CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 182
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 180
celebrada el miércoles, 8 de noviembre de 1995



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Página 9615)



Enmiendas del Senado:



--Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie A, número 77.1, de 26 de septiembre
de 1994 (número de expediente 121/000063) (Página 9615)



--Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y
el gobierno de los centros docentes. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 108.1, de 28 de marzo de 1995
(número de expediente 121/000092) (Página 9537)



--Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 134.1, de 9 de
junio de 1995 (número de expediente 122/000112) (Página 9645)

Página 9610



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley Orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 104.1, de 20 de febrero de
1995 (número de expediente 121/000088) (Página 9650)



Enmiendas del Senado. (Continuación.):



--Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de
Cabañeros. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 114.1, de 12 de mayo de 1995 (número de expediente
121/000099) (Página 9653)



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados:



--Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, para informar sobre las entrevistas
realizadas por el Presidente y miembros de su Gobierno con
representantes legales de los supuestos responsables de la
sustracción de materiales del CESID y otras informaciones
relacionadas con el GAL, formuladas por los Grupos Parlamentarios
Popular en el Congreso, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), de Coalición Canaria,
Vasco (PNV) y Mixto (número de expediente 210/000033) (Página 9661)



Preguntas (Página 9686)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto, para tratar del Dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados.

Se reanuda la sesión con carácter público.




Enmiendas del Senado (Página 9615)



Proyecto de ley orgánica del Código Penal (Página 9615)



En turno de fijación de posiciones, en relación con las enmiendas
del Senado al proyecto de ley orgánica del Código Penal,
intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Camp i Batalla,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Trillo-Figueroa
Martínez-Conde, del Grupo Popular. Por alusiones hacen uso de la
palabra los señores López Garrido, Camp i Batalla y Olabarría
Muñoz, contestando el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde.

Termina el turno de fijación de posiciones con la intervención
del señor Barrero López, en nombre del Grupo Socialista.

Interviene el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).

Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley orgánica del Código Penal.




Proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes (Página 9637)



Para fijación de posiciones, en relación con las enmiendas del
Senado a este proyecto de ley, intervienen las señoras Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto; Monzón Suárez, del Grupo de Coalición
Canaria, y los señores González de Txábarri Miranda, del Grupo
Vasco (PNV); Cruz Orive, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya; Ollero Tassara, del Grupo Popular, y Nieto
González, del Grupo Socialista.




Proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (Página 9645)



Para fijación de posiciones respecto a las enmiendas del Senado a
este proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV); López Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Padilla Carballada, del Grupo Popular, y Valls García,
del Grupo Socialista.




Página 9611



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 9650)



Proyecto de Ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres (Página 9650)



El señor De Grandes Pascual defiende las enmiendas del Grupo
Popular. Señala que conocen de antemano la suerte que van a
correr estas enmiendas a una ley de un solo artículo, aunque
importante, pero van a mantenerlas hasta el final como expresión
de una coherencia a la que no están dispuestos a renunciar. No ha
habido lugar al consenso ni a puntos de acuerdo, porque la
filosofía que recoge el Dictamen de la Comisión es completamente
contraria a las posiciones programáticas y los compromisos
electorales del Partido Popular.

Añade que el proyecto del Gobierno socialista prohíbe la
publicidad electoral en las emisoras de televisión local y de
cable y su Grupo no acepta esa restricción en lo que afecta a las
televisiones locales o de cable de carácter privado.

Consiguientemente, si hoy se aprueba este Dictamen se convertirá
en una ley más del conjunto que habrán de cambiar cuando los
ciudadanos les presten su apoyo para tal empresa, porque no
pueden aceptar este tipo de normas restrictivas de libertad.

El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas del Grupo de
Coalición Canaria, números 13 a 15, señalando que, aun estando
plenamente de acuerdo con el fondo, el contenido y la
intencionalidad clara y elemental del proyecto de ley, con sus
enmiendas tratan de aportar una serie de mejoras que identifica
como técnicas. Expone seguidamente el contenido de las enmiendas
en cuestión.

En turno en contra de las enmiendas al Dictamen de la Comisión
interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Marcet i
Morera, manifestando que lo hará brevemente, ya que es la tercera
vez que se debate en la Cámara el proyecto de ley. Constata que
efectivamente no hay posibilidad de acuerdo con el Grupo Popular
sobre esta cuestión, ya que ambos Grupos defienden modelos
distintos, pues el Grupo Popular tiene una imagen un poco de
película de lo que es una campaña electoral a través de un
bombardeo de publicidad electoral, que lo que consigue realmente
es cansar al electorado, visión con la que no está de acuerdo el
Grupo Socialista y que considera superada en muchos países de
Europa. Respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, coincide
en que se tratan de enmiendas técnicas que no cambian
sustancialmente el proyecto del Gobierno, por lo que el Grupo
Socialista opta por mantener dicho texto dictaminado en Comisión.




Votaciones (Página 9652)



Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes.

Asimismo, se someten a votación las enmiendas del Senado a la
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

Seguidamente se someten a votación las enmiendas al Dictamen del
proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres, así como el texto del
Dictamen, que es aprobado.




Votaciones de conjunto (Página 9653)



En votación de conjunto se aprueba el proyecto de ley orgánica
del Código Penal por 200 votos a favor, tres en contra y 130
abstenciones.

Igualmente se aprueba en votación de conjunto el proyecto de ley
orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los
centros docentes por 178 votos a favor, 154 en contra y una
abstención.

Se aprueba asimismo, en votación de conjunto, la proposición no
de ley orgánica por la que se modifica la Ley del Tribunal del
Jurado por 200 votos a favor y 133 abstenciones.

Finalmente se aprueba en votación de conjunto el proyecto de ley
orgánica de publicidad electoral en emisoras de televisión local
por ondas terrestres por 196 votos a favor, 133 en contra y
cuatro abstenciones.




Enmiendas del Senado. (Continuación) (Página 9653)



Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros
(Página 9653)



Para fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz
Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Gortázar Echeverría, del Grupo Popular, y López Martín de la
Vega, del Grupo Socialista. Interviene el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna).

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.




Página 9612



Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados (Página 9661)



Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, para informar sobre las entrevistas
realizadas por el Presidente y miembros de su Gobierno con
representantes legales de los supuestos responsables de la
sustracción de materiales del CESID y otras informaciones
relacionadas con el GAL, formuladas por los Grupos Parlamentarios
Popular en el Congreso, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), de Coalición Canaria,
Vasco (PNV) y Mixto (Página 9661)



El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) expone que,
el pasado 5 de octubre, el Ministro de Justicia e Interior
compareció ante este Pleno para, en nombre del Gobierno, informar
sobre las entrevistas mantenidas con representantes legales de
los supuestos responsables de la sustracción y posterior difusión
de material secreto procedente del CESID. El Ministro explicó las
razones por las que estas entrevistas se realizaron, los
pormenores de las mismas y sus consecuencias. Afirma que desde
entonces no se ha producido ningún hecho nuevo de carácter
relevante relacionado con dichos contactos. Nada cabe añadir, por
tanto, a lo que se dijo aquel día, por lo que señala que, por
respeto a la Cámara, se referirá a los aspectos más
significativos de la intervención del señor Ministro.

Respecto a la entrevista mantenida en la sede oficial de la
Moncloa con el señor Santaella, letrado de los señores Perote y
Conde, cuyas circunstancias explicó el señor Ministro de Justicia
e Interior, señala que el señor Santaella aprovechó la ocasión
para expresar sus opiniones sobre la intervención de Banesto,
decidida y realizada por el Banco de España, y sobre lo
injustificado de los beneficios obtenidos por el Banco de
Santander al proceder a la compra de Banesto, limitándose él a
reiterar su respaldo a la decisión del Banco de España y a
recordar que la adjudicación de Banesto se produjo mediante
procedimiento público, no impugnado por nadie. Asimismo, mostró
como siempre su respeto por la independencia de los jueces y
tribunales. Aprovechó también para reclamar que se respetase
siempre la seguridad y la defensa de España, comprometidas si
llegaban a difundirse los documentos que obraban en poder de los
señores Perote y Conde.

Agrega que el objetivo, tanto de ésta como del resto de las
entrevistas, era recuperar los papeles del CESID, acabándose los
contactos ante la negativa del Gobierno a aceptar el tipo de
condiciones expuestas por los representantes de los señores Conde
y Perote.

Respecto a las razones que impulsaron al Gobierno a mantener los
contactos citados, manifiesta que el Gobierno, en el marco de la
legalidad vigente, está obligado a hacer cuanto esté en su mano
para eliminar cualquier riesgo que pueda correr la seguridad de
nuestro país, y aunque al ejercer su responsabilidad el Gobierno
era consciente del riesgo que corría, decidió asumirla en aras a
su interés por velar por la seguridad del Estado.

Sobre si los documentos sustraídos afectan o no a la seguridad
del Estado, es ésta una cuestión sobre la que no va a contribuir
a aumentar el daño que se puede haber causado a nuestra seguridad
tratándola en público. No se extiende en detalles sobre el
contenido de esta documentación sustraída, remitiéndose a lo
expuesto por el Ministro de Justicia e Interior en la Comisión de
Secretos Oficiales.

Acerca de lo conseguido con estos intentos de recuperar la
documentación del CESID, tiene que decir que desgraciadamente no
se ha alcanzado el objetivo fundamental del Gobierno, que no era
otro que el de la recuperación de dicha documentación, aunque sí
se han conseguido algunos objetivos parciales, como avanzar en el
conocimiento del material sustraído o ganar un tiempo precioso
para limitar el daño que la revelación completa del material
pudiera comportar.

Termina afirmando que, en todo caso, el Gobierno va a seguir
empeñado en garantizar que no haya interés parcial alguno capaz
de imponer su voluntad a la mayoría de los ciudadanos, y que
seguirá empeñado en el más escrupuloso respeto a las reglas
establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico
vigente.

En turno de portavoces intervienen los señores Aznar López, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular; Anguita González, en
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Molins i Amat, en representación del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco
(PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria; señora
Rahola i Martínez y señores Albistur Marín y Chiquillo Barber,
del Grupo Mixto, y señor Almunia Amann, en nombre del Grupo
Socialista.




Página 9613



Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los
Grupos Parlamentarios hace de nuevo uso de la palabra el señor
Presidente del Gobierno (González Márquez). Replican los señores
Aznar López, Anguita González, Molins i Amat, Anasagasti Olabeaga
y Mauricio Rodríguez, duplicando el señor Presidente del
Gobierno.




Preguntas (Página 9686)



Del Diputado don Rafael Arias-Salgado Montalvo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.

Presidente del Gobierno: ¿Considera el Sr. Presidente del
Gobierno que, de acuerdo con los principios del régimen
parlamentario, la devolución de los Presupuestos supone la
retirada de confianza de la Cámara al Gobierno? (Número de
expediente 180/001478) (Página 9686)



Del Diputado don José María Mohedano Fuertes, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones
diplomáticas ha emprendido o piensa emprender el Gobierno español
ante el Gobierno chino para erradicar las «habitaciones de la
muerte»? (Número de expediente 180/001493) (Página 9687)



Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.

Ministro de Comercio y Turismo: ¿Por qué razones el Ministerio de
Comercio y Turismo se niega a revelar los datos que
reiterativamente le han solicitado, relativos a empresas
españolas que, habiendo solicitado créditos FAD para proyectos en
el exterior, ha visto denegada su solicitud por ese Departamento?
(Número de expediente 180/001480) (Página 9688)



Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Comercio y Turismo: ¿En qué fecha se ha dispuesto de los créditos
presupuestarios para acometer el Plan de modernización del
comercio? (Número de expediente 180/001481) (Página 9689)



De la Diputada doña Paula Monzón Suárez, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia: ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de
Educación y Ciencia respecto a las novatadas que se producen en
los colegios mayores? (Número de expediente 180/001472) (Página 9690)



Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Educación y Ciencia: ¿Qué iniciativas ha emprendido en relación
al reconocimiento de validez profesional de la licenciatura de
Derecho, tanto en España como en el ámbito europeo? (Número de
expediente 180/001482) (Página 9691)



Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos Sociales:
¿Cuáles son las actuaciones que va a iniciar su Ministerio para
buscar soluciones al conflicto existente dentro de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con la
Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos
(COCEMFE)? (Número de expediente 180/001473) (Página 9692)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración
hace la Ministra de Asuntos Sociales de la resolución aprobada
por el Consejo de Ministros Europeo para mejorar la imagen de las
mujeres y los hombres en la publicidad? (Número de expediente
180/001495) (Página 9694)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le
merece al Gobierno la reciente sentencia del Tribunal de la Unión
Europea sobre la



Página 9614



discriminación positiva de la mujer? (Número de expediente
180/001498) (Página 9694)



Del Diputado don Joan Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno en orden a dar
cumplimiento a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), aprobada el pasado 21 de febrero,
para dotar de una mayor estabilidad económica a los municipios
afectados por actividades hidroeléctricas? (Número de expediente
180/001474) (Página 9695)



Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿De qué forma piensa saldar el Gobierno la
deuda histórica que el Estado tiene con Andalucía, cifrada por la
Junta de Andalucía en 51.000 millones de pesetas? (Número de
expediente 180/001487) (Página 9696)



Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué consecuencias se derivan
de las decisiones que en materia fiscal relacionadas con el
Impuesto de Sociedades piensa adoptar la Hacienda Foral de
Vizcaya? (Número de expediente 180/001492) (Página 9698)



De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno que, con cargo a
créditos presupuestarios destinados a gastos reservados, se hayan
realizado regalos a altos cargos del Ministerio de Justicia e
Interior, familiares o allegados? (Número de expediente
180/001475) (Página 9699)



Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Qué valoración hace el Ministro de Justicia
e Interior de la situación del tráfico de hachís desde Gibraltar?
(Número de expediente 180/001483) (Página 9700)



De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Ministerio de Justicia e Interior acerca del
posible traslado del Archivo Histórico de la Prisión Provincial
de Jaén? (Número de expediente 180/001494) (Página 9701)



Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, del
Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
confirmar el Ministro de Justicia e Interior el mantenimiento del
municipio de Tomelloso como núcleo de cobertura y de servicio en
la expedición de Documento Nacional de Identidad? (Número de
expediente 180/001497) (Página 9702)



Del Diputado don Diego Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Cómo explica el Sr. Ministro
el funcionamiento del mercado europeo del aceite de oliva?
(Número de expediente 180/001484) (Página 9702)



Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas va a tomar el
Ministerio ante las graves consecuencias que la prolongada sequía
está teniendo para el sector agrario? (Número de expediente
180/001485) (Página 9704)



Del Diputado don Sergio Gómez-Alba y Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.

Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué
medidas tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para transformar las características
de las barreras protectoras



Página 9615



(quitamiedos) de nuestras carreteras y autopistas a efectos de
solucionar las frecuentes mutilaciones que su actual
configuración causa a los motoristas al accidentarse? (Número de
expediente 180/001486) (Página 9705)



Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se van a aplicar
medidas para evitar el elevado número de accidentes que se
producen en la autopista A-7 (Tarragona-Valencia)? (Número de
expediente 180/001496) (Página 97063)



Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra
el proyecto de construcción de la autopista Madrid-Guadalajara y
cuándo cree el Gobierno que van a iniciarse las obras de la
misma? (Número de expediente 180/001499) (Página 97047)



Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.

Ministro de la Presidencia: ¿Cómo justifica el Gobierno la
necesidad del elevado número de asesores y puestos de confianza
que prestan actualmente sus servicios en el complejo de La
Moncloa, con un coste superior a los 1.300 millones de pesetas?
(Número de expediente 180/001479) (Página 9708)



Se levanta la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana,
con carácter secreto.




DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:



--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS



Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de
los Diputados, que es aprobado.

Se reanuda la sesión con carácter público.




ENMIENDAS DEL SENADO:



--PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL CODIGO PENAL (Número de expediente
121/000063)



El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Enmiendas del
Senado. Enmiendas al proyecto de ley orgánica del Código Penal.

¿Grupos que desean fijar su posición en relación con estas
enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Coalición Canaria, en primer lugar, tiene que hacer constar que
se congratula de que estemos ya en el trámite de la fase final
del nuevo Código Penal. En este viejo Palacio de la Carrera de
San Jerónimo, que en su inauguración, a mediados del siglo
pasado, en 1855, ni siquiera pudo discutir el viejo Código Penal
ya antañón de 1848, creo que hoy necesita poner este énfasis en
destacarlo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Coalición Canaria hace causa común, como la mayoría
de las fuerzas políticas parlamentarias, con lo que de
progresista y actualizador que supone en el Derecho Penal español
el tener ya precisamente el documento fundamental que es su
Código Penal nuevo. Coalición Canaria lo ha venido apoyando, lo
apoya hoy rotundamente y únicamente quiere dejar constancia de
esta virtud política que encierra.

Con respecto a las enmiendas que nos llegan del Senado, Coalición
Canaria quiere reconocer la labor que ha hecho la Alta Cámara,
fundamentalmente en una serie de mejoras que darán mayor
seguridad jurídica y de interpretación en su día a jueces y
magistrados y a todos los que componen el mundo del Derecho.

Asimismo, se ofrecen unas garantías más claras, en el sentido
moderno de interpretar las virtudes y los derechos que puede
tener el justiciable, en la mejor escuela penalista española.

En cualquier caso, señor Presidente, aunque las enmiendas del
Senado, en la inmensa mayoría de las más de dos centenares que
nos llegan de él, constituyen mejoras técnicas de interpretación
y, fundamentalmente, de mayores garantías en las modificaciones
que se han introducido, el Grupo de Coalición Canaria quiere
hacer la siguiente observación, señor Presidente. Mantenemos una
discrepancia con determinadas enmiendas y, por tanto, vamos a
solicitar su votación separada. Así, las que se refieren al
artículo 5, las relativas al actual artículo 172, que era el 171
cuando salió de esta Cámara para el Senado; las referidas al
artículo 204 actual; al artículo 320, que en el proyecto que
salió de esta Cámara era el 315; al artículo 404 que viene de la
Alta Cámara y que salió de aquí con el número 395,



Página 9616



relativo al delito sobre el intrusismo profesional, y al artículo
634 nuevo, antes 623, encaminado a ordenar con claridad y sentido
común, dejándonos de interpretaciones que podrían llevar al
absurdo sobre el maltrato a los animales domésticos.

Por todo esto, señor Presidente, y dejando constancia de esta
valoración positiva, vamos a votar favorablemente la globalidad
del texto.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, culminamos el debate parlamentario de lo que sin duda
se puede calificar más importante que hemos fabricado los
parlamentarios en esta atribulada legislatura.

Un Código Penal no se aprueba todos los días, un Código Penal
debe tener pretensiones de perdurabilidad. Hay que ser valientes,
hay que tener la pretensión señor Ministro, de que este Código
Penal tenga una duración centenaria, por qué no. Yo creo que por
«sensu seno» este Código Penal posee suficientes elementos de
corrección de pertinencia conceptual, en los sentidos que vamos a
analizar a continuación, que le pueden hacer perdurable, no sé si
para cien años, quizás sea pretensión utópica, pero sí para una
temporada bastante duradera. Esta es una de las esencias y uno de
los principios generales que deben informar el Derecho punitivo,
por lo menos en este ámbito jurídico-formal del Código Penal,
llamada pertinentemente constitución negativa.

Hay que empezar felicitándose, señor Ministro, por el amplio
consenso generado alrededor de este proyecto de ley; amplio
consenso que permite emitir juicios, como el que ya no es el
proyecto que mandó el Gobierno, en el trámite prelegislativo,
sino que es el Código Penal de las Cortes Generales del Estado.

Las modificaciones que en los distintos trámites parlamentarios
se han ido introduciendo son conceptualmente de gran relevancia.

Tanto en el Congreso como en el Senado se han introducido
correcciones técnico-jurídicas muy pertinentes, otras que no lo
son, y esto nos permite calificar a esta jornada, y yo no soy muy
ampuloso en mis exposiciones --nosotros somos más bien austeros
en la emisión de juicios de esta naturaleza--, como una jornada
histórica para el mundo del Derecho, sin ninguna duda, histórica
para los ciudadanos, histórica para la democracia en el Estado
español e histórica, en definitiva, señor Ministro, porque
estamos aprobando la norma más importante, tras la Constitución,
que cabe aprobar en cualquier Estado concebido como democrático,
como de Derecho, con pretensiones de perdurabilidad.

¿Qué es un Código Penal? Yo voy a hacer reflexiones de naturaleza
más general. Como no se presentó en su día ninguna enmienda de
totalidad --lo cual ya acredita el amplio nivel de consenso,
aunque algún Grupo se abstenga al final, que genera este Código
Penal--, vamos a hacer todos, seguramente, señor Presidente, una
especie de sucedáneo de debate de totalidad, y voy a hacer
reflexiones de naturaleza muy general.

Tengo que empezar diciendo que, en nuestra opinión, el Código
Penal, como ha sido dicho por usted, señor Ministro, y como
cualquier persona que tenga conocimiento suficiente sobre esta
materia puede aseverar sin ningún problema, acredita el grado de
civilización que ha llegado a adquirir la sociedad que lo aprueba
a través de sus instituciones parlamentarias. Algo tan relevante
como esto es el Código Penal, señor Ministro.

El Código Penal, por otra parte, es la máxima expresión del poder
coercitivo del Estado. No hay una identificación jurídica ni
metajurídica más concreta, más clara, más inmediata o directa en
relación a la exclusividad de la violencia que el Estado debe
ejercer en cualquier estructura democrática de poder, y eso
justifica la propia existencia del Estado, que un Código Penal
que, al fin y al cabo, no es más que un catálogo, una lista de
valores axiomáticos, de valores filosóficos, que, a su vez,
identifican conductas que esa sociedad reprocha y conductas
respecto a las cuales esa sociedad reclama represión punitiva.

Por tanto, un Código Penal tiene que ser coetáneo, debe tener la
característica de la coetaneidad en relación a los valores más
sentidos por la sociedad, a los axiomas más sentidos y de general
aceptación por la sociedad, a los criterios o principios
político-éticos de mayor general aceptación. Esta debe ser la
gran característica de un Código Penal correcto, moderno y
perdurable, y yo creo que este Código Penal, señor Ministro,
posee estas características. Casi todos los grupos
parlamentarios, que se encuentran residenciados en esta Cámara,
van a votarlo favorablemente; unos con unas cautelas o reservas
mentales, otros con otras, un único Grupo Parlamentario se va a
abstener, ni siquiera va a votar en contra, lo cual es
significativo desde la perspectiva de aceptación o de accesión de
consensos parlamentarios y voluntades políticas generales. Y esto
es esencial, porque un Código Penal que no nace con un elemento
de legitimación parlamentaria amplia, es un Código Penal que nace
con un vicio de raíz de difícil reparación posterior. Y en este
momento, incluso la abstención del PP tácitamente la podemos
considerar o la podemos reconducir a una posición prácticamente
homologadora, por lo menos de partes importantes y de los
principios dogmáticos fundamentales que constituyen punitivamente
la parte general. Hay algunas menciones, hay alguna cautelas,
específicas y legítimas, que el PP mantiene, pero que no le hacen
desvincularse de estos consensos primigenios en esta norma que
son absolutamente indispensables para que la norma tenga
legitimidad política, en el sentido más amplio del término, y
legitimidad social. Porque ¿qué ocurre con un



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Código Penal que nace sin elementos de legitimidad suficiente?
Ocurriría lo siguiente: si algún Grupo importante se hubiese
desvinculado de estos consensos, hubiese ocurrido algo muy grave,
que no sería toda la sociedad, representada en sede
parlamentaria, la que estaría incorporando sus principios
axiológicos más dilectos, sus principios ético-políticos más
asumidos, su forma de entender y de articular la sociedad más
general o de mayor general aceptación. Y esto es importante en un
Código Penal --y ya voy acabando mis palabras--, porque un Código
Penal tiene una función teleológica esencial y fundamental
indiscutible, es la norma de garantía del orden público en el
sentido jurídico, no de interior, de la palabra, y en el sentido
más noble y amplio de la palabra; orden público en el sentido
jurídico entendido como conjunto de principios e instituciones en
las que se basa la sociedad organizada democráticamente en la que
vivimos, de origen constitucional, principios e instituciones
proclamados por la propia Constitución, o si no son estas normas
las que se tutelan punitivamente en el Código Penal, son las
defensoras de su estabilidad --y éste es el segundo concepto de
orden público en el sentido jurídico del término-- las que en
este momento estamos articulando de forma negativa, en forma de
identificación de conductas que vulneran este orden público y que
deben ser reprendidas, deben ser reprochadas y deben ser
reprimidas desde esta perspectiva jurídico-penal, y por esto es
importante el consenso, señor Ministro.

Y tiene una última virtualidad este Código Penal que yo no quiero
dejar de destacar. Hasta este momento, señor Ministro, nosotros
teníamos un ordenamiento punitivo de auténtico aluvión --el señor
Trillo-Figueroa lo calificó, yo creo que con lucidez, en alguna
intervención anterior--. Nuestro ordenamiento punitivo es un
ordenamiento punitivo constituido y configurado mediante la
fórmula llamada de accesión sucesiva o de accesión progresiva.

No hay derecho, señor Ministro --y esto se lo digo ya en el
sentido más metajurídico del término--, a que nuestro
ordenamiento punitivo esté constituido por 617 disposiciones, 617
normas de diferente rango jurídico-formal, de diferente
naturaleza. Nuestro ordenamiento punitivo lo constituyen 617
disposiciones, unas son leyes orgánicas, otras son leyes
ordinarias, unas son reales decretos-leyes, otras son reales
decretos, decretos, instrucciones de la Fiscalía General del
Estado, instrucciones de obligado cumplimiento de la Fiscalía
General del Tribunal Supremo, tratados internacionales, cartas
sociales, canjes de notas, etcétera, hasta seiscientas
disposiciones.

Nuestros ordenamiento jurídico punitivo desde esta perspectiva,
señor Ministro, carecía en este momento de los elementos de
consistencia sistemática que constituyen el requerimiento más
elemental del principio de seguridad jurídica que consagra el
artículo 9.3 de la Constitución, y la gran virtualidad, entre
otras, de este Código es que se atribuye a nuestro ordenamiento
jurídico-penal consistencia sistemática, uno de los bienes más
dilectos de un Derecho penal bien concebido, la consistencia
jurídica sistemática, que equivale, por proyección, a fácil
exégesis de las normas; fácil o más fácil interpretación de las
normas; fácil aplicación de las reglas de hermenéutica, que en
una normativa de esta naturaleza tienen que ser de fácil
aplicación, de fácil interpretación.

Señor Presidente, le había asegurado que mis expresiones iban a
ser breves y voy a acabar ya. También este Código Penal tiene
aspectos más oscuros y que requieren valoraciones menos
apologéticas por mi Grupo Parlamentario. Algunos tipos penales o
algunos principios de dogmática jurídica general que se
incorporan a la parte general no terminan de estar bien
concebidos, en opinión de mi Grupo Parlamentario, señor Ministro.

Estas formulaciones críticas específicas, puntuales, no empañan
ni empecen nuestra muy positiva valoración global de esta norma y
el momento histórico que estamos viviendo para el mundo del
Derecho y para el mundo de la convivencia ciudadana también.

¿Qué aspectos hubiesen sido mejor regulados, señor Ministro? El
primero es el de la mayoría de edad penal. No seré yo quien
discuta que debe estar en los dieciocho años la mayoría de edad
penal, pero, señor Ministro, hay una franja de criminalidad en
este momento entre los jóvenes de dieciséis y dieciocho años
caracterizada por su crueldad; caracterizada por datos
colaterales como el consumo masivo de sustancias tóxicas;
caracterizada por la actuación de bandas organizadas;
caracterizada por el no arrepentimiento, ni espontáneo ni no
espontáneo, de los que comenten estos delitos, para los cuales
tengo yo severas dudas, severas reservas mentales de si los
tribunales tutelares de menores y la Ley del Menor contienen
mecanismos de criminología suficientes para la atención de un
fenómeno crecientemente peligroso, y me da la impresión de que en
las normas que en el propio Código Penal se indican existen
insuficiencias, no sólo de medios materiales y personales para su
atención, sino de normas criminológicamente pertinentes para la
atención de un fenómeno criminal de esta naturaleza y de esta
expansión de naturaleza casi exponencial, señor Ministro. Sobre
esto tenemos que reflexionar más detenidamente.

El cumplimiento de las penas, el nuevo artículo 78, otro de los
temas delicados, discutidos y polémicos en este Código Penal. Mi
Grupo Parlamentario no está todavía plenamente satisfecho con la
regulación que se ha acometido en materia de cumplimiento íntegro
de las penas, a pesar de las notables mejoras que se han
incorporado tanto en el debate en el Congreso como en el Senado.

Por lo menos ya no se identifica a los colectivos de
delincuentes, o ya no es el elemento de la comisión de un
determinado delito el que sirve o no para diferenciar a aquellos
que van a obtener beneficios penitenciarios que supongan
acortamiento de



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condenas por el tipo de delito cometido. Esto era peligrosamente
inconstitucional. Esto contradecía requerimientos del principio
de igualdad ante la Ley tan elementales como los de los artículos
9 y 14 de la Constitución.

Pero no siendo ese el criterio, todavía va a haber delincuentes,
personas condenadas a las que los beneficios penitenciarios se
les pueden aplicar sobre la totalidad de las penas impuestas,
esto ya dependerá del criterio absolutamente discrecional del
juez de vigilancia penitenciaria. No nos parece esta la mejor
fórmula para arreglar este problema, ni desproveer a la
Administración penitenciaria absolutamente de competencias en
materia de evaluación de la evolución conductual de las personas
sometidas a penas de privación de libertad, por razones que usted
conoce y que no voy a comentar, y por razones de naturaleza
estrictamente jurídica, señor Ministro. Porque también el
principio de igualdad ante la Ley puede quedar quebrado, no de
forma tan grosera como anteriormente, porque a unos delincuentes,
en virtud de criterios de apreciación discrecional, se les
apliquen los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de las
penas impuestas y a otros no, según un criterio también de pura
discrecionalidad interpretativa y porque, señor Ministro --y aquí
nuestras discrepancias con el Partido Popular han sido siempre
muy claras-- el único sentido, el sentido esencial, el sentido
axiomático en nuestro Derecho del cumplimiento de las penas de
privación de libertad, no es otro más que el de la reinserción
social de los delincuentes. Nuestro Derecho y todo Derecho
democrático ha renunciado a principios del Derecho germánico como
el derecho de escarmiento y otros que infelizmente hemos tenido
que conocer en nuestro ordenamiento punitivo también.

Para la reinserción del delincuente está prevista, para todos
(porque la Constitución no diferencia en este ámbito, para
todos), la aplicación de eventuales beneficios penitenciarios, y
la interdicción apriorística y colectiva de derechos
constitucionales como los de obtener beneficios penitenciarios
que garanticen eventualmente la reinserción del delincuente, nos
parece que es entrar en un terreno peligrosamente
inconstitucional. Todavía deberíamos hacer esfuerzos mayores para
corregir esta cuestión.

Con relación a la apología, señor Ministro, creo que no ha
quedado bien cerrada. Respeto mucho las opiniones del señor López
Garrido y él fue el autor material y a él hay que atribuirle la
paternidad íntegra de la actual regulación de la apología como
una subespecie de la proposición o de la provocación...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, vaya
concluyendo.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo ya.

Yo creo que la apología es una forma de cometer delitos, tiene
perfiles conceptuales absolutamente autónomos, y los delitos se
pueden cometer por proposición o provocación y se pueden cometer
también por apología. Y no sólo creo esto, sino que estoy
observando a diario con perplejidad cómo se cometen delitos, no
mediante una subespecie de otra figura general como fórmula
especial de comisión del delito, sino que todos los días se
cometen graves delitos por apología como figura específica o
fórmula específica de comisión de los delitos.

Acabo ya, señor Presidente.

En cuanto al aborto, señor Ministro, voy a hablar menos, porque
aquí el debate siempre es más apasionado que razonable, ponderado
y jurídico, pero me sorprende que una norma que pretende
introducir, incorporar elementos de cohesión sistemática a
nuestro ordenamiento punitivo, de repente separe la regulación
nada menos que de la interrupción voluntaria del embarazo,
penalizada en el Código Penal y despenaliza, destipifica --se da
un paso mucho más allá--, la conducta en una ley que se está
debatiendo en forma paralela que es la ley de plazos --aunque no
se la llame de plazos--, bajo el pretendido cuarto indicador o
cuarto supuesto en que la madre, en las doce primeras semanas de
gestación, podrá libremente abortar, sin acreditar, sin
verificar, sin tener que probar nada.

Me parece una incongruencia, señor Ministro, que comprendo
políticamente, porque la falta de consenso sobre la ley del
aborto hubiese contaminado los consensos que en el Código Penal
sí existen, pero no es una forma estéticamente correcta de
regular estas materias.

Respecto del tema de la rebelión, se ha podido corregir, señor
Ministro. Nosotros estamos muy preocupados, porque se podían
cometer con la regulación originaria delitos de rebelión
sencillamente por la manifestación pública de opiniones políticas
legítimas, como las atinentes a la independencia de una parte del
territorio nacional. En este momento, identificar la rebelión con
un alzamiento público y violento, provee de suficiente seguridad
jurídica a esta norma para que determinadas manifestaciones
políticas, que son siempre legítimas, aunque discutibles como
todas, no convierta a los que las hacen en comitentes del delito
por proposición.

Por último, señor Ministro, quiero indicarle que en materia de
insumisión --estas, de verdad, son mis últimas palabras, señor
Presidente-- ustedes no han sido valientes. En materia de
insumisión, yo entiendo que el Partido Socialista, que es un
partido progresista, que lleva cien años luchando por las
libertades, se ha movido, en una especie de esquizofrenia
intelectual, entre sus tensiones naturales o su vocación natural
a despenalizar una conducta que cualquier pacifista y progresista
entiende hoy que se debe despenalizar absolutamente, y la presión
de determinados estamentos (vamos a calificar de militares, en el
sentido más amplio de la expresión), que les han impedido o han
obstaculizado su real voluntad (la que yo interpreto que es



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su real voluntad) de despenalizar una conducta que ni es
objetivamente peligrosa, la de los insumisos, ni genera o merece
reproche penal social mayoritario, ni obliga a los comitentes de
la misma a ser reinsertados en la sociedad, porque nunca han
dejado de estar reinsertados en la sociedad.

No obstante estas menciones críticas, señor Ministro, quiero
acabar mis palabras como las empecé. Todos nos tenemos que
felicitar porque este Código Penal haya podido ser aprobado en
las postrimerías de la legislatura, como siempre; en un momento
de tribulación política, como siempre, se presentan aquí los
Códigos Penales, no sé por qué razón o por qué suerte de juego de
azar peligroso desde el Gobierno. Siempre en los últimos
momentos,y en los más atribulados políticamente, iniciamos
debates jurídico-parlamentarios de esta dimensión ,de esta
relevancia, pero esta vez hemos tenido suerte, en el filo de la
navaja, casi en las postrimerías de verdad de la legislatura,
porque estamos en condiciones de aprobar un Código Penal que
históricamente es un gran avance, que corrige las disfunciones de
extemporaneidad de normas, muchas de las cuales tienen origen en
el siglo XIX todavía, ya que el tronco del actual Código Penal es
del texto refundido de 1973, por la habilitación legal del año
1971. Esto lo tienen que agradecer los ciudadanos, porque desde
este día, y desde este mismo momento, la sociedad del Estado
español es más libre, es más democrática, es más segura
jurídicamente y, por tanto, tiene que estar mucho más satisfecha.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Camp.




El señor CAMP I BATALLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, nuestro Grupo también se va a sumar a la importancia
que tiene un día como el de hoy, en el que se va a dar luz verde
definitivamente a un Código Penal, a una norma básica del Estado
de Derecho y a una norma básica de la convivencia social de
nuestro país, por consiguiente. Este es un momento para recordar
que esta norma era y es necesaria, absolutamente necesaria social
y democráticamente. Digo social porque bueno es recordar que la
estructura del actual Código Penal, como se ha dicho en
anteriores ocasiones, tiene su base, su punto de salida en 1848.

Sólo mencionar esta fecha ya pone de manifiesto la
extemporaneidad de la norma que hasta el día de hoy nos ha venido
rigiendo, si bien es cierto que las modificaciones introducidas
durante todo este largo período de casi 150 años, la propia
actuación de los jueces y tribunales, han hecho pervivir una
norma actualizándola de forma permanente, pero siempre, como se
ha dicho hace un momento, con márgenes de inseguridad jurídica
notables y, por consiguiente, también planteando lagunas que no
venían a regular aspectos importantes de la sociedad actual.

Por ello, digo que esta norma es necesaria desde un punto de
vista social para que recoja todos aquellos valores, todas
aquellas sensibilidades que nuestra sociedad tiene hoy a la
puertas del siglo XXI. El trabajo hecho durante anteriores
legislaturas, bien sea por el propio Gobierno en la elaboración
de diversos proyectos de ley, bien sea en la propia Cámara en la
anterior legislatura, ha dado un texto maduro, un texto preparado
para asumir esta responsabilidad, esta enorme responsabilidad de
regular la convivencia entre los ciudadanos del Estado español.

Un código penal, como se ha dicho muchas veces, refleja, sin
duda, la evolución del país, y a través de él podemos conocer
cómo es este país, qué conductas considera que son susceptibles
de ser sancionadas y cómo prevé que lo sean. Es un exponente,
antes lo decía el señor Olabarría, de un grado de civilización
del propio país; por consiguiente, es un punto de referencia
importante en el análisis sociológico de nuestra propia sociedad.

Pero decía también que ésta es una norma necesaria desde el punto
de vista estrictamente democrático. No tenía sentido que en 1995
no hubiésemos encontrado todavía el mecanismo suficiente para
establecer un código penal adaptado al cien por cien a la norma
democrática por excelencia, a la Constitución de 1978, si bien es
cierto que las modificaciones de 1983 y 1989 taparon de forma
urgente aquellos aspectos flagrantemente contradictorios con la
Constitución de 1978. Pero hoy la sociedad tiene derecho, de
alguna forma, a disponer de este Código Penal, a disponer de un
código penal actualizado. Por ello era tan importante y continúa
siéndolo, que se hiciese con un máximo consenso. Esta fue nuestra
intención desde el primer día en que el Ministro de Justicia en
aquel momento, que no de Interior todavía, compareció, me parece
recordar que era el 6 de octubre de 1993, en la Comisión de
Justicia e Interior y nos dijo que ofrecía un pacto de Estado en
materia de Justicia y ponía como elemento central el tema del
Código Penal.

Seguro que este Código Penal tiene algunos puntos que no nos
gustan al cien por cien, pero es lo normal, es lógico, ya que no
somos nosotros los autores del proyecto de ley. Hemos intentado
colaborar de forma importante, yo diría que muy importante, en la
elaboración de esta norma, no tan sólo en esta legislatura, sino
en la anterior, en la que se hizo un buen trabajo y pudimos
observar que el Gobierno asumió muchos de los planteamientos de
nuestro Grupo Parlamentario en aquel momento. El proyecto de ley
que entró en esta legislatura ya recogía aspectos importantes de
las opiniones que nuestro Grupo había manifestado.

Después, en el trámite del Congreso y del Senado, hemos visto
recogidas muchas de nuestras enmiendas, que hacen que este
Código, sin ser, repito, satisfactorio



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al cien por cien a nuestro entender, sí refleje de forma
importante nuestro parecer.

Hay un elemento que me parece que define claramente cuál es el
aspecto que rige la propia estructura de este Código Penal, que
es la priorización que hace del bien jurídico protegido. Hasta
ahora, en el Código Penal vigente la priorización del bien
jurídico protegido empieza por la defensa del Estado, sigue la
comunidad y, en último término, está el individuo, la persona
individualmente considerada. Este era un esquema que respondía a
una valoración social que hoy día no tiene sentido. El nuevo
Código Penal empieza por una jerarquización de bienes jurídicos
protegidos en la que en primer lugar está el individuo, la
persona; después, la comunidad, y termina con la forma jurídica
de organización de esta sociedad, en este caso los delitos
relacionados con el Estado. Por consiguiente, es un elemento que
hemos de tener presente para ver el cambio de mentalidad que se
produce en este Código.

No se trata hoy --estaría fuera de lugar-- de iniciar aquí
debates singulares sobre temas concretos del Código Penal.

Llevamos muchas horas de discusión en esta misma Cámara y en el
Senado y no tendría sentido que hoy descendiésemos a hablar de
temas puntuales del Código Penal. Pero nuestro Grupo quiere hacer
varias referencias que tienen su origen, como antes decía, en
nuestra participación en los trabajos parlamentarios en las
diversas etapas de elaboración de esta norma jurídica.

Un primer elemento que nos parece que cualifica este Código Penal
es la equiparación de la edad penal a la civil: pasamos de 16 a
18 años. Esta fue en su momento una reivindicación de nuestro
Grupo Parlamentario en la anterior legislatura y que finalmente
fue recogida por el proyecto de ley.

Recoge, por otra parte, las tendencias más extendidas en los
organismos internacionales, en el Derecho comparado e incluso en
la propia Organización de Naciones Unidas, que establece que no
se puede exigir la plena responsabilidad penal a aquellas
personas que no son mayores de edad según la Constitución.

Si bien es cierto que en este punto hay una pequeña laguna, el
texto condiciona el efecto de la mayoría de edad penal a los 18
años a la aprobación de una ley que regule la responsabilidad
penal del menor. Esto tiene lógica, porque, obviamente, es una
parte de un cuerpo jurídico que completa la regulación de esta
franja de edad de alta sensibilidad. La no existencia de esta
regulación de la responsabilidad penal del menor puede llegar a
condicionar la aplicación de la norma misma. Por ello, nuestro
Grupo presentó en el Senado una enmienda a una disposición
adicional que pretendía extender la jurisdicción del menor, en
los supuestos que se considerase conveniente, a los jóvenes de
edades comprendidas entre 16 y 18 años. Lamentablemente esta
enmienda no fue aprobada en el Senado y creemos que con ello se
ha perdido una posibilidad de dar sentido de forma inmediata a
esta mayoría de edad que el Código contempla. Quizá lo hacíamos a
través de nuestra experiencia directa en el gobierno de Cataluña,
en el que desde hace tiempo se ha intentado aplicar un régimen a
menores que realmente vaya en la línea de evitar su
profesionalización como delincuentes.

Otra novedad importante que queremos destacar es el sistema de
penas, que bueno es recordar una vez más tiene su principal
objetivo en la reinserción social del penado. Es un principio
constitucional y básico para entender todo el elenco de penas que
el Código nos presenta.

Lo más significativo e importante del sistema de penas, a nuestro
entender, es la ampliación que se hace del catálogo de las
mismas, con lo cual desaparece lo que hasta ahora era una pena
única, la privación de libertad, habiendo una nueva situación
como es la presencia de penas alternativas. Nuestro Grupo
Parlamentario ya en su día propuso, y fue aceptada, una nueva
tipología de penas, entre ellas el trabajo en beneficio de la
comunidad, que junto con los arrestos de fines de semana y la
pena de multa, en un sistema de multas-días de semanas o meses,
puede realmente establecer un sistema de reinserción social mucho
más efectivo que el actual.

El sistema de pena actual, basado estrictamente en la privación
de libertad con el sistema penitenciario que tenemos, muchas
veces produce, como decía hace un momento, una cierta
profesionalización del delincuente. Nosotros creemos que hemos de
buscar, como se ha hecho en los países más avanzados, penas
alternativas que ayuden a la reinserción social del delincuente.

Se introduce el cumplimiento más efectivo de las penas. Este es
un tema que se ha debatido mucho, incluso a nivel público
repetidas veces. Nuestro Grupo Parlamentario ya hizo en la
anterior legislatura, y ha continuado haciéndolo en ésta una
introducción en cuanto a que las penas se cumplan de forma mucho
más efectiva y que no se vean rebajadas las impuestas por jueces
y tribunales, a tenor de los beneficios penitenciarios que
pudiesen existir, a unas penas que fuesen incomprensibles para la
sociedad. Hemos introducido, como digo un cumplimiento mucho más
efectivo de la pena y quedará a criterio del juez aplicarlo, pero
incluso se aplicará a todo tipo de delitos, no como preveía el
proyecto de ley a una sola tipología de los mismos, sino de forma
mucho más general.

Queremos comentar algunos puntos que consideramos ostensiblemente
mejorables. Un primer punto que nos preocupa es una tendencia a
una excesiva criminalización en algunos aspectos de este Código
Penal. Concretamente el título XIV, pero sobre todo el XV, nos
parece, y tengo que reconocer la buena intención, voluntad y
necesidad incluso...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camp, vaya
concluyendo.




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El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Como decía, la necesidad de recoger nuevos tipos penales que se
regulan en el título XV puede producir, en su momento, una
casuística que, mucho más allá de prevenir situaciones
delictivas, puede crear conflictividades insospechadas en estos
momentos. Por eso nos preocupa esta excesiva criminalización que
se contempla en el título XIV, y sobre todo en el XV.

Los delitos de rebelión --y ha sido asumida por el Senado la
enmienda que en su día propusimos y que fue aceptada de forma
transaccional por todos los grupos parlamentarios excepto uno--
es un elemento que no lo pongo en el capítulo de reservas, sino
en el capítulo de elementos favorables. En el capítulo de
reservas ponemos el tema de la insumisión. Como hace un momento
ponía de manifiesto el representante del Grupo Parlamentario
Vasco, no entendemos cómo no se ha mantenido el paralelismo que
existe entre estas dos tipologías: la insumisión en el supuesto
del servicio social sustitutorio, y la insumisión en el caso del
servicio militar. Hay un paralelismo total, que
constitucionalmente está reconocido como tal y, por consiguiente,
no tiene sentido que hayamos aceptado la despenalización de la
pena de cárcel en el caso de la insumisión en la prestación
social sustitutoria y no se acepte en el supuesto del servicio
militar. Creo que en esta cuestión hay un error importante del
Grupo Socialista al no querer avanzar en esa línea.

Hay temas de carácter menor, como, por ejemplo, los delitos
publicitarios en los casos de la llamada publicidad engañosa. En
este tema nosotros hemos introducido elementos de objetividad
importantes, pero la regulación actual puede llevar a un cierto
confusionismo.

Señorías, es cierto que este Código Penal era necesario --como
decía anteriormente--, es una norma que será útil y nuestro Grupo
Parlamentario está satisfecho de que hoy, definitivamente, pueda
ser aprobado. Posteriormente votaremos las enmiendas enviadas por
el Senado, muchas de ellas han sido presentadas por nuestro Grupo
Parlamentario y van a recibir nuestro voto favorable en su
práctica totalidad.

Gracias, señor Presidente; gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, en el día de hoy se culmina una tramitación muy
importante producida en este Parlamento sobre el Código Penal
acertadamente llamado de la democracia, que habría que llamarle
el Código Penal de la sociedad española o del pueblo español,
porque a él va dirigido, y que constituye, sin duda, uno de los
debates más importantes no solamente de esta legislatura, sino de
todas las legislaturas de toda la etapa democrática de nuestra
historia constitucional. Después de la Constitución esta es la
norma más significativa debatida en un Parlamento --nunca se
debatió el Código Penal en un Parlamento--, la más larga; por
tanto, la votación de hoy tiene una especial significación. Es
una votación sobre enmiendas del Senado, solamente sobre eso --
nada más y nada menos--, pero encierra la culminación de un
trámite del que yo creo que el conjunto de la Cámara debe
felicitarse por la forma en la que se ha llevado a cabo y el
resultado final, naturalmente con excepciones, porque este Código
no puede gustar a todos en todo.

Si hay algo que le ha faltado, a mi juicio, a la Comisión de
Justicia e Interior es visitar las cárceles españolas;
probablemente eso hubiera dado una visión más completa de la
situación porque, con independencia de que este Código Penal sea
un Código Penal de la democracia, de desarrollo de la
Constitución, es, sobre todo, un Código que debe servir para la
sociedad española de hoy, para resolver los problemas de la
sociedad española de hoy y para solucionar aquello que se ve
inmediatamente cuando se visita una cárcel o se estudia
mínimamente cuál es la situación de nuestro régimen
penitenciario.

La sociedad española tiene, como una de sus preocupaciones
fundamentales --la segunda después del empleo--, la seguridad;
esto es algo que todavía preocupa mucho a la sociedad española, y
que hay que reconocer, a pesar de que tenemos una población
carcelaria que probablemente sea la más alta de la Unión Europea
y una de las más altas del mundo. Ayer mismo examinaba algunas
cifras de otros países y, por ejemplo, Argentina, por ponernos en
un lugar muy alejado, con treinta y tantos millones de
habitantes, algo menos que España, tiene una población reclusa de
15.000 personas; aquí, sin embargo, pasamos de 40.000, casi el
triple de lo que debería ser si nos comparamos con ese país tan
alejado. Y si hablásemos de otros países de la Unión Europea, nos
daríamos cuenta de que tenemos una población carcelaria altísima.

Si entramos en ver por qué esas personas llegan a la cárcel, nos
daríamos cuenta de que la mitad aproximadamente está allí por
delitos contra la propiedad; un cuarto por delitos contra la
salud pública relacionados con las drogas, y el resto por otro
tipo de delitos. En su conjunto, se calcula que casi el 70 por
ciento de las personas que están en la cárcel lo están por
delitos relacionados con el tráfico de drogas. Este es uno de los
elementos fundamentales a tener en cuenta, por ejemplo, a la hora
de legislar un código penal.

Si nos fijamos en los datos del Plan Nacional contra la Droga,
también nos daremos cuenta de que esa población es la que
reincide de forma más clara en el delito. Hay el doble de
reincidencia; nada menos que un 82 por ciento de las personas que
van a la cárcel por delitos relacionados con la droga. Es decir,
es imposible detener esa cadena constante delictiva de personas



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ue tienen relación con la droga, que normalmente son adictos,
están enganchados a la droga y, por tanto, es lógico pensar que
van a seguir cometiendo delitos contra la propiedad, lo que
puebla nuestras cárceles y es una de las razones --no solamente
ésa, pero es una de ellas-- que afectan al sentimiento de
inseguridad que existe en algunos sectores de nuestra población.

Estos datos hay que tenerlos en cuenta a la hora de enjuiciar
este Código Penal. No se trata de que esté más o menos de acuerdo
con la Constitución, que debe estarlo absolutamente, sino de si
sirve para la sociedad española actual y futura, que, repito, es
una sociedad que produce demasiada delincuencia, como se ve en
las estadísticas, que no engañan, y es una sociedad que también
ha evolucionado en sus valores; que es una sociedad más
preocupada por valores colectivos, por el valor del medio
ambiente, o por el valor de la transparencia en la vida pública y
contra la corrupción, o por el valor de los derechos sociales, de
los derechos de los trabajadores, algo que no está recogido en
nuestra legislación penal.

En esa sociedad nos encontramos con que tenemos un instrumento
penal absolutamente inadecuado, que es el viejo Código Penal de
hace 150 años, todavía vigente, cosido a remiendos, modificado
con arreglo a no se sabe qué política criminal, en el que es
imposible encontrar una lógica de política criminal y que, por
tanto, tiene unas dosis importantísimas de inseguridad jurídica;
un Código Penal inservible para las necesidades de la sociedad
española, esa sociedad tan preocupada por los problemas que
tienen que ver con la seguridad. Por tanto, desde ese punto de
vista también era absolutamente imprescindible un nuevo código
penal y, en este sentido, hay que reconocer la importancia de que
hoy podamos culminar esa tramitación del Código Penal de la
democracia.

Algo tan fundamental como es el cumplimiento de determinadas
leyes, el mantenimiento de determinados valores, no es posible
hacerlo con el Código Penal vigente y, en consecuencia, es
fundamental tener un nuevo texto que sirva para atacar ese gran
problema de fondo de la sociedad española. Era una asignatura
pendiente de la etapa democrática, que, paradójicamente, no se
pudo conseguir en épocas de mayoría absoluta y que, sin embargo,
se va a poder conseguir en esta legislatura, que seguramente
pasará a la historia por otras cosas y, sin embargo, debería
pasar a la historia por haber aprobado un código penal; una
legislatura sin mayorías absolutas y que ha sido una bendición
para este Código Penal, porque, si hubiera sido una mayoría
absoluta la que lo hubiera aprobado, hubiera sido mucho peor.

El proyecto de código que llegó aquí hace unos meses, y que se
supone que venía a atajar este problema, era el de un código
penal gravemente insuficiente para solucionar esto que acabo de
señalar como grandes insuficiencias de la situación, de la
seguridad, del cumplimiento de la ley, de la protección de
determinados valores en nuestra sociedad, de valores
constitucionales también. Era un proyecto de ley de un Gobierno
basado en proyectos anteriores que habían pasado por esta
Cámara --porque es la tercera vez que se intenta--, pero era un
proyecto de ley, que ya denunciamos en la primera intervención
que tuvimos en este hemiciclo, con graves lagunas, errores e
insuficiencias, un proyecto de ley que no era aceptable, aunque
constituía un punto de partida suficiente, y de hecho no se
presentó, como se ha señalado anteriormente, ninguna enmienda de
totalidad.

Este proyecto de ley ha sufrido una serie de transformaciones
importantísimas. Es un proyecto de ley reconocible en algunas
cosas e irreconocible en muchísimas otras, y estamos, por tanto,
a punto de aprobar un Código Penal que ya es de un Parlamento,
que no es un Código Penal de un Gobierno, y nunca mejor dicho, no
por razones puramente formales, porque lo apruebe el Parlamento,
sino por razones de contenido; este proyecto de ley, repito, ha
cambiado extraordinariamente. Probablemente, muy pocos proyectos
de ley han podido sufrir los cambios que podemos decir que ha
sufrido éste.

Por referirme a algunas de las aportaciones en las que ha tenido
más que ver Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a lo largo
de esta tramitación, para dar idea de los importantísimos cambios
sufridos, señalaré, por ejemplo, que en los temas de libertad,
afortunadamente, y en contra de la opinión de mi admirado amigo
el señor Olabarría, la apología se ha situado en su sitio, que es
ser una forma de provocación; lo otro hubiera constituido --y
amenazaba con ello la redacción que había-- realmente un atentado
permanente a la libertad de expresión. La libertad de expresión
también va a ganar por esa aportación que ha hecho el Senado de
acabar con los delitos contra la propia imagen.

Desde el punto de vista de la igualdad, este es un Código Penal
extremadamente cuidadoso respecto de las discriminaciones que
sufren los ciudadanos españoles y no españoles todos los días en
este país; tiene en cuenta los brotes preocupantes de racismo que
hay en nuestra sociedad y los brotes preocupantes de
discriminación contra quienes no comparten una determinada
orientación sexual mayoritaria, por ejemplo, en esta sociedad.

Por tanto, también es un Código Penal contra la discriminación.

Y es un Código Penal en el que se han aportado importantes
reformas de cara a preservar valores colectivos muy importantes y
muy significativos, por ejemplo, el del medio ambiente, en el que
a lo mejor nos hemos pasado, porque algunas infracciones
administrativas se han convertido en delitos y quizá hay una
hiperprotección en ese sentido, pero tal vez en estos momentos
conviene pecar por exceso en la protección del medio ambiente.

Señalaré, de paso, otra gran aportación del Senado, lo que
podríamos llamar el delito contra el aprovechamiento ilícito del
agua, nunca tan



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de actualidad, desgraciadamente, como ahora; es decir, el delito
consistente en extraer, en aprovechar agua ilegalmente en período
de restricciones.

También se contempla la protección de bienes colectivos tan
importantes como la transparencia de la vida pública y del
tráfico económico contra la corrupción. Así, se ha conseguido en
este Parlamento que el tráfico de influencias no solamente se
castigue cuando se obtiene un beneficio, sino simplemente cuando
se intenta; es decir, la tentativa también es punible en el
tráfico de influencias.

Se ha conseguido que en los delitos societarios el falseamiento
de cuentas no solamente sea cuando se pueda probar que
psicológicamente se tenía la intención de perjudicar a la
sociedad, sino cuando se utilizaban medios objetivos idóneos para
perjudicar a la misma.

Este Código Penal ha entrado en otros temas importantísimos, en
los que ha habido grandes transformaciones a lo largo de su
tramitación, por ejemplo, en la responsabilidad civil del Estado.

En el proyecto inicial había una redacción absolutamente
impresentable, hay que decirlo así; prácticamente no había
responsabilidad civil subsidiaria del Estado, y merced a la
inclusión de la responsabilidad civil subsidiaria por delitos
también imprudentes se puede decir que hay una regulación
aceptable de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Este Código Penal tiene todavía insuficiencias porque no es un
Código Penal que pueda gustar en todos sus extremos, algunas de
ellas se han señalado ya, por ejemplo la regulación de la
insumisión, una regulación que no conecta con lo que está pasando
en la sociedad española, que no comprende que ciertas personas,
por un forma determinada de entender la vida, tengan que ir a la
cárcel o tengan que sufrir penas que son extremadamente injustas
y discriminatorias, como sucede en el caso de la inhabilitación,
que a algunas personas no les afecta absolutamente nada y a otras
les afecta muchísimo. O también la insuficiente regulación del
llamado cumplimiento efectivo de las penas. Nosotros seguimos
creyendo que un juez no puede decir a una persona que haga lo que
haga y se porte como se porte tendrá que cumplir 30 años de
cárcel y que renuncie a la posibilidad de reinserción, aunque
bien es verdad que el juez de vigilancia pueda cambiar luego
esto, pero nos parece un sin sentido que ya en la propia
sentencia se pueda decir. Además éste es un aspecto muy
vulnerable ante la primera ocasión que haya de ir al Tribunal
Constitucional, que es algo que hay que dejar bien sentado en
este trámite.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, vaya
concluyendo.




El señor LOPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señor Presidente.

En definitiva, a nuestro juicio, nos encontramos ante un Código
Penal que tiene que servir para solucionar los gravísimos
problemas que tienen que ver con la seguridad y el cumplimiento
de la ley. Creemos que lo hace aceptablemente bien después de
este trabajoso, arduo y esforzado trámite parlamentario en el que
todos los grupos, todos, aunque al final alguno se quede
descolgado me parece que cada vez más en contra de su propia
voluntad, han aportado bastante. Ahora bien, nos parece asimismo
que este Código Penal no es el final de un camino sino el
comienzo. Seguramente lo difícil empieza ahora con la aplicación
y desarrollo del mismo a través de leyes que tendrán que
desarrollarlo y que desgraciadamente no se han podido tramitar a
la vez, como puede ser la ley de responsabilidad del menor o la
ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Seguramente uno de los aspectos más novedosos y con más
personalidad de este Código Penal es el sistema de penas puesto
que la prisión deja de ser la estrella del sistema represivo y
cabe una panoplia de posibilidades para individualizar la pena y
para ejercer una verdadera labor preventiva. Cuando se habla
demagógicamente, a nuestro juicio, de los excarcelamientos que va
a haber o no va a haber --que, por cierto, si los hubiera sería
por aplicación de un Código Penal que tiene otro tipo de valores,
por tanto no nos parece argumento ni siquiera el que haya más o
menos excarcelaciones, que por supuesto no va a haber tantas como
se dice--, hay que decir que el sistema de diferenciación de
penas no es un sistema que vaya contra la seguridad porque si a
un toxicómano al que se le condena a tres años de cárcel se le
dice que si se desintoxica va a poder evitar esa cárcel con unas
determinadas reglas de conducta y se interrumpe la cadena de
delincuencia imparable de ese toxicómano, eso evidentemente
favorece la seguridad. No es un problema solamente de justicia,
es que eso favorece enormemente la seguridad. Ya nos hemos
referido al grado altísimo de reincidencia que existe en el caso
de los toxicómanos. Me permitirán que insista en ello porque es
el tema fundamental, clave, en estos momentos, en lo que
significa nuestro sistema penitenciario que desgraciadamente no
es capaz de reinsertar. Por tanto, afecta no sólo a la libertad y
a la justicia sino también a la seguridad.

