Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 21/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 183
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 181
celebrada el martes, 21 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía:
--De las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica
8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón,
modificada por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma
de dicho Estatuto. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie A, número 74.1, de 27 de julio de 1994 (número de
expediente 127/000015) (Página 9716)
--Del Parlamento de Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 98.1,
de 3 de enero de 1995 (número de expediente 127/000016) (Página 9728)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de
julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 140.1,
de 11 de septiembre de 1995 (número de expediente 122/000118)
(Página 9739)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los
derechos del menor. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 152.1, de 6 de octubre de 1995 (número de
expediente 122/000129) (Página 9746)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la
convocatoria de elecciones generales. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 293, de 13 de noviembre de
1995 (número de expediente 162/000246) (Página 9752)
--En su caso, del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
transferidos a las Comunidades Autónomas (número de expediente
162/000254) (Página 9764)
--En su caso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a las asignaciones complementarias para garantizar la
prestación de servicios básicos en las Comunidades Autónomas
(número de expediente 162/000255) (Página 9765)
--En su caso, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, relativa a la adopción de medidas para
saldar la deuda histórica reconocida a las Comunidades Autónomas
de Andalucía y Extremadura (número de expediente 162/000256)
(Página 9765)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 184,
de 22 de noviembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía (Página 9716)
De las Cortes de Aragón, sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982,
de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada
por la Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho
Estatuto (Página 9716)
En defensa de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
interviene, en primer lugar, el Diputado de las Cortes de Aragón
señor Bolea Foradada recordando que dicha propuesta fue aprobada
unánimemente en las Cortes aragonesas el 31 de junio de 1994.
Recuerda asimismo que el artículo dos de la Constitución reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que integran la Nación española y la solidaridad entre
todas ellas. En este sentido afirma que Aragón fue uno de los
pueblos que con mayor convicción demandó su reconocimiento, con
diversas y multitudinarias manifestaciones reclamando el estatuto
autonómico, aprobado finalmente, y con evidente retraso el 10 de
agosto de 1982, aunque no reflejó adecuadamente las aspiraciones
autonómicas ni alcanzó las deseables cotas que la Constitución
permite. Consecuentemente, en estos catorce años se ha
exteriorizado una actitud anticonformista, con el Partido
Aragonés como motor y fundamento de la voluntad de reforma,
frente a los partidos de ámbito nacional con mayor representación
parlamentaria que han preferido refugiarse en la teoría de los
pactos globales, actitud que el pueblo aragonés ni entiende ni
comparte.
Termina señalando que la reforma que finalmente se debate en esta
Cámara es buena y necesaria para Aragón, recoge el sentir de
aquel pueblo, es digna de su singular historia y augura un futuro
de esperanza, por lo que pide el voto favorable para la misma.
El también Diputado de las Cortes de Aragón, señor Piquer
Jiménez, solicita asimismo el apoyo del Congreso de los Diputados
en relación con un texto que ha merecido el apoyo unánime de las
fuerzas políticas aragonesas. Expone que el pueblo de Aragón ha
tenido, tiene y tendrá siempre conciencia de su identidad
histórica y que el sentido profundo del derecho y de la justicia
va impreso en el texto que hoy presentan, para llegar al cual ha
hecho falta una gran dosis de generosidad por parte de todas las
fuerzas políticas firmantes.
El nuevo texto busca resaltar su identidad como pueblo,
reequilibrar aquella tierra, estimular la participación de sus
gentes en la cosa pública y, en definitiva, alentar el progreso
de Aragón como pueblo histórico, cuna y parte indisoluble de
España dentro de la Unión Europea.
Completa la defensa de la propuesta de reforma, en nombre de las
Cortes aragonesas, el Diputado de aquel Parlamento, señor Gimeno
Fúster. Expresa la dificultad de exponer en el poco tiempo de que
dispone todo el contenido básico y sustancial de esta reforma,
aunque desea dejar claro que nada hay en ella que no haya sido
admitido en otras comunidades
autónomas. Así, la introducción del término nacionalista, el
establecimiento de un verdadero sistema de corresponsabilidad
fiscal o la posibilidad de regular la disolución de la Cámara por
el Presidente de la Cámara, entre otros muchos aspectos.
Reconoce que el camino para llegar al consenso en torno a esta
reforma ha sido largo, pero cree que ha merecido la pena el
esfuerzo realizado a la vista del resultado obtenido, asegurando
que de aprobarse hoy por este Congreso se dará un segundo paso
serio e histórico en la consecución de la plena autonomía para
este territorio del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mur
Bernad (del Grupo Mixto), Mauricio Rodríguez (del Grupo de
Coalición Canaria), López de Lerma i López (del Grupo Catalán
Convergència i Unió), Martínez Blasco (del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya), señora Rudi Ubeda (del Grupo
Popular) y señor Sáenz Lorenzo (del Grupo Socialista).
Se acepta en votación de totalidad, por 310 votos a favor, tres
en contra y cinco abstenciones, la propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de
Aragón, modificada por la Ley Orgánica 6/1994, formulada por las
Cortes de Aragón.
Modificaciones en el orden del día (Página 9728)
El señor Presidente somete al Pleno la exclusión del orden del
día de la presente sesión del Dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en
relación con el Diputado don José Ramón Lago Freire.
Se aprueba por unanimidad dicha exclusión del orden del día.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas (Página 9728)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces y de conformidad con el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición
de ley orgánica sobre alteración de los límites provinciales,
consistente en la segregación del municipio de Gátova de la
provincia de Castellón y su agregación a la de Valencia
Se acuerda por asentimiento dicha tramitación directa y en
lectura única.
El señor Presidente informa asimismo que la Mesa, oída la Junta
de Portavoces, y de acuerdo con el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única del proyecto de Ley orgánica de
transferencia de competencias a la comunidad autónoma gallega.
Se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno de proposiciones de Ley (Página 9728)
El señor Presidente informa que, finalmente, la Mesa, oída la
Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 149.1 del
Reglamento, ha acordado proponer el Pleno la avocación de la
deliberación y votación final de la proposición de ley de montes
y aprovechamientos forestales.
Se aprueba por asentimiento la citada avocación.
Debate de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de
Autonomía. (Continuación) (Página 9728)
Del Parlamento de Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias
(Página 9728)
Defiende la propuesta, en nombre del Parlamento de Canarias, el
Diputado del mismo señor Bravo de Laguna Bermúdez, manifestando
que hoy es un día importante para la autonomía de Canarias, al
traer a este Congreso la iniciativa sobre la reforma del Estatuto
de Autonomía. Pide el voto favorable para la toma en
consideración de dicha reforma estatutaria de una autonomía que
califica de complicada, pero que hoy está consolidada; una
autonomía que nació sin recursos, sin medios, sin transferencias
y que hoy gestiona nada menos que un presupuesto cercano a los
500.000 millones de pesetas.
Como razones para esta modificación destaca fundamentalmente que
se trata, en primer lugar, de una buena reforma, como bueno es
también el Estatuto autonómico; en segundo lugar, que es un
estatuto adaptado a la singularidad canaria y, tercero, el valor
político del consenso conseguido entre las fuerzas políticas
canarias, que espera se alcance también en este Congreso.
El también Diputado del Parlamento canario señor Belda Quintana
expone que, a su entender, esta reforma tendría que haber estado
perfectamente tramitada y aprobada por las Cortes Generales desde
hace varios meses, después de más de tres años de trabajo en una
comisión de estudio en el Parlamento de Canarias,
incorporando aproximadamente unas 34 modificaciones, de las que
destaca las más importantes.
Completa el turno en defensa de la propuesta de reforma, en
nombre del Parlamento de Canarias, el señor Brito Soto. Menciona
el balance global, claramente satisfactorio, que les merecen los
trece años de andadura del Estatuto autonómico, tiempo que
consideran también adecuado para proceder a la reforma
estatutaria, sobre todo si ésta aparece planteada desde el
consenso político básico que se manifiesta en toda la reforma,
excepto en la parte referida a la modificación electoral.
Alude a las diversas modificaciones que se pretenden introducir
en el articulado del Estatuto de Autonomía y termina afirmando
que los canarios tienen una contrastada vocación y voluntad de
pertenencia al proyecto colectivo de España, voluntad y vocación
que se fortalece, en su opinión, profundizando en el
autogobierno, en el estado autonómico desde una lectura abierta y
federalizante de la Constitución española.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur Bernad,
del Grupo Mixto, Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición
Canaria, López de Lerma i López del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), Ríos Martínez del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Cabrera Pérez-Camacho del Grupo Popular y Martinón
Cejas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación de totalidad la propuesta del Parlamento de
Canarias, sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, es admitida por 327
votos a favor, uno en contra y una abstención.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 9739)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre reforma de Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Página 9739)
La señora Rivadulla Gracia defiende la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando
que a los diez años de la promulgación de la Ley Orgánica 7/1985,
de 1 de julio, pocos sectores de nuestra sociedad piensan ya que
esta Ley garantice realmente los derechos y libertades de los
extranjeros qe residen pacíficamente en nuestro país. No
solamente las organizaciones no gubernamentales, sino también
entidades y organismos importantes, como el Defensor del Pueblo,
señalan que esta Ley no cumple esos objetivos. Consiguientemente,
entiende necesaria la modificación de la Ley, para adecuar su
articulado al propio preámbulo de la misma y, sobre todo, para
que se produzca en nuestro país el reconocimiento de los derechos
y libertades proclamados en la Constitución, para que se
garantice a los extranjeros legalmente establecidos en el Estado
español unas cotas aceptables de derechos y libertades,
eliminando cualquier trato discriminatorio desfavorable en las
relaciones laborales y en sus derechos políticos.
Agrega la señora Rivadulla que no es válida cualquier
modificación de la ley, mencionando en ese sentido la
modificación que se está planteando de la Ley de Extranjería a
través de un reglamento, lo que no considera acorde con lo que
establece el artículo 13 de la Constitución. Si la propia Ley
7/1985 establece que la regulación de ciertos derechos y
libertades debe realizarse por ley, no entiende cómo se plantea
ahora su modificación a través de la simple vía reglamentaria.
Piden, por tanto, únicamente que esos derechos y libertades de
los extranjeros en España estén regulados por una norma del rango
adecuado, es decir, por una ley.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el señor
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, señora Barrrios
Curbelo del Grupo Popular y el señor Valls García del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley debatida por 21 votos a favor, 149 en contra y
132 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los
derechos del menor (Página 9746)
La señora Barrios Curbelo defiende la proposición de Ley del
Grupo Popular manifestando que han elaborado la misma no sólo
como respuesta a la exigencia del apartado 4 del artículo 39 de
la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas,
sino también como respuesta a la moción que por mayoría se aprobó
el pasado 10 de mayo de 1994 por todos los grupos de esta Cámara,
por la que se exigía al Gobierno que trajera en 1994 una ley de
derechos del menor. Sin embargo, el Gobierno se limitó a remitir
un proyecto de ley de modificación parcial del Código Civil, que
todos los grupos denunciaron por considerar que el proyecto no
era el de derechos del menor que se había pedido. Añade que la
realidad del menor en España es una realidad grave, que
diariamente son víctimas de explotación, de malos tratos físicos
y psíquicos, de abusos, de prostitución, situación que no sólo
denuncian los medios de comunicación sino también las
instituciones, persona y organizaciones que se relacionan con el
tema del menor.
Dado que el Grupo Popular no está de acuerdo con la actitud del
Gobierno de no presentar el correspondiente
proyecto de ley en la Cámara, ha procedido a elaborar la
propuesta que ahora defiende y para la que pide el voto
favorable.
Termina exponiendo el contenido fundamental de los diversos
títulos que integran la proposición de ley.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra las señoras
Monzón Suárez, del Grupo de Coalición Canaria, Alemany i Roca,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), Urán González, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Del Campo Casasús,
del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición de ley debatida es rechazada
por 141 votos a favor, 170 en contra y tres abstenciones.
Proposición no de Ley (Página 9752)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, relativa a la
convocatoria de elecciones generales (Página 9752)
El señor Mauricio Rodríguez defiende la proposición no de ley del
Grupo de Coalición Canaria manifestando que la misma está basada
en tres razones principales, que son una razón política, una
razón de forma y procedimiento y también una cuestión de
oportunidad política.
Expone que uno solo de los cuatro o cinco grandes escándalos que
ha vivido este país en los años 1994 y 1995 hubieran precipitado
en cualquier democracia europea que tuviera un sentido del Estado
por encima de los intereses partidistas una convocatoria
electoral. Menciona asimismo el acto político fundamental en las
prácticas parlamentarias consistentes en el rechazo de los
presupuestos generales del Estado, quedando de hecho convertido
el Gobierno en un gobierno prácticamente en funciones, ante lo
que los grupos políticos dijeron que ya no era tiempo de
presupuesto sino de elecciones y a partir de cuyo momento, y con
motivo de esta proposición no de ley, en lugar de ir al fondo del
debate se acude a argumentos formales de si es o no
constitucional, de si debe plantearse o no la moción de censura o
la de confianza. Dado que no se presenta la moción de confianza,
porque el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha afirmado
reiteradamente que no la votaría, y que la moción de censura
constitucional sirve para sustituir un gobierno por otro, en el
caso presente se trataría únicamente de convocar elecciones ante
el bloqueo constitucional existente y una crisis política que
afecta a las instituciones del Estado. Aclara que éste es el
sentido último de su iniciativa, lo que permitiría un adelanto de
las elecciones breve pero suficiente para aprobar los
presupuestos generales del Estado antes del verano, evitando
perder un año decisivo para España en la convergencia europea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Albistur
Marín y la señora Rahola i Martínez del Grupo Mixto, señores
González de Txabarri y Miranda, del Grupo Vasco (PNV), y Molins i
Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señoras Aguilar
Rivero, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y De
Palacio Valle-Lersundi, del Grupo Popular y señor Solé i Tura,
del Grupo Socialista
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo de Coalición Canaria por 153 votos a favor, 174 en contra y
cuatro abstenciones.
En su caso, del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la
garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
transferidos a las Comunidades Autónomas (Página 9764)
En su caso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a las asignaciones complementarias para garantizar la
prestación de servicios básicos en las Comunidades Autónomas
(Página 9765)
En su caso, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, relativa a la adopción de medidas para
saldar la deuda histórica reconocida a las Comunidades Autónomas
de Andalucía y Extremadura (Página 9765)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista
interviene el señor Yáñez-Barnuevo García.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular hace uso
de la palabra el señor Seco Gordillo.
El señor Alcaraz Masats defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Carrera i Comes,
en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista
se aprueba por 152 votos a favor, 15 en contra y 128
abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular es
rechazada por 118 votos a favor, 167 en contra y diez
abstenciones.
Asimismo es rechazada en votación la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 15 votos a
favor, 278 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las once y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA:
--DE LAS CORTES DE ARAGON, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA
8/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON,
MODIFICADA POR LA LEY ORGANICA 6/1994, DE 24 DE MARZO, DE REFORMA
DE DICHO ESTATUTO (Número de expediente 127/000015)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de
reforma de estatutos de autonomía.
Debate de totalidad de la propuesta de las Cortes de Aragón,
sobre reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley Orgánica
6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto.
Para la presentación de la propuesta, tiene la palabra, en primer
lugar, el excelentísimo señor don Juan Antonio Bolea Foradada.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON (Bolea Foradada): Señor
Presidente, señorías, intervengo en representación del Partido
Aragonés para defender aquí, en el Congreso de los Diputados, la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que el
ya lejano 30 de junio de 1994 mereció la unánime aprobación en
las Cortes aragonesas.
Diputado por Zaragoza en las primeras elecciones democráticas de
1977, tuve el honor de formar parte de la Comisión
Constitucional. Guardo, por tanto, del Congreso el mejor de los
recuerdos, y hoy, confiado en su bien hacer, tengo la convicción
de que su sensibilidad política comprenderá la razón de ser de
esta iniciativa que, en definitiva, es sincero reflejo de la
voluntad autonomista de nuestro pueblo.
Quizá sea bueno recordar que el preámbulo de nuestra Constitución
proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos
de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones, y que en su artículo 2.º no
sólo reconoce sino que garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que integran la nación española y la
solidaridad entre todas ellas.
Que Aragón fue uno de los pueblos que con mayor convicción
demandó su reconocimiento, lo acredita el orden en que antes de
promulgarse la Constitución se aprobaron los regímenes
preautonómicos. Cataluña, en abril de 1977; País Vasco, en enero
de 1978; Galicia, el 16 de marzo de 1978 y Aragón, por Real
Decreto-ley del siguiente día, obtuvieron --por este orden-- el
reconocimiento de su personalidad jurídica y la
institucionalización de sus respectivos órganos de gobierno que,
en nuestro caso, y reanudando el tracto histórico, se concretó en
la Diputación General.
El 23 de abril de 1978, primer Día de Aragón, en la manifestación
autonomista que tuve el honor de convocar y presidir, más de cien
mil aragoneses dimos testimonio de nuestro orgullo histórico y de
nuestra fe en un futuro esperanzador, en convivencia solidaria
con los restantes pueblos de España.
Por Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982, con evidente retraso
respecto a la mayoría de las restantes comunidades españolas, se
aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón que, por variadas
razones y circunstancias, ni reflejó las aspiraciones
autonómicas, consonantes con nuestra singular historia, ni
alcanzó las deseables cotas que la Constitución admite. No es de
extrañar, por tanto, que en Aragón en estos catorce años se haya
exteriorizado una clara actitud inconformista, en la que en todo
momento el Partido Aragonés ha sido motor y fundamento de la
voluntad de reforma; reforma que, no se olvide, autoriza
expresamente la Constitución en sus artículos 147.3 y 148.2, una
vez transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del
Estatuto, y que, dato de trascendental importancia, queda
atribuida a la libre iniciativa de cada comunidad autónoma.
No obstante, en Aragón no ha sido fácil dar el primer paso,
fundamentalmente porque los partidos de ámbito nacional con mayor
representación parlamentaria han preferido refugiarse en la
teoría de los pactos globales en lugar de encauzar las
aspiraciones singulares, tan expresas y sinceras como la
aragonesa. Actitud que el pueblo aragonés ni entiende ni
comparte. Prueba irrefutable de esta discrepancia fueron, siendo
Presidente de la Diputación General Emilio Eiroa, del Partido
Aragonés, la impresionante manifestación autonómica del 23 de
abril de 1992, en la que más de 130.000 aragoneses ratificamos la
voluntad de reformar el Estatuto, la del Día de Aragón del
siguiente año y la que tuvo lugar en Madrid el 15 de noviembre de
1992 a la vera del Congreso de los Diputados.
Como fruto de esta presión popular, quince días después de la
primera de las indicadas manifestaciones, se constituyó en las
Cortes aragonesas una comisión especial con un concreto objetivo:
la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Sin embargo, la
proposición que por mayoría logramos articular no pasó el trámite
de la toma en consideración al no apoyarla los representantes del
Partido Socialista y del Partido Popular, so pretexto de que en
el ínterin ambas formaciones habían suscrito a nivel nacional un
nuevo pacto autonómico que cristalizó en la ley que en Aragón,
por su corto vuelo, conocemos con el apodo de «la reformita».
Hay que decir también que Aragón no es conformista en tema tan
trascendental para su futuro, y de nuevo la reacción social y el
empuje de fuerzas como el Partido
Aragonés consiguieron que el 13 de enero de 1994 se constituyese
en las Cortes Aragonesas un grupo de trabajo formado por los ocho
Diputados que anteriormente integramos la comisión especial y
que, tomando como documento de referencia el texto elaborado por
aquélla, y a lo largo de doce duras sesiones, consensuamos un
texto que, suscrito por los 27 diputados del Grupo Socialista,
los 17 del Partido Aragonés, los 16 del Partido Popular y los
tres de Izquierda Unida, fue presentado el 19 de abril como
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón,
proposición que por unanimidad aprobaron las Cortes de Aragón el
30 de junio de 1994. Su exposición de motivos recuerda el largo
proceso de nuestra autonomía; destaca la capacidad de
entendimiento demostrada para alumbrar un texto fruto del
consenso, con predominio de las ideas institucionales sobre
cualquier tendencia partidista, enfatiza que la reforma que se
produce redescubre nuestra identidad histórica, alienta la
participación, procura el desarrollo socioeconómico y el
equilibrio de Aragón y asegura, en la medida en que un texto
orgánico puede hacerlo, el permanente progreso de nuestra
Comunidad como parte inseparable de España y de la Unión Europea.
Este es, en definitiva, el texto que desde hace diecisiete meses
tienen SS. SS. en el Congreso, esperando, ojalá no sea en vano,
su decisión vivificadora. Ignoro si la facilidad que otorga un
texto, unánimemente consensuado, animará a la Junta de Portavoces
a proponer, como desearíamos, su tramitación urgente y desconozco
si próximos avatares políticos interrumpirán, una vez más, su
andadura.
En cualquier caso, señorías, deseo significar que en las Cortes
de Aragón, al aprobar la primera fase de esta reforma, Partido
Socialista, Partido Aragonés, Partido Popular e Izquierda Unida
públicamente coincidimos en que la misma respeta la Constitución,
es buena y necesaria para Aragón, recoge el sentir de nuestro
pueblo, es digna de nuestra singular historia y augura un futuro
de esperanza. Por ello, me permito, señorías, pedir vuestro voto
favorable para su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bolea.
El señor Piquer Jiménez tiene la palabra.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON (Piquer Jiménez): Señor
Presidente, señorías, venimos hoy a demandar su apoyo para
reformar el Estatuto de Autonomía de Aragón. Queremos solicitar a
los Diputados de nuestro Congreso su apoyo a un texto, a un
modelo, que, al redactarlo y plasmarlo, ha conducido a la
unanimidad de las fuerzas políticas aragonesas. Las formas,
señorías, señor Presidente, son imprescindibles en el devenir
político. Por ello, somos partidarios de una tramitación adecuada
y acorde con la que se ha dado al resto de los estatutos
aprobados en esta Cámara sin excepciones.
El pueblo de Aragón, señor Presidente, ha tenido, tiene y tendrá
siempre conciencia de su identidad histórica. Desde los primeros
albores de nuestro proceso autonómico nuestro Grupo
Parlamentario, que es la única fuerza política que conserva sus
siglas en mi tierra, ha mantenido un esfuerzo constante por
conseguir un texto que, emanado del Título VIII de nuestra Carta
Magna, fuera, junto con ella, la norma básica de convivencia de
un pueblo que ha hecho del derecho su núcleo de comportamiento
colectivo. En esa tarea, señorías, no han colaborado los avatares
políticos en Aragón y hemos vivido momentos difíciles, que hoy
superamos. Ese sentido profundo del derecho y de la justicia va
impreso en el texto que hoy presentamos y para el que pedimos su
apoyo: la toma en consideración de un nuevo Estatuto de Autonomía
para Aragón. Para llegar a ello ha hecho falta una gran dosis de
generosidad por parte de todas las fuerzas políticas firmantes.
La misma, señorías, que hoy les pedimos a ustedes.
Para nosotros, señor Presidente, para los aragoneses, pactos
rompen fueros y, en nuestras Cortes, todas las fuerzas políticas
allí representadas alcanzaron un acuerdo unánime, por encima de
ideas partidistas, con el deseo de llevar a cabo la reforma del
texto que se aprobó el ya lejano 10 de agosto de 1982 en esta
Cámara, y que hoy ha demostrado ser insuficiente para completar
el desarrollo de la Comunidad Autónoma aragonesa. Con el nuevo
texto, señor Presidente, buscamos resaltar nuestra identidad como
pueblo, reequilibrar nuestra tierra, estimular la participación
de nuestra gente en la cosa pública, en definitiva, alentar el
progreso de Aragón como pueblo histórico, cuna y parte
indisoluble de España dentro del marco de la Unión Europea. La
reforma institucional que planteamos, así como la competencial,
buscan la igualdad, la solidaridad y la suficiencia en el proceso
con el resto de comunidades autónomas.
Tenemos que reconocer hoy aquí, señorías, que la aparición de un
nuevo grupo político en las Cortes aragonesas hace posible que
hoy no se dé la total unanimidad en torno a este texto, pero ello
no quita firmeza ni vigor a las esperanzas de la inmensa mayoría
del pueblo aragonés, que desea tener autonomía plena, que
considera imprescindible que lo que ha sido posible y necesario
en Aragón, lo hagan ustedes hoy necesario y posible en España.
Nosotros consideramos que tenemos que seguir en la búsqueda del
predominio de las ideas institucionales sobre las partidistas, y
estamos convencidos de que en el trámite que hoy les pedimos a
SS. SS. hay unas fundadas esperanzas de conseguir el consenso y
el acuerdo que el Congreso de los Diputados ha impregnado en todo
el desarrollo constitucional en España. En la votación que van a
realizar hoy SS. SS. tiene depositada su confianza la mayoría del
pueblo
de Aragón, que quiere, con el conjunto de las comunidades
autónomas, fortalecer nuestro Estado.
Querría hacer un llamamiento desde esta tribuna, que no puede ser
otro que la intención que nos debería de guiar hoy aquí: la de
servir al Estatuto de Autonomía y nunca la de servirnos de él, de
nuestro Estatuto, como arma electoral. El pueblo aragonés así nos
lo ha pedido, así lo ha manifestado una y otra vez, a la luz del
día, en la calle, cada vez que se le ha convocado,
independientemente de qué fuerza política lo haya hecho. Por
ello, señor Presidente, señorías, no es ajeno a este texto de
reforma esa presión democrática que los ciudadanos aragoneses han
dejado patente a lo largo de los años. Ellos son los
destinatarios finales de la decisión política que ustedes adopten
hoy. Si en 1978, señor Presidente, en la primera ocasión en que
tuvimos oportunidad de defender nuestra identidad histórica, se
hubiera optado por la vía del artículo 151, como propugnábamos
algunas fuerzas políticas y que algunas fuerzas conservadoras en
Aragón no vieron, hoy, señoras y señores Diputados, seguramente
estaríamos hablando de otras cuestiones.
Señor Presidente, señorías, termino. Desde el respeto, desde el
cariño y desde la firmeza con la que un día un aragonés presidió
la proclamación de la primera Constitución de España, con el
mayor de los espíritus democráticos, con el respeto, con el deseo
y con la esperanza de poder contar con su confianza, les pido
encarecidamente su voto a favor de la toma en consideración del
texto de autonomía de Aragón.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Piquer.
Tiene la palabra el señor Gimeno Fúster.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES DE ARAGON (Gimeno Fúster):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Partido Popular de Aragón, me encuentro
en esta tribuna con un objetivo básico, y es el de defender el
texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Sería muy complejo y difícil que, en poco más de cinco minutos,
se pudiese reflejar aquí todo el contenido básico y sustancial
que tiene esta reforma, pero creo que afecta a los intereses y a
los pilares básicos de la estructura territorial del Estado
contemplados en la Constitución de 1978, por dos razones básicas
y fundamentales: una, porque se desarrolla el Estatuto de una
Autonomía que históricamente ha querido ser autónoma y, dos,
porque puede ejercer en otras comunidades autónomas un influjo
importante para continuar en la construcción de ese Estado
autonómico. Sin embargo, me gustaría, señorías, plantear alguna
reflexión que pueda motivarles a adoptar hoy una postura de apoyo
al texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, pero no
solamente hoy, sino durante la posterior defensa que en los
distintos trámites, en esta Cámara y en el Senado, tiene que
pasar el texto de reforma del Estatuto. Nada hay en ella, y tengo
que decirlo de forma muy clara, nada hay en ella que no haya sido
admitido en otras comunidades autónomas. Voy a hacer, señorías,
algunas referencias.
Se introduce el término «nacionalidad»; ya estaba en otros
estatutos de autonomía; se modifican sus períodos de sesiones; su
nivel competencial, con el único límite que contempla el artículo
179 de la Constitución, en el que se reconocen lo que son
competencias exclusivas del Estado; se establece un verdadero
sistema de corresponsabilidad fiscal, asignatura pendiente que
algún día habrá que tratar, y la posibilidad de regular, mediante
una ley de Cortes, la disolución de la Cámara por el Presidente,
entre otros muchos aspectos.
Nos encontramos, señorías, en un camino de construcción del
Estado de las Autonomías en este país que tiene difícil retorno.
Lo que fue en un principio elemento aglutinador de las autonomías
del artículo 143, el agravio comparativo, el apetito igualitario,
ha pasado a ser un verdadero sentimiento social de autonomía y de
forma especial en las comunidades autónomas denominadas de vía
lenta, que han optado, teniendo distintas posibilidades, por la
reforma estatutaria y no por la provisional, y hasta casi diría
yo reversible, prevista en el artículo 150.1 y 2 de nuestra Constitución.
Señorías, Aragón ha dado muestras más que evidentes de ese
sentimiento y fruto de ello es este texto consensuado por todas
las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón; digo de todas las
fuerzas políticas. Iniciativas parlamentarias no faltaron desde
1987; manifestaciones multitudinarias, tampoco, sobre todo, las
de 1992 y 1993; esfuerzos de consenso político, que no siempre
dieron los resultados apetecidos y, sobre todo, una comisión
especial que no pudo terminar su trabajo y que fue sustituida
después por un grupo de personas, los mismos componentes que
fraguaron este texto consensuado. Largo ha sido el camino hasta
el día de hoy, pero, por el resultado obtenido, bien merecía la
pena este esfuerzo.
Señorías, hoy, con su apoyo al texto de reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, se dará un segundo paso, serio e histórico,
en la consecución de la plena autonomía para este territorio del
Estado; texto en el que en su elaboración han primado razones
fundamentalmente institucionales sobre cualquier tendencia
partidista.
La idea de autonomía, señores Diputados, está, ha sido y ha
estado vinculada profundamente y con la esencia misma de la
Corona de Aragón, pero como un elemento vertebrador de esa
realidad y de esa unidad que es España. Señorías, el pueblo
aragonés ha dado sobradas cuentas y sobradas muestras de su
voluntad en pro de la plena autonomía, y no podemos defraudarle,
perseverando para la recuperación, como dice en su exposición de
motivos el texto, de su identidad histórica, porque Aragón está
convencido de que de esa forma colabora a desarrollar los
principios de unidad indisoluble de la nación española, de
igualdad y
de solidaridad entre los distintos territorios que la conforman.
Este texto redescubre la incuestionable identidad histórica de
Aragón, busca el reequilibrio territorial de esta comunidad
autónoma y asegura el permanente progreso como parte inseparable
de España. La reforma se enmarca, señorías, íntegramente no sólo
en el marco constitucional, sino en la legislación que regula las
relaciones entre el Estado y las distintas comunidades autónomas.
Este segundo paso que pueden dar
SS. SS. hoy en esta Cámara y los que haya que realizar después,
de no ser positivos, tendrían un doble efecto: uno, harían perder
toda la eficacia del primer paso que se dio ya en Aragón --la
aprobación por unanimidad del texto de reforma-- voluntad del
pueblo aragonés manifestada en sucesivas ocasiones; y, dos,
impediría dar cauce al verdadero sentido que tiene la autonomía,
que es, desde mi punto de vista, por definición, la capacidad de
cada comunidad autónoma para determinar su nivel de autogobierno
dentro del marco de la Constitución.
Por lo expuesto, señoras y señores Diputados, desde el Partido
Popular de Aragón creemos que existen razones históricas y
sociales, existen razones políticas y existen razones
constitucionales para que hoy, en esta Cámara, este texto de
reforma del estatuto de autonomía obtenga el voto favorable, cosa
que los aragoneses esperamos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gimeno.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre del Partido Aragonés para fijar la posición en este
debate, y quiero comenzar mi intervención con un saludo muy
cordial a los representantes de las Cortes de Aragón que han
defendido la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía como
legítimos representantes del pueblo aragonés, y también de una
manera muy especial a mi compañero de Partido, Juan Antonio
Bolea, que fue el primer Presidente de la Diputación General de
Aragón en el año 1978.
No obstante, a renglón seguido les diré, señorías, que lamento
mucho que éste llegue tarde y en un mal momento, lo que sin duda
rebaja nuestras esperanzas en la resolución final. Hoy, 21 de
noviembre, en un Parlamento que siente una gran sensación de
provisionalidad por la crisis política y la proximidad electoral
anticipada, para algunos es probable que este debate sea un puro
trámite o un trámite que viene en un buen momento, pero espero
que para ésos, para los que sea un puro trámite, no sea un
trámite de las circunstancias actuales y que sus convicciones
autonómicas pervivan y persistan a lo largo de mucho tiempo.
Lamento también que la Mesa y la Junta de portavoces ni siquiera
hayan cumplido sus propias previsiones, después de apelar a todos
los mecanismos reglamentarios posibles para retrasar este debate,
que nosotros, desde el Partido Aragonés, con el apoyo de otros
grupos en la Junta de portavoces, en especial de Izquierda Unida,
venimos reclamando desde el día 13 de diciembre de 1994.
Como se encargan de repetir en Aragón los partidos mayoritarios,
Partido Popular y Partido Socialista, aquí nada es posible sin su
consentimiento y su acuerdo. Luego convengamos, señorías, que si
este debate no se ha producido antes se debe exclusivamente a que
estos dos partidos no han querido y sólo lo han permitido cuando
la legislatura parece que ya concluye. De esta manera, el camino
que hoy comenzamos en el Congreso se cortará, espero que
temporalmente, sin aprobar un nuevo estatuto de plena autonomía
para Aragón.
Pero, señorías, aquí estamos y por nosotros no va a quedar. Esta
tarde hablaremos de autonomía, hablaremos del Estado autonómico,
hablaremos de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y
todo ello reforzado con el debate, que también tendrá lugar, del
Estatuto de Autonomía de Canarias.
Queremos hablar de Aragón y del Estado autonómico que diseña la
Constitución de 1978, el cual, señorías, hemos dicho muchas veces
que hay que desarrollarlo con lealtad constitucional y que debe
servir para sustituir el viejo modelo centralista, que tanto se
resiste a cambiar y que tan esforzados defensores tiene en la
práctica de cada día. No puede ser ésta una cuestión eternamente
pendiente. No se nos diga que somos un país con altas cotas de
descentralización, conseguidas en los últimos años. Comprendamos
que, con la situación preexistente de un Estado centralista, algo
teníamos que avanzar. Porque, si no resolvemos esta cuestión,
estamos incumpliendo la Constitución, creando agravios
comparativos y haciendo del Estado, en su conjunto, un Estado más
costoso y más ineficaz, lo que hace que muchos ciudadanos,
señorías, a estas alturas del desarrollo autonómico, se
cuestionen la validez de este modelo.
Para nosotros, el concepto de la autonomía ha ido siempre ligado
al concepto de la democracia. La autonomía es un concepto
imposible en la dictadura, de cuyo final celebramos estos días el
XX aniversario.
No es casualidad que el primer frenazo al desarrollo autonómico
viniera como consecuencia del 23-F y el clima de involución que
desembocó entonces en los pactos autonómicos de 1981, suscritos
por el Partido Socialista y la UCD. Por eso, a nosotros no nos
gustaron tampoco los pactos autonómicos de 1992, suscritos por el
Partido Socialista y el Partido Popular, cuyas ventajas no
percibimos, y hoy nos preocupa el anuncio que se hace desde estos
partidos de la amenaza de un tercer pacto autonómico.
Sobre lo que pensábamos del Pacto Autonómico de 1992 y sus
consecuencias, podría hoy reiterar aquí los mismos argumentos que
expliqué con ocasión del debate
de la Ley Orgánica de Transferencias, que tuvo lugar el día 24 de
septiembre de 1992, hace ya más de tres años. Lamento que el
tiempo nos haya dado la razón a los que discrepábamos. Podría
repetir cuanto dije, pues nada de lo sustancial ha cambiado.
Decíamos entonces y repetimos hoy, que el pacto suscrito entre el
Partido Popular y el Partido Socialista, tan distintos estos dos
partidos en casi todo y tan homologables en la cuestión
autonómica, no solucionaba los problemas; simplemente los
aplazaba y los agravaba.
La reivindicación de la autonomía, señorías, es una vieja
reivindicación aragonesa que ha encontrado muchos caminos a lo
largo de la historia. No es para Aragón una necesidad
sobrevenida, fruto de la moda o de la conveniencia, o de las
circunstancias político-electorales; es algo sentido por un
pueblo que fue reino, por un pueblo que fue Estado, por un pueblo
que tiene historia y por un pueblo que tiene voluntad de tener
plena autonomía.
Desde el proyecto o pacto de constitución federal del Estado
aragonés de 1883, pasando por los intentos de articular todo un
movimiento autonomista en los años 20 de este siglo, parado dicho
movimiento por la dictadura de Primo de Rivera, retomado
posteriormente con fuerza en el período republicano de 1931 al
1936, hasta llegar a la consecución del Estatuto de Caspe,
truncado de nuevo por el alzamiento militar de Franco y por la
dictadura subsiguiente, han sido muchos los esfuerzos y las
ilusiones de tantos buenos aragoneses como han trabajado a lo
largo del tiempo para obtener lo que hoy, sin duda, tratamos de
obtener en este debate.
Por eso, desde aquí quiero rendir homenaje a todos cuantos desde
entonces hasta nuestros días han luchado y trabajado para que
Aragón sienta el deseo y la necesidad de obtener la autonomía que
ahora la Constitución permite y ampara.
Hoy traemos para su reforma el ligero Estatuto que se nos
concedió el 10 de agosto de 1982, cuyo propio texto tenía
prevista la reforma transcurridos los cinco años. No han
transcurrido, señorías, cinco años, han transcurrido 15 desde
aquella fecha, y nosotros, desde el PAR, que hemos hecho de la
autonomía de Aragón una cuestión permanente, no una cuestión
contingente, en la medida en que depende de nosotros, hemos
intentado todo lo posible para reformar ese Estatuto que nació
insuficiente para colmar las necesidades y las ansias de los
aragoneses.
Así, al comienzo de la segunda legislatura en Aragón, en 1987,
con el Presidente Gómez de las Roces al frente del Gobierno
aragonés, el 15 de agosto, cuando ya era estatutariamente
posible, la Diputación General de Aragón acordó promover las
actuaciones preliminares para la reforma del Estatuto de
Autonomía de Aragón, por iniciativa en ese caso de las Cortes
Aragonesas reiterada dicha iniciativa el 25 de mayo de 1988, con
el envío del correspondiente texto de reforma que no encontró el
apoyo necesario.
En junio de 1990 fue remitido por el entonces gobierno de
coalición PAR-Partido Popular un texto que no obtuvo el apoyo
necesario por la oposición del Partido Socialista.
El 30 de abril de 1992 se acuerda la creación de una ponencia
especial para la reforma que, paralizada hasta el año 1994,
consiguió, al fin, después de mucho trabajo, después de limar
muchas asperezas, después de hacer dejación todos los partidos de
su proyecto máximo, consensuar el texto que hoy aquí debatimos.
Este texto, que es, señorías, el fruto del consenso y no el fruto
del enfrentamiento, es también la consecuencia de las
manifestaciones del 23 de abril de 1992, del 15 de noviembre de
1992 y del 23 de abril de 1992; es, señorías, el mandato del
pueblo aragonés expresado en la calle con rotundidad y con
responsabilidad; un pueblo que pide con argumentos y al que no
podemos defraudar.
A los aragoneses nos cuesta mucho pedir las cosas, pero nos sabe
muy mal que, cuando tenemos razón, se nos nieguen.
Este texto, señorías, tiene tres aspectos fundamentales, que voy
simplemente a enumerar. El primero de ellos es el reconocimiento
de Aragón como nacionalidad histórica. ¿A estas alturas alguien
puede en este Congreso de los Diputados dudar de que Aragón es
una nacionalidad histórica, cuando fue un reino, cuando fue un
Estado y cuando tiene tantas instituciones y tan rica historia
detrás?
