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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 177, de 18/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PEMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 177
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 175
celebrada el miércoles, 18 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 9378)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda
a la vivienda en los próximos años (números de expedientes
172/000122) (Página 9404)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la
postura que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la
Comisión en la inminente reforma de la Organización Común de
Mercado ( OCM) del Sector hortofrutícola, para defender
dignamente los intereses españoles (número de expediente
172/000124) (Página 9412)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación
con el destino de las ayudas al sector del automóvil y en
especial con las otorgadas a la multincional Volkswagen para el
mantenimiento de la marca SEAT (número de expediente 172/000125)
(Página 9425)
(Continúa el orden de día en el «Diario de Sesiones» número 178,
de 19 de octubre de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 9378)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para
las Administraciones Públicas: ¿Qué razones aduce el Gobierno
para que no se permita que los símbolos oficiales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y en especial su bandera, aparezcan
junto a los de España en Instituciones estatales radicadas en esa
Comunidad? (Número de expediente 180/001453) (Página 9378)
Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior:
¿Cuál es el resultado de los contactos y reuniones mantenidas
entre los Ministerios de Interior de los Estados francés y
español y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco para
crear una comisaría conjunta en la zona de la antigua frontera de
Irún? (Número de expediente 180/001399) (Página 9379)
De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo entrará
en funcionamiento el Palacio de Justicia de Santa Cruz de
Tenerife? (Número de expediente 180/001438) (Página 9380)
De la Diputada doña Matilde Fernández Sanz, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno
adoptar algunas nuevas medidas para el próximo año a la vista del
balance que realice sobre la «Operación paso del Estrecho» del
verano de 1995? (Número de expediente 180/001439) (Página 9381)
Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué evolución
han experimentado las solicitudes de asilo desde la modificación
de la Ley en mayo de 1994? (Número de expediente 180/001440)
(Página 9382)
Del Diputado don Francisco Alvarez-Cascos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excelentísimo señor Ministro de Justicia e Interior: ¿Ha
interesado el Gobierno al Fiscal General del Estado que promueva
alguna actuación en orden a la defensa del interés público, con
el fin de impulsar la intervención del Fiscal especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción, en el pago de 600 millones de pesetas, presuntamente
con destino al PSOE, para conseguir unas exenciones fiscales a
favor de la corporación industrial Banesto? (Número de expediente
180/001467) (Página 9382)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia e Interior: ¿Cuáles son las razones de la
pasividad de los responsables del orden público con motivo de los
gravísimos incidentes ocurridos en la ciudad de Ceuta el 11 de
octubre? (Número de expediente 180/001450) (Página 9384)
Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Comparte el Gobierno la tesis de la
existencia de autoridades judiciales partícipes en lo que
únicamente el propio Gobierno insiste en calificar de «operación
contra el Estado»? (Número de expediente 180/001451) (Página 9385)
Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué criterios tiene
el Ministerio de Justicia e Interior en relación a ubicar, de
manera distinta a los acusados en los juicios orales, a los
efectos
de conseguir una mejor comunicación con los defensores? (Número
de expediente 180/001464) (Página 9386)
Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué actuaciones ha
llevado a cabo el Gobierno para mejorar los haberes pasivos del
colectivo de la Policía que se halla en situación similar a la
establecida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 28/1994
para la Guardia Civil? (Número de expediente 180/001465) (Página 9387)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV),
que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno regular la
extensión a los socios trabajadores de las Cooperativas de
trabajo asociado la protección en las situaciones de desempleo
temporal y parcial? (Número de expediente 180/001433) (Página 9388)
Del Diputado don Rafael Ballesteros Durán, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Respecto al Centro
perteneciente al Ministerio de Defensa llamado Patronato Militar
de Enseñanza de Ronda, hay, en estos momentos, conversaciones con
la Junta de Andalucía para su cesión a la misma? (Número de
expediente 180/001434) (Página 9389)
Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa: ¿Qué razones han justificado que el Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente utilizase, el pasado
día 9 de octubre, un avión F-18 de las Fuerzas Armadas de la Base
de Zaragoza? (Número de expediente 180/001448) (Página 9389)
Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Por qué el Gobierno ha
presentado conflicto de jurisdicción frente a la petición de
documentos presentada por el órgano judicial en relación con
documentos del CESID relacionados con el caso GAL, no entregando
la documentación solicitada? (Número de expediente 180/001468)
(Página 9390)
Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia: ¿Considera el Sr. Ministro que
las infraestructuras de Canarias son moneda de cambio para
encubrir las responsabilidades políticas de don Felipe González
en el caso GAL? (Número de expediente 180/001447) (Página 9391)
Del señor Martínez Blasco, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Gobierno: ¿Qué explicación da el Gobierno a las amenazas
políticas vertidas por el Ministro don Jerónimo Saavedra hacia
aquellos Grupos Parlamentarios que respaldarán la iniciativa de
constituir una Comisión de Investigación sobre los GAL? (Número
de expediente 180/001466) (Página 9393)
Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Sanidad y Consumo: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno publicar el
decreto que garantice la gratuidad de los medicamentos para los
enfermos de SIDA? (Número de expediente 180/001452) (Página 9394)
De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la opinión del
Gobierno sobre el comportamiento y perspectivas de la inflación?
(Número de expediente 180/001435) (Página 9395)
Del Diputado don Manuel Couce Pereiro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno adoptar
medidas especiales para apoyo a la inversión en el municipio
de El Ferrol, teniendo en cuenta que se va a revisar el
Reglamento de desarrollo de la Ley 50/85 de Incentivos Económicos
Regionales? (Número de expediente 180/001437) (Página 9396)
Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, del
Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué
situación se encuentra el proyecto de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan, diseñado
para tratar conjuntamente los vertidos de Campo de Criptana?
(Número de expediente 180/001431) (Página 9397)
Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cómo
justifica el Sr. Ministro su vuelo en un F-18 de las Fuerzas
Armadas de la Base de Zaragoza? (Número de expediente 180/001449)
(Página 9397)
Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Quiere
explicarme usted la posible paralización en la construcción de la
presa de Itoiz? (Número de expediente 180/001454) (Página 9399)
Del Diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones
ha realizado el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición
no de Ley aprobada por el Congreso por la que RENFE debía
proceder, antes del 17 de agosto de 1995, a la rehabilitación y
apertura de los apeaderos de Vilassar de Mar-Cabrera y Premiê de
Mar? (Número de expediente 180/001463) (Página 9400)
Del Diputado don Antonio Guinea de Toro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los proyectos y
medidas concretas que el Ministerio de Asuntos Sociales ha
realizado o tiene previsto realizar para fomentar y canalizar la
participación de los ciudadanos en acciones de voluntariado de
interés general? (Número de expediente 180/001430) (Página 9401)
Del Diputado don Antonio Guinea de Toro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno sobre la resolución aprobada por el Consejo de Ministros
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea relativa a la
lucha contra el racismo y la xenofobia? (Número de expediente
180/001441) (Página 9402)
Del Diputado don Antonio Guinea de Toro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno sobre la resolución aprobada por el Consejo de Ministros
de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea sobre
cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud?
(Número de expediente 180/001442) (Página 9403)
Interpelaciones urgentes (Página 9404)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a
la vivienda en los próximos años (Página 9404)
El señor Andreu Andreu explana la interpelación de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya precisando que al hablar de las
ayudas a las viviendas, tanto de las presentes como de las
pasadas y las futuras, no se ciñen únicamente a los resultados de
un plan de vivienda y, en concreto, a los resultados del último
Plan elaborado por el Gobierno al que pertenece el señor Borrell.
Su Grupo piensa que la política de viviendas es algo mucho más
amplio. Incluso el capítulo de ayudas fiscales por parte del
Estado no se mueve en una dirección de progreso sino más bien al
contrario, en una dirección claramente conservadora que podría
gestionar muy bien el Partido Popular, ya que hoy en día quien
recibe más ayudas a la vivienda es quien más tiene, quien más
puede desgravar fiscalmente.
El Grupo de Izquierda Unida quiere que se cumpla el artículo 47
de la Constitución, es decir, que todos los españoles tengan una
vivienda digna, pero ocurre que el Gobierno no ha conseguido
romper la inercia de la política de vivienda desde los tiempos de
la UCD y aun reconociendo que se han producido mejoras
sustanciales en la gestión de esa política, no se ha producido en
cambio una variación de directriz en ella.
Expresa su convencimiento de que una nueva política de vivienda
ejercería efectos beneficiosos para que los españoles pudieran
acceder a ese bien que la Constitución les reconoce, e igualmente
sería beneficioso para la economía española, y de ahí que
insistan en reclamar un giro importante en la actual política.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles)
señalando que hay quien cree que el acceso a vivienda, como a
tantas otras cosas, debe regularlo el mercado, llevando su
confianza en el mercado hasta esos extremos. Sin embargo, gente
más razonable como el interpelante y quien ahora les habla, creen
que el mercado no es capaz de facilitar el acceso digno a la
vivienda a todo el mundo, y por ello seguramente los padres
constitucionales dijeron que la vivienda no era una mercancía
sino un derecho, como tantos otros, que tenía que ser garantizado
no por el mercado sino por la acción consciente, responsable y
colectiva de la sociedad políticamente organizada. Por ello, el
acceso a la vivienda, en cumplimiento del mandato constitucional,
ha sido siempre un objetivo del Gobierno socialista, tanto más
cuanto más afectara a quienes no pueden hacerlo en condiciones de
mercado.
Expone a continuación el señor Ministro diversos datos relativos
al importante avance producido, entre los años 1992 y 1995, que
demuestran que el Gobierno ha cumplido sus objetivos, agregando
que se propone seguir trabajando en el marco de sus competencias
para seguir dando una respuesta positiva a un problema que sigue
siendo grave en nuestra sociedad. Reconoce que a ello han
contribuido los acuerdos con las comunidades autónomas, ya que
las competencias en materia de vivienda son fundamentalmente
autonómicas e íntegramente la gestión. En este sentido, considera
que las críticas deben dirigirse a aquellos gobiernos
autonómicos, que son los responsables de la gestión y a los que
el Gobierno no puede ni quiere sustituir.
Expone, por último, algunas de las medidas concretas existentes,
así como el importantísimo paquete de medidas que están encima de
la mesa para su discusión, fundamentalmente con los responsables
autonómicos, afirmando que se trata de un tema apasionante,
complejo y diverso que es muy difícil desarrollar en una
intervención parlamentaria necesariamente breve.
Replica el señor Andreu Andreu. Para fijación de posiciones, hace
uso de la palabra el señor Ortiz González, en nombre del Grupo
Popular. Interviene de nuevo el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la postura
que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión en
la inminente reforma de la Organización Común de Mercado (OCM)
del sector hortofrutícola, para defender dignamente los intereses
españoles (Página 9412)
El señor Pascual Monzo defiende la interpelación del Grupo
Popular. Comienza destacando la importancia del sector al que
afecta la reforma de la normativa comunitaria, facilitando varias
cifras sobre su producción y cuantía económica, pudiendo afirmar
que se trata del sector más importante de la producción agraria
española no sólo por su volumen económico, sino también por ser
un cultivo eminentemente social, dada la gran cantidad de mano de
obra que necesita, por ser difícil de mecanizar. Afecta, por
tanto, a un elevado número de puestos de trabajo y considera que
se les ha venido discriminando negativamente. En esta situación,
y ante la perspectiva de modificación de la actual normativa, que
nuevamente nos puede perjudicar, habría que reflexionar
seriamente, ya que la mayoría de programas operacionales en estos
momentos, tal como están redactados, no son interesantes para
España. Pide, por tanto, al señor Ministro que en la próxima
reunión del Consejo de Ministros se rechace la propuesta de la
Comisión, para la presentación de otra nueva más acorde con la
realidad, las necesidades y los intereses agrarios españoles.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Atienza Serna). Considera que el
interpelante comete un primer error fundamental respecto a la
regulación del sector de frutas y hortalizas y, sobre todo,
respecto a sus implicaciones para España, que atribuye a su
desconocimiento absoluto de la cuestión. Expone que el telón de
fondo de esta reforma del sector hortofrutícola comunitario está
en la necesidad de adaptación a las nuevas condiciones del
mercado europeo, derivada de compromisos adquiridos en el seno
del GATT. Sobre este particular recuerda que se
presentó un documento de reflexión con la descripción del sector
y su situación general, así como algunas líneas generales de la
reforma que se pensaban proponer, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas y las organizaciones profesionales agrarias y de
productores, ocurriendo que las dos propuestas ahora aprobadas
por la Comisión siguen las líneas generales esbozadas en ese
documento de reflexión. Los objetivos buscados fundamentalmente
consisten en mejorar la eficacia y la calidad de la producción
hortofrutícola comunitaria ajustando la producción a la demanda.
Alude a los elementos fundamentales contemplados para alcanzar
los objetivos perseguidos, aclarando que España es el país
comunitario con significación en el sector hortofrutícola que
retira menos cantidades de producto. Expone asimismo algunas de
las principales características de la propuesta comunitaria y
termina afirmando que nos hallamos ante una reforma fundamental
de los intereses españoles. Cree que la propuesta de la Comisión
es aprovechable si se introducen ciertas modificaciones
recogiendo nuestras principales demandas, siendo éste el reto y
el mejor servicio que pueden hacer a nuestra agricultura, para lo
que ofrece toda su colaboración personal y la de su Ministerio.
En cambio, no podrán contar con él para atender voces, a su
juicio irreflexivas, pidiendo el rechazo y el veto de las
propuestas de la Comisión, porque cree que no es ése el camino.
Replica el señor Pascual Monzo, duplicando el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Tubert i
Alsina, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación con
el destino de las ayudas públicas al sector del automóvil y, en
especial, con las otorgadas a la multinacional Volkswagen para el
mantenimiento de la marca SEAT (Página 9425)
El señor Ribó Massó defiende la interpelación de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de la
Presidencia (Pérez Rubalcaba).
Para fijación de posiciones interviene el señor Subirón García,
en nombre del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PARA LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿QUE RAZONES ADUCE EL GOBIERNO PARA
QUE NO SE PERMITA QUE LOS SIMBOLOS OFICIALES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, Y EN ESPECIAL SU BANDERA, APAREZCAN
JUNTO A LOS DE ESPAÑA EN INSTITUCIONES ESTATALES RADICADAS EN ESA
COMUNIDAD? (Número de expediente 180/001453)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 26, del señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones aduce el Gobierno para que no se
haya permitido que los símbolos oficiales de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y en especial su bandera, aparezcan
junto a los de España en instituciones estatales radicadas en esa
Comunidad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i
Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, como ya aclaró la señora Ministra de Cultura en
su intervención ayer en el Senado, el Gobierno no se opone, todo
lo contrario, al uso de las banderas de las comunidades autónomas
en los edificios oficiales, si bien el Gobierno venía rigiéndose,
como es lo normal, por la Ley de 28 de octubre de 1981, en
materia del uso de la bandera nacional. Repito, la Ministra de
Cultura aclaró ayer explícitamente que no sólo no tiene ningún
inconveniente, sino que le parece muy adecuado, si los gobiernos
regionales, en este caso el de Castilla y León, lo solicitan,
poner también, junto a la enseña nacional, su propia bandera. Con
esto, supongo que se verá usted satisfecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: No exactamente, señor Ministro, porque
esa solicitud ya se ha hecho en reiteradas ocasiones por parte de
los representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tanto verbalmente como por escrito. Eso lo sabe usted, señor
Ministro, porque el propio Presidente de la Comunidad Autónoma se
lo hizo llegar a usted personalmente hace ya varios meses.
Desde nuestro punto de vista, ustedes han venido actuando con
auténtica deslealtad constitucional hacia una Comunidad Autónoma
como la de Castilla y León, con un Gobierno que siempre ha tenido
un comportamiento absolutamente ejemplar con los símbolos y las
instituciones de España.
No se les ha estado solicitando una concesión graciosa, sino,
precisamente, el escrupuloso respeto y cumplimiento de esa Ley
39/1981, que usted esgrimía. Ustedes se han negado
reiteradamente, en una actitud absolutamente cicatera,
absolutamente incompatible con la democracia que dicen
representar, a satisfacer las legítimas demandas de los
castellanos y los leoneses. Y ha tenido que amenazar el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con llevar el tema al
Tribunal Constitucional, ha tenido que amenazar el Presidente con
no estar presente en los actos institucionales y gubernamentales
convocados por el Gobierno de España, y ha tenido, incluso, que
aprobarse mociones en los ayuntamientos de esta Comunidad a favor
del uso de nuestra bandera, para que ustedes ahora den marcha
atrás en su actitud absolutamente insostenible y reconozcan lo
que es para nosotros una demanda irrenunciable, el uso de la
bandera de Castilla y León, como nos reconoce la Ley y como, por
otra parte, nos reconoce el derecho a ejercer nuestras propias
competencias, junto a la bandera de España, a la que nunca
renunciaremos, y que debería ser su preocupación fundamental en
otros territorios de nuestro Estado, donde no se cumple
precisamente esa legislación vigente. (Rumores.)
Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma y
Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
No diga usted estas cosas ni se apropie de las banderas que, como
usted ha dicho bien, nuestra bandera debería ser un «nuestra»
genérico para hablar de todos, y no la suya, del Partido Popular,
que no lo es.
La bandera de Castilla y León, afortunadamente, es de todos los
castellanos y leoneses y también de todos los ciudadanos
españoles. Todos los ciudadanos españoles y el Gobierno se
sentirán muy honrados, desde luego, con que ondee en los centros
oficiales, tanto estatales como de la propia Comunidad.
Creo que está usted equivocándose exponiendo un tema como
conflicto cuando realmente no lo es. Da la impresión de que,
planteándolo así, uno pudiera sentirse tentado a decir: Pues no
tiene usted razón. Pero como no se trata de decirle que no tiene
usted razón, sino de solucionar un conflicto artificialmente
creado por usted, porque el Gobierno, repito, se siente muy
honrado de que ondee la bandera de Castilla y León en todos los
centros oficiales, no vamos a discutir por eso. Naturalmente, si
usted quiere discutir, siempre encontrará otros motivos de mayor
diferenciación y enfrentamiento que el que ahora acaba de elegir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR:
¿CUAL ES EL RESULTADO DE LOS CONTACTOS Y REUNIONES MANTENIDAS
ENTRE LOS MINISTERIOS DE INTERIOR DE LOS ESTADOS FRANCES Y
ESPAÑOL Y EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO PARA
CREAR UNA COMISARIA CONJUNTA EN LA ZONA DE LA ANTIGUA FRONTERA DE
IRUN? (Número de expediente 180/001399)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, del señor Albistur Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
La pregunta está relacionada con el acuerdo bilateral francés-
español respecto a la creación de una comisaría conjunta en la
zona de la antigua frontera de Irún.
El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, ¿cuál es la pregunta?
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, lo que he dicho. He
hecho un resumen de la pregunta, porque si no, después, usted no
me va a dejar tiempo. Como aquí hay que jugar con el tiempo,
señor Presidente, uno hace economía. Espero que no cuente este
tiempo para la respuesta.
El señor PRESIDENTE: Bromas aparte, están, naturalmente,
garantizados todos los derechos cronométricos de los señores
Diputados. A la hora de formular sus preguntas, SS. SS. saben si
tienen que ser largas o cortas y el tiempo que les va a llevar
poderlas formular,
pero por lo menos deben hacer la referencia concreta a que la
pregunta es la que figura en el orden del día, si no la quieren
repetir.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, Presidente.
En efecto, señoría, con ocasión de la reunión bilateral franco-
española los días 7 y 8 de julio, se examinó en profundidad el
funcionamiento de la única, hasta este momento, comisaría
conjunta, que, como S. S. sabe, es la de La Perthus, de La
Junquera. Como consecuencia del análisis de funcionamiento de esa
comisaría conjunta, combinado con los sistemas de control de
patrullas móviles, se llegó a la conclusión de que era un buen
sistema y se adoptó el acuerdo de instaurar cinco comisarías
conjuntas, una de las cuales va a ser la comisaría a la que S. S.
se refiere, concretamente la de Irún-Hendaya.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Ministro.
Por lo que veo, no queda aclarado cuáles son todos los alcances
de los acuerdos. A efectos de poder conocer a fondo toda la
finalidad que se persigue con ello, quisiera recordar que la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley de
Policía del País Vasco declaraban al Gobierno vasco como máxima
autoridad en Euskadi en materia de seguridad. Este principio ha
ido consolidándose con diferentes acuerdos, el último de ellos en
julio de 1995, en materia de coordinación y policía judicial, que
establecen protocolos de coordinación entre la Ertzantza y las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
De la lectura de todos estos preceptos y acuerdos
interadministraciones y de la realidad cotidiana de la Comunidad
Autónoma Vasca se desprende que la actividad de la Ertzantza es
la de una policía ordinaria, y expresamente toca los temas que
están citados en los acuerdos bilaterales, como son las
actividades delictivas: el narcotráfico, terrorismo, tráfico
internacional de vehículos robados.
Ya le preguntaré en concreto, señor Ministro, cuál es o ha sido
el grado de participación del Gobierno vasco y la Ertzantza en
este acuerdo y si se ha mantenido algún contacto previo o
posterior, con objeto de seguir mejorando la coordinación.
Asimismo, sería interesante conocer si el señor Ministro
considera fundamental que la Ertzantza aporte a este trabajo en
común información, medios materiales, humanos y dispositivos
territoriales, y si no considera un error, desde la perspectiva
de la coordinación, que, dadas las competencias del Gobierno
vasco en estas materias, no se tenga en cuenta, desde el
principio de estos procesos de coordinación internacional, su
papel central en la actividad policial en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.
Señoría, realmente si hablamos de fronteras exteriores, es obvio
que carece de toda competencia la policía autónoma. De esto
estábamos hablando exactamente, del control de la frontera
interior, desde el punto de vista del espacio Schengen, pero
exterior, desde el punto de vista de las relaciones España y
Francia. Las comisarías conjuntas, combinadas con el sistema de
patrullas móviles, tienen como finalidad establecer que la
abertura del espacio Schengen sea compatible con la seguridad y
el control de las fronteras.
Si dejamos ese tema y hablamos de otros puntos de coordinación
global de las relaciones entre España y Francia, es evidente que
para otro tipo de temas, como es la seguridad ciudadana o
cualquiera de las competencias propias de la comunidad autónoma,
en ese plano sí que es conveniente y necesario una adecuada
coordinación con todas las policías que tienen responsabilidad en
la materia. En fronteras exteriores, sólo es competente el Cuerpo
Nacional de Policía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO ENTRARA
EN FUNCIONAMIENTO EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE? (Número de expediente 180/001438)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora Pelayo
Duque.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la construcción de un Palacio de Justicia en
Santa Cruz de Tenerife ha sido una vieja aspiración de muchos
ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido compartida por
los sucesivos gobiernos socialistas. Recuerdo, por ejemplo, la
visita que llevó a cabo a Santa Cruz de Tenerife, siendo
gobernador civil Eligio Hernández, el Ministro de Justicia
Fernando Ledesma, a efectos de intentar recabar de las
autoridades municipales la cesión de los terrenos necesarios para
la construcción de ese Palacio de Justicia.
Siendo luego Ministro de Justicia Tomás de la Cuadra,
conseguimos, a través de un complicado convenio, en el que tuve
el honor de participar, porque también
en aquellos momentos era portavoz en el Ayuntamiento del grupo
municipal socialista, un convenio para que el Ayuntamiento de
Santa Cruz cediera los terrenos necesarios a efectos de poder
construir la sede física de los distintos órganos de la
Administración de Justicia en la capital tinerfeña. El Palacio de
Justicia se ha construido, a pesar de los augures o de los malos
augures de determinados representantes de la oposición. Está ya
terminado, como digo, y se encuentra ubicado en la Avenida 3 de
mayo, de Santa Cruz de Tenerife. Hoy se sienten todos tan
orgullosos de esa construcción, que incluso en la última campaña
municipal que llevó a cabo el grupo gobernante de Santa Cruz de
Tenerife, entre las realizaciones que se estaban llevando a cabo,
figuraba precisamente la construcción de ese Palacio de Justicia.
Sin embargo, por una nota que ha aparecido hace poco en la prensa
da la impresión de que va a existir un retraso en la puesta en
marcha, como consecuencia de las deficiencias en el cableado
telefónico y, sobre todo, de que tiene que haber un concurso para
llevar a cabo el traslado físico del mobiliario al Palacio de
Justicia.
La necesidad de que Santa Cruz cuente con las instalaciones
adecuadas es evidente y por eso hago la pregunta al señor
Ministro de Justicia. ¿Cuándo entrará en funcionamiento el citado
Palacio de Justicia?
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente. Gracias, señoría.
Efectivamente, le constan al Ministerio los esfuerzos de su
señoría en el logro de ese objetivo que, afortunadamente, ya es
una realidad. (Rumores.) En septiembre terminaron las obras del
Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, que va a permitir
albergar los 21 órganos unipersonales de la capital, así como las
tres secciones de la Audiencia provincial, y, lo que es más
importante, tiene previsiones para cuatro nuevos órganos
unipersonales y para una futura cuarta sección de la Audiencia.
Además, hay una planta entera disponible para necesidades
futuras. En definitiva, es el gran Palacio de Justicia de Santa
Cruz de Tenerife del presente y del futuro.
Las obras, como su señoría ha recordado, terminaron en el mes de
septiembre. En este momento, estamos en la fase de instalación de
servicios y mobiliario, concretamente de los sistema de voz, de
datos, los equipos ofimáticos, mobiliario y otros temas menores;
también la contratación, a la que su señoría se refiere, que ha
salido, por cierto, en el Boletín oficial del día 12 de octubre.
Pese a esa evidente necesidad de realizar esos trabajos
complementarios, aseguro a S. S. que, desde luego, a primeros de
enero entrará en funcionamiento el Palacio. Mis equipos me dicen
que probablemente antes, pero ante la Cámara prefiero ponerme en
lo peor y lo peor sería que entre en funcionamiento en el mes de
enero del año 1996.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE FERNANDEZ SANZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL
GOBIERNO ADOPTAR ALGUNAS NUEVAS MEDIDAS PARA EL PROXIMO AÑO A LA
VISTA DEL BALANCE QUE REALICE SOBRE LA «OPERACION PASO DEL
ESTRECHO» DEL VERANO DE 1995? (Número de expediente 180/001439)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, de la señora Fernández
Sanz.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el importante número de trabajadores marroquíes
que durante el verano atraviesan nuestro país ha llevado a
nuestro Gobierno, año tras año, a tomar medidas para producir un
paso por nuestro país lo más positivo posible.
La imagen que, a través de los medios de comunicación, tenemos de
la «Operación paso del Estrecho» del año 1995 es muy positiva y
quisiera preguntarle qué evaluación han hecho ustedes y qué
propuestas van a hacer de cara a seguir mejorando este paso de
marroquíes o magrebíes por España en el verano, por respeto a
estos trabajadores y por respeto a los inmigrantes magrebíes que
trabajan en España y que, como usted conoce perfectamente, desean
colaborar en esta operación cada año un poco más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.
Señoría, en efecto, los datos reales nos dicen que este año la
«Operación Estrecho» ha sido particularmente positiva, tanto en
cuanto a la fluidez del paso de viajeros y de vehículos como en
cuanto a la ausencia de esperas prolongadas o de incidentes, pese
a que la situación, efectivamente, planteaba algún conflicto por
problemas bilaterales que todas SS. SS. conocen.
Un buen síntoma de ellos es que no ha sido ni siquiera preciso
utilizar las zonas de emergencia que habíamos establecido en los
alrededores de Algeciras para los supuestos de que se dieran
situaciones de bloqueo del puerto o de la ciudad.
Hay un fenómeno interesante. El año pasado observamos un descenso
del 4,5 en la circulación de pasajeros
y vehículos; este año el descenso ha sido más importante,
concretamente del 12,5. En definitiva, en los dos últimos años el
tráfico ha disminuido casi en un 17 por ciento. Pese a esa
disminución, la respuesta prudente, desde el punto de vista del
Ministerio, y es la que se va a adoptar, es que no se va a
disminuir ninguna de las medidas tomadas, sino al revés, se van a
intensificar, para garantizar de manera estable, no sólo la
seguridad en el tránsito, sino, fundamentalmente, la dignidad de
los trabajadores que con todo derecho pasan a su país para tener
unos días de descanso.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EVOLUCION
HAN EXPERIMENTADO LAS SOLICITUDES DE ASILO DESDE LA MODIFICACION
DE LA LEY EN MAYO DE 1994? (Número de expediente 180/001440)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Aguiriano
Forniés.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Ministro de Justicia e
Interior, en la proposición no de ley aprobada por el Congreso de
los Diputados que modificaba la Ley Reguladora del Derecho de
Asilo, se instaba al Gobierno a adoptar las medidas precisas para
garantizar la necesaria claridad en el examen individualizado de
las solicitudes de asilo y a impedir la utilización fraudulenta
con fines de inmigración económica del sistema de protección de
refugiados.
Las razones anteriores, unidas a la polémica que en su momento
produjo la modificación mencionada, hacen conveniente que se
mantenga una información detallada sobre la aplicación y
efectividad de la normativa que garantiza la condición de
refugiado. Por eso le pregunto: ¿Qué evolución han experimentado
las solicitudes de asilo desde la modificación de la Ley en mayo
de 1994?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Presidente, señoría, los datos del año 1991 eran de ocho mil y
pico solicitudes; en el año 1992, pasaron a 11.000; en el año
1993, a 12.000 --digo cifras redondas.
Sin embargo, efectivamente en el año 1994 se produce por primera
vez una inflexión a la baja en el descenso de solicitudes,
situándose en torno a 11.000, pese a que, en realidad, hasta el
mes de junio de ese año se seguía aplicando el sistema
legislativo anterior.
Esa tendencia se ha confirmado plenamente en el año 1995.
Concretamente, a fecha de 30 de septiembre hay 4.600 solicitudes,
lo cual significará que a final de año rondaremos las 6.200. Por
tanto, la inflexión es evidente y muy importante.
¿A qué se debe? Sin duda, a que el nuevo sistema legislativo es
más adecuado para resolver el problema de la verdadera naturaleza
jurídica del derecho de asilo. Pero, además, ha habido otra serie
de factores evidentes que conviene tener en cuenta.
Por un lado, la desaparición prácticamente de solicitudes de buen
número de países tradicionalmente solicitantes, como sería el
caso, por ejemplo, de Polonia, Bulgaria, Ecuador, Senegal.
En segundo lugar, como consecuencia de la normalización del
colectivo dominicano, que era un problema real y que se
regularizó, y además la exigencia complementaria de visado.
En tercer término, una reducción drástica de las peticiones
procedentes de la República Popular de China, como consecuencia
de algo muy concreto, que es la desarticulación de las mafias
chinas en España de inmigración ilegal.
Junto a eso, es cierto que ha habido otros fenómenos, como es uno
fundamental: el establecimiento de cupos para trabajadores
extranjeros. Eso ha permitido, en definitiva, junto tanto a la
legislación como a la acción política global del Gobierno, que el
derecho de asilo recupere la naturaleza que le asignaba el
artículo 13.4 de la Constitución. En definitiva, una medida que
tiene su lógica para proteger a los refugiados políticos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿HA INTERESADO EL GOBIERNO AL
FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE PROMUEVA ALGUNA ACTUACION EN ORDEN
A LA DEFENSA DEL INTERES PUBLICO, CON EL FIN DE IMPULSAR LA
INTERVENCION DEL FISCAL ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS
ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION, EN EL PAGO DE 600
MILLONES DE PESETAS, PRESUNTAMENTE CON DESTINO AL PSOE, PARA
CONSEGUIR UNAS EXENCIONES FISCALES A FAVOR DE LA CORPORACION
INDUSTRIAL BANESTO? (Número de expediente 180/001467)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Ministro de Justicia e
Interior, en funciones de Presidente, y no señor Presidente en
funciones de Ministro de Justicia e Interior, como ayer se
proclamó usted (Rumores.), ¿ha interesado el Gobierno al Fiscal
General del Estado que promueva alguna actuación en orden a la
defensa del interés público, con el fin de impulsar la
intervención del Fiscal Especial contra la corrupción en el pago
de 600 millones de pesetas, presuntamente con destino al PSOE,
para conseguir unas exenciones fiscales a favor de la corporación
industrial Banesto?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.
Señoría, no. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, en funciones de
Presidente, supongo que es usted consciente de la gravedad de la
afirmación que acaba de hacer, porque ha sido usted, su Gobierno
y su Grupo los que han propuesto la creación del Fiscal contra la
Corrupción, que se supone que, en casos flagrantes de corrupción,
como es el pago a un partido, o a un intermediario con destino a
un partido, para gestionar unos favores del Gobierno, es un caso
manifiesto de corrupción.
Es un hecho también que nadie discute que los 600 millones de
pesetas han desaparecido de Banesto. (Rumores.) Es un hecho que
nadie discute que el señor Conde ha declarado ante un juez que ha
entregado esos 600 millones de pesetas personalmente a un
intermediario con destino al Partido Socialista. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: A mí, señor Belloch, y a mi
Grupo, sus capacidades para perseguir jueces en función de sus
responsabilidades en la revelación de secretos o en la
prevaricación, probablemente impulsado por su subconsciente como
antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial, nos
parecen muy respetables, pero no son la clave. La clave es si los
600 millones de pesetas se han pagado o no se han pagado.