Termino, señor Presidente, diciendo que hay una tarea muy
importante a realizar a partir de este momento a través de una
legislación que desarrolle este Código Penal, a través de medidas
que hagan posible por ejemplo los arrestos de fin de semana, o
saber en qué consisten los trabajos en beneficio de la comunidad;
toda una serie de medidas que tienen que redondear esa tarea
porque evidentemente el Código Penal no lo es todo sino que
además del Código Penal está el sistema judicial, está el régimen
penitenciario, enormemente insuficiente en nuestro país que es la
asignatura pendiente a resolver: la regulación de un sistema
penitenciario



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que permita una verdadera reinserción y que las cárceles
españolas no sean la universidad del crimen.

A estos objetivos, que no solamente los tiene que perseguir el
Código Penal, va dirigida esta norma para que sea considerada un
Código del Parlamento, un Código de la sociedad española y, sobre
todo, un Código para el ciudadano que es, en última instancia, el
sentido de la labor legislativa que se hace en las Cámaras.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
López Garrido.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Trillo.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente,
señorías, llegamos hoy al final de la larga andadura
parlamentaria del nuevo Código Penal.

Es cierto, no necesita enfatizarse, que se trata de uno de los
textos legislativos más importantes a los que se ha enfrentado
esta Cámara a lo largo de los últimos años, de los dos últimos
mandatos, de las dos últimas legislaturas; es, sin duda, uno de
los cuerpos legales de más alcance jurídico y social tras la
aprobación de la Constitución Española.

Por enfáticas que fueran nuestras proclamas para resaltar la
importancia de un texto punitivo, no tendrían probablemente otro
resultado que la retórica, y habrá que medir la importancia de
ese Código por los resultados que produzca. El trabajo, eso sí,
realizado por todos los grupos, ha sido un trabajo largo, en
muchas ocasiones eficaz y ha tenido, finalmente, en parte la
desgracia de obedecer exclusivamente a la contumacia de un
Ministro, que ha querido, por encima de cualquier otra cosa, no
renunciar a viejos postulados, otrora progres, hoy anacrónicos,
en los que naturalmente se ha visto acompañados por quienes
siempre han estado en tales pagos y sorprendentemente acompañado
por quienes ahora, desde hace meses, se han transformado, cuando
hay Código Penal, sea cual fuere su contenido, cuando hay
Comisión del GAL, sean cuales fueren los crímenes atroces que se
puedan ocultar detrás, en aliados del Gobierno, como son los
señores de Convergència i Unió (Rumores.). Pero no es éste el
caso del Grupo Popular.

Nosotros hemos colaborado --yo le agradezco al señor Olabarría la
moderación y la justicia de sus palabras-- a la confección de ese
Código. Cuando los estudiosos se acerquen al resultado final del
texto del nuevo Código Penal podrán comprobar que ha sido el
Grupo Parlamentario Popular el que ha incorporado al texto el
reconocimiento de la mayoría de edad penal a los 18 años, como
consecuencia de una proposición de ley de mi Grupo y, además, en
la línea de lo que habíamos mantenido como uno de los fundamentos
de la devolución de la totalidad del proyecto del anterior
Gobierno de González. Podrán comprobar, de la misma manera, que,
tanto en los debates del Pleno como de la Comisión de la pasada
legislatura, defendimos que se incorporara el espíritu de
libertad que, en coherencia con nuestra Constitución, había de
inspirar este Código y que resultaba manifiestamente puesto en
entredicho por la redacción de los delitos contra las libertades
y el privilegio de los cometidos por los funcionarios públicos en
el anterior proyecto llamado De la Quadra. Podrán comprobar, si
es que SS. SS. tienen hoy ya el gesto de reconocer su contumaz
error, corregido por el Senado, que se introduce en la adecuada
formulación el principio de culpabilidad. También comprobarán
cómo nuestro Grupo formuló una alternativa a la estructuración de
la parte especial en la pasada legislatura que, en efecto, se ha
mantenido en el proyecto que remitió el Ministro Belloch. Podrán,
asimismo, cerciorarse de que ha sido el Grupo Parlamentario
Popular el que, tras debatir aquí una proposición de ley y
coincidir con otros grupos en la parte general del Código del
tratamiento del genocidio, ha perfeccionado el tratamiento penal
de esta lacra en el Senado. Y, finalmente, podrán comprobar
también cuáles han sido nuestras contribuciones a la
determinación de esa responsabilidad civil y del Estado, a la que
se refería ahora el señor López Garrido, y que fue nuestro Grupo
el primero en denunciar en cuán deficientemente venía redactada
en el proyecto anterior y que hemos mejorado en algunos extremos.

¿Por qué vamos a abstenernos en la votación sobre el conjunto
final del proyecto? Porque no podemos hacernos corresponsables de
este triste legado que el Gobierno de González añade a su ya
ruinosa herencia para el futuro gobierno y para la sociedad
española, y que es el sistema de penas del Código. Un sistema de
penas que, reitero, es confuso, complejo, desproporcionado y por
todo ello, ineficaz. Confuso y complejo porque introduce una
clasificación tripartita de las penas tan absurda como
injustificada, como luego contradictoria con el desarrollo del
propio articulado del proyecto.

Se distinguen entre penas privativas de libertad, penas
privativas de derechos y multa. No se sabe luego a qué responden
las distintas penas del catálogo, si se trata en los trabajos en
beneficio de la comunidad de una resurrección de la redención de
penas por el trabajo, si se trata por ejemplo de una pena
privativa de derechos, estimuladora de algún derecho. Se recoge
la multa por cuotas al tiempo que la multa proporcional, en un
caso insólito en el Derecho comparado. Y absolutamente insólito
es el catálogo enorme de penas, la panoplia de once penas
distintas que el Código introduce, creando así la máxima
confusión para los operadores jurídicos, sea para quien ha de
aplicar el Código, sea para quienes desde la defensa, la
acusación o, más necesariamente, desde la sociedad han de saber a
qué atenerse a la hora de aplicar un Código Penal.

Es poco claro. Trata con distinta terminología derechos
fundamentales en donde debiera de haber sido mucho más cuidadoso.

Lo decimos una vez más: el derecho



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de residencia, derecho fundamental, se trata como pena principal,
como pena grave, como pena menos grave, como pena accesoria, como
regla de conducta y como medida de seguridad no privativa de
libertad. Podrían alargarse los ejemplos.

Los comisionados que a lo largo de estos meses --y algunos de
ellos durante años-- han conocido de las posiciones que en nombre
de mi Grupo han sostenido los señores Pillado y Baón, por no
citar sino a quienes fueron los ponentes principales en la
ocasión anterior, o Padilla y Varela en esta ocasión, saben
cuántas son las imprecisiones, las dificultades de técnica que
hemos encontrado y que van a ser ahora una dificultad para su
comprensión por los españoles. Pero, siendo ello grave, todavía
resulta más grave que el Código no tenga un sistema de penas
proporcionado, porque la proporcionalidad entre la conducta que
se sanciona y la sanción misma es un contenido derivado del
parámetro de justicia que es el principal a la hora de ejercer en
las Cortes, en el Congreso y en el Senado, como legisladores
penales. Desproporción que se apunta entre la parte general y la
parte especial, como consecuencia de ese confuso sistema de
penas.

En un resumen distribuido ayer como anticipo a su intervención de
hoy por el Grupo Parlamentario Socialista, se señala como una de
las principales aportaciones del Código la descripción de las
distintas conductas que constituirán delitos societarios. Es
cierto. Se contempla que son delitos los acuerdos perjudiciales
que, adoptados prevaliéndose de una situación mayoritaria, causen
perjuicio a un tercero, al socio o a la sociedad; la falsedad de
las cuentas u otros documentos en perjuicio de la sociedad, de un
tercero o de otro socio; conductas que se ha visto que
constituyen los llamados delitos de cuello blanco en la doctrina
y los llamados delitos de frecuencia en la sociedad española de
nuestros días, tras la cultura especulativa y del pelotazo tan
propicia a los últimos gobiernos de González (Protestas.)
Señorías, sin duda el desacuerdo de la mayoría es el que explica
que, en efecto, esas conductas tan detalladamente descritas en el
Código sean, a efectos de pena, consideradas --como veo que las
consideran las señorías de la mayoría-- delitos menos graves.

Delitos menos graves que, además, llevan aparejados sanciones,
penas, que están por debajo de las señaladas para el delito de
robo. ¡Fíjense si es desproporcionado! Y a eso se la quiere
llamar un código progresista.

Qué casualidad que también una de las recientes, recientísimas,
actuales, conductas de la nueva picaresca de esta época resulten
los delitos de corrupción! En efecto, todas SS. SS. guardan
silencio a la hora de coincidir con el que les habla en que los
delitos de corrupción son de los más frecuentes y de los que más
alarma social, por no decir política, están generando.

¿Saben SS. SS. que los que cometen tráfico de influencias en el
Código progresista no van a prisión? ¿Saben SS. SS. que el que
comete tráfico de influencias en este país tiene menos reproche
punitivo, tiene menos pena, que el que roba un casete de un
coche? ¿Saben SS. SS. que tiene menos pena que el que roba un
coche? ¿Es eso progresista? ¿Es eso siquiera justo? Es
desproporcionado.

Puedo ponerles algunos ejemplos más. Si quieren SS. SS. lo
comparamos con el tratamiento de los delitos sociales, del
tráfico ilegal de mano de obra o de aquél que manipula los
documentos que hacen referencia a los trabajadores en su empresa,
porque también tienen menos reproche en este Código que el que
corresponde al delito de robo. Señalamos en su día, por poner un
tipo al que pudiera hacerse referencia para demostrar la
desproporción, la falta de relectura rigurosa que tenía el
sistema de penas del Código, que el delito de robo podía
constituir un parámetro. Inmediatamente se nos hizo caso, en
efecto, pero no se subieron las penas del tráfico de influencias
o de otros delitos citados, sino que se rebajó la pena del robo,
porque esa es la tendencia que ha dirigido los trabajos de la
mayoría. Por ponerles un último ejemplo de lo que es un absurdo -
-que tendrán que explicar hoy
para que el intérprete pueda clarificarse mañana--, ¿saben SS.

SS. que el robo de un casete en un coche, que está considerado
como robo por la jurisprudencia
--puedo citarles, a efectos simplemente del «Diario de Sesiones»,
las sentencias de 13 de octubre de 1983, de 13 de julio de 1984 y
27 de marzo de 1984, etcétera--, está penado con prisión de uno a
tres años? Es decir, el robo de un casete en un coche tiene una
pena mucho más grave que el robo del mismo coche, que está penado
con 12 a 24 fines de semana. No necesito de más ejemplos.

De todo ese sistema contradictorio, complejo, desproporcionado,
hay un capitulado que nos preocupa especialmente, que es la
rebaja de las penas privativas de libertad, para ser más claro,
de la prisión y que va a producir la excarcelación, al menos, de
13.000 reclusos cuando el Código esté en vigor.

Se ha distribuido también ayer --y el señor López Garrido ha
contribuido notoriamente a preparar el terreno para la que será
la intervención del portavoz socialista, en esa nueva pinza que
en materia de Código Penal se ha constituido entre ustedes y el
Grupo de la mayoría-- (Fuertes rumores y protestas.) un documento
auténticamente falaz que trata de salir al paso de nuestra
argumentación --que no es nuestra sino del Ministerio, como luego
demostraré-- sobre la rebaja del sistema de penas privativas de
libertad o prisión. Miren ustedes, rebaja, hay. Rebaja hay,
señorías, porque donde antes el tope máximo de la prisión era de
30 años, ahora el tope máximo de la prisión es de 20 años.

Eso sí, el Grupo Socialista ayer distribuye un cuadro en el que
compara las penas del proyecto y lo que ellos llaman duración
real, que ahora veremos lo que es.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, vaya
concluyendo, por favor.




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El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente.

En el proyecto --dice el Grupo Socialista y es cierto-- el
homicidio se sanciona entre 10 y 15 años; en el ahora vigente se
sanciona entre 12 y 20 años. Hay una notoria diferencia. El
asesinato se castiga actualmente con una pena que va de 27 a 30
años. Lo rebajan a 15 y 25 años; 25 en el caso agravado.

Luego dicen que hay una cosa que se llama duración real que
calculan para decir que entre lo que se está cumpliendo y lo que
se señala en el nuevo Código, no se produce una diferencia
notable, una rebaja. Señorías, ese papel confunde la extensión de
la pena con la duración en su cumplimiento, que no es lo mismo.

Yo se lo voy a aclarar.

Su proyecto rebaja --y si quieren las leo todas, aunque me temo
que no me lo permitiría la Presidencia-- la pena del homicidio:
de 12 a 20 años, pasa a ser de 10 a 15 años; la del asesinato, de
26 a 30 años, se rebaja a una pena de 15 a 20 años; el homicidio
imprudente, de seis meses a seis años actualmente, se rebaja de
uno a tres años; para la inducción al suicidio, de 6 a 12 años --
pena actual--, el Código prevé una pena de cuatro a ocho; el
auxilio al suicidio, actualmente de seis a doce años, tiene
prevista una pena de dos a cinco años; el homicidio-suicidio, las
lesiones, las detenciones, la violación, el allanamiento
agravado, el abandono de familia, el impago de pensiones, el
alzamiento de bienes, la usura --¡hombre, qué casualidad!--,
también la malversación. ¡Cómo no! Aquí se produce una rebaja
sustancial en la malversación. Al que malversare, es decir,
utilizare para uso distinto del previsto por la ley, en beneficio
propio o de tercero o tercera, los fondos que se hayan puesto a
su disposición del dinero de los contribuyentes por el Parlamento
español, cuando superaran más de dos millones y medio de pesetas,
la pena prevista era de hasta 20 años, qué casualidad, que en el
nuevo Código es hasta seis. (Rumores.) Si quieren les detallo en
más del 60 por ciento del catálogo de penas del nuevo Código se
produce una rebaja sustancial de las penas.

Además, señores de la mayoría, este papel (mostrándolo a la
Cámara.) es una falacia. Porque donde dicen ustedes duración
real, lo que están computando no es lo que señala el Código
vigente, es la duración PSOE; la duración conforme a la política
penitenciaria del Gobierno de González. Eso no es la duración
real. Es la duración González, Belloch y algún otro colaborador o
colaboradora distinguida que nos honra con su presencia. (El
señor García Ronda: Te vas a condenar por mentir.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, termine,
por favor.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señorías, no sólo se
rebaja la extensión. Se rebaja eso que ustedes llaman la
duración, porque el cumplimiento también lo acortan ustedes. Lo
acortan por medio de los llamados sustitutivos de la pena, en
donde la sustitución propiamente dicha alcanza a la pena
privativa de libertad hasta dos años y, en consecuencia, también
por abajo no van a ir a prisión, que parece que es el objetivo,
gran número de los que probablemente, con una revisión a fondo
del sistema de penas, debieran ir, no digamos con algunos de los
ejemplos que he puesto en los llamados delitos de cuello blanco.

Y no digamos también en lo que hace referencia a lo que se llama
el efectivo cumplimiento. El efectivo cumplimiento no ha
existido, en efecto, porque el Gobierno de don Felipe González ha
mantenido durante todo su mandato algo que beneficia
reduplicadamente a los reos. A saber, convive el tratamiento
previsto en la Ley General Penitenciaria, que iba hacia el
tratamiento individual y por grados y en consecuencia a través
del tercer grado de cumplimiento --hoy posible para determinados
delitos, por mor del Ministro Belloch, desde el primer día de
prisión-- convive, repito, con el sistema que es absolutamente
incompatible con esos beneficios y con ese tratamiento, que es el
de redención de penas por el trabajo y, con carácter general, un
día de libertad por cada dos de trabajo; con carácter especial,
un día por un día de trabajo, con un máximo de 165 días por año.

Y no digamos con el adelantamiento de la libertad condicional del
artículo 256, que ahora se deroga, naturalmente.

¿Y por qué todo esto? Voy concluyendo, señor Presidente. Porque
la explicación de esa alianza, probablemente natural en los
orígenes, del señor Belloch, algunos señores de la mayoría y el
señor López Garrido, está en aquella literatura jurídica --por
decirle generosamente algo-- que consideraba que el delincuente
es una víctima de las condiciones de la clase dominante, es
alguien al que no es que haya que reinsertar, que ahora veré, en
un momento, brevemente, qué es lo de reinsertar... (Rumores.) Sí,
sí...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, termine en
un minuto, por favor.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: En un minuto.

(Protestas.) Es alguien al que la reinserción equivale a la
puesta en la calle cuanto antes. Ese es el concepto de
reinserción del señor López Garrido, del señor Belloch, y del
señor González, que nos honra ahora incorporándose al debate. La
reinserción consiste en que un terrorista, con más de 200 años de
pena, sea puesto en la calle cuando sólo ha cumplido tres. Ese es
el concepto de reinserción. Para nosotros, no. Pero, señor López
Garrido, señor ponente del Partido Socialista, señor Ministro de
Justicia, para la Constitución, tampoco. La Constitución dice que
la pena privativa de libertad se orientará a la reeducación y
reinserción del penado, no dice que será ni la finalidad primera
ni la finalidad exclusiva de la pena privativa de libertad. No lo
dice, como no podía ser menos. La finalidad de la pena es, si se
quiere, retribución, si se quiere,



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la prevención general, es decir, ejemplaridad ante la sociedad y
especial ante el propio delincuente y, en su caso, ante la banda
delincuente. La integración de todas esas finalidades permite la
reinserción. ¿Es que se puede reinsertar en la sociedad o es que
está reeducado un etarra cuando se le pone en la calle después de
tan sólo tres años de cumplimiento, sin haber pagado la
responsabilidad civil, sin haber asumido las consecuencias de su
injusto, sin haber asumido siquiera el abandono de las armas de
la organización a la que pertenece? Eso no es reinserción, eso no
tiene nada que ver con la Constitución, esos son simplemente
vestigios de aquellos pagos en donde ustedes, hace ya años,
moraban juntos.

Lo que me extraña --y termino, señor Presidente-- es que en esos
pagos les acompañe hoy Convergència i Unió. No me extraña, pero
tendrían que aclararlo públicamente. Algo tendrá que explicar
Convergència i Unió cuando apoya al Gobierno del señor González,
aquí presente, en un código penal que pone en la calle a 13.000
reclusos. (Rumores y protestas.) Señorías, a 13.000 reclusos, Lo
siento. (Fuertes Protestas.--Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, por favor,
atienda a la Presidencia. Termine en medio minuto. (Fuertes y
prolongados rumores.--Varios señores Diputados pronuncian
palabras que no se perciben.--Continúan las Protestas.)
¡Silencio, señorías! Termine en medio minuto, señor Trillo.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: A cuento del entusiasmo
y para que, de una vez, aclaren la verdad. Señor David Beltrán
Catalá, Director de Instituciones Penitenciarias, diario «El
País», 2 de junio de 1994: El nuevo código, con la rebaja de
algunas penas y la aparición del arresto de fin de semana,
significará un amplísimo porcentaje de gente que no va a entrar a
cumplir pena. ¿Tiene algunos cálculos? Estimo --dice-- que una
cuarta parte de los reclusos actuales podría llegar a no estar en
el sistema penitenciario, es decir, entre 12.500 ó 13.000
reclusos. (Rumores.)
Las declaraciones son todo un conjunto de perlas. Sigue siendo,
que yo sepa, Director de Instituciones Penitenciarias, señor
Ministro. No me vale con que usted diga hoy aquí, para confundir
a la sociedad española, que esto no es verdad. Esto es así. La
prueba es que usted no le ha cesado ni es capaz de hacerle venir
aquí a que lo desmienta, ni es capaz de desmentirlo públicamente
en el mismo diario donde lo dijo. (Prolongados aplausos.)
Termino, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero termine.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Camp, portavoz de
Convergència i Unió de Cataluña, aclare ahora, cuando van a votar
los catalanes, por qué Convergència i Unió apoya a González para
liberar a 13.000 presos que van a poner en cuestión la seguridad
ciudadana de España y de Cataluña. (Fuertes aplausos.) Aclare
ahora por qué van a reatascar los juzgados de Barcelona, como yo
he tenido ocasión de comprobar estos días, en donde la demora es
ya de un año y la revisión de penas que se va a producir, según
el Consejo General del Poder Judicial, supera las 100.000
revisiones de condena, señorías, que, en consecuencia, van a
producir un atasco sobre atasco, albarda sobre albarda, de lo que
ya es un atasco intolerable en la propia Cataluña, señor Camp.

Aclárelo. (Rumores.)
Señor Ministro, si quiere que su nombre sea el que dé título al
Código, puede hacerlo, no le vamos a poner pegas. Tenemos la
conciencia tranquila de haber intentando una negociación con el
señor Ministro y el Gobierno del señor González, en el que usted
se encuadra. No ha tenido S. S. tiempo. Esta tarde seguro que el
Presidente nos aclara por qué. Pero sepa que de lo que sí es
usted responsable le pedirá cuentas la sociedad española algún
día: de la excarcelación --insisto-- de 13.000 reclusos; de la
multiplicación del atasco judicial; de ni siquiera haber sido
capaz de concordar este Código Penal (Rumores.) con el reciente
texto del jurado.

No sé, señor Ministro, si merece por todo eso la enhorabuena.

Muchas gracias. (Aplausos.--El señor López Garrido pide la
palabra.--El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia
palabras que no se perciben.--Risas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor López Garrido
tiene la palabra.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, si va a haber un turno
de réplica, le pediría que me concediera la palabra después y si
no se la pediría ahora mismo por alusiones del señor Trillo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Efectivamente, S. S. no
ha sido contradicho, puesto que al fijar la posición cabe que no
coincidan las opiniones, pero sí ha sido claramente aludido. Por
tanto, para un turno de alusiones, y por tres minutos, tiene
ahora la palabra.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, el señor Trillo ha utilizado en su
intervención todo tipo de argumentos, absolutamente demagógicos
(Rumores.), en el sentido más exacto de lo que entiende el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua por demagogia, es
decir, la utilización, a sabiendas, de argumentos que no tienen
fundamentación real para suscitar una determinada reacción en el
auditorio. Siento que los haya realizado con ocasión de un debate
tan importante y significativo,



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que eleva la dignidad de un Parlamento, como es la aprobación de
nada menos que un Código Penal.

El problema del Partido Popular en esta discusión del Código
Penal es que nunca se ha tomado en serio esta discusión y la ha
utilizado como una pura operación política de acoso y derribo a
un gobierno en un momento concreto. (Rumores.) No ha sabido
distinguir la crítica política, en el lugar oportuno, de la
utilización demagógica de cualquier tipo de instrumento, hasta
incluso la aprobación de un Código Penal para un siglo, con unos
objetivos exclusivamente partidistas y personales, tentación en
la que no ha caído el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, que ha dado toda su importancia a esta
discusión del Código Penal.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, el
turno se lo he concedido por alusiones.




El señor LOPEZ GARRIDO: Ni el Partido Popular se tomó en serio
este Código Penal ni lo estudió ni lo debatió ni casi se lo leyó,
y éste es el problema, en última instancia, de esta intervención,
absolutamente alejada de lo que dice la pura letra de este
proyecto que vamos a aprobar en este momento. (Rumores.)
Por tanto, aunque podrían utilizarse argumentos de parecido
estilo sobre reinserción de terroristas o sobre la opinión que al
Grupo Popular le merece, por ejemplo, el señor García Damborenea
y cosas por el estilo, nuestro grupo parlamentario va a limitarse
a señalar que nos hemos tomado muy en serio la importancia de lo
que significa para la sociedad española y para la seguridad de la
sociedad española este Código Penal. Este ha sido el sentido de
nuestra intervención política en este trámite y, por tanto, hemos
tomado la dignidad de este Parlamento como el fundamental valor a
la hora de enfocar el debate importantísimo, histórico, de este
proyecto de ley.

Gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Camp tiene la
palabra por alusiones.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente. El señor
Trillo pedía que diésemos explicaciones de nuestra actitud en
este Código. Muy mal, señor Trillo. Es una lástima que en un
momento como éste usted se dedique a hacer exclusivamente
electoralismo con este tema, jugando con crear alarma social y
confusionismo; y lo que más nos preocupa es que usted sabe que
esto que usted dice no es cierto, sabe que no es cierto y que las
consecuencias de sus anuncios pueden crear situaciones de
expectativa incluso a la propia población reclusa, y usted
aceptará las consecuencias de lo que pueda ocurrir. (Rumores.)
Nos parece realmente lamentable que en un momento como éste usted
quiera, repito, jugar al electoralismo aquí. Nos preocupa que un
Grupo como el de ustedes, que legítimamente aspira a ser
Gobierno, actúe con una mentalidad siempre de oposición. Con
discursos catastrofistas, señor Trillo, no van a ganar la
confianza del pueblo español, y vigilen que al final este pueblo
español les deje una vez más en la oposición, porque no hayan
sabido construir alternativas viables.

Sepa usted que todo esto lo decimos con el orgullo y la
responsabilidad que comporta a nuestro Grupo haber actuado
siempre con una total responsabilidad ante los asuntos públicos
que hemos tenido que tratar. Creo que ustedes, lamentablemente,
más de una vez, no han estado a la altura de las circunstancias,
y hoy tampoco lo han estado. (Fuertes rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra, señor
Olabarría, por un minuto. (El señor Hernández-Sito García-Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.) Señor
Hernández-Sito, no obligue a la presidencia a llamarle al orden.

¡Silencio, señorías! Señor Olabarría, tiene la palabra por un
minuto.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

La verdad es que la alusión que ha hecho el señor Trillo a mi
persona ha sido una alusión muy ponderativa que yo le agradezco.

No sería un trámite de alusiones en el sentido más estricto del
Reglamento el que estoy articulando, pero ha contradicho
argumentos importantes...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, no es un
turno de contradicciones.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sólo quiero decir una cosa, señor
Presidente, la atinente a la contradicción núcleo de nuestros
argumentos, que es la siguiente. Yo quiero recordar que el
Partido Popular es uno de los partidos que ha suscrito pactos
solemnes que nos afectan a todos los grupos de esta Cámara: el
Pacto de Madrid y el Pacto de Ajuria Enea. Una articulación del
sistema de penas y de la aplicación de los beneficios
penitenciarios, señor Presidente, que suponga una interdicción
colectiva y apriorística de derechos que la Constitución reconoce
a todos los delincuentes, impide y contradice expresas cláusulas
de los pactos de Madrid y Ajuria Enea. Que quede claro en el
«Diario de Sesiones» esta mención de mi Grupo Parlamentario. (El
señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.--Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.

¡Silencio, señorías! Señor Trillo-Figueroa, exclusivamente para
contestar a la intervención del señor Olabarría, que ha sido un
turno por contradicciones, los otros turnos han sido por
alusiones y, como conoce muy bien S. S., ahí no hay réplica.




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El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: De acuerdo, señor
Presidente. Es verdad que poco puedo contestar sin escuchar al
portavoz del Grupo de la mayoría y, sin duda, al Ministro, para
no dar la impresión de que el señor López Garrido...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, es un turno
para contestar al señor Olabarría exclusivamente.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: De acuerdo. Insisto,
señor Presidente, es verdad que no voy a contestar al señor López
Garrido y al señor Camp porque así no evidencio que le están
haciendo el trabajo sucio al Gobierno (Fuertes rumores.) y que no
explican nada de lo que tienen que explicar. (Rumores.--Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No obligue a las
Presidencia a quitarle la palabra.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: De acuerdo. Voy a
contestar al señor Olabarría con el mismo respeto que ha tenido
en su actitud y que demuestra que, evidentemente, conoce --no
como otros muchos presentes en ocasiones grandes, pero ausentes
en la tramitación dura de la Comisión y de la ponencia-- lo que
ha sido la aportación de este Grupo y del suyo al Código Penal.

Su señoría ha suscitado una cuestión con la que yo tengo también
que coincidir. No sólo, efectivamente, se rompen los pactos
cuando a S. S. se le antoja; se rompen los pactos cuando las
Mesas de Ajuria Enea y de Madrid no pueden reunirse, a petición
de nuestro Grupo, porque se niega a hacerlo el Partido al que S.

S. pertenece. Se rompen también los pactos cuando el Partido al
que S. S. pertenece establece conversaciones y presumiblemente
negociaciones fuera de esos pactos.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, efectivamente
vamos a recuperar la cordura, señor Trillo, e intentar volver al
debate que nos ha traído aquí, a la cuestión de fondo que es la
fijación de posiciones de los Grupos Parlamentarios acerca del
proyecto de Código Penal, que tiene hoy su última tramitación,
evitando por todos los medios el mitin electoral de carácter
estrictamente demagógico en que ha convertido su intervención en
esta tribuna. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Esa manera de ensombrecer este día, señor Trillo, por su parte no
va a evitar que este Parlamento viva hoy un día histórico. Ya ha
dicho algún Grupo Parlamentario, creo que lo han repetido algunos
otros, que con la aprobación definitiva de las enmiendas del
Senado al proyecto de Código Penal cerramos este trámite
parlamentario y hacemos posible, por primera vez en siglo y
medio, que en este Parlamento se inicie, se tramite, se concluya,
un proyecto legislativo de esta magnitud. Es, lo quiera usted o
no, señor Trillo, un día histórico para este Parlamento y para la
democracia.

El Grupo Parlamentario Socialista, consciente de la incidencia
que en la vida de todos los ciudadanos de este país, por activa o
por pasiva, va a tener el nuevo Código Penal, quiso, como bien
sabe el resto de los grupos parlamentarios, conseguir, desde el
primer momento el máximo consenso de todos los grupos, que
hiciera posible entregar a los ciudadanos del siglo XXI, a los
españoles del siglo XXI, un ordenamiento penal de alto nivel
técnico, adecuado para ordenar nuestra convivencia y consecuente
con las garantías constitucionales que nos hemos dado.

Con esa firme voluntad de consenso, buscado desde el inicio por
el Ejecutivo y por el Grupo Parlamentario que lo sustenta,
apoyados además en el esfuerzo de diálogo y en la cesión de las
propias posiciones de partida del resto de los Grupos
Parlamentarios --excepción hecha del Grupo Parlamentario Popular,
que solicitaba la claudicación de otros grupos, nunca el diálogo
y el consenso-- los distintos trámites han sido testigos de la
incorporación de cientos de enmiendas --repito, cientos de
enmiendas-- que han enriquecido el texto, que lo han hecho,
además, más factible, que lo han hecho más posible y que sobre
todo, señor Trillo, han recuperado para este Parlamento el lugar
que siempre debió ser: lugar de debate, de encuentro, de
tolerancia.

Así todos los Grupos hemos cedido en beneficio de un texto más
plural, conscientes y consecuentes con la pluralidad democrática
de este Parlamento y consecuentes también con la diversidad
social a que va dirigido este texto tan importante.

Todos estamos mostrando nuestra satisfacción, mayor sobre unos
acuerdos que sobre otros, pero siendo estos acuerdos consecuencia
del interés de la mayoría de esta Cámara y también de la mayoría
del Senado, por resolver nuestras diferencias, podemos hoy
mostrar con orgullo, a pesar del ruido precedente que se ha
tenido desde esta tribuna, la aprobación del Código Penal de
todos, también de aquellos, señor Trillo, que han mostrado
incluso antes del trámite parlamentario su voluntad de rechazo a
este proyecto, porque del Grupo Popular, tanto en esta Cámara
como en el Senado, se han aceptado innumerables enmiendas,
decenas de enmiendas, que hacen absolutamente injustificable su
abstención, a no ser que por encima de cualquier otro interés de
tipo general prime el de rechazo global a toda iniciativa que
tenga causa en el Gobierno Socialista, que tenga en ello su
pecado original. Incluso como en este caso, cuando su obsesión
por desacreditar y desgastar al Gobierno socialista provoca el
efecto de desacreditar también al resto de los grupos
parlamentarios



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de la Cámara que mantienen su votación afirmativa.

Hoy, señor Presidente, cumplimos uno de los compromisos
electorales más significativos y más queridos para el Partido
Socialista, poniendo, como no podía ser menos, en manos del
pueblo, que ese sí es el auténtico titular del valor de la
justicia, un texto punitivo adaptado a los valores y exigencias
de una sociedad democrática avanzada. Así lo hemos entendido
todos los grupos.

Este Código, señorías, protege los derechos y libertades
fundamentales del individuo, sin olvidar la protección de los
intereses colectivos, sofocando cualquier discriminación de
sectores sociales menos favorecidos y tutelando aquellos
especialmente lesionados por la actividad delictiva. Garantiza,
señor portavoz del Grupo Popular, la protección, por tanto, de
valores tan queridos para mi Grupo como son el de la libertad, la
solidaridad y el de la igualdad.

El esfuerzo de los Senadores de todos los grupos parlamentarios
ha enriquecido también, igualmente los del Grupo parlamentario
Popular, el texto remitido por el Congreso, manteniendo, sin
embargo, sus líneas básicas, sus líneas nucleares, aquéllas con
las que iniciamos el trámite parlamentario y que tuvieron su
titularidad en el Gobierno de la nación. De manera que hoy esos
elementos medulares, que significan además la reforma auténtica
de este Código, están compartidos, y debe ser motivo de orgullo
manifestarlo de esta manera, por el Gobierno y el Parlamento. Una
de estas opciones nucleares, señor Trillo, como usted planteaba,
es la reforma que constituye el sistema nuevo de penas, dirigido
básicamente, no de forma exclusiva, no podía ser de otra manera
en una democracia avanzada, a la resocialización del delincuente,
finalidad que, como usted mismo ha dicho, está explícitamente
recogida y marcada en el artículo 25 de la Constitución.

La pena, ha habido ocasión de escucharlo también en boca del
portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, representa el máximo
poder coercitivo del Estado, y un Estado democráticamente
avanzado no puede volver a concepciones de los siglos XVIII o XIX
y concebir la pena, como parece que se concibe por algunos
grupos, como una venganza social dirigida a apartar de la
sociedad a los sujetos considerados peligrosos. La concepción más
humanista de los fines de la pena, señor Trillo, nos obliga a
darle un sentido pluridimensional y atender la función de
prevención de la pena que disuada al delincuente potencial y que
aparte al delincuente real, a ambos, de la comisión de futuros
delitos. Pero creyendo profundamente en la función de reinserción
social, de reeducación, creyendo, como creemos la mayoría de los
grupos parlamentarios de esta Cámara --y deberían hacerse usted,
señoría, y su grupo la reflexión--, en el ser humano y en su
capacidad de rectificación.

El resto de los grupos no cree, miren ustedes a ver si lo creen,
ni en la pena de mazmorra, ni en la Ley del Talión, ni en la
cadena perpetua, y sí en el mandato claro e imperativo de la
Constitución que, como usted ha recordado, en su artículo 25 dice
imperativamente a este Parlamento que el cumplimiento de la pena
se orientará a la reeducación y reinserción social del penado.

En un Derecho Penal moderno, señorías, la pena privativa de
libertad es el último recurso del Estado. Es necesario evitar,
además, en lo posible, aunque les cueste entenderlo, señorías, y
les rogaría una reflexión sobre ello, que el individuo se vea
separado de sus vínculos familiares, sociales y laborales, y que
con ello pueda incrementar sus tendencias delictivas. Por eso,
este Código Penal, este proyecto de todos, de seis Grupos
Parlamentarios, excepción hecha de ustedes, ve el rigor de la
pena en dos manifestaciones: en el de la proporcionalidad en
atención a la gravedad del hecho delictivo y en el de la
efectividad del cumplimiento de la pena, no en la integridad de
su cumplimiento, sino en el de la efectividad de su cumplimiento,
consecuencia de eliminar, como bien sabe el señor Trillo, la
reducción de penas por el trabajo.

Señor Presidente, la respuesta penal a la reacción emocional de
los ciudadanos, a veces incrementada o estimulada, como hoy desde
esta tribuna ante crímines execrables, ante crímenes terribles,
no puede ser, como solicita el Grupo Popular, señorías, la de que
las penas se cumplan íntegras, sin posibilidad de reinserción
social, porque ello vulnera la Constitución, porque ello nos
lleva a retroceder dos siglos y porque ello nos lleva a la Ley
del Talión. La respuesta de este Código Penal queremos que quede
clara dentro y fuera de este Parlamento; la respuesta de este
Código a esos crímenes tan abyectos, tras un esfuerzo de
reflexión y de consenso de todas las fuerzas políticas, excepción
hecha del PP, es la de autorizar para los casos más graves que
jueces y tribunales no concedan los beneficios penitenciarios y
computen la libertad condicional sobre la suma de las condenas.

Pero, junto a ello, este Parlamento, siguiendo el mandato
constitucional, que a todos nos da clarividencia, es verdad,
siguiendo el mandato constitucional que obliga a la reinserción
social individualizada de ese penado, permite a los jueces de
vigilancia penitenciaria, cuando constaten la evolución favorable
del tratamiento reeducador del penado y exista además un
pronóstico favorable de reinserción social, de vuelta a la vida
social, aplicar el régimen general de cumplimiento, de manera que
pueda acceder a la libertad condicional sobre un cálculo máximo
de 30 años.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, le ruego concluya.




El señor BARRERO LOPEZ: Voy a hacerlo lo más rápido que pueda,
señor Presidente.

Pues bien, señorías, a esta solución se opone el Grupo Popular,
que con la expresión, insisto: «cumplimiento íntegro de las
penas», lo que pone de manifiesto, como lo ha hecho ahora, es su
pretensión favorable a la cadena perpetua para determinados
delitos graves; a su



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configuración y su pretensión, por la vía de hecho, de la cadena
perpetua para determinados delitos graves.

La soledad en la que se encuentra, señorías, el Grupo Popular
frente al resto de los Grupos Parlamentarios le obliga, como lo
ha hecho en este caso desde esta tribuna, a falsear la realidad y
a insistir en que este Código rebaja las penas, como ha hecho con
referencia al tema de malversaciones, haciendo insinuaciones de
mal estilo y absolutamente falsas. Le obliga a mantener, por lo
tanto, una actitud alarmista que no es verdad, que no se
compagina con este Código, que es falsa, que nosotros denunciamos
desde esta tribuna, lo hemos venido denunciando fuera de esta
Casa y lo seguiremos denunciando hasta el agotamiento. Esto es,
señorías, pura y exclusiva demagogia.

Esta actitud alarmista nace, por lo tanto, de afirmaciones
falsas. Ustedes usan la argucia, señor Trillo, de comparar
nominalmente las penas, una y otra, como lo ha hecho desde esta
tribuna, enseñando un papel y no diciendo exactamente la verdad,
ocultando conscientemente que la eliminación de la redención de
penas por el trabajo que, como usted tiene la obligación de
saber, implica una elevación automática del tiempo del
cumplimiento de la condena entre un 25 y un 50 por ciento real;
dicho de otra manera, mencionaba la duración real del
cumplimiento de la condena, de la pena por lo tanto, en los
delitos que usted ha expuesto aquí, y respecto a lo cual nosotros
hemos dado a la prensa un escrito para evitar el falseamiento de
la realidad. En esos delitos contra las personas, la propiedad,
la salud pública --es decir, las drogas-- y la libertad sexual y
que representan más del 93 por ciento de los cometidos en 1994,
el cumplimiento de la pena será superior en este Código que en el
anterior. Y ustedes, señorías, lo saben, porque se supone de sus
conocimientos y de su responsabilidad el estudio detallado del
proyecto que hemos traído a esta Cámara.

No se entendería, por tanto, su interés en alarmar
irresponsablemente a la población diciendo que se producirá ese
tipo de excarcelaciones masivas si no supiéramos desde hace
tiempo que suplen su falta de argumentos amoldando la realidad
exclusivamente a sus intereses.

Señor Presidente, señoría, hoy, lo quiera o no un Grupo --y diría
más: lo quieran o no algunos de un grupo parlamentario, porque
nos consta también la voluntad más positiva de otros miembros de
su Grupo Parlamentario, señor Trillo--, hoy es un día feliz para
el Parlamento y la democracia y ustedes se encuentran
voluntariamente solos.

A pesar de la aceptación de decenas de enmiendas suyas --termino,
señor Presidente--...




El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine.




El señor BARRERO LOPEZ: ... no quieren hacerse partícipes, con el
resto de la Cámara, de un Código Penal moderno que, como usted
dice, plantea un sistema de penas garantista dentro de la
Constitución, penas destinadas además a la reinserción, nuevas en
nuestro Derecho y no en Derecho comparado, como son el arresto de
fin de semana, como son los trabajos para la comunidad o como son
la imposición de la multa/día en función de la capacidad
económica del delincuente.

No van a alegrarse con nosotros y con el resto de la Cámara de
que hoy aprobemos aquí a la agravación de delitos tan poco
queridos por la sociedad como son los de discriminación por
razones étnicas, antisemitas, de orientación sexual, etcétera.

No se alegrarán con el resto de la Cámara por haber conseguido
una mayor y mejor protección del menor y del incapaz.

No se alegrarán con nosotros y con todos de haber conseguido una
mayor y más eficaz persecución de los delitos societarios, sobre
los que usted en esta tribuna ha falseado la realidad. Delitos
societarios que tienen en este Código --y animo a SS. SS. a que
lo lean tranquilamente, despacio--, por primera vez, una mayor,
más profunda, más amplia, persecución de los delitos de cuello
blanco.

No se van a alegrar con el resto de la Cámara por la mayor
protección del medio ambiente y de la ecología ni van a poder
presumir --aunque les animamos a ello, a pesar de no ser
coautores del proyecto-- de tener la regulación penal más amplia,
más profunda y más progresista de toda Europa en materia de medio
ambiente y protección de nuestra ecología.




El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, le ruego que concluya.




El señor BARRERO LOPEZ: No van a alegrarse --y termino, señor
Presidente--, de una mayor regulación de los delitos de
corrupción, que sí forman parte de este Código Penal con una
mayor imposición de penas.

No se alegrarán de una mayor y más correcta regulación de la
insumisión o de la protección frente a la tortura, o de la
protección frente al acoso sexual, o de la protección frente a
las agresiones a la intimidad de cualquier ciudadano.

Termino, señor Presidente. Su obsesión, señores del Grupo
Popular, señor Trillo, por evitar el consenso no ha procurado en
este caso el desgaste al Gobierno. Se han desgastado ustedes
solos. Su postura, a nuestro entender, lejos de ser razonable, no
les convierte en únicos: les convierte en patéticos. (Rumores.)
Señores de los demás grupos parlamentarios de esta Cámara:
gracias a todos. Gracias a su consenso porque merced a ello, a su
esfuerzo, hemos podido profundizar en la democracia, en nuestra
democracia. Hemos conseguido profundizar en el desarrollo de
valores esenciales de nuestra Constitución por la única vía
posible: recuperando para el Parlamento el diálogo, el consenso y
la tolerancia.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.

El señor Ministro de Justicia e Interior tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoras Diputadas y señores Diputados, en sesiones
como ésta sobra la retórica. Basta con dar rienda suelta a la
emoción y expresar la satisfacción y el honor que significa poder
dirigirme a esta Cámara en el debate final sobre el proyecto de
Ley Orgánica del Código Penal.

A estas alturas, al final de un intenso debate parlamentario, que
se ha extendido durante casi año y medio y que, en realidad, se
inició poco tiempo después de aprobada la Constitución Española,
resulta ocioso resaltar la importancia que un Código Penal tiene
en el ordenamiento jurídico de cualquier nación. (El señor
Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.)
La necesidad de la reforma penal...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.

Señor Padilla.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con su
permiso.

La necesidad de la reforma penal había sido ya reconocida y
demandada por amplios sectores sociales, jurídicos y políticos.

Tal necesidad ha sido admitida igualmente por todos los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara, que es tanto como
decir por toda la sociedad. Y, sin duda, este convencimiento ha
sido el motor, el impulso decisivo necesario para realizar el
duro trabajo que supone un Código Penal.

Tras la Revolución francesa, en nuestro entorno cultural, la
soberanía reside en la nación. El ejercicio de la autoridad no
puede ser realizado sino como emanación del pueblo, mediante
atribución de éste y como agente de éste y en virtud de la ley,
sólo en la cual está representada la voluntad general.

La legalización del ejercicio del poder exige que la relación
entre éste y los ciudadanos se haga a través de mandatos legales
con vocación de generalidad. El ciudadano, a diferencia del
súbdito, sólo debe obediencia a la ley. Esta concepción, de la
que somos aún tributarios, había de tener una influencia decisiva
sobre el ius puniendi, sobre la más temible de las facultades que
corresponde al poder: la facultad de imponer penas. Con razón,
Pacheco, en el año 1848, decía que de la legislación penal
española nada era digno de conservación, ninguna parte se podía
reservar para la regla de la sociedad futura. Toda, toda entera
necesitaba ser transformada. El sistema de codificación, el
sistema de cambio absoluto era el único legítimo y el único
posible, decía Pacheco, con ocasión de su gran obra El Código
Penal, de 1848. Necesitábamos salir del caos y hacer la luz.

Afortunadamente, esa no era la situación a la que tuvimos que
enfrentarnos los políticos y los juristas después de la
Constitución de 1978. Pero, con todo, sigue siendo cierto, y ése
sí que era nuestro reto, que en el Código Penal se discute la
estructura y los límites del poder punitivo del Estado, algo,
pues, que importa absolutamente a todas las ciudadanas y
ciudadanos porque afecta a la vida de cada uno y al conjunto de
la vida social. Precisamente, por perfilar los límites más
importantes de los derechos y libertades, ha recibido, yo creo
que razonablemente, el calificativo de Constitución negativa.

En todo país --y la del nuestro en los siglos XIX y XX sería un
claro ejemplo-- todo cambio político conlleva inmediatamente una
nueva ley fundamental, que, a su vez, plasma, debe plasmar un
nuevo texto punitivo.

Desde la aprobación de la Constitución de 1978 los sucesivos
gobiernos han venido estudiando y proponiendo la aprobación de un
nuevo código penal. Era, sin duda, una tarea difícil y compleja.

Casi diecisiete años nos separan de aquel 6 de diciembre de 1978,
que en escasos días, por cierto, celebraremos de nuevo. Pronto se
advirtió que la aprobación de un nuevo Código Penal requería
ciertas condiciones, materiales y formales y que su contenido
había de conciliar principios difícilmente ajustables.

Señorías, por primera vez en la historia de España el Código
Penal se ha discutido íntegramente en sede parlamentaria. Tal
método de elaboración obliga a acercar posturas, a aunar
opiniones legítimamente divergentes. Hoy, 8 de noviembre de 1995,
por primera vez en España un Código Penal puede ser aprobado por
un Parlamento democráticamente elegido por sufragio universal
directo, tras un debate de totalidad de su articulado. Por ello,
se ha empleado la expresión de día histórico. Yo más que un día
histórico, diría que es un día que hace historia, porque estamos
fijando las reglas de la convivencia futura. Este texto marcará
un antes y un después.

Era, sin duda, una empresa difícil. Algunos pensaron que esta
legislatura no era el momento más propicio para un trabajo de
esta envergadura o dimensión. Siempre tuve la convicción de que,
pese a las apariencias formales, era el momento oportuno, era el
tiempo de ponerse de acuerdo, de debatir, de acercar posiciones y
de elaborar una ley penal. Era la forma correcta de tratar de
conciliar la lucha de principios que necesariamente implica
siempre un proceso de codificación penal. En definitiva, el
Código Penal debía cimentarse en un consenso profundo y
racionalmente fundado. Hoy creo llegado el momento de decir que,
pese a discrepancias puntuales --siempre legítimas--, el
Parlamento de España ha estado a la altura de sus
responsabilidades. Las distintas concepciones posibles en un
Estado democrático sobre el ejercicio del Poder Penal se han
enfrentado racionalmente, argumentando con responsabilidad y
mediante el debate y la dialéctica, ofreciéndose soluciones
razonadas y ampliamente consensuadas. De este debate,
profundamente democrático,



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surge este texto que hoy se somete a la consideración de SS. SS.

Quizás hoy quepa decir que valió la pena esperar tanto tiempo,
porque la espera ha fecundado un texto mejor, técnicamente, y un
acuerdo, políticamente hablando, más amplio. Tras este Código
Penal hay muchos héroes anónimos, con una inmensa dosis de
civismo, que han trabajado desinteresadamente por construir una
obra mejor. A todos ellos, los gobiernos sucesivos, los ministros
de justicia, los parlamentarios, los juristas, los asesores, a
quienes desde 1978 han venido trabajando en la elaboración de un
nuevo Código Penal, es obligado rendir hoy homenaje desde esta
tribuna en este importante día.

Creo que hoy, en este acto, cumpliré con sólo tratar de expresar
cuáles son los presupuestos esenciales desde los que entendimos
que cabía elaborar la política criminal del Derecho Penal
contemporáneo, conscientes, como éramos, de que correspondía a
las Cortes Generales optar entre los márgenes que la Constitución
le ofrecía.

Desde hace décadas la doctrina científica europea ha venido
subrayando la interrelación entre el modelo de Estado, plasmado
siempre en su Ley Fundamental, y el Derecho Penal. Nuestra
Constitución proclama en su artículo 1.º que España se constituye
en un Estado social y democrático de Derecho. Pues bien, tales
notas configuran nuestro modelo de Estado y, consecuentemente,
han de orientar nuestro ordenamiento punitivo. Sin embargo, este
maridaje, esta suma de características del modelo de Estado no
está exento de conflictos y éstos se proyectan muy especialmente
en el Derecho Penal. Detengámonos brevemente en esta cuestión --
por otra parte central-- en el pensamiento jurídico
contemporáneo.

Como Estado social, la Constitución expresa la fe en el Estado
como impulsor de la reforma de la sociedad, como instrumento de
transformación social. Como Estado democrático, el Gobierno debe
ser, por el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo, lo que
obliga a respetar una concepción plural de la sociedad donde se
relacionan distintos grupos sociales y donde el proceso político
ha de ser necesariamente participativo. Como Estado de Derecho,
es exigido el respeto a la libertad y dignidad humanas, la
primacía de la ley y el sometimiento pleno del poder al Derecho.

El Derecho Penal, tal como hoy lo conocemos, nace de la
ilustración, en el seno del liberalismo político, y a partir, sin
duda, de su mayor creación, el Estado de Derecho y el principio
de legalidad. El «ius puniendi» deja de ser una facultad de
corrección moral y deviene en la simple aplicación de una Ley que
ha previsto, anticipadamente, las conductas punibles. Las penas
ya no se modularán más en atención a la reprobación deseable en
cada caso concreto, ni en función del efecto intimidatorio que
las circunstancias puedan aconsejar, ni conforme al juicio
subjetivo de un juez, sino según la determinación exacta que ha
de figurar anticipadamente en la Ley Penal, para mejor plasmación
del principio de legalidad.

La predeterminación de lo punible generará un ámbito de seguridad
jurídica donde la libertad podrá florecer; la predeterminación
generará certeza, previsibilidad en la aplicación de la ley
penal: los ciudadanos sabrán a qué atenerse y los jueces
conocerán los límites de su actuación.

La evolución posterior hacia el Estado social, sin duda una
conquista de los movimientos sociales progresistas, ha provocado
la revisión de alguno de los postulados nucleares del inicial
Estado de Derecho y ha apuntado la necesidad de su reformulación.

Se trata de un choque de concepciones, de un choque de ideas,
conflicto que se ha venido a denominar pugna de principios, a la
que se halla sometido el Derecho penal contemporáneo; en el
fondo, la que existe entre el Estado liberal garantista y el
Estado interventor.

El Derecho penal liberal partía básicamente de la proclamación de
dos principios: el de legalidad y el de proporcionalidad y/o
intervención mínima. En la definición de la propia virtualidad
del principio de legalidad se pueden ver las causas que provocan
esa lucha de principios, porque el principio de legalidad ya no
puede ser concebido de manera tal que toda conducta antijurídica
deba tener necesariamente la respuesta penal, pues ello rompería
el papel de «extrema ratio» que caracteriza la noción del derecho
penal liberal. De la misma manera, el papel promocional que se
autoasigna el Estado, unido a la aparición de nuevos bienes
jurídicos dignos de tutela, que son supraindividuales, obligan a
tipificar como delictivas conductas que antes no lo fueron,
jugando el Derecho un papel promocional, transformador,
conformador de la realidad social, que también puede
cuestionarse, en cuanto que, llevado a sus extremos, puede
contradecir su función de «extrema ratio», que debe caracterizar
siempre la estructura y la naturaleza del Derecho penal.

Las nuevas tecnologías, la inaprensible rapidez con que los
medios de ataque se modifican, hacen cada vez más frecuente en
Derecho penal el siempre peligroso recurso a cláusulas flexibles,
a elementos pendientes de ulterior complementación judicial, a
leyes penales en blanco, a conceptos indeterminados, a revisiones
normativas imprecisas, que, desde luego, se concilian mal con las
exigencias de seguridad jurídica que el principio de legalidad
comporta, con la necesaria y taxativa predeterminación de los
supuestos de hecho que pueden dar lugar a consecuencias penales.

Pues bien, la forma de abordar y de resolver estos conflictos sin
duda constituye la opción político-criminal más trascendental
cuando ha de afrontarse la elaboración de un código penal.

Durante la tramitación parlamentaria, hemos oído a diversos
colectivos sociales pedir enfrentadamente la penalización o
despenalización de diversas conductas. En esta misma Cámara se
mantienen de manera plenamente legítima diversos criterios sobre
la conveniencia de mantener o no algunos



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tipos penales o sobre la necesidad de incorporar unos u otros que
no están previstos en el texto, pero creo sinceramente que todos
hemos coincidido en que la idea que suministra los criterios para
resolver y superar esta pugna entre legalidad y proporcionalidad,
entre individuo y sociedad, entre libertad y seguridad, entre
garantía y prevención, esto es, la solución para armonizar Estado
de Derecho y Estado social y, así, poder construir un derecho
penal coherente, eficaz y consensuado, esta idea no es otra que
la idea de democracia.

La democracia es la única forma de Gobierno apropiada para
garantizar el Estado de Derecho. Es un modo de ejercer el poder
estatal; más exactamente, la forma de ejercerlo mediante el poder
del pueblo. El valor de la democracia deviene no tanto del
reconocimiento de los derechos fundamentales como de la forma de
tomar decisiones en el ámbito político, en el que la definición
del modelo de convivencia sea posible. La democracia es, en
realidad, un método para decidir y no apunta a un qué, sino a un
cómo se ejercita el poder.

Este Código Penal que hoy se somete a votación final toma como
premisa la idea de democracia como única idea desde la que es
posible armonizar el Estado social y el Estado de Derecho y que
posibilita, hace necesario, un Derecho penal posible, equilibrado
y racional. También, desde luego, participo de la convicción
expresada por Ferrajoli de que «sólo el derecho es el futuro de
la Democracia».

Desde una idea de democracia debe ser, y ha sido, respetado el
principio de legalidad, que, desde luego, como ha expresado
Ferrater, «no es una herencia del liberalismo que pueda
arrumbarse tranquilamente, sino que pertenece a esa esencia
universal que ha pasado a formar parte de todas las corrientes de
pensamiento civilizadas».

Por ello, el Parlamento no podía dejar la creación del Derecho en
manos del Poder Judicial, sin perjuicio de las facultades de
interpretación, que son inherentes al momento aplicativo. En un
Estado democrático se propugna la separación de poderes, pero
subrayando la supremacía del Parlamento, del Poder Legislativo,
por encima de los otros. Una vez que el Parlamento haya
pronunciado su última palabra, al Poder Ejecutivo y al Poder
Judicial les corresponderá encaminar sus esfuerzos a hacer viable
y eficaz este nuevo texto legal, sin que sea, sin embargo,
posible oponer a su aplicación discrepancia alguna, por más
legítimas que éstas sean desde una óptica individual.

Este Código Penal debía respetar y ha respetado la idea de
certeza que permite a los ciudadanos distinguir lo prohibido de
lo que no lo está. Por ello, son baluartes del Código el
principio del hecho y el principio de culpabilidad. Por ello, el
Código recoge una determinada concepción de la pena, ya que la
legalidad así entendida no se identifica sólo con retribución;
legalidad y retribución son, en realidad, cosas distintas. Así lo
ha expresado Klug: La represalia que no persigue ningún fin, con
la que no se procura alcanzar ningún bien, lesiona la dignidad
del hombre y, en verdad, no sólo en el sentido de reconocidas
normas morales, sino en el sentido de la Constitución.

Precisamente el respeto a la dignidad del hombre exige que la
sociedad no devuelva los golpes con un mero criterio de
represalia, sin objetivo alguno, sino que intente la
resocialización.

Desde esa misma idea de democracia debe afirmarse que toda
interferencia en la libertad de los ciudadanos ha de justificarse
por razón de la tutela de otro bien, para cuya protección,
además, sea necesario, adecuado y proporcional el recurso a la
pena. Thomas Jefferson dijo: todo gobierno debe tener como único
fin la preservación de los derechos del hombre. Cualquier reforma
penal que se aborde, y ésta no ha sido la excepción, implica que
surjan obstáculos y dificultades en su ámbito.

Dos rasgos podrían dibujar, quizá, el panorama que afecta a esta
cuestión. Es verdad que existe una especie de reflejo
condicionado en la opinión pública que se manifiesta en la
petición de elevar las penas --normalmente en momentos de
conmoción--, como reacción frente a los atentados si no más
frecuentes, sí más graves o más vividos socialmente como
inadmisibles.

Debemos ser conscientes, sin embargo, de que no es de la gravedad
de las penas, sino de su proporcionalidad y de la seguridad de su
aplicación de lo que depende la eficacia del sistema penal.

En segundo lugar, como ya se ha expuesto, la aparición de nuevos
valores colectivos dignos de protección, la sofisticación de los
medios de ataque y el papel promocional que algunos quieren dar
al Derecho Penal, podría habernos llevado al camino de una
excesiva intervención punitiva en la sociedad.

Entiendo que la sociedad ha de tener fortaleza y mecanismos
suficientes para resolver los conflictos sociales sin necesidad
de acudir, y en primera línea, al Derecho Penal, ya que creo que
el Derecho Penal no es el instrumento adecuado para introducir
cambios radicales en la sociedad, ni un nuevo reparto de papeles
sociales. El cambio se produjo en España con el restablecimiento
de la democracia y el cambio evoluciona y se realiza día a día.

El Derecho penal debe mantener, por tanto, su función de «extrema
ratio», para recurrir a él sólo fragmentariamente, para castigar
los hechos más graves y más inadmisibles y, subsidiariamente,
cuando la tutela no puede obtenerse por medios menos gravosos.

Y entiendo también que el Parlamento ha conseguido un delicado
equilibrio en la catalogación de delitos previstos en la parte
especial. Todos mantenemos discrepancias, como no podía ser de
otra manera, sobre algunos tipos concretos o sobre la gravedad de
las penas previstas específicamente para unos u otros. Pero creo
que la ponderación y la prudencia han permitido completar una
parte general de gran altura técnica con un catálogo de delitos
realistas y acomodado a las exigencias de la sociedad del futuro.

Estos principios hasta ahora enunciados han tenido su aplicación
concreta en el texto del Código Penal que hoy se somete a
votación final.