También aborda la ampliación de las competencias para podernos
equiparar a otras comunidades autónomas próximas con las cuales
tenemos que competir cada día.
Por último, aborda un tema muy novedoso, como es el irresoluble,
por ahora, problema de la financiación autonómica. Hemos dicho
más de una vez, señorías, que no hay autonomía si no hay
economía, y realmente éste es otro de los graves problemas que
subyacen en el desarrollo autonómico.
Creo que este proyecto que hoy viene aquí ha encontrado una
fórmula que, además de recoger los derechos históricos de los
aragoneses, puede permitir una mayor justicia a la hora de
distribuir la fiscalidad, a la hora de distribuir la
financiación.
Hace pocos días hemos conocido, en un estudio publicado por la
prensa, que, si todas las comunidades autónomas pudieran tener el
sistema de cupo que algunas tienen, Aragón sería una de las más
beneficiadas y que tendría una financiación suplementaria de un
85 por ciento más de fondos, lo cual demuestra bien a las claras
el ejercicio permanente de solidaridad económica que Aragón hace
con el resto de territorios del Estado. Por tanto, señorías, es
hora también de que, aprovechando esta reforma de nuestro
estatuto, se cree la conciencia necesaria para abordar de una vez
por todas el tema de la financiación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mur, vaya
concluyendo.
El señor MUR BERNAD: Voy concluyendo, señor Presidente.
Termino, señorías, pidiendo el apoyo de todos los grupos a este
texto, el compromiso de los cuatro partidos políticos que lo
aprobaron en Aragón, para que se estudie por trámite de urgencia
y para mantener el consenso logrado en Aragón. A lo mejor, así
podemos hacer algo en esta legislatura. Y si no podemos, porque
la legislatura se termina, que lo retomemos de inmediato con el
mismo consenso que ahora lo hemos traído cuando comience la
próxima legislatura. Todo lo que avancemos creo que servirá. No
hay trabajo estéril, no hay trabajo baldío. Aragón se hizo
luchando y Aragón tiene que seguir haciéndose luchando. Nada se
regala, ni siquiera el derecho a la plena autonomía.
Permítame, señor Presidente, medio minuto para terminar con unas
palabras que no son mías, son de un gran aragonés, Julio Calvo
Alfaro, que las pronunció en una conferencia, en el curso 1932-
1936, casi nada, pero hoy son perfectamente válidas. Decía: A
España se la puede sentir e interpretar de muchas maneras y es
injusta la actitud de aquéllos que creen que sólo se puede sentir
a España como nación unitaria y que el que no lo hace así la
traiciona. Los alemanes son muy alemanes a través de sus
diversidades. Pero, sobre todo, el dilema para Aragón es de
renacer o de perecer. Allá los aragoneses que, movidos por una
concepción fanática de España, estén dispuestos a que se
crucifique Aragón. Allá ellos. Por nuestra parte, una generación
nueva inicia un movimiento de concentración de fuerzas y entre el
paisaje de dejaciones aragonesas se da cuenta de que la única
salvación de los aragoneses es centrar en Aragón todos sus
esfuerzos. Desde el partido aragonés así lo vamos a seguir
haciendo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, muy brevemente.
Subo a esta tribuna sólo para expresar en nombre del Grupo de
Coalición Canaria la importancia de la votación que vamos a tener
en favor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
No quisiera que mi intervención, por breve, se considerara una
intervención de trámite. Creemos, con todo entusiasmo, que esta
reforma que proponen las Cortes de Aragón es una iniciativa
política importante, porque responde a la vocación, a la voluntad
de un pueblo, que ha demostrado, en la movilización popular, con
sucesivas manifestaciones y movilizaciones de diverso tipo, su
voluntad de conquistar el autogobierno y su identidad. Nosotros
no tenemos más que celebrar y felicitar a las Cortes de Aragón, a
los Diputados que han intervenido, al consenso de todos los
partidos políticos, porque, con la aprobación de este estatuto,
empezamos a avanzar, desde la España del Estado de las
Autonomías, de hecho, a una España de Estado federal; porque la
propuesta de los aragoneses, en definitiva, marca ya los límites
de un estatuto federal para Aragón, que creemos que responde a
las necesidades objetivas del pueblo aragonés.
Mi felicitación, la de mi Grupo y nuestro apoyo entusiasta a la
iniciativa de las Cortes de Aragón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, nuestro Grupo parlamentario desea, en primer
lugar, saludar la presencia de los señores Diputados de las
Cortes Generales de Aragón y reconocer, también agradecer, la
defensa que han hecho de esta iniciativa legislativa de reforma
del Estatuto de Autonomía de Aragón, una defensa repleta de
convincente contenido, con su enlace histórico, con el que tanto
nos sentimos unidos desde Cataluña, y repleto digo de razón,
tanto en el proceso de elaboración de esta iniciativa como en lo
que fundamentó en su momento esta iniciativa.
Señorías, estamos ante una propuesta de reforma de Estatuto de
Autonomía, en este caso presentada por las Cortes de Aragón, que
pone de manifiesto el error de pactar en Madrid lo que cada
comunidad autónoma tiene que decidir en su propio territorio, en
su propio Parlamento. En el caso de Aragón, como en otros casos,
el llamado pacto autonómico suscrito en su tiempo por el Partido
Socialista y el Partido Popular, recibió el rechazo de la
población y el rechazo indirecto en este caso de las propias
Cortes de Aragón que, observando cuan pequeña le quedaba su
autonomía, decidió, por unanimidad, buscar el consenso a través
de una iniciativa, que es la que hoy se nos presenta, que pudiera
dar cumplida formulación jurídica y constitucional a una
solicitud yo diría mayoritaria en el pueblo aragonés. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor López
de Lerma.
Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños y guarden silencio.
Cuando quiera, señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Digo, señor Presidente, que de hecho esta propuesta de reforma de
Estatuto de Autonomía que presentan hoy las Cortes de Aragón nace
de la frustración de aquellos pactos y de la reacción contra
ellos, porque nadie mejor --reitero-- que el propio Parlamento
autonómico
para conocer cuál debe ser el contenido de cada uno de sus
estatutos y, por tanto, cuáles deben ser las competencias
legislativas y de gobierno.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, Grupo
especialmente sensible al tema autonómico, reconoce esta
iniciativa, la saluda, va a apoyarla y se manifiesta a favor,
señor Presidente, del incremento competencial para las Cortes de
Aragón, para su Gobierno y para su Parlamento.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de
Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, algunos que
han querido hacer análisis de las características de los pueblos
han dicho que los aragoneses somos tozudos. Yo creo que más bien
constantes, porque, como aquí se ha señalado, ya en 1987 comenzó
Aragón la modificación de su Estatuto de Autonomía, insatisfechos
como estábamos del Estatuto de 1982. Quiero empezar recordando
que éste es el primer Estatuto del consenso. El Grupo Comunista
en 1982 no votó a favor del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Izquierda Unida en 1994 no votó tampoco la primera modificación
del Estatuto de Autonomía de Aragón. Esta es, por tanto, la
primera vez que nosotros vamos a votar a favor de una
modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Yo creo,
señorías, que ésta es una cualidad a resaltar de esta
modificación de este Estatuto: la unanimidad que ha tenido en las
fuerzas políticas. Es cierto también que la unanimidad de las
fuerzas políticas no ha sido obtenida sin esfuerzo --no sólo por
ese trabajo desde 1987, llevamos muchos años trabajando por el
consenso--, sino que han sido los ciudadanos, a los que se hurtó
la participación mediante referéndum en el procedimiento
estatutario cuando se decidió que la vía para Aragón era la del
143 y no la del 151, los que la han reclamado. Se ha hecho
empujados por la presión de los ciudadanos en la calle, año tras
año, miles de ciudadanos. Quiero recordar aquí a SS. SS. que, un
15 de noviembre de 1992 varios miles de ciudadanos aragoneses
estuvieron a la puerta de este Palacio del Congreso pidiendo y
reclamando la autonomía plena. Han sido los ciudadanos los que
han reclamado el consenso de todas las fuerzas políticas.
Esa es la razón de nuestro voto. Esta es la reforma para la
autonomía plena. Y no es porque Aragón tenga derecho sólo. Desde
luego, lo tiene porque han transcurrido los cinco años; tiene
derecho porque es una de las nacionalidades históricas de este
país. El territorio actual de Aragón es la única comunidad
autónoma del Estado Español que mantiene sus fronteras sin
inmutarse durante siglos; es la única de las comunidades
autónomas que históricamente durante más siglos ha permanecido
inalterada. Si se trata de cultura o de lengua, quiero recordar a
SS. SS. que Aragón es trilingüe, tenemos tres lenguas en el
territorio de Aragón y evidentemente la trayectoria cultural.
Pero no es un problema de derechos históricos, es un problema de
voluntad política de los aragoneses que, como he dicho, han
reclamado año tras año la plena autonomía para su comunidad autónoma.
¿Qué sentido tiene entonces que en el Congreso de los Diputados
se ponga trabas a este consenso de todas las fuerzas políticas de
Aragón y a esta voluntad manifestada por todos los ciudadanos?
¿Qué sentido tienen los dieciséis meses que ha estado el proyecto
de estatuto sin tramitar? ¿Qué sentido tienen las trabas que
sucesivamente se han puesto a lo largo de este año?
No se aceptó que el estatuto de autonomía de Aragón, con el resto
de estatutos de autonomía pendientes, se tramitasen dos cada mes.
No se aceptó que en los meses en que decaían las iniciativas se
incluyera una nueva iniciativa. No se aceptó en el pasado mes de
octubre. Sólo cuando los que están presos de los pactos
autonómicos de 1992, el Partido Socialista y el Partido Popular,
han tenido la certeza, la seguridad, de que este trámite iba a
ser vacuo, sólo cuando han tenido la certeza y la seguridad de
que no iba a continuar la tramitación del estatuto de autonomía
plena de Aragón, sólo en esa ocasión han permitido que,en un día
21 de noviembre, estemos votando la toma en consideración de este
estatuto de autonomía de Aragón. ¿Qué sentido tiene, por tanto,
enfrentarse a la opinión mayoritaria de los ciudadanos?
Otra de las cualidades que se nos achaca a los aragoneses es que
somos claros, que somos sinceros. Yo emplazo a las dos fuerzas
políticas que acordaron el pacto autonómico de 1992, que además
dijeron a los aragoneses que ese pacto no impediría la autonomía
plena, a que digan aquí y ahora, puesto que a continuación van a
intervenir en esta tribuna, si hay algún inconveniente de
dificultad constitucional para asumir este estatuto; que lo digan
aquí y ahora. Que digan también aquí y ahora por qué no han
querido que se tramite el estatuto de autonomía plena de Aragón
hasta esta fecha.
También diré una cosa, todavía estamos a tiempo. Quiero recordar
a SS. SS. que en un 5 de febrero de 1991 se votó la toma en
consideración de siete modificaciones estatutarias. Pues el 28 de
febrero del mismo año, veintitrés días tan sólo después de la
toma en consideración, los estatutos estaban aprobados con
carácter definitivo por el Senado. Por tanto, señorías, quiero
apelar a la voluntad política de los partidos mayoritarios, de
los partidos del pacto autonómico de 1992: si queremos todos
todavía estamos a tiempo, a pesar de que esta mañana en la Mesa y
en la Junta de portavoces el Partido Socialista y el Partido
Popular han votado en contra de la iniciativa de Izquierda Unida
de que se tramitase por lectura única. Todavía estamos a tiempo,
porque aquí está toda la Cámara. Señorías, no podemos convertir
este trámite en una mera farsa,
porque se acercan las elecciones, porque el Partido Socialista y
el Partido Popular tienen la seguridad de que no se va a tramitar
el estatuto que no quieren, el estatuto de autonomía plena de
Aragón. No puede ser una nueva farsa porque se acercan las
elecciones. Ya nos lo hicieron en las elecciones de 1993, ya
dijeron: No se preocupen, al día siguiente de la modificación del
Estatuto que se aprobó en esta Cámara en 1994, fruto de los
pactos autonómicos, al día siguiente se iniciará la tramitación
de la autonomía plena.
¿Qué pasa, que ahora, otra vez, porque se acercan las elecciones,
pretenden engañarnos a todos los aragoneses diciendo: No
preocuparse, se va a tomar en consideración? Todos sabemos que de
nada sirve la toma en consideración si no se sigue tramitando.
Señorías, si se disuelven las Cámaras habrá que reiniciar de
nuevo el proceso. ¿Qué significa reiniciar el proceso? ¿Otra vez
esperar dieciséis meses, otra vez esperar hasta las vísperas
electorales de la siguiente legislatura para que con nuevas
promesas se vaya engañando? Señorías, si realmente hay voluntad
política de que Aragón tenga su plena autonomía, porque tiene
derecho a ello, porque han transcurrido ya los cinco años
previstos en la Constitución, pero, sobre todo, porque todas las
fuerzas políticas aragonesas, por primera vez, por unanimidad, lo
piden, y todos los ciudadanos aragoneses año tras año nos han
exigido a sus representantes que luchemos por la autonomía plena,
por esas dos razones Aragón debe tener esa autonomía plena.
Si queremos, antes de que se disuelva esta Cámara se puede
conseguir. Por eso emplazo a los dos grupos mayoritarios que
ahora van a intervenir a que digan claramente cuál es su posición
sobre el contenido del Estatuto; si hay algún inconveniente
constitucional, si va contra los pactos que han hecho
mutualmente. Que lo digan ahora y aquí para que los ciudadanos
sepan qué es lo que cada uno piensa, al margen de que la cercanía
electoral haga decir cosas que realmente no se piensan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, señorías, subo nuevamente
a esta tribuna, desde la cual, a lo largo de diez años, he tenido
bastantes intervenciones, y lo hago seguramente para realizar mi
última intervención como Diputada en este Congreso; y subo para
hablar de un tema regional. Quizá las circunstancias de la vida
nos cierran ciclos casi sin que nos demos cuenta. Yo empecé --y
permítanme SS. SS. una referencia personal-- mi actividad
política en las Cortes de Aragón y precisamente hoy subo a hablar
de un tema que es una iniciativa de las Cortes de Aragón y que ha
sido presentado aquí por representantes políticos en esas Cortes
de Aragón. Subo a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular con especto a la toma en consideración de esta
proposición de ley, que fue aprobada por unanimidad, como ya se
ha dicho, el 30 de junio de 1994 por las Cortes regionales y que,
de acuerdo con nuestro Ordenamiento Constitucional, tiene que
seguir su tramitación en las Cortes Generales por cuanto afecta a
una Ley Orgánica de desarrollo constitucional.
Muchas cosas se han dicho ya sobre el Estatuto de Autonomía de
Aragón y algunos juicios de valor e inexactitudes se han vertido
desde esta tribuna. Efectivamente, la Constitución de 1978, que
aprobamos por consenso y que fue mayoritariamente aceptada por
todos los españoles, introdujo un cambio importante en el modelo
territorial español. Pasamos de un Estado centralizado a la
España de las autonomías, y con la aprobación de los estatutos, a
partir del año 1981, se fue poniendo en marcha lo que hemos
conocido como la España de las autonomías.
Yo no voy a hacer historia, no me voy a retrotraer a cuáles
fueron los debates de los años 1981 y 1982 ni a cuál hubiera sido
la situación si los aragoneses, al igual que las llamadas
comunidades históricas, más Andalucía, hubiéramos accedido a la
autonomía por el artículo 151, en lugar de haberlo hecho a través
de la vía del artículo 143. Lo que sí es cierto es que nuestra
Constitución dejaba la puerta abierta para que, cinco años más
tarde de la aprobación de los estatutos de autonomía, aquellas
comunidades que accedimos por el artículo 143 pudiéramos revisar
nuestros estatutos. Esto significa que se podría haber iniciado
su revisión a partir del año 1987-1988.
¿Por qué no se inició ese proceso en España? Desde luego, algunas
fuerzas políticas tienen más responsabilidad que otras, por
cuanto en el año 1988 había una fuerza política en España, el
Partido Socialista, que gobernaba con mayoría absoluta en las dos
Cámaras, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y que si
hubiera tenido voluntad política de seguir adelante con el Estado
de las autonomías contemplado en nuestra Constitución, en estos
momentos, 1995, no estaríamos hablando de revisión de estatutos,
ni del de Aragón ni del de ninguna otra comunidad autónoma.
Quizás al Partido en el Gobierno, entonces y ahora, le convenía,
por intereses de partido, por intereses de gobierno, tener
abierto el modelo autonómico y trasladar «sine die» el cierre de
ese diseño hasta momentos políticos más interesantes para ellos.
Aquí se ha hablado del pacto autonómico de 1992 y se han hecho
juicios de valor de cómo nos afectaba a los aragoneses --algo
diré a continuación sobre ello--. Fue necesario que en 1992 se
llegase a un pacto autonómico que no era el diseño autonómico del
Partido Popular: lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos
dicho a los miembros del Partido Popular de Aragón en la tierra y
fuera de ella, y yo aprovecho para decirlo hoy aquí en esta
tribuna, como también lo repetí cuando debatimos la reforma del
Estatuto de Aragón de 1992. No era nuestro modelo autonómico,
pero lo que sí es cierto es que cuando se firmaron esos pactos
políticos el Partido Socialista tenía mayoría absoluta y el
Partido Popular tenía 106 escaños. Por tanto, conseguimos llegar
hasta donde pudimos forzar las máquinas del Partido en el
Gobierno, pero que no se intente confundir, como no se ha
confundido a la opinión pública aragonesa: no era el modelo
autonómico del Partido Popular, sino, en aquellos momentos, hasta
donde se pudo llegar con el Partido en el Gobierno.
En estos momentos, como decía en un principio, estamos en el
trámite de toma en consideración del modelo autonómico que las
Cortes aragonesas han aprobado y proponen a estas Cortes
Generales. Aquí se ha dicho --y haré referencia a continuación--
que, una vez más, se intentaba engañar. Yo creo que cuando en
esta Cámara se debate una toma en consideración de una
proposición, se está manifestando la voluntad política con
respecto al trámite de esa proposición de ley. Lo que se está
haciendo --y así lo va a decir el Grupo Parlamentario Popular con
su voto afirmativo-- es que esta proposición de ley remitida por
el Parlamento autonómico aragonés siga adelante en su trámite
parlamentario y que Aragón, quizás una vez más, sirva de punta de
lanza en lo que seguramente serán las demandas de otras
comunidades autónomas.
Se ha hablado aquí y se habla en Aragón de autonomía plena. Yo
solamente quiero hacer una llamada de atención sobre el término
que hemos acuñado y que seguramente se utiliza con distintos
significados, que seamos conscientes --y aquí nos sentamos
diputados aragoneses-- de que la autonomía plena no es un fin,
como desde algunas fuerzas políticas se pretende, sino que única
y exclusivamente es un medio para conseguir un Aragón más
equilibrado y, sobre todo, en igualdad de condiciones que el
resto de las comunidades autónomas y básicamente las vecinas.
Pero hay que recordar algo. Es difícil tener autonomía sin una
financiación adecuada. La autonomía política sin financiación
económica se queda coja, es un binomio que necesita las dos
partes para poder existir y funcionar. Y hablando de
financiación, es necesario también recordar aquí cuál ha sido la
actitud del Gobierno central, que desde el año 1988 debería haber
aplicado los principios contemplados en la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, en la Lofca, que,
cuando fue aprobada en el año 1983, fijó unos criterios y un
plazo de financiación transitorias. Pues bien, este es el momento
en el cual los criterios contemplados en la Lofca han sido
aplicados. Nada se ha sabido de las asignaciones para nivelación
de los servicios y, desde luego, el funcionamiento del Fondo de
Compensación Interterritorial, que nació y se contempló en
nuestra Constitución precisamente para lo que su nombre
significa, que es compensar los distintos territorios de la
nación española, no sirvió para eso.
Hablando de financiación, hay que hablar de corresponsabilidad
fiscal. Desde luego no ha sido el modelo que siguió el Gobierno
socialista hace dos años con la transferencia del 15 por ciento,
quizá porque, una vez más, lo que pretendió el Gobierno de la
nación no fue la mejor política autonómica y equilibrada para
todo el territorio nacional, sino tener equilibrios de gobierno y
equilibrios de mayorías y minorías en esta Cámara.
Es preciso --y en este momento ya no me refiero única y
exclusivamente al texto del Estatuto de Aragón-- que para todas
las autonomías se definan las competencias, las que son del
Estado, intransferibles e indelegables; es preciso también que el
paso siguiente sea la definición de las competencias que son
susceptibles de transferencia o delegación a las comunidades
autónomas y, a continuación, como decía hace un momento, el
modelo de financiación basado en un principio de
corresponsabilidad fiscal.
Se han vertido argumentos, juicios de valor y comentarios
dirigidos en algunas ocasiones por parte de compañeros Diputados
en esta Cámara que me han precedido en el uso de la palabra con
respecto a otras fuerzas políticas y, en concreto, al Partido
Popular. Se ha dicho que la teoría de los pactos globales, la
teoría de pacto de 1992, no había sido entendida por el pueblo
aragonés, y para ello se ha hecho referencia a las
manifestaciones en las cuales casi todos los representantes
políticos estuvimos y, desde luego, esta Diputada que les habla.
Y se ha dicho también que en período preelectoral el Partido
Popular ha intentado engañar a los aragoneses. No hay mejor
medida para tener en cuenta cuál es ese sentir que los resultados
en las urnas y yo debo decir que tenemos muy cerca unas
elecciones autonómicas celebradas el 28 de mayo de este mismo
año. Los aragoneses no se habrán sentido muy engañados por el
Partido Popular cuando de 67 parlamentarios de las Cortes
regionales, el Partido Popular tiene 27 y otras fuerzas políticas
que dicen que hemos engañado a los aragoneses tienen 14 o 5.
Nada más lejos de mi intención ni de la de los compañeros del
Partido Popular que arrogarme la representación de todos los
aragoneses. Cada uno tenemos la representación que las urnas nos
han deparado y, desde luego, el 28 de mayo en las elecciones
autonómicas y municipales el Partido mayoritariamente votado a
distancia de otros partidos ha sido el Partido Popular.
Se ha hablado también de que el Partido Popular había intentado
dilatar el debate de la toma en consideración de la reforma del
Estatuto de Autonomía. Lo que no se ha dicho con claridad es que,
al tiempo que el Estatuto de Autonomía, había un número
importante de iniciativas de otros parlamentos regionales que
habían llegado a esta Cámara, en algunos casos dos y tres años
antes de la fecha en que llegó el Estatuto de
Autonomía de Aragón, y que el criterio que se fijó en la Junta de
Portavoces fue el de seguir el orden cronológico, al objeto de no
establecer agravios comparativos entre comunidades.
Yo sé que es muy fácil llegar a la Comunidad Autónoma de Aragón y
emitir estas opiniones de una manera sesgada, quizá porque en
algún momento se intenta patrimonializar los intereses de los
aragoneses. Los intereses de los aragoneses los defendemos todos
los que estamos en política y también, desde luego, como decía
antes, queda perfectamente claro la confianza que los aragoneses
tienen en cada fuerza política cuando van a las urnas y emiten su
opinión mediante una papeleta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rudi, le ruego concluya.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, termino en dos minutos.
Pues bien, no es ésa la realidad, sino que única y exclusivamente
se ha pretendido aplicar un criterio objetivo, que era el de la
fecha de orden cronológico para no crear agravios comparativos.
El señor Martínez, de Izquierda Unida, ha hecho referencia a un
acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces. No es un acuerdo de la
Mesa, señor Martínez, es acuerdo de la Junta de Portavoces. Se lo
digo para no inducir a confusión. La Mesa calificó el proyecto de
ley remitido por la Cámara y hoy ha sido en la Junta de
Portavoces cuando se ha solicitado la urgencia; no se ha visto en
la Mesa. (Rumores.) En cualquier caso, documentos escritos
quedan. Sé que se ha pedido en la Junta de Portavoces que se
tramitara por urgencia y en lectura única y el señor Martínez,
para argumentar su posición, ha hecho referencia a modificaciones
estatutarias del año 1991, modificaciones estatutarias concretas
que afectaban de una manera escasa, por no decir nula, al
contenido enjundioso de los estatutos de autonomía.
El texto del Estatuto de Autonomía de Aragón que viene hoy aquí y
que estamos tomando en consideración --y no coincido con las
tesis mantenidas por el señor Mauricio, no es que podamos ir
camino de la España federal; este Estatuto de autonomía, señor
Mauricio, es un modelo contemplado en la Constitución-- contiene
modificaciones de suficiente calado político, que no sólo
afectarían a la Comunidad Autónoma de Aragón, sino también a todo
el modelo autonómico, como para que el Grupo Parlamentario
Popular entienda que deba ser debatido, sin prisa pero sin pausa,
y con el debido sosiego. El señor Martínez hacía referencia a que
éste había sido el Estatuto de Autonomía del consenso. Pues bien,
debemos conseguir entre todos que lo que se modifique en estos
momentos goce de un debate con el consenso y sosiego suficientes
con el fin de que no esté sometido a posteriores modificaciones.
Señor Presidente --y con esto termino--, quiero dejar clara la
posición política del Partido Popular, que ya había sido puesta
de manifiesto en la intervención en esta tribuna de mi compañero
en las Cortes regionales, señor Gimeno. No se lancen dobles
mensajes a los aragoneses, que cada uno sepamos la
responsabilidad que tenemos y que también sepamos que la
modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón únicamente la
podrá hacer en solitario aquella fuerza política que pueda tener
mayoría en esta Cámara y, desde luego, hay algunas fuerzas
representadas en Aragón que nunca la tendrán.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a defender la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en la toma en consideración de la
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Comenzaré, en primer
lugar, saludando a los representantes de las Cortes de Aragón que
nos acompañan hoy y que han defendido el texto de la reforma.
El voto de nuestro Grupo va a ser positivo porque consideramos
que existe hoy en Aragón una demanda plasmada en el texto que nos
envían las Cortes de Aragón y en manifestaciones públicas de los
ciudadanos aragoneses.
Esta reforma de Estatuto viene después de lo que comienza a ser
historia respecto de la autonomía aragonesa. El Estatuto fue
aprobado siguiendo la iniciativa del artículo 143. Hoy hemos oído
aquí que distintas fuerzas políticas se distancian de ese
planteamiento inicial. Yo quiero que todas SS. SS. mantengan la
memoria política sobre lo que cada fuerza política hizo en su momento.
El texto de ese artículo fue tramitado a través del artículo 143
de la Constitución. Se inició en San Juan de la Peña, se debatió
a todos los niveles en la Asamblea de parlamentarios, se debatió
también en la Cámara
--yo, como Diputado, he sido coprotagonista de todo ese proceso--
y, finalmente, fue aprobado en 1982. Posteriormente, los acuerdos
autonómicos suscritos entre el Partido Socialista y el Partido
Popular dieron pie a una reforma de este Estatuto, reforma que se
tramitó por las Cortes de Aragón con la mayoría suficiente, que
vino y se debatió en esta Cámara y que ha sido aprobada en el año
1994. Sin embargo, esta reforma ha sido objeto de fuertes
críticas por parte de algunas formaciones políticas en el seno de
las Cortes de Aragón, dio origen a un debate social en la
Comunidad
Autónoma, con manifestaciones que aquí se han citado, en
particular la del 23 de abril del año 1992, Aragón, a través de
sus instituciones, plantea la necesidad de proceder a una nueva
reforma del Estatuto y, de alguna manera, la reforma que hoy
discutimos es el fruto de ese debate que se produce
fundamentalmente en las Cortes de Aragón. Ese texto que hoy se
nos envía con el apoyo de todos los grupos, se debe tramitar como
ley orgánica, tal y como señala el artículo 147.3 de la
Constitución.
Respecto a la toma en consideración de este texto, ya he dicho
que el voto de nuestro Grupo va a ser positivo, para poner de
manifiesto nuestra posición política de admitir la necesidad de
una reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que responda a
las demandas que antes he señalado. Tengo que decir también que
nuestro voto favorable no presupone la conformidad con todo el
texto que se somete a votación. Pensamos que este texto, en su
debate y tramitación parlamentaria, precisará modificaciones que
se deberán hacer teniendo en cuenta el desarrollo global del
Estado de las autonomías y por amplio acuerdo entre las fuerzas
políticas. Cualquier modificación que se proponga debe ser
acordada por las fuerzas políticas, como ha sido la norma de
funcionamiento en todo el desarrollo constitucional y, en
particular, en el desarrollo estatutario.
Sin pretender ser exhaustivo, sí me gustaría señalar alguno de
los puntos en los cuales nuestro Grupo pretende introducir
modificaciones al texto que se nos envía desde las Cortes de
Aragón. El artículo 47 del texto propone un sistema de
financiación que, desde nuestro punto de vista, se tiene que
considerar difícilmente constitucional. La Constitución, en su
artículo 157.3, remite a una ley orgánica la regulación de las
competencias financieras de las comunidades autónomas. Esta Ley,
la Lofca, se aprobó en esta Cámara en el año 1980 y, en mi
opinión, no es compatible con el convenio bilateral que recoge el
artículo 47 del texto. La aprobación de tal texto supondría una
solución singular y específica para la Comunidad Autónoma de
Aragón en contra de la previsión constitucional y, de
generalizarse, podría plantear una dispersión significativa de
los modelos de financiación autonómica que rompería con el actual
modelo de desarrollo autonómico. Nosotros pensamos que es
claramente incompatible con la Lofca y que su aprobación
significaría poner en cuestión todo el desarrollo del sistema de
financiación de las comunidades autónomas hasta ahora en marcha.
Por tanto, nuestra oposición es muy crítica con todo el sistema
de financiación que se contiene en esta reforma de Estatuto.
Otro punto al que me gustaría referirme es que el texto incide en
la autonomía municipal que establece la Constitución en su
artículo 140, así como en la suficiencia de medios económicos de
los entes locales que se recoge en el artículo 142 de la
Constitución; principios constitucionales desarrollados, como SS.
SS. saben, por la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
En efecto, el artículo 46 de este texto considera recursos
propios de la comunidad autónoma los que han sido transferidos o
delegados por las corporaciones locales, y establece la tutela
financiera de los entes locales. Tal figura, señoras y señores
Diputados, no existe ni en la Constitución ni en la Lofca, por
tanto, su aprobación volvería a suponer una ruptura con el modelo
de financiación que tenemos en vigor en las comunidades
autónomas, en el sistema autonómico. Esto está en contradicción
con los principios del desarrollo constitucional y del desarrollo
legal, que es la Lofca. Más aún, tenemos que tener en cuenta que
modificar esos planteamientos significaría tener que modificar,
en este caso, la Lofca, e iría en la dirección contraria a
reafirmar la autonomía municipal; vocación política que ha puesto
de manifiesto la reciente Asamblea de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Esta Asamblea ha hablado de
transferencias desde las comunidades autónomas a los
ayuntamientos. Sin embargo, en este texto se habla de
transferencias de sus tributos de los ayuntamientos a las
comunidades autónomas, lo cual iría en contradicción con el
espíritu desarrollado en esa asamblea de la Federación Española
de Municipios y Provincias. Efectivamente, el artículo 52 impone
la colaboración en la gestión, en la liquidación, en la
recaudación e inspección de los tributos locales, lo que aparece
como una delegación forzosa en menoscabo de la autonomía
municipal. En contra, pues, de planteamientos políticos
sustentados por los grupos mayoritarios de esta Cámara en esa
reciente asamblea, la reforma del Estatuto de Autonomía pretende
una tutela sobre los ayuntamientos que nos parece incompatible
con la reafirmación de la autonomía municipal, que desde esta
Cámara nuestro Grupo pretende apoyar.
No voy a entrar en el detalle respecto del resto de los
problemas, pero hay otras cuestiones que entran en contradicción,
no tanto con el texto de la Constitución como con el desarrollo
de la misma, porque, como SS. SS. saben, a lo largo de estos años
ha habido un número muy elevado de sentencias del Tribunal
Constitucional señalando y delimitando el alcance de las
competencias estatales y de las comunidades autónomas. En muchos
casos es discutible alguno de los planteamientos que se hacen en
este texto.
El planteamiento político de nuestro Grupo es el de dar un voto
positivo a esta reforma de Estatuto que, desde nuestro punto de
vista, significa la voluntad política de que, efectivamente,
exista una reforma, pero una reforma cuyos contenidos tendrán que
ser modificados durante su tramitación parlamentaria con un
espíritu y con una vocación de entendimiento y de encuentro, no
solamente en el seno político de las Cortes de Aragón, en el que
ya ha habido ese entendimiento
--que saludamos positivamente--, sino también en el seno de las
Cortes Generales y teniendo en cuenta los intereses generales de
nuestro país, el desarrollo de la Constitución y el desarrollo
autonómico, que, desde nuestro punto de vista, tienen que ser los
elementos básicos que han informado hasta ahora los acuerdos
constitucionales respecto de las autonomías y que deben seguir
informándolos. Nos parece que el desarrollo autonómico se debe
llevar a cabo por consenso en las Cortes Generales, que es
negativo que cada comunidad autónoma nos proponga modelos
radicalmente diferenciados o que supongan una dispersión en los
mecanismos de financiación o en los mecanismos de actuación
autonómica. En todo este proceso hubiera sido necesario que,
puesto que hubo unos acuerdos autonómicos que afectaban a la
Comunidad Autónoma de Aragón, no hubieran sido rotos
unilateralmente, que se hubieran mantenido. Y si es necesario
modificar los acuerdos, modifíquense, pero no se rompan
unilateralmente teniendo solamente en cuenta los intereses de
mantener una cierta armonía en el seno del Gobierno de Aragón o
de adornar una determinada visita del jefe de filas político a
una comunidad autónoma.
Pensamos que los planteamientos políticos, actuando con
responsabilidad, deben ser los de buscar tal progresión en el
modelo autonómico, en un modelo autonómico global, tratando de
encontrar el consenso entre las fuerzas políticas y no rompiendo
en ningún caso unilateralmente, lo cual nos parece una
irresponsabilidad, los acuerdos que se habían mantenido.
Para terminar señalaré que, efectivamente, las Cortes de Aragón
nos traen y apoyan con fuerza, como hemos visto hoy, esta reforma
del proyecto de estatuto. Este es uno de los temas que suscitan
preocupación y es una de las prioridades en la opinión pública
aragonesa. No es la primera prioridad. En una encuesta que se
publicaba este fin de semana en un medio de prensa aragonés,
aparecía como la quinta entre las prioridades establecidas por
los ciudadanos en una consulta popular, detrás de temas como el
desempleo, el agua u otros problemas que preocupan más a los
aragoneses. Pero, sin duda alguna, es uno de los temas de mayor
preocupación en el seno de la comunidad aragonesa. Es por eso por
lo que nuestro Grupo quiere acoger positivamente esta iniciativa.
Desde mi punto de vista, me parece muy importante que aquí hoy
todos los grupos parlamentarios vayamos a votar positivamente la
toma en consideración de este proyecto de reforma del Estatuto,
que debe tramitarse como ley orgánica, en el cual pretendemos, a
lo largo de su tramitación, introducir modificaciones y que las
mismas se hagan en función del desarrollo autonómico razonable de
la Constitución y con acuerdos con amplia base parlamentaria.
Nada más por nuestra parte. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz
Lorenzo (El señor Martínez Blasco pide la palabra.)
Señor Martínez Blasco, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, al amparo de los
artículos 70 y 71 del Reglamento, por una manifiesta inexactitud
que se ha producido a lo largo del debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene S. S. la palabra.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
La señora Rudi, que es Secretaria de esta Cámara, ha incurrido en
una importante inexactitud, puesto que tanto el artículo 150 del
Reglamento, como el apartado 4.º de la resolución de 1993, que
regula la tramitación de los estatutos de autonomía, dicen que el
Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, podrá acordar que el Estatuto se tramite directamente
y en lectura única. Quiero decir, por tanto, que la Junta de
Portavoces no es la que ha desestimado esta mañana la petición.
Ha sido la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.
Tal vez la señora Rudi, que se encontraba en un acto social, no
se hallaba presente en la reunión de la Mesa de la Cámara, cuando
lo ha decidido, defendiendo los intereses de nuestra Comunidad
Autónoma. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, para seguir precisando
las «precisiones» --entre comillas-- del señor Martínez.
En primer lugar, debo decirle que a la reunión que se ha
celebrado esta mañana de la Mesa --a las actas me remito--, en su
horario habitual de las diez, no ha llegado ningún documento
solicitando que la proposición de ley remitida por las Cortes de
Aragón se tramitara en lectura única.
En segundo lugar, después de la reunión de la Mesa de la Cámara
esta Diputada no estaba en un acto social. Esta Diputada estaba
representando a la Cámara, acompañando a S.M. en la cuestación de
la Cruz Roja. Por tanto, que quede claro dónde estaba ejerciendo
como Secretaria de la Mesa, al mismo tiempo que la señora Frías,
Secretaria del Partido Socialista. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.--El señor De Rato Figaredo: ¡Machista!)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Vamos a pasar a la votación correspondiente (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de totalidad relativa a la
propuesta de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto,
de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, formulada por las Cortes de Aragón. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 318; votos a favor, 310; votos en contra, tres;
abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptada en votación de totalidad la
propuesta de reforma.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Se somete al Pleno la exclusión del orden
del día de la presente sesión del dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en
relación con el Diputado don José Ramón Lago Freire. ¿Acuerda la
Cámara la exclusión de este punto? (Asentimiento.) Queda
aprobada.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS
LEGISLATIVAS:
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento,
ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición
de ley orgánica sobre alteración de los límites provinciales,
consistente en la segregación del municipio de Gátova de la
provincia de Castellón y su agregación a la de Valencia. ¿Acuerda
la Cámara la tramitación directa y en lectura única?
(Asentimiento.) Queda aprobada.
La Mesa, asimismo, oída la Junta de Portavoces, y de acuerdo con
el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la
aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única
del proyecto de ley orgánica de transferencia de competencias a
la Comunidad Autónoma gallega. ¿Lo acuerda la Cámara?
(Asentimiento.) Queda aprobada.
AVOCACION POR EL PLENO DE PROPOSICIONES DE LEY:
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de
la deliberación y votación final de la proposición de ley de
montes y aprovechamientos forestales.
¿Acuerda el Pleno recabar la deliberación y votación final de
esta proposición de ley? (Asentimiento.) Queda aprobada.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE
AUTONOMIA (Continuación.):
--DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA
10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS
(Número de expediente 127/000016)
El señor PRESIDENTE: Propuesta del Parlamento de Canarias, sobre
reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto
de Autonomía de Canarias.
Para la defensa de la propuesta tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Bravo de Laguna. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Bravo de Laguna.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Bravo de Laguna
Bermúdez): Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy es un día importante para la autonomía de Canarias,
pues se trae a este Congreso la aprobación, en su caso, de la
toma en consideración de la iniciativa del Parlamento de Canarias
sobre reforma de su Estatuto de Autonomía. Permítanme SS. SS.
decir que siento una especial emoción al subir de nuevo a esta
tribuna después de haberla ocupado en numerosas ocasiones durante
mi etapa como Diputado nacional por la provincia de Las Palmas
entre 1977 y 1989. Y esa emoción es especialmente intensa hoy
porque se trata, como dije antes, de un tema de especial
trascendencia para nuestra comunidad autónoma. Hoy vengo en mi
condición de Diputado del Parlamento de Canarias, que me honro en
presidir, para defender ante SS. SS. el voto favorable de la toma
en consideración de la reforma del Estatuto. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Bravo.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Bravo.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Bravo de Laguna
Bermúdez): Fue en una sesión similar a ésta, el 12 de mayo de
1982, cuando se aprobó por el Congreso el Estatuto de Autonomía
de Canarias, que luego se convirtió en la Ley Orgánica de 10 de
agosto de 1982. Entre aquel día de mayo de 1982
y este final de 1995 parece que se hubiese tendido una especie de
puente, del que me siento especialmente orgulloso por haber
estado en su inicio y en su finalización.
