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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 184, de 22/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 184
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 182
celebrada el miércoles, 22 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
--Preguntas (Página 9782)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre líneas de política general
que piensa seguir el Gobierno en relación al Plan de Paz
propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara Occidental
(número de expediente 172/000130) (Página 9806)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
los criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión
catastral y las medidas que tiene previsto adoptar para paliar su
repercusión sobre la presión tributaria y los alquileres (número
de expediente 172/000127) (Página 9811)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar en favor de distintos sectores económicos de
nuestro país, entre ellos el pesquero y agrario, tras los
acuerdos suscritos por la Unión Europea (número de expediente
172/000128) (Página 9820)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 185,
de 23 de noviembre de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 9782)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV),
que formula al Gobierno: ¿Por qué razón se realizaron maniobras
militares en el término municipal de Llodio con fecha 18 de
octubre, en las que participaron miembros de la Brigada de
Paracaidistas, sin preavisar al Alcalde de dicha localidad,
penetrando en terrenos particulares sin autorización, intimidando
a algún vecino y creando alarma general en la localidad? (Número
de expediente 180/001501) (Página 9782)
Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el
Ministerio de Defensa para realizar la gran carena del submarino
F-73 durante el año 1996? (Número de expediente 180/001507)
(Página 9784)
Del Diputado don José María Mur Bernad, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué actos y qué presupuesto ha
proyectado el Gobierno para celebrar el nacimiento del pintor
aragonés Francisco de Goya y cuál es la participación en los
mismos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón? (Número
de expediente 180/001502) (Página 9784)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha realizado
el Gobierno en el corredor del mediterráneo línea de velocidad
alta Barcelona-Valencia, con especial atención a la provincia de
Tarragona? (Número de expediente 180/001508) (Página 9785)
Del Diputado don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones, y en qué
plazos, tiene previsto realizar el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente en relación con la carretera
nacional 232 en su tramo Xert-Morella? (Número de expediente
180/001509) (Página 9786)
Del Diputado don Manuel Couce Pereiro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
tomar medidas para mantener el buen estado de carreteras y
compensar a los municipios afectados, situación que se va a
agravar cuando las necesidades de la empresa eléctrica Endesa
requieran la frecuencia prevista de un camión de carbón por
minuto desde el puerto de El Ferrol a As Pontes? (Número de
expediente 180/001511) (Página 9787)
Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de las reivindicaciones de obras hidráulicas y trasvases
que vienen realizando los Alcaldes y las Comunidades de Regantes
del Bajo Guadalquivir? (Número de expediente 180/001516) (Página 9788)
Del Diputado don José Luis Martínez Blasco, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Por qué tiene intención el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
ejecutar en 1995 el conocido como «nudo Sicione» en la ciudad de
Zaragoza posponiendo la ejecución de otras obras comprometidas y
programadas por el Gobierno de la ciudad? (Número de expediente
180/001519) (Página 9789)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente: ¿Tiene previsto el Gobierno
modificar el régimen de bonificaciones en los transportes aéreos
y marítimos a los residentes en los archipiélagos de Canarias y
Baleares y en Ceuta y Melilla? (Número de expediente 180/001529)
(Página 9790)
Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Comercio y Turismo: ¿Qué razones han motivado que el
Ministerio de Comercio y Turismo haya sido incapaz de enviar al
Parlamento la Ley que regule los créditos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo? (Número de expediente 180/001525) (Página 9791)
Del Diputado don Julio Bassets Rutllant, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha adoptado el Ministerio de
Sanidad y Consumo alguna medida para agilizar la actividad en
cuanto a la evaluación de los medicamentos? (Número de expediente
180/001510) (Página 9792)
Del Diputado don Manuel de la Rocha Rubí, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el
Gobierno para la construcción de un hospital en la localidad de
Fuenlabrada, en Madrid? (Número de expediente 180/001515) (Página 9793)
Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, del
Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones de adaptación y de nueva construcción de centros
tiene previsto desarrollar el Ministerio de Educación y Ciencia
en la localidad de La Solana (Ciudad Real) para acometer con
garantías la implantación de la reforma? (Número de expediente
180/001514) (Página 9794)
Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el
Gobierno para regular, dentro de la reforma de la formación
profesional, los estudios de enología? (Número de expediente
180/001517) (Página 9795)
Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia: ¿Cuántos títulos de Formación Profesional,
cuya publicación según el Plan de Formación Profesional de 1992
debía realizarse en julio de 1993, están todavía pendientes?
(Número de expediente 180/001523) (Página 9796)
Del Diputado don Valentín Bravo Martín-Pintado, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cuál es la razón
por la que el Gobierno no ha desarrollado la Ley de Modernización
de las Explotaciones Agrarias para hacer posible su aplicación?
(Número de expediente 180/001526) (Página 9797)
Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿De qué forma piensa el
Gobierno abordar la apremiante necesidad de hacer frente a la
recuperación de las plantaciones de cultivos leñosos afectados
irreversiblemente por la sequía? (Número de expediente
180/001527) (Página 9798)
Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Con cargo a qué
partida presupuestaria tiene previsto el Sr. Ministro pagar las
indemnizaciones acordadas por la sentencia del Tribunal Supremo
de fecha 11 de mayo de 1995, por despido improcedente del
personal laboral contratado para la ejecución del programa
coordinado para la erradicación de la peste porcina africana?
(Número de expediente 180/001528) (Página 9799)
Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones impiden que la
obtención del Documento Nacional de Identidad en las islas de La
Gomera y El Hierro se produzca de forma similar al resto del
territorio nacional? (Número de expediente 180/001512) (Página 9801)
Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno
aumentar en breve plazo el número de juzgados de familia en
Málaga para facilitar la celeridad de los procesos que con ellos
se tramitan? (Número de expediente 180/001513) (Página 9802)
De la Diputada doña Eva María Amador Guillén, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia e Interior: ¿Por qué no se adoptaron por
parte del Ministerio de Justicia e Interior todas las medidas
necesarias para evitar la fuga de los presuntos miembros del
comando «Matalaz» de ETA, excarcelados al cumplir el tiempo legal
máximo de la prisión preventiva? (Número de expediente
180/001521) (Página 9803)
Del Diputado don Julio Padilla Carballada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia e Interior: ¿Cuáles han sido los motivos de
la pérdida de confianza del Gobierno en el Abogado del Estado
Jefe del Tribunal Supremo? (Número de expediente 180/001535)
(Página 9804)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Piensa el Gobierno equiparar los sueldos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los de las
policías autonómicas? (Número de expediente 180/001524) (Página 9805)
Interpelaciones urgentes (Página 9806)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre líneas de política general
que piensa seguir el Gobierno en relación al Plan de Paz
propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara Occidental
(Página 9806)
El señor Albistur Marín desarrolla la interpelación en nombre del
Grupo Mixto manifestando que, en el mes de marzo de este año, se
presentó una proposición no de ley que trataba precisamente sobre
el tema de esta interpelación, pero que ha dormido el sueño de
los justos durante ocho meses y que probablemente no se podrá
debatir en el actual período de sesiones, dado el sistema de
turnos y plazos establecido al efecto. Agradece, por tanto, la
posibilidad de defender hoy esta interpelación en sustitución de
la proposición no de ley, permitiendo una nueva toma de
conciencia con la realidad del pueblo saharahui, para muchos
olvidada pero presente como una reivindicación de los derechos de
unos seres humanos a ser dueños de su destino, de su tierra, de
su pasado histórico y también de su futuro. Cree que el motivo
del debate es también oportuno por coincidir con la Conferencia
Euromediterránea y en particular por existir un plan de paz
propuesto por Naciones Unidas que ha sido sistemáticamente
boicoteado por el Reino de Marruecos.
Agrega el señor Albistur que estamos ante uno de los problemas
políticos pendientes de la transición española y respecto del
cual el pueblo español ha tenido una actitud contradictoria, y en
general pasiva, frente a los acuerdos de apoyo adoptados por
municipios, Parlamentos de autonomías y sociedades de amigos del
pueblo saharahui. En definitiva, después de veinte años nos
encontramos con un proceso histórico de descolonización
inconcluso, que se puede calificar de atípico por lo que supone
de abandono por el colonizador a los colonizados.
Consiguientemente, el propósito de la interpelación es recordar
que nuestra democracia tiene un tema político pendiente, respecto
del cual la opción más lógica sería la que combina el proceso de
paz con el diálogo directo entre las dos partes.
Para terminar, anuncia la presentación de una moción en la
próxima sesión plenaria, en la que intentará recoger los
argumentos ya expresados por la Asociación de Amigos del pueblo
Saharahui que recoge, a su vez, la opinión de instituciones, de
intelectuales y del pueblo español.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de la
Presidencia (Pérez Rubalcaba), manifestando que la aplicación del
llamado plan de arreglo
de Naciones Unidas para el Sahara Occidental está atravesando una
fase delicada, refiriéndose a cuestiones tales como el
acantonamiento de los soldados del Frente Polisario, la reducción
de las tropas de Marruecos en el territorio, la aceptación de un
código de conducta para la campaña electoral, la liberación de
presos políticos y el canje de prisioneros de guerra y muy
fundamentalmente la identificación y el registro de votantes.
Añade diferentes razones, tanto de tipo técnico como diplomático,
explicando la complejidad de las tareas de identificación y
registro de votantes encomendadas a la Misión de las Naciones
Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Por otra parte,
el hecho de que las dos partes tengan intereses contrapuestos
dificulta también la confección del censo y, en las últimas
semanas, el desacuerdo fundamental de las partes versa sobre la
inclusión o no en el censo de tres agrupaciones tribales
controvertidas.
Como consecuencia, en su último informe del 9 de septiembre de
este año, el Secretario General de las Naciones Unidas se
mostraba decepcionado por los escasos avances producidos en los
últimos meses, afirmando que ambas partes son reacias a llegar a
una avenencia en relación con ciertas cuestiones que a su juicio
podrían debilitar sus respectivas posiciones.
Añade que el jefe de la Misión de las Naciones Unidas ha
presentado recientemente a las partes, y también al Consejo de
Seguridad, una serie de propuestas para desbloquear la situación.
En todo caso, desea también poner de manifiesto que no se pueden
menospreciar los avances conseguidos hasta la fecha, algunos de
los cuales menciona, destacando la Resolución del Consejo de
Seguridad 1.017, de 22 de septiembre, y agrega que el Gobierno
español ha apoyado intensa y activamente en todo momento el plan
de arreglo para el Sahara Occidental del Secretario de las
Naciones Unidas, cuyo objetivo es permitir la celebración de un
referéndum de autodeterminación libre y justo que reúna las
garantías internacionales. España ha desarrollado, y seguirá
desarrollando, una actividad diplomática constante y constructiva
con los gobiernos interesados y con los responsables de las
Naciones Unidas, a todo lo cual se unen las ayudas a través de
importantes contribuciones financieras, materiales y técnicas a
la Misión.
Replica el señor Albistur Marín.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Muñoz Alonso
Ledo (del Grupo Popular) y Espasa Oliver (del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya).
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los
criterios del Gobierno ante el actual proceso de revisión
catastral y las medidas que tiene previsto adoptar para paliar su
repercusión sobre la presión tributaria y los alquileres (Página 9811)
El señor Homs i Ferret defiende la interpelación del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) manifestando que desean conocer
cuáles son los criterios que tiene hoy el Gobierno y que se están
aplicando en el proceso de actualización de los valores
catastrales en España. Asimismo desean conocer del Gobierno si es
su propósito impulsar unas medidas de ajuste de la normativa
fiscal hoy vigente en los impuestos estatales para poder
neutralizar el impacto indirecto que van a tener estas
actualizaciones de los valores catastrales en los impuestos sobre
la Renta de las Personas Físicas, del Patrimonio, sobre
transmisiones, sobre plusvalías y sobre todo sobre el alquiler.
Señala que los efectos indirectos de estas medidas son muy
importantes, puesto que no estamos ante una actualización de los
valores catastrales mínima o menor, sino ante unas
actualizaciones muy importantes, con incrementos del orden del
100 o 200 por ciento de media.
Añade que su Grupo Parlamentario es contrario a toda medida y
actuación que conlleve un incremento de la presión tributaria y
que los criterios que se están aplicando muchas veces no se
justifican, dando lugar a unas valoraciones absolutamente
inaceptables por excesivas. En consecuencia, plantea al Gobierno
la conveniencia de suspender esta medida y, asimismo, reitera la
petición de que dé a conocer los criterios seguidos sobre el
particular.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de la
Presidencia (Pérez Rubalcaba), manifestando que la interpelación
que acaba de defender el señor Homs plantea el tema de las
revisiones catastrales en los mismos términos y prácticamente con
los mismos argumentos utilizados por Convergència i Unió en el
año 1990, momento desde el que han transcurrido cinco años,
durante los cuales el Gobierno ha diseñado un plan de actuación
que en nada se parece al del año 1990. Alude a la moción aprobada
unánimemente por este Congreso el 18 de noviembre de 1994, en la
que se recogía la necesidad de que se produjera la entrada en
vigor de estas revisiones catastrales de forma paulatina para
evitar los efectos negativos derivados de las mismas, encargo que
fue asumido por el Gobierno aprobando un conjunto de medidas que
resume para que la Cámara conozca el alcance y contenido de la
actual revisión catastral.
Quiere, en todo caso, tranquilizar al Grupo Catalán en relación
con los efectos fiscales de las revisiones catastrales,
mencionando los efectos que sobre los diversos impuestos tienen
dichas revisiones debido a las medidas adoptadas por el Gobierno
para evitar un incremento medio de la presión fiscal. Alude, por
otra parte, a la ausencia de conflictos generados por las
revisiones ya realizadas, llegando a la conclusión de que dichas
revisiones son asumidas plenamente por el conjunto de los
ayuntamientos y por una buena parte de los ciudadanos.
Replica el señor Homs i Ferret.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Andreu Andreu
(del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya) y Costa
Climent (del Grupo Popular).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar en favor de distintos sectores económicos de
nuestro país, entre ellos el pesquero y agrario, tras los
acuerdos suscritos por la Unión Europea (Página 9820)
El señor Fernández de Mesa y Díaz del Río defiende la
interpelación del Grupo Popular tratando de que el Gobierno
clarifique cuáles son las medidas que va a adoptar, sobre todo en
torno al sector pesquero español, que se ha visto afectado por el
reciente acuerdo de la Unión Europea con el Reino de Marruecos.
Señala que su Grupo viene calificando este acuerdo desde hace
meses como negativo, que al menos causará un impacto negativo en
nuestro sector pesquero. Aclara que, en todo caso, no coincide su
valoración con la del Gobierno, que señala que ha realizado el
mejor acuerdo posible.
Expone a continuación algunas cifras relativas a los efectos
negativos que, a su juicio, tendrá el mencionado acuerdo sobre
nuestro sector pesquero, agregando que, a través de la
interpelación, pretenden conocer en un primer momento lo que se
propone hacer el Gobierno y, a continuación, plantear lo que el
Grupo Popular considera que son medidas imprescindibles de
acompañamiento de carácter social para el sector pesquero, que
deben de comprometer a este Gobierno a que, en el plazo más breve
posible, sea capaz de negociar con los interesados, con el propio
sector, cuáles van a ser las compensaciones que van a recibir por
el descenso de su actividad, que en buena parte deben ir a costa
de los presupuestos de la Unión Europea y no exclusivamente con
cargo a nuestros presupuestos.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna). Comienza
destacando la importancia del acuerdo pesquero con Marruecos, en
el marco de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países,
al amparo de los cuales faenan más de mil barcos españoles, los
de mayor capacidad y de mayor nivel tecnológico, representando
una parte muy importante de nuestra flota que faena en aguas
internacionales o de diversos países. Resalta que dicho acuerdo,
el alcanzado con Marruecos, es el más importante en términos
cuantitativos, por número de barcos y por tonelaje, agradeciendo
el enfoque expuesto por el señor Fernández de Mesa, que califica
de constructivo, sin perjuicio de criticar los elementos
insatisfactorios que en el acuerdo puedan existir. En todo caso,
el acuerdo ha sido valorado globalmente como razonablemente
positivo por el propio sector, con una duración de cuatro años
que permite una notable estabilidad para acoplarse a la reducción
de las posibilidades de pesca de forma escalonada, progresiva y
no traumática. Los cánones también han tenido una evolución
moderada, con un balance global, por consiguiente, relativamente
razonable en términos de reducción media de las posibilidades de
pesca.
Replica el señor Fernández de Mesa y Díaz del Río, duplicando el
señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez (en nombre del Grupo de Coalición Canaria), Vidal i
Sardó por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu
(por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la
noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV),
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE RAZON SE REALIZARON MANIOBRAS
MILITARES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LLODIO, CON FECHA 18 DE
OCTUBRE, EN LAS QUE PARTICIPARON MIEMBROS DE LA BRIGADA DE
PARACAIDISTAS, SIN PREAVISAR AL ALCALDE DE DICHA LOCALIDAD,
PENETRANDO EN TERRENOS PARTICULARES SIN AUTORIZACION, INTIMIDANDO
A ALGUN VECINO Y CREANDO ALARMA GENERAL EN LA LOCALIDAD? (Número
de expediente 180/001501)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 9, del señor Olabarría Muñoz.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, la verdad es que este ambiente casi
aconseja que descienda y le haga la pregunta personal y
directamente. Pero ajustándonos a la naturaleza del trámite, la
pregunta reza así: ¿Por qué razón se realizaron maniobras
militares en el término municipal de Llodio, con fecha 18 de
octubre, en las que participaron miembros de la Brigada
Paracaidista de Alcalá de Henares sin preavisar al Alcalde de
dicha localidad, penetrando en terrenos particulares los
militares participantes en dichas maniobras, intimidando a algún
vecino y creando alarma general en la localidad?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Efectivamente, señoría, son ejercicios de la fuerza de acción
rápida, a la que pertenece la Brigada Paracaidista; ejercicios
que se hacen periódicamente, todos los años, para mantener el
adiestramiento operativo de la Unidad y que están programados con
anterioridad. Entre estos ejercicios se encuentran algunos de
movimientos y de actuación aislada en terrenos que sean
desconocidos, por consiguiente, fuera de los campos de maniobra.
Como decía, son ejercicios periódicos que procuran causar los
menores daños posibles a los bienes y, desde luego, las menores
molestias posibles a la población, como, según mi información, ha
sido el caso en los ejercicios que se han realizado en Llodio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, le agradezco la
información relativa a la naturaleza de las maniobras que se
desarrollaron y su carácter esporádico y, si no le he entendido
mal, incluso sorpresivo.
Tengo que decirle, como valoración política sobre estas
maniobras, señor Ministro, que resulta sorprendente que puedan
aparecer en una localidad inopinadamente, sin preavisar al
Alcalde, sin preavisar al Delegado del Gobierno --a las doce
cuarenta y cinco de la mañana no sabía nada sobre estas
maniobras--, sin preavisar al Gobierno Civil de Alava, de la
participación de unas maniobras en las que, al parecer,
intervinieron cinco helicópteros de la marca UH-10 --no sé si
utilizar la palabra marca es correcto--, otros dos del tipo
Chinook, más de 200 paracaidistas, que si no crearon alarma
social (no voy a utilizar este deletéreo concepto de alarma
social que a base de uso se está desgastando) sí asustaron a
algunos vecinos, provocaron incidentes con la Ertzaintza y la
Policía Municipal, que intentó identificar a los paracaidistas
(paradójica cuestión que la Policía Municipal tenga que
identificar a unos paracaidistas de la Brigada de Alcalá de
Henares, pero así fue), provocaron problemas, y allanaron
propiedades privadas. Eso sí que no lo puede usted justificar,
señor Ministro, propiedades privadas. Se lo puedo garantizar. Le
puedo decir cuáles. Propiedades privadas en Arbide, propiedades
privadas en Olarte, propiedades privadas en Markuartu,
propiedades privadas en Luja y en zonas colindantes al municipio
de Llodio. En definitiva, provocaron la alarma que siempre la
aparatosidad de una intervención militar de carácter inopinado,
como usted ha descrito, tiene que provocar necesariamente entre
los ciudadanos residentes o entre los ciudadanos que trabajan en
esas zonas, en esas localidades.
No puedo concebir que la Brigada Paracaidista ni nadie realice
maniobras de esta naturaleza, señor Ministro, sin preavisar a
nadie, sin preavisar al Alcalde, para que advierta a los
ciudadanos, sin preavisar al Delegado del Gobierno, sin preavisar
al Gobernador Civil. Esto no es lógico desde una perspectiva
estrictamente militar. Estas cuestiones crean alarma social,
señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, son maniobras, como decía, de carácter periódico. En
concreto, en el País Vasco se han realizado en diferentes
localidades maniobras de este tipo --según mi información-- en
los años 1985, 1987, 1988, 1992 y 1995. Estas en concreto se
realizaron en diversos municipios o localidades de Santander, de
Vizcaya y de Alava.
En términos generales, los ejercicios se realizan en terrenos
públicos, está prohibida la ejecución de prácticas de tiro con
cualquier tipo de armas y se observa el máximo respeto a las
personas y a la propiedad privada. Cuando hay daños, hay una
Comisión de Daños que los evalúa a requerimiento de los
particulares y que indemniza por los que se hayan podido
realizar.
En el caso de Llodio, señoría, según mi información, no se ha
invadido ninguna propiedad particular, ni en los campamentos ni
tampoco en la zona de operaciones. Todos los tránsitos, según se
me indica, se realizaron por vías de carácter público y hasta la
fecha no se tiene constancia de haberse producido daño alguno ni
reclamación alguna ante la Comisión de Daños por estos
ejercicios.
Tampoco es cierto, señoría, que se haya intimidado directamente a
ningún particular, a ningún vecino, y creo que no se ha creado
alarma general en la localidad. Puede haber habido algún problema
de descoordinación, pero en cualquier caso el Gobernador Civil sí
lo conocía y se había comunicado a la prensa --por eso digo que
pudo haber habido alguna descoordinación-- la realización de
estas maniobras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA REALIZAR LA GRAN
CARENA DEL SUBMARINO F-73 DURANTE EL AÑO 1996? (Número de
expediente 180/001507)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Alonso Conesa.
El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, como usted sabe bien, la flota de
submarinos de nuestra Armada está compuesta de ocho unidades,
cuatro de la serie 60 y cuatro de la serie 70. Dicha flota
necesita realizar cada cinco años su gran carena, consistente en
su revisión y puesta a punto general.
En el año actual se ha terminado la gran carena del submarino S-
72 y para el mes de diciembre se tiene previsto entregar a la
Armada la gran carena del submarino S-64 por parte de la Empresa
Nacional Bazán, que es la encargada de esta puesta a punto, en su
factoría en Cartagena, señor Ministro, lo que supone una
importante carga de trabajo, aproximadamente 400.000 horas, para
los trabajadores de dicha factoría.
Las decisiones del Gobierno de la nación sobre la construcción de
los buques cazaminas y estas carenas han supuesto la estabilidad
y perspectiva de futuro de esta factoría. En la actualidad, señor
Ministro, la entrada inmediata de la carena del submarino S-73
Mistral supondría una vez más un excedente de trabajo y, por
tanto, se resentiría la línea productiva que la empresa ha
iniciado en los últimos años.
Señor Ministro, soy consciente del interés del Gobierno de la
nación y de su Ministerio por intentar conjugar la mayor y mejor
operatividad y modernización de nuestras Fuerzas Armadas y la
mejora de los resultados y productividad de nuestras empresas
públicas, y es por lo que le pregunto ¿cuándo tiene previsto
realizar el Ministerio de Defensa la gran carena del submarino S-
73 Mistral?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, las grandes carenas son acciones que forman parte de los
planes de mantenimiento de los ejércitos, íntimamente ligados a
los planes integrales de utilización de cada clase de buque.
Están en continua evolución mediante estudios técnicos. De hecho,
el concepto de gran carena ha desaparecido de la mayoría de los
planes de mantenimiento en los buques de la flota, aunque no en
el caso de los submarinos, donde se conserva para poder abordar
simultáneamente comprobaciones y reparaciones de componentes ante
los espacios reducidos en esta clase de buques.
Gracias a las mejoras que se van introduciendo en los equipos y a
la mayor calidad de los materiales empleados se ha podido
incrementar, desde hace unos años, el intervalo de realización de
las grandes carenas. Al incrementar los intervalos, se aumenta
sensiblemente el período de disponibilidad operativa de cada
submarino, resulta mayor el número de submarinos con capacidad de
operar y se obtiene una disminución del coste de mantenimiento,
aunque no sea este último el objetivo principal.
En concreto, con referencia a su pregunta, puedo decirle que, en
sintonía con los criterios que acabo de expresar, el comienzo de
la gran carena del submarino S-73 Mistral se ha programado para
finales del primer trimestre de 1996, del año próximo, con un
coste estimado de 2.500 millones de pesetas y una duración de la
operación de mantenimiento de once meses. Se realizará en la
factoría de Cartagena, de la Empresa Nacional Bazán, y
proporcionará una carga de trabajo, según mi información, de
320.000 horas.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MUR BERNAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTOS Y QUE PRESUPUESTO HA
PROYECTADO EL GOBIERNO PARA CELEBRAR EL NACIMIENTO DEL PINTOR
ARAGONES FRANCISCO DE GOYA Y CUAL ES LA PARTICIPACION EN LOS
MISMOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON? (Número
de expediente 180/001502)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Mur Bernad.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Querría preguntar a la señora Ministra de Cultura sobre el año de
Goya. El 30 de marzo de 1996 celebraremos el 250 aniversario del
nacimiento del pintor aragonés Francisco de Goya, sin duda el
aragonés más universal. Desearíamos saber qué actos han preparado
para este aniversario el Ministerio de Cultura y el conjunto de
las administraciones públicas, con qué presupuesto
se cuenta y cuál es la participación en los eventos de las
instituciones aragonesas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias,
Presidente.
Como ya conoce S. S., el pasado mes de septiembre el Ministro de
Comercio y Turismo y yo misma hicimos pública la voluntad del
Gobierno de conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Goya,
uno de nuestros creadores más importantes tanto en el plano
nacional como en el internacional. Estamos empeñados, desde la
responsabilidad que nos corresponde, en que dicha celebración
permita que se conozca todavía más y mejor la obra del genial
artista aragonés.
En esta línea, con un presupuesto aproximado de 1.000 millones de
pesetas, todavía pendiente de distribuir en las correspondientes
partidas, nos proponemos llevar a cabo un conjunto de actuaciones
agrupadas como sigue: una gran exposición de carácter antológico
con el título de «Goya», organizada por el Museo del Prado, que
se inauguraría coincidiendo con la fecha de su nacimiento, y será
completada con exposiciones de cartones y tapices de Goya,
dependientes también de Patrimonio Nacional, obra gráfica de la
Real Academia de Bellas Artes, el Goya de papel en la Biblioteca
Nacional o incluso la indumentaria y la cerámica de su tiempo;
diferentes encuentros científicos e historiográficos sobre la
obra de Goya y la cultura de su época; un programa de promoción y
puesta en valor de los distintos espacios o rutas goyescas
repartidos por toda España y, finalmente, un conjunto de
manifestaciones complementarias que tendrían como protagonistas a
la música y a las artes escénicas.
Este es el plan de actividades que estamos preparando desde el
Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Comercio y
Turismo, lo que no es óbice para que desde el momento en que
hicimos público dicho programa invitáramos a instituciones
públicas y privadas a sumar esfuerzos para hacer converger
aquellas iniciativas de ámbito autonómico y local que se
estuvieran preparando. Desde el primer momento en que se hizo la
presentación de este programa aludí al especial protagonismo que
tenía que tener la Comunidad de Aragón. En esa línea de la
colaboración institucional, que yo creo que ya es un hecho, y en
el marco de la Comisión Goya que hemos creado se están
consolidando los distintos programas y ajustando los
correspondientes presupuestos. De lo que no me cabe es la menor
duda es que de que 1996, Año Goya, va a ser una conmemoración
satisfactoria para todos, instituciones públicas y diferentes
sectores y colectivos privados.
También le puedo decir que recientemente tuve la reunión con las
máximas representaciones de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente, gracias, señora
Ministra.
Precisamente, la presentación pública el día 25 de septiembre de
los actos a que usted ha hecho referencia fue lo que hizo saltar
la alarma en las instituciones aragonesas, porque no parece
lógico que con un programa que es tan ambicioso, que cuenta con
un presupuesto, como usted misma ha dicho, de 1.000 millones de
pesetas, y sabiendo, además, que las instituciones aragonesas,
por lógica, están preparando cosas, ustedes presenten en Madrid y
en solitario ese programa que, cuanto menos, demuestra la falta
de coordinación entre las distintas administraciones. Ante un
hecho como éste, que parece tan claro, que parece tan obvio, es
preciso coordinar esfuerzos para rentabilizar presupuestos y cada
institución no puede ir por su lado. Sabe usted que el
Ayuntamiento de Fuendetodos, la Diputación Provincial de
Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón
están preparando actos. Usted imagine lo que puede ocurrir ante
la opinión pública si cada institución que se crea llamada a
hacer algo en el Año de Goya aparece por separado. Creo que se
empezó mal este asunto. Sé que después ha habido alguna
rectificación, fundamentalmente porque las instituciones
aragonesas, a pesar de la falta de sensibilidad y del fuerte
malestar que produjo esta actuación del Ministerio, a pesar de
todo eso, han hablado con ustedes, han intentado coordinar cosas
y espero que a partir de ahora, efectivamente, esta coordinación
no falle porque fundamentalmente hay que hacer un buen Año de
Goya, algo permanente para que no se acabe en el año 1996 y
aprovechar todas las energías, que buena falta nos va a hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HA
REALIZADO EL GOBIERNO EN EL CORREDOR MEDITERRANEO LINEA DE
VELOCIDAD ALTA BARCELONA-VALENCIA, CON ESPECIAL ATENCION A LA
PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/001508)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Antich i
Balada. Tiene la palabra.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, es evidente que las infraestructuras de
comunicaciones son básicas para facilitar
el desarrollo de las zonas a través de las cuales discurren o
comunican. En este sentido, básicamente en el corredor del
Mediterráneo Barcelona-Valencia se están realizando unas obras
importantes desde hace años para conseguir un corredor
ferroviario que se ha llamado ya de velocidad alta de 220
kilómetros por hora. Las obras están en marcha en distintas
zonas. Por ello, el contenido de mi pregunta va en el sentido de
conocer qué actuaciones ha realizado el Gobierno en el corredor
mediterráneo línea de velocidad alta Barcelona-Valencia, con
especial atención a la provincia de Tarragona.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, señoría, estamos trabajando intensamente en adaptar el
corredor ferroviario del Mediterráneo a velocidades de 200-220
kilómetros por hora entre Barcelona y Valencia. Toda la actuación
se apoya en la actual línea duplicando los tramos donde
actualmente hay vía única, adecuándolos a las nuevas velocidades,
y suprimiendo todos los pasos de nivel. Ello implica una
inversión en infraestructuras cercana a los 190.000 millones de
pesetas, de los cuales ya estamos con obra contratada o en
ejecución por un valor de casi 100.000 millones de pesetas.
