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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 176, de 17/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 176
Sesión Plenaria núm. 174
celebrada el martes, 17 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, general de
Medio Ambiente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
B, número 137.1, de 18 de julio de 1995 (número de expediente
122/000115) (Página 9336)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, relativa al ingreso en la escala superior de los
militares de carrera procedentes de la escala especial del
Ejército de Tierra y modificadora parcialmente de la Ley 17/1989.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 103.1,
de 6 de febrero de 1995 (número de expediente 122/000083)
(Página 9346)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre criterios de
valoración de los activos de renta fija incluidos en la cartera
de los fondos de pensiones. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 261, de 17 de julio de 1995 (número
de expediente 162/000218) (Página 9352)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
discriminación de los alumnos rurales en la concesión de becas y
ayudas al estudio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 243, de 9 de junio de 1995 (número de expediente
162/000209) (Página 9356)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general que aplicará el Gobierno para mejorar la situación de la
seguridad vial, así como valoración del incremento de los índices
de siniestralidad vial experimentado durante 1995 (número de
expediente 173/000097) (Página 9363)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 177,
de 18 de octubre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 9363)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, general de Medio
Ambiente (Página 9336)
El señor Gortázar Echeverría defiende la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Popular, expresando su
satisfacción por presentar la primera propuesta de ley general de
medio ambiente que llega a la Cámara. Se trata de una proposición
que es el resultado de amplias consultas con grupos ecologistas,
con grupos profesionales y, en definitiva, con todos los sectores
interesados en esta ley. Sabe que el medio ambiente es una
preocupación compartida por todos los grupos de la Cámara y,
desde luego, no pretende con la proposición de ley inventar
ninguna solución mágica que resuelva los múltiples problemas
medioambientales de nuestro país, pero igualmente cree de manera
firme que esta proposición, de convertirse en ley, puede ser uno
de los instrumentos que en parte contribuyan a mejorar, aunque no
a resolver totalmente, el problema del medio ambiente en España.
Agrega que esta ley, de aprobarse, permitiría en primer lugar
clarificar responsabilidades, en segundo lugar definir los
principios medioambientales recogidos dispersamente en la
legislación vigente, en tercer lugar señalar claramente el ámbito
de actuación y responsabilidad de los particulares y de la
Administración y, por último, establecer una normativa básica
para todo el territorio nacional, según establece el artículo
149.1.23 de la Constitución.
Seguidamente explica algunos pormenores del texto presentado a la
Cámara, para el que termina pidiendo el voto favorable de los
señores Diputados, y ello con el fin de atender una demanda
general de la sociedad española.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Dávila Sánchez, manifestando que acaba de escuchar una
serie de argumentos a favor de la necesidad o conveniencia de una
ley general de medio ambiente. Considera que algunos de dichos
argumentos son meras argucias dialécticas que, como sucede
siempre con las argucias, se vuelven contra el que las argumenta
cuando son descubiertas como tales. El Grupo Socialista, a
diferencia del Grupo Popular, considera que la vía de la ley
única de medio ambiente no es la adecuada, ni que sea la única
forma de cumplimiento del mandato de la Constitución la
existencia de una ley básica de medio ambiente. Desde su punto de
vista, en estos momentos una ley general básica de medio ambiente
significa simplemente un brindis al sol ante una proximidad
electoral, o en otro caso un conjunto de obviedades que
justificarían por ese solo hecho el voto en contra del Grupo
Socialista.
Termina analizando algunos artículos de la proposición,
formulando diversas objeciones a su contenido.
Replica el señor Gortázar Echeverría, duplicando el señor Dávila
Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); el señor
Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y el
señor Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 124 votos a favor, 176
en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa al ingreso en la escala superior de los
militares de carrera procedentes de la escala especial del
Ejército de Tierra y modificadora parcialmente de la Ley 17/1989
(Página 9346)
El señor Ríos Martínez defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya manifestando que, a través de la misma,
pretenden que el tránsito que se debe producir entre el Ejército
que hemos recibido y el que debemos tener de cara al futuro
próximo debe realizarse a través de un proceso en el que exista
una igualdad de oportunidades. Izquierda Unida está de acuerdo en
que nuestros militares sean cada vez más ilustrados, estén más
preparados y tengan una mayor cualificación profesional, pero
igualmente creen que las personas que se incorporen como
profesionales al Ejército deben tener la posibilidad de su propia
promoción. Al igual que se puede producir en la vida profesional
y en la vida económica que una persona pueda entrar en un banco
trabajando de botones y termine de director del propio banco, se
trata de que un profesional que ingresa en el Ejército con un
grado y una categoría determinadas pueda evolucionar y
promocionar dentro del propio Ejército, posibilidad que se
encuentra limitada en estos momentos. Pretenden en definitiva
modificar la Ley 17/1989, superando las diferencias producidas
mediante su aplicación. Proponen concretamente modificar las
disposiciones adicionales sexta y décima de dicha ley y, al mismo
tiempo, introducir las disposiciones adicionales nuevas que
figuran en la proposición de ley, cuyo contenido explica a la
Cámara.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i
Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Elorriaga
Fernández, del Grupo Popular, y Lagunilla Alonso, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley debatida por 21 votos a favor, 146 en contra y
142 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 9352)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre criterios de valoración
de los activos de renta fija incluidos en la cartera de los
fondos de pensiones (Página 9352)
El señor Martínez Noval defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista, exponiendo la influencia de las variaciones de
los tipos de interés a largo plazo sobre los precios de la deuda
pública de medio y largo plazo y, consiguientemente, sobre los
fondos de pensiones, de todo lo cual tenemos experiencia por lo
acaecido a lo largo de 1994, que en el caso de nuestro país
obligó a intervenir al Banco de España; año en el que el millón y
medio de partícipes de fondos de pensiones en nuestro país
recibieron la desagradable noticia de que el valor de sus
derechos consolidados se había reducido respecto al año 1993, aun
cuando muchos de ellos hubieran aportado cantidades positivas
durante el citado año de 1994. Agrega que la explicación a todo
ello no era otra que la aplicación de los criterios que algunas
entidades gestoras de los planes de pensiones habían practicado
en la valoración de esos activos de renta fija hasta finales de
1994, utilizando el criterio del valor del mercado, en el que el
valor de la deuda había caído, reduciéndose en la misma cuantía y
proporción los derechos consolidados de los partícipes en los
planes y fondos de pensiones.
Entiende que el problema surge al no existir una norma que con
claridad determine cuáles deben ser los criterios de valoración
de esos activos de renta fija, razón por la cual el Grupo
Socialista trata de instrumentar, a través de esta proposición no
de ley, una petición al Gobierno para que regule de una vez por
todas y con el rango adecuado los criterios de valoración de
renta fija de la cartera de los fondos de pensiones, habida
cuenta que el objeto de éstos no es la especulación sino la
garantía de una protección complementaria cuando se produzcan las
contingencias que cubren esos planes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Sanz Palacio, del
Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Socialista por 291 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la
discriminación de los alumnos rurales en la concesión de becas y
ayudas al estudio (Página 9356)
El señor Bueso Zaera defiende la proposición no de ley del Grupo
Popular manifestando que la política de becas se viene
articulando a través del Real Decreto 2298/83, que en su artículo
7 establece que será el Ministerio de Educación y Ciencia quien
fijará el umbral de la renta familiar «per cápita» o de
patrimonio, que será anualmente actualizada. Afirma que el sector
más afectado por la determinación de este umbral patrimonial es
el agropecuario, que se ve claramente discriminado, hasta el
punto de hacer casi imposible que quien posea una explotación
agraria, sea cual sea su umbral de renta, pueda obtener una beca
de estudios para sus hijos.
Considerando por otra parte el descenso de la población que vive
de la agricultura y ganadería, entiende que debieran apoyarse
también las acciones encaminadas a mejorar las posibilidades de
enseñanza en las zonas rurales como base importante de su
desarrollo y de la vida social en aquéllas. Expone diversas
cifras relacionadas con la evolución negativa del sector agrícola
y ganadero en los últimos años y el diferencial existente entre
las rentas agrarias y urbanas, razones todas ellas que
justifican, a su juicio, la proposición no de ley, con la idea de
asegurar el principio de que todos los españoles tienen derecho a
la educación, haciendo posible que todos los jóvenes con
aptitudes para el estudio, pero con dificultades económicas por
pertenecer a familias con niveles de ingresos modestos, o por
pertenecer al mundo rural, puedan continuar sus estudios.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); López de
Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Cruz
Orive, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Nieto González, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley debatida
por 132 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 9363)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política
general que aplicará el Gobierno para mejorar la situación de la
seguridad vial, así como valoración del incremento de los índices
de siniestralidad vial experimentado durante 1995 (Página 9363)
El señor Sanz Escalera defiende la moción del Grupo Popular.
Expone que el traer al Pleno el debate de los temas de seguridad
vial no es un capricho de la oposición sino algo necesario e
imperioso, ya que las cuestiones que afectan a miles de vidas
españolas es obligatorio discutirlas aquí para, como tantas veces
se dice, acercar la España real a la España oficial, y porque es
además su obligación arbitrar medidas que eviten o disminuyan el
dolor y la muerte de nuestros conciudadanos. Es preciso despertar
a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio del Interior,
que estaban instalados en una actitud poco menos que alegre y
confiada, rota súbitamente desde el mes de febrero de este año
con una alarmante subida de los accidentes de tráfico con
fallecidos y heridos graves.
Agrega el señor Sanz Escalera que el Grupo Popular, después de la
interpelación debatida hace unos días, con esta moción viene a
dar respuesta a una situación real, y desde su postura de partido
opositor democrático no sólo apunta los defectos de la política
de seguridad vial del Gobierno sino que además su grupo
parlamentario ofrece un paquete de medidas urgentes para dar
solución a tan grave problema. Con dicho fin, la moción integra
19 puntos, en los que se incluyen los remedios más llamativos
para reducir la accidentalidad, y a los que se refiere brevemente
por dar por conocidos dichos puntos por parte de los señores
Diputados.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen
los señores Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y De la Rocha Rubí, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, con la
transacción alcanzada con los grupos autores de las enmiendas, es
aprobada por 296 votos a favor.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE (Número de expediente 122/000115)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones
de ley. Proposición de ley del Grupo Popular sobre una ley
general de medio ambiente.
Tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, es para
mí un motivo de satisfacción someter a su consideración la
primera propuesta de ley general de medio ambiente que llega a
esta Cámara. No se oculta a SS. SS. que es ésta una proposición
cuyo trabajo es el resultado de amplias consultas con
grupos ecologistas, con grupos profesionales, en fin, con todos
aquellos sectores interesados en esta ley.
Señorías, sé que el medio ambiente es una preocupación compartida
por todos los grupos aquí representados. Por supuesto, no
pretendo con esta proposición de ley inventar la solución mágica
que resuelva los múltiples problemas medioambientales de nuestro
país, pero sí creo firmemente que una ley como la que hoy
sometemos a su consideración puede ser uno de los medios, un
instrumento que en parte --insisto, en parte-- contribuya a
mejorar, que no a resolver, el problema del medio ambiente en
España. Digo a mejorar por cuanto resolver los problemas depende
de múltiples factores.
¿De qué forma puede esta ley básica ayudar en este tema? En
primer lugar, clarificando responsabilidades. En segundo lugar,
definiendo los principios básicos medioambientales, que están
recogidos dispersamente en la legislación vigente española y en
la legislación comparada. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gortázar. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Gracias.
En tercer lugar, señalando claramente los ámbitos de actuación y
responsabilidad de los particulares y de la Administración. Por
último, en cuarto lugar, con una normativa básica para todo el
territorio nacional, según establece el artículo 149.1.23ª de la
Constitución. Textualmente ese artículo señala que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Una de
ellas es la 23ª, que dice: «Legislación básica sobre protección
del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de
protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos
forestales y vías pecuarias».
Estamos ante un claro ejemplo de mandato o de encargo
constitucional, de legislación básica que compete a esta Cámara
en relación al medio ambiente. Estamos cumpliendo, por tanto, una
disposición constitucional y tratamos de trasladar a esta Cámara,
a la opinión pública, que nuestro modelo medioambiental se
inspira en los Estados de la Unión Europea, en los que tanto
gobiernos socialdemócratas como liberal-conservadores han
encontrado un amplio campo de entendimiento y de acción en las
políticas medioambientales. En esto, señorías, coincidirán
conmigo en que fuera de nuestras fronteras el medio ambiente no
es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Es un tema
nacional e internacional en el que hay el más amplio acuerdo
entre los grandes partidos.
A juzgar por las diversas iniciativas legislativas, parece que
hay un acuerdo general sobre la pertinencia de que en España haya
una ley general de medio ambiente. La hay en el Derecho comparado
comunitario. Concretamente Dinamarca, Grecia, Holanda, Portugal y
el Reino Unido tienen una ley básica de medio ambiente. En las
comunidades autónomas de nuestro país, concretamente en Galicia,
Andalucía, Madrid y Murcia hay ya leyes básicas aprobadas, y una
ley básica de medio ambiente del País Vasco se encuentra en fase
de proyecto. Incluso hay una larga historia legislativa detrás de
este proyecto medioambiental.
En el año 1972, el preámbulo de la Ley de protección de medio
ambiente atmosférico exponía: En esta línea, no cabe duda de que
el criterio óptimo de actuación sería preparar una ley general
para la defensa del medio ambiente en la que se considerasen
armónicamente todos los problemas apuntados. Desde 1972 hay una
demanda concreta de ley básica de medio ambiente.
El Gobierno de UCD elaboró dos o tres proyectos en 1980-1981 en
relación a una ley básica del medio ambiente. Incluso algunos
partidos políticos de esta Cámara lo tienen en sus programas
electorales. Pero no solamente es una cuestión de legisladores y
de partidos políticos. Hay una demanda social importante con
relación a este tema. Grupos ecologistas se han manifestado a
favor de esta ley básica de medio ambiente. Profesionales de
diversas entidades y características se han manifestado a favor.
El Ciemat y el Congreso profesional de medio ambiente de
industria de nuestro país, celebrado en mayo de 1995, pidieron
una ley general de medioambiente. El Primer Congreso Nacional de
Derecho, celebrado en Sevilla en abril de 1995, en la llamada
declaración de Sevilla pidió asimismo una ley general básica de
medio ambiente.
Por si fuera poco, la OCDE ha elaborado un modelo de ley básica
de medio ambiente para los países del Este que se encuentran con
graves dificultades medioambientales. Hay toda una doctrina y un
Derecho comparado en relación a las leyes básicas de medio
ambiente y una demanda social muy amplia, como digo. Esta demanda
llega al punto de que hasta el informe de la Fiscalía General del
Estado, de 1994, señala lo siguiente: Las dificultades a la hora
de distinguir entre lo lícito penal y el ilícito administrativo
en temas ambientales llevan a muchos fiscales en sus memorias a
reclamar como necesaria una ley general de medio ambiente u otra
normativa equivalente que ponga cierto orden en la materia.
Señorías, el clamor de los profesionales del Derecho, de los
fiscales, de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, la
dinámica propia de las comunidades autónomas, el Derecho
comparado, la OCDE, es un auténtico clamor en favor de esta ley
que ahora sometemos a su consideración. ¿Qué aspectos básicos o
aportaciones realiza la ley que sometemos a su consideración? Por
supuesto, se trata de principios generales de una ley marco, de
una ley básica para el conjunto del territorio nacional en la
que, en primer lugar, se refunden en un único instrumento
jurídico las bases y principios rectores del ordenamiento
jurídico ambiental.
En segundo lugar, se definen una serie de conceptos que necesitan
de una concreción jurídica: medio ambiente,
biodiversidad, contaminación, paisaje. No hay en ningún texto
jurídico español una definición de paisaje, de medio ambiente, y
con esto los jueces se ven en auténticas dificultades para
apreciar qué es lo que se está juzgando.
Aclaración de competencias y funciones de las distintas
administraciones públicas. Cuáles son las que corresponden según
el ordenamiento jurídico a los municipios, cuáles a los gobiernos
autonómicos, cuáles a la Administración del Estado. Hay en esta
proposición de ley una propuesta de administración central y
medioambiental.
Soy consciente de que ésta es una solución discutible, como todas
las propuestas de organización administrativa. Pero, lo que no se
puede negar, y el señor Dávila estará de acuerdo conmigo, es que
hay una auténtica dispersión administrativa.
Hace poco un periódico de tirada nacional decía lo siguiente en
sus páginas de ecología: «La administración ambiental dispersa
por ocho ministerios y 61 consejerías autonómicas.» Hay una
situación en la que evidentemente la relación de los ciudadanos
con la administración ambiental es terríblemente compleja. No se
sabe muy bien a quién dirigirse para un problema específico, y
hay una sensación de irresponsabilidad en la medida en que no
están definidas claramente las responsabilidades ante el público.
Sin duda alguna, el hecho de que en España no haya un ministerio
de medio ambiente provoca que esa mímesis de confusión se
extienda por muchas consejerías, incluidas las nuestras, las del
Partido Popular, ya que tenemos reproducción mimética del
Gobierno de la nación en algunas consejerías. En otras, sin
embargo, hay consejerías de medio ambiente. Pero estoy
absolutamente convencido de que la existencia de un ministerio de
medio ambiente hará que, por mímesis, igualmente se tenga una
consejería medioambiental única en las comunidades autónomas.
Efectivamente, ahora hay una situación de enorme confusión, que
se extiende si la confusión existe en el Gobierno de la nación.
En tercer lugar, se trata de una ley proactiva, que introduce
tanto instrumentos de mercado como instrumentos horizontales de
apoyo para fomentar y promover determinadas actividades y pautas
de consumo. Entre ellos hay que destacar los acuerdos
voluntarios; el sistema de congestión y auditoría ambientales;
instrumentos económicos y fiscales, fundamentalmente persuadir
por la vía económica, fiscal, de tasas, etcétera; mejora del
medio ambiente; el informe bianual sobre el estado del medio
ambiente; inventario de estadísticas homogéneo; establecimiento
de causas, información y participación ciudadana.
En cuarto lugar, se establecen los principios generales y
obligaciones para los distintos sectores ambientales: aire, agua,
suelo y subsuelo, conservación de la naturaleza y paisaje, medio
ambiente urbano, residuos, sustancias y preparados peligrosos. En
especial hay que destacar la regulación de la contaminación
acústica, la protección de suelos y el medio ambiente urbano.
Dichos sectores no cuentan con una regulación básica en nuestro
ordenamiento y ésta sería la primera vez que se aportaran
criterios a estos tres importantes sectores.
En cuanto a sectores de actividad, se establecen las bases para
una nueva clasificación de actividades contaminantes. Es decir,
el reglamento de actividades molestas, que ha quedado claramente
obsoleto, se amplía y modifica en esta ley; se introduce el
sistema de prevención y control integrados. Como saben SS. SS.,
hay una directiva pendiente de llegar a la Cámara y ésta sería la
primera vez que la industria contaría con un sistema de control
integrado de contaminación. Y, por último, se introducen
modificaciones en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, evaluación ambiental estratégica. Esto quiere decir
que los impactos ambientales no se estudiarían parcialmente sino
el efecto que causa una determinada obra en su conjunto en el
medio ambiente.
En cuanto a la disciplina ambiental es de destacar el ámbito de
control y seguimiento, creando el servicio nacional de vigilancia
ambiental, que tiene un cierto interés, en la medida en que hay
infractores medioambientales locales, autonómicos, que incluso se
desplazan de una autonomía a otra, y sería conveniente un sistema
de control de infracciones y de infractores. Y también en la ley
se prevé una definición muy precisa de lo que es una falta
administrativa leve, grave o muy grave. Aclara a los jueces y a
los ciudadanos estos criterios y establece un régimen de
sanciones claramente señaladas. Por supuesto que no es ningún
régimen de sanciones de manga ancha, ni mucho menos; es un
régimen de sanciones que la opinión ha considerado bastante
estricto a los efectos de quienes perjudican el medio ambiente.
Termino, señor Presidente, pidiendo el voto favorable de SS. SS.
para atender una demanda general de la sociedad española, como he
dicho; una demanda que, parece ser, es compartida incluso por el
Grupo Socialista, por cuanto la Secretaria de Estado de Medio
Ambiente ha informado a través de la prensa que hay un grupo de
trabajo redactando también un texto en esta dirección. Son
noticias aparecidas en los medios de comunicación.
Se trata de una ley que intenta favorecer en alguna medida la
definición y clarificación de conceptos y principios generales
medioambientales; una ley con la que cuenta buena parte de los
países de la Unión Europea y acerca de la cual hay una demanda
social.
En suma, se trata de una proposición de ley para trasladar a la
opinión la idea de que el medio ambiente es algo que esta Cámara
se toma muy en serio, abriendo un horizonte de esperanza para
nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Señor presidente, señorías, acabamos de
escuchar una serie de argumentos sobre la conveniencia de una ley
general de medio ambiente. Permítanme que comience por considerar
algunos de esos argumentos meras argucias dialécticas, porque,
como sucede también siempre con las argucias, se vuelven contra
el que las argumenta, cuando son descubiertas como tales.
Señorías, aunque no se ha mencionado con la explicitación verbal
que hubiera convenido, en la exposición de motivos de esta
proposición de ley se cita como uno de los argumentos que otros
países de la Unión Europea tienen ya una ley general de medio
ambiente. Se mencionan, en concreto, Dinamarca, Grecia, Holanda,
Portugal y el Reino Unido. ¿Se percatan, señorías, de que en esa
relación son todos países que no tienen el sistema de Estado
cuasi federal que nosotros tenemos por la Constitución, que son
Estados centralistas? Sin embargo, no se menciona que la
República Federal Alemana (hoy ya no federal en el sentido
antiguo, sino Alemania, Estado federal) no tiene una ley general
de medio ambiente. Por algo será.
Se nos cita también en esa exposición de motivos que incluso hay
varias autonomías en España que tienen una ley general de medio
ambiente. No se dice que son meras recopilaciones de leyes
sectoriales. Por lo tanto, consideraría estos argumentos de menor
cuantía. Hay uno que, en cambio, ha sido invocado explícitamente
en la intervención del señor Gortázar, y parece de la máxima
relevancia: el mandato constitucional. Se ha señalado, que en el
artículo 149.1.23.ª, al enunciar las competencias exclusivas del
Estado, se cita la legislación básica para la protección del
medio ambiente.
Si bien es cierto que este texto hace imposible pensar que una
legislación básica esté impedida, «a sensu contrario» no está
dicho que la única forma de cumplimiento de este mandato
constitucional sea una ley única, general, básica de medio
ambiente. Porque, señorías, estamos en presencia, no de un dilema
jurídico, sino ante una disyuntiva política: elegir entre una
única ley básica de medio ambiente o el conjunto de leyes
sectoriales de medio ambiente.
Una de las diferencias --evidentemente hay muchas y más profundas
entre mi Grupo y el Grupo Popular-- es la de que hemos
considerado que la vía de la ley única de medio ambiente no es la
adecuada. Sus señorías opinan de forma distinta. La razón por la
que pensamos de forma contraria es porque nosotros vemos este
artículo 149.1.23.ª a la luz del artículo 45 de la Constitución
española, aquel que normalmente se suele invocar sólo en función
de su párrafo primero, en el que se reconoce el derecho a los
ciudadanos españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado y
no se suele reflexionar --nosotros sí lo hacemos-- sobre el
párrafo segundo de ese mismo artículo 45 de la Constitución, en
el que se hace una mención explícita de la obligación que tienen
las administraciones públicas de velar por la utilización
racional de todos los recursos naturales, invocando una
indispensable solidaridad colectiva.