Señorías, la autonomía de Canarias es complicada. Sin embargo, en
1982, y confío que también en 1995, el voto de esta Cámara fue
prácticamente unánime: a favor entonces de la aprobación del
Estatuto, y espero que en esta ocasión a favor de la toma en
consideración. Porque las razones, señorías, que movieron a los
grupos parlamentarios entonces a dar ese voto afirmativo son, a
mi juicio, muy similares a las que justificarían también el voto
afirmativo de SS. SS. a esta toma en consideración.
Prácticamente, aquel inicio de la autonomía --naturalmente
incierto,como todo inicio-- en desarrollo del Título VIII de la
Constitución se ha consolidado hoy. Aquella autonomía que nació
sin recursos, sin medios, sin transferencias, hoy gestiona nada
menos que un presupuesto cercano a 500.000 millones de pesetas.
Pues bien, señorías, las razones políticas son, sin embargo,
idénticas. Tres son fundamentalmente las consideraciones que yo
quiero transmitir a SS. SS. para la aprobación de esta propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía. En primer lugar, porque
entonces, cuando se aprobó el Estatuto, y ahora, en su reforma,
se trata de un buen estatuto de autonomía, un estatuto con un
máximo techo competencial; en segundo lugar, porque se trata de
un estatuto adaptado a la singularidad canaria; y en tercer
lugar, por el valor político del propio consenso conseguido entre
las fuerzas políticas canarias, ahora, nacionales entonces, y
espero que también las fuerzas políticas que se sientan en este
Congreso lo apoyen. Un estatuto de máximo nivel competencial, que
fue complementado en su día con una ley orgánica de
transferencias, la llamada Lotraca que completó el marco
competencial de tal manera que Canarias, desde el principio, pudo
equipararse a las autonomías de mayor nivel en materia de
educación, en materia de obras públicas, en materia de sanidad y
en tantas otras competencias.
Una segunda razón, porque el Estatuto de Autonomía y su reforma
se adaptan a la singularidad canaria, desde el tratamiento de los
cabildos insulares, el acogimiento del régimen económico y fiscal
de Canarias, la posibilidad de la audiencia previa de la
Comunidad Autónoma de Canarias en la negociación de aquellos
convenios o tratados internacionales que afecten de manera
singular al archipiélago, hasta el desarrollo de la disposición
adicional tercera de la Constitución, en cuanto que recoge
también la audiencia previa del Parlamento de Canarias para
cualquier modificación de su régimen económico fiscal, y el
propio tratamiento electoral, siempre complejo, siempre difícil
en Canarias, adaptado a la realidad insular. En definitiva,
señorías, un estatuto de autonomía que se adapta, yo creo que muy
bien, a las singularidades de Canarias, de tal manera que,
estando en el marco del desarrollo del Título VIII de la
Constitución, sin embargo, tiene las singularidades que exige
nuestro archipiélago.
Y una tercera razón, señorías, el propio valor del consenso
político. El consenso político alcanzado en Canarias ha tardado
en llegar. Hemos estado trabajando en esta reforma del Estatuto
casi tres años. Ha sido un trabajo intenso y complicado, pero, al
final, las fuerzas políticas que nos sentamos en el Parlamento de
Canarias aprobamos por unanimidad, el 20 de diciembre de 1994, la
iniciativa que hoy se ve ante el Congreso; y lo fue por
unanimidad de los 59 Diputados, presentes entonces, de los 60 que
componen la Cámara regional. ¿Y por qué? Porque entendimos que
por encima de las diferencias políticas que puedan surgir entre
los distintos grupos parlamentarios en la Cámara regional, con
independencia de la distinta concepción sobre la autonomía, sobre
la definición de la propia comunidad autónoma, sobre los techos
competenciales, sobre las circunscripciones electorales y sobre
tantas cuestiones que han enconado muchas veces la vida política
canaria estaba el acuerdo básico institucional en Canarias para
sacar adelante también la reforma estatutaria.
Ese valor es importante, señorías, porque da tranquilidad y
sosiego a los ciudadanos de Canarias. Canarias es una comunidad
autónoma que está en medio de una especie de contradicción,
porque por una parte es una comunidad casi con el mayor índice de
paro de toda España, con una crisis económica importante desde el
punto de vista de la marginación social, pero al mismo tiempo es
una comunidad con una gran potencialidad de futuro, que está
creciendo hoy en producto interior bruto, junto con Baleares, por
encima de la media nacional, y en consecuencia, señorías, el
sosiego y la tranquilidad política que puede dar ese consenso
estatutario sobre la reforma institucional básica de Canarias nos
parecen un valor esencial.
Señorías, por las tres razones que motivaron la aprobación en su
día prácticamente unánime de este Congreso y que son básicamente
idénticas a las que yo he enunciado hoy, pido el voto favorable
del Congreso de los Diputados para la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo de Laguna.
En nombre del Parlamento de Canarias, tiene también la palabra el
señor Belda Quintana.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Belda Quintana):
Señor Presidente, señorías, decía el ilustre investigador francés
Sabino Berthelot, allá por el siglo XVIII, al referirse a las
inscripciones en piedra de los antiguos pobladores de las Islas
Canarias, que algunas de ellas son signos de lo más extraño y no
pueden relacionarse con ninguna
figura o representación que ilumine el espíritu. Pues bien,
esperemos que este acto de hoy no se convierta, tal y como
opinaba Berthelot de aquellas escrituras guanches, en algo
extraño, sin significado y sin ulteriores consecuencias, por los
efectos que se puedan derivar del retraso de casi un año de este
trámite parlamentario desde que el Parlamento de Canarias aprobó
por unanimidad la propuesta y la remitió a esta Cámara.
A nuestro entender, esta reforma tendría que haber estado
perfectamente tramitada y aprobada por las Cortes Generales desde
hace varios meses. Después de más de tres años de trabajo en una
comisión de estudio en el Parlamento de Canarias se han
incorporado aproximadamente unas treinta y cuatro modificaciones,
de las cuales queremos destacar las siguientes. En primer lugar,
la introducción de la consideración de nacionalidad para
Canarias, cuestión ésta que no formuló inicialmente ninguna otra
fuerza política salvo Coalición Canaria. Canarias es una
nacionalidad siguiendo la tradición del pensamiento político que
ya desde el último tercio de siglo pasado marcaron personajes
canarios como Nicolás Estévanez, continuada durante el cambio de
siglo por Secundino Delgado hasta llegar a la Segunda República
con José Franchi y Roca o Ramón Gil Roldán, quien llegó a
elaborar un proyecto de estatuto de autonomía que iba a ser
discutido en una asamblea prevista para celebrarse el 18 de julio
de 1936, reunión que nunca llegó a celebrarse por razones obvias.
En segundo lugar, la inclusión de la necesidad de que la
comunidad autónoma ejerza sus competencias en las aguas que
rodean a las islas. Somos un archipiélago con espacios marítimos
y terrestres, no islas suspendidas en el vacío, somos una
comunidad autónoma insular, no continental.
En tercer lugar, la profundización de las disposiciones actuales
sobre la participación del Gobierno de Canarias, junto al Estado,
en las negociaciones con la Unión Europea de los asuntos que
afecten específicamente a Canarias. Somos la única comunidad
autónoma del Estado con un status jurídicamente diferenciado en
Europa. Canarias ha sido declarada región ultraperiférica, junto
con regiones como Madeira o Azores. Además, nuestro régimen, de
integración en Europa ha cambiado desde el año 1985 y nos son de
aplicación numerosas disposiciones comunitarias específicas,
derivadas de la lejanía y la insularidad.
En cuarto lugar, se introduce la posibilidad de atribuir más
facultades a la Comunidad Autónoma en relación con los impuestos
derivados de nuestro régimen económico y fiscal. Régimen especial
que constituye, en definitiva, nuestro acervo histórico,
reconocido por la propia disposición adicional tercera y artículo
45 de nuestro Estatuto.
Existen temas que, en aras del consenso y la unanimidad
conseguida en Canarias, hemos dejado en el tintero. Sin embargo,
el hecho de que de momento no abordemos éstos y otros temas, no
quiere decir, en ningún caso, que renunciemos a los mismos. De
momento los dejaremos aparcados, pero es voluntad de Coalición
Canaria plantearlos en futuras reformas estatutarias. Decimos
futuras reformas estatutarias, porque la visión que tiene nuestro
Grupo del Título VIII de la Constitución es una visión
absolutamente abierta.
Canarias es una comunidad singularmente diferenciada, tal y como
se reconoce en el artículo 138 de la Constitución y disposición
adicional tercera. Necesitamos un estatuto de autonomía que
incluya cuestiones específicas derivadas de nuestra condición de
archipiélago oceánico, compuesto por islas que arrastran unas
diferencias estructurales en recursos económicos que dificultan
gravemente la subsistencia por sí misma y que, además, se
encuentran alejadas de Europa y próximas a Africa.
Por ello, necesitamos marcos institucionales adecuados que
permitan configurar políticas propias y diferenciadas de las
políticas continentales. Y ese marco institucional deberá ser
flexible y abierto para ser modificado cuando las circunstancias
políticas o socioeconómicas de las islas así lo exijan.
Señorías, valorando positivamente la reforma propuesta, esperamos
que el consenso y la unanimidad conseguidos en Canarias entre
todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria se
mantenga durante su tramitación en las Cortes Generales. No ha
sido fácil. Más de tres años de esfuerzo y trabajo constante, de
debate, de diálogo, de estudio, de consultas, yo creo que no
deben caer en saco rato. Romper con aquello que la inmensa
mayoría de los canarios, a través de sus legítimos representantes
en sus instituciones, ha querido, podría acarrear consecuencias
políticas institucionales, incluso sociales, no deseadas en un
archipiélago que, no olvidemos, se encuentra a casi 2.000
kilómetros de esta tribuna.
Creemos que desde esa realidad, desde esa insularidad alejada,
desde esa óptica insular es como deben abordarse por esta Cámara
las peculiaridades incluidas en la reforma del Estatuto canario.
Somos siete islas muy pobladas, y ese hecho insular, esa
dispersidad en el océano y, a la vez, puente entre tres
continentes (Europa, Africa y América) condiciona nuestras vidas;
condiciona nuestros problemas, nuestro propio autogobierno,
nuestra forma de ser y de ver las cosas; condiciona la propia
psicología del canario e, incluso, condiciona la manera de sentir
nuestra nacionalidad, de la misma forma que ya desde 1878 la
sintiera el que fuera también miembro de esta Cámara, don Nicolás
Estévanez, en su célebre poema «Canarias» al decir: Mi patria es
una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño, como los
riscos donde vi la aurora.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo de Coalición
Canaria.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belda.
Finalmente, en nombre del Parlamento de Canarias, tiene la
palabra el señor Brito.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Brito Soto): Señor
Presidente, señorías, el Estatuto de Autonomía de Canarias lleva
ya trece años de andadura, se puede efectuar, por tanto, un
primer balance global, y ese primer balance global indica una
experiencia claramente satisfactoria. Gestionamos en forma plena
la educación, la sanidad, los servicios sociales, la agricultura,
la industria, el turismo, gran parte de las infraestructuras; en
fin, como se acaba de afirmar hace un rato, un conjunto de
competencias que comportan en su desenvolvimiento presupuestario
casi medio billón de pesetas. Trece años son también, en nuestra
opinión, un tiempo adecuado para proceder a su reforma, sobre
todo si, como es el caso, la misma aparece planteada desde el
consenso político básico, que se manifiesta en todos los temas de
la misma, salvo en la parte referida a la reforma del sistema
electoral.
De los tres aspectos en que las fuerzas políticas canarias hemos
dividido la reforma (reformas institucionales, bloque
competencial y reforma del sistema electoral) me referiré
básicamente a los dos últimos. Haré, sin embargo, una breve
consideración respecto del primer bloque de temas en algunos
elementos que me parecen especialmente sustanciales.
Así, la solución dada al artículo I, «Canarias como expresión de
su identidad singular y en el ejercicio del derecho al
autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad se
constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la Nación
Española», reproduce casi literalmente la enmienda número 1 del
Grupo Parlamentario Socialista en el debate producido en esta
misma Cámara en 1982. Que trece años después aquella enmienda
número 1 de los socialistas de las Cortes Generales sirva para
resolver el frontispicio del Estatuto de Autonomía de Canarias,
nos parece un hecho que, desde la intervención que yo produzco
aquí, debíamos resaltar.
En segundo lugar, nos parece especialmente satisfactorio el
engarce producido entre Comunidad Autónoma y cabildos insulares
que deriva de lo dispuesto en los artículos 8, 22 y 23 de la
propuesta de reforma. Nos parece, igualmente, un elemento a
resaltar la parte referida a la previsión de futura reforma del
Estatuto de Autonomía, artículo 63, y al diálogo
interinstitucional entre Parlamento de Canarias y Cortes
Generales que, a modo de garantía institucional, se regula en el
mismo, siguiendo un modelo que ya había establecido el Estatuto
valenciano.
Por lo que hace relación al bloque competencial, el objetivo
definido por las fuerzas políticas canarias y por el Parlamento
de Canarias, en definitiva, consiste en convertir nuestro
Estatuto de Autonomía en un Estatuto de máximo nivel
competencial. Así, en relación con ese objetivo se han realizado
dos operaciones: en primer lugar, definir qué competencias se
atribuyen a la Comunidad Autónoma de Canarias y, partiendo del
núcleo de competencias del actual Estatuto de Autonomía, se han
incorporado al mismo las previstas en la Lotraca (Ley Orgánica de
Transferencias Complementarias). En segundo lugar, las previstas
en el pacto autonómico para los Estatutos del artículo 143 de la
Constitución Española y que no estaban ya atribuidas a la
Comunidad Autónoma vía Ley Orgánica de Transferencias
Complementarias. En tercer lugar, se realiza la elevación en
algunas materias de nuestro nivel competencial, pasando en
algunos casos de competencias de mera ejecución a competencias de
desarrollo legislativo y ejecución, y de estas últimas a
competencias exclusivas. Se incorporan al Estatuto algunas
competencias nuevas que no figuraban en el mismo o en los
apartados anteriores, cuya incorporación es constitucionalmente
imposible y que ya figuran en otros estatutos de autonomía. Se
incorporan, asimismo, novedades derivadas de nuestro peculiar
Régimen Económico y Fiscal, y es que culminada la reforma del
Régimen Económico y Fiscal, parecía conveniente producir el
engarce con la reforma del Estatuto de Autonomía.
En segundo lugar, y por lo que hace relación al bloque
competencial, se define el nivel con el se atribuyen las
competencias. En definitiva, se ordena el conjunto del bloque
competencial en competencias exclusivas, competencias de
desarrollo legislativo y de ejecución, y competencias meramente
ejecutivas, acabando con la dispersión que en esta materia se
daba hasta ahora en el Estatuto canario y reconduciendo, por
tanto, a categoría claramente definida y unitaria el conjunto de
las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias.
En tercer lugar, se aborda la reforma del sistema electoral, y me
pararé algo más en esta materia. He de señalar en primer lugar,
como antes indicaba, que es el único aspecto en el que no ha
habido consenso. La propuesta de reforma en esta materia
únicamente ha sido respaldada por 31 votos del Parlamento de
Canarias. Esa propuesta consiste en elevar los topes, insular al
25 por ciento, y regional al 5 por ciento, para la obtención de
Diputados. En nuestra opinión, se trata de una solución débil y
parcial al principal problema que ha manifestado el
funcionamiento del sistema político canario durante los doce o
casi trece años de su transcurso. No tiene explicación posible
que una reforma del Estatuto de Autonomía de la profundidad que
nos planteamos orille o dé una solución parcial al principal
problema político que se ha manifestado en nuestra Comunidad
Autónoma. Así, los principales problemas que derivan del sistema
electoral canario, basado en las circunscripciones insulares,
serían los siguientes. En primer lugar, su tendencia a la
desigualdad. El 14 por ciento del electorado residente en las
islas periféricas tiene la misma representación en el parlamento
que el 86 por ciento del electorado residenciado en las
islas centrales. De ello deriva un valor del voto, que en su
hipótesis extrema origina que el voto de un ciudadano herreño
tenga quince veces más valor que el voto de un ciudadano de Gran
Canaria y 13,24 veces más valor que el voto de un ciudadano de
Tenerife. En segundo lugar, el sistema electoral produce una
tendencia al fraccionamiento de las fuerzas políticas. En tercer
lugar, produce una tendencia a la dispersión del propio sistema
político. El corolario de todo ello es la inestabilidad política,
constante de nuestro sistema político en los últimos doce años.
Los socialistas venimos planteando como solución a este problema
la creación de una circunscripción electoral regional, añadida a
las actuales circunscripciones insulares, que se mantendrían con
la misma representación. Esta respuesta atenúa la desigualdad, en
la medida en que produce igual valor de voto en la elección de
los Diputados correspondientes a la circunscripción regional. En
segundo lugar, asegura la comparecencia regional de las fuerzas
políticas. Les obliga a presentar programas y respuestas
regionales a los problemas y a configurar candidatos únicos a la
Presidencia del Gobierno que presentar ante el conjunto de los
ciudadanos de Canarias. En tercer lugar, potencia la unidad
política de Canarias e impide o dificulta al menos la dispersión
y el fraccionamiento del sistema político canario. La unidad
política de Canarias necesita, desde luego de voluntad política,
pero también de instrumentos que potencien, que posibiliten esa
unidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Brito, le ruego concluya.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Brito Soto):
Concluyo, señor Presidente.
Los canarios tenemos una contrastada vocación y voluntad de
pertenencia al proyecto colectivo que es España. Esa voluntad y
vocación de pertenencia se fortalece en nuestra opinión
profundizando en nuestro autogobierno, definiendo fórmulas de
participación en la tarea común, profundizando, en definitiva, en
el Estado autonómico desde una lectura abierta y federalizante de
la Constitución Española. Es por todo ello por lo que pedimos a
este Congreso de los Diputados la toma en consideración de la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Brito.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo como portavoz del Grupo Mixto y también en
representación del Partido Aragonés para fijar la posición en
este debate que se propone sobre la reforma del Estatuto de
Autonomía de Canarias. También quiero saludar a los señores
representantes del Parlamento de Canarias, que tan brillantemente
han defendido esta proposición, y congratularme evidentemente de
que en este Congreso de los Diputados, donde la apatía
autonomista casi siempre invade nuestros debates, hoy llevemos ya
más de dos horas hablando de autonomía, primero de la autonomía
de Aragón, ahora de la autonomía de Canarias. A pesar de todo, yo
creo que no es casualidad, ya que Aragón y Canarias tienen un
componente muy parecido en cuanto a la reivindicación
autonomista, tienen una singularidad política en su espectro
político, con fuerzas políticas propias, que son capaces de
defender allí y aquí y quizá de arrastrar a los partidos
nacionales, a los partidos estatales a que vengan aquí a traer y
a defender, como han hecho esta tarde, las legítimas aspiraciones
de pueblos que luchan denodada y constantemente por su autonomía.
Pero es que esta lucha, señorías, no es solamente beneficiosa en
este caso para el pueblo canario, que a través de su Parlamento
ha traído aquí esta petición. Creemos que es buena para el
conjunto del territorio del Estado. Y aquí me gustaría hacer
hincapié en que estas demandas, que evidentemente surgen donde
surgen y cuando surgen, no tienen necesariamente que
generalizarse: Se puede y se tiene el derecho a ser autonomista,
pero no se tiene la obligación de correr más en el desarrollo
autonómico si no se siente esa necesidad. Lo digo para aquellos
que ya nos amenazan con que el avance autonomista de los que
queremos serlo tiene que ir ligado a los que no quieren correr
tanto. Recabo el derecho, como ha ocurrido aquí esta tarde, de
que comunidades autónomas, en este caso la de Canarias, como
antes lo fue la de Aragón, queramos llevar un ritmo distinto, nos
sintamos insatisfechos con los estatutos que en este momento
tenemos y estemos trayendo aquí al debate, a la votación y, sobre
todo, ante la opinión pública que queremos ir más deprisa, que
nuestros estatutos se nos han quedado cortos, que las demandas de
nuestros pueblos no están satisfechas. A mí me gustaría también
que el Estatuto canario pudiera ser tramitado por la vía de
urgencia. Me gustaría que este debate, que previsiblemente, dado
el consenso con que viene del Parlamento de Canarias, va a ser
aprobado, no se truncara por esa anticipación electoral, porque
si no tendríamos la sensación de haber sido objeto de un engaño,
de haber retrasado la tramitación, y eso que el de Canarias se ha
adelantado y aún podrán decir los grupos mayoritarios a Coalición
Canaria: pero ¿de qué os quejáis, si no os tocaba este mes y os
hemos adelantado la tramitación?, cuando eso no sería más que un
pequeño señuelo para dejarnos satisfechos esta tarde, pero que a
ningún sitio llevaría.
Por tanto, señorías, esperemos que el camino no se trunque. En
cualquier caso, el trabajo bien hecho siempre servirá. El
precedente que queda aquí esta tarde no será fácil de borrar en
el futuro, porque si no saliera ahora, si no terminara la
tramitación en esta legislatura,
estoy seguro de que las aspiraciones del pueblo canario volverían
con redoblado interés a esta Cámara, y no veo fácil que los
grupos parlamentarios que hoy fijan aquí una determinada posición
pudieran, a la vuelta de cuatro, cinco o seis meses, cambiar,
aunque, evidentemente, en política no solamente todo es posible,
sino que a veces resulta hasta probable.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en primer lugar el Grupo de Coalición Canaria quiere
expresar aquí su felicitación a los Diputados del Partido
Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria que en
nombre del Parlamento de Canarias han venido a defender un
Estatuto que ha salido, después de un largo trabajo, por amplio
consenso, que refleja la opinión, la voluntad, la intención del
pueblo canario.
Lo que se viene a plantear hoy aquí es un acto que para nosotros
tiene un significado histórico, y es la presentación de la
mayoría de edad de un pueblo que viene al Congreso de los
Diputados a plantear que está dispuesto a que se le reconozca su
identidad nacional y su voluntad de máximo autogobierno. El
pueblo canario está ya en condiciones de autogobernarse, exige
autogobernarse, y ese es el fondo del debate que entra hoy con la
reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo
1 reconoce la identidad del pueblo canario, el carácter de
nacionalidad reconocido por la Constitución Española y, por
tanto, su capacidad de autogobierno. Sin embargo, hay un peligro
que tiene hoy el debate de este acto tan importante para los
canarios, que, por cierto, entendemos que tiene un contenido de
Estado, sobre el problema que representan unas islas lejanas, un
archipiélago lejano, que tiene problemas singulares, y que de no
responderse correctamente a sus exigencias y a sus necesidades,
se convertiría en un problema conflictivo de Estado. En la
medida, repito, en que es un problema de Estado, merece la
atención mayor de esta Cámara y sin duda de nuestro Grupo
Parlamentario, que está completo en este acto, simbolizando la
enorme importancia que tiene para el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria la reforma del Estatuto de Autonomía. Nosotros
creemos que en estos meses próximos se van a resolver tres
problemas históricos para la articulación de Canarias en el
proceso de integración europea y en el marco de la nueva España
de las autonomías. Estamos hoy con la reforma del Estatuto de
Autonomía, muy pronto con el estatuto permanente y ahora mismo
batallando contra un Gobierno central insensible para el
desarrollo del régimen económico y fiscal. Son las tres piezas
que articulan el status moderno, desarrollado del autogobierno de
Canarias. Sin las tres piezas complementarias nuestra autonomía,
nuestro autogobierno no tendría el significado histórico y la
importancia decisiva que tendría que tener. Nosotros venimos aquí
a plantear un primer problema. Hoy todos los grupos
parlamentarios van a apoyar la reforma del Estatuto de Autonomía
de Canarias, pero ese acto tan importante puede convertirse,
desgraciadamente, en un acto inútil, porque si el 31 de
diciembre, cuando se disolverán, según la voluntad del Presidente
del Gobierno, las Cortes Generales, terminando esta legislatura,
el trámite del Estatuto de Canarias no ha culminado, este debate
habrá que repetirlo después de las elecciones del mes de marzo.
Como todo acto inútil produce melancolía, nosotros no queremos
ser un pueblo melancólico y lo que queremos es invitar a todos
los grupos parlamentarios a que se pronuncien hoy aquí, porque
para que este acto tenga el gran significado que tiene que tener
hay que culminar la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
en este año, el 31 de diciembre. Hacemos una propuesta --está el
Ministro para las Administraciones Públicas, están los portavoces
de todos los grupos parlamentarios, está la voluntad o no del
Gobierno y está la voluntad del Congreso y del Senado--: ¿es
posible que la semana que viene llevemos a cabo la discusión por
el trámite de urgencia del Estatuto de Canarias, para que los
plazos se recorten al mínimo, para que el debate del Estatuto en
el Senado se haga por lectura única, como plazo máximo el 21 de
diciembre y podamos a final del mes de diciembre aprobar
definitivamente aquí la reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias? Porque si no se produciría un cierto engaño y una
cierta frustración en el pueblo canario.
Creo que si hay voluntad real, hoy ya debíamos de haber aprobado
en la Junta de Portavoces, donde tuvimos ese debate, en el que
participé activamente, la necesidad de que la tramitación de este
Estatuto se hiciera por lectura única. Tengo que agradecer a
Izquierda Unida, al Partido Nacionalista Vasco, a Convergència i
Unió, al Grupo Mixto que junto a nosotros mismos hayan apoyado el
trámite de la lectura única, con lo cual, en una semana podríamos
tener la reforma del Estatuto de Autonomía. Desgraciadamente, el
Partido Socialista y el Partido Popular dicen que dada la
enjundia --utilizaron ese argumento-- de la reforma del Estatuto
de Canarias, debería utilizarse un trámite normal. Pero si en un
plazo corto presentamos las pocas enmiendas que ese Estatuto debe
tener, si en un plazo corto las resolvemos en Ponencia y en
Comisión, si en el Pleno del 14 de diciembre se aprueba y pasa al
Senado en lectura única el 21 de diciembre, al final de este año,
cumpliendo precisamente el año en que se entregó la propuesta de
reforma del Estatuto por el Parlamento de Canarias, tendríamos la
conquista del autogobierno.
Si paralelamente a eso se plantea que el Gobierno de España deje
de estar boicoteando, frenando y obstruyendo la reforma del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que está reconocido por
el Estatuto, sería
bueno. Tenemos informes de la Comisión Europea, de representantes
cualificados en Europa, del Grupo de servicios, que dicen que la
única dificultad para el desarrollo del Régimen Económico y
Fiscal, reconocido en este Estatuto, no es Europa, no es
Bruselas, sino que es Madrid, y pedimos que Madrid desbloquee los
temas del Régimen Económico y Fiscal que hoy se votan aquí. Una
cosa es la letra del Estatuto y, otra, la realidad. A mí no me
vale, en absoluto, que aprobemos un Estatuto si luego lo
vulneramos. Si el año pasado aprobamos la Ley de Régimen
Económico y Fiscal, pieza clave del autogobierno de Canarias, lo
estamos vulnerando con su falta de desarrollo. Para qué aprobar
algo aquí y hacer retórica puramente electoral, si después no lo
cumplimos. Cuando se dice en el Estatuto de Canarias que hoy se
va a aprobar aquí que Canarias participará en las negociaciones
internacionales en el marco de la Unión Europea, recuerden
ustedes que un reciente acuerdo pesquero y agrario, lamentable
para las islas, que nos ha dejado indefensos, debería haber
tenido la presencia de los canarios para que no fuéramos las
víctimas principales de un acuerdo en contra de la voluntad de
nuestro pueblo.
Por último, el Régimen Económico y Fiscal reconocido en este
Estatuto dice al Gobierno español (por cierto, aquí está sólo el
Ministro para las Administraciones Públicas; que se lo transmita
al Presidente del Gobierno) que en la Cumbre de Madrid de los
días 15 y 16 de diciembre hay que poner en el orden del día el
estatuto permanente de Canarias en la Unión Europea. Son las tres
partes que componen el autogobierno de las islas. Si conseguimos
los días 15 y 16 de diciembre que se introduzca esta propuesta
para la Conferencia Intergubernamental del año que viene; si
conseguimos el desarrollo del REF en lo que se refiere a que la
lejanía e insularidad de Canarias sea compensada con políticas
específicas, en particular la zona especial y, sobre todo, el
programa de empleo y formación de Canarias que lo establece; si
conseguimos que el Estatuto de Autonomía de Canarias sea aprobado
por trámite de urgencia antes del 31 de diciembre, este acto de
hoy tiene un enorme significado histórico. Si no, será una
traición para nuestro pueblo, y si es una traición para nuestro
pueblo, lo único que les puedo decir es que nosotros no jugamos
al victimismo. Un pueblo maduro, firme y seguro de sí mismo
conquista siempre lo que son sus derechos históricos, sobre todo
si sus derechos históricos están reconocidos por la Constitución
y por leyes aprobadas por esta Cámara.
Por eso, antes o después, ganará el autogobierno de Canarias, la
voluntad de autogobierno y de identidad del pueblo canario. Si
ustedes lo obstruyen, la única cuestión es que lo retrasarán uno
o dos meses, pero, al final, el autogobierno de Canarias
triunfará, porque es la voluntad mayoritaria del pueblo canario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, intervengo para manifestar nuestro apoyo a
esta iniciativa que nos presenta el Parlamento de Canarias, la
propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía.
Nuestro apoyo se fundamenta tanto en la voluntad explícita de los
miembros del Parlamento de Canarias a través de una iniciativa
que de hecho nace en 1991 y que ha significado alcanzar un
consenso en la propia Cámara --por tanto, una voluntad política
muy mayoritaria de reforma del Estatuto de Autonomía-- como en
que esa reforma se hace, lógicamente, en el marco constitucional,
como no podía ser menos, y, finalmente, en nuestra profunda
convicción, como Grupo nacionalista, de que el autonómico es un
proceso siempre abierto, de que el único techo que debe respetar
es el techo que marca la Constitución y que todas aquellas
competencias que los pueblos desean asumir porque se ven capaces
de administrarlas es posible asumirlas si así lo marca nuestra
Constitución y así lo desean los distintos parlamentos
autonómicos.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sea la
primera manifestación del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya el saludo favorable a una proposición de
ley que viene del Parlamento canario que incrementa el techo
competencial de una comunidad autónoma, y vaya junto a ello la
defensa por nuestro Grupo de las posiciones que Izquierda Unida
Canaria ha mantenido durante todo el debate.
Creemos que es positivo que los pueblos crezcan en competencia,
crezcan en capacidad de autogobierno, crezcan en un mayor ajuste
de su proceso electoral a la realidad y la voluntad del propio
pueblo en cada uno de los casos. Lo cierto y verdad es que la
posición de nuestro Grupo Parlamentario es que este es un paso,
no es el paso que hubiéramos deseado para el pueblo canario,
creemos que se queda corta esta reforma del Estatuto de
Autonomía, que debería haber sido más valiente después de la
experiencia de gestión que tenemos y el desarrollo constitucional
--se han cumplido más de los cinco años que marcaba la
Constitución--, y el modelo de Estado que Izquierda Unida
defiende para nuestro país camina hacia un proceso federal. Al
final del proceso ninguna comunidad autónoma tiene que tener
diferencias en cuanto a competencias, nada más que las que sus
propios parlamentos
quieran marcarse en el proceso de asunción competencial y en la
capacidad de autoorganización.
Por tanto, nos encontramos hoy no en el debate de la toma en
consideración sino en el debate de totalidad de la reforma del
Estatuto de Autonomía. Aunque tenemos un conjunto de enmiendas al
articulado que suponen un texto alternativo, hemos preferido
facilitar el dinámico desarrollo de la tramitación de este
Estatuto para el pueblo de Canarias, que lleva en las Cortes
desde el mes de diciembre de 1994 --estamos llegando a diciembre
de 1995-- y que sería posible, al nivel que fuese, que estuviera
ya en manos del pueblo de Canarias para desarrollarlo en el más
breve plazo posible. En todo caso, ya anunciamos que en el
trámite de enmiendas al articulado procederemos a proponer
modificaciones en tres direcciones. Primero, una reforma de mayor
techo competencial. Nosotros creemos que no hay razón para que
hoy el volumen competencial que se da al pueblo de Canarias sea
el que se recoge aquí. Podría ir más allá del que ahora mismo
tiene, inclusive en lo que significa desarrollo de actuación
económica, inclusive en lo que significa la participación de la
comunidad autónoma en la gestión de la empresa pública; inclusive
en competencias que hoy no llegan, a pesar de estar en manos de
otras comunidades autónomas que accedieron antes a otro techo
competencial.
El segundo gran bloque de nuestras enmiendas sería una reforma
para profundizar en la democratización de las instituciones
canarias, una reforma institucional. No entendemos por qué el
Parlamento canario tiene que funcionar 120 días al año, cuando en
realidad los días del año son 365. ¿Por qué el Gobierno va a
estar sin control parlamentario, sin iniciativas, durante ese
tiempo? ¿Por qué esos períodos de funcionamiento del Pleno del
Parlamento? ¿Por qué no hemos de tener puesta en marcha una
auditoría de cuentas? ¿Por qué no ha de tener la Comunidad
Autónoma la capacidad de disolución? Vamos a discutir después una
actuación sobre Andalucía y está la posibilidad de disolución o
no en Andalucía, en Cataluña. ¿Por qué el pueblo canario no ha de
tener la posibilidad de disolución ante una realidad determinada?
En suma, somos partidarios de un mayor techo institucional en el
funcionamiento.
Luego, se trataría de una reforma electoral. Se ha suscitado por
un interviniente en nombre del Parlamento canario la realidad del
funcionamiento electoral. Fíjense que yo estoy interviniendo en
nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y defendiendo las posiciones de los compañeros de
Izquierda Unida de Canarias, cuando en Canarias tienen 50.000
votos y no tienen presencia en el Parlamento canario, mientras
que la Agrupación Herreña Independiente con 1.500 votos, tiene un
Diputado, o mientras que el Partido Independiente de Lanzarote,
con 20.000 votos, tiene cuatro Diputados, o mientras que
Coalición Canaria, con 250.000 votos, tiene 22 Diputados. Sin
embargo, 50.000 votos no tienen presencia en el Parlamento
Canario. ¿En base a qué razonamiento, en base a qué principio de
proporcionalidad? ¿Por qué 50.000 votos no tienen que tener
presencia en el Parlamento canario? ¿En base a qué principio de
proporcionalidad vamos a actuar, en base a qué criterio debe de
funcionar? ¿Por qué es eso bueno para el pueblo canario, por qué
no es bueno para otra realidad distinta?
Por tanto, la propuesta que defiende Izquierda Unida de Canarias
es la de circunscripción electoral única para toda la Comunidad,
que indudablemente puede estar abierta a compaginar ese
planteamiento también de presencia insular, nosotros creemos que
en todo caso en ese proceso de negociación posterior mayoritario
para el tema de circunscripción única y minoritario para el
insular. Lo cierto es que la propuesta de reforma se nos queda
corta. En todo caso, señorías, lo que estamos defendiendo hoy
para Canarias es lo mismo que hemos defendido también en otros
debates estatutarios, porque el modelo de autonomía que tenemos
nosotros, el modelo de reforma de la estructura autonómica del
Estado es un modelo que nosotros creemos que debe abrirse hacia
un proceso federal, que debe ser más amplio en cuanto a la
capacidad competencial de las comunidades autónomas, que la
propia Administración debe estar más cerca del ciudadano, y que
el peso del poder del Estado debe distribuirse de otra manera.
Esperamos, por tanto, que el voto que hoy vamos a producir aquí
en el debate de totalidad nos facilite después la discusión aquí
y ahora, y quiero responder al reto que ha planteado el portavoz
de Coalición Canaria. Estamos dispuestos a toda la velocidad en
el trámite, pero que eso no signifique ocultar ninguno de los
debates que deban de producirse. Estamos dispuestos a presentar
mañana mismo nuestras enmiendas en el Registro, a la semana que
viene discutirlas y tener el mejor Estatuto que necesite Canarias
para su funcionamiento a partir también del año próximo, porque,
si no, a lo mejor, con toda la buena voluntad, hoy damos luz
verde a un debate de totalidad que mañana en un mes termina y
muere para ser iniciado en la siguiente legislatura. En todo
caso, estoy convencido de que todos los pueblos que componen el
Estado español lograrán su máximo techo competencial a lo largo
de todo un proceso de lucha y de reivindicación que han
establecido y continuarán estableciendo a pesar del debate que
hoy tengamos aquí.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, en
este día solemne para Canarias yo quiero comenzar mi intervención
dedicándole
un emocionado recuerdo a la figura de un hombre bueno, Gabino
Jiménez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias,
que hoy ha recibido sepultura.
Por otra parte, tenemos que hacer mención, porque la cordialidad
obliga y además obligan los buenos usos parlamentarios, a ese
saludo afectuoso que debo dedicar a los tres representantes que
el Parlamento de Canarias ha designado para la defensa de esta
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Tal deber para mí
es sumamente grato. José Miguel Bravo de Laguna, Augusto Brito y
Alfredo Belda son viejos amigos en las lides políticas y en el
transcurso inexorable de los años, a lo largo de los cuales unos
se han empeñado en llevar menos pelo en la cabeza, otros en
pintárselo de blanco y algunos en proceder a un cambio de imagen
mediante un aumento considerable de nuestra volumetría. No
solamente lo digo por tales personas, sino por el objetivo que
aquí nos trae hoy y por el que tenemos que estar enteramente
satisfechos: la necesaria y deseada reforma de la norma
institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma, anticipando
desde este momento que tal objetivo va a contar con el apoyo
completo y absoluto de los 141 Diputados que integran el Grupo
Parlamentario Popular, todo ello sin perjuicio de las
discrepancias que sobre aspectos concretos comentaremos
posteriormente.
Señorías, corren tiempos políticos en los que muchos añoramos
aquel consenso sobre temas fundamentales que tanto bien hizo a la
transición al sistema democrático. Por ello, nos debe congratular
que las fuerzas presentes en el Parlamento de Canarias hayan
llegado a un acuerdo casi total en el texto remitido a las
Cortes, tarea no fácil en una Comunidad como la nuestra, tan
fragmentada insularmente. Suele ser difícil que los políticos de
esta Comunidad nos pongamos absolutamente de acuerdo al tratar un
tema que no sea amar a nuestra tierra con amor infinito.
Los elementos más importantes que consideramos altamente
positivos en la propuesta de reforma vienen dados por el
incremento competencial --que consiste no solamente en la
especificación de materias y facultades concretas que se asumen
por la Comunidad Autónoma--, sino además también por la absorción
genérica de todas aquellas facultades y potestades que hasta
ahora venían referidas de forma general en la Ley Orgánica de
Transferencias Complementarias a Canarias. Esto por una parte.
Por otra parte, por fin se establece la configuración estatutaria
de los cabildos como instituciones de la Comunidad Autónoma,
configuración que si bien existía en algunas leyes ordinarias,
era necesario incluirla en el texto del Estatuto.
Al otro lado de la balanza y antes de entrar en la enumeración de
todas aquellas materias que a nuestro juicio son mejorables o al
menos discutibles, quiero hacer una precisión exacta de cuáles
son las reglas del juego, dadas las amenazas veladas que estos
días se han oído. El Congreso de los Diputados, en opinión de mi
Grupo, no va a hacer dejación en ningún momento de sus
obligaciones constitucionales en lo que se refiere a la toma en
consideración de esta iniciativa. Pero tampoco hará dejación de
sus responsabilidades en lo que se refiere a la presentación de
enmiendas y su aprobación.
