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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 186, de 28/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 186
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 184
celebraa el martes, 28 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
--Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 9867)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre modificación de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para
la exención fiscal de todas las pensiones por incapacidad.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 151.1,
de 6 de octubre de 1995. (Corrección de error en «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie B, número 151.2, de 6 de
noviembre de 1995) (número de expediente 122/000128) (Página 9868)
Proposiciones no de Ley:
--De los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Socialista del Congreso,
relativa al reconocimiento de la nacionalidad española por carta
de naturaleza a los brigadistas internacionales. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 292, de 10 de noviembre
de 1995 (número de expediente 162/000253) (Página 9873)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
actualización de las retribuciones del personal al servicio del
sector público y de las pensiones de clases pasivas del Estado y
de la Seguridad Social. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 290, de 6 de noviembre de 1995
(número de expediente 162/000252) (Página 9878)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre líneas de política general
que piensa seguir el Gobierno en relación al Plan de Paz
propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara Occidental
(número de expediente 173/000101) (Página 9884)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar en favor de distintos sectores económicos de
nuestro país, entre ellos el pesquero y agrario, tras los
acuerdos suscritos por la Unión Europea (número de expediente
173/000102) (Página 9891)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
los criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión
catastral y las medidas que tiene previsto adoptar para paliar su
repercusión sobre la presión tributaria y los alquileres (número
de expediente 173/000103) (Página 9898)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 187,
de 29 de noviembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 9867)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 9868)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la
exención fiscal de todas las pensiones por incapacidad (Página 9868)
El señor Ríos Martínez defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya manifestando que se refiere a un tema que se ha tratado
en la Cámara reiteradamente desde junio de 1994, fundamentalmente
con ocasión de los debates de los Presupuestos Generales del
Estado, lo que permite sin duda disponer de estudios sobre la
incidencia en las arcas públicas del contenido de la proposición,
que afecta y beneficia a 250.000 pensionistas, quienes en enero
de 1994 vieron cómo sus pensiones perdían capacidad adquisitiva
al modificarse su situación anterior en orden a la retención del
IRPF.
Añade que, a través de diversas iniciativas legales, se vienen
estableciendo importantes exenciones fiscales en favor de las
empresas y las inversiones, mientras que paralelamente se viene a
castigar a este colectivo de pensionistas aplicándoles unas
retenciones que no tenían con anterioridad y que han dado lugar a
diversos recursos ante los tribunales.
Termina señalando que, a juicio de su Grupo Parlamentario, todas
las pensiones por invalidez deben estar exentas de la carga
fiscal por el simple hecho de que tienen una naturaleza jurídica
de indemnización por una contingencia que ha sufrido el
trabajador a lo largo de su vida laboral, bien de forma total o
parcial. La medida significaría que 200.000 o 250.000 personas
recuperarían la capacidad adquisitiva perdida en 1994, al dejar
de retenérseles mensualmente la cantidad correspondiente.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Montseny
Masip (del Grupo Popular) y el señor Arnau Navarro (del Grupo
Socialista).
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición debatida por 14 votos a favor, 263 en contra y siete
abstenciones.
Modificación del orden del día (Página 9873)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara la modificación
del orden del día de esta sesión plenaria, en el sentido de
tramitar en último lugar el punto número 58, correspondiente al
debate de totalidad del proyecto de ley general presupuestaria.
Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del día.
Avocación por el Pleno de Proyecto de Ley (Página 9873)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1
del Reglamento, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa.
Se aprueba la citada avocación por asentimiento.
Proposiciones no de Ley (Página 9873)
De los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Socialista del Congreso,
relativa al reconocimiento de la nacionalidad española por carta
de naturaleza a los brigadistas internacionales (Página 9873)
La señora Maestro Martín, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, defiende la proposición no de ley,
manifestando que a través de la misma pretenden reconocer una
deuda histórica del pueblo español frente a decenas de hombres y
mujeres de todos los continentes que, arriesgando su vida y su
seguridad, vinieron a nuestro país a luchar en un momento en el
que el fascismo se cernía sobre el mundo. Se trata de los
miembros de las Brigadas Internacionales que, procedentes de
cincuenta países, estuvieron en nuestro país desde los primeros
días del Alzamiento Nacional, permaneciendo junto al pueblo
español en los frentes de batalla más duros. Agrega que en
general fueron seres humanos sencillos, que no dudaron en exponer
su vida y en padecer sufrimientos sin esperar otra recompensa que
contribuir a resistir a la barbarie y también intentar empujar la
historia en un sentido más favorable a la democracia y a la
libertad.
Dado que la vida tampoco les fue fácil cuando volvieron a sus
países, considera necesario instar al Gobierno, a través de la
proposición no de ley, a ofrecer a los supervivientes de las
Brigadas Internacionales la nacionalidad española como
reconocimiento póstumo para la inmensa mayoría de ellos. Se trata
de reconocer el derecho formal a llamar patria a quienes desde
hace mucho tiempo sienten a nuestro país en un lugar de su
corazón y de su mente, honrando y reconociéndolo así una de las
más limpias y hermosas historias escritas por el
internacionalismo, por la voluntad solidaria de los pueblos del
mundo.
Completa la defensa de la proposición no de ley el señor González
de Txábarri Miranda (en nombre del Grupo Vasco, PNV), y la señora
Pelayo Duque (en representación del Grupo Socialista).
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Carrera i Comes (del Grupo Catalán de Convergència i Unió) y
Bueso Zaera (del Grupo Popular).
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley debatida
por 284 votos a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
actualización de las retribuciones del personal al servicio del
sector público y de las pensiones de clases pasivas del Estado y
de la Seguridad Social (Página 9878)
El señor Aguirre Rodríguez defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Considera que se trata de una proposición que se
defiende por sí sola y que va a gozar, por tanto, de forma
unánime del apoyo de la Cámara, al tratarse de una petición justa
y ampliamente compartida. Se trata de que funcionarios y
pensionistas no vean recortado el poder adquisitivo el próximo
año 1996 y mantengan, por tanto, unos incrementos con los que
poder hacer frente a las desviaciones surgidas por el aumento de
precios.
Expone que la revisión de los incrementos de los funcionarios y
pensionistas está garantizada por los Presupuestos Generales del
Estado, pero ocurre que en esta ocasión por primera vez el
Gobierno ha visto derrotada su propuesta de Presupuestos,
quedándonos sin Presupuestos Generales para el año 1996, lo que
afecta de forma directa a un colectivo cercano a 1,6 millones de
funcionarios y aproximadamente a unos siete millones de
pensionistas. Para salvaguardar los derechos de dichas personas
considera necesaria una partida presupuestaria total de unos
400.000 millones de pesetas, cumpliendo así los compromisos
habidos con tales colectivos. El Grupo Popular considera, además,
que la aplicación de cualquier medida de naturaleza
presupuestaria adoptada al margen del Parlamento, cuando éste ha
negado su confianza a los Presupuestos para el año 1996,
supondría un contrasentido con el significado político de la
votación del pasado 24 de octubre de 1995.
Concluye aludiendo a la enmienda presentada por el Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, afirmando que está en
sintonía con la proposición no de ley y que, por consiguiente,
estaría en disposición de aceptarla, con las precisiones que
dispone.
El señor Peralta Ortega defiende la enmienda del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez (del Grupo de Coalición Canaria);
Nadal i Male (del Grupo Catalán Convergència i Unió), y Hernández
Moltó (del Grupo Socialista).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular,
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con las
modificaciones introducidas en el curso del debate, es aprobada
por 294 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 9884)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre líneas de política general
que piensa seguir el Gobierno en relación al Plan de Paz
propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara Occidental
(Página 9884)
El señor Albístur Marín, del Grupo Mixto, defiende la moción
presentada en relación con un tema, según señala, de estricta
actualidad, cuando se está celebrando la Conferencia
Euromediterránea de Barcelona, y habida cuenta de que el asunto
del Sahara tiende a quedarse enquistado como un conflicto
permanente si las democracias occidentales, y en concreto la
Unión Europea, no se comprometen a solucionarlo, y que puede
derivar próximamente en una guerra de difícil solución que
arrastrará a los países europeos y que nos implicará y
responsabilizará.
Recuerda que el pueblo saharaui lleva más de 20 años intentando
conseguir la aplicación de su derecho a la autodeterminación e
independencia, ya que la descolonización del Sahara Occidental,
antigua colonia española, es todavía uno de los temas pendientes
de resolución. Añade que el Plan de Paz para el Sahara Occidental
es un instrumento para resolver de manera justa y civilizada este
largo y doloroso conflicto, pero se trata de un plan de paz que
necesita un apoyo político de los gobiernos europeos y, en
particular, del Gobierno español para la celebración de un
referéndum justo. Afirma que, tanto por sus importantes intereses
en el área como por sus vínculos históricos y culturales con el
pueblo saharaui, el Estado y el Gobierno español están llamados a
desempeñar un mayor protagonismo en relación con el Plan de las
Naciones Unidas, y que la consecución de la paz supondría
asimismo la paz, la estabilidad y el progreso en el Magreb. Por
ello, ha presentado esta moción, en su nombre y en el del Grupo
Vasco, echando en falta alguna mención por parte del Gobierno
español en la Conferencia Mediterránea.
Espera, por último, el apoyo a la moción por parte de los demás
Grupos de la Cámara, apoyo que agradece de antemano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción,
intervienen los señores Muñoz-Alonso y Ledo (del Grupo Popular) y
Estrella Pedrola (del Grupo Socialista).
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Mardones
Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria); Recoder i Miralles (del
Grupo Catalán, Convergència i Unió), y Vázquez Romero (del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Sometida a votación, se aprueba la moción debatida, por 290 votos
a favor, en los términos resultantes de la transacción ofrecida
por el señor Albistur en relación con las enmiendas de los Grupos
Socialista y Popular.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar en favor de distintos sectores económicos de
nuestro país, entre ellos el pesquero y agrario, tras los
acuerdos suscritos por la Unión Europea (Página 9891)
El señor Fernández de Mesa y Díaz del Río defiende la moción del
Grupo Popular manifestando que solicitan hoy a la Cámara que
inste al Gobierno a que en el plazo de quince días, y previa
negociación con los representantes de los sectores económicos
afectados por los acuerdos suscritos entre la Unión Europea y
terceros países, especialmente en lo agrario y en lo pesquero,
remita a la Cámara una comunicación de las previstas en el
artículo 196 del vigente Reglamento para su debate en el último
Pleno del período de sesiones, comunicación que a su vez incluya
un plan específico que permita hacer frente a los efectos
negativos que dichos acuerdos han provocado en estos sectores,
tal como reconocía el propio Ministro la semana pasada.
Solicitan asimismo que en ese plan específico se contemple un
informe para presentarlo de forma urgente y en paralelo ante la
Unión Europea, sobre las consecuencias negativas que los citados
acuerdos han producido en los sectores económicos españoles
reseñados, así como que por parte de la Unión Europea se adopten
las medidas de compensación necesarias, financiadas con cargo a
los presupuestos comunitarios.
Solicitan, por otra parte, el establecimiento de los mecanismos
necesarios de protección social para los trabajadores del mar
cuando los buques en los que presten sus servicios vean su
actividad paralizada temporalmente; el estudio de la posible
creación
de un fondo de promoción de empleo para los trabajadores
excedentes del sector pesquero; la disposición de líneas de
financiación especiales dirigidas a sectores afines de la pesca,
y el establecimiento de cursos de formación y reciclaje para los
trabajadores del sector que se queden en situación de paro
laboral por causas distintas a la que darían acceso al fondo de
promoción de empleo.
Expone, por otra parte, la postura del Grupo Popular en relación
con las enmiendas formuladas a la moción por otros Grupos de la
Cámara y termina señalando que, después de muchos meses de
negociación, no se puede dilatar más en el tiempo la adopción de
medidas en favor de los trabajadores del sector pesquero.
Asimismo entiende que es imprescindible que el Gobierno plantee
lo antes posible ante la Cámara los planes de reestructuración,
modernización y reconversión de la flota pesquera.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Mauricio Rodríguez (del Grupo de Coalición Canaria) y Méndez
Martínez (del Grupo Socialista).
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Gatzagaetxebarría Bastida (del Grupo Vasco, PNV), y Vidal
i Sardó (del Grupo Catalán Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, es rechazada por
131 votos a favor, 153 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los
criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión
catastral y las medidas que tiene previsto adoptar para paliar su
repercusión sobre la presión tributaria y los alquileres (Página 8998)
El señor Homs i Ferret defiende la moción del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) manifestando que lo hacen con el ánimo de
impulsar en esta Cámara un compromiso político que exprese la
voluntad de todos los Grupos Parlamentarios de que el proceso --
al que no se oponen, porque es conveniente actualizar los valores
catastrales-- se haga de forma que no tenga un impacto negativo
sobre el aumento de la presión tributaria en los ciudadanos de
este país. No se trata, por tanto, de negarse a la actualización
de los valores, aunque creen que no se está procediendo
adecuadamente, porque el impacto que está teniendo la
actualización en los tributos municipales y en los impuestos
estatales acarrea un aumento de la presión tributaria que en modo
alguno su Grupo puede aceptar.
Señala que la moción viene a salir al paso de la gran
preocupación que está levantando este proceso en más de 1.500
ciudades de España, y su contenido se plasma concretamente en los
seis puntos que integran la moción y que expone seguidamente.
Termina expresando la esperanza de que se llegue a un consenso de
todos los Grupos parlamentarios en torno a la moción, consenso
que considera posible a la vista de las enmiendas presentadas a
la misma.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen
los señores Costa Climent (del Grupo Popular) y López Martín de
la Vega (del Grupo Socialista).
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Mardones
Sevilla (de Coalición Canaria) y Andreu Andreu (del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Sometida a votación la moción del Grupo Catalán (Convergència
Unió) en los términos resultantes de la aceptación parcial de las
enmiendas de los Grupos Popular y Socialista, es aprobado por 277
votos a favor.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución
por parte del Diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don Manuel Josep Silva i Sánchez, en sustitución de don
Jordi Casas i Bedós.
Don Manuel Josep Silva i Sánchez, ¿jura o promete S. S. acatar la
Constitución?
El señor SILVA I SANCHEZ: Sí, lo juro.
El señor PRESIDENTE: Don Manuel Josep Silva i Sánchez ha
adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE MODIFICACION DE LA LEY 18/1991, DE 6 DE
JUNIO, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, PARA
LA EXENCION FISCAL DE TODAS LAS PENSIONES POR INCAPACIDAD (Número
de expediente 122/000128)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre modificación de la
Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para la exención fiscal de todas las pensiones
por incapacidad.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es
que la defensa, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, de esta proposición de ley, pidiéndole
a todos los grupos parlamentarios la toma en consideración de la
misma, podría comenzar con algo similar a aquello de: como
decíamos ayer..., que tanto a Fray Luis de León como a Unamuno
les pasó en Salamanca. Es un tema que ha venido a la Cámara en
todos los debates de presupuestos, en la Ley de Presupuestos del
año 1994, con enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; es un tema que vino a la Cámara para su
debate en Pleno, como proposición de ley, el 21 de junio del año
1994, y es un tema que ha vuelto a venir en cada una de las leyes
de presupuestos que hemos venido discutiendo en la Cámara. Lo
cierto es que, el 21 de junio, cuando defendíamos la propuesta
que hoy voy a intentar argumentar de nuevo, comenzaba mi
intervención diciendo que estaba en ebullición la Cámara, que
estaba en ebullición la legislatura, pues no sabíamos si íbamos a
disolver o estábamos al frente de una cuestión de confianza. Pero
hoy ya tenemos resuelto el tema de la situación de convocatoria
de elecciones, sabemos todos que es para marzo. Por tanto, desde
junio de 1994 hemos tenido tiempo para estudiar la incidencia que
tiene en todo lo que pudiéramos llamar el sector o las personas
afectadas dentro de los pensionistas por la invalidez total o
parcial, según sea el grado de invalidez. Ha pasado un tiempo
suficiente como para que podamos ver qué personas están
afectadas, qué política social queremos hacer, si debe prevalecer
la política económica y recaudatoria sobre las políticas sociales
que ponemos en marcha, y si dentro de todo esto pudiéramos hacer
un cálculo de cuánto ha supuesto para las arcas del Estado
introducir la retención del IRPF en torno a 250.000 pensionistas
a los que, desde la Ley del año 1991, en nuestro país no se les
estaba aplicando, puesto que se entendía que todo su resultado
económico era un indemnización por una situación personal
conflictiva a lo largo de su vida laboral, bien por una
evaluación de su grado de invalidez, o bien por una enfermedad
laboral producida en sectores tan entrañables o tan necesarios
del apoyo de nuestro país como puede ser el sector minero, que
tiene una influencia importante en una comunidad como la
asturiana, o el sector siderometalúrgico, que tiene una
influencia importante en el norte de nuestro país, o el sector
químico de la pintura, que tiene un peso importante en Cataluña o
en nuestra propia región murciana. En suma, estábamos intentando
discutir de qué manera podemos tramitar algo que signifique un
beneficio para estos 250.000 pensionistas, que en enero de 1994
vieron perder su capacidad adquisitiva en el salario, puesto que
les trastocaron lo que de partida había sido su realidad
económica. Les trastocaron porque, mientras en el mes de
diciembre de 1993 percibieron unos ingresos, a pesar de haber
recibido una notificación diciéndoles que los presupuestos del
año 1994 revalorizaban su pensión en torno a una cifra
determinada, el 3,5 por ciento, les iban a aplicar una retención.
Para una pensión entonces de unas 142.000 pesetas, se les
aplicaba una retención del 13 por ciento. Por tanto, ese
pensionista el 1 de enero empezó a percibir en torno a unas
20.000 pesetas menos que el mes anterior.
¿Por qué y cómo se ha producido toda esa evolución? Este es el
razonamiento por el que Izquierda Unida viene a proponer a la
Cámara --una vez superada toda la discusión que hemos tenido de
aquí hacia atrás, una vez que está clarificado el espacio de
evolución dentro de la legislatura-- que se mantenga la previsión
que en el año 1991 hacía la Ley del IRPF, por cuatro razones
fundamentales: primera, porque no sería lógico utilizar la Ley de
Presupuestos para modificar una Ley como la del IRPF y una
definición del concepto de rentas, o la relación que puede haber
dentro del concepto de rentas cada año a la hora de actuar,
entendiendo que hay una actuación económica.
Lo cierto y verdad, por la evolución histórica que ha tenido el
tema, es que ha primado siempre más en este Gobierno, que rinde
cuentas ahora en esta legislatura, el Ministro de Economía que el
de Trabajo. La verdad es que les han colocado ustedes a los
Ministros de Trabajo en Andalucía. Cuando Solchaga se enfrenta a
este tema, aparece Chaves en Andalucía. Ahora también parece que
el Ministro de Trabajo puede ubicarse, ante este enfrentamiento
con Solbes sobre la política económica, en Andalucía.
Pero, ¿cuál es la realidad que defendemos nosotros? El Grupo de
Convergència i Unió, llegó a decir en el debate en la Cámara, lo
siguiente: Hombre, dada la situación de déficit público que
tenemos hoy, dada la situación económica conflictiva y de crisis
económica, coyuntural y provisionalmente aceptamos que se tome
esta medida para ver si se recauda más; y pedía solidaridad a los
pensionistas con el resto del Estado, con unos datos económicos
que venían a suponer unos 16 ó 17.000 millones de pesetas. Tengo
que decirles a SS. SS. que si miramos las exenciones fiscales que
las leyes de presupuestos han venido teniendo, podemos ver que
para este año hay 2,4 billones, con «b» de bueno, por utilizar un
sustantivo suficiente, en exenciones fiscales para nuestro país,
que van, por ejemplo, en incentivos a la inversión, 140.000
millones de pesetas; en lo que pudiéramos llamar exenciones para
la inversión, 114.000 millones; en libertad de amortización,
200.000 millones. Es decir, a las sociedades, a las empresas les
vamos a facilitar en exenciones fiscales casi 500.000 millones de
pesetas este año, y parece que es vital que los pensionistas de
nuestro país, que tienen la invalidez total o la parcial tengan
que aportar 17.000 millones; no podemos hacer exenciones fiscales
para nuestros pensionistas. Hemos preferido meter la mano dentro
de las arcas de los pensionistas, en lugar de meter la mano en
otras arcas para salir de la crisis económica.
¿Debe hacerse esta discusión en cada presupuesto? ¿No estamos
añadiendo una situación de inseguridad jurídica permanente? ¿Por
qué este año sí y al año que viene no? ¿No debe haber una
discusión de la ley en su conjunto, de la filosofía de si estamos
ante una renta o ante una indemnización? Hay que aplicarle el
concepto a todos los que tienen la misma realidad, no a unos sí y
a otros no.
La segunda valoración que queremos hacer y por la que presentamos
nuestra proposición es la realidad que se pueden encontrar
algunas personas a las que, habiendo sido declaradas antes de los
sesenta y cinco años inválidos totales o parciales, se les
facilitó, al cumplir los sesenta y cinco años, el que optaran por
la pensión de jubilación o por una pensión de invalidez total.
Los pensionistas, que en aquella época veían que había más
exenciones fiscales, que resultaba más beneficioso para ellos,
después de su larga vida y de su situación personal difícil, en
la que se les priva, nada más y nada menos, que de un derecho
como es el del trabajo, optaron precisamente por la invalidez
total en lugar de la pensión de jubilación; cuando cumplen los
sesenta y cinco años optan por una realidad determinada.
Si ahora les aplicamos esto, les estamos cambiando las reglas del
juego que tenían en origen, les estamos creando una complicación
retroactiva, les estamos aplicando una modificación a unas
condiciones por las que ellos mantienen una realidad de pensión.
El tercer razonamiento que nosotros queríamos hacer es si hay una
sentencia o una valoración de la jurisprudencia en el Tribunal
Supremo. Tengo aquí, para poder aportárselo a ustedes, todo lo
que ha sido una evolución determinada, en el Supremo, de una
discusión que viene desde el año 1982, que ha tenido recursos,
incluso del abogado del Estado, para intentar cambiar el concepto
indemnización en función de un grado de invalidez, el que tiene
en un momento determinado. Tengo que traer a SS. SS. a la
reflexión de que la cuantía de la pensión de invalidez está en
relación con el grado de invalidez que tenga, sea invalidez
parcial, sea total o sea permanente absoluta. Sea cual sea, es
una evolución del grado de invalidez que tiene; pero el concepto
es una indemnización.
Supongan ustedes que un ciudadano ha percibido la indemnización
de toda la cantidad de golpe y porrazo. Si ahora le aplicamos la
retención a ese ciudadano que percibió toda la indemnización de
golpe en una cantidad de dinero, hoy no estaría afectado por esta
realidad; sin embargo, a los ciudadanos que se acogieron a este
concepto, resulta que sí les estaríamos aplicando esa retención
del propio concepto, que no es renta, bajo nuestro punto de
vista. Estaríamos ante una realidad determinada. Imagínense
ustedes que a un señor le toca una bonoloto y tiene unos
ingresos: pues están exentos; pero una persona que recibe una
indemnización en función de una invalidez que tiene por un grado
de evolución en lo que ha sido su trabajo, por ejemplo, en la
mina, la silicosis, en la siderometalurgia otra realidad
determinada (enfermedades laborales producidas a lo largo de su
propia actividad) y esa indemnización, en lugar de recibirla de
golpe, la tienen todos los meses durante un tiempo determinado,
decimos que eso es una renta del trabajo, por tanto, apliquémosle
la retención a esa renta, que participe mes a mes en los ingresos
del propio Estado. Nosotros creemos que se está produciendo aquí
una injusticia de relación igualitaria, estamos vulnerando una
situación constitucional de que todos los que están afectados por
una misma realidad tienen que tener un mismo trato, el trato
igualitario que la Constitución establece.
En todo caso, nosotros nos encontramos ante unas actuaciones del
Gobierno central en el mes de enero del año 1994 que han sido
recurridas, primero, por los propios ciudadanos afectados,
llámense del Sindicato de Comisiones Obreras, de UGT, de la
Asociación de Trabajadores, de los sindicatos de técnicos. Estas
actuaciones están siendo recurridas una a una. Tengo aquí delante
un modelo de ese recurso para interponer una reclamación previa a
esa reducción del concepto porque se consideran perjudicados. Es
más, la Junta del Principado de Asturias, por acuerdo del Pleno
de su Asamblea, ha presentado recurso de inconstitucionalidad. No
quiero referirme al razonamiento de si la Ley de Presupuestos
debe modificar estas leyes, no voy a referirme al tema de la
retroactividad de las disposiciones restrictivas a nivel de
derechos individuales, voy a referirme a lo que puede significar
la naturaleza indemnizatoria de estas pensiones. Dice el recurso
presentado por la Junta del Principado de Asturias que, si se
permite una aplicación sobre pensiones derivadas de la
incapacidad permanente total, pero se siguen declarando exentas
otras pensiones derivadas de la incapacidad absoluta o gran
invalidez, como si fueran de diferente grado o de diferente
realidad, cuando estamos
asistiendo nada más que a un grado de invalidez diferente,
estaríamos actuando de manera desigual ante personas que tienen
la misma realidad.
Por todo ello, lo que estamos defendiendo hoy es que no exista un
trato fiscal diferente para quienes tienen el mismo concepto de
actuación. Y, sobre todo, si nos encontramos ante una situación
económica difícil, una situación económica de crisis en los
ingresos, que actuemos por igual ante todos los ciudadanos que
puedan tener una misma realidad a la hora de tener esta situación
de pensión de invalidez.
Lo cierto es, bajo el criterio de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que todas las pensiones por invalidez deben estar
exentas de la carga fiscal por el simple hecho de que todas
tienen una naturaleza jurídica de indemnización por una
contingencia que ha sufrido el trabajador a lo largo de su vida
laboral, bien en su totalidad o bien de forma parcial.
La propuesta, por tanto, de Izquierda Unida significaría un
beneficio a nivel político de un volumen de 200.000 a 250.000
personas afectadas; significaría que recuperarían la capacidad
adquisitiva perdida en el año 1994, puesto que volveríamos a
poner en el bolsillo de nuestros pensionistas de invalidez total
el dinero que percibían por su propia indemnización, al no
retenerles a cuenta de la declaración de la renta todos los
meses. Fíjense ustedes que estamos hablando de una evolución a
nivel numérica que va desde las 15.000 a las 40.000 pesetas,
según la pensión que puede haber, y afecta a las pensiones más
bajas, no solamente a las más altas. Es decir, estamos intentando
restituir en esta discusión el concepto por el cual se aplica una
actuación económica a los ciudadanos, y no estamos actuando desde
un concepto meramente recaudatorio, meramente de ingresos de las
arcas del Estado. Estamos intentando que se aplique la ley de
1991, mientras que el Estado no modifique los conceptos de
aquella ley, sin entrar en la discusión global de la filosofía de
a quién recaudar y de qué manera recaudar, y sin hacerlo sólo
marginal o puntualmente.