Página 9635



En efecto, el proyecto contiene la consagración definitiva y
explícita del primado del Estado de Derecho en sede penal. En el
Título preliminar se recogen los principios de legalidad, de
culpabilidad, de irretroactividad, de ofensividad y de
proporcionalidad. El proyecto apuesta por la primacía de la
protección al individuo frente a la protección al Estado. Así
aparece la novedosa sistemática del Libro II, donde, a diferencia
del Código vigente, se inicia la clasificación por los delitos
contra la vida, salud, libertad, integridad, intimidad y honor de
las personas. Se sigue con la protección de intereses
colectivos --delitos socioeconómicos, contra la Hacienda Pública,
contra el medio ambiente o contra la seguridad del tráfico-- y se
acaba con la tutela de las administraciones públicas, la
Constitución, las instituciones del Estado, la protección del
orden público, la independencia del Estado o la comunidad
internacional.

En aplicación de los principios antes expuestos, el proyecto
otorga especial protección a los derechos fundamentales, bien
recurriendo a mayores sanciones frente a sus violaciones, bien
empleando, simplemente, una mejor técnica de tutela. Así ocurre
con la regulación de los delitos relativos al honor, la
integridad moral o la libertad sexual. De igual modo se establece
una especial protección de la libertad y seguridad de las
personas frente a las arbitrariedades de aquéllos a quienes
precisamente se ha confiado su tutela, incluyendo la desaparición
del régimen privilegiado que ostentaban los funcionarios públicos
cuando cometían delitos contra las garantías constitucionales o
contra los derechos de los particulares.

Por fin, y desde el terreno de los principios, no pueden obviarse
importantes novedades en la configuración general del delito, de
sus autores y de la pena. Se restringe el castigo de la
imprudencia y de los actos preparatorios y se dota a los jueces
de instrumentos más adecuados para individualizar la aplicación
de la pena, posibilitando su sustitución o su suspensión temporal
y desplazando el protagonismo absoluto vigente de la pena
privativa de libertad. En fin, se posibilita que las penas se
orienten a la reinserción de los penados, tal y como exige
nuestro texto constitucional, y por primera vez se da a la
víctima el protagonismo que siempre se le había restado en el
Derecho Penal.

El carácter social de nuestro Estado democrático se refleja al
menos en dos cuestiones muy evidentes, aunque parezcan
contradictorias. Por un lado, la despenalización de figuras
caducas (delitos complejos, desacatos, algunos delitos contra el
honor frente a los cuales es preferible reservar su tutela a la
vía civil...) junto a la aparición de nuevas figuras delictivas
que protegen bienes jurídicos hasta ahora prácticamente inéditos
(medio ambiente, ordenación del territorio, protección del
patrimonio histórico, delitos societarios, manipulación genética,
acoso sexual...). En otros casos, el cambio es más moderado pues
se limita a revalorizar bienes jurídicos ya tradicionales, como
es el caso de los derechos de los trabajadores, la protección de
las instituciones democráticas o la libertad sexual.

Todos estos ejemplos, que podrían extenderse a muchos más, sirven
para poner de manifiesto el grado de civilización a que hemos
llegado en esta norma tan fundamental. El Parlamento ha
configurado en ella unas mínimas normas para ordenar la
convivencia social, para resolver los conflictos más graves que
se produzcan en su seno, para responder adecuadamente al delito
como expresión de la negación del Estado y de la sociedad, de
forma que quede el campo más amplio para la libertad, la
solidaridad, la igualdad y la justicia.

No se trataba de hacer una norma perfecta, sino una obra útil.

Como toda obra humana, el proyecto de Código Penal es una obra
perfeccionable, la mejor prueba de ello es lo mucho y bien que ha
mejorado a lo largo de su tramitación en el Parlamento, gracias a
la colaboración de todos y cada uno de los grupos parlamentarios.

No es, sin embargo, fruto de ninguna improvisación; es, en
cambio, un conjunto de propuestas para afrontar con decisión los
problemas penales que afronta la España de hoy en día y la España
del siglo que viene.

El Gobierno de la nación sólo ha tenido la primera palabra. Se
limitó, pues, con el proyecto a pronunciarla, invitando a todas
las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la
tarea de su perfeccionamiento, y el resultado final, desde luego,
es absolutamente satisfactorio. Pero tampoco ha de magnificarse
en el sentido de creer que es un texto perfecto, intangible o
inmune a los cambios. Seguramente el hombre no encontrará nunca
soluciones definitivas a sus problemas; cada solución pone en
marcha sus propios problemas, su nuevo lote de problemas propios.

Lo que nos corresponde es mejorar la calidad de las leyes y
renunciar a creer que los preceptos escritos pueden encerrar en
sus mallas la totalidad de la casuística de la vida social, la
cual, además, está afectada de un proceso de cambio y de
evolución constantes.

A tal efecto, y ya para concluir, permítanme que lo haga con una
cita, de nuevo, de Thomas Jefferson: Ninguna sociedad puede hacer
una Constitución perfecta, o siquiera un ley perpetua; lo
contrario supondría entregar a los muertos el reino de los vivos.

Nada más. Muchas gracias sinceramente a todos. (Aplausos en los
bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Antes de proceder a la votación de las enmiendas del Senado a
este proyecto de ley, quiero comunicar que la votación de
conjunto correspondiente a las iniciativas que tienen el carácter
de ley orgánica, que son cuatro en el orden del día, tendrá lugar
a la una de la tarde o en el momento posterior en que el debate y
votación



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de las enmiendas y del proyecto correspondiente lo permita.

Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica del Código
Penal.

Enmienda al artículo 5.º
Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 132; en contra, 199; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda al artículo 395.

Comienza al votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 314; en contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 623.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 156; en contra, 175; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas a los artículos 171.3 y 204.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 20; en contra, 175; abstenciones, 137.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas, las enmiendas.

Enmienda al artículo 315.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 177; en contra, 21; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmiendas por las que se introducen los artículos 95 (nuevo) y
408 (nuevo).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, uno; en contra, 199; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda al artículo 78.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 173; en contra, 158; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 519.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 305; en contra, 26; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda al artículo 596.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 289; en contra, 42; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda que introduce el artículo 306 (nuevo).

Comienza al votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 180; en contra, uno; abstenciones, 150.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmiendas a los artículos 16.2, 57, 80, 83.1, 88.1, 83.2, 109,
111.2, 113, 121.1.e), 153, 187, 188, 189, 201, 216.1, 230, 231,
404, 609, 610, 270, 295, 344.1, 366.2, 379, 397, 402.1, 410,
443.3.º, a), 455, 456, 502, 518, 549, 553, 557, 599, disposición
adicional primera, disposición adicional segunda, disposición
adicional tercera y disposición transitoria primera.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 332.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmienda al artículo 179.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 182; en contra, 149; abstenciones, una.




Página 9637



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmiendas a los artículos 1, 4, 33, 36, 37, 39, 49, 50, 51, 53,
81, resto del artículo 88, artículos 136, 140, 178, 180, 181,
182, 183, 218 y 464.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 198; en contra, 134.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 334; a favor, 200; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.




--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION Y
EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (Número de expediente
121/000092)



El señor PRESIDENTE: Debate correspondiente a las enmiendas del
Senado al proyecto de ley orgánica de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes.

¿Grupos que desean fijar su posición en relación con estas
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señora Martínez.

Esquerra Republicana tenía la esperanza de que en el trámite
parlamentario de esta ley se hubiera producido la aproximación
imprescindible a los interlocutores del mundo de la enseñanza,
especialmente a los sindicatos, y que de esta voluntad de
consenso hubiera nacido la corrección necesaria de la ley
original para que finalmente fuera una ley progresista. No ha
sido así y la ley llega a su último trámite como una ley
profundamente conservadora, desde nuestro punto de vista,
antiprogresista y falta del consenso básico, con lo cual
entendemos que el voto de Esquerra Republicana en su momento fue
un claro error del que quiero dejar constancia.

Nos opondremos a la ley, por tanto, porque entendemos que con
esta ley se cierra el proceso de reforma legislativa de la Ley
General de Educación del año 1970, pero rompiendo con lo que
tenía que ser la línea de pensamiento escolar progresista en
nuestro país, aquella que, por ejemplo, se expresó en el
manifiesto para la escuela pública de la Escola dþEstiu Rosa
Sensat en Cataluña hace 20 años. Esto unido a la reducción de
recursos humanos y materiales que están padeciendo los centros
públicos y a la lectura restrictiva del despliegue de los
aspectos sociales y pedagógicos de la Logse que está
materializándose desde las administraciones educativas entendemos
que lleva al sistema educativo público a un auténtico callejón
sin salida.

Resumiendo pensamos que esta ley es una ley regresiva que es
necesario replantear y parar. Creemos que es una ley regresiva,
primero, porque tiene una clarísima voluntad privatizadora y un
espíritu de lucro en la gestión pública; segundo, porque favorece
la expansión de la red privada, y tercero e imprescindible,
porque, al fin y al cabo, es una sumisión de los órganos
colectivos, los departamentos, los ciclos, los claustros, los
consejos escolares y el profesorado en general a la política
educativa de la Administración a través del control y el refuerzo
de la autoridad de los directores e inspectores. A nuestro
juicio, con la carrera y la jerarquización docente a través de la
evaluación para conseguir un modelo de profesorado, entendemos
que este va a ser más tecnocrático, con menos ideología educativa
pero con mucha más actitud conservadora individualizada y, en
todo caso, menos comprometida con lo que creemos que tiene que
ser una clara mentalidad al servicio de la educación pública.

Para finalizar diré que Esquerra Republicana considera que la ley
llega a este trámite sin el consenso necesario, con una clara
voluntad restrictiva, regresiva y, por tanto, lesiva para lo que
son los intereses de la escuela pública, y por ello votaremos en
contra.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra la señora
Monzón.




La señora MONZON SUAREZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, Coalición Canaria va a votar afirmativamente las
enmiendas que nos remite el Senado a esta ley, excepto la que se
refiere a la disposición final primera 3.a) por entender que
dicha enmienda suprime el pago delegado a los profesores de los
centros privados concertados, entregando dichas cantidades
mensualmente a las empresas titulares, en lugar de ser abonadas
directamente a los profesores por la Administración,
procedimiento que se venía utilizando en cumplimiento de la LODE,
lo que supone, desde nuestro punto de vista y desde el punto de
vista de los afectados, un grave atentado a los intereses de los
trabajadores de la enseñanza privada concertada.

En cuanto al conjunto del texto, aunque consideramos que ha sido
ligeramente mejorado en el Senado, seguimos pensando que es un
texto regresivo, inmaduro y fuertemente contestado por amplios
sectores políticos, profesionales y sindicales que han mostrado
reiteradamente sus deseos de profundizar y consensuar



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en lo posible aspectos básicos en la organización de la
educación, fundamentales para el desarrollo cultural, social y
económico. Nos parece paradójico que una ley que lleva como
título de participación, evaluación y gobierno de los centros
educativos no haya contado con la participación de los sectores
afectados por la misma. Es una ley que no responde ni a las
necesidades del sistema educativo ni a las demandas del
profesorado, que, en diferentes referéndum, acordó, con más del
75 por ciento de los votos, el rechazo a este proyecto de ley. En
consecuencia, Coalición Canaria votará en contra de este
proyecto.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Monzón.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txábarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.

(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco con
relación a esta ley tan importante como es la de la
participación, la evaluación y el gobierno de los centro
docentes.

Lamento que no esté en este momento del debate la señora Rahola
porque iba a intentar comenzar a argumentar a partir de su
intervención anterior, en el sentido de que alguna gravedad debe
de tener este proyecto de ley si por parte de la señora Rahola se
indica que es un proyecto fuertemente conservador, y el Partido
Popular está muy en contra del mismo, y en segunda instancia es
un proyecto de ley muy centralista, y resulta que los grupos
nacionalistas de la Cámara estamos de acuerdo con la redacción;
es decir, que aquellas competencias educativas que están
recogidas en el proyecto de ley se refieren a cada una de las
administraciones educativas que deben ejercer las mismas
competencias. Luego hay alguien en este trámite, señor
Presidente, que está fuera del propio debate. Creo que es
importante comenzar con estas consideraciones, porque desde el
sector educativo, desde un planteamiento de la propia
administración educativa, éste es un proyecto de ley claro, con
objetivos que se enmarcan en lo que en este momento son los
debates sobre educación en Europa y en el mundo, precisamente en
la participación y en la calidad de la enseñanza educativa. Otra
cosa es que se acierte en centrar con determinación los puntos
del debate para que la legislación sea la más adecuada. Ese es un
debate abierto; pero lo que no se podrá decir de este proyecto de
ley es que es conservador y mucho menos centralista.

Refiriéndome directamente a las enmiendas que el Senado ha
introducido, comenzaría a enumerar tres enmiendas de
clarificación de ámbitos competenciales. Si ya en el trámite en
esta Cámara, tanto en Ponencia como en Comisión, hubo una
clarificación importante en relación a esta clarificación de
ámbitos competenciales, el Senado los ha establecido todavía más
claramente a través de tres enmiendas para delimitar el
desarrollo reglamentario de esta ley en aquellos aspectos
competenciales que se refieren al Estado o a las comunidades
autónomas con competencias exclusivas en materias de educación y
de Función pública docente. Son tres enmiendas que han sido
aceptadas en el Senado a propuesta del Grupo de los Senadores
Nacionalistas Vascos, por lo que vamos a votar a favor de ellas.

Se refieren al artículo 37.4 y al punto 5 de la disposición
adicional segunda, que regulan aspectos del ejercicio de la
inspección educativa. El proyecto de ley remitido desde esta
Cámara al Senado recogía la facultad del Gobierno de desarrollar
reglamentariamente estas disposiciones, y dado que estos
artículos tienen carácter de básicos, en consecuencia de
legislación básica, en nuestra opinión son del todo razonables
estas enmiendas que se han recogido en el Senado, porque
reconocen el carácter orgánico y básico tanto de esta ley como de
la Logse y suprimen tal carácter para los reglamentos que las
deberían desarrollar. El Ministerio deberá desarrollar, en
consecuencia, sus reglamentos para el territorio MEC y las
comunidades autónomas con competencias exclusivas, tanto en
materia docente como en materia de Función pública, deberán
hacerlo en sus respectivos parlamentos autónomos.

Desde esta misma perspectiva, se da una nueva redacción en el
Senado a la disposición transitoria cuarta, también a propuesta
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. En este Estado
existen administraciones educativas, y nos estamos acostumbrando
a este estilo de hablar en plural, y además existen presupuestos
educativos aprobados en distintos parlamentos. En consecuencia,
el gasto en educación que se desarrolla en el Estado es un
sumatorio de las partidas recogidas a tal fin, tanto en los
Presupuestos Generales del Estado, como en los presupuestos de
las comunidades autónomas con competencias exclusivas en
educación. El no tener en cuenta estas consideraciones lleva a
más de uno a vivir de espejismos delirantes.

El Senado ha introducido también una disposición final cuarta,
nueva, con la voluntad de regular el acceso del personal laboral
docente dependiente de la administración educativa vasca a la
Función pública, para lo que modifica a dichos efectos la
disposición transitoria sexta de la Logse. Conocen SS. SS. que la
LOGSE condiciona el acceso al funcionamiento docente en la EGB a
estar en posesión del título de profesor de Educación General
Básica. El proceso de confluencia de las ikastolas con la red
educativa pública, singular donde las haya, efectuado a lo largo
del ejercicio de 1993, trajo consigo una dificultad añadida: la
de la imposibilidad de funcionarización de aquel personal docente
licenciado universitario sin la titulación de magisterio, y
estamos hablando de logopedas, de psicólogos, de pedagogos, de
especialistas precisamente en educación y en materias específicas
que imparten en los centros docentes y, en definitiva, de
calidad. En



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un proyecto de ley que tiene como objetivo la calidad, entendemos
razonable, tanto desde el punto de vista educativo como
académico, que esta enmienda introducida en el Senado sea también
tomada en consideración en esta Cámara.

Estas son las cuatro enmiendas, señor Presidente, provenientes
del Senado que van a contar con el apoyo del Grupo Vasco en la
votación que se va a celebrar esta mañana en esta Cámara, además
de aquellas de mejora de estilo o de redacción, que siempre se
agradecen. Y vamos a rechazar, en consecuencia, el resto de
enmiendas introducidas en el trámite del Senado. Coincidimos
básicamente con los contenidos de dichas enmiendas. Son
posiciones clásicas del Partido Nacionalista Vasco en materia
educativa, pero existen dos razones de fondo para que hoy
formalicemos su rechazo. Una primera es de oportunidad. A estas
alturas de la legislatura, sin Presupuestos Generales del Estado
que avalen económicamente los contenidos de dichos artículos, no
parece oportuno dar saltos en el vacío sin red. Entendemos que
son meras posturas testimonialistas. La segunda es también de
cumplimientos de pactos, lo decimos con toda claridad, para que
nadie se llame a engaño. Esta ley lleva la redacción que lleva,
al igual que los contenidos que se recogen en el pacto escolar de
Euskadi, por pactos políticos entre el Partido Socialista y el
Partido Nacionalista Vasco. Nosotros intentamos ser un partido
serio y cumplimos los pactos. En consecuencia, vamos a rechazar
estas enmiendas.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txábarri.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Cruz Orive.




El señor CRUZ ORIVE: Gracias, señor Presidente.

Señoras Diputadas, señores Diputados, intervengo para fijar en
este turno la posición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a las enmiendas
que nos vienen del Senado relativas a este importante proyecto de
ley.

Voy a empezar diciendo que nos abstendremos en toda una serie de
enmiendas que, a nuestro juicio, representan sólo una mejora en
la redacción, con la que, por supuesto, estaríamos de acuerdo,
pero que atañen a textos originales con los que mostramos
profundas discrepancias. Este es el caso de las enmiendas a los
artículos 3.2, 6.2, 10.4, 11.1, apartado a), 21.a), 21.e), 25.5,
38.1, 19.1, 23.1 y apartado 2 de la disposición adicional
primera. En este paquete de enmiendas nos vamos a abstener
porque, en definitiva, si hacemos un análisis de lo más
sustancial de esos artículos, en un eje importante se refieren
fundamentalmente a la acreditación del director, sobre la que nos
mostramos radicalmente en contra a lo largo de todo el trámite
parlamentario, o bien de los aspirantes a director, acreditación
que otorga discrecionalmente la Administración, desde nuestro
punto de vista, bien a la elección de los órganos unipersonales
del gobierno por el director, cuando SS. SS. saben que nuestro
Grupo planteó la no necesidad de la acreditación y la elección
por el Consejo Escolar del equipo directivo, es decir, que la
elección del director fuera acompañada de la elección del equipo
directivo. Es evidente que en ese tipo de enmiendas de redacción
nos vamos a abstener.

Hay otras enmiendas en las que también nos vamos a abstener,
coincidiendo en que ha quedado mejor distribuido el campo
competencial en materia educativa, y que se refieren a la
inspección, con cuyo modelo hemos chocado también a lo largo del
trámite de este proyecto de ley. Hay otra muy importante, desde
nuestro punto de vista, que alude a un texto por el que los
actuales conciertos para el primer y segundo grado de la actual
formación profesional se transformarán en convenios; medida grave
aprobada aquí, en este Pleno, que supondrá acabar con el pago
delegado y precarizar el empleo, pero, como digo, tal
despropósito se materializó con anterioridad. Por tanto,
simplemente hay unas enmiendas de redacción en las que nos
abstendremos. En concreto me estoy refiriendo a las enmiendas al
artículo 37.4, al punto 5 de la disposición adicional primera y a
la nueva redacción de la segunda frase del punto 6 de la
disposición final tercera.

Vamos a votar positivamente la enmienda al artículo 2, apartado
2, relativa a la presencia en el Consejo Escolar de un
representante de la asociación de padres más representativa en el
centro. Tengo que decir con rotundidad también que en esta
enmienda nosotros, en un principio, en su trámite en Comisión
veíamos el peligro de que el Consejo Escolar se fuera
corporativizando, pero también explicábamos a lo largo del debate
que nuestra posición ni era maximalista ni era estática, y hemos
entendido en estos meses de debate, de discusión, que,
efectivamente, en época de falta de participación se puede
establecer una discriminación positiva, que es una reivindicación
sentida por las asociaciones de padres de alumnos y, por tanto,
tampoco tenemos un interés manifiesto de enfrentarnos a esa
legítima aspiración. En consecuencia, votaremos favorablemente
que se incorpore un representante del APA más representativa en
el centro al Consejo Escolar sin pasar por el sufragio universal
del Consejo Escolar. Asimismo, votaremos positivamente a la
enmienda al artículo 17, apartado 1, por establecer el mandato
del director en cuatro años, tal como se ha recogido de nuestras
propuestas iniciales. Por tanto, éstas serían las dos enmiendas a
las que votaremos favorablemente.

Votaremos en contra de la enmienda al artículo 9 apartado b), en
coherencia con lo contenido en el artículo 26. También votaremos
en contra de la enmienda al artículo 15, apartado a), por ser
restrictivo en cuanto a lo determinado aquí en el Congreso. Nos
estamos refiriendo a las competencias del claustro en lo relativo
a formular al equipo directivo propuestas para la elaboración



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de los proyectos del centro. En la enmienda se viene a decir: en
la elaboración del proyecto educativo del centro. Creemos que es
más amplio decir proyectos del centro que proyecto educativo del
centro.

Asimismo, votaremos en contra de la enmienda al artículo 22.2,
relativa al procedimiento administrativo a la hora de incoar
expediente para el cese de director por causas graves. Más que
oír al Consejo Escolar, creemos que está mejor definido en el
texto original, donde habla de que el Consejo Escolar del centro
elabore un informe razonado y sea oído previa elaboración de ese
informe razonado.

Votaremos en contra de la enmienda a la disposición transitoria
cuarta --y aquí ya estamos entrando en los temas que tienen más
enjundia dentro de las enmiendas que nos vienen del Senado--, que
establece un mecanismo para la fijación de los importes de los
módulos económicos, donde participan la Administración y las
organizaciones empresariales representativas de los centros
concertados y, sin embargo, se excluye a los representantes
sindicales y a otras organizaciones sociales representativas.

Claramente nos manifestamos radicalmente en contra. Creo que
además se define esto a la hora de establecer la cuantía del
puesto escolar. Creemos que en esa definición, en ese análisis,
en esa comisión de estudio para fijar el coste del puesto escolar
etcétera, y, por tanto, la renovación de los módulos, deben estar
también otras fuerzas sociales representativas y, en concreto, la
representación sindical.

Vamos a entrar con lo que ha sido el aspecto más polémico de las
enmiendas del Senado que ha supuesto, afortunadamente,
movilizaciones en el sector --digo que afortunadamente porque
esto quiere decir que la sociedad está viva y que el sector
educativo está articulado--. Nos opondremos con rotundidad a la
enmienda al apartado 1 de la disposición final primera, porque
esta enmienda significa, ni más ni menos, que acabar con el pago
delegado a los profesores de los centros privados concertados,
porque consideramos que ha sido una conquista histórica en la que
ha participado el que está en esta tribuna y nuestro Grupo
Parlamentario.

Esta enmienda, introducida en el Senado por la Senadora De Boneta
y Piedra, es exactamente la 63 del Grupo Vasco, que discutimos en
Comisión y quiero señalar que tuvo un solo voto a favor. Podemos
mirar el «Diario de Sesiones», porque son cuestiones que conviene
clarificar.

Segundo, me interesaría también dejar claro que lo que puede
traer la supresión del pago delegado es, ni más ni menos, que la
falta de control sobre el dinero público, el posible atraso de
los pagos, aumentar la incertidumbre en los docentes ante el pago
de sus nóminas: en definitiva, el incremento de la presión sobre
los trabajadores, hoy con cierta independencia, porque es real
ese refrán de que el que paga manda y, evidentemente, si tienes
pago delegado, tienes una cierta independencia respecto a los
poderes empresariales en tu propio centro de trabajo.

Izquierda Unida quiere dejar manifiestamente claro que apoyó
siempre y apoya ahora, política y parlamentariamente, el pago
directo de los salarios a los trabajadores de los centros
concertados. Varias enmiendas de Izquierda Unida hacían
referencia al pago delegado, incluso una, la número 199, se
refería a la extensión del pago delegado al personal de
administración y servicios. Es decir, que no solamente defendemos
el pago delegado para los profesores de los centros concertados,
sino que lo queríamos extender al personal de administración y
servicios, y fue rechazada esa enmienda por el resto de los
Grupos de la Cámara. Esa enmienda que era la número 74, se
mantenía viva en el Senado y la defendimos también allí.

¿Qué ocurrió en el Senado? Que, evidentemente, nuestros dos
Senadores interpretaron que esa enmienda, que venía de Eusko
Alkartasuna a través del Grupo Mixto, iba en el sentido que
define el propio Presidente del Senado en el mensaje motivado que
remite a esta Cámara, ya que el señor Laborda no habla del pago
delegado, dice claramente que en el apartado 1 de la disposición
final primera se da una nueva redacción a la modificación
prevista por el artículo 3, letra a) de la LODE, tendente al
desarrollo y homologación, tanto en los centros públicos como
privados concertados, de los parámetros de financiación. Es
decir, nuestros compañeros, nuestros Senadores, vieron como una
conquista la analogía en las retribuciones y se coló por la
puerta falsa el tema de acabar con el pago delegado.

El Ministerio ha sacado una nota de prensa, obviando todos estos
temas que estoy explicando aquí --la tengo en mi poder--, con
fecha 30 de octubre. En ella obvia, por ejemplo, que el Partido
Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco, compañero de viaje en esta
ley del Partido Socialista, está a favor de suprimir el pago
delegado, aunque luego lo retiró para este Pleno, pero era su
enmienda número 63; por tanto, no fueron únicamente PP e
Izquierda Unida quienes votaron esta iniciativa, vuelvo a decir
que en nuestro caso por error.

El Ministerio también conocía con antelación nuestra posición, ya
que el día 25 manifesté a las autoridades ministeriales
claramente el error y que aquí íbamos a votar en contra de la
supresión del pago delegado. Por tanto, esto ocurrió varios días
antes de hacer esta nota de prensa.

Creo que se ha querido hacer como hace el calamar, echar tinta
para oscurecer todo, ¿y qué es todo lo que se pretende oscurecer?
Algo que es claro y meridiano, que sectores sociales y políticos
muy importantes, que seguimos apoyando la reforma educativa,
rechazamos este proyecto de ley. Ese es el nudo gordiano, eso es
lo más importante y eso es lo que se ha intentado distorsionar
con análisis interesados, viendo más la paja en el ojo ajeno que
la viga en el propio.

También nos oponemos a la enmienda a la disposición final
primera, apartado 2, que conlleva la supresión



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del apartado 4, porque anula el texto donde se decía que: «las
Administraciones educativas regularán las actividades escolares
complementarias, extraescolares y los servicios escolares de los
centros concertados...». Nos exponemos a que se anule esa
regulación por parte de las autoridades ministeriales,
administrativas, educativas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor
Cruz.




El señor CRUZ ORIVE: Voy concluyendo, señor Presidente.

Nos vamos a abstener con respecto a la disposición final tercera
bis, que creo ha quedado redactada como disposición final cuarta,
donde se regula el acceso del personal laboral docente
dependiente de la Administración educativa vasca a la Función
Pública, porque, entre otras cosas, se pueden establecer agravios
comparativos con personal laboral en las mismas condiciones en
otras comunidades autónomas, etcétera.

En definitiva, las enmiendas del Senado inciden aún más en
posibilitar la falta del control democrático sobre el dinero
público y abundan en la desregulación del sector. Parece
apreciarse una tendencia a satisfacer las obsesiones de ciertas
patronales del sector privado respecto a obtener el máximo de
fondos públicos con el mínimo de controles y el máximo de
autonomía.

Finalmente, señorías el voto de globalidad a este proyecto de ley
va a ser negativo por parte de nuestro Grupo, porque seguimos
participando de los mismos planteamientos, en coherencia también
con lo que manifesté ante esta Cámara el 14 de septiembre, en el
sentido de que es una ley innecesaria y regresiva, que no aporta
nada sustancial a la participación en los centros, se incentiva
el alquiler de infraestructuras con afanes mercantilistas, se
revisa a peor la LODE, al romperse el concepto de equipo
directivo, jerarquizando y burocratizando la función directiva,
se apuesta por un modelo de inspección obsoleto, se vincula la
evaluación del profesorado a su promoción profesional, etcétera.

Y lo que es más grave --y termino--, esta ley enfrenta al propio
Ministerio, aparte del sector progresista de la enseñanza, con
sectores sociales y políticos que apoyamos la reforma. ¿Cómo
piensan aplicarla? ¿Apoyándose en los sectores que cuestionan la
reforma? Este es el interrogante que pende sobre el sistema
educativo español. ¿Con qué se va a aplicar la reforma?¿Con
quiénes? ¿Quiénes van a ser los defensores políticos y
profesionales de la propia reforma educativa? ¿Por qué no se ha
tenido más sensibilidad, se ha escuchado con más atención y se ha
consensuado con las fuerzas sociales, con las fuerzas políticas
que en su momento formamos un bloque social y político de
progreso de cara a la propia reforma educativa del sistema
educativo?
Nada más y muchas gracias, señoras Diputadas, señores Diputados.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cruz.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, tengo el
honor, en nombre del Grupo Popular, de fijar la posición sobre
estas enmiendas del Senado a la llamada ley Pertierra.

En general, la experiencia parlamentaria me lleva a pensar lo
siguiente sobre la toma de posición ante las enmiendas del
Senado. Por un lado, no se trata de eternizar un debate que ya ha
tenido lugar aquí por partida doble, además, porque nuestro Grupo
presentó una enmienda de totalidad, pero en segundo lugar
también, porque hay que tener cuidado con la lectura política que
se le pueda dar a cada enmienda, pues ya tenemos experiencia de
que, más de una vez, si por ejemplo uno vota a favor de una
enmienda que hay aquí en la que se cambia una coma y que se
refiere a las condiciones para el acceso al Cuerpo de
Inspectores, porque está mejor con coma que sin coma, pasan dos o
tres años y algún avispado portavoz nos acusa de haber votado a
favor de ese asunto, y resulta que hemos votado a favor de la
coma, pero no del asunto al que la coma se refiere. Esto obliga a
que, al igual que hay en el ámbito de la jurisprudencia
constitucional las llamadas sentencias interpretativas, donde
conviene dejar bien claro en qué sentido se está diciendo que sí
o que no, parezca que en estas enmiendas haya que ser cauteloso
también a la hora de fijar posición y aclarar, no sólo si se va a
votar que sí, que no o se va uno a abstener, sino en qué sentido
y qué interpretación debe darse.

En ese aspecto, nuestro Grupo considera muy de agradecer que las
diversas enmiendas que se han presentado vuelvan a resucitar los
temas básicos de esta ley, que precisamente son los que han
justificado nuestra frontal oposición a la ley. Se trata de
aspectos sobre los que nosotros hemos pedido siempre su
supresión; por tanto, nos da igual que se cambie una coma o se
quite una coma, porque si lo que pedimos es la supresión,
estaremos siempre en contra.

Por ejemplo, seguiremos votando en contra de que se truque la
participación de los padres en los consejos escolares,
imponiendo, no se sabe por qué, que una asociación de padres que
puede tener un afiliado en el centro, por ser la más implantada,
tenga ya, sin elección previa, un miembro en el consejo escolar.

Eso sólo sirve para consolidar las asociaciones que ya existen
que, como se sabe, son prácticamente dos y, además, curiosamente,
para consolidar su reparto, uno, en el ámbito de los centros
estatales y, otro, en el de los de iniciativa social. Nosotros
creemos que es más saludable que ambas asociaciones vayan
intentando estar presentes en todos los centros, y esta norma lo
va a hacer casi imposible.

Seguiremos votando en contra de la idea del administrador de los
centros, entendido como un comisario



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de la Administración, por tanto, al margen absolutamente del
resto de los órganos unipersonales del centro. Consideramos que
si esta es una ley de participación, no tiene mucho sentido que
la Administración se dedique a parachutar comisarios sobre los
centros. Por tanto, vamos a votar en contra de las enmiendas
correspondientes a los artículos 21 y 23.

Seguimos estando a favor de dar mayor realce al papel del
claustro dentro de la vida de los centros, como hemos defendido
en nuestras enmiendas. Por tanto, la relativa al artículo 11.1,
a) la vamos a votar en contra, porque seguimos pensando que el
claustro debería tener mayor protagonismo a la hora de diseñar el
proyecto educativo.

Por último, también vamos a estar en contra de la enmienda al
artículo 6.2, donde, como ya denunciamos en su día, se hablaba en
el proyecto original de que se haría público el proyecto
educativo del centro para facilitar su elección, y el Grupo
Socialista, en una enmienda clandestina en Ponencia, eliminó la
alusión a la elección. Como sigue sin hablarse de elección,
seguiremos votando en contra.

Hay otra serie de aspectos que nos parece que son muy
característicos de esta ley, que es una ley de despedida. A mí me
recuerda esa escena típicamente futbolística, cuando al acabar el
partido alguno de sus esforzados protagonistas se encarama a la
valla metálica, y no pudiendo en este caso enviar a los Viris de
turno, a los Ultra Sur (en fin, como los llamemos en cada sitio),
su camiseta, porque lo prohíbe la UEFA, se dedican a enviarles
puestos de director, cuerpos de inspección, complementos
retributivos hasta que la muerte nos separe, etcétera. Es la
despedida de alguien que ya ha hecho lo que tenía que hacer en el
campo y que intenta cumplir con aquellos que le han animado con
especial entusiasmo. Nos parece que eso no justifica una ley de
este tipo.

Voy a aludir a una anécdota de ayer. Me llama por teléfono, desde
Torrejón, alguien que se ha presentado o ha intentado presentarse
a director de su centro, puesto que había renunciado la directora
que existía. Pues bien; resulta que el inspector de esa zona se
niega a aceptar la renuncia de la directora y se niega a que se
convoquen elecciones. Da la casualidad de que el inspector es el
Secretario de Organización del PSOE en esa zona; da la casualidad
de que su nombramiento de inspector fue recurrido y anulado por
un tribunal judicial; da la casualidad de que, como hemos
denunciado aquí, se le ha mantenido en su puesto igual; da la
casualidad de que ahora, con esta ley, se convierte en inspector
de por vida y da la casualidad de que sigue la misma directora
porque no han admitido su renuncia. Ese tipo de pasteleo es el
que nuestro Grupo no está dispuesto a admitir, aunque sea,
lógicamente, la despedida de los esforzados jugadores.

Creemos que no debemos apoyar la acreditación, por ejemplo, para
ser director, artículos 17 y 19; la consolidación del complemento
retributivo, nos da igual que se diga «el cargo» que «su cargo»,
que en eso consiste la enmienda, pero para evitar toda duda
votamos en contra; y estamos en contra de los inspectores
extracorpóreos, éstos que no ingresan en el cuerpo, pero que es
como si ingresaran, una cosa muy original, es la manera de
desprestigiar un cuerpo. (El señor Ministro de Educación y
Ciencia, Suárez Pertierra, hace gestos negativos.) Sí, sí, señor
Ministro. Ya sé que usted no tiene ni idea, ni de esto ni del
resto de la ley, pero así es: inspectores extracorpóreos en
concreto. O sea, que no entran en el cuerpo, pero que se les
trata como si hubieran entrado, hasta el punto de que la enmienda
consiste en quitar la previsión que había que decía que
reglamentariamente se explicará cómo se va a hacer. Aquí ya ni se
explica parlamentariamente, porque hay cosas que mejor no
explicarlas. Eso es muy sensato. Por eso votamos en contra.

Hay algunos retoques ortográficos y gramaticales que sí vamos a
apoyar. Nos parece muy bien que en el artículo 3, donde se
hablaba de actividades complementarias, se hable ahora de
actividades escolares complementarias. Muy bien.

Nos parece estupendo que en el artículo 9 no se diga ya
secretario o administrador --con lo cual se daba a entender que
el administrador puede sustituir al secretario--, sino secretario
y administrador, lo cual deja claro que el secretario sigue
existiendo. Nos parece muy bien y eso es algo más que gramática.

Votaremos a favor.

Igualmente votaremos a favor de que en el artículo 15 no se hable
de proyectos educativos del centro, porque entonces es una
especie de esquizofrenia, sino de proyecto, como habíamos
defendido nosotros mismos.

Por último, en la disposición final tercera votaremos a favor de
la corrección ortográfica para sustituir «preveen» --con dos ees,
en una ley educativa de calidad-- por «prevén», con una é
acentuada, porque es una exigencia de la calidad. Votamos a
favor.

Paso a aludir ahora a la curiosa polémica suscitada con motivo
del pago delegado, como ya se ha dicho aquí, que todos los grupos
que me han precedido votaron a favor en el Senado. Yo creo que al
PSOE le ha venido muy bien que se desvíe la atención al final de
la ley Pertierra y parezca que hoy aquí lo que se iba a decidir
era pago delegado, sí o no, cuando es algo que ni siquiera estaba
en el proyecto.

Quiero recordar que la enmienda en cuestión tenía tres párrafos.

En uno de ellos se actualizaba la homologación de las
retribuciones de los profesores de la enseñanza concertada con
los de los centros estatales, actualizando, por tanto, un mandato
de la LODE que, en un claro fraude a la ley, el Ministerio venía
incumpliendo. Nos parecía, por tanto, muy positivo que eso
figurara.

En otro de los párrafos de esa enmienda se decía que se
garantizaría, vía reglamentaria, la percepción de las partidas de
personal por parte de los profesores de los centros concertados,
asunto que para nosotros es absolutamente irrenunciable.

En el otro párrafo se insinuaba que el pago delegado no es el
único sistema para conseguir ese objetivo irrenunciable,



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lo cual nos parecía plausible. Por eso votamos a favor, no por
error, no: sabiendo lo que votábamos.

Ahora bien, se ha suscitado toda una polémica y ha llegado un
momento, porque la política está como está, afortunadamente, en
que ya lo que se ha preguntado es qué haría el PP, si gobernara,
sobre el pago delegado. Nos encontramos, por tanto, ante un
contexto interpretativo absolutamente nuevo. El texto de la
enmienda es el mismo, pero el contexto es totalmente distinto: lo
que nos están preguntado ahora es qué haría el PP, si gobernara,
respecto al pago delegado.

Hay una serie de elementos de juicio que están a disposición de
todos. En primer lugar, el Grupo Popular ha presentado 96
enmiendas a la ley Pertierra: ninguna de ellas habla para nada
del pago delegado. Por tanto, es fácil de ahí deducir que si el
Partido Popular gobernara se ocuparía de 96 asuntos antes que
preocuparse de cambiar el pago delegado. Es un hecho que ahí
está.

Por otra parte, desde una actitud de gobierno, el Partido Popular
jamás abordaría un problema de este tipo sin sentar primero a
todas las partes afectadas. Del contacto que hemos tenido con los
sindicatos en estos días, que agradezco como portavoz del Grupo,
deduzco que no ha sido el caso. Por la dinámica parlamentaria y
por el tipo de enmienda que ha sido y quién la proponía, da la
sensación de que sólo se ha oído a una de las partes y que, por
tanto, se intenta dar solución a un tema como éste ignorando lo
que tenga que decir sobre el particular la parte precisamente más
afectada.

Por eso, porque ha cambiado el sentido del texto, tiene que
variar también el sentido de nuestro voto y por eso no vamos a
apoyar esa enmienda aquí, sino que vamos a votar en contra. Esa
es nuestra actitud, para que quede claro lo que ahora se está
planteando, que no es qué pensamos de la enmienda, sino qué cabe
pensar que el Partido Popular haría si gobernara.

Por último, sobre la disposición final sexta, yo sugiero a la
Presidencia que no tiene mucho sentido tomar posición, porque se
refiere al carácter orgánico de unos artículos u otros. Más que
tomar posición, aquí habría que hacer una quiniela, porque no
sabemos qué artículos van a quedar finalmente aprobados, qué
enmiendas sí y qué enmiendas no. Habrá que esperar, quizá por una
vía más técnica que la votación, a configurar ese artículo,
porque es una pura resultante de las votaciones que hagamos
antes.

Sí quiero dejar claro que mantendremos nuestro voto contrario a
la totalidad del proyecto, dado su carácter orgánico, porque no
ha habido ninguna modificación sustancial en su Título II --
nombramiento de los directores y participación escolar-- ni en su
Título IV --inspección.

Por tanto, nuestro Grupo seguirá votando en contra de un proyecto
que es la última piedra de las peripecias educativas socialistas
y que señala que se está esperando ya, en el mundo educativo, a
un nuevo gobierno que sea capaz de abordar los problemas de
educación, como lo hizo hace ya muchos años el Partido
Socialista, con optimismo, con convicción de ser capaz de
resolverlos, que se va a preocupar humildemente de la solución de
los problemas y no de cambiar por cambiar, y que va a conseguir
así, de verdad, elevar la calidad de la enseñanza.

Señores de la minoría, para eso ya queda mucho menos,
afortunadamente.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.

Señor Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para
fijar nuestra posición en relación con las enmiendas que se han
introducido en el debate del Senado en este proyecto de ley de
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. No
voy a caer, por tanto, en la provocación ni en el insulto que, de
forma habitual, realiza el portavoz del Partido Popular para que
reorientemos los debates por otros derroteros. No entraré, por
tanto, en esas alusiones falsas, que también ha hecho, ni tampoco
voy a hacer referencia a esas descalificaciones sistemáticas que
quiere hacer en relación con el Gobierno y con otros grupos
parlamentarios. Yo creo que lo que él dice se descalifica por sí
mismo. Y, dicho esto, voy a entrar en el fondo de la cuestión.

El Senado, señorías, ha introducido 28 modificaciones al texto
remitido por el Congreso. La mayoría de estas modificaciones --
creo que son 21-- van a tener nuestro voto favorable, ya que
consideramos que han modificado de forma positiva el contenido
del proyecto de ley. Han venido a reforzar lo que eran las líneas
básicas del proyecto de ley que estamos debatiendo. Y estas
modificaciones han sido introducidas, fundamentalmente, a través
de enmiendas del propio Grupo Parlamentario Socialista y también
de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en el
Senado. Son enmiendas que, sobre todo, han contribuido a tres
cosas: han significado un reforzamiento de la participación de
los padres, de los alumnos y de los profesores en la gestión de
los centros docentes; en segundo lugar, han venido a fijar de una
forma clara el mandato de los directores escolares en los
centros, cada vez que sean elegidos por un período de cuatro
años, y, en tercer lugar, han venido también a incrementar la
capacidad reglamentaria de las comunidades autónomas en todo lo
que se refiere al futuro desarrollo de este proyecto de ley, ley
dentro de unos momentos, cuando sea votada por la Cámara. Estas
modificaciones tendrán nuestro apoyo positivo en este trámite.

Hay otras modificaciones introducidas en el Senado, siete para
ser exactos, que tendrán nuestro voto negativo. Ya lo tuvieron en
el Senado, como también tuvieron el voto negativo del Grupo de
Convergència i Unió, pero



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salieron adelante, con nuestros votos en contra, con los votos
del resto de los grupos parlamentarios presentes en la Cámara
Alta y, además, algunos votos, no todos
--hoy hemos oído algunas aclaraciones--, estuvieron más atentos
en el trámite del Senado a derrotar las posiciones que sobre este
proyecto de ley habían mantenido desde el principio de su
tramitación el Partido Socialista y Convergència i Unió, que al
contenido de esas enmiendas. Se votó más en contra del Gobierno,
en contra de un proyecto apoyado por los grupos parlamentarios,
mucho más que a favor del contenido de las enmiendas.

Como bien saben SS. SS., todas estas enmiendas provenían de EA, y
yo quisiera hacer referencia especial a una de ellas, porque
considero que es nociva de forma especial. Me estoy refiriendo a
la enmienda que suprime el pago delegado que, de ser ratificada
en este trámite en el que nos encontramos, hubiera significado --
desde mi punto de vista-- un enorme mazazo a la LODE y un enorme
mazazo a todos y cada uno de los profesores que trabajan en los
centros privados concertados. Esta enmienda, señorías --como ha
sido expuesto por otros portavoces--, suprime el pago delegado
que está regulado por el artículo 49 de la LODE; es decir,
suprime el pago directo que reciben los profesores de los centros
privados concertados desde la propia Administración educativa,
para trasladar el dinero correspondiente a este pago delegado a
los propietarios de los centros, con el fin de que sean ellos
quienes administren después ese dinero. Ese es el significado que
tiene esa enmienda, que fue aprobada en el Senado --insisto--,
con el voto contrario del Grupo Parlamentario Socialista y del
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Cualquier otra explicación,
como la última que acabamos de oír, es una pura falacia. Ese es
el significado real que tenía esa enmienda. Espero que en este
trámite --he oído algunas de las intervenciones que hacían
referencia explícita a ello, y va a ser así, porque lo han
explicado la mayoría de los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra-- estos grupos rectifiquen en la votación en
esta Cámara, porque aprobar una enmienda con este contenido
significaría --quiero insistir en ello-- un ataque muy directo a
la línea de flotación del régimen de conciertos establecidos en
la LODE.

La rectificación que han hecho los portavoces de Izquierda Unida
y del Grupo Popular ha consistido en dar argumentaciones
diferentes. Creo, señor Cruz, que rectificar es de sabios; usted
dice que se cometió un error en el Senado; yo acepto esa
explicación, aunque sigo pensando que en el fondo aquello fue,
más que votar una enmienda, dar un voto de castigo a los que
estaban apoyando la Ley, y creo que sus argumentos son sinceros,
porque ustedes siempre han estado a favor de que el pago de los
profesores de los centros concertados lo recibieran directamente
de la Administración, siempre han favorecido ustedes la fórmula
del pago delegado.

Bien distinta es la explicación que acabo de oír del
representante del Partido Popular. Lo único que dice es que no le
queda más remedio que votar en contra de esa enmienda, a pesar de
que, en el fondo, al Grupo Parlamentario Popular le gustaría que
se suprimiera el pago delegado. Eso es lo que en el fondo nos
estaba diciendo el portavoz del Grupo Popular, aunque por razones
de coyuntura, de oportunidad política, va a estar con nosotros en
el rechazo de esa enmienda. Eso, en política, tiene un nombre que
yo no pongo, lo dejo para que lo pongan ustedes.

Dicho esto, señor Presidente, creo que el texto resultante, tras
las votaciones que han anunciado todos los grupos, será un texto
legal que contribuirá, desde mi punto de vista, de forma
importante a fortalecer lo que ha sido el objetivo central de la
política educativa impulsada por el Gobierno, o por los diversos
Gobiernos, en los últimos años y que, en gran medida --quisiera
insistir en ello--, ha sido apoyada por gran parte de esta
Cámara. Ese objetivo ha sido el de defensa, potenciación y
fortalecimiento del sistema público de enseñanza, así como la
mejora de la calidad de nuestra educación. Espero que las medidas
que esta ley pondrá en marcha contribuirán, sin duda alguna, a
reforzar este objetivo.

¿A qué medidas de la ley me refiero? En primer lugar, me refiero
a aquellas medidas que en la ley sirven para reforzar la
participación de los profesores, los padres, los alumnos, a
título individual, a través de sus asociaciones, a través de sus
representantes en los consejos escolares. Creo que con esta ley
sale fortalecida esa representación. Baste citar dos ejemplos.

Uno podría ser la presencia del padre en representación de la
asociación más representativa y otro podría ser la presencia en
el consejo escolar de los centros de Formación Profesional de un
representante de las instituciones laborales o de las
organizaciones empresariales.

En segundo lugar, como segunda medida fundamental que va a
contribuir a reforzar este objetivo de mejora de la calidad de la
enseñanza, de potenciación del sistema público de enseñanza, está
la mayor autonomía de los centros docentes, mayor autonomía tanto
desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista
pedagógico, como desde el punto de vista de la gestión de los
propios recursos de los centros. Esta mayor autonomía se
concretará --así lo señala la propia ley-- en el proyecto
educativo del centro, en las normas de funcionamiento del centro
y en la organización de los recursos económicos de los centros
docentes.

Desde mi punto de vista, la autonomía de los centros deberá hacer
posible algo muy importante, algo que yo considero medular en
este proyecto de ley: deberá hacer posible la singularización de
cada centro docente y, al mismo tiempo, que se mantenga una
enseñanza de calidad y en igualdad para todos los alumnos en el
conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos. Esta es
una de las medidas medulares contempladas en el proyecto de ley:
la autonomía de



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los centros que haga posible todo esto a lo que acabo de hacer
referencia.

En tercer lugar, quisiera referirme a la dirección de los
centros. El director de los centros escolares seguirá siendo
elegido por el consejo escolar, tal como señalaba la LODE. Esta
ley no introduce ninguna modificación en este sentido; se
mantiene el modelo electivo del director escolar. Lo que desde mi
punto de vista sí se hace es reforzar la figura del director
elegido. ¿Cómo? A través de una formación inicial mayor o, al
menos, con la exigencia de una formación inicial que hasta el
momento no existía. También se reforzará el papel del director en
lo que se refiere a la remuneración que reciba por su función,
así como en lo referente a su carrera profesional y a la duración
de su mandato, que se alargará hasta cuatro años.

En cuarto lugar, la ley contempla medidas favorecedoras de la
evaluación, del desarrollo profesional de los docentes, de la
formación del profesorado y referentes a la innovación e
investigación educativas.

En quinto lugar, se configura una nueva inspección educativa, que
deberá cumplir unas funciones claras de supervisión,
asesoramiento, información y colaboración en todo lo relacionado
con la vida de los centros escolares. Esta nueva inspección
educativa se ejercerá a través del Cuerpo de Inspectores de
Educación, cuerpo que, desde mi punto de vista, incorpora
aspectos esenciales de la actual organización de la función
inspectora. Va a ser un cuerpo al que solamente podrán acceder
docentes que deberán tener una amplia experiencia como
profesores, al menos de 10 años, y, además, docentes que deberán
pertenecer a algunos de los actuales cuerpos en los que está
organizada la función pública docente. Eso sí, existe una
diferencia importante, yo diría que fundamental, respecto al
modelo actual: que los inspectores que formen parte del cuerpo
que crea esta ley ejercerán la función inspectora con carácter
permanente frente a la provisionalidad actual.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, por
favor.




El señor NIETO GONZALEZ: Tres segundos y término, señor
Presidente.

Y en sexto y último lugar, la ley impone a todos los centros
sostenidos con fondos públicos la obligación de escolarizar a los
niños con dificultades especiales.

Señorías, he dado seis bloques de razones; podía dar algunos más,
pero pienso que son suficientes. Creo, señorías, que con la ley
que hoy vamos a aprobar estamos haciendo un buen servicio a la
educación de nuestro país y confío en que esas voces que,
legítimamente y en su perfecto derecho, tanto dentro de la Cámara
como fuera, han estado en contra de parte de estos contenidos,
cambien de tono a partir del momento en que se vean los frutos de
la aplicación de este proyecto de ley que vamos a convertir en
ley dentro de unos momentos.

Nada más y muchas gracias.




--PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO (Número
de expediente 122/000112)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición con respecto a las enmiendas del
Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica del Tribunal del Jurado? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Coalición Canaria, consecuente y congruentemente con las
intervenciones que habíamos tenido, tanto en los debates aquí, en
el seno del Pleno de la Cámara, como en la Comisión
correspondiente respecto a la Ley Orgánica del Tribunal del
Jurado, fija su posición frente a estas pocas enmiendas que nos
llegan del Senado.

Queremos destacar --diciendo por anticipado que vamos a votar
favorablemente todas y cada una de las distintas enmiendas--,
aparte de las pequeñas correcciones que traen dos de ellas, la
referente al artículo 15 bis nuevo o al artículo 20, y estando
plenamente de acuerdo con la modificación que se ha hecho al
punto 29, que suprime los apartados 3 y 4, que creemos que
aclaran y ordenan mucho mejor la sistemática del texto; decía que
queremos destacar la primera enmienda que nos ha remitido el
Senado referente al apartado 6, del artículo primero, que
sustituye el texto que procedía del Congreso de los Diputados. En
verdad no se sustituye nada de fondo; es más bien una cuestión de
forma para que se reproduzca literalmente la serie enumerativa
del índice de delitos en los cuales es competente la figura del
Tribunal del Jurado como institución de participación de los
ciudadanos para entrar en su conocimiento y fallo judicial.

Igualmente, lo que se dice en el apartado 2 de esta modificación
son causas también competentes para los artículos 405 y 406,
parricidio y asesinato, correspondientes al vigente Código Penal.

Dicho esto, señor Presidente, sólo quiero advertir que habrá que
hacer la modificación pertinente, dado que la enumeración y el
índice que introduce la enmienda del Senado en este punto 6 hace
referencia numéricamente a enmiendas que son identificadas e
identificables por estos números en el vigente Código Penal. Como
ya en la votación anterior referente al nuevo Código Penal
español hemos modificado una serie de artículos, señalo que lo
que va a salir publicado, si no se rectifica acomodándolo al
nuevo Código



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Penal, estará hablando de preceptos que ya han desaparecido, por
tanto, habrá que volver a relacionar en el apartado 2, desde las
letras a) hasta la o), en que está clasificado todo el índice de
artículos del todavía vigente Código Penal, y que no tendrán que
ver nada absolutamente, como números, con los conceptos
referidos. Por ejemplo, cito el apartado g) de esta enmienda del
Senado, que hace referencia a los artículos 364 a 366 del vigente
Código Penal, que tratan de infidelidad en la custodia de
documentos. Y hoy en día, una de las enmiendas que hace escasos
minutos hemos modificado aquí está referida al nuevo artículo
415, 405 anterior en el trámite del Congreso, y 415 según las
enmiendas que votamos hace unos minutos en el nuevo Código Penal.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Mardones.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, comentábamos antes, cuando se inició el debate del
Código Penal, cómo ésta era una mañana gozosa para el mundo del
Derecho, para los profesionales del Derecho, y por extensión
también debemos de considerarla gozosa y de relevancia casi
histórica para la vida ciudadana con carácter general.

Acabamos de ultimar el debate parlamentario del Código Penal y
terminamos esta peculiar tramitación del proyecto de ley del
Tribunal del Jurado que podríamos calificar de tracto sucesivo,
porque la Ley del Jurado la estamos aprobando, señor Ministro --y
ésta es una paradoja de ésas que parlamentariamente no se
terminan de comprender--, nada menos que por la acumulación o la
sucesión de tres normas. En primer lugar, el proyecto de Ley
Orgánica del Tribunal del Jurado se aprobó, pero como se
apreciaron deficiencias en el mismo, por usar un lenguaje
perifrásico menos ofensivo, un mes después, nada menos que un mes
después, nos vimos en la tesitura de tener que presentar una
proposición de ley de modificación de ese proyecto de ley que se
acababa de aprobar (la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado),
pero todavía el Código Penal, en sus disposiciones, amplía el
ámbito material de competencias del jurado catalogando cuáles son
los delitos sobre los que el jurado ha de entender.

Con todo, señor Ministro, enhorabuena. Su Ministerio ha
presentado en las postrimerías de la legislatura, aunque esto no
sea culpa suya sino de otras personas y de una situación de
tribulación política notable, un proyecto de ley importantísimo
para la consolidación o profundización democrática, nada menos
que para democratizar la justicia, nada menos que para
posibilitar --y éste es otro mandato constitucional-- la
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y nada
menos que para cumplir el mandato expreso que consigna el
artículo 125 de la Constitución. Por ello, todos nos deberíamos
de felicitar, y seguramente este debate tendría que tener un
acompañamiento o parafernalia más protocolario que este tan
familiar y alegre que estamos en este momento imprimiendo por mor
de las circunstancias, sin ninguna duda, señor Ministro.

Este proyecto de ley es muy importante, sin embargo ninguno de
los tres proyectos de ley que en forma de tracto sucesivo regulan
en el Estado español el Tribunal del Jurado corrige tres
deficiencias que a mi Grupo le siguen preocupando sobremanera. La
primera es la relativa al objeto del veredicto. Sobre esto hemos
discutido mucho, y nos sigue preocupando sobremanera que el
objeto del veredicto de un jurado constituido por personas legas
en Derecho, porque ningún profesional del Derecho puede ser, por
el régimen de incompatibilidades, miembro del jurado, tenga que
pronunciarse no sobre lo que llama el proyecto de ley --ya me
dirá usted quién ha redactado esta expresión-- la proteica
accidentalidad de los hechos. Yo he hablado con lingüistas y
ninguno me ha sabido hacer la pertinente traducción de esta
expresión. Luego ya se explica mejor en el artículo a qué se
refiere la proteica accidentalidad de los hechos, indicando que a
lo que no tiene que limitarse el jurado es a un análisis, desde
una perspectiva reduccionista o naturalista, de la fáctica
concurrencia de los hechos, sino que tiene que determinar la
culpabilidad.

A mí me sigue preocupando este tema porque la determinación de la
culpabilidad sigue requiriendo una previa determinación de
antijuridicidad y la aplicación de principios dogmáticos muy
complejos incluso para los profesionales del Derecho, como puede
ser el grado de participación, la concurrencia o la naturaleza
del error, si el error es vencible o no vencible, y múltiples
circunstancias que usted conoce. Disfunciones que no se terminan
de corregir en estas múltiples normas que regulan el proyecto de
Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

Hay un tema que preocupa notablemente a mi Grupo Parlamentario --
y me gustaría que escuchase esto, si puede ser-- cual es una
posible vulneración, una posible fisura en la protección que el
artículo 24 de la Constitución confiere a todos los ciudadanos,
el derecho a tener un juicio justo y sin dilaciones indebidas.

Señor Ministro, ¿cómo es concebible que si el Magistrado
Presidente indica en tres ocasiones consecutivas, nada menos que
en tres, a los miembros del jurado que deben corregir errores
apreciados por el Magistrado Presidente como subsanables y se
niegan por tres veces, nada menos que tres --como San Pedro negó
a Jesús-- a corregir esos errores subsanables, la consecuencia es
la reapertura de un nuevo juicio oral y no la absolución del
procesado? Esta es una disfunción, que puede ser grave, de
constitucional, y sobre ello deberíamos pensar más reposadamente.

Ya por último, señorías, señor Ministro, queremos indicar que nos
sigue preocupando que se incapacite para ser jurados a aquellas
personas o a aquellos procesados



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sobre los que se haya realizado apertura o autorización de
apertura de juicio oral, puesto que si la Constitución --y muchos
lo hemos proclamado aquí y hemos defendido este principio-- no
limita ningún derecho del procesado no condenado, aun en el
supuesto de que se haya procedido a la autorización de apertura
del juicio oral, ¿por qué le limitamos o le impedimos su derecho
a ser miembro del Jurado?
Son cuestiones sobre las que tenemos que reflexionar de forma más
madura en otro momento, quizás en otra legislatura, pero en todo
caso esto es una gran ley señor Ministro, y yo quiero
felicitarle, y nos debemos autofelicitar todos, si el reflexivo
cupiera en estas cosas, porque también el espíritu de consenso ha
presidido algo que va a servir nada menos que para democratizar
el Poder Judicial, para posibilitar el acceso de los ciudadanos a
los asuntos públicos, entre otros la Justicia, ya que la
Constitución no excepciona este ámbito de participación de los
ciudadanos en los asuntos públicos. Vamos a democratizar el país,
y por tanto, los ciudadanos del Estado español en este momento
deberían sentirse también bastante gozosos.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario, siguiendo con la posición adoptada a lo largo de
la tramitación de la Ley del Jurado, va a votar favorablemente
las enmiendas que vienen del Senado respecto de este último
tramo, que no pudo terminar de aprobarse en su momento por falta
de quórum en este hemiciclo.