Por eso, señor Belloch, lo grave es que a usted no le preocupe
esto; lo grave es que esto no le preocupe a su Gobierno; lo grave
es que el Fiscal Anticorrupción no intervenga en un caso
manifiesto de corrupción. Y le voy a decir más, señor Belloch: es
una torpeza por su parte y por la de su Gobierno. Porque a usted
y a su Gobierno les debería importar saber si ese dinero que ha
salido de Banesto ha llegado al PSOE o se ha quedado en el camino
de Argentia, de Las Bahamas y de los intermediarios. (Rumores.)
Por el bien de su Partido, le interesaba acelerar la
clarificación del hecho verdaderamente preocupante. Lo
preocupante no es la revelación del secreto, es el secreto
revelado, señor Belloch. Y a usted, a fin de cuentas, no le
interesa el secreto. (Rumores.--Aplausos.--Un señor Diputado:
¡Qué desastre!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, Presidente.
Señor Cascos, efectivamente, usted no ha leído nunca el Estatuto
de autonomía del Ministerio Fiscal. Y digo de autonomía porque lo
que hace el Estatuto Fiscal es consagrar la autonomía funcional
de la Fiscalía General del Estado. (Rumores.) Si usted hubiera
leído ese Estatuto, y no digamos si encima supiera algo de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, comprendería que cuando hay un juez
que investiga unos hechos, un fiscal asignado a ese caso, y se
verifica un proceso penal sobre unos mismos hechos, el Gobierno
no es que no pueda, es que no debe, bajo ningún concepto, no sólo
dirigir instrucciones, sino ni siquiera excitar el celo del
Ministerio Público. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Venga
ya!) Eso dicen el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Su señoría, en definitiva, desconoce en esta ocasión el principio
que se llama de autonomía funcional del Ministerio Fiscal.
Segundo pequeño problema. Usted desconoce un pequeño dato: el
Gobierno, efectivamente, nombró al Fiscal Anticorrupción. Se le
olvida un detalle: no ha tomado posesión de su cargo. Los
términos literales de su pregunta suponen incitación a un delito:
el de anticipación de funciones públicas. (Rumores y protestas.--
Risas.) Convendría que leyera también el Código Penal.
Tercera observación. Usted, señoría ya sabemos, tenía una
peculiar concepción del Poder Judicial. Su peculiar concepción
del Poder Judicial consiste en decir que los jueces y magistrados
deben dictar sus sentencias de acuerdo con la opinión pública
interpretada por su señoría. (Rumores y protestas.--Varios
señores Diputados: ¿Y los 600 millones?) Esa es una concepción
que lo menos que se puede decir de ella es que no tiene nada que
ver con el Estado de Derecho.
Hoy usted nos ha ilustrado sobre otros terrenos de sus vastos
conocimientos jurídicos sobre el principio de autonomía del
Ministerio Fiscal. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, silencio!
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Usted
quiere un fiscal del Gobierno. Lo ha demostrado. (Rumores.) No lo
hace así el Gobierno. El Gobierno respeta el modelo
constitucional de un fiscal general del Estado. (Un señor
Diputado del Grupo Popular: ¡Eligio!--Rumores.)
Y ya, para terminar, un último comentario. No sabe cómo me alegra
su vuelta a la vida política y parlamentaria. Nada aporta
ciertamente a los conocimientos jurídicos, pero ilumina con un
potente foco intelectual las zonas oscuras del verdadero
pensamiento político del Partido Popular, del que usted es,
dignamente, su Secretario General. (Rumores y protestas.--
Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¡Silencio, señorías!
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUALES SON LAS RAZONES DE LA
PASIVIDAD DE LOS RESPONSABLES DEL ORDEN PUBLICO CON MOTIVO DE LOS
GRAVISIMOS INCIDENTES OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE CEUTA EL 11 DE
OCTUBRE? (Número de expediente 180/001450)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor González
Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
¿Cuáles son las razones de la pasividad de los responsables del
orden público con motivo de los gravísimos incidentes ocurridos
en Ceuta el día 11 de octubre?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.
No ha habido pasividad de los responsables de las Fuerzas de
Orden Público.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Ministro, el responsable máximo de
los desgraciados sucesos de Ceuta es el Gobierno. Y lo es porque
ustedes han permitido que en estos años se formara en Ceuta una
bolsa de inmigración ilegal. Ustedes no han controlado el
perímetro fronterizo con Marruecos, pero sí han establecido un
filtro estricto en el puerto de Ceuta, convirtiendo esta ciudad
en el gueto de la inmigración ilegal.
Ustedes han llevado a la desesperación a ese colectivo
haciéndoles promesas incumplidas. Ustedes han contribuido a
engrosar esa bolsa de inmigración ilegal, trasladando a Ceuta
inmigrantes recogidos en la península. Ustedes no han sabido
exigir a Marruecos el cumplimiento del Tratado bilateral sobre
inmigración ilegal. Ustedes no han atendido las peticiones que
desde estos bancos se han venido haciendo desde diciembre de 1994
que denunciamos la situación, insistiendo en los meses de
febrero, marzo, abril, mayo o junio de este año y el día 27 de
junio de este año, haciendo gala de un cinismo supremo, el
Gobierno contesta por escrito que el número de inmigrantes
ilegales en Ceuta es de 150. ¿Me quiere decir el señor Ministro
qué medidas adoptó el Gobierno para que en ese breve período de
tiempo se triplicara el número de inmigrantes ilegales en Ceuta?
Señor Ministro, el día 10 de julio pasado ya hubo una situación
similar, y desde ese día casi a diario se venía advirtiendo que
la situación volvería a estallar. Es más, en boca de los
inmigrantes centroafricanos, cuando estallara, se iba a enterar
toda España, y vaya si se ha enterado. Lo deplorable, señor
Ministro, es la necia actitud de la Delegada de Gobierno y la
incompetencia de un gobierno que ha venido haciendo oídos sordos
a una crónica anunciada.
Mire usted, el no atender los llamamientos hechos desde el Grupo
Popular por el mero hecho de ser oposición, determinan el talante
vanidoso de su actitud y de los que le rodean. Señor Ministro, si
a este Gobierno le quedara un ápice de dignidad, cosa que dudo,
cesaría fulminantemente a quien por omisión ha sido responsable
político de lo acontecido, y si la soberbia de la que hace gala
el Gobierno se transformara en comprensión y actuación eficaz
hacia los problemas que sufre Ceuta con la inmigración ilegal
hace muchos años, no se volverían a vivir situaciones que estoy
seguro que el pueblo de Ceuta deplora. Por cierto, señor
Ministro, el actual Presidente-Alcalde de Ceuta lo es como
consecuencia de los votos de sus compañeros del PSOE y no del
Partido Popular, como S. S. ha manifestado públicamente, señal
inequívoca de lo informado e interesado que ha estado usted
durante este tiempo por los problemas de Ceuta.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señoría, el problema de Ceuta sí es un problema serio
y, por tanto, en este tema no creo que debamos hacer alardes de
esgrima parlamentaria, sino enfrentarnos realmente a ese problema
serio. Ni siquiera me voy a molestar --no lo permite tampoco el
tiempo-- en explicar los hechos, las conductas de cada quien --se
podría hablar mucho-- pero sí subrayar que, efectivamente, el
Gobierno, sólo desde el mes de julio, había logrado ya realizar
más de cien o bien expulsiones, o bien ingresos en la península y
que, en definitiva, de manera constante y permanente se adoptaban
medidas. Pero mucho más importante me parece indicar las medidas
concretas que se van a adoptar o intensificar frente a los
problemas reales --eso sí-- que existen en Ceuta.
Las medidas van a ser las siguientes. En primer lugar,
impermeabilización de la frontera. Mientras se realizan las obras
definitivas que S. S. conoce, desde mañana mismo se va a proceder
a la instalación tanto de unas alambradas alrededor de toda la
zona como asimismo de zonas de alumbrado. Se han enviado ya dos
unidades básicas de la Guardia Civil, lo que equivale a cien
miembros de la misma. Se va a enviar para la zona y para el
control de la frontera un helicóptero con misión específica de
control.
En segundo lugar, se trata de lograr la reducción del número de
inmigrantes, y para ello es necesario realizar dos tipos de
medidas complementarias. Por un lado, será necesario enviar, en
este caso con autorización judicial, al conjunto de personas que
participaron directamente en los alborotos a centros de recogida
en la península, a centros de internamiento en la península. Al
propio tiempo deberemos dotar de la documentación suficiente a
los inmigrantes para, en colaboración con las organizaciones no
gubernamentales, procurar su estancia dentro de centros de
acogida adecuados en la península. En tercer lugar será preciso
un trabajo conjunto y no demagógico con las administraciones
locales para lograr, en todo caso, un establecimiento serio y
riguroso fuera del perímetro de la ciudad de los actuales
inmigrantes, dotándoles del adecuado sistema de asistencia social
y sanitaria. Será preciso aumentar, y para eso se han enviado
cien miembros,...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA TESIS
DE LA EXISTENCIA DE AUTORIDADES JUDICIALES PARTICIPES EN LO QUE
UNICAMENTE EL PROPIO GOBIERNO INSISTE EN CALIFICAR DE «OPERACION
CONTRA EL ESTADO»? (Número de expediente 180/001451)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Comparte el Gobierno la tesis de la existencia de autoridades
judiciales partícipes en lo que únicamente el propio Gobierno
insiste en calificar de «operación contra el Estado»?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente.
La posición del Gobierno, por cierto, ya ha quedado expuesta en
una sesión que tuvo lugar el día 5, y a la cual, según creo, S.
S. no pudo asistir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, para su desgracia la posición del Gobierno está
siendo fijada por el propio Gobierno o por terceros, en nombre
oficioso de ese Gobierno, de forma muy diferente.
Lo que resulta absolutamente lamentable es que el Gobierno
insista en la tesis de la conspiración y de la participación en
ella de autoridades judiciales; tesis, además, absolutamente
inútil, desmentida en primera instancia por quien fue, en su
momento, el vocero original de dicha tesis, es decir, el señor
Sancristóbal. Lo que resulta inaceptable es que a estas alturas
portavoces oficiosos de ese Gobierno se permitan groseramente
amenazar a las asociaciones profesionales de la judicatura
intentando cercenar su libertad de opinión. Lo que resulta
inaceptable, señor Ministro, es que S. S. utilice esta Cámara
para lanzar veladas chanzas contra la actuación de algún juez
concreto en relación con su obligación de atenimiento a secreto
sumarial, o que este Gobierno utilice al Fiscal General del
Estado instando o no instando, según le rueda la bola, al propio
Gobierno. Y, en definitiva, lo que resulta inaceptable, señor
Ministro, es que a estas alturas el Presidente del Gobierno aún
se atreva a instar al Consejo General del Poder judicial a que
introduzca orden en la judicatura cuando el desgobierno
socialista ha llevado a este país a cotas mayúsculas de
desgobierno.
Lo que aquí sucede, señor Ministro --y eso no tiene vuelta de
hoja--, es que existen unos hechos que sólo penalmente
corresponde sentenciar a los jueces. Pero esos mismos hechos
existen en una vertiente política y tienen que ser explicados por
este Gobierno ante el pueblo español y ante esta Cámara. Y SS.
SS., el propio Gobierno o voceros que se sientan muy cerca de
usted, están intentando crear un clima social que impida dar
credibilidad al trabajo puramente profesional de ciertos jueces.
(Rumores.) Lo cierto es, señor Ministro, que todas esas
circunstancias le alejan a usted y
a este Gobierno de quienes hoy visten la toga, y, lo que es peor,
acreditan que S. S. piensa que durante un tiempo se puede abrir
un paréntesis en el compromiso personal del servicio a la ley por
el mero hecho de ser Ministro, y ésa no es una posición aceptable
en ningún caso. (Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Vuelvo
a insistir que el día 5, en nombre del Gobierno, el Ministro de
Justicia e Interior expuso los criterios precisos y claros sobre
esta materia. Entonces SS. SS. consideraron oportuno no discutir
con el Gobierno sobre esos temas y creo que abandonaron esta
Cámara.
No me interesa lo más mínimo polemizar con S. S., señor Gil
Lázaro. Sí que me interesa, sin embargo, el problema del Poder
Judicial. Respecto del Poder Judicial, y por respeto al Poder
Judicial, me parece importante dejar claro que este Gobierno, si
ha tenido una línea precisa y constante ha sido la de respetar
hasta sus últimas consecuencias la independencia del Poder
Judicial en todas sus fases. Jamás nos hemos permitido ni
criticar ni elogiar las resoluciones judiciales, como S. S. ha
realizado en múltiples ocasiones en función estrictamente de los
intereses sectarios de su partido político. Esa no es la política
del Gobierno. El Gobierno se limita a hacer uso de las facultades
legales que tiene --precisamente las que he tratado de explicar a
su Secretario General, que supongo que tampoco habrá aprendido
nada en esta ocasión--, que consisten en instar del Fiscal
General el ejercicio de las acciones penales cuando entiende que
una conducta puede revestir los caracteres de delito.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE CRITERIOS TIENE EL
MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR EN RELACION A UBICAR DE MANERA
DISTINTA A LOS ACUSADOS EN LOS JUICIOS ORALES, A LOS EFECTOS DE
CONSEGUIR UNA MEJOR COMUNICACION CON LOS DEFENSORES? (Número de
expediente 180/001464)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Nadal i Male.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la pregunta también va de jueces, fiscales y
salas pero en otros términos y en otro tono quizá más asequible a
los ciudadanos.
¿Qué criterios tiene el Ministro de Justicia e Interior en
relación a ubicar de manera distinta a los acusados en los
juicios orales, a los efectos de conseguir una mejor comunicación
con los defensores?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
Conoce S. S. perfectamente que aquí la pauta está en el artículo
42.2 de la Ley Orgánica reguladora del Jurado. En ella se
establece un principio fundamental, que es asegurar la
comunicación entre el acusado y su defensor. A partir de ahí,
tanto la Administración del Gobierno del Estado como las
comunidades autónomas que tengan competencia en la materia --caso
de Cataluña-- tendrán que ajustar sus previsiones materiales en
la confección de las salas de jurado al mandamiento contenido en
ese artículo 42.2 de la Ley orgánica.
Puede ocurrir que no sea preciso un modelo único; puede, y es lo
normal --por lo menos así será en los territorios que dependan
del Ministerio de Justicia e Interior a estos efectos--, que los
acusados se coloquen en un banco al lado de su defensor, aunque,
ciertamente, también se pueden colocar delante, pero lo que es
evidente es que todos tendremos que cumplir el garantizar la
comunicación, respetando, asimismo, las facultades del magistrado
presidente, que, lógicamente, tiene facultades de orden público
interno, de seguridad, que, a su vez, deberán ajustarse a ese
principio básico de la comunicación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el tema se sitúa de una forma definitiva en la
supresión del banquillo de los acusados. La ubicación en la sala
de una manera diferente a la actual puede provocar una situación
de comunicación más factible con el letrado, pero es evidente que
la colocación en la sala tal como está planteada en estos
momentos lo que sí provocará es un distanciamiento con todos los
elementos del juicio; especialmente, dará una sensación delante
del jurado realmente terrible. La situación del banquillo de los
acusados es un elemento que prácticamente ha desaparecido en
todas las administraciones de justicia y creo que, con
independencia
de la ubicación que cada una de las autonomías, según sus
competencias, le pueda dar, sería justo y lógico que el
Ministerio se expresara a favor de la supresión de la ubicación
en este estricto sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): En
cualquier caso, lo que le garantizo es que trataremos de
coordinar con todas las administraciones que tienen competencias
para que la solución sea idéntica. Desde luego, tengo en cuenta
su observación.
Por otro lado, el propósito del Ministerio es que eso pudiera
extenderse a la totalidad de procesos y no solamente a los de
juicios por jurado. De hecho, el anteproyecto de ley de
enjuiciamiento criminal prevé la extensión del sistema a la
totalidad de juicios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE ACTUACIONES HA LLEVADO A
CABO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LOS HABERES PASIVOS DEL COLECTIVO
DE LA POLICIA QUE SE HALLA EN SITUACION SIMILAR A LA ESTABLECIDA
EN LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA DE LA LEY 28/1994 PARA LA
GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/001465)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Carrera i
Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
También en la línea anterior, aunque quizá en un tema de menor
impacto de titulares o quizá de esgrima parlamentaria, como decía
el señor Ministro en anteriores preguntas, pero que a nuestro
entender también es importante.
Señor Ministro, en abril de este año le hice una pregunta oral en
el Pleno, interesándome en saber en qué punto o situación se
encontraban los estudios para determinar el número de posibles
afectados de la Policía Nacional con respecto a la revisión del
haber pasivo. En su respuesta, el señor Ministro me indicó que
los estudios se habían convertido ya en propuesta, propuesta que
además era propósito del Ministerio introducir en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para
1996. Por todo ello, le dirijo la siguiente pregunta: ¿qué
actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para mejorar los
haberes pasivos del colectivo de la Policía que se halla en
situación similar a la establecida en la disposición adicional
quinta de la Ley 28/1994 para la Guardia Civil?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, además, en este caso fue decisiva la intervención
de su Grupo, porque recordará que fue una enmienda de su Grupo en
el Senado la que permitió esa modificación, lo que ocurre es que
fue posterior a la Ley 26/1994, que regulaba la segunda actividad
del Cuerpo Nacional de Policía, y ese desfase temporal impidió su
posible aplicación, salvo, precisamente, por la vía de una
reforma legal.
Como consecuencia de los estudios realizados, hemos comprobado
que, pese a la enmienda, dentro de la Guardia Civil todavía
podían quedar personas que no se viesen beneficiadas por ese
sistema y, sobre todo, que existían cuerpos distintos de la
policía y de la Guardia Civil respecto a los cuales la respuesta
que se dio en su momento podría ser la justa. Por tanto, y de
acuerdo con lo que ya le indiqué en su momento, en el
anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social --la normalmente conocida como ley de
acompañamiento-- se prevé la reforma de la disposición
transitoria cuarta del texto refundido de clases pasivas, lo que
redundará en la mejora de las pensiones de retiro ya causadas,
pero también en el reconocimiento de una nueva pensión civil,
computándose servicios civiles y militares. Lo único que hace
falta es que SS. SS. aprueben esa ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carrera, tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Mi pregunta estaba planteada incluso al margen del camino que
pueda seguir la Ley de presupuestos y la de acompañamiento para
1996. Yo diría que el hecho de que esté contemplada o no en dicha
Ley, en principio no tendría nada que ver con el propio resultado
que puedan tener los presupuestos, aunque sí es cierto, señor
Ministro, su aplicación práctica. Por tanto, dado que me dice que
se contempla, habrá que ver qué pasa con los presupuestos, en lo
que no voy a entrar en estos momentos, aunque sí le diría que, en
todo caso, creo que esta aplicación podría tener un tratamiento
diferenciado al margen del resultado final.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV),
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO REGULAR LA
EXTENSION A LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LAS COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO LA PROTECCION EN LAS SITUACIONES DE DESEMPLEO
TEMPORAL Y PARCIAL? (Número de expediente 180/001433)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Olabarría
Muñoz, que tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, ¿cuándo piensa el Gobierno regular la
extensión a los socios trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado afiliados al Régimen General de la Seguridad
Social, la protección por desempleo en su modalidad suspensiva
total y parcial?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted sabe, existe un proyecto normativo que ha
pasado ya la tramitación en la fase administrativa previa que
pasan todos los reales decretos, es decir, tiene los informes de
asociaciones, corporaciones interesadas en el asunto y del
Consejo de Estado. Ahora mismo está en discusión política, porque
hay una serie de puntos de este real decreto que están todavía
sin resolver. El decreto está en fase de Consejo de Ministros,
por así decirlo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría, tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su información, no demasiado
prolija, ésa es la verdad. Tiene cierto componente de decepción,
porque nosotros sabemos que ese proyecto normativo existe hace
mucho tiempo, no sabría evaluar en este momento cronológicamente
cuánto, pero nos preocupa que no se termine de resolver y que no
haya una convicción política uniforme en el Gobierno. Quizás esta
pregunta, señor Ministro, la deberíamos dirigir también a los
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda en relación a
la superación de una disfunción, que es una disfunción incluso de
inconstitucionalidad y puede vulnerar el principio de igualdad
ante la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución, cual
es el no reconocimiento a los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado afiliados al Régimen General de
una protección integral del desempleo, de la protección por
desempleo, cuando su cotización a esta prestación, a la
financiación de esta protección, es íntegra, ésta sí que es
integral, y desde esa perspectiva entendemos que se puede
vulnerar el principio de igualdad ante la ley que consagra la
Constitución y el mandato promocional de las sociedades
cooperativas que consagra otro precepto de la Constitución, que
es el artículo 129.
Señor Ministro, estoy satisfecho porque el Real Decreto 1.043, de
19 de junio de 1985, ya reconoce, por fin, tras luengos años de
lucha, al sector cooperativo la protección por desempleo en
determinados supuestos a los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado, en el caso de extinción, por
despido improcedente, por causas tecnológicas, económicas o de
fuerza mayor o por no superación del período de prueba, pero
todavía falta por reconocer la protección de desempleo en su
concepción más integral, es decir, en los supuestos suspensivos,
ya sean éstos de carácter total o de carácter parcial.
Esta es una discriminación que usted, por su propia sensibilidad,
no está dispuesto a mantener. Nos gustaría saber qué otros
ministros están dispuestos a remover esta discriminación que
resulta anticonstitucional y que vulnera los principios de la
justicia material más elemental y el mandato promocional
constitucional en relación al mundo cooperativo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán
Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Olabarría, no vaya tan deprisa porque el Ministro de
Trabajo tiene serias dudas sobre este proyecto. Le estoy hablando
como Ministro de Trabajo. Tengo serias dudas, y usted, que es
fino jurista, las va a comprender, primero, por la propia
naturaleza de la prestación de la situación de desempleo, que en
este caso concreto prácticamente quedaría su declaración al
arbitrio de las mismas personas que se beneficiarían de esta
prestación por desempleo parcial. En segundo lugar, también
porque la propia regulación del desempleo parcial o de las
suspensiones de contrato merecen una reflexión mucho más
profunda, teniendo en cuenta las situaciones que hoy día se están
produciendo.
Ya sabe usted que soy partidario de que todas las figuras
suspensivas del contrato reciban desempleo, pero que el desempleo
sea gestionado directamente por los empresarios y sindicatos en
este caso, y lo sea en función también de las necesidades que
ellos mismos
quieran cubrir y con la financiación que ellos mismos quieran
otorgarse.
Por tanto, ya le digo que no es un supuesto cuya naturaleza sea
tan clara, y yo mismo mantengo serias dudas sobre la regulación
de este supuesto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL BALLESTEROS DURAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿RESPECTO AL CENTRO
PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE DEFENSA LLAMADO PATRONATO MILITAR
DE ENSEÑANZA DE RONDA, HAY, EN ESTOS MOMENTOS, CONVERSACIONES CON
LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA SU CESION A LA MISMA? (Número de
expediente 180/001434)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Ballesteros
Durán.
El señor BALLESTEROS DURAN: Señor Presidente, señor Ministro, en
los últimos años, el Ministerio de Defensa ha seguido una
política de cierre o de transferencia a otros organismos de
centros que antiguamente dependían del mismo, como hospitales
militares, centros de intendencia, centros de enseñanza,
etcétera.
En la ciudad de Ronda existe un centro dependiente de dicho
Ministerio, llamado Patronato Militar de Enseñanza, donde cursan
sus estudios actualmente, y en régimen de internado, unos 250
alumnos hijos de militares y de personal civil adscrito al
Ministerio de Defensa.
Nuestra pregunta es, señor Ministro, si tiene conocimiento de que
existan conversaciones o negociaciones entre dicho Ministerio y
la Junta de Andalucía para la cesión de este centro a la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Ministerio de Defensa mantiene conversaciones desde
el mes de abril de este año con el Ministerio de Educación y
Ciencia con objeto de efectuar la cesión de uso de los centros
docentes públicos no universitarios sometidos a convenio entre
ambos departamentos, Educación y Defensa.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene
competencias plenas en materia educativa, hemos mantenido
contactos, en efecto, con la Consejería de Educación de la Junta
para tratar la cesión de uso de los colegios o institutos
pertenecientes al Ministerio de Defensa y ubicados en dicha
Comunidad.
En una reunión mantenida en junio de este año, la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía manifestó la imposibilidad de
absorber los 391 alumnos del Instituto de Bachillerato General
Alamán, integrado en el Patronato Militar a que se ha referido su
señoría.
A causa de ello se inició el estudio de un acuerdo para
mantenerlo en funcionamiento, de forma que se asegure la
escolarización de los alumnos alojados en la residencia del
citado patronato, así como para compartir los costes de los
servicios, que pasarían a ser comunes.
Se ha remitido a la Junta de Andalucía un borrador de un posible
acuerdo y estamos en este momento esperando la opinión de la
Junta para perfeccionarlo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA:
¿QUE RAZONES HAN JUSTIFICADO QUE EL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE UTILIZASE, EL PASADO DIA 9
DE OCTUBRE, UN AVION F-18 DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA BASE DE
ZARAGOZA? (Número de expediente 180/001448)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Seco Gordillo.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones han justificado que el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
utilizase, el pasado día 9 de octubre, un avión F-18 de las
Fuerzas Armadas de la Base Aérea de Zaragoza?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Ejército del Aire tradicionalmente ha autorizado a
volar en sus aviones, como acompañantes, a personas ajenas al
propio personal de vuelo. El objetivo que se pretende con estas
iniciativas, al igual que con otras de esta índole, es dar a
conocer la capacidad y la modernización de nuestros ejércitos.
Quisiera resaltar, señoría, que estas autorizaciones no originan
ningún gasto extra, pues se aprovechan vuelos de instrucción, ni
alteran tampoco para nada el régimen de normal funcionamiento de
las unidades.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Seco tiene la palabra.
El señor SECO GORDILLO: Señor Presidente, nos encontramos en
presencia, una vez más, de un flagrante caso de
patrimonialización de los bienes públicos por los miembros del
Gobierno socialista. Una vez más tenemos que denunciar ante la
sociedad española que ciertos miembros del Gobierno consideran
los bienes públicos como si fueran propiedad privada y los
utilizan en su provecho particular para la satisfacción de sus
más íntimos caprichos.
Con no ser éste el primer caso, y mucho nos tememos que tampoco
será el último, de utilización particular caprichosa e indebida
de los bienes públicos --podemos recordar el del Presidente del
Gobierno, señor González, navegando en el Azor, o el vuelo del
señor Guerra en el Mistere, cuando era Vicepresidente del
Gobierno para llegar a tiempo a los toros--: con no ser el primer
caso, decía, sí es, en cambio, el que mayor gravedad reviste. En
primer lugar, porque no es sólo que un Ministro del Gobierno
socialista use privadamente un bien público, sino que otro
Ministro del Gobierno socialista active toda la cadena de mando
del Ejército español para que un compañero de Gabinete pueda ver
cumplidos sus caprichos. Y, en segundo lugar, porque no estamos
ante un bien público cualquiera, sino que es uno de los más
sofisticados cazabombarderos existentes en el mundo, cuyo valor
es superior a los tres mil o cuatro mil millones de pesetas,
afecto, por si lo anterior no fuera suficiente, a una finalidad
importantísima, como es la defensa nacional. Y es que ninguna de
las explicaciones ofrecidas por el señor Ministro puede resultar
mínimamente justificativa del desafuero cometido.
Se ha dicho en esta Cámara o en la prensa que se trataba de un
vuelo programado que el señor Borrell aprovechó. Señor Ministro,
o le han engañado, lo que no podemos creer, o, lo que es peor,
pretende engañar al pueblo español, porque el aparato utilizado
por el señor Borrell es un modelo biplaza, con mando doble, que
sólo vuela, como el señor Ministro sabe perfectamente, para la
instrucción de los nuevos pilotos que van llegando a la unidad,
nunca, nunca en vuelos ordinarios para mantener su operatividad.
Y la justificación de que el señor Borrell quería ver desde el
aire las Hoces del Cabriel resulta tan disparatada, señor
Ministro, que no sólo se descalifica por sí sola, sino que
descalifica, además, a quien la hace, por lo que no merece el
menor comentario.
Señor Ministro, ¿de verdad piensa convencernos de que el vuelo
del señor Borrell en el F-18 es algo que debamos aplaudir? No nos
engañemos, señor Presidente, estamos sencillamente ante una
actuación irregular del Ministro de Defensa que, autorizando y
ordenando el vuelo privado del señor Borrell, ha cometido un
gravísimo abuso de poder. Nos encontramos ante un uso irregular
de los bienes afectos a la defensa nacional, que no puede tener
más consecuencia, señor Ministro, que su dimisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, no estamos ante ningún caso de abuso, y menos ante
ningún caso de abuso de poder. El Ministro de Obras Públicas y
Transportes fue invitado hace tiempo por el Ejército del Aire a
visitar sus instalaciones. Visitó, además de otras instalaciones,
la base aérea de Zaragoza, y participó en un vuelo perfectamente
programado para ese día, un vuelo de instrucción que se convierte
en un vuelo de demostración. Un vuelo perfectamente programado,
insisto, señoría, para ese día. Y esto, desde la perspectiva del
Ejército del Aire, no significa sino una muestra más de la
estrecha colaboración que viene manteniendo nuestra fuerza aérea
con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, cuyo titular es el señor Borrell, que, entre otras,
tiene la competencia sobre aviación civil, sobre seguridad en
vuelo y sobre cuestiones relacionadas con la circulación aérea.
Señoría, no nos encontramos ante una circunstancia excepcional,
ni en la fuerza aérea española ni en la fuerza aérea,
probablemente, de ningún país. Forma parte de una práctica
tradicional en la cual han participado personajes públicos de la
sociedad española; han participado, entre otros, periodistas o
han participado autoridades de los municipios donde las bases
aéreas se encuentran enclavadas. No hay en este caso, señoría,
por más que se empeñe, ningún abuso que corregir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE EL GOBIERNO HA
PRESENTADO CONFLICTO DE JURISDICCION FRENTE A LA PETICION DE
DOCUMENTOS PRESENTADA POR EL ORGANO JUDICIAL EN RELACION CON
DOCUMENTOS DEL CESID RELACIONADOS CON EL CASO GAL, NO ENTREGANDO
LA DOCUMENTACION SOLICITADA? (Número de expediente 180/001468)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señor Ministro, el
Gobierno, para decir que no a la creación de comisiones de
investigación, se ha escudado en dejar actuar primero a la
justicia. Pero ante cuatro requerimientos de documentos al Cesid,
al finalizar el plazo del último, usted, a las nueve de la noche
y en el
juzgado de guardia, presenta una hipotética cuestión de
competencia a través de un conflicto de jurisdicción. ¿Cree el
Ministro de Defensa que ésta es una forma de ayudar a la
independencia judicial y colaborar para aclarar la comisión de
actos terroristas y la posible implicación en éstos del Cesid,
del que usted, hoy, es el responsable político?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, el Gobierno y el Ministro de Defensa cumplen
estrictamente con la legalidad. La ley obliga a guardar reserva
sobre determinadas materias que están declaradas secretas, como
SS. SS. sabe muy bien. Ante un requerimiento de la autoridad
judicial, ante un nuevo requerimiento del juez de la Audiencia
Nacional, se ha decidido utilizar los mecanismos legales que
pueden resolver el problema, y resolverlo definitivamente y de
una vez. Esta es la razón por la que el Gobierno y el Ministro de
Defensa han decidido promover un conflicto de jurisdicción. Y lo
promueven a las nueve de la noche, a la finalización de un plazo,
por cierto de cuatro días con algunos días festivos por medio,
señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ríos, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Ministro, la ley también le obliga
a auxiliar a la justicia. En todo caso, hecha la ley, hecha la
trampa. Esta parece ser la línea de actuación de su Gobierno.
Si quiere ayudar a la buena imagen de los servicios de
inteligencia y colaborar a mejorar la propia justicia, reformen y
precisen la Ley de Secretos y, mientras tanto, acaten la
jurisprudencia del Supremo. No cabe alegar secreto alguno cuando
se está investigando un delito. Lo contrario, señor Ministro, se
puede entender como intentar dilatar la acción efectiva de la
justicia, obstaculizar la investigación de un delito o buscar el
doblegar la opinión del Tribunal Supremo, ya emitida.
Señor Ministro, esta actuación del Gobierno está hecha bajo su
interés político, aun a riesgo de poder rozar la
inconstitucionalidad, porque no nos encontramos ante una cuestión
de competencia, sino ante la negación de información y auxilio al
órgano competente para investigar este delito.
La verdad es que no sé si nos encontramos ante una improvisación
de un Gobierno a la defensiva, ante una nueva cortina de humo
para ocultar algo importante, o ante la oferta de un nuevo escudo
humano para poder salvar después la cara el propio Presidente. En
todo caso, esa teoría del juez malo y el Gobierno bueno, esa
teoría de Garzón contra Pertierra o el GAL y Saavedra creemos que
intenta tapar entrar en el tema de fondo.
Desde luego, la actuación no es la de un Gobierno decidido a
aclarar y a limpiar las actuaciones negativas del Estado, ni está
ayudando a aclarar la comisión de un delito. Más bien parece la
actuación de un Gobierno que para ayudar en su defensa a algunos
de sus miembros no entrega los papeles para que no los empapelen.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, realiza usted juicios de valor que son muy graves, entre
ellos la imputación de un delito a este Ministro de Defensa que
le habla. Señoría, no hay ninguna obstrucción, no hay ningún
entorpecimiento de la actuación de la Justicia; hay un intento de
cumplir estrictamente con la legalidad. Hay una legalidad
señoría, que me obliga a guardar reserva frente a todos de las
cuestiones que conozco por razón de la responsabilidad que
desempeño y que están clasificadas como secretas, con una sola
excepción, con la excepción de los representantes de la soberanía
popular o de su comisionado el Defensor del Pueblo. Sabe S. S.
que he practicado con rigor esa excepción presentando el material
clasificado que se me requería ante los diputados que tienen
acceso a los secretos oficiales de esta Cámara, pero deseo que la
cuestión se resuelva finalmente y por esa razón, acudo o promuevo
que se acuda a un tribunal, a una instancia independiente con la
cual el Gobierno no tiene nada que ver, que es el Tribunal de
Conflictos Jurisdiccionales.
