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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 181, de 07/11/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 181
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 179
celebrada el martes, 7 de noviembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
--De las Cortes Valencianas, sobre alteración de los límites
provinciales consistentes en la segregación del municipio de
Gátova de la provincia de Castellón y su agregación a la de
Valencia (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 97.1, de 23 de diciembre de 1994 (número de
expediente 125/000012) (Página 9561)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la disposición sobre
fianzas y su depósito, a los arrendamientos de fincas urbanas en
los que se desarrollen actividades profesionales y a los plazos
de actualización. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 122.1, de 27 de abril de 1995 (número de
expediente 122/000101) (Página 9567)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al
Gobierno a que establezca nuevos mecanismos de apoyo a la minería
del carbón. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 265, de 11 de septiembre de 1995 (número de expediente
162/000224) (Página 9574)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de viabilidad del sector del carbón nacional. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 272, de 22 de septiembre
de 1995 (número de expediente 162/000229) (Página 9574)
Declaración Institucional:
--Por la que se muestra el profundo pesar por la trágica
desaparición del Primer Ministro de Israel, Isaac Rabín, así como
el más enérgico rechazo de la violencia fanática que ha puesto
fin a su vida (Página 9580)
Proposiciones no de ley (continuación):
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
reincorporación de los parados, amenazados por la exclusión
social, al mercado de trabajo. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 272, de 22 de septiembre de 1995
(número de expediente 162/000231) (Página 9581)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de las
empresas de inserción. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 275, de 29 de septiembre de 1995 (número de
expediente 162/000238) (Página 9581)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda
a la vivienda en los próximos años (número de expediente
173/000098) (Página 9588)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
postura que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la
Comisión de la Unión Europea en la inminente reforma de la
Organización Común de Mercado (OCM) del sector hortofrutícola,
para defender dignamente los intereses españoles (número de
expediente 173/000099) (Página 9593)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación
con el destino de las ayudas públicas al sector del automóvil y
en especial con las otorgadas a la multinacional Volkswagen para
el mantenimiento de la marca SEAT (número de expediente
173/000100) (Página 9603)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 182,
de 8 de noviembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de Comunidades
Autónomas (Página 9561)
De las Cortes Valencianas, sobre alteración de los límites
provinciales consistentes en la segregación del municipio de
Gátova de la provincia de Castellón y su agregación a la de
Valencia (Orgánica) (Página 9561)
Defiende la proposición de ley, en primer lugar, el Diputado de
las Cortes valencianas señor Castelló Boronat. Expone que el
pueblo de Gátova tradicionalmente estuvo vinculado a la provincia
de Valencia, hasta que en 1833 se incluyó en la provincia de
Castellón. Su menor distancia de la capital de Valencia que de
Castellón, y su vinculación económica y social fundamentalmente
con las localidades de la provincia de Valencia, hacen que en
1989 la corporación municipal inicie un largo proceso tendente a
segregar el municipio de Gátova de la provincia de Castellón y
adscribirlo a la de Valencia. Considera que se trata de una
reivindicación justa y como tal la entendieron las Cortes
valencianas, apoyándola unánimemente el 30 de noviembre de 1994,
creyendo que era su obligación atenderla.
Con la aprobación de la proposición contribuirán a que medio
millar de habitantes de ese pueblo den un paso adelante en su
calidad de vida, al tratarse de una reivindicación avalada por la
historia, la geografía
y factores de comunicación, trabajo y sentimiento, facilitando y
mejorando la prestación de los servicios públicos en esta
localidad.
El señor Berenguer Fuster, también Diputado de las Cortes
valencianas, señala que el día 30 de noviembre de 1994, en su
condición entonces de Consejero de Administraciones Públicas de
la Generalidad de Valencia, tuvo el honor de presentar ante las
Cortes valencianas una iniciativa del Gobierno autónomo instando
a la modificación de los límites de las provincias de Castellón y
Valencia, haciéndose así eco del acuerdo unánime del Ayuntamiento
y el pueblo de Gátova, que años antes habían iniciado un
expediente en solicitud de que ese municipio, perteneciente a la
provincia de Castellón, pasase a integrarse en la de Valencia.
Recuerda que el éxito de la iniciativa no pudo ser mayor, ya que
la totalidad de los miembros de las Cortes valencianas votaron a
favor de presentar ante este Congreso una proposición de ley
orgánica en tal sentido, y ésa justamente es la que hoy están
defendiendo.
Completa el turno en defensa de la proposición de ley, en nombre
de las Cortes valencianas, la Diputada de las mismas señora Pérez
Martí, reiterando lo expuesto por los oradores precedentes en el
sentido de que se trata de dar solución a una justa
reivindicación histórica, más allá de una voluntad sentimental o
un interés económico de pertenencia a una zona más desarrollada o
mejor comunicada.
Afirma que la división provincial realizada en 1833 por Javier de
Burgos es hoy obsoleta e innecesaria y, en casos como el de
Valencia, generadora de más problemas de vertebración y cohesión
social que de ventajas. En el caso de Gátova, la raya trazada
desde Madrid separaba realidades humanas, históricas, culturales
y geográficas que el tiempo no ha podido destruir. En base a
ello, su Grupo apoya plenamente que Gátova se segregue de
Castellón y pase a la provincia de Valencia, lugar donde siempre
tuvo que estar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Carrera i Comes, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Peralta Ortega, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Amador
Guillén, del Grupo Popular, y el señor Paniagua Cifuentes, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley de las
Cortes valencianas por 288 votos a favor.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 9567)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
modificación de la ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos en lo relativo a la disposición sobre
fianzas y su depósito, a los arrendamientos de fincas urbanas en
los que se desarrollen actividades profesionales y a los plazos
de utilización (Página 9567)
El señor Gómez Darmendrail defiende la proposición de ley del
Grupo Popular. Comienza recordando que la Ley de Arrendamientos
Urbanos fue aprobada con un amplio consenso parlamentario y que
su cercanía en el tiempo no parece aconsejar modificaciones
esenciales. Sin embargo, también es cierto que las peticiones de
diversos colectivos y el reciente informe del Defensor del
Pueblo, haciéndose eco de una serie de reclamaciones, aconsejan
la introducción de algunas modificaciones puntuales.
Entre los aspectos que su Grupo entiende que deben ser objeto de
modificación destaca el régimen de fianzas y el tratamiento que
da la Ley a los contratos de arrendamiento de los despachos
profesionales. Piensan que el Gobierno, en uso de su potestad
reglamentaria, debería aclarar y precisar algunas cuestiones
suscitadas en la interpretación de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, de acuerdo con el informe del Defensor del Pueblo.
En el tema de las fianzas, en cantidad equivalente a una
mensualidad de renta en los arrendamientos de viviendas y de dos
en el arrendamiento de uso distinto de la vivienda, la
disposición adicional tercera de la Ley dispone que las
comunidades autónomas podrán establecer la obligación de los
arrendadores de depositar el importe de las fianzas, sin devengo
de interés, a disposición de la administración autonómica o del
ente público que designe, hasta la extinción del contrato.
Recuerda que los primeros anteproyectos del Gobierno guardaban un
prudente silencio sobre la materia, agregando que la exigencia de
la fianza en metálico excluye otros tipos de garantías usados
habitualmente en toda clase de operaciones, razón por la que
piden la modificación del artículo 36.1 de la vigente Ley, en el
sentido de que la garantía pueda prestarse en metálico o en
cualquiera de las formas admitidas en Derecho.
Por otra parte, el quedarse con los intereses que devenga el
dinero de la fianza durante el plazo de vigencia del contrato de
arrendamiento, en ocasiones muy dilatado, tiene a su juicio
carácter confiscatorio, apropiándose las comunidades autónomas
del cien por cien de las rentas de las fianzas.
Respecto a los arrendamientos de fincas urbanas en las que se
desarrollan actividades profesionales, considera necesario
modificar el apartado 4 de la disposición transitoria cuarta,
dándole el mismo tratamiento que la Ley establece para los
arrendamientos asimilados de inquilinato, a los que corresponde
un plazo de extinción de diez años. Sobre este particular pide
que en el plazo máximo de tres meses el Gobierno dicte las normas
reglamentarias para definir, con la precisión necesaria, qué se
entiende por actividades profesionales a los efectos de la
vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, coincidiendo en ello con
la recomendación del Defensor del Pueblo.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y García-
Arreciado Batanero, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del Grupo
Popular por 123 votos a favor, 168 en contra y tres abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 9574)
Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se insta al
Gobierno a que establezca nuevos mecanismos de apoyo a la minería
del carbón (Página 9574)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de
viabilidad del sector del carbón nacional (Página 9574)
El señor Torres Sahuquillo defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista. Menciona la decisión de la CECA 3632/93, de 28
de diciembre, que vuelve a establecer una serie de ayudas a la
minería del carbón en la Comunidad Europea y, por consiguiente,
en España. En el marco de dicha decisión de la CECA, y en el de
la Ley del Sector Eléctrico Nacional, han de ponerse en marcha
una serie de ayudas de apoyo a la minería del carbón nacional. Es
por esta razón por la que su Grupo, con fecha 26 de julio de este
año, presenta esta proposición no de ley, integrada por cuatro
puntos, en el primero de los cuales solicitan del Gobierno la
puesta en marcha de mecanismos de apoyo a las empresas mineras, a
las centrales térmicas y a las comarcas mineras, en desarrollo de
la decisión y de la Ley citadas. En el segundo punto de la
proposición pedían que se articularan medidas de acompañamiento
laboral análogas a las que ya se habían practicado, a fin de
evitar que los ajustes de plantilla que pudieran realizarse se
llevaran a cabo de una manera traumática. En el tercer punto, uno
de los más importantes, decían que en las comarcas mineras
deberían llevarse a cabo actuaciones de diversificación económica
para desarrollar estas cuencas; actuaciones dirigidas a la
creación de empleo, diversificando la absorción de excedentes,
así como la creación de infraestructuras en las propias comarcas
para que pudieran potenciar y desarrollar la economía de estas
comarcas. Finalmente, pedían al Gobierno que realizara todo lo
anterior en permanente diálogo con los agentes sociales y
económicos, ya que sólo el diálogo haría posible que las medidas
puestas en práctica dieran su fruto.
Añade que dos meses después el Grupo Popular presentó otra
proposición no de ley, que básicamente se limitaba a repetir los
puntos señalados en la iniciativa socialista, agregando alguno
nuevo, como, por ejemplo, solicitar un plan de futuro para la
minería en el plazo de tres meses. Dado que la propuesta del
Grupo Popular se presenta con posterioridad al tremendo accidente
laboral en Asturias, con varios muertos, el Grupo Socialista
presenta una enmienda a su proposición, añadiendo lo que de
novedad tenía la proposición del Grupo Popular.
Consiguientemente, a los cuatro puntos iniciales se agregan dos
nuevos puntos, a los que da lectura.
Termina destacando el interés del Grupo Socialista en llevar un
mensaje de esperanza en el futuro a los trabajadores de la
minería del carbón y, en particular, a los de las cuencas
mineras, mostrando la seguridad de que comparten con el Grupo
Popular y con los restantes grupos de la Cámara una gravísima
preocupación por la seguridad minera.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular
interviene el señor Landeta Alvarez-Valdés, manifestando que la
misma tiende a la viabilidad del sector del carbón, a la vez que
expresa su satisfacción por haber llegado a un acuerdo con el
Grupo Socialista para redactar un texto transaccional que recoja
las pretensiones de los dos grupos, encaminadas a incrementar la
competitividad en la minería nacional.
Añade que son conscientes de que la filosofía de la Comunidad
europea es mantener la existencia del carbón, pero no a cualquier
precio. Las empresas han de prepararse a ser competitivas en un
mundo libre, consiguiendo su viabilidad económica.
Consiguientemente, han de solucionarse los problemas del carbón
acoplando sus estructuras al logro de estos fines y creando
capacidades rentables y competitivas, y a ello deben contribuir
empresarios, Administración y sindicatos.
Expone diversas consideraciones en torno a la problemática de
este sector y a la incidencia sobre el mismo de la directiva de
la CECA, para terminar dando cuenta del contenido de los diversos
puntos integrantes de la proposición no de ley, a la par que
destaca nuevamente la importancia del consenso alcanzado entre
los grupos proponentes en relación a un tema tan delicado como el
del carbón.
Para fijación de posiciones interviene el señor Santiso del
Valle, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometidas a votación las proposiciones no de ley de los Grupos
Socialista y Popular, en los términos del texto transaccional
acordado en el curso del debate, se aprueba por 275 votos a
favor, uno en contra y 15 abstenciones.
Declaración institucional (Página 9580)
El señor Presidente propone a la Cámara la adopción de una
declaración institucional por la que el Congreso de los Diputados
manifiesta su profundo pesar por la trágica desaparición del
Primer Ministro del Estado de Israel, el señor Isaac Rabin, así
como su más enérgico rechazo de la violencia fanática que ha
puesto fin a su vida.
Se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley (continuación) (Página 9581)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
reincorporación de los parados, amenazados por la exclusión
social, al mercado de trabajo (Página 9581)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre regulación de las
empresas de inserción (Página 9581)
El señor Aparicio Pérez defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular. Expone que desde 1982 han aumentado
considerablemente las cifras de parados considerados como de
larga duración, tanto en términos relativos como absolutos.
Menciona también que el INEM atraviesa una grave crisis, que se
hace aún más visible si se analizan sus cifras de resultados, que
les llevan a caracterizar tanto la ineficacia como la dispersión
de su actuación. Cree, en consecuencia, que algo habrá que hacer
en tanto no se acometa la imprescindible reforma estructural,
porque esos 600.000 parados exigen una actuación decidida de este
Congreso.
Agrega que la capacidad de intermediación del INEM está muy por
debajo de los niveles que ha tenido en épocas anteriores,
dedicando básicamente su plantilla, de más de 15.000 personas, a
la gestión de nóminas, y con unas cantidades destinadas a
formación profesional en continuada disminución en los últimos
tres años.
Afirma que el Grupo Popular quiere prestigiar el INEM y, sobre
todo, que funcione, en lo cual están en perfecta sintonía con las
recomendaciones de la Cumbre de Essen sobre empleo. Piden al
Gobierno, en definitiva, algo considerado muy razonable, como es,
en primer lugar, que se establezcan prioridades, porque ello
supone gobernar; segundo que se fijen planes de actuación para
esas prioridades; tercero, que se atengan a la normativa aceptada
de antemano por los grupos políticos y los agentes sociales y,
por último, que cumplan con los derechos que asisten a nuestros
parados. De ahí que pidan también al INEM que aplique a la
población activa registrada en las oficinas de empleo, con una
prioridad excepcional a los empleados mayores de 45 años, el plan
de calificación de los demandantes de empleo.
La señora Figueras i Siñol defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista, afirmando que la misma está en la línea de las
transformaciones y de las políticas sociales en Europa, tal como
se define en el Libro Blanco sobre política social de la Unión
Europea. Es decir, unas políticas sociales cada vez más
orientadas por la lógica de la integración social y más volcadas
en las políticas activas frente a las políticas pasivas, como
complemento imprescindible de los programas de protección social
que ofrece el Estado del bienestar.
Respecto a la proposición del Grupo Popular, anuncia que se
limitará a defender las enmiendas presentadas a la misma, sin
entrar en una guerra de cifras, ya que la esencia de las acciones
propuestas constituyen el objetivo del INEM desde hace tiempo.
El señor Peralta Ortega defiende la enmienda presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular es
rechazada por 130 votos a favor y 165 en contra.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, es aprobada por 173 votos a favor
y 120 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 9588)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a
la vivienda en los próximos años (Página 9588)
El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Recuerda que en el debate habido
en la anterior sesión plenaria el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente ofreció la creación de una ponencia
para discutir los aspectos más significativos en relación con un
nuevo plan de vivienda. A Izquierda Unida le pareció interesante
la propuesta del Ministro, aunque no parece que el calendario sea
el más propicio para conseguir un desarrollo suficientemente
extenso como para garantizar la participación en dicha ponencia
de todas las personas y entidades que tengan algo que decir en
cuestión de vivienda. De ahí que su Grupo presentase con
posterioridad una autoenmienda, planteando un desarrollo más
programático sobre cuáles deberían ser las soluciones de vivienda
en un programa político de futuro y en un programa de gobierno.
Creen, sin embargo, que la ponencia aludida puede ser, en todo
caso, un buen lugar de encuentro en el que intervengan al menos
las personas que más tengan que decir y aportar de cara a la
solución del problema de la vivienda en nuestro país, sobre todo
para las personas más necesitadas. Consiguientemente, retiran la
enmienda antes aludida y vuelven a la propuesta original
solicitadando la creación de la mencionada ponencia para elaborar
una serie de directrices con las que realizar un plan de
vivienda.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen la señora
Pardo Ortiz, en nombre del Grupo Socialista, y el señor Gómez
Darmendrail, en representación del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada por
176 votos a favor, dos en contra y 117 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la postura
que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión de
la Unión Europea en la inminente reforma de la Organización Común
de Mercado (OCM) del sector hortofrutícola, para defender
dignamente los intereses españoles (Página 9593)
El señor Pascual Monzo defiende la moción del Grupo Popular.
Expone que su Grupo Parlamentario considera totalmente necesaria
la modificación de la normativa comunitaria de frutos y
hortalizas, con 23 años ya en vigor, modificación en la que deben
tenerse en cuenta los intereses españoles.
Destaca que España es el segundo país productor de la Unión
Europea en frutas y hortalizas y que dentro de nuestro país
representan el 25 por ciento de nuestra producción final agraria,
por lo que tiene que aprovecharse la modificación de la normativa
comunitaria para apoyar a tan importante sector. A este fin se
dirige la moción de su Grupo, que contiene una serie de puntos
que consideran vitales de cara a la competitividad futura del
sector. Resalta dichos puntos vitales de la moción y termina
congratrulándose de que el Grupo Socialista se haya avenido
finalmente a la postura defendida por el Grupo Popular,
respaldando al Ministro de Agricultura para que defienda el
futuro de nuestras frutas y hortalizas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción del Grupo
Popular, intervienen los señores González de Txábarri Miranda,
del Grupo Vasco (PNV); Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición
Canaria, y Pau i Pernau, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Tubert i Alsina, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rivadulla Gracia, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular en los términos
transaccionales acordados con las enmiendas presentadas, se
aprueba por 289 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación con
el destino de las ayudas públicas al sector del automóvil y en
especial con las otorgadas a la multinacional Volkswagen para el
mantenimiento de la marca SEAT (Página 9603)
La señora Rivadulla Gracia defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Marsal y Muntala en representación del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Souvirón García,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es rechazada por 12
votos a favor y 259 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTONOMAS:
--DE LAS CORTES VALENCIANAS, SOBRE ALTERACION DE LOS LIMITES
PROVINCIALES, CONSISTENTE EN LA SEGREGACION DEL MUNICIPIO DE
GATOVA DE LA PROVINCIA DE CASTELLON, Y SU AGREGACION A LA DE
VALENCIA (ORGANICA) (Número de expediente 125/000012)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley de comunidades autónomas. Proposición de ley
de las Cortes Valencianas, sobre alteración de los límites
provinciales, consistente en la segregación del municipio de
Gátova de la provincia de Castellón, y su agregación a la de
Valencia.
Para defender la propuesta de las Cortes Valencianas tiene la
palabra, en primer lugar, el señor Castelló Boronat. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES VALENCIANAS (Castelló Boronat):
Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me ha correspondido, por delegación
de las Cortes Valencianas y junto a los también Diputados que me
sucederán en el uso de la palabra, defender ante ustedes la
proposición de ley orgánica sobre alteración de los límites
provinciales, consistente en la segregación del municipio de
Gátova de la provincia de Castellón y su agregación a la de
Valencia.
Señorías, Bernardo Mundina, precursor de la historiografía
castellonense de la restauración, publica en 1873 su «Historia,
Geografía y Estadística de la provincia de Castellón», y en ella
podemos leer, cuando accedemos a la referencia de Gátova, lo
siguiente: Gátova. Lugar situado en los confines del Reino de
Valencia, en el partido judicial de Segorbe y diócesis de
Valencia, distante 60 kilómetros de la capital; tiene 1.177
habitantes, y 280 casas de dos pisos y buena fábrica forman el
grupo de la población; sus calles son malas y tortuosas, la casa
consistorial y cárcel son pequeñas. Tiene una escuela de niños
dotada de 825 pesetas y otra de niñas con 550 pesetas. Su iglesia
parroquial está dedicada a Nuestra Señora de los Angeles; es de
arquitectura corintia, de pobre aspecto y reducidas dimensiones.
Tiene una nave con florones de talla en algunos puntos, y su
altar mayor es regular.
Más adelante, durante la segunda decena de este siglo, Carlos
Sarthou, historiador castellonense y archivero de Játiva, en su
Geografía del Reino de Valencia nos explica que en su término se
forma el barranco del Carraixet, que sale a la provincia de
Valencia para desaguar en el Mar Mediterráneo; que el ferrocarril
y la carretera más próximos pasan a 12 kilómetros de la población
y que en aquellas fechas está en construcción la primera
carretera de acceso al núcleo urbano.
Gátova, cuyo origen se determina en una antigua alquería
musulmana llamada Catava, conquistada por Jaime I y donada en
1238 a Pedro Sancho de Maragmon, fue lugar de moriscos y
dependiente de Olocau hasta 1791, cuando pasó a ser matriz
territorial y a tener como anejo a Marines; ambos, tanto Olocau
como Marines provincia de Valencia. Es en 1833 cuando se incluye
a Gátova en la provincia de Castellón mediante el Decreto de 30
de noviembre, que restablece la división territorial en 49
provincias.
Señorías, no está en mi ánimo alargarme en las referencias
históricas del devenir de los gatovenses, simplemente esta
pequeña reseña como demostración de la vinculación de Gátova a
los territorios que han pertenecido a la provincia de Valencia y
de su antiguo origen como pueblo mediterráneo y valenciano.
Señoras y señores Diputados, es en 1989 cuando, a través de la
corporación municipal, se inicia un largo proceso, que hoy nos
tiene aquí, y para el que este Diputado, elegido por la provincia
de Castellón, les solicita el voto favorable a la proposición de
ley que nos ocupa para segregar el municipio de Gátova de la
provincia de Castellón y adscribirlo a la de Valencia.
Precisamente quiero resaltar mi condición de Diputado elegido por
la provincia de Castellón porque, como me decía ayer el señor
Alcalde de Gátova --que creo asiste hoy a este Pleno del Congreso
junto a otros representantes del municipio--, esa es una señal
inequívoca, no sólo de la coincidencia de la voluntad política
entre sus representantes en las Cortes Valencianas, y espero
que también aquí en el Congreso, sino también de todos los
castellonenses que hasta ahora han compartido esa denominación
con los habitantes de Gátova y que, con el apoyo de esta
proposición de ley y su defensa por un Diputado de la provincia
de Castellón, se demuestra que no existe la más mínima reticencia
sobre el futuro de Gátova como municipio de la provincia de
Valencia desde las gentes de la provincia de Castellón.
Señorías, esta es una reivindicación justa y, como tal, así la
entendimos en las Cortes Valencianas, apoyándola unánimemente el
pasado 30 de noviembre de 1994. Es una reivindicación avalada por
la historia, por la geografía, por factores de comunicación, de
trabajo y de sentimiento; y porque es una reivindicación y una
solicitud de todo el pueblo de Gátova, señorías, estamos en la
obligación de atenderla. Con ella no se pretende trastocar nada
ni a nadie, y menos por mero capricho, sino simplemente que los
cauces que por la historia, la geografía y la economía han hecho
discurrir a los gatovenses por la provincia de Valencia se
adecuen a los cauces político-administrativos que hasta ahora la
ubicaban en la provincia de Castellón.
Con la aprobación de esta proposición de ley, señorías, vamos a
contribuir a que medio millar de habitantes den un paso adelante
en su calidad de vida. Los representantes de la soberanía popular
tenemos la obligación de solucionar, en la medida de lo posible,
los problemas de los ciudadanos, y en este caso, señorías, la
disfunción de sentirse y vivir los gatovenses en la provincia de
Valencia y pertenecer administrativamente a la provincia de
Castellón se había convertido en un problema.
Porque los vecinos de Gátova están vinculados desde antaño a la
comarca valenciana del Camp del Turia, perteneciendo desde hace
algún tiempo a la mancomunidad de municipios de esta comarca.
Porque de esta manera avanzamos, también, en la clarificación del
mapa territorial de la Comunidad Valenciana. Porque con ello
facilitamos y mejoramos la prestación de los servicios públicos a
los vecinos de Gátova. Y porque todas las instituciones que se
han pronunciado hasta ahora lo han hecho en este mismo sentido,
desde el propio ayuntamiento, pasando por las dos diputaciones
provinciales afectadas, el Gobierno valenciano, las Cortes
Valencianas y el Consejo de Estado, es por lo que, señoras y
señores Diputados, solicito su voto favorable a esta proposición
de ley, en beneficio de unos cientos de gatovenses de los que nos
sentimos orgullosos todos los valencianos, a los que respaldamos
desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada y cuya reivindicación
hemos hecho propia los cuatro millones de valencianos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor
Berenguer.
El señor DIPUTADO DE LAS CORTES VALENCIANAS (Berenguer Fuster):
Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, todavía no hace un año, el
30 de noviembre de 1994 y en mi entonces condición de Consejero
de Administraciones Públicas de la Generalidad Valenciana me cupo
el honor de presentar ante las Cortes Valencianas una iniciativa
del Gobierno presidido por don Juan Lerma por la que se instaba
la modificación de los límites de las provincias de Castellón y
Valencia.
Aquel Gobierno de la Generalidad se hacía eco del acuerdo unánime
--me atrevo a decir--, del ayuntamiento y el pueblo de Gátova que
años antes había iniciado un expediente en solicitud de que este
municipio, perteneciente todavía a la provincia de Castellón,
pasara a integrarse en la provincia de Valencia.
El éxito de la iniciativa no pudo ser mayor y la totalidad de
miembros de las Cortes Valencianas votaron a favor de presentar
ante este Congreso de los Diputados una proposición de ley
orgánica en dicho sentido, que es la que hoy estamos defendiendo.
Hoy tengo nuevamente la satisfacción de subir a esta tribuna, en
esta Cámara a la que he pertenecido durante largos años, para
solicitar a SS. SS. el voto favorable a la toma en consideración
de la proposición de ley sobre esta concreta alteración de
límites provinciales. Es así necesario porque los constituyentes
españoles de 1978 se mostraron sumamente cautelosos con las
cuestiones relacionadas con las alteraciones de los términos
provinciales, exigiendo que estas alteraciones fueran aprobadas
por ley orgánica. Se desvanecían así planteamientos caprichosos y
se evitaba, por qué no decirlo, que cuestiones conflictivas
pudieran ser resueltas sin el pronunciamiento expreso de los
representantes del conjunto de los españoles.
Esta cautela fue tenida también en la tramitación por el anterior
Gobierno de la Generalitat valenciana en el expediente. Así, aun
cuando no fuera necesario, se abrió un período de exposición
pública; aun cuando no se precisara, se solicitó el informe de
las dos diputaciones afectadas que, por cierto, bien no se
opusieron, caso de la Diputación de Castellón, o mostraron su
conformidad, como la Diputación de Valencia. Por último, aun
cuando no fuera preceptivo, se solicitó el informe del Consejo de
Estado. En definitiva, el Gobierno de la Generalitat extremó las
cautelas antes de instar el procedimiento a las Cortes Generales.
Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un municipio con
unas circunstancias excepcionales. Sus comunicaciones naturales
llevan a sus habitantes hacia Valencia mucho antes que hacia
Castellón. La orografía impide que las comunicaciones sean
rápidas con la ciudad de Castellón. Las relaciones económicas son
mucho más intensas con la provincia de Valencia que con la de
Castellón; incluso sus servicios públicos, como los sanitarios,
se prestan desde Valencia y no desde Castellón.
Todo ello hace que esta proposición de ley tenga el respaldo
unánime de los habitantes de Gátova, de las fuerzas políticas
valencianas, de las instituciones provinciales
y de la Generalitat valenciana, tanto del anterior Consell como
del presente, y tanto de las Cortes valencianas surgidas de las
elecciones de 1991 como de las surgidas de las elecciones del 28
de mayo último.
En estas condiciones solicito el voto favorable para esta
proposición de ley. Las cautelas de nuestra Constitución para las
alteraciones de límites provinciales quedan satisfechas. Se
trata, en definitiva, de provincias pertenecientes a la misma
comunidad autónoma, y todos los ciudadanos e instituciones
afectados apoyan su tramitación. Por ello, me atrevo a solicitar
el voto favorable de vuestras señorías, que no hará sino
ratificar esta realidad.
Permítanme SS. SS., finalmente, un último ruego. En el supuesto
del voto favorable a esta toma en consideración, me permitiría
sugerir la habilitación de procedimientos reglamentarios, que
obviamente no siendo miembro de esta Cámara no me atrevo a
indicar, para obtener una rápida y urgente aprobación de la ley
orgánica antes de que se produzca la disolución de estas Cortes.
La ausencia de conflictos de cualquier índole en el texto que
propongo creo que me permite realizar esta sugerencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Berenguer.
La señora Pérez Martí tiene la palabra.
La señora DIPUTADA DE LAS CORTES VALENCIANAS (Pérez Martí):
Gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
Hoy, con la votación de la proposición de ley orgánica sobre
alteración de los límites provinciales, consistente en la
segregación del municipio de Gátova de la provincia de Castellón
de la Plana, y su agregación a la provincia de Valencia,
utilizando el mecanismo constitucional previsto en el artículo
141.1 de alteración de los límites provinciales mediante ley
orgánica, no sólo van a hacer realidad la aspiración y voluntad
de todo un pueblo, que desde el día 7 de abril del año 1989, por
acuerdo plenario de su ayuntamiento, inició este camino
constitucional para pasar a ser de la actual provincia de
Valencia, sino que su decisión va mucho más lejos que un mero
acuerdo formal y administrativo de corrección de límites
provinciales.
No estamos aprobando una voluntad sentimental, ni siquiera un
interés económico de pertenencia o cercanía a una zona más
desarrollada o mejor comunicada, estamos analizando, aunque ahora
con un pequeño municipio de la montaña valenciana, la solución a
una justa reivindicación histórica de muchos más pueblos y
comarcas de mi tierra: la libre autonomía, organización
territorial y administrativa que tiene todo pueblo y que en su
día el pacto constitucional posibilitó, aunque sea con las
dificultades que para llegar hasta aquí ha tenido el proceso de
segregación de Gátova.
Señorías, la división provincial en el año 1833 de los liberales
isabelinos, realizada por Javier de Burgos, respondía a un
intento entonces posiblemente necesario de superar las trabas de
la creación del mercado nacional que constituían los derechos
territoriales del feudalismo con un intento de centralizar el
poder político de una burguesía en ascenso que imitaba los
departamentos franceses del estado jacobino. Pero esa división
provincial hoy es muy obsoleta e innecesaria, y en casos como
Valencia generadora de más problemas de vertebración y cohesión
social que de ventajas.
Nosotros, los valencianos y las valencianas, no nos reconocemos
por pertenecer a unas provincias como Alicante, Castellón o
Valencia sino por ser de La Ribera, de la comarca del Maestrazgo,
de La Plana, de la Safor o de la Marina. Somos de tal o cual
comarca y somos valencianoparlantes o castellanoparlantes en base
a la lengua que nos trajeron los repobladores catalanes o
aragoneses.
Como en Gátova, la raya que se trazó en Madrid sobre nuestra
tierra separaba realidades humanas, culturales, históricas y
geográficas que el tiempo no ha podido destruir. Gátova es
comarca de los serranos por lengua, historia, cultura y
geografía; sus aguas vierten de forma natural al río Turia y no
hacia el río Palancia, por eso cuando desde mi partido, Esquerra
Unida del País Valenciê, apoyamos plenamente que Gátova se
segregue de Castellón y pase a la provincia de Valencia pensamos
mucho más allá de lo que es un límite provincial.
