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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 187, de 29/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 187
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 185
celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 9914)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
de vivienda (número de expediente 172/000131) (Página 9931)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre conocimiento que tiene el Gobierno de los
denominados «skins» y otros grupos similares de ultraderecha, de
su situación organizativa, así como medidas que piensa adoptar
para erradicar este fenómeno (número de expediente 172/000132)
(Página 9942)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 188,
de 30 de noviembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 9914)
Del Diputado don Guillermo Gortázar Echeverría, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuáles
son los plazos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente para la incorporación a la legislación española de
la Directiva Comunitaria 94/62/CE, relativa a los envases y
residuos de envases? (Número de expediente 180/001541) (Página 9914)
Del Diputado don Manuel Milián Mestre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Respalda el Sr.
Ministro el estudio de un posible trasvase de agua del Ródano a
Cataluña? (Número de expediente 180/001545) (Página 9915)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuáles
son los motivos por los que no facilita a los radioaficionados
integrados en la Red de Emergencia Radio una autorización para el
uso de equipos radioeléctricos en frecuencias asignadas a la
Dirección General de Protección Civil? (Número de expediente
180/001547) (Página 9916)
Del Diputado don José Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Por qué razón el
Gobierno no ha enviado a la Cámara durante esta Legislatura la
prometida modificación de la Ley de Contaminación Atmosférica?
(Número de expediente 180/001548) (Página 9917)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo se encuentra el proyecto
de paseo marítimo en la playa de «Marjal», en el término de
Alcanar (Tarragona)? (Número de expediente 180/001552) (Página 9918)
Del Diputado don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene
previsto realizar el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y en qué plazos, en relación con la variante o
desvío de la N-340 a su paso por Nules (Castellón)? (Número de
expediente 180/001553) (Página 9919)
Del Diputado don Manuel Couce Pereiro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra
el proyecto de la conexión de Ferrol con la autopista, en el
municipio de Fene, y cuáles son las modificaciones del proyecto
en los tramos carretera-trinchera o Couto, Polígono Industrial de
Narón-Freixeiro? (Número de expediente 180/001555) (Págiona 9920)
De la Diputada doña María Dolores Sánchez López, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué proyectos
tiene el Gobierno para paliar el impacto medioambiental de las
Rondas de Málaga? (Número de expediente 180/001558) (Página 9920)
Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para
las Administraciones Públicas: ¿Qué razones alega el Gobierno
para justificar las extralimitaciones producidas en la oferta de
empleo público aprobada en 1995? (Número de expediente
180/001544) (Página 9921)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los últimos
resultados del Plan de modernización
de la Administración del Estado? (Número de expediente
180/001551) (Página 9922)
Del Diputado don Narcís Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Tiene intención el Gobierno de adoptar alguna
medida que garantice la transparencia en la exportación de
material de defensa y doble uso, de manera que no pueda ser
utilizado en acciones que perturben la paz, la seguridad y la
estabilidad? (Número de expediente 180/001537) (Página 9923)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué alcance tienen
las irregularidades cometidas en las Oficinas Españolas de
Turismo en el exterior? (Número de expediente 180/001540) (Página 9924)
Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Comercio y Turismo: ¿Qué medidas va a adoptar el
Ministerio para que las Cámaras Oficiales de Comercio puedan
desarrollar su actividad a partir del 1 de enero de 1996? (Número
de expediente 180/001543) (Página 9925)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Cultura: ¿Cuál es el importe total de las inversiones que ha
realizado el Ministerio de Cultura durante 1995, y hasta el día
de la fecha, en las catedrales españolas? (Número de expediente
180/001542) (Página 9926)
Del Diputado don Salvador Sanz Palacio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Cultura: ¿Cuál es el importe total de las transferencias de
créditos que ha recibido el Ministerio de Cultura, durante 1995 y
hasta el día de la fecha, en concepto del denominado 1% cultural?
(Número de expediente 180/001546) (Página 9927)
Del Diputado don Francesc Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué
razones justifican que, a pesar de mantener España la tasa de
paro más elevada de la Unión Europea, el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y la FORCEM hayan dejado de ejecutar el 44,7% y el
83,6%, respectivamente, de los programas comunitarios de empleo
durante el período 1992-1994? (Número de expediente 180/001505)
(Página 9928)
Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión le merece al Gobierno el
reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre Tabacalera?
(Número de expediente 180/001539) (Página 9929)
De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace el Gobierno de la reciente Cumbre de Ministros de Justicia e
Interior de la Unión Europea celebrada en la isla de La Gomera?
(Número de expediente 180/001559) (Página 9930)
Interpelaciones urgentes (Página 9931)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política de
vivienda (Página 9931)
El señor Ortiz González defiende la interpelación del Grupo
Popular manifestando que la preocupación de la ciudadanía por la
política de vivienda, según encuestas recientes, sigue
inmediatamente después de la preocupación por el desempleo, la
seguridad ciudadana, el terrorismo o la corrupción. Justifica la
interpelación en esa preocupación ciudadana y en la situación
actual de la financiación del Plan de viviendas 1992-95, del Plan
para el cuatrienio siguiente
y de la problemática que suscita la prórroga acordada en la
Conferencia sectorial de Avila entre las comunidades autónomas y
el Ministro de Obras Públicas, señor Borrell. Como punto de
partida y trasfondo, menciona la inaccesibilidad a la vivienda
como fenómeno de los últimos años y del momento presente para un
segmento muy importante de la sociedad española, fundamentalmente
nuestra población juvenil.
Señala que, a pesar de los logros innegables, pero limitados, del
Plan de viviendas 1992-95 en su último tramo, lo cierto es que
durante el Plan y después del mismo la relación precio vivienda-
ingresos familiares es de las más altas del mundo. Después del
Plan 1992-95, las necesidades de vivienda no sólo no se han
reducido sino que han aumentado, ante lo cual considera necesario
un cambio radical, afirmando que el Partido Popular tiene una
alternativa para afrontar este cambio verdadero de la vivienda en
España. Expone algunos datos de ese plan del Partido Popular,
para el que dice también cuentan con un repertorio de medidas
legislativas, financieras, presupuestarias y fiscales.
Ante la situación existente, estima que es necesario evitar que
se produzca una solución de continuidad en la política de
vivienda y que se produzca un parón en el sector de la
construcción, que se añadiría al que ya se está registrando como
consecuencia de la aplicación de la Ley de Contratos del Estado.
Alude, por último, a la que denomina prórroga por cuatro años
acordada en Avila, ya que el objetivo era evitar una situación de
ruptura en el sector de la construcción, algo que el Partido
Popular no podría tolerar, dando por tanto la bienvenida al pacto
de prórroga en cuestión, que mejora sustancialmente algunos
aspectos del Plan de vivienda, si bien no se ha resuelto el
gravísimo problema de financiación, en lo que el señor Ministro
debería comenzar a trabajar y procurar resolver sin pérdida de
tiempo.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles),
señalando que el interpelante debería comenzar por informarse
mejor y que con muy poco esfuerzo podría conocer una serie de
hechos del máximo interés. En primer lugar, sobre la extremosidad
de la Ley de Contratos del Estado y sus efectos negativos sobre
el proceso de contratación de las obras públicas, el señor Ortiz
debería saber que fue a consecuencia de enmiendas del Grupo
Popular por lo que esa Ley salió de la Cámara con esa redacción
extrema, de lo que ahora se lamenta y espera que sea corregida
para poder operar de forma eficiente. En segundo lugar, el señor
Ortiz, como experto en política de vivienda, debería saber
también que no se debe usar una estadística que ha perdido
significación, como es la comparación entre los años 1982 y 1994
en materia de vivienda, sino el volumen de recursos asignados al
VPO en dichos años, en pesetas constantes, donde se verá la
diferencia radical a favor de la política socialista.
Respecto a la afirmación de que en Avila se pactó una prórroga
del actual Plan, rechaza tal afirmación por entender que no cabe
hablar de prórroga de cuatro años y sí de un nuevo pacto para
establecer un plan de vivienda para los próximos cuatro años, que
toma del vigente Plan lo sustantivo y lo modifica en un conjunto
de aspectos determinados por consenso. Añade que los responsables
de política de vivienda del Partido Popular tuvieron en Avila
toda la oportunidad para explicar su esquema de política de
vivienda para el período 1996-2000, pero no pudo escuchar una
sola propuesta sobre el particular, ya que se limitaron a pedir
la prórroga de lo que hay, sin aportar una sola idea nueva.
Consecuentemente, la política de los próximos cuatro años ya está
fijada y es la acordada en Avila en base a la propuesta del
Gobierno socialista y sobre la base, asimismo, de la que se ha
venido aplicando en los últimos cuatro años, con algunas
modificaciones que fueron sugeridas en su totalidad por el
Gobierno o por las comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Socialista, ante el silencio clamoroso de los
representantes del Partido Popular.
Replica el señor Ortiz González, duplicando el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
En turno de fijación de posición interviene el señor Andreu
Andreu (en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya) Interviene de nuevo el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell
Fontelles), replicando el señor Andreu Andreu y duplicando el
señor Ministro.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre conocimiento que tiene el Gobierno de los
denominados «skins» y otros grupos similares de ultraderecha, de
su situación organizativa, así como medidas que piensa adoptar
para erradicar este fenómeno (Página 9942)
El señor Alcaraz Masats defiende la interpelación del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya manifestando que, a su juicio, el fascismo y el
nacionalismo, los fundamentalismos de ultraderecha, constituyen o
son un capitalismo en estado permanente de excepción, que se
dirigen a mantener tasas de ganancia en etapas de crisis a base
de limitar o de acabar con la democracia, derrotando
consecuentemente el protagonismo de la sociedad civil y el
protagonismo organizado del movimiento obrero.
Quieren, por tanto, denunciar fenómenos recurrentes que están
ocurriendo, fenómenos que vienen sucediendo y denunciar,
asimismo, cierto grado de organización, incluso a escala
transnacional, y, paralelamente, cierta permisividad, cierta
pasividad o exceso de confianza en la Administración, que a veces
llega incluso a no querer reconocer este problema como realmente
existente. No habla de represión sin más, sino que se refiere a
la defensa de la democracia, la defensa del protagonismo de la
sociedad civil y la defensa de las instituciones en un momento en
que pueden estar anidando o alimentándose, a su juicio
peligrosamente, teorías de permisividad en el sentido de que los
«skin heads» y otros grupos similares no son tan peligrosos o que
suponen una especie de contrapeso, basada incluso en un sano
patriotismo.
Agrega que en un momento en que de manera global se está
criticando al sistema de partidos, en un momento de crisis
económica relativa, su alarma, aunque sea en principio comedida,
es una alarma de fondo, sobre todo teniendo en cuenta que hay
gente interesada en que nos confiemos hablando de que son pocos o
que no tienen ideología, cuando la realidad demuestra la
existencia de ataques cada vez más selectivos, especialmente
dirigidos a inmigrantes, a negros, a sudamericanos, a jóvenes de
izquierdas, etcétera.
Alude, por otra parte, a las peñas futbolísticas, manifestando
que, a su juicio, la posición del Ministerio de Interior no es
clara y demuestra una extraña confianza, confundiendo tribus
urbanas con los grupos de «skin heads».
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de la
Presidencia (Pérez Rubalcaba) afirmando que comparten la
preocupación del Grupo interpelante por la organización de los
grupos que el señor Alcaraz calificaba de «skins», y
especialmente por los de matiz ultraderechista. Se hallan, sin
duda, ante un fenómeno complejo que no será fácil de erradicar,
pero que afortunadamente no tiene en España la misma virulencia
que en otros países de nuestro entorno; comparación que no debe
interpretarse en modo alguno como que debamos estar tranquilos.
Simplemente pretende decir que seguramente tenemos más
posibilidades de mejorar nuestra respuesta frente a estas
actuaciones, de impedir su avance y, por supuesto, de lograr su
disminución.
Añade que los fenómenos de violencia callejera cometidos por
individuos integrados en grupos violentos se suelen atribuir a lo
que se ha venido en denominar tribus urbanas, aunque es ésta una
terminología que, seguramente por demasiado amplia, no permite
una profundización adecuada en el matiz ideológico de este tipo
de grupos. Suele ser la expresión de un modo de agruparse
colectivos de jóvenes de ideologías determinadas, con una
determinada extracción social y que, en la práctica, les conduce
a actitudes contrarias a las pautas normales de la comunidad. Sin
duda, de ellos, los que producen mayor alarma social son los que
utilizan terminología, emblemas y símbolos fascistas, porque son
también los que cometen agresiones indiscriminadas.
Afirma que la estructura organizativa de estos grupos suele ser
muy precaria, con elementos muy jóvenes desconexos entre sí, lo
que hace que no dispongan de una financiación consolidada. No
obstante, algunos de ellos han intentado un salto cualitativo
hacia una estructura organizativa más sólida, aunque en general
en nuestro país no han fructificado hasta el momento estos saltos
cualitativos. Por otra parte, bajo la parafernalia de la extrema
derecha es cierto que se encasilla a veces a jóvenes que no
pertenecen realmente a movimientos de esa tendencia, pero que
utilizan sus símbolos, lo que induce a sobredimensionar la fuerza
real de una extrema derecha organizada en nuestro país.
Expresa a continuación el conjunto de actuaciones puestas en
marcha desde el Gobierno, distinguiendo entre las acciones
policiales propiamente dichas y otro tipo de actuaciones
necesarias para atacar de raíz este tipo de organizaciones,
considerando que, en conjunto, el Gobierno ha respondido
adecuadamente a la acción de estos grupos de violentos,
clasificados generalmente como de ideología de extrema derecha y
frente a los cuales es necesario involucrar a todas las
instituciones y al conjunto de nuestra sociedad.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor Ministro de
la Presidencia (Pérez Rubalcaba).
Para fijación de posición interviene el señor Gil Lázaro, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON GUILLERMO GORTAZAR ECHEVERRIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR.
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUALES
SON LOS PLAZOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE PARA LA INCORPORACION A LA LEGISLACION ESPAÑOLA DE
LA DIRECTIVA COMUNITARIA 94/62/CE RELATIVA A LOS ENVASES Y
RESIDUOS DE ENVASES? (Número de expediente 180/001541)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 13, del señor Gortázar Echeverría, que tiene la
palabra.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señor Ministro,
aunque nos encontramos en la recta final de la quinta
legislatura, le agradeceré alguna aclaración en torno a la
trasposición de la Directiva Europea 94/62, sobre envases y
residuos de envases, que es, como usted bien conoce, un tema de
interés para los sectores afectados, para una gran parte de
nuestro país, sobre todo para las organizaciones
conservacionistas.
Señor Ministro, rectifíqueme si me equivoco cuando le planteo que
parece ser que su Ministerio ha elaborado hasta el momento trece
borradores de proyecto de trasposición de una norma que afecta a
todos los consumidores, a numerosas industrias, a complejos
procesos de producción industrial, a complejos procesos de
recogida, reciclado y tratamiento de estos envases. Y para
despejar o clarificar, si es que estamos en el final de este
trayecto, le agradeceré que conteste a la pregunta que le hago
con el número 13: ¿Cuáles son los plazos del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para la incorporación a
la legislación española de la Directiva comunitaria 94/62,
relativa a los envases y residuos de envases?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias.
Señoría, los plazos para el MOPTMA son los que establece el
artículo 22 de esta Directiva, es decir, el 30 de junio de 1996.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Ministro, el alcance de mi
pregunta iba más allá de lo que establece la propia Directiva,
porque obviamente la conocíamos. La cuestión es saber si en su
intención se encuentra enviar un proyecto de ley para que sea la
Cámara quien debata una ley de esta trascendencia o algún otro
procedimiento legislativo en esa dirección y saber cuáles son los
planteamientos.
Por lo que hemos podido deducir de los continuos borradores de su
Ministerio, hay algunas cuestiones que nos inquietan y que le
traslado a su consideración, antes de que entremos en un debate
más pormenorizado de ese proyecto de ley o eventualmente de un
decreto-ley. La primera cuestión es que nuestro país produce un
kilo de basuras por habitante al día frente a los tres kilos de
Alemania, los cuatro en Estados Unidos y en un promedio de la
Unión Europea de dos kilos y medio. Quiere esto decir que tenemos
un horizonte de consumo todavía muy amplio, y esa reducción del
10 por ciento, la única que usted nos plantea en los borradores
que hemos podido leer, nos parece, cuando menos, fuera del
contenido de la Directiva. Le agradecería que nos hiciera
aclaraciones a este respecto, tanto en el procedimiento como en
el contenido del proyecto que ustedes plantean.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Con mucho gusto, señoría, puedo contestar a
todo lo que usted quiera, pero debería para ello formular la
correspondiente pregunta, porque lo que usted me pregunta es
cuáles son los plazos. Ya se lo he dicho. Los plazos son los que
fija la Directiva, junio de 1996. Para así poderlo hacer, es
necesario trasponer, con rango de ley, algunos de los contenidos
de esta Directiva; otros pueden ser traspuestos por normas de
menor rango.
Hemos estado trabajando mucho, como usted sabe, con las
comunidades autónomas, los sectores económicos afectados y otros
ministerios para llegar a un acuerdo que permita trasponer, por
la norma de rango adecuado, esta Directiva. Naturalmente, para
que estuviese traspuesta antes del 30 de junio, habida cuenta del
calendario electoral que se prevé, haría falta utilizar un
procedimiento de urgencia, algo que fue planteado en la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en La Rioja en
el mes de octubre, sin que ninguna comunidad manifestase su
oposición a que se utilizase, en su caso, una norma con rango de
decreto-ley que permitiese anticipar los aspectos más importantes
de la Directiva, de
manera que estuviera traspuesta antes del 30 de junio. No hay
tomada ninguna decisión al respecto, pero, por lo que pude
entender, no hay una oposición de principio de ninguna comunidad
autónoma, gobernada por el partido político que sea, para que, si
hay acuerdo sobre el fondo, la forma para instrumentarlo pudiese
ser esta.
Estamos, como le digo, consensuando los términos estrictos de la
transposición, de manera que no quede nuestra industria ni
nuestros ciudadanos en una posición de desventaja respecto a la
situación de países como Francia o Alemania, que cuentan ya con
normas reguladoras que tienen incidencias sobre los equilibrios
de nuestros sectores productivos y sobre nuestra industria del
reciclaje. Estamos elaborando el enésimo borrador, que creo que
tiene un consenso suficientemente amplio, y estudiaremos las
formas de trasposición adecuadas para cumplir los plazos
comunitarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿RESPALDA EL SEÑOR
MINISTRO EL ESTUDIO DE UN POSIBLE TRASVASE DE AGUA DEL RODANO A
CATALUÑA? (Número de expediente 180/001545)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Milián Mestre.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿respalda usted el estudio de un posible trasvase
de agua del Ródano a Cataluña?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
En contra de mi costumbre, no voy a contestar lacónicamente sí o
no, sino que me voy a extender, porque esa es la típica pregunta
que no admite una respuesta tan absolutamente tajante.
Señoría, la posibilidad de establecer eventuales conexiones
hidráulicas entre los países miembros de la Unión es coherente
con el espíritu del Convenio de Helsinki sobre cursos
transfronterizos, puesto que si se contemplan con preocupación
los aspectos cualitativos de estas aguas también deberíamos
extenderlo a los aspectos cuantitativos, sobre todo cuando en el
conjunto de la Unión, como en la península Ibérica, hay
importantes problemas de desequilibrio territorial, con la
consiguiente repercusión sobre la cohesión de la Unión en su
conjunto. En este sentido se manifestó la Comisaría de Medio
Ambiente en la reunión de Sevilla en octubre pasado.
Pero también hay que tener en cuenta que incluso el país con más
problemas hídricos de la Unión, que es España, tiene suficientes
recursos en su propio territorio --creo-- como para poder
satisfacer todas sus propias demandas, y que es preferible
disponer de recursos próximos que irlos a buscar a una zona
excesivamente alejada de la demanda. Por ello, creo que
prioritariamente se deberían poder resolver los problemas en el
ámbito de cada país mediante las infraestructuras necesarias que
permitan aprovechar sus recursos de forma óptima. En España
disponemos de 120.000 millones de metros cúbicos, cuando la
dotación unitaria por habitante es de 3.000 metros cúbicos,
aunque con grandes variaciones de un territorio a otro, por lo
que creemos que podemos establecer equilibrios hídricos en el
interior de nuestras cuencas sin necesidad de recurrir a
elementos muchísimo más costosos.
No tenemos nada, por principio, en contra de equilibrios hídricos
que vayan más allá de las fronteras nacionales de un Estado
miembro, extendiendo los principios de solidaridad y racionalidad
al conjunto de la Unión, pero creemos que cada solución debe ser
valorada en sus costes económicos, sociales y ambientales para
compararla con otras soluciones alternativas que pudiesen ser más
beneficiosas para los equilibrios económicos, sociales y
ambientales que debemos establecer en nuestra planificación
hidráulica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. señor Ministro.
Señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, realmente me ha asombrado usted hoy con la
magnífica información que nos ha proporcionado, porque de hecho
está contestando a una parte de las cuestiones internas en el
razonamiento que yo tenía analizadas.
En concreto, ha habido una polémica, a partir de agosto y
septiembre, respecto a cuál era la postura clara del Ministerio a
este respecto. Usted en algún aspecto la ha protagonizado. Y ha
habido contradicciones en algunas de las expresiones que se han
hecho por parte oficiosa del Ministerio respecto a lo que se
entendía por este trasvase y su idoneidad.
No es menos cierto que hay una necesidad imperativa de Cataluña
de garantizarse la cobertura de este déficit, que es, si no
recuerdo mal, de unos 14 metros cúbicos de agua por segundo, que
se va a plantear para
Barcelona y el centro de Cataluña del año 2002 al 2012. Si esa
solución no está prevista en el plan hidrológico nacional,
difícilmente vamos a poder tener una garantía, que es lo que
postula la Generalidad de Cataluña.
En estos datos ha habido algunas curiosas aportaciones. En primer
lugar, ha habido planteamientos críticos respecto a la idoneidad
de que Cataluña formulara esta cuestión, y ha habido también
acusaciones --usted lo ha dicho-- a la insolidaridad posible, al
entendimiento de una manera determinada de entender España, y
cito algunas de las afirmaciones que se hicieron, no sé si por
boca del señor Ministro o de algún funcionario del Ministerio.
Pero es que también hay planteamientos desde la otra parte.
Curiosamente, Jacques Blanc, que es el actual presidente de la
región de Languedoc, hablando de la viabilidad de este proyecto
en «The European», el 27 de octubre decía que están dispuestos a
afrontarlo, que será viable, agregando textualmente «sin contar
incluso con la bendición de Madrid». Es decir, existe esta
ambigüedad, existe esta posición política un tanto extraña, donde
se están debatiendo dos conceptos y donde se arguye también que
el Presidente de la Generalidad en algún momento recibió alguna
posible indicación de que no se podía tocar ni una sola gota de
agua del Ebro, lo cual le dio pie a interpretar una fórmula
foránea que no perjudicare al conjunto de las autonomías
españolas, pero que sí garantizara a Cataluña esta nutrición
acuífera que necesita para sus usos domésticos y de servicios.
