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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 169, de 21/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 169
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 167
celebrada el jueves, 21 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 9/1995, de 8 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
recientes inundaciones en la provincia de Guadalajara. «Boletín
Oficial del Estado», número 216, de 9 de septiembre de 1995
(número de expediente 130/000033) (Página 9022)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
--Solicitud de creación de una Comisión de Investigación con
objeto de averiguar si las distintas informaciones que se han ido
sucediendo sobre prácticas irregulares en el Cuartel de la
Guardia Civil de Intxaurrondo (Guipúzcoa) son ciertas y si su
responsable máximo durante los últimos años, Enrique Rodríguez
Galindo, toleró y dirigió dichas prácticas vinculadas con la
desaparición de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y las
muertes de Mikel Zabalza y Gurutze Yanzi, manejo irregular de
fondos reservados, abusos y torturas en los interrogatorios, así
como todo lo
relacionado con el conocido Informe Navajas sobre la lucha contra
el narcotráfico, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Mixto
(número de expediente 156/000019) (Página 9027)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Televisión local por ondas terrestres.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 103.1,
de 6 de febrero de 1995 (número de expediente 121/000087) (Página 9041)
--Proyecto de Ley Orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 104.1, de 20 de febrero de
1995 (número de expediente 121/000088) (Página 9055)
Elección de un señor Diputado de los que tienen acceso a la
información sobre secretos oficiales, de conformidad con la
Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de junio de 1992
(Página 9062)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley (Página 9022)
Real Decreto-ley 9/1995, de 8 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
recientes inundaciones en la provincia de Guadalajara (Página 9022)
El señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe) explica,
en nombre del Gobierno, las razones que han determinado la
promulgación del Real Decreto-ley. Menciona el artículo 86 de la
Constitución, que prevé una técnica normativa excepcional por
motivos de extraordinaria y urgente necesidad, considerando
evidente que la utilización de la técnica legislativa del Real
Decreto-ley está particularmente justificada cuando se trata de
reacciones ante catástrofes naturales para actuar de un modo
inmediato. Todos saben que el pasado 9 de agosto se produjeron
tormentas de gran intensidad que afectaron de manera
especialmente grave a la zona sureste de la provincia de
Guadalajara, con pérdida de nueve vidas humanas, extendiendo el
luto sobre familias enteras y hasta sobre pueblos enteros. En
cuanto a las pérdidas materiales, hasta el momento están
evaluadas en 2.146 millones de pesetas y alcanzan a trece
municipios de la provincia.
Añade que el Real Decreto-ley 9/1995 establece la serie de
medidas que enumera, respondiendo a la solidaridad de todos ante
desgracias naturales y, sin duda, respondiendo también a la
solidaridad manifestada por los señores Diputados y por la
Administración Autonómica de Castilla-La Mancha. Cree, en
consecuencia, en nombre del Gobierno, que concurren las
condiciones requeridas por nuestra Constitución para la
promulgación del Real Decreto-ley y solicita de la Cámara la
convalidación del mismo.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Blasco, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Grandes Pascual, del Grupo Popular, y Ros Maorad, del Grupo
Socialista.
Sometido a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 277 votos a favor y una abstención.
Asimismo se aprueba su tramitación como proyecto de ley, por el
procedimiento de urgencia, por 277 votos a favor.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación (Página 9027)
Solicitud de creación de una comisión de investigación con objeto
de averiguar si las distintas informaciones que se han ido
sucediendo sobre prácticas irregulares en el Cuartel de la
Guardia Civil de Intxaurrondo (Guipúzcoa) son ciertas y si su
responsable máximo durante los últimos años, Enrique Rodríguez
Galindo, toleró y dirigió dichas prácticas vinculadas con la
desaparición de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y las
muertes de Mikel Zabalza y Gurutze Yanzi, manejo irregular de
fondos reservados, abusos y torturas en los interrogatorios, así
como todo lo relacionado con el conocido Informe Navajas
sobre la lucha contra el narcotráfico, formulada por los Grupos
Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Vasco (PNV) y Mixto (Página 9027)
En representación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya interviene la señora Aguilar Rivero, destacando la
necesidad que para el sistema democrático supone la constitución
de una comisión de investigación sobre hechos y actuaciones
sucedidas en el Cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, al
frente del cual estuvo quien ha sido investido de general, el
señor Rodríguez Galindo. Señala que hacen esta propuesta desde
quien actúa con total y absoluta responsabilidad, demandando
llegar hasta el final en algo que necesita ser aclarado
urgentemente. La plantean también desde quien hace una apuesta
decidida y comprometida por la paz en Euskadi y en el resto del
Estado, una paz sólida y duradera que no puede surgir nunca de la
sospecha, de la oscuridad, del encubrimiento o de la complicidad.
Desea que quede totalmente claro que su Grupo no pretende ni
quiere investigar al Cuerpo de la Guardia Civil, ni tampoco a
toda la Guardia Civil de Intxaurrondo, sino que pretende
simplemente que se investiguen hechos, actuaciones concretas y a
un responsable, el señor Rodríguez Galindo, que está bajo
sospecha al existir informaciones, testimonios y denuncias
suficientes e importantes como para que el Parlamento proceda a
investigar. Entiende que con la constitución de esta comisión de
investigación se estaría fortaleciendo el papel de este
Parlamento y del propio sistema democrático, con las conclusiones
a las que pudieran llegar. Parece que el Partido Popular y el
PSOE con sus votos van a impedir que se llegue hasta el final en
un tema que hay que resolver ineludiblemente, aunque están
todavía a tiempo de rectificar.
En nombre del Grupo Vasco (PNV) interviene el señor Anasagasti
Olabeaga. Menciona informaciones aparecidas sobre Lasa y Zabala,
la lucha contra el narcotráfico, el enriquecimiento con métodos
ilegales y las primas por comando detenido, todo lo cual acaba
siempre en el Cuartel de Intxaurrondo y en el General Rodríguez
Galindo, resultando sintomático que haya habido sentencias por
torturas contra seis miembros de ese Cuartel o que el conocido
como Informe Navajas aparezca y desaparezca, sin que se actúe ni
investigue ni se haya llamado nunca al General Rodríguez Galindo
a declarar como imputado, a pesar de las condenas a sus hombres
por torturas y delitos comunes. Añade que su Grupo ha venido
denunciando caso a caso todos estos hechos, ha pedido su
esclarecimiento al considerar que el criterio de la eficacia a
cualquier precio, además de ilegal, es inmoral, pero ante la
dificultad de llegar al esclarecimiento de los mismos, tres
Grupos Parlamentarios solicitan hoy la creación de una comisión
de investigación sin que en modo alguno se trate de una campaña
del PNV contra la Guardia Civil, como algunos manifiestan.
Expone que el Partido Socialista es un partido centenario que, a
su juicio, tiene que hacer un gesto moral de cara a una
ciudadanía que no entiende cómo se hurta una investigación ante
el cúmulo de evidencias que se han publicado y se conoce desde el
manejo irregular de fondos reservados hasta el enriquecimiento de
mandos de la Guardia Civil, mientras muchos números eran
asesinados y otros cobraban a tanto por comando detenido, en un
dudoso patriotismo de bolsillo muy típico de una picaresca que
sería vergonzosa si no fuese tan trágica. Afirma que el mayor
servicio que se le puede hacer a la Guardia Civil es depurar
todas las responsabilidades sobre los excesos de algunos de sus
miembros, ya que, de lo contrario, esta mancha le va a quitar
autoridad moral para ejercer su función.
Termina señalando que flaco servicio se está haciendo a la
Guardia Civil dejando las cosas de esta manera, y a la lucha
contra el terrorismo si se avalan y ensalzan un tipo de
actuaciones que pueden demostrarse con el tiempo como
irregulares. Aun tratándose de una lucha contra el terrorismo,
debe repetirse que en esa lucha no vale todo y que sin ética no
puede haber democracia. Si se impide la comisión, como parece que
va a suceder, y la justicia no actúa, preguntarán cuáles son los
cauces en un Estado de Derecho para combatir este tipo de
delitos, porque sería paradójico que lo que hoy se niegan a
investigar salga publicado mañana en la prensa y seguidamente
esté en los juzgados, demostrando tristemente que la capacidad de
control del Parlamento es nula.
La señora Rahola i Martínez, en nombre del Grupo Mixto,
manifiesta que hoy, casi con seguridad, no se va a permitir que
esta Cámara investigue lo que ha podido ser el cuartel más
nefasto de la democracia, una especie de estado dentro del
Estado, donde las reglas del juego democrático han podido ser
reiteradamente vulneradas y donde planea incluso la sospecha de
muertes. Piensa que Intxaurrondo puede haber sido, juntamente con
los GAL e incluso en clara vinculación con ellos, la mayor
vergüenza desde que recuperamos el Estado de Derecho. Más de
trescientas denuncias, todo tipo de graves sospechas, un informe
judicial que hablaba incluso de narcotráfico perdido, después
recuperado y vuelto a perder, unas muertes no aclaradas, un
caudal de dinero público en forma de fondos reservados quizás
incontrolados y un coronel precipitadamente ascendido a general,
unido todo ello a bloqueos y dificultades para esclarecer lo
sucedido en ese cuartel, planea en parte de la sociedad, en la
mayoría de los partidos políticos vascos, y probablemente no
podrá ser investigado porque en la defensa de la opacidad y en el
bloqueo de la investigación se han unido dos fuerzas políticas,
el Partido Popular y el Partido Socialista. Estos partidos van a
hurtar una comisión de investigación fundamental, y con ello
hurtan credibilidad a este Parlamento, a la democracia, y hurtan
moralidad a la práctica política.
En turno en contra de la solicitud de creación de la comisión de
investigación interviene, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Aguiriano Forniés, manifestando que tres Grupos
Parlamentarios someten a debate de la Cámara la constitución de
una comisión de investigación sobre el Cuartel de la Guardia
Civil de Intxaurrondo sin que haya una acusación concreta contra
el mando o contra determinados agentes, sino que se trata de una
acusación contra toda la agrupación. Se pretende que durante un
número indeterminado de meses esté puesta en la picota toda la
Guardia Civil, en un juicio político sumarísimo sin un tribunal y
sin una defensa en condiciones, es decir, un juicio sin ninguna
de las garantías procesales mínimamente exigibles en un país que,
por desgracia, está acostumbrado a la impunidad de testigos
falsos, a la compraventa de «dossiers», verdaderos o no, a
intentos de chantaje por personas acusadas de graves delitos
contra el Gobierno elegido democráticamente, y en el que lo
importante no es la condena en un juicio sino aparecer como
inculpado en los medios de comunicación. En estas condiciones,
anuncia que el Grupo Socialista votará en contra por
responsabilidad.
Agrega que no conoce en el mundo ningún Gobierno que permita la
destrucción moral de una de sus más eficaces fuerzas de seguridad
ni ningún Parlamento que apruebe una comisión de investigación
como la que aquí se propone, ni siquiera conoce ningún Grupo
Parlamentario del mundo que presente por responsabilidad una
petición semejante. Por todo ello insiste en el voto en contra
por parte del Grupo Socialista, al considerar que de todo lo que
aquí se ha dicho, de todas las acusaciones planteadas, no hay más
que un camino, el del juez, y que en cualquier caso no será
acusado todo el acuartelamiento, sino personas concretas, si hay
pruebas.
Replican los señores Anasagasti Olabeaga y Albístur Marín,
duplicando el señor Aguiriano Forniés.
Por alusiones, intervienen la señora Aguilar Rivero y el señor
Aguiriano Forniés.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria; Camp i Batalla, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Peón Torre, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la solicitud de creación de la
comisión de investigación por 40 votos a favor, 277 en contra y
dos abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 9041)
Proyecto de ley de televisión local por ondas terrestres (Página 9041)
El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Borrell Fontelles), en nombre del Gobierno, presenta el proyecto
de ley, manifestando que nuestro ordenamiento jurídico
caracteriza el servicio de televisión como un servicio público
esencial de titularidad estatal y regula separadamente cada
modalidad de prestarlo en razón del sistema de transporte de la
señal empleada, de su ámbito de cobertura y de su forma de
gestión. Sin embargo, la introducción de nuevas tecnologías que
permiten ampliar la oferta televisiva, así como la existencia de
normas comunitarias para estos medios de comunicación, plantean
si debemos o no regular un modelo audiovisual unitario y la
delimitación de la extensión y ámbito del concepto de servicio
público esencial. Informa que el Gobierno ha optado por mantener
un modelo basado en una normativa separada para cada servicio, y
en este sentido ha presentado en la Cámara tres proyectos de ley
diferenciados: el de televisión local, objeto de este debate, y
los de telecomunicaciones por satélite y por cable, considerando
el distinto tratamiento jurídico que se postula para cada uno de
estos servicios.
Expone a continuación las características del proyecto de ley
objeto de debate, cuya oportunidad se deriva tanto de las
demandas formuladas al respecto por las propias corporaciones
locales como de la necesidad de dejar clara la diferente
regulación de este tipo de televisión, por razón de su soporte
técnico, de los otros servicios de televisión, como los de
satélite y cable.
Concluye el señor Ministro señalando que la aprobación de este
proyecto de ley, junto con los otros dos mencionados al inicio de
su intervención, completaría la normativa necesaria para
acompañar y propiciar la evolución de las nuevas formas de
difusión de televisión en nuestro país.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
interviene el señor Alcaraz Masats, afirmando que la propuesta de
su Grupo va a posibilitar el acceso de nuevos operadores que sin
duda pueden empezar a ser un factor clave de democratización y,
consecuentemente, de pluralismo y diversidad informativa, porque
las televisiones locales son al mismo tiempo un elemento
fundamental de desconcentración de los medios de comunicación.
Añade que la televisión local es clave en la estrategia de
Izquierda Unida en relación con la participación social y con el
derecho al acceso a la información libre y piensa que se debe
tramitar por el procedimiento de urgencia porque, en otro caso,
no habrá tiempo para su aprobación.
La señora Mato Adrover defiende la enmienda de totalidad de texto
alternativo presentada por el Grupo Popular. Comienza expresando
su satisfacción por que al fin puedan debatir en la Cámara la que
será una futura ley de televisión local, después de haberse
perdido un año al no tomar en consideración la proposición de ley
presentada por Izquierda Unida el 27 de septiembre de 1994,
proposición con cuyo contenido no estaban de acuerdo pero que les
parecía procedente para su tramitación, para superar una
situación de alegalidad que estaba lesionando a determinadas
empresas de comunicación, y lo que es más grave, a la propia
libertad de expresión y de información. Tienen, sin embargo, la
impresión de que el Gobierno controla mejor la información cuando
no hay leyes, ya que a partir de la aprobación de esta ley se
cierra un campo abierto a la discrecionalidad que ha hecho
posible el abuso de poder denunciado por su Grupo al debatir la
proposición de Izquierda Unida.
Agrega que su Grupo no se ha limitado a pedir la devolución del
texto presentado por el Gobierno, texto que no considera acorde
con estos tiempos por ser trasnochado y hacer inviable un
desarrollo espontáneo de lo audiovisual en los ámbitos locales.
El Grupo Popular ha presentado un texto alternativo por ser
distinta su concepción de lo audiovisual y, sobre todo, porque
quieren empresas audiovisuales locales fuertes que desarrollen la
información en los municipios y que en libertad construyan
programaciones atractivas en los aspectos divulgativo y cultural
para los ciudadanos de esos municipios. Por el contrario, el
Gobierno pretende televisiones locales subvencionadas por los
ayuntamientos que incrementen la deuda municipal y agraven los
déficit de las corporaciones locales en toda España. Ello es así
porque el texto del Gobierno trata de impedir que haya
iniciativas privadas, e impidiendo asimismo la emisión de
publicidad en horas de máxima audiencia condena la viabilidad
económica de cualquier televisión que no esté pagada por los
impuestos de los ciudadanos. Proponen, por otra parte, que no se
considere la televisión local como un servicio público esencial,
porque no lo es.
Concluye anunciando que, si prospera la enmienda de texto
alternativo, están dispuestos a acercar posiciones en el ámbito
del debate parlamentario; en otro caso presentarían enmiendas
parciales para tratar de mejorar el proyecto del Gobierno y
hacerlo más cercano a la realidad actual de la televisión local
en España.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txabarri
Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Martinón Cejas, del Grupo
Socialista.
Replican la señora Mato Adrover y el señor Alcaraz Masats,
duplicando el señor Martinón Cejas.
Proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres (Página 9055)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell
Fontelles). Expone que la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General, establece, en su artículo 60, la
prohibición de contratar espacios de publicidad electoral en los
medios de comunicación de titularidad pública, añadiendo que
durante la campaña electoral los partidos que concurren a las
elecciones tienen derecho a espacios gratuitos de propaganda en
las emisoras de televisión y radio de titularidad pública,
conforme a lo establecido en la propia ley. Añade que esa Ley
Orgánica fue aprobada, sin embargo, en un momento en el que el
panorama audiovisual era muy restringido, ya que se limitaba a la
televisión pública nacional y a las televisiones autonómicas,
pero la posterior puesta en marcha de los canales privados de
televisión determinó la necesidad de adaptar la nueva situación
al régimen de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Este
fue el motivo que determinó la aprobación de la Ley Orgánica
2/1988.