Para llevar a cabo las obras hemos dividido el corredor en
distintos tramos de forma que su ejecución afecte lo menos
posible a la explotación de la línea, que sigue en servicio. Así,
en la provincia de Tarragona hemos dividido el corredor en una
serie de tramos cuya situación es la siguiente: entre Alcanar y
Vandellós, 64 kilómetros de longitud, la plataforma para la doble
vía está prácticamente terminada, incluyendo la variante del Ebro
con un nuevo puente sobre dicho río. Están en ejecución las obras
de electrificación y vía, con una inversión que ronda los 25.000
millones de pesetas. Entre Vandellós y Tarragona, otros 39
kilómetros, tenemos los proyectos correspondientes a la
duplicación, pero no se han podido contratar por la oposición de
los ayuntamientos de Cambrils y Montroig, que han pedido la
construcción de un nuevo trazado por el interior, lo que implica
una inversión de 20.000 millones de pesetas, habiéndose iniciado
ya el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de las
alternativas de trazado consideradas. Esperamos que las obras
puedan licitarse en 1997. Entre Tarragona y Sant Vicenì de
Calders, 25 kilómetros, las obras de renovación de ese tramo de
vía están en ejecución, y hemos adjudicado recientemente las de
modernización de la electrificación e instalaciones de control
por un importe cercano a los 6.000 millones de pesetas.
Finalmente, entre Sant Vicenì de Calders y Barcelona no hay
previstas obras de actuación, dada la alta densidad del tráfico
de cercanías y la imposibilidad de aumentar el número de vías.
En resumen, señoría, en octubre de 1996 estarán en servicio en la
línea 240 kilómetros a esta velocidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES, Y EN QUE
PLAZOS, TIENE PREVISTO REALIZAR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON LA CARRETERA
NACIONAL 232 EN SU TRAMO XERT-MORELLA? (Número de expediente
180/001509)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 14 del señor
Arnau Navarro, que tiene la palabra para formularla.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas, los socialistas determinamos
las prioridades en la inversión en carreteras en función de su
utilidad social, utilidad social que no siempre coincide o deriva
del volumen de tráfico o del número de vehículos que circulan por
una carretera, sino del servicio que puede prestarse a
poblaciones o ciudadanos mal comunicados, para quienes una buena
carretera aumenta su propio nivel de vida. Es el caso de la
carretera nacional 232 a su paso por Castellón. En este caso se
dan todas estas circunstancias: en primer lugar, ya existe un
volumen de tráfico suficiente y considerable, pero se necesita
sortear el puerto de Querol, a menudo cerrado en invierno por
causas meteorológicas y, en segundo lugar, es necesario, por
utilidad social, mejorar las comunicaciones para los habitantes
de Morella, para los habitantes de la comarca de Els Ports
secularmente mal comunicados. En tercer lugar, económica y
turísticamente interesa que quienes desde Aragón, Navarra o el
País Vasco se dirigen a Vinaroz, Benicarló, Peñíscola o Alcoceber
cuenten con una buena vía de comunicación.
Así creemos que lo ha entendido el Ministerio de Obras Públicas,
y se han realizado ya importantes obras en la carretera nacional
232. Falta el tramo Xert-Venta del Aire-Morella.
Por eso, señor Ministro, le pregunto: ¿qué actuaciones tiene
previsto realizar el Ministerio de Obras Públicas en la carretera
nacional 232 en el tramo que une el interior castellonense desde
Xert a Morella?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted mismo reconoce, en la carretera nacional 232
hemos efectuado importantes inversiones que han mejorado
notablemente la comunicación de Morella con la costa, pero
pensamos seguir trabajando en los tramos que indica S. S., en los
que está prevista una inversión cercana a los 5.000 millones de
pesetas que se van a dedicar a mejorar las curvas, ensanchar la
calzada, drenar la plataforma y mejorar los cambios de rasante.
Disponemos ya de los proyectos correspondientes a los dos tramos
en los que se ha dividido el sector objeto de su pregunta: Xert-
Venta del Aire y Venta del Aire-Morella. Ambos proyectos han sido
ya sometidos al período previo de consultas, en el que se han
presentado observaciones de tipo ambiental y, una vez que este
trámite insalvable, obligatorio e imprescindible haya terminado,
efectuaremos los respectivos estudios de impacto en los que
tendremos en cuenta las observaciones que nos han sido
formuladas, en particular las del tramo Venta del Aire-Morella,
que nos obligarán a modificar algunas de las prescripciones de
los proyectos originales. A continuación, serán sometidos a un
proceso de información pública, como paso previo a su aprobación
y posterior licitación como parte integrante que son del programa
de actuaciones prioritarias en carreteras que el Ministerio está
ejecutando.
Por tanto, estamos efectuando los trámites necesarios para que,
como espero, se puedan licitar las obras durante el año 1996,
aparte de que con esta inversión de 5.000 millones de pesetas,
que se sumará a las muy importantes que hemos efectuado en la
carretera nacional 232, habremos mejorado de una forma sustancial
la accesibilidad, la seguridad y el atractivo que tiene para los
viajeros la ciudad de Morella y todo su entorno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL COUCE PEREIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
TOMAR MEDIDAS PARA MANTENER EL BUEN ESTADO DE CARRETERAS Y
COMPENSAR A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS, SITUACION QUE SE VA A
AGRAVAR CUANDO LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA ELECTRICA ENDESA
REQUIERAN LA FRECUENCIA PREVISTA DE UN CAMION DE CARBON POR
MINUTO DESDE EL PUERTO DE EL FERROL A AS PONTES? (Número de
expediente 180/001511)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Couce Pereiro.
El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene previsto el Ministerio tomar medidas para
mantener en buen estado las carreteras y compensar a los
municipios afectados por la situación, que se va agravar cuando
las necesidades de la Empresa Nacional de Electricidad --Endesa--
requieran la frecuencia prevista de un camión por minuto
aproximadamente desde el puerto de El Ferrol a As Pontes?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, señoría, este ritmo de tránsito me preocupa en mi
doble condición de Ministro de las infraestructuras y también del
medio ambiente y, por ello, hemos lanzado una serie de
actuaciones en una triple dirección.
En primer lugar, Endesa, como empresa concesionaria del puerto de
El Ferrol, está sometida al cumplimiento del pliego de cláusulas,
que incluye medidas tendentes a reducir el impacto ambiental de
las descargas.
En segundo lugar, Renfe, después de las conversaciones mantenidas
con Endesa, está estudiando un diseño logístico para poder
realizar el transporte, puesto que ya dispone de material
adecuado para el transporte de carbón.
En tercer lugar, con independencia de que Renfe y Endesa lleguen
o no a un acuerdo, la actuación que el Ministerio lleva a cabo en
carreteras es la de conectar el puerto de El Ferrol, contemplada
en el proyecto de acceso norte al puerto San Juan y que está
incluida en el programa de actuaciones prioritarias que estamos
desarrollando actualmente. Este proyecto tiene ya una orden de
contratación y está sujeto a las determinaciones de la nueva Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que, por cierto,
espero que sea modificada rápidamente en el trámite en el Senado
de algún proyecto de ley que permita modificar algunos de sus
aspectos.
La construcción de esta obra permitirá sacar el carbón por la
carretera 646 hasta la autovía autonómica El Ferrol-As Pontes,
evitando así el tráfico de carbón por el centro de El Ferrol.
Durante la ejecución de las obras de este tramo que transcurre en
zona urbana se acometerán las necesarias medidas correctoras de
impacto ambiental. Asimismo, existirá otra vía de conexión y de
acceso norte a El Ferrol, que es el tramo Fene-Neda-Narón, que es
continuación de Osino-San Juan, y que daría a El Ferrol salida
por la autopista. Esta es otra actuación en medio urbano incluida
en el convenio con el Ayuntamiento de El Ferrol que es objeto de
un estudio informativo en marcha y que tiene pendiente su
declaración
de impacto ambiental. Todo ello supondrá la conexión de Fene con
El Ferrol de forma independiente de la autopista del Atlántico y,
por tanto, resolviendo los problemas de tráfico a los que hace
referencia la pregunta de Su Señoría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Couce.
El señor COUCE PEREIRO: Señor Ministro, le agradezco su
información.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿QUE VALORACION
HACE EL GOBIERNO DE LAS REIVINDICACIONES DE OBRAS HIDRAULICAS Y
TRASVASES QUE VIENEN REALIZANDO LOS ALCALDES Y LAS COMUNIDADES DE
REGANTES DEL BAJO GUADALQUIVIR? (Número de expediente 180/001516)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Yáñez-
Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le formulo una pregunta sobre un tema que no sólo
conoce S. S. a la perfección, sino que me consta --y consta a los
afectados-- que se está empleando a fondo para solucionar este
problema. Me refiero al problema del bajo Guadalquivir, que con
una extensión cercana a las 100.000 hectáreas de cultivo de
regadío es hoy el mayor complejo regable de nuestra región,
constituyendo la agricultura de la zona y las industrias
agroalimentarias de transformación la actividad económica y
laboral básica para los más de 270.000 habitantes de la comarca.
Los alcaldes de los doce municipios afectados, Aznalcázar, Coria
del Río, Dos Hermanas, Gelves, Las Cabezas de San Juan, Lebrija,
Los Palacios, La Puebla del Río, San Juan de Aznalfarache,
Utrera, El Puntal y Villamanrique, firmaron en mayo de 1995 un
convenio de colaboración con el Ministerio, con objeto de tomar
medidas que contribuyan a paliar el déficit estructural de agua
en la zona que está al final del sistema de regulación de la
cuenca, problema que se ha agravado dramáticamente como
consecuencia de la larga sequía que padecemos.
Además de campañas y medidas de ahorro entre la población,
agricultores, industriales y usuarios domésticos, el convenio
concreta el impulso de cinco proyectos hidráulicos: primero,
trasvase del Guadiana II al Guadalquivir; segundo, trasvase del
Sénia al Guadalquivir; tercero, construcción de la esclusa del
Guadalquivir a la altura de Punta de la Mata; cuarto,
construcción de las presas La Breña II, Ubeda la Vieja, Arenoso y
los Melonares; quinto, plan de modernización de la zona regable
del bajo Guadalquivir.
Estos proyectos están siendo apoyados de manera unánime por las
organizaciones agrarias y colectivos de ciudadanos, sindicatos y
organizaciones empresariales. Concretamente UAGA, otras
organizaciones y los doce alcaldes convocaron en Sevilla el
pasado 26 de octubre a más de 50.000 personas en demanda de estas
obras en una de las manifestaciones más numerosas que se
recuerdan en la capital de Andalucía. Recientemente, se ha
constituido una plataforma que incluso va más allá del bajo
Guadalquivir, que abarca toda la cuenca del río, ya que varios de
estos proyectos benefician a toda la cuenca. Cinco presidentes de
diputación, noventa alcaldes y todas las organizaciones agrarias
han suscrito dicha plataforma, que tiene estas mismas
reivindicaciones.
Estamos hablando, señor Ministro, de supervivencia, y es por ello
que esperamos con gran interés su respuesta sobre estos
proyectos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene usted toda la razón. Los últimos cuatro años la
sequía ha obligado a restringir de forma radical el suministro de
agua para el riego, lo que ha afectado muy negativamente a la
rentabilidad del sector agrario de la zona e incluso a la lucha
contra la erosión. No es, pues, de extrañar que las comunidades
de regantes demanden agua para sus cultivos y que se solicite del
Gobierno la pronta ejecución de actuaciones dirigidas a impedir
en el futuro los efectos de la sequía, puesto que en el presente
hemos acometido todas las obras de emergencia que en el corto
plazo pudiesen dar una respuesta inmediata a un problema tan
grave.
Pero es evidente que la solución del problema para el futuro
requiere actuaciones estructurales, que son las que estaban
contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y lo están en el
Plan de Cuenca, que deben permitir aliviar la situación mediante
una ejecución de las obras a las que usted ha hecho referencia y
que el Ministerio entiende totalmente justificadas desde la
perspectiva del suministro de agua al regadío.
Algunas de ellas requieren estudios de impacto ambiental que no
están terminados y que tendrán que ser desarrollados a lo largo
de plazos de tiempo difíciles de precisar. Otras, en cambio,
están llegando ya al final de este proceso y su ejecución
permitiría aliviar las incertidumbres del futuro, mientras las
obras de emergencia permitan dar respuestas de forma rápida a
la actual coyuntura. Así, estamos dispuestos a iniciar la
ejecución de las obras de la presa de Melonares tan pronto como
se efectúe la necesaria recalificación de algunas zonas
declaradas de especial protección de aves, que corresponde
efectuar a la Junta de Andalucía, sustituyendo algunas hectáreas
afectadas por la construcción del embalse por otras. Hay ya
acuerdo con la Junta de Andalucía para efectuar esta
modificación. Tan pronto como se haga, efectuaremos una
declaración positiva y contrataremos las obras.
Lo mismo podemos decir de las otras dos grandes presas
contempladas, Ubeda la Vieja y La Breña II, que por parte del
Ministerio no existe ningún inconveniente en realizar pero que
requieren previamente la modificación de determinadas condiciones
de protección ambiental de las zonas afectadas por parte de la
autoridad competente: a nivel autonómico, la Junta de Andalucía
por sus órganos especializados en protección de la naturaleza y a
nivel del Estado, por el Ministerio de Agricultura.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA
AL GOBIERNO: ¿POR QUE TIENE LA INTENCION EL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE EJECUTAR EN 1995 EL
CONOCIDO COMO «NUDO SICIONE» EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA POSPONIENDO
LA EJECUCION DE OTRAS OBRAS COMPROMETIDAS Y PROGRAMADAS POR EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD? (Número de expediente 180/001519)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Martínez
Blasco, que tiene la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Las infraestructuras viarias de la ciudad de Zaragoza están
reguladas en este momento por dos instrumentos: uno es el
Convenio de enero de 1989, que prevé la ejecución de veintidós
obras por un importe de entonces 26.000 millones de pesetas, y
por el programa de actuaciones prioritarias en carreteras 1993-
1995, que incluye cuatro obras que ya estaban en el Convenio de
1989, actualizando su coste.
Ambas previsiones están sufriendo un considerable retraso.
Ninguna de las cuatro obras del plan-puente ha comenzado su
ejecución y de las obras del Convenio de 1989 sólo cinco de las
catorce que correspondían al Ministerio de Obras Públicas se han
ejecutado. De repente, en 1995, el Ministerio de Obras Públicas
anuncia que va a licitar este año una obra que ni estaba en el
Convenio de 1989 ni tampoco en el plan-puente, que es un nudo de
conexión provocado por la instalación de un centro comercial, el
centro Sicione.
Extraña que siendo una obligación urbanística que estaba en el
plan para instalar este centro comercial, el Ministerio, con
tanto retraso en las obras convenidas en 1989 --que quiero
recordar aquí que deberían estar todas licitadas en 1991, según
el Convenio de 1989--, se decida a hacer esta obra de más de
1.000 millones de pesetas, que era obligación urbanística,
insisto, de un gran centro comercial.
Ese es el motivo de la pregunta, ¿por qué el Ministerio va a
licitar esta obra de Sicione existiendo tanto retraso en otras
obras comprometidas de la ciudad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no existe ninguna relación de causa-efecto entre que
hagamos o dejemos de hacer el nudo de Sicione y que hagamos y
dejemos de hacer más o menos rápidamente el resto de las obras
del Convenio. No estamos cambiando una cosa por otra.
Pero déjeme que haga un poco de historia para situar mi respuesta
a su pregunta. Es verdad que estas obras no estaban contempladas
en el Convenio inicialmente suscrito entre el Ministerio y el
Ayuntamiento de Zaragoza para el desarrollo de la red arterial de
la ciudad, no lo estaba. Posteriormente el Ayuntamiento solicitó
al Ministerio que ejecutase esas obras, entendiendo que eran de
interés general de la ciudad y de la máxima importancia para
garantizar un tráfico fluido en el entorno de un centro comercial
que iba a traer volumen importante de circulación.
El Ministerio redactó un proyecto para efectuarlo dentro de la
actuación número 16 del Convenio, y ello no significó, señoría,
ninguna demora o ningún retraso en la tramitación de las otras
actuaciones contempladas en el Convenio, puesto que cada una
tiene su propia dinámica administrativa y no son compensables las
unas con las otras. Por ello, el proyecto del nudo a que nos
estamos refiriendo se redactó y fue aprobado sin ninguna
dificultad especial, mientras los trabajos de las restantes obras
del Convenio seguían y siguen los trámites necesarios previos a
su ejecución.
Posteriormente, en junio de este año, el Ayuntamiento de Zaragoza
cambia de nuevo de opinión y nos dice que no es criterio de la
actual corporación que el Ministerio ejecute las obras de este
nudo y, naturalmente, la Dirección General de Carreteras ha
suspendido la licitación del proyecto, que ha sido comunicada al
Ayuntamiento de Zaragoza; suspensión que tampoco puede entenderse
como que vaya a acelerar las obras de los restantes proyectos,
puesto que por las razones que le he expuesto cada
proyecto tiene su propia dinámica administrativa, requiere de la
aprobación de los proyectos, disponibilidad de terrenos,
evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, que no son
compensables las unas con las otras. Y no es que tengamos ahora
un dinero que nos hiciese falta para hacer unas obras que no
hacíamos porque hacíamos las del nudo de Sicione, es simplemente
que no podemos compensar el no hacer una cosa haciendo más aprisa
lo demás, por mucho que nos gustaría hacerlo. No vamos a licitar
las obras de este nudo porque así nos lo ha pedido el
Ayuntamiento de Zaragoza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Sorprende, en primer lugar, que siendo
una obra inicialmente pedida por el ayuntamiento en el año 1993,
como ha dicho el señor Ministro, en el año 1995 no sólo esté el
proyecto sino que se esté en condiciones de licitarlo, mientras
la mayor parte de las obras de 1989 ni tienen proyecto todavía.
Por tanto, lo primero que sorprende es la velocidad que el
Ministerio ha tenido con una obra que ni siquiera estaba en los
convenios pero que ha entrado por el AVE, por lo visto.
En segundo lugar, que no tiene relación una cosa con otra. Sí que
tendrá alguna relación. Si el Ministerio de Obras Públicas
invierte en la ciudad de Zaragoza del orden de 800 millones al
año, evidentemente la entrada de una obra de 1.000 millones de
alguna forma afectará.
Y, en tercer lugar, que efectivamente el resto de obras sigue su
tramitación. Yo le podría recordar ahora algunas respecto a las
cuales en contestaciones recientes el propio Ministerio reconoce
que los proyectos ya están redactados, lo que pasa es que están
pendientes de consignación presupuestaria. El Ministerio ha
contestado en diversas ocasiones que es también problema
presupuestario. Por tanto, señor Ministro, alguna relación sí que
habría si efectivamente una obra se hace por 1.100 millones de
pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO MODIFICAR EL REGIMEN
DE BONIFICACIONES EN LOS TRANSPORTES AEREOS Y MARITIMOS A LOS
RESIDENTES EN LOS ARCHIPIELAGOS DE CANARIAS Y BALEARES Y EN CEUTA
Y MELILLA? (Número de expediente 180/001529)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Soriano
Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Ministro, por Real
Decreto 255/1989, se establecieron una serie de subvenciones
medidas en términos porcentuales para los residentes en los
archipiélagos canario y balear y en Ceuta y Melilla en los
transportes aéreos y marítimos. Por lo que se refiere a Canarias,
esto viene a ser reconocido en el artículo 4.º de la Ley de
Régimen Económico y Fiscal, donde se establece la posible
modificación de estos porcentajes, pero, en todo caso, oído el
Gobierno de Canarias. En definitiva, se trata de compensar la
lejanía y la insularidad.
Recientemente ha saltado a la primera página de los medios de
comunicación la intención del Ministerio de Obras Públicas de
modificar este sistema. En un principio, lo niegan los diputados
socialistas regionales; posteriormente, fuentes del Ministerio de
Obras Públicas lo confirman; más tarde, el Secretario de Estado
para el Transporte lo confirma y luego da marcha atrás; los
parlamentarios socialistas de Canarias anuncian que habían
logrado paralizar el proyecto; luego se dice que en Madrid se
está estudiando un sistema mixto que someterá a la consideración
del Gobierno de Canarias; el Vicepresidente del Gobierno de
Canarias niega esta segunda parte.
En definitiva, señor Ministro, ¿tiene previsto el Gobierno --y,
en ese caso, por dónde van los criterios-- sustituir el actual
sistema por un sistema de una cantidad fija en los transportes
marítimos y aéreos para los residentes en las citadas provincias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, los órganos técnicos competentes del Ministerio,
cumpliendo con su obligación, están elaborando estudios para
analizar si el actual sistema es susceptible de mejora dentro del
contexto de liberalización del transporte aéreo para asignar la
misma cantidad de recursos públicos de una forma más eficiente,
pero no hay ninguna decisión tomada. Son simplemente análisis que
tienen que hacer los técnicos para elevarlos a los órganos
políticos y que éstos tomen, en su caso, las decisiones que
consideren oportunas. Pero no debería confundirse nunca la
ineludible obligación de los técnicos de pensar con la de los
políticos de decidir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: A mí me parece bien que los
técnicos estudien, pero lo que no conviene en ningún caso es
alarmar en exceso a la población, porque indudablemente un tema
de estos tiene una repercusión económica en los bolsillos de los
ciudadanos.
En todo caso, yo sugiero --y supongo que el señor Ministro estará
de acuerdo-- que cualquiera que sea el sistema se garantice como
mínimo el actual sistema de ayudas en el sentido de que no
disminuyan estas cuantías. Yo sugiero al señor Ministro que
recuerde que el Gobierno de la Unión de Centro Democrático
consiguió que en ningún caso las tarifas telefónicas de Canarias
con la península fuesen superiores al punto más distante de la
localidad de la península desde donde se hablara. Yo le sugiero
al señor Ministro utilizar ahora este sistema para las
subvenciones a los transportes: que en ningún caso el pasaje de
un ciudadano de Canarias desde Canarias a Madrid, por ejemplo, le
sea más caro que el de un ciudadano español radicado en una
provincia más lejana de Madrid a Madrid. Esta podría ser una
fórmula que ya se utilizó y se sigue utilizando hoy con los
teléfonos mediante un real decreto de la época de Unión de Centro
Democrático, y supongo que será bueno ahora.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a la opinión pública no hay que alarmarla, ni mucho ni
poco. No hay que alarmarla nada, hay que explicarle las cosas
como son, y son, pura y simplemente, un intento de racionalizar
el sistema que tenemos, que tiene problemas constatados de
expedición de documentos acreditativos de la residencia y de
liquidación de las bonificaciones a los transportistas, que
pueden ser mejorados en su práctica administrativa. Y, también,
¿por qué vamos a prohibirnos analizar si, en un contexto de
transporte liberalizado, el mismo volumen de gasto público puede
gestionarse de una forma socialmente más eficiente? De eso no hay
que extraer conclusiones apresuradas. Simplemente, hay que
conocer la realidad y evaluar, si existiesen, soluciones mejores.
Si existen, si creemos que existen, no tenga duda S. S. que las
pondremos en conocimiento, por supuesto, de la comunidad autónoma
para su preceptivo informe y tomaremos, en su caso, las
decisiones oportunas. Pero, por favor, que nadie lo presente a la
opinión pública como una decisión ya tomada o a tomar basándose
en los análisis que, insisto, tienen que hacer los técnicos para
informar a los responsables políticos de las condiciones en las
que se administra un dinero público en un contexto que ha
cambiado, que es el contexto de un transporte liberalizado con
respecto a otro absolutamente regulado, como estábamos
acostumbrados a utilizar. No hay ninguna decisión ni ninguna
intención tomada ni por tomar, pero sí la obligación de conocer
cómo hacemos las cosas para pensar si no las podríamos hacer
mejor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿QUE RAZONES
HAN MOTIVADO QUE EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO HAYA SIDO
INCAPAZ DE ENVIAR AL PARLAMENTO LA LEY QUE REGULE LOS CREDITOS
DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO? (Número de expediente
180/001525)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Hernando
Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones han motivado que el Ministerio de
Comercio y Turismo haya sido incapaz de enviar al Parlamento la
ley que regule los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): El Ministerio de Comercio y Turismo no es capaz ni
incapaz de mandar una ley al Parlamento porque no tiene
competencias para ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Ministro, lamento que haya
intentado dar esta contestación a esta pregunta. Usted sabe a qué
me refiero expresamente. Usted sabe que yo me refiero a los
acuerdos que se adoptaron en esta Cámara instándole a usted a que
presentara al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley en la
que se regularan los créditos FAD, para que éste lo remitiera
luego al Parlamento. Por lo tanto, permítame, señor Ministro, que
su respuesta me parezca una falta de consideración y un intento
de eludir sus compromisos. Usted ha sido incapaz de presentar al
Consejo de Ministros un compromiso que adquirió no sólo porque se
lo instara este Pleno por unanimidad, sino que incumplió por su
incapacidad, rompiendo
una vez más lo compromisos a los que usted había llegado ante la
Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. Aquí tiene usted
el «Diario de Sesiones» de 14 de diciembre, donde usted concreta
el plazo en seis meses. Ni seis meses ni once y, por lo que
vemos, este asunto no va a salir, ni mucho menos, en este período
de sesiones.
Yo le pediría, señor Ministro, que usted fuera más serio. Usted
tiene por costumbre venir al Parlamento, adoptar compromisos y,
en cuanto sale por esa puerta, o bien olvidarse de los mismos o
bien pensar en cómo incumplirlos. Yo no voy a pedir
responsabilidades a estas alturas de la legislatura, pero sí le
pediría, por favor, que explique las razones, que explique además
por qué han elaborado un anteproyecto que ha sido presentado en
algunos organismos como el Consejo de Cooperación, y que nos diga
por qué no sólo se ha incumplido en el plazo la presentación de
ese anteproyecto de ley, por qué no va a ser posible que
discutamos sobre ese anteproyecto de ley en el Parlamento, sino
por qué usted y su Ministerio, deliberadamente, han incumplido el
espíritu del acuerdo que le marcó esta Cámara diciéndole que en
el anteproyecto de esa nueva ley de ayuda al desarrollo se debían
regular y evaluar los criterios de la OCDE y del CAD.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Como soy mayor que usted, me permito darle un
consejo: debía ser usted más prudente y entonces diría menos
cosas que no son ciertas. Como eso lo ha hecho usted a lo largo
de toda la legislatura, tampoco vamos a tratar ese tema ahora
porque podría traer una larga relación de las muchas cosas que S.
S. ha dicho y que no se ajustan a la realidad. (Rumores.) Pero
vamos al grano y, por lo tanto... (Continúan los rumores.--
Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Evidentemente, el proyecto de ley que reformaría los
Fondos de Ayuda al Desarrollo fue elaborado por el Ministerio en
el plazo previsto. Se decidió posteriormente que fuese sometido a
informe del Consejo de Cooperación. El Consejo de Cooperación no
se puso en marcha hasta mucho después de terminado al anterior
período de sesiones, lo que significó que no pudo traerse en el
plazo a que el Ministro se había comprometido.
El informe del Consejo de Cooperación se hizo en la última semana
del mes de septiembre y hubo una serie de recomendaciones del
propio Consejo de Cooperación y de alguno de los miembros del
mismo que estamos analizando, y en un plazo que esperamos que sea
breve será aprobado por el Gobierno y el Gobierno será el que lo
envíe a esta Cámara.
Por tanto, le ruego que si usted quiere obtener respuestas
exactas, pregunte con precisión y con exactitud. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JULIO BASSETS RUTLLANT, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA ADOPTADO EL MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO ALGUNA MEDIDA PARA AGILIZAR LA ACTIVIDAD EN
CUANTO A LA EVALUACION DE LOS MEDICAMENTOS? (Número de expediente
180/001510)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Bassets
Rutllant, que tiene la palabra.
El señor BASSETS RUTLLANT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, todos sabemos que el avance
terapéutico durante estos últimos años ha sido espectacular. El
95 por ciento, aproximadamente, de las especialidades
farmacéuticas que actualmente son usadas por los profesionales
sanitarios como arsenal terapéutico para tratar a los enfermos no
se conocían hace 50 años.
Por propia definición, los medicamentos son utilizados,
principalmente, para curar, aliviar o prevenir las enfermedades;
pero lo cierto es que no existe ningún medicamento eficaz que sea
totalmente seguro o inocuo. El avance en la investigación de
nuevas fórmulas podría provocar posibles toxicidades, y
precisamente la evaluación de los medicamentos, los controles y
el registro de las especialidades farmacéuticas por parte de la
Administración están para evitar esos posibles riesgos.
El registro farmacéutico es una garantía para la salud de todos.
Los ciudadanos queremos especialidades farmacéuticas seguras, no
sólo del principio activo, sino también de la disponibilidad, de
las dosis, de los excipientes, de la absorción, de la
distribución en el organismo y de las reacciones de
hipersensibilidad, etcétera, y esa responsabilidad es de usted y
de su Ministerio.
Existen quejas de algunos laboratorios farmacéuticos que
manifiestan la tardanza que a veces se produce en la
autorización, achacada a la evaluación, para introducir en el
mercado nuevas especialidades farmacéuticas que tienen
socilitadas, sobre todo, si son moléculas que han estado
investigándose durante mucho tiempo, en las cuales se ha
invertido mucho trabajo y mucho dinero. Asimismo, se produce el
comentario de profesionales de la sanidad y ciudadanos que desean
poder contar con nuevos medicamentos, de algunos de los cuales
han sido expuestas sus bondades a la opinión pública y que
desearían poderlos tener a su disposición cuanto antes.