Esto significa, señoría, el funcionamiento normalizado de las
instituciones y, antes que ninguna otra cosa, significa respeto
al Derecho, significa respeto al Estado de derecho, significa
respeto a la autonomía y al buen funcionamiento de la Justicia.
Otra cosa es echar leña al fuego de una polémica artificial que
en nada, esto sí que en nada favorece nuestro sistema de
convivencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor, Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE
LAS INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS SON MONEDA DE CAMBIO PARA
ENCUBRIR LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS DE DON FELIPE GONZALEZ
EN EL CASO GAL? (Número de expediente 180/001447)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 del señor Soriano Benítez
de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
Hace escasos días, creo que el pasado lunes día 9, el señor
Ministro de Educación nos dejaba atónitos cuando respecto a un
posible apoyo de la minoría nacionalista canaria en el Senado a
la Comisión investigadora de los GAL decía en televisión, desde
Las Palmas de Gran Canaria --y cito textualmente--, que los
nacionalistas canarios no pueden estar poniendo la mano allá --
refiriéndose a Madrid-- pidiendo dinero para acá --es decir, para
Canarias-- y luego haciendo lo que les da la gana. Si van por
libre, que sigan por libre; el Gobierno responderá en la medida
adecuada.
¿Considera el señor Ministro que las inversiones en Canarias con
cargo al Estado --no creemos que el señor Ministro se refiera a
otros dineros-- pueden ser moneda de cambio para encubrir
responsabilidades políticas de don Felipe González en el caso
GAL?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, evidentemente no, en primer lugar porque nada tienen que
ver las pretendidas responsabilidades que S. S. achaca al
Presidente del Gobierno con la educación ni muchísimo menos con
las infraestructuras educativas de Canarias.
En segundo lugar, porque sabe muy bien S. S. que desde los años
ochenta las competencias en materia de educación han sido
traspasadas íntegramente a la Comunidad Autónoma de Canarias y,
en consecuencia, no se realiza ninguna inversión en
infraestructura educativa desde hace diez años. Esa es la razón
por la que tengo que rechazar su pregunta y el sentido de la
misma.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Realmente, no sé a qué se
refiere el señor ministro, porque yo no le he hablado de las
infraestructuras educativas. Lea usted la pregunta número 24 en
el orden del día que dice literalmente: ¿considera el señor
Ministro que las infraestructuras de Canarias son moneda de
cambio? etcétera. No sé de dónde se saca lo de educativas. El
subconsciente le ha debido haber traicionado. Léalo, léalo usted
en el punto número 24.
Sinceramente, señor ministro, creo que sus afirmaciones fueron un
desahogo en el que le traicionó el subconsciente una vez más,
harto de haber padecido, primero, como Presidente de Canarias y,
luego, como ministro del Gobierno socialista las consecuencias
frente a Madrid de un permanente doy, para que me des, auténtica
razón de ser de los nacionalistas canarios.
La aceptación de muchos de estos planteamientos no impidió que le
presentaran una moción de censura que le costó el Gobierno de
Canarias, ni que usted intentara otra vez --parece ser
masoquista-- un nuevo acuerdo después de las últimas elecciones
autonómicas sin tener en cuenta que el PSOE ya no es un valor al
alza y que el futuro inmediato es del Partido Popular.
Usted debería reconocer, como persona de clara trayectoria
democrática --y se lo digo en el mejor de los tonos--, que lo que
denunció en televisión ha sido práctica habitual en los últimos
años, por lo que sus palabras sonaban inevitablemente a chantaje.
Amenazar a todos los canarios con cerrar el grifo de los dineros
para infraestructuras, que no para infraestructuras educativas
como usted dice, si los Senadores nacionalistas canarios no se
doblegan ante los deseos del Gobierno es sencillamente
impresentable, máxime cuando desde su Gobierno y desde su partido
se lleva meses hablando de conjuras, de chantajes y de
conspiraciones para defenderse de lo que se les viene encima.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
A efectos de que quienes siguen el debate puedan tener cabal idea
de la confusión que se puede haber creado, y a la que ha aludido
el señor Soriano en su intervención, he de decir que la pregunta
presentada originariamente en el registro se refería a las
infraestructuras educativas y esa pregunta que fue objeto de una
corrección posterior en el sentido que figura en el orden del
día. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
También, con su permiso, para los que siguen el debate he de
decir que al señor ministro le llegaría la versión corregida, por
tanto el señor ministro ha contestado a algo que no se le había
preguntado.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No estoy echando una mano ni un capote al
señor ministro.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Yo tampoco a ningún
diputado, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: He dicho que la pregunta originaria era ésa,
que luego ha sido corregida en el sentido que figura en el orden
del día y que lógicamente conocen todos los señores Diputados.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Y el señor ministro también,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: También, señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, tengo la comunicación en el sentido que he expresado,
pero no hay por mi parte ningún inconveniente en responder a la
corrección introducida posteriormente por S. S.
En primer lugar, señor Soriano, quiero agradecerle, el buen tono
de su intervención, no frecuente en esta Cámara. En segundo lugar
quiero decirle que, en gran medida, su intervención viene a
explicar la razón de la mía, y es que no está relacionada con un
problema coyuntural que actualmente se debate en otra Cámara sino
con la historia de mi presencia en Canarias, de mi condición de
Secretario general de los socialistas canarios, y usted ha
resumido muy bien los distintos momentos importantes de estos
últimos cuatro años.
Ayer manifestaba a un compañero de grupo que no dejaba de ser
curioso que fuera el Grupo Parlamentario Popular el que expresara
estas preocupaciones acerca de posibles chantajes, posibles
presiones o posibles deseos de venganza contra el pueblo canario
cuando durante estos años, hasta las elecciones autonómicas,
hemos venido oyendo críticas frecuentes a la actitud de Coalición
Canaria de conseguidor, de pedidor, etcétera, ante el Gobierno
central.
Quiero garantizarle que no existe ningún tipo de restricción ni
ningún tipo de amenaza en las palabras que pronuncié sino que
simplemente era una queja reiterada que ya había expresado a lo
largo del mes de septiembre acerca de la incesante serie de
peticiones de miles de millones de pesetas para Canarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL
GOBIERNO A LAS AMENAZAS POLITICAS VERTIDAS POR EL MINISTRO DON
JERONIMO SAAVEDRA HACIA AQUELLOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE
RESPALDARAN LA INICIATIVA DE CONSTITUIR UNA COMISION DE
INVESTIGACION SOBRE LOS GAL? (Número de expediente 180/001466)
El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, del señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor ministro, usted suele ser muy
sincero y eso le ha costado bastantes problemas. Yo creo que el
día 9, como en algunas otras ocasiones, usted dijo lo que pensaba
y eso le ha traído problemas. Personalmente vi en televisión, por
tanto era imagen y sonido, las declaraciones que usted hizo ese
día y usted dijo lo que dijo, y vino a decirles a los canarios
que no podían servir a dos señores. Por eso nuestro grupo le
formula hoy la siguiente pregunta: ¿Qué explicación da el
Gobierno a las amenazas políticas vertidas por usted hacia
aquellos grupos parlamentarios que respaldaran la iniciativa de
constituir una comisión de investigación sobre los GAL?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, usted tiene el valor de hacer referencia a algo
infrecuente en la vida política que es la sinceridad.
Efectivamente, muchas veces estamos dominados por la hipocresía,
y hay muchos, incluso, que hacen pero no dicen, y otros que
decimos pero no hacemos. (Risas.) Esa es la consecuencia de la
sinceridad.
No tema nadie, ni los canarios, y mucho menos algunos que los
representan que son los miembros de Coalición Canaria, que haya
en mis palabras ningún sentido de amenaza, de restricción o de
influencia al respecto.
Quiero mencionarle alguna de las gestiones que se estaban
efectuando el mismo día, o con posterioridad, a las declaraciones
del día 9. Ese mismo día estaban reunidos los representantes del
Gobierno de Canarias con la Dirección General de Empleo, para
concretar las cifras de contribución de la Administración central
en la ejecución del Plan de Empleo de Canarias y se ha concretado
una cifra superior a 5.000 millones de pesetas. La pasada semana
el Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado por el Partido Popular
con mayoría absoluta, ha firmado también un acuerdo con
representantes de los Ministerios de Cultura y Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente donde se comprometen a restaurar las
casas consistoriales, el Castillo de La Luz y el Teatro Pérez
Galdos, de Las Palmas.
El sentido de mi intervención tiene el alcance que he señalado al
señor Soriano en relación con el contexto de la vida política que
vivimos, padecemos, disfrutamos, como queramos calificarla, en la
Comunidad Autónoma de Canarias. Cualquier otra lectura no
corresponde a la intención, ni al sentido de mis palabras.
Garantizo que los canarios no tienen por qué temer; además, hay
pruebas evidentes de no haberse recibido nunca de mi actuación
sanción alguna, como se me pretende achacar.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, en mi tierra también se dice eso de «perro
ladrador, poco mordedor», pero sus palabras, fruto de la
sinceridad que yo le reconozco, plantean dos problemas políticos
importantes. Uno, las características de los acuerdos
parlamentarios que sustentan al Gobierno. ¿Los canarios están
recibiendo lo que deben? ¿Los catalanes --me refiero al Gobierno
de Cataluña-- están recibiendo lo que deben o están recibiendo
una contraprestación a cambio de... y que cuando se cambia esa
fidelidad se cortan las contraprestaciones?
Segundo problema político. ¿Es posible que antes de una votación
parlamentaria un ministro del Gobierno, usted o cualquier otro,
pueda hacer una amenaza a un grupo parlamentario? Usted sabe que
la Constitución protege a estas Cámaras e impide, incluso,
manifestaciones para evitar que se coaccione la voluntad de los
parlamentarios. Es un problema político muy grave. Un ministro,
dos días antes de una votación, dice: Si esa votación se produce
en este sentido, ocurrirá esto. Usted, que es sincero, ha puesto
sobre la mesa dos problemas políticos graves.
¿Qué cabe hacer ahora, además de la sinceridad de reconocer que
usted aunque amenace no puede llevar a cabo las amenazas? Debe
disculparse ante las Cámaras, además de ante el pueblo canario,
porque no ha debido hacer esa amenaza al Parlamento. En todo
caso, reconocer, para que todo el mundo sepa, que las relaciones
que sustentan a los grupos que apoyan al Gobierno están basadas
en la contraprestación.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo):
Gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar que las relaciones entre el Grupo de Coalición
Canaria y el Gobierno de Canarias a lo largo de esta legislatura
no están montadas en torno a un «do ut des», en absoluto. La
prueba más evidente es que Coalición Canaria ha votado hoy a
favor del veto y en contra de una ley que es de mi departamento,
la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Dirección de
Centros y aquí votó abstención. Repito que no hay correlación
entre los beneficios que por razones objetivas ha recibido
Canarias a lo largo de esta legislatura, con el comportamiento
parlamentario, que respeto pero que obviamente no comparto, que
tiene el Grupo de Coalición Canaria.
En absoluto puede haber amenazas a la vida parlamentaria ni a
ningún grupo parlamentario por ese enjuiciamiento que hago en mi
tierra de lo que está ocurriendo. Se han obtenido una serie de
beneficios para Canarias a lo largo de estos años y no se valoran
debidamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PUBLICAR EL
DECRETO QUE GARANTICE LA GRATUIDAD DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS
ENFERMOS DEL SIDA? (Número de expediente 180/001452)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, como usted ayer contestó una pregunta similar o
muy parecida a la que yo le formulo, creo que es necesario entrar
directamente sobre lo que han sido sus propias afirmaciones ayer
en el Senado a una Senadora del Grupo Popular. Usted manifestó
que el decreto sobre el que yo le pregunto, que es el llamado de
gratuidad de los enfermos del sida, para que puedan cotizar al 10
por ciento las medicaciones, iba a estar en noviembre. Permítame
decirle, con todo el respeto y en términos lo más afectuosos
posibles, que su palabra políticamente vale poco, porque ésta es
la cuarta vez que usted da una fecha y es la cuarta vez, me temo
mucho, que se va a volver a incumplir. No lo digo de oídas. Le
puedo señalar todas las veces que ha venido a esta Cámara o al
Senado en que usted ha comprometido una fecha en concreto. Habló
de septiembre; la última vez, en diciembre de 1994, habló de
inmediatamente, y usted recordará que ésta es una iniciativa que
surge en marzo de 1993 y en noviembre de 1992. Estamos hablando
exactamente de una iniciativa de hace tres años, y en tres años
usted ha tenido tiempo suficiente para dar una fecha a estas
Cámaras por cuatro veces consecutivas, y las cuatro veces
incumplirla. Tres años son tiempo suficiente, yo creo, para hacer
un decreto-ley. Ayer usted decía que estas cosas necesitan su
tiempo, su tiempo son exactamente tres años y todavía no está el
decreto; decreto, por otra parte, que es bastante rácano, y
permítame que se lo diga, señora ministra, porque usted sabe que
solamente se va a referir a los enfermos que ya tienen sida
declarado, que no son, por tanto, el grueso más importante de las
personas que padecen este problema en nuestro país, que son los
seropositivos; estamos hablando, por tanto, aproximadamente de
10.000 personas y no de los 120.000 que en este momento
aproximadamente son los seropositivos de nuestro país. Por tanto,
señora ministra,
por favor, demuestre usted algo más de sensibilidad traducida en
rapidez, en urgencia y, si es posible también, en menos racanería
en el próximo decreto que ha de venir alguna vez, suponemos, para
beneficio de unas personas que ya tienen de por sí unos problemas
de salud y sociales muy importantes.
Durante tres años, señora ministra, han sido muchas las personas
que podrían haberse beneficiado; todavía estamos a tiempo de que
sean otros muchos los que se puedan beneficiar. Esperamos,
sinceramente, que esta vez definitivamente en noviembre
conozcamos de alguna forma el decreto que, aunque también como se
ha anunciado, entrará después de tres meses en funcionamiento,
puede abrir la esperanza y puede abrir la solución a muchas
personas que padecen un problema de salud y un problema social
tremendamente grave.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Robles, como S. S. conoce, efectivamente el día 10 de marzo
de 1993 la Comisión de Política Social y Empleo aprobó por
unanimidad instar al Gobierno para extender a los enfermos de
sida la gratuidad de la prestación farmacéutica; es verdad que
fue en marzo de 1993. La primera vez que yo anuncio el
cumplimiento o el desarrollo de este mandato es el 14 de
diciembre de 1994, señoría, y desde entonces, hemos estado
trabajando en la elaboración del decreto. Comprendo que a veces,
cuando no se tiene la responsabilidad, no es fácil valorar lo que
constituye una tramitación difícil, especialmente difícil en esta
materia, por varias razones. Primero, porque esto constituye una
modificación sustancial de la prestación farmacéutica en España y
tiene cierta dificultad técnica. Segundo, porque no había datos
publicados en la literatura médica nacional e internacional y,
por tanto, tuvimos que hacer un estudio de costes de la
medicación extrahospitalaria. Además, ha habido que preservar la
confidencialidad en la dispensación del medicamento. Todo esto ha
constituido dificultades técnicas; créame que ha sido laborioso
elaborarlo.
A partir de ahí se inició la tramitación administrativa en el mes
de julio. Ha informado la Comisión Nacional de uso racional del
medicamento, ha informado el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, se ha seguido toda la tramitación
administrativa y ahora está en el Consejo de Estado. Nadie más
interesado que este Gobierno en que esa medida sea efectiva,
señor Robles, se lo aseguro, pero los tiempos de la elaboración
de normas son los que son. Lamento ponga en duda que esta
iniciativa estará en vigor inminentemente, pero le aseguro una
vez más que así será.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA OPINION DEL
GOBIERNO SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y PERSPECTIVAS DE LA INFLACION?
(Número de expediente 180/001435)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11 de la señora Balletbó i
Puig.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, desde los «shocks» de los años setenta, hemos
estado todos obsesionados por el temor de la inflación. Parece
que más recientemente, en los últimos meses, el tema de la
inflación en los países industrializados ha dejado de preocupar
bastante. Además, la bajada de los tipos de interés ha tenido
como objetivo reanudar el tema de las inversiones y del consumo.
Yo quería saber, señor ministro, cómo ve el tema y el
comportamiento de la inflación, desde el punto de vista de la
economía española, y las perspectivas que el señor ministro tiene
en relación con este tema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que la inflación, aun habiéndose reducido,
sigue siendo un tema que preocupa a todos los países, y también
al nuestro; y es cierto que el comportamiento de la inflación en
España en el año 1995, siendo mejor de lo esperado, todavía no es
suficientemente bueno.
En cambio, en lo que conocemos hasta ahora, sí hemos tenido un
comportamiento dual, totalmente distinto en el primer
cuatrimestre del segundo. En el primer cuatrimestre hemos visto
cómo los precios pasaban, desde diciembre del año 1995, del 4,3
al 5,2 en el mes de abril. ¿Por qué se produce esta subida? Por
varias razones, en primer lugar, es relevante una subida de la
imposición indirecta, que tiene algunas contrapartidas desde el
punto de vista de reducción del déficit que son importantes para
el país. En segundo lugar, la evolución del tipo de cambio de la
peseta. En tercer lugar, la sequía, que juega un papel
fundamental en alimentos, y sobre todo la evolución de precios de
materias primas, especialmente a finales del pasado año, que
acaban incidiendo también en la producción en España. Todo ello
hace que este primer cuatrimestre tenga un comportamiento
atípico. A partir de ahí empezamos ya con un comportamiento
mucho mejor. Una reducción sustancial de la inflación, que nos
permite prácticamente retrotraer la situación a un momento muy
parecido al de diciembre del pasado año; de hecho volvemos a
pasar de ese 5,2 al 4,3 en el mes de agosto y al 4,4 en el mes de
septiembre, que es una buena cifra, y ello se debe, en gran
medida, a un cambio, a una reversión de las tendencias
anteriores.
Es verdad que la sequía sigue teniendo sus efectos, por ello los
precios están a un nivel más alto. Los precios de materias primas
disminuyen, la incidencia de la imposición indirecta ya no tiene
el efecto previsto, y todo ello unido a un buen comportamiento de
los salarios, que creo hay que reconocer como tema fundamental
(hay que agradecer el comportamiento que han tenido los
trabajadores este año en el tema salarial), nos permite pensar
que a final de año nos encontraremos con una inflación muy
próxima el 4 por ciento. Ello nos va a permitir, dado que a
principios del pasado año hubo un salto, que para el mes de abril
o mayo nos vayamos aproximando a ese 3,5, objetivo que todos
deseamos y que nos permitirá, sin duda alguna, avanzar más en la
reducción de tipos de interés, que es al final lo fundamental.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor ministro. Me alegro muchísimo de que las medidas
económicas del Gobierno den estos magníficos resultados y quizás
puestos a lamentar lamento que ese éxito económico en relación al
tema de la inflación no lo puedan compartir el próximo año
algunos otros grupos parlamentarios, como lo han compartido
durante el presente, por su tozudez en relación al tema de los
presupuestos. En cualquier caso, el éxito será exclusivamente
entonces del Gobierno socialista, del Grupo Parlamentario
Socialista, pero sobre todo del Ministro de Economía.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL COUCE PEREIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR
MEDIDAS ESPECIALES PARA APOYO A LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE
EL FERROL, TENIENDO EN CUENTA QUE SE VA A REVISAR EL REGLAMENTO
DE DESARROLLO DE LA LEY 50/85 DE INCENTIVOS ECONOMICOS
REGIONALES? (Número de expediente 180/001437)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Couce Pereiro.
El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, teniendo en cuenta las dificultades para las
inversiones que atraviesa la zona de El Ferrol, ¿piensa el
Gobierno adoptar medidas especiales para apoyar la inversión en
aquel municipio, teniendo en cuenta que se va a revisar el
reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos
económicos y regionales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Couce, el comportamiento del Gobierno respecto a Ferrol ha
sido siempre intentar darle el trato más beneficioso posible en
términos de incentivos. Somos conscientes de las dificultades por
las que pasa la zona y por tanto esa opción, que en el pasado
estuvo muy claramente definida, sigue siendo una prioridad.
Es cierto, sin embargo, que hemos tenido algunas dificultades a
lo largo de los últimos tiempos. En primer lugar, hemos tenido un
problema de definición del volumen máximo de ayudas que la
Comisión Europea podía aceptar para Ferrol. Inicialmente la
Comisióno sólo admitía un 50 por ciento de ayudas para esta zona;
después de una complicada negociación, en la que se pudieron
poner de relieve las especialidades en que se encuentra Ferrol,
pudimos pasar ese 50 por ciento a un 60 por ciento y sólo el 7 de
septiembre de este año, es decir, prácticamente hace muy pocas
semanas, la Comisión Europea ha reconocido a El Ferrol el límite
máximo de incentivación de subvención neta equivalente del 60 por
ciento.
A partir de ahí, ¿qué nos corresponde hacer? Evidentemente,
tenemos que trabajar con el reglamento que desarrolla la Ley 50
del año 1985. Ese reglamento permite delimitar las zonas y
definir el máximo de ayudas. Evidentemente, la nueva legislación
comunitaria nos obliga a su modificación y a su cambio. En
consecuencia, es intención del Gobierno hacer el máximo esfuerzo
posible --por otra parte, siempre lo hemos hecho-- para mantener
el tope de incentivación previsto en la comarca de El Ferrol, que
es indudablemente el más elevado. Es verdad que siempre tendrá
que ser dentro de las coordenadas en que se mueve la política de
incentivación regional, cuya dotación presupuestaria está
sometida, como el resto del Presupuesto, al principio básico de
contención del déficit público. Sin embargo, la política más
permanente de apoyo, de ayuda, en el máximo permitido por la
legislación comunitaria, desde luego se seguirá desarrollando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
SITUACION SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALCAZAR DE SAN JUAN, DISEÑADO
PARA TRATAR CONJUNTAMENTE LOS VERTIDOS DE CAMPO DE CRIPTANA?
(Número de expediente 180/001431)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Martín del
Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente giró
una reciente visita a la provincia de Ciudad Real, en concreto a
municipios de la denominada gran Mancha, que sufren, como dos
tercios de la geografía nacional, esta pertinaz sequía o, lo que
es lo mismo, nulos índices pluviométricos.
Estas circunstancias pueden agravar las situaciones y calidades
de las aguas superficiales, potables o residuales. En esta
dirección, la responsable del medio ambiente, competencia del
Estado, anunció el interés y apoyo del departamento por el
proyecto y para el proyecto de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan. Este
proyecto comprendería asimismo, en principio, obras de bombeo de
aguas residuales de Campo de Criptana y colector de agua
depuradora hasta el río Cigüela.
Tenemos conocimiento de que en el «Boletín Oficial del Estado»,
de 12 de mayo del año en curso, y como obras declaradas de
interés general, aparece en la Comunidad Autónomas de Castilla-La
Mancha esta actuación. Dado el interés y la necesidad
medioambiental del proyecto para ambos municipios y comarca, mi
pregunta, señor ministro, es: ¿En qué situación se encuentra el
proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Alcázar de San Juan, diseñado para tratar
conjuntamente los vertidos de Campo de Criptana?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en virtud del reparto competencial establecido por la
Constitución, mi ministerio sólo ha intervenido desde 1992, en la
construcción de estaciones depuradoras que hubiesen sido
declaradas de interés general; declaración que permite, y sólo
eso, la intervención de la Administración central del Estado.
En el caso particular de Castilla-La Mancha, el Real Decreto-ley
5/1993, de 16 de abril, declaró de interés general la depuración
de vertidos de aguas residuales que afectasen a las Tablas de
Daimiel, Lagunas de Ruidera y cuenca alta del Guadiana, por
evidentes razones de interés ecológico que trascendían el
autonómico. Con posterioridad, en marzo de 1995, se firmó un
convenio entre el MOPTMA y el Consejero de Obras de dicha
Comunidad Autónoma sobre actuaciones del Plan Nacional de
saneamiento y depuración. En ese anexo figura la ampliación y
mejora de la depuradora de Alcázar de San Juan. Es una depuradora
de vieja concepción, diseñada con un tratamiento obsoleto, que
aunque fue modificado y mejorado con posterioridad, no permite
depurar el volumen total de agua residual a tratar debido a los
vertidos que se incorporan desde Campo de Criptana.
Estas exigencias han obligado a realizar estudios previos,
necesarios para elaborar un pliego de bases que contemple todas
las acciones imprescindibles para el buen funcionamiento de la
depuradora. En la actualidad, este pliego de bases se encuentra
en fase de aprobación técnica, y espero que en breve plazo se
pueda proceder a licitar la obra, cuya contratación se realizará,
como hacemos ante casos urgentes, por el procedimiento de
concurso de proyecto y obra conjunto. Es previsible, por tanto,
que se pueda contratar dentro del próximo año, con un presupuesto
muy elevado, cercano a los 1.000 millones de pesetas, para el
cual contamos ya en el proyecto de ley de Presupuestos para 1996
con una partida, específicamente asignada al mismo, de 200
millones de pesetas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Simplemente para agradecer la
confirmación del señor ministro en favor de estas actuaciones;
este agradecimiento lo expreso en nombre de ambas localidades.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿COMO
JUSTIFICA EL SEÑOR MINISTRO SU VUELO EN UN F-18 DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE LA BASE DE ZARAGOZA? (Número de expediente 180/001449)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 del señor Fernández
Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Borrell, cuando el señor González, Presidente de Gobierno,
para practicar el deporte de la pesca, subió al «Azor», o el
señor Guerra, Vicepresidente del Gobierno, para superar un atasco
de tráfico y llegar a los toros, pidió un avión Mystère para que
le recogiera, lo hicieron por causa de una necesidad subjetiva.
La ocasión en cada caso, según los interesados, lo merecía.
Ahora llega usted y no sabemos si por ilusión juvenil, si por
cuestiones técnicas relacionadas con las Hoces del Cabriel, si
por realizar un sacrificio personal prestándose a una prueba
especial en un avión de combate o por ganar altura y notoriedad
con vistas a su candidatura en el PSOE, coge un avión de combate,
un F-18 de la base de Zaragoza, y va y viene por el aire como si
de un concurso de acrobacia aérea se tratase.
¿Trató usted de darse un paseo, de visitar las Hoces del Cabriel,
de conocer los mandos del avión y poco más o, por el contrario,
el tema fue mucho más allá y usted hizo un simulacro aire-aire o
aire-tierra? ¿En qué consistió su plan de vuelo, señor Borrell?
¿Puede darnos algún detalle? ¿Cómo justifica el señor Ministro su
vuelo en un cazabombardero F-18 totalmente equipado de la base
aérea de Zaragoza?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Recuerdo al señor Ministro que tiene la obligación de contestar a
la pregunta en los términos con que figura en el orden del día.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, lo justifico como parte de una visita del ministro
responsable del sistema de control de navegación aérea a una base
militar y como muestra de interés y de aprecio por las
actividades del Ejército del Aire. Debería usted saber que este
tipo de visitas son habituales en todos los países, forman parte
de las relaciones entre las administraciones civil y militar y
sirven para conocer y divulgar la importancia que tienen nuestras
Fuerzas Armadas, de cuya preparación y capacidad me siento
orgulloso, más todavía después de mi visita.
Por otra parte, también debe saber que no es la primera vez que
visito instalaciones militares, ni que tengo el honor de
participar en actividades en vuelo del Ejército del Aire, ni
tampoco soy yo el primer responsable político que ha volado en un
F-18.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Borrell, esperaba que nos
diese una justificación un poco más convincente. Sus
explicaciones, señor Borrell, resultan tan arteras como cuando
usted trató de justificar a don Felipe González en los escándalos
Rubio y Roldán diciendo que también Jesucristo había tenido doce
apóstoles y que dos le salieron rana.
Señor Borrell, conteste usted a lo que yo le digo, porque todos
sabemos --y lo han demostrado ustedes hasta la saciedad-- que
para ustedes los bienes públicos son bienes mostrencos y que,
como tal, los usan
en cualquier tiempo y lugar en beneficio propio. (Rumores.)
Señor Ministro, podríamos hablar con usted y con los señores del
Gobierno socialista --no presentes aquí-- de que ese tipo de
actuaciones las vienen realizando desde siempre, desde el año
1982 en que llegaron al poder. Y las vienen haciendo por lo que
le he dicho antes, porque consideran los bienes públicos como
bienes privados. Esperaba de su causticidad de siempre que usted
contestase de otra forma un poco más racional, pero lo único...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Es obvio, señoría, que ninguna de mis
respuestas iba a impedir la lectura de lo que usted tiene
preparado para valorarlas. Y también es obvio que todo se puede
ridiculizar, banalizar y despreciar. Pero creo que comete usted
un error si trata de asimilar una visita institucional de un
ministro a un ejército, como ocurre --insisto-- en todos los
países del mundo, con algo parecido a como si yo me hubiera
colado gratis en un tíovivo de feria.
¿Entiende usted la diferencia clara que hay entre una
representación institucional, entre una muestra de aprecio,
respeto y, si usted quiere, admiración por los hombres que son
capaces de poner al servicio de nuestro país un material
sofisticado y complejo, que requiere de mí una atención y, si
usted me permite, un elogio, con un divertimento personal como si
se tratara de un parque de atracciones? ¿No ha visto usted nunca
en la prensa internacional las fotografías de ministros y
responsables políticos de muchos países democráticos (Un señor
Diputado: Volando), volando sí, demostrando este afecto, este
respeto hacia sus Fuerzas Armadas? ¿Cree usted que haciendo estas
cosas no se contribuye a un mejor conocimiento y divulgación de
lo que un ejército es y de lo que representa para un país? Creo
que sí, señorías, y ojalá ustedes fueran capaces de entenderlo
también.
Gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUIERE
EXPLICARME USTED LA POSIBLE PARALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE LA
PRESA DE ITOIZ? (Número de expediente 180/001454)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Gayarre
Bermejo. Tiene la palabra.
El señor GAYARRE BERMEJO: Señor Ministro, ¿sería tan amable,
después de la sentencia de la Audiencia Nacional, de decirme si
es posible la paralización de la presa de Itoiz?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): La literalidad de su pregunta, que es a lo
que supongo que tengo que contestar, es: ¿Quiere explicarme usted
la posible paralización en la construcción de la presa de Itoiz?
Pues bien, señoría, si su pregunta se refiere a las consecuencias
de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, quiero y
puedo. Si se refiere a cualquier otra causa de posible
paralización, no puedo porque no quiero. (Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gayarre.
El señor GAYARRE BERMEJO: Señor Ministro, es interesante que
usted diga que no quiere, y me refiero concretamente a la
sentencia de la Audiencia Nacional.
La sentencia cuestiona su construcción y dice que el embalse no
tiene cobertura legal, no se justifica su necesidad e incumple la
normativa medioambiental. Señor Ministro, no quisiera polemizar,
porque en esto usted me gana, pero sí hacer unas consideraciones.
(Risas.)
El Estado lleva gastados unos 8.000 millones que, unido a lo
presupuestado en infraestructuras por el Gobierno de Navarra,
hace un total de 10.000 millones de pesetas. Señor Ministro,
usted sabe perfectamente que una obra tan importante debe cumplir
con todas las medidas que exige la Ley. De la lectura de la
sentencia se transmite la impresión de que, lamentablemente, el
Ministerio no ha hecho bien las cosas. En mi opinión, sus
asesores deberían haber marcado el camino legal para hacerlas.
Estoy seguro de que ahora sí se lo van a hacer. No voy a ser yo
quien le acuse de una actuación un poco difícil, entiendo que es
difícil, pero comprenda que la opinión pública de Navarra tiene
motivos para pensar que así ha sido.
Por tanto, hay que dar ejemplo de diligencia al ocupar puestos de
responsabilidad. Usted, señor Ministro, no hace mucho lo insinuó:
«Trabajaré con intensidad y con compromiso.» Eso es lo que dijo y
a lo que tendrá que atenerse si es posible que usted ocupe la
futura Presidencia del Gobierno de España.
Usted sabe lo importante que es esta obra para Navarra. Aunemos
esfuerzos, no creemos contradicciones; estamos comprometidos con
estas obras los agricultores, ganaderos, sindicalistas,
ayuntamientos, etcétera. Navarra está ilusionada con este
proyecto; deseo que se subsanen las deficiencias lo antes posible
para que no vuelvan a ocurrir estas contradicciones, ya que hacen
que nuestra sociedad pierda la confianza en sus dirigentes, en
usted y en mí, que somos quienes tenemos que dar ejemplo de
coherencia y respeto. Por tanto, no diga que no quiere, sea
coherente y, por lo menos, respéteme.
Tenga la seguridad de que el Grupo Popular le va a prestar total
apoyo. (Risas.--El señor Jerez Colino: ¡Cómo disimulas!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Me deja usted muy tranquilo, señoría, al
saber que cuento con el total apoyo del Partido Popular. La
verdad es que para mi proyecto político ese apoyo no sirve de
gran cosa. De manera que se lo agradezco.