En una lectura progresista de este artículo 45.2, en el lenguaje
del año 1978 en que se redactó la Constitución, se reconocía la
necesidad del desarrollo sostenible, que luego ha sido precisado
y concretado varios años después, en 1987, en el informe
Brundtland, ante las Naciones Unidas. Señorías, como nos sucede a
nosotros, se deben contemplar todos los aspectos ambientales
desde la perspectiva del número dos del ar-
tículo 45 del Título I de la Constitución, «De los derechos y
deberes fundamentales», y del Capítulo Tercero: «De los
principios rectores de la política social y económica».
Si estamos hablando de desarrollo sostenible; si estamos hablando
de una magnitud estructural con lo que eso significa; si somos
conscientes --y tantas veces hemos hecho debates sobre ello-- de
la complejidad de los procesos y estructuras socioeconómicas a
través de los cuales este desarrollo sostenible debe ser
perseguido; si somos conscientes de que por la naturaleza de
nuestro Estado autonómico la diversidad de competencias de
gestión es enorme, señorías, es imposible, al menos desde nuestra
perspectiva, imaginar que eso se pueda hacer en la
simplificación, muy propicia desde determinados ambientes
sociológicos, de una ley única de medio ambiente, de un
ministerio de medio ambiente, de unas consejerías de medio
ambiente.
Si es cierto que estamos hablando --y mi Grupo sí lo hace-- de
tener el desarrollo sostenible como un objetivo, incluso
constitucional, es absolutamente necesario pensar auténticamente
en un programa de gobierno. Señorías, si se me apura, más que
eso, en un programa de partido, porque la transitoriedad de un
gobierno, incluso en el supuesto de su máxima duración
constitucional, es insuficiente para garantizar una ruta hacia el
desarrollo sostenible de las estructuras socioeconómicas
españolas.
Desde nuestra perspectiva, y con respecto a la discrepancia que
mantenemos con ustedes, en estos momentos una ley general básica
de medio ambiente significa, simplemente, un brindis al sol, una
proximidad electoral y unas voluntades o sensibilidades hacia las
que se quiere rendir pleitesía. Si no es eso, señorías, es un
conjunto de obviedades. Un matemático diría que estamos ante un
conjunto vacío. Si puedo expresar mi opinión, diré que estamos
ante un contrasentido intelectual.
Esto sería más que suficiente para explicar nuestra posición en
contra, pero permítame, señor Gortázar, que le diga que sus
problemas no terminan en que nosotros no apoyemos su proposición
de ley. Es que a
S. S. le han preparado sus servicios jurídicos una ley en la que,
no sé si consciente o inconscientemente, bajo el nombre de ley
general de medio ambiente, es decir ley de bases, le han colado
de matute una ley de armonización, una ley de coordinación. Usted
ha tenido la gallardía de decirlo varias veces en su
intervención, pero si no fuese ése el caso sería suficiente un
pequeño repaso, que yo le hago.
En la exposición de motivos --y le leo un trozo-- se dice: «Hay
que destacar que esta ley pretende conseguir que las actuaciones
de las diferentes administraciones públicas,...» es decir, todas:
la central, la autonómica, las locales, «...competentes en
materia de medio ambiente, sean coordinadas y coherentes.»
En el artículo 1, S. S. o los que le han redactado el texto dicen
que la presente ley tiene por objeto establecer un marco
normativo adecuado para el desarrollo coherente y coordinado de
las políticas ambientales de las administraciones públicas. En el
artículo 2.2, entre los fines que S. S. propone para esta ley,
dice: «Definir las funciones de las administraciones públicas y
establecer una organización ambiental adecuada.» En el artículo
11 --sólo por terminar la cita--, proponen la creación de una
comisión nacional de coordinación de la política ambiental.
Señorías, si esto no es una pretensión coordinadora, si esto no
es «de facto» una ley de armonización, que venga Dios y lo vea.
No es malo tener esa pretensión, lo que pasa es que S. S. la ha
argumentado constitucionalmente, en un fundamento equivocado,
incorrecto, porque ¿no le han leído sus asesores que el artículo
149.1, cuando cita las competencias exclusivas de la
Administración central, distingue muy nítidamente en cuáles hay
competencia exclusiva para legislación básica y coordinación
además, y en cuáles explícitamente sólo se reconoce competencia
exclusiva para la legislación básica? Si no se lo han señalado,
yo le hago un repaso rápido. Sólo en tres de las competencias
exclusivas del Estado, recogidas en el artículo 149.1, son para
legislación básica y para coordinación. Lo son la planificación
general de la actividad económica (la 13.ª); la investigación
científica y técnica (la 15.ª); la sanidad (la 16.ª). Pero sólo
para legislación básica tiene S. S. otras cinco: la Seguridad
Social (la 17.ª); el régimen jurídico de las administraciones
públicas (la 18.ª); el régimen minero y energético (la 25.ª); el
régimen de medios de comunicación (la 27.ª) y, señoría, aquélla
en la que usted pretende apoyarse, la 23.ª, la protección del
medio ambiente.
Por tanto, S. S. ha fundamentado incorrectamente, desde un punto
de vista constitucional, la pretensión de esa ley de
coordinación. Podría haberlo hecho, si ésa fuese su pretensión,
pero por el artículo 159.3 --piense en la trascendencia política
que tiene--, en el que se conciben las leyes de armonización en
nuestra Constitución, donde se reconocen estas leyes, incluso en
el caso de materias atribuidas a la competencia de las
comunidades autónomas, cuando así lo exija el interés general;
pero, ¡atención, señor Gortázar!, corresponde a las Cortes
Generales por mayoría absoluta de cada Cámara apreciar esta
necesidad.
Señoría, le han indicado un camino incorrecto y si S. S. persiste
en el intento debe ir por ese otro cauce del artículo 150.3, en
el que se especifica la necesidad de que la urgencia y la
conveniencia de esa ley básica de coordinación sea reconocida por
las Cortes Generales por mayoría absoluta de las dos Cámaras.
Pero no crea que acaban ahí sus problemas, porque en el supuesto
de que S. S. lo consiguiera por uno u otro de los caminos, mejor
dicho, por uno no puede hacerlo porque no tiene fundamento
constitucional, pero si fuera por el otro se encontraría S. S.,
al menos si mantiene el texto que comentamos, en una profunda y
violenta colisión con toda la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
Señoría, suponiendo que mis asesores jurídicos hayan sido mejores
que los suyos, no le cito el número de sentencias del Tribunal
Constitucional donde se dice cómo debe ser hecha, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la coordinación o la
armonización. Son seis o siete y algunas tan recientes como la
del mes de junio, la 102/1995. Leo sólo algunos párrafos
extractados de fundamentos jurídicos de estas sentencias. Dice
uno de ellos: la competencia estatal de coordinación, cuando así
le corresponda al Estado, debe ser entendida como fijación de
medios y sistemas de relación que hagan posible --fíjese sólo qué
cosas-- información recíproca, homogeneidad técnica, acción
conjunta de cada una de las administraciones públicas en el
ámbito de su competencia. Le añaden, por si no ha quedado claro,
en otro fundamento jurídico: nunca puede intentar alcanzar la
coordinación tal grado de desarrollo que deje vacías de contenido
las correspondientes competencias de las comunidades autónomas.
Señoría, y si quiere que le haga un recuerdo de algo de gran
trascendencia política en la historia de esta Cámara, le leo un
trozo de la famosa sentencia 76, de 1983, la que hace referencia
a la Loapa, a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico. Señoría, el Tribunal Constitucional nos dice a usted,
a mí y a todos algo tan claro como lo siguiente: el sistema
competencial configurado en la Constitución Española,
especialmente en los artículos 147, 148 y 149, constituye un
límite para la potestad legislativa de las Cortes Generales. Nos
dice: se requeriría --en caso de pretender seguir adelante-- una
expresa revisión constitucional o estatutaria.
Señor Gortázar, creo que la prudencia aconseja que S. S. se acoja
a los cauces ya existentes para conseguir la coordinación entre
las administraciones públicas en España, que es la figura que
está prevista en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
que en su artículo 5 tiene perfectamente delimitadas las
conferencias sectoriales que tienen por objetivo conseguir esa
coordinación y homogeneización de actuaciones
de las administraciones públicas, y en su artículo 6.º figuran
los convenios que son el arma que permite hacer esas
homogeneizaciones. Sólo le digo como recordatorio que esos
órganos de encuentro, los únicos posibles constitucionalmente en
estos momentos para la coordinación entre administraciones
públicas, esas conferencias sectoriales, se limitan a
intercambiar puntos de vista, a examinar en común problemas
de cada sector y a dar las medidas proyectadas para afrontarlos o
resolverlos. Las comunidades autónomas únicamente se verán
vinculadas en el caso de que suscriban los correspondientes
acuerdos o convenios que se adopten en el seno de las citadas
conferencias sectoriales.
Creo que S. S. me aceptará la conveniencia de una reflexión sobre
el texto que SS. SS. han presentado, que me obliga a utilizar
este turno en contra y no el de fijación de posición, lo que
hubiera hecho en el supuesto de que no tuviéramos más
discrepancia que la de que creemos que no es más que una
antigualla afrontar el tema ambiental con instrumentos
raquíticos, como lo serían necesariamente una ley de bases
concebida como actualmente nos permite la Constitución y una
sectorialización que no creemos procedente. Entendemos que el
texto que SS. SS. han presentado se confronta totalmente con la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el funcionamiento de
nuestras administraciones públicas y, además, ha sido presentado
por S. S. con un fundamento constitucional en nuestra opinión
equivocado, lo que nos ha obligado a utilizar este turno en
contra del texto y de la iniciativa que su Grupo ha presentado.
Gracias, señor Presidente, gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.
Tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías.
Señor Dávila, de verdad que lamento que no hayan aprovechado la
ocasión para afrontar de una manera rigurosa y seria un problema
que sienten los ciudadanos de este país y al que el Gobierno
socialista no ha dado respuesta durante doce, trece, catorce
años, a pesar de que ustedes mismos tenían en su programa
electoral del año 1982 --no recuerdo si también en el del año
1986-- una promesa de ley básica de medio ambiente que, por lo
que se ve, entonces sí era constitucional y, ahora, es
dudosamente constitucional al decir de la señora Secretaria de
Estado de Medio Ambiente.
Creo que es una pérdida de oportunidad. No se trata de un brindis
al sol, se trata de seguir las opiniones más rigurosas de
personas que conocen perfectamente el ordenamiento jurídico
español. Estamos hablando, ni más ni menos, que de la Fiscalía
General del Estado. Si usted cree que la opinión de la Fiscalía
General del Estado no es pertinente o que significa una
armonización, yo discrepo. Probablemente, cualquier proposición,
cualquier proyecto de ley, sea mejorable y habrá elementos de
redacción que podamos discutir y mejorar en esta legislatura o en
la próxima, pero créanme que, al ejercer esa oposición al
principio, a la idea, al proyecto, los señores del Grupo
Socialista me decepcionan profundamente. Además, me decepcionan
por la inconsistencia del argumento jurídico-político y jurídico-
constitucional, porque le puedo leer ahora unas cuantas
sentencias del Tribunal Constitucional que dicen justamente lo
contrario de lo que usted ha dicho aquí.
Por ejemplo, la sentencia 64, del año 1982, se hacía eco de la
necesidad de que el Estado fije las normas que impongan un
encuadramiento de una política global --insisto, global-- en
materia de medio ambiente, dado el alcance, no ya nacional sino
internacional, que tiene la regulación de esta materia, así como
la exigencia de la indispensable solidaridad colectiva a que se
refiere el artículo 45 que usted ha invocado. De tal manera, el
Tribunal Constitucional reclama esa política global porque la ley
básica lo que hace es establecer y garantizar a los ciudadanos
españoles unos mínimos sobre los cuales las comunidades autónomas
pueden, adicionalmente, establecer criterios más exigentes,
diferentes, complementarios, etcétera, con toda libertad.
Cualquier ciudadano español, los partidos de ámbito nacional,
responsables ante los ciudadanos, tenemos la responsabilidad de
garantizar unos mínimos al conjunto de los ciudadanos españoles.
Eso lo dice claramente el Tribunal Constitucional en su sentencia
64/1982; no solamente ésta sino diversas sentencias del Tribunal
Constitucional han venido a definir en qué consiste esa
legislación básica a la que se ha hecho referencia anteriormente.
Así, la sentencia 170/1989, de 19 de octubre, estableció que la
legislación básica del Estado --y aquí no estamos hablando de
ninguna armonización sino de legislación básica que afecta a una
enorme cantidad de aspectos y de ámbitos, no solamente a los que
usted ha mencionado anteriormente-- no cumple en ese caso una
función de uniformidad relativa --lo está diciendo el Tribunal
Constitucional, señor Dávila, no lo dice este Diputado que se
dirige a usted-- sino más bien de ordenación mediante mínimos que
han de respetarse en todo caso. El sentido del texto
constitucional es que las bases estatales son de carácter mínimo
y, por tanto, los niveles de protección que establecen pueden ser
ampliados o mejorados por la normativa autonómica. Esta sentencia
170/1989 clarifica que hay una legislación básica que no armoniza
nada, que no estamos en un planteamiento de loapa medioambiental,
que establece esos mínimos para el conjunto de los ciudadanos
españoles. Señor Dávila, lo que ocurre es que usted no lo ha
entendido y se ha ido por una dirección absolutamente desviada
del tema. Aquí no se trata de un Estado federal como el alemán,
que tiene un ordenamiento jurídico derivado de ese carácter
federal, sino que estamos en un Estado de las
autonomías con un planteamiento constitucional y con una doctrina
del Tribunal Constitucional.
Además, le voy a leer otra sentencia, la 149/1991, y con esto
acabo, señor Presidente, para no cansar a la Cámara. Dice: Los
términos en que la Constitución, concretamente ese artículo
149.1.23.ª, recoge la competencia exclusiva del Estado
concerniente a la protección del medio ambiente, lleva
naturalmente a la conclusión de que el constituyente no ha
pretendido reservar a la competencia legislativa del Estado sólo
el establecimiento de preceptos básicos necesarios de ulterior
desarrollo, sino que, por el contrario, ha entendido que había de
ser el Estado el que estableciese toda la normativa que
considerase indispensable para la protección del medio ambiente.
Es decir, no se puede, como gobierno responsable, como Cámara
legislativa, dejar al ámbito de la eventual legislación
autonómica aspectos indispensables que afectan a los ciudadanos
españoles. Por eso, el artículo 149.1.23.ª de nuestra
Constitución nos encarga que atendamos esas prioridades y esos
elementos básicos. Me parece que esto no tiene nada que ver con
la armonización que usted señala. Tiene mucho que ver con lo que
es la naturaleza profunda del Estado de las autonomías y tiene
mucho que ver con la responsabilidad de un gobierno y de un
partido de ámbito nacional.
Repito mi lamento, mi queja o mi disgusto por el hecho de que
ustedes no hayan entendido que era la oportunidad de haber
aprovechado un texto, aunque mejorable como cualquier otro. De
todas formas, si no sale en esta legislatura, con toda seguridad
lo presentaremos en la próxima.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Tiene la palabra el señor Dávila.
El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Gortázar, ha invocado usted ahora un precedente histórico
que me es enormemente útil. Su señoría ha recordado que mi
partido y mi Grupo Parlamentario en el año 1982 presentó en su
programa electoral una oferta de ley general de medio ambiente y
en el debate de Investidura del primer gobierno socialista
también figuró. Pero fíjese, señor Gortázar, ya que a usted y a
mí nos gusta aprender de la historia, ¿por qué no apareció en
ninguno más de los programas electorales de las sucesivas
elecciones ni figuró en ninguno de los debates de investidura de
los sucesivos gobiernos socialistas? Porque percibimos
inmediatamente que aquello no era fácilmente casable con la
estructura funcional de las administraciones públicas que se
derivan del desarrollo constitucional, que además en ese momento
era cuando estaba entrando en su máximo desarrollo. Precisamente
ustedes, que tantas veces nos han recordado, de acuerdo con la
frase clásica de su gran timonel ideológico, el señor Fraga, que
sólo acertamos cuando rectificamos, aprendan también de nuestra
rectificación y saquen la enseñanza de que las cosas no van por
ahí.
Señor Gortázar, he tratado de aportarle unas perspectivas que yo
no echaría en saco roto, porque las pretensiones coordinadoras
que subyacen en las precisiones de su proyecto son muchas y
largas de enumerar y sólo las he citado a modo de ejemplo. He
tratado de señalarle aquellas cosas que entrarían en
contradicción con el fundamento constitucional que S. S. invoca,
que le recuerdo que sólo es válido para la legislación básica
pero no para pretensión coordinadora alguna. También le señalo,
señor Gortázar, los graves riesgos de ser promotor de una loapa
ambiental, cosa que nunca desearía para S. S. porque me une con
usted una lealtad de adversario en debates como éste. En el seno
de ese debate, señor Gortázar, y en el seno de esa lealtad entre
adversarios, déjeme que le dé algún consejo: Modernícense SS.
SS., consideren que desarrollo sostenible es algo mucho más
complejo que hablar con asociaciones de ecologistas. Señorías, el
Estado autonómico ya no tiene marcha atrás. Por último, uno muy
personal, señor Gortázar. Déjeme que le diga que felicite S. S. a
sus asesores jurídicos porque, señor Gortázar, con amigos como
éstos, S. S. no necesita enemigos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GatzagaetxebarrIa Bastida: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación
a la proposición de ley del Grupo Popular sobre la ley general de
medio ambiente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar en contra. El señor
Gortázar ha expuesto una serie de argumentos que pueden ser
entendibles, pero que a nuestro Grupo Parlamentario no le
convencen. A diferencia de otras iniciativas del Grupo
Parlamentario Popular, como recientemente ocurrió con la ley de
montes, donde se había planteado un texto legal estructurado y
acorde con la distribución política del poder en España, no vemos
que tal concepción se manifieste en la ley general de medio
ambiente. Además, hay una razón de filosofía, de manera de
concebir. Entre el portavoz popular y el socialista se ha
debatido sobre ello y creo que verdaderamente está ahí el núcleo
de la cuestión, la filosofía de cómo se concibe el medio
ambiente, si a través de una generalización, a través de la
elaboración de una ley general, de una ley capucha que cubra
absolutamente todo o a través de leyes sectoriales. Nosotros
estamos más de acuerdo con la regulación del medio ambiente de
una manera sectorial. Si analizamos detenidamente la proposición
de ley, vemos que en su Título IV, al regular los sectores
ambientales, lo único
que se hace por parte del Grupo Parlamentario Popular es
extrapolar al ámbito de esta iniciativa legislativa principios
generales que ya están plasmados en normas aprobadas por esta
Cámara; es decir, regulaciones sobre los residuos tóxicos, sobre
aguas, sobre costas, sobre protección atmosférica, sobre caza y
pesca, sobre espacios naturales protegidos. Eso es lo que en
definitiva pretenden trasladar aquí. Son --y entiéndalo con todos
los respetos y con toda la consideración que le tengo-- grandes
obviedades, puesto que ya aparecen plasmadas a lo largo y ancho
de todo el ordenamiento jurídico aprobado por esta Cámara.
Nuestro Grupo Parlamentario también disiente de esa concepción de
estructurar el medio ambiente de una manera general o a través de
una ley capucha --diríamos, entre comillas-- y creemos que es más
oportuna la regulación que se ha seguido al actuar
sectorialmente. Esto es, que exista un título competencial
habilitante, que sea el 149.1.23, pero, a su vez, como ha
reconocido el Tribunal Constitucional, cruzado con títulos
sectoriales específicos como pueden ser las costas, el medio
ambiente, la caza, la pesca, los espacios naturales, la
agricultura, los residuos tóxicos, la sanidad, etcétera. Por ello
tenemos esas discrepancias sobre la estructuración de la
protección del medio ambiente.
Lo que sí vemos que es necesario y que ha de impulsarse es que
haya una colaboración en un estado de composición como el
español, en el que hay una distribución del poder político
efectuada en la Constitución y en los estatutos de autonomía; en
definitiva, es necesaria la colaboración y también, en
determinadas circunstancias, la coordinación.
A lo largo de la iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario
Popular se habla mucho de bases y de coordinación. Y el debate
entre los dos portavoces de los grupos mayoritarios ha sido
interesante porque podemos constatar que el concepto de
coordinación que a lo largo de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional se ha acuñado con las diferentes citas
jurisprudenciales que se han hecho por parte de los
intervinientes es un concepto considerado estricto. Se hace una
interpretación restrictiva del mismo y se admite únicamente para
supuestos excepcionales de catástrofes o en los que esté en juego
o en peligro la salud pública, en definitiva, aquella serie de
acciones o de riesgos o de peligros para la población en las que
es necesaria una coordinación por parte del Estado. Pero ¿sabe en
base a qué título competencial? Nunca en base al medio ambiente
sino en base a la seguridad pública, en la que ha incardinado el
Tribunal Constitucional las actuaciones en materia de protección
civil. Es así como lo configura la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en las sentencias que ustedes han citado pero
fundamentalmente en las que vienen desde el año 1990 hasta 1995,
que son las que han ahondado en esta cuestión.
En segundo lugar, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario
tampoco coincidía, hechas estas consideraciones de orden general,
con regulaciones que se contienen a lo largo del proyecto de ley
como, por ejemplo, en el artículo 7, cuando se habla de las
competencias del Estado relativas a la aprobación o a la
elaboración de estrategias y planes nacionales. Si somos
coherentes, al Estado le corresponde --y, en definitiva, a esta
Cámara-- establecer la ley básica pero en concepto formal, tal
como la ha acuñado el Tribunal Constitucional. A lo largo de este
precepto, en el párrafo octavo, se vuelve a incidir en una
actuación de fomento, cuando la competencia de los poderes
centrales del Estado es la fijación de la legislación básica.
En el artículo 11 se sigue regulando la comisión nacional de
coordinación sobre temas en los que no voy a incidir por las
consideraciones que antes he hecho respecto a la coordinación.
Que se hable más de colaboración y menos de coordinación, salvo
en los supuestos que ha acotado el Tribunal Constitucional y a
los que, adecuadamente, se refería el señor Dávila en la cita
textual que ha hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, ustedes hablan en el artículo 45 de la instalación
de grandes industrias, estableciendo un permiso único. ¿Por qué
un permiso único para todo el Estado? ¿Es que los poderes
autonómicos no tienen competencia si resulta que, según la
distribución política del poder, a los poderes centrales del
Estado les corresponde la legislación básica y todo el desarrollo
y a las comunidades autónomas, la gestión y ejecución? Luego este
precepto es absolutamente inconstitucional cuando se establece a
los poderes centrales del Estado una actuación sobre un permiso
único en las grandes industrias; o cuando por el artículo 47 se
crea nada más y nada menos que un servicio nacional de vigilancia
ambiental, cuando la actuación de acotar y de comprobar si se
cumple el ordenamiento jurídico no es competencia de los poderes
centrales del Estado sino de quien es competente para el
desarrollo de la ejecución, en definitiva, para la gestión. Por
tanto, no tiene sentido crear en la ley un servicio de vigilancia
nacional ambiental cuando las funciones de inspección y de
control se realizan ya por parte de las comunidades autónomas.