Consecuentemente, es muy buena su información, pero a mí me
gustaría que estas sombras, estas dudas que se están planteando,
y que han permanecido a lo largo de todo el debate sobre el
abastecimiento dentro o fuera, en qué condiciones, cuestiones
internacionales por medio, tratados internacionales a acometer
para poder realizarlas, quedaran perfectamente claras esta tarde,
para que no tuviéramos ninguna duda al respecto ni de las
garantías ni del criterio del Gobierno o el planteamiento de la
Generalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Tiene seis segundos, señor Ministro y los puede administrar.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Para instrumentar esta obra haría falta un
convenio internacional, que es exclusiva competencia del Gobierno
central y, por lo tanto, sería razonable que esta clase de
iniciativas se tomasen de forma consensuada con la administración
competente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUALES
SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO FACILITA A LOS RADIOAFICIONADOS
INTEGRADOS EN LA RED DE EMERGENCIA RADIO UNA AUTORIZACION PARA EL
USO DE EQUIPOS RADIOELECTRICOS EN FRECUENCIAS ASIGNADAS A LA
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL? (Número de expediente
180/001547)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor González
Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en este ambiente de cordialidad con que ha
empezado esta sesión de control, le preguntaría cuáles son los
motivos por los cuales no se facilita a los radioaficionados
integrados en la Remer una autorización para el uso de equipos
radioeléctricos en las frecuencias asignadas a la Dirección
General de Protección Civil.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en la actual situación, en el reglamento de
radiocomunicaciones de la UIT se detallan las bandas de
frecuencias atribuidas al servicio de aficionados. Las bandas de
frecuencia previstas para ser utilizadas por estos
radioaficionados en nuestro país se contienen en el vigente
reglamento de estaciones de aficionado y no pueden ser distintas
a las establecidas por la UIT.
Dado que las frecuencias utilizadas por la red Remer (la Red de
Emergencias), de la Dirección General de Protección Civil, están
atribuidas por la UIT al servicio móvil terrestre, no es posible
autorizar que los radioaficionados utilicen sus equipos para
emitir en las frecuencias asignadas a la mencionada red, ello sin
perjuicio, obviamente, del reconocimiento que el Ministerio hace
del importante papel que desempeñan los radioaficionados en las
tareas de colaboración con Protección Civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ha hecho una mera exposición de lo que es la Red
de Emergencia Radio y cuáles son las circunstancias, pero hay que
recordar que, efectivamente, la Remer conforma una red de
carácter nacional que se vertebra y depende de las unidades de
Protección Civil, de los gobiernos civiles o delegaciones de
Gobierno en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales.
Desde 1979, con la aprobación del Reglamento de Estaciones de
Aficionados y la Orden que lo desarrolla, los radioaficionados
sólo pueden poseer equipos de radio que no excedan, como bien ha
dicho usted, los límites de las bandas en su cobertura de
frecuencia, pero curiosamente la Remer tiene unas frecuencias
cercanas a las de los propios radioaficionados, fundamentalmente
para que tanto emisoras, como transmisoras, como antenas
funcionen correctamente. La propia Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones de 1987, en su artículo 5.º, apartado 3,
especifica el ámbito de colaboración entre su Ministerio y
Protección Civil en sus distintos campos.
Todo lo dicho nos lleva a una paradoja, y es que los más de 5.000
radioaficionados que se integran en la Remer están en situación
de ilegalidad y podrían ser sancionados tanto económicamente como
con la pérdida de su licencia por poner a disposición del Estado
sus propios medios para cubrir las posibles deficiencias que
pudieran darse en las redes habituales de comunicación en caso de
catástrofe o calamidad pública.
Llegado a este punto, recordaré en un paréntesis casos como las
inundaciones de Euskadi, Levante, Cataluña, el atentado
terrorista de Telefónica, en Ríos Rosas, aquí en Madrid, o bien
incluso los terremotos de Méjico y Guatemala, y un largo etcétera
que no solamente se circunscribe a estos ámbitos de grandes
dimensiones, sino a los ámbitos pequeños geográficos, que
solamente transcienden en lo que es el nivel local o el nivel
regional.
Desde el Grupo Popular creemos, señor Ministro, que es hora de
adoptar medidas por la Administración para que esto se solucione,
y una de ellas podría ser, sin ningún género de dudas, un título
que habilitara que hay posibilidades para el uso de equipos que
tuvieran las frecuencias de la Remer en Protección Civil, y así
tuvieran la cobertura de legalidad de la que ahora mismo no
disponen y no estuvieran expuestos a perder su licencia. No
obstante, los propios radioaficionados son conscientes de cuáles
son sus limitaciones, porque para pasar el examen de
radioaficionado tienen que demostrar conocimientos en la materia
legislativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, una resolución de la Dirección General de Protección
Civil permitió que los radioaficionados miembros de la Red de
Emergencia pudiesen utilizar las frecuencias propias de esta
Dirección General. (El señor González Prieto hace gestos
dubitativos.) Así es, señoría.
Esta resolución infringe lo establecido en el Reglamento de
Estaciones de Aficionados, que no permite el uso por los mismos
de esta Red de Emergencia. Pero como consideramos de sumo interés
las tareas que llevan a cabo los radioaficionados en materia de
protección civil, actualmente estamos buscando fórmulas,
conjuntamente con esta Dirección General, para solucionar las
restricciones a su participación y al uso de estas frecuencias,
derivadas de los compromisos internacionales que le he citado.
Tomo buena nota de sus sugerencias, por si pudiesen contribuir a
la búsqueda de una fórmula que permitiese aunar el inevitable
respeto a las normas que nos vinculan interna y externamente con
el deseo, que este Ministerio tiene, de facilitar el uso de estas
frecuencias por parte de los radioaficionados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MADERO JARABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:¿POR QUE RAZON EL
GOBIERNO NO HA ENVIADO A LA CAMARA DURANTE ESTA LEGISLATURA LA
PROMETIDA MODIFICACION DE LA LEY DE CONTAMINACION ATMOSFERICA?
(Número de expediente 180/001548)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Gortázar
Echeverría. Tiene la palabra.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señor Ministro,
según los estudios de la OCDE, España es el segundo país más
ruidoso del mundo después de Japón, y en todos los sondeos
medioambientales aparece el ruido como la preocupación
prioritaria de los ciudadanos españoles.
El Director General de Medio Ambiente en agosto del año 1993
anunció que al mes siguiente iba a estar disponible una
modificación de la vigente Ley de Contaminación Atmosférica. Es
evidente que esto no se ha producido, y la pregunta que le hago
directamente es: ¿Por qué razón el Gobierno no ha enviado a la
Cámara durante esta Legislatura la prometida modificación de la
Ley de Contaminación Atmosférica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Porque tratándose de una norma compleja,
llamada a jugar un papel básico en la regulación del medio
ambiente atmosférico... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Ya que va de ruidos, señorías, por lo menos les ruego que, por
una vez, guarden silencio. Resulta difícil entender al señor
Ministro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Decía que, tratándose de una norma compleja, llamada a jugar un
papel básico en la regulación del dominio público atmosférico,
hay que armonizar su contenido con otras disposiciones que acaban
de ser elaboradas en fecha muy reciente o están en trámite de
elaboración en instancias comunitarias, y el anteproyecto de ley
debe estar actualizado y ser coherente con este marco normativo
que se está modificando de forma casi permanente en los últimos
tiempos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Ministro, permítame decirle
francamente que la contestación no me satisface, por la sencilla
razón de que compleja también es la Directiva de envases y
residuos de envases y, sin embargo, ustedes tienen una
extraordinaria prisa en trasponerla, incluso antes de que se
termine la legislatura, antes de que se disuelvan las Cámaras. La
razón de complejidad no me parece suficiente.
La promesa de resolver este tema procede del año 1990; el
Gobierno ya se comprometió en el año 1990. Hay pautas cada año,
cada dos años; en este momento hasta en cinco ocasiones se ha
comprometido el Gobierno a hacer esta regulación, esta
modificación, y ustedes no lo han llevado a efecto, lo cual
supone un auténtico incumplimiento de compromiso, uno de ellos,
incluso, una proposición no de ley que votó su Grupo
Parlamentario.
Señor Ministro, creo que aquí lo que hay es una dejación de una
responsabilidad muy importante y una discriminación en relación a
otras normas o planteamientos que parece que requieren más
atención por su parte, hasta el punto de, si trasponen la
Directiva de envases y residuos de envases, hurtarnos unos
debates importantes en esa materia y, sin embargo, no cumplir con
los compromisos adquiridos en esta otra.
Le ruego, señor Ministro, que pongan menos atención en los
planteamientos electorales en un momento dado, ante la disolución
inmediata de la Cámara, y que atiendan más a los problemas reales
y específicos y cumplan las promesas que vienen haciendo desde el
año 1990 en relación con esta materia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
La verdad es que no le entiendo, señoría. No comprendo dónde ve
usted sombras electorales. Francamente es muy rebuscado su
argumento. Hay una Directiva sobre envases y embalajes, que ha
sido aprobada, que tiene un plazo de trasposición. No se nos ha
ocurrido hacer una legislación sobre envases y residuos de
envases antes de que estuviera aprobada la Directiva comunitaria.
La hacemos después de dos largos años de discusión en Europa
sobre cómo debe ser la norma comunitaria. Después hacemos la
española y quisiéramos trasponerla antes de que cumpla el plazo.
No veo dónde está el interés ni la inquietud electoral.
En materia de calidad atmosférica nos pasa lo mismo. En octubre
pasado --este octubre-- se aprobó la Directiva europea sobre
evaluación y gestión de la calidad del medio ambiente
atmosférico; en octubre pasado; y en octubre pasado se aprobó la
decisión del Consejo para establecer los intercambios de
información y sistemas de control en redes y estaciones en los
Estados miembros; y está todavía en elaboración una directiva
sobre el ruido, que definirá los niveles de inmisión admisibles;
y acabamos de aprobar un Real Decreto sobre contaminación
atmosférica por ozono. Hasta que no tenga claro cuál es el marco
comunitario, no sería muy razonable anticipar la elaboración de
normas españolas.
Tenemos en permanente elaboración un anteproyecto de ley que
incorpora las disposiciones comunitarias; creo que tendríamos que
incorporar las que se están elaborando ahora: la directiva sobre
el ruido, que no está todavía aprobada, y, tan pronto como
sepamos a qué atenernos, traspondremos las directivas y las
completaremos con legislación propia. Pero no veo, francamente,
la relación que hay con la de envases y embalajes y mucho menos
en la perspectiva electoral que usted nos atribuye.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO SE ENCUENTRA EL
PROYECTO DE PASEO MARITIMO EN LA PLAYA DE «MARJAL», EN EL TERMINO
DE ALCANAR (TARRAGONA)? (Número de expediente 180/001552)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Antich i
Balada.
Tiene la palabra.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, todo el municipio de Alcanar, con su
alcalde al frente, y muy en concreto los habitantes del barrio
marítimo de Les Cases de Alcanar, están ilusionados con este
proyecto que hace tiempo se está negociando desde el Ayuntamiento
con su Ministerio.
La pregunta, por tanto, iría en el sentido literal, pero, a ser
posible, también quisiéramos saber concretamente la situación del
proyecto, en qué estado se encuentra, así como si fuera posible
conocer la extensión, la longitud del tramo que ocupa, así como
el presupuesto.
De todas formas, la pregunta literal, que leo a continuación y es
la que le formulo, es: ¿Cómo se encuentra el proyecto de paseo
marítimo en la playa del Marjal, en el término de Alcanar
(Tarragona)?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente. Señoría,
el proyecto de paseo marítimo por el que se interesa S. S. está
ya acabado y antes de principios de año será remitido por Costas
de Tarragona a la Dirección General de Costas para su aprobación
técnica.
Se trata de una actuación en el borde costero al sur del barrio
marítimo denominado Les Cases de Alcanar. Se extiende sobre un
kilómetro y medio casi, con una anchura que oscila entre los 15 y
los 30 metros. La actuación se desarrolla en el trasdós de la
playa del Marjal, constituida por gravas, y ocupa en su mayor
parte terrenos colindantes a la ribera del mar por el lado
tierra.
El objetivo de esta actuación es dotar de accesibilidad y
permeabilidad a la playa, así como crear zonas verdes y
ajardinadas, que incluyen también la iluminación del paseo. El
presupuesto es de 550 millones de pesetas y para su tramitación
precisa de la aportación de terrenos por parte del excelentísimo
ayuntamiento de Alcanar, los cuales afectan, aproximadamente, al
60 por ciento de la superficie total sobre la que se tiene
previsto actuar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTO REALIZAR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE Y EN QUE PLAZOS, EN RELACION CON LA VARIANTE O
DESVIO DE LA N-340 A SU PASO POR NULES (CASTELLON)? (Número de
expediente 180/001553)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Arnau Navarro.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente. De sobra es
conocido por parte del señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente el peligro que representa el paso de
la carretera nacional 340 por el centro de la localidad de Nules,
en Castellón.
Estoy seguro además de que también conoce el señor Ministro los
accidentes ocurridos en esta carretera, la reivindicación social
en favor del desvío y también la petición que se hizo en 1985 por
parte del grupo municipal socialista de Nules en este mismo
sentido.
Por ello, sin más preámbulos, paso a formularle la siguiente
pregunta: ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y en qué plazos
en relación con la variante o desvío de la nacional 340 a su paso
por Nules (Castellón)? Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, aprovecho la oportunidad que me brinda su pregunta para
declarar una vez más que para este Departamento son absolutamente
prioritarias las obras de la variante de Nules, en las que
estamos invirtiendo toda nuestra capacidad técnica, y que no
tendrán ninguna restricción presupuestaria. La haremos, por
tanto, en los plazos técnicamente más cortos posibles, que
desgraciadamente a veces se alargan más como consecuencia, por
ejemplo, de la incidencia de la modificación en la legislación de
contratos del Estado, que ha implicado para esta obra, como para
otras muchas, una demora que este Ministerio no hubiera deseado y
que nos esforzaremos en minorar.
Ya tenemos prácticamente terminada --me atrevería a decir
terminada-- la adjudicación definitiva del contrato de asistencia
técnica para redactar el proyecto de trazado y construcción de
esta variante.
Se han abierto ya las propuestas presentadas a ese concurso y,
tras estudiar las ofertas recibidas, ya está preseleccionada la
oferta concreta de una empresa, por un importe de adjudicación de
casi 50 millones de pesetas.
Puedo informarle que el expediente ha sido ya diligenciado por la
Intervención Delegada del Ministerio, con lo cual puedo decirle
que, formalmente hablando, la adjudicación definitiva es ya un
hecho.
Aunque un proyecto de construcción de estas características
inevitablemente requiere nueve meses de trabajo,
haremos todo lo necesario y prestaremos a la empresa
adjudicataria toda la colaboración para que pueda terminar su
trabajo en un plazo máximo de seis meses para, a continuación,
iniciar las actuaciones necesarias para las expropiaciones.
Si entre medias se hubiese modificado la Ley de contratos del
Estado, de manera que no fuera necesario disponer de los terrenos
para poder licitar las obras, ganaríamos sin duda un período de
tiempo importante. Estoy seguro de que así será y así podremos
recuperar importantes retrasos que se han inducido en la obra
pública en general y en ésta en particular, en función de una
modificación legislativa que deberá seguramente ser revisada.
Tenga la seguridad S. S. de que la variante de Nules es la
primera preocupación que tiene el Ministerio, porque somos
conscientes de su urgencia social. Tenga la seguridad S. S. de
que para hacer obras tenemos que hacer declaraciones de impacto
ambiental, tenemos que hacer exposiciones públicas, tenemos que
hacer proyecto de trazado de construcción, tenemos que licitar
las obras y todo ello lleva un tiempo que puede parecer demasiado
largo a los afectados y que nos esforzamos en reducir al máximo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL COUCE PEREIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA
EL PROYECTO DE LA CONEXION DE FERROL CON LA AUTOPISTA, EN EL
MUNICIPIO DE FENE, Y CUALES SON LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO
EN LOS TRAMOS CARRETERA-TRINCHERA O COUTO, POLIGONO INDUSTRIAL DE
NARON-FREIXEIRO? (Número de expediente 180/001555)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Couce Pereiro,
que tiene la palabra.
El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué situación se encuentra el proyecto de la
conexión de Ferrol con la Autopista del Atlántico, en el
municipio de Fene, y cuáles son las modificaciones del proyecto
en los tramos de la carretera de la Trinchera O'Couto y el
polígono industrial de Narón en Freixeiro, Ferrol?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce. Tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el tramo Fene-Neda-Narón, que dará a Ferrol salida a la
autopista, es una actuación prevista en el convenio con el
Ayuntamiento de Ferrol y es objeto de un estudio informativo que
está actualmente en trámite de declaración de impacto ambiental.
En la aprobación técnica de ese estudio informativo se ha tenido
ya en cuenta que al final de la vía se sitúa un enlace, el enlace
de O'Couto, que conecta con el centro urbano de Narón y con
Ferrol a través de la carretera denominada de la Trinchera. La
redacción del proyecto de construcción se iniciará una vez que
tengamos terminada la declaración de impacto ambiental y en él se
incluirán los ramales de conexión --como consta en la orden de
estudio-- que precisará de una asistencia técnica específica para
su redacción.
El tramo Fene-Neda-Narón, continuación del O'Sino-San Juan, está
incluido en el PAPCA, en su programa de medio urbano, tiene ya
orden de contratación y está sujeto, como decía antes, a las
determinaciones de la nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que espero pueda ser modificada en
breve para permitir la agilización de la ejecución de estas
obras. Durante las mismas en el tramo O'Sino-San Juan, que
transcurre en zona urbana, se acometerán --téngalo por seguro--
las necesarias medidas correctoras de impacto ambiental, y todo
ello implicará una conexión de Fene con Ferrol,
independientemente de la Autopista del Atlántico, que venga a
cumplir con las inquietudes y preocupaciones que S. S. manifiesta
en la pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Couce.
El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Ministro, por la magnífica
información que nos ha proporcionado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ LOPEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PROYECTOS
TIENE EL GOBIERNO PARA PALIAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS
RONDAS DE MALAGA? (Número de expediente 180/001558)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de la señora Sánchez
López.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo creo que a estas alturas del siglo no son
necesarias las reflexiones sobre la importancia que tiene la
preservación y el cuidado del medio ambiente. Tampoco creo que
sea necesario resaltar la importancia que tienen las grandes
obras de infraestructura
para el desarrollo y el avance de los pueblos, obras
responsabilidad fundamentalmente de su Ministerio. Una de estas
grandes obras, reivindicadas durante mucho tiempo por los
ciudadanos malagueños, es la ronda de circunvalación de Málaga.
La construcción de dicha ronda de circunvalación ha tenido unos
efectos negativos en los montes de Málaga que, desde nuestro
punto de vista, sería necesario paliar. Por ello le formulo al
señor Ministro la siguiente pregunta. ¿Qué proyectos tiene el
Gobierno para paliar el impacto medioambiental de las Rondas de
Málaga?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Ministerio tiene en ejecución un programa denominado
«Recuperación del medio natural», afectado por las obras públicas
del Estado, por el que intentamos corregir los desajustes
ambientales ocasionados por las mismas. En este programa hay un
subprograma muy importante, que es el proyecto de recuperación
del medio natural en las rondas este y oeste de Málaga, cuyo
objeto ha sido definir las medidas correctoras de impacto
ambiental que permitan disminuir problemas de erosión de taludes,
mejorar la integración de la obra en su entorno, disminuir su
impacto paisajístico, recolonizar las zonas afectadas por la
obra, y un programa de lucha contra el ruido con el que se
pretende que en un conjunto de ciudades españolas --y en Málaga
en particular-- se disminuyan los tramos donde se han detectado
niveles superiores a los admisibles. Lo admisible puede ser 65
decibelios de día y 55 de noche. Aunque no existe aún en España
una legislación sobre niveles y emisión de ruido, utilizamos
estos límites que son similares a los empleados por los países
europeos de nuestro entorno. Vamos a invertir 500 millones de
pesetas al año para ir reduciendo el impacto sonoro, y en el caso
de Málaga tenemos proyectos que permitirán disminuir
progresivamente este impacto que nos consta que era importante y
para el cual se han venido ejecutando, como sabe S. S., obras que
ha permitido resolver los problemas más acuciantes puestos de
manifiesto por los vecinos afectados.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿QUE RAZONES ALEGA
EL GOBIERNO PARA JUSTIFICAR LAS EXTRALIMITACIONES PRODUCIDAS EN
LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO APROBADA EN 1995? (Número de
expediente 180/001544)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Núñez Pérez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones alega el Gobierno para justificar
las extralimitaciones producidas en la oferta de empleo público
aprobada en 1995?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma
Blasco): Señor Núñez, me gustaría que precisara usted exactamente
el contenido de la pregunta porque, de acuerdo con el Gobierno,
no ha habido extralimitación en la función pública.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, dijo usted ayer en Tele 5, con mucho desparpajo,
como hoy aquí, que en la oferta de empleo público no ha habido
extralimitaciones, pero sí las ha habido. No sé por qué se
preocupan los socialistas buscando sucesor a don Felipe González;
usted lo imita divinamente.
La oferta de empleo público no está congelada, está más bien
derretida por abusos, trampas y extralimitaciones graves. Hay
pocas disposiciones presupuestarias que ustedes no hayan
mancillado, y se lo voy a demostrar. La oferta para 1995 limitaba
el apartado del personal laboral a 550 plazas en el Inserso, pero
ustedes, en el «BOE» del 16 de noviembre, convocaron además 1.900
plazas de personal laboral fijo en el Inem. ¿Cómo se compagina
esta convocatoria con la congelación estricta que ordena el
artículo 18 de la Ley de Presupuestos? Las 1.900 plazas no están
dotadas presupuestariamente, ni están justificadas porque no
afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales,
como exige la disposición transitoria quinta de la Ley de
presupuestos, ni pueden ampararse en ningún plan de empleo, que
están pensados principalmente para reasignar efectivos, pero
nunca para consolidar irregularidades. ¿Considera el señor
Ministro urgente, imprescindible y necesario convocar 1.900
plazas en el Inem para convertir en fijos a los temporales
eventuales interinos, e incluso a los contratados por obra y
servicio? ¿Considera el señor Ministro acorde con la sentencia
99/88 del Tribunal Constitucional que todos estos puestos se
conviertan en laborales fijos al mismo tiempo que otros de
similares características cubiertos por laborales están en
proceso de funcionarización? ¿Qué caos es éste? Pero es que
además de las extralimitaciones en número, la convocatoria
conculca los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Señor Ministro, cuando ustedes llegaron al Gobierno hace 13 años
pusieron la función pública patas arriba
con la Ley 30/84. Confiemos que en estos tres meses que restan no
les dé tiempo a dejarla como tierra calcinada.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma
Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, convierte usted en un tono de agresividad sus
intervenciones, que son absolutamente innecesarias siempre,
porque, francamente, si usted lo que quiere es conocer el
resultado de la aplicación de la legalidad en materia de función
pública, con mucho gusto estoy dispuesto a responderle. Si quiere
usted dar a entender que el Gobierno comete alguna irregularidad,
no tiene usted ninguna posibilidad de demostrarlo porque es
rotundamente falso.
Si usted hubiera hecho una crítica habiéndose leído la totalidad
del Real Decreto 795, que aprueba la oferta pública de empleo
para 1995, sabría usted que al margen de las plazas que pueden
convocarse, que no pueden ser cubiertas con los efectivos de
personal existentes, hay otras plazas que se pueden convocar
derivadas de la promoción interna del acuerdo de 1994 con los
sindicatos contenido en el artículo 6 del Real Decreto aludido,
que es de 1.000 plazas, también se pueden convocar las derivadas
de los procesos de funcionarización que S. S. conoce
perfectamente, así como las derivadas de un proceso de
reordenación de efectivos contenido en un plan de empleo que
usted mismo ha citado. Así pues, es evidente que todo eso da un
contenido mucho mayor de plazas del que usted mismo acaba de
decir, que naturalmente es lo que el Gobierno, ateniéndose a la
legalidad, ha hecho. No obstante, para evitar que se incumpla el
efecto limitador de la oferta de empleo público, el propio real
decreto citado establece, en su artículo 6, que las convocatorias
a que he hecho referencia sólo podrán efectuarse si no implican
incremento global de los efectivos.