También queríamos aprovechar la oportunidad, al igual que otros
grupos han hecho, para destacar el carácter simbólico de la
culminación de esta Ley. Digo simbólico porque la Ley del Jurado
está ya en funcionamiento, incluso hay una campaña publicitaria
al respecto de conocimiento de lo que es esta institución y de la
importancia de su participación en la Administración de justicia,
y esto es algo que viene a completar técnicamente lo que se
aprobó hace algunos meses en esta Cámara.

Queríamos aprovechar la oportunidad, como digo, para destacar
nuestro apoyo a una institución progresista, porque la historia
política de nuestro país ha estado unida a épocas progresistas, y
constituye, o debe serlo así, un compromiso de los ciudadanos con
todas las dimensiones de la democracia, una de ellas es la
Administración de justicia. Por tanto, creemos que la institución
del jurado es algo que desborda los límites estrictamente de esa
institución procesal para constituirse en un pilar fundamental
del entendimiento de la participación en un Estado democrático.

La institución del jurado no solamente tiene que cambiar a los
ciudadanos en su percepción de la justicia, sino también a todo
nuestro sistema judicial, obsoleto en tantos aspectos; a nuestros
procedimientos, también obsoletos, anclados en técnicas, en
prácticas, en concepciones individualistas del siglo XIX, y hacer
que se acerque, desde este punto de vista, el lenguaje judicial,
esa jerga inescrutable de los tribunales, a unos ciudadanos que a
veces temen físicamente el contacto con la Administración de
justicia. De ahí la importancia de lo que, como revolución
procesal, que llamábamos cuando se debatió este proyecto, puede
suponer la puesta en práctica del jurado.

También aquí hay un punto de partida, y es, como dice una de las
disposiciones finales de esta ley, la necesidad de una nueva ley
de enjuiciamiento criminal. Es un reto importantísimo que tendrá
que abordar el Parlamento o los parlamentos futuros, y es la
necesidad de que una ley procesal, todavía anclada en conceptos
inquisitivos, se acerque al concepto realmente constitucional del
proceso que tiene un carácter acusatorio, y que significará
también cambiar profundamente la institución, que va a
protagonizar, a partir de ahora mucho más, el proceso penal que
es el Ministerio Fiscal. De paso, esto obligará a cambiar el
Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, entre otras cosas el
nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado, que no se
corresponde en este momento con esa apelación, con ese propósito
que aparece en la propia Ley del Jurado. El Fiscal General del
Estado tiene que tener una autonomía de funcionamiento, una
separación del Ejecutivo mucho mayor de la que en estos momentos
existe en su nombramiento, que debería ser parlamentario, y en su
cese, que no tendría por qué ser gubernamental como ahora mismo
sigue siéndolo. En este sentido, creemos que la Ley del Jurado
tiene una serie de dimensiones que van más allá de la propia
institución y que, si no es en esta legislatura en las
siguientes, habrá que abordar decididamente entre quienes han
creído en la necesidad de traer esta institución a nuestro país,
fundamentalmente aquellas fuerzas políticas que han creído en la
necesidad de la institución del jurado, como han creído en la
necesidad de un Código Penal. Que hoy coincidan estas dos
aprobaciones, es un símbolo especialmente importante, porque, en
el futuro, quien no sepa entender la importancia de un Código
Penal nuevo de la democracia o entender la importancia de esta
institución que está en la Constitución española, no podrá
demostrar la capacidad de gobierno del Estado de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular va a votar a favor
de las enmiendas introducidas por el



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Senado a la proposición de ley que ha modificado la Ley Orgánica
del Tribunal del Jurado, para introducir en la misma el esquema
de enmiendas que, ya en su momento, el otro cuerpo colegislador
había sugerido, y que fueron rechazadas al no alcanzar la
votación de conjunto en esta Cámara, el quórum requerido por el
Reglamento de la misma. Y lo va a hacer por la sencilla razón de
que las cuatro enmiendas que se incorporan a esta proposición de
ley son procedentes de iniciativas, en el correspondiente
trámite, de nuestro Grupo en el Senado. Pero también queremos
aprovechar este momento para hacer algunas consideraciones que se
mueven en un plano distinto de las que se han hecho hasta ahora y
de las que suponemos realizará después el portavoz del Grupo
Socialista.

Esta mañana, como en otras ocasiones, se ha vuelto a hacer ese
ensayo de escenificación parlamentaria de las posiciones de los
grupos. Y le adelantaría al señor Valls, que supongo que es el
que va a intervenir, que puede omitirla en el trámite
parlamentario de este proyecto porque le voy a decir una cosa: la
mayoría parlamentaria no es oportunista, la mayoría parlamentaria
es siempre lo mismo. Y la mayoría parlamentaria puede ser muy
importante para aprobar la reforma de la Ley del Jurado o la
propia Ley del Jurado, incluso el Código Penal, pero la mayoría
parlamentaria, como expresión de la acción de gobierno y como
expresión de la confianza de la Cámara en un programa de
gobierno, en el desarrollo de ese programa de gobierno, se
traduce en la Ley de Presupuestos. Si la mayoría parlamentaria
para rechazar los presupuestos es una expresión muy importante de
la voluntad del Parlamento, la más importante en cada ocasión,
habrá que valorarla en los mismos términos, que en este caso no
podían conducir, como es natural, más que a haber planteado ya la
cuestión de confianza, cosa que no se ha hecho. De manera que les
rogaría que se ahorraran ustedes la dificultad de acomodarse en
medio de situaciones. Cuando son propicias automáticamente
ustedes hacen el canto a esa idea de los grupos que les apoyan, y
cuando no les apoyan en el tránsito del acontecimiento
parlamentario más importante del año, entonces dicen que están
ustedes acostumbrados a ser derrotados en las votaciones, como
ese gran exégeta de la democracia, que es el señor González,
decía después del debate de la Ley de Presupuestos.

Mantendremos también esta misma postura en relación con el
conjunto, porque si hubiéramos tenido duda sobre el acierto de
nuestra posición en relación con el texto de la Ley del Jurado,
la percepción que hemos tenido, que seguro que a su juicio será
equivocada pero que es la nuestra, ha sido que a esas personas a
las que todos nosotros representamos en esta Cámara, parece ser
que esa Ley del Jurado que han aprobado ustedes con tanto
entusiasmo no le agrada. Esa es la percepción que incluso podría
desgranarse en un acontecimiento concreto, el de que a todos los
diputados, en nuestras correspondientes circunscripciones, se nos
han acercado montones de ciudadanos a preguntarnos qué hay que
hacer para excusarse de participar en el jurado. Creo que eso es
así, en primer lugar, porque la ley no se ha explicado bien,
incluso esa campaña a la que va a dedicar sus esfuerzos el
Ministerio de Justicia e Interior, por lo que ya he visto, no
está excesivamente bien orientada, algunos medios informativos no
la han valorado bien, y, sobre todo, por el carácter un tanto
coactivo que la ley tiene. Nosotros intentamos que esos aspectos
coactivos que existen en la participación obligada de los
ciudadanos desaparecieran del texto, porque a la gente no le
gustan; a la gente le gusta la libertad, ya se lo dijimos a
ustedes, pero parece que la idea de libertad que ustedes tienen y
la nuestra no coinciden. Desde luego, la libertad es un concepto
unívoco, o se es libre para hacer las cosas o no se es libre para
ello.

Termino diciendo que ya acabamos de entender todo. Hoy se ha
aprobado el Código Penal y hace unos meses se aprobó este
proyecto ley. Queda claro el tratamiento punitivo, la política
criminal del momento
--esperamos-- final del Gobierno socialista, y en este punto
también de quienes participan de la responsabilidad histórica de
estas decisiones --que efectivamente es histórica, señor López
Garrido--, manifestada, diseñada en dos normas. Por un lado, la
norma penal, que naturalmente tiene que ser la que fundamente la
condena, la pena y su ejecución, y, sin lugar a dudas, como las
penas no aumentan y no permanecen exactamente igual, no hay más
solución que decir que las penas disminuyen, que se rebajan; lo
que no aumenta, se rebaja. Por otro lado, el tratamiento de la
prisión provisional que figura en la Ley del Jurado conducirá,
obviamente, a la reducción de las potestades de los jueces
instructores y a confiar la posibilidad de decretar la prisión
provisional al Ministerio Fiscal, a un ministerio fiscal
jerarquizado e impulsado desde el poder ejecutivo. Esa misma
política criminal también ha de conducir a que sean menos las
personas respecto de las que se adopta la medida cautelar de la
prisión provisional. Se trata de una combinación de proyectos
propia de un esquema de política criminal que, naturalmente,
tendrá el mismo final que tuvieron las primeras, aquellas con las
que se iniciaba el turno socialista en el Gobierno de la nación,
aquellos proyectos del señor Ledesma que también modificaron la
prisión provisional y que tuvieron que ser urgentemente revisados
para evitar la situación que se creó con la excarcelación --
también entonces numerosa-- de personas que estaban sujetas a la
medida cautelar de prisión preventiva.

No hay, por tanto, una política criminal que garantice los
derechos que la Constitución, a través del Código Penal, quiere
garantizar. Tal vez de lo único que se trata es de resolver el
tema de la administración penitenciaria, que, como otros muchos,
el Gobierno



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socialista no ha sido capaz de resolver en trece años.

Naturalmente, todo eso es histórico y nosotros, desde luego,
exculpamos nuestra participación en estas decisiones.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padilla.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar, quisiera llamar la atención de la Presidencia y de los
servicios de la Cámara en el sentido
--que me parece no haber oído a ningún preopinante-- de la
corrección de errores que ha remitido el Senado. En ese aspecto
creo que debemos establecer la discusión de este proyecto de ley.

Proyecto de ley que nos llega en un día alegre, en un día de
júbilo, en un día importante social y jurídicamente para la
mayoría de la Cámara, lo cual quiere decir para la mayoría del
pueblo español, porque vamos a dar respuesta a una demanda
ciudadana en la línea de adecuar nuestras leyes a lo que es
voluntad mayoritaria del pueblo español, la Constitución
Española. Eso es lo que estamos haciendo.

Por más que he leído el proyecto de ley del tribunal del jurado
no he encontrado nada de presupuestos no he encontrado nada de
política carcelaria, no he encontrado nada de lo que usted, señor
Padilla, ha querido hablar hoy aquí. Porque de lo que usted no ha
querido hablar es de lo que estamos hablando, que es del proyecto
de ley del Tribunal del jurado. Proyecto de ley que, por cierto,
no estamos enmendando, ni esto es una chapuza como ha dicho un
colega suyo, el señor Ollero, en un diario de provincias. Esto
que estamos haciendo hoy no es nada más que lo que esta Cámara
quiso que se hiciese: aprobar las enmiendas del Senado. Lo que
pasó, como ha puesto muy bien de manifiesto el señor López
Garrido y otros preopinantes, es que aquel día la Cámara votó las
enmiendas y faltó «quorum» para aprobar su carácter de ley
orgánica. Y el Gobierno, grupos parlamentarios, la mayoría de
esta Cámara quiso respetar el pacto con el Senado, la voluntad
del Senado. Aquí no se puso ni una coma que no estuviera decidida
y pactada por todos los grupos menos uno en el Senado. Por tanto,
no desvíe usted la discusión con presupuestos, con política
penitenciaria y con otras cosas.

Digo que es un día bueno para la sociedad porque, centrándonos en
este proyecto, los ciudadanos van a tener ocasión de participar
en una de las nobles tareas que la Constitución tiene encomendada
a los ciudadanos: participar en la administración de justicia.

Eso es progresivo. Eso es profundizar en los derechos y en las
libertades. Los ciudadanos --usted debe de hablar con otros
ciudadanos-- no tienen miedo al jurado. Hay ciudadanos que no
saben bien todavía cómo hay que ejercer de tribunal del jurado,
pero no tienen miedo a que los ciudadanos les juzguen. Ni
muchísimo menos. Al contrario, hay una inmensa mayoría de
ciudadanos que ve con buenos ojos que sus convecinos, sus
conciudadanos participen en esta noble tarea. Lo que hoy hacemos
aquí es respetar lo que acordaron los Senadores, respetar la
cesión de seis grupos de los siete que hay, menos quien no quiso
ceder, señor Padilla. Porque de esta ley también se puede decir
lo mismo que se ha dicho esta mañana del Código Penal: que ya no
es estrictamente la ley del Gobierno Socialista, aunque él fuera
su promotor. Esta es la ley del consenso, de la cesión. ¿Sabe S.

S. que ha habido consenso? Pues, dígalo. (El señor Padilla
Carballada: Sí, el suyo.) No el mío, no. El del Grupo Catalán, el
del Grupo Vasco, el del Grupo de Coalición Canaria, el del Grupo
Mixto y el del Grupo de Izquierda Unida. No el mío. No su verdad.

Le voy a decir como Machado: Nosotros hemos ido juntos a buscar
lo que consideramos nuestra verdad sobre esto, lo cual no quiere
decir que sea una verdad teológica. Lejos de nosotros, la mayoría
laicos, asumir tanta verdad. Eso se queda para ustedes, pero me
da miedo, porque cuando alguien habla de la verdad absoluta,
detrás viene la represión absoluta.

Por ello nosotros, señor Presidente, señorías --y no quiero
alargarme más--, estamos respondiendo a una idea de participación
de considerar al ciudadano mayor de edad, estamos hablando de una
idea de libertad y estamos, en definitiva, profundizando en la
Constitución Española.

Por eso hoy es la segunda vez que se quedan solos aquí. Yo
modestamente reflexionaría. Cuando en dos leyes tan importantes
(usted dice que la ley de Presupuestos es la más importante del
año político, pero el Código Penal es, sin duda alguna, la ley
más importante de esta legislatura), se quedan solos, reflexionen
modestamente y pregúntense. ¿Es que están locos los demás grupos,
es que todos vienen contra mí o es que yo estoy en otra sintonía?
Yo creo que sí. Yo creo que ustedes están en la sintonía de una
teoría jurídica, de una teoría de las libertades y de una teoría
de los derechos que me ha dado miedo oírla aquí esta mañana,
porque yo no la oí en la Facultad de Derecho en el año 1962. ¡y
mire usted si ha llovido, aunque llueve poco! Me han llevado
ustedes al siglo XIX. Me hubiera gustado oír hoy aquí, por
ejemplo, a Dorado Montero con las teorías que ustedes han
expuesto sobre la pena, la cárcel y todos esos motivos.

Señor Presidente, señorías, mi agradecimiento sincero a todos los
grupos con los cuales hemos dialogado, hemos cedido y hemos
enriquecido este proyecto de ley, porque creemos que esa es la
manera más acorde de desarrollar los derechos y las libertades
que están contenidos en nuestra Constitución.

Por último, si me permite, señor Ministro, yo también quiero
felicitarle. Ha traído usted dos leyes muy importantes a esta
Cámara. Luego, nosotros hemos procurado enriquecerlas y
mejorarlas. Pero ese mérito,



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aunque se lo quieran quitar, usted y su equipo lo tienen. Muchas
gracias. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se
perciben.) ¡Traerlo vosotros! (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls. (Continúan los
rumores.)
Silencio, señorías.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE PUBLICIDAD ELECTORAL EN EMISORAS DE
TELEVISION LOCAL POR ONDAS TERRESTRES (Número de expediente
121/000088)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto VII: Dictámenes
de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen del
proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres.

Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor De
Grandes.




El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender las enmiendas de nuestro Grupo al proyecto de ley
orgánica de publicidad electoral en emisoras de televisión local
por ondas terrestres, y lo voy a hacer con brevedad. Es una ley
asimismo breve, con un solo artículo, por lo que después de los
trámites previos en Pleno, en Ponencia y en Comisión, a pesar de
su importancia, no va a merecer excesivo tiempo por parte de esta
Cámara.

Por ello, señorías, no tengan preocupación.

Conocemos de antemano la suerte que van a correr nuestras seis
enmiendas, pero las vamos a mantener hasta el final como
expresión de una coherencia a la que no estamos dispuestos a
renunciar. No ha habido ni hay lugar al consenso o a puntos de
acuerdo, porque la filosofía que recoge el dictamen de la
Comisión Constitucional es completamente contraria a nuestras
posiciones programáticas y a nuestros compromisos electorales.

La dicotomía es clara. El proyecto del Gobierno socialista,
apoyado por otros grupos parlamentarios, prohíbe la publicidad
electoral en las emisoras de televisión local y de cable, y
nosotros no aceptamos esa restricción en lo que afecta a las
televisiones locales o de cable de carácter privado, como no
aceptamos en su día la tramitación de la Ley de televisión
privada, las leyes orgánicas reguladoras de la publicidad
electoral en emisoras de televisión privada y también en las
emisoras municipales. En su día asumimos el compromiso de
rectificar la Ley reguladora de la televisión privada para
eliminar las restricciones que contiene a la publicidad política.

Hoy, si se aprueba el dictamen que nos ocupa, se convertirá en
una ley más del conjunto que habrá que cambiar cuando los
ciudadanos nos presten su apoyo para tal empresa. Nosotros no
podemos aceptar este tipo de normas restrictivas de libertades,
como tampoco lo entiende el sector interesado en el mundo de la
televisión local, que en estos días ha formulado públicamente su
protesta por el contenido y la forma de esta ley.

Señorías, no nos asusta la soledad parlamentaria, no nos asusta
esta supuesta soledad en la que pretenden situarnos, en los
últimos cien metros de la carrera, cuando la legislatura está
agotada. Nos sentimos muy acompañados de la esperanza de muchos
ciudadanos que sueñan con mejores tiempos y que sin duda vendrán.

De otro lado, estas prisas legislativas, consensos apresurados
contra el Partido Popular, con la pretensión de condicionar el
futuro, serán estériles. Pero, además, son temerarios, pues
legislar contra el principal partido de la oposición, y más
cuando existen posibilidades, y casi la certeza, de que pronto
será quien gobierne, produce inseguridad jurídica y afecta
también, sin duda, a las inversiones en el sector audiovisual,
porque las retrasa.

El Gobierno ha ido más lejos que la directiva de la televisión
sin fronteras. Las razones que alega para una filosofía tan
restrictiva es una potencial desigualdad y un supuesto de los
gastos electorales de los partidos. Ninguna de estas razones se
sostiene con peso. Los gastos electorales de los partidos,
señoría, están limitados por la Ley electoral y cada uno emplea
libremente sus recursos, ateniéndose al tope legal.

Nosotros creemos que la modernidad no está en los mítines y en
los electores a los que se lleva en autobuses y se les dan
bocadillos. La modernidad está en lo audiovisual, en la cercanía
a los electores pluralmente, en la posibilidad de que desde sus
casas, sin miedos, se acerquen a las verdades de cada uno y no a
la verdad que se trata de imponer desde situaciones muy cerradas.

La supuesta inspiración del modelo americano no es tal, y el
Gobierno ha sobrepasado el mandato de la directiva europea, que
si bien es cierto que pone cortapisas a la publicidad electoral
en las televisiones de carácter público, no es menos cierto que
no dice nada en relación con las televisiones, tanto locales como
de cable, de carácter privado.

Finalmente, señorías, no es de recibo invocar la igualdad por
quien usa y abusa de los medios públicos audiovisuales,
manipulando la información y actuando desde la prepotencia.

Muchas veces se dice invocando a la libertad que ha habido muchos
liberticidas. Cuando se invoca la igualdad en los asuntos
audiovisuales, este Gobierno no tiene ninguna legitimidad
mientras siga actuando como actúa desde los medios públicos, con
prepotencia, con manipulación y con una gestión de los recurso
públicos que nos pueden



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llevar como ya estamos, a una situación de quiebra de Televisión
Española.

Nada más, señorías, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidencia.

Coalición Canaria mantenía vivas para este debate tres enmiendas,
las números 13, 14 y 15.

Estando plenamente de acuerdo con el fondo, el contenido y la
intencionalidad, clara y elemental del proyecto de ley, nuestras
enmiendas trataban de aportar una serie de mejoras, que
identificamos como técnicas.

La enmienda número 13 pretende introducir en el título del
proyecto de ley la expresión «gestionadas por los ayuntamientos»,
para evitar confusión, dado que también está en trámite el
proyecto de ley de televisión local por ondas terrestres.

En los debates que tuvimos en Comisión se produjo una
modificación muy importante, al permitir que lo que era un mero
tratamiento administrativo, la concesión de la licencia a favor
de los ayuntamientos, se extendiera también a una segunda
licencia a empresas privadas de televisión. Por tanto, quien vaya
a hacer la codificación legislativa de todas estas disposiciones
que giran alrededor de la publicidad electoral en emisoras de
televisión por ondas terrestres, como es este caso, que viene por
la vía de la Comisión correspondiente del Congreso de los
Diputados, como por las que vienen por comisiones técnicas más
que legislativas, no podrá introducir confusionismo, porque con
el título de esta ley podría parecer que las emisoras privadas de
carácter local y que transmiten por ondas terrestres no tienen
esta facultad. Bien es cierto que el texto, en su artículo único
y en el apartado 2 hace referencia a las emisoras que están
gestionadas por los ayuntamientos.

La enmienda número 14 trata de poner un poco de orden en el texto
que sometemos a la consideración del Grupo mayoritario, una vez
que ya se habían hecho determinadas correcciones respecto a las
palabras propaganda y publicidad, que traía nuestra enmienda.

Finalmente, nuestra tercera y última enmienda, la número 15 señor
Presidente, está dirigida a la disposición adicional única.

Proponemos un texto mucho más sencillo como mejora de estilo y
técnica, dado que es prolijo recordar que son de aplicación a los
operadores del servicio de telecomunicaciones aquellas reservas
que el artículo único hace en sus apartados 1 y 3, este último
relativo al respeto al pluralismo político. Para no reiterar en
la disposición adicional única lo que se está diciendo en los
apartados 1 y 3 del artículo único, basta decir, como propone
nuestra enmienda, que lo dispuesto es de aplicación para los
operadores del servicio de telecomunicación por cable, que es la
coletilla final que trae la disposición adicional del proyecto.

Por estas razones, señor Presidente, nosotros mantenemos estas
enmiendas que, sin alterar la intencionalidad ni el fondo del
proyecto de ley, que compartimos plenamente, tratan de mejorarlo
técnicamente como seguridad jurídica también.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. ¿Turno en contra de
las enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Marcet.




El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir desde el escaño en aras a la brevedad, porque es
la tercera ocasión que en esta Cámara se debate este proyecto de
ley. Tuvimos un debate de totalidad, tuvimos un debate en la
Comisión Constitucional, tenemos ahora este debate en el Pleno
del dictamen emitido por la Comisión Constitucional.

Efectivamente, constatamos, señor Presidente, que no hay
posibilidad de acuerdo con el Grupo Popular sobre esta cuestión.

Ustedes defienden un modelo; nosotros, con la mayoría de la
Cámara, defendemos otro modelo distinto. Ustedes tienen, señor De
Grandes, una visión foránea, una visión que ni tan siquiera es
europea. Cuando en muchos de los países de Europa se está
recortando la posibilidad de acceso a los medios de comunicación
por no abusar de lo que es un instrumento muy potente de
propaganda, ustedes pretenden que haya mayor amplitud de acceso a
estos medios. Ustedes tienen una imagen un poco de película de lo
que es una campaña electoral. Hablan de modernidad y con quien
está reñida la modernidad, sin duda, es con cansar al electorado.

Con el bombardeo de publicidad electoral lo que estamos
consiguiendo es cansar al electorado.

Finalmente, señor Presidente, en cuanto al uso y abuso de los
medios públicos, yo supongo que el señor De Grandes se refería a
los medios públicos de Galicia o de Valencia desde hace cuatro
meses, no a los medios públicos en general gestionados por otros
partidos o comunidades.

Con respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, son enmiendas
técnicas, como decía el señor Mardones. Por lo que hemos podido
estudiar, no cambian sustancialmente el texto del Gobierno.

Nosotros creemos que el texto remitido por el Gobierno ya
analizado en Ponencia y en Comisión, es correcto y, por tanto, no
vamos a apoyar tampoco estas enmiendas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marcet.




Concluido el debate del dictamen de este proyecto de ley, vamos a
proceder a las votaciones de las iniciativas tramitadas con
anterioridad y de esta misma.




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VOTACIONES DE LAS ENMIENDAS DEL SENADO:



El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley
orgánica de la participación, la evaluación y el Gobierno de los
centros docentes.

Enmiendas a los artículos 9.b), 15.a), 22.2), disposición
transitoria cuarta y disposición final primera, apartado 2.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 134; en contra, 194; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda a la disposición final primera, apartado 1.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330, en contra, 330. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda a la disposición final cuarta, nueva.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 325; a favor, 138; en contra, 169; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas a los artículos 2.2 y 17.1.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 199; en contra, 132.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmiendas al apartado antepenúltimo de la exposición de motivos,
a los artículos 10.4; 37.4; 38,1; y disposición adicional
primera, apartado 2.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 181; en contra, uno; abstenciones, 150.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmiendas de los artículos 6.2; 11.1.a); 19; 21.e); 23.1; 25.5 y
disposición adicional primera, apartado 5.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 331; a favor, 181; en contra, 132; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 314; en contra, dos; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal
del Jurado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 331; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley
orgánica de publicidad electoral en emisoras de televisión local
por ondas terrestres.

Enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 330; a favor, 136; en contra, 194.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 332; a favor, 138; en contra, 176; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación correspondiente al dictamen, excepto la parte relativa a
la exposición de motivos. Dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 199; en contra, 132; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.

Votación correspondiente a la exposición de motivos.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 333.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.




VOTACIONES DE CONJUNTO:



--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL CODIGO PENAL



El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al
carácter de ley orgánica del proyecto de ley orgánica del Código
Penal.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 200; en contra, tres; abstenciones, 130.

(Grandes y prolongados aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de conjunto, la
Ley Orgánica.




--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION
Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES



El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al
proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 178; en contra, 154; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de conjunto, la
Ley Orgánica.




--PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO



El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente a la
proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley del
Tribunal del Jurado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 200; abstenciones, 133. (Grandes y
prolongados aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en votación de conjunto, la
Ley Orgánica.

--DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE PUBLICIDAD ELECTORAL EN
EMISORAS DE TELEVISION LOCAL POR ONDAS TERRESTRES



El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al
proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 333; a favor, 196; en contra, 133; abstenciones,
cuatro. (Fuertes y prolongados aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de conjunto la
ley Orgánica.

A efectos de tomar las decisiones pertinentes sobre la
continuación de la sesión plenaria, ¿grupos que tienen intención
de fijar su posición en relación con las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de Cabañeros?
(Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con el proyecto
de ley sobre creación de un fondo procedente de bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados?
(Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con el proyecto
de ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de impuestos especiales? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con las
enmiendas a la proposición de ley de organización del Centro de
Investigaciones Sociológicas? (Pausa.)



ENMIENDAS DEL SENADO (Continuación.):



--PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
(Número de expediente 121/000099)



El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir y votar posteriormente las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de Declaración del Parque
Nacional de Cabañeros.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
fijar su posición en relación con estas enmiendas, tiene la
palabra el señor Alcaraz. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia tiene
anotados como grupos parlamentarios que con relación al proyecto
de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros han
solicitado la palabra por si hay que hacer alguna corrección,
solamente Izquierda Unida, Popular y Socialista.

¿Algún otro Grupo va a intervenir en este debate? (Denegaciones.)
Señor Alcaraz, tiene la palabra.




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El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.

Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos vamos a oponer
de manera rotunda a las enmiendas que el Grupo Popular ha logrado
que se aprueben en el trámite del Senado. Incluso, a estas
alturas, nosotros podemos decir que estamos ciertamente alarmados
por la posición recurrente del Grupo Popular cuando habla de
declaración de distintas reservas naturales.

Recordamos el problema de los Picos de Europa y la confrontación
seria que hubo con la consecuente amenaza de recurso. Recordamos
también la confrontación muy seria contra la declaración de la
reserva natural de las salinas de Ibiza y Formentera, y ahora, en
este momento, también se produce una seria confrontación que
puede afectar de lleno a la utilidad misma de la declaración del
Parque Nacional de Cabañeros. Quiero decir que si se aprobaran
las enmiendas del Grupo Popular sería absolutamente inútil todo
el esfuerzo dirigido a conseguir esta conquista popular de cara a
declarar como parque nacional el primer ecosistema de bosque
mediterráneo que entra en esta calificación de reserva natural.

Las enmiendas del Grupo Popular harían absolutamente inhábil este
proyecto de ley porque destruirían en profundidad, repito, la
propia utilidad del presente proyecto de ley. Son enmiendas, como
la número 10, que pretende la aprobación de una serie de usos
denominados falsamente a nuestro juicio, tradicionales, que
afectarían de lleno a la posibilidad de conservar el parque
nacional; o, por ejemplo, la enmienda número 11, que se destina a
reducir y marginar la representación ecologista a una sola
persona, bien de ámbito local o comarcal, sin tener en cuenta que
estamos intentando la declaración de un parque de ámbito
nacional; o, finalmente, la enmienda número 12, a través de la
cual se intenta obligar a que el Plan rector de uso y gestión sea
acordado a través de un convenio previo sólo y exclusivamente con
los propietarios de la finca situada en el parque. Por lo tanto,
señorías, hablamos de una oposición de fondo, oposición que no
sólo mantenemos nosotros sino también de manera muy general
distintos grupos ecologistas de enorme importancia en el ámbito
de nuestro Estado, que emiten una serie de consideraciones que
nosotros compartimos al cien por cien. Son consideraciones que
denuncian que, en caso de que se aprobaran las enmiendas del
Grupo Popular, estaríamos ante una auténtica privatización de un
parque nacional, el Parque Nacional de Cabañeros, estaríamos en
el área surrealista, absolutamente inaceptable, de la creación de
una especie de parque nacional privado. Por lo tanto, desde ese
punto de vista pensamos que, puesto que no hay racionalidad en el
fondo y teniendo en cuenta lo que intentamos aprobar, el Partido
Popular, como en el caso de las salinas de Ibiza y Formentera o
como en el caso del parque de los Picos de Europa, intenta
boicotear la aprobación de este proyecto.

No existe, señorías, ningún tipo de precedente para que el Plan
rector de uso y gestión de un espacio protegido deba ser acordado
a través de un convenio previo entre la Administración Central,
la autonómica y los propietarios de la finca situada en el
parque. Este parque nacional se crea por motivos de interés
general y, por lo tanto, su gestión nunca puede ser privatizada
ni estar supeditada a los intereses particulares de una serie de
propietarios. En todo caso, estos propietarios tienen la
oportunidad de expresar sus opiniones a través de sus
representantes en el Patronato del Parque, que es un órgano
fundamental con respecto a la gestión de cualquier parque
nacional y con respecto también a la aprobación del PRUG, del
Plan rector de uso y gestión.

Igualmente, tras la propuesta del Grupo Popular en el Senado, en
el sentido de intentar mantener lo que se denominan
aprovechamientos tradicionales, se esconde, a nuestro juicio, la
idea de permitir un modelo de gestión cinegética que, en
absoluto, tiene nada que ver con los intereses sociales y
ecológicos que intentamos proteger. Se trata, más que de una
utilización tradicional de la caza, de una especie de caza
masiva, de una caza en montería, donde más que los intereses de
tipo conservacionista priman, fundamentalmente, los intereses de
tipo económico o los intereses privativos de una docena de
familias que siguen teniendo sus derechos, pero que éstos no
pueden colisionar, en absoluto, con la declaración de reserva
natural a nivel de parque nacional que en este momento estamos en
disposición de realizar en este Congreso de los Diputados,
recuperando el texto que salió de aquí y que ha sido
profundamente enmendado en el Senado.

Esta idea, señorías, está siendo defendida --lo dije
anteriormente-- por una serie de grupos ecologistas de enorme
importancia en el marco de la lucha por la preservación del
equilibrio ecológico en España. Por ejemplo, por la Sociedad
Española de Ornitología, por la Coordinadora de Organizaciones de
Defensa Ambiental --conocida como CODA--, por Greenpeace, por el
Fondo Mundial para la Naturaleza, por el Consejo Ibérico para la
Defensa de la Naturaleza, por el Fondo Patrimonial Natural
Europeo, por la GREFA, por AEDENAT, por ACMADEN, por ESPARVEL y
por Grupo de Cabañeros. No se puede aludir, en absoluto,
señorías, a que intentamos, en algún sentido, perjudicar la zona,
los puestos de trabajo y el desarrollo sostenible que entorno a
Cabañeros se está desarrollando.

Una serie de datos oficiales recogidos del Ministerio de Trabajo
o de la dirección del Parque nos hacen ver que no se perjudica,
sino todo lo contrario, la relación entre la administración del
Parque, respecto al empleo y al desarrollo sostenible, y las
fincas privadas. Las fincas privadas han mantenido cinco
trabajadores fijos, que son los guardas que hasta hace poco no
tenían



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ni agua ni luz en sus casas, absolutamente modestas, casi rozando
por debajo el límite de lo modesto. Había dos trabajadores
discontinuos y sólo se han producido 800 jornales, mientras que
en la administración del Parque existen 20 trabajadores fijos y
se han producido 13.000 jornales. Por lo tanto, ese argumento no
nos sirve.

Tampoco nos sirve el argumento de que intentamos sacar del ámbito
de la representatividad a los alcaldes de los pueblos de la zona.

A este respecto y para contradecir este argumento, me remito a un
comunicado que han firmado los distintos representantes de los
pueblos del entorno --el alcalde de Alcoba, el alcalde de
Horcajo, un representante de Navas de Estena y el alcalde de
Retuerta de Bullaque-- que vienen a decir que, en esta intención
de cambiar estructuralmente la declaración del Parque Nacional de
Cabañeros, existe un menosprecio absoluto hacia los habitantes de
la zona y este tema pone de relieve la dependencia y el
favoritismo hacia los dueños de las grandes fincas existentes
dentro del Parque Nacional que son los que, en definitiva, con
este nuevo texto que se ha intentado introducir en el Senado,
gestionarían y decidirían sobre el futuro del Parque y de la
comarca.

Por todas estas razones, dejando aquí constancia de que no
entendemos el cambio de voto que se ha producido en el Grupo
Catalán del Senado, que supongo que aquí también, implicará una
profunda matización, queremos oponernos frontal, radical,
profundamente, al intento de declarar esta ley como inhábil, como
inútil y de destruir todos los esfuerzos de cara a proteger este
ecosistema de bosque mediterráneo, que intentó convertirse en un
polígono de tiro y que figura ya como una conquista histórica del
pueblo castellano-manchego de cara a la conservación del
equilibrio ecológico en el Estado español.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.

Tiene la palabra el señor Gortázar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, asistimos hoy a un debate cuyo final es absolutamente
portentoso. El mismo Gobierno, el mismo Presidente del Gobierno
que decidió convertir Cabañeros en campo de tiro, en zona
bombardeable, hoy nos somete a votación final su consideración
como parque nacional.

Voy a consumir un turno en defensa de las enmiendas de nuestro
Grupo en el Senado, que nos permiten apoyar el proyecto siempre y
cuando esas enmiendas sean aceptadas por el Pleno de la Cámara.

Sin embargo, no dejarán de reconocer ustedes que, realmente, es
un debate insólito: el Gobierno de la nación descubre unos
valores en una zona que, poco antes, ese mismo Gobierno, el mismo
Presidente del Gobierno, había decidido que fuera bombardeable.

No les voy a acusar de incoherencia; antes bien, les voy a
agradecer el cambio de opinión, su rectificación, y señalar que
también ha habido un cambio de opinión, una rectificación por
parte del señor Bono, quien, en el año 1987, incluso estaba en
contra de que fuera parque natural. Estamos en una situación en
la que el señor Bono ha pasado de oponerse a que aquello fuera
parque natural a hacer una defensa extraordinaria de esa zona
como parque nacional. Hay que reconocer al señor Bono unas
extraordinarias cualidades de comunicación, que, sin duda,
superan en mucho su olfato como jefe de selección de personal y,
si no, que se lo digan al Presidente del Gobierno. Francamente, y
como se ha demostrado recientemente, no tiene un olfato notable
para la selección de personal, pero lo que sí tiene es una gran
capacidad de comunicación, porque pasó de no querer parque
natural a ser el defensor de que fuera parque nacional.

El señor Bono, en las elecciones de 1986, en un debate con el
señor Rupérez, aquí presente, decía lo siguiente: «Yo lo que
quiero es que en Cabañeros no se ponga nunca un campo de tiro,
porque me parece que es malo; me parece que hay que salvaguardar
el medio ambiente en esa finca, que no debe ser nunca un campo de
tiro, pero no creo que sea bueno que se declare parque natural
por dos razones.» Es decir, que el señor Bono no consideraba
bueno que fuera parque natural. «Si yo ahora mismo digo que sea
un parque natural...» --continuaba el señor Bono--,
«... eso cuesta más de 800 millones de pesetas; posiblemente
estaría comprando votos con dinero público y eso no lo voy a
hacer nunca. Además, lo importante en Cabañeros es que siga como
está, que sin ser parque natural ha conservado una avifauna digna
de ser protegida».

Misterio de los misterios; de una cosa que no iba a ser parque
natural, que los propietarios conservaban de una manera adecuada,
pasamos a una situación en la que parece ser que, en Cabañeros,
el enemigo de la naturaleza son los propietarios y la defensora
de la naturaleza es la Administración.

¿Qué ha hecho la Administración en el siglo XX en favor de
Cabañeros? Las mayores agresiones habidas y por haber. En los
años cincuenta, el Plan de fincas manifiestamente mejorables puso
en roturación 8.000 hectáreas, destruyendo un espacio natural que
no era rentable para eso. En los años sesenta y hasta los
ochenta, puso en marcha un plan de reforestación con eucaliptus y
con pinos y una carretera de Horcajo a Retuerta, que parte en dos
la finca de Cabañeros. Por si fueran poco las agresiones de la
Administración en el siglo XX, lo que se idea poco después es
bombardearlo. ¡Hombre!, no es para tanto, dirán ustedes; aquello
es una zona importantísima y no es para tanto. Nosotros partimos
de la idea de que quien ha conservado aquello



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desde los siglos XV y XVI es la propiedad; originariamente, la
Iglesia, las órdenes religiosas y militares, la propiedad
privada, etcétera. Ellos son los que, con su dinero, mantienen
ese espacio lo suficientemente bien como para darle por parte de
estas Cámaras el título que hoy se merece. De tal manera que
tanto por principios, por respeto al artículo 33 de la
Constitución, como por la experiencia, se ve que es la propiedad
la que ha mantenido ese espacio natural en las condiciones en que
hoy se encuentra, y las intenciones y acciones de la
Administración no han ido, en absoluto, en la dirección adecuada.

Por lo demás, estamos hablando de un parque de 40.000 hectáreas,
de las cuales más de un 80 por ciento son privadas. No es que se
privaticen, señor Alcaraz es que usted no se entera de lo que
estamos hablando. No es que unos propietarios vayan a determinar
qué se hace con un espacio público, sino un espacio privado sobre
el que cae la Administración pública. Por eso decimos que ya que
el 80, el 90 por ciento de esos territorios, de esa zona es
privada, oigamos a sus propietarios.

Sin embargo, ¿qué hacen ustedes en su proyecto originario? Hacen
un proyecto en el que el Patronato tiene 23 miembros y sólo uno
es propietario. Es decir, el 80 por ciento de la defensa de la
propiedad, el 80 por ciento de la defensa de los intereses
operativos de Cabañeros tiene un representante. En consecuencia,
nosotros decimos: «Vamos a equilibrar en lo posible esa
representación de 23 a uno, 19 de ellos funcionarios y uno
propietario». Hemos hecho enmiendas en la dirección de cambiar
esa proporción proponiendo de 17 a 3. Bien es cierto que la
Comisión aceptó el aumento de uno a tres representantes. Usted
reconocerá que es una situación anómala que el 80 por ciento de
la propiedad, que son los que invierten su dinero en mantener
esos territorios, tenga sólo un representante en el Patronato. Me
parece francamente desproporcionado. De manera que hemos ido en
esa dirección de equilibrar en lo posible esa representación y de
adoptar los criterios de la Directiva de Flora y Fauna de la
Comunidad Europea, que dice que cuando hay propiedades privadas
afectadas en zonas de especial interés y conservación se llegue a
acuerdos y contratos. Esto lo digo leyendo el artículo 6.º,
firmado por el Presidente del Gobierno de la nación, el señor
González. El artículo 6.º de la Directiva firmada en 1992, y no
trasladada al Derecho español, cosa sorprendente, porque lleva
dos años de retraso, dice que respecto a las zonas especiales de
conservación los Estados miembros fijarán las medidas de
conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados
planes de gestión específicos a los lugares o integrados en otros
planes de desarrollo y las apropiadas medidas reglamentarias
administrativas o contractuales, es decir, de acuerdo con los
propietarios. Eso es lo que hemos hecho: Por una parte, aumentar
la presencia de los propietarios, de la parte directamente
interesada, no privatizada sino que ya era privada y sigue
siéndolo. Por otro lado, hemos ofrecido participación a la
Administración, que tiene un 20 por ciento de esos territorios,
en el tema de los convenios. Y, por último, hemos dicho: «Si la
explicación, como dijo el señor Bono, de que eso está bien es
porque se ha hecho bien hasta ahora, seamos coherentes con el
señor Bono, mantengamos los usos tradicionales de esas fincas».

Yo en esto sigo la doctrina Bono.

De manera que la defensa de las enmiendas que hace mi Grupo en
relación a las modificaciones que con el apoyo de Convergència i
Unió y el Partido Nacionalista Vasco hemos introducido establece
claramente dónde señalamos la prioridad. ¿La prioridad está en
los intereses afectados, en los propietarios, en los que han
mantenido la propiedad adecuada hasta ahora o la prioridad está
en el Estado, en la Administración, que lo que ha hecho, aparte
de agresiones específicas, ha sido amenazar con bombardear
aquello? Nos parece que la experiencia es bastante generosa con
nuestra posición. La experiencia dice que los propietarios han
invertido, han gastado y que no hace falta emplear recursos del
contribuyente ni en la expropiación ni en personal de guardería
en la zona de Cabañeros. En consecuencia, es un doble gasto, el
de la expropiación de usos, en su caso, y, por otro lado, de
mantenimiento.

En conclusión, señorías, mantenemos la posición que viene del
Senado. Nos parece importante que esta Cámara sea sensible a los
argumentos del Senado después de un debate sereno.

Por último, quiero señalar lo siguiente en relación a un
planteamiento de prensa que no se ajusta a la realidad. Nos ha
llegado unas cartas recordándonos que ciertos alcaldes apoyan
este proyecto. El alcalde de Navas de Estena ha enviado al
periódico «Tribuna» de Ciudad Real una nota, que voy a leer
brevemente, que desmiente que un alcalde del Partido Popular esté
a favor de este proyecto tal y como se ha hecho. Dice el alcalde
de Navas de Estena: Primero, don Eugenio Gutiérrez --el que firma
la carta que llega a la prensa-- no es el alcalde de Navas de
Estena. Segundo, el alcalde de Navas de Estena es don Sebastián
Martín Delgado, quien firma este escrito. Tercero, que yo nunca
he apoyado la declaración de Cabañeros como parque nacional.

Cuarto, que en Navas de Estena se recogieron en su día más de 300
firmas en contra de la declaración de parque nacional y fueron
enviadas al Palacio de Fuensalida, Toledo, a la atención del
señor don José Bono, por correo certificado. Quinto, que estoy
plenamente de acuerdo con las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular, y que fueron aprobadas por el Senado y que, por lo tanto
espero sean ratificadas por el Congreso. Sexto. Con anterioridad
a la introducción de la enmienda del Partido Popular al Plan
rector de uso y gestión iba a ser ejecutado únicamente por la
Administración, por lo que el Partido Socialista Obrero Español
tampoco tenía en cuenta a los representantes de los



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pueblos en su elaboración. Séptimo. Estoy de acuerdo con que el
Plan rector de uso y gestión sea el resultado de un convenio
entre la Administración central y autonómica con los propietarios
de las fincas afectadas, ya que éstos las han cuidado y mantenido
durante muchísimos años en tan buen estado que ahora son
interesantes para la creación de un parque nacional.

Señorías, se podrá decir lo que se quiera, pero la opinión de un
pueblo afectado cuyo alcalde es del Partido Popular está en plena
sintonía y coherencia con lo que estamos defendiendo. En
definitiva, lo único que decimos es: No alteren ustedes la
situación, no vayan ustedes a peor; vamos a intentar entre todos
que se llegue a situaciones de acuerdo, de contrato, de
mantenimiento de los usos tradicionales y no alteremos
sustancialmente un área que se ha conservado de una manera
magnífica, por lo cual la declaración de parque nacional debía
ser un título de gloria, un elemento positivo, y no, como hasta
ahora hace el Partido Socialista, un elemento de exploración y de
grandes dificultades para los antiguos propietarios.

Nada más.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gortázar.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Martín
de la Vega.




El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, vamos a iniciar en esta sesión el último trámite de la
declaración del Parque Nacional de Cabañeros, un último trámite
en el que, por fin, van a ser aunadas las voluntades de muchos
grupos sociales que desde hace mucho tiempo pusieron sobre aviso
al Gobierno de la nación de que aquella zona era un ejemplar
único de bosque mediterráneo, que no podía tener otro uso
distinto al de ser conservado para ser una herencia a las
generaciones futuras. A esa iniciativa, a esa toma de conciencia
de muchos grupos sociales, entre ellos los ecologistas, que
hicieron que el Gobierno de Castilla-La Mancha tomara la
determinación de declararlo parque natural, que los socialistas
lo incluyeran entre sus compromisos electorales de 1993, que el
Gobierno de la nación enviara a las Cortes un proyecto de ley y
que las Cortes aprobaran este proyecto de ley muy
previsiblemente. Estamos asistiendo a ese último trámite en el
que esa conjunción de voluntades, de ciudadanía, de los gobiernos
que han tenido que tomar decisiones en este tema, van a dar como
resultado que una zona de bosque mediterráneo muy bien conservada
vaya a ser declarada finalmente parque nacional.

Nuestro Grupo va a votar en contra de las enmiendas que en esta
tribuna ha defendido el señor Gortázar. Vamos a votar a favor de
la enmienda al artículo 11.3.g) y en contra de las demás
enmiendas.

Se ha dicho aquí, y yo quiero reiterarlo, que esas enmiendas
demuestran, en primer lugar, la fe que tiene el Partido Popular
en la protección de la naturaleza, que es ninguna, la fe que
tiene en la protección de Cabañeros concretamente, que es
ninguna, y las ganas que tiene de, habiendo cambiado de posición
tantas veces, volver finalmente a una posición en la que,
descubriendo que va a ser inevitable, porque todos los grupos de
la Cámara lo quieren, Cabañeros sea declarado parque nacional;
intentan vaciar de contenido una ley dando a los propietarios una
preeminencia absoluta que hace que esta ley quede desvirtuada,
que hace que, con fondos, con declaraciones y con leyes que
afectan al conjunto de los ciudadanos se beneficien unos pocos,
muy pocos, de los que tienen intereses en la zona.

Señor Gortázar, me produce verdadera sorpresa, e incluso diría
que estupefacción, que alguien del Partido Popular pueda subir a
esta tribuna intentando averiguar incoherencias del Grupo
Socialista, del Partido Socialista de Castilla-La Mancha en el
tema de Cabañeros. Me asombra enormemente. Ustedes han sido
capaces de defender en las Cortes de Castilla-La Mancha que los
que queríamos un parque natural, que los que queríamos defender
Cabañeros éramos unos comprados o vendidos, seguramente al oro de
Moscú o no sé a qué otro oro. Después de aquello, ustedes, a
través de sus representantes en Castilla-La Mancha, después de
haber aducido que en Cabañeros no había más que cuatro sapos
esparteros --yo voy a tener el gusto de no dar nombres, ni de los
sapos ni del sapero, y seguramente que algún compañero suyo, no
muy lejano a usted, me lo agradecerá--, se ofrecieron, supongo
que descamisados, a estirarse bajo las bombas de los aviones que
eventualmente pudieran aparecer por allí. Después de eso, dijeron
que parque natural, no, porque era una cuestión electoralista.

Después dijeron que parque natural, sí, pero que se opondrían al
parque nacional porque eso era entregar Cabañeros en manos del
Gobierno central y quitárselo a la comunidad autónoma. Después de
eso, dijeron que parque nacional, sí, pero que el Plan de uso y
gestión únicamente podría ser gestionado por los propietarios y
la Administración. De modo que, cuando usted está diciendo: a lo
que ustedes se oponen es propietarios contra Estado, contra la
Administración, no es cierto, porque ustedes, en su enmienda lo
que hacen es decir que el Plan de uso y gestión tiene que ser un
acuerdo entre Administración y propietarios. Lo que ustedes hacen
con esa enmienda es eliminar del Plan de uso y gestión a
ecologistas, a asociaciones agrarias, universidad de Castilla-La
Mancha y a los pueblos representados. (Un señor Diputado: No es
verdad. No es verdad.) Es tan verdad como que yo me le leído la
ley y las enmiendas y quien diga lo contrario no se la ha leído.

En la enmienda con la que pretenden equilibrar el primitivo
proyecto que el Gobierno envía a las Cortes



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ustedes dicen que había un propietario en el patronato. Eso es un
agua muy pasada porque, por enmiendas de Convergència i Unió,
nosotros aceptamos reequilibrar ese patronato, aumentando el
número de representantes de las asociaciones agrarias, aumentando
el número de los ecologistas y aumentando el número de los
propietarios de uno a tres, y rebajando el número de
representantes de las dos administraciones centrales; luego
nosotros sí queríamos reequilibrar ese patronato.

Le recuerdo que su enmienda en el Congreso nos llevaba a un
patronato de dieciséis propietarios, uno por cada una de las
fincas mayores de 500 hectáreas. Si hubiéramos aceptado esa
enmienda, el patronato que hubiera salido del Congreso hubiera
sido de dieciséis propietarios y trece de los demás, incluido un
ecologista, que ustedes ya defendían en el Congreso, que no es
una cosa que se hayan inventado en el Senado, incluido un
representante de las asociaciones agrarias y dieciséis
propietarios contra trece de los otros.

Además de que ustedes pretendieron esa posición en el patronato,
lo que están intentando conseguir ahora es que el Plan de uso y
gestión sea un acuerdo entre los propietarios y la
Administración, no propietarios frente a, sino acuerdo de
propietarios y de Administración. Lo que pretenden ustedes es que
los propietarios de las grandes fincas de Cabañeros tengan, ni
más ni menos, que el derecho al veto.

Las otras dos enmiendas, señorías, se califican por sí solas; la
de los ecologistas, pretendiendo reducir de tres a uno el número
de representantes de las asociaciones ecologistas, no tiene más
sentido que demostrar una vez más cuáles son sus posiciones
respecto a la sociedad civil o respecto a las asociaciones que
tienen que hablar de estos temas.

En fin, señorías, nos vamos a oponer, veo con satisfacción que
junto con otros grupos, y por lo tanto no tendrán posibilidad de
que éstas prosperen afortunadamente, para que Cabañeros sea un
parque nacional con la gestión de un parque nacional normal y no
con la gestión de un parque nacional disminuido, como el que
ustedes están pretendiendo.

Vamos a votar en contra de estas enmiendas y vamos a conseguir
que Cabañeros sea un parque nacional que, además, va a tener una
ley modélica, por el simple hecho de que es una ley que hemos
tenido que adaptar a la sentencia del Tribunal Constitucional al
respecto, y ha colaborado el Partido Popular en esa adaptación a
la sentencia. Vamos a hacer una buena ley y vamos a hacer un
parque nacional que de verdad va a garantizar que se conserve
aquel ejemplo de bosque mediterráneo.

Hemos enfrentado dos modelos de conservación; uno de ellos, el
suyo, es el derecho a la propiedad el único que puede intervenir
en los usos y en la gestión de un parque nacional, frente al
nuestro, en el que creemos que los propietarios tienen que
intervenir en la formación de esas voluntades, pero también los
grupos ecologistas, los vecinos y vecinas limítrofes a través de
sus ayuntamientos, las asociaciones agrarias y la Universidad de
Castilla-La Mancha. Más que enfrentar dos formas distintas de ver
la conservación de la naturaleza, creo, señor Gortázar, que hemos
enfrentado dos formas distintas de ver las leyes: las leyes que
ustedes quieren hacer para unos pocos y las que nosotros queremos
hacer para la mayoría. Ustedes han defendido claramente el
interés de unos pocos y han pretendido enfrentarlo al interés de
los más.

Hoy es un día histórico para España --se ha dicho aquí muchas
veces-- por la aprobación del Código Penal. Hoy pasará a la
historia seguramente como el día que se aprobó el Código Penal,
esa historia pasará además a los manuales. Pero además hay otras
historias y hay otra historia que hace la gente de bien,
procurando legar a las generaciones futuras un medio ambiente que
sea enriquecedor y que pueda crecer. Esa es la historia que hace
la gente de bien, que trabaja por lo suyo y que lucha por lo
suyo. De la historia que entra en los manuales, de la historia
que hace la gente de bien, ustedes, señores del Partido Popular,
de una y de otra, hoy, una vez más, han vuelto a excluirse.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Martín de la Vega.

Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.

Cabañeros ha sido a lo largo de los últimos años una referencia
obligada en el campo de la conservación. Su ubicación aislada en
el corazón de los montes de Toledo, sobre unos suelos pobres y
configurando un conjunto de grandes predios de antiguo origen, ha
dado lugar a una escasa humanización, llegando hasta nuestros
días afortunadamente poco transformado, conservando a retazos
entre las brañas una parte de su antiguo bosque mediterráneo,
rico y complejo.

El controvertido destino previsto en su día para ese territorio
remoto y despoblado sirvió para llamar la atención sobre los
valores ecológicos que albergaba, dándolo a conocer a la opinión
pública, y, con la decisiva movilización del movimiento
conservacionista, reclamando su conservación como espacio natural
protegido.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dio los primeros
pasos, hace ya más de siete años, para su protección a través de
su declaración como parque natural, categoría que ha conservado
hasta hoy, cuando en la ley que se somete a aprobación es
clasificado como parque nacional de la red estatal, representando



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a los ecosistemas ligados al bosque mediterráneo.

Se da así continuidad al impulso iniciado en 1918, cuando, con la
creación de los parques nacionales de la montaña de Covadonga y
del Valle de Ordesa, se comenzara a aplicar en nuestra nación el
llamado espíritu de Yellowstone, base de la concepción moderna de
los parques nacionales. A estos dos primeros se añadirían
paulatinamente otros nuevos, algunos de ellos afortunadamente
ampliados, como ha sido el caso de la creación del Parque
nacional de los Picos de Europa, hasta alcanzar la cifra de diez,
incluyendo el que hoy nos ocupa, que configuran la actual red
estatal de parques nacionales.

Cabañeros es el primer parque nacional que ha cumplido
íntegramente las previsiones de la Ley 4/1989, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, mediante
la preceptiva tramitación y aprobación del Plan de ordenación de
los recursos naturales, que permitió identificar con precisión,
no sólo los ecosistemas presentes en este hermoso rincón
peninsular y los problemas que con toda probabilidad habrán de
surgir con motivo de su conservación, lo que ha facilitado la
toma de decisiones a la hora de trazar los límites coherentes con
el objetivo conservacionista, sino también las implicaciones
sociales y económicas que su declaración como parque nacional
habrá de tener para los habitantes de su entorno. Porque, a lo
largo de los más de 77 años transcurridos desde la declaración de
aquellos primeros parques nacionales, se han ido perfilando los
conceptos básicos de lo que hoy entendemos debe corresponder a
esta figura de protección, tal y como ha sido recogida en la
citada ley 4/1989, un compromiso entre la conservación de la
naturaleza, el derecho al desarrollo socio-económico de los
habitantes del entorno y el disfrute de los valores de los
parques por parte de los visitantes, compromiso cuyo equilibrio
será difícil de mantener, porque no será posible conservar estos
rincones privilegiados por mucho tiempo, si para el resto del
territorio no se aplican comportamientos ambientalmente
correctos.

Una política de conservación de la naturaleza no puede limitarse
a proteger algunos parajes, mientras se tolera la destrucción en
el resto. Por el contrario, estamos obligados a cumplir las
condiciones que el principio de sostenibilidad impone al
desarrollo, si queremos dejar a las generaciones futuras un
entorno, al menos, en las mismas condiciones que lo heredamos de
nuestros padres.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, haciendo
frente a este reto, ha adoptado recientemente la estrategia
nacional para la conservación integrada de la naturaleza, Encina,
como código de buena práctica ecológica en todas sus actuaciones
y en el ámbito de sus competencias, Encina que debe propiciar un
desarrollo más duradero para el mundo rural y pesquero en el que
se hunden las raíces de nuestra civilización.

Compromiso difícil de mantener frente a la creciente afluencia de
visitantes que desean conocer los parques, atraídos por la imagen
de calidad que les es propia y que corre el riesgo de convertirse
en una avalancha de consecuencias fatales para los parques. De
dos millones de visitantes en los años 70 se ha pasado a los
siete millones de hoy y es probable que se superen los 12
millones de visitantes en el próximo final de siglo, por lo que
habremos de preparar los parques para ello. Compromiso también
difícil de mantener equilibrado si no se integra en ese proyecto
de conservación a los habitantes del entorno, para que,
beneficiándose de las nuevas actividades económicas que generan
los parques, mantengan, a su vez, los usos y costumbres
tradicionales que remodelaron estos paisajes y ayuden, de esa
forma, a mantener los equilibrios ecológicos.

Un parque nacional ha de ser, en suma, un lugar privilegiado para
la conservación de la naturaleza, motor de desarrollo sostenible
para la comarca en que se halle enclavado y libro abierto en el
que los ciudadanos aprendan a conocer y respetar el entorno
natural.

Las sucesivas leyes que han regulado históricamente los parques
nacionales han caminado siempre por detrás de las necesidades y
las prácticas de gestión, circunstancia que se ha roto con la
aprobación de la Ley 4/1989, al anticipar lo que debe ser el
modelo de los parques nacionales del futuro, introduciendo,
además, el concepto de red, posteriormente recogido por la
directiva de hábitat de la Unión Europea.

Con Cabañeros representamos en la red el más genuino de los
ecosistemas españoles que, paradójicamente, no estaba presente,
el bosque mediterráneo. Cabañeros es una magnífica representación
de esas tierras agrestes del centro de la península desde las
brañas embarradas hasta los últimos riscos de altura; desde los
alcornoques y las encinas de los valles hasta los quejigos y los
robles. Y todo ello en un espacio que poco o nada ha alterado la
mano del hombre, un espacio sin ganadería, sin presión de uso,
donde los escasos usos tradicionales son perfectamente
compatibles con esta actitud cautelosa de contemplación en la
conservación del mundo natural, que debe prevalecer en un parque
nacional.

No debería terminar en Cabañeros la expresión de lo que es
nuestro bosque nacional por excelencia y sería aconsejable
localizar áreas poco urbanizadas, prudentemente cubiertas por
alcornocales y robledales, para completar esquemáticamente la
representación del bosque mediterráneo.

A ello habría que añadir muestras de formaciones esteparias,
algunas de ellas únicas en Europa, de enorme interés biológico y
de paisaje dramáticamente hermoso, por austero, tanto como algún
área lacustre pirenaica, de entre las pocas que aún quedan no
afectadas por aprovechamientos hidroeléctricos, y de sotos y
bosques



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de ribera en alguno de nuestros grandes ríos, desde antaño
transformados en huertas y cada día más difíciles de encontrar
con un grado aceptable de naturalidad.