Para nosotros, señorías, Gátova se incorpora al lugar donde
siempre tuvo que estar, su comarca histórica, y no podemos dejar
de pensar que cuando sea posible habrá que reformar la
Constitución española en un sentido federal que por fuerza ha de
incorporar la libre voluntad de las comunidades autónomas de
efectuar su división territorial.
Gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pérez
Martí.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Algún grupo parlamentario quiere fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
(Rumores.)
Ruego a SS. SS. que guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, ilustres señores
Diputados de las Cortes Valencianas, autoridades, vecinos y
vecinas, amigos de Gátova, sin duda alguna, en 1833, el capricho
o no de una división provincial un poco y un tanto irracional, en
particular en la Comunidad Valenciana, determinó por el azar
trazar una línea incluyendo a unos municipios en Castellón, a
otros en Valencia y a otros en Alicante, olvidando y no teniendo
en cuenta cuál era el sentimiento y la peculiaridad de cada
pueblo más integrado en la
realidad de una comarca que en un hecho provincial ajeno al
sentimiento de los valencianos.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para dar mi apoyo a esta
iniciativa que hoy debatimos. Hoy es un día muy especial para un
pueblo, Gátova, para sus pocos más de 500 habitantes, algunos de
los cuales se encuentran hoy aquí, que van a ver hecha realidad
una histórica reivindicación, que es incorporarse a la provincia
de Valencia de pleno derecho, puesto que factores históricos, su
estrecha vinculación socioeconómica, laboral, sanitaria, a Liria,
al Camp del Turia y a Valencia, ha sido una constante desde hace
más de ciento veinte años.
Hoy, 7 de noviembre, el Congreso de los Diputados --confío en
ello--, dará su apoyo a la toma en consideración de la
proposición de ley de las Cortes Valencianas sobre la alteración
de los límites provinciales, segregando de la provincia de
Castellón el municipio de Gátova e incorporándolo a Valencia.
Atrás quedan las luchas, el trabajo, el quehacer y los acuerdos
del Ayuntamiento de Gátova, de 7 de abril y 19 de mayo de 1989, y
su ratificación plenaria, de 18 de diciembre de 1993. También
queda atrás el 19 de agosto de 1994, cuando el Gobierno
valenciano, haciéndose eco de esa sensibilidad de todos los
vecinos, aprobó el proyecto y antes del decisivo paso de hoy, el
30 de noviembre de 1994, cuando las Cortes Valencianas aprobaron
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la proposición
de ley que hoy vamos a tomar en consideración.
Quiero resaltar aquí la tenacidad de todo un pueblo, Gátova, que
desde tiempo inmemorial ha luchado para conseguir este objetivo
tan legítimo como es incorporarse a la provincia de Valencia.
Como se ha señalado por Diputados que me han precedido en el
turno de la palabra, razones históricas avalan la incorporación a
Valencia. Gátova, junto a Marines y Olocau, formaban parte de un
mismo condado tras la reconquista del Reino de Valencia por Jaume
I. Estoy convencido que los vecinos de Gátova guardarán un grato
recuerdo de sus vecinos de los municipios limítrofes de la
provincia de Castellón, porque, por encima de todo, somos y nos
sentimos valencianos, y eso es lo que verdaderamente nos une.
Es para mí un honor, un orgullo como valenciano, estar hoy aquí,
aportando mi apoyo, mis breves palabras, y participando
modestamente a contribuir, a hacer, a escribir la historia de
Gátova, en un día tan señalado para los gatoveros, en el que yo,
hoy, me siento uno más de ellos.
Hoy damos un paso decisivo para vuestra incorporación definitiva
a Valencia. No es anecdótica la alteración, como muchos pueden
pensar. Seguiréis, estoy convencido de ello, desde la Sierra
Calderona, desde el Pico del Aguila, trabajando por el futuro de
la Comunidad Valenciana.
En nombre de Unión Valenciana y en el mío propio, enhorabuena.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Antes de nada, quiero saludar a las señoras y señores Diputados
de las Cortes Valencianas que han defendido en este Pleno la
proposición no de ley y anunciar nuestro voto favorable a la
misma, ya que como siempre vamos a respetar los acuerdos y
decisiones que provienen de los parlamentos de las comunidades
autónomas y porque, además, parece deducirse que hay acuerdo
total, sin discrepancias, sobre esta cuestión.
El ayuntamiento de Gátova adoptó en su día un acuerdo plenario,
instando a la Generalitat valenciana a apoyar su pretensión de
promover una alteración de límites provinciales. El citado
ayuntamiento exponía los problemas geográficos, económicos y de
servicios que la adscripción provincial a Castellón de la Plana
acarreaba a la población de Gátova, resaltando, además, el factor
humano y sociológico que de modo natural produce un mayor
acercamiento a la provincia de Valencia que a la de Castellón de
la Plana. La Generalitat Valenciana se hizo eco de tal
problemática y concedió a las diputaciones provinciales afectadas
un trámite de audiencia durante el cual tales entes provinciales
no manifestaron su voluntad contraria a la alteración de límites
provinciales solicitada. A lo largo de la tramitación de este
procedimiento, y a través de la documentación obrante en el
mismo, puede advertirse la conveniencia de proceder a la
alteración de límites provinciales señalada, ya que ello
redundará inevitablemente en una mejora sustancial de su calidad
de vida, en este caso de los vecinos afectados, así como el mejor
aprovechamiento de los recursos públicos.
Todo ello hace, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
que nuestro grupo parlamentario vaya a apoyar esta toma en
consideración. Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Permítanme, señorías, que mis primeras palabras sean de
bienvenida a los representantes legítimos de todo el pueblo
valenciano y a los compañeros Diputados de las Cortes Autonómicas
que nos han precedido en el uso de la palabra. También quisiera
saludar a aquellas ciudadanas y ciudadanos de Gátova que están
hoy presentes en esta sesión parlamentaria con la ilusión y la
confianza de que los acuerdos de su ayuntamiento, de abril y mayo
de 1989, pidiendo
la segregación de la provincia de Castellón y la incorporación a
la provincia de Valencia, sean felizmente realidad.
Hecha esta breve introducción, sería bueno que aprovecháramos
este trámite para hacer dos reflexiones. En primer lugar, y dando
por reproducidas íntegramente las acertadas y magníficas palabras
de mi compañera en las Cortes Valencianas, Dolors Pérez, quiero
poner de manifiesto cómo la división provincial, si no con
carácter general, al menos en el caso concreto de nuestra
Comunidad Autónoma, el País Valenciano, choca con una realidad
construida tras muchos siglos de historia y que venía a ahormarla
y en alguna medida a falsearla. Es importante destacar cómo los
acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Gátova no tienen un
sentido político de pretender dejar una provincia porque
prefieran otra. Son razones mucho más primarias, razones de
carácter geográfico, razones de mejor prestación de servicios las
que llevan a ese ayuntamiento y a esos ciudadanos a pedir su
incorporación a la otra provincia. Esa razón tan evidente nos
pone de manifiesto que en el caso concreto de nuestra comunidad
autónoma, el País Valenciano, urge llevar a cabo una articulación
comarcal que profundice, mejore y sustituya esa articulación
provincial que se nos impuso en el siglo pasado y que, de hecho,
viene a ahormar y a trastornar lo que era una organización creada
en muchos siglos de historia en el caso de nuestra comunidad.
La segunda reflexión que quiero hacer --y ésta con carácter
general, no sólo para nuestra comunidad autónoma sino para el
conjunto del Estado-- es que deberíamos meditar acerca de que una
cosa de tan poca importancia en principio, vista desde la
estructura general del Estado, y sin embargo tan importante para
los ciudadanos de Gátova, para los ciudadanos directamente
afectados, aunque desde la perspectiva de la organización
territorial del Estado tiene escasa relevancia, ha necesitado más
de seis años para que se haga realidad legal. Las previsiones
constitucionales del Título VIII, la exigencia de una ley
orgánica para modificar unos límites provinciales, hoy, tras más
de quince años de vigencia de la Constitución, se revelan como
absolutamente rígidas y totalmente formalistas, haciendo que una
voluntad tan sencilla, tan digna de apoyo como la que hoy van a
recibir aquí los ciudadanos y ciudadanas de Gátova, se haya visto
obligada a pasar el largo calvario de más de seis años de
tramitación.
Por todas estas razones, desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya vamos a votar a favor de esta proposición de ley
orgánica.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer lugar
quiero dar la bienvenida a esta Cámara en nombre propio y en el
del Grupo Parlamentario Popular a los señores Diputados de las
Cortes Valencianas, señores don Fernando Castelló, don Luis
Berenguer y doña Dolores Pérez, a quienes saludo cordialmente,
así como a la representación municipal de Gátova, que se
encuentra en las tribunas de este hemiciclo compartiendo
felizmente esta iniciativa y haciendo realidad la necesaria
sintonía entre el pueblo y sus representantes, de la que hoy
estamos dando un claro ejemplo.
Señor Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario va a
votar afirmativamente la toma en consideración de la proposición
de ley orgánica presentada por las Cortes valencianas sobre
alteración de los límites provinciales, consistente en la
segregación del municipio de Gátova de la provincia de Castellón
de la Plana y su agregación a la de Valencia. En efecto, la
Generalidad valenciana, en aplicación del artículo 141 de la
vigente Constitución, establece la necesidad de ley orgánica de
las Cortes Generales para la aprobación de cualquier alteración
de los límites provinciales, y el artículo 87 del mismo texto
constitucional reconoce a las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas la iniciativa legislativa ante el Congreso
de los Diputados, reconocimiento que se reitera en el artículo 11
letra f) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Consideramos que cuando existe una iniciativa procedente de una
cámara autonómica que es lógica y razonable, que no infringe
ninguna materia estatal y, además, nace de la voluntad unánime de
un pueblo, Gátova, no habiendo puesto ningún obstáculo o
impedimento las correspondientes diputaciones provinciales e
incluso habiendo emitido un informe favorable el Consejo de
Estado, y habiéndose aprobado por unanimidad en las Cortes
valencianas, esta Cámara debe mostrar una vez más su sensibilidad
hacia las unánimes peticiones de los ciudadanos y su posterior
resolución, peticiones en este caso más que justificadas, no sólo
por factores geográficos y económicos, como muy bien han señalado
los Diputados que me han precedido en el uso de palabra, sino
también por otros tan importantes como son los educativos, de
comunicaciones y de asistencia sanitaria. Baste señalar que la
distancia a Valencia es de cuarenta kilómetros y la que existe a
Castellón es de ochenta, con el agravante de no existir servicio
de transporte público a esta última y sí, en cambio, línea
regular a Valencia. Pero lo expuesto anteriormente alcanza su
máximo exponente en materia de sanidad. Prueba de ello es la
adopción de determinadas medidas por parte del Servicio
Valenciano de Salud, como son la prestación de asistencia médica
en la provincia de Valencia y la atención hospitalaria en los
hospitales Arnau de Vilanova y La Fe de Valencia, quedando por
resolver el
trámite administrativo que forzosamente corresponde a Castellón.
Cabe destacar, pues, que este cambio de adscripción ya se ha
producido de hecho al integrarse el municipio de Gátova en la
mancomunidad del Camp del Turia, colaborando estrechamente con el
conjunto de municipios que componen esta importante comarca de la
provincia de Valencia. En definitiva, considerando que el papel y
el deber de las instituciones es facilitar y mejorar los
servicios públicos de todos los ciudadanos y que este cambio de
adscripción provincial va a suponer una optimización en la
prestación de los servicios y un aprovechamiento de los recursos
públicos que redundará, sin duda, en la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos de Gátova, considerando que esta
proposición de ley no supone la modificación del término de la
Comunidad Autónoma ni la adscripción de un municipio a una
comunidad autónoma diferente, lo que constata una vez más que
esta Comunidad, la nuestra, Valencia, Castellón y Alicante, es
una comunidad de todos y para todos los valencianos, que ayuda a
la clarificación y consolidación del mapa en la Comunidad
Valenciana, es por lo que creemos que es obligación de esta
Cámara dar la aprobación con el voto afirmativo de todos los
grupos parlamentarios, no sin antes felicitarnos por la
unanimidad conseguida por todos los grupos políticos en las
Cortes valencianas, lo que esperamos que también sea así en esta
Cámara. Por último, habría que destacar la generosidad de la
provincia de Castellón, no sólo por no haber puesto impedimiento
alguno sino, muy al contrario, por su colaboración.
Sólo me resta, pues, como Diputada representante de la provincia
de Valencia, dar la bienvenida al pueblo de Gátova, a la
provincia que represento, y felicitar a sus ciudadanos por este
logro tan importante para su municipio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Amador.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Señor Presidente, señoras Diputadas y
señores Diputados, señores Diputados de las Cortes Valencianas,
señoras Diputadas de las Cortes Valencianas, es la primera vez,
vigente nuestra Constitución, que vamos a dar trámite al cambio
de un municipio de una provincia a otra provincia. Vamos a
segregar el pueblo de Gátova, ubicado actualmente en la provincia
de Castellón, para ser trasladado a la provincia de Valencia;
pueblo situado en la sierra de Calderona, de un valor ecológico
importante en la Comunidad Valenciana. No sólo ocurre este
trámite de ley orgánica de acuerdo con nuestra Carta
Constitucional en su artículo 141.1, sino que además es la
primera vez que ocurre, señorías, en el siglo XX. Aquí se han
dado varias razones por todos los intervinientes, en un amplio
consenso sobre el problema, al mismo tiempo que ya se aportaron
en el expediente correspondiente en las Cortes Valencianas, de
por qué los ciudadanos de Gátova van a ser ubicados en una nueva
provincia dentro de una misma comunidad, en la provincia de
Valencia. En primer lugar, la propia voluntad de los ciudadanos,
que en el pleno del Ayuntamiento decidieron incorporarse, por
unanimidad, a la provincia de Valencia. También razones
geográficas: la difícil ubicación en la sierra de Calderona; las
últimas estribaciones del Sistema Ibérico hacen que su ubicación
en la llamada comarca de lþAlt Palência haya sido siempre
difícil, muchas veces con dificultad de identificación. Los
libros que hay sobre rutas de la provincia de Castellón han
dejado muchas veces a los ciudadanos de Gátova sin denominación.
No es casual que muchos de ellos hayan considerado, en un tono
filosófico, que ser de Gátova hasta ahora era no ser de ninguna
parte, era no existir. Por eso las razones de tipo geográfico han
sido fundamentales y, en relación con ellas, el sistema de
comunicaciones, complicado y difícil, a 80 kilómetros de la
ciudad de Castellón. En un momento en que Segorbe fue propuesta
como capital de la provincia de Castellón, que no se consolidó en
la actual división provincial de 1833, Gátova estuvo incluida en
esta comarca de lþAlt Palência. Tenía dificultades, con una
carretera difícil, difícil ahora y mucho más en siglos
anteriores, en el siglo XIX, con más de 300 curvas y con un pico,
el Pico del Aguila, paso de difícil ubicación para los
ciudadanos. En este sentido, las comunicaciones son mucho más
fáciles con la ciudad de Valencia, a 40 kilómetros, y sobre todo
con una comarca cercana donde desarrolla la mayor parte de su
actividad social y económica, como es el Camp del Turia, a 20
kilómetros de la ciudad de Lliria y a 26 kilómetros de la ciudad
de Bétera. La Generalitat valenciana, apreciando este problema,
ya decidió ubicar los servicios sanitarios del pueblo de Gátova a
zonas adscritas a la provincia de Valencia, en concreto a Lliria
y a Bétera. También hay razones de peso económico. Una gran parte
de los ciudadanos que viven en Gátova trabajan en la comarca del
Camp de Turia, trabajan en poblaciones como Bétera y Lliria y
también en Valencia.
Por tanto, hay toda una serie de razones que determinan que los
ciudadanos de Gátova deseen estar ubicados en la provincia de
Valencia. Pero todas estas razones podría decirse que pueden
existir o han existido en otras muchas poblaciones de la
geografía española como el deseo de cambiar, de ser segregado de
provincia y de incorporarse a la otra. En toda la terminología y
en todo el desarrollo parlamentario del siglo XX hay muchas
proposiciones en las cuales pueblos que pertenecían a una
provincia querían ser de otra. Sin embargo el problema estaba en
el consenso, consenso que en este caso se ha dado plenamente. Ha
habido casos de pueblos, por ejemplo, de Zamora y de Salamanca,
incluso de Valencia, el caso de Caudete, que ha querido
ser de Valencia, y, sin embargo la provincia que tenía que ser
segregada no lo ha considerado oportuno por todo lo que esto
representa de aminoración, de baja consideración, respecto a que
uno de sus pueblos desaparezca de esta provincia. No ha ocurrido
en este caso. La Diputación de Castellón ha tenido la
sensibilidad suficiente para aceptar que un pueblo como Gátova se
trasladara a la provincia de Valencia.
Tenemos experiencias históricas, en el caso de Valencia, que
reflejan perfectamente esta dificultad de los límites
provinciales. El siglo XIX, señorías, está cargado de pleitos
entre pueblos que no quieren pertenecer al sitio donde se los
ubica. Llevamos más de 160 años con la división administrativa
territorial, desde que Javier de Burgos en el Ministerio de
Fomento llevó a cabo en el año 1833, exactamente el 30 de
noviembre, un real decreto que distribuye las provincias tal como
las conocemos actualmente. A lo largo del siglo XIX ha habido
cambios no muy importantes pero sí sustanciales. La provincia de
Valencia tiene casos y refleja efectos curiosos en un momento en
que se está disolviendo el régimen señorial, en que muchos
pueblos pertenecían a un señor, a un noble. Esa disolución del
régimen señorial condicionaba que no se supiera bien cuáles eran
los términos administrativos. Hay una gran lucha entre estos
pueblos por pertenecer a una u otra provincia cuando se está
llevando el proceso de desamortización, cuando se está llevando a
cabo la venta de los bienes de realengo. El caso de Gandía es un
ejemplo de una serie de pueblos alrededor de una comarca como es
La Safor. La Font dþEn Carrþs, Villalonga, Lutxent, Albaida,
Terrateig, Oliva, son una serie de pueblos que pasaron de la
provincia de Alicante a la de Castellón con grandes dificultades.
No es casual que un gran filólogo valenciano, el profesor Sánchez
Guarner escribiera un libro extraordinario cuando hablaba de els
valencians parlen mal de ells mateixos, los valencianos hablan
mal de ellos mismos, que no solamente refleja elementos de
irracionalidad o de psicología colectiva, sino que corresponde a
las luchas administrativas que se dan generalmente en los
pueblos. Precisamente estamos ante un caso diferente. Estamos
ante un caso que refleja bien lo que es la Ley de bases de
Administración Local, en la que se señala que la provincia ha de
ser cauce de la integración plena de los municipios. Por eso el
consenso que se ha dado en este caso, que no se ha podido dar en
otra serie de casos, de un pueblo como Gátova, perteneciente a
una provincia de la Comunidad Valenciana, que va a seguir
perteneciendo a esta misma comunidad y que va a pasar a la
provincia, ha contado con el respaldo mayoritario de las Cortes
Valencianas, con el de todos sus grupos parlamentarios. Creo
también, señorías, que a través de esta Ley Orgánica (porque ya
los constitucionalistas previeron con cierta precaución que esto
no pudiera disparar elementos de contradicción en unas provincias
que de acuerdo con el pensamiento liberal han tenido gran
consistencia a lo largo de la historia de España, de la historia
contemporánea, de estos 162 años que todavía están vigentes) un
pueblo, como es Gátova, ubicado de una manera administrativa en
la comarca de lþAlt Palência, va a pasar a la provincia de
Valencia para ser ubicado en la comarca del Camp del Turia, donde
naturalmente desde el punto de vista económico, social y
administrativo va a disfrutar, porque así lo quieren sus propios
habitantes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Paniagua.
Vamos a someter a votación la toma en consideración de la
proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la
proposición de ley de las Cortes Valencianas, sobre alteración de
los límites provinciales consistentes en la segregación del
municipio de Gátova de la provincia de Castellón y su agregación
a la de Valencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
MODIFICACION DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE
ARRENDAMIENTOS URBANOS, EN LO RELATIVO A LA DISPOSICION SOBRE
FIANZAS Y SU DEPOSITO, A LOS ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS EN
LOS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES PROFESIONALES Y A LOS PLAZOS
DE ACTUALIZACION (Número de expediente 122/000101)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición, del Grupo
Popular, relativa a la modificación de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en lo relativo a la
disposición sobre fianzas y su depósito, a los arrendamientos de
fincas urbanas en los que se desarrollen actividades
profesionales y a los plazos de actualización.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular reconoce que la Ley de Arrendamientos
Urbanos fue aprobada con un amplio consenso parlamentario, cuya
cercanía en el tiempo no parece aconsejar modificaciones
sustanciales. Sin embargo, no es menos cierto que las peticiones
de diversos colectivos y el reciente informe del Defensor del
Pueblo ante una serie de reclamaciones e incluso peticiones de
interposición de recursos de inconstitucionalidad aconseja la
introducción de algunas modificaciones puntuales. Entre los
aspectos que mi Grupo entiende que deben ser objeto de
modificación, destacan el régimen de fianzas y el tratamiento que
da la Ley a los contratos de arrendamiento de los despachos
profesionales. Asimismo, pensamos que el Gobierno, en uso de su
potestad reglamentaria, debería aclarar y precisar algunas
cuestiones suscitadas en la interpretación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, de acuerdo con el informe del Defensor
del Pueblo.
Asunto fianzas. Como saben SS. SS., la nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos establece textualmente en su artículo 36.1
que a la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y
prestación de fianza en metálico, en cantidad equivalente a una
mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en
el arrendamiento para uso distinto del de vivienda, lo que se
complementa con la disposición adicional tercera, que
literalmente dice: «Las comunidades autónomas podrán establecer
la obligación de que los arrendadores de finca urbana sujetos a
la presente ley depositen el importe de la fianza regulada en el
artículo 36.1 de esta Ley, sin devengo de interés, a disposición
de la Administración autonómica o del ente público que se
designe, hasta la extinción del correspondiente contrato. Si
transcurrido un mes desde la finalización del contrato la
Administración autonómica o el ente público competente no
procediere a la devolución de la cantidad depositada, ésta
devengará el interés legal correspondiente.»
Pues bien, señorías, merece ser recordado que los primeros
anteproyectos del Gobierno sobre la materia guardaban prudente
silencio y no contenían tal artículo 36.1. También hemos de traer
a colación que el anteproyecto que se hizo público el 18 de
noviembre de 1993 establecía para su disposición adicional
tercera un texto diferente. Dicho texto no implicaba el carácter
obligatorio de prestar fianza por parte de los arrendatarios,
aunque sí el que en los casos en que el arrendador la exija habrá
de depositarla a disposición de los entes públicos aludidos de
tales comunidades autónomas con competencias en materia de
vivienda.
Pasando por alto este comentario colateral, permítanme algunas
consideraciones respecto a las fianzas. En primer lugar, decir
que, a nuestro juicio, el criterio de que la fianza arrendaticia
sea en metálico excluye diferentes tipos de garantías usadas en
la práctica habitual en toda clase de operaciones, como son el
aval bancario, la prenda de títulos, el depósito con interés u
otros. Ese es el motivo por el que planteamos la modificación del
artículo 36.1 de la vigente Ley, en el sentido de permitir
cualquier tipo de garantía admitida en Derecho.
Lo que proponemos es lo siguiente: A la celebración del contrato,
las partes podrán pactar la exigencia y prestación de garantías
del cumplimiento del contrato en la forma y contenido que estimen
conveniente. En cualquier caso, tales garantías no podrán exceder
en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el
arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso
distinto del de vivienda. La garantía podría ser en metálico o en
cualquiera de las formas admitidas en Derecho.
En segundo lugar, manifestar que la inmediata consecuencia de que
la garantía pueda no ser en metálico es que carece de sentido la
obligatoriedad de su depósito a disposición de la Administración
autonómica, razón por la cual nos parece oportuno y conveniente
suprimir la disposición adicional tercera.
Pero hay más. Saben SS. SS., igual que lo conoce este Diputado,
que hay voces fuera de estas paredes que acusan al legislador de
procurar un fin muy distinto al que se entiende por fianza. Nos
acusan de haber creado un mecanismo de clara naturaleza
recaudatoria. En efecto, podría suscitarse la duda de si el
impuesto
--ahora me referiré a cuál es el impuesto--, que tácitamente se
establece por vía de unas fianzas obligatorias, constituye un
supuesto de inconstitucionalidad. Obviamente, el impuesto
consistiría en quedarse con los intereses que devenga el dinero
durante el plazo, en ocasiones muy dilatado, de la vida de un
contrato de arrendamiento.
Bien es cierto, y todos lo sabemos, que la potestad tributaria
debe ejercerse mediante ley. Desde esa perspectiva, y dado que la
Ley de Arrendamientos Urbanos tiene dicho rango normativo, no
habría nada que oponer. Pero sí podríamos abrir un animado debate
desde el artículo 31.1 de la Constitución, que establece que el
sistema tributario debe ser justo e inspirado en los principios
de igualdad y progresividad y, lo que es más importante en esta
ocasión, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio.
Es público y notorio que nuestro Tribunal Constitucional tiene
una manga muy ancha a la hora de interpretar el carácter
confiscatorio de los impuestos y prácticamente viene a afirmar
que un impuesto sólo es confiscatorio cuando alcanza el tipo del
cien por cien. No obstante, sería curioso ver cuál sería su
pronunciamiento en este caso si se defendiese la tesis de que
estamos ante una especie de impuesto sobre la renta que grava
toda la que corresponde al capital entregado como fianza mediante
un tipo tácito del cien por cien. En efecto, la renta del capital
que se deposita como fianza sería el interés que normalmente
produce tal dinero. Pues bien, mediante este impuesto, las
comunidades autónomas se apropian del cien por cien de las
rentas. Es decir, sencillamente las confisca.
Una última consideración respecto de las finanzas. Deberíamos
meditar muy seriamente si la ley no se
contradice a sí misma en los contratos de arrendamiento para uso
distinto del de vivienda. Efectivamente, el apartado tercero del
artículo 4.º dice que estos arrendamientos se rigen por la
voluntad de las partes, por lo dispuesto en el título III y,
supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. Este
reconocimiento de que estamos ante unos contratos que se pueden
elaborar y firmar por las partes sin intromisión del legislador
ni de ningún poder público, parece confirmar una cierta
contradicción.
En cuanto a los arrendamientos de fincas urbanas en los que se
desarrollan actividades profesionales, nos parece necesario
modificar el apartado 4 de la disposición transitoria cuarta,
dándoles el mismo tratamiento que la ley establece para los
arrendamientos asimilados al inquilinato, a los que corresponde
un plazo de extinción de diez años.
Según el informe remitido por el Defensor del Pueblo al respecto,
pudiera haber una vulneración del principio de seguridad jurídica
del artículo 9-3 de la Constitución y del de igualdad ante la Ley
del artículo 14 de la Constitución.
Mi Grupo no cree --digo, simplemente, no cree-- que existan
supuestos de inconstitucionalidad, pero entiende que sería
necesario revisar algunos conceptos de la Ley.
De los tres argumentos que se presentan ante el Defensor del
Pueblo en lo referente a seguridad jurídica, hay uno que no
comentaré, pues se trata sencillamente de un juicio de valor,
evidentemente legítimo, pero asimismo discutible y que, por
tanto, carece de relevancia a juicio de mi Grupo.
Sin embargo, en lo referente a la falta de claridad e
incertidumbre de la expresión «actividades profesionales»,
entendemos que el que no esté definida en la ley no significa que
la norma sea confusa o carezca de claridad. Significa simplemente
que requiere una operación interpretativa. Como SS. SS. pueden
deducir, no estamos frente a ningún problema de
constitucionalidad, sino de simple interpretación.
Esa es la razón por la que pedimos que el Gobierno, en el plazo
máximo de tres meses, dicte las normas reglamentarias para
definir con la precisión necesaria qué se entiende por
actividades profesionales a los efectos de la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos. En ello coincidimos plenamente con la
recomendación del Defensor del Pueblo, que solicita una
colaboración reglamentaria para esta Ley postulando una mayor
concreción.
En cuanto al último argumento utilizado ante el Defensor del
Pueblo, referente a la conculcación del principio de seguridad
jurídica, en los diversos apartados de las disposiciones
transitorias tercera y cuarta, mi Grupo, más que falta de
claridad e incertidumbre, sigue viendo la necesidad de una
operación de explicación, interpretación y concreción, lo que
confirma la urgencia de la aplicación del segundo párrafo del
artículo 4.º de esta proposición de ley.
Respecto al principio de igualdad ante la ley, estos despachos
profesionales, la mayoría de los cuales no son sino pequeños
empresarios que generan empleo, ven cómo la disposición
transitoria cuarta, punto 4, trata de forma desigual a los
arrendatarios que en su vivienda ejercen una profesión respecto a
los demás arrendatarios de vivienda y respecto incluso a las
personas físicas y jurídicas arrendatarias de locales de negocio.
Efectivamente, pudiera existir discriminación, pues no se regula
la duración del contrato en función de la capacidad económica
como en los demás casos, sino en virtud de un fundamento
distinto, que, al no estar explicitado en la ley, no se sabe
exactamente cuál es.
Esas son, pues, las razones por las que presentamos el artículo
3.º de esta proposición de ley, cuyo tenor literal es el
siguiente: «Los arrendamientos de fincas urbanas en los que se
desarrollen actividades profesionales se entenderán equiparados a
los arrendamientos asimilados al inquilinato y se regirán por lo
dispuesto en el apartado 2 de esta disposición transitoria con
plazo de extinción de diez años.»
Para terminar, señor Presidente, señorías, me referiré brevemente
a un problema puntual relativo al sistema de actualización de
rentas previsto en la ley.
El Grupo Popular ha recibido, como, al parecer, también el
Defensor del Pueblo y posiblemente los diferentes grupos
parlamentarios, una serie de escritos de inquilinos cuyos
contratos resultan afectados por la disposición transitoria
segunda.
Como saben SS. SS., el que la actualización de las rentas se
lleve a cabo en cinco años o en diez depende de si los ingresos
de la unidad familiar superan o no 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional. Saben también SS. SS. que, a tal efecto, los
ingresos son computados en el momento inmediatamente anterior al
inicio del período de actualización de la renta. Dicho de otro
modo, lo que la unidad familiar ingresa en ese preciso momento
condiciona de manera inamovible que la actualización se lleve a
cabo en cinco años o en diez. Sin embargo, SS. SS. estarán de
acuerdo conmigo en la evidencia de que esta circunstancia puede
variar a lo largo del proceso de actualización de la renta por
muy diversas razones, como puede ser la jubilación del inquilino,
el abandono del hogar de los hijos que perciben rentas u otras, y
esta variación obviamente puede ser no sólo a la baja sino
también al alza por razones igualmente diversas.
Sé que algunas de SS. SS. pensarán que entramos en una dinámica
compleja, pero no es menos cierto que una de las mayores
preocupaciones de todos los que de una manera u otra hemos
colaborado en la redacción de la vigente Ley de Arrendamientos
Urbanos fue la de no crear situaciones de necesidad y en ello
debemos seguir. Esta es la razón por la que en esta proposición
de ley también solicitamos que el Gobierno dicte las
disposiciones reglamentarias con objeto de modular el período de
actualización de las rentas, teniendo
en cuenta las incidencias en los ingresos de las respectivas
unidades familiares.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Parlamentario Popular trae de nuevo a la
Cámara el debate sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta
proposición de ley que hoy estamos debatiendo viene a reabrir un
debate todavía muy reciente, ya que tan sólo hace un año, como
saben SS. SS., se aprobó la reforma de la LAU, tras una
tramitación parlamentaria que les aseguro, señor Presidente,
señorías, no fue fácil. Todos los grupos convinimos entonces que
era preciso que una Ley de esta envergadura, que había de
conciliar intereses contrapuestos, que debía resolver problemas y
situaciones injustas que se habían generado, tanto al amparo de
la Ley de 1964, como de las anteriores a lo largo más o menos de
cincuenta años, y que debía constituir el marco estable que
permitiera el impulso del alquiler como alternativa a la compra,
debía aprobarse por un amplio consenso de las fuerzas políticas
presentes en la Cámara. Por todo ello y también porque todos
nosotros considerábamos entonces necesaria la aprobación de esta
Ley, hicimos un esfuerzo de consenso muy importante. Como siempre
sucede en estos casos, en beneficio del acuerdo, todos los grupos
se dejaron algo en el camino, nuestro Grupo Parlamentario
también, por lo que nadie se podía sentir identificado al cien
por cien con la Ley aprobada, sin embargo, la coincidencia
general en ese momento era que se trataba de la mejor ley
posible.