¿Cuál sería, por tanto, la posición de nuestro Grupo? Nosotros
pretendemos con esta proposición de ley que el artículo 9 de la
ley 18/1991 quede redactado así: 1. Las prestaciones por
incapacidad permanente reconocidas por la Seguridad Social o por
las entidades que la sustituyan estarán exentas de la retención
del IRPF. 2. Las pensiones por inutilidad o incapacidad
permanente para el servicio de los funcionarios de las
administración públicas... Porque aquí también se comete una
injusticia. Además, ya hay recursos del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria y de otras comunidades actuando sobre esa
discriminación funcionario-trabajador por cuenta ajena.
¿Qué es lo que traemos a discusión, señorías? Que se aplique
aquello que decía el portavoz del Grupo Catalán cuando debatíamos
esto en junio, al manifestar que iba a votar en contra porque
necesitaba una actuación provisional, ya que teníamos la
necesidad de superar la recesión económica y sus efectos sobre el
desempleo y el déficit público. Decía lo siguiente: Mi Grupo va a
votar en contra, pero lo vamos a estudiar desde junio de 1994
hasta que se presenten los presupuestos en diciembre de 1995,
porque de verdad en Cataluña hay afectado un sinfín de población
que se vería perjudicada con esta aplicación.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, termino enseguida.
De diciembre de 1994, cuando aprobamos los presupuestos de 1995,
a diciembre de 1995 ha pasado un tiempo suficiente para ese
estudio y reflexión. En todo caso, me gustaría traerles la
reflexión que en el panfleto desde el planeta de los simios hace
Manuel Vázquez Montalbán. Dice Manuel Vázquez Montalbán al
terminar todo su análisis de la situación de la izquierda, de lo
que es la realidad económica de nuestro país: Se puede ver parte
de la verdad y no reconocerla, pero es imposible contemplar el
mal y no reconocerlo.
De verdad que mirar esta situación y no reconocer el mal sería
una injusticia para nuestro país.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, señorías intervengo
en nombre del Grupo Popular para fijar la posición en relación a
esa modificación de la ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para la exención fiscal
de todas las pensiones de invalidez.
Me gustaría, «ab initio», decir que se nota que hay una próxima
convocatoria electoral --y el señor Ríos lo ha citado--, puesto
que parece que tenemos que aprovechar todos los márgenes, todas
las ocasiones para debatir cuestiones de protección social. Pero
a mí me gustaría también poner de manifiesto que en el mes de
abril del año pasado se aprobó el informe que elaboró la Ponencia
que estudió el análisis de los problemas estructurales de la
Seguridad Social.
Me gustaría señalar, para ser rigurosa --tal y como reza el
propio informe--, que en el informe latía la necesidad de que las
líneas de actuación y reformas necesarias que pudieran surgir
debían ser estudiadas de forma pormenorizada por los mismos
grupos políticos que las habían suscrito. Los procesos de
reflexión --seguía diciendo el informe--, deben conducir a la
adopción de medidas concretas de mejora y adaptación de la
Seguridad Social a la realidad actual. Para ello, resulta
necesario un acuerdo político lo más amplio posible,
contando con el mayor respaldo de los agentes sociales.
De prosperar la proposición de ley que nos plantea el Grupo de
Izquierda Unida, de forma imprecisa, de forma precipitada, de
forma poco concreta, podríamos poner en peligro esos acuerdos que
se suscribieron y que son conocidos hoy por todos como los
acuerdos de Toledo.
La exposición de motivos de la presente proposición de ley dice
que tiene por objetivo reponer el tratamiento fiscal igualitario
para todas las pensiones de invalidez permanente y las pensiones
por inutilidad o incapacidad de los funcionarios de las
administraciones públicas, puesto que las diferencias entre las
distintas clases de invalidez permanente se basan tan sólo en el
grado de incapacidad que las provoca y no en razones cualitativas
que distinga a unas de otras.
Señor Ríos, ustedes presentaron en la Comisión de Política Social
una proposición no de ley que fue consensuada por todas las
fuerzas políticas, para exonerar de tributación fiscal las
percepciones derivadas del reconocimiento o declaración a un
beneficiario de la Seguridad Social de una invalidez permanente
parcial. Nosotros apoyamos esa propuesta por considerar que era
ajustada a derecho, puesto que sí había una injusticia respecto
del perceptor que percibiera una determinada indemnización y que
esa exención fuera distinta según provenía la percepción de un
seguro privado o de un seguro social.
Esa proposición no de ley salió aprobada por consenso y usted, en
todo caso, lo que puede hacer es impulsar ese control para que el
Gobierno cumpla lo acordado en esa proposición no de ley, que fue
votada, repito, favorablemente por todas las fuerzas políticas.
Otra cosa hubiera sido que usted planteara la diferente forma de
estar regulada la invalidez permanente en grado de absoluta en la
legislación actual vigente, texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social y en relación a la legislación que regula las
clases pasivas; ahí sí que hay una dicotomía en los distintos
grados de invalidez reconocidos en una o en otra legislación.
Aquí también tengo que poner el énfasis en un recurso de
inconstitucionalidad que planteó el Grupo Parlamentario al que
represento, por considerar que, en situaciones análogas, se
producía una injusticia y que vulneraba, por tanto, el espíritu
de igualdad del artículo 14 de la Constitución española.
Pero --con esto voy a terminar y voy a ser breve-- pretender que
se exima también de tributación fiscal a los afiliados al sistema
de la Seguridad Social, declarados en grado de invalidez
permanente total, es un caso distinto y una situación distinta al
resto de los grados de invalidez, por cuanto la invalidez
permanente total no incapacita para el trabajo, sólo para el
trabajo habitual, y existe la posibilidad de compensar a la
pensión de invalidez, el 55 por ciento de la base reguladora que
se reconoce por la legislación vigente, con la percepción de una
remuneración salarial por prestar un trabajo determinado en otra
actividad distinta de la que venía realizando el declarado
inválido permanente total.
Señor Ríos, nosotros invocamos que, cuando se planteen
determinadas cuestiones de índole social, se consensuen, se vaya
más de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Toledo, se
reflexione, no se hagan planteamientos precipitados.
Por tanto, anuncio que mi Grupo Parlamentario va a votar
negativamente esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, es cierto que
no es la primera vez que debatimos esta cuestión en el Congreso.
Otra proposición de ley exactamente igual a la que discutimos
ahora se debatió el día 21 de junio de 1994. En aquella ocasión,
el señor Ríos decía sentirse satisfecho y alegre porque aquella
proposición de ley se producía después de las elecciones. Hoy no
sé si el señor Ríos estará entristecido porque ésta --la misma
proposición de ley-- se plantea antes de las elecciones. De ahí
que pueda venirle el carácter electoralista y aun, en cierta
medida, demagógico que yo le atribuyo.
El artículo 9 de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, efectivamente declaró exentas, entre otras,
las siguientes rentas: b), las prestaciones reconocidas al sujeto
pasivo por la Seguridad Social como consecuencia de incapacidad
permanente, así como las prestaciones por desempleo reconocidas
por la entidad gestora. Y c), las pensiones por inutilidad o
incapacidad permanente para el servicio de los funcionarios de
las administraciones públicas.
Con luz y taquígrafos, no de manera casi imperceptible, como dice
la exposición de motivos de su proposición de ley, señor Ríos, el
artículo 62 de la Ley 21/1993, de Presupuestos Generales del
Estado para 1994, declaró exentas, entre otras, las prestaciones
reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social como
consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez,
así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente
para el servicio de los funcionarios de las administraciones
públicas cuando el grado de disminución física o psíquica fuera
constitutivo de gran invalidez.
Quedaban, por tanto, fuera de la excepción, es decir, sujetas a
la retención, las prestaciones por incapacidad permanente parcial
y total reconocidas por la Seguridad Social y las pensiones por
inutilidad o incapacidad permanente para el servicio de los
funcionarios de las administraciones públicas distintas de la
gran invalidez. Quedaban también fuera de la excepción las
prestaciones por desempleo.
Esta, señor Ríos, es una proposición, como dijo en su día el
representante del Grupo Socialista en aquel debate,
fácil, o, como digo yo hoy, cómoda. Es fácil, es cómodo pedir una
exención de impuestos. Esta es una proposición de aparente
finalidad social, pero las apariencias engañan y éste es el caso.
Porque, por aparentar solidaridad, atacan el principio de
igualdad; por aparecer solidarios con determinadas personas,
acaban siendo insolidarios con otras y desconocen el principio de
igualdad.
De sobra hemos citado en esta Cámara el artículo 14 de la
Constitución, los españoles son iguales ante la ley, y el
artículo 31, que indica que todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo e inspirado en los
principios de igualdad y progresividad.
Me pregunto: ¿Es justo un sistema tributario que obliga a
tributar o a retener a cuenta a quienes sufren una incapacidad
permanente parcial o una incapacidad permanente total mientras
declara exentos a los inválidos absolutos o a quienes sufren una
gran invalidez? Me sigo preguntando: ¿Es justo un sistema
tributario que obliga a tributar a los perceptores de
prestaciones por desempleo o a los pensionistas por jubilación?
Hay que decir, en primer lugar, que el IRPF, el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, grava la capacidad económica. Esta
es la primera consideración de conjunto que usted pedía, señor
Ríos, grava la capacidad económica. Persigue lograr una adecuada
distribución de la riqueza, grava la renta personal sin tener en
cuenta el origen de la misma y grava las rentas según su cuantía.
Cierto que se producen excepciones, como las ya citadas. La
primera se refiere --y seguramente es la más importante-- a
aquellas personas físicas cuya capacidad económica o capacidad de
pago está por debajo del mínimo vital o mínimo exento, en estos
momentos 1.100.000 pesetas. Esto es lo más importante porque
afecta a las rentas más bajas.
La segunda excepción se refiere a aquellas personas físicas, por
ejemplo en situación de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez o a determinadas rentas exentas, indemnizaciones por
despidos, premios de loterías del Estado, becas públicas,
anualidades por alimentos, etcétera. Todas estas rentas tienen su
justificación para no tributar.
¿Se contradice el principio de igualdad con estas exenciones? El
Tribunal Constitucional tiene declarado que el artículo 14 de la
Constitución española no prohíbe toda desigualdad, sino aquéllas,
solamente aquéllas, que no son razonables. Y las discriminaciones
no son arbitrarias cuando se establecen en función de un criterio
amparado por el ordenamiento. La diferencia que se produce
respecto a las prestaciones por incapacidad parcial e incapacidad
absoluta no contradicen ni el principio de igualdad ni el
principio de generalidad ni el de capacidad económica, principios
que, junto al de progresividad y al de reserva de ley, hacen que
nuestro sistema tributario sea considerado justo. No hay ninguna
discriminación. No son situaciones iguales que se tratan de forma
distinta. En primer lugar y fundamentalmente, porque las
percepciones por incapacidad permanente parcial o incapacidad
permanente total son compatibles con el trabajo, como aquí se ha
dicho ya. El tratamiento del salario junto a la prestación
económica recibidos por una misma persona deben ser lo mismo.
La modificación operada por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1994 vino a clarificar y delimitar los supuestos de
invalidez permanente susceptibles de exención del impuesto, por
concurrir en los mismos las circunstancias que justifican la
exoneración de gravamen, como es la dificultad de generar rentas
derivadas del trabajo personal y, en este sentido, la invalidez
permanente absoluta, por definición legal, es la que inhabilita
por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Por
tanto, el tema de la posible compatibilidad con el trabajo es el
que, fundamentalmente, hace que se distingan unas situaciones de
otras.
Hay también razones para la distinción entre los grados de
invalidez. He dicho que no hay arbitrariedad. En caso de duda
sobre la justicia del sistema tributario, la orientación debiera
ser que todas estas prestaciones tributaran y no que todas
quedaran exentas, como quiere el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Se atendería así plenamente el criterio
de capacidad económica de las personas y solamente quedarían sin
tributar aquellas prestaciones que estuvieran por debajo del
mínimo exento. No entendemos, señor Ríos, cómo siendo ustedes
partidarios de declarar exentas todas las prestaciones por
invalidez permanente, no es partidario S. S. de la exención de
las pensiones de jubilación o las prestaciones por desempleo que
tributan a Hacienda y que tienen retenciones, pensiones de
jubilación y prestaciones por desempleo. Las mismas razones que
ha expuesto S. S. en la tribuna en favor de unas prestaciones,
debieran llevarle a usted a pedir la exención de pensiones de
jubilación y de prestaciones por desempleo.
El Grupo Socialista votará no a la presente proposición de ley,
porque somos partidarios de que el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, como regla general, grave la capacidad
económica de las personas. Si un trabajador percibe 200.000
pesetas al mes y tributa, un pensionista por incapacidad total o
absoluta que perciba esa misma cantidad, creemos que debe
tributar también del mismo modo. Eso sí, quienes estén por debajo
del mínimo exento, sea un trabajador o sea un pensionista, no
tributa. El mínimo exento o mínimo vital implica una cantidad que
no puede ser objeto de gravamen por estar destinada a satisfacer
las mínimas necesidades vitales del perceptor. A partir del
mínimo vital, la norma general o la norma de justicia es aplicar
los principios de capacidad económica, de generalidad y de
igualdad. Señor Ríos, la norma no es la exención, la norma es la
tributación, y frente a la exención están los artículos ya
citados, el artículo 14 de la Constitución, que dice que los
españoles son iguales ante la ley, y el artículo 31, que nos
habla de justicia tributaria: «Todos contribuirán al
sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios
de igualdad y progresividad...».
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arnau. Vamos a
proceder a la votación. (Pausa.)
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de
modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para la exención fiscal de todas las pensiones
por incapacidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
emitidos, 284; a favor, 14; en contra, 263; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Se somete al Pleno la modificación del orden
del día de esta sesión plenaria en el sentido de tramitar en
último lugar el punto número 58, correspondiente al debate de
totalidad del proyecto de Ley General Presupuestaria.
¿Acuerda la Cámara esta modificación? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1
del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación
y votación final del proyecto de ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación
final de esta ley? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (PNV) Y SOCIALISTA DEL CONGRESO,
RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR CARTA
DE NATURALEZA A LOS BRIGADISTAS INTERNACIONALES (Número de
expediente 162/000253)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley.
Proposición de los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Vasco (PNV) y Socialista, relativa al reconocimiento
de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los
brigadistas internacionales.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Maestro. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señora Maestro. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de subir a esta tribuna para defender
ante este Pleno la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, junto al Grupo
Parlamentario Socialista y al Grupo Vasco (PNV), propone
reconocer una deuda histórica del pueblo español frente a decenas
de jóvenes, hombres y mujeres, de todos los continentes, que,
arriesgando su vida y su seguridad, vinieron a nuestro país a
luchar en un momento en el que el fascismo se cernía sobre el
mundo. Son los llamados voluntarios de la libertad, los miembros
de las brigadas internacionales. (Rumores.) Vinieron a nuestro
país de 50 naciones diferentes: neozelandeses, cubanos,
vietnamitas, árabes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Maestro.
Ruego a SS. SS. que guarden silencio, por favor. (Pausa.) Cuando
quiera, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
...árabes en su mayoría, argelinos y palestinos, chinos,
finlandeses, además de americanos y un gran número de europeos,
de ellos, en su mayor parte, el 25 por ciento, franceses.
Estuvieron en nuestro país desde los primeros días del alzamiento
nacional, cuando los periódicos del mundo entero anunciaban la
sublevación militar. Un buen número de ellos estaba ya aquí.
Había venido a primeros de julio de 1936 a celebrar en Barcelona
las Olimpiadas de los Trabajadores; habían venido de todo el
mundo a celebrar unas olimpiadas que pretendían ser la réplica de
las Olimpiadas celebradas en Berlín, que fueron una ocasión de
propaganda nazi. Delegaciones de deportistas italianos
participaron en Barcelona, junto a los miembros de los
sindicatos, junto a los trabajadores barceloneses, en la
recuperación de la Telefónica. Un trabajador austríaco muere en
la liberación de la Capitanía General de Barcelona. Vinieron a
nuestro país de todas las formas; muchos, sin documentación,
andando, en trenes, en barcos. Por poner un ejemplo, dos de los
tres primeros ingleses que vinieron a nuestro país, obreros
textiles, recorrieron Francia en bicicleta; el tercero era el
biznieto
de Charles Darwin, que vino a participar en las brigadas
organizadas por el Poum. Vinieron campesinos, trabajadores, pero
también artistas, intelectuales, gentes de toda condición, que,
frente a la ceguera, a la miopía egoísta de los gobiernos; frente
al egoísmo de las democracias europeas que suscribieron el
vergonzoso pacto de no intervención, entendieron que en nuestro
país estaba constituyéndose la primera trinchera contra el
fascismo en el mundo. Vinieron solos, no traían armas; pocas
armas había en España. Lucharon en cañones y trenes blindados con
placas de hojalata. El 22 de octubre, el Gobierno de la República
decide constituir oficialmente las Brigadas Internacionales y la
declaración que ellos mismos hacen, como declaración de
principios, de identidad, muestra el carácter de su compromiso.
Decía así: Soy un voluntario de las Brigadas Internacionales
porque admiro profundamente el valor y el heroísmo del pueblo
español en la lucha contra el fascismo internacional. Porque mis
enemigos de siempre son los mismos que los del pueblo español.
Porque sé que si el fascismo vence en España mañana vencerá en mi
país y mi hogar será devastado. Porque soy un trabajador, un
obrero, un campesino, que prefiere morir de pie a vivir de
rodillas. Estoy aquí porque soy un voluntario y daré si es
preciso hasta la última gota de mi sangre por salvar la libertad
de España, la libertad del mundo.
Los miembros de las Brigadas Internacionales estuvieron junto al
pueblo español en los frentes más duros. Estuvieron en la sierra
norte de Madrid, en la durísima batalla de la Ciudad
Universitaria y del Puente de los Franceses; estuvieron en el
frente de Aragón, en Euskadi. Siempre en lo más duro de los
combates. Su historia, sin embargo, es la historia de seres
humanos sencillos que no dudaron en exponer vida y sufrimientos
sin esperar otra recompensa que contribuir a resistir a la
barbarie y contribuir también o al menos intentar empujar la
historia en un sentido más favorable a la democracia y a la
libertad. Quince mil dejaron su vida en nuestro país; el resto
continuó la lucha contra el mismo enemigo, contra el fascismo, en
la Segunda Guerra Mundial y dejaron su vida en el campo de
batalla, en los campos de concentración o en las cárceles. Hoy,
una fosa común en el cementerio de Fuencarral, en Madrid,
recuerda su heroísmo.
En septiembre de 1938, en el seno de la Sociedad de Naciones, el
Gobierno de la República decide aceptar la retirada de todos los
no españoles. Nadie confiaba, nadie podía asegurar la retirada de
los 50.000 italianos, 10.000 portugueses, 10.000 alemanes, además
del tercio de moros y extranjeros que combatían al lado del
ejército rebelde. Sin embargo, los acuerdos de Munich deciden
abandonar la República española igual que habían abandonado
Checoslovaquia. Las potencias europeas deciden verse libres de
una batalla secundaria y costosa, que es la guerra de España. No
entienden en su egoísmo que la misma lucha que se estaba llevando
en España era la que pocos meses después iba a desencadenarse en
el conjunto del mundo.
Se desmoviliza a los brigadistas y se les reagrupa para ser
repatriados. Reciben la despedida con todos los honores de
Negrín, Presidente de la República, Martínez Barrios, Modesto,
Rojo, Pasionaria, José Díaz. Sin embargo, en la despedida, ellos
prometen volver, si el Gobierno de la República les llama de
nuevo.
Dolores Ibárruri, en la despedida, pronuncia unas palabras que
resuenan en los oídos de los pocos cientos de supervivientes de
las Brigadas Internacionales: Madres, mujeres, cuando pasen los
años y se cierren las heridas de la guerra, cuando el recuerdo de
los días dolorosos y sangrientos se esfumen ante un presente de
libertad y paz, de bienestar y justicia, cuando los rencores se
atenúen y el orgullo de la patria sea sentido por igual por todos
y todas, los españoles y las españolas, hablaréis a vuestros
hijos de los hombres y mujeres de las Brigadas Internacionales.
Fueron comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, gente
de diversas opiniones, de ideologías diferentes, de religiones
contrarias, pero todos, amando profundamente la libertad y la
justicia, vinieron a ofrecerse sin condiciones. Frente al
espíritu vil, fácilmente acomodaticio, de los que interpretan los
principios democráticos con los ojos vueltos a la caja fuerte o
hacia la cotización en Bolsa de sus acciones que quieren salvar,
cueste lo que cueste. Muchos miles se quedaron teniendo como
sudario la tierra de España y el corazón profundamente conmovido
de los españoles. No les olvidamos, volved cuando el olivo de la
paz florezca, volved a nuestro lado. Aquí tenéis vuestra patria,
sois el ejemplo heroico de la solidaridad y la universalidad de
la democracia.
La vida no fue fácil para los que volvieron a sus países.
Francia, por ejemplo, niega la entrada a refugiados políticos,
alemanes, italianos, polacos, húngaros, austríacos, etcétera, si
no justifican su domicilio en Francia. En enero de 1939, cuando
el ataque de los nacionales a Barcelona, quedan todavía cinco o
seis mil brigadistas extranjeros en España y se reconstituye la
13 Brigada Dabrowski y la 11 Brigada Thaelmann, cuando los
internacionales cubren asimismo la retirada de un millón de
soldados, de civiles, de mujeres y de niños maltrechos que
intentan pasar los Pirineos hacia Francia.
Por todo ello, señorías, por el inevitable ejercicio de memoria
histórica necesario en nuestro país, para nosotros y
fundamentalmente para las nuevas generaciones, que, entre la
confusión, el individualismo y la solidaridad, tienen graves
dificultades para encontrar fórmulas para materializar ideales de
solidaridad, ideales de generosidad, esta proposición no de ley
insta al Gobierno a ofrecer a los supervivientes de las Brigadas
Internacionales la nacionalidad española como reconocimiento
póstumo para la inmensa mayoría de ellos, tardío, pero como
reconocimiento al fin del ejemplo imborrable de dignidad y de
internacionalismo que ellos y ellas construyeron, eligiendo la
lucha por la libertad y la justicia
en nuestro país como primer bastión del combate contra el
fascismo, frente a la ceguera y el oportunismo de los gobiernos,
y escribiendo con sus vida y con sus muertes uno de los más
hermosos ejemplos de la capacidad de los pueblos de escribir la
Historia.
Finalmente, como homenaje a los muertos y a los supervivientes,
cuando se acerca el sesenta aniversario de la constitución de las
Brigadas Internacionales, quiero leer el poema que Rafael Alberti
les dedicó: Venís desde muy lejos, mas esta lejanía, que es para
vuestra sangre que canta sin fronteras, la necesaria muerte os
nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras.
De este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas
si al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene
un mismo sueño, sencillamente anónimos y hablando habéis venido.
No conocéis siquiera el color de los muros que vuestro
infranqueable compromiso amuralla. La tierra que os entierra la
defendéis, seguros, a tiros, con la muerte vestida de batalla.
Quedad que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas
partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que al mar
sacude. Hermanos, Madrid, con vuestro nombre, se agranda y se
ilumina.
Que este Parlamento, señorías, tenga el honor de reconocer el
derecho formal a llamar Patria a quienes, desde hace mucho
tiempo, sienten a nuestro país en un primer lugar de su corazón y
de sus mentes. Que se sepa así honrar y reconocer una de las más
limpias y más hermosas historias escritas por el
internacionalismo, por la voluntad solidaria de los pueblos del
mundo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En esta coyuntura histórica, en la que se está repasando la
transición abundantemente en los medios de comunicación y en todo
tipo de debates, resulta oportuna y de justicia esta proposición
no de ley, para que consten también algunas de las asignaturas
que todavía --60 años, nos ha dicho la señora Maestro, de la
constitución de estas Brigadas Internacionales, 20 años de
transición-- son asignaturas pendientes en esta democracia;
asignaturas pendientes de este proceso de transición, quizá para
ponernos todos rojos. Hoy tenemos una buena oportunidad para
tomar en consideración esta proposición no de ley, reconociendo
la labor de estos ciudadanos, conocidos como voluntarios de la
libertad, que coadyuvaron el mantenimiento de la República, en
consecuencia de la legalidad vigente, y que, sobre todo, lucharon
contra la implantación del fascismo y del totalitarismo.
Entendemos, señor Presidente, que es de justicia el contenido de
esta proposición no de ley, que presentamos hoy junto con los
Grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a
la sazón los componentes del Gobierno republicano, instando al
Gobierno democrático, una vez más, a que, por carta de
naturaleza, conceda la ciudadanía española a todas las personas
que formaron parte de estas Brigadas Internacionales.
Como saben SS. SS., el Partido Nacionalista Vasco participó
activa y decididamente en estos programas del Gobierno
republicano, de aquellos legítimos gobiernos de la República que
fueron presididos por Negrín y por Largo Caballero, con su
presencia en la persona del Ministro de Justicia, don Manuel de
Irujo, nacionalista vasco.
Por consiguiente, como no puede ser de otra manera, nos sentimos
solidarios de dicha acción republicana de Gobierno, de sus
consecuencias y también de sus repercusiones históricas. Son
promesas que --como se ha indicado en la intervención anterior,
con toda corrección y con rigor histórico-- formuló el propio don
Juan Negrín a estos miembros de las Brigadas Internacionales y
que, al día de la fecha, casi 60 años después y tras 20 años de
transición, siguen sin cumplirse.
En Euskadi no existieron propiamente las Brigadas
Internacionales, en el sentido estricto, sí colectivos
organizados de acción exterior, al estilo de grupos de
voluntarios que hoy se conocen como ONG.
Esta proposición no de ley propone en su exposición de motivos un
procedimiento adecuado a fin de que el Gobierno conceda la
ciudadanía española a estos voluntarios que ofrecieron su
juventud, su entrega, su tesón y su generosidad por una causa que
ellos creían justa, la de la libertad, la de la democracia y la
de la solidaridad. Que aunque tarde, señor Presidente, la
Justicia resplandezca y se haga justicia con estos conciudadanos
nuestros, formalizando en Derecho una situación de justicia con
la que nosotros como nacionalistas vascos nos sentimos
solidarios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txábarri.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, pocas veces le ha asistido a esta parlamentaria tan
alta satisfacción como la que tengo en el día de hoy por
defender, en nombre de mi Grupo, la presente iniciativa.