Por otra parte, reconocen que era preciso un período transitorio
para la adecuación de nuestra normativa española a las directivas
comunitarias en materia de evaluación de medicamentos; y que son
necesarios los trámites correspondientes que le garanticen desde
la Administración no sólo la pureza y la inocuidad, sino también
la efectividad del mismo en su doble vertiente: que aporten algo
nuevo a la terapéutica y que la relación efectividad/riesgo sea
lo más elevada posible.
Como todo este proceso de elaboración es su principal componente,
hago al Gobierno la siguiente pregunta: ¿Ha adoptado el
Ministerio de Sanidad y Consumo alguna medida para agilizar la
actividad en cuanto a la evaluación de los medicamentos?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bassets.
La señora Ministra de Sanidad y Consumo tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, efectivamente, con motivo de la modificación que
se ha producido en virtud de la aprobación del Reglamento del año
1993, del Consejo de la Unión Europea, y de la Directiva del año
1993 del Consejo, por la que se modificaban directivas
anteriores, la evaluación de medicamentos en la Unión Europea y,
por tanto, en España, ha sufrido una importante transformación
basada en la adopción de una decisión única sobre la autorización
o denegación de una solicitud de autorización de un medicamento,
de manera que, a partir de ahora, hay dos procedimientos: el
centralizado, a través del cual se evalúa la solicitud en la
Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, con sede en
Londres, y el descentralizado, que es el que se hace en cada
Estado miembro, y se llama de reconocimiento mutuo, porque no
necesita ser evaluado en los demás Estados miembros. Además de lo
anterior, coexiste el procedimiento anterior, el procedimiento
natural, que todavía está vigente, de manera que la confluencia
de estos distintos procedimientos y, sobre todo, la necesidad de
estar dispuestos a una situación nueva que nos obliga a ser más
competitivos y más ágiles en la actividad de registro nos ha
exigido hacer un esfuerzo en la disminución de registros
pendientes.
Para poder hacer frente, hemos elaborado un plan de actuación
conjunto entre la Subdirección de Evaluación de Medicamentos, de
la Dirección General de Farmacia, y el Centro Nacional de
Farmacobiología. Y ello para poder reducir, como le digo, el
número de registros pendientes. Los objetivos de este plan de
actuación conjunto que se ha empezado en el mes de marzo de este
año son potenciar la eficacia en la evaluación de las solicitudes
de registro, mejorar la actuación sobre las actividades de
gestión técnica, favorecer la capacidad técnica de las unidades
de estudio y clarificar la situación presente haciendo
compatibles los distintos procedimientos, pero especificando cuál
es el aplicable en cada caso.
El plan de actuación, como le digo, iniciado en marzo, se ha
consensuado y se ha puesto en conocimiento de los distintos
laboratorios farmacéuticos. Desde marzo se han celebrado más de
130 entrevistas y los resultados que puedo ofrecer a SS. SS. son
los siguientes: de un total de 7.561 solicitudes de registro,
1.448 han sido retiradas por los propios laboratorios porque
carecían ya de interés para los solicitantes; 3.294 han sido
resueltas y se encuentran pendientes 2.819.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL DE LA ROCHA RUBI, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL
GOBIERNO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL EN LA LOCALIDAD DE
FUENLABRADA, EN MADRID? (Número de expediente 180/001515)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor De la Rocha
Rubí.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, el municipio de
Fuenlabrada, en el sur de Madrid, con una población actual de
176.000 habitantes, es, probablemente, la ciudad más grande de
toda España de las que carecen de hospital.
En la actualidad, y desde 1987, sus vecinos con derecho a
prestaciones del Servicio Público de Salud están adscritos al
Hospital Severo Ochoa, de Leganés, en el área sanitaria del mismo
nombre. La situación actual del citado hospital es cercana a la
saturación. La media de camas y de facultativos por cada 10.000
habitantes es inferior a la media de la Comunidad de Madrid y del
resto del Insalud, incluso 50 por ciento inferior a la del resto
del Insalud.
También con las listas de espera hay dificultades, sobre todo en
algunas especialidades, de manera que las previsiones para el año
2000 son aún peores por el fuerte incremento de población que
tiene previsto la ciudad de Fuenlabrada.
Ante esta situación, el Plan de Salud de la Comunidad Autónoma de
Madrid incluyó la necesidad de construir un nuevo hospital en
esta localidad madrileña de Fuenlabrada que diera cobertura a su
población
y a la de algunos municipios anejos. A tal fin, el Ayuntamiento
ha ofrecido unos terrenos que los técnicos del Insalud han
considerado que son adecuados. Incluso, precisamente por ello, en
el programa electoral del Partido Socialista a las últimas
elecciones autonómicas de Madrid y municipales se incluía
expresamente el inicio de la construcción de ese hospital, que
culminaría un enorme esfuerzo de los gobiernos socialistas en los
últimos 13 años, que, en un sur que estaba anteriormente muy
descalificado, han puesto en marcha hospitales en Leganés, en
Getafe y en Móstoles y actualmente está en construcción en
Alcorcón, lo que sin duda es el signo de una política de progreso
que intenta reequilibrar a la población menos asistida con
anterioridad, cuando gobernaba la derecha.
Este hospital es, pues, una necesidad y hay una demanda social
muy sensible. ¿Qué previsiones tiene, pues, el Ministerio de
Sanidad y Consumo para la construcción de un hospital en la
localidad de Fuenlabrada?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor diputado, la previsión es construir el hospital de
Fuenlabrada por todas las razones que S. S. ha dicho, porque es
necesario, porque hay un compromiso y porque hemos venido
trabajando sobre la base de la decisión de construirlo.
Seguramente, la preocupación no sólo en el Ayuntamiento, sino en
la zona, viene dada porque los trabajos no están lo
suficientemente avanzados o lo avanzados que querría la población
que lo está esperando. Lo cierto es que hay un problema de
reordenación de camas de hospitalización en el área 9, que es de
la que estamos hablando, y que eso exige unos trabajos previos en
los que no sólo participa el Insalud, sino también la Comunidad
Autónoma, como S. S. ha recogido, y que, por tanto, han dado
lugar a la creación de una comisión técnica para el estudio y
adecuación de los recursos sanitarios del área 9.
Como S. S. sabe, en el año 1991 se elaboró en el Insalud un
informe que tenía entonces en cuenta las necesidades de la
demanda y las previsiones futuras, en cuanto a progresión
demográfica.
Las previsiones demográficas no eran muy exactas, no se han
correspondido con el crecimiento real de la población. Por tanto,
estamos haciendo una reordenación de recursos que, en ningún
caso, pone en cuestión la construcción del hospital. De manera
que quiero tranquilizar a S. S. y a todas las personas que están
pendientes de la confirmación de esta decisión.
A pesar de que hay una comisión técnica y se está haciendo un
estudio de reordenación de los recursos de toda el área, el
hospital, según las previsiones, va a tener una capacidad de
alrededor de 350 camas, con todas las especialidades básicas,
médico-quirúrgicas, y los servicios de apoyo necesarios. De
manera que la decisión es firme, está tomada y lo que tratamos es
de hacer los estudios previos que garanticen una correcta
ordenación de los recursos en ese área que, como S. S. ha
reconocido, y yo le agradezco, ha sido objeto de especial
atención en el área sanitaria.
Gracias señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES DE ADAPTACION Y DE NUEVA CONSTRUCCION DE CENTROS
TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
EN LA LOCALIDAD DE LA SOLANA (CIUDAD REAL) PARA ACOMETER CON
GARANTIAS LA IMPLANTACION DE LA REFORMA? (Número de expediente
180/001514)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Martín del
Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, la implantación de las enseñanzas de régimen
general que establece la LOGSE requiere definir los centros
públicos en los que se van a impartir las distintas etapas
educativas. Ha de asegurarse el hacer efectivo el servicio
público de la educación, así la existencia del número de plazas
necesarias para la población escolar en los tramos obligatorios,
la garantía de oferta suficiente en la modalidad de bachillerato
y, como consecuencia de todo ello, disponer naturalmente de los
centros correspondientes para una enseñanza de calidad.
En la localidad de La Solana provincia de Ciudad Real por la que
soy Diputado, el próximo curso 1996-1997 supone escolarizar un
total aproximado de 398 alumnos en educación secundaria
obligatoria para los cursos primero y segundo. Para los cursos
1997-1998 y 1998-1999 se incorporarían 181 y 186 alumnos,
respectivamente. A esta número de alumnos, señor Ministro, hay
que añadir los que cursan actualmente sus estudios de
bachillerato.
En ese sentido, para cubrir con garantías la implantación de la
reforma en la localidad manchega, se hacen precisos, señor
Ministro, nuevos centros. De ahí precisamente se justifica la
pregunta que le formulo: ¿Qué actuaciones de adaptación y de
nueva construcción de centros tiene previsto desarrollar el
Ministerio de Educación y Ciencia en la localidad de La Solana
para acometer con garantías la implantación de la reforma?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, en La Solana (Ciudad Real) está prevista la siguiente
actuación: Para la impartición de la educación secundaria
obligatoria, se está llevando a cabo la ampliación en 10 unidades
del «Instituto de Bachillerato Modesto Navarro». Las obras se
realizan con cargo a los créditos de inversiones del Ministerio
de Educación y Ciencia, mediante un convenio con la Diputación
Provincial de Ciudad Real. Su finalización está prevista para el
verano del próximo año, por lo que estarán disponibles a la fecha
de inicio del curso 1996-1997.
Como ya estaba previsto con anterioridad, hasta que finalicen
dichas obras y puedan ser trasladados a los institutos de
educación secundaria, los alumnos permanecerán escolarizados en
los centros de primaria donde, en la actualidad, cursan el primer
ciclo de la educación secundaria obligatoria, siendo atendidos
por el profesorado adecuado del Cuerpo de Maestros y del de
Enseñanza Secundaria, sin que la actividad académica sufra
menoscabo alguno.
Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que el pasado día 23 de
octubre el Director Provincial del Ministerio en Ciudad Real hubo
de ordenar el cierre preventivo de las instalaciones del actual
instituto de bachillerato, basándose en un informe de la unidad
técnica, ya que habían aparecido grietas y fisuras que causaron
la general alarma.
En estos momentos, técnicos de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar han sido encargados de realizar un
diagnóstico del edificio, afectado presuntamente por la
desecación fuerte del subsuelo de arcillas expansivas. Una vez
realizado el mismo, se determinarán las actuaciones a acometer
para solventar el problema que ha obligado a realojar al alumnado
en instalaciones del «Colegio Público Sagrado Corazón», en el que
siguen recibiendo sus clases.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN,DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL
GOBIERNO PARA REGULAR, DENTRO DE LA REFORMA DE LA FORMACION
PROFESIONAL, LOS ESTUDIOS DE ENOLOGIA? (Número de expediente
180/001517)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Educación y Ciencia, España es uno de los
países más importantes del mundo en el sector vitivinícola, tanto
por la superficie dedicada, a su producción, como por la
población dedicada a esta actividad.
En toda Europa, incluso en países con menor producción de vino
que España, tienen bien regulados los estudios de enología, tanto
a nivel de enseñanza universitaria como a nivel de Formación
Profesional, y están prestando cada vez más interés en mejorar
precisamente este tipo de estudios.
En España, señor Ministro, con excepción de una serie de estudios
de postgrado, como «master» o «magister», que a veces están más
planteados como un negocio que como una clara actividad
académica, no existen estudios de enología en la universidad
española.
En la Formación Profesional, y hasta ahora, vienen funcionando en
Logroño, Madrid y Requena, entre otros, estudios de enología de
segundo ciclo de la actual Formación Profesional, dando salida
académica, técnica y de estudios profesionales a centenares de
jóvenes que encuentran salida en el mercado de trabajo.
En estos momentos, y según las informaciones conocidas, dentro
del Plan de reforma necesaria de la actual Formación Profesional,
se está diseñando un ciclo formativo de grado medio de
elaboradores de bebidas y un ciclo formativo superior de
industrias alimentarias que englobaría distintos sectores como el
vino, aceite, conservas, entre otros, y planteando unos estudios
más amplios y generalistas.
Creo, señor Ministro, y así lo piensa el sector y la comunidad
educativa, que sería un paso atrás para los estudios de enología
la dilución de estos estudios en un marco educativo más amplio.
Por el contrario, se piensa que sería bueno para España seguir
disponiendo de unos estudios de enología específicos, de ciclo
superior, actualizando materias, incorporando nuevas áreas de
conocimiento y acercándonos más, si cabe, a las necesidades del
mercado y a las necesidades educativas.
Por todo ello, señor Ministro, quiero conocer qué previsiones
tiene su Ministerio para regular, dentro de la reforma educativa
en marcha, los estudios de enología.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Martínez Sanjuán, a la vista de la importancia que reviste
la actividad enológica en la economía española
y a raíz de los estudios realizados por el grupo de trabajo
profesional de industrias alimentarias, se ha detectado la
necesidad de establecer una formación relacionada con el sector
enológico.
Dicha formación, que incluirá títulos tanto del nivel de grado
medio como del grado superior de Formación Profesional, deberá
contemplar todas las técnicas y medios de producción incidentes
en dicho sector enológico.
En consecuencia, el Ministerio ha elaborado e incluido en el
actual catálogo y dentro de la familia profesional de industrias
alimentarias los títulos de técnico en elaboración de vinos y
otras bebidas, en el nivel de grado medio, y el de técnico
superior en enotecnia, en el de grado superior. Estos títulos
serán presentados en próximas fechas al Consejo de Ministros para
su aprobación definitiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANTOS TITULOS DE FORMACION
PROFESIONAL, CUYA PUBLICACION SEGUN EL PLAN DE FORMACION
PROFESIONAL DE 1992 DEBIA REALIZARSE EN JULIO DE 1993, ESTAN
TODAVIA PENDIENTES? (Número de expediente 180/001523)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Ollero
Tassara.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el motivo de mi pregunta es la inquietud de
tantos ciudadanos al comprobar que el Gobierno por el momento
sólo ha sido capaz de ofrecer prácticas en empresas a menos del
19 por ciento de los alumnos que están cursando la Formación
Profesional, al haberse estado firmando miles de contratos de
aprendizaje que deberían haber servido para impulsar precisamente
la reforma de la Formación Profesional y que se están viendo
privados de todo contenido formativo homologable, con lo cual se
está desperdiciando esa gran oportunidad.
Es tristemente paradójico que nos encontremos, por un lado, con
que sólo uno de cada cinco alumnos que cursan Formación
Profesional puede pisar una empresa y, a la vez, los contratos de
aprendizaje (que serían realmente la fórmula para que la
Formación Profesional se hiciera en serio, como se hace en el
modelo alemán que ustedes dicen seguir) sólo están sirviendo para
maquillar el desempleo juvenil y para formar parados
irreversibles, porque de todos es bien sabido que, dada la
situación actual, hace falta una formación, no solamente
práctica, sino también generalista, de la que esos aprendices se
ven absolutamente privados.
Ustedes aspiraban a contar con la colaboración de 18.000 empresas
en el año 1995; en los «no natos» presupuestos de 1996 se
conforman ya con 15.000 empresas, lo cual supone incluso una
pérdida de un 17 por ciento en esa posible colaboración. Pero no
se trata sólo de que haya pocos alumnos que estén haciendo la
nueva Formación Profesional, nueva en teoría, es que uno de cada
cinco alumnos de la nueva Formación Profesional, según sus datos,
los datos de los presupuestos de 1996, de 40.000 alumnos que
ustedes calculan en la nueva FP, 8.000, uno de cada cinco, no
pisa una empresa, con lo cual están tan aislados de ellas como
sus predecesores del sistema que se ha desmantelado.
Señor Ministro, quizá todo se deba a que no basta con multiplicar
leyes, planes y programas, como ustedes hacen, sino que hace
falta una cierta capacidad de gestión política. Yo comprendo que
eso es muy difícil en su Ministerio porque han tenido que formar
a cuatro ministros en cuatro años y, claro, formando ministros,
no hay mucho tiempo para la Formación Profesional.
De todas maneras, yo quería preguntarle hoy cómo va la
publicación de los títulos, porque en su última comparecencia
sobre este particular, en mayo pasado, usted mismo reconocía que
la situación era un poco inquietante. Los títulos de electricidad
y electrónica se habían retrasado dos años y medio, y hay que
tener en cuenta que todos deberían haber sido publicados en julio
de 1993. Electricidad y electrónica, dos años y medio de retraso
tenían entonces, Sanidad, dos años y medio, y, así,
sucesivamente, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Señor Ministro, la pregunta que tiene que contestar es únicamente
la que figura en el orden del día con el número 26.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señor Ollero, usted ya me tiene habituado a preguntarme sobre el
clima en la Unión Soviética en estos momentos y exponer el clima
en Buenos Aires.
Naturalmente, su pregunta dice cuántos títulos de Formación
Profesional, cuya publicación, según el Plan de Formación
Profesional de 1992, debía realizarse en julio de 1993 están
todavía pendientes.
Si me quiere hacer preguntas sobre los alumnos en prácticas, le
podría informar de lo que dice el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio de España acerca de contratos en práctica, actualmente
de cincuenta mil alumnos, y me remito al Presidente del Consejo
Superior de Cámaras.
En fin, yendo a la pregunta, en enero de 1992, el Ministerio de
Educación hizo público su plan de reforma
de la Formación Profesional, y no explicitó en ningún momento que
el catálogo de los nuevos títulos profesionales derivados de la
nueva ordenación académica establecida en la LOGSE tuviera que
estar finalizado en julio de 1993. Por el contrario, el plazo
estimado para la elaboración de dicho catálogo era de dos años, y
así se lo comunicó verbalmente a las comunidades autónomas y a
los diferentes agentes sociales representados en el Consejo
General de Formación Profesional. Es indudable que el plazo que
inicialmente nos habíamos fijado ha resultado claramente
insuficiente para el riguroso y complejo proceso que hemos
seguido en la elaboración de los diferentes títulos, no obstante
lo cual, al día de hoy se encuentran finalizados los títulos
pertenecientes a las familias profesionales de industrias
alimentarias, actividades físicas y deportivas y actividades
agrarias, cuya aprobación y posterior publicación está prevista
para antes de finalizar el presente año. El resto están todas
aprobadas, publicadas todas las familias, excepto algunos que
están aprobados en el Consejo de Ministros y pendientes de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Con ellos se
completa el catálogo presentado en su momento y se ofrece a la
juventud una formación específica adaptada a sus intereses y a la
demanda del mercado laboral.
En cualquier caso, podemos asegurar que el catálogo está
prácticamente finalizado, teniendo en cuenta además que con las
familias publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» se cubre
ya prácticamente el 85 por ciento de la oferta prevista,
comprendiendo en este bloque las familias de mayor demanda y, por
tanto, de mayor implantación. Por su parte, el trabajo realizado
y pendiente de los trámites a los que he aludido con
anterioridad, significará el cien por cien de la oferta.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON VALENTIN BRAVO MARTIN-PINTADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACION: ¿CUAL ES LA RAZON POR LA QUE EL GOBIERNO NO HA
DESARROLLADO LA LEY DE MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS PARA HACER POSIBLE SU APLICACION? (Número de expediente
180/001526)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, del señor Bravo Martín-
Pintado, sustituido para este trámite por el señor Ramírez
González, que tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la razón por la que el Gobierno no ha
desarrollado la Ley de Modernización de las explotaciones
agrarias para hacer posible su aplicación?
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
La Ley de Modernización de las explotaciones agrarias entró en
vigor el 25 de julio, no precisando reglamento o real decreto
específico de desarrollo general de la misma para su aplicación.
Como S. S. sabe, se trata de una ley de bases que aborda
numerosas materias, que inciden desde distintos ámbitos de las
Administraciones públicas, y especialmente en las comunidades
autónomas, y establece diversas medidas cuya aplicación en
ocasiones es directa y, en otras, requieren normas específicas e
independientes entre sí, que han comenzado ya a modificarse, como
es el caso del decreto que modifica las ayudas por cese
anticipado, que incluye los conceptos de explotación prioritaria,
u otras, tal como define la Ley de Modernización. También se
incorporaron los criterios de la Ley de Modernización en el Plan
de Seguros Agrarios para 1995.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Yo creo, señor Atienza, que no se ha
leído la ley. La ley dice claramente en su disposición final 5.ª:
Por el Gobierno y por los Ministerios de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Trabajo se adoptarán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, las disposiciones de carácter general
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en la
presente ley.
Pues bien, señor Ministro, la ley lleva aprobada desde el 5 de
julio, tras debates importantes de carácter parlamentario, y no
ha visto desarrollados aquellos elementos que hacen posible su
aplicación. Le recuerdo, señor Ministro, que se han tenido que
reunir los colegios de notarios para exigirle conocer el
desarrollo que hace posible la aplicación de una de las partes
más importantes de la ley: los beneficios fiscales en las
permutas y ampliaciones de fincas, especialmente para los
pequeños agricultores. Son los colegios de notarios los que están
exigiendo el desarrollo de la ley. La ley habla, por ejemplo, de
convenios con las comunidades autónomas. El artículo 22 tiene que
regularse. ¿Cómo se van a hacer esos convenios, señor Atienza? La
ley dice que tiene que regularse reglamentariamente. La ley
habla, por ejemplo, de un catálogo de explotaciones prioritarias.
¿Cómo se va a hacer ese catálogo? El catálogo es fundamental, a
la hora de la aplicación de la ley.
Ustedes no han llamado a las organizaciones agrarias para
plantear el desarrollo de la ley. Nadie sabe cómo se va a
desarrollar esa disposición que le ordena hacerlo.
Por tanto, señor Ministro, señor Presidente, tenemos una ley que
se aprobó hace cinco meses, una ley que duerme en el cajón del
Ministerio de Agricultura, porque ustedes no tienen voluntad de
aplicarla. Y no me venga ahora diciendo que lo de la jubilación
anticipada está previsto en la ley. No, señor Ministro. La ley
tiene disposiciones importantes: la permuta y ampliación de las
explotaciones agrarias; tiene unas calificaciones en la
explotación prioritaria, tiene un catálogo, tiene unas funciones
fiscales, tiene unas actuaciones del Ministerio de Trabajo que
tiene que clarificar algunas relacionadas con la Seguridad Social
Agraria, y esas disposiciones, cinco meses después, señor
Ministro, no han aparecido en el «Boletín Oficial del Estado».
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
En lo que se refiere a la calificación de las explotaciones
prioritarias, la ley es competencia de las comunidades autónomas,
a las que les corresponde emitir esa certificación, para lo que
no necesitan ningún desarrollo reglamentario. El conjunto de las
explotaciones prioritarias calificadas constituye el catálogo
general --ese sí debe regularlo el MAPA--, habiéndose elaborado
un borrador de orden ministerial que está pendiente de dictamen
jurídico. Los beneficios fiscales son de aplicación directa,
siempre que las comunidades autónomas emitan el correspondiente
certificado de calificación de la explotación. Las plusvalías por
transmisión de explotaciones debe regularlas un Real Decreto
entre el Ministerio de Agricultura y el de Economía, que también
está en proceso de elaboración. El arancel especial a aplicar por
notarios y registradores corresponde al Ministerio de Justicia,
que está en contacto con los colegios profesionales respectivos
para su regulación. Las ayudas estructurales, que deben suponer
la modificación del Decreto 1887/1991, está en estos momentos a
falta del dictamen del Consejo de Estado, habiéndose establecido
reuniones con las organizaciones agrarias para su regulación. Se
están aplicando y se van a continuar aplicando para el plan de
seguros agrarios de 1996 los criterios de prioridad establecidos
en la ley y, como ya le he dicho, la regulación del cese
anticipado, aprobado en el mes de octubre, ya se ha efectuado
incorporando los criterios establecidos en la ley.
Por tanto, se ha trabajado, se está trabajando y todo ello no
impide que si las comunidades autónomas cumplen sus competencias
se puedan aplicar ya muchos de los beneficios establecidos en la
ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR.
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿DE QUE FORMA
PIENSA EL GOBIERNO ABORDAR LA APREMIANTE NECESIDAD DE HACER
FRENTE A LA RECUPERACION DE LAS PLANTACIONES DE CULTIVOS LEÑOSOS
AFECTADOS IRREVERSIBLEMENTE POR LA SEQUIA? (Número de expediente
180/001527)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Ramírez
González.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
¿De qué forma piensa el Gobierno abordar la apremiante necesidad
de hacer frente a la recuperación de las plantaciones de cultivos
leñosos afectados irreversiblemente por la sequía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S. S. sabe, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley en mayo
estableciendo medidas urgentes para reparar los efectos de la
sequía, tanto a nivel de agricultores individuales a título
principal como de cooperativas y de sociedades agrarias de
transformación. Sabe que este Decreto-ley está siendo tramitado
en estos momentos como proyecto de ley y, por tanto, cuando
finalice su trámite parlamentario y sea publicado adoptaremos las
medidas que en este sentido establezcan las Cortes Generales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ramírez tiene la palabra.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, los sectores
profesionales han cuantificado ya los daños sufridos por los
cultivos leñosos, especialmente el viñedo. Se habla de más de
150.000 hectáreas que se han perdido, que se han secado
irreversiblemente en el territorio español. Todos los sectores
están reclamando un plan de recuperación de esta capacidad
productiva.
El Real-Decreto de sequía, que se ha tramitado ya en la Comisión
de Agricultura del Congreso, a instancia de mi Grupo
Parlamentario, ha incluido un mandato al Gobierno para que
elabore un plan urgente de recuperación. Pero, señor Ministro, yo
creía que iba a señalar la carencia que existe en este momento
para llevar a efecto ese plan de recuperación.
No sé si usted sabrá, señor Ministro, que desde el pasado 30 de
junio no tenemos marco o reglamento
comunitario al que hacer referencia para atraer los fondos
necesarios, de carácter comunitario, para hacer frente a esa
reestructuración. La reestructuración, señor Atienza, va a exigir
una inversión de más de 60.000 millones de pesetas, y desde el 30
de junio no tenemos marco comunitario que permita intentar la
cofinanciación para llevar a efecto la recuperación de esas
150.000 hectáreas.
La pregunta, señor Atienza, ya que usted preside el Consejo de
Ministros de Agricultura desde el pasado 1 de julio, es: ¿Qué ha
hecho S. S. para restablecer ese marco jurídico que posibilite la
reestructuración del viñedo español? Porque si no tenemos la
posibilidad de cofinanciación, tengo serias dudas, señor Atienza,
de que podamos financiar esta reestructuración, esa recuperación
de las 150.000 hectáreas que se han perdido, especialmente en La
Mancha, en Andalucía, en Extremadura, en Murcia y en la Comunidad
valenciana.
Por tanto, lo que me gustaría saber, señor Atienza, y le queda a
usted un mes de Presidente del Consejo de Ministros, es si
podemos contar con ese marco jurídico comunitario o si, por el
contrario, el señor Ministro va a colaborar con la Unión Europea
en ese sueño comunitario de que en España se destruya nuestro
potencial vitivinícola. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Gracias, señor Presidente.
Lamento que diez años después de nuestro ingreso en la Unión
Europea siga sin conocer sus mecanismos de adopción de
decisiones. El Consejo de Ministros no tiene capacidad para la
iniciativa legislativa, ya debiera usted haberlo aprendido. Vamos
a cumplir diez años en la Unión Europea y todavía no se ha
enterado de lo básico. (El señor Ramírez González pronuncia
palabras que no se perciben.)
Hemos pedido a la Comisión que presente una propuesta, y
previsiblemente lo hará en el próximo paquete de precios, para
promover una reestructuración del viñedo que nos permita realizar
esas tareas.
Por otro lado, los servicios del Ministerio tienen dificultades -
-que seguramente usted no tiene y esos servicios profesionales
que cita tampoco-- para evaluar el alcance y la irreversibilidad
de esos daños causados por la sequía a los cultivos leñosos. Es
difícil establecer cuál es el alcance de esos daños, en estos
momentos, tanto para el viñedo como para el olivar o para los
frutales. Nuestros profesionales, los del Ministerio, prefieren
ser más cautos y poder evaluarlos con más precisión y con más
seguridad, aunque es cierto que esos planes van a ser necesarios
y esperamos que la Comisión nos proponga la regulación
correspondiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿CON CARGO A
QUE PARTIDA PRESUPUESTARIA TIENE PREVISTO EL SEÑOR MINISTRO PAGAR
LAS INDEMNIZACIONES ACORDADAS POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE FECHA 11 DE MAYO DE 1995, POR DESPIDO IMPROCEDENTE DEL
PERSONAL LABORAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
COORDINADO PARA LA ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA AFRICANA?
(Número de expediente 180/001528)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Hernández-
Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Muchas gracias, señor
Presidente.
¿Con cargo a qué partida presupuestaria tiene previsto el señor
Ministro pagar las indemnizaciones acordadas por la sentencia del
Tribunal Supremo, de fecha 11 de mayo de 1995, por despido
improcedente del personal laboral contratado para la ejecución
del programa coordinado para la erradicación de la peste porcina
africana?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Los servicios del Ministerio no tienen notificación oficial de la
referida sentencia del Tribunal Supremo y, por tanto, todavía no
ha podido establecer las disposiciones correspondientes para su
ejecución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Hernández-Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Usted le decía a mi
compañero que hace diez años y no se entera, pero usted que lleva
dos de Ministro se entera menos, porque yo tengo aquí la
sentencia y usted no la tiene. Lo de usted es de juzgado de
guardia, señor Ministro. Esta sentencia --hay que decirlo aquí--
trata de un grupo de técnicos contratados por el Ministerio que
despiden ustedes a los cinco años
porque dicen que terminan el programa de erradicación de la
peste. Y a los siete días --tengo el decreto aquí-- contratan
otra vez el programa y lo hacen a través de una empresa, que se
llama Transatel, que pertenece al Ministerio de Agricultura y
cuyo consejo de administración lo componen sus altos cargos. Y
mire usted, señor Ministro, en ocho años, los técnicos que
hicieron la gran labor, contratados por el Ministerio, en el tema
de la programación gastaron 2.600 millones de pesetas, y ustedes
en cuatro años, con esta empresa, que es una financiación más del
PSOE, tienen contratados 2.600 millones de pesetas. No se asuste
usted. Esto es otra Filesa. Esto son ganas de tirar el dinero.
