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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 170, de 26/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 170
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 168
celebrada el martes, 26 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 9067)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, reguladora de las telecomunicaciones por cable.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 102.1,
de 2 de enero de 1995 (número de expediente 122/000078) (Página 9068)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los
internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad
judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 119.1, de 10 de abril de 1995 (número de expediente
122/000099) (Página 9077)
Proposiciones no de Ley:
--De los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(PNV) y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos
patrimoniales, o en su caso la indemnización económica
correspondiente, a las personas que se vieron privadas de los
mismos, por razones político-sociales, en virtud de una
legislación excepcional del período de la guerra civil. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 100, de 20 de
mayo de 1994 (número de expediente 162/000105) (Página 9087)
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al ahorro y uso
racional del agua. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 245, de 13 de junio de 1995 (número de expediente
162/000211) (Página 9096)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el
uso racional del agua «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 245, de 13 de junio de 1995 (número de expediente
162/000212) (Página 9096)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política agraria del Gobierno, en
relación con la prevención y reducción de daños ocasionados por
fenómenos meteorológicos adversos y de protección de los
perjudicados (número de expediente 173/000093) (Página 9103)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para conocer
los criterios de política general que desarollará el Gobierno en
consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del
contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las
iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus
recomendaciones y sugerencias (número de expediente 173/000094)
(Página 9110)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 171,
de 27 de septiembre de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por los
nuevos señores Diputados (Página 9067)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 9068)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de las telecomunicaciones por cable (Página 9068)
El señor Alcaraz Masats defiende la proposición de ley del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que, durante
trece años, el Gobierno que ha venido siendo apoyado por un Grupo
Parlamentario con mayoría absoluta no ha tenido entre sus
previsiones la aprobación de una ley de telecomunicaciones por
cable. Se presentó hace ya diez meses un proyecto de ley respecto
del que se acaba de pedir la decimotercera prórroga para la
presentación de enmiendas parciales, por lo que antes de terminar
la legislatura quizá sea la de hoy la última oportunidad para
aprobar una ley de telecomunicaciones por cable.
Alude a la carrera a la que se está asistiendo en torno a la
comunicación por cable, a la que califica de negocio del siglo y
también uno de los elementos fundamentales del poder político,
informativo y financiero en el siglo XXI, con distintos
ayuntamientos interviniendo en esa carrera a través de la
concesión de licencias, y donde sobresale el acuerdo entre
Telefónica y Canal Plus, acuerdo que no se entiende sin el aval
del Gobierno, todo lo cual se habría evitado de haberse
promulgado oportunamente la ley correspondiente. Añade que el
acuerdo en cuestión ha vulnerado la Ley de Defensa de la
Competencia y distintas normas de la Unión Europea, por lo que
consideraría una grave irresponsabilidad terminar la legislatura
sin una ley de telecomunicación por cable.
Concluye expresando la posibilidad de llegar a acuerdos sobre el
texto de la nueva ley, aunque habrá de hacerse en los próximos
días si de verdad se quiere que esta ley salga adelante.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la señora Mato
Adrover, del Grupo Popular, y el señor Morlán Gracia, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley debatida, por 31 votos a favor, 260 en contra
y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los
internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad
judicial (Página 9077)
El señor Gil Lázaro defiende la proposición de ley del Grupo
Popular, manifestando que la finalidad esencial de la misma
estriba en profundizar en el régimen de garantías individuales
que nuestra Constitución reconoce a todo ciudadano en orden a la
defensa de sus derechos fundamentales y que, por tanto, deben
tener también una correlación adecuada en la situación singular
de aquellos que, legalmente privados de libertad, se encuentran
internos en establecimientos penitenciarios. Afirma que la
reforma viene aconsejada por motivos conceptuales de fondo, pero
resulta también una necesidad dimanada de la experiencia y es
oportuna a tenor de recientes sucesos que provocaron, cuando
menos, estupor en la opinión pública nacional.
Se pretende perfilar mejor el contenido de determinados aspectos
del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de
manera que en el futuro ni provoquen interpretaciones
jurisdiccionales contradictorias ni permitan a la Administración
acomodar el sentido de aquél a sus conveniencias políticas ni
acarreen consecuencias indeseadas en la prevención y la
persecución de los delitos de terrorismo.
Añade que con la reforma que proponen tratan de garantizar que en
lo sucesivo ningún hipotético criterio de eficacia policial o
política llegue a anteponerse a las más elementales exigencias de
lo jurídico. Se trata también de lograr en la Ley General
Penitenciaria una más clara previsión de ciertos supuestos, de
manera que se impidan instrumentaciones torticeras de la
intención original del legislador para dar apariencia de
legalidad a decisiones tan bochornosas como las que dieron pie a
que el señor Sancristóbal pudiera abrir los noticiarios de la
televisión desde Alcalá Meco por mor de la sola decisión de la
autoridad administrativa.
Les importa, por consiguiente, sustraer del vigente artículo 51
de la Ley General Penitenciaria cuanto de ambiguo hay en orden a
limitar la actuación discrecional de la Administración, y les
importa muy especialmente atribuir a la autoridad judicial toda
decisión que comporte excepcionalidad de un derecho como el de
las comunicaciones, así como cualquier otra que implique
limitación de las correspondientes de los internos con sus
abogados y procuradores. También entienden que el curso de la
actualidad aconseja introducir en nuestro ordenamiento una
expresa regulación de un supuesto nuevo concerniente a la
determinación de la autoridad judicial, como única legítima para
decidir acerca de la celebración o no de aquellas comunicaciones
de internos con profesionales de los medios de comunicación cuya
finalidad sea la posterior difusión pública del contenido de
dicha comunicación.
Termina expresando el deseo de que el texto que hoy someten a la
consideración de la Cámara sea entendido, no como una conclusión
cerrada, sino como el punto de partida desde el que poder
alcanzar durante su elaboración parlamentaria un muy amplio
acuerdo entre todos para corregir las insatisfacciones que al
menos a su Grupo le produce el tenor del actual precepto.
Para fijación de posición intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco (PNV); Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergéncia
i Unió); López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 131 votos a favor y 165
en contra.
Proposiciones no de ley (Página 9087)
De los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(PNV) y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos
patrimoniales, o, en su caso, la indemnización económica
correspondiente a las personas que se vieron privadas de los
mismos por razones político-sociales en virtud de una legislación
excepcional del período de la guerra civil (Página 9087)
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor Martínez Blasco recuerda que en octubre de
1991 ya tuvieron oportunidad de debatir este tema con ocasión de
una proposición de ley presentada por el Grupo Vasco. La razón
fundamental del Grupo Socialista para oponerse a la misma fue la
de dificultades técnicas. Ahora se han unido cuatro grupos de la
Cámara
para traer una proposición no de ley, y si bien es cierto que
existen dificultades técnicas para llevar a cabo la propueta, por
eso piden que el Gobierno elabore un proyecto de ley para dar
salida a este problema. Reiteran lo ya dicho en el año 1991 de
que es preciso culminar el proceso de la amnistía y
reconciliación entre los españoles, cerrando una de las heridas
de la guerra civil. Familias, individuos y organizaciones
políticas fueron expoliados de su patrimonio y de sus derechos
por su opinión política y cree que no se entiende el cierre de
todas las heridas de la guerra civil si no se restituyen los
patrimonios y los derechos expoliados durante aquellos años.
Reconoce, una vez más, las dificultades que existen para ello; de
ahí que los cuatro grupos proponentes pidan que se haga de la
mejor forma posible desde el punto de vista técnico, a sabiendas
de que la cuestión técnica no es la más importante. Creen, en
todo caso, que no es cuestión de que les venzan las dificultades
sino que es la voluntad política la que deben vencer y que, en
los casos en que no sea posible restituir los patromonios y los
derechos, al menos que se conceda una indemnizacón económica.
Intervienen asimismo en apoyo de la proposición de ley los
señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió); Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y la
señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
hace uso de la palabra el señor Caldera Sánchez-Capitán.
Para fijación de posiciones interviene el señor Cisneros Laborda,
en nombre del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición de ley debatida, es aprobada
por 296 votos a favor.
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al ahorro y uso
racional del agua (Página 9096)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las
medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el
uso racional del agua (Página 9096)
La señora Pelayo Duque defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista. Comienza afirmando que el agua es un bien de
todos y para todos, a la vez que es un bien escaso, principios
que deben guiar cualquier reflexión o aproximación intelectual
sobre el problema del agua en nuestro país. Desgraciadamente no
siempre ha sido así y basta recordar algunos debates habidos en
la Cámara. De ahí que considere más eficaz y solidario con la
situación que padece el país y los ciudadanos afrontarlos desde
el plano constructivo y la voluntad de conseguir concesiones o
aproximaciones. Aclara que la proposición nace con una vocación
modesta, sin querer desconocer la acción ingente que se ha venido
realizando en los últimos años para afrontar problemas
estructurales y conyunturales como consecuencia de la escasez de
recursos y de rigores en nuestro país. La iniciativa es una
contribución a la política medioambiental de nuestro país y se
hace desde la consideración primera de lo que debe ser una
adecuada política conservacionista, que es la de proteger y
conservar los recursos naturales escasos, y el agua lo es. La
iniciativa permite, por otro lado, retomar el tema del agua en la
Cámara e intentar reconstruir determinados consensos, y de ahí
que solicite su aprobación porque permitiría al Gobierno realizar
una campaña de ámbito estatal, promoviendo un uso adecuado y el
ahorro del agua.
Termina fijando la posición de su Grupo en relación con la
proposición que sobre el mismo tema ha presentado el Grupo
Popular.
La señora De Palacio Valle-Lersundi, defiende la proposición de
ley del Grupo Popular, manifestando que, una vez más, este Pleno
se ocupa de un tema lamentablemente de absoluta actualidad en los
últimos años en España cual es el problema de la sequía. Debaten
hoy dos proposiciones no de ley, una del Grupo Socialista y otra
del Grupo Popular, fijando, en primer lugar, la posición de su
Grupo sobre la proposición socialista. Alude a algunos problemas
y defectos en la gestión del Gobierno, aclarando que cuando
formulan críticas de una realidad lo que se pretende es plantear
unas acciones de carácter futuro lo más consensuadas posible
entre las fuerzas políticas, al entender que en una cuestión
vital para el desarrollo de nuestro país como es el agua hay que
intentar la mayor unidad, la mayor comunidad de criterios entre
todas las fuerzas políticas.
Concretándose en la proposición no de ley del Grupo Socialista,
anuncia que la votarán afirmativamente porque es prácticamente
coincidente con algunos de los puntos que contiene la proposición
del Grupo Popular y se trata en este momento de hacer propuestas
positivas.
Respecto a la proposción de su Grupo piden, en primer lugar, que
se remita a la Cámara un plan nacional sobre medidas aplicables
para el ahorro y la reutilización del agua, conforme a lo
acordado en los años 94 y 95. Por otra parte, hacen referencia a
los recursos y resortes de la Ley de Aguas que, en su
opinión, han sido insuficientemente aplicados, cuando no
absolutamente inaplicados.
Otro punto de la moción hace referencia a los convenios con las
administraciones municipales y comunidades autónomas en orden a
mejorar las redes de distribución y también con las comunidades
de regantes en orden a modificar toda la cuestión de acequias y
redes de distribución respecto a los regadíos.
Finalmente, hay un punto que es coincidente con la proposición
del Grupo Socialista, reflejando su confianza en la educación de
los ciudadanos para la correcta utilización del bien escaso que
es el agua.
Para fijación de posición intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Sedó i Marsal,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del
Grupo de Izquiereda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista
es aprobada por 287 votos a favor. Asimismo, se aprueba la
proposición no de ley del Grupo Popular por 288 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 9103)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política agraria del Gobierno en relación con
la prevención y reducción de daños ocasionados por fenómenos
meteorológicos adversos y de protección de los perjudicados
(Página 9103)
La señora Rivadulla Gracia defiende la moción de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, manifestando que los puntos de la
moción guardan una íntima relación con el Real Decreto 4/95 que
actualmente se tramita como proyecto de ley. Debe enterderse, por
tanto, que los puntos a los que se refiere en su intervención
serían exigibles para aquellas situaciones de catástrofe como
pueden ser la sequía y las heladas. No se trata, por
consiguiente, de plantear ayudas con carácter generalizado, sino
con carácter conyuntural para aquellos años que se consideren
catastróficos.
Concluye exponiendo el contenido de los puntos que integran la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen
los señores Pascual Monzo, del Grupo Popular, y Roncero
Rodríguez, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Vidal i Sardó,
del Grupo Catalán (Convengència i Unió), y al señora Rivadulla
Gracia, del Grupo de Izquierda Inida-Iniciativa per Catalunya.
Se someten a votación los distintos apartados que integran la
moción.
Página
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para conocer los
criterios de política general que desarrollará el Gobierno en
consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del
contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las
iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus
recomendaciones y sugerencias (Página 9110)
El señor Gil Lázaro defiende la moción del Grupo Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen
los señores Valls García, del Grupo Socialista, y Ríos Martínez,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabara los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Casas i
Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se aprueba la moción del Grupo Popular por
260 votos a favor.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Comienza la sesión.
Previamente a iniciar el tratamiento del orden del día previsto
para esta tarde, tenemos el juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución de dos señores Diputados, que sustituyen a otros
dos Diputados que han presentado su renuncia.
Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al
llamamiento de los siguientes Diputados, proclamados electos por
la Juna Electoral Central, para
prestar el juramento o promesa de acatar la Constitución.
En primer lugar, don José Manuel Pérez Corgos, en sustitución de
don Antonio Gómez Vázquez.
¿Jura o promete acatar la Constitución?
El señor PEREZ CORGOS: Sí, juro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En segundo lugar, don
Hipólito Fariñas Sobrino, en sustitución de don Augusto-Joaquín
César Lendoiro.
¿Jura o promete acatar la Constitución?
El señor FARIÑAS SOBRINO: Sí, juro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, don José
Manuel Pérez Corgos y don Hipólito Fariñas Sobrino han adquirido
la condición plena de Diputado.
Enhorabuena. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, REGULADORA DE LAS TELECOMUNICACIONES POR CABLE
(Número de expediente 122/000078)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto primero del orden
del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer
lugar, debate acerca de la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reguladora de las
telecomunicaciones por cable.
Para la defensa de la proposición de ley, tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A estas alturas del debate, con la forma de gobernar y los
contenidos de la gobernación del Partido Socialista Obrero
Español, nosotros pensamos que el PSOE no tiene proyecto
(proyecto global, proyecto de futuro) respecto al tema de las
telecomunicaciones y singularmente tampoco hay proyecto respecto
al tema de la comunicación, es decir, de los medios de
comunicación social.
En todo caso, tal como hemos ido criticando a lo largo de esta
legislatura y en anteriores, puede existir cierto mercadeo de
cara a la captación de influencias, de cara al reparto de
minutaje o espacios; pero no hay más allá en cuanto a una
concepción global de un tema absolutamente esencial ya en el
presente y, sobre todo, de cara al futuro.
A nuestro juicio, incluso puede ser que de manera encubierta
utilizando una astucia que en algunos sentidos ya parece una
especie de estrategia liberal de alegalidad, no exista ley
general de telecomunicaciones, no exista ninguna referencia al
tema singular de la comunicación de la televisión por cable y
que, por tanto, empiece a imperar, como está ocurriendo
actualmente --bastaría con leer hoy los medios de comunicación,
la prensa escrita-- la ley de la selva, que significa también la
ley del más fuerte, la ley de la gente que tiene mayor potencia o
mayor velocidad a la hora de ir instalando las redes de cable o a
la hora de, por la vía de los hechos ya que en absoluto hay
legislación precisa ni abstracta, no existe legislación, ir
concediendo las licencias e, incluso, los títulos habilitantes.
A nuestro juicio, jamás este mercado ha estado más intervenido de
una manera absolutamente parcial desde el punto de vista de los
más fuertes, desde el punto de vista de una política «natural» --
con comillas-- de concentración y, consecuentemente, desde el
peligro que empieza a correr la información plural o la
telecomunicación desde el punto de vista de la igualdad de
oportunidades. Cada vez está más abierta la puerta de una
telecomunicación para ricos y otra para pobres en el marco de
esta falta absoluta de legalidad que estamos padeciendo.
Todo esto se ve con muchísima más claridad en el tema que hoy nos
ocupa, el tema del proyecto estancado de telecomunicaciones por
cable del PSOE que nosotros hemos tenido que traer aquí en la
versión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El proyecto
del Partido Socialista Obrero Español está hoy aislado y
estancado, quizá de forma premeditada; no queremos caer en
tentaciones de inocencia. Durante trece años el Gobierno que ha
gobernado a lo largo de varias legislaturas, apoyado en un grupo
de mayoría absoluta, no ha tenido en sus previsiones aprobar una
ley de telecomunicaciones por cable. Hace diez meses presentó el
proyecto de ley, respecto al cual se acaba de pedir en la Mesa
del Congreso la decimotercera prórroga para la posibilidad de
interponer enmiendas parciales. Estamos terminando la legislatura
y hoy aquí quizá tengamos la última oportunidad de que se pueda
aprobar una ley de telecomunicaciones por cable.
¿Realmente el Gobierno y el Grupo que le sustenta quieren,
pretenden negociar de verdad? De otra parte, ¿el Partido Popular
quiere también sinceramente negociar? Esto es lo que se anda
diciendo por ahí de cara a superar este espacio peligrosísimo de
alegalidad; alegalidad que se cubre con una sentencia del
Tribunal Constitucional que permite, creo que inconscientemente,
el terreno de un neoliberalismo salvaje que estamos empezando a
sufrir. Y digo que lo permite inconscientemente porque en la
misma sentencia del Tribunal Constitucional se habla también, de
manera explícita, de la irresponsabilidad de los legisladores en
este tema. Estamos, consecuentemente asistiendo a un auténtico
desmadre, a la carrera del siglo --precisamente del siglo XXI--,
de cara a las consecuencias que tiene la comunicación por cable,
de cara al negocio del siglo y de cara también a uno de los
elementos fundamentales del poder político informativo y
financiero en el siglo XXI: el imperio de la telecomunicación.
Estamos asistiendo a que distintos ayuntamientos se hayan lanzado
a por todas en el marco de esta alegalidad: Jerez, Santander,
etcétera. Los alcaldes del Partido Popular ya han dicho también
que van a por todas y de manera urgente, de cara incluso al
establecimiento de la telecomunicación por banda ancha, de cara a
la concesión de licencias, de cara a todo lo que se ponga por
medio en el terreno de esta falta de legalidad. Pero no sólo los
alcaldes del Partido Popular, también el señor Maragall, Alcalde
de Barcelona, en alianza con la Generalidad de Cataluña, con la
US West y con empresas privadas, está también en el proyecto de
la banda ancha de cara a la concesión de licencias en el marco de
la ciudad de Barcelona. Esto, por lo visto, es lo que ejemplifica
que, por debajo de las palabras del Partido Socialista Obrero
Español y en el terreno de los hechos, de que la ley no sale
adelante, en el terreno de que no hay voluntad de que exista una
ley, se está imponiendo, por la vía de los hechos, la auténtica
política que persiguen --y que coincide y se parece como una gota
de agua a otra-- tanto el Partido Popular como el Partido
Socialista Obrero Español. Ahí están las declaraciones de los
alcaldes del Partido Popular y la vía de los hechos que ha
elegido el señor Maragall, es decir, se trata de estrategias
idénticas.
Desde luego, la cima del desmadre ha sido el acuerdo entre
Telefónica y Canal Plus, un acuerdo que no se entiende sin el
aval del Gobierno y, un poco más allá, no se entiende sin una
estrategia consciente del Gobierno de dejar hacer, eso, sí,
apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional, y
permitir el acuerdo, el pacto que se ha establecido. Hay que
tener en cuenta que si hubiese una ley, si se hubiese promulgado
la ley, esta sentencia del Tribunal Constitucional estaría
superada y no se hubiese permitido el pacto que se ha hecho entre
Telefónica y Canal Plus, que supone la concesión de un dominio
por la vía de los hechos, de una concentración insuperable que
puede tener pegas muy fuertes, incluso en el seno de la Unión
Europea, como la ha tenido la alianza, la fusión de la MSG Media
Service, que ha sido anulada por la Comisión Europea en función
de su contradicción con el Reglamento de Fusiones y con acuerdos
fundamentales normativos de la Unión Europea.
Esta fusión, avalada por el Gobierno, consolida más la idea de
que se trata de una estrategia consciente, premeditada, de que no
exista ley, de que no se apruebe la ley en esta legislatura. El
acuerdo Telefónica-Canal Plus incluso empieza a cambiar este
texto del Gobierno que está en la Cámara, que no se puede
discutir porque no supera el plazo de las enmiendas parciales
(estamos batiendo los récord de prórrogas); empieza a cambiar el
texto de la propia propuesta del Gobierno, por ejemplo, cuando en
éste se dice que Telefónica sólo podrá empezar a transmitir
televisión por cable a los seis meses de haber concedido la
licencia del segundo operador en el límite territorial que
corresponda. Por tanto, desde la vía de los hechos, hay ya una
rectificación respecto al texto del Gobierno. Un texto que se
discutirá (no en esta legislatura, teniendo en cuenta la voluntad
real del Gobierno, del partido que le sustenta) en el marco de la
presión, de los hechos consumados, de una realidad cristalizada,
de una realidad interesada e intervenida dentro de uno, dos, tres
o más años. Además, este acuerdo Telefónica-Canal Plus no tendrá
posibilidad de ser matizado a través de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o de la ley de acompañamiento, como ha dicho
el señor Borrell, porque no hay ninguna garantía de que estas
leyes se vayan a aprobar en el seno de esta Cámara al final de la
presente legislatura.
Se trata, a nuestro juicio, de un acuerdo (dada la estrategia
real del Gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, ya que
no interesa que exista una ley), en el caso del convenio
Telefónica-Canal Plus que ha llevado a una vulneración de la Ley
de Defensa de la Competencia, de la competencia desleal y las
distintas normas y reglamentos de la Unión Europea.
Señorías, a nuestro juicio se trataría de una grave
irresponsabilidad si se acaba esta legislatura sin una ley de
telecomunicaciones por cable. Aún habría tiempo, a partir de hoy,
si se toma en consideración la proposición, perfectamente
matizable en función de los reagrupamientos que de la mayoría se
produzcan en torno al texto definitivo a partir del trámite de la
toma en consideración de nuestra proposición de ley. En todo
caso, habría que discutir el papel de Telefónica como primer
operador y el tema de la autoridad concesional en el marco de un
Estado de las autonomías, en camino, a nuestro juicio, hacia la
consolidación de un Estado federal.
El texto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya podría ser
el lugar de encuentro de una síntesis posible. En este sentido
Izquierda Unida plantea el papel de Telefónica como primer
operador, las condiciones que deben darse para que, como dice la
Comunidad Europea, no existe un fenómeno patológico de
concentración, el protagonismo necesario de las comunidades
autónomas y ayuntamientos en el marco constitucional, en el marco
de lo que es el Estado de las autonomías, y la necesidad de un
control democrático de las telecomunicaciones y del arbitraje en
torno a los conflictos que se puedan producir entre los distintos
operadores.
Para nosotros el primer título habilitante debe ser el de
Telefónica como primer operador; operador que esté muy imbricado
en la idea de servicio público esencial y que, como mínimo, ha de
tener el 51 por ciento de las acciones. Respecto al otro 49 por
ciento, pensamos
que si es empresa pública puede entrar en la sociedad de este
primer operador; pero si es empresa privada, según el artículo 13
que proponemos, podría acceder a un máximo en este 49 por ciento
del primer operador de cinco millones de habitantes o del 50 por
ciento de una comunidad autónoma.
Respecto a la autoridad concesional, nosotros tenemos en cuenta
tanto el artículo 149.1.21.ª, de la Constitución, en cuanto a las
competencias exclusivas del Estado de cara al papel de las
telecomunicaciones, como el 149.1.27.ª, que asigna la capacidad
normativa de desarrollo y ejecución a las comunidades autónomas
en el tema de los medios de comunicación social, tema que hemos
explicado hasta la saciedad, obtuvimos una propuesta del Grupo
Socialista a favor y que inmediatamente retiró hablando
exclusivamente, a partir de entonces, de contenido, que creemos
es constitucional y que acerca estos contenidos de nuestra
proposición de ley a planteamientos que han hecho, por ejemplo,
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) o el Grupo Parlamentario
Vasco. Es cierto que han ido más allá, pero están más lejos del
proyecto de ley del Gobierno que de nuestro propio texto que
ahora defendemos.
También planteamos la necesidad de constituir un consejo de la
comunicación, como he dicho anteriormente, para defender la
pluralidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.
Nuestras diferencias con el texto del Gobierno están sobre el
tapete. Algunas de ellas se pueden salvar, pero no vemos voluntad
negociadora, a pesar de que el señor Borrell aceptó el otro día
nuestra propuesta de empezar a hablar.
El texto del Gobierno es absolutamente concentrador por lo que se
refiere al 49 por ciento de las acciones del primer operador; y
no sólo es concentrador en este aspecto, sino que, en función de
que acepta como normal, como viable el acuerdo Telefónica-Canal
Plus, desvía a Telefónica de su carácter de servicio público
esencial y empieza a dejar de defender su papel esencial como
primer operador de las telecomunicaciones por cable.
Hay una diferencia también esencial entre nuestra concepción y la
del Gobierno. El texto del Ejecutivo es absolutamente
centralizador, dogmáticamente centralizador. Cualquier tipo de
concesión de licencia, sea para un ayuntamiento en los límites
estrictos de su término municipal, sea para varios ayuntamientos
o sea para una comunidad autónoma, siempre estará en manos del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Nosotros pensamos que eso no es presentable en los momentos
actuales en el seno del Estado de las autonomías. A nuestro
juicio, cuando el término municipal sea el ámbito del segundo
operador, la licencia la dará el ayuntamiento; si supera el
término municipal de un ayuntamiento, la licencia la dará la
comunidad autónoma; y, si supera el ámbito de una comunidad
autónoma, la licencia --en este caso sí-- la dará el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. En el texto del
Gobierno no existe, en absoluto, control democrático de
transparencia, de pluralidad, de igualdad de oportunidades.
Termino, señor Presidente. Si la preocupación del señor Borrell,
de los diputados que en este sentido están interviniendo y de la
señora Salgado es sincera; si se trata de una preocupación real,
no de una astucia que encubre otro tipo de estrategia, existe a
partir de aquí la oportunidad de establecer un proceso en el
marco de este texto que nos lleve a una ley en el horizonte de
dos meses y medio que parece ser quedan para terminar esta
legislatura, puesto que, a lo que parece, si se cumple la palabra
del señor González --¡que el Señor me esté oyendo!--, terminaría
convocando elecciones aproximadamente a mediados del mes de
enero. Si pasan diez, quince días a partir del debate que estamos
celebrando aquí, posiblemente no daría tiempo para culminar todo
el proceso de Ponencia, Comisión, Pleno --si se pide la
avocación--, la remisión al Senado y la vuelta, máxime si tenemos
en cuenta que la negociación con Convergència i Unió ha durado
nueve o diez meses y no ha llegado a término. ¿En nueve o diez
días podríamos sintetizar esto si se sigue manteniendo la
voluntad férrea del Gobierno de defender un texto absolutamente
dogmático en cuanto a la concentración y absolutamente dogmático
al no otorgar un papel específico en la concesión de licencias a
ayuntamientos y comunidades autónomas?
Por otra parte, no sabemos tampoco si es sincera la
predisposición del Partido Popular a gobernar y a tener una ley
del cable.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Lo que sí hemos visto por la propuesta que el señor Maragall está
consolidando de acuerdo con la Generalidad, con la US West y con
empresas privadas, es que si se consolida la propuesta de los
alcaldes del Partido Popular de ir a por todas en las redes de
banda ancha y en la concesión de licencias, tanto el PP como el
PSOE estarán mucho más cómodos en este marco de política
neoliberal sin la ley. Por tanto, sería mentira que se quiere una
ley de telecomunicaciones por cable.
Se está haciendo aquí simplemente un paripé, un teatro diciendo
que después de 13 años todos queremos la ley, que después de 10
meses sin poder tramitar el texto que aquí se entregó todos
queremos sacarlo adelante, pero no es verdad. Lo que interesaría
tanto al PSOE como al Partido Popular, de cara a esta política
neoliberal, es que siga sin existir la ley, para que los alcaldes
del PP, por una parte, y para que el señor Maragall, por otra,
vayan con más prisa porque tienen más poder y se carguen la
posibilidad de la competencia leal
en el marco de una política pluralista y de una información
objetiva.
Por tanto, señor Presidente, es posible llegar a acuerdos, claro
que es posible llegar a acuerdos, por ejemplo, que concurse
Telefónica, mesas tripartitas paritarias para la concesión de
licencias; pero si no se llega a acuerdos en el plazo de siete,
ocho, diez días ya no es posible la ley, y entonces nosotros nos
confirmaríamos en nuestra sospecha de que lo que ustedes quieren
es que no exista una ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra de la
toma en consideración de esta proposición de ley? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fijo la posición
ante esta proposición de ley reguladora de las telecomunicaciones
por cable que nos presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Aunque si entrásemos en
el fondo de la cuestión del texto del proyecto se trataría de una
idea profundamente técnica, yo diría de un marco técnico con
aquellas salvedades de consideraciones de servicio público y lo
que pueda tener de valoración política, nosotros no queremos
entrar en ese apartado porque sería cuestión de tomarlo en
consideración de las enmiendas correctoras pertinentes. Vamos a
hacer, por tanto, una toma de posición puramente política, y en
esa línea --adelanto-- vamos a votar favorablemente y a apoyar
esta proposición de ley. Motivos: en primer lugar, porque sirva
de testimonio político y de acicate a lo que ya parece para
Coalición Canaria muy lamentablemente llamativo el largo período
de demoras que tenemos en la Cámara --en la aplicación correcta,
por supuesto, del tratamiento reglamentario--, pidiendo
aplazamientos y nuevos períodos de presentación de enmiendas al
proyecto del Gobierno de regulación de telecomunicaciones por
cable. Esto tiene que tener alguna razón política de fondo. Como
nosotros no estamos en ninguna de estas negociaciones, queremos
con toda la naturalidad parlamentaria, que prospere un proyecto
que regule esta materia.
Con eso entraríamos en el segundo aspecto que nos lleva a votar
también favorablemente. La razón de esta necesidad de legislación
es situarnos fuera de la ambigua e improcedente situación actual
de alegalidad. Para un sistema democrático es bueno regular
materias como la que aquí nos incumbe, donde están desde las
autopistas de la información hasta el régimen de televisiones en
transmisión de señal por cable, y no mantenernos en la
alegalidad. Pero, bueno, ¿qué es la alegalidad? ¿Cómo se puede
justificar desde un sistema de control parlamentario a la
administración una demanda que hay desde los distintos estamentos
económicos y sociales de regular esta materia? Una situación de
alegalidad no hace nada más que corromper un sistema que tendría
que estar regulado. La alegalidad aquí no es que se haga
infracción de ley; la alegalidad es predisponer situaciones de
dominio o privilegio que pueden llevar a resultados perversos de
lo que se trata de regular en detrimento de aquellas personas
físicas o jurídicas que tienen derecho al uso y ejercicio de
libertades en los medios de comunicación y telecomunicación. Esa
situación de alegalidad favorece a quienes ni siquiera tienen el
impudor que van a tener otros, de ir a aprovecharse de esa
circunstancia. Queremos que ninguna institución pública caiga en
la tentación de aprovecharse de ese vacío legal para actuar en
consecuencia, haciendo ya una toma de posiciones, que es, ni más
ni menos, que los hechos consumados. Entrar a legislar cuando
sobre toda España se haya producido ya la política de hechos
consumados es muy grave. ¡A ver quién levanta esas
seudoconcesiones o autoconcesiones que se puedan dar de sistemas
de telecomunicaciones por cable!