Señorías, como decía hace un momento, ha transcurrido exactamente
un año desde la aprobación de la Ley y poco más de diez meses
desde que se comenzó a aplicar. Saben SS. SS. que esta Ley se
empezó a aplicar al inicio del año 1995. Entonces ya intuíamos
que la práctica de la nueva Ley evidenciaría múltiples problemas
en el día a día. Nuestro Grupo Parlamentario intentó a lo largo
del debate clarificar al máximo todos aquellos aspectos que, a
nuestro entender, ofrecían demasiadas dudas, pensábamos que, por
tanto, podían ser fuente de conflictos y discrepancias y que al
final iban a terminar resolviéndose en los juzgados, al menos
durante los primeros años, hasta que la jurisprudencia disipara
las dudas planteadas. Algunas de estas cuestiones se resolvieron
bien durante el debate, otras allí quedaron y, como nos temíamos,
están planteando serios problemas.
¿Cuáles eran, y son, para nuestro Grupo Parlamentario las
principales cuestiones problemáticas que plantea la Ley y que no
nos satisfacen? Ante todo su dificultad de comprensión y
clarificación. Teniendo en cuenta, en primer lugar, que el tema
relativo a los arrendamientos urbanos es de por sí complejo y
teniendo en cuenta que esta Ley venía a incidir en una cultura
arrendaticia que estaba muy arraigada, donde todos --arrendadores
e inquilinos-- tenían claro cuáles eran sus derechos y deberes,
entendemos que lo lógico hubiera sido optar en el nuevo texto
legal por soluciones sencillas, pero no siempre imperó esta
lógica. Las consecuencias de esta complejidad y falta de claridad
las estamos viendo, señor Presidente, señorías, día a día.
El mes de febrero pasado se planteó por el Grupo Socialista una
proposición no de ley que fue aprobada, finalmente, con una
enmienda de sustitución de nuestro Grupo Parlamentario, por la
que reclamábamos con urgencia la realización de una campaña
divulgativa para orientar sobre la aplicación de la nueva LAU,
haciendo una especial incidencia en las disposiciones
transitorias, con las modificaciones o innovaciones que éstas
introducían en relación con los contratos existentes a la entrada
en vigor de la Ley. En el debate de la proposición decía este
portavoz que dicha campaña, además de la distribución masiva del
folleto editado por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, debía recurrir a los medios de comunicación
para hacer inteligibles a los ciudadanos aspectos del régimen
transitorio, tales como el relativo a la actualización de rentas,
las repercusiones fiscales y de servicios y suministros o el
plazo de extinción de los contratos que afectan a locales
comerciales. Sin embargo, esta campaña no se ha realizado con la
amplitud deseable y exigible, al menos para nosotros, y los
problemas de interpretación son diarios, especialmente en algunas
zonas del territorio, donde colectivos profesionales,
responsables de poner en práctica la Ley, se han dejado llevar
por una cierta voracidad acumulada por tantos y tantos años de
cobrar rentas muy por debajo del mercado y están haciendo una
aplicación errónea de la Ley que está conllevando en muchos casos
aumentos no previstos y, en ningún caso, deseados por el
legislador.
Ante situaciones de este tipo, sólo son algunos los inquilinos
que se oponen; la mayoría, por desconocimiento, consienten, cosa
que nos parece lamentable y que podríamos haber evitado a través
de esa campaña, y creo que todavía estamos a tiempo de hacer. Por
tanto, según decía, para nosotros, el principal problema es el de
la claridad. Profundizando aún más en este problema de falta de
claridad, diré que lo centramos concretamente en la fórmula de
actualización.
Sus señorías sabrán que la fórmula de actualización que
finalmente se aprobó, y que tenía por objeto recuperar la
inflación no repercutida en las rentas, aparece por primera vez
en el debate parlamentario que se produjo no en esta legislatura,
sino en la anterior, en forma de enmienda presentada por el grupo
Popular al
proyecto de ley del Gobierno socialista. Ese proyecto --también
lo saben ustedes-- no se llegó a aprobar por la disolución
anticipada de las Cámaras y, en la nueva legislatura, el proyecto
de ley que vuelve a presentar el Gobierno Socialista ya incluye
la antigua enmienda del Grupo Parlamentario Popular como fórmula
de actualización de la renta, supongo que con la intención de
favorecer el consenso entre los dos grupos parlamentarios
mayoritarios en la Cámara: Partido Socialista y Partido Popular.
Pues bien, a lo largo del debate, nuestro Grupo Parlamentario
presentó fórmulas más automáticas y, en cualquier caso, fórmulas
de actualización más sencillas que ésta, que no prosperaron,
aunque, señor Presidente, señorías, no me cabe ninguna duda de
que si hay un aspecto conflictivo de la ley es éste, y que si hay
algún aspecto de la Ley que merecería el reexamen es éste y no
otros. Por tanto, como pueden ver ustedes, estamos marcando ya lo
que son nuestras prioridades.
Con esto estoy afirmando que, puestos a modificar la Ley,
nosotros empezaríamos por lo importante, por lo fundamental, y no
por cuestiones que si bien son importantes, no son las
fundamentales, no son las que están generando más conflicto en la
aplicación de la Ley, porque vamos a ver qué nos propone
exactamente el Grupo Popular en su proposición.
En primer lugar, quieren suprimir la fianza en metálico en el
nuevo régimen de alquileres. El señor Gómez Darmendrail nos decía
que el texto de la Ley excluye otras fórmulas que la partes
puedan pactar libremente para garantizar, en este caso, las
obligaciones del inquilino, del arrendatario, con relación al
arrendador. Eso no es cierto; la Ley obliga a la fianza en
metálico de uno o dos meses, según estemos hablando de
arrendamiento de vivienda o de local de negocio, pero, a su vez,
dice expresamente que no obstante, las partes podrán pactar
fianzas complementarias en cualquiera de los medios admitidos
legalmente. Pienso que el nuevo régimen es lo más logrado de la
Ley; pocas quejas ha suscitado, por lo que creo que es mejor que
no lo toquemos. Creo que en esta parte del proyecto conseguimos
sobradamente nuestro objetivo, que era el de, a través de un
texto que equilibrara los derechos y deberes de las dos partes,
ayudar a desarrollar desde la perspectiva legal el mercado de
alquileres. Por ello, no me explico a qué viene remover este tema
sino es por una cierta obsesión personal con algo que algunos de
ustedes consideran desfasado --así lo manifestaron en el debate
de la Ley-- mientras siguen sin querer ver el papel fundamental
que desarrollan las políticas públicas de vivienda.
En segundo lugar, plantean ustedes la cuestión de la duración de
los contratos de alquiler que afectan a despachos profesionales.
Estoy totalmente de acuerdo con ello; de hecho, lo que ustedes
plantean en este momento coincide exactamente con la posición que
defendió el Grupo Parlamentario Catalán en el difícil debate del
proyecto, aunque debo decirle también, señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que no coincide con la posición que
ustedes mantuvieron en el debate de la ley. Por tanto, les
requiero, les pido que se aclaren y podamos saber si su posición
es la de antes o la de este momento. No me diga que no fue así y
no me obligue a leer «Diarios de Sesiones» muy recientes, de hace
menos de un año, donde clarísimamente el Grupo Parlamentario
Popular manifestaba exactamente lo contrario a lo que usted ha
defendido esta tarde tan dignamente desde la tribuna.
Otro error que comete, señor Gómez Darmendrail, es que usted dice
que este plazo de cinco años --ampliable a diez--, que afecta al
titular de un despacho profesional en relación a su
arrendamiento, afecta también a aquellas personas que tienen la
vivienda y el despacho profesional en el mismo piso, en el mismo
inmueble. Esto no es cierto. El inquilino que a su vez desarrolla
la actividad profesional en su vivienda sabe que su contrato se
somete al régimen de inquilinato, al régimen de vivienda. Por
tanto, la duración de su contrato será de por vida y le será de
aplicación el régimen de subrogaciones que, a su vez, prevé la
Ley.
En tercer lugar, proponen algo que nos parece muy importante, que
defendimos durante el debate de la Ley, pero que tampoco recuerdo
que ustedes defendieran, o al menos con el mismo entusiasmo que
pusieron en otras cuestiones. Se trata de tener en cuenta, a
efectos de actualización, los ingresos del inquilino año tras
año, es decir, terminar con el sistema de foto fija impuesto por
la Ley y que hace que la situación económica del inquilino el año
que se inicia la actualización sea la que determine para siempre,
tanto si se tiene la obligación de actualizar como si esta
actualización se va a realizar en cinco o en diez años.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, le ruego concluya.
El señor RECODER I MIRALLES: Termino inmediatamente, señor
Presidente.
Como les decía, estoy de acuerdo con ello, ya que el sistema de
la Ley es generador de injusticias. Sin embargo, debo decirles
que su iniciativa no me parece oportuna. En primer lugar y ante
todo, porque pienso que un acuerdo parlamentario alcanzado hace
menos de un año no puede romperse unilateralmente así como así.
Permítanme que con todo respeto les diga que eso me parece
irresponsable y especialmente impropio de una fuerza política que
aspira a ser Gobierno. ¿Qué valor tienen para ustedes los
acuerdos políticos? A partir de ahora no lo tengo claro, se lo
digo sinceramente.
En segundo lugar, estamos a favor de la revisión de la Ley, pero
no ahora, cuando ni tan sólo se ha culminado el proceso que ha de
iniciar las actualizaciones y que, como todos ustedes saben,
finalizará, como mínimo, el mes inmediatamente posterior al del
vencimiento de los últimos contratos. Es decir, como mínimo no se
concluirá este proceso hasta el mes de enero del año
1996. Por tanto, podemos y debemos esperar para, a la vista de la
experiencia, saber exactamente qué aspectos exigen ser revisados
o cuanto menos clarificados. Y, abundando en ello creo, además,
que los aspectos de la Ley que el Grupo Popular propone modificar
son perfectamente reversibles. Estamos hablando de contratos que
vencerán lo más pronto de aquí a cinco años y lo más tarde de
aquí a diez, o de revisiones de renta ya en las segundas o
posteriores anualidades.
En tercer lugar, puestos a fijar las prioridades de revisión, sin
lugar a dudas no existe una coincidencia absoluta entre el Grupo
Popular y el nuestro. Es evidente que para nosotros existen otros
aspectos más conflictivos y peor resueltos, como he dicho, pero
que renunciamos a plantear de momento, por lo que nos sorprende
aún más la iniciativa del Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Para nosotros ha sido sorpresivo que el Grupo Popular tramite
esta proposición de ley, entre otras razones porque, como ha
explicado bien el señor Recoder, ustedes han participado en un
acuerdo para sacar adelante la Ley de Arrendamientos Urbanos, que
se aprobó hace apenas un año y en el que sustancialmente
participaron el Grupo Socialista, ustedes y el Grupo Catalán
(Convergència i Unió); un acuerdo, por tanto, del que nosotros
nos sentimos completamente excluidos porque no coincidíamos con
los contenidos de esa Ley de Arrendamientos Urbanos.
Nos llama la atención también que ustedes se hayan percatado de
que solamente algunos aspectos de esta Ley de Arrendamientos son
negativos, por ejemplo, de la cuestión de los plazos de los
profesionales, pero que no se hayan percatado de otros que a
nosotros nos parecen mucho más lesivos socialmente. Remitiéndome
de nuevo a la intervención del señor Recoder, se puede comprobar
que muchas de las cosas que decía mi Grupo Parlamentario,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no eran alarmistas ni
melodramáticas, sino que realmente la Ley de Arrendamientos
Urbanos, en lo que se refiere a las rentas antiguas está
significando abusos importantes hacia muchos inquilinos,
subiéndoles la renta hasta niveles que ni siquiera estaban
previstos por esta modificación de la Ley, pero que eran
previsibles dada la estructura de la organización de las rentas
urbanas. Es absolutamente llamativo que de todos estos asuntos no
se hayan percatado ustedes, repito, y sí se hayan percatado, sin
embargo, de los plazos de las rentas de los profesionales. Conste
que mi Grupo Parlamentario ya defendió en el debate de la Ley de
Arrendamientos Urbanos que el plazo de los arrendamientos de las
fincas dedicadas a actividades profesionales fuera diferente al
que salió definitivamente en el texto aprobado. Es decir,
nosotros estábamos de acuerdo con que los plazos fueran
superiores a los que se aprobaron, sin embargo, nos llama
profundamente la atención que ustedes se hayan percatado de este
asunto ahora, después de un año de vigencia de la ley, y no se
dieran cuenta de los otros, porque socialmente consideramos que
son mucho más relevantes. También nos sorprende que ustedes
pretendan una modificación del artículo 3.º, en una miscelánea de
artículos que va tocando, picoteando por diferentes aspectos de
la ley. En el fondo, esto es abrir de nuevo el melón de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, cuyas consecuencias no sabemos hasta
dónde pueden llegar, y que dentro de él aparezca, por ejemplo,
este artículo 4.º en el que lo que se plantea es nada más y nada
menos que una cláusula para la revisión de las rentas de los
inquilinos.
Si ya nos parece complicado, como dijimos en su día, calibrar
cuál es la renta de los inquilinos, ahora nos llama la atención
que se plantee aquí una cláusula para dar la posibilidad
periódicamente a los arrendatarios de tener un control de cómo
son las rentas de los inquilinos y, por lo tanto, estrechar más
el cerco para poder llegar a un incremento de la renta, porque
normalmente no se va a ir en un decremento. No se preocupen
ustedes porque si el decremento se produce seguramente se
comunicará enseguida. Esta cláusula está prevista para los
incrementos de renta, no para otra cosa. Tememos que los
sucesivos melones que se abran sobre la Ley de Arrendamientos
Urbanos estén dirigidos a ir ahogando cada vez más las
posibilidades de la renta de los inquilinos.
Señor Gómez, nosotros no creemos oportuna la proposición de ley
que trae aquí el Partido Popular. Dudamos de la intención social
y de los contenidos que finalmente puedan tener, y nosotros, que
no comprometimos para nada nuestro voto en la Ley de
Arrendamientos Urbanos, que nos quedamos exiliados de ese pacto,
de ese consenso, porque muchos de los efectos que se están
produciendo ahora ya fueron previstos por nuestra fuerza
política, también nos quedaremos exiliados de esta proposición de
ley que presenta el Grupo Popular porque creemos que no va a ir
precisamente a modificar los aspectos del articulado de la Ley de
Arrendamientos Urbanos que consideramos que deben ser revisados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García-
Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Para fijar en un breve turno el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Socialista en contra de la toma en consideración de
esta proposición de ley. Como hemos tenido ocasión de escuchar,
hace menos de diez
meses que la ley está en vigor y hace casi un año que se aprobó
con carácter definitivo por esta Cámara. Una ley que tenía el
objetivo fundamental --es preciso recordarlo-- de coadyuvar al
incremento del mercado de alquileres en el país, con objeto de
subirlo de ese raquítico 15 por ciento de viviendas en alquiler
que nos separan fundamentalmente de los países de nuestro
entorno. Objetivo que se pretendía conseguir en el texto del
proyecto de ley que hoy se quiere modificar, corrigiendo lo que
en nuestro criterio eran dos razones fundamentales de esta baja
participación del alquiler en el mercado de la vivienda.
En primer lugar, el extraordinario desequilibrio introducido por
el texto refundido de 1964 en favor de una de las dos partes
contratantes y, en segundo lugar, el contradesequilibrio y la
inseguridad introducida también en la relación contractual entre
ambas partes por el Decreto 2/1985, conocido como decreto Boyer.
Todos los grupos volcamos nuestra mejor voluntad y nuestro empeño
en conseguir un nuevo sistema de equilibrio que fuese
gratificante para las dos partes y en frenar un aumento de la
inseguridad jurídica derivada de la normativa entonces existente.
Yo creo que ambos principios fundamentales, el equilibrio entre
los intereses de las partes contratantes y la seguridad jurídica
que ambas deben de proteger, se dinamitan, posiblemente sin
intención, con el texto que hoy se nos presenta. Se dinamita el
equilibrio entre las partes porque el propio Grupo que nos
propone la modificación parcial de la Ley actualmente vigente
reconoce, según las conversaciones con algunos de los colectivos
afectados, la necesidad de modificar algunos de los contenidos de
la legislación vigente. Naturalmente que eso es cierto, pero
también es cierto que de los argumentos ofrecidos por los
colectivos que no han sido escuchados se podría deducir
fácilmente la necesidad de contrarreforma de la reforma que hoy
nos plantea el Grupo del texto vigente de la LAU.
Quienes están a favor de las fianzas indiscutiblemente tienen
razón, y si escuchamos solamente las razones de esa parte
podríamos aceptar las propuestas que se nos formulan, pero
tendríamos que escuchar también las razones de los otros. Quienes
están a favor de que los contratos de los despachos donde se
realizan actividades profesionales tuviesen un período de
caducidad de diez años, en lugar de los cinco que la Ley les
otorga, posiblemente tienen una parte de la razón, pero
tendríamos que escuchar las razones de aquellos despachos
profesionales que en el mismo edificio están pagando rentas
actualizadas de 400.000, 500.000, 600.000 pesetas, mientras que
en ese mismo edificio despachos de profesionales, que ejercen una
actividad de competencia directa con ellos, están pagando rentas
de 20.000, 25.000 o de 30.000 pesetas, en el mejor de los casos.
Quiero decir, por lo tanto, que las razones que se aportan para
modificar parcialmente la legislación vigente ni son nuevas ni
eran desconocidas por los ponentes de la Ley vigente. Todos
tuvimos ocasión de tener un sinnúmero de reuniones con los
diferentes colectivos afectados, a través de las cuales tuvimos
perfecto conocimiento de las ventajas y de los inconvenientes de
la normativa establecida con respecto a la fianza; de los
inconvenientes y las ventajas de mantener un sistema cerrado
mediante el cual el arrendatario, en función de la renta familiar
disponible, se encuentra situado en un cierto segmento de la Ley
en cuanto a la actualización de la renta y al plazo de extinción
del contrato. Y todo eso fue integrado en un esfuerzo de
voluntad, que se ha subrayado por el resto de los grupos que han
intervenido, que dio como resultado un texto que a nadie nos
satisface y, precisamente, en esa insatisfacción parcial se
encuentra la razón o el argumento que hizo posible la redacción
de un texto que se presentaba como extraordinariamente
conflictivo. Es, precisamente, como se ha señalado, la renuncia
de todas las partes a mantener todas sus posiciones lo que hizo
posible que este país tuviese una legislación que, con todas las
dificultades que pueda suponer, no parece que esté despertando
graves problemas en su aplicación práctica.
Quiebra también el principio de seguridad por algo que ha
señalado el señor Recoder. Si los grupos parlamentarios nos
dedicásemos a pretender modificar la legislación que entre todos
consensuamos para introducir en ella aquellos aspectos que nos
dejaron más insatisfechos, la lista de modificaciones que hoy se
propusiera sería manifiestamente insuficiente, y todos los grupos
tendríamos razones de sobra para pretender introducir otras
modificaciones. La gravedad de esto, aparte de lo que supone ya
de violación de un cierto pacto parlamentario en un período de
tiempo relativamente breve, sería trasladar a la sociedad que el
valor importante que todos hemos querido dar a la legislación
vigente de la seguridad jurídica en sus relaciones pudiera estar
en permanente cuestión por parte del Congreso de los Diputados.
Esta fue una ley que se pactó con unos grupos parlamentarios en
cuanto a la duración del contrato, en cuanto al régimen de las
ayudas fiscales, en cuanto a la disposición transitoria segunda
que regula el régimen transitorio de la vivienda, en cuanto al
sistema de actualización de rentas o de la repercusión de los
gastos generales; con otros grupos parlamentarios se llegó a
acuerdos importantes en el régimen de subrogaciones, en el
régimen de fianzas, en el régimen transitorio aplicable a los
contratos de uso distinto al de la vivienda, y con otros grupos
parlamentarios, que hoy se han quejado de su no
corresponsabilidad en el texto, se pactó el derecho de
adquisición preferente, los derechos de tanteo y de retracto y la
equiparación al cónyuge de aquella persona que hubiese mantenido
con el titular de un derecho de arrendamiento una relación de
análoga afectividad. El resultado de todo ello fue, como he dicho
anteriormente, un texto posiblemente imperfecto, posiblemente
mejorable, y posiblemente tengamos que abordar en un cierto
período de tiempo su modificación en función de los datos que
tengamos sobre las dificultades que plantea su aplicación en la
sociedad. Pero hoy, en todo caso, es temprano, es precipitado, es
inmaduro, es una modificación de parte que cuestionaría el
consenso y trasladaría a la sociedad una sensación de inseguridad
que no creo que sea buena.
No voy a entrar en el contenido particular de los artículos que
se pretende modificar, sólo me voy a referir a dos cuestiones. En
primer lugar, la duración de cinco años del contrato de las
oficinas alquiladas para actividades profesionales es el
resultado de una enmienda de su Grupo en el Senado, señor Gómez
Darmendrail, la enmienda 402 presentada por su Grupo en el Senado
fue la que asignó a estos contratos cinco años de duración en
lugar de diez, lo que además viene recogido en el artículo 5.º 2
del Texto Refundido de 1964 que ustedes no modifican. En segundo
lugar, también quiero referirme a su pretensión de establecer
mediante reglamentos algunas interpretaciones confusas de la ley.
Lo que ustedes piden al Gobierno es que por reglamento dé una
interpretación auténtica de una ley civil. Yo no soy jurista pero
creo entender que ésa no es una competencia del Gobierno sino de
los tribunales, y precisamente por eso en la exposición de
motivos de la ley se hace referencia a la introducción del
recurso de casación por la extraordinaria complejidad y la
transformación sustantiva que se produce en las normas al
respecto, con lo cual la propia ley reconoce que se hace precisa
la interpretación de una Jurisprudencia en sede del Tribunal
Supremo.
Solamente me he querido referir a dos contenidos concretos de su
proposición de ley para manifestar que, aparte de las objeciones
generales, también tendríamos objeciones particulares. No
obstante, no será con nuestro voto con lo que esta proposición de
ley se pueda tomar en consideración y pedimos al resto de los
grupos de la Cámara el voto negativo a la misma.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de Ley
del Grupo Popular, relativa a la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 123; en contra, 168; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE ESTABLEZCA NUEVOS MECANISMOS DE APOYO A LA MINERIA
DEL CARBON (Número de expediente 162/000224)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS
DE VIABILIDAD DEL SECTOR DEL CARBON NACIONAL (Número de
expediente 162/000229)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden de día. Proposiciones no
de ley. Proposición no de ley del Grupo Socialista, por la que se
insta al Gobierno a que establezca nuevos mecanismos de apoyo a
la minería del carbón, y del Grupo Popular sobre medidas de
viabilidad del sector del carbón nacional. Se va a proceder a la
tramitación acumulada de estas dos iniciativas, por tanto, las
intervenciones de los grupos en relación con las mismas serán
únicas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres
Sahuquillo.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la decisión de la CECA 3632/93, de 28 de diciembre,
vuelve a establecer una serie de ayudas a la minería del carbón
en la Comunidad Europea y, por consiguiente, en España, así como
hacía la anterior decisión 2064/86, a la que viene a sustituir la
mencionada en primer lugar.
Con posterioridad, en diciembre del año pasado, este Congreso de
los Diputados aprobó la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional. En el marco de la decisión 3632 de la CECA y
en el marco de la Losen, han de ponerse en marcha una serie de
medidas de apoyo a la minería del carbón nacional. Es por esta
razón que mi Grupo Parlamentario, con fecha 26 de julio de este
año, presentó al Parlamento una proposición no de ley que
contenía cuatro puntos. En el primero solicitamos del Gobierno
que ponga en marcha mecanismos de apoyo a las empresas mineras, a
las centrales térmicas y a la comarcas mineras, en desarrollo de
la decisión y de la Ley mencionada.
La decisión 3632 permite a los estados miembros ayudas al
funcionamiento de las empresas, para cubrir la diferencia entre
el coste de producción y el precio de venta libremente pactado
entre las partes contratantes. Permite ayudas a la reducción de
la actividad para las empresas mineras que necesariamente se vean
abocadas al cierre porque no resulten viables, económicamente
hablando. Permite también ayudas para cubrir cargas
excepcionales, heredadas del pasado, o ayudas para financiar
regímenes especiales de prestaciones
sociales a los trabajadores afectados. La susodicha decisión
también permite ayudas a la investigación y al desarrollo y,
finalmente, ayudas para la protección del medio ambiente a fin de
apoyar a las empresas que hayan de poner en marcha programas
nuevos para adaptarse a la normativa medioambiental comunitaria.
Por ello, mi Grupo presentó el 26 de julio de este año, la
proposición no de ley de que les hablaba, en cuyo primer punto
instábamos al Gobierno a establecer mecanismos para conceder
estas ayudas a las empresas carboneras, es decir, a las empresas
de extracción de carbón nacional, a las compañías eléctricas por
la diferencia del «stock» real respecto al «stock» estratégico de
carbón nacional que se produjera, y también le instábamos a que
pusiera en marcha planes de protección social de los
trabajadores. En el segundo punto de nuestra proposición no de
ley pedíamos que se articularan medidas de acompañamiento laboral
análogas a las que ya se habían ido practicando, a fin de evitar
que se llevaran a cabo de manera traumática los ajustes de
plantilla que debieran o pudieran realizarse. En nuestro tercer
punto --para nosotros uno de los más importantes-- decíamos que
en las comarcas mineras deberían llevarse a cabo actuaciones de
diversificación económica para desarrollar estas cuencas,
actuaciones que fueran dirigidas a la creación de empleo
diversificado, no solamente de empleo industrial, sino a la
creación de puestos en el sector servicios o en otros, y a la
absorción de excedentes laborales, es decir, a la recolocación de
los trabajadores mineros en nuevos sectores, y también a la
creación de infraestructuras en las propias comarcas mineras para
que pudieran potenciar el desarrollo económico de estas comarcas.
En particular, pedíamos el establecimiento de programas de
formación para jóvenes mineros y para jóvenes que todavía no son
mineros pero que residen en las comarcas mineras. Finalmente,
pedíamos al Gobierno que todo esto lo realizara en permanente
diálogo con los agentes sociales y económicos, con los
sindicatos, con los empresarios, ya que entendíamos y entendemos
que sólo el diálogo hará posible que las medidas que hayan de
ponerse en práctica den su fruto.
Con fecha 26 de septiembre de este mismo año, dos meses después,
el Grupo Popular también presenta una proposición no de ley que
básicamente viene a repetir los puntos señalados en la iniciativa
del Grupo Socialista, con alguno nuevo, solicitando, por ejemplo,
un plan de futuro para la minería en el plazo de tres meses y que
se arbitren medidas para mejorar los objetivos del plan de
seguridad minera --es decir, disminuir la siniestralidad minera--
y para fomentar la tecnología medioambiental.
Señorías, debo recordar que después de la presentación de nuestra
proposición no de ley y con anterioridad a la del Grupo Popular
se produce el tremendo accidente laboral en Asturias, que todas
SS. SS. recordarán, con varios muertos, que conmocionó a la
opinión pública nacional. Y, a la vista de la proposición no de
ley del Grupo Popular, presentamos una enmienda que recogía los
puntos de nuestra proposición no de ley y añadía a éstos los que
de novedad tenía la proposición no de ley del Grupo Popular. En
consecuencia, además de los cuatro puntos de nuestra proposición
no de ley, en esta enmienda incluimos dos puntos más: la
redefinición del plan de seguridad minera tanto de sus propuestas
y objetivos como de los recursos financieros aplicados, y el
fomento de la tecnología medioambiental de combustión limpia del
carbón. Hicimos esto con el expreso deseo de llegar a un acuerdo
con el Grupo Popular en este asunto por dos razones
fundamentales: la primera, porque puede decirse sin temor a
cometer un error que las dos proposiciones no de ley son
complementarias, en absoluto se oponen ni en su espíritu, ni en
su letra; la segunda por entender que hay un asunto, la cuestión
de la seguridad minera, al que mi Grupo es especialmente
sensible, que merecía y merece el apoyo y el acuerdo de todos los
grupos parlamentarios, puesto que cualquier medida que tomemos
que mejore la seguridad en nuestras minas y, por tanto, la
seguridad de los trabajadores mineros españoles, nuestro Grupo la
verá con buenos ojos y la apoyará sin ninguna duda. Será poco
todo lo que hagamos para conseguir que accidentes tan tremebundos
como el que vimos este verano en Asturias pasen a la historia y
no vuelvan a producirse jamás.
De las conversaciones mantenidas con el Grupo Popular, pues,
hemos llegado a un acuerdo de presentación de una propuesta
conjunta que refunde los puntos principales de las dos
iniciativas, por considerar, repito, que ambas son
complementarias y no opuestas. Esta iniciativa pactada, que
someteremos a la votación de la Cámara con la venia de SS. SS. y
del señor Presidente, consta de siete puntos que vienen a recoger
el espíritu y la letra de la proposición no de ley del Grupo
Socialista y también de la del Grupo Popular.
En el preámbulo hablamos de que es necesario tomar medidas
inmediatas para presentar al Congreso de los Diputados, en el
plazo de tres meses, un plan de futuro a largo plazo de la
minería del carbón. El primer punto trata de la revisión de los
objetivos de producción y productividad del propio sector. El
segundo punto es el que constaba como primero en la proposición
no de ley del Grupo Socialista y trata de las ayudas a establecer
a las empresas mineras. El tercero habla de las medidas de
acompañamiento laboral, contenidas en el segundo punto de la
proposición no de ley del Grupo Socialista. El cuarto se refiere
a las medidas de actuación en infraestructuras y en
diversificación económica en las cuencas mineras para conseguir
la recolocación de los trabajadores excedentarios de empleo
minero y para conseguir la colocación de los hijos de los mineros
que no encuentran alternativa en su propia comarca; era el
segundo punto de la proposición no de ley del Grupo Socialista.
El quinto punto se refiere al fomento de la tecnología
medioambiental; también era el quinto de la proposición no de
ley del Grupo Popular. El sexto se refiere al diálogo permanente
con los agentes sociales, que también estaba en las dos
proposiciones no de ley. Finalmente, el séptimo se refiere a las
medidas de seguridad minera.
Resumiendo, señorías, en este momento, al Grupo Socialista le
importa, y mucho, llevar un mensaje de esperanza en el futuro de
los trabajadores de la minería del carbón de España y en
particular a los de las cuencas mineras. Nos importa, y mucho,
porque sabemos de las dificultades que se producen en las
comarcas mineras, dificultades medioambientales, de empleo, de
todo tipo. La reordenación del sector minero que se viene
produciendo a lo largo de los años y que sigue impulsando la
mencionada Directiva 3632, ha obligado a tener que ir cerrando
explotaciones mineras de interior por agotamiento del yacimiento
o simplemente por no tener ninguna viabilidad económica en el
futuro. Esto ha creado situaciones difíciles en las cuencas
mineras.