Pero la aparición de la televisión por ondas terrestres que hoy
mismo se debate en la Cámara hace precisa la promulgación de una
ley que regule la publicidad electoral en este tipo de emisoras,
ley con rango de orgánica según lo dispuesto en el artículo 81 de
la Constitución. En esta perspectiva, el Gobierno ofrece hoy a la
Cámara un proyecto de ley conciso que pretende
asegurar el máximo respeto al pluralismo sin que ningún grupo
político pueda alcanzar una posición privilegiada. Su oportunidad
se deriva, además, de la existencia de una Ley Orgánica similar
que regula la publicidad electoral en las emisoras municipales de
radiodifusión sonora. El proyecto de ley, además de prohibir la
contratación de espacios de publicidad electoral en este tipo de
emisoras, señala que quienes concurran a las elecciones
municipales tendrán derecho durante la campaña electoral a
espacios gratuitos de propaganda en las emisoras gestionadas por
los ayuntamientos en las circunscripciones donde presenten
candidaturas.
El señor De Grandes Pascual defiende la emienda de totalidad de
texto alternativo presentada por el Grupo Popular. Señala que
este debate es complementario del que acaba de terminar y que el
Grupo Popular presenta una emienda de texto alternativo con ánimo
constructivo, en una expresión de coherencia política con la
mantenida respecto de otros proyectos debatidos en la Cámara. La
clave de sus diferencias con el proyecto del Gobierno está en que
entienden que la prohibición de publicidad electoral debe afectar
a las televisiones locales por ondas terrestres y por cable de
titularidad pública, pero no así a las emisoras de televisión
locales por ondas terrestres y operador del servicio de
telecomunicaciones por cable de titularidad privada. Se trata de
apostar por la libertad con mayúsculas y no por la libertad
vigilada bajo excusas supuestamente igualitarias.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Marcet i Morera, manifestando que en la enmienda del Grupo
Popular hay incoherencia, falta de consonancia y un intento de
aprovechar esta ley para reformar otra ley recientemente
aprobada, lo que no viene a cuento.
Considera que se aprovecha la ocasión para intentar modificar el
párrafo c) del artículo 10.1 de la Ley, que incorpora al
ordenamiento jurídico español la directiva de la Comunidad
Económica Europea, pretendiendo siempre la utilización de las
televisiones como instrumento de publicidad electoral en una
visión muy a la americana y con un criterio totalmente opuesto al
mantenido por el Grupo Socialista, no por voluntad de limitar la
libertad en ningún sentido, sino de minorar los costes de las
campañas electorales. Solicita, por tanto, el rechazo por parte
de la Cámara de la enmienda del Grupo Popular.
Replica el señor De Grandes Pascual, duplicando el señor Marcet i
Morera.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y González de Txabarri
Miranda, del Grupo Vasco (PNV).
Replica el señor De Grandes Pascual, duplicando el señor González
de Txabarri Miranda.
Completa el turno de fijación de posiciones el señor Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo
del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de
ley de televisión local por ondas terrestres, es rechazada por 13
votos a favor, 293 en contra y cinco abstenciones.
Asimismo es rechazada la enmienda de totalidad de texto
alternativo formulada por el Grupo Popular al mismo proyecto de
ley por 127 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo
formulada por el Grupo Popular al proyecto de ley orgánica de
publicidad electoral en emisoras de televisión por ondas
terrestres, es rechazada por 128 votos a favor y 183 en contra.
Elección de un señor Diputado de los que tienen acceso a la
información sobre secretos oficiales, de conformidad con la
resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de junio de 1992
Se realiza la votación por llamamiento de los señores Diputados
y, verificado el escrutinio, que fue de 281 votos emitidos, 247 a
favor de don Luis Mardones Sevilla, siete a favor de don José
Carlos Mauricio, diez votos nulos y 17 en blanco, el señor
Vicepresidente (Beviá Pastor) dijo que, al haber obtenido más de
los tres quintos de los votos de los señores Diputados que
componen la Cámara, ha resultado elegido, a efectos de lo
dispuesto en la resolución de la Presidencia sobre secretos
oficiales de 2 de junio de 1992, el Diputado don Luis Mardones
Sevilla.
Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 9/1995, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS
RECIENTES INUNDACIONES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA (Número de
expediente 130/000033)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Convalidación o derogacion de Reales
Decretos-leyes. Real Decreto-ley 9/1995, de 8 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las recientes inundaciones en la provincia de
Guadalajara.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han
determinado la promulgación de este Real Decreto-ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señorías, efectivamente el Real Decreto-ley, como SS.
SS. conocen prefectamente, constituye una técnica normativa
excepcional que tiene su causa en motivos de extraordinaria y
urgente necesidad, tal y como lo define el artículo 86 de la
Constitución Española. Parece bastante evidente que la
utilización de la técnica legislativa del Real Decreto-ley está
particularmente justificada cuando se trata de reacciones ante
catástrofes naturales para actuar de un modo inmediato.
(Rumores.)
El pasado 9 de agosto, todos los sabemos...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ministro. Señorías, ruego
guarden silencio. (Pausa.)
Continúe.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
El pasado 9 de agosto, decía, como SS. SS. y todos sabemos, se
produjeron tormentas de gran intensidad que afectaron de manera
especialmente grave a la zona sureste de la provincia de
Guadalajara. Su efecto máximo, sin duda, fue la pérdida de vidas
humanas, nueve personas, extendiendo el luto sobre familias
enteras y hasta sobre pueblos enteros. Una vez más quiero
reiterar la condolencia del Gobierno y el pleno convencimiento de
que este tipo de medidas que se instrumentan nunca pueden cubrir
las pérdidas humanas y el dolor.
Las pérdidas materiales hasta el momento están evaluadas en 2.146
milones de pesetas y alcanzan a trece municipios de la provincia.
El Real Decreto-ley 9/1995 establece una serie de medidas,
señalando como fundamentales las siguientes. Las obras y
reparaciones de infraestructuras y servicios y la red viaria
serán subvencionadas al 50 por ciento, gestionándose el pago en
trámite de urgencia. Los días 10 y 11 de agosto --los siguientes
al siniestro-- se consideran inhábiles a efectos civiles,
notariales, registrales y administrativos. Los daños directos
sobre producciones agrarias aseguradas por pólizas de seguro
agrario combinado, serán indemnizadas con un crédito
extraordinario aun cuando los riesgos no estén incluidos en las
condiciones de las pólizas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación utilizará los procedimientos necesarios para la
aplicación de los beneficios previstos en la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario, adaptado a la siniestralidad específica.
Se concede una moratoria para los créditos hipotecarios y
pignoraticios así como para los créditos de toda clase, con
excepción de las deudas de bancos relacionados con la zona, que
tengan vencimiento entre el 10 de agosto y el 9 de noviembre.
En el ámbito impositivo se exime del pago de la cuota del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondiente a 1995.
Se reducen 165.000 pesetas de la cuota tributaria en la
adquisición de nuevos vehículos para restituir otros que hubieran
resultado siniestro total. Asimismo, la disminución de ingresos
de los ayuntamientos y diputación causada por aplicación del Real
Decreto-ley, será debidamente compensada por el Estado.
En el ámbito laboral, los expedientes de regulación de empleo que
tengan su origen en lluvias torrenciales tendrán consideración de
fuerza mayor.
En las suspensiones temporales de contratos, las prestaciones de
desempleo se extenderán a los trabajadores que carezcan de los
períodos de cotización, no computándose en ningún caso el período
disfrutado, a los efectos de consumir el período máximo de
percepción. Asimismo, se podrá solicitar una moratoria de un año,
sin interés, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
en los meses de agosto a octubre de 1995. Tambén se establece la
exención de cuotas para los trabajadores agrarios por cuenta
propia entre los meses de agosto y octubre de 1995.
El Instituto Nacional de Empleo realizará conciertos con las
distintas administracioines para la contratación de los
desempleados de la zona en las obras de reparación de los daños
causados.
Las sociedades cooperativas y las sociedades laborales podrán
realizar una moratoria en el pago de cantidades a devolver al
Fondo Nacional de Protección al Trabajo.
En la contratación pública, tendrán carácter de emergencia las
obras de reparación de infraestructura y equipamientos.
Por último, el Estado, mediante la Sección 31, concede un crédito
extraordinario, dotado inicialmente de 800 millones de pesetas,
ampliable en función de la cuantía final de los conceptos
previstos y autorizados en el Real Decreto-Ley.
Señorías, este Real Decreto-ley responde --al Gobierno le parece
evidente--, tanto por la materia como por su necesidad, a la
solidaridad que debe presidir las medidas que se adoptan ante
desgracias naturales y, sin duda, también responde a la
solidaridad que han manifestado SS. SS. y la Administración
autonómica de Castilla-La Mancha. En consecuencia, en nombre del
Gobierno, solicito de la Cámara que convalide el Real Decreto-ley
9/1995, por concurrir las condiciones requeridas por nuestra
Constitución.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Martínez.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo no pone en duda la urgencia, pero el año pasado ya señalé
algunos elementos que se deberían tener en cuenta como técnica
legislativa para este tipo de casos.
Quiero recordar a SS. SS. que el pasado año 1994 fue preciso
hacer dos decretos leyes, uno a finales de octubre, el número 11,
y otro a finales de noviembre, el número 12, porque hubo que
ampliar, ya que, evidentemente, la naturaleza no conoce de plazos
ni tampoco de geografía, y uno de los elementos que diferencian
este Real Decreto-ley y el primero de 1994 es que en el de 1994
no se hablaba de ninguna provincia. En ese sentido, quiero dejar
sentado que a nosotros nos parece que las lluvias torrenciales
del día 9 afectaron a más términos municipales, incluso de otras
comunidades autónomas, porque, insisto, la naturaleza no conoce
de la división geográfica del siglo XIX; afectó a algunos
municipios de Castilla y León en la provincia de Soria, y afectó
a algunos municipios de Aragón en la provincia de Zaragoza. Por
tanto, creo que hubiera sido preferente la técnica de 1994 de no
mencionar ninguna provincia, para permitir que, una vez evaluados
los daños, cosa que se está haciendo en las fechas siguientes al
mes de agosto, si hay términos municipales de otras provincias,
como nosotros creemos, se puedan incluir en el decreto del
Ministerio de Justicia e Interior.
La segunda cuestión técnica que se plantea, como ocurrió también
en 1994, es que después del 9 de agosto ha seguido habiendo
lluvias o granizadas. Recientemente ha habido granizada en
Valencia y lluvias en Cataluña, y yo no sé si el Gobierno tiene
intención de volver a elaborar todas las semanas o todas las
quincenas un real decreto-ley para las inundaciones para las
lluvias torrenciales o para las granizadas que se produzcan en
las siguientes semanas.
Ya expresamos el año pasado en esta tribuna que la técnica que a
nosotros nos parece que se debería utilizar es hacer una ley
marco, si se quiere cada año con la ley de acompañamiento, en la
que se establezcan las medidas fiscales --debe ser por ley ya que
existe una reserva de ley evidente en los temas fiscales de
exenciones o bonificaciones en los tributos-- y de todo tipo, y
después simplemente, con un decreto del Gobierno, a los
municipios que durante ese ejercicio hayan tenido catástrofes
naturales se les apliquen los beneficios. Pero esta técnica de
hacer un decreto-ley que exige la convalidación, etcétera,
creemos que es superfluo, que no es necesario en nuestro sistema.
Hágase una ley marco para lo que tenga reserva de ley, si se
quiere para un año por las condiciones presupuestarias, aunque
nosotros creemos que podría hacerse más abierto puesto que se
establece que los créditos presupuestarios son abiertos, son
ampliables, y por tanto no sería necesaria la anualidad, pero ésa
es una cuestión técnica que podría resolverse.
También dijimos el año pasado en esta tribuna y voy a volver a
repetirlo que además de lamentarnos todos los años por las
desgracias personales o por los inconvenientes surgidos en la
vida diaria al patrimonio de las personas por las lluvias
torrenciales o por las granizadas todos los años habría que
adoptar medidas. Yo creo que la actitud de pasividad, de esperar
todos los años a ver qué nos llueve hoy o qué nos llueve esta
semana no es suficiente, y hay dos líneas de actuación que
nosotros creemos que el Gobierno debe impulsar. En primer lugar
la reforestación. Está claro que después de períodos largos de
sequía, cuando vienen las lluvias esas lluvias no pueden ser
absorbidas por una tierra tremendamente seca, y todo ello porque
no se ha hecho una labor de reforestación, que no se trata de
árboles de gran plante sino la reforestación autóctona en cada
uno de los sitios; eso ayudaría a mitigar los efectos de las
lluvias cuando vienen, que a veces no es en cantidades excesivas
de litros, pero insisto que el efecto combinado con la sequía
durante largos períodos de tiempo hace que el agua discurra sin
ser absorbida por la tierra. La segunda medida que debería adptar
el Gobierno es limpiar los cauces, limpiarlos en su sentido más
amplio. En algunos de los casos a los que nos estamos refiriendo,
al igual que hemos analizado otros años, hemos visto que se han
hecho construcciones en rieras, en barrancos... Eso hay que
limpiarlo, porque no sólo se han hecho construcciones sino que
los barrancos o las rieras se encuentran en unas condiciones tan
lamentables que cuando llega el agua no pueden ejercer la función
que la naturaleza les ha dado de poder evacuar esas aguas. Por
tanto, yo creo que además de lamentarnos todos los años por los
efectos de la naturaleza el Gobierno debería tomar medidas
preventivas, e insisto que dos muy importantes son la
reforestación y la limpieza de los cauces de los ríos, sean secos
o no, de los barrancos y rieras.
En todo caso, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a
apoyar la convalidación de este Real Decreto-ley, y para poder
incluir en el mismo alguno de los elementos a los que me he
referido solicitamos su tramitación como proyecto de ley.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar
nuestra posición en relación con la convalidación del Real
Decreto-ley 9/1995, de 8 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes
para reparar los daños causados por las recientes inundaciones en
la provincia de Guadalajara.
Vaya por delante que nuestra posición es favorable a la
convalidación del Real Decreto-ley que nos ocupa. No podía ser de
otra manera pues las medidas que contiene constituyen un acto de
solidaridad con los afectados de distintas localidades,
fundamentalmente de Yebra y Almoguera en la provincia de
Guadalajara.
Tristemente, las medidas adoptadas en este Real Decreto-ley no
devolverán las diez vidas que se perdieron en la nefasta noche
del 9 de agosto, como tampoco devolverán en su integridad las
cosas a la forma en que estaban antes de la riada; pero no es
menos cierto que significan una ayuda estimable para paliar
tantas pérdidas humanas y materiales.
Señorías, lo ocurrido en Yebra y Almoguerra en la tarde-noche del
9 de agosto constituyó una catástrofe difícil de describir y el
diagnóstico de todas las autoridades políticas que concurrieron a
prestar ayuda moral y material a los damnificados fue unánime en
calificar de total y difícilmente reparable el siniestro
producido por la fuerza del agua, un agua que se llevó por
delante vidas, campos y, en muchos casos, hasta la esperanza de
que estos pueblos vuelvan a ser lo que eran antes. Ante tal
tragedia, es de justicia resaltar que todas las instituciones
tanto locales, provinciales, regionales, como la propia
Administración central, han tenido la sensibilidad debida para
que la expresión de solidaridad no quedara en esta ocasión en
palabras.
En este sentido, es importante y positivo que el Real Decreto-ley
contenga mecanismos de coordinación de las medidas adoptadas
desde la Administración central con las que no sólo pueden sino
que deben adoptarse para completar la eficacia de las que en este
Real Decreto-ley resultan incompletas.
Ya, desde este momento, es necesario afirmar que en la actual
situación no es posible pedir a los ayuntamientos ni a las
diputaciones, fundamentalmente a los ayuntamientos afectados, que
participen en alguna medida con sus propios recursos
presupuestarios. Resultaría estéril a la par que injusta la
media, por imposible cumplimiento, por lo cual hacer la previsión
en el artículo primero de una subvención del 50 por ciento, como
citaba el Ministro, como máxima aportación del Estado,
entendemos, señor Ministro, que resulta negativo, o cuando menos,
insuficiente por la previsión de inviabilidad.
Así las cosas, queremos afirmar que el contenido del Real
Decreto-ley está cargado, dicho sea en justicia, de muy buenas
intenciones, intenciones de las que no dudamos, y también, ¡por
qué no decirlo!, no está exento de rigor jurídico y de contenido
positivo. Pero también debemos decir que es insuficiente,
insuficiencia que la propia letra del texto legal contempla al
advertir que la cuantía de las medidas es ampliable; por tanto,
entendemos que el propio autor del decreto comprende que en sí
mismas esas medidas han de ser complementadas.
Esto es claramente detectable al examinar la cuantía del crédito
extraordinario dotado con 800 millones de pesetas, cuando lo
cierto es que el propio Gobierno Civil de Guadalajara ha evaluado
un montante de daños superior a los 2.000 millones de pesetas, y
ciertamente hoy el Ministro nos cuantificaba en 2.140 millones de
pesetas. El propio artículo 3.º remite el pago de la
indemnización al citado crédicto previsto en el artículo 8.º, lo
que quiere decir que si prácticamente todo el montante va
dirigido a este soporte del crédito inicialmente será
insuficiente.
En otro orden de cosas, aun comprendiendo la cautela de no
determinar en términos excluyentes el ámbito de aplicación de las
medidas de ayuda, puesto que desbordan los términos municipales
de Yebra y Almogruera, no es menos cierto que el dejar esta
determinación a la discrecionalidad, a la supuesta
discrecionalidad del Ministerio de Justicia e Interior, pudiera
provocar recelos innecesarios en las zonas fundamentalmente
afectadas, porque es cierto --creo que el Ministro lo ha citado--
que afecta a 13 localidades, pero no es menos cierto que la gran
tragedia de pérdidas de vidas y de daños materiales afecta
fundamentalmente a las localidades de Yebra y Almoguera, que no
se ven citadas en este Real Decreto, no por falta de sensibilidad
sino por rigor técnico, pero es de justicia decir que esta propia
norma trae causa de la tragedia producida en esas localidades.