En tercer lugar, vamos a apoyar favorablemente esta proposición
de ley porque vemos que en su texto de declaración de principios
se parte del principio de legalidad --contemplado en la Ley
31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones-- y se hace,
como bien ha resaltado aquí el portavoz proponente, con un
carácter muy distinto del que trae el proyecto del Gobierno que
es eminentemente centralista. Hay un reconocimiento --y figura en
uno de los párrafos más destacados de la exposición de motivos--
cuando se otorga a los ayuntamientos y comunidades autónomas el
protagonismo a la hora de la delimitación de las demarcaciones
para el establecimiento de las redes de cable. Desde el Grupo de
Coalición Canaria valoramos este tema muy positivamente, sobre
todo en un territorio como el Archipiélago Canario donde es
competencia de la Comunidad Autónoma todo aquello que esté por
encima del marco municipal y que para nosotros se circunscribe en
la isla. No sería comprensible una ley de telecomunicaciones en
la que una limitación, debida a la discontinuidad de los espacios
geográficos, impidiera un sistema de cableados interinsular.
Finalmente, en cuarto lugar, realizado un análisis técnico del
proyecto, entendemos que está estructurado correctamente,
mejorable --desde nuestro punto de vista-- mediante las enmiendas
correspondientes, pero no es ésta la cuestión primordial, porque
ya he dicho al principio de mi intervención que hacíamos una
valoración política de la necesidad de que en España exista, de
una vez por todas, una ley de telecomunicaciones por cable, con
el fin de evitar las circunstancias que he denunciado.
Por estas razones, vuelvo a decir, señor Presidente, que el Grupo
de Coalición Canaria apoyará con su voto la toma en consideración
de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por boca
del señor Alcaraz, plantea hoy la toma en consideración de una
proposición de ley reguladora de las telecomunicaciones por
cable.
Es un tema de actualidad. No hace falta que subraye la
importancia creciente de las telecomunicaciones en nuestro futuro
ni el valor estratégico del sector ni su condición decisiva en la
competitividad de nuestra economía. Estas cuestiones están, día
tras día, en los medios de comunicación y cada vez se debaten más
en diferentes ámbitos, incluso en ámbitos que se alejan de lo que
constituye estrictamente el tema de las telecomunicaciones,
porque --repito-- sus implicaciones son diversas.
En este panorama futuro los servicios de telecomunicación que
circulan a través del cable, que utilizan la vía, la carretera,
la autopista del cable, padecen desde hace tiempo --como ya se ha
dicho por quienes me han precedido esta tarde en el uso de la
palabra-- de la falta de un marco legal adecuado que establezca
las reglas del juego en que deberán moverse los distintos
agentes, léase Administración pública, operadores de servicios y
redes, proveedores de servicios en general y también los
usuarios. Es un marco, que, como todos sabemos, está aún
pendiente de aprobación. Es bien sabido que el proyecto que el
Gobierno aprobó tan valientemente en el último Consejo de
Ministros del año 1994 y que remitió a continuación --a finales
de enero-- a la Cámara sin saber siquiera aproximadamente --
porque parece que no se había consultado con otros grupos
parlamentarios de la Cámara-- si contaba con mayoría suficiente
para tramitarla, este Proyecto aún no se ha transformado en ley.
Nosotros pensamos que el nuevo marco sí es el adecuado y que
tendrá como resultado práctico la promoción de nuevas redes de
infraestructuras de telecomunicaciones capaces de ofrecer a la
sociedad, a medida que lo demande, nuevos servicios. Por ello,
nos parece importante que se legisle. A nuestro Grupo
Parlamentario le parece tan importante como al que más que se
legisle sobre este tema. Además, también nos parece importante,
muy importante, que se haga pronto, pero es fundamental que se
legisle bien, no de cualquier forma, porque la importancia
decisiva del sector de las telecomunicaciones bien lo merece.
¿Cuáles son los principales criterios de la futura regulación del
cable? Para nuestro Grupo Parlamentario son, fundamentalmente,
tres.
En primer lugar, la creación de un entorno de competencia en la
prestación de los servicios de telecomunicación. Entendemos que
la creación de este entorno en el sector permitirá un mayor
dinamismo y un mayor crecimiento económico, y dará a los
ciudadanos la posibilidad de obtener unos mejores servicios a
unos mejores precios; es decir, de obtener un servicio óptimo en
cuanto a precio, calidad e innovación. Para conseguir este
objetivo, deberemos contar con infraestructuras y servicios
alternativos capaces de ofrecer los servicios en competencia,
pero hasta el momento aquí sólo han existido unas
infraestructuras ligadas a Telefónica, por lo que la Compañía,
como saben ustedes, se encuentra en una situación muy ventajosa
de salida frente a aquellos que han de constituir las otras
alternativas de competencia.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario piensa que la futura ley
debería motivar, y no desincentivar, la iniciativa privada, para
que emprenda proyectos de este tipo --que son proyectos no
especulativos y con una inversión muy cuantiosa-- con una clara
perspectiva de viabilidad. Ello sólo se conseguirá evitando
conceder una posición de excesivo privilegio a Telefónica,
contrariamente a lo que es en estos momentos el planteamiento del
proyecto gubernamental.
El segundo criterio en cuanto al nuevo proyecto de ley es
conseguir la mayor universalización del servicio. Esta, señor
Presidente, señorías, es una idea tradicional, tanto en el sector
de los servicios básicos de telecomunicaciones --léase teléfono--
como en el de la comunicación audiovisual --léase televisión--.
No en vano una de las obligaciones que se le han impuesto desde
los poderes públicos a los operadores tradicionales ha sido la de
extender los servicios a toda la población, con independencia de
la rentabilidad puntual de muchas de estas actuaciones de
extensión del servicio.
En el desarrollo de los nuevos servicios, y muy especialmente del
de la televisión por cable --que no nos engañemos, hoy por hoy es
el único servicio que justifica el cableado--, el criterio de
universalización creemos que es fundamental. La necesidad de
involucrar al capital privado en las inversiones necesarias para
el desarrollo de las nuevas infraestructuras obligará a
establecer compromisos que afecten al desarrollo y extensión de
los nuevos servicios. Para ello es fundamental que la ley defina
la configuración de las demarcaciones de cableado, de forma que
haga posible que la administración concedente pueda configurar
paquetes, pueda configurar demarcaciones que compensen el derecho
de cablear ciertos municipios, fundamentalmente ciudades grandes,
que son rentables por sí, con la obligación de cablear otros que
no lo son. Si no lo hacemos así, si dejamos que todo el mundo
vaya por libre, si no ponemos algún tipo de límite o introducimos
alguna instancia superior que pueda corregir la facultad
municipal de constituirse en demarcación, nos vamos a encontrar
con que esta ley va a
servir para incrementar la desigualdad entre los ciudadanos que
habitan en un municipio rural en relación a aquellos que habitan
en una capital mediana o grande.
En definitiva, señor Presidente, señorías, es exactamente lo
mismo que hemos hecho con el teléfono o que han hecho o están
haciendo algunas comunidades autónomas para conseguir la
extensión, la universalización del servicio del gas canalizado.
En tercer lugar, definir las competencias de los distintos
niveles de administración, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución y los distintos estatutos de autonomía, y no como
desde el Gobierno se pretende, es decir ignorando la
configuración autonómica del Estado e insistiendo --permítanme
que les diga-- con cierta prepotencia para que los demás caigamos
en la cuenta de nuestro error y nos dobleguemos a la inaceptable
pretensión uniformizadora de un proyecto de ley que se limita --
ruego a SS. SS. que tomen nota de ello para de alguna forma,
poder contrastarlo con la información que sesgadamente, desde el
Ministerio de Obras Públicas, se viene dando a través de los
medios de comunicación-- a reconocer la facultad de las
comunidades autónomas a emitir un informe con carácter no
vinculante para cuando uno, dos o más municipios de una misma
comunidad quieran constituirse en demarcación. Ese es el papel
que el proyecto de ley del Gobierno otorga a las comunidades
autónomas, ningún otro. Pues bien, ello nos parece lamentable.
¿Cómo encaja la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya en este planteamiento? De entrada debo decir, señor
Alcaraz, que en cuanto a los criterios que he planteado el punto
de partida de su iniciativa es mejor que el del Gobierno, lo
reconozco. De entrada, matiza la posición dominante que el
proyecto gubernamental confiere a Telefónica, matización en la
que nosotros entendemos que debe abundarse y que representa un
aspecto positivo de su proposición de ley. Confiere además una
competencia compartida entre municipios, comunidades autónomas y
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para
la configuración de las demarcaciones y diseña un esquema
competencial que, sin satisfacer plenamente nuestros
planteamientos, sí que supone un paso adelante ya que, de
entrada, reconoce la competencia autonómica en materia, por
ejemplo, de televisión por cable, como de otro lado establece el
artículo 149.1.27.ª de nuestra Constitución, aunque no lo
reconoce el proyecto del Gobierno, a pesar de la solidísima
formación constitucional que pretende tener algun Ministro
cuando, contundentemente, se pronuncia sobre lo que es
constitucional y lo que no lo es. Por último, establece de nuevo
un sistema competencial compatido, según los casos, para
autorizar la prestación del servicio de telecomunicaciones por
cable.
Evidentemente, hay aspectos de la proposición que no nos
satisfacen, bastantes, pero siguiendo el criterio tradicional de
nuestro Grupo Parlamentario de votar favorablemente la toma en
consideración de las proposiciones de ley, siempre y cuando su
contenido no se oponga básicamente a nuestros planteamientos
políticos, nuestro voto va a ser favorable a su toma en
consideración.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra la
señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, todas las
iniciativas parlamentarias que se presentan en esta Cámara tienen
sentido para nuestro Grupo, tanto las que persiguen el control
del Gobierno como las que suponen una aportación positiva a la
regulación de algunos aspectos de nuestra sociedad. Pero en este
caso, señor Presidente, sucede que algunas iniciativas, cuando se
sitúan en el contexto parlamentario, son inexplicables, y en
ocasiones también la obstinación por mantenerlas puede situar a
algún Grupo en la incoherencia de sus propios comportamientos.
Es público y notorio, señorías, que nos encontramos en estos
momentos en el trámite de enmiendas al proyecto de ley de
telecomunicaciones por cable que presentó el Gobierno, al que
algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas de
devolución con texto alternativo, entre otros, señorías --no se
sorprendan--, el Grupo Parlamentario que hoy suscita este debate.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una
enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley
de telecomunicaciones por cable que en estos momentos se está
tramitando en la Cámara. Asimismo, la semana pasada, con motivo
de la comparecencia del Ministro Borrell en esta, Cámara, tanto
mi Grupo Parlamentario como el portavoz en esa ocasión de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hicimos una oferta de
diálogo y consenso al Gobierno sobre el futuro de la regulación
del cable en España. Estas dos premisas, en primer lugar que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya presentado una
enmienda de devolución con texto alternativo al proyecto de ley
de telecomunicaciones por cable y en segundo lugar que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya haya manifestado también su
disposición al diálogo y al consenso con el Gobierno, hacen
difícil comprender el mantenimiento para su debate de esta
proposición de ley. Yo diría, si no fuese porque es bueno que se
realice cualquier debate, que también es incomprensible que hoy
estemos debatiendo esta cuestión.
Con toda claridad, sin leer el texto de su proposición de ley, mi
Grupo hubiera votado afirmativamente su toma en consideración, y
lo hubiéramos hecho para, después, modificar su contenido durante
el trámite parlamentario, como hemos hecho en otras muchas
ocasiones y, además, lo hubiéramos hecho porque hace
mucho que venimos clamando en el desierto gubernamental sobre la
importancia de regular este asunto.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario que hoy presenta esta
proposición, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, cuando ya ha presentado un texto que está dispuesto a
negociar con el Gobierno, manteniendo hoy el debate de esta
proposición de ley sobre el mismo asunto, ese mismo Grupo que
habla de la sinceridad de los grupos parlamentarios para regular
el tema del cable, de la prisa que hay en regular el tema y la
importancia de que se regule lo antes posible, votó en contra de
la toma en consideración de una proposición de ley anterior sobre
esta misma materia de mi Grupo Parlamentario.
Parlamentaria y jurídicamente no tiene ningún sentido esta
proposición que presentan, de la que ya conocíamos su texto a
través de la enmienda con texto alternativo que han presentado en
el mes de mayo al proyecto de ley de telecomunicaciones por
cable. Creemos que es un poco ridículo debatir el mismo tema que
estamos en estos momentos tramitando vía proyecto de ley del
Gobierno. Si lo que pretenden con el debate de esta proposición
en el día de hoy es trasladar a la opinión pública que su Grupo
Parlamentario gana en iniciativa al Gobierno llegan un poco
tarde, y llegan tarde por dos motivos: en primer lugar porque ya
hay un proyecto de ley y, en segundo lugar, llegan tarde porque
mi Grupo, como primer Grupo de la oposición, como Grupo que
lidera a la oposición en iniciativas, ya presentó un texto que
fue rechazado por esta Cámara.
Señorías, el Parlamento no está para discutir quién queda mejor
sino para abordar cuestiones que necesitan regulación. ¡Qué gran
favor se hubiera hecho a esta Cámara y se hubiera hecho
fundamentalmente a la inversión en cable para España si se
hubiera votado que sí a la toma en consideración de la
proposición del Grupo Popular que se debatió en esta Cámara hace
ya un año y medio! Podríamos tener ley del cable desde hace ya un
año y por tanto inversiones en España.
Señoras y señores Diputados, señores de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en política como en la vida no se puede
soplar y sorber al mismo tiempo, no se pueden impedir debates de
proyectos de la oposición y, después, pretender atribuirse la
paternidad de la regulación de las telecomunicaciones por cable.
Por más reflexiones que he estado haciendo estos días respecto a
este asunto, no encuentro ninguna explicación para que se
mantenga esta proposición en estos momentos. Ya han utilizado
ustedes la vía de la enmienda con texto alternativo, ya han
utilizado también la vía parlamentaria que permite las enmiendas
parciales; todo esto parece que es un poco inexplicable. Lamento
mucho anticiparles que no votaremos favorablemente si se somete a
votación esta proposición y le pido expresamente al portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que retire el texto
antes de votarlo. La propia sensatez y el sentido común nos
invitan a decir que sí o que no a su texto alternativo en el
debate de totalidad, y por supuesto también a estudiar con todo
detenimiento sus enmiendas parciales con el máximo esfuerzo para
lograr un consenso que tanto su Grupo como el nuestro han
ofrecido en esta materia. (Rumores.)
Creo que no es necesario que les diga que nos parece incongruente
y nos parece un ejercicio de incoherencia votar hoy
favorablemente a la tramitación de esta proposición de ley cuando
estamos debatiendo y tratando de consensuar entre los grupos un
proyecto de ley. (Rumores.)
Los señores del Gobierno no están legitimados ni moral ni
políticamente para criticar el mantenimiento de su proposición,
nosotros sí que lo estamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mato, un momento
por favor. (Pausa.) Puede continuar cuando quiera.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Decía que los señores del Gobierno no están legitimados ni
política ni moralmente para criticar que ustedes mantengan esa
proposición; nosotros sí lo estamos porque hemos sido el primer
grupo que ha estado preocupado por la regulación de esta materia
dada la incompetencia, los incumplimientos y la dejación del
Gobierno en este asunto.
Estoy segura, señor Presidente, que los Diputados de Izquierda
Unida no nos quieren pedir nuestra complicidad para esta comedia,
y por eso vuelvo a repetirles que retiren la proposición antes de
someterla a votación. Si no atienden nuestro ruego, por respeto
al Parlamento votaremos que no a la misma, sin perjuicio de que,
como he anunciado antes, meditemos nuestro voto a su enmienda a
la totalidad, con texto alternativo, cauce idóneo en este
momento. Como hemos dicho también, con la máxima atención y con
el mayor deseo de lograr un consenso estudiaremos las enmiendas
parciales que puedan presentar a esta misma proposición.
No se pueden jugar todas las vías parlamentarias porque cuando
así se hace a veces queda en evidencia la incoherencia de algunos
planteamientos.
Señores de Izquierda Unida, con este gesto, aunque no lo
pretendieran, creo que hoy han hecho un gran favor al Gobierno.
No tengan la más mínima duda de que si esta iniciativa se hubiera
presentado antes que el proyecto del Gobierno hubiera contado con
nuestro voto afirmativo para seguir adelante y para ser admitida
a trámite. Eso es lo que nos diferencia. Cuando ustedes impiden
la tramitación de algunos proyectos o algunas proposiciones,
hacen un favor al Gobierno. Nosotros creemos que hoy, con esta
operación, que más parece de marketing o de imagen que una
operación
parlamentaria, de nuevo están haciendo un favor al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Mato.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos con una proposición
de ley formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya que no trata sino de poner en estos
momentos el énfasis sobre un debate que tendría que ser conducido
a otras instancias, en las que el acuerdo puede producirse --me
estoy refiriendo a la Comisión-- y en las que la posibilidad de
entendimiento en absoluto está descartada, y así se planteó por
parte del Ministro en la Comisión de Infraestructuras el día
pasado. En modo alguno, por parte del Grupo Socialista, existe
ningún tipo de cerrazón. En todo momento hemos sido flexibles
para que el texto que asumimos en defensa del Gobierno pueda ser
modificado y en aspectos importantes. Creo que hemos estado en
todo momento en buena armonía con los grupos para intentar que
ese acuerdo fuera un éxito, pero también creo que todos tenemos
que declararnos responsables de que después de nueve meses no
hayamos conseguido llegar a un acuerdo.
Efectivamente, se han producido prórrogas de enmiendas, pero la
prórroga de enmiendas no la decide solamente el Grupo Socialista;
la prórroga de enmiendas se decide en unos ámbitos de esta Cámara
en los que hay colaboraciones de otros grupos para que la
prórroga se produzca. Pero con independencia de ello, pienso que
hay que hacer una pormenorización de qué es lo que ha pasado
desde el momento en que este proyecto de ley entra en esta
Cámara.
Con fecha 21 de diciembre, Izquierda Unida presenta esta
proposición de ley reguladora de las telecomunicaciones por cable
en este Congreso y se publica el 2 de enero de 1995. Como es
lógico, y a la vista de la ebullición que había en estos
momentos, Izquierda Unida sabe perfectamente cuáles son los
cauces por los que se mueve, debido a los anteproyectos que
existen, la posición del Gobierno.
Con fecha 6 de febrero de 1995, el «Boletín Oficial de las
Cortes» publica el proyecto de ley de telecomunicaciones por
cable, aprobado por el Gobierno, que en estos momentos se halla,
como ya he dicho antes, en fase de enmiendas. Junto con la
regulación de la telefonía, la televisión local y la trasposición
de la directiva comunitaria en materia de telecomunicaciones por
satélite, constituye uno de los aspectos importantes del
compromiso del Gobierno en materia de telecomunicaciones,
aprobado el 7 de octubre de 1994. Es decir, se están siguiendo
unas pautas que estaban planteadas desde ese momento por parte
del Gobierno en un tema, como es el de las telecomunicaciones, en
el que la innovación tecnológica, la modernización y las
investigaciones están permitiendo que sea cambiante, que
continuamente esté modificando sus apreciaciones y sus
componentes técnicos, en el que, por consiguiente, sea muy
difícil llevar a cabo la regulación de un tema con tanta
diversidad, con tanta modificación, a lo largo de los tiempos.
Como he dicho antes, todos los grupos deseamos regular cuanto
antes las telecomunicaciones por cable, pero si aceptáramos la
proposición de ley que hoy plantea Izquierda Unida nos
encontraríamos --y usted ha dicho que si dentro de siete días no
hay un acuerdo esta proposición o esta regulación no sale
adelante-- con que el propio Reglamento de la Cámara está
obligando a abrir un nuevo plazo de enmiendas de 15 días, con lo
cual nos vamos a mediados de octubre para que los grupos hagan
efectivas sus propuestas ante la Comisión, en este caso la
Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. Es decir, no
avanzamos nada aprobando esta proposición de ley, porque lo único
que conseguimos es encontrarnos con dos textos, con un nuevo
plazo de enmiendas --15 días más--, que se abre a partir del
momento en que se apruebe y se pase a Comisión, y lo que hacemos
es que este problema, que a todo el mundo nos preocupa según he
escuchado en todas las intervenciones que ha habido, no se
solucione y no tenga salida alguna positiva.
Además, si vamos a la comparación de los dos textos, si
comparamos el proyecto de ley del Gobierno y la proposición de
ley de Izquierda Unida, creo que nos encontramos con una serie de
coincidencias, que son estimables, y con una serie de
divergencias, si las analizamos todas --como pasa con esta
proposición de ley, como pasa con la propuesta que tiene el Grupo
Popular o con la que tiene Convergència i Unió--. Aquí se trata
de que todos sepamos ceder un poco en nuestras pretensiones; de
que esa cerrazón que, a veces, algunos grupos llevan metida en la
frente, sepa ceder en un momento determinado para conseguir ese
apoyo, ese acuerdo y ese entendimiento que es necesario en este
tema concreto.
Si de verdad queremos llegar a un acuerdo y queremos ver de qué
bases partimos, el portavoz del Grupo Socialista, en la última
sesión de la Comisión de Infraestructuras, hizo una oferta sobre
los tres o cuatro puntos que creo que son los nudos gordianos
para que salga o no adelante este proyecto de ley, y sobre esos
puntos es sobre los que había que trabajar con algo más de
seriedad.
Repito que hay diferencias y que hay coincidencias. Hay
coincidencias en cuanto a la finalidad del proyecto; hay
coincidencias en cuanto al contenido material; hay coincidencias
en cuanto a la forma; hay coincidencias en cuanto a la regulación
de la interconexión de las redes; hay coincidencias en cuanto a
ese derecho
transitorio en las actuaciones que se han llevado a cabo hasta
este momento. Es decir, hay una serie de coincidencias entre los
dos proyectos. Pero, ¿dónde están las divergencias? Ustedes
plantean una mayor intervención administrativa en este proyecto,
y yo no acabo de entender cómo algunos grupos están diciendo que
eso tiene que ser así. Ustedes están planteando que el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente abra un registro
para inscribir las empresas, las sociedades anónimas que quieran
ser concesionarias de ese servicio. Eso es lo que ustedes dicen
en la proposición de ley. Ustedes otorgan a las comunidades
autónomas unas competencias que van en contra de lo que según
nuestro criterio, es competencia exclusiva del Estado, como es la
concesión de los servicios de telecomunicación. Es más, en
ustedes, que siempre han presumido de defender los intereses de
los ayuntamientos, me extraña que en esta proposición de ley no
incluyan la facultad de los ayuntamientos de fijar sus propias
demarcaciones, y que lo que hagan sea decir que las demarcaciones
las fije la comunidad autónoma.
Creo que este tipo de temas no son tan baladíes y que son
aspectos que, desde nuestro punto de vista, no pueden ser
asumibles. Nosotros hicimos en su momento una propuesta y al
final sale otra un poco más compleja, si ustedes quieren, para
ver si, de una vez por todas, conseguimos desbloquear el debate
de este proyecto.
También hay otra serie de diferencias respecto de los gestores.
En el proyecto del Gobierno nosotros defendemos a Telefónica de
España con su propia red, más otro concesionario, que puede tener
red propia o puede utilizar la de Telefónica, también con unas
limitaciones respecto a la forma de programación, con un 40 por
ciento de programación independiente, con la finalidad de
garantizar la pluralidad, la autonomía y la independencia que
ustedes quieren dar a determinados tipos de iniciativas de
carácter privado que pueda haber respecto al uso del cable en
materia televisiva. Pero lo que ustedes están planteando son
operadores de telecomunicaciones por cable con red propia --ahí
hay un punto de coincidencia-- y operadores sin red propia, lo
que sucede es que ustedes pretenden aquí que no haya límite
alguno en cuanto al número de operadores. Creo que nos estamos
moviendo en unos terrenos demasiado complejos y, por lo tanto,
hay que aquilatar mucho de qué manera se define cada uno de estos
procesos porque, si no, se puede organizar un pequeño lío en
cuanto a los sistemas de autorización y de concesión de este
servicio. Además, creo que esta distinción que usted plantea
supone una menor rentabilidad de la segunda red de cable, puesto
que como el primer operador tiene red propia, al segundo
operador, que acuede sin ella, se le disminuye parte de esa
rentabilidad. Entendemos que con ello se frenaría la extensión
del cable a todo el territorio y se concentraría en territorios
demasiado específicos.
En el ámbito de la demarcación, nosotros planteamos un mínimo y
un máximo. Ustedes están planteando un máximo. Imagino que, en
ese espíritu de entendimiento, no habría dificultad alguna para
llegar a un acuerdo, que no irían por ahí las dificultades, pero
sí las habría a la hora de establecer quién aprueba las
demarcaciones y a quién afectan. Nosotros proponemos que sean los
ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración
central del Estado, y ustedes están planteando que sea solamente,
a petición de los ayuntamientos, la comunidad autónoma y, si hay
varias comunidades autónomas, la Administración central del
Estado. Respecto al tratamiento de ese título habilitante,
ustedes también plantean una cierta contradicción en cuanto a lo
que es el uso de la concesión o autorización para que ese título
habilitante se pueda otorgar. La concesión supone que se tiene
que aplicar al uso del dominio público y a la gestión de un
servicio, mientras que la autorización se estaba aplicando a la
gestión de ese servicio. De ahí que, a la hora de hablar de una u
otra figura para utilizarla en el otorgamiento del título
habilitante, también haya que perfilar cuál es el contenido de
ese título habilitante y a qué nos estamos refiriendo,
circunstancia que en su proposición de ley creo que queda
bastante oscurecida.
Nosotros pensamos que su proposición de ley es más
intervencionista que el proyecto de ley del Gobierno. Por ejemplo
en lo que respecta al servicio de televisión por cable, en el
proyecto de ley del Gobierno se dice que el concesionario está
obligado a distribuir programas propios y hasta el 40 por ciento
de programadores independientes, la televisión por ondas
hertzianas, tanto la estatal, las privadas y las de ámbito
nacional, y las de las comunidades autónomas y televisión local
cuando la haya. Sin embargo, ustedes, en su proposición de ley,
obligan al concesionario a distribuir a través de la red
solamente la señal de televisión local. Entre otros, estos son
los aspectos que nos llevan a evaluar que su proposición de ley
no puede ser admitida por el Grupo Socialista y, también, porque
pensamos que no contribuiría en nada a desbloquear esta situación
de «impasse» que tenemos con este proyecto de ley que creo que
merece la atención de todos nosotros.
Y en la línea de lo que ha planteado la señora Mato...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Morlán, termine,
por favor.
El señor MORLAN GRACIA: Termino, señor Presidente.
Le rogaría que retirara esta proposición de ley, que entráramos a
discutir en el entorno del proyecto de ley y que, en ese entorno
del proyecto de ley, se asumiera entre todos los grupos políticos
esta propuesta básica
para hablar. Creo que se hace una propuesta aquí con toda
claridad y transparencia, lo que siempre hemos planteado. No creo
que haya nada de extraño que así se haga ahora, antes y después.
Entendemos que es una propuesta básica que puede servir para
desbloquear la ley de telecomunicaciones por cable.
En principio, pretendemos que la competencia autonómica debe
existir para aprobar demarcaciones constituidas por dos o más
municipios de su territorio. Ahí tiene que jugar la comunidad
autónoma; si no, el ayuntamiento.
En segundo lugar, estamos dispuestos a hablar sobre la
modificación de los límites poblacionales de las demarcaciones,
como ya he indicado anteriormente.
En tercer lugar, estamos dispuestos a que se constituya una mesa
interadministrativa, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, comunidades autónomas y ayuntamientos, encargada
de resolver los concursos de operadores de telecomunicaciones por
cable, en cuyo caso el título habilitante, porque no puede ceder
esa concesión, esa posibilidad, lo daría finalmente el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
En cuarto lugar, estaríamos de acuerdo en que hubiera una
participación de los ayuntamientos y comunidades autónomas en la
elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos que se
convoquen.
En quinto lugar, redefinir si se considera necesario el papel que
la ley asigna a Telefónica de España sobre la base de aumentar su
neutralidad.
En último lugar, una referencia expresa a las competencias
autonómicas derivadas de la aplicación del artículo 149.1.27 de
la Constitución Española, al que usted también ha hecho
referencia.
Creo, señorías, que, si sobre este esquema argumental, sobre
estos puntos, se empezara a trabajar, conseguiríamos desbloquear
este proyecto de ley, conseguiríamos generar las suficientes
expectativas para que este proyecto de ley se aprobara en esta
legislatura, en este período de sesiones.
Sin embargo, como es lógico, hay un requisito previó que usted
esté dispuesto a retirar esta proposición de ley, porque
entendemos que la buena disposición al diálogo y al entendimiento
la va a tener usted encima de la mesa por parte del Grupo
Socialista en todo momento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Alcaraz
Masats pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
¿Señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, para un
brevísimo turno de cuestiones de orden.
Hoy se ha pedido la prórroga...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Alcaraz.
No hay turnos de cuestiones de orden, pero la Presidencia
entiende que se le ha formulado una propuesta y una pregunta y en
torno a ello se le concede la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente. Quince
segundos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Hoy se ha pedido por el Grupo Popular,
señor Presidente, la prórroga número trece en el plazo de
presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley del
Gobierno. Anteriormente, fundamentalmente a iniciativa de los
grupos de Convergència i Unió y Socialista, se pidieron doce
prórrogas. Esto, por una parte.
Por otra parte, señor Presidente, hace diez días el señor Borrell
dijo que esta ley ya no saldría porque no hay tiempo para su
tramitación. Lo dijo hace diez días. Habiendo tenido varios
contactos con el Ministerio, con el Grupo Parlamentario
Socialista, pensamos que no encontramos cauce de encuentro y,
habida cuenta de que puede darse el hecho de que esta ley no
salga adelante durante esta legislatura, lo que nos parece una
seria irresponsabilidad, no queremos asumir esa situación de
irresponsabilidad. Pensamos que en este acto sí la asumen el
Grupo Popular y el Grupo Socialista y, con independencia de que
ellos puedan llegar a un acuerdo, al que nosotros quizá podamos
sumarnos parcialmente, no pensamos que debamos retirar la
proposición de ley de telecomunicaciones por cable. Gracias,
señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación correspondiente. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de las telecomunicaciones por cable.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 31; en contra, 260; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MODIFICACION DEL REGIMEN DE COMUNICACIONES Y VISITAS DE LOS
INTERNOS EN ORDEN A QUE ESTAS SEAN AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL (Número de expediente 122/000099)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular sobre
modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los
internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad
judicial.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular somete hoy a la toma en consideración
de la Cámara una proposición de ley de reforma parcial de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, cuya finalidad esencial estriba
en profundizar en el régimen de garantías individuales que
nuestra Constitución reconoce a todo ciudadano en orden a la
defensa de sus derechos fundamentales y que, por tanto, deben
tener también una correlación adecuada en la situación singular
de aquellos que, legalmente privados de libertad, se encuentran
internos en establecimientos penitenciarios.
Esta reforma viene aconsejada, sin duda, por motivos conceptuales
de fondo, pero resulta también una necesidad dimanada de la
experiencia, y es oportuna a tenor de recientes sucesos que
provocaron, cuanto menos, estupor en la opinión pública nacional.
Se pretende, por tanto, hacer de este texto un instrumento útil
para movilizar la voluntad del legislador en pro de perfilar
mejor el contenido de determinados aspectos del artículo 51 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, de manera que en el futuro ni
provoquen interpretaciones jurisprudenciales contradictorias, ni
permitan a la Administración acomodar el sentido de aquél a sus
conveniencias políticas, ni acarreen consecuencias indeseadas en
la prevención y la persecución de los delitos de terrorismo.