El Parlamento de Canarias ya ha cumplido su deber, lo ha
cumplimentado perfectamente mediante la defensa que los
representantes por él designados han hecho de la propuesta de
reforma aprobada por la Cámara autonómica. Nuestro deber comienza
ahora y se movería en el terreno de la irresponsabilidad o de la
ignorancia quien pretendiera que estas Cortes Generales se
limitaran a santificar, mediante una ley orgánica del Estado, un
texto estatutario que merece ser enmendado en ocho ocasiones. A
esta Cámara no se le pueden imponer trágalas y si se le pretenden
imponer, esta Cámara debe rechazarlas contundentemente.
Respecto a la enumeración de las cuestiones concretas que
merecen, en nuestra opinión, ser objeto de reforma, debo
mencionar el artículo 32 del proyecto que pretende prescindir de
hacer una referencia obligada al respeto a la legislación básica
del Estado y se volatiliza dicha referencia que sí consta en el
Estatuto vigente. El artículo 36 confunde el significado del
término «competencia» con el de «jurisdicción» cuando hace
referencia a las aguas de competencia española. El artículo 45.2
referido al régimen económico y fiscal, que puede ser
manifiestamente mejorado, como intentaré demostrar en el momento
procedimental oportuno. El artículo 58 entiendo que debe ser
objeto de un apartado g) nuevo, en el que se haga constar que es
competencia del Parlamento de Canarias el establecimiento de los
criterios de distribución y porcentajes de reparto entre los
cabildos y ayuntamientos canarios de los recursos derivados del
régimen económico y fiscal que hoy --fíjense SS. SS. qué ironía--
sigue regulado por un obsoleto Decreto del Ministerio de
Hacienda. Igualmente nos encontramos con un olvido inexcusable:
no se dedica un solo precepto al máximo órgano de control externo
de la actividad que transfiere, autonómica, la Audiencia de
Cuentas de Canarias, al igual que hacen la gran mayoría de los
estatutos que consagran estas instituciones de control. Es obvio
que la dependencia directa de la Audiencia de Canarias, del
Parlamento de Canarias, no resta importancia alguna a la
Audiencia de Cuentas; también depende de las Cortes Generales el
Tribunal de Cuentas y, sin embargo, la Constitución le dedica
íntegramente un prolijo artículo, el 136. Parece ocioso insistir
en que esta institución está funcionando desde el año 1989, en
los antecedentes históricos y en la importancia de sus funciones,
a mi entender, mucho más relevantes que algunos otros órganos que
sí aparecen perfectamente mencionados en el Estatuto.
No podemos dejar de hacer mención al artículo 63.2. Yo entiendo
que la redacción que se ha dado a este precepto, relativo a la
reforma estatutaria, resulta
difícilmente admisible. No se puede pretender en modo alguno que
las Cortes Generales se conviertan en Cámaras de segunda lectura
respecto del Parlamento de Canarias enviando a éste mensajes
motivados. Entiendo que los redactores de esta propuesta no deben
olvidar nunca que la soberanía nacional reside en las Cortes
Generales y, por tanto, cualquier pretensión en este sentido debe
ser objeto de rechazo y se debe modificar nuevamente tal
precepto.
En la disposición adicional segunda se hace una mención al
«impuesto del patrimonio neto», que debe ser sustituido por el
impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Además,
convendría que existiera una disposición derogatoria referida a
la Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias.
Dicha ley, una vez que se haya aprobado la reforma del Estatuto,
no tiene justificación; no tiene justificación que siga vigente
estando prácticamente vacía de contenido.
Por último, quiero aclarar una cosa, para que no se me entienda
mal: aun cuando he dejado bien claro que no permitiremos que se
hurten competencias a las Cortes Generales, nuestro Grupo no se
va a oponer a que se apruebe la reforma del Estatuto --además lo
desea-- antes de que acabe esta legislatura. Por tanto, respecto
a lo que se ha dicho antes, pueden tener claro que no nos vamos a
oponer al procedimiento de urgencia. De la misma manera que no
nos ha parecido correcto el procedimiento de lectura única,
porque evita el debate de las enmiendas como deben debatirse, el
hecho de que se reduzcan los plazos a la mitad mediante el
procedimiento de urgencia va a tener nuestro apoyo si, tal como
se decía antes, es propuesto en esta tribuna.
Para terminar, en lo que se refiere al tan manido asunto del
sistema electoral, yo, en el mismo sentido que los anteriores
portavoces, debo decir que todos debemos empeñarnos en que, sobre
la base de la propuesta que está en el Estatuto, de aquí salga
zanjada definitivamente la eterna disputa sobre el sistema
electoral, de tal manera que entre todos consigamos un estatuto
digno de todos, competencialmente generoso y perdurable. Nuestro
Grupo Parlamentario queda comprometido a todas estas
obligaciones.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--La señora García-Alcañiz Calvo: Muy bien.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene el palabra el
señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los tres Diputados del
Parlamento de Canarias que esta tarde han defendido aquí la
propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía.
Quiero también sumarme, como lo ha hecho el portavoz del Partido
Popular, al recuerdo del Consejero de Obras Públicas del Gobierno
de Canarias, Gabino Jiménez, amigo mío. Con su pérdida, con su
muerte, yo pierdo un amigo y Canarias pierde un político honesto,
trabajador y entregado a la idea de Canarias.
Sin duda, es la dictadura de la geografía, en expresión de
Antonio Carvallo Cotanda, la base principal de lo que es peculiar
del Archipiélago, lo que justifica que haya normas específicas
para el Archipiélago y el principio esencial que justifica esa
aspiración del pueblo de Canarias al autogobierno.
Algunos hablan reiteradamente de que Canarias es un Archipiélago
alejado. Sin duda, Canarias está lejos de Madrid, está lejos del
resto de España, pero, con la misma obviedad, quiero recordar que
también el resto de España está lejos de Canarias, que también
Madrid está lejos de Canarias.
Esa singularidad, esa dictadura de la geografía ha hecho que
Canarias cuente con normas específicas: el Régimen Económico y
Fiscal y la Ley de Cabildos.
Pero los canarios han sentido otra necesidad a lo largo de su
historia, y es la necesidad del autogobierno. Han sentido con
frecuencia cómo desde los poderes nacionales, que han sido
sensibles en algunos aspectos, por el contrario no lo han sido en
otros, no han sido capaces de atender lo propio, lo específico
del Archipiélago de una forma satisfactoria. Muchas veces hemos
tenido la sensación de que se pretendían resolver problemas de
Canarias con las soluciones que se habían pensado para la España
peninsular. Esa necesidad de autogobierno ha sido expresada
reiteradamente a lo largo de la historia del Archipiélago. Pero
el autogobierno de Canarias exige, en primer lugar, su unidad
política. Juan Rodríguez Doreste, el que fuera Alcalde de Las
Palmas, hablaba de las tres vertientes de la unidad política de
Canarias. Hay una unidad de origen, una unidad de historia y
también una unidad de porvenir. Es imprescindible esa unidad para
conseguir el autogobierno. Con la Constitución de 1978 los
canarios, como el resto de los pueblos de España, pueden acceder
por fin a esa autonomía, a ese autogobierno.
La discusión del Estatuto se desarrolló con multitud de
dificultades, dificultades que ahora de nuevo pueden aparecer en
la discusión de la reforma que se nos propone, y posiblemente
tengamos que hacer lo que se hizo cuando se discutió el Estatuto
el año 1982: abordar esos problemas con diálogo y con
inteligencia. Un periodista canario, Alfonso García Ramos, decía
en aquellas fechas que el pueblo sabe que necesita la autonomía y
que la misión de los políticos era trabajar con inteligencia y
dialogando para conseguir un estatuto de autonomía que sirviera a
los canarios y que estuviera por encima de los intereses de los
partidos políticos.
La autonomía comenzó, como posiblemente ocurrió en toda España,
con pasos titubeantes, con desconfianzas, con dudas, con recelos,
pero al final la unidad se impuso. Apareció Canarias como una
unidad superior en la que se era capaz de integrar la idea de
isla y
como superadora de enfrentamientos de siglos y de desconfianza
entre las islas. En aquella época se hablaba mucho de que
Canarias era posible. Pronto los canarios de todas las islas y de
todas las ideologías políticas descubrieron que Canarias era
necesaria, que Canarias no era un capricho de los políticos, no
era una ambición de las organizaciones políticas, que era una
necesidad. Posiblemente, esa necesidad de Canarias como unidad
política fue lo que hizo que, finalmente, Canarias resultara
posible.
El Estatuto de Autonomía del año 1982 supuso el inicio del
autogobierno de los canarios. Esta reforma que discutimos esta
tarde no supone el inicio del autogobierno. Llevamos muchos años
de autogobierno, llevamos 13 años de autogobierno. Y ese
autogobierno, autogobierno de alto nivel que Canarias tiene desde
el año 1982, supone también un alto nivel de responsabilidad. Son
los canarios ahora los responsables de la mayor parte de las
decisiones que se toman en Canarias. Lo digo --y lo aclaro--
porque a veces hay intervenciones que pretenden culpar al
Gobierno de la nación, a ese Gobierno que tan erróneamente --y
posiblemente de forma intencionada-- se le llama el Gobierno de
Madrid, de lo que, lamentablemente, suele ser culpable el
Gobierno que los propios canarios se han dado democráticamente.
El autogobierno que hoy perfeccionamos, el autogobierno que hoy
mejoramos, es un autogobierno que el Grupo Parlamentario
Socialista contempla positivamente de forma global. Y será misión
del Congreso de los Diputados y del Senado perfeccionar el texto
que ha llegado a esta Cámara. Posiblemente no es momento de
precisar todos los aspectos que la reforma del Estatuto
contempla. Quiero hacer mención a algunos de ellos que me parecen
significativos. Se pretende en la reforma que una de las tareas
supremas de las instituciones canarias sea la cooperación con
otros pueblos. Quiero destacar esto porque me parece que el
pueblo de Canarias es sensible con aquellos otros menos
desarrollados que el nuestro. Espero que este principio de
cooperación, que se va a establecer en el artículo 1 del Estatuto
de autonomía, sea algo más que retórica; que de verdad suponga un
compromiso del pueblo de Canarias con el desarrollo de todos los
pueblos del mundo, pero muy en particular y muy en especial con
los pueblos vecinos del continente africano, con los pueblos de
Marruecos, el Sahara y Mauritania.
Hay otra alusión en el Estatuto a las comunidades canarias que
están en el exterior, fuera de Canarias. Y es este el momento
para recordar a los muchos canarios que tuvieron que emigrar a
América, en particular a Venezuela, buscando allí lo que aquí no
encontraron. Es también momento de recordar a los canarios y a
sus descendientes que fueron a Cuba; canarios y descendientes que
hoy viven una situación económica grave, delicada, reforzada esa
situación por el nefasto bloqueo del gobierno de los Estados
Unidos, y en una situación políticamente lamentable de ausencia
de libertades a que el régimen de aquel país tiene sometida a la
población.
Pero si Africa está presente en las preocupaciones de los
canarios, si América es una obsesión en la preocupación de los
canarios, creo, sin duda, que Europa supone la esencia de la
identificación del pueblo canario como tal, lo que le es más
propio, lo que más le define.
La reforma que hoy se nos propone no contempla el sistema
electoral. Es una reforma que globalmente
--insisto-- consideramos positiva, que va a elevar el nivel de
autogobierno de los canarios y que, por lo tanto, va a hacer que
los canarios sean, en mayor medida que hoy, responsables de las
medidas, de las políticas que se apliquen en Canarias. El sistema
electoral --digo-- no está contemplado en el acuerdo. Los
socialistas proponemos a los demás grupos parlamentarios la
posibilidad de considerar una reforma del sistema electoral.
Proponemos, como es bien conocido, ampliar en diez el número de
diputados regionales; diez diputados que serían elegidos por los
canarios de todas las islas y cada una de ellas continuaría
eligiendo al número de diputados que hoy designa. No se trata de
quitarle nada a nadie, sino de crear una circunscripción regional
que permitiría afianzar la idea de unidad de Canarias y que
también serviría para corregir lo que hoy es un déficit
democrático. No es justa la representación que hoy tienen las
islas más pobladas, las de Gran Canaria y Tenerife.
Proponemos una tramitación de esta reforma con sosiego y con
responsabilidad, sin urgencias artificiales. Este no es un acto
inútil, aunque en esta legislatura no se apruebe la reforma del
Estatuto. Es un acto de gran importancia política que esta tarde
aquí las distintas fuerzas expresen cuál es su opinión acerca de
la reforma. Es curioso que, quienes dentro de pocos minutos van a
proponer a esta Cámara que el Presidente del Gobierno disuelva
las Cortes, estén pidiendo una urgencia que sería imposible de
atender si esa propuesta saliera adelante.
Algún grupo ha convertido, lamentablemente, su forma de hacer
política, no sólo esta tarde sino desde mucho tiempo y de forma
habitual, en propaganda política. Creo que no es así como se
sirve mejor a nuestro pueblo; no es a través de la propaganda
política como mejor se sirva a los intereses generales, sino que
será con sosiego y con responsabilidad, con diálogo y con
inteligencia, como se hizo en el año 1982. Porque, al final, la
sensación que se da es que no quieren un estatuto, no quieren
reforma del Estatuto; lo que quieren es un motivo más de
enfrentamiento entre aquellos que dicen defender sólo los
intereses de aquella región y los que, por el contrario, hemos
elevado nuestra mirada por encima de la limitación de aquellas
islas y somos capaces de ver España, de comprender España y de
integrarla en un proyecto superior que es Europa.
La actitud que esta tarde se ha manifestado aquí por parte de
Coalición Canaria me parece que pone en grave dificultad el
entendimiento para una reforma pronta,
rápida, pero sosegada del Estatuto de Autonomía. No es de esa
forma como vamos a conseguir que el Estatuto se reforme, que se
mejore para los canarios el nivel de autogobierno que han
logrado. Esta agresividad que ha sido puesta de manifiesto esta
tarde, esa falta de sosiego, esa falta de equilibrio en la
intervención sólo ayudará, creerán algunos, electoralmente a
alguna fuerza política, porque piensan que con la demagogia se
ganan votos, lo cual yo creo que es el mayor insulto que se le
puede hacer a cualquiera de los pueblos, particularmente al
pueblo de Canarias. No será la demagogia la que consiga votos;
será el sentido común, el sosiego y la inteligencia lo que
consiga la confianza del pueblo de Canarias.
Y una leve alusión al Régimen Económico y Fiscal, para que no
haya dudas de que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias está
en vigor; está en vigor desde hace un año y medio. Los
instrumentos que esta Cámara y el Senado aprobamos son
instrumentos que están creando riqueza en Canarias, haciendo
crecer la economía por encima de la media nacional y reduciendo
el paro. El REF está en vigor desde hace un año y medio, y las
dificultades que están apareciendo en algunos aspectos del REF no
se deben al Gobierno de la nación, se deben, como muy bien saben
SS. SS., a ciertas dificultades que han puesto las autoridades de
la Unión Europea porque entran en manifiesta colisión con
principios de la Unión.
El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, le ruego concluya.
El señor MARTINON CEJAS: Concluyo, señor Presidente.
En este final de mi intervención, señorías, especialmente en
nombre de los Diputados socialistas canarios (de Carmelo Artiles,
de Néstor Padrón, de Blas Trujillo, de María Dolores Pelayo y de
mí mismo), deseo expresar que la autonomía de nuestro
Archipiélago no la entendemos como una frontera para aislarnos de
los demás pueblos de España ni de los demás pueblos de Europa.
Por el contrario, que los representantes del pueblo español que
aquí nos sentamos nos hayamos reconocido mutuamente lo que de
específico tiene cada uno de nuestros pueblos sirve para que con
mayor claridad, para que con más nitidez veamos lo mucho que de
común tenemos todos nosotros, que no es otra cosa, con la
expresión de don Benito Pérez Galdós, que la gran nación
española, que tal como se dice en el artículo 2 de la
Constitución, es la patria común e indivisible de todos nosotros.
Señoras Diputadas, señores Diputados, muchas gracias. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de totalidad relativa a la propuesta del Parlamento de
Canarias sobre reforma de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 329; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda admitida, en votación de totalidad, la
propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 7/1985, DE 1 DE
JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
(Número de expediente 122/000118)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre reforma de la Ley
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España.
Tiene la palabra la señora Rivadulla. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a los diez años de la promulgación de la Ley 7/1985, de
1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, pocos sectores de nuestra sociedad piensan ya que esta
ley garantiza realmente los derechos y libertades de los
extranjeros que residen pacíficamente en nuestro país. No
solamente las organizaciones no gubernamentales, que representan
a los sectores más solidarios y concienciados del Estado español,
sino también entidades y organismos importantes, como el Defensor
del Pueblo en su Informe del año 1994, señalan que esta ley no
cumple esos objetivos; y no cumple lo que se establece en el
preámbulo de la misma ley, en el sentido de que destaca su
preocupación por reconocer a los extranjeros la máxima cota de
derechos y libertades, cuyo ejercicio queda prácticamente
equiparado al de los propios ciudadanos
españoles, y para el que se establecen las mayores garantías
judiciales, que ciertamente, dice el preámbulo, sólo ceden ante
exigencias de la seguridad pública claramente definidas.
Señorías, es precisa la modificación para adecuar el articulado
de la Ley 7/1985 al preámbulo que acabo de leer, y es precisa la
modificación para que se produzca en nuestro país el
reconocimiento de los derechos y libertades proclamados en la
Constitución; para que se garantice a los extranjeros, legalmente
establecidos en el Estado español, unas cotas aceptables de
derechos y libertades, eliminando cualquier trato discriminatorio
o desfavorable en las relaciones laborales y en sus derechos
políticos como habitantes de un determinado territorio; que
puedan desarrollar de forma suficiente el ejercicio del derecho a
la reagrupación familiar acorde con el artículo 39 de la
Constitución, garantizando asimismo el respeto efectivo a los
principios de seguridad jurídica e interdicción de la
arbitrariedad que, como presupuestos del Estado, establece el
artículo 9 de la Constitución.
Sin embargo, señorías, si decimos que es precisa la modificación,
no pensamos que sea válido cualquier tipo de modificación. Se
está planteando actualmente en nuestro país la modificación de la
Ley de Extranjería a través de un reglamento. Señorías, creemos
que esto no es acorde con lo que establece el artículo 13 de
nuestra Constitución, que señala que «Los extranjeros gozarán en
España de las libertades públicas que garantiza el presente
Título en los términos que establezcan los tratados y la ley».
Por tanto, son temas, señorías, que deben ser regulados por ley.
Pero es que la propia Ley 7/1985, en su preámbulo, también señala
que «En aras del principio de seguridad jurídica, la Ley...» --en
ese caso-- «... se ve precisada, a veces, a descender al examen
de aspectos que, en apariencia, podrían ser objeto de una
consideración reglamentaria posterior, pero que, de hecho,
configuran realmente el ámbito de las referidas libertades.
Cuestiones como la entrada, trabajo, permanencia y
establecimiento, salida y expulsión requieren...» --dice el
preámbulo de la Ley 7/1985-- «... un tratamiento que concrete y
precise el alcance de los derechos y deberes de los extranjeros y
las garantías necesarias para su efectivo ejercicio».
Pues bien, señorías, si la propia Ley 7/1985 establece que la
regulación de esos derechos y libertades debe ser por ley, no
entendemos cómo ahora se plantea la modificación a través de la
simple vía reglamentaria. Pero es que la propia Administración,
en declaraciones de altos cargos, ha señalado --y concretamente
me estoy refiriendo al Director General de Procesos Electorales,
Extranjería y Asilo--, en unas jornadas que sobre la modificación
del reglamento se realizaron en Barcelona, que no puede haber un
buen reglamento con una mala ley. Afirmó también el Director
General su convencimiento de que la solución pasa forzosamente
por la modificación de la misma, ya que el reglamento que se
propone puede acabar muy bien en el Tribunal Constitucional.
Asimismo el Consejo Asesor de Inmigración de Cataluña, comunidad
autónoma donde la población está muy sensibilizada con todos los
temas de inmigración y donde las ONG han trabajado activamente en
la modificación de la Ley, señaló también que tenía muy serias
dudas de que esta modificación pudiese ser realizada por
reglamento.
Señorías, se ha argumentado que las organizaciones no
gubernamentales han entrado en la vía de la negociación y el
consenso del reglamento propuesto por el Gobierno, pero se ha de
decir, señorías, que las organizaciones no gubernamentales se han
visto obligadas a aceptar esta vía por cuanto desde el Gobierno
se les ha hecho saber que no va a haber una modificación de la
Ley y, por tanto, se han acogido a la vía del reglamento ante la
imposibilidad de modificar la Ley, pero saben positivamente que
solamente estarán garantizados esos derechos si se produce la
modificación de la Ley 7/1985.
Se podría argumentar también que no va a dar tiempo a tramitar
esta ley. Nosotros pensamos que en este Parlamento se tiene que
abrir un debate social, que en este momento tenemos que actuar
desde el Parlamento como legisladores, pero también con un alto
contenido pedagógico, porque los problemas de la xenofobia y de
la integración de los extranjeros que pacíficamente residen en
nuestro país han de ser tratados desde un punto de vista lo más
generoso posible. Todo lo que avancemos en esta legislatura
estará ya solucionado para la próxima. Por eso pensamos que es
conveniente abrir este debate, que se puede abrir si se admite a
trámite esta proposición no de ley, por cuanto posteriormente
pasaría a Comisión, donde podría ser objeto de todas las
enmiendas que se considerasen oportunas.
Créanme, señorías, que desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya nos mueve como único objetivo al
proponer la modificación de la Ley de Extranjería el garantizar
los derechos y libertades de los extranjeros que viven legal y
pacíficamente en nuestro país. No queremos entrar en un debate
ideológico, podríamos hacerlo, pero en este caso no queremos
hacerlo. No nos estamos metiendo con los requisitos de entrada ni
con los cupos, solamente hemos presentado enmiendas en cuanto a
la entrada de extranjeros en lo que se refiere a que el rechazo a
la misma ha de ser motivado y por escrito, pero todos los demás
temas, sean cupos, sean requisitos de entrada, no vamos a
debatirlos en esta proposición de ley, porque nuestro objetivo es
solucionar problemas de familias que, ya digo, viven
pacíficamente en nuestro país, tienen la voluntad de quedarse y
llevan años conviviendo con nosotros. Son familias que en un
número aproximado de 500.000 personas están padeciendo una Ley
muy restrictiva y que contempla al extranjero como una persona
que está de paso, cuando la realidad es que los que vienen a
nuestro país lo hacen con el ánimo de quedarse, pasando incluso
por situaciones de ilegalidad
que les pueden llevar a la marginación, porque la Ley y la forma
como está regulada su permanencia en nuestro país obliga a muchos
extranjeros que cumplen en el momento de su entrada los
requisitos a pasar a situaciones de ilegalidad a lo largo de su
estancia en el Estado español. Examinemos, si no, señorías, en
qué ha derivado el proceso de regularización extraordinario de
1991, que afectó aproximadamente a 100.000 personas, de las
cuales un número también aproximado de 30.000 cada año ha ido
pasando nuevamente a situaciones de ilegalidad.
Debemos acabar con este círculo vicioso, señorías, intentemos
acabar con la pesadilla que supone esta ley para miles de
familias. No miren la presentación de esta ley por parte de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como un tema partidista.
No es un tema partidista. No es un tema que dé votos. Los
extranjeros, señorías, no votan. Otra cosa será cuando planteemos
la necesidad de modificar la Constitución para permitir a los
trabajadores extranjeros el derecho al sufragio activo y pasivo
en las municipales, pero no es éste el caso. No estamos ahora
tratando, ni planteando la reforma de la Constitución para este
caso.
Acabo señorías, haciendo un breve resumen del contenido de la
proposición de ley.
En materia de derechos públicos planteamos el acceso a la oferta
pública de empleo; en materia de derechos fundamentales y
libertades públicas, el derecho de libre circulación y residencia
y reconocimiento del pleno derecho de reunión, tal como lo
expresa la Constitución española. Lo mismo exigimos o requerimos
para los derechos de asociación, educación y afiliación y
creación de sindicatos.
Hay un derecho importantísimo que quisiéramos recoger, que es el
de la residencia permanente para aquellos extranjeros que no
opten por la nacionalidad. No es cierto que la vía para
garantizar la residencia permanente sea la nacionalidad. Piensen
ustedes, señorías, que hay personas que en el legítimo derecho no
quieren adquirir la nacionalidad española. Si tuviésemos tratados
de doble nacionalidad con todos los países eso se podría
conseguir, pero en la actualidad no estamos en condiciones de
exigir, para que los extranjeros tengan estabilidad en nuestro
país, que cambien de nacionalidad, teniendo en cuenta que, en la
sociedad que vivimos, con el acortamiento de distancias, existe
la posibilidad de que estas personas vuelvan a su país. Por
tanto, no tienen por qué perder la nacionalidad para tener
garantizada una cierta estabilidad mientras vivan entre nosotros.
También pedimos una regulación mucho más extensa de la protección
a la reagrupación familiar. Ustedes tienen el texto de la
proposición de ley y no me voy a extender. Pensamos que el tema
de la reagrupación familiar es de los más sensibles. Cualquier
individuo, cualquier persona necesita para su tranquilidad
emocional vivir con su familia, y pensamos que este es un derecho
del que no debemos privar a los extranjeros que residen entre
nosotros.
En materia de derechos laborales, señorías, nuestra proposición
de ley contempla que no exista limitación a actividades, sectores
y territorios a la hora de otorgar permisos de trabajo.
Asimismo, que se libere al residente permanente de la necesidad
de conseguir el permiso de trabajo. A partir del segundo año ya
no deben exigírsele los requisitos que se le exigieron el primer
año: Excepciones a las condiciones de situación general de
empleo; derecho preferente para familiares, cónyuges, etcétera;
accesibilidad a los planes de promoción y formación profesional y
fomento del empleo; igualdad absoluta de condiciones de trabajo
en salarios, horarios y prestaciones sociales, con respecto al
resto de los ciudadanos; posibilidad de actividades de formación
remuneradas o laborales para estudiantes extranjeros, siempre que
no superen el 40 por ciento de la jornada máxima laboral.
En cuanto a derechos sociales, en el artículo 9 contemplamos el
derecho al acceso a asistencia y prestaciones sociales en casos
de necesidad, como son el de desempleo y prestaciones y servicios
organizados por los poderes públicos en materia de protección a
la salud.
Hay un punto que también nos interesaba regular de forma
diferente a como lo hace la Ley de 1985, que es el que se refiere
a la expulsión. Creemos, señorías, que de la forma como está
regulada prácticamente podría ser considerada anticonstitucional.
Pensamos que la expulsión debe quedar únicamente restringida para
aquéllos que estén implicados en actividades contra la seguridad
interior o exterior del Estado. También regulamos el que se
elimine la posibilidad de internamiento por un plazo de hasta 40
días a los extranjeros sujetos a causa de expulsión.
Este es un resumen muy abreviado del articulado de la Ley, aunque
quisiera hacer especial mención a las dos disposiciones
transitorias. La primera consiste en que a partir de los seis
meses de la promulgación de la presente Ley, se abriría un nuevo
proceso de regularización para aquellos trabajadores extranjeros
que estuvieran indocumentados, siempre que no estuviesen
afectados por algún procedimiento de expulsión. La disposición
transitoria segunda se refiere a que los trabajadores extranjeros
que acrediten seis años de residencia en nuestro país, aunque no
sean continuados, puedan tener derecho a la residencia
permanente. Quisiera que esto se tuviese muy en cuenta porque no
podemos pedir seis años continuados legalmente, ya que estos
trabajadores entrarán y saldrán continuamente de la legalidad
mientras mantengamos la ley en los términos en que está. Por
tanto, con seis años de residencia legal, aunque no sean
continuados, estas personas podrían tener derecho a la residencia
permanente.
Señorías, les solicito la votación favorable para la admisión a
trámite de esta proposición de ley. Estamos convencidos de que
esta proposición de ley puede y debe
ser mejorada. Seguramente hay errores técnico-jurídicos,
seguramente hay muchos aspectos que hay que modificar. Lo único
que solicitamos es que se tenga en cuenta que si queremos que los
derechos y libertades de los extranjeros en España estén
suficientemente regulados deben serlo por una ley, deben serlo
por una norma del rango al que corresponde su regulación previa.
Por tanto, señorías, solicitamos de los distintos grupos de la
Cámara que contemplen favorablemente esta proposición de ley y
que sepan que desde el Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya estamos abiertos a cualquier tipo de
modificación de la misma. No vamos a ser estrictos ni en materia
de plazos ni en materia de modificaciones que no sean
absolutamente sustanciales. Sabemos que hay aspectos de nuestra
proposición de ley que coinciden con la reforma del reglamento
que se pretende, pero, señorías, den a estos derechos y
libertades, la entidad que merecen, denles, señorías, la entidad
de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos Parlamentarios que quieren fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fijo la posición
ante la iniciativa parlamentaria de esta proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
El primer juicio que le merece a Coalición Canaria es de
oportunidad y, por tanto voy a entrar en el fondo político de la
cuestión, no entrando en lo que, de prosperar (y aquí va a estar
el voto de apoyo que le va a dar Coalición Canaria a esta
proposición de ley), sería en el momento del debate, como bien ha
señalado con sentido de responsabilidad y pragmatismo la portavoz
del Grupo proponente, cuando estaríamos abiertos a las
modificaciones y enmiendas que técnicamente corrijan el
articulado.
He calificado esto de oportuno y de un fondo político positivo y
progresista. Son diez años los que ya se han cumplido de la Ley
7/1985, que vino a regular, con un rimbombante título, los
derechos y libertades de los extranjeros en España, desarrollando
el imperativo constitucional que se reconocía para extranjeros.
Pero, ¿qué hechos se han presentado? Resulta que cuando se entra
en el articulado de la Ley de 1985 vamos viendo que se va
distanciando y diluyendo el compromiso constitucional de regular,
en profundidad política y de derecho, las atribuciones que tiene
que tener nuestra ley con respecto a los extranjeros que están
residiendo o vienen a residir a España, a nuestro país.
Vemos que empieza a predominar más el texto escrito por una
Comisaría de Policía que regula el movimiento de extranjeros, que
lo que era el fundamento. Bien está que haya un Reglamento que
regule los servicios de la policía que tienen que controlar la
aplicación de la ley, de forma que estén controlando mediante una
ley clara, pero resulta que la Ley del año 1985 se nos ha vuelto
confusa y algo preocupante, de una gran inseguridad jurídica. Es
el momento en que el legislador tiene que reconducir los
comportamientos de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en esta materia, de la policía, en una
palabra, para que tengan conceptos claros de los derechos
constitucionales.
También es evidente que hay que tener en cuenta un fenómeno: la
demanda de venida a España de extranjeros en el año 1985 es muy
distinta de la que tenemos diez años después, porque
precisamente, más o menos al año de entrar en vigor la Ley de
1985, se produce el fenómeno de la adhesión de España a las
Comunidades Económicas Europeas en aquel momento, y es desde el 1
de enero de 1986 cuando España, integrada ya de pleno derecho en
la hoy Unión Europea (en aquel momento Comunidad Económica
Europea) va a significar un polo de atracción para estos
emigrantes por causas fundamentalmente económicas. No quiero
entrar aquí, porque eso fue ya objeto de otro debate con las
leyes de exiliados, en el tema del exilio, pero está la demanda
del fenómeno natural. Desde Canarias, tierra tradicionalmente de
emigración que en épocas de dificultad de hambre y de penuria
económica, encontró en diversas épocas de España, la más reciente
la de los años 40 y 50, una acogida generosa fundamentalmente en
países centroamericanos y sudamericanos, así como también cuando
se emigró, sin estar España todavía dentro de la Unión Europea,
alrededor de los años 70, hacía el centro del continente europeo,
entendemos que hay que adecuar esta situación a la norma de la
Unión Europea, pero hacerlo de acuerdo al imperativo
constitucional de lo que es el sentido democrático de respeto a
los derechos humanos. Hay planteamientos en la iniciativa que
quiero destacar, y no solo los que reitera porque ya estaban en
el preámbulo de la Ley de 1985, pero que parece que en aquellas
circunstancias se nos olvidó la exigencia de reflejarlos
claramente en el texto del articulado. La norma policial debe ser
de reglamento y a posteriori, y siempre inspirada y teniendo como
norte y guía los principios democráticos de derechos comunes, de
derechos humanos y de derechos fundamentales.
¿Cómo no se va a pedir el estatuto de residencia permanente para
emigrantes después de seis años de residencia en España? Lo
apoyamos firmemente. Es un carácter de racionalidad junto con el
marco general de derechos humanos.
Señorías, no quiero ser más prolijo. Por eso decía que entraba
fundamentalmente en el fondo político, y
no en el instrumental del articulado, cosechable en una acción de
enmiendas técnicas que permitan su adecuación a la situación
actual, donde también se nos viene encima ese fenómeno de la
xenofobia, con unos impedimentos por una cuestión racial que
hacen que los extranjeros, vean en una soberanía nacional cuya
Constitución defiende plenamente los derechos humanos, que
después aquello queda en meras normas puramente materiales, por
las que muchos emigrantes a veces son tratados, por una norma de
comportamiento policial torpe y alejada de este principio, como
si fueran una mercancía que hay que desechar de los circuitos.
Vamos a naturalizar este fenómeno, vamos a hacerlo con normalidad
y dentro de un marco legal que quite las obsolescencias y las
inseguridades jurídicas de la Ley de 1985 y, vuelvo a repetirlo,
como inseguridad jurídica por su indeterminación en todos
aquellos aspectos que son técnica jurídica y perfectamente
corregibles dentro de este marco. De aquí que el voto de
Coalición Canaria será favorable a esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo
Popular para fijar la posición en relación a la proposición de
ley del Grupo de Izquierda Unida, para su toma en consideración e
intentar modificar la Ley 7/1985, denominada de Extranjería.
Históricamente la legislación de extranjería tuvo rango
constitucional en las Constituciones españolas de 1845, 1869 y
1876, coincidiendo, además, con la llegada a España de capital
inversor extranjero, y, sin embargo, tuvo como característica una
gran dispersión. Una vez promulgada la Constitución española de
1978 y recogido en su artículo 13 el tema de extranjería, era de
una necesidad imperiosa que no admitía demora regular por medio
de una ley toda la cuestión de extranjería, puesto que existía un
bosque de disposiciones de marco menor que intentaba regular el
status y la condición de extranjero, todo ello con un gran
arbitrismo administrativo.
Esta Ley que hoy conocemos como la 7/85, reguladora de los
derechos y libertades de los extranjeros en España, es de
naturaleza híbrida, es una ley que tiene faz administrativa, tal
como recogió la señora Rivadulla en su exposición, con la entrada
y salida permanente de los extranjeros, y a la vez tiene una
parte quizás más sustancial que regula los derechos públicos, los
derechos privados e incluso algunos derechos políticos de los
extranjeros en España. Sin embargo, no podemos olvidar que esta
legislación de extranjería no se considera un auténtico código de
la misma, puesto que hay muchísima normativa referente a los
extranjeros. Les puedo hablar del Real Decreto-Legislativo sobre
la inversión extranjera en España, la Ley Orgánica sobre el
derecho a la educación, la Ley Orgánica que regula los estados de
alarma, excepción y sitio, la Ley Orgánica que regula los
principios básicos de la defensa nacional, la Ley Orgánica que
regula el control de cambio. Todas estas regulaciones que están
incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y que se refieren
especialmente a los extranjeros, sin lugar a dudas, conforman un
complejo ordenamiento jurídico del que son destinatarios.
Esta ley distingue perfectamente la diferente condición de
extranjero de la de nacional, y al mismo tiempo, exhibe una idea
de regular en su exposición de motivos que los extranjeros tengan
la cota máxima de protección y de ejercicio de los derechos y
libertades. Pero a este respecto hay que hacer una serie de
matizaciones, ya que existen dos coordenadas que hay que aplicar
a la normativa de extranjería. En primer lugar, el derecho que
tiene todo Estado a ser respetado por los demás en las personas
de sus ciudadanos, y, en segundo lugar, el deber que tiene todo
Estado de respetar a su vez a los ciudadanos extranjeros y los
derechos inherentes que tienen por su condición de personas. Pues
bien, esta regulación española si bien, efectivamente, respeta
los derechos inherentes a la condición de los extranjeros, no es
menos cierto que hace una clara separación entre el extranjero
que se encuentra en el territorio español de forma legal o
ilegal. Así nos encontramos con que parte de la idea de que el
que se encuentra de forma legal va a desarrollar su actividad de
forma pacífica y se integra totalmente en las costumbres y en la
vida española y, sin embargo, el que se encuentra de manera
ilegal, que normalmente intenta aposentarse en España en masa, va
a dar lugar a una ruptura de la vida cotidiana.
Nada más lejano de eso es lo que piensa el Grupo Popular. Lo que
si es cierto es que la gran dificultad que tienen en este momento
los extranjeros para poder estar legalmente en España, ha creado,
por medio de su reglamento, un complejo entramado tan
dificultoso, que es un auténtico vía crucis para un extranjero
regular y legalizar su situación. De tal manera que, como también
recogía la señora Rivadulla en su intervención, nos encontramos
con que esta Ley está sirviendo como una especie de contrapeso,
porque existiendo en España un grave problema con el paro --
tenemos las máximas cotas de los países occidentales--, en este
momento esa dificultad en legalizar la situación está sirviendo
de contrapeso para intentar proteger la mano de obra de los
grandes flujos de mano de obra extranjera que vienen de terceros
países. Por ello esta Ley de Extranjería es una Ley confusa, tal
como recogía también el representante de Coalición Canaria, es
una Ley que está indefinida, es una Ley que intenta regular una
serie de criterios contradictorios, de tal manera que ante una
normativa protectora y reguladora
de derechos y libertades, nos encontramos con que se esconde una
normativa rígida, una normativa que atribuye una gran
discrecionalidad administrativa, por medio, como decía la señora
Rivadulla, de una regulación reglamentaria y que ahora se
intentar modificar. Por esto que el Grupo Popular, aprovechando
esta iniciativa --no piense, señora Rivadulla, que es partidista,
yo creo que la compartimos la mayoría de los Diputados que nos
encontramos en esta Cámara--, piensa que es muy necesario que se
modifique y que se tenga además una actitud equilibrada para su
modificación. Hay que tener en cuenta, primero, que en España
entran, en base al Turismo, cada año más de 40 millones de
extranjeros y, por tanto, por los grandes beneficios económicos
que obtenemos, hay que aplicar una política de puertas abiertas.
Sin embargo, también es cierto que hay una serie de problemas
gravísimos en España, como es el terrorismo, el narcotráfico, el
paro y la inseguridad, que dan lugar a que se aplique una
política contraria, una política que controle al extranjero en la
frontera. Sin embargo, esta Ley de Extranjería no lo lleva a cabo
de forma equilibrada, y lo que hay que tener en cuenta es que con
esta modificación se deben perseguir tres objetivos: un control
del mercado laboral, un control de la delincuencia y aplicar unas
políticas reintegradoras al extranjero. No podemos olvidar que en
estos años transcurridos está clarísimo que la sociedad española
se ha modificado, no sólo por la integración de España en Europa,
sino también por los brotes xenófobos y racistas, por la
problemática planteada a los demandantes de asilo y refugio y por
el gran crecimiento que ha tenido la sociedad pluricultural
española.
Por eso, consideramos que en estos apartados debe basarse esta
reforma y vamos a votar afirmativamente esta proposición de ley.
Sin embargo, tenemos que decir que si bien, tal como desgranó al
final la señora Rivadulla, existen determinados aciertos, no se
da una regulación globalizadora; no lo han conseguido, aunque lo
recogen en su exposición de motivos. Quiero distinguir el acierto
de motivar la aceptación y rechazo del visado, que deja de
producir esa gran indefensión a los extranjeros.