Pudiéramos compartir en cierta forma las palabras del digno
representante de Izquierda Unida en orden a que pudiera existir
una previsión legal de más alcance que la urgencia de un real
decreto-ley, para que no siempre tengamos que estar acudiendo a
esto. Pero yo, en este caso, estoy de acuerdo con la técnica
utilizada por el Ministerio de Justicia, otra cosa hubiera sido
alterar las previsiones constitucionales.
Las razones de urgencia y de oportunidad en este caso están
absolutamente fundadas, y ello no está reñido con que en su día,
a la vista de que este clima cada día más mesetario de sequía
puede ser extendido a otras poblaciones españolas, pudiera
existir una norma-marcro a la que pudiera remitirse en cada caso.
Pero en este supuesto me parece que es de justicia que el
Gobierno haya actuado con urgencia, haya actuado por la vía del
real decreto-ley y haya actuado en relación con la provincia de
Guadalajara en un asunto muy concreto y que trasciende, por la
pérdida de vidas humanas, lo que normalmente siginifican las
pérdidas materiales de una riada.
Por lo que afecta a la moratoria prevista en el artículo 4.º, no
se entiende bien el que tras la afirmación en el punto número 2
de que se concederá moratoria a créditos de todas las clases
vencidos o que venzan en el período que va de 10 de agosto a 9 de
noviembre, se diga en el punto 3 que esta moratoria se no será
aplicable cuando el deudor sea un establecimiento bancario de
crédito. En este punto, aun entendiendo que desde el rigor
jurídico el Gobierno no se puede entrometer en los ámbitos de
entidades privadas, nosotros esperamos que existan fórmulas para
paliar lo que no
sería sino letra y papel mojado. La mayoría de los que tienen
créditos firmados son con entidades privadas. Por tanto, si esto
queda excluido, la realidad es que no van a poder afrontar los
pagos y es necesario adecuar medidas para paliar esas
dificultades.
En conclusión, señorías, no merece la pena cansarles más, no por
la importancia, sino por la brevedad y la certeza de que es una
norma que merece nuestro apoyo. Nuestro voto será inequívocamente
favorable a la convalidación del Real Decreto-ley por entender --
repito-- que es oportuno, necesario y que constituye una
expresión justa de solidaridad por una catástrofe que ha
producido desgracias y pérdidas de vidas humanas y materiales que
hay que paliar. No obstante, entendemos que para corregir
deficiencias técnicas, fruto de la urgencia, y para aportar
mejoras al contenido práctico de las medidas adoptadas, resultará
muy conveniente tramitar este Real Decreto-ley como proyecto de
ley, y así lo solicitaremos a la Cámara en el momento procesal
oportuno, anunciando ya desde este instante que ésa es nuestra
voluntad.
Señor Ministro, finalmente, como coordinador desde el Ministerio
de Justicia de todas las medidas adoptadas, de medidas que han de
venir y ya están concedidas tanto de la Unión Europea, como de
otras instancias, he de decirle algo que ya ha dicho aquí el
representante de Izquierda Unida y en lo que yo creo que es
adecuado insistir: con independencia de paliar las consecuencias
dañosas que han producido estas riadas, es necesario prevenir el
futuro. Lo cierto es que llueve sobre mojado. En algunas de estas
localidades, como en Almoguera, hace bien poco tenían un hito en
el que marcaban dónde había llegado la última riada, provocando
grandes pérdidas materiales. Lo cierto es que el hito ha sido
desbordado por las aguas. Y es que, a veces, los viejos ríos, los
viejos barrancos, sajan las viejas escrituras y vuelven, como en
la senda de los elefantes, por donde solían.
En ese aspecto, resulta muy positiva --y creo que el Ministerio
debe coadyuvar a insistir en ello-- la voluntad, ya anunciada, de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, en orden a que en la
localidad de Yebra pueda desviarse el barranco, lo que hoy sí es
posible hacer con los medios materiales y recursos técnicos que
existen, así como hacer en la localidad de Almoguera lo que se
llama técnicamente un «pantano vacío», para que no vuelvan a ser
insuficientes inversiones que en su día se efectuaron con
generosidad y que han resultado inútiles, no por la voluntad o
ineficacia de las medidas adoptadas, sino porque han sido
insuficientes.
Con esa voluntad, señorías, con la petición de que se tramite
como proyecto de ley, para que todos podamos aportar un acto de
solidaridad en la percepción de estas medidas que en sí mismas
son justas, votaremos favorablemente la convalidación de este
Real Decreto-ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ros Maorad.
El señor ROS MAORAD: Señor Presidente, señorías, quiero iniciar
mi intervención recordando las víctimas que hubo en la noche del
9 al 10 de agosto en la localidad de Yebra y manifestando, en
nombre de mi Grupo y en el mío propio, nuestro pésame y nuestra
solidaridad a sus familias. Y, al mismo tiempo, anunciar desde el
principio, en nombre de mi Grupo, el voto favorable a la
convalidación del Real Decreto 9/1995, de 8 de septiembre, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por las recientes inundaciones en la provincia de Guadalajara.
Este Real Decreto-ley que hoy el Gobierno trae a la Cámara para
su convalidación tiene su origen en la tormenta que la noche del
9 al 10 de agosto descargó sobre una parte de la provincia de
Guadalajara, especialmente sobre las localidades de Yebra y
Almoguera. Sus consecuencias, como SS. SS. tuvieron ocasión de
conocer por los medios de comunicación, fueron dramáticas: la
muerte de nueve personas en el pueblo de Yebra, a lo que hay que
añadir destrozos muy importantes en bienes, viviendas y cosechas,
que prueban muy a las claras la necesidad de este Real Decreto-
ley.
A esta situación, señorías, habría que añadir que el pueblo de
Almoguera sufrió sólo hace seis años otra riada, de la que estaba
recuperándose, cuando esta nueva inundación añade otro duro golpe
a la economía de muchas familias y, en menor medida, a otras
localidades como Albares, Escopete, Escariche, Mazuecos, Driebes,
Valdeconcha, Illana, Pozo de Almoguera, Fuentenovilla, Alcocer y
Mondéjar. Este Real Decreto-ley es, por tanto, la respuesta
solidaria del Gobierno como expresión de la solidaridad de toda
la sociedad española, solidaridad que, sin duda, va a animar a
los vecinos de Almoguera y Yebra, cuyo comportamiento fue
ejemplar, a seguir trabajando para sacar adelante a sus pueblos.
La respuesta fue rápida, tal y como hacía referencia el señor De
Grandes, y hoy en día la mayoría de los servicios e
infraestructuras están reparados o en vía de serlo. El Real
Decreto-ley que hoy trae a la Cámara el señor Ministro de
Justicia e Interior es un instrumento clave para conseguir, en el
plazo más breve posible de tiempo, que estos pueblos vuelvan a la
normalidad.
Quiero felicitar al Gobierno porque el Real Decreto-ley es, desde
el punto de vista legislativo, un buen documento, ordenado,
claro, preciso, que atiende minuciosamente a cada uno de los
supuestos que se han producido en la realidad y que, al mismo
tiempo, tiene la flexibilidad necesaria para no ser un documento
cerrado en todos sus extremos.
No voy a cansar a SS. SS. con la referencia minuciosa a cada uno
de los once artículos de este Real Decreto-ley. La intervención
del señor Ministro me libera de
tal esfuerzo y, además, en su exposición ha quedado perfectamente
claro qué objetivos y contenidos tiene este Real Decreto-ley.
Pero sí quiero resaltar los aspectos más positivos, lo que, a
juicio de mi Grupo, señor Presidente, hace que este Real Decreto-
ley sea un buen decreto que, como ya dije al principio de mi
intervención, tendrá nuestro voto favorable a su convalidación y
que, entre otros, tiene los siguientes aspectos: la aportación de
un 50 por ciento para obras de infraestructuras llevadas a cabo
por entidades locales; 800 millones de pesetas de un crédito --y
quería tranquilizar al señor De Grandes porque, como muy bien
sabe, es un crédito ampliable--; 500 millones del ICO, que van a
servir para que pequeños empresarios o comerciantes puedan
acceder a unos créditos que, en principio, van a tener un interés
aplazado a un año de un 7,5 por ciento (creo que estas medidas,
que sólo se refieren a la Administración central, pueden ser
completadas desde la Administrión autonómica para que sus
intereses sean todavía más bajos para los pequeños empresarios de
estas localidades); la propia disminución, en 165.000 pesetas,
del Impuesto de Circulación para los nuevos automóviles que se
adquieran; la disminución de las cargas tributarias; las
moratorias fiscales; los convenios que potencialmente pueda
llevar a cabo el INEM con las corporaciones locales; las propias
responsabilidades del seguro agrario más el propio consorcio de
seguros. Va a ser, a nuestro juicio, una batería de medidas que
va a producir al final que, aunque lo irremediable no podrá
subsanarse, como son las pérdidas de las vidas humanas, estos
pueblos queden lo más reparados posible en la integridad
económica, social y urbanística que tenían antes de las riadas de
la noche del día 9 de agosto.
Mi Grupo también es consciente, por otra parte señor Ministro, de
que el éxito de este Real Decreto-ley depende en gran parte de la
capacidad de coordinación entre todos los ministerios cuyas áreas
se han visto afectadas de una u otra manera, pero no solamente
entre los ministerios sino entre las distintas administraciones.
Yo podría tener un punto de desacuerdo con el señor De Grandes en
el sentido de que no entiendo qué justifica que la Diputación de
guadalajara no participe también con fondos de su presupuesto
para ayudar a resolver problemas de infraestructura producidos
por las tormentas en estos municipios.
Si a las ayudas contempladas en este Real Decreto-ley sumamos las
que la Junta de Comunidades está realizando, todas las cuales
están prácticamente en marcha o a punto de iniciarse, en
infraestructuras, en sanidad, en agricultura, en administraciones
públicas y en industria, debemos esperar que pronto Almoguera y
Yebra vuelvan a la normalidad. Hoy, con nuestro voto positivo,
señorías, no llevamos a estas tierras de Guadalajara sólo un
conjunto de ayudas; llevamos, sobre todo, la solidaridad y la
confianza en el futuro, anunciando también que por parte de
nuestro Grupo no vemos dificultad alguna para que este Real
Decreto-ley sea tramitado como ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
9/1995, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las recientes
inundaciones en la provincia de Guadalajara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 278; a favor, 277; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley, por el
procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 277.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto
de ley.
SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION CON
OBJETO DE AVERIGUAR SI LAS DISTINTAS INFORMACIONES QUE SE HAN IDO
SUCEDIENDO SOBRE PRACTICAS IRREGULARES EN EL CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL DE INTXAURRONDO (GUIPUZCOA) SON CIERTAS Y SI SU
RESPONSABLE MAXIMO DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS, ENRIQUE RODRIGUEZ
GALINDO, TOLERO Y DIRIGIO DICHAS PRACTICAS VINCULADAS CON LA
DESAPARICION DE JOSE ANTONIO LASA Y JOSE IGNACIO ZABALA, Y LAS
MUERTES DE MIKEL ZABALZA Y GURUTZE YANZI, MANEJO IRREGULAR DE
FONDOS RESERVADOS, ABUSOS Y TORTURAS EN LOS INTERROGATORIOS, ASI
COMO TODO LO RELACIONADO CON EL CONOCIDO INFORME NAVAJAS SOBRE LA
LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, FORMULADA POR LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, VASCO (PNV) Y MIXTO (Número de expediente 156/000019)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Solicitudes de
creación de comisiones de investigación. Solicitud de creación de
una comisión de investigación con objeto de averiguar si las
distintas informaciones que se han ido sucediendo sobre prácticas
irregulares en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo
(Guipúzcoa) son ciertas y si su responsable máximo durante los
últimos años, Enrique Rodríguez Galindo, toleró y dirigió dichas
prácticas vinculadas con la desaparición de José Antonio Lasa y
José Ignacio Zabala, y las muertes de Mikel Zabalza y Gurutze
Yanzi, manejo irregular de fondos reservados, abusos y torturas
en los interrogatorios, así como todo lo relacionado con el
conocido informe Navajas sobre la lucha contra el narcotráfico,
solicitud formulada por los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Vasco (PNV) y Mixto.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Aguilar. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, subo a esta
tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para plantear a esta Cámara lo
necesario, más diría yo lo imprescindible que resulta para el
sistama democrático constituir una comisión de investigación
sobre hechos y actuaciones sucedidos en el cuartel de la Guardia
Civil de Intxaurrondo, al frente del cual estaba quien ha sido
investido general en la clandestinidad y hoy se encuentra sin
destino, Rodríguez Galindo.
Señorías, la propuesta que mi Grupo Parlamentario presenta, junto
a otros grupos de esta Cámara, la planteamos desde la coherencia,
desde la fuerza y la legitimidad que nos da el haber dicho lo
mismo desde el principio, hace ya más de 10 años, en el tema
Intxaurrondo y en el tema GAL, cuestiones que, a nadie se escapa,
están íntimamente ligadas, íntimamente relacionadas.
Planteamos la propuesta desde una apuesta clara y contundente por
la ética, por la claridad, por la transparencia, en todos los
lugares y espacios de la estructura del Estado. La planteamos
desde quien actúa con total y absoluta responsabilidad,
demandando llegar hasta el final en algo que necesita
urgentemente ser aclarado. La planteamos desde quien hace una
apuesta decidida y comprometida por la paz en Euskadi y en el
resto del Estado, porque, señorías, la paz sólida y duradera no
puede surgir nunca de la sospecha, de la oscuridad, del
encubrimiento o de la complicidad. Planteamos esta propuesta
desde quien dice, por parte del Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de forma clara y
solemne, que todo no vale aunque sea por la patria; que por la
patria hay que actuar como corresponde hacerlo en un Estado
social, democrático y de derecho, que es justamente lo que no se
ha hecho.
Mi Grupo Parlamentario --y queremos dejar esto totalmente claro
en este Parlamento-- ni pretende ni quiere investigar al Cuerpo
de la Guardia Civil, ni tampoco a toda la Guardia Civil de
Intxaurrondo. Quien esgrime este argumento sabe que falta a la
verdad de forma consciente. El Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretende que se
investiguen hechos, actuaciones concretas y a un responsable
Rodríguez Galindo, que está bajo sospecha. Y no porque lo digamos
nosotros; es que existen informaciones, testimonios, denuncias
suficientes, todas y cada una de ellas importantes, para que el
Parlamento proceda a investigar.
Decía un parlamentario de esta Cámara, del Grupo Popular, que si
no constituíamos en su día la Comisión de Investigación Roldán
habríamos hecho un flaco favor a la opinión pública y, sin duda,
también al Parlamento. Pero decía en aquel momento que sobre todo
habríamos hecho un flaco favor a la sociedad que nos está
demandando respuestas de moralidad para todos estos casos.
También las demanda, exactamente igual, la sociedad ahora, pero
nos encontramos con que el Grupo Popular se desdice de todo lo
dicho y tiene dos varas de medir para casos de idéntica gravedad:
una para Roldán, militante del PSOE, y, otra, para Rodríguez
Galindo. No hay ni una sola razón política que pueda dar el Grupo
Popular para negar la necesidad objetiva para el sistema
democrático de la creación de esta comisión de investigación. Hay
indicios más que razonables que pesan sobre Intxaurrondo y
Rodríguez Galindo, pero el Partido Popular no apoya esta
iniciativa porque está utilizando un doble lenguaje.
Ustedes no quieren llegar hasta el final en el tema GAL. Lo
utilizan de forma electoralista, porque, si no, no impedirían
hoy, con sus votos, que se busque información del tema GAL y de
espeluznantes acontecimientos en los sótanos de Intxaurrondo, y
estarían dando con claridad y con contundencia su apoyo a esta
iniciativa. Ustedes, con su actitud, están pasando por alto la
demanda social que saben que en torno a este tema, a su
clarificación, hay en Euskadi, incluso la opinión favorable de
alguno o de muchos de sus militantes en el País Vasco. Habría que
preguntarles, porque es el momento de la clarificación, qué
esconden detrás de una negativa a una iniciativa como ésta, que
no cuestiona a la Guardia Civil, que no pretende investigar al
Cuerpo de la Guardia Civil, que pretende cortar las alas y quitar
cualquier pretexto a los violentos y que pretende fortalecer las
estructuras democráticas, el propio sistema democrático y dar
credibilidad institucional.
Tienen que responder, señores del Grupo Popular, a quién
protegen, qué quieren ocultar para que al hablar de este tema
incluso el Presidente del Grupo Popular manifieste que es el
Gobierno al que le corresponde investigar y corregir las
anomalías, cuando hasta la saciedad,
en esta Cámara y fuera de ella, han manifestado, por activa y por
pasiva, que este Gobierno es incompetente, es incapaz, es
ineficaz y perjudicial para España y, además, que es el
responsable político de la trama GAL. ¿Qué ha cambiado para que,
de pronto, desde los bancos de la derecha, del Grupo Popular,
encomienden al Gobierno, a ese Gobierno del que dicen todas y
cada una de esas cosas, tan importante tarea: nada más y nada
menos que investigar lo que ocurre en Intxaurrondo, y la nieguen
con sus votos al Poder Legislativo, al Parlamento, que es donde
reside la soberanía popular? Sencillamente se lo tengo que decir,
señores del Grupo Popular, su actitud es política y socialmente
incomprensible e inadmisible, pero la verdad es que hay que
decirlo claro: el Partido Popular no quiere investigar, no quiere
conocer lo que ha ocurrido en Intxaurrondo, no quiere tener que
demandar responsabilidades a quien estaba al frente del Cuartel
de la Guardia Civil de Intxaurrondo, Rodríguez Galindo.