Por parte del Gobierno socialista se han puesto en marcha medidas
de fomento de la actividad industrial en las cuencas mineras de
Teruel, de Asturias, de León, de Galicia, con la intención de
conseguir la recolocación de los empleos mineros, pero hay que
decir que estas medidas, llenas de buena voluntad y desde luego
de contenido económico importante, no han dado todavía los
resultados que todos esperábamos. Es por eso por lo que en este
momento conviene que esas medidas sean puestas en marcha de
nuevo, complementadas y aumentadas, y que los objetivos de las
mismas no vayan sólo a la reactivación en el sector industrial,
sino que las medidas y los apoyos económicos tengan también como
misión la reactivación económica integral de la comarca, no sólo
en el sector industrial sino también en el sector servicios,
además de crear infraestructuras físicas para conseguir la
reactivación económica de las mismas y facilitar la consecución
de proyectos inversores y de creación de empleo.
Para terminar, señor Presidente, debo decir que estoy seguro de
que compartimos con el Grupo Popular y con el resto de los grupos
de la Cámara una gravísima preocupación por la seguridad minera.
Pensamos que las medidas adoptadas a lo largo del tiempo han sido
positivas, medidas que sin duda alguna han contribuido a
disminuir la siniestralidad en el sector minero, pero --repito--
los graves incidentes producidos este verano en la cuenca minera
quizá nos deben llevar a la reflexión de que es necesario revisar
de nuevo el plan de seguridad minera y dotarle de los medios
económicos necesarios, sean cuales sean éstos, para que este
nuevo plan que pueda arbitrarse garantice en la medida de lo
posible que nunca más se van a producir este tipo de accidentes.
No debemos olvidar, no obstante, señorías, que estamos hablando
de un sector que tiene riesgos intrínsecos que no debemos
ignorar, pero debemos intentar por todos los medios que esos
riesgos queden reducidos a la mínima expresión. Para ello mi
Grupo no va a escatimar esfuerzos y yo estoy seguro que el
Gobierno tampoco, del tipo que sean, para conseguir el objetivo
pretendido.
Termino mi intervención con la esperanza de que el resto de los
grupos parlamentarios consideren positiva esta iniciativa --
espero, por tanto, el apoyo de todos los grupos parlamentarios a
la iniciativa-- y con la esperanza de mi propio Grupo de que este
acuerdo al que hemos llegado con el Grupo Popular y que da como
consecuencia una proposición no de ley refundida de texto único
sirva sobre todo a los objetivos de mejorar las condiciones de
vida de los trabajadores de la minería y de las comarcas mineras.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la
proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas de
viabilidad del sector del carbón nacional y a la vez para
defender también la enmienda que había presentado a la
proposición no de ley del Grupo Socialista y si es posible
también para fijar posición con respecto a esta propuesta de
enmienda transaccional, tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, me corresponde defender en nombre del Partido
Popular la proposición no de ley tendente a presentar medidas de
viabilidad del sector del carbón y, al mismo tiempo, defender la
enmienda de modificación presentada por el Grupo Socialista a fin
de establecer nuevos mecanismos de apoyo a la minería del carbón.
Es de destacar una buena noticia: el haber llegado los grupos
parlamentarios proponentes a un entendimiento de redactar una
transaccional, que obra en su poder, que recoge las pretensiones
de ambos grupos tendentes a incrementar la competitividad minera
nacional.
Somos conscientes de que la filosofía de la Comunidad es mantener
la existencia del carbón, pero no a cualquier precio. Las
empresas han de prepararse para ser competitivas en un mundo
libre, así como para conseguir su viabilidad económica, y esta
iniciativa del Partido Popular pone de relieve que defiende y
apoya la industria del carbón, con contrato-programa y sin
contrato-programa, y en las diferentes regiones españolas de
Asturias, León, Teruel, Galicia y otros emplazamientos.
Hemos de solucionar el problema del carbón para acoplar sus
estructuras al logro de estos fines a fin de crear capacidades
rentables y competitivas y a ello deben contribuir empresarios,
Administración y sindicatos. Estamos convencidos de que el carbón
puede y debe jugar un importante papel en nuestro país en cuanto
a su aportación a la balanza energética, por razones económicas,
energéticas y sociales. España es un país con recursos
energéticos insuficientes, y sus importaciones irán en aumento de
no evitarlo, y el problema más grave de futuro que tiene el
sector del carbón es indiscutiblemente el alto coste que tienen
algunas
de sus explotaciones. La evolución de la demanda energética a
España desde la entrada en vigor del PEN en 1991 prevista hasta
el año 2000 no se ajusta a lo previsto. Por ello es necesario
replantearse la cuantificación de sus objetivos. Entre ellos se
encuentra la producción y el consumo del carbón nacional. El
futuro de esta actividad productiva se mantiene estrechamente
ligada tanto a acuerdos de compra que permiten financiar el
sobrecosto de su producción por la vía de la tarifa eléctrica
como a importantes contratos-programa. Estos contratos-programa
dependen de objetivos de productividad, por lo que si cambian
estos últimos, también lo harán los acuerdos de compra y la
dotación establecida a tal fin.
Es de tener en cuenta que la Directiva comunitaria, dentro del
marco del mercado único, contempla el carbón nacional del futuro
compitiendo de forma progresiva con los precios y calidades
medioambientales internacionales. Por ello, dada la problemática
especial de la minería del carbón y las exigencias de la Unión
Europea de transparencia en las ayudas, que exige modificar el
sistema de subvención indirecta por la vía de tarifas, la
revisión de los objetivos de producción nacional a la luz de la
evolución de la demanda interna y la insuficiencia de algunos
programas en vigor, nos hace proponer, en primer lugar, la
revisión de los objetivos de producción y productividad en la
minería del carbón.
En segundo lugar, dado que la política energética es
responsabilidad de cada Estado miembro, es necesario definir la
política a medio y largo plazo, más allá de 1997, teniendo en
cuenta el Tratado CECA y las decisiones que contempla. Por ello
es necesario desarrollar el mecanismo estrictamente equivalente
previsto en el artículo 2.2 de la Directiva, que fija el origen
de las ayudas necesarias para el mantenimiento de la actividad
minera del carbón, para lo cual debe establecerse un calendario.
En tercer lugar, la política carbonera debe de considerar las
consecuencias regionales en el empleo, lo que debe de condicionar
dicha política. Por ello consideramos esencial el diseño de un
conjunto de instrumentos que permitan la activación de la
formación profesional para adaptar la mano de obra excedentaria a
los nuevos mercados. La formación es la mejor medida para
combatir el desempleo, venciendo el escaso nivel educativo de los
jóvenes parados y contra la apatía laboral que generó la espera
de un puesto de trabajo en las minas. Las estadísticas demuestran
cómo en las cuencas la formación profesional sólo alcanza el 4,27
por ciento y cómo la demanda del primer empleo ronda el 40 por
ciento, cuando la media en una región como la asturiana es del
25. Consideramos que la enseñanza profesional debe ir dirigida a
sectores de más futuro, como la metalmecánica, agroalimentación,
medio ambiente, turismo, etcétera, y deben de revitalizarse
organismos que faciliten esta labor mediante cursos, talleres,
escuelas, etcétera, pues es necesario fijar la población ya que
día a día estamos observando cómo las comarcas mineras se quedan
despobladas.
En cuarto lugar, las ayudas para la reindustrialización
destinadas a resolver los problemas sociales y regionales
generados por la reducción de la actividad minera son
potestativas de los Estados miembros, debiendo ser
cuantitativamente importantes y prolongándose el tiempo necesario
para que puedan fructificar en un cambio de las estructuras
económicas de las regiones afectadas. Sabemos que no existen
recetas mágicas. Los procesos de recuperación son lentos y
costosos. Así, regiones como la cuenca del Rur en Alemania,
Yorkshire en el sur de Gran Bretaña o Pittsburg en Estados Unidos
llevan más de 20 años en esta función y comienzan en el momento
actual a ver los resultados. En los últimos diez años, desde el
comienzo de la reconversión en Hunosa, que trajo cierre de pozos
y recorte de plantilla a la mitad, de 20.000 a 10.000 operarios,
se recibieron 70.000 millones de pesetas que se destinaron a la
mejora del entorno, los servicios y las comunicaciones, haciendo
más atractivas las zonas, pero no creció en modo alguno el empleo
para equilibrar el trabajo destruido. Sabemos que es necesario
hacer un gran esfuerzo para lograr la ubicación de nuevas
empresas capaces de reindustrializar las zonas afectadas. Los
planes de recuperación, que comenzaron en Asturias en el hábitat
minero en 1967; la reactivación en las cuencas del Nalón y Caudal
en 1968; la reconversión de Hunosa en 1987, o los planes de
dinamización no fueron capaces de paliar los tres planes de
empresa de Hunosa, que dieron lugar a la pérdida en el momento
actual de más de 10.500 puestos de trabajo. Nuestro esfuerzo debe
de ir no sólo a la captación de empresas multinacionales, como
Vesubio-Thyssen, sino a la implantación de un tejido industrial
de pequeña y mediana empresa que palie el haber sido durante años
la base de la industria de cabecera, no incidiendo en la
industria transformadora, que genera un mayor valor del producto.
En quinto lugar, las ayudas para la protección del medio ambiente
son compatibles con la decisión CECA dentro de la normativa
comunitaria al respecto, por lo que deben de ser potenciadas por
los Estados miembros, de acuerdo con las características del
carbón nacional extraído con proceso de licuefacción,
gasificación de combustibles sólidos tendentes a reducir
emisiones de azufre y de óxido nitrogenado.
En último lugar, sugerimos en nuestra proposición no de ley el
estudio de nuevas medidas de seguridad mineras tendentes a
reducir la siniestralidad del sector, ya que este año de 1995 fue
un año trágico para la minería asturiana, pues en Asturias, en
los diez meses transcurridos, se sufrieron más de 7.000
accidentes, de los cuales 29 fueron mortales, lo que determina
que trabajar en la mina representa un grave riesgo, un riesgo muy
elevado. Baste recordar el accidente del pozo Nicolasa, que costó
la vida a 14 mineros, el accidente más grave ocurrido en la
minería en 50 años, y el accidente
de hace escasos días, en el pozo de Candín, que trajo como
consecuencia cuatro muertos.
Debemos tener en cuenta que la comisión nacional de seguridad
minera ha manifestado que los presupuestos han sufrido una
drástica reducción, lo que trajo como consecuencia no poder
reunir a sus órganos, no evaluar los accidentes y no dictar las
instrucciones técnicas complementarias. Es necesario poner al día
las normas de sus niveles o la homologación de las tecnologías de
los países del Este, lo que da lugar a que esta comisión tenga
actuaciones posteriores al accidente, cuando indiscutiblemente ya
no hay remedio, no dictando normas preventivas que eviten los
accidentes.
Yo considero importante el consenso alcanzado por los grupos
parlamentarios proponentes en un tema tan delicado como el del
carbón, siendo una buena noticia que en este Parlamento nos
ocupemos de este sector tan importante. En estos momentos
sumamente difíciles por la pérdida de vidas humanas, espero de
esta Cámara el apoyo total al texto consensuado para el bien del
sector, para el bien de Asturias y para el bien de las regiones
españolas que tienen indiscutiblemene una vinculación muy directa
con el sector del carbón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Landeta.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha
encontrado con la sorpresa, después de haber estudiado las dos
proposiciones no de ley y estar inicialmente de acuerdo,
básicamente con la del Partido Socialista, de la propuesta
transaccional entre los dos Grupos que, una vez más, ha dado
lugar a que el Partido Socialista haya optado por una visión
mucho más conservadora que la de su propia proposición sobre el
problema de la minería del carbón. En primer lugar, porque en
relación a la referida decisión CECA su título es: «Relativa al
régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros
en favor de la industria del carbón». Por tanto, es una directiva
que lo que intenta es regular para los próximos dos o tres años,
hasta el 2002 exactamente, cuáles son los criterios para acceder
a las ayudas comunitarias o para considerarse como ayudas
comunitarias. El artículo 2 define como objetivos de esta
decisión los siguientes: primero, las ayudas concedidas a la
industria del carbón podrán considerarse compatibles con el buen
funcionamiento del Mercado Común si contribuyen a la consecución
de al menos uno de los objetivos siguientes: lograr, a la vista
de los precios del carbón en los mercados internacionales, nuevos
progresos hacia la viabilidad económica, con el fin de conseguir
la regresividad progresiva de las ayudas, o resolver los
problemas sociales y regionales relacionados con la reducción de
actividad total o parcial de unidades de producción. Y, por
último, facilitar la adaptación de la industria del carbón a las
normas de protección del medio ambiente. Da a elegir, incluso,
entre uno de estos tres objetivos.
Entendemos que el primer punto que se introduce (precisamente
está cogido de la proposición no de ley del Partido Popular, que
intenta establecer, revisar los objetivos de producción y
productividad del propio sector) lo que hace, en definitiva, es
abrir la puerta a un nuevo problema, cuando todavía esta decisión
no exige en este momento revisar esos criterios, sino que está
hablando claramente de otro tipo de problema, como son las
ayudas.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya defiende una política
energética estatal comprometida con el carbón propio frente al
importado, como instrumento para la mejora de la seguridad en el
abastecimiento energético, en el marco de la sustitución
paulatina de la energía nuclear y el fomento de energías
renovables. También defendemos la acción política del Gobierno
español, junto a otros Estados de la Unión Europea, orientada al
mantenimiento prolongado por las instancias comunitarias de un
código de ayudas que responda a los objetivos de favorecer el uso
de recursos mineros propios. Defendemos también la planificación
concertada del sector a largo plazo, que responda a criterios
energéticos, sociales y territoriales, así como la
diversificación del sector minero hacia nuevos usos del carbón y
otras extracciones no energéticas ligadas a la construcción y a
nuevos materiales. Defendemos también planes de desarrollo
concertados con los agentes sociales, las administraciones
regionales, autonómicas y también con las administraciones
locales, concretando los compromisos de reindustrialización y
diversificación del tejido industrial de las comarcas mineras.
Dada la envergadura y la persistencia del declive industrial de
las comarcas mineras, así como la proliferación de iniciativas e
instrumentos generalmente descoordinados y que llevan muchos años
fracasando en muchas ocasiones, lo cual resta, además, eficacia,
entendemos que es necesario alcanzar un alto grado de consenso
para la realización de una planificación estratégica con la
participación de las instituciones y agentes sociales señalados,
que garantice la cooperación y coordinación de actuaciones, dé
prioridad a objetivos, ordene recursos, ayude también a la
ordenación territorial, restauración medioambiental de las
comarcas afectadas, diversificación económica y fomento del
empleo.
En cuanto a las ayudas al sector de la minería entendemos que,
además de las ya contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado, a través de los contratos-programa, es
positivo --y en esa línea parece que se había iniciado la
negociación con los sindicatos-- generar una mayor estabilidad y
facilitar su transparencia vinculándolas a la tarifa eléctrica,
mientras lo permitan las normas comunitarias, si bien creemos que
debe actualizarse también el precio del carbón respecto al IPC y
no reducirse la capacidad de producción de las minas.
En relación al apartado 7 de la proposición no de ley, estudio de
nuevas medidas de seguridad minera, en la propia Comisión de
Industria todos los grupos hemos dado opiniones al respecto,
hemos aportado iniciativas que creemos que deben pasar, en primer
lugar, por conocer cuanto antes los resultados de las
investigaciones de los desgraciados accidentes ocurridos
recientemente en Asturias y, a partir de ahí, crear la famosa
ponencia, en lo que todos los grupos estábamos de acuerdo,
precisamente para estudiar los resultados de esas
investigaciones, exigir las responsabilidades oportunas y también
poder dictaminar, a partir de ese momento, nuevas normas que
faciliten el cumplimiento de las medidas de seguridad y eviten la
siniestralidad en las minas.
También estaríamos de acuerdo con el punto 6, mecanismos de
diálogo permanente con los agentes sociales; el punto 5, fomento
de la tecnología medioambiental de la combustión del carbón, que
sea más acorde, viene también en la misma línea de la directiva;
y, por supuesto, estaríamos de acuerdo con aquellas medidas
encaminadas a la inversión para la diversificación en aquellas
comarcas mineras afectadas hasta ahora por la reconversión.
Creemos que en el punto 4 hay una errata. No podríamos compartir
que las ayudas se conviertan en excluyentes, que vayan dirigidas
o bien a la creación de empleo diversificado y a la absorción de
excedentes laborales o --dice-- a la creación de
infraestructuras. Creemos que son actuaciones que en todo caso
deberían ser además de. Probablemente hay una errata; que aclaren
los propios proponentes si se trata de una errata o es un
resultado de su análisis.
Yendo al fondo de la cuestión, proponemos que retiren el punto 1,
porque entendemos que se presta a confusión en un momento en que
la propia directiva no hace exigencias tan rigurosas. Estamos de
acuerdo en que es necesario un plan a largo plazo. Vemos muy
difícil que en un período de tres meses ese plan esté en
condiciones de ser consensuado con los sindicatos, que
precisamente en este momento tienen serias dificultades y
anuncian posibles movilizaciones por el intento de recortar, por
ejemplo, del 80 al 76 por ciento los complementos para las
prejubilaciones. Hay otras dificultades precisamente en este
momento como para introducir un elemento que podría ser
conflictivo o ser visualizado como tal por los propios
sindicatos. Algunos compañeros tanto de UGT como de Comisiones
así nos lo transmitían cuando dialogábamos sobre estas dos
todavía proposiciones no de ley, y en concreto sobre este punto
que aportaba el Grupo Popular. Por tanto, yo planteo que se
reconsidere en esos términos el primer punto. Si no, será
imposible para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votar
esta proposición.
En los puntos 2 y 3 yo pediría, si es posible, que donde dice:
«Con el objeto de apoyar el consumo de carbón autóctono en las
centrales térmicas, se establecerán ayudas al funcionamiento de
las empresas y otras en el marco de la Directiva...» se pusiera:
«... se establecerán ayudas al funcionamiento de las empresas y
todas aquellas contempladas en el marco de la Directiva CECA».
¿Por qué? Porque se podría entrar de nuevo en discusiones y
podemos convertir en más restrictiva todavía la resolución que
las propias propuestas de la Directiva. Sería preferible no
agotar las posibilidades de la propia Directiva. Por ejemplo, eso
podría afectar a las interpretaciones y a los problemas que ya se
están dando con el famoso vale del carbón, que son aquellas
ayudas a cargas excepcionales heredadas que están contempladas en
la propia Directiva, si lo dejamos de una manera ambigua, en
abstracto, y no hacemos referencia a que pueden ser utilizadas
todas aquellas contempladas.
Igual pasa en el punto 3, que dice: «Se deberán articular medidas
de acompañamiento laboral, de análoga naturaleza a las aplicadas
en los anteriores planes...» Aquí entraríamos de nuevo en la
discusión que en este momento tienen los sindicatos precisamente
respecto a las prejubilaciones. Es preferible hablar de, al
menos, idénticas y que no sean peores que las que había hasta
ahora. Si hablamos de idénticas, se evitaría de alguna manera que
se intentara ahora recortar las prestaciones de las
prejubilaciones en la línea que se está planteando, intentando
reducirlas del 80 al 76 por ciento. Yo propongo que se cambie la
palabra «análogas» por«idénticas». De no ser así, no sería
posible para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votar a
favor de esta proposición. Entendemos que, efectivamente, es
necesario un plan a largo plazo que nos permita defender mejor el
carbón autóctono --en este caso, el español--, pero nos tememos
que, de quedar en estos términos, podría acabar convirtiéndose en
una percha muy adecuada para una directiva futura
--que algunos sindicatos ya han anunciando-- que se puede estar
gestando en este momento en la Comunidad, directiva que sería más
restrictiva y que podría afectar a los niveles de producción de
carbón. En concreto, según ciertas informaciones, en ese borrador
de directiva se pretende flexibilizar la producción energética de
los países miembros, lo que supondría la reducción de la energía
autóctona a un 15 por ciento y para España la reducción a un 36
por ciento en la cuota de carbón.
Por lo tanto, por prevención, nosotros pedimos que se retire el
punto número 1. Si no es así, lamentaríamos que viniendo
dispuestos a apoyar esta proposición no de ley del Grupo
Socialista, nos encontráramos con
la desagradable sorpresa de que hay coincidencias en el fondo en
un tema en el que hasta ahora no las había habido entre el Grupo
Socialista y el Grupo Popular. Nos hemos visto desagradablemente
sorprendidos por estas coincidencias aparentemente de fondo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.
Inicialmente la Presidencia había entendido que al haber
expresado tanto el portavoz del Grupo Socialista como el señor
Landeta, portavoz del Grupo Popular, su acuerdo con esta enmienda
transaccional, no hacía falta el turno de aceptación o no de
enmiendas, ya que entiende la Presidencia que decaen tanto las
iniciativas como las enmiendas presentadas en favor de esa
transaccional. Ahora bien, a la vista de las puntualizaciones,
puesto que se trata de una enmienda de aproximación o
transaccional que hace el señor Santiso, la Presidencia quiere
saber si el portavoz del Grupo Socialista y el portavoz del Grupo
Popular aceptan o no estas propuestas planteadas oralmente por el
señor Santiso.
El señor Torres Sahuquillo tiene la palabra.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
Lo primero que debo decir es que, en modo alguno, en la
interpretación que hace mi Grupo, se sacan las consecuencias tan
malignas que el señor Santiso, portavoz de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, atribuye a esta iniciativa. Desde
luego, si hubiéramos tenido la conciencia de que con esta
iniciativa estas consecuencias tan malignas que él aventura se
producirían, no la hubiéramos presentado, ya que estamos de
acuerdo no solamente con el fondo de lo que él ha planteado, sino
que creemos que nuestra iniciativa lo que hace es abundar en ese
fondo. No obstante, por nuestra parte no habría ningún
inconveniente en que desapareciera el punto número 1 de esta
proposición. Nosotros hemos aceptado que figure porque, no le
atribuimos, repito, a ese punto las consecuencias malignas o
perjudiciales para el sector que el señor Santiso aventura. Por
eso, por parte de mi grupo no habría inconveniente, si con eso
conseguimos que haya unanimidad en la Cámara, en que este punto
desapareciera, pero debo manifestar a continuación que como esto
es fruto de un acuerdo entre mi grupo y el Grupo Popular, mi
grupo sólo aceptaría su retirada si también es aceptada por el
Grupo Popular. Si no fuera aceptada por el Grupo Popular,
nosotros mantendremos nuestro compromiso y, por tanto, tampoco
aceptaremos la retirada de este punto. Nuestra voluntad es que si
al Grupo Popular le parece que podría ser retirado e incluso
sujeto a otra iniciativa posterior, nosotros estaríamos de
acuerdo con que se retirara.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Torres.
Señor Landeta, tiene la palabra.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Como portavoz del Grupo Popular
solicito que se mantenga el texto que se acordó en su día y se
someta a votación, por considerar que ya fue objeto de examen y
propuesta por ambos Grupos, además de que era precisamente el
punto número 1 en nuestra proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Oídos los
portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular, se someten a
votación las dos iniciativas en el texto refundido de la enmienda
transaccional, tal como conocen SS. SS. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley de
los Grupos Socialista y Popular relativas a nuevos mecanismos de
apoyo a la minería del carbón y medidas de viabilidad del sector
del carbón nacional, que se someten a votación en los términos
del texto transaccional al que se ha hecho referencia en el curso
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 275; en contra, uno: abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
DECLARACION INSTITUCIONAL:
--POR LA QUE SE MUESTRA EL PROFUNDO PESAR POR LA TRAGICA
DESAPARICION DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, ISAAC RABIN, ASI COMO
EL MAS ENERGICO RECHAZO DE LA VIOLENCIA FANATICA QUE HA PUESTO
FIN A SU VIDA
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden
del día, propongo a la Cámara la adopción de la siguiente
declaración institucional.
El Congreso de los Diputados manifiesta su profundo pesar por la
trágica desaparición del Primer Ministro del Estado de Israel,
Isaac Rabin, así como su más enérgico rechazo de la violencia
fanática que ha puesto fin a su vida. Al rendir tributo a tan
emblemática figura, cuya contribución al proceso de paz iniciado
en 1991, en Madrid, ha sido decisiva, el Congreso de los
Diputados reitera el total apoyo de los representantes
democráticos del pueblo español a quienes vienen trabajando con
tesón y coraje para lograr una paz justa y duradera en la región,
en permanente diálogo y cooperación
con todas las partes implicadas y con el resto de la comunidad
internacional.
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.--Fuertes
aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la declaración.
PROPOSICIONES NO DE LEY (CONTINUACION):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
REINCORPORACION DE LOS PARADOS, AMENAZADOS POR LA EXCLUSION
SOCIAL, AL MERCADO DE TRABAJO (Número de expediente 162/000231)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE REGULACION DE LAS
EMPRESAS DE INSERCION (Número de expediente 162/000238)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley del Grupo Popular,
relativa a la reincorporación de los parados amenazados por la
exclusión social al mercado de trabajo, y del Grupo Socialista,
sobre regulación de las empresas de inserción.
Se va a proceder a la tramitación acumulada de estas iniciativas.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, España alcanza ya una cifra superior a 600.000 parados
considerados como parados de larga duración. Me permito
recordarles que desde 1982... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aparicio.
Señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Me permitía recordarles que desde 1982
han aumentado considerablemente las cifras, tanto relativas como
absolutas, de este tipo de desempleo; tal vez, si puede
establecerse una clasificación, el más dramático. Son más de
nueve puntos los que se han aumentado en la cifra de parados de
larga duración desde 1982 hasta esta fecha en que debatimos
nuestra proposición no de ley.
A pesar de ciertas farfollas administrativas y de ese más que
pintoresco contrato-programa que ha tenido que firmar un Ministro
de Trabajo con un subordinado suyo, el Director General del Inem,
al fin y al cabo para cumplir una parte de sus obligaciones, el
Inem atraviesa una grave crisis. Esa crisis se hace aún más
visible si analizamos sus cifras de resultados, que nos llevan a
caracterizar tanto la ineficacia como la dispersión de su
actuación. Convendrán conmigo que algo habrá que hacer en tanto
no se acometa la, a nuestro juicio, imprescindible reforma
estructural. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aparicio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor APARICIO PEREZ: Sería muy pobre argumento decir: Ya
veremos lo que hacemos después con el Inem; ya veremos qué sucede
pasado un tiempo. Creemos que ahí están personalmente, de uno en
uno, esos más de 600.000 parados y que esas personas exigen una
actuación decidida del propio Congreso.
Desgraciadamente, la capacidad de intermediación del Inem está
muy por debajo de los niveles que ha tenido incluso en épocas
recientes. Cito como referencia el año 1985, en el que llegó a
gestionar e intermediar en el 18,3 por ciento de las
colocaciones. En el momento actual apenas alcanza el 11 por
ciento. Sólo se ha calificado (según este concepto de
calificación, y no sabemos muy bien cómo) al 7 por ciento de los
parados españoles. El trato que ahora dicen en su contrato-
programa que ha de ser personalizado y humanizado, esto es,
individual, llega solamente al 3,7 por ciento de los parados, si
nos atenemos a los propios documentos del Inem.
El Inem dispone de una plantilla de más de 15.000 personas, que
se dedican básicamente a la gestión de nóminas. Nos dice un
informe de la OCDE que un buen criterio, una proporción razonable
sería destinar a un funcionario público del servicio de empleo
para cada 100 desempleados en materia de políticas activas. Pues
bien, en este momento estaríamos en una relación de 1 a 233 para
el total de parados y de 1 a 135 si hablamos de parados de larga
duración.
Tenemos en España, además, un evidente déficit de cualificación
de nuestra población laboral. Sólo Portugal está en peores
condiciones. Este déficit de cualificación profesional se
concentra en la población de mayor edad. Cabe preguntarse dónde
está volcando su esfuerzo --si es que está volcando algún
esfuerzo-- el Gobierno socialista. Veamos los resultados del Plan
FIP. Para los niveles educativos previos inferiores, los que
disponen de menor educación previa (estoy hablando de españoles
que tienen enseñanza primaria o inferior) se está destinando el
12 por ciento de los recursos del Plan FIP, y para los que tienen
BUP, COU o estudios universitarios, el 62 por ciento, es decir,
cinco veces más. Tomando como referencia en este caso el último
dato disponible, el año 1994, no llega ni siquiera al 0,5 por
ciento, a medio punto del total de trabajadores parados mayores
de 45 años y sujetos a paro de larga duración, la cifra de
quienes han podido acceder al Plan FIP, al Plan de Formación e
Inserción Profesional.
De otro lado, seguimos sujetos a la peor proporción europea entre
políticas activas y pasivas, proporción de 6 a 1 en este momento
en España. Y tenemos el raro
privilegio de ser el país que menos recursos dedica a formación
profesional, con una particularidad: las cantidades destinadas a
formación profesional de parados han disminuido en los tres
últimos años sucesivamente.
Tras esta breve introducción, un detalle muy importante. El Inem
sigue desconociendo a estas alturas cuántas ofertas de empleo o
de formación se han efectuado a nuestra población parada que
percibe prestación de desempleo, y cuántos y por qué motivo las
han rechazado.
Tiene más valor que el de una anécdota que el Secretario General
de Empleo y el Director General del Inem han prometido y
comprometido --consta en el «Diario de Sesiones»-- diferentes
fechas desde 1994 para cumplir con la obligación de informar al
Parlamento sobre estos datos. Vuelvo a insistir: qué ofertas de
empleo, qué ofertas de formación se realizan en nuestra población
parada, cuáles se aceptan, cuáles se rechazan y motivos del
rechazo. La última vez --rayando ya en un humor en este caso muy
poco deseable por la materia que tratamos-- nos dijo el Director
General del Inem, reconociendo el incumplimiento de su palabra,
que pedía un último plazo y que deseaba ir a su despacho para
fijar una fecha. Hace cinco meses que se fue a su despacho y ni
ha vuelto ni parece que se le espere. Por cierto, estamos
pidiendo al Inem lo mismo que el Inem exige que cumplan las
agencias privadas de colocación. Esta es una decisión que ha de
tomar el Inem, salvo que quiera seguir perdiendo prestigio y
autoridad moral: pedir a terceros aquello que no es capaz de
aplicarse a sí mismo.
Nosotros queremos prestigiar al Inem y, sobre todo, que funcione.
Creo que en eso estamos en una perfecta sintonía con las
recomendaciones de la propia Cumbre de Essen en materia de
empleo. También me permito aconsejar la lectura del dictamen
común de los interlocutores sociales a nivel europeo sobre
orientaciones para transformar la recuperación en un proceso de
crecimiento duradero y generador de empleo y en lo referente a
los parados amenazados por la exclusión social y la aplicación a
los mismos de políticas activas.
En resumen, estamos pidiendo a un gobierno lo que creo que es muy
razonable. En primer lugar, que establezca prioridades, porque
ello supone gobernar. En segundo lugar, que fije plazos de
actuación para esas prioridades. En tercer lugar, que se atenga a
la normativa aceptada ya de antemano por los grupos políticos y
los agentes sociales. Y finalmente, que cumpla con derechos que
ya asisten a nuestros parados. De ahí que estemos pidiendo que el
Instituto Nacional de Empleo aplique a la población activa
registrada en las oficinas de empleo, pero con una prioridad
especial a los desempleados mayores de 45 años, el plan de
calificación de los demandantes de empleo. Me permito recordar
que estamos hablando de una norma con más de diez años de
vigencia. ¿Con qué finalidad? Con la de obtener un conocimiento
personalizado en sus niveles de instrucción y de experiencia
profesional, y de este modo poder informarles y orientarles
profesionalmente --insisto que en este momento no llega al 4 por
ciento el número de parados que reciben este servicio--,
haciéndolo a través de las oficinas de empleo en conexión con los
centros de formación y los centros de trabajo. Y pedimos que sea
coherente con el Programa Nacional de Formación Profesional, esa
eterna pieza por desarrollar por parte de este Gobierno.