Lo mismo deberíamos decir respecto al régimen sancionador --
artículo 59-- cuando se reservan nada más y nada menos que
potestades sancionadoras a la Administración central, cuando
resulta que la potestad sancionadora es una función inherente a
la materia que corresponde en su caso a los poderes centrales del
Estado o a las comunidades autónomas. En este caso es una materia
inherente que corresponde al Título de medio ambiente, cuya
gestión y ejecución corresponde a las comunidades autónomas. Por
lo tanto, no compete actuación sancionadora a los poderes
centrales del Estado y nos encontraríamos nuevamente con un vicio
de constitucionalidad.
Lo mismo respecto al artículo 56, que fija un registro nacional
de infractores. Los infractores deberán ser controlados y
sancionados por parte de quien es
competente para ejercer la potestad sancionadora que es inherente
a la materia principal, que en este caso es el desarrollo y la
ejecución del medio ambiente.
Señorías, señor Presidente, termino. Lamentamos tener que
decirles que no por estas consideraciones de orden político, por
tener un concepto del medio ambiente distinto a como ustedes lo
plantean en su iniciativa. Además, por otra consideración, y es
que, aparte de la competencia de carácter general sobre el medio
ambiente que se establece en el artículo 149.1.23, desarrollada
por el bloque de constitucionalidad en los diferentes estatutos
de autonomía de distinta manera (porque no es la misma
competencia autonómica la que tienen comunidades como Navarra, el
País Vasco, Andalucía, Galicia o Cataluña y otras comunidades
autónomas que establecen normas adicionales de protección),
inciden títulos competenciales específicos que se cruzan con el
medio ambiente, como el demanio hidráulico, el demanio marítimo
terrestre, la caza, la pesca, los espacios naturales, etcétera.
En definitiva, ustedes pretenden hacer una ley de cajón de sastre
para todo ello. Nosotros no coincidimos con esa concepción que
tienen del medio ambiente. Entendemos que la sectorialización y
la regulación es más acorde con la distribución territorial del
poder político de un Estado de las autonomías, incidimos más en
la colaboración y menos en la coordinación y, por lo tanto,
nuestro posicionamiento político va a ser contrario.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular nos ha traído hoy a debate una proposición
de ley general de medio ambiente, defendida por el señor
Gortázar. Se trata, sin lugar a dudas, de una iniciativa difícil,
puesto que intenta dirigir y ordenar una materia como ésta, cuya
ordenación implica, de hecho, incidir en un complejo entramado
competencial temático, legislativo e incluso administrativo, ya
que en el nivel de la Administración central --como decía el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- son multitud los
ministerios que ejercen competencias en esta materia. Por tanto,
en primer lugar, vaya mi consideración a la iniciativa por la
decisión que supone e incluso porque su sistemática, su técnica
legislativa y, en algún caso, sus propuestas nos parecen bien.
A pesar de todo ello, nuestro Grupo Parlamentario va a votar en
contra de su toma en consideración. A continuación le explicaré
por qué, señor Gortázar. Supongo que tampoco le habrá sorprendido
esta manifestación por nuestra parte. Vamos a votar en contra
porque no nos satisface en muchos casos su letra, su articulado.
Pero también vamos a votar en contra porque mucho menos que el
articulado de la iniciativa que ustedes plantean nos satisface su
espíritu, porque es excesivamente centralizador o excesivamente
armonizador, en el peor sentido de la palabra, con las peores
connotaciones que esta palabra tiene en nuestra tradición
constitucional moderna. Porque el espíritu centralizador que se
desprende de esta iniciativa parlamentaria es perfectamente
acorde, por otra parte, con lo que viene siendo el discurso del
Partido Popular en política de medio ambiente, discurso que nos
ha servido para entender lo que realmente pretenden ustedes con
algunos de los preceptos del proyecto de ley que, una vez
analizados, no sabíamos lo que realmente querían decir. Pero
recordando viejos discursos suyos en esta Cámara --discursos muy
legítimos-- hemos podido poner luz sobre el articulado y entender
qué había detrás de esta propuesta y cuál el espíritu del Partido
Popular en la materia y qué persigue con esta iniciativa
parlamentaria.
Nuestro Estado es autonómico, así lo decidimos en el año 1978, y
ello, en el ámbito medioambiental, ha supuesto que la
Administración central tiene competencia en cuanto a la
elaboración de la legislación básica sobre protección del medio
ambiente, y las comunidades autónomas en cuanto a la gestión y a
la elaboración de normas adicionales de protección. Pero la
previsión constitucional no supone, por ejemplo, que corresponda
a un hipotético ministerio del medio ambiente --llámese así o de
otra forma-- esta competencia. Nosotros entendemos que esta
previsión constitucional no supone que recaiga en este ministerio
la responsabilidad de la política global en la materia, tal y
como establece el artículo 7 y, de hecho, como ha reclamado usted
más de una vez en esta Cámara. Recuerdo un debate que usted
mantuvo recientemente con el Ministro Borrell. La responsabilidad
será siempre globalmente compartida y exigible a cada
administración sólo dentro de lo que es su ámbito competencial,
sin que nadie tenga que realizar la función de hermano mayor,
como puede deducirse del texto que nos proponen.
Tampoco nos parece preciso, por poner otro ejemplo, «Definir las
funciones de las Administraciones Públicas y establecer una
organización ambiental adecuada», como dice textualmente el
artículo 2, porque las funciones de las administraciones ya
vienen definidas en el bloque de constitucionalidad y,
sinceramente, cuando hablan de establecer una administración
ambiental adecuada no nos sentimos tranquilos.
En el artículo 3.7 hablan de la coordinación como principio de
funcionamiento de las Administraciones públicas, pero este
principio no habilita para incidir en la estructura
administrativa de otras administraciones, como también se
desprende del texto del proyecto de ley.
Los artículos 7, 8 y 9 definen las competencias de los distintos
niveles de la Administración, definición
que entendemos es perfectamente obviable, porque, como antes
decía, éstas ya surgen del bloque de constitucionalidad en cuanto
a lo que es la Administración central y la Administración
autonómica y en el ámbito de la Administración local surgen de la
legislación básica de régimen local y de la correspondiente
normativa sectorial. Pues bien, de la lectura conjunta de estos
tres artículos --el 7, el 8 y el 9-- se deriva otro de los
aspectos recurrentes en la proposición, que en absoluto
compartimos, como es la insistencia de descafeinar las
competencias de las comunidades autónomas al llevar las
competencias de las entidades locales a un ámbito que no les
corresponde, solución, que, repito, reiteran ustedes en varios
artículos.
Otra cuestión en la que no podemos estar de acuerdo es otorgar
carácter básico al Servicio Nacional de Vigilancia Ambiental --
artículo 48.2 y disposición adicional primera-- cuando, en la
práctica, con ello estaremos duplicando redes y entendemos que
ello no conviene al país ni al erario público. Tampoco podemos
estar de acuerdo en todo el régimen sancionador, y no me voy a
extender sobre esto porque el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco ha señalado suficientemente ambas cuestiones y me he
referido a ellas sólo por citar algunas.
En definitiva, señor Presidente, señorías, como decía
inicialmente, reconozco que el texto de esta proposición de ley
tiene algunas virtudes; sin embargo, para este Grupo
Parlamentario sus contras pesan mucho más y, por tanto, vamos a
votar en contra de su toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
anuncio al señor Gortázar el voto negativo respecto a la toma en
consideración de la proposición de ley que acaban de presentar en
torno al tema del medio ambiente y la política general al
respecto.
A nosotros nos parece un texto basado fundamentalmente en
declaraciones de principios sin ningún tipo de concreción, pero,
no sólo en declaraciones de principios, sino, en muchos casos, en
declaraciones intentando ocultar los principios --los principios
que subyacen son los principios de la derecha--, cosa que a veces
no logran totalmente, de forma que hay principios que se
transparentan a lo largo del texto, como es el principio del
centralismo con respecto a la configuración del Estado y cómo se
traduce esto en el medio ambiente y en su organización futura en
función de las concepciones del Grupo Popular.
Hay alguna concreción, eso sí, algún aterrizaje más o menos
forzoso, como la creación del ministerio de medio ambiente,
creación que se pretende en esta proposición de ley general de
medio ambiente cuando anteriormente el Grupo Popular estuvo
radicalmente en contra de la creación de este ministerio en el
momento que lo propuso el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Por tanto, hay un principio serio de incoherencia a la
hora de plantear la creación del ministerio de medio ambiente,
con una serie de matices que subyacen en esta propuesta y que
denotan otro de los principios que hasta cierto punto se intenta
ocultar, como es el principio de la no participación social en la
estructura medioambiental, jurídica y política española. Por
ejemplo, se elimina el consejo asesor y, al mismo tiempo, se crea
un foro consultivo mucho menos riguroso, mucho menos concreto a
la hora de ejercer las funciones que en estos momentos está
llevando, a nuestro juicio de manera adecuada, el consejo asesor.
En todo caso, señor Gortázar, yo le contradigo en una de las
cuestiones fundamentales que usted ha esgrimido desde la tribuna.
Nosotros sí pensamos que la ecología es una línea divisoria
básica entre la derecha y la izquierda, una línea divisoria
esencial, estratégica, y por eso chocamos constantemente con las
posiciones, sean a corto, medio o largo plazo, que ustedes tienen
en esta Cámara, y a veces también chocamos con algunas posiciones
del Partido Socialista Obrero Español, en función de esta línea
de demarcación fundamental, estratégica, que en estos momentos en
el planeta Tierra señala todo el tema del medio ambiente.
Para nosotros no es posible una ley general de medio ambiente,
cosa que hasta ahora no se le ha respondido --porque se le ha
dicho que la suya no es buena, no es viable, pero no se ha dado
una alternativa enumerando, en todo caso, principios básicos que
la integrarían, que la escribirían--, sin que tenga desde la
óptica de la izquierda una estructura esencial de participación
social. Con respecto a la participación social, ustedes nunca han
entendido la función de los grupos ecologistas, y mucho menos han
entendido la imbricación de los grupos ecologistas con la
estructura estatal; siempre han hablado de las subvenciones, de
la compra de voluntades, y nunca han entendido que se trata de
subvencionar desde el sector público una actividad absolutamente
fundamental, como es la de los grupos ecologistas u otra serie de
grupos que compondrían, a nuestro juicio, la absolutamente
imprescindible participación social a la hora de escribir, de
plantear una ley general de medio ambiente creíble, adecuada.
Otro de los temas fundamentales a la hora de intentar adoptar
posiciones en este terreno sería el de la planificación
económica. Hay que reconvertir la economía de manera ecológica,
una reconversión medioambiental de la economía, hay que tender a
que el desarrollo económico no se convierta nunca en
desarrollismo. El desarrollo económico tiene dos límites que no
se pueden ignorar, el tema de la ética y el tema del equilibrio
ecológico, del equilibrio medioambiental, y en su texto no se
recoge ni una sola brizna, ni un solo matiz, porque
no se corresponde con la idea de la derecha, y es lógico, de
planificación democrática, planificación no sólo indicativa y
planificación en el seno de un Estado autonómico, que es otro de
los fallos enormes que tiene esta proposición de ley general de
medio ambiente.
Por tanto, ustedes no pueden partir de un concepto de
rentabilidad social, parten, fundamentalmente --y es lógico--, de
un concepto de rentabilidad económica, y por eso hemos chocado
fuertemente en el debate sobre los Picos de Europa y sobre la
reserva natural de Las Salinas de Ibiza. Es lógico que no podamos
coincidir en lo fundamental, y es que la derecha no puede, a
nuestro juicio, hacer una propuesta coherente de ley general de
medio ambiente en función de los argumentos que acabo de darle.
Por todo ello, nosotros vamos a votar de manera negativa esta
toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Popular sobre una ley general de medio ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 301; a favor, 124; en contra, 176; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, RELATIVA AL INGRESO EN LA ESCALA SUPERIOR DE LOS
MILITARES DE CARRERA PROCEDENTES DE LA ESCALA ESPECIAL DEL
EJERCITO DE TIERRA Y MODIFICADORA PARCIALMENTE DE LA LEY 17/1989
(Número de expediente 122/000083)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa al ingreso en la escala
superior de los militares de carrera procedentes de la escala
especial del Ejército de Tierra y modificadora parcialmente de la
Ley 17/1989.
Tiene la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar defender esta proposición de ley que fue presentada en
la Cámara por mi Grupo en el mes de enero del año 1995 y firmada
por el Diputado que llevaba los temas de defensa en aquel
momento, Antonio Romero, un hombre que estuvo insistiendo en esta
propuesta. No se le podrá decir a Izquierda Unida que por la
reiteración de la argumentación no se vaya a solucionar un
problema que tenemos en el desarrollo de la Ley 17/1989, donde se
regula toda la organización del nuevo Ejército hacia lo que
pudiéramos llamar un Ejército más profesional.
Izquierda Unida pretende que el tránsito que se debe de producir
entre el Ejército que hemos recibido y el que debemos tener cara
al próximo futuro, el tránsito que se debe de hacer del Ejército
que quisiéramos tener, con la realidad que ahora mismo tenemos,
se haga en un proceso para que lo que en la actualidad es se vea
reflejado con igualdad de oportunidades en el próximo futuro de
ese Ejército. La propuesta de Izquierda Unida está cifrada para
producir ese proceso de lo que hoy tenemos a lo que debiera de
ser mañana.
Nosotros estamos de acuerdo en que nuestros militares cada vez
estén más ilustrados, más preparados, tengan una mayor
cualificación en su preparación, pero creemos que las personas
que se incorporaron como profesionales al Ejército deben de tener
la posibilidad de su propia promoción y no ver truncada, en lo
que es el desarrollo de esa ley --pertenezcan a lo que pudiéramos
llamar los Cuerpos de Especialistas, o al de Sanidad, de Farmacia
y Veterinaria--, la posibilidad de suceder en la propia escala.
Es decir, que igual que se puede producir en la vida profesional
y en la vida económica que una persona --digo hipotéticamente, sé
que no se está produciendo todos los días-- puede entrar en un
banco a trabajar de botones y terminar siendo el director del
banco, un profesional que empieza con un grado y una categoría
pueda evolucionar dentro del propio Ejército. Esto lo limitamos a
la realidad que ahora mismo tenemos. No lo proyectamos con lo que
significa la nueva incorporación a partir de este momento.
La proposición de ley de Izquierda Unida pretende que el ingreso
en la escala superior de militares de carrera pueda producirse
desde la escala especial del Ejército de Tierra, modificando, por
tanto, la Ley 17/1989. Es decir, pretendemos superar las
diferencias que existían en la Ley 17 con la aplicación del
mismo.
¿Cuáles son las propuestas que la Ley llevaría consigo? Modificar
la disposición adicional sexta de la misma para que el trato
desigual no se aplique, no se exprese, en la integración en la
escala superior, según sea el nivel de procedencia anterior; que
la disposición adicional décima también se modifique para
facilitar esta propuesta y, además, introducimos unas
disposiciones adicionales nuevas.
La propuesta partiría en su artículo primero, con la creación de
una escala superior en el Cuerpo de Especialistas del Ejército de
Tierra junto con lo que serían los Cuerpos de Sanidad, Farmacia y
Veterinaria, y, segundo, que esa escala que ahora creamos se
extinguiría al final cuando en el personal que ahora mismo pueda
incorporarse a esa actividad no exista ninguno de sus efectivos,
es decir, es una medida coyuntural de
modificación de esta escala para el momento en que nos
encontramos.
El artículo segundo pretende modificar la Ley 17, tanto en la
disposición adicional sexta-bis, como en la disposición adicional
decimoquinta, para que se facilite esta propuesta que hacíamos al
principio.
La tercera propuesta que hacemos es añadir la disposición
adicional decimosexta sobre las normas de integración en esta
escala superior; es un procedimiento para la integración, creando
un escalafón «G» y un escalafón «E», para poder acceder,
recogiendo y agrupando los componentes de la escala activa, jefes
y oficiales de las Armas de Infantería, Caballería, Artillería e
Ingenieros y un escalafón «E», que estaría formado por los
componentes de la escala especial, jefes y oficiales de las Armas
de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros. En suma,
pretendemos hacer ese tránsito creando esta escala superior con
estos dos escalafones.
En una cuarta propuesta, pretendemos añadir una disposición
adicional decimoséptima sobre el procedimiento de integración de
la escala superior, regulando en un punto 1 la constitución de
escalafones; en un punto 2, la ordenación de esos escalafones que
hemos constituido, y un punto 3 para que una vez que se obtenga
el escalafonamiento de acuerdo con lo previsto en los apartados
anteriores, se constituya un escalafón único.
La proposición de ley que presentamos va acompañada de tres
disposiciones transitorias. La primera, sobre la distribución de
las plantillas; la segunda, para regular un régimen transitorio
de los ascensos; y en la tercera se pretende regular la
amortización de empleos excedentes de la propia plantilla.
Estoy convencido, señor Presidente, que, puesto que este debate
ha venido a la Cámara con reiteración, que ya hemos entrado
muchas veces en toda la problemática y que el texto ha estado
publicado desde el mes de enero hasta nuestros días, es lo
suficientemente conocido por ustedes como para proceder ya al
debate del mismo incluso a su aceptación, en el caso de que la
Cámara quiera conceder ese voto afirmativo.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra?
(Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
de mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, fijamos nuestra
posición en esta proposición de ley que ha presentado el Grupo
Parlamentario Federal de Unida-Iniciativa per Catalunya.
Creo que es la cuarta o quinta vez que sube este Diputado a la
tribuna para secundar propuesta similar, y, aunque puede resultar
obvio, adelanto que vamos a apoyar con nuestro voto esta
iniciativa.
Dado el resultado de las anteriores votaciones, y como se
encuentra hoy --con todo respeto lo digo-- como un augurio, el
señor Ministro de Defensa, Suárez Pertierra, que en su época de
Secretario de Estado de Defensa ya patrocinó prácticamente el
contenido restrictivo en esta Ley para la integración que se
pretendía hacer de la escala especial del Ejército de Tierra en
la escala superior, derecho y situación reconocidos en la Ley de
1982, pero que la Ley 17/1989 sitúa en esa posición que nosotros
siempre calificamos y seguimos calificando de agravio
comparativo, este Diputado se encuentra con la perplejidad de
que, observando cuál es la estructura y la situación en otros
ejércitos de países de la Unión Europea Occidental, países de la
OTAN, resulta que esta figura española no se correspondía con
estructuras profesionales militares de ejércitos aliados de las
organizaciones internacionales de las que España forma parte,
incluyendo, por supuesto, la aportación de sus Fuerzas Armadas.
Mi discurso, por tanto, es breve y conciso, porque tiene en los
«Diarios de Sesiones» recogidos todos los debates reiterativos --
como bien ha recordado el portavoz proponente de la iniciativa--
que se han producido aquí.
La Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional
debe evitar y debe corregir aquella discriminación en la que la
disposición adicional sexta de la Ley de 1989 vino a situar a la
escala especial del Ejército de Tierra. Se trata, sencillamente,
de hacer una integración normal, enriquecedora, en las
atribuciones que tienen las distintas profesionalidades en los
ejércitos como especialistas, para que esto no sea ni un agravio
comparativo ni una falta de sentido de equidad. Esto se tiene que
comprender tanto dentro de las estructuras jerárquicas militares
como, fundamentalmente, por el actual señor Ministro de Defensa.
Si no es así, pocas salidas legales tendremos para este proyecto.
Nadie se atreve a hacer una oposición frontal, pero después
resulta que se fijan unas posiciones y salen unas votaciones que
son contrarias a lo que parece que está siendo el espíritu de
fondo de corregir esta situación. Y, como bien se ha dicho, pone
en contraposición también la disposición adicional sexta con la
disposición adicional décima de la misma Ley, porque lo que no se
puede tampoco es hacer agravios comparativos ni producir una
falta de enriquecimiento profesional de nuestras Fuerzas Armadas,
en este caso del Ejército de Tierra, y, al mismo tiempo, entrar
en contradicciones donde la inseguridad jurídica esté situada en
pleno vigor. Esto no es de recibo en un Parlamento que tiene que
quitar cualquier sombra de inseguridad jurídica que pueda haber
en el planteamiento.
Por estas razones señorías, señor Presidente, sin entrar en
cuestiones puramente formales del texto articulado de la
proposición de ley que aquí se ha traído,
nosotros pensamos que su toma en consideración permitiría, en los
trámites habituales del Reglamento parlamentario, hacer todas
aquellas correcciones que, respetando el principio de fondo de la
integración, no vayan en menoscabo de derechos adquiridos. Pues,
poco a poco, por la vigencia de la Ley de 1989, se están mandando
a la reserva, se están mandando al retiro a muchos militares de
la escala especial que hubieran podido tener una plena
satisfacción vocacional muy digna, en este caso doble, es decir,
de servicio a las Fuerzas Armadas, de Servicio al Ejército y,
sencillamente, de servicio a España.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a intervenir muy brevemente.
Estamos ante una proposición de ley a nuestro entender completa,
muy estructurada, perfectamente escalonada y debidamente
asesorada, pero también le digo, señor Ríos, de muy compleja y
difícil aplicación. Con ello no estoy anticipando la posición del
Grupo parlamentario Convergència y Unió a esta iniciativa --ya
llegará--, sino simplemente constatando un hecho.
Contiene esta proposición de ley una amplia y argumentada
exposición de motivos, desde la referencia a la Constitución, a
la ley y al Derecho, pasando por la experiencia acumulada desde
la entrada en vigor de la Ley 17/1989, en especial a las
disposiciones adicionales sexta y décima, así como a las normas
que regulan los ascensos y provisión de destinos, derechos
adquiridos y principio de no discriminación, hasta llegar a la
existencia de la abundante legislación de desarrollo
reglamentario y a la citada Ley 17/1989. Repito que todo esto da
una idea del contenido de esta exposición de motivos.
Si nos fijamos y avanzamos un poco más en los propios artículos,
apartados y disposiciones transitorias, por mi parte haría la
misma valoración, entendida ésta siempre en el sentido de que es
una proposición de ley estudiada. Se habla de creación de escala,
de modificaciones de la Ley 17/1989, de regulación e integración
de estas escalas, de nuevos escalafones, de denominaciones, de
contenido, de ordenación y escalafón único, de disposiciones
transitorias, distribución de plantillas, régimen transitorio y
de ascensos, amortizaciones de empleos, etcétera. Todo esto
vuelve a ser un ejemplo y nos da una idea del contenido de la
iniciativa que estamos discutiendo, debate que, por cierto, viene
ya de lejos.
En 1991 hacíamos todos los grupos valoraciones sobre los aspectos
positivos --y otros no tanto-- de la aplicación de la Ley
17/1989, y en este caso concreto a las presuntas reservas de
derechos adquiridos por parte de los funcionarios militares
profesionales de las escalas especiales cuando se produce su
integración en las escalas medias. Por tanto, todos los grupos
hemos venido fijando la posición en el transcurso de los debates,
y Convergència y Unió también lo ha venido haciendo.