¿Cómo se pueden ustedes gastar el doble con una empresa de la que
no se saben los beneficios, que, además, no cumple los contratos
que están firmados? Esta empresa tiene que hacer cursos de
formación y no los hace. ¿Usted no sabe, señor Ministro, que en
el contrato que ha firmado Transatel (que no es una empresa, no
sé lo que es, no lo quiero decir porque es muy fuerte lo que
imagino que es), los gastos de material sanitario, que suponen
cientos de millones, que se obliga a comprar a la empresa, los
paga el Ministerio?
Ustedes, que son tan liberales o tan sociales --que no sé lo que
son, que en este país nadie sabe lo que son--, resulta que
contratan trabajadores y los hacen autónomos para que pongan su
coche, los puedan despedir cuando quieran y no puedan reclamar.
Este es el sistema social progresista, de lo que tienen ustedes,
y usted es un ejemplo. Usted es un incompetente, demostrado en
todo el tiempo que lleva como Ministro. No ha habido un Ministro
más incompetente que usted. Además, es una persona que miente.
Usted me ha mentido muchas veces (Rumores.) Ahora me vuelve a
mentir. Tengo los datos aquí, todos los datos que usted quiera.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, le ruego se atenga a
la cortesía parlamentaria.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Estoy en la cuestión. El
decir lo que dice este señor está dentro de la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, no le he llamado a la
cuestión. Le he llamado a la cortesía parlamentaria.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Y esto no es una cortesía,
esto es una realidad. Señor Presidente, con todo mi respeto, esto
es una demostración de cómo habla la gente del pueblo. No vamos a
hablar aquí de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias.
No voy a utilizar el mismo lenguaje que ha utilizado S. S.,
lenguaje que, seguramente, no hubiese utilizado en la época del
antiguo régimen, en la que usted representaba otros intereses.
(Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (Continúan las
protestas.)
¡Silencio!
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¡Eso no lo consiento!
¡A mí no me dice usted eso! ¡Es usted un sectario!
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernández-Sito, le llamo al orden!
(Protestas.)
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¡Es que eso no se lo
consiento...!
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito, calma. El Reglamento
tiene previsiones para solicitar la palabra ordenadamente y
replicar correctamente a las alusiones que se hagan en el curso
del debate. Le ruego utilicen esas vías y no esas réplicas
acaloradas e innecesarias.
Señor Ministro, la observación es improcedente y le llamo al
orden. Le ruego continúe.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): En cualquier caso me permitirá, señor Presidente, que
recuerde que el señor Hernández-Sito hace dos años consideró que
esa empresa era pública al cien por cien, que era propiedad de
altos funcionarios del Ministerio de Agricultura que formaban
parte de su Consejo de Administración en representación de los
intereses generales.
Quiero decirle que todas las actividades de lucha contra la peste
porcina en los últimos años se han desarrollado a través de esa
empresa pública, que tiene los mecanismos de control establecidos
para el conjunto de las empresas públicas y que ha desarrollado
una labor notable que ha permitido que se haya erradicado la
peste porcina africana en estos últimos años con totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Hernández-Sito, tiene la palabra por alusiones.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Al señor Ministro de la
Presidencia, que me miraba muy extrañado cuando dije lo de
sectario, quiero decirle que este es un Parlamento donde nadie
preguntamos a nadie dónde va ni de dónde viene. Es un Parlamento
democrático. Lecciones de democracia a mí ni a mi familia no me
las da nadie. No soy más demócrata que nadie, pero que me digan a
mí, a un persona contraria al régimen, afectada por el régimen,
huérfano de un señor que lo mataron en la plaza de toros de
Badajoz, que me diga un señor a mí que he representado al
régimen, no se puede consentir. Además, eso no lo debe decir
porque yo con los muertos, ni con los míos ni con los de otro, he
jugado nunca. Eso es lo que hace el Partido Socialista, sacar la
bandera de los muertos. Los muertos son de cada lado y no estamos
dispuestos nosotros, los que sufrimos, a que venga ningún señor
Ministro a decir demagógicamente, y mintiendo, de dónde
procedemos cada uno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández-Sito.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES IMPIDEN QUE
LA OBTENCION DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN LAS ISLAS DE
LA GOMERA Y EL HIERRO SE PRODUZCA DE FORMA SIMILAR AL RESTO DEL
TERRITORIO NACIONAL? (Número de expediente 180/001512)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Martinón
Cejas.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los ciudadanos de toda España obtienen el
documento nacional de identidad cuando pueden hacerlo, cuando
tienen disponibilidad para hacerlo. Sin embargo, los ciudadanos
de las islas de La Gomera y El Hierro, lo contrario de lo que
ocurre en el resto de España, están en una situación peculiar.
Sólo pueden obtener el documento nacional de identidad cuando un
grupo de funcionarios con destino en otra isla va a esas islas, y
antes de esa visita resulta imprescindible que los ciudadanos se
acerquen a la Delegación del Gobierno a decir que quieren obtener
el documento nacional de identidad.
Me permito recordarle, señor Ministro, que la administración es
una, que los funcionarios que atienden en esas islas,
dependientes del Ministerio de Justicia e Interior, también son
del mismo Ministerio que los que van de la isla de Tenerife,
situación que a mí me resulta injusta, dolorosa --supongo que al
Ministro de Justicia e Interior también-- y creo que debe ser
corregida. Por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué razones
impiden que la obtención del documento nacional de identidad en
las islas de La Gomera y El Hierro se produzca de forma similar
al resto del territorio nacional?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señoría, se han observado retrasos en la
tramitación del documento nacional de identidad en la isla de La
Gomera y también en la isla de Hierro. Ante esta situación, se ha
mantenido reuniones entre el gobernador civil y los delegados del
Gobierno en dichas islas para resolver lo que sin duda supone una
molestia para los ciudadanos.
La situación tiene su origen en la ausencia de una comisaría de
policía. No corresponde que exista en función del tamaño de la
población existente en cada una de las islas. Sabe S. S. que cada
comisaría tiene oficinas específicas para la expedición del
documento nacional de identidad y pasaportes. Y cuando el tamaño
de la población no permite instalar una comisaría, se desplaza
periódicamente un equipo de funcionarios a las localidades en
función de la importancia o del volumen de la documentación
requerida. Como ya le dije, los responsables del Ministerio de
Justicia e Interior en las islas han acordado un plan de trabajo,
que debe regularizar la demora en la expedición del documento
nacional de identidad. Como medida inmediata, los pasados 15, 16
y 17 de noviembre se ha desplazado el equipo correspondiente a La
Gomera para terminar con la acumulación de documentación
atrasada. A partir de ese momento se ha establecido un ritmo de
presencia mensual que evitará que vuelva a producirse una demora
de esa naturaleza. En cuanto a la isla de Hierro, los próximos 4
y 5 de diciembre se desplazará un equipo con el mismo cometido. A
partir de este momento se establecerá un desplazamiento
bimensual, dado que por población y por nivel de trabajo requiere
una presencia inferior. Con esta medida, señoría, espero que los
ciudadanos de ambas islas podrán disponer de su documentación en
el plazo razonable en el que tienen derecho a exigir y conseguir
la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
No se trata, señor Ministro, de un problema de demora.
Efectivamente, el problema principal está en que no hay comisaría
de policía, pero debo recordarle que las personas que atienden la
tramitación de los documentos nacionales de identidad no son
policías, son funcionarios administrativos, y los que hoy están
en la delegaciones del Gobierno de La Gomera y del Hierro
también son funcionarios administrativos que podrían desempeñar
ese papel.
Lamento que la respuesta insista en un asunto de frecuencia de
atención al público. No es ese el asunto. Reclamo una frecuencia
diaria de atención al público, como ocurre en cualquier otro
lugar de España.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL
GOBIERNO AUMENTAR EN BREVE PLAZO EL NUMERO DE JUZGADOS DE FAMILIA
EN MALAGA PARA FACILITAR LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS QUE EN
ELLOS SE TRAMITAN? (Número de expediente 180/001513)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Martínez
Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro de la Presidencia, la mayor parte de los
ciudadanos españoles que utilizan los servicios de la
Administración de justicia se suelen quejar, de manera casi
unánime, de la tardanza desesperante con que se dictan las
sentencias de aquellos casos en los que se ven involucrados. Las
consecuencias negativas de todo tipo que dicho retraso suele
ocasionar se agravan de manera especialmente dolorosa en los
procesos relativos al derecho de familia, donde la naturaleza
particularmente sensible de los demás afectados, donde las
consecuencias que sobre terceras personas, especialmente menores,
tienen estos asuntos y donde las implicaciones fortísimas de
índole afectiva de los que están implicados en ello exigen, a
nuestro modo de ver, que se reduzca al mínimo de tiempo la
provisionalidad y, en muchos casos también, la angustia que
acompaña esta provisionalidad que está producida por la
inexistencia de una rápida resolución judicial. A título de
ejemplo, puedo decirle que en el caso de Málaga, que es una
provincia con más de un millón de habitantes, que cuenta con sólo
dos juzgados de familia, es muy difícil que puedan atenderse los
dos mil y pico casos de separaciones matrimoniales que se
produjeron el año anterior, que se reduzca en menos de un año el
trámite de petición de revisión de una pensión o que puedan
proveer la existencia de un juzgado de familia para los días
festivos.
Señor Ministro, en nombre de las personas afectadas y de
colectivos que representan a muchas de ellas, solicito su
intervención, solicito la intervención del Gobierno para
conseguir un triple objetivo que pueda mejorar con urgencia la
situación que acabo de describir: primero, más juzgados de
familia; segundo, mayor diligencia por parte de algunos de los
jueces; y tercero, garantías procesales suficientes para
salvaguardar los derechos de los menores evitando apriorismos que
en muchos casos son absolutamente injustos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como S. S. conoce con toda seguridad, la planta judicial de
juzgados de primera instancia en el partido judicial de Málaga
asciende a 15 juzgados, todos ellos constituidos y en
funcionamiento. Estos juzgados, según los datos proporcionados
por el Consejo del Poder Judicial para 1995, tienen una media de
888 asuntos anuales, lo que está dentro de los niveles
orientativos de cargas de trabajo que estableció el propio
Consejo General del Poder Judicial, entre 900 y 1000 asuntos
civiles. Dentro de la planta judicial, y ya en relación a los
juzgados con competencias en materia de familia, existen dos
juzgados en Málaga, concretamente los número 5 y 6. Estos
juzgados han tenido 416 y 425 asuntos respectivamente, una media
de 420 entre los dos, lo que los sitúa dentro de los índices que
el Consejo General del Poder Judicial considera idóneos en este
tipo de asuntos, entre 400 y 500 asuntos anuales.
En cuanto a la especialización conviene hacer una mención. El
artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece
expresamente la competencia del Consejo General del Poder
Judicial para acordar, previo informe de la sala de gobierno, que
en aquellas circunscripciones en que existe más de un juzgado de
la misma clase uno o varios asuman, con carácter exclusivo, el
conocimiento de determinada clase de asuntos, como ha ocurrido en
Málaga, donde se han especializado los números 5 y 6 de primera
instancia e instrucción de juzgados de familia. Es, por tanto --
le recuerdo--, una competencia del Consejo del Poder Judicial y
no del Gobierno la creación adicional de un juzgado de familia.
Por otra parte, le quiero recordar que el mismo órgano del Poder
Judicial, a la vista de las actuales cargas de trabajo, no ha
considerado al menos prioritario incluir en la relación
circunstancial de necesidades de la Administración de justicia
para 1996 un nuevo juzgado en Málaga, lo que no obsta para que
pueda realizarse en el futuro si la evolución de las cargas de
trabajo así lo aconsejara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Señor Ministro, no se
trata de que los juzgados actualmente existentes cumplan con las
ratio previstas por el Consejo General del Poder Judicial, sino
que se puedan
atender con mayor celeridad los muchos asuntos que esperan
sentencia en los juzgados de Málaga.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
--DE LA DIPUTADA DOÑA EVA MARIA AMADOR GUILLEN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿POR QUE NO SE ADOPTARON POR PARTE DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EVITAR LA FUGA DE LOS PRESUNTOS MIEMBROS DEL COMANDO
«MATALAZ» DE ETA, EXCARCELADOS AL CUMPLIR EL TIEMPO LEGAL MAXIMO
DE LA PRISION PREVENTIVA? (Número de expediente 180/001521)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, de la señora Amador
Guillén, sustituida en este trámite por el señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Por qué no se adoptaron por parte del Ministerio de Justicia e
Interior todas las medidas necesarias para evitar la fuga de los
presuntos miembros del comando «Matalaz» de ETA, después de ser
excarcelados al cumplir el tiempo legal máximo de la prisión
preventiva?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, el Ministerio de Justicia e Interior, y más en concreto
la Dirección General de la Policía, ha seguido todas las
instrucciones que le han sido dirigidas por la sección segunda de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación con las
personas incursas en la causa 20/1992 por la que se interesa S.
S.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la excarcelación de miembros del comando
«Matalaz» ha sido un hecho detestable que ha colmado de
indignación a la opinión pública, y resulta mucho más preocupante
cuando, además, el Gobierno dice desconocer cuántos casos
similares a éstos se han producido en los últimos años,
afirmación que de todo punto sólo puede ser considerada como
falsa o como inaceptable. Lo cierto es que el Gobierno aprovechó
este asunto para cargar las tintas contra el titular del Juzgado
número 5 de la Audiencia Nacional por razones que probablemente a
nadie se le escapan. Pues bien, las diligencias practicadas
recientemente por la comisión disciplinaria del Consejo General
del Poder Judicial no sólo sientan adecuadamente las bases para
la depuración de responsabilidades, sino que también evidencian
la banalidad de la tesis gubernamental al exonerar de toda
responsabilidad la actuación de los instructores. En este
contexto parece claro, señor Presidente, que el Gobierno ha
pretendido, por una parte, impulsar una campaña de descrédito
contra el titular de un órgano jurisdiccional concreto, insisto,
por razones que a nadie se le escapan, pero a la vez para tratar
de ocultar en dicha campaña sus propias responsabilidades en este
asunto, responsabilidades que le son exigibles, señor Ministro, a
partir de la excarcelación y que se concretan claramente en
algunas cuestiones que hoy se pregunta la opinión pública: por
qué no se dispuso de un operativo eficaz de vigilancia sobre
estos sujetos; por qué los servicios de información, tan ocupados
últimamente en espiar ilegalmente a ciudadanos, no mostraron el
mismo celo por mantener un conocimiento puntual sobre los
movimientos y contactos de estos criminales; en definitiva, por
qué el Gobierno no ha sido capaz de evitar la fuga de los
integrantes de este comando.
No sirve que diga usted que se pusieron en práctica las medidas a
partir de una determinada comunicación del órgano jurisdiccional.
Antes, señor Ministro, en el momento mismo, en el momento de
producirse el hecho físico de la excarcelación se tenían que
haber adoptado las medidas pertinentes, y no se hizo. Por eso,
señor Ministro, este Gobierno, que últimamente tanto invoca la
seguridad nacional para autoprotegerse, es, sin lugar a dudas,
también un lastre para esa seguridad nacional. Y en ese asunto,
téngalo por cierto, sí brilla con luz propia don Juan Alberto
Belloch. Dele usted ese recado de nuestra parte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Paso por alto la mención de S. S. a campañas orquestadas no se
sabe por quién pero que, desde luego, a S. S. le gustan mucho
porque las utiliza incluso en este trámite parlamentario y de las
cuales, sin duda, su pregunta forma parte.
Es posible --le voy a dar a S. S. el beneficio de la duda-- que
no esté informado de la evolución de los acontecimientos. Yo le
voy a dar información. De todas maneras, dudo mucho que eso
cambie la opinión de S. S., que está dispuesta a echarle la culpa
al Gobierno absolutamente de todo lo que pase en este país,
también de la fuga de unos supuestos miembros de ETA que poco o
nada tienen que ver con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Señoría, el pasado 9 de junio la Audiencia Nacional comunicó a la
Dirección General de la Policía la
prohibición de abandonar el territorio nacional a las personas
encausadas en el sumario 20/1992. A tal efecto, la Dirección
General de la Policía cursó instrucciones a todas las fronteras y
bancos de datos. El auto ordenaba la presentación diaria de los
procesados en el juzgado o comisaría de policía. Dicha
presentación se efectuó siempre en los juzgados y nunca en las
comisarías. El señor Raúl Angel Fuentes Villota dejó de
presentarse un total de ocho días desde que fue puesto en
libertad hasta el 17 de julio, día en el que dejaron de
presentarse todas las personas encausadas en la causa a la que
hago referencia. La Audiencia Nacional no estableció ninguna
medida de vigilancia sobre los excarcelados, por lo que no se
adoptó ninguna medida por parte de la policía dentro de lo que
entendemos es un cumplimiento escrupuloso de las instrucciones
judiciales, especialmente en lo que se refiere a la limitación o
restricción en la libertad de las personas. Los Cuerpos de
Seguridad del Estado no tuvieron ninguna noticia de la Audiencia
Nacional hasta que ésta ordenó la busca y captura el día 5 de
septiembre, es decir, 51 días después del incumplimiento de la
presentación.
No me queda sino recordar a S. S. que la entrada en vigor del
acuerdo de Schengen, que conlleva la desaparición de los
controles interfronterizos entre los países miembros de la Unión
Europea, sin duda dificulta el estricto control de las fronteras.
Por ello, es absolutamente necesario tener la información al día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JULIO PADILLA CARBALLADA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUALES HAN
SIDO LOS MOTIVOS DE LA PERDIDA DE CONFIANZA DEL GOBIERNO EN EL
ABOGADO DEL ESTADO JEFE DEL TRIBUNAL SUPREMO? (Número de
expediente 180/001535)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, número 25, del señor Padilla
Carballada.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, conocemos que el artículo 20.e) de la Ley de
medidas de la Función Pública establece que los funcionarios
adscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento de libre
designación podrán ser removidos del mismo con carácter
discrecional. Por tanto, no le preguntamos sobre los elementos
discrecionales del acto que decide la remoción en el cargo del
Abogado del Estado Jefe del Tribunal Supremo, sino sobre el
elemento reglado de todo acto discrecional, que es el fin, la
justificación teleológica que incluso en este tipo de actos
vincula al ordenamiento jurídico todas las actuaciones de las
administraciones públicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, me pregunta por las razones de la pérdida de confianza
del Gobierno en el Abogado del Estado Jefe del Tribunal Supremo.
Inicialmente, quisiera indicarle que hay un error en su pregunta.
No se trata de que el funcionario en cuestión haya perdido la
confianza del Gobierno, sino de que ha perdido la confianza de
quien es su jefe en la dirección general correspondiente, que no
es otro que el Director General del Servicio Jurídico del Estado,
que ha apreciado razones de falta de confianza estrictamente
profesionales y que por ello, de acuerdo con la legislación
vigente, ha procedido a efectuar el correspondiente cese.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es obvio que no ha contestado usted la pregunta,
quizá por eso que ustedes suelen invocar cuando razones de
conveniencia les llevan a decir: Como no les vamos a convencer...
Creo que aquí ya ha adelantado usted la idea de que no me va a
convencer.
Le he hecho ya la aclaración de que nos consta que es un acto
discrecional, pero realmente se produce en un momento
sorprendente. No se lo voy a ocultar. La verdad es que nuestra
pregunta obedece exclusivamente a garantizar lo que el artículo
103 de la Constitución previene de que la ley regulará el
estatuto de los funcionarios públicos y, entre otras cosas,
garantizará la imparcialidad en el ejercicio de las funciones de
los funcionarios. Evidentemente, el Abogado del Estado Jefe del
Tribunal Supremo es un cargo de libre designación, pero el
Director General del Servicio Jurídico del Estado, que hace ya
tiempo que desempeña este cargo, igual que este abogado del
Estado, que lleva muchos años desempeñando esa función y que
incluso ha sido objeto de notorias recompensas, de grandes
cruces, como es la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort,
pudo haber hecho uso del artículo 3 del reglamento de los
abogados del Estado y asumir las funciones en los asuntos GAL y
Filesa o haber designado, también con arreglo al artículo 7 del
reglamento, a otro abogado del Estado. No ha hecho ninguna de
esas cosas y a nosotros nos queda la sombra de la duda, pero no
la sombra de la duda maliciosa, sino la sombra de la duda
política, de que aquí no hay problemas de criterio jurídico, ni
problemas de criterio profesional, ni naturalmente problemas de
negligencia o de incumplimiento de esas obligaciones, porque en
ese caso se le habría abierto un
expediente. Aquí hay problemas de defensa de algunas cosas que
probablemente no sean la defensa del Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Es verdad que para eso ya está el
señor Ministro de Justicia e Interior...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: ... que dejó el juzgado para...
El señor PRESIDENTE: ¡Padilla!
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Padilla, quisiera indicarle que la pérdida de confianza del
funcionario no se produce por un hecho concreto, sino por un
conjunto de actuaciones que sin duda van en el tiempo más allá de
los últimos meses. Es evidente que en el Tribunal Supremo siempre
puede haber un asunto de importancia que permita que haya quien
pueda vincular interesadamente un relevo a una u otra causa de
trascendencia, pero la realidad es la que le estoy diciendo. Se
trata de una pérdida de confianza que se ha producido durante los
últimos meses y que, además, parte del principio de que la
Abogacía del Estado siempre trabaja en equipo. En la Abogacía del
Estado nadie es dueño de ningún pleito, de ningún asunto, sino
que los casos son del Estado, pertenecen al Estado y, por tanto,
no pertenecen a ningún funcionario concreto.
Quisiera recordar que el principio general de actuación de la
Abogacía del Estado, desde 1981, es el de la unidad de doctrina y
de criterio en defensa de los intereses del Estado y que el
mantenimiento de dicha unidad de doctrina y de criterio se
produce, como siempre, a través de las instrucciones del Director
General del Servicio Jurídico del Estado, instrucciones que
imparte a los distintos abogados del Estado en los asuntos
judiciales y en los extrajudiciales.
En resumen --se lo reitero una vez más--, ha habido una falta de
confianza estrictamente profesional, y esa falta de confianza es
la que está en el origen del cese que vengo comentando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿PIENSA EL GOBIERNO EQUIPARAR
LOS SUELDOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO CON
LOS DE LAS POLICIAS AUTONOMICAS? (Número de expediente
180/001524)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor De Torres
Gómez.
Tiene la palabra.
El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿piensa el Gobierno equiparar los sueldos de los
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los
de las policías autonómicas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, el Gobierno, como bien conoce, ha emprendido un proceso
de mejora de las retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, un proceso que es inevitablemente lento,
toda vez que es un colectivo muy amplio cuya importancia
económica, en términos de masa salarial, repercute directamente
en los presupuestos generales del Estado, en los cuales, como
usted sabe, estamos manteniendo criterios restrictivos en lo que
al gasto se refiere.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo quiero huir de cualquier planteamiento
demagógico respecto a la equiparación de los sueldos de los
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los
de las policías autonómicas. Pero es que el agravio comparativo
es tan patente que no vale reconocerlo, es preciso solucionarlo.
¿Cómo es posible que la retribución de un miembro de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, con mayores competencias, con
mayores responsabilidades y con mayores riesgos, sea un tercio
más baja que la de un policía autónomo? ¿Por qué los gobiernos
autonómicos pueden pagar a sus policías con unas retribuciones
determinadas y el Estado a las propias no, repito, teniendo éstas
como tienen más competencias, más responsabilidad y más riesgo? Y
ya el agravio comparativo, señor Ministro, se hace intolerable
cuando, en virtud de los sueldos que cobran algunos miembros de
estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algunos de ellos
pretenden ingresar en dichas policías autonómicas para mejorar su
condición y son rechazados a pesar de tener magníficos
expedientes.
Señor Ministro, en una contestación a una pregunta escrita nos
responden ustedes lo siguiente: «Respecto a la comparación de las
retribuciones de los miembros de las policías autónomas, hay que
puntualizar que el Gobierno se esfuerza en conseguir la justicia
en las retribuciones comparadas de sus funcionarios, cualesquiera
que sean sus estatutos, pero no puede responsabilizarse
n ningún sentido de las diferencias frente a colectivos que
dependen de otras administraciones públicas». Esto me parece bien
y debería ser así, siempre y cuando esas otras administraciones
públicas fueran responsables de la deudas encubiertas que generan
y que después paga todo el Estado en virtud de componendas que se
hacen aquí a cambio de apoyos parlamentarios. Más claro, que esos
sueldos los pagan las autonomías pero, en definitiva, salen de
nuestros bolsillos. Esto debe tener solución progresiva, señor
Ministro, estoy de acuerdo, pero debe tenerla. Como ejemplo, le
daré la referencia de la Generalidad de Valencia.
En conclusión, señor Ministro, todos, incluido el Gobierno,
reconocen lo injusto de esta situación, pero, al menos que yo
sepa, ningún ministro del Interior de ningún Gobierno socialista
ha puesto remedio alguno para solucionar ese agravio comparativo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias,
señor Presidente.
La respuesta que ha leído S. S. es absolutamente correcta. El
Gobierno no puede responsabilizarse, porque no está entre sus
competencias, de los sueldos que pagan las comunidades autónomas
y los ayuntamientos --que no sé si deliberadamente o no pero en
todo caso usted ha dejado fuera-- a sus respectivas policías. Es
una competencia estrictamente autonómica y municipal.
Paso por alto una alusión sin justificar, como hacen ustedes
siempre, a las supuestas componendas. Si hay componendas dígalas,
y diga dónde están, y el Gobierno responderá de ellas; si no, le
rogaría que no lance acusaciones que usted no puede demostrar.
Quisiera, además, decirle que la política retributiva de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está inmersa en el
conjunto de la política retributiva de los funcionarios civiles
de la Administración general del Estado. Por tanto, no se trata
de examinar sólo, aunque sea muy importante, la retribución de
tal o cual colectivo, sino de ver el conjunto de las
retribuciones de los funcionarios que dependen de los
presupuestos generales del Estado. Me gustaría también que S. S.
hiciera una comparación cabal entre categorías y puestos dentro
de las distintas policías, porque las afirmaciones generales o
globales que usted hace no tiene ningún tipo de apoyo
presupuestario, ningún dato concreto, no pasan de ser
afirmaciones genéricas.
Le remito a los datos de las últimas leyes aprobadas por este
Parlamento, tanto las que se refieren a los presupuestos del
Estado como a las que van referidas estrictamente a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. La situación en cifras es muy
clara. De 1988 a 1995 han crecido las obligaciones reconocidas,
el dinero que el Estado paga en retribuciones a la policía, en un
48 por ciento frente al 29 por ciento de la media de los
funcionarios públicos que dependen del Estado. La Guardia Civil
lo ha hecho ligeramente más, si bien es cierto que las dotaciones
en este cuerpo han aumentado también por encima de las dotaciones
de la policía.
Quisiera, por último, recordarle que esta política retributiva de
mejora anual a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se
continuaba en el proyecto de ley de presupuestos para 1996, que
finalmente no fue aprobado por esta Cámara: una subida
retributiva por encima del 3,5 por ciento general previsto que
esperamos mantener en el decreto correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LINEAS DE POLITICA GENERAL
QUE PIENSA SEGUIR EL GOBIERNO EN RELACION AL PLAN DE PAZ
PROPUESTO POR LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SAHARA OCCIDENTAL
(Número de expediente 172/000130)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. Interpelación del Grupo Mixto sobre líneas de política
general que piensa seguir el Gobierno en relación al plan de paz
propuesto por las Naciones Unidas para el Sahara Occidental.
Para desarrollar la interpelación, en nombre del grupo
proponente, el señor Albístur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el mes de marzo del año en curso se presentó una
proposición no de ley que trataba precisamente sobre el tema del
enunciado de esta interpelación. Esta proposición no de ley ha
dormido el sueño de los justos durante los ocho meses que han
pasado, y muy probablemente no hubiera podido debatirse en esta
Cámara durante este período de sesiones y de legislatura dado el
sistema de turnos y plazos que existen para las proposiciones no
de ley de los diferentes grupos. Sin embargo, debo agradecer a
los servicios jurídicos de la Cámara y a su Presidencia la
posibilidad de iniciar hoy con esta interpelación, sustituyendo a
la proposición no de ley, y a la moción que seguirá en la próxima
semana, una nueva toma de conciencia con la realidad del pueblo
saharaui, para muchos olvidado en un rincón del Sahara argelino,
pero presente como reivindicación de los derechos de unos seres
humanos a ser dueños de su destino, de su tierra, de su pasado
histórico y también de su futuro.
El momento político, por otra parte, es oportuno por coincidir
con la Conferencia Euromediterránea para la que esta Cámara
elaboró y aprobó, por unanimidad, un informe en el que se
destacaba como tema prioritario conseguir la paz y en el que se
insistía y subrayaba
que para conseguir la paz en el área mediterránea es preciso
acabar con los conflictos políticos existentes en el
Mediterráneo, entre los que destaca el conflicto de Marruecos con
el pueblo saharaui, en particular por existir un plan de paz
propuesto por las Naciones Unidas que ha sido sistemática e
impunemente boicoteado por el Reino de Marruecos. La oportunidad
del contenido de esta intervención se apoya también en las
reivindicaciones iniciadas en estas mismas fechas por la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que reivindican en
estos momentos y en estos días, coincidiendo con la Conferencia
Euromediterránea, el olvido que por parte del Gobierno español
está experimentando este conflicto y que reclama, junto con el
propio pueblo saharaui y un montón de instituciones del propio
Estado Español, una participación en dicha conferencia para sus
representantes, más aún cuando el Gobierno español, su teórico
valedor, preside la Unión Europea y presenta, como un éxito de su
diplomacia la celebración de la conferencia de pueblos y Estados
del Mediterráneo.
Estamos ante uno de los problemas políticos pendientes de la
transición española, un problema que no supo resolver el dictador
ni sus edecanes y un problema diplomático que no ha sabido
atender y resolver la diplomacia española en la democracia aun
cuando esa misma diplomacia tiene en su haber el encuentro de
palestinos y judíos en Madrid, inicio del actual proceso de paz y
un importante impulso a la paz en Bosnia firmada ayer.
Sin embargo, y paradójicamente, la sociedad real del Estado
español, la sociedad en la democracia, ha mantenido un
comportamiento contradictorio con la conducta de la oficialidad
gubernamental. Hoy en día existe en el Estado español una
federación de municipios hermanados con «dairas» del pueblo
saharaui, exactamente 235 municipios. Se han tomado acuerdos de
apoyo a la causa saharaui en todos los parlamentos autonómicos.