Decía recientemente el señor Ministro de Justicia e Interior que
sólo lo ético es práctico; y merece hoy ser invocada esa máxima a
efectos de llamar al esfuerzo y a la responsabilidad de los
Grupos Parlamentarios para llevar adelante una reforma como la
que proponemos, en la que, en definitiva, estamos tratando de
garantizar que en lo sucesivo ningún hipotético criterio de
eficacia policial o política llegue a anteponerse a las más
elementales exigencias de lo jurídico, desde el contrasentido,
además, de dotar a aquél de rango de norma legal. También se
trata de lograr en la Ley Orgánica General Penitenciaria una más
clara previsión de ciertos supuestos, de manera que se impidan
instrumentaciones torticeras de la intención original del
legislador para, sobre aquéllas, dar apariencia de legalidad a
decisiones tan bochornosas como las que dieron pie a que el señor
Sancristóbal pudiera abrir los noticiarios de la televisión
pública desde Alcalá-Meco, por mor de la sola decisión de la
autoridad administrativa.
Por lo dicho, nos importa, ante todo, sustraer del vigente
artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria cuanto de
ambiguo hay en orden a limitar la actuación discrecional de la
Administración, y nos importa muy especialmente atribuir a la
autoridad judicial toda decisión que comporte excepcionalidad de
un derecho como el del secreto de las comunicaciones, así como
cualquier otra que implique limitación de las correspondientes a
internos con sus abogados y procuradores.
Del mismo modo, entendemos que el curso de la actualidad aconseja
introducir en nuestro ordenamiento una expresa regulación de un
supuesto nuevo, concerniente a la determinación de la autoridad
judicial como única legítima para decidir acerca de la
celebración o no de aquellas comunicaciones de internos con
profesionales de los medios de comunicación cuya finalidad sea la
posterior difusión pública del contenido de dicha comunicación.
Por la importancia de esta reforma, queremos que el texto que hoy
sometemos a la consideración de la Cámara sea entendido por SS.
SS. no como una conclusión cerrada, sino como el punto de partida
desde el que poder alcanzar después, en su posterior elaboración
parlamentaria, un muy amplio acuerdo entre todos que permita,
finalmente, corregir las insatisfacciones que al menos a nosotros
nos produce el tenor del actual precepto. Aún más, señor
Presidente, señoras y señores Diputados. Hay también
consideraciones de eficacia que, lejos de verse entorpecidas o
mermadas de prosperar esta reforma, se reforzarán sensiblemente
al no ser sus resultados susceptibles de cuestionamiento jurídico
en virtud del procedimiento de obtención.
¿Puede decirse con seriedad que restar a los Directores de los
establecimientos penitenciarios competencia para ordenar la
suspensión o intervención de las comunicaciones de los internos
entraña menoscabo para la seguridad de los centros o reduce los
márgenes operativos para la evitación de delito, especialmente en
casos tan sensibles como los de terrorismo? Nosotros creemos que
no.
¿Puede decirse con seriedad que la adecuada organización material
y regimental de los establecimientos penitenciarios no permite
que, en todo caso, la suspensión o intervención de comunicaciones
sea previamente acordada por el juez? Nosotros creemos que no.
¿Puede decirse, en definitiva, que limitar esa suspensión o
intervención a la sola competencia del juez limita, a su vez, las
posibilidades reales de acceder a información o pone en riesgo la
finalidad perseguida con la suspensión o intervención? Nosotros
creemos que no.
Por el contrario, en la mente de todos están las vicisitudes
procesales acarreadas por mor del vigente sistema de decisión
adminsitrativa y cómo de ellas se ha derivado la imposibilidad de
actuar plenamente, siquiera en un primer momento, contra personas
ejercientes claramente como correos de la banda ETA y sus presos,
cuando a tenor, además, del contenido de la correspondiente
intervención no cabía duda material al respecto.
En todo caso, existe además una consideración incontrovertible,
desde nuestro punto de vista: si toda intervención
de comunicaciones de un sujeto en libertad y, por tanto, en
situación de poder eludir la acción de la justicia y la finalidad
misma de la intervención, sólo puede ser articulada a partir de
la previa autorización del juez, no hay argumento que avale el
que se prescinda de tal imperativo, cuando por la propia prisión
del afectado existe un absoluto control material, tanto de los
movimientos e iniciativas del mismo como de los tiempos y modos
de acceso a él de las personas con las que comunica, de manera
que ni tan siquiera el factor de una hipotética sorpresa,
imprevisión o urgencia pueden aceptarse como consistentes para
dar pie al mantenimiento de un régimen de excepción que de suyo
no se sostiene.
Cierto es, como bien comprenderán SS. SS., que la inspiración de
esta reforma del artículo 51 tiene para mi Grupo su referencia
más profunda en la necesidad de una revisión definitiva de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, a efectos de establecer una nueva
distribución de competencias entre órganos jurisdiccionales y
Administración en lo concerniente a la ejecución de las penas
para lograr aquello que hoy precisamente no se consigue, esto es,
que de forma indubitada correspondan a la jurisdicción de
vigilancia penitenciaria, como extensión del tribunal que fue
sentenciador, todas aquellas atribuciones inherentes al
desarrollo del principio de hacer cumplir lo juzgado y, sobre
ello mi Grupo está en condiciones de poder ofrecer una propuesta
de modificación de los artículos 76 a 78 de la Ley que ahora nos
ocupa.
En conjunto, por tanto, la propuesta de reforma del artículo 51,
que hoy sometemos a la consideración de la Cámara, resulta útil
para equiparar plenamente a los ciudadanos internos en un centro
penitenciario a cualesquiera otros en lo que concierne al estatus
de garantía de su derecho a la libertad y al secreto de las
comunicaciones. Resulta útil para sustraer del ámbito de
aplicación de un derecho fundamental la sola decisión inicial de
la Administración como base para someter a aquél a situaciones de
excepción. Y resulta útil para definir con claridad extremos
quizá descriptivamente confusos en su redacción legal vigente y
que, por ello, han dado pie a interpretaciones, a nuestro juicio,
alejadas claramente de la intención con la que el legislador
determinó en su momento su inclusión en la ley.
En este sentido, baste recordar a la Cámara la sesión de 26 de
enero de 1995 de la Comisión de Justicia e Interior para
comprender no sólo la necesidad de precisar lo dispuesto en el
actual apartado tres del artículo 51, sino también para
incorporar una previsión en orden a un aspecto sensible del
derecho de expresión y comunicación de las personas sujetas a
privación de libertad. Así, por una parte, la mención vigente --y
hago cita literal-- «a comunicar con profesionales acreditados en
lo relacionado con su actividad» sólo es aceptable de
interpretación en el conjunto de la finalidad asistencial que
para el interno tiene la relación de personas y cometidos que
desempeñan singularizadas en el señalado apartado tres, y debe
ponerse en conexión finalista --sólo puede ponerse en conexión
finalista-- con la voluntad original del legislador
penitenciario, expresada en la exposición de motivos de la Ley
Orgánica cuando se afirma que el penado no es un ser eliminado de
la sociedad sino una persona que continúa formando parte de la
misma, incluso como miembro activo.
Por eso, y en la medida en que Constitución y Ley Orgánica
General Penitenciaria refieren el concepto de trabajo como
vehículo capital en la dinámica de la reinserción, parece útil
que la previsión del apartado tres lo sea a personas debidamente
acreditadas en lo relacionado con la actividad profesional o
laboral que dicho interno venía desempeñando con anterioridad a
su privación de libertad, porque así se singulariza también la
mejor defensa de sus propios intereses de carácter económico no
afectados por la adición de la sentencia y se da cuerpo concreto
a esa mencionada presencia activa del interno en el contexto
social en todo cuanto no esté sometido a la expresa limitación
por la condena y naturalmente, respecto del cuidado y el
mantenimiento de los medios legítimos de vida de que disponía
previamente a la misma.
Por otra parte, de los hechos motivadores de la referida sesión
de la Comisión de Justicia e Interior y de la propia debilidad
argumental esgrimida en ella por el señor Ministro, y
brillantemente contestada entonces por mi compañero señor Trillo,
se acredita la necesidad de acudir a una nueva adición como la
que proponemos, de manera que en lo sucesivo quede taxativamente
expresado que corresponde en exclusiva a la autoridad judicial
permitir o denegar aquellas comunicaciones de internos con medios
periodísticos cuya finalidad sea la difusión pública del
contenido de las mismas. No se trata con ello, señor Presidente,
señoras y señores Diputados, de imponer ningún régimen gratuito
de censura, sino de establecer las cautelas precisas en orden a
la protección de los intereses generales de la justicia, tomando
como referencia la doctrina afirmada reiteradamente por el
Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, en virtud de la cual
se autoriza a los Estados a determinar limitaciones en el
ejercicio de ciertos derechos de personas internas en
establecimientos penitenciarios siempre que la decisión efectiva
sobre la práctica de esa limitación esté sometida a la autoridad
judicial y el supuesto de limitación se halle previamente
previsto en el ordenamiento vigente.
No cabe tampoco plantear una crítica atenida a las posibles
consecuencias materiales que, en orden de una supuesta sobrecarga
de trabajo para los juzgados, pudiera acarrear esta nueva
exigencia, porque la limitación del supuesto de hecho, esto es,
difusión pública de declaraciones, determina una singularidad
apreciablemente cerrada en su número y cuando además, por la
posible trascendencia del mismo, resulta imprescindible acudir a
una clara ordenación de aquél, completando lo dicho en el
artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, a fin de corregir las negativas consecuencias que sin
ella pudieren derivarse a partir del insatisfactorio precedente
creado por la Administración en el caso del señor Sancristóbal y
contradictorio, además, con la actitud sostenida por aquélla
respecto de otros internos.
En todo caso --y con ello concluyo, señor Presidente--, señoras y
señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular solicita el
voto favorable de SS. SS. a la toma en consideración de esta
proposición de ley para que todos podamos hacer nuestro el viejo
adagio jurídico que mantiene que cuando hay claridad, no es
menester interpretación, y que, por tanto, con la claridad de la
nueva norma evitemos en el futuro conflictos de interpretación
que, en último grado, se instrumentan en contra de los derechos
fundamentales de las personas afectadas. Y más allá de esta
imporante adición, la modificación que deseamos de los apartados
dos, tres y cinco del vigente artículo 51 se atiene a nuestro
convencimiento en orden a que en ningún caso, por excepcional que
éste aparentemente sea, la Administración penitenciaria puede
estar más legitimada que un juez para decidir respecto de la
tutela y ejercicio de los derechos fundamentales, porque no
aceptar tal aseveración equivaldría a negar un cimiento básico de
nuestro sistema. Por tanto, hay que decir que sólo un juez puede
decretar previamente, en régimen de autorización, la suspensión o
interrupción de las comunicaciones de un preso.
Así pues, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular
entiende que a partir de la toma en consideración de esta
proposición de ley, abierta desde luego a una voluntad de acuerdo
en su tramitación parlamentaria con todos los grupos de la
Cámara, estaremos todos, sin lugar a dudas, en situación de
perfeccionar en lo concreto una parte singular de nuestro
ordenamiento para acomodar aquélla a los valores que, en
abstracto, convenimos en su momento que fueran inspiradores de
nuestro Estado de derecho y que, sin duda, deben regir también en
el contexto de la relación penitenciaria, porque ni desde un
punto de vista intelectual ni político ni jurídico ni material se
argumenta razón suficiente para establecer en ella un género o
régimen de excepción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Garcias, señor Gil Lázaro.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
de Coalición Canaria fijo nuestra posición para la toma en
consideración de esta proposición de ley que, a los efectos
indicatos por el portavoz proponente, señor Gil Lázaro, nos trae
el Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros consideramos que se encierra una serie de valores
positivos en la modificación que se propone del artículo 51 de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, la número 1 del año 1979, en
razón fundamentalmente a tres principios, dos de ellos ya
enunciados en la exposición de motivos de la propia proposición
de ley. Por un lado, la garantía de los derechos fundamentales
del interno, cuestión consagrada en nuestra Constitución, y que
la Ley General Penitenciaria 1/1979 ya consagra también en su
preámbulo. No olvidemos, señorías, que ésta es la más temprana
ley postconstitucional. Aprobada la Constitución Española, es el
número 1 de las leyes del nuevo período democrático. Después de
las Cortes Constituyentes, este Parlamento aprueba un documento
jurídico fundamental, que está basado en este principio de la
garantía de los derechos fundamentales de internos, reclusos o
penados. Lo viene a consagrar en un principio fundamental para
que la pena impuesta, en cualquiera de sus medidas --bien por
sentencia firme, como penado, bien en las prisiones preventivas,
como internos, como reclusos--, no se vea agravada por un
comportamiento interno administrativo en la institución
penitenciaria, es decir, dentro de la cárcel. Por otro lado, la
evolución de los tiempos y de las circunstancias, desde 1979
hasta aquí, ha venido también a evidenciar que es necesario el
principio de seguridad jurídica. Este principio de seguridad
jurídica es necesario para todas las partes: para el interno,
para la Administración de justicia, Instituciones Penitenciarias,
para el Poder Judicial, y para la sociedad en su conjunto, porque
si no están armonizados los derechos fundamentales de los
internos, pero sobre todo los principios de seguridad jurídica
que se explicitan también en el preámbulo de la citada Ley
Orgánica 1/1979 --vuelvo a decir que plenamente constitucional--,
estaríamos en el principio de la inseguridad jurídica o de la
indeterminación.
Las modificaciones que se pretenden en esta proposición de ley
atienden, fundamentalmente, a nuestro juicio, a evitar que se
produzca una suspensión o intervención de dichas comunicaciones
por mera resolución de naturaleza administrativa efectuada por la
propia administración interna de instituciones penitenciarias, en
el caso más inmediato, o por el Departamento de Justicia, en el
siguiente. Hoy en día, con esa ambigüedad de dualidades que se
produce en un solo departamento de Justicia e Interior, es muy
importante que prevalezca el principio de justicia sobre el
principio de orden público o de interior, al cual puede verse
llamada, en una tentación política, una decisión con uso
administrativo, no judicial, por las autoridades del
Departamento, que se pueden sentir más autoridades de Interior
que de Justicia. Por tanto, nos parece oportuno que para
dilucidar esa ambigüedad y para darle claridad y seguridad
jurídica, estas decisiones tienen que ponerse en mano judicial,
por lo que la modificación
del artículo 51 de la Ley Orgánica 1/1979 debe dejar claro, sin
ninguna duda, que son unos profesionales del mundo del Derecho --
en este caso los abogados defensores y los procuradores-- y que
la autoridad judicial es la única que puede hacer las
interrupciones de esas comunicaciones que están reconocidas como
derecho. Porque se trata de un derecho y no puede ser suspendido
por una autoridad administrativa en este caso, a nuestro juicio,
sino por la autoridad judicial: bien el juez de instrucción, en
un caso, bien el juez de vigilancia penitenciaria, en el otro.
Lo que se propone en los artículos primero y segundo de la
proposición de ley del Grupo Popular atiende a las garantías de
los derechos fundamentales. La modificación que se pretende en
los artículos tercero y cuarto, a nuestro juicio, va a resaltar
el necesario principio de seguridad jurídica en el nuevo texto
del artículo 51. No es tampoco baladí destacar aquí que en la
modificación del apartado dos del artículo 51 que se propone va a
desaparecer, acertada y prudentemente, aquella referencia que se
traía a los supuestos de terrorismo. Y los departamentos en que
se hacen estas intervenciones van a tener las garantías
personales de decoro y de idoneidad que les son habituales.
Fundamentalmente en el campo del principio de seguridad jurídica,
que es el artículo tercero de la proposición de ley, la
suspensión o intervención de estas comunicaciones orales y
escritas debe hacerse siempre mediante previa y motivada
autorización judicial. No importa que no haya un condicionamiento
de la autoridad judicial para la autorización en sí misma, pero
en ese principio de suspensión o en el hecho de la intervención
es donde debe haber la garantía judicial. Es muy importante que
haya esa decisión del juez en un sistema de libertades que
consagra nuestra Constitución. Este proyecto de ley fue redactado
por el Gobierno de Adolfo Suárez en 1978 sin haberse aprobado la
Constitución. Cuando se disuelven las Cortes Constituyentes, este
proyecto de ley se devuelve al Gobierno, recibiendo su definitiva
aprobación en esta Cámara con el Gobierno nacido de las
elecciones plenamente democráticas, postconstitucionales. Allí se
introdujo la expresión ambigua de «los profesionales acreditados
en relación con su actividad». ¿Quiénes son éstos? En sentido
amplio, profesionales acreditados en relación con su actividad
pueden ser muchísimos. Esto introduce un principio de ambigüedad,
de duda y, por tanto, de inseguridad jurídica.
Consideramos acertado también el artículo cuarto de la
proposición a la vista de lo ocurrido con las comunicaciones
orales o escritas de los internos con los profesionales de los
medios informativos. Creemos que es necesaria aquí la presencia
de la decisión judicial para ordenar este tema y dejar a la
competencia del Gobierno el desarrollo reglamentario del nuevo
artículo 51 de la Ley General Penitenciaria 1/1979.
Por estas razones, señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
va a votar favorablemente la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Gil Lázaro, vamos a votar en contra de la toma en
consideración de la proposición de ley, que usted con lucidez y
con brillantez ha defendido, por una razón fundamental
justificativa de nuestra posición.
Entendemos que es inconstitucional esta proposición de ley. En su
contenido material contradice dos preceptos de la Constitución --
el número 1, letra a), del artículo 20 y el número 2 del artículo
25--, razón más que suficiente para votar en contra de una
proposición de ley que aborda una materia tan importante como la
que se pretende regular a través de su contenido articulado. Lo
que ustedes pretenden estatuir es una especie de censura judicial
previa a un derecho constitucional que en principio no está
previsto que se limite para los condenados a penas de privación
de libertad, cual es el derecho que consagra el artículo 20.1 de
la Constitución, el derecho a expresar y difundir libremente
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción. Si realizamos una
exégesis --que no tiene tampoco por qué ser especialmente sutil,
porque el tenor literal de estos preceptos es inequívoco, es
claro--, de la proclamación de este artículo en relación con lo
que se contiene en el artículo 25.2 de la Constitución, que dice
que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la
misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo sin
ninguna limitación, ustedes están proveyendo en esta proposición
de ley una interdicción colectiva de un derecho constitucional de
esta magnitud sin ningún tipo de limitación. Comprenderá que la
posición, necesariamente, de mi Grupo Parlamentario tiene que ser
negativa a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Además, hay otro argumento que utilizar de forma acumulativa a
éstos, que ya son suficientemente relevantes, señor Gil Lázaro,
cual es que lo que ustedes pretenden en esta proposición de ley
ni tiene precedentes ni tiene antecedentes legislativos que se
conozcan en ningún país del mundo, ni existe ninguna previsión,
siquiera similar, en el Derecho comparado que hemos podido
utilizar.
Por estas razones, señor Presidente, porque no hace falta en este
tipo de trámites ocupar más espacio temporal que el estrictamente
necesario para exponer las razones justificativas de la posición,
le tengo que comunicar,
sintiéndolo mucho, que no podemos tomar en consideración esta
proposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la garantía de los derechos
fundamentales de los internos y el principio de seguridad
jurídica aconsejan impulsar una reforma del artículo 51 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria a fin de que impere, sin
excepción, el sometimiento a la autorización judicial previa en
todos aquellos casos que comporten suspensión o intervención de
las comunicaciones. El hecho mismo de la privación de libertad se
constituye en causa que no permite argumentar pretendidas razones
de urgencia determinadas por el objetivo de la eficacia en la
prevención y persecución del delito para tratar de justificar así
una suspensión o intervención de las citadas comunicaciones por
mera resolución de naturaleza administrativa. Igualmente, se
pretende precisar más el redactado del apartado tercero con la
finalidad de determinar cuáles son los profesionales acreditados
en relación a su actividad. Finalmente, en la proposición de ley
que presenta el Grupo Popular se regula un régimen específico
para las comunicaciones de penados y preventivos con
profesionales de los medios de comunicación social. No se puede
hacer ninguna objeción, a nuestro juicio, a la nueva redacción,
del apartado segundo del artículo 51 que pretende la proposición
de ley. Se recoge así la doctrina reciente del Tribunal
Constitucional --así se dijo en sentencia de 20 de junio de 1994-
-, en virtud de la cual el artículo 51.2 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria autoriza únicamente a la autoridad judicial
para suspender o intervenir de forma motivada y proporcionada las
comunicaciones del interno con su abogado defensor.
No obstante todo lo dicho, hemos de formular serias objeciones a
los restantes apartados de la proposición de ley. Según la
redacción que se da al apartado tercero del artículo 51, los
internos podrán ser autorizados a comunicar con personas
debidamente acreditadas en aquello que esté relacionado con la su
actividad profesional o laboral que el citado interno desenvolvía
con anterioridad a su privación de libertad, con asistentes
sociales y con sacerdotes o ministros de su religión. Si
prosperara esta modificación, los internos habrían perdido, por
ejemplo, la posibilidad de llamar al médico que ellos escojan, o
requerir los servicios de un notario, o solicitar la asistencia
de los profesionales que sean necesarios para el ejercicio
adecuado de los derechos civiles, político-sociales, económicos y
culturales compatibles con el objeto de su detención o con el
cumplimiento de su condena. En este sentido, tampoco podemos
compartir la necesidad de establecer un régimen especial para
autorizar comunicaciones de los internos con profesionales de los
medios de comunicación, como dice el apartado sexto de la
proposición de ley. El ciudadano internado en un centro
penitenciario continúa siendo titular de todos los derechos
fundamentales --así lo dice el artículo 25.2 de la Constitución--
, con excepción de aquellos de los cuales está expresamente
privado por decisión judicial o limitado porque así lo disponga
una ley orgánica. Hay que observar que, en la legislación
penitenciaria vigente, el ejercicio de los derechos por parte de
los internos se ha de producir dentro de los límites compatibles
con el funcionamiento normal del centro penitenciario. Si no hay
ninguna prohibición o limitación, la Administración penitenciaria
está obligada a poner las condiciones para que sea posible el
ejercicio de estos derechos. De no ser así, el interno tiene
derecho a recurrir contra la decisión de la Administración ante
el juez de vigilancia penitenciaria.
Finalmente, tampoco parece oportuna la redacción dada al apartado
quinto de la proposición: la suspensión o intervención de las
comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo sólo
lo podrán ser mediante una autorización judicial previa y
motivada. Es evidente que hay razones de orden o de seguridad del
establecimiento penitenciario en los casos en que hay argumentos
fundamentados para creer que el comunicante pueda estar
preparando actuaciones delictivas o que atenten contra la
convivencia o la seguridad del establecimiento penitenciario, o
cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto
que aconseje mantener la redacción del actual apartado quinto de
la Ley Orgánica General Penitenciarial.
Por todas estas razones, compartiendo la necesidad de regular de
nuevo el artículo 51, nos parece que la proposición de ley que
plantea el Grupo Popular podría incurrir, en algunos casos, en
contradicciones con la propia Constitución por cuanto establece
unas limitaciones a derechos fundamentales que los internos
siguen manteniendo, exceptuando aquellos casos en que la propia
sentencia condenatoria les excluye del ejercicio de tales
derechos. Por todo ello entendemos que de dar trámite a esta
proposición de ley deberíamos enmendarla desde el principio hasta
el fin, con lo cual nos parece más oportuno no darle trámite y
pedimos al grupo proponente que reflexione y que, en todo caso,
nos presente una nueva redacción de este artículo 51 que respete
lo que para nosotros es fundamental: que se siga manteniendo el
ejercicio de los derechos fundamentales de aquellos internos que
por sentencia o por ley orgánica no han sido privados de ellos.
Muchas gracias, señor Presidente. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra el señor López Garrido. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, procedemos a
fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en este ambiente algo difuso que está
embargando el hemiciclo en este momento --no sabemos bien por qué
razones--, en relación con la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre las comunicaciones de los internos en
establecimientos penitenciarios.
Hay que decir, de entrada, que se trata de una proposición de ley
que nos parece oportuna, bien intencionada, que ha estado muy
bien defendida y con rigor por el señor Gil Lázaro y cuya
redacción no se corresponde, a nuestro juicio, exactamente con
esas virtudes que tiene la proposición de ley. Se trata de una
proposición de ley oportuna. Pretende que se garanticen los
derechos constitucionales de los internos en los establecimientos
penitenciarios. Quienes ingresan en prisión pierden algunos
derechos constitucionales, fundamentalmente el derecho a la
libertad, como es obvio, pero no tienen por qué perder otros
derechos constitucionales. En todo caso, podrán estar limitados
esos derechos constitucionales sólo en la medida en que sea
estrictamente necesario para llevar a cabo la función que tiene
un establecimiento penitenciario. No más allá. Es decir, no
podría nunca perder un derecho fundamental hasta el extremo de
que se perdiese su contenido esencial, como dice la Constitución.
Esto ha sido revalidado por el Tribunal Constitucional, ha sido
también expresado por el Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos: la última de las sentencias conocidas y destacada es la
Campbell y Fell, de 28 de junio de 1984. Es decir, los internos
siguen teniendo derechos fundamentales, no pierden esos derechos.
Pierden señaladamente el derecho a la libertad, pero ningún otro
derecho, y sólo en la medida en que sea necesario.
El artículo 51 de la Ley General Penitenciaria, en su redacción
actual --es una ley que no ha sido modificaca desde el año 1979--
, tiene algunas posibles interpretaciones que chocan con nuestra
Constitución. Así ha sido constatado por el Tribunal
Constitucional en la reciente sentencia 183/1994, en la que se
señala que en las comunicaciones de los internos con sus
abogados, salvo el caso de las incomunicaciones decretadas
judicialmente, la Administración penitenciaria no puede
intervenir, no puede suspenderlas, sin la --repito-- intervención
judicial. Por tanto, sí es oportuno un texto legislativo que
reforme ese artículo 51 y que lo adecue claramente a nuestra
Constitución. Por ello decía que nos parece sumamente oportuna
esta proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, relativa a la modificación del artículo 51 de la Ley
General Penitenciaria.
Examinando uno por uno --y yo voy a intentar hacerlo-- los cuatro
artículos de los que se compone esta proposición de ley, creemos
que ésta no consigue esos objetivos e incluso --y en esto
coincidiría con lo señalado anteriormente por el señor Olabarría-
- choca con nuestra Constitución, fundamentalmente en el último
artículo de esta proposición de ley relativo a las comunicaciones
entre los internos y profesionales de medios de comunicación,
profesionales de medios informativos.
El artículo primero establece una modificación adecuada del
apartado dos del artículo 51, con la que estamos de acuerdo. Es
una pequeña modificación, necesaria después de la sentencia del
Tribunal Constitucional.
Sin embargo, en el artículo segundo coincidiríamos con el señor
Casas, que destacaba una, a nuestro juicio, incomprensible
limitación respecto a lo redactado en este momento en el apartado
tres del artículo 51 de la Ley General Penitenciaria. El artículo
51.3 de la Ley General Penitenciaria se refiere a la autorización
para una comunicación de internos con personas relacionadas con
actividades profesionales en sentido muy amplio, no dice
exactamente cuáles y, sin embargo, la proposición de ley del
Grupo Popular lo limita a garantizar en departamentos adecuados
comunicación con personas que tengan que ver exactamente con la
actividad profesional o laboral que dicho interno venía
desempeñando antes de su privación de libertad. Es una limitación
que no nos parece que tenga mucho sentido. No sabemos por qué
razón la ha introducido aquí el Grupo Popular, separándose de lo
que aparece ahora mismo en la Ley General Penitenciaria, que es
más amplio y, a nuestro juicio, más adecuado.
En el artículo tercero de la proposición de ley se modifica el
artículo 51.5 de la Ley General Penitenciaria. Se dice que la
suspensión o intervención de las comunicaciones orales y escritas
sólo podrá serlo previa autorización judicial. Aquí el Grupo
Popular, claramente, va más allá de la Ley General Penitenciaria,
en un sentido de mayor garantía. No sabemos si realmente hay
grandes modificaciones. En la práctica se podría optar por que la
administración penitenciaria autorice la suspensión o
intervención de comunicaciones y luego lo comunique a la
autoridad judicial o por que siempre haya que pedir permiso a la
autoridad judicial. Son dos posiciones opinables. El Grupo
Popular opta --incluso podríamos estar de acuerdo-- por la previa
autorización judicial, pero también es posible optar por una
intervención de la Administración penitenciaria, siempre con
comunicación a la autoridad judicial. Las dos fórmulas son
posibles. En todo caso, no tenemos objeciones de fondo a este
artículo tercero de la proposición de ley.
Sí las tenemos, y nos parece el más importante de los preceptos,
respecto al artículo cuarto de su proposición de ley, al que si
pudiéramos ponerle un apellido seguramente le pondríamos
Sancristóbal --«artículo Sancristóbal»--, porque nos recuerda esa
entrevista que el señor Sancristóbal concedió a Televisión
Española,
que fue vista por muchos españoles, y presentada con una fórmula,
diríamos, espectacular y que produjo un cierto escándalo en algún
sector de la opinión pública. Con independencia de que haya sido
eso lo que hubiera en el trasfondo de la intención del Grupo
Popular, que es mucho prejuzgar, centrándonos concretamente en lo
que dice y no en lo que pretende, en las supuestas intenciones,
la verdad es que tampoco comprendemos por qué las comunicaciones
orales o escritas de los internos con profesionales de los medios
informativos tienen que ser autorizadas previamente por el juez
de instrucción o por el juez de vigilancia penitenciaria en los
casos en que no se trate de presos incomunicados. Si son presos
incomunicados, sí tiene sentido, pero si no lo son, nos parece
que esto vulnera el artículo de nuestra Constitución que habla de
la libertad de comunicación. Un preso no comunicado siempre tiene
derecho a comunicarse con sus familiares, con sus amigos o con
medios de comunicación y no requiere una previa autorización, ni
siquiera del juez. Las libertades públicas, los derechos
fundamentales, no son derechos que requieran una previa
autorización, eso es un dogma en un régimen de libertades. No
puede haber una previa autorización, no puede haber una previa
censura; podrá haber acciones «a posteriori», si ha habido
interferencias en el campo penal, si se ha abusado de ese
derecho, pero no previamente, salvo en el caso excepcional,
previsto por ley, de los presos incomunicados; sin embargo, para
los que no se encuentran en esa situación supondría una
limitación exorbitante, innecesaria e inconstitucional de su
derecho a la comunicación el requerir una previa autorización de
cualquier autoridad pública, puede ser la de la Administración,
pero incluso la de un juez. No es necesario pedir permiso a los
jueces para el ejercicio de derechos fundamentales, tampoco es
necesario en el caso de los presos, salvo en los casos
excepcionales de incomunicación a que me he referido. Nos parece
que ése es un aspecto muy importante de esta proposición de ley
que claramente choca con nuestro texto constitucional.
A pesar de todo ello, y aun estando en desacuerdo con el fondo en
estos aspectos, no así en otros que he señalado, también debo
decir que, en estos momentos, desde un punto de vista práctico,
la admisión a trámite de esta proposición de ley seguramente
llevaría mucho más tiempo del que previsiblemente va a durar esta
legislatura; en cambio, hay una vía mucho más rápida para
producir un cambio en el artículo 51 de la Ley General
Penitenciaria, que es el Código Penal, que en estos momentos está
en trámite en el Senado.
Nosotros tenemos conocimiento de una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista que va a ser examinada en el Senado y
que modifica el artículo 51. Es una enmienda que ha sido
presentada recientemente y con la que no estamos completamente de
acuerdo, pero que sí supone una vía posible y más rápida para
llevar a cabo esta modificación necesaria del artículo 51, de
acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso,
desde el punto de vista del fondo y del procedimiento, creo que
en este momento procede que nuestro Grupo Parlamentario no apoye
esta proposición de ley. En todo caso, reiteramos que se trata de
una proposición de ley oportuna, bien intencionada y bien
defendida, como señalaba al comienzo de mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Socialista en torno a la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
entendiendo que hay un error de carácter formal ya que, en todo
caso, estaríamos ante una proposición de ley orgánica,
obviamente, al tratarse de la materia en cuestión, que intenta
modificar un precepto de la Ley General Penitenciaria.