Espero también que cada una de las cosas... (El señor Fernández-
Miranda y Lozana pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Usted
por qué no se calla un ratito? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): La verdad es que supongo que a partir de
ahora cada cosa que haga o diga será juzgada en la perspectiva
que acaba de anunciar el preguntante. Ahórrense esfuerzos.
En lo que se refiere a la presa de Itoiz, me he permitido
preguntarle cuál era la causa por la que formulaba su pregunta.
Posible paralización, dice usted, y no dice nada más.
Paralización, ¿derivada de qué causas? (El señor Gayarre Bermejo
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Gayarre!
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Naturalmente, pero yo contesto a lo que me
pregunta, no a lo que usted supone que me pregunta.
En ese sentido, una vez que usted ha aclarado la razón de su
pregunta, le comunico --cosa que espero que sepa ya-- que el
abogado del Estado ha presentado recurso de casación ante el
Tribunal Supremo contra esta sentencia, que entendemos que no se
ajusta a Derecho, aunque tenemos por ella el máximo respeto,
ocioso es decirlo; que no es una sentencia firme y, por tanto, su
ejecución no es ni preceptiva ni automática; que estamos
estudiando los perjuicios económicos y laborales, y también los
riesgos que podría conllevar la paralización y los daños
económicos y sociales que originaría esta situación; que lo
estamos haciendo en plena colaboración con el Gobierno de
Navarra, con cuyo Presidente mantuve una reunión 24 horas después
de conocida la sentencia; que las obras de Itoiz son el resultado
de una colaboración entre muchos partidos políticos, entre ellos
el suyo y el nuestro; que este espíritu de colaboración ha hecho
posible que se convalidara el Real Decreto-ley que autorizaba la
presa de Itoiz como obra de interés general del Estado, y que la
Unión Europea ha archivado la queja que consideró que el
expediente administrativo no se había tramitado correctamente
desde el punto de vista medioambiental.
Por todo ello hemos presentado recurso. Estamos estudiando la
situación y actuaremos conforme a Derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP SANCHEZ I LLIBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE ¿QUE ACTUACIONES HA
REALIZADO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO
DE LEY APROBADA POR EL CONGRESO POR LA QUE RENFE DEBIA PROCEDER,
ANTES DEL 17 DE AGOSTO DE 1995, A LA REHABILITACION Y APERTURA DE
LOS APEADEROS DE VILASSAR DE MAR-CABRERA Y PREMIA DE MAR? (Número
de expediente 180/001463)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Sánchez i
Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuándo RENFE va a proceder a la reapertura de
los apeaderos de Vilassar de Mar-Cabrera y Premiá de Mar, comarca
del Maresme en cumplimiento de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y aprobada
por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios de la Comisión
de Infraestructuras el pasado 10 de mayo de este año, en la que
se instaba al Gobierno a la reapertura urgente de dichos
apeaderos, construidos hace más de 30 años y nunca puestos en
funcionamiento?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
El tenor literal de la resolución por la que se aprobó la
proposición no de ley que cita S. S. instaba al Gobierno a
realizar determinadas actuaciones. De todas ellas, la única que
tenía un plazo determinado era que Renfe tuviese un estudio
terminado antes de tres meses sobre las adaptaciones necesarias,
a realizar en los andenes y habilitación de aparcamientos. Renfe
encargó un minucioso estudio al respecto, cuyas primeras
conclusiones se recibieron a principios del mes de septiembre
pasado, concretamente el día 7.
Posteriormente, se ha profundizado en el análisis, estando en
estos momentos en disposición de llegar a las siguientes
conclusiones: primero, la captación de nuevos clientes en las
nuevas estaciones es limitada; segundo, la población a la que
serviría se halla en buena parte cubierta por la oferta de las
actuales estaciones de Premiá y Vilassar de Mar; tercero, la
estimación de demanda adicional de las nuevas estaciones se cifra
en 220 en Vilassar y 390 en Premiá.
Por tanto, y en atención al significativo volumen de inversión
preciso para estas estaciones, que superaría los 300 millones de
pesetas, y a la vista de previsiones de demanda adicional
débiles, Renfe concluye que la viabilidad económica no es
evidente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que sería necesario dotar
a esta estaciones de aparcamientos para automóviles, dada la
dispersión de población existente en la áreas geográficas de
influencia. Ello (por cierto, incluido en la propuesta en
cuestión a través de una enmienda del Partido Socialista), es un
hecho que condiciona en cualquier caso la apertura de los
apeaderos, y para lo que hace falta contar con que las
administraciones municipales estén dispuestas a contribuir con el
suelo necesario, ya que Renfe no dispone del mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
De la intervención del señor Ministro deduzco que Renfe va a
decir que no a la resolución aprobada en la Comisión de
Infraestructuras por la que se instaba al Gobierno a la
rehabilitación y apertura de los apeaderos de Vilassar de Mar-
Cabrera y Premiá de Mar. Era un compromiso firme de la Comisión,
por el que se instaba al Gobierno para que éste transmitiera a
Renfe la necesidad urgente de la rehabilitación y apertura de
dichos apeaderos.
Respecto a la contestación que me ha dado el señor Ministro,
entiendo que estos datos no pueden ser comparados a la realidad
existente en estas dos poblaciones, ya que concretamente en los
últimos veinte años su número de habitantes se ha incrementado de
20.000 a los 70.000 que existen en estos momentos y que ascienden
a 100.000 en los meses de verano.
Comunicarle también al señor Ministro que realmente existe la
posibilidad de poner aparcamientos delante de estos apeaderos,
que insisto, están construidos desde hace más de treinta años y
que existen terrenos que posibilitan su construcción, ya que uno
de ellos es propiedad de Renfe y otro es propiedd del
Ayuntamiento de Premiá de Mar.
Entiendo, señor Ministro, que si Renfe no accede a la
construcción de dichos apeaderos está incumpliendo una resolución
aprobada en la Comisión de Infraestructuras, en la que por
unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el Grupo
Parlamentario que da apoyo a su Gobierno, nos pondríamos en una
posición bastante difícil de comprender por todos los ciudadanos
de la comarca del Maresme, ya que, en definitiva, con la apertura
de dichos apeaderos haríamos justicia a todos estos ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): No saque usted conclusiones precipitadas. Se
pidió que se encargara un estudio y éste se ha hecho. El estudio
refleja la necesidad de cuantiosas inversiones para una débil
atracción de tráfico. Eso no quiere decir que Renfe vaya a hacer
o deje de hacer. Simplemente ha hecho lo que se le encargó:
estudiar y conocer el coste y el potencial beneficio social que
se derivaría de unas actuaciones que no están descartadas, sino
que siguen bajo estudio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUINEA DE TORO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS PROYECTOS
Y MEDIDAS CONCRETAS QUE EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES HA
REALIZADO O TIENE PREVISTO REALIZAR PARA FOMENTAR Y CANALIZAR LA
PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO DE
INTERES GENERAL? (Número de expediente 180/001430)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Guinea de Toro.
El señor GUINEA DE TORO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en nuestro país es cada vez más elevado el
número de ciudadanos y ciudadanas que están interesados en
colaborar de forma altruista y solidaria en la resolución de los
problemas que aquejan a los sectores más necesitados de nuestra
sociedad.
Pienso sinceramente que el voluntariado social, que el Gobierno
socialista empezó a fomentar, constituye el instrumento idóneo
para que en un moderno Estado social de Derecho la satisfacción
de los intereses generales deje de ser considerada como una
responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en una
tarea compartida entre el Estado y la sociedad. Además,
constituye también la vía idónea para canalizar los sentimientos
de solidaridad, de corresponsabilidad y de profundización en la
democracia que entiendo, como socialista, han de ser funciones de
un Estado de bienestar.
Por ello, señora Ministra, es necesario conseguir que cualquier
ciudadano o ciudadana, y en especial los jóvenes, podamos ofrecer
nuestra ayuda desinteresada en el mundo de la cooperación. Por
ello creo que por parte de los poderes públicos es necesario
apoyar y fomentar de forma decidida el voluntariado social.
En este sentido, señora Ministra, me gustaría saber cuáles son
los proyectos y medidas concretas que el Ministerio de Asuntos
Sociales ha realizado o tiene previsto realizar para fomentar y
canalizar la participación de los ciudadanos en acciones de
voluntariado de interés general.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinea.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señoría, precisamente el movimiento asociativo como
elemento vertebrador de la participación ciudadana desempeña un
papel cada vez más importante en los fines que tiene encomendados
el Ministerio de Asuntos Sociales.
Como ya he puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones ante esta
Cámara, uno de nuestros objetivos es incrementar la participación
ciudadana en la ejecución de las políticas públicas de bienestar
social.
Planteamos actuaciones que dinamicen el papel y la participación
de las organizaciones no gubernamentales
para crear ese tejido democrático y eficaz, que sea capaz de
corresponsabilizarse en la construcción de una sociedad más justa
y más solidaria.
Estas actuaciones que llevamos a cabo desde el Ministerio de
Asuntos Sociales las articulamos en tres líneas: En primer lugar
medidas de apoyo financiero. En segundo lugar, el reconocimiento
de la labor que realizan las personas voluntarias, reconocer ese
trabajo y valorarlo socialmente para que se produzca un aumento
de esa participación. En tercer lugar, reforzar los cauces de
comunicación entre las organizaciones del voluntariado y los
poderes públicos.
Desde el punto de vista financiero, apoyamos, desde el 0,5 por
ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
subvenciones a cargo de esa asignación. Desde hace ya dos años
hay un capítulo prioritario para programas destinados a formar a
los voluntarios. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con un
espíritu de apoyo, de colaboración, con un elemento de
generosidad en la sociedad, pero poco organizado y peor formado.
Por eso damos una importancia estratégica fundamental a la
formación de los voluntarios, para que puedan ser eficaces en
esos aspectos en los que prestan su colaboración.
Este último año, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, hemos promocionado, mediante la subvención, 37 programas
de formación, tanto básica, general, para realización del
voluntariado, como la especializada. La dotación total ha sido de
430 millones de pesetas.
Además --y esto es importante-- hemos promovido el proyecto de
ley del voluntariado, que se encuentra actualmente en fase de
tramitación parlamentaria en esta Cámara y que seguramente
tendremos ocasión de ver mañana. Este proyecto trata de
satisfacer las demandas de los propios voluntarios, que venían
reclamando la necesidad de un marco jurídico apropiado a su labor
y que al mismo tiempo sirviera como reconocimiento de su tarea y
como impulso para consolidar este ámbito en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE DON ANTONIO GUINEA DE TORO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO SOBRE LA RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA UNION EUROPEA RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA? (Número de expediente
180/001441)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17 del señor Guinea de Toro.
Señor Guinea de Toro.
El señor GUINEA DE TORO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, este año que vivimos --1995-
- ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la
Tolerancia. En este marco los países de Europa, y España entre
ellos, están llevando a cabo diversas campañas en este sentido. A
pesar de los progresos realizados gracias a los esfuerzos hechos
por los Estados miembros del Consejo de Europa para garantizar
los derechos fundamentales de las personas, a nadie se nos escapa
que la violencia racista y xenófoba sigue existiendo en sus
diversas modalidades y que el paro existe en los países europeos
y las dificultades económicas que conlleva dejan a muchas
personas fuera de lo que pueda ser la participación digna en la
vida social. Esta situación, al final, actúa como caldo de
cultivo para actitudes racistas y xenófobas.
La eliminación, señora Ministra, de toda forma de discriminación
racial requiere de la coordinación y elaboración de normas
nacionales eficaces; de otra manera, las consecuencias para la
cohesión social en Europa serían muy desfavorables.
En este sentido, señora Ministra, me gustaría que me hiciese la
valoración sobre la resolución, aprobada en el Consejo de
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea,
sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinea de Toro.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas
gracias.
Señor Presidente, señoría, la aprobación, por unanimidad de los
quince países de la Unión, de la resolución relativa a la lucha
contra el racismo y la xenofobia en los ámbitos de empleo y de
asuntos sociales, que ha tenido lugar el pasado 5 de octubre en
el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, podemos
valorarla como un auténtico éxito, tanto desde el punto de vista
de los objetivos que se había planteado España como Presidencia
de la Unión Europea en este semestre, como desde el punto de
vista del fortalecimiento de las políticas sociales comunitarias
de cara a la Conferencia Intergubernamental de 1996, que
modificará el Tratado.
Es un tema de una enorme preocupación, ya que la desaparición de
las fronteras interiores entre los países miembros facilita la
libertad de movimientos migratorios, tanto para los ciudadanos
comunitarios como para los extracomunitarios, y, lamentablemente,
la xenofobia y el racismo van surgiendo como una reacción hacia
culturas y formas de vida distintas. Es un fenómeno que puede
afectar también a los nacionales miembros de los países de la
Unión y que aumenta
además en momentos como el presente, en el que la inestabilidad
del mercado laboral favorece los sentimientos de recelo hacia los
trabajadores extranjeros.
Esta resolución es --hay que decirlo-- la primera que se toma en
la Unión Europea, y además por unanimidad, sobre la lucha contra
el racismo y la xenofobia. Por tanto, sienta un importante
precedente en la articulación de una política social común en
esta materia y pretente, fundamentalmente, reforzar las medidas
que favorezcan la convivencia y la tolerancia en la sociedad, con
una especial incidencia también en el mercado de trabajo. En un
año como éste, que ha sido declarado por Naciones Unidas Año
Internacional de la Tolerancia, es además doblemente oportuno que
hayamos sido capaces de tomar esta decisión.
Se trata de prevenir las situaciones de discriminación y
desigualdad, tanto en el acceso al puesto de trabajo como en el
ejercicio del mismo, y también de aumentar la formación de los
trabajadores extranjeros para facilitar su integración social. En
este sentido, la presidencia española ha sabido responder a una
preocupación que nos han manifestado desde distintos ámbitos,
tanto desde las instituciones como desde las ONG que trabajan en
este área y desde los documentos comunitarios. Un ejemplo es que
esta resolución se hace eco de la reiterada petición de esta
medida --una medida de estas características-- que nos ha hecho
el Parlamento Europeo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUINEA DE TORO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO SOBRE LA RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA UNION EUROPEA SOBRE
COOPERACION CON TERCEROS PAISES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD?
(Número de expediente 180/001442)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18 del señor Guinea de Toro.
Señor Guinea de Toro.
El señor GUINEA DE TORO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hablemos ahora de juventud. El pasado 5 de
octubre también se presentó una resolución, a propuesta del
Gobierno español a través de su Ministerio, sobre cooperación con
terceros países en el ámbito de la juventud. Se manifiesta de
este modo el deseo de intensificar la cooperación en el ámbito de
los intercambios y de la movilidad de los jóvenes con países de
Europa Central y Oriental y en el contexto del necesario diálogo
Norte-Sur.
Señora Ministra, personalmente pienso que para dar respuesta al
contenido del artículo 48 de nuestra Constitución, que establece
que los poderes públicos promoverán las condiciones para la
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural, no nos podemos ceñir sólo
y exclusivamente a nuestras fronteras. En este sentido me parece
muy positivo que se tome este tipo de iniciativas de intercambio
con otros países.
Me gustaría saber la valoración que hace el Gobierno sobre la
resolución aprobada en el Consejo de Ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales de la Unión Europea sobre la cooperación con
terceros países en el ámbito de la juventud.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinea de Toro.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señoría, lo primero que quiero es agradecer el
interés mostrado por temas de tanta importancia para la vida
real, como son los reflejados en estas resoluciones y que afectan
de una forma muy especial a la juventud.
Como ha dicho S. S. tomamos una resolución en el Consejo de
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 5 de octubre, sobre
cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud. La
valoración que desde el Gobierno hacemos de esta resolución es
muy positiva, porque es fundamental promover y es fundamental
ampliar el espacio de participación de la juventud en la
construcción europea, poniendo de relieve el inmenso potencial
que la juventud representa para nuestras sociedades.
Esta iniciativa --que es de la Presidencia española-- se
fundamenta en las conclusiones del Consejo Europeo de Essen. Las
posibilidades que nos ha ofrecido el marco de determinados
programas y medidas comunitarias dirigidas a los jóvenes nos han
permitido hacer un informe desde la Unión Europea para poder
avanzar en esta línea. El contenido de la resolución incide en
cinco ámbitos fundamentales. La cooperación entre estructuras
gubernamentales y no gubernamentales de la juventud, todo lo que
es la participación del movimiento asociativo de jóvenes,
poniendo un acento especial en la cooperación entre las
estructuras juveniles no gubernamentales, como son, sobre todo,
los consejos de juventud. Somos conscientes de la importancia de
la vertebración de la sociedad civil, en este caso de los
jóvenes, en el proceso de la consolidación de la construcción
europea.
El segundo aspecto que contiene la resolución y que es de
extraordinaria importancia es la formación de animadores, que
representa un ámbito que incide en dotar de una nueva dimensión
al trabajo en materia de juventud. Conocer y comprender la
diversidad cultural y social supone el punto de partida para
prevenir situaciones de intransigencia, intolerancia y racismo.
En este
campo los animadores juveniles tienen un cometido de primordial
importancia y, en este sentido, enlaza esta resolución con la que
antes he contestado con motivo de otra de sus preguntas. También
es necesaria la información a los jóvenes en los aspectos de
educación, formación, empleo, ocupación del tiempo libre, de
prevención de riesgos, facilitando la interconexión de las redes
que ya existen. Por último, el intercambio de jóvenes que
favorece también una mejor comprensión de las situaciones
respectivas de los jóvenes participantes y el desarrollo de un
espíritu de solidaridad mutua.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA ORDENAR LA AYUDA
A LA VIVIENDA EN LOS PROXIMOS AÑOS. (Número de expediente
172/000122)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones
urgentes. Interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda
a la vivienda en los próximos años.
En nombre del Grupo proponente de la interpelación, tiene la
palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Ministro, supongo que convendrán conmigo en que
cuando hablamos de las ayudas a la vivienda, tanto de las
presentes, como las pasadas y las futuras, no nos ceñimos
únicamente a los resultados de un plan de vivienda y, muy
concretamente, no nos ceñimos a los resultados del último plan de
viviendas que elaboró el gobierno al que pertenece el señor
Borrell.
Nosotros pensamos que la política de ayudas a viviendas y la
política de viviendas es algo mucho más amplio, e incluso nos
atrevemos a decir, y creo que con claro fundamento, que los
planes de vivienda sin duda son una parte importante, pero,
cuantitativamente, no son la parte mayor del conjunto de las
políticas de ayuda a la vivienda. La parte fundamental de la
política de ayuda a la vivienda está en el capítulo de las ayudas
fiscales que se plantean por parte del Estado y que, normalmente,
las ordena el Gobierno previa aprobación de la Cámara a través de
los presupuestos de cada año. Ahí es donde está el monto
fundamental de la ayuda a la vivienda que realiza el Estado y
gestiona el Gobierno. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
Nosotros consideramos que ese monto sustancial de ayuda a la
vivienda no se mueve en una dirección de progreso, sino más bien
al contrario: se mueve en una dirección claramente conservadora,
en una dirección en la que podría gestionar muy bien el gobierno
del Partido Popular, en vez del gobierno del señor Borrell,
puesto que, más o menos, en España, hoy por hoy, quien recibe más
ayuda a la vivienda es quien más tiene, quien más puede desgravar
fiscalmente; en última instancia, quien en su tabla de
deducciones del IRPF puede poner una cantidad mayor porque ha
invertido más en vivienda.
Entonces, fíjense por dónde, el capítulo más sustancial de la
ayuda a la vivienda en nuestro país, que nosotros ciframos en
350.000 millones de pesetas aproximadamente, no va en la
dirección de ayudar a las personas que están más necesitadas de
vivienda.
Nosotros creemos que la política de vivienda que se viene
realizando en España es una política gravemente lastrada por lo
que significa el sector de la construcción en nuestro país. En
los propios Presupuestos Generales del Estado de 1996 se
especifica cómo la construcción es nada más y nada menos que el
13,5 por ciento aproximadamente del producto interior bruto --
unos 9 billones de pesetas--, una cantidad importantísima, y, a
nuestro juicio, esto hace que las políticas de viviendas vayan
más en la dirección de favorecer el mantenimiento de toda la
industria que, evidentemente, no está dedicada únicamente a la
construcción, pero que, cuando falla la obra pública, ve en la
construcción la manera de continuar teniendo esa incidencia en el
producto interior bruto, y está gravemente lastrada por ello y
más dedicada a eso que a conseguir unos efectos en el sentido que
marca el artículo 47 de la Constitución española: que todos los
españoles tengan una vivienda digna.
Por eso, nosotros creemos que, a pesar de que el plan de vivienda
haya movilizado unos recursos, fundamentalmente privados, de
aproximadamente dos billones de pesetas, a pesar de eso, como muy
sinceramente dice el documento que nos ha dado el Ministerio de
Obras Públicas, cuya sinceridad sin duda agradecemos, uno de cada
tres españoles considera que el problema de la vivienda no ha
cambiado apenas a pesar de este plan de vivienda --lo dicen a
través de las encuestas que hace el Centro de Investigaciones
Sociológicas-- y esto es porque esos dos billones de pesetas
movilizados por el plan de vivienda (que, evidentemente, no
significan dos billones de gasto público, porque el gasto público
se ciñe a 60.000 millones de pesetas aproximadamente; en el
último ejercicio, 23.000 millones de pese-
tas) no son más que subsidios a los préstamos y consiguen
movilizar esos dos billones de pesetas, a pesar de movilizar de
esa manera tan cuantiosos recursos privados, el problema de la
vivienda es percibido por más del 65 por ciento de los españoles
como que la situación se encuentra prácticamente inamovible.
Esto nos ratifica en nuestra idea y nos hace pensar que no
tenemos una posición apriorística sobre lo mal que lo hace el
Gobierno; no, lo que ocurre es que el
Gobierno no ha conseguido romper la inercia que se viene
aplicando a la política de vivienda desde los tiempos de la UCD,
y sigue moviéndose bajo esa directriz. No queremos decir que lo
haga igual; evidentemente, nosotros creemos que ha habido mejoras
sustanciales en la gestión de esa política, pero desde luego no
ha habido una variación de directriz en esa política, y por eso
pensamos que en España las necesidades de vivienda son tan
imperiosas, porque, a pesar del parque tan elevado de viviendas
que existe en nuestro país, a pesar de que existe un panorama que
no tiene nada que ver con el que se produce en el resto de los
países europeos, en España el 70 por ciento de las viviendas son
viviendas principales, el 15 por ciento secundarias y el 15 por
ciento desocupadas. Eso no tiene nada que ver con la forma en que
funciona en el resto de los países europeos y con cómo está
dividida la ocupación de la vivienda. Pero eso es lo que explica
que la política de vivienda esté generando la formación de
pasivos, más que una política que está creando las posibilidades
de acceso a capas que se ven necesitadas.
Nosotros pensamos que lo que hay que plantear cara al futuro no
es sólo un nuevo plan de vivienda, que sí; creemos que hay que
plantear un nuevo plan de viviendas que vaya corrigiendo
paulatinamente el sector, porque desde luego no pensamos que los
cambios se puedan hacer de la noche a la mañana, y que un sector
como el de la construcción, que significa tanto en el producto
interior bruto de nuestro país, pueda sufrir un cambio radical;
pero el problema es que tampoco sirve, que tampoco se está
produciendo un cambio indiciario en el sector, y es necesario que
se empiece a producir ese cambio indiciario; nosotros pensamos
que es importante que se produzca y que todas las otras
políticas, que no son la mera política presupuestaria de un plan
de vivienda, empiecen a cambiar en nuestro país.
Por lo pronto, vamos a empezar a darles ideas, porque creemos que
se debe acabar con la política de desgravaciones fiscales sobre
la vivienda que han venido aplicando los sucesivos gobiernos, no
solamente del PSOE, sino que ya aplicaban los gobiernos
anteriores al PSOE, y que desde luego el PSOE no ha roto con
ellas, sino que ha continuado la gestión en esa misma línea.
Nosotros pensamos que los recursos que se han venido destinando,
porque en última instancia las desgravaciones fiscales son
recursos «non natos» del Estado, tienen que empezar a ir
desviándose en el sentido de apoyar políticas directas de
vivienda, políticas que deben ir destinadas fundamentalmente a la
creación de parques de alquiler. Le digo parques de alquiler, ni
siquiera le digo en un principio parques públicos, de alquiler;
luego, que sean parques públicos y privados de alquiler; en
cuanto a los privados, porque nosotros creemos que es una manera
de no incitar a que se creen estos pasivos inmobiliarios que,
además, suponen la tumba del ahoro de millones y millones de
españoles. Eso, por una parte. En cuanto a la creación de parques
públicos de viviendas de alquiler, porque pensamos que es la
única forma de acceder a la vivienda que tiene una importantísima
capa de españoles que hoy en día quedan fuera de cualquier
posibilidad de ayuda.
El otro día cuando debatíamos sobre los presupuestos con la
señora Narbona y sobre cómo se habían repartido las ayudas a la
vivienda según los diferentes niveles de renta, nos decía la
señora Narbona que el 90 por ciento de las ayudas se habían
producido a los niveles de renta que estaban por debajo del 3,5
del salario mínimo interprofesional, sin que nos pudiera dar el
dato de cuántos estaban más cerca del 2,5 que del 3,5 y es que
nosotros pensamos que, en el entorno del 2,5, se produce una
línea crítica que incluso son de alguna forma expulsados de las
propias operaciones que se sujetan a subvenciones oficiales,
porque es una línea crítica que ni ofrece garantías para poder
afrontar los créditos hipotecarios, ni ellos mismos son capaces
en muchísimas ocasiones de afrontar la posibilidad de acceder a
la vivienda por la propiedad, y de esa línea crítica para abajo
hay una bolsa de españoles, que cada vez se convierte en más
crónica, que no tienen ninguna posibilidad de acceso a la
vivienda, y estas personas, estos hombres y mujeres, la única
posibilidad real que tienen a acceder a la vivienda es que
mensualmente puedan acceder a una línea de alquiler que esté en
consonancia con los niveles de renta que están manteniendo, y que
no está en los niveles de pago de alquiler que se produce en casi
todas nuestras ciudades, que son francamente elevados para este
nivel de renta que se produce en España. Por tanto, consideramos
que es muy importante también que haya esta ayuda a la vivienda
pública en alquiler, aunque repito que no de forma exclusiva,
pues no nos fijamos únicamente en lo público.
Nosotros creemos que una nueva política de viviendas, y no sólo
un nuevo plan de vivienda, ejercería efectos beneficiosos,
estamos convencidos, para que los españoles pudieran acceder a
ese bien que la Constitución les reconoce, sino que también sería
francamente sano para la economía española. Sería sano que se
planteara una política de vivienda radicalmente diferente que no
estableciera que tantísimos recursos privados fueran a un bien
que, o queda vacío en muchas ocasiones, o es del máximo lujo.
Hemos de lamentar que no se haya producido este cambio en la
política de vivienda. Ni siquiera las propuestas de las que el
Gobierno alardea que han significado cambios importantísimos han
tenido los efectos que el propio Gobierno cree que han tenido. La
ley que precisamente se elaboró a iniciativa de Izquierda Unida
sobre la posibilidad de cambiar los préstamos hipotecarios,
tampoco ha tenido unos efectos tan beneficiosos como se presume
en muchos de los documentos hechos públicos por el Gobierno, por
muchas causas, la primera de ellas, por cómo quedó redactada y,
la segunda, por lo poco transparentes que son las diferentes
entidades bancarias. Muy pocos son los españoles que han
podido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, vaya
concluyendo.
El señor ANDREU ANDREU: Voy concluyendo, señor Beviá.
Muy pocos son los españoles que han podido acceder a préstamos
hipotecarios más baratos que los anteriores. También cuestionamos
la rentabilidad que haya podido tener la creación de los fondos
inmobiliarios, pues pensamos que no han sido excesivamente
operativos.
En cualquier caso, creemos que esa nueva política de viviendas
que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reclama debe ser una
seña de identidad de la izquierda, cara al futuro.
Yo comprendo que el Partido Popular quiera seguir con la misma
política que ha venido llevando hasta ahora el Gobierno
socialista, porque es una política que le viene muy bien; viene
muy bien a los sectores que la derecha representa, porque es una
política que, en el fondo da pocos quebraderos de cabeza. Lo
comprendo perfectamente. Lo que no comprendería sería que
cualquier persona que se dijera de la izquierda no se planteara
la necesidad de dar un giro importantísimo en la política de
vivienda, para moverse en la tendencia en la que nosotros hemos
intentado modestamente transmitir en esta intervención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señor Presidente, señorías, hay quien cree
que el acceso a la vivienda, como a tantas otras cosas, debe
regularlo el mercado; que basta con que quien quiera comprar
compre y quien quiera vender venda. Incluso hay quienes dicen que
el suelo tiene que ser de libre disposición y uso por parte de
sus propietarios y que cualquier interferencia política en la
asignación de usos al suelo es muy contradictoria con el objetivo
de que todo el mundo tenga vivienda. Hay gente que lleva su
confianza hacia el mercado hasta estos extremos. Gente más
razonable --entre ellos usted y yo y también el profesor
Galbraith cuando dice que la vivienda es el gran facaso de la
economía capitalista-- creemos que el mercado no es capaz de
facilitar acceso digno a la vivienda a todo el mundo, y por eso
seguramente los padres constitucionales dijeron que la vivienda
no era una mercancía, era un derecho, y que, como tantos
derechos, tiene que ser garantizado, no por el mercado, sino por
la acción consciente, responsable y colectiva de la sociedad
políticamente organizada. Por ello, el acceso a la vivienda, en
cumplimiento del mandato constitucional, ha sido siempre un
objetivo del Gobierno socialista, tanto más cuanto más afecta a
quienes no pueden hacerlo en condiciones de mercado.
Yo siento tener que hablar de lo que hemos hecho, pero no puedo
evitar recordar que el plan de vivienda 1992/1995 vino a
sustituir un hueco creado por un conflicto competencial
importante, porque dice la Constitución que la vivienda es
competencia autonómica, y, llevada al extremo esta interpretación
constitucional, ni usted ni yo estaríamos hablando hoy aquí de lo
que en teoría no nos competería. Después de este vacío lleno de
conflictos, resueltos por el Tribunal Constitucional, desde 1992
a 1995 creo que hemos avanzado mucho, aunque sin duda de forma
harto insuficiente, en la solución de un problema que sigue
siendo, y lo reconoce el Gobierno antes que nadie, uno de los más
graves y más sentidos por nuestra sociedad. Pero el Gobierno
tiene que explicar lo que ha hecho, sobre todo cuando, al decir
que lo iba a hacer, recibió como respuesta la incredulidad y la
falta de apoyo que pusieron de manifiesto todos los grupos de la
Cámara, incluido el suyo, señoría.
Cuando en la primavera de 1991 y hasta 1992 concebimos un plan
con el que pretendíamos facilitar el acceso a la vivienda a
400.000 familias, recibimos el escarnio y la mofa como respuesta.
Y hoy podemos presumir de que hemos conseguido financiar 494.000
actuaciones protegibles, de las cuales 401.000 en vivienda, y
otras 94.000 derivadas de operaciones de suelo, lo que representa
haber cubierto el 103 por ciento de los objetivos que nos
propusimos cuatro meses antes de haberse agotado el plazo que nos
dimos para hacerlo. Cumplir un plan, superando los objetivos, en
menos tiempo de lo previsto y con un coste presupuestario muy
parecido al que se había autorizado, es algo, señoría, de lo que
podemos sentirnos satisfechos todos los que hemos contribuido a
ello.
A 29 de septiembre, hemos movilizado financiación calificada para
522.000 actuaciones protegibles, y el 90 por ciento de las
familias que se han beneficiado de este plan tienen ingresos
inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional; es
decir, hemos concentrado las ayudas en la demanda más necesitada
de ellas.
Y aunque salgan por ahí voces discordantes, que uno no sabe muy
bien a santo de qué vienen --como es el Tribunal de Defensa de la
competencia que se gargariza diciendo que la política de acceso a
la vivienda es mala porque incentiva el fraude fiscal; ¿quién
será ese tribunal para opinar sobre la política de vivienda, qué
competencias tendrá y a santo de qué vienen este tipo de
críticas? Que se dedique a lo que tiene que hacer, que es
controlar la competencia entre agentes económicos, en vez de
plantearse si las ayudas fiscales que concedemos, o los subsidios
que damos para ayudar a la familia a acceder a la vivienda son o
no adecuados
con la política fiscal--, aunque surjan voces, repito, a veces
totalmente fuera de coro, y aunque el Partido Popular diga que no
hemos resuelto los problemas de la vivienda, lo cual es obvio,
negando que hemos conseguido los objetivos que nos habíamos
propuesto, creo que es necesario que sepa la Cámara, y a través
suyo el país, que el Gobierno cumplió con sus objetivos y se
propone seguir trabajando, en el marco de sus competencias, para
seguir dando una respuesta positiva a un problema que sigue
siendo grave en nuestra sociedad.
A ello han contribuido los acuerdos con las comunidades
autónomas, que usted parece ignorar, señoría. Vivimos en un país
muy descentralizado y las competencias en materia de vivienda son
fundamentalmente autonómicas, la gestión es integramente
autonómica. El Gobierno central puede intervenir desde los
instrumentos fiscales y presupuestarios, de carácter horizontal,
que tienen la potencia que tienen, pero no más. Puede hacer
normas básicas, cuyo carácter de básico es permanentemente
discutido por algunos grupos parlamentarios, para incidir en las
políticas de suelo, pero no puede gestionar el suelo. ¡Ya
quisiera yo ser el ministro de urbanismo de un país como Francia,
o tener la capacidad de actuar en países tan descentralizados y
federalizados como son Alemania o Estados Unidos! Pero podemos
hacer lo que podemos hacer. Y cuando hemos intentado hacer más,
el Tribunal Constitucional nos ha recordado los límites de la
acción del Estado.