El Senado debatió, en septiembre de 1994, una moción similar a la
hoy propuesta en este Parlamento, recibiendo el apoyo de todos
los grupos políticos. Se han realizado visitas de parlamentarios
del Estado tanto a la zona de guerra como a los campamentos. La
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ha recogido miles de
firmas de ciudadanos e intelectuales que solicitan el apoyo del
Gobierno español al plan de paz propuesto por la ONU y a la
celebración del referéndum. Sin embargo, el pueblo español ha
permanecido pasivo. Quizá deba corregir: si ha realizado alguna
actividad, ha sido, desde luego, con menos intensidad que en las
realizadas para la búsqueda de paz en otros lugares como
Palestina o Bosnia.
Somos muchos los que pensamos que existe excesiva pasividad ante
los planteamientos marroquíes, para los que únicamente hay
acuerdo si se accede a sus exigencias. Acabamos de firmar un
acuerdo de pesca con Marruecos que permite pescar en aguas del
banco sahariano denominado como tal banco sahariano. Por ello se
compensa a Marruecos con importantes medidas económicas. Es
decir, y hablando bien claro, estamos reconociendo a Marruecos
derechos soberanos sobre un territorio en litigio reclamado por
sus propietarios históricos, el pueblo saharaui, y no permitimos
que éstos, los verdaderos ciudadanos, tengan derecho a dirimir en
un referéndum su propio destino futuro y el uso y explotación de
su espacio vital y territorial, incluidas las costas y millas
marinas. Europa favorece a Marruecos con los teóricos derechos de
los saharauis, y esa tesis yo creo que no es irrefutable o puede
ser discutible, pero realmente responde a la realidad política de
un pueblo.
En relación al Sahara Occidental, nos encontramos después de 20
años con un proceso histórico de descolonización inconcluso. Es
más, se puede calificar de atípico en la historia por lo que
supone de abandono por el colonizador a los colonizados. Incluso
puede decirse que la descolonización casi se hizo como un objeto
de trueque en circunstancias de debilidad política y
gubernamental. El caso es que el Reino alauita puso a funcionar
primero la marcha verde, después su ejército y más tarde sus
colonos en lugar de haberse exigido, por parte del pueblo o el
Gobierno español, las bases de un diálogo directo y bilateral de
modo tolerante y civilizado. Hoy las circunstancias políticas y
gubernamentales son radicalmente distintas, pero el caso es que
Marruecos, con la connivencia internacional, incluida la del
Gobierno español, sigue obstruyendo el proceso de paz y el
referéndum libre del pueblo saharaui.
Esta interpelación no tiene otra voluntad que dirigirse al
Gobierno, al partido que lo sostiene y a los partido que formamos
este Parlamento. Dicho, además, con todo respeto, mi intención es
reverdecer la memoria histórica y recordar que nuestra democracia
tiene un tema político pendiente, porque sin duda la opción más
lógica es aquella que combina el proceso de paz con el diálogo
directo entre las dos partes. El proceso de paz sería el marco
conducente a un referéndum creíble y transparente, mientras que
el diálogo directo actuaría como motor de impulso al proceso.
Esta opción, defendible por ser de sentido común, choca hasta
ahora con la posición de Marruecos, que quiere sólo un proceso
confirmativo del hecho consumado de la ocupación. Estamos, pues,
ante lo que se podría llamar crónica de un fracaso anunciado si
no se toman medidas, y el inicio, desgraciadamente, de un posible
nuevo ciclo militar que sería, por inhibición, un fracaso para la
democracia española y, además, un fracaso diplomático en el
conflicto del Sahara Occidental cuya extensión y duración en el
tiempo nadie puede determinar hoy. Lo único cierto es que será de
alta contundencia si no se toman las medidas correspondientes,
que son medidas denominadas de diálogo y de búsqueda de la paz.
La ONU está a punto de fracasar porque no supo o no ha querido
hacer frente a la
presión y obstrucción de los marroquíes, pero hoy día el impulso
de la Unión Europea puede cambiar las circunstancias.
El próximo miércoles presentaremos una moción que intentará
recoger los argumentos ya expresados por la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui, que recogen, a su vez, la opinión de
instituciones, de intelectuales y del pueblo español. En ese
momento quisiéramos encontrar en esta Cámara un verdadero
consenso para poder impeler, para poder impulsar, para poder
lograr, dentro del año 1995 si fuera posible, pero en el próximo
año y antes del verano de 1996, la realización del proceso de paz
firmado por las Naciones Unidas y, sobre todo, la celebración de
un referéndum libre para el pueblo saharaui.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, la aplicación del llamado plan de arreglo de Naciones
Unidas para el Sahara Occidental está atravesando una fase
delicada. Las principales dificultades se refieren a cuestiones
tales como el acantonamiento de los soldados del Frente
Polisario, la reducción de las tropas de Marruecos en el
territorio, la aceptación de un código de conducta para la
campaña electoral, la liberación de presos políticos y el canje
de prisioneros de guerra y muy fundamentalmente la identificación
y el registro de votantes.
Diferentes razones, tanto de tipo técnico como de tipo político,
explican la complejidad de las tareas de identificación y
registro de votantes encomendadas a la misión de las Naciones
Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Entre ellas,
señalaré los años transcurridos --21-- desde el último censo, el
español, realizado en la población del territorio; el carácter
nómada de los grupos tribales que viven en el mismo, y la
dispersión por varios países de una parte importante de la
población tras largos años de enfrentamientos armados. Sin duda,
el hecho de que las dos partes tengan intereses del todo opuestos
también dificulta esta confección del censo y, en las últimas
semanas, el desacuerdo fundamental de las partes en cuanto a la
inclusión o no en el censo de tres agrupaciones tribales
controvertidas.
Así, en su último informe, el 9 de septiembre de este año, el
Secretario General de las Naciones Unidas se mostraba
decepcionado por los escasos avances producidos en los últimos
meses y señalaba que ambas partes son reacias a llegar a una
avenencia en relación con ciertas cuestiones que, a su juicio,
podrían debilitar sus respectivas posiciones. También apuntaba
que, desde el punto de vista técnico, no hay ningún obstáculo
para organizar sesiones de identificación en varios lugares
dentro y fuera del territorio. Por otra parte, en caso de que la
identificación tuviese lugar sin la participación de dirigentes
tribales, sería necesario insistir --añadía el Secretario
General-- en que se presentaran pruebas documentales.
De conformidad con las indicaciones del Secretario General de la
ONU, el jefe de la misión de dicha organización, el señor Jensen,
ha presentado recientemente a las partes, y también al Consejo de
Seguridad, una serie de propuestas para desbloquear la
identificación de los aspirantes a votar pertenecientes a las
categorías más controvertidas. Sin entrar en detalles, quisiera
indicar a S. S. que lo que el Secretario General desea es evitar
que una cualquiera de las partes pueda bloquear el proceso
mediante el recurso o la no presentación del jefe tribal que
representa a esa parte. Para estos casos, el Secretario General
de la ONU propone que la identificación y registro se realice
sobre la base de pruebas documentales, como decía anteriormente,
y no sólo sobre la base del testimonio oral del jefe tribal de la
parte representada.
En cualquier caso, me gustaría señalar que no se pueden
menospreciar los avances conseguidos hasta la fecha: la vigencia
del alto el fuego que, vigilado por la misión de la ONU, rige
desde septiembre de 1991, la definición de cinco criterios para
la identificación y registro de votantes y los progresos en la
aplicación de los mismos. Casi 60.000 votantes han sido ya
identificados por la Comisión, sobre un total de 239.000
solicitudes, lo que supone alrededor del 40 por ciento de las
personas que residen en el territorio y algo más del 50 por
ciento de los habitantes de los campamentos de refugiados
cercanos a Tindouf. En breve comenzará en Mauritania la
identificación de los candidatos residentes en ese país, a partir
de las 14.500 solicitudes registradas hasta ese momento.
El Consejo de Seguridad, en su resolución 1.017, de 22 de
septiembre, hizo suyas las recomendaciones del Secretario General
y decidió prorrogar el mandato de la misión de la ONU hasta el 31
de enero de 1996. También tomó nota de la intención del
Secretario General de presentar otras opciones a la consideración
del Consejo, incluida la posible retirada de la propia misión si
antes de esa fecha no se han dado, a su juicio, las condiciones
necesarias para el inicio del período de transición. Esta
resolución, en línea con otras anteriores, ha incidido en la
necesidad de que las dos partes demuestren, mediante hechos
concretos, su disponibilidad a colaborar con la misión para hacer
avanzar los trabajos preparatorios del referéndum.
El Gobierno español, S. S. lo sabe bien, ha apoyado intensa y
activamente en todo momento el plan de arreglo para el Sahara
Occidental del Secretario General de las Naciones Unidas, que
tiene como objetivo permitir la celebración de un referéndum de
autodeterminación libre, justo y que reúna todas las garantías
internacionales. El Gobierno cree que las dos partes deben
mostrarse
flexibles, colaborando de buena fe en las labores de
identificación de los posibles votantes. No es deseable para el
Gobierno que el proceso se bloquee definitivamente y, por tanto,
que la misión de la ONU en el Sahara Occidental se desmantele. En
este sentido, España ha desarrollado, y seguirá desarrollando,
una actividad diplomática constante y constructiva, a través de
contactos bilaterales con las partes, con los gobiernos
interesados y con los responsables de las Naciones Unidas.
No me queda, finalmente, sino recordar que el Gobierno, junto a
esta tarea estrictamente diplomática, ha realizado importantes
contribuciones financieras, materiales y técnicas a la misión; en
concreto, 2 millones de dólares como contribución obligatoria a
su presupuesto, 4 millones de dólares como aportación voluntaria
en efectivo y cerca de 1 millón de dólares en medios de
transporte. Por otra parte, y también esto es conocido, se ha
facilitado a la misión el censo español de 1974, el Registro
Civil y otros documentos útiles para la identificación de la
población saharaui, así como diversas prestaciones logísticas y
sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias,
señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, tengo que agradecer
sinceramente al Ministro la información proporcionada, pero los
datos que nos ha dado indican, a mi modo de entender, simplemente
una posición previa del Gobierno español; posición previa que
nadie duda de ella, pero sí duda, de alguna forma, de la eficacia
resultante.
No se trata en estos momentos de discutir sobre los resultados o
no, ni de discutir sobre la voluntad política; yo tengo que
afirmar que existe en este sentido, pero todavía las presiones
del Reino alauita son excesivamente fuertes como para que avancen
en el sentido de otras acciones que han sido realizadas en otros
puntos de Europa o del mundo. Yo diría que tenemos una
responsabilidad histórica y que, quizás, la iniciativa debería
corresponder no tanto a las Naciones Unidas cuanto que debería ir
acompañada también por el Gobierno español. Creo que ésa es una
expresión de la sociedad española, a través de las instituciones
que anteriormente he citado, es decir, ayuntamientos,
asociaciones civiles e incluso personalidades políticas y de la
vida cultural e intelectual de este país. Eso es lo que estamos
pidiendo y lo que esperamos que se pueda realizar.
La celebración de una conferencia de paz, a iniciativa
precisamente española, sería quizás un instrumento importante que
daría autoridad a la diplomacia española y que, posiblemente,
abriría nuevos cauces incluso para la propia misión de las
Naciones Unidas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, señorías, mi Grupo
está básicamente de acuerdo con los términos de la interpelación
planteada en nombre del Grupo Mixto por el señor Albístur.
Creemos también que la actitud del Gobierno ha sido hasta ahora
insuficiente. En todo caso, estimamos que podría hacerse mucho
más y a ello le invitamos.
La postura del Grupo Popular sobre el tema del Sahara Occidental
ha sido reiterada en la Cámara en muchas ocasiones.
Concretamente, en el pasado mes de mayo, con motivo de la
discusión --que al final no llegó a celebrarse-- en la Comisión
de Asuntos Exteriores de una proposición no de ley a la que ha
aludido indirectamente el señor Albístur, nosotros decíamos que
se debían apoyar las iniciativas y gestiones de Naciones Unidas
para la celebración del referéndum y el adecuado cumplimiento del
Plan de paz en el Sahara Occidental en el plazo más breve posible
y en condiciones de libertad, imparcialidad y transparencia.
También entendíamos que el Gobierno debería informar de todos los
aspectos relativos a la evolución de los acontecimientos en el
Sahara Occidental y a la celebración del referéndum previsto por
Naciones Unidas.
Asimismo, nos hacíamos cargo de la situación de parálisis y
bloqueo en que se encuentra la Misión de Naciones Unidas,
Minurso, por la imposibilidad de completar el censo previo a la
celebración del referéndum y los consiguientes aplazamientos del
mismo.
A partir de ahí, señorías, quisiera insistir un poco en alguna de
las razones o de los fundamentos en los que se basa nuestra
actitud. España, sin ninguna duda, tiene un interés primordial en
la solución pacífica del conflicto del Sahara Occidental, y lo
tiene por razones de muy diverso tipo. En primer lugar, creo que
debemos hacer alusión a las razones morales e históricas que nos
afectan en nuestra condición de antigua potencia colonizadora de
aquel territorio, y, en segundo lugar, a nuestro interés, creo
que muy importante, por la estabilidad en esa zona, que tiene en
este conflicto del Sahara Occidental un foco permanente de
tensión. Las recientes elecciones de Argelia seguramente,
entendemos y deseamos, van a contribuir a una mayor estabilidad
de esa zona y quedará ese foco todavía encendido, que es el del
conflicto del Sahara. Por ello, creo que en este momento es
todavía más importante, más necesario hacer un esfuerzo para
solucionar el contencioso.
Al mismo tiempo, la solución pacífica de ese conflicto es clave
para unas buenas relaciones entre Marruecos y Argelia --
fundamentales para esa estabilidad de que estamos hablando--,
unas relaciones que han tenido en el Sahara un punto de fricción
tradicional en los años pasados. Si persiste el actual bloqueo de
la situación
--un bloqueo que debemos empezar por reconocer que existe, a
pesar de que esté funcionando la misión de Naciones Unidas a un
ritmo, sin ninguna duda, muy lento--, puede ser causa de
problemas graves, desde volverse a producir enfrentamientos
armados hasta dar pie a que aprovechen esa situación tendencias
extremistas o fundamentalistas. No estoy inventando nada;
simplemente recojo algunas informaciones leídas en prensa
internacional.
Desde nuestro punto de vista, España no ha hecho un uso
suficiente de lo que es, sin duda, su capacidad de iniciativa y
de influencia. Conocemos --el señor Ministro se ha referido a
ello-- la ayuda financiera, logística y técnica --aproximadamente
esos siete millones de dólares a que ha aludido el señor
Ministro-- y conocemos también nuestra participación en el grupo
informal de países interesados en el Sahara, pero dudamos de que
hayamos hecho todo lo que podríamos tanto en el plano de las
Naciones Unidas como en el plano bilateral.
El Ministro de Asuntos Exteriores, señor Solana, en la Comisión
de Asuntos Exteriores, exactamente en junio de 1994, decía:
Tenemos que aprovechar este año --el año 1994--, ya que estamos
en el Consejo de Seguridad y tenemos más bazas en la mano.
Desgraciadamente, pasó el año 1994 y, por lo que se ve, no
supimos o no pudimos, el caso es que no aprovechamos esa
circunstancia que favorecía nuestra posibilidad de influencia, y
lo mismo hemos hecho con el semestre de presidencia en la Unión
Europea: no hemos sabido poner encima de la mesa el peso que nos
daba esa presidencia para intentar solucionar el conflicto. Lo
cierto es que nos encontramos en esa situación de bloqueo con
aplazamientos sucesivos.
En la intervención que he aludido, el Ministro Solana decía: A
ver si podemos hacer el referéndum antes de que acabe el año; por
supuesto, no se celebró. Después se habló mucho de que el
referéndum se celebraría antes de que acabara 1995; ya no se va a
celebrar. Y todavía hay algunos datos que hablan de que lo
podíamos hacer en enero de 1996; no parece realista pensar que se
pueda hacer el referéndum en el mes de enero.
Es cierto que los trabajos de la comisión de identificación han
ido muy lentos, por razones que, en buena medida, son
explicables. Pero también es cierto, y debemos reconocerlo, que
ha habido obstáculos interesados en que esos trabajos vayan muy
lentos, a pesar de la buena voluntad que hemos puesto, a pesar de
la oferta del censo español de 1974, que se ha considerado como
un punto de partida indispensable.
Tenemos que constatar el fracaso de los contactos bilaterales
entre Marruecos y el Polisario, esenciales para que el éxito se
produzca. También nos preguntamos si hemos hecho todo lo posible
para que esos contactos fraguaran en algún acuerdo o, por lo
menos, en algún grado de entendimiento.
De lo que no cabe duda es de que tenemos que llegar al
referéndum; sin referéndum no hay paz. El referéndum yo no creo
que sea una medicina milagrosa, pero hay ocasiones en las que es
absolutamente indispensable. Aquí lo es, porque es la única vía
para dar un «status» internacional, definitivo y reconocido a
este territorio cuya descolonización, se ha dicho aquí esta
tarde, ha sido abortada, no ha podido llevarse a buen término.
Mientras tanto, se han producido hechos preocupantes --el señor
Albístur ha aludido a alguno de ellos--, como, por ejemplo, el
reconocimiento, «de facto», de la soberanía marroquí, sobre el
banco saharaui.
Por otra parte, no solamente hay que hablar de referéndum, sino
que hay que hablar de cuál sería la pregunta del referéndum,
porque hay muchas posibilidades de hacer un planteamiento en un
referéndum. Lo cierto es que para llegar a un acuerdo sobre la
pregunta las partes se tienen que sentar, y parece que en eso no
se ha avanzado nada.
Quisiera recordar también algo que decía nuestro portavoz en la
Comisión de Exteriores, exactamente en diciembre de 1993.
Insistía en que la alternativa en Marruecos no era integración o
Independencia, sino que pueden encontrarse otras vías que puedan
ser satisfactorias para las partes, como sería el establecimiento
de una autonomía. La autonomía es un concepto suficientemente
flexible como para que se le pueda dar un contenido que pueda ser
satisfactorio y, en torno a ese concepto, podría, quizá, llegarse
a un cierto consenso entre las partes enfrentadas.
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz-Alonso, le ruego concluya.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino, señor Presidente, diciendo
que nosotros invitamos al Gobierno a que no sea tímido en el
planteamiento, a que no practique tampoco un seguidismo, sino a
que tome la iniciativa. Creo que hay muchas razones para que
podamos tomar esa iniciativa. Insisto en que se trata de una zona
que es la más sensible para nuestra seguridad. Hay un argumento
fundamental: marroquíes y saharauis son pueblos amigos. Tenemos
que hacer algo para que esos pueblos lleguen a entenderse.
También tengo que decir que, sin ninguna duda, más complicado era
el problema de Bosnia, y por lo menos un principio de acuerdo se
ha establecido a partir de las soluciones a las que se llegaron
ayer.
Finalmente me pregunto: ¿por qué España no puede asumir el papel
de motor de la paz en esa zona? Creo que ese es nuestro reto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz-Alonso.
Tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Intervengo brevemente para fijar la
posición de nuestro Grupo sobre esta interpelación, recordando,
en primer lugar, que este
es un tema que se ha debatido abundantemente en sesiones de la
Comisión de Asuntos Exteriores y en este mismo Pleno, en ésta y
en anteriores legislaturas, en algunas ocasiones a iniciativa del
Grupo que en estos momentos estoy representando. Y hemos
conseguido hasta ahora, y debemos de continuar en ello, que la
posición de España en este delicado e importante asunto para la
región, para el pueblo saharaui y para los españoles, sea una
intervención de Estado que cuente con el acuerdo de todas las
fuerzas políticas; que sea una política realmente de Estado.
Hasta ahora esto lo hemos conseguido, y espero, de la
inteligencia de los redactores de la moción, que pueda hacerse de
forma que todas las fuerzas políticas estén y se sientan
representadas en ella ya que vendrá a ser una repetición
actualizada por la preocupación que representa el que este
problema, que debería solucionarse por la vía del referéndum,
como todos los intervinientes han dicho, no acabe de
solucionarse. Sobre todo debería hacerse en el marco del diálogo,
en el marco de la propuesta de paz y en el marco de lo que es
actualmente el plan de paz de Naciones Unidas.
El señor Muñoz-Alonso citaba el ejemplo recientísimo de la firma
de la paz en Bosnia, que nos da un ejemplo de que, si no es a
través del diálogo y de la extensión de la comprensión mutua y de
la paz, no va a haber solución ahí. No pueden albergarse
soluciones que no pasen, insisto, por el consenso, el diálogo y
la propia paz.
Es cierto que España tiene unas responsabilidades especiales, lo
han dicho otros oradores antes que yo, como potencia
administradora anterior, como país que tiene intereses en la paz
de la región, intereses en el desarrollo de los derechos humanos
en todos los países de la región (en Marruecos, en la República
Arabe Saharaui y democrática, si así lo decide en referéndum la
mayoría del pueblo saharaui), y también intereses
geoestratégicos, de paz y de buena convivencia respecto de una
porción del territorio español, las Islas Canarias, que están,
como todos sabemos, frente al territorio saharaui.
De todas formas, quiero recordar a alguno de los intervinientes
que las situaciones cambian, la vida sigue, y hay elementos en
los que España ya no puede actuar, sola. Por ejemplo, se ha
mencionado el Acuerdo pesquero con Marruecos; éste es un acuerdo,
señorías, que ya no es de España con Marruecos, sino que es de la
Unión Europea con Marruecos. Hemos de jugar este papel de mayor
responsabilidad, de mayor estímulo como potencia administradora,
como españoles, pero sabiendo que jugamos hoy en el marco de la
Unión Europea y que debemos jugar en el marco del Plan de paz de
Naciones Unidas.
Todos quisiéramos que este Plan de paz llegase a buen término;
todos tenemos serias dudas y serias reservas. Pero yo creo que la
mejor contribución que podemos hacer es el consenso entre las
fuerzas políticas, el reclamar este papel más protagonista a
nuestro Gobierno y a nuestro país en este proceso, pero sabiendo
que es un proceso de múltiples partes, un proceso que está
residenciado ya en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y
en el que no sólo los españoles, desgraciadamente, somos
responsables ni tenemos todas las claves para su solución. Eso
sí, debemos ser los más preocupados y debemos demostrarlo no sólo
con palabras sino con hechos, y esto podremos analizarlo al ver
las propuestas que vengan contenidas en la moción.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO ANTE EL ACTUAL PROCESO DE REVISION
CATASTRAL Y LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR PARA PALIAR SU
REPERCUSION SOBRE LA PRESION TRIBUTARIA Y LOS ALQUILERES (Número
de expediente 172/000127)
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), sobre los criterios del Gobierno ante el
actual proceso de revisión catastral y las medidas que tiene
previsto adoptar para paliar su repercusión sobre la presión
tributaria y los alquileres.
En nombre del Grupo proponente de la interpelación, tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de la Presidencia, me alegra que sea
usted el que, en nombre del Gobierno, vaya a responder a la
interpelación que ha planteado mi Grupo Parlamentario, puesto que
ello me da una cierta esperanza para que, al no ser el Ministro
del ramo, pueda usted, en esta materia de actualización de los
valores catastrales, aportar un poco más de sensatez y
objetividad. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
¿Cuál es el motivo que ha llevado a mi Grupo a plantear esta
interpelación? ¿Qué pretendemos con ella? En primer lugar,
nuestro Grupo desea conocer cuáles son los criterios que hoy
tiene el Gobierno, y que se están aplicando en ese proceso de
actualización de los valores catastrales en España.
En segundo lugar, quisiéramos conocer del Gobierno si es su
propósito impulsar unas medidas de ajuste de la normativa fiscal
hoy vigente en los impuestos estatales, para poder neutralizar el
impacto indirecto que van a tener esas actualizaciones de los
valores catastrales en los Impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Patrimonio, sobre Transmisiones, sobre
Plusvalías y también sobre los alquileres. Por
tanto, conocer el criterio que está utilizando el Gobierno para
el proceso y conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
paliar los efectos indirectos.
Los efectos indirectos, señor ministro, son muy importantes. No
estamos ante una actualización de los valores catastrales mínima
o menor sino que se está procediendo a unas actualizaciones muy
importantes, con incrementos del orden de 100 al 200 por ciento
de término medio, con lo cual hay actualizaciones que están por
encima de ese incremento medio, siempre habrá otras que estarán
por debajo, pero actualizaciones de más del doble, incluso el
cuádruple de los valores actuales son muy importantes, y ello
tiene incidencia indirecta en los impuestos del Estado que no se
corrige, con lo cual los españoles en el año 1996, que será el
año que se van a aplicar estos nuevos valores, van a observar
como en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o el Impuesto sobre Patrimonio va a
experimentarse un incremento de obligaciones fiscales.
Nuestro grupo parlamentario, señor ministro, es contrario a toda
medida y actuación que conlleve un incremento de la presión
tributaria. Yo creo que el Gobierno también; creo que el Gobierno
no persigue en estos momentos someter a los españoles a un
incremento de presión tributaria, no lo desea, pero sucede que
por la vía indirecta el proceso de actualización de valores
catastrales va a conllevar in incremento importantísimo de
presión tributaria, que a lo mejor, no siendo de forma general y
global para todas las personas en España, sí lo va a ser de forma
particular y específica, y van a experimentar unos aumentos poco
admisibles, en ningún caso admisibles, a nuestro juicio, para
determinados supuestos de transmisión, como el Impuesto sobre
Sucesiones o Transmisiones. Hay incrementos que no se justifican
de ningún modo, que si yo pudiera, señor ministro, explicarle
algún caso particular que no deseo desde esta tribuna, estoy
seguro que usted y el Ministro de Economía me darían la razón.
¿Qué pasa ahora y por qué planteamos la interpelación en esta
Cámara en este momento preciso? Sucede que por los centros de
gestión catastral se están comunicando a los españoles los nuevos
valores de más de tres millones de unidades. España tiene unos
veinte millones de unidades de bienes patrimoniales, y en estos
momentos se están comunicando los nuevos valores alrededores de
tres millones; por tanto, tres millones de personas directamente
más las relacionadas, con lo cual es un volumen de ciudadanos
importante, están recibiendo estos días las comunicaciones de los
centros de gestión catastral, indicándoles cuáles son sus
valores. Es cierto que se les da un plazo para recurrir y para
comunicar sus discrepancias, pero ahora estamos viviendo este
momento de información por parte de los centros de gestión
catastral. Son unas quince capitales de provincia, entre las que
está Barcelona, de la que yo soy Diputado; hay casi trescientos o
cuatrocientos municipales importantes y multitud de pequeños
municipios.
Los criterios que se están aplicando son criterios que muchas
veces no se justifican ni se sostienen. Se están haciendo un
incremento de los valores catastrales del suelo y un incremento
del valor catastral de lo construido sobre el suelo. El criterio
es distinto, se aplica un criterio para lo que se construye y
otro criterio distinto para el suelo. Lo que se ha construido se
corrige temporalmente por la antigüedad, la actualización de los
valores del suelo no se corrige por la antigüedad, lo cual tiene
un efecto indirecto sobre las viviendas viejas, muy antiguas, en
las que vive gente con menos renta y gente más modesta, y
observan que los valores catastrales de sus viviendas suben
muchas veces injustificadamente.
En suma, señor ministro, estamos en un momento en que se está
experimentando ese proceso y se están comunicando unos valores
que mi grupo parlamentario no los admite en modo alguno y los
considera absolutamente inaceptables por excesivos. Creo, señor
ministro, no sé si usted lo recordará que en esta Cámara tomamos
una decisión de suspensión de los valores catastrales. La tomamos
en el año 1990, a instancias de mi grupo parlamentario, para
solicitar del Gobierno que no se procediera a ninguna
actualización de valores catastrales si no se cambiaba el
procedimiento. Esto se ha hecho. Aquella moción que se aprobó el
18 de diciembre de 1990 también tenía una segunda motivación que
no entrara en vigor ninguna nueva actualización de valores
catastrales hasta que previamente el Gobierno no hubiera adaptado
las normativas del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre el
Patrimonio, del Impuesto sobre Transmisiones y Sucesiones, de las
Plusvalías y también de los alquileres. Concretamente quiero
recordarle que la moción, que se aprobó unánimemente por todos
los grupos de la Cámara, decía que el Congreso de los Diputados
manifiesta su voluntad de que en la próxima revisión catastral se
tenga en cuenta la incidencia específica de los diferentes
regímenes de arrendamiento. Por tanto, mandatábamos al Gobierno
que el proceso de actualización catastral tuviera en cuenta su
incidencia sobre los alquileres, pero en su punto 3 también se
decía que el Congreso de los Diputados considera la necesidad de
que se adopten las modificaciones fiscales necesarias en el
Impuesto sobre la Renta, en el Impuesto sobre el Patrimonio, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto de
Transmisiones, con objeto de atenuar la incidencia de la revisión
catastral en los mismos.
Señor ministro, de ahí nace la pretensión de la interpelación de
nuestro grupo: constatar la discrepancia sobre el procedimiento y
los valores que se están aplicando y manifestar que no nos
oponemos al procedimiento de actualización ni a la revisión, que
quizás sea necesaria, ni al método ni al sistema de revisar, que
también quizás sea necesario, pero sí constatamos que
su incidencia va a ser excesivamente elevada en los tributos
municipales, y va a ser absolutamente inaceptable en los tributos
del Estado.
El Congreso de los Diputados mandató al Gobierno que no se
aplicaran dichos nuevos valores hasta que no se revisaran las
normas legales de estos impuestos. No se ha hecho y pedimos que
se suspenda la utilización de estos nuevos valores; que el
Gobierno no utilice esos nuevos valores hasta tanto no se haya
procedido a la necesaria revisión de estos tributos, para que
ello no conlleve un incremento de presión tributaria no deseado
por el Gobierno, no deseado por el Grupo Parlamentario Socialista
--estoy seguro-- y no deseado por la mayoría de la Cámara, puesto
que ya aprobó el 18 de diciembre de 1990 que no se aplicaran
estos nuevos valores hasta tanto no se actualizaran dichos
impuestos.