Insistimos en la prioridad a los mayores de 45 años, normalmente
sujetos a responsabilidades familiares, normalmente sujetos a
inferiores niveles educativos, sean o no perceptores de
prestaciones de desempleo, en los planes tanto de formación
profesional inicial como continua que desarrolle a partir de 1996
el Gobierno.
Finalmente, pedimos que el Instituto Nacional de Empleo informe
sobre ese compromiso, constantemente incumplido, al Parlamento y
dé cuenta mensual de las ofertas de empleo de acción formativa
efectuadas sobre los perceptores, así como de los rechazos a esas
ofertas y causas, en su caso, producidas.
Anuncio, respecto a la proposición no de ley que se ha acumulado
en este turno de debate, que no vamos a apoyarla. No la
rechazaremos, y ahora explicaré por qué. La población marginada,
la ya excluida, la que desgraciadamente se va a quedar fuera de
acciones como la que nosotros proponemos, debe ser tratada de una
forma normal, salvo que el objetivo que ustedes persigan sea que
a los trabajadores de carácter marginal o excluidos se les
aplique, además, un tipo de economía por sí misma marginal. Ese
es el camino exactamente opuesto a lo que entendemos que es
necesario, que es su integración normal en el mercado normal de
trabajo y en la economía normal.
No voy a hacer una especial crítica a que se trate de empresas
subvencionadas o que, como ustedes reconocen, van a estar
perpetuamente obligadas a funcionar en claves de subvención y de
ayudas públicas. Eso abriría otro debate en el que, desde luego,
me ha causado perplejidad que algunos grupos nacionalistas, tan
celosos en otras ocasiones de sus competencias, no hayan llamado
la atención sobre que, entre otras cosas, supone una clara
injerencia en materias y competencias autonómicas. No sé si estos
grupos nacionalistas sólo extreman su celo o su atención según el
origen de las iniciativas, pero en este caso nos ha sorprendido
que no haya habido esa llamada de atención a un campo que
nosotros reconocemos, al menos, como campo propio competencial y
de actuación de las comunidades autónomas, sobre todo si uno lee,
las veces que lee: salarios de inserción, asistencia social,
ayudas públicas, que parece que es un elenco de materias
indudablemente caracterizadas por su actual estado de
transferencia a las comunidades autónomas.
Bien, le decía que no se trata de dejarlo en un tipo de economía
marginal o experimental, si usted me lo permite. Me parece que
hay un desconocimiento bastante profundo de lo que son las
posibilidades que ya
ofrecen los elementos que tenemos. Tal vez ése sea su problema,
que no saben aprovechar ni la propia normativa que han elaborado
en estos años.
Creemos que hay posibilidades de establecer, de fijar prioridades
en las escuelas-taller, en las casas de oficios, en los centros
especiales de empleo, por cierto, dependientes en su mayoría de
las comunidades autónomas, y en los servicios integrados de
empleo, y que ese objetivo debe ser la normalidad, no la
excepcionalidad.
Si me permite, como última broma, la prueba del nueve, yo creo
que si esta idea tuviera un grado de madurez importante se
hubiese concretado, se hubiese plasmado en un proyecto de ley,
herramienta que, desde luego, está al alcance, o creo que puede
estar al alcance del Grupo Socialista.
En consecuencia, nos hubiese gustado prestarle nuestro apoyo. Nos
ofrece muchas más dudas, y creo que más desventajas, frente a esa
acción inmediata y enérgica que necesitan estos grupos, que
convicción. No nos vamos a oponer, se lo dije, porque, entre
otras cosas, no sólo no negamos sino que afirmamos la necesidad
de atención que requieren los grupos citados y de discriminación
positiva. Pero es más importante aprovechar lo ya existente,
especialmente en un país que no puede permitirse retrasos,
retardos o experimentos, que dedicarse a nuevas vías que no sé si
tienen algo de operación de imagen, pero le aseguro que tienen
poco de eficacia y de racionalidad.
Con ello creo haber explicado los motivos, incluso la posición de
mi grupo en relación a algunas enmiendas. Comprenderá que no
podemos aceptar, y lo digo también de cara al único grupo no
mencionado hasta ahora, Izquierda Unida, que se elimine esa
exigencia, que el propio señor Peralta convino como necesaria
cuando se trató de lo que debería de exigir el Inem a otras
instancias, y comprenderá que no queremos que desaparezca ese
cuadro de prioridades, que es el elemento característico de una
acción de gobierno. De ahí que pidamos su voto, desde la
convicción de que es una posición, creo, firme y clara de lo que
puede ser la actuación ante uno de los principales problemas del
Estado español, de España, como es el paro. En consecuencia,
solicito el voto favorable de SS. SS. para nuestra proposición no
de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Proposición del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Figueras.
La señora FIGUERAS I SIÑOL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, defenderé, en primer lugar, la proposición no de ley
del Grupo Socialista relativa a la regulación de las empresas de
inserción y, al final, me referiré a las enmiendas planteadas por
mi grupo a la proposición no de ley del Grupo Popular, en
relación a la reincorporación de los parados, amenazados por
exclusión social, ya que si por el título puede parecer que
abordan el mismo tema, ello no es así en absoluto en cuanto a su
contenido.
La proposición no de ley pretende que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno para que regule las empresas de
inserción. Hemos suprimido la referencia a la elaboración de un
proyecto de ley para que quede a criterio del Gobierno la fórmula
más idónea para esta regulación.
Por primera vez en nuestro país el Congreso de los Diputados
debate sobre las empresas de inserción, fórmula poco desarrollada
en España pero de indudable arraigo en otros países europeos,
especialmente Francia e Italia, cuyo objetivo es la inserción
laboral y social de las personas en situación de dificultad y
exclusión social.
En nuestro país se han venido desarrollando iniciativas
orientadas a ofrecer a las personas que por diversas causas
padecen situaciones de dificultad y exclusión social la
posibilidad de acceder a mayores niveles de integración,
participación y autonomía social. Un precedente de este tipo de
iniciativas lo constituyen los centros especiales de empleo para
personas con minusvalía, que funcionan en nuestro país desde hace
años. También se han venido desarrollando proyectos de empresas
sociales de solidaridad en el campo de la recuperación de
residuos urbanos e industriales, recogida selectiva, reciclaje,
etcétera, y en otros campos relacionados con el medio ambiente.
En España pueden existir entre 200 y 300 empresas, ya se
denominen de inserción social solidaria, de empleo protegido,
etcétera, que se han venido desarrollando de forma embrionaria y
sin reconocimiento legal específico. Estas empresas forman parte
del llamado tercer sector de la economía, que no es ni público,
privado, ni tampoco social en el sentido de las cooperativas
actuales, sino que quieren constituirse en un auténtico sector
social orientado a dar cabida a aquellos que han quedado
excluidos de la actividad y han visto que el empleo es la mejor
integración; empresas fuertemente relacionadas con las entidades
ciudadanas, algunas de ellas promovidas desde la Administración,
como es el caso de las nueve empresas de inserción que vienen
funcionando impulsadas por la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Integración Social en el anterior Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
Las causas y procesos sociales que llevan a la exclusión son muy
variados, desde las personas procedentes de instituciones
cerradas (institutos psiquiátricos o cárceles) que necesitan
volver a insertarse socialmente, hasta personas que han perdido
el carro de la formación y cualificación laboral que nuestra
economía exige; desde las personas que salen de procesos de
drogodependencia o alcoholismo hasta quienes han quedado
descolgadas de la experiencia laboral durante demasiado tiempo,
así como los sectores marginales de los emigrantes, quienes
sufren discriminaciones por su origen étnico, o bien los que
padecen minusvalía.
Un rasgo común a casi todas las situaciones de exclusión social
es la dificultad para participar en los
mecanismos habituales de formación e inserción laboral. Muchas de
estas personas presentan problemas de motivación y adaptación a
un ambiente laboral normal y acceden difícilmente a los cursos de
formación ocupacional o a la enseñanza formal y reglada, por
tanto la normalidad de que hablaba el señor Aparicio no es aquí
fácilmente aplicable. Para estos colectivos dan mejor resultado
proyectos que combinan lo formativo con el apoyo social, que
plantean la formación ligada a la experiencia práctica y que,
sobre todo, ofrecen la posibilidad de contribuir y participar con
su propio esfuerzo en la medida de sus posibilidades.
Este tipo de proyectos constituye una alternativa a la asistencia
tradicional. Las empresas de inserción ofrecen la ocasión de
trabajar, de participar en una actividad productiva real inserta
en el mercado, pero al mismo tiempo adaptada a sus posibilidades
y capacidades reales, una experiencia laboral real y no simulada
orientada a la recuperación de hábitos de trabajo y
responsabilidad, a la cualificación profesional y a la
reconstrucción de lazos y relaciones con otras personas. En
dichas empresas debe quedar claro que se está en presencia de
trabajadores y no de personas subvencionadas.
De otra parte, los sistemas de garantía de ingresos mínimos,
recientemente establecidos en los países desarrollados, presentan
una creciente propensión a vincular la percepción de las ayudas a
actividades tendentes a lograr su plena inserción social. El
denominado salario social, instituido en nuestro país por la
práctica totalidad de las comunidades autónomas, exige en muchos
casos del excluido social la firma de un denominado contrato de
inserción que puede conducirse a través de estas empresas de
inserción.
Debe quedar claro que se trata de empresas en el sentido estricto
de la expresión, es decir de entidades mercantiles que venden
bienes o servicios en el mercado y que, por tanto, se rigen por
los principios de competitividad y rentabilidad, sin embargo, al
destinar una parte importante de sus puestos de trabajo a
personas en inserción que se van formando en el propio puesto de
trabajo y adaptando al trabajo asalariado, tienen una menor
productividad, por lo que necesitan de una compensación por el
sobrecoste laboral que ello representa. Esta compensación, como
se explica en nuestra proposición, debe hacerse por medio de un
tratamiento fiscal especial, de una reducción de los costes
laborales (reducciones de cuotas a la Seguridad Social y
subvenciones por puestos de trabajo) y a través de mecanismos que
faciliten el acceso a la financiación. Este tipo de apoyos
requiere de una normativa que regule el reconocimiento de las
empresas de inserción como tales, estableciendo los requisitos
que deben cumplir para ser reconocidas y las personas
susceptibles de ser incorporadas a las mismas. La normativa
deberá regular el tipo de relación laboral especial que se
establece entre el trabajador en inserción y la empresa.
Igualmente, deberá establecer el papel de la Administración
central y de las administraciones autonómicas, en especial para
los aspectos de apoyo social a los trabajadores de inserción. Con
esto quiero aclarar lo que decía el señor Aparicio en cuanto a
las competencias de las comunidades autónomas; la exposición de
motivos pone muy claro que debe establecerse claramente el papel
de la Administración central y de las administraciones
autonómicas.
Señorías, sólo quiero añadir en cuanto a esta proposición no de
ley que las estructuras de inserción por lo económico están en la
línea de transformación de las políticas sociales en Europa, tal
como se definen en el Libro Blanco sobre la política social de la
Unión Europea, es decir, unas políticas sociales cada vez más
orientadas por la lógica de la integración social y más volcadas
en las políticas activas frente a las políticas pasivas, como
complemento imprescindible de los programas de protección social
que ofrece el estado del bienestar.
En relación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, paso a defender las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista, aunque no voy a entrar en una guerra de cifras. La
esencia de las acciones propuestas en ella constituyen ya el
objetivo del Instituto Nacional de Empleo desde hace tiempo. Para
el período de 1995 a 1997, han sido plasmadas en el contrato-
programa firmado el 1.º de mayo de este año por el Inem y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese contrato el Inem
se compromete ya a realizar una serie de actuaciones con
especificación de objetivos cuantitativos anuales dirigidas a
mejorar las oportunidades de inserción de los desempleados
especialmente de los pertenecientes a colectivos con especiales
dificultades de empleo, como son los parados mayores de 45 años y
los parados de larga duración. Estas actuaciones incluyen medidas
integrantes de itinerarios o procesos de búsqueda de empleo, como
entrevistas ocupacionales, clasificaciones y calificaciones
profesionales, confirmaciones de la profesionalidad,
establecimiento de planes personalizados de empleo y desarrollo
de aspectos personales para el empleo, y planes de formación y
orientación en la búsqueda activa de empleo. El volumen del
conjunto de todas estas actuaciones a desarrollar en los próximo
años es de alrededor de seis millones, en 1995; algo más de 6,6
millones, en 1996; y 7,2 millones, en 1997. De estas cifras, el
63 por ciento se dirigirá a mayores de 45 años y parados de larga
duración.
Junto a este bloque de actuaciones, se han establecido también en
el contrato-programa unos objetivos anuales diferenciados por
colectivos en el acceso a acciones de formación ocupacional de
desempleados a través del Plan FIP. Las acciones programadas se
sitúan en torno a los 200.000 alumnos anuales de los que
aproximadamente el 60 por ciento serán parados de larga duración
y mayores de 45 años.
Por todo ello el Grupo Socialista considera innecesario, por
cuanto que sus objetivos ya están previstos en el mencionado
contrato-programa, lo que plantea el
Grupo Popular; sin embargo proponemos una enmienda de sustitución
de este primer punto, en el sentido de instar al Instituto
Nacional de Empleo a intensificar, a partir de 1996, la relación
del conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las oportunidades
de inserción de los desempleados registrados como demandantes de
empleo, especialmente de los pertenecientes a colectivos con
mayores dificultades de empleo como los mayores de 45 años y los
parados de larga duración, y también a incrementar las medidas de
calificación profesional de demandantes de empleo al objeto de
tener un mayor conocimiento personalizado.
En cuanto al punto 2 de la proposición no de ley, proponemos que
el Inem conceda prioridad a los desempleados de larga duración,
sean o no perceptores de prestaciones, en el acceso a acciones y
programas de formación profesional ocupacional que desarrolle.
Nosotros creemos que no podemos hablar de priorizar, como hace el
Grupo Popular, únicamente a los parados mayores de 45 años, y no
tener en cuenta igualmente al resto de parados de larga duración,
como son el gran número de jóvenes desempleados y de mujeres
desempleadas.
Estamos de acuerdo con el punto 3, que propone que el Inem dé
cuenta mensualmente de las ofertas de empleo o de acción
formativa efectuadas, así como de los rechazos de estas ofertas,
pero proponemos que ello se haga en cuanto sea técnicamente
posible, es decir, en cuanto lo permitan los procesos de
informatización.
El desempleo de las personas mayores de 45 años, ha preocupado al
Gobierno socialista y a este grupo parlamentario desde hace años,
tanto más cuanto que se trata de un desempleo de larga duración
en la mayoría de los casos. La preocupación de este grupo por
detener el paro ha quedado plasmada en las diferentes normas
dictadas para incentivar su contratación mediante subvenciones
económicas, la utilización de la contratación temporal y
reducciones o bonificaciones de las cuotas de Seguridad Social,
acciones prioritarias todas ellas que se están llevando a cabo
respecto al colectivo de desempleados mayores de 45 años, junto a
las que afectan a otros colectivos como los jóvenes y las
mujeres, que también sufren procesos de paro de larga duración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Figueras.
Hay una enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Para su defensa y para fijar la posición en relación
con las iniciativas que se están debatiendo, tiene la palabra el
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Comenzaré por defender las enmiendas que hemos presentado a la
proposición no de ley del Grupo Popular.
Hemos escuchado con interés la intervención del representante del
Grupo Popular, el señor Aparicio, y nos parecen muy acertadas las
afirmaciones que el mismo realiza en torno a cómo se distribuyen,
de una manera aparentemente no justa, los fondos del Inem, en
relación con la cualificación profesional de los parados, de tal
modo que los parados con menos cualificación son paradójicamente
los que reciben menos fondos por parte del Inem y, sin embargo,
en los parados con más cualificación, y que cabe presumir tienen
una mayor facilidad para encontrar empleo, se concentra la mayor
parte de esos fondos. Es un tema que nos preocupa y que venimos
tratando desde hace tiempo; pero sinceramente, señor Aparicio, no
vemos la relación entre ese tipo de razonamiento y lo que ustedes
platean en su proposición.
La parte dispositiva de su proposición hace referencia a que a
partir de enero de 1996, se aplique el plan de calificación de
los demandantes de empleo a toda la población desempleada y
especialmente a los desempleados mayores de 45 años, con
independencia de la cualificación que tenga, sea poca o mucha. Es
un tema absolutamente ajeno porque se rige por criterios de edad,
no por criterios de cualificación.
En el punto 2 plantean que el Inem conceda prioridad en los
planes de formación profesional a los desempleados mayores de 45
años, sean o no perceptores de prestaciones por desempleo,
aspecto que nos parece positivo, pero también con independencia
de que tengan más o menos formación, tema en el que ustedes han
insistido en su intervención.
Finalmente, en el punto 3 plantean que el Inem dé cuenta
mensualmente, a partir de enero de 1996, de las ofertas de empleo
o de acción formativa efectuadas sobre perceptores de
prestaciones por desempleo, así como de los rechazos a esas
ofertas.
Sinceramente, señor Aparicio, nos da la impresión de que en su
intervención, en la que ha hecho una crítica sobre el
funcionamiento del Inem, se traduce un cierto afán por poner de
manifiesto esas deficiencias en el funcionamiento del organismo
del servicio público de empleo. Ese tipo de argumentaciones no
guardan relación con lo que finalmente plantean ustedes, en
concreto ese punto 3 acerca de la obligación del Inem de dar
cuenta mensualmente de las ofertas de empleo, o de acción
formativa, efectuadas a los perceptores de prestaciones, en torno
a un millón de personas mensualmente, y los rechazos producidos
en su caso. Nos da la impresión de que pretenden cargar al Inem
con un trabajo que no tiene la menor relación con lo que debe ser
su obligación, que ustedes denuncian que no cumple adecuadamente,
y que es buscar empleo. Pretenden que el Inem dedique una
importante cantidad de esfuerzos a informar al Parlamento sobre
las acciones formativas que lleva a cabo y los rechazos que se
puedan producir.
Tiene usted un razonamiento que según nuestra opinión no es
correcto. Dice usted que eso se pide a las
agencias privadas de colocación y no se lo pide a sí mismo. Es
muy claro, señor Aparicio, porque las agencias privadas de
colocación están llevando a cabo una labor delegada por parte del
Inem. Sin embargo, de ahí no se desprende que el Inem tenga que
informar a este Parlamento, de la misma manera que no piden
ustedes que la Seguridad Social informe mensualmente de las
empresas que no cumplen, pero tiene que llevar ese registro o
tiene que cumplir esa obligación la Seguridad Social. No tiene
sentido que nos informe mensualmente a nosotros; no. Cargar al
Inem, con un millón de perceptores de prestaciones por desempleo
de media mensual, el trabajo de que mensualmente informe al
Congreso de las ofertas de empleo que realiza, de las ofertas de
acción formativa y de los rechazos que se produzcan sinceramente
parece que no es más que un intento de cargar las tintas sobre un
mal funcionamiento del Inem o una actuación por parte de los
desempleados de no querer aceptar un trabajo. De verdad, no nos
parece que eso guarde la menor relación con los razonamientos que
usted ha esgrimido en su intervención, ni que realmente sean
coherentes con el intento de conseguir un servicio público de
empleo que funcione adecuadamente. Por este motivo, nosotros
hemos presentado una enmienda de supresión de ese punto 3, porque
nos parece innecesario.
Los otros dos puntos pueden se admisibles con las matizaciones
que nosotros hemos introducido. Pretender, como usted hace, que
el Inem aplique con efecto de 1.º de enero de 1996 a todos los
desempleados el plan de calificación de demandantes de empleo,
sinceramente nos parece que es pedir algo que se sabe no va a
poder hacer, y lo único que se persigue es decir que eso no se
hace y que funciona muy mal el servicio público de empleo.
Nosotros no estamos en esa misma dirección, señor Aparicio.
Nos llama la atención que el Grupo Socialista haya presentado el
pasado 21 de septiembre, prácticamente hace mes y medio una
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a regular
las empresas de inserción porque el Grupo Socialista conoce --
estamos convencidos--, debe conocer cuando menos, que el día 27
de julio de este año, con dos meses de antelación nuestro grupo
presentaba una proposición de ley sobre este tema y en esta misma
Cámara.
Quiero recoger algunas afirmaciones que hacía el señor Aparicio
en relación con esta proposición de ley cuando decía que el tema
estaba tan poco concreto que se planteaba una proposición no de
ley para que el Gobierno regule. También quiero recordarle al
señor Aparicio que nuestro grupo ha presentado una proposición de
ley, y aun admitiendo que, efectivamente, éste es un tema que
está abierto a discusión, nuestro texto también estaba abierto a
discusión por parte de todos los grupos, y nos hubiera gustado
que cuando el Grupo Socialista presentó esta proposición de ley
hubiera tenido el detalle de hacer referencia, al menos su
portavoz en la intervención de hoy, a esa proposición de ley cuya
elaboración ha supuesto un mayor esfuerzo desde nuestro punto de
vista, en la medida que se concreta la definición en una
proposición de ley llevada a cabo por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Desgraciadamente no se ha hecho
así, pero en todo caso queremos quede constancia de nuestra
voluntad de colaborar en esa tarea, y al Gobierno --que parece
ser el destinatario de la proposición del Grupo Socialista-- le
reiteramos nuestra oferta de una proposición de ley elaborada por
nuestro grupo.
En relación con esa proposición de ley vamos a votar a favor,
hemos presentado una enmienda, que confiamos sea aceptada por el
Grupo Socialista, y ya que no ha querido tomar en consideración
nuestra proposición de ley, le pedimos que, cuando menos, negocie
este tema con las organizaciones sociales que tienen la
representatividad adecuada. Eso es especialmente necesario si
reconocemos que el tema es complejo y que es imprescindible la
colaboración de todos. Desde luego, quede constancia de la
colaboración de nuestro grupo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, mi grupo quiere fijar su posición respecto a las dos
iniciativas que nos ocupan en este momento, y empezaré por la que
nos presenta el Grupo Popular.
Esta proposición no de ley plantea un tema importante,
recurrente, un tema de constante debate en esta Cámara, como no
podía ser de otra manera; un tema preocupante en el sentido de
que es verdad que tenemos un gran colectivo de parados mayores de
45 años que corren peligro de estar ya expulsados para siempre
del mundo del trabajo. Lo que pasa es que el paro es un problema
mucho más amplio del que abarca hoy la proposición no de ley que
nos trae el PP, porque también es un drama el colectivo de
parados en espera de lograr su primer puesto de trabajo, un gran
colectivo, nada despreciable; el colectivo de mujeres que quieren
reincorporarse al trabajo y no lo logran; o el colectivo de
jóvenes que llevan mucho tiempo en espera de lograr un puesto de
trabajo.
El problema del paro, pues, es el que más preocupa a la sociedad
española y, lógicamente, el que más preocupa a todos los grupos
de esta Cámara. Hay una información del Consejo Económico y
Social en la que se nos dice que tenemos un colectivo de parados
de uno o dos años buscando empleo de 685.000 ciudadanos y, de más
de dos años, de 1.345.200 ciudadanos; es decir, tenemos dos
millones de parados de larguísima duración. Hay que hacer todos
los esfuerzos, desde todos
los ángulos y desde todos los programas económicos que se puedan,
para resolver este problema.
Sin embargo, el problema que plantea hoy el Grupo Popular en su
iniciativa no se resuelve con su aprobación, si se aprobase,
porque, siendo el problema muy importante, la solución no viene
por el fortalecimiento del Inem en la línea de que estudie y
comunique a la Cámara los resultados de las gestiones mensuales
que hace. Estoy de acuerdo con lo que decía mi antecesor en el
uso de la palabra, el señor don Ricardo Peralta.
Señor Aparicio, nosotros no podemos votar favorablemente esta
proposición no de ley, y no se la podemos votar fundamentalmente
por tres razones. La primera de ellas porque, una vez más, se
ignoran en esta proposición no de ley las competencias
autonómicas en esta materia. En segundo lugar, porque su
proposición consolida el papel de la orientación profesional del
Inem y nosotros no estamos por esa labor. En tercer lugar, porque
de aplicarse su proposición no de ley, concretamente su punto
número 2, parecería que los mayores de 45 años tendrían que estar
en unos programas de formación profesional inicial y continua,
que no contempla la legislación en este momento, por lo que
tendríamos que modificar algún aspecto de la legislación.
El fondo de la cuestión es el que hemos manifestado muchas veces
en esta Cámara: creemos que el Inem ya no tiene capacidad para
hacer esas políticas activas que necesitamos para la creación de
empleo y, o se traspasa el Inem a las comunidades autónomas, como
ya hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo en esta Cámara
o, si no se puede traspasar --ya conozco que hay criterios acerca
de que no es posible el traspaso--, que haga la política que
puede hacer, que es pagar las prestaciones contributivas de
desempleo, pero déjese que la otra política la hagan las
administraciones que están más cerca del problema, las
administraciones locales, las autonómicas.
En la línea de lo que plantea su proposición existe en Cataluña
lo que llamamos el Centro catalán de colocaciones, que está
haciendo el mismo trabajo que haría el Inem si se aprobase la
modificación que S. S. nos propone, pero no queremos fortalecer
el Inem, lo que queremos es que se traspase. Por tanto, le
anuncio que no podremos votar a favor su proposición no de ley.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Socialista,
nosotros vamos a decir sí a esta propuesta, pero con alguna
observación. La primera observación es que cuando se legisle
sobre esta materia quede claro que no se utilice este tipo de
empresas para la explotación de determinados colectivos con
salarios de miseria o con desprotección social, que por esta vía
no se abra una puerta para la economía sumergida. Por otro lado,
que se tengan en cuenta las experiencias que ya existen; en este
momento hay empresas de inserción que están funcionando en
Cataluña y en otras comunidades autónomas.
Será importante que se identifiquen muy concretamente los
colectivos a proteger en este tipo de empresas. A nuestro
criterio, cuando se presente el proyecto de ley, deberemos
vigilar y estar atentos para que el fin que persigue la inserción
se cumpla, porque es fácil
--y también hay experiencias negativas en ese terreno-- crear
instrumentos de protección que luego no consiguen la inserción y
se trata de realizar realmente la inserción en el mundo del
trabajo para esos colectivos que tienen mayores dificultades en
su acceso.
Finalmente, señorías, quiero hacer un pequeño comentario respecto
a que no entiendo por qué el Grupo Socialista no ha presentado
directamente ya el proyecto de ley; es decir, por qué el Gobierno
socialista no nos ha presentado un proyecto de ley que hubiéramos
debatido con gusto y que probablemente hubiésemos apropiado en
esta legislatura; como no se ha hecho, será difícil que se pueda
aprobar en ella.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio para
expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas mantenidas en
relación con su proposición no de ley.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Del tenor de mi primera intervención ya se desprende la
imposibilidad de admitir las enmiendas. Unicamente, para que no
parezca un desprecio o falta de cortesía, voy a decirles que en
este caso no es por las razones interpretadas por otros
intervinientes sino por las que yo mismo he tenido ocasión de
explicar en mi primera intervención. Así evito abrir debate, pero
dejo constancia de que no son motivos puestos en mi boca sino
simplemente por las razones que dije en mi primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio. Por el Grupo
Socialista, para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda
del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Figueras.
La señora FIGUERAS I SIÑOL: Señor Presidente, el Grupo Socialista
acepta la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
el sentido de consultar, previamente a la regulación, con las
organizaciones sociales que tengan representación adecuada. De
hecho así se ha intentado hacer siempre desde todas las
iniciativas que ha planteado el Gobierno socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Figueras.
Vamos a proceder a las votaciones.
Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la
reincorporación de los parados, amenazados por la exclusión
social, al mercado de trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 130; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Proposición del Grupo Socialista, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 294; a favor, 173; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA ORDENAR LA AYUDA
A LA VIVIENDA EN LOS PROXIMOS AÑOS (Número de expediente
173/000098)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda
a la vivienda en los próximos años.
Tiene la palabra el señor Andreu. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente.
En el debate que tuvimos con motivo de la interpelación del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente ofreció la creación de una
ponencia para discutir cuáles podían ser los aspectos más
significativos a estudiar en un nuevo plan de viviendas. A
Izquierda Unida le pareció interesante la propuesta del Ministro
porque, hasta ahora, nunca en sede parlamentaria se habían
establecido cuáles debieran ser los principios de una política de
viviendas, una política que se plasmara en planes plurianuales de
vivienda, pues hasta el momento solamente se hacía a golpes de
reales decretos del Gobierno que improvisaban, unas veces con
mayor acierto que otras, diferentes políticas de vivienda.
Desde el último Pleno hasta el día de hoy han pasado varias
semanas y, desde luego, no parece que el calendario sea el más
propicio para conseguir una ponencia con un desarrollo
suficientemente extenso como para garantizar que participen en
ella todas las personas y entidades del Estado que tienen algo
que decir en cuestión de viviendas. Por ello, Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya presentó con posterioridad una
autoenmienda en la que ya planteaba un desarrollo más
programático, más propio de mi Grupo Parlamentario, sobre cuáles
deberían ser las soluciones de vivienda en un programa político,
en un programa de futuro y en un programa de gobierno. No he de
ocultar a SS. SS. que discusiones con el Grupo Socialista hacen
pensar que se puede volver a la propuesta inicial y, si bien
sabemos que una ponencia no podría tener un desarrollo
extraordinariamente importante, como he manifestado al principio
de mi intervención, sí creemos que puede ser un buen lugar de
encuentro para que muchísimas personas, por lo menos las más
importantes, que tengan cosas que decir sobre el problema de la
vivienda, sobre cuáles puedan ser las soluciones de la vivienda
en nuestro país y, sobre todo, cómo se puede solucionar el
problema de la vivienda para las personas más necesitadas, tengan
una posibilidad de decirlo en sede parlamentaria. Por tanto,
Izquierda Unida retira la autoenmienda que había realizado a su
propia moción y vuelve a la propuesta original, en la que se
solicita una ponencia para elaborar una serie de directrices con
las que realizar un plan de vivienda.
Pensamos que, aunque ya ha habido alguna reunión, promovida por
el Ministerio de Obras Públicas, fundamentalmente para la
creación del grupo de expertos que elaboró en su día las
directrices que dieron lugar al plan de vivienda que finaliza en
estos días, no es bueno que sea una mera comisión de expertos de
carácter puramente consultivo con el Gobierno, como lo ha sido
hasta ahora, sino que sea un organismo de mayor entidad política
en el que puedan participar las que tienen en nuestro país
diferentes posturas políticas sobre la vivienda. Ya hemos podido
ver en las diversas enmiendas que se presentan por los grupos
parlamentarios cómo existen posiciones bien diferenciadas sobre
el problema de la vivienda, y creemos que se debe llegar a un
consenso sobre las que tengan la capacidad de dirigir ese nuevo
plan de vivienda.
Todos los grupos parlamentarios manifiestan querer solucionar el
problema de la vivienda, pero si observamos las enmiendas de unos
y otros vemos que las soluciones en muchas ocasiones son
diametralmente opuestas. Es de agradecer la extensa enmienda del
Partido Popular, que plantea todo un programa, muy diferente,
desde luego, de los postulados de Izquierda Unida, pero que en
cualquier caso puede enriquecer el debate. Pensamos que esas
iniciativas se podrían llevar a la ponencia que mi Grupo
Parlamentario solicita desde esta tribuna y pedimos al conjunto
de la Cámara el voto afirmativo para ella.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
A la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista y por
parte del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la
palabra la señora Pardo Ortiz.
La señora PARDO ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna porque el representante de Izquierda Unida ha
expresado hace un momento la retirada de su enmienda para pasar a
retomar el texto de la moción que había presentado, fruto de la
oferta de consenso que el Ministro de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente hizo aquí el pasado día 18 de octubre, cuando
tuvo lugar el debate sobre vivienda promovido por la
interpelación que presentó Izquierda Unida al Gobierno. En dicho
debate hubo coincidencias y también discrepancias. Me voy a
limitar a retomar algunos aspectos que creo que analizados desde
la objetividad son incuestionables.