Por tanto, señoría, sitúese antes que nada en el contexto
institucional de este país y dirija sus críticas a aquellos
gobiernos autónomos que son los responsables de la gestión y a
los que este Gobierno no puede ni quiere sustituir.
El plan se ha cubierto en todos sus objetivos y, después de ello,
hemos iniciado un conjunto de actuaciones complementarias para
garantizar un cierre ordenado de este plan, y para ello reunimos
a la Conferencia Sectorial de la Vivienda el pasado 12 de
septiembre, para hablar de las líneas básicas del futuro y tratar
de cerrar ordenada y constructivamente una dinámica muy positiva,
demasiado positiva a los ojos de algunos, que ha superado las
previsiones del plan y amenazaba con hacerle morir de éxito. Ese
plan no había fracasado, había tenido un éxito mayor del
previsto, y eso podía acabar empañando su propio éxito. Para
ello, propusimos ampliar la financiación convenida en un importe
no inferior a los 200.000 millones de pesetas, para atender el
exceso de demanda, demanda que proviene, no lo olvide, en un 90
por ciento, de familias que ingresan menos de tres veces y media
el salario mínimo interprofesional. Creamos grupos de trabajo
para estudiar las líneas básicas del futuro plan de vivienda
1996-1999; hicimos de ponente, aportamos nuestras ideas y
canalizamos las calificaciones que se produjesen hasta finales de
la vigencia del plan para las comunidades de Madrid, Baleares y
Cantabria hasta el 31 de octubre, y el resto hasta el 15 de
octubre, y que no tuvieron asignación en el año 1995, para que la
puedan tener con cargo a los recursos del nuevo plan en las
condiciones existentes en el período 1992-1995. Y posteriormente
conseguí, el Gobierno lo entendió así, autorizar una financiación
adicional de 267.000 millones de pesetas, que permitirá atender
nuevas concesiones de préstamos, de manera que este año, sólo
este año, habremos canalizado a la vivienda, apoyada fiscal y
financieramente, casi un billón de pesetas; algo que nunca se
había visto en la historia de la política de vivienda de este
país; mucho más importante, en términos relativos, que lo que la
prensa pregona como gran novedad que hacen otros países vecinos
nuestros; casi un billón de pesetas orientados a fomentar la
construcción de viviendas destinados a aquéllos que nunca podrían
obtenerlas en condiciones de mercado.
De esta forma, garantizamos la financiación para las Comunidades
Autónomas de Madrid, Cantabria y Baleares --por cierto, no
gobernadas por el Partido Socialista--, cuyo grado de ejecución
va más retrasado, para que puedan alcanzar también el cien por
cien del cumplimiento de sus respectivos objetivos.
Quizá convenga recordar aquí quien fue o quiénes fueron los que
en 1991 y en 1992, cuando hablábamos de 400.000 viviendas,
dijeron eso tan gracioso de que serían, para los 400.000 amigos
del señor Benegas, que solamente aquéllos que estuviesen
involucrados por relaciones de dependencia o complicidad
(parasitismo, dijo alguien) con el Partido Socialista tendrían
acceso al maná de estas ayudas. (Un señor Diputado: ¡Se dice cada
cosa!) ¡Sí, se dice cada cosa, señoría! Cada cosa que conviene
ser recordada para que el debate político... (Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Diga usted qué es lo que
se hace mal en política de vivienda y lo discutiremos! ¡Diga
usted qué es lo que se hace mal en política de vivienda y lo
discutiremos! Y empiece por saber que, mal o bien, quien lo hace
son las administraciones competentes en la gestión que son las
comunidades autónomas. Sí, se dice cada cosa, señorías, que, a la
vista de los resultados, conviene acudir a la Cámara para plantar
cara y replicar con los hechos a la infamia y a la calumnia, en
ésta como en tantas otras cosas. Pero también conviene venir,
como ha querido hacer, y se lo agradezco, señor Diputado, a
aportar ideas para el debate, a aportar ideas para diseñar nuevos
planes, nuevos objetivos y nuevos instrumentos, lo que no han
querido hacer ustedes, señorías, (Señalando los escaños del Grupo
Popular) al reunir la Conferencia Sectorial y negarse a discutir
el nuevo plan so pretexto de que no habían tenido tiempo de
situarse en la política en cuestión y que, en cualquier caso,
tendría que ser su gobierno, su hipotético gobierno, quien lo
hiciera el próximo otoño. (Un señor Diputado pronuncia palabras
que no se perciben.--Rumores.) Eso mismo me dijeron ustedes
cuando presenté el plan director de infraestructuras antes de las
elecciones de 1993. Me dijeron que no estaban
dispuestos a discutirlo porque su gobierno, que vendría después,
lo haría mejor, y ya van para tres años.
A grandes rasgos, señorías, sin entrar en un detalle
pormenorizado de su contenido, el documento que sometimos a la
consideración de las comunidades autónomas y que es de lo que me
gustaría debatir con un Diputado al que me consta interesado por
encontrar nuevas líneas de acción que permitan resolver, desde
una visión de izquierda, los problemas de la gente que la
necesita, porque ellos solos no serían capaces de hacerlo; un
conjunto de líneas que, sin duda, van para fomentar el mercado de
alquiler, de forma que éste se consolide como una alternativa
eficaz a la tradicional fórmula de adquisición de vivienda. Nada
deseamos más que eso, señoría.
Pero también deseamos potenciar la calidad y el uso sostenible de
los recursos en la edificación mediante el acondicionamiento de
las ayudas a la implantación de mejoras tendentes al ahorro
energético, la prioridad a la rehabilitación y regeneración
urbana, de forma que se evite la existencia de viviendas
desocupadas, la degradación del patrimonio inmobiliario, las
emigraciones cotidianas entre centro y periferia de una ciudad
que se extiende sin limite ni orden, mal que les pese a esos
neoliberales que creen que basta con que el mercado dibuje sobre
el suelo la ciudad que la relación de beneficio y especulación
considere mejor hacer. Fomentar el ahorro a largo plazo (y eso no
iba por ustedes) destinado a la financiación de la vivienda y
fomentar la disponibilidad de suelo urbanizado a costes
asequibles.
Sí, el mercado de alquileres es un objetivo que el Gobierno se
propone consolidar como alternativa eficaz frente a la
adquisición. Para ello, nos proponemos objetivos realistas como
el de equiparar gradualmente el exiguo parque español de
viviendas en alquiler, doblando su porcentaje hasta acercarlo al
30 por ciento del total y aumentando la parte del parque cuyo
coste para el inquilino resulte inferior al correspondiente
acceso a la propiedad, de lo contrario nunca conseguiremos
cambiar las actitudes individuales.
Hay medidas concretas. Concentrar el gasto público estatal en las
familias con niveles de ingresos medios y bajos, dando especial
atención al primer acceso a la vivienda y limitando los subsidios
de tipos de interés a los beneficiarios con ingresos de hasta 3,5
veces el salario mínimo interprofesional. Y no denigre ni
critique usted el subsidio al tipo de interés, porque seguramente
podríamos imaginar medidas más interesantes en teoría pero, en la
práctica, todos los países acaban haciendo lo mismo, acaban
subsidiando el tipo de interés como forma de diluir en el tiempo
el coste de las ayudas para involucrar el esfuerzo personal del
que las recibe al esfuerzo colectivo de la ayuda que recibe. Hay
que dar prioridad a la promoción y a la rehabilitación de
viviendas destinadas al alquiler con rentas tasadas, simplificar
las figuras de protección, revisar la figura de vivienda a precio
tasado y territorializar al máximo --eso quiere decir municipio a
municipio-- los objetivos físicos del plan; establecer nuevos
elementos de control de la actuación de las entidades de crédito,
simplificar el sistema de ayudas estatales y revisar las
actuaciones protegibles en materia de suelo. Es un conjunto
importantísimo de medidas que están encima de la mesa para que
sean discutidas, no tanto por los parlamentarios, señoría, porque
pocas competencias hay aquí para ello, sino por los responsables
autonómicos de la gestión que, por el momento, han demostrado un
escaso entusiasmo en hacerlo.
Sí, tiene usted razón, y sabe que en esta materia soy un
librepensador; en el tema de ayudas fiscales a la vivienda la
polémica ha sido planteada muchas veces, desde cuando era
Secretario de Estado de Hacienda hasta ahora en mis actuales
responsabilidades. Es verdad, en el perfil de las ayudas que
reciben los ciudadanos españoles existía un gran bache; en la
cola, los que tienen rentas muy bajas y que, por tanto, no pueden
beneficiarse de las desgravaciones porque su marginal es bajo,
tienen ayudas directas, casi de tipo social, más que de acceso a
la vivienda; en la parte superior, tipos marginales altos
implican ayudas muy importantes a través de unas desgravaciones
que en España son las más generosas del mundo occidental; y
entremedias había y sigue habiendo una población cuyos marginales
son bajos y por tanto las ayudas fiscales poco significativas
pero que, en cambio sus rentas son altas y no tienen acceso a las
ayudas directas. Por eso estamos trabajando, discutiendo,
razonando y argumentando frente a los intereses creados, que son
muchos, y frente a las inercias sociales, que también son muchas,
para que las ayudas al acceso en propiedad y el acceso en
alquiler tengan una tendencia a la equiparación, para no
modificar, por supuesto --ocioso es decirlo, aunque algunos lo
proclamen-- los derechos adquiridos, pero sí para plantearse el
futuro en base a un equilibrio mejor entre lo que significa el
esfuerzo de inversión y la necesidad social de tener acceso a un
techo.
En la vivienda, señoría --y usted no lo puede negar--, coinciden
muchos y muy diversos intereses, coinciden factores de muy
diferente índole. ¿Qué es una vivienda? ¿Es una inversión? Sin
duda lo es. Pero también es un bien de primera necesidad. Cuando
se compra, cuando se accede a una vivienda ¿a qué ayudamos? ¿Al
inversor, que hace un esfuerzo de ahorro e inversión igual que el
que podría hacer comprando acciones de una empresa industrial, o
estamos ayudando a satisfacer un derecho básico garantizado por
la Constitución? Las dos cosas a la vez; unas veces más una cosa
y otras veces más otra, pero no le queda ninguna duda a S. S.
que, en términos de macroeconomía, la inversión en vivienda es un
elemento más de la formación bruta de capital fijo de un país y
por ello requiere ayudas fiscales orientadas a fomentar la
inversión en momentos en los que ésta declina. Eso justificó,
en su día, ayudas que después fuimos reduciendo cuando no tenían
la misma intensidad ni la misma necesidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya
terminando.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Acabo, señoría, porque el tema es tan
apasionante, complejo y diverso que es muy difícil en una
interpelación parlamentaria necesariamente breve dar respuesta a
lo que estoy seguro es un esfuerzo de buena voluntad para llegar
a soluciones más positivas, más todavía de las que podemos tener.
Por ello, invito a su grupo parlamentario y a todos los grupos a
participar a través de sus representantes en los gobiernos
autónomos y, si es necesario, la creación de una ponencia en
Comisión que involucre en el Parlamento de la nación toda la
reflexión necesaria para que el siguiente plan de vivienda se
pueda aprobar antes de final de año. No cedamos a la tentación
oportunista de demorarlo todo para un después que otros
ambicionan protagonizar, porque esto significaría demorar durante
demasiado tiempo la puesta en obra de medidas, que son
imaginables y son concretables, de las cuales depende el
bienestar de muchas familias españolas y la posibilidad de
acceder a una vivienda de forma más rápida y más eficiente.
Agradezco su interpelación. Estoy de acuerdo con muchas de las
cosas que usted ha dicho. Y estoy seguro de que podremos avanzar,
desde una perspectiva progresista, en la consecución de un
objetivo indeclinable porque está en nuestra Constitución y
reconocido es que el mercado sólo no es capaz de resolver: el
derecho a una vivienda digna para todos. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, créame sinceramente que
me alegro de que, por lo menos teóricamente, estemos de acuerdo
en algunas cosas sobre cómo debe ir la política de vivienda,
aunque seamos críticos con los resultados de la política de
vivienda que se ha venido realizando. Cuando digo con la política
de vivienda digo lo que digo, no con el plan de vivienda. No
recuerdo, señor Ministro, que ni yo ni mi grupo nos hayamos
mofado de su plan de viviendas. Otra cosa es que dijéramos que,
tuviese o no tuviese éxito, dudábamos que solventara los
problemas de vivienda existentes en nuestro país. Los datos son
bastantes significativos, a pesar de esas 205.000 viviendas de
nueva construcción. Las actuaciones, como usted bien sabe, no son
lo mismo que en las viviendas de nueva construcción, a pesar de
la cantidad de vivienda a precio tasado que ha salido al mercado.
Después de todo, ese concepto de la vivienda a precio tasado ha
servido fundamentalmente para que los stocks que tenían muchos
inmobiliarios los hayan podido sacar a la venta, cuando habían
quedado inmovilizados porque el mercado no soportaba más presión
por parte de los inmobiliarios. A pesar de todo eso, como ya
expuse al principio, dos de cada tres españoles perciben que la
situación de acceso a la vivienda no ha mejorado. A pesar de que
todas las viviendas que se han inducido por el plan de viviendas
no constituyen más que el 20 por ciento del conjunto del parque
de vivienda que se ha construido en este país, porque el 80 por
ciento ha sido libre, a pesar de la cantidad de viviendas que se
han construido en este país, dos de cada tres españoles perciben
que la situación de acceso a la vivienda no ha mejorado.
Señor Ministro, tiene usted todo el derecho a manifestarse
satisfecho porque los objetivos que se ha planteado los ha
cumplido. Otra cosa es que esos objetivos sean los correctos,
pero todo esto le debería hacer reflexionar. El hecho de que se
construya mucha vivienda no significa necesariamente que el
problema del acceso a la vivienda mejore de forma sustancial. Se
puede construir mucha vivienda que sea inaccesible a los sectores
de población que lo necesiten y se puede despilfarrar mucho
dinero. El despilfarro inmobiliario, que es el título de un libro
que publicó en los años setenta un urbanista italiano que se
llamaba Pietro Indovina, del Partido Comunista Italiano, se ha
planteado desde la II Guerra Mundial en todas las sociedades
occidentales y muy particularmente en las latinas ha tenido unos
desarrollos absolutamente extraordinarios. España es víctima de
ello, hasta el punto de los datos que he manifestado al principio
de mi intervención y que no voy a reiterar, del peso tan
importante que tiene la vivienda en el conjunto de nuestra
economía e independientemente del uso que esa vivienda vaya a
tener.
Nosotros nos alegramos de que usted comparta muchos de los
criterios intelectuales, entre comillas, de cómo debe variar la
política de vivienda. Lo que nosotros lamentamos es que durante
el ejercicio de su ministerio se haya variado tan poco en esa
forma de actuar. Yo no le digo que lo haya gestionado mejor o
peor. Sin duda lo ha gestionado mejor que otros ministerios,
seguro que más correctamente. Pero desde luego --usted quizá no
podrá convenir eso conmigo-- le puedo asegurar de la forma más
objetiva que no han cambiado sustancialmente esos temas. Recojo
el guante de la Ponencia. Ojalá sea posible, aunque me temo que
el curso legislativo que queda ya es muy corto, pero tampoco hace
falta que sea muy grande, no hacen falta muchas comparecencias,
no hace falta tampoco mucho tiempo para llegar a conclusiones. Yo
creo que sería positivo que esta Cámara planteara cómo debe ser
el futuro de una política de vivienda, no solamente de un plan de
vivienda, para que realmente todos esos españoles y españolas
que no tienen posibilidad de acceso a la misma, a pesar de todos
los planes de construcción de vivienda en propiedad que se
planteen, tengan la oportunidad de estar acogidos al artículo 47
de la Constitución. Ojalá podamos contemplarlo. Ojalá los tiempos
no nos lleven a la continuación de estas políticas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno de fijación de posición, que obviamente no es el
turno en el que el Partido Popular expondría su alternativa de
vivienda, quiero, en primer término, manifestar nuestra
coincidencia en no pocos aspectos con el sentido y el propósito
de la interpelación de Izquierda Unida. Me propongo hacer unas
precisiones sobre algunos de los extremos y de las afirmaciones
que ha hecho el portavoz de Izquierda unida y después, al hilo de
la intervención del señor Ministro, voy a hacer algunas
reflexiones sobre el éxito del Plan de Vivienda 92-95, su marcha
en estos momentos, los problemas que le aquejan y la actitud del
Partido Popular y de las comunidades autónomas --hasta donde yo
lo conozco-- donde gobierna el Partido Popular, para dar
respuesta a algunas de las alusiones que ha hecho, más o menos
veladamente, el señor Ministro.
Respecto a la interpelación de Izquierda Unida, comparto su
preocupación por la insuficiencia del plan, pese a las
afirmaciones rotundas del señor Ministro. Comparto algunas de sus
afirmaciones como, por ejemplo, la necesidad de potenciar el
alquiler. Estoy claramente en desacuerdo con que la ratio legis
de este plan de vivienda, y desde luego de los planes de vivienda
anteriores que yo he conocido y he vivido, fuera impulsar el
sector de la construcción. Este plan de vivienda y los planes de
vivienda anteriores sin duda benefician al sector de la
construcción, pero su propósito inspirador es dar cumplimiento,
en la medida en que ha sido posible, al mandato constitucional
del artículo 47. En este punto no soy crítico con el Plan de
Vivienda 92-95 del Gobierno socialista.
Dicho esto, quiero referirme al llamado éxito del plan de
vivienda. Creo que, efectivamente, el plan ha tenido un éxito
formal, ha tenido un éxito de acuerdo con unos objetivos trazados
ad hoc. Si el plan se hubiera fijado unos objetivos todavía más
bajos, el porcentaje de cumplimiento, señor Ministro, habría sido
superior. Me cuestiono, señor Ministro, si efectivamente se puede
hablar de éxito del famoso plan de las 460.000, que coincidía,
por cierto, con los teléfonos a que había que llamar de aquella
cooperativa llamada PSV --es una observación de pasada, pero es
una coincidencia no casual--, que en su diseño, y según el
informe de la comisión de expertos que en su momento formó el
Ministerio, sólo cubre el 40 por ciento de las necesidades de
viviendas detectadas entonces --me refiero al año 1991-- que se
cifraban en 920.000 viviendas. Si se puede calificar de éxito un
plan que, según la documentación recientemente remitida por el
Ministerio a las comunidades autónomas, evidencia que las
necesidades de vivienda en su ejecución no solamente no se han
reducido sino que han aumentado, puesto que ahora se habla de un
1.100.000 viviendas como estimación de necesidades, más que las
920.000 del año 1991. Si se puede calificar de exitoso un plan
durante cuya vigencia se han dado los siguientes datos, señor
Ministro: el precio de la vivienda en Madrid ha pasado de cuatro
millones y medio, en términos promedio, a quince millones, ha
aumentado en 3,2, mientras que los salarios se han multiplicado
por 2,5 y el IPC por 1,7. Si se puede calificar de exitoso un
plan cuyos efectos --vuelvo a citar el caso de Madrid--
significan que la aportación familiar para el acceso a una
vivienda absorbe el 48 por ciento de los ingresos familiares. Si
se puede calificar de exitoso un plan que por imprevisión o por
mala gestion en materia de suelo, empezando por la normativa
estatal en esta importante cuestión, ha posibilitado que la
incidencia del suelo haya superado, el año 1994, en términos de
promedio nacional a la incidencia, en términos, repito, de precio
final del metro cuadrado, del coste de la construcción. La
incidencia del suelo se sitúa, aparte de aquellos casos donde
llega al 50 y al 60 por ciento, en términos de promedio en el
entorno del 45 por ciento. Si se puede calificar de exitoso,
finalmente, un plan que ciertamente ha cumplido los objetivos
trazados ad hoc en términos de viviendas financiadas, pero que ha
supuesto un fracaso relativo en materia de actuaciones de suelo,
en materia de rehabilitación y en materia de viviendas en
alquiler. Y basta ver los datos estadísticos que facilita el
propio Ministerio a este respecto. Esto en lo que concierne al
plan.
Yo felicito al señor Ministro porque se sienta satisfecho del
plan. Y tengo que decir, en nombre de los ciudadanos que todavía
tienen un dificilísimo acceso a la vivienda, que mi grupo se
siente mucho menos satisfecho de la marcha de este plan.
En segundo lugar, quiero referirme a la marcha del plan de
vivienda 1992-1995 en el momento actual. Como sabe el señor
Ministro, en este momento, hay dos problemas serios: uno de
financiación y otro de diseño del plan cuatrienal venidero.
Respecto a la financiación del plan, en el último tramo, el que
llama el señor Ministro correspondiente a la etapa de morirse de
éxito, el plan ha fracasado. En el mes de julio se habían agotado
los recursos financieros, cumpliéndose un pronóstico del Partido
Popular en la materia y ha sido preciso arbitrar 267.500 millones
de pesetas. A pesar de ello, se van a quedar sin atender del
orden de 100.000 calificaciones ya concedidas,
lo cual revela que no hay suficiente ni siquiera con esta
ampliación de financiación que ha acordado el Consejo de
Ministros recientemente. Entonces el Gobierno ha apelado a un
fenómeno muy fácil, a inventarse un año de diez meses. Se ha
producido el cierre anticipado, que tenía lugar lógicamente a 31
de diciembre del año en curso, y se ha establecido el criterio,
por Orden Ministerial de 25 de septiembre del año en curso, del
cierre anticipado y la admisión de calificaciones desde el 15 o
el 30 de octubre según las comunidades autónomas de que se trate.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ortiz, por favor
concluya.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy acabando, señor Presidente.
El señor Ministro ha hecho un ajuste entre necesidades y recursos
sencillamente reduciendo los doce meses de duración de un año
normal a un año de diez meses, como va a resultar siendo este año
1995.
Por otra parte, el proceso de elaboración del nuevo plan de
vivienda, que se ha plasmado en dos documentos, el de líneas
básicas del Ministerio, a que se ha referido el señor Ministro, y
el borrador de decreto, que puede suponer el señor Ministro que
conozco porque se ha facilitado a las comunidades autónomas, de
ninguna manera constituyen un plan. Quedan por recorrer muchas
etapas para que exista propiamente un plan de vivienda. Señor
Ministro, de las competencias que corresponden al Estado en
materia de vivienda, que son incuestionables, los recursos
financieros, la fiscalidad y la determinación de los esquemas de
protección, con lo que se ha avanzado hasta ahora a lo sumo se
puede afirmar que se han definido los nuevos esquemas de
protección: cuánto se subsidia, hasta dónde se subsidia, cuáles
son los tipos de actuaciones. Pero quedan en la penumbra más
absoluta los objetivos que se propone el plan para el futuro, los
recursos financieros necesarios, los recursos presupuestarios.
¿Cuáles van a ser los recursos fiscales para los próximos cuatro
años? ¿Cuál va a ser el esquema de desgravaciones fiscales en
materia de vivienda? ¿Se van a ampliar? ¿Se van a reducir? ¿Se va
a apelar al instrumento fiscal para fomentar, por ejemplo, el
alquiler o la rehabilitación? Sobre esto, señor Ministro, no
sabemos nada. Ante ello, señor Ministro --y aprovecho esta
presencia en la tribuna--, tengo que desmentir la afirmación, que
según algún medio de comunicación social ha hecho el señor
Ministro, de que el Partido Popular en sus comunidades autónomas
impide y bloquea el plan de vivienda 1996-1999, sencillamente
porque no hay todavía plan de vivienda 1996-1999.
Señor Ministro, seguiremos cooperando, con el mejor espíritu, en
el ámbito de la conferencia sectorial y en la instancia
parlamentaria que el señor Ministro quiera, para hacer entre
todos un plan de vivienda 1996-1999, aunque no le oculto --el
señor Ministro lo sabe-- que mi grupo preconiza una prórroga del
plan vigente actual, no por todo el año 1996, hasta el momento en
que estén definidas plenamente las variables que componen el
auténtico plan de vivienda. Cuando este plan de vivienda esté
definido en todos sus aspectos, deberá ponerse en vigor el nuevo
plan de vivienda, pero no antes, señor Ministro. Si no actuamos
de otra manera corremos el riesgo de dar solución de continuidad
a la política de vivienda, y esto es algo que ni quiere el
Gobierno ni, desde luego, quiere el Partido Popular.
Acabo, señor Presidente, ahora ya de verdad, diciéndoles al señor
portavoz de Izquierda Unida y al señor Ministro: no hay viviendas
de derechas ni viviendas de izquierdas. Va a perder el pulso de
preocupación social si se lo echa al Grupo Popular. Repito, no
hay viviendas de derechas ni viviendas de izquierdas, igual que
la política de vivienda no está al servicio de los ciudadanos de
derechas ni de los ciudadanos de izquierdas; está al servicio del
conjunto de los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señoría, quiero agradecer la positiva
disposición del portavoz del Grupo Popular a colaborar en la
definición de un plan de vivienda que pueda estar terminado
cuanto antes. Es evidente que nadie quiere que se produzca una
ruptura en la continuidad de una política de vivienda y si,
llegado el caso, no hubiésemos sido capaces entre todos los
agentes institucionales de definir un nuevo plan, todos
estaríamos de acuerdo en que habría que prorrogar el actual. Pero
eso no debe servirnos de excusa para demorar los trabajos
necesarios para intentar conseguir el objetivo que propuse en la
conferencia sectorial, y que debo reconocer que no fue acogido
con gran entusiasmo por los consejeros de su partido. Pero
aceptando y valorando en todo lo que vale, que es mucho, su
positiva actitud, espero que se transmita a los representantes de
su partido en los grupos de trabajo para que consigamos ese
objetivo general de la sociedad española, que es definir una
política de vivienda más intensa y más adaptada a las necesidades
de nuestro país.
Déjeme decirle sólo dos cosas, señoría. Primero, no hay viviendas
de izquierdas ni de derechas. Lo que sí hay es políticas de
vivienda de izquierdas o de derechas. Las casas, una vez
construidas, no tienen colaboración política, pero la política
que ha permitido construirlas sí. Y le aseguro que hay en eso
diferencias ideológicas muy grandes. En eso y en todo,
afortunadamente. En democrácia no hay nunca una sola política
posible. En democracia hay distintas alternativas. Ustedes
representan una, nosotros representamos
otra. La concepción de qué es el suelo y cómo se urbaniza y en
beneficio de quién, a quién hay que ayudar y cómo son rasgos
distintivos de las políticas que alumbran los que nos sentimos de
izquierdas y los que responden a otros planteamientos ideológicos
igualmente respetables.
En segundo lugar, comprendo que usted no pueda aceptar que el
Gobierno ha tenido un éxito al cumplir los objetivos de su plan
de vivienda. Lo ha aceptado --y se lo agradezco-- con todos los
matices que usted ha añadido. Pero déjeme que le refresque un
poco la memoria. Usted dice: Hombre claro, han conseguido las
460.000, han conseguido más, han superado el objetivo, y si en
vez de proponerse 400.000 se hubieran propuesto 200.000 todavía
hubieran conseguido más. Déjeme que le recuerde --no sé si fue
usted, pero en todo caso los portavoces de su grupo-- que cuando
anunciamos que iban a ser 400.000 dijeron que era un objetivo
desmesurado e inalcanzable. (El señor Ortiz González: Yo no.) No
sería usted. Le hago el beneficio de la duda: Pero entonces era
desmesurado e inalcanzable y ahora resulta que lo fijamos tan
bajo, tan bajo que tuviésemos todas las garantías de conseguirlo.
En fin, son aguas pasadas. Lo importante es que hay 460.000
familias a las que se ha ayudado a acceder a la vivienda. Y con
eso no puede usted hacerme decir lo que no digo. No decimos que
este plan haya resuelto los problemas de la vivienda en España
¿Cómo podríamos decirlo? Ha contribuido a resolverlo en la misma
dimensión que se lo propuso. No sé si es mucho o es poco. Es lo
que nos propusimos, señoría. Y es sin duda insuficiente. Por eso
desde las filas del Partido Socialista debo rechazar aquellas
observaciones que a veces emanan de técnicos de la Administración
que dicen que bastante se ha hecho ya con ayudar a los que no
pueden acceder a la vivienda con sus propios medios y que basta
con confiar en el mercado. Hay que confiar en el mercado para
producir mercancías, pero no para garantizar derechos. Y la
vivienda es un derecho y como tal tiene que seguir siendo ayudada
sistemática y permanentemente, como decía al principio, por la
voluntad consciente, colectiva y organizada de la acción pública
que representamos.
Muchas gracias (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA
POSTURA DE VA A MANTENER EL GOBIERNO ANTE LA PROPUESTA DE LA
COMISION EN LA INMINENTE REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE
MERCADO (OCM) DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA, PARA DEFENDER DIGNAMENTE
LOS INTERESES ESPAÑOLES (Número de expediente 172/000124)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la postura
que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión en
la inminente reforma de la organización común de mercado del
sector hortofrutícola, para defender dignamente los intereses
españoles. Para su exposición tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Popular sobre la propuesta de reforma de normativa
comunitaria de la organización común de mercado de frutas y de
hortalizas.
Aunque ya lo he dicho alguna vez, quiero recalcar la importancia
del sector que vamos a debatir, no en balde las frutas y
hortalizas representan 78 millones de toneladas, lo que quiere
decir que es un 16,6 por ciento de la producción final agraria de
toda la Unión Europea. Los gastos que reciben este sector están,
unos años con otros, entre el 2,6 y el 4,7 por ciento de los
fondos comunitarios. En España las frutas y hortalizas
representan el 35 por ciento de toda nuestra producción final
agraria. Somos el segundo país de la Unión Europea, después de
Italia, con una producción del 26 por ciento del total de la
Unión Europea. Representa también el 53 por ciento de toda la
producción vegetal en España. Este sector reúne más de un millón
de explotaciones agrarias con una superficie total de 1.715.000
hectáreas. La superficie media de nuestras explotaciones es de
1,9 hectáreas por explotación en frutas y de 1,26 hectáreas por
explotación en hortalizas. Por tanto, tenemos un gran porcentaje
de pequeñas y medianas explotaciones: el 38 por ciento tiene
menos de una hectárea y otro 38 por ciento están entre 1 y 5
hectáreas. Las frutas y hortalizas también representan el 51 por
ciento de las exportaciones agroalimentarias españolas.
Por tanto, señorías, resumiendo la importancia económica y social
de este sector, tenemos que decir que estamos ante el sector más
importante de la producción agraria española, no solamente por el
volumen económico, sino porque es un cultivo eminentemente
social. Necesita gran cantidad de mano de obra, porque es difícil
de mecanizar; para las innumerables tareas de cultivo, como
podas, recolecciones, vendimias, etcétera. Por tanto, nos estamos
jugando una cantidad importante de puestos de trabajo, más de un
millón, no solamente de agricultores sino de trabajadores fijos,
trabajadores no fijos, incluso los que dependen de la industria
agroalimentaria.
La normativa actual del Reglamento comunitario 1.035, del año
1972, con algunas modificaciones, se creó cuando la Comunidad
Europea la formaban seis países para defenderse precisamente de
las exportaciones españolas. Por tanto, esta normativa ya se hizo
en su momento en contra de nuestros intereses, y es la que en
gran parte rige actualmente. Con el Tratado de Adhesión del año
1986 no se modifica el citado reglamento. Se nos aplica un
período de adhesión muy duro,
de diez años, con trabas arancelarias superiores a las de países
terceros, cuando la Comunidad Económica Europea tenía un grado de
abastecimiento del 40 por ciento y cuando era y sigue siendo el
primer importador mundial de frutas y hortalizas, cantidad que
aumenta considerablemente de año en año. Con el mercado único
europeo del año 1993 se adelanta el período de adhesión, pero
seguimos con ciertas discriminaciones en cuanto a ayudas, en
cuanto a los mecanismos complementarios de los intercambios para
esos productos, en cuanto a los períodos de comercialización.
Finalmente, este año han entrado en vigor, como consecuencia de
la Ronda Uruguay, lo que se llaman las normativas del GATT. Esto
supone para futas y hortalizas, en cuanto a exportación, una
disminución del 36 por ciento de subvenciones, a la exportación,
las restituciones, el 21 por ciento de la disminución en el
volumen exportado, y en cuanto a importaciones, desmantelar la
protección arancelaria en un 20 por ciento. Por tanto, en un
mercado tremendamente abierto todavía tenemos que dar muchas más
facilidades para importaciones de productos de terceros países y
exportar menos nosotros.
Ante la perspectiva de modificación de la normativa, el año
pasado la Comisión publicó el denominado «Documento de reflexión
sobre evolución y futuro del sector de frutas y hortalizas»,
documento que fue criticado y rechazado por el sector agrario
español porque no se adaptaba a su necesidades (así se lo dije al
señor Ministro en la interpelación que tuvimos hace varios
meses), y se tenía que haber influido sobre él para que hubiera
tenido en cuenta las características españolas. Como
consecuencia, el 7 de septiembre de este año la Comisión presenta
una propuesta de reglamento para la OCM de frutas y hortalizas;
propuesta de reglamento, señorías, que los que lo hayan seguido
en los medios de comunicación habrán visto cómo casi todo el
sector agrario la ha rechazado por unanimidad. No están de
acuerdo con esta propuesta porque la consideran lesiva, señor
Ministro, para los intereses españoles. ¿Por qué es esto así,
señor Ministro? Se lo voy a decir. Primero, en lo que se refiere,
como propuesta, a las normas de calidad, se aprueba una
modificación de normas, las denominadas CEE-ONU, que son las
correspondientes al grupo de trabajo de la comisión económica de
Naciones Unidas que son más permisivas que las actualmente
vigentes en la Unión Europea y que en cierta manera nos pueden
perjudicar, señor Ministro, porque con ellas vamos a perder
preferencia comunitaria al facilitar el acceso a productos de
terceros países de menos calidad que los nuestros. Además, señor
Ministro, contradice el documento de reflexión, donde hacía
precisamente un gran loa a las normas de calidad europeas; en
cambio, ahora vemos que las rechaza y pretende imponer otras.