Lo que está claro es que el Gobierno del PSOE ha tenido durante
varios años la oportunidad de investigar los hechos de que
hablamos, ha tenido la oportunidad de aclararlos y de actuar en
torno a ellos. Sin embargo, ha mirado hacia otro lado. No es
ético, señorías, esgrimir en estos momentos los logros de
Rodríguez Galindo en la lucha antiterrorista para justificar
actuaciones intolerables, denunciables y perseguibles. Al
terrorismo no se le combate desde el terrorismo de Estado, ni
violando las normas básicas en un Estado democrático y de
derecho. Y eso todas y todos lo sabemos.
El Gobierno y el PSOE tienen ante esta propuesta de comisión de
investigación de hechos extremadamente graves una actitud
continuista de oponerse a todo aquello que busque algo que un día
el propio PSOE demandó, pero que pronto olvidó, y además actuó en
dirección contraria. Hablaba el PSOE en su momento de la
necesidad de la revolución de la honestidad a todos los niveles y
en todos los campos, pero esto ya lo han olvidado; demasido
pronto han olvidado lo que planteaban en otros momentos, en otros
tiempos.
El Gobierno no quiere investigar, el PSOE no quiere investigar. Y
es que Intxaurrondo y GAL se dan la mano. Es posible que en esta
comisión de investigación pudieran dejarse al descubierto
responsabilidades políticas del propio Gobierno. Y, claro está,
ante ello quieren seguir ocultando, quieren seguir tapando. Para
ello, lamentablemente, han encontrado un socio: el Grupo Popular,
que va a unir a ustedes sus votos. Al menos, en favor del Grupo
Socialista hay que decir que mantiene el discurso habitual al que
ya nos tienen acostumbrados de no querer investigar, de no querer
llegar hasta el final, de no querer que se sepa relamente la
verdad en torno a hechos, insisto, extremadamente graves y
extremadamente importantes.
El Grupo del PSOE viene manteniendo una actitud a lo largo de los
tiempos en relación a las comisiones de investigación sobre
escándalos importantes de que cuanto menos se sepa, mejor, de que
no lo conozcan los ciudadanos, y así, lógicamente, no podrán
quedar nunca al descubierto actuaciones del propio Gobierno,
aunque con preocupación, con estupor, y con sonrojo hay que decir
hoy que incluso algunos dirigentes del PSOE se atreven ya a decir
un poco más, y vemos cómo dirigentes del Grupo Parlamentario
Socialista sólo presentan los logros de Rodríguez Galindo en la
lucha contra el terrorismo y quieren omitir, olvidar, obviar
cualquier hecho, por posible y verosímil que sea, que a Galindo
se le pueda imputar o que se haya realizado bajo su
responsabilidad. Hay una obsesión por arropar a Galindo, acaso
quizá porque sabe demasiado, pero el momento no es el de seguir
arropando a los que saben, sino de investigar, aclarar y llegar
hasta el final en hechos extremadamente graves, que afectan
directamente al propio sistema democrático; ¿o no les parece a
SS. SS. suficiente para la creación de una comisión de
investigación...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, vaya
concluyendo.
La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía a SS. SS. que si no les parece suficiente para la creación
de la comisión de investigación que hoy proponemos que haya
hechos, que haya denuncias, que haya testimonios, que haya un
informe del Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de San
Sebastián, que se ha perdido a lo largo de los tiempos en la
Fiscalía General del Estado, que haya petición del Fiscal de la
Guardia Civil, que haya denuncias sobre la trama verde de los GAL
que se instala directamente en Intxaurrondo, que haya temas por
medio de narcotráfico, dorga y contrabando, y que haya personas
torturadas y asesinadas. ¿No es eso suficiente y bastante como
para que este Parlamento respondiera con contundencia, y por
unanimidad se pudiera aprobar la constitución de una comisión de
investigación que, de verdad, aclarara todos esos hechos? ¿No es
cierto y verdad que si esa comisión de investigación se
constituyera, estaríamos fortaleciendo el papel del Poder
Legislativo de este Parlamento y el propio sistema democrático
con las conclusiones a las que pudiéramos llegar? ¿No es cierto y
verdad que podríamos colaborar de manera decidida con la justicia
desde el propio Parlamento si esta comisión de investigación se
constituyera? Todo esto ustedes lo están impidiendo
permanentemente.
Lo que estamos proponiendo es, pues, que conocida toda la
información que al respecto ha salido, simplemente actúe el
Parlamento, que no emule al Gobierno, que no cierre los ojos y
sea cómplice de una situación oscura bajo sospecha, sino que el
Parlamento, a diferencia de lo que ha venido haciendo en este
tema el Gobierno, investigue, aclare, dé fuerzas y credibilidad a
nuestras instituciones democráticas, y lo que es más, respuesta
clara al conjunto de la ciudadanía que la demanda. Hay que llegar
hasta sus últimas consecuencias
y hay que conocer cuanto ha ocurrido, porque hay una cuestión, y
es que después de las propias declaraciones de Rodríguez Galindo
diciendo que todo se ha hecho por la patria, a la ciudadanía...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, termine,
por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
...a la ciudadanía no le cabe la menor duda de que desde
Intxaurrondo y por parte de Rodríguez Galindo se apostó y se ha
venido practicando el «todo vale», porque en estos momentos hay
que hacer referencia a un escritor, por otra parte, de mi tierra,
andaluz, Antonio Gala, que dice que llevar hasta las últimas
consecuencias el «todo por la patria» es haber ido demasiado
lejos. La patria no ha sido consultada. Su todo es la justicia,
la dignidad y el respeto a sus hombres. Sin eso, no hay patria
que valga. Hacer patria, señorías, desde la izquierda, es
investigar; es introducir la ética en todas las estructuras del
Estado; es preservar los derechos de las ciudadanas y de los
ciudadanos; es actuar dentro de la Constitución; es no comprar
silencios, es saber que hay valores que no se pueden, de ninguna
de las maneras, porque no hay excusa que valga, perder; es no
ocultar; es no tapar, no establecer complicidad con quienes
tienen cuentas pendientes con la democracia; es adentrarse, de
una vez por todas en las cloacas, y eso justamente es lo que
ustedes no quieren hacer. El Partido Popular y el PSOE, con sus
votos, van a impedir que se llegue hasta el final en un tema que
ha de resolver y que lo debe de resolver ineludiblemente el
sistema democrático, sobre hechos tan graves como los que han
sucedido en el Cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Están
todavía a tiempo de rectificar y hacer un servicio a la
ciudadanía y al propio sistema democrático y una apuesta decidida
por la paz en Euskadi y en el resto del Estado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, el
pasado lunes, en un acto al que no tuvieron acceso los medios de
comunicación, el Coronel Enrique Rodríguez Galindo recibió el
fajín de General de la mano del Ministro de Justicia e Interior.
El General en su discurso dijo algo tan equívoco como que en su
lucha había llevado hasta sus últimas consecuencias la consigna
del «todo por la patria».
Las informaciones aparecidas sobre Lasa y Zabala, Mikel Zabalza,
Lucía Origoitia, la lucha contra el narcotráfico, enriquecimiento
con métodos ilegales, las primas por comando, siempre acaban en
este cuartel y en este General. Es sintomático que haya habido
sentencias por torturas a seis miembros de ese cuartel,
indultados posteriormente por el Gobierno, y que se encuentran en
la nómina de pensionistas del Ministerio de Defensa. Es curioso
que el conocido como informe Navajas aparezca y desaparezca, pero
no se haya actuado de oficio con lo que allí se decía, ni se haya
investigado. Es sospechoso que nunca el General Rodríguez Galindo
haya sido llamado a declarar como imputado, a pesar de las
condenas a sus hombres por torturas y delitos comunes.
Lógicamente, cualquier ciudadano que viva en una democracia sana
y estable, sin tutelas militares se preguntaría el porqué, ante
tanta información que ha ido apareciendo, no hayan actuado jueces
y fiscales; por qué en lugar de investigar a este nuevo General
se le ensalza; por qué, al parecer, en la lucha contra ETA valía
todo; por qué el Gobierno no ha ofrecido una información
satisfactoria a noticias tan inquietantes como que Intxaurrondo
era el centro operativo de los GAL, el lugar en el que para
obtener información se practicaban torturas, la Comandancia desde
donde se luchaba contra el terrorismo utilizando a veces los
mismos procedimientos que utilizaba ETA: secuestro, asesinato,
torturas, extorsión, implantación del miedo.
Nosotros hemos venido denunciando, caso a caso, estos hechos y
hemos pedido su esclarecimiento porque ese criterio de eficacia,
de obtención de información a cualquier precio, despreciando el
respeto mínimo a cualquier derecho humano, además de ilegal es
inmoral. De ahí que, ante la dificultad de llegar a la
clarificación de estos hechos, tres grupos parlamentarios
solicitemos la creación de una comisión de investigación,
teniendo en cuenta los precedentes de los casos Rubio y Roldán,
apoyadas, en aquella oportunidad, por todos los grupos
parlamentarios. A esto se le añade la declaración política sobre
el caso GAL aprobada por el Partido Socialista en el Parlamento
navarro, y puesta como condición por Izquierda Unida para apoyar
al hoy Presidente Otano, que solicitara al Congreso de los
Diputados se reabran los mecanismos de investigación oportunos
para exigir las responsabilidades políticas pertinentes; o el
mismo acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián, donde el Alcalde
Elorza y sus concejales colocaron bajo sospecha al Cuartel de
Intxaurrondo.
Como se ve, no es una campaña del PNV contra la Guardia Civil
sino acuerdos institucionales de gentes que tienen cerca el
problema, lo conocen, y tienen un mínimo de sensibilidad
democrática; porque democracia, fundamentalmente, es separación
de poderes y capacidad de control a ese poder.
Desgraciadamente, el Partido Socialista, al llegar al Gobierno en
1982, no depuró de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
todas las tramas antidemocráticas, no educó a quienes, con la Ley
en la mano, debían combatir el delito, sino que dio cobertura a
una mentalidad donde, al parecer, no había ninguna regla de juego
que respetar, y no me refiero a todo el Cuerpo
de la Guardia Civil sino a algunos de sus miembros. Y por esa
incapacidad de control del propio Partido Socialista hacia gentes
de su propio Gobierno, porque los casos eran secretos, estaba de
por medio la llamada razón de Estado y lo que se combatía era el
terrorismo vasco, no cuestionó nada de aquella guerra sucia. Todo
valía y, al parecer, todas la críticas eran una campaña de
mentiras como, al parecer, también en esta oportunidad lo son.
Señores del Partido Socialista, están ustedes a tiempo de lavar
para la historia de su organización estos años de hierro, donde
una combinación de irresponsabilidad y frivolidad, ante una
mayoría absoluta que, al parecer, lo permitía todo, un mal
análisis del problema vasco, una peor ejecución de sus políticas,
una mentalidad donde, al parecer, el «Todo por la Patria», con
todas sus consecuencias no tenía ningún tipo de cortapisa moral,
han desembocado para el propio Partido en una situación caótica,
donde el último escándalo de Mario Conde no es más que la
confirmación de una ruptura de las reglas de juego de un sistema
democrático, siempre con el caso vasco como telón de fondo de
todas las crisis que está viviendo el Gobierno y habiendo
agravado el problema de una ETA que, a pesar del GAL y de
Intxaurrondo, sigue existiendo, desgraciadamente.
El Partido Socialista es un partido centenario que creemos que
tiene que hacer un gesto moral de cara a una ciudadanía que no
entiende cómo, con un argumento tan peregrino como que se está en
una conspiración contra la Guardia Civil, se hurta una
investigación ante el cúmulo de evidencias que se han publicado y
se conocen: desde el manejo irregular de fondos reservados hasta
el enriquecimiento de mandos de la Guardia Civil, mientras muchos
números eran asesinados y otros cobraban a tanto por comando
detenido, en un dudoso patriotismo de bolsillo, muy típico de una
picaresca que sería vergonzosa si no fuera tan trágica. O la
Guardia Civil es muy débil y cualquier iniciativa de un pequeño
grupo nacionalista la puede desestabilizar o ustedes no se dan
cuenta de que el mayor servicio que le pueden hacer a la propia
Guardia Civil es depurar todas las responsabilidades sobre los
excesos de algunos de sus miembros; de lo contrario, esta mancha
le va a quitar autoridad moral para ejercer su función, porque
¿qué autoridad puede tener un cuerpo de seguirdad debilitado por
la sopecha?
Y en relación al Partido Popular, que curiosamente en este caso
se pone de acuerdo con un Partido Socialista con el que está en
desacuerdo en todo, se invoca la misma argumentación: el PNV está
en una campaña contra la Guardia Civil. Eso es desviar la
atención.
La presencia de la Guardia Civil está regulada en la
Constitución, en el Estatuto vasco de Guernica, y los acuerdos
policiales de presencia se llevan a cabo a través de la Junta de
Seguridad del País Vasco. No sabemos a qué viene esa pobre
argumentación que pretende hacer un juicio de intenciones que
trata de invalidar políticamente nuestra argumentación por ser
nada menos que un partido nacionalista, con todo lo que eso
significa desde el punto de vista democrático y que, además, no
obedece a la realidad, sobre todo porque el Partido Popular apoyó
con entusiasmo la creación de la comisión para investigar al ex
Director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y porque presentó,
tras del debate sobre el estado de la Nación, una propuesta de
resolución, que nosotros apoyamos, para crear una comisión de
investigación del caso GAL. Si se hubiera creado esa comisión
propuesta por el Partido Popular, habría que haber creado,
lógicamente, una investigación sobre Intxaurrondo, una
investigación que siete meses después se nos niega por el mismo
Partido. Es preciso recordar que nuestra iniciativa está
presentada por tres grupos parlamentarios y que si nosotros somos
sospechosos de algo háganle ustedes caso a gentes que para
ustedes no infunden sospechas, a no ser que esa argumentación del
«Todo por la Patria» con todas las consecuencias les lleve a
decir que se trata de una conjura rojo-separatista contra la
Guardia Civil.
Finalizo, señor Presidente. Flaco servicio están ustedes haciendo
a este Cuerpo dejando las cosas de esta manera, y flaco servicio
están haciendo a la lucha contra el terrorismo si avalan y
ensalzan un tipo de actuación que puede demostrarse con el tiempo
como irregular. No querer investigar significa fundamentalmente
miedo, miedo a lo que pueda salir en esa investigación, miedo a
demostrar que la lucha contra ETA ha tenido los mismos
ingredientes que los que utiliza ETA, miedo a que se demuestre
que como consecuencia de que aquí no hubo una ruptura democrática
en 1975, la reforma política nos ha abocado a una situación en la
que esta democracia tiene miedo a la verdad, tiene tabúes, tiene
presiones y no es capaz de mantener la talla moral y el discurso
ético. He aquí a lo que nos ha llevado esa miseria de confundir
razón de Estado con el hecho de que el fin justifique cualquier
tipo de medio, mientras un partido con un limpio historial
democrático como el Partido socialista se ve obligado a avalar
conductas irregulares de gentes que, a la hora de la verdad,
renegarán del Partido Socialista y nunca le agradecerán la
defensa tan numantina que hace de la causa perdida de proteger a
ciertos dudosos personajes. Todo un Gobierno y todo un Partido
con esta losa por no tener el reflejo democrático de depurar
aquellas responsabilidades que un Estado de Derecho no puede
tolerar. Porque, a pesar de que se trate de una lucha contra el
terrorismo, hay que volver a repetir que en esa lucha no vale
todo, aunque sea duro reconocerlo, porque quien es capaz de
asesinar a una persona fríamente, es capaz de matar a todo el
género humano en esa loca defensa del «Todo por la Patria» con
todas las consecuencias. Sin ética no puede haber democracia.
Finalmente, hemos de decir que una democracia sana, solvente,
madura y seria no puede ensalzar secretamente a un personaje como
Rodríguez Galindo. Si esa
es la imagen de autoridad y orden, nadie se extrañe de que en
Euskadi esa imagen abrumada por el cúmulo de informaciones y
evidencias de todo tipo deslegitime la acción de un cuerpo que es
incapaz de depurar sus excesos en un Estado de Derecho, sino que
le promueve, le glorifica con un discurso absolutamente
abominable. No se normaliza y pacifica a un país abriendo heridas
y demostrando que hay zonas de sombra y de impunidad que no se
pueden investigar con el débil argumento formal de que señalar un
delito o un presunto delincuente es tratar de cuestionar a todo
un Cuerpo. No se puede señalar el sol con un dedo y quedarse
mirando al dedo.
Por eso hemos solicitado la creación de una comisión de
investigación para que, de manera ordenada y racional, todas
aquellas acusaciones puedan formularse adecuadamente, y si se
impide la misma, y parece que va a ser así, y la Justicia no
actúa, preguntaremos cuáles son los cauces en un Estado de
Derecho para combatir este tipo de delito, y será paradójico que
lo que ustedes se negarán a investigar hoy salga mañana publicado
en presa y pasado mañana esté en los juzgados, demostrando
tristemente que la capacidad de control del Parlamento es nula,
porque el Partido Socialista y el Partido Popular a veces
confunden la razón de Estado con la impunidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Anasagasti.
La señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Una empieza a tener la sensación de que esta Cámara se ha
convertido en una permanente repetición de sí misma, que hay
debates, como el que hoy iniciamos, que son la reiteración de lo
mismo: sospechas de graves irregularidades, demanda de
investigación y responsabilidades políticas, si las hubiera, y
vuelta al carpetazo por la vía del bloqueo. Hoy, casi con
seguridad si no cambian las intenciones, no se va a permitir que
esta Cámara investigue el que ha podido ser el Cuartel más
nefasto de la democracia, una especie de Estado dentro del Estado
donde las reglas de juego democráticas han podido ser
reiteradamente vulneradas y donde planea incluso la sospecha de
la muerte.