Nada más. Muchas gracias. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, no intenten cronometrar desde los escaños. Señor Núñez,
tiene tres segundos, pero sabe S. S. que en dos intervenciones,
no en tres. Su señoría ha utilizado de la segunda intervención el
tiempo que ha querido.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO ¿CUALES SON LOS ULTIMOS
RESULTADOS DEL PLAN DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO? (Número de expediente 180/001551)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el plan de modernización de la Administración del
Estado es un objetivo de su ministerio que con la colaboración no
sólo de otros ministerios, sino también de departamentos y
organismos de la Administración, ha supuesto una mejora en
algunos aspectos en su funcionamiento, cosa importante siempre,
al servicio de los ciudadanos. Temas como la mejora de la
información o la mejora de la calidad de los servicios ya fueron
evaluados recuerdo que, entre otras cosas, en comparecencias del
señor Ministro en la Comisión. Por consiguiente mi pregunta va
encaminada a saber si está previsto, puesto que se está
ejecutando creo que la segunda fase del plan, el momento de
presentar los resultados o qué previsiones hay al respecto.
La pregunta concreta es: ¿Cuáles son los últimos resultados del
plan de modernización de la Administración del Estado?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma
Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
La segunda fase del plan, que, como S. S. conoce, tuvo inicio en
abril de 1994, incluyó una pluralidad de proyectos de los
distintos ministerios que podríamos encuadrar en cuatro áreas de
actuación. Un bloque en el que podemos situar los proyectos de
información y acercamiento al ciudadano; un segundo bloque que
estaría constituido por proyectos de mejora de la calidad de los
servicios; un tercer bloque, proyectos de reducción de costes y
aumento de la productividad mediante los planes de empleo; y
finalmente, un último bloque formado por los proyectos de aumento
de la eficacia en la gestión interna. Al finalizar 1994 se habían
ejecutado 81 proyectos que habían desarrollado la totalidad de
las actividades previstas, 18 habían sido descartados por el
surgimiento de problemas que impedían su continuidad y otros 54
extendían su proceso de ejecución al año 1995. Una vez se
produzca la finalización de esta segunda fase del plan el 31 de
diciembre, será el momento de efectuar un análisis de los
resultados procediendo a su evaluación.
Me gustaría concluir expresando la actuación del Ministerio para
las Administraciones Públicas, que, como S. S. conoce, asume el
impulso de la modernización de las administraciones públicas,
especialmente en lo referido a la calidad de los servicios
públicos que se ofertan al ciudadano. En este sentido, existen
proyectos encuadrados en el plan que pretendo someter
próximamente al Consejo de Ministros. Uno es la creación
de las oficinas de información integral de la Administración
pública en cada una de las provincias. Y otro es el
establecimiento de sistemas de transparencia y participación de
los ciudadanos en el control de la calidad con que se prestan los
servicios públicos a través de la implantación de libros de
quejas y sugerencias y a través de las cartas de servicios.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON NARCIS VAZQUEZ ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA
AL GOBIERNO: ¿TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE ADOPTAR ALGUNA
MEDIDA QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA EN LA EXPORTACION DE
MATERIAL DE DEFENSA Y DOBLE USO, DE MANERA QUE NO PUEDA SER
UTILIZADO EN ACCIONES QUE PERTURBEN LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA
ESTABILIDAD? (Número de expediente 180/001537)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Vázquez Romero.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en nuestro país la exportación de armamento es
una actividad tradicionalmente rodeada de opacidad informativa,
especialmente al ser materia clasificada como secreta al menos
desde el año 1987. Ni siquiera los parlamentarios tenemos acceso
directo a los informes preceptivos y vinculantes a los que hace
referencia el artículo 19.1 del Real Decreto 824/1993, que
aprueba el Reglamento de comercio exterior de material de defensa
y material de doble uso. Mi grupo parlamentario estima que la
transparencia en el comercio de material de defensa susceptible
de doble uso es un elemento fundamental para evitar que las
transferencias del citado material puedan ser utilizadas, como
ocasionalmente ocurre, en la comisión por parte de algunos
Estados de violaciones de derechos humanos. Esta situación de
opacidad podría resolverse con un cierto grado de conocimiento
público que evitara exportaciones de sistemas susceptibles de ser
utilizados en acciones que perturbaran la paz, la estabilidad o
la seguridad a nivel mundial o regional.
Por todo esto, mi grupo quiere preguntarle si el Gobierno tiene
intención de adoptar algún tipo de medida que garantice la
transparencia en la exportación de material de defensa y doble
uso, de manera que no pueda ser utilizado en acciones que
perturben estos conceptos de paz, seguridad y estabilidad que a
todos nos interesan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Señoría, en primer lugar tengo que decirle que España ha adoptado
en los últimos años toda una serie de compromisos internacionales
en el control de exportaciones de material de defensa y material
de doble uso. Esto significa que a la hora de autorizar
exportaciones de dichos bienes sensibles España tiene que seguir
un comportamiento similar al de otros países miembros de los
nuevos foros internacionales. España ha venido adoptando diversas
obligaciones internacionales: desde 1985 pertenecemos al Comité
multilateral del COCOM, desde ese mismo año al Grupo Australiano,
desde 1987 ratificamos la adhesión al Tratado de No Proliferación
Nuclear, desde 1988 pertenecemos al grupo de suministradores
nucleares sobre no proliferación del arma nuclear, formamos parte
de diferentes grupos que por falta de tiempo no los enumeró todos
y, como consecuencia de todo ello, se elaboró la Ley Orgánica
3/1992, de 30 de abril, y el Real Decreto 824/1993, de 28 de
mayo, que se cumplen a rajatabla.
En la línea de intentar informar de lo que nos parece que es
razonable en un material de este estilo, se ha publicado por
primera vez en el boletín, que usted conoce, de información
comercial española una relación de datos distribuidos por
regiones y según la clase de bienes del tipo de exportación que
España hace. Sí le quiero decir que España no es un país especial
o significativamente exportador de armas ni de material de doble
uso. Estamos con unas cuotas por debajo de la media del comercio
mundial. En cualquier caso, con el conjunto de organismos que
tienen que ver con este tema, el Ministerio de Defensa con sus
diferentes instituciones y el Ministerio de Industria estamos
estudiando la posibilidad de dar una mayor información, llegando
a proporcionar información por países y por tipo de armamento,
pero ahora no me puedo comprometer a que lo vayamos a hacer de
forma inmediata.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Vázquez tiene la palabra.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Ministro.
Espero que esa voluntad que usted acaba de expresar termine
concretándose y que su Ministerio o el Ministerio de Defensa o el
Gobierno en su conjunto encuentre la fórmula para que a través de
la transparencia en este tipo de comercio se evite lo que
ocasionalmente ocurre, que es la utilización de material vendido
por España (aunque no somos de los primeros países exportadores
de armamento: no somos Francia ni Estados Unidos ni Rusia, pero
en cualquier caso exportamos) y que con ese material que nosotros
exportamos se pudieran estar violando derechos humanos por parte
de algunos países
con otros sistemas. Probablemente la única y más segura y eficaz
forma de combatir posibles usos posteriores inadecuados sería
dotar a la sociedad española del suficiente --digo suficiente--
conocimiento de este tipo de operaciones, y a través del control
público que pueda establecerse se evite este tipo de operaciones.
Espero que sus palabras encuentren concreción. Si así es, contará
usted con el apoyo de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Voy a hacerle sólo dos matizaciones, primera, evidentemente, como
cualquier materia sometida a secreto oficial, a través de la
Comisión de Secretos Oficiales existe la información disponible.
Por tanto, si piden una reunión de dicha Comisión de Secretos
Oficiales es posible esa información. Segunda, sólo informan en
el mundo más que lo que hemos informado nosotros dos países,
Canadá y Suecia. Países tan importantes y vecinos nuestros como
Italia y Francia informan muchísimo menos que nosotros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELETISIMO
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿QUE ALCANCE TIENEN LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LAS OFICINAS
ESPAÑOLAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR? (Número de expediente
180/001540)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Aguirre
Rodríguez, que tiene la palabra para formularla.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué alcance tienen las irregularidades cometidas
en las oficinas españolas de turismo en el exterior?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Señoría, quiero decirle y dejar constancia en esta Cámara de que
de las 27 oficinas españolas de turismo en el exterior la mayor
parte no han cometido ninguna irregularidad y no tienen ningún
problema. Lo que sí le puedo decir es que, precisamente por la
mejora y el aumento de las inspecciones, se han ido detectando
algunas rendiciones de cuentas no perfectas que han permitido
tomar medidas. Se han pedido reintegros de algunas de las cuentas
no debidamente justificadas, lo que a conducido a que se haya
abierto un expediente en la oficina de Lisboa y estemos a punto
de abrir otro en la oficina de Sao Paulo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, coincido con usted plenamente en que la
afirmación contenida en la pregunta no se puede generalizar a las
27 oficinas, pero coincida usted conmigo en que han aparecido en
los medios de comunicación algunas informaciones, que desde su
Ministerio no han sido negadas, en las que se dice que se han
detectado en la oficina de Miami, en la de Lisboa y en la de
Tokio algo más que irregularidades.
Cuando usted se expresa sobre los reintegros, yo no sé si se está
refiriendo a que ha pedido los reintegros de las cantidades que
no aparecen en las cuentas. También nos habla usted de la mejora
de control. Yo no sé en qué momento habrá sido la mejora de
control, pero desde luego en la oficina de Lisboa y en la de
Miami, por lo que se desprende de las informaciones que se han
publicado, el control ha brillado por su ausencia, porque allí ha
habido gente que ha utilizado fondos de manera festiva, allí ha
habido gente que ha contratado servicios externos con empleados
de la oficina que han constituido pequeñas empresitas para ser
siempre los beneficiarios de los presupuestos de este tipo de
oficinas y, la verdad sea dicha, esas prácticas se han sucedido
durante años, años y años. Concretamente me refiero a la Oficina
de Lisboa, donde no aparece la contabilidad entera de tres o
cuatro ejercicios, o a la oficina de Miami, donde su director ha
mantenido un nivel de vida a costa del presupuesto que ya
quisiéramos usted y yo tenerlo para nosotros, no a costa del
presupuesto sino de nuestro patrimonio personal. Reconocerá
conmigo que mantener ese fantástico chalé al precio que lo
mantenía o mantener ese vehículo como representación, con el
precio que tenía, cuando menos ya no es una irregularidad.
Yo quisiera saber: ¿Todos estos impactos va usted a pedir sólo
que los reintegren? ¿Qué consecuencia tienen los expedientes?
¿Qué alcance tienen esos expedientes? ¿Sólo se van a abrir
expedientes en esas dos oficinas o hay algunos más que se puedan
abrir, señor Ministro?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
Ha hecho usted mención a la oficina de Tokio. Quiero decir que la
inspección que se ha realizado en dicha oficina ha sido
fundamental y básicamente correcta. Por eso quiero eliminar la
oficina de Tokio de sus susceptibilidades.
Los problemas más importantes han sido precisamente en la oficina
de Lisboa, donde no se han rendido cuentas de la forma debida y a
la que hemos abierto expediente. Ha habido problemas en la
oficina de Toronto y con el mismo director en la de Sao Paulo,
por lo que probablemente en esta misma semana procedamos a abrir
un expediente también. La de Miami es un tema bastante más
complicado. Las valoraciones que usted o yo podemos hacer sobre
los niveles de vida no dejan de ser valoraciones personales, pues
no está determinado reglamentariamente cuál es el nivel de vida
que debe tener el representante de la oficina. Por tanto, no voy
a hacer un juicio personal. Cuando se abre un expediente hay que
basarse en elementos jurídicos reglamentados.
Sí le puedo decir y le reconozco que el control financiero que
existía en las oficinas no era el adecuado, era insuficiente, y
que todo esto ha salido precisamente porque estamos aplicando una
normativa mucho más exigente, con un procedimiento de
inspecciones mucho más frecuente, tanto de la Intervención
Delegada como de la Inspección General de Servicios del
Ministerio, y que por tanto en el futuro estas cosas no serán
posibles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿QUE MEDIDAS
VA A ADOPTAR EL MINISTERIO PARA QUE LAS CAMARAS OFICIALES DE
COMERCIO PUEDAN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD A PARTIR DEL 1 DE ENERO
DE 1996? (Número de expediente 180/001543)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Martínez-
Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas va a adoptar su Ministerio para que
las Cámaras Oficiales de Comercio puedan desarrollar su actividad
a partir del 1 de enero de 1996?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Señoría, le quiero decir que, utilizando un símil
deportivo, la pelota no la tenemos nosotros. En este momento
estamos esperando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre
la Ley de Cámaras de 1993. Por tanto hasta que no esté la
sentencia no se sabe qué medidas se pueden adoptar. Si la
sentencia es de constitucionalidad, no hay que adoptar ninguna
medida nueva, ya que están todas en vigor y no se plantea
problema alguno. Por consiguiente, este momento las Cámaras están
más en el terreno del Tribunal Constitucional que en manos del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Ministro, yo creo que la
pelota siempre ha estado en su tejado, no en el del Tribunal
Constitucional, porque es usted quien tiene las competencias para
regular estas instituciones de acuerdo con la sentencia de
inconstitucionalidad anterior.
Ustedes trajeron a esta Cámara para convalidar un real decreto.
Hace nueve meses que pretendían dar una mayor tesorería a estas
instituciones y, como manifestó el Ministro que presentó el
proyecto, ganar un tiempo para modificar la situación jurídica
abierta por la sentencia de inconstitucionalidad. Además, ustedes
dijeron que no supondría ningún quebranto para el Gobierno.
Nosotros les dijimos entonces que no nos parecía que fuera la
solución óptima, porque íbamos a quitar el dolor pero no a curar
la enfermedad que padece esta institución; les dijimos que se
produciría un quebranto; les dijimos que seguirían las Cámaras
sin encontrar un sitio en el entramado económico y les animábamos
a que cambiaran la legislación. Efectivamente, nueve meses
después esto es lo que ha sucedido. Hay quebranto, las Cámaras
siguen en un proceso errático, no tienen ahora mismo facilidad
para hacer el presupuesto de 1996 ni para fijar sus objetivos, y
nosotros entendemos que eso es competencia del Ministerio. Las
Cámaras están en crisis, lo que se demuestra porque no están
cobrando los recibos, y la parálisis y falta de acción de su
ministerio pueden estar conduciendo a estas instituciones a que
tengan problemas de operatividad que les impiden desempeñar el
papel que ustedes mismos dijeron en su exposición que debían
jugar estas instituciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.
En primer lugar tengo que decir que los problemas de las Cámaras
no los ha creado ni este Gobierno ni el anterior. Los problemas
de las Cámaras tienen su origen
precisamente en que muchas de ellas no han tenido el
funcionamiento adecuado durante muchos años y han encontrado un
rechazo muy fuerte por parte de su propia base social, que son
los empresarios. Por tanto, el problema fundamental de las
Cámaras no está relacionado con la ley ni relacionado con nada,
sino con su propio funcionamiento, y eso las propias Cámaras lo
asumen y son conscientes de ello.
Quiero decirle dos cosas. Una, si la ley resulta constitucional
no hay problemas. Por tanto, tendrán todo el soporte jurídico,
sin incertidumbre legal alguna, para cobrar los recibos; no habrá
ningún elemento de incertidumbre. En el caso de que resulte que
se declara anticonstitucional la ley, habrá, primero, que
modificar la ley de acuerdo con la sentencia (no se puede ni
tiene sentido hacerlo antes sin saber si es constitucional o no)
y segundo, habrá que arbitrar una solución de financiación
temporal, probablemente prorrogando los avales. Hasta ahora no se
ha producido quebranto alguno. Yo no le puedo asegurar que no se
vaya a producir en el futuro. Y, desde luego, que las Cámaras
encuentren o no su sitio depende de cada una. Hay Cámaras en
España que tienen su sitio muy claramente, que lo han encontrado,
que tienen el soporte de sus bases, y hay otras que no lo han
encontrado, con la misma legislación. Por tanto, el problema
fundamental de las Cámaras no hay que achacárselo al Gobierno ni
a esta Cámara cuando aprobó la ley, por cierto por amplia
mayoría, sino a la gestión de las propia Cámaras.
Le quiero decir también que el Ministerio está desarrollando, con
el Consejo Superior de Cámaras, un amplio proceso de
reestructuración y mejora en el funcionamiento de sus servicios,
a lo cual todas las Cámaras han contribuido. Por tanto, estamos
trabajando en esa línea para que las Cámaras encuentren el
respaldo de sus bases, que es lo que tienen que hacer, porque es
un conflicto interempresarial y no con el Gobierno, ya que son
las empresas las que no quieren pagar a las Cámaras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CUAL ES EL IMPORTE
TOTAL DE LAS INVERSIONES QUE HA REALIZADO EL MINISTERIO DE
CULTURA DURANTE 1995, Y HASTA EL DIA DE LA FECHA, EN LAS
CATEDRALES ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/001542)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Gómez-Alba,
que tiene la palabra.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿cuál es el importe total de las inversiones que
ha realizado el Ministerio de Cultura durante 1995, y hasta el
día de la fecha, en las catedrales españolas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor
presidente. Completo y amplío la información, pues ya tuve
ocasión de contestar a una pregunta sobre el mismo asunto
realizada por S. S. hace prácticamente un mes. En esa línea
quisiera decirle que al concluir el año habremos destinado algo
más de 400 millones de pesetas a actuaciones distintas en trece
catedrales, y naturalmente para ello, incluso para invertir más,
debemos contar con las autorizaciones de los cabildos y las
comunidades autónomas correspondientes, así como con los debidos
proyectos que aseguren una intervención con todo el rigor técnico
que precisan este tipo de intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Efectivamente, señora ministra, este
mes de noviembre recibimos su contestación a la pregunta que
formulamos el 8 de septiembre sobre este mismo tema. En
contestación que nos dio eran meras previsiones y nos hablaba de
167 millones y 12 más para planes directores, previsiones que
difieren mucho de la cifra que en este momento, un mes después,
nos está dando de 400 millones. Agradecemos el dato, aunque dista
mucho, desde luego, de lo aprobado hace un año en este Parlamento
para los presupuestos de 1995; 738 millones.
A la luz de esto vemos cuál es el interés del patrimonio, que
según dijo era prioritario en su ministerio. Las partidas para
este tipo de inversiones, el 5 por ciento del presupuesto total,
las consideramos en su día ridículas, con que fíjese cómo
consideraremos éstas, dadas las inmensas necesidades que tiene
nuestro patrimonio. Usted ha recortado la partida de catedrales y
el patrimonio parece que es una prioridad, pero lo es para el
recorte.
La partida consignada en el proyecto de ley fue un farol que, en
un momento en que la opinión pública estaba sensibilizada sobre
la conservación de este patrimonio, se permitió su ministerio. A
veces también nos ha hablado de los convenios inconcretos con las
comunidades autónomas y con la Iglesia, pero desgraciadamente
sigue sin comprometer cantidad alguna para las inversiones y la
única finalidad de dichos convenios, desde nuestro punto de
vista, es empantanar el asunto, poner una excusa para no hacer
nada y quitarse
de encima, en último caso, la responsabilidad última que tiene
según la Constitución: la defensa del patrimonio histórico
español.
Respecto a la iniciativa privada, que también la cacarean siempre
que sale el tema, no es mérito del Ministerio de Cultura, sino de
los particulares, y yo creo que debería hacerla sonrojar que
inviertan más que el propio ministerio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señora, ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Pues no me
sonrojo en absoluto, señoría, y lo lamento muchísimo, porque me
siento francamente orgullosa del trabajo que se ha hecho no sólo
desde el Ministerio de Cultura, sino desde el Gobierno, que ha
hecho que se aprobara una Ley de Mecenazgo en la que,
efectivamente, se ha considerado prioritaria la participación de
la iniciativa privada en el tema de patrimonio.
Además le puedo asegurar que esperamos tengan su fruto nuestros
esfuerzos en el tema de convenios con las comunidades autónomas,
que hemos realizado ya en más de la mitad de ellas. Le puedo
decir también que en muchas ocasiones nosotros hemos tenido muy
claro seguir los consejos de los especialistas, y si en alguna
ocasión no vamos a poder ejecutar los presupuestos que hemos
previsto, en un principio más de 680 millones de pesetas y otros
35 para los planes directores, ha sido también por falta de
colaboración con las comunidades autónomas y de los cabildos. Eso
nos hace ver que en muchas ocasiones hay alguna dosis de cinismo
por lo menos, porque aquellas personas que están tan preocupadas
por el patrimonio, sin embargo, parece que no establecen los
mecanismos necesarios para que el Estado cumpla efectivamente con
su obligación, obligación y competencia compartidas con las
comunidades autónomas y por supuesto con los titulares del
patrimonio (que en este caso, al tratarse del patrimonio
eclesiástico, es la Iglesia), de hacer posible esas vías de
inversión y el cumplimiento de su responsabilidad y de su
competencia. Le podría poner muchos ejemplos --ahora no tengo
tiempo, pero se lo puedo explicar en cualquier otro momento-- de
todo el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo por parte de
la Dirección General de Bellas Artes para temas patrimoniales y
cómo muchísimos responsables que ante los medios de comunicación
se echan las manos a la cabeza y denuncian la irresponsabilidad
del Ministerio de Cultura, sin embargo, cuando se tienen que
establecer los mecanismos necesarios para que haya proyectos y se
pueda aprobar por la Intervención, no lo hacen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON SALVADOR SANZ PALACIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CULTURA: ¿CUAL ES EL IMPORTE TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS DE
CREDITO QUE HA RECIBIDO EL MINISTERIO DE CULTURA, DURANTE 1995 Y
HASTA EL DIA DE LA FECHA, EN CONCEPTO DEL DENOMINADO UNO POR
CIENTO CULTURAL? (Número de expediente 180/001546)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Sanz Palacio,
sustituido para este acto por el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora ministra, ¿cuál es el importe total de las transferencias
de créditos que ha recibido el Ministerio de Cultura, durante
1995 y hasta el día de la fecha, en concepto del denominado uno
por ciento cultural?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor
Presidente.
También tuve ocasión, hace unos meses, de contestar en la
Comisión de Educación y Cultura, del Congreso de los Diputados,
en una comparecencia extensa sobre el uno por cien cultural. Hoy
tenemos la oportunidad, además, de tener aquí a mi querido
colega, el Ministro de Obras Públicas que tiene bastante que ver
con este tema.
En este momento el Ministerio de Cultura ha recibido
incorporaciones de créditos por importe total de 795.364.000
pesetas, que supera lo que se ha venido transfiriendo en
ejercicios anteriores.
Por supuesto, el cumplimiento del uno por cien cultural no sólo
se hace, como muy bien sabe S. S., a través del Ministerio de
Cultura, sino que son otros ministerios los que invierten
también, teniendo en cuenta la legislación del uno por cien
cultural. En esa línea podemos pensar que el Ministerio de Obras
Públicas, como ministerio inversor máximo, este año realizará
inversiones, con cargo a ese uno por cien cultural, consecuencia
también de un convenio entre ambos ministerios, que excederá de
los 3.000 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, 795 millones son, sin duda, una buena cifra,
sobre todo, comparándola con los 77 millones
transferidos en 1994, o con los 50 inicialmente previstos para
1995.
Ya sabemos también que el mérito de este incremento se debe al
acuerdo de colaboración, que se firmó a finales de 1994, entre el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el
Ministerio de Cultura, del que la señora ministra se siente muy
orgullosa.