Digamos que el objeto de la modificación que se pretende con la
proposición ha dado lugar al desarrollo de diversos debates en
esta Cámara, especialmente en Comisión, no siempre con puntos
coincidentes de los distintos grupos parlamentarios, pero sí ha
permitido, en nuestra opinión, aproximar alguna idea básica, así
como dejar constancia de las discrepancias que se manifiestan en
torno a cuál debe ser el sistema de nuestro ordenamiento en el
ámbito penitenciario para regular y concretar la materia de
comunicación, suspensión e intervención de las mismas, de los
internos, bien sean preventivos o penados.
Lo que habría que reclamar en primer lugar al Grupo Popular, ya
que pretende un cambio en lo que afecta básicamente a los tres
primeros artículos de la proposición --el cuarto lo dejaremos
aparte porque tiene otro contenido diferente en este caso--, es
una justificación en términos históricos.
Esta Ley, con este sistema actual, fue aprobada por unanimidad en
esta Cámara, en su día (en ese sentido, supongo que de algún
grupo ustedes se sentirán herederos), y, básicamente, aprobamos
un sistema de autorización administrativa, con la excepción que
la propia Ley establece, tratándose de abogados, u otras
comunicaciones con personas que realizan una actividad
profesional que lleva implícito el secreto profesional, y un
régimen --como decía-- de autorización administrativa con control
judicial posterior, control judicial que evidentemente ha de
existir, en todo caso, en un Estado de Derecho.
Habría que invitar a esta reflexión, por qué ahora se pretende un
sistema alternativo que, sin duda, es constitucional; desde
luego, la Constitución permitiría las dos fórmulas, y dudo que
alguien racionalmente pueda
establecer que un sistema es más garantista que otro. Desde
luego, países de la tradición garantista y cunas del desarrollo
del Estado de Derecho, como Francia, Alemania e Inglaterra,
tienen un sistema exacto o muy parecido al español, y el único
sistema plenamente judicializado de autorización para suspender o
intervenir las comunicaciones de los internos es el sistema
italiano, únicamente el sistema italiano. Si es que alguna vez --
creo que hoy no va a ser la oportunidad-- llegamos, al debate de
la revisión del fondo del artículo 51, convendría pedir una
explicación, que supongo no será pedir demasiado, de por qué ese
cambio de actitud ante un sistema que ha funcionado básicamente
bien, salvo tres o cuatro asuntos que han tenido una enorme
repercusión pública; porque si uno hiciera el balance de lo que
los jueces de vigilancia penitenciaria han venido determinando
globalmente sobre la actuación de las autoridades penitenciarias
en relación con suspensión o intervención de comunicaciones
orales o escritas, el balance sería muy positivo para el sistema.
En consecuencia, todos coincidimos en que el primer artículo, con
la redacción que la proposición ofrece, quedaría más acorde con
lo que ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional, y
lo que era una redacción defectuosa ciertamente en el origen de
la Ley General Penitenciaria; pero, más allá de eso, no acabamos
de comprender por qué existe una pretensión de ofrecer este
sistema como un sistema de control o autorización judicial
previo, más garantista en todos los casos de comunicaciones
orales y escritas; no hay ninguna razón de orden teórico, a no
ser que se tenga una concepción, que es lo que preocupa al Grupo
Socialista, un tanto atípica, extraña o confundida del Estado de
Derecho, dado el tenor de ese párrafo nuevo que se quiere
incorporar al artículo 51 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria. Nuevamente, le recuerdo lo que sucede en los
sistemas de Francia, de Alemania y de Inglaterra.
Lo que es claro es que un sistema absolutamente judicializado de
autorización por parte del juez de vigilancia penitenciaria de
cualquier tipo de suspensión o de intervención de comunicación
restaría eficacia, operatividad y pondría en cierta medida en
cuestión la obligación que la Administración penitenciaria tiene
en esa especial relación de sujeción que tiene hacia los internos
o hacia los condenados o preventivos.
Yo creo que es evidente que a veces el Grupo Popular quiere ir
más allá de lo razonable, cuando intenta ponerse en posiciones
garantistas. Le recuerdo que también es una posición garantista
el que la Administración tenga los instrumentos para cumplir lo
que es su obligación como Administración penitenciaria de manera
eficaz para que se cumpla la pena de privación de libertad, y
también para que los derechos de los internos que no están
afectados se puedan cumplir es necesario que la Administración
penitenciaria no quede vacía de contenido, porque iríamos a un
sistema fracasado seguramente de antemano, o al menos con mucha
problemática seguramente.
Insisto en que no cuestiono la posibilidad constitucional, pero
sinceramente no veo que en la balanza se aporte algo más de
garantías, cuando hay un sistema de control posterior, cuando la
resolución tiene que ser motivada, en los casos en que no se
exige autorización judicial en estos momentos por parte del
director del establecimiento, y con ese control judicial
posterior.
El Grupo Socialista, en lo que afecta al volumen más importante
del sistema de intervención, por parte de la autoridad judicial,
mantiene reticencias importantes, aunque algunas cosas podrían
mejorarse en la actual redacción. Ahí está el debate del Código
Penal, como señalaba el señor López Garrido. Desde luego,
mantiene una discrepancia profunda con el último apartado.
El señor Olabarría, con acierto, como casi siempre en sus
argumentaciones jurídicas, ha puesto de manifiesto una posible
inconstitucionalidad de ese precepto. Más allá de entrar en ese
debate, ciertamente siempre complejo y difícil a la hora de hacer
un pronunciamiento, que, más o menos fundado en Derecho, pueda
verter en esta Cámara con argumentos en favor de una u otra
posición, lo que es evidente es que al Grupo Socialista le
preocupa profundamente que al Grupo Popular se le haya ocurrido
establecer lo que de una manera evidente, le ha traicionado el
subconsciente al proponente en su intervención: antes que ningún
grupo parlamentario, porque él ocupó la tribuna en primer lugar,
dijo que no se trataba de una censura judicial previa. Es una
censura judicial previa. El tenor literal del texto es así. A lo
mejor no era la intención o el propósito, pero el tenor literal
es una censura judicial previa. Cuando a un recluso se le obliga,
para celebrar una entrevista con un medio de comunicación o tener
una comunicación oral o escrita, a pedir autorización al juez y
ha de concedérsela para poder ejercitar ese derecho a la libertad
de expresión, estamos ante una censura judicial, sí, y previa
también, pero censura. Los derechos fundamentales y las
libertades públicas, como bien explicaba el señor López Garrido,
no pueden estar sometidos a autorización previa. Y los reclusos
no tienen afectado, ni limitado, el derecho a la libertad de
expresión. Sería vulnerar el artículo 25.2 de la Constitución y
la Ley General Penitenciaria.
En consecuencia, creemos que ese artículo, en términos políticos,
es preocupante, más allá del debate jurídico. Es preocupante que
esa concepción pueda subyacer y queremos tener la buena voluntad
de pensar que es un error grave, a la hora de redactar lo que se
ha puesto en ese precepto.
Como he dicho anteriormente, el Grupo Popular a veces quiere ir
demasiado lejos en su intento garantista. En términos históricos,
nos parece bien que la derecha de este país esté en esas
posiciones, aunque a veces salte el precipicio y se encuentre con
que ya no tiene terreno donde caminar, que es lo que le ha pasado
en este momento al Grupo Popular. ¿Por qué? Porque creo que ha
confundido lo que es un Estado de Derecho con lo que pudiera ser
un Estado judicial. El Grupo Popular ha llegado a concebir que
todo lo que suponga la intervención de un juez es lo más
garantista en un Estado de Derecho, y no es verdad. El Estado de
Derecho responde a concepciones valorativas y materiales. Y una
concepción valorativa es que cualquier derecho se tiene que
ejercer sin control previo alguno, ni siquiera el de un juez o de
cualquier autoridad pública, aunque el poder de esa autoridad
emane de la legitimidad de los ciudadanos. Ese es el problema.
Creo que han confundido una cuestión de fondo, principal,
importante, de lo que es el Estado de Derecho, que también tiene
limitaciones claras a los poderes que se les pueda atribuir a los
jueces, y está muy claramente expresado en nuestra Constitución.
En última instancia, señor portavoz del Grupo Popular, hay una
contradicción difícilmente asumible en el fondo de la proposición
de ley orgánica, y es que, por un lado, se intenta una opción más
garantista en los tres primeros apartados, pretendiendo que
solamente sea el Poder Judicial el que pueda autorizar una
intervención de una comunicación de un preso, y, al mismo tiempo,
y en el mismo texto, se hace una propuesta absolutamente
contragarantista, una propuesta limitadora de derechos, una
propuesta que supone una clara interdicción del derecho a la
libertad de expresión. Yo creo que es una contradicción
difícilmente asumible para fijar un sistema mínimamente
coherente, que responda a unos principios y a unos valores, en la
Ley General Penitenciaria.
Decía el portavoz del Grupo Popular, y con ello termino, que este
texto era un punto de partida para posibles aportaciones y
modificaciones, así como para intentar lograr un consenso sobre
el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Lamento
decirle que en esta ocasión --sabe que otras veces en esta
materia de lo que es nuestro sistema penitenciario hemos puesto
toda nuestra voluntad en estar cerca y en buscar ese consenso--
el punto de partida ciertamente es muy endeble, desde el punto de
vista del texto que se nos ofrece, y creo que en los cimientos
que ha pretendido construir el portavoz del Grupo Popular hay
vicios más que ocultos, vicios bastante evidentes, por utilizar
un término jurídico, que impiden...
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego concluya.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: ... que impiden, lógicamente, que el
Grupo Socialista pueda dar su apoyo, por lo que votaremos en
contra de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro, conoce S. S. la excepcionalidad del trámite en
este tipo de debates. No obstante, a la vista del contenido de
algunas de las intervenciones, le doy la palabra para un
brevísimo turno de réplica.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad, porque, en realidad, algunos de los portavoces
intervinientes han entrado en el fondo de la cuestión
contradiciendo nuestros argumentos o la motivación de esta
iniciativa.
A mí me preocupa especialmente comprobar cómo algún portavoz no
parece haber entendido, en esencia, lo que esta iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular pretende subvertir en función de un
principio de experiencia. Desde la admiración personal e
intelectual al señor Olabarría le diría que, lamentablemente, no
han entendido ustedes el fondo de esta cuestión, porque esta
proposición de reforma del artículo 51 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, en esencia, lo que está diciendo, señor Olabarría,
es que es mucho mejor que sean sólo los jueces, en todo caso,
quienes, con carácter además previo, puedan decretar o autorizar
la interrupción o la suspensión de las comunicaciones de los
internos; es decir, corrigiendo el vigente sistema de exclusiva
decisión administrativa. Ese es el fondo auténtico de la cuestión
y ése es el fondo que S. S., de alguna forma, ha calificado como
presumiblemente rozando la inconstitucionalidad. Pero aún más: lo
que otros portavoces han podido señalar, como el señor López
Garrido o el señor Casas, respecto a la posible colisión de
derechos del artículo cuarto de nuestra proposición, queda
también contradicho en función de lo que es un principio de la
experiencia. En ese artículo cuarto --y, por cierto, la expresión
censura previa no es mía sino del señor Ministro de Justicia e
Interior en aquella brillante sesión de enero de 1995-- nosotros
lo que estamos diciendo es que queremos que en un supuesto tasado
y excepcional, como es el que se contiene en el artículo cuarto
de nuestra proposición, se establezca un régimen de garantía
precisamente para la prevalencia del derecho fundamental del
interno, en función de un criterio de autorización judicial o, en
todo caso, de restricción sólo en función de esa intervención
judicial previa, subvirtiendo la realidad que en este momento se
plantea, consistente en que es la autoridad penitenciaria la que,
de hecho, concede o no esa autorización al interno para
entrevistarse con los medios de comunicación y, como ya hemos
visto, con profundos contenidos contradictorios en función de la
experiencia, cuando no de intereses políticos manifiestos, como
en el caso del señor Sancristóbal, que, por cierto, imagino que
alguno, a tenor de posiciones posteriores del propio señor
Sancristóbal, se habrá arrepentido de autorizar en su momento.
El señor Rodríguez Zapatero, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, se planteaba --y yo creo que desde su postura es
lógico que se plantee ese interrogante--
por qué la judicialización, en materia de autorización para la
interrupción o suspensión de las comunicaciones, es mejor que el
actual sistema de decisión administrativa. Por razones obvias,
señor Rodríguez Zapatero, por razones obvias de garantía en la
decisión última, que afecta a un derecho fundamental. Por razones
absolutamente obvias, porque en la decisión del juez no va a
haber contenidos influyentes ajenos a lo que es la aplicación
estricta del Derecho, en sus términos más puros, y sí los hay en
las decisiones de la Administración, y vuelvo a referirme a la
experiencia abundante de estos últimos tiempos. Nos decía el
señor Rodríguez Zapatero...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Nos decía, en suma, el señor Rodríguez Zapatero que daba la
sensación de que esta proposición del Grupo Popular respondía a
una especie de concepción atípica del Derecho y a no se sabe qué
vicios. Yo creo, señor Rodríguez Zapatero, que cuando nos hemos
visto forzados, en función de ese relato de la experiencia, a
tener que plantear y someter a la consideración de la Cámara esta
cuestión, será porque esa concepción atípica del Estado de
Derecho la tienen otros y la vienen acreditando en función de su
balance político otros, y probablemente también porque ciertos
vicios están tan instalados en otros que llegan a considerar que
es mejor un sistema de decisión administrativa que un sistema
previo de autorización judicial, cuando se trata de proteger
derechos fundamentales.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que esta proposición de ley
la presentamos, tal y como he señalado en mi intervención
primera, con la voluntad de que fuera un punto de partida y,
conscientemente, dejamos abiertos o imperfectos ciertos aspectos
de su redacción para que, en una posterior elaboración
parlamentaria, pudiéramos llegar a un texto de todos. Se pueden
hacer las interpretaciones que se deseen, desde la posición
legítima de cada grupo parlamentario y desde los intereses
concretos de cada grupo, naturalmente que sí. Lo que no se puede
es malinterpretar, voluntaria o involuntariamente, el fondo
auténtico de esta proposición. Y el fondo auténtico de...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente. El fondo
auténtico de esta proposición es decir que nada justifica que, en
nuestro ordenamiento, los ciudadanos libres para la interrupción
y suspensión de sus comunicaciones, tengan que estar previamente
acreditados por decisión judicial y que los ciudadanos sometidos
a un régimen de privación de libertad puedan ver interrumpidas o
suspendidas sus comunicaciones por mor de una simple decisión
administrativa. A la responsabilidad de los grupos que van a
votar en contra de esta proposición queda la continuidad de tal
hecho. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Popular sobre modificación del régimen de
comunicaciones y visitas de los internos en orden a que éstas
sean autorizadas por la autoridad judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 131; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), VASCO
(PNV) Y MIXTO, SOBRE REINTEGRACION DE BIENES Y DERECHOS
PATRIMONIALES, O EN SU CASO LA INDEMNIZACION ECONOMICA
CORRESPONDIENTE, A LAS PERSONAS QUE SE VIERON PRIVADAS DE LOS
MISMOS, POR RAZONES POLITICO-SOCIALES, EN VIRTUD DE UNA
LEGISLACION EXCEPCIONAL DEL PERIODO DE LA GUERRA CIVIL (Número de
expediente 162/000105)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día,
proposiciones no de ley. Proposición de los Grupos Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (PNV) y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos
patrimoniales, o en su caso la indemnización económica
correspondiente, a las personas que se vieron privadas de los
mismos por razones político-sociales en virtud de una legislación
excepcional del período de la guerra civil.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Martínez Blasco. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la presidencia.)
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en octubre de 1991 ya tuvimos oportunidad de debatir
este tema con ocasión de una proposición de ley que presentó del
Grupo Vasco. Era una proposición de ley articulada. La razón
principal para oponerse a la toma en consideración --al final el
Pleno
no la votó-- por parte del Grupo Socialista fue la de las
dificultades técnicas.
Ahora cuatro Grupos de la Cámara nos hemos unido para traer una
proposición no de ley. Es cierto que hay dificultades técnicas
para poder llevar a cabo la propuesta, la voluntad política de
reintegrar los patrimonios y los derechos expoliados en aquello
que se llamó «la cruzada» en la guerra civil, con el derecho de
conquista, y por eso nosotros, entendiendo que existen, lo que
proponemos es que el Gobierno, que probablemente tiene mejores
medios técnicos, y desde luego más información que
individualmente cada uno de los Grupos de la Cámara, elabore un
proyecto de ley con el que se pueda dar salida a este problema.
Como ya dijimos en 1991, y volvemos ahora a repetir, señorías, es
preciso culminar el proceso de la amnistía y de la reconciliación
entre los españoles cerrando una de las heridas de la guerra
civil. Familias, individuos y organizaciones políticas fueron
expoliados de su patrimonio y de sus derechos, como he señalado,
por el derecho de conquista de los sublevados; todo por su
opinión política, tal vez porque habían sido concejales o
alcaldes de alguno de los partidos y de las fuerzas del Frente
Popular, tal vez porque habían expresado su simpatía con alguna
de las fuerzas de ese Frente Popular y por eso les quitaron su
patrimonio, el individual e incluso el familiar.
Creo que no es entendible el cierre de todas las heridas de la
guerra civil si no se restituyen los patrimonios y los derechos
expoliados durante aquellos años. Que es difícil lo reconocemos.
Por eso los cuatro Grupos proponentes lo que traemos aquí es una
proposición no de ley, para que se haga de la mejor forma que sea
posible desde el punto de vista técnico.
Pero lo importante aquí no es la cuestión técnica, y quiero
recordar a esta Cámara que problemas técnicos los hubo en cuanto
a los tres años de permanencia en las cárceles para conceder la
indemnización. Ahí se tuvo que discutir si la permanencia en los
batallones de trabajos forzados se debía computar o no. Problemas
los hubo para la restitución del patrimonio sindical acumulado;
problemas siempre los hay. Estamos hablando de sucesos de hace
muchísimos años, estamos hablando de que muchas de las
organizaciones políticas que fueron expoliadas no tenían su
patrimonio a nombre de las personas jurídicas. En el caso de
Izquierda Republicana o en el caso del Partido Comunista de
España, que forman parte en estos momentos de Izquierda Unida,
las casas del pueblo, por poner un ejemplo, muchas veces no
estaban inscritas con titularidad del Partido Comunista de
España, la titularidad registral era de personas físicas, de
entidades de todo tipo. Siempre, repito, habrá dificultades.
Pero, señorías, no es cuestión de que las dificultades nos
venzan, sino que la que debe vencer es la voluntad política.
Espero que hoy esta Cámara, ya que no se presenta un texto
articulado en el que se pueden usar como coartada las
dificultades técnicas para apoyarlo, exprese --insisto, espero
que por unanimidad-- la voluntad política de que sean restituidos
los patrimonios y los derechos. En los casos que no sea posible,
al menos que se conceda una indemnización económica.
Efectivamente, esto no va a resolver ningún problema, mucho menos
al haber transcurrido tantos años, pero entiendo que es de
justicia que se cierren las heridas producidas por la guerra
civil. Ha habido otros países en los que han tenido procesos
similares al nuestro y la restitución de los patrimonios ha sido
un elemento imprescindible. Creo que hacerlo con la perspectiva
de los años pasados incluso puede ser una ventaja, ya que no
estamos hablando de una cosa que esté en caliente, sino con la
frialdad, pero también con la serenidad, de obrar en justicia, de
restituir lo suyo a quien le quitaron el patrimonio familiar, el
patrimonio personal o los locales de la entidades políticas. Lo
que se le pide a esta Cámara es que se pronuncie esta tarde sobre
la voluntad política de que se restituya ese patrimonio; que el
texto lo elabore el Gobierno y lo remita cuanto antes a esta
Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Blasco.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la proposición no de ley que traemos hoy a la Cámara
es un intento de reparar en parte algunas de las locuras
cometidas durante la llamada guerra civil. No parece que sea
necesario justificar demasiado la justicia del intento de
reparar, en parte, alguno de los atropellos que durante aquella
época se produjeron en España.
Todos sabemos que se incautaron, por razones puramente
ideológicas, muchos patrimonios de personas físicas, de
sindicatos, de partidos, de organizaciones obreras, de
organizaciones civiles, bibliotecas públicas, centros sociales, y
también patrimonios individuales de personas no jurídicas sino
físicas. Y es verdad, como se ha dicho hoy y se dijo ya en otros
debates que tuvimos en esta Cámara respecto a los patrimonios
históricos, que es francamente difícil la identificación de esos
patrimonios y la concreción en el tiempo actual del valor real de
los mismos.
También se ha dicho, y yo me sumo a ello, que las dificultades
técnicas no pueden ser nunca el freno que haga imposible intentar
reparar una injusticia cometida en el tiempo por los vencedores
de una guerra injusta.
Los perjudicados --sobre todo las personas físicas-- yo diría que
no solamente quieren recuperar aquello que fue suyo, sino sobre
todo que se les reconozca que se cometió con ellos un atropello,
un atropello que nunca debió cometerse. Lo que quieren muchos
herederos --porque desgraciadamente los primeros propietarios
probablemente ya ni existen-- es que se reconozca que un día
alguien, por la fuerza de las armas, violó aquello inviolable,
que es el derecho a la propiedad de unos bienes propios.
Este el acento que mi Grupo querría poner hoy en este debate,
porque sabemos lo difícil que es, probablemente imposible en
algunos casos concretos, reconocer el patrimonio y devolverlo.
Pero por lo menos que quede clara la voluntad del reconocimiento
de que se cometió una tremenda injusticia y una violabilidad de
unos derechos que nunca debieron violarse.
Mi Grupo, naturalmente, ha presentado con los demás grupos esta
proposición no de ley con el ánimo de consensuar en la Cámara un
acuerdo que permita que estos damnificados, que estas personas
perjudicadas puedan ser resarcidas de aquellos bienes que un día,
como he dicho antes, les han incautado.
Espero que la Cámara sea sensible a esta petición de los
distintos grupos que presentamos esta proposición no de ley y que
se apruebe por absoluta mayoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
No es accidental que la proposición no de ley que debatimos en el
día de hoy esté presentada por cuatro Grupos Parlamentarios.
Decía que no es accidental porque la cuestión que hoy debatimos
ha sido objeto de debate a iniciativa de grupos parlamentarios
como el nuestro, el Parlamento de Cataluña y preguntas que ha
realizado el Grupo de Izquierda Unida. En definitiva, vimos que
todas las actuaciones, bien se estructuraran a través de
preguntas o de proposiciones de ley, caían en un saco roto.
Entonces, al ver que no había manera de articular una iniciativa
parlamentaria desde la oposición, estos cuatro Grupos
Parlamentarios presentamos una proposición no de ley.
Y digo que no es accidental porque, señorías, está el Grupo
Parlamentario Vasco, que representa al Partido Nacionalista
Vasco; está el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en el cual están partidos como el Comunista o el
Socialista Unificado de Cataluña; está el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), de cuyo Grupo Parlamentario forma
parte también el partido Unión Democrática de Cataluña, y está,
dentro del Grupo Mixto, el Partido de Esquerra Republicana de
Catalunya.
En definitiva, pensábamos, cuando decidimos presentar esta
inicitiva parlamentaria, que teníamos una legitimidad histórica
de haber participado en unas Cortes republicanas en la defensa de
unos valores, de la libertad y de la democracia, y que había que
dar una solución a tal cuestión.
Echamos en falta en esta iniciativa la firma del Partido
Socialista Obrero Español. Obviamente, no podemos decir lo mismo
del Grupo Parlamentario Popular, porque no existía dicho partido
político entonces.
No obstante, sí que hemos de decir que el Grupo Parlamentario
Popular, juntamente con el Grupo Socialista, se ha opuesto a la
admisión a trámite de iniciativas de la oposición parlamentaria
articuladas a través de proposiciones de ley, y, en definitiva,
su voluntad para resolver tal cuestión.
La posición del Grupo Vasco, señorías, que es partícipe en esta
proposición no de ley, está en clara coherencia con la posición
que ha venido manteniendo nuestro Grupo desde hace muchos años.
Así, en esta misma línea, el Grupo Vasco (PNV) presentó en los
años 1986 y 1990 proposiciones de ley análogas a las que
debatimos ahora que no fueron tomadas en consideración por la
oposición del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Igual suerte
tuvo una iniciativa del Parlamento de Cataluña.
Señorías, la iniciativa parlamentaria que hoy debatimos pretende
reparar, por lo menos indirectamente, una injusticia histórica
como fue la incautación del patrimonio a personas, organizaciones
políticas y entidades por parte del anterior régimen autoritario.
El patrimonio de los grupos políticos, de los sindicatos y de
personas que se mantuvieron en favor de la legalidad republicana
fue incautado por el Decreto de 13 de septiembre de 1936 y por la
Ley de 9 de febrero de 1939.
Así tras la restauración de la democracia y de las instituciones
públicas se han venido adoptando una serie de medidas jurídicas
con el fin de corregir las situaciones de injusticia que se
produjeron por la dictadura, como la Ley de Amnistía, el
reconocimiento de la asistencia sanitaria y pensiones a mutilados
y militares que participaron en defensa del legítimo gobierno
republicano, pero sobre todo destaca la Ley 4/1986 de 8 de enero,
sobre cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.
La incautación por el régimen dictatorial franquista del
patrimonio de los partidos políticos es una cuestión que al día
de hoy necesita ser solucionada mediante una iniciativa
parlamentaria como la que hoy debatimos y que, en definitiva,
repare la injusticia histórica cometida. Resulta difícilmente
presentable el que en una situación de democracia se pretendan
buscar excusas para no satisfacer una situación de palmaria
injusticia. Desde el Grupo Vasco vemos atónitos cómo 17 años
después de las primeras elecciones democráticas sigue sin
resolverse una cuestión como la que hoy debatimos.
En su día fueron los poderes centrales del Estado los que
cometieron tales despropósitos, y tienen que ser los actuales
poderes centrales democráticos los que tienen que reparar el daño
causado. Así ha ocurrido con los sindicatos, cuyos bienes fueron
incautados
también por la Ley de 9 de febrero de 1939 y para cuya reparación
parcial se aprobó la Ley 4/1986, de 8 de enero.
No obstante, hay que indicar que en relación al patrimonio de los
sindicatos, de los partidos políticos y, en definitiva, de
particulares despojados existen grandes analogías y también
matices diferentes. La Ley 4/1986 perseguía dos objetivos. Por un
lado, ceder gratuitamente a las organizaciones sindicales el
patrimonio inmobiliario que el anterior régimen había ido creando
y acumulando a través de la extinguida Organización Sindical y
que al dejar de existir era lógico que los poderes centrales del
Estado los cedieran a las organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales democráticas, ya que había el derecho
constitucional de libertad sindical y libertad de asociación que
no podía ser controlado y tutelado por el Estado. Pero la Ley
4/1986, además de este primer objetivo persigue otro, que es el
de reintegro a las organizaciones sindicales de los bienes y
derechos que les fueron incautados por la Ley 9 de febrero de
1939, y es aquí donde se produce una identidad respecto a las
situaciones de incautación patrimonial realizadas sobre
organizaciones políticas, sobre asociaciones y sobre personas
físicas, particulares en definitiva. Es por ello, señorías, que
si la Ley 4/1986 además de la cesión gratuita del Patrimonio
sindical acumulado por los poderes centrales del Estado, también
pretende reintegrar en el pleno dominio los bienes y derechos
incautados a las organizaciones sindicales, procede que en el
ámbito de las personas físicas y demás personas jurídicas se
regule esta segunda finalidad política.
En definitiva, señor Presidente, lo que ha de existir es una
voluntad política para restituir los bienes y derechos incautados
a las respectivas organizaciones sociales y personas físicas. No
podemos escudarnos, señorías, en que existan dificultades
técnico-jurídicas, que las habrá y a las que se dará una
solución, porque la obligación de un mandatario público es
reparar el daño que se ha ocasionado en el ejercicio de una
actividad pública, como en estos casos en que se produjo una
incautación por motivos políticos.
Muchas veces las dificultades técnicas y de forma existen cuando
se quiere que existan para no resolver el problema de fondo, y
estas dificultades dejan de existir o no existen cuando hay una
voluntad política para solucionar el problema, que es lo que se
precisa en el tema que hoy debatimos.
Evidentemente, hay organizaciones políticas o asociaciones que
sufrieron incautación patrimonial y que en la actualidad no
existen, y otras, a su vez, que se mantienen en la actualidad. En
el caso de las organizaciones sindicales ocurría lo mismo, pero
como existía voluntad política de esta Cámara de reparar los
daños causados, la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986
establece un régimen jurídico de reintegración patrimonial de
bienes incautados a las organizaciones sindicales al margen del
régimen general de cesión, que nada tiene que ver con las
incautaciones patrimoniales de motivación política.
Pero es que, señorías, en el momento actual en que debatimos esto
existe un argumento político importante. Los poderes centrales
del Estado, el Gobierno a través a su agencia financiera, el ICO,
ha otorgado --no decimos que no fuera necesario-- a la Unión
General de Trabajadores un préstamo de 12.000 millones de pesetas
para hacer frente a su lamentable y crítica situación financiera.
Pero el argumento está en que el Gobierno da ese crédito
obteniendo en garantía un patrimonio hipotético que hay que
devolver a la UGT, patrimonio incautado a la misma. No hablamos
de la cesión, que es objeto de la regulación general de la Ley.
En definitiva, se está haciendo un reconocimiento tácito a la
Unión General de Trabajadores, que tiene un patrimonio histórico
pendiente de devolución con ocasión de la guerra civil.
Nosotros solicitamos que se le dé el mismo tratamiento a personas
físicas, como el hijo de Juan Negrín --miembro del Partido
Socialista y último Presidente del Gobierno español de la
República--, que ha tenido que litigar hasta llegar al Tribunal
Supremo para obtener una reintegración de los bienes de su
familia, en Las Palmas de Gran Canaria, incautados por motivos
políticos. Lo que nosotros pedimos al Grupo Parlamentario
Socialista es que tenga esa voluntad política.
Procesos similares se han visto en escenarios políticos como la
Comunidad Autónoma de Euskadi, donde el Parlamento Vasco aprobó
el año 1984 una Ley de Reversión de Bienes y Derechos incautados,
bienes que se le habían transferido a la Comunidad Autónoma del
País Vasco con ocasión del proceso de desarrollo estatutario;
bienes que habían sido incautados por el Estado --y en cuyo uso
se encontraban la Falange, la Organización Vertical y otro tipo
de entidades-- y cedidos por la Administración central. Fue
voluntad política del Parlamento Vasco, con el apoyo del Partido
Popular, que aquí se opone a tomar una iniciativa parlamentaria
de la oposición. El Partido Popular
--así consta en el «Diario de Sesiones» del Parlamento Vasco--
estuvo a favor de la reintegración de los bienes incautados,
transferidos desde el Gobierno central a la Comunidad Autónoma
del País Vasco, a los particulares y, en definitiva, a sus
legítimos propietarios. También lo estuvo el Partido Socialista
Obrero Español. Lo que echamos en falta en esta Cámara, que es la
representante de la soberanía popular, es que asuma la
responsabilidad política que le corresponde, puesto que eso es lo
que hoy está en juego. Que se repare esa injusticia histórica.
Como muestra ponemos, repito, la actuación política que se siguió
en el Parlamento Vasco por el Partido Nacionalista Vasco, el
Partido Socialista, la antigua Alianza Popular, Euskadiko Eskerra
y el Partido Comunista.
Voy a finalizar, señor Presidente, manifestando que el tema
debatido requiere sensibilidad y voluntad política para reparar
los daños ocasionados por las incautaciones
históricas realizadas por el anterior régimen a diversas
personas, particulares, familias, sindicatos y organizaciones
políticas, por el simple hecho de defender la libertad y la
democracia. Por todo ello, solicito el voto favorable de SS. SS.
a esta iniciativa parlamentaria.