En primer lugar, el plan de vivienda 1992-1995 tenía como
objetivo fundamental facilitar a 400.000 familias el acceso a la
vivienda. No era un plan que pretendiera solucionar de un plumazo
todo el problema de la vivienda en nuestro país. El objetivo era,
repito, facilitar a 400.000 familias su acceso a la vivienda.
Dicho plan, que está prácticamente finalizado, ha cubierto al 100
por cien sus objetivos; lo que ha hecho cuatro meses antes de lo
que se preveía inicialmente, y lo ha hecho con un coste
presupuestario similar al que inicialmente tenía previsto. Pero
lo más importante es que el 90 por ciento de esas 400.000
familias que han tenido acceso a una vivienda en propiedad, que
se han beneficiado, por tanto, de ese primer plan de vivienda,
son familias que tienen ingresos 3,5 veces superiores al salario
mínimo interprofesional, lo que demuestra que cubrió una ambición
básica: llegar a los sectores más necesitados. El plan de
vivienda 1992-1995 era fundamentalmente un plan de acceso a la
propiedad, con la modalidad de precio tasado, lo que facilita la
dinámica de compra, como hemos podido comprobar perfectamente.
Creo, señorías, que son datos extraídos de la realidad,
incuestionables desde una posición de objetividad hacia el plan.
Lógicamente, el plan puede ser criticado en otros aspectos y
desde otras perspectivas. No sería ninguna novedad, porque fue en
su origen bastante criticado y denostado.
El modelo que se ha seguido --y esto es importante que lo repita,
me van a permitir SS. SS., porque tiene que ver con la razón de
la oferta de una ponecia sobre vivienda-- ha sido el siguiente.
El Gobierno diseña un plan y después lo concierta y gestiona con
comunidades autónomas, que son, por otra parte, las que tienen la
competencia constitucional en materia de vivienda. Este modelo ha
funcionado bien. Por tanto, creo que tendremos que ser muy
cuidadosos para no interferir esta metodología que hasta ahora ha
dado buenos resultados y que recoge tanto imperativos
constitucionales como un espíritu de consenso que a mi grupo le
parece imprescindible para la elaboración y ejecución de un plan
de vivienda. Para la coordinación de todo ese plan existe la
Conferencia Sectorial de la Vivienda. En la última, celebrada el
pasado 12 de septiembre, el Gobierno ha dado a conocer a las
comunidades autónomas un documento donde se recogen los ejes
fundamentales o básicos de lo que ha de ser el segundo plan de
vivienda interanual. Algunas de las líneas básicas, no todas, se
pueden reducir a que si hasta ahora la vivienda ha sido en
propiedad, con precio tasado, y ello ha beneficiado a importantes
sectores de la sociedad, no es menos cierto que la realidad
demuestra que siguen quedando todavía sectores que, o por nivel
de renta o por necesidades de trabajo --por ejemplo porque
requiera movilidad--, no han tenido posibilidad o no han querido
ir al mercado de compra de vivienda ni, por tanto, acceder a una
vivienda en propiedad. Por todo ello, el nuevo plan que el
Gobierno presentó el día 12 a la Conferencia Sectorial de la
Vivienda tiene necesariamente que recoger medidas que estimulen
el alquiler, medidas que posibiliten subir el porcentaje de
vivienda en alquiler sobre el total, acercándolo lo más posible
al 30 por ciento. Se debe dar prioridad también a la promoción y
rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler con unas
rentas tasadas. Se debe revisar la figura de tipo tasado,
etcétera. Pongo estos datos sobre la mesa para resaltar algunos
de los que pueden suscitar consenso, tanto en algunos puntos de
la enmienda que presenta el Grupo Popular como en la segunda
enmienda, retirada, de Izquierda Unida, que de alguna manera
dibujaba por dónde tendría que ir los ejes de ese segundo plan de
vivienda.
En el Grupo Socialista creemos que la clave para desarrollar --ya
lo he dicho antes-- un plan de vivienda tiene que ser
necesariamente el pacto y el consenso. Por ello presentamos la
enmienda a la proposición de Izquierda Unida --que ya nos ha
anticipado su portavoz que va a ser aceptada-- para que en esa
discusión, en ese ámbito de reflexión, de aportar sugerencias y
demás, también participe el Parlamento. Para ello nuestra
enmienda propone la creación, en el seno de la Comisión de
Infraestructuras, de una ponencia que analice las líneas de
actuación de un nuevo plan de vivienda. Si bien es cierto que el
Gobierno tiene la pretensión de que a finales de año ese plan
esté finalizado, como nos ha expuesto aquí el Ministro del ramo,
creemos que la creación de esta ponencia puede sentar el
precedente y facilitar la participación del arco parlamentario en
ese segundo plan de vivienda, lo que sin duda contribuiría a un
enriquecimiento del mismo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pardo.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra
el señor Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de iniciar mi intervención, querría agradecer al portavoz
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que reconozca que el
Partido Popular tiene un programa porque no es lo habitual en
esta Cámara, donde permanentemente oímos que mi grupo carece del
mismo.
Señorías, nuestro grupo es consciente de que el Gobierno está
trabajando sobre un nuevo plan de vivienda 1996-99 reclamado
reiteradamente por nuestro grupo en base al agotamiento e
insuficiencia del plan actual 1992-95. En este nuevo plan, en su
aspecto estratégico, parece tenderán, en base a sus propios
documentos, a primar las viviendas en alquiler, las
rehabilitaciones y el suelo edificable con medidas financieras y
de incentivo frente a la construcción de vivienda nueva en
propiedad, que parece pasar a un segundo plano. A nuestro juicio,
el nuevo plan de vivienda debe resolver los desajustes producidos
en los últimos años. En los países avanzados de la Unión Europea
se destina hasta un 4 por ciento de todos sus recursos a ayudas a
la vivienda, mientras en España se destina alrededor del 0,8 por
ciento. Las propuestas de nuestra moción ayudarán a elevar este
porcentaje para acercarnos a lo destinado en países de nuestro
entorno.
La moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
propone la creación de una ponencia que determine las líneas de
actuación de un nuevo plan de vivienda. Si, como parece, estamos
ante el último período de sesiones, esta ponencia no tendría el
tiempo suficiente para su desarrollo, pero tampoco vamos a
oponernos. Ahora bien, reconocerán conmigo que si es verdad lo
que dice el señor González, esto es una broma, salvo que ustedes
no quieran que haya ponencia, claro. Por otra parte, el plan
vigente finaliza el 31 de diciembre de 1995, siendo necesario que
exista un nuevo plan cuya entrada en vigor no produzca un
indeseable vacío. La imprevisión del MOPTMA, a la hora de iniciar
la elaboración del nuevo plan cuatrienal, ha determinado que ya
en noviembre de 1995 los trabajos de su elaboración estén
extraordinariamente retrasados, así como el grado de concreción
con las comunidades autónomas. Ello, unido a la indefinición de
los objetivos, de los recursos financieros, de los recursos
presupuestarios y del marco fiscal --se desconoce si se amplían,
reducen o mantienen las actuales desgravaciones fiscales--, hace
necesario la prórroga del plan 1992-95, al menos en los primeros
meses de 1996, hasta la finalización de la elaboración del nuevo
plan del que hasta ahora sólo existen documentos de ideas
generales y borradores de decreto.
Sentimos que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya
retirado la modificación a su moción original. En este sentido
nuestro grupo ha presentado la enmienda de modificación, que
inmediatamente paso a defender.
La experiencia del plan 1992-95, que se comenzó a elaborar en los
últimos meses de 1991 y no fue operativo hasta julio de 1992,
hace que nos encontremos ante una realidad semejante, lo que
lleva a nuestro grupo a solicitar que el Gobierno acelere los
trabajos de elaboración del nuevo plan de vivienda 1996-99, en
colaboración con las comunidades autónomas, con objeto de que
dicho plan pueda ser operativo no más tarde del 1 de julio de
1996 y de acuerdo con las directrices que a continuación
expondré. Si bien el último borrador del real decreto del nuevo
plan habla del primero de abril, nosotros somos más realistas e
insisto en que por ello hablamos del 1 de julio de 1996.
Es necesario que se determinen las necesidades de vivienda por
cada comunidad autónoma y, por integración, las del conjunto
nacional para satisfacer las demandas de los españoles en un
período de dos cuatrienios. Para ello hay que fijar los objetivos
a alcanzar en términos de actuaciones a emprender tanto respecto
al número de viviendas a iniciar como a actuaciones en materia de
suelo, arrendamiento y rehabilitación. Dentro de la política de
vivienda, el suelo y su disponibilidad y el urbanismo --esto es,
la configuración de la ciudad-- son elementos esenciales. Dar
satisfacción a la pura necesidad de alojamiento es propio de
sociedades no desarrolladas. En sociedades desarrolladas el
objetivo es más amplio: un entorno urbano adecuado: parques,
jardines, servicios, transportes urbanos, centros escolares,
dotaciones, etcétera. Por tanto, se debe potenciar la política de
urbanismo y orientarla a la creación del suelo urbanizado
necesario para el cumplimiento de los objetivos deseados en
términos de actuaciones. Entre otras medidas es necesario
reformar la Ley 8/1990, de 25 de julio, del Régimen Urbanístico y
Valoraciones del Suelo, y del Texto Refundido aprobado por Real
Decreto 1/1992, de 26 de junio, con criterios de
desregularización y liberalización. Por cierto, nuestro grupo ha
presentado recientemente una proposición de ley que propone una
reforma que afecta a más de 100 artículos. Proponemos también el
compromiso de las administraciones de subordinar los patrimonios
públicos de suelo para conseguir un abaratamiento en los precios
finales de las viviendas y en la instalación de las actividades
productivas, de tal manera que el primer comprometido en la
política de suelo y urbanismo sean las propias administraciones
públicas.
Como medida urgente se debe lograr a corto plazo que la
Administración pública, el Estado, las comunidades autónomas y
los ayuntamientos pongan en oferta, a precios razonables, sus
activos inmobiliarios excedentes. La iniciativa privada no debe
quedar al margen de este proceso, por lo que es necesaria la
concertación entre ésta y las administraciones públicas --
estatal, autonómica y local-- con el fin de poner en el mercado
suelo urbanizado a precios razonables para la construcción de
viviendas de protección pública.
En lo que se refiere a arrendamientos he de decir que, tras la
promulgación de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, condición
necesaria pero no suficiente para la potenciación del
arrendamiento, nos parece
necesario recuperar y dinamizar el mercado de la vivienda en
alquiler, hoy el más bajo de Europa. El objetivo a alcanzar es
que la vivienda en arrendamiento supere el actual 15 por ciento
del parque total existente para llegar al 20 ó 25 por ciento en
dos cuatrienios. Para ello se deben establecer estímulos fiscales
--a los que luego me referiré--, a la oferta de vivienda de nueva
construcción para alquilar y a la puesta en el mercado de
viviendas desocupadas.
Nuestro Grupo cree necesario, asimismo, que se promulguen una
serie de medidas legislativas, entre otras, la reforma de la Ley
del Suelo, la nueva regulación de la vivienda de protección
oficial, la elaboración de una ley de ordenación de la
edificación y la elaboración de una normativa específica sobre
cooperativas de vivienda, acentuando la transparencia de sus
actuaciones con el fin de evitar casos como el de la PSV.
Asimismo proponemos medidas financieras, como, por ejemplo, que
aumenten los recursos del sistema financiero dedicados a la
vivienda hasta alcanzar el nivel de un billón de pesetas anuales,
cifra que se sitúa en el entorno de la realmente alcanzada tras
las ampliaciones obligadas por la imprevisión del MOPTMA en 1995.
Por otra parte, es necesario potenciar y desarrollar el mercado
hipotecario. Todo ello en el marco de una política económica
global que propicie una reducción sustancial de los tipos de
interés. Es necesario incrementar las consignaciones
presupuestarias para subvención y subsidiación de intereses, es
decir, justo lo contrario de lo propuesto por el Gobierno en los
presupuestos nonatos para 1996 que las rebajaba en un 3 por
ciento.
Señorías, la vivienda habitual es un bien necesario y no
superfluo sobre el que incide todo tipo de gravámenes. Son once
los impuestos de las diferentes administraciones. Es necesario
realizar urgentemente una revisión sobre el tratamiento fiscal de
la vivienda. Esta revisión se orientará a mejorar la fiscalidad
de la vivienda habitual y a promover la vivienda en alquiler.
Nuestro grupo propone reducir la fiscalidad sobre la vivienda y
el suelo, favoreciendo la adquisición de la vivienda habitual y
las viviendas sometidas a los regímenes de protección pública,
especialmente las dirigidas para las rentas más bajas, las de
núcleos familiares de nueva creación y las de jóvenes. Entre
otras medidas se debe utilizar la vía del estímulo fiscal para
aquellas empresas o particulares dedicadas a la construcción y
promoción de viviendas en alquiler por la parte del beneficio que
corresponda a tal actividad. Asimismo se debe estimular
fiscalmente la puesta en el mercado de viviendas desocupadas.
Termino, señor Presidente, haciendo referencia a la vivienda de
jóvenes y de la tercera edad. Las necesidades de vivienda de los
jóvenes --y se podría decir que de todos los españoles, en
especial los de renta más baja-- requieren acciones decididas que
los gobiernos socialistas han sido incapaces de satisfacer.
Nuestro grupo propone la elaboración de un programa específico de
vivienda para jóvenes que contemple las siguientes líneas de
actuación. La creación de un tipo de vivienda específico, para
jóvenes, dentro de las de protección oficial, que se adapte a sus
también específicas necesidades. Debe estudiarse la superficie,
características y requisitos para este tipo de vivienda y su
acceso a las mismas en función de las características y rentas de
los jóvenes. La subsidiación de intereses de los créditos
hipotecarios debe ser equiparada al de las VPO del régimen más
subsidiado. Sabido es que los jóvenes encuentran una dificultad
insalvable, en la mayoría de los casos, en la cantidad inicial de
entrada de la vivienda. Pues bien, debe facilitárseles un crédito
al tipo cero por ciento de interés, con la garantía del Estado,
para esta aportación inicial. Esta ayuda directa debe realizarse
mediante concierto con las entidades financieras, acordándose con
ellas las fórmulas para su resarcimiento. La creación de un marco
legal para cooperativas de jóvenes con el objetivo de
autoconstruirse sus viviendas sobre suelo público con la
financiación más favorable hará, sin duda, abaratar y hacer más
asequible el precio de las viviendas, favoreciendo el fomento del
trabajo de ellos mismos. Contemplar el acceso a la vivienda es
sólo parte del problema de los jóvenes. Muchos de ellos
necesitarán viviendas en alquiler a precios asequibles a sus
economías. Por ello, se propone también la creación de viviendas
en alquiler, acordes con su capacidad adquisitiva, para núcleos
familiares jóvenes.
La tercera edad, y con esto termino, señor Presidente, requiere
un programa específico que contemple la adecuación de la
dimensión de las viviendas a las necesidades reales, el ajuste de
su incidencia en la economía familiar a la renta disponible y la
cesión de la vivienda a cambio de una renta vitalicia. Asimismo,
se incorporará al sistema de ayudas públicas a la vivienda la
residencia de tercera edad, como sustitutivo de la vivienda
misma.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Gómez Darmendrail.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria tiene que hacer un reconocimiento sobre la
oportunidad con que el grupo proponente, el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ha presentado esta moción, que
vamos a apoyar en los términos exactos en que se ha presentado,
porque entendemos que encierra dos valores.
Como bien conocen SS. SS., el único punto de la moción del Grupo
de Izquierda Unida se limita a solicitar la creación de esta
ponencia, que determine las líneas
de actuación del nuevo plan de viviendas en la Comisión de
Infraestructuras. Eso es lo importante, porque aquí estamos
viendo --se ha visto con las propias enmiendas presentadas-- que
hay distintos enfoques, pero todos tienen un diagnóstico común,
en el que participa Coalición Canaria: la tremenda preocupación
de tipo social que existe en este momento en España con el
problema de la vivienda. Las encuestas que se vienen realizando
sobre lo que preocupa al ciudadano español sitúan en cabeza el
paro, el desempleo en cualquiera de sus sectores, juvenil o
adulto, y la vivienda, que, en determinadas comunidades
autónomas, por una serie de problemas --precio del suelo,
carencia de promoción, etcétera--, alcanza niveles económicos
verdaderamente inaccesibles para la gran mayoría de la juventud
española.
Nosotros entendemos que esta disparidad de criterios, incluso el
anunciado plan 1996-1999 de vivienda en España, de cuya
existencia nos ha informado la Secretaria de Estado de la
Vivienda y Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, vemos que tiene
objetivos opinables, y sobre todo, criterios opinables, porque,
como se ha señalado aquí, da prioridad a la vivienda de alquiler,
da determinadas prioridades a la financiación para la adquisición
del suelo, deja en un segundo término la promoción de vivienda
nueva para adquisición, etcétera. Señores, hay que responder a
todas las demandas socioeconómicas y coyunturales que tenga el
ciudadano español que necesite una vivienda; el que la necesite
en alquiler, que vaya por la vía del alquiler y el que vaya por
la vía de la propiedad, que tenga esa opción, pero es necesario
poner de acuerdo las opiniones no sólo de los grupos políticos,
sino de todos los sectores implicados, desde la Administración
hasta los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas
que tienen las competencias de ordenar el suelo y de promover
vivienda. Además, yo entiendo, y así lo ve Coalición Canaria, que
la problemática de promoción de viviendas, el simple hecho de
construirlas o de ubicarlas según la ordenación del territorio,
es completamente distinta en un territorio discontinuo como es el
archipiélago canario, que en la región de Castilla y León o
Castilla-La Mancha, por poner ejemplos de la meseta.
Nosotros entendemos que aquí debemos escuchar a todos, desde los
consejeros competentes de las comunidades autónomas hasta los
promotores de vivienda, porque el comportamiento del sector que
lleva la promoción de construcción de viviendas, los promotores
inmobiliarios, los que regulan ese mercado, que es una realidad
tangible en el panorama español, necesitan encontrar un lugar
donde dar su opinión y que los representantes políticos de esta
Cámara la puedan recoger. De aquí que veamos muy oportuna,
acertada y de sentido común, la constitución, sin entrar en más
disquisiciones de calendario político electoral o preelectoral,
de esa ponencia. Su oportunidad está clara. En cualquier caso,
queden unos meses de legislatura o quede lo que quede, este
problema necesita que una ponencia, una comisión o lo que se
estime pertinente, entre en el análisis, oiga todas las opiniones
del sector y haga al Gobierno una propuesta de cómo tiene que
enfocarse para 1996 y hasta finales de siglo este gravísimo y
prioritario problema para muchos sectores sociales, ya que,
obtenido un empleo, con la precariedad actual de los contratos
temporales, es prácticamente inaccesible el mercado de propiedad
de la vivienda a esos sectores laborales, no digo ya a los que
estén en paro.
Por todo ello, Coalición Canaria --resumo y termino, señor
Presidente-- va a votar afirmativamente la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. En Canarias este es un problema de primerísima
magnitud y toda la Comunidad Autónoma está detrás de encontrar
una favorable solución.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias señor Presidente.
Nosotros también vamos a apoyar esta propuesta del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de
crear una ponencia que estudie lo relativo al Plan de Vivienda.
Nos parece que es una propuesta razonable y francamente
necesaria. Por tanto, lo único que puedo decir es que lamento que
no se nos haya ocurrido a nosotros plantear con anterioridad una
iniciativa de este tipo.
Hasta ahora, la Comisión de Infraestructuras de este Congreso de
los Diputados se ha limitado a conocer los planes anteriores con
posterioridad a su aprobación o, como máximo, hemos podido
debatir sus líneas generales cuando nos han sido presentadas por
el Ministro, el Director General o, recientemente, por la
Secretaria de Estado de Vivienda y Medio Ambiente. Sin embargo,
nos parece que este es un tema de trascendental importancia en
nuestro país y que el Parlamento ha de tener una participación
más protagonista en la elaboración y en el diseño de estas
políticas de vivienda que se concretan en el Plan de Vivienda.
Refiriéndome al Plan que ahora finaliza, aunque nuestro Grupo
Parlamentario lo apoyó en su momento y lo ha valorado
positivamente, también pienso que algunas consecuencias hemos
sacado de cara al futuro y que deben ser tenidas en cuenta en la
elaboración del Plan que lo debe reemplazar.
Es evidente que la política de vivienda afecta a una situación
económica cambiante, y no olvidemos que la política económica
tiene una trascendental importancia en el diseño de cualquier
política de vivienda. Afecta también a unas necesidades sociales
cambiantes, puesto que la población va variando en cuanto a sus
demandas de vivienda. Entendemos nosotros también que esta
política obedece y debe obedecer --es un aspecto que creemos
debería ser tenido en cuenta en el futuro-- a necesidades
territoriales distintas. Por ello, pienso que un plan de vivienda
debería incorporar una dosis suficiente de flexibilidad para que
las distintas comunidades autónomas pudieran tener un margen de
adaptación del mismo a las peculiaridades de su territorio, ya
sean territorios con un alto componente agrícola, sean
territorios con una concentración domográfica más importante,
sean territorios con una incidencia del turismo importante
también en su economía, lo que ocasiona otros problemas en la
demanda muy distintos, etcétera.
En cualquier caso, está claro que poco tiempo vamos a tener para
trabajar en esta Ponencia, pero creo que si hoy aprobamos su
constitución estaremos marcando el camino para que, en próximas
legislaturas, se pueda continuar con iniciativas de este tipo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
El señor Andreu tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas a la iniciativa de su Grupo.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
No aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Popular, como se
puede desprender de nuestro propio discurso en la presentación de
la moción. Aceptamos la enmienda socialista para que sea votada,
aunque no difiere mucho de nuestra moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya sobre criterios del Gobierno para
ordenar la ayuda a la vivienda en los próximos años, que se
somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; votos a favor, 176; en contra, dos; abstenciones,
117.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
POSTURA QUE VA A MANTENER EL GOBIERNO ANTE LA PROPUESTA DE LA
COMISION DE LA UNION EUROPEA EN LA INMINENTE REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA
PARA DEFENDER DIGNAMENTE LOS INTERESES ESPAÑOLES (Número de
expediente 173/000099)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre la postura que va a mantener el Gobierno
ante la propuesta de la Comisión de la Unión Europea en la
inminente reforma de la Organización Común de Mercado del sector
hortofrutícola para defender dignamente los intereses españoles.
Tiene la palabra el señor Pascual. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS. SS. que
ocupen su escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a defender la moción en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, que hemos presentado como consecuencia de
la interpelación realizada el pasado día 18 del mes de octubre
sobre la postura a mantener por el Gobierno ante la propuesta de
la Comisión de la Unión Europea en la inminente reforma de la
OCM, Organización Común de Mercado, del sector hortofrutícola, al
objeto de defender dignamente los intereses agrarios españoles.
Señorías, como decía en la pasada interpelación, simplemente
quiero recordarles la importancia del sector de frutas y
hortalizas, que representa el 16,6 por ciento de la producción
final agraria en la Unión Europea. También deseo decirles que la
Unión Europea es el primer importador mundial de frutas y
hortalizas. Y a esto hay que añadir las repercusiones que va a
provocar la aplicación del acuerdo del GATT, porque en un mercado
tremendamente abierto se van a liberalizar más todavía tanto las
importaciones como la merma de nuestras exportaciones.
Pues bien, señorías, todo esto unido a que la vigente normativa
comunitaria de frutas y hortalizas procede del año 1972, con una
Comunidad Económica Europea a seis países y precisamente para
defenderse entonces de las exportaciones de frutas y hortalizas
de España, hace que el Grupo Parlamentario Popular considere que
es totalmente necesaria la modificación de esa normativa
comunitaria de frutas y hortalizas que lleva 23 años ya en vigor,
y así lo recalcamos en la interpelación al pedir que se tuvieran
en cuenta los intereses agrarios españoles, cosa que no se
vislumbraba en la propuesta de la Comisión, y que de una vez
nuestros productos típicos de frutas y hortalizas estuvieran
protegidos no sólo dentro de la Unión Europea a través
de sus mecanismos sino, lo que es más grave, de la competencia de
terceros países.
España es el segundo país productor de la Unión Europea en frutas
y hortalizas y dentro de nuestro país constituye el sector más
importante, puesto que representa ni más ni menos que el 35 por
ciento de nuestra producción final agraria. De ahí que nuestro
Grupo piense que hay que aprovechar la modificación, después de
23 años, de esa normativa de frutas y hortalizas. Por ello
presentamos esta moción que contiene una serie de puntos que
consideramos vitales para que sean tenidos en cuenta en la
aprobación final de esa normativa, dentro de la cual se va a
desarrollar nuestra competitividad futura en este sector, máxime,
señorías, cuando el mismo representa el 51 por ciento de nuestras
exportaciones agrarias a la Unión Europea y a terceros países.
Los puntos vitales de la moción se refieren a las organizaciones
productoras de frutas y hortalizas (OPFH). Ya me referí en la
interpelación al déficit tan grave --estrepitoso diría-- que
tenemos en la comercialización de productos a través de las OPFH,
con sólo un 6 por ciento en hortalizas y un 30 por ciento en
frutales, cuando los países del norte de la Unión Europea
comercializan, a través de OPFH; un 60, un 70 o un 80 por ciento.
Por tanto, si esta nueva normativa va a ser el instrumento válido
que desarrolle la nueva política de frutas y hortalizas, en
España ya empezamos cojos, puesto que carecemos en gran medida de
este instrumento válido.
Creo que todos los grupos parlamentarios, al final vamos a poder
llegar a un acuerdo, y eso es importante, puesto que es necesario
que desde Bruselas se compruebe que existe unanimidad de
criterios en cuanto a la propuesta de España en este sector. En
la moción que presentamos en el mes de marzo se llegó a un
acuerdo, pero creo que ahora es más importante que ese acuerdo se
repita, puesto que la propuesta de la Comisión va a ser debatida
en el Consejo de Ministros y que toda la Cámara, como así parece
que va a suceder, llegue a un acuerdo en cuanto a la postura
española en el tema de las frutas y hortalizas. Va a ser
importante que en el Consejo de Ministros, a través de nuestro
ministro de Agricultura, se negocie un período transitorio de
seis años para adecuar nuestro nivel de organización de
productores, eliminando la limitación del 10 por ciento de los
fondos como cantidad máxima posible, y que la parte de
financiación pública del fondo de retirada sea íntegramente con
cargo al Fondo de Garantía, así como que los programas
operacionales sean más amplios. Además, en la moción que
presentamos añadimos un puntos nuevo que pide que se unifiquen a
nivel de la Unión Europea los criterios de reconocimiento de las
OPFH y que se estimule su constitución con fondos comunitarios.
En lo que se refiere al régimen de intervención, vital para la
política de sostenimiento de rentas de los agricultores, pedimos
que se mantenga la actual propuesta de financiación al cien por
ciento de la retirada de productos, y que los niveles de
indemnización compensatoria de retirada contemplen la necesidad
de cubrir unos gastos mínimos que faciliten su recogida, sin que
signifique un estímulo a la generación de excedentes
estructurales. Señorías, la retirada tiene que ser como un seguro
para el futuro del agricultor que no puede estar a expensas de
las fluctuaciones de los mercados, pero tampoco queremos que la
retirada sea la excusa no para producir calidad y ser competitivo
sino producir cantidad para retirar y vivir de una forma
excesivamente cómoda. Por tanto, tiene que ser un nivel de
retirada que al agricultor no le sea rentable, pero que si viene
el hundimiento de su precio en el mercado no pierda la inversión
hecha en su producto.
Señorías, también es importante que se amplíe la lista de
productos con derecho a retirada, de productos vitales para la
producción española, que hasta ahora no se han tenido en cuenta y
que, además, señorías, si se amplía el abanico de productos con
retirada, al tener el agricultor mayor oferta de seguridad en el
producto que vaya a sembrar en su explotación, se diversifica el
riesgo y repercutirá en menos productos, provocando excedentes,
y, al final, le va a salir mucho más rentable a Bruselas la
ampliación de la lista con productos con derecho a retirada.
Creemos que es un punto vital la preferencia comunitaria, que,
por desgracia, muchas veces vemos que se está vulnerando, y por
lo tanto es importante que haya un control de verdad, tanto en
cantidad como en calidad, de las importaciones de los productos.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda nueva
por la que pretende que ningún tratado con terceros países afecte
a la preferencia comunitaria, muy especialmente en lo que hace
referencia a la modificación de los calendarios actuales. El
señor Ministro de Agricultura decía esta mañana, en la
comparecencia, que hay dos formas de protección en frontera; la
protección arancelaria y la protección a base de contingentación.
Sin embargo, hay una tercera e importantísima protección que el
Ministro no ha tenido en cuenta, que es la de los calendarios de
importaciones. En el calendario del tomate vemos que se está
pretendiendo en el tratado con Marruecos ampliar el calendario
para importar tomate tanto en el mes de octubre como en el mes de
abril único mes que nos quedaba para exportar en unas ciertas
condiciones a la Unión Europea, y se pretende poner en entredicho
ampliando la exportación al mes de abril.
Señorías, pensamos que hay que dejar los calendarios como están,
no solamente en lo que se refiere al tomate, sino en cualquier
otro producto y que no se amplíen más estos calendarios.
En lo que se refiere a los pequeños productos de carácter local o
regional, es importante que se amplíe a algunos de ellos la
retirada o la transformación, que lo
admitirían perfectamente, o, si no, la adopción de una serie de
medidas específicas.
En relación a la lista de los productos transformados, hay que
ampliar la lista de los que son de vital importancia para España,
que no citamos para no discriminar alguno --el ministerio sabe
perfectamente qué productos son-- y esperemos que se defienda
convenientemente este aumento de estos nuevos productos. Existe
un período transitorio para que la ayuda pueda obtenerse sin
necesidad de que el contrato esté suscrito con organizaciones de
productores y es importante para España una mayor flexibilidad en
las cuotas del tomate.
En el sistema actual de transformados de cítricos, o las
modificaciones que, en su caso, se propugnen, esperamos que se
mantenga la viabilidad del sector español de transformación de
cítricos fomentando su industrialización frente a la retirada de
los mismos. Es contraproducente ver cómo tiramos nuestras
naranjas a los barrancos y al mismo tiempo importamos zumos
concentrados del Brasil, porque no es competitivo llevar nuestras
naranjas a la transformación, ya que el transformador español
tiene que competir con el dumping social que representan las
importaciones de zumos de sudamérica.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, termine,
por favor.
El señor PASCUAL MONZO: Acabo ya, señor Presidente.
En cuanto a los frutos secos, sí queremos, si no una OCM propia,
por lo menos que se tenga en cuenta la personalidad y la defensa
de los frutos secos que quedan muchas veces difuminados dentro de
las frutas y hortalizas, y no tienen suficiente protección frente
a las exportaciones de terceros países.
En nuestra propuesta pedimos que si no se atiende de una forma
digna la petición de España en cuanto a la propuesta de normativa
de frutas y hortalizas, el Ministro de Agricultura rechace esta
propuesta en el Consejo de Ministros, porque, como he dicho
antes, señorías, nos estamos jugando nuestro futuro. El señor
Ministro va a contar con el respaldo, esperemos que sea así
definitivamente, de todo el Parlamento español.