Intxaurrondo, esa palabra negra que aún estremece a la mayoría de
los ciudadanos vascos --y no estoy hablando, señorías de los
terroristas sino de los ciudadanos demócratas--, puede haber
sido, juntamente con los GAL e incluso en clara vinculación con
ellos, la mayor vergüenza desde que recuperamos el Estado de
Derecho. Más de 300 denuncias; todo tipo de graves sospechas; un
informe judicial que hablaba incluso de narcotráfico y que fue
perdido, recuperado y vuelto a perder; unas muertes no aclaradas;
un caudal de dinero público en forma de fondos reservados, quizás
incontrolados, y un coronel, señor Rodríguez Galindo, que ha sido
precipitadamente ascendido a general en una ceremonia casi
clandestina que tiene más visos de huida hacia adelante que de
ascenso. A todo ello, se une los bloqueos, las dificultades para
saber, para esclarecer si en ese Cuartel el «Todo por la Patria»
fue interpretado reiteradamente por el «todo vale», incluso
aquello que nunca puede valer en democracia.
¿Ha sido Rodríguez Galindo un protagonista a la española de esa
excelente película americana «Algunos hombres buenos», donde
también se utilizaban grandes retóricas patrióticas, barrocas
dialécticas grandilocuentes para justificar el puro abuso, la
pura actitud antidemocrática, el puro sentido totalitario? ¿Ha
sido Rodríguez Galindo una nueva encarnación de un salvador de la
patria más, de esos que creen que la hoja de servicios pasa
también por las cloacas?
La sospecha planea con gravedad, planea en parte de la sociedad,
en la mayoría de los partidos políticos vascos, en los sumarios
judiciales y probablemente en la conciencia de todos los que
consideramos que el sentido democrático es un sentido de
compromiso radical. Pero probablemente no podrá ser investigando
porque en la defensa de la opacidad y en el bloqueo de la
investigación se han unido dos fuerzas políticas, el Partido
Popular y el Partido Socialista.
¿Es sorprendente esta inusitada unión, esta complicidad
excepcional entre los dos adversarios naturales? No nos lo parece
en ningún caso. En el Partido Popular, al actitud no nos
sorprende porque nunca ha tenido vocación clara, radical,
comprometida, de investigar los GAL, porque en sus filas incluso
ha habido teóricos, en el pasado claramente defensores de la
guerra sucia. En todo caso, algún reciente entusista del Partido
Popular, el inefable «Dambo», está ahí con sus apolgías públicas
del terrorismo.
Del Partido Socialista, después de dos años y medio de bloquear
todas las investigaciones que han podido y de protagonizar la
etapa polícita más inestable de los últimos años, nada sorprende
ya. El PSOE ha dejado en algún lugar de la memoria sus escrúpulos
morales. La foto no publicitada de un antiguo Juez democrático
poniendo el fajín de general a un hombre señalado por todos los
dedos y que, sin perturbarse, dice en la ceremonia que han
llevado el «Todo por la Patria» hasta las últimas consecuencias -
-¡qué miedo da una frase como ésta!-- es la foto de una época.
Ustedes han sido derrotados por ustedes mismos, han sido vencidos
por sus propias miserias, le han puesto fajín de general, a
través de roldanes, fondos reservados, gales, lasas y zabalas,
galindos e intxaurrondos, a la suciedad, a la cloaca. La foto no
publicitada de Belloch imponiendo a Rodríguez Galindo el fajín de
general perseguirá siempre su imagen de demócrata.
Ustedes, señorías del Partido Popular y del Partido Socialista,
van a hurtarnos una comisión de investigación fundamental. Con
este hurto, hurtan credibilidad
a este Parlamento, hurtan credibilidad a la democracia y hurtan
moralidad a la práctica política. Sobran los motivos, los
indicios, la gravedad de las informaciones, sobran los
argumentos, pero ustedes han decidido avalar al ascendido
general, avalar las sospechas y avalar por tanto una etapa negra.
Señorías del Partido Popular, no nos sorprende que en temas de
terrorismo de Estado sean ustedes ambiguos, eso no nos preocupa.
Señorías del Partido Socialista, después de todo lo
protagonizado, no nos sorprende que hagan ustedes de Partido
Popular, y que en determinadas zonas oscuras ustedes dos se
parezcan tanto, demasiado. Nos hurtan la Comisión, nos la hurtan
a los partidos que la hemos pedido, la están hurtando a la
democracia, y ésa es la vergüenza, ésa es la irresponsabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano. (El
señor Albistur Marín pide la palabra.)
Señor Albistur, ¿con qué motivo solicita la palabra? (El señor
Albistur Marín se dirige a la tribuna de oradores, dialogando con
el señor Vicepresidente.--Rumores y protestas.)
Señor Aguiriano, tiene la palabra para turno en contra.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Presidente, tres grupos
parlamentarios someten a discusión de la Cámara la constitución
de una comisión de investigación sobre el Cuartel que la Guardia
Civil tiene en Intxaurrondo. No hay una acusación concreta contra
el Mando o contra determinados agentes. Es una acusación contra
toda la Agrupación.
Se pretende que durante un número indeterminado de meses, esté
puesta en la picota toda la Guardia Civil, en un juicio político
sumarísimo, sin un tribunal y sin una defensa en condiciones; es
decir, un juicio sin ninguna de las garantías procesales
mínimamente exigibles, en un país que, por desgracia, está
acostumbrado a la impunidad de testigos falsos; a la compraventa
de dossieres, sean verdaderos o no; a intentos de chantaje por
personas acusadas de graves delitos contra el Gobierno elegido
democráticamente; en un país en el que, como dijo el señor
Arzallus, lo importante no es la condena en un juicio, sino que
lo grave es aparecer como inclulpado en los medios de
comunicación. En estas condiciones, el Grupo Socialista votará en
contra por responsabilidad.
No conozco ningun Gobierno en el mundo que permita la destrucción
moral de una de sus más eficaces Fuerzas de Seguridad; no conozco
ningún Parlamento del mundo que apruebe una comisión de
investigación como la que aquí se somete a votación; por fin, no
sé de ningún grupo parlamentario del mundo que presente, por
responsabilidad, petición semejante. Por todo ello, el Grupo
Socialista votará en contra.
De lo que aquí se ha dicho, de todas las acusaciones planteadas,
no hay más que un camino: el juez. Pero, en cualquier caso, no
será acusado todo el Acuartelamiento, sino personas concretas, si
hay pruebas.
De 1980 a 1995, se han detenido por la Guardia Civil de
Intxaurrondo 70 comandos de ETA, con 337 activistas. De todos es
conocido que, por orden de la organización terrorista, todos han
declarado haber sido torturados. Supongamos que los jueces no han
abierto diligencias por cada una de estas 337 declaraciones, sino
que se han limitado a una sola diligencia por comando, y esto
quiere decir que ha habido, como mínimo, 70 investigaciones
judiciales sobre Intxaurrondo. La comisión de investigación que
SS. SS. solicitan sería la número 71. No digan ustedes que no se
quiere investigar, que no hay investigación sobre Intxaurrondo:
por lo menos ha habido 70. De todas estas investigaciones, de
estas 70 investigaciones judiciales, se deduce que 15 guardias
civiles han sido condenados en firme, lo que da una media de
menos de un año. La pena máxima a que ha sido condenado un
guardia civil ha sido a la de cuatro meses de arresto.
Es cierto, por tanto, que en Intxaurrondo se han cometido
irregularidades, pero ha sido la propia Guardia Civil la que ha
colaborado eficazmente con las autoridades judiciales para
esclarecer los hechos, y ha tomado las medidas oportunas para
separar del Cuerpo a los condenados por estas prácticas
delictivas. Entre los quince condenados los hay por delitos
comunes y estos delincuentes comunes, que han sido ya separados
del Cuerpo, son los principales acusadores de Intxaurrondo y,
como es habitual, ustedes y muchos otros, les dan más
credibilidad que al resto de la Guardia Civil. Pero Intxaurrondo
puede responder con hechos a todas las acusaciones y los hechos
son, no solamente los comandos que antes hemos comentado que han
sido detenidos, sino que en estas mismas fechas 43 guardias
civiles han dado su vida en defensa del orden constitucional y 82
han resultado heridos. Un precio excesivo --una media de tres
muertos por año--, que no puede ser mancillado sin pruebas. Algún
día --y lo hemos dicha más de una vez-- el pueblo vasco
reconocerá el esfuerzo y el trabajo realizado por la Guardia
Civil en el País Vasco.
Yo sé que hay periodistas que mezclan opinión e información y sé
que hay periódicos que manipulan la información. Me preocupa que
ustedes se hagan eco de esas manipulaciones o que ustedes mismos
intenten manipularlas. Cuando el General Rodríguez Galindo dijo:
«Todo por la Patria», se refiere al esfuerzo de la Guardia Civil
y al sacrificio, se refiere a los 43 muertos. Eso es «Todo por la
Patria», dar la vida por la Patria. No manipulen ustedes las
palabras del General Galindo.
La declaraciones de testigos nos merecen respeto, mientras no se
demuestre lo contrario. Todavía no hace
mucho tiempo apareció una testigo en una rueda de prensa
multitudinaria que decía ser la novia de un Guardia Civil ya
fallecido y que hizo gravísimas acusaciones contra el Cuartel de
Intxaurrondo. Todo era absolutamente falso. ¿Qué intereses
perseguía? ¿A quién beneficiaba su falsedad? En este caso
pudieron ocurrir dos cosas. O el que urdió la trama --seguro que
con abundancia de dinero-- necesitaba un primo y lo encontró, y
nuestros ilustres compañeros de Izquierda Unida fueron engañados
o bien estos compañeros nos quisieron engañar. Ustedes --
engañadores o engañados-- no son de fiar en este caso. (Aplausos
en los bancos del Grupo Socialista.--Rumores.)
En este país circula mucho dinero, demasiado dinero comprando y
creando testigos, elaborando dossieres, creando escándalos muchas
veces falsos. Todo sirve para destruir al Gobierno. Y aunque a
veces el objeto directo de la difamación no sea directamente el
Gobierno, siempre habrá alguien que pedirá responsabilidades
políticas. La acusación contra Intxaurrondo no es gratuita.
Supone la liquidación del baluarte más importante de la lucha
antiterrorista, por eso fue HB la primera que arremetió contra el
Cuartel. Continuó un Diputado del Grupo Mixto, pero entonces las
acusaciones eran muy diferentes a las de ahora, también sin
pruebas. Se ha llegado, incluso, a acusar al responsable francés
de la lucha contra ETA. Hay que añadir para terminar el cuadro,
las acusaciones contra José Barrionuevo y Rafael Vera,
acusaciones realizadas por delincuentes reconocidos que son
puestos en libertad a medida que van acusando a sus superiores.
(Muy bien.)
Creo que la dedicación, el esfuerzo y la horadez con que han
realizado su trabajo los señores Barrionuevo y Vera merecen un
reconocimiento de la sociedad española y no las falsas
acusaciones que algunos delincuentes lanzan para salvarse. El
gran beneficiario de este clima es ETA. Todo el que viva en el
País Vasco comprueba, día a día, que la agresividad de estos
nuevos jóvenes fascistas de Jarrai es mayor que nunca. El clima
de violencia callejera actual sólo es equiparable al de los años
setenta. Hemos retrocedido veinte años. Iniciativas como ésta
pueden tener parte de culpa. (Muy bien.--Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.)
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguiriano.
Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Aguilar.
(Denegaciones.)
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Aguiriano, ha terminado su intervención diciendo que el
mayor beneficiario de todo esto es ETA. Indudablemente, tiene
razón S. S. Tiene razón, fundamentalmente, porque se le están
dando argumentos mil para seguir con su loca teoría de que aquí
no hay posibilidad de curar cualquier tipo de exceso y que los
cauces democráticos están absolutamente cegados.
Fíjese usted, con toda la información que ha ido apareciendo
continuamente en los medios de comunicación --información en
relación con la cual los interesados dicen que se van a querellar
contra ese medio de comunicación-- nunca se querella nadie y el
Fiscal General del Estado, así como está ocurriendo estos días
con el asunto de Mario Conde, al parecer está ausente de todo.
Estamos en una democracia con sombras --y eso lo tenemos que
decir enfáticamente-- si no se investiga lo que ha ocurrido en
estos años en Intxaurrondo, y, volvemos a insistir que nosotros
no estamos en ninguna campaña contra la Guardia Civil, sino a
favor de que se depuren las responsabilidades frente a los
excesos que se han cometido.
Usted, señor Aguiriano, ha alabado la eficacia de la actuación de
la Guardia Civil de Intxaurrondo en la detención de 70 comandos.
Nosotros, ante eso, no tenemos nada que decir más que,
simplemente, señalar que en algunas oportunidades, por ejemplo,
en esos seis casos de guardias civiles que han sido condenados
por torturas, la información para la detención de esos comandos
se ha conseguido de forma irregular, y la lucha contra el
terrorismo se tiene que hacer con la Ley en la mano, no se puede
hacer, bajo ningún concepto, atropellando la Ley y pensando que
aquí no puede haber ningún tipo de reglas de juego.
Usted, señor Aguiriano, ha dicho que queremos poner en la picota
a la Guardia Civil. La Guardia Civil en Euskadi tiene su papel,
asignado por la Constitución, por la Junta de Seguridad, y está
contemplado en el propio Estatuto de Autonomía de Guernica. Y,
vuelvo a insistir, qué débil tiene que ser ese Cuerpo si en un
momento determinado un partido político, por señalar excesos,
está en una campaña contra la Guardia Civil.
Termino diciendo que lo que ocurrió este lunes nos pareció un
absoluto despropósito. Si estaban tan seguros de que el hoy
General Rodríguez Galindo es un héroe de la patria, ¿por qué esa
ceremonia se hizo de forma secreta? ¿Por qué se está ensalzando
de esa manera en este momento a un personaje que está bajo
sospecha?
Efectivamente, ha habido 43 guardias civiles muertos y nosotros,
ante eso, lo único que tenemos que tener es un gran respeto, pero
también tenemos que decir que el GAL existió y que hubo 26
muertos. Aquí no se trata de poner en una balanza muertos buenos
y muertos malos, sino simplemente de que se aplique la Ley y se
depuren las responsabilidades si ha habido cualquier tipo de
exceso. Nos parece muy triste que el Partido Socialista, que es
un partido de una limpia trayectoria democrática, en un caso como
éste esté dando cobertura a situaciones irregulares. Eso es lo
que nos duele, porque sentimos un profundo respeto por el
Partido socialista. (El señor Albistur Marín pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Anasagasti.
Señor Albistur, la Presidencia le ofrece dos opciones. Una
primera sería la aplicación del artículo 70.4, que dice que «...
cualquier Diputado con derecho a intervenir podrá ser sustituido
por otro del mismo Grupo Parlamentario». Estamos en un turno de
réplica y, por tanto, tendría la palabra la señora Rahola. Si la
señora Rahola le concede su turno, puede intervenir usted en este
momento y si no, en cualquier caso, la Presidencia, en fijación
de posiciones, le daría un turno.
¿Prefiere consumir éste? ¿La señora Rahola se lo cede? (Pausa.--
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): el señor Albistur utiliza
el turno de réplica por cesión de la señora Rahola. (Rumores.)
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
No sabía que se podía producir tanta expectación en esta Cámara
por un simple error del Presidente y de nuestro Grupo y por una
mala interpretación. Lo cierto es que los nervios están a flor de
piel cuando se saca un tema como éste; los nervios también
pierden a los grupos políticos y no sólo a las personas.
Señor Aguiriano, por supuesto que anda mucho dinero --y no le
pensaba contestar en esta línea-- por ahí para comprar
testimonios, pero resulta que ninguno de los grupos que pedimos
la comisión de investigación de Intxaurrondo hemos comprado
mercenarios ni hemos pagado testigos, ni nos hemos relacionado
con narcotraficantes, ni siquiera con contrabandistas. (El señor
Aguiriano Forniés: Yo tampoco.) Ninguno de los grupos que estamos
aquí, y está probado; está probado, señor Aguiriano, y está
probado en los tribunales, a los que usted tanto apela, que
miembros del Gobierno que su Partido preside y ha presidido
durante los últimos trece años están medidos en este problema.
(Rumores.--El señor Aguiriano Forniés: No está demostrado.)
Nosotros no lo estamos; no lo está ninguno de los grupos que ha
pedido esa comisión. No engañemos, no falseemos la situación.
Señor Aguiriano, sinceramente, yo creo que esta Cámara, si de
verdad está convencida de que es una Cámara de representación
popular, no de intereses partidistas, debería jurar públicamente,
como auténticos defensores del Estado de Derecho, que sólo desde
la más estricta legalidad podemos abanderar la lucha contra los
violentos, desarmándolos con el argumento de la palabra y el
diálogo político, pero sospecho que tampoco en esto hay acuerdo.