Por eso, Cabañeros no cierra el selecto elenco de la red estatal
de parques nacionales españoles que tampoco debe ampliarse en
exceso y, en cualquier caso, siempre dentro de los límites
señalados en la Ley 4/1989.

Hay otro aspecto extraordinariamente importante en esta
declaración. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha dictado
sentencia en relación con los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos contra la Ley 4/1989, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y fauna silvestre. La sentencia
consagra la competencia exclusiva legislativa de las Cortes
Generales respecto de los parques nacionales de la red estatal,
reserva al Estado la tutela, gestión y representación de la red y
retira a la Administración General del Estado la exclusividad de
la gestión, que debe ser, a partir de ahora, compartida con las
comunidades autónomas.

Cuando se dictó la sentencia, el Gobierno ya había remitido a las
Cortes Generales el proyecto de ley de declaración del parque
nacional de Cabañeros y han sido las propias Cortes Generales las
que, durante el trámite legislativo, han ajustado el texto legal
a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional.

El parque nacional de Cabañeros es pues el adelantado de un nuevo
modelo de gestión, un modelo de gestión en el que la
responsabilidad del día a día se encomienda a un equipo técnico
de profesionales, consensuados de común acuerdo, de una u otra
administración, que trabajan de forma unitaria y en el que las
decisiones de gestión se adoptan compartidas por un órgano
colegiado, formado paritariamente por la Administración general
del Estado y la Administración autonómica. Un nuevo modelo de
gestión donde los patronatos son más abiertos y representativos
para mutar de foro de debate entre las administraciones a lugar
de encuentro de la sociedad.

Las Cortes han allanado el camino de la definición de la gestión
de los parques nacionales y es previsible que, dado el consenso
general alcanzado, el Parque Nacional de Cabañeros sea el modelo
de gestión a extender con premura y presteza al conjunto de los
espacios incluidos en la red estatal.

La reciente reorganización de la Secretaría General de Desarrollo
Rural y Conservación de la Naturaleza, con la creación del
organismo autónomo de Parques Nacionales, permitirá articular, de
manera más ágil y correcta, la corresponsabilidad en la gestión
de los parques nacionales, de la Administración General del
Estado y de las comunidades autónomas, en cuyo territorio se
encuentran enclavados, todo ello sin abdicar de las
responsabilidades que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación tiene contraídas con la conservación de la
naturaleza y con los parques nacionales en particular.

Las comunidades autónomas, por su parte, han llevado a cabo una
tarea ingente en la declaración de espacios protegidos, poniendo
a nuestra nación a la cabeza de los países de la Unión Europea,
demostrando con ello un alto grado de conciencia
conservacionista, coherente con la diversidad y riqueza de
nuestra naturaleza y la responsabilidad que nos atañe en
conservarla.

Pongámonos, pues, a la tarea de renovar la vida de los encinares
de Cabañeros y de todos los seres que los habitan, porque así
avanzaremos algo más en nuestra propia supervivencia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Vamos a pasar a la votación correspondiente a las enmiendas del
Senado a este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de
declaración del Parque Nacional de Cabañeros.

Enmienda al artículo 11.31, g).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 312; a favor, 312.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley. (El señor
Hinojosa i Lucena pide la palabra.)
Señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, querría pedirle
votación separada de la enmienda al artículo 2, letra e).




El señor PRESIDENTE: Enmienda del Senado al artículo 2, letra e).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 140; en contra, 168; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Senado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 310; a favor, 126; en contra, 183; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde, con el punto VIII
del orden del día y, a continuación, se tramitará el punto IX.

Se suspende la sesión.




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Eran las dos y treinta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA AL AMPARO
DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS:



--SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL
PLENO DE LA CAMARA, PARA INFORMAR SOBRE LAS ENTREVISTAS
REALIZADAS POR EL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE SU GOBIERNO CON
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUPUESTOS RESPONSABLES DE LA
SUSTRACCION DE MATERIALES DEL CESID Y OTRAS INFORMACIONES
RELACIONADAS CON EL GAL, FORMULADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
POPULAR EN EL CONGRESO, DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), DE COALICION CANARIA,
VASCO (PNV) Y MIXTO (Número de expediente 210/000033)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto VIII del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara al amparo de lo dispuesto en el artículo 203
del Reglamento.

Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Pleno para informar sobre las entrevistas realizadas por el
Presidente y miembros de su Gobierno con representantes legales
de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del
Cesid y otras informaciones relacionadas con el GAL, formuladas
por los grupos parlamentarios Popular, Izquierda Unida, Catalán
(Convergència i Unió), Coalición Canaria, Vasco (PNV) y Mixto.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, el pasado 5 de octubre el Ministro de
Justicia e Interior compareció ante este Pleno para, en nombre
del Gobierno, informar a la Cámara sobre las entrevistas
mantenidas con representantes legales de los supuestos
responsables de la sustracción y posterior difusión de material
secreto procedente del Cesid. En dicha comparecencia el Ministro
explicó las razones por las que estas entrevistas se realizaron,
los pormenores de las mismas y sus consecuencias. Desde entonces
no se ha producido ningún hecho nuevo, al menos de carácter
relevante, relacionado con dichos contactos. Así pues, señorías,
nada cabe añadir a cuanto se dijo aquel día. (Rumores.) No
obstante, por respeto a la Cámara, me referiré brevemente a los
aspectos más significativos de la intervención del Ministro.

Primero. En la primavera de 1995 y a través de informaciones
publicadas por determinados medios de comunicación, el Gobierno
tuvo conocimiento de que se estaba filtrando material secreto
procedente del Cesid o a él atribuido.

Segundo. Como consecuencia de ello, el Gobierno ordenó al Centro
la realización de una investigación sobre el origen de esas
filtraciones. Su conclusión fue que la filtración tenía su origen
en un ex responsable del Departamento de Acción Operativa del
Cesid. Se puso además de manifiesto que este señor estaba en
posesión de abundante información clasificada que, contraviniendo
las previsiones legales, conservó en su poder tras su cese en el
Centro fingiendo, dos meses más tarde, su devolución.

Tercero. Por distintas vías se advirtió al Gobierno que al menos
parte de esa documentación se encontraba a disposición de don
Mario Conde. También se informó al Gobierno que se estaba
manejando documentación que afectaba seriamente a la seguridad
del Estado y que su difusión podría acarrear graves consecuencias
para los intereses públicos y para la seguridad de personas
concretas. Por ello se aconsejaba al Ejecutivo que utilizase
todos los medios a su alcance para recuperarla.

Cuarto. Teniendo en cuenta lo que acabo de exponer a SS. SS., se
mantuvieron distintas entrevistas con quienes representaban
simultáneamente los intereses de los señores Perote y Conde.

Quinto. De esas entrevistas, la que más trascendencia política ha
tenido, y probablemente el objeto de esta comparecencia, ha sido
la que yo mismo mantuve en la sede oficial de la Moncloa con el
señor Santaella, letrado de los señores Perote y Conde. El
Ministro de Justicia e Interior, testigo de esa entrevista,
explicó ante SS. SS. las circunstancias y el contenido de la
misma. Nada puedo añadir a lo ya dicho. Me limitaré, por
consiguiente, a recordar que el señor Santaella aprovechó la
ocasión para expresar sus opiniones sobre la intervención de
Banesto, decidida y realizada por el Banco de España, y asimismo
sobre lo injustificado, a su parecer, de los beneficios obtenidos
por el Banco de Santander al proceder a la compra de Banesto. Por
mi parte me limité a reiterar mi respaldo a la decisión del Banco
de España y a recordar que la adjudicación de Banesto se produjo
mediante procedimiento público que no fue impugnado por nadie.

Asimismo mostré, como he hecho siempre, mi respeto por la
independencia de los jueces y los tribunales. (Rumores.)
Aproveché también la entrevista, señorías, para reclamar del
señor Santaella y de sus defendidos que, en el ejercicio legítimo
de su derecho de defensa, respetasen siempre la seguridad y la
defensa de España, comprometidas si llegaban a difundirse los
documentos que obraban en poder de los señores Perote y Conde.

Sexto. El objetivo de ésta como del resto de las entrevistas era
recuperar los papeles del Cesid. Por parte



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de los representantes de los señores Conde y Perote las
peticiones pasaron, de formulaciones de carácter general como las
que ante mí expresaron, a requerimientos concretos ante otros
representantes del Ejecutivo. Hablaron, así, de intervenciones
del Gobierno ante el Banco de España, la Agencia Tributaria, el
Consejo General del Poder Judicial, la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, etcétera. Los requerimientos acabaron concretándose en
dos: el abono al señor Conde de una cantidad de dinero --14.000
millones de pesetas-- y la certificación, reclamada por el señor
Perote, de que los documentos sustraídos del Cesid nada tenían
que ver con la seguridad del Estado.

Séptimo. La negativa del Gobierno a aceptar este tipo de
condiciones no sólo acabó con los contactos con los
representantes legales de los señores Perote y Conde, sino que,
al parecer, estimuló determinados esfuerzos del periodismo
llamado de investigación.

Señor Presidente, señorías, todo esto lo ha sabido la opinión
pública. Todo esto fue explicado ante esta Cámara. Ningún dato
nuevo se puede aportar en el día de hoy. Sí cabe recordar, sin
embargo, que algunas de las reacciones que provocaron mis
anteriores alusiones a un pulso al Estado han quedado acalladas
por los hechos. (Rumores.--Protestas.) Mi presencia hoy en la
Cámara no sería completa si me limitara a repetir los datos ya
conocidos. El debate permite plantear algunas de las preguntas
que surgieron desde que se conocieron las entrevistas. Por
ejemplo, sobre las razones que impulsaron al Gobierno a mantener
los ya citados contactos. Conocen, señorías, nuestro criterio. El
Gobierno, en el marco de la legalidad vigente, está obligado a
hacer cuanto esté en su mano para eliminar cualquier riesgo que
pueda correr la seguridad de nuestro país. A mi juicio, mantener
contacto con quienes pueden estar en posesión de material
clasificado no es sólo un derecho del Gobierno, sino su estricta
obligación. Sobre la información proporcionada por el Gobierno,
tengo que recordar a SS. SS. que el Gobierno, a través del
Ministro de Defensa, informó a los Diputados habilitados por la
Cámara para conocer los secretos oficiales sobre el contenido
material presuntamente sustraído del Cesid y sobre la
investigación interna realizada por el Centro. Posteriormente se
produjo la comparecencia del Ministro de Justicia e Interior. No
sé qué información adicional podría proporcionar. Creo que en un
asunto de esta naturaleza, ninguna. Y creo además que la que ya
hemos ofrecido es sin duda, suficiente.

Al ejercer su responsabilidad, señorías, el Gobierno era
consciente del riesgo que corría, pero decidió asumirlo en aras a
su interés por velar por la seguridad del Estado. Y no les quepa
duda de que volvería a entrevistarme con quien fuese necesario si
con ello eliminase o limitase el daño que podía infligirse a
nuestra seguridad. (Rumores.) Creo que ése es mi deber y, al
cumplir con él, fui consciente de que podría ser utilizado en mi
contra (Continúan los rumores.), a pesar de que el contacto lo
mantuve en la sede oficial de la Presidencia del Gobierno y en
presencia del Ministro de Justicia e Interior. Pero, repito,
volvería a hacerlo si lo considerase necesario para cumplir con
una de mis obligaciones básicas como es la de garantizar la
seguridad del Estado. (Fuertes rumores.)
Sobre si los documentos afectan o no a la seguridad del Estado,
es esta una cuestión sobre la que no voy a contribuir a aumentar
el daño que se puede haber causado a nuestra seguridad tratándolo
en público. Créanme si les digo que si hemos corrido el riesgo,
al que antes aludía, no ha sido por satisfacer capricho alguno.

(Continúan los rumores.) Por consiguiente, no me extenderé en
detalles sobre el contenido de la documentación sustraída, pero
sí puedo recordar a SS. SS. lo que dijo el Ministro de Justicia e
Interior, resumiendo la información proporcionada por el Ministro
de Defensa a los Diputados habilitados por la Cámara para conocer
los secretos oficiales.

La documentación afecta, sin duda, a los intereses de la
seguridad y de la defensa nacionales porque contiene, entre otras
cosas, información sobre datos relativos a la organización, a la
estructura, medios, procedimientos operativos, fuentes de
información y misiones del Cesid; actividades de inteligencia
exterior vinculadas con la obtención de información que afecta a
la defensa militar de España o a la seguridad nacional;
actividades de contrainteligencia sobre servicios extranjeros;
actividades de inteligencia interior e inteligencia militar;
estudios y previsiones de actividades terroristas e información y
métodos de lucha antiterrorista; infraestructuras económicas y
tecnológicas para el desarrollo de las actividades del Centro;
identificación de agentes, informadores y colaboradores;
despliegue operativo del Centro y seguridad de embajadas
españolas o seguridad de personalidades. (Rumores.)
Sinceramente, señorías, la sola enumeración del contenido de la
documentación, debería evitar cualquier duda sobre el riesgo que
supondría su divulgación. Quien pese a ello, dudase, no sólo
comete, a mi juicio, una temeridad, sino demuestra que pone los
intereses partidistas por delante de los intereses colectivos, en
una visión tan estrecha que los inhabilita para cualquier
responsabilidad política futura. (Rumores y Protestas.--
Aplausos.) Se ha hecho, asimismo, hincapié por parte de algunos
en la negligencia del Gobierno en la custodia del material
secreto. No incidiré en la contradicción que supone criticar al
Gobierno por falta de celo en la custodia de determinada
documentación y, al mismo tiempo, criticarla por intentar su
recuperación. (Rumores.--Protestas.)
Estamos, sin duda alguna,...




El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): ...ante una
quiebra grave de la seguridad del Cesid. (Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): No hace
falta que recuerde a SS. SS. que esa quiebra llevó a la dimisión
del Director del Centro y a la de quienes habían desempeñado la
cartera de Defensa durante el tiempo transcurrido. Creo que no
pueden asumirse mayores responsabilidades políticas ante un caso
así. Desde luego no he encontrado precedente en otros países.

Pero no olviden que no ha sido la quiebra de seguridad la que ha
puesto en circulación determinada documentación secreta. (Fuertes
Rumores.--Protestas.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden silencio!



El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Esto se ha
producido, señorías, porque estamos ante una concreta decisión de
algunas personas para acaparar información con la indudable
voluntad de hacer uso de ella para obtener algún tipo de
beneficio. Estamos también ante una decisión de usar esa
información contra el Estado. Estamos, en fin, ante una decisión
de hacer pública esa información, cualesquiera que sean los
costes para el Estado y para el conjunto de los ciudadanos.

(Rumores.)
Sobre qué se ha conseguido con estos intentos de recuperar la
documentación del Cesid, he de decir que desgraciadamente no se
ha alcanzado el objetivo fundamental del Gobierno, que no era
otro que el de la recuperación de dicha documentación. (Rumores.)
Pero sí se han conseguido algunos objetivos parciales. En primer
lugar, se ha avanzado en el conocimiento del material sustraído.

(Risas.--Rumores.) Hoy sabemos, entre otras cosas, que
determinada documentación que al parecer tuvo entrada en el
Departamento de Acción Operativa nunca se trasladó a la dirección
del Centro ni a otros departamentos. En segundo lugar, se ha
avanzado en la determinación de los circuitos que han llevado a
la publicación parcial de ese material y sus motivaciones. Por
último, se ha ganado un tiempo precioso para limitar el daño que
la revelación completa del material pudiera comportar. (Rumores y
Protestas.) Ese tiempo ha sido utilizado por los Ministerios de
Defensa y de Justicia e Interior para advertir a personas
concretas y a determinados servicios que pudieran verse
perjudicados por la divulgación de sus identidades, de sus medios
y de sus procedimientos.

Hay quien piensa o, al menos, hay quien está sosteniendo
públicamente que el Gobierno ha cedido ante la presión. Para mí
esto es absolutamente incomprensible. ¿Cómo puede alguien
sostener algo de esta naturaleza? ¿Cuál ha sido esa cesión? Lo
acabo de decir, señorías: No ha habido cesiones. Sólo se ha
ganado mayor y mejor conocimiento de lo que ha pasado. (Rumores y
Protestas.)
Sobre el pulso al Estado, la trama, la conspiración, la conjura o
como se quiera llamar, señorías, ya me he manifestado en otras
ocasiones. Hoy casi nadie pone en duda que se están utilizando
informaciones reales manipuladas o inventadas para erosionar al
Gobierno; que se están comprando voluntades y declaraciones; que
no parece que falte el dinero para hacerlo. Todo eso está claro.

También lo está que para erosionar al Gobierno no se duda en
atacar a instituciones del Estado, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado o al servicio de inteligencia. (Fuertes
protestas.) Todo parece valer. Y para eso se cuenta con
complicidades muy diversas, algunas de difícil demostración, pero
no por ello de efectos menos contundentes. Llamen ustedes a las
cosas por el nombre que quieran. En todo caso, el Gobierno va a
seguir en su empeño de garantizar que no haya interés parcial
alguno capaz de imponer su voluntad a la mayoría de los
ciudadanos. Seguirá empeñado en el más escrupuloso respeto a las
reglas establecidas en la Constitución y en el ordenamiento
jurídico vigente. (Rumores.)
Señor Presidente, acabo aquí mi intervención. He pretendido ser
fiel al objeto de la convocatoria y ceñirme al contenido de la
comparecencia. Espero que mis reflexiones, aunque no confío mucho
en ello, ayuden a centrar el debate. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Aznar. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, Señorías!



El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, hace más de un
mes la Cámara exigió la comparecencia del señor González para que
explicase personalmente unos hechos en los cuales había
participado directamente. El señor González rechazó y despreció
en aquella ocasión el requerimiento unánime de los grupos
parlamentarios. Ahora, señor González, llega usted tarde, llega
usted cuando el asunto, sin duda alguna, ha perdido actualidad, y
llega efectivamente, como ha dicho antes, para no decir nada.

Nosotros le queremos decir que tal retraso no es casual ni es
inocente. Rebajar la vitalidad del Parlamento, menoscabar sus
posibilidades de control es una verdadera constante de su estilo
de Gobierno. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
En virtud de su tardanza, desde que tenía que haber ocupado esta
tribuna hasta que la ha ocupado hoy ha pasado más de un mes, más
de 30 días. En esos 30 días han ocurrido algunas cosas que
afectan directamente a su Gobierno. El Tribunal Supremo ha pedido
el suplicatorio para su primer Ministro de Interior, su segundo
Ministro de Interior ha sido imputado por malversación de fondos
reservados, el Senado, en uso de sus atribuciones
constitucionales,ha creado la Comisión de Investigación sobre el
asunto GAL (Rumores.) y esta misma Cámara ha devuelto los
Presupuestos Generales



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del Estado que el Gobierno ha presentado. (Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, guarden silencio!



El señor AZNAR LOPEZ: Son, señorías, cuatro buenas razones para
evidenciar que su táctica dilatoria no siempre tiene los
resultados con que cuenta.

Hoy, objetivamente, usted está en peor posición que si hubiera
comparecido la primera vez que esta Cámara se lo exigió. La
Cámara se lo exigió entonces y todos los grupos han mantenido la
exigencia porque se trataba y se trata de dar cuenta de una
conducta personal suya, de unas conversaciones personales suyas,
y tal circunstancia exigía que se diese la cara sin
intermediarios. (Rumores.) Tanto más, señorías, cuando se
suscitan dudas acerca de una iniciativa tan asombrosa como que el
Presidente del Gobierno de España reciba en su despacho al
abogado de unos particulares incursos en causas penales. (Varios
señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
Después de escuchar su intervención, señor González, tenemos
muchísimas dudas sobre que esa reunión fuese, en todo caso, lo
que se puede calificar como un acto propio de Gobierno. Pero, sin
duda, esa reunión constituye en sí misma un desatino. Intriga,
señorías, el averiguar qué circunstancias tan excepcionales
aconsejaron al señor González a hacer algo tan contrario a su
estilo. Estábamos acostumbrados a oírle decir que cualquier
circunstancia, cualquier escándalo que afecte a su Gobierno se
enteraba el señor González por la prensa, y sorprende que en esta
ocasión se haya mostrado usted tan implicado. (Rumores.--Varios
señores Diputados de los bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
Constituye una excepción en su comportamiento que carece de
precedentes. Insisto en que es preocupante, señorías, imaginar el
grado de inquietud que pudiera obligarle a alterar esa regla de
conducta. Sin ir más lejos, señor González, le hemos escuchado a
usted en muchas ocasiones manifestar que, por ejemplo, el señor
Roldán tenía en su poder importantes secretos de Estado. ¿Acaso
esa convicción le ha llevado a usted a entrevistarse con el
abogado del señor Roldán y proponerle algún arreglo? (Rumores.--
Aplausos.) No sabemos que usted haya adoptado alguna otra
iniciativa tan singular para recuperar los secretos de Estado que
obrasen en poder del Director de la Guardia Civil, que durante
tanto tiempo gozó de su confianza.

Decía, señorías, que dudaba y dudábamos de la calificación de
acto propio de Gobierno de su entrevista del pasado 23 de julio.

Y dudo que puedan calificarse de actos propios de Gobierno los
numerosos contactos exploratorios, diálogos, negociaciones,
conversaciones, paseos, como se quiera llamar, mantenidos desde
abril hasta no se sabe cuándo. (Un señor Diputado: ¡Damborenea!)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor AZNAR LOPEZ: Por no saber ni siquiera sabemos si
continúan o si, por el contrario, han llegado a buen fin.

Y tras escuchar su intervención, señor González, me asalta la
duda de si su conducta fue, como usted dice, la propia de un
Presidente del Gobierno que está en una entrevista defendiendo
los intereses generales, o más bien fue la de un particular que
acude acompañado de su asistencia letrada --en este caso el señor
Ministro de Justicia e Interior-- a convenir voluntades con el
abogado de otra parte que está en condiciones de dañar sus
intereses particulares (Fuertes aplausos.--Rumores.) Tenemos esta
duda. Y esa desagradable sospecha es imposible alejarla repasando
la crónica, señorías, de los interminables zascandileos
negociadores del Ministro de Justicia e Interior, del Director
del Gabinete de la Presidencia, de distintos responsables del
Cesid o del propio Presidente del Gobierno. Señorías, ni un
aventurero de la especulación ni un funcionario desleal pudieron
soñar nunca en llegar tan arriba, ni el decoro de la Presidencia
del Gobierno de España debió nunca bajar tan abajo. (Varios
señores Diputados de los bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien!--
Aplausos.)
Se nos dice y se nos cuenta que ha sido la defensa de la
seguridad del Estado, valor al que nadie puede permanecer
indiferente, el único móvil que ha guiado sus pasos y los pasos
del Gobierno. Con tal apelación claro es --y no lo critico-- que
a la vez que se busca la más digna de las coartadas se permite
cuestionar, naturalmente, incluso acusar de criterios partidistas
a quienes cuestionan sus actos.

Pues bien, si analizamos con atención el argumento de la
seguridad, no cabe en sí misma, y después de oírle aún más, señor
González, mayor exhibición de incompetencia e irresponsabilidad
que la que suponen unos servicios de inteligencia en los que es
posible semejante sustracción. (Rumores.) Más le hubiera valido
emplear la diligencia que movilizó para su recuperación en evitar
el robo. Porque ¿qué sentido tiene, señorías, con las técnicas
modernas de reproducción, empeñar tan indecorosos esfuerzos en
recuperar un mero soporte físico? ¿Qué garantías podían ofrecer
unos presuntos delincuentes de no hacer un uso posterior nocivo
de las copias que retuvieran de esos documentos? Pero sobre todo,
señor González, ¿cuándo se enteró usted de la sustracción de los
documentos del Cesid? ¿Se enteró en junio, cuando se lo contó a
usted el señor Santaella o, como era su obligación, se enteró
usted hace cuatro años cuando se descubrió la sustracción?
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores.) Porque,
señorías, si es cierto que la divulgación de tal documentación
representa una amenaza intolerable para la seguridad del Estado,
deberá aceptarme que llevamos cuatro años a la intemperie en
semejante inseguridad,... (Muy bien.--Muy bien!) Y sorprende,



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señorías, que la alarma no haya surgido hasta ahora. ¿Por qué no
actuó usted desde el principio, en consonancia con la entidad de
la amenaza a la que ahora se acoge? Supongamos, señor González,
que usted no haya advertido la trascendencia de estos documentos
hasta su entrevista de junio, y le reitero la pregunta: ¿qué ha
hecho usted entre junio y octubre aparte de negociar? Si no ha
hecho nada, señor González, o estamos ante una demostración de
inconsciencia absolutamente inconcebible, o hemos de pensar que
no era exactamente la seguridad del Estado la que estaba
amenazada, sino otras seguridades menos respetables. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.--Rumores.) Y es que la
verosimilitud conspira contra sus explicaciones, señor
Presidente; la verosimilitud nos conduce a pensar que no era la
recuperación del material, sino el compromiso formal de su no
divulgación el único objeto de tales tratos.

Señorías, yo quiero decir bien claro que ni la supuesta altura de
miras de preservar la seguridad, ni la búsqueda de la eficacia en
la neutralización de la divulgación de los secretos, puede
justificar que el Presidente del Gobierno de España se enredase,
personal y directamente, en el trapicheo con dos presuntos
delincuentes... (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--
Algunos señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Rumores)
...salvo que, lo que aún sería más grave, cediera usted a la
exigencia del letrado de unos encausados, y su participación en
esa reunión fuera inexcusable, porque la magnitud de los
compromisos que se pretendiese no fuese suficiente para
alcanzarlos el aval de su Ministro de Justicia e Interior, sino
que se necesitase su aval personalísimo. Y desde luego, señor
González, no podemos encontrar otra virtud en esa entrevista,
sino la de que al menos, por una vez, y tal vez sin que sirva de
precedente, no nos podrá usted decir que se enteró de esa
entrevista por los periódicos. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor AZNAR LOPEZ: No es esta la primera ocasión en que debe
usted subir a la tribuna, a remolque, a repetir argumentos que
antes ya había pronunciado en esta misma tribuna un comisionado
suyo. El pasado día 21 de junio, a propósito del escándalo de las
escuchas del Cesid, el entonces Vicepresidente del Gobierno vino
aquí a ofrecernos unas divulgaciones muy instructivas sobre el
espacio radioeléctrico, y me reconocerá que aquel asunto está
estrechamente vinculado con el que esta tarde nos ocupa. Pues
bien, sólo ocho días más tarde, el día 29 de junio, se dignó
usted comparecer ante el Pleno de esta Cámara. La razón formal de
la demora era la evolución de las investigaciones en curso. Pero
es llamativo, señor González, que su entrevista con el señor
Santaella se produjera el día 23, es decir, seis días antes de su
comparecencia. Subrayo: la entrevista que nos ocupa se produjo
dos días después de la comparecencia del señor Serra y seis días
antes de la suya. Salvo explicaciones que hasta ahora no se han
dado, esa secuencia de fecha nos invita a suponer que el señor
González necesitaba la información que podía proporcionarle
aquella entrevista para ofrecer otra explicación a la Cámara, o
incluso para decidir acerca de los ceses del Vicepresidente y del
Ministro de Defensa. (Rumores.) Y quiero recordar a SS. SS. y
quiero recordarle a usted, señor González, cómo concluyó usted su
intervención el día 29. Dijo usted literalmente: En democracia,
señorías, la responsabilidad política sólo es imputable de forma
directa, sólo es defendible cuando se puede vincular el ejercicio
de un cargo público con irregularidades que manifiestamente
debiera haber conocido o evitado. En el caso de los dos miembros
del Gobierno, no se produce esa circunstancia.

Pues bien, señor González, dejando a un lado el benévolo concepto
que usted tiene de la responsabilidad política, no sólo eran
aquellos dos miembros del Gobierno sino usted mismo quien conocía
en aquel momento y con toda precisión el alcance de las
irregularidades del Cesid, irregularidades que llegaban mucho más
allá de la revelación de las escuchas ilegales, circunstancia,
por cierto, que usted ocultó al Parlamento. En una palabra, no
dijo usted la verdad el pasado 29 de junio, y estaba plenamente
incurso en su propio concepto de la responsabilidad política.

(Rumores.)
Aun a pesar de todo ello, señorías, durante todo este tiempo se
ha atrevido usted a emplazar a la Cámara a que manifestase cada
uno de qué lado estaba; pues es claro, mientras unos estábamos
pidiéndole cuentas de sus actos, usted y su Ministro de Justicia
e Interior andaban en maquinaciones con el abogado de unos
presupuestos delincuentes (Rumores.) Y mientras el Parlamento
velaba por la Constitución y por el Estado de Derecho, usted,
como ha dicho aquí esta misma tarde, prestaba oídos a un abogado
de dos presuntos delincuentes sobre exigencias que afectaban a la
independencia del Poder Judicial, a la autonomía del Banco de
España o a la neutralidad de la Agencia Tributaria. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)
Ha pretendido usted ofrecernos una versión de las cosas como
aquel que se demuestra como un irreprochable defensor de los
intereses del Estado. Se empeña prácticamente en convencernos de
que asistimos claramente al triunfo de la virtud y nada más lejos
de la realidad. Estamos ante una maniobra fallida que hemos
conocido precisamente porque ha resultado fallida. De ahí que sea
un sarcasmo que usted pregunte a cualquiera de qué lado está,
porque la entrevista con el señor Santaella en la Presidencia del
Gobierno, señor González, demuestra bien a las claras de qué lado
está usted; y lo demuestra porque no es un episodio aislado, sino
una muestra elocuente de toda una época y de todo un estilo de
gobierno. Un estilo de gobierno, señorías, basado en la confusión
deliberada entre lo público



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y lo privado, entre la permanencia de una institución y la
contingencia de la persona que la encarna, entre la objetividad y
neutralidad propias de los órganos del Estado y la parcialidad de
los titulares que circunstancial e interinamente los desempeñan.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor AZNAR LOPEZ: Un estilo de gobierno donde es una
constante la tendencia a disminuir, a neutralizar o a reducir
todas las limitaciones, los controles, los contrapesos de su
poder, provengan esos del Parlamento, de la Justicia, de la
opinión pública vertebrada por los medios de comunicación, o
simplemente del ordenamiento legal.

El empleo partidista de los aparatos de inteligencia del Estado;
el uso desviado de los fondos públicos de carácter reservado en
el Ministerio del Interior y en la Presidencia del Gobierno; el
recurso a procedimientos anómalos en la lucha antiterrorista; la
financiación irregular de su partido, eran las consecuencias
previsibles de su marcha por el camino orientado a ensanchar...

(Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!



El señor AZNAR LOPEZ: De su marcha por un camino orientado a
ensanchar... (Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Un momento, señor
Aznar. ¡Silencio! Señorías, ruego guarden silencio. ¡Señor Marcos
Merino, le llamo al orden!
¡Guarden silencio!
Puede continuar, señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Es decir, un estilo de gobierno en el que
el poder se interpreta como una licencia para situarse por encima
o al margen de las reglas del juego.

No es ninguna casualidad que la pérdida de la mayoría, aun
suplementada en muchas ocasiones por un auxilio que a veces ha
sido fronterizo de la complicidad, haya hecho aflorar con
intensidad los escándalos, los abusos y las corrupciones que
jalonan su mandato hasta identificarlo y definirlo. Pero el que
ahora se revelen en toda su crudeza, no debe hacernos olvidar que
hunden sus raíces en actitudes o decisiones que usted y los suyos
adoptan desde su misma llegada al poder. Hoy tenemos que
ocuparnos de una sorprendente conversación suya, y ése es,
desgraciadamente, el asunto que concita el interés de la opinión
pública en este Parlamento. Pero, antes tuvimos que hacerlo sobre
el asunto GAL, y, antes sobre las escuchas del Cesid, y, antes,
sobre la fuga y captura del Director de la Guardia Civil, como
tendremos que hacerlo en breve ocasión sobre el suplicatorio de
quien fuera su Ministro del Interior durante seis años. Esta no
es la situación normal en la vida política de una democracia,
señor González; esto sí que no tiene parangón en ningún país.

Esta no es la situación normal y deseable a la que los españoles
tienen derecho.

Señorías, yo creo, nosotros creemos, que existe una forma de
gobernar normal bien distinta de la suya, no diré que sea fácil,
porque habrá que recuperar mucho tiempo perdido, pero no creo,
señorías, que sea un imposible restituir toda su vigencia a
aquellos controles y contrapoderes que un gobernante debe
estimular en lugar de cohibir. No me parece imposible, señorías,
imaginar unas relaciones con el Poder Judicial que no se instalen
entre la sumisión o la greña. No me parece imposible restituir a
la política el crédito y la confianza de que disfrutaba hace
años. No creo, señorías, en ninguna maldición histórica que os
condene inexorablemente a la corrupción o a la ineficacia.

Creemos en nuestro pueblo sin complejos y en nuestra democracia
con libertades vivas; creo en una recuperación moral capaz de
devolvernos la entereza y la esperanza de futuro, y si,
desgraciadamente, tenemos que hablar de lo que estamos haciendo,
la culpa, señorías, no es de ningún grupo de esta Cámara, la
culpa es de su forma de gobernar. No es la culpa de nadie, de
nadie que pertenezca a ningún grupo,... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor AZNAR LOPEZ: ...de ningún grupo. No es la culpa de
nadie, señorías, que haya reclamado su comparecencia, y, desde
luego, ni es la nuestra, ni sería nuestro deseo, como no es el
deseo de la mayoría de los españoles, tenerse que ocupar de estas
cosas. Mi deseo, y creo que el de la mayoría de los españoles, es
que sea verdad que los intereses generales de nuestro país
siempre prevalecen sobre los particulares, que la Presidencia del
Gobierno no se convierte en una trinchera, y que siempre reine la
convicción de que mucho más importante que ocupar un cargo es
sencillamente sacar el país adelante.

Muchas gracias.

(Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.--Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Aúpa, aúpa!--Risas.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías, silencio!
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en cuatro meses se ha visto obligado el señor González
a comparecer tres veces ante esta Cámara para hablar de
actuaciones, actividades



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y prácticas de gobierno de su Presidente o de organismos del
Estado que en unos casos han sido flagrantes violaciones de la
Constitución y en otros gravísimas irregularidades, cuando no
graves imputaciones de delito, cometidas por distintas personas y
distintos colectivos. Estas tres comparecencias se enmarcan y se
fundamentan en las mismas cuestiones: el terrorismo de Estado de
los GAL y la malversación, fraude y apropiación indebida de
fondos públicos presupuestados como fondos reservados.

El 29 de junio compareció S. S., señor Presidente del Gobierno,
para dar explicaciones sobre la violación por parte del Centro
Superior de Información de la Defensa del artículo 18, apartado
3, de nuestra Constitución en lo que hace referencia al secreto
de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. El
día 27 de julio volvió a comparecer para responder a las graves
imputaciones hechas por el señor García Damborenea a S. S. acerca
de su responsabilidad máxima en la organización y desarrollo de
los GAL. Y hoy ha vuelto a comparecer para explicar los
encuentros habidos en el Palacio de la Moncloa entre usted, como
Presidente del Gobierno, y el Ministro de Justicia e Interior, de
una parte, y el abogado de los señores Conde y Perote, señor
Santaella, de otra. Entrevista de la que hemos tenido
conocimiento por los medios de comunicación.

Oída la intervención de S. S. hace unos momentos, puedo afirmar,
en nombre de mi Grupo Parlamentario, que hay un denominador común
en las tres comparecencias. Primer elemento común: en las tres
ocasiones, S. S. se ha resistido a venir y lo ha hecho obligado,
siempre, por las reiteradas y unánimes peticiones hechas por la
oposición.

La segunda característica común: en el tiempo que ha mediado
entre dichas comparecencias, S. S. ha lanzado y ha alentado en
declaraciones públicas la tesis de que estábamos ante una
conspiración, ante un asalto al Estado democrático o ante una
conjura contra las instituciones. Y estas afirmaciones se han
transformado aquí, en el debate con los representantes de la
soberanía nacional, en vagas alusiones a presiones sobre el
Gobierno. Es decir, S. S. ha creado una atmósfera de tensión, de
temor, que ha sumergido a una parte importante de nuestra
sociedad en la confusión y en el reparo; todo lo contrario de lo
que un gobernante democrático debe hacer. Esta tarde ha hablado
del pulso al Estado, pero no ha dado ningún dato; simplemente ha
vuelto a utilizar la técnica del miedo, sin ningún dato.

En las tres ocasiones --y ésta es la tercera característica--, el
señor Presidente de Gobierno ha despachado los asuntos con
negativas y evasivas, sin entrar nunca en el fondo de la
cuestión. No va a pasar a los anales de esta Cámara la
intervención del señor Presidente del Gobierno. Ha copiado
párrafos enteros de la intervención del señor Belloch del día 5
de octubre. Todo un Presidente de Gobierno lo ha confesado: No
podré añadir nada a lo que ha dicho el señor Ministro del
Interior. Pero después, en todas las comparecencias, al terminar
los debates, o incluso antes, los hechos del Gobierno y los datos
de la realidad se encargaban de desmentir la inconsistencia del
discurso de S. S.: dimisión de los señores Serra y García Vargas;
encarcelamiento del señor Perote; ceses de funcionarios; o el
asunto que hoy nos trae aquí, las conversaciones con el señor
Santaella.

Pero en esta ocasión, señoras y señores diputados, señor
Presidente del Gobierno, en este debate hay ya toda una serie de
hechos acumulados que le dan una especial trascendencia y una
especial importancia a dichas conversaciones. Vamos a hacer un
sucinto relato. Primero: la publicación de documentos en los que
se demuestra la falsificación de pruebas judiciales por parte de
elementos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
referentes a la muerte de Lucía Urigoitia. Segundo: la
publicación del documento conocido vulgarmente como acta
fundacional de los GAL, que no es otra cosa, nada menos, que la
base teórica y organizativa del esquema de funcionamiento de los
GAL, un documento hecho en la sede del Cesid. Tercero: reapertura
del sumario del caso Mikel Zabalza por la aparición de denuncias
bien fundadas en torno a la muerte de dicha persona. Cuarto: las
declaraciones con acumulación de datos, referencias de lugares y
de nombres sobre las actividades violadoras de los derechos
humanos ocurridas en el cuartel de Intxaurrondo. Quinto: la
negativa, apoyada y compartida por el Partido Popular, a que se
crease una comisión para investigar los sucesos y hechos
acontecidos en dicho cuartel de Intxaurrondo. Sexto: la
resistencia, la patética resistencia, la acusadora resistencia
que el Grupo Parlamentario del PSOE y su constante compañero de
viaje, Convergència i Unió, han ofrecido a la creación de
comisiones de investigación sobre los GAL. Séptimo: la petición
de suplicatorio que el Tribunal Supremo ha remitido a esta Cámara
para que pueda ser interrogado don José Barrionuevo, un
suplicatorio del que extraemos dos reflexiones: la primera, la
fundada consistencia de las declaraciones e informaciones de
quienes vieron en un día cambiados los calificativos de
excelentes funcionarios y ejemplares servidores del Estado por el
de indignos o el de traidores cuando se decidieron a hablar. Y la
segunda consecuencia, la seriedad, el rigor y la prudente técnica
procesal llevada a cabo en la Audiencia Nacional en unas
condiciones altamente adversas por mor de campañas,
intoxicaciones y declaraciones provenientes de los aledaños del
Gobierno cuando no del Gobierno mismo.

Cuando S. S. compareció el pasado 27 de julio para contestar a
las imputaciones del señor García Damborenea ni el pueblo español
ni esta Cámara sabían que desde el 11 de abril del presente año
el Ministro de Justicia e Interior primero, técnicos del Estado
después y, en última instancia, el Presidente del Gobierno habían
mantenido y seguían manteniendo contactos y entrevistas con el
señor Santaella. ¿Era esta la conjura



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o la conspiración contra las instituciones del Estado
democrático?
En condiciones normales, señoras y señores Diputados, una
entrevista como la que nos trae aquí hoy es anómala, extraña e
inquietante. ¿Es normal que un Presidente del Gobierno reciba
casi con sigilo al abogado de dos personas como los señores Conde
y Perote? Pero en el contexto de la situación actual, la citada
entrevista es un auténtico escándalo político por la alarma que
siembra, por la perturbación que produce, por la desconfianza que
genera y sobre todo por lo que explicita: chantaje. Y aquí está
el núcleo de la cuestión: tanto las intervenciones del señor
Belloch en esta Cámara el día 5 de octubre como las de S. S. hace
sólo unos momentos no son sino un conjunto de evasivas y un uso
alambicado del lenguaje para ocultar la realidad de la situación,
y ello se debe a las consecuencias que se derivan del
reconocimiento por parte del Gobierno de que el chantaje existe y
de que se ha producido.

El señor Belloch en su intervención --y S. S. la ratifica puesto
que se ha referido a ella-- hizo las siguientes manifestaciones -
-y ruego atención a la Cámara para que sigan con atención las
palabras del señor Belloch que el señor Presidente del Gobierno
acaba de asumir esta tarde--. Primera afirmación: el Gobierno
trataba de «recuperar o neutralizar un material altamente
sensible para la seguridad de todas las ciudadanas y de todos los
ciudadanos». Segunda alusión: había en los interlocutores del
Gobierno un propósito «no conseguido, de tratar de condicionar la
actividad y las decisiones de distintas instituciones del Estado,
incluido el Gobierno». Tercera afirmación: los contactos
concluyen cuando se pueden recuperar los materiales porque no se
debía «ceder a ninguna de las peticiones que le son formuladas».

Cuarta aseveración: los límites de la negociación eran «someterse
a la ley y no aceptar presiones que le sitúen fuera de ella». Y,
por último, cuando se afirma que se terminan las negociaciones se
dice que era debido --y utiliza el señor Belloch la siguiente
expresión-- a la presión intolerable.

Señorías, el Diccionario de la Real Academia define al chantaje
con dos acepciones. Primera: amenaza de pública difamación o daño
semejante que se hace contra alguien a fin de obtener de él
dinero u otro provecho. Segunda acepción: presión que, mediante
amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en
determinado sentido.

Señorías, ante la evidencia de que el Gobierno ha estado y sigue
estando sometido a un chantaje surgen dos preguntas que paso a
hacer y a responderme yo mismo. Primera, ¿por qué el Gobierno se
niega a reconocer que hubo chantaje? Segunda, ¿con qué
información podía ser chantajeado el señor González? Si el
Gobierno reconoce que hay chantaje tiene la obligación, estando
además presente el señor Ministro de Justicia e Interior, Notario
Mayor del Reino, a proceder inmediatamente contra los
chantajistas, y ello le lleva necesariamente a un procedimiento
legal en el que los contenidos del chantaje se tienen que hacer
públicos por imperativo del propio procedimiento legal, cosa que
aterroriza al Gobierno y a su Presidente. De ahí que el señor
Belloch dijera en su comparecencia: en los contactos mantenidos
no se han podido acumular evidencias o material probatorio que
justifique la denuncia del Gobierno ante las instancias
judiciales. Cogidos en la trampa que se deriva de sus actuaciones
prefieren callar y negociar porque lo ven menos peligroso que
denunciar los hechos y proceder judicialmente contra los
chantajistas, como sería su obligación.

La segunda parte, la segunda pregunta. Se le imputa al señor
Perote la posesión y difusión de material del Cesid. Esa
afirmación, unida a las conversaciones, quiere inducir a pensar
que las informaciones con las que se chantajea derivan de los
datos en posesión del coronel Perote.

Señorías, en noviembre de 1991 el coronel Perote se va del Cesid
y se lleva «inadvertidamente» 1.245 microfichas que entrega al
mes siguiente en el Cesid. Las tiene un mes en su poder. Según se
ha dicho aquí por parte de los señores Serra y González el
Gobierno no se entera de esta cuestión hasta que estalla el
escándalo de las escuchas en junio de este año, y las reflexiones
son obvias. Primero, ¿el Gobierno no ha tenido tiempo en tres
años y medio, señor Presidente del Gobierno, para modificar
situaciones, personas, estructuras, a fin de preservar el secreto
de las actividades del Cesid? A no ser que el señor Manglano no
informase al Gobierno cuando el coronel Perote se llevó los
documentos. Pero el señor Presidente del Gobierno ha alabado aquí
al señor Manglano. Por tanto, yo tengo que deducir que el señor
Presidente del Gobierno ha empezado a negociar tres años y medio
después de que un material esté en la calle.

Segunda interrogación. ¿Es que en tres años y medio no se han
podido reproducir cientos de miles de veces las famosas 1.245
microfichas? Tercera. ¿Es que se pensó que se tenía garantizado
el silencio y la discreción del coronel Perote? Si todo ello es
así, que este Gobierno en pleno dimita, pero simplemente por la
ineptitud de todos sus miembros, empezando por la cabeza, el
Presidente del Gobierno.

La cuestión es otra, señoras y señores Diputados. Lo que está en
el centro del chantaje es una información altamente sensible,
pero para el Gobierno y para su Presidente. Estoy diciendo que se
trata de otra información que no tiene nada que ver con los
materiales que, oficialmente, se consideraron sustraídos por el
coronel Perote: las 1.245 microfichas. ¿De qué información
podemos estar hablando? Operemos con la lógica del descarte de
hipótesis. En principio, no puede ser material relacionado con la
seguridad militar de nuestro país ni la de sus aliados, y ello se
infiere de las garantías que públicamente el Presidente del
Gobierno dio a la OTAN. No consta, por otra parte, en ninguna



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de las declaraciones públicas ni en cualquier otro lugar, ninguna
alusión a la persona del jefe del Estado.

Queda la conclusión lógica del razonamiento, una conclusión
lógica avalada no sólo por el propio razonamiento sino por la
acumulación de informaciones, evidencias y datos que en cantidad
ingente aparecen todos los días. Y una prueba más son las
múltiples contradicciones en las que incurren todos y cada uno de
los que vienen a esta tribuna a dar explicaciones en nombre del
Gobierno. El objeto del chantaje no es otro que información
altamente sensible sobre el Gobierno y la persona de su
Presidente; informaciones, documentos y datos que se enmarcan en
la responsabilidad de los GAL, los fondos reservados y la
violación de derechos humanos en las dependencias policiales. No
sabemos si hay otros.

Señorías, de todo lo anterior sacamos las siguientes
conclusiones. Primera, la fuerza del chantajista radica en la
debilidad del chantajeado y dicha debilidad está en proporción
directa con la gravedad de las informaciones que posee el
chantajista. Segunda, en absoluto estamos ante ningún asunto que
afecta a la seguridad del Estado, sino ante pruebas de una acción
de Gobierno que ha conculcado preceptos importantes del Estado
social y democrático de Derecho. Tercera, que ello exige, junto
con la clarificación, la depuración inmediata de
responsabilidades políticas, y ello se concreta en una cadena de
dimisiones que tienen su primer eslabón en la del Presidente del
Gobierno.

Un Gobierno, señorías, puede equivocarse, puede cometer errores,
puede mantener una línea política no adecuada a los momentos en
que se vive. Todo ello es opinable, primero, y verificable,
después, tanto en el tiempo como con los resultados de la acción
de Gobierno en la mano, lo que un Gobierno no puede hacer es
seguir ejerciendo careciendo absolutamente de toda credibilidad.

La credibilidad es el soporte de la autoridad. Sin credibilidad
la autoridad deviene en autoritarismo, y ello origina la
confusión entre gobernar y mandar. La credibilidad es el sustento
de la confianza mínima que una sociedad necesita tener en sus
gobernantes. La credibilidad es la condición indispensable para
intentar en momentos difíciles establecer un diálogo con otras
fuerzas políticas, para remontar una grave situación económica
social, política y moral. La credibilidad es el fundamento mismo
de la relación, del diálogo y del acuerdo. Dialogan los que se
reconocen como detentadores de valores y prácticas mínimamente
coherentes. Nadie dialoga con el caos, la confusión o el
oscurantismo. La credibilidad se asienta en la transparencia, en
la limpieza y en la claridad. La credibilidad moral y ética del
gobernante y del político es la que cimenta el diálogo de la
democracia. La credibilidad es la que hace que la democracia sea
un convenio permanente para seguir permanentemente conviniendo.

El Presidente del Gobierno planteó el 27 de julio en esta Cámara
los cuatro pilares políticos sobre los que, a su juicio, se
asentaba la lucha contra el terrorismo. El primer pilar, según
él: la acción de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
y de la Ertzaintza. El segundo pilar: la unidad de las fuerzas
políticas democráticas. El tercero: la cooperación internacional.

El cuarto: el aislamiento social de los terroristas. Es cierto;
pero le faltó uno importante. A nuestro juicio falta el
siguiente: la autoridad moral y el ejemplo.

El Estado social y democrático de Derecho se resiente en su
autoridad cuando incurre por vía de la acción gubernamental en el
terrorismo de Estado y cuando se entrega, permite o se inhibe de
prácticas no concordes con los derechos humanos, ni con la recta
y honesta administración de los fondos públicos. Los GAL y otras
actividades concomitantes, como las anteriormente reseñadas,
sirven de apoyo objetivo a ETA. Su señoría lo afirmó en el debate
del 27 de julio cuando dijo que la actividad de los GAL, y ahora
vienen sus palabras, «alimentaban la justificación ideológica de
los terroristas de ETA». Y la autoridad moral nace del ejemplo.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Estoy acabando.

Porque en política, como en cualquier otra actividad, el
magisterio del ejemplo es la pieza clave sobre la que se sustenta
la autoridad moral y el ejercicio de la misma en la acción de
gobernar. La autoridad moral es la que permite unir, en síntesis
creadora y eficaz, los principios de legalidad y de legitimidad.

Nuestra fuerza política lleva meses y meses insistiendo en que
hay problemas graves en nuestro país que deben ser abordados de
inmediato y con el mayor respaldo político posible, si queremos
dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una España vivible y
habitable. Pero mientras esta situación no termine, no se depuren
las responsabilidades políticas --que las penales llevan su
curso--, estaremos impedidos y dificultados para poder abordar
dicha tarea con un mínimo de garantía y un mínimo de éxito.

España, el Estado español, las ciudadanas y los ciudadanos
necesitan de una propuesta de futuro. Una propuesta de futuro en
líneas políticas y programáticas que en las perspectivas de los
próximos diez o quince años marquen prioridades sobre el empleo,
sobre el cambio climático y la desertización de nuestro país,
sobre la ética y la regeneración de la moralidad pública. Es
urgente acometer la auténtica modernización de España, que no es
otra cosa que el cumplimiento de los derechos humanos y, para
comenzar, el desarrollo consecuente de nuestra Constitución, la
de 1978. Y para ello hay que dialogar y hay que convenir. Y para
dialogar y convenir hay que priorizar los intereses de la mayoría
sobre los inmediatos de grupo o de partido. Y para ello hay que
establecer la limpieza y la claridad en la atmósfera política
española. Y será posible hacerlo si la sordidez que se aferra,
contra viento y



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marea, al mantenimiento de las posiciones políticas y al
mantenimiento de las prebendas personales cede a un gesto de
grandeza política y de valor cívico: la asunción de
responsabilidades políticas por parte del Presidente y de su
Gobierno. El mejor servicio que le puede usted hacer, señor
González, a su país es dimitir y ayudar a limpiar las causas que
generan la pesada atmósfera política de estos tiempos. A partir
de ahí, se puede abrir otra situación. (Aplausos.)
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorías.

Comparece hoy, señor Presidente del Gobierno, para informar a la
Cámara respecto a las entrevistas que usted personalmente y otros
miembros de su Gobierno mantuvieron con los representantes
legales de los supuestos responsables de la sustracción de
materiales del Cesid.

Primer hecho, a nuestro entender, sorprendente y también grave,
que merece la pena resaltar, es que estas entrevistas se
produjeron entre los meses de febrero o abril y junio --la suya
personal, señor Presidente--, fueron conocidas a través de los
medios de comunicación a mediados de septiembre, y no es hasta
hoy, 8 de noviembre, cuando comparece ante esta Cámara para dar
cuenta de las mismas. Conoce ya nuestra opinión, que hoy
reiteramos, de que esa actitud por su parte nos parece no sólo
profundamente equivocada, por sus negativas consecuencias para
usted y para su Gobierno, sino también nocivas para una
convivencia democrática en la cual el control de la Cámara a la
actividad del Gobierno es pieza fundamental.

Obviamente, y con todo el respeto que nos merece cualquier
miembro de su Gobierno, en esta ocasión y para dar cuenta de
estos hechos, el Gobierno no podía estar representado más que por
su Presidente, por ser él quien mantuvo, por lo menos, una de las
entrevistas sobre las que el Gobierno da cuenta en esta
comparecencia. Está claro, señor Presidente, que el Presidente
del Gobierno puede hablar para defender o dar explicaciones, para
representar, en definitiva, a cualquier miembro del Gobierno,
pero que la inversa no es cierta. Ningún miembro del Gobierno
puede dar explicaciones en nombre del Presidente de hechos o
actuaciones realizadas por él mismo. Sólo él puede y debe darlas.

Bueno hubiera sido, señor Presidente del Gobierno, que su
sensibilidad democrática, que no discuto, no hubiera necesitado
de tanto tiempo para descubrir esta obviedad.

Así pues y aunque tarde, comparece usted, señor Presidente, para
dar cuenta de lo que, a nuestro entender, es un cúmulo de
errores, suyo particular, alguno, o del Gobierno que usted
preside. Como le suele suceder al Gobierno que usted preside,
señor González, los lodos de hoy traen causa en lluvias de hace
años. Tal parece que el dique que mantenía las aguas se rompió y
hoy les ahogan no sólo en su antigua capacidad de ilusionar sino
incluso en la de simplemente actuar.

En todo caso, los hechos parecen remontarse, según su propia
versión, a los años 1981/1991, al funcionamiento irregular en
algunos aspectos del Cesid, y sobre todo a los errores en el
control de la información de ese mismo centro. No me extenderé,
señor Presidente, en estos extremos, ya lo hicimos en su momento,
pero sí quiero recordar que para nuestro Grupo Parlamentario no
hay error mayor ni de consecuencias tan letales para un centro de
inteligencia y seguridad que los errores en el control de la
propia información de ese centro. Que nosotros conozcamos, no
existen precedentes en ningún país de nuestro entorno en el que
un servicio homónimo a nuestro Cesid tenga en oferta en el
mercado el resumen de su actividad secreta de un período de 10
años.

Tres errores, pues, de esa época: error al autorizar actuaciones
irregulares en el espacio radioeléctrico, error al no comprobar
el cumplimiento de la orden de destrucción del material grabado y
error, finalmente, en la custodia de información confidencial,
que permite al coronel Perote sustraer, presunta y
distraídamente, información altamente comprometedora, no tanto
para el Gobierno, como sostienen algunos, sino también, a nuestro
entender, para la seguridad y, sobre todo, la solvencia del
Estado. Porque como usted mismo recordaba en su intervención, y
en palabras del Ministro Belloch en su comparecencia del pasado
día 5 de octubre, los documentos sustraídos ponen en cuestión, a
nuestro entender, insisto, no sólo la seguridad del Gobierno,
sino también la del Estado y su solvencia.

A partir de ese momento, señor Presidente del Gobierno, entramos
en la parte no sólo más confusa, por las informaciones
contradictorias que el propio Gobierno aporta, sino también de
consecuencias más graves, no sé si para la estabilidad
democrática, como algunos apuntan, aunque sí seguro para la
estabilidad política. Informaciones contradictorias que producen
confusión y que han existido en la propia información del
Gobierno.

Así, en el Pleno del 21 de junio, el Vicepresidente Narcís Serra,
como conclusión a su intervención, afirmó textualmente que la
acción delictiva de difusión de información clasificada ha podido
ser instada por terceras personas, con finalidad que sólo ellas
conocen con detalle, pero que con toda seguridad persiguen su
instrumentalización política y también, por qué no decirlo
--dijo el señor Serra en esa intervención-- su utilización
eventual en operaciones de extorsión o de alteración de normales
relaciones económicas, empresariales, políticas o jurídicas. Esta
clara insinuación de una posible actuación conspiradora hacia el
Gobierno, por parte de quienes tuvieron acceso a la información
clasificada, se producía justo dos días antes de que el propio
Presidente



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del Gobierno recibiera en su despacho oficial a Jesús Santaella,
que acudía precisamente en representación de quien tenía en su
poder la mencionada información clasificada.

Si a juicio del Vicepresidente del Gobierno se tenía la seguridad
de una instrumentalización política y posibles extorsiones, es
difícil justificar que se accediera a la posibilidad de mantener
un contacto directo de esas personas con el propio Presidente del
Gobierno, como realmente ocurrió. Y más si se tiene en cuenta que
la citada afirmación del Vicepresidente señor Serra se producía
meses después de que ya se hubiesen producido contactos del señor
Santaella con el Ministro señor Belloch, según afirmó el propio
señor Ministro en su comparecencia del pasado día 5 de octubre.

De esta manera, se insinúan actuaciones de gran gravedad por
parte de las mencionadas por el señor Serra terceras personas y
paralelamente existen, desde hace meses --desde febrero según los
medios de comunicación y desde abril con el propio señor Ministro
Belloch, según reconoce él mismo--, contactos del Gobierno con
las mencionadas personas, contactos que no cesan hasta el mes de
septiembre, cuando se habían producido ya dos comparecencias del
propio Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Una
primera el 29 de junio, seis días después de la entrevista que
había mantenido con el señor Santaella, sin que el Presidente, en
tal intervención parlamentaria, aludiera a ningún tipo de
conspiración. Y una segunda el 27 de julio de 1995, en la que sin
reconocer expresamente la conspiración sí que afirmó la necesidad
--y cito textualmente-- de hacer una resistencia democrática
frente a los calumniadores, afirmando también que cuando la
acción de la justicia se produzca, se restablezca la verdad y
queden en su lugar los calumniadores; la opinión pública,
obviamente, también caerá en la cuenta --decía-- del montaje que
estamos viviendo en estos meses de la vida española.

No obstante, y a pesar de las graves insinuaciones que el
Presidente realizaba ante el Pleno, en septiembre continuaron los
contactos, tal y como reconoció en su comparecencia del pasado
día 5 el Ministro Belloch. Como continuación de estas
contradicciones, el reconocimiento de una pretendida teoría de la
conspiración por parte del Presidente del Gobierno, el día 4 de
octubre, y en respuesta a una pregunta parlamentaria, advertía
que «en ningún caso me he sentido chantajeado». A pesar de
admitir la existencia de entrevistas no admiten que se hubiera
producido ninguna negociación ni ninguna cesión a cualquier tipo
de presión.

No obstante, al día siguiente, el 5 de octubre, el señor Belloch
afirmaba que en la entrevista mantenida con los abogados de Mario
Conde y Perote, el día 1 de septiembre, pidieron que, bien el
Gobierno directamente, bien mediante intervención de un tercero,
se satisfaga al señor Conde una importante suma de dinero --
14.000 millones de pesetas nos recordaba hoy mismo el señor
Presidente del Gobierno-- en concepto de reparación de los
perjuicios que le ha ocasionado la intervención de Banesto, de
modo que logre recuperar la situación patrimonial que tenía en el
momento de la intervención. Por tanto, sí se plantearon
negociaciones, con independencia de si se accedió o no a las
peticiones concretas
Asimismo, a pesar de que don Felipe González el 4 de octubre
negaba expresamente ser objeto de chantaje, al día siguiente de
esta negociación el Ministro Belloch reconocía que, ante la
negativa del Gobierno a conceder lo que los abogados de Conde y
Perote le exigían --y cito también textualmente las palabras del
señor Belloch--, cada frustración fue seguida del inevitable
nuevo éxito informativo del laborioso periodismo de
investigación, y afirmó también que «podemos observar que las
apariciones, siempre en los mismos medios de comunicación, de
información pretendidamente desestabilizadora y frecuentemente
manipulada, va unida siempre a demandas, sugeridas al Gobierno y
no atendidas por éste, de los imputados», afirmando también en la
misma sesión que «los corruptos están dispuestos a utilizar toda
clase de mecanismos legales o ilegales, fraudulentos o de
cualquier tipo».