No obstante, permítanos que nosotros sigamos insistiendo en que
no nos parece ésta la mejor vía para el cumplimiento del uno por
ciento cultural, sino que por tres veces aprobó el Parlamento
durante el año pasado, antes de que usted firmara este convenio
con el señor Borrell, desoyendo así no sólo la opinión del Grupo
Popular, sino la del Grupo Socialista y del resto de los grupos
del Congreso y del Senado que aprobaron dichas inciativas.
Pues bien, ¡cuánto mejor sería la vía que el Parlamento sugirió
de reformar la normativa, para que el Ministerio de Cultura fuera
el que, en última instancia, decidiera el destino y la forma de
aplicación de dichos fondos, teniendo en cuenta las necesidades y
prioridades de inversión, con una intervención mucho más activa y
decisiva en este sentido del Consejo del Patrimonio! Si así se
hiciera, no habría necesidad de firmar ningún acuerdo de
colaboración, pues se trataría simplemente de cumplir la ley.
Fíjese qué fácil. Ello le hubiera permitido, por ejemplo,
disponer, en 1994, de 4.850 millones de pesetas, en lugar de los
exiguos 77 millones que le transfirieron y que resultan ridículos
para las necesidades.
Nos felicitamos todos por el acuerdo que se adoptó en la pasada
reunión del Consejo del Patrimonio, por el que, en apoyo del
Ministerio de Cultura, se solicita a la señora ministra que se
ejecute la voluntad del Congreso de los Diputados y el Senado, ya
ve que no sólo somos nosotros, los pesados del PP. Dicho acuerdo
se aprobó por unanimidad, es decir, con el voto a favor de los
representantes de todas las comunidades autónomas, incluidas las
que están gobernadas por el Partido Socialista, e incluso con el
voto a favor del propio Director General de Bellas Artes que
preside el Consejo.
Por ello, esperamos que, de una vez, se decida la señora ministra
a hacerle caso al Congreso, al Senado y al Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez-Alba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Muchas gracias,
Presidente.
Agradezco que S. S. esté muy bien informado sobre el acuerdo del
Consejo de Patrimonio Histórico.
Le puede decir que el mandato parlamentario no tenía un plazo y
que nosotros consideramos más prudente ensayar otra fórmula.
También le puede decir que con esta experiencia, que ha supuesto
una inversión mucho más importante y coherente, nosotros
seguimos, intentando la modificación del artículo 58 del
correspondiente Real decreto. Esta es una satisfacción que vamos
a compartir, sin duda, con el señor Gómez-Alba y con todos
aquellos amantes del patrimonio histórico español. Desde luego le
puede decir que el convenio con el Ministerio de Obras Públicas
ha sido un avance muy significativo en cuanto a la aplicación del
uno por ciento cultural.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON FRANCESC HOMS I FERRET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE RAZONES JUSTIFICAN QUE A PESAR DE MANTENER ESPAÑA
LA TASA DE PARO MAS ELEVADA DE LA UNION EUROPEA, EL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO (INEM) Y LA FORCEM HAYAN DEJADO DE EJECUTAR EL
44,7 POR CIENTO Y EL 83,6 POR CIENTO, RESPECTIVAMENTE, DE LOS
PROGRAMAS COMUNITARIOS DE EMPLEO DURANTE EL PERIODO 1992-1994?
(Número de expediente 180/001505)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7 del señor Homs i Ferret,
sustituido para este acto por el señor Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, según datos de la Dirección General de
Planificación, del Ministerio de Economía, en España se dejaron
de ejecutar programas comunitarios de empleo por importe de más
de 20.000 millones de pesetas entre los años 1992 y 1994, de los
que 9.000 millones hubieran procedido del Fondo Social Europeo,
pero que al no haberse ejecutado se han perdido.
Según dichos datos, el Inem sólo ejecutó programas por importe de
15.844 millones, cuando su objetivo era llegar a los 28.683 y,
asimismo, la Fundación para la formación continua (Forcem) sólo
ejecutó programas por importe de 1.738 millones, cuando a su vez,
había programado 10.584. Por cierto, únicamente los gobiernos
autónomos de Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra son los que
cubrieron con creces sus compromisos iniciales en este tipo de
programas.
En base, pues, a los datos de la propia dirección general,
formulo la siguiente pregunta: ¿Qué razones justifican que, a
pesar de mantener España la tasa de paro más elevada de la Unión
Europea el Inem y el Forcem hayan dejado de ejecutar
respectivamente el 44,7 y el 83,6 de los programas comunitarios
de empleo durante el período 1992-1994?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Los datos que aporta el texto de la pregunta me hacen suponer que
se está usted refiriendo al grado de ejecución de los programas
de empleo y formación incluidos en el objetivo 2, a través del
cual, como S. S. señalaba, el Fondo Social Europeo cofinancia
determinadas acciones en zonas concretas de siete comunidades
autónomas españolas en las que se ha producido un declive
industrial.
Por lo que respecta al Inem, en general las acciones
cofinanciadas en el resto de los objetivos, tanto en las regiones
incluidas en el 1 como fuera del objetivo 1, excluido
naturalmente el 2, han tenido en el período a que S. S. se
refiere un grado de ejecución que podemos considerar normal,
alcanzando el 86,4 por ciento, considerando globalmente el
conjunto de las acciones.
La baja ejecución a que se refiere la pregunta de S. S. se ha
centrado en acciones del objetivo 2, concretamente en las
correspondientes iniciativas locales de empleo, principalmente en
el año 1992.
Las causas fueron, por un lado, el escaso número de proyectos que
se presentaron en dicho programa; y por otro, el retraso en el
desarrollo normativo del Real Decreto-ley de Medidas urgentes
sobre fomento de empleo y protección, que se tramitó, como S. S.
sabe, por ley el 30 de julio.
Por otra parte, la ejecución global en 1993, dentro de las
regiones del objetivo 2, estuvo condicionada también por una
reprogramación que efectuó la Unidad administradora del Fondo
Social Europeo, asignando 11.000 millones, de los cuales el 45
por ciento corresponde a ayudas del Fondo Social a formación
ocupacional.
Esta nueva asignación tuvo también un bajo nivel de ejecución, ya
que al tratarse de formación de ocupados la afluencia adicional
de fondos no pudo ser aplicada porque, como S. S. sabe, el Inem
dejó de gestionar dicho fondo en virtud del acuerdo de formación
continua firmado en diciembre de 1992, que trasladó la gestión de
este tipo de formación a los interlocutores sociales, los cuales
tuvieron que dotarse, lógicamente, de organización e
infraestructura a lo largo de 1993.
Estos fondos tampoco se pudieron reasignar en 1994, ya que se
modificó la normativa del Fondo Social y se establecieron nuevos
planes y marcos comunitarios de apoyo para el período
correspondiente a 1994-1999, en el que se gastarán dichos fondos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor ministro.
Deberíamos decir que 20.000 millones menos destinados a programas
comunitarios de empleo son, no sólo muchos, sino demasiados.
Con todo, anoto las explicaciones dadas, más que nada para ver si
en un análisis más concreto soy capaz de poder sacar conclusiones
quizá más significativas, porque lo cierto es, señor ministro,
que por más vueltas que se den, los porcentajes son los que son y
sus consecuencias, como mínimo preocupantes.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Le podría suministrar alguna información adicional. Como le
decía, el marco comunitario se redefinió para el período 1994-99.
En el año 1994, en el cual se resolvieron todos los problemas a
que me refería anteriormente, el grado de ejecución de las ayudas
comunitarias para programas de promoción de empleo y formación
profesional en el conjunto de todos los objetivos ha sido el 144
por ciento. Esto es posible, como S. S. sabe, ya que las ayudas
se contemplan globalmente para todo el período.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO EL
RECIENTE INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE TABACALERA?
(Número de expediente 180/001539)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Fernández
Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, ¿qué opinión le ha merecido al Gobierno el
reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre Tabacalera?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como sabe S. S., el Tribunal de Cuentas ha concluido este año su
informe de fiscalización en relación con la sociedad estatal
Tabacalera, así como el grado de sometimiento de la misma a los
principios de legalidad, economía y eficiencia. Dicho informe no
presenta ningún tipo de recomendación, y en sus conclusiones el
tribunal efectúa un solo comentario acerca del saldo
de la cuenta participaciones en empresas del grupo y asociadas
que, a su juicio, podría estar sobrevalorado. En todo caso,
quisiera añadirle que la opinión del Gobierno sobre el informe es
coincidente con la del tribunal. Por ello, para explicarlo en
esta Cámara puedo reiterar exactamente las palabras de dicho
tribunal cuando en el informe incluye una observación final, en
la que dice: No se observan incumplimientos significativos de la
legalidad vigente en la ejecución de los objetivos relacionados
con las cuentas objeto de fiscalización; y añade: Cabe calificar
como eficiente la gestión efectuada por Tabacalera S. A. y sus
participaciones en empresas del grupo y asociadas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor ministro, me da la sensación
de que no estamos hablando del mismo informe. ¿Cómo es posible
que si en el informe del Tribunal de Cuentas se dice que en las
decisiones de Tabacalera han influido intereses políticos usted
nos cuente lo que nos cuenta?
Por lo que refleja este informe, señor ministro, da la impresión
de que se trata de otro caso más de ingeniería financiera
socialista. ¿Cuántos van, señor ministro? Su lectura produce
indignación al comprobar la forma en que el Gobierno socialista,
sus empresarios y sus socios han gestionado el patrimonio de
todos los españoles durante los últimos años. Según dice el
informe, señor ministro muchos miles de millones de pesetas se
han destinado a fines distintos del objeto social, y en su
trasiego el patrimonio del Estado y de muchos pequeños
ahorradores ha sido gravemente dañado para beneficio de unos
pocos socios listos, señor ministro.
Señor ministro, dado el contenido del informe, resulta
imprescindible que el Gobierno aclare, al menos, las siguientes
cuestiones: ¿Dio Patrimonio del Estado directrices al Presidente
de Tabacalera para que actuase, según dice el informe, en contra
de los intereses de los accionistas? ¿Quién autorizó, señor
ministro, a Tabacalera a pagar 1.500 millones de pesetas al
contado y en efectivo para la constitución de dos empresas que
inmediatamente fueron vendidas por su valor nominal, aplazando el
pago a largo plazo? ¿Quién fue el destinatario de este regalo?
¿Quién autorizó a Tabacalera, señor ministro, para que activos
que recibió en pago de deudas se revalorizasen en el momento de
su transferencia, cuando ya lo habían sido un año antes y cuando
un año después se valoraron a la baja para alquilarlos a largo
plazo a quien los había aportado como pago de la deuda? ¿Quién es
el responsable de esto, señor ministro? ¿Ingeniería financiera
socialista? ¿Socios listos? En cualquier caso, señor Ministro, en
un pis pas desaparecieron 2.373 millones de pesetas sin dejar
rastro. ¿Quién se benefició? ¿Por qué las valoraciones y sus
cambios fueron realizados por una empresa pública, Improasa,
dependiente de Patrimonio? ¿Autorizó Patrimonio a Tabacalera a
pagar 4.513 millones a 754 personas cuando realmente las bajas
fueron 606? ¿Dónde fueron los 885 millones que, según el informe,
no tienen justificación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias.
Señoría, con mucho gusto estaría en disposición de suministrarle
los datos por los que S. S. se interesa que, obviamente, no se
podrían deducir del contenido global de su pregunta.
No me queda sino reiterarle una vez más y con toda claridad lo
que el propio informe del Tribunal de Cuentas dice: No se
observan incumplimientos significativos y cabe calificar como
eficiente la gestión de Tabacalera. Dudo mucho que esta
conclusión del tribunal sea compatible con las preguntas
malintencionadas que S. S. hacía. Gracias. (Rumores.--El señor
Fernández Norniella pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Norniella, sabe S. S. que
hay un turno de contestación, un turno de réplica y el Gobierno
cierra. (El señor Fernández Norniella pide la palabra.)
Señor Fernández Norniella, ¿a qué efectos me solicita la palabra?
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: El señor ministro ha dicho que mis
afirmaciones eran malintencionadas y las afirmaciones que he
hecho están en el informe del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Norniella, los calificativos
que sobrevuelan las sesiones de control no los podemos tomar con
esta medida.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION
HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE CUMBRE DE MINISTROS DE JUSTICIA E
INTERIOR DE LA UNION EUROPEA CELEBRADA EN LA ISLA DE LA GOMERA?
(Número de expediente 180/001559)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Pelayo
Duque.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señor ministro, España
viene ejerciendo en este segundo semestre de 1995 la Presidencia
del Consejo de la Unión Europea (por cierto, quisiera que
constara en acta la felicitación de esta Diputada al Gobierno por
el
éxito de la Conferencia Euromediterránea). Volviendo a la
cuestión, entre los objetivos de la Presidencia del Consejo de la
Unión Europea por parte de nuestro país, y uno de los ejes de su
actuación, a tenor de la comunicación que el Gobierno mandó en su
día a las Cortes, se encuentra el de impulsar la construcción de
una Europa abierta al mundo en la estabilidad, la seguridad, la
libertad y la solidaridad.
España, según el citado documento, se comprometía, entre otras
cuestiones, a velar por la aplicación de las conclusiones del
Consejo Europeo de Cannes sobre el Libro Blanco de aproximación
de legislaciones; trabajar para alcanzar la libre circulación de
los ciudadanos de la Unión Europea y aportar también algunas
ideas esenciales para la consecución del espacio de libertad y
seguridad, por ejemplo, espacio judicial europeo, terrorismo,
etcétera.
Como Diputada por Santa Cruz de Tenerife tengo que agradecer la
sensibilidad del Gobierno de haber celebrado una cumbre de
ministros de justicia e interior en la Isla de la Gomera, y es
por ello, dada la importancia de los temas, que formulo al
Gobierno la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace el Gobierno
de la reciente cumbre de ministros de justicia e interior de la
Unión Europea, que tuvo lugar en la citada isla?
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, la valoración que hace el Gobierno de la cumbre informal
de ministros de justicia e interior en La Gomera es muy positiva.
En dicha reunión se alcanzó consenso sobre terrorismo, la llamada
«Declaración de La Gomera», que ha sido finalmente acordada en la
reunión formal de Ministros los pasados 22 y 23 de este mismo
mes, una declaración en la que se define la amenaza terrorista
desde una óptica europea, se asimila al terrorismo la
delincuencia organizada y se considera como un objetivo
prioritario de la Unión la lucha contra el terrorismo, para lo
cual se insiste en la mejora de la cooperación policial.
En dicha reunión informal de La Gomera se acordó el reparto de
las 3.650 personas de la ex Yugoslavia para las que Acnur
solicitaba refugio; se estableció una definición única de
refugiado, que se ha confirmado también en la pasada cumbre de
noviembre. En materia de lucha contra el racismo y la xenofobia
se definieron posiciones que permiten avanzar hacia la
consecución de una acción común que sin duda va a suponer un
acuerdo completo y una mejora en las condiciones de extradición,
mediante un nuevo proyecto de convenio europeo de extradición.
Finalmente, en la reunión informal de La Gomera se hizo un
profundo debate sobre el desarrollo del tercer pilar, que debe
desembocar en próximas presidencias en la agilización de todo el
procedimiento y que tendrá su plasmación, con toda seguridad, en
la Conferencia Intergubernamental de 1996.
En conjunto, pues, el balance es muy positivo. Hay que destacar
que se ha obtenido el acuerdo de los quince países en los temas
aprobados en dicha cumbre.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLITICA
DE VIVIENDA (Número de expediente 172/000131)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día
interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular sobre política de vivienda. Para
desarrollar la interpelación, en nombre del Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Ortiz. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, una vez más
en muy poco tiempo estamos en presencia de una iniciativa
parlamentaria sobre política de vivienda. Hace poco más de un mes
se producía una interpelación a instancias del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida sobre el mismo tema. La razón de
esta insistencia es doble. Por una parte, la preocupación de la
ciudadanía por la política de vivienda, como se ha puesto en
evidencia ante encuestas recientes en las que la inquietud o
preocupación de la vivienda sigue inmediatamente después de la
preocupación por el desempleo, la seguridad ciudadana, el
terrorismo o la corrupción. En segundo lugar, la razón de la
insistencia es la situación actual de la financiación del Plan de
Vivienda 1992-95, del plan para el cuatrienio siguiente y la
problemática que suscita la prórroga acordada en la Conferencia
sectorial de Avila entre las comunidades autónomas y el Gobierno,
en este caso el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, señor Borrell.
El punto de partida, el trasfondo, es la inaccesibilidad de la
vivienda como fenómeno político de los últimos años y del momento
presente. La vivienda es difícilmente accesible para un segmento
muy importante de la sociedad española, que es fundamentalmente
nuestra población juvenil. Unos pocos datos ilustran esta
inaccesibilidad.
A pesar de los logros innegables, pero limitados, del Plan de
vivienda 1992-95, ya en su último tramo; a pesar de estos logros
es lo cierto que durante el plan y después del plan se dan los
siguientes datos, señor ministro. La relación precio de la
vivienda-ingresos familiares es de las más altas del mundo; hacen
falta 5,3 veces
los ingresos de una familia para acceder a una vivienda en
propiedad. Durante la vigencia del plan, y ahora también, la
parte de renta familiar disponible que hay que aplicar al renglón
vivienda llega en algunas comunidades autónomas, como Madrid, al
48 por ciento, es decir, a la mitad de los ingresos familiares.
Durante la vigencia de plan, y ahora también, la marcha que han
seguido los precios de la vivienda entre 1985 y 1995 --botón de
muestra, Madrid--, ha sido pasar el precio medio de 4.500.000 a
15.500.000, multiplicándose por 3,2 cuando el crecimiento de los
salarios se ha multiplicado por 2,1. La incidencia del suelo en
el precio medio final de una vivienda ha pasado de significar el
25 por ciento, en 1985, al 45 por ciento, en 1994, desplazando en
este «ranking» de incidencia de los distintos factores al propio
precio de la construcción. La proporción de viviendas en régimen
de alquiler, dato bien conocido, apenas alcanza el 15 por ciento
del conjunto del parque nacional. Las inversiones en
rehabilitación son las más bajas de los países de la OCDE. La
evolución de la protección pública de la vivienda, si en 1982, en
los tiempos de la denostada UCD, Unión de Centro Democrático, de
cada 100 viviendas que se iniciaban 60 eran de protección pública
y 40 libres, 13 años más tarde, es decir, en 1994, de cada 100
viviendas que se inician tan sólo 23, son viviendas que cuentan
con algún tipo de ayuda pública.
Además, después del Plan 1992-95, cuyo éxito ha proclamado el
señor ministro no sólo en este hemiciclo sino también a través de
una campaña publicitaria extensa e intensa, las necesidades de
vivienda no sólo no se han reducido sino que han aumentado. Eran
920.000, en 1991, y han pasado a 1.100.000 en este momento, según
la propia documentación del ministerio. En definitiva, éste es el
reflejo, con independencia de los logros parciales y limitados
del Plan de Vivienda 1992-95.
Ante esto, era obvio, era necesario un cambio radical. El Partido
Popular tiene una alternativa para afrontar este cambio verdadero
de la situación de la vivienda en España y no me resisto a
plantear esta alternativa, insistiendo en que no es un plan,
porque los planes los hacen los gobiernos, que tienen la
información, los datos y los recursos, se trata de los elementos
básicos de una alternativa, que expongo aunque sea
telegráficamente.
En primer lugar, llevar a cabo un total de 1.200.000 actuaciones
en un período de dos cuatrienios, es decir, en ocho años,
tendentes a satisfacer las necesidades de vivienda de los
españoles.
En segundo lugar, potenciar las políticas urbanísticas y de suelo
coherentes con estas necesidades, que empiezan con una
modificación legal fundamental. Hay que derogar parcialmente el
texto refundido de 1992, que arranca de la Ley 8/1990, recurrida
de inconstitucionalidad por seis comunidades autónomas. Para
ello, hay ya una iniciativa del Grupo Popular, una proposición de
ley que afecta a 100 artículos, en una línea de recuperación de
la iniciativa privada, desregulación, liberalización y
simplificación del proceso urbanístico y una acción concertada de
las tres administraciones públicas responsables para lograr poner
en el mercado 150 millones de metros cuadrados de suelo
urbanizado en cuatro años.
En tercer lugar, hay que recuperar y dinamizar el mercado de
alquileres a fin de conseguir que ese precario 15 por ciento se
convierta en el 20 por ciento, lo cual significa poner en el
mercado de alquiler del orden de 700.000 viviendas en este lapso
de tiempo de dos cuatrienios o de ocho años, para lo cual hay que
emprender una política de estímulo a la puesta en el mercado de
viviendas en alquiler y de estímulo también, positivo o negativo,
para poner en el mercado viviendas actualmente desocupadas. Según
los datos del propio Ministerio; en este momento hay en España
1.200.000 viviendas principales desocupadas.
En cuarto lugar, se debe llevar a cabo una política realista de
rehabilitación de viviendas en coordinación con las diferentes
administraciones, implantando la ventanilla única; es decir, que
haya un interlocutor único para el promotor que quiera
rehabilitar, cuya política esté orientada, como es obvio, a
permitir poner en el mercado viviendas desocupadas, por una
parte, y, por otra, la regeneración y recuperación de los cascos
urbanos. Y finalmente un objetivo que envuelve a todos, que sería
lograr que la absorción de los ingresos familiares que suponga el
renglón vivienda no pase, como máximo, del 25 por ciento, sea
esta vivienda en propiedad, sea esta vivienda en alquiler.
Para la realización de estos objetivos hay todo un repertorio de
medidas. Medidas legislativas que van desde la Ley del Suelo, a
que me he referido, a una nueva regulación de las viviendas de
protección oficial, nueva ley de ordenación de la edificación,
una ley de rehabilitación y recuperación de centros históricos,
revisión de la Ley de Propiedad Horizontal, normativa sobre
cooperativa de viviendas en una línea de transparencia y para
evitar que se produzcan fenómenos como los de la PSV, y
regulación del mercado hipotecario.
Medidas financieras y presupuestarias. Hace falta, señor
Ministro, contar con más recursos del sistema financiero para los
préstamos hipotecarios, que es fundamentalmente el camino y el
cauce para la política financiera en materia de vivienda.
Nosotros creemos que hay que situar los recursos financieros
aplicados a la política de vivienda al mismo nivel que en 1995:
927.000 millones de pesetas son los que se han dedicado a
política de vivienda por las entidades financieras en el año en
curso. Este es el nivel en el que hay que moverse en años
futuros. Asimismo, hay que incrementar sustancialmente las
consignaciones presupuestarias, que están en 113.000 millones de
pesetas, como sabe muy bien el señor Ministro.
Y, finalmente, medidas fiscales. Hay que replantear la fiscalidad
de la vivienda, sobre la que inciden nada menos que 11 figuras
tributarias entre impuestos estatales,
autonómicos y municipales; hay que intentar ir a una
municipalización de estas figuras fiscales y, en todo caso,
utilizar el instrumento tributario al servicio de la política de
vivienda. En este punto tengo que poner en evidencia la
descoordinación y no entendimiento existente entre el Ministerio
que dirige el señor Borrell y el Ministerio de Economía y
Hacienda.
Este sería el cambio, señor Ministro; esta sería una alternativa.
El plan lo hará el Partido Popular cuando llegue al Gobierno,
porque los planes los hacen los gobiernos y no los partidos que
están en la oposición. Ante esto, ¿qué ha hecho el Ministerio? Lo
que voy a hacer es un poco la crónica de las últimas semanas. Ha
empezado tarde a iniciar los trabajos del plan de vivienda para
el cuatrienio 1996-1999; no ha llegado a haber un plan de
vivienda en sentido estricto; ha habido un documento de líneas
básicas y varios borradores de decreto, el último de fecha 17 de
noviembre, que sirvió de base para las negociaciones y
conversaciones de la conferencia sectorial de vivienda de Avila,
y poco más; no ha habido una determinación todavía de recursos
financieros --la de recursos presupuestarios desgraciadamente
viene dada por la prórroga de los presupuestos--, ni ha habido
una mínima delimitación o determinación de cuál sea el cuadro
fiscal, el marco fiscal para los próximos cuatro años, período
correspondiente al futuro plan cuatrienal.