Es cierto que el Gobierno puede indicarnos que ya se adoptó una
decisión en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
el año 1991, en el sentido de que si se había procedido a una
actualización de los valores catastrales, la imputación de los
rendimientos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
no fuera el 2 por ciento del valor catastral, sino el 1,3 por
ciento. Señor ministro, la reducción del 2 al 1,3 por ciento no
compensa el incremento que los valores están experimentando. Si
lo compesara, este Diputado no le plantearía el problema, pero
como no lo compensa, instamos al Gobierno a volver a proceder a
una revisión de esta cuestión.
El Gobierno podría preguntar por qué no lo hemos planteado antes,
por qué no lo planteamos en el año 1991, en 1992 o en 1993. Pues
porque todavía no se había procedido a la comunicación de los
nuevos valores por los centros de gestión catastral y no
conocíamos el importante incremento de los nuevos valores que se
iban a aplicar. De ahí los problemas, por ejemplo, en la ciudad
de Oviedo; de ahí los problemas en la ciudad de Málaga; de ahí
los problemas en la ciudad de Castellón de la Plana, de ahí los
problemas en la ciudad de Lérida, de ahí los problemas en la
ciudad de Barcelona. Curiosamente, señor Ministro, en la ciudad
de Barcelona se da otra circunstancia, al igual que en Málaga: no
se procede a una actualización global y general de los valores
catastrales para todo el municipio, sino que se aplica una
actualización parcial. Sólo dos distritos de la ciudad de
Barcelona van a ver actualizados sus valores catastrales y los
demás no se sabe. No se sabe si el año que viene se completará ni
se sabe qué otros municipios se van a completar en lo sucesivo,
con lo cual se da la paradoja de que en una calle de la ciudad de
Barcelona, en la acera de un lado el ciudadano es un poquito más
rico por la actualización de los valores catastrales y en la otra
acera se mantiene igual, con los efectos que esto va a tener en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: que uno va a
tener que pagar un poco más y el de enfrente va a pagar lo mismo.
Esto no se sostiene, no es equidad tributaria; se rompe el
principio de equidad tributaria mediante este procedimiento. En
Málaga sucede exactamente lo mismo.
Nosotros señor ministro, planteamos al Gobierno la conveniencia
de suspender esta medida, no para obligar a los ayuntamientos a
minorar, puesto que los ayuntamientos ya tienen autocapacidad
para poder ajustar los tipos a aplicar sobre los valores
catastrales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el IBI.
Quiero hacer notar este aspecto. Al ser, por la legislación, de
obligado cumplimiento por los ayuntamientos y los municipios que
puede establecerse un solo tipo aplicable sobre los valores
catastrales por ciudad, hay unos ciudadanos que, al haberse
experimentado el aumento de los valores catastrales donde vive,
van a tener el ajuste de tipo del IBI y otros ciudadanos no.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Voy finalizando señor Presidente.
Estos ciudadanos, sin embargo que van a poder aplicar esa
reducción del tipo impositivo, decisión que habrán adoptado los
ayuntamiento al ser uno solo, y al ser aplicable a toda la ciudad
aquellos que están experimentando unos incrementos superiores a
la media, que va a ser el orden del cien por cien, también van a
experimentar un incremento de la presión tributaria municipal y
no se va a neutralizar el incremento de los valores catastrales
en el ajuste que los ayuntamientos van a tomar. Pero ésta es una
decisión que soportará el ayuntamiento y es una decisión en la
que, en todo caso, cada ayuntamiento hará el ajuste
correspondiente y buscará la fórmula de resolverlo; pero en los
impuestos del Estado corresponde al Estado, y corresponde al
Ministro de Economía y al Gobierno, hacer el ajuste en las
correspondientes normas fiscales.
Por tanto, señor ministro, le planteamos que nos dé a conocer los
criterios del Gobierno en torno a este proceso; proceso que no
desautorizamos pero en el que sí implicamos al Gobierno para que
nos dé a conocer, repito, cuáles son sus criterios. En segundo
lugar, pedimos que el Gobierno nos dé a conocer qué medidas va a
tomar para atenuar el impacto indirecto que va a tener esa
actualización de los valores catastrales, porque, si esto no se
hace, en el año 1996, en España, los ciudadanos españoles a los
que se hayan actualizado sus valores catastrales van a pagar
muchos más impuestos que los que hoy pagan, y creo que no es eso
lo que desea y persigue la voluntad general de esta Cámara.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, la interpelación que acaba de presentar el señor Homs
plantea el tema de las revisiones catastrales en los mismos
términos, y prácticamente con los mismos argumentos utilizados
por Convergència i Unió en 1990. Desde entonces han pasado cinco
años durante los cuales el Gobierno ha diseñado un plan de
actuación que, como el señor Homs reconocía en su interpelación,
en nada se parece al utilizado en 1990.
Efectivamente, el Pleno de este Congreso de los Diputados, en su
sesión del día 18 de noviembre del año 1990, aprobó por
unanimidad la moción presentada por su grupo en la que se recogía
la necesidad de que se produjera la entrada en vigor de las
normas destinadas a evitar efectos negativos derivados de las
revisiones catastrales antes de la puesta en marcha de las
mismas.
Este encargo fue asumido por el Gobierno, que aprobó un conjunto
de medidas, algunas de ellas no recogidas en su interpelación,
que yo tendré mucho gusto en resumir para que pueda conocer S. S.
el alcance y contenido que en la actualidad tiene la revisión
catastral.
En primer lugar, quisiera tranquilizar al Grupo Parlamentario
Catalán en relación con los efectos fiscales de las revisiones
catastrales. Preocupación que en su día también tuvo el Gobierno
que como el Grupo de Convergència i Unió es partidario de no
incrementar la presión fiscal de nuestros ciudadanos, dado el
importante papel que juega el valor catastral en diversas figuras
tributarias. Para ello permítame que siga uno a uno los distintos
impuestos en los que se podría haber generado algún tipo de
repercusión, con el fin de tratar de explicar algunas de las
medidas que se han adoptado para que estas revisiones no
coincidan con incrementos medios de la presión fiscal.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es el único en
el que la propia interpelación reconoce la existencia de una
medida compensatoria específica, aplicable en el caso de una
revisión catastral, por lo que no me excederé mucho en ella.
Baste señalar, como ha hecho S. S., que se ha introducido un
coeficiente reducido del 1,3 por ciento, que sustituye al 2 por
ciento utilizado para calcular el rendimiento de los bienes
inmuebles cuyos valores hayan sido revisados.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, al igual que en el caso
anterior, se han establecido medidas para compensar en este
tributo el incremento de los valores catastrales que se generan
tras la revisión. Para ello se ha elevado el mínimo exento, que
en este impuesto pasa de 15 a 17 millones de pesetas, artículo 60
y disposición transitoria séptima de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 1995. Tal elevación supone, en
el caso más general de una unidad familiar propietaria de su
vivienda habitual, que el patrimonio exento pasa de 30 a 34
millones de pesetas para el conjunto de ambos cónyuges.
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. En el caso de estos
impuestos la interpelación, a mi juicio, arrastra un error, por
lo demás muy común. En estos tributos no tienen por qué
producirse elevaciones de sus cuotas como consecuencia de las
revisiones catastrales, pues los valores que se utilizan para la
determinación de su base imponible son siempre los del mercado,
precio o valor real, y no los catastrales, ello con independencia
de que se trate de una transmisión «inter vivos» o «mortis
causa», y de que lo sea a título oneroso o lucrativo.
No obstante lo anterior, las comunidades autónomas a las que
corresponde la gestión y recaudación de estos tributos por
delegación del Estado, vienen utilizando, en mayor o menor
medida, el valor catastral como referencia para la fijación del
valor real, de forma que, en función del año en que se haya
producido la última revisión del catastro, se aplican diferentes
coeficientes sobre los valores correspondientes a fin de obtener
una aproximación indiciaria de los verdaderos valores reales de
los bienes inmuebles. En consecuencia, la revisión de los
repetidos valores catastrales sólo supone, como máximo, que se
actualice el valor de referencia sobre el que se calcula el de
mercado, pero nunca que se modifique éste ni, por consiguiente,
que aumente la presión fiscal de estos impuestos. En este
sentido, la Generalidad de Cataluña, según las informaciones de
que disponemos, utiliza un procedimiento de estimación de valores
reales similar al descrito, habiéndose constatado el éxito del
mismo a través de una significativa reducción de la alta
conflictividad que venía caracterizando con anterioridad a estos
impuestos.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Como usted sabe, el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles es un tributo local que gestionan y
recaudan en su integridad los municipios. Su base imponible es el
valor catastral, por lo que está directamente afectado por los
procesos de revisión de dichos valores. Precisamente por ello, y
en contra de lo que se recoge en su interpelación, es el tributo
en que más medidas se han adoptado para garantizar la absoluta
neutralidad de las revisiones.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece un tipo de
gravamen general, el 0,4 por ciento, que se aplica directamente
sobre el valor catastral. Al incrementarse los valores
catastrales como consecuencia de una revisión, se podrían generar
ciertamente incrementos de la presión fiscal, lo cual se evita
permitiendo a los ayuntamientos fijar, con carácter
extraordinario, un nuevo tipo impositivo menor que el anterior.
En este sentido, la ley que acabo de mencionar ha sido modificada
en dos aspectos cruciales. De un lado, se han ampliado las
facultades de los municipios para que el tipo de gravamen
reducido pueda llegar hasta la cuarta parte del general, pasando,
por tanto, del 0,4 al 0,1 por ciento; y, por otro, se ha
aumentado el plazo legal de posible vigencia de un tipo inferior
al 0,4 por ciento, que de tres años ha pasado a seis.
Con estas medidas, introducidas respectivamente por las leyes
5/1990 y 42, del año 1994, se consigue que los
Ayuntamientos puedan compensar íntegramente los incrementos
derivados de la revisión de los valores catastrales y distribuir,
a lo largo de un extenso período de seis años, el proceso de
retorno al tipo general del 0,4 por ciento. Así lo ha hecho la
gran mayoría de los mismos, dándose, como lógica conclusión, la
escasa conflictividad que en general se ha generado en los
ayuntamientos en los que se han introducido modificaciones
catastrales.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
naturaleza urbana. Este tributo municipal se basa en el valor
catastral del terreno que ha sido objeto de transmisión. Con el
fin de evitar una traslación del incremento de los valores
revisados a la cuota del impuesto, se ha introducido un
coeficiente reductor, sobre los nuevos valores catastrales, entre
el 60 y el 40 por ciento, de forma que los ayuntamientos puedan
graduar el efecto de la revisión catastral, medida establecida en
el artículo 22 de la Ley 42/1994, a la que he hecho referencia.
Con esta medida de funcionamiento, similar a la explicada para el
Impuesto de Bienes Inmuebles, los ayuntamientos pueden
neutralizar los incrementos de los valores catastrales. Si no lo
hacen, son ellos ciertamente los que deberían responder ante los
ciudadanos.
Espero, señor Homs, haber tranquilizado a su grupo una vez que ha
podido conocer exhaustivamente las medidas adoptadas por este
Gobierno para que las revisiones catastrales no produzcan
incrementos medios de la presión fiscal. Quiero, sin embargo,
terminar mi respuesta a esta interpelación indicándole que
existen otras iniciativas que, a juicio del Gobierno, permiten
incrementar la eficacia de las actuaciones en lo que a la
revisión del catastro se refiere.
En primer lugar, la notificación de los nuevos valores
catastrales, dirigida a los ciudadanos, amplía sustancialmente la
información que se suministraba con anterioridad. Así se comunica
el valor catastral del suelo, el de construcción y el valor
catastral de todo el inmueble. Además, se hace llegar el
coeficiente de propiedad, la superficie del inmueble valorado, la
fecha de construcción y otros datos de interés para el
contribuyente, entre los que destaca la referencia catastral, que
ha pasado a ser el identificador único del inmueble en todas sus
relaciones con los respectivos ayuntamientos.
En segundo lugar, como novedad sustancial se informa al
contribuyente sobre la cuota a pagar por el IBI --Impuesto sobre
Bienes Inmuebles-- después de realizar la revisión; con ello se
despeja cualquier duda en relación con la repercusión de dicha
revisión sobre este impuesto.
En tercer lugar, se mejora asimismo el procedimiento de
notificación de los nuevos valores catastrales al realizarse
directamente el mismo en el domicilio del interesado,
intentándose el procedimiento hasta un mínimo de dos ocasiones y
habilitándose oficinas especiales destinadas a mejorar la
información y el trato que en todo este proceso reciben los
ciudadanos.
Además, se amplía el plazo para la interposición de recursos de
reposición o reclamación económico-administrativa, que se fija en
un mes --antes eran quince días--, dándose, por tanto, un plazo
amplio al ciudadano para que éste se informe adecuadamente y
pueda plantear, en su caso la reclamación que estime oportuno.
En otro orden de cosas, no quisiera dejar de señalar que el plan
de actualizaciones del catastro urbano, que se encuentra en
ejecución, ha tenido en cuenta muy especialmente a los
municipios, de los cuales S. S. ha hablado poco en la
interpelación.
En primer lugar, y como medida que no debe olvidarse, el vigente
plan ha sido discutido y negociado con la Federación Española de
Municipios y Provincias, previamente a su puesta en marcha. Ello
permitió obtener el informe favorable de la Subcomisión de
Régimen Económico y Financiero, de la Comisión Nacional de
Administración Local, en el año 1993.
En segundo lugar, quisiera informarle que la propia selección de
los municipios que van a ser revisados cada año dentro de la
ejecución del plan queda condicionada de forma prioritaria a las
peticiones que formulen las propias corporaciones locales. Por
ello es muy frecuente que un gran número de municipios incluidos
en los planes, lo sean a instancia de los propios ayuntamientos.
Por último, y como innovación, se establece que, previamente a la
aprobación de las correspondientes ponencias de valores,
incluidas en los planes anuales de revisión, se someten a informe
preceptivo de cada ayuntamiento. Con ello se garantiza la
audiencia a las corporaciones interesadas, así como la
posibilidad de incorporar en dichos documentos aquellas
observaciones que tales corporaciones plantean.
No quisiera terminar sin dar algunas cifras reales sobre el
desarrollo del plan de revisiones de catastro, que comenzó en
1993 y que en la actualidad se encuentra en su tercer año de
ejecución. A fecha de hoy se ha actualizado el catastro de 1.657
municipios, que incluyen 5.940.378 unidades urbanas,
aproximadamente la cuarta parte de las existentes en el
territorio nacional. La evolución de los trabajos desarrollados
permite suponer que en el plazo de ocho años establecido en la
legislación vigente, se habrá actualizado la totalidad del parque
urbano. En Cataluña en concreto, señor Homs, el número de
unidades urbanas asciende a 835.736, que es aproximadamente el 25
por ciento del total de la comunidad.
Entre los municipios revisados se encuentran 20 capitales de
provincia, que incluyen, como S. S. señalaba, Lleida y Barcelona.
Además, como consecuencia de las actualizaciones se han
incorporado al catastro 548.160 nuevas unidades urbanas, de las
cuales 30.362 corresponden a Cataluña. Se trata de unidades
urbanas que se encontraban ocultas a la Hacienda Pública y cuyos
propietarios no venían pagando las correspondientes cuotas del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
En contra de lo que determinados ejemplos excepcionales pudieran
hacer creer, los municipios han participado con gran
responsabilidad en este proceso, de
tal manera que la práctica totalidad de los mismos han fijado
tipos impositivos inferiores a los vigentes antes de la
actualización.
Quiero dejar constancia de un dato especialmente expresivo, que
es la ausencia de conflictividad generada por las revisiones que
ya han sido concluidas. Tan sólo el 4,8 por ciento de los
propietarios ha presentado recurso de reposición contra la
notificación de los nuevos valores catastrales; por tanto, un
análisis real como el que acabo de hacer permite llegar a la
conclusión de que estas revisiones son plenamente asumidas por el
conjunto de los ayuntamientos y también por una buena parte de
los ciudadanos.
Acabo, señorías. Creo que he dado argumentos más que suficientes
para demostrar lo que afirmaba al principio de esta intervención.
El Plan de revisiones del catastro urbano, que actualmente está
en vigor, tiene muy poco que ver con el que se comenzó a
desarrollar en 1990, fundamentalmente por la plena vigencia de la
batería de medidas que acabo de exponer durante mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor ministro, por la contestación a la primera parte
de nuestra motivación, que es conocer un poco más los criterios
del Gobierno, y que ha sido la segunda parte de su reflexión. Nos
ha dado a conocer algunos criterios por los que se ha procedido a
esa revisión de los valores catastrales.
Sería un poco largo entrar en discusiones sobre si nos parecen
bien o no nos parecen bien estos criterios. Usted ha expuesto en
un breve comentario algunos de ellos. De entrada, quiero
transmitirle que el criterio que se utiliza para la
actualización, distinto por lo que hace referencia al suelo y por
lo que hace referencia al aspecto de la edificación o el inmueble
que está sobre el suelo, al ser distintos los procedimientos está
dando como consecuencia un valor catastral final del inmueble
excesivamente elevado. Lo que están haciendo los centros de
gestión catastral es aplicar unos incrementos muy fuertes al
suelo y, en todo caso, más ajustados al aspecto una vez
construido sobre él, con lo cual la vivienda vieja, antigua
soporta un incremento de valor catastral muy fuerte, no siendo
así para la nueva, cuando normalmente en las viviendas más
antiguas, más viejas vive la gente de menos renta, la que
experimenta unos incrementos, unos aumentos insostenibles.
Quiero manifestar también que el proceso, tal como se está
llevando, dice usted, al no ser más que el 4 por ciento el
volumen de recursos de reposición planteados, parece ser que está
aceptado por la población. Señor ministro, no creo que sea válido
ese argumento, puesto que usted sabe la escasa confianza que
tiene el ciudadano en estos momentos de que estos recursos puedan
ser tenidos en cuenta, porque el silencio administrativo es la
práctica de lo que ha sido hasta la fecha, con lo cual el
ciudadano ya no espera de la Administración ni de los centros de
gestión catastral ninguna respuesta a sus alegaciones y a sus
recursos de reposición. La verdad es que usted no debe fiarse de
este dato. Fíese usted más de mi recomendación de que si no
revisamos este extremo tres millones de unidades en los próximos
tres o cuatro meses son muchas unidades, con un impacto
importante en la población, con un descontento, que le transmito;
regístrelo usted y le aseguro que este descontento tendrá sus
reflejos políticos, porque la población no acepta en modo alguno
un tipo de incremento de presión tributaria tan desmesurado como
el que se deriva de la actualización de los valores catastrales.
Le ruego que tome nota de ese descontento que le transmito, que
lo conozco directamente y que, la verdad, va a tener
repercusiones políticas electorales importantes. Se rechaza el
procedimiento y se rechaza el efecto derivado sobre los impuestos
generales del Estado, y no por su efecto mínimo, porque no lo es.
Es verdad, y voy a la primera parte de su reflexión, que el
Gobierno ha tomado algunas medidas para atenuar los impactos,
pero las medidas que se han tomado no atenúan nada. Voy a ir una
por una.
Usted ha dicho, en primer lugar, que en el IRPF se había tomado
la medida de bajar del 2 por ciento al 1,3 para imputar en renta
no el 2 por ciento del valor catastral sino el 1,3. Como los
incrementos son del orden del 200 y 300 por ciento, es decir,
tres veces más, reducir el tipo del 2 al 1,3, por lo tanto, ni a
la mitad, los valores que se doblan, que están por encima del
doble, todos experimentan un incremento de la presión tributaria
en la renta, todos, por consiguiente, de los tres millones de
unidades, si la medida de actualización está sobre el cien por
cien, más de millón y medio de personas van a ver incrementada su
presión fiscal en el Impuesto sobre las Personas Físicas como
consecuencia de no poder atenuarse, por medio de ese ajuste del 2
al 1,3, la imputación en renta de los rendimientos de sus valores
catastrales. Por ello, hay una medida a revisar; reducir del 2 al
1,3 no atenúa, no es suficiente. ¿Por qué? Porque los incrementos
que se están experimentando son más del doble, con lo cual no
bajamos a la mitad, porque eso supondría bajar de dos a uno, y no
se hace eso. Por ello todo lo que está por encima de la mitad
está experimentando unos incrementos importantes; incrementos
que, según mis cálculos mínimos, suponen, de entrada, un 30 o un
35 por ciento más de imputación en renta. Imputar un 35 por
ciento más en renta tu vivienda propia es excesivo. Esto como
mínimo. Por encima de eso, todo lo que supere
el proceso de actualización catastral de tipos medios del cien
por cien.
Patrimonio. Es verdad, se ha incrementando el mínimo exento, pero
elevar el mínimo exento es pasar de 15 a 16 y, al final, de 16 a
17 millones de mínimo exento. Eso supone elevar en un millón el
mínimo exento. Una estimación media de un valor catastral en una
ciudad como Madrid podría ser de 4 millones, pero un cien por
cien de incremento son 8 millones, cuatro millones más. No sirve
ajustar un millón de límite exento; no sirve para nada.
Dice usted: transmisiones patrimoniales. Es verdad, pero hay un
límite en las transmisiones patrimoniales, y es el 1,5 sobre el
valor catastral. Si el valor catastral se actualiza, el límite
mínimo queda elevado, con lo cual tampoco sirve.
El IBI en los ayuntamientos. Es verdad que los ayuntamientos
tienen la autocapacidad de ajustar el tipo de gravamen general, y
por ley se les da la posibilidad de ajustarlo hasta la cuarta
parte del gravamen general; es verdad. Sin embargo, también tengo
que decirle que muchos ayuntamientos no toman la decisión de
ajustar ese gravamen general. Por ejemplo, el caso de Oviedo o el
de otros municipios que no ajustan a la baja el gravamen general.
Asumo que éste es un compromiso político que deben tomar los
alcaldes y los consistorios municipales, pero yo creo, señor
Ministro, que sería bastante acertado que el Gobierno tomara
alguna medida cautelar. Puesto que usted dice en nombre del
Gobierno que no es interés ni voluntad del Gobierno incrementar
la presión fiscal, quizá sería bueno que de manera general se
tomara una decisión mediante la que, en cualquier caso, de la
resultante de los nuevos valores catastrales no se pudiera
experimentar un incremento de presión tributaria en los impuestos
más allá de un porcentaje, de un criterio que fuera un límite
cautelar para evitar que al ciudadano se le sometiera a unos
incrementos de presión fiscal importantes.
Dice usted que en plusvalías también se ha hecho un ajuste, que
se puede hacer una reducción entre el 40 y el 60 por ciento.
Bien, pero se están incrementando del orden del cien por cien de
media, con lo cual muchos se incrementan por encima. No compensa
reducir un 40; cuando te aumentan un cien o un 200 por ciento, no
compensa.
Por último, paso a hacerle algunas breves puntualizaciones sobre
los alquileres. Señor Ministro, en estos días vivimos un proceso
generalizado de actualización de alquileres, lo sabe usted, como
consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos recientemente
aprobada en esta Cámara. En ese contexto general de que todas las
rentas derivadas de alquileres se están actualizando, a más a
más, a partir de 1996 le vamos a sumar la derivada del incremento
del IBI. Permítame unos minutos, señor Presidente --y termino--,
para transmitirle lo que sucede con los alquileres. Una renta de
alquiler se paga al propietario de una vivienda, al que el
ayuntamiento le comunica que se actualiza su Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, y el propietario paga el correspondiente
incremento de dicho impuesto. Sin embargo, este pago es deducible
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
propietario se deduce como gasto lo que paga al ayuntamiento por
el Impuesto de Bienes Inmuebles, pero por ley se le autoriza a
repercutir este incremento en el alquiler, y le comunica a su
inquilino que, de acuerdo con la Ley, se le actualiza su alquiler
correspondiente, aunque éste no lo puede deducir en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas porque no lo puede hacer,
con lo cual un incremento de los valores catastrales está
generando un incremento del IBI que el propietario puede deducir
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que puede
transmitir y repercutir en el alquiler del ciudadano que ocupa la
vivienda, y, sin embargo, éste no puede deducírselo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ahí hay una
injusticia, porque el proceso de actualización de valores
catastrales, si se aplica en la vivienda propia, en la que uno
vive, supone un incremento que se repercute en renta, pero si uno
no vive en dicha vivienda y la tiene en régimen de alquiler...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Homs, vaya
concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: ... el incremento le va a permitir
deducirlo en renta y lo va a trasladar al inquilino, que no es
propietario y no lo va a poder deducir. Esto hay que revisarlo,
porque no es deseo del Gobierno forzar a un proceso de doble
subida del precio de los alquileres en España.
Por esta razón nuestro Grupo ha presentado la interpelación.
Hemos conocido mayormente los criterios del Gobierno, hemos
conocido que el Gobierno, en estos momentos, no tiene interés ni
voluntad de adoptar nuevas medidas, pero sí nos recuerda las que
ha adoptado y, señor Ministro, me va a permitir que en la moción
consecuencia de esa interpelación estimulemos al Gobierno a dar
un pasito más y adoptar unos ajustes más en las normativas hoy
vigentes para poder hacer algo en lo que usted, nuestro grupo y
creo que toda la Cámara está de acuerdo: no someter a más presión
fiscal a los ciudadanos en España.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
En la interesante exposición del señor Homs hay aspectos que a
nosotros nos parecen relevantes y hay otros sobre los que tenemos
serias dudas, incluso sobre la autoridad moral que tiene el señor
Homs para manifestarlos hoy aquí, en esta Cámara.
Imagino que en la moción que en su día presente su Grupo
Parlamentario no se planteará que los valores catastrales no sean
revisados. Incluso en la moción que aprobó la Cámara por
unanimidad en el año 1990 ya no se planteaba una negativa a que
los valores catastrales fueran revisados. Creo que es lógico, que
es bueno para la transparencia del comercio y la transpariencia
del mercado hipotecario español, etcétera, que los valores
catastrales se aproximen lo más posible a lo real; creo que eso
es bueno en términos generales.
Otra cosa es que la presión fiscal derivada de esos valores
catastrales tenga que modificarse, me refiero a los porcentajes,
a los tipos que se planteen sobre esos valores catastrales y
plenamente actualizados. Sin embargo, creo que no es bueno desde
ningún punto de vista que haya una nueva paralización de la
revisión de los valores catastrales, porque, repito, esa revisión
ayudaría a la transparencia de la venta de inmuebles, ayuda a la
transparencia del Registro Mercantil y ayuda a la transparencia
del tráfico mercantil en nuestro país.
La preocupación que tiene el señor Homs supongo que se deberá
fundamentalmente a que con esa actualización de valores
catastrales aumente sustancialmente el IRPF y que aumente también
el Impuesto sobre el Patrimonio. Lo que me preocupa a mí, lo que
preocupa a mi Grupo Parlamentario, dentro de la exposición que ha
hecho el grupo interpelante, es que no se produzca equidad fiscal
de todos los españoles. Eso si nos preocupa; nos preocupa que no
se produzca equidad fiscal. Desde luego, nosotros estaríamos de
acuerdo en que se planteen mecanismos de igualación fiscal de
todos los españoles y, por tanto, en que se planteen mecanismos
para que no se produzcan incrementos heterogéneos en los
impuestos, tanto sobre la renta como sobre el patrimonio, entre
todos los españoles. En eso estaríamos de acuerdo, pero no
estaríamos de acuerdo en ningún momento en que no se planteara
esa revisión y actualización de los valores catastrales.
Desde luego, hay una parte, digamos la más sensible, en relación
con la cual el señor Homs pretende poner un poco el corazón de
los diputados en un puño y, señor Homs, permítame que yo le quite
autoridad para manifestarse acerca de ella en esta Cámara. Es la
parte que se refiere a la incidencia de la actualización de los
valores catastrales en las rentas antiguas. Permítame que le
quite autoridad, porque usted y su Grupo Parlamentario, junto con
otros grupos parlamentarios de la Cámara, son responsables de
eso. Cuando en la Ley de Arrendamientos Urbanos se aprobó en esta
Cámara, con la única oposición de Izquierda Unida, que el
Impuesto de Bienes Inmuebles --el IBI-- repercutiera en los
inquilinos, ustedes aceptaron; ustedes aceptaron eso a propuesta
del Partido Socialista en un pacto con el Partido Popular.
¿Qué creían ustedes que iba a significar eso? Pues,
evidentemente, como usted bien ha manifestado en esta Cámara, que
los más pobres se iban a ver enormemente repercutidos por esta
normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos. No vale ahora
quejarse de algo de lo que es responsable usted junto con el
resto de los grupos parlamentarios que estuvieron de acuerdo con
esa modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que grava de
forma tan lesiva precisamente a los más pobres, que son los
usuarios de las rentas antiguas, los usuarios de bienes inmuebles
antiguos.
Creo que no vale decir que se está de acuerdo en lo que genera
las consecuencias y luego decir que las consecuencias no son
responsabilidad de uno. Creo que sí. Señor Homs, las
consecuencias son, en términos equitativos, tanto responsabilidad
suya como del señor Rubalcaba y del Gobierno que él representa,
como del Grupo Parlamentario que lo sustenta.
Creo que en esa Ley de Arrendamientos Urbanos, entre otras
medidas, irresponsablemente la Cámara asumió que el IBI
repercutiera directamente sobre el arrendamiento, y las
consecuencias se están viendo ahora y las está pagando
precisamente el conjunto de esas capas más modestas que, al
final, tienen que pagar el IBI y luego no pueden deducirlo en el
Impuesto sobre la Renta. Esta es una consecuencia bastante
lastimosa de esa Ley de Arrendamientos Urbanos. Si ustedes son
coherentes con el discurso que hoy precisamente han planteado hoy
en esta interpelación, en la moción espero que incluyan que la
Ley de Arrendamientos Urbanos se modifique al menos en ese
aspecto. Nosotros daríamos la bienvenida a que la Ley de
Arrendamientos Urbanos se modifique en ese aspecto.
Estamos a la espera de su moción y le manifestamos que, en
cualquier caso, estaríamos por la equidad fiscal de todos los
españoles, pero no porque se paralizase la actuación de los
valores catastrales. Quedamos a la expectativa de que presente
una moción, sin duda, lo más brillante que usted sea capaz de
hacer.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera manifestar que mi Grupo Parlamentario
valora positivamente la interpelación presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y, además, valoro también algunas
de las consecuencias a las que ha llegado el portavoz del Grupo
proponente.