Los grupos parlamentarios hemos vivido las comparecencias del
sector en la Comisión Mixta Congreso-Senado, donde todo el mundo
se ha pronunciado en contra de esta propuesta. Me alegra que el
Grupo Parlamentario Socialista se haya avenido a la postura
defendida hasta ahora por el Grupo Parlamentario Popular y que
respaldemos al Ministro de Agricultura para que defienda el
futuro de las frutas y hortalizas. Eso se lo reconoceremos
públicamente. El tiempo de la Presidencia española se nos echa
encima y posiblemente se pierda esta gran oportunidad, quizá por
exceso de confianza del Gobierno Socialista. Pero lo que interesa
no es la premura en sí, señorías, sino que esta normativa que ha
tardado 23 años en modificarse, ahora que se hace, tenga en
cuenta nuestros intereses agrarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, si no ha
entendido mal la Presidencia, ha anunciado S. S. una enmienda
transaccional. Cuando pueda, la pasa a la Mesa.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Vasco (PNV), Coalición Canaria y el Grupo Socialista. Para la
defensa de la enmienda del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco comparte en el fondo y en la forma la moción que
ha presentado el Grupo Popular que pide proponer ante la Comisión
de la Unión Europea la reforma de la Organización Común del
Mercado del sector hortofrutícola, y ha presentado una enmienda
de adición con tres puntos, que creemos que son importantes, al
texto de la propuesta presentada por el Grupo Popular. Entendemos
que, además de los contenidos que presenta la moción del Grupo
Popular, deberían quedar claros tres aspectos que consideramos
importantes en este debate.
En primer lugar, que queden exentos de cumplir las normas de
clasificación de productos frescos aquellos que se vendan
directamente por parte del productor al consumidor en los
mercados y ferias locales tradicionales. En segundo lugar, que
las ayudas que se establezcan para fomentar la constitución y
facilitar la consolidación de las organizaciones de productores
de frutas y verduras sean financiadas íntegramente por la
Comunidad Europea. Y en tercer lugar, que las ayudas financieras
a conceder a las organizaciones de productores de frutas y
verduras con destino a los fondos operativos que éstas
constituyan y cuyo desarrollo se quiere promover sean, asimismo,
financiadas íntegramente por la Comunidad Europea. Son tres
puntos que están explayados suficientemente en la exposición de
motivos que se presenta con esta enmienda que doy por defendida
tal y como está.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txábarri.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, a esta
moción consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Popular hace dos semanas, el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria ha presentado una serie de enmiendas, todas en
la línea de adición complementaria sobre el
texto original presentado a la Cámara por el grupo proponente, y
que de una manera u otra vienen a ser una llamada de atención
sobre lo que está ocurriendo tanto en la negociación de la OCM de
frutas y hortalizas como en la negociación con Marruecos del
tratado preferencial.
El portavoz popular ha anunciado una enmienda transaccional con
el Grupo Socialista, desde luego, no con el nuestro, y tengo que
comenzar a decir que no vemos reflejada en el nuevo texto la
problemática que encierran las enmiendas presentadas por
Coalición Canaria, porque bien es cierto que la propuesta de
reglamento de la Comisión de la Unión Europea para la OCM de
frutas y hortalizas tiene una serie de puntos peligrosos, de
deficiencias, de inseguridades jurídicas y de concesiones
demasiado generosas a terceros que el texto nuevo viene de alguna
manera a corregir y contener. En la primera parte de esa enmienda
nosotros creemos ver recogidas acaso como una sombra, algunas de
las intenciones de fondo de las enmiendas de Coalición Canaria,
sobre todo cuando nosotros hablamos de que el Gobierno español
ejerza el derecho de veto. Parece que a veces al Grupo Socialista
le asustan las palabras veto y Marruecos, y esta Cámara es
plenamente soberana para exigirle al Gobierno que utilice el veto
y lo utilice precisamente donde está el peligro en este momento,
porque sería caer en una ingenuidad pensar que porque nosotros
garanticemos la OCM de frutas y hortalizas ya no hay peligro. Si
Marruecos nos mete de matute, y lo acepta la Unión Europea, en el
capítulo agrícola del tratado de asociación preferencial; si
Marruecos, en el sector del tomate, donde hoy en día está
concentrada la gran preocupación del sector productor, social,
laboral y empresarial en Canarias, consigue modificar los
calendarios, no por la OCM, sino por esa vía del tratado de
asociación preferencial, y modifica el contingente libre de
arancel, pasando de 130.000 toneladas a 150.000 y algo más, y
modifica fundamentalmente en dos meses, en abril y en octubre,
los calendarios, será un torpedo en la línea de flotación de todo
el sector hortofrutícola español y, concretamente, del sector del
tomate y lo que venga detrás, sobre todo con la advertencia
previa, señalada por la objeción de Alemania, de Bélgica y de
Holanda en el sector de la flor cortada y de plantas
ornamentales, donde la economía agrícola canaria tiene uno de sus
grandes renglones positivos, en este momento, de producción, de
generación de mano de obra, de generación de rentas y de
exportación.
Por tanto, atención a este tema. Si de lo que aquí se trata al
final --no nos parece mal, pero no nos parece suficiente-- es de
instar al Gobierno a rechazar la propuesta de la Comisión, si
esto es un veto, entiéndase como sinónimos veto y rechazar la
propuesta de la Comisión. Quiero señalar a la Cámara algo para no
caer tampoco en ingenuidades. Cuando el 14 de marzo del corriente
año aprobamos la moción que en su día se debatió en este Congreso
de los Diputados, no estábamos en los supuestos ni de esta OCM
nueva que conocemos ahora, aprobada el 5 de octubre, como
propuesta de reglamento de la Comisión de la Unión Europea, ni
habíamos tenido las señales de alarma de lo que se pretende en el
capítulo agrícola con el tratado de asociación preferencial de la
Unión Europea con Marruecos. En Canarias esto se está viendo con
tanta preocupación que pasado mañana, día 9, hay convocadas por
el sector fuertes concentraciones de protesta en la calle, tanto
en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife,
donde una serie de fuerzas políticas, yo diría que todas las
representadas en el Parlamento de Canarias y las que aquí tienen
su correspondencia, han tomado allí unas posiciones claras para
apoyar y compartir tanto esa preocupación como la reivindicación
correspondiente.
Por tanto, tenemos que decir que nuestras enmiendas están
dirigidas a este objetivo fundamental. Nosotros no vamos a votar
en contra el texto alternativo, pero tengo que decir que estamos
insatisfechos y mantenemos todos los principios fundamentales que
están en nuestras enmiendas, sobre todo cuando hablamos del
sector del tomate, advirtiendo del peligro de Marruecos y
solicitando que el Gobierno presione y consiga de la autoridad de
la Unión Europea las ayudas específicas y compensatorias
correspondientes al sector; también hemos hecho mención al
derecho de veto, si viene por vía del Tratado de asociación, como
el referente a los otros productos hortofrutícolas o de cultivo
bajo plástico o invernadero.
Queremos señalar algo, que nos preocupa y que debemos dejar bien
claro, tanto al Grupo proponente como al Grupo Socialista, si lo
aceptan. En su moción originaria --y nosotros lo hemos
globalizado como ayudas específicas y compensatorias--, el Grupo
Popular separa la financiación de la retirada de productos y los
fondos de retirada de los fondos operacionales. El sector siempre
se ha opuesto a que se mezclen en el mismo paquete los fondos de
retirada con los fondos operacionales; cada uno debe ir situado
en su casillero y en su actuación correspondientes.
Señorías, en la moción primitiva original del Grupo Popular
estaba bien clara la dedicación de los fondos operacionales; era
el apartado número 2 del epígrafe c): Dedicación exclusiva de los
fondos operacionales a los denominados programas operacionales.
Nosotros proponíamos que esto fuera en el punto 1 para separarlos
de los de retirada. No se les oculta, señores proponentes, que
precisamente los fondos operacionales constituyen hoy en día la
piedra angular de la reforma del nuevo mecanismo, sobre todo para
la gestión de los excedentes coyunturales. Me alarma en este
momento que, si hay transigencia de la Unión Europea con
Marruecos, se nos agraven los excedentes coyunturales. Los fondos
operacionales son precisamente la piedra angular para regular ese
tema. Dejemos las ideas y lo que se está diciendo bien claro para
no tener el día de mañana, muy inminente, sorpresas
desagradables. En
el nuevo texto que se propone, aparece ya, en la letra f) del
apartado 1, en relación con las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, una referencia a que el programa operacional
sea amplio y flexible, previendo la posibilidad de desarrollar
departamentos comerciales, etcétera. Supongo que ahí se estarán
refiriendo a la utilización de los fondos operacionales; si eso
es así, dígase y quede constancia en el «Diario de Sesiones».
Una de las enmiendas de Coalición Canaria, que tiene honda
preocupación, está recogida de alguna manera en el punto tercero
del nuevo texto, en relación con la preferencia comunitaria.
Nosotros nos congratulábamos y apoyábamos el texto original del
Grupo Popular porque, desde luego, hay que tener un criterio
firme de defensa de las preferencias comunitarias por parte del
Gobierno español y que lo exija ante la Comisión de la Unión
Europea, sea cual sea el foro y el documento que se esté
discutiendo. El principio de preferencia comunitaria es un
principio intangible de soberanía absoluta, se discuta la OCM de
frutas y hortalizas o se discuta el tratado preferencial de
asociación con Marruecos. En cualquier documento de la Unión
Europea donde se discuta algo agrícola, el principio de la
preferencia comunitaria tiene que estar consagrado; si no,
estamos cayendo en una ingenuidad y en una vulnerabilidad de
todo, porque el negociador marroquí es implacable en esto, mucho
más si se busca y encuentra un socio europeo. De la misma manera
que nosotros desde Canarias hemos consolidado, con la ayuda del
Gobierno español, de la Unión Europea y de todas las fuerzas
políticas y sociales, la OCM del plátano y vemos cómo las
multinacionales norteamericanas y los productores del centro de
América y del sur de América, que a veces no son más que meros
productores de un comercializador que es la multinacional
norteamericana, con el apoyo alemán y de algún país del norte de
Europa, tratan de violentar y de romper lo que hemos conseguido
con la magnífica OCM del plátano. Aquí también tenemos que hacer
esa advertencia fundamental.
Por tanto, señorías, si no existen controles hay que ponerlos. El
sector ha pedido muchas veces los certificados de importación.
Además hay que controlar que no se rompan los calendarios ni se
aumente el cupo, mientras no se tenga la garantía de que hay unos
servicios aduaneros que controlan verdaderamente la entrada del
contingente marroquí en este caso. Porque aquí hay que poner
nombres y señales porque si no estamos en un abstracto. No
estamos hablando aquí de Africa, Caribe y Pacífico o dentro de
los acuerdos del GATT. Estamos hablando de un peligro que tiene
origen, nombre y apellidos.
A nosotros nos parece oportuno, aunque lo vemos muy edulcorado y
muy aguado, el apartado b) de este punto tercero, tanto en lo
referente a los controles de importación en los contingentes como
a que se solicite --yo diría que se exija-- que el Gobierno
español y el negociador en la Unión Europea acepten que ningún
tratado con terceros países afecte a la preferencia comunitaria,
pero muy especialmente en lo que hace referencia a la
modificación de los calendarios actuales. Es necesario que se
disponga de los instrumentos de control, porque si no esto es
papel mojado, porque puede parecer entonces que aquí de lo que se
trata es de amparar más los derechos marroquíes que los derechos
del productor español.
Señorías, nosotros no tenemos ya ninguna objeción que hacer al
punto 4 de los pequeños productores de carácter local o regional.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, termine.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
En relación a los frutos secos únicamente quiero señalar que
Canarias, como parte del Estado español no renuncia a lo que se
acordó en el Tratado de Maastrich en cuanto a las regiones
ultraperiféricas, porque nosotros somos conscientes de que cuando
se hacen tratados preferenciales con terceros países las que
salen más perjudicadas son las regiones ultraperiféricas, porque
se encuentran con los mayores costes de fletes marítimos, de
fletes de transporte, en sus producciones agrícolas, que no
aceptan más que el transporte marítimo desde estas áreas
insulares y ultraperiféricas que tiene la Unión Europea.
Por estas razones, señorías, nosotros, si hay ese acuerdo de
documento transaccional, no nos vamos a oponer a ello en la
medida en que esté referido siempre a la OCM de frutas y
hortalizas, pero hacemos la advertencia de que lo que se
contempla aquí se extienda implícitamente a cualquier otro
documento como el preferencial como Marruecos, y no renunciamos
al mantenimiento de nuestras enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Pau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, antes de
empezar a presentar nuestra propuesta de enmienda a la moción del
Grupo Popular, deberíamos considerar que esta Cámara ya aprobó el
pasado 13 de marzo una moción en la cual se indicaba al Gobierno
el camino a seguir en el proceso de negociación para la reforma
de la OCM de frutas y hortalizas.
Me interesa aclarar este extremo porque al principio de nuestra
enmienda citamos expresamente que el Gobierno defendiera durante
el proceso de discusión y aprobación los principios de esta
moción. ¿Qué dicen estos principios? Que se defienda la
solidaridad financiera, el principio de preferencia comunitaria,
la unidad de mercado. Luego entra en extremos concretos y,
finalmente, esa moción propone que se cree en el seno de la
Comisión Mixta para las relaciones con la Unión Europea una
ponencia especial que después de estudiar la propuesta de la
Comisión elabore una resolución que incluya los puntos básicos y
consideraciones generales que debe contener la futura OCM de
frutas y hortalizas.
Esa Ponencia se ha reunido. Esa Ponencia ha tenido la ocasión de
escuchar y debatir con todos los sectores afectados el contenido
de la propuesta de Comisión, y creo sinceramente que todos los
ponentes, aunque todavía no hayamos tenido tiempo de elaborar esa
propuesta de resolución --yo creo que la moción que hoy
finalmente va a aprobarse puede sustituirla, aunque lógicamente
el mandato sigue en pie y, por tanto, tendremos que elaborarla de
manera definitiva--, hemos conocido en profundidad cuál es el
contenido de la propuesta, cuál es la opinión que merece la
propuesta a todos los sectores y, finalmente, hemos considerado
que esta propuesta es manifiestamente mejorable. En ese sentido,
yo creo que la moción que nos propone el Grupo Popular tiene
contenidos muy aprovechables y nosotros, con nuestra enmienda, lo
que intentamos hacer es complementarla. Lo que nos preocupa es
que ya inicialmente se planteara un rechazo de esta propuesta sin
antes haber intentado una negociación que debe permitir --y en
eso mandatamos al Gobierno-- incluir esas modificaciones que
todos consideramos pertinentes y necesarias, e instamos al
Gobierno a que, si no se consiguen esas modificaciones que son
muy importantes y que deben permitir que nuestro sector
hortofrutícola se sienta globalmente favorable a esta propuesta,
la rechace.
Me gustaría decir a los grupos parlamentarios que han intervenido
con anterioridad, tanto al Grupo Vasco como a Coalición Canaria,
que creo sinceramente que el contenido de sus propuestas está
básicamente recogido en la enmienda. Respecto a la del Grupo
Parlamentario Vasco, hemos introducido un apartado número 5 que
incluye exactamente su propuesta inicial, y el contenido, si no
literal, de los puntos 2 y 3 creo que está recogido básicamente
en las modificaciones que hemos introducido en nuestra enmienda
inicial.
El Grupo de Coalición Canaria presenta dos tipos de enmiendas.
Las primeras de ellas se refieren --y creo que el señor Mardones
estará de acuerdo conmigo-- a algunas propuestas que en principio
no tienen nada que ver con la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas, sino que se plantean un poco al hilo de la discusión
y del debate que estos últimos días se ha producido respecto al
tratado preferencial con Marruecos. En eso, sinceramente, creo
que están al margen de lo que podemos considerar la propuesta de
frutas y hortalizas. En cambio, lo que le preocupa a S. S.
respecto a los calendarios, se recoge en la propia enmienda del
Grupo Parlamentario Popular que hemos incluido en el apartado que
hace referencia a la preferencia comunitaria. En cuanto al resto
de las enmiendas, el contenido básico está incluido, excepto en
lo que se refiere a un tratamiento especial a las zonas
ultraperiféricas. Su Señoría indica que estas zonas tendrán una
financiación específica respecto a las zonas objetivo 1. Creo que
no es necesario que en estos momentos se plantee así, porque en
nuestra enmienda lo que decimos es que desaparezca el apartado de
la propuesta de la Comisión que planteaba una diferenciación
entre unas zonas y otras, porque lo que decía era que los fondos
operacionales de las OPFH serían cofinanciados, el 50 por ciento
público y el 50 por ciento privado. Del 50 por ciento público una
parte era la que financiaría el Feoga-Garantía y la otra el
Estado miembro. Aquí diferenciaba la zona de objetivo 1 y
objetivo 5 B. Al proponer la enmienda que toda la financiación
pública sea del Feoga-Garantía, sinceramente, señor Mardones,
creo que no tiene sentido ese tratamiento que lo tendría en su
redacción inicial.
Insiste S. S. otra vez en el tema que hemos comentado ya con los
ponentes respecto a los fondos operacionales, que el programa
operacional sea amplio y flexible. Recogemos, y en eso estamos de
acuerdo, el sentido que S. S. apuntaba y así creo que debe
recogerse en el «Diario de Sesiones».
Entramos ya en la consideración de nuestra enmienda, que recoge
el espíritu de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular y
también de otros grupos parlamentarios.
En cuanto a las OPFH, por parte de todo el mundo se ha planteado
la necesidad de alargar el período transitorio. Proponemos que en
lugar de cuatro años sean seis; que se elimine la limitación del
10 por ciento de los fondos como cantidad posible para dedicar a
retirada; solicitamos también, y así lo decimos, que se unifiquen
por la Unión Europea los criterios mínimos de reconocimiento de
la OPFH y que se estimule su constitución con fondos
comunitarios.
En ese apartado, que es el más sustantivo de toda la propuesta de
reforma de la OCM, lo que se dice es que estas organizaciones de
productores de frutas y hortalizas dispongan de tiempo suficiente
para implantarse en los países donde están menos desarrolladas y
que esto se haga básicamente con cargo al Presupuesto
comunitario.
El segundo extremo está en relación con el régimen de
intervención. Yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en
que, efectivamente, la intervención es el último extremo al cual
deben destinarse las frutas y hortalizas. El objetivo de las
frutas y hortalizas es el mercado, pero es lógico que este
mecanismo debe persistir y garantizar unas rentas, en el caso de
que tenga que ser utilizado. Hemos modificado nuestra propuesta
inicial, a petición de los restantes grupos, en el sentido de
decir que los niveles de indemnización permitan y faciliten su
recogida, pero que no signifiquen un estímulo a la generación de
excedentes estructurales, porque todos estamos de acuerdo en que
éste no es el objetivo de nuestras producciones.
En cuanto a la preferencia comunitaria, diré que es un principio
básico de la política agrícola común; así
se indica en la moción que aprobamos en marzo. En la redacción
que hoy estamos debatiendo, se insiste en aplicar con todo rigor
los controles de importación y calidad de los productos, así como
asegurar el debido respeto al modelo de preferencia comunitaria
plasmado en los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT. Añadimos
también, a través de una enmienda del Grupo Popular, que ningún
tratado con terceros países afecte la preferencia comunitaria y,
muy especialmente, en lo que hace referencia a la modificación de
los actuales calendarios.
En relación con los pequeños productos de carácter local y
regional estamos todos de acuerdo. En cuanto a los productos
transformados, también. Creo que debemos ampliar esa lista cuanto
sea posible a las principales producciones industrializables
españolas, tanto en frutas como en hortalizas.
Finalmente, en relación con los frutos secos, entendemos que lo
que debemos hacer, dada la dificultad de conseguir una OCM
específica para los frutos secos (que todos reconocemos que es
difícil que pueda aprobarse en la actual coyuntura) es proponer
el mantenimiento del régimen específico para los frutos secos en
la OCM de frutas y hortalizas, así como la continuidad de las
ayudas actuales más allá del horizonte temporal para las que
estaban previstas. Sus señorías conocen que los planes de mejora
de los frutos secos tenían una duración inicial de diez años,
cinco y cinco; estamos ya. prácticamente a la mitad y se trata de
proponer la modificación en su horizonte temporal, de manera que
permita alargarse en el futuro.Un asunto importante que también
se ha solicitado por todas las organizaciones es el de establecer
mecanismos de defensa de nuestras producciones en el mercado
comunitario.
Como han visto SS. SS., nuestro Grupo Parlamentario ha intentado
acercarse con todo rigor y seriedad para buscar el consenso, de
manera que el Gobierno disponga de un instrumento parlamentario,
que es la aprobación de una moción, que le permita defender con
contundencia frente a las instancias comunitarias los
planteamientos del sector hortofrutícola español.
Creo que vamos en la buena dirección y que estamos en la posición
adecuada y, además, mandatamos al Gobierno para que, si
finalmente no se consigue que esta negociación sea favorable de
forma general a nuestros intereses, proponga un rechazo de la
misma. Lo que no podemos hacer es poner el carro antes de los
bueyes y rechazarla de manera inmediata.
Por tanto, agradezco en nombre de mi Grupo a todos los grupos
parlamentarios su buena disposición. Creo que dispondremos de un
instrumento serio, de un instrumento que permitirá que el
Ministro pueda negociar con toda tranquilidad y con mayor firmeza
las posiciones que defiende el sector y, en ese sentido,
recomendaría y solicitaría a todos los grupos parlamentarios que
la votasen a favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pau.
¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido hasta ahora en el
debate y quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, debatimos
hoy la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular con las
enmiendas que han sido presentadas a la moción. Pienso que, tal
como está discurriendo el debate, es positivo que en un asunto de
la importancia de la OCM de frutas y hortalizas haya un consenso
que nos dará firmeza y, de alguna manera, más fuerza en el seno
de la Unión Europea en defensa de nuestros intereses. Vaya por
delante mi alegría por el consenso que parece que se va a
alcanzar con este motivo.
Sin duda alguna, un hecho de gran importancia dentro del marco de
la PAC ha sido la presentación y posterior aprobación de las
orientaciones de la Comisión en torno a la reforma de la OCM de
frutas y hortalizas. Resulta evidente que durante los últimos
años se ha venido observando una fuerte tendencia a escala
mundial y comunitaria al incremento de la producción, mientras
que el ritmo de crecimiento del consumo ha sido inferior, de
igual manera que se constata que el consumo de determinadas
frutas y hortalizas tiende a estancarse frente a los mayores
incrementos de consumo de determinados productos transformados.
Estos han sido los principales motivos que han movido a la Unión
Europea a proceder a la reorientación del gasto, principal
objetivo de esta reforma, no lo olvidemos. En lugar de dedicar la
mayor parte del presupuesto a financiar las retiradas, lo que se
pretende es mejorar la calidad de los productos, dirigidos
fundamentalmente al mercado en fresco, y estimular el dinamismo
en un mercado en plena evolución.
La mayoría de las organizaciones y cooperativas agrarias
directamente implicadas en el tema se mostraron favorables a la
modificación de la actual OCM, que data del año 1972, pero no en
los términos en que han sido aprobados esos primeros documentos,
ya que éstos suponen una reducción del presupuesto comunitario
para este sector y no contempla los mecanismos de protección de
los productos comunitarios frente a las importaciones de terceros
países. La reforma planteada propone una fuerte disminución de
los precios institucionales hasta situarlos incluso al nivel de
los costes de producción; ello implica, a nuestro juicio, que la
diferencia habrá de ser aportada sistemáticamente por el propio
sector a través de los fondos de operaciones. La financiación de
estos fondos se hará conjuntamente entre el presupuesto
comunitario y los presupuestos nacionales, estatales o
regionales.
Al mismo tiempo, contempla el desarrollo de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas para regular el mercado y
contrarrestar el desequilibrio
de excedentes; pero, por contra, no se contemplan ayudas
financieras fuertes para estas necesidades, por lo que el Estado
español deberá hacer un gran esfuerzo de adaptación. Por ello
consideramos que un no incremento del presupuesto, así como la
fórmula de la cofinanciación, representan la vulneración de uno
de los tres principios básicos de la PAC, cual es la solidaridad
financiera, por el que hay que pelear e intentar que sea
respetado hasta sus últimas consecuencias. Además, el descenso de
los precios de retirada y de los precios mínimos al productor
repercutirá gravemente en las rentas, que se verán también
menoscabadas al no disponer el mercado de mecanismos claros de
desviación a la industria de la producción de inferior calidad.
No es difícil deducir el carácter discriminatorio que esta
reforma supone para la hortofruticultura valenciana, región
hortofrutícola más importante de toda la Unión Europea, ya que
estamos en presencia de un sector que ocupa el mayor número de
explotaciones en Europa, representando un 17 por ciento de la
producción final agraria y que recibe, por el contrario, sólo el
4 por ciento del presupuesto destinado a este sector por la Unión
Europea. De ahí la cautela de Unión Valenciana ante esta reforma
y la advertencia de que puede ser la causante de graves problemas
para este sector tan importante de nuestra agricultura. La
Administración española, si es preciso, tiene que vetar, como se
ha comentado por alguno de los intervinientes, esta propuesta si
no se corrige sustancialmente. Los intereses agrarios españoles,
y los valencianos en concreto, se verían seriamente amenazados
ante la drástica disminución de las partidas presupuestarias que
se prevén en los primeros documentos. Desde Unión Valenciana
denunciamos la pasividad, de alguna manera, la falta de firmeza
por parte de la Presidencia española de la Unión Europea que se
ha mantenido en esta reforma de la OCM. Pensamos que el Gobierno
español está obligado a velar por los intereses de la agricultura
y no puede dar la espalda o ceder y no estar defendiendo con
firmeza los intereses del sector hortofrutícola español.
Sin duda alguna, ante la reforma de la OCM de frutas y hortalizas
entendemos que el sector agrario debe hacer un esfuerzo para
mejorar su competitividad y organizarse, pero la Unión Europea
también tiene que entender las peculiaridades de la franja
mediterránea. La agricultura valenciana, murciana, andaluza,
siempre han disfrutado por su especialización productiva de una
menor protección en el contexto europeo. De ahí que desde Unión
Valenciana no demandemos una mayor protección, ni pretendemos que
la Unión Europea deje de apoyar al mundo rural de otras áreas de
España. No nos oponemos a la libertad de comercio, pero sí
desearíamos que el esfuerzo sea compartido por toda la economía
agraria europea, mostrando así su solidaridad.
Consideramos que la PAC, en tantas cuestiones beneficiosa para
nuestra agricultura, en otras debería tener en cuenta las
características diferenciales de nuestra raíz mediterránea y ser
un poco más sensible ante nuestros problemas y nuestras
carencias. Cuando tanto se especula por la influencia que el Este
europeo puede tener en el futuro de las políticas agrarias de la
Unión Europea, desde Unión Valenciana reclamamos que se conceda
atención a los puntos de vista de los países que no pudimos
disponer de tiempo ni de recursos económicos para nuestra
reconversión, cuando sí contribuimos con nuestro esfuerzo, y
mucho, a nutrir las arcas arancelarias de los países fundadores
de la Unión Europea y que sirvieron para la adecuación de sus
agriculturas.
Por ello consideramos puntos fundamentales de esta OCM --y
daremos todo nuestro apoyo en aras a ese consenso para conseguir
mayor firmeza y mayor fuerza ante la Unión Europea-- la
articulación de mecanismos eficaces para evitar la puesta en
marcha de la OCM en términos que puedan ser perjudiciales para
nuestros intereses. Debemos potenciar el consumo interno y
exterior de frutas y hortalizas europeas. Debemos fomentar la
utilización de etiquetas distintivas que permitan diferenciar
claramente el lugar de procedencia del producto, primando los
producidos en el seno de la Unión Europea. Se debe concretar el
procedimiento que asegure el cumplimiento estricto del principio
de preferencia comunitaria e incrementar los fondos del Feoga al
sector de una manera más acorde con su importancia relativa.
Debe financiarse íntegramente el coste de la reforma de la OCM a
través de los fondos comunitarios y ello debido a dos motivos: el
consejo jumbo antes aludido, compromiso ofrecimiento de igual
trato a los productos continentales y posibilidad de pérdidas
adicionales para el sector si la Administración nacional no
pudiera aportar sus cantidades. Debemos oponernos rotundamente a
la drástica reducción de los precios de retirada por sus
consecuencias: el exceso de oferta en fresco y disminución de
precios y rentas agrarias. Debemos apoyar los planteamientos de
la mesa para la reforma de la organización común de mercado de
frutas y hortalizas, comprometiéndonos todos a llevar a Europa
todas sus propuestas con firmeza.
También proponemos la creación de un cuerpo de inspectores
comunitarios a fin de velar por la calidad de los productos que
entran en la Unión Europea, controlando las garantías
fitosanitarias de estos productos de países terceros. Pero, sobre
todo, como ya he señalado, debemos exigir el cumplimiento
efectivo y estricto del principio de preferencia comunitaria. Es
necesario concretar los mecanismos reales y eficaces para
asegurar su cumplimiento y que el sistema de precios de entrada
lleve aparejada una verificación del mismo mediante su
constatación en mercados representativos de la Unión Europea. No
se puede aceptar la simple factura entre partes para la
verificación de precios por ser un sistema poco fiable y
fácilmente manipulable. Por ello consideramos igualmente
fundamental la potenciación
de la constitución de organizaciones de productores,
estableciendo un período transitorio en nuestro país mientras no
consigamos niveles de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas similares a los existentes en otros países de la Unión
Europea. Por ello queremos hoy aportar nuestro granito de arena a
este consenso que nos permita ser en Europa más fuertes en
defensa de nuestros intereses agrícolas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Señor Tubert, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor TUBERT I ALSINA: Señor Presidente, señorías, intervengo
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) acerca de la moción presentada por el Grupo
Popular que, para empezar bien, se sustenta en el objetivo, que
compartimos, de defender dignamente los intereses españoles ante
la reforma del sector hortofrutícola.
Hemos manifestado reiteradamente desde nuestro Grupo
Parlamentario la inquietud y la preocupación ante esta reforma
por la dificultad que conlleva, dado que tiene una fuerte carga
de influencia de los países nórdicos, que dan prioridad a
tratados con países terceros fuera de la Comunidad y a los
últimos acuerdos del Gatt, no precisamente a los productos
mediterráneos. Nos preocupa, evidentemente, por el gran interés
que tiene para nuestro sector al ser productos con un fuerte
arraigo, con gran implantación en una amplia base social y de
fuerte influencia económica en el sector agrario español.
También hemos manifestado reiteradamente la necesidad de
aprovechar la Presidencia española de la Unión Europea y, como
consecuencia, la Presidencia del Consejo de Ministros. Es bien
cierto que cabe utilizar la Presidencia española como influencia
y lo que no puede ser un instrumento de flaqueza es el hecho de
que pudiera cubrir la necesidad prioritaria como objetivo general
de cerrar una presidencia con acuerdos puntuales del sector, que
podrían desvirtuar lo que es el interés general de un colectivo.
Nosotros siempre hemos sido partidarios de provocar el consenso,
lo hemos sugerido. Desde un principio incentivamos que se
trasladara a la Comisión Mixta el debate sobre lo que podía ser
el interés de este sector y que participaran en ello las
entidades y las instituciones más representativas del sector
productor español. Desde nuestro Grupo hemos detallado
modificaciones que creíamos que cabría incorporar en lo que es la
reforma, modificaciones que eran necesariamente imprescindibles,
que van desde las referidas a la constitución de organizaciones
de producción a lo que es reglamentación interna, dimensión,
período de adaptación, la adecuación de las estructuras
existentes en el Estado español para ser competitivas con el
resto de la Comunidad. Hemos marcado siempre la prioridad de que
había un mínimo imprescindible de financiación que tenía que
asumir el propio presupuesto comunitario, porque, si no,
difícilmente podría el sector productor español ser competitivo.
Hemos entrado con mucho detalle en alternativas constructivas y
hemos hecho propuestas que van desde lo que es el propio control
de calidad, el propio control de entrada, a lo que es la
normalización, lo que pueden ser temas de intervención, lo que
serían productos concretos como los frutos secos en aras a
conseguir la continuidad de ayudas a este sector más allá de los
propios planes de mejora existentes ahora relativos a los
tomates, a los transformados, etcétera. Creo que hemos hecho una
amplia y detallada propuesta para asegurar, en definitiva, lo que
creíamos que era oportuno y lo que era un paquete de mínimos a
asumir por la propia Unión Europea.