Siempre hemos afirmado --lo mantengo y lo subrayo-- que había una
mano negra que impedía conseguir la paz en Euskadi y en el
Estado, especialmente cuando el pueblo vasco, desde hace más de
una década, se manifestaba abrumadoramente contra el terrorismo,
y él mismo, la sociedad, acorralaba a los violentos. Acuérdese de
Ryan y compañía. Ahora sabemos que existía esa mano negra, que no
sólo se forró y se enriqueció con los fondos públicos, sino que
su estrategia adicional era la de dar alas y argumentos a un
sector político que apoyaba el terrorismo, y además esa mano
negra impedía que se comenzara a entender el nacionalismo vasco
desde la paz y el diálogo, que es el sentir mayoritario del
pueblo vasco. Ha sido precisamente la incapacidad y la falta de
voluntad por parte de los distintos gobiernos en los años ochenta
para depurar en algunos sectores vicios y formas de actuación de
los Cuerpos de Seguridad, propios del antiguo régimen, los que
han fomentado la aparición de los Gal, la aparición de un
microestado dentro del Estado, la práctica habitual de torturas y
asesinatos. Sin embargo, ante esos errores este Parlamento ha
hecho oídos sordos durante muchos años y, señorías, ya es hora de
acabar con la tibieza y el partidismo.
Otro Parlamento, el de la Comunidad de Navarra, remitió al señor
Presidente de esta Cámara, el 27 de julio pasado, una declaración
política aprobada por la Junta de Portavoces en relación con el
caso Gal, en cuyo punto cuarto solicita al Congreso de los
Diputados que ante las graves imputaciones que se están haciendo
en esta materia --se refiere al caso Gal-- reabra los mecanismos
necesarios de investigación oportunos y exija las
responsabilidades políticas pertinentes. Esta declaración no ha
sido firmada sólo por los grupos que solicitamos la creación de
la Comisión, ha sido firmada también por el Partido Socialista de
Navarra y por Convergencia Navarra.
Señor Aguiriano, usted ha empezado diciendo que queríamos
establecer un juicio sumarísimo con esta iniciativa. Ese es su
problema, no el nuestro. Nosotros no queremos ese juicio,
queremos saber, porque un Parlamento democrático lo debe saber,
si era una práctica habitual en el Cuartel de Intxaurrondo el
cobro de sobresueldos por la captura de comandos; queremos saber,
porque un Parlamento democrático lo debe saber, el grado de
implicación del Gobierno en la creación del Gal y la existencia o
no de una ya tristemente famosa acta fundacional; queremos saber,
porque un Parlamento democrático lo debe saber, por qué se ocultó
el informe Navajas y por qué no se esclarecen de una vez por
todas las imputaciones que se hicieron en las diligencias de
dicho fiscal contra el General Rodríguez Galindo, por su presunta
relación con redes de narcotráfico y contrabando.
Hoy día, cuando este Parlamento se ha enfrentado decididamente a
la corrupción, tengo que reiterar desde esta tribuna que no hay
mayor corrupción que el asesinato cometido desde el poder. No hay
razón moral ni política para oponerse a la Comisión de
Investigación --y termino, señor Presidente--; al contrario, hay
mil razones políticas, de respeto a los derechos
humanos, a la integridad y honestidad en el ejercicio del
Gobierno, a la dignidad parlamentaria y también de respeto a la
honra de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado que
se han limitado a cumplir con su deber para hacer esa
investigación por el órgano que le corresponde: el Parlamento,
sustento no de unos partidos, sino de la soberanía popular.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Yo me alegro de que el Partido Nacionalista Vasco tenga dos
portavoces en esta Cámara porque así nos enteramos mejor de cuál
es en el fondo su posición.
Señor Anasagasti, usted pregunta por qué todas esas personas no
han presentado querellas. Por una sencilla razón. Yo tengo una
experiencia familiar, un familiar mío presentó una querella hace
más de dos años y todavía no sabe absolutamente nada de cómo está
el tema. Presentó esa querella por una información falsa
aparecida en la primera página de un determinado periódico, y
lleva más de dos años esperando. Pero ustedes, que hablan de por
qué no han presentado querellas esas personas, ustedes, con toda
la información que dicen que tienen, ¿por qué no han ido al juez?
¿Por qué no han presentado ustedes denuncias ante el juez? ¿No
será que la información que tienen es eso, simple información,
muchas veces de testigos excesivamente interesados? ¿No será como
la testigo que nos presentaron los compañeros de Izquierda Unida?
¿No será todo falso? ¿No serán la mayor parte de los casos,
actuaciones interesadas en contra de los intereses generales del
país?
El señor Albistur ha dicho que hay miembros del Gobierno
implicados en la lucha contra ETA en el tema del GAL. Hay un juez
que lo está investigando. Yo estoy absolutamente seguro que es
falso, pero usted no tiene ni la más mínima prueba para demostrar
lo que ha dicho. Se permite hacer afirmaciones no basadas en
pruebas, sino basadas más en sus deseos. Estoy convencido de que
al final se desengañará, aunque le costará reconocerlo y nunca lo
hará públicamente.
Ha recordado el Informe Navajas, ¿qué más quiere usted que el
Supremo lo haya archivado? ¿Es que aquí nada sirve? Hubo
investigaciones profundas y a fondo sobre el tema de Zabalza; el
caso fue sobreseído; no se encontró ningún tipo de delito; la
sentencia, en su punto 13, dice que las declaraciones de los
tenientes de la Guardia Civil, cuando se escapa el señor Zabalza,
son absolutamente incontestables, pero a ustedes nada les sirve.
Cuando hay sentencia judicial en contra de lo que ustedes opinan,
¿tampoco vale? ¿Vale la palabra de cualquier testigo desconocido,
falso o interesado y, a lo mejor, seguramente comprado con
dinero, para que ustedes renuncien, denuncien y sigan
manipulando? ¿Es que ni las sentencias judiciales sirven para
ustedes? ¿Ustedes qué quieren? ¿De qué Estado de Derecho están
hablando ustedes? ¿Del suyo?
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--La señora Aguilar Rivero
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aguilar, ¿con qué
objeto solicita la palabra?
La señora AGUILAR RIVERO: Por alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene tres minutos por
alusiones.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Con absoluta brevedad.
Nosotros no hemos querido consumir nuestro turno de réplica
porque nos produce estupor, sonrojo e incluso preocupación...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señora Aguilar, el turno de alusiones es exclusivamente para
contestar a aquellas palabras que entienda usted que contienen
una ofensa a su grupo. Nada más.
La señora AGUILAR RIVERO: Convendrá conmigo el señor Presidente
que para entrar en el fondo del asunto hay que hacer el
preámbulo, y en él estaba. Si me deja, concluyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sin preámbulos.
La señora AGUILAR RIVERO: Decía que no hemos querido entrar en el
turno anterior de réplica, porque a veces oír ciertas palabras en
boca de personas que se denominan socialistas causa ya hasta
pena, pero es que hay dos alusiones reiteradas dirigidas a
nuestro grupo parlamentario por el portavoz del Grupo Socialista,
imputando que Izquierda Unida tenía un testigo falso. Yo le tengo
que decir al señor Aguiriano que sabe conscientemente que ha
faltado a la verdad desde la tribuna del Parlamento en su primera
intervención y que ha vuelto a reiterar esa falta a la verdad en
su segunda intervención, porque lo que hizo Izquierda Unida
cuando una persona vino a poner en conocimiento de nuestra
organización determinados hechos fue remitirla al juez que
entiende del caso, única y estrictamente eso; ni fuimos
engañadores ni fuimos engañados. Hicimos lo que teníamos que
hacer desde el punto de vista de nuestra responsabilidad
política: cuando una persona quiere poner en conocimiento de una
organización determinados hechos, se la escucha y se la envía
después adonde tiene que ir, al juez. Por eso, nosotros separamos
muy bien, a diferencia de lo
que hace el Partido Socialista Obrero Español, lo que es el nivel
jurídico de lo que es el nivel político. Hoy, aquí, para
responder al Estado democrático y de Derecho, estamos exigiendo
una Comisión de Investigación para que... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor,
señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, déjeme concluir,
porque con el ruido que se hace desde los bancos socialistas es
imposible hablar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero conteste a la
alusión, sin entrar en el contenido. Creo que S. S. ya ha
concluido. Le ruego que termine en medio minuto.
La señora AGUILAR RIVERO: Hoy hemos pedido la creación de una
Comisión de Investigación para poner luz donde hay sospecha y
oscuridad, para hacer un beneficio al sistema democrático y dar
credibilidad a este Parlamento. En su momento, ante esos hechos
que se pusieron en nuestro conocimiento, actuamos como debíamos
hacerlo: mandando al juez a la persona que vino a informar a
nuestra organización.
Señor Aguiriano, no juegue con la falta a la verdad y con la
mentira, porque lo sabe. (El señor Aguiriano Forniés pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguiriano, tiene la
palabra por alusiones; exclusivamente por la frase en que
entiende S. S. que ha sido aludido. (Rumores.)
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Presidente, se me ha aludido
directamente, incluso se me ha acusado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No se trata de una
contestación, porque el turno de alusiones no tiene contestación.
Le concedo la palabra porque en las manifestaciones de la señora
Aguilar ha habido una alusión a S. S.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Digo que se me ha aludido y se me ha
acusado de que, desde la tribuna de la Cámara, he faltado a la
verdad, sabiendo, además, que no era verdad. Eso es lo que
concretamente se ha dicho por la portavoz de Izquierda Unida.
Yo no he sido, desde luego, el que ha recibido a un testigo que
era falso; yo no he sido el que he debido de comprobar si la
declaración de esa testigo era cierta o era falsa; yo no he sido
el que tenía que haber mandado, en todo caso, al testigo al juez.
Algún miembro de Izquierda Unida se sentó con ese testigo falso
en una rueda de prensa. Todavía no les he oído pedir disculpas a
la sociedad, a la Guardia Civil, al Estado, al Gobierno, al país,
a este Parlamento o a todo el mundo por haber sido objeto de
manipulación. O engañan o son engañados.
En cualquier caso, la señora Aguilar habla de oídas, porque estoy
absolutamente convencido de que no tiene ni la más remota idea de
dónde está Intxaurrondo. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate y que no hayan
intervenido hasta el momento? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Solamente deseo mostrar el apoyo
claro del Grupo de Coalición Canaria a la creación de la Comisión
de Investigación y, al mismo tiempo, lamentar los argumentos
utilizados para descalificar esta iniciativa, absolutamente
necesaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Quiero manifestar, en primer lugar, que
nuestro grupo considera materia opinable si debe o no crearse una
Comisión de Investigación sobre Intxaurrondo. Se podría exponer
argumentos a favor o en contra de la propuesta que se hace, pero
en lo que no tenemos ninguna duda es en la conveniencia, incluso
diríamos en la necesidad inexcusable, de investigar lo que ha
ocurrido en Intxaurrondo.
Existe un clamor social, que en Euskadi alcanza su mayor
exponente, pero que se extiende a todo el país, que exige que se
diga la verdad y que se depuren responsabilidades, si las
hubiere, para poder tener el convencimiento de lo que ha pasado
y, si es que ha pasado, no vuelva a ocurrir. Que el Gobierno
investigase es lo que solicitamos al Ministro de Justicia e
Interior en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e
Interior el pasado 3 de mayo para informar del caso Lasa y Zabala
y de sus conexiones, entre ellas la de Intxaurrondo;
investigación que el señor Ministro anunció que haría y que
estaba dispuesto a llegar hasta el final. Desde nuestro grupo
parlamentario manifestamos en aquel momento --y cito
textualmente--: nada puede detener esta investigación y la misma
debe ampliarse a todos aquellos aspectos en los que puede haber
algún indicio de culpabilidad o complicidad. E instábamos al
Gobierno a profundizar en sus investigación, colaborando con la
justicia para lograr el total esclarecimiento. Asimismo, le
pedíamos al Gobierno el 3 de mayo la máxima prioridad en sus
investigaciones, con
el único objetivo de determinar y poner a disposición de la
justicia a los culpables, determinar las responsabilidades de
todas aquellas personas que hayan tenido conexión con aquel
asunto, así como asumir las responsabilidades políticas que
pudieran acarrerar estos hechos, si los hubiere. Y concluimos
solicitando una futura comparecencia del Ministro, en la que se
expusieran las conclusiones a que hubiere llegado la
investigación, comparecencia a la que el señor Ministro se
comprometió y que no se ha realizado.
Han transcurrido cuatro meses y medio y el Gobierno ha dado el
silencio por respuesta. Quizá no se hubiese planteado esta
propuesta que hoy debatimos si el Gobierno hubiera dado la
información precisa en el seno de la Comisión de Justicia e
Interior o en el seno de la llamada Comisión de Secretos
Oficiales. Muy probablemente nuestro grupo tampoco se plantearía
el voto afirmativo, como hace ahora, pero el Gobierno o no ha
querido o no ha podido dar una información que estamos
convencidos que tiene. Es la tardanza en la información
solicitada y el silencio como respuesta lo que fundamentan, en
primer lugar, nuestro voto favorable a la creación de la
Comisión. En segundo lugar, porque estamos convencidos de que la
voluntad de transparencia es la que mejor puede desarmar a los
violentos y que lo contrario es darles argumentos.
Tenemos el convencimiento de que silenciar la sospecha que está
en la calle y recuperar su confianza sólo se puede conseguir
conociendo la verdad y depurando las responsabilidades a que
hubiere lugar, las penales en el ámbito jurisdiccional que le son
propias y las políticas aquí en el Parlamento. Hay demasiados
interrogantes para no actuar. Votar a favor de la constitución de
esta comisión de investigación no equivale para nuestro grupo a
estar en contra de la política antiterrorista que el Gobierno
viene practicando con el apoyo de todos los grupos de esta
Cámara, sino a favor de esclarecer ciertos interrogantes que bien
pudieran crear dudas entre la opinión pública acerca de si esa
lucha se hace siempre bajo el imperio de la Ley.
Dicho lo anterior, quiero manifestar nuestra incomodidad por no
poder presentar enmiendas a la propuesta que se os somete a
consideración por parte de los tres grupos proponentes, debido a
la naturaleza reglamentaria de este trámite. Consideramos el
contenido de la propuesta poco riguroso y algunos de sus
objetivos pueden entrar en colisión con las finalidades para las
que se han creado otras comisiones, como las llamadas de Secretos
Oficiales y de Gastos Reservados.
A pesar de ello, y a tenor de las informaciones que tenemos y se
han manifestado en la Cámara, parece que esta propuesta no va a
prosperar, con lo cual la transcendencia de la literalidad de su
contenido pasa a un segundo plano y nuestro voto adquiere una
significación más política que práctica. De todas maneras, no
quiero pasar sin dejar constancia de que en el supuesto de que
esta iniciativa prosperase las pauta de comportamiento de nuestro
grupo parlamentario respecto a la misma serían las siguientes:
Primera pauta. Reconducir todo lo relativo a control de créditos
destinados a gastos reservados a la comisión parlamentaria
prevista a tal efecto por la Ley aprobada el pasado 26 de abril.
Reguladora de la Utilización y Control de los Créditos Destinados
a Gastos Reservados.
Segunda pauta. Los trabajos de la Comisión deberían desarrollarse
bajo sesiones secretas, tal como establece el artículo 64 del
Reglamento de la Cámara, así como por la naturaleza de los hechos
a investigar, centrando sus trabajos en el ámbito exclusivamente
político y sin interferir en las actuaciones judiciales.
Tercera pauta de comportamiento de nuestro grupo en el supuesto,
repito, de que a esta Comisión se le diera luz verde por parte de
la Cámara. Tal y como establece el artículo 52.2 y 3 del
Reglamento, la comisión habría de elaborar un plan de trabajo y
unas normas de procedimiento que tendrían que ser observadas en
todo momento por los miembros de la misma, a la vez que sirviesen
para ordenar y perfeccionar el objeto de la misma.
Cuarta y última pauta. Nuestro grupo exigiría una actuación
contundente sobre aquellos miembros de la Comisión que vulnerasen
el secreto de los trabajos en ella realizados, de tal forma que,
si ello no fuera posible, nos plantearíamos el hecho de
abandonarla sin más, puesto que ya va siendo hora de que las
comisiones de investigación dejen de ser simples elementos de
erosión política para adquirir la naturaleza investigadora que
les es propia en las democracias parlamentarias más
tradicionales.
Finalmente, señorías, y para terminar, nosotros siempre hemos
apoyado al Gobierno en la lucha antiterrorista, pero con el
convencimiento de que ésta se desarrollaba obviamente dentro de
la ley. Lo hicimos cuando el Gobierno de UCD, lo apoyamos incluso
cuando UCD lamentablemente no tenía la unanimidad de esta Cámara
sino la interrogación de parte de la misma, y la hemos apoyado
cuando el gobierno estaba en manos de los socialistas. La hemos
apoyado siempre, no más que otros, pero tampoco menos que los
demás y, en todo caso, quizá algo más que quienes en el verano de
1994 algún interrogante pusieron sobre la cuestión, siempre sin
cuestionarla y siempre requiriendo el consenso porque estamos
convencidos de que la unanimidad política se hace necesaria en la
constante búsqueda de la eficacia. Por consiguiente, no
cuestionamos la política antiterrorista del Gobierno, sino su
administración concreta en un concreto lugar, de la misma manera
que estamos convencidos de que el reconocimiento a la labor de la
Guardia Civil está por encima de las actuaciones de algunos de
sus miembros.
Todo ello lo hacemos por la gravedad de las imputaciones
lanzadas, por la pasividad del Gobierno en su investigación y por
la necesidad de que la ciudadanía sepa que la voluntad de todos,
Gobierno y oposición,
es que esa difícil y compleja lucha contra el terrorismo se haga
en el marco de un Estado de Derecho sin transgredir nunca la ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy una iniciativa que obedece al deseo de
varios Grupos de la Cámara de investigar la veracidad de una
serie de hechos que están alarmando una vez más a la opinión
pública y que nos alarman a todos.