La proposición no de ley insta al Gobierno a que conceda por
carta de naturaleza a todos los que acrediten pertenecer a las
Brigadas Internacionales y así lo soliciten la ciudadanía
española. La historia completa de las Brigadas Internacionales
está por escribir. Ha dicho Andreu Castel, experto en la
cuestión, que la historia de las Brigadas Internacionales por
ahora es una
historia insuficiente plagada de sombras. Al fin y al cabo,
señorías, su historia es la historia de hombres, de hombres y
mujeres, que también las hubo, que vinieron a nuestro país al
inicio de la Guerra Civil española a ponerse al lado del Gobierno
legítimo de la República para defender valores de libertad y de
justicia. Buena parte de los voluntarios que estuvieron en los
frentes españoles no vinieron --y esto es importante remarcarlo--
arrastrados por una propaganda más o menos organizada, sino que
siguieron su propio impulso, es decir, el de luchar junto a un
gobierno legítimo por la libertad en Europa y por la libertad en
el mundo. Cualquiera que sea el valor y la calidad humana --que
la hubo y muy importante-- de estos brigadistas internacionales,
a nuestro juicio, el valor de su participación estuvo en el
ofrecimiento que hicieron al sistema democrático español y al
mundo de lo que más puede ofrecer una persona, que es la vida
humana.
Decía el poeta --y lo ha puesto aquí en evidencia la portavoz del
Grupo de Izquierda Unida--: Los miembros de las Brigadas
Internacionales, los voluntarios de la libertad, eran nombrados
cada día por la muerte.
Han pasado casi sesenta años de aquella epopeya, señorías, y yo
creo que existe la distancia histórica suficiente como para que
podamos considerar esa parte de nuestro pasado, que constituye
además, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco,
una causa pendiente de nuestra joven democracia. Quien tenía la
legitimidad para hacerlo, cuando se despedía de ellos, Juan
Negrín, Presidente del Gobierno, les ofreció y les prometió, una
vez acabada la contienda, el derecho a solicitar la nacionalidad
española. Hasta ahora ese derecho no ha podido ser ejercitado por
los brigadistas internacionales. El año que viene se va a cumplir
el sesenta aniversario de la primera llegada de los brigadistas
internacionales a nuestro país. Se van a celebrar actos con tal
motivo, y a lo largo de la restauración democrática ha habido
importantes anuncios de personas, también relevantes, en favor de
que se cumpla aquella promesa que les hiciera el Gobierno
legítimo de la República en un momento determinado.
En nuestro país la concesión de la nacionalidad por carta de
naturaleza viene regulada en el Código Civil, en cuyo artículo 21
se establece que el Gobierno podrá conceder la nacionalidad
española por carta de naturaleza mediante real decreto cuando
concurran circunstancias excepcionales. A mi Grupo le ha parecido
que la iniciativa que ha impulsado la Asociación de Amigos de los
Brigadistas, origen de esta proposición no de ley que respaldamos
tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), está avalada por circunstancias excepcionales que
acreditan que el Gobierno pueda conceder la nacionalidad española
por carta de naturaleza a los brigadistas internacionales.
Además, a mi juicio, existen tres precedentes legislativos, que
son el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; el Real Decreto
2987/1977, de 28 de octubre; y también, por analogía, el Real
Decreto 1385/1988, por el que se instituye la medalla al mérito
constitucional.
Los que no hemos vivido la Guerra Civil española pero no
despreciamos el valor del conocimiento de nuestro pasado, desde
la convicción de que conocer nuestro pasado significa estar en
mejores condiciones desde el presente para construir un futuro
mejor, pensamos que existen y concurren circunstancias
excepcionales que posibilitan que el Gobierno conceda la
nacionalidad española a estos voluntarios de la paz que lo
soliciten. No es que queden pocos supervivientes de estos
voluntarios de la paz, no es que sigan aún manteniendo su amor a
España y a los altos ideales que les movilizaron y que muchos de
ellos conserven un maravilloso dominio del idioma español, no que
es además se hayan movido en su momento por el reconocimiento del
valor que tuvo el pueblo español, señorías, es que no se entiende
el proceso de restauración democrática que vive nuestro país sino
desde la generosidad y desde el amparo y el acogimiento de todos
los que, de alguna manera, participaron y tuvieron algún
protagonismo en nuestro pasado histórico.
Esta democracia que estamos construyendo entre todos ha tenido un
componente de solidaridad, un reconocimiento de generosidad si se
prefiere, en virtud del cual hemos pasado la página, pero no
hemos olvidado los reconocimientos obligados y debidos a aquellos
que, de una manera quizás amarga, padecieron la incomprensión y
la falta de reconocimiento por lo que fue una gesta y un valor
que es ejemplo de las generaciones presentes y futuras. La lucha
por los ideales, la lucha por la libertad y ofrecer la vida por
la conquista de esos ideales, tiene que ser algo que debe estar
presente en los demócratas españoles y en esta Cámara. El
reconocimiento de esa situación es lo que impulsa a mi Grupo a
solicitar, de los miembros de esta Cámara y de todos los grupos
parlamentarios, la aprobación unánime de esta iniciativa.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pelayo.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo solamente para anticipar el voto favorable del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición no
de ley, presentada por los Grupos Socialista, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y Vasco (PNV).
La semana pasada, comentando esta iniciativa, ya dejábamos
constancia de nuestro propósito, al considerar que podía ser un
buen camino el que por carta de naturaleza se solventara el
contenido de la proposición
que en este momento estamos debatiendo. Es cierto que, después de
la restauración democrática, distintas personalidades han venido
abundando en la consideración como causa pendiente del
reconocimiento de la nacionalidad española a los
interbrigadistas, y lo es mucho más el justo reconocimiento de la
labor de los denominados voluntarios de la libertad que, de
distinta procedencia, acudieron a España en un momento de clara
amenaza de los totalitarismos. Fueron muchos, muchísimos
realmente, los que quedaron en su momento y ahora, como se ha
comentado antes, quedan ya pocos y, además, de avanzada edad. Yo
diría que es razón de más para que, haciendo uso de la
posibilidad de conceder cartas de naturaleza a determinados
colectivos, se proceda a este reconocimiento de la ciudadanía
española, como solicita la proposición no de ley.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor Presidente. Señoras y
señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular en esta proposición no de ley.
El artículo 11 de la Constitución española en su primer apartado
señala que «la nacionalidad española se adquiere, se conserva y
se pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley». A este
respecto, el Código Civil regula en sus artículos 17 y siguientes
la situación de los españoles y extranjeros, recogiendo una serie
de normas sobre la adquisición de la nacionalidad. La
nacionalidad es una institución bifronte que puede definirse como
el título jurídico que atribuye a una persona el «status» o
condición de nacional de un determinado Estado. Las formas de la
adquisición de la nacionalidad pueden dividirse en dos grandes
grupos: adquisición originaria, que se produce por el hecho del
nacimiento en un país determinado y derivativa, por un hecho
posterior. Esta, a su vez, puede subdividirse en adquisición por
opción, por carta de naturaleza y por residencia.
En cuanto a la adquisición de la nacionalidad española por carta
de naturaleza, que es a la que nos lleva a esta proposición no de
ley, el Código Civil establece en el artículo 21, que se podrá
otorgar discrecionalmente mediante real decreto, cuando en el
interesado concurran circunstancias especiales. La carta de
naturaleza tiene un remoto abolengo en el Derecho español. Ya en
los siglos XVI y XVII dio lugar a protestas de las Cortes de los
distintos reinos peninsulares, basadas en que el naturalizado por
carta podía gozar de oficios y beneficios en España, lo que
motivó la intervención de las Cortes en la concesión de las de
primera y segunda clase, lo que explica que la Constitución de
Cádiz atribuyese su concesión al Poder Legislativo, pero el
silencio de constituciones posteriores motivó que fuesen
concedidas por el Gobierno.
Dado el carácter discrecional con que se ejerce la concesión de
carta de naturaleza, parece que no existen en su otorgamiento
limitaciones impuestas por el Derecho Internacional. De Castro
entiende que la más corrientemente señalada por los tratadistas
de no naturalizar a extranjero que no resida en el país, queda a
salvo al exigirse la comparecencia en un registro dentro del
territorio. El Reglamento del Registro Civil señala que la
concesión de carta de naturaleza revestirá la forma de real
decreto dictada a propuesta del Ministerio de Justicia.
Desde un punto de vista jurídico, no existe obstáculo alguno para
admitir esta posibilidad de concesión de la nacionalidad motivada
por circunstancias excepcionales, como es la proposición no de
ley presentada en esta Cámara por los grupos proponentes respecto
a los brigadistas internacionales, como justo reconocimiento a su
labor en aras de la libertad. Desde un punto de vista político,
nuestro Grupo entiende que hay que cerrar heridas, y hay que
demostrar la madurez del pueblo español y ser ejemplo para
generaciones futuras de convivencia, de libertad y de
responsabilidad.
Desde la serenidad de la distancia histórica, hacemos la
siguiente reflexión. El Grupo Popular cree en una sociedad
democrática, libre y responsable, puesto que las sociedades
democráticas proporcionan a los individuos de todo el mundo las
mejores condiciones de la libertad política y personal, igualdad
de oportunidades y desarrollo económico bajo el imperio de la
ley. Creemos en una sociedad abierta, donde el poder está
distribuido ampliamente entre instituciones libres, dedicadas a
crear unas condiciones que permitan a cada individuo alcanzar
plenamente su potencial y llevar a cabo sus responsabilidades
para con sus ciudadanos, y donde la tarea principal del Gobierno
es la de servir a la persona y la de defender y promover la
libertad personal. Sólo un sistema político de democracia
pluralista puede realizar aquellos valores que, basados en la
persona, hacen posible su libertad y su realización individual y
social, en un plano de igualdad para todos. Ni siquiera una
decisión mayoritaria puede vulnerar los derecho humanos básicos y
las libertades públicas proclamadas por nuestra Constitución y
reconocidas por los convenios internacionales suscritos por
España. Tales derechos y libertades son consustanciales a todo
sistema democrático. La convivencia halla su marco propio en la
paz social y en la supremacía de la ley democráticamente
elaborada, aplicada con independencia por los jueces y ejecutada
con corrección por todas las administraciones.
Por toda esta serie de consideraciones, el Grupo Popular va a
votar favorablemente, esta proposición no de ley. Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bueso.
Vamos a pasar a la votación correspondiente de la proposición no
de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los Grupos
Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Vasco (PNV) y Socialista del Congreso, relativa al
reconocimiento de la nacionalidad española por carta de
naturaleza a los brigadistas internacionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 284; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
ACTUALIZACION DE LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL
SECTOR PUBLICO Y DE LAS PENSIONES DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO Y
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 162/000252)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre actualización de las retribuciones del personal al servicio
del sector público y de las pensiones de clases pasivas del
Estado y de la Seguridad Social.
El señor Aguirre tiene la palabra. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Al subir a la tribuna en nombre del Grupo Popular, para defender,
esta proposición no de ley sobre la revisión de los ingresos de
funcionarios y pensionistas, este portavoz tiene la impresión de
que es una proposición no de ley que se defiende por sí sola y
que va a gozar de todo el respaldo de esta Cámara; que va a
gozar, de forma unánime, del apoyo a una petición que mi Grupo
considera justa y ampliamente compartida.
Antes de pedir a todos los grupos su voto a favor para que
funcionarios y pensionistas no vean recortado el poder
adquisitivo el próximo año 1996 y, por tanto, mantengan unos
ingresos con los que puedan hacer frente a las desviaciones
surgidas este año en el incremento de precios y a la previsión de
incremento de precios para el año próximo, quisiera este portavoz
plantear el origen, a nuestro entender, del problema que
funcionarios y pensionistas están hoy necesitados de resolver y,
a nuestro juicio, esta Cámara viene obligada a resolver.
La revisión de los ingresos de funcionarios y pensionistas,
señores de la mayoría socialista, está garantizada por los
Presupuestos Generales del Estado. Año tras año, bien fueran
gobiernos de UCD, bien hayan sido gobierno del PSOE, los
presupuestos aprobados por este Parlamentario, los presupuestos
elaborados por el Gobierno de turno garantizaban y garantizan los
créditos destinados a funcionarios y pensionistas. Pero en esta
ocasión no ha ocurrido como en ocasiones anteriores. No ha
ocurrido nunca, en nuestra joven democracia, que un Gobierno
viera derrotada su propuesta de presupuestos. Por primera vez, en
octubre de 1995, el Gobierno socialista perdió el respaldo de
esta Cámara, y de forma unánime, aunque por distintas razones, la
mayoría de la soberanía popular rechazaba el Presupuesto del
Gobierno socialista.
Ya es conocido, señores de la mayoría, que en las prácticas
democráticas de los países de nuestro entorno cuando un
parlamento rechaza los presupuestos a un gobierno, esa retirada
de confianza se traduce en una dimisión o en una disolución;
dimisión del gobierno o disolución del parlamento. El Presidente
del Gobierno socialista, señor González, no ha tomado ninguna de
estas opciones, y de forma calculada --entiendo que calculada a
los intereses de su Partido-- ha dejado a su Gobierno sin el
instrumento básico, sin la ley en la que se fundamenta, sin la
ley en la que se justifica su política económica, sin la pieza
modular para poder gobernar. Ha dejado, en definitiva, a los
españoles sin la Ley de Presupuestos para 1996.
En una palabra, por su actitud el señor González ha pasado de
gobernar con el respaldo de esta Cámara a gobernar con el rechazo
de esta Cámara que es lo mismo, señor Moltó, que ejercer su
Presidencia, en funciones. Es una referencia amable, como sabe
usted, señor Moltó. Insisto, por su actitud el señor González ha
añadido a la inestabilidad política generada por las sucesivas
crisis en las que está envuelto y sumergido su Gobierno, la
incertidumbre del vacío de poder que genera la ausencia de un
presupuesto.
En este punto, creo que todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara, aparte de hacer valoraciones políticas, nos preguntamos
cuáles son las derivaciones de una Administración sin
presupuestos, cuáles son las consecuencias más próximas de una
Administración sin presupuestos, qué colectivos pueden tener un
impacto inmediato y más negativo. Sin ningún género de duda,
señores de la mayoría, el que un Gobierno, supuestamente sensible
a Europa, en este punto del proceso de convergencia sea el
responsable de que España en el año 1996 no tenga presupuestos, a
nuestro entender, dicho de una forma cortés, es una pérdida de
tiempo prácticamente irrecuperable.
Realizada esta afirmación desde la observación en el marco del
medio plazo político, le interesa a mi Grupo detenerse en el
corto plazo, en la inmediatez, en identificar qué colectivos
pueden verse afectados negativamente, qué número componen esos
colectivos afectados, a cuánto asciende resolver
presupuestariamente este problema y, cosa no menos importante,
qué instrumento
es el que genera menos dificultad y más respeto para el
Parlamento.
Según los datos oficiales, entre Administración central y
Seguridad Social estaríamos hablando de un universo cercano a 1,6
millones de empleados públicos. Por cierto, señores de Izquierda
Unida, en su momento estos empleados públicos alcanzaron, entre
sus representantes sindicales y la Administración, un acuerdo el
pasado 15 de septiembre de 1994 que comprometía, en su capítulo
6, para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, establecer el
incremento salarial de los funcionarios públicos según la
previsión del IPC. A esta revisión cabría añadirle la generación
de un fondo específico para el mantenimiento del poder
adquisitivo en el año 1995, lo que nos llevaría a estar hablando
de un crédito presupuestario aproximado de 100.000 millones.
Los pensionistas por jubilación, por viudedad, por orfandad, por
invalidez, son aproximadamente unos siete millones, a los que
había que calcularles el incremento para poder mantener ese poder
adquisitivo, aproximadamente un crédito de 300.000 millones, que
sumados a la anterior partida que acabo de mencionar sobre
actualización y revisión de funcionarios, estaríamos hablando de
una partida presupuestaria de 400.000 millones para dotar en
justicia lo que considera el Grupo Popular derechos adquiridos
por casi nueve millones de españoles.
Señorías, funcionarios y pensionistas, un total de nueve millones
de españoles, son colectivos cuyas rentas, cuyas economías
dependen directamente del presupuesto. Es, a nuestro entender,
responsabilidad de este Parlamento, y sobre todo en estas
circunstancias, impedir que la incapacidad del Gobierno
socialista para sacar adelante los presupuestos de 1996 recaiga
sobre las familias con economías más ajustadas y sobre esos
españoles que tienen rentas medias y más bajas.
Si estas razones no les parecen suficientes --que creo que lo son
en sí mismas--, hay otras, y es que el Gobierno está obligado a
cumplir acuerdos que ha firmado. Ya me refería anteriormente, en
el caso de los funcionarios, al acuerdo que se había alcanzado
entre sindicatos y Administración para el período 1995, 1996 y
1997. Y en el caso de los pensionistas, hay que referirse
ineludiblemente al Pacto de Toledo suscrito por todas las fuerzas
políticas. Por estas razones, el Grupo Popular considera que es
inaceptable trasladar la ineficacia que genera una situación de
bloqueo político a aquellos cuyos mecanismos de defensa no son
suficientes.
Señor Presidente, voy terminando. El Grupo Popular entiende que
no será en este punto del debate donde tenga que escuchar un
turno en contra de esta proposición no de ley. Y mucho menos cree
el Grupo Popular que los restantes grupos de la Cámara
argumentarán en contra del contenido y del sentido de esta
proposición no de ley, que pretende exclusivamente actualizar las
rentas de funcionarios y de pensionistas de cara al ejercicio de
1996.
Por esta razón, mi Grupo cree, en primer lugar, que es
imprescindible que los dos objetivos --funcionarios y
pensionistas-- contenidos en la proposición no de ley deben
articularse a través de un instrumento legal que subsane el vacío
que genera la ausencia de una ley de presupuestos generales del
Estado para 1996. Ese es el motivo por el que impulsamos, desde
nuestra proposición, la redacción de un proyecto de ley, porque
esa figura legislativa, a nuestro entender, garantiza la adopción
de la medida que estamos pidiendo, sin entrar en esa discusión de
la constitucionalidad dudosa de un decreto-ley. En segundo lugar,
y no menos importante, porque el instrumento de un proyecto de
ley permite en su tramitación un conocimiento previo del
Parlamento. Y pido aquí algo de atención a otros grupos
parlamentarios.
Señorías, el Grupo Popular considera que la aplicación de
cualquier medida de naturaleza presupuestaria adoptada al margen
del Parlamento, cuando éste ha negado al Gobierno taxativamente
su confianza para llevar a cabo los presupuestos de 1996, sería
un contrasentido, con el signo y significado político de la
votación que el pasado 24 de octubre de 1995 hicieron todos los
grupos de esta Cámara contra la capacidad del Gobierno socialista
para elaborar los presupuestos de 1996.
He dicho que pretendía alguna atención especial a este último
párrafo, y me refería sobre todo al Grupo de Izquierda Unida, que
se ha molestado en presentar una enmienda a esta proposición no
de ley; enmienda que recibimos con agrado, porque consideramos
que recoge todo el espíritu de nuestra exposición de motivos;
enmienda que consideramos que sólo va dirigida a la parte
dispositiva de nuestra proposición no de ley, y enmienda, señores
de Izquierda Unida, que estaríamos en disposición de aceptar,
fundamentalmente en línea con el último argumento esgrimido por
este portavoz de que un Parlamento que ha rechazado la capacidad
del Gobierno de elaborar presupuestos, no puede permitir que por
la puerta de atrás, sin el debate previo y sin la aprobación de
este Parlamento, se adopten medidas de naturaleza presupuestaria.
Por esta razón, señores de Izquierda Unida, encontrándonos muy en
sintonía con el contenido de su enmienda, les pedimos --y
mostraríamos nuestra disposición favorable a incluirla en todo su
contenido-- que acepten, en ese renglón de su propuesta de
enmienda de modificación que reza: «... adopte las oportunas
medidas» la inclusión de otro renglón que diera mayor precisión y
sentido a esas medidas legislativas, y que dijera: «... a través
del correspondiente proyecto de ley». Precisamente es para estar
en concordancia y en coherencia con los argumentos esgrimidos en
la exposición y defensa de esta proposición no de ley.
Señor Presidente, por estas razones consideramos que este
Parlamento tiene hoy la oportunidad de dar
un impulso mayor, de dar un impulso absolutamente real a lo que
son los derechos adquiridos de pensionistas y de funcionarios,
que podrían verse mareados, podrían verse turbios en lo que he
calificado como una situación de bloqueo político si se
pretendiera, desde la obstaculización que representa la falta de
capacidad de un Gobierno para llevar adelante los presupuestos,
realizar esta aprobación por un instrumento que no garantiza la
adopción de esas medidas y por un instrumento que no respeta
suficientemente la soberanía expresada en votaciones anteriores
por este Parlamento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguirre.
Señor Aguirre, como su señoría conoce perfectamente, en la
ordenación de los debates de las proposiciones no de ley no caben
turnos en contra. En cualquier caso, no puede haberlo.
A esta proposición no de ley se ha presentado, como ya se ha
señalado a lo largo de la intervención anterior, una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el portavoz del Grupo Popular, señor Aguirre, ha hecho
referencia en su intervención a que agradecía la enmienda
presentada por el Grupo de Izquierda Unida, que la veía con
agrado --creo que es la expresión literal que ha utilizado--, y
ha dicho también que compartía sustancialmente el contenido de la
misma. Celebro esas afirmaciones que ha hecho el portavoz del
Grupo Popular.
Quisiera contribuir con mi intervención a que, efectivamente, sea
posible conseguir que el tema, importante, importantísimo, salga
adelante con un pronunciamiento unánime de la Cámara que le dé
fuerza, y quisiera explicar brevemente las razones de la enmienda
presentada por nuestro Grupo.
En cuanto al fondo del asunto, conseguir un incremento de las
retribuciones de funcionarios y un mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, estamos de acuerdo todos los grupos
de la Cámara. Estoy convencido de que ese es el objetivo que se
persigue con la iniciativa del Grupo Popular. Por tanto, hay que
dejar claro nuestro reconocimiento a esa finalidad y decir que
estamos de acuerdo en ella. No obstante, nos parece que su
formalización en esta proposición no de ley adolece de algún
defecto.
Piensen, señorías, que el texto literal de esta proposición no de
ley dice que las pensiones de clases pasivas del Estado y de la
Seguridad Social aumenten un 3,5 por ciento respecto a las de
1995. Señorías, señor Aguirre, así formalizado, este texto no
respeta el Pacto de Toledo, en el que no establecemos un aumento
determinado de las pensiones de la Seguridad Social. En el Pacto
de Toledo se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones. Por tanto, no se plantea un aumento del 3,5 por
ciento, sino que las pensiones subirán, como mínimo, tanto como
suba al final del año el IPC. Y si el IPC sube más de un 3,5 por
ciento, como ocurre, por ejemplo, este año 1995, las pensiones
tienen que subir más de un 3,5 por ciento.
Hay un mecanismo que se ha aplicado en 1994 y en 1995 consistente
en que inicialmente se incrementan las pensiones en la misma
cuantía en que prevé el Gobierno va a evolucionar la inflación.
Pero expresamente se establece un mecanismo de garantía
consistente en la aplicación a final de año de una liquidación en
relación con el incremento definitivo que tenga el IPC, y sobre
esa base, incluido el incremento, se produce el mismo mecanismo
al año siguiente.
Por tanto, señorías, una iniciativa legislativa de este
Parlamento que inste al Gobierno a aumentar las pensiones sólo un
3,5 por ciento puede resultar perjudicial para los pensionistas
y, en todo caso, señorías, no se acomoda a lo que acordamos
unánimemente en esta Cámara en el conocido como Pacto de Toledo.
Situación más o menos similar se produce, señoría, en lo relativo
a las retribuciones del sector público, porque de nuevo, en
relación con esta materia, la proposición no de ley plantea un
incremento del 3,5 por ciento. Saben sus señorías --en todo caso,
es oportuno recordarlo-- que hay un compromiso en esta
legislatura firmado por el Gobierno con los sindicatos más
representativos --Unión General de Trabajadores y Comisiones
Obreras-- para garantizar unos determinados incrementos anuales.
Esos incrementos anuales guardan relación con la evolución del
IPC y una serie de flecos que están pactados. Siendo así,
señorías, señor Aguirre, una proposición de este Congreso que
instara al Gobierno a aplicar sólo un 3,5 por ciento puede
resultar perjudicial para el personal del sector público y, en
todo caso, no se ajustaría a un acuerdo que está firmado por
quienes están legitimados para ello, los sindicatos más
representativos y el Gobierno que dirige la Administración del
Estado, y estamos hablando del personal al servicio de la
Administración.
Estas dos razones, señorías, nos han movido a presentar una
enmienda que pretendemos que ajuste los incrementos, tanto de las
pensiones como de las retribuciones del personal al servicio del
sector público, a lo que o bien hemos acordado unánimemente en
esta Cámara o bien ha sido pactado con arreglo a la legislación
vigente y con legitimidad representativa por quienes tienen hoy
la condición adecuada para ello.
Yo creo que estas razones son perfectamente entendidas por el
Grupo Popular y por su representante, el señor Aguirre. De ahí
que dijera que estaba de acuerdo con los términos de la enmienda.
Finalmente él ha planteado una petición concreta a este Grupo en
el sentido de una determinada línea a añadir.
Quisiera decirle, señor Aguirre, que con el ánimo de encontrar un
consenso que unifique a toda la Cámara para poder sacar adelante,
en primer lugar, los Pactos de Toledo, que acordamos entre todos
y, en segundo lugar, los acuerdos sobre retribuciones del
personal al servicio del sector público, debiéramos intentar
limar esas pequeñas diferencias consiguiendo el consenso de
todos.
Yo creo que las razones que ha expuesto S. S. son perfectamente
defendibles, pero también son perfectamente defendibles aquellas
otras que no son contrarias a lo que dice S. S., pero que no
entran en el detalle concreto de si tiene que ser un proyecto de
ley o puede ser cualquier otro instrumento legal, expresión
utilizada por S. S. en su intervención cuando ha dicho que su
proposición no de ley solicita que el Gobierno adopte los
instrumentos legales, y después ha precisado que fuera un
proyecto de ley. En nuestra propuesta hacemos referencia a
medidas legislativas y no rechazamos la posibilidad de que sea un
proyecto de ley, tampoco rechazamos otras posibilidades. Yo
pediría al señor Aguirre que aceptara la formulación empleada por
nuestro Grupo, que no rechaza la que él defiende y que puede
permitir un consenso.
