen los españoles a una vivienda digna.
En este sentido, nuestro Grupo va a apoyar la oferta de
transacción, que ha sido como un intento de recoger esa enmienda
del Grupo Socialista a la propuesta original del Grupo Popular y
algunas aseveraciones que se hicieron en su día, en la
interpelación que hizo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
en aquel debate a finales del mes de octubre y primeros de
noviembre.
Esperemos que lo que aquí se apruebe después sea una especie de
granito de arena que ayude a superar las limitaciones que hemos
tenido en la vivienda, no vaya a ser que se apruebe para salir
del paso, porque ya estamos mirando a marzo más que a diciembre,
pero para llegar a marzo, primero hay que pasar diciembre y
comerse el pavo. Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Dado que tanto el señor Ortiz, defensor de la moción, como la
señora Pardo en la defensa de la enmienda han manifestado ya el
acuerdo de sus grupos en la enmienda transaccional, vamos a
someter a votación únicamente el texto de esta enmienda
transaccional. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular que se somete a
votación en los términos resultantes de la transacción expuesta
en el curso del debate y alcanzada en relación con las enmiendas
del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.