Consideramos que es importante la distinción que hacen cuando
modifican los artículos 21 y 26 de la ley para clasificar las
infracciones en muy graves, graves y leves, porque lo que no es
posible y lo que ataca al sentido común es que se tenga en cuenta
para la expulsión de un extranjero --y en tal caso, interviene la
autoridad judicial-- que haya delinquido antes o después de ser
retenido y que, por tanto, sirva de excusa para mantenerse en el
territorio español de forma ilegal el haber delinquido o no.
Nos parece muy positivo que se intente, sin lugar a dudas,
regular más específicamente quizás los derechos y libertades de
los extranjeros, pero también queremos hacer constar que hay
algunas cosas que no las consideramos tan acertadas. No
consideramos que sea acertado que, si bien se deben garantizar
derechos y libertades a los extranjeros, se haya eliminado el
requisito de encontrarse legalmente en territorio español.
No nos parece tampoco acertado que se recoja que pueden tener los
extranjeros acceso a la oferta pública de empleo. No podemos
olvidar que existe la Ley 17/1993, que distingue, en el acceso al
empleo público de los naturales de los Estados miembros de la
Comunidad Europea entre aquella función pública que se ejerce en
correos, en docencia, en asistencia sanitaria. Sin embargo,
ustedes la recogen con carácter más generalizado «in genere», y
nos parece inadecuado, porque deberían reservarse para los
nacionales españoles todas aquellas funciones que afectan a los
intereses españoles y a la potestad pública. Tampoco nos parece
adecuado que se haya eliminado el requisito previo al visado de
la necesidad de determinados recursos económicos, probar la
existencia de recursos económicos para la obtención del visado,
lo que puede dar lugar a que entre en España un gran número de
indigentes, con los graves problemas sociales que ello conlleva.
No nos parece tampoco adecuada la institución que usted defendió
de la residencia permanente en España. Señoras y señores, se
recoge como requisito que todo extranjero que hubiera permanecido
legalmente en territorio español durante más de seis años, aunque
sea de forma discontinua, podrá acceder a esta residencia
permanente. Ello, contradice los principios que recoge nuestro
Código Civil para adquirir la nacionalidad, que exige desde un
año hasta diez años, e incluso los requisitos necesarios para
adquirir la residencia.
No nos parece adecuado haber apartado del trato favorable a los
ciudadanos andorranos y a los nacionales de Portugal, países con
los que tenemos una gran relación, desde hace muchos años, de
convivencia vecinal y de identidad. Sin embargo, han sido
sustituidos por los ciudadanos marroquíes y saharauis, con el
problema que ello nos puede crear de un flujo migratorio.
No nos parece lo más adecuado, creemos que puede dar lugar a un
gran fraude de ley, que el extranjero trabajador en España que,
por incapacidad permanente, tenga que abandonar el trabajo, pero
que perciba una pensión de un organismo español, se pueda quedar
indefinidamente en nuestro territorio.
Echamos en falta algunas pequeñas cosas, como, por ejemplo, que
no se habla para nada de que los extranjeros tengan derecho al
ejercicio de sus ritos y a hablar su propia lengua. No se recoge
para nada una separación clara entre las competencias judiciales
y administrativas, en materia de extranjería. No se recoge la
eliminación del estudiante extranjero que termine sus estudios y
consiga trabajo en España no tenga que retornar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Barrios, vaya
concluyendo, por favor.
La señora BARRIOS CURBELO: Muchas gracias, señor Presidente,
concluyo.
Que no tenga que volver a su país de origen, para que allí el
consulado español le selle su contrato laboral. Y no se recoge
que todos aquellos temas que se regulan, por la discrecionalidad
reglada, sean más reglados y menos discrecionales y que incluso
no se regule nada respecto a los hijos de los inmigrantes, estén
legal o ilegalmente en España, respecto a una protección y ayuda
a su cultura y, por supuesto, a que se puedan integrar mucho
mejor en la cultura española.
Señora Rivadulla, señores del Grupo de Izquierda Unida, el Grupo
Popular va a votar afirmativamente, reservándose, en este
sentido, poder presentar determinadas enmiendas. Y les quiero
felicitar por la iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Rivadulla, acababa usted su intervención
pidiendo que con su proposición se solucionaran problemas. Esa es
la postura de nuestro Grupo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Y precisamente por eso, porque esta misma tarde se acaba de
aprobar el reglamento de la Ley de Extranjería en la Comisión
Interministerial, es por lo que nuestro Grupo le va a pedir que
apoyen este reglamento que a ustedes les parece muy bien, con el
que ustedes están de acuerdo, que ustedes comparten plenamente en
su exposición, en el 90 o en el 95 por ciento de los casos, y de
esa manera podremos acelerar un trámite que beneficia a los
extranjeros.
Si hoy nuestro Grupo diese el voto favorable a su proposición,
antes de junio no estaría aprobada esta Ley; no antes de junio.
Además, como todos los grupos de la Cámara --y el suyo de los
primeros-- quieren que haya elecciones generales cuanto antes,
entonces nos remitimos «ad calendas graecas». Lo mínimo que se
puede pedir a un proyecto de ley es que dé 21 días para poder
presentar enmiendas. Señora Rivadulla, pocos íbamos a ser los que
estuviéramos dispuestos a estar aquí el día 24 o el 25 de
diciembre para ver las enmiendas. Es que son las fechas que
tenemos, señora Rivadulla, es que son las fechas que hay. Una de
dos, o ustedes quieren que haya elecciones generales o no se
puede tramitar su proyecto de ley. El calendario no cambia. Una
vez en la Universidad se quiso poner un calendario especial --le
llamábamos el calendario juliano-- y duró un año.
Yo pienso --y estoy convencido de que ustedes también, puesto que
conocen el reglamento-- que es un buen reglamento. Es un
reglamento en el que están de acuerdo, como ustedes han dicho,
las ONG, está pactado con los sindicatos y va a facilitar el
disfrute de los derechos de los extranjeros en España. Por ello,
nosotros creemos que no es el momento de plantear o de aceptar
esta proposición de ley.
Esta tarde se ha aprobado, como digo, en la Comisión
Interministerial este reglamento. Los trámites que le esperan
son: mandarlo al Consejo de Estado, que es preceptivo --el
Gobierno tiene el propósito de pedir con urgencia este trámite al
Consejo de Estado--, y Comisión de Subsecretarios. Yo pienso, sin
excederme nada, que en el mes de enero este reglamento
afortunadamente podrá estar vigente en España. Los extranjeros en
España podrán disfrutar de los beneficios que en él se contemplan
para ellos. Además --ya lo he indicado--, su proposición
concuerda en un 90 por ciento con este reglamento, y me baso en
ello.
Es necesario el reglamento. Es verdad, coincidimos plenamente con
usted. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, por los
cambios que se han producido en nuestro país en materia de
extranjería desde el año 1986. En segundo lugar, por ser concorde
la legislación que queremos poner en marcha, vía este reglamento
que se tramitará como Real Decreto-ley, con los compromisos
internacionales suscritos por nuestro país, indudablemente; sobre
todo el Tratado de la Unión Europea y los acuerdos de Schengen.
Igualmente, es necesario aplicar este reglamento a las
disposiciones de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas. Y, por último, fundamentalmente es
necesario este reglamento para lograr una mejor estabilidad y
disfrute, en definitiva, una mejor seguridad jurídica de los
extranjeros en nuestro país.
Haciendo una pequeña comparación entre lo que ustedes proponen y
el reglamento, yo diría que son muchísimas más las coincidencias
que las discrepancias. Es verdad que hay algunas discrepancias,
señora Rivadulla, es verdad, lo tengo que reconocer; pero son
muchísimas más las coincidencias entre su proposición de ley, la
Ley actual y el reglamento. Por ejemplo, en materia de derechos y
libertades. Es verdad que en alguno de los que ustedes incluyen,
como el acceso de los extranjeros a la oferta pública de empleo,
nosotros vamos a poner una limitación, no por nada, sino porque
inclusive a algunos extranjeros de la Unión Europea les está
vetado el acceso a determinados puestos de la Administración
pública española. No es dar un trato discriminatorio a unos
extranjeros porque sean de otro país, sino que a los mismos
europeos nuestra legislación, como la de otros países a nosotros,
les veta, les prohíbe o no les faculta el acceso a esos puestos.
En cuanto al régimen de entrada, del que usted ha hablado, es
verdad, es lógico; hace falta la motivación de acuerdo con la Ley
30/1992 y así lo contempla este reglamento. En el estatuto de
residencia permanente, estamos totalmente de acuerdo. Lo que no
sé es cómo la señora Barrios ha dado un apoyo tan unánime a su
proposición para luego, según palabras de una compañera
suya, destrozársela. Nosotros estamos de acuerdo, señora
Rivadulla, con el estatuto de residencia permanente. Y estamos de
acuerdo con la reagrupación familiar. ¡Pues claro que sí!
Respecto a los problemas de trabajo y establecimiento, también
estamos de acuerdo con el permiso de trabajo permanente. Otra
cosa es la identidad que existe en su proyecto y el reglamento
entre los permisos y condiciones de trabajo. Ya le digo, son
muchas las coincidencias.
No coincidimos en un punto: cuando ustedes hablan del trato que
hay que dar a los estudiantes extranjeros en nuestro país.
Nosotros estamos de acuerdo en facultar a estos estudiantes para
que puedan tener unos trabajos remunerados. Lo que no podemos
contemplar es que estos mismos estudiantes tengan derecho a la
reagrupación familiar, porque en este caso los estudiantes no
están considerados en España como extranjeros; simplemente no
tienen un permiso de residencia, sino un permiso de estancia.
Verá usted, señora Rivadulla, que son muchísimos más los puntos
de coincidencia que los de discrepancia, afortunadamente. Por
otra parte, como he dicho al principio, pienso que esta
coincidencia es mucho más amplia que inclusive la de la Cámara,
las ONG y los sindicatos.
Nosotros queremos solucionar el problema y creemos que la vía más
efectiva en este momento de la legislatura es que ustedes retiren
su proposición de ley y exijamos un plazo al Gobierno para que
ponga en práctica este reglamento.
Nos felicitamos de esas coincidencias con ustedes y precisamente
por querer solucionar los problemas de los extranjeros en España
optamos por la vía de este reglamento que, repito, señoría, se ha
aprobado esta misma tarde en la Comisión Interministerial de
Extranjería.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Vamos a proceder a la votación correspondiente. (La señora
Barrios Curbelo pide la palabra.)
Señora Barrios, ¿a qué efecto?
La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, solamente a efectos
de alegar que, a la vista de la información que nos ha dado el
representante del Grupo Socialista, el Grupo Popular va a
modificar el sentido de su votación, absteniéndose en la misma.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 322; a favor, 21; en contra, 149; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE LOS
DERECHOS DEL MENOR. (Número de expediente 122/000129)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular sobre
los derechos del menor.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Barrios. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, guarden
silencio y ocupen sus escaños.
Señora Barrios, cuando quiera.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el Grupo Popular ha
elaborado esta proposición de ley de derechos del menor, no sólo
como respuesta a las exigencias del apartado 4 del artículo 39 de
la Constitución Española y al artículo 4 de la Convención sobre
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sino también como
respuesta a la moción...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora
Barrios.
¡Silencio, señorías!
Señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Como respuesta a la moción que, por
mayoría, se aprobó el pasado 10 de mayo de 1994 por todos los
grupos parlamentarios de este Congreso, en la que exigíamos al
Gobierno que trajera a esta Cámara en el año 1994 una ley de
derechos del menor. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue
traer al Congreso un proyecto de ley, denominado de protección
jurídica del menor y modificación parcial del Código Civil, que
él mismo reconoce y que todos los grupos denunciamos porque
considerábamos que no era la ley de derechos del menor que se
había pedido. Si bien reforma --y creemos que para bien-- todo el
sistema civil en materia de adopción y acogimiento, no es menos
cierto que la gran deuda, que es la ley de derechos del menor, no
ha llegado a este Congreso.
La situación del menor en España es grave. Diariamente, los
menores son víctimas de explotación, de malos tratos físicos y
psíquicos, de abusos, de prostitución.
Ello conforma un paisaje poco risueño para la juventud y la
infancia en España. Sin embargo, el Gobierno en todo momento se
niega a traer una ley de derechos del menor. Esta situación no
sólo la denuncian los medios de comunicación, sino también las
instituciones, personas y organismos que se relacionan con el
tema del menor.
No podemos olvidar que, en el año 1993, los defensores del pueblo
de toda España se reunieron y denunciaron la vulneración de los
derechos del menor. También lo han hecho los jueces y fiscales de
menores; incluso el informe que envió el Gobierno al Comité de
Derechos del Niño, aunque veladamente, así lo recogía. El
Gobierno se niega reiteradamente a traer este texto de derechos
del menor, alegando que ya existe una Constitución con una serie
de derechos y libertades que se aplican a las menores; que ya
existe, desde el año 1989, la Convención de Derechos del Niño de
las Naciones Unidas y se está aplicando en España desde 1991. El
caso es no elaborar la ley de derechos del menor y el Grupo
Popular no está de acuerdo con esta postura. Por ello, hemos
elaborado esta proposición de ley. En primer lugar, para decir,
aunque exista efectivamente una extensa tabla de derechos y
libertades en nuestra Constitución, la referencia que se hace a
la infancia es muy escasa. Por ejemplo, el apartado 4 del
artículo 39, que está ubicado en el Capítulo tercero del Título I
tiene, como saben SS. SS., como título «De los principios
rectores de la política social y económica». Según se recoge en
el artículo 53.2 de la Comunidad Europea, no son derechos
directamente aplicables y exigibles, puesto que su incumplimiento
no conlleva a presentar recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional. Por tanto, se puede considerar que este precepto
no regula los derechos exigibles directamente respecto a la
infancia, sino que son unos principios informadores de la
actuación de los poderes públicos. Además de lo anteriormente
expuesto, he de recordar que últimamente algunas comunidades
autónomas han elaborado leyes del menor y otras pretenden hacerlo
en un futuro próximo.
Por tanto, es necesario que exista una ley de ámbito nacional que
fije los criterios para interpretar el contenido de los derechos
del menor y para conformar un estatuto jurídico del menor. Sin
embargo, el Gobierno sigue negándose a traer esta ley completa y
totalizadora.
Esta proposición de ley fija un concepto amplio en el ámbito
personal y territorial, considerando titular de la misma al menor
de edad, el ser humano, de edad inferior a los 18 años, que se
encuentre en territorio español o bajo la jurisdicción española.
Tiene como finalidad específica adecuar los criterios que regula
la Convención de los Derechos del Niño, que tiene carácter
universal, a las necesidades, a la realidad de los menores en
España, de tal manera que si bien los menores son titulares de
derechos fundamentales, su ejercicio se debe modular por su
minoría de edad. No se recoge un detalle mínimo de los derechos,
sino que se intenta regular los mismos para, posteriormente, ser
desarrollados. Por eso, en esta proposición de ley figura, una
disposición transitoria en la que se concede un año para terminar
de desarrollar la regulación específica o, si son competencias
transferidas a las comunidades autónomas, para que ellas mismas
lo hagan.
Además, en esta proposición de ley también se recoge y se enmarca
la protección del menor antes y después de su nacimiento, porque
hay determinadas circunstancias que afectan al menor antes de su
nacimiento y que, después, dan lugar a una auténtica
discriminación. Estoy hablando de la ley que regula las técnicas
de reproducción asistida o la donación de gametos.
Este texto regula y contiene cinco títulos. El primero de ellos
recoge unos principios rectores; en el artículo 2.2 se recoge el
principio de igualdad, evitando toda discriminación que afecte al
menor o a su familia y también el principio del interés del
menor, que debe ser superior al interés de sus padres, de tal
manera que pueda dar lugar a su desarrollo integral y a un
ejercicio completo y armonioso de sus derechos. Dándose
importancia a la figura del padre y de la madre y a la figura de
la familia, considerando que ésta debe ser protegida, tal como
recoge nuestra Constitución y los tratados internacionales que
hemos firmado, el interés del menor debe estar por encima de
ellos.
También recogemos los principios de actuación de los poderes
públicos no sólo por el principio de subsidiariedad, sino al
principio de coordinación de todos los órganos de las
comunidades, de las administraciones públicas que tienen
competencia en la protección del menor. Así, recogemos la
necesidad de un comité central de seguimiento de la política de
la infancia, asistiendo y controlando la misma para que los
menores, estén en el punto territorial que estén, en España
tengan los mismos derechos y la misma protección.
En este Título I, aparte de esos principios rectores, se recoge
también el derecho primero y fundamental, sustentador de los
demás, que es el derecho a la vida del menor, derecho que se
extiende a su desarrollo y a su supervivencia.
En el Título II, que quizá es el más novedoso, se regulan los
derechos y libertades civiles, los derechos sociales y culturales
del menor en un solo texto. Así, nos encontramos con el derecho a
un nombre; el derecho a la identidad; el derecho a la
nacionalidad, teniendo en cuenta los riesgos que pueden tener
algunos menores extranjeros de resultar apátridas; el derecho a
buscar y recibir información con las necesidades y los problemas
que conllevan los menores que pertenecen a diferentes culturas y
que padecen alguna minusvalía; el derecho al honor, a la
intimidad y a la propia imagen; el derecho a conocer sus
orígenes; una extensa regulación del derecho a la educación y a
la salud, derecho al ocio y al juego.
En el Título III recogemos los derechos y libertades de los
menores y de sus padres o quienes les sustituyan en el ámbito
familiar, de tal manera que, como decía
anteriormente, ante la confrontación de los mismos, debe
aplicarse el interés superior del menor y la actuación de los
poderes públicos cuando, produciéndose una desprotección de los
menores, tengan que actuar con medidas paliativas o preventivas.
También recogemos en el Título IV una seria de situaciones que
necesitan especial protección. Estamos hablando en este momento
de aquellos menores explotados, de los que se abusa y a los que
se les agrede; los menores en relación a los conflictos armados,
los menores inmigrantes, los menores necesitados de asilo y
refugio, los menores pertenecientes a minorías cuya cultura
pretendemos que se proteja y que también se integren en la
cultura del entorno en el que viven. También estamos hablando de
aquel menor infractor, teniendo en cuenta que hay que adecuar su
tratamiento a lo que regula la Convención de Derechos del Menor,
con un principio educativo y recuperador del mismo y no
sancionador, como en este momento se pretende por el Gobierno
socialista.
Aparte de todo esto, se recogen una seria de novedades en las
disposiciones finales, como la necesidad de modificar la edad
para que se le conceda al menor la dispensa por matrimonio. En
este momento está fijado a los 14 años, lo que nos parece una
auténtica barbaridad y creemos que se debe fijar a los 16.
Asimismo, recogemos la necesidad de designar a uno de los
adjuntos del Defensor del Pueblo para que defienda los derechos
del menor, una especial protección y actuación del Ministerio
Fiscal en relación a los menores; la necesidad de medidas de
control la identidad del menor; la determinación de un juzgado de
primera instancia especializado en menores, con un fiscal y todo
el equipo multidisciplinar especializado en esta materia, tan
necesario en estos momentos, porque los juzgados de familia y los
juzgados de primera instancia que los sustituyen, abarrotados de
trabajo, tardan hasta más de un año en resolver los recursos que
les llegan respecto a menores, así como el problema que se
plantea con las resoluciones contradictorias que muchos de ellos
emiten puesto que algunos magistrados son jueces sustitutos que
no están sensibilizados con el tema del menor.
Termino, señoras y señores Diputados, diciendo que esta
proposición de ley fija un derecho-deber de asistencia al menor.
Está claro que la política que ha llevado España en materia de
infancia y de juventud, en lo referente a las medidas y al
ordenamiento, ha sido siempre perezosamente desarrollada, de tal
manera que no ha llegado a la opinión pública y no ha sido
ejercitada adecuadamente por los poderes públicos. Considero que
la política de infancia y de juventud que se ha llevado en España
debe tener su anulación en unas causas mucho más complejas,
porque económicamente no es tan costosa. Sin embargo, la actitud
existente en España ha sido siempre la de pensar que los menores
no tienen problemas, molestan, los problemas se eliminarán cuando
se conviertan en adolescentes, y los problemas de los
adolescentes se eliminarán cuando sean adultos. Lo que sí es
cierto es que la política de la infancia y de la juventud en
España se ha resumido en una relación de necesidades que han sido
aplazadas y desplazadas siempre por otras que se han considerado
que se deben solventar de forma más perentoria. Con ello, parece
como si España no fuera capaz de permitirse el lujo de regular y
solventar el problema del menor.
Existe una máxima que dice: Las mujeres y los niños, primero.
Esta máxima, que lleva muchos siglos utilizándose, es ambigua.
Por un lado, nos encontramos con que contiene un poco de
galantería y por otro de protección amorosa. Es bueno que se
apoye y se proteja al débil; no es tan bueno que se dé lugar a
que le haga falta protección o a que se sea débil.
Algunos portavoces de los diferentes grupos me han expresado que
no es el momento adecuado para aprobar esta proposición de ley,
que hay una falta de oportunidad. Otros han argumentado que
existe el proyecto de ley cuya aprobación vamos a discutir el
jueves. Todos sabemos --lo dijimos aquí en su momento-- que este
Proyecto no es una ley de derechos del menor. Por tanto,
considero que lo único coherente es aprobar una auténtica ley de
derechos del menor, cosa que, repito, no lo es el proyecto de ley
que presentó el Gobierno. Necesitamos un texto globalizador de
los derechos del menor que sea el inicio de una auténtica
política, que no se quede solamente en palabras y que en palabras
solamente se diga que los menores primero, y, sin embargo, cuando
se vaya a plasmar esto no se lleva a cabo.
Es posible, señoras y señores Diputados, que me quede sola en la
defensa de esta proposición de ley de derechos del menor. Ya veo
que doña Carmen del Campo se sonríe y asiente. Es posible, señor
Del Campo, que me quede sola, que se quede solo el Grupo Popular
defendiendo la ley de derecho del menor, pero le puede asegurar
que este ideal que tiene el Grupo Popular lo podríamos comparar
con las estrellas. Sí, señor Curiel, se pueden comparar esos
ideales con las estrellas, que son difíciles de alcanzar, pero
iluminan el camino. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Barrios.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos parlamentarios que quieran
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Monzón.
La señora MONZON SUAREZ: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria no va a dejar sola a Bernarda Barrios, representante del
Grupo Popular, porque nosotros sí defendemos y apoyamos la
iniciativa. Entendemos que sí es oportuna la presentación de esta
proposición de ley sobre los derechos de menor pues existen,
además, para avalarlo innumerables recomendaciones dentro de
nuestro país en esta línea tanto de los poderes judiciales, como
iniciativas privadas, como asociaciones, etcétera. También son
frecuentes las recomendaciones de los organismos internacionales,
como el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas, a los países
miembros para que adecuen sus legislaciones a los progresos que,
por suerte, se vienen dando, aunque poco a poco, en materia de
menores.
Tiene tal trascendencia esta materia que bajo ningún concepto
debe ser utilizada con fines partidistas o electoralistas. En
materia de menores se está progresando, afortunadamente, pero se
hace imprescindible un trabajo muy interdisciplinar y muy técnico
para que se apruebe una ley que sirva para varios años y no se
quede obsoleta en poco tiempo.
Al elaborar esta proposición de ley nos parece que se ha actuado
con prisa, sin consultar suficientemente el Derecho comprado y
los abundantes documentos que existen sobre el tema a nivel
nacional y a nivel internacional, exceptuando --nos parece-- la
Convención de los Derechos del Niño, cuyo esquema se pretende
seguir, con poco acierto, porque se trata sin profundidad o se
dejan de mencionar aspectos tan importantes como la familia, las
vacaciones de los padres; normativas laborales que deben cambiar
para facilitar el cuidado de los hijos, como trabajos parciales,
trabajos en el domicilio o experiencias realizadas en algunos
países con gran éxito; las mujeres encarceladas con niños;
atención a la primera infancia; familias monoparentales; abusos
sexuales; peligro de las sectas, etcétera. Y documentos estatales
como la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, a la cual se hacen
alusiones confusas en algunos casos, así como la Ley Orgánica
4/1992, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el
procedimiento de los juzgados de menores, que se desconoce, por
lo que luego se rectifican las citas en las correcciones de
erratas.
Parece que esta proposición de ley desconoce también una serie de
resoluciones o recomendaciones del Parlamento Europeo sobre los
derechos del niño en la familia, en la mujer, etcétera, que tiene
mucho que ver con los derechos de los niños y de las niñas;
recomendaciones como la resolución sobre la protección de las
familias y unidades familiares al final del Año Internacional de
la Familia, del Parlamento Europeo; la recomendación del Consejo
92/241, de marzo, sobre cuidado de los niños y las niñas; la
Carta Europea de los niños hospitalizados; las políticas
familiares, la mujer y la corresponsabilidad parental;
prioridades de la Unión Europea en la Cumbre mundial del
desarrollo social, etcétera.
No se debe ignorar, por otro lado, que los derechos de los niños
no pueden quedar en un enunciado de principios, sino que, como
muy bien recomienda la misma Convención de los Derechos del Niño,
estos derechos están ligados intrínsecamente a una serie de
circunstancias familiares, sociales, ambientales, económicas,
políticas, etcétera, que se han de ordenar para garantizar los
derechos de los menores.
Entrando en una visión general de la proposición de ley, a
nuestro entender no se da un progreso en la valoración de las
edades de los niños para opinar quién valorará su opinión y en
qué circunstancias. Nos parece que está poco definido el tema de
los niños, los padres y los medios de comunicación. Determinados
artículos son muy farragosos, poco claros, como el artículo 8.
Aparecen términos entremezclados en el artículo 16, medidas
confusas en el artículo 18. La sección tercera, capítulo II,
artículo 21, es muy pobre en contenidos. Hay artículos mal
formulados como el 27.1. Los artículos 28 y 30 parecen más
párrafos de un reglamento que de una ley. Entendemos que no se
puede señalar por ley una lista exhaustiva de medidas preventivas
sin riesgo de quedarse a medias. No se puede señalar tampoco tan
a la ligera la definición de riesgo. El artículo 37 no tiene en
cuenta la Ley 4/1992. Nos parece que queda poco o nada clara la
protección de los niños de padres trabajadores. No queda
suficientemente explicitada la salud. No se explicita tampoco la
protección contra las drogas y otras sustancias similares,
legales o no. Es muy poco contundente en cuanto a los abusos
sexuales de menores: incesto, etcétera. Hay poca significación en
medidas compensatorias que permitan la integración de menores con
exclusiones sociales y desprotección. No hay nada sobre licencias
parentales y vacaciones coincidentes, nada sobre atención a la
familia y nada sobre familias monoparentales.
En consecuencia, Coalición Canaria va a votar favorablemente en
la confianza de que el trabajo posterior mejore las múltiples
deficiencias de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Monzón.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para, en nombre del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, señalar la posición de
nuestro Grupo ante la proposición de ley de derechos del menor,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señora Barrios, no podemos darle a esta proposición de ley un
sentido de oportunidad debido a que, como usted conoce, esta
misma semana en esta Cámara se va a aprobar el proyecto de ley de
protección jurídica del menor y de modificación parcial del
Código Civil.
Nuestro Grupo siente también la necesidad de crear un cuerpo
legislativo que proporcione una asistencia especial
a los menores, lo cual ha sido defendido insistentemente por
nuestro Grupo durante varios períodos legislativos. Señora
Barrios, el proyecto de ley que el jueves va a tratar esta Cámara
ha sido sustancialmente mejorado durante el trámite de enmiendas.
Usted misma y su Grupo han podido mejorarlo en profundidad. No
podemos apoyar esta proposición de ley de derechos del menor que,
precisamente, en la misma exposición de motivos, manifiesta que
no pretende regular detalladamente el contenido de los derechos
del menor sino establecer unos principios, unos criterios
mínimos.
Ya en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas,
ratificada por España, se reconocen los principios que usted
presenta en esta proposición de ley. Por lo tanto, lamentándolo
mucho, en este momento no podemos apoyar su propuesta.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Alemany.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a la
proposición de ley presentada por el Partido Popular, sobre los
derechos del menor. He de decir que en esta Cámara la
preocupación por los menores es de todos los grupos, que todos
los grupos aprobamos, como decía la portavoz del Grupo Popular,
una moción consecuencia de una interpelación, reclamando
precisamente al Gobierno esa ley de derechos del menor y que es
cierto que este no ha presentado en esta Cámara una ley de
derechos del menor. Pero como ésa es una preocupación
fundamentalmente también del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, al amparo del proyecto de ley
presentado por el Gobierno este Grupo Federal presentó una
enmienda de totalidad. Y dicho sea de paso, señora Barrios, su
proposición de ley es una mala copia de nuestra enmienda de
totalidad, que lo único que ha hecho ha sido incluir más
literatura, pero no más derechos ni mejor regulados ni mejor
protegidos. El proyecto de ley presentado por el Gobierno se
habría podido convertir en una ley de derechos del menor más
amplia y se ha convertido en una ley de derechos del menor, en
parte, precisamente gracias a la enmienda de totalidad presentada
por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que --como le va a pasar hoy al Partido Popular, al menos por
parte de nuestro Grupo-- nos quedamos solos votándola y el Grupo
Popular se limitó, única y exclusivamente, a presentar una
proposición de ley, desperdiciando la oportunidad de haber
participado más activamente a la hora de mejorar el texto que el
jueves vamos a aprobar.
Señorías, en esta proposición de ley se establecen prácticamente
los mismos derechos que nosotros recogíamos en nuestra enmienda
de totalidad, por lo tanto, no podemos estar en desacuerdo. Lo
cierto es que en el proyecto de ley que vamos a aprobar el
próximo jueves quedan recogidos derechos que para nosotros son
fundamentales como, por ejemplo, el derecho de los menores a ser
oídos, el derecho a la información y a la libertad de conciencia,
el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de
reunión, etcétera. Señorías, en el proyecto de ley quedan
recogidos fundamentalmente aquellos derechos que nosotros
considerábamos más importantes. De ahí que nosotros vayamos a
votar en contra de esta proposición de ley, precisamente porque
consideramos que llega a destiempo, que se ha perdido una
oportunidad de haber mejorado el texto que envió el Gobierno, que
había sido ya enriquecido con nuestra enmienda y con las
enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, que además
nos ofrecía la oportunidad de agilizar la solución de las
necesidades de los menores y de satisfacer las expectativas
generadas en las organizaciones no gubernamentales que
desarrollan su trabajo con menores.
La defensora de la proposición ha dicho que había artículos
novedosos. Por ejemplo, el número 2, donde se hablaba de derechos
y libertades. Señorías, para nosotros no era nada novedoso,
puesto que ya lo habíamos planteado dos meses antes de que
ustedes presentaran su proposición de ley. En el proyecto de ley
que aprobaremos el próximo jueves ya está recogido el que un
adjunto del Defensor del Pueblo se haga cargo de la defensa
específica de los derechos de los menores.
Es cierto que en un principio la ley presentada por el Gobierno
defraudó, no solamente a los grupos de esta Cámara, sino a todas
aquellas organizaciones no gubernamentales que habían defendido
que tenía que ser amplia, de protección de derechos del menor y
recoger, además, los derechos del menor. Creemos que hubiera sido
muchísimo mejor para los menores --aquéllos que nos preocupan
tanto-- haber aprovechado el marco jurídico del trámite que
teníamos previsto, lo que nos habría permitido aglutinar todas
aquellas leyes que tienen que ver con los menores que,
precisamente para, que se puedan aplicar y proteger los derechos
de los menores, nos habría permitido modificar el Código Civil,
que es un instrumento muy válido para defenderlos.
De ahí, señoría, que, perdida esa oportunidad, tendremos que
esperar posiblemente a una mejor época, para poder determinar y
perfilar los derechos de los menores; pero, desde luego, no es
ahora el momento, sino hace un mes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Socialista, señorías, quisiera, ante todo,
manifestar una relativa sorpresa por la presentación en este
momento de esta proposición de ley.
La señora Barrios ha hecho un excelente resumen del contenido del
texto que acaba de defender. De ese resumen y de su atenta
lectura, el Grupo Socialista deduce que los dos objetivos
fundamentales de ese texto, la regulación de los derechos del
menor y el establecimiento de medidas eficaces de protección, son
objetivos muy cercanos, prácticamente idénticos, a los del
proyecto de ley que debatiremos pasado mañana en esta Cámara.
Señorías, yo no quisiera repetir aquí discusiones que hemos
reiterado hasta la saciedad, en Pleno, en Ponencia y en Comisión,
sobre la conveniencia o no de legislar a base de estatutos
personales en un sistema jurídico como el nuestro; sobre la
conveniencia o no de repetir literalmente artículos de la
Convención de Derechos del Niño que, al fin y al cabo, es
ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, creo que, por
cortesía, debo hacer algunas observaciones sobre el contenido de
la proposición de ley presentada por el Grupo Popular; una
proposición de ley que, a nuestros ojos presenta luces y sombras.
Presenta sombras porque, efectivamente, adolece de defectos. Para
nosotros, el primero de ellos, la vaguedad. En un momento de
desarrollo constitucional como éste, señorías, con dos leyes
orgánicas destinadas a regular la materia, es demasiado impreciso
decir que el menor tiene derecho a la educación y desarrollar en
cuatro someros artículos este derecho. Es francamente etéreo
hablar de que el menor trabajador tendrá los derechos que para él
se establecen en las leyes laborales. Es francamente difuso
hablar de que el menor tiene derecho a una nacionalidad, ¿a cuál,
señoría?, porque este Parlamento podrá establecer qué menores, en
qué condiciones, si todos o algunos tienen derecho a la
nacionalidad española, pero no podremos ir más allá. Son defectos
que, como ya ha señalado algún otro interviniente, la hacen
demasiado vaga y esa vaguedad redunda en falta de eficacia.
Por otro lado, hay algunos aspectos técnicos que han sido
señalados con profusión: una cierta confusión de competencias del
Ministerio Fiscal y del Poder Judicial en algunos artículos;
regular fuera del Código Civil cuestiones que son materia clara
de Código Civil; considerar sólo como derechos y no como
derecho/deber el contenido de las facultades de la patria
potestad... Podríamos hacer una relación más larga, señorías,
pero no se trata aquí de hacer ataques puntuales a determinados
artículos, porque he dicho, y repito, que esa proposición de ley
a nuestros ojos también tiene virtudes y aspectos que, desde
luego, redundan en una mejor protección del menor; complementa el
desarrollo de algunos derechos que están insuficientemente
desarrollados en nuestra legislación actual, como puede ser el
honor, la intimidad o el derecho a la asociación; mejora aspectos
de la Ley 21/1987, al distinguir entre la situación de riesgo y
desamparo en la desprotección del menor; da mayor facilidad de
maniobra a las entidades públicas para proteger a los niños;
aborda --aunque aquí sí que tengo que decirlo--, de una manera
absolutamente insuficiente, la problemática de la adopción
internacional. Son, efectivamente, virtudes, señores del Grupo
Popular, que reconozco. Ahora bien, todos estos aspectos
positivos están recogidos, y al entender de este Grupo de una
forma más amplia y más precisa, en este proyecto de ley de
protección jurídica del menor que saldrá de esta Cámara camino
del Senado pasado mañana, jueves.
No vemos, por tanto, la oportunidad de esta iniciativa. Señorías,
para el Grupo Socialista las cuestiones de los menores no son
cuestiones partidarias, la protección del niño es un asunto de
todos y nunca adoptaremos en ella posturas de un solo partido
político. Lo hemos demostrado así, señorías, en la aceptación de
numerosísimas enmiendas a este proyecto de ley, y les aseguro que
lo seguiremos demostrando en el trámite del Senado, en el que
aquellas propuestas útiles que se incorporen, aquellas propuestas
que mejoren la protección de la infancia, serán aceptadas por
nosotros. Pero hagamos un trabajo eficaz, no aprobemos ahora
propuestas inviables, que no tienen ninguna posibilidad de
culminar su trámite parlamentario, y dediquémonos al trabajo
serio, al trabajo que está prácticamente al fin de ese camino del
que la señora Barrios hablaba, y consigamos entre todos una
protección aún más eficaz de los derechos de los niños y las
niñas en España. Ese y no otro será el mejor modo de celebrar el
sexto aniversario de la Convención de Derechos del Niño que
conmemoramos en estos días.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Del Campo.
Vamos a pasar a la votación correspondiente a esta iniciativa
debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular sobre los derechos del
menor.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 314; a favor, 141; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, RELATIVA A LA
CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES (Número de expediente
162/000246)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo de Coalición Canaria relativa a
la convocatoria de elecciones generales.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en el breve turno de diez minutos de que dispongo (Un
señor Diputado: Demasiado.) voy a argumentar, justificar y
razonar una propuesta política que presenta el Grupo de Coalición
Canaria, que entiende elemento esencial que corresponde al sentir
mayoritario y al estado de opinión pública en este país sobre la
necesidad de que la crisis política debe conducir inevitablemente
a la convocatoria de elecciones generales.
La propuesta que voy a defender está basada en tres razones
principales: Una razón política, una razón de forma y
procedimiento y también una cuestión de oportunidad política,
porque en los argumentos que mi Grupo ha venido escuchando en las
últimas semanas, en orden a apoyar o a votar en contra de nuestra
propuesta, se mezclan las cuestiones de fondo político con
pretextos formales y cuestiones de oportunidad de tiempo
político.
Me referiré, en primer lugar, a las cuestiones de fondo. La
primera pregunta, a la hora de hacer una reflexión sobre lo que
hay que votar, es: ¿Existe en este país o no una crisis política
profunda que afecta por su prolongada permanencia, sin que haya
una respuesta, al funcionamiento regular de las instituciones?
(Varios señores Diputados: No.) ¿Hay una razón de fondo
fundamental que explica o no que debería disolverse el Parlamento
español y convocarse elecciones? (Varios señores Diputados: No.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Desde los estrados del Grupo
Socialista escucho una versión, por lo visto interesada, en el
sentido de que no. Yo, con el ánimo parlamentario de persuadir
más que de tener opiniones previas, les pregunto: ¿Qué democracia
europea hubiese aguantado las crisis sucesivas de los fondos
reservados y de la Guardia Civil, la crisis del Banco de España,
la crisis del GAL, la crisis del Cesid; crisis, una tras otra,
que, como decía yo hace quince días en este mismo estrado, han
ido penetrando cada vez más profundamente en el corazón del
Estado? ¿Qué país en Europa hubiese soportado con más estoica
paciencia que con la que ha aguantado la sociedad española sin
haber disuelto el Parlamento y convocado elecciones? Uno sólo de
los cuatro o cinco grandes escándalos que ha vivido este país en
los años 1994 y 1995 hubiera precipitado, en cualquier democracia
europea que tuviera un sentido del Estado por encima de los
intereses partidistas, una convocatoria electoral. Decía hace
quince días que penetraba más profundamente en el corazón del
Estado y una semana después ocurría que hasta la institución
monárquica, la última en ser afectada, andaba en medio de las
batallas de la conspiración.
Yo creo que es innegable que el Presidente del Gobierno español
tenía, antes del verano de 1995, como máximo en el mes de julio,
que haber disuelto este Parlamento y convocado elecciones para
que hubiese... (Protestas y aplausos.) No les gusta a ustedes lo
que estoy diciendo, pero escúchenme, porque a lo mejor los
convenzo y cambian el planteamiento inicial del voto que ya
tienen cerrado en este debate parlamentario. Nosotros, lo que
estamos planteando es que hay razones, y el que las niegue
procede y actúa con una ceguera política y con una enorme
irresponsabilidad.