Es verdad, señor Aguirre --y creo que S. S. lo entenderá
perfectamente--, que pretender aprobar en estos momentos un
proyecto de ley y tramitarlo en lo que queda de legislatura,
cuando aún no ha sido ni siquiera aprobado por el Gobierno,
resulta difícil pensar que pueda llegar a buen término antes del
1 de enero, fecha en que entrarían en vigor el aumento de
pensiones y el aumento de retribuciones. No quiero citar otros
casos de proyectos de ley que conoce perfectamente el señor
Aguirre, que ya están aprobados por el Gobierno, ya se ha cerrado
el plazo de presentación de enmiendas y, sin embargo, al día de
hoy hay dudas de si conseguiremos terminar su tramitación antes
de que termine esta legislatura, a pesar de estar acordado su
trámite de urgencia respecto del Senado.
Señor Aguirre, yo creo que quienes hemos defendido en distintas
ocasiones la necesidad de que esta legislatura termine, con la
urgencia que impone una situación política de todos conocida, no
deberíamos insistir y hacer un posible motivo de disenso en esta
Cámara sobre que un tema tan importante se aborde mediante un
proyecto de ley o mediante un real decreto-ley. Entre otras
cosas, porque un proyecto de ley, animado posiblemente con la
mejor voluntad por parte de todos los grupos, habida cuenta de
las fechas en que nos encontramos, con unas vacaciones
parlamentarias más o menos inminentes, podría correr riesgos de
no aprobarse. Estoy convencido de que la voluntad de su Grupo al
presentar esta proposición, y desde luego la nuestra, es que
tanto los millones de pensionistas como los millones de empleados
del sector público tengan, a partir de hoy, la seguridad de que
el día 1 de enero de 1996 hay un pronunciamiento unánime de esta
Cámara garantizando la revalorización de sus pensiones y el
incremento de sus retribuciones con arreglo a los términos
pactados.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero expresar brevemente, en nombre de mi Grupo, nuestro apoyo
a la propuesta presentada por el Grupo Popular. Nos parece un
tema de tal importancia que no debería ser objeto de un debate
que tuviera efectos puramente electorales. Por ello, hacemos un
llamamiento a que haya un acuerdo entre todos los grupos de la
Cámara, y si ello no fuera posible, al menos que se lograra entre
la mayoría de los grupos de la Cámara. Nosotros estamos
dispuestos a contribuir con nuestros votos a que esta proposición
salga adelante; en cualquier caso, vamos a votarla a favor. Yo no
termino de entender muy bien la dificultad para el acuerdo entre
el Grupo Popular e Izquierda Unida. Me parece que las ofertas que
se han hecho por ambos lados son asumibles y sería interesante
que se llegara a ese acuerdo, porque con esa base se podrían dar
las condiciones de una mayoría suficiente para que este asunto
quedara claro y produjera la tranquilidad necesaria para muchas
familias que, ante la falta de presupuestos generales del estado,
tienen una cierta sensación de incertidumbre.
Por tanto --y no me extiendo más--, quiero decir que apoyamos de
forma clara y decidida esta iniciativa, que nos parece oportuna y
necesaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Gracias, señor Presidente.
Creo que en la presentación que ha realizado el señor Aguirre,
portavoz en este caso del Partido Popular, se pueden distinguir
dos aspectos bastante claros y que, según mi criterio, están
absolutamente delimitados.
En primer lugar, existe un claro posicionamiento político a
partir del cual se intenta plantear de nuevo la necesidad de la
disolución de la Cámara como consecuencia de la no aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado. De una forma clara se cree
que el Gobierno socialista, ante la desautorización que ha
supuesto la no aprobación de estos presupuestos generales, está
haciendo planteamientos que no coinciden con los del Partido
Socialista. Creo que la primera parte
de su intervención, que, insisto, ha sido eminentemente política,
con todo respeto y con perdón, dirigida más hacia la galería que
hacia el estricto sentido de la proposición, no nos impide entrar
en la parte estrictamente técnica de la misma, aunque, como digo,
si solamente fuera por la primera parte, probablemente nuestra
posición sería otra.
En segundo lugar, determina la necesidad del incremento del 3,5
por ciento para los funcionarios y clases pasivas. Ahí se aprecia
y aparece un error importante, en el sentido de que los Pactos de
Toledo establecían para las clases pasivas el incremento que se
determinara en función de los conocimientos que se tuvieran del
coste de la vida y, por tanto, determinar en la propuesta un 3,5
por ciento de una u otra forma significa condenar a las clases
pasivas del Estado y de la Seguridad Social a que solamente
tengan ese incremento del 3,5 por ciento.
Dicho esto, la enmienda de modificación que propone Izquierda
Unida, y que intenta el consenso del Parlamento en algo tan
importante como puede ser el determinar la posibilidad de que
existan unos incrementos salariales y unos incrementos en las
pensiones, viene a modificar el punto segundo, que, insisto,
según mi criterio no recoge estrictamente el contenido de los
Pactos de Toledo. Por tanto, en este caso creo que sería prudente
que, recogiendo la enmienda de Izquierda Unida, el Parlamento,
por unanimidad, decretara la posibilidad de que fuera el Gobierno
quien, dentro del plazo establecido, determinara los importes a
satisfacer en uno u otro caso.
Evidentemente, si existiera la garantía absoluta de que esto
quedara resuelto antes del 31 de diciembre a través del
correspondiente proyecto de ley, podría aceptarse el incluir esta
enmienda que propone el Grupo Popular a la modificación que hace
Izquierda Unida, pero si ello no es así, como parece deducirse de
los trabajos del Parlamento, creo que será muy difícil poder
aceptar el planteamiento que realiza el Partido Popular.
Por tanto, hasta el momento en que el señor Aguirre puntualice
todas las cosas que se han establecido en estos momentos y
esperando que comprenda la necesidad en este caso de un consenso,
nuestro Grupo permanecerá atento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor) Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández
Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que subo a esta tribuna
un tanto desconcertado, e intentaré reconducir el guión de la
iniciativa parlamentaria. Una iniciativa parlamentaria a la que,
como SS. SS. habrán podido comprobar, nadie puede decir que no,
lo que pasa es que, curiosamente, hasta ahora tampoco nadie ha
dicho que sí. ¿No será que hay una cierta ficción en el debate
político que se está proponiendo a esta Cámara?
Digo esto por algo fundamental. ¿Acaso queda algún ciudadano en
este país que tenga la más mínima duda de que las pensiones y los
sueldos públicos para el año 1996 se van a actualizar? Diría más.
¿Queda algún Diputado, aunque sea de la oposición, que tenga la
más mínima duda de que ésa es una garantía que tienen los
ciudadanos? Pero no nos vayamos a confundir, no será una garantía
que tienen por la iniciativa, por cierto de imposible
cumplimiento, que el Partido Popular ha traído a la Cámara, sino
que es una garantía que viene dada, fundamentalmente, elevándonos
a alguna interpelación y a alguna pregunta realizada por cierto
en esta Cámara, por el compromiso del programa electoral del
Partido Socialista, como efectivamente señala en una enmienda
Izquierda Unida, que viene garantizada por el Presidente del
Gobierno, como consta en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara,
que viene garantizada por los ministros del ramo en cuantas
oportunidades han tenido de pronunciarse en esta Cámara, y por si
fuera poco, señorías, viene garantizada por el acuerdo del
Consejo de Ministros adoptado hace algunos días. Por tanto, ¿de
qué estamos hablando aquí hoy? Alguien señalaba --quiero recordar
que era el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió)-- que
esta iniciativa era una especie de brindis al sol. Probablemente
así habría que denominarla, pero yo voy a permitirme hacer una
pequeña contribución al debate de esta iniciativa, que por cierto
no pasará a la antología de piezas parlamentarias y legislativas
como joya precisamente, no hay más que leerla.
Respecto al devenir y al futuro de esta iniciativa parlamentaria
caben dos posibilidades. La primera es que se rechace, en cuyo
caso quedarán garantizados los derechos y los intereses de los
pensionistas y de los funcionarios; la segunda posibilidad es que
prospere, en cuyo caso, evidentemente, se producirá una situación
de desasosiego y de perjuicios graves para los funcionarios y
para los pensionistas, que no vaya a ser que sea el objetivo que
pretende fundamentalmente el Grupo que lo propone. Pero no
considerando que el señor Aguirre pretenda que a los pensionistas
y a los funcionarios públicos no se les vaya a actualizar sus
salarios --aunque es posible que sea lo que persiga el que ha
redactado la enmienda--, sólo cabe una posibilidad y es que se
haya redactado equivocadamente, que haya un error en la redacción
de la proposición no de ley. Un error ¿por qué? Porque, señores
del Partido Popular, si aceptamos su iniciativa, su proposición
de ley, el día 1 de enero, con toda seguridad, no habrá ni
actualización de pensiones ni actualización de los sueldos
públicos. ¿Y saben por qué? Porque el mismo procedimiento y la
misma redacción que ustedes proponen no se puede dar. Además,
ustedes hacen una pirueta parlamentaria. Ustedes proponen la
elaboración de un
proyecto de ley que sea tramitado por lectura única y que acepte
las enmiendas de los distintos grupos. Deberían comunicar a su
gabinete de propaganda que los proyectos de ley que se tramitan
por lectura única no son susceptibles de enmiendas parciales,
porque su tratamiento, según reza el Reglamento de esta Cámara,
es el mismo que el de las enmiendas a la totalidad, es decir, se
votan en conjunto. Por tanto, sería de imposible cumplimiento y
también sería imposible que se produjera el día 1 de enero, y a
tenor del impulso que el Grupo Popular da al tratamiento de
algunas leyes en esta Cámara, como por ejemplo a la ley del
aborto, probablemente el objetivo no confesado sea que este
proyecto de ley duerma el sueño de los justos.
Yo creo que en defensa de los funcionarios y de los pensionistas,
ustedes, que probablemente no se han dado cuenta del error,
deberían retirar su propia proposición no de ley, porque existen
mecanismos alternativos, comprometidos en esta Cámara, que los
ciudadanos saben perfectamente que se van a producir, y que,
además, señor Aguirre, son perfectamente constitucionales y
parlamentarios. Consúltele, si no, a su ilustre compañero de
escaño cómo en 1978, ante situaciones que evidentemente estaban a
expensas de una convocatoria electoral, se usó también del
decreto-ley, que, después, evidentemente, tiene que ser tramitado
en esta Cámara.
Por lo tanto, señoras y señores parlamentarios, si ustedes
quieren sublimar sus complejos de culpabilidad, sus errores
políticos, frente a la gente que está fuera, está muy bien que
traigan iniciativas parlamentarias, pero yo creo que más que un
uso parlamentario, esta iniciativa está en el ámbito del abuso
parlamentario, porque coincidirán conmigo en que es una
iniciativa absolutamente gratuita, una iniciativa absolutamente
innecesaria. Eso sí, ustedes buscan que los pensionistas y que
los funcionarios puedan percibir mañana el interés que sin duda
alguna ustedes quieren manifestar.
Hagan un acto de lealtad con los funcionarios que ustedes quieren
representar y, por lo tanto, en ese acto, hagan lo que el Grupo
Parlamentario Socialista va a hacer, que es sumarse a la
iniciativa que el Grupo de Izquierda Unida ha planteado en esta
Cámara como enmienda a su propia proposición no de Ley, una
enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista no puede rechazar,
simplemente por una razón, porque es la traducción literal de los
compromisos del propio Partido Socialista y del propio Gobierno,
utilizando además mecanismos que hacen posible que el objetivo
deseado comprometido y que los ciudadanos saben que se va a
producir sea hoy una noticia parlamentaria, no la del oportunismo
político que probablemente era lo que usted quería hoy traer a
esta Cámara, aunque, en cualquier caso, creo que, aun discrepando
del señor Peralta, el Grupo Popular arroja luz sobre algo
positivo de su iniciativa, que es cuando hace una apuesta
decidida por el objetivo de inflación que el Gobierno propone
para 1996, porque, conociendo la finura económica del señor
Aguirre y de sus asesores económicos, no me cabe la menor duda de
que cuando se ha apostado por un incremento del 3,5 por ciento en
las pensiones y en el salario público es porque su posición es
absolutamente coincidente con la del Gobierno y apuestan a que el
3,5 de inflación sea el que se vaya a producir a lo largo de
1996. No entendería yo, si no, otro error económico más. Debe ser
una apuesta, repito, firme y decidida sobre la inflación que el
Gobierno propone para 1996, porque, si no, evidentemente, en la
proposición no de ley no se les hubiera escapado lo que en otras
ocasiones, bien sea en 1978, en 1989 o en 1992, se ha producido
en los decretos-leyes de prórroga, que era la consideración de
unos incrementos a cuenta que tuvieran en consideración el
incremento de precio que se produjera al final del ejercicio.
Por lo tanto, para que de verdad puedan subir las pensiones
públicas y los salarios públicos, hagan un favor a esta Cámara,
retiren su propia iniciativa y hagan lo que vamos a hacer
nosotros: apoyar los compromisos del Gobierno, formuladas en esta
ocasión en términos de enmienda que Izquierda Unida ha presentado
a esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernández
Moltó.
El señor Aguirre tiene la palabra a los efectos de expresar si
acepta la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Yo no voy a mirar a ningún parlamentario a los ojos ni pedirle
que mire a los míos. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguirre, el turno
es para expresar si acepta o no la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida y entiende la Presidencia que eso se puede hacer
sin aludir a los ojos de nadie.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Si no le gusta ese comienzo, señor
Presidente, haré otro, pero en cualquier caso voy a mirar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguirre, entiendo
que lo que S. S. pretende es usar de un turno de réplica a la
intervención del señor Hernández Moltó. Aunque el debate de una
proposición no de ley es un debate tasado, es evidente que ha
sido contradicho y, por lo tanto, la Presidencia le concede un
turno de réplica. No pretenda en el turno de expresión de
admisión o no de una enmienda hacer otra intervención. Así es que
tiene la palabra ahora para un turno de réplica.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Hernández Moltó, le decía al iniciar este turno que no voy
a requerirle que me mire a los ojos ni voy a hacer lo mismo
porque precisamente está usted muy distraído en la tarea de
comprender que esta iniciativa del Grupo Popular va a salir
adelante. Pero déjeme señalarle una cuestión. Cuando ha criticado
de la forma en que lo ha hecho la iniciativa que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular, le tengo que decir que el contenido
y la redacción de la misma es justa copia de lo que tenían y
contenían los Presupuestos que presentó el Gobierno que ustedes,
desde su grupo parlamentario, apoyan; la misma redacción que
contenía el articulado de la Ley de Presupuestos para 1996. Por
lo tanto, ustedes mismos, en la denuncia que han formulado en esa
tribuna, han dejado al descubierto que esa redacción no cumplía
en la parte de clases pasivas ni el mínimo contenido del pacto de
Toledo.
Por último, dirigiéndonos al Grupo de Izquierda Unida y teniendo
que anotar que vemos muy resentido al Grupo Socialista por no
haber conseguido sacar adelante los Presupuestos de 1996, debemos
decirle al portavoz de Izquierda Unida que, volviendo a expresar
nuestra sintonía con el contenido de su enmienda, volviendo a
expresar que su enmienda respeta el espíritu y los objetivos que
llevó a redactar la iniciativa al Grupo Parlamentario Popular
para actualizar las pensiones y los salarios en el sector
público, quisiéramos solicitarle que donde su enmienda dice
«adopte las oportunas medidas», añada dos palabras, para mayor
precisión, y termine diciendo este renglón: «adopte las oportunas
medidas del máximo nivel legislativo». Si aceptara esa
transaccional que el Grupo Parlamentario Popular le hace en esta
intervención, en aras precisamente de lo que ha inspirado todo el
contenido de nuestra intervención en la parte de propuestas de
revisión de salarios de funcionarios y de pensiones y en aras del
espíritu de consenso, estaríamos en disposición de votar
favorablemente la enmienda en el sentido y con el contenido que
ustedes nos han presentado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguirre.
El señor Hernández Moltó tiene la palabra.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Por no hacer más famosos a los Diputados de lo que quieren
hacerles, miraré al conjunto de la Cámara y no a nadie
directamente para decir algo fundamental en relación con la
observación que se ha hecho. Con las palabras y la posición del
Grupo Socialista, creo que sobra cualquier réplica. Basta ver el
ridículo que ha hecho el Partido Popular teniendo que tragarse su
propia iniciativa y aprobar la enmienda de Izquierda Unida para
que sea lo que hoy une a esta Cámara: el hecho de que el Partido
Popular ha tenido que reconocer que no era una iniciativa, sino
un grave error político, lo que hoy ha traído a esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernández
Moltó.
Señor Peralta, la enmienda transaccional que ofrece el señor
Aguirre consiste en añadir en la línea quinta, detrás de
«oportunas medidas»: «del máximo nivel legislativo».
¿Acepta S. S. esa transaccional?
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, gracias por darme la
palabra.
En la búsqueda de ese consenso, estamos de acuerdo en que el
texto quede redactado --y así lo he hablado con el señor Aguirre-
- exactamente así: «... las oportunas medidas legislativas del
máximo nivel, que garanticen...»
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En esos términos va a
someterse a votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre actualización de las retribuciones del personal al servicio
del sector público y de las pensiones de clases pasivas del
Estado y de la Seguridad Social, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con las modificaciones
introducidas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 294; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIO
NES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LINEAS DE POLITICA GENERAL
QUE PIENSA SEGUIR EL GOBIERNO EN RELACION AL PLAN DE PAZ
PROPUESTO POR LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SAHARA OCCIDENTAL
(Número de expediente 173/000101)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto tercero del orden del
día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción
del Grupo Mixto, subsiguiente a interpelación, sobre líneas de
política general que piensa seguir el Gobierno en relación al
Plan de paz propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara
Occidental.
Tiene la palabra el señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Llegamos al punto final de una interpelación iniciada el
miércoles pasado, en relación a un tema de estricta actualidad
como es el tratamiento del Plan de paz de las Naciones Unidas en
el Sahara occidental, dentro del conflicto existente actualmente
entre Marruecos y el pueblo saharaui para la celebración del
referéndum, cuando se está celebrando en Barcelona la Conferencia
Euromediterránea. Dentro de los países euromediterráneos, el
conflicto del Sahara tiende a quedarse enquistado, como un
conflicto permanente, si las democracias occidentales, y en
concreto la Unión Europea, no nos comprometemos a solucionarlo;
conflicto que puede derivar próximamente en una guerra de difícil
solución, en una guerra que nos arrastrará a los países europeos
y que nos implicará y responsabilizará, a pesar de que estemos en
estos momentos poniéndonos una venda en los ojos.
El pueblo saharaui lleva más de veinte años intentando conseguir
la aplicación de su derecho a la autodeterminación e
independencia; palabras que a veces suelen ser tabúes o fetiches,
dependiendo de quién las utilice. La descolonización del Sahara
occidental, antigua colonia española, es todavía hoy uno de los
temas pendientes de resolución; tema, como decía el otro día al
presentar la interpelación, que es atípico en la evolución
histórica de los países occidentales, porque un colonizador
abandonó a los colonizados a su suerte, es más, yo diría que a la
invasión, en un caso por Marruecos, en otro caso por la adopción
de las tierras cedidas por Mauritania, pero los abandonó a la
utilización de los países limítrofes. La antigua colonia española
es todavía hoy uno de los temas pendientes de resolución, que ha
significado la desestabilización de la región del Magreb durante
estos últimos años.
El Plan de paz para el Sahara occidental es, sin embargo, un
instrumento para resolver, de manera justa y civilizada, este
largo y doloroso conflicto. Tres años después de sus aprobación
por el Consejo de Seguridad, este proceso de paz y hacia la paz
está a punto de quebrarse. Es más, este proceso de paz necesita,
querámoslo o no, opongamos aquí todas la formulaciones suaves a
los textos radicales, busquemos todos los circunloquios que
queramos, un apoyo político de los gobiernos europeos, y en
particular del Gobierno español, para la celebración de un
referéndum justo.
Por otra parte, si Madrid, en un momento yo diría que de grave
crisis política, de alguna forma inconsciente de lo que sucedía,
supuso en su momento el inicio del conflicto por la entrega a
Marruecos y a Mauritania de los territorios del antiguo Sahara
occidental, puede ser Madrid el lugar donde se celebre, como se
hizo en el tema palestino --y quizás buscando los apoyos
internacionales que tuvo el tema palestino-- un encuentro
internacional que supere los obstáculos que aún quedan en el
camino de la aplicación del Plan de paz. El Estado y el Gobierno
español, en tanto que potencia exadministradora del Sahara
occidental y con importantes intereses en el área, además de sus
vínculos históricos y culturales, yo diría que hasta idiomáticos,
con el pueblo saharaui, está llamado a desempeñar un mayor
protagonismo en esta oportunidad única que le brinda el Plan de
paz de Naciones Unidas. Una solución justa a este conflicto, tan
cerca de nuestras fronteras y con el que estamos tan
comprometidos por una historia y una lengua común, que en este
caso se ignora, se olvida (cuando se habla tanto de la defensa
del castellano y del español en relación a otras lenguas del
propio Estado español, se hace caso omiso precisamente de la
existencia de nuestra lengua en Africa), supondría la paz, la
estabilidad y el progreso en el Magreb. Por esa razón hemos
presentado personalmente y en nombre del propio Grupo Vasco, esta
moción a la consideración de los grupos políticos de esta Cámara,
en la que esperamos un acuerdo por unanimidad, dado que el tema
lo necesita.
Quisiera destacar el hecho de que no se haya producido además en
estos momentos ni una sola mención por parte del Gobierno español
en la Conferencia Euromediterránea al problema del pueblo
saharaui cuando es de sobra conocido el papel importante que debe
jugar España para la definitiva solución del conflicto. Barcelona
podría haber sido un escenario excelente para hacer alguna
mención a la intolerable paralización del referéndum en el Sahara
Occidental, para tender puentes entre las partes, como se están
tendiendo entre dos conflictos más lejanos como el de Siria y el
de Israel y para ejercer algún tipo de presión diplomática sobre
el Reino de Marruecos para que ceda en su obstruccionismo --
porque es una realidad pese a que se quiera ocultar o mirar a
otro lado-- y a la celebración del referéndum. Unicamente a
través de sus protestas callejeras y de un forum paralelo, los
delegados saharauis han podido alzar sus voces en demanda de una
solución justa. En cualquier caso, es necesario resaltar que esta
primera Conferencia Euromediterránea nace como un proyecto
abierto al diálogo entre los Estados y los pueblos para que este
marco permanezca y se consolide con nuevos proyectos.
Desde esta tribuna quisiera expresar la voluntad de que en la
próxima reunión a celebrarse en Túnez o en Rabat la comunidad
internacional y particularmente el Estado español hayan
contribuido de forma expresa para evitar las trabas que todavía
hoy se imponen desde el Reino alauita a la legítima celebración
de un referéndum justo bajo un censo legítimo. Creo sinceramente
que hacer oídos sordos al plan de paz de las Naciones Unidas para
el Sahara en un momento histórico como el actual puede contribuir
a paralizar futuros acuerdos entre otras comunidades ribereñas y
es necesario afrontar con valentía un nuevo impulso en
las negociaciones para evitar un futuro conflicto armado en la
región.
En el informe de la Ponencia sobre la cooperación en el
Mediterráneo, aprobado por unanimidad en esta Cámara el 11 de
noviembre de 1995, se hacía referencia expresa a esta cuestión,
pero quizá faltaba un compromiso unánime de esta Cámara en el que
se implicasen todas las fuerzas políticas de forma más
contundente. Parece que este compromiso se ha logrado por la
colaboración entre las partes. Parece que los grupos políticos
quieren colaborar y han colaborado --y lo tengo que reconocer
así-- precisamente a escribir un nuevo texto de la moción, que
tomando partes de la moción original e incluyendo partes de los
otros grupos políticos, pueda suponer la posibilidad de votar un
texto por unanimidad. Ese texto, que será presentado a la
Secretaría de este Congreso para su inclusión en el «Diario de
Sesiones», será el que votemos definitivamente.
Espero de todas las partes y agradezco sinceramente a los grupos
políticos presentes en la Cámara y que van a intervenir el
espíritu de colaboración mostrado para que esto no sea una
iniciativa propia, ni siquiera de un grupo político, ya que he
dicho que era del Grupo Vasco (PNV) en este caso, sino que sea la
iniciativa de toda la Cámara, que una vez más, tanto en el Senado
como en el Congreso, ha vuelvo a poner el dedo en la llaga de un
conflicto que ya dura demasiado. Confiamos sinceramente en que
este acuerdo pueda dar su fruto y pueda lograr que se pueda
iniciar próximamente el referéndum en el Sahara Occidental.
Muchas gracias a todos por su colaboración.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Se han presentado a esta moción enmiendas por el Grupo Popular y
por el Grupo Socialista.
En primer lugar, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, como ya tuvimos
oportunidad de expresar la semana pasada, cuando se presentó la
interpelación sobre este tema que nos ocupa, el Grupo Popular
entiende que esta iniciativa es oportuna y que vale la pena
plantearse por qué no se puede resolver el problema del Sahara,
en un momento en que se están resolviendo una serie de conflictos
que parecían difíciles y complicados. Si otros conflictos avanzan
por el camino de la solución --aludíamos la semana pasada al
conflicto de Bosnia, podemos hablar también de las buenas
perspectivas que se presentan para otros conflictos en la zona
del Mediterráneo, como, por ejemplo, el existente entre Israel y
Siria--, por qué no va a avanzar el del Sahara Occidental, que no
puede ser una excepción en este clima de entendimiento que, por
fortuna, parece que preside las relaciones entre los países
ribereños del Mediterráneo y en general entre los países de
nuestra zona.
Entendemos que para solucionar este problema no hay otra vía ni
otro método que el de situarse por encima de los intereses
concretos de las partes para intentar buscar zonas de encuentro y
para encontrar, en suma, aspectos en los que puedan coincidir
esos intereses contrapuestos. Desde nuestro punto de vista, no
hay otra solución ni otra vía que seguir el plan de Naciones
Unidas, a partir del proyecto presentado por el Secretario
General, que tuvo su concreción en la Resolución 907, de abril de
1994. Como ya dijimos la semana pasada, ni la opción A, la de
llevar a cabo un referéndum que no fuera aceptado por una de las
partes, ni la opción C, que sería la retirada de la misión de
Naciones Unidas, son las vías adecuadas, y como ya dijo en su
momento el Secretario General, creemos que es la opción B la
única que tiene sentido, es decir, aquella que insiste en la
necesidad de que las partes en conflicto lleguen a acuerdos.