Sabemos que el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo con
el planteamiento que se ha hecho, no sólo en esta iniciativa sino
también, en anteriores. El Grupo Parlamentario Socialista hoy nos
sorprende con una enmienda que no nos puede satisfacer
plenamente. Nos llama la atención que un partido político de la
solera democrática del Partido Socialista Obrero Español tenga
quizá que marcharse próximamente del Gobierno sin haber resuelto
esta injusticia histórica.
En definitiva, lo que hoy plantea el Grupo Parlamentario
Socialista en su enmienda lo vamos a aceptar porque nos parece un
avance, aunque sea tímido. Entendíamos que se podía haber hecho
un mayor esfuerzo. La enmienda del Grupo Socialista la vamos a
aceptar, repito en el sentido de que en vez de instar al Gobierno
a que elabore un proyecto de ley inste al Gobierno a que se
presente en la Cámara un informe sobre la problemática referente
a las personas que sufrieron incautaciones políticas. Es un
avance tímido, insisto, pero es un avance. Lo vamos a aceptar
porque, en definitiva, puede ser un instrumento de trabajo
válido.
No obstante, quiero recordarles que en nuestro Grupo
Parlamentario, si de todos estos trabajos no surge nada,
seguiremos planteando iniciativas sobre esta cuestión, porque no
habremos alcanzado una verdadera restauración de las libertades y
de la restitución de la justicia, que correspondía a los
partidos, a las personas, en definitiva a todo el conjunto de la
sociedad que luchaba por la libertad, por la democracia, y que
dieron toda una vida por los valores humanos, mientras no
concedamos una restitución, no directa pero sí a través de una
indemnización o por lo menos un reconocimiento moral.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola (Rumores.)
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
(Rumores.) ¿Hay un problema de envidia por aquí?
Evidentemente, el tono de la reflexión, si SS. SS. me permiten,
que hoy podemos hacer los distintos grupos que intervenimos en
este debate es muy distinto al que vivió esta Cámara el 12 de
abril de 1994 cuando Esquerra Republicana presentó la proposición
de ley que tenía como voluntad articular la ley necesaria para
devolver los patrimonios incautados durante la guerra civil.
Atrás quedaban otros debates también agrios, como el
protagonizado en su momento por el Partido Nacionalista Vasco y
que participaba del mismo espíritu de restitución; o como el que,
a instancias también de Esquerra Republicana, protagonizó el
Parlamento de Cataluña. Años de reivindicaciones, de lucha
política y social y de iniciativas parlamentarias que tenían como
objetivo común resolver un grave fleco de la democracia: la
restitución, por vía democrática, de aquello que había sido
expoliado por la fuerza de la armas y la sinrazón. El objetivo
común de no permitir que la democracia legitimara lo que había
impuesto con sangre y fuego la dictadura. El paso adelante de la
devolución del patrimonio a los sindicatos había quedado, pues,
como un gesto intermedio, como un compromiso democrático, sólo
asumido en su primera fase.
Esta Cámara y todos los partidos representados sabíamos, fuera
cual fuera la actitud de nuestro voto, que había que resolver
esta asignatura pendiente, que la falta de acuerdo para la
devolución del patrimonio a las personas físicas y jurídicas,
gracias al bloqueo de los Grupos Popular y Socialista, era una
actitud profundamente bochornosa que ponía en tela de juicio esta
Cámara.
¿Fueron argumentos de oportunidad política --recuerdo el
brillante discurso de Jesús Caldera en su momento-- o excusas de
tipo jurídico? Lo cierto es que la Cámara se inhibía de la
resolución del problema y con ello se hacía cómplice de la
decisión que hubo en su momento y que fue bárbara. Con su
silencio legitimaba esa decisión.
Lo dije en el debate de abril de 1994. ¿Puede sostener legalmente
esta Cámara una decisión franquista claramente antidemocrática?
¿Convertiremos la desmemoria en complicidad con el régimen
anterior? Y aseguré que fuera cual fuera el pronunciamiento de la
Cámara, el tema volvería a abrirse permanentemente, como herida
abierta que es, hasta que finalmente la Cámara reaccionara.
Hoy, 26 de septiembre de1995, podemos considerar que esta Cámara
empieza a reaccionar; que fruto de diferentes factores --la
presión ambiental, esperemos que la mala conciencia--, o fruto
quizá de la matemática parlamentaria, hoy podemos hablar de un
acuerdo histórico.
Con la enmienda del Grupo Socialista, que adelanto que vamos a
apoyar, y el probable voto también por unanimidad del Pleno, hoy
puede empezar el proceso de restitución, cerrando con ello una
etapa de nuestra memoria más negra, un capítulo que con este
fleco permitirá cerrar viejas heridas. La democracia es hoy, con
este acuerdo, un poco más fuerte; le da un vuelco más, rotundo y
comprometido, al pasado.
Permítanme que me felicite y felicite a la Cámara, y permitan que
convierta este acuerdo por unanimidad en un homenaje a todas las
víctimas de la desmemoria, a todos los hombres y mujeres que por
su adscripción republicana y por su lucha por unos ideales no
merecen ahora ni el homenaje del recuerdo. Dedico este
acuerdo, pues, a los que perdieron, a los que se mantuvieron
firmes a pesar de todo, a todos aquellos republicanos que
víctimas del pacto de silencio fueron casi anulados del recuerdo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
A la proposición de ley se ha presentado una enmienda por parte
del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Efectivamente, mi Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda
que pretendo justificar. Sólo en términos reduccionistas podría
decirse, como se ha hecho desde esta tribuna, que la posición del
Grupo Parlamentario Socialista en las anteriores ocasiones en que
tuvimos oportunidad de debatir esta problemática --y fueron
cuatro-- para rechazar las iniciativas de diversos grupos de la
Cámara se basaba en problemas o cuestiones técnicas. No fue así,
señorías. Podría utilizar el debate del 12 de abril de 1994,
donde todo el edificio argumental que utilicé para oponer a la
toma en consideración de aquella proposición de ley se basaba en
un hecho claro, de profundo contenido político además, y era la
renuncia de mi Grupo Parlamentario al derecho a la restitución de
aquellos bienes tan bárbaramente ocupados. Mejor dicho, como
saben ustedes, en nuestro sistema jurídico no se renuncia al
derecho, se renuncia a la acción para exigir el derecho al que
uno tiene derecho --valga la redundancia-- para ser restituido.
Por tanto, aquella era una posición política que efectivamente
valoraba también, aspectos muy completos que giraban alrededor de
este problema. Pues bien, hoy y por parte de cuatro grupos
parlamentarios se plantea de otro modo procedimental la
iniciativa, quizá con mejor fundamento. Vamos a ello.
No cabe duda --y saben ustedes que así lo ha declarado el
Tribunal Supremo-- de que para la restitución de estos derechos
es exigible una ley especial votada en Cortes. ¿Por qué? Porque
la materia, al ser tan compleja, sobre todo al incidir sobre
situaciones tan alejadas en el tiempo y al ponerse en cuestión un
concepto esencial de la estructura jurídica que todos
compartimos, cual es la seguridad --la razón última de nuestra
negativa en las anteriores ocasiones-- exige una normativa
específica que a su vez entendemos que sólo el Gobierno, y tras
un meditado y profundo estudio, puede llevar a cabo. Es decir, el
Gobierno con la colaboración interdisciplinar de varios de sus
departamentos, con el análisis profundo de la situación y, a
partir de ahí, es posible alcanzar una solución a este problema.
Nosotros queremos alcanzarla, pero, fíjense señorías, porque no
quiero ser superficial, a qué interrogantes habría de dar
respuesta esa hipotética norma legal: Al ámbito objetivo de la
ley --es decir, qué se restituye--; al ámbito subjetivo --a
quién--; a las reglas para precisar la sucesión de los antiguos
titulares y la acreditación de esa titularidad; al procedimiento
de restitución; a la valoración de bienes y derechos; a la
indemnización sustitutoria en caso de pérdida, deterioro o
desaparición de bienes y derechos; a la procedencia o no de
indemnizar cuando los bienes y derechos hayan sido transmitidos
por el Estado a terceros con anterioridad a la entrada en vigor
de esa posible ley; a la aplicación o no de la misma a los
supuestos de pérdida de derechos personales, restitución o no de
los frutos o rentas derivados de la posesión del patrimonio
incautado, etcétera.
Sin embargo, más allá de este cauce procedimental, y voy a
resulmirlo brevísimamente, yo creo que hay razones a favor y en
contra --no quiero ser juez, mi grupo no quiere ser juez-- para
adoptar una medida de esta naturaleza.
En el campo contrario a la toma en consideración, ¿cuáles son las
razones más importantes? La dificultad de identificación del
sucesor --ya se ha dicho aquí por varias de vuestras señorías
cuando han intervenido--; el menoscabo de la seguridad jurídica
que deriva del hecho de no existir plena constancia de registros
y, a su vez, se superpone el problema de la destrucción de
algunos archivos. La norma, además, como dije antes, ha de estar,
ha de estar cimentada en la seguridad, no provocar inseguridad, y
las dificultades existentes en este momento podrían no garantizar
equidad alguna, es decir, que fueran más elevados los costos que
los beneficios. La posible onerosidad de la solución, pudiera
ser, señorías, tan elevada --digo pudiera, hablo en hipótesis--
que el legislador, cuando exiten necesidades y tiene que
cubrirlas con recursos limitados, obliglatoriamente ha de optar
sabiendo que la solución de este problema puede retrasar o
entorpecer otros muchos a los cuales debemos atención. Es decir,
la solución del problema tiene que estar posibilitada desde el
punto de vista financiero por los recursos de que dispone la
Administración del Estado.
En el campo favorabale, señorías, militan los siguientes
argumentos. Sin duda, la ilegitimidad de origen (ya lo dije y
agradezco a la señora Rahola el reconocimiento de mi intervención
en abril de 1994) de aquel bárbaro acto y el rendimiento, una vez
más y desde esta tribuna, de testimonio a la memoria de quienes
sufrieron aquellas actuaciones. Por supuesto que sí.
Milita también en favor de la devolución de estos bienes y
derechos el elemental principio de reparación histórica, unido al
de sucesión en las obligaciones y cargas que pesan sobre los
Estados. Jurídicamente, señorías, el Tribunal Supremo --incluso
el Tribunal Supremo-- al analizar algunas reivindicaciones, es
decir, la acción declarativa de propiedad de determinadas
personas frente a aquellas incautaciones, ha venido a
admitir la posibilidad de que el legislador se oriente
implícitamente en el reconocimiento de lo que llama una especie
atípica de obligación natural. Hay pues, incluso desde el punto
de vista jurídico, un reconocimiento a la necesidad de esa
reparación, más allá, por supuesto, de las razones puramente
políticas.
El precedente de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de devolución del
Patrimonio Sindical histórico, invocando, como es natural, al
artículo 14 de la Constitución Española, y la propia Constitución
que, como saben ustedes, ordena en su artículo 33 que nadie puede
ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada
de utilidad pública o de interés social mediando la
correspondiente indemnización, admitiendo como una ley la Ley de
febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, que después fue
derogada pero en términos estrictamente jurídicos no anulada,
señorías, que pueden conservarse las situaciones jurídicas
producidas bajo su vigencia y que el Estado adquirió por
ministerio de la ley la incautación de bienes, no cabe la más
mínima duda que fue una especie de expropiación sin
indeminización compensatoria. Sin embargo, señorías, yo creo que
también tenemos que valorar otras razones, en mi opinión, repito,
de profundo contenido político y tienen que ver para las personas
jurídicas, para los partidos y asociaciones con su vigente o
actual naturaleza. Yo quisiera hacer una reflexión sobre esta
materia porque estoy seguro que SS. SS. la van a comprender.
Ya dije entonces, en abril del año pasado, que el papel que la
Constitución atribuye a los partidos políticos está dotado o
transido de «ius publicismo»; es decir, la funcionalidad o la
importancia de los partidos políticos sólo es mensurable en
proporción directa a su interés social. Por tanto, son menos
importantes respecto a los partidos las relaciones de carácter
patrimonial, aun siendo importantes porque necesitan medios para
desarrollar su función, que el contenido social que la
Constitución les atribuye y que en función de la misma es el que
debemos respetar.
En relación con esta idea esa reparación histórica a los partidos
políticos de la que aquí se ha hablado no puede hacerse en
exclusiva o predominantemente a través de esta vía patrimonial,
sino, como hizo la Constitución, como hicimos todos, a través del
reconocimiento de su importante papel en el sistema parlamentario
institucional. Ya dije entonces que existía un autor, un
politólogo como Maurice Duverger que afirmaba que el sistema de
partidos existente en un país es el resultado de la estructura de
su opinión pública, señorías, y añado hoy, con otro autor también
dedicado a estas materias, MacPherson, que lo que cree la gente
acerca de un sistema político no es algo ajeno a éste, sino que
forma parte de él y esas creencias determinan, efectivamente, los
límites y las posibilidades de evaluación del sistema,
determinando lo que puede aceptar la gente y lo que va a exigir.
Pues bien, de acuerdo con este principio, que puede ser
discutible, mi grupo rechazó las iniciativas anteriores no por
creer que estaba en posesión de la verdad, en absoluto, sino por
considerar que en momentos de austeridad y transparencia se
rendía un buen servicio en la renuncia al ejercicio de la acción
para exigir estos derechos. Ahora bien, hay que reconocer que el
patrimonio acumulado por los partidos y asociaciones lo era
estrictamente a través de cauces y aportaciones privadas (saben
ustedes que entoces, en el año 1932 y hasta 1939, no existía un
sistema depurado, un sistema de financiación pública de estas
organizaciones) y, por tanto, es legítimo el derecho a
reivindicar aquello que habían acumulado por entrega, por
donación, por participación de sus adherentes y militantes. Por
tanto, repito, no estamos en el mismo marco que ahora, pero esta
reflexión ante la enmienda que les voy a ofrecer debe guiar,
señorías, las nuestras.
Por todo ello, porque nuestra postura ahora a través de una
enmienda, va a ser favorable a estudiar pormenorizadamente este
problema, creemos que tienen que existir límites claros,
concisos, jurídicamente perfilados para que no caigamos en los
problemas que he señalado en mi intervención. Por todo ello,
señorías, sin discutir otras opiniones, repito, vamos a
ofrecerles una enmienda que, por las manifestaciones del señor
Gatzagaetxebarría, me alegro vaya a ser aceptada. ¿Por qué no la
hemos planteado nosotros directamente? Entiendan nuestra
posición. Saben ustedes que ahora somos los culpables de todo y,
como dijo el presidente de mi grupo recientemente para aquellos
que gustan de esconderse tras la virulencia de los ataques al
Gobierno, para aquellos que gustan incluso de atribuirnos hasta
la responsabilidad de la Guerra de los 30 años --que saben
ustedes, se produjo en el siglo XVII-- sería un momento de oro
para afirmar que estamos dilapidando las arcas públicas en
beneficio particular. No es así, y creo que mi intervención y las
de SS. SS. lo demuestran perfectamente.
Por tanto, la enmienda que les proponemos es la siguiente. «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara
un informe que analice la problemática referente a las personas
que se vieron privadas de sus bienes y derechos patrimoniales por
razones politico-sociales en virtud de la legislación excepcional
del período de la guerra civil, para definir los criterios que
regulen la restitución de los mismos a todas aquellas que,
estando incursas en las previsiones de la ley de
Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 y normativa
de desarrollo, no incurran en los supuestos contemplados en el
artículo 39 del Código Civil, el 1 de septiembre de 1995.
Creemos, señorías, sinceramente que esto abre la puerta a un
análisis riguroso, a una coparticipación de todos los grupos
políticos en la solución de este problema y, a partir de la
presentación de ese informe,
que nosotros estaríamos dispuestos --si así se solicita-- a fijar
marco temporal para el mismo, se elaboren los criterios que
permitan desarrollar una legislación que dé satisfacción a la tan
legítima y justa reivindicación que ustedes han planteado aquí.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caldera.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
quieran fijar su posición ? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente.
Ciertamente después de una intervención tan erudita como la del
señor Caldera y tan brillante como la de los portavoces
proponentes de la proposición no de ley, nos encontramos en ese
trance en el que realmente no cabría decir nada original que
fuera interesante ni nada interesante que resultase original.
La lectura de la proposición no de ley suscrita por los Grupos
Parlamentarios de Izquierda Unida, Convergència i Unió, Vasco y
Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos patrimoniales o,
en su caso, la indemnización económica correspondiente a las
personas que se vieron privadas de los mismos por razones
político-sociales en virtud de una legislación excepcional del
período de la guerra civil, suscita en mi Grupo dos sentimientos
o actitudes encontradas. De una parte, la coincidencia
absolutamente plena con el espíritu que la anima, con la buena
intención que la estimula, incluso con esa voluntad política que
con tanto énfasis ha sido invocada aquí atribuyéndole ciertas
características taumatúrgicas de estar por encima de todo el
inmenso elenco de problemas tecnico-jurídicos que la iniciativa
suscita. Comprenderán SS. SS. que desde una perspectiva
ideológica un partido como el nuestro, que otorga la más alta
primacía al principio tradicional de que las cosas claman para su
dueño, estimamos que el derecho de propiedad, constitucionalmente
garantizado, debe prevalecer sobre cualquier conculcación o
depredación por pretendidas invocaciones revolucionarias que
pudieran haberse invocado para justificar su desconocimiento,
mucho menos cuando tales invocaciones podían no ser expresión
sino de la pasión política, la venganza o la más descarnada
codicia, sentimientos que cursan sin freno en el clima turbulento
de una espantosa guerra civil. El olvido, la voluntad de
reconciliación, a que aquí se ha hecho alusión y de la que la
Monarquía restaurada es su auténtica prenda de reconciliación, no
pueden ni deben, en ningún caso, asentarse sobre las injusticias
concretas y menos sobre la injusticia de un particular que haya
podido verse privado de sus bienes, sin otro título que el de su
militancia política y al amparo de una legislación de excepción.
Sin embargo, frente a este reconocimiento de la excelente
intención de la iniciativa, mucho nos tememos que su plasmación
concreta en la literalidad de la proposición no de ley no haya
sido todo lo precisa que debiera como para evitar que se susciten
esa multitud de problemas, en los que no voy a abundar porque el
señor Caldera se ha referido a ellos de forma exhaustiva, de, por
lo menos, incalculable proyección.
En efecto, esta proposición no de ley vendría a culminar una
sucesión de iniciativas legislativas que desde 1977 se han venido
propulsando por esta Cámara para reparar la incautación de bienes
y derechos, muebles e inmuebles, efectos y documentos
pertenecientes a partidos, organizaciones sindicales,
asociaciones y otras personas jurídicas que se vieron privados de
ellos a partir del Decreto de incautación de guerra de 13 de
septiembre de 1936. Lo haría nada menos que en virtud de un
proyecto de ley que habría de operar «ex lege» una reintegración
de bienes y derechos en favor de cualquier particular que hubiese
resultado afectado; reintegración --y aquí se ha citado
jurisprudencia del Supremo muy pertinente al caso-- que desde
1975 hasta aquí han conseguido no pocos particulares, en muchos
casos mediante reclamaciones administrativas y, en última
instancia, apelando a la jurisdicción ordinaria. A los
proponentes de la proposición no de ley no se les ocultarán las
numerosas dificultades que se han suscitado en la práctica para
resolver problemas incluso más acotados, menos ambiciosos, como
los originados por aplicación de la Ley 4/1986, sobre cesión de
bienes de Patrimonio Sindical acumulado. Los casi 60 años
trascurridos sugieren de inmediato que habrían de sobrevenir
enormes dificultades en el plano de la seguridad jurídica, de la
precisión registral, para determinar con exactitud la legitimidad
sucesoria de los titulares originarios de los bienes y derechos
incautados. No es aventurado suponer que una ley concebida en los
términos que la proposición defiende sería una fuente de
intensísima litigiosidad. Podría suscitarse el problema añadido
de que tales bienes y derechos hubieran pasado a ser del dominio
público y su posible reversión quedaría sujeta a las limitaciones
del artículo 132 de la Constitución, bajo los principios de
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. En el
caso de que estuvieran afectos a algún servicio público, habría
de plantearse la cuestión previa de su desafectación. Mucho menos
podríamos dejar de tomar en consideración la posición de terceros
adquirentes de buena fe y la posibilidad de que los bienes de que
pretendemos ocuparnos se encontraran incursos en los supuestos
contemplados en el artículo 39 del Código Civil.
Por fin, y en último lugar --ciertamente, no último en
importancia--, una elemental consideración de prudencia política
invita a disponer de una mínima evaluación de los bienes y
derechos de que estamos
hablando para poder ponderar el montante económico de la
iniciativa que nos ocupa y las posibilidades efectivas del gasto
y de los recursos públicos para hacerle frente.
La consideración de todo este elenco de problemas nos impediría
dar nuestro voto favorable a la proposición no de ley en sus
términos originarios. Ciertamente, hemos oído al señor portavoz
del Partido Nacionalista Vasco y la mayor parte de esas
preocupaciones quedaría despejada por la formulación más prudente
que se contiene en la enmienda de sustitución defendida por el
Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, el sentido de nuestro
voto se va a formalizar a la vista de cuáles sean los criterios
de los grupos impulsores de la iniciativa en relación con dicha
enmienda de sustitución. Sería favorable si se aviniesen a ella;
en caso contrario, no podría serlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cisneros.
Si la Presidencia no ha entendido mal, el señor
Gatzagaetxebarría, en primer lugar, y la señora Rahola, en
segundo lugar, han indicado ya que están dispuestos a aceptar la
enmienda.
El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, así es. Los diferentes grupos autores de la
iniciativa estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda, pero con
una pequeña precisión que también ha expuesto en su intervención
el señor Caldera, y es la fijación de un marco temporal. El
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que estarían
dispuestos a aceptarlo y, por tanto, solicitamos al grupo autor
de la enmienda que se fijara el plazo de tres meses.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: A los mismos efectos, señor
Presidente. Queremos reafirmarnos en la aceptación de la enmienda
y también reafirmarnos en la voluntad de crear un marco temporal,
que nos parece correcto, según ha dicho el señor
Gatzagaetxebarría en su enmienda «in voce», que sea de tres
meses.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
Señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, aceptamos la
enmienda del Grupo Socialista, con la incorporación que se acaba
de hacer en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa.
Señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Hay que resaltar la previsible unanimidad, y en ese sentido
nuestro grupo acepta la enmienda del Grupo Socialista, que ahora
tendrá que decir si admite el espacio de tiempo sugerido, aunque
a nosotros nos gustaría que en lugar de tres meses fuese menor,
lo que nos permitiría pronunciarnos durante este período de
sesiones sobre el contenido y el alcance que se debe dar a la
restitución. De lo contrario, tres meses a partir de la fecha de
hoy, da la impresión de que supone situarlo fuera de este período
de sesiones, e incluso de esta legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos, como es obvio, la fecha de los tres meses, y
simplemente quiero decir al señor Martínez Blasco que no utilice
el criterio que ha empleado sino el de la complejidad, que
también ha sido reiterado por el señor Cisneros, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular; la complejidad tan profunda para
elaborar en tan poco tiempo un informe de esta naturaleza.
Incluso creo que tres meses es un espacio corto de tiempo, y no
podemos disminuirlo porque sería engañar a la Cámara. En mi
opinión --pulsada también la opinión del Gobierno-- es imposible
hacerlo en menos de tres meses. Por tanto, propongo ese marco
temporal de tres meses y le ruego que lo acepte porque, a mi
juicio, es el único posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Señor Martínez Blasco.
(Pausa.)
Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los Grupos Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Catalán
(Convergència i Unió); Vasco (PNV) y Mixto, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda socialista, con las modificaciones acordadas en el curso
del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL AHORRO Y USO
RACIONAL DEL AGUA (Número de expediente 162/000211)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS
MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA FAVORECER EL AHORRO Y EL
USO RACIONAL DEL AGUA (Número de expediente 162/000212)
El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente al debate de los puntos
4 y 5, proposiciones no de ley del Grupo Socialista del Congreso,
relativa al ahorro y uso racional del agua; y del Grupo Popular
relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer
el ahorro y el uso racional del agua. Se procederá al debate
acumulado de estas dos iniciativas, defendiendo cada uno de los
grupos autores de las mismas su propuesta y las enmiendas
presentadas y fijando posición los grupos, en un solo turno, en
relación con ambas proposiciones.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Para defender la iniciativa de mi grupo sobre el ahorro y uso
racional del agua, debo empezar por una triple afirmación: el
agua, señorías, es un bien de todos; el agua, señorías, es un
bien para todos; el agua, señorías, por fin, es un bien escaso.
Estos tres principios deberían ser, a nuestro juicio, los
vectores de cualquier reflexión o aproximación intelectual sobre
el problema del agua en nuestro país. Desgraciadamente, no ha
sido así, y prueba de ello es la simple lectura de algunas
páginas del «Diario de Sesiones» de esta casa o la literatura que
se ha producido a lo largo de años pasados a propósito de los
debates sobre la escasez del agua en nuestro país. Refrescar la
memoria de SS. SS. sobre el particular y en especial sobre los
debates habidos en la Cámara no me parece que sea un ejercicio
positivo. Yo creo que es mucho más eficaz y mucho más solidario,
con la situación que padecen el país y los ciudadanos, afrontarlo
desde el plano constructivo de una reflexión y desde la voluntad
de conseguir consensos, aproximaciones, en el concepto que sobre
la problemática del agua, sobre la existencia de los recursos y
las políticas hidráulicas en nuestro país debamos tener en esta
Cámara.
Además, tengo que empezar por decir que esta iniciativa nace con
una vocación modesta. Saben SS. SS. que el problema del agua
tiene implicaciones no sólo socioeconómicas, técnicas,
medioambientales, sino que también hunde sus raíces en la
historia de nuestro país. Recuerdo aquí, por ejemplo, que Joaquín
Costa, allá por el año 1911, hablaba de los regadíos de Los
Monegros y que en el siglo pasado hubo toda una literatura sobre
grandes planes o proyectos de trasvases, a fin de combatir los
desequilibrios hídricos en nuestro país.
La iniciativa parte de la consideración medioambiental, del
recurso escaso agua. Pero la iniciativa no quiere desconocer la
acción ingente que se ha venido realizando en los últimos años,
precisamente para afrontar los problemas estructurales y
coyunturales, como consecuencia de la escasez de recursos
hídricos en nuestro país. Yo recuerdo aquí no sólo la aprobación
por esta Cámara de la Ley de Aguas en el año 1985, sino también,
por ejemplo, la elaboración del reglamento de planificación
hidrográfica; la serie de decretos-leyes que se han aprobado a lo
largo de los años 1992, 93, 94 y 95 para combatir circunstancias
extraordinarias de sequía, tendentes a resolver problemas no sólo
de abastecimiento de las ciudades, sino también tendentes a
mejorar los cultivos agrícolas; el billón de pesetas invertido en
política hidráulica a partir del año 1982; el aumento en un
tercio de la capacidad de embalsamiento de los pantanos de
propiedad estatal; la importante labor desarrollada para hacer
frente al abastecimiento de agua de determinadas poblaciones.
Recuerdo a SS. SS. cómo se ha duplicado en los últimos cuatro
años el abastecimiento para ciudades como Sevilla, Granada,
Málaga, etcétera. Por último, recuerdo el libro blanco sobre
aguas subterráneas o el plan de saneamiento aprobado en este año
precisamente sobre saneamiento y depuración de aguas, que, con
una vigencia de diez años y unas previsiones de inversión de un
billón ochocientos mil millones de pesetas, pretende llevar a
cabo el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas y
con fondos de la Unión Europea.
La iniciativa tampoco pretende ignorar el Plan Hidrológico
Nacional, por cuanto que, como saben SS. SS., en el anteproyecto
y en los documentos que contiene, se establecen medidas de ahorro
del agua. La iniciativa, por el contrario, a nuestro juicio, es
una contribución a la política medioambiental de nuestro país. De
ahí que lo hayamos presentado con ocasión del Día Mundial del
Medioambiente. Además, desde el punto de vista medioambiental, se
hace desde la consideración primera de lo que debe ser una
adecuada política conservacionista, que es la de proteger y
conservar los recursos naturales escasos. Y el agua, como saben
SS. SS., es un recurso natural escaso. Pero además tiene el
valor, a nuestro juicio, modesto si se quiere, de conectar con el
pacto social y con la responsabilidad medioambiental. Sabemos,
señorías, el valor que tiene el que los ciudadanos estén
concienciados de determinadas políticas a llevar a cabo por los
poderes públicos. Sabemos que si una sociedad comparte la
necesidad de ahorrar, de gastar menos agua, de hacer un uso más
eficaz del agua, los poderes públicos, las diferentes
administraciones que la gobiernan, tendrán
una labor mucho más fácil para llevar a cabo una gestión más
eficaz del uso del agua.
Por otro lado, la iniciativa permite, a nuestro juicio, retomar
el tema del agua en la Cámara e intentar reconstruir determinados
consensos. Por ello solicito con esta intervención --y paso a
continuación a fijar la posición de mi Grupo en relación con la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular-- la
aprobación de la Cámara. Creo, señorías, que si la Cámara aprueba
esta iniciativa el Gobierno podrá realizar una campaña, de ámbito
estatal, donde se promueva en la sociedad un uso y un ahorro del
agua.
Como saben, esta iniciativa la presentó el Grupo Socialista el
día 5, y el día 6 se presentaba por el Grupo Popular una
iniciativa que contiene cuatro puntos, de los cuales el cuarto es
trasunto, casi textual, de lo que estamos propugnando en la
proposición no de ley del Grupo Socialista. Por tanto, me
referiré a los tres primeros puntos del Grupo Popular para fijar
la posición de mi Grupo.
El Grupo Popular parte de una serie de afirmaciones que me veo en
la obligación de rectificar, en aras de la verdad. El Grupo
Popular parte de que el Gobierno no ha cumplido los compromisos y
mandatos de la Cámara. Tengo que decirle al representante del
Grupo Popular que vaya a intervenir que eso no es enteramente
cierto. Habría que tener sobre la mesa, como las tengo, las dos
resoluciones de la Cámara, más una resolución que se aprobó en el
Senado, a instancias del Partido Aragonés y apoyada por el Grupo
Popular.
En efecto, señorías tanto en la resolución de 28 de febrero de
1995 como en la de marzo del mismo año, aprobadas en el Congreso
de los Diputados, se insta al Gobierno, a efectos de que remita a
la Cámara, junto con el Plan Hidrológico Nacional, una serie de
planes. El plan agrario, por un lado, y el plan nacional sobre
medidas aplicables para el ahorro y la reutilización del agua en
sus diversos usos. A este plan se refiere el Grupo Popular cuando
en el punto 1.º de su proposición no de ley insta a la Cámara
para que el Gobierno proceda a remitir en el plazo de tres meses
un plan nacional sobre medidas aplicables para el ahorro y la
reutilización de las aguas. A nuestro juicio, con esta pretensión
lo que hace el Grupo Popular es apartarse de lo que habíamos
votado, unánime y reiteradamente, en esta Cámara en relación con
el Plan Hidrológico Nacional y los planes que debían acompañarle
y que debía remitir el Gobierno, junto con este Plan, a esta
Cámara.
Por ello, hemos presentado una enmienda a este punto 1.º, en la
que decíamos que reiterábamos los acuerdos que habíamos adoptado
en esta Cámara, a efectos de que el Plan Hidrológico Nacional,
una vez cumplidos los trámites legales, se remitiera a la Cámara
con el resto de los planes, a tenor de los acuerdos adoptados en
esta Cámara, repito.