No se han convocado elecciones, y se argumentó por el Gobierno y
el Grupo Socialista que no se convocaban elecciones porque tenía
mayoría, porque contaba con el apoyo de Convergència i Unió. Eso
ocurrió ciertamente hasta el mes de julio. En el mes de julio
Convergència i Unió hizo un discurso en esta Cámara diciendo que
el Gobierno debía recuperar en un mes la credibilidad de los
ciudadanos. En un mes nos encontramos con el desencadenamiento
del GAL, la agudización del Cesid, y en el mes de septiembre,
Convergència i Unió le dijo al Partido Socialista --si yo he
leído bien sus declaraciones-- que en este país se había acabado
la mayoría sobre la que se gobernaba.
Tuvimos un acto político fundamental en las prácticas
parlamentarias. El acto político consistió en que todos los
grupos de la Cámara, menos el Grupo Socialista, votaron que no a
los Presupuestos del Estado, y el Gobierno de España se quedó, de
hecho, convertido en un gobierno prácticamente en funciones, sin
el instrumento básico, sin la Ley fundamental que justifica la
política económica y el gobernar España: la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, sin la cual seguimos.
Oí a todos los grupo parlamentarios decir entonces: ya no es
tiempo de Presupuestos. El señor Molins lo sintetizó en una frase
clave: no es tiempo de presupuestos; es tiempo de elecciones. La
enmienda presentada por el Grupo Catalán entonces, que nosotros
respaldamos y apoyamos aquí, en un folio decía: es tiempo de
elecciones y no es tiempo ya de debatir las nuevas políticas
económicas. A partir de ese momento la proposición no de ley de
Coalición Canaria entra en el debate de este Parlamento.
Entonces, como no se quiere ir al fondo del debate han empezado
los argumentos formales: que si es constitucional; que si no lo
es; que cómo es posible que un Grupo Parlamentario
no plantee ni la moción de censura ni la moción de confianza. (Un
señor Diputado: Plantearla.) Hagamos un análisis serio de la
Constitución. Si hay un grupo en minoría que pierde la votación
de la ley de los presupuestos, lo primero que tenía que haberse
planteado es la cuestión de confianza, mecanismo que establece la
Constitución para saber si se puede seguir gobernando con mayoría
o no. El Presidente del Gobierno, como sabe que el Grupo de
Convergència i Unió le ha amenazado, afirmando reiteradamente que
no votaría una cuestión de confianza, no la presenta. El Gobierno
se escuda en que frente a esa situación sólo cabe la presentación
de una moción de censura.
Para convocar elecciones el procedimiento constitucional no es la
moción de censura. La moción de censura sirve para sustituir un
gobierno por otro, para que el siguiente gobierno tenga un
presidente y un programa y siga gobernando. Pero en esta Cámara
no hay ni mayoría para mantener una cuestión de confianza, ni
mayoría para ganar una moción de censura. Ante un bloqueo
constitucional de ese tipo, sólo es posible disolver y celebrar
elecciones. La Constitución Española tiene mecanismos, cautelas y
prevenciones muy importantes para evitar que haya vacíos
políticos. La historia de España de principios de este siglo es
una sucesión interminable de crisis políticas, porque no se
establecía la moción de censura constructiva. Yo estoy de acuerdo
con esa interpretación constitucional. Pero el vacío político se
crea cuando un presidente no presenta la cuestión de confianza,
después de ser derrotado en la ley de presupuestos. Ante esa
situación, lo normal es que el Parlamento se pronuncie. Estaría
bueno que el Parlamento de España, órgano máximo de soberanía
popular, no pudiera decirle al Presidente del Gobierno de España
que en este momento hay una crisis política en el país que afecta
a las instituciones del Estado y que, por tanto, está en la
obligación de convocar elecciones en el uso de sus prerrogativas
constitucionales, que nadie pretende quitárselas, pero que el
Parlamento le recomienda, le pide que las use en bien del Estado
y en bien de España. Ese es el sentido último de nuestra
iniciativa.
Nosotros le estamos planteando que, ante un bloqueo que prolonga
la crisis política, es imprescindible convocar elecciones. Ya no
hay argumentos de tipo formal. El Gobierno, al que se le pide que
se vaya y que dimita, no sé si ha dimitido ya, porque no hay ni
un miembro del Gobierno aquí sentado. (Aplausos.) Sería bueno que
estuviera para escuchar. (Protestas.--Rumores.) ¿Están arriba en
la tribuna? Yo no los veo en el banco azul. A lo mejor es que me
van hacer caso. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Lo que se ha producido en este país,
y la presencia aquí del Gobierno lo demuestra, es que unas
sucesivas mayorías absolutas, con una interpretación rígida de la
Constitución, ha llevado a una concepción presidencialista, y
esto es una democracia parlamentaria y no presidencialista. Todos
los poderes no los tiene el Presidente. Si en este país no hay un
Presidente del Estado porque hay una monarquía, no deben ser
invadidas las funciones parlamentarias por una interpretación
presidencialista del Gobierno, que es lo que era el marco
constitucional español. (Protestas.--Rumores.) Así es.
Ante estos argumentos formales que sirven de pretexto, el último
argumento que he escuchado, y que me hubiese gustado escuchar del
Presidente González hoy, es que no es un problema ni de fondo ni
de forma, porque los problemas de forma, cuando hay una discusión
en este Parlamento sobre lo que es o no es Constitucional, los
resuelve la Mesa que está aquí sentada. Y la Mesa ha dicho que es
constitucional, y han votado a favor de la iniciativa de
Coalición Canaria los representantes de la Mesa del Grupo
Socialista, del Grupo Popular, de Convergència i Unió y del PNV,
por unanimidad. Lo que no vale es que el Gobierno, que es parte,
le diga a la Mesa, que es el árbitro, que protesta porque le
pitaron un penalty. Porque cuando protesta el jugador contra el
árbitro, se le enseña la tarjeta roja y se le manda a la calle,
que es lo que yo estoy pidiendo en este momento. (Varios señores
Diputados: Bien, bien.) Por eso, señoras y señores Diputados, el
último argumento del Presidente González era que para qué
adelantar las elecciones si las va a convocar en marzo. La
primera duda que tiene el pueblo español, después de tantas
afirmaciones con tantas contradicciones, es si las va a convocar
de verdad en marzo. (Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: La diferencia de nuestra proposición
es que si ahora se vota favorablemente la proposición no de ley
de Coalición Canaria, las elecciones se celebrarían el último
domingo de enero o el primero de febrero. No tengan ustedes la
angustia, señores Diputados del Partido Socialista, de que van a
hacer campaña electoral en las Navidades. Lo único que les vamos
a quitar --y en bien de España sería bueno-- son las vacaciones
parlamentarias desde el día 7 u 8 hasta finales de enero
(Rumores.), Sería un buen momento para hacer elecciones en este
país, porque hay una razón política fundamental: si se hacen
elecciones a finales de enero principios de febrero, tendremos un
gobierno elegido por los españoles como muy tarde a principios de
marzo, constituido, consolidado y con sus nombramientos, y ese
gobierno puede hacer unos Presupuestos Generales del Estado el
año que viene, antes del verano, (Rumores.) porque no tener
Presupuestos Generales del Estado --y se lo recuerdo a los
señores de Convergència i Unió-- el año que viene, es perder un
año decisivo para España en la convergencia europea. (Rumores.)
Tener Presupuestos
Generales del Estado es necesario para que haya un gobierno
pronto. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No hay Presupuestos Generales del
Estado porque ustedes no tienen mayoría y los señores de
Convergència i Unió dijeron no a los Presupuestos. Hoy me he
enterado --no sé si ésa es ya una decisión definitiva-- de que el
señor Pujol, después de las elecciones catalanas, ha anunciado
que va a votar en contra de la proposición no de ley. Supongo que
quien votará será el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego concluya.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Termino. Por razones de crisis
política, de fondo y de Estado había que convocar elecciones.
(Rumores.--Protestas.) Por razones formales, de procedimiento --
hay razones constitucionales que apoyan nuestra propuesta-- y por
razones de oportunidad política, porque en España el recurso más
escaso en este momento es el tiempo, y hace falta un gobierno que
regenere este país y que cambie la situación, y el único gobierno
posible es el que elijan los ciudadanos, y en este momento entre
el Parlamento y los ciudadanos hay una enorme disonancia.
(Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: El Grupo Socialista tiene montada
una clac --y con esto termino, señor Presidente-- y casi no me
dejan hablar...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Yo le pregunto al Grupo Socialista
como reflexión, cuando aquel Diputado dijo que estaba dispuesto a
dar la vida para que hablaran sus adversarios o sus enemigos,
¿ustedes creen que lo dijo un idiota o un profundo demócrata?
Muchas gracias. (Rumores.--Protestas.--Aplausos.--Un señor
Diputado: Estamos alucinados.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra
el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Entendiendo los argumentos y la pasión, yo
diría que en este caso en un sentido positivo, del señor
Mauricio, quiero manifestar que no apoyaré su propuesta en
función (Varios señores Diputados: ¡Oh!) --¡lástima del
desencanto!-- precisamente de la representación parlamentaria que
ostento y que creo que todos ostentamos. Creo que todos debemos
cumplir con nuestro papel, y en este caso el Ejecutivo --no entro
en las razones que lo motivaron, porque están ya perdidas en el
tiempo-- tiene la capacidad de poder disolver la Cámara. Creemos
que por respeto a nuestro propio papel y a nuestra propia
función, debemos respetar, aunque no nos guste y la situación no
acompañe, precisamente esa prerrogativa. En ese sentido,
entendiendo y compartiendo muchos de los argumentos que el señor
Mauricio ha expuesto, y entendiendo además sobre todo su premura,
no compartimos su decisión o su propuesta final, pero nos parece
interesante por lo menos el discutirla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur. Tiene la palabra la
señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Esquerra Republicana entiende perfectamente el valor simbólico de
la proposición que plantea Coalición Canaria. La entiende,
primero, porque creemos que estamos en un claro proceso de
desestabilización, estamos en una situación con absoluta falta de
crédito del Ejecutivo, con parálisis en las decisiones, con
incapacidad de tirar adelante y seguramente con un auténtico
divorcio entre el Parlamento y sus ciudadanos. Más de una vez,
desde esa tribuna, hemos llamado la atención sobre esta situación
que entendemos que es realmente de alarma, de preocupación y
diría, incluso, que en algunos momentos es de fisura democrática.
Entendemos también que la decisión tendría que haberla tomado
indiscutiblemente el propio Ejecutivo a través de la cuestión de
confianza y, por tanto, entendemos que el método natural sería o
la cuestión de confianza o la moción de censura, porque son las
maneras naturales a través de las cuales esta Cámara pone en
cuestión la mayoría actual y, por tanto, decide.
En consecuencia, estamos absolutamente a favor de la
sensibilidad, del grito de alerta, del gesto simbólico que hace
Coalición Canaria, pero no de la forma. Entendemos que la manera
sería o la moción de censura o la cuestión de confianza y por
ello nuestro voto va a ser de abstención, puesto que compartimos
el fondo, pero no la forma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco no va a apoyar la toma en consideración de esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que insta
al Gobierno --este es el fondo de la cuestión-- a la inmediata
disolución de las Cámaras para la consiguiente convocatoria de
elecciones generales.
Señor Mauricio, corresponde al Presidente del Gobierno la
facultad de disolución de esta Cámara y esta Cámara, como acaba
de indicar la señora Rahola, tiene procedimientos «ad hoc» para
lograr, legítima y democráticamente, los objetivos recogidos en
la proposición no de ley que presenta el Grupo de Coalición
Canaria, básicamente la moción de censura.
Su propuesta, en el fondo, es una moción de censura encubierta y
por la puerta falsa. Pero además es una moción de censura no
garantista, sin riesgo alguno, sin programa, sin candidato
alternativo y, además, sin el suficiente respaldo de Diputados
que necesita la presentación de una moción de censura. (Rumores.)
Los demócratas no hacemos trampas, señor Cisneros. (Aplausos en
los bancos del Grupo Socialista.)
La toma en consideración, en caso de prosperar, no tiene carácter
vinculante, no obliga al Presidente del Gobierno, aunque parezca
una paradoja democrática, porque rompe las reglas de juego
democrático que nos hemos dado a nosotros mismos. Así, entendemos
que se realiza un flaco favor a la autoridad y a las facultades
de esta Cámara. En el fondo crearíamos un mal precedente, un
precedente atípico en el funcionamiento parlamentario. Por ello,
hay que entender la proposición no de ley del Grupo de Coalición
Canaria en clave política, tal y como la ha expuesto el señor
Mauricio, en clave de hartazgo, de un hartazgo comprensible y
compartido también por los Diputados del Grupo Vasco. En eso
entendemos que le asiste la razón. El Gobierno socialista --hoy
ausente en esta Cámara-- está en minoría, y también en el Senado,
desde el rechazo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Pero, señor Mauricio, esa es la responsabilidad del Presidente
del Gobierno, no la nuestra.
Existe, además, otra realidad y es que hay un calendario
electoral comprometido ante esta Cámara para culminar esta quinta
legislatura, adelantando las elecciones generales a marzo de
1996. Tradicionalmente, el Grupo Vasco y el Partido Nacionalista
Vasco han sido partidarios del cumplimiento de las legislaturas.
No compartimos las posturas de quienes antes de los cien días de
inicio de la legislatura reducen su programa político a solicitar
la convocatoria de nuevas elecciones. En este momento, además, se
encuentran en las Cortes Generales importantes proyectos de ley,
largamente madurados en ambas Cámaras, que responden a
necesidades de los ciudadanos y que este mes, estos treinta días
arriba o abajo, van a permitir poner en vigor. El calendario
electoral anunciado por el Presidente del Gobierno ante esta
Cámara permitirá culminar dichos procesos legislativos. Además,
el calendario anunciado por el Presidente del Gobierno, a nuestro
entender, se ajusta mejor en el tiempo a las necesidades
electorales que el que se derivaría de la aprobación de esta
proposición no de ley.
Entendemos, en su conjunto, que el clima político no está para
introducir más turbulencias. En un momento de clara recuperación
económica haríamos un flaco favor a los esfuerzos de los
ciudadanos que día a día trabajan por sacar el país adelante. Por
ello, no valoraremos una propuesta, una iniciativa que introduce
más elementos de inestabilidad, que tensiona más a la sociedad y
que, a nuestro entender, provoca convulsiones innecesarias.
Estamos hablando, en definitiva, de 30 días arriba o abajo.
Con la toma en consideración de esta proposición no de ley del
Grupo de Coalición Canaria estamos reconociendo, en el fondo, que
la facultad para disolver la Cámara y para convocar elecciones
anticipadas reside en el Congreso y no en el Presidente del
Gobierno. En nuestra opinión, ese es el tema de fondo, señor
Mauricio: que se priva, en consecuencia, al Presidente del
Gobierno de la facultad de convocar elecciones para atribuírsela
«de facto» a la Asamblea Legislativa.
Por ello, si quisiera conocer nuestra opinión, señor Mauricio, y
dado que usted ha llamado al debate, quisiéramos introducir un
nuevo elemento. Le solicitaríamos, en nombre del Grupo Vasco, la
retirada de esta proposición no de ley, como un nuevo elemento en
el propio debate. ¿Por qué? Porque los contenidos, las razones de
fondo, están resueltas. Se han anunciado las elecciones para
marzo de 1996. Las formas, en nuestra opinión, no son las
adecuadas; el procedimiento es incorrecto; crea, además, un
precedente de consecuencias imprevisibles y, en el fondo, es una
ruptura de las reglas de juego. Por ello, señor Mauricio, y en
nombre del Grupo Vasco, le solicitaremos la retirada de esta
proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cisneros Laborda pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
Señor Cisneros, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor CISNEROS LABORDA: Por alusiones, señor Presidente. ¿Me
la otorga? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Cisneros, S. S. es un buen conocedor del Reglamento, de los
mejores que hay en el Hemiciclo.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, conoce el contenido del
artículo que se refiere a las alusiones. Es cuando un Diputado,
en el curso de su intervención, haga juicios de valor o vierta
inexactitudes.
El señor CISNEROS LABORDA: El juicio de valor no ha podido ser
más explícito, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Si su señoría lo hace explícito, a lo mejor
lo entenderé. Para eso le doy la palabra.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor González de Txábarri, por supuesto que la facultad de
disolución es una prerrogativa exclusiva del Presidente del
Gobierno. Así se pretendió en la Constitución, así reza, e
intentar desnaturalizar esa facultad exclusiva sería,
efectivamente, una trampa.
Pero si el señor Presidente me permite, diré que una proposición
no de ley es una libre manifestación de voluntad de la Cámara,
que nadie puede coartar y cuyo resultado tendrá el valor
político... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros, el turno de alusiones no es
para participar en el debate. El señor González de Txábarri, en
lo que ha entendido la Presidencia, no ha hecho ningún juicio de
valor sobre la persona de su señoría.
El señor CISNEROS LABORDA: El de trampa, el de trampa, señor
Presidente, exactamente.
Quería simplemente, si el señor Presidente me lo permite --y
termino y me siento, obviamente--, expresar mi convicción, desde
la interpretación constitucional, de que una proposición no de
ley no pasa de ser una manifestación de voluntad del Parlamento,
no vinculante, con el valor político que tiene, pero, en ningún
caso, una moción de censura encubierta. Entiendo que en esa
interpretación del señor González de Txábarri sí que había un
elemento de trampa intelectual.
Muchas gracias. (Fuertes rumores y protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cisneros.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo de Coalición Canaria plantea en su proposición
no de ley que el Congreso de los Diputados inste al Presidente
del Gobierno a que, ante la grave crisis política --dice la
proposición no de ley--, haga uso de sus prerrogativas
constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones
generales. Como bien dice él mismo, el artículo 115 de la
Constitución dice que el Presidente del Gobierno, previa
deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva
responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del
Senado o de las Cortes Generales.
Con esta proposición no de ley se plantea, por tanto, ante el
Congreso de los Diputados la posibilidad de que esta Cámara pueda
manifestar mayoritariamente una opción que en su caso sólo al
Presidente del Gobierno compete y, de acuerdo con la
Constitución, bajo su exclusiva responsabilidad. De esta manera,
ante el anuncio ya solemne de convocatoria de elecciones para el
próximo mes de marzo con la correspondiente disolución en enero,
se plantea ahora que el Congreso se signifique mayoritariamente
por una convocatoria urgente que, en su caso, debería realizarse
a finales de noviembre, como ha dicho hoy el señor Mauricio en su
exposición, distinto de lo que planteó, como después comentaré,
hace unos días, para tener elecciones a finales de enero --decía
él--, con la coincidencia prácticamente del proceso electoral con
el período navideño.
Al margen de la conveniencia o no de adelantar aún más el final
ya anunciado de una legislatura que acabará en enero de 1996,
cuando de hecho debía agotarse en mayo de 1997; al margen de
postular que ya no tiene sentido, como hemos defendido nosotros,
continuar una legislatura cuando el Gobierno ya no cuenta con
mayoría suficiente ni con una ley de presupuestos aprobada para
el próximo ejercicio; al margen de manifestarnos a favor de la
necesidad de revalidar lo antes posible ante el electorado las
propuestas y programas de todas las formaciones políticas en unas
próximas y necesarias elecciones generales; más allá de todo
aquello que pudiese justificar la aprobación de la propuesta que
hoy plantea Coalición Canaria, lo que nuestro Grupo no considera
oportuno es que hoy pudiera producirse una manifestación
mayoritaria del Congreso de los Diputados ante una cuestión de
trascendental importancia conociendo ya previamente que la misma
no sería atendida por el Gobierno, dado que su Presidente, que es
el único que puede y debe hacerlo de acuerdo con la Constitución,
ya ha manifestado que disolverá en enero para convocar elecciones
en marzo y que no lo hará antes.
La democracia representativa nos exige a todos un cumplimiento
leal de los propios mecanismos de relación entre Gobierno y
Parlamento, regulados en la Constitución. Nosotros, como
Parlamento, no podemos obligar al Presidente del Gobierno a
disolver las Cortes, la Constitución no nos lo permite, y ante
esta realidad no tendría sentido, a nuestro parecer, que hoy,
conociendo ya previamente las intenciones al respecto del
Presidente del Gobierno, forzáramos desde la mayoría
parlamentaria una exigencia distinta del Parlamento que sabemos
previamente que el Presidente del Gobierno no atenderá. Con ello
provocaríamos una clara fractura de los mecanismos
constitucionales de relación entre el Gobierno y las Cortes
Generales que regula el Título V de nuestra Constitución y
provocaríamos, además --y esto para mí es lo más grave--, la
plasmación pública de que lo que mayoritariamente acuerdan las
Cortes Generales --que en virtud del propio artículo 66 de la
Constitución son las que representan al pueblo español--, esa
voluntad mayoritaria de la Cámara después no es atendida por el
Presidente del Gobierno, dado que constitucionalmente no tiene
por qué atender la
sugerencia que en este caso el Congreso le formularía. (Rumores.)
No ayuda esto para nada a la consolidación de nuestra democracia
parlamentaria y provocaría además un impacto negativo en el
necesario proceso de construcción de nuestro régimen
constitucional.
A nosotros como Parlamento nos compete utilizar los mecanismos
parlamentarios para controlar la acción del Gobierno, pero no
debemos impulsar trámites que previamente sabemos que no serán
atendidos, porque el único que tiene la responsabilidad y
competencia para hacerlo, que es el Presidente del Gobierno, ya
ha anunciado su compromiso solemne de convocar elecciones para el
próximo mes de marzo, dando con ello también respuesta a las
exigencias de los grupos que conforman actualmente la mayoría
parlamentaria en esta Cámara.
No hablo --quede claro-- de inconstitucionalidad de la propuesta;
hablo de inconveniencia de la propuesta. Obviamente no puede
hacer variar la posición de nuestro Grupo Parlamentario el hecho
de que hoy desde la tribuna haya mantenido el señor Mauricio,
portavoz de la propuesta, que esas elecciones deberían convocarse
con carácter urgente e inmediato
--prácticamente desde hoy--, aunque hace diez días decía él mismo
que atendiendo la gran importancia de la Presidencia española de
la Unión Europea, aceptaba que eso no fuera hecho hasta después
de finalizada esa Presidencia, con lo cual estamos discutiendo
prácticamente no un mes, como se ha dicho, sino diez días de
diferencia entre una cosa y otra. El propio impulso democrático
al que hacía referencia el señor Mauricio en su pasada
intervención, hace quince días, ante esta Cámara es el mismo que
hoy lleva a nuestro Grupo Parlamentario a votar en contra de esta
proposición no de ley para no provocar una clara disociación
entre lo que el Parlamento, representante máximo de la soberanía
popular, pide y solicita y lo que el Presidente del Gobierno, que
responde políticamente ante el propio Parlamento, ha anunciado
que haría. Provocar esta fractura, sin duda, no contribuiría al
propio espíritu de renovación democrática que Coalición Canaria
nos propone, dado que introduciríamos una confusión entre la
ciudadanía, que debería siempre observar cómo se cumplen los
deseos del Parlamento que eligió democráticamente y el del
Gobierno que dimana de ese Parlamento. Nos apuntaríamos, señor
Mauricio, a la propuesta que le ha hecho el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV) solicitando que retirara esta proposición no de ley y
que no la sometiera a votación. Toda la Cámara sabemos, señor
Mauricio, que a lo largo de estos días se han dado diferentes
explicaciones a nuestro voto y desde algunos grupos
parlamentarios, los que obviamente vienen diciendo eso desde
junio de 1993, se ha dicho que este voto viene a representar
nuevamente que nosotros no hemos acabado nuestra relación de
mayoría parlamentaria con el Grupo Parlamentario Socialista. Yo
creo que nuestra posición está bien clara y que la gente entiende
que Convergència i Unió ha dado por acabado el compromiso con el
Gobierno (Rumores.); que precisamente es porque el Presidente del
Gobierno es consciente de esa realidad y de una a la que usted
hacía referencia, de que no existen mayorías en este momento en
la Cámara ni para una moción de censura ni tampoco para una
moción de confianza, por lo que el Presidente del Gobierno se ha
comprometido a disolver las Cámaras en el próximo mes de enero
para celebrar elecciones en el próximo mes de marzo. De hecho,
nuestra posición de ruptura con el Gobierno queda palmariamente
representada por el voto al que usted mismo ha hecho referencia
desde este tribuna, contrario a los presupuestos, y por la
argumentación de que el país necesita en estos momentos unas
elecciones y no unos nuevos presupuestos.
Yo comprendo que haya grupos en esta Cámara que no entiendan en
estas exposiciones estrictamente políticas símbolos de ruptura.
Son aquellos que sólo encontrarían símbolos de ruptura en el
insulto, en la descalificación sistemática, en los que han
practicado el acoso y el derribo. Este no ha sido nunca nuestro
estilo, tampoco lo es ahora (Un señor Diputado: Así no podemos
seguir.) y estoy seguro que no lo será nunca. (Fuertes rumores.)
De lo que estoy convencido es de que con el paso del tiempo
incluso los que ahora nos insultan por hacer esto nos agradecerán
esta actitud, que a nuestro entender debe ser la que es,
constructiva y no negativa. Hay otros que dicen que no lo hacemos
por no darles a ustedes un triunfo electoral. Señor Mauricio,
sabe que usted y nosotros no competimos electoralmente y que más
bien nos caen bien que mal. Por tanto, no hay nada de eso. Otros
dicen que lo hacemos por no descartar a Felipe González o al
PSOE, pero con ese Grupo Parlamentario sí competimos
electoralmente y son mayorcitos para defenderse solos, lo están
demostrando. (Rumores.) No es por no desgastar a nadie, es por no
desgastar a este Parlamento, señor Mauricio, por lo que vamos a
votar en contra de esta proposición no de ley. Habrá elecciones
en marzo, porque así lo ha dicho el Presidente del Gobierno, que
es a quien constitucionalmente le corresponde decirlo y porque el
Presidente del Gobierno ha sido consciente de que tras la ruptura
con nuestro Grupo Parlamentario, no podía hacer otra cosa más que
convocar esas elecciones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me gustaría comenzar mi intervención planteando tres
cuestiones previas que a mi Grupo le parecen muy importantes en
estos momentos, en primer lugar, que las elecciones catalanas
han cambiando muchas cosas, una de ellas --aunque le pese que lo
diga, señor Molins-- es que ustedes, Convergència i Unió y el
señor Pujol, vuelven a darse la mano con el PSOE y con Felipe
González. (Rumores.) Pero es más, ha cambiado incluso en esta
Cámara el voto habitual de Esquerra Republicana. ¿Qué pasará en
Cataluña? ¿Qué se moverá en Cataluña para que la señora Rahola
haya manifestado hoy políticamente en su intervención lo que ha
planteado? (Fuertes rumores y protestas.--La señora Rahola i
Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
La señora AGUILAR RIVERO: Una segunda cuestión es que yo comparto
totalmente lo que ha dicho desde esta tribuna el portavoz del
Grupo Nacionalista Vasco, y es que los demócratas no hacen
trampas. Quiero pensar, con la mejor de las voluntades, que esta
proposición no de ley se está debatiendo el día 21 de noviembre
simplemente por casualidad y no porque se haya buscado a
propósito esta fecha, justamente después de la celebración de las
elecciones catalanas.
En tercer lugar, no estamos ante un debate jurídico, es un debate
político. El Gobierno ha intentado distraer la atención
llevándonos por cauces jurídicos y esto es lo que hasta ahora la
casi totalidad de los grupos parlamentarios que han intervenido
han hecho: esgrimir argumentos fundamentalmente jurídicos y no
entrar en el fondo político de la proposición no de ley.
Nosotros creemos que hay algunas cuestiones que a nuestro Grupo
Parlamentario le han causado asombro y sorpresa y que deben ser
despejadas convenientemente. En primer lugar, que el Gobierno
haya planteado públicamente la inconstitucionalidad de esta
propuesta cuando sabe que es perfectamente legal, como así lo han
informado los propios servicios jurídicos de la Cámara, a quienes
el Gobierno con esa manifestación pública ha pretendido
desautorizar, no nos dice más que una cosa y es que realmente lo
que se ha perseguido por parte del Gobierno ha sido ocultar el
miedo y el temor que a nivel político le producía la posibilidad
de una nueva derrota política en el marco del Parlamento, en el
marco del Congreso. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Prefieren los señores del Gobierno y del PSOE generar confusión a
sabiendas, poner en cuestión públicamente, incluso, a los
servicios jurídicos de la Cámara, con tal de no reconocer
políticamente la realidad: su temor, su preocupación, su miedo a
una nueva derrota en el Parlamento. Una vez más se plasma en su
forma de actuar, en su política habitual, el todo vale con tal de
justificar lo injustificable.
En segundo lugar, nosotros creemos que hay que despejar una
cuestión también fundamental, y es que no es de recibo que el
Presidente del Gobierno plantee casi una amenaza o un cuasi
chantaje, desde el punto de vista político, al Parlamento
advirtiendo que de ser aprobada esta proposición no de ley,
inmediatamente serían disueltas las Cámaras, las Cortes
Generales, y, por tanto, no daría tiempo, no habría lugar a que
el próximo jueves se votara el suplicatorio del señor
Barrionuevo. Parecía una amenaza clara y concreta al Parlamento,
justamente dirigida a decirnos: cuidado, que si aprobáis esta
proposición, luego no dará tiempo a votar algo tan importante
como es el suplicatorio del señor Barrionuevo, mezclando una vez
más todas las cuestiones, presionando de esta manera
indebidamente a los grupos parlamentarios y advirtiendo que se
utilizarían las prerrogativas constitucionales, eso sí, de forma
totalmente partidaria, para, así, evitar que el Poder Judicial
pudiera llegar hasta el final en su investigación del tema GAL.
Una tercera cuestión es que, señoras y señores Diputados, no
estamos ante una moción de censura destructiva, no estamos ante
una moción de censura encubierta, sino ante un debate político
que simplemente pone de manifiesto una realidad, la actual, donde
se insta al Presidente del Gobierno a hacer uso de sus
prerrogativas constitucionales. En la proposición no de ley que
hoy estamos debatiendo no se dice nada más, y el Parlamento, el
Poder Legislativo, puede instar al Gobierno, al Presidente del
Gobierno, para las cuestiones que estime pertinentes y
convenientes. Lo que no se puede ni nosotros, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, vamos a consentir es que el Presidente del Gobierno
tape la boca o silencie a este Parlamento. Nosotros vamos a
defender la soberanía y la dignidad de este Parlamento en el
ámbito de actuación de sus competencias, de sus funciones y,
lógicamente, no más allá de ellas, pero lo que estamos haciendo
hoy con esta proposición no de ley no es ni más ni menos que
ejercer las funciones del propio Parlamento, con la posibilidad
de instar, de manifestar una voluntad política clara de nuestra
Cámara al propio Presidente del Gobierno. De eso se trata. No
esgriman cuestiones jurídicas para escamotear lo que debe ser un
debate estrictamente político.
El Gobierno, el Presidente del Gobierno y el Grupo que lo
sustenta saben muy bien que la situación política es insostenible
desde hace tiempo, que, junto con sus socios de Convergència i
Unió, han sido incapaces de dar estabilidad, sosiego, serenidad y
respuesta a los problemas concretos y cotidianos que tienen
planteados los ciudadanos; el paro, el deterioro medioambiental,
la pesca, la agricultura son un cúmulo de problemas que tiene
planteados nuestra sociedad que se están quedando sin respuesta
permanentemente, y es que los señores del Gobierno y del Grupo
que lo sustenta saben muy bien que una cosa es tener la mayoría
de los votos, porque ustedes han sumado permanentemente sus 159 a
los 17 de Convergència i Unió, y otra cosa es tener capacidad de
gobernar e iniciativas para dar respuesta, y respuesta concreta,
a los problemas de los ciudadanos. Ustedes saben muy que ha
habido una
incapacidad y una ineficacia manifiesta a la hora de gobernar.
Como digo, una cosa es sumar votos y otra gobernar para dar
respuesta a los problemas.
Es más, con su política y con su forma de hacer la política nos
han traído escándalos en cascada que han afectado a las
instituciones básicas del sistema democrático, a las
instituciones básicas del Estado. Ahí está, afectada, la
Dirección General de la Guardia Civil, ahí está el Boletín
Oficial del Estado, ahí está el Banco de España, ahí está el
Ministerio del Interior, el Cesid; son instituciones del Estado
que se han visto afectadas por los escándalos que ustedes, con su
política y con su forma de hacerla, han provocado. Esos casos han
tenido, y siguen teniendo, nombres al lado, personas concretas:
Roldán, Rubio, Salanueva, Rodríguez Galindo, Manglano, Corcuera,
Barrionuevo, Asunción, Vera, Sancristóbal, García Vargas,
Solchaga, Serra. ¿No les parecen a ustedes, señorías, demasiados
nombres de plena confianza del Presidente González, ministros de
su Gobierno, como para negar la propia evidencia? Y es que la
política de este Gobierno, de Felipe González y del Grupo que lo
sustenta es la que ha generado el clima de crispación que tenemos
y el descrédito de las instituciones públicas, y algo más, muy
importante, el alejamiento de la ciudadanía de este Parlamento,
con la política que ustedes conjuntamente han venido practicando,
han venido haciendo.
Hace ya meses, en dos ocasiones, el Presidente de nuestro Grupo
Parlamentario planteó al Presidente del Gobierno que dimitiera y
que fuese sustituido por otra persona de su Grupo o de su
partido, con posibilidad de ir a materializar otra política, una
política de progreso, e iniciar un proceso de regeneración de la
vida pública a partir de la investigación, de la clarificación,
de la delimitación de responsabilidades y de la recuperación de
valores básicos y necesarios, como la honradez, la honestidad, la
transparencia y la ética. El señor González, aferrado a su
sillón, dijo reiteradamente no. Con posterioridad, en varias
ocasiones, por el bien de nuestro país hemos planteado la
necesidad de elecciones generales desde nuestra organización y
desde nuestro Grupo Parlamentario, constatando la ineficacia de
su política para solucionar los problemas de nuestro pueblo y
mostrando nuestra preocupación y hasta nuestra indignación por la
sucesión de escándalos de corrupciones que con su política han
provocado, que afectan, insisto, al propio sistema democrático.
Su respuesta siempre ha sido no y aferrarse al sillón. Siempre
han encontrado excusas y se han escondido detrás de ellas. En
primer lugar, la excusa de que tenían a sus socios de
Convergència i Unió, confundiendo, como he dicho anteriormente,
estabilidad con suma de votos.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, vaya concluyendo.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
En segundo lugar, el pretexto era la Presidencia española de la
Unión Europea, que ustedes mismos han empañado con escándalos
como el GAL, el Cesid, etcétera. Saben muy bien, además, del
prestigio de nuestro país en el marco europeo como consecuencia
de todo lo que ustedes han venido provocando en los últimos
tiempos.
En tercer lugar, cuando no le quedaban ni socios ni tenían
presupuestos por el pronunciamiento que habíamos hecho los grupos
parlamentarios en esta Cámara en el debate general de
presupuestos, sólo tenían ustedes Presidencia y sólo se tenían a
ustedes mismos, reconocieron que esta legislatura no se podía
alargar, que no podían postergar más su agonía política, que
había que poner fin a una situación, deteriorada por ustedes y
por nadie más. Por tanto, no quieran en este final de etapa
eludir responsabilidades que son suyas, sólo y exclusivamente
suyas, compartidas por quienes les han dado sus votos
permanentemente en esta legislatura.
Por tanto --concluyo, señor Presidente--, mi Grupo Parlamentario
va a apoyar algo que para todos está, creo, absolutamente claro,
y es que las elecciones generales son una necesidad social porque
la situación se hace insostenible. Ustedes no han querido o no
han sabido abordarla con voluntad política para cambiarla. Están
en estos momentos ya perjudicando a las instituciones
democráticas, intentando sólo y exclusivamente salvarse ustedes
política y jurídicamente. Por eso les digo que mi Grupo
Parlamentario está al lado de la mayoría de la ciudadanía, que
quiere elecciones sencillamente porque las necesita. Por eso,
vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Rahola i
Martínez pide la palabra)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, por
alusiones.
Entiendo que entre que la señora Aguilar no conoce Cataluña y que
no le funciona bien el teléfono con el señor Ribó, le dé por la
imaginación, pero vaya con cuidado porque a lo mejor quien se
sienta primero a la mesa del señor Pujol es el señor Ribó y no el
señor Colom. (Rumores.) En todo caso, señora Aguilar, sepa que de
momento lo único que hay en Cataluña es un acuerdo de las fuerzas
de oposición, entre ellas la suya, precisamente para crear una
mayor pluralidad en el Parlamento de Cataluña. Es el único
acuerdo.
También voy a decirle más. La coherencia de Esquera Republicana
no la marca ni el Partido Comunista ni su líder ni Izquierda
Unida. La marca nuestra ejecutiva, nuestra propia sensibilidad y
nuestro planteamiento ideológico. De la misma manera que le digo
que esta coherencia hace que estemos a favor de todas las
comisiones de investigación que se han constituido, que vamos a
votar a favor del suplicatorio del señor Barrionuevo y que, por
supuesto, continuamos manifestando que esto es ingobernable, sin
embargo entendemos que la manera no es tal como se ha planteado.
Pero si a usted le gusta tanto, señora Aguilar, la manera como se
ha planteado esta especie de moción de censura encubierta, le
animo a S. S. a que lo haga en el Parlamento andaluz, donde
tienen una situación de inestabilidad, donde no tienen
presupuestos, donde alguna cosa tienen que decir. Vayan ustedes
presentando mociones de este tipo, que son solamente simbólicas,
en todos los parlamentos donde les parezca que tienen que
hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: En todo caso, ya acabo señor
Presidente...
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, el turno es por alusiones,
para que conteste a los juicios de valor que ha hecho la señora
Aguilar, no para que haga un turno de réplica a la intervención
de la señora Aguilar.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acabo, señor Presidente.
En todo caso, Esquerra Republicana se va a mantener coherente con
su planteamiento de oposición dura a la actual situación y vamos
a votar en coherencia cada vez que nos parezca. Pero no vamos ni
a buscar el aplauso fácil...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Decía que no vamos a buscar el
aplauso fácil del Partido Popular ni vamos a depender de la
dogmática comunista, señora Aguilar.
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, no tiene la palabra (La
señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
Señora Aguilar, sabe S. S., como sabe toda la Cámara, que las
intervenciones por alusiones no dan lugar a debate posterior.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, negar el
deterioro de la situación política que atraviesa nuestro país es
un ejercicio que yo pensé que nadie iba a pretender hacer esta
tarde hasta que no he oído a algunos miembros del Partido
Socialista, que son capaces de negar la evidencia y de aguantar
lo inaguantable. (Rumores.) Es en este contexto en el que
debatimos hoy la iniciativa de Coalición Canaria, que solicita
del Presidente del Gobierno que, en uso de sus facultades
constitucionales, disuelva las Cortes lo antes posible.
Señorías, es cierto que la Constitución Española configura la
disolución de las Cortes como una prerrogativa exclusiva del
Presidente del Gobierno, pero no es menos cierto que, según
recoge el magnífico informe jurídico de la Secretaría General de
la Cámara, «no se trataría», cito textualmente, «de sustituir la
prerrogativa presidencial, sino de fomentar el debate político y
provocar un pronunciamiento de la Cámara, que en ningún caso
sería vinculante».
Es más, la proposición de ley, como su nombre indica, en ningún
caso produce efectos vinculantes jurídicos de ningún tipo, y cada
vez que aprobamos aquí proposiciones no de ley --no siempre,
porque otras veces tienen otro ámbito-- lo que se hace es instar
al Gobierno para que en uso de sus facultades y de sus
competencias lleve a cabo una actuación u otra.