Basándonos en ese espíritu, presentamos una enmienda a la moción
original, intentando recoger en la misma los puntos de vista de
las partes en presencia y abrir vías por las que estas partes
pudieran entenderse. Desde nuestro punto de vista, había algunos
aspectos en la enmienda original que no respondían a ese
planteamiento y que hacían difícil ese entendimiento, que, al
final, es lo que buscamos. Después de una negociación, hemos
llegado, esta misma tarde a una enmienda transaccional, a una
moción acordada por todos los grupos que habíamos presentado
enmiendas, que creemos que es una solución razonable, aunque en
ella sigue habiendo algunos términos que no nos satisfacen
plenamente, pero que en vías del acuerdo y por mor de un
entendimiento de todos los grupos de la Cámara, nosotros vamos a aceptar.
Queremos dejar establecido muy claramente que, desde nuestro
punto de vista, España no tiene en estos momentos ninguna
responsabilidad jurídica ni ninguna responsabilidad política
específica. Podemos hablar de razones éticas o históricas,
basadas en nuestra condición de potencia ex colonizadora, pero en
estos momentos no existe ninguna responsabilidad específica y, si
bien es verdad que la descolonización no fue un momento feliz
para nuestra política exterior, todo aquello queda muy atrás en
estos momentos.
Creemos, sin ninguna duda, que hay que llegar a un referéndum no
impuesto. Para ello nos parece imprescindible el acuerdo de las
partes, que deben sentarse y fijar cuáles va a ser los términos
de ese referéndum, la pregunta que se va a plantear a los
votantes en ese referéndum. En ese aspecto creemos que hay que
ser imaginativos, porque, como dijo nuestro portavoz en la
Comisión de Exteriores, en diciembre de 1993, los términos no
pueden ni tienen por qué ser sólo integración o independencia,
sino que hay unas vías intermedias en torno a la idea y al
concepto de autonomía, en virtud de las cuales quizá sería
posible llegar a un acuerdo. Nosotros invitamos nuevamente a que
se exploren esas vías porque es muy posible que ahí esté la
solución.
Finalmente, desde nuestro punto de vista, debe quedar también muy
claro que la solución de este conflicto
no está sólo en manos de España. España puede ayudar, España
puede poner en juego la amistad que le une con los pueblos
marroquí y saharaui por tantas razones, España puede aportar
también su buen conocimiento de la zona y a España, por sus
propios intereses, le importa mucho la estabilidad de la zona,
que posiblemente es la más importante para nuestra seguridad
global en estos momentos.
Por todas estas razones, creemos que es bueno que se llegue a una
moción de consenso como la que vamos a votar, aunque con las
reservas que acabo de expresar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz-Alonso.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista y fijar la
posición de dicho Grupo, tiene la palabra el señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista desearía, en primer lugar, saludar la
iniciativa del señor Albístur, que no es en absoluto gratuita,
que sirve para reafirmar lo que ya en ocasiones anteriores ha
expresado esta Cámara y que además, nos permite hacerlo
precisamente en unos momentos en que el plan de arreglo del
conflicto del Sahara está atravesando por una fase delicada.
Existen todavía problemas que se interponen en el desarrollo de
plan de paz, como la incógnita sobre la reducción de tropas
marroquíes, el acantonamiento de tropas del Frente Polisario, el
acuerdo sobre un código de conducta para la campaña electoral, la
liberación de prisioneros políticos o el canje de prisioneros de
guerra. Existen, y es quizás el núcleo central del problema en el
día de hoy, serias dificultades para la identificación y el
registro de votantes. Por eso creo que podemos compartir en
cierta medida la decepción que expresaba el Secretario General de
Naciones Unidas en el mes de septiembre. Sin embargo, parece
importante señalar que ha habido cambios sustanciales en el
desarrollo del conflicto.
En primer lugar, desde 1991 se viene produciendo un alto el fuego
en la zona, que está siendo respetado y que está permitiendo el
desarrollo, con una lentitud bastante considerable, del proceso.
Se acordaron cinco criterios de identificación y registro. Se han
podido inscribir casi 60.000 votantes. Está a punto de comenzar
también el proceso de verificación y de inscripción de ciudadanos
saharauis en Mauritania, pero a pesar de todo, todavía no podemos
estar satisfechos. Entendemos que se está produciendo una falta
de voluntad o una escasa voluntad por parte de las partes --valga
la redundancia-- para facilitar la labor del Secretario General,
para facilitar la labor de la Comisión de verificación de
Naciones Unidas. Evidentemente, hay razones de tipo técnico, pero
también hay razones de tipo político que están frenando el
desarrollo de plan de paz.
Saludando la propuesta del señor Albístur, querríamos hacer un
par de comentarios, en primer lugar, sobre la pretendida
equiparación de este proceso con el que se iniciaba con la
Conferencia de Madrid relativa a Oriente Medio. No parece que eso
sea lo que aconseja la lógica. Estamos ante dos procesos
absolutamente diferentes. Baste recordar que en la Conferencia de
Madrid la representación palestina, formada por ciudadanos
residentes en los territorios ocupados, hubo de venir bajo el
ala, bajo la capa de una delegación jordano-palestina. Ha sido un
proceso que ha tenido un camino distinto. No hay una percha
similar sobre la que enganchar aquí, en un proceso equivalente,
una representación saharaui. Estamos ante un problema con otras
complejidades. Sin embargo, no podemos tampoco resignarnos y
decir que éste es un conflicto irresoluble. Es un conflicto que
debe tener su solución y que desde luego no puede asignársele un
número en el orden de resolución de los conflictos. Es preciso
desplegar todo el apoyo necesario a la acción del Secretario
General para que pueda realizarse el referéndum de
autodeterminación en el Sahara. Por eso es importante también
recordar cómo España ha asumido compromisos que van más allá de
los que le confiere su condición de miembro de Naciones Unidas,
que ha más que duplicado la contribución ordinaria para la
realización del referéndum, que está aportando asistencia
logística y técnica y que, además, ha hecho lo que era de esperar
que hiciera, que es poner a disposición de Naciones Unidas el
censo de 1974.
Algunas de las propuestas contenidas en el texto del señor
Albístur y también recogidas en el texto del Grupo Popular
plantean la eventualidad de una conferencia de paz sobre el
Sahara en el caso de que no sea posible el acuerdo entre las
partes. Nosotros contemplaríamos esta solución como último
recurso, como el último de los últimos recursos, entendiendo que
tal conferencia de paz, en primer lugar, no puede en absoluto
demandarse a iniciativa del Gobierno de España, debe
residenciarse en quien está teniendo ahora mismo la
responsabilidad, que es el Secretario General de Naciones Unidas,
y a través suyo la Organización de Naciones Unidas, pero
entendemos que existen serias dificultades para concebir tal
evento. Difícilmente las partes en conflicto, si ahora no son
capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones de carácter técnico,
con implicaciones evidentemente políticas, lo podrían hacer en
esas circunstancias.
Sí compartiríamos una visión y una formulación en la que, dejando
clara nuestra reivindicación de que el Gobierno de España siga
respaldando la acción del Secretario General de Naciones Unidas
como lo viene haciendo hasta ahora, ese respaldo continúe también
a través del apoyo a otras iniciativas que pudiera adoptar el
Secretario General de Naciones Unidas, incluida la convocatoria
de una reunión, de una conferencia, incluida cualquier iniciativa
que decidiera adoptar el Secretario General de Naciones Unidas,
pero no como una iniciativa española, sino como una iniciativa de
Naciones Unidas.
Hay en algunas de las enmiendas y del texto del señor Albístur
planteamientos que pretenden atribuir un protagonismo y una
responsabilidad en el Gobierno español. Creo que en un día como
hoy quedan de manifiesto dos cosas: por una parte, la capacidad
diplomática de España; por otra, la credibilidad de la acción
exterior de España, pero esa capacidad y esa credibilidad no se
alcanzan ni se hacen efectivas en los campanarios; se hacen
efectivas y consiguen sus resultados a través de una labor
callada, a través de la colaboración, del diálogo y, por
supuesto, sin anunciar públicamente y desde los campanarios los
objetivos políticos que se persiguen. Sigamos por esa vía porque
creo que es la que hoy demuestra que da resultados positivos.
El Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas, a las que se ha
referido el señor Albístur, la primera de ellas al párrafo
tercero, introduciendo una leve modificación, y la segunda al
punto cuarto, ambos de su proposición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria tiene la satisfacción de fijar su posición ante esta
moción consecuencia de la interpelación que discutimos la semana
pasada sobre la política del Gobierno español y lo que instamos
al mismo en relación con el problema del Sahara Occidental.
Coalición Canaria lo hace con satisfacción y con un compromiso de
vecindad con el pueblo saharaui, escasos kilómetros distante de
nuestras costas insulares.
Es un tema recurrente, señorías, en esta Cámara, pero Coalición
Canaria interviene para que a través de nuestra palabra que es
recibida con intimidad, por el gran número de niños saharauis que
constantemente y en estos momentos están en las Islas Canarias --
unas veces en colonias de verano, otras veces para atender
problemas sanitarios y culturales-- se sientan identificados y
vean que en esta casa de la democracia y del Parlamento español
se sigue reivindicando ese viejo contencioso de su posibilidad
política de autodeterminación.
Nos congratulamos de que el señor Albístur, en nombre del Grupo
Mixto, haya tomado esta iniciativa, porque cuando se han cumplido
los veinte años de la marcha verde --hace veinte años por estas
fechas estaban nuestras Fuerzas Armadas, los funcionarios
españoles, centenares de familias españolas, muchas de ellas de
procedencia canaria, ejerciendo sus actividades profesionales en
el antiguo Sahara Occidental español-- estos veinte años nos
traen este recuerdo doloroso de ver cómo la letra de convenciones
internacionales, del acuerdo de Naciones Unidas, parece que sigue
siendo papel mojado y, lo que es más grave, papel pisoteado por
la autoridad marroquí, y que las Naciones Unidas se encuentran
con uno de esos conflictos que su Secretario General, señor
Butros Butros-Gali, ha definido como los conflictos huérfanos,
donde parece que no hay ninguna gran potencia, empezando por
nombrar a los Estados Unidos, que se preocupe de darle una
solución acorde con el propio principio imperativo político de
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Da pena ese papel patético de las Naciones Unidas en este
momento.
Se ha dicho aquí que España no tiene ninguna responsabilidad
administrativa en este momento sobre la resolución de este
conflicto. Puede ser, pero hay permanentemente desde 1975,
incluso antes, un deber moral y un compromiso ético. Ese deber
moral, que si no lo quiere recoger el Gobierno español lo tiene
que recoger este Parlamento, democrática y solidariamente
expresado, es el que nos lleva a manifestar nuestro apoyo a la
moción.
Queremos reconocer en las palabras de apertura del señor Albístur
que está dispuesto a un texto consensuado, asimilando las
distintas enmiendas que tanto el Grupo Popular como el Grupo
Socialista han presentado. Nosotros entendemos que en la propia
moción del Grupo proponente, del señor Albístur, se contienen en
profundidad todos los elementos necesarios para implicar
democráticamente a este Parlamento, para instar a nuestro
Gobierno español a que ante el foro de Naciones Unidas y ante su
Consejo de Seguridad fuerce la celebración de ese referéndum.
Las noticias que llegan de la operación Minurso, de la misión de
Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, son
tristes, son penosas, son preocupantes. Si la misión de Naciones
Unidas abandona aquel territorio, habrá quedado inerme del último
principio de defensa que le cabe reconocer en el foro
internacional. Pero nosotros creemos que es interesante también,
para la política exterior española de estabilidad en el área,
donde en sus paralelos y meridianos está el archipiélago canario,
que haya un Estado de la República Arabe Saharaui Democrática,
que va a entenderse y tendrá que entenderse, por pragmatismo
político, con el Reino de Marruecos y la República de Mauritania,
porque son sus vecinos en la inmediatez del territorio, de la
misma manera que hay hoy día una proyección de afecto, de
amistad, de colaboración y de cooperación entre el pueblo
saharaui y las instituciones del Gobierno autónomo de Canarias,
de sus cabildos y de sus ayuntamientos.
Es este apoyo moral, es este compromiso democrático el que hoy
quiere expresar Coalición Canaria apoyando el texto consensuado -
-si lo hay-- que salga de aquí, para dar con una sola voz un
mensaje, una vez más, de aliento y esperanza al sufrido y noble
pueblo saharaui. Desde aquí, por tanto, nuestro apoyo a la
moción, pidiendo que en todas las líneas, para dar cumplimiento a
la resolución de Naciones Unidas, predomine un principio de
sensatez. También queremos hacer una llamada cordial al Gobierno
y a las autoridades marroquíes respecto a que es necesario buscar
la fórmula que Naciones Unidas da en su propuesta de resolución y
no una simple integración por una reivindicación que ellos llaman
histórica del territorio.
Cuando un pueblo como el saharaui, desde los campamentos de
refugiados, se ha ganado este derecho a que desde aquí le
defendamos, hacerlo constituye para mí un honor como portavoz de
Coalición Canaria. En nombre de todos mis compañeros, en la
representación del Gobierno autónomo de Canarias y con las voces
unánimes que en nuestro Parlamento autónomo del archipiélago se
han alzado y se alzan permanentemente, de apoyo y solidaridad al
pueblo saharaui, estará desde nuestra modestia aritmética, la
grandeza de nuestro voto de apoyo positivo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el
Diputado del Grupo Parlamentario Mixto señor Albístur somete hoy
a la consideración de la Cámara una importante moción, que es
consecuencia de la oportunísima interpelación que se presentó la
semana pasada en relación al conflicto del Sahara Occidental.
Se trata de un conflicto que, como ya se ha dicho por anteriores
intervinientes, dura demasiados años. Son aproximadamente veinte
años, ya que el 14 de este mes se cumplió el 20.º aniversario de
la firma en Madrid de los famosos acuerdos tripartitos, un grave
error del Gobierno de la época, que negaban al pueblo saharaui su
personalidad y su derecho a la autodeterminación; acuerdos, por
tanto, que a la luz del Derecho internacional nacieron viciados y
que, desde luego, han sido ampliamente superados por la evolución
del conflicto.
Es este un conflicto que afecta a un pueblo --el saharaui-- que
sufre en sus carnes las dramáticas consecuencias de un inconcluso
y difícil proceso de descolonización, un pueblo que todavía ni
puede vivir en paz ni llevar una existencia normal, que desde
hace tiempo conoce el exilio y el sufrimiento, pero que a pesar
de ello no ha renunciado a decidir libremente su futuro a través
del libre ejercicio del derecho a la autodeterminación; principio
que, pienso que no está de más decirlo, constituye una norma
imperativa del Derecho internacional y que está reconocido en los
artículos 1 y 55 de la Carta de Naciones Unidas, en las
resoluciones 1514, 1541 y 2625 de la Asamblea General de dicho
organismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y, por lo que se refiere más específicamente al
Continente africano, en el artículo 1.º de la Carta Fundacional
de la Organización para la Unidad Africana y en el artículo 1.º
de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.
Además de todas estas disposiciones de carácter general, que dada
su importancia no he querido obviar y que serían de aplicación
directa al conflicto saharaui, también existen numerosos acuerdos
internacionales y resoluciones de organismos internacionales que
avalan directamente la realización del referéndum en el Sahara
Occidental, como son las resoluciones números 621, 658, 690, 725
y 809 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; las
resoluciones 39 y 40, de 1985; las resoluciones 40 y 50, de 1992,
de la Asamblea General de la ONU; y la Resolución 104 aprobada
por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Organización para la Unidad Africana. También quiero recordar que
muy recientemente el Parlamento Europeo ha adoptado una
resolución de apoyo al proceso de paz, a la celebración del
referéndum, haciendo una llamada a la colaboración por parte de
Marruecos en la supervisión del proceso.
Pues bien, señor Presidente, señorías, como decía, todas estas
resoluciones avalan la organización y supervisión por las
Naciones Unidas, en colaboración con la OUA, del referéndum de
libre determinación del pueblo saharaui; un referéndum que, como
saben ustedes, estaba previsto celebrar en el año 1992, pero que
aún no ha tenido lugar por las dificultades y discrepancias entre
las partes en cuanto a la elaboración del censo electoral y,
sobre todo también, y hay que decirlo, por los obstáculos que el
Reino de Marruecos parece poner día tras día a su celebración,
supongo que para consolidar una situación que a la larga --creen-
- será favorable a sus intereses en la zona; actitud, sin
embargo, alejada del espíritu de las resoluciones adoptadas por
Naciones Unidas.
Es por todo ello, pero sobre todo por la responsabilidad que
nosotros pensamos --contrariamente a lo que se ha dicho también
en esta tribuna por otro portavoz-- que España ha adquirido en la
resolución del conflicto, en tanto que antigua potencia colonial
y por las razones morales que avalan el derecho del pueblo
saharaui a decidir su futuro mediante referéndum, por la
confianza que han depositado en el cumplimiento del plan de la
ONU, por su renuncia al uso de la fuerza y por los largos años de
sufrimiento, por lo que pensamos, señorías, que debemos hacer
todo lo posible para que este referéndum se celebre cuanto antes
sobre unas bases pactadas y con todas las garantías de
transparencia necesarias y exigibles.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor de
la moción, y también porque, además, pensamos que, como establece
ésta en su último punto, ha llegado el momento de intentar sentar
a las partes ante una mesa de negociación para desencallar, para
dialogar sobre los problemas existentes que en este momento hacen
inviable la conclusión del proceso.
La diplomacia española, señorías, tiene en su haber éxitos muy
recientes, como es la Conferencia de Paz para el próximo Oriente;
también tiene en su haber fracasos, como la resolución del
conflicto de la ex Yugoslavia, fracaso que es extensible a la
diplomacia del resto de Estados de la Unión Europea. Pero, en
cualquier caso, pensamos que sería bueno que se utilizara todo el
«savoir faire» de nuestra diplomacia, todo el «savoir faire» que
se puso al servicio de la causa de paz de Oriente próximo, para
encontrar una solución al conflicto, en el que, reitero, nuestra
responsabilidad es muy grande.
Para finalizar, solamente diré que, a pesar de nuestra
disposición a votar íntegramente la moción planteada por el señor
Albístur, y en aras al consenso acerca de un texto aprobado
unánimemente por la Cámara, también, evidentemente, nuestro Grupo
Parlamentario se va a sumar al acuerdo que existe en torno al
texto transaccional pactado por todos los grupos presentes.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sin duda, mi Grupo quiere empezar por saludar esta
oportuna interpelación y moción presentada por el señor Albístur,
que viene a significar, una vez más, la preocupación de este
Parlamento por un tema que nos es muy cercano. Probablemente, el
tema de la autodeterminación del Sahara Occidental es de los que
más actividad han generado en la comunidad internacional, tanto
en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de
Naciones Unidas, en la propia OUA, en el Parlamento Europeo y
también en nuestro Parlamento, en el Parlamento español.
Las resoluciones de estas organizaciones han sido citadas
anteriormente y no voy a insistir en ellas. Sin duda, es un viejo
problema que ha generado tensiones e inestabilidad en el Magreb y
sería de esperar, de la buena lógica y de los tiempos nuevos que
parecen presentarse, una pronta solución.
Probablemente, el conflicto del Sahara sea, junto con el de
Chipre, de los que quedan sin resolver en nuestro entorno
inmediato y que están dificultando en buena parte unas relaciones
entre los países ribereños del Mediterráneo en mejores
condiciones.
A la moción que presenta el señor Albístur nosotros pensamos
presentar una enmienda con una redacción diferente, pero,
finalmente, no caímos en la tentación porque en el fondo de la
misma estábamos de acuerdo. En esencia, se trataba de reiterar el
apoyo de este Parlamento al Plan de Paz de Naciones Unidas para
la celebración de un referéndum en condiciones de justicia,
seguridad, libertad y transparencia; pedir que el censo, que es
el tema de conflicto más importante, tuviera como base
fundamental el realizado por el Gobierno español en el año 1974;
llamar al Gobierno español recordando la responsabilidad, como ex
potencia colonial en la zona, que todos tenemos sobre el
territorio y, finalmente, instar a la realización de una
conferencia internacional de paz para el Sahara Occidental, en el
supuesto de que las resoluciones de Naciones Unidas fueran, una
vez más, incumplidas.
Sin duda, Marruecos ha utilizado un táctica dilatoria, a pesar de
su aparente formal acuerdo con las resoluciones del Consejo de
Seguridad, quizá desde la perspectiva de que cuanto más tardase
en resolverse este conflicto más fácilmente iba a resolverse para
sus intereses, porque más solos se iban a encontrar los
saharauis. Afortunadamente, en nuestro país y en otros muchos de
la ribera mediterránea sigue habiendo gran sensibilidad en lo
relativo al apoyo a la noble causa del pueblo saharaui.
La celebración de ese referéndum, que es la parte esencial para
este plan de paz, en condiciones adecuadas para que el pueblo
saharaui pueda alcanzar la autodeterminación y optar entre las
posibles, si no dos, tres vías a las que se ha hecho referencia
anteriormente: puede que entre la integración o la independencia
quede una tercera vía --posiblemente debería explorarse-- de una
autonomía plena para ese pueblo. En cualquier caso, nos parece
muy importante que se genere una vez más en este Parlamento
unanimidad sobre el tema del Sahara.
Repito que estamos quizá entrando en una dinámica de solución de
algunos viejos problemas. La evidencia de una luz al final del
túnel para el conflicto entre Israel y Palestina; de la misma
manera, aunque más lejano aún, entre Israel y Siria; también las
vías de solución para el problema de Bosnia-Herzegovina, hace que
podamos tener alguna esperanza de que este viejo conflicto, este
viejo foco de tensión acabe encontrando también los medios para
su solución. Sería deseable para la buena marcha de la comunidad
internacional que así fuera.
Después de expresar nuestro acuerdo, no sólo con la moción
inicial que presentaba el señor Albístur, sino con la que
finalmente resulta de la negociación a varias bandas que se ha
producido esta tarde y que acaba configurando una enmienda
transaccional consensuada por todos lo grupos, que nosotros sin
duda vamos a apoyar, nos gustaría que ésta fuera la última vez
que habláramos del Sahara Occidental en términos de solución del
conflicto. Nos gustaría que la próxima vez que tuviéramos que
hablar del Sahara aquí fuera en términos de cooperación con la
entidad de que se hubiera autodotado el pueblo saharaui, en
términos de cooperación económica y política y no en términos,
una vez más, de solución del viejo conflicto que lleva más de 20
años sin resolverse.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Mixto y para expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, en principio aceptamos
las enmiendas propuestas con gran racionalidad, tanto por el
señor Estrella como por el señor Muñoz-Alonso, que considero que
han hecho una aportación importante, así como la voluntad del
resto de los representantes de los grupos políticos al
aceptarlas.
Por tanto, hay una enmienda transaccional presentada a los
servicios de la Cámara que será la que se vote en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Estrella Pedrola pide
la palabra.)
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Quiero solicitar del señor Albístur
que clarifique cuáles son las enmiendas que va a aceptar
concretamente, con independencia de la que se ha firmado por
todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Se trata de una enmienda transaccional.
He dicho al señor Estrella que le acepto parte de las enmiendas
que él ha dicho en función de que es una transaccional. En
concreto, la enmienda resultante toma parte de las enmiendas
presentadas por el señor Estrella --que, como he dicho, he
aceptado por su enorme racionalidad, como los demás grupos que
apoyan esta moción resultante-- y parte de las enmiendas
presentadas por el señor Muñoz-Alonso, que también nos han
parecido de una gran racionalidad, como las del señor Estrella,
que creo que merecía la pena destacarse.
Por esa razón, hemos presentado una enmienda transaccional que,
en definitiva, recoge todo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Votación relativa a la moción del Grupo Mixto sobre líneas de
política general que piensa seguir el Gobierno en relación al
Plan de Paz propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara
Occidental, en los términos resultantes de la transacción
ofrecida por el señor Albístur en relación con las enmiendas de
los Grupos Socialista y Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 290.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS
MEDIDAS A ADOPTAR EN FAVOR DE DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS DE
NUESTRO PAIS, ENTRE ELLOS EL PESQUERO Y AGRARIO, TRAS LOS
ACUERDOS SUSCRITOS POR LA UNION EUROPEA (Número de expediente
173/000102)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, relativa a las medidas a adoptar en favor de
distintos sectores económicos de nuestro país, entre ellos el
pesquero y agrario, tras los acuerdos suscritos por la Unión
Europea.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy la moción
consecuencia de la interpelación que veíamos la semana pasada
para tratar de aportar algunas medidas de acompañamiento, sobre
todo a los sectores económicos que están afectados por los
acuerdos suscritos por la Unión Europea con terceros países, y de
manera preferente en materia pesquera y agraria.
Por tanto, y sin más preámbulos, el Grupo Parlamentario Popular
plantea hoy lo mismo que la semana pasada avanzaba en su
interpelación. Solicitamos a la Cámara que inste al Gobierno a
que, en el plazo máximo de 15 días, y previa negociación con los
representantes de los sectores económicos afectados por los
acuerdos suscritos entre la Unión Europea y terceros países,
especialmente el agrario y el pesquero, remita a la Cámara una
comunicación de las previstas en el artículo 196 del vigente
Reglamento para su debate en el último Pleno del período de
sesiones, comunicación que incluya un plan específico que permita
hacer frente a los efectos negativos que dichos acuerdos han
provocado en estos sectores, tal y como reconocía el propio
Ministro la pasada semana.
Solicitamos que en este plan específico se contemple un informe,
para presentar urgentemente y en paralelo ante la Unión Europea,
sobre las consecuencias negativas que los citados acuerdos han
producido en los sectores económicos españoles reseñados, así
como que por parte de la Unión Europea se adopten las medidas de
compensación necesarias financiadas con cargo a los presupuestos
comunitarios.
En lo que se refiere al sector pesquero, el Grupo Parlamentario
Popular solicita que en el citado plan se incluya la revisión de
la normativa laboral y de protección social vigente en el sector
pesquero para detectar sus aspectos insuficientes o inadecuados,
procediendo a su corrección de modo que los pescadores no se vean
perjudicados por este nuevo acuerdo.