Hoy, ante la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no vamos a variar nuestra posición. Y permítame, antes
de decir cuál va a ser, que haga unas breves consideraciones, dos
solamente. Siempre ha sido nuestro grupo sensible al problema de
la escala especial. Entre muchas otras cosas, sin duda también
porque tienen, como yo les llamo, unas grandes embajadoras, que
son el colectivo de esposas de oficiales, muy tenaces, muy
preparadas y profundamente convencidas. También debo manifestar
que seguro que el problema continúa en parte subsistiendo en
estos momentos.
Después de lo dicho, no vamos a apoyar la toma en consideración
de la proposición de ley que ahora estamos debatiendo por
coherencia con nuestra posición de siempre --la que hemos venido
manteniendo en los debates hasta este momento-- y porque en abril
de 1994 se aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular,
con la incorporación de una enmienda nuestra que fue aceptada, y
que, tal como se dijo entonces, servía no tanto para cerrar el
círculo y resolver el problema, pero sí para abrir un nuevo
cauce, como era la reserva transitoria. En aquel momento pusimos
un énfasis especial en tres puntos: primero, definir los
cometidos profesionales según especialidades, categorías y
empleos y, en consecuencia, definir sus perfiles de carrera,
conjugándose destinos y cursos de perfeccionamiento. Segundo,
favorecer la promoción interna, y tercero, determinar las
plantillas, facilitando los ajustes que fuesen necesarios
mediante el acceso a la situación de reserva transitoria de los
cupos necesarios. Si éstos fueron los acuerdos que tomamos en su
momento, a nuestro Grupo Parlamentario le parece que todavía hoy
no sólo están vigentes sino que, por lo menos en parte, son
útiles. Sin duda, como dijimos entonces, y repito, el acuerdo de
1994 no servía ni sirve para cerrar este círculo y, por tanto,
para resolver el problema. Pero, sin duda, sí sirve para abrir
este nuevo cauce. Por tanto, señor Presidente, señorías, nos
vamos a abstener en la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley sobre ingreso en la escala superior de los
militares de carrera procedentes de la escala especial del
Ejército de Tierra y modificadora parcialmente de la Ley 17/1989,
que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Elorriaga.
El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Popular lleva muchos años apoyando las
reivindicaciones de los oficiales de las escalas especiales que
fueron injustamente perjudicados por la Ley de Régimen de
Personal Militar Profesional de 1989. Al fijar hoy nuestra
posición ante esta iniciativa de Izquierda Unida tenemos que
recordar que ya en la tramitación de dicha Ley de Régimen de
Personal Militar Profesional presentamos una enmienda para que el
personal de las escalas especiales conservase todos sus derechos.
El Grupo Socialista no aceptó aquella enmienda que hubiese
evitado problemas posteriores y mantuvo en éste, como en otros
casos, una injustificable insensibilidad, obstinándose en
mantener intocable una Ley que, aun con las mejores intenciones,
era inevitable que necesitase de posteriores retoques por la
amplitud de las situaciones de personal a que afectaba.
En 1991 apoyamos una iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto que
intentaba corregir la pérdida de derechos de los componentes de
la escala especial al ser integrados en aquella escala media que
no les correspondía, y tampoco fue tomada en consideración. Ante
ello, en 1992 nos unimos a la formulación de una proposición
conjunta de todos los grupos existentes entonces en la Cámara, a
excepción del Grupo Socialista, que esquemáticamente trataba de
hacer posible un amplio acuerdo modificando una disposición de la
Ley de Régimen de Personal Militar Profesional, añadiendo unas
escalas especiales subsistentes tras las escalas activas
superiores de las Armas y Cuerpos correspondientes, que también
fue derrotada por quienes contaban con la mayoría para hacerlo.
Posteriormente, ya en esta legislatura, el Grupo Popular, como
acaba de recordar el portavoz del Grupo de Convergència i Unió,
conjuntamente, y aceptando una enmienda del Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió, defendió una proposición no de ley que
permitiese acogerse a la reserva transitoria a los oficiales de
la escala oficial. Aquella proposición fue aceptada por el Grupo
Socialista no sólo en lo referente a la posibilidad de acogerse a
la reserva transitoria sino, según se decía entonces, y creo que
probablemente según dirá hoy el portavoz del Grupo Socialista,
señor Lagunilla, para favorecer que a aquellos oficiales de estas
escalas que no deseen acogerse a la reserva transitoria y deseen
continuar en el ejercicio de la función militar se les pueda
promover a las escalas superiores, favoreciendo su ascenso, sus
promociones internas y su mejora profesional en cualquiera de los
casos.
La proposición no de ley aprobada pedía en su párrafo segundo,
efectivamente, medidas para favorecer la promoción interna a las
escalas superiores facilitando la preparación adecuada, prestando
los apoyos necesarios y removiendo los obstáculos, normativos o
de otro tipo, que la dificultasen.
El escaso cumplimiento, creo yo, de aquella proposición no de ley
ha inspirado, sin duda, que hoy veamos esta actual proposición de
ley de Izquierda Unida, quizás inspirada por la mejor voluntad,
con una visión evidentemente distinta de los criterios que
anteriormente habían hecho posible los amplios acuerdos que aquí
he mencionado.
Se incluyen en esta proposición la creación de nuevas escalas,
como la Escala Superior de Especialistas del Ejército de Tierra,
con carácter de escalas a extinguir; la creación de distintos
escalafones equivalentes en la Escala Superior del Cuerpo General
de las Armas y complejos sistemas de posterior fusión de
escalafones que terminarían en un escalafón único, resolviendo
las situaciones, en caso de igualdad de derechos, en beneficio
del oficial por razones exclusivamente de mayor edad. Incluye
también un régimen transitorio de ascensos y amortizaciones de
plantillas mediante asignaciones de cupos para el pase a la
reserva y, en definitiva, presenta un prolijo y complejo panorama
que, a nuestro entender, y con la experiencia que tenemos en la
defensa de la escala especial, hacen que sea un proyecto
realmente impracticable y probablemente capaz de crear más
problemas nuevos que los viejos que trata de solucionar.
Nuestro grupo, conociendo el deseo de todos los grupos de la
Cámara de solucionar el problema y que existe la posibilidad de
acuerdos comunes, lamenta que el grupo proponente no hubiese
negociado o dialogado una fórmula más adecuada y sencilla para
abordar el problema, y nos vemos en la imposibilidad de tomar una
posición claramente favorable a la proposición de ley de
Izquierda Unida.
Mantenemos nuestro propósito de ayudar a los miembros de las
escalas especiales, inclusive con nuevas iniciativas que no
excluyan llevar sus derechos a escalas superiores independientes,
pero no podemos unirnos irreflexivamente a un proyecto ajeno y no
consultado, que promete complicaciones sin cuento en el complejo
régimen del personal militar y que, por otra parte, carece de
razonables probabilidades de ser aprobado en la actual
legislatura, si se cumplen las actuales perspectivas electorales.
Por tanto, nos parece más una posición tomada cara a la galería
que un proyecto realista. Sumarnos a esta laberíntica propuesta,
sin perspectiva de llevarla a la práctica, no tendría demasiado
objeto ni sería responsable por nuestra parte.
Por tanto, nuestro deseo es mantener vivo nuestro apoyo a los
componentes de la escala especial, pero nunca votaríamos en
contra de una iniciativa como ésta, que al final hay que
valorarla en lo que tiene de buena intención; no vamos a votar
contra la toma en consideración de la proposición de Izquierda
Unida, pero nos vemos obligados a abstenernos ante la toma en
consideración de esta proposición de ley, en cuyo fondo sin duda
coincidimos, pero con cuya formulación no podemos, por mucho que
lo desearíamos, identificarnos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Elorriaga.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Lagunilla.
El señor LAGUNILLA ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo una vez más, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar nuestra posición en torno a
un tema que, como ya han citado todos los que me han precedido en
el uso de la palabra, ha venido reiteradamente a esta Cámara. Yo
creo que han sido cinco, seis, siete iniciativas parlamentarias
de distintas características las que hemos tenido oportunidad de
tratar tanto en Pleno como en Comisión.
Nuestra posición sigue siendo la que hemos mantenido en todas
estas otras ocasiones. Sigue siendo una oposición a la
modificación de la Ley 17/1989, Reguladora del Régimen del
Personal Militar Profesional.
Aunque este tema haya sido tan traído y llevado al Parlamento, y
sin el ánimo de aburrir a SS. SS., pero es importante fijar la
posición con argumentos, deberíamos de recordar de nuevo aquí
cuáles han sido los argumentos que el Grupo Socialista ha
esgrimido reiteradamente en todas estas ocasiones para oponerse a
esta modificación. Hoy se han vuelto a decir aquí cosas que, a
nuestro entender, no son ciertas y que conviene aclarar a la
Cámara para justificar nuestra posición y oposición a la admisión
a trámite de esta proposición de ley.
La escala especial de mando, que es el origen de esta escala
especial que de nuevo nos ocupa aquí hoy, fue creada por la Ley
13/1974, de 30 de marzo, y posteriormente reorganizada por la Ley
14/1982, de 5 de mayo, de Reorganización de las Escalas Especial
y Básica del Ejército de Tierra. Ya desde el momento de la
creación de esta escala especial de mando, y posteriormente, en
el momento de su reorganización en esta Ley 14/1982, se crean y
se reorganizan de forma claramente diferenciadas de la escala
activa, en su momento, la hoy conocida como escala superior.
En la exposición de motivos de la Ley 13/1974, que es la que crea
la escala especial de mando, se dice que esta escala permitirá al
Ejército de Tierra una mejor utilización de sus recursos, al
obtener así una parte del complemento necesario a la escala
activa del Cuerpo de Oficiales. Por tanto, ya desde la exposición
de motivos de la Ley que la crea vemos que nace con un espíritu
distinto, el de complementar esa escala activa. A continuación,
en su artículo 1.º, en concordancia con esta exposición de
motivos, dice que las escalas que se crean --en este caso la
escala especial de mando-- completarán el nivel adecuado a la
formación --y esto es importante en el desarrollo de nuestra
argumentación-- de sus componentes, las funciones de mando, de
servicio y de administración que desempeña la escala activa.
Vuelve, por tanto, a reiterar ese papel de complementariedad a la
escala activa, hoy escala superior.
Posteriormente, la ya citada Ley 14/1982, de 5 de mayo, que
reorganiza las escalas especial y básica del Ejército de Tierra,
vuelve a insistir en esta argumentación, en esta orientación de
complementariedad para la escala especial. En su artículo 1.º
dice: «El personal de las Escalas Básicas de Suboficiales y
Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra tiene como
misión completar las funciones de mando, de servicio,
administración...», etcétera.
Asimismo, la Ley 14/1982, en su artículo 23, vuelve a insistir en
este argumento y dice que el personal de estas escalas
«desempeñará las funciones de mando propias de su empleo en la
correspondiente Escala Activa», pero --y aquí viene lo
importante-- «de acuerdo con lo que establezcan las normas del
Ministerio de Defensa». Y en este aspecto las normas del
Ministerio de Defensa siempre han tenido en cuenta la especial
formación de los integrantes de la escala especial, así como la
preparación e idoneidad para el desempeño de las misiones que
establezcan en sus normas.
Aquí convendría hacer, aunque sea brevemente --y digo que
brevemente porque ya se ha hecho varias veces--, una pequeña
digresión para explicar brevísimamente a SS. SS. las múltiples
manera por las que se pudo acceder en su día a esa escala
especial, hoy escala media, a tenor de la Ley 17/1989, para que
podamos contemplar por qué los grados de formación de sus
componentes son absolutamente distintos, por lo que el Ministerio
de Defensa, coherentemente, ha ido dictando normas que indicaban
cuáles eran la funciones y las misiones a desempeñar por esa
escala especial.
Resumiéndolas muy globalmente, podríamos dividir en tres grandes
grupos las formas de ingreso en la escala especial. Un primer
grupo, la de aquellos que siendo oficiales de la entonces escala
auxiliar, en el momento de la creación de esta escala especial,
solicitaron su pase a la escala especial e ingresaron en ella
directamente. Por tanto, estas personas no han cursado ningún
tipo de estudios ni en la Academia Básica de Suboficiales ni en
la Academia de la Escala Especial. Un paréntesis: digo que no ha
sido necesario que cursen estudio alguno. Habrá personas
integrantes de estas escalas que, dentro de ese espíritu de
mejora, de formación, etcétera, hayan podido cursar todo tipo de
estudios complementarios, pero para su ingreso en esa escala no
se les exigió ningún tipo de estudios.
El segundo grupo sería el de aquellos que perteneciendo al Cuerpo
de Suboficiales en 1974 ingresaron en la Academia Especial entre
1974 y 1984. Este colectivo no ha pasado por la Academia Básica
de Suboficiales y sus estudios en la Academia Especial han sido
diferentes según las convocatorias que se sucedieron a lo largo
de esos diez años.
Por último, hay un tercer grupo --resumiéndolo mucho-- que es el
de aquellos procedentes de la Academia General Básica de
Suboficiales que han podido
acceder a la Academia de la Escala Especial a partir de 1983,
ingresando en esa escala especial a partir de 1985.
De estos tres grandes grupos en cuanto a la forma de ingresar en
la escala, podríamos decir que sólo los integrantes del último
grupo --es decir, los procedentes de la Academia General Básica
de Suboficiales-- son los que han seguido un tipo de estudios de
duración similar a la exigida actualmente. Es importante hacer
esta pequeña digresión en cuanto al sistema de acceso a esa
escala a propósito de lo que el artículo 11.1 de la Ley 17/1989,
originaria, parece ser, de todo el problema, establece sobre la
formación de estos militares. Este artículo 11 señala que «Los
militares de carrera se integran en distintos Cuerpos de acuerdo
con los cometidos que deben desempeñar. Dentro de cada Cuerpo, se
agrupan en Escalas Superiores, medias y básicas, según el grado
educativo exigido para el ingreso en ellas y de las facultades
profesionales que aquéllas tengan asignadas». Recuerden SS. SS. a
lo largo de todos los debates que hemos tenido a propósito de
estas iniciativas referidas a la escala especial, así como los
referidos a la Ley 17/1989, que todos hacíamos un cierto
paralelismo, salvando las distancias, entre la estructura
funcionarial con que dotábamos a los profesionales de las Fuerzas
Armadas y esa estructura de funcionarios que tienen los
funcionarios civiles del Estado agrupados en grupos y en cuerpos
según la titulación exigida. Dentro de eso se engloba este
artículo 11.1 de la ley 17/1989 y, por tanto, es importante
recordar cómo han sido las formas de acceso de los distintos
integrantes de la escala especial.
Por tanto, y para decirlo en pocas palabras, del resumen
legislativo y normativo que afecta tanto a la creación como a la
posterior reorganización y regulación de la escala especial, del
resumen de la forma de ingreso en la misma de los que han ido
accediendo a lo largo del tiempo podemos concluir --creo que el
Grupo Socialista defiende esto totalmente-- que la Ley 17/1989,
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, al
integrar la escala especial en la escala media no provoca ninguna
pérdida de derechos adquiridos ni disminución o perjuicio en la
situación profesional de esos integrantes, creándose, en cambio,
el empleo de teniente coronel, que no existía anteriormente para
esos integrantes de la escala especial anterior, que solamente
podían llegar hasta comandante; creándose --insisto-- en esta Ley
17/1989 la posibilidad de que esos integrantes, ahora de la
escala media, puedan llegar hasta el empleo de teniente coronel
al que no podían acceder anteriormente.
La Ley 17/1989, además de todo esto --y el portavoz del Grupo
Popular señor Elorriaga ha recordado que lo cité yo en el último
debate sobre este tema--, no mantiene las escalas cerradas. La
Ley 17/1989 crea un sistema de permeabilización entre las escalas
de nuestros ejércitos precisamente para favorecer, facilitar y
estimular ese grado mayor de profesionalización y de
especialización de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Y
para demostrar que no mantiene estas escalas cerradas baste
recordar el artículo 47 que, al referirse a los sistemas de
promoción interna, señala en su apartado 2 la posibilidad de
acceso a la enseñanza militar superior mediante el ingreso en las
academias con dos años de servicios efectivos en las escalas
medias. Por tanto, es un sistema que permite y permitirá
permanentemente que los militares de escalas medias puedan
acceder a escalas superiores.
Como decía al principio de mi intervención, y como han citado
todas SS. SS., es la quinta o la sexta vez que esta iniciativa
llega a esta Cámara, y para no aburrir a SS. SS. de nuevo, porque
lo conocen perfectamente, deberíamos fijarnos, porque es una de
las razones de nuestra oposición a la toma en consideración de
esta proposición de ley, en la última de estas iniciativas, y
deberíamos fijarnos en ella porque en esta última iniciativa, una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular enmendada
por el Grupo de Convergència i Unió, se dio una vía de solución a
algunos de los problemas que el señor Ríos ha manifestado en su
exposición, parte con la que estoy absolutamente de acuerdo. Un
sistema vivo como las Fuerzas Armadas que tenemos no es un
organismo al que podamos dotarle de una estructura absolutamente
diferenciada de un plumazo. Es un organismo complejo. Era una
maraña de escalas, cuerpos, escalillas, etcétera, y queremos
dotarle, y con la Ley 17/1989 lo hemos hecho, de una estructura
mucho más racional, y no se puede llegar de golpe. Hay que ir
transitando hacia ella, pero a nuestro entender la forma de
transitar hacia ella no es ésta. Es la que se adoptó mediante
aquella proposición no de ley del Grupo Popular enmendada por el
Grupo de Convergència i Unió. Ambos representantes ya han dicho
en qué consistía aquella medida. Consistía en instar al Gobierno
a que facilitara el cumplimiento de la Ley 17/1989 en aquello de
la promoción de las escalas internamente y, a la vez, facilitara
a aquellos integrantes de la escala especial que, por lo que
fuera, desearan abandonar las Fuerzas Armadas, el pase a la
reserva transitoria. El Gobierno --y puedo entender que haya
grupos que piensen que no ha cumplido con la celeridad que
debería, pero estos temas son complejos-- ya ha actuado en la
línea marcada por esa proposición no de ley aprobada hace año y
medio.
Una ponencia dentro del propio Ministerio de Defensa, en
coordinación con los cuarteles generales y las academias
militares, está trabajando en los dos primeros puntos de aquella
proposición, el punto que se refería a definir los cometidos
profesionales según especialidades, categorías y empleos, en
consecuencia a definir sus perfiles de carrera, y el segundo
punto, el de favorecer la promoción interna mediante el pase y
los apoyos necesarios para el pase y acceso a las academias
superiores. Una ponencia está trabajando en
esa línea para realizar la producción normativa necesaria para ir
favoreciendo el pase a otras escalas.
En cuanto al tercer punto, el del pase a la reserva transitoria,
ya se han aprobado normas que conocen SS. SS., algunas por el
Gobierno, en lo que se refiere a plantillas --recientemente
tuvimos un debate en Comisión sobre la ley de plantillas y el de
su aplicación ha quedado aplazado para una posterior
comparecencia del Secretario de Estado--, y por el Ministerio de
Defensa en lo relativo a reserva transitoria. Por lo tanto, en
cuanto a esa parte, desde el Grupo Socialista se manifiesta la
satisfacción de que en el Gobierno se está trabajando en la línea
marcada por esa proposición no de ley.
Para terminar, señorías, señor Presidente, aunque no es el motivo
fundamental de nuestra oposición, aunque también incide en ella,
tendríamos que añadir a esto que la aprobación de esta
proposición de ley produciría una gran distorsión en las
plantillas actuales recientemente aprobadas por nuestros
ejércitos en virtud de una Ley de plantillas aprobada por esta
Cámara. Simplemente, y a modo de resumen, diría a SS. SS. que, de
aprobarse esta proposición de ley después de los trámites
correspondientes, se produciría de forma automática el ascenso a
comandante de 450 militares, 450 comandantes nuevos, y 1.051
ascensos a capitán con las actuales escalillas. Eso produciría
una inflación tremenda en ese tramo de las escalas recientemente
definidas, con incrementos importantes de algunos tramos y con
decrementos de otros, también importantes para un perfecto
desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, y termino, señor Presidente, por entender el Grupo
Socialista que no es discriminatoria ni conculca derechos
adquiridos de estos militares de la escala especial, por razones
de distorsión en nuestras plantillas recientemente aprobadas, por
tanto también presupuestarias --solamente en el primer año, según
un primer estudio, se produciría un incremento de más de 600
millones de pesetas--, y teniendo en cuenta que la última
iniciativa traída a la Cámara a este respecto, la proposición no
de ley del Grupo Popular, aprobada en Comisión con una enmienda
del Grupo de Convergència i Unió, creemos que es el camino para
esa transitoriedad que citaba el señor Ríos, es por lo que el
Grupo Socialista se va a oponer a la toma en consideración de
esta proposición de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Lagunilla.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 21; en contra, 146; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS DE
VALORACION DE LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA INCLUIDOS EN LA CARTERA
DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Número de expediente 162/000218)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Socialista sobre
criterios de valoración de los activos de renta fija incluidos en
la cartera de los fondos de pensiones.
Tiene la palabra el Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en los primeros meses del año 1994 se produjeron unos
fenómenos económicos en los Estados Unidos, que no viene al caso
relatar, que tuvieron como consecuencia el aumento de los tipos
de interés a largo plazo y la correspondiente caída de los
precios de la deuda pública a medio y largo plazo en los mercados
secundarios. Como era de esperar, ese fenómeno, que se produjo en
ese país por unas causas muy concretas, se trasladó al resto de
países de las economías industrializadas, dando lugar también, en
el caso español, a un incremento considerable de los tipos de
interés a largo plazo y a una caída del precio de mercado de la
deuda pública, de los bonos y de las obligaciones, es decir, de
los activos de renta fija. Es bien conocido que una de las
figuras de previsión social complementaria como son los planes de
pensiones, que se instrumentan a través de fondos, coloca los
activos de su cartera, por razones de seguridad y también por
razones de inexistencia de objetivos especulativos en sus
inversiones --más bien se trata de objetivos sociales--
fundamentalmente en renta fija y particularmente en activos
públicos, que proporcionan y garantizan un mayor margen de
solvencia a los fondos de pensiones. Pues bien, como consecuencia
de ese problema o de ese fenómeno --por calificarlo de modo
distinto-- incluso las entidades bancarias vieron afectadas sus
cuentas de resultados. Quienes sigan con alguna atención estas
cuestiones recordarán que, en el mes de septiembre, el Banco de
España tuvo que elaborar y dar a conocer una circular en la cual
modificaba los criterios de valoración de los activos de renta
fija de la banca española siempre y cuando esos activos tuvieran
una finalidad de amortización a la emisión de
los mismos, es decir, siempre que fueran una inversión a la
emisión, de modo que se cambiaba el criterio de valoración de
mercado de esos activos de renta fija por el criterio del precio
de adquisición. Por esa vía, por una circular del Banco de
España, por parte de la autoridad monetaria, se trataba de
resolver un problema que se había manifestado con mucha crudeza
en las cuentas de resultados de la banca española y de la de
todos los países del mundo occidental, dando lugar a una caída de
las cotizaciones de esas entidades en los mercados de valores,
etcétera.