La segunda propuesta es la de acelerar acuerdos con las
administraciones municipales --dice el Grupo Popular-- en orden a
promover la modernización de la red de distribución y las medidas
de ahorro prioritarias. Da la casualidad, señorías, de que,
además de que existe un problema competencial --el Estado con
quien realiza acuerdos es con las comunidades autónomas--; la
realidad es que el Gobierno ya viene realizando con las
comunidades autónomas, y pongo como ejemplo la de Valencia o la
de Castilla y León, una serie de convenios a efectos,
precisamente, de promover la modernización de determinadas redes
destinadas al ahorro del agua. Por eso nosotros, en lugar de
acelerar acuerdos, de lo que hemos hablado es de continuar, de
que el Gobierno continúe los acuerdos con las administraciones
autonómicas, con las comunidades de regantes, que ya se han
hecho, y otros sectores afectados como puede, ser, por ejemplo,
la iniciativa privada, actuaciones que ya ha venido poniendo en
marcha el Gobierno a efectos, repito, de fomentar un uso racional
y el ahorro del agua.
La tercera pretensión del Grupo Popular es que se presente en
esta Cámara, en el plazo de seis meses, un estudio con una
propuesta de modificación de la tarificación de las aguas con
destino al riego basada en consumos reales. A continuación, el
Grupo Popular ha presentado una enmienda a su propia proposición.
En definitiva, lo que pretende es que el Gobierno mande un
estudio sobre tarifas basado exclusivamente en consumos reales.
La realidad es que, a lo largo de todos los debates que ha habido
en nuestro país sobre las políticas hidráulicas ha habido una
abundante literatura --la idea del Grupo Popular no es nueva-- en
la que se pone de manifiesto la necesidad, o la conveniencia, de
cargar sobre las tarifas no sólo el sistema actual sino que
también se grave el consumo real del agua en cultivos. Sin
embargo, a nosotros nos parece que en todas las tarifas
públicas --Telefónica, suministro del servicio eléctrico,
etcétera-- el sistema binario es el que se ha demostrado como el
mejor. Por eso hemos formulado alguna reticencia a la redacción.
Sin embargo, le queremos adelantar al Grupo Popular que no
tendríamos inconveniente alguno en que se reformulara el sentido
de esta propuesta, a efectos de poderla apoyar.
Terminamos, señoras y señores Diputados, fijando la posición de
nuestro Grupo. Después de haber hablado con la representante del
Grupo Popular a lo largo de la tarde, se va a presentar una
enmienda transaccional, que espero anuncie a la Cámara para, a
continuación, manifestar la posición de nuestro Grupo respecto a
cómo quedará definitivamente redactada la proposición del Grupo
Popular sobre esta materia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pelayo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, una vez más, el Pleno del Congreso de los Diputados se
ocupa de un tema lamentablemente de absoluta actualidad en los
últimos años en España, cual es el problema de la sequía. Es
cierto que en los últimos años se han reiterado los debates sobre
estas cuestiones: sobre la eficiencia y la utilización del agua
en España, sobre los recursos hidráulicos, sobre las aguas
subterráneas, sobre los problemas de contaminación, en
definitiva, sobre la mejor utilización del recurso agua dentro de
las distintas políticas en el ámbito nacional. Y eso no tiene
nada de extraño porque nos encontramos en un período de sequía y,
en este caso como en tantas otras ocasiones, nos acordamos de
santa Bárbara cuando truena. Hoy debatimos dos proposiciones no
de ley. Una, del Grupo Socialista, que acaba de ser defendida por
la Diputada doña Dolores Pelayo, y otra, del Grupo Parlamentario
Popular. En primer lugar, tomaré posición respecto de la
propuesta del Grupo Socialista.
Quiero manifestar que, desde el punto de vista del Grupo Popular,
son dos cuestiones muy distintas lo que tiene que ver, por un
lado, con lo que son las propuestas positivas de cara al futuro y
de cara a lo que debe ser una política del agua, que nosotros
entendemos que deben de estar rodeadas del máximo consenso,
buscando la máxima cooperación y unanimidad entre las distintas
fuerzas de la Cámara, y cuestión muy distinta es lo que nosotros
entendemos que es nuestra obligación como grupo de la oposición,
de hacer la crítica de lo que es la realización de la política
del Gobierno en esta materia. Por eso, nosotros, en distintas
ocasiones, hemos suscitado debates vivos en esta Cámara al
respecto y, sin negar que ha habido cuestiones que se han hecho -
-y lo hemos recordado-- como, por ejemplo, la Ley de Aguas, hemos
señalado problemas y defectos en la gestión del Gobierno. Son
problemas y defectos en la gestión del Gobierno que, en primer
lugar, tienen que ver con la falta de aplicación de esa Ley de
Aguas, porque, señora Diputada, es cierto que el año pasado, en
diciembre de 1994, se ha aprobado un Libro Blanco de las aguas
subterráneas, pero no es menos cierto que ese Libro Blanco, que
se publica en diciembre de 1994 cuando la Ley de Aguas data del
año 1995, es un catálogo de cuestiones pendientes, que van desde
la elaboración del inventario de pozos existentes en España de
pozos anteriores a la Ley de Aguas de 1985, de pozos posteriores
a la Ley de Aguas de 1985, es decir, el catálogo del registro de
los pozos; es también una denuncia sobre los enormes problemas
que en estos momentos padecen nuestros acuíferos, problemas de
contaminación, problemas de sobreexplotación en muchos casos.
Si hablamos de las inversiones, es verdad que se ha invertido un
billón de pesetas desde el año 1982 hasta la fecha, una cifra muy
importante, y se ha aumentado de manera muy importante la
capacidad de embalse de nuestro país, pero lamentablemente no se
ha aumentado de la misma manera la capacidad de regulación, y
tiene que saber muy bien la señora Diputada que es muy distinto
que haya un embalse con capacidad para regular, por ejemplo,
1.000 hectómetros cúbicos a decir que hay un embalse que tiene un
volumen de 1.000 hectómetros cúbicos, son cosas muy distintas.
Los embalses que se están construyendo en este momento tienen una
relación de 2,8, de 3, de 3,5, es decir, que hace falta un
volumen de 3.000 para una regulación de 1.000, cuando
anteriormente había una relación inversa y un embalse de 1.000
muchas veces regulaba anualmente más de 1.000 hectómetros
cúbicos.
Por otro lado, esto no tiene nada de extraordinario. Los mejores
embalses, los mejores aprovechamientos, fueron los primeros en
llevarse a cabo. Tiene su razón de ser, pero quiero decir que,
cuando se habla de aumentar las capacidades de embalse, no se
puede hablar alegremente de esas cifras, pues no es lo mismo que
capacidad de regulación. Hay algunos embalses, y usted lo sabe
muy bien, como por ejemplo Guadalcacín-2 construido desde hace ya
más de cuatro años, que no sirve para nada, señora Diputada,
entre otras cosas porque estaba pensado con arreglo a un trasvase
que todavía está en fase de proyecto y tan sólo iniciándose. Es
decir, ahí hay unos recursos inutilizados, mal planteados y mal
planificados, por no hablar de otros embalses que están en un 25
por ciento o que no se han llenado nunca, como por ejemplo el de
La Serena.
Quiero decir que cuando se hacen críticas, son críticas de una
realidad y que lo que se pretende con eso es plantear unas
acciones de cara al futuro, lo más consensuadas, acordadas, entre
las fuerzas políticas, porque entendemos que, en una cuestión
vital para el desarrollo de nuestro país como es el agua, hay que
intentar la mayor unidad, el mayor consenso, la mayor comunidad
de criterios entre todas las fuerzas políticas para sacar
adelante un proyecto totalmente esencial para nuestro desarrollo.
Entramos en el contenido exacto de su proposición no de ley. Ni
que decir tiene que el Grupo Parlamentario Popular va a votarla
afirmativamente por cuanto, como muy bien ha señalado la señora
Diputada, es prácticamente coincidente con uno de los puntos de
nuestra proposición no de ley que, es cierto, se presentó un día
después, lo cual no quiere decir que estuviera hecha un día
después, pero son cuestiones que no tienen mayor importancia, a
nuestro entender; de lo que se trata es de hacer unas propuestas
positivas en este momento.
Paso directamente a analizar nuestra proposición no de ley y las
enmiendas que nosotros mismos hemos presentado a nuestra
proposición no de ley. Planteamos, en primer lugar, que se remita
a la Cámara, en el plazo de tres meses, un plan nacional sobre
medidas aplicables para el ahorro y la reutilización del
agua, conforme a lo acordado aquí en los años 1994 y 1995. Tiene
razón la señora Pelayo al decir que nosotros entonces lo
vinculábamos al Plan Hidrológico Nacional, pero es que en este
momento todos sabemos que, dada la adjudicación de los estudios
del plan nacional de regadíos en el mes de junio, no podremos
disponer de un plan nacional de regadíos, como pronto, más o
menos, hasta dentro de un año. Lo que pretendemos con esta
proposición no de ley es que se desvincule de la elaboración del
Plan Hidrológico Nacional este aspecto concreto referente a las
medidas de ahorro y reutilización, pues entendemos que se pueden
plantear de manera autónoma, ya que no es lo mismo que un plan de
regadíos, que se refiere al 80 por ciento de la demanda; por lo
tanto, un plan hidrológico nacional está totalmente vinculado a
un plan de regadíos. Sin embargo, respecto a las medidas que son
de ahorro y de reutilización, se puede ir avanzando, y eso es lo
que pretende precisamente este primer punto.
Además, nosotros hacemos referencia a los recursos y resortes que
tiene la Ley de Aguas, que en nuestra opinión han sido
insuficientemente aplicados, cuando no absolutamente inaplicados.
Son los artículos referidos a que no se respaldan ni se protegen
los abusos, sino al contrario; son los artículos referidos a que
con motivo de la elaboración de los planes de cuenca se pueden
reconsiderar las concesiones, y ya están prácticamente ultimados
todos los planes de cuenca, no aprobados, pero sí ultimados y no
se dice nada de la revisión de concesiones. El artículo 75.3 --
los anteriores eran el 48.4 y el 63.3-- que hace referencia a la
mejor utilización y a la mejora de los sistemas, precisamente en
orden a conseguir ahorros, cuestión que no se ha aplicado por el
momento. El artículo 102 de la Ley de Aguas, que habla del
fomento desde la Administración precisamente de todo lo que son
medidas de modernización y reutilización, incluso de subvención
de desaladoras, asunto de gran actualidad, que tampoco se ha
desarrollado suficientemente, en nuestra opinión, hasta el
momento, porque tan sólo existe un Decreto del Ministerio de
Agricultura que subvenciona parcialmente la mejora de regadíos,
pero nosotros entendemos que es insuficiente. Por eso pensamos
que es bueno hacer una referencia concreta a los artículos de la
Ley de Aguas.
Nuestro punto 2.º, debidamente enmendado, hace referencia a los
convenios con administraciones municipales y comunidades
autónomas en orden a mejorar las redes de distribución, las de
conducción y también a los convenios con comunidades de regantes
en orden a modificar toda la cuestión de acequias y redes de
distribución respecto a los regadíos.
A este respecto hay un acuerdo ya generalizado respecto a que ahí
hay todavía mucho que hacer, que se puede conseguir una mayor
disponibilidad de recursos sencillamente mejorando lo que son
nuestros sistemas de riego, mejorando nuestros sistemas de
abastecimiento, nuestras redes de distribución y nuestras grandes
canalizaciones.
A partir de ahí el punto 3.º de nuestra proposición lo que hace
es plantear algo que venimos arrastrando en los últimos años.
Como muy bien saben SS. SS., la utilización de las aguas de
regadío se tarifa en función de dos variables: una referida a la
superficie de regadío y otra a los volúmenes derivados. Nosotros
entendemos que, como hemos visto a lo largo de estos últimos
años, en los años de sequía, cuando la agricultura tiene graves
problemas para salir adelante, cuando nuestros agricultores
tienen una situación de dificultad enorme, sistemáticamente lo
que estamos haciendo es condonar o aplazar el pago de esos
cánones relacionados con la superficie, que serían los únicos que
pagarían, por cuanto los de volúmenes, tratándose de sequía, lo
que pasa es que no riegan, y nuestros agricultores se resisten a
pagar ese canon, que es fijo independiente de que rieguen o no,
relacionado con la superficie del cultivo.
Nosotros entendemos que en vez de seguir con esta ficción actual,
que teóricamente plantea una fórmula binaria de superficie y de
volumen derivado, lo que hay que hacer es clarificar
definitivamente la cuestión y plantear un sistema de tarifas
basado en los consumos derivados por nuestros regadíos, de forma
que si hay un año que por razones de sequía, por falta de
existencia de recursos no se puede regar, sencillamente nuestros
regantes no tengan que pagar ese año, liberándoles de una carga
que difícilmente podrán soportar en una situación económica
francamente difícil como la que se producirá en una situación
semejante, como de hecho se ha venido produciendo a lo largo de
estos años por decretos o por acuerdos de Consejo de Ministros;
lo que queremos es, sencillamente, que se haga automáticamente,
sin que se esté a expensas de un acuerdo o no del Consejo de
Ministros.
Por último, el punto 4.º prácticamente es coincidente con el del
Grupo Socialista y sencillamente refleja nuestra confianza en que
la educación de los ciudadanos, de los hombres y de las mujeres
es el punto básico para que todos seamos conscientes de la
importancia capital en nuestras vidas del producto agua; para que
todos seamos conscientes de que es un elemento limitado, un
elemento vital, un elemento sólo parcialmente renovable y que,
por tanto, seamos lo más cuidadosos posible en su utilización.
A partir de aquí, señor Presidente --termino--, hemos estado
planteando con los distintos grupos la posibilidad de llegar a un
acuerdo. Voy a escuchar las intervenciones de los otros grupos
para manifestarme sobre las enmiendas planteadas por la
representante del Grupo Socialista. Creo que entre todos debemos,
en principio, obtener de nuevo un acuerdo general para dar unos
impulsos que vayan encaminados a lograr la mejor utilización del
recurso agua por parte de los que son responsables en este
momento. Por tanto, voy
a esperar a que hablen los otros portavoces para manifestarme al
respecto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Vamos a fijar nuestra posición respecto a las proposiciones no de
ley planteadas por los Grupos Parlamentarios Popular y
Socialista, relativas a la política del ahorro del agua.
Evidentemente, los temas que hoy se plantean por ambos Grupos nos
parecen aceptables, van en la misma línea en cuanto al fondo.
Obviamente, una política hidráulica debe ir a garantizar la
existencia de agua suficiente y de calidad para el consumo de los
ciudadanos, en definitiva, para toda la estructura económica.
Nos parece bien cuando el Grupo Parlamentario Popular plantea la
remisión de un plan nacional sobre ahorro y reutilización del
agua, pero quizá debería haber hecho referencia también en ese
primer punto a la participación de las comunidades autónomas;
queremos pensar que no olvida que las administraciones
autonómicas también tienen competencias en la gestión del agua,
en la medida en que las cuencas intracomunitarias, que no tienen
una trascendencia superior a la de la comunidad autónoma, o sea,
ríos que transcurren íntegramente por una comunidad autónoma, son
competencia de la misma. Pero no vamos a dar más importancia a
tal cuestión.
Lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en su punto
primero, relativo al tema del Plan Hidrológico, juntamente con
los planes a que hacen referencia las resoluciones aprobadas en
el Congreso de los Diputados, nos suscita la duda de la
preferencia o la prioridad que debe tener la planificación
hidrológica como planificación interactiva; es decir, ¿qué debe
ir primero, el Plan Hidrológico Nacional o los planes de cuenca?
Una política sensata de administración hidráulica nos llevaría a
decir que primero tiene que existir una planificación en cada una
de las cuencas, tienen que existir los planes de cuenca. ¿Por
qué? Porque la finalidad de Plan Hidrológico, y así lo atribuye
la Ley de Aguas, es la de coordinar, la de cohonestar lo que los
diferentes planes de cuenca dicen. En definitiva, no vamos a
empezar por una planificación general si no tenemos la
inmediatamente inferior.
También nos parece adecuado el planteamiento que realiza el Grupo
Parlamentario Socialista en su primer punto. También se nos han
pasado por parte del Grupo Parlamentario Popular una serie de
enmiendas transaccionales en virtud de las cuales se daría ya una
redacción más concreta al conjunto de las dos proposiciones no de
ley, la del Grupo Popular y la del Grupo Socialista. Nuestro
Grupo Parlamentario coincide, no podría ser de otra manera, con
la filosofía que ahí se mantiene. No vamos a ser más
reiterativos. Creemos que los debates de fondo sobre esta
cuestión ya se han hecho. Estamos de acuerdo con el documento que
hemos recibido en este escaño de manos del Grupo Parlamentario
Popular, en el que se hace el resumen de las enmiendas
transaccionales que nuestro Grupo estaría dispuesto a apoyar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, permítanme
empezar la intervención de fijación de posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) con unas reflexiones derivadas, eso sí, de
las dos proposiciones no de ley que debatimos, sobre ahorro y uso
racional del agua.
Estoy plenamente convencido de que estamos perdiendo el tiempo.
Una vez más tenemos un debate sobre agua, otro debate; y dentro
de pocos días, uno más, al discutir en el Pleno, cuando
corresponda, el plan director de infraestructuras, las propuestas
de resolución al mismo, y las que correspondan también a los
temas del agua.
¿Qué hemos de decir? ¿Repetir que el agua es un bien escaso? ¿Que
podría haber cantidad suficiente si la pluviometría fuese
generosa y se repartiesen las lluvias de forma más regular en el
espacio y en el tiempo? Pero ello no está en nuestras manos.
Las exposiciones de motivos de las dos proposiciones no de ley
nos hablan del período de sequía más prologando del siglo; que la
escasez del agua constituye un factor limitativo de nuestro
futuro; que más de dos millones de españoles tienen problemas de
cortes de agua en el suministro; se habla de la industria y de la
gravedad del tema en la agricultura, que se ve imposibilitada a
efectuar riegos en sus cultivos. Uno, al preparar estos temas --
varios debates hemos tenido últimamente con la convalidación de
diversos Decretos-ley que hacen referencia a la sequía--, llega a
la conclusión de que no vamos a solucionar nada. ¿Por qué? Porque
no hay posibilidad de consensuar, incluso dentro de los propios
grupos u organizaciones políticas, sociales, económicas,
etcétera, porque en temas de recursos hídricos hay una especie de
autodefensa de lo propio, que no permite ni permitirá avanzar.
Cada uno va a lo suyo. Incluso, en la presentación de las dos
proposiciones no de ley ya se veía este difícil consenso marcando
cada uno de los intervinientes la propia autodefensa. Es humano.
Son varias, muchas, las veces que en esta Cámara, en Pleno o
Comisión, se han debatido iniciativas encuadradas
dentro del esquema del Plan Hidrológico, Plan que dudo muy mucho
que el Ministerio sea capaz de traer a esta Cámara, y no lo digo
por el poco tiempo que parece le queda a la legislatura. El
Ministerio, creo yo, no sabe ya por dónde andar en ese tema. El
Plan Director de Infraestructuras dedica escasamente menos de 40
de sus 427 páginas a recursos hídricos, y prácticamente sólo cita
brevemente el ahorro de agua. Además, el Ministerio no cumple los
plazos de lo acordado en Comisión y en el Pleno de esta Cámara en
marzo de 1994 y febrero de 1995.
Repasando el «Diario de Sesiones» tanto de Pleno como de
Comisiones podrán confirmar SS. SS. que la posición de nuestro
Grupo siempre ha sido en positivo. En estos momentos,
verdaderamente, no es así. Es posible que hoy aprobemos lo que se
pide en las proposiciones no de ley, probablemente sí, con
enmiendas, autoenmiendas del Grupo Popular, una enmienda del
Grupo Socialista y, finalmente, una transaccional, pero
¿prosperará todo ello en el Ministerio? Yo lo dudo.
Hace unos años, con reserva más bien de carácter autonómico,
considerábamos que el Ministerio de Obras Públicas tenía un
titular que, persona de gran rigor en su trabajo y con gran
eficacia, desarrollaba sus funciones de una forma adecuada y
positiva. El balance global hasta hace relativamente poco tiempo
lo podríamos considerar así.
Aceptamos en parte lo que ha dicho la señora Pelayo sobre las
realizaciones que se han llevado a cabo, pero muchas de ellas han
resuelto sólo temas parciales y, si no parciales, sí fuera de un
contexto de un plan general que encuadrase todo el tema
hidráulico. Ahora bien, apareció un grado de deterioro. Quizá
todo quedó más o menos en que en los equipos del Ministerio, en
los muy diversos equipos que el organigrama define, se escapa la
gran diversidad de temas que este macroministerio tiene.
Decía antes que nosotros veíamos un gran rigor en el Ministerio.
¿El rigor que podía imponer un control más directo del señor
Ministro se relajó? ¿Quizá una dedicación a estudios y
actividades Godspelianas le distrajeron? ¿Quizá el Ministerio
creció en demasía? No sé, pero la realidad es que muchos temas
están encallados y el hidrológico entre ellos, y así seguirá, por
mucho que hoy aprobemos más proposiciones no de ley.
Nuestro Grupo es favorable a la redacción de las dos
proposiciones no de ley. Votará favorablemente la del Grupo
Socialista y aceptará las autoenmiendas del Grupo Popular a su
propia iniciativa, que después quedará, en todo caso, resumida si
acepta una enmienda transaccional que se nos ha facilitado.
Respecto a la aceptación de esta enmienda, depende de cómo quede
el tema, teniendo en cuenta que nosotros teníamos nuestras dudas
en el punto primero de la enmienda inicial del Grupo Socialista.
No le dábamos credibilidad.
Para finalizar, señor Presidente, señorías, una vez fijada
nuestra posición quiero reiterar una vez más la disposición de
nuestro Grupo al consenso, con fuerte debate, cómo no; consenso -
--digo-- en el gran pacto de agua que se precisa. La resolución
de todos los temas hidrológicos que creemos posible en el tiempo
debe lograrse por solidaridad con la comunidad, ya sea comunidad
de personas, en la agricultura, en la industria, etcétera. Debe
lograrse por humanismo o, incluso, por dignidad personal de todos
nosotros y por dignidad institucional. Que fuese hoy realmente el
día 0, el día de inicio de una salida distinta nos daría gran
satisfacción. Esperamos que sea así.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, crean ustedes que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene un gran respeto por las
iniciativas que todos los grupos parlamentarios traen a esta
Cámara, porque estimamos que hay buena voluntad por parte de los
grupos parlamentarios en resolver los problemas que acucian a
nuestros ciudadanos y, por lo tanto, mantenemos el respeto a
todas las iniciativas y, por supuesto, también a ésta.
Pero permítanme que les diga, señorías, que a estas alturas de la
película, con la gravedad que ha alcanzado el problema del agua y
con la necesidad que tenemos de que se tomen decisiones políticas
importantes sobre la cuestión del ordenamiento del agua en
nuestro país, que se encarguen ahora estudios para realizar
dentro de seis o de tres meses que pospongan decisiones
políticas, que son urgentes no para hoy, sino que eran urgentes
hace muchos años, da lugar a que los ciudadanos puedan pensar que
este Parlamento, que este Congreso de los Diputados, está años
luz por detrás de la resolución de sus auténticos problemas.
Señoras y señores Diputados, manteniendo el respeto a la
preocupación que sobre este asunto han trasladado los dos grupos
parlamentarios mayoritarios a la Cámara permítanme ustedes
decirles que esto no soluciona absolutamente en nada los
problemas que tenemos. Yo creo que esos dos grupos mayoritarios
luego, a la hora de la verdad, cuando se toman decisiones, son
extraordinariamente cobardes --y lo digo respetuosamente-- en la
cuestión del uso y ordenamiento del agua, y considero que los
ciudadanos se pueden llevar una pésima impresión en cuanto al
interés que tenemos en esta Cámara en los problemas reales y en
concreto en los del agua.
Permítanme además decirles que cuando estamos tomando decisiones
de hacer estudios a seis meses sobre medidas de ahorro de agua y
a tres meses sobre otros aspectos de la política hidráulica,
mientras estamos haciendo eso, estamos tomando aquí decisiones,
sin ningún plan hidrológico que lo sustente, nada más y nada
menos que del trasvase del Guadiaro al Majaceite; estamos tomando
decisiones del trasvase de la cuenca del Tajo al Segura en época
de plena sequía en la cuenca del Tajo, y estamos tomando
decisiones sobre un futuro trasvase de la cuenca del Tajo a la
del Guadiana y esto, además, por Decreto-ley, hurtando cualquier
tipo de debate serio y concienzudo político en la Cámara.
Mientras tanto, nos permitimos el lujo de traer iniciativas de
esta naturaleza que no son más que encargos de estudios a seis
meses, estudios sobre los que luego habrá que tomar decisiones
políticas. Y yo me pregunto señoras y señores Diputados, ¿para
cuándo las decisiones políticas en la cuestión del agua dentro de
esta Cámara? ¿Para cuándo se van a tomar decisiones que realmente
comprometan políticamente a la Cámara y al Gobierno que sustenta
esta Cámara, sea el gobierno que sea?
Por tanto, señoras y señores Diputados, permítanme que muestre mi
más completo escepticismo. No quisiera participar o ser cómplice
en una ceremonia más o menos farisaica diciendo que queremos
tener una actitud racional sobre el uso del agua cuando estamos
aprobando decreto --ley tras decreto-- ley de una forma
extraordinariamente irracional.
Señoras y señores Diputados, quiero decirles que mientras tomamos
decisiones como ésta, en la gestión del agua tenemos problemas
importantísimos que no somos capaces de abordar. Es cierto que no
tenemos Plan Hidrológico, pero sí tenemos, por ejemplo, unas
confederaciones hidrográficas que son un auténtico desastre,
organismos que están anclados en el más pretérito de los pasados
sin ningún tipo de articulación con el presente, sin ningún tipo
de modernización. Además, son organismos que manejan una cantidad
de millones impresionante, que se gestionan de una forma
absolutamente opaca. Invito a SS.SS., cuando se tramiten los
Presupuestos Generales del Estado para 1996 --que se aprobarán o
no, pero que se traerán a esta Cámara--, a que vean las
cuantiosas partidas destinadas a las confederaciones
hidrográficas de las que no se sabe su destino concreto. Después
nos encontramos con hechos como el que está sucediendo, por
ejemplo, en la bahía de Algeciras, en el que la Confederación
Hidrográfica del Sur se ha equivocado, nada más y nada menos, que
en calibrar cuáles son los recursos de agua existentes para esa
zona, y un día, por sorpresa, dicen que no hay más agua para el
Campo de Gibraltar porque la Confederación Hidrográfica del Sur
no sabía el agua que tenía. Y en este país no dimite nadie, ni
dimiten los responsables de la Confederación Hidrográfica del Sur
ni el Director General de Recursos Hidráulicos, señor Baltanás,
ni dimite nadie, después que se ha comprobado que han cometido el
error de no saber calibrar el agua que realmente existía para
abastecer una zona. Errores como esos y gestiones como esas las
confederaciones hidrográficas los tienen a barullo. Miles y miles
de millones de pesetas para reparar las diferentes conducciones
de riego que no se sabe cómo se han utilizado, mientras aquí
estamos planteando que dentro de seis meses se nos traiga un
estudio de cómo podemos ahorrar el riego en los tiempos futuros.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo Parlamentario cree que
hubiera sido mucho más útil que hubiéramos tenido un Ministro que
se hubiera dedicado al agua, porque desde hace mucho tiempo
tenemos un Ministro que el agua le trae al fresco, le importa un
pimiento. Se dedica a las telecomunicaciones, que son poder, pero
no se dedica nada al asunto del agua. Si hibiéramos tenido a
alguien que de forma responsable se hubiera dedicado al agua, que
se hubiera comprometido a resolver los problemas del agua, a
coger el toro por los cuernos, sabiendo que a lo mejor tiene que
plantear medidas impopulares, que a lo mejor tiene que decir que
se restrinjan los riegos en algunas zonas de España; sabiendo que
al socaire de que se haga un trasvase no se pueden incrementar
indefinidamente las zonas de riego, como ha pasado en algunas de
España; sabiendo que cuando se ha dicho que se hacía el trasvase
del Tajo al Segura --en eso no hay que engañarse-- iban a
aumentar más hectáreas de riego de las que en principio se
preveía, algo hubiera cambiado. Me refiero a esta zona de España
como a cualquier otra. Que no piense nadie que tengo nada contra
ellas. Ni muchísimo menos. Repito: si hubiéramos tenido un
Ministro que valientemente hubiera actuado en todos estos
problemas, creo, señoras y señores Diputados, que a estas alturas
de la película no tendríamos que tomar decisiones puramente
simbólicas que quizá pueden servir para limpiar la conciencia
colectiva de esta Cámara --incluida la mía-- diciendo que nos
preocupamos de los problemas del agua, cuando lo cierto y verdad
es que va a pasar otra legislatura sin que esta Cámara, y por
supuesto el Gobierno, sustentado por la mayoría de esta Cámara,
haya sido capaz de darle al país una alternativa de rigor, una
alternativa en la cual pueda tener un porvenir, un futuro la
gestión del agua dentro de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
La señora De Palacio tiene la palabra para indicar si acepta o no
la enmienda presentada a su iniciativa por parte del Grupo
Socialista.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Muchas gracias, señor
Presidente.
Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de
sustitución a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular.
En lugar de esa enmienda de sustitución, el Grupo Popular propone
al Grupo Socialista la siguiente enmienda transaccional. En el
punto primero se habla de un plazo de tres meses para enviar el
plan nacional sobre
medidas aplicables para el ahorro y reutilización del agua y sus
diversos usos. Nosotros proponemos que ese plazo se amplíe a seis
meses.
En vez de una referencia expresa, como nosotros hacíamos, a los
distintos artículos de la Ley de Aguas, se debería añadir al
final de la propuesta del Grupo Popular un inciso que diga: y de
acuerdo con las previsiones contenidas sobre esta materia en la
Ley de Aguas; es decir, hacer una referencia genérica.
En cuanto al segundo punto, sustituir el texto de la proposición
del Grupo Popular por la redacción del Grupo Socialista. Nosotros
hablábamos de acelerar, porque es cierto que algunos acuerdos se
están llevando a cabo. Ellos hablan de continuar y no vamos a
discutir por una palabra. Entendemos que no es un problema de
redacción, sino una cuestión de trascendencia, como es el agua.
Por lo que se refiere al tercer punto, en nuestra proposición,
debidamente enmendada, pedíamos que se presentara en esta Cámara
en el plazo de seis meses un estudio sobre las tarifas del agua,
con una propuesta de aplicación concreta con destino a riegos
basada en los volúmenes derivados. Después de lo manifestado por
la portavoz socialista, propondríamos un texto que dijera:
presentar ante esta Cámara en el plazo de seis meses un estudio
sobre las tarifas del agua con destino a riegos basadas en los
volúmenes derivados. Es decir, que se suprimiría: con una
propuesta de aplicación concreta. Lo lamentamos, pero lo hacemos
en aras al consenso y a la unanimidad de esta Cámara sobre una
cuestión como ésta. Finalmente, dejaríamos el punto cuarto tal
como está.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, el
cuarto punto quedaría tal como está en la proposición.
¿Está conforme la señora Pelayo con la enmienda transaccional
propuesta por el Grupo Popular?
La señora PELAYO DUQUE: Sí, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a votar las dos proposiciones no de ley. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista
relativa al ahorro y uso racional del agua.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 287.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a medidas a
adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el uso
racional del agua, que se somete a votación en los términos de la
transacción acordada en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA AGRARIA DEL GOBIERNO, EN
RELACION CON LA PREVENCION Y REDUCCION DE DAÑOS OCASIONADOS POR
FENOMENOS METEOROLOGICOS ADVERSOS Y DE PROTECCION DE LOS
PERJUDICADOS (Número de expediente 173/000093)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación, sobre la política agraria del Gobierno en relación
con la prevención y reducción de daños ocasionados por fenómenos
meteorológicos adversos y de protección de los perjudicados.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, me
propongo defender la moción que es consecuencia de la
interpelación que la semana pasada presentamos ante esta Cámara.
(Rumores.)
En primer lugar, quisiera recordarles, señorías, que los puntos
de esta moción...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla. Señorías,
ruego guarden silencio.