Ante esta situación, y con una preocupación muy clara, señorías,
señor Ministro, evitar que se produzca una solución de
continuidad en la política de vivienda, evitar que se produzca un
parón en el sector de la construcción, que se añadiría al que se
está registrando como consecuencia de la aplicación de la Ley de
Contratos del Estado --el señor Ministro lo sabe bien, porque en
la información de prensa de hoy hay una iniciativa de determinada
asociación para que se revise la extremosidad, si se me permite
la expresión, a la que ha llegado la Ley de Contratos del Estado-
- (Rumores.); para evitar este parón, decía, y esta solución de
continuidad en el sector de la construcción sería necesaria una
prórroga. Y esta posición de petición de una prórroga del plan
actual es la que la dirección del Partido, este modesto Diputado
desde esta tribuna, y sobre todo las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular reunidas en Avila han pactado
con el Ministerio. Es una prórroga que ha permitido al señor
Ministro, si me acepta la expresión, salvar la cara, puesto que
la ha realizado por cuatro años. Pero, en definitiva, el objetivo
era una prórroga del plan de vivienda para evitar una situación
de ruptura, de parón de la construcción y de discontinuidad en la
política de ayudas a la vivienda que el Partido Popular,
naturalmente, no podía tolerar, y que los sectores han exigido,
como el señor Ministro sabe bien.
Por tanto, se ha acordado una prórroga por cuatro años del plan
actual con la posibilidad de una revisión anual. No tenga duda de
que el Partido Popular utilizará esta oportunidad de la revisión
anual para que en marzo, en abril, o en el momento oportuno, y en
el contexto de una política económica ciertamente nueva, se pueda
elaborar un nuevo plan de vivienda, el plan de vivienda del
gobierno del Partido Popular, cuyas líneas fundamentales acabo de
exponer.
La prórroga, señor Ministro, es una fórmula acertada. El pacto de
prórroga de la Conferencia Sectorial es bienvenido. Mejora lo que
el Ministerio tenía como elementos, porque nunca llegó a tener un
plan entero; lo que tenía era elementos de un posible plan de
vivienda. Lo mejora sustancialmente, da una mayor flexibilidad a
la comunidades autónomas, les permite moverse en un marco de
autogobierno frente a un borrador de decreto que era rígido,
casuísta y excesivamente reglamentario, y prácticamente no dejaba
margen de actuación a las comunidades autónomas en su deseo
natural de autogobierno. Pero, señor Ministro, y ahí viene, si me
permite, la almendra de esta interpelación, hay un problema
gravísimo de financiación. Es lo que el señor Ministro llamó en
alguna ocasión «morirse de éxito el plan». El plan ha empezado a
morirse de éxito.
A finales de octubre las calificaciones ya concedidas por las
comunidades autónomas, y que conoce el Ministerio, carentes de
financiación porque se han consumido los recursos, ascendían a
115.000 millones, lo cual significaría un montante de recursos
del orden de los 500.000 millones de pesetas. Si restamos los
267.000 millones de pesetas de una última ampliación en Consejo
de Ministros, quedarían calificaciones del año 1995 sin
financiación, pendientes de financiación por un total no menor de
60.000 ó 70.000, con un volumen de recursos necesarios no menor
de 250.000 ó 300.000 millones de pesetas, con independencia,
señor Ministro, de definir cuáles van a ser los recursos
financieros para el plan de vivienda en el primer año, para el
plan de vivienda prorrogado del año 1996.
Señor Ministro, ésta es la almendra de esta interpelación: la
urgencia, la necesidad apremiante...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ortiz, vaya
concluyendo.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy acabando, señor Presidente.
La necesidad apremiante, decía, de que mañana, si es posible,
señor Ministro, comience a cumplir sus deberes, y uno de los
deberes del Ministerio en esta materia, aparte de dibujar el
marco fiscal, aparte de hacer el diseño de los esquemas de
protección, es realizar la concertación de los recursos
financieros. Esta siempre ha sido una competencia incuestionada
del Ministerio y del Gobierno. Mañana, señor Ministro, debería
empezar a negociar los recursos financieros necesarios para
cubrir los flecos, si me permite la expresión, del año 1995 y los
recursos financieros necesarios para afrontar este plan
prorrogado del año 1996.
Huelga, señor Ministro, que le haga la pregunta que figura en la
interpelación en su última página: las medidas
que piensa adoptar con carácter inmediato para que no haya
solución de continuidad en la política de vivienda, indicando si
se contempla la prórroga al actual plan (esto ya sabemos que sí),
y determinando los recursos financieros y presupuestarios que
tiene previstos aportar para las calificaciones aún sin
financiar, a las que he hecho referencia, así como a los
previstos para el año 1996 para que el nuevo plan prorrogado sea
operativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ortiz.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, mañana, como usted dice, debería empezar a informarse
mejor, y si lo hace, con poco esfuerzo podrá conocer una serie de
hechos que son del máximo interés.
En primer lugar, el reproche que dirige al Gobierno y al Grupo
Socialista acerca de la extremosidad --como le llama-- de la Ley
de Contratos del Estado y sus efectos negativos sobre el proceso
de contratación de la obra pública. Debería saber, señor Ortiz,
que fue como consecuencia de enmiendas presentadas por el Grupo
Popular por lo que la Ley de Contratos del Estado salió de la
Cámara con esa redacción extrema de la que usted ahora se desdice
y lamenta, y que espero que sea corregida para poder operar de
una forma eficiente. Pero no puede usted venir a reprochar a
nadie más que a ustedes mismos la extremosidad de esa Ley de
Contratos del Estado.
Primer punto de información: verifique usted quién es el
responsable de que esa Ley haya salido como ha salido en algunos
aspectos de la misma, habiendo sido advertidos previamente de los
efectos negativos que pudiera tener.
Segundo elemento de información. Usted debe saber mejor que
nadie, porque es usted un experto en política de vivienda, que la
estadística de viviendas iniciadas carece hoy de significación
estadística válida, porque las comunidades autónomas no remiten
información eficiente y suficiente sobre las viviendas iniciadas.
Por tanto, comparar los datos que esta estadística suministra en
1982 y en 1994 no tiene ningún sentido estadístico, ninguno. Por
eso, cuando usted dice que en 1982 era el 60 por ciento y en 1994
el 23 por ciento, ignora, mejor dicho, aparenta ignorar, la
diferencia radical en ese instrumento estadístico antes de las
transferencias de competencias y después de las mismas. Si quiere
usted comparar eficiente y efectivamente las cosas, no use una
estadística que ha perdido significación; compare el volumen de
recursos financieros asignados al VPO en 1994 y en 1982 en
pesetas constantes; hágalo y verá entonces la diferencia radical
a favor de la política socialista que se marca entre ambos
períodos.
Tercer elemento de desinformación. Dice usted que en Avila se
pactó una prórroga del actual plan. No, señor Diputado, en
absoluto. ¿Concibe usted prórrogas de cuatro años? ¿Qué clase de
prórrogas son estas? No es una prórroga de cuatro años, es un
nuevo pacto para establecer un plan de vivienda durante los
próximos cuatro años, que toma del vigente plan lo sustantivo y
lo modifica en un conjunto de aspectos determinados por consenso.
Si quiere, usted le puede llamar a esta prórroga, pero cualquier
ciudadano informado entiende que se ha definido un esquema de
política de vivienda durante los próximos cuatro años (no durante
el próximo año o seis meses, como pretendían sus compañeros), en
base a un plan elaborado por el Gobierno socialista, y tan
denostado por ustedes, modificado en un conjunto de aspectos
sustantivos que incorporan la experiencia que hemos adquirido a
lo largo de estos cuatro años.
Luego no trate usted de desinformar y confundir a la opinión
pública diciendo que se sigue haciendo lo mismo que se venía
haciendo, que en todo caso sería hacer lo que hemos diseñado
nosotros, porque lo que se establece es un esquema de política de
vivienda para los próximos cuatro años, lo cual quiere decir que
ustedes, en caso de que gobernaran, pocas aportaciones más
podrían hacer por común acuerdo entre las comunidades y el
Gobierno central.
Cuarto elemento del que tiene usted que informarse, señoría: esa
famosa política de vivienda del Partido Popular. Los responsables
de política de vivienda del Partido Popular tuvieron en Avila
toda la oportunidad del mundo para explicárnosla. Estuvimos un
día y buena parte de la noche discutiendo el esquema de política
de vivienda para el período 1996-2000 y todavía estoy esperando
escuchar una sola propuesta que significase una oferta distinta
de la que hacía el Gobierno. (El señor Ortiz González pronuncia
palabras que no se perciben.) Ya sé que están ustedes esperando a
que primero se les vote y después explicar lo que piensan hacer.
Pero en democracia es justo al revés. Tienen ustedes que venir
explicando qué pretenden hacer, y en función de eso pedir el
voto. ¡Pues como en todas las cosas hagan ustedes como en
política de vivienda, vamos listos! Porque le aseguro que en
Avila los responsables de política de vivienda del Partido
Popular, mutis por el foro, señoría. Lo único que pedían era
prórroga de lo que hay. Y cuando se les decía: «Hombre, alguna
idea tendrán ustedes sobre cómo mejorar lo que hemos diseñado los
socialistas. Nosotros las tenemos. ¿Cuáles tienen ustedes?» Nada,
nada: prórroga. Ni una idea, señoría. Yo no dudo que tienen
ustedes muchísimas propuestas que hacer, pero, en lógica
democrática, debo invitarles a que las expongan ahora, antes de
que los ciudadanos voten y del momento en que los responsables de
política de vivienda
se reúnan para consensuar la política de los próximos cuatro
años.
La política de los próximos cuatro años ya está fijada. La
acordamos en Avila. Y es la que ha propuesto el Gobierno
socialista sobre la base de la que hemos venido aplicando en los
últimos cuatro años con modificaciones que, fíjense ustedes,
fueron todas sugeridas por nosotros o por las comunidades
gobernadas por el Partido Socialista (Rumores.) ante el silencio
clamoroso de los representantes del Partido Popular, que no
parecían tener más que una obsesión: salir de allí diciendo que
se había prorrogado lo que había durante seis meses o un año para
tener la oportunidad después de proponer, entonces, lo que a
ellos se les ocurriese.
¿Y no creen ustedes que sería mucho mejor que sus brillantes
ideas las expusieran antes? ¿No sería mucho mejor que supiéramos
qué pretenden hacer en materia de política de vivienda?
(Rumores.) No, no, lo que ha dicho el señor Ortiz es un conjunto
de principios genéricos con los que es difícil estar en
desacuerdo. ¿O es que hay desacuerdo en cubrir las necesidades de
vivienda? ¿Hay desacuerdo en conseguir facilitar el acceso a la
vivienda a la gente? Pero hay que decir cómo. (Rumores.) ¡Sí!,
¡sí! Hay que decir cómo en lo concreto.
Me hubiera gustado que hubiesen visto ustedes el bochorno de sus
representantes al preguntarles con un decreto en la mano: ¿Me
quieren decir qué alternativa tienen a esto? Respondieron: ¡La
prórroga! ¡Hombre, alguna idea tendrán sobre cómo mejorar! No
tenían ninguna, señorías, o, al menos, si las tenían, se las
guardaron cuidadosamente no sea que se las fuésemos a copiar.
(Rumores.) Eso es, se las guardaron cuidadosamente.
Pero eso no les impidió aceptar buena parte de las protestas que
les hicimos nosotros y llegar a consensuar un nuevo esquema de
política de vivienda que espero que pueda ser rubricado en un
nuevo pacto como el del año 1991 entre el Gobierno socialista y
las comunidades antes de que se disuelvan las Cortes, socialistas
y Partido Popular, espero, porque esa oferta está abierta, fue
aceptada en Avila y mucho me extrañaría que se desdijeran de la
misma.
Bien es verdad que al principio querían sólo por un año. Debo
informar a la Cámara que al final el debate condujo a una curiosa
situación. Muy bien, ustedes dicen que sólo por un año, y, en
cambio, hay comunidades que están en su derecho de reclamar una
política de vivienda por cuatro años. La propuesta del Gobierno
fue coherente con la lógica más elemental: demos un pacto por
cuatro años a los que quieran pactar por cuatro años --que es lo
lógico--, y si alguna comunidad sólo quiere pactar por un año,
que lo haga sólo por un año. ¡Allá ellos! Y, a la vuelta de la
esquina, después de reunirse todos, volvieron diciendo: No, no,
no, la verdad es que más vale por cuatro. ¿Sabe usted por qué?
Porque es imposible explicar a la opinión pública que una
comunidad autónoma quiere un plan de vivienda sólo por un año,
porque eso implica tal nivel de inestabilidad y de incertidumbre
en los comportamientos de los agentes económicos que no hay quien
lo soporte. Por eso salimos de la reunión de Avila habiendo
pactado un nuevo esquema de política de vivienda (que tiene
muchos elementos de la política que estamos haciendo ahora, como
no podría ser menos) para cuatro años. Eso sí, con la
posibilidad, evidente y obvia, de que cada año se pueda revisar
en función de la experiencia adquirida.
De manera que entérese usted bien, señor Ortiz: no parece que
tengan ustedes grandes ideas sobre política de vivienda, no se ha
pactado una prórroga, no es verdad su comparación 1982-1994 y la
consecuencia de los efectos indeseados de la Ley de contratos del
Estado apúntenselos, por favor.
En cuanto al plan de vivienda en cuestión, yo comprendo que a
usted le cueste --poco a poco lo va haciendo y se lo agradezco--
reconocer que ese plan ha cumplido sus objetivos. Le cuesta
reconocerlo, pero le honra que lo haga. Hoy ya lo ha dicho:
«Bueno, sí, ha cumplido usted con sus objetivos». ¡Hombre si los
hemos cumplido! Los hemos cumplido en un 115 por ciento antes de
tiempo (Rumores.) Y es verdad que se me ocurrió decirle que eso
era casi como morir de éxito. Y desde entonces hemos aumentado el
éxito y hemos disminuido el riesgo de muerte. Porque gracias a
los acuerdos alcanzados en la Conferencia de política de vivienda
de septiembre hemos conseguido a fecha de hoy, ¿sabe cuánto,
señoría?, quinientas ochenta mil actuaciones financiadas;
quinientas ochenta mil de un plan que se había propuesto 400.000
actuaciones en vivienda y 90.000 en suelo. Y ya vamos, no por
490.000, sino por 580.000 actuaciones.
Usted me dice que hay más calificaciones esperando.
¡Naturalmente! Esto no hace sino aumentar los aspectos positivos
del plan y su aceptación. Pero lo que no dice es que las
comunidades autónomas, en esta Conferencia Sectorial, cuando
llegamos al acuerdo de pedirle al Gobierno una ampliación no
inferior a 200.000 millones de pesetas y el Gobierno autorizó
267.000 millones, se comprometieron también, a fecha fija, a
limitar el número de calificaciones para adaptarlas al Plan.
Porque, señorías, de lo contrario estamos no ante un Plan,
estamos ante un antiplán, ante barra libre, donde vale todo y
donde no hay recursos limitados. Eso es lo que no puede ser,
salvo que las administraciones públicas hagan gala --como hace
alguna-- de una enorme irresponsabilidad.
Un plan fija un conjunto de recursos para alcanzar un conjunto de
objetivos. Esto es un plan: medios al servicio de un fin. Y se
valora la bondad o maldad del plan en función de que con estos
recursos se alcancen los fines propuestos. Un plan no consiste en
decir que gastaremos sin límite para conseguir lo que nos plazca,
porque eso, señoría, no es un plan, eso es la acción
descontrolada, que mucho me temo que es lo que ustedes son, como
máximo, capaces de ofrecer. (Rumores.)
Hemos ampliado la financiación en 265.000 millones de pesetas y
es verdad que con eso estamos cercanos a
los 900.000 millones. Así hemos alcanzado un 115 por ciento de
los objetivos del plan, con plena satisfacción del Partido
Popular, puesto que los consejeros de sus comunidades autónomas
sólo sabían pedir una cosa: «más de lo mismo; queremos más de
este plan; no se nos ocurre nada distinto, dennos un año más de
lo suyo, a ver si, mientras tanto, se nos ocurre algo de lo
nuestro». (Rumores.--El señor Fernández Norniella: ¡Ay Borrell,
Borrell!) No es verdad que no se haya trabajado, como usted dice.
¿No les gusta lo que les digo? ¿verdad? Pues vayan tomando nota,
porque es la realidad de las cosas. (Rumores y protestas.--El
señor Fernández Norniella: ¡Vaya candidato!)
El plan de vivienda que usted dice que no existe, estuvo
perfectamente documentado en un decreto entregado en esta
conferencia sectorial, del cual se fueron extrayendo aquellos
aspectos sobre lo que hubo consenso. Al final --y creo que de una
forma satisfactoria para todo el mundo-- se consiguió que ese
nuevo esquema --no prórroga-- de la política de vivienda para el
período 1996/1999 incorpore los siguientes aspectos concretos con
los que ustedes están de acuerdo, al menos en Avila estuvieron de
acuerdo, salvo que tenga dos voces distintas, una allí y otra
aquí.
Flexibilizar el segmento de familias a las que se dirigen las
ayudas del plan, dejando que las comunidades autónomas puedan
tener en cuenta, de forma distinta, en función de su realidad
socioeconómica, los diferentes niveles de ingresos; consolidar,
ampliar y reforzar la figura de las áreas de rehabilitación, que
ya habían empezado a dar resultados muy positivos en el período
1992/1995; perfeccionar y reforzar el conjunto de medidas
destinadas a fomentar la urbanización del suelo, con dedicación
preferente a la VPO y mejorando las
líneas de apoyo financiero vigentes, creando nuevas líneas a doce
años con destino a la formación de patrimonios públicos de suelo;
abrir, por primera vez, la posibilidad de que la Administración
general del Estado contribuya a la financiación de las VPO de
promoción pública que hasta ahora desarrollaban y financiaban
exclusivamente las comunidades autónomas, estableciendo la
posibilidad de que se asignen ayudas similares a la VPO de
régimen general, a las viviendas con nuevas tipologías que las
comunidades clasifiquen de acuerdo con criterios más flexibles
orientados a fomentar el acceso a la vivienda de jóvenes y de
tercera edad, especialmente en régimen de alquiler; establecer
también un conjunto de medidas medioambientales de mayor ahorro
energético y consumo de agua, incluyendo el diseño de viviendas
adecuadas a las condiciones bioclimáticas de las zonas en las que
se ubiquen, y alargar el plazo de amortización de 20 a 25 años de
los préstamos de VPO en régimen especial.
Se ha cifrado el importe del plan en términos de coste
presupuestario y sus comunidades estuvieron de acuerdo con la
cifra. ¿A qué viene, señoría, que ahora venga usted aquí
predicando que hay que asignar mayores recursos? ¿Mayores que
qué? Hablemos de cuántos. Sus comunidades estuvieron de acuerdo
en que el coste adecuado del plan 1996-1999 era de 370.000
millones de pesetas en valor actual a 1 de enero de 1996, y
también estuvieron de acuerdo en el reparto de los cupos
financieros y de actuaciones por comunidades autónomas,
manteniendo los que estaban vigentes con las modificaciones
resultantes de la práctica adquirida en la aplicación del plan.
¿A qué viene entonces que venga usted aquí y se desmelene
diciendo que ni hay plan, ni hay previsiones financieras, ni hay
objetivos? Pero si en Avila conseguimos un acuerdo, repartiendo
cuotas por comunidades, definiendo los recursos financieros
necesarios, estableciendo las modificaciones que estimamos
pertinentes al plan 1992-1995. ¿Qué más teníamos que acordar en
Avila, desde el punto de vista de la política de vivienda que se
plasma en este plan? ¿Qué más, señoría? ¿En qué no estuvieron de
acuerdo ustedes allí que le permita a usted venir aquí a pedir
una cosa distinta?
Ya sé que ese plan no agota toda la política de vivienda, ya lo
sé, ni lo pretende. Hay que hacer modificaciones en la
legislación del suelo, pero no desregulándolo, como ustedes y
algunos otros pretenden, dejando que sea el mercado, en función
de los intereses de los propietarios, el que asigne el suelo a
los fines, creyendo que el mercado es, además de una forma
eficiente de asignar recursos, un adecuado organizador del
espacio urbano. Hay que hacerlo de manera que se creen
patrimonios de suelo público que permitan evitar la segregación
espacial de la sociedad, haciendo que haya dotaciones de suelo
para equipamientos y servicios distribuidos de forma eficiente en
el conjunto de la geografía urbana. Se lo he dicho muchas veces,
señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Sí, señor Presidente, acabo enseguida.
Ustedes creen que la ciudad no es nada más que un mercado de
suelo. (Rumores.) Y la ciudad es algo más que esto, la ciudad es
un espacio políticamente organizado como consecuencia de una
voluntad colectiva que la diseña y la imagina. (Un señor Diputado
del Grupo Popular: Claro, claro.)
Sí, claro, claro, pues entonces aplíquense ustedes el cuento y no
hagan las propuestas que hacen. (Rumores.) Ya veo que les ha
gustado la frase; se la dejo usar si quieren, pero, en este
sentido, modifiquen ustedes sus planteamientos a la hora de hacer
las propuestas de reforma que proponen.
Señorías, me gustaría discutir lo concreto. Debe decirles que
salí de Avila profundamente decepcionado, y la intervención del
señor Ortiz esta tarde no hace sino aumentar mi decepción, porque
mientras en Avila se me decía que no hacía falta un nuevo plan de
vivienda, mientras se me decía en Avila que bastaba con prorrogar
durante seis meses lo que estábamos haciendo, usted estaba
proponiendo una interpelación que decía justo lo contrario: que
era urgente redactar un nuevo plan de vivienda. Recuerdo que se
lo leí a sus consejeros y le dije: señores, coordínense mejor,
porque están ustedes aquí diciendo que basta con prorrogar seis
meses lo que hay, y el martes o el miércoles tendré que contestar
a uno de sus diputados una interpelación donde se me reclama que
haga justo lo contrario. Y a la vista de los resultados de la
Conferencia de Avila se hubiera usted podido permitir retirar la
interpelación, porque todas las preguntas que usted me ha hecho
fueron contestadas de común acuerdo en esa conferencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, voy a empezar por final, y excuso decirle que si
el que estaba decepcionado con la política de vivienda del
Gobierno socialista, con el islote del plan de vivienda 1992/1995
en algunos renglones, era yo, después de escuchar al señor
Ministro su última intervención no estoy decepcionado, estoy
absolutamente frustrado.
Habla usted de retirar la interpelación. Si el señor Ministro
hubiera revisado la documentación de esta sesión habría advertido
que en el escrito de interpelación existían dos erratas sin
importancia. En una de ellas se dice que era urgente la redacción
de un plan de vivienda, en lugar de que es urgente. Y el señor
Ministro, con la malevolencia que le caracteriza, leyó el texto
que tenía delante a nuestras comunidades autónomas, que pronto,
por fax esa misma mañana, tuvieron puntual precisión de que se
había cometido una errata, y de que, efectivamente, se trataba de
un nuevo plan de vivienda operativo en 1997. Pero, en fin, estos
son capítulos y episodios menores. Voy a referirme a otros más
claros.