En segundo lugar, el Grupo Popular solicita el establecimiento de
los mecanismos necesarios de protección
social para los trabajadores de la mar cuando los buques en los
que prestan sus servicios vean su actividad paralizada
temporalmente, bien sea por causas de fuerza mayor derivadas de
circunstancias políticas, tales como los períodos que transcurren
desde que finaliza un acuerdo con un país tercero hasta que se
negocie uno nuevo, bien sea por paradas biológicas u otras
causas; el estudio de la posible creación de un fondo de
promoción de empleo para los trabajadores excedentes del sector
pesquero; la disposición de líneas de financiación especiales
dirigidas a sectores afines de la pesca, y el establecimiento de
cursos de formación y reciclaje, al margen de los que puedan
disponerse respecto de la orientación profesional en el marco del
fondo de promoción de empleo, destinados a los trabajadores del
sector que se queden en situación de paro laboral por causas
distintas a las que darían acceso al fondo de promoción de
empleo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de
sustitución que el Grupo Parlamentario Popular lamenta
profundamente, al contrario que en muchas otras ocasiones, no
poder admitir. Decimos esto porque, realmente, nos da la
sensación de que lo que se pretende con esta enmienda de
sustitución es dilatar, demorar en el tiempo, aquellas decisiones
que deberían de adoptarse de manera inmediata. Y estamos
convencidos que, de la misma manera que ustedes plantean en el
primer punto que a lo largo del año 1996, y antes de finalizar el
primer período de aplicación, sea cuando se adopten estas
medidas, estamos convencidos, señorías, de que el período de 15
días que el Grupo Parlamentario Popular plantea en su iniciativa
es suficientemente largo, sobre todo teniendo en cuenta que el
propio Ministro anunciaba el otro día que estaban en condiciones
de poner ya en práctica una serie de medidas alternativas para
aquellas personas o aquellos armadores que se vieran afectados
por la parada biológica. Por tanto, nos parece un plazo
excesivamente largo el de un año, sobre todo teniendo en cuenta
que se celebrarán unas elecciones generales y que el Gobierno,
sea cual fuere y del signo que sea, que salga de las urnas no
tiene por qué encontrarse con unas propuestas heredadas de la
situación del Gobierno actual.
Por tanto, en lo que se refiere al sector pesquero, cualquier
medida, que parece estar descafeinada, de las que se plantean en
este momento desde el Grupo Parlamentario Popular como una
estrategia pormenorizada de las actuaciones a llevar a cabo,
entendemos que, por parte del Gobierno, después de un año de
saber que íbamos a llegar a esta situación, no admite demora,
puesto que lamentablemente hemos visto estos días cómo de los 687
barcos que teníamos faenando en el banco canario-sahariano, a
pesar de los reiterados anuncios por parte de la Administración
de que en el primer año no se vería afectado ni un solo barco
como consecuencia de los acuerdos obtenidos, lo cierto es que las
noticias ofrecidas durante el día de ayer y an
teayer por la propia Secretaría General de Pesca Marítima dicen
que 460 barcos van a poder empezar a faenar en el caladero
canario-sahariano.
Nosotros entendemos que el plazo excesivo de un año no obedece a
aquellas medidas que el Gobierno ya debería haber adoptado y, en
cualquier caso, estamos convencidos de que, en el plazo de 15
días, el Gobierno es capaz de presentarlo ante la Cámara, porque
ya tiene perfecta constancia de qué es lo que va a realizar en
este sentido.
Por otro lado, señorías, en lo que concierne a la materia
agraria, y retomando un poco el debate de la semana pasada,
quiero decir que el Grupo Parlamentario Popular introdujo en la
misma interpelación la materia pesquera y la materia agraria
porque ambas nos preocupaban, pero habiéndose celebrado un debate
el día 7 de noviembre pasado, en el que se aprobaron por
unanimidad una serie de medidas con respecto a la OCM de frutas y
hortalizas, entendimos que ya no era necesario profundizar en el
tema exacto del mismo debate que se había producido la semana
anterior.
Por tanto, en ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular
solicita hoy, a través de esta moción, que, en materia agrícola,
ese plan incluya el cumplimiento de forma inmediata de lo
aprobado ya en la Cámara por unanimidad el día 7 de noviembre, en
un debate que se produjo con bastante intensidad, y que se
consiga un compromiso de la Comisión para aplicar con todo rigor
los controles en la importación de productos, tanto en lo que se
refiere a la calidad como en lo que se refiere a la cantidad en
los casos de productos que están sujetos de una u otra forma a
los contingentes, porque lamentablemente hemos podido ver durante
este último período, y en materia pesquera, cómo desgraciadamente
esa falta de inspección y de control ha sido lo que ha conducido
a situaciones por nadie deseadas en el sector pesquero durante
los meses en los que se negoció el convenio entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos. Y desde luego solicitamos que
ningún tratado con terceros países afecte a la preferencia
comunitaria, muy especialmente en lo que hace referencia a la
modificación de los calendarios actuales. Ahí hay que tener muy
en cuenta, señorías, lo que nos va a pasar en el sector de
conservas con esa liberalización que existe de las importaciones
o exportaciones de sardinas, prácticamente libres de aranceles
para el Reino de Marruecos durante las primeras 20.000 toneladas
de exportación.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta también una enmienda a
esta segunda parte de nuestra moción. Nosotros, en materia
agrícola, en modo alguno pretendemos reabrir el debate sobre la
OCM de frutas y hortalizas, en modo alguno. Sobre eso hay una
aprobación bien clara de la Cámara, del pasado día 7 de
noviembre, y nosotros no pretendemos, bajo ningún concepto,
reabrir ese debate y, por, tanto, nos remitimos, en esa materia,
a lo aprobado entonces por la unanimidad de los grupos
parlamentarios de la Cámara.
De lo que se trata aquí es de trazar unas líneas para que, en los
acuerdos entre la Unión Europea y terceros
países, España no vea perjudicada su posición en el sector de
frutas y hortalizas tampoco.
Por consiguiente, lamentándolo en serio, porque hemos dado
muestras bien claras de que, en materia pesquera, hemos estado
siempre a las pretensiones de unanimidad de la Cámara, al acuerdo
de todos los grupos políticos, para tratar de sacar las
posiciones que planteábamos por unanimidad en defensa de un
sector, en este caso concreto, lamentamos no poder aceptar la
enmienda de sustitución que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista.
No así, en cambio, la enmienda del Grupo de Coalición Canaria
que, desde nuestro punto de vista de manera acertada, recoge algo
de la Ley 19/1994, del REFC (Régimen Económico y Fiscal de
Canarias), y que literalmente Coalición Canaria propone como
adición a la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario
Popular.
Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo
en la enmienda planteada por el Grupo de Coalición Canaria, y
anunciamos que, caso de producirse la votación unánime de la
moción tal y como la presenta el Grupo Parlamentario Popular,
aceptaremos la enmienda.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de que el
Gobierno, después de tantos meses de negociación, de tantos meses
de parada, no puede dilatar más en el tiempo que se adopten
medidas para aquellos trabajadores de la mar que van a empezar a
estar en paro desde este preciso instante y que van a estar en
paro en estos días navideños que se acercan, entendemos que este
Gobierno, el Gobierno socialista, tiene ya preparadas esas
medidas, sabe perfectamente cuáles van a ser los planes de
reestructuración de la flota pesquera, los planes de
modernización y los planes de reconversión, y creemos que es
imprescindible que el Gobierno los plantee cuanto antes a esta
Cámara, para no dilatar más el tiempo de sufrimiento de unos
trabajadores que llevan viendo muchos meses cómo pierden
situaciones en el concierto internacional y cómo,
desgraciadamente, a la hora de la verdad, el convenio ha sido
realmente negativo para los intereses pesqueros, no sólo del
sector, sino de España en su conjunto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández
de Mesa.
A la moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular se
han presentado enmiendas por parte de Coalición Canaria y por
parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: A la vista de la aceptación por el
Grupo Popular de la enmienda de adición que presenta Coalición
Canaria, que no hace sino plantear el desarrollo de un artículo y
una disposición adicional de la Ley de Régimen Económico y
Fiscal, nosotros, primero, agradecemos al Grupo Popular el
haberla recogido, y, segundo, queremos decir que estamos
totalmente de acuerdo con la moción presentada por este Grupo,
que creo que intenta simplemente compensar y de alguna manera
amortiguar los efectos negativos que están teniendo sobre el
sector pesquero y sobre el sector agrícola los recientes acuerdos
con Marruecos.
Cuando hemos oído muy recientemente al Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación decir que este tipo de compensaciones serían
examinadas en el momento de comprobar los efectos que pudieran
tener estos acuerdo, es decir, a largo plazo, nosotros sólo
podemos manifestar que ya, desde el punto de vista agrícola, los
efectos son muy graves, y que en este momento ya se está
produciendo un hundimiento de los precios en el mercado del
tomate europeo.
Se podría decir que esto es coyuntural, pero creemos que refleja
una tendencia realmente peligrosa, y afecta también en la parte
pesquera, de manera particular en Canarias, al tema de los puertos.
Por tanto, anunciamos nuestro apoyo a la moción, que nos parece
que intenta hacer justicia con un sector que ha sido maltratado
en esa negociación y, al mismo tiempo, recoge dos especificidades
canarias que creo se completan y hacen que la moción en su
conjunto sea muy oportuna y eficaz y que por tanto nosotros vamos
a votar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Socialista, y para la defensa de su enmienda, tiene
la palabra el señor Méndez.
El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que debatimos trae su causa de los recientes
acuerdos suscritos entre la Unión Europea y Marruecos, en materia
pesquera y también de asociación.
Quienes, desde un conocimiento leal y objetivo de los problemas
del proceso de negociación, hubieran estado prestando oídos a las
previsiones apocalípticas así como a las proclamas patrióticas
vertidas por los portavoces de algunos grupos y se acerquen hoy a
esta moción pueden sentirse razonablemente perplejos.
¿Es esto todo lo que queda de aquellos debates que hemos tenido
en la Cámara? ¿Qué hay en esta moción que hoy se presenta a la
Cámara que guarde relación con el tono dramático y pesimista con
el que fue hostigado todo el proceso de negociación y con el que
se sembró también la confusión entre los ciudadanos? Pues bien
poco, señorías. Después de tantas proclamas y de tantos ruidos,
estamos ante una moción cuanto menos confusa, difusa y yo diría
también que profusa, algo así como un pequeño parto de los
montes.
Apreciamos, en todo caso, un cambio de actitud en el Grupo
Popular sobre ambos acuerdos, que suponemos
que obedece a un mayor grado de lucidez y de cordura, aunque su
exposición en la Cámara, ahora mismo, demuestre que el tono sigue
siendo recalcitrante.
Sin embargo, a nuestro parecer, la moción que hoy se presenta
está bien poco matizada, es improvisada, incluso. Quizás porque
no se puede pasar fácilmente de descalificar los acuerdos a
asumirlos, aunque sea con la tibieza con la que S. S. lo ha
hecho. Y mucho nos tememos que, en realidad, sólo estén ahora,
nuevamente, transitando de la demagogia de hace días a la
retórica de ahora mismo. Porque demagogia es pretender que el
Gobierno elabore --como decía aquí
S. S.-- en quince días un consenso con comunidades autónomas e
interlocutores para presentar aquí en la Cámara un plan
específico, cuya vigencia debe ser la del mismo acuerdo, es
decir, cuatro años.
En todo caso, lo cierto es que fruto, quizás, de esa
improvisación, en la moción del Grupo Popular no hay nada o casi
nada sobre política marítimo-pesquera. Del mismo modo, como
tampoco tienen nada que añadir en materia agrícola, se limitan a
requerir el cumplimiento de la moción ya suscrita en esta Cámara
el pasado 7 de noviembre. Y, paradójicamente, ese vaciamiento de
contenidos y de discursos les ha llevado a subirse a cualquier
tren que pasara por aquí en marcha, y el único que pasaba por
esta estación venía a ser un documento presentado por dos fuerzas
sindicales ante una mesa de trabajo abierta ya con la
Administración pública, y ustedes, sin el menor rubor, sin
consultar, además, a sus expertos y en abierta contradicción con
todo lo que dicen habitualmente, lo han incorporado, sin más, a
su moción. Eso sí, de forma «sui generis» para salir del paso. Y
eso, señoría, se nota.
Se nota, señorías, porque sus aproximaciones a los problemas de
este país permanentemente han estado y están basadas en una
posición de demagogia y porque sus aproximaciones a los
conflictos y a los problemas sociales son pura y simple retórica.
Diría más bien juegos florales o, si lo quiere de otro modo, una
simple impostura.
Señorías, sin embargo, nosotros creemos que tras los numerosos
debates que hemos sostenido en la Cámara sobre esta cuestión, una
moción de los distintos grupos basada en el consenso sería
oportuna y además contribuiría a desdramatizar la percepción que
los ciudadanos hayan tenido de este esfuerzo de negociación. Por
ello, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de
sustitución a la totalidad del texto, que trata de tener en
cuenta las distintas posiciones que, a lo largo de los debates,
se han ido expresando y que esperamos que sirva para obtener el
consenso de los grupos y que sea aceptable por el grupo
proponente de la moción.
Nuestra enmienda insta al Gobierno en materia marítimo-pesquera a
obtener consensos con los distintos sectores, a remitir a la
Cámara en 1996 un plan pormenorizado de actuaciones que tenga
como objetivo esencial el control del impacto del acuerdo
pesquero sobre el empleo en las flotas y una evaluación del grado
de cumplimiento de las previsiones del acuerdo. También insta al
establecimiento de medidas de política social que acompañen el
proceso de reordenación de la flota, coordinándolas con las
posibilidades financieras de los fondos comunitarios. Asimismo,
insta a prever ayudas urgentes para supuestos de carácter
excepcional, paradas no programadas, bajas por desguace u otros
similares. Finalmente, insta a otras medidas adicionales de
protección social, para tripulantes españoles en empresas mixtas
y al incremento de los programas de formación ocupacional y
empleo alternativo para los trabajadores del mar.
En materia agrícola, nuestra enmienda insta al impulso de las
medidas recogidas en la moción del pasado 7 de noviembre sobre la
OCM de frutas y hortalizas, cuyo texto, por cierto, ha sido
trasladado torticeramente a la opinión pública por el Grupo
Popular, presentándolo como un rechazo del propio acuerdo de
adhesión, tergiversando lo que fue la voluntad de los grupos que
votaron la moción en la Cámara y faltando, por tanto, a la verdad
conscientemente.
Nuestra enmienda, insisto, pretende, que el sector agrícola esté
preparado y que se garantice la rentabilidad del mismo, a través
de un fondo de operaciones ágil, flexible, que cofinancie las
acciones necesarias para mejorar la calidad y la competitividad
de nuestras producciones, instando, asimismo, la máxima
potenciación y el máximo apoyo a las organizaciones de
productores.
Señorías, hemos señalado que ambos acuerdos eran aceptables y que
sus contenidos son razonablemente positivos, aun cuando existan
aspectos insatisfactorios, como obviamente sucede en cualquier
acuerdo.
Por un lado, el cuerdo pesquero va a permitir a nuestras flotas
faenar en aguas marroquíes durante los próximos cuatro años, sin
revisión, y el primer año con el mismo esfuerzo pesquero. Las
reducciones previstas van a ser, en todo caso, graduales, y su
impacto es asumible si el sector es capaz de reorientar su
excedentes al final del período. Además, esas reducciones,
señorías, tampoco se van a producir en la flotas artesanales, que
ocupan el mayor número de tripulantes.
El acuerdo pesquero con Marruecos, debo recordarlo, es el acuerdo
más importante suscrito por un país, dada la cuantía de los cupos
de pesca que se permite capturar en sus aguas. España va a
explotar más de la mitad de los recursos pesqueros de las aguas
marroquíes, con más de 500 barcos. Tampoco podemos olvidar que la
financiación del acuerdo, por importe de 127 millones de ecus-
año, es financiación comunitaria y que su principal beneficiario
va a ser estrictamente España.
El acuerdo de adhesión, por otra parte, lejos de precarizar, como
dice S. S., alguno de nuestros productos agrícolas, establece los
contingentes de las exportaciones marroquíes en cifras anuales
inferiores a la del último
año, y el peso de las mismas no es agresivo ni supone amenaza
alguna para nuestra política de exportación agrícola. Todo ello
sin olvidar que, con dicho acuerdo, nuestros productos, en
general, son preferenciales en el mercado marroquí, frente a
terceros países.
Señorías, el debate de esta moción coincide con la celebración de
la Conferencia de Barcelona. Nosotros creemos que no podemos
tener un doble lenguaje en nuestras relaciones con el área
mediterránea. No es posible, por un lado, hablar de cooperación y
solidaridad y, por otro, blindar nuestra frontera y satanizar a
nuestros vecinos.
Es posible y necesario, lo hemos dicho mil veces, asociar los
intereses en común. No podemos olvidar que Marruecos ocupa ya en
lugar fundamental en ese área en el que España y la Unión Europea
tienen enormes intereses, intereses no sólo económicos y
comerciales, sino también estratégicos y políticos. Tampoco
podemos olvidar, señorías, que los intercambios comerciales entre
España y Marruecos superaron, en el año 1994, los 160.000
millones de pesetas, con un superávit para España de más de
26.000 millones de pesetas, y que nuestras inversiones directas
se han multiplicado en los últimos años, superando en el año 1993
los 17.000 millones de pesetas. Estamos presentes, señorías, en
todos los sectores económicos marroquíes. Existen ya más de 700
empresas mixtas hispano-marroquíes y de ellas, aunque no lo
sepan, se lo debo decir, el 22 por ciento lo son en agricultura y
en pesca. ¡Qué casualidad! Por tanto, se trata de uno de nuestros
mejores clientes, y, además, debo decir que estoy convencido de
que el desarrollo de Marruecos generará estabilidad, prosperidad
y también empleo en España.
Ahora nos debemos preocupar por gestionar y administrar bien las
posibilidades que para nuestras flotas e intereses abren los
acuerdos: impulsar la adaptación de las flotas a las previsiones
del acuerdo, reordenar las actividades, reorientar los posibles
excedentes hacia otras actividades y otros caladeros
alternativos, anticiparnos a los efectos negativos, establecer
las medidas y las ayudas públicas para impulsar las reformas
estructurales que el propio sector no ha ido abordando y
modernizar las estructuras y los mercados. Nuestra preocupación,
señorías, debe ser la potenciación de nuestros productos
agrícolas en competencia con los del área mediterránea y el apoyo
a los sectores afectados por esa competencia. Nuestra
preocupación debe ser, también, proteger eficazmente el bien más
preciado de nuestras flotas, nuestros pescadores. Lo hemos hecho
durante todo el proceso de negociación, y los pescadores lo
saben, y lo seguiremos haciendo en el futuro.
Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que poco valdría el
esfuerzo de haber debatido en el Parlamento esta cuestión si, al
final, quedara entre sus paredes simplemente el eco de esas
soflamas a la vergüenza patria y al pesimismo, del que ustedes
sistemáticamente siguen y seguirán siendo la quinta columna.
Nosotros, lejos de esas soflamas y de ese pesimismo, creemos en
las posibilidades que abren esos acuerdos, acuerdos que, como
éstos, permiten llenar de peces las redes de nuestros barcos,
asocian a nuestros vecinos a nuestros intereses y contribuyen a
un mayor desarrollo y cooperación en todo el área.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Méndez.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco respecto al
planteamiento político que efectúa el Grupo Parlamentario
Popular. Efectivamente, en relación con los dos acuerdos, tanto
el pesquero como el de asociación económica de la Unión Europea y
Marruecos, se manifiesta la necesidad de la elaboración de un
plan con urgencia, en el plazo de quince días, que contemple el
impacto que puede suponer fundamentalmente sobre estos dos
sectores económicos. El plazo de tiempo que se indica al Gobierno
para la elaboración de este plan nos parece que es muy breve, muy
perentorio y, por tanto, creemos que el Grupo Parlamentario
Popular debería racionalizar o, por lo menos, modular las
pretensiones políticas dirigidas al Gobierno.
En cambio, sí estamos de acuerdo con determinadas cuestiones que
ahí se plasman, con la necesidad de otorgar protección social a
los trabajadores que se encuentren en una situación de desempleo
forzoso con ocasión de la adaptación, de la reestructuración o,
en definitiva, del ajuste que se realice en el sector pesquero,
fundamentalmente en la flota de gran altura, en la flota
congeladora que practica la pesca a distancia, que es la que
quizá vaya a recibir mayor impacto con el índice de ajuste que
tiene, del 40 por ciento.
En líneas generales, nos parece que hay una sintonía entre los
planteamientos que nuestro Grupo ha venido haciendo en la Cámara
y los que presenta el Grupo Parlamentario Popular. No obstante,
vemos que el planteamiento que ha realizado el Grupo
Parlamentario Socialista también es muy completo. En la enmienda
de sustitución se presenta una serie de compromisos por parte del
Grupo Socialista instando al Gobierno y no es habitual en la
práctica de dicho Grupo proceder a presentar textos o
alternativas de enmienda con tanta precisión o con tanto detalle.
Nos parece que en este caso se trata de una propuesta que está
bastante bien estructurada, en la medida en que se fijan
compromisos y acciones que son de detalle, a la hora de la
planificación de las alternativas para la flota que va a resultar
afectada
por el ajuste en el caladero marroquí y, por tanto, sí nos parece
razonable el planteamiento que se hace en la propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista en cuanto a las soluciones.
Evidentemente, nosotros coincidimos en que no pueden ser en el
plazo de quince
días, sobre todo cuando se quiere negociar con sectores
económicos, con las comunidades autónomas, ya que, vista la
coyuntura política en la que estamos en este momento, para eso se
necesita más tiempo. Por lo tanto, nosotros sugeriríamos al Grupo
Parlamentario Popular que intentara buscar un acercamiento a los
planteamientos del Grupo Parlamentario Socialista, si no
aceptando íntegramente la enmienda, que por lo menos pudiéramos
llegar a un acuerdo de mínimos entre los diferentes grupos
políticos.
Por ambos grupos se plantean los efectos del impacto social de la
reordenación de la flota pesquera, que deviene, en definitiva, de
una responsabilidad política del Gobierno. El Gobierno sabe que,
en un breve pe
ríodo de tiempo, en los últimos años, sobre todo desde 1987, fijó
una línea de construcción pesquera, conocida por SS. SS., con las
implicaciones que ha tenido
--este Grupo Parlamentario no va a profundizar más en esa
cuestión en este momento--, con una responsabilidad del Gobierno
de no planificar debidamente la construcción naval, sobre todo de
buques congeladores a larga distancia, con el problema que eso ha
originado fundamentalmente en Galicia y con las connotaciones
económicas y políticas que todos sabemos que subyacen en tal
cuestión. Ahora, el Grupo Socialista intenta dar una salida a
este problema y a nosotros nos parece bien buscar una solución,
aunque sea tarde, puesto que el Gobierno tiene una
responsabilidad en todo ello.
En cuanto al acuerdo de asociación, en la medida en que está
afectando también a la reforma de la organización común de
mercados de las frutas y hortalizas, nuestro Grupo Parlamentario
es más partidario de una remisión al acuerdo político que ya
alcanzamos a través de una enmienda transaccional, presentada por
todos los grupos, hace alrededor de tres semanas, al debatir la
reforma de la organización común de mercados con ocasión de una
interpelación planteada por el Grupo Parlamentario Popular. No
nos opondríamos a que se aceptara el planteamiento que hace el
Partido Popular de que se garantice la preferencia comunitaria.
Evidentemente, la preferencia comunitaria es un principio que va
concatenado con los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, en el
capítulo agrícola, firmados en Marrakech hace exactamente un año.
Nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo. También nos parece
muy sensato lo planteado por el Grupo Parlamentario Socialista,
en la línea de lo que se acordó en esta Cámara hace tres
semanas --repito, señor Presidente--, sobre la operatividad de
los fondos de operaciones --valga el juego de palabras-- y la
validez de los mismos a efectos de cofinanciar retiradas
adicionales de productos hortofrutícolas.
Por ello, nosotros apelaríamos a que el Grupo Parlamentario
Popular flexibilizara su postura y pudiera llegar a un acuerdo,
tanto en el ámbito del capítulo pesquero como del capítulo
agrario, con los planteamientos correctos y completos, en nuestra
opinión, que efectúa el Grupo Parlamentario Socialista en su
enmienda.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, debatimos hoy una moción del Grupo
Popular en la que se propone la elaboración, por parte del
Gobierno, del Ministerio de Agricultura, de un plan que contenga
las medidas específicas para compensar los efectos negativos que
provocará el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Marruecos.
De los contenidos de la propia moción del Grupo Popular y de las
enmiendas que se han presentado se puede afirmar que esta Cámara
establece como un hecho incuestionable que existen, para ambos
sectores, unos efectos negativos que exigen unos mecanismos de
compensación, con cargo a los presupuestos de la Unión Europea y
con cargo a las partidas de varios ministerios, y algunos de
ellos deben subsanarse con los contenidos de las OCM, entre ellas
la de productos hortofrutícolas mediterráneos, pendientes de
aprobación, todo ello con la finalidad de mantener la actividad
agraria y pesquera y asegurar su competitividad.
Como consecuencia de los siete meses de paro de la flota pesquera
española en el caladero canario-saharaui, se han producido unos
perjuicios directos en esta flota y en el sector transformador
dependiente de ella y, para compensarlos, este Congreso, y el
Ministerio, ya han aprobado todo un conjunto de medidas
compensatorias y de emergencia, medidas que, a nuestro juicio,
deben continuar para los barcos y para los pescadores que no han
tenido acceso al caladero por causa de este acuerdo recientemente
firmado.
Es preciso establecer ahora y cuantificar las consecuencias que
se producirán de las disminuciones progresivas del volumen de
pesca y de los incrementos también progresivos de las
exportaciones de Marruecos de productos agrícolas y especialmente
establecer las medidas compensatorias eficaces de la política
laboral, protección social, financiaciones específicas, salidas
profesionales alternativas, control de los volúmenes de
importación y preferencia comunitaria y estabilidad de los
calendarios, etcétera.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
piensa que todo ello puede y debe ser objeto de consenso entre
todos los grupos de la Cámara. No existe este consenso en cuanto
a los plazos de elaboración del plan estratégico de
compensaciones.
Desearíamos que existiera tanto en los plazos como en los
contenidos, que no fueran tan dispares.
Nuestro Grupo opina que las magnitudes negativas económicas y
laborales de los acuerdos preferenciales con Marruecos no pueden
establecerse apresuradamente en quince días, sobre todo si
tenemos en cuenta que también se deberían incluir las
consecuencias de los acuerdos de la Unión Europea con terceros
países del norte de Africa, Israel, etcétera, y también,
señorías, los acuerdos derivados de los acuerdos del GATT, porque
si queremos ser rigurosos deberemos reconocer que es el GATT
quien desactiva los mecanismos proteccionistas del sistema de
precios en frontera en la Unión Europea, en pesca y dentro de la
OCM de frutas y hortalizas, y que los precios mínimos no
garantizan la no entrada masiva de ciertos productos en
determinados calendarios. Es este el riesgo real y no los
contingentes y los aranceles del acuerdo con Marruecos,
insatisfactorio en muchos aspectos.