Esos problemas de incremento de los tipos de interés a largo
plazo y reducción del valor de mercado de la deuda pública se
agudizaron todavía más a finales del año 1994 por lo que SS. SS.
recordarán como el fenómeno que se denominó la crisis del peso
mejicano, de modo que los tipos de interés a largo plazo
crecieron más y el valor de la deuda pública también cayó más
intensamente. La consecuencia de todo eso es que el millón y
medio de partícipes de los fondos de pensiones --partícipes más
bien de los planes de pensiones y no de los fondos-- recibieron
una desagradable noticia, y la recibieron además con sorpresa, en
los primeros meses del año 1995, cuando desde las gestoras de los
planes de pensiones se les comunicaba que el valor de sus
derechos consolidados se había reducido en el año 1994 respecto
al año 1993, aun cuando muchos de ellos --seguramente casi todos-
- hubieran aportado cantidades positivas en el año 1994. Y la
explicación a todo eso no era otra que la aplicación de los
criterios que las entidades gestoras --algunas, no todas-- de los
planes de pensiones habían practicado en la valoración de esos
activos de renta fija a finales de año 1994. Habían utilizado el
criterio del valor del mercado, del precio de mercado en esos
momentos, y como el valor de la deuda había caído, se habían
reducido también en la misma cuantía y en la misma proporción los
derechos consolidados de los partícipes en los planes y en los
fondos de pensiones. Esa realidad, señorías, creó alarma, creó
incertidumbre y, además de generar problemas entre los
partícipes, que en muchos casos no se explicaban a qué era debido
ese retroceso en su cuenta de posición en el plan, también
generaba problemas a las propias entidades gestoras, y sobre todo
creó problemas también en las comisiones de control, que
sometieron a una discusión muy viva y muy intensa si se estaba o
no se estaba utilizando en los planes los criterios de valoración
correctos.
Señorías, el problema surge de que no existe una norma que con
claridad determine cuáles deben de ser los criterios de
valoración de esos activos de renta fija. Está ahí vigente el
artículo 37 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, pero
es muy dudoso que ese artículo sea taxativo y sea tajante y
genere poca incertidumbre entre los operadores en lo que se
refiere a criterios de valoración. Para tratar de solventar ese
problema, la Dirección General de Seguros y más concretamente la
Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones envió en el
mes de marzo del año en curso un escrito, que podríamos denominar
también una carta --es decir, un documento sin rango
administrativo alguno--, en el que dejaba claro a los
operadores --fundamentalmente a las entidades gestoras-- que el
criterio de valoración correcto, de acuerdo con el artículo 37
del Reglamento de planes y fondos de pensiones, era el criterio
de precio de mercado. Pero ese escrito generó todavía una
incertidumbre adicional en el sector en la medida en que se puso
de manifiesto que no todas las entidades gestoras estaban
utilizando el mismo criterio de valoración --primer problema-- y,
segundo, que ese escrito no tenía el rango administrativo
adecuado para convertir el criterio en una norma de obligado
cumplimiento para todas las entidades gestoras de fondos de
pensiones.
Por lo tanto, señorías, y aunque se trata de una cuestión
compleja, no estamos hablando de un problema que no afecte a un
colectivo muy importante en la sociedad española --yo hablaba
anteriormente de un millón y medio de partícipes de planes y
fondos de pensiones-- de manera que lo que el Grupo Socialista
trata de instrumentar a través de esta proposición no de ley es
una petición al Gobierno de que regule de una vez por todas, y lo
haga además con el rango administrativo adecuado, los criterios
de valoración de renta fija de las carteras de los fondos de
pensiones; que los regule además --dice nuestra proposición no de
ley-- con el consenso, con la conformidad y con la aquiescencia
de los operadores en el sector --es decir, con representaciones
de las comisiones de control de los planes, con representantes de
las entidades gestoras que en estos momentos operan en nuestro
país-- y que, además, el resultado final tenga en cuenta ese
hecho fundamental para nosotros y es que en el caso de los fondos
de pensiones, a diferencia de los fondos de inversión mobiliaria
o inmobiliaria, no estamos hablando de instrumentos financieros,
no estamos hablando de entidades financieras cuyo objetivo sea la
especulación, sino que estamos hablando de entidades cuyo
objetivo es la garantía de unas prestaciones complementarias al
cabo de unos años o cuando se produzcan las contingencias que
cubren esos planes. De manera que rango administrativo adecuado
en la elaboración de esos criterios de valoración, consenso con
los operadores del sector y resultados equilibrados en lo que se
refiere a la consideración del carácter social de estas
entidades, señorías, eso es lo que contiene la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista para la cual pido su
apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a dar su apoyo con el voto favorable a esta
proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. Efectivamente, como bien se ha relatado
por su portavoz, el escrito que en su día mandó la Dirección
General de Seguros a las entidades a las que concierne tanto el
aspecto de los fondos de pensiones como de los planes de
pensiones, tratando posiblemente con buena intención de
clarificar criterios de valoración, lo que ha hecho ha sido crear
un confusionismo, un confusionismo que ha generado también una
alarma de inseguridad entre los beneficiarios y partícipes de
estos fondos.
Creemos que el tema tiene suficiente importancia
--y yo diría que gravedad--, porque tiene que permitirse que la
Administración dé una norma ya de una vez por todas clara y
contundente, ante la cual todas las entidades gestoras de fondos
y planes de pensiones sepan que al hacer la valoración de sus
activos están empleando una sola vara de medir. No puede haber
memorias competitivas en la búsqueda de mercado por parte de
estas entidades ofreciendo a la información pública criterios
erróneos al final, aunque estén basados en la variedad de los
criterios objetivos de los activos. Si a esto unimos que el
Tesoro Público necesita también que inversores institucionales
suscriban deuda pública y que la deuda pública está también
sometida a los avatares del mercado secundario, con las
oscilaciones que se produjeron en los años 1993 y 1994, el Tesoro
público se puede ver privado de colocar la deuda pública
necesaria para financiar en los Presupuestos Generales del Estado
este importantísimo renglón y se puede ver privado de que
suscriban deuda pública inversores institucionales, que
afortunadamente además tienen la ventaja de no ser sectores
especulativos --como lo son determinados inversores
internacionales y nacionales a través de intermediarios
fiduciarios, al especular con deuda pública--; si además de las
oscilaciones del valor de la deuda pública se van a ver alterados
los fondos de pensiones, al Tesoro público le va a ser difícil
colocar más papel de deuda pública entre estos inversores
institucionales tan estables. Todo ello hace necesario que además
de que sumemos nuestro voto de apoyo, sea el Gobierno el que
rápidamente (y no por un simple escrito que no tiene ni siquiera
el valor de las famosas circulares emitidas por el Banco de
España a las entidades financieras, bancarias y cajas de ahorro,
circular que tiene el valor de norma), a través del Ministerio de
Economía y Hacienda fije con el rango administrativo suficiente
que se entienda para imponer a todos los tenedores de estos
activos de los fondos y planes de pensiones la valoración de los
activos de renta fija que están incluidos en su cartera, con el
fin de que se despeje la incertidumbre y no haya tampoco dudas de
valoración.
Por estas razones, reitero, señor Presidente, el Grupo de
Coalición Canaria votará favorablemente esta proposición no de
ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco anunciamos que vamos a apoyar
esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista
porque compartimos la preocupación que a raíz de aquella bajada
de intereses que hubo en el año 1994 se produjo en el patrimonio
y en la minoración del ahorro de muchos partícipes en los planes
y fondos de pensiones. Este es un problema que hasta entonces no
había surgido porque las cotizaciones de valores de renta fija y,
en particular, la deuda pública no habían sufrido grandes
oscilaciones, dado el carácter que tienen estos títulos de valor
determinado de reembolso. Aplicando los criterios de valoración
contable y el principio tradicional de prudencia valorativa, que
aconseja valorar esos títulos a precio de mercado, lo que se
produjo en aquel momento fue que al aplicar este principio
contable se dio una minoración considerable en el patrimonio de
estos ahorradores, con lo cual se creó un problema que, además,
pone en entredicho el fin primordial que tienen estos fondos de
pensiones, que es el ahorro, ya que, en principio, el objetivo de
estos fondos no es la inversión con fines especulativos, que es
lo que puede producir estas variaciones.
Indudablemente, hay que buscar una solución para la valoración de
estas cotizaciones de renta fija y, en particular, de deuda
pública, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en aquel
momento. Como digo, somos partidarios de buscar una solución a
este problema, por lo que anunciamos nuestro apoyo a esta
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra el
señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, los sólidos argumentos del ponente socialista nos han
convencido y vamos a votar favorablemente la proposición no de
ley que acabamos de debatir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, los argumentos que se han expuesto son
suficientemente sólidos como para facilitar un voto positivo a
esta proposición no de ley, pero quizá merecería la pena añadir
alguna otra reflexión para que el Gobierno adopte un acuerdo en
la línea que propone esta proposición no de ley.
De hecho, se trataría de encontrar una valoración acorde con el
fin de los fondos de pensiones. Lo que está sucediendo es que los
fondos de pensiones se valoran como si fuesen meros fondos de
inversión, ignorando el carácter ilíquido de las participaciones
que están en estos fondos, el carácter de renta diferida y el
carácter de seguridad social complementaria, que en su momento ha
sido descontado de la base imponible, pero que después, en el
momento de la percepción, va a ser gravado como renta. Si se
tuviesen más en cuenta estos tres principios, que configuran lo
que fue en su día la Ley de planes y fondos de pensiones, en
opinión de nuestro Grupo Parlamentario se debería llegar a la
conclusión de que sería mucha mejor valoración la del precio de
adquisición que la del precio de mercado, por prudente que pueda
ser, por la razón del carácter ilíquido, del carácter de renta
del trabajo diferida que tienen estas participaciones.
Añadida esta argumentación de fondo a lo dicho por otros
portavoces, poco queda que decir, salvo subrayar que se trata de
un colectivo importante de partícipes --un millón y medio-- y,
para nosotros, de la mejor forma de seguridad social
complementaria, si se hiciesen las modificaciones que se apuntan
en esta proposición no de ley y que yo acabo de mencionar:
recordar este carácter ilíquido, este carácter no especulativo de
estos activos financieros y, por tanto, tratarlos de forma
distinta a como se trata un mero fondo de inversiones, que sí
está valorado a precio de mercado cada día puesto que el
partícipe de estos fondos puede salir cada día del mismo y, en
consecuencia, es lógico que tenga aquel tipo de valoración.
Para terminar, quiero recordar que en su día, cuando se habló de
la Ley de planes y fondos de pensiones, cuando se habló del
carácter complementario de esta ley, nuestro Grupo Parlamentario,
estando de acuerdo en este carácter complementario y voluntario
de este segmento de la seguridad social, defendía que eso no
equivalía a que tuviese que tener carácter privado. Mantuvimos en
su día, y no pudimos imponerlo por falta de mayoría, que podía
ser de carácter público, aunque voluntario por supuesto.
Seguramente no nos hubiésemos encontrado con estos problemas que
ahora pretende corregir la proposición no de ley del Grupo
Socialista si, como en otros países, por ejemplo, como en
Francia, hubiésemos apostado por que la propia Seguridad Social,
el INSS, fuese también el instituto de seguridad social
complementaria, libre y, por supuesto, voluntaria, aunque,
insisto, libre y voluntaria no siempre es igual a privada. El
Grupo Socialista en aquel momento hizo esta falsa ecuación y
ahora tiene que venir a corregir aquel importante error de
concepción en la ley de planes y fondos de pensiones que votamos
junto a ellos porque, a pesar de esta cuestión, creemos que es
una ley positiva y progresista y votaremos también a favor de
esta corrección.
Por último, simplemente me resta decir --lo entiendo así-- que,
caso de ser aprobada esta proposición no de ley, no debería
continuar diciendo «El Grupo Parlamentario Socialista insta al
Gobierno...» sino que debería decir «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno...», y así seguiría la parte dispositiva de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa. Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Sanz Palacio.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, he escuchado con la mayor atención y el mayor interés
las argumentaciones que el portavoz del Grupo Socialista, el
señor Martínez Noval, ha hecho para defender esta proposición no
de ley, argumentaciones que ya había recogido en las motivaciones
presentadas por escrito.
Los planes y fondos de pensiones se presentan al ahorrador como
un instrumento a través del cual puede canalizar sus inversiones
de una forma segura y estable, y cuya rentabilidad no está tan
ligada a la coyuntura de los mercados como lo están otros activos
financieros. Sin embargo, la realidad es que durante el año 1994,
como consecuencia del aumento de los tipos interés, tal y como ha
dicho el portavoz socialista, entre otras causas, los derechos
consolidados de los partícipes no han aumentado en muchos casos,
sino que incluso en otros muchos han disminuido, y todo esto ha
provocado una sensación de enorme inseguridad entre los
partícipes de los planes y de los fondos de pensiones.
Estamos ante una iniciativa encaminada básicamente a llevar a
cabo una modificación de las normas contables a las que están
sometidos los fondos de pensiones para que, sin abandonar los
principios de prudencia que deben orientarlas, se evite provocar
innecesariamente la alarma entre los partícipes ante la sucesiva
volatilidad de sus inversiones. Es una inquietud lógica, dado que
en muchos casos éstos son los únicos ahorros que tienen los
partícipes y que constituyen la seguridad para una tercera edad
tranquila.
No es fácil comprender, señorías, para una persona que no esté
familiarizada con las particularidades del mundo financiero, algo
tan evidente y tan real como que los movimientos en los tipos de
interés están inversamente relacionados con el valor de mercado o
el
precio de los activos de renta fija, de manera que el descenso de
las rentabilidades negociadas está asociado a un aumento del
precio de los activos, tanto más intenso cuanto mayor es su plazo
hasta el vencimiento, y viceversa. Esto se complica en períodos
como los vividos recientemente, en que las oscilaciones han sido
muy fuertes con la bajada que sucedió a las devaluaciones y la
ampliación de bandas del Sistema Monetario Europeo en el verano
de 1993 y con el fuerte incremento de los tipos de interés tras
el mínimo alcanzado a principios de 1994 como consecuencia del
clima de inestabilidad financiera derivado de la crisis mejicana
y de los escándalos de diversa índole en los que se vio envuelto
el Gobierno. Todo ello provocó sin duda una gran volatilidad de
los precios de la deuda. A su vez esta volatilidad de los precios
de la deuda pudo trasladarse al valor de las carteras de los
fondos de pensiones y al valor de los derechos consolidados de
los partícipes de los planes de pensiones, y ello fue debido a
las normas contables existentes, es decir, al criterio de
valoración de los activos por su precio de mercado que ha de
utilizarse en la actualidad en la valoración de estas carteras.
En particular el aumento de los tipos de interés a partir de
final del primer trimestre del pasado ejercicio produjo
importantes minusvalías en el valor de liquidación de las
carteras de los fondos de pensiones, causó alarma en los
partícipes, que no comprendían cómo la inversión de sus ahorros,
a través de un plan de pensiones, podía estar sujeta a
importantes pérdidas. Este problema, como ya ha dicho el portavoz
socialista, fue tratado y analizado, a instancias de varias de
las instituciones afectadas por dichas normas contables, en
especial, por la Dirección General de Seguros, a través de la
Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones, junto con
Inverco, con Unespa, con el Instituto de Actuarios Españoles, con
los sindicatos y otros. Según las noticias que tenemos, el texto
que define la nueva normativa contable se encuentra ya en un
avanzado estado de elaboración y su publicación está prevista
para las próximas semanas. Ello hace, a nuestro juicio, que la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista no sea
muy necesaria, en el sentido de que insta al Gobierno a regular
algo sobre lo que ya se viene trabajando desde hace tiempo. No
obstante, el Grupo Popular coincide con el sentido de esta
propuesta y no puede sino apoyarla, aun a sabiendas, repito, de
que estamos ante una iniciativa vacía de contenido por los
motivos indicados.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz Palacio.
Señor Martínez Noval, entiendo que no sólo no hay inconveniente,
sino que es obligado que el texto de la proposición no de ley,
una vez aprobado por la Cámara sea: La Cámara insta, o el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno, porque lo otro es
imposible. (Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre criterios de
valoración de los activos de renta fija incluidos en la cartera
de los fondos de pensiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 291.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA
DISCRIMINACION DE LOS ALUMNOS RURALES EN LA CONCESION DE BECAS Y
AYUDAS AL ESTUDIO (Número de expediente 162/000209)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
relativa a la discriminación de los alumnos rurales en la
concesión de becas y ayudas al estudio.
Tiene la palabra el señor Bueso. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la política de becas se viene
articulando a partir del Real Decreto 2.298/1983, de 28 de julio,
que en su artículo 7 establece que será el Ministerio de
Educación y Ciencia quien fijará los umbrales de la renta
familiar per cápita o de patrimonio, que serán anualmente
actualizados.
El sector más afectado por la determinación de este umbral
patrimonial es el agropecuario por las siguientes razones: El
apartado 3 del artículo 22 de la Orden de 21 de junio de 1995
establece lo siguiente: Los titulares de explotaciones
agropecuarias computarán como ingreso el valor de los productos
de aquéllos que sean utilizados para su propio consumo. Por la
misma regla de tres, un farmacéutico tendría que computar como
ingreso el valor de los medicamentos que utilizara para su propio
consumo. Sin embargo, el consumo de los mismos desgrava.
En segundo lugar, el umbral del valor catastral de las
explotaciones agropecuarias se establece en un total de 1.740.000
pesetas por cada miembro computable de la unidad familiar. Para
las actividades comerciales, industriales o profesionales, el
Real Decreto estipula un volumen anual de negocio superior a 23
millones de pesetas para la denegación de la beca.
Además de esta discriminación al fijar los umbrales patrimoniales
de las actividades agropecuarias, no se habla para nada de
volúmenes anuales de negocio, lo que significa de nuevo otra
discriminación.
La discriminación era tan patente que el propio Ministerio de
Educación, tras la presentación de una proposición
no de ley del Grupo Popular sobre este mismo asunto, defendida
por la Diputada doña Loyola de Palacio en 1992, ha incrementado
los umbrales en el siguiente orden: en el curso 1993-1994, el
valor catastral estaba en 1.600.000 pesetas y el umbral de la
maquinaria agrícola en ese mismo año en dos millones. En el curso
1994-1995, el valor catastral estaba en 1.625.000 y el valor de
la maquinaria agrícola en dos millones de pesetas. Para este
curso, 1995-1996, el valor catastral está fijado en 1.740.000
pesetas, como he dicho anteriormente, y el de la maquinaria en
2.108.000 pesetas.
Este escaso incremento en la fijación de estos umbrales hace casi
imposible que quien posea una explotación agraria, sea cual sea
su umbral de renta, pueda obtener una beca de estudios para sus
hijos, porque a este respecto no hay que olvidar que la lebra b),
del apartado 2, del artículo 25, dice que, cuando alguno de los
miembros computables de la familia sea titular de actividades
comerciales, industriales o profesionales, podrá ser denegada la
beca o la ayuda cuando los bienes muebles afectos a tales
actividades tengan un valor superior a los cinco millones de
pesetas, o cuando el giro y tráfico de la empresa represente,
como he dicho antes, un volumen anual de negocios superior a los
23 millones de pesetas, incluido el impuesto sobre el valor
añadido, lo cual contrasta de una manera discriminatoria con lo
que se dice en el apartado c), respecto del caso de las
explotaciones agropecuarias en las que se indica cómo podrá
denegarse el beneficio de la beca.
Por lo tanto, entendemos que, teniendo en cuenta que entre 1950 y
1991 han desaparecido de España 1.200 municipios, de los cuales
hay 200 en Aragón, 180 en Castilla-La Mancha y 550 en Castilla y
León; que, en la actualidad, sólo el treinta y medio por ciento
de la población que vive en núcleos de 2.000 habitantes vive de
la agricultura, y este porcentaje desciende a un veintidós y
medio por ciento si se consideran los núcleos de menos de 10.000
habitantes; que, en mayor o menor grado, la agricultura a tiempo
parcial afecta al 70 por ciento de las explotaciones agrarias
existentes en España y que 634.000 explotaciones agrarias, de las
2.238.000 que existen, tienen como titular a una persona de más
de 65 años, lo que representa un 28,3 por ciento, hay que
concluir que deberán apoyarse todas aquellas acciones encaminadas
a mejorar las posibilidades de enseñanza en las zonas rurales
frágiles, como base importante del desarrollo y de la vida
social.
No hay que olvidar, por otro lado, que, en 1994, en España se
vendieron 15.274 tractores nuevos y el precio medio del tractor
es 3,3 millones de pesetas, lo que supone un incremento de
precios con respecto a 1993 de un considerable 13 por ciento.
También el año pasado se efectuaron 20.200 ventas de tractores
usados, tractores entre 16 y 20 años, y los de 20 años son los
que cambiaron de dueño en mayor proporción. Este dato resulta
preocupante, pues indica las dificultades en las que se
encuentran muchas rentas familiares; por supuesto, cuando un
agricultor tiene que adquirir un tractor de más de veinte años
significa que sus posibilidades de inversión se encuentran muy
limitadas, y eso significa una falta de liquidez muy grave.
Asimismo, se detecta un movimiento de maquinaria desde las
explotaciones medias y grandes hacia las pequeñas y de unas
comunidades autónomas a otras, dibujando un mapa de desigualdades
cada vez más perceptible. En 1994, se inscribieron 623 máquinas
automotrices, excepto tractores, motocultores y asimilados, de
las cuales había 386 cosechadoras para cereales cuyo precio medio
es de 12 millones de pesetas. El parque de maquinaria agrícola se
cuentra en un estado lamentable, por lo que es lógico que se
produzcan movimientos de renovación aun cuando signifiquen
mayores niveles de endeudamiento.
Por otra parte, existe un diferencial entre las rentas agrarias y
las urbanas. En 1985, la renta agraria por ocupado era de 817.000
pesetas, frente a una renta por ocupado no agrario de 2.173.000
pesetas, lo que supone un 37,6 por ciento. El año pasado, en
1994, la relación es de 2.187.000 pesetas frente a 4.511.000
pesetas, con un 48,5 por ciento. Este aumento constante en el
porcentaje se debe, principalmente, al descenso de los ocupados
agrarios, que están desapareciendo más deprisa que los ocupados
de la industria y los servicios. Por todo ello, se llega a la
conclusión de la marginalidad que atraviesa el sector agrario
frente al resto de sectores productivos, ya que la renta agraria
por ocupado no llega ni siquiera a la mitad de la renta no
agraria, también por ocupado, lo que demuestra la decadencia del
medio rural.
No hay que olvidar que la principal prioridad de cualquier
política de desarrollo es evitar el despoblamiento y el abandono
del territorio. El objetivo último del desarrollo rural debe ser
conseguir mantener poblaciones rurales viables que permitan su
reproducción y constituyan una base de cualquier tipo de
iniciativa. Los datos son muy graves y desalentadores en este
sentido. Hay muchas comarcas agrarias en las que apenas queda
nadie. Las áreas rurales constituyen el 85 por ciento de la
superficie total española y, por contra, sólo vive en ellas el 30
por ciento de la población. Hay que mantener la población en el
medio rural, consiguiendo que las zonas rurales sean un espacio
atractivo para la población, incluso externa, dotándolas de
servicios y equipamientos y evitando su aislamiento. Hay que
reforzar la formación de la población y su participación en los
planes de futuro para el mundo rural, creando empleo para los
jóvenes, diversificando la actividad económica, impulsando el
desarrollo de las actividades turísticas y el acceso a niveles
más adecuados de tecnología y servicios.