Extremosidad de la Ley de Contratos del Estado. Me pasan una nota
que dice que de las 400 enmiendas formuladas a la Ley de
Contratos del Estado, el Grupo Socialista formuló 90, que fueron
íntegramente aceptadas, mientras que al Partido Popular le fueron
aceptadas cuatro a cinco. Yo creo, señor Ministro, que esa
extremosidad de la Ley de Contratos del Estado está más en su
mala conciencia, en la mal conciencia de su grupo, que está
integrado también y en gran número por personas serias y honestas
(El señor Dávila Sánchez: ¡Menos mal!) que están alarmadas y
dieron eso que se llama en la vida social y política un
pendulazo, y en ese pendulazo se pasaron exigiendo la titularidad
de los terrenos expropiados en todo caso, etcétera. Y esto no es
fruto de enmiendas del Grupo Popular sino, señor Ministro, de su
mala conciencia.
Y en cuanto al dato de las viviendas iniciadas, señor Ministro,
me he limitado a leerle la memoria del Seopan, que es una entidad
bien conocida, solvente. De esa memoria se han tomado los datos
de las viviendas iniciadas y pone en evidencia (y ellos tienen
información y continúan la serie que el Ministerio ha tenido
mucho interés en interrumpir para referirse a viviendas
financiadas y no iniciadas y construidas, que es la serie
estadística que arranca de los tiempos en que este modesto
Diputado estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas) que
de cada 100 viviendas iniciadas en 1994 sólo 23 han contado con
algún tipo de ayuda pública. Por lo tanto, se ha producido una
reducción a la tercera parte y este modesto Diputado ha podido
decir que la política socialista de vivienda es la menos social
de todas las políticas de vivienda que se recuerdan en los
últimos 30 o 40 años.
La prórroga. Señor Ministro, se ha metido en un nominalismo que
Guillermo de Ocan le premiaría con una corona de laurel. Llámele
como le llame, es una prórroga, señor Ministro. Usted dice que es
un nuevo esquema de plan de vivienda. Es un prórroga, es una
continuación del Plan de Vivienda 1992-95 en sus esquemas. Por
cierto, señor Ministro, las modificaciones que se han producido
en ese esquema se han hecho a instancias del Partido Popular.
Ustedes querían suprimir la vivienda de precio tasado. No se ha
hecho a instancias del Partido Popular. Ustedes querían quitar
las ayudas para los niveles de ingreso comprendidos entre 3,5 el
salario mínimo interprofesional y 5,5. Se han mantenido a
instancias del Partido Popular. Señor Ministro, me sé la
asignatura, se lo aseguro. Ustedes querían suprimir la vivienda
de régimen especial e integrarla en una sola figura de VPO, y el
Partido Popular es el que ha postulado que se mantenga la
vivienda de régimen especial y, aparte de ella, la vivienda de
régimen general. Ustedes querían crear unos municipios singulares
que determinaría el Ministerio, ignorando la capacidad de
autogobierno y de conocimiento de su propia realidad de las
comunidades
autónomas. No sigo, señor Ministro.
Las modificaciones que se han introducido y que se han acordado
en Avila son menores, señor Ministro. Es el Plan de 1992-95 en el
esquema básico en el que estábamos y con modificaciones bastante
menores, bastante reducidas. Y el señor Ministro supongo que sabe
que este Diputado, con carácter previo a las múltiples reuniones
que han celebrado las comunidades autónomas con el Ministerio, se
reunía con representantes de las comunidades autónomas para
estudiar todos y cada unos de los sucesivos borradores de decreto
que se han ido produciendo. Créame, las modificaciones
importantes con respecto a sus propuestas iniciales, que eran
disparatadas, se han hecho a instancias del Partido Popular.
Cuatro años y un año. Bueno, señor Ministro, fue un punto de
encuentro. El señor Ministro quería ese planteamiento, si se
quiere cosmético, de un plan de cuatro años para no quedar mal --
lo digo con toda claridad-- y nosotros hemos acordado, a través
de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular,
ese plazo de cuatro años con la condición de que fuera revisable
al año. Con lo cual, se quedaba contento usted, se quedaban
contentas otras comunidades autónomas que querían ciertamente un
plan a cuatro años y se quedaban contentas las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular que querían una
prórroga de un año para, señor Ministro, lograr un objetivo
político muy claro: que este Gobierno, que es un gobierno
dividido, desconcertado, desorientado y pronto en funciones, no
nos dejara como herencia un plan con vigencia nada menos que de
cuatro años. Ese es el fondo de la cuestión, señor Ministro, no
otro. Y en esta pequeña batalla, que tampoco es la batalla de las
Termópilas, hemos llegado a un acuerdo de una prórroga por cuatro
años pero revisable al año.
Ha utilizado la expresión barra libre. No es barra libre, señor
Ministro, ha sido el Ministerio y el plan los que han despertado
unas expectativas inauditas en la sociedad española. ¿Sabe el
señor Ministro que, según datos de ustedes, el número de las
solicitudes de vivienda a finales de octubre era de 830.000? ¿Y
sabe que de esas solicitudes más de 350.000 van a quedar sin ser
satisfechas? ¿Quiénes han desatado como el aprendiz de brujo las
expectativas del país entero sobre el plan de viviendas sino el
Gobierno y el Plan de Vivienda 1992-1995? No es barra libre,
señor Ministro. Si a los ciudadanos se les ha ofrecido un plan de
viviendas con un esquema de ayudas, hay que respetar la palabra
dada. Es cierto que hay que contener los recursos de alguna
manera, señor Ministro, pero no por ese procedimiento de
inventarse un año de diez meses imponiendo --usted diría
acordando--, imponiendo a las comunidades autónomas por una Orden
Ministerial de 25 de septiembre de este año, que ha firmado
usted, que cerraran la admisión de calificaciones a partir del 15
de octubre en determinadas comunidades y a partir del 30 de
octubre en otro tipo de comunidades.
En definitiva, señor Ministro, no podemos estar de acuerdo porque
partimos de postulados distintos. Esto es natural. Por eso
ustedes están en un grupo y nosotros estamos en otro grupo.
Cuando habla, por ejemplo, de que hay que hacer una política de
suelo pero no desde la desregulación, supongo que está diciendo
que hay que hacer una política de suelo apretando un poco más las
tuercas del intervencionismo. ¿Quién ha hecho de las ciudades un
mercado sino ustedes? Ustedes y unos cuantos años antes de
vigencia de leyes de suelo absolutamente equivocadas. Pero desde
la Ley 8/1990, que es el último apretón de tuerca al
intervencionismo, ¿quién, como consecuencia de esa disparatada
legislación estatal, ha convertido las ciudades en un mercado
sino su disparatada y absurda política de suelo? ¿Y vamos a
seguir en esa misma política de suelo después de 38 años de
errores y, desde luego, desde la Ley 8/1990, de errores elevados
al cubo?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ortiz, le ruego
concluya.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Ministro, si la fórmula es nombrar
unas comisiones de expertos --voy acabando, señor Presidente--
como las que nombró el señor Ministro, con gentes que comparten
su filosofía política y su filosofía sobre suelo, es evidente que
el producto es ése.
¿Resumen? Dar una vuelta de tuerca más al intervencionismo. Los
problemas del intervencionismo se resuelven con mayor
intervencionismo. ¿Ese es el camino? ¿Es ésa la tesis, señor
Ministro? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Póngase de acuerdo,
señor Ministro, con el Tribunal de Defensa de la Competencia, que
es de su gobierno, y el Tribunal de Defensa de la Competencia, si
me permite la expresión, les ha puesto un cero en la asignatura
política de suelo, un cero absoluto.
Señor Ministro, usted y yo podremos estar de acuerdo en muchas
cosas, en la filosofía de la política de vivienda es difícil que
estemos de acuerdo. No estamos de acuerdo en los medios, en la
medida en que estamos hablando de política de vivienda y no de
política industrial, no estamos de acuerdo en los objetivos, no
estamos de acuerdo en la filosofía esencial, señor Ministro.
Nosotros decimos más sociedad y menos Estado, y ustedes dicen más
Estado y menos sociedad. No estamos de acuerdo, señor Ministro,
en la voluntad política. Ustedes sólo prometen lo que después no
cumplen, y nosotros prometemos aquello que se puede cumplir.
En definitiva, señor Ministro, ustedes son un Gobierno dividido,
desconcertado, prácticamente en funciones. Señor Ministro,
ustedes son el pasado que hay que olvidar y superar. Nosotros
somos el futuro que viene, el futuro a crear.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ortiz.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Me voy a dirigir a eso que usted llama el
futuro. (Un señor Diputado: ¡Aterriza, Borrell!) Si me dejan
ustedes un poco en paz será mejor, ¿no les parece?
Vamos a ver, usted fue Ministro de Vivienda ¿verdad? En el futuro
fue Ministro de Vivienda. Por tanto, de esos 38 años de errores
alguno le corresponde a usted, ¿no? (El señor Ortiz González:
Sesenta de cada cien.) ¿No le parece a usted un poco
inconsistente para alguien que ha sido Ministro de Vivienda
subirse a la tribuna y hablar de 38 años de errores? Algo tendrá
usted que ver con lo que ha pasado antes, ¿no? ¡Digo yo! ¿O es
que usted solamente existe en su proyección futura? Usted no
tiene pasado, claro, acaba de nacer
ahora y viene aquí a reprocharnos 38 años de errores en la
legislación del suelo. Digo yo que algunos serán suyos. De manera
que, señoría, no tergiverse usted las cosas. Usted sube aquí a
decir, supongo que por mala información, que nosotros
pretendíamos fijar la figura de municipio singular y arrogábamos
al Estado su determinación. Totalmente erróneo, señoría. La
figura del municipio singular estaba prevista para que fuese
administrada exclusivamente por las comunidades autónomas.
Dígame una cosa si tan malo era el Plan de Vivienda 1992-95, que
ustedes denostaron atrozmente cuando lo propusimos --quizá usted
no, pero quiero recordar los calificativos que recibió desde sus
filas--, si tan malo es --digo-- ¿por qué la única receta de
política de vivienda que ustedes plantean es que se prorrogue
durante cuatro años más? ¿Por qué? ¿Por qué no dicen ustedes cuál
es su alternativa? Porque todo lo que nos proponen es que
apliquemos el Plan cuatro años más, y a eso lo llaman ustedes
prórroga. No, señoría, ese es un nuevo pacto de política de
vivienda con los ingredientes suministrados por la política
socialista contrastada en la práctica y modificada por consenso.
Es verdad que nosotros proponíamos modificaciones que no
recibieron el consenso en Avila, y las retiramos; en algunos
casos ni siquiera recibieron el consenso de algunas comunidades
socialistas. Allí fuimos a debatir la política de vivienda, y por
eso le digo que usted se hubiera podido ahorrar la interpelación,
porque me pregunta usted que qué pienso hacer para adoptar con
carácter inmediato medidas que den continuidad a la política de
vivienda. Pues mire, el día que usted presentó la interpelación
acordamos --seguramente tuvimos telepatía-- con carácter
inmediato una política de vivienda que va a ser instrumentada
antes de que las Cortes se disuelvan mediante los
correspondientes convenios y habiendo acordado el importe de la
financiación necesaria; repito, habiendo acordado el importe de
la financiación necesaria.
Dígame usted, señor Ortiz, cuando sus consejeros dicen que
370.000 millones de pesetas de valor actual es una cifra
adecuada, ¿discrepa usted de ello, sí o no? ¿Cree usted que es
necesario más, sí o no? Porque los responsables de política de
vivienda práctica del Partido Popular acordaron la cifra global
del coste presupuestario, el reparto de los recursos financieros
y la norma que tiene que instrumentarlo. Y reconozco que salieron
contritos porque habrían referido un acuerdo de un año por puras
razones de oportunidad política, señoría, para salir diciendo
que: un año, y después ya se verá. Pero tuvieron que aceptar un
pacto por cuatro años porque es imposible salir a explicar a la
opinión pública que solamente quieren política de vivienda por un
año porque todo el mundo sabe que eso introduce inestabilidad e
incertidumbre, como dijo muy bien el Consejero de Cataluña --que,
por cierto, no es del Partido Socialista--, explicándoles, desde
una cierta experiencia y sentido común, que no tenía ninguna
lógica pactar por un año si se está de acuerdo en lo que se
pacta. Yo puedo entender que ustedes digan: No estamos de acuerdo
con esto, y como no estamos de acuerdo y queremos hacer otra
cosa, pactamos sólo por seis meses. Pero cuando se está de
acuerdo en lo que se quiere hacer y se es incapaz de presentar
una alternativa, no queda más remedio que pactar por cuatro años,
porque de lo contrario la inconsistencia es absoluta y el rechazo
de la opinión evidente.
No quiero aspirar a los premios literarios que usted me ofrece
sobre la semántica y la terminología y el discurso nominal.
Llámenle ustedes como quieran. La
realidad de la vida es que la política de vivienda 1992-95, tan
antisocial según usted, es la que ustedes piden que se prorrogue;
tan antisocial ella, pero es la que ustedes piden que se
prorrogue y es lo que hemos hecho: cogerla, modificarla y
pactarla por cuatro años más en cifras que hemos convenido. Lo
demás, señoría, es literatura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Qué grupos parlamentarios desean fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Ortiz, lamento tener que dar la razón, en este
caso, al Ministro, porque usted estaba encantado con la política
de vivienda que ha venido llevando el Gobierno socialista. La
política de vivienda que ha llevado el Gobierno socialista es la
que hubiera usted llevado si hubiera sido Ministro; exactamente
la misma. (Rumores.) Yo creo que en su programa electoral
deberían poner que van a continuar con el señor Borrell como
Ministro de vivienda, porque va a hacer la política que ustedes
hubieran firmado. Sería el mejor político que hubiera existido de
un partido de derechas para llevar una política de vivienda,
porque el señor Borrell, en última instancia, no ha hecho una
política revolucionaria ni que haya roto los cimientos del Estado
que teníamos anteriormente.
La política de vivienda del señor Borrell, a un señor que tenga
un salario de 150.000, le suena a chino, porque la política de
vivienda del señor Borrell, en última instancia, si ha
solucionado algo a algunos ciudadanos, es a los que ganaban entre
250.000 y 300.000 pesetas, que son los que podían acceder a las
ventajas del Plan de Vivienda, son los que podían acceder a
hipotecas que significaban pagar 100.000 pesetas al mes
aproximadamente; pero para un ciudadano que gane 150.000,
160.000, 170.000 pesetas, los que están en ese nivel del 2,5 por
ciento del salario mínimo interprofesional, eso les suena a
chino. La política de ayudas y el dinero que ha costado al Estado
esa política de ayudas,
precisamente, a la gente que está más necesitada de vivienda, les
ha sonado completamente a chino.
Por tanto, la política que ha venido liderando el señor Borrell
no ha sido precisamente una política dirigida a los sectores
socialmente más necesitados de vivienda, sino a los sectores que
sociológicamente se pueden incardinar en lo que ustedes
representan, y yo creo que buen ejemplo de todo esto ha sido el
Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido una política esencialmente
dirigida a esto. El último ejemplo ha sido que ni siquiera han
dado parcelas a los sindicatos para que tengan viviendas, porque
es la política que realmente soluciona este tipo de problemas a
rentas puramente medias, y éste es el gran déficit que ha tenido
la política de vivienda durante todos estos años.
El descubrimiento del señor Borrell fue saber que el Gobierno
había renunciado durante muchísimo tiempo a tener una política de
vivienda, porque no tenía ninguna. Yo he oído muchas
manifestaciones del señor González en ese sentido, y decía:
Nosotros no podemos intervenir en vivienda. ¿Cómo no? Ustedes
pueden intervenir nada más y nada menos que en la financiación de
la vivienda. El señor Borrell se dio cuenta de eso y actuó en la
financiación de la vivienda. Pero, ¿para quién financió? Financió
para rentas bastante altas. Y el artículo 47 de la Constitución
no solamente se refiere a los españoles que ganen más 250.000
pesetas, sino también para los españoles que ganan menos de
250.000 pesetas, y para ellos no ha habido ninguna política de
vivienda en este país en los últimos años.
¿Qué es lo que ha pasado en Avila? Que, de pronto, el señor
Borrell se ha dado cuenta de que la política que estaba
realizando iba mucho en ese sentido y ha pretendido dar un
pequeño giro a la izquierda, proponiendo muchas cosas que le
habíamos pedido aquí desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Y los aspectos más de derechas de su programa, la
vivienda de precio tasado, el límite del 5,5 por ciento del
salario mínimo interprofesional, todas esas cosas las ha
pretendido cambiar un poco a la izquierda y el Partido Popular
las ha cercenado, porque con eso es con lo que no están de
acuerdo. Porque, ¿qué ha significado la vivienda de precio
tasado? Lo que ha significado es que esos señores que están
representados en el Seopan, del cual se hace aquí portavoz el
señor Ortiz, han conseguido que muchos de sus «stocks» de
viviendas que no lograban poner en el mercado hayan salido al
mercado. Ha sido como una especie de plan «Renove», gracias al
cual los coches que no podía colocar la fábrica en el mercado han
salido al mercado. Pero eso, ¿a quién ha beneficiado
sustancialmente? ¿Ha beneficiado a esos millones de españoles que
están necesitados de vivienda, a esos millones de españoles que
no pueden acceder a una vivienda porque tienen un empleo temporal
o porque tienen unos salarios que, como les dije antes, no les
permiten pagar una hipoteca de 100.000 pesetas o más al mes? No
señor a esos no les ha beneficiado. Ha beneficiado
fundamentalmente a estos grandes promotores que han conseguido
colocarlos «stocks», lo cual costaba recursos al Estado, porque
esos créditos se financiaban con dinero del Estado. Cuando se ha
pretendido cambiar algo para intentar financiar otras cosas,
ustedes han dicho: no, esto no es lo que a nosotros nos interesa;
nos interesan otras cosas.
Las políticas de vivienda --digo la política de vivienda, no los
planes-- en general, en el fondo, en cuanto interviene el Estado,
¿qué son? Políticas de transferencia de rentas. Resulta que con
dinero del Estado se han estado transfiriendo rentas
fundamentalmente a las rentas medias, no solamente con el Plan
Nacional de Viviendas, también con las exenciones fiscales,
importantísimo capítulo del que aquí ni se habla pero que es el
que más le cuesta al Estado, porque son cuatro veces más de lo
que se gasta en el Plan Nacional de Viviendas, y con ese dinero
se han estado traspasando rentas precisamente a clases medias o
incluso medio altas. Las clases bajas y medio bajas de este país
no han olido un duro, y nos encontramos con los mismos problemas
que teníamos antes del Plan Nacional de Viviendas.
Si nosotros juzgamos al plan por sus objetivos, desde luego los
objetivos que yo tendría para un plan no se corresponderían para
nada con los que ha conseguido este plan de viviendas. Los
objetivos que mi Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tendría
para un plan son precisamente que esos españoles que no tienen
manera humana de conseguir una vivienda pudieran acceder de una
vez a ella, y desde luego ese objetivo no lo ha cumplido el plan
de vivienda. Si lo único que quiere el plan de vivienda es decir
al final: «hemos conseguido 500.000 actuaciones» --que son
200.000 viviendas; como bien ha dicho usted, actuación no es
vivienda--, pues vale, estupendo, ha hecho usted 200.000
viviendas, pero ¿ha conseguido solucionar el problema de la gente
que necesita vivienda? No, no lo ha conseguido. Ese no es el
objetivo de Izquierda Unida, no sé si era el del Partido
Socialista, simplemente construir viviendas, no que la gente
acceda a la vivienda. Desde luego, eso no lo ha conseguido, y me
temo que, por lo que usted está diciendo, si el Partido Popular
llega al poder --Dios no lo quiera--, no lo va a conseguir ni
muchísimo menos, sino que se van a hundir mucho más en otras
situaciones peores que las que nos encontramos.
Por tanto, lo que hacía falta era un auténtico nuevo plan de
vivienda, y es desgraciadamente lo que en esas conversaciones
malhadadas que han tenido ustedes en Avila han cercenado. Ahora
mismo no es posible tener un nuevo plan de vivienda hasta que se
despeje lo que pase en el mes de marzo, que ojalá signifique en
este país un giro a la izquierda, que es lo que hace falta, no un
giro a la derecha, porque para un giro a la derecha... (El señor
Fernández-Miranda y Lozana: ¡Ya quisieras!) ¡Hombre, claro que lo
quiero, por supuesto, no voy a querer que este país gire a la
derecha, bastante hemos tenido!
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, por
favor.
El señor ANDREU ANDREU: Si conseguimos eso podremos hablar de un
nuevo plan de vivienda. Si no, la prórroga les vale. Ustedes
gestionarán la misma política de vivienda que ha hecho el señor
Borrell. Por tanto, señor Ortiz, creo que será mejor que siga él
de Ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Quiero retirar mi candidatura al puesto que
me ofrece de Ministro de vivienda del Partido Popular. Es un
elogio envenenado.
Usted dice que hay que ayudar a las clases bajas y que este plan
no lo ha hecho. A mí no me gusta trabajar con calificativos
cuando hablamos de cifras. Vamos a hablar de cifras cuando
hablamos de cifras. El 93 por ciento de los beneficiarios de las
ayudas de este plan tienen ingresos inferiores a 3,5 veces el
SMI. ¿Eso no vale para nada, señoría, a la hora de juzgar a quién
se ayuda con un plan de vivienda? El 93 por ciento son personas o
familias que tienen ingresos inferiores a 3,5 veces el SMI. ¿Le
parece a usted esto bastante social, o hasta dónde hay que ir
para que a usted le parezca que las ayudas se concentran en las
clases más necesitadas?
Habida cuenta de que se trata de ayudar para comprar, tampoco
podemos ayudar para comprar a quien sea insolvente para pagar,
¿no le parece? Es un plan para ayudar a comprar y, por tanto,
tienen que tener una solvencia mínima para poderse
responsabilizar del pago de una hipoteca. Ayudamos a quien lo
merece y puede hacer frente a esa responsabilidad, porque para
quien no puede, además de este plan de vivienda estatal, que no
agota la política de vivienda, están las actuaciones de las
comunidades autónomas, suyas, de su responsabilidad, de vivienda
social para los casos de quien no puede comprarla. No pretenda
usted que demos préstamos a quien no los pueda devolver. Hay un
límite inferior por debajo del cual no tiene sentido una política
de ayuda a la compra porque no la pueden pagar. Pero, por encima
de este límite inferior, y hasta un límite superior fijado por
razones sociales, dígame usted si le parece bien o mal,
suficiente o insuficiente, que el 93 por ciento de los
beneficiarios estén por debajo de 3,5 veces el SMI.
Sí, es verdad que también hemos dado ayudas a familias entre 3,5
y 5,5 veces el SMI, en una especie de plan Renove, por el 7 por
ciento del plan. Y eso es bueno, señoría. Porque para desactivar
el parón de la construcción hacía falta eliminar «stock» y poner
en marcha otra vez la máquina del sector y volver a crear empleo.
Las cosas no son tan simples como, a veces, parece indicar una
lectura elemental de la realidad. Sí, ha hecho falta desestocar
viviendas, y hemos ayudado a ello en el 7 por ciento del plan.
Nos hubiera gustado limitar la VPT. Y es verdad que no lo hemos
hecho tanto como hubiéramos querido, en aras a un consenso que
necesitamos, señoría, para aplicar una política de vivienda.
Le ruego que piense usted una cosa que estoy seguro que sabe
perfectamente. Este es un país tremendamente descentralizado. La
política de vivienda no se puede dictar desde el Estado central.