Quiero recordar, después de escuchar algunas intervenciones en
las que se nos han realizado acusaciones tan graves como
injustas, que esta propuesta que hoy se debate no habla del GAL,
no habla de responsabilidades políticas del Gobierno. No habla de
nada de eso, señorías. Lean el texto de la iniciativa. Si hubiera
sido así, no duden en absoluto que la posición del Grupo Popular
habría sido favorable a esa propuesta; no lo duden ni un minuto.
(Risas.) Señorías, lo hicimos en febrero de este año a iniciativa
de una propuesta de Izquierda Unida creando esa comisión de
investigación y votamos favorablemente, como recordaremos
después. No lo duden, señorías. Pero no estamos hablando de eso.
Eso no lo dice la propuesta.
Centrémonos en los hechos de la propuesta. Son hechos graves, son
hechos gravísimos, realmente. Desgraciadamente, a nuestro
entender no pueden descartarse como inverosímiles, no por
desconfianza hacia el Cuartel de Intxaurrondo, sino porque
afortunadamente la acción de la justicia y la labor investigadora
de diversos medios de comunicación han puesto de relieve la
implicación de miembros del aparato del Estado en actividades del
terrorismo del GAL, en actividades en contra de la ley.
Ahora muchos ciudadanos creemos que cualquier cosa que se pueda
decir es posible, que puede ser cierta. Coincidimos plenamente
con las valoraciones que sobre la repugnancia que nos produce el
terrorismo de Estado y sus negativas consecuencias han podido
hacer los demás grupos de la Cámara. Pero ésa no es la cuestión,
evidentemente; ésa no es la cuestión. La pregunta es: ¿es posible
y necesaria, con la Comisión que ahora se propone, la
determinación de las responsabilidades políticas que se deriven
de los hechos objeto de la iniciativa? Basta profundizar en la
cuestión, señorías, para comprobar que la iniciativa que ahora
debatimos es totalmente insuficiente e ineficaz en ese empeño y,
al mismo tiempo, sí puede introducir un grave riesgo, seguramente
no querido por los grupos proponentes o, al menos, no por todos
los grupos proponentes, que nosotros no queremos correr.
Una cosa es la responsabilidad penal, señorías, cuya delimitación
es competencia exclusiva de los tribunales de justicia, y otra
muy diferente la responsabilidad política, que compete
determinarla a esta Cámara. Pero ni cabe encomendar a los
tribunales la decisión última sobre la existencia de
responsabilidades políticas, pretendiendo que la determinación de
éstas sólo cabe si se produce previamente una sentencia judicial,
ni es posible lo contrario, es decir, solicitar de esta Cámara
actuaciones que se limitan a la investigación que es propia de un
proceso de naturaleza penal, sin demandar, por contra, ningún
tipo de conclusión política, y esto último es lo que solicita
literalmente, señorías, la iniciativa que hoy debatimos. En el
caso que nos ocupa, desde la perspectiva penal, no cabe sino
afirmar que, para averiguar si personas destinadas en el Cuartel
de Intxaurrondo tuvieron que ver con la desaparición de Lasa y
Zabala o con las muertes de Mikel Zabalza y Gurutze Yanzi, o con
cualquiera de los hechos de los que han sido acusados
públicamente, es a la justicia a la que compete investigar a
fondo dichas denuncias y al Gobierno colaborar en esa
investigación con todos los medios a su alcance. Constituyen
gravísimos delitos, señorías, que nadie comprometido con nuestro
sistema de libertades --y nuestro Grupo, desde luego, está
absolutamente comprometido-- puede entender ni mucho menos puede
justificar.
Veamos ahora la vertiente política, señorías. Para comprobar lo
ineficaz de la comisión que se pretende a la hora de delimitar
esas responsabilidades políticas --insisto, únicas sobre las que
puede pronunciarse esta Cámara--, vamos a invitar a SS. SS. a un
ejercicio de imaginación. Imagínense, aunque se nos pongan los
pelos de punta, señor Presidente, admitamos, aunque sea a efectos
dialécticos, que los gravísimos hechos que se han publicado en
estos días sobre miembros del cuartel de Intxaurrondo son
ciertos, incluso que existiera ya una condena penal de sus
responsables; todavía, en ese caso, esta Cámara podría tratar de
delimitar la responsabilidad política que se deriva de los
mismos. En ese supuesto, ¿a quién cabría imputar dicha
responsabilidad política, señorías? Todas las informaciones se
refieren a la vinculación de los hechos con el GAL, con el
conocimiento que tenía el CESID de los mismos, con el
conocimiento que tenía incluso el propio Presidente del Gobierno;
todas ellas se refieren a esas cuestiones. Dicho de otra forma,
señorías. ¿Es que hay alguien que pueda dudar de que, si los
hechos fueran ciertos, la responsabilidad política por los mismos
es indisociable de la responsabilidad política derivada del GAL y
de la guerra sucia contra ETA? Lo han dicho aquí mismo ustedes,
señorías; lo han dicho aquí mismo ustedes, los grupos
proponentes. Evidentemente, no, señorías. El propio PNV así lo
afirmaba sin titubear cuando mantenía en esta Cámara, el pasado
27 de julio, por boca de su representante, lo siguiente: «...nos
parece impresdindible, y también vinculado con el GAL, que sea el
Gobierno quien investigue lo que ha significado y significa el
cuartel de la Guardia Civil de Inxaurrondo.» ¿Por qué ahora el
PNV,
evidente promotor de la iniciativa, desvincula la cuestión del
fenómeno GAL? ¿Por qué no se pide en la iniciativa la depuración
de responsabilidades políticas, que es lo único de lo que puede
ocuparse esta Cámara? Es realmente extraño. Pero recordemos un
dato que puede aclarar este aparente misterio. El Grupo promotor
de la propuesta, el PNV, ya ha establecido en esta Cámara su
opinión sobre las responsabilidades políticas que se derivan de
la guerra sucia contra ETA. Tardó en hacerlo, pero, ante la
tozudez de los hechos y de las investigaciones judiciales, en la
sesión del 27 de julio afirmaba: «Como nuestro grupo no es una
agencia de detectives y, por tanto, no puede tener elementos de
juicio para implicarle a usted con pruebas en responsabilidades
penales sobre el caso GAL, sí podemos acusarle, señor Presidente,
de responsabilidad política por omisiónÉ» Y continuaba más
adelante, con rotundidad: «Usted por lo menos es responsable por
omisión.», decían entonces. No queremos ser mal pensados,
señorías, pero las piezas pueden encajar. Si ya están claras para
los grupos proponentes --y para nuestro grupo también-- las
responsabilidades políticas del GAL en la persona del Presidente
González, si las supuestas actuaciones delictivas de algunos
miembros de Intxaurrondo están vinculadas con el GAL, ya no hay
responsabilidad política alguna que investigar en relación con
Intxaurrondo, se encuentran ya determinadas y personificadas al
más alto nivel político, en la propia Presidencia del Gobierno.
Por ello, no nos parece imposible que el representante del PNV,
consciente de esta paradoja y para dar un aparente viso de
fundamento a la actual propuesta, se desdiga en el texto de la
iniciativa de lo que dijo en julio en relación con este tema,
intente desvincularlo del caso GAL en el texto de la propuesta,
no exija responsabilidad política alguna y pretenda convertir la
Cámara en un juzgado de lo penal. ¿Por qué, señorías? ¿Por qué
presenta una iniciativa que se sabe que no puede prosperar porque
no es competencia de esta Cámara? ¿Quizás porque le basta con el
rendimiento político que puede reportarle crear la falsa
impresión de que esta Cámara se niega a la investigación de las
presuntas irregularidades del Cuartel de Intxaurrondo, de la
Guardia Civil en el País Vasco? ¿Quizás porque quiere hacer
campaña con esta cuestión para desligitimar socialmente la
presencia de la Guardia Civil en Euskadi? Esperemos que no,
señorías, pero lo vamos a comprobar en los próximos días.
No queremos dudar de las rectas intenciones de los proponentes de
la iniciativa. Sin duda, no de las de Izquierda Unida, que quizá
se haya dejado arrastrar por una propuesta no reflexionada
suficientemente. Por cierto, dudas y sospechas que Izquierda
Unida sí siembra irresponsable e injustamente sobre la posición
de nuestro grupo.
No puedo apartar de mi memoria, el pasado 14 de abril, cuando el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, don Joseba Eguibar,
mucho antes de que comenzaran a publicarse las informaciones que
son objeto de esta iniciativa, afirmaba en un medio de
comunicación del País Vasco lo siguiente: El PNV invoca al
Estatuto de Guernica para pedir que la Guardia Civil abandone
Guipúzcoa y reclama la competencia exclusiva de la Ertzantza en
la lucha antiterrorista. No queremos ser mal pensados. Que cada
uno extraiga sus conclusiones. Lo que no admite duda es que nadie
puede acusar al Grupo Popular de oponerse a la investigación de
la guerra sucia contra ETA, ni de oponerse a la investigación
judicial de las acusaciones que se dirigen contra el General
Rodríguez Galindo y alguno de sus colaboradores, ni en este caso
ni en ningún otro. En cuanto a la responsabilidad penal, exigimos
de los tribunales y del Gobierno la completa investigación de los
hechos denunciados, caiga quien caiga, como hemos solicitado
siempre. En cuanto a la responsabilidad política, señorías, el
Grupo Popular ha presentado en la Cámara 19 iniciativas, a lo
largo de esta legislatura, solicitando diversas investigaciones e
informaciones en relación con el GAL. Por cierto, en más de una
ocasión con el voto contrario del PNV. Más recientemente, en
febrero de este año, votamos afirmativamente una propuesta de
Izquierda Unida de creación de una comisión de investigación
sobre el GAL. Fue en el debate sobre el Estado de la Nación.
Entonces el voto contrario del PSOE y de Convergència i Unió
impidió por escaso margen que esa iniciativa prosperara. Ahora
creemos, sinceramente, que la depuración de responsabilidades
políticas ya sobran. Están más que claras. Desde febrero a hoy,
la actuación de la justicia ha convertido en superflua e
innecesaria la creación de una comisión de investigación sobre la
responsabilidad política del caso GAL. Piénsese que la
responsabilidad penal puede extenderse en este momento hasta la
propia Presidencia del Gobierno. El tiempo transcurrido desde
entonces y la acción de la justicia han permitido dilucidar ya al
margen de la responsabilidad penal que finalmente pueda
declararse en el Presidente señor González, su clara y evidente
responsabilidad política. ¿Que mayor responsabilidad puede buscar
ya esta Cámara? Lo que es preciso, señorías de Convergència i
Unió, del PNV y de Izquierda Unida, lo que es preciso ahora es
exigir que esa responsabilidad política se haga efectiva forzando
esta Cámara, democráticamente, la dimisión del Presidente del
Gobierno (Rumores.) y poniendo así fin a una situación de
convulsión que vive nuestro país, señorías; que se haga efectiva,
no otra cosa. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) No
distraigamos la cuestión política de fondo, señorías pretendiendo
investigaciones penales que no son competencia del Congreso.
(Rumores.)
Señor Presidente, a pesar de las razones expuestas que justifican
sobradamente nuestro voto contrario a la propuesta, nuestro grupo
llegó a sopesar seriamente el voto favorable. Qué hay de malo en
que se investigue, aunque sea estricta competencia del Congreso,
siquiera sea para no dar pábulo a sospechas de encubrimiento,
piensan algunos. Les aseguro, señorías, que
hubiera sido la posición más cómoda, en lo político y en lo
personal. Finalmente concluimos, con total sinceridad y
honestidad, que serían mayores los perjuicios que el supuesto
beneficio de tal posición. Dos meses desfilando en el Congreso
los mandos y los números de la Guardia Civil de Intxaurrondo
causaría un grave daño a la credibilidad y a la eficacia de la
lucha contra ETA de la Guardia Civil en el País Vasco. Si la
investigación judicial lo exige, toda la opinión pública sabrá
quién comparece ante el juez como inculpado y quién comparece
como testigo. Pero en una comisión parlamentaria no hay testigos
y no hay inculpados; hay comparecientes, porque sólo son
responsabilidades políticas las que se depuran en esta
institución.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peón, vaya
terminando.
El señor PEON TORRES: Voy terminando, señor Presidente.
Es fácil adivinar la confusión que podría producirse en este caso
ante la opinión pública, incluso alentada interesadamente por
algunas de las fuerzas políticas con derecho a intervenir en esa
Comisión.
Señorías, no podemos actuar, a nuestro juicio, con esa frivolidad
y con esa ligereza, simplemente porque pueda parecer la postura
más cómoda. Por ello, y por coherencia con nuestra opinión, ya
conocida, de distinguir responsabilidades penales y
responsabilidades políticas, anuncio el voto negativo del Grupo
Popular a una iniciativa que a nuestro juicio, intenta delimitar
responsabilidades claramente penales, lo que excede de la
competencia de esta Cámara. A los miembros de la Guardia Civil,
de la Policía Nacional o del CESID, al propio General Rodríguez
Galindo, si han quebrantado la ley en la lucha contra ETA, esta
Cámara no puede exigirles responsabilidades políticas. Estas
Cámara exige y debe exigir que actúe la justicia para que se
depuren las responsabilidades en las que hubieran podido
incurrir. Las responsabilidades políticas que puede depurar esta
Cámara, señorías, son las que se exigen al Gobierno, y esto es
precisamente lo que la iniciativa que hoy debatimos no se
preocupa de solicitar que se investigue.
Termino ya, señor Presidente, diciendo que si ustedes quieren
investigar el GAL y la guerra sucia propongan, si lo desean, una
comisión de investigación sobre el GAL, sobre la guerra sucia
contra ETA, una comisión que permita realmente explicitar la
opinión del Parlamento sobre la responsabilidad política por los
hechos que ahora nos ocupan y por todos los que supongan
quebrantamiento de la ley o de los derechos fundamentales de la
lucha contra ETA. Si así lo hacen, comprometo en este momento el
voto favorable de nuestro grupo a dicha comisión, aunque ya nos
parezca innecesaria. Hagámoslo de forma absolutamente clara, no
alargando la sombra de la duda sobre la intencionalidad, recta o
no, de los grupos políticos en esta Cámara, y mucho menos
sembrando la sospecha sobre el correcto proceder del conjunto del
colectivo humano que tiene una importante función constitucional
que seguir cumpliendo: la defensa de la libertad y de la vida de
todos nosotros, de todos los ciudadanos, en toda España y, por
supuesto, también en mi querida y dolida tierra el País Vasco.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peón.
Pasamos a la votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa
la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la solicitud de creación
de una comisión de investigación, formulada por los Grupos de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 319; a favor, 40; en contra, 277; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE TELEVISION LOCAL POR ONDAS TERRESTRES
(Número de expediente 121/000087)
El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: Debates de
totalidad de iniciativas legislativas. Debate correspondiente al
proyecto de ley de televisión local por ondas terrestres. A este
proyecto de ley se han presentado enmiendas de totalidad de texto
alternativo por los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y Grupo Popular.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de Obras Públicas. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando
quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro ordenamiento jurídico caracteriza al servicio
de televisión como un servicio público esencial de titularidad
estatal, y regula separadamente cada modalidad de prestarlo en
razón del sistema de transporte de la señal empleado, de su
ámbito de cobertura y de su forma de gestión. Pero la
introducción de nuevas tecnologías que permiten ampliar la oferta
televisiva, así como la existencia de normas comunitarias para
estos medios de comunicación, plantea como primera cuestión si
debemos o no regular un modelo audiovisual unitario y su
delimitación de la extensión y ámbito del concepto de servicio
público esencial. El Gobierno ha optado por mantener un modelo
basado en una normativa separada para cada servicio, y en este
sentido ha presentado en el Congreso tres proyectos de ley
diferenciados: el de televisión local, objeto de este debate, y
los de telecomunicaciones por satélite y por cable, considerando
el distinto tratamiento jurídico que se postula para cada uno de
estos servicios.
La televisión local por ondas hertzianas constituye, junto con
otras leyes, el conjunto normativo del servicio de difusión de
televisión por ondas hertzianas terrenas, que se carazteriza por
mantener el principio de servicio público esencial de titularidad
estatal. ¿Por qué mantenemos este principio, señorías? Lo
mantenemos para este conjunto de televisiones por el carácter
restrictivo de la oferta televisiva que viene establecido por
este sistema de transporte de la señal como consecuencia de la
reducida disponibilidad del espectro radioeléctrico para este
fin. Esta circunstancia no se da en la difusión de televisión vía
satélite, y mucho menos con las tecnologías digitales que
permiten ya que un solo satélite difunda más de 100 canales de
televisión, y tampoco en la difusión a través de los modernos
sistemas de cables ópticos. Pero en la difusión de televisión por
ondas hertzianas terrenas existe una limitación del medio que
soporta el servicio y ello obliga a establecer restricciones a
los posibles prestadores que aconsejan que, dado que su número
será siempre reducido, se les impongan las obligaciones derivadas
de una concesión de servicio público. Como les decía, por el
contrario, los otros dos proyectos de ley de telecomunicaciones
por satélite y por cable, que el Gobierno ha presentado a las
Cámaras, encuentran su razón de ser en la aplicación de nuevas
tecnologías de telecomunicación a la difusión de la señal de
televisión, permitiendo en estos nuevos soportes una oferta con
muchas menos restricciones en cuanto al número de canales que
pueden llegar al público y en este sentido el Gobierno los ha
diseñado sin las exigencias que se derivan del concepto de
servicio público.
Este proyecto de ley de televisión local por ondas hertzianas
terrenas pretende cubrir un ámbito territorial, distinto al de
las leyes actualmente en vigor, que permita también atender los
intereses de los sectores de población que habitan en pequeños
núcleos urbanos. Con esta ley, señorías, la televisión
transmitida mediante ondas terrestres quedaría diseñada como un
conjunto compuesto por dos canales estatales un canal autonómico,
tres canales en gestión indirecta por empresas privadas y,
finalmente, un canal de ámbito local. Este modelo pretende
alcanzar el máximo de canales que permite la disponibilidad de
frecuencias en el espectro radioeléctrico, tan citado
últimamente, y prácticamente agota su disponibilidad con las
tecnologías actuales.