Respecto del valor catastral de las tierras, hay que recordar que
ha aumentado en estos últimos años de forma paulatina. El precio
medio de las tierras de secano ha descendido aproximadamente un
54 por ciento en los últimos siete años; los terrenos de regadío
lo han hecho un 19,6 por ciento. Por tanto, teniendo en cuenta
que el precio por hectárea en secano en 1994 era de una media de
145.000 pesetas, que en 1988 era de 316.300 pesetas, y que en
regadío en 1994 el precio medio era de 1.029.000 pesetas y en
1988 de 1.280.000 pesetas, resulta que cualquier explotación
agraria pequeña, que tenga 200 ovejas aproximadamente --con
arreglo a lo que se dice en esta limitación del artículo 25 de la
Orden Ministerial a la que he hecho referencia-- y una base
territorial de unas 40 hectáreas de secano o cinco hectáreas de
regadío para una familia de cuatro miembros, es decir, padre,
madre y dos hijos --que es la familia media española--, con la
actualización de esta Orden Ministerial, para este año no tienen
posibilidad en absoluto de que sus hijos tengan beca.
Creo, pues, que habrá que dejar a un lado ideas preconcebidas,
fruto de la visión urbana del campo, para llegar a la vida y a
las formas de vida del que día a día trabaja, come, duerme y
proyecta su futuro en aldeas de 150 vecinos, como son la mayor
parte de las comarcas deprimidas de España.
Por todas estas razones, y con la idea de asegurar el principio
de que todos los españoles tienen derecho a la educación y a la
erradicación de los efectos negativos de las desigualdades
sociales en la distribución de la demanda educativa a través de
un sistema de becas eficaz y compensador que haga posible que
todos los jóvenes, con aptitudes para el estudio, pero con
dificultades económicas por pertenecer a familias con un nivel de
ingresos modestos o al mundo rural, puedan continuar sus
estudios, el Grupo Popular presenta la proposición no de ley para
que el umbral del valor catastral de los bienes inmuebles
rústicos alcance para las becas del curso 1995-1996 a dos
millones de pesetas, y en el caso de la marquinaria que dicho
umbral alcance los tres millones de pesetas por cada miembro
computable de la unidad familiar.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bueso.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco en relación a esta
proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. Nos parece
una iniciativa loable desde la perspectiva de que tiene un
componente claramente positivo en orden a prestar atención
especial al medio rural. El portavoz del Grupo Popular ha
manifestado en su intervención una serie de objetivos muy
genéricos para lo limitado de la propuesta que trae dicho Grupo.
Tanto los problemas demográficos como los sociológicos del agro
español difícilmente se pueden solucionar con subir el umbral de
unas becas en el terreno educativo. Creo que el discurso debía
estar más centrado en si esos parámetros que están recogidos en
el Real Decreto ministerial que ha citado son correctos o no y si
son correctos en relación con los emás parámetros que establece
el mismo Real Decreto.
Usted ha citado el tema de los farmacéuticos, en relación a cómo
se computan en ordenadas becas los parámetros de su propio
negocio, de su propio comercio. Lo que es evidente, señor
portavoz del Grupo Popular, es que, en el análisis de esos
parámetros, si hay alguien que queda mal parado es aquella
persona que cobra nóminas de cualquier empresa, de cualquier
institución pública; si hay alguien discriminado en el análisis
de los parámetros que establece el Real Decreto que ha citado es
precisamente aquel que está pendiente de una nómina mensual. Y si
hay alguien que se beneficia de esos parámetros son precisamente
los autónomos. Cualquier persona a la que se hable de la política
de becas del Ministerio se pregunta que cómo es posible que un
carnicero, que un taxista se beneficie de esas becas y que una
persona que está en nómina con una serie de parámetros no lo
haga. Ese es el criterio de discriminación o de nivel de
arbitrariedad que había que establecer a la hora de examinar la
propuesta que ustedes realizan.
Por todo ello, nosotros no vamos a tomar en consideración esta
propuesta, porque entendemos que existen otros colectivos mucho
más discriminados en ese análisis.
En segundo lugar, como he dicho, ha manifestado usted objetivos
muy ambiciosos para propuestas muy limitadas. Entendemos que el
tema del agro en lo referente a la educación, hay que plantearlo
en otro contexto. Las becas son al final módulos compensatorios
frente a la realidad de la política educativa del Gobierno. La
política de becas no se constituye desde ningún punto de vista en
el eje de la política educativa. Son módulos compensatorios para
corregir descompensaciones que se dan en el mundo rural. Los
problemas que usted ha expuesto están ahí, pero los
desplazamientos desde el agro a la ciudad difícilmente los vamos
a corregir, ni siquiera mínimamente, desde una política de becas.
Desde un planteamiento tan genérico, habría que hacer referencia
en un debate a la política del Ministerio de Educación en
relación con esas zonas agrarias del país.
En lo que es sustancial al debate de hoy, no compartimos, como
usted ha indicado en su intervención, que el sector más afectado
sea el agropecuario. Nos parece que hay sectores mucho más
afectados y que aquellos que están sujetos a nóminas son los más
afectados. Usted mismo ha indicado que desde la proposición no de
ley que realizaron en la legislatura anterior el Ministerio ha
actualizado, precisamente, estos umbrales que hoy usted intenta
actualizar todavía más.
Por no compartir básicamente el criterio, señor Presidente, vamos
a votar en contra de esta propuesta que nos hace el Grupo
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González
de Txabarri.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que
debatimos en estos momentos parte, a nuestro entender, de un
acertado planteamiento y busca obtener el apoyo de la Cámara para
intentar paliar algo que muy correctamente ha expuesto su
portavoz, porque simplemente ha trasladado a esta Cámara una
realidad que a todos nos preocupa y nos une en esta preocupación.
Digo que tiene un planteamiento acertado porque trata de los
efectos negativos de las desigualdades sociales en la demanda
educativa, puesto que subraya y centra, entre otros, que esas
desigualdades se dan de una manera especial en el mundo rural, y
eso es cierto. Y también lo encontramos acertado porque invoca
tres artículos de nuestra Constitución, el 9, el 14 y el 27, que
nos recuerdan que la extensión del derecho a la educación pasa,
precisamente, por la lucha contra la discriminación y la
desigualdad.
Por tanto, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo
Parlamentario encuentra correcto el planteamiento del Grupo
Parlamentario Popular, tanto la defensa que se nos ha hecho esta
tarde de su iniciativa como su contenido concreto, mejor dicho,
lo que avala la misma, el preámbulo, la introducción, la
exposición de motivos. Ese planteamiento se hace, reitero, desde
la denuncia de una cierta realidad y, además, bajo el
recordatorio de la obligación constitucional, que nosotros
debemos impulsar, de erradicar este problema.
El Grupo Parlamentario Popular sugiere que incidamos en la
política de becas como instrumento compensatorio y corrector para
luchar contra la discriminación y la desigualdad que, a su
juicio, se da en el campo, en el medio rural respecto del medio
urbano. Como ha señalado acertadamente el Diputado González de
Txabarri, éste es un instrumento, pero ni es el único ni es el
suficiente, y, además, no sólo en el medio rural se dan
planteamientos de desigualdad, discriminatorios, sino también en
otros lugares. Afortunadamente para todos, la política educativa
tiene también otros instrumentos que intentan compensar el
desequilibrio existente, tanto en el medio rural como en el medio
urbano. Pero, lógicamente, debemos hablar en estos momentos sobre
la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que incide de una
manera especial, yo diría que única, en este instrumento
compensatorio corrector que son las becas.
Yo diría que además es un instrumento que es políticamente
pacífico. Todos estamos de acuerdo en que una de las maneras de
luchar contra la discriminación, sea en el terreno urbano, sea en
el terreno rural, es precisamente la compensación a través de las
becas. Yo creo que existe un amplio consenso, por no decir
unanimidad, entre todos los grupos parlamentarios, entre todas
SS. SS., en decir y subrayar que éste es un instrumento
compensatorio tan lejano en el tiempo como útil ha sido, y
seguramente será. No obstante, señorías, nosotros discrepamos de
la propuesta concreta que nos hace el Grupo Parlamentario
Popular. Esta propuesta, como nos ha recordado su portavoz, parte
de un Real Decreto, el 2.298/1983, de 28 de julio, relativo a
becas, en el que se habla de los umbrales de la renta familiar
per cápita y de los relativos al patrimonio que son los que fijan
en la práctica hasta el día de hoy el marco de concesión de
ayudas escolares.
¿Qué pretende el Grupo Parlamentario Popular? El Grupo
Parlamentario Popular analiza la situación, hace un análisis
correcto, desde el punto de vista específico en que centra su
iniciativa, y lo que pretende es única y exclusivamente modificar
el umbral del valor catastral o base imponible del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y el relativo al valor de reposición a precios
de mercado de la maquinaria agrícola familiar. Siendo bueno en sí
mismo, siendo correcto, positivo y lógico en sí mismo, lo que
haría en la práctica, de aprobarse esta iniciativa, es
desequilibrar a favor del patrimonio lo que debiera de ser, de
alguna manera, promediado --si se me permite la expresión-- con
la renta familiar.
Nosotros podemos estar de acuerdo con el planteamiento del Grupo
Parlamentario Popular, en el sentido de que debemos modificar los
umbrales relativos al valor catastral y al valor de reposición a
precio de mercado de la maquinaria agrícola; podíamos discutir si
el umbral debe ser éste o aquél, pero posiblemente
coincidiríamos, en términos generales. En lo que no podemos
coincidir es en modificar una parte del análisis de la situación
y, a su vez, de la solución del problema en contra de la otra
parte, como es la renta «per cápita». ¿Por qué? Porque nos
encontramos, al menos hasta donde nosotros conocemos, con que los
patrimonios rurales pueden ser muchos y considerables, pero con
una realidad incuestionable, que es que la renta «per cápita» no
siempre va ligada con ese patrimonio. Diré más: una de las
cuestiones que nuestro Grupo Parlamentario viene planteando y que
de alguna manera hemos intentado resolver, aunque no del todo,
por la vía de los Presupuestos Generales del Estado y de la Ley
de Acompañamiento, es el famoso Impuesto de Transmisiones; es
decir, cómo va a gravar sobre la economía familiar agraria el
Impuesto de Transmisiones, en caso de fallecer el titular, en que
la familia viene obligada a desprenderse de sus bienes para hacer
frente al mismo. Por lo tanto, no es cierto que debamos hacer
descansar toda la política de becas sobre el aspecto patrimonial
del campo, del medio rural; deberíamos hacerlo descansar de
manera equilibrada sobre la renta, porque la renta, en muchísimas
ocasiones, nos demuestra que puede ser incluso inversamente
proporcional al valor patrimonial.
Señor Presidente, estando de acuerdo nuestro Grupo en la denuncia
que hace el Grupo Parlamentario
Popular --y su portavoz lo denuncia muy correctamente en su
exposición--, no lo estamos en que la fórmula más adecuada para
resolver esta situación de discriminación es precisamente
modificar sola y exclusivamente --repito-- los umbrales de los
valores catastrales y de reposición a precio de mercado de la
maquinaria agrícola familiar.
Esta iniciativa, de ser completada mediante una modificación de
los umbrales relativos a la renta «per cápita», sería del todo
apoyada por nuestro Grupo Parlamentario, posiblemente vía
enmienda puntual, porque quizás en los límites de los umbrales
podría estar nuestra discrepancia. Pero no podemos apoyar una
iniciativa que, intentando lo mejor, no lo consigue. Por ello,
nos vamos a abstener, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de
Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Cruz Orive.
El señor CRUZ ORIVE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre discriminación de los alumnos rurales en la
concesión de becas y ayudas al estudio.
En primer lugar, me detendré brevemente en la consideración de
que el régimen de becas, de ayudas a las familias humildes para
que sus hijos y sus hijas --con aptitudes, se entiende-- puedan
acceder o continuar sus estudios, viene a paliar, que no a
resolver, los efectos negativos de las desigualdades sociales y
las propias desigualdades.
A veces nos esforzamos en perfeccionar políticas compensatorias,
por un lado, mientras, por otro, empujamos los mecanismos
sociales y económicos que generan irremediablemente miserias y
desigualdades. nos instalamos, si no alegremente sí
tranquilamente, en políticas neoliberales, que son las que
generan descompensaciones interterritoriales, desigualdades
campo-ciudad, hombre-mujer, parado-empleado, y levantamos
fácilmente banderas de igualdad de oportunidades, banderas de
solidaridad.
De la misma manera y reduciendo esta reflexión al tema que nos
ocupa, es muy fácil aparecer como paladines de la lucha contra la
marginación del mundo rural, partiendo de la premisa de que
existe --estoy convencido de que también existe-- discriminación
en la concesión de becas a los alumnos rurales, cuando la
discriminación y la marginación son más globales y más profundas.
El aspecto educativo es una parte tangencial --importante, pero
tangencial-- del problema, al que no son ajenos, sino todo lo
contrario, valores conservadores, profundamente arraigados, que
impiden objetivamente la salida del estancamiento socioeconómico;
valores que muchas veces la derecha trata de perpetuar.
En cualquier caso y por acabar esta reflexión inicial respecto a
la discriminación, creo que la discriminación básica no está en
residir en un hábitat o en otro, en la ciudad o en el campo, sino
en los niveles de renta, dentro de las propias zonas rurales o de
las ciudades. Está en la existencia de familias ricas y de
familias pobres, desgraciadamente.
En segundo lugar, nuestro Grupo querría manifestar que el
criterio fundamental para el establecimiento de un sistema de
ayudas a la educación debería basarse, junto a los resultados
académicos, en el nivel de renta «per cápita» familiar. Para ello
se debería disponer de mecanismos e indicadores más precisos,
para aproximar --como se ha dicho aquí en anteriores
intervenciones-- a la realidad la estimación de las rentas
familiares, porque todo lo demás sólo son elementos conexos
porque no sale a la superficie pues en numerosos casos
desconocemos cuál es la autenticidad de la renta familiar. De
darse esta circunstancia estaríamos incluso de acuerdo en excluir
del umbral para acceder al sistema de becas el valor catastral de
los bienes rústicos necesarios para la obtención de renta.
Hablaríamos de ingresos familiares, de renta familiar, de renta
«per cápita».
En tercer lugar y entrando más en el tema que estamos en estos
momentos tratando, partiríamos del ejemplo expuesto por el
portavoz del Grupo Popular, de una familia de cuatro miembros,
del sector agropecuario, que actualmente puede acceder al régimen
de becas --naturalmente cumpliendo el resto de los requisitos,
iguales para todos los solicitantes, de valores académicos,
etcétera-- si el valor catastral de los bienes rústicos,
incluidos los de reposición de la maquinaria y los de las cabezas
de ganado, no supera los 14.932.000 pesetas, prácticamente los 15
millones. La propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular
propone elevar dicha cifra a 20 millones. Según mis cálculos, ahí
es donde está la diferencia, en esos tres millones del valor de
reposición, por unidad familiar, de la maquinaria y en esos dos
millones, creo recordar, del valor del ganado, también
considerado «per cápita».
Como yo lo concibo, el problema tiene una doble vertiente. Por un
lado, que se puede discriminar a otras zonas más necesitadas,
puesto que no partimos de unos recursos ilimitados. Aquí tampoco
estamos hablando de la bolsa de becas como de un chicle que se
pueda estirar. En los Presupuestos Generales del Estado
presentados recientemente, en la Sección 18, Educación y Ciencia,
para el año 1996 se destinan para becas y ayudas una bolsa de
80.069 millones, en pesetas constantes menos dinero que en 1995,
puesto que el incremento es del 1,5 por ciento respecto a 1994 y
todos sabemos que la vida ha subido bastante más, un 3,5 por
ciento.
En cuanto a la cuantía media de las prestaciones sufre un
descenso, ya que van desde la de la universidad,
con un menos 1,1 por ciento --la cuantía media prevista para 1996
es de 188.000 pesetas frente a 190.000 en 1995--, hasta la de
enseñanzas medias, que tiene una reducción del 9,3 por ciento. Es
decir, 44.000 pesetas de prestación media en 1996 frente a 48.500
en 1995. Saco estos datos a colación porque yo me pregunto si con
su proposición --ésta es una de las cuestiones de esa doble
vertiente a la que yo aludía-- no estamos primando a un sector
reducido que aun con sacrificios, con muchos sacrificios, todavía
tiene recursos para costear la educación de sus hijos en la etapa
posobligatoria detrayendo esos recursos destinados a sectores y
familias más desfavorecidas no pertenecientes a otro medio, sino
incluso del propio mundo rural.
Por los motivos aducidos, señor Presidente, señorías, incluso por
algunas otras razones más técnicas, la aprobación de esta
proposición no de ley retrasaría no sé hasta cuándo la percepción
de las becas en este curso. Quizá podríamos hablar de otro curso,
del curso 1996-1997. Por los motivos aducidos, nuestro Grupo va a
votar en contra de la proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular aunque, evidentemente, seamos muy
sensibles a las dificultades, a las discriminaciones objetivas y
subjetivas por las que atraviesa el mundo rural.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cruz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la
posición de mi Grupo en relación con la proposición no de ley del
Grupo Popular referida a la concesión de becas y ayudas al
estudio a los alumnos del mundo rural.
Señor Bueso, a pesar de las explicaciones que usted ha dado desde
esta tribuna y las que constan en el texto escrito, yo creo que
no se ajustan a la realidad. Voy a tratar de explicarle el punto
de vista del Grupo Socialista analizando cuál es la realidad en
lo que se refiere a la concesión de becas y ayudas al estudio en
el mundo rural.
La determinación de los parámetros económicos que rigen la
concesión de becas y ayudas al estudio está basada en criterios
objetivos y, además, se han ido actualizando anualmente en
función de la evolución del IPC. Como S. S. sabe, el objetivo
fundamental es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los
alumnos en el acceso a los niveles de la enseñanza no
obligatorios, bien estén estos alumnos en el mundo urbano o en el
mundo rural. Basado en este principio tan elemental, el Gobierno
ha incrementado año tras año las cuantías de las ayudas y los
umbrales tanto de la renta como del patrimonio familiar que dan
acceso a estas becas. Le diría algo más, estos criterios
objetivos desde el punto de vista del Gobierno, han sido
modulados en algún caso concreto, el que se refiere al mundo
rural. Si usted me lo permite, le diré que ha habido un
tratamiento positivo en relación con los criterios que aparecen
en la regulación de concesión de becas y ayudas al estudio cuando
se refieren a los alumnos procedentes del mundo rural. Si usted
quiere, en la determinación de estos parámetros ha habido una
discriminación positiva. Esa es la opinión que tengo y que está
basada en la lectura del decreto que regula la concesión de becas
y en la orden ministerial que fija los criterios, enmarcados en
este decreto, año tras año.
Parece que el Grupo Parlamentario Popular quiere negar la
evidencia, quiere negar lo que dicen los papeles, lo que dice un
decreto que regula las becas y las órdenes ministeriales que se
publican año tras año. Nos trae una proposición no de ley que
dice algunas cosas curiosas en su parte expositiva. Desde mi
punto de vista, resulta absurdo afirmar que el umbral patrimonial
establecido para la concesión de becas en el sector
agropecuario --y leo textualmente lo que ustedes dicen en la
parte expositiva de su proposición no de ley-- puede ser
considerado como confiscatorio, lo que significaría que, para
poder obtener beca, cualquier persona debería vender su propia
vivienda, su local comercial o industrial o su explotación
agropecuaria.
Señor Bueso, los hechos son tozudos y demuestran la inexactitud
de estas afirmaciones. En la pasada convocatoria de becas,
obtuvieron beca más de 700.000 alumnos. Puede hacer una encuesta
entre los alumnos que obtuvieron beca y no me cabe la menor duda
de que no tuvieron que vender nada para conseguirla, no tuvieron
que vender la explotación agropecuaria, no tuvieron que vender su
vivienda, no tuvieron que vender la instalación comercial o
industrial que tengan.
Le diré algo más, de esos 700.000 alumnos, la cifra de los
correspondientes al sector agropecuario que obtuvieron beca
ascendió aproximadamente a 73.000, lo que equivale a un 9,37 por
ciento del número total de becarios, cuando la población que
forma el sector agrícola ganadero representa aproximadamente un
8,78 por ciento. Si tendemos en cuenta los datos del INE en la
encuesta de población activa, los becarios pertenecientes a las
familias que trabajan en el sector agrícola o ganadero obtuvieron
una prima de más de medio punto en relación con el resto de los
becarios procedentes de otros sectores. No hay una discriminación
de los alumnos procedentes del sector agrario con relación al
resto de los alumnos que proceden de otros sectores productivos,
sino más bien al contrario. Desde mi punto de vista, ésta es una
razón suficiente como para estar en contra de la proposición que
ustedes traen a la Cámara, pero le voy a dar otras tres más.
Señor Bueso, yo diría, sin acritud, que esta proposición no de
ley es inoportuna, es incongruente y es insolidaria. Me he
permitido emplear tres palabras que
empiezan con el mismo prefijo para hacer referencia a tres
consideraciones que creo que tienen el suficiente peso como para
rechazar esta iniciativa.
Es inoportuna e incongruente por la siguiente razón. Ustedes
proponen que estas medidas se apliquen en el curso 1995-1996, en
el que estamos. De aprobarse estas medidas, tendrían que ser
adoptadas, pienso yo, para la próxima convocatoria 1996-1997,
porque si las aplicáramos a la convocatoria 1995-1996, en la que
estamos, crearíamos un tremendo problema, porque en estos
momentos, la convocatoria 1995-1996 se encuentra en plena fase de
ejecución, con las solicitudes ya presentadas, en parte ya
resueltas. En el supuesto de aprobarse esta iniciativa ello
obligaría a un nuevo plazo de presentación de solicitudes y a una
revisión de las solicitudes y de las concesiones realizadas.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista,
crearíamos un tremendo perjuicio a aquellos alumnos que ya tienen
concedida una beca porque la han solicitado en tiempo y forma
durante el presente curso escolar.
Además de que tiene muy poco sentido plantear a estas alturas que
modifiquemos la Orden Ministerial que regula las becas para el
curso 1995-1996 porque no resolveríamos ningún problema y
crearíamos muchos nuevos, su propuesta también es bastante
incongruente, en línea con lo que acabo de decir, porque ustedes
tienen solicitada la comparecencia del Ministro de Educación en
la Comisión de Educación y Cultura, que se va a producir el
jueves de esta semana, pasado mañana, en la que solicitan su
presencia en la Comisión para que explique por qué está tan
retrasada la concesión de becas en el presente curso escolar. Por
un lado, van a acusar --así lo dicen en el texto escrito donde
piden la comparecencia del Ministro y estoy seguro de que lo hará
su portavoz cuando comparezca el Ministro en la Comisión-- y, por
otro, nos traen una iniciativa que lo que pretende es justamente
crear más confusión y retrasar aún más la concesión de las becas
para el curso en el que nos encontramos.