La propuesta también habla de las organizaciones de productores
de futas y hortalizas (OPFH), que son organizaciones en las que
se agrupan los agricultores para comercializar sus productos en
común. Según decía el documento de reflexión, y también lo dice
la propuesta de la Comisión, serán los instrumentos fundamentales
para desarrollar la nueva normativa comunitaria, la nueva OCM,
tanto en lo que se refiere a retiradas como a medidas
estructurales.
Pues bien, señorías, resulta que, mientras los países del Norte
de Europa comercializan porcentajes de un 60 o un 70 por ciento
de sus frutas y hortalizas, con lo cual puede ser un mecanismo
válido para desarrollar esta normativa, en España actualmente
comercializamos en hortalizas un 6 por ciento, a través de
organizaciones de productores, y en frutas un 35 por ciento.
Estamos en unos niveles bajísimos en lo que precisamente va a ser
el futuro instrumento de desarrollo de la normativa, con lo cual
vamos a empezar ya cojos con esta propuesta de la Comisión.
Luego, los criterios de reconocimiento de OPFH; habrá que reunir
un número mínimo de socios, un volumen mínimo comercializable a
determinar según el artículo 45, que es el que se refiere al
denominado futuro comité de frutas y hortalizas frescas. ¿Qué
criterios va a seguir este futuro comité, que no sabemos cómo va
a ser? ¿Va a seguir tan restrictivo como hasta ahora?
En lo que se refiere a períodos de adaptación, no hay ayudas para
las OPFH ya reconocidas que no cumplan los nuevos requisitos, y
para las nuevas, que es lo que fundamentalmente nos interesa en
España, se recortan las ayudas al recortar los períodos de ayudas
para gastos de funcionamiento administrativo de cinco a cuatro
años.
Falta, señor Ministro, un período importante de adaptación para
los países como España o como Portugal, que tenenos un índice muy
bajo de organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
En cuanto a los fondos operacionales, señor Ministro, la Comisión
propone dos finalidades: la financiación de las retiradas, por un
lado, y la financiación de programas operacionales, por otro,
condición «sine qua non» para poder retirar, y todos sabemos que
la retirada es la política esencial de sostenimiento de rentas de
la PAC.
Dice que la parte de fondo operacional que puede dedicarse a la
financiación de retiradas no podrá ser superior, a contar desde
la fecha de aprobación del primer programa operacional, el primer
año de un 40 por ciento; el segundo, de un 35; el tercero, de un
30; el cuarto de un 20; y el quinto y siguientes, de un 10.
Por tanto, las únicas que se van a poder aprovechar de estos
mayores porcentajes van a ser las OPFH ya constituidas, que
nosotros tenemos en muy poca cantidad. Pero es que para poder
retirar una OPFH, señor Ministro, va a tener que hacer un
desembolso en lo que se refiere a la segunda finalidad, programas
operacionales, para mejora de la calidad de los productos, para
medidas a desarrollar la utilización de técnicas respetuosas con
el medio ambiente o para el control de residuos.
En España apenas se invierte en las OPFH, entre otras cosas no lo
necesitan porque las medidas respetuosas
con el medio ambiente se refieren sobre todo a nitratos en el
suelo, que es un problema de Dinamarca y de países del norte, no
nuestros, o los residuos plaguicidas, en los que tenemos menos
problemas que los países del norte, porque, debido a las mayores
temperaturas que hay en España, se degradan antes. Pero resulta
que, para poder retirar producto, una OPFH va a tener que hacer
un gran desembolso para hacer programas operacionales de cosas
que no interesan a las OPFH españolas, con lo cual ya me dirá
usted cómo va a ser atractivo este programa fundamental para el
desarrollo de la propuesta.
La financiación de los fondos operacionales tiene que pagar el 50
por ciento el agricultor, un 45 por ciento la Unión Europea y un
5 por ciento los Estados miembros, en las zonas objetivo 1. En
las no objetivo 1, el agricultor sigue pagando el 50 por ciento;
la Unión Europea, el 40 por ciento y los Estados miembros, el 10
por ciento. Aquí ya hay una cofinanciación, señor Ministro, que
es una novedad en la política agraria comunitaria y que no se dio
en la reforma de la PAC de 1992 con los productos continentales.
Habría que reflexionar, señor Ministro. Si una OPFH no hace un
programa operacional, no puede retirar. Y, le vuelvo a repetir,
la mayoría de programas operacionales en estos momentos, tal como
están redactados, no son interesantes para España. Hasta ahora,
todas estas medidas que proponen los programas operacionales han
sido voluntarias en todos los cultivos. No comprendemos por qué
ahora son obligatorias en frutas y hortalizas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Voy terminando, señor Presidente.
Sobre la solidaridad financiera, señor Ministro, se aparta de las
ideas de la propia Comisión en el documento de reflexión de julio
de 1994. Porque, le vuelvo a repetir, esa cofinanciación del 50
por ciento --ECU público, ECU privado, como ya se decía entonces-
-, simplemente es para ahorrar presupuesto comunitario. Supone un
agravio respecto a las reformas de las OCM continentales y más en
un producto, como le he dicho antes, que es tremendamente barato,
porque apenas gasta el tres y pico por ciento de media de los
fondos comunitarios y, encima, se propone reducir un cinco por
ciento los fondos comunitarios que reciben las frutas y
hortalizas durante el período 1996-2001.
En cuanto a la retirada, señor Ministro, le he dicho antes que el
régimen de intervención es una política de sostenimiento de
rentas. Pero es que nos la hemos cargado, señor Ministro, con
esta propuesta. Primero, el máximo de retirada en una
organización de productores --aparte de los problemas que he
dicho antes-- es el 10 por ciento de su producción; primera
limitación. No es atractivo. Segundo: máximo del 10 por ciento
del fondo operacional, como le he dicho antes, a partir del
quinto año. Los precios de retirada se van a reducir un 15 por
ciento en cinco anos. Si tenemos en cuenta que los que se van a
aplicar van a ser la media de los precios más bajos en cada
especie, quiere decir que los rebajamos un 50 por ciento. Los
precios de intervención en los productos continentales se
rebajaron y hubo unas compensaciones económicas en ayudas a la
superficie. Señor Ministro, ¿porqué no se ha aplicado el mismo
criterio a frutas y hortalizas? ¿Por qué este agravio comparativo
en esta pérdida de renta de los agricultores?
Yendo rápidamente, porque se nos pasa el tiempo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, ha pasado
ya mucho. Procure terminar en un minuto.
El señor PASCUAL MONZO: Señor Ministro, con los tratados
preferenciales estamos vulnerando constantemente la preferencia
comunitaria. Están fracasando los precios de entrada y los
controles en frontera. Seguimos dando --y hoy estamos asistiendo,
por desgracia, a un espectáculo más-- concesiones a terceros
países, en este caso a Marruecos como contrapartida al tratado en
pesca con este país, que vuelve a pagar otra vez el mismo sector,
el de frutas y hortalizas, señor Ministro.
Tampoco queda definido en esta propuesta lo que en el documento
de reflexión se señalaba respecto de los denominados productos
pequeños de gran importancia de carácter local o regional, porque
dice que se tomarán medidas, sin especificar cuáles, en el Comité
de Gestión. Cuando, simplemente hace falta ampliar precios de
retirada válidos para productos importantes para España y ayudas
a la transformación, como por ejemplo, en el caso del espárrago o
del albaricoque.
Las interprofesionales, señor Ministro. ¡Si no tenemos
interprofesionales en España! La propuesta de la Comisión a este
respecto no es que se quede coja, sino sin poder andar. Acabamos
de aprobar la ley marco de interprofesiones. Después de estar más
de 10 años en la Comunidad Económica Europea, acabamos de aprobar
una ley marco de interprofesiones. Lo mismo le podría decir
respecto a los productos transformados, señor Ministro, donde
tenemos que competir con el dumping social, donde hay que incluir
productos españoles que se quedan fuera.
Por tanto, señor Ministro --y acabo ya de verdad, señor
Presidente--, con esta propuesta se vulnera el acuerdo denominado
Jumbo, de ministros de Exteriores, Comercio y Agricultura, de
septiembre de 1993, donde se decía que para los sectores con OCM
para modificar, el Consejo y la Comisión se encargarán de adoptar
las disposiciones necesarias para asegurar las rentas agrícolas y
la preferencia comunitaria y serán tenidos en cuenta en estos
sectores las condiciones y los principios agrícolas y financieros
que se hayan
aplicado en el conjunto del sector agrícola, señor Ministro. Esto
se ha incumplido totalmente, así como se han vulnerado los
dictámenes del Comité Económico y Social y del Parlamento
Europeo, que se han manifestado también en contra de esta
propuesta.
Señor Ministro, en la próxima reunión del martes que viene del
Consejo de Ministros, si, como parece previsible, se va a debatir
la propuesta de la Comisión de reforma de la OCM de frutas y
hortalizas, le pido que la rechace, que cumpla con el mandato de
la moción aprobada recientemente aquí en el Congreso de los
Diputados de liderar la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas --cosa que no ha hecho, porque la ha liderado Holanda
en vez de usted--, que devuelva la propuesta a la Comisión, que
devuelva el toro a los corrales, como dijo con el tema del
vino...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Partor): Señor Pascual, termine,
por favor.
El señor PASCUAL MONZO: ... y que nos traiga una nueva propuesta
acorde con la realidad, las necesidades y los intereses agrarios
españoles.
Muchas gracias, señor Ministro. Y perdón, señor Presidente, por
el tiempo. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, en nombre
del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a dar cumplida respuesta a algunas de las
observaciones, de los comentarios, de las críticas que ha
realizado S. S. y a otras muchas que se han suscitado por parte
de organizaciones profesionales, representantes sectoriales, a lo
largo de los últimos días.
Para empezar, le diré que comete usted un primer error
fundamental en lo que se refiere a la regulación del sector de
frutas y hortalizas, sobre todo en la regulación del sector y sus
implicaciones para España. Esa afirmación de que la retirada es
la política fundamental de sostenimiento de las rentas de la
Política Agrícola Comunitaria para las frutas y las hortalizas es
un disparate de tal magnitud que está reflejando un
desconocimiento absoluto de dónde provienen las rentas del sector
de frutas y hortalizas español desde que ingresamos en la Unión
Europea.
Y le daré algunos datos para que pueda usted conocer con
precisión cuál es la importancia de las retiradas de frutas y
hortalizas para el sector de frutas y hortalizas español y para
darle respuesta a algunas de las cuestiones que usted no ha
planteado, y me sorprende porque son más importantes.
Las propuestas recientemente aprobadas por la Comisión Europea
para modificar las organizaciones comunes de mercado de los
sectores de frutas y hortalizas frescas y transformadas son las
últimas que quedaban pendientes desde la reforma que se inició en
1992. Para España, como efectivamente ha dicho, las frutas y
hortalizas representan un sector fundamental --un 25 por ciento
de nuestra producción agraria--, un sector muy arraigado en
algunas comunidades autónomas, con una fuerte vocación
exportadora --destina a la exportación alrededor del 26 por
ciento de la producción--, gracias precisamente a su
competitividad. Y quiero decirle también que ha multiplicado por
dos sus exportaciones en toneladas y, por tres, sus exportaciones
en valor a la Unión Europea desde 1985 hasta la actualidad. Por
ello, las condiciones del sector son muy diferentes a las de los
sectores que constituyen el grueso de la reforma, que
fundamentalmente fueron realizadas para los productos
continentales, precisamente por la competitividad de nuestras
producciones.
El telón de fondo de esta reforma del sector hortofrutícola
comunitario es la necesidad de adaptación a las nuevas
condiciones del mercado europeo derivadas de los compromisos
adquiridos en el seno del GATT. Hay que recordar que, como viene
siendo habitual, últimamente, para las propuestas importantes la
Comisión, presentó un documento de reflexión con la descripción
del sector y su situación general, así como algunas líneas
generales de la reforma que pensaba proponer.
La delegación española, que dice usted que no ha liderado esa
reforma, dio una cumplida respuesta a este documento, aceptando
sus líneas generales y presentado determinadas objeciones, de
acuerdo con las comunidades autónomas, las organizaciones
profesionales agrarias y las organizaciones de productores. Las
dos propuestas aprobadas ahora por la Comisión --la de frescas y
la de transformadas-- siguen las líneas generales esbozadas en el
documento de reflexión y los objetivos buscados son
fundamentalmente mejorar la eficacia y la calidad de la
producción hortofrutícola comunitaria, ajustar la producción a la
demanda y reducir progresivamente las cantidades intervenidas,
las cantidades retiradas del mercado, reorientar el gasto,
reduciéndolo en retiradas y aumentándolo en la mejora de la
calidad y de las estructuras de la producción y comercialización,
así como aplicar los compromisos derivados de la Ronda Uruguay
del GATT y simplificar la normativa actual. Para conseguir estos
objetivos las propuestas se basan en los siguientes elementos
fundamentales: Las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas deben adquirir mayor importancia, transformándose en
el eje fundamental de la nueva reglamentación con
responsabilidades en la planificación de la producción y en la
promoción de la calidad. Con objeto de evitar intervenciones
masivas se reducen los precios de retirada el 15 por ciento
respecto de los más bajos aplicados en la campaña 1995-1996,
desapareciendo los actuales calendarios de retirada. Para
compensar esta reducción, las OPFH dispondrán de un fondo
operativo constituido al cincuenta por ciento
entre cuotas de sus socios y aportaciones públicas de la
Comunidad y del Estado miembro. Sólo podrán retirar el diez por
ciento de su producción y, sólo de acuerdo con la propuesta,
podrán utilizar el diez por ciento de su fondo para complementar
los nuevos precios de retirada o para conceder compensaciones por
tiradas de productos que hasta ahora no podían beneficiarse del
mercado. Se mantiene la protección exterior, derivada de las
negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT y se reafirma la
necesidad de normas de calidad.
En cuanto a las frutas y hortalizas transformadas, se mantiene
prácticamente la situación actual con una mayor flexibilidad en
la distribución de las cantidades transformadas de tomates con
derecho a ayuda, que irá primando progresivamente a los más
competitivos.
Se establece la posibilidad de aplicar medidas específicas para
los productos sensibles que sufran una fuerte competencia
internacional. Con estos elementos, ya podemos adelantar que las
propuestas de la Comisión presentan varios aspectos, en mi
opinión, más favorables que la regulación actual. En primer
lugar, un mayor protagonismo y responsabilidad de las
organizaciones de productores en la planificación y calidad de la
producción, organizaciones en las que deberían integrarse la
totalidad o al menos la mayor parte de los agricultores. Esta
concentración de la oferta es fundamental para la mejor defensa
de sus intereses. Es cierto que partimos de un porcentaje bajo de
producción canalizada a través de las organizaciones de
productores, pero tenemos la experiencia de otros sectores en los
que ha sido necesario constituir desde cero organizaciones de
producciones, como en el caso de los frutos secos o del plátano,
y el ritmo de constitución de estas organizaciones de productores
ha sido extraordinariamente vivo y nos ha permitido aprovechar
plenamente el potencial de gestión de la oferta que se transfería
a las organizaciones de productores. Habrá que hablar sobre el
período transitorio o el período de adaptación, pero no nos cabe
ninguna duda que potenciar a las organizaciones de productores
constituye un instrumento fundamental, de interés para nuestro
sector, en la regulación futura del sector de frutas y
hortalizas.
Estas organizaciones de productores van a tener una mayor
flexibilidad para retirar del mercado frutas y hortalizas, ya que
podrán retirar cualquier producto en cualquier momento de la
campaña y no sólo los catorce productos actuales y durante los
calendarios actualmente establecidos. Es cierto que se reducen
los precios de intervención o retirada, pero esta reducción se
compensa con la puesta a disposición de las organizaciones de
productores de los fondos operativos para que la producción
adquiera un protagonismo y capacidad de gestión en la regulación
del mercado. Además, se contempla la posibilidad de aplicar
medidas específicas a los productos más sensibles.
Debo señalar que se ha descartado la modificación inicialmente
prevista para los transformados de cítricos que incluía una
reducción sensible de las ayudas y que seguirán rigiéndose por el
mismo reglamento actual, sin modificación. Estas dos propuestas
están provocando numerosas críticas por parte de algunos
sectores, en algunos casos no suficientemente justificadas y voy
a referirme a ellas.
En primer lugar, se critica la bajada del precio de retirada o de
intervención en un diez por ciento, la cofinanciación de los
fondos para las mismas y la limitación de retirar, como máximo,
el diez por ciento de la producción. Debo recordar que esta
bajada de precios estaba prevista en el documento de reflexión,
que la delegación española se mostró básicamente de acuerdo, como
la mayor parte de las representantes del sector, aunque con
cierta reserva, sobre los límites exactos de la reducción en su
aplicación para cada producto. Hay que aceptar un principio de
coherencia en la propuesta de la Comisión. El modelo propuesto
gira sobre la base de la creación de un fondo operativo. Quiero
destacar que España es el país comunitario con significación en
el sector hortofrutícola que retira menos cantidades de
producción. Y también que en España las rentas proceden,
fundamentalmente, del mercado, destino tradicional de la mayor
parte de nuestros productos, y que las retiradas no son más que
un elemento de ajuste coyuntural, una red de seguridad.
Sobre el límite del diez por ciento para las retiradas, quiero
decir que España sólo ha alcanzado este límite en el caso de las
manzanas, mientras que en Grecia se ha retirado el 34 por ciento,
en Francia, el 29 por ciento, en Holanda, el 20 por ciento y en
Bélgica, el 18 por ciento. Existen países en los que para
diversos productos se producen retiradas espectaculares, como,
por ejemplo, Grecia, donde se retiran entre el 61 y el 64 por
ciento de los melocotones y de las nectarinas.
Por otra parte, hay que señalar que la retirada máxima del 10 por
ciento de la producción no llegará hasta el cuarto año de
aplicación de la nueva OCM, pero sí quiero insistir en que la
financiación de estas retiradas es plena del Feoga-Garantía y no
es, como se ha dicho en algunos momentos, una cofinanciación del
Estado miembro o de las organizaciones de productores. Las
organizaciones de productores pueden utilizar el fondo de
operaciones para complementar el precio de retirada, pero la
financiación íntegra comunitaria de este precio de retirada está
prevista así en la propuesta.
La cofinanciación de los fondos operativos de las organizaciones
de productores tiene su explicación en que los objetivos
fundamentales de los mismos serán establecidos por cada
organización y dirigidos a medidas de adaptación al mercado:
mejora de la calidad, de la promoción y de la comercialización.
Otra cuestión es que, además, con estos fondos pueda
complementarse el nivel de los precios de retirada. Es cierto que
el 50 por ciento de la aportación pública a estos fondos se
distribuye con una cofinanciación de los Estados miembros del 10
o del 20 por ciento, en función de que se trate de zonas fuera de
objetivo 1 o de regiones
objetivo 1; la delegación española seguirá planteando en los
debates esta cuestión de la reducción de la aportación nacional,
pero, en todo caso, hay que significar que es más una cuestión de
principios que un auténtico problema financiero.
En la funcionalidad y la utilización de los fondos operativos, se
están produciendo varias críticas, algunas de las cuales
compartimos plenamente, que se refieren a la limitación del 10
por ciento del fondo que puede destinarse a compensar retiradas
del mercado. La delegación española va a pedir en los debates que
el fondo tenga la suficiente agilidad para facilitar el
protagonismo de las organizaciones de productores en la gestión
del mercado y que se elimine esa limitación o se incremente
sustancialmente.
Otra crítica muy generalizada está siendo que la reforma deje
fuera varios productos sensibles para nuestro sector y no
incremente la relación de productos con precios de retirada.
Las dos propuestas incluyen exactamente los mismos productos que
actualmente, y además, un artículo, a petición española,
estableciendo la posibilidad de aplicar medidas específicas para
aquellos productos que con una importancia económica y social en
ámbitos reducidos, locales o regionales, sufran los efectos de la
competencia exterior. Estamos pensando en el ajo, para el que en
estos momentos disponemos de una cláusula de salvaguardia, o en
el problema de los espárragos de conserva, para los que es
necesario concretar una solución que garantice fondos y medidas
suficientes para hacer frente al problema de viabilidad y
competitividad de esta producción tan importante en muchas zonas
españolas.
De la no ampliación de la lista de productos con precio de
retirada, quiero decirles que es cierto, pero las organizaciones
de productores pueden retirar todos los productos que no tengan
precios de retirada con una compensación, en este caso a cargo
del fondo operativo de la organización, y hay que analizar,
aunque no hay que excluir la posibilidad de ampliar estas listas,
el efecto de arrastre que puede tener para otros productos por
parte de otros países en los que nosotros no tenemos ningún
interés. Ese es un aspecto sobre el que hay que reflexionar.
Otras críticas se refieren a que las propuestas no respetan el
principio de la preferencia comunitaria y que la disminución de
la protección exterior de los acuerdos de la Ronda Uruguay no se
compensan directamente. La primera crítica, la de que se
disminuye la protección comunitaria, no tiene sentido en este
momento, puesto que las propuestas no hacen más que incorporar
los acuerdos establecidos en la Ronda Uruguay del GATT y, que,
por tanto, estos compromisos no se puedan modificar. Por otra
parte, pretender que esta adaptación a estos acuerdos en el seno
del GATT se realice mediante ayudas directas es irreal en
términos presupuestarios, es inconsistente, pues la renta del
sector debe provenir fundamentalmente del mercado en función de
la calidad, y es contraria a los intereses específicos españoles,
puesto que si se acepta que, en general, somos más eficaces que
los productores de otros Estados miembros, las ayudas directas
concedidas con carácter general tienden a disminuir la diferencia
de eficacias, tienden a reducir nuestra ventaja competitiva. La
compensación, como antes he mencionado, se realiza
fundamentalmente por la vía de los fondos operativos, para que
las organizaciones de productores adquieran el necesario
protagonismo y capacidad de gestión en la regulación del mercado.
También se ha criticado que no se incrementen los fondos
comunitarios destinados al sector hortofrutícola. El objetivo
para nuestro sector, como ya he destacado, es que las rentas
provengan fundamentalmente del mercado y no de las ayudas, y
menos aún de las retiradas o de las intervenciones. Que una OCM
cueste más o menos dinero no quiere decir que esté saneada ni que
signifique un mejor sostenimiento de las rentas del sector, ya
que con una menor dotación presupuestaria puede fortalecerse un
sector y sostener sus rentas y sostener su competitividad;
vincular las rentas del sector con el presupuesto en el sector de
frutas y hortalizas significa estar muy alejado de la realidad,
y, sobre todo, del futuro de nuestro sector y de su competividad
en el marco europeo.
De lo que se trata es de que el dinero se gaste en líneas de
trabajo que fortalezcan nuestra capacidad de competir, nuestras
organizaciones de productores, nuestra vocación exportadora en un
sector en el que, repito, somos competitivos, tenemos un fuerte
potencial desde el punto de vista de la capacidad para competir y
para ganar cuotas de mercado y tenemos que aprovechar recursos
que en estos momentos, como ya he dicho, no aprovechamos porque
en este país no se retira producto del mercado. En la actualidad,
los recursos presupuestarios destinados a la retirada no nos
benefician en absoluto porque en este país no se retira
producción y lo que debemos hacer es reorientar esos recursos
presupuestarios hacia otras medidas decididas por las
organizaciones de productores para hacer competitivos sus
productos.
En el sector de frutas y hortalizas transformadas, las criticas
son menos numerosas y se centran, en el caso del tomate, en la
conveniencia de establecer un umbral comunitario para las
cantidades que tienen derecho a ayuda, reivindicación que la
delegación española viene manteniendo desde hace varios años,
pero hay que valorar como bastante positivo que la propuesta de
la Comisión permita una movilidad de las cuotas nacionales en
función de la cantidad realmente elaborada por cada Estado
miembro.
Señorías, nos encontramos ante una reforma fundamental para los
intereses españoles, quizá la reforma más trascendente para
España dentro del sector agrario y creo que la propuesta de la
Comisión es aprovechable si se introducen determinadas
modificaciones, a algunas de las cuales me he referido
anteriormente.
Consideramos que es un documentos aceptable como base para las
negociaciones, por lo que me parece lo más práctico, que nos
centremos conjuntamente en aquellos aspectos que consideremos
fundamentales y en aquellos que deben ser preferentemente
modificados para conseguir entre todos una reforma de la OCM que
contemple nuestras principales demandas y permita la necesaria
adaptación de nuestro sector hortofrutícola a las nuevas
condiciones del mercado europeo.
Este es nuestro reto y el mejor servicio que podemos hacer a
nuestra agricultura. Para ello les ofrezco toda mi colaboración
personal, así como la del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Para lo que no podrán contar con nosotros es para
hacer caso a las voces que se han alzado, en mi opinión, de forma
irreflexiva, pidiendo el rechazo y el veto de las propuestas de
la Comisión, porque creo que éste no es el camino.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, no me extraña que nos pase lo que nos
pasa, porque me da la sensación de que de frutas y hortalizas
usted entiende más bien poco. Usted no ha venido aquí a
contestarme, usted ha traído aquí el documento redactado por sus
responsables en el Ministerio y se ha dedicado a repetir varias
de las cosas que dice en la propuesta, que ya lo he dicho yo, y
apenas me ha contestado a algunas cosas para disimular su
intervención.
Por lo tanto, no me extraña la propuesta que nos quiere colocar
la Comisión. Usted dice que han hecho sugerencias para modificar
la propuesta de la Comisión, yo digo que de poco han servido,
porque no se ha notado. Además, prácticamente todo el sector, y
no solamente en los medios de comunicación, ha dicho que
rechazaba esta propuesta. Por la Ponencia de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de la Unión Europea, el martes de la semana
pasada y esta mañana ha desfilado todo el sector y prácticamente
todos han rechazado, e incluso muchas organizaciones han hablado
de vetar esta propuesta, señor Ministro. No se trata de algunas
voces aisladas, sino de todo el sector. Y no es que la propuesta
sea mala. Lo peor que me sabe como político, así como a mi Grupo
Parlamentario, es que esta propuesta está hecha para los
intereses de los importadores del norte de Europa de frutas y
hortalizas. Recuerdo que la primera importadora mundial de frutas
y hortalizas es la Unión Europea, y usted y su Ministerio,
reiteradamente en los medios de comunicación nos quieren vender
la burra diciéndonos que esta propuesta es buena para España. No,
señor Ministro. Le he planteado temas muy concretos a los que no
me ha contestado. Ha pasado por encima de ellos como si fueran
ascuas, señor Ministro.
Han llevado la negociación de la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas con un secretismo absoluto. No han contado con las
consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas ni con
las organizaciones agrarias ni con el sector transformador, ni
con el sector exportador.
La mayoría de las organizaciones, así como los grupos
parlamentarios, nos hemos tenido que agenciar el documento de
propuesta, en francés, como hemos podido, porque el Ministerio no
ha hecho absolutamente nada por consultar cuál era la opinión de
las organizaciones en este momento, y más cuando la semana que
viene tiene que aprobar o rechazar esta propuesta.
Ha hablado de las OPFH, las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, el instrumento más importante para
desarrollar la nueva OCM de frutas y hortalizas. Señor Ministro,
siempre se ha considerado que la intervención era la política de
sostenimiento de rentas en la política agraria comunitaria, eso
no me lo invento yo, siempre se ha dicho así desde Bruselas.
Usted ha afirmado que en España retiramos poco. Es verdad, señor
Ministro, retiramos muy poco, pero ¿por qué retiramos poco?
Porque no tenemos organizaciones de productores de frutas y
hortalizas, que son los instrumentos válidos para retirar
productos. Como no tenemos instrumentos para retirar producto, no
lo retiramos. Señor Ministro, yo personalmente, he tenido que
retirar en mi campo, con el tractor, productos porque no los he
podido vender, porque no han tenido precio de retirada, no han
tenido intervención. Con muchos productos españoles ha pasado
eso.
Señor Ministro, ¿qué cantidad de frutas se ha visto tirada en los
barrancos sin tener ayuda para esa retirada? ¿Eso no cuenta? Deje
los despachos y salga a los campos españoles, pero no a hacerse
una fotografía como aquella de los borreguitos sino a aprende de
verdad lo que está pasando en este país.
Usted ha hablado de las OPFH poniendo como ejemplo las de los
frutos secos. De ellas se ha hablado mucho en las comparecencias
de la Ponencia de la Comisión Mixta de la Unión Europea, y no es
precisamente un modelo a seguir, porque ¿qué hemos conseguido con
las OPFH de frutos secos? Que las grandes multinacionales se
hagan con la producción española de frutos secos eso lo sabe muy
bien y no es nada ético que venga a esta tribuna a ponerlo como
modelo sabiendo lo que pasa.
Le vuelvo a repetir, señor Ministro, que para retirar, aparte de
todos los inconvenientes y cupos que van a ponernos para ello, es
condición «sine qua non» y lo dice el documento, tener un
programa operacional de residuos, de medidas medioambientales y
de mejora de la calidad. Pregunte a las pocas organizaciones que
tenemos actualmente en España cuánto se gastan en estas
actuaciones, pegúnteles si estos programas son
atractivos para llevarlos a cabo. Van a tener que inventarse
programas operacionales, que además no sirven para nada, para
poder retirar.
Tampoco me ha hablado de la preferencia comunitaria, señor
Ministro. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con los terceros países?
Seguimos haciendo concesiones a los terceros países, señor
Ministro. Hoy mismo, según noticias que nos están llegando parece
ser que se ha logrado una especie de acuerdo con Marruecos.
Después de dejar en ridículo al sector de la pesca de este país,
porque no hemos solucionado el tema de la pesca, encima hacemos
concesiones, una vez más, en tomates, cítricos, plantas,
etcétera. O sea, que no salvamos un sector, pero hacemos
concesiones en otro y lo hundimos. No comprendo, señor Ministro,
la forma de intervenir de este Gobierno socialista.
El 19 de mayo de 1995 --contestada con registro de fecha 5 de
julio de 1995-- tengo presentada una pregunta escrita sobre las
concesiones al Reino de Marruecos en el sector hortofrutícola, a
cambio de la firma de un nuevo acuerdo en el sector pesquero. Me
contestan textualmente: El sector pesquero tiene unas especiales
características que le diferencian de cualquier otro y que no
obligan a darle un tratamiento diferenciado. Particularmente no
existen vínculos relevantes entre la producción pesquera y
agraria, por lo que las políticas a seguir en cada sector son
independientes.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Voy terminando, señor Presidente.
Las negociaciones en curso entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos pretenden alcanzar un acuerdo pesquero satisfactorio
para ambas partes. El futuro acuerdo, que tiene una gran
importancia para una gran parte del sector pesquero español, sólo
regulará las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea en
materia de pesca. Mentira, señor Ministro, se han saltado ustedes
esto a la torera, porque han hecho concesiones en frutas y
hortalizas.
Por tanto, y acabo, señor Ministro, efectivamente, las frutas y
hortalizas son un sector barato para la Unión Europea, pero que
sea barato no quiere decir que, encima, tenga que ser cicatero.
El dinero se puede invertir en muchas cosas, señor Ministro, por
ejemplo en mejorar nuestras estructuras productivas y en mejorar
nuestras organizaciones de productores.
Señor Ministro, le vuelvo a preguntar --y no en mi nombre, no en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, sino en nombre de
prácticamente la totalidad del sector, que ha rechazado
frontalmente, y ahí están los documentos escritos que nos han
entregado en la Ponencia de la Comisión Mixta, donde figura la
palabra veto--; le vuelvo a preguntar, decía si ustedes lo único
que pretenden con esto es poder vender a la opinión pública que
gracias a la Presidencia española se ha conseguido una OCM de
frutas y hortalizas, con la excusa de que la anterior era muy
mala. Si, señor Ministro, la anterior era mala, pero ésta es casi
tan mala como la anterior, y dio la oportunidad de que pasaran 23
años, desde el año 1972 del que es la normativa actual, hasta el
año 1995, sin modificarse la normativa de frutas y hortalizas, y
no sabemos cuantos años más se va a tardar en volver a modificar.
Por tanto, señor Ministro, no podemos perder este tren. Somos
miembros de pleno derecho y queremos una OCM que sea digna para
los intereses agrarios españoles. No queremos una OCM a cualquier
precio, y si lo que pretenden ustedes es una rentabilidad
política con el sector de frutas y hortalizas, piense, señor
Ministro, que eso a la larga lo pagarán con creces.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pascual.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ha dicho en su intervención que no hemos tenido
reuniones con los representantes del sector. Mire usted, sí hemos
tenido oportunidad de reunirnos reiteradamente con representantes
del sector para discutir el documento de reflexión, que fue
objeto de presentación en un documento a la Comisión, ampliamente
consensuado, y posteriormente venimos manteniendo, desde que
conocimos los primeros borradores, múltiples reuniones con
representantes del sector para analizar las características de
esta reforma. Creo que se está produciendo un cierto efecto de
contagio o una decantación en la opinión pública entre quienes
claramente defienden un sector de frutas y hortalizas español que
tiene que lanzarse a competir y a conquistar mercados europeos, y
quienes defienden un concepto intervencionista en la regulación
del sector de frutas y hortalizas.