En segundo lugar, querría señalar que las explicaciones tan
detalladas que nos ha proporcionado el Ministro en la
contestación a esta interpelación, aunque estaban bien planteadas
realmente no entran al fondo
del problema y no resuelven una cuestión trascendental, que es la
de las consecuencias de las revisiones catastrales cuando se
traducen en aumentos de la presión tributaria. Son medidas
insuficientes e ineficaces. Además, con el breve tiempo de que
dispongo voy a intentar manifestarle por qué estoy diciendo esto.
El Gobierno del que usted forma parte es responsable de dos
aspectos dentro del proceso de revisión catastral. En primer
lugar, la forma en la que han conducido en los últimos años ese
proceso inexorable, lento, pero continuado y permanente de
revisión catastral y, en segundo lugar, la incapacidad que han
demostrado, a la vista de los hechos, para introducir medidas
eficaces que evite que esa revisión del catastro se traduzca en
un incremento de la presión tributaria de muchos ciudadanos
españoles.
¿Por qué es responsable el Gobierno en la forma en la que está
conduciendo ese proceso de revisión catastral? Porque ese proceso
se caracteriza básicamente por dos notas. En primer lugar, por el
oscurantismo y la falta de transparencia con la que el Centro de
Gestión Catastral efectúa las valoraciones y, en segundo lugar,
por las deficiencias técnicas que en muchas ocasiones incorporan
esas valoraciones, ya que no recogen la realidad urbanística de
los municipios a los que se refiere el proceso de revisión
catastral.
Esto ocurre, señor Ministro, por dos razones principalmente. En
primer lugar, porque la Ley de Haciendas Locales contiene una
deslegalización extraordinariamente amplia de cuáles son los
criterios que deben tomarse como base para efectuar las nuevas
valoraciones catastrales. Eso hace que ni el ciudadano ni los
municipios, tengan un conocimiento sobre los criterios que en la
práctica utiliza el Ministerio de Economía y Hacienda para las
nuevas valoraciones catastrales. Y le voy a decir que en alguna
ocasión algún responsable del Centro de Gestión Catastral nos ha
manifestado que las valoraciones se cuadran a capón; es decir,
que no hay criterios sólidos, criterios justificados y criterios
transparentes que conozcan los ciudadanos y los municipios para
efectuar o que justifiquen esas valoraciones. En segundo lugar,
porque aunque hayan dado algún paso adelante, no han impulsado de
forma eficaz y definitiva una mayor participación de los
municipios en el proceso de revisión catastral. Porque no nos
equivoquemos, señor Ministro, quienes verdaderamente conocen la
realidad urbanística de los municipios y las circunstancias
concretas en cuanto a valoración de los inmuebles que integran un
determinado ámbito municipal son los ayuntamientos en mayor
medida que el Ministerio de Economía y Hacienda.
Le puedo decir, señor Ministro, que muchos ciudadanos y muchos
municipios españoles se preguntan, por ejemplo, por qué el valor
catastral de una vivienda determinada, y no es un caso aislado,
se ha incrementado en un 400 por ciento. Se preguntan también por
qué dos grupos de edificaciones con las mismas características
urbanísticas y en la misma zona dentro de un término municipal en
algún caso el valor catastral se ha incrementado en un 15 por
ciento y en otro en más de un 50 por ciento, y no tienen
respuestas. El Centro de Gestión Catastral no proporciona
respuestas sobre cuáles son los criterios que se han utilizado
para efectuar esas revisiones catastrales. Eso es así, es un
hecho constatado, lo conocen los ciudadanos y lo conocen los
municipios.
Pero además de esos errores en la forma en la que han conducido
el proceso de revisión catastral, señor Ministro, le diría que la
actuación de su Gobierno ha puesto de manifiesto una falta de
previsión, falta de capacidad de respuesta a los problemas que en
materia de presión tributaria puede incorporar una revisión
catastral y además que su Gobierno ha convertido la vivienda, uno
de los principales o el único bien de que disponen muchos
ciudadanos españoles, en una de las principales fuentes de
recaudación y en una de las principales fuentes en las que se
sustenta el sistema impositivo.
Voy a decirle, señor Ministro, por qué son insuficientes las
medidas que usted ha planteado y ha detallado aquí para eliminar
u obviar el impacto de la revisión catastral y evitar que la
misma se traduzca en incrementos de la presión tributaria de los
ciudadanos españoles. En el Impuesto sobre la Renta usted ha
manifestado que se aplica un coeficiente del 1,3, en lugar del
coeficiente del 2 por ciento, para aquellos sujetos pasivos que
han visto revisada su valoración catastral. Es cierto que eso
elimina o atenúa en algunos casos el impacto de una revisión
catastral, pero única y exclusivamente en aquellos casos en los
que el aumento de valor no es superior a un 50 por ciento. Si a
un ciudadano le aumentamos el valor en más de un 50 por ciento --
y se lo puedo demostrar cuando quiera, señor Ministro-- en ese
caso el 1,3 por ciento no compensa el impacto de la revisión
catastral. Lo podemos discutir cuando quiera el señor Ministro.
En el Impuesto sobre el Patrimonio ustedes han elevado el mínimo
exento a 17 millones de pesetas, si no recuerdo mal, pero esa es
una medida que se aplica a todos los ciudadanos, con
independencia de que se valore o no, se haya revisado o no su
valoración catastral, solamente se aplicó un mínimo exento
distinto con relación al ejercicio de 1994.
En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que es quizás en el
que mayor impacto tiene la revisión catastral, tengo que
reconocer aquí que los municipios pueden jugar con el tipo de
gravamen, y pueden, reduciendo el tipo de gravamen, mantener
estable el mismo nivel de recaudación que tenían antes. Pero ese
instrumento no es eficaz en muchos casos y le voy a decir por
qué; porque no pueden resolver con el tipo de gravamen las
deficiencias que en casos concretos se producen: Con el tipo de
gravamen no se puede resolver el problema de un contribuyente al
que la revisión catastral hace que su valoración se incremente en
un 200 ó en un 300 por ciento.
Le voy a poner un ejemplo que es uno de tantos, no es única y
exclusivamente un caso aislado, de un ciudadano
de Castellón, que es mi circunscripción. Este señor, en 1995,
tenía que hacer frente a un impuesto sobre bienes inmuebles de
22.000 pesetas, sin embargo en 1996, si esta revisión catastral
se mantiene, con una rebaja final del tipo del IBI de un 35 por
ciento, que hace que el ayuntamiento no vaya a recaudar ni una
peseta más que en el año anterior, con una rebaja que se está
discutiendo en un pleno extraordinario esta tarde, este ciudadano
pagará 60.000 pesetas más, es decir, tres veces lo que iba a
pagar en 1995.
Le preguntaría si quieren ustedes --y estoy convencido de que no,
señor Ministro-- que los ciudadanos con bajos niveles de renta
renuncien a tener una vivienda en nuestro país; si quieren
ustedes que un pensionista o una persona que está cobrando el
desempleo y que carece de unos niveles de renta medios, vea
incrementada de esta manera su factura en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. ¿Han pensado ustedes --y son dos posibilidades
que podrían tomar en consideración-- en subjetivizar un poco el
IBI? ¿Han pensado ustedes en establecer un mecanismo que permita
a los ayuntamientos, en lugar de modificar el tipo del IBI,
bonificar hasta un 90 o un 99 por ciento la parte de la cuota del
IBI imputable al incremento de la valoración catastral? Sería un
mecanismo mucho más neutral, mantendría el nivel de recaudación
del municipio y evitaría que un ciudadano no pudiera beneficiarse
de una rebaja del tipo porque la subida de su valor catastral ha
sido extraordinariamente desproporcionada con relación a la
subida media de los valores catastrales.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando.
El señor COSTA CLIMENT: Acabo ya, señor Presidente.
La revisión catastral tiene trascendencia en otros impuestos.
Usted ha incidido en alguno de ellos. ¿Han pensado mecanismos
nuevos para evitar los incrementos de la presión tributaria en
estos impuestos?
Para concluir, señor Ministro, le voy a manifestar que si ustedes
no adoptan medidas eficaces para resolver la incidencia de las
revisiones catastrales, la incidencia que pueden tener en cuanto
a incremento de la presión tributaria, estarán convirtiendo la
revisión catastral, quieran o no, en un medio para alcanzar un
fin, que es la subida de los impuestos de los ciudadanos
españoles. Lamentablemente llegan ustedes tarde, aunque todavía
están a tiempo de considerar algunas de las propuestas que se
puedan debatir la próxima semana a iniciativa del Grupo
proponente y en las que nosotros intentaremos colaborar en la
medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, como he dicho
antes, llegan ustedes tarde y tendrá que ser posiblemente un
gobierno del Partido Popular el que de verdad ponga en marcha
medidas para evitar que la revisión catastral se traduzca en
mayores impuestos para los ciudadanos españoles.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS
MEDIDAS A ADOPTAR EN FAVOR DE DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS DE
NUESTRO PAIS, ENTRE ELLOS EL PESQUERO Y AGRARIO, TRAS LOS
ACUERDOS SUSCRITOS POR LA UNION EUROPEA (Número de expediente
172/000128)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del
Grupo parlamentario Popular, relativa a las medidas a adoptar en
favor de distintos sectores económicos de nuestro país, entre
ellos el pesquero y agrario, tras los acuerdos suscritos por la
Unión Europea.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular vuelve a
plantear hoy una interpelación para tratar de que el Gobierno
clarifique cuáles son las medidas que va a adoptar, sobre todo en
torno al sector pesquero español, que se ha visto afectado por el
reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.
El Grupo Parlamentario Popular desde hace meses viene calificando
este acuerdo como de negativo o diciendo que cuando menos causará
un impacto negativo en el sector pesquero español y que esto no
obedece más que a la crisis que está padeciendo en estos momentos
dicho sector.
Probablemente quienes descalifican estas apreciaciones del Grupo
Parlamentario Popular, con todo su pleno derecho, deberían leer
las declaraciones que ha formulado el Secretario General de Pesca
Marítima durante el día de ayer, por las que, en una conferencia
que pronuncia, no sólo reconoce que el sector pesquero español
está atravesando una crisis, sino que explica y expone cuáles van
a ser las medidas que probablemente tendrá que adoptar el
Gobierno español por el impacto negativo que este acuerdo tendrá
sobre el sector pesquero, sobre la flota pesquera española.
Por ello, señor Ministro, independientemente de los calificativos
que se puedan hacer desde un lado o desde otro, de lo que no cabe
la menor duda es de que nuestra valoración no coincide con la que
pueda realizar el Gobierno, ya que desde su punto de vista, ha
conseguido el mejor acuerdo posible entra la Unión Europea y el
Reino de Marruecos, pero ello no exime
de la valoración que nosotros podamos realizar sobre el mismo.
Para terminar con el capítulo de vuelta atrás y de estar
revisando constantemente qué es lo que ha pasado hasta ahora,
baste decir que de las 80.600 toneladas de registro bruto que
teníamos pasaremos a tener 48.745, lo que supone una reducción
del 39,5 por ciento; que el número de tripulantes españoles
pasará de 6.316 a 3.526, con una reducción del 44,2 por ciento de
mano de obra directa, y que el coste anual pasa aproximadamente
de 16.500 a 20.000 millones de pesetas, con un incremento del
21,2 por ciento. Si a ello añadimos que las descargas que se van
a producir en puertos marroquíes, en detrimento de los puertos
canarios, suponen el 10 por ciento de las capturas en el segundo
año, el 20 por ciento en el tercero y el 30 por ciento en el
cuarto, con una incidencia realmente negativa en el negocio que
se podía producir en torno a la pesca en los puertos canarios,
también convendrá recordar la incidencia que sobre el sector
conservero, y especialmente sobre la sardina, va a tener ese
contingente de 20.000 toneladas libres de aranceles, o a partir
de los años 96 y 97 por encima de las 20.000 toneladas, con un 10
o un 5 por ciento.
Con esta condiciones, que podrán ser valoradas desde diferentes
puntos de vista, al Grupo Parlamentario Popular lo que realmente
le preocupa es el futuro de los marineros, el futuro de los
armadores, el futuro de los barcos, que, parados, serán empresas
que tengan que cerrar y dejar de tener puestos de trabajo
directos y también los puestos de trabajo indirectos que en el
futuro podrán verse abocados a la pérdida de empleo como
consecuencia del acuerdo.
También nos han preocupado, señor Ministro --quizá ahora pudiera
usted explicarla--, esas declaraciones y afirmaciones que se han
realizado en el sentido de que probablemente éste sea el último
acuerdo que se celebre entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos en materia pesquera, porque nosotros entendemos que el
que se haya negociado en unas circunstancias especiales, y de una
manera especial por la Unión Europea y el Reino de Marruecos, con
un Gobierno determinado en España, no tiene por qué hipotecar en
el futuro el que gobiernos venideros, sean del signo que sea,
puedan negociar mejores convenios o puedan ser capaces de
conseguir mejores acuerdos entre el Reino de Marruecos y la Unión
Europea.
Señor Ministro, no desmentida esta afirmación, aquí cabe hacerse
la pregunta de qué es lo que piensa el Gobierno español para
dentro de cuatro años. ¿Es que dentro de cuatro años ni siquiera
los barcos que ahora tenemos van a poder seguir faenando? ¿Es que
nos vamos a encontrar con un sector que tendrá que amarrar
definitivamente estos barcos? Porque no hay caladeros
alternativos absolutamente para todos, porque no es lo mismo la
pesca de bajura que la pesca de altura, porque no es lo mismo una
pesca artesanal que una pesca sofisticada. Por tanto, para todo
ello habrá que buscar soluciones y es lo que en este momento, con
esta interpelación, el Grupo Parlamentario Popular trata de
esclarecer con el Gobierno del Partido Socialista.
Señor Ministro, también nos han llamado poderosamente la atención
las declaraciones contradictorias que vienen produciéndose en
este sentido y últimamente. Sin sacar del baúl de los recuerdos
ya ningún «Diario de Sesiones» de las Cortes de los años 1980,
1981 y 1982, con declaraciones más o menos afortunadas de quienes
entonces ostentaban la oposición, es realmente inaceptable que,
hace cuatro días, el Ministro de Asuntos Exteriores anunciara a
bombo y platillo que, tras un viaje relámpago al Reino de
Marruecos, había conseguido la suspensión de la parada biológica
durante los meses de enero y febrero y que nuestros barcos
faenarían inmediatamente, cuando lo cierto es que el propio
Secretario General de Pesca Marítima, en declaraciones que
realizó ayer, reconoce que se está comenzando a negociar la
posibilidad de que nuestros barcos no paren durante los meses de
enero y febrero y cuando todos conocemos que nuestros barcos han
empezado a hacerse a la mar, con seis o siete días de navegación
hasta llegar a Canarias, con tener que arrancharlos dentro de
varios días, con tener que recolectar las tripulaciones, con
tener que hacer frente al pago de las licencias, con lo cual
nuestras previsiones --me imagino que las del Gobierno también--
nos situarán, como mínimo, en el 1 de diciembre para que nuestros
barcos empiecen a faenar en condiciones normales, que, por otro
lado, era lo que pretendía el Reino alauita.
Señor Ministro, lo que nosotros pretendemos con esta
interpelación, en un primer momento, es saber qué es lo que se
propone hacer el Gobierno y, a continuación, plantear lo que
nosotros consideramos que son imprescindibles medidas de
acompañamiento, de carácter social para el sector pesquero
español, que deben de comprometer a este Gobierno a que, en el
plazo más breve, sea capaz de negociar con los interesados, con
el propio sector, cuáles van a ser las compensaciones que van a
recibir de acuerdo con el cese de su actividad e incluso que este
Gobierno, de una vez por todas, eleve un memorándum real en el
que se recoja la situación actual del sector pesquero español
para que aquellos que han negociado con el Reino de Marruecos
asuman económicamente las pérdidas que le van a corresponder a la
pesca española, al Gobierno español. Quiero decir con ello que,
probablemente, los fondos que deberán de asumir las pérdidas y el
costo que ha supuesto esta negociación serán los presupuestos de
la Unión Europea y no en exclusiva los presupuestos, ya bien
deteriorados, del Gobierno de España.
Por tanto, señorías, señor Ministro, yo termino esta primera
intervención no con el ánimo de entablar tipo alguno de discusión
ni de remover ningún tipo de declaración anterior ni de
valoración diferente sobre los datos que acabamos de exponer, que
son los hechos
públicos por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, sino simplemente para conocer cuáles son las
previsiones del Gobierno y, desde luego, estar convencidos de que
esas previsiones se cumplan, porque, hasta el momento, señor
Ministro, lo único que vemos es un deterioro progresivo del
sector pesquero y, lamentablemente, que las medidas que se van
adoptando siempre se toman a toro pasado y nunca se ponen en
marcha en el momento preciso, y ése es exactamente el momento en
el que nuestros marineros dejan de faenar, en el momento en el
que nuestros barcos se ven amarrados a puerto.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández
de Mesa.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo quiero, en primer lugar, resaltar la importancia del
acuerdo pesquero con Marruecos en el marco de los acuerdos de la
Unión Europea con terceros países. Hay 18 acuerdos en estos
momentos de la Unión Europea con terceros países, al amparo de
los cuales faenan más de 1.000 barcos españoles, los barcos de
mayor capacidad y los de mayor nivel tecnológico y, por tanto,
representa una parte muy importante de nuestra flota que faena en
aguas internacionales o en aguas de terceros países. Al amparo de
esa política de acuerdos con terceros países para abrirnos
posibilidades de pesca, hay mandatos a la Comisión Europea para
negociar 11 acuerdos internacionales nuevos con países de gran
importancia para nosotros como Chile, México, India, Pakistán o
Sudáfrica. Pero quiero destacar que, sin duda, el acuerdo con
Marruecos es el más importante en términos cuantitativos, por
número de barcos, por tonelaje y el más importante, sin duda, de
los acuerdos de la Unión Europea con terceros países en lo que se
refiere a las posibilidades de pesca españolas.
Quiero agradecer el enfoque expuesto por el Diputado señor
Fernández de Mesa; creo que es un enfoque constructivo, hecho
sobre la base de una crítica que acepto, respecto del contenido
del acuerdo, en el que además creo que hay elementos
insatisfactorios. Yo creo que el acuerdo, como ha sido valorado
globalmente por el propio sector, es un acuerdo razonablemente
positivo; cuando digo razonablemente positivo, seguramente estoy
realizando una exposición muy moderada de las felicitaciones que
he tenido personalmente oportunidad de recibir por parte de
muchos de los representantes del sector sobre el desarrollo de la
negociación y sobre el contenido del acuerdo, quizás porque el
sector conoce muy bien lo que ha sido el conjunto del proceso
negociador, las posiciones que hemos mantenido unos y otros y el
balance global supera notablemente sus expectativas en varios
aspectos. Se trata de un acuerdo a cuatro años, cuando se había
planteado siempre una negociación a tres años, lo que da notable
estabilidad y lo que permite acoplarse a la reducción de las
posibilidades de pesca de forma escalonada, progresiva, no
traumática, teniendo en cuenta, como ya comentaré, que el efecto
de la reducción de las posibilidades de pesca sobre la actividad
de nuestros barcos en el primer año es un efecto nulo, a la vista
de la disponibilidad de un caladero alternativo. Cuatro años ha
sido siempre valorado muy positivamente tanto por el sector como
por las propias comunidades autónomas más afectadas.
Yo creo que también es positivo que los cánones hayan tenido una
evolución moderada, que se mantengan como el último año del
acuerdo anterior en el primer año y con un crecimiento del 5 por
ciento en los tres años siguientes. Hay que recordar que
Marruecos había planteado un incremento del 50 por ciento de los
cánones con carácter general.
Creo que hay otros muchos aspectos técnicos en las posibilidades
de pesca que son muy importantes a efectos de la utilización real
de las posibilidades de pesca: la unificación de las modalidades
de arrastre norte, marisquero y no marisquero, o la apertura de
nuevas zonas de pesca para el cerco norte en la costa atlántica
de Marruecos, entre Larache y Kénitra, una zona de pesca muy
importante para esa pesquería del boquerón que había sido
abandonada hace más de 15 años.
Hay algunas pesquerías que mantienen plenamente las posibilidades
de pesca realmente utilizadas del acuerdo anterior o incluso que
las mejoran. Es el caso de los sardinales canarios: en la medida
en que aumentan en 300 toneladas de registro bruto las
posibilidades de pesca, los once barcos pueden faenar
simultáneamente, cosa que no podían con el acuerdo anterior,
aunque tienen que desplazarse en zona todos menos dos en los dos
primeros años, que son los que tienen más dificultades por
tratarse de barcos que no disponen de infraestructura de
congelación propia que les permita desplazarse con posibilidades
a esa nueva zona de pesca.
Yo destacaría también el incremento de las licencias de los
atuneros y la estabilidad general que afecta a los artesanales,
con la regularización --que también ha sido valorada por el
sector en la reunión que he mantenido hace unos días-- del
tratamiento de los artesanales, modalidad que se había convertido
en un cajón de sastre en el que había barcos muy grandes y barcos
muy pequeños. Normalizar esa situación, dejando la modalidad de
artesanales para los barcos más pequeños y permitiendo a los
barcos más grandes regularizar su situación como palangreros o
como atuneros, también supone una mejora notable de las
posibilidades del sector.
Se mantiene o mejora la pesquería del cerco norte y así ha sido
valorado por el sector. Mejora la de merluza
negra en la medida en que mantienen las posibilidades de pesca y
disminuyen ligeramente los cánones.
En lo que se refiere a las pesquerías más afectadas por la
reducción de las posibilidades de pesca, la del palangre no sufre
ajuste en el primer año y tiene un ajuste escalonado entre el
segundo y el cuarto año hasta alcanzar un nivel del 20 por ciento
en el cuarto año. Ajuste que se puede realizar con carácter no
traumático y así ha sido reconocido por el propio sector,
pudiendo realizarse tareas de reubicación a lo largo de los
cuatro próximos años para permitir que se mantenga la actividad y
el empleo en esa modalidad.
En lo que se refiere el arrastre, hay también una reducción
escalonada en las posibilidades de arrastre norte, reducción que
no se aplica en el primer año, lo que permite que todos los
barcos salgan a faenar en el primer año y que solamente entre los
años segundo y cuarto tengan que ajustarse a una reducción en las
posibilidades de pesca.
Por lo que respecta a los cefalópodos, hay que recordar que la
posición de Marruecos era una reducción del 65 por ciento a
aplicar en tres años y el resultado conseguido es un 40 por
ciento --39 por ciento en términos de flota real-- que se alcanza
al cuarto año, lo que quiere decir que de una reducción anual del
22 por ciento hemos pasado a otra ligeramente inferior al 10 por
ciento. Es, además, esta pesquería de cefalópodos la única a la
que se aplica una reducción de su posibilidades reales en este
primer año, pero, como sabe S. S., la «addenda» al acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y Mauritania ha permitido disponer
de nuevas posibilidades de pesca para 18 buques --5.500 toneladas
para buques cefalopoderos en el caladero de Mauritania--, lo que
posibilita colocar todos los buques que deben abandonar el
caladero de Marruecos y alguno más hasta el final del acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y Mauritania. Nada indica que en la
negociación del nuevo acuerdo general de pesca entre la Unión
Europea y Mauritania estas posibilidades de pesca que se han
abierto para nuestros cefalopoderos, después de 15 años de
abandonar también el caladero de Mauritania, no puedan
prolongarse más allá de julio de 1996.
El balance global, por tanto, respecto de lo que efectivamente
estábamos pescando, es relativamente razonable en términos de
reducción media de las posibilidades de pesca. Comparando las
posibilidades de pesca del nuevo acuerdo con las posibilidades
medias de pesca del acuerdo anterior, estamos hablando de una
reducción del 11 por ciento, que, indudablemente, es del cero por
ciento el primer año y es del 23 por ciento el último. Es decir,
que va de forma escalonada, pasando desde el cero por ciento en
el primer año hasta el 23 por ciento en el último año, en
términos medios.
En lo que se refiere a los desembarcos, quiero destacar que la
posición de Marruecos es la de solicitar que la práctica
totalidad de los buques que faenan en aguas de Marruecos
desembarquen en puertos marroquíes. El balance final es que eso
no se va a aplicar ni al 3 por ciento de los buques. Solamente se
va a aplicar a los cefalopoderos y en un porcentaje que
representa, para el conjunto del período del acuerdo, un
desembarco obligatorio del 11 por ciento de las capturas de
cefalópodos. Ese es el impacto real de la obligación de
desembarque en puertos marroquíes.
En lo que se refiere a marineros, hay un incremento del número de
marineros marroquíes estimado en 300. Incremento que, de acuerdo
con lo que dicen los propios armadores y con los propios acuerdos
que tienen los armadores con los representantes de los
trabajadores, no va a significar una sustitución de esos
marineros porque no son sustituibles por las diferentes
características y las diferentes prestaciones que desarrollan
unos marineros y otros.
Quiero destacar, porque así ha sido valorado por el sector, que
las oportunidades abiertas en Mauritania son disponibilidades
importantes. No en vano el caladero de Mauritania era El dorado
de los cefalopoderos; era el caladero al que aspiraban a volver a
lo largo de los últimos años, desde que hace quince años tuvieron
que abandonarlo.
Respecto del coste, quiero decirle que el coste del acuerdo a
financiar por los presupuestos comunitarios efectivamente se
eleva. No es el acuerdo más caro de la Unión Europea con terceros
países, y no me parece que éste sea el elemento que nosotros
tengamos que resaltar con particular énfasis. Es cierto que son
dineros de todos, de la Unión Europea en su conjunto. Pero
también es cierto que estamos hablando de un coste que nos
permite mantener grandes posibilidades de pesca, tanto en número
de barcos, en toneladas de registro bruto, como en empleo, no
solamente directo sino también inducido, en nuestros puertos de
Andalucía, Canarias y Galicia en particular.
Sobre si éste va a ser o no el último acuerdo, no hay ningún
elemento que prejuzgue la libertad de la negociación en 1999 para
las posibilidades de pesca del año 2000 y siguientes. Las
opiniones que se han podido expresar son subjetivas. A la vista
de las dificultades de la negociación y de las tensiones
generadas en este acuerdo, hay valoraciones subjetivas sobre la
dificultad de la negociación de un nuevo acuerdo. Yo soy
optimista. Creo que anteriormente, en las negociaciones de otros
acuerdos, se ha especulado reiteradamente sobre que cada uno de
los acuerdos firmados iba a ser el último. Estoy convencido de
que en 1999 va a ser posible llegar a un nuevo acuerdo, a un
nuevo equilibrio de intereses entre el país que pone sus recursos
pesqueros a disposición de la flota de otros países y la Unión
Europea, un nuevo acuerdo que mantenga la actividad en el
caladero de Marruecos para una parte importante de nuestra flota.
Es cierto que, en cualquier caso, hay que hacer todo el esfuerzo
posible para dotar a nuestra flota de la flexibilidad suficiente
para ser menos vulnerable a los avatares de estas negociaciones,
para poder tener acceso
a otros caladeros y, por tanto, tener más garantías de
mantenimiento de su actividad en el futuro.
Sobre la suspensión de la parada biológica existe un acuerdo
político para su aplazamiento. Desde el punto de vista técnico no
se han concretado las condiciones en las que se pueda desarrollar
más adelante esa parada biológica. Eso es lo que está en proceso
de negociación, pero existe un acuerdo político para que el
sector, si así lo considera oportuno, no tenga que realizar la
parada biológica en los primeros meses del año que viene.
Sobre el comienzo de la actividad, es cierto que ha habido unas
declaraciones en las que se decía que a partir de esta semana
podían salir las flotas a faenar. Yo siempre he resaltado que
había problemas, no ya de carácter político, sino de carácter
administrativo, que seguramente todos entenderán. Es necesario
determinar qué barcos tienen derecho a ir al caladero de
Marruecos y para eso es necesario, en primer lugar, recibir las
solicitudes de los propios armadores que desean hacer uso de las
posibilidades que se abren. Solamente a partir del cierre de la
recepción de las solicitudes de todos los armadores es posible
establecer el orden de prelación, el orden por el que tienen
derecho a faenar, en función de su pasado, en ese caladero de
Marruecos. Por tanto, solamente en ese momento la Administración
pesquera ha estado en condiciones de remitir a las diferentes
Asociaciones o a los armadores ese listado; listado que permite,
de acuerdo con las informaciones que me ha facilitado la
Administración pesquera, que todos los buques del censo puedan
salir a faenar en este primer año. A partir de la remisión de
esos listados los armadores han tenido que ingresar en las
instituciones financieras el importe de las licencias, y sólo
entonces, en el caso de que no sea necesario emitir físicamente
las licencias, estamos en condiciones de salir a faenar. Se han
planteado otros problemas de carácter administrativo para algunas
de las flotas en lo que se refiere a la disponibilidad de los
tripulantes marroquíes, que espero que se resuelvan en los
próximos días, de tal forma que puedan salir en estos próximos
días.
Con este acuerdo tenemos garantizado el mantenimiento de la
actividad y el mantenimiento del empleo en este primer año.
Efectivamente, comparto con usted el criterio de que ahora hay
que trabajar en la preparación de la actividad pesquera del
segundo al cuarto año del Acuerdo para realizar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
concluyendo.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): ... el mismo esfuerzo que hemos hecho con la pesquería
del cefalópodo, que se veía afectada en el primer año por el
abandono del caladero de Marruecos, llevando a cabo esa labor de
recolocación o de reestructuración de la flota que le permita
poder acceder a otros caladeros.
Yo creo que es posible, colaborando estrechamente con las
comunidades autónomas, con los fondos del IFOP y con los fondos
adicionales que se establezcan por parte de la Unión Europea,
junto con la cofinanciación del Estado y de las comunidades
autónomas, desarrollar un plan ambicioso de reestructuración de
la flota y de reubicación que permita mantener la práctica
totalidad de su actividad y de los buques que lo deseen.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, sin entrar en mayores discusiones sobre lo que
acaba de afirmar aquí, yo quiero decirle que mucho cuidado con el
aplazamiento, porque usted tendrá perfecto conocimiento de que el
aplazamiento de la parada biológica durante los meses de enero y
febrero no puede verse trasladado a los meses de julio y agosto o
de junio y julio, que es cuando nuestros pescadores hacen las
mejores faenas. Por tanto, si se pide que el aplazamiento de esa
parada biológica sea durante los meses de enero y febrero,
después de llevar siete meses parados, con lo que cuesta poner en
marcha cada uno de esos barcos para faenar durante el mes de
diciembre exclusivamente, se acumularían pérdidas nuevamente
sobre un sector que está bastante castigado.