Por otra parte, la imprescindible participación en la elaboración
del plan estratégico de las comunidades autónomas más afectadas,
como son Andalucía, Canarias, Galicia, Levante, etcétera, y de
los sectores profesionales más perjudicados por los acuerdos de
la Unión Europea con terceros países y los acuerdos con Marruecos
hacen insuficiente el plazo de quince días para una elaboración
sosegada y con garantías de efectividad del plan.
Tal vez, el plazo de un año que propone la enmienda socialista,
por corresponder con un período de menor impacto del acuerdo
progresivo con Marruecos, sea, a nuestro entender, excesivamente
largo, por lo que nuestro Grupo propondría la aceptación del
próximo mes de mayo como fecha límite para su presentación, de
forma que pudiera ser aprobado por las Cortes antes del próximo
verano. Independientemente de quien tenga responsabilidad de
Gobierno, serán necesarios el plan y las compensaciones.
Comprometerse ahora, entendemos que sería positivo para los
sectores y para el país.
En cuanto a los contenidos del plan, valoramos positivamente la
proximidad entre la moción del Grupo Popular y la enmienda
socialista en medidas pesqueras, sociales y laborales, pero
preferimos la estructura de la moción socialista, que, además del
aspecto pesquero, abunda en el aspecto agrícola y porque descansa
sobre los contenidos de la futura OCM de productos y hortalizas,
que es donde deben sustentarse las garantías de mantenimiento de
nuestras producciones y de su competitividad frente a terceros
países, tal como decíamos en el debate de la interpelación y que
el Grupo Popular no ha recogido en su moción.
Es imprescindible el control exhaustivo de los contingentes de
importación por parte europea, aunque este esfuerzo ya está
asumido en el texto del propio acuerdo con Marruecos. Es
esencial, tal como propone la moción socialista, la creación de
un fondo europeo de operaciones que garantice la solidaridad
financiera frente a los excedentes con cargo totalmente al Feoga-
Garantía y la adaptación de la producción al consumo a cargo
totalmente también del Feoga-Orientación, y arbitrar ayudas para
mejorar la dimensión comercial de las organizaciones de
productores en países, especialmente como el nuestro, donde son,
comparativamente con las demás europeas, muy deficitarias. Todo
ello debe servir además para orientar nuestra política agraria y
pesquera y para que se garanticen las rentas de todo el sector.
Por todo ello, nuestro voto será favorable a la aceptación de la
enmienda de sustitución del Grupo Socialista, especialmente si es
aceptada nuestra enmienda in voce relativa a presentar un plan
antes de finalizar el mes de mayo.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, esta moción contiene elementos que, a nuestro juicio,
pueden ser muy positivos, a la hora de determinar con
transparencia cuál debe ser el futuro de la Administración en el
sector pesquero y fundamentalmente en aquellos aspectos que
queden deteriorados por el acuerdo con Marruecos. A su vez, esta
enmienda lleva en sus contenidos los argumentos para que algunos
grupos parlamentarios, que durante toda esta legislatura han
venido apoyando al Gobierno de forma tradicional, puedan rechazar
el contenido de esta moción.
Creo que no está de más solicitar al Grupo Popular, que es el
proponente, que varíe esos elementos que se convierten en
argumentos para que esta moción pueda ser rechazada, con más o
menos razón, fundamentalmente los referidos al párrafo primero.
Habría que fijar un plazo más razonable que el que ahora se
propone, para que no sea rebatible la necesidad de que se traiga
el plan solicitado por la propia moción.
Es interesante que el plan se debata por el conjunto de las
fuerzas parlamentarias, porque hasta el presente nunca se han
determinado de una forma transparente cuáles son las auténticas
consecuencias de los diferentes acuerdos que se han venido
pactando entre Marruecos y la Unión Europea. Sólo hemos conocido
las partes positivas o, en cualquier caso, una exposición en la
que se nos dice que hay que llegar a acuerdos con Marruecos y que
no se puede ignorar la existencia de este país que
productivamente es tan competitivo con nosotros, tanto en la
agricultura, como en la pesca, lo cual es una verdad de
Perogrullo. En última instancia, es una verdad que nosotros
también aceptamos. Sabemos que hay que tener relaciones con este
país y que no se le puede marginar; no podemos vivir como si no
existiese. Hay que llegar a unas fórmulas de convivencia
comercial.
Coincidimos con la moción que se presenta en que estas fórmulas
de convivencia deben ser analizadas en
sus aspectos negativos, para intentar, entre todos, y de la forma
más consensuada posible, buscar los mecanismos correctores de
estos elementos que son perjudiciales en nuestro país para el
sector agrario y para la pesca.
Al haberse aceptado la enmienda de Coalición Canaria, ya no es
posible solicitar una votación párrafo por párrafo o punto por
punto, y pedimos al Grupo proponente que modifique los plazos,
con el fin de que sea más razonable la aprobación de esta moción
por el conjunto de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
El señor Fernández de Mesa tiene la palabra para indicar
definitivamente la aceptación o no de las enmiendas que han sido
defendidas.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias señor
Presidente.
Señorías, sin acudir a descalificaciones personales ni a
insultos, quiero decir, en primer lugar, que este Grupo
parlamentario ha estado siempre abierto al consenso y lo hemos
demostrado en todas las mociones que sobre pesca hemos
presentado. En ese sentido, tiene que quedar muy claro que el
Grupo Popular, oído el portavoz del Partido Nacionalista Vasco,
oído el portavoz de Convergència i Unió y oído el portavoz del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no tiene el
más mínimo inconveniente en modificar el primer párrafo del
primer punto y poner «en el plazo más breve posible», sin
entender por ello, y sin acudir ni a la descalificación personal
ni al insulto, que el Gobierno ha faltado a la verdad con nadie,
al decir que ya había pactado y discutido con las comunidades
autónomas los asuntos que en materia pesquera deberían ponerse en
práctica, una vez que se hubiera firmado este convenio. Acepto la
propuesta que se hace desde los diferentes grupos parlamentarios.
Quiero decir otra cosa y es que, de la enmienda del Grupo
Socialista, no puedo aceptar que diga que no se toca el sector
marítimo pesquero, porque no es cierto. Lo que proponemos son
medidas de acompañamiento exclusivamente para un sector que está
afectado y que en este momento necesita medidas urgentes para
salir adelante.
Señor Presidente, aceptada esta propuesta, quiero decir que el
Grupo Parlamentario Popular, en cuanto a la enmienda de
sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, está de acuerdo,
como no puede ser de otra forma, en que no hay que satanizar a
Marruecos, en que no podemos olvidarnos de Marruecos, pero por
encima de todo, señor portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, hay que tener muy claro que la caridad bien entendida
empieza por uno mismo. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a las
votaciones correspondientes. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, relativa a las
medidas a adoptar en favor de distintos sectores económicos de
nuestro país, entre ellos el pesquero y agrario, tras los
acuerdos suscritos por la Unión Europea, que se somete a votación
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del
Grupo de Coalición Canaria y la corrección introducida en el
texto de la propia moción, consistente en la sustitución de la
expresión «máximo de quince días» por «más breve posible».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 131; en contra, 153; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ANTE EL ACTUAL PROCESO DE REVISION
CATASTRAL Y LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR PARA PALIAR SU
REPERCUSION SOBRE LA PRESION TRIBUTARIA Y LOS ALQUILERES (Número
de expediente 173/000103)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), subsiguiente a interpelación, sobre los criterios del
Gobierno ante el actual proceso de revisión catastral y las
medidas que tiene previsto adoptar para paliar su repercusión
sobre la presión tributaria y los alquileres.
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
La semana pasada tuvimos un debate sobre la interpelación que mi
Grupo presentó sobre la necesidad de revisar la política del
Gobierno relativa a los procesos de actualización de los valores
catastrales en España, como consecuencia del cual mi Grupo ha
presentado una moción con el ánimo de alcanzar en esta Cámara un
compromiso político que exprese la voluntad de todos los grupos
parlamentarios de que ese proceso, al que en modo alguno nos
oponemos porque actualizar los valores catastrales es en sí mismo
conveniente, se haga de una forma que no tenga un impacto
negativo sobre el aumento de la presión tributaria en los
ciudadanos en este país.
El objetivo no es negarse al proceso estricto de la actualización
de los valores. Creemos que no se está procediendo adecuadamente,
porque el impacto que está
teniendo dicha actualización en los tributos municipales y en los
impuestos estatales comporta un incremento de la presión
tributaria que en modo alguno mi Grupo Parlamentario puede
aceptar.
La moción viene a salir al paso de la gran preocupación que hoy
está levantando ese proceso en más de 1.500 ciudades de España.
Son casi tres millones de unidades de actualización de valores a
lo que se está procediendo en estos momentos y que van a entrar
en vigor a partir del 1 de enero de 1996, con lo que ello
comporta de preocupación a los correspondientes tres millones de
personas afectadas de forma directa, e indirectamente a otras
más.
Nuestro Grupo considera que, sin detener el proceso de
actualización, es necesario retrotraernos a aquel compromiso que
adoptó esta Cámara en el año 1990, en el que el Congreso de los
Diputados, con carácter unánime, expresó la voluntad política de
que la actualización de los valores catastrales no entrara en
vigor antes de una correspondiente modificación de las normas
tributarias, con el propósito de atemperar, de reducir, de evitar
en sí mismo el impacto negativo que ello tendría sobre el
incremento de la presión tributaria. Aquel compromiso, adoptado
en la Cámara en diciembre de 1990, es el espíritu de esta moción.
Esta moción inicia su literalidad haciendo referencia a aquel
compromiso político y diciendo que continúa siendo válido para
esta Cámara, manifestando la conveniencia y la necesidad de
retrotraerlo a esta legislatura e instar al Gobierno para que
tenga muy presente que esta revisión que se está experimentando
en el año 1995, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de
1996, conlleve previamente la correspondiente adaptación de las
normas tributarias para que estos incrementos no comporten, a su
vez, aumento de la presión tributaria en los ciudadanos, porque
éste no es el propósito de ningún grupo de esta Cámara y quiero
creer que tampoco lo es del Gobierno.
Este es el sentido del primer punto, señorías, que hace
referencia al compromiso que se adoptó entonces y dice: El
Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de complementar
las modificaciones fiscales del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
para atenuar la fiscalidad, en concordancia con los incrementos
medios que resulten de la revisión catastral y al objeto de
evitar incrementos sobre la presión fiscal individual.
El segundo compromiso que proponemos en la moción, señorías, es
más particular y más preciso, dirigido a contemplar una revisión
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ustedes
saben perfectamente que los nuevos valores catastrales van a
tener su reflejo en la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en el año próximo, cuando el ciudadano deba
imputar una parte del valor catastral en su declaración de renta;
imputación que mi Grupo no termina de comprender, pero, en
definitiva, hoy está contemplado así en la ley. Consideramos que
si hay un incremento de los valores catastrales debería haber
también una revisión del porcentaje de imputación en la
declaración de la renta. Saben SS. SS. que hoy, si se actualizan
los valores, el ciudadano puede reducir del dos por ciento al 1,3
el porcentaje de imputación en su declaración. Proponemos que ese
porcentaje se reduzca al uno por ciento. ¿Por qué razón? Porque,
en términos generales, en los casi 1.500 municipios en los que se
está procediendo a esa revisión, dicen los centros de gestión
catastral que el término medio de la actualización es del cien
por cien, es decir, el doble. Por consiguiente, si la voluntad
del Gobierno y de los centros de gestión catastral es proceder a
una actualización del doble de los valores actuales para
aproximarlos a los valores de mercado, es conveniente que en la
declaración de la renta se proceda a hacer el ajuste del tipo a
la mitad, para que se neutralice el impacto en la declaración de
la renta. No hacerlo así comportaría un puntual incremento de
presión tributaria en la declaración de la renta, aspecto que no
contemplamos ni queremos que sea así.
El tercer punto de la moción, señorías, se dirige directamente al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Es el Impuesto más fundamental
de las haciendas locales. Ahí la moción establece que el Congreso
de los Diputados considera necesario proceder a que los límites
máximos del Impuesto de Bienes Inmuebles, cuando se procede a una
revisión de los valores catastrales, se revisen también. ¿Por qué
razón? Porque en algunos supuestos podría, en aras al principio
de la autonomía que tiene el municipio correspondiente, no
proceder ningún ajuste del límite máximo, con lo cual el
ciudadano ve incrementar sus valores catastrales y el
ayuntamiento no reduce los límites máximos. Para preservar un
principio general, para que ese compromiso de actualización no
tenga repercusiones abusivas sobre los ciudadanos, teniendo en
cuenta que las actualizaciones son importantes porque en muchos
casos representan más del 200 y del 250 por ciento (repito que no
es el supuesto general porque los ayuntamientos proceden a un
ajuste puntual de esos tipos de gravamen), creemos que esta
Cámara debe instar al Gobierno la conveniencia de que adopte
medidas para que esos límites máximos se atemperen sólo y cuando
se proceda a una actualización de los valores catastrales.
El cuarto compromiso es una cuestión más cautelar que específica,
pero entendemos que es conveniente que el Congreso lo adopte. Es
necesario no utilizar los nuevos valores catastrales procedentes
de la revisión hasta cuando hayan sido corregidos a la baja los
correspondientes tipos impositivos. No vale expresar en esta
Cámara la voluntad de que el Gobierno proceda a la
correspondiente actualización de los impuestos estatales y que
mientras tanto se apliquen dichos incrementos de valores
catastrales. Cautelarmente la Cámara
debe decirle al Gobierno que mientras procede a ese ajuste no se
apliquen estos incrementos.
El punto quinto viene a salir al paso de las circunstancias
específicas en las que se encuentran aquellos municipios que no
proceden a hacer una revisión catastral de forma global y
conjunta, sino que la realizan por fases, por distritos, por
zonas. Ello, a nuestro juicio, supone una injusticia porque unos
determinados ciudadanos soportan las consecuencias de una
actualización de los valores catastrales en una misma ciudad y
otros, no. En la casuística más particular puede darse el caso --
y de hecho se da-- de que en una misma calle de una misma ciudad
un lado de la acera se ve favorecido y otro perjudicado por ese
proceso de actualización. Ello genera una fractura del principio
de equidad tributaria, que esta Cámara debe preservar por encima
de cualquier otra medida.
Para ser justos y no incurrir en discriminaciones, creemos que es
necesario no interrumpir el proceso de actualización, sino que
vaya realizándose, se hagan las comunicaciones correspondientes,
se efectúen las impugnaciones, pero hasta que todo el municipio
no haya llevado a cabo la actualización y la comunicación
correspondientes no entren en vigor dichos valores. Es decir, se
permite el proceso, pero no se aplica parcialmente, sino
simultáneamente en todo el municipio una vez terminados los
trabajos parciales, por fases.
Ello es garantía de que no se incurre en discriminaciones y en
casuísticas especulativas, porque no se olviden de que el proceso
de actualización catastral tiene influencia sobre los alquileres
y sobre el precio de la vivienda, con lo cual determinados
núcleos, determinadas zonas, determinados distritos de una ciudad
en donde se está procediendo a la actualización por fases se ven
perjudicados con los correspondientes incrementos en precios de
la vivienda o en alquileres, mientras que no ocurre lo mismo en
otra parte de la ciudad. No debe ser éste el procedimiento más
adecuado, y por ello ese quinto punto insta al Gobierno sobre la
conveniencia de que, sin interrumpir el proceso, no entre en
vigor hasta finalizado todo el proceso de actualización en un
mismo municipio.
El sexto punto de nuestra moción sale al paso de una problemática
no bien resuelta. Difícilmente vamos a ser capaces de resolverla
vía moción, porque ello requiere quizás un ajuste más de textos
legales. El espíritu del sexto punto va dirigido a conseguir un
compromiso de toda la Cámara para que el Gobierno se comprometa a
revisar aquellas normas que hoy inciden en la repercusión de los
valores catastrales sobre los alquileres. No tiene ningún sentido
que el propietario pueda hoy deducirse como gasto el impuesto
sobre Bienes Inmuebles, que la ley le permita repercutirlo, cosa
que me parece razonable, pero no lo es que no se le permita al
inquilino deducir o compensar la correspondiente repercusión que
se le va a aplicar en su alquiler como consecuencia de la
actualización de los valores catastrales.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego que concluya.
El señor HOMS I FERRET: Este punto, señor Presidente, es el
último de nuestra moción: intentar salir al paso de las
repercusiones sobre el régimen de alquileres como consecuencia de
la actualización de los valores catastrales. Seis compromisos,
seis puntos contiene nuestra moción, sobre los que invitamos a
todos los grupos a alcanzar un amplio consenso.
Quiero manifestar, señor Presidente, que a la luz de las
enmiendas que han presentado el Partido Socialista y el Partido
Popular, nuestro Grupo cree que este consenso es posible. Es
posible puesto que del contenido de todas estas enmiendas no se
alcanza a observar discrepancias sustantivas. Habrá que renunciar
a algunos puntos para lograr del Gobierno un segundo magno
compromiso sobre este proceso.
Nuestro Grupo estima que la enmienda del Partido Socialista es
positiva en su primer punto, aunque le insta a que acepte que en
esta última frase --donde se dice que ya se han adoptado las
recomendaciones planteadas en la moción aprobada en el año 1990--
, si vamos a comprometernos más, digamos que todo lo que se debía
haber hecho no se ha hecho todavía Le instamos, repito, a
suprimir el artículo «las» en el final de dicho párrafo, lo cual
daría satisfacción a mi Grupo.
El siguiente punto, el número 2, nos parece razonable y lo
admitiríamos en su primer apartado, la letra a), sin ninguna
corrección o modificación, aunque sí la haríamos en el apartado
b), señor Presidente, en el que proponemos al Grupo Socialista
que al final de dicho apartado b), donde se hace una cierta
referencia al compromiso de que la actualización se haga para
todo el municipio, se cambie la expresión «sin fin» de la frase y
que pase a tener el siguiente texto: En relación con la entrada
en vigor de los valores catastrales de un mismo municipio, el
Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que se
analice detalladamente la situación de aquellos municipios en los
que las revisiones catastrales se realicen por fases, a fin de
que la entrada en vigor de los valores catastrales pueda ser
simultánea en la totalidad del municipio.
En el apartado c), señor Presidente, proponemos también un ajuste
puntual en relación con la enmienda del Partido Socialista, pero
recogemos una enmienda del Partido Popular, acertada, para
permitir criterios de bonificación temporal y atemperar los
impactos de incremento de presión tributaria. La redacción del
apartado c), integrando la enmienda del Partido Popular y la del
Partido Socialista, rezaría de esta forma: Del mismo modo
manifiesta la necesidad de que se estudie la adopción de medidas
para diferir en el tiempo el impacto de las modificaciones medias
de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles derivados de
una revisión de valores catastrales, a través (aquí viene la
enmienda del Partido Popular) de mecanismos de bonificación o
reducción de la cuota del Impuesto
durante un determinado período, al final del cual la cuota será
la correspondiente al valor revisado. Este criterio lo comparte
mi Grupo porque pensamos que la idea puede ser positiva. El punto
tercero, señor Presidente, mi Grupo lo acepta tal cual; está
expresado en la enmienda del Partido Socialista.
Con estos tres compromisos podría configurarse un acuerdo unánime
de esta Cámara, con lo que se daría un paso adelante con el
espíritu de aquella moción del año 1990, que reiteramos en el año
1995, que es evitar que las actualizaciones de los valores
catastrales comporten incrementos de presión tributaria.
Dejamos pendiente el problema del efecto sobre los regímenes de
los alquileres, aunque mi Grupo se reserva la posibilidad de
volver a ello en otras instancias o con otras iniciativas en esta
Cámara.
Con ello, señor Presidente, resumo la posición inicial de la
defensa de la moción de mi Grupo y también la posición a la luz
de las enmiendas que se han presentado a esta moción por parte de
los Grupos Socialista y Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Para defender la enmienda del Grupo Popular y fijar la posición
del Grupo en relación con esta moción, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el proceso de revisión catastral, un
proceso que avanza de forma lenta e inexorable y cuya
responsabilidad recae en el Ministerio de Economía y Hacienda,
exige en opinión de mi Grupo Parlamentario que esta Cámara adopte
un conjunto de medidas destinadas, por un lado, a dotar de mayor
transparencia y rigor la forma a través de la cual se conduce el
procedimiento de revisión catastral y, en segundo lugar, adoptar
medidas destinadas a evitar que ese proceso de revisión catastral
se traduzca en un incremento de la presión fiscal que soportan
los ciudadanos españoles.
Por ello, mi Grupo Parlamentario ha presentado un conjunto de
enmiendas a la moción del Grupo Catalán (Convergència Unió),
enmiendas que parecen recogidas en gran parte en un texto
alternativo del Grupo Socialista y que tendrían como finalidad
alcanzar esos objetivos a los que he hecho referencia.
El primer grupo de enmiendas tiene como finalidad mejorar la
forma a través de la que se conduce el proceso de revisión
catastral. Muchos ciudadanos y muchos municipios españoles se
preguntan, señor Presidente, cómo es posible que una vivienda vea
incrementado su valor catastral en un 400 por ciento como
consecuencia de un proceso de revisión y muchos ciudadanos y
municipios españoles se preguntan también cómo es posible que dos
grupos de edificios, de iguales características urbanísticas y en
la misma zona del término municipal, puedan en un caso ver
incrementado su valor catastral en un 15 por ciento y en otro
caso en más de un 50 por ciento.
La razón de estos hechos es manifiestamente clara. En primer
lugar, la falta de transparencia con la que el Centro de Gestión
Catastral conduce el proceso de revisión de los valores de los
inmuebles, una falta de transparencia que se manifiesta en el
hecho de que el Centro de Gestión Catastral, el Ministerio de
Economía y Hacienda en definitiva, no justifique y no informe de
los criterios que se toman como base para efectuar las nuevas
valoraciones y, en segundo lugar, por las deficiencias técnicas
de ese proceso de revisión catastral, que en muchas ocasiones se
lleva a cabo prescindiendo de la realidad urbanística de los
municipios a los que afecta.
Por ello mi Grupo Parlamentario presenta dos enmiendas que tienen
como finalidad corregir estas situaciones. Por un lado, recoger
en la ley de forma más detallada los criterios que deben tomarse
como base para efectuar las revisiones o modificaciones del valor
catastral de los inmuebles. Esta es la única forma que permitirá
que los ciudadanos españoles dispongan de más garantías frente a
un proceso de revisión catastral, que puedan recurrir o
cuestionar cuáles son los motivos y sobre la base de qué
criterios se modifica o se revisa el valor catastral de su
vivienda.
En segundo lugar, instar y fomentar una mayor participación de
los municipios en el proceso de revisión catastral, porque, no
nos equivoquemos, señor Presidente, los municipios son
precisamente quienes mejor conocen la realidad urbanística de sus
viviendas, quienes mejor conocen la realidad urbanística del
término municipal y, por ello, la colaboración de los equipos de
gobierno de nuestros ayuntamientos es absolutamente
imprescindible si queremos que el proceso de revisión catastral
se efectúe con arreglo a la realidad urbanística de nuestros
municipios.
En tercer lugar, resulta imprescindible poner en marcha medidas
para evitar que la revisión catastral se traduzca en un
incremento de la presión fiscal que soportan los ciudadanos
españoles. El Gobierno ha convertido la vivienda en una de las
principales fuentes de recaudación tributaria y de imposición en
nuestro país. Desde esa perspectiva, es absolutamente necesario
poner fin a esa situación y evitar que la vivienda continúe
siendo uno de los principales focos de imposición de nuestro
sistema tributario.
Por ello, mi Grupo Parlamentario plantea un conjunto de
propuestas al texto de la moción del Grupo Catalán (Convergència
Unió), que voy a enumerar de forma concisa.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
coeficiente actualmente aplicable a los inmuebles que han sido
objeto de una revisión catastral, un coeficiente del 1,3,
únicamente permite absorber el impacto de una revisión catastral
en los casos en que el incremento de valoración no supera el 50
por ciento.
Eso conduce a que muchos ciudadanos vean incrementada su factura
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
exclusivamente por el hecho de que su vivienda ha sido sometida a
un proceso de revisión catastral. Un hecho que no tiene parangón
en ninguno de los países de nuestro entorno económico y que
conduce a discriminaciones de un mayor o menor pago de impuestos
en función del hecho de que un ciudadano haya visto sometida su
vivienda a un proceso de revisión catastral o no.
Ante esta situación, señor Presidente, la única solución
razonable consistiría en suprimir la tributación de la vivienda
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dejar
fuera del ámbito del IRPF la vivienda habitual y que sean otros
los impuestos, como el IBI o el Impuesto sobre el Patrimonio, los
que sometan a gravamen la titularidad de un inmueble.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, si queremos evitar que la
revisión catastral se traduzca también en un mayor pago de
impuestos, sobre todo para aquellos ciudadanos con menores
niveles de renta y con menor capacidad patrimonial, es
absolutamente imprescindible elevar el mínimo exento de este
Impuesto.
En materia de impuestos locales quisiera hacer referencia al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que es uno de los principales
instrumentos generadores de recursos de nuestros ayuntamientos y
es probablemente el impuesto en el que mayor incidencia puede
tener un proceso de revisión catastral. Los ayuntamientos, señor
Presidente, no disponen en estos momentos de instrumentos
eficaces para evitar, para corregir o para atenuar el impacto y
la trascendencia de un proceso de modificación o de revisión de
los valores catastrales. Los ayuntamientos disponen de la
posibilidad de introducir correcciones o reducciones a la baja en
el tipo de gravamen, para de esa forma mantener los mismos
niveles de recaudación y, por tanto, los mismos niveles de
presión fiscal en el ámbito de un término municipal. Sin embargo,
ese instrumento, ese mecanismo, no permite corregir, a nivel
individual, el impacto de una revisión catastral.
El otro día, en el debate de la interpelación del Grupo
proponente, yo ponía el ejemplo de un ciudadano de Castellón que
me gustaría volver a poner hoy aquí desde esta tribuna. Un
ciudadano de Castellón en el año 1995 paga 22.000 pesetas por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sin embargo, en el año 1996, con
una rebaja en el tipo de ese impuesto de un 35 por ciento, una
rebaja que mantendrá el mismo nivel de recaudación para el
Ayuntamiento de Castellón, este ciudadano, de esas 22.000
pesetas, pasará a pagar aproximadamente 60.000 pesetas. Esto,
señoras y señores Diputados, no es un ejemplo aislado.
¿Creemos que un desempleado o un pensionista, personas con un
bajo nivel de renta puedan soportar un incremento en su factura
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de casi un 200 por ciento?