A nosotros --por mucho que digan que lo que queremos es una
reforma como la de los productos continentales-- no nos interesa
una reforma como la de los productos continentales, no nos
interesa una ayuda por hectárea, ni nos interesa una superficie
máxima garantizada, no nos interesan contingentes de ningún tipo.
Nos interesan unas reglas de juego suficientemente amplias para
permitirnos competir, y nos interesa fortalecer la capacidad de
nuestras organizaciones de productores para gestionar esa oferta,
para poder realizar, con esos planes operativos, los programas de
calidad o de mejora medioambiental, o de adaptación de sus
estructuras productivas o comerciales, lo que ellas designen, lo
que ellas diseñen, lo que necesiten para fortalecer su capacidad
de competir, y éste es el instrumento fundamental de la nueva
regulación
del sector, que es mucho mejor que lo anterior, dotar a las
organizaciones de productores de un instrumento potente --potente
si lo mejoramos para eliminar algunas de las rigideces que se
introducen en la propuesta de la Comisión, y en esa línea hay que
trabajar--, un instrumento potente para que nuestras
organizaciones de productores puedan avanzar en su modernización,
en el fortalecimiento de sus estructuras de producción y de
comercialización, en sus planes de calidad.
De nuevo quiero decirle que se equivoca rotundamente si sigue
pensando que la retirada es un instrumento para el sostenimiento
de las rentas del sector. La retirada de producción es un
elemento de ajuste coyuntural que tiene muy poca importancia en
esas rentas del sector, que no constituye un elemento
fundamental, y, sobre todo, no constituye un elemento fundamental
en el caso del sector de frutas y hortalizas. En una red de
seguridad, y como tal red de seguridad hay que mantenerla, pero
no somos nosotros los principales perjudicados por una reducción
de los precios de retirada, sino otros países, los que retiran
una parte muy importante de su producción, por lo que en estos
momentos están recibiendo una cuota muy relevante de esos
recursos presupuestarios que a nosotros no nos benefician porque
no retiramos. Por tanto, que esos recursos presupuestarios se
puedan reorientar, esos recursos del presupuesto comunitario
destinado a las frutas y hortalizas que ahora se destinan a
retiradas se puedan reorientar hacia fondos de operación que
puedan ser auténticamente aprovechados por nuestras
organizaciones de productores, representa una mejora notable
respecto a la situación actual.
Hay otros elementos importantes en la reforma, como la
posibilidad de que se puedan retirar productos que ahora no se
retiran, y de que se puedan retirar durante todo el año, cosa que
ahora no sucede.
Por tanto, hay avances muy importantes que hay que valorar. Ya sé
--se lo digo con total sinceridad-- que ustedes no quieren que
aprobemos la reforma, ya lo sé, y ahora empiezo a creer esos
rumores que me han llegado en Bruselas de que el dictamen del
Parlamento Europeo se va a retrasar para que no podamos aprobar
la reforma durante la Presidencia española. Ahora empiezo a
entenderlo. Ustedes están interesados en que la reforma no se
apruebe durante la Presidencia española. (Grandes y prolongados
rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Y la verdad es que lo siento. Los sectores más
profesionalizados, los sectores más presentes en los mercados
internacionales nos están diciendo que es necesario que esta
reforma, con algunas modificaciones, se apruebe, y que se apruebe
cuanto antes, que se apruebe durante la Presidencia española.
Sobre la preferencia comunitaria quiero decirle que lo que hace
la propuesta de la Comisión es recoger ya algo que se ha plasmado
en decisión y en legislación comunitaria, me refiero a los
acuerdos del GATT. No hace más que trasladar a la reglamentación
de la OCM los acuerdos del GATT, sin introducir ninguna
modificación.
También quiero decirle que se está especulando mucho con las
concesiones agrícolas y su vinculación con las concesiones
pesqueras. Mire usted, el año pasado se hizo un acuerdo con el
tomate que ustedes criticaron mucho, un intercambio de cartas, un
canje de notas que establecía unas concesiones en materia de
tomate a Marruecos, en materia del precio de entrada a cambio de
un contingente. Ese acuerdo ha permitido que nuestras
exportaciones sigan creciendo y que, de hecho, en cuatro años
hayamos multiplicado por dos nuestras exportaciones de tomates a
la Unión Europea, las hemos aumentado en más de 300.000 toneladas
en cuatro años. Ahora estamos discutiendo sobre si concedemos
tres mil, cuatro mil o cinco mil de más en el contingente con
Marruecos, y estamos hablando, insisto, de un sector que ha
aumentado sus exportaciones en más de 300.000 toneladas en los
últimos cuatro años. Por tanto, hay que colocar cada cosa en su
justa medida, y además vinculadas al acuerdo de asociación y no a
otros.
En lo que se refiere a los cítricos, aunque seguramente tendremos
oportunidad de debatirlo más en detalle, quiero decir que existen
dos mecanismos de protección para el sector que se pueden
utilizar, si bien hay que decidir o hay que optar por el más
importante. Uno de ellos es el de los precios de referencia y el
otro es el de las limitaciones cuantitativas. ¿Cuál es más
importante? A mí me parece más importante el de las limitaciones
cuantitativas, puesto que da más seguridad al sector respecto de
cuál va a ser la evolución en los próximos años de sus
principales competidores, que el de los precios de referencia,
porque los precios de referencia no impiden que se pueda producir
un incremento importante de las exportaciones vinculado a
cosechas extraordinariamente fuertes o a cualquier otra razón, y,
sin embargo, la limitación cuantitativa reduce notablemente la
incertidumbre del sector respecto de cuál va a ser el
comportamiento de sus competidores en los mercados en los que
compite. Desde ese punto de vista, los acuerdos que se están
discutiendo en estos momentos son acuerdos razonablemente
satisfactorios para nuestro sector, porque optan por una
limitación cuantitativa, optan por impedir que aumenten las
exportaciones de nuestros principales competidores a cambio de
establecer unas concesiones en precios que les faciliten el
mantenimiento de sus exportaciones tradicionales de acuerdo con
la media de los últimos años.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones. (Rumores.)
Ruego que guarden silencio, porque el señor Mardones tiene
interés en que SS. SS. le escuchen.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria tiene interés en que se apruebe la OCM de
frutas y hortalizas en el ámbito de la Unión Europea, pero con
plena satisfacción de los agricultores españoles y de todas
aquellas organizaciones, tanto en el marco del sector
hortofrutícola canario como en el de otras comunidades autónomas
españolas, que no sólo tienen depositadas sus esperanzas en la
obtención de un buen acuerdo, sino que también tienen depositadas
las rentas de muchos agricultores en la armonización del sector
agrario fundamentalmente. Si se consigue un buen acuerdo
hortofrutícola, ese 18 por ciento del producto interior bruto que
se genera en Canarias a través de este sector tendrá continuidad
y estabilidad, podrá armonizarse con el sector de servicios o del
turismo fundamentalmente y hacer que Canarias sea una región no
sólo agrícola, sino sociológicamente armónica.
Señor Ministro, yo le he escuchado con mucha atención y me
congratulo de la iniciativa que ha tenido el Grupo Popular al
presentar esta interpelación, porque es necesario mantener vivo
el diálogo en un problema preocupante como éste, y más cuando nos
encontramos a las puertas de que la Unión Europea apruebe la OCM
para los productos hortofrutícolas.
Yo creo, señor Ministro, que ha habido poco diálogo,
fundamentalmente con las organizaciones que, como se ha señalado
aquí, son escasas en España.
El diseño que viene haciendo la Unión Europea, y que usted ha
expuesto hoy aquí, es algo muy bonito de escuchar, pero hay que
situarlo dentro de las circunstancias. Parece que existe un
diseño, sobre todo en el sector que a mí más me preocupa, no
tanto de los transformados en este momento sino de las hortalizas
y frutas frescas donde se inserta más el segmento de producción
canaria en este momento, que, en abstracto, resulta bonito oír,
pero situándolo en el marco del problema complejo que actualmente
tenemos en España es tremendamente complicado. Se dice, por
ejemplo, y usted lo ha citado aquí, que hay que efectuar una
adecuación de la producción a la demanda. Los productores lo que
sí sabemos son los productos nuestros, los españoles; la demanda
está en todo el mercado de la Unión Europea. Y la producción
tiene ahora una serie de limitaciones, alguna de las cuales no se
alcanza.
Ya se ha denunciado aquí el tema, por ejemplo, de las ayudas a la
retirada de producción. Pero si no hay mecanismos de retirada se
termina como en Canarias, en que los productores de tomate los
tiran a los barrancos y tienen que regular su excedente de
producción por esa vía. Por tanto, salvo que estemos haciendo un
abonado especial de los barrancos, lo que estamos haciendo
también es un deterioro del medio ambiente, porque aquí se ha
hablado de la mejora de la calidad y del medio ambiente. Si no
recibimos las ayudas por la retirada, aunque sean con un límite
del diez por ciento, poco podemos hacer en un fenómeno al que
usted no se ha referido, pero que se está produciendo, que es la
descapitalización. Si el agricultor está empleando unos medios de
capital en producir y tiene que retirar por la vía de tirarlo a
los barrancos, no hay nada que permita una recuperación de un
capital empleado en la producción. De este círculo vicioso hay
que salir cuanto antes y salir bien con el nuevo acuerdo que
tengamos.
Señor Ministro, posiblemente en Canarias no se entienda lo que
acaba de decir aquí de que se respetan, por ejemplo en el sector
tomatero, acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT. Por las noticias
que nos acaba de dar parece que la delegación española se basa
más en limitaciones cuantitativas que en precios de referencia.
Si en el acuerdo de revisión firmado con Marruecos, en enero de
1995, conseguimos limitar a 130.000 toneladas el tomate, eso se
va a dejar inamovible. Pero por las noticias que tenemos, insisto
señor Ministro, los acuerdos del GATT fijaron un precio de
entrada en 920 ecus, y esas 130.000 toneladas pueden empezar a
entrar en la próxima campaña, desde el uno de noviembre hasta el
31 de marzo, no a los 920 ecus que se acordó en el GATT, sino a
560. Y aquí viene otra de mis denuncias. Si aceptamos su
planteamiento, que de entrada es correcto, de ajustar la
producción a la demanda, eso funciona en abstracto siempre que la
demanda sea atendida por producciones en su mayoría comunitarias.
Porque quien va a atender la demanda van a ser también las
130.000 toneladas de tomate procedentes de Marruecos.
En este contexto es donde nos sentimos alarmados y preocupados,
señor Ministro, y le trasladamos esta preocupación en la medida
en que si usted también se ofrece a una colaboración esto se
pueda resolver. En este momento, la alarma en el sector de
producción del tomate en Canarias es altamente preocupante, y
está justificada por las noticias que se tienen, incluida esta
reducción sensible del precio de entrada de los 920 ecus, que
decía el acuerdo del GATT, a los 560, porque los negociadores de
Marruecos han desplazado y comprimido habilísimamente las dos
negociaciones del acuerdo pesquero con el acuerdo de asociación.
En la primera semana de este mes se ha recibido la visita en
España de nuestro compatriota don Manuel Marín, Comisario de
Asuntos Exteriores para el sur del Mediterráneo, que se ha
entrevistado con usted y con el Presidente del Gobierno, según
las noticias de que disponemos, para urgir a España en esta
solución. Si en el acuerdo de asociación Marruecos ha presionado
lo suficiente para modificar precios de entrada del tomate en
ecus, tal como decía el GATT, y ahora se le ajuste otra tarifa de
precios, eso es tremendamente preocupante, aunque el negociador
español...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, vaya
concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Por todo ello, señor Ministro, nos alarma que España acepte un
proceso permanente de negociación y concesiones continuas a
Marruecos y a cualquier otro país productor. Nadie se cree en
este momento que Marruecos vaya a respetar los acuerdos pesqueros
durante cuatro años y nos va a plantear continuamente una
renegociación, incluso vía acuerdo o asociación. Cuando leamos el
acuerdo de asociación vamos a ver qué sorpresas desagradables nos
llevamos.
Por todo lo demás, y por la propia letra de los acuerdos que hay
ya previamente establecidos --los documentos que conocemos o que
usted nos ha dado a conocer aquí; incluso los que hemos obtenido
por esta vía que ha señalado el portavoz del Grupo Popular, que
no era a través del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación español, sino por otros intermediarios en Bruselas--
, nosotros tenemos que señalar aquí que esta propuesta de la
Comisión, incluso en la creación de fondos operativos para dar
mayor protagonismo a las organizaciones de productores, debía
haberse hecho ya, señor Ministro. Por tanto, nuestra tremenda
preocupación es que vayamos a llegar tarde --y aquí también está
nuestra cooperación-- en el sector hortofrutícola español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece muy interesante que el Grupo Parlamentario Popular
haya presentado la interpelación que en estos momentos se está
sustanciando en la Cámara, en la medida en que coincide con unos
trabajos parlamentarios que se están efectuando también en la
Cámara, en una ponencia «ad hoc» constituida en la Comisión Mixta
para asuntos relacionados con la Unión Europea. Esto le da
fuerza, le da vida a la negociación que en este momento se está
teniendo. Hemos asistido a un debate interesante en la exposición
inicial efectuada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
y la réplica e información que nos ha dado, por parte del
Gobierno, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Efectivamente, nosotros estamos preocupados porque a lo largo de
los trabajos de la Ponencia hemos visto una postura bastante
contundente de las organizaciones agrícolas, incluso dirigidas a
plantear una oposición total. No obstante, no se nos escapa que
quizás planteamientos contundentes y duros son, en definitiva,
estrategias o herramientas de negociación para hacer más acorde a
los intereses españoles el resultado final de la misma. Por
tanto, creemos que quizás hay que ponderar, hay que moderar y hay
que valorar las cosas en sus justos términos. Tampoco las
descalificaríamos, tampoco las echaríamos en un saco roto, pero
verdaderamente el sector agrario español tiene que adoptar,
quizás en determinadas situaciones, posturas maximalistas para
defender por lo menos determinadas posiciones que hagan rentable
el ejercicio de la actividad agraria.
Por otro lado, en el día de hoy a nuestro Grupo Parlamentario nos
ha llamado la atención que tanto el Ministro como el Secretario
General de Mercados, señor Barreiros, hayan manifestado en la
Cámara que la retirada de los diferentes productos
hortofrutícolas va a ser financiada por el Feoga al cien por
cien. Esta afirmación nos tranquiliza, nos parece bien. Además,
se habían suscitado algunas dudas y nuestro Grupo Parlamentario
no tenía una concepción clara sobre tal criterio o sobre la
metodología a seguirse y, en definitiva, sobre los principios a
aplicar en la retirada. Por tanto, si eso va a ser así, sin
perjuicio de que, efectivamente, se produce una reducción de esos
precios de retirada, nos parece una buena noticia.
Al margen de ello, el que se instrumente un mecanismo, una
herramienta, como pueden ser los fondos operacionales, nos parece
correcto, pero quizás --y eso lo ha manifestado todo el sector
agrario español en los trabajos que estamos haciendo en la
Cámara-- la participación financiera pública comunitaria debía
ser mayor. No se nos escapa, por otra parte, que en todo esto hay
un conflicto político --como ha habido en otra serie de sectores
económicos, sobre todo en el sector pesquero, en definitiva, en
el control del mercado-- entre los países nórdicos y los países
del sur. Los países nórdicos disponen de unos determinados
sistemas de producción, tienen unas características específicas
en la producción, y los países del sur tenemos otras. En
definitiva, aquí se nota --como se ha notado en la negociación de
la reforma del OCM del vino-- la diferente contraposición de
intereses. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario ve nuevamente
que hay esta contraposición de intereses y que el Gobierno
central debe actuar en defensa de estos intereses de la
agricultura del sur de Europa buscándose aliados en los países
del sur.
Queríamos hacer también alguna pequeña referencia al tema de la
preferencia comunitaria. Evidentemente, la búsqueda de solución a
este tema es difícil, porque tenemos un marco, unos parámetros a
los que atenernos. Se llegaron a unos acuerdos internacionales
suscritos en Marrakech con ocasión de la Ronda Uruguay del GATT.
En el capítulo agrícola hay una reducción
de las exportaciones subvencionadas a terceros países y, a su
vez, hay un compromiso de reducir el apoyo interno a la
agricultura europea, en definitiva, hacer compatibles los
diferentes intereses que había entre el modelo europeo de
agricultura y el norteamericano.
Eso ha supuesto que juntamente con acuerdos preferenciales que
pueda haber, por ejemplo con los países del FPG, en definitiva,
los países del Pacto Andino, haya unas quiebras tradicionales
respecto al principio de preferencia comunitaria y vemos que por
el mismo mecanismo de la reforma reglamentaria no vamos a dar
solución, porque hay unos parámetros superiores y además con una
jerarquía normativa superior al reglamento que en su caso se
adopte, como es el acuerdo internacional del GATT.
En definitiva, señor ministro nos gustaría que se defendieran en
el reglamento todas las medidas dirigidas a la protección de
productos sensibles españoles, como pueden ser el ajo, del que
dependen zonas importantes de la geografía, en este caso de
Extremadura, o el espárrago en Navarra y en la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Por tanto --y voy a finalizar, señor ministro--, nuestro grupo
parlamentario ve este momento con preocupación, vista la
disparidad de opiniones que hay entre el sector y la posición
política que el día de hoy el ministro ha expuesto en el
Parlamento, pero también somos capaces de ponderar que las
diferentes posiciones o las diferentes voluntades manifestadas en
sus distintos puntos de vista y tan contrapuestas que pueden
obedecer también a estrategias que se siguen en la negociación.
En la medida de lo posible, lo interesante, a nuestro juicio --y
de hecho por eso se ha creado un grupo de trabajo en la Cámara--,
sería buscar un consenso, el mayor posible en la Cámara y con el
mayor respaldo político posible, para que como se ha realizado
con la reforma de la OCM del vino el Gobierno tenga un mandato
parlamentario, con respaldo mayoritario, y si es posible unánime
de las fuerzas de la Cámara, a la hora de actuar en el foro de
negociación de la Unión Europea.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Señor Presidente, señorías, señor
ministro, para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
En primer lugar, decirles que compartimos las inquietudes
expresadas por el grupo proponente y las inquietudes que han
venido expresando los distintos representantes del sector, ya
sean organizaciones profesionales, ya sean las cooperativas, ya
sean entidades vinculadas con el mismo sector, que han ido
compareciendo durante estas dos últimas semanas en la ponencia
que para el caso teníamos abierta en la Comisión Mixta de la
Unión Europea.
Compartimos la inquietud, pero, evidentemente, mantenemos la
postura que expusimos en el mes de julio de que la reforma es
capital para el Estado español y que cabía aprovechar la
Presidencia española; en este caso añadimos a ello la opción que
pueda dar la Presidencia en la próxima reunión del Consejo de
Ministros.
En todo caso, aquí también se ha hecho un retrato de la
importancia de este sector, que es marcadamente mediterráneo, en
el que la Unión Europea es especialmente deficitaria, sólo
cubrimos el 40 por ciento y esto lo ha hecho sensible a lo que
son las últimas negociaciones de los acuerdos del GATT. Es un
sector que implica al 30 por ciento de la producción final
agraria del Estado español; en este sector somos el segundo
productor europeo y el primero a nivel de exportación,
especialmente dentro del área de influencia de los países
comuntiarios.
Pero el hecho de aprovechar la Presidencia tampoco exime al
Gobierno de que el acuerdo a que se llegue al final sea un
acuerdo que pueda ser ya no sólo asumido, sino que se ajuste a lo
que es la propia necesidad del sector. El hecho de la Presidencia
hay que utilizarlo como un elemento de influencia, no como un
elemento de flaqueza.
A mí me ha preocupado especialmente el debate de hoy porque nos
hemos limitado a discutir la propuesta, tal como está planteada,
y la propuesta tal como está planteada en este momento, nuestro
grupo entiende que evidentemente no es aceptable. En ello creo
que coincidimos muchos. Es mejor que la situación anterior pero
hay una serie de elementos que cabe mejorar. Si desde el Gobierno
se asume el compromiso de trabajar en la línea de mejorar esta
reforma y de incluir parte de los criterios expuestos, partiendo
de los que el mismo sector nos ha hecho llegar, con los que
nuestro grupo parlamentario coincide y que intentaré
esquemáticamente referir, será una buena línea de trabajo y
valdrá la pena. Si el Gobierno consigue convencer a la Comisión,
introduciendo los elementos que voy a referir, creo que sí
pordríamos todos recapacitar la postura tomada con referencia a
la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
La reforma tiene dos bases, una lo que son las asociaciones de
productores y otra el sistema de financiación, que es el gran
dilema. Evidentemente, una reforma estructurada en torno a las
asociaciones de productores de frutas y hortalizas nos abre
muchas incógnitas, especialmente en un país como el nuestro en el
que hay una flojísima implantación de este tipo de
organizaciones. Todos sabemos que en el sector hortícola no pasa
del 10 por ciento y en el sector de frutas y cítricos nos movemos
alrededor del 30 por ciento. En el momento que esto es la base de
la reforma implica que tiene que haber un período de adaptación
que nosotros
entendemos mínimo de seis años. Además, hay que canalizar
recursos públicos para fomentar la constitución de nuevas
organizaciones en el Estado español para logar lo que es la
fusión y la unión de muchas de las ya existentes, porque los
parámetros que marca la Comunidad son de dimensión mucho mayor y
a ellos habrá que ajustarse.
Por otro lado, también con referencia a las organizaciones de
productores, entendemos en nuestro grupo que cabe unificar
criterios. Ya hay una complejidad de reconocimiento de lo que es
una organización de productores en los distintos países de la
Unión Europea, pero el efecto distorsionador se multiplica con
los distintos criterios que vienen aplicando cada una de las
comunidades autónomas dentro del Estado español. Para nosotros es
especialmente importante que se unifique al menos dentro de
nuestras fronteras, en el sentido de que un productor sólo pueda
pertenecer a una organización de productores y que la práctica
totalidad de su producto --se podía dejar al margen de lo que es
la venta directa--, si no la totalidad, tiene que ir canalizada a
través de esa organización pero en todo caso conceptualmente
tiene que ser, repito, toda la producción a través de la
organización. Hay un principio básico, y es que las
organizaciones tienen que moverse por principios de control
estrictamente democrático. No podemos repetir el error que se ha
dado en el reconocimiento de organizaciones de productores en
frutos secos, donde, aunque son casos esporádicos, hay algunos
monopolios que distorsionan totalmente lo que es el principio de
que la ayuda llegue al agricultor para garantizar su estabilidad,
su continuidad en la producción, en definitiva, lo que es su
renta.
Por lo que se refiere a la financiación, hay que hacer algunas
consideraciones. Se prevé un recorte presupuestario de 100
millones de ecus dedicados a esta reforma. Yo no voy a discutir
en qué partida o cómo hay que aplicarlos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Tubert, vaya
concluyendo.
El señor TUBERT I ALSINA: Lo cierto es que hay que respetar el
principio de solidaridad financiera, hay que dotarlo
suficientemente. Si no hay suficientes recursos en el Feoga-
garantía hay que acceder a los del Feder o a los del Fondo Social
Europeo. Es una experiencia que ya se ha desarrollado y también
podría aplicarse aquí.
Cabe asegurar un cien por cien de la financiación comunitaria en
la aportación pública, así como que no se apliquen bajadas de
precio a bloques en concepto de retirada, mucho menos cuando
absorbemos sólo el cuatro por ciento de lo que es el presupuesto
comunitario en un sector que abarca cerca del 16 por ciento.
Hay otras consideraciones generales, como es no olvidar las
recomendaciones del Consejo Jumbo, hacer referencia a la no
normalización, que tiene que ir en todo proceso de
comercialización desde el origen hasta los puntos de venta. Hay
que hacer referencia a lo que son los fondos operacionales. En el
período de transición cabe hacer una aportación decreciente, y en
lo referente a la intervención se pueden ampliar los 14 productos
hoy reconocidos por la normativa. A nuestro entender, el límite
del 10 por ciento del volumen que está sujeto a retirada hay que
aumentarlo incluso al 25 por ciento; por lo que se refiere a lo
que no es prioritario en este momento del Estado español, los
avatares del mercado puede que lo hagan necesario. En todo caso,
hay el efecto corrector que se ha mencionado antes, en el sentido
de que en España no había opción de retirada al no haber
implantadas muchas organizaciones de productores.
Querría hacer una referencia expresa a lo que son las medidas que
cabe tomar con el sector de frutos secos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Tubert, medio
minuto tiene para terminar.
El señor TUBERT I ALSINA: Voy terminando.
Entendemos que en frutos secos no cabe limitar los sistemas de
protección a la existencia de los actuales planes de mejora. Cabe
asegurarse un futuro más largo para que puedan mantener su
competitividad.
Finalmente, entendemos que sería bueno que el propio ministerio
contemplara las propuestas formuladas por las 17 comunidades
autónomas en el documento de trabajo de la Comisión 2 del Comité
de Regiones de la Unión Europea, y consensuara con los propios
partidos políticos un documento base, en tanto en cuanto no se
llegue a un acuerdo a nivel comunitario. Para todo ello estaremos
nosotros abiertos, colaboraremos y entendemos que si éste es
nuestro esquema bien seguro el ministerio tendrá un elemento
clave para trabajar y unos parámetros que si algún día llega a
convencer a la Comisión, tanto el sector, como nosotros se lo
reconoceremos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Tubert.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, señor
ministro, antes de que pueda manifestar que nuestro grupo no está
a favor de la reforma, quiero decirle que sí estamos a favor de
ella; además, entendemos que tendría que ser una reforma urgente.
Ya dijimos, en el inicio de la presidencia española de la Unión
Europea, la importancia de aprovechar esta ocasión para sacar
adelante la reforma de la OCM del vino y la de frutas y
hortalizas. Usted señaló en una comparecencia que la reforma del
vino la veía muy lejana, por
cuanto los puntos de coincidencia no existían, y, en cambio, la
reforma de frutas y hortalizas estaba más madura.
Quiero decirle, señor ministro que estamos a favor de la reforma,
pero no a cualquier precio y como parece ser que ve demonios de
campañas que alguien organiza, quisiera manifestarle que los
grupos representados en la Cámara estamos participando en una
ponencia, en la que han comparecido desde organizaciones agrarias
hasta la Confederación de Cooperativas. Han venido Cepex,
Intercitrus y otras organizaciones importantes que agrupan el 80
por ciento de la comercialización y de la exportación de
productos hortofrutícolas. Como para muestra basta un botón, le
voy a decir lo que nos han dejado por escrito y supongo que usted
también debe tener.
Hay una organización que dice que esta propuesta de reglamento de
OCM y de frutas y hortalizas no garantiza la renta ni el empleo
del sector, no contribuye a mejorar la gestión y, desde el punto
de vista del sector español, no adapta la OCM a la realidad de la
producción hortofrutícola española. Dice muchas cosas más y
termina manifestando que la reforma es necesaria y urgente, pero
en sus líneas actuales puede provocar, en los próximos años, una
grave crisis social y económica. Intercitrus, por su parte, nos
pide que de continuar la propuesta de reglamento en los mismos
términos en los que está, solicitemos el veto para la misma. Así
iríamos siguiendo con distintas organizaciones también agrarias,
incluida la Confederación de cooperativas que nos ha manifestado
que la reforma es necesaria, pero no, desde luego, en estos
términos.
Señor ministro, usted ha basado su intervención en que nosotros
somos competitivos, que nuestra voluntad debe ser seguir siendo
competitivos y que, por tanto, no deberíamos basar toda nuestra
estrategia comercial ni de presencia en los organismos
comunitarios en el mecanismo de retirada. A mí me ha preocupado
muchísimo su intervención de esta tarde, pero me preocupó también
la intervención del Secretario General de Producos y Mercados,
señor Barreiro. Uste tiene a todo el sector que le está diciendo
los puntos de preocupación y cómo puede incidir eso en el sector
hortofrutícola y ustedes están llevando la guerra por otra parte
(parece ser que ni los documentos se han pasado, parece que ha
habido, efectivamente, una falta de transparencia), y tampoco
extrae algún tipo de conclusión de las intervenciones de los
grupos presentes en la Cámara. Me preocupa que pase como otras
veces y cuando vamos a la negociación no es importante la
propuesta de Reglamento que tenemos sobre la mesa, lo importante
es saber qué va a hacer usted, en qué temas va a incidir y hasta
qué punto vamos a ceder en relación a los temas de solidaridad
financiera y en relación a los temas de preferencia comunitaria.
Efectivamente, ahora somos competitivos, pero cuando discutíamos
las repercusiones que tendría la Ronda Uruguay se nos dijo: Está
pendiente la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, allí se
establecerán las garantías suficientes. Ahora, cuando entramos en
la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, se nos dice que eso
ya lo teníamos que haber discutido cuando el GATT. La cuestión es
que hay productos sensibles que están sin regular; la cuestión es
que debido a los acuerdos preferenciales que se están negociando,
debido a la dificultad de controlar los precios de entrada, el
tema de la preferencia comunitaria no está resuelto y la cuestión
de la solidaridad financiera tampoco.
Señor Atienza, el sector de frutas y hortalizas --se ha dicho
aquí-- absorbe solamente el 5 por ciento de los gastos del Feoga-
garantía, representando a sectores mucho más importantes de la
producción. ¿No nos ha querido decir que la línea directriz
presupuestaria está prácticamente agotada? ¿Que estamos entrando
nuestros productos y usted ya no tiene recursos como para decir
que de la misma forma que se han financiado otras reformas tienen
que ser financiadas las nuestras? No use el argumento de que el
conjunto de las fuerzas políticas y el conjunto del sector quiere
medidas proteccionistas solamente basadas en la retirada; piense
si las organizaciones de productores van a tener suficiente
financiación para su constitución y para su funcionamiento.
Estamos, como se ha dicho aquí, muy atrasados; estamos en unos
niveles de organización muy bajos, que representan el 7 por
ciento en el sector hortícola y el 30 por ciento, creo en el
sector frutícola; estamos tan bajos en relación al nivel de
organización que puedan tener, por ejemplo, en Holanda, con
niveles del 80 por ciento o en Francia con niveles del 60 por
ciento, que muchos fondos europeos no nos van a llegar,
sencillamente, porque no tendremos organizaciones que estén en
condiciones de hacerse cargo de la gestión de las mismas.
Por tanto, no basamos la reforma en las retiradas; queremos
seguir siendo competitivos, pero queremos que en esta reforma
existan los requisitos y los elementos para hacer posible que eso
sea realidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivadulla.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO EN RELACION
CON EL DESTINO DE LAS AYUDAS PUBLICAS AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y
EN ESPECIAL CON LAS OTORGADAS A LA MULTINACIONAL VOLKSWAGEN PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA MARCA SEAT (Número de expediente
172/000125)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al apartado 35
del orden del día: Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación con
el destino de las ayudas públicas al sector del automóvil y en
especial con las otorgadas a la multinacional Volkswagen para el
manteniemiento de la marca SEAT.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, sabe que este tema lo hemos venido planteando
desde el principio de la legislatura y que la intención de la
interpelación, una vez despejada la incógnita sobre la Comisión
Europea, es pretender dar transparencia a una política de ayudas
públicas en el proceso de negociación de la multinacional
Volkswagen respecto a la marca y a la fábrica SEAT.
Queremos discutir y buscar la justificación del Gobierno en las
ayudas y sobre todo de lo que consideramos ha sido desde el
ministerio una ingenuidad, y a veces desidia, que puede dejar
SEAT, la empresa más emblemática de España, en un proceso de
desmantelamiento.
Sabemos que la crisis económica afectó especialmente al sector
industrial; sabemos que el sector se perdió el 10 por ciento del
empleo total; que dentro del sector industrial el sector
automovilístico fue quizá el más afectado y que en la mayoría del
mismo se saldó la crisis con expedientes de regulación de empleo,
por cierto aplicados con extricto rigor. Por eso la crisis de
SEAT tiene una especial importancia. Recordaría señor Rubalcaba,
que con el señor Eguiagaray tuvimos una larga discusión en
Comisión donde al final llegamos a un acuerdo sobre la cifra que
se hubo de invertir por parte del erario público para sanear SEAT
antes de vender a Volkswagen, a pesar de que el ministro al
principio iba deambulando por cifras mucho menores a la real. Se
acerca a los 400.000 millones de pesetas lo que ha costado sanear
SEAT antes de su venta; una venta que también fue aplaudida por
el Gobierno de la Generalitat y que se justificó como la única
salida para el futuro industrial de SEAT, Por cierto los detalles
de la venta aún no los conocemos; continuamos con la callada por
respuesta por parte de su Gobierno cuando pedimos el contrato que
se firmó en aquella venta; parece un secreto de alto nivel.
SEAT a Volkswagen le cuesta 80.000 millones de pesetas, primera
cifra que llama la atención especialmente cuando la comparamos
con las ayudas. A cambio de estos 80.000 millones Wolkswagen
recibe un patrimonio sustancioso, como es Landaben, oficinas en
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, La Coruña o
Valladolid; el centro técnico de Martorell, la fábrica de cambios
en el Prat, las fábricas de Martorell y zona franca, y una
impresionante red comercial que permite a Volkswagen conseguir
cuotas de penetración en el mercado español de hasta el 15 por
ciento, cuando apenas había despegado en esta política.