La política de vivienda es competencia de las comunidades
autónomas y nosotros intervenimos, desde la envolvente
financiera, fijando recursos bancarios, tipos de interés y
posibilidades de acción. Pero cuáles se llevan a la práctica y en
qué medida son las autonomías las que lo fijan. Y compare usted
la política de vivienda de una autonomía con otra y verá cómo en
Extremadura, por ejemplo, o en Andalucía, concentran las ayudas
que pueden dar en ciertos segmentos de renta utilizando
determinadas figuras y no usando otras; y en otras comunidades
autónomas, de otra orientación política --sí, somos distintos,
afortunadamente-- ponen el énfasis en ayudas destinadas a otras
clases sociales utilizando otros instrumentos.
¿Puede este Ministro, responsable de la política de vivienda a
nivel central, decirles a las autonomías lo que deben hacer de
entre las posibilidades que les ofrece el plan? No puede. Mi
papel es repartir cupos financieros, fijar envolventes
presupuestarias, determinar los tipos de interés de los
convenios, ofrecer posibilidades de acción y orientar la acción,
pero no determinarla. Y eso es lo que hay que entender cuando se
sube allí, en el Parlamento del Estado, a pedir
responsabilidades, porque no están aquí. No están aquí los
responsables de actuar en lo concreto. Hacer más VPT y menos VPO
no es este Ministro quien lo decide, es el Gobierno autónomo de
cada autonomía. Qué ayuda se da, a quién y cómo no es éste
Gobierno, son los gobiernos autónomos. Por eso hay que discernir,
cuando se trata de consensuar, que más vale un consenso que
permita aplicar una política de vivienda sin rupturas, con la que
se está de acuerdo en un 100 por cien, que provocar una
discontinuidad que tendría efectos muy negativos para esas clases
populares a las que usted, y yo también, señoría, defendemos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Seré muy breve, señor Presidente.
El señor Ministro dice algo con lo que estoy de acuerdo.
Efectivamente, determinadas rentas no tienen solvencia para pagar
hipotecas. Pero eso lo sabía
también el señor Ministro cuando planteó el plan, y precisamente
por eso sabía que esas rentas difícilmente podían tener acceso a
la vivienda en propiedad, por lo que el Gobierno debería haber
impulsado otras formulas de acceso. Creo que esto era algo que se
sabía de antemano, igual que se sabe ahora.
Hay otro aspecto que me resulta interesante revelar. Si el señor
Ministro sabe que determinados aspectos de la política de
vivienda han salido socialmente fallidos, y no es hayan tenido
éxito porque se hayan utilizado muchísimo, ahora hubiera sido el
momento de haberlos eliminado y de haber montado, a partir de
ahora, un nuevo plan de vivienda. Si la VPT, como bien sabe,
socialmente ha tenido limitaciones, se podían haber eliminado
ahora en Avila. Por tanto, si lo que se ha hecho ha sido
prorrogar el plan de viviendas que se ha venido realizando hasta
el momento sin corregir los defectos que ha tenido, se ha hecho
socialmente una mala actuación; actuación que, en cualquier caso,
beneficia más al Partido Popular que a ningún otro grupo político
o sector social en este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): En absoluto, señoría. No se deriva
lógicamente lo que usted dice de lo que yo le he explicado. Hay
que guardar un mínimo de coherencia con la lógica.
No hay política de vivienda que no sea consensuada. No la hay. No
la puedo imponer. Necesito acordarla. Y en el acuerdo, hay
propuestas que se aceptan y otras que no. Yo hubiera preferido no
anular ni eliminar la VPT, sino modularla de la forma que
proponíamos, dejando que se aplicara sólo en municipios
singulares a determinar por la autonomía, no por el Estado
Central. Pero eso no ha sido posible de consensuar, y usted, si
tiene que escoger entre un consenso que no recoge el 100 por
ciento de sus objetivos y una política rota que no se puede
seguir aplicando, y tiene una responsabilidad como la que tenemos
cuando se gobierna, no le quepa ninguna duda de que haría lo
mismo que hemos hecho nosotros.
No tiene ninguna lógica que usted diga que, como no están de
acuerdo con lo que usted propone, no hay política de vivienda.
Sí, sí, la tiene que haber, y la tiene que consensuar usted, y
algunas cosas que no le gustarán las acepta, porque en lo
fundamental, en un 99 por ciento, le parece adecuado.
Ese es el compromiso democrático de un Estado descentralizado.
Ese es el consenso entre Administraciones, al que nos obliga la
forma de Estado que hemos construido.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE CONOCIMIENTO QUE TIENE EL GOBIERNO DE LOS
DENOMINADOS «SKINS» Y OTROS GRUPOS SIMILARES DE ULTRADERECHA, DE
SU SITUACION ORGANIZATIVA, ASI COMO MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
PARA ERRADICAR ESTE FENOMENO (Número de expediente 172/000132)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre conocimiento que tiene el Gobierno de los
denominados «skins» y otros grupos similares de ultraderecha, de
su situación organizativa, así como medidas que piensa adoptar
para erradicar este fenómeno.
Para la exposición de esta interpelación tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Pérez Rubalcaba, desde luego
usted es un todoterreno. Me va a permitir que vaya de lo general
a lo concreto.
A nuestro juicio, el fascismo y el nazismo, los fundamentalismos
de ultraderecha, son un capitalismo de excepción, un capitalismo
en estado permanente de excepción, de matriz específicamente
europea, en cuyos intersticios están todavía anidando los
llamados huevos de la serpiente. Efectivamente creemos que es un
capitalismo de excepción que se dirige a mantener tasas de
ganancia en etapas de crisis a base de limitar o de acabar con la
democracia, derrotando, consecuentemente, el protagonismo de la
sociedad civil y el protagonismo organizado del movimiento
obrero.
Por tanto, señor Pérez Rubalcaba, queremos denunciar fenómenos
recurrentes que están ocurriendo mucho más concretos, sin ningún
tipo de alarmismo --no estamos en los años treinta--, pero
fenómenos que se siguen sucediendo. Queremos denunciar cierto
grado de organización, incluso a escala transnacional, y queremos
también, en el mismo sentido, denunciar cierta pasividad, cierta
permisividad, o exceso de confianza en la Administración, que a
veces llega incluso a no querer reconocer este problema como
realmente existente.
No estamos hablando, por tanto, de represión sin más, sino que
nos situamos en la perspectiva de hablar de la defensa de la
democracia, de la defensa del protagonismo de la sociedad civil y
de la defensa de las instituciones, en un momento en que pueden
estar anidando o alimentándose, a nuestro juicio peligrosamente,
teorías de permisividad, en el sentido de que los
«skinheads» y otros grupos similares no son tan peligrosos o,
hasta cierto punto, suponen una especie de contrapeso sano a la
emergencia de un excesivo protagonismo de la sociedad civil o del
movimiento obrero, o que, en todo caso, puede haber teorías en el
sentido de que los «skinheads» y compañía pueden suponer una
especie de contrapeso basado en un sano patriotismo.
Nosotros pensamos que en un momento en que de manera global se
está criticando al sistema de partidos, en un momento de crisis
económica relativa, en un momento en que se critica también de
manera global e indiscriminada a la prensa libre y se están
atornillando hasta cierto grado las reivindicaciones de los
trabajadores, pensamos que nuestra alarma, aunque sea en
principio comedida, podemos decirlo así, es una alarma de fondo,
puesto que hay elementos de fondo a través de los cuales se puede
ir despertando esa bestia que anida en los intersticios propios
de la cultura europea o del sistema actual, tal como viene
funcionando.
Hay gente interesada también, señor Ministro, en que nos
confiemos. Por ejemplo, se nos repite constantemente que son
pocos, pero un día sí y otro no se produce una agresión
procedente de estos grupos, de los «skinheads» o similares, sin
tener en cuenta las agresiones que no son denunciadas en función
del miedo que se deriva de las represiones o de las amenazas.
También se nos dice, señor Pérez Rubalcaba, que no tienen
ideología, pero sin embargo estamos viendo que sus ataques son
cada vez más selectivos; no es ya el ataque esporádico y
aleatorio a lo largo de sus marchas por las calles, sino que son
ataques --ataques graves y ataques con consecuencia de muerte en
algunos casos-- que están especialmente dirigidos a inmigrantes,
a negros, a árabes, a sudamericanos, a homosexuales, a
travestidos, a «punkies», a toxicómanos, a jóvenes de izquierdas,
libertarios. Son, por tanto, ataques sistemáticos que en muchos
casos suponen incluso la confección de listas con el domicilio de
los objetivos que se han trazado de antemano. Por cierto,
nosotros hemos dirigido cartas a todos los afectados
anunciándoles que estaban en cierta lista y ofreciéndoles nuestra
ayuda jurídica o la que corresponda, políticamente hablando --
esto en cierto grado es una respuesta a esa ayuda--, y nos hemos
encontrado con la sorpresa de que la policía no se ha dirigido a
ellos para anunciarles que están siendo amenazados y ofrecerles
un cierto grado de protección.
También se nos dice constantemente que son simples alborotos
callejeros de las tribus urbanas, intentando confundir reyertas
juveniles, tribus urbanas con los «skinheads» o grupos concretos
muy organizados, aunque sean todavía bastante minoritarios.
Pensamos que se intenta incluir el tema en la desorientación
general de la juventud, en las pandillas urbanas, ocultándose que
hay cada vez más publicaciones, mejor organizadas, que hay una
propaganda neonazi con publicación sistemática, y que se han
incautado armas, no sólo armas blancas, señor Rubalcaba.
En definitiva, estamos hablando de una ideología concreta, con
objetivos claros de matriz neonazi y fascista, y estamos hablando
de un grado concreto de organización, demostrable por las
publicaciones o por otra serie de cuestiones que se han
investigado. Consecuentemente, no hablamos de simple rebeldía
juvenil y grupal, o de afán de protagonismo o de mimetismo, o de
fenómeno significativo de marginación. No es ningún fenómeno, en
lo que se refiere al tema de la ideología y del grado
organizativo de los objetivos que se marcan, de una simple
marginación espontánea. Y en este sentido, hablamos de la
necesidad de soluciones, porque nos preocupa gravemente el
problema y queremos denunciarlo aquí, desde esta tribuna, de
manera firme, serena, pero de manera también muy concreta. Nos
preocupa que alguno no lo vea como un problema y nos preocupa la
incapacidad que se está observando para dar la respuesta
adecuada. Consecuentemente, nos preocupa que a partir de esta
permisividad y de este intento de minusvalorar la situación, de
no prestarle atención, se produzca una cierta anestesia social,
se pueda producir una especie de aniquilación de la conciencia o
de principio de cobardía al sentir la gente que van a por ellos y
que nadie les respalda ni nadie reconoce al problema. Recuerde
usted aquello de Bertolt Brecht: vinieron a por los cristianos,
pero como yo no soy cristiano, no hice nada; después a por los
sindicalistas, pero como yo no soy sindicalista, no respondí;
vinieron a por los comunistas, tampoco respondí puesto que no soy
comunista; vinieron a por los socialistas, y tampoco dije nada, y
ahora han venido a por mí, y nadie, consecuentemente, va a poder
ayudarme.
Desde ese punto de vista, señor Ministro, nos preocupan las
bofetadas dialécticas que se están lanzando impunemente como
aquélla de: Europa para los europeos, o respuestas similares. Un
miembro de estas bandas dijo hace poco: Nosotros estamos por una
Cataluña libre, soberana y blanca y por eso odiamos a los negros,
a los moros y a los andaluces.
Según datos oficiales de gente localizada por la policía que se
han publicado no hace mucho, están detectados 2.331 personas. La
mitad aproximadamente en Cataluña; 766 en Madrid, y entre 20 y
60, según los casos, en Sevilla, Málaga, Granada, Valencia,
Burgos, Albacete y otras ciudades. Aparecen grupos madre de estos
movimientos como base autónoma. Se suele decir que no existen.
Por lo visto no se conoce la situación actual de la universidad y
qué cabecillas funcionan con relación a este grupo concreto: La
Vanguardia Nacional en Barcelona o la Acción Revolucionaria en
Valencia. Hay vías de comunicación internacionales, entre ellas
la Red Internet, como se ha demostrado. Distintas publicaciones y
viajes de contacto e ideólogos fundamentales, algunos de
trayectoria muy conocida, con residencia en España, una
residencia fácil que ellos prolongan o extienden de manera
impune,
naturalmente funcionando como matriz ideológica de muchos de
estos grupos.
Ahí está el tema de la España futbolística, funcionando cada vez
de manera más concreta y específica. Este problema empezó a
ocurrir en la Inglaterra de los años setenta, a partir de los
«hooligans» y tiene hoy un desarrollo intenso en España. Es un
lugar firme y claro de reclutamiento, de bases de actuación y
organizativa; por ejemplo ahí están los Ultra Sur y el Frente
Atlético, quizás con apoyo de algunos miembros de las directivas
o de directivos al máximo nivel, apoyo logístico y quizás
financiero. Parece ser que incluso el Frente Atlético tiene
algunas dependencias en las que depositar sus pancartas o los
símbolos fascistas que utilizan durante los partidos de fútbol y
si atacan, por ejemplo, lo hacen en función de declaraciones que
se hacen, como la que últimamente se hizo en Marbella con
respecto a los que somos miembros de cierto partido, a los que
parecía que se nos quería ver muertos. Naturalmente si se ataca
en función de estos criterios todos sabremos que se está
incitando específicamente a la violencia. Es un movimiento que
empieza a arraigar en los equipos más pequeños, incluso en los
equipos de tipo local, fundamentalmente aquí en Madrid, en
Cataluña y en otras ciudades grandes.
A nuestro juicio la posición del Ministerio del Interior no es
clara; se ha expuesto directamente o a través de la Delegada del
Gobierno, por ejemplo aquí en Madrid, o a través de distintas
comparecencias y creemos que hay una extraña confianza. Por
ejemplo, se ha creado un grupo de tribus urbanas, confundiendo,
repito, tribus urbanas con los grupos de los «skinheads» y
compañía o en el mismo sentido la dedicación policial es mínima,
en grupos muy debilitados y no especializados, no conectando lo
que ellos llaman reyertas urbanas con el tema de la ideología
ultraderechista, ultranacionalista, etcétera. A partir de ahí,
naturalmente, creo que hay una cierta desmoralización en la
policía más consciente, los que creen de verdad que este es un
problema que está ahí, que está organizado y que están realizando
cada dos días una agresión seria; incluso los que se han detenido
ayer pertenecían al Frente Atlético y al grupo de Ultra Sur, por
tanto se nos decía que no tenían ningún sentido ideológico, que
utilizaban los símbolos fascistas sin saber realmente lo que
utilizaban y todo esto se va desmontando sobre la posición y las
consecuencias diarias de la existencia de estos grupos.
En función de esto le pregunto, señor Ministro, como
representante del Gobierno, qué se ha hecho; qué se conoce con
respecto a la organización y a la matriz ideológica de estos
grupos y qué se piensa hacer, teniendo en cuenta la valoración
que tiene el Gobierno con respecto a la situación que estamos
viviendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Alcaraz, quisiera comenzar mi intervención
señalando que el Gobierno comparte la preocupación de su Grupo
Parlamentario por las agresiones de los grupos que usted ha
calificado de «skinheads» y especialmente por los de matiz
ultraderechista. Nos hallamos, sin duda, como S. S. se ha
encargado de recordar aquí, ante un fenómeno complejo, que no
resultará fácil de erradicar, pero que afortunadamente no tiene
en España la misma virulencia que en otros países de nuestro
entorno. Esta comparación no debe interpretarse en modo alguno
como que debemos estar tranquilos. Lo único que pretendo decir es
que seguramente estamos en disposición, tenemos más posibilidades
de mejorar nuestra respuesta frente a estas actuaciones, de
impedir su avance y, por supuesto, de lograr su disminución.
Los fenómenos de violencia callejera cometidos por individuos
integrados en grupos violentos se suelen atribuir a lo que se ha
venido en denominar tribus urbanas, aunque, como S. S. señala, es
un terminología que seguramente por demasiado amplia no permite
una profundización adecuada en el matiz ideológico de este tipo
de grupos. Suele ser la expresión de un modo de agruparse
colectivos de jóvenes con ideologías determinadas, con una
determinada extracción social, y que en la práctica les conducen
a actitudes sociales contrarias a las pautas normales de la
comunidad. De ellos, sin ninguna duda, los que producen mayor
alarma social son los que utilizan terminología, emblemas y
símbolos de ideologías nacionalsocialistas y fascistas porque
son, sin duda también, los que cometen agresiones
indiscriminadas. Dejo aparte el fenómeno de Jarrai por tener una
ideología radicalmente distinta de aquellos grupos a los que me
voy a referir en esta intervención.
La estructura organizativa de estos grupos suele ser muy
precaria, con elementos muy jóvenes. Los eventos deportivos, como
también señalaba S. S., suelen constituir un nexo de unión
frecuente, lo que les lleva a inspirarse en ideas de grupos
británicos, de grupos italianos, así como últimamente en grupos
radicales nazis, alemanes y también británicos. La dispersión de
este tipo de grupos, desconexos entre sí, y su falta de
vinculación a organizaciones políticas estables de extrema
derecha, facilita que no dispongan de una financiación
consolidada. Ello no obsta para que existan aportaciones
económicas a título individual que no pueden, en general,
considerarse como una fuente estable de financiación. Entre estos
grupos, es evidente que alguno de ellos ha intentado producir un
salto cualitativo hacia una estructura organizativa propia, más
sólida, o una estructura política que pudiera dar acogida a sus
acciones, sin que en general en nuestro país se pueda
decir en este momento que estos saltos hayan fructificado.
También es cierto, que bajo la parafernalia de la extrema
derecha, se encasillan a veces jóvenes que no pertenecen
realmente a movimientos de esta tendencia, pero que utilizan sus
símbolos, lo que induce, probablemente, a sobredimensionar la
fuerza real de una extrema derecha organizada en nuestro país.
En todos los casos, como S. S. ha reiterado en su intervención,
no podemos ignorar que estos grupos son un caldo de cultivo para
el crecimiento de la violencia y de la intolerancia. Por ello,
son un peligro para nuestra convivencia, especialmente si la
sociedad pudiera llegar a percibir, y dentro de ella los jóvenes,
que existe una inactividad de las Fuerzas de Seguridad, sean
éstas Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Municipal, en su
represión. Por ello, entiende el Gobierno que es una
responsabilidad del propio Gobierno, pero también del conjunto de
las administraciones, demostrar y convencer a los ciudadanos,
especialmente a los jóvenes, de que las instituciones funcionan y
de que contra estos grupos violentos la alternativa no es la
sumisión, a la que S. S. hacía referencia, ni tampoco la
violencia, sino la participación ciudadana, la confianza y la
eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Me voy a referir a continuación a un conjunto de actuaciones que
desde el Gobierno se han puesto en marcha, distinguiendo lo que
son acciones policiales propiamente dichas de otro tipo de
actuaciones, que entendemos necesarias para atacar de raíz este
tipo de actuaciones. En primer lugar, acciones policiales. Fue en
el año 1993 cuando la virulencia de estos grupos empezó a causar
una alarma real en la sociedad española. Por esta razón, en el
propio mes de diciembre de ese año se crearon unidades y grupos
específicos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a
nivel nacional, a nivel territorial o en las propias ciudades
donde estos grupos de «skinheads» han tenido una mayor
incidencia. Estos grupos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado centralizan la información, investigan los hechos
acontecidos y controlan y vigilan los puntos de reunión de los
grupos violentos. Son actuaciones que la policía considera
prioritarias, lo que les ha llevado a intensificar trabajos de
información e inteligencia sobre los de la represión propiamente
dicha, en una actividad que se coordina desde las unidades de
seguridad ciudadana. Es evidente que las ciudades de mayor
incidencia de estas actuaciones a las que me vengo refiriendo son
Madrid y Barcelona, y que este es un fenómeno habitualmente
ligado a las grandes ciudades, aunque también se producen en
núcleos de población que podían denominarse genéricamente
cinturones industriales, muchos de ellos también en la periferia
de estas dos ciudades, Madrid y Barcelona.
De los datos existentes en la actualidad, se desprende que en el
año 1995 --me refiero sólo a este año-- se ha producido un
incremento de las agresiones denunciadas tanto en Madrid como en
Barcelona; un incremento que en este momento estimamos puede
estar en torno al 20 por ciento, y que la policía atribuye a la
campaña desarrollada por diversas instituciones para que se
denuncien las agresiones, lo que ha hecho que la receptividad
social sea mayor y que estas denuncias se produzcan en mayor
extensión.
Me referiré a continuación a las acciones no policiales. El
Gobierno --lo ha dicho S. S. y yo lo repito hoy aquí-- entiende
que la represión de estos grupos no es exclusivamente un problema
policial. Cree que es necesario que existan otros procedimientos
para luchar contra estas situaciones adecuadamente. Es por ello
por lo que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reunió
el pasado 13 de septiembre, con un punto del orden del día
justamente referido a este tipo de actuaciones, en cuya reunión
se acordó un conjunto de medidas policiales, junto con una
campaña divulgativa.
El 3 de octubre la Comisión Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana estableció un calendario de trabajo, que
incluye un debate en Barcelona
--se ha celebrado el 9 de octubre--, jornadas sobre violencia
urbana --celebradas en Málaga el 24 y el 25 de octubre-- y unas
jornadas sobre la actuación contra la violencia deportiva, a
celebrar el 14 de diciembre en Galicia. Como consecuencia de
estos debates, las secretarías de Estado de Interior y de
Educación de los Ministerios respectivos han previsto la
elaboración de un proyecto completo, que incluye actuaciones
policiales, pero sobre todo actuaciones educativas, de prevención
del racismo y la violencia, que se desarrollará esencialmente en
los centros de enseñanza secundaria. Este proyecto se va a
inspirar en un modelo que se está desarrollando en la actualidad
mediante un acuerdo entre la Comunidad Autónoma de Madrid y el
Gobierno central y que, a juicio del Gobierno, está funcionando
satisfactoriamente.
Junto a estas actuaciones, hay otras que, en todo caso, deberían
potenciarse. Hay que mejorar la cooperación existente con las
organizaciones no gubernamentales de carácter juvenil, ya que
éstas son, sin duda, las más permeables a este tipo de
planteamientos y campañas. Hay que insistir en la participación
de los padres en los centros escolares, en las actividades
educativas programadas en el marco de este proyecto al que me
referí anteriormente. Hay que racionalizar en las juntas locales
de seguridad la intervención y coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con la Policía Municipal. Hay que
llevar a cabo una política inflexible desde instancias
municipales contra los establecimientos que suministran alcohol a
menores. No debemos olvidar que la violencia de los grupos
radicales suele ser directamente proporcional a la cantidad de
alcohol y drogas ingeridas. A más alcohol, podríamos decir, más
violencia.
Finalmente debemos recordar el papel fundamental de los medios de
comunicación en el tratamiento de las actuaciones de estos grupos
violentos. Es evidente que, por un lado, como decía S. S., deben
sensibilizar
a la opinión pública y, por otro, deben dar un tratamiento
adecuado a las actuaciones de estos grupos, evitando, en todo
caso, los efectos propagandísticos que muchos de ellos pretenden
con sus actuaciones indiscriminadas. Se trata, en definitiva, de
situar a cada cual en su sitio, de hacer un retrato robot de
quiénes participan en estas actuaciones, que suelen ser en
general adolescentes inseguros, con bajo o nulo interés cultural
y con un escaso rendimiento escolar.
En cuanto a las medidas normativas, el nuevo Código Penal,
aprobado por este Parlamento, en su artículo 607 establece una
tipificación sobre la difusión y propaganda de publicaciones de
índole racista o xenófobo, que está sin duda enormemente
vinculada a los movimientos violentos de extrema derecha; una
modificación del Código Penal que mejora considerablemente la
anterior penalización de la apología de los delitos de genocidio
que las Cámaras aprobaron y que va a permitir una represión más
efectiva de este tipo de publicaciones, hasta ahora de muy
difícil plasmación real por el propio concepto de apología al
cual se acogía dicha represión. La agravante específica del
Código Penal para los delitos de índole racista o xenófobo es
otro nuevo instrumento que implica la acción penal en este tipo
de represiones y que, desde luego, nos va a permitir actuar
directamente contra ese tipo de comportamientos.