Decía como tercera consideración que su propuesta es
profundamente insolidaria. Durante el curso 1992/93 (le pongo
estas cifras como ejemplo), el Ministerio de Educación y Ciencia
concedió becas a más de 700.000 alumnos en enseñanzas medias y en
la universidad. De esas 700.000 becas, unas 73.000 lo fueron para
hijos de agricultores, con la siguiente distribución: De todas
ellas, aproximadamente el dos por ciento se concedió a hijos de
agricultores de empresarios agrarios con asalariados a su cargo;
el 31 por ciento lo fue a hijos de empresarios agrarios sin
asalariados a su cargo, es decir, agricultores autónomos; y el 67
ciento restante, lo fue a trabajadores o asalariados agrarios.
La propuesta que ustedes traen a esta Cámara, a través de la cual
pretenden revisar el baremo que se aplica en estos momentos para
conceder las becas, supondría pasar el umbral que en estos
momentos está fijado en algo menos de cuatro millones de pesetas
(3.848.000 pesetas exactamente) a cinco millones. Ello significa
que una familia con cuatro miembros --lo decía el portavoz de
Izquierda Unida-- pasaría del actual umbral de 15 millones a uno
de 20 millones, lo cual permitiría, señor Bueso --yo creo que
éste es su objetivo y quiero remarcarlo claramente para que
conste en el «Diario de Sesiones»--, que los empresarios agrarios
con asalariados a su cargo, es decir, ésos cuyos hijos perciben
ahora el dos por ciento de las becas que se destinan al sector
agrario, aumenten su cuota de participación.
Desde nuestro punto de vista, de aprobarse su propuesta, señor
Bueso, estaríamos arruinando el carácter compensador, el carácter
de discriminación positiva que todo sistema de becas debe tener y
que desde luego el sistema de becas español tiene en estos
momentos. Estaríamos arruinando un sistema de becas compensador y
favorecedor de la discriminación positiva. Por esta razón
fundamental y por las otras que decía antes, nos vamos a oponer.
Porque --y con esto termino, señor Presidente-- si aprobásemos su
iniciativa, ¿a quién estaríamos beneficiando en el mundo rural?
Ustedes han hablado mezclando mundo rural y agricultores, que son
cosas bien diferentes. ¿A quiénes estaríamos beneficiando en el
mundo rural? ¿Estaríamos beneficiando a los trabajadores o
asalariados agrarios? Desde mi punto de vista, no. ¿Estaríamos
beneficiando a los pequeños y medianos agricultores que no
emplean mano de obra asalariada? Desde mi punto de vista, no. Es
decir, a ésos cuyos hijos perciben en este momento el 98 por
ciento de las becas que se perciben en el mundo agrario no
favorecería su iniciativa; a ésos perjudicaría su iniciativa.
Pero vayamos más allá. ¿Estaríamos beneficiando con esta
iniciativa a los autónomos de otros sectores que trabajan en el
mundo rural? ¿Estaríamos beneficiando a los asalariados de la
construcción que trabajan también en el mundo rural? Desde mi
punto de vista, no, señor Bueso.
Entonces, ¿a quién beneficia esta iniciativa? Esta iniciativa
tiene un solo beneficiario, que son los empresarios agrarios que
emplean mano de obra asalariada, ese dos por ciento al que me
refería antes; a ésos beneficiaría exclusivamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nieto, termine.
El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Yo comprendo que estamos en época próxima a las elecciones y ésta
es una iniciativa dirigida a un colectivo determinado, dirigida a
una clientela electoral suya, señor Bueso. En ese sentido lo
entiendo, pero desde luego no beneficiarían para nada al conjunto
del mundo rural sino a un sector muy determinado, a un colectivo
muy determinado, que pasaría, si esta iniciativa se aprobase, de
percibir el dos por ciento de las
becas que reciben los agricultores a un porcentaje más alto.
Por todas estas razones vamos a votar en contra de esta
iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.
Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
relativa a la discriminación de los alumnos rurales en la
concesión de becas y ayudas al estudio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 132; en contra, 164; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE POLITICA
GENERAL QUE APLICARA EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA SITUACION DE LA
SEGURIDAD VIAL, ASI COMO VALORACION DEL INCREMENTO DE LOS INDICES
DE SINIESTRALIDAD VIAL EXPERIMENTADO DURANTE 1995. (Número de
expediente 173/000097)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Popular subsiguiente a interpelación sobre
política general que aplicará el Gobierno para mejorar la
situación de la seguridad vial, así como valoración del
incremento de los índices de siniestralidad vial experimentado
durante 1995.
Tiene la palabra el señor Sanz Escalera. (Rumores.) Señorías,
ruego guarden silencio (Rumores.) Señorías, ruego guarden
silencio.
El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, lleva mi Grupo Parlamentario algo
más de un año tratando de desvelar los temas de seguridad vial,
con un diálogo entre pregunta y respuesta parlamentaria con el
Ministerio y la Dirección General de Tráfico no siempre homogéneo
y no siempre clarividente, pero traer al Pleno el debate de estos
temas de seguridad vial no es ni un capricho de la oposición ni
tampoco una impertinencia o una extemporaneidad en la discusión,
sino algo necesario e imperioso ya que las cuestiones que afectan
a miles de vidas españolas es obligatorio discutirlas aquí para
que, como se ha dicho tantas veces con ese tópico, acerquemos la
España real a la España oficial, y porque además es nuestra
obligación arbitrar medidas que eviten o disminuyan el dolor y la
muerte de nuestros conciudadanos. Aparte de ello, había que
despertar a la Dirección General de Tráfico y también al
Ministerio que la preside por cuanto aquélla estaba instalada en
una actitud poco menos que la de la ciudad alegre y confiada,
rota súbitamente desde el mes de febrero de este año con una
alarmante subida de los accidentes, de los fallecidos y de los
heridos graves, ascenso que se ha convertido en una peligrosa
tendencia, que desgraciadamente sigue manteniéndose de manera
alarmante, que nos conste, hasta el día 24 de septiembre de este
año --no obstante, las declaraciones oficiales en contra--.
Ciento veinticinco accidentes mortales, 176 fallecidos y 191
heridos graves más es el resultado de este año por encima del
anterior. Estas son nuestras últimas cifras, conseguidas a pesar
del espeso silencio de la Dirección General de Tráfico y de su
negativa a suministrarlas en tiempo real, no obstante haberlas
pedido oficialmente este Diputado. Nos permitimos protestar
enérgicamente porque no es presentable que los parlamentarios
tengamos que recurrir a caminos oficiosos cuando deberíamos ser
atendidos diligentemente en las instancias oficiales.
Señores del Gobierno, no remite el número de los accidentes.
Estos se han instalado en una peligrosísima tendencia al aumento,
con sus consiguientes secuelas de fallecidos, heridos y mutilados
que es ciertamente --y lo decimos sin dramatismos artificiales--
el resultado de una política poco acertada que se practica en
esta materia desde el Ministerio y desde la Dirección General
fundamentalmente.
Puede parecer fácil criticar siempre que nadie se comprometa con
soluciones. Nosotros, después de la interpelación presentada hace
unos días, con esta moción venimos a dar una respuesta a esta
exigencia de sinceridad. El Partido Popular, desde su postura
de opositor democrático, no sólo apunta los defectos de la
política de seguridad del Gobierno, sino que, además, ofrece a
los grupos parlamentarios un paquete de medidas urgentes para dar
solución a este grave problema.
La moción plantea diecinueve puntos y en ellos se incluyen los
remedios más llamativos para reducir la accidentalidad. Doy por
conocidos dichos puntos por SS. SS., al objeto de relevarles de
su lectura puntualizada. No obstante, con el fin de que todos
tengamos una valoración terminante desde otro punto de vista, me
permito clasificarlos en seis apartados por razón de sus
objetivos. Hemos elaborado unas medidas encaminadas a mejorar la
eficacia de la gestión, y en este sentido se contempla la reforma
del Consejo Superior de Tráfico, convertir la seguridad vial en
un contenido
transversal en la Logse, la formación permanente de los
conductores, aumentar la dotación de parques infantiles de
tráfico y elaborar un informe anual sobre la eficacia de las
medidas en infraestructura.
Otras medidas van encaminadas a atender una demanda social
sentida, así el otorgamiento del carné para ciclomotores mediante
la superación de unas pruebas, implantar el sistema de la
conducción tutelada, facilitar medios de transporte alternativos
en fines de semana para jóvenes, revisar límites genéricos de
velocidad y construir carriles para bicicletas.
Hemos propuesto también medidas de carácter técnico como, por
ejemplo, la eliminación de las travesías y de los puntos negros,
la redacción del reglamento del vehículo y garantizar el
cumplimiento de la ITV para los vehículos pesados.
Otras medidas van encaminadas a la ayuda al usuario. Por ejemplo,
la utilización optimizada de los recursos de la Cruz Roja y
evitar traslados intermedios en caso de accidente.
También hemos propuesto otras medidas de carácter económico como,
por ejemplo, aumentar la plantilla de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil e incrementar los controles de alcoholemia y
drogas tóxicas.
Y, por último, las medidas más importantes, las que facilitan la
transparencia de la gestión, como la creación de una base
informática de datos accesibles sobre la accidentalidad.
Señoras y señores Diputados, la política supone un compromiso. No
podemos tratar de obtener el cien por cien de nuestras propuestas
porque perderíamos, quizás, la totalidad de ellas. La moción ha
creado una inquietud en los demás. Cuatro grupos parlamentarios
han formulado 24 enmiendas puntuales a los 19 puntos y entre
todos hemos elaborado un texto que responde en su mayoría --como
no podía ser menos-- al espíritu y al dictado de la moción del
Partido Popular, pero que recoge también otros enfoques, otra
manera de entender las cosas, de los restantes grupos
parlamentarios.
Como entendemos que todas esas soluciones dadas en la enmienda
transaccional de momento satisfacen las exigencias del Grupo
Popular, presentaremos a la Cámara una enmienda transaccional
global. Sin embargo, nosotros no queremos dejar de puntualizar
que ha habido una discrepancia fundamental en tres cuestiones: la
conducción tutelada, la formación permanente de conductores y la
base de datos informáticos sobre accidentalidad vial. Creemos que
estas tres cuestiones son importantes y básicas y, de momento,
hemos renunciado a ellas para obtener una solución importante y
urgente a un problema vital, como es el del tráfico y la
seguridad vial, pero no renunciamos a ellas. Más adelante, en
otra ocasión, volveremos a plantear estas mismas pretensiones;
particularmente, la conducción tutelada.
Nosotros creemos que la circulación, el tráfico, responde más que
a algo racional a una cuestión de puros reflejos. Por tanto, es
necesario crear en el conductor hábitos de conducta para que,
ante determinadas situaciones responda de una manera espontánea.
Pensamos que para personas comprendidas entre 16 y 18 años la
conducción tutelada podría abordar el tema de la conducción
tranquila, de forma que el futuro conductor, cuando obtuviera el
permiso de conducir definitivo, hubiese adquirido los hábitos de
conducta necesarios para que fuera un conductor prudente. Esto,
como digo, sería para aquellos que tuviesen 16 años y no hubiesen
rebasado los 18, que hubiesen cursado la Enseñanza General Básica
o su equivalente y que superaran unas pruebas teóricas sobre
normas y señales reguladoras de la circulación. Este sería el
primer estadio para la obtención del permiso de circulación.
Durante los primeros seis meses el candidato estaría autorizado a
conducir bajo tutela entre las seis de la mañana y las 10 de la
noche; es decir, en las horas en que hay menos riesgo. El
acompañante, el tutor, deberá reunir los requisitos establecidos
en el apartado 3 de la orden de 29 de julio de 1981. Después de
estos seis meses de prácticas sin haber sido condenado por
rebasar la tasa de alcohol, que debería tenerla en 0,00
miligramos; sin haber sido castigado en lo relativo a los límites
de velocidad ni respecto al cinturón de seguridad, el aspirante
podría pasar a la segunda fase de esta licencia provisional
restringida de conducción mediante la superación de unas pruebas
prácticas de maniobra o destreza en el manejo del vehículo y de
conducción. El poseedor de una licencia provisional restringida
podría conducir sin supervisión entre las seis y las 10 de la
noche en el segundo estadio y a cualquier hora siempre que fuera
acompañado de su tutor o vaya de camino o de regreso al trabajo.
Una vez cumplida la segunda fase, el conductor podría obtener
definitivamente la licencia de conducir.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, le ruego concluya.
El señor SANZ ESCALERA: Termino ya, señor Presidente.
Nosotros presentaremos a la Cámara una enmienda transaccional a
la moción del Grupo Popular sobre seguridad vial, que, como digo,
recoge en varios apartados el sentir y el espíritu de la
presentada inicialmente. Nos congratulamos de la recepción que ha
tenido la nuestra en los grupos parlamentarios y esperamos la
votación por unanimidad de dicha enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Se han presentado enmiendas por los Grupos de Izquierda Unida-
Iniciativa per Cataluña, Catalán (Convergència i Unió) y
Socialista.
En primer lugar, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es
que debiéramos plantear en su justo término la discusión de la
moción fruto de la interpelación urgente que el Partido Popular
presentó en la Cámara la semana antepasada. Yo creo que con el
tema de los accidentes de tráfico lo mejor que podíamos hacer es
buscar soluciones para no entrar en rentabilidades del propio
debate. En todo caso, hay que reconocer una cosa. La evolución
del número de accidentes en los últimos años ha ido en retroceso,
e incluso el número de personas afectadas por los accidentes,
pero es cierto que en el último año se ha producido una
modificación de la cadencia, de febrero acá, porque, aun siendo
reducido el número de accidentes, el número de personas
fallecidas es mayor, aunque también es cierto que se ha
registrado un mayor número de accidentes en determinadas zonas,
que no vamos a entrar a discutir.
Yo creo que la intervención de hoy del portavoz del Grupo Popular
facilita que vayamos a un encuentro una vez superada la discusión
con el Gobierno. También debiéramos reconocer que encima de la
mesa está el plan nacional de seguridad vial para el año 1995, y
después voy a entrar en los tres temas que yo considero
cruciales. Por tanto, la discusión debería centrarse en qué
elementos del plan nacional de seguridad vial debemos modificar,
impulsar o incidir, fruto de la realidad que hemos constatado, y
es que hemos truncado una evolución negativa en los accidentes
convirtiéndola en una evolución positiva.
La propuesta del Grupo Popular es amplia, está dividida en tres
grandes bloques: por un lado, actuaciones de carácter
administrativo; por otro lado, actuaciones de carácter preventivo
--educación y aspectos técnicos de los propios vehículos--, y,
por último, todo lo que pudiéramos llamar medidas de control y
vigilancia, de carácter más o menos finalista.
Las enmiendas de Izquierda Unida no van dirigidas a la idea
global, que la respetamos y la podemos compartir en un principio
general, sino a modificar estas precisiones que no veíamos
claras. En primer lugar, en el apartado de carácter
administrativo, cuando hablaba en el punto C de «a la vista de la
generalización y profusión en la circulación vial de
ciclomotores, la creación de un permiso especial para vehículos
ligeros», no estaba precisado en la redacción lo que se pretendía
con eso. Nosotros consideramos que, igual que los ciclomotores,
hay una profusión de bicicletas que tienen accidentes y que los
provocan. Las grandes travesías de acceso a las ciudades son las
que tienen mayor porcentaje de mortalidad en los accidentes. Por
tanto, lo que proponíamos era regular la edad para utilizar esos
ciclomotores en las grandes infraestructuras o en las propias
carreteras, las condiciones y limitaciones que debieran aplicarse
para poder circular, el nivel de conocimiento del código que
debieran tener, pero no la idea de crear un permiso de
circulación para estos vehículos ligeros. En todo caso, nuestra
idea se aproximaba más a un criterio general de mayor nivel de
conocimiento y de formación que a un nivel de mecánica de un
carné para las personas que tengan ciclomotores. Ya ha precisado
usted también en su intervención que se refería a personas que ya
habían pasado la Educación General Básica con un nivel
determinado, que estaban en condiciones de poder hacer uso de su
propio ciclomotor.
La segunda enmienda va dirigida a fomentar en los niveles de
formación local medidas de transporte colectivo. Yo creía que en
esta resolución debíamos dirigirnos más a la Administración
central. Por eso proponíamos que todo lo que hiciera referencia a
la administración local y a las competencias de esa actuación,
como es el transporte colectivo en centros de alta influencia --
pueden ser universidades, centros de ocio, centros de
divertimento, de concentraciones deportivas, etcétera--, se le
encomendara a la administración competente. En todo caso, he
visto que los demás grupos no tienen ningún problema con ello y
no vamos a plantear ninguna complicación con esta propuesta.
En el tema educativo usted planteaba una asignatura transversal.
Eso está muy recogido dentro de la vertiente de educación del
plan nacional de seguridad vial, y si creamos una asignatura
transversal, al final, la escuela es la que va a pagar todos los
niveles de educación --la educación sanitaria, la educación
vial...--, y yo no sé cómo va a quedar la parte instrumental,
porque el número de horas son las mismas, los profesores también,
y no sé cómo vamos a reestructurar la educación. En todo caso, yo
sí entendía lo que quería decir, que la idea de la seguridad vial
tuviese un elemento transversal a nivel formativo, pero no me
gustaba la expresión «asignatura transversal» y planteábamos
retirarla.
En el apartado 2, que habla del carné, usted se ha referido a la
conducción tutelada de 16 a 18 años. Esta experiencia que
funciona en Estados Unidos, y no en los países europeos, consiste
en que personas con 16 años puedan conducir con una persona al
lado en unas condiciones determinadas. No sé si ese aprendizaje
será continuo y si al final tendrá el carné de conducir. Yo creí
que no se refería al vehículo de motor, al coche, porque no
estaba precisado, y que era para ciclomotores y bicicletas, con
lo cual valía cualquier circunstancia. Ahora bien, si va dirigido
al vehículo de motor mi reflexión es que precisamente, y eso nos
lo dicen las compañías de seguros, el riesgo es mayor si el coche
se conduce por una persona de una edad determinada por la poca
experiencia que se tiene en circulación. Si añade, como
conclusión de que hay más accidentes, la idea de introducir el
carné a los 16 años, aunque vaya acompañado de una educación
previa, creo que es porque usted piensa que por qué con 40 clases
en una autoescuela le dan el carné y no se lo dan con dos años de
aprendizaje. Con todas las cautelas que debamos de tener, hoy no
introduciría esto como propuesta de una moción, aunque no
rechazamos
la idea de poder discutir una formación más amplia que las 30 o
40 clases, por decir un número. En este sentido es en el que va
nuestra propia enmienda. Si el consenso se establece en otros
niveles, nos parece muy bien. Ahora bien, usted ya ha anunciado
que, si no se acepta, volverán otra vez (a lo mejor vuelven en
otras circunstancias y no como Grupo de la oposición). Pues bien,
cuando vuelvan les escucharemos en función de la realidad que
pueda existir.
Nosotros proponíamos en los apartados técnicos, cuando se habla
de que se incorpore un reglamento del vehículo al desarrollo de
la Ley de Seguridad Vial, introducir los vehículos de tracción
mecánica, aunque como hay una Ponencia de Seguridad Vial que está
hablando de las bicicletas, no tenemos ningún problema en que se
recoja con posterioridad y que aquí hablemos sólo de los
vehículos de tracción a motor.
Usted ha hablado también de la educación permanente de los
conductores, de una especie de endurecimiento, de una exigencia
para que se reeduquen los que puedan actuar. Nosotros preferimos
añadir, en lugar de endurecimiento de las sanciones, una mayor
eficacia o un mayor control de las actuaciones derivadas de la
ITV; estamos hablando de los aspectos técnicos de los propios
vehículos. De todas formas, bien sea con el término
«endurecimiento» o con el de «mayor control y eficacia», el
objetivo que podemos conseguir con que el vehículo pase la ITV y
que ésta consiga que haya mejores condiciones de circulación para
los vehículos, que es lo que usted proponía con una actuación
coercitiva, formativa o de corrección mecánica, es el mismo.
En los apartados 1 y 4 ustedes hablaban, refiriéndose a las
infraestructuras, de una especie de plan especial de travesías,
pasos a nivel, cruces, intersecciones, etcétera. Nosotros le
proponemos a usted que se refundan los puntos 1 y 4 porque más o
menos inciden en lo mismo: eliminar puntos negros, trazados,
etcétera, y que anualmente se elevara a esta Cámara una propuesta
de una evaluación del plan de seguridad vial con los efectos que
sobre la seguridad vial han tenido determinados puntos negros en
toda la red viaria. Esta enmienda de modificación en el apartado
2B pretende que en estos dos puntos a los que me acabo de
referir, se haga cada año una evaluación del plan de seguridad
vial y de los efectos que han tenido las limitaciones en
infraestructura sobre la seguridad vial, es decir, qué puntos
negros, qué cruces, qué pasos a nivel, se pueden modificar, para
así hacer unas actuaciones especiales que se puedan incorporar a
los presupuestos o a otro nivel.
Ustedes proponen que esto se haga en el plazo de seis meses. Yo
les propongo que se haga anualmente como una evaluación del tema
de seguridad vial. Modificamos lo que usted ha propuesto pero no
entramos en controversia con lo que usted está defendiendo.
Hay unas propuestas concretas sobre el tema de la Guardia Civil a
nivel de control y vigilancia. Usted propone como objetivo
aumentar los miembros de tráfico de la Guardia Civil hasta llegar
a la cifra de 10.000 agentes. Me parece una conclusión demasiado
concreta en una moción, demasiado mediatizada. Nosotros
proponíamos mejorar la dotación y la eficacia de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil con actuaciones progresivas en los
próximos tres años. Podemos llegar a 10.000, a 9.000 o a 11.000,
según sea la cifra, pero no ir en la moción a un compromiso
taxativo de 10.000 agentes. Y no dar como solución solamente el
número de miembros de la Guardia Civil, sino también hay que
tener en cuenta los medios técnicos para poder actuar desde la
propia Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
La enmienda siguiente es de supresión del punto 2 del apartado B,
en la revisión de los límites de velocidad genéricos,
estableciendo un sistema para las violaciones de dichos límites.
Ya le he dicho que no creemos que ésta sea una actuación acertada
en este punto. De todas formas, si se acepta la supresión bien,
si no, votaremos la moción en las condiciones que quede.
Termino, señor Presidente. Es verdad que ahorraríamos muchos
efectos de un accidente si hubiera una información de a dónde
dirigirse. Si no sabemos a dónde llevar a una persona recién
accidentada lógicamente perdemos tiempo y cuando lleguemos lo
haremos en peores condiciones, de gravedad mayor o menor, pero en
peores condiciones. Lo que nosotros proponemos es que esa
información de a dónde dirigirnos en caso de accidentes se ponga
a disposición de los prestadores de primeros auxilios, sea la
Cruz Roja, la Guardia Civil, o las personas que estén encargadas,
para que así, rápidamente, mediante helicópteros o cualquier otro
tipo de servicio, pueda fácilmente llegarse al centro para salvar
el mayor número de vidas posible.