Si analizamos todas estas declaraciones, todos los hechos así
descritos, debe concluirse que el Gobierno, aun actuando con
buena fe en sus objetivos, en los que no deseo entrar, ha
acumulado en estos últimos meses nuevos errores en este proceso,
porque si ya el 21 de junio el entonces Vicepresidente del
Gobierno dice tener la seguridad de que se recibirán peticiones
para alterar las normales relaciones económicas, empresariales,
políticas o jurídicas, ¿cómo puede accederse dos días después a
que las personas que podían intentar ejercer esas alteraciones
mantuvieran un contacto directo con el señor Presidente del
Gobierno? Esos contactos, señor Presidente del Gobierno, y
particularmente el suyo, al margen de ser de una gran ingenuidad,
son un grave error que ha comprometido en su actuación al propio
Presidente, si tenemos en cuenta que en ningún momento se aludió
a los mismos cuando el 29 de junio compareció ante esta Cámara,
máxima representante de la soberanía popular, para debatir por
primera vez sobre estos temas.

Por último, señor Presidente, señorías, los hechos que hoy
comentamos no son sólo un cúmulo de errores del Gobierno, sino
también, y al final de todo, un rotundo fracaso en su propia
estrategia, marcada para dar solución al problema, porque hoy,
ocho, nueve o diez meses después del primer momento en que el
Gobierno tuvo conocimiento de la existencia de esa información
altamente comprometedora, esa información sigue descontrolada, en
manos quizás de quien con ella puede alterar el normal desarrollo
de las cosas en democracia y sin que el Gobierno haya conseguido
ni tan siquiera una prueba que les permita demostrar la
existencia de esa posible conspiración.

Al hilo de esta cuestión sí quisiera, señor Presidente,
formularle algunas preguntas. Coherente con su versión



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de los hechos, el Gobierno actuó contra el que presuntamente
sustrajo documentos del CESID, y existe hoy un procedimiento
judicial en marcha al respecto, pero uno y sólo uno, nada en
contra de las personas que, de acuerdo con la versión de la
conspiración, aducida unas veces con mayor fuerza que otras por
el Gobierno, estarían incurriendo en comportamientos delictivos.

Hablaba usted, señor Presidente del Gobierno, en su intervención,
y justificaba así su entrevista con el señor Santaella, del
interés por velar por la seguridad del Estado. Es opinión de
nuestro Grupo Parlamentario que en este momento la seguridad del
Estado no reside tanto en la recuperación de una documentación
que, como ya ha sido dicho aquí, puede haber sido reproducida un
sinnúmero de veces, como en aportar pruebas respecto a esa
actuación de chantaje al Gobierno, de presión sobre el Gobierno,
utilizando precisamente esa misma documentación.

¿Existen pruebas, señor Presidente del Gobierno, al hilo de su
intervención de hoy, respecto a que el señor Conde dispone de la
información sustraída al Cesid por el señor Perote, como parece
deducirse de la investigación del Cesid, según ha afirmado usted
hoy? ¿Existen pruebas respecto a que el señor Conde posee esa
información, o bien, señor Presidente del Gobierno, esa mayor
información de que hoy nos dice disponer sobre los circuitos que
han llevado a la publicación de la información clasificada sigue
siendo insuficiente para proceder judicialmente contra los que
una y otra vez el Gobierno acusa de comportamientos delictivos?
Señor Presidente del Gobierno, si esto es así, si el Gobierno no
es capaz de encontrar las pruebas que confirmen con hechos
irrefutables la existencia de la conspiración, el Gobierno no
debe, el Gobierno no puede continuar aduciendo su existencia. Y
ello no sólo por la presunción de inocencia, que el Gobierno, con
razón, defiende para con sus propios actos y personas, que
nosotros también debemos defender y que a todos concierne, sino
además porque, de insistir en ella sin pruebas, esta Cámara,
todos los ciudadanos, deberíamos exigir a ese mismo Gobierno, a
usted, señor Presidente del Gobierno, que es quien posee en
nombre de todos las atribuciones democráticas para librarnos y
defendernos de quienes atentan contra el normal desarrollo de las
cosas, las responsabilidades por ese nuevo fracaso.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, en la
última reunión de la llamada Comisión, aunque es reunión, de
Secretos Oficiales, a la que acudió el Gobierno para dar cuenta
de la importancia de una situación de grave quiebra de la
seguridad, pudimos constatar varias cuestiones. En primer lugar,
hubiéramos agradecido la presencia del Presidente del Gobierno;
no sabemos en qué consiste la reticencia del Presidente a
comparecer en la Cámara para dar cuenta de algo que debe ser
conocido por los grupos parlamentarios para, en el supuesto de
que existiese grave alarma social, ser todos los que nos
involucrásemos en su denuncia. En segundo lugar, constatamos que
el Gobierno actúa a remolque de los acontecimientos e informa
tarde, mal y porque el núcleo de la cuestión ya ha aparecido en
los medios de comunicación social. En tercer lugar, es preciso
constatar que tras la aparición en prensa el pasado mes de
febrero de una noticia sobre las escuchas realizadas en una
reunión al ex Presidente Adolfo Suárez y al ex Vicepresidente
Gutiérrez Mellado, el Gobierno no tuvo los reflejos suficientes
para tomar la iniciativa, denunciar con contundencia los hechos y
tratar de aclarar una muy oscura situación. Cuando ya en el mes
de junio comparecen el Vicepresidente Serra y el Ministro García
Vargas se nos vuelve a dar una versión muy parcial e insuficiente
de los hechos, que en dicha reunión se nos completa con la
lectura de algunos epígrafes de notas de despacho.

Ante esta situación, hemos de decir varias cosas. En su día
mostramos nuestra reticencia al tipo de servicio de información o
de inteligencia existente. La inteligencia de un país democrático
no puede estar exclusivamente en manos militares, y se ha
demostrado que mucha jerarquía, mucho patriotismo de por medio y
mucha aparente profesionalidad a lo único que han conducido es a
una situación de total desprestigio del propio Cesid. En segundo
lugar, no nos creemos que el Cesid no supiera absolutamente nada
de la existencia del GAL. Si tuvo capacidad operativa en esos
años para crear una sólida infraestructura en el sur de Francia,
nadie en su sano juicio se cree que no se enterara de las
acciones del GAL --creemos que es una ofensa a la inteligencia el
que se nos diga lo contrario--, con lo que la deducción es clara.

De lo que se nos informó en aquella reunión se infiere que el
coronel Perote puede tener un gran caudal de información que no
necesariamente tiene que estar en las fichas de las que se habló,
y de ahí se supone que si son graves las posibles filtraciones de
esa información mucho mayor será lo que pueda poseer, y
aparentemente el Gobierno desconoce absolutamente todo de esa
posible amenaza, con lo que se demuestra que un servicio de
información en manos irresponsables y sin que el Gobierno se
responsabilice de nada es como una especie de mina a la deriva,
que además habla pésimamente de la capacidad de prevención que
han tenido los dirigentes políticos que han estado al frente de
la institución para poder prever situaciones como las que
desgraciadamente estamos viviendo. Dicho esto, llegamos, pues, a
la conclusión de que hay material sensible en manos desaprensivas
que pueden hacer daño a cambio de algo, y de ahí surge la teoría
de la conspiración y de la necesidad,



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al parecer, de recibir en La Moncloa al abogado del coronel
Perote y de Mario Conde.

En primer lugar, tenemos que extrañarnos del papel que ha jugado
en todo esto el ex Presidente Adolfo Suárez. Según parece,
también ha ejercido presión para que se admita algo tan
inadmisible e intolerable como aceptar recibir a un personaje
que, al parecer, venía a exponer una cierta especie de chantaje.

Si por algo se ha distinguido Adolfo Suárez hasta ahora, o por lo
menos esa es la leyenda que le adorna, es por no transigir a
chantaje alguno y no sabemos a qué viene hacer de puente para que
se produjera la gran anomalía de que el abogado de dos presuntos
delincuentes sea recibido nada menos que en La Moncloa, honor, al
parecer, reservado a muy pocos mortales. Por tanto, nos preocupa
el papel que ha jugado en toda esta situación Adolfo Suárez. No
creemos que su crédito democrático deba servir en el futuro a
operaciones de este signo, que tanto daño le hicieron a él
durante su presidencia.

En segundo lugar, nos parece digno del mayor de los rechazos el
hecho de que el Presidente del Gobierno, Felipe González,
recibiera en su despacho a un personaje de estas características;
y si se trataba de una presión insoportable al Estado, según las
notas que nos avanzó el Ministro Suárez Pertierra, hemos de
decir: ¿qué Estado es éste que no puede resistir el chantaje de
un desleal funcionario y las presiones de un banquero resentido?
Porque hasta la derogación de este delito por la Ley Orgánica
4/80 existía el denominado delito de propaganda ilegal, que
establecía que el que con propósito de perjudicar el crédito o la
autoridad del Estado de cualquier manera comunicare o hiciere
circular noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos,
o ejecutare cualquier clase de actos dirigidos al mismo fin, será
castigado con la pena de prisión menor. Todos estos delitos son
perseguibles de oficio por el Ministerio Fiscal y pueden serlo
también por denuncia de parte. En todo caso, son delitos de
naturaleza grave, aunque de estructura normativa sencilla, que
posibilita concluir que sin ninguna duda han sido cometidos.

El problema que se suscita en este contexto es por qué no ha
habido persecución de los mismos a instancias del Ministerio
público, porque si el Gobierno conocía que estos delitos habían
sido cometidos, puede convertirse, quizá sin darse cuenta, en
responsable penal de los delitos por encubrimiento o por omisión
del deber de denuncia. Incluso podían derivarse mayores
responsabilidades penales en relación al Gobierno si puede
probarse que el mismo ha negociado con los autores de los delitos
referenciados, ya que esta conducta genera materialmente una
situación de coautoría para el Gobierno en la comisión de dichos
delitos. Esta coautoría no quedaría desvirtuada por la pretendida
finalidad de recuperar los documentos sustraídos y garantizar la
seguridad del Estado, ya que en delitos de la naturaleza de los
analizados el componente intencional no provoca como consecuencia
que la conducta delictiva deje de ser antijurídica y ni siquiera
no punible.

Para finalizar, señor Presidente, voy a hacer una única
consideración. No se puede hablar de conspiración, chantaje al
Estado, concurrencia de intereses destructivos y ataque frontal y
no reaccionar con mayor contundencia, porque si todo esto es
verdad, lo lógico hubiera sido que usted, señor Presidente,
hubiera comparecido en Pleno o en la reunión de Secretos
Oficiales o llamando a los responsables políticos para alertar
sobre una situación insostenible. Sin embargo, se dice que está
ocurriendo todo esto y este debate se produce en momentos en los
que muy pocos se acuerdan ya de quién es el señor Santaella y del
hecho de que usted lo recibiera en La Moncloa. O era verdad lo de
la conspiración o no era para tanto. Pero si era verdad, usted,
señor Presidente, no ha actuado con celeridad ni liderando un
proceso de información.

Pero no hay por qué extrañarse de esto. En plena Presidencia de
la Unión Europea, usted, señor Presidente, no ha tenido a bien
reunirse con los grupos parlamentarios para contarles cómo va
dicha Presidencia y si se están cumpliendo las expectativas. Sólo
lo hizo usted en una oportunidad hace siete años, pero no ha
vuelto a reincidir en tan anómala costumbre. Señor Presidente,
usted contestará que es el Presidente que más ha comparecido en
esta Cámara, y si usted lo dice tiene razón, pero una cosa es
comparecer y cumplir fastidiosamente el ritual impuesto y otra
muy distinta tener una predisposición favorable para informar,
dar cuentas, hacernos partícipes de proyectos e incluso
emociones; usted no lo hace y, al parecer, tampoco lo hará en lo
que queda de legislatura. Por este camino, ¿adónde llegaremos, si
es que vamos a llegar a algún sitio? La manera actual de hacer
política se compone, a nuestro juicio, de saldos y de retazos, es
producto de rectificaciones vergonzantes, de sucumbir ante la
emergencia y hacer fatalmente lo que imponen los hechos, como lo
es esta comparecencia; de asirse a cualquier tabla para flotar,
pero por ninguna parte se observa la existencia de un plan
articulado coherente, expuesto a la sociedad y consultado con
vastos sectores de opinión pública. Y seguimos en el círculo
vicioso. El Gobierno a veces le habla a un país imaginario porque
quizás vive en un país imaginario.

Para terminar, señor Presidente, le diré que creemos que en este
asunto Santaella no se actuó con corrección ante el evidente
intento de chantaje, y censuramos que esta operación no fuera
denunciada en esta Cámara de manera directa y pronta.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, este debate es una



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reiteración de debates que hemos tenido en las últimas semanas y
en los últimos meses. Yo voy a intervenir brevemente para
expresar algunas reflexiones que mi Grupo quiere hacer, dirigidas
a toda la Cámara, sobre la información que nos ha presentado el
Presidente del Gobierno en la tarde de hoy.

Mi Grupo no está nada interesado en la anécdota de cuándo, de qué
manera o qué planteamientos se hicieron alrededor de esa famosa
entrevista en el Palacio de la Moncloa entre el Presidente del
Gobierno y los representantes legales de unos conocidos
personajes de la vida española que están incursos en un proceso
por delitos graves. Nosotros sólo queremos, en primer lugar,
darle la razón al Presidente del Gobierno en un hecho que él ha
repetido y que su Ministro de Justicia e Interior denunció aquí
el 5 de octubre. Se ha robado, por altos responsables de la
seguridad del Estado, información muy sensible que afecta
profundamente a la seguridad del Estado. A mí, de eso, no me cabe
ninguna duda. Está su palabra por delante y, si usted dice algo
tan grave, ha tenido que ocurrir. Yo no tengo ninguna duda. Pero
ése es el primer hecho que tenemos que examinar. ¿Cómo es posible
que en este país se haya robado, por altos responsables del
Estado, en un período prolongado y sin control, información
sensible que afecta a la seguridad del Estado, que ha puesto en
guardia a todos los servicios secretos occidentales y que ha
puesto en peligro el prestigio y la credibilidad del Estado
español en sus alianzas internacionales? Este es un hecho que por
sí mismo, aisladamente, ya es particularmente grave. Si a
continuación el Presidente del Gobierno, ante ese tremendo error,
tremenda irresponsabilidad --como se ha dicho ya aquí, sólo ese
hecho aislado implica responsabilidades políticas para su
Gobierno--, se tiene que reunir con unos señores que presionan y
chantajean al Estado, ya el asunto empieza a entrar en el terreno
de la gravísima situación que vive la crisis política española.

Frente a ese problema, sólo se intenta justificar la actuación
del Gobierno --en este caso injustificable-- con una historia de
la teoría de la conspiración. Quiero decirle que esto de la
teoría de la conspiración me parece, desde el punto de vista
político, inaceptable. Es, como máximo, un recurso eficaz para
una escenificación teatral.

Yo no creo de ninguna manera que cualquier historiador moderno
analice una crisis política basándose en las conspiraciones que
se mueven contra un poder, un Gobierno y un Estado. Y con eso no
quiero decir que no haya conspiraciones. Evidentemente,
proliferan las conspiraciones. Cuantas más conspiraciones haya,
más se demuestra que la crisis del Estado es profunda.

Justamente, la crisis de un Gobierno, de un poder y de un Estado
que se produce hasta límites tan graves como los actuales sin
duda va unida a sucesivas conspiraciones que reflejan la
debilidad del Estado ante poderes antidemocráticos que actúan
frente a él. Si se quiere decir que ha habido una conspiración,
que hay que enfrentarse a los conspiradores, de acuerdo, pero no
se puede confundir que la conspiración es la consecuencia y no la
causa de la crisis política, prolongada crisis política que vive
este país y que tiene las manifestaciones más lamentables en los
hechos que aquí ha expuesto el propio Presidente del Gobierno. Y
no hace falta inventar nada, suponer nada, especular nada, porque
el Presidente del Gobierno ha reconocido que se ha perdido, que
ha sido robada por responsables de la seguridad del Estado
documentación cuya enumeración --palabras textuales del
Presidente del Gobierno-- implica gravísimos efectos sobre la
seguridad del Estado. Basta simplemente con ese hecho y con que,
al mismo tiempo, se chantajee al Gobierno y al Estado.

¿Por qué se produce esta debilidad del Estado democrático en este
momento, señor González? Perdone que yo le haga una reflexión
desde la modestia de mi grupo parlamentario. Vivimos una
prolongada crisis política, una larga crisis política que dura ya
prácticamente más de un año: el Banco de España; los servicios de
la Guardia Civil y los fondos reservados; el Ministerio del
Interior en sus más diversas responsabilidades; los servicios
secretos. ¿Por qué la crisis avanza y actúa cada vez más
profundamente en el corazón del Estado? Porque hay una prolongada
crisis política, a la que no se ha querido dar fin, y la
consecuencia es que seguirá avanzando. (Rumores.)
Usted lleva, si no me confundo, trece años gobernando este país.

Yo, cuando le oía, desde allá arriba, me acordaba de «Las
memorias a dos voces», de Eli Wiesel, y de las reflexiones que
hacía Mitterrand, que ha estado también trece o catorce años
gobernando y que es una vida paralela a la suya, aunque tenga
muchos más años que usted. Y decía Mitterrand, en un párrafo que
a mí me causó una gran impresión, porque es la experiencia de un
hombre de Estado que ha vivido la crisis de un Estado, la crisis
de un poder por fenómenos algunas veces semejantes a los vividos
en España; y decía Mitterrand: El poder es siempre temible, y
quien lo ostenta debe estar siempre vigilante,
extraordinariamente vigilante --aquí no se ha estado vigilante--,
y quien lo ostenta y es inteligente, debe buscar siempre la
existencia de controles y contrapoderes. Y en este país, quizás,
las euforias de las mayorías absolutas y de la experiencia de un
Gobierno socialista, que era el primero después de un largo
período de dictadura, les han llevado a frenar los contrapoderes
y los controles democráticos. El resultado: las sucesivas crisis
de escándalos que ha vivido este país y que han desembocado en
una crisis de Estado. Y la crisis de Estado ha perturbado lo que
el artículo 56 de la Constitución, y digo bien, dice sobre el
normal funcionamiento de las instituciones democráticas de este
país, pues en este país están perturbadas y distorsionadas. En
este país hay algunos periodistas que hacen de fiscales; algunos
fiscales que hacen de políticos; servicios de seguridad que no
luchan contra el terrorismo sino que lo organizan; hay banqueros
que hacen



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conspiraciones; hay parlamentarios que hacen de detectives y hay
un Parlamento que ha dicho reiteradamente y de todas maneras que
hay que poner fin a esta situación y convocar elecciones, y hoy
lo ha vuelto a decir el señor Molins.

Por tanto, cuando he visto esta mañana aplaudir al Grupo
Parlamentario Socialista en la votación del Código Penal, he
pensado que se alegraban, y creo que es así, por la aprobación de
un nuevo Código Penal moderno y adaptado a la sociedad española;
cuando le he visto aplaudir a continuación a la aprobación de la
ley sobre centros docentes, a la ley del Jurado y a la de
publicidad electoral en emisoras de televisión por ondas
terrestres, he tenido la impresión de que el Grupo Parlamentario
Socialista había reencontrado la mayoría perdida y se lo creía.

Está claro que en este Parlamento la mayoría pide que se acabe
con este ciclo político.

Yo, señor González, le digo --repito, desde la modestia de mi
Grupo-- que no hay que dramatizar la situación. Ustedes han
tenido un largo ciclo político que tiene grandes virtudes y
grandes aciertos para la historia de España. Hay que decirlo hoy.

Nosotros no tenemos ninguna inquina, ninguna obsesión por
derrotarles, por hacerles persecuciones --como decía el otro día-
-, por hacer cacerías ni por nada, sólo decimos que ha acabado un
ciclo de un partido político que va a pasar a la oposición
probablemente, si lo deciden los ciudadanos, y si no seguirá en
el Gobierno. Pero ¿por qué atar y unir el fin de un ciclo
político, el declive de una fuerza política, que es algo natural
y normal en este país y en cualquier país del mundo, a la
decadencia y al declive del Estado? Cuando se está en minoría,
hay que convocar elecciones.

Termino, señor Presidente. El 27 de julio le dije, también desde
esta tribuna: Acabe usted la Presidencia europea. Nosotros
apoyamos, a pesar de todo, de la grave crisis política que hay en
este país, que por razones de Estado tiene que acabar la
Presidencia europea. Me parece bien que presida la Conferencia
Euromediterránea, que haga usted la Declaración Transatlántica
con el Presidente Clinton, que presida usted, como Presidente del
Gobierno español, la Cumbre de Madrid del 15 y 16 de diciembre,
pero se acabó. El 18 de diciembre, porque está en minoría y no
hay presupuestos, en bien del interés de España y de una
renovación democrática, debería usted convocar elecciones. Se
harían elecciones en febrero. Usted nos decía el otro día que por
qué esa manía de elecciones en febrero. Pues para que en el mes
de marzo haya un Gobierno nuevo en España y en el mes de abril,
en la Conferencia europea, tengamos un Gobierno funcionando y no
un debate de investidura, y en este Parlamento y en este país no
haya Gobierno. Las razones por las que pide usted, como
Presidente del Gobierno español, que no se interfiera en la
Presidencia europea son las mismas que le obligan a usted, si
piensa en el futuro de España y no solamente en cerrar su ciclo
político. ¿Está pensando lo que va a pasar el año que viene? ¿Ha
decidido si se va a presentar o no a las elecciones, que es su
problema? Si lo va a hacer, ¿piensa que el futuro de España no se
puede perder políticamente el año 1996? Diga a este Parlamento --
y conseguirá el aplauso, por lo menos el nuestro--, que disuelve
porque está en minoría, que va a convocar elecciones, que
culminará dignamente la Presidencia europea de acuerdo con los
intereses europeos y de España y que, a continuación, se convocan
elecciones porque este país necesita renovación democrática.

Cuando hay una distorsión de poderes, una dispersión de la vida
política española, un período de confusión y crisis, lo primero
que hay que encajar es el Parlamento con la opinión pública de
los ciudadanos y, a continuación, el Gobierno con el nuevo
Parlamento. Y, a continuación, todo se recoloca: los poderes
judiciales, los poderes informativos, los poderes económicos, la
administración del país, que está lánguida y melancólica viendo
que no hay un Gobierno con mayoría y un Gobierno con impulso
suficiente para afrontar los graves problemas del país.

Por todo ello, termino --muchas gracias, señor Presidente, por el
tiempo que me ha concedido-- diciendo: tampoco hay que dramatizar
tanto. Los problemas son graves, pero son solucionables. No
hagamos este debate en clave de campaña electoral, en clave de
responsabilidad de Estado. Señor Presidente del Gobierno, usted
tiene nuestro apoyo para su gestión en la Presidencia europea,
que en parte está haciendo brillantemente; usted no tiene nuestro
apoyo para seguir gobernando este país porque está en minoría
frente al Parlamento. Resuelva ese dilema, no lo convierta en un
problema personal, no lo convierta en una frustración. Usted
tiene brillantes éxitos durante un largo período de su carrera
política, no los empañe acabando mal ese ciclo y convirtiendo un
problema de su partido y un problema suyo de falta de
credibilidad por graves errores cometidos en un problema de
España. Resuelva ese problema convocando elecciones y
diciéndoselo hoy a este Parlamento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Tenía preparada una reflexión al hilo de la comparecencia de hoy,
pero sinceramente me parece que esta película la hemos visto ya
tantas veces, este ritual catártico lo hemos seguido ya tantas
veces unos y otros que empiezo a tener una profunda sensación de
fatiga de repetir las obviedades, de repetir los argumentos.

En el fondo, más allá de lo que podemos decir en concreto de cada
uno de los temas, el ritual ha sido el mismo cuando hemos hablado
del Gal, cuando hemos hablado del Cesid, cuando hablábamos en su
momento de Roldán, cuando hoy estamos hablando de Santaella.




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Y, además, también el proceso siempre es el mismo. Hay una
irregularidad, cuando no claramente una perversión, de lo que es
la actitud que se tiene que tener con el servicio público, con el
hecho público en sí mismo a través de sus representantes. Salta
el tema a la prensa después de más o menos tiempo de que haya
ocurrido. Pedimos entonces la comparecencia del Presidente del
Gobierno, éste no viene, envía un delegado, tarda tiempo, pasa el
tiempo y finalmente viene, pero tampoco nos aclara las
incógnitas.

Qué voy a hacer, señor González, ¿repetir todas las preguntas que
quedan sin respuesta de este tema y de los demás asuntos que
vamos acumulando en estos casi tres años que llevamos de
legislatura? Qué vamos a acumular además, ¿incertidumbre en las
respuestas, el convencimiento de que no están todas las
respuestas y muchas de ellas no son creíbles? Vengo a esta
tribuna para decirle, señor Presidente, que estamos jugando con
fuego, casi con el fuego de los dioses, el fuego de la
democracia.

Esta mañana hemos hecho un gran ejercicio de consolidación
democrática aprobando un nuevo Código Penal --yo también entiendo
que es el código de la democracia-- con un altísimo consenso. Es
un paso adelante. Es una ley muy importante y yo me siento
profundamente satisfecha de formar parte de este consenso. Pero
lo fundamental, señor Presidente, es que, incluso leyes tan
importantes y pasos adelante tan importantes, quedan diluidos por
la falta de credibilidad de este Gobierno, de esta legislatura,
de este propio Parlamento.

¿Qué está ocurriendo en la calle? Van a echarnos, señor
Presidente, a todos. Va a llegar un momento en que el hecho de
que no le crean a usted va a suponer que no crean a nadie de la
clase política. Va a llegar un momento en que no se va a creer ni
en las instituciones ni en este Parlamento, que parece una farsa.

Unos silban y los otros aplauden, unos aplauden y los otros
silban. Va a llegar un momento en que el ciudadano va a pensar
que todos somos iguales.

El problema fundamental, señor González, es que sus incógnitas,
sus preguntas sin respuesta, sus zonas oscuras van a ser las de
todos. Nos está contaminando a todos en nuestra actividad
política. Y llegará un momento en que, en esa fisura enorme que
estamos creando en la credibilidad democrática, va a venir
cualquier salvador de la Patria a intentar arreglarnos las cosas.

Eso es lo peligroso y lo que sinceramente hoy me anima a no venir
con el papel y volverle a leer la cartilla, y volver a leerle las
preguntas, señor Presidente, que han quedado sin respuesta.

Su reunión de salón con el señor Santaella tiene zonas oscuras.

Pero también tiene zonas oscuras el caso Gal, el caso Roldán, el
caso Cesid y por qué Manglano está de asesor, qué pasa con
Barrionuevo, por qué Perote trabaja en Repsol y por qué tenemos
que volver y volver permanentemente a este ritual que no sirve
para nada.

¿Qué va a pasar en marzo, señor Presidente? ¿Va a haber algún
interés de estado que obligue a que no haya elecciones, por
ejemplo? Porque puede pasar de todo. Ha llegado el momento en que
hacemos creer al ciudadano cualquier cosa, que todo es posible. Y
en ese todo es posible hasta podría suceder que usted viniera y
dijera: hay un interés de Estado tan importante que no puedo
convocar de nuevo elecciones.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego concluya.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Termino aquí, señor Presidente.

Hasta eso podría ocurrir. Estamos jugando con la credibilidad de
este Parlamento, con la credibilidad de cada servidor público que
es un político. Estamos jugando con la sensibilidad de los
ciudadanos. Estamos alejándonos de sus preocupaciones, de sus
problemas. Y ello no nace ni de la voluntad de oposición, ni nace
de que el tema surja en la prensa o que haya un protagonismo de
los jueces. Nace, primero, de que ustedes no asumen sus
responsabilidades y que las irregularidades han existido, que ha
existido la corrupción, y luego viene todo lo demás.

Acabe usted la Presidencia europea, pero no continúe, señor
González; ayúdenos a salvar lo que queda, a recuperar la
confianza, a recuperar la credibilidad, a que podamos dedicarnos
a aprobar leyes tan importantes como la ley del Código Penal,
pero nunca más tengamos que dedicar tres años de actividad
política a denunciar cada semana un escándalo de corrupción.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

El señor Albistur tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a
ser muy breve.

Señor Presidente, ¿es cierto o no es cierto que entre los
documentos sustraídos al señor Perote, tema que no hemos oído en
su exposición, había documentación del Cesid relativa a los GAL?
¿Es cierto o no es cierto que, efectivamente, el Cesid conocía a
los GAL? Y no teniendo este Diputado ni su grupo acceso a la
información que en su día se dio en la Comisión de Secretos
Oficiales, ni teniendo, por tanto, obligación de secreto alguno
que guardar, ha podido conocer, como todo el mundo, por la
prensa, que así sucedió, que había información relativa a los GAL
en la información del señor Perote. Porque hasta podría ser
posible, poco verosímil, y por supuesto que muy incompetente,
pero posible, que dando poco crédito a las informaciones que le
habían sido transmitidas al Director del Cesid, no las
considerara de la suficiente importancia como para
transmitírselas al Gobierno y a su Presidente. Pero es que el
entramado de los GAL empezó a actuar, primero, sin nombre --en
tiempos de UCD, por cierto, aunque a algunos les pique--, casos
de Larretxea, Lasa y Zabala, y después, a partir del secuestro de
Segundo Marey, se empezó a llamar GAL. ¿Siguió el señor Manglano



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considerando de tan poco crédito estas informaciones como para
transmitirlas al Gobierno, y así las recogió y las guardó el
señor Perote, y así también, durante los más de tres años que
continúa actuando esta banda terrorista hasta un total de 27
muertos? Me va a permitir, con todo el respeto, señor Presidente,
que le diga que este Diputado no se lo puede creer.

En la confusión interesada que se está creando en torno a la
actividad del Cesid y a todo el contubernio que a continuación se
ha producido hay algo que merece la pena ser resaltado, y voy a
terminar con esta pregunta que voy a dejar para este hemiciclo:
¿pueden considerase afectados por la Ley de Secretos Oficiales
aquellos documentos, caso de que existan, que revelen
informaciones sobre delitos presuntamente cometidos por
funcionarios o altos cargos de las instituciones del Estado?
Señor Presidente, estas reuniones que tenemos aquí, con aplausos
de unos y aplausos de otros, realmente, como ha dicho mi
compañera de grupo, son una catarsis, pero no resuelven
absolutamente nada. Señor Presidente, a nosotros nadie nos ha
comprado la voluntad para ir contra ustedes. Eso queda claro
durante toda la legislatura. Si quiere usted volver a presentarse
como candidato a las próximas elecciones, le pido la colaboración
para desentrañar la trama de los GAL y presentarse sin sospecha
alguna. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

El señor Chiquillo tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, a estas
alturas de debate poco queda ya que decir. Quiero, en primer
lugar, agradecerle sinceramente su presencia hoy aquí --porque es
difícil verle muchas veces-- y su intervención, naturalmente.

Gracias por comparecer ante los representantes de la soberanía
popular, gracias por dignarse a ofrecernos explicaciones a unos
simples mortales como los que estamos aquí hoy, y hoy podemos
decir aquello de que más vale tarde que nunca, aunque para lo que
nos ha dicho, no sé si vale la aplicación de este refrán en estos
momentos.

Ya sabíamos todos cuál iba a ser su argumentación, remitirnos a
la intervención del Ministro de Justicia e Interior del 5 de
octubre, y poco más. Señor Presidente, le voy a hacer una
confesión en voz alta, y es que estoy literalmente aburrido,
cansado, desencantado de que,de un tiempo a esta parte, sólo se
hable de corrupción, de éste o aquel escándalo, de que estemos
perdiendo el tirón económico, de que en este país no se aborden
los verdaderos problemas que interesan al ciudadano de a pie,
etcétera, etcétera. Me tienen ustedes aburrido y triste de ver
tanta suciedad y tanta corrupción. Pero no crean que los residuos
sólidos urbanos salen de las alcantarillas por sí solos, salen
porque alguien los ha alentado y alguien los ha consentido.

He asistido a un debate estéril, porque no ha añadido nada y no
nos ha informado de nada nuevo; espero que de aquí a un par de
meses o tres, si aún sigue la legislatura, nos explique algunas
de las cosas que siguen sin aclararse no sólo en este tema, sino
en algún tema más.

Lo verdaderamente grave, desde mi punto de vista, es que han
sentado un precedente peligrosísimo al poner en serio peligro las
instituciones, el Estado de Derecho, con la excusa de los papeles
del Cesid. No creo, sinceramente, que si pusiéramos los papeles
del Cesid a un lado de la balanza y sus actuaciones en otra se
incline con el peso del papel. La mesa en la que se sentó con el
chantajista pesa más y usted sabe que pesa mucho más.

Según su versión, señor Presidente, que es la misma que nos
ofreció su biministro el pasado 5 de octubre, la única y
exclusiva razón para que se hayan mantenido relaciones con el
señor Santaella era recuperar documentos sustraídos al Cesid
sensibles para la seguridad del Estado. También el señor Belloch
opina que la recuperación no se produce precisamente por su
negativa a acceder a las peticiones que le son formuladas de
forma directa o indirecta. Lo que no acabo de entender es, si
esto es así, cómo no se ha producido una denuncia por parte del
Gobierno ante las instancias judiciales y a qué esperan para
ponerlo en conocimiento del Fiscal General del Estado.

En cualquier caso, y esta es la clave de la cuestión, si se
hubiesen preocupado durante estos años un poco menos por la
seguridad del Estado mal entendida, escuchando y grabando a
diestro y siniestro, y se hubiesen centrado más en cumplir y
hacer cumplir la ley, no estaríamos ahora pendientes de saber
quién es más ladrón: si el que robó los papeles, el chantajista
que pagó al ladrón o los gobernantes que quisieron recuperar los
papeles comprados al ladrón. ¿Son todos de la misma condición?
Quiero pensar que no. Sinceramente pienso que no. Hay algunos de
muy mala condición con los que creo que usted no debería haberse
nunca sentado. Por eso, señor González, me gustaría que nos
ayudara a todos a resolver este galimatías.

De lo que hablaron sinceramente no me importa, pero me preocupa y
mucho, y preocupa mucho a los ciudadanos, que se reuniera con
personajes que alteran la convivencia, que eso es lo grave. Y
usted no ha explicado el porqué, usted no ha querido, no ha
podido o no ha sabido.




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.




El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente.

Casi dos meses después de las entrevistas entre usted y
Santaella, abogado de Conde y Perote, comparece aquí. No aporta
datos nuevos sobre el asunto, ni información que nos dé
aclaraciones y que dé luz a tanta oscuridad, que permita hacer
desaparecer las dudas sobre si hubo o no chantaje o extorsión al
Presidente o al Estado. Esperaba algo más de usted.

¿Los documentos que sustrajo Perote del Cesid afectaban a la
seguridad del Estado, a nuestra seguridad,



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como usted ha dicho, o a su seguridad? Me gustaría que hoy,
mañana o antes de que acabe la legislatura, sea cuando sea, bien
en marzo, en octubre o junio de 1997, explique la verdad de todos
estos temas. La democracia se lo agradecerá.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Por el Grupo Socialista, el señor Almunia tiene la palabra.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hace un mes tuve ocasión de hablar desde esta misma
tribuna en un debate cuyo contenido era idéntico al del día de
hoy, es decir, la comparecencia del Gobierno para dar cuenta ante
el Pleno de los contactos mantenidos con los letrados de los
señores Conde y Perote. En aquella ocasión fue el Ministro de
Justicia quien expuso la opinión del Gobierno y hoy lo ha hecho
su Presidente. Pero, como no podía ser de otro modo, el fondo de
ambas intervenciones ha sido el mismo.

En aquella ocasión los grupos de la oposición no quisieron
participar en el debate, haciendo, a mi juicio --lo dije
entonces--, un flaco favor a la institución parlamentaria, y
renunciaron a expresar sus criterios que hoy hemos podido
escuchar por vez primera. Mi grupo sí lo hizo en aquel día y pude
exponer, en su nombre, nuestro punto de vista sobre esos
contactos del Gobierno. Desde aquel día, no ha habido nuevos
contactos ni hemos tenido conocimiento de ningún hecho del que no
estuviésemos ya advertidos hace un mes en relación con el tema
que nos ocupa. Por ello, tampoco hay razón alguna para modificar
lo dicho el pasado 5 de octubre al fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista. Me ratifico hoy en todas mis palabras
de entonces.

Sabíamos ya aquel día, en los mismos términos que lo sabemos hoy,
cómo se desarrollaron los contactos, cuál fue su contenido y
cuáles han sido las pretensiones que los letrados hicieron llegar
al Gobierno. Hace un mes estaba tan claro como hoy que el hecho
de que el Gobierno hubiese admitido tomar conocimiento de tales
pretensiones, no encubre irregularidad alguna en la conducta del
Ejecutivo, se mire por donde se mire, porque la decisión de
asumir el riesgo de conocer esas pretensiones de primera mano
nada tiene que ver con algo que a estas alturas ya es de dominio
público: que esas peticiones no podrían ni pueden llevarse a la
práctica sin conculcar la ley ni invadir el terreno reservado a
las decisiones judiciales. Cosa distinta es la valoración que nos
habría merecido la actuación del Gobierno si hubiese cedido a
alguna de las presiones de que fue objeto, pero no lo hizo, el
Gobierno no cedió.

Sin embargo, la existencia de presiones no eximían ni eximen al
Gobierno de la responsabilidad de hacer todas las gestiones que
considere eficaces en el marco del ordenamiento jurídico para
neutralizar un material sensible para la seguridad del Estado que
ha sido sustraído al Cesid, material que, tras su circulación por
varias manos, estaba siendo utilizado como ariete por los
protagonistas de lo que en términos no jurídicos puede
denominarse abiertamente como un pulso a las instituciones del
Estado.

El Gobierno no sólo no ha accedido a ninguna de esas peticiones
sino que ha respondido a ellas con la firmeza y la rectitud
propia de sus responsabilidades y de sus convicciones
democráticas; ha respondido con la creación del juzgado número
seis de la Audiencia Nacional, cuando lo solicitado era
exactamente lo contrario y lo ha hecho con la reafirmación de su
criterio favorable sobre la intervención de Banesto, que el
Ministro de Economía reiteró en este hemiciclo hace escasamente
un mes, considerándola una vez más una medida justa y acertada.

El criterio del ministro coincide, como no podía ser de otra
manera, con el que manifestamos todos los grupos en su día,
aunque frente a ese criterio vuelven a aparecer estos mismos días
versiones interesadas en algunos medios de comunicación. A través
de esas versiones manipuladoras de la realidad, parece
perseguirse una especie de compensación por daños y perjuicios en
beneficio precisamente del causante de tanto daño y de tanto
perjuicio para los accionistas, los impositores y los miles de
trabajadores de esa entidad financiera. Pero, como sabemos, tal
como lo estudió en esta Cámara la Comisión correspondiente, sin
la intervención de Banesto esos daños no sólo se hubiesen
referido a los accionistas, a los impositores y a los
trabajadores de Banesto sino que se hubiesen ampliado y extendido
progresivamente al resto del sistema financiero.

El Gobierno ha respondido también frente a las presiones,
manteniendo un respeto escrupuloso hacia la actuación del Banco
de España, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal
Supremo, cuya Sala Tercera rechazó ayer mismo los recursos
planteados por el señor Conde y otros contra los acuerdos del
Consejo del Poder Judicial en relación con el juez García
Castellón. En relación con este último asunto, es recomendable
analizar con atención las estrategias jurídicas y las simultáneas
campañas puestas en marcha a través de algún medio de
comunicación a lo largo de los últimos meses para conseguir
apartar a ese juez de la Audiencia Nacional, con lo que el juez
Moreiras sería quien se hiciese cargo de determinados asuntos
relacionados con los anteriores gestores de Banesto. Las
explicaciones del afán obsesivo por librarse del juez García
Castellón son libres y cada cual puede hacerse su propia
composición de lugar; pero no me negarán que es chocante
comprobar la cantidad de energías puestas al servicio de esa
causa, causa además perdida ya a estas alturas gracias a las
sucesivas y numerosas resoluciones de los tribunales y de los
órganos competentes.

Señor Presidente, al final de mi intervención en el debate de 5
de octubre, dije que en el Grupo Socialista



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entendíamos y apoyábamos la actitud del Gobierno ante todos estos
hechos, lamentando que, pese a los esfuerzos desarrollados por el
Ejecutivo, no hubiera podido lograrse la recuperación del
material clasificado sustraído del Cesid y afirmé que en tanto
eso no ocurriese, la seguridad del Estado seguiría corriendo
riesgos.

Me ratifico hoy en esa valoración porque, por desgracia, tampoco
en el último mes se han conseguido resultados satisfactorios,
pese a los requerimientos realizados al respecto por el juez
togado y los esfuerzos desarrollados por el Ministerio de Defensa
y por el propio Cesid.

Es verdad que desde el 5 de octubre hasta hoy no se ha vuelto a
producir, que yo recuerde, la difusión de documentos secretos,
pero mientras sigan estando esos documentos por ahí sueltos, en
manos de quienes suponemos que están, no puede descartarse que en
un futuro sean dados a conocer a través de medios de comunicación
o que lleguen a otros destinatarios.

También se mantiene la posibilidad de que la trama que se ha ido
articulando en los últimos meses en torno a los detentadores de
esa información sensible siga actuando para tratar de conseguir
sus objetivos. Ese riesgo está ahí para quien quiera verlo. Es
real y no sólo lo aprecian así el Gobierno y el Grupo Socialista
sino otras voces políticas, una parte importante de los propios
medios de comunicación y un porcentaje relevante de la opinión
pública.

En relación con este asunto, se ha dicho --y cito literalmente--
que hay quienes están dispuestos a poner en juego la democracia y
la seguridad de todos para defender sus intereses particulares.

El autor de la frase no fue un ministro ni un diputado
socialista, sino el editorial de un periódico cuya tesis
comparto. Y si es cierto que lo que está en juego es la seguridad
de todos --o, lo que es lo mismo, la seguridad del Estado--, a mi
juicio se equivocan quienes piensan que nada les va en este
asunto, cayendo en la tentación de analizarlo desde la barrera de
una imparcialidad imposible.

Hay datos más que suficientes, quizá no para un juez pero desde
luego sí para un político, para concluir que sí se está tratando
de jugar con los intereses generales para subordinarlos a las
pretensiones ilícitas de unos pocos. Hay datos para creer que se
nos quieren hacer pagar a todos las culpas de algunos y que se
maneja para ello información sensible para el Estado. Decir esto
no es fabricar una cortina de humo. Sólo desde el sectarismo o la
ceguera lo pueden afirmar quienes saben de qué estamos hablando;
y a quienes no lo saben, habría que pedirles que hablen con más
prudencia.

Tampoco se puede cubrir el expediente atribuyendo al Gobierno
responsabilidades por ser víctima de unas presiones en las que se
está utilizando un material obtenido de manera delictiva y ante
las que a todas luces el Gobierno se ha mantenido firme sin
cesión alguna. No se puede decir, creo yo, que al único que deben
preocupar esas maniobras es al Gobierno, despreocupándose al
mismo tiempo quienes lo dicen de averiguar cuáles pueden ser los
móviles que persiguen quienes dirigen la operación o sirven de
instrumento para ella.

Con los datos que todos tenemos a nuestra disposición, y en
particular con los datos que tenemos los Diputados que hemos
accedido al conocimiento de los secretos oficiales, no se puede
suponer que los ataques al Gobierno siempre descansan en la
veracidad y en la rectitud de quienes los llevan a cabo, sean
quienes sean éstos y representen a quien representen, mientras se
niega el pan y la sal al Gobierno, para quien sólo se reservan
juicios de intención e imputaciones de culpabilidad sin
fundamento. En democracia, señorías, tenemos que saber distinguir
entre los ataques que se dirigen a un Gobierno o a un partido
determinados y a un político o a unos políticos determinados, de
los ataques que tienen por objeto el deterioro de cualquier
Gobierno, de todos los partidos y de la política en general. Los
primeros forman parte de las virtudes del sistema democrático,
los segundos se dirigen precisamente contra el sistema.

En esa distinción nos estamos jugando muchas cosas; nos jugamos
la capacidad de las instituciones para situar el interés general
y la voluntad soberana de los españoles por encima de otros
intereses que, por poderosos que parezcan sus valedores, siguen
siendo intereses de parte e, incluso como es el caso en el tema
que hoy debatimos, intereses discordantes con el ordenamiento
jurídico. También está en juego la confianza de los ciudadanos en
las instituciones, su afecto o su desafección respecto de la vida
política, la confianza de los ciudadanos en que desde aquí
resolvamos sus problemas o su temor de que nos sirvamos de su
voto para trasladarles más inquietudes de las que ya tienen en
estos tiempos. Nos jugamos, por fin, la confianza entre nosotros
mismos, entre quienes nos sentamos a uno y a otro lado de este
hemiciclo, porque a la política se viene a discrepar del
adversario y a pelear por la mayoría, pero también se viene a
compartir unos valores comunes y a respetar unas reglas del juego
iguales para todos. Por eso, creo yo, no se debe estar dispuesto
a utilizar cualquier argumento ni cualquier punto de apoyo para
intentar el desgaste del adversario político, ni se debe tener
miedo al consenso sobre algunos temas fundamentales, que en vez
de separar a unos partidos de otros son el cimiento común sobre
el que cada cual debe edificar su respectiva alternativa
política.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Para contestar a las intervenciones de los portavoces tiene la
palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, con toda brevedad a esta altura de la tarde
para hacer algunas



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consideraciones en torno al motivo de la comparecencia. La
primera de ellas es que tanto el día 5 de octubre como hoy hemos
intentado explicar exactamente cuáles fueron las razones que nos
movieron a mantener unos contactos con los representantes, o con
el representante legal en mi caso, del señor Perote y del señor
Conde; explicación del contenido y de las razones de esos
contactos. Hoy, después del esfuerzo que hizo legítimamente y de
acuerdo con el Reglamento de la Cámara, que todos deberíamos
respetar, el Ministro de Justicia e Interior el 5 de octubre, he
vuelto a hacer el esfuerzo de intentar explicar el contenido de
esas conversaciones y he visto que el debate se escapa de lo que
es la comparecencia y deriva hacia otros pagos.

Tengo la gran tentación de entrar también en consideraciones
colaterales a las de este debate, a la de la información de esta
tarde; sin embargo, en el día de hoy voy a controlar esa
tentación (Rumores.) y me voy a limitar a hablar exactamente de
lo que hemos venido a hablar. Cuando hemos estado considerando
las conversaciones con el señor Santaella ¿se trata de defender
la seguridad del Estado o, como se dice, de defender intereses
particulares del Gobierno? La verdad, señorías, es que yo creo
que cuando se hace una afirmación de esa naturaleza lo razonable
es que se diga en qué y por qué, qué interés particular se puede
defender, porque los diputados que tienen acceso a los secretos
oficiales saben perfectamente que hay material sensible para la
seguridad del Estado. (Rumores.) Eso agradezco a algunos
Diputados que reconozcan que esto ha sido así.

Ya he dicho en el curso de mi intervención, como dijo también el
ministro, que se ha producido, sin duda, un fallo en el servicio
de inteligencia, lo cual no descalifica plenamente a un servicio
de inteligencia, y se ha producido un fallo en el control de
alguna documentación. Se me pregunta si el Gobierno, cosa que ya
hemos contestado en diversas ocasiones, ha conocido ese fallo del
servicio de inteligencia en el año 1991 o este año. Hemos
explicado que no lo conocimos en 1991 y hemos explicado por qué;
porque el director del centro creyó en aquel momento que tenía
controlado el problema y lo creyó de buena fe, cosa que puede
ocurrir y de hecho ocurre en cualquier servicio de inteligencia.

Pero hay aquí un problema de fondo: ¿existe o no existe razón,
desde el punto de vista de la seguridad del Estado, para conceder
o acceder a una determinada entrevista?
Esto es siempre discutible. Quien no ha tenido ninguna
responsabilidad o no conoce lo que es la responsabilidad en
relación con la seguridad del Estado puede tener una opinión con
poco fundamento.

Se ha citado aquí, en este debate, cosa que yo no he hecho, la
intervención que en este asunto tuvo el señor Suárez. Yo le
exculpo absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad, que
es plenamente mía, para acceder a la entrevista. El hizo una
explicación absolutamente escueta a la opinión pública; pero no
sólo no tiene ninguna responsabilidad sino que tengo que añadir
que sí conoce lo que es la responsabilidad del Estado y, desde
luego, la de los servicios de seguridad o de inteligencia. No
tiene mayor o menor trascendencia el que haya personal civil o
personal militar. En todos los países existen unos y otros; por
consiguiente, son los servicios de la seguridad del Estado, y a
veces ocurren, no sólo en nuestro país sino en otros, algunos
fallos en esos servicios de Seguridad.

¿Hemos conseguido algo con las conversaciones? Desde luego, no el
objetivo de recuperar la documentación, pero sí haber tenido
tiempo de reaccionar y, por consiguiente, haber podido advertir y
corregir alguno de los fenómenos que se podrían haber producido
en el caso de que se hubiera divulgado parte de las
informaciones. Algo se ha conseguido; no el objetivo perseguido,
pero algo se ha conseguido, repito, en defensa de la seguridad
del Estado.

Pero, miren, señorías, si de verdad se tratara, como algunos
insinúan malévolamente, de defenderse uno personalmente, por
intereses personales, ¿creen ustedes que no estarían ya en los
medios de comunicación, después de lo que ha pasado en relación
con las aspiraciones de cambio de jueces, de actuaciones del
servicio del Banco de España o de cualquier otra naturaleza? Es
obvio que los tiros no van por ahí, señorías; van
fundamentalmente por problemas que afectan, repito, a la
seguridad del Estado. Me han hecho alguna pregunta concreta,
entre otras cosas si estoy dispuesto a dar información sobre los
contenidos de los documentos sustraídos del Centro de Información
de la Defensa. Ya he dicho en alguna ocasión en el Parlamento y
lo vuelvo a repetir ahora: toda la documentación de la que
dispone el Gobierno, entregada, por consiguiente, como
información del servicio de inteligencia, está a disposición de
los Diputados que tienen acceso a los secretos oficiales. Por
tanto, no hay ni una sola línea de esa información a la que la
Cámara no pueda tener acceso, por un procedimiento legítimo y
democrático: aquellos Diputados con acceso, como digo, a los
secretos oficiales. No hay ninguna limitación. ¿Vamos a hablar
públicamente del contenido de la documentación sustraída y, por
consiguiente, con riesgo de divulgarse? No cometeré ese error
desde el punto de vista de mi responsabilidad, y quien lo pida es
que no conoce lo que es la responsabilidad del Estado. A partir
de ahí esta tarde se han hecho muchas consideraciones sobre la
credibilidad política de unos y de otros. Lo cierto es que la
única manera de medir la credibilidad política es teniendo
paciencia para que las legislaturas cumplan su función y que los
ciudadanos voten. Votaron en el año 1993 y hay quien no ha
aceptado el resultado del año 1993; hay quien no lo ha aceptado
(Fuertes Rumores.--Aplausos.) y, por consiguiente, hay quien
desde el día siguiente a la votación cuestiona la legitimidad.

Hay quien se preocupa por si las elecciones van a ser o no en
marzo. Mi compromiso con algunas fuerzas



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políticas, debo decir que incluso con Coalición Canaria, es que
sean en marzo y en marzo serán esas elecciones. Por consiguiente,
discutir ahora si van a ser en marzo o en febrero me parece una
discusión menor. Pero éste es el único excurso que voy a hacer
fuera del debate de esta tarde. Elecciones habrá en el mes de
marzo, cumplida la presidencia Europea que termina el 31 de
diciembre y, por consiguiente, convocadas las elecciones el día
correspondiente del mes de enero para que coincida con uno de los
domingos de marzo. Esa información la tienen SS. SS.; ya sé que
hay especulaciones varias y en distintas direcciones sobre ello,
pero esto se cumplirá rigurosamente.

Señorías, se puede discutir, y lo comprendo, si se debe recibir o
no a determinada persona en función del interés que uno
interpreta en cuanto a defender la seguridad del Estado; se puede
discutir, pero no se puede especular más allá de esa discusión si
es razonable o no recibir a una persona con esa finalidad. No se
debe especular porque de las especulaciones ya tenemos algunas
experiencias. Por ejemplo, se especuló sobre la información que
el Gobierno daba en relación con el asunto Crillón, y ha tenido
que ser el Tribunal Supremo el que quite la razón a los que
manipulaban la información, o a los que se dejaban arrastrar por
la manipulación, sin que nadie haya rectificado hasta ahora y le
haya dicho al señor Serra: Usted perdone, le acusábamos
injustamente.

Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (El señor Aznar
López pide la palabra.)
Turno excepcional y les ruego la máxima brevedad en la
utilización de este turno.

El señor Aznar tiene la palabra.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, sin duda
después de la segunda intervención del señor González seguimos
sin aclarar todas las dudas y toda la oscura situación que se ha
motivado con motivo de su entrevista con el abogado de dos
particulares encausados. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.




El señor AZNAR LOPEZ: El año 1991 desaparecen unos documentos.

Vuelve a afirmar aquí, en esta tribuna, que ustedes no se enteran
de la desaparición de esos documentos y cuando dicen que se
enteran, al cabo de cuatro años, parece que son unos documentos
que afectan gravísimamente a la seguridad del Estado, con lo cual
durante cuatro años esa seguridad del Estado ha estado puesta en
entredicho. No contentos con eso, y lamento decirlo pero es así,
al director responsable del Centro, del cual han desaparecido
durante cuatro años, según ustedes, secretos de Estado que
comprometen la seguridad del Estado y de España, le nombran nada
menos que asesor del Ministro de Defensa.

Aparecen personas que presuntamente, y sin duda con toda
intención, hacen presiones, chantajes al Gobierno. Ustedes
convierten todo, se ha vuelto a decir otra vez aquí esta tarde,
esa teoría del pulso o en esa teoría de la conspiración y, al
final, señor González, lo único que resulta es que usted recibe
en el Palacio de la Moncloa nada menos que al representante legal
de los conspiradores contra el Estado.

Desde luego, señorías, el asunto no se tiene de pie de ninguna
manera, ni hay por donde cogerlo, salvo que ustedes están
permanentemente en la actitud de en lugar de asumir las
responsabilidades que les corresponden, señor González, intentar
buscar y echar la culpa a los demás; en lugar de haber tenido la
gallardía de asumir la situación y el coraje de comparecer en
esta Cámara, si realmente el interés del Estado estaba
comprometido, decirle la verdad a la Cámara y pedirle su apoyo,
que lo hubiese tenido por la sencilla razón... (Rumores.) Sí,
señorías, lo hubiese tenido por la sencilla razón de que yo creo
que ningún grupo de esta Cámara está dispuesto a aceptar ahora ni
nunca, que el Gobierno de España pueda estar sujeto a chantaje.

En lugar de tener esa gallardía de asumir responsabilidades,
usted se enzarza en conversaciones particulares con el
representante legal de los presuntos delincuentes, de los
presuntos chantajistas o de los presuntos conspiradores. Esa es
la realidad, señor González.

Aquí en esta Cámara no se pueden lanzar falsas acusaciones, ni
insidias, ni se puede caer en tentaciones colaterales. No se
puede decir, señorías, que nadie acepta los resultados de 1993.

Aquí nadie discute su legitimidad para gobernar. Aquí discute su
política y su forma de gobierno. Aquí nadie discute que un Estado
como el nuestro debe tener unos servicios de inteligencia
eficaces, señor González, nadie lo discute; lo que se discute es
que se utilicen de un modo partidista. Aquí nadie discute que el
Gobierno tiene que disponer de fondos reservados, señor González
(Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Otra vez!); lo que se
discute es que se utilicen por sus responsables para enjoyar a
las señoras de los altos cargos del Ministerio del Interior. Eso
es lo que estamos discutiendo. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Supongo que esto responde a que a S. S. no le gustan mucho, los
controles. Su señoría prefiere los controles más sumisos y más
domesticados de quienes dicen: Así no podemos seguir, para poder
seguir todo el tiempo que se quiera. Pero mientras nosotros,
señorías, tengamos encomendada, por decisión del pueblo español,
la función de control del Gobierno, cumpliremos esa obligación
constitucional y no tiene usted, señor González, ningún derecho a
tirar ninguna sombra de duda ni de sospecha sobre un grupo que
cumple su obligación constitucional (Rumores.); ningún derecho
tiene a hacerlo porque hablando de intereses del Estado, los
intereses



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del Estado, señor González, no es la utilización indebida de los
fondos reservados, ni es el GAL, ni son todos los escándalos de
corrupción que afectan a su Gobierno. Es el respeto a la ley; es
el respeto a las instituciones; es la vigencia del Estado de
Derecho. Y ya que usted se envuelve en el Estado, vamos a ver,
después de su Gobierno, cómo queda de maltrecho el Estado.

Entretanto, a lo que podemos aspirar y aspiramos, señor González,
es que la Presidencia del Gobierno de España no siga siendo
utilizada como un parapeto contra todo y contra todos. (Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el señor Presidente del Gobierno ha salido aquí y ha
dicho --francamente, con un rasgo de humor-- que iba a hacer un
esfuerzo para volver a explicarlo todo. La pregunta es ¿qué ha
explicado el señor Presidente?
Se ha limitado a copiar la lección que le marcó el otro día el
señor Ministro de Justicia e Interior, de cuya intervención ha
copiado párrafos enteros. Pero por debatir, señor Presidente, en
esta segunda intervención, usted ha dejado deslizar la siguiente
expresión: algo se ha conseguido; se refería a la negociación.

¿Qué ha pagado S. S.? Dígalo (Rumores.) Dígalo, porque en la
intervención del señor Ministro de Justicia e Interior y en la
suya hablaron de presiones insoportables, hablaron de pagos de
dinero, hablaron de responsabilidades jurídicas. Si algo se ha
conseguido, habida cuenta que ha habido un chantaje, diga S. S.

exactamente lo que ustedes han pagado por ese silencio
transitorio.

A partir de ahí, veamos algunas cuestiones. El señor Presidente
del Gobierno ha intentado desviar la atención, otra vez, con el
material y la seguridad del Estado. Señor Presidente, es el truco
de los magos: mover la mano izquierda y, a continuación, hacer el
truco con la derecha. Volvamos a repetir lo que antes dije: el
señor Perote se va del Cesid en noviembre de 1991 y se lleva
1.245 microfichas, voy a hacerle una pregunta, teniendo en cuenta
lo que el propio, ministro dijo aquí el 5 de octubre; hay
materiales que, por lo visto, obligan a S. S. a negociar, se
recogen infraestructuras económicas y tecnológicas que incluyen
la identificación de empresas pantalla para el desarrollo de las
actividades, ya sea en el interior ya sea en el exterior de
España. Identificación de agentes del centro; durante tres años y
medio los agentes de los servicios de inteligencia han estado
vendidos, porque ustedes han estado callados y ahora empiezan a
negociar la entrega. ¿Esta es la labor de un Gobierno, de cara a
un servicio de inteligencia callado, o es que el señor Manglano
no informó a S. S.? Estos son los datos. (Rumores.) Si mañana
viene alguien a presionarme a mí, con documentos que se llevó
hace tres años y medio, que ha hecho con ellos lo que haya
podido, ¿qué clase de negociación voy a establecer? ¿Se trata de
otros documentos o se trata de otras materias? Aquí está el quid
de la cuestión.