Cuando quiera.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera recordarles, señorías, que los puntos de esta moción
guardan una íntima relación con el Real Decreto 4/95, que
actualmente se está tramitando como proyecto de ley. Por tanto,
debe entenderse que los puntos a los que me referiré serían
exigibles para aquellas situaciones de catástrofes como puede ser
la sequía y las heladas. No se trata de ayudas que estemos
planteando con carácter generalizado, sino con
carácter coyuntural para aquellos años que se consideren
catastróficos.
Señorías, pensamos que la sequía, que ha afectado a un 60 por
ciento del territorio y que ha supuesto unas pérdidas de 600.000
millones de pesetas y del 30 al 40 por ciento del trabajo
eventual en el campo, debe ser afrontada con carácter de
solidaridad estatal, de solidaridad nacional. Es cierto que las
comunidades autónomas han habilitado líneas de ayudas --en
algunas comunidades más que en otras--, pero pensamos que de esta
Cámara debe surgir, con este criterio de solidaridad, una serie
de ayudas que vayan a paliar los daños de sequía y heladas.
Me voy a referir a los puntos en los que se pormenoriza la moción
y, en primer lugar, al que se refiere al Decreto 4/95 y actual
proyecto de ley, que insta a que cuantas ayudas se destinen a la
sequía lo sean también para las heladas. Hay regiones, hay
comunidades autónomas donde determinados productos --
concretamente los frutos secos, pero también otros productos
hortofrutícolas-- han sido dañados seriamente por las heladas y,
sin embargo, por parte del Gobierno, no se establecen aquellas
ayudas que se contemplan para la sequía.
En segundo lugar, como tuve ocasión de señalar con motivo de la
interpelación, nosotros creemos que, aparte de las ayudas que se
puedan habilitar para la industria agroalimentaria, para aquellas
explotaciones que no se dediquen con carácter exclusivo a la
agricultura --que pensamos que también deben tenerlas en cuanto a
mejora de estructuras y para su modernización-- hacen falta en
nuestro país unas líneas de ayuda directa para las explotaciones
familiares agrarias. Y es a eso a lo que se refiere el punto 2 de
la moción. Pedimos efectivamente ayudas directas para
explotaciones agrarias de tipo familiar con rentas que no
alcancen la renta de referencia.
Se me ha dicho por parte de algunos grupos que esto supondría un
gasto importante y que podría incrementar el déficit público. Nos
estamos refiriendo, señorías, y así lo recoge nuestra enmienda al
proyecto de ley, a aquellas explotaciones cuya renta familiar
global por unidad de trabajo familiar no supere a la renta de
referencia. Por tanto, no deberíamos sumar solamente los ingresos
derivados de la explotación, sino aquellos otros que la unidad
familiar pueda recibir y que no se deriven directamente del
campo. Esto se puede saber y cuantificar muy bien a través de las
declaraciones de la renta. De hecho, este sistema --el de la
renta global familiar-- sirvió para el Programa de Ayuda de la
Renta Agraria --el PARA--, el cual distribuyó ayudas por importe
de 5.000 millones de pesetas. Esta es la referencia que nosotros
queremos hacer en relación con estas ayudas directas.
Por otra parte, señorías, hay explotaciones agrarias que, debido
a que la sequía ha incidido muy negativamente durante dos o tres
años, están en una situación de endeudamento crónico y pensamos
que la solidariad nacional debría ir a la refinanciación de esta
deuda a través de créditos «ex novo» en mejores condiciones, para
lo que debería haber ayudas estatales.
En la letra c) del apartado 2 recogemos el hecho de que debería
existir un apoyo específico para aquellos agricultores, para
aquellos titulares de explotaciones que han suscrito un seguro
agrario pero, que al no haberse producido la nascencia del
producto determinado --puede se cereal o, en el caso de la viña,
que el brote sea muy pequeño-- dicho seguro no entra en garantía.
Estas explotaciones, estas personas, estos titulares no tendrán
la prima del seguro y, sin embargo, creemos que deberían tener un
apoyo específico, precisamente porque se han preocupado de
suscribir un seguro agrario que está en la línea de lo que entre
todos pensamos que debería ser el seguro agrario generalizado.
El punto 2 se refiere a la condonación del pago de las tarifas de
utilización del agua y de los cánones de regulación. Se me ha
sugerido que esto podría crear un grave precedente. Tengan en
cuenta, señorías, la situación de aquellos titulares de
explotaciones de regadío que se ven obligados a pagar el canon,
la tarifa, cuando no ha habido agua para regar. Por ello en esta
situación puramente coyuntural es en la que pedimos la
condonación de estos cánones de regulación y de las tarifas.
Durante mi intervención en la interpelación expresé que los
trabajadores por cuenta propia están sufriendo tremendamente --
nos estamos ocupando de los trabajadores por cuenta propia--, y
que esos seis millones y medio de jornadas que se han perdido en
el campo significan que 747.000 trabajadores eventuales se van a
ver con muchas dificultades para poder disponer este año de las
rentas necesarias para sus familias. Efectivamente, a través de
los acuerdos con el Inem se han suscrito acuerdos --y valga la
redundancia-- que implican la aportación de 5.000 millones de
pesetas para la creación de empleo. Nosotros creemos que esas
cantidades se deben incrementar y que, además, se debe crear un
fondo, dotado de 4.000 millones, para créditos destinados a la
financiación de inversiones para la contratación de trabajadores
en paro, a través de convenios Inem y ayuntamientos.
El Real Decreto 4/1995, actual proyecto de ley, contempla la
moratoria de un año sin interés en la cuota de los trabajadores
del campo por cuenta propia. Nosotros creemos que esa medida
debería hacerse extensiva a los asalariados del campo por cuenta
ajena, que son eventuales, y que dicha medida, en lo que se
refiere a la cuota del trabajador, debería tener también el
beneficio de esa moratoria durante un año sin interés.
En el punto 5 recogemos nuestra preocupación en relación con las
cooperativas de comercialización y transformación que, como saben
SS. SS., debido al déficit de producción de materias primas, no
van a poder comercializar y transformar los productos como
habitualmente
lo vienen haciendo cada año. En este sentido, nosotros creemos
que, en lo que se refiere a los costes fijos, debería haber una
ayuda directa para compensárselos, porque, independientemente de
que la producción se haya reducido en un 30, 40 o 50 por ciento,
los costes fijos van a tenerlos que pagar igualmente. Pensamos
que las cooperativas deberían articular una ayuda para esos
costes fijos.
En el punto 6 se propone una media que puede suscitar consenso, a
excepción de un grupo parlamentario que me ha expresado su no
disponibilidad a votarlo. Me refiero al reparto social del agua.
Esta medida se recoge por primera vez en el Decreto-ley 4/1995.
Nosotros creemos que es muy importante que este año se haya
recogido, sin embargo, no es suficiente su mero enunciado.
Creemos que hay que vigilar que se cumpla y exigir su
cumplimiento, porque, de hecho, ha habido comunidades autónomas
que lo han puesto en marcha en años anteriores, lo cual supuso un
paso importante, pero después su cumplimiento no ha tenido el
nivel esperado. Por tanto pedimos que se exija. El reparto social
del agua se puede realizar bien incentivando aquellos cultivos
intensivos que utilizan mucha mano de obra, y por tanto
estaríamos fomentando el empleo, bien en aquellos cultivos en los
que, de no producirse dicho reparto, la renta familiar de los
titulares de la explotación se queda a cero, con las dificultades
que supone emprender un nuevo año prácticamente sin renta. Esta
medida es legal, está recogida en el artículo 56 de la Ley de
Aguas en que se regula que en situaciones especiales de sequía se
pueden habilitar medidas de estas características.
Por último, señorías, en el punto número 9 recogemos una demanda
expresa de las organizaciones agrarias: la constitución de una
mesa no de sequía, sino de seguimiento de riesgos climatológicos.
Es cierto que las organizaciones agrarias negocian con el
Ministerio; es cierto que las organizaciones agrarias negocian
con las comunidades autónomas, pero pensamos que debe haber un
foro que sea específico, que se reúna periódicamente y que por
parte de los participantes se puedan exigir estas reuniones,
porque tampoco es de recibo que se convoque a las organizaciones
agrarias cuando a las administraciones les interesa y, sin
embargo, en otras situaciones no se las convoque.
A pesar de que anteriormente he dicho «por último», me doy cuenta
de que me he dejado una parte muy importante: aquellos puntos que
se refieren a la implicación que ha de tener la Unión Europea en
todo lo relativo a la sequía y las heladas en nuestro país. Como
miembros de la Unión Europea afectados de forma especial por
estos riesgos climatológicos, pensamos que por parte de la Unión
Europea se tienen que habilitar programas para que se puedan
aplicar medidas agroambientales de ahorro de agua.
No me estoy refiriendo a aquel fondo que el Ministro Atienza
planteó aquí el otro día, que es un fondo para medidas
estructurales, de mejora de infraestructura de regadíos, que
sería un fondo de 50.000 millones de pesetas a repartir hasta el
año 1999 entre todos los países de la Unión Europea, incluyendo
Holanda o Bélgica, que han sufrido heladas; no me estoy
refiriendo a eso, sino a aquellas medidas agroambientales que
puedan estimular e incentivar el ahorro de agua.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, le ruego concluya.
La señora RIVADULLA GRACIA: Termino ya, señor Presidente.
Por ejemplo, en los acuíferos 23 y 24 de Castilla-La Mancha se
han habilitado medidas financiadas al 50 o al 75 por ciento,
según las zonas, por el Feoga. Realmente se aporta ayuda, se
aporta financiación a aquellas propiedades que no riegan para que
puedan hacerlo aquellas otras que son propiamente agrarias, que
necesitan el agua para las producciones y para poder sacar
adelante la explotación. Por otra parte, en la política agraria
comunitaria, cuando se tengan que fijar nuevos estabilizadores,
que se tenga en cuenta el hecho de que en España hay sequía, lo
que se tendrá que considerar a efectos de fijar las superficies y
las producciones de referencia.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una de ellas del
Grupo Popular. Para su defensa y para fijar la posición de dicho
grupo, tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos una vez más el grave problema que afecta a
toda la agricultura y la ganadería española, como son los daños
consecuencia de las inclemencias meteorológicas: sequía, heladas,
etcétera.
La situación --no vale la pena repetir más los datos; se han
repetido sobradamente-- es dramática para nuestro sector agrario,
tanto para agricultores como para ganaderos, así como para los
trabajadores del campo, ya sean eventuales como por cuenta
propia. Frente a esta dramática situación, frente a los graves
daños y pérdidas que está sufriendo el campo español, tenemos que
denunciar una vez más en esta Cámara la falta de seriedad, de
respuesta suficiente por parte del Gobierno socialista a la hora
de tomar medidas para tratar de disminuir, de aminorar los daños
y las pérdidas de renta de los agricultores. Los reales decretos
que se promulgaron en años anteriores para paliar los efectos de
la sequía --lo dije el miércoles pasado en la interpelación--
fueron totalmente insuficientes, y este año el Real Decreto-ley
4/1995 sigue siendo totalmente insuficiente, alejado de la
realidad agraria, como lo confirma --baste como muestra un botón-
- la interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya
y la moción que estamos debatiendo en estos momentos. Este real
decreto-ley es totalmente insuficiente porque solamente se
refiere a la sequía y deja totalmente olvidados los daños a causa
de las heladas, heladas que han sido muy fuertes y que han
azotado a casi la totalidad --bien es verdad que en zonas
concretas-- de la geografía española.
Creemos que la moción de Izquierda Unida hace justicia a la parte
quizá más vulnerable del sector agrario español como es el de las
explotaciones familiares agrarias y el de los trabajadores, y
nuestro Grupo Parlamentario la entiende como complemento del Real
Decreto-ley 4/1995, que vamos a seguir debatiendo al tramitarse
como proyecto de ley, con las correspondientes enmiendas que ha
presentado mi grupo parlamentario.
En lo que se refiere a los puntos concretos de la moción, tengo
que decir a la proponente que estamos totalmente de acuerdo con
el punto 1 de la misma, en el que se propone que se extiendan las
ayudas económicas a las zonas afectadas por las heladas, que es
algo que no figura en el Real Decreto-ley 4/1995 y que nuestro
grupo solicitó en la moción que presentamos en el mes de mayo
sobre este mismo tema.
Estamos de acuerdo también con el punto 2 de la misma, en el que
se pide el apoyo a las rentas de las explotaciones familiares
agrarias y de los asalariados del campo. Al mismo tiempo tenemos
que denunciar que las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista racanean, como hemos denunciado anteriormente, en la
situación del campo puesto que excluyen el punto 1 de la moción
en su enmienda de sustitución. También eliminan un tema
importante en el punto 2 a), la cuestión de las heladas que,
repito, no están contempladas en el Real Decreto-ley. Asimismo,
en su enmienda de sustitución, el Grupo Socialista elimina el
punto 2 b) de la moción.
En cuanto al punto 2 c) hemos de decir que estamos de acuerdo con
el tema de los seguros agrarios, si bien no vamos a entrar aquí a
hacer una valoración de los fallos que ha habido en este tema,
pero sí hemos presentado una enmienda en la que pedimos que se
haga una cita expresa del caso de los viñedos porque no hay que
olvidar que hay 150.000 hectáreas de cepas que van a tener que
arrancarse como consecuencia de la sequía, así también van a
tener que arrancarse en otras zonas, como por ejemplo en la
comarca de Requena-Utiel, en la que el pedrisco o las heladas han
echado a perder no sólo la producción sino también las cepas.
También estamos de acuerdo con el punto 2 d), relativo a un tema
al que aludía nuestra moción del mes de mayo. En este punto vemos
que el Grupo Socialista sigue sin querer entrar en la condonación
de las tarifas de utilización del agua y de los cánones puesto
que parece referirse al Real Decreto-ley, donde no se dice que se
condona sino que ya se pagará más adelante, con lo cual, el año
que no haya sequía, los agricultores que no hayan pagado durante
esos años los cánones de riego van a tener que pagarlos de golpe,
y ya veremos qué economía agraria va a poder aguantarlo.
Nuestro grupo también está de acuerdo con el punto 3 de la
moción, que pide el apoyo a los asalariados del campo mediante el
incremento de los presupuestos destinados a facilitar el empleo
para éstos, dada la pérdida de los jornales. Por cierto, el Grupo
Socialista también excluye este punto en su enmienda de
sustitución, así como también elimina los puntos 4 y 5, que
nuestro grupo parlamentario va a apoyar porque creemos que los
trabajadores por cuenta ajena deben tener las mismas facilidades
que los trabajadores por cuenta propia. Hemos presentado una
enmienda de adición al punto 4, que propone añadir, después de
«extienda los trabajadores por cuenta ajena», la siguiente frase:
«en la parte que corresponda al trabajador».
No estamos de acuerdo con el punto 6 de la moción, en el que se
habla del apoyo al reparto social del agua puesto que creemos que
ése es un problema en el que resulta difícil establecer qué
criterios se pueden adoptar en ese reparto social del agua. Hemos
presentado una enmienda de sustitución de este punto 6, que dice
lo siguiente: «Apoye el uso racional del agua y aplique los
resortes contemplados en la Ley de Aguas a los casos extremos de
sequía». Pensamos que en la Ley de Aguas ya aparece definido y
creemos que este punto es suficientemente clarificador.
También vamos a apoyar el punto 7 de la moción
--al igual que el Grupo Parlamentario Socialista-- un programa de
ayudas agroambientales para ahorro de agua en los regadíos, con
el que estamos totalmente de acuerdo.
Asimismo estamos de acuerdo con el punto 8 de la moción, que
viene modificado en la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Socialista, que elimina un párrafo importantísimo y
con el que estamos de acuerdo, que es la última parte del punto 8
de la moción que dice que debería tenerse en cuenta la existencia
de años catastróficos al calcular las producciones y/o
superficies de referencia. En la interpelación ya hice referencia
a un caso muy concreto, como es que la sequía va a hipotecar
nuestro futuro en el arroz, porque empezamos con una superficie
máxima garantizada muy inferior a nuestro potencial de producción
en un año normal, en un año que no hubiera sequía. Creemos que es
importantísimo que conste literalmente ese punto tal y como
figura en la moción.
También estamos de acuerdo con el punto 9 y último, pedido en
nuestra moción del mes de mayo y con el que también el Grupo
Socialista está de acuerdo.
Termino diciendo que, por supuesto, es un esfuerzo económico muy
importante, señores socialistas, pero, como dije en mi
interpelación del miércoles pasado, Bruselas se va a ahorrar
posiblemente más de 200.000 millones de pesetas de fondos
comunitarios, con las sequías y las heladas en España, en ayudas
a la producción, en destilaciones, en intervenciones, en
retiradas,
en almacenamientos, en restituciones a la exportación. Por tanto,
creemos que por parte del Gobierno español hay que hacer un
esfuerzo muy importante para que Bruselas se moje y ese dinero
que se va a ahorrar vaya para la mejora de las rentas de los
agricultores españoles. Señores socialistas, nosotros no tenemos
la culpa de que en años de bonanza económica no se hayan tomado
todas las medidas necesarias para paliar en lo posible los años
de sequía, como no se han hecho las suficientes obras de
infraestructura hidráulica. Como no se han previsto estos
problemas en años en que los presupuestos generales del Estado lo
podrían haber soportado muy fácilmente, ahora estamos en un año
de déficit público, económicamente difícil y la realidad está
ahí: los agricultores y las explotaciones familiares lo están
sufriendo. Por tanto, señorías, creo que hay que hacer un
esfuerzo económico tanto desde los presupuestos generales del
Estado como desde los fondos comunitarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, si me lo permite la Presidencia, voy
a hacer una referencia a las últimas palabras del señor Pascual,
que ha hablado de la ausencia de infraestructuras o la presunta
ausencia de una política hidráulica que hubiera paliado los
efectos de la sequía. Pero de lo que no se da cuenta el señor
Pascual es de que por muchas infraestructuras que se hubieran
hecho, que habría que discutir si hubiera apoyado su grupo que
las cantidades destinadas a programas sociales o de otro tipo se
hubieran invertido en más infraestructuras hidráulicas,
desgraciadamente, si no llueve, por muchas infraestructuras
hidráulicas que se tengan no se llenan de agua. Por tanto, el
problema lo seguiríamos teniendo igual y no es falta de
previsión, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en
debates sobre el agua que hemos tenido en esta Cámara
reiteradamente, como el de hace pocos minutos.
Hecho este excurso en la referencia que hacía el señor Pascual,
que creo que no se ajustaba a la realidad, debemos decir desde mi
grupo que nos aproximamos a este problema una vez más,
desgraciadamente, con la recurrencia de estos últimos cuatro
años, no solamente de éste, y que además se ha extendido ya el
problema a los regadíos, a esas infraestructuras hidráulicas que
existiendo no tienen agua para regar.
Decía el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la
presentación de su interpelación, ser partidario de la economía
parlamentaria y que creía que era necesaria la interpelación y la
moción subsiguiente porque no iba a ser posible la tramitación
del decreto-ley como proyecto de ley dadas las circunstancias
políticas. Se confirma que puede ser tramitado, va por el
procedimiento de urgencia, está ya en Ponencia, la Comisión se
reunirá próximamente y las enmiendas son muy similares a lo que
ustedes traen hoy aquí con esta moción. Además, las enmiendas --
hay que decirlo-- son más afinadas en el sentido de que hablan de
cantidades concretas que si las sumamos --el señor Pascual no se
ha querido referir a ellas porque parece que no las ha estudiado
detenidamente-- dan que pensar sobre dónde debemos movernos.
Nuestro grupo se ha aproximado a este problema desde una visión
con dos variables. Por una parte, la variable parlamentaria: hay
un decreto-ley que se tramita como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, está en trámite de enmiendas y puede
ser aprobado en esta legislatura. La otra variable es la
presupuestaria. Nuestro grupo quiere dejar claro, con absoluta
responsabilidad, que nos debemos mover en éste y en tantos otros
problemas dentro de recursos limitados y de un marco
presupuestario, si no para reducir, por lo menos para no
incrementar el déficit. Parece que a su grupo no le importa el
déficit, en función de esas enmiendas que anuncian; y al Grupo
Popular parece que en este acuerdo conjunto tampoco le preocupa
el déficit que pueda producirse con este problema. Con esa doble
visión del marco parlamentario, que es la urgencia en la
tramitación de las enmiendas que tenemos presentadas al proyecto
de ley, y del marco presupuestario, siempre teniendo en cuenta no
incrementar el déficit, nos hemos acercado a esta moción, con el
ánimo de poder llegar a aproximaciones y acuerdos, como solemos
hacer con su grupo y con los demás. Y lo hemos hecho, primero,
intentando excluir en nuestra enmienda los temas que en la suya
son tratados en el proyecto de ley o por las enmiendas de los
demás grupos o por acuerdos Administración-sindicatos que se han
producido a lo largo de estos últimos días. Segundo, nos hemos
centrado en los temas complementarios asumibles en ese marco
presupuestario de no incrementar el déficit, a que me he referido
anteriormente, como son los de cooperación con comunidades
autónomas, iniciativas propias exclusivas del Gobierno o
iniciativas ante la Unión Europea. Por último, también hemos
querido incluir, porque parece que sería más adecuado en el marco
de una moción, una enmienda que ustedes efectúan al proyecto de
ley: una adicional tendente a solicitar un informe sobre los
efectos de la sequía, sus consecuencias y los efectos que han
tenido las ayudas y las medidas que a lo largo de los últimos
cuatro años se han adoptado, ya que, como digo, hemos creído que
esta moción era un marco más adecuado que la tramitación del
decreto-ley como proyecto de ley. Por tanto, con esa visión hemos
presentado dicha enmienda, que aborda los problemas excluyendo lo
que puede ser tratado en el decreto, lo que está tratado con los
sindicatos y centrándonos en lo que podrían ser nuevas acciones
del
Gobierno y de las comunidades autónomas ante la Unión Europea.
Asimismo, en su moción se hace referencia al tema de las heladas,
al que nos aproximamos en nuestra enmienda haciendo una
conjunción de lo que ustedes dicen en el punto 1 y en el 2 c), es
decir, relacionando las heladas, señorías --no hay que olvidarlo--,
y las pérdidas por heladas con los seguros agrarios. No se
puede deslindar el tema de las heladas del de los seguros
agrarios, porque si se dan indiscriminadamente ayudas a las
heladas de productos asegurados estamos desincentivando el
aseguramiento, que es muy importante. Por tanto, lo ligamos al
seguro agrario, como ustedes hacen también en el punto 2 c).
Entendemos que si hay que apoyar parte de su moción, porque se
rechace nuestra enmienda o porque pueda ser votada separadamente,
el apoyo que pueda darse a la extensión de ayudas a las heladas
creemos que debe entenderse --y su grupo también deberá
entenderlo así por la redacción del punto 1 y el 2 c)-- que deben
estar combinadas con la situación de los seguros agrarios y con
la existencia o no de aseguramiento del riesgo correspondiente.
Por consiguiente, habrá que hacer un acotamiento muy específico
de esa situación y de las zonas en donde se encuentren. En ese
sentido es como lo entenderíamos en caso de tener que votar o
apoyar esas situaciones.
Los puntos 2, 3 y 4 se refieren a temas que figuran, como les
decía, en sus enmiendas al proyecto de ley, donde ustedes ya sí
hablan de cantidades que nos llevarían a situaciones que creemos
no asumibles en ese marco presupuestario, pero que, de cualquier
manera, deberemos discutir al debatir el proyecto de ley y
estamos dispuestos a ello. En el punto 3 hablan ustedes del
problema de los trabajadores, de problemas sociales de empleo
rural, de planes de zonas deprimidas, etcétera. Hay un acuerdo,
de hace escasamente diez días, de Gobierno y sindicatos por el
que se produce un incremento en este año de 2.500 millones, con
lo que ya suman 5.000, en los planes de empleo rural y planes de
zonas deprimidas. También se aborda en la mesa de seguimiento
continuo de esos acuerdos que vienen desde la Ponencia del PER y
los acuerdos Gobierno-sindicatos (ya ha habido una primera
reunión el día 22) para tratar fórmulas de compensación,
condonación o exoneración de la cuota fija de la Seguridad
Social, entre otros temas que ustedes tratan aquí. Es decir,
creemos que los puntos 3 y 4 están en tramitación y
suficientemente acordados entre Gobierno y sindicatos para no
tener que entrar en ellos en este momento. Por otra parte,
algunos de ellos están tratados en el propio decreto, por ejemplo
los temas de Seguridad Social, y también podremos debatir sobre
ellos. Por tanto, creemos que éste no sería el momento de
discutirlos, si lo hacemos allí, y por eso los hemos excluido,
como decía al principio de mi intervención.
Tampoco hemos considerado el tema de las ayudas especiales a
cooperativas, porque entendemos que cuando ustedes hablan de
cooperativas lógicamente se refieren a las que define el decreto,
en zonas afectadas por la sequía y en las que se haya producido
una pérdida de su comercialización de más del 50 por ciento.
Entendemos que estamos hablando de ese tipo de cooperativas
referidas en el decreto o proyecto de ley, en los artículos 1.º
b), 6.º 2.1 c) o 6.º 3. En ese sentido no las hemos incluido
porque también figuran en el decreto-ley, con bonificaciones de
intereses, con créditos bonificados, etcétera, o con moratorias
y, por tanto, creemos que estaban tratadas. De cualquier forma,
si también hay que votar separadamente, en ese marco del decreto
podemos estar a favor de que se pueda tener algún tipo de
consideración con ayudas especiales, pero será en el marco de las
enmiendas del decreto donde podamos concretarlas, siempre
teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a esos marcos
territoriales de cooperativas y a las pérdidas de
comercialización de más del 50 por ciento.
Los puntos 6, 7, 8 y 9 prácticamente los incluimos en nuestra
enmienda, aunque con redacciones diferentes, y no tendríamos nada
que oponer a ellos, repito, si incluyéramos algo nuevo como el
informe que debería presentar el Gobierno en el primer trimestre
de 1996, como ustedes proponen en la disposición adicional, sobre
las consecuencias de la sequía y los efectos de las medidas
adoptadas en los últimos años, lo cual creemos que será muy
importante conocer y deberíamos solicitarlo así porque nos daría
una visión más real y de conjunto de lo que han supuesto las
ayudas y las consecuencias que han tenido para las rentas
agrarias en las zonas que han sufrido la sequía, no sólo este año
sino en los últimos cuatro años.
En definitiva, señorías, creemos que es una enmienda razonable y
pediremos que se apoye, aunque por las conversaciones que hemos
tenido parece que no va a ser así. Y si hay que votar
separadamente, creo que he expresado los criterios con los que
nuestro grupo votaría los puntos y en qué sentido haría las
votaciones respecto a las heladas y respecto a las ayudas a las
cooperativas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la moción
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la que propone un
conjunto de medidas para paliar los daños derivados de
situaciones catastróficas para la agricultura, de origen
climático, especialmente las referidas a la sequía y a las
heladas. La moción se justifica debido a los insuficientes
contenidos del Real
Decreto 4/1995, en lo que, en el momento de su trámite,
coincidimos todos los grupos de la Cámara al darle nuestro voto
favorable y proponer su trámite como proyecto de ley, para
enmendarlo y mejorarlo. También se justifica por la desconfianza
de que, durante su trámite como proyecto de ley, no se garantice
la aceptación de las enmiendas del tenor de las que propone la
moción de Izquierda Unida, lo que induce a nuestro Grupo a hacer
una selección de las propuestas para valorar favorablemente unas
y posponer otras para su debate en Comisión. La moción parte
también de la presunción, o del recelo, de que la actual
situación de inestabilidad política actúe impidiendo la
definitiva aprobación del proyecto de ley, que incluya las
necesarias ayudas de sostenimiento de los agricultores del sector
aquejado por la sequía.
Nuestro Grupo opina que nos hallamos ante una situación
excepcionalmente grave, de auténtica emergencia nacional --en
ello coincidimos todos-- y, como tal, está urgida de medidas
inmediatas que precisan de la colaboración de todas las
administraciones y de la urgente asunción de competencias y
ayudas en el ámbito comunitario europeo, que superan en mucho los
50.000 millones de pesetas acordados, para cuatro años y para
toda la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de Agricultura
celebrado en Burgos. Desde el Grupo Catalán apoyamos, pues, la
presentación de una moción independiente o paralela a las medidas
previstas en el Real Decreto-ley de la sequía, en la que se
apruebe un conjunto de medidas complementarias y de aplicación
más inmediata. En el supuesto de que no se llegue a consensuar su
contenido entre los proponentes de la moción y los enmendantes,
que es lo más probable a tenor de las intervenciones de los
portavoces que me han precedido en la tribuna, deseamos efectuar
las siguientes consideraciones.
Respecto al punto 1, referido a la inclusión de los seguros, que
la moción redacta de forma genérica para las heladas, nuestro
Grupo apoyaría el concepto de aplicar ayudas a aquellos cultivos
susceptibles de este seguro pero que no hayan entrado en garantía
en el instante de producirse el daño, más aquellos otros cultivos
que, como los frutos secos, no tienen todavía cubierto por el
seguro este riesgo de heladas.
En cuanto al punto 2, que propone ayudas directas exclusivamente
para las explotaciones familiares agrarias, tal como lo han
estado haciendo algunas comunidades autónomas pero sin esta
exclusividad, aunque sí con una gradación basada en el número de
hectáreas y a la renta de estas explotaciones, nuestro Grupo
entiende que ahí se debe implicar claramente a todas las
comunidades autónomas afectadas y también a una imprescindible
cofinanciación de la Unión Europea, debido a que la partida
económica necesaria rebasa, por su gran magnitud, la capacidad
financiera de las comunidades autónomas y del Estado. Además, el
punto 2 d) se refiere al tan debatido tema de la condonación de
las tarifas de utilización de agua por cánones de amortización de
las infraestructuras de regadío; condonación referida a los años
de la sequía y también a las deudas anteriores, lo que
significaría a nuestro juicio un precedente de imprevisibles
consecuencias y un agravio comparativo respecto a las
explotaciones de secano. Pero como, a la inversa, también es
difícil justificar el cobro de un canon si no se pueden utilizar,
total o parcialmente, los caudales mínimos necesarios, nuestro
Grupo entiende que, sin que el pago de las tarifas signifique
condonación ni una simple moratoria como prevé el Real Decreto-
ley, se debería arbitrar algún procedimiento de compensación
exclusivamente por los años en que la sequía haya impedido el uso
de los regadíos. Por lo tanto, no a la condonación de todas las
deudas de las tarifas, no a una simple moratoria, sí a que se
arbitren procedimientos de compensación.
Respecto a los puntos 3 y 4, de apoyo a las rentas de los
asalariados del campo y a los beneficios de las cuotas de la
Seguridad Social, no los votaríamos favorablemente, pues existe
un acuerdo Inem-sindicatos por el que ya se destinan dos partidas
de 2.500 millones de pesetas para estos conceptos.
En cuanto al punto 5, que propone la concesión de ayudas a las
cooperativas, más allá de lo que determina el propio proyecto de
ley, para compensar en parte el incremento de los gastos fijos
ante la disminución de sus productos y sus ventas respecto a su
giro habitual, nuestro Grupo también lo votará favorablemente por
nuestras convicciones de fomento del cooperativismo y con el
objetivo de no arriesgar la viabilidad de las cooperativas, en la
que se fundamenta también la de muchos de sus agricultores
asociados.
Respecto a los puntos 6 y 7 de la moción, de reparto social del
agua y de ahorro de la misma en los regadíos, el punto 8, de
asunción del conjunto de la problemática derivada de la sequía en
la Política Agraria Común, y el 9, de constituir unas comisiones
de seguimiento de las catástrofes agrarias, serían también
votados favorablemente por nuestro Grupo Parlamentario.
Finalizo, pues, señor Presidente, solicitando la votación de los
puntos 1, 5, 6, 7, 8 y 9, separada de la de los puntos 2, 3 y 4,
en dos bloques.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo proponente de la moción, tiene la palabra la señora
Rivadulla para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
defendidas a la moción.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
En relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y
por el Grupo Socialista, por una cuestión reglamentaria,
entendiendo que podríamos aceptar alguna de las enmiendas que
plantean estos Grupos, y al haber manifestado los mismos que
están dispuestos a votar separadamente parte de nuestra moción,
no
aceptaríamos estas enmiendas, pero sí solicitamos a la
Presidencia la votación por separado de los puntos 1, 2, 3 y 4.