Pero es que, además, señorías, les voy a decir que existen
precedentes de actuaciones de este tipo. Existen en esta Cámara
debates y votaciones que instan al Presidente del Gobierno a que
en el ejercicio de sus facultades propias y exclusivas, como es
este caso, adopte una actuación concreta. Y les recuerdo las
mociones de reprobación que a iniciativa del hoy Presidente del
Gobierno, señor González Márquez, se debatían aquí el 17 de
septiembre de 1981 cuando se hablaba sobre la conveniencia o no,
y la posibilidad o no de debatir una moción de reprobación de
distintos ministros porque había quien planteaba que no era
conveniente y que no se ajustaba a derecho una iniciativa de este
tipo. Decía: «Si es posible que en cuanto a la reprobación de los
ministros se hable de estas cuestiones, que lo digan, que lo
hagan, que se hable, con palabras más o menos duras por parte de
los ciudadanos de la calle, ¿cómo sería evitable que lo hicieran
los representantes de los ciudadanos en esta Cámara» señorías?
«Por consiguiente» --estoy citando textualmente, es obvio--, «yo
creo que desde el punto de vista lógico-político tenemos el
derecho y al mismo tiempo la obligación de expresar nuestra
opinión». Esto decía el señor González. Y eso es exactamente,
señor Molins, lo que estamos haciendo en este momento: debatir y
plantear.
Por cierto, señor Molins, busqué su intervención de la época para
ver si en algún momento hacia algún tipo de consideración en
cuanto a la procedencia y constitucionalidad de la iniciativa. No
hay una sola mención. Sólo empieza a plantear este tipo de
problemas en el año 1984, cuando se hablaba de reprobar ministros
socialistas, ¡qué casualidad!
Señor Presidente, una vez más los socialistas, haciendo uso de su
prepotencia (Rumores.), pretenden colocarse como únicos
intérpretes de la Constitución, de la democracia y de las
instituciones. Les voy a decir una cosa: las actuaciones y las
intervenciones del señor Rubalcaba son de antología. Y la verdad
es que hace una interpretación «sui generis» de lo que llaman,
llamaban, no sé si ahora los socialistas lo siguen llamando, «el
uso alternativo del Derecho», que viene a ser la «ley del
embudo,» que ésa es la nueva versión, y, así, donde dijeron
«digo» dicen «Diego» en función del papel que les toca en el
reparto.
Ustedes, que hoy se escandalizan porque se inste al Presidente
del Gobierno a disolver lo antes posible, no tenían ningún
empacho en solicitar del Presidente del Gobierno de UCD que
cesara a distintos ministros. Y la Constitución configura dentro
de las prerrogativas presidenciales tanto el nombramiento y la
separación de los miembros del Gobierno, cuanto la disolución de
las Cortes.
Señor Presidente, queda por lo tanto claro que aquí no hay nada
más que el ejercicio de una capacidad política de esta Cámara de
manifestar una opinión al Presidente del Gobierno sobre el
ejercicio de sus potestades, que en ningún caso tiene carácter
vinculante; que existen antecedentes protagonizados por el mismo
señor González Márquez, y que es una iniciativa plenamente
constitucional. Pero es que, además, esta iniciativa tiene un
carácter positivo por cuanto pretende recomendarle al Presidente
de Gobierno que no prolongue esta agonía, que dé una solución a
la crisis sin perder más tiempo. No parece razonable que aquello
que puede acordar en un momento el señor González con el señor
Pujol, como es la fecha de disolución, no pueda ser objeto de un
pronunciamiento por parte de esta Cámara. ¿Parece razonable que
cuando son tantas las urgencias económicas y los perjuicios para
el desarrollo de nuestro país --perjuicios y urgencias que se
agravan cada día que pasa en esta situación de crisis política e
indefinición económica, con unos presupuestos rechazados--, se
puedan seguir perdiendo días, semanas, meses, como está
planteando el Presidente del Gobierno sencillamente porque el
señor González se empecina en que fijó la fecha del mes de marzo?
Y, además, fijó esa fecha del mes de marzo antes del verano,
cuando el caso GAL no había alcanzado las evidencias que suponen
las autoinculpaciones de gran parte de la cúpula del antiguo
Ministerio del Interior; cuando las pruebas en cuanto a la
malversación de los fondos reservados por parte de antiguos
responsables máximos del Ministerio del Interior no eran
conocidas con tanta contundencia como lo son en este momento y,
sobre todo, y este punto es clave, señorías, cuando el Presidente
del Gobierno no había perdido la mayoría en esta Cámara, como la
ha perdido, al haber sido rechazados los Presupuestos Generales
del Estado.
Señor Presidente, el señor González decía en 1981 que actuaba
positivamente diciendo a los ministros que reprobaba su
actuación. Pues bien, con el mismo espíritu positivo, con la
misma lógica política nosotros entendemos que se plantea esta
iniciativa de Coalición Canaria. Y con el mismo espíritu
positivo, que seguro que albergaba el señor González en el año
1981, cuando pedía al entonces Presidente del Gobierno que cesara
a una serie de ministros, le instamos hoy a que disuelva lo antes
posible las Cortes.
Y hay que hacer tres precisiones aquí. En primer lugar, y ya ha
sido señalado con anterioridad, la moción de censura no está
pensada constitucionalmente para disolver esta Cámara, tampoco
está pensada para plantear un programa de gobierno; está pensada
para sustituir una mayoría por otra mayoría, y si nos atenemos a
una lectura estricta de la Constitución, en este momento no se
dan las circunstancias para que eso sea así.
Efectivamente, el Presidente de Gobierno no plantea la moción de
confianza. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Sencillamente, que
nos manifestemos políticamente, un pronunciamiento político en
cuanto a que el Presidente de Gobierno haga ejercicio de sus
facultades propias en un sentido muy concreto, y es en la
urgencia de disolver esta Cámara.
Pero es que, además (había quien se refería a la preocupación,
las dudas y la ruptura que supondría el que el Parlamento
aprobara una cuestión y el Presidente del Gobierno no hiciera
caso de lo que planteaba este Parlamento), hay antecedentes.
Cuando se ha instado y, en algún caso, se han aprobado
reprobaciones de consejeros o de ministros, luego el Presidente
de turno ha hecho caso o no ha hecho caso, y eso no ha supuesto
ruptura de ninguna clase; entra dentro del ámbito propio de las
competencias del Presidente. Sencillamente se ha hecho un
planteamiento político. Si hoy se aprobara por esta Cámara instar
al Presidente del Gobierno a que disolviera las Cortes de manera
inmediata, lo único que haría esta Cámara es sintonizar con lo
que está diciendo, planteando y urgiendo la ciudadanía desde hace
ya meses, con lo que se está planteando en todos los ámbitos, con
lo que se debate en todos los lugares. Nosotros, como
representantes de los ciudadanos, no haríamos más que sintonizar
con lo que esos ciudadanos piensan. Pero es que, además, el
Presidente del Gobierno, ayer o anteayer --según informaciones
aparecidas--, entendía que si aquí se producía un pronunciamiento
en el sentido de instarle a convocar esas elecciones lo antes
posible, muy probablemente lo escucharía y adelantaría la fecha
de disolución, y nosotros entendemos que eso sería francamente
bueno.
Y en cuanto a las rupturas, entre grupos políticos ha habido
quien ha planteado las rupturas en función de los insultos. No
hay nada más fácil que decir de boquilla una cosa y luego actuar
de otra manera. En democracia, las rupturas no se plantean con
insultos. Se plantean, por supuesto, con unos discursos desde
esta tribuna. Pero se plantean, fundamentalmente, a la hora de
votar. Así es como se plantean las rupturas y los apoyos, con los
votos en las distintas votaciones de las iniciativas que se
plantean ante esta Cámara.
Y termino. Estamos ejercitando un derecho legítimo, perfectamente
constitucional, con espíritu constructivo, y reclamamos que
nuestra posición sea acogida con el respeto que merece todo lo
que esta Cámara
pueda realizar en el estricto marco de nuestra Carta Magna, como
es debatir y votar esta iniciativa. La democracia, señorías, no
supone coincidir sistemáticamente. La democracia supone,
sencillamente, que pueda haber diversidad de opiniones. Eso no
quiere decir, ni mucho menos, hacer trampas. Aquí, cuando estamos
afirmando que vamos a votar positivamente esta iniciativa, nadie
está pretendiendo, por lo menos desde mi Grupo Parlamentario --y
yo creo que desde otra serie de grupos--, hacer trampas. Aquí los
demócratas no hacemos trampas, pero hay algunos que, en algunas
interpretaciones, parece que sí pretenden hacerlas, porque se
plantean unas cosas en un sitio y luego, cuando se habla en otros
lugares, se plantean otras. Señorías, aquí nadie ataca a la
Constitución. Todos la respetamos por igual. Los únicos que son
votados y no la respetan, no están en esta Cámara, no vienen, no
ponen los pies en esta Cámara, y todos sabemos quiénes son. Por
eso reclamo el derecho que tenemos a debatir esta iniciativa y a
votarla, según tenga por conveniente cada grupo en función de la
oportunidad política, y afirmo de nuevo y reitero el voto
positivo de mi Grupo Parlamentario.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señorías, estoy convencido
de que en el Grupo proponente de esta proposición no de ley, y en
los grupos que han anunciado que la van a votar favorablemente,
hay juristas de reconocida valía y personas de reconocida
sensatez. No me gustaría encontrarme hoy en su lugar. Desde el
punto de vista jurídico, esta proposición no de ley no se tiene
en pie y, desde el punto de vista político, es una insensatez.
(Rumores.--Protestas.)
Se ha dicho hace un momento que la Cámara tiene derecho a
discutir una proposición no de ley. Naturalmente. Pero esta
proposición no de ley, señorías, pretende quebrar el modelo de
relaciones entre el Gobierno y el Congreso que estableció la
Constitución. La Constitución regula con gran precisión las
funciones de las Cortes Generales y del Gobierno y sus
relaciones. Aparte de la terminación normal de la legislatura, no
hay mas mecanismo para disolver las Cortes y convocar nuevas
elecciones que el previsto en el artículo 115, ni otras vías para
forzar un cambio de Presidente de Gobierno sin elecciones previas
que las de los artículos 112, 113 y 114, una, por iniciativa del
propio Presidente, que es la cuestión de confianza y que
requiere, como SS. SS. saben, para su aprobación sólo la mayoría
simple del Congreso, y otra, por iniciativa del Congreso, que es
la moción de censura constructiva.
Pues bien, la moción de censura constructiva tiene una lógica
profunda y esa lógica es impedir que el conjunto del sistema
parlamentario quede al albur de mayorías negativas, o sea,
impedir lo que pretende precisamente la proposición no de ley que
estamos discutiendo.
La experiencia de otros países que nos han precedido en el paso
de las dictaduras a la democracia y en elaboración de
constituciones democráticas en la posguerra y, muy especialmente
en la de la Alemania anterior y posterior a la Segunda Guerra
Mundial, demostró que podía surgir una peligrosa contradicción
entre dos objetivos igualmente importantes: la exigencia de
responsabilidad del Gobierno en el Congreso, por un lado, y la
estabilidad política y el reforzamiento de los partidos y de los
grupos parlamentarios, por otro lado. Y si se adoptó el sistema
actual, o sea, la moción de censura constructiva, fue porque se
entendió que reforzaba la estabilidad del Congreso y evitaba la
formación de mayorías negativas con carácter más o menos
permanente. La mayoría negativa puede perturbar el normal
funcionamiento del Congreso, puede incluso paralizarlo, sin
ofrecer más alternativa que su disolución, y los constituyentes
consideraron que esto no sólo podría ser un factor de
inestabilidad, sino que podría transformar el Congreso en una
simple Cámara de resonancia de las confrontaciones entre partidos
en detrimento de su función representativa y legislativa. Y no es
porque sí, señorías, el que la Constitución ni siquiera mencione
el mecanismo de la proposición no de ley.
Por ello, nuestro Grupo entiende que la proposición no de ley de
Coalición Canaria es contraria a la lógica de la Constitución
(Rumores.), porque no estamos en un régimen de asamblea, sino en
un régimen parlamentario. Más concretamente, un sistema
parlamentario, el nuestro, es lo que en la teoría constitucional
se denomina un sistema parlamentario racionalizado, o sea, un
sistema capaz de desarrollar una actividad parlamentaria clásica
de control del Ejecutivo y de producción legislativa, pero, a la
vez, dotado de mecanismos que garanticen su propia estabilidad
como órgano y como institución.
Por lo demás, es bien sabido, y se ha dicho ya por todos los
intervinientes, que la proposición no de ley en nuestro sistema
parlamentario no tiene efectos jurídicos vinculantes y, por
consiguiente, no puede producir los efectos que la presente
proposición no de ley persigue. O dicho de otra manera, sólo
podría producirlos cambiando el carácter de la propia proposición
y convirtiéndola en algo que no está previsto ni en la
Constitución ni en Reglamento del Congreso.
Y puesto que antes se ha mencionado el dictamen de la Secretaría
General de este Congreso de los Diputados, me voy a permitir
citar unos párrafos de este dictamen. La Constitución española --
dice-- sólo admite los mecanismos dirigidos a exigir la
responsabilidad política del Gobierno previstos en los artículos
112 a 115, considerando que la utilización de cauces distintos
dirigidos a provocar la disolución de las Cámaras
podría producir efectos sumamente perturbadores, por ejemplo, la
mediatización en el ejercicio de una función constitucionalmente
atribuida al Presidente del Gobierno y la consiguiente creación
de nuevos ámbitos de responsabilidad política espontánea o no
racionalizada. Observado desde este exclusivo punto de vista --
continúa el dictamen--, la utilización de una proposición no de
ley con este objetivo se consideraría una invasión del campo de
potestades reservadas al poder gubernativo, constitucionalmente
garantizadas, y un procedimiento ajeno a la lógica global del
sistema para incrementar las vías tasadas de control
parlamentario del Gobierno, procedimiento que habría que
considerar excluido implícitamente por nuestro texto
constitucional so pena de incurrir en fraude constitucional. Aquí
termina la cita.
Señorías, otra cosa es que la proposición no de ley sirva para
incitar la acción del Gobierno en un determinado sentido o para
someter a crítica y a revisión sus políticas; pero éste no es el
caso que estamos discutiendo. Lo que hoy se intenta con esta
proposición no de ley es crear una vía de exigencia de
responsabilidad del Gobierno no prevista en la Constitución. En
definitiva, señorías, estamos ante una acción parlamentaria que
contradice la letra y el espíritu de la Constitución. Se pretende
con ella forzar la voluntad del Presidente del Gobierno, que es
el único cargo institucional que puede decidir, bajo su exclusiva
responsabilidad, la disolución de las Cortes, y atribuir al
Congreso una función de deliberación previa que el artículo 115
de la Constitución atribuye sólo al Consejo de Ministros. Nada de
esto está contemplado en la Constitución ni en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, y, dicho sea de paso, tampoco está
contemplado que el Congreso pueda exigir «motu proprio», la
disolución del Senado.
En conclusión, señorías, la proposición no de ley es únicamente
una manifestación de voluntad de la Cámara, que carece de fuerza
legal de obligar. No niego que, como tal, una proposición no de
ley puede tener una mayor o menor importancia política, y eso es
lo que ocurre hoy aquí; estamos ante una determinada acción
política que persigue unos determinados efectos, eso es cierto, y
de eso es de lo que voy a hablar a continuación.
Señorías, para entender realmente el propósito de los que han
presentado y de los que se proponen votar favorablemente esta
proposición no de ley, hay que analizar su texto y su motivación.
Así, por ejemplo, la justificación que se aduce es que España
vive una prolongada crisis política, con una sucesión
interminable de escándalos. Es cierto que han surgido importantes
problemas y que algunos de ellos han revestido la forma de
escándalos. La mayoría de estos problemas están, sin embargo,
encauzados por la vía constitucionalmente correcta, es decir, la
vía judicial. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¿Y la
política nada?) Pero también se han producido otros escándalos,
señorías: imputados que ingresan en la cárcel cuando dicen blanco
y salen de ella cuando dicen negro; financieros corruptos que
dictan al juez el auto que éste tiene que redactar y además se
van tranquilamente a casa, libres y exonerados de cargos cuando
habían sido convocados para ir a la cárcel, y financieros
igualmente corruptos que quieren librarse de responsabilidades
atacando al Gobierno, no sólo porque es un gobierno socialista,
sino porque es precisamente el Gobierno, y que quieren llegar
hasta a desprestigiar a la Corona porque es un baluarte decisivo
para la estabilidad de un sistema democrático. (Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.)
Y mi pregunta, señorías, es la siguiente: ¿se refiere también a
estos escándalos la proposición no de ley de Coalición Canaria?
¿Se refieren también a ellos los que van a apoyar esta
proposición y los califican de simples asuntos entre
particulares? Pues bien, precisamente ahora, cuando se está
viendo con claridad de dónde proceden estos grandes escándalos,
quién está detrás, a quién se quiere presionar, utilizarlos como
una de las razones que han llevado a presentar esta proposición
no de ley equivale a introducir esta presión exterior en el
propio Congreso y, si la proposición es aprobada, a transformarla
en proposición directa contra el Gobierno y en condicionante de
la actividad del propio Congreso.
Es posible que esto, señorías, se vea, si sucede, como una
derrota del Gobierno, pero a la larga significaría una derrota
para el sistema democrático y para todos los partidos políticos.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana: No, no.) Yo no creo que
Coalición Canaria pretenda esto, pero cada uno debe ser
consciente de las posibles consecuencias de sus actos.
Hay más, señorías. ¿Qué significa, por ejemplo, en términos
jurídicos el concepto de: carácter urgente con que se solicita la
disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones
generales? ¿Quiere decir unos días, unas semanas, unos meses?
¿Entra o no en el concepto de urgencia el adelantamiento de las
elecciones generales en 15 meses anunciado ya desde esta misma
tribuna por el Presidente del Gobierno? ¿No es esto suficiente, o
es que se quiere ir más deprisa porque se teme que los datos de
algunas encuestas y de algunos pronósticos electorales (que
alguno de los grupos que se disponen a votar afirmativamente esta
proposición consideran favorables para sus intereses de partido)
resulten invalidados por el desarrollo de los hechos o la
revelación del auténtico carácter de algunos de los escándalos
más ruidosos, por la solución de algunos de los problemas más
candentes, por el desarrollo sereno de la acción judicial y por
la mejora de los datos económicos fundamentales? (Rumores.) ¿Y
cómo se compadece el apoyo a esta proposición no de ley por parte
de un Grupo como el de Izquierda Unida, que sabe que su
aprobación significaría imposibilitar que sigan adelante
iniciativas legislativas que considera verbalmente muy
importantes, como la ampliación
de los supuestos de despenalización del aborto, por ejemplo?
(Fuertes rumores y protestas.) ¿Y no es una contradicción,
señorías, que el representante de Coalición Canaria nos pidiese
esta misma tarde una aceleración de los trámites para la
aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, a
la vez que nos está exigiendo una reducción del tiempo disponible
para ello? (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--¡Muy
bien! ¡Muy bien!)
Finalmente, señorías, me quiero referir a la situación de bloqueo
de que habla Coalición Canaria en su motivación. ¿A qué situación
se refiere el Grupo proponente? ¿A qué Congreso de los Diputados?
¿Al del rechazo de los presupuestos de 1996 o a la sesión de la
mañana del miércoles día 8 de este mes de noviembre, cuando este
mismo Congreso, al que se califica de bloqueado, aprobó con una
amplísima mayoría el Código Penal y con la misma mayoría otras
leyes orgánicas muy importantes?
El día en que se rechazaron los Presupuestos Generales del Estado
para 1996 se formó en esta Cámara una mayoría negativa, una
mayoría que no dejaba hacer, ni avanzar. El día 8 se demostró que
esta Cámara podía hacer grandes cosas, aprobar grandes textos y
solucionar o encauzar la solución de grandes problemas. La
primera era, como decía, una mayoría negativa. La segunda una
mayoría positiva en torno a iniciativas del Gobierno y del Grupo
Socialista y que precisamente por ser positiva dejó al Grupo
Popular aislado. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
¿A cuál de estas situaciones, y termino ya, se refiere la
proposición no de ley, señor Mauricio? La primera, la de los
presupuestos, sólo contribuye a sembrar alarma y desconfianza y,
peor todavía, a generar una peligrosa actitud de rechazo de la
política y de los políticos. Debo añadir, señorías, que se ha
dicho desde esta misma tribuna, hace un momento, que aquí se
venía a discutir de política. Si esto es discutir de política,
señorías, es lógico que los ciudadanos desconfíen de ella.
El señor PRESIDENTE: Señor Solé Tura, le ruego concluya.
El señor SOLE TURA: La segunda situación, la del día 8, hace
avanzar al país en su conjunto. La única que bloquea es la
primera y en nombre de ella se nos pide que el Congreso renuncie
a seguir legislando como el día 8, que se disuelva con un
mecanismo contrario a la lógica y al sentido de la Constitución y
que todo ello se haga muy deprisa, antes de que el propio
desarrollo de los hechos invalide las perspectivas electorales
que creen tener algunos grupos. Esto, señorías, es lo que hay
detrás de esta proposición no de ley de Coalición Canaria, o sea,
bien poco y de escasa categoría.
Por todo ello el Grupo Socialista votará contra la proposición no
de ley de Coalición Canaria y pide a los demás grupos que, en
nombre de la sensatez, se unan para hacer frente a las amenazas
que realmente existen, amenazas que sólo pueden prosperar si las
fuerzas democráticas se dividen ante ellas.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solé Tura.
Vamos a proceder a la votación.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, sobre la propuesta
que se me ha hecho de que la retire, me gustaría contestar, si
usted me deja, si la retiro o no.
El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, en los términos del debate
la única opción que le queda a S. S. para intervenir es para
decir que la retira, para decir que no la retira no es necesario.
(Rumores.)
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: No le oigo. Señor Presidente que
aquí hay mucho ruido.
El señor PRESIDENTE: Digo señor Mauricio que en los términos del
debate para lo único que puedo concederle la palabra es para que
diga que la retira; para que diga que no la retira no es
necesario. (Rumores.)
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, si me da 30
segundos, puedo decir si la retiro o no. (Un señor Diputado: La
retiras.--Rumores y protestas.) Quiero decirle más exactamente
que no la voy a retirar porque aquí hay que votar... (Rumores y
protestas.) ¿Me dejan hablar? Porque hay que votar, repito, quién
se hace responsable de una gestión de Gobierno vergonzosa y quién
no. (Rumores.) Ese es el debate. Por tanto, todo el mundo va a
tener que votar porque nuestro Grupo no la retira. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. (Rumores.)
¡Silencio!
Votación relativa a la proposición no de ley del Grupo de
Coalición Canaria sobre convocatoria de elecciones generales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 153; en contra, 174; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--EN SU CASO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA
GARANTIA DE UN NIVEL MINIMO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
TRANSFERIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (Número de expediente
162/000254)
--EN SU CASO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,
RELATIVA A ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA
PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(Número de expediente 162/000255)
--EN SU CASO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA
SALDAR LA DEUDA HISTORICA RECONOCIDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
DE ANDALUCIA Y EXTREMADURA (Número de expediente 162/000256)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley de los Grupos
Socialista, Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, proposición del Grupo Socialista relativa a la
garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
transferidos a las comunidades autónomas. Por el Grupo Socialista
tiene la palabra el señor Yáñez. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, me corresponde hoy aquí, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, defender una proposición no
de ley sobre un tema hermoso y atractivo para cualquier Diputado
o ciudadano de las Comunidades Autónomas de Andalucía o de
Extremadura, pero con la sensación contradictoria de que es muy
difícil, por las circunstancias que lo rodean, que SS. SS.
conocen y que sin duda se plasmarán durante el debate.
A la proposición no de ley sobre la aplicación de la disposición
adicional segunda de los Estatutos de Autonomía de Extremadura y
de Andalucía el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de
sustitución con carácter transaccional, que tendré la ocasión de
explicar durante la misma intervención. Pero si no hay ningún
grupo que se oponga, en este momento presentamos una enmienda in
voce a la propia enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Es
un nuevo punto 2 bis, que dice que «en el plazo de quince días se
estudien en la Comisión Mixta las medidas conducentes a valorar
la propuesta que, en su caso, el Gobierno de la Junta de
Extremadura incorpore en sus presupuestos de 1996. Los anticipos
a cuenta deberán ser transferidos a la Junta de Extremadura a
partir del primero de febrero de 1996». Repito que es una
enmienda in voce que presentamos ahora y que se adiciona a la
enmienda de sustitución, que explicaré a continuación.
Como saben SS. SS., el Grupo parlamentario Socialista presentó
esta proposición no de ley el 8 de noviembre; posteriormente, el
día 13, el Grupo Popular presentó una proposición no de ley sobre
el mismo tema y el mismo día, pero con posterioridad, Izquierda
Unida presentó una tercera. No es ocioso leer lo que dicen las
disposiciones adicionales segundas de ambos estatutos de
autonomía, porque son muy breves. Son muy parecidas, pero hay
alguna diferencia. En el caso de Andalucía dice: «Dadas las
circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la
prestación de un nivel mínimo en algunos de los servicios
efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado
consignarán, con especificación de su destino y como fuentes
excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias
para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo». El de
Extremadura dice: «Mientras las circunstancias socioeconómicas
impidan la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de
los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos
Generales del Estado consignarán, con especificación de su
destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas
asignaciones complementarias para garantizar la consecución de
dicho nivel mínimo, entendiéndose por tal el nivel medio de los
mismos en el territorio nacional». En ambos estatutos de
autonomía, en sus disposiciones adicionales segundas, se
especifica que será la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad
Autónoma correspondiente la encargada de fijar los criterios,
alcance y cuantía de las mismas. Como SS. SS. verán estas
competencias de la Comisión Mixta tienen mucha importancia en el
debate que vamos a celebrar a continuación.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que las garantías en
la prestación de un nivel mínimo que contemplan ambas
disposiciones adicionales son condiciones básicas para alcanzar
un desarrollo armónico del Estado autonómico que reduzca y, a ser
posible, haga desaparecer las distancias socioeconómicas injustas
entre comunidades autónomas. De lo contrario, si no contemplamos
ese aspecto constitucional, podrían aparecer, consolidarse o
profundizarse en el acceso a servicios fundamentales diferencias
determinadas por el lugar de residencia, yendo así en contra del
espíritu y la letra de la Constitución en cuanto a la igualdad de
los españoles, sin distinción del lugar, donde residan.
Con el fin, pues, de desarrollar los mandatos que establecen los
estatutos de autonomía citados, ya para 1996 instamos al Gobierno
a ello, y voy a referirme fundamentalmente a la enmienda, pero
sólo para que ustedes tengan toda la información sobre la
diferencia entre la proposición no de ley en su parte dispositiva
de sólo dos puntos, y en donde se establecen los conceptos, pero
donde se concretaba poco, y la enmienda transaccional a la que
hecho referencia antes, que supone un avance sustancial con la
posición que presentó el Grupo Parlamentario Socialista el pasado
8 de noviembre. ¿Por qué ese avance sustancial? Porque el Grupo
Parlamentario Socialista ha tenido la voluntad de facilitar un
acuerdo político con Izquierda Unida que posibilite el avance de
la situación político-presupuestaria en el Parlamento de
Andalucía, en la Junta de Andalucía. Hemos hecho un
extraordinario esfuerzo
de aproximación a las posiciones que «a priori» tenía Izquierda
Unida, que han supuesto reconocer cinco reivindicaciones básicas
que empezaron hace varias semanas, pero que mantenía Izquierda
Unida hasta hace sólo 24 horas, que están recogidas en esta
enmienda transaccional, que prácticamente es una enmienda a la
totalidad con tres puntos, en la que se recogen esas cinco
reivindicaciones que voy a referir a continuación. Lógicamente,
el espíritu, la práctica parlamentaria del objetivo de esta
enmienda transaccional que los socialistas hacemos a nuestra
propia proposición, es conseguir tener el apoyo y el voto de
Izquierda Unida. Si el apoyo de Izquierda Unida no existe, la
transaccional deja de tener sentido y lógicamente, si en la
intervención del portavoz de Izquierda Unida se expresa la
votación negativa a esta enmienda transaccional, el Grupo
Socialista retirará la misma porque ha dejado de tener objeto.
Esos cinco puntos a que hacía referencia, y ruego la atención de
SS. SS. y especialmente la del Grupo de Izquierda Unida, porque
son importantes, son los siguientes. Insisto en que siempre estoy
hablando de la diferencia entre la proposición no de ley y la
enmienda.
Primera. Se establece en el punto 2 un calendario, un plazo de
quince días, para la reunión de la Comisión Mixta.
Segunda. Se recoge explícitamente --cosa que no ocurría hasta
hace 24 horas-- la cantidad de 51.000 millones de pesetas, que es
la propuesta incluida por el Gobierno de la Junta de Andalucía en
su proyecto de presupuesto para 1996.
Tercero. Se dice que es una valoración a cuenta de las
asignaciones excepcionales que acuerde la Comisión Mixta --
insisto que es a quien corresponde--, finalmente, después de la
comisión de trabajo y de estudio.
Cuarto. Se añade que, en su caso, los anticipos a cuenta deberán
ser transferidos a la Junta de Andalucía a partir del 1.º de
febrero de 1996.
Quinto. Se insta al Gobierno de la Nación a incluir en el Real
Decreto-Ley o en la norma correspondiente que recoja la prórroga
de los Presupuestos para 1996, una disposición del mismo tenor
que la disposición final vigésimo sexta del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1996, que se presentó en
esta Cámara y que fue rechazado por los votos, entre otros, de
Izquierda Unida. Insisto, disposición final vigésimo sexta que
recoge ese concepto tanto para Andalucía, lógicamente, como para
Extremadura, y al ser rechazado nos comprometemos, como además
pedía en la negociación Izquierda Unida, a incluirlo en el
decreto ley o en la norma legal que el Gobierno considere
oportuna para la prórroga de los Presupuestos Generales del
Estado de 1995 para 1996.
Por tanto, tengo de verdad la sensación, señorías, porque he
participado en todo el proceso de diálogo, en todo el proceso de
negociación del Grupo Socialista con Izquierda Unida, de que el
Grupo Socialista ha hecho todos los esfuerzos y más allá de los
límites de los esfuerzos para entender, para comprender y para
aceptar las propuestas, las reivindicaciones de Izquierda Unida
en esta negociación. Por eso presentamos una propuesta generosa,
que demuestra la buena fe negociadora del Grupo Parlamentario
Socialista y en este momento de la cuestión y del debate me
permito albergar serias dudas sobre la voluntad negociadora que
desde el principio ha tenido Izquierda Unida. Yo me pregunto, y
lo hago sólo como pregunta, si hemos estado asistiendo a un
paripé de negociación para llegar al final a la misma situación
que al principio, es decir, a la negativa de Izquierda Unida a
cualquier acuerdo, a cualquier proposición o enmienda, incluso
las que recojan la sustancia, lo fundamental, lo definitivo de
sus propuestas.
Creo que el pueblo andaluz no podría entender que por una
palabra, por una coma, los Grupos Socialista y de Izquierda Unida
pusieran en peligro nada más y nada menos que los presupuestos de
la Junta de Andalucía para 1996 y con ello, previsiblemente, la
estabilidad u otras consecuencias que puedan devenir de la
situación político-presupuestaria de Andalucía.
No podrían comprender los andaluces que dos partidos de
izquierda, que son mayoría en el Parlamento de Andalucía no se
entiendan por el desacuerdo en una cosa que consideramos mínima y
nimia y que ello permitiera que la derecha, minoritaria en el
Parlamento de Andalucía, se llevara el gato al agua y hoy se
encontrara, y mañana más, frotándose las manos encantados de que
el desacuerdo de la izquierda permitiese su victoria política en
el Parlamento de Andalucía.
Ustedes dirán: «¿Cuál es el obstáculo, cuál es el meollo de la
cuestión?» Es, en mi opinión, una cuestión de amor propio, porque
les hemos expresado, por activa y por pasiva, en muchísimas horas
de conversación que nuestro único límite...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Yáñez, vaya
concluyendo, por favor.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Nuestro único límite no es el
fondo de la cuestión. Este texto, insisto, abre el camino de un
acuerdo en la Comisión Mixta sobre la base de los 51.000 millones
de pesetas, pero el único límite, lo único que no podemos hacer,
por sentido de la responsabilidad, por seriedad y por respeto a
las competencias del Gobierno de la nación, de éste, del anterior
o del que venga más adelante, es atarlo de pies y manos, no
dejarle ningún margen de maniobra en la negociación en el seno de
la Comisión Mixta.
La ley mandata a la Comisión Mixta Paritaria para que «determine
los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones
excepcionales». Eso no lo niega ningún Grupo y tampoco Izquierda
Unida. Por tanto, no podemos ni debemos sustituir aquí a la
Comisión Mixta paritaria. Ya hemos llegado muy lejos, hemos
llegado hasta el límite de indicar a dicha Comisión Mixta fechas,
calendarios y las cifras que ha de valorar y que han sido
acordadas por la Junta de Andalucía.
Por cierto que como no tendré ocasión en este trámite
parlamentario de contestar al portavoz de Izquierda Unida, tengo
que decirle ahora que el Gobierno de la nación, su Presidente, la
Ejecutiva Federal del PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista y
su Presidente, han apoyado y apoyan en este tema al Presidente de
la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves, sin ninguna duda. Hay
una prueba, si no hubiera sido así, si no hubiera habido un apoyo
a la posición del Presidente Chaves les aseguro que no estaríamos
proponiendo la enmienda transaccional que acabo de explicar.
Los acuerdos del Presidente de la Junta con el Presidente de
Izquierda Unida por Andalucía, el señor Rejón, que tengo aquí,
punto por punto han sido respetados en la negociación y plasmados
en la enmienda transaccional. Izquierda Unida ha pedido avales y
ha habido avales sucesivos desde la declaración oficial del
portavoz del Gobierno de la nación, señor Rubalcaba;
declaraciones del Presidente del Grupo Parlamentario Socialista y
del propio hecho de la presentación de esta proposición no de ley
y de la autoenmienda que presentamos. Pero ustedes una vez y otra
han descalificado --por cierto, con gruesas palabras al exterior,
curiosa técnica negociadora-- todos esos compromisos de aval.
Ustedes son los que se arrogan el derecho en exclusiva de
calificar lo que es o no es un aval.
Señor Presidente, voy terminando. Quiero transmitir a SS. SS. que
esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que ha
despertado gran expectación en la opinión pública andaluza y de
la que se hacen amplio eco los medios de comunicación de la
Comunidad Autónoma. No solamente eso, sino que numerosos
colectivos y asociaciones, sindicatos, federaciones de todo tipo,
nos han hecho llegar cantidad de firmas, hasta 15.000 --aparecen
hoy en la prensa andaluza--, apoyando un acuerdo del PSOE con
Izquierda Unida. No voy a dar la relación entera, pero comentaré
que, aparte de los sindicatos, la Asociación Civil por Andalucía,
la Fundación por el Progreso de Andalucía, la Federación Andaluza
de Asociaciones pro Deficientes Mentales, la Confederación
Andaluza de Minusválidos Físicos, la Federación de Asociaciones
de Mayores, la Federación de Padres de Alumnos, etcétera, todas
las importantes federaciones de asociaciones andaluzas, que
representan realmente a la sociedad civil en Andalucía, han
expresado públicamente su respaldo, su exigencia de un acuerdo
entre el Grupo Socialista e Izquierda Unida, algo que no debemos
ni podemos defraudar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
En Andalucía hay una conciencia autonómica que no procede de un
hecho diferencial, por ejemplo, lingüístico, sino,
fundamentalmente, de un retraso socio-económico al que han tenido
sometida a Andalucía los sucesivos gobiernos de la derecha que
sufrió España durante siglos. No es por azar que Andalucía
alcanzara su autonomía plena por votación popular en el
referéndum del 28 de febrero de 1980, en medio de mil obstáculos
y zancadillas de la derecha de entonces.
En los últimos trece años los gobiernos de la Junta de Andalucía
y de Extremadura y los gobiernos de la Nación han hecho un
esfuerzo ingente por dotar a Andalucía y Extremadura de
equipamientos, servicios e infraestructuras que han ido paliando
el retraso histórico. Algunas pruebas de lo que se ha avanzado
podemos contrastrarlas en los datos que tengo aquí. Por ejemplo,
se ha pasado de una renta «per capita» en Andalucía,
concretamente de 3.000 dólares, 375.000 pesetas, en 1983, a
1.150.000 pesetas en 1994, es decir, 10.000 dólares. Se ha
crecido un 206 por ciento. De 90 kilómetros de autovía que había
en 1982 ahora hay 1.300 kilómetros. Hay muchos más datos que por
razón de la escasez de tiempo no voy a desarrollar.
La llamada deuda histórica no se salda sólo con la satisfacción
de la disposición adicional segunda, como ha querido hacer ver
Izquierda Unida estas últimas semanas, sino con otros muchos
instrumentos de inversión y financiación, empezando por los
propios Presupuestos Generales del Estado y por los de la Junta
de Andalucía, ejercicio tras ejercicio, y, sobre todo, con la
voluntad política, la decisión, la continuidad y la tenacidad que
han demostrado los gobiernos de la Junta de Andalucía y de
Extremadura y los gobiernos de la Nación desde hace más de una
década. Negar eso es negar lo evidente. Pero como aún es
importante cubrir el diferencial entre Andalucía y Extremadura y
la media nacional, tenemos que seguir esforzándonos por dotar a
ambas comunidades autónomas de los medios y recursos para
alcanzar esa media nacional.
Señor Presidente, señorías, termino ahora ya rápidamente. Señores
de Izquierda Unida, tienen ustedes aquí una magnífica oportunidad
de contribuir decisivamente a dar luz verde a lo que ustedes
mismos llaman deuda histórica o a una parte de ella; tienen
ustedes la ocasión de contribuir decisivamente a asegurar una
política de izquierdas en Andalucía para 1996 o, quién sabe, para
los tres años que quedan de legislatura andaluza; tienen ustedes
la llave para garantizar la estabilidad de las instituciones
andaluzas en un sentido de avance y de progreso. No estamos
interesados
--y yo creo que mucho menos ustedes-- en que se consolide en la
opinión pública, como ya lo está, que lo único que pretende
Izquierda Unida es favorecer a la derecha, al PP, por aquello de
que cuanto peor esté la cosa para la gente, mejor para Izquierda
Unida. Una votación negativa de Izquierda Unida a esta enmienda
transaccional sería interpretada como una ratificación de la
famosa pinza PP-Izquierda Unida y un penúltimo ejemplo en el
acoso y derribo de Manuel Chaves en Andalucía y de Felipe
González en España y, ¿por qué
no?, usando sus propias palabras, para la destrucción orgánica e
ideológica del Partido Socialista Obrero Español que vienen
anunciando desde hace tiempo.
A ustedes parece que les interesa que gobierne la derecha; yo les
aseguro, señorías, que a nosotros no.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Yáñez.
Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a asignaciones
complementarias para garantizar la prestación de servicios
básicos de las comunidades autónomas.
Para su defensa, y al mismo tiempo para fijar su posición con
respecto a las otras iniciativas, tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente. Señorías,
debatimos en la tarde-noche de hoy, acumuladas, tres
proposiciones no de ley presentadas por los Grupos Socialista,
Izquierda Unida y Popular, en cuyo nombre me dirijo a la Cámara
con la triple misión de defender la del Grupo Popular y de fijar
nuestra posición en orden a las dos restantes proposiciones no de
ley acumuladas.
Sin embargo, para centrar el objeto de este debate, queremos
referirnos al origen del concepto fundamental sobre el que
estamos discutiendo y que no es otro que la nivelación de
servicios. Ya en la Constitución española, en su artículo 158, se
recogió la posibilidad de que en los Presupuestos Generales del
Estado se consignasen cantidades destinadas a las comunidades
autónomas para garantizar en todo el territorio español, un nivel
mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales,
formulación un tanto ambigua que debe entenderse referida a los
servicios fundamentales o básicos recogidos en el título I del
texto constitucional: entre otros, el derecho a la educación, el
derecho a una asistencia sanitaria gratuita o el derecho a una
vivienda digna.