SEAT tenía entonces capacidad para producir 450.000 coches, en
cambio, Volkswagen, comprando SEAT, desde el principio no hace
ninguna inversión; destruye 9.000 puestos de trabajo; desmantela
zona franca (se ha creado el eufemismo de un parque tecnológico,
que es un cierre productivo y una disminución de puestos de
trabajo), y la crisis continúa. Los trabajadores de SEAT están en
estos momentos con salarios muy por debajo de los de sus colegas
alemanes y con índices de productividad, reconocido por la
empresa, por encima de los de sus colegas alemanes.
Volkswagen puso unas condiciones hace muy poco y aquí empieza el
nuevo capítulo de la historia que hoy quisiéramos aclarar, que se
inyectase dinero público y se llegó al acuerdo de 30.000 millones
por parte del ministerio y 6.000, más 2.000 para formación, por
parte de la Generalitat.
Volkswagen continúa utilizando el instrumento de regulación de
empleo, expedientes que va incrementando a la par que se aumentan
las horas extraordinarias y los trabajos en fines de semana. En
el mes de noviembre, por ejemplo, SEAT alcanzó una producción
récord de vehículos en Martorell con 34.000 unidades. Los
sindicatos han intentado la solución de reducir o eliminar horas
extraordinarias para disminuir el número de trabajadores
afectados y, como sabe usted, hasta ahora con un diálogo de
sordos entre la dirección y el comité de empresa.
Aquí es donde surge el último embrollo, especialmente cuando la
Comisión Europea pide datos sobre esta operación y ustedes, para
nosotros de forma incomprensible, los mantienen bajo el más
absoluto secretismo. Este es el motivo de la interpelación.
Queremos que nos den explicaciones de las verdaderas razones de
las fórmulas de financiación, que en su día no convencieron a los
sindicatos, a la opinión pública ni a la misma Comisión Europea.
Usted sabe perfectamente que se iban a financiar programas de
ayudas a infraestructuras de tecnología industrial --los llamados
PATI-- o ayudas para sectores básicos de transformación --los
STB-- y que en ninguno de estos proyectos se preveían los 2.000
millones de pesetas, aunque ustedes decidieron financiar nada
menos que 34 proyectos.
Se abre un proceso de investigación por parte de la Comisión
Europea. Parece --y lo dejo en los términos más relativos que
puedo--; parece que ocultan datos incluso al señor Van Miert, de
la Comisión, y se abre un expediente. ¡Ya es vergüenza que
presidiendo la Comisión Europea se nos abra un expediente con
acusaciones de que ocultamos datos y con intentos de picaresca!
Es curioso que el presupuesto de 1994 contemplase sólo 8.500
millones de pesetas para todas aquellas acciones y, el de 1995,
7.500 millones para SEAT, cifras que no cuadran con las promesas
hechas y los acuerdos firmados con Volkswagen. Además,
curiosamente, serán las partidas gestionadas de forma directa por
la Dirección General de Industria, que no pasan por ningún canal
de valoración y control de proyectos con criterios
que regían hasta ahora sobre el I+D, de acuerdo con los
parámetros del ministerio y eso puede llevar a la sospecha de que
parte de este dinero ha ido directamente a la cuenta de
resultados de Volkswagen.
El 25 de abril, señor Ministro, este diputado tras dos meses
obtiene respuesta del Ministerio de Industria a preguntas por
escrito. Se me dice que no se había hecho efectiva ninguna de las
ayudas, afirmación que nos debemos creer, porque viene por vía
oficial, pero que es de dudosa credibilidad de acuerdo con la
evolución de aquel embrollo.
Tras la autorización del Comisario Europeo, su Gobierno debería
responder qué ayudas han sido financiadas, con cargo a qué
partidas, con qué mecanismos de selección de proyectos, cómo se
han evaluado, cuál es el grado de ejecución de las mismas;
preguntas que responden a la legalidad que ustedes y nosotros
debemos observar de acuerdo con lo que está vigente.
Además, sería curioso que nos aclarasen --lo que puede basarse
aún en indicios--, que, a pesar de que el pacto es tripartito,
entre Volkswagen, Ministerio y Generalitat, parece --y lo vuelvo
a poner en términos relativos-- que los 8.000 millones que debía
aportar la Generalitat han sido asumidos por el Gobierno central.
¿Ha cumplido o no el Gobierno de Cataluña con su compromiso? Y,
si no lo ha cumplido, ¿por qué?, ¿a cambio de qué?
Señor ministro, nuestra critica en la interpelación se dirige
básicamente a un tema que lo resume todo: ustedes y el Gobierno
de Cataluña, hasta hoy han carecido de autoridad para exigir a
una multinacional como Volkswagen que cumpla la parte que le
corresponde del acuerdo, porque hasta ahora han ido distrayendo
al personal sobre una serie de operaciones de financiación
pública sin contrapartidas. Hay ejemplos claros de lo contrario,
como el hecho de que el «Córdoba» se comercialice en
Latinoamérica bajo denominación, de otra marca, que apunta, como
he dicho al principio, al temor --dejémoslo en temor-- de que se
vaya a desmantelar la marca SEAT.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, la interpelación que formula S. S., al menos la que
llegó al Gobierno, tiene dos partes claramente diferenciadas: una
de carácter más general sobre la política industrial en relación
con las ayudas públicas al sector del automóvil y otra que hace
referencia, en particular, a las otorgadas a Volkswagen para el
mantenimiento de la marca SEAT. Desarrollaré a continuación ambos
temas, de forma breve pero diferenciada.
El sector de automoción, al que S S. ha hecho referencia, tiene
que hacer frente en la actualidad a dos tipos de problemas: El
primero, los de carácter estructural, que se refieren a la
necesidad de lograr notables mejorías de competitividad en el
medio plazo para poder afrontar la agresividad creciente de la
industria de automoción en otros países que actualmente tienen
unos niveles de competitividad superiores --el caso más claro es
Japón-- o que pueden tenerlos en el medio plazo, que es el caso
de países asiáticos y de la Europa Oriental.
Interesa señalar que la competencia en este sector --y a esto
también hacía referencia S. S. en su intervención-- se establece
no sólo entre empresas diferentes pertenecientes a áreas
distintas, sino que también tiene lugar entre las distintas
plantas de una misma empresa multinacional para atraer las
inversiones de ésta.
El otro tipo de problemas a los que tiene que responder el sector
es el derivado de una coyuntura negativa de la demanda de
vehículos. Por una parte, los problemas de carácter coyuntural se
pretenden atender básicamente por medio de la aplicación de
medidas generales de tipo económico y laboral, no estrictamente
industriales. Por otra parte, y dado que la demanda de vehículos
depende fundamentalmente de la evolución y perspectivas de la
renta disponible, las medidas generales de política económica que
tienden a recuperar ritmos más elevados de generación de renta y
empleo contribuyen también de manera directa a mejorar el
comportamiento de la demanda de vehículos. Finalmente, y dentro
de este apartado, hay que mencionar la posible aplicación de
medidas de carácter fiscal o financiero de apoyo al sector --es
el caso del plan Renove-- que, en todo caso, deben ser coherentes
con las orientaciones generales de política económica, tales como
la reducción del déficit público.
La política específicamente industrial pretende contribuir a la
superación de problemas de carácter estructural y a la mejora de
los factores básicos de competitividad de las empresas, por lo
que no tiene una incidencia significativa en la corrección de
desequilibrios coyunturales.
Las actuaciones en el ámbito de la política industrial, por otra
parte, suelen ser de dos tipos. En primer lugar se trata de
apoyar desde el Ministerio de Industria y Energía la realización
en España de proyectos de gran importancia económica y con
efectos de arrastre sobre otras empresas de la cadena de valor
añadido del sector y, en segundo lugar, se trata también de
apoyar, a través de medidas tanto desde la Administración Central
como desde los programas horizontales del Ministerio, aquellos
proyectos relacionados con políticas de coordinación con las
comunidades autónomas.
El otro bloque al que me refería de actuaciones dentro de la
política industrial se refiere a los llamados programas
horizontales de apoyo al desarrollo tecnológico en sus diversas
facetas.
El Ministerio de Industria y Energía --lo conoce S. S. bien--
tiene una serie de programas --el plan de actuación tecnológico-
industrial, el programa industrial y
tecnológico-medioambiental, el plan nacional de calidad--, que,
en general, apoyan la mejora de factores de competitividad,
fundamentales en la industria de automoción --la capacidad en
I+D, calidad de productos y procesos o la formación en
tecnologías avanzadas.
Hay que indicar, por último, que la política industrial nacional
se enmarca, como no puede ser de otra manera, dada nuestra
pertenencia a la Unión Europea, en las orientaciones y criterios
establecidos al respecto a nivel comunitario.
En lo que se refiere al sector de automoción me interesa destacar
aquí dos cuestiones: por una parte, la existencia de unas
directrices comunitarias específicas sobre ayudas estatales al
sector de fabricación de vehículos a motor y, por otra, el
acuerdo Unión Europea-Japón sobre autolimitación de las
exportaciones japonesas de vehículos a la Comunidad, con vigencia
hasta finales de 1999.
El objetivo de las indicadas directrices es, en definitiva,
limitar la posibilidad de concesión de ayudas para evitar la
distorsión de la competencia a nivel comunitario que podría
derivarse en otro caso. En base a dichas directrices deben
notificarse a la Comisión, para su aprobación previa, todas las
ayudas a empresas fabricantes de vehículos que se pretendan
conceder, al margen de esquemas aprobados por la Comisión, e
incluso las que, enmarcándose en programas aprobados por la
Comisión, se refieran a inversiones superiores a 12 millones de
ecus --1.900 millones de pesetas aproximadamente--, cifra
frecuentemente superada por los proyectos de inversión de las
empresas fabricantes de vehículos.
Paso a continuación, en este marco global que acabo de esbozar, a
hablar de las ayudas públicas otorgadas a Volkswagen para el
mantenimiento de la marca SEAT.
Me interesa desde el principio precisar que la Dirección General
de la Competencia de la Comisión Europea no ha aprobado todavía
el expediente de concesión de ayudas a SEAT. Esta es una decisión
que deberá tomar la Comisión, y lo que existe en este momento es
un compromiso del Comisario encargado de Asuntos de la
Competencia, el señor Van Miert, de presentar al resto de sus
colegas una propuesta favorable a la aprobación de las ayudas.
Estoy prácticamente seguro --lo está el Gobierno-- de que esta
propuesta realizada tras un análisis riguroso de la documentación
que se ha presentado a los servicios de la Comisión sobre el plan
de reestructuración de SEAT y las ayudas a dicha empresa, será
aprobada por la Comisión próximamente, aunque formalmente esta
decisión no se ha tomado todavía.
Existen, por tanto, unas perspectivas muy favorables para que las
ayudas públicas, tanto de la Administración General del Estado
como de la Generalidad de Cataluña sean definitivamente aplicadas
dentro del enfoque de reestructuración de la empresa en el que
están siendo analizadas. El objeto de estas ayudas es favorecer
las inversiones que tiene que llevar a cabo la empresa para
garantizar su mantenimiento como una empresa integral de
fabricación de vehículos, esto es, con capacidad no sólo para el
montaje de vehículos, sino también para el diseño y
comercialización bajo una marca propia. La ayudas van dirigidas
en buena medida a apoyar inversiones en el centro técnico de
SEAT, a través de la cuales se llevará a cabo el desarrollo de
nuevos modelos y las mejoras y actualizaciones de los existentes.
Aunque otras empresas fabricantes de vehículos instaladas en
España realizan también actividades de I+D, ninguna de ellas
dispone de un centro con la capacidad del que tiene SEAT, y las
ayudas que se pretenden conceder tratan de mantener esta
singularidad por los efectos beneficiosos que tienen no sólo
sobre la propia empresa, sino también sobre todo el entramado de
empresas industriales y de servicios que existen en torno a ella
y sobre la capacidad más general de desarrollo e innovación del
sector del automóvil en España.
El objeto de las ayudas es, en definitiva, el mismo en el enfoque
actual de reestructuración que en el enfoque que inicialmente se
presentó a la comisión de ayudas, a la I+D, ya que lo único que
ha cambiado es la presentación de las medidas de apoyo de las
administraciones, junto, ahora, a todas las actuaciones llevadas
a cabo por la empresa y la inclusión de todo ello en lo que se ha
denominado plan de reestructuración. El análisis como ayudas a la
I+D planteó algunas dificultades para su aprobación por la
Comisión, ya que los criterios que aplica ésta para delimitar qué
inversiones son susceptibles de ser consideradas como
investigación más desarrollo, a efectos de poder recibir ayudas,
son enormemente restrictivos, por lo que ante la posibilidad de
que las ayudas fueran más fácilmente aprobadas dentro de un
enfoque glogal de reestructuración, sugerido por la propia
Comisión, se decidió reorientar la presentación hacia este
enfoque.
En esta nueva orientación ya no es preciso analizar proyecto a
proyecto, con los servicios de la Comisión, el contenido mayor o
menor de I+D de cada uno de ellos, sino que las ayudas, que sin
embargo van dirigidas exactamente a las mismas inversiones que en
el enfoque anterior, se evalúan en función de su contribución a
la viabilidad de SEAT como empresa integral de fabricación de
vehículos y teniendo en cuenta en todo caso, la reducción de
capacidad, ya registrada por SEAT como elemento determinante para
justificar que no produce un efecto negativo sobre la libre
competencia en la comunidad europea.
Como S. S. conoce, el acuerdo de 11 de julio de 1994 entre
Volkswagen, SEAT, el Ministerio de Industria y Energía y la
Generalidad de Cataluña tenía como objetivo básico --ya me he
referido a él-- el mantenimiento de SEAT como empresa autónoma
dentro del Grupo Volkswagen con capacidad para el diseño,
fabricación y comercialización de vehículos. Los compromisos
básicos contenidos en dicho acuerdo, a los que S. S. ha hecho
referencia, eran los siguientes. El Ministerio de Industria y
Energía se comprometía a conceder ayudas
por importe de hasta 38.000 millones de pesetas a diversos
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que debería
llevar a cabo SEAT. La concesión de esas subvenciones se
condicionaba, en todo caso, al cumplimiento de la normativa
nacional y comunitaria al respecto.
La Generalidad de Cataluña se comprometía por su parte a conceder
un volumen global de subvenciones de 8.000 millones de pesetas a
distintos proyectos de formación de personal e innovación
tecnológica. Los compromisos de SEAT y Volkswagen se concretaban
fundamentalmente en los siguientes puntos: Ejecutar proyectos de
desarrollo de nuevos productos e innovaciones existentes (el
importe total de los proyectos que SEAT se comprometía a
presentar al Ministerio de Industria ascendía a 174.000 millones,
mientras que los proyectos que debería presentar a la Generalidad
de Cataluña ascendían a 28.000 millones de pesetas, a los que hay
que sumar 5.000 millones de gastos de formación); mantener la
entidad y funciones básicas del centro técnico de SEAT; tender a
la plena utilización en condiciones competitivas de las
capacidades productivas de SEAT; elevar el grado de contenido
nacional de las compras de piezas y componentes de SEAT y no
solicitar a las administraciones públicas ayudas extraordinarias
para la cobertura de los costes de reestructuraciones laborales.
En el acuerdo de julio antes mencionado y en el que con fecha de
29 de julio de 1994 firmaron SEAT, Volkswagen y la Generalidad de
Cataluña se indica que Volkswagen podría disponer, en concepto de
anticipo a cuenta, de subvenciones con cargo al Instituto de
Crédito Oficial, también al Instituto Catalán de Finanzas y, en
cumplimiento de dichas previsiones, el 22 de julio de 1994 se
firmó un contrato de préstamo entre el ICO y Volkswagen y el 2 de
marzo de 1995 el correspondiente contrato entre el ICF y
Volkswagen.
La Comisión, a partir de la firma de los acuerdos y contratos de
préstamos citados, ha requerido en diversas ocasiones información
relativa a las ayudas concedidas a SEAT. Las respuestas dadas por
el Ministerio de Industria y Energía se mantuvieron siempre en
los siguientes términos: que a Volkswagen no se la habían
concedido ayudas, sino préstamos del ICO y del ICF en condiciones
de mercado; que existía el compromiso del Ministerio de Industria
y Energía y de la Generalidad de Cataluña de notificar a la
Comisión las ayudas que fueran teniendo intención de conceder,
siempre de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria;
que las ayudas del Ministerio se enmarcarían en todo caso en los
programas ordinarios de apoyo a actuaciones de innovación
tecnológica y medioambiental aprobados por la Comisión.
En cumplimiento de lo indicado en el apartado anterior, el 24 de
febrero de 1995 se notificaron a la Comisión los proyectos de I+D
presentados por SEAT en el año 1994. Las ayudas para las que se
solicitó la aprobación de la Comisión ascendían a más de 7.000
millones de pesetas y correspondían a inversiones por encima de
37.000 millones, realizadas en 1994 en el marco de dichos
proyectos. En el escrito dirigido a la Comisión se indicó que las
ayudas de los daños posteriores serían objeto de ulterior
notificación.
Los acuerdos y los contratos de préstamo, a los que S. S. se
refería, no se entregaron a la Comisión por ser documentos
privados, que no hay obligación de facilitar y que contienen
información empresarial de carácter confidencial que en nada
afecta al análisis de las ayudas de SEAT. En todo caso, en dichos
documentos se condiciona la adopción de cualquier medida a su
sometimiento siempre a la normativa comunitaria y nacional. No
obstante, una vez notificados los proyectos subvencionados, y
ante la insistencia de los servicios de la Comisión, previa
autorización de Volkswagen y SEAT, se facilitó a aquéllos la
lectura íntegra de todos los acuerdos y contratos de préstamo.
Tras múltiples conversaciones --muchas de ellas conocidas-- con
la Comisión para una mejor adecuación de las medidas de apoyo al
Tratado de la Unión Europea, se llegó, de forma convenida, a la
apertura del procedimiento de examen previsto en el artículo 93.2
del citado tratado a que he hecho referencia anteriormente. En
este marco de colaboración con los servicios de la Comisión, se
acordó asimismo la rápida presentación de una nueva notificación
en la que las ayudas previstas se enmarcan dentro de un plan
global de reestructuración de SEAT. La aceptación de esta nueva
notificación se recoge en carta de la Comisión de fecha 1 de
agosto de 1995.
El plan de reestructuración integra las actuaciones laborales,
formativas, financieras e industriales que han llevado o llevará
a cabo SEAT con las medidas de apoyo de la Administración,
centradas exclusivamente en los ámbitos industriales y de
formación. Las ayudas de la Administración van dirigidas
fundamentalmente, al igual que en el enfoque anterior, a
proyectos de inversión centrados básicamente en garantizar la
capacidad de desarrollo tecnológico del centro técnico de SEAT.
¿Cuál es la situación actual de la tramitación del expediente en
la Comisión? Como S. S. seguramente conoce, el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, de 12 de septiembre de 1995, publicó la
comunicación de la Comisión referente a la propuesta de ayudas al
Grupo Volkswagen en favor de su filial SEAT, S.A., a otros
Estados miembros y partes interesadas, dando el plazo de un mes
para que se remitan las observaciones a propósito de dichas
ayudas. Los representantes de la Dirección General 4 de la Unión
Europea han realizado diversas visitas a las instalaciones de
SEAT los días 24 y 25 de julio y 2 de octubre de este mismo año y
se ha remitido una amplia información a la Comisión --el 13 de
septiembre y el 5 de octubre-- en contestación a las preguntas
formuladas sobre el plan de reestructuración. Como también
señalaba anteriormente, existe el
compromiso de la Comisión de resolver el expediente en el curso
del presente mes de octubre.
De acuerdo con la última información disponible, el Comisario
responsable de Asuntos de la Competencia va a proponer, como
también indicaba, la autorización de las ayudas a SEAT una vez
confirmada la reducción de la capacidad productiva de la misma
como consecuencia del cierre de la planta de zona franca y el no
incremento de la capacidad del Grupo Volkswagen en el horizonte
del plan de reestructuración.
Termino señalándole que las ayudas, una vez que sean aprobadas
por la Comisión, se irán concediendo a SEAT conforme se vayan
realizando las inversiones programadas y se vayan cumpliendo los
compromisos adquiridos por SEAT-Volkswagen en los acuerdos
tripartitos de julio de 1994. Naturalmente, la Administración
General del Estado y la de la Generalidad de Cataluña realizarán
un seguimiento de las inversiones y los servicios de la Comisión
también irán verificando que los objetivos para los cuales se
conceden las ayudas se van cumpliendo efectivamente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señor Ministro, la primera
parte de su intervención --el marco de referencia, el sector del
automóvil-- es explicable en su respuesta porque el tema le puede
quedar lejano. Lo es menos en el caso de que la respuesta la
hubiese dado el señor Eguiagaray, porque él le podría haber
advertido que sobre ello ya hemos discutido largo y tendido y
hemos llegado a aprendernos la lección, pero nunca está de más
recordarla.
Sobre el tema de SEAT, quería recordarle que nosotros nos hemos
manifestado, como otros grupos de esta Cámara, al igual que el
Gobierno, en favor de que la Comisión apruebe las ayudas, pero
estamos discutiendo otra cosa, que es la implicación de dinero
público español, del Gobierno y de la Generalitat, en el tema de
SEAT. Se lo voy a precisar.
Se lo voy a precisar recordándole, en primer lugar, que este
Diputado no ha conseguido aún, vía los canales reglamentarios
establecidos, que el que el Gobierno le facilite la información;
o sea, usted ha dicho en su intervención que «ya conocen ustedes
el acuerdo tripartito». No, ustedes están negando el acceso
transparente al acuerdo tripartito por parte de los que
representamos la soberanía popular; primera cuestión.
Le podría decir el señor Eguiagaray que peticiones nuestras sobre
estas documentaciones hasta ahora han tenido la callada por
respuesta, lo cual no puede esconderse bajo el secretismo de los
créditos a que usted ha aludido cuando ha hablado de la Comisión,
ya que ha llegado a decir que después se ha permitido su lectura
por parte de la Comisión. Nosotros hablamos de dinero público, de
una operación que, pase o no por una fase crediticia, es y
acabará siendo aportación de dinero público. Ya sabe
perfectamente que el ICO y el ICF están haciendo de puente
temporal en esta operación, y por esto, en primer lugar, recelo,
no por ganas de crítica o mala fe, sino incluso por ignorancia,
pero por una ignorancia sospechosa y por una ignorancia que
ustedes quieren mantener; y no sólo sobre este Diputado sino
sobre el Comité de empresa y sobre una serie de agentes que, en
principio, parecería que son los más interesados cuando son los
únicos que están cumpliendo a rajatabla sus compromisos, los
durísimos compromisos que se adquieren con los expedientes.
En segundo lugar, señor Ministro, usted sabe que para garantizar
realmente, como usted lo define muy bien, la continuidad de SEAT,
no de la marca sino incluso de la producción SEAT, se deberían
establecer unas ayudas de contenido tecnológico que aún
desconocemos si se han utilizado así o no, qué garantías tenemos
y dónde Volkswagen ha exhibido las pruebas pertinentes para saber
que aquello ha servido para lo que usted acaba de describir.
Desconocemos si el Gobierno lo ha comprobado, o el de la
Generalitat; nos imaginamos que no, porque no ha sido definido
así en ninguna parte.
Las aportaciones de capital público, normalmente, deberían ir
acompañadas de control. Ustedes lo rechazaron en su día,
rechazaron fórmulas de participación en el capital social y en el
consejo de administración, lo rechazaron ustedes y la
Generalitat, y sacaron la idea peregrina de que esto no pasaba en
ninguna parte. En Wolfsburg (Alemania), pasa por el Gobierno del
«lander»; en Suecia, la Volvo pasa por el Gobierno
correspondiente; en Estados Unidos, la Chrysler, que ha pasado
por el mismo proceso, pasa por esta fórmula. No regresemos a
falsos debates sobre la nula utilidad o el anacronismo de la
participación en el control social de este capital.
Además, usted sabe que las empresas que reciben ayudas deben
presentar una garantía bancaria hasta acabar el proyecto.
Desconocemos, y reiteramos nuestra pregunta, si el Gobierno tiene
constancia de esos avales, ya que incluso nos imaginamos que ni
han sido requeridos a la Volkswagen en toda esta operación. Al
igual que tiene obligación de presentar memorias, como antes
aludía, a medida que se van ejecutando los proyectos. Como
mínimo, hasta ahora el Gobierno --lo debo decir así, señor Pérez
Rubalcaba-- ha ocultado esta información. Si la tiene, no lo sé.
Nos tememos que no la tiene, que está actuando en este tema, como
he dicho al principio, con desidia o con ingenuidad, como el
Gobierno de la Generalitat, porque no dispone de la información
mínima que se requeriría en cualquier otro caso, quizás por el
paradigma Volkswagen-SEAT. Además, le vuelvo a preguntar respecto
a este tema no sólo sobre los avales, que están exigidos por ley,
sino si
es cierto o no que ustedes sustituyen a la Generalitat en esta
película, si existe este compromiso en toda la operación.
El señor Eguiagaray ha hecho un pronunciamiento de gran
irresponsabilidad, como mínimo de negligencia. Ha dicho en todo
este proceso que no tiene importancia que el «S 5», el modelo que
debe sustituir al «Toledo», no se fabrique en España. Esto es una
auténtica barbaridad, porque ya es el primer paso para que se
desmantele Seat. El día que se confirme que el «S 5» no se
fabrica en España, tendremos no sólo palabras del Grupo
Parlamentario de Izquerda Unida-Iniciativa per Catalunya o del
comité de empresa o de analistas que lo están publicando en
revistas muy serias del sector, sino una comprobación fehaciente
de un proceso. Lo ha dicho el Ministro de Industria y Energía.
¿No pasaría nada? Pues sí pasaría y mucho. Es urgente que se
entre en el modelo sustantivo del «Toledo», que tiene una
caducidad anterior a la del «Ibiza» o del «Córdoba» y que están
saliendo mucho mejor. Es urgente que se comprometa a que se
fabrique aquí cuando se consigan los compromisos de que los
dineros destinados a investigación no sean para modelos
Volkswagen, que sufren incluso la pequeña competencia del modelo
SEAT, sino para SEAT.
Ustedes, igual que el Gobierno de la Generalitat, tienen la
responsabilidad, y yo diría la obligación, de exigir a Volkswagen
el cumplimiento de las siguientes actuaciones. Primero,
mantenimiento del volumen de empleo. (No me las invento yo, señor
Pérez Rubalcaba. Están en todo el proceso y con letra gruesa.)
Segundo, el desarrollo de investigación de nuevos modelos de gama
media y alta.
Tercero, el compromiso de fabricar y comercializar en España los
sustitutos de los modelos actuales, empezando por el «Toledo».
Y, cuarto, que lo ha eludido, el compromiso de que el 13 por
cierto de los componentes se fabriquen aquí. Estamos en el 54 por
ciento. Ustedes, en aquella Comisión, afirmaron con gran
solemnidad que pasaríamos al 67 por ciento y sabe que no sólo no
hemos avanzado ni un medio por ciento, sino que estamos
retrocediendo. Y sabe también que la deuda de SEAT con Volkswagen
se va ampliando porque Volkswagen, de forma leonina, cobra a SEAT
estos componentes a precios muy superiores que el mercado
español, cuando la industria auxiliar del automóvil en España ya
tiene centros productivos para algunos de estos componentes, que
deberían haber ido --y esto suena a ironía-- al famoso parque
tecnológico de la zona franca, donde no han ido en absoluto.
Repito, el señor Eguiagaray, en nombre de su Gobierno, se
comprometió solemnemente --y ya han pasado muchos meses-- a que
este 13 por ciento se iría aumentando. Pues se va recortando.
Señor Ministro, anuncio que la moción buscará el consenso en la
dirección, a pesar de los claroscuros que tenemos por la falta de
información que ustedes niegan, del cumplimiento de esos
compromisos, porque creemos que SEAT tiene futuro. Pero ya que
somos representantes de lo público, nos lo queremos creer con
garantías, no con ingenuidad ni con desidia.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a fijar la posición del Grupo Popular, tanto
respecto al tema concreto de SEAT, del que aquí hemos hablado,
como a los términos en que la interpelación se presentó en el
Registro de la Cámara: hablando de las ayudas en general a la
industria automovilística.
La automoción, señor Ministro, es uno de los principales sectores
industriales de la economía española. Parece que sobra el decirlo
y que los datos cantan. Representa el 5 por ciento del producto
interior bruto, da empleo de manera directa o indirecta
aproximadamente al 10 por ciento de la población activa española
y supone el 25 por ciento de nuestras exportaciones.
En el momento en que se produce este debate, como consecuencia de
la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, estamos ante una nueva
recesión de la industria de la automoción en España, con una
caída de venta, en los últimos tres meses, que amenaza con
conducirnos nuevamente a una crisis del sector, con las
consecuencias que de ello se derivarían para la economía
española.
Todo esto sucede --y digo sucede porque puede llegar a ser un
suceso-- cuando tras la crisis del año 1993 teníamos la esperanza
de que el presente año 1995 fuera el de la estabilización
definitiva para el sector. De hecho, en el mes de enero, desde el
Ministerio hablaron de un crecimiento del 10 por ciento con
respecto al año anterior. Pero la realidad, que se empeña una y
otra vez, con preocupante frecuencia, en desmentir al Gobierno,
nos dice que a final de año, por el camino que vamos, se va a
registrar una disminución en las ventas de entre un 8 y un 10 por
ciento.
Esta situación nos parece que es consecuencia del marco económico
en el que se desenvuelve la automoción en España; que es el
resultado, en gran medida, de la política industrial del
Gobierno, y si no hacen falta muchos ejemplos cuando hay alguno
que sea concluyente, podemos aportar el de que, como todos
sabemos, nuestra industria fabrica los coches más baratos de los
países de nuestro entorno que, sin embargo, se encarecen como
consecuencia de las cargas y de los gravámenes fiscales con que
se ve afectado el automóvil en España. Así pues, en realidad,
nuestras empresas
compiten en desventaja en relación los países de la Unión
Europea.
Por tanto, cuando se habla de ayudas a la automoción, nosotros
decimos que lo que el sector necesita, fundamentalmente, son dos
cosas: primera, la mejora del entorno en que las empresas
realizan su actividad y, segunda, el desbloqueo de la situación
política que dé una nueva esperanza a los ciudadanos y anime al
consumo interno. Porque la industria de la automoción en España
no puede seguir basándose exclusivamente en las exportaciones. No
seremos nosotros quienes no digamos que la empresa española debe
exportar, y cuanto más mejor, y con las ayudas suficientes, pero
el dato del mercado interno, que hay que fortalecer, si es uno de
los argumentos que más tienen en cuenta las empresas inversoras a
la hora de establecer sus inversiones en un país o en otro. Y
como no fortalezcamos nuestro mercado interno, al final, las
inversiones se desplazarán a los países del Este, con el grave
daño que esto supondría para nuestra economía. Somos el quinto
país productor de automóviles y el octavo en cuanto al mercado, y
esto es un desequilibrio y un aviso de futuro para nuestra
economía.
Centrándonos ya en el caso de SEAT, que ha estado en el origen
del debate que mantenemos, como consecuencia de las esperanzas
que tenemos de que las ayudas autorizadas por la Comisión de
Asuntos de la Competencia lleguen por fin, quiero trasladarle la
posición del Grupo Popular, que es la de compartir el criterio de
que la empresa SEAT mantenga su capacidad de diseño, fabricación
y comercialización de vehículos. Queremos que SEAT siga siendo
una marca.
Hemos apoyado las conversaciones tendentes al logro de las ayudas
europeas para SEAT, como lo hemos hecho con otras empresas
españolas con graves problemas, pero también le digo que
hubiéramos preferido que la negociación hubiera sido más eficaz,
que se hubiera conseguido la autorización con mayor rapidez y
evitando incertidumbres que se siguen produciendo, que hubiera
sido más clara, sin tantas sombras, que hubiéramos conocido en
qué términos se iba produciendo y que hubiera sido más
transparente.
Entendemos, por otra parte, que los acuerdos están para ser
cumplidos; que quienes llegaron a los acuerdos son quienes están
comprometidos a su cumplimiento y que quien debe controlar esos
acuerdos es, únicamente, el Parlamento, dada la importancia que
tiene para la economía española la situación de la industria
automovilística.
De todas formas, vamos a apoyar todos los intentos de
transparencia que se hagan, queremos conocer en qué términos se
van realizando los acuerdos, y siempre estaremos en esa búsqueda
de la transparencia.
En definitiva, señor Ministro, me va a permitir que le diga que
su intervención me ha sonado absolutamente a teoría. Nos ha
expuesto, una vez más, un catálogo de buenas intenciones. A estas
alturas del partido, y cuando el árbitro está mirando el
cronómetro, ya es hora de que pasemos de la teoría a la práctica,
señor Ministro, porque ustedes son el Gobierno, son ustedes los
que tienen que gobernar, y lo que nos tienen que decir aquí en si
van a permanecer impasibles mientras nuestras empresas compiten
en desigualdad de condiciones, en peores condiciones, con las
empresas de la automoción de otros países o si van a hacer algo.
Si van a cambiar en algo el marco en que se desenvuelven, si van
a hacer simple y llanamente que las empresas puedan competir en
un plano de igualdad con las empresas europeas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Souvirón.
El Pleno continuará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.
Corrección de error. En el «Diario de Sesiones» número 170,
correspondiente a la sesión plenaria del martes 26 de septiembre
de 1995, página 9068, en el juramento o promesa de acatamiento de
la Constitución por nueve señores Diputados, figura erróneamente
don José Manuel Pérez Corgos, cuando su nombre verdadero es don
Jesús Manuel Pérez Corgos.