Sobre las valoraciones, que todas son subjetivas y desde luego se
hacen desde distintos prismas según se analicen los datos, quien
ha hecho las declaraciones diciendo que probablemente éste sea el
último acuerdo y que la flota española tiene que tener una
reestructuración y acomodarse a lo que son las circunstancias
actuales ha sido una voz lo suficientemente autorizada en el seno
de la Unión Europea como para tener en cuenta semejante
recomendación. Por tanto, no es baladí el que se haga mención a
que nadie desde fuera va a venir a decirnos cómo tenemos que
reestructurar nuestras flotas, sobre todo si no hay una
proporcionalidad en la reestructuración de las flotas del resto
de los países que componen la Unión Europea.
En cuanto a acuerdos con terceros países, señor Ministro, es
completamente diferente al problema de las aguas internacionales.
Una cosa son los acuerdos con terceros países y otra las aguas
internacionales. Por cierto, habrá que preguntar, señor Ministro,
cuáles son los motivos por los que a determinados barcos (y me
estoy acordando en este momento de los barcos fletaneros que
tienen su base en el Puerto de Vigo) no se les han despachado los
permisos temporales de pesca para
poder faenar en aguas internacionales con campañas experimentales
de pesca. Está el Hatton Bank, está el mar de Irminger o incluso
el mar de Barents, donde desgraciadamente por ciertos problemas
entre flotas españolas ha habido que suspender una determinada
pesca experimental, lo cual no deja de ser lamentable, señor
Ministro.
El Grupo Parlamentario Popular se siente solidario con el sector
pesquero, se ha sentido solidario con el Gobierno español y es
realmente lamentable que, al final, quien haya tenido que ceder
sea España y, en definitiva, quien haya variado muy poquito su
situación haya sido el Reino de Marruecos, y nadie tiene nada
contra el Reino de Marruecos, simplemente nos sentimos solidarios
con el sector pesquero español. Usted dice que el canon es el 50
por ciento del que pretendían y que ha habido una subida
progresiva durante los cuatro años, pero no es menos cierto que
el incremento de la compensación a 127 millones de ecus anuales
es lo suficientemente importante como para cubrir ese incremento
del canon, que, por otro lado, no ha sido del 50 por ciento, como
ellos pretendían, sino que alcanza un valor cercano al 25 por
ciento en el período de los cuatro años. Por lo tanto, las
compensaciones no han sido las que ellos pretendían en materia de
cánones, pero sí lo han sido en materia de compensación de la
Unión Europea.
Al final, que no hablamos del arrastre demersal o del arrastre
pelágico, que desaparecen como pesquerías, y nos referimos
exclusivamente a las que se mantienen, y sin querer entrar en más
profundidad en cuál ha sido el término definitivo del acuerdo
pesquero, lo que sí hay que reconocer es que hay que paliar la
situación de aquellos que se quedan ahora en puerto y aquellos
que, a partir del momento en que se empieza a faenar, no van a
tener un puesto de trabajo que tenían hasta hace muy pocas
fechas, con el agravante de que el reciclaje y la recolocación de
los marineros es prácticamente imposible en otro tipo de
industrias que no sean las que están dedicadas exclusivamente al
sector pesquero español.
Termino refiriéndome a las críticas o puntos de vista que hemos
tenido tiempo más que suficiente de exponer en la Cámara y en las
comisiones sobre el convenio pesquero, diciendo que nosotros
vamos a presentar una moción como consecuencia de esta
interpelación en la que solicitaremos protección social, una
protección social para aquellos marineros y trabajadores que se
vean abocados al paro por la paralización temporal o definitiva
de la actividad de los barcos pesqueros, incluso vamos a
solicitar del Gobierno la posible creación de un fondo de
promoción de empleo para aquellos trabajadores que se encuentren
en una situación definitiva de paro, que pueda haber una línea de
financiación especial dirigida a sectores afines a la pesca y
unos cursos de formación y reciclaje para todos aquellos que,
siendo jóvenes, tengan que rehacer su vida laboral en otro tipo
de empresas desde el momento en que dejen de faenar.
Por supuesto, seguimos pensando, señor Ministro, que el sector
pesquero español en este momento necesita ayuda, por mucho que
haya recibido el señor Ministro felicitaciones. Yo no las
conozco, como es lógico, y lo único que conozco, tirando de
hemeroteca, son las declaraciones que han venido produciéndose en
cascada desde antes de que se firmara el acuerdo de todo el
sector pesquero español horrorizado de cuáles iban a ser las
consecuencias para muchos armadores, para muchos marineros, para
muchas amas de casa, para muchas empresas del sector no
extractivo e industrias auxiliares que dan entre cinco y seis
puestos de trabajo indirectos por cada uno de los puestos
directos que se emplean a bordo. Por tanto, consideramos que será
imprescindible negociar con este sector esas ayudas para paliar
los efectos y las consecuencias del acuerdo pesquero con
Marruecos.
Además, reitero, señor Ministro, que probablemente no tengan que
ser los fondos del presupuesto nacional los que hagan frente a
los gastos que ocasione un acuerdo pesquero firmado en el seno de
la Unión Europea entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.
En definitiva, nosotros consideramos, señor Ministro, que para
este viaje hemos sacrificado en el sector agrícola, el más
exportador y el más dinámico, los tomates, los cítricos y las
flores para obtener una rentabilidad en un acuerdo pesquero que
realmente no es lo suficientemente valorado como para que el
sector pesquero español que faenaba en aguas del Reino de
Marruecos pueda tener garantizada su estabilidad, su permanencia
de aquí al futuro. Lo que sí tenemos muy claro es que en un
futuro no muy lejano, probablemente dentro de cuatro años, si
España no puede seguir negociando, habrá que poner encima de la
mesa cuáles son las contrapartidas a esas 109.000 toneladas de
pesca exportadas hacia España por el Reino de Marruecos, a esos
beneficios de más de 30.000 millones de pesetas, a esos cánones
que se están abonando y, en definitiva, a esa industria y esa
plataforma continental que es España para la exportación de
cantidad de productos marroquíes, que pueden ser en el futuro
balanza o contraprestación para que España pueda seguir faenando
en unos caladeros donde el pescado es marroquí, no cabe la menor
duda pues está en aguas de Marruecos, pero donde la pesca, es
decir, todo lo que rodea a ese entorno que es el producto de la
mar, no está precisamente tecnológicamente más avanzada en esos
países y donde otros, como Japón, han realizado importantes
inversiones, mientras que España se ha quedado rezagada.
Probablemente, como consecuencia de no haber hecho previsiones de
futuro y haber invertido allí lo que otros han hecho, nos
encontremos en la situación actual.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández
de Mesa.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, sobre la valoración del acuerdo, me remito
fundamentalmente a las manifestaciones que ha realizado el
sector, una vez conocido en detalle el contenido de ese acuerdo.
Ha habido un punto de inflexión muy importante en las
valoraciones realizadas por el sector respecto a cuando nos
encontrábamos en el proceso negociador, en el que el sector o no
conocía todos los detalles o quería espolear el proceso de
negociación para conseguir un mejor resultado. La valoración que
ha realizado, una vez cerrado el proceso de negociación, está
recogida en las reuniones que hemos mantenido con los
responsables del sector. Como algunas de las reuniones han podido
desarrollarse con todos los interlocutores del sector al mismo
tiempo, todos ellos han escuchado la valoración que han efectuado
todos los demás. Por lo tanto, hay muchos testigos de esa
felicitación a la Administración y de esa valoración globalmente
positiva realizada por el sector.
En cualquier caso, reconozco que es una valoración que, en la
medida en que supone una reducción de las posibilidades de pesca,
hay que considerar con moderación, es decir, como el mejor
acuerdo posible o un acuerdo considerado razonable.
Reitero mi convicción de que no va a ser el último acuerdo, más
allá de la opinión expresada por la Comisaria Bonino, que también
luego ha matizado sobre las dificultades y las posibilidades de
conseguir un nuevo acuerdo más allá del año 1999. Lo que sí le
puedo garantizar es que no ha habido ningún compromiso, no hay
ningún acuerdo escrito que impida negociar con total libertad en
1999 las posibilidades de pesca para los años siguientes. Por
tanto, no está en absoluto prejuzgado ni a favor ni en contra.
Como tampoco se prejuzgó en los acuerdos anteriores. Hemos
conseguido un acuerdo para cuatro años que da estabilidad, pero
las espadas están en alto respecto de cuál sea la actividad que
se pueda mantener en esas aguas a partir de finales de 1999.
Sobre si España o Marruecos han cedido, tengo que decir que un
acuerdo siempre requiere cesiones por ambas partes. El mejor
acuerdo es el que no se firma. Uno siempre se puede quedar con la
idea de que se podía haber conseguido un mejor acuerdo, pero
después de siete meses de negociaciones me parece un acuerdo
razonable. Basta con repasar lo que ha comentado sobre el tema de
cánones. Estamos hablando de un 50 por ciento frente a un
incremento del 5 por ciento anual; estamos hablando de la
reducción de posibilidades de pesca del 66 por ciento en tres
años para el cefalópodo, el 50 por ciento en arrastre norte en
tres años y el 30 por ciento en palangre también en tres años. Y
hemos pasado a un acuerdo del 40 por ciento en cuatro años, el 28
por ciento en cuatro años en el arrastre y el 20 por ciento en
cuatro años en el palangre. Es decir, hemos conseguido un punto
que está mucho más cerca de las posiciones de la Unión Europea y
de España que de las posiciones de partida de Marruecos. Lo mismo
podríamos hablar en lo que se refiere a desembarques, en
marineros, en todos los aspectos de la negociación. Hemos
encontrado un punto intermedio más cercano a las posiciones
iniciales de la Unión Europea y españolas que a las posiciones de
la parte marroquí, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido
que realizar cesiones, como es lógico en un proceso de
negociación de este tipo.
Las medidas que haya que adoptar habrán de hacerse con fondos
comunitarios y cofinanciación nacional, como se vienen realizando
todos los programas de reordenación de la actividad pesquera. Y
quizá con una ventaja adicional, a partir del reglamento que se
terminó de aprobar hace dos días en Bruselas, que establece
medidas de carácter socioeconómico para la modernización de las
flotas y que, por primera vez, establece indemnizaciones para el
cese de actividad o para la prejubilación de pescadores afectados
por estos procesos de reestructuración.
Hasta ahora la política pesquera comunitaria sólo había previsto
ayudas a los armadores, pero por primera vez y por impulso de
España --lo digo con toda modestia-- en la política pesquera
comunitaria se han aprobado medidas de carácter socioeconómico
destinadas a minorar el impacto social de los programas de
reestructuración de la flota.
En cualquier caso, es una tarea que --lo comparto con usted--
habrá que realizar en los próximos meses, en cooperación con las
comunidades autónomas; la tarea de llevar a cabo este programa de
reestructuración, de reubicación de flota y de carácter
socioeconómico que nos permita minorar el impacto sobre el empleo
y dar oportunidades de empleo a los trabajadores eventualmente
afectados por el acuerdo, entre los años segundo y cuarto.
En lo que se refiere a la agricultura, quiero reiterar que no ha
habido contrapartida alguna. En el caso del tomate, que ha sido
el más debatido, es difícil explicar a nadie que puede haber
concesiones para un sector que, hasta 1994, no tenía mecanismo
alguno de protección entre el 20 de diciembre y el 31 de marzo y
que, a partir de ahora, va a tener un triple mecanismo de
protección: un precio de entrada, una limitación cuantitativa, un
contingente, un límite en volumen a lo que Marruecos puede
exportar, en una cifra que es inferior a lo que ha exportado en
los años 1993 y 1994 y, además, con una restricción de calendario
que le impide exportar más allá del 31 de marzo.
Es sin duda un acuerdo que no supone amenaza alguna para el
sector; que congela las exportaciones de Marruecos en una cifra
inferior a la que ha exportado en los dos últimos años, y que,
por tanto, difícilmente puede suponer amenaza o desequilibrio
para el mercado comunitario del tomate. Un mercado comunitario en
el que, sin ninguna protección, en los últimos cuatro años hemos
ganado 10 puntos de cuota, a costa,
fundamentalmente, de los productores holandeses. Además, en esos
cuatro años, sin protección alguna respecto de Marruecos durante
la mayor parte del calendario de exportación de tomate de
invierno, hemos aumentado en 10 puntos nuestra cuota. Hemos
pasado a ser líderes en el sector del tomate y Marruecos ha
disminuido su cuota en el tomate comunitario en un uno por
ciento, pasando del 9,5 al 8,5 por ciento.
En lo que se refiere a los cítricos, creo que el mecanismo de
protección se puede discutir. Se puede valorar si es más
importante la protección arancelaria o la protección que
proporcionan los contingentes. Creo
--y así lo creen todos los especialistas en comercio
internacional-- que es mucho más sólida la protección que
proporcionan los contingentes que la que proporcionan los
aranceles.
En las naranjas pasamos de un mecanismo de protección basado
exclusivamente en un precio de entrada, a un mecanismo de
protección que mantiene el mismo precio de entrada que en la
campaña pasada pero que, además, aplica adicionalmente un límite
en volumen a las naranjas que Marruecos puede exportar entre los
meses de diciembre y mayo, en una cifra que es la media de los
últimos años.
En lo que se refiere a las clementinas sucede lo mismo. En este
caso, se reduce ligeramente el precio de entrada, se amplía al
mes de noviembre que no tenía mecanismo de protección, y se
incorpora adicionalmente una limitación en volumen, que tampoco
existía, que impide a Marruecos, entre los meses de noviembre y
febrero, exportar más de lo que exportaba en los tres últimos
años, y en un sector como el de las clementinas, en el que las
exportaciones estaban creciendo, es importante saber que están
limitadas cuantitativamente las exportaciones de Marruecos.
Lo mismo podríamos decir sobre otras concesiones en materia
hortofrutícola, que tienden a diversificar la agricultura de
Marruecos y que no suponen ninguna amenaza ni desequilibrio para
nuestras producciones. Estoy convencido de que, sobre la base de
este acuerdo y de las concesiones concretas y conocidas hasta
final de 1999, y con una reforma de la OCM, esa sí, pendiente de
negociación, que se ajuste a las necesidades y a las
características de nuestro sector, no sólo vamos a consolidar los
niveles de mercado y de exportación alcanzados, sino que vamos
seguir aumentándolos en los próximos años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, el Grupo de
Coalición Canaria quiere intervenir brevemente, en primer lugar,
para expresar nuestro apoyo a la orientación dada en la
interpelación presentada por el Grupo Popular, en espera de que
la moción que presente la próxima semana esté en la línea
planteada, a efectos de estudiar todo tipo de programas de ayuda
a los sectores que realmente no han sido beneficiarios de este
acuerdo del sector pesquero.
El Ministro ha sido negociador y, como todo negociador, tiende a
exagerar, a justificar, de alguna manera, a pensar que todo el
planteamiento que se ha hecho es positivo. Dice que el balance
general es positivo, pero que tiene algunos aspectos
insatisfactorios. Después de oírle, no termino de entender cuáles
son esos aspectos insatisfactorios porque siempre los esconde.
Siempre hay aspectos insatisfactorios. Yo creo que los hay.
Desde el punto de vista del acuerdo pesquero de la Unión Europea,
pero también del acuerdo comercial y, por tanto, con sus efectos
agrícolas, puede en conjunto entenderse que tiene un balance
satisfactorio, pero hay zonas y sectores afectados que son
ampliamente insatisfactorios. Nosotros creemos --lo señala la
interpelación presentada por el Grupo Popular-- que los efectos
que tiene sobre los puertos canarios van a ser importantes. No sé
si el Ministro termina o no de entenderlo, pero eso empieza a ser
una idea común. El Grupo Popular señala en particular el puerto
de la Luz y el de Las Palmas.
Me gustaría, más que oír las justificaciones del Gobierno en
orden a que el acuerdo ha sido el posible, ver qué tipo de
compensaciones, de ayudas puede haber para que los sectores que
han quedado en el plano de la insatisfacción --que usted
reconoce-- puedan ser compensados.
El aspecto pesquero sin duda tiene una gran importancia, pero
creo que hay que hablar seriamente también de los aspectos
agrícolas, a los que ha hecho mención muy brevemente el Ministro.
Me sorprendo, porque cuando hace dos meses --me parece que era la
sexta ronda negociadora-- el Ministro vino a la Comisión
oportuna, nos dijo que en el aspecto pesquero había tenido la
gran sorpresa de que Marruecos, que había empezado con una
actitud constructiva, de repente, había puesto el listón altísimo
y había roto las negociaciones, y que no entendía muy bien a qué
se refería aquella marcha atrás. Nosotros, ingenuamente, le
dijimos: ¿No sería posible, señor Ministro, que estuvieran
esperando la coincidencia del acuerdo pesquero con el acuerdo
comercial, aunque sean planos distintos, para encontrar Marruecos
compensaciones y ganar en los dos planos? El Ministro nos decía,
creo recordar, que él no había observado nunca en la mesa de
negociación que Marruecos estuviera buscando el doble acuerdo al
mismo tiempo para conseguir compensaciones en el doble plano.
Creo que los hechos han sido elementales y evidentes.
Naturalmente, no iban a decirlo en la mesa de negociación.
Marruecos ha puesto un listón muy alto inicialmente y el
Ministro, en función de ese listón, considera un éxito todo lo
que ha bajado o estaba dispuesto a bajar.
Estaba dispuesto a bajar porque es un buen acuerdo pesquero para
la Unión Europea, para España muy regular y, desde luego, porque
obtenía compensaciones en el acuerdo comercial y agrícola.
Hay zonas de España que, desde el punto de vista comercial y
desde el punto de vista agrícola, tienen problemas muy serios.
Creo que el problema pesquero no es de la potencia administradora
de Marruecos. Se ha dicho aquí que son las aguas de Marruecos. Lo
son en parte, pero como potencia administradora. No son soberanos
en las aguas saharauis, de acuerdo con el Derecho internacional,
sin embargo, en ese terreno, ellos tenían la sartén por el mango,
pero en el sector agrícola y comercial no la tenían. Entonces, en
el derecho preferencial, que es la base de la Unión Europea en
estos aspectos, hemos tenido que ceder mucho para que se
produjera el acuerdo pesquero y, en general, el acuerdo comercial
con Marruecos.
Lo único que piden los sectores agrícolas españoles es que en la
negociación de la OCM de hortalizas y frutas se obtengan las
compensaciones, y nos hubiese gustado escuchar al señor Ministro
decir algo al respecto porque pueden ser ayudas, fundamentalmente
europeas. Si aquí se dice que el acuerdo es magnífico, con
aspectos insatisfactorios que no se citan, no sé cómo vamos a
plantear las compensaciones de rentas y también las
compensaciones de los agricultores que realmente necesitan y a
las que tienen derecho.
En el caso de Canarias --ya se lo hemos explicado-- el sector
agrícola está muy irritado porque, por lo visto, hay una
manipulación política, según ha dicho el señor Ministro. No es
por eso, sino porque en los mercados inglés y francés --
compruébelo usted-- en este momento la sensación que hay es que,
en relación con ese aumento de cuota que se ha producido en los
últimos años, a partir de ahora hemos entrado en un proceso de
inflexión y en los próximos años vamos a tener una pérdida
importante de la cuota del mercado de hortalizas en los mercados
europeos, sobre todo en el tomate canario y el de la península.
En ese orden, con una actitud menos triunfalista, que no responde
tanto a la idea de triunfo como a la idea defensiva de que no se
le ataque y que no se convierta esto en una batalla política --si
quiere no la convertimos en una batalla política--, vamos a
pactar, a partir de la moción del Grupo Popular, un conjunto de
medidas para que los que han perdido tengan las compensaciones
que merecen tanto en rentas como en compensaciones de otro tipo,
como ya se lo hemos explicado al señor Ministro.
Estamos dispuestos a apoyar al Grupo Popular. Creo que es muy
justo y muy oportuno su planteamiento y espero que el señor
Ministro, al que le puede quedar muy poco tiempo antes de irse,
no deje como renta política a la sociedad española lo que puede
tener efectos muy graves sobre la agricultura de exportación
española.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Fijaré con brevedad la posición del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) respecto a la interpelación, que se refiere a las
consecuencias agrarias y pesqueras del acuerdo suscrito entre la
Unión Europea y Marruecos. Señoras, agrarias y pesqueras.
En la última comparecencia en Comisión del señor Ministro nuestro
Grupo valoró como insuficiente el contenido del acuerdo
provisional, que entonces se hallaba paralizado por la oposición
de algunos países europeos. No aceptábamos las condiciones
agrarias impuestas por el acuerdo, ni siquiera por la necesidad
de cerrar un acuerdo pesquero, igualmente insatisfactorio.
En el acuerdo definitivo, algunas de nuestras objeciones se han
resuelto. Por ejemplo, en cuanto a precios de referencia,
cantidades totales de productos agrarios importados, y
especialmente respecto a calendarios, inhabilitando el mes de
abril para importar tomates, lo que nos impulsa a afirmar que, a
pesar de estas sensibles mejoras, que reconocemos, y que
disminuyen la lesividad del acuerdo para nuestro país, seguro que
el sector pesquero tendrá que reducir capturas, mano de obra y
que ello exigirá una reestructuración y una reubicación de la
flota, así como que el sector agrario, especialmente el
hortofrutícola, sufrirá descensos de precios, pérdidas de renta y
competitividad, que será necesario compensar de alguna forma, y
no únicamente a cargo de los presupuestos de nuestro país, sino
también del conjunto de países de la Unión Europea.
No nos parece aceptable que en el acuerdo Unión Europea-Marruecos
los países tecnológicamente avanzados del centro-norte europeo se
lleven la mayor parte de las ventajas --las derivadas del
incremento de su penetración en el mercado de Marruecos con
productos industriales-- y que logren, además, un abaratamiento
inducido de productos hortofrutícolas y pesqueros para su
consumo, que van en detrimento de las rentas de nuestro sector
agrario.
Es preciso que España sea compensada por ello. Y no nos referimos
solamente a ayudas económicas de difícil cuantificación, sino
también, y muy especialmente, al trato que se nos debe dispensar
a través de las OCM, pendientes de aprobación, de productos
hortofrutícolas mediterráneos y cuyas cláusulas más conflictivas,
a nuestro juicio, deberían haber sido pactadas simultáneamente
con el acuerdo euromarroquí, o los que se anuncian con Israel,
Palestina y países del Este europeo. Debe notarse que nuestra
agricultura y nuestra pesca es la correspondiente a un país
europeo
y que lo noten también nuestros pescadores y nuestros
agricultores.
En cualquier caso, esperamos a pronunciarnos con más detalle
después de conocer las medidas concretas compensatorias que
proponga la moción del Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, lo primero que mi Grupo parlamentario tiene que decir,
tras el conocimiento del acuerdo de la Unión Europea con
Marruecos, es que nosotros no nos sentimos conformes con algunos
párrafos que delimitan quiénes son las potencias que están
negociando, en primer lugar, porque, tanto en el preámbulo del
acuerdo como en el preámbulo del artículo primero, se reconoce la
soberanía total de Marruecos sobre las aguas que se encuentran a
200 millas de su costa.
Nosotros, desde luego, seríamos mucho más cautelosos con esa
palabra «soberanía» de Marruecos sobre las aguas de la costa que
están enfrente del Sahara, y nosotros, no apoyaríamos nunca una
definición de tales términos, porque esa soberanía está aún por
delimitar y tiene que estar pendiente del referéndum que se
celebre en el Sahara y habrá que ver quién es el país soberano de
las aguas que se encuentran enfrente del Sahara occidental, si es
un Sahara autónomo o si es el Reino de Marruecos, según se
plantee la decisión libre y soberana de los saharauis. Si se
plantea ese referéndum, que se haga conforme a las Naciones
Unidas y a sus acuerdos. Mientras tanto, cabe recordar que para
Naciones Unidas la potencia administradora del Sahara continúa
siendo España, y así lo siguen planteando los documentos de
Naciones Unidas.
Por tanto, pensamos que este tema no es baladí. Es una curiosa
circunstancia el que hoy se haya planteado una interpelación
también sobre el tema del Sahara y que haya coincidido con esta
de la pesca y, desde luego, nosotros no apoyaremos en ningún
momento ningún documento en el cual se reconozca plenamente la
soberanía de Marruecos, cuando eso aún esta por delimitar,
conforme a los propios acuerdos de Naciones Unidas.
En lo que respecta a los contenidos del acuerdo, y hay que
recordar que según la interpelación que se plantea por parte del
Grupo Popular tendríamos que haber hablado en ella casi en un
cincuenta por ciento de lo referente al tema pesquero y en otro
cincuenta al tema agrícola, mientras que ha derivado por el tema
pesquero casi en exclusividad, hay que reconocer cómo se han
producido las diferentes reacciones a este acuerdo. Desde luego,
incluso dentro del propio sector pesquero, las reacciones han
sido desiguales. No han reaccionado de igual forma los armadores
que los trabajadores del sector pesquero; los armadores han
protestado poco porque, de alguna manera, no han salido
excesivamente perjudicados y porque también sus expectativas
están puestas ya, a través del acuerdo, en las sociedades mixtas,
incluso en la propia incursión en Marruecos y, además, muchas de
estas empresas españolas están ya planteándose cómo solucionar
los problemas de la descarga en Marruecos.
Los armadores no han protestado demasiado, y en ese sentido yo
creo que incluso la interpelación y la exposición del Grupo
Popular ha sido fiel a esa no protesta de los armadores. Pero sí
afecta de forma importante a los trabajadores del sector
pesquero; trabajadores que tienen muy difícil reciclaje, teniendo
en cuenta además que se van a perder 18.000 ó 20.000 puestos de
trabajo, una vez que este acuerdo llegue a su máxima
implementación, y para ellos no se plantean soluciones
suficientes en el acuerdo ni tampoco por parte de la Unión
Europea se determina cuál va a ser su futuro. Nos encontramos con
importantísimos problemas en los puertos pesqueros que se van a
ver afectados por el tratado con Marruecos, porque todos estos
trabajadores van a ver ocupado su lugar, y además por un
gradiente por el que va a aumentar de forma exponencial el número
de trabajadores marroquíes a bordo de los barcos y los que actúen
en la industria de transformación de la pesca, y no va a haber
una solución definitiva para ellos.
Creo que hay que indicar a la Unión Europea que tan europeo es un
trabajador del puerto de Algeciras, o de Almería, o de Cangas del
Morrazo, como lo es uno de Hamburgo; tan europeo es uno como
otro, y, desde luego, la Unión Europea tendrá que dar soluciones
a todos estos trabajadores que van a perder sus puestos de empleo
de una forma definitiva por el tratado con Marruecos. Además, la
inercia que plantea este tratado de pesca es una inercia
absolutamente definitiva. La industria de la pesca va a crear
cada vez menos puestos de trabajo en España y más en Marruecos, y
a eso hay que darle una solución. Si esto se dirime en acuerdos
entre la Unión Europea y Marruecos, la Unión Europea tiene una
responsabilidad que el Gobierno y el Parlamento español tendrán
que recabar. Nosotros seríamos partidarios de que en la moción
que apruebe esta Cámara fueran determinaciones en ese sentido.
Pero las repercusiones que también tiene sobre la agricultura son
importantes. Yo creo que no es baladí toda la protesta que se ha
planteado en el sector hortofrutícola español; creo que el que se
haya incrementado el contingente de tomate y el de otros
productos no va a ser una cuestión que vaya a afectar poco a la
hortofruticultura española, sino que va a afectar de manera
decisiva, sobre todo si, además, tenemos en cuenta que hay países
que tienen acuerdos preferenciales con la Unión Europea, y que la
mejor de las condiciones que se planteen para un país --y el caso
de Marruecos es uno--, también se va a plantear para Túnez o para
Israel, y no solamente va a incidir sobre el tomate, va a
incidir, por ejemplo, sobre la flor cortada, de la que hasta
ahora apenas había exportaciones de Marruecos hacia la Unión
Europea y, sin embargo, a partir de este momento se pueden
producir dichas exportaciones, y esto va a incidir
fundamentalmente en Sevilla, en Chipiona, en San Lúcar..., en
Andalucía, en importantes sectores que viven de esto. Además, ese
acuerdo preferencial de Israel o de Túnez va a permitir que los
contingentes de estos países se eleven hasta el máximo de los que
pueda plantear Marruecos.
Todo esto no es algo accesorio, ni es algo que no va a afectar,
como parece ser que se pretende deducir de las palabras del
Gobierno en las exposiciones bastante angelicales y benevolentes
que se hacen sobre el acuerdo con Marruecos. Nosotros
consideramos que la Unión Europea también debe dar una respuesta
a esto y esperamos que haya soluciones por parte de ella. Por lo
menos, el Parlamento, el Congreso de los Diputados debería
reclamar estas soluciones.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de que se llegue a
acuerdos globales con Marruecos, siempre hemos sido partidarios
de ellos. Nunca nos hemos recatado en decirlo. Yo diría lo que ha
señalado hoy un parlamentario del Grupo Popular, el señor Muñoz-
Alonso, en su intervención sobre el Sahara: nosotros tenemos o
debemos tener dos amigos en el Norte de Africa, un amigo es el
amigo marroquí y otro el saharaui. España debe tenerlo muy en
cuenta a la hora de redactar este tipo de acuerdos, y debe tener
muy en cuenta esto para ver cómo quedan las cláusulas, no nos
metamos en cláusulas en las cuales ya definamos cuál es la
soberanía de un país o de otro. Pero, aparte de esto, nosotros
también tenemos que hacer una defensa cerrada de los intereses de
los trabajadores españoles. Lo uno no quita lo otro. Y si
plantear un acuerdo con Marruecos necesita el que España reclame
con mayor intensidad ayudas de la Unión Europea, tanto para la
agricultura como para los trabajadores de la pesca, que se quedan
sin puestos de trabajo, porque estos puestos de trabajo se van
cada vez más hacia Marruecos, España tendrá que plantear una
posición dura en la Unión Europea, y no una posición
absolutamente benevolente, como parece ser que es la que se
deduce que tiene el Ministro de Agricultura cada vez que pisa
Bruselas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andréu.
El Pleno continuará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.