La formulación constitucional es posteriormente desarrollada y
concretada, despejando en cierto modo su ambigüedad inicial, por
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de
las comunidades autónomas, la llamada Lofca cuyo artículo 15
consagra la necesidad de que los Presupuestos Generales del
Estado contemplen partidas de fondos excepcionales o
complementarios, como dice la Ley, para aquellas comunidades
autónomas cuyos recursos financieros les impidan asegurar un
nivel mínimo en la prestación del conjunto de los servicios
públicos fundamentales que hayan asumido. Y sitúa el mínimo de
prestación de dichos servicios fundamentales en el nivel medio de
los mismos en el territorio español --más adelante insistiremos
sobre esto último--, cuya determinación constituye la principal
diferencia, aunque no la única, entre la proposición no de ley
que defiendo y la presentada por el Grupo Socialista.
Sin embargo, los mencionados preceptos, que contemplan derechos
comunes a las 17 comunidades autónomas del Estado, se refuerzan
en el caso de Andalucía y en el de Extremadura por lo preceptuado
en la disposición adicional segunda de sus respectivos estatutos
de autonomía. En efecto, ambas normas estatutarias, reconociendo
sus especiales circunstancias socioeconómicas, que impiden la
prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los
servicios efectivamente transferidos, contemplan que los
Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación
de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas
asignaciones complementarias para garantizar la consecución de
dicho nivel mínimo.
Nace así la singularidad de Andalucía y Extremadura y el derecho
de los andaluces y extremeños a reclamar del Gobierno de la
nación esas partidas excepcionales destinadas a la nivelación de
servicios. Normas que tienen, no lo olvidemos, rango de ley
orgánica y que pertenecen a lo que se ha venido a denominar el
bloque de constitucionalidad.
Así las cosas, el problema se centra en la fijación cuantitativa
de las partidas presupuestarias que en concepto de nivelación de
servicios básicos deben incluirse en los Presupuestos Generales
del Estado. Es aquí donde surgen los problemas, porque, como más
adelante veremos, el debate sobre este tema, en los términos en
que aparece planteado, es absolutamente falso y carente de rigor
jurídico y político.
En efecto, la cuantificación, o, mejor, la determinación de la
cuantía a asignar en concepto de nivelación de servicios básicos
debe realizarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, porque esas asignaciones excepcionales sólo pueden
consignarse a favor de aquellas comunidades autónomas cuyo nivel
de prestación de los servicios fundamentales se encuentre por
debajo del nivel medio de los mismos en el territorio nacional.
Es, por tanto, imprescindible, como primer paso inexcusable, la
fijación del nivel medio por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para, una vez hallado el déficit que corresponda a
cada comunidad autónoma, determinar en el seno de la respectiva
Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidad Autónoma los criterios,
alcance y cuantía de dichas asignaciones excepcionales y
complementarias.
Ello es así no porque lo pretenda el Grupo Parlamentario Popular,
sino porque en esos mismos términos viene establecido en el
artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y cualquier otra interpretación que se pretenda no es
otra cosa que separarse, bajo poco confesables razones políticas,
de la letra y del espíritu de nuestra norma fundamental en
materia de financiación autonómica. En consecuencia, nadie puede
discutir el origen y la existencia de la mal llamada deuda
histórica ni tampoco puede nadie discutir la legitimidad jurídica
de la Junta de Andalucía para reclamarla del Gobierno de la
nación. Otra es la legitimidad política a la que luego haremos
referencia.
Estas son las razones fundamentales que han movido al Grupo
Parlamentario Popular a presentar una
proposición no de ley instando al Gobierno a determinar la
cuantía de la asignación excepcional que se ha de establecer para
cada ejercicio en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado
en los términos previstos en la disposición adicional segunda de
los Estatutos de Autonomía de Extremadura, pero siempre dentro
del marco normativo de la financiación autonómica y todo ello con
la máxima urgencia, para la que pido el voto favorable de los
grupos de la Cámara.
Sin embargo, no es la nuestra la única proposición no de ley
presentada sobre este tema y, por tanto, me veo en la tesitura de
fijar la posición de nuestro Grupo en relación con las
presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, comenzando por esta
última por ser la que mayores dificultades plantea en orden a su
aceptación.
En efecto, desde el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se nos propone instar al Gobierno a que liquide 51.000
millones de pesetas para Andalucía y 10.000 millones de pesetas
para Extremadura como anticipo a cuenta de la asignación
complementaria prevista en la disposición adicional segunda de
sus respectivos estatutos de autonomía. Y la pregunta que surge
inmediatamente es obvia: ¿Por qué 51.000 millones de pesetas?
¿Por qué no 61.000 millones de pesetas, 71.000 millones de
pesetas o 100.000 millones de pesetas? ¿Es que acaso, señorías,
para Izquierda Unida, Andalucía vale sólo 51.000 millones de
pesetas? Pero, además, hay otras preguntas que quedan sin
respuesta: ¿De dónde sale la cifra de 51.000 millones de pesetas?
¿Qué estudio han realizado o en qué estudios técnicos se han
basado para llegar a esa cifra? Se lo vamos a decir, señorías:
porque esa cifra no responde a ningún criterio riguroso y serio.
Esa cifra responde a un simple acuerdo entre el señor Chaves e
Izquierda Unida, que lo celebran tomando un café. Es
sencillamente un monumento a la frivolidad como lo demuestra la
sucesión de los hechos ocurridos. Así, el 9 de octubre Izquierda
Unida fija la cifra en 140.000 millones de pesetas. Al día
siguiente, 10 de octubre, la rebaja a 100.000 millones de
pesetas. El día 17 de octubre el señor Chaves ofrece 20.000
millones de pesetas. Al día siguiente, 18, el señor Rejón dice
que no menos de 40.000 millones de pesetas ni más de 100.000
millones de pesetas. Al día siguiente, 19, la fija por fin en
40.000 millones de pesetas. El día 28 de octubre el señor Chaves
ofrece por fin 31.000 millones de pesetas y, por último, se hace
la luz y el día 31 de octubre acuerdan los dos 51.000 millones de
pesetas. ¿De verdad creen, señorías, que este es un proceso serio
de fijación de la cuantía en la nivelación de los servicios
básicos? Es sencillamente una chapuza, un regateo de mercadillo,
que es en lo que SS. SS. han convertido el debate presupuestario
en Andalucía.
Pero aún hay más, porque, ¿saben SS. SS. cuál es el destino de
esos 51.000 millones de pesetas? ¿Van destinados por casualidad a
la nivelación de servicios básicos y fundamentales? Pues, no,
señorías. Más del 60 por ciento de esos 51.000 millones de
pesetas van destinados a gastos corrientes, concretamente, 15.000
millones de pesetas a gastos de personal y 16.000 millones de
pesetas a transferencias corrientes. ¿Ese es el destino que
quieren SS. SS. para la asignación excepcional en concepto de
financiación presupuestaria? Desde luego no es el destino que el
Grupo Popular pretende dar a dicho importe, razón por la cual,
junto con las otras que antes hemos apuntado, votaremos en contra
de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por lo que respecta a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, debemos comenzar reconociendo que tenía algunos
aspectos aceptables antes de la presentación de la autoenmienda
en la medida en que insta al Gobierno a impulsar los trabajos de
las respectivas Comisiones Mixtas Paritarias, a fin de determinar
los criterios, alcance y cuantía de las asignaciones
excepcionales a establecer, pero la autoenmienda que incluye la
cifra de 51.000 millones de pesetas y acepta la exigencia de
Izquierda Unida, así como la reautoenmienda in voce que efectúa
el señor portavoz ante esta Cámara, hacen que no podamos votar a
su favor.
Existen, en efecto, poderosos argumentos para oponernos a dicha
proposición no de ley en los estrictos términos en que aparece
planteada, argumentos que se refieren tanto a la forma como al
fondo de la proposición. En efecto, señorías, y por lo que se
refiere a la forma, echamos en falta en la proposición del Grupo
Socialista un detalle quizá no advertido por sus autores pero que
tiene, a nuestro juicio, una fundamental importancia y al que
antes nos hemos referido. No se encomienda la fijación del
déficit en la prestación de los servicios al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, primer paso necesario e ineludible que exige
el artículo 15 de la Lofca para la fijación de la cuantía de las
asignaciones excepcionales y sin dicho paso, señorías, todo lo
que sea fijar una cifra es sencillamente una chapuza, un acuerdo
político para salvar la cabeza del Presidente socialista de la
Junta de Andalucía.
Además, después vienen los ministros del Gobierno socialista y
desmienten y echan por tierra todo lo acordado, diciendo cosas
como, por ejemplo, que los 51.000 millones es una cifra de la
Junta --eso dijo el señor Lerma-- o, como dijo el señor Ministro
de Economía el pasado día 8 a pregunta de este Diputado, que esa
cifra la fija la Junta de Andalucía y el Gobierno no la acepta ni
la rechaza. Por cierto, que hoy mismo el Presidente del Gobierno
ha dicho que no aceptará la imposición de la cifra de 51.000
millones de pesetas.
En cuanto al fondo, decía antes que nadie, desde el respeto al
ordenamiento jurídico vigente, puede poner en duda la legitimidad
jurídica de la Junta de Andalucía para reclamar del Gobierno de
la nación las cuantías que correspondan para la nivelación de los
servicios básicos. Si eso es así de claro, más nítido aún
aparece, señorías, que el señor Chaves, el actual Gobierno
socialista
de la Junta de Andalucía, carece de la más mínima legitimación
política para exigir nada a nadie.
A la proposición no de ley del Grupo Socialista le son aplicables
las mismas preguntas que antes nos hemos hecho en relación con la
del Grupo de Izquierda Unida. ¿Por qué 51.000 millones y no otra
cifra? Aunque en este caso la respuesta es más clara, esa es la
cifra que impone Izquierda Unida y ustedes o tragan con los
51.000 millones de pesetas o se quedan sin acuerdo presupuestario
para 1996. Su agónica situación en el Parlamento andaluz les está
llevando a anteponer los intereses de su partido --sacar
adelante, como sea, los presupuestos para 1996-- a los intereses
generales de Andalucía.
Además, ¿qué son 51.000 millones de pesetas frente a los más de
100.000 millones dilapidados en el ente público Radiotelevisión
pública de Andalucía? El tristemente célebre Canal Sur. Ejemplos
como este hay cientos en Andalucía que demuestran que el problema
andaluz no son 51.000 millones de pesetas, sino trece años de
gestión caracterizados por el lujo oficial, el despilfarro y la
corrupción. El Partido Socialista ha gobernado en Andalucía
durante trece años y nunca hasta hoy se había acordado de la
nivelación de los servicios básicos ni de la disposición
adicional segunda del Estatuto de Autonomía, a pesar de que desde
diversos grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Popular, se
había venido reivindicando en el Parlamento de Andalucía desde
hace muchos años.
Para ser justos, tenemos que recordar que sí hubo un Presidente
de la Junta de Andalucía que incluyó cantidades en concepto de
nivelación de servicios, que fue el Presidente Rodríguez de la
Borbolla, pero ante el desprecio del Gobierno de la nación, que
se negó a consignar cantidad alguna (a pesar de que entonces
ambos Gobiernos, el autonómico y el central, eran ostentados por
los socialistas con mayoría absoluta), ante ello, el señor
Rodríguez de la Borbolla no tuvo la suficiente personalidad para
plantarse ante el Gobierno de la nación y exigir la liberación de
servicios básicos.
Para seguir siendo fieles a la historia, tenemos que recordar
también que ha sido precisamente el señor Chaves quien se ha
negado a incluir cantidad alguna para la nivelación de los
servicios básicos. Sí, señorías, el mismo señor Chaves, que ahora
pierde los papeles y hasta el decoro, para dar a Izquierda Unida
los 51.000 millones y hasta la luna, a cambio de su apoyo a los
presupuestos para 1996 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se trata de una maniobra nueva y a la desesperada, como lo
demuestra la posición que el Gobierno andaluz mantenía hace
justamente un año en el debate de presupuestos para 1995.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Seco, vaya
terminando, por favor.
El señor SECO GORDILLO: Voy terminando, señor Presidente, aunque
este Diputado espera la misma benevolencia que ha tenido con el
portavoz del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Suele tenerla la
Presidencia sin necesidad de que se lo recuerden.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
En efecto, el 22 de noviembre de 1994, la Consejera de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Alvarez, dijo
textualmente ante el Parlamento de Andalucía: Por lo tanto,
mientras que se perfila la metodología --que hoy todavía no está
perfilada--, se perfila el período temporal --que no está
perfilado--, se perfila su desarrollo concreto --esto, como casi
nada en Andalucía, no está perfilado--, no creo que sea prudente
recoger en los presupuestos de Andalucía una partida que no está
aprobada y que simplemente expresa los deseos de una Comunidad;
no creo que sea operativo ni tampoco que se pueda decir que se
incumple el mandato cuando no se recoge una partida que, en
definitiva, no corresponde a ninguna previsión de ingresos y, por
lo tanto, estamos incumpliendo, señores, en este caso, si lo
recogiéramos --así hablaba la Consejera-- el artículo 63 de
nuestro Estatuto. Y concluye con la siguiente sentencia: creo que
ha sido la medida más prudente no recoger esta cuantía. Ante
esto, tenemos que seguir preguntándonos: ¿Qué postura es la
válida en el Partido Socialista, la de 1994 o la de hoy? ¿Hoy sí
es prudente recoger una partida que no está aprobada o es
sencillamente un intento desesperado para salvar al señor Chaves
como sea?
Por otra parte, además de a la deuda histórica, tenemos que
referirnos también a la historia de la deuda, porque ya se ha
dicho que las normas que la recogen son la Constitución, de 1978;
la Lofca, de 1980, y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, de
1981. Desde entonces han pasado más de trece años en los que no
se ha hecho nada para resolver el problema de la nivelación de
los servicios básicos, y este desfase o déficit adicional, el que
corresponde desde el año 1982 hasta la fecha, tiene un único
responsable político y jurídico, que no es otro que el Partido
Socialista.
En definitiva, señorías, la proposición no de ley del Grupo
Socialista no es seria porque no están legitimados políticamente
para hablar de deuda histórica, buscando con esta farsa
parlamentaria simplemente conseguir una subvención política para
que el señor Chaves pueda seguir como Presidente de la Junta de
Andalucía, la cual, por cierto, se halla en el más absoluto de
los desgobiernos desde 1994. Por ello, anunciamos nuestra
abstención en el momento de su votación.
Además, me gustaría decir al señor Yáñez, portavoz del Grupo
Socialista, que el Partido Popular nunca se
alegra del fracaso de Andalucía, lo que pasa es que no se trata
del fracaso de Andalucía, sino del fracaso de la izquierda en
Andalucía, que es una cosa muy diferente.
Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que el Grupo
Parlamentario Popular está a favor, y así lo viene reivindicando
desde hace varios años, de que se consignen cantidades
adicionales y excepcionales para la nivelación de los servicios
básicos, tanto en Andalucía como en el resto de las comunidades
autónomas, pero siempre cumpliendo la ley, es decir, encomendando
al Consejo de Política Fiscal y Financiera la determinación del
nivel medio de los servicios básicos para, una vez hallado el
déficit que corresponde a Andalucía, a Extremadura y al resto de
las comunidades autónomas, que sean las respectivas comisiones
mixtas paritarias las que determinen los criterios, alcance y
cuantía de dichas asignaciones excepcionales, porque sólo así
conseguiremos la nivelación de los servicios básicos dentro del
pleno respeto al marco constitucional de la financiación
autonómica.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Seco.
Proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya relativa a la adopción de medidas para
saldar la deuda histórica reconocida a las comunidades autónomas
de Andalucía y Extremadura.
Para defensa de la proposición no de ley y para la fijación de
posiciones con respecto a las otras dos iniciativas, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, para que los problemas estructurales históricos de
Andalucía y Extremadura tengan que discutirse en esta Cámara en
cuanto que cuestiones, problemas de Estado, como lo estamos
haciendo hoy, han tenido que pasar ciertas cosas en ambas
comunidades, cosas que han supuesto una lucha seria, larga,
extensa, de largo aliento político y social y que han hecho que
ciertos proyectos que empezaron con un gran impulso electoral y
social se hayan ido desfondando en función de la diferencia, del
hiato entre las palabras y los hechos, y teniendo en cuenta
también la subida de otros ciertos grupos que intentan seguir
impulsando el espíritu de aquel 28 de febrero de 1980, de la
conquista de la autonomía plena a nivel de los estatutos de
vascos, catalanes y gallegos, conquista de la autonomía plena que
también, en el mismo nivel, a partir de esa línea singular que
marca la política, tuvo su enorme influencia en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Es la lucha, señorías por un Estado solidario, no asimétrico; es
decir, simétrico en el sentido no de que haya que homogeneizar
las diferencias, las singularidades culturales o lingüísticas,
pero que no puede aceptar techos diferenciales, techos de
distinta altura a la hora de intentar construir un Estado federal
solidario e igualitario. En función de esa lucha con la gente en
la calle en Andalucía, y también en Extremadura, se conquistan de
manera específica para estos dos estatutos, uno aprobado en 1982
y otro en 1983, sendas disposiciones adicionales que hablan de
circunstancias históricas, de desigualdad histórica y de que hay
que empezar a compensar esa desigualdad año tras año en función
de lo que fijen las comisiones mixtas paritarias para intentar
llegar al nivel medio de los servicios básicos del Estado. Por
tanto, estamos reclamando la suturación de una situación injusta,
estamos reclamando una deuda histórica labrada en función de una
circunstancia histórica injusta, insolidaria y asimétrica.
Estamos trabajando por un futuro diferente para Extremadura y
Andalucía. Anteayer, en Andalucía, más de 40.000 personas, en la
calle, también reclamaban este futuro diferente para nuestra
tierra.
Que nadie caiga en la trampa, señorías, de que se ha pagado con
la Expoþ92 parte de la deuda histórica con Andalucía. Allí está
la Expoþ92 como un dedo acusador señalando al Gobierno, tan
abandonada como el astillero de Juan Carlos Onetti. Iba a ser la
locomotora que tirara de todo el desarrollo andaluz, sacando a
Andalucía del bache, del hoyo. Bien. Ahí está Andalucía con los
indicadores de siempre. Seguimos aportando el mismo producto
interior bruto que en los últimos 25 años. Según la EPA, 900.000
parados, 2.300.000 pobres, de ellos 900.000 pobres de solemnidad.
Destrucción masiva de la estructura productiva, con ataque muy
serio últimamente a la industria, a la estructura pesquera y al
sector agrario.
Que nadie, de manera correlativa, caiga en la trampa de
identificar el actual y culpable silencio del señor Rodríguez
Ibarra con que en Extremadura se han empezado también a
solucionar los seculares problemas que aquí estamos denunciando.
Andalucía y Extremadura han sido un ejemplo de lealtad, de
paciencia y de sentido solidario con el Estado. Pero como tenemos
paciencia y sabemos medirla, y no queremos que la paciencia en un
momento determinado, por mala medida, empiece a rozar la
deslealtad, es por lo que estamos insistiendo en que Andalucía y
Extremadura se conviertan en cuestiones de Estado. Por eso, hoy
lo estamos discutiendo aquí, con la Cámara un poco vacía, pero
poco a poco, insistiendo, conseguiremos que esta cuestión de
Estado se entienda desde el punto de vista en que nosotros la
estamos exponiendo, desde el punto de vista solidario, de un
Estado justo que hasta ahora no tenemos.
Reivindicamos, por tanto, ciertas deudas, y las estamos
reivindicando de otra manera a como se ha hecho ahora desde el
Gobierno de Andalucía. Cuando se ha venido aquí, en función de un
sentimiento equivocado de solidaridad, el Presidente del Gobierno
andaluz se ha sentado del lado de la mesa del Gobierno central
para hablar, incluso, con otras autonomías. No. Hay que sentarse
a un lado el Gobierno central, sea el que
sea el color de su partido, y a otro lado las comunidades
autónomas. Al otro lado, de manera reivindicativa, el Presidente
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este es el problema de
fondo, señorías. Este es el problema de fondo. Que parece tenerse
dos lenguajes, dos prioridades, dos sentimientos, uno en
Andalucía y otro cuando se llega aquí, al nivel del Estado, donde
se difumina la necesaria reivindicación de las condiciones
especiales que sufren tanto Andalucía como Extremadura.
El presupuesto anterior, el de 1995, fue devuelto, fue recogido
por el señor Chaves, porque no lo derrotamos en la enmienda de
totalidad. En un ejercicio de responsabilidad, Izquierda Unida
retiró la enmienda de totalidad. Fue luego el señor Chaves quien
retiró los presupuestos en el debate de las enmiendas concretas
referentes a los gastos. Entonces se nos dijo que, a partir del
discurso de investidura --y se reflejó en el debate del
presupuesto para 1995--, el señor Chaves no estaba dispuesto a
cambiar ni un punto ni una coma de su política. Dijimos al señor
Chaves que no había asumido la pérdida de la mayoría absoluta en
Andalucía y que nosotros no queríamos imponer nuestro
presupuesto, queríamos, en todo caso, que se estableciera una
relación entre los Diputados que representamos cada uno en el
Parlamento de Andalucía --por redondear cifras--, el PSOE, el 45
por ciento, 45 Diputados, e Izquierda Unida el 20 por ciento, 20
Diputados. Esa relación es la que se tenía que haber expresado,
tanto en el capítulo de ingresos como en el capítulo de gastos.
Ahora hemos encontrado mayor sensibilidad en el Gobierno andaluz,
en el señor Chaves, posiblemente también en el Grupo
Parlamentario Andaluz y en el PSOE de Andalucía. Se ha aceptado
el concepto de deuda histórica, es decir, algo que se debe a
Andalucía, no sólo por transferencias mal valoradas, sino antes
de las transferencias por una acumulación que ha hecho que los
servicios básicos se desarrollen en un nivel muy inferior en
Andalucía con respecto a la media del Estado. Y se ha aceptado
una cantidad, 51.000 millones de pesetas.
Nosotros hemos ido a este acuerdo con la vocación y la voluntad
de conseguirlo y con mucha flexibilidad. Empezamos por la
cantidad, en función de cinco anualidades --teniendo en cuenta
que nosotros ciframos la cuantía total de la deuda histórica en
500.000 millones-- de 100.000 millones de pesetas. Hemos ido
bajando y es cierto que el señor Chaves ha ido subiendo su
propuesta inicial, llegando a un término medio. Por cierto, la
cantidad definitiva la puso el señor Chaves: 51.000 millones de
pesetas.
Hemos ido flexibilizando posturas. Dimos como horizonte, en
principio, a partir del cual ya no era posible un acuerdo, el día
15 de este mes. Estamos a día 21 y hemos estado intentando este
acuerdo hasta dos minutos antes de que expirara el plazo de
presentación de enmiendas. Todavía más. En principio, pusimos
como condición fundamental para conseguir este acuerdo que se
tenía que reunir la Comisión mixta y, en consecuencia, tenía que
haber como referente legal un decreto-ley. Nos encontramos en el
trámite no de defender un decreto-ley, sino una simple
proposición no de ley. Nos asombra mucho que no lleguemos a un
acuerdo, teniendo en cuenta, como todos sabemos perfectamente, el
alcance, el sentido, la naturaleza específica de lo que es una
proposición no de ley.
¿Qué está pasando aquí? Que de pronto los miembros de Izquierda
Unida nos encontramos extrañamente solos, como si tuviésemos que
defender y negociar dos veces el mismo convenio, una vez allí,
pero cuando traspasamos Despeñaperros de nuevo se deshace el velo
y hay que empezar a negociar el mismo convenio con distintos
interlocutores. En todo caso, con la asistencia de otros
interlocutores pero que permanecen mudos cuando traspasan
Despeñaperros o cambian de posición.
Nosotros defendemos con vigor y argumentos suficientes el acuerdo
conseguido en Andalucía. ¿Por qué? Primero estamos defendiendo
una ley orgánica, máximo rango jurídico en nuestro país. Estamos
defendiendo, consecuentemente, los estatutos de Andalucía y de
Extremadura y una deuda que nunca se ha pagado. En 1982 se
aprueba el Estatuto de autonomía andaluz y en 1983 el Estatuto de
autonomía extremeño. No se ha pagado todavía una peseta de la
deuda histórica.
Es cierto que para el presupuesto de 1990 el señor De la Borbolla
consignó una partida de 31.000 millones de pesetas. Pero como no
hubo reunión de la Comisión mixta, no hubo decreto-ley, no hubo
garantías suficientes, nunca llegó una peseta de esos 31.000
millones para los servicios mínimos para Andalucía. Defendemos el
acuerdo alcanzado con el señor Chaves en Andalucía, respecto del
cual él mismo señaló la cantidad y la consignó en este libro que
contiene los presupuestos generales de la Comunidad autónoma y
que han sido ya depositados en el Parlamento andaluz, cuyo
Presidente nos honra hoy con su presencia, y que contienen, en la
página 86 --aplicación económica 404--, la cantidad de 51.000
millones de pesetas.
Estamos defendiendo lo conseguido en Andalucía y lo consignado en
sus presupuestos. Y defendemos el acuerdo desde la solidaridad,
sin complejos de insolidaridad. No vale el argumento de que esto
puede suponer una pedrea en la que intenten participar el resto
de las comunidades autónomas. Sólo hay dos, por razones objetivas
perfectamente historizables y cuantificables, que han recogido la
disposición adicional respecto a los servicios mínimos básicos.
Solamente hay dos: Extremadura y Andalucía. Y no nos vale que nos
presionen diciendo que el señor Bono o cualquier otro Presidente
de comunidad está exigiendo lo que no pueden hacer al nivel en
que nosotros lo hacemos, desde el texto de la ley orgánica, es
decir, de los estatutos de autonomía de Extremadura y Andalucía.
Defendemos el acuerdo alcanzado en Andalucía entre el PSOE e
Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria
por Andalucía, negociado fundamentalmente en gran parte del tramo
por los señores Chaves y Rejón.
Defendemos, por lo tanto, la cantidad, 51.000 millones de
pesetas, pero no en la misma dirección en que se consignaron en
el presupuesto de 1990 por el señor De la Borbolla. Ahora
necesitamos la garantía. Necesitamos el aval. Es como si a
alguien se le da un papel de un crédito que va a cobrar al banco
y éste le dice: te falta la garantía, te falta el aval. Ahora
mismo falta el aval. Felipe González ha dicho, y sus
declaraciones de hoy, desde Bruselas, en absoluto han ayudado a
intentar culminar la negociación, que se trata de no amarrar las
manos del Gobierno, que no aceptan nada tomado premeditadamente,
de antemano, que les pueda vincular a la cantidad en un momento
determinado, a los 51.000 millones de pesetas. Y éste es el
problema: que nosotros queremos asegurar esa cantidad, no que se
valore simplemente a ver cuál es la cuantía definitiva que, en su
caso, decida la Comisión Mixta. Queremos que se consignara, así
lo hemos dicho a lo largo de la negociación, lo mismo que el día
2 de este mes de 1995 dijo en el Parlamento de Andalucía el señor
Chaves. Solamente queremos eso: que se consigne en esta
resolución, en esta proposición no de ley. Dijo: yo he llegado a
un acuerdo con Izquierda Unida para fijar esa deuda histórica, o
sea, un fondo de nivelación de 51.000 millones de pesetas, y me
he comprometido también a buscar una garantía jurídica, que
sustituya a la que figuraba en los Presupuestos Generales del
Estado que permita asegurar el pago de la asignación
complementaria a partir de 1996, que permita asegurar el pago.
Este verbo es el que no se ha querido recoger: asegurar,
materializar, garantizar; se nos ha puesto sobre la mesa:
estimar, tener en cuenta, valorar. Eso no supone que Andalucía
reciba, como corresponde, 51.000 millones de pesetas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya
concluyendo, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Por lo tanto, no podemos aceptar... y
mucho menos que el señor Yáñez diga que, si no se vota su
propuesta, la retira, porque eso supone que no creen en la
necesidad de Andalucía, no creen en la disposición adicional, y
ha sido un tema de mercadeo que ahora retiran, en función de lo
que se anunciara aquí. Nosotros nos íbamos a abstener ante esa
enmienda, esa autoenmienda del Grupo Socialista.
Y tampoco podemos aceptar, señor Yáñez, la propuesta que se nos
hace sobre Extremadura. Por cierto, Extremadura en absoluto
figura en sus resoluciones escritas y solamente aquí aparece su
nombre, eso sí «in voce». Se dice «in voce» que en el plazo de
quince días... en la Comisión Mixta... se aprueben las medidas
conducentes a valorar la propuesta que, en su caso, el Gobierno
de la Junta, no el Parlamento, el Gobierno de la Junta de
Extremadura, incorpore a sus presupuestos de 1996.
Señor don Luis Yáñez-Barnuevo, he de recordarle que en el
Parlamento de Extremadura, por mayoría absoluta, se ha aprobado
una cantidad de 10.000 millones de pesetas. Para que se confirme
también, no solamente en su caso, ni solamente por la Junta de
Gobierno. Allí hay otra mayoría absoluta. Hay que asumir que se
ha perdido la mayoría absoluta y que aparece un nuevo ciclo, una
nueva realidad política.
Señor Presidente, he de contestar también al señor Seco, en el
sentido de que, antes de intervenir de la manera en que lo ha
hecho, hay que empaparse mejor, hay que conocer mejor el asunto
del que se está tratando. Porque si usted dice que votar una
cantidad exacta es una frivolidad, ¿por qué ustedes han votado
10.000 millones de pesetas en el Parlamento de Extremadura y no
11.000, 9.000, 7.000 ó 13,25 pesetas? Tenga usted en cuenta los
discursos que pronuncia en un sitio y en otro; no vayamos a que
estén en todos los bombardeos.
Señor Seco, nos da la impresión de que sienten una gran alegría,
y a veces no la pueden contener, de que los 51.000 millones no
vayan a Andalucía por razones de tipo partidista, por intereses
personales de un dirigente o de otro. Desde ese punto de vista,
hemos visto en declaraciones que se han producido en las últimas
semanas la alegría cada vez que este proceso de síntesis llegaba
a un atasco, como ha llegado en muchas ocasiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz concluya,
por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Le aseguro que el destino de esos 51.000
millones no lo conoce usted, no va a gastos, va fundamentalmente
a inversiones relacionadas con sanidad y enseñanza.
Señor Presidente, no se asegura la cantidad; ni siquiera se está
dispuesto a asegurar ese verbo u otro de tipo similar, como:
materializar o garantizar. Por ello, no podemos aceptar esa
enmienda que usted nos plantea.
Termino, señor Presidente. Pensamos que se ha dejado caer al
señor Chaves. El señor Chaves ha llegado a un acuerdo y ese
acuerdo no se respeta aquí. Se le ha dicho algo así como:
Convoca, haz lo que quieras, pero no hay una cantidad firme, pase
lo que pase. Yo no sé si SS. SS. se dan cuenta de que, en el
último período, don Felipe González Márquez sólo piensa en don
Felipe González Márquez, sin tener en cuenta otro tipo de
cuestiones y sin tener en cuenta que, de manera sucesiva y
constante, se está entregando la cabeza de un montón de
dirigentes. Nosotros estamos defendiendo hoy aquí, no al señor
Chaves, pero sí el acuerdo alcanzado con el señor Chaves por el
señor Rejón, en representación de Izquierda Unida-Los Verdes. No
estamos defendiendo ningún otro tipo de cuestiones y no aceptamos
que se nos diga que eso no se puede garantizar, que hay que dejar
las manos libres. Y se nos ha evocado
el tema de los mercados financieros, el tema de Maastricht, el
tema de que habrá pedrea en otras comunidades autónomas,
cuestiones todas ajenas a algo que se ha negociado en Andalucía y
que pensamos que el señor Chaves lo ha negociado
responsablemente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: ..., sabiendo que también existen los
mercados financieros. (Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, termine,
por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
En definitiva, yo creo que el PSOE, en Andalucía, ha perdido el
norte. Lo pienso así. Ha perdido la vocación de gobierno. El PSOE
ya no tiene allí capacidad de gobierno. Estamos de acuerdo en
que, por razones culturales de estructura social y por la misma
disposición política, el Partido Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: ... allí nunca será alternativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, no obligue
a la Presidencia a retirarle la palabra. Termine, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente. (Rumores.)
Por lo tanto, señor Presidente --gracias por su amabilidad--,
nosotros pensamos que se ha perdido la última oportunidad para
que la izquierda demuestre (la izquierda del Partido Socialista,
que nosotros le ponemos comillas, como ustedes saben) una
vocación y una voluntad de gobierno. Ustedes no han respetado la
voluntad del señor Chaves, el acuerdo conseguido. Mañana,
posiblemente, se derroten por segunda vez los presupuestos de
Andalucía y es lógico que haya elecciones anticipadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, sin intención de alargar esta sesión, nocturna, pero
dejando constancia, eso sí, de la importancia de las tres
iniciativas, voy a hacer un breve análisis de las proposiciones
no de ley presentadas en este trámite.
Por un lado, hay que decir que el texto del Grupo Socialista es,
o era, más global, sin mención especial a ninguna comunidad
autónoma y encaminada a que por parte de las comisiones mixtas se
haga un estudio de las medidas a tomar. Así, en la motivación se
hace referencia a que en distintos estatutos de autonomía se
reconoce que las circunstancias socioeconómicas existentes en
esas comunidades autónomas impiden la prestación de un nivel
mínimo de los servicios efectivamente transferidos y que, para
corregir esta situación, se prevé el establecimiento de un
instrumento financiero específico, que recibe el nombre de
asignaciones complementarias, y que estas asignaciones se
consignarán en los Presupuestos Generales del Estado, como
fuentes excepcionales de financiación. Los dos puntos de su
proposición no de ley van, o iban, en este sentido, remarcando
que es necesario impulsar los trabajos de las respectivas
comisiones mixtas paritarias Estado-comunidad autónoma, para que
se adopten las medidas precisas.
El Grupo Parlamentario Popular plantea una exposición de motivos
más amplia, con referencia incluso a los derechos fundamentales y
concretando en este caso a Andalucía y Extremadura. En la citada
exposición de motivos del Grupo Parlamentario Popular se habla
del artículo 158 de la Constitución, también del artículo 15 de
la Ley Orgánica para la financiación de las comunidades
autónomas, en donde se consagra la necesidad de que se incluyan
las partidas excepcionales en los presupuestos generales del
Estado. Y, en el caso de Andalucía especialmente, y de modo
análogo en el de Extremadura, se refuerzan en virtud de lo
dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional segunda de
su Estatuto de Autonomía. La proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular contiene en este caso, no dos, sino tres
puntos, en los que se añade que se determine la cuantía de la
asignación excepcional a establecer, que se adopten las medidas
necesarias para que los sucesivos presupuestos incluyan las
asignaciones que procedan y que se tomen idénticas medidas para
todas aquellas otras comunidades autónomas cuyos respectivos
estatutos de autonomía también lo contemplen.
Finalmente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hace
referencia al proceso de destrucción del tejido productivo y al
incremento de los desequilibrios territoriales, a la deuda
histórica de Andalucía y Extremadura, así como a la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que
confirma la posibilidad de asignar fondos adicionales. Las letras
a) y b) de su iniciativa propone la liquidación de 51.000
millones de pesetas como anticipo a cuenta para Andalucía y otros
10.000 millones también como anticipo a cuenta, en este caso para
Extremadura.
Vistas y analizadas las distintas proposiciones no de ley, habría
sido importante que los proponentes hubieran
llegado a un solo texto consensuado que se habría presentado a
votación. De las manifestaciones hechas, se desprende que el
consenso no ha sido posible, lo cual es una verdadera lástima,
porque básicamente estamos hablando de asignaciones
complementarias para algunas comunidades autónomas. Dado que se
mantienen las tres, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a cada una de ellas,
aunque muy brevemente.
Sin duda, las proposiciones no de ley del Grupo Socialista y del
Grupo Popular no se diferenciaban demasiado en su inicio, aunque
sí a partir del intento de incorporación de una enmienda
transaccional ofrecida por el portavoz del Grupo Socialista. Es
cierto que en esta enmienda transaccional se habla de que se
estudie si verdaderamente procede la cuantificación ofrecida; por
tanto, en el fondo, no acepta la cuantía mínima que el Grupo
proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, solicitaba.
Pero yo entiendo que las dos hacen referencia a circunstancias
socioeconómicas, a los distintos estatutos de autonomía, a la
necesidad de que las asignaciones complementarias se consignen en
los Presupuestos Generales y a que se estudien y cuantifiquen. Al
constatar que se mantienen ambas, nos vamos a abstener en las
dos.
Muchas más dudas se nos plantean en la iniciativa del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --lo digo de verdad--,
mucha más atención si cabe hemos dedicado al análisis de sus
proposición no de ley, pero debo decirles que tampoco la vamos a
apoyar. Desconozco, aunque así parece, si la votación final de
esta Cámara tendrá o no incidencia en la propia Comunidad
Autónoma de Andalucía, lo que hace, repito, que vayamos con mayor
cuidado todavía, pero no nos vemos capaces de valorar si los
51.000 millones y los 10.000 millones que se nos indican como
cantidades a cuenta son cifras correctas o no, porque implican
una aceptación y una posible cuantificación de la deuda histórica
que debería tener, según nuestra opinión, un trámite previo
debidamente aceptado. No siendo así, tampoco vamos a apoyar esta
iniciativa. Esta es la posición de nuestro Grupo y el sentido de
nuestro voto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
(El señor Yáñez-Barnuevo García pide la palabra.)
Señor Yáñez, una vez que el portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya ha indicado que no acepta las
enmiendas ni la enmienda «in voce» que planteaba un nuevo punto 2
bis ni --así lo ha entendido la Presidencia-- la enmienda de
sustitución, quería preguntarle si lo que desea que se someta a
votación es el texto inicial.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Le contesto, señor Presidente.
Como anuncié en mi intervención, el sentido de la enmienda
transaccional, como su nombre indica, es lograr un acercamiento
en relación a la proposición no de ley de Izquierda Unida,
políticamente así expresado en la intervención. Al haber
anunciado Izquierda Unida que no va a votar positivamente esa
enmienda transaccional, el Grupo Socialista la retira, pero no
sin antes anunciar dos cosas en relación a la enmienda «in voce»
sobre Extremadura que queda ahora también decaída: primero, que
el Presidente de la Junta de Extremadura piensa incluir en los
presupuestos 10.500 millones como cantidad a cuenta, y segundo,
que el debate demuestra sin ningún género de duda que Izquierda
Unida ha intentado engañarnos y trampear con el tema de
Andalucía, que es muy grave.
Gracias. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, ha hablado de trampear
y engañar, y no estoy dispuesto a permitirlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Alcaraz! Usted
conoce perfectamente cuál es el mecanismo. El Grupo que plantea
una enmienda tiene la palabra --en este caso, el mismo Grupo--
para indicar su aceptación o rechazo. Todos los grupos han
manifestado alguna breve opinión de por qué la aceptan o la
rechazan. Pasamos a la votación.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, pero ha habido una
valoración...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra.
(Rumores.)
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, que conste mi protesta
en acta por no concederme el turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra,
señor Alcaraz. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista,
relativa a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los
servicios transferidos a las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 152; en contra, 15; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a asignaciones
complementarias para garantizar la prestación de servicios
básicos en las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 118; en contra, 167; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
Proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la adopción de medidas para saldar la deuda
histórica reconocida a las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 15; en contra, 278; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las once y diez minutos de la noche.