Nada más, señor Presidente. Nuestro objetivo es mejorar y
conseguir un acuerdo unánime de la Cámara, que signifique apoyar
el plan nacional de seguridad vial, precisando y mejorando los
requisitos de éste.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència y Unió). Tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario ha presentado también una enmienda al texto
de la extensa moción que nos propone el Grupo Parlamentario
Popular en materia de seguridad vial, enmienda que, sin más
preámbulo, paso a defender, aunque ya anuncio, sin embargo,
nuestra conformidad global con el texto transaccional que nos ha
sido repartido, al cual, a lo largo de mi intervención, haré una
pequeña salvedad que quisiera introducir como enmienda «in voce»
si es
posible, si los demás grupos de la Cámara lo tienen a bien.
En primer lugar, y centrándome en nuestra enmienda, en cuanto a
las medidas de carácter administrativo que se nos presenta en la
moción nosotros proponemos una nueva redacción del apartado A por
cuanto si bien estamos de acuerdo con la propuesta de modificar
las competencias del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de
la Circulación Vial, pensamos que también es conveniente añadir
una referencia a las comisiones autonómicas. El Pleno del Consejo
Superior se reúne una vez al año, generalmente es en el mes de
diciembre, pero las comisiones autonómicas nadie sabe cuándo lo
hacen, nadie sabe cuándo se reúnen aquellas que han sido creadas.
Les puedo poner como ejemplo la Comisión de Cataluña, que se creó
en el año 1990, en la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, y desde entonces no se ha vuelto a reunir. Por tanto,
creo que queda clara la necesidad de reforzar la nula eficacia
que tienen esas comisiones. Si las hemos creado, vamos a dotarlas
de contenido y que puedan servir para mejorar un problema grave
que tenemos planteado en nuestro país, como es el de la seguridad
vial.
Proponemos modificar el apartado B porque el banco informático de
datos que se nos pide ya existe. Sin embargo, sí pensamos que es
importante mejorar el sistema de captación de datos,
especialmente en zona urbana y en la elaboración de datos sobre
muertos y heridos, que es donde se producen los principales
déficit. Creo que hay un acuerdo unánime en que el principal foco
de disfunciones para la correcta elaboración de este banco de
datos procede de los accidentes en zona urbana y creo que hemos
de dedicar nuestro esfuerzo a corregir estas disfunciones.
En este segundo punto de la moción es donde propondríamos una
enmienda «in voce», por el siguiente motivo. Lo que pretendería
la enmienda sería establecer la obligación de poner estos datos
de forma inmediata a disposición de las comunidades autónomas. De
hecho, el Grupo Popular ya hace referencia en la moción --entre
comillas, cito textualmente-- a «con capacidad de consulta
próxima en el tiempo a los hechos». A nosotros nos parece que se
refieren tímidamente a esta posibilidad, pero creemos que se debe
explicitar claramente esta obligación de colaboración entre las
distintas Administraciones para acabar de una vez con el absurdo
de denegar de una forma inmediata unos datos de siniestralidad
que nosotros creemos que deberían estar a disposición de todas
las Administraciones públicas, sobre todo de las Administraciones
como es la autonómica, que ejercen competencias en materia de
educación, también vinculada en la educación vial o en materia
sanitaria, para el ejercicio de las cuales precisan poder
disponer de estos datos de una forma rápida porque es evidente
que estas competencias guardan una relación directa con el tema.
Por tanto, nosotros propondríamos añadir al final del apartado b)
del punto 1 de la propuesta transaccional, un párrafo que dijera
textualmente: la información de accidentes mortales en carretera
ha de ponerse inmediatamente a disposición de los gobiernos
autonómicos. Simplemente, creemos que va a aportar una mayor
eficacia a este banco de datos.
El apartado c) afecta a un debate importante, como es el de la
formación que deben recibir los conductores de ciclomotores.
Coincidiendo en el objetivo de conseguir una adecuada formación
vial de esos conductores, somos partidarios de no centrar su
logro en la superación de unas pruebas, porque creemos que
existen otras vías para lograr el mismo fin. Es por ello que
proponemos una redacción no excluyente, más amplia, de dicho
apartado c).
Paso ya a las medidas de carácter preventivo, punto 2 de la
moción del Grupo Popular. Primeramente, el texto de la moción
trata de la educación, y aquí, en el apartado b) nuestra enmienda
concreta las tres etapas de aprendizaje que integrarían la
denominada conducción tutelada. Quiero detenerme un momento en
este aspecto de la moción. Nuestro grupo parlamentario no está
defendiendo, en absoluto, todo lo contrario, que se pueda obtener
el carnet de conducir de la clase B o de la clase A2 a los 16
años; pienso que tampoco es lo que pretende el Grupo Popular.
Nosotros proponemos algo que estaría en un sentido diametralmente
opuesto, que tiene paralelismo con experiencias que se están
siguiendo en otros países de nuestro entorno. Nosotros proponemos
la formación tutelada a partir de los 16 años, que significa la
adscripción y formación inicial en una autoescuela del alumno y
del tutor hasta el examen provisional; la conducción tutelada
durante un período no superior a los dos años, es decir, hasta
los 18 años y la supervisión cautelar de la autoescuela hasta el
examen definitivo.
Alguien decía desde esta tribuna hace un momento que el hecho de
superar un examen tras someterse a 40 horas de clase es obvio que
no capacita para conducir de una forma más o menos segura. En
cambio, si abrimos la posibilidad de que este proceso de
formación del futuro conductor se inicie a los 16 años de una
forma tutelada, siempre bajo la supervisión de una autoescuela,
el futuro conductor, a los 18 años, en el momento que ya pueda
circular libremente porque la ley se lo permita, porque haya
obtenido el correspondiente permiso de conducir, entendemos que
tendrá una experiencia que seguro va a repercutir en beneficio de
la formación vial.
En el apartado c) proponemos claramente la implantación del
carnet de conducir por puntos negativos, tema que nos parece de
gran importancia para la seguridad vial, con la posibilidad que
ya prevé el texto de su moción de recuperar puntos positivos por
medio de cursos de reciclaje en las autoescuelas.
En el apartado d), que se refiere a la potenciación de los
parques infantiles de tráfico a través de convenios
con los ayuntamientos, introducimos la posibilidad de concertar
también con las comunidades autónomas.
Siguiendo con las medidas de carácter preventivo, por lo que se
refiere a las de control y vigilancia, en su apartado a)
proponemos una nueva redacción, sustancialmente distinta, por
cuanto nos estamos refiriendo a un tema debatido, importante,
pero pendiente de respuesta que consideramos necesario acelerar,
como es el proceso de transferencia de competencias, de
vigilancia de tránsito a las comunidades autónomas que lo han
solicitado y que, de acuerdo con sus estatatutos de autonomía,
pueden ser competentes en la materia. En aras del consenso,
estamos dispuestos a que este tema se elimine de la propuesta
transaccional, pero sin que ello suponga una renuncia a un
planteamiento que ya ha sido reivindicado abiertamente por
nuestro Grupo Parlamentario.
En cuanto al apartado b), tenemos serias dudas sobre la eficacia
de lo que propone el Grupo Popular, ya que la revisión al alza de
los límites de velocidad conlleva el incremento de mortalidad. Es
lo que ha sucedido en los Estados Unidos, en Suiza y en Francia,
países en los que se han aplicado recientemente medidas de este
tipo. Pero también la desobediencia civil generalizada a dichos
límites de velocidad requiere tratarla con rigor y con la
garantía del exhaustivo control por radar, si se llegase a
modificar. Por ello, nosotros proponemos una nueva redacción del
texto e, incluso, la incorporación de unas medidas ciertamente
duras, como son las de tipo penal, para quienes infrinjan o
doblen la velocidad prohibida, siguiendo el sistema impuesto,
también recientemente, en el Estado vecino, en Francia.
Por último, en cuanto a las medidas de carácter finalista,
nuestro texto alternativo al apartado a) es menos concreto que el
del texto de la moción, para adecuarlo a una realidad más amplia
del auxilio en carretera, que de hecho es la que existe en el
país, y que no se circunscribe estrictamente a la Cruz Roja, como
parece que, de alguna forma, limita el Grupo Popular en la
redacción de este apartado. Quiero recordarles que, por ejemplo,
en el País Vasco existe la Asociación DYA, de Ayuda en Carretera,
que tiene una intervención muy importante en el tratamiento de
los accidentes y de los heridos, y en Cataluña se ha creado un
organismo público hace muy poco tiempo, el Servicio de
Emergencias Médicas, que, juntamente con la Cruz Roja, realiza
una labor importante de auxilio a los accidentes en carretera.
Por tanto, nuestra redacción sería más amplia.
Estas son las enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario propone
incorporar al texto de la moción. Esperamos también oír la
opinión del Grupo Parlamentario Popular sobre la enmienda
transaccional y sobre la propuesta que hemos efectuado de
enmienda «in voce».
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la primera reflexión que quiero hacer, a la hora de
defender las enmiendas de mi Grupo a la moción formulada por el
Grupo Parlamentario Popular en este tema de la seguridad vial, es
semajante a la que el señor Ministro de Justicia e Interior hizo
hace dos semanas al tratar la interpelación previa a esta moción.
Esta materia de los accidentes de Tráfico, de los muertos en
carretera, que afecta a una cantidad enorme de familias de
nuestro país, que afecta además, desde el punto de vista
económico, a una enorme cantidad de recursos que se dispendían,
que se gastan por esa falta de prudencia, tanto de los
responsables políticos de las distintas Administraciones como de
los propios conductores, hay que abordarla con preocupación pero
sin alarmismo. Con preocupación pero sin catastrofismo. Con
preocupación, por el número de accidentes y de muertos en
carretera. Pero también hay que abordarla con el reconocimiento
explícito del esfuerzo colectivo que en los últimos años ha hecho
la sociedad española --el Gobierno central, la Administración
General del Estado-- en infraestructuras, en reformas
legislativas, en campañas de sensibilización, en esfuerzo
educativo, en campañas también de control técnico de los
vehículos; las Administraciones autonómicas asimismo en
infraestructuras; las Administraciones locales en control del
tráfico urbano. También el esfuerzo hecho por muchos hombres y
mujeres que conduciendo con más prudencia hemos conseguido entre
todos que del año 1990 al año 1994 el número de muertos en las
carreteras españolas haya disminuido en una cifra, nada
despreciable, de un 40 por ciento. Es verdad --el señor Sanz lo
decía el otro día y también hoy-- que en el año 1995 se ha
producido un cambio de tendencia, en todo caso un repunte. Habrá
que ver si es un cambio de tendencia; pero no podemos esperar a
ver si es un cambio de tendencia o es un puro cambio coyuntural.
El señor Sanz decía el otro día que no hablemos con triunfalismo.
Yo le digo a usted que no hablemos tampoco con catastrofismo, no
hablemos de alarmismo social. Habla usted de una peligrosísima
tendencia. Hablemos con prudencia, con reflesión y abordemos
colectivamente este tema. Quiero decirle, en nombre de mi Grupo,
que me parece un acierto por su parte, y por parte de su grupo,
el que en este momento (hay datos que generan una cierta
preocupación colectiva porque de repente nos encontramos los
españoles con que, tras cinco años en que la tendencia caía de
una manera clara, de repente parece que se modifica) presenten
una interpelación y una moción, hagan una reflexión colectiva,
una propuesta colectiva a todos los
poderes públicos, empezando por el Gobierno de la Nación; pero no
sólo por el Gobierno de la nación, porque ésta es una materia en
la que tienen competencias en el área de tráfico, por ejemplo,
todos los ayuntamientos de España, también alguna comunidad
autónoma. Y en lo que se refiere al área de infraestructuras, de
eliminación de puntos negros, de eliminación de travesías, no
sólo la Administración General del Estado, sino comunidades
autónomas, diputaciones, ayuntamientos, como bien sabe usted.
A la moción que usted ha presentado mi Grupo ha formulado una
serie de enmiendas que no voy a reproducir en su integresidad,
pero sí comentaré algunas cuestiones concretas, porque algunas de
ellas ya han sido también formuladas por otros grupos
parlamentarios. Quizá en sus propuestas había algunas cuestiones
no adecuadas --luego me referiré a ellas--, y en otras no se
recogía parte del esfuerzo hecho, sobre todo en infraestructuras,
sobre todo en eliminación de puntos negros, sobre todo en el
esfuerzo hacia adelante de configurar un plan nacional de tráfico
y seguridad vial en el que están comprometidas todas las
Administraciones públicas que tienen responsabilidades en esta
materia; un plan que, con todas sus dificultades tras ese
esfuerzo colectivo, sí va marcando algunas vías en las que todos
tenemos que trabajar.
Nuestras enmiendas a los temas más importantes han sido las
siguientes. Habla usted, en el primer panel de cuestiones de
carácter administrativo que tiene su moción, de la necesidad de
crear una base informática de datos fiable y actualizada. Rechaza
usted la base de datos que existe actualmente. Rechaza usted las
estadísticas o, al menos, los datos sobre los que se montan las
estadísticas de la Dirección General de Tráfico. No tengo por
menos que decirle que creo que usted se equivoca, que es un
error, que es verdad que hay problemas informáticos de
coordinación que usted conoce; hay problemas porque a la
Dirección General de Tráfico llegan con retraso los datos sobre
accidentalidad de muchos municipios donde a veces los pocos
agentes locales que hay o los propios ayuntamientos no tienen
capacidad para transmitirlos. Hay problemas de coordinación, pero
la base de datos y la estadística española de accidentes de
tráfico es una de las mejores europeas, y no tenemos que
rasgarnos las vestiduras por ello. Hay unos boletines
informativos, que se editan periódicamente por la Dirección
General de Tráfico, que tienen un reconocimiento expreso en la
Unión Europea por el valor, incluso por su sentido de
actualización. Hablemos, por tanto, más bien de coordinación de
los datos informáticos entre las distintas Administraciones y de
aceleración o de emisión en plazos más rápidos para conocer en
tiempo real, en la medida de lo posible, la situación de
siniestralidad, de accidentes, incluso de muertos que se van
produciendo en las carreteras españolas.
Hablaba usted también de la creación de un permiso especial para
la conducción de ciclomotores, y no se entendía bien lo que ahí
se quería decir. Al final --también me referiré a ello, lo han
hecho los demás grupos y usted mismo en un esfuerzo de presentar
una enmienda transaccional-- este punto ha quedado matizado en la
línea de lo que algunos grupos planteábamos, en el sentido de que
más bien se trata de que en la licencia para conducción de
ciclomotores se exijan mayores conocimientos en cuanto a
circulación, en cuanto al propio Código de la Circulación, en
cuanto a señalizaciones, en cuanto a cultura general y
específica, no sólo general, sobre tráfico. Yo creo que su moción
en ese punto tenía un sesgo discutible, en todo caso no bien
entendido por nosotros y el resultado final es bastante
satisfactorio en esa cuestión.
El segundo panel es el que se refiere a las propuestas de
carácter preventivo en materia educativa, que es sin duda una de
las más importantes en las que hay que trabajar. Los países
europeos de nuestro entorno, que llevan décadas de esfuerzo
constante en la lucha contra la siniestralidad, son conscientes
de que el elemento más importante de ese esfuerzo es el de la
educación desde la infancia, desde la juventud, y eso no se ve a
corto plazo; sus resultados se ven a medio y largo plazo. Hay un
problema, por tanto, de educación, de sensibilización, y usted
hablaba aquí de potenciar en la enseñanza la seguridad vial,
decía usted, creo que erróneamente, como asignatura transversal.
Hay que manejar de una manera más adecuada el sistema educativo y
la formulación, el lenguane de la Logse. De alguna manera,
asignatura y transversal es una contradicción; hay que hablar más
bien de contenidos transversales. Creo que compartimos la idea,
que ya está en marcha, y no deben dolernos prendas en reconocer
que según el plan nacional de seguridad vial, en el curso 1993-94
se celebraron 238 cursos de formación de profesores, que llegaron
a cerca de 5.000 profesores. Sin duda, todavía muy pocos, pero ya
es un primer esfuerzo, compartiendo su preocupación, que hay que
potenciar.
Cuando hablamos de contenidos transversales, lo que queremos
decir es que son muchas las áreas, las asignaturas de los
distintos ciclos educativos, fundamentalmente de ciencias
sociales, pero no necesariamente de ciencias sociales sólo, en
los que esta enseñanza o formación en la educación vial tiene que
ser una constante en la que los maestros, los profesores, los
formadores, tienen que insistir.
Hay un tema en el que nosotros más bien disentimos, como es el de
la oportunidad en este momento, que es su propuesta --que el
Grupo de Convergència i Unió, en cierta medida comparte-- de
creación del carné para la población comprendida entre los 16 y
18 años, basado en el concepto de conducción tutelada.
Nos parece una cuestión prematura, que no es prudente plantear en
este momento a la sociedad española, sobre la que no ha habido
una reflexión ni siquiera incipiente. Ni siquiera el día del
debate de la interpelación se planteó aquí ese problema. Hace un
año o dos
el tema se tocó en el Senado, pero no hay conciencia en la
sociedad española de que esto sea un problema que haya que
abordar. Sí es verdad que en determinados Estados de Estados
Unidos este problema está abordado y lo está con ciertos
resultados exitosos. Pero fíjese la contradicción que puede
suponer el mensaje que con esta moción, si se aprueba, como
esperamos, podemos llevar a la sociedad española: le estamos
diciendo a los poderes públicos, pero también a toda la sociedad
española, que se están incrementando los accidentes, que hay un
número muy importante de accidentes de tráfico producidos por
jóvenes de 18 a 25 años. La estadística dice que cuando solamente
un 12 por ciento de los conductores tiene entre 18 y 25 años, un
22 por ciento de los accidentes y de los muertos está producido
por jóvenes de esas edades. La contradicción de decirle a la
sociedad española que para abordar estos problemas lo que
ofrecemos es, con todos los matices que usted plantea, que
también puedan conducir los jóvenes de 16 a 18 años. Sé que lo
que usted quiere es alargar el ciclo formativo de educación en la
circulación, pero hoy, probablemente, esa propuesta suya sería
entendida de una manera profundamente contradictoria. Si los
jóvenes comprendidos entre los 18 a 25 años tienen más accidentes
de lo que es la media de toda la población, y además dijéramos
que pudieran conducir los de 16 a 18, podría ser difícilmente
entendido en un mensaje de este tipo.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Rocha, le ruego concluya.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Termino con dos últimas reflexiones.
Hay también unas propuestas en su moción referidas a carriles
especiales para bicicletas, e incluso algunas enmiendas se
referían a ellas. Hemos llegado al acuerdo, yo creo que
razonable, de que aunque el problema de las bicicletas --yo soy
un modesto ciclista de fin de semana y lo vivo con intensidad--
es hoy también objeto de preocupación por el número de ciclistas
muertos en todo el territorio español, sin embargo, existiendo en
este momento en esta Cámara una Ponencia creada por el Pleno del
Congreso, que está trabajando específicamente sobre esa materia,
parece que es mejor que las propuestas sobre la utilización de
las bicicletas sean el resultado de esa Ponencia.
La última cuestión tiene que ver, señor Presidente, con su
propuesta, en materia de control y vigilancia, de revisión de los
límites de velocidad genéricos y el establecimiento de un sistema
de vigilancia automática de las violaciones de estos límites.
Mi Grupo cree que el problema de la circulación en España no es
que los límites de velocidad genéricos, 120 kilómetros por hora
en autopista, 100 en las carreteras radiales y en carreteras de
primer orden, sea un límite excesivo. Es muy similar al de otros
países de nuestro entorno; incluso en algunos aspectos puede ser
hasta más bajo. El problema no es, por tanto, el de acordar la
revisión de esos límites. Más bien nosotros tenemos la idea de
que hay que hacer una reflexión sobre el sentido de esos límites
y sobre las razones por las cuales, existiendo límites de 120
kilómetros por hora en autopistas, la gente va a 170 y 180
kilómetros por hora, a veces en carretera, desbordando, incluso
doblando la velocidad máxima permitida. Por eso, nuestro Grupo,
que había formulado una enmienda también en este sentido, va a
adherirse a la enmienda transaccional global, que voy a pasar al
señor Presidente en nombre de los cuatro grupos, porque creemos
que es más bien una reflexión que hay que hacer, y no ir
directamente a disminuir la velocidad, porque no nos parece que
ésa pueda ser la solución.
La enmienda transaccional, pues, pretende ser un llamamiento a
todos los poderes públicos...
El señor PRESIDENTE: Señor De la Rocha, le ruego concluya.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
...y a toda la sociedad sobre que el esfuerzo hecho en los
últimos años no debe decaer y que debemos, por tanto, continuar
con él.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición
(Pausa.) En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el
señor Sanz Escalera para fijar la posición definitiva en la que
queda la transacción.
El señor SANZ ESCALERA: No le oigo bien, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Digo que tiene la palabra para expresar la
fijación definitiva de la transacción a la que ha hecho
referencia en su intervención.
El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la transaccional que se ha presentado a la moción
del Grupo Popular es la explicación clara y terminante de un
esfuerzo de todos los grupos parlamentarios por condensar en un
solo documento las iniciativas de cada uno. Todos los grupos han
renunciado, en parte, a alguna de sus propuestas y hemos
violentado de alguna manera nuestras pretensiones maximalistas
iniciales. Hemos llegado a esta conclusión, que yo creo que es
suficientemente gratificante para todos en el momento presente,
aun cuando tengamos enormes diferencias en otras cuestiones, por
ejemplo, incluso en el plan nacional de seguridad vial. El señor
Ministro decía que para poder elaborar las medidas son necesarios
tres años y, sin embargo, se hacen cada año.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, el turno es para las precisiones
imprescindibles para la votación, no para un turno de defensa del
texto transaccional.
El señor SANZ ESCALERA: No, era una mera explicación al señor
representante del Grupo Socialista.
En conclusión, efectivamente, los términos de la transaccional
son satisfactorios ahora, de momento, para todos. Y en este
sentido yo pido, naturalmente, el voto unánime de todos los
grupos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
El texto se someterá a votación con la advertencia, que creo
necesaria, aunque no debería serlo, de entender que lo que quiere
la moción no es que el Gobierno modifique textos con rango de
ley, sino que promueva la modificación de textos con rango de
ley. La modificación le corresponde a la Cámara, en su caso.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Recoder i Miralles pide
la palabra.)
Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Desde la tribuna he propuesto la incorporación de una enmienda
transaccional al texto, también transaccional, que ha sido
presentado por escrito. Quisiera saber si el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, autor de la moción, está en condiciones de
incorporarlo.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Recoder, que efectuando S.
S. una sugerencia de modificación del texto transaccional
alcanzado con el Grupo proponente de la moción y los demás grupos
autores de enmiendas... (Fuertes rumores.)
¡Señorías, ruego guarden silencio!
Decía, señor Recoder, que entiendo que la modificación que
sugiere S. S. al texto transaccional debe recibir la conformidad
no sólo del Grupo proponente de la moción original sino de los
otros grupos autores de enmiendas y que han participado en la
transacción.
Señor Sanz Escalera.
El señor SANZ ESCALERA: No hay inconveniente alguno en aceptar la
adición que pide el representante del Grupo de Convergència i
Unió, que es dar conocimiento de las estadísticas de
accidentalidad a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Por parte del Grupo Socialista tampoco
hay inconveniente alguno en la incorporación de la enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Por parte de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, no hay ningún problema para que llegue esa
información a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la
transacción alcanzada por el Grupo autor de la moción y los
grupos autores de las enmiendas, con la precisión introducida por
el señor Recoder y aceptada por los otros grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudar mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.