¿Es que un Presidente del Gobierno se reúne en el Palacio de la
Moncloa, así, por las buenas, con el abogado de dos personas que
han estado en la cárcel, que han recibido todos los calificativos
e insultos por parte del Gobierno de S. S., que los han tratado
como delincuentes que tienen fundadas sospechas, según ustedes
razonan, se sienta el Presidente del Gobierno, repito, en la
Moncloa, a negociar con el abogado de los mismos? Esto, señor
González, sin pretender ofender a S. S., porque no le imputo
nada, es una escena de «El Padrino»: (Rumores.) sentarse a
discutir con el representante de unos señores que han sido
insultados, que han sido calificados de delincuentes e ir a un
encuentro sin saber qué es lo que se discute.

Pero hay más. En su intervención reitera una y otra vez, igual
que el Ministro, problemas de seguridad del Estado. Siempre
dándole vueltas al mismo «retornello». Son los documentos que
conoce media España. El documento del Cesid ha estado en los
periódicos, la falsificación de pruebas judiciales ha estado en
los periódicos, el resto es lo que el señor Ministro ha dicho,
está en su comparecencia. Durante tres años y medio han podido
ser fotocopiados, como dije antes, cientos de miles de veces.

¿Para eso se sienta a discutir todo un Presidente del Gobierno?
Me parece absurdo. Su señoría lleva ya muchos años de Presidente
del Gobierno, tiene muchos vuelos. ¿Cómo ha podido caer en la
trampa? ¿Ha sido tan ingenuo? ¿O no es un problema de ingenuidad?
Es otro problema, el de no tener más que un trágala y verse
forzado a sentarse a discutir con tan ilustres señores.

Este es el problema que nos trae aquí, es un problema de Estado
en la medida en que mañana cualquier ciudadano que vea que su
causa no ha sido bien atendida en los tribunales, que le hayan
embargado sueldos, etcétera, podrá aducir que hay dos pesos y dos
medidas, uno para él, que de su exiguo sueldo tiene que pagar una
parte por una sentencia, y otro para los que tienen acceso, nada
menos, que al despacho del Presidente del Gobierno para negociar
con él las condiciones de la exoneración de responsabilidades.

(Rumores.) ¡Vaya ejemplo! Por eso hablaba en mi primera
intervención de la autoridad moral. La autoridad moral no se
fundamenta con acciones como ésta. Además, si hubiese sido algo
importante, S. S., el día que vino aquí, el 27 de julio, tenía
que haberlo dicho. Lo calló y lo silenció. Mañana o pasado
surgirá otra cosa y S. S. vendrá otra vez con la misma cantinela,
porque sigue negociando. Y sigue negociando con el que está en la
cárcel y sigue negociando con los demás. Porque la documentación
y la información que se coloca en lo alto de la mesa es grave.

Por tanto, sigue la negociación, una negociación que se hace de
manera indirecta, una negociación que se hace para evitar que los



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materiales sean difundidos. ¡Si los materiales, señor Presidente,
sólo falta ya que los vendan en el Rastro! (Risas.) Los conoce
todo el mundo.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino.

El problema que inquieta a S. S. es la parte de documentación que
he dicho que está fundada en los GAL, en los fondos reservados,
en acciones en dependencias policiales, porque no sé de otras
cuestiones que afectan a S. S. y al propio Gobierno. Por eso,
señoría, fue a negociar. Pero de los contenidos de las 1.245
microfichas, a estas alturas, después de tres años y medio, ¡a
saber dónde están las fotocopias!



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

El señor Molins tiene la palabra.




El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente, y muy
brevemente.

En primer lugar, señor Presidente del Gobierno, el Reglamento de
la Cámara lo conocemos bien. Es bien cierto, como no podía ser de
otra manera, que el Gobierno no estaba en contra del Reglamento
cuando decidió que quien comparecía en su nombre era el señor
Ministro Belloch. Tampoco puede el Gobierno saltarse el
Reglamento de la Cámara, señor Presidente del Gobierno. No se
trata de lo que dice el Reglamento, porque el mismo tampoco
prohíbe que sea el Presidente del Gobierno quien represente al
Gobierno. Se trata, señor Presidente, de tener la sensibilidad
necesaria en este caso, a nuestro entender, para que el Gobierno
diera cuenta de una actuación realizada por el Presidente del
Gobierno, y con su comparecencia de hoy demuestra que alguna
razón había para que fuera usted, y no un Ministro de su
Gobierno, quien compareciera a dar estas explicaciones.

Señor Presidente, nos mantenemos, a pesar de sus explicaciones,
en nuestra valoración de que el Gobierno erró en la política y el
funcionamiento del Cesid que usted personalmente erró al recibir
al señor Santaella y que el Gobierno sigue errando al no
conseguir probar y proceder contra los que presuntamente están
chantajeando al Gobierno.

Señor Presidente, por último y con referencia al control
domesticado que ejerce nuestro Grupo Parlamentario, les recuerdo
que, como ha dicho el señor Presidente del Gobierno, las
elecciones serán en marzo, y no por la actuación irresponsable a
lo largo de esta legislatura de quienes no han aceptado el
veredicto de las urnas, ni de quienes irresponsablemente han
mentido sobre los motivos que han llevado a nuestro Grupo a
mantener determinadas posiciones políticas a lo largo de esta
legislatura y que también hoy han puesto de manifiesto su escasa
preparación para asumir responsabilidades que vayan más allá de
la pura y dura oposición. Habrá elecciones en marzo como fruto de
la posición responsable de nuestro Grupo y no por la
irresponsable de otros.

Muchas gracias. (Protestas en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Tiene la palabra el señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, muy brevemente.

Usted en su contestación ha hecho una alusión a la intervención
de nuestro Grupo Parlamentario, sobre todo en aquello que se
refería al ex Presidente Adolfo Suárez. Indudablemente nosotros
sentimos por el ex Presidente respeto por lo que su figura
representa en la transición y sobre todo por su coraje político;
pero nos parece --y tenemos una cierta intuición-- que usted
recibió al señor Santaella porque se lo pidió el ex Presidente
Suárez. Con la información que a nosotros se nos suministró en la
reunión de secretos oficiales, consideramos que no había
suficientes elementos de juicio como para que usted aceptara una
reunión en Moncloa con el abogado Santaella, con lo que
representa, porque usted, que es muy remiso a recibir gente,
usted, que es tan remiso a tener relaciones con otros grupos
parlamentarios, usted, que es tan reticente a conversar y a
intercambiar puntos de vista con dirigentes políticos, ¿cómo es
posible que una persona como usted, una persona que nosotros
respetamos por su entereza, reciba a una persona que representaba
unos intereses absolutamente dudosos? Hemos criticado esa labor
de puente que hizo el ex Presidente Suárez porque no consideramos
que sea el papel que tiene que hacer un ex Presidente del
Gobierno. Su argumentación es que el ex Presidente Suárez es un
hombre de Estado, y yo creo que en el nombre del Estado se
cometen delitos y se encubren muchas cosas. Yo creo que si
estamos en un sistema parlamentario, si estamos en un régimen
democrático, lo que tienen que funcionar de una manera ágil y
cabal son las instituciones, y si usted en cualquier momento se
sintió chantajeado o presionado de una manera inadecuada, usted
tenía que haber utilizado otro tipo de procedimientos y no
recibir en Moncloa a un personaje como Santaella, por mucho que
le presionara el ex Presidente Suárez. Usted no nos va a callar
la boca diciendo que, como un hombre de Estado se lo pidió, usted
aceptó ese tipo de planteamientos, porque se empieza por ahí y se
termina aceptando, bajo el concepto de Estado, incluso hasta el
terrorismo de Estado.

Por tanto, estamos en absoluta discrepancia ante ese
planteamiento, como hemos estado en absoluta discrepancia ante el
planteamiento de unos servicios de inteligencia que han estado
durante todos estos años bajo mandato militar. Entendemos que lo
militar tiene que controlar la defensa exterior de un Estado,
pero bajo ningún concepto podemos admitir que la defensa interna



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y el seguimiento de la inteligencia interna de un país estén en
manos militares, y se acaba de demostrar que ustedes durante
cuatro años no se enteraron de lo que estaba ocurriendo en el
Cesid. Eso nos parece absolutamente anómalo, y ese es el meollo y
la almendra de la cuestión, y no que el Presidente Suárez le
dijera que había un planteamiento absolutamente inaceptable y
chantajeante por parte de Mario Conde, de Santaella y de todo ese
equipo. Discrepamos profunda y enfáticamente de ese sentido de
Estado que usted le quiere atribuir, y si usted, señor
Presidente, tiene sentido de Estado, nos gustaría que estuviera
reflejado en unos servicios de inteligencia que no estuvieran
bajo mandato militar desde el punto de vista de la información
interna, porque estamos viendo lo que ha ocurrido con este asunto
desastroso del Cesid y con lo que ha supuesto y lo que puede
suponer en el futuro si información sensible va siendo publicada
en medios de comunicación publica.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intervenir brevemente al objeto de responder a la afirmación que
ha hecho el Presidente del Gobierno y que no se corresponde con
la realidad sucesiva de los hechos. Me explicaré.

Primera cuestión. El Presidente del Gobierno ha dicho que va a
evitar --fíjese usted el esfuerzo que ha tenido que hacer-- caer
en la tentación de tener que responder ante la Cámara que un
asunto tan grave como el que ha ocurrido con los servicios
secretos del Estado no derive hacia la consideración de una grave
crisis política que afecta a instituciones del Estado. Ese tema
lo separa. Nos ha dado sólo la versión, más o menos de novela
policíaca, de que lo vi, no lo vi, etcétera.

Nosotros lo que planteamos es que lo que obligaba a la presencia
del Presidente del Gobierno hoy aquí era el debate sobre si
existe una crisis política profunda en España que afecta
gravemente a instituciones del Estado. Ese era el debate. Sin
embargo, ese debate lo ha aplazado el Presidente del Gobierno,
porque no lo quiere hacer y lo viene esquivando sucesivamente, al
próximo día 21.

Nos ha dicho que Coalición Canaria estaba de acuerdo en que
hubiera elecciones en marzo. Los hechos que explican la crisis
política que vivimos son los siguientes. A mitad de julio, el
Presidente del Gobierno reúne a los representantes de los grupos
políticos que quisieron visitarle en La Moncloa, entre ellos al
representante de Coalición Canaria, don Victoriano Ríos, que
justamente hoy es el Presidente de la Comisión GAL, al que le
dice --ya que ha hecho referencia a la conversación que mantuvo
con nuestro Grupo-- lo siguiente: yo tengo una mayoría
parlamentaria --y este punto me interesa muchísimo dirigirlo a
Convergència i Unió--, tengo garantizado el apoyo de Convergència
i Unió hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, al mismo tiempo que
el señor Ríos sale de La Moncloa, el señor García Damborenea
convoca la rueda de prensa que provoca la crisis GAL y días
después Convergència i Unió dice que se acabó el apoyo al
Gobierno.

Yo intervengo aquí el 27 de julio, señor González
--no sé si usted me escuchó pero parecía que sí lo hacía, me
miraba igual que ahora, como si me escuchara-- (Risas.) Perdone
usted, porque no he querido hacer un chiste ni cometer una falta
de respeto a la Presidencia del Gobierno. Ese día le dijimos:
señor González, convoque elecciones en enero o febrero, porque
nosotros vamos a respetar, por intereses de Estado, la
Presidencia española de Europa. Se lo volví a repetir el mes
pasado y se lo he vuelto a repetir hoy. Le he dicho que nosotros
vamos a respetar la Presidencia española de Europa. Porque usted
ya no tiene mayoría, ya que Convergència i Unió ha presentado una
enmienda a la totalidad de los Presupuestos, que yo creía que iba
a tardar media hora en leer pero que tan sólo he tardado 15
segundos, que dice lo siguiente: no es tiempo de debatir unos
Presupuestos porque es tiempo de elecciones. Votamos todos, y en
el debate más importante del año, como es el de los Presupuestos
del Estado, el Gobierno salió derrotado, y sigue derrotado. Como
consecuencia de ello, deberían convocarse elecciones con carácter
inmediato.

Un Magistrado del Tribunal Constitucional ha dicho que los
mecanismos y cautelas que prevé la Constitución para defender la
estabilidad del Gobierno no pueden rebasar nunca una mayoría
parlamentaria en un debate esencial como es el de los
Presupuestos, que obliga al Gobierno a presentar la cuestión de
confianza o a convocar elecciones.

Ante esa reflexión, mi Grupo viene solicitando reiteradamente que
respetemos la Presidencia Europea de España hasta el 18 de
diciembre. Porque entre el 18 y el 31 de diciembre ¿qué va a
hacer usted, señor González, si ya acabó la Cumbre de Madrid?
¿Tomarse unas vacaciones que usted se merece, después de tantos
viajes que ha tenido en los últimos tres meses? (Risas.) Convoque
elecciones para febrero. Y si usted está preocupado por la
posición de España en Europa, en abril tiene que haber un
Gobierno en España. ¿O es que va a ir usted de nuevo en abril a
la Conferencia Europea como Presidente en funciones después de
ser derrotado?
Hay elecciones el 24 de marzo, según dice el Presidente y hoy lo
ha ratificado aquí. Por lo menos ya tenemos la garantía, supongo
que la garantía absoluta. Espero que no tenga usted una crisis de
personalidad y de identidad que le provocará de nuevo un
aplazamiento y un cambio de criterio sobre las elecciones.

Ante eso, mi Grupo ha presentado una proposición no de ley --y
termino, señoría--, porque aquí ha llegado la hora de la verdad.

Hay una crisis de Gobierno y de Estado, tiene que haber
elecciones y la hora de la



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verdad es el día 21. He presentado una proposición no de ley que
dice que esta Cámara, máximo órgano de soberanía popular,
representación máxima del poder del Estado, clave de las
decisiones políticas, el día 21 de este mes discuta si usted debe
convocar elecciones o no. (Rumores.), lo discutirá. Lo ha tenido
que aceptar la Mesa. Han estado un mes y medio echándomela para
atrás, para adelante, para arriba y para abajo, diciendo si era
constitucional o no lo era. Es constitucional el debate. ¡Estaría
bueno que estuviéramos en presencia de una reforma
constitucional, de hecho, porque no estuviéramos en un sistema
parlamentario y sí en un sistema presidencialista, que a veces
las mayorías absolutas han creado una práctica deformada en la
vida política de este país!
El Parlamento el día 21 le va a decir a usted su opinión sobre
este tema y Convergència i Unió tiene que decidir de aquí al día
21 --sin ningún problema, porque ya ha hecho las elecciones
catalanas el día 19 (Risas.)-- si son consecuentes o no con la
enmienda que plantearon a los presupuestos, que tiene un solo
folio y que dice: Es tiempo de elecciones. Esta Cámara dirá el
día 21 si la crisis política española se tiene que resolver
conectando la voluntad mayoritaria de los españoles con un nuevo
Parlamento y un nuevo Parlamento con un nuevo Gobierno que
afronte los grandes retos que tiene la sociedad española.




El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego concluya.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Dice un famoso pensador que las
mentiras son simples y las verdades complejas. Es así de compleja
la crisis política y son así de simples sus reuniones con Perote
y no sé cuántos más, porque lo que hay de fondo, señor Presidente
del Gobierno, y usted no lo puede esquivar, es una crisis de
Gobierno profunda, una crisis política profunda que afecta a los
cimientos del Estado y la responsabilidad política es del
Gobierno y de ustedes.

Este mes que falta para la convocatoria electoral va a permitir
tres cosas.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: La primera, que se culmine la
Presidencia europea de España. La segunda, que se haya aprobado
hoy el Código Penal, que era una gran obsesión del Presidente del
Gobierno. La tercera, que se fijen las responsabilidades
políticas del caso GAL y que el parlamento condene contundente y
enérgicamente el terrorismo de Estado para que nunca más vuelva a
ser una vergüenza en este país. (Algunos señores Diputados: ¡Muy
bien!)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.

¿Señora Rahola? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez):
Telegráficamente tengo que hacer algunas consideraciones.

Primero, para defender una vez más al señor Manglano de ataques
absolutamente injustos que está recibiendo en esta Cámara, en
este caso por parte del señor Aznar. Y, en segundo lugar, para
advertirle sencillamente que yo no soy especialista en sembrar
dudas. Usted ha hecho una intervención sembrando todas las dudas
del mundo. Yo me he atenido a la cuestión. Durante la primera
intervención de la tarde y la segunda he intentado no salirme de
esa cuestión, no discutir ni credibilidades ni otras cosas. Yo le
digo que usted sí ha sembrado dudas sin ningún fundamento.

Después ha sido corroborado en ese intento por el señor Anguita,
cuando ha dicho que si algo se ha conseguido ¿a cambio de qué ha
sido? Diga usted, si tiene algún dato, a cambio de qué. Todos los
hechos evidencian lo contrario. (Rumores.) Yo sé que hay algunos
que no creen --y éste es uno de los problemas que tenemos, señor
Presidente, señorías-- que quien afirma tiene que probar. Yo sé
que hay algunos que no lo creen, que no saben que ésa es la
esencia misma del Estado de Derecho y protestan cuando uno dice
que cuando se haga una afirmación, obviamente, que se pruebe.

Pero además, señor Anguita, no me ha escuchado usted cuando he
dicho, hace muy poco tiempo, que no había información del
Gobierno cuando se produjo la sustracción en el año 1991 y que no
la ha habido hasta este año. Lo he dicho una vez más. Y usted ha
hecho preguntas sobre la responsabilidad del Gobierno durante
esos cuatro años como si hubiéramos estado informados en relación
con los temas de la seguridad. Por consiguiente, no había ese
conocimiento del Gobierno. Y una cosa le ruego: No dé crédito a
la manipulación, no se crea todo lo que cuentan algunos que están
interesados dentro de esa medio trama, y hagan una diferenciación
(Risas.) entre lo que son pruebas jurídicas y lo que son
evidencias desde el punto de vista político. ¡Si todos los
ciudadanos saben lo que está ocurriendo desde el punto de vista
político! Si tuviéramos pruebas, como de hecho hemos tenido en
algún caso, los procedimientos judiciales estarían en marcha,
como ha ocurrido en algún caso en que hemos tenido las pruebas y,
naturalmente, se pueden abrir esos procedimientos judiciales a
otros.

Es cierto que discrepamos con Convergència en la valoración de
una entrevista, y me parece lógico y razonable que discrepemos en
la valoración de esa y de las otras entrevistas.

También quiero, de nuevo, resaltar lo que he dicho desde la
tribuna en referencia a la intervención del señor Anasagasti,
porque es la única cita personal que se ha hecho, la del señor
Suárez. En ningún momento me



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ha pedido que haga esa entrevista. Ha considerado él, puramente
en una relación de ex Presidente a Presidente en ejercicio, que
sería bueno que la hiciera; pero pedirme, en ningún momento. No
confundamos los términos. La responsabilidad es exclusivamente
mía. No traslado ninguna responsabilidad, como es natural, a
quien no la tiene, que es Adolfo Suárez, por el que siento un
enorme respeto, y naturalmente consideración por su criterio.

(Fuertes rumores y protestas.) Tengo un enorme respeto por el
señor Suárez. Algunos protestan y chillan ahora. Cuando algunos
de los que chillan ahora no querían tener nada que ver, decían,
con la herencia de UCD, nosotros defendimos, en la práctica y con
los hechos, esa herencia democrática. (Fuertes rumores y
protestas.--Aplausos.)
Señor Mauricio, es verdad que podemos discutir cuando lo desee S.

S.... (Continúan los rumores y las protestas.) Creo que tendrían
que cambiar de portavoces algunos grupos...




El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Mauricio, podemos o no discutir... (Continúan los rumores.) Lo
siento mucho, me esfuerzo porque me oiga, créalo. Podemos o no
discutir de la crisis política cuando lo desee. Hay un motivo
concreto de la comparecencia de hoy que está escrito y suscrito
también por su Grupo. Por consiguiente, tenemos que atenernos a
los motivos de las comparecencias para conseguir algún tipo de
resultado, alguna clarificación.

Yo sé que usted no ha querido hacer chistes en su intervención,
aunque ha provocado algunas sonrisas o algunas risas. Sí, le
escuché en julio, le he vuelto a escuchar el otro día cuando
intervino usted y ahora nuevamente, y le escucho con respeto. Le
ruego que lo haga usted también conmigo. ¿Qué tiene que ver el
que haya elecciones en febrero o en marzo con la Conferencia
Intergubernamental, que a lo mejor se convoca para abril o para
mayo? ¿Qué tiene que ver? (Risas.--Rumores.) Es evidente que no
tiene nada que ver. ¿Es que usted cree que la convocatoria --que
me parece que es el error-- exige que los jefes de Gobierno
participen en esa Conferencia Intergubernamental directamente? No
es así. No va a haber ningún Consejo Europeo explícitamente para
inaugurar o poner en marcha la Conferencia Intergubernamental. Va
a haber un mecanismo, que es superconocido, y eso es lo que yo
creo que provoca una cierta confusión. Y sólo le quiero aclarar
algo, ya en tono mucho menor. Usted ha dicho 24 de marzo. Yo no
he citado nunca esa fecha. Me parece una buena sugerencia, pero
he dicho marzo, no 24 de marzo. Podría ser el 10 de marzo, en
lugar del 24, y usted estaría más contento. Lo que no sería
lógico es que fuera el día de San José. (Rumores.)
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO QUE, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DEL REGIMEN
PARLAMENTARIO, LA DEVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS SUPONE LA
RETIRADA DE CONFIANZA DE LA CAMARA AL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/001478)



El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Preguntas.

Pregunta número 24, del señor Arias-Salgado, que tiene la
palabra. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Arias.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Señor Presidente, ¿considera el
señor Presidente del Gobierno que, de acuerdo con los principios
del régimen parlamentario, la devolución de los Presupuestos
supone la retirada de confianza de la Cámara al Gobierno?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.

El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Yo creo que,
de acuerdo con la Constitución española, que desde luego consagra
un régimen parlamentario, no.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

El señor Arias tiene la palabra.




El señor ARIAS-SALGADO MONTALVO: Gracias, señor Presidente.

Lamento que, una vez más, señor González, no asuma usted sus
responsabilidades. (Rumores.) Pero aquí hay un hecho crudo y
desnudo: usted no goza de la confianza de este Parlamento para
administrar los Presupuestos del Estado.

Las consecuencias que cualquier gobernante demócrata hubiera
sacado de la devolución de los Presupuestos serían o la dimisión
inmediata o la disolución inmediata. (Rumores.)
La democracia no es sólo un sistema de instituciones ni siquiera
es sólo unas elecciones. La democracia es también, y sobre todo,
una cuestión de formas; la democracia es también, y sobre todo,
el respeto al espíritu



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y a la letra de la Constitución, espíritu de la Constitución que
usted, con su actitud, no respeta.

Su actitud, señor Presidente del Gobierno, daña gravemente el
crédito y el prestigio de este Parlamento; vulnera las reglas más
elementales del régimen parlamentario (Un señor Diputado: ¡Tanto
no!) y, todavía muchísimo más grave, pone en tela de juicio a la
democracia representativa. (Rumores.)
Su actitud, señor Presidente del Gobierno, desde las propias
filas del Partido Socialista ha sido calificada de cesarista, y
una actitud cesarista es exactamente la antítesis de la
democracia representativa, y la antítesis de la democracia
representativa es una conducta profundamente antidemocrática.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores y
protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arias.

El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Arias-
Salgado, no hace falta ponerse tan tenso para decir eso.

Tiene usted una parte de razón que a mí no me importa reconocer:
el Gobierno ha perdido una votación muy importante. Pero, además
de las actitudes que usted dice, se podían tener dos actitudes
más: presentar la cuestión de confianza o presentar la moción de
censura. Eso es lo que dice la Constitución española. Es su letra
y es su espíritu. Esas son las posibilidades.

Y, ¿por qué dice eso la Constitución española? Lo dice porque no
quiere que haya una vacío de poder; lo dice porque, cuando haya
que sustituir a una mayoría, ofrece dos caminos de sustitución de
la mayoría: o presentar una moción de censura y, por
consiguiente, un candidato que pueda tener la mayoría y un
programa que sea respaldado, o bien que haya un proceso electoral
que le dé a uno una mayoría alternativa. Pero he empezado por
decirle que una parte de razón tiene usted: es un votación
extraordinariamente importante, y en unas circunstancias que no
fueran las circunstancias que hemos vivido hoy y que culminarán
el 31 de diciembre, con algunas responsabilidades específicas, yo
no hubiera tenido inconveniente en adelantar un mes y medio más
el proceso electoral respecto de la fecha a la que estoy
comprometido. Y lo he dicho ya públicamente.

Yo voy a cumplir, por consiguiente, con mi obligación, pero tengo
que recordarles que ustedes no cumplen con la suya. ¿Quieren
cambiar la mayoría? Cámbienla. Presenten una moción de censura.

Presenten un candidato y un programa. (Rumores.--Protestas.)
Digan a los ciudadanos españoles qué es lo que quieren hacer;
aunque sea por una sola vez, díganselo. (Fuertes aplausos.--
Rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MOHEDANO FUERTES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES
DIPLOMATICAS HA EMPRENDIDO O PIENSA EMPRENDER EL GOBIERNO ESPAÑOL
ANTE EL GOBIERNO CHINO PARA ERRADICAR LAS HABITACIONES DE LA
MUERTE? (Número de expediente 180/001493)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 37, del señor Mohedano
Fuertes, que tiene la palabra. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)



El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en cualquier situación de violación de los
derechos fundamentales los niños siempre son las personas más
indefensas. Por eso le quiero preguntar qué acciones diplomáticas
ha emprendido o piensa emprender el Gobierno español ante el
Gobierno chino para erradicar u obtener la desaparición de las
llamadas «habitaciones de la muerte».

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mohedano.

Señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.

El tema de los derechos humanos en China, como se puede S. S.

imaginar, no está ligado a que se produzca un programa de
televisión, por importante que sea. El tema de los derechos
humanos en China es la preocupación no solamente de este Gobierno
sino de todos los gobiernos de la Unión Europea. Por tanto, no
únicamente en esta ocasión sino en todos los momentos en que
existe diálogo político en China es un tema que está siempre
patente, con el sentido de la responsabilidad que siempre se
realiza, al menos desde las autoridades de la política exterior
de España. Hay acciones, por tanto, concretas desde hace mucho
tiempo en esa dirección. En cuanto a acciones más específicas,
como sabe S. S., se ha hecho ya un contacto con las autoridades
chinas para que, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, se
firme un protocolo de adopción, que ha sido bien aceptado por
parte del Gobierno de China.

Esto es lo que le puedo decir para que S. S. se quede con la
tranquilidad de que el tema de los derechos humanos sigue siendo
una prioridad fundamental en toda la acción diplomática del Reino
de España.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




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--DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿POR QUE
RAZONES EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO SE NIEGA A REVELAR
LOS DATOS, QUE REITERATIVAMENTE LE HAN SOLICITADO, RELATIVOS A
EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE HABIENDO SOLICITADO CREDITOS FAD PARA
PROYECTOS EN EL EXTERIOR HAN VISTO DENEGADA SU SOLICITUD POR ESE
DEPARTAMENTO? (Número de expediente 180/001480)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 26, de
don Rafael Antonio Hernando Fraile.

Señor Hernando Fraile.




El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

¿Por qué razones el Ministerio de Comercio y Turismo se niega a
revelar los datos, que reiteradamente le han solicitado,
relativos a empresas españolas que habiendo solicitado créditos
FAD para proyectos en el exterior han visto denegada su solicitud
por ese Departamento?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando.

Señor Ministro de Comercio y Turismo.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Muchas gracias.

Me parece que esta pregunta se la hemos contestado diez veces.

Tengo aquí una nota del Gabinete diciendo que entre por escrito y
de palabra la ha formulado diez veces. Le tengo que decir otra
vez que como las empresas españolas no solicitan créditos FAD,
que se conceden a países que los solicitan, no tenemos ningún
dato.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Señor Hernando Fraile



El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.

Su aseveración en cuanto al número de veces que he formulado esta
pregunta es absolutamente falsa. No obstante, estamos dispuestos
a hacérsela tantas veces como sean necesarias con el objetivo de
que usted facilite esos datos.

Según el informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización del
FAD, señor Ministro, tengo que recordarle que hasta el propio
Tribunal de Cuentas reconoce que esas concesiones se hacen a las
empresas españolas. En marzo de 1994 es cierto que le preguntamos
sobre este asunto y usted, como hoy ha hecho, denegó la
existencia de ese tipo de operaciones o de actitudes por parte
del Gobierno. Pero el 7 de febrero de 1995 su Secretario de
Estado, en la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo,
reconocía que se había denegado ese tipo de operaciones y decía:
Vamos a enviar lo de las operaciones denegadas. Era un tema
puramente interno el que lo impedía. Sin embargo, una vez visto
que en este asunto no se obtenía claridad suficiente, el 27 de
junio, una vez más, este Diputado volvía a interesarse por el
asunto, y el Secretario de Estado volvía a dar excusas y decía:
Hay que esperar a que se apruebe la ley del FAD para dar esas
operaciones. Decía también: No le vamos a poder enviar esta
información porque ni está registrada ni debidamente
computerizada. Y volvía a reiterar: No son denegaciones, son
consultas orales. Una vez más trampas, una vez más engaños, una
vez más mentiras. Mentiras porque la ley no se va a aprobar en
este período de sesiones, a pesar de que usted se comprometió en
la Comisión a que se aprobara en el primer período. Mentiras
porque las operaciones sí están registradas. Y mentira también
porque eran algo más que consultas orales. Prueba de ello es la
página 48 del informe del Tribunal de Cuentas en que se detalla
el número de cada una de las operaciones denegadas.

Señor Ministro, es necesario desvelar si se han seguido los
criterios legales que ordenan la adjudicación de este tipo de
operaciones. Es necesario determinar si ha existido trato de
favor, una vez más, por su parte en este tipo de operaciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Hernando.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Como siempre, usted es de los parlamentarios
basureros, que consiste en echar basura. Todas sus intervenciones
han sido del mismo calibre: echar basura a los demás y decir
cosas que no se ajustan a la realidad.

Usted ha hecho una pregunta relativa a qué solicitudes de crédito
estaban haciendo las empresas. Las empresas no son receptoras de
crédito y, por tanto, no pueden hacer ninguna solicitud en este
sentido. Eso es lo que usted ha preguntado y lo que yo le he
contestado. Si usted lo que me dice es que las empresas hacen una
consulta sobre si un determinado proyecto comercial puede ser
financiable con créditos FAD --el que lo recibe es el país y eso
no es una solicitud de crédito FAD-- le diré que, efectivamente,
las empresas presentan solicitudes. Unas, de carácter verbal, la
mayoría; otras, por escrito, a través de un formulario. Las
empresas lo presentan cuando tienen un proyecto comercial y la
posibilidad de venderlo en el exterior. Las empresas, por su
propio interés, son las que no quieren



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que se haga pública su línea comercial. Si se hiciera público,
sus competidores sabrían perfectamente dónde hay posibilidades de
un proyecto de unas características determinadas.Estamos
dispuestos a que en las consultas por escrito sobre si un
determinado proyecto es financiable con créditos FAD se añada una
pregunta en el formulario para saber si las empresas quieren que
se haga público las que lo han solicitado y se les ha denegado,
porque evidentemente forma parte de la confidencialidad de la
acción comercial de la empresa.

Le voy a decir algo sobre las cosas a que usted es especialista
en sembrar basura. La decisión o no de dar un crédito FAD la toma
una comisión financiera formada por doce funcionarios, presidida
por un director general, en la que no están ni el ministro, ni
ningún subsecretario, ni secretario de Estado. Una vez informado
por esa comisión, pasa a una comisión interministerial formada
por un conjunto de ministerios. Por tanto, no hay arbitrariedad,
es una decisión bastante seria y usted puede...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿EN QUE FECHA SE HA DISPUESTO DE
LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS PARA ACOMETER EL PLAN DE
MODERNIZACION DEL COMERCIO? (Número de expediente 180/001481)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 27, de
don Ramón Aguirre Rodríguez. Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿en qué fecha se ha dispuesto de los créditos
presupuestarios para acometer el plan de modernización del
comercio?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguirre.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Gracias, señor Presidente.

Señoría, no se ha dispuesto todavía de ningún crédito en el
capítulo del plan de modernización del pequeño comercio. Le voy a
explicar por qué. También le quiero decir --y es la conclusión de
la contestación de la pregunta-- que esperamos que en el tiempo
que queda --un mes y veinte días-- podamos disponer de casi la
totalidad de los créditos.

El plan se negoció durante los primeros cinco meses con las
comunidades autónomas. Tuvo, por tanto, un largo período de
negociación porque es un tema de la competencia de las
comunidades autónomas y hay que realizarlo a través de ellas. Se
aprobó en el mes de mayo en conferencia sectorial y poco después
hubo un cambio de los gobiernos autonómicos, con la consiguiente
toma de posesión de los nuevos. Por tanto, la adhesión formal y
la firma, de acuerdo con lo que se había aprobado en el plan
sectorial, la tendrían que hacer los nuevos gobiernos. La
adhesión se ha hecho ya por 14 de las 17 comunidades autónomas, y
los convenios, que son necesarios, se van a firmar --están
previstas las fechas ya-- en el plazo de diez días. Como, al
mismo tiempo, tanto el Gobierno como las comunidades han
estudiado los proyectos que han presentado las asociaciones de
pequeños comerciantes, deseamos --y esperamos que así sea-- que
se pueda utilizar en su conjunto el crédito de manera correcta y
adecuada.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.

El señor Aguirre tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, usted presentó este plan de modernización en
plena campaña electoral --se acordará--, lo ha presentado también
en sucesivas ruedas de prensa, lo ha presentado en todas las
comunidades autónomas, le queda por presentarlo a este
Parlamento. Sería bueno que diera la cara en este Parlamento
presentándonos este, plan. Sabe usted que en los presupuestos de
1995 hay una partida de 2.000 millones; después ha venido ese
delirio que ustedes desde el Ministerio han planteado de sumar
las partidas que los presupuestos de las comunidades autónomas
tienen para este menester y sumar las partidas que se podrían
recabar del presupuesto comunitario para llegar a la artificial
cifra de 300.000 millones. Pero realmente su plan sólo tiene
2.000 millones de pesetas. A la fecha de hoy han transcurrido
exactamente 312 días de los 365 de 1995 sin que se haya podido
disponer de este Plan; por tanto, le quedan exclusivamente 53
días para ello. Su contestación me lleva a una clarísima
conclusión. En 1995 no va a haber, plan de Modernización ni
partida presupuestaria para atender ese plan, porque no va haber
tiempo material de que usted firme las órdenes ministeriales, ni
de que se publiquen, ni de que usted firme los convenios con las
comunidades autónomas. Lo malo no es que ya no va a haber plan
para 1995 y soporte presupuestario --aunque esté ahí la partida
no va a haber tiempo para disponerla--, lo malo es que, como
usted sabe, tampoco va a haber esa partida para 1996. Por tanto,
todo ha



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quedado en una bonita rueda de prensa y, desde luego, en una
escasez de pronunciamientos ante este Parlamento para
presentarnos ese plan. Sería bueno que viniera usted a hablar al
Parlamento de ese plan. No esté sólo en las ruedas de prensa.

Venga usted a comparece por voluntad propia, no que tenga que ser
el Grupo Popular quien se lo pida; venga usted a comparecer.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguirre.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): Voy a hacer alguna puntualización, porque al fondo de
la pregunta, evidentemente, ya le he contestado que no se ha
dispuesto de ningún crédito. Por tanto, no tenemos ninguna
discrepancia, si lo que usted quería saber era si se había
dispuesto o no de un crédito.

En primer lugar, yo no lo he presentado en ninguna ciudad de
España. Por tanto, no me puede decir que lo he hecho en todos los
sitios. Lo he presentado en Madrid y no lo he presentado en
ningún otro sitio (El señor Aguirre Rodríguez: En Extremadura.)
No. Extremadura no lo he presentado. Yo no recuerdo haber ido a
Extremadura, por lo menos desde mayo. Por tanto, en Extremadura
yo no lo he podido presentar. A lo mejor lo ha presentado el
Subsecretario, pero yo no.

En segundo lugar, hay 2.000 millones. Cualquier persona que mire
el presupuesto ya lo sabe. O sea que sí hay 2.000 millones.

En tercer lugar, como lo que se va a hacer es prorrogar al año
que viene los presupuestos de 1995, evidentemente figurarán los
2.000 millones. (El señor Aguirre Rodríguez: Según el artículo 56
del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, no es
posible.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguirre, no es
cuestión de mantener un diálogo.




El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro
Navarrete): En cuarto lugar, las órdenes ministeriales están
firmadas y esperamos que se publiquen esta semana en el «Boletín
Oficial del Estado». Si vamos a gastarlo o no en su totalidad, a
final de año lo veremos. Le digo que sí tenemos voluntad de
hacerlo y que, evidentemente, el cambio de los gobiernos de las
comunidades autónomas es un elemento fundamental en el retraso
que reconocemos que existe.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, muchas
gracias.

--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA PAULA MONZON SUAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA RESPECTO A LAS NOVATADAS QUE SE
PRODUCEN EN LOS COLEGIOS MAYORES? (Número de expediente
180/001472)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20, de
doña Paula Monzón Suárez, quien tiene la palabra.




La señora MONZON SUAREZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el pasado mes de octubre un grupo de
universitarios, entre ellos dos grancanarios y dos tinerfeños
tuvieron la valentía de denunciar públicamente las vejaciones que
sufrieron como novatos durante todo el curso pasado en el colegio
mayor Jiménez de Cisneros. Los hechos, publicados en la prensa,
han producido una gran preocupación entre las familias de
estudiantes residentes en colegios mayores y en amplios sectores
de la sociedad. En base a estos hechos, formulo al señor Ministro
de Educación la siguiente pregunta: ¿Qué medidas ha tomado el
Ministerio de Educación y Ciencia respecto a las novatadas que se
producen en los colegios mayores?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Monzón.

El señor Ministro de Educación y Ciencia tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.

Señora Monzón, ni la administración educativa ni el Ministerio ni
la administración autonómica pueden tomar medidas en relación con
el problema planteado, porque es un tema que está bajo el control
de las autoridades universitarias, es decir, del rector o de los
vicerrectores responsables de la política de ayuda al estudiante,
de residencias, de comedores, o cualquiera donde en virtud de los
estatutos de cada universidad se adscriba la política de colegios
mayores. Esto no me evita decirle que me repugna el tipo de
prácticas denominadas novatadas. He vivido cuatro años en un
colegio mayor, pero da la casualidad de que como era un colegio
en el que todos éramos nuevos no hubo posibilidad de novatadas,
como algunos de los Diputados de esta Cámara recordarán. Luego he
sido director tres años de un colegio mayor universitario. Yo
comprendo que es difícil distinguir entre el humor de una fiesta
que se celebra a principio de curso de los excesos que en esa
fiesta se puedan cometer. Pero hoy estamos en una sociedad
democrática y los valores plasmados en



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la Constitución de respeto a la dignidad de cada uno de los
ciudadanos hay que cumplirlos a rajatabla en cualquier lugar, y
deben ser los directores, los jefes de estudios los que respondan
y vigilen que las prácticas de esas fiestas de inicio de curso no
puedan producir lesiones a la dignidad, como ha ocurrido en los
casos mencionados.

He recibido una carta de la familia tinerfeña del señor Rodríguez
Coello y me indican que si no obtienen la respuesta adecuada
podrán y deberán hacer uso de las acciones penales
correspondientes, porque se trata de un tema serio, cuando
además, como usted y yo sabemos perfectamente, se ha hecho mofa
del acento y de la pronunciación que estos colegiales tienen como
naturales de las islas Canarias.

En consecuencia, insisto, la responsabilidad está en las
universidades y en los órganos de control, los claustros, donde
hay representación de los estudiantes, de los profesores, de los
no docentes y que se ejercite ahí la defensa de los derechos que
todos los estudiantes tienen hoy garantizados en la Constitución.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra la señora Monzón.




La señora MONZON SUAREZ: Gracias, señor Presidente.

Nosotros sabemos que los centros, las universidades tienen
autonomía y la respetamos, como no podía ser menos. Pero en
Coalición Canaria creemos que con la misma intensidad que
defendemos la autonomía de las universidades, defendemos también
el respeto a la integridad física, la dignidad y los derechos y
libertades individuales, como ha dicho el Ministro, que con
prácticas tan salvajes como las que se han denunciado se
conculcan, desde nuestro punto de vista. Por tanto, respetando la
autonomía de las universidades, entendemos que desde la autoridad
del Ministerio que usted preside, y no desde una concepción
administrativa o sancionadora, que no podría ser, desde su
función educador debe expresar su departamento su preocupación
ante tales hechos y debe hacer las recomendaciones pertinentes,
de forma que los propios centros se sientan respaldados por el
Ministerio a la hora de adoptar medidas disciplinarias, que creo
que deben adoptar, sobre quienes continúan realizando tan
indeseables prácticas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Monzón.

Señor Ministro, le quedan dieciocho segundos.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.

Unicamente quiero decirle que es toda la sociedad la que debe
colaborar; que no es el Ministerio el que tiene que enviar
recomendaciones, sino toda la sociedad la que asuma la defensa de
los derechos constitucionalmente reconocidos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE INICIATIVAS HA EMPRENDIDO
EN RELACION AL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ PROFESIONAL DE LA
LICENCIATURA DE DERECHO, TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL AMBITO
EUROPEO? (Número de expediente 180/001482)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28, de
don Andrés Ollero Tassara, que tiene la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la pregunta es qué iniciativas ha emprendido en
relación al reconocimiento de validez profesional de la
licenciatura de Derecho, tanto en España como en el ámbito
europeo. Es una polémica ésta que tiene precedentes --usted sin
duda los conoce-- primero de los titulados de medicina, pero
también otros más graves, por ejemplo, de maestros españoles a
los que en Alemania, en algún Estado federal, se les ha negado
validez a sus títulos, por lo menos pleno efecto, argumentando
que no tenían formación práctica en su carrera, lo cual, por otra
parte, se demostró que no era cierto, pero ciertamente después de
una gran pasividad del Ministerio.

Hay el temor de que por este camino vamos hacia una universidad
que, después de haberse eliminado el bachillerato, que
prácticamente ustedes se lo han cargado, se va a convertir en una
especie de bachillerato superior, sin validez profesional alguna,
y luego serían las diversas profesiones las que se van a ir
encargando de darle esa validez profesional. Lo que nos
preocupaba sobre todo era su pasividad, porque durante muchos
días, hasta el 26 de octubre, un colegio profesional muy
respetable y el señor Belloch eran los que dialogaban sobre el
particular, como si usted, que es el responsable de las
universidades, no tuviera que preocuparse de la validez
profesional de esos títulos. El día 26 con motivo de la
formulación de esta pregunta, el Grupo Popular denunció esa
pasividad y fíjese, casualidades de la vida, ese día usted se
pronunció por primera vez sobre esta cuestión. Como desde
entonces usted ha tenido trece o catorce días, a lo mejor se le
ha ocurrido hacer algo y por eso le animo aquí a que nos explique
qué es lo que va a hacer.

A veces hay que preguntarse si ustedes son conscientes de hacia
dónde van con sus reformas, porque una



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de las cosas que usted ha dicho en estos días es que habría que
cambiar los planes de estudio dándoles más contenido práctico. Yo
no sé si usted sabe que los planes de estudio se han cambiado
hace nada, y se han cambiado por ustedes desde el Consejo de
Universidades que usted preside y que su antecesor presidía.

Desde el Consejo de Universidades han estado incitando a las
facultades de Derecho españolas --yo pertenezco a una de ellas,
usted perteneció en tiempos, yo estoy allí todavía-- a que las
carreras fueran de cuatro años, y ahora el Presidente del Consejo
de Universidades dice que hay que ampliar la carrera para darle
mayor formación práctica. Ustedes han creado la figura del
profesor asociado y han llenado las facultades de Derecho de
jueces, magistrados, fiscales y abogados y ahora, dicen que no
hay formación práctica ¿Entonces para qué los han metido? ¿Para
dar malas clases teóricas? ¿A dónde van ustedes cuando reforman
los planes de estudio?
No se me escude usted en el anonimato del Consejo de
Universidades, usted es el presidente, usted es el responsable;
lo otro, es un órgano consultivo. Explíquenos qué va a hacer y no
deje que el señor Belloch --como si los abogados fueran
funcionarios del Ministerio de Justicia-- resuelva este asunto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.

Señor Ollero, su pregunta se refería a la licenciatura de Derecho
y ha terminado con una reflexión sobre todas las reformas
educativas, como habitualmente viene haciendo.

Quiero decirle, en relación con su pregunta, que la Ley Orgánica
6/95 del Poder Judicial, de 1 de julio, establece en su Libro V,
artículo 36, que corresponde en exclusiva la denominación y
función de abogado y licenciado en Derecho al que ejerza
profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda
clase de procesos o el asesoramiento y consejo político.

Asimismo, el Real Decreto 1496/1987 sobre obtención, expedición y
homologación de títulos universitarios establece que son títulos
universitarios oficiales y con validez en todo el territorio
nacional los que, a propuesta del Consejo de Universidades, sean
establecidos con tal carácter por el Gobierno mediante real
decreto. Esos títulos surtirán efectos académicos plenos y
habilitarán para el ejercicio profesional de acuerdo con la
normativa vigente.

En cuanto a la Unión Europea, tal validez profesional se deriva
de lo que establece la Directiva 89/48 CEE, de 21 de diciembre de
1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos
de enseñanza superior y las correspondientes normas...

El señor OLLERO TASSARA: Pase página.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Como
usted no las lee tengo que leérselas.

...de los mismos a los respectivos ordenamientos de los Estados
miembros. Dado que la profesión de abogado no ha sido regulada
sectorialmente por la Unión Europea, como sí ha ocurrido con la
de arquitecto o profesión médica, el ejercicio de esta profesión
se posibilita en España a través de la aplicación de la Directiva
anteriormente mencionada y mediante el Real Decreto 1665/1991, de
25 de octubre, que traspone e incorpora dicha directiva al
Derecho Interno español.

En cuanto a qué es lo que hemos hecho, puedo decirle que ayer y
anteayer se han reunido, a iniciativa del Secretario del Consejo
de Universidades y la Secretaría de Estado, los decanos de
Derecho que han analizado la problemática que he respondido con
unas declaraciones en la fecha que he estimado oportuno, por
cuanto que el problema había surgido de una asamblea general del
Colegio de Abogados y para nada estaba cuestionándose el
Ministerio de Educación y Ciencia. He contestado no en función de
su pregunta sino simplemente porque me lo preguntaron en una
rueda de prensa, en una reunión con la Comisaria europea, señora
Cresson. De esa reunión saldrán las conclusiones que todavía no
han llegado a mi mano y, en conexión con el Ministerio de
Justicia, estableceremos las disposiciones que aclaren y eliminen
de una vez la inquietud de los estudiantes de la facultad de
Derecho, a la que sigo perteneciendo.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS
SOCIALES: ¿CUALES SON LAS ACTUACIONES QUE VA A INICIAR SU
MINISTERIO PARA BUSCAR SOLUCIONES AL CONFLICTO EXISTENTE DENTRO
DE LA ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) CON LA
CONFEDERACION COORDINADORA ESTATAL DE MINUSVALIDOS FISICOS
(COCEMFE)? (Número de expediente 180/001473)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de don Xabier Albistur
Marín, que tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero preguntar a la señora Ministra de Asuntos Sociales cuáles
son las actuaciones que va a iniciar su Ministerio para buscar
soluciones al conflicto recientemente



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creado dentro de la Organización ONCE con la Confederación
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.

Señora Ministra de Asuntos Sociales.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, lo primero que le tengo que decir es que el Ministerio
no va a iniciar ninguna actuación para solucionar este conflicto.

Lo que nosotros podemos hacer es interesarnos por ese conflicto,
estar presentes y procurar que nuestra posición vaya hacia su
solución, pero no podemos realizar ningún tipo de actuación. ¿Por
qué? Porque el conflicto no está entre la ONCE y Cocemfe, sino
entre la fundación ONCE
--que es la constituida con el tres por ciento del cupón-- y la
asociación Cocemfe, que es una de las asociaciones de
minusválidos representada en el protectorado de esa fundación
integrada por 25 miembros, de los cuales cuatro son de Cocemfe.

Ahí también está representado el Ministerio de Asuntos Sociales,
a través de la Dirección General del Inserso y a través de la
Dirección General de Acción Social. Somos dos miembros más del
patronato, pero la nuestra es una posición frente a una fundación
que funciona de acuerdo con la Ley de fundaciones vigente,
recientemente aprobada en esta Cámara, y de acuerdo con las
relaciones de una entidad de esas características, lo cual no
quiere decir que no hagamos un seguimiento; precisamente ayer
recibí a Cocemfe en el Ministerio.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.

Señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Yo le agradezco la respuesta, señora
Ministra, porque realmente creo que es esclarecedora. Pero
estamos ante una grave crisis de la ONCE muy prolongada a la que
nadie se atreve a poner el cascabel, como si fuera un gato
extraño.

Conozco esa reunión que ha tenido usted, señora Ministra, y
también conozco que no se ha querido comprometer a participar ni
a moderar, ni tan siquiera a estar presente. Es su opinión y
puede ser respetable, pero considero que es necesario iniciar
entre las partes y con alguien que tutele una negociación de cuyo
resultado final se pueda desprender una mejora de la estructura,
funcionamiento y participación en el seno de la fundación ONCE,
lo que sin duda contribuirá a una mejora de las relaciones dentro
del sector de la discapacidad. Entendiendo además que la nueva
fundación debe ser una herramienta al servicio de las
organizaciones representativas de todo el sector. Consideramos
necesario un cambio de denominación de la actual fundación ONCE
para que de alguna forma pueda representar a todos los colectivos
discapacitados, así como una participación en sus órganos de
decisión diferente de la actual y un replanteamiento de los
órganos de decisión. Yo creo que para esto es necesario la
presencia de su Ministerio, aunque usted opine lo contrario.

Señora Ministra, voy a seguir este tema y voy a hacerle más
preguntas más adelante, porque creo que es necesario dada la
gravedad del asunto. Estamos ante una entidad que exige la
afiliación obligatoria para tener un empleo y que funciona como
un monopolio sin dar cuentas a nadie. No es casual esta
situación. Tenemos la impresión de que la actividad de la ONCE ha
disfrutado de una permisibilidad y carencia de control
preocupantes. Yo le ruego que tome cartas en el asunto, que
patrocine el acuerdo, que contribuya a ampliar la atención de la
fundación a todo el colectivo de discapacitados y que vigile si
los intereses de la ONCE responden a incrementar sus ingresos en
beneficio de esos colectivos, objetivo que de acuerdo con lo
sucedido hasta ahora no se ha cumplido. Y para confirmarlo están
las pérdidas por valor de 60.000 millones de pesetas, que no sólo
son como consecuencia de ayudar a los invidentes o
discapacitados.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, efectivamente, la fundación ONCE tiene unas competencias
de enorme importancia en relación con el sector de la
discapacidad. Son los acuerdos de 1987 los que dan lugar a la
creación de esa fundación, que hoy se rige por la Ley del año
1994, pero que lo ha venido haciendo por las normas anteriores.

Es muy importante para todos los integrantes de ese patronato,
entre los que están los invidentes, pero también todo tipo de
discapacitados físicos, sensoriales y también las confederaciones
de sordos y otras organizaciones de personas con minusvalía, que
esa fundación funcione bien, porque uno de sus objetivos
fundamentales es la integración a través del empleo, que es una
de las realidades a las que hay que atender en el mundo de las
minusvalías. También tiene otro objetivo fundamental, que es la
supresión de barreras. Y nada menos que tiene un presupuesto
anual de 11.000 millones de pesetas. Esa cantidad...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.




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--DE DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE LA
MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA RESOLUCION APROBADA POR EL
CONSEJO DE MINISTROS EUROPEO PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LAS
MUJERES Y LOS HOMBRES EN LA PUBLICIDAD? (Número de expediente
180/001495)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 39, de
doña Angustias María Rodríguez Ortega, que tiene la palabra.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Asuntos Sociales, en muchas ocasiones hemos
utilizado la expresión «una imagen vale más que mil palabras». Y
es cierto que la transmisión de mensajes a través de la imagen
está cobrando cada vez mayor relevancia en nuestra sociedad. Al
mismo tiempo, no es menos cierto que la imagen que se transmite
de las mujeres en los medios de comunicación y especialmente en
la publicidad es, en general, más negativa que la de los hombres.

En este sentido, todas las iniciativas encaminadas a eliminar
esta imagen discriminatoria de las mujeres está totalmente
justificada y contribuirá al cambio de mentalidad y de actitudes.

A pesar de que se vienen utilizando campañas de sensibilización
de la opinión pública a través de anuncios publicitarios en
muchos casos, en otros a través de programas de formación para
eliminar esta imágenes sexistas de los medios de comunicación, a
pesar de esto, digo, todavía queda mucho que conseguir es este
aspecto, y por este motivo me parece muy positiva y muy oportuna
la resolución aprobada por el Consejo de Ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales de la Unión Europea para mejorar la imagen de
las mujeres y de los hombres en la publicidad y en los medios de
comunicación. La iniciativa fue presentada por usted misma como
Ministra de Asuntos Sociales y aprovechando la Presidencia de la
Unión Europea por nuestro país y fue apoyada por el resto de
ministros de la Unión Europea. Sobre esto, señora Ministra de
Asuntos Sociales, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué
valoración hace usted de la resolución aprobada por el Consejo de
Ministros Europeos para mejorar la imagen de las mujeres y los
hombres en la publicidad y en los medios de comunicación?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez
Ortega.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señoría, la valoración es, desde luego, muy positiva y era una
demanda que veníamos teniendo desde diversas directivas
resoluciones del Consejo, resoluciones del Parlamento Europeo,
encajando, además, con una prioridad de la Presidencia española -
-porque la iniciativa ha sido de la Presidencia española-- en
temas sociales como la de seguir trabajando para la igualdad de
oportunidades, prioridad que ha sido refrendada también por el
Consejo de Cannes de cierre de la Presidencia francesa. La verdad
es que esta elección del papel y la imagen de la mujer en los
medios de comunicación y de la publicidad supone que a nivel
comunitario venimos realizando y ratificando el trabajo que se
hace en España. En España hemos dado prioridad también a las
políticas de lucha por una imagen ajustada a la realidad de la
mujer y hemos trabajado para constituir un observatorio de la
publicidad y también un consejo asesor para los temas de
publicidad. Además, esto significa desarrollar el contenido
relativo a la imagen de la mujer en los medios de la comunicación
y en la publicidad, que está en la plataforma de acción que hemos
aprobado en Pekín.

Por todas esas razones ha sido muy bien acogido en la Unión
Europea y ha sido muy valorado por todos los países miembros
lograr esta resolución para que contra el contenido que tiene una
resolución, que no es de obligado cumplimiento --tiene autoridad
moral--, nada pueda hacerse.

La idea que inspira la resolución es que desgraciadamente hoy
todavía siguen presentes los estereotipos ligados al sexo en la
imagen y en los mensajes publicitarios que se transmiten sobre
los papeles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad. Y
este es uno de los factores condicionantes de las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres y uno de los mayores
obstáculos para la participación plena y en igualdad de
condiciones en todos los ámbitos de la vida social, económica y
política.

Es además cierto que los medios de comunicación y los contenidos
publicitarios tienen la obligación de ofrecer una imagen de la
mujer que responda a su realidad actual de hoy que es variada, en
la que la mujer está desempeñando diversos papeles, tanto en el
ámbito privado como en el ámbito público. Por tanto, no puede
seguirse manteniendo una imagen que responda únicamente a esos
estereotipos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.




--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE
MERECE AL GOBIERNO LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA UNION
EUROPEA SOBRE LA DISCRIMINACION POSITIVA DE LA MUJER? (Número de
expediente 180/001498)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 42 de la
señora Rodríguez Ortega.

Tiene la palabra.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, hace apenas unas semanas el Tribunal Europeo de
Justicia, con sede en Luxemburgo, dictaba una sentencia que
cuestionaba la discriminación positiva de la mujer. La sentencia
declara ilegal una norma del Estado alemán de Bremen dirigida a
conseguir un equilibrio en los puestos de responsabilidad en la
Función Pública. Para conseguir este objetivo, esta norma del
Estado de Bremen permite dar preferencia a las mujeres respecto
de los hombres en los sectores donde está infrarrepresentada.

La reacción y el rechazo que provocó en su día esta decisión del
Tribunal Europeo fue claro y contundente. Numerosos colectivos y
asociaciones de mujeres de ámbito europeo pero también de ámbito
nacional criticaron la falta de sensibilidad del Tribunal y el
desconocimiento de la realidad social en lo que respecta al
trabajo de la mujer. Las reacciones de protesta, en su día, y la
movilización social no han dejado de producirse aún, y ayer mismo
la Asociación de Mujeres Jóvenes entregó a la Ministra de Asuntos
Sociales un manifiesto en el que está representada no solamente
esta Asociación sino casi cien asociaciones más.

En este manifiesto se pide, entre otros temas, la creación de la
institución de una defensora europea de igualdad de oportunidades
y se plantea la necesidad de que la mujer esté representada en
todos los órganos europeos de decisión, incluido, por supuesto,
el Tribunal de Justicia, en el que no hay ni una sola mujer.

En relación con este tema hay, además, un aspecto preocupante,
señora Ministra, y es la repercusión que este tipo de sentencia
puede tener en las políticas de acción positiva hacia las
mujeres, políticas a las que usted se refería antes, que llevamos
poniendo en marcha por parte de los gobiernos socialistas en este
país durante bastantes años y que, por supuesto, también siguen
vigentes en Europa.

Por tanto, y manifestándole esta preocupación, es por lo que le
formulo la pregunta que aparece en el orden del día con el número
42.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez
Ortega.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, efectivamente he recibido el manifiesto de la Asociación
de Mujeres Jóvenes al que se refiere que apoya el planteamiento
mantenido por este Ministerio, y que además tuve ocasión de
exponer en el Parlamento Europeo el pasado 25 de octubre. La
Comisión, a través del señor Flynn, y yo misma, en nombre de la
Presidencia rotativa de este semestre, manifestamos nuestro firme
propósito de defender las acciones que se han venido
desarrollando hasta ahora en la Unión Europea, y que han sido
seña de identidad de las políticas de igualdad de oportunidades
de todos los planes de acción y los desarrollos legislativos que
se han llevado a cabo en todos los Estados miembros a nivel
nacional y de modificar, si hace falta, las normas vigentes para
que no pueda haber un retroceso interpretativo de estas
características. Incluso planteamos que a través de la
conferencia intergubernamental, que estudiará la reforma del
Tratado de Maastricht, pueda hacerse una normativa que tenga una
claridad absoluta y en la cual no pueda haber luego una
interpretación restrictiva.