También cabe decir que todas las organizaciones que han pasado
por la Comisión Mixta para plantear sus necesidades han
coincidido con nuestras propuestas. Nos satisface en especial y
evidentemente que haya coincidencia con el planteamiento de los
interlocutores del sector, porque dice mucho a favor de la
implicación de nuestro Grupo Parlamentario con este colectivo de
productores. Esta postura mantenida además se enmarca en los
principios básicos de participación comunitaria, en lo que fueron
los acuerdos de financiación adoptados en el denominado Consejo
jumbo, de septiembre de 1993, en lo que son las propuestas de las
17 comunidades autónomas dentro del Comité de Regiones de la
Unión Europea y, especialmente, en el principio de que es una
propuesta constructiva de mínimos que tenemos que plantear en
esta dimensión y que si no fuera así, cabría recurrir a lo que es
el veto o el rechazo de la propuesta actual de la Comisión
Europea.
Las mociones presentadas tanto por el Grupo Popular inicialmente
como por el Partido Socialista todas ellas tienen un contenido
base importante, coincidentes con el planteamiento que he
expuesto anteriormente y que hemos puesto de manifiesto desde
esta tribuna a través de las intervenciones que ha habido. En
definitiva, es lo que nos ha llevado a participar a lo largo del
día de hoy para intentar, en la línea de consenso que hablaba
anteriormente, buscar una propuesta definitiva. Nos alegra
haberlo conseguido. Nos ha permitido hacer también aportaciones
desde nuestro Grupo. Creo que era la línea que nos marcamos el
primer día y es la que tenemos al final. Entendemos que esta
propuesta consensuada, en aras a que el Gobierno pueda negociar
con la Unión Europea, da fuerza al planteamiento del Ministerio,
al planteamiento que tiene que tener el Gobierno y, en
definitiva, es lo que va a poder consolidar la negociación
favorable a los intereses del Estado español en un sector tan
capital para nosotros.
En este marco, evidentemente, nosotros vamos a dar apoyo a la
moción consensuada que se ha presentado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Tubert.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, desde el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya el acuerdo que se vislumbra hoy en la Cámara nos parece
muy importante. Creo que SS. SS. son testigos de la preocupación
que existe en esta Cámara en relación con una serie de reformas
de organizaciones comunes de mercado que afectan a las
producciones mediterráneas y que realmente, señorías, nos está
costando mucho sacarlas adelante en condiciones. Esta mañana en
la Comisión de Agricultura estábamos hablando de la reforma de la
organización común de mercado del arroz. La reforma de la OCM del
vino está paralizada y tenemos a la vista una propuesta de la
Comisión respecto a la OCM de frutas y hortalizas que es
absolutamente inadmisible.
Señorías, nos está costando mucho sacar adelante estas reformas
porque parece ser que la Unión Europea, cuando se trata de
incidir y de reformar aquellas producciones mediterráneas, es
cicatera en el esfuerzo financiero que se tiene que realizar, a
pesar de que estamos hablando, señorías, de unas producciones que
resultan muy baratas a la Unión Europea. Esta mañana se han dado
cifras de lo que significaba la aportación del Feoga-Garantía a
las producciones de arroz y aquí se ha dicho repetidas veces que
las frutas y hortalizas representan en el presupuesto del Feoga-
Garantía solamente el 4 por ciento. Por tanto, señorías, todos
los grupos han manifestado que esta propuesta es absolutamente
insatisfactoria. La única cuestión que se ha planteado --y en eso
me voy a centrar-- es si debíamos seguir la vía que la moción del
Grupo Popular nos planteaba, que era el rechazo de la misma, que
fuese devuelta a la Comisión y se elaborase una nueva propuesta,
o si, por el contrario, entrábamos a debatir sobre los aspectos
de la misma e instábamos al Gobierno para que defendiese ante la
Unión Europea los puntos en los que estamos de acuerdo, y si
éstos no fueran aceptados, entonces es cuando se debería producir
el rechazo y la devolución a la Comisión.
La primera intención de nuestro Grupo Parlamentario era,
señorías, el veto, el rechazo y decir que esta propuesta no tenía
nada que hacer. Esto es lo que en principio distintas
asociaciones agrarias, organismos, entidades de exportadores, de
transformadores, nos han venido diciendo en el transcurso de la
Ponencia. Es cierto también, señorías, que se nos ha dicho --y
así también nosotros lo entendemos-- que esta reforma es
necesaria y urgente; por tanto pensamos que merece la pena llevar
adelante todos los esfuerzos que podamos para que tengamos la
posibilidad de modificarla y para que el conjunto de la Cámara
llegue a un acuerdo y el Gobierno pueda defender esta cuestión
ante la Unión Europea. Por consiguiente, señorías, es una buena
noticia que se haya producido otra vez esa unanimidad entre la
proposición que presentaba el Grupo Popular, la enmienda
socialista y las aportaciones que hemos hecho los distintos
grupos de la Cámara, y lo único que cabe señalar, señorías, es
que el Gobierno plantee en sus propios términos esta moción que
sale hoy del Congreso y sea capaz de defenderla con la energía
que requiere.
Entre los aspectos más importantes que se recogen en la moción --
realmente se incorporan argumentos debatidos durante la
interpelación y en otras iniciativas parlamentarias que se han
producido en la Cámara-- creemos que se debe garantizar la
financiación al cien por cien a cargo del Feoga-Garantía, es
decir, que se garantice la solidaridad financiera, que se
garantice la preferencia comunitaria, que se dé tiempo a que
nuestro país pueda desarrollar las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas que la reforma contempla como los
principales protagonistas en la gestión de mercados. En ese
sentido, nos parece oportuno el apartado g) del punto número 1 en
el que se señala que se unifiquen a nivel de la Unión Europea los
criterios mínimos de las organizaciones de productores de frutas
y hortalizas y que se estimule su constitución con fondos
comunitarios. Señorías, pensamos que debe haber un control de las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas por los
propios productores, ya que se han producido situaciones de mucha
irregularidad en algunas OPFH que en este momento están
trabajando; por eso, repito, pensamos que esta medida es muy
importante.
También creemos que es muy importante que se fije el volumen
máximo de producción no propia que se pueda comercializar, así
como que se delimite la naturaleza jurídica de las entidades que
puedan ser reconocidas.
Con relación a la enmienda del PNV, estamos absolutamente de
acuerdo en que queden exentos de cumplir las normas de
clasificación de productos frescos aquellos que se vendan
directamente por el productor al consumidor en los mercados y
ferias locales tradicionales. Nos parece que es una buena
aportación a la moción que ya estaba planteada.
Por último, en lo que se refiere a los frutos secos, como ustedes
saben hay dos posiciones: la que pide una OCM propia para los
frutos secos y aquella que entiende que esta OCM debería
contemplar también los problemas específicos de los frutos secos.
Creo que estamos contribuyendo a la viabilidad del sector
teniendo en cuenta que proponemos que las medidas actualmente
establecidas se prolonguen en el tiempo y que se establezcan
mecanismos de defensa de nuestras producciones en el mercado
comunitario. Ustedes saben que la almendra está siendo objeto de
una agresión tremenda por las importaciones que se producen de
Turquía, que no hay forma de controlar, lo que ha llevado a
nuestro Grupo a pedir que hubiese ayudas
directas, en concreto para los productores de avellanas, ya que
se encuentran en una situación de difícil competencia ante países
como Turquía, con el que es difícil competir por las condiciones
de producción en ese país.
No me quiero extender más sobre el contenido de la moción --es
tarde--, sólo diré que el Gobierno ahora tiene su
responsabilidad. Los grupos de la Cámara hemos demostrado que
somos responsables; le hemos planteado una propuesta unitaria y
ahora la responsabilidad es del Gobierno, que tiene que saberla
defender con la energía que merece.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Señor Pascual, la Presidencia entiende que, al haberse planteado
tanto por S. S. como por el portavoz del Grupo Socialista y haber
hecho referencia a ella la mayoría de los portavoces, se asume la
enmienda transaccional, es decir, de consenso, y, en
consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas concretas de los
diferentes grupos. En cualquier caso, para precisarlo, tiene la
palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, hemos hecho una moción consensuada con los
distintos grupos parlamentarios, en la que se han recogido varias
enmiendas, que es la que proponemos que se vote a continuación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Pascual.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, sobre la postura a
mantener por el Gobierno ante la propuesta de la Comisión de la
Unión Europea en la reforma de la organización común de mercado
del sector hortofrutícola, expuesta por el señor Pascual en
nombre del Grupo proponente, que se somete a votación en los
términos transaccionales con las enmiendas presentadas.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 289.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO EN RELACION
CON EL DESTINO DE LAS AYUDAS PUBLICAS AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y
EN ESPECIAL CON LAS OTORGADAS A LA MULTINACIONAL VOLKSWAGEN PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA MARCA SEAT (Número de expediente
173/000100)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, sobre
política industrial del Gobierno en relación con el destino de
las ayudas públicas al sector del automóvil y en especial con las
otorgadas a la multinacional Volkswagen para el mantenimiento de
la marca SEAT.
En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra la
señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el objeto de la interpelación que el 18 de octubre de
1995 presentó el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya era garantizar la trasparencia de las
ayudas públicas a SEAT y que estas ayudas se destinasen a
garantizar la permanencia y el fortalecimiento de dicha marca.
Era necesaria la interpelación, y es necesaria la moción, porque
nos preocupa. Y nos preocupa porque desconocemos los acuerdos;
unos acuerdos que hemos solicitado reiteradamente y que se nos
han negado; nos preocupa que se vuelva a producir una dejación de
responsabilidades tanto por parte de la Administración central
como de la Generalitat de Cataluña en el seguimiento y control de
esas ayudas públicas a Volkswagen.
No es de extrañar nuestro temor y nuestra preocupación por cuanto
que desde la primera operación, que consistió en el saneamiento
de SEAT y que costó al Erario público 400.000 millones de
pesetas, hasta el momento presente no ha habido un control, no ha
habido una exigencia de cumplimiento por parte de la
Administración autonómica y la Administración central a la
compañía Volkswagen para que cumpliese los acuerdos a los que se
había comprometido tanto con la Generalitat de Cataluña como con
los sindicatos.
Cuando se produjo la interpelación, la Comisión no había decidido
todavía sobre la autorización de las ayudas, que al final no se
han concedido como el señor Rubalcaba al principio explicaba,
sino para un plan de reestructuración de SEAT. Deberíamos haber
empezado por aquí. Si tanto la Administración central como la
autonómica hubiesen tenido un poco más de vista y no hubieran
actuado con tanta opacidad y tanta falta de transparencia,
habríamos planteado el tema a la Unión Europea por donde
deberíamos haber comenzado. Se trataba de dar ayudas para un plan
de reestructuración que ya se había producido y, por tanto, no
entrábamos en conflicto con la exigencia de la Unión Europea de
que esas ayudas no interfieran en la
competencia. Efectivamente, la reducción de capacidad productiva
ya se había producido. SEAT, recordarán ustedes, tenía una
capacidad de producción de 850.000 unidades y en la actualidad
estamos en 368.000, pudiendo llegar hasta las 500.000. Según los
acuerdos a que se llegó con la Generalitat y Volkswagen, tenemos
capacidad de llegar hasta 500.000, pero en el momento actual
estamos en 368.000 unidades. Por tanto, la reducción de
producción que exige la Unión Europea ya se había cumplido. Nos
habríamos ahorrado mucho tiempo si la vía de negociación con la
Comisión hubiese sido la de enfocar esas ayudas formando parte de
un plan de reestructuración.
Una vez autorizadas las ayudas, es necesario que las mismas
sirvan para lo que nosotros solicitamos en la moción. Esas ayudas
deberán tener un control por parte del ayuntamiento para exigir
el mantenimiento de SEAT como marca integral y la consolidación
de Martorell como centro de diseño, desarrollo y fabricación de
nuevos modelos de gama media y alta, en la que deberá ser
incluido el modelo SEAT Toledo, además de prever la
comercialización de todos ellos en España.
Nosotros no compartimos el punto de vista del Ministerio de
Industria y Energía. No decimos que no nos importa lo que se
produzca. A nosotros nos importa que se fabrique lo que estemos
capacitados para producir. Estamos capacitados para producir
modelos de gama media como es el Toledo. Por tanto, no se trata,
como dice el Ministerio, de hacerlo con tal de que mantengamos
puestos de trabajo, con tal de que mantengamos una producción sea
la que sea. No, señorías, la marca SEAT es emblemática en
Cataluña. La marca SEAT está consolidada y tiene atractivo en
Cataluña. Es esa marca y son los modelos SEAT los que tenemos que
potenciar.
El futuro de SEAT, señorías, pasa precisamente por consolidar
modelos como el Toledo y sus sustitutos. Los productos de esa
gama media son los que más demanda tienen, y somos el único país
donde SEAT está produciendo esos modelos, los demás los tenemos
que importar. Es por ello, señorías, que no nos podemos mover ni
un punto de lo que mantenemos en nuestra moción.
El Grupo Parlamentario Socialista nos ha hecho llegar una
enmienda de sustitución a la nuestra. Convergència i Unió nos ha
comunicado el contenido de la suya, pero pensamos, señorías, que
nosotros no nos podemos mover de aquello que ya se firmó en 1993
entre la Generalitat de Catalunya, los sindicatos y la empresa
Volkswagen. Me estoy refiriendo a los acuerdos que contaron con
el visto bueno de la Comisión de Vigilancia de Alemania, que se
produjo el 14 de diciembre de 1993, y que después salió como
resolución de la Generalitat de Cataluña con fecha 15 de
diciembre de 1993. No se trata, señorías, como alguien ha querido
decir, de que nosotros vayamos a imponer a una marca, a la
Volkswagen, qué es lo que tiene que fabricar. De cualquiera
manera, yo diría que por qué no, si le vamos a dar dinero. ¿Por
qué no, si ya le hemos dado mucho dinero? ¿Por qué desde el
Gobierno no podemos incidir en aquello que efectivamente afecta a
los intereses de nuestro país? De cualquier manera, señorías,
nosotros nos estamos moviendo en lo que son los acuerdos de
diciembre de 1993, y en ellos existía el compromiso de Volkswagen
con la Generalitat de Cataluña y con los sindicatos de que el
sustituto del Toledo, el modelo S-5, se haría en Cataluña, punto
número uno, y punto que, parece ser, ya está siendo incumplido
porque en los medios de comunicación ya se ha dicho que ese
modelo se piensa fabricar en Bélgica.
Otro de los puntos del acuerdo es que se incrementaría el número
de los componentes nacionales en un 13 por ciento. Señorías,
estamos comprando esos componentes a la marca Volkswagen a unos
precios del 30 ó 40 por ciento superiores a los que en empresas
de nuestro país, empresas punta y competitivas, podríamos
comprar; sin embargo, se lo estamos comprando a la Volkswagen,
con lo cual la dependencia económica de Volkswagen cada vez es
mayor y el déficit de SEAT con esa compañía cada vez es mayor.
También hubo el compromiso, señorías, de incrementar el
desarrollo y la investigación de nuevos modelos de gama media y
alta y el mantenimiento del volumen de empleo. Esos son los
puntos que constan en la resolución de la Generalitat de
Cataluña, y yo espero que cuando Convergència i Unió intervenga
diga si, efectivamente, esos acuerdos se firmaron con la
Volkswagen y los sindicatos y en qué medida, como administración
autonómica, está dispuesta a que se cumplan.
Por tanto, no es una imposición que se hace a una empresa desde
el Congreso ni desde el Gobierno sino que, simple y llanamente,
para recibir los 42.000 millones, que creo que es total del monto
de la ayuda, pedimos,como mínimo, que se cumplan los acuerdos.
Señorías, es realmente preocupante, y la verdad es que a mí como
diputada me preocupa, y mucho. En un país donde el programa de
I+D es de 90.000 millones de pesetas y la inversión es de 50.000
millones de pesetas, díganme si no es desidia y dejación de
responsabilidad que para elaborar los proyectos para el modelo
sustitutivo del Toledo, el S-5, se hayan invertido 5.200 millones
de dinero público y que ahora este modelo no se vaya a fabricar
en España. O sea, señorías, nosotros pagamos la investigación,
pagamos el diseño, pagamos para que se haga el proyecto y no
tenemos la garantía de que ese modelo se vaya a fabricar en
España.
Señorías, no conocemos los acuerdos suscritos entre Volkswagen y
el Gobierno ni con la Administración autonómica; no se han
cumplido los acuerdos de Volkswagen con la Generalitat de
Cataluña y con los sindicatos. No tenemos garantía de que los
modelos más competitivos, más atractivos y con más demanda se
puedan producir en nuestro país. Por todo señorías, les insto a
que apoyen la moción que el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya plantea hoy en el
Pleno de esta Cámara, para que se puedan asimismo controlar las
ayudas que ahora está recibiendo la compañía Volkswagen para
llevar adelante estos proyectos, que nosotros pensamos que pasan
por el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de
la gama media en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
A esta moción han sido presentadas dos enmiendas por parte del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Socialista.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario de
Convergència Unió ha presentado una enmienda a la moción del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
respecto a la obtención de las subvenciones concedidas por
Bruselas y que irán destinadas a la consecución de dos objetivos
básicos y fundamentales, según nuestro Grupo.
Nuestra enmienda pretende incorporar a dicha moción dos objetivos
fundamentales. En primer lugar, que dichas ayudas se destinen a
la finalidad para la que fueron solicitadas y han sido otorgadas
por la Comunidad en el sentido de que tanto el Estado central
como la comunidad autónoma correspondiente, en este caso la
Catalana, puedan controlar el destino de dichas subvenciones,
puesto que nosotros entendemos que, tal y como plantea el plan de
reestructuración, deben ir orientadas a la consecución de las
inversiones para las cuales fueron solicitadas. En segundo lugar,
nuestro grupo estima que dentro de la consecución y de los
objetivos fundamentales que se persiguen con este plan de
viabilidad, como ya hemos dicho en otras intervenciones en este
Congreso de los Diputados, es básico y fundamental que se
mantenga SEAT como marca independiente de Volkswagen, así como
también que se mantenga el centro de producción integral como
factoría independiente. Asimismo, hemos de conseguir la
consolidación de los departamentos de las áreas de investigación
y desarrollo, y finalmente consideramos muy importante que las
actividades del centro técnico de diseño industrial de la planta
de Martorell se vaya consolidando para que, en definitiva, el
grupo SEAT-Volkswagen instalado en Cataluña, concretamente en
Martorell, pueda ser lo suficientemente competitivo como para
poder afrontar unos retos fundamentales. Pensamos que sólo así
será posible que SEAT sea más competitiva, independientemente del
modelo que produzca. Quizá aquí radique la diferencia básica por
la que Convergència i Unió presenta esta enmienda, puesto que tan
sólo en este aspecto difiere de la moción presentada por el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Creemos sinceramente que lo importante para conseguir la
viabilidad de la compañía y de sus puestos de trabajo es mantener
la competitividad de la misma industria, y eso representa
producir con mayor calidad y a mejor precio que sus competidores
más directos. Para Convergència i Unió no existe otro camino que
el de la aplicación de este plan de reestructuración que, como
SS. SS. saben, asciende a la cantidad de 440.000 millones de
pesetas, que son aportados por la compañía SEAT-Volkswagen para
poder afrontar el plan de competitividad. Pensamos que éste es el
único camino existente: que la compañía pueda fabricar con
mejores precios y mayor calidad para que pueda competir con el
resto de marcas comerciales en el mercado internacional, y bajo
ningún concepto hemos de entrar en si la compañía SEAT ha de
fabricar este modelo o este otro. Lo importante es fabricar los
modelos que sean necesarios para que SEAT sea una empresa
competitiva y para que continúe siendo el buque insignia de la
industria automovilística del Estado español.
La señora Diputada de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
anunciado que su grupo no acepta la enmienda que nosotros hemos
presentado a su moción. Sinceramente, si su grupo quiere la
viabilidad de SEAT para que prosiga este camino de
competitividad, se mantenga como una marca independiente de
Volkswagen y pueda obtener los frutos que todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara persiguen, tendrían que aceptar
esta enmienda porque no difiere en lo más mínimo en lo sustancial
de la proposición que ha presentado su grupo parlamentario. Si
ustedes están pensando en temas electorales, probablemente vamos
a creer que no piensan en la viabilidad y en el futuro de la
compañía SEAT. Por lo tanto, en caso de que su grupo no acepte la
enmienda que ha presentado el nuestro, votaríamos en contra de la
moción que ha presentado su grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL I MUNTALA: Señor Presidente, señorías, la moción
que en este momento estamos discutiendo es consecuencia de la
interpelación presentada por el señor Ribó hace unos quince días.
Precisamente hoy el señor Ribó no puede defender la moción
consecuencia de su interpelación porque otras obligaciones le
retienen en Cataluña.
Si uno era el interpelante hace quince días, también, como la
señora Rivadulla ha dicho, la situación hoy es distinta. Hace
quince días, la Comisión Europea aún no había dado el visto bueno
a las ayudas acordadas por el Gobierno y la Generalitat a SEAT, y
hoy estas
ayudas han merecido ya la aprobación por parte de la Comisión
Europea.
¿Cuál es el contenido y la finalidad que la moción de Izquierda
Unida somete a nuestra consideración? Yo diría que básicamente
entrelaza dos argumentos, uno primero que es la exigencia del
mantenimiento de SEAT como marca integral, y por lo tanto que las
ayudas se concedan en tanto se mantengan estas finalidades.
Precisamente, este es el objeto de los acuerdos firmados con SEAT
y Volkswagen, el mantenimiento de SEAT como marca integral, y en
los mismos acuerdos se contemplan los mecanismos por los cuales
las ayudas van a irse dando en función del cumplimiento de
inversiones por parte de Volkswagen en SEAT. Por lo tanto, si no
se cumplen los compromisos que Volkswagen ha adquirido respecto a
inversiones en SEAT para garantizar su viabilidad, ya no se
concederán las ayudas. Este sería un punto superfluo pero, en
cualquier caso, como que es cierto y los mecanismos ya existen,
podemos acordar que lo que abunda en lo bueno no es malo.
Pero hay un segundo argumento en la moción que pretende concretar
ciertas actuaciones en la producción que SEAT debe llevar a cabo,
diciendo qué tipo de modelos, incluso incidiendo en una gama de
modelos que hasta el momento SEAT no ha producido y que no forman
parte de su tradición, introduciendo también el elemento de la
continuación de un modelo determinado.
Nosotros creemos que esto, como ya ha dicho un interviniente
anterior, no es algo que esté en la línea de lo que esta Cámara
pueda reclamar al Gobierno. La misma moción que nos ha presentado
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya empieza de una forma
correcta, diciendo que proceda a impulsar el correcto destino de
las ayudas públicas. Pero, ¿cuál es el correcto destino de las
ayudas públicas? ¿Cómo podemos fijar cuál es la corrección de
estas ayudas? La única manera que tenemos para fijar lo que es
correcto es precisamente el acuerdo firmado con el Gobierno y la
Generalitat.
Será correcta la aplicación de las ayudas si éstas se destinan a
lo recogido en los acuerdos. Si no se destinasen a esto, no sería
correcta la aplicación de estas ayudas.
Esto es lo que nos ha motivado a presentar nuestra enmienda,
recogiendo precisamente este espíritu de que el Gobierno impulse
que la aplicación sea correcta. Y correcta quiere decir a favor
de lo acordado con Volkswagen y SEAT respecto a las ayudas.
Acuerdos que son conocidos, si no en su texto, sí en su
contenido, por parte de todos los Diputados de este Congreso. Por
ejemplo, el 16 de mayo de 1995 se dio una extensa respuesta
escrita a una pregunta del señor Ribó, en la que se explicaba
detenidamente el contenido, si bien es cierto que el texto no se
ha dado a conocer, teniendo en cuenta las características
comerciales e industriales en un mundo de amplia competencia como
éste, lo que hacen lógico que ni siquiera haya sido recogido por
la Comisión Europea, como nos recordaba el Ministro el otro día.
¿Qué es lo que pretendían y, por lo tanto, lo que recogían los
acuerdos firmados? Una doble línea que corresponde a una doble
estrategia para garantizar el futuro de SEAT como marca propia.
En primer lugar, garantizar la consolidación de la investigación,
del I+D, la consolidación del centro de Martorell como centro de
investigación y desarrollo, como también expresa en su enmienda
el Grupo de Convergència i Unió. Este es un elemento fundamental
en el mundo industrial en el que nos movemos, en el mundo de la
competencia, en el mundo del futuro. Por lo tanto, consolidar el
tema de I+D en Martorell es una de las estrategias y uno de los
objetivos principales de los acuerdos, y a ello se comprometió el
grupo Volkswagen, el grupo SEAT.
El segundo objetivo es garantizar que el centro de Martorell
pueda funcionar a su pleno ritmo, que se pueda dar garantía de la
plena utilización de las capacidades productivas como centro de
diseño, de desarrollo y de fabricación. Estos dos objetivos que
configuran los acuerdos firmados son los que forman parte de
nuestra enmienda. Por ello los presentamos, porque son los que
garantizan el correcto destino de las ayudas acordadas. No las
propuestas concretas y detalladas que nos hace el Grupo de
Izquierda Unida, sino estos compromisos asumidos por Volkswagen
que son los que garantizan realmente el futuro de SEAT y que son
los que creemos que debe recoger la moción que este Pleno debe
aprobar para elevar al Gobierno.
Estoy convencido de que el Grupo de Izquierda Unida podría hacer
un esfuerzo para aceptar esta enmienda, que podría votarse de
forma unánime por toda la Cámara. Si hace unos meses conseguimos
que una moción sobre SEAT fuera votada por unanimidad, ¿por qué
no podemos conseguirlo en estos momentos? ¿Por qué no es posible
votar una moción que recoja una enmienda que asume el sentimiento
del Grupo de Convergència i Unió, pero por lo que hemos hablado,
también asume el sentimiento de otros grupos de la Cámara? No
sería bueno que alguien pudiese tener la idea de que si hoy no es
posible el consenso es únicamente porque en Cataluña se dan hoy
unas circunstancias que no se daban hace unos meses, y eso es lo
único que impide que el Grupo de Izquierda Unida no asuma la
enmienda que presentamos. Como creo que no es por estos motivos,
estoy convencido de que la señora Rivadulla reconsiderará su
posición, y el Grupo de Izquierda Unida aceptará nuestra enmienda
y será posible votar nuevamente un texto por unanimidad sobre la
garantía de viabilidad del futuro de SEAT.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Souviron.
El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tomo la palabra para expresar la opinión del Grupo
Parlamentario Popular respecto a la moción defendida por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al destino de
las ayudas públicas a la empresa Volkswagen, y para explicar el
sentido de nuestro voto.
La moción tiene su antecedente en la interpelación que debatimos
días pasados. En aquella ocasión me esforcé por destacar la
relación existente entre el futuro de SEAT, el porvenir de las
empresas del sector de la automoción en España y el propio marco
económico --por cierto, poco propicio-- en el que desenvuelve su
actividad. Desde aquel momento hasta el día de hoy se han
producido dos hechos que creo necesario mencionar: la
autorización de la Comisión Europea para que SEAT reciba ayudas
públicas como apoyo a su plan de reestructuración, y la
publicación de los datos correspondientes al mes de octubre, que
nos comunican una vez más una caída en la venta de automóviles.
La primera noticia nos permite hablar de la autorización como un
hecho cierto, que supera el principio de acuerdo que sirvió de
base para la propia interpelación, y termina, además, con la
incertidumbre que durante quince meses han padecido los
trabajadores y han sufrido la propia empresa y el sector de la
automoción como consecuencia de lo que con eufemismo se ha
llamado fallo de planteamiento y que, en realidad, han sido
errores en la negociación con la Comisión Europea que han podido
hacerla imposible.
La segunda noticia nos advierte que quizá las ayudas no vayan a
ser lo rentables que podían y debían ser con un marco económico
más favorable al sector de la automoción. La principal ayuda
pública que el Gobierno puede ofrecer a las empresas de
automoción y, dentro de ellas, a la propia empresa SEAT --y no
nos cansaremos de repetirlo--, es establecer un marco económico y
sectorial que facilite la competitividad en plano de igualdad con
sus competidores de otros países.
El Grupo Parlamentario Popular es favorable al mantenimiento de
SEAT como marca integral, con su propio centro técnico de
desarrollo de nuevos productos, la fábrica de Martorell y su
propia red de distribución y servicios. El Gobierno, al conceder
ayudas con fondos públicos a SEAT, debe asegurar ese objetivo y,
con independencia de la libertad de gestión empresarial que es
preciso respetar, debe garantizar en sus compromisos y acuerdos
tanto con la propia SEAT como con su empresa matriz Volkswagen no
sólo su viabilidad actual, sino, una vez culminada su
reestructuración, un aumento en la producción que mejore los
niveles de empleo y el desarrollo industrial de la zona.
No creemos que sea competencia del Parlamento intervenir en las
estrategias de gestión empresarial para decidir qué tipo de
actividad debe desarrollarse en cada planta de producción. Por
ello, nos vemos obligados a votar en contra de la moción, salvo
que se tengan en consideración las enmiendas que aquí se han
planteado. Incluso nos atreveríamos a pedir al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida que reconsiderara su postura,
porque sí quisiéramos que en esta ocasión se lograra, con el
apoyo de los grupos de la Cámara, instar de verdad al Gobierno
para que cumpliera con su responsabilidad, cuidando el buen
destino de las ayudas públicas a la empresa SEAT y garantizando
con ello el empleo presente y futuro y la propia viabilidad de la
empresa.
Para terminar, tenemos que volver a reclamar al Gobierno una
política económica que favorezca la reactivación del consumo
interno. A ello supedita Volkswagen aumentar en un 19 por ciento
su producción en la factoría de Martorell. El Gobierno, para que
el acuerdo de reestructuración llegue a buen fin, tendrá
necesariamente que hacer una política industrial activa en el
sector del automóvil. Sólo así se garantizará el futuro de un
sector básico para la economía española, y sólo así se
garantizará lo mejor para la rentabilidad de las ayudas a SEAT y
los numerosos beneficios que de ello se derivarán para la propia
zona en que está radicada y para los trabajadores de la empresa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Souviron.
En nombre del grupo proponente, para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Exclusivamente a efectos de señalar la aceptación o no de las
enmiendas; pero sí quisiera decir, señorías, que los diputados de
Convergència i Unió y del Partido Socialista saben que faltan a
la verdad cuando dicen que nos movemos por cuestiones electorales
o es que seguramente comparten con nosotros que Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya está en continua campaña electoral,
porque sepan SS. SS. que, desde el 17 de noviembre de 1993, el
Diputado Rafael Ribó ha estado aquí defendiendo los problemas de
SEAT y espero entiendan ustedes que esta diputada del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es capaz de
defender con la misma intensidad las propuestas y la moción que
hemos presentado.
De cualquier manera, señorías, no podemos aceptar la enmienda del
Partido Socialista pues nos remite a unos acuerdos que
desconocemos y porque, como he dicho, no nos podemos fiar de unos
acuerdos que no hemos conocido, sobre los que hay diversas
interpretaciones, y porque renuncia a que en nuestro país la
marca SEAT fabrique modelos de gama media, que son los que tienen
salida en el mercado. Por otra parte, señorías, no podemos
aceptar la enmienda de Convergència i Unió porque, haciendo
dejación de sus responsabilidades como Gobierno autonómico,
incumpliendo los acuerdos a que llegó con la compañía
Volkswagen y con los sindicatos, renuncian a que en nuestro país
se siga fabricando el modelo «Toledo» y su sustituto el «S-5»,
por el cual hemos pagado 5.200 millones de pesetas de dinero
público y que, parece ser, se va a fabricar en Bélgica.
Por eso, señorías, lamentándolo mucho, no podemos aceptar estas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Vamos a proceder a las votaciones.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre política industrial del Gobierno en relación con el destino
de las ayudas públicas al sector del automóvil y en especial con
las otorgadas a la multinacional Volkswagen para el mantenimiento
de la marca SEAT.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor 12; en contra 259.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y diez minutos de la noche.