Si me permite el señor Presidente, quisiera hacer una aclaración
al portavoz del Grupo de Convergència i Unió. El punto número 1
de nuestra moción no se refiere exclusivamente a los seguros
agrarios, se refiere a que lo dispuesto en el Decreto-ley de
moratoria en el canon del agua, de exención del IBI, todas estas
bonificaciones que recoge el Real Decreto, se hagan extensivas
también a las heladas.
Quería aclararlo para que supiera exactamente lo que pretendemos
que se vote.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Entiendo que lo que solicita S. S. es la votación separada de los
puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Cada uno de ellos o conjuntamente? (Pausa.)
Cada uno de ellos. ¿El resto se puede votar conjuntamente?
(Asentimiento.--El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la
palabra.)
¿Señor Fernández-Miranda?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Solicito la votación separada del punto número 6.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Si no he entendido mal, señor Vidal, se ha referido a la votación
separada del punto 5.
El señor VIDAL I SARDO: Habiendo pedido el Grupo proponente la
votación separada de los puntos 1, 2, 3 y 4, nuestro Grupo puede
votar en conjunto los puntos 5, 6, 7, 8 y 9.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Vamos a proceder a las votaciones.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
votación del apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 286.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 1.
Votación correspondiente al apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 285; a favor, 136; en contra, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 2.
Votación relativa al apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 135; en contra, 148; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 3.
Votación del apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 136; en contra, 149; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 4.
Votamos el apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 165; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 6.
Restantes apartados de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 285; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes apartados de
la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA CONOCER
LOS CRITERIOS DE POLITICA GENERAL QUE DESARROLLARA EL GOBIERNO EN
CONSONANCIA CON LAS VALORACIONES POLITICAS QUE SE DESPRENDEN DEL
CONTENIDO DEL INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, ASI COMO LAS
INICIATIVAS QUE SE VAN A EMPRENDER PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (Número de expediente 173/000094)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a la
interpelación, para conocer los criterios de política general que
desarrollará el Gobierno en consonancia con las valoraciones
políticas que se desprenden del contenido del Informe Anual del
Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que se van a
emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y
sugerencias.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la semana pasada tuvimos ocasión de impulsar con
nuestra interpelación una nueva práctica parlamentaria que, en
opinión de nuestro Grupo, debiera tener continuidad futura, dada
la significación última del informe del Defensor del Pueblo, como
exponente de una parte de nuestra realidad social.
Dijimos entonces, y reafirmamos hoy, que en la medida en que lo
dicho en el informe sustancia aquellas deficiencias que inciden
negativamente en la procura de conseguir que los grandes
principios consagrados en nuestra Constitución tengan una plena
traducción práctica en la vida corriente de todos los ciudadanos,
nos parecía indispensable que en la tramitación institucional del
informe no nos contentáramos tan sólo con su reducción al acto
que supone la presentación anual del mismo ante las Cámaras,
complementando, por tanto, el alcance de dicho acto de
presentación a fin de favorecer un ulterior debate con el
Gobierno, a los efectos de valorar los diagnósticos que se
desprenden del informe y conocer también los postulados previstos
en la acción política del Ejecutivo, en pro de corregir lagunas,
deficiencias o disfuncionalidades padecidas por el ciudadano y
obrantes, en su consecuencia, como rémoras en orden al
perfeccionamiento eficaz de nuestra dinámica democrática desde el
imperativo de dotar de extensión y efectividad, en definitiva, de
realidad, al discurso constitucional.
Cierto es que todo principio --y algo pareció apuntarse de la
intervención de algún otro portavoz-- tiene siempre
inevitablemente algo de inconcreción, por más que, desde la
óptica de mi Grupo, el debate de la semana pasada cumpliera su
finalidad esencial como prólogo de una costumbre que deseamos que
se consolide en próximos ejercicios y nos permitiera, además,
esbozar el balance que se infiere de una lectura con perspectiva
de los aspectos capitales de los informes del Defensor
correspondientes al último decenio, habida cuenta que los mismos
se hacen igualmente patentes en el texto correspondiente a 1994.
Ya señalábamos que en modo alguno era nuestra intención
prescindir de un reconocimiento de los esfuerzos llevados a cabo
por el Gobierno para intentar alcanzar una sintonía entre sus
buenas intenciones y los resultados globales de sus políticas en
orden a la remoción de aquellas realidades estructurales cuya
persistencia impide una plena traducción real del equipaje básico
de derechos en lo que debiera ser una cierta y clara
reverberación de los mismos en el acontecer cotidiano de todos
los ciudadanos.
Pero decíamos también que a estas alturas apreciábamos que el
Ejecutivo no había sido capaz, en todo, de dotar de contenido
total los derechos de naturaleza social y económica desde los que
se cimenta el principio de igualdad de oportunidades; no había
sido capaz de conseguir una ordenación ágil que asegurara hacer
de la ley el principal factor de igualdad entre los ciudadanos;
no había sido capaz de construir una Administración Pública
abierta a todos y verdaderamente dimensionada al servicio del
interés general; no había sido capaz de desarrollar en lo
concreto el compromiso de la solidaridad en toda su extensión con
los más necesitados, que es sin duda la base de toda política
progresista; y, en fin, no había sido capaz, a pesar de sus
buenas intenciones, de acentuar aquellas políticas indispensables
para reforzar la calidad de vida de los ciudadanos y para dar
satisfacción a determinadas demandas sociales que, por su
significado intelectual y material, resultan, según los casos,
indicativas del estado de salud o de intensidad democrática de
cualquier sociedad.
En ese mismo contexto advertíamos, además, que era preciso
entender que la digresión entre hechos y palabras, tantas veces
reiterada en la experiencia de los últimos años, constituía, sin
duda, una de las más inmediatas urgencias a subvertir, y que ésa
era también, en sentido contrario, una manifestación singular del
cambio político que el Grupo Parlamentario Popular ofrece al
porvenir de España y que inspira en su consecuencia última la
gestación de esta iniciativa.
Permítanme, pues, señorías, incidir sobre lo dicho porque en ello
reside tanto la causa última de nuestra interpelación como el
valor instrumental de la moción que hoy sometemos a la
consideración de la Cámara y que se constituye en el soporte
concreto para que mañana, cuando gobierne este Grupo
Parlamentario, si ésa es la decisión de las urnas, sea posible
articular con rigor lo que hoy hemos concebido como oposición.
Nuestra interpelación venía a decir, por tanto, que este Grupo
Parlamentario ha querido conjugar unívocamente hechos y palabras
de manera que, siendo consciente de su posición, promueve un
debate con intención de su mantenimiento en lo sucesivo, cuando
de interpelantes pasemos probablemente a ser interpelados y desde
la certeza casi próxima de tal hecho.
Nuestra interpelación venía a decir que en democracia la mejor
contribución que un Gobierno puede hacer a su propia credibilidad
estriba precisamente en favorecer la consolidación de
instrumentos de control de la sociedad sobre el Estado y que en
ese sentido, alentar, como hemos hecho, un mecanismo nuevo de
dación de cuentas del Ejecutivo ante el Parlamento, implica una
garantía, no sólo de intenciones, sino de inequívoca
yuxtaposición de éstas con su traslación a lo concreto.
Nuestra interpelación, en suma, venía a decir que esa voluntad de
servir la futura tarea del Gobierno desde el compromiso principal
de la profundización democrática la traducimos ya en propuestas
específicas, en propuestas singulares que, como ésta, son sin
duda pertinentes para la ejecución de dicho fin último.
En este contexto, el punto 1 de la moción sienta la base para que
la continuidad de este debate anual se verifique desde un
estricto conocimiento previo por
los grupos de cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo a las
valoraciones y contenidos del informe anual del Defensor.
Y, aún más, proponemos que por este Gobierno se verifiquen las
oportunas iniciativas de reforma legal a efectos de elevar dicha
comunicación a imperativo jurídico que nos obligue, de modo que
el porvenir de la misma, que el porvenir de la posibilidad de
continuidad de este debate no quede sujeto a la disponibilidad o
conveniencia del Ejecutivo correspondiente.
Estamos, pues, invitando a todos los grupos parlamentarios a
dotar a la Cámara de un método que permita el que un futuro
gobierno comparezca ante ella para dar explicaciones de aquello
que el ciudadano, directamente, a través del informe del Defensor
del Pueblo, señala que no funciona.
Estamos, por lo dicho, invitando a todos los grupos
parlamentarios a dotar a la Cámara de un método que facilite
canalizar el informe del Defensor hacia un debate detallado,
constructivo y vivo que comprometa al Gobierno y a los grupos en
consonancia con el cariz y la naturaleza de las quejas que en
aquel texto se contemplan, entendidas en gran parte como la voz
colectiva de quienes individualmente no encontraron en su momento
audiencia a su reclamación, y estamos, en suma, invitando a todos
los grupos parlamentarios a dotar a la Cámara de un método
mediante el cual ni el Gobierno pueda eludir su responsabilidad
de afrontar lo dicho por el Defensor, ni el Parlamento pueda
sentirse limitado por la carencia de una fórmula bastante para
encarar con el Ejecutivo el intercambio de criterios y soluciones
en función de las hipotéticas diferencias de fondo o de matiz
entre lo que el Gobierno y Defensor concluyen cuando se trata de
verificar una valoración de conjunto de nuestra realidad social o
del origen de esas fisuras por las que, como decía el informe del
Defensor, se evaden determinados derechos de los ciudadanos.
A partir de ahí, parece lógico también que, una vez ofrecidas por
mi Grupo vías de futuro, reclamemos igualmente la posibilidad de
obtener una ajustada comprensión de la forma en que este Gobierno
ha dado traslación real a aquellas recomendaciones y sugerencias
de la institución aceptadas en su momento por aquél, porque de
esta reflexión se desprenderán, a buen seguro, interesantes
valoraciones y porque nos parece que ésta es una demanda
elemental para saber de qué manera las aportaciones del Defensor
han tenido las consecuencias deseadas por aquél en función de las
orientaciones dimanadas de las diversas quejas, y a dar
viabilidad a este objetivo se orienta el punto 2 de la moción.
En definitiva, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el
Grupo Parlamentario Popular ha pretendido impulsar una manera
nueva de entender el desarrollo parlamentario del informe del
Defensor en pro de garantizar que la presencia del mismo en la
Cámara no quede reducida a casi una sola expresión ritual o
formal y desde el convencimiento de que nuestra iniciativa es
útil, tanto para acentuar el debido protagonismo de esta Cámara,
como para permitir una mejor interpretación del equilibrio entre
instituciones.
Cumplimos con ello una autoexigencia de coherencia, recordando
además que la propuesta que ahora formulamos a través del punto 1
de la moción es la misma que ya planteamos en 1987 y que
finalmente no tuvo tramitación ante el Pleno merced a un
ofrecimiento formal del Gobierno para asumirla de «motu proprio»,
ofrecimiento posteriormente defraudado en cuanto a que tan sólo
dio cuerpo efectivo a esa promesa en una única ocasión, no sin
problemas, y respecto del informe anual correspondiente a 1988.
Hoy pues --y con ello concluyo, señor Presidente-- pretendemos
también acreditar que el estilo de la gobernación futura de este
país va a construirse rompiendo con los absurdos modos del doble
lenguaje y del atrincheramiento del Ejecutivo frente a la
realidad, para dar un paso a una forma diferente de entender y
aplicar las relaciones entre Gobierno y ciudadanos, entre
Gobierno y Parlamento y, en este caso puntual, entre Gobierno y
Defensor, de manera que de las mismas se desprenda la constancia
de una idea capital, esto es, que la obligación esencial de
quienes gobiernan se ciñe a no defraudar la confianza delegada
por la ciudadanía que legitima su acción en función de los
compromisos contraídos ante ella. Por eso, la moción que hoy
presenta el Grupo Parlamentario Popular en su aspecto más
sustancial quiere ser, ante todo, una contribución concreta a
dicha finalidad. En su virtud, recabamos el voto favorable de SS.
SS., sabiendo por nuestra parte, y dejando clara expresión de
ello, que seremos los primeros en quedar vinculados por una
fórmula de futuro que, en su último alcance, beneficia
directamente a una consideración básica de audiencia y respeto
hacia el ciudadano, hacia ese ciudadano que, por elevar su queja,
merece por parte de todos el mayor grado efectivo de atención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Socialista y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, sin ánimo de
tratar de emular el verbo florido de mi preopinante, únicamente
me ceñiré a decir que tengo el honor de subir a esta tribuna en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista para apoyar hoy, como
ayer, cualquier iniciativa que trate de impulsar, de potenciar o
de mejorar la labor, que consideramos fundamental, del Defensor
del Pueblo. Desde las constituyentes --reconcerlo es de justicia-
-, junto con el
Grupo de Izquierda Unida, antiguo Partido Comunista, y de
Convergència i Unió, fuimos los impulsores de esta figura, que
nos parece clave en una democracia avanzada, en una democracia
que trate de salvaguardar y de potenciar todos los derechos
consagrados en una Constitución.
Por ello, fieles a la Constitución y a la tradición del Partido
Socialista, fieles igualmente al comportamiento posterior en
estos años de actividad del Defensor del Pueblo, yo diría que
benficiosa para la ciudadanía, nuestro Grupo adelanta ya que
votará favorablemente la moción presentada por el Grupo Popular.
Es verdad que hemos presentado una enmienda, una enmienda
sencilla, que va a contribuir, creemos nosotros, a facilitar la
labor de esta Cámara y del Gobierno. Unicamente pretendemos en el
punto 2 añadir la palabra «principales» o «más importantes», para
facilitar, como digo, esta labor.
Mi Grupo no solamente está dispuesto a apoyar los puntos que hoy
mantiene vivos el Grupo Parlamentario Popular, sino que estaba
dispuesto a apoyar los tres puntos. No sé si SS. SS. conocen que
esta proposición ha sufrido una serie de avatares. En primer
lugar eran tres puntos, después se cambió el punto primero y
posteriormente se retiró el punto tercero.
El señor Gil Lázaro ha estado hablando continuamente de lo que
quiere hacer un futuro gobierno. A mi Grupo le hubiera gustado
que hubieran mantenido el punto tercero, ya que se hubiera
sentido satisfecho de oír, en el plazo de un mes, como pedían, la
acogida que ha tenido el Gobieno en el último año de las
decisiones y recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Señor Gil Lázaro, cuando hablan en su moción de la Administración
del Estado supongo que se refieren a lo que el Defensor del
Pueblo denomina Administración central. No me gustaría decirle
que Estado somos todos, hasta los malos tratos de los municipales
del Ayuntamiento de Madrid. También ésos; todo hay que decirlo.
Ustedes dicen, repito, Administración del Estado; será
Administración central o Gobierno de la nación.
Del informe del Defensor del Pueblo resulta que de 3.797 quejas
de los ciudadanos, la actuación del Gobierno era correcta, por
tanto no tenían fundamento, en 1.732 casos; 1.414, según el
Defensor del Pueblo, fueron subsanadas y únicamente no han sido
corregidas 38. Es decir, de todas las quejas que los ciudadanos
españoles han expresado al Defensor del Pueblo correspondiente a
la Administración central o Gobierno de España, no a la
Administración del Estado, se ha dejado de subsanar el 1,0007901
por ciento, con lo cual no sé por qué han retirado ustedes este
punto. Si dicen ustedes que el próximo Gobierno quiere rendir
cuentas, el actual también en este punto, porque de las
recomendaciones, de 64 formuladas han sido aceptadas 43, y de 59
sugerencias, han sido aceptadas 26.
Reitero que nosotros vamos a apoyar la moción, pero tenga en
cuenta una cosa. El Defensor del Pueblo es un órgano que nosotros
estimamos como muy valioso, pero también se puede equivocar,
porque por muy democristiano que se confiese el Defensor del
Pueblo, tampoco tiene el don de la infalibilidad. Por eso
queremos que venga aquí.
Si el Gobierno le ha dicho que no en el 1,0006 por ciento de los
casos, permítame por lo menos que tengamos la duda, pero parece
ser que todo lo que dice el Defensor del Pueblo va a misa, por
seguir con el símil democristiano. (El señor Ríos Martínez
pronuncia palabras que no se perciben.) El error lo podemos tener
todos, ¿no es así, señor Ríos?
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el Gobierno venga
a esta Cámara a dar cuenta, como hacía con anterioridad, de las
recomendaciones, de las quejas, de las sugerencias del Defensor
del Pueblo, pues estamos convencidos de que, aun en los casos en
que el Gobierno se equivoque, el beneficiado va a ser el pueblo
español, los ciudadanos y las ciudadanas. En eso nos van a tener
ustedes no delante, pero siempre a su lado, como sucede desde las
Constituyentes, no desde ahora, cuando parecía rara esta figura.
(Rumores.) Léanse ustedes los textos y los debates. Bienvenidos
al campo del Defensor del Pueblo, como también son bienvenidos a
no modificar la antigua Ley del aborto. Es una conquista de los
años de democracia. Si ustedes antes la discutían y hoy la
aceptan, es una conquista. Bienvenido, a que venga el Defensor
del Pueblo a tirar de las orejas al Gobierno. De lo que haya
hecho el Gobierno en contra de los ciudadanos nosotros seremos
los primeros en pedirle responsabilidades, porque no creemos en
la infalibilidad de nadie y porque estamos seguros de que todo
esto va a contribuir a una democracia social y avanzada; a una
democracia como consagra nuestra Constitución, con una lectura
actual, que lo único que tiene que hacer es seguir profundizando
en la libertad, en la igualdad y en la tolerancia.
Con el ruego de que el Grupo Popular, por economía procesal,
podríamos decir, acepte nuestra enmienda, nosotros con mucho
gusto vamos a votar unánimemente esta propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Valls.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es
que una cosa es el contenido de la moción, otra es la
interpelación y la otra ha sido la intervención del portavoz que
la ha propuesto.
Ya que hemos empezado con la misa y con el sermón, yo diría que
no por mucho madrugar amanece más temprano, y les pediría que
esperen ustedes a ser interpelados, que lo serán, puede que en
marzo, en mayo o cuando sea. Lo que estamos discutiendo ahora
es que este Gobierno venga a contestar el informe del Defensor
del Pueblo.
La verdad es que el informe de un órgano elegido en este
Congreso, al igual que el Tribunal de Cuentas, no termina con un
debate y unas resoluciones en la Cámara. La moción que presenta
el Grupo Popular lo que demuestra es que el Defensor del Pueblo
ha detectado estas irregularidades, anomalías y mal
funcionamiento; el Gobierno se defiende de cuáles han sido esas
anomalías y, en función de ello, hay un debate en la Cámara con
las resoluciones que procedan. Esa es la virtualidad de la
propuesta número 1 actual; creo que es positivo traerlo hoy aquí.
¿Cuál es el objetivo de nuestras enmiendas? ¿Cuál es la realidad
que nos encontramos en el informe de este año? Las quejas del año
1994 provenientes del año anterior eran 5.800. Es decir, en el
Gobierno se produce una acumulación de un año a otro en el
trámite de determinar quejas. Hay un volumen pequeño --porque hay
que decir que ha mejorado la relación de la Administración
central con el Defensor del Pueblo-- de unas 38 no subsanadas.
¿Qué pretende nuestra enmienda al apartado primero? El Defensor
del Pueblo este año ha formulado 91 recomendaciones, de las que
han sido aceptadas 61; han sido formuladas 212 sugerencias, de
las que han sido aceptadas 74, y hay otra parte de recordatorios
de deberes legales y advertencias. Lo que propone nuestra
enmienda es que, además de venir a explicar qué ha hecho con las
sugerencias y las recomendaciones, diga qué ha hecho con los
recordatorios legales y las otras advertencias, y que explique
cuáles son las razones de esas quejas que reiteradamente se van
proyectando de un año a otro o de las deficiencias que no se han
subsanado. ¿A qué obedece?
Nos parece bien la precisión que hace el Grupo Socialista, porque
no se trataría de ir a todas y cada una de las propuestas, sino a
los bloques más importantes.
La segunda enmienda va dirigida al punto segundo de la moción
original, que no ha sufrido modificación. Lo que propone es que
el Gobierno, en un plazo no superior a dos meses y a partir de la
fecha de la aprobación, remita a la Cámara un detalle del grado
de ejecución de las recomendaciones y de las sugerencias
formuladas desde 1989 a 1994. Volvemos a incidir en los
recordatorios legales que el Defensor del Pueblo ha hecho al
Gobierno en esta etapa.
No entramos en las advertencias o en la incorporación a esas
recomendaciones en el punto tercero. Puesto que usted lo ha
retirado, damos por decaída nuestra enmienda.
En el último punto proponemos la adición de un nuevo apartado.
¿Cuál es ese apartado? ¿Por qué nosotros creemos que sería
positivo incorporarlo a esta moción, que viene a plantear, cómo
vemos hoy en el Parlamento, las reflexiones del Defensor del
Pueblo? ¿Cuál sería nuestro cuarto punto?
En los tres años en que he estado aquí participando en la
tramitación de los tres informes --1992, 1993 y 1994--, en los
debates se ha terminado diciendo que ya está consolidada la
institución del Defensor del Pueblo --afortunadamente para
nuestro país--, que es ya una institución mayor de edad, pero que
para su funcionamiento necesitaría unas adecuaciones legales para
una mayor consolidación del papel que juega, puesto que el
Defensor del Pueblo, como dice este año en el informe, es, por
así decirlo, el que conecta con la realidad de la propia sociedad
y detecta cómo responde la Administración. Dice que es un eslabón
entre la sociedad y la Administración pública. Puesto que eso es
así, nosotros pedimos al Gobierno que, recogiendo la experiencia
acumulada en todos los años que lleva funcionando la institución,
se promuevan las reformas legales necesarias que puedan llevar a
un mayor protagonismo del Defensor del Pueblo, una mayor eficacia
y, sobre todo, una mayor rapidez en las respuestas para intentar
mejorar ese cauce, o puente que supone la institución y subsanar
las deficiencias y limitaciones que tiene la propia
Administración pública, que, co-
mo todo, es perfectible, y eso es tarea nuestra, inclusive la que
ustedes puedan tener cuando puedan ser gobierno.
En todo caso, una recomendación: sería bueno que no vendieran la
piel del oso antes de cazarlo, porque aquí no hay designio divino
para que ustedes ganen las elecciones.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre
de Coalición Canaria fijo nuestra posición en esta moción.
Tal como habíamos tenido ocasión de decir al Grupo proponente en
la interpelación de la semana pasada, nosotros vamos a ser
consecuentes con aquella línea fundamentado en los siguientes
aspectos. En primer lugar, y ciñiéndome a la enmienda del Grupo
proponente que suprima el apartado número 3, no hubiéramos tenido
ninguna objeción en aprobarlo, como tampoco tenemos nada que
objetar al apartado número 1.
Respecto al apartado número 2, nos parece consecuente también la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista dado que,
si no, nos perderíamos en la cantidad de sugerencias o propuestas
que hace el informe del Defensor del Pueblo anualmente. Es
preferible que se refiera a la ejecución material de las
cuestiones principales, puesto que hay una serie de
cuestiones de menor cuantía --digamos en lenguaje jurídico
procesal-- que podían ser objeto de un tratamiento global.
Nosotros, señorías, señor Presidente, hemos entendido siempre que
del informe anual del Defensor del Pueblo se definían dos
destinatarios: uno, esta Cámara y los distintos grupos
parlamentarios, para que, a la vista de las denuncias o
sugerencias que hace, se tomen las iniciativas parlamentarias
pertinentes en las formas que señala nuestro Reglamento. Esto
viene siendo así, de alguna manera, incluso en interpelaciones.
El otro destinatario es la propia Administración del Estado. Como
bien ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, últimamente no
se viene escuchando la voz del Gobierno, qué dice a ese informe
del Defensor del Pueblo, y algo tiene que decir porque, a fin de
cuentas, el Defensor del Pueblo --es obvio decirlo pero hay que
repetirlo-- es el alto comisionado de este Parlamento en la
inspección del Gobierno. Sería interesante escuchar la voz de la
Administración del Estado, bien estando conformes, bien diciendo
qué aspectos ha venido corrigiendo en las denuncias al Defensor
del Pueblo o bien mostrando sus discrepancias. El Gobierno está
legitimado para decir su criterio político.
Nos parece acertada, por tanto, la introducción de la
terminología que emplea el Grupo proponente del juicio político
que le merecen al Gobierno determinadas observaciones del informe
del Defensor del Pueblo, que tienen, junto a una lectura
puramente de procedimiento administrativo, en su caso, una
interpretación política, pudiendo puede alegar el Gobierno
razones para no haberla acatado. Esto, repito, creo que es
importante.
Nos ha parecido oportuna la enmienda al punto número 1 del propio
Grupo Popular, que propone empezar ya con una terminología de
promover de inmediato reformas legislativas en la misma línea de
permanencia. Creemos que esto es bueno, y debería estar ya
recogido en una ley que complementara la vigente del Defensor del
Pueblo, para que el Gobierno, a resultas del informe anual, se
viera ya obligado, por este imperativo legal, a dar cuenta a esta
Cámara todos los años de aquellas actitudes, modificaciones,
resoluciones y respuestas que venga dando al informe del Defensor
del Pueblo. Y esto hacerlo, además, por contestación escrita en
documento único, para que las Cámaras
--como se trata además de una comisión mixta Congreso-Senado--
puedan saber cuál es la posición política y las sugerencias o
recomendaciones que el Defensor haya hecho, si han sido aceptadas
o rechazadas por las razones políticas que alegue, en su caso, el
Gobierno.
Por tanto, nos faltaba esta tercera figura, la del representante
del Gobierno que nos trajera aquí a la Cámara su punto de vista
frente al Defensor del Pueblo. Porque en la realidad --y ahí
están los debates de presentación anual--, una vez que hemos
escuchado el informe verbal sobre el soporte escrito que trae el
Defensor del Pueblo, quienes únicamente se pronuncian aquí son
los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el del
Gobierno, pero no el Gobierno. Creemos que esta moción,
presentada acertadamente por el Grupo Parlamentario Popular,
viene a resolver la situación y, por tanto, nosotros la vamos a
apoyar con las enmiendas que sean aceptadas, incluso las
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, porque están dentro de un proceso de racionalidad
y sentido común de esta moción que nosotros la vemos positiva.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Gil Lázaro, el pasado miércoles, durante el trámite de
presentación de la interpelación, le decía que no intuía qué tipo
de moción iba a presentar usted. Me imaginaba que posiblemente lo
que se pretendía era presentar una moción instando al Gobierno
para que hiciera bien las cosas, de conformidad con lo que
sugería el Defensor del Pueblo. Como ya puse de manifiesto en el
debate de la interpelación, si se presentaba una moción que nos
pareciese adecuada votaríamos favorablemente. Creemos que la
moción está bien formulada, pensamos que suscitará el consenso y
la unanimidad de toda la Cámara, aunque sí quiero recordarle un
dato pintoresco del debate de hoy. Parecía que usted se
interpelaba a sí mismo viéndose en el Gobierno y el señor Valls
ha aprovechado la ocasión para dar carnés de credibilidad
democrática sobre temas que no tenían nada que ver con el que hoy
estábamos debatiendo.
De todas maneras, yo creo que con esta moción vamos a dar un paso
importante para que la relación entre la Cámara y el trabajo que
realiza el Defensor del Pueblo sea más eficaz. Todos valoramos
siempre positivamente los informes que hace el Defensor del
Pueblo, y el hecho de que el Gobierno tenga que explicar el grado
de cumplimiento de las recomendaciones que figuran en informe
servirá a toda la Cámara --incluso al Gobierno-- para hacer una
valoración del tema fundamental que subyace detrás de la moción y
de la interpelación, y es que procuremos, entre todos, que la
Administración tenga un buen trato con los ciudadanos y que, al
margen de cuál sea el gobierno de turno, la relación entre el
ciudadano y la Administración, a través del Defensor del Pueblo,
corrija errores en el trámite de las pequeñas cosas del día a día
en las relaciones del ciudadano con la Administración, y se
llegue a satisfacer el interés de esos ciudadanos que, en
definitiva, es el bien final que perseguimos todos los grupos
parlamentarios.
Creo que es una moción acertada, con unas enmiendas que
perfeccionan el texto de la misma. Votar este texto por
unanimidad es una buena decisión que va a tomar esta Cámara
porque, en definitiva, acercaremos más el trabajo del Defensor al
seguimiento que la Cámara debe hacer del mismo.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Gil Lázaro tiene
la palabra para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Quiero señalar, si se me permite, para ilustración de la Cámara,
que el hecho que han citado algunos portavoces de la retirada del
punto 3 de nuestra moción es en función sólo de razones de
economía procesal. Entendemos que en un adecuado cumplimiento por
el Gobierno del punto 2 de la moción --y no tenemos la más mínima
duda de que así va a ser-- iba implícitamente incluido el sentido
de lo que originariamente era nuestro punto 3. En ese contexto
vamos a aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Socialista, porque, efectivamente, entendemos que precisa el
alcance del punto 1.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero señalar que nos
parece oportuna la modificación propuesta al punto 1 en cuanto a
la inclusión en él de una expresión concreta, la expresión
«recordatorios», que sin lugar a duda completa el alcance de ese
punto 1. Entendemos --si nos lo permite así el Grupo enmendante--
que el resto de esa enmienda de modificación, con exclusión de la
palabra «recordatorios» que incorporaríamos al texto, es
probablemente --dicho en términos descriptivos y con la mayor
consideración hacia dicho Grupo proponente-- una redundancia del
sentido de nuestro punto 1.
Vamos a aceptar íntegramente la adición que nos propone al punto
2. Creemos que, efectivamente, esa añadidura «in fine» de la
referencia a las actuaciones derivadas de los recordatorios de
deberes legales y advertencias formuladas en este período
complementan debidamente y perfeccionan el sentido del punto 2.
La enmienda de adición al punto 3 desaparece en la medida en que
dicho punto 3 ha sido retirado por nosotros.
Finalmente, una última consideración en relación con la enmienda
de adición propuesta al nuevo punto 4. Nosotros vamos a pedir al
Grupo Federal de Izquierda Unida que nos permita no aceptar
formalmente hoy aquí, en el contexto de esta moción, esa enmienda
concreta, por entender que quizá trasciende el alcance mismo de
esta moción. Pero, al mismo tiempo, queremos señalarle que la
reflexión que comporta esta enmienda nos parece oportuna,
importante e incluso necesaria para avanzar en este terreno de
perfeccionamiento institucional de lo que es el Defensor como tal
y de su relación con el Ejecutivo y con el Legislativo. En este
sentido, quiero señalar al Grupo proponente de la enmienda que,
aceptándonos el hecho de que no admitiéramos la enmienda, en
cualquier caso estaríamos dispuestos a votar favorablemente la
toma en consideración de cualquier iniciativa de reforma legal
que propusiera el Grupo de Izquierda Unida, orientada
precisamente con carácter sustantivo a dar cumplimiento a este
punto 4 de la moción.
Concluyo, señor Presidente, felicitándonos --yo creo que debemos
felicitarnos todos-- por el alto grado de consenso alcanzado y,
si se me permite, felicitando al portavoz del Grupo Socialista
porque en este debate ha dicho una de esas frases que hacen
historia. Ha dicho que hasta cuando el Gobierno se equivoca lo
hace en beneficio del pueblo. Esa aseveración, sin lugar a dudas,
merece estar en el lugar de otras que ya figuran con carácter
propio en la historia de las ideas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La no presencia del señor
Ríos en este momento impide a la Presidencia preguntarle si asume
que la primera enmienda sea recortada y reducida, pero supongo
que sí.
Por tanto, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de las
enmiendas, con las precisiones y modificaciones resultantes del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 260; a favor, 260.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.