La valoración de esa sentencia que yo he hecho y que hemos hecho
bastantes responsables públicos, y que, desde luego, ha
coincidido con la mayoría de las representantes parlamentarias y
los parlamentarios que estuvieron en ese encuentro en el
Parlamento Europeo, es la de que supone un retroceso
interpretativo. Hemos sido prácticamente mayoría casi unanimidad,
los que entendemos que es un retroceso interpretativo y que,
además, de acuerdo con los soportes, tanto de la Directiva de
1976, como de la convención de Eliminación de todas las formas de
discriminación, que tienen aprobada los 15 estados miembros de la
Unión Europea como del Tratado de Maastricht en su protocolo
social, en el apartado 6.3, que habla de las acciones, no sólo de
las acciones positivas que esta sentencia no pone en cuestión
sino de las medidas de discriminación positiva, que son las que
inciden de pleno, de una forma total en la ley de Bremen que
ahora se ha declarado no acorde con el Derecho comunitario. Hay
que entender que esta interpretación que ha hecho el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea no ha fundamentado por qué ha
llegado a esa solución y, además, no ha tenido en cuenta que no
es una aplicación ni rígida ni automática. Estamos hablando de
una misma capacitación de un hombre y de una mujer para un puesto
y en una promoción en la que esté infrarrepresentada la mujer.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON JOAN SIMO I BURGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO) QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO EN ORDEN A DAR
CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), APROBADA EL PASADO 21 DE FEBRERO,
PARA DOTAR DE UNA ESTABILIDAD ECONOMICA A LOS MUNICIPIOS
AFECTADOS POR ACTIVIDADES HIDROELECTRICAS? (Número de expediente
180/001474)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22 del
Diputado don Joan Simó i Burgués. Tiene la palabra.




El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Ministro, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo el
Gobierno en orden a dar cumplimiento a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aprobada
el pasado 21 de febrero, para dotar de una mayor estabilidad
económica a los municipios afectados por actividades
hidroeléctricas?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Simó.

El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señorías, se han adoptado dos tipos de medidas, una a corto y
otra a largo plazo. A corto plazo lo que se ha establecido es la
ayuda compensadora, que se incluye ya en los presupuestos del año
1995 y que implica una financiación equivalente a la reducción de
la cuota de licencia fiscal de los años 1989-1981 y del Impuesto
de Actividades Económicas de los años 1992-1994. A largo plazo lo
que pensamos es que hay que reducir la tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas con la supresión simultánea de las notas 4
y 5 del grupo 151.

El primer punto tenemos que ponerlo en marcha a través de una
orden ministerial y poner a disposición esos 1.500 millones de
pesetas existentes en el presupuesto de 1995. La orden
ministerial ha superado ya todos los trámites de elaboración,
incluso el informe del Consejo de Estado, que se ha emitido con
fecha de 26 de octubre último. Es verdad que el Consejo de Estado
nos ha planteado algunas modificaciones, que son las que en estos
momentos nos han llevado a una cierta corrección, pero creo que
le puedo asegurar que en los próximos días podremos dar
cumplimiento a la proposición en el aspecto concreto del corto
plazo y se abrirá inmediatamente el plazo para poder efectuar los
pagos de compensación.

En cuanto al largo plazo, como le decía, el tema es más complejo.

Tenemos que negociar con la FEMP sobre si las medidas que estamos
proponiendo, la modificación de reducción de las cuotas y la
supresión de las notas de las tarifas del IAE, son las aceptables
y tenemos la impresión de que así es. El problema es que, aunque
lleguemos a un acuerdo con la FEMP en el año 1996, si no tenemos
una norma con rango de ley que nos permita financiar esa parte no
podremos hacerlo. En ese sentido una enmienda a la ley de
presupuestos hubiera sido muy útil.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Señor Simó.




El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Ministro, por la contestación que nos ha
dado, pero yo creo que se hubiera podido encontrar una solución
más rápida, ya que, como usted sabe, hace dos años que
presentamos esta proposición no de ley, y que dentro de pocos
días hará nueve meses que el Pleno de esta Cámara aprobó esta
proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a
presentar un proyecto de ley con el fin de dar una nueva
redacción a las notas comunes 4 y 5 del Grupo 151 de la sección
primera de las tarifas del Impuestos sobre Actividades
Económicas. Con ello se trataba de dar una mayor estabilidad,
como he dicho antes, a los municipios afectados por actividades
hidroeléctricas. Nuestro Grupo insta al Gobierno a que cuanto
antes dé cumplimiento a esta proposición, ya que este tema afecta
a ayuntamientos pequeños que viven, generalmente, de las
centrales hidroeléctricas. La contestación que me ha dado el
señor Ministro ha sido muy acertada y se la transmitiré a los
ayuntamientos afectados.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Simó.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias.

Ya le he dicho que el tema a corto plazo se va a resolver de
inmediato y el tema a largo plazo lo tenemos que negociar con la
FEMP, y finalmente el acuerdo tendrá que recibir el informe
previo de la Comisión nacional de Administración Local. Todo esto
tendrá que ratificarlo esta Cámara mediante una norma con rango
de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor). Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿DE QUE FORMA PIENSA SALDAR EL
GOBIERNO LA DEUDA HISTORICA QUE EL ESTADO TIENE CON ANDALUCIA,
CIFRADA POR LA JUNTA DE ANDALUCIA EN 51.000 MILLONES DE PESETAS
(Número de expediente 180/001487)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor ): Pregunta número 33 de
don Manuel Seco Gordillo.

Señor Seco.




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El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿de qué forma piensa saldar el Gobierno la deuda,
llamada histórica, que el Estado tiene con Andalucía, cifrada por
la propia Junta de Andalucía en 51.000 millones de pesetas?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señoría,
se han realizado dos tipos de actuaciones. Por una parte el
proyecto de ley de presupuestos para el año 1996, que el Gobierno
remitió al Congreso, recogía una disposición adicional en la que
se incluía el procedimiento de financiación de estas dotaciones
excepcionales para el caso de que las correspondientes comisiones
mixtas paritarias alcanzaran los acuerdos oportunos. Dichas
asignaciones serían atendidas con cargo a los créditos
ampliables, destinados a financiar a las comunidades autónomas.

Por otra parte ya en septiembre del pasado año y en febrero del
año actual ha habido reuniones de la comisión bilateral de
cooperación entre el gobierno y la Comunidad Autónoma en la que
se acordó crear un grupo de trabajo para realizar los estudios
necesarios que definan el alcance y la cuantía, en su caso, de
esas asignaciones complementarias.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Señor Seco.




El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, decepción es la única palabra que puede definir
su respuesta, con la que no ha conseguido despejar ni uno solo de
los interrogantes que existen sobre la mal llamada deuda
histórica, deuda que, por si el señor Ministro no lo sabe, han
convertido en histórica los gobiernos socialistas, tanto de
Andalucía como de la nación, porque durante 15 años, mientras han
gozado de mayorías absolutas, se han negado a reconocerlas.

Ahora, cuando la situación política del señor Chaves en Andalucía
es agónica, se apresuran a incluirla en los presupuestos.

No ha despejado ninguna de las dudas sobre este tema, señor
Ministro, porque no nos ha aclarado, seguramente porque no lo
sabe, de dónde piensa detraer los 51.000 millones de pesetas en
que el señor Chaves ha cifrado la deuda histórica, y no se
escude, por favor, señor Ministro, tenga la gallardía, en la
devolución de los presupuestos. La disposición adicional
vigesimosexta exige el previo acuerdo de la comisión mixta de
transferencias, que no existe.

No nos ha aclarado tampoco, señor Ministro, seguramente porque no
quiere desautorizar políticamente al Presidente socialista de la
Junta de Andalucía, si está dispuesto a aceptar, a «tragarse», la
cifra de 51.000 millones de pesetas que le han impuesto el señor
Chaves e Izquierda Unida o si, por el contrario, piensa cumplir
la ley encomendando su determinación a la comisión mixta de
transferencias, previa su fijación cuantitativa por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que no se ha reunido ni se sabe si
se va a reunir.

Por último, señor Ministro, no nos ha aclarado,seguramente porque
no puede, cuándo piensa pagar los 51.000 millones de pesetas ni
en qué consiste la garantía jurídica que ha ofrecido el señor
Chaves y que exige Izquierda Unida. Por cierto, no parece existir
mucha confianza en la garantía del Gobierno cuando el Grupo
Socialista está preparando una proposición no de ley instando al
Gobierno a que ofrezca esa garantía.

En definitiva, señor Ministro, este asunto de la deuda histórica
se está convirtiendo en un esperpento histórico, en un ridículo
histórico y, lo que es mucho más grave, en una tomadura de pelo a
todos los andaluces, cuya autoría corresponde al señor Chaves,
con la complicidad de Izquierda Unida y la colaboración necesaria
del Gobierno de la nación.

Señor Ministro, este Diputado no le pide mucho, aunque los
andaluces sí esperan mucho de la claridad que pueda aportar el
Ministro con su respuesta. Díganos sencillamente cuándo, cómo y
cuánto va a pagar en concepto de deuda histórica y si no lo va a
pagar dígalo también.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Seco.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Me preocupa que S. S. plantee si el Ministro piensa cumplir la
ley. Evidentemente que piensa cumplir la ley, y piensa cumplirla
de la forma que le he dicho, que es como la ley lo establece. Por
lo tanto, seguiremos en la misma línea que he hecho referencia.

Es cierto que al desaparecer la posibilidad de resolver el
problema por la ley de presupuestos de este año, en lo que el
Gobierno no tiene nada que ver, tendremos que plantear en su
momento un nuevo proyecto de ley o de decreto-ley que
reintroduzca la posibilidad de esta financiación. Sin embargo, en
cuanto a la cuantía, se lo he dicho y, evidentemente, pretender
de mí otra cosa no sería lógico. En estos momentos hay un grupo
de trabajo de la comisión bilateral de cooperación que creo que
está trabajando sobre los criterios, el alcance y la cuantía de
las asignaciones extraordinarias, con todo el complejo problema
que plantea de relación con el artículo 15 de la Lofca, el nuevo
y antiguo sistema de financiación, y sobre cuál es el «stock»



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de capital inicial, que es al que se refería el problema de las
asignaciones extraordinarias.

Cuantía. Evidentemente, no es el Gobierno quien ha fijado la
cifra de 51.000 millones. Yo no tengo nada ni a favor ni en
contra. Me imagino que existirán estudios y habrá un sistema por
el que se habrá llegado a esa cifra, que espero conocer en la
comisión mixta correspondiente. En ese momento daremos nuestra
opinión.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CONSECUENCIAS SE
DERIVAN DE LAS DECISIONES QUE EN MATERIA FISCAL RELACIONADAS CON
EL IMPUESTO DE SOCIEDADES PIENSA ADOPTAR LA HACIENDA FORAL DE
VIZCAYA? (Número de expediente 180/001492)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 36, de
don Angel Martínez Sanjuán.

El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Desde hace varios años, las diputaciones forales del País Vasco
y, en alguna ocasión la Comunidad navarra han tomado decisiones
muy importantes en materia fiscal y relacionadas con el mundo
empresarial, con consecuencias muy serias para la unidad del
sistema fiscal español y para el resto de las comunidades
autónomas españolas. Estas decisiones, señor Presidente, han
afectado muy especialmente a la Comunidad Autónoma de La Rioja,
fronteriza con ambos territorios. Estas decisiones, como son de
dominio público, fueron recurridas ante diferentes instancias,
tanto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como
por diferentes sectores sociales y económicos.

Nuevamente, la Diputación Foral de Vizcaya, y muy probablemente
las otras dos diputaciones vascas, piensan aprobar unas nuevas
medidas fiscales, que afectarán, si nadie lo impide, a las
sociedades residentes o que aspiran residir en aquella Comunidad:
rebaja del tipo del Impuesto sobre Sociedades del 35 al 30 por
ciento, mayores desgravaciones, y exenciones fiscales; en
definitiva, señor Presidente, nuevas vacaciones fiscales, a
contracorriente de las tendencias actuales en materia de
fiscalidad en todos los países europeos.

Que lo impulse el Partido Nacionalista Vasco no me extraña, señor
Presidente, pero que se vaya a hacer con el concurso del Partido
Popular, que ha defendido lo contrario, ayer en el Congreso, hoy
en los medios de comunicación y mañana en otras regiones, parece
más sorprendente, aunque la coherencia de esta formación no me
pilla por sorpresa cuando dicen en cada sitio lo que quieren oír.

Lógicamente, si se llevan a efecto estas futuras medidas de
índole fiscal se van a producir importantes consecuencias en la
coherencia del conjunto del sistema fiscal español y en la
posible quiebra de un modelo de competencia económica entre las
diferentes regiones españolas. Por todo ello, como socialista y
como Diputado por La Rioja, quisiera conocer cuál es el punto de
vista del Gobierno de la nación y si piensa adoptar alguna
decisión respecto a estas decisiones que en materia fiscal piensa
adoptar la administración fiscal de la Comunidad del País Vasco.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Sanjuán.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.

Es cierto que hasta ahora no disponemos de una información
totalmente formal, no existe un documento formal con una
propuesta específica de medidas concretas, aunque existan
documentos de reflexión con contenido más amplio. Por tanto, todo
lo que podamos decir en este momento es en cierta medida una
hipótesis sobre cómo se van a plasmar esas reflexiones en un
texto legal específico. En todo caso, sí le puedo decir que en la
comisión coordinadora con el País Vasco que se celebró el pasado
día 3 de este mes la representación de los territorios históricos
se comprometió a mantener informada a la representación del
Ministerio de Economía y Hacienda sobre si finalmente elaboraba
una propuesta de modificaciones tributarias para su previa
discusión.

Caso de que así se haga, no cabe duda de que las normas tendrán
que ajustarse a lo que al respecto dispone el concierto económico
entre el Estado y el País Vasco y a lo dictado por la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de mayo de
1991, apelada al amparo de la doctrina del Tribunal
Constitucional. Puede decirse, en términos generales, que todas
aquellas medidas que adopte una diputación foral que supongan una
concesión de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades
superior a los que existen en la normativa común pueden vulnerar
determinadas normas del concierto económico porque pueden
originar una tributación inferior en el territorio foral, con lo
cual potencian evidentemente la localización de inversiones en
dicho territorio y suponen una distorsión a la libre
concurrencia.

Además de ello tenemos un segundo problema añadido en caso de que
esto se produzca, y es que estas actuaciones pueden dar lugar a
reducciones del tipo efectivo en el País Vasco con respecto al
territorio común, lo cual nos volvería a replantear un viejo
problema



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que S. S. conoce bien, y es la naturaleza o no de ayudas de
Estado a este tipo de normas y, en consecuencia, su
compatibilidad o no con la normativa de la Unión Europea.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL
GOBIERNO QUE, CON CARGO A CREDITOS PRESUPUESTARIOS DESTINADOS A
GASTOS RESERVADOS, SE HAYAN REALIZADO REGALOS A ALTOS CARGOS DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR, FAMILIARES O ALLEGADOS?
(Número de expediente 180/001475)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 23, de la
Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, que va a ser formulada por don
Felipe Alcaraz Masats.




El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿considera normal que con cargo a créditos
presupuestarios destinados a gastos reservados se hayan realizado
regalos de joyas a altos cargos del Ministerio de Justicia e
Interior, familiares o allegados?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.

Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.

Señor Diputado, su pregunta coincide con la que el pasado 4 de
octubre formuló un representante del Grupo Popular. Le contesto,
como dije entonces, que el Ministerio de Justicia e Interior
utiliza y debe utilizar los fondos reservados de conformidad con
sus fines y bajo el control de la Comisión de Fondos Reservados,
tal como establece la Ley 11/1995.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Ministro, entonces no existía esta
Ley. Directamente le pregunto a usted, señor Belloch, actual
responsable del Ministerio. Nos interesa de verdad su opinión, su
valoración política y ética de los hechos. Existe, a nuestro
juicio, una trayectoria que es necesario, por salud democrática,
romper, interrumpir. Me refiero a la línea de los anteriores
ministros de Interior, y usted, señor Belloch, debiera intentarlo
desde la razón de la vergüenza superando así la razón de Estado o
la fascinación por los últimos días del felipismo, y a mi juicio,
señor Belloch, su opinión no debe ser astuta, no debe ser
equidistante entre dos de las ya publicadas. Por ejemplo, una, la
del señor Leguina, brutal y estomagante. Son fondos, ha dicho,
para cometer delitos. Y otra respuesta tímida, pero audible al
menos, en sentido contrario, la de doña Margarita Robles.

Señor Belloch, usted debiera romper esa concesión del poder que
está ahí detrás y que no se atreve a criticar. Usted debiera
desautorizar al señor Corcuera, y no caben aquí, señor Belloch,
medias tintas. Usted, señor Belloch, debe aprovechar las
oportunidades que le quedan. A nuestro juicio, debe decidirse
entre Corcuera y la verdad, o al menos debiera decidirse entre
Leguina y la señora Robles. En caso contrario, y siento
decírselo, señor Belloch, por su trayectoria y porque hasta
cierto punto esperamos que recupere el hilo de la misma, a
nuestro juicio, sería un torpe y obediente escudero en la misión
de tapar bocas y anestesiar la memoria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señoría, por la, sin duda, amabilidad de las
intenciones que alberga su intervención hacia mi persona. En
cualquier caso, la verdad es que no modifica nada el que me lo
pregunte un representante del Grupo Popular o un representante de
Izquierda Unida. Respeto ambos planteamientos, pero no puedo
modificar mi toma de postura, que ya fue expresamente expuesta en
esta misma Cámara. En definitiva, no se trata de controlar la
gestión, puesto que efectivamente se refiere usted a un período
que nada tiene que ver con mi gestión; más bien parece tratarse
de que considera oportuno que opine sobre un procedimiento
judicial en marcha, y yo no he considerado oportuno nunca,
durante estos dos años y medio, pronunciarme sobre procedimientos
judiciales en marcha. Si el planteamiento es otro, si lo que
realmente quería era hacer un planteamiento de carácter puramente
político, francamente, no entiendo por qué coincide exactamente
con otro que ya con anterioridad había realizado el Partido
Popular.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




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--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTRO DE JUSTICIA
E INTERIOR DE LA SITUACION DEL TRAFICO DE HACHIS DESDE GIBRALTAR?
(Número de expediente 180/001483)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29 de don
Gonzalo Robles Orozco.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.

¿Qué valoración hace el Ministro de Justicia e Interior de la
situación del tráfico de hachís desde Gibraltar?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.

Este es un tema de indudable interés y un poco largo como S. S.,
como buen experto en la materia, conoce; me limitaré por tanto al
aspecto más novedoso del mismo, porque supongo que se referirá a
la utilidad de las medidas adoptadas por las autoridades
gibraltareñas en torno al tema concreto de las planeadoras. El
problema es mucho más amplio, pero me limitaré sólo a esto.

En este ámbito, las medidas se han demostrado eficaces, como
consecuencia de que fueron incautadas, como sabe S. S., las
planeadoras que carecían de documentación, además de ser
sometidas a control aquéllas que la tenían. Hasta el momento, la
estimación policial es que el tradicional tráfico de tabaco
prácticamente ha desaparecido, y aunque ciertamente el de hachís
no se verificaba directamente desde la base de Gibraltar, como
también sabe S. S., sino que se verificaba en base a barcos en
alta mar, o en base a puertos distintos de Gibraltar, la
incidencia indirecta que el hachís tenía en la mezcla del
contrabando de tabaco también se ha suprimido, lo que ocurre es
que, desgraciadamente, el hachís entra por otras vías diferentes.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.

El día 6 de septiembre de este mismo año, señor Ministro, el
Gobernador de la provincia de Cádiz, señor Braña, hizo unas
declaraciones, a mi juicio, excesivamente triunfalistas.

Exactamente decía: El señor Braña sentencia que el contrabando
procedente de Gibraltar es ya historia. (Se estaba refiriendo no
solamente al tabaco sino también al tráfico de hachís). Esas
declaraciones las efectuó en una rueda de prensa que hizo
simultáneamente con el Embajador británico, y en esa misma rueda
de prensa el Embajador británico tuvo que pedirle al propio
Gobernador que moderara su triunfalismo, añadiendo que no
compartía el entusiasmo mostrado por el Gobernador. Es obvio que
el señor Embajador mostró una cautela mucho más sensata y mucho
más acorde con la realidad, y además de ser lo que es, y ser la
verdad, hace posible seguir presionando a las autoridades
gibraltareñas para realmente conseguir el objetivo.

Con titulares y declaraciones como las del señor Braña, que le
puedo mostrar en este momento, realmente es difícil mejorar
nuestro nivel de presión sobre el gobierno gibraltareño para
conseguir el objetivo que todos deseamos, y es que de verdad
alguna vez sea historia la situación de Gibraltar respecto no
sólo del tráfico de tabaco y de hachís sino también de otro tema
al que no se ha aludido como es el importante asunto del lavado
de dinero.

La operación de las planeadoras, señor Ministro, fue exactamente
de un día y posteriormente, a lo largo de una semana, se ejecutó
esa operación. Consistió en detener a una persona a la que
adecuadamente se aireó, y hoy cualquiera que vaya por Gibraltar
puede comprobar que las planeadoras siguen operando casi en el
mismo número que lo hacían entonces, los movimientos son
prácticamente los mismos y, por supuesto, desde las playas
cercanas se sigue descargando hachís y otras mercancías. Además,
el Gobierno gibraltareño continúa sin aplicar las normativas
comunitarias, fundamentalmente en materia de lavado de capitales,
y, sin lugar a dudas, sin hacer la presión policial suficiente
para erradicar el problema del tráfico de hachís. Yo creo que las
operaciones policiales españolas son importantes pero no son
suficientes y, en todo caso, creo que la medida adecuada es la de
la presión permanente, es la de no hacer triunfalismo e intentar
por todos los medios que el Gobierno de Gibraltar siga
colaborando si es que ésta es la línea que se ha iniciado.

Yo creo que convendría que dijera a su gobernador que moderara el
triunfalismo o deberíamos promoverlo a un puesto mucho más
importante, porque si en pocos días ha conseguido hacer de este
tema un hecho histórico realmente merece estar al frente de la
GID en las Naciones Unidas y no como Gobernador Civil de Cádiz.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Robles.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señoría, usted sabe que en estos temas



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--y lo comprobamos ayer-- no hay que mantener nunca actitudes de
optimismo excesivo, como tampoco de dramatización excesiva. Yo
creo que es evidente que es un tema en el que sólo cabe la lucha
constante. Sin embargo, sí debo decir que en el caso concreto de
planeadoras los datos que tenemos siguen siendo válidos a fecha
de hoy, según los informes policiales que tengo en mi poder y los
de la Delegación del plan de la droga. Lo que ocurre es que, como
le comentaba, el problema no se acaba porque la entrada de hachís
no ha sido fundamentalmente a través de las planeadoras de
contrabando de tabaco, aunque ocasionalmente también se ha
realizado esa actividad, sino que la impresión que tenemos es que
se realiza, sustancialmente, a través de otro tipo de
embarcaciones recreativas y, sobre todo, a través de
contenedores. Pasa en España y pasa en casi todas las zonas en
las que el problema
realmente existe.

Al margen de que parece que ahora Gibraltar está en la vía de
colaborar, la alternativa sería mucho más compleja. Entre otras
cosas, será necesario instalar en el Puerto de Algeciras un túnel
con rayos equis, sistema que ya ha funcionado con éxito en
Hamburgo y estamos intentamos ver la posibilidad de incorporarlo
al Puerto de Algeciras, porque un control minucioso contenedor
por contenedor, como no será a través de una técnica de este
tipo, haría imposible, como saben, el tráfico marítimo. Por lo
tanto, será necesario complementar la colaboración de las
autoridades de Gibraltar con la instalación de sistemas técnicos
adecuados en el Puerto de Algeciras, sin lo cual el tráfico de
hachís, pienso sinceramente, por mucha que sea la vigilancia, no
se podrá controlar.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DE DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR ACERCA DEL
POSIBLE TRASLADO DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PRISION PROVINCIAL
DE JAEN? (Número de expediente 180/001494)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 38, de
doña Angustias Rodríguez Ortega, que tiene la palabra.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Justicia e Interior, desde que hace unas
semanas se conoció el traslado a Madrid de libros y documentos
pertenecientes al Archivo Histórico de la prisión provincial de
Jaén, el tema de los fondos de este Archivo ha estado envuelto en
una cierta polémica. Esta situación ha motivado que diferentes
colectivos, asociaciones e intelectuales manifestaran su rechazo
al traslado y reivindicaran su devolución. Es positivo, señor
Ministro, que la mayoría de estos documentos se hayan recuperado
ya en estos momentos, pero también debo decirle que algunos están
pendientes de ser devueltos y que yo desearía que se produjera
esta devolución.

Durante una visita que realicé al Archivo de la prisión pude
comprobar que efectivamente existe un patrimonio documental
importante, de valor histórico, en este centro. Existen
documentos que están relacionados con el funcionamiento de
antiguas cárceles comarcales ubicadas en determinados
ayuntamientos de la provincia de Jaén y fondos, por otra parte,
que recogen información sobre la política penitenciaria del
régimen franquista. Debo decirle, señor Ministro, que la prisión
de Jaén fue uno de los pocos centros penitenciarios de
cumplimiento exclusivo de condena para presos políticos y de ahí
la importancia y el valor de los documentos que afortunadamente
se mantienen archivados y no se han destruido. Entiendo además,
señor Ministro, que el Archivo de la prisión provincial no es el
lugar más idóneo para la conservación, catalogación y utilización
de estos fondos por los investigadores interesados en esta
materia. Por tanto, habría que buscar una ubicación definitiva
para estos fondos. Por otra parte, la Ley de Patrimonio Histórico
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se aprobó en el año
1984, recoge que estos fondos pertenecen al patrimonio documental
andaluz y que debe ser la administración provincial y autonómica
la que se encargue de la custodia de los mismos. En este sentido,
quiero manifestarle una doble petición. Por una parte, que se
recuperen los documentos que faltan, que son pocos,
evidentemente; por otra, que todos aquellos fondos y documentos
de valor histórico se ubiquen definitivamente en el Archivo
Histórico Provincial, para su conservación y utilización.

Llevada por esta preocupación, señor Ministro, le formulo la
pregunta que textualmente dice: ¿Cuáles son las previsiones del
Ministerio de Justicia e Interior acerca del posible traslado del
Archivo Histórico de la prisión provincial de Jaén?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez
Ortega.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señoría, no le voy a leer los informes que me ha preparado la
Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, lo que sí
le puedo asegurar es que asumo el compromiso de que ningún
documento que tenga interés histórico para Jaén, saldrá de Jaén.

Desde este mismo momento asumo ese compromiso. De suerte que,
cuando algún documento se considere



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esencial para que se incorpore al Instituto de Estudio
Penitenciarios, que está en marcha, lo que haremos es, con
técnicas de microfilmación, llevar el material microfilmado al
Instituto Central y el original se va a quedar, sin duda, en
Jaén. Más que un tema de competencia, es un tema de sensibilidad.

Por lo tanto, le garantizo que así va ser y que ése será el
sentido de los trabajos que hará la Secretaría de Estado de
Institución Penitenciarias. La concreción de si debe estar en un
archivo o en otro, creo que deberemos tomarla en lógica
cooperación con las autoridades de Jaén.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
CONFIRMAR EL MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR EL MANTENIMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TOMELLOSO COMO NUCLEO DE COBERTURA Y DE SERVICIO EN
LA EXPEDICION DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD? (Número de
expediente 180/001497)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 41, de
don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro.

Señor Martín del Burgo.




El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, vaya por delante mi felicitación por el flamante,
equilibrado y apropiado Código Penal de la democracia española,
del que ha sido mentor.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de
la Policía, en concreto las comisarías de cada territorio
provincial, viene prestando un servicio acertado y cercano al
ciudadano, brindándoles la posibilidad de la expedición del DNI
en su propia localidad, medida ésta que evita desplazamientos,
gastos e incomodidades, amén de otras satisfacciones emotivas. La
rumorología --ciencia muy extendida, como sabe el señor Ministro-
- ha lanzado la hipótesis de que, a medio plazo, en la localidad
de Tomelloso podría dejar de realizarse al cobertura del servicio
de expedición del DNI.

Según nuestros datos --amablemente facilitados por la Comisaría
central de la provincia--, desde 1993 se vienen superando con
creces el millar anual de documentos de identidad producidos.

Dado el interés público y social de esta cobertura, la pregunta
que le formulo, señor Ministro, es: ¿Puede confirmar el Ministro
de Justicia e Interior el Mantenimiento del municipio de
Tomelloso como núcleo de cobertura y de servicio en la expedición
del Documento Nacional de Identidad?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín del
Burgo.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.

Puedo tranquilizar plenamente a su señoría. Al margen de las
localidades que tienen servicio de forma ordinaria de carácter
permanente, existen otras localidades, como es el caso de
Tomelloso, donde existe un sistema que está funcionando bien, con
unos determinados equipamientos y con un mecanismo de personal y
asistencia que hasta ahora ha dado buenos resultados. Hemos
comprobado cuál es la vida de ese equipo y hemos constatado que
en los últimos años han renovado o expedido 5.506 documentos
nacionales de identidad, y a la vista de ese dato, el Ministerio
de Justicia
e Interior, más concretamente su Secretaría de Estado e Interior,
va a mantener sin variación alguna el servicio que actualmente se
presta en Tomelloso, continuando su actividad definitiva tal y
como hasta este momento, de manera satisfactoria, venía
realizándose.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON DIEGO JORDANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿COMO EXPLICA EL SR. MINISTRO
EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EUROPEO DEL ACEITE DE OLIVA?
(Número de expediente 180/001484)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 30, de
don Diego Jordano Salinas.

Señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.

¿Cómo explica el señor Ministro el funcionamiento del mercado
europeo del aceite de oliva?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.

Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.




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Señoría, no voy a explicarle todos los mecanismos que regulan el
mercado del aceite de oliva en la Unión Europea, pero sí le voy a
comentar algunas modificaciones que creo que se deben introducir
en esa regulación, aunque en términos generales me parece
adecuada. En primer lugar, la eliminación del pago a «forfait» de
la ayuda a la producción de aceite de oliva para los oleicultores
que producen menos de 500 kilos por campaña, que complica
administrativamente el sistema y puede inducir al fraude al
coexistir con la ayuda a la producción real, por lo que debe
mantenerse solamente la ayuda a la producción real. Y, por otro
lado, un incremento sustancial de los valores actuales de la
ayuda al consumo, porque esta ayuda ha repercutido en el consumo
de aceites de oliva de calidad y porque, además, el bajo nivel
actual desincentiva su solicitud por los operadores, que
prefieren así eludir los controles que conlleva la concesión de
esta ayuda.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.

Evidentemente, señor Ministro, me estoy refiriendo a un
funcionamiento anómalo del mercado del aceite de oliva europeo;
anómalo partiendo de una serie de datos.

Primer dato que hay que tener en cuenta. ¿Cree usted que es
posible que la Comisión Europea no acepte las cifras de
producción que declara Italia y no las acepte porque son
irreales? Haciendo adecuadamente las cuentas, con esas cifras de
producción que han declarado todos los países, tenía que haber en
el mercado de los países europeos 600.000 toneladas de aceite y,
por tanto, quitando las 140.000 toneladas que hay en los
proveedores privados españoles, ya que en los organismos
oficiales no hay un solo litro ¿dónde están las 460.000 toneladas
que teóricamente han cobrado ayuda y que, por consiguiente,
tenían que estar en el mercado? ¿Cree usted que es posible que el
mercado evolucione continuamente al alza, con unas existencias en
manos privadas de 600.000 toneladas? ¿Cómo es posible que ninguna
autoridad comunitaria, ningún ministerio, incluido el suyo, haya
recomendado una acción contundente de compra de aceite de oliva
para lograr reducir los precios, incidir claramente en un mercado
y no perjudicar más a los consumidores ni hacer un perjuicio para
el futuro de la producción del aceite de oliva?
La realidad es que España es el primer productor mundial y, sin
embargo, tiene una nula capacidad de intervención en los mercados
mayoristas; hay una nula capacidad de influencia por parte de su
Ministerio en las decisiones comunitarias, ya que son influencias
italianas las que marcan todas las decisiones comunitarias en
aceite de oliva; hay una nula capacidad por parte de la
Comisión --y por parte, por tanto, de su Ministerio por no
insistir en ello-- en el control del fraude de la producción de
otros países, que se viene repitiendo, año tras año, sin que la
Comisión Europea haga nada para evitarlo; hay una incapacidad,
por parte de su Ministerio, por parte de las autoridades
españolas, para ayudar a la creación de un grupo español fuerte
en el mercado de refinado, que es imprescindible para atajar la
competencia italiana; hay una falta de control de las
importaciones de terceros países y, en definitiva, hay
incapacidad para imponer un control en los etiquetados.

Estas son las líneas que tiene que aplicar su Ministerio. Por
supuesto que hay que combatir el fraude de los productores de
menos de 500 kilos en Italia, pero, pensando en el futuro, la
Comisión Europea y su Ministerio están decepcionando al sector
olivarero español y condicionando gravemente su futuro.

Gracias, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.

El señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, está usted mezclando algunas peras con algunas manzanas,
aunque esté hablando del aceite de oliva.

En el mercado del aceite de oliva, difícilmente se resolverían
los problemas de escasez de oferta que se han producido en los
últimos meses comprando aceite de oliva por los organismos de
intervención, como está usted proponiendo. Al contrario, se
resolverían vendiendo aceite de oliva que, desgraciadamente, los
organismos de intervención no tienen, porque, como usted sabe,
somos el primer país productor del mundo que ha tenido una
cosecha moderadamente baja el año pasado y que va a tener,
previsiblemente, una cosecha en torno a las 262.000 toneladas en
el presente año, lo cual está generando una restricción de
oferta, unas menores disponibilidades, un tensionamiento de
precios, una reducción del consumo, una disminución de las
exportaciones y un incremento de las importaciones, y no creo que
haya que controlar las importaciones en estos momentos para
resolver el problema. Hay que dar facilidades para poder
abastecer nuestro mercado interno y para poder mantener nuestros
mercados en el exterior, reexportando ese aceite mediante tráfico
de perfeccionamiento activo o liberando aceites españoles de
calidad para poder seguir ganando mercados en el exterior.

Sin embargo, también es cierto que en esa reforma, que yo creo
que es necesario realizar, o en esos ajustes de la regulación del
sector, es ineludible reforzar los papeles de la Comisión para
evitar algunos de los comportamientos irregulares que se producen
en algunas estimaciones de producción.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




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--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL
MINISTERIO ANTE LAS GRAVES CONSECUENCIAS QUE LA PROLONGADA SEQUIA
ESTA TENIENDO PARA EL SECTOR AGRARIO? (Número de expediente
180/001485)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 31, de
don Luis de Torres Gómez, que tiene la palabra.




El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante las graves consecuencias
que la prolongada sequía está teniendo para el sector agrario?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.

Como S. S. conoce, el Gobierno adoptó en el mes de mayo un Real
Decreto-ley estableciendo medidas para las zonas afectadas por la
sequía, incluyendo 5.812 municipios de 13 comunidades autónomas
en áreas de secano y 2.776 municipios de 10 comunidades autónomas
en regadío. Este Decreto-ley está siendo tramitado como proyecto
de ley, y ayer la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de
esta Cámara aprobó el texto definitivo para su remisión al
Senado.

Por tanto, señoría, no le corresponde al Gobierno proponer nuevas
medidas cuando ya las Cortes Generales están legislando sobre la
materia. Pero puedo anunciarles que las medidas adoptadas en mayo
han tenido una espectacular acogida, sobre todo en las
comunidades autónomas que han establecido ayudas complementarias,
y que el trabajo adicional del Ministerio se está dirigiendo a la
elaboración y a la discusión de un avance del plan nacional de
regadíos, que recientemente ha sido presentado a la Conferencia
sectorial, habiendo sido solicitada mi comparecencia en la
Comisión de Agricultura de esta Cámara para su presentación y
debate por los grupos que ya disponen de este documento.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Señor De Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, todas las medidas que dice que ha tomado,
incluido ese Decreto de sequía al que hacía alusión, es obvio que
vienen siendo insuficientes. Usted comparte conjuntamente con el
señor Borrell la responsabilidad de lo que está pasando en
España.

Es evidente que parte de la causa de ese desastre que padecemos
es el adverso ciclo meteorológico, pero no lo es menos que usted
y su Gobierno han pecado de imprevisión y de falta de capacidad
política para crear un consenso nacional en torno a este
gravísimo problema. El problema de la lluvia viene del cielo,
pero no lo va a resolver el cielo. Lo tienen que prever los
gobiernos. Precisamente en esta ocasión este tema debe de tener
carácter prioritario y ustedes llevan ya 12 años gobernando.

Eran prioritarios o debieron serlo --por poner un ejemplo de mi
tierra, Andalucía--, la exclusa del Guadalquivir, la construcción
de La Breña, el pantano de Siles y el de Ubeda la Vieja,
etcétera, que ustedes reivindican tanto, empezando por la
Gobernadora Civil de Jaén. Pero ustedes se cargaron tantas
cuantas enmiendas se presentaron en los Presupuestos Generales
del Estado anteriores a 1996. Era prioritario e inmediato un
pacto de Estado entre las autonomías sobre trasvases para evitar
que el socialista Bono se calle cuando se le trasvasa agua desde
Andalucía y ponga el grito en el cielo cuando se le toca la del
Tajo, porque por lo visto es suyo. Es necesario y urgente la
aprobación del plan hidrológico nacional, que tanto cacareaba el
señor Borrell, aquí presente, tantas veces presentado y usado
como arma electoral, pero que nunca ha estado operativo. Es
perentoria, señor Ministro, la ayuda para la modernización de las
redes de distribución de los riegos para evitar la enorme pérdida
de agua que ahora tienen. Y es preciso también, señor Ministro,
que se condonen las tarifas y cánones del riego a los
agricultores y que se anulen los embargos a las comunidades de
regantes, porque, al igual que la pescadilla que se muerde la
cola, no pueden pagar puesto que no reciben agua para producir
cosechas con las que abonar precisamente esos cánones y esas
tarifas.

La puesta en práctica de todo esto, a lo que me gustaría que se
comprometiera aquí esta tarde, desde luego tiene un costo. Pero
es que en este país ha habido dinero para todo, incluso para el
despilfarro, y no lo está habiendo para...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De Torres.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Gracias, señor Presidente.

Voy a defender al Ministro de Obras Públicas, que está aquí
presente, diciéndole a usted que las inversiones en materia de
obras hidráulicas en 1995 representan más de cuatro veces las de
1982, el último año de presupuestos de gobiernos del centro
derecha en España.




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Más de cuatro veces. El esfuerzo que se ha realizado en estos
años ha sido ingente respecto del que se había realizado
históricamente en nuestro país.

En lo que se refiere al plan hidrológico nacional,
desgraciadamente en esta Cámara y con ustedes es más fácil
alcanzar consensos para no hacer que consensos para hacer. Han
estado ustedes bien dispuestos a alcanzar esos consensos para
retrasar la aprobación del plan hidrológico nacional. Prefieren
hacer un discurso en Andalucía, otro en Castilla-La Mancha, otro
en Aragón y otro en Castilla y León. Así son. Así es su oferta
política.

Por lo que se refiere a las ayudas puestas en marcha, le quiero
decir que nunca se habían instrumentado más ayudas al sector
agrario para la sequía que las que se están instrumentando este
año. Subvenciones y condonaciones por 100.000 millones de
pesetas; anticipos de ayudas comunitarias por más de 200.000
millones de pesetas; préstamos y moratorias por 172.000 millones
de pesetas, que seguramente se van a superar a la vista del éxito
que ha tenido esta convocatoria de préstamos a bajo tipo de
interés; inversiones directas por 50.000 millones de pesetas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Ministro.




--DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA Y RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE
MEDIDAS TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE PARA TRANSFORMAR LAS CARACTERISTICAS
DE LAS BARRERAS PROTECTORAS (QUITAMIEDOS) DE NUESTRAS CARRETERAS
Y AUTOPISTAS A EFECTOS DE SOLUCIONAR LAS FRECUENTES MUTILACIONES
QUE SU ACTUAL CONFIGURACION CAUSAN A LOS MOTORISTAS AL
ACCIDENTARSE? (Número de expediente 180/001486)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 32, de
don Sergio Gómez-Alba y Ruiz.

Señor Gómez-Alba.




El señor GOMEZ-ALBA Y RUIZ: Gracias, señor Presidente
Señor Ministro, de manera frecuente y trágica, cuando un
motorista sufre un accidente al derrapar choca con los soportes
de las barreras protectoras, los IPN, que actúan como cuchillas
debido a su diseño, cercenando miembros del accidentado que, de
no ser así, hubiera sufrido un mero traumatismo. ¿Qué medidas
tiene previstas su Ministerio para transformar las
características de las barreras protectoras de nuestras
carreteras a fin de solucionar lo expuesto?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez-Alba



Señor Ministro de Obras Públicas.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, para proteger a los usuarios de las carreteras y
reforzar la seguridad pasiva de los motoristas está prácticamente
finalizada una nueva normativa sobre sistema de contención de
vehículos. Esta nueva norma se ha elaborado después de estudiar
los sistemas implantados en Alemania y en Francia y analizar las
observaciones del sector, e introduce importantes y nuevas
medidas.

Se refuerza la seguridad en los tramos donde se observa
concentración de accidentes de motoristas, instalando bajo la
valla otra cuyo borde superior se situará a una altura de 35
centímetros, separada diez centímetros por delante de los postes
para evitar el choque directo contra ellos.

En segundo lugar, como lo que realmente afecta al motorista en
caso de impacto no es el guardacarril sino el poste o viga que lo
sujeta al suelo, se va a adoptar un nuevo tipo de poste distinto
del actual. Ese nuevo poste tendrá forma de C con cantos
redondeados para prevenir posibles lesiones por cortes,
impidiendo que el motorista pueda, como usted acaba de señalar,
verse afectado, y es sencillo de fabricar e instalar. Carece de
aristas vivas y estará confeccionado en material de acero
galvanizado de cuatro milímetros de espesor.

Este nuevo poste se irá implantando paulatinamente, mientras que
el poste de perfil IPN desaparecerá gradualmente de nuestras
carreteras. Estas medidas, que se pretenden poner en práctica de
forma inmediata y que se han comunicado ya al sector, han tenido
una acogida favorable y son vistas como una solución adecuada
para proporcionar una mayor seguridad a los motoristas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Señor Gómez-Alba



El señor GOMEZ-ALBA Y RUIZ: En muchos países europeos el sistema
de fijación de vallas que vemos en nuestras carreteras ha sido
sustituido hace ya bastante tiempo por otro cuyos perfiles, con
ausencia de cantos como ha señalado el señor Ministro, aseguran
la adecuada protección del motorista, pasando incluso de la
mutilación a la herida leve.

Nosotros sabemos que su Ministerio piensa cambiar los IPN y
conocemos, por lo que acaba de explicar, el



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criterio para la elección del sustituto. Pero pensamos que esto
no va a resolver plenamente el problema expuesto. Se han
utilizado criterios técnicos que, por un lado, ofrecen que el
nuevo sistema opere o trabaje de manera distinta, protegiendo
mejor el vehículo ciertamente, pero no contemplando la protección
personal del motociclista en lo referente a los postes de
sujeción. Porque el perfil en C ofrece mejor protección que la
del perfil en I, pero según por dónde venga. Si vienes de frente
tienes dos cuchillas. Quiero decir que si el que se estrella
contra ese poste viene en la otra dirección va a sufrir las
mismas consecuencias que con el sistema actual.

Creemos que es insuficiente y por eso, señor Ministro, anticipo
que nuestro Grupo presentará inmediatamente una proposición no de
ley a fin de que la protección de la integridad física del
motorista esté presente cuando se elijan los futuros sistemas de
contención vial.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez-
Alba.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, tomo buena nota de su preocupación, que comparto entre
las observaciones que me hace y que trasladaré a los servicios
técnicos de la Dirección General de Carreteras para que sean
tomadas en consideración en el momento de diseñar los nuevos
soportes. A fin de cuentas nos mueve a usted y a mí el mismo
objetivo, que es garantizar la mayor seguridad pasiva a los
usuarios de nuestras carreteras.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE VAN A APLICAR
MEDIDAS PARA EVITAR EL ELEVADO NUMERO DE ACCIDENTES QUE SE
PRODUCEN EN LA AUTOPISTA A-7 (TARRAGONA-VALENCIA)? (Número de
expediente 180/001496)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 40, de
don Jaume Antich i Balada.

Señor Antich.




El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, mi pregunta va referida a la autopista A-7, pero
en concreto a su tramo Tarragona-Valencia, donde en los meses de
verano suele aumentar el número de accidentes graves y algunos
con resultado de muerte. En invierno o en otras épocas del año,
dado el menor tráfico, no hay tantos, pero continúa siendo
bastante elevado. El hecho de vivir cerca de esta autopista e
incluso, haber sido testigo presencial de alguno de estos
accidentes, me motivó a recorrer todo el tramo y constatar, como
una diferencia comparada con otras autopistas, que en este tramo,
insisto, Tarragona-Valencia, no hay áreas de descanso o reposo.

En el tramo, por ejemplo, Tarragona-Barcelona o Tarragona-
frontera, además de las áreas normales de servicio y las salidas,
hay también en algunos trozos áreas de descanso, que permiten que
cuando uno de los usuarios de la autopista tenga sueño, pueda
parar, cosa que no ocurre en este tramo en cuatro trozos
concretos, donde existen distancias de más de 20 kilómetros sin
que el usuario que tenga sueño u otros motivos pueda parar,
porque en las autopistas ello no es posible. Además, hemos
constatado que algunos de los accidentes suelen producirse
precisamente en estos puntos. Basta recordar uno de los más
dramáticos, el del autobús de Torreblanca. Es posible que haya
otras causas, a lo mejor la falta de vallas de separación, y en
este sentido ya hemos formulado no preguntas, pero sí gestiones
ante el Ministerio, encaminadas a que lo tuviera presente y
tratara de solucionarlo, sobre todo en cuanto a la pérdida de
vidas humanas.

Por tanto, mi pregunta concreta es la siguiente: ¿Cuándo se van a
aplicar medidas para evitar el elevado número de accidentes que
se producen en la Autopista A-7, Tarragona-Valencia?
Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Antich.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, la preocupación que usted menciona motivó que se
encargase un estudio sobre los factores de seguridad en la
autopista a la Unidad de Investigación de Psicología y Seguridad
Vial de la Universidad de Valencia. Este estudio concluyó que los
mayores factores de riesgo son el cansancio, el sueño y el exceso
de velocidad. En base a esto se aconsejaba la colocación de
barreras de seguridad para paliar los efectos de las salidas de
vehículos de la calzada, y se recomendaba que se potenciasen las
áreas de servicio, como usted señala, con zonas de descanso en
las mismas. A la vista de estas conclusiones, el Ministerio ha
suscrito un acuerdo con la sociedad concesionaria, aprobado en el
mes de julio pasado, en el que se contemplan una serie de medidas
para mejorar la seguridad en la autopista. Estas



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medidas, muy importantes, son las siguientes: En primer lugar, la
concesionaria colocará en los puntos que señale el Ministerio,
una barrera flexible metálica de seguridad en mediana o en
laterales, con un coste estimado de casi 600 millones de pesetas.

En segundo lugar, instalaremos carteles que aconsejen al usuario
efectuar paradas para evitar el cansancio excesivo o la
somnolencia. A ello se dedicarán 15 millones de pesetas. Y por
otra parte, se instalarán elementos que se llaman en la jerga
psicológica de estímulo. Los elementos de estímulo, no se
interprete mal, son vallas coloreadas, monumentos artificiales,
pintura de puentes, que rompen la monotonía del paisaje, y a ello
dedicaremos 25 millones de pesetas. Finalmente, se construirán
dos áreas de descanso-aparcamiento; una, en la autopista
Tarragona-Valencia, y otra, en la autopista Valencia-Alicante, a
lo que se dedicarán 200 millones de pesetas, o bien dedicaremos
esta cantidad a potenciar el descanso en las áreas de servicio ya
existentes. En total pues, es una inversión que ronda los 1.000
millones de pesetas, gracias a los cuales podremos mejorar las
condiciones pasivas y activas de seguridad. Estas medidas se
encuentran ya en proceso de realización, como es el caso de la
instalación de la barrera de seguridad en el tramo Oropesa-
Castellón, previéndose que esta barrera disponga de mediana en
más de 100 kilómetros, así como en otros 20 kilómetros en la
parte exterior de la calzada. Con todo ello, señoría, hacemos lo
que está en nuestras manos para mejorar la seguridad, al mismo
tiempo que aprovecho su pregunta para pedir a los usuarios de la
autopista una prudencia que evite las situaciones de riesgo
motivadas por cansancio excesivo o exceso de velocidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS ROS MAORAD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA
EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA MADRID-GUADALAJARA Y
CUANDO CREE EL GOBIERNO QUE VAN A INICIARSE LAS OBRAS DE LA
MISMA? (Número de expediente 180/001499)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 43, de
don José Luis Ros Maorad, que tiene la palabra.




El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.

Quiero empezar esta breve intervención, señor Ministro,
reconociendo el esfuerzo y el vigoroso impulso que su Ministerio
ha dado con notable éxito para transformar las infraestructuras
en comunicaciones de Madrid y su área metropolitana, así como
fecilicitándole por el acuerdo que ayer mismo consiguió para
cerrar el anillo de la M-40.

Estas infraestructuras, la M-30, la M-40, el proyecto de la M-50,
la ciudad aeroportuaria, quedan completadas por una autopista que
S. S. conoce perfectamente, que es la autopista que en dirección
al Ebro, en su primer tramo, tiene como destino unir Madrid con
Guadalajara. Es una autopista, sin lugar a dudas, necesaria,
tanto para obtener una mayor seguridad como un mayor ahorro
energético, sin despreciar, desde luego, lo que supone de
contaminación medioambiental la escasa fluidez de tráfico que en
determinadas horas punta, tanto por la mañana como por la tarde y
desde luego en fines de semana, se produce en la antigua nacional
II, hoy convertida, como digo, en autovía.

Madrid ha ido creciendo en sus infraestructuras, a partir de esa
típica piedra de la Puerta del Sol, en unos anillos concéntricos
cuyo radio ha ido ampliándose cada vez más con la M-30, la M-40 y
la M-50. Estos anillos, sin lugar a dudas, han producido una
expectativa de suelos de susceptible uso industrial, urbano, de
servicios, de ocio, etcétera. Pensamos, por tanto, que estas
infraestructuras deben ser emanadoras de desarrollo hacia la
periferia, que deben unir, y no muros de contención para cerrar
en sí mismas el potencial desarrollo que las mismas constituyen.

Quiero recordarle, señor Ministro, que en la provincia de
Guadalajara se han desarrollado cinco millones de metros
cuadrados de suelo industrial y que en Guadalajara y su entorno
vive el 75 por ciento de su población.

Esperamos que los intereses generales prevalezcan siempre, como
nos consta que S.S. hará, sobre los intereses privados. Sabemos
que existen dificultades, que fundamentalmente están en torno a
lo que se denomina Zepa, es decir...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ros. La
pregunta figura presentada por escrito y además a ella ha hecho
alusión reiteradamente.




El señor ROS MAORAD: Es que como era la última...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es el mismo trato para
todos, señor Ros.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.

Agradezco a mi compañero y Diputado que formula la pregunta la
exposición que ha hecho, porque me permite enlazar con la
problemática de la zona.

El Plan Director de Infraestructuras y el convenio que hemos
firmado con la Comunidad de Madrid prevé una nueva
infraestructura de penetración a Madrid desde Alcalá-Guadalajara,
puesto que la actual autovía



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estará completamente congestionada en el horizonte del año 2005.

Por eso el PDI contempla una nueva autopista de Madrid-
Guadalajara, parte integrante del Madrid-Tudela, que llegaría
hasta el valle del Ebro y desde allí a Francia. Pero nos hemos
encontrado con una dificultad que parece difícil de resolver,
puesto que, aunque parezca difícil de creer, no hay ninguna zona
en el corredor entre Madrid y Guadalajara por donde podamos hacer
pasar una autopista sin interferir con algún espacio natural
protegido. Eso plantea una dualidad difícil, puesto que las
autoridades competentes han declarado zepas, zonas de especial
protección de aves, todos los territorios hasta los propios
límites de la ciudad de Alcalá, sin que se haya reservado ningún
corredor para vías de comunicación y otras dotaciones. Por ello
no podemos lanzar la construcción de la autovía, de cuyo proyecto
disponemos.

Hemos solicitado que se modifiquen los límites de las zepas en
cuestión, aumentando su extensión hacia el norte y reduciéndola
hacia el sur, para poder salir de Madrid con una nueva autopista
y de paso también reservar suelo para la futura infraestructura
del tren de alta velocidad. Eso depende, por una parte, de Icona,
por otra parte, de la Comunidad Autónoma de Madrid, por otra
parte, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, por otra
parte, de la Comunidad Europea, y cuando todas estas instancias
hayan tenido a bien modificar las zepas y dejar un corredor
libre, el Ministerio con mucho gusto, emprenderá unas obras que
considera prioritarias y absolutamente irrenunciables.

Mientras esto ocurre, vamos a aumentar a tres carriles la autovía
en la parte más congestionada, que es el entorno de Torrejón de
Ardoz. Para ello, ya hemos licitado obras por importe de 2.000
millones de pesetas; se han presentado ofertas y se han abierto
las plicas el día 28 de marzo de este año.

Esperamos que dentro de un año hayamos conseguido ampliar la
autopista a tres carriles. Esto es una solución transitoria, y,
mientras tanto, seguiremos presionando a las autoridades
competentes para que modifiquen los espacios naturales
protegidos, de forma que hagamos compatible algo que es
especialmente difícil de conseguir, que es la protección de
nuestros valores naturales con la construcción de las
infraestructuras adecuadas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿COMO JUSTIFICA
EL GOBIERNO LA NECESIDAD DEL ELEVADO NUMERO DE ASESORES Y PUESTOS
DE CONFIANZA QUE PRESTAN ACTUALMENTE SUS SERVICIOS EN EL COMPLEJO
DE LA MONCLOA, CON UN COSTE SUPERIOR A LOS 1.300 MILLONES DE
PESETAS? (Número de expediente 180/001479)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25, de
don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, que tiene la palabra.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: ¿Cómo justifica el Gobierno la
necesidad de un elevado número de asesores y puestos de confianza
que presta sus servicios en el complejo de La Moncloa, con un
coste superior a los 1.300 millones de pesetas?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Soriano.

Señor Ministro de la Presidencia, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.

A juicio del Gobierno, el número de asesores, de personas que
desarrollan funciones de asesoramiento y más en general de
puestos de confianza en el complejo de La Moncloa, es justamente
el adecuado a las necesidades de la Presidencia del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Ministro, sin acritud,
como le oí decir en muchas ocasiones a don Felipe González cuando
era oposición en esta Cámara, le diré que esto es una tremenda
chapuza.

Desde el año 1992 me vengo interesando por este asunto y, después
de múltiples negativas del Gobierno a facilitarme la información,
después de haber sido amparado por el Presidente de la Cámara,
obtuve por primera vez una información, en el año 1994, respecto
a los funcionarios de empleo eventuales, que es el nombre
técnico, existentes en la Administración, donde no se
incorporaban las personas que prestaban servicios de esta
naturaleza en el área de la Presidencia, por lo cual se me obligó
a hacer una pregunta consistente en conocer el número de asesores
y personas de confianza, como digo, en el área de la Presidencia.

De aquí se desprende que hay del orden de setecientas personas en
la Administración, en el año 1994, porque la pregunta está
referida a esta fecha, con unas retribuciones que superan los
3.000 millones de pesetas. Realmente esto, en materia de
retribuciones, es una auténtica chapuza. No hay dos personas que
ganen lo mismo. Hay personas con el nivel de titulación de
Graduado Escolar que ganan ocho millones y medio de pesetas, y la
titulación es consecuencia directa, hay que exigirla, porque
ustedes mismos lo han reconocido,



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consecuencia directa de lo dispuesto en el artículo 22.4 de la
vigente Ley de Presupuestos. Ustedes lo han reconocido puesto que
en la pregunta que yo formulé, y que fue contestada el 9 de
noviembre con la firma del señor Ministro, se me decía que el
personal eventual adscrito a los gabinetes de la Presidencia y de
los Ministros y Secretarios de Estado se encuentra incluido en el
ámbito de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por lo que le es de
aplicación todo lo dispuesto en la misma respecto al régimen
retributivo, de incompatibilidad, de jornada, etcétera.

Es ahora cuando ustedes dicen que este personal de confianza no
está sujeto a titulación alguna a la hora de fijar las
retribuciones. Yo le quiero decir que eso es manifiestamente
ilegal y que es una muestra de la absoluta chapuza que se
desprende de estas retribuciones. Porque, como digo, no hay dos
que sean iguales, no se sabe las funciones que desempeñan, y me
cuesta trabajo creer que haya sitio material en La Moncloa para
todas estas personas y que indudablemente están siendo el
hazmerreír de toda la ciudadanía. Este es un ejemplo más de cómo
controla el Gobierno socialista el déficit pblico, gastando en el
funcionamiento de los servicios con la forma de enchufar, porque
ésta es la palabra que se emplea.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Soriano.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias,
señor Presidente.

Dos cosas muy rápidas: primero, la información la tiene usted en
los Presupuestos Generales del Estado. Ya veo que le cuesta a
usted sacar esa información porque, chapuza por chapuza, señor
Diputado, lo que usted acaba de hacer en su alegato. Dos personas
en la Administración generalmente no pueden ganar lo mismo,
porque, entre otras cosas, hay trienios, complementos, los que
justifica que las nóminas que usted tiene, que son exactamente lo
que cobran las personas que trabajan en La Moncloa, no coincidan
en absoluto unas con otras. Evidentemente, los funcionarios de la
Administración ganan casi todos distinto. Eso debería usted
saberlo.

No hay 700 asesores en La Moncloa, por mucho que usted se empeñe;
y no sólo se empeña en decirlo aquí sino que, además, se lo
cuenta equivocadamente a los medios de comunicación, en una
operación que en los medios se conoce con el nombre de
intoxicación. No hay 700 asesores en La Moncloa. Hay, usted lo
tiene por escrito, exacatamente, a 31 de diciembre de 1994, 291.

De ellos 53 tienen nivel 30 y son, por tanto, lo que podríamos
considerar asesores. De estos 53, por cierto diez realizan tareas
burocráticas y de apoyo. El resto, que es personal de confianza,
como corresponde a la naturaleza de la función que ejercen en el
Gabinete del Presidente del Gobierno, incluye subalternos,
incluye secretarias, incluye técnicos de distintos niveles. Por
tanto, no hay ni 700 ni 300, sino 53 asesores.

Compare usted esta cifra con el gabinete o el «staff» del Primer
Ministro de Gran Bretaña, 1.500; la Secretaría General de la
Presidencia francesa, 350; o la equivalente alemana, 450. Estos
sí, asesores de nivel 30, por establecer la comparación con los
datos españoles.

Si usted quiere discutir de gabinetes del Presidente, yo estoy
encantado: de los del Gobierno y de los de gobiernos de las
comunidades autónomas, donde, por cierto, ustedes tienen bastante
responsabilidad política.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.