Finalmente quisiera recordarle que la Fiscalía General del Estado
ha instruido a todos los fiscales para la persecución de delitos
relacionados con estos grupos, y estoy convencido de que cuando
entre en vigor el Código Penal las fiscalías tendrán una mayor
facilidad para la persecución de estos delitos.
En conjunto, el Gobierno cree haber respondido adecuadamente a la
acción de estos grupos violentos --repito--, clasificados
generalmente como grupos de ideología de extrema derecha. Pero
como habrán visto SS. SS., si queremos atacar de raíz este tipo
de problemas es necesario involucrar a todas las instituciones y
al conjunto de nuestra sociedad. No se trata, por tanto, de una
responsabilidad del Gobierno, que lo es; se trata de una
responsabilidad que corresponde también a toda la clase política.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señor Ministro, en
algún grado usted modula, ciertamente ofreciendo un giro
positivo, posiciones que estamos viendo en delegados del Gobierno
en distintas comunidades autónomas, empezando por Madrid, y, al
mismo tiempo nos anuncia la consecuencia de lo que nosotros hemos
venido a denunciar aquí: el fracaso de una política que se
llevaba hasta este momento, fracaso que se traduce en 1995, tal
como usted ha dicho, en un aumento del 20 por ciento en las
agresiones con respecto a 1994.
La posición que ustedes mantenían hasta ahora, y la tenemos
documentada, por ejemplo, a través de intervenciones en la
Asamblea madrileña el 29 de septiembre de 1995, partía de una
serie de premisas que usted ha modulado aquí, ciertamente, pero
que son las que han regido la política real ejecutiva hasta
ahora; no lo que usted ha dicho aquí en cierto grado, sino lo que
se nos ha dicho en asambleas, en parlamentos, a través de medios
de comunicación o con la ausencia de una política real, por
ejemplo, cuando usted ha dicho que hay que tener una mayor
colaboración con organizaciones no gubernamentales. Hay una en
Andalucía, «Somos iguales, somos diferentes», que pidió hace
muchísimo tiempo una entrevista con la señora Rubiales y esa
entrevista, por lo visto, se ha olvidado, lo que hace ver, y hay
una protesta de ellos, que no hay intervención, como usted ha
mencionado aquí, en este tipo de cuestiones en la política diaria
de los que tienen el mando ejecutivo.
La idea que se nos daba hasta ahora es que lo importante es no
difundir información, no dar noticias; no es como usted ha dicho
aquí: cuidarlas, tener en cuenta qué puede alimentarlas sino la
idea básica de no dar noticias, de no informar de lo que está
pasando en la calle, de no informar ahora aquí que un día sí y
otro no se produce una agresión; que han aumentado el 20 por
ciento las actuaciones violentas en la calle de este tipo de
grupos, como usted ha dicho, lo que supone un fracaso de la
política anterior, que yo pido aquí que se corrija.
Usted hoy en cierta parte ha empezado a matizar
--no sé si piensa así también el señor Belloch, y no sé por qué
hoy no ha podido venir aquí-- que los «skinheads» son una parte
de las tribus urbanas. No es cierto; en absoluto es cierto. No se
puede englobar a los «skinheads» en las tribus urbanas porque no
se corresponden con la idea general de tribu urbana. Y en 1993 no
se debieron crear, como usted ha dicho, grupos especializados en
tribus urbanas, no en estos grupos que tienen matriz nazi y
matriz fascista, que son absolutamente diferentes. Hay que
cambiar radicalmente esa política, aumentando estas brigadas,
estos grupos y especializándolos en los temas concretos que aquí
tratamos, que no tienen nada que ver con las tribus urbanas
consideradas en general. Si los «skinheads», los grupos de todo
tipo que yo he citado aquí se meten en la categoría de tribu
urbana, estaremos disolviendo este tema ideológico, organizativo
concreto, en asuntos de inquietud juvenil que tienen otro aspecto
muchísimo más específico, que no tienen nada que ver con los
aspectos que yo acabo de criticar aquí.
Además, esos grupos específicos que ustedes han creado --aquí
informó la delegada del Gobierno respecto a tribus urbanas-- son
grupos muy débiles y grupos que trabajan en el tema informativo:
recopilan información, detectan información, pero cuando pasan
esa información a otra brigada de ella no se deriva la actuación
consecuente que corresponde, como si hubiera una estanqueidad
peligrosa entre los policías que informan y que conocen de verdad
el fenómeno y aquellos que después tienen que tomar las medidas
adecuadas en orden a eliminar temas concretos, con independencia
del resto de las medidas sociales, culturales y políticas a las
que usted y yo hemos aludido.
Se nos dice también que la mayor parte de estos grupos desconoce
el sentido de los símbolos nazi-fascistas que utilizan y que, por
tanto, se debían llamar mejor «cabezas huecas», eso se nos dijo
en la Asamblea de Madrid. No es cierto. Conocen perfectamente el
sentido de estos símbolos, como se comprueba al ver el enorme
volumen de publicaciones que han hecho en este último período.
Se nos dice asimismo que carecen de cualquier tipo de
organización y que las agresiones que tienen un móvil racista o
xenófobo son escasísimas; tampoco es verdad. Usted sabe bien que
han aumentado muchísimo en este último período. También se dice
que ciertos grupos no existen ya, cuando sabemos que tienen una
existencia concreta y son los más peligrosos, algunos de los
cuales ya he citado anteriormente.
Pensamos que habría que constituir ya una ponencia permanente en
este Congreso de los Diputados, y en distintas instituciones,
para estudiar a fondo el problema, para estudiar la situación
real de este problema, para no pasar de este problema que
aumenta; usted ha dado un aumento del 20 por ciento, aunque ha
intentado --eso es lo peligroso-- dar una versión de levedad. Ha
dicho: No es que hayan aumentado las agresiones, sino que ahora
se denuncia más, porque hay mayor valor ciudadano. No es así,
señor Ministro. Y si fuese así, ¿cómo saben ustedes que ha
aumentado el 20 por ciento? ¿Porque conocen realmente las que
hubo, aunque no fueron denunciadas? No creo, porque eso sería una
especie de complicidad con el silencio en torno a los temas que
sucedían antes de 1995. No es verdad. No dé usted argumentos que
quiten hierro, que quiten importancia a lo que está sucediendo,
que potencialmente es bastante grave.
Por tanto, pedimos un cambio de posición en el Ministerio del
Interior. No me hable usted de temas de justicia, que sí se
corresponden con el mismo Ministro, pero que llevan otras
consecuencias prácticas. Desde el punto de vista organizativo e
ideológico, hay que reconocer que una cosa son las tribus urbanas
y otra cosa son estos grupos de ultraderecha, nazi-fascistas o
«skinheads» que están actuando con voluntad política y
organización creciente. El Ministerio tiene que cambiar de
posición; si no hay voluntad política en reconocer que este
problema existe, que hay que atajarlo y que hay que publicar lo
que está sucediendo, tenderemos a conseguir esa anestesia social
tan peligrosa en otras etapas en Europa, fundamentalmente en
momentos de crisis económica y de crisis de valores, en un
momento en que los valores, con respecto a los partidos y a la
concepción global de la democracia, han tenido un desprestigio
serio en este último período.
Pensamos --y voy terminando, señor Presidente-- que habría que
realizar una campaña específica en centros de enseñanza media,
una campaña, no en el sentido abstracto de explicar la
tolerancia, esto ya se explica en los textos --se explica directa
o indirectamente en todos los textos que se están estudiando en
la enseñanza media--, sino una campaña específica sobre lo que
representan estos grupos, lo que defienden estos grupos, su
ideología, cómo se desarrollan, cuál es su política de captación,
dónde la realizan, en función de qué esquemas y qué peligro
suponen para la democracia. No una campaña abstracta que pase de
estos grupos diciendo: no son tan importantes, no tienen sentido,
no están organizados, sino que explique, con independencia del
grado organizativo que tienen, que sin duda es creciente, en qué
se basan, cuáles fueron sus actuaciones en el pasado --para no
repetirlo-- y cuáles pueden ser en el futuro, en función de las
condiciones objetivas. Habría que ir a una mayor dedicación
policial, señor Ministro, no sólo creando grupos dedicados a las
tribus urbanas, sino específicamente a los «skinheads», a los
grupos de ultraderecha, a los grupos de matriz nazi-fascista. Por
tanto, serían grupos específicos no sólo de investigación, sino
conectados con aquellos grupos que ahora están investigando de
manera separada los temas de ultraderecha y que tienen en sus
manos la ejecución de las medidas apropiadas, en función del
Código Penal; o la Ley del Deporte, que no se cumple, porque
hasta se les deja guardar en dependencias de los estadios los
símbolos nazis y fascistas. Por tanto, la Ley del Deporte no se
cumple en estos términos concretísimos que en ella se recogen.
Termino, señor Presidente, diciendo que también pensamos que
habría que realizar institucionalmente, a todos los niveles, un
seguimiento concreto y permanente sobre la localización, el
incremento o disminución de los grupos que han empezado a actuar
y que tienen muchísimas agresiones en su haber, cada vez más
graves. No se les puede conceder ningún tipo de permisividad, no
pueden observar que estamos pasando. Hay que organizar la
respuesta, como usted ha dicho, no violenta, la respuesta
democrática. En este sentido irá la moción que nosotros
presentaremos como consecuencia de este debate de hoy.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muy
brevemente haré algunos comentarios sobre la intervención del
señor Alcaraz.
En primer lugar, aunque en algún momento de su segunda
intervención ha matizado lo que dijo al principio
en relación con la cifra que yo he dado, quisiera indicarle que
cuando hablo del 20 por ciento me refiero a cifras de denuncias,
no de actos delictivos cometidos por los «skinheads», o por los
grupos violentos en general.
También he dicho que la policía entiende que este incremento del
20 por ciento, que es sustantivo, no responde tanto a un aumento
de la actividad de estos grupos cuanto a un incremento de las
denuncias. Son los ciudadanos lo que están más dispuestos a
denunciar lo que antes, sencillamente, por miedo o por una
desconfianza hacia la actuación policial, se silenciaba.
Coincido con usted en el tratamiento equilibrado que se debe dar
a la información que se suministra a los ciudadanos en relación
con estos grupos. No creo que se trate de esconder la realidad;
se trata simplemente de no magnificarla tampoco. Se trata, por
tanto, como he dicho en mi intervención, de intentar evitar al
máximo el efecto propagandístico de algunas de las acciones que
estos grupos persiguen y, por tanto, dar una información
equilibrada: no esconder, pero tampoco magnificar.
Por otra parte, no voy a entrar en un debate con usted sobre
tribus urbanas o «skinheads». Creo que en lo sustantivo
coincidimos. Lo he dicho en mi intervención y lo vuelvo a
reiterar: los grupos más peligrosos, cualquiera que sea la
calificación que se utilice para definirlos, son aquellos que
actúan de forma violenta e indiscriminada y éstos suelen
coincidir con grupos de ideología de extrema derecha.
No voy a entrar tampoco en un debate sobre un informe de la
Comunidad de Madrid, que desconozco. He afirmado en mi
intervención y reitero ahora que hay algunos grupos juveniles que
utilizan símbolos sin que éstos signifiquen necesariamente una
adhesión a la ideología que en su momento representaron. Creo que
eso es así, aunque, ciertamente, eso en modo alguno puede
minimizar la importancia que a sus actuaciones se deber dar.
Finalmente, quisiera hacerle dos comentarios más. Probablemente
en el momento del debate de la moción podamos establecer una
discusión más a fondo sobre el tipo de campaña educativa que
habría que poner en marcha. Yo creo que la que se ha diseñado en
el Ministerio de Educación es la correcta. Entiendo que no se
trata de informar a los jóvenes sobre la organización y los
métodos de afiliación --vamos a llamarlo así-- de este tipo de
grupos cuanto de los valores que estos grupos preconizan y, por
tanto, formar y educar a los jóvenes contra ese tipo de valores.
Si los grupos neonazis o «skinheads» preconizan valores de
racismo y de xenofobia, es bueno que los jóvenes sepan que estos
valores son negativos y, por el contrario, practiquen la
tolerancia y las fórmulas de integración social diversas que en
nuestro país en este momento existen.
Por tanto, creo que lo más importante en este caso es educar en
valores, más que informar a los jóvenes de algo que, por otra
parte, tiene, a mi juicio, una importancia relativa. Ese es el
sentido de la campaña específica de educación.
Por otra parte, se ha procurado, como ya he dicho en mi
intervención, una coordinación adecuada entre los grupos
policiales que se dedican a la información, a la inteligencia
sobre estos grupos y los que actúan aunque ciertamente, como S.
S. dice, esto siempre se puede mejorar y en esa dirección
estamos.
Por último, no me queda sino decir en nombre del Gobierno que,
desde luego, estudiaremos con todo detalle --el Grupo
Parlamentario Socialista así lo hará-- la moción que presente S.
S. y espero que podamos coincidir en buena parte de las
iniciativas que hoy aquí ha anunciado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en el debate?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, permítaseme comenzar corrigiendo lo que sin lugar a
dudas no ha sido sino un lapsus sin mayor trascendencia del señor
Ministro cuando, a propósito de la campaña educativa que
preconizaba el portavoz del Grupo interpelante, hablaba de la
necesidad de explicar adecuadamente los valores --ha dicho el
señor Ministro-- que este tipo de bandas fascistas preconizan.
Yo estoy absolutamente convencido --y así debe entenderse-- de
que el señor Ministro ha querido decir en todo punto los
contravalores o la ausencia de valores o la negación misma de los
valores y de cualquier tipo de contenido que pueda tener una base
de naturaleza moral, ética o intelectual.
Permítaseme también recordar algo que por elemental no está de
más plantear hoy en el contexto inicial de la posición fijada por
mi Grupo. Es decir, que la preservación del binomio libertad-
seguridad constituye una exigencia capital inherente a la propia
afirmación del Estado de Derecho y es una condición básica para
el aseguramiento de la pluralidad política y social.
Ninguna sociedad democrática puede permitir, bajo ningún
concepto, que formas específicas de violencia traten de
convertirse en impunes expresiones fácticas, merced a las cuales
unos pocos traten de imponer brutalmente su dictado a los demás,
afectando de ese modo a la naturaleza misma del imperio de la ley
como cauce principal de ordenación de la convivencia pública.
Dicho esto, se comprenderá que la posición de partida de mi Grupo
se atenga a dos consideraciones principales, esto es, que, por
una parte, la práctica de toda fuerza extraña a su legitimidad en
Derecho resulta en sí misma inaceptable y sólo el Estado es
titular de
aquella legitimidad y, por otra, que un gobierno que no sea capaz
de estructurar una eficaz respuesta operativa contra los
violentos, contra este tipo de bandas fascistas (respuesta
operativa que debe instrumentarse siempre desde la legalidad) es,
sin lugar a duda, un gobierno inútil para asegurar la constancia
efectiva de los valores de la libertad, frente a la agresión que
supone a los mismos la brutalidad y la barbarie auspiciada por
este tipo de grupos fascistas.
Hoy se trata de fijar nuestra posición, una vez más, ante el
fenómeno de la violencia «skin», por una parte, y ante la
política llevada al cabo por el Gobierno al respecto. Y volvemos
a insistir en lo que ya hemos dicho con sobrada insistencia y con
sobrada claridad. La violencia de estos llamados grupos «skin»,
la violencia de estas bandas paramilitares, fascistas y neonazis
representa --y así debe entenderse por el conjunto las
instituciones y por el conjunto de la sociedad española-- la más
brutal, cobarde y vergonzosa agresión contra los valores de la
libertad. Representa la más brutal, cobarde y vergonzosa agresión
contra los valores de la dignidad individual; la más cobarde,
vergonzosa y brutal agresión contra los valores de la
solidaridad, de la inteligencia y del sentido común, del diálogo
y de la convivencia, de la paz social, de la democracia, de los
derechos del hombre, de la igualdad entre todos los hombres y del
Estado de Derecho.
Y por eso nos parece muy oportuno, y compartimos, el matiz sobre
el que el Grupo interpelante ha querido constituir su posición.
No es lo mismo, no cabe incluir en un mismo saco las acciones de
las diferentes tribus urbanas con lo que significa y representa,
con la operatividad, los objetivos y los sustratos que hay detrás
de este tipo de violencia fascista y neonazi. Por tanto,
insistimos hoy, nuevamente, en la necesidad de que, por parte del
Gobierno, de una vez por todas, se adopten acciones decididas
encaminadas a desmantelar definitivamente todo el entramado sobre
el que estas bandas fascistas y neonazis habilitan su actuación,
y esa firme exigencia se acentúa en función de lo que para
nosotros son algunos presupuestos muy concretos.
En primer lugar, hay que recabar del Ejecutivo una valoración
exacta de este tipo de manifestaciones violentas, fascistas y
neonazis, precisamente para corregir una situación de partida en
virtud de la cual el Gobierno no supo en su momento prever
adecuadamente la evolución, derivaciones e incidencias que este
tipo y estas formas de violencia podían llegar a plantearse, como
ya se está viendo en el contexto diario de la sociedad española.
En segundo lugar, hay que compeler al Gobierno a la adopción de
medidas policiales eficaces, con muy especial empeño en el ámbito
de la cooperación internacional, habida cuenta de las raíces que
estos grupos tienen en el contexto de las naciones de Europa,
medidas que, a nuestro juicio, no se han dado hasta la fecha,
habida cuenta, entre otros extremos, probablemente, no sólo de
una minimizada evaluación en su momento de este fenómeno por
parte del Gobierno, sino también de la propia, y lamentablemente
conocida por todos, situación interna imperante hoy en el
Ministerio de Justicia e Interior.
En tercer lugar, hay que pedir al Ejecutivo proporción entre los
medios disponibles para afrontar la lucha policial contra la
violencia de estos grupos fascistas y el mismo crecimiento de la
presencia de dichos grupos en la realidad cotidiana, y desde esta
perspectiva parece claro, a tenor de los resultados, que las
dotaciones de los actuales grupos especializados de la policía no
han sido suficientes, probablemente ya no sólo porque no ha
habido una evaluación exacta del crecimiento y de la dimensión
del fenómeno, sino también, como muy bien señalaba el grupo
interpelante, por ese error de planteamiento de meter en una
misma comprensión lo que significa la violencia fascista y
neonazi de lo que pueden ser otros fenómenos de violencia
vinculados a otro tipo de tribus urbanas. Porque no estamos ante
una tribu urbana, sino ante un entramado profundamente
ideologizado, aunque se intente sostener lo contrario, y desde
luego ante un entramado con objetivos y organizaciones bien
definidas.
En cuarto lugar, hay que demandar del Gobierno una coherencia
sostenida en el tiempo en cuanto al desarrollo de su estrategia
frente a la violencia «skin», y nos da la sensación de que hasta
la fecha esa coherencia en la estrategia probablemente no se ha
dado en la dimensión necesaria. ¿Cree el Gobierno que es útil,
por ejemplo, que no se dieran a tiempo las debidas instrucciones,
claras y contundentes instrucciones, al Fiscal General para
intervenir en relación con las reiteradas actuaciones de estos
grupos? ¿Cree el Gobierno que es útil a esa coherencia la
permisividad con que se sigue contemplando la presencia
organizada de estos colectivos en el ámbito deportivo, y a ello
se ha hecho también referencia?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, vaya
concluyendo, por favor.
El señor GIL LAZARO: Voy concluyendo, señor Presidente.
¿Cree el Gobierno que es útil no promover en todo, subrayo lo
dicho, en todo, con todo su detalle, las reformas legislativas
precisas para acentuar la sanción legal frente a formas y hechos
que se incorporan al «modus operandi» de estos grupos
neofascistas, y estamos pensando, por ejemplo, en la presencia de
encapuchados en manifestaciones o actos públicos, o en la
posesión de objetos que, sin tener la estricta consideración
técnica de arma, sin embargo sí son usados habitualmente por
estos grupos como tales armas?
En quinto lugar, amn de las medidas de orientación policial, sin
duda --y no voy a hacer especial énfasis en ello, porque ya se ha
comentado--, hay que hacer también mención de determinadas
políticas orientadas esencialmente, no sólo a prevenir las
situaciones
de marginalidad que afectan a un sector importante de nuestra
juventud y que al final se convierten en caldo de cultivo para la
acción de captación de estos grupos fascistas y neonazis, sino
también medidas orientadas a promocionar la participación directa
de la juventud y del conjunto de la sociedad en la respuesta
efectiva a este tipo de manifestaciones violentas.
Y quiero terminar, señor Presidente, recalcando que, desde la
consideración de nuestro Grupo, el fenómeno oscuro de la
violencia protagonizada por los llamados «skins» y otras bandas
similares de naturaleza fascista o neonazi, no puede ser
minimizado ni sometido a matizaciones gubernamentales inútiles
como las que pretenden distinguir entre lo preocupante y lo
alarmante. Por el contrario, de lo que se trata es de situar las
cosas en sus términos reales, y eso obliga a resaltar que esos
casi 3.000 «skins» (2.700) censados por la policía representan,
sin duda, una extensión creciente de esta forma de violencia que
entre todos urge atajar. Hay que decir que estos grupos responden
a una trama ideológica y de intereses suficientemente organizada
y financiada con ramificaciones internacionales a veces muy
claras. Y hay que decir que el efecto mimético que la violencia y
los modos de estos grupos fascistas generan pueden convertirse en
su caso también en una auténtica tapadera para grupos vinculados
a otras estrategias de naturaleza criminal o grupos vinculados a
otras estrategias desestabilizadoras muy concretas.
En suma, señor Presidente, hay que decir que la lucha contra
estos grupos no es una tarea que pueda comenzar mañana, es una
tarea que debía ya haber comenzado ayer. Es una tarea de todos.
Lo es sin duda del Gobierno, y en ese imperativo el Gobierno
contará sin duda con nuestra colaboración, siempre y cuando
plantee políticas eficaces y decididas; lo es de los medios de
información, como se ha dicho...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, termine
ya, por favor.
El señor GIL LAZARO: Termino.
Decía que lo es de los medios de información para ejercitar el
hecho informativo desde la voluntad de contribuir a limitar el
efecto de caja de resonancia que estos grupos precisan para
autoalimentarse. Y lo es, sin lugar a dudas, del conjunto de la
sociedad, y en ese sentido esta Cámara tiene también un papel
importante como impulsora, porque en modo alguno cabe que el
conjunto de la sociedad pueda llegar a inhibirse ante agresiones
concretas, ante la agresión intelectual y ética de conjunto que
representa este tipo de violencia fascista y neonazi. Y, sobre
todo, es preciso que la sociedad en su conjunto se movilice
frente a la intolerancia y la barbarie totalitaria que estos
grupos representan.
Concluyo por ello, señor Presidente, insistiendo en que, frente a
estas bandas violentas de carácter fascista y neonazi, frente a
esta repugnante forma de violencia, ya no cabe continuar
simplemente con meras políticas discursivas. Por eso consideramos
que esta interpelación resulta muy oportuna y confiamos en que la
moción que se derive de la misma permita ahondar en iniciativas
específicas útiles para garantizar a todos los ciudadanos su
seguridad, para que así, con toda certeza, puedan hacer un uso
pleno de su libertad. Sea como fuere, tengan SS. SS. por seguro
que ése es hoy y será mañana un compromiso claro que sabrá
impulsar también el Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El Pleno se reanudará
mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.