¿Queremos condenar a algunos ciudadanos, particularmente a
aquellos con unos niveles de renta más bajos, a prescindir de su
vivienda como consecuencia de un proceso de revisión catastral?
¿No sería razonable, en lugar de eso, introducir mecanismos que
garantizaran que los ciudadanos españoles mantienen el mismo
nivel de imposición, en particular en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, después de un proceso de revisión catastral? Yo creo
que la respuesta es obvia. Por ello, mi Grupo Parlamentario ha
presentado una enmienda en la que pide que se conceda a los
ayuntamientos la facultad de otorgar bonificaciones de hasta el
90 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
imputable al incremento de la revisión catastral.
Algunas de las medidas que he enumerado aquí, y que mi Grupo
Parlamentario proponía como enmienda a la moción del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), han sido recogidas en enmiendas
formuladas por otros grupos parlamentarios y, en particular, por
el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero referirme a la
conveniencia de recoger en la ley los criterios de valoración de
los inmuebles en el ámbito de un proceso de revisión catastral.
Quiero señalar también la necesidad de fomentar una mayor
participación de los ayuntamientos en los procesos de revisión o
modificación de los valores catastrales de los inmuebles y quiero
mencionar la conveniencia de establecer mecanismos para diferir
el impacto de una revisión catastral en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a través de medidas como bonificaciones o reducciones
en la cuota del Impuesto.
Lógicamente, mi Grupo Parlamentario tiene que mostrar su
satisfacción por el hecho de que estas propuestas sean valoradas
positivamente por otros grupos parlamentarios. Sin embargo,
señoras y señores Diputados, si nos limitamos única y
exclusivamente a aprobar una moción y a efectuar unas
declaraciones de principios no avanzaremos en la lucha contra
esos objetivos a los que antes hacía referencia.
Por ello, para mi Grupo Parlamentario, con independencia de que
vote favorablemente el texto de la moción con las enmiendas que
se puedan incorporar y que recogerán en gran parte los
planteamientos del Grupo Parlamentario Popular, será
absolutamente imprescindible estar alerta y garantizar que en el
futuro el Gobierno lleve a la práctica esas propuestas. Desde
luego, mi Grupo Parlamentario no cejará en ese propósito.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Tras las intervenciones de los señores Costa y Homs parece que
queda claro que todos somos conscientes de la necesidad de que en
España se cuente con un catastro
debidamente actualizado que sirva como base de datos de
información del territorio para uso de todas las administraciones
públicas y de los ciudadanos, al tiempo que constituya un
elemento fundamental para lograr el principio constitucional de
equidad fiscal. Por eso, todos los grupos apoyamos la revisión
del catastro urbano como una técnica fundamental para lograr
estos objetivos antes descritos.
Dicho esto, deseo manifestar que estamos ante una moción concreta
que presenta Convergència i Unió sobre la que tenemos que
pronunciarnos y sobre la que nos hemos pronunciado previamente
ofreciendo una enmienda de sustitución.
Al comentar la moción que presenta Convergència i Unió habría que
hacer referencia a algunos puntos. En primer lugar, al punto 3,
que, con la referencia que voy a hacer y una vez que ya aceptamos
rebajar el tipo de imputación en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para los bienes inmuebles, creemos que
dejaría sin sentido el punto número 4. Además, haré otros
comentarios al punto seis de la moción de Convergència i Unió.
Como es sabido, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo
local que gestionan y recaudan íntegramente los municipios. Su
base imponible es el valor catastral y, por tanto, está
directamente afectado por los procesos de revisiones catastrales
que se vienen haciendo. En relación con este impuesto se han
adoptado muchas medidas por parte del Gobierno desde la moción de
1990, como la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, que permitió a los ayuntamientos no sólo bajar el tipo
general desde el 0,4 hasta el 0,1 por ciento, es decir, cuatro
veces por debajo, de modo que los ayuntamientos pudieran tener un
instrumento de flexibilización para adecuar el impacto fiscal a
sus ciudadanos, sino que, además, les permitió ampliar el plazo
legal de la vigencia de un tipo inferior al 0,4 por ciento.
Creemos que con esas dos medidas se consigue que los
ayuntamientos puedan compensar íntegramente los incrementos
derivados de la revisión de los valores catastrales y distribuir,
a lo largo de un período suficientemente largo, lo que sería el
impacto sobre la cuota que pudiera tener esta revisión catastral.
A nuestro juicio, ir más allá de esto, ir más allá de la
posibilidad que tienen los ayuntamientos de utilizar este
instrumento que supuso la modificación de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, sería atentar directamente contra los
principios de autonomía municipal y de suficiencia financiera de
las corporaciones locales. Señorías, los ayuntamientos, a pesar
de que, como comentaré luego, en nuestra enmienda les vamos a
ofrecer otros dos instrumentos para que puedan diferir este
impacto en la cuota, tienen la posibilidad de adaptar los tipos
de manera que ese impacto sea menor y bastante más diferido.
En segundo lugar, sobre los arrendamientos, tengo que decir que,
a nuestro juicio, las revisiones del catastro no alteran en
absoluto el régimen fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Según esta ley, efectivamente, el arrendador puede repercutir
sobre el arrendatario el importe de la cuota del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, y podría ocurrir que ahí existiera un problema
que podríamos abordar, pero en otro contexto. Repito que, a
nuestro juicio, las revisiones del catastro no alteran en modo
alguno el régimen fijado por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Es, por tanto, una cuestión que debe ser sacada del contexto en
el que Convergència i Unió la quiere incluir dentro de esta
moción sobre revisiones catastrales para discutirla, al margen de
estos procesos, en otro marco de tributación general.
En cuanto a nuestra enmienda concreta, a pesar de que el señor
Homs me ha ahorrado enormemente el trabajo de presentarla, lo que
hará que sea muy breve, nosotros queremos reiterar la moción de
1990, porque ahora como entonces seguimos sin querer que haya
incrementos medios de la presión fiscal, seguimos queriendo la
participación de los ayuntamientos porque debo decirle que esa
participación de los ayuntamientos ha sido bastante importante.
No olvide que está pactado el plan de actualizaciones con la
Federación Española de Municipios y Provincias, no olvide que se
da prioridad a la revisión en aquellos municipios que lo
solicitan, y no olvide, sobre todo, que es preciso un informe
municipal previo a la aprobación de la ponencia de valores. Se
han tomado medidas en ese sentido, estamos dispuestos a seguir
profundizando en ello, y estamos dispuestos a decir al Gobierno
que siga también profundizando en ese sentido.
Nosotros queremos que los ciudadanos tengan la mayor y más clara
información posible. Para ello, señorías, se han adoptado
diferentes medidas. Los ciudadanos tienen ahora una notificación
muy precisa en torno a lo que es su revisión catastral; los
ciudadanos pueden tener una perfecta información sobre lo que ha
sido su revisión catastral a través de la mejora de los
procedimientos de notificación y la ampliación del plazo para la
interposición de recursos. Son medidas que mejoran esa
información. Pero para acabar de informar a los ciudadanos,
señorías, hay que decirles muy seriamente que es verdad que puede
ocurrir que, en algún caso muy concreto, el valor del incremento
de la cuota se haya producido por encima de la media, pero a
continuación hay que explicarles que es muy difícil hablar de un
caso concreto de subida por encima de la media si no se nos dice
si ese bien inmueble está afectado por situaciones que pueden ser
tan dispares como, por ejemplo --en este caso no porque ya
pagaba--, que la finca estuviera omitida y no tributara en
Hacienda, como por ejemplo que antes tributara por un solar que
era rústico y que por una recalificación urbanística se haya
convertido en urbano, que es posible que ese aumento enorme del
tipo se haya producido porque ese ciudadano pagaba el valor
catastral por un solar y cuando se ha hecho la revisión se ha
comprobado
que ese solar estaba construido y la cuota tiene que subir como
consecuencia de que se considera el solar y la edificación. Por
tanto, no se puede afirmar que hay incrementos muy notables por
encima de la media si no se especifica claramente cuál es el caso
que nos está llevando a lo que es la media. No he visto más
especificación que el que se trata de un señor de Castellón, lo
cual me parece muy razonable.
En fin, señorías, queremos que los ciudadanos tengan la mayor y
más clara información posible, pero hay que decirles lo que acabo
de decir, y hay que añadir a continuación que su proceso de
revisión es un proceso bastante objetivo, bastante reglado, que
está contemplado a través de los módulos en un real decreto y
que, en cualquier caso, se puede ir a las oficinas del catastro a
solicitar directamente su hoja de valoración a la que cualquier
propietario tiene derecho y que el catastro le facilita sin
ninguna demora.
Señorías, con nuestra enmienda queremos dar, como decía el señor
Homs en la interpelación, un paso más, por lo cual vamos a hacer
que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se
tomen dos medidas. La primera, que el valor que se considere para
determinar el ingreso fiscalmente computable como rendimiento del
capital inmobiliario por los inmuebles no arrendados sea el valor
catastral, en lugar de como viene ocurriendo hasta ahora, que es
el mayor de tres valores (el comprobado, transmisión y el
catastral), queremos que el valor de referencia sólo sea el valor
catastral; en segundo lugar, queremos ir a un tipo neutro que no
cargue sobre la presión fiscal global las revisiones del valor
catastral, y entendemos que ese tipo medio es el 1,1, que es el
que proponemos en nuestra enmienda. Un tipo que estaría de
acuerdo con lo que sería un tipo neutro para que no tuviera
repercusión sobre la presión fiscal media, la revalorización o la
actualización de valores catastrales. Es verdad que hasta ahora
habíamos tenido el 1,3; es verdad también que con las primeras
revisiones catastrales ése parecía el tipo neutro, pero no hay
ningún inconveniente en reconocer y en tomar las medidas
oportunas cuando se ha demostrado que con nuevas revisiones,
ahora que se tienen más datos, parece que ese tipo neutro podría
estar más bien en torno al 1,15 ó 1,17, en definitiva al 1,1, que
es lo que proponen.
Como decía antes, queremos ofrecer a los ayuntamientos otros dos
instrumentos. En primer lugar, que se analice detalladamente la
situación de los municipios, como decía el señor Homs, y que la
revisión se realice por fases; que se estudie detalladamente, que
se analice y que se vea la posibilidad de que se puedan
establecer medidas para que entren a la vez en todos los
municipios estos valores revisados. Pero, estando de acuerdo con
eso, tengo que discrepar de que favorezca o no la equidad fiscal.
A nuestro juicio, este es un problema absolutamente neutral, no
sólo a nuestro juicio sino a juicio del Tribunal Constitucional,
por ejemplo, cuando se plantea este recurso contra estas medidas
por falta de equidad.
En segundo lugar, otro instrumento para que se estudie la
adopción de medidas que permitan diferir en el tiempo el impacto
de las modificaciones de la revisión en la cuota del impuesto.
Pero aquí, señorías, vamos a aceptar sus enmiendas
transaccionales, que veo, además, con satisfacción que también
son aceptadas por el Grupo Popular, siempre que dejemos claro la
referencia que hacemos a la revisión o el análisis detallado de
estas medidas. Cuando en la moción hablamos de bonificaciones o
reducciones, estamos viendo esto como una posibilidad de las
muchas que se pueden estudiar, pero naturalmente lo que no
queremos es que eso predetermine el estudio. Si lo vamos a
estudiar, lo vamos a estudiar por completo, y un tipo concreto de
medida no puede predeterminar el estudio; es una medida a
considerar, naturalmente, que ofrece el Partido Popular, pero hay
otras que seguramente saldrán a la luz de ese estudio.
Voy terminando, señorías, pero quiero decir que estos dos
instrumentos que ofrecemos a los ayuntamientos no nos deben
llevar a equivocarnos. Nosotros, esta Cámara, el Gobierno, ya
ofreció a los ayuntamientos la posibilidad de que adecuaran el
impacto a través de la bajada de los tipos con la modificación de
la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Ya se lo ofrecimos,
pero con estos dos instrumentos nuevos que les hemos vuelto a
ofrecer no vamos a poder garantizar, por ejemplo, que el
Ayuntamiento de Oviedo mantenga el tipo del 0,79 la única capital
de provincia revisada que no ha bajado el impuesto, no vamos a
conseguir que lo baje, si es que no quiere la mayoría del
Ayuntamiento de Oviedo bajarlo, pese a que ya se le avisó por el
Grupo Socialista que había un tipo neutro alrededor del 0,3 y que
podía hacer lo que nosotros estamos haciendo con el impuesto que
sí nos compete, que es el IRPF. De modo que nosotros estamos
aproximándonos al tipo neutro, marcando el 1,1 en el tipo de
imputación y lo mismo puede hacer exactamente el Ayuntamiento de
Oviedo o cualquier ayuntamiento, bajando su tipo hasta llevarlo a
un tipo neutro.
El señor PRESIDENTE: Señor López Martín de la Vega, le ruego
concluya.
El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Concluyo inmediatamente.
Es verdad que la vivienda es apetitosa para la recaudación, pero
no para la recaudación del Gobierno; no es que el Gobierno haya
convertido la vivienda en su particular fondo de recaudación. Les
recuerdo que el Ayuntamiento de Oviedo, que es un caso muy
sonado, no ha bajado el tipo porque con esto recauda 3.000
millones más de pesetas al año, es decir, 100.000 pesetas más por
cada uno de los treinta mil ciudadanos que se manifestaron en
contra de esta medida. No nos debemos
equivocar, si los instrumentos que ofrecemos a los ayuntamientos
no los utilizan, como ocurre como con la mayoría del Ayuntamiento
de Oviedo, estaremos ante medidas vacías de contenido.
Termino, señor Presidente. En la moción introducimos tres puntos
más, algunos de ellos coinciden con el Grupo Popular en el
sentido de dar un paso adelante en la participación de los
ayuntamiento, por cierto que el Ayuntamiento de Oviedo también
aprobó la ponencia de valores, lo cual quiere decir que por parte
de la Dirección General del Catastro estaba bien hecha. Pero
queremos seguir trabajando con los ayuntamientos, hacer más
participación con los ayuntamientos; queremos incluir con rango
de ley algunos criterios más de valoración catastral, y queremos
luchar contra el fraude haciendo de la referencia catastral la
única referencia de los bienes inmuebles. De todas maneras,
señorías, mi satisfacción estriba en que lo vamos ajustando de la
manera más conjunta posible, que hemos podido llegar a acuerdos,
que seguramente con esto los ciudadanos percibirán una mejora en
sus revisiones catastrales, porque en lo que todos estamos de
acuerdo es en que, a través de las medidas que adoptamos en 1990,
se puede decir ahora que se han producido importantes avances en
el plan de actualizaciones y que con estas nuevas medidas los
ciudadanos tendrán una mejor garantía de que la revisión
catastral obedece a estos fines, a estos objetivos que anuncié al
principio y no a ningunos otros distintos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Martín de la Vega.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria, al fijar su posición sobre esta moción consecuencia de
interpelación, quiere reiterar su felicitación al grupo
proponente por la concreción y oportunidad con que ha traído esta
moción.
El martes día 7 de este mes de noviembre debatíamos aquí la
oportunidad de una moción que presentaba el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
criterios del Gobierno para ayuda a la vivienda. Se planteó la
creación de una ponencia que estudiara precisamente este
problema. El acuciante problema de la vivienda en España, las
tremendas dificultades de acceso, tanto a la propiedad de la
misma como al alquiler, pero sobre todo a la propiedad para las
parejas de jóvenes recién casados, hace que haya toda una
constelación de circunstancias en las que se inserta también el
tema catastral.
A nuestro juicio, y sobre lo que fijamos nuestra posición en
primer lugar, el texto original de la moción del grupo proponente
nos parece que tiene una gran concreción. Nosotros la queremos
apoyar, salvo aquellas cuestiones que cambien por las enmiendas
transaccionales que se presenten, que por lo oído aquí disminuyen
en cierta medida sus efectos. La moción del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) nos parece de óptimos por su concreción,
porque es comprensible para el ciudadano. No obstante, cualquier
resquicio que alivie la situación actual tendrá nuestro voto
favorable. Nosotros no nos oponemos a los valores catastrales ni
a lo que ha dicho aquí el portavoz socialista en el sentido de
que haya un buen catastro y de que esto sea un instrumento
técnico de transparencia, pero lo que nos alarma es que se
transforme, en mano de las haciendas locales, en un instrumento
de la voracidad fiscal. Esto es lo preocupante: los efectos de
degeneración, los efectos perversos del instrumento. Hoy en día
no podemos ocultar que son las clases medias las que están
sufriendo más este acoso de aumento de la presión fiscal, como
ocurre con el automóvil. La vivienda y el automóvil se han
transformado en dos objetos muy concretos y muy apetecibles y
apetitosos para cargar sobre ellos la presión fiscal, a fin de
incrementar sus ingresos las corporaciones, que deberían tener
más prudencia presupuestaria.
Como bien ha señalado aquí el portavoz del Grupo Popular, he de
decir que en mi distrito electoral también existe esta voracidad
fiscal. Hay que evitar que sea una tentación y llegue a adquirir
carta de naturaleza, que no tiene que ver nada con el color
político del ayuntamiento de que se trate. En mi circunscripción
de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento del Rosario, de
titularidad socialista, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, de titularidad de mi Partido (la Agrupación Tinerfeña
de Independientes), han efectuado actualizaciones catastrales,
como se ha señalado aquí por el portavoz popular, del 400 por
ciento. Esto hay que reconocer que al ciudadano contribuyente le
supone un susto, el susto de ver una actualización catastral que
va del 300 al 400 por ciento. Y esto no tiene una comprensión
inmediata, aunque teóricamente parezca que la resultante, en
pago, de presión fiscal en este primer año es menor que la del
año pasado. Pero ahí queda ya la percha catastral sobre la cual
las corporaciones locales pueden, de acuerdo con la Ley de
Haciendas Locales, generar estos efectos perversos --así los
llamo yo-- de caer en la tentación de utilizarlo fiscalmente. Por
eso decía que voy a apoyar cualquier enmienda transaccional que
dé un respiro, que dé una tranquilidad de protección frente a
esta tentación de voracidad fiscal.
Dicho esto, y con respecto a las enmiendas --repito que nos
parece de una gran sistemática y muy elogiable el texto y todo el
articulado de la moción original del Grupo proponente--, por
ejemplo en la primera, que pretende la supresión del porcentaje
fijado --que el Grupo Popular suprime, el Grupo proponente lo
deja en el uno por ciento y el Grupo Socialista lo sitúa en esa
neutralidad fiscal del 1,1--, señalaré que nos gusta más la cifra
original del uno por ciento, y
la apoyaríamos, pero si la transaccional va a ofrecer el 1,1
frente al 1,3, no vamos a oponernos en ese tema del segmento.
En cuanto a las enmiendas que presenta el Grupo Popular (porque
las restantes del Grupo Socialista ya ha sido señalado por el
portavoz, señor Homs, que las va a aceptar con esas
modificaciones pertinentes a las que también mostramos nuestro
apoyo para que esto, al menos, tenga consensuadamente un
arropamiento mayoritario de la Cámara); en cuanto a aquellas
enmiendas del Grupo Popular, decía, nos parece muy de destacar
que para nada contradicen el texto de la moción proponente, como
son las dirigidas fundamentalmente al punto 2 bis nuevo, en
relación al Impuesto sobre el Patrimonio. Consideramos que son
importantes y las apoyamos, ya que es muy notable que en este
agobio de la presión fiscal que se da sobre el Impuesto del
Patrimonio haya una voluntad de elevar el mínimo exento fijado
por la Ley 19/1991.
Igualmente, nos inclinamos a considerar favorablemente la
enmienda del Grupo Popular al punto 5 bis nuevo, de adición,
sobre lo que es la Ley 39/1988, para recoger una mejor
delimitación de estas competencias que se señalan aquí.
En cualquier caso, el punto 6 del texto del Grupo proponente nos
parece fundamentalmente atinado. Quiero repetir aquí que esto
conecta con el lenguaje y la preocupación del ciudadano, insisto,
sobre todo de las clases medias, y también con lo que es el
principio de equidad fiscal, que nosotros defendemos, del texto
del Grupo proponente. Porque la equidad fiscal, en un gran
municipio que vaya llevando a cabo esta actualización catastral
por áreas, si se empieza a aplicar también cronológicamente por
áreas, va en contra del principio de equidad fiscal de los
ciudadanos de un mismo término municipal y genera un agravio
comparativo, así de sencillo. Por supuesto, esto se da en esos
grandes municipios que existen en toda la geografía del Estado
español, no a veces en los pequeños, porque se hace de una sola
tacada la técnica de la actualización catastral. Nosotros creemos
que hay que evitar estos agravios comparativos, pero, repito,
esto nos debe servir de pieza de discusión en todas las medidas
de la política de la vivienda en España. Porque cuando se está
proponiendo aquí por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), en
su punto 6, incrementar hasta 125.000 pesetas el máximo deducible
a que hace referencia la Ley 18/1991, relativo a la deducción por
alquiler de vivienda, está también gravitando sobre la política
general de la vivienda en España.
Finalmente, creemos que todo texto que salga de aquí debe recoger
--junto a estas otras enmiendas como la del Grupo Popular al
punto 7 nuevo, que compartimos plenamente-- el último apartado
del punto 6, letra c), del texto Grupo proponente, que dice:
«Adecuar las medidas necesarias para asegurar la neutralidad
fiscal respecto a las revisiones catastrales y su incidencia en
los impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria».
Posiblemente, como ocurre en muchos países de nuestro entorno --y
lo recordaba con motivo de la celebración de unas elecciones
recientes en la Confederación Helvética--, el ciudadano
contribuyente, en su calidad de votante, empiece a votar opciones
políticas más que por una ideología por el estudio de la presión
fiscal de las medidas que le impongan.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo que en un principio se planteaba en la interpelación como una
discusión sobre la revisión de los valores catastrales, al final,
ha concluido con una discusión sobre muchos otros aspectos que
tienen que ver con la presión fiscal, que tienen que ver con la
manera en que se produce la actividad económica en nuestro país,
que tienen ver con muchísimos otros elementos a cuyo debate ha
dado pie la revisión del catastro.
Aquí se han vertido numerosísimas opiniones que yo creo que casi
dibujan cómo es el panorama económico en nuestro país, porque si
realmente los ayuntamientos han hecho de los valores catastrales
y del patrimonio inmobiliario una de sus principales fuentes de
recursos, será probablemente porque no haya otras; la actividad
económica en nuestro país está tan mermada que la posibilidad de
recaudar para las haciendas locales se encuentra en recaudar
sobre los valores patrimoniales, sobre los valores inmobiliarios.
Esto también denota que existe una pobreza importante de recursos
para que las haciendas locales puedan mantenerse; por tanto, la
presión fiscal sobre los valores inmobiliarios se hace
absolutamente perentoria para conseguir que sea viable el
conjunto de las corporaciones locales de nuestro país. No debería
escandalizarnos tanto el que la presión sea tan importante y
deberíamos conocer qué es lo que realmente está pasando para que
las haciendas locales se tengan que nutrir precisamente de esto.
En cualquier caso, creo que la moción, que es bastante incompleta
sobre el conjunto de los problemas que afectan a este asunto,
tiene aspectos a los que nosotros no nos podemos negar, y si
fuera posible la votación parcial de cada uno de ellos, a lo
mejor, mi Grupo Parlamentario no votaba afirmativamente el
conjunto de los puntos que se plantean en esta transacción entre
CIU y el Grupo Socialista.
Nosotros estamos de acuerdo en que la presión fiscal sea
simultánea en el conjunto del municipio; estamos de acuerdo con
lo que se señala en el segundo punto, al igual que estamos a
favor de que se implanten mecanismos de bonificación para que no
se haga automático el incremento de la presión fiscal sobre los
valores
inmobiliarios sino que, tal y como se plantea en la enmienda que
han transado con el Grupo Socialista, exista un período de acceso
hasta el nivel mayor de presión fiscal. Sin embargo, vemos con
algunas reticencias el que se baje del 1,3 al 1,1 el coeficiente
sobre las viviendas que no se encuentren arrendadas en este
momento, aunque se añada la cautela de que solamente sea en los
casos en los que ya se haya producido la revisión catastral
cuando tenga lugar esta reducción. Aunque votemos el conjunto de
la moción que ha quedado así transada, seguimos manteniendo
nuestra posición de que debe existir un impuesto especial
aplicable a las viviendas que no son ocupadas, a las viviendas
que se encuentran vacías, aunque dicho impuesto no esté incluido
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Nosotros
creemos que no es bueno que haya desaparecido de la moción, como
consecuencia de esta transacción que se ha hecho, algunos de los
aspectos que intentaban amortiguar el impacto de la aplicación
del IBI sobre los inquilinos de viviendas de rentas antiguas como
consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Quizá la que se
daba en la moción no era la mejor de las soluciones, pero era al
menos una respuesta a lo que yo creo que fue una
desafortunadísima inclusión, es decir, que el IBI incidiera no
sólo sobre los propietarios sino sobre los inquilinos, y esto ha
afectado de forma bastante grave precisamente a los más modestos,
que son muy particularmente los que se encontraban en los cascos
históricos, que han sufrido ahora un importante incremento del
valor catastral y, por tanto, un notable incremento dentro del
IBI. Ahora, de acuerdo con lo que la Ley de Arrendamientos
Urbanos determina, ese incremento del IBI pasa automáticamente a
los inquilinos, que son los que lo soportan. Quizá la moción no
planteaba una solución excesivamente afinada, pero desde luego
planteaba un amortiguamiento de esa presión fiscal que cae
precisamente en estas rentas mucho más modestas. Por lo tanto,
creemos que la moción pierde cuando, por mor de la transacción
que se hace con el Grupo Socialista, se elimina cualquier mención
a este aspecto que nosotros consideramos negativo.
Sabiendo que el tema no queda cerrado con esta moción, ni
muchísimo menos, y que probablemente harán falta muchos más
debates parlamentarios para determinar cuáles son las
consecuencias de esta revisión catastral, mi Grupo Parlamentario,
con las cautelas que he planteado a lo largo de mi discurso, va a
votar favorablemente al resultado de esta transacción entre el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Entiendo que de la intervención del señor Homs en la defensa de
la moción se ha desprendido la aceptación parcial de las
enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Popular y la
explicación del texto transaccional resultante.
Vamos a proceder, por tanto, a la votación de esta moción.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre los
criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión
catastral y las medidas que tiene previsto adoptar para paliar su
repercusión sobre la presión tributaria y los alquileres, que se
somete a votación en los términos resultantes de la aceptación
parcial de las enmiendas de los grupos Popular y Socialista; con
el resultado transaccional expuesto en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 277.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.