La oportunidad de este proyecto de ley se deriva tanto de las
demandas que han sido formuladas al respecto por las propias
corporaciones locales, como de la necesidad de dejar clara la
diferente regulación de este tipo de televisión, por razón de su
soporte técnico, de los otros servicios de televisión como los de
satélite y cable. En este sentido, el Gobierno considera
importante referirse a la sentencia del Tribunal Constitucional,
de junio pasado, que ha acotado las interpretaciones extensivas
que se habían efectuado de la sentencia 31/94, de dicho tribunal,
relativa a la televisión por cable. Así, la primera de las
sentencias citadas ha establecido el principio de la necesidad de
regulación de las emisiones de televisión por ondas, dado que las
limitaciones técnicas que se derivan del uso del espacio
radioeléctrico no permiten la prestación de este servicio por un
número ilimitado de usuarios. El proyecto de ley se basa y toma
en consideración esta limitación y tiene como eje esencial tres
cuestiones fundamentales. Primero, que la escasez del espectro
radioeléctrico no es óbice para la regulación de una modalidad de
televisión local por ondas terrestres que atienda los intereses
puramente locales de amplios sectores de población, debiendo
realizarse un esfuerzo para que mediante las correspondientes
asignaciones y coordinación de las frecuencias estos sectores
puedan ver satisfechas sus demandas. En segundo lugar, un uso
racional y eficaz del espectro debe permitir un aprovechamiento
óptimo de su capacidad y garantizar calidades de servicio
satisfactorias, lo que obliga a una planificación previa del
mismo. En la planificación de frecuencias para el servicio de
radiodifusión de televisión, la Administración española utilizará
los criterios técnicos internacionalmente reconocidos. En tercer
lugar, las características básicas de la modalidad de televisión
que se regula son las siguientes: su carácter de servicio público
de televisión local por ondas, de acuerdo --insisto-- con la
naturaleza del servicio de televisión regulado en la LOT; el uso
de un dominio público, el radioeléctrico, y una cobertura local y
limitada, en principio, al casco urbano de las poblaciones donde
se desarrolle. El ámbito territorial cubierto por cada una de las
televisiones locales por ondas terrestres vendrá definido por el
casco urbano del núcleo principal de población del municipio
correspondiente, aunque dicha cobertura podrá extenderse
excepcionalmente a otros núcleos de población del mismo municipio
cuando así lo aconseje la importancia numérica de su población y
su tipología urbana, mediante la instalación de estaciones
transmisoras y repetidoras que cubran estrictamente estos
núcleos, siempre que exista, al entender de la Administración
estatal de las telecomunicaciones, disponibilidad de espectro.
Por las razones ya expuestas en relación a los criterios básicos
de esta ley, en nuestra opinión, deben rechazarse las enmiendas a
la totalidad presentadas a dicho
proyecto y que justifican la defensa y presentación que del mismo
hace el Gobierno. Por una parte, se pretende que este servicio no
tenga el carácter de servicio público y que pueda ser prestado en
régimen de competencia, pero el Gobierno entiende que tendría
escasa viabilidad e interés para los posibles prestadores del
servicio, pues éstos, previsiblemente, encaminarían su prestación
en régimen de competencia a través de las nuevas tecnologías del
satélite y del cable. Tampoco es, a nuestro entender, posible
aceptar un modelo audiovisual, como propone otro de los
enmendantes, basado en un plan técnico con asignación de
frecuencias distintas y extender los plazos de la concesión
ignorando las limitaciones existentes en el espectro
radioeléctrico.
Es verdad que la televisión digital, cuando se implante, ampliará
las posibilidades que hoy ofrecen las actuales tecnologías, pero
antes habrá que pasar por una fase intermedia durante la cual,
paradójicamente, la introducción de las tecnologías de difusión
digital de televisión por ondas hertzianas va a limitar la
disponibilidad, porque el espectro tendrá que ser utilizado
simultáneamente para mantener los actuales servicios y dar paso a
los nuevos. Cuando el parque de televisores haya sido masivamente
sustituido y éstos estén ya adaptados a las nuevas tecnologías
digitales, entonces sí, entonces habrá un espectro susceptible de
ser utilizado de una forma más intensa. Pero es evidente que
antes de que esto ocurra, y antes de que las demandas de los
consumidores y las ofertas de los productores hayan conducido a
la sustitución masiva del parque de millones de receptores de
televisiones analógicos que actualmente equipan a los hogares
españoles, pasará un tiempo suficientemente largo como para que
las previsiones de la ley hayan surtido sus efectos. Esta es
también la razón por la cual las concesiones se establecen por un
período limitado, dentro de una evolución tecnológica conocida en
sus grandes líneas pero difícil de precisar en su aplicación
concreta y mucho más en la respuesta que el público le va a dar.
Quisiera insistir en esta circunstancia tecnológica, con
frecuencia olvidada, puesto que solemos hablar del advenimiento
de la televisión digital por ondas hertzianas como si ello
implicase una sustitución instantánea de un parque de televisores
que, como la experiencia del paso de la televisión en blanco y
negro a la de color demuestra, requiere un tiempo y una
adaptación progresiva.
Por todo ello, señorías, el Gobierno solicita la aprobación de
este proyecto de ley que, junto con los otros dos, completaría,
desde el punto de vista de la Administración de las
telecomunicaciones, la normativa necesaria para acompañar y
propiciar la evolución de las nuevas formas de difusión de
televisión en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Como decía, se han presentado dos enmiendas de totalidad, de
texto alternativo. Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, la
alternativa, el texto articulado que hoy aquí presenta Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley del Gobierno
sobre televisión local por ondas, para nosotros no es un texto
cualquiera, no se trata de una proposición cualquiera, sino de
una las alternativas nodales, a nuestro juicio, para lo que es el
panorama general de las televisiones. Y esto porque va a
posibilitar el acceso de nuevos operadores, porque sin duda
pueden empezar a ser un factor clave --ya lo son de hecho-- de
democratización y, consecuentemente, de pluralismo y diversidad
informativa y porque, al mismo tiempo, las televisiones locales
son un elemento fundamental de desconcentración de los medios de
comunicación.
La televisión local es clave en la estrategia de Izquierda Unida
en relación con la participación social, con el derecho al acceso
a la información libre, etcétera. Izquierda Unida viene
presentando en esta Cámara una alternativa global desde la
izquierda que se ha basado en cuatro puntos esenciales, por citar
sólo los más importantes: la alternativa a las telecomunicaciones
por cable, la televisión local por ondas, la proposición de ley
que posiblemente presentaremos la semana que viene de cara a
asegurar la pluralidad y diversidad, es decir, una ley contra la
concentración, como se conoce en todos los países de la Unión
Europea una ley anti-trust, y la alternativa a la radiotelevisión
pública para que cumpla su misión de servicio público esencial.
La ley de televisión local es clave y necesita desde el principio
tener en cuenta la importancia real del sector y las
preocupaciones actuales del mismo. Por ejemplo, la Coordinadora
estatal de televisiones locales, CETEL, que agrupa a las
asociaciones y federaciones de Andalucía, Cataluña, Madrid,
Castilla-La Mancha, Valencia, Canarias, Galicia y Baleares, está
muy preocupada por los términos de la aprobación de este proyecto
de ley o de las proposiciones alternativas que puedan votarse hoy
aquí. Nosotros recogemos una gran parte de las demandas y
exigencias con las enmiendas presentadas al proyecto de ley
remitido por el Gobierno: Exigen el reconocimiento de las
televisiones locales existentes como factor de aprovechamiento de
la experiencia del sector para su articulación y desarrollo
posterior sobre bases sólidas; rechazan la limitación de la
emisión publicitaria, puesto que puede impedir la independencia
económica; proponen --también nos parece muy lógico-- la
extensión del período de concesión a diez años con prórrogas a
tres años con el fin de dar garantía a las inversiones que se han
realizado y, en definitiva, consideran que no se puede demorar
más la regulación de este sector de cara a normalizar la actual
situación de provisionalidad. Por tanto, pensamos que este
proyecto de ley debe tramitarse por el procedimiento de urgencia
porque si se
cumple el horizonte de la legislatura, que ayer mismo nos
señalaba el Presidente del Gobierno en esta Cámara, no habrá
tiempo para su aprobación.
Recogemos bastante de lo dicho anteriormente en nuestro texto
alternativo, texto que enmarcamos en el artículo 128 de la
Constitución que establece la televisión como servicio público
esencial cuya titularidad corresponde al Estado, servicio público
que tiene como norma suprema el interés de los ciudadanos y
ciudadanas, el pluralismo informativo y, por tanto, la formación
de la opinión pública libre y la extensión de la cultura. Las
televisiones actuales en cualquiera de las modalidades que se
conocen a nivel general, tanto las públicas como las privadas y
las autonómicas, no están cumpliendo estos elementos
fundamentales que las relacionarían de manera intrínseca con el
servicio público esencial. Recordemos que en España, pese a ser
el país con más sol de la Unión Europea, sus ciudadanos y
ciudadanas son los que destinan más tiempo a ver la televisión;
el niño está más tiempo ante el televisor que en la escuela,
teniendo también en cuenta el tiempo de vacaciones, y según se
dice en algunos libros, como en el de Lolo Rico, un niño al final
de la enseñanza primaria puede haber visto 8.000 crímenes y
10.000 actos violentos. Esto quiere decir que la televisión es de
una enorme importancia a la hora de crear la pautas sociales y
culturales y es un factor estratégico en orgen a tener en cuenta
la estructura social y cultural de un país. Tras la regulación de
las televisiones autonómicas y privadas seguimos asistiendo a la
misma oferta con ciertas variantes de superficie, aunque parezca
que estamos ante una situación nueva de pluralidad. Posiblemente,
tengamos ante nosostros más botones que poder apretar. En Europa,
hay doscientos botones que se pueden apretar a la hora de ver la
televisión, pero no hay mayor pluralidad, siempre aparece la
misma oferta con distintas formas, distintas variantes de
superficie. Esto, en un panorama de carácter transnacional, donde
conocemos muy a fondo todo lo que pasa en el mundo y los
fenómenos más noticiables, pero quizá no conozcamos a nuestros
vecinos de pueblo o ciudad, y se está estableciendo un
desconocimiento superior constante puesto que medios de
comunidación, que deben intervenir en este terreno, no tenían
hasta el momento la legislación y la dinámica adecuada.
El proyecto del Gobierno, que hoy ha presentado aquí el señor
ministro, ha nacido concierta desgana, quizá obligado por las
sentencias del Tribunal Constitucional y al final, casi al final
de la legislatura, con apenas tiempo para ser discutido en
profundidad, por lo que, a nuestro juicio, necesita del proceso
de la vía de urgencia. Un proyecto del Gobierno que, en ciertos
aspectos, pensamos, tiende a reproducir a pequeña escala los
esquemas anteriores, incluso ciertas preversiones de las
televisiones, privadas o públicas, tanto a escala autonómica como
a escala general.
Por eso, nosotros planteamos una alternativa completa,
perfectamente articulada en forma de ley, siguiendo los
principios que hemos enumerado, que naturalmente son alternativos
a los que presenta el proyecto del Gobierno. Por ejemplo,
pensamos que la televisión local debe ofrecer la posibilidad, por
su bajo coste, de que surjan nuevos actores, nuevos promotores de
naturaleza diferente, como asociaciones sin ánimo de lucro,
nuevos modelos de promotor sin fines lucrativos, como las
organizaciones no gubernamentales, como los sindicatos o la
Universidad y, consecuentemente, se empiece a crear un nuevo
modelo de televisión. Se trata de empezar a operar a nivel local
de otra manera, de forma alternativa a lo que están haciendo las
televisiones privadas y públicas, logrando así un fuerte impacto
en el área a que se refieren, un área pequeña donde se puede
potenciar la interactividad, un área pequeña en la que se pueden
identificar de manera mucho más profunda los problemas y donde la
comunicación audiovisual puede proponer acciones que otros medios
tiene vetadas o, en todo caso, no asumen. Desde ese punto de
vista, se puede empezar a hacer otro tipo de gestión, la gestión
social o comunitaria por entidades representativas sin fines
lucrativos y no sólo la gestión, pública o privada, que hasta el
momento se viene estableciendo.
Señor ministro, señores del Partido Socialista Obrero Español,
también, que habría de calibrar, de manera restrictiva pero
teniendo en cuenta la situación que vivimos, el tema de la
concesión de licencias. Pensamos que hay que dar un máximo de
dos. Es posible que se me contradiga diciendo que técnicamente en
muchos sitios no es posible más que una o ninguna. En estos
casos, que se dé una licencia o ninguna, pero donde sea posible
dar dos, teniendo en cuenta la situación actual, que se tenga en
cuenta la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, basada realmente en lo que existe en
este momento, en la situación real.
Igualmente, habría que reforzar, a nuestro juicio, y así se hace
en el texto que presentamos, el carácter local de estas
televisiones; local por el origen de sus promotores, esto es que
cualquiera que sea su forma jurídica, el titular de la concesión
esté domiciliado en el área de cobertura; y local por los
contenidos, básicamente dirigidos al desarrollo social, cultural,
a proyectos de formación, al estímulo de la creatividad
audiovisual e incluso al desarrollo económico de la zona
afectada. En este orden, pensamos que la programación propia
debiera alcanzar el 50 por ciento y que la publicidad, que no
debiera limitarse de manera radical, se planteara desde otros
puntos de vista y se orientara a la promoción del comercio y del
consumo local.
La realidad nos muestra ejemplos palpables de que esto es posible
y muy positivo de cara a dar alternativas a la situación actual.
Por ejemplo, aquí mismo, en Madrid, yo conozco una televisión,
Tele-K, Televisión local de Vallecas, que actúa en función de
estos principios y está dando pruebas de que esto es posible, de
que es positivo y de que necesitamos esta alternativa local a
una situación tremenda de contaminación ideológica, de
contaminación a través de la televisión distante o televisión
basura que nos vienen ofertando desde otros medios de
comunicación privados y, desgraciadamente, también públicos, ya
que la televisión pública no está asumiendo a fondo el papel que
le corresponde como servicio público esencial.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Pensamos que hay que ir hacia una televisión local fuerte, hacia
una televisión local que no nazca muerta y que, por tanto, para
garantizar sus inversiones, hay que ir a un aumento en el plazo
de la concesión, tal como he dicho anteriormente. En esta misma
dirección, también hay necesidad de reconocer el sector existente
en la actualidad, es decir, no sólo sus méritos o sus
trayectoria, sino que un sector económico no puede partir de
cero, de la nada; tiene que partir de lo existente, de lo que
está ahí, al menos de lo que existía hasta el principio del
debate sobre el proyecto de ley que hoy nos ocupa.
En definitiva, señor Presidente, sobre la base de estos
principios alternativos, nosotros ofrecemos la posibilidad de una
ley moderna, de una ley que asegure la pluralidad y la diversidad
informativa y cultural, que sea un elemento importante a la hora
de no permitir la concentración excesiva de los medios. Pensamos
que hoy aquí podría aprobarse nuestro proyecto si, de alguna
manera, hay un impulso democrático de cara a estos principios que
estamos defendiendo; en todo caso, si nuestro proyecto no se
aprueba, creemos que debiera abrirse una negociación, artículo a
artículo, de cara a conseguir un proyecto democrático,
progresista, que diera alternativa a nivel local a una situación,
a veces, insostenible de la utilización de la televisión general,
incluso de la autonómica, sea pública o privada.
De ustedes depende.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Enmienda de texto alternativo del Grupo Popular. Tiene la palabra
la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, con toda
brevedad, voy a defender los argumentos que en mi grupo nos han
llevado a presentar una enmienda de totalidad con texto
alternativo, al proyecto de ley de televisión local que ha
presentado el Gobierno.
Tengo que empezar diciendo que nos alegramos de que, al fin,
podamos debatir en esta Cámara lo que será, sin duda, la futura
ley de televisión local. Años de contradicciones y de
arbitrariedades por parte del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente certifican la necesidad de esta ley.
Hace exactamente un año, el 27 de septiembre de 1994, debatíamos
la toma en consideración de una proposición de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la regulación de la
televisión local; proposición que, a pesar de no estar de acuerdo
con su contenido, nos parecía procedente su tramitación para
superar una situación de alegalidad que estaba lesionando a
determinadas empresas de comunidación y, lo que es más grave, a
la propia libertad de expresión y de información.
Teniendo importantes discrepancias, que en esas fechas
denunciamos, con la proposición de Izquierda Unidad-Iniciativa
per Catalunya, podríamos en el trámite parlamentario, y así lo
dijimos, haber acercado posiciones y haber intentado un consenso
que siempre debe haber en todas las materias y, fundamentalmente,
cuando esas materias afectan a la comunicación. Esa es, señorías,
la grandeza del debate parlamentario que parece no compartir el
Gobierno y el Grupo Socialista, como ha pasado con el cable.
Prefiere la alegalidad si no tienen garantizado que van a
prosperar sus propuestas y, por tanto, obvian el debate
parlamentario.
En esas fechas, en septiembre de 1994, el Gobierno y el Grupo que
lo soporta o, mejor dicho, el grupo que lo soportaba, porque hoy
tenemos dudas razonables de que ese apoyo se siga dando, esos
grupos dejaron pasar la oportunidad de ganar un año en materia de
regulación de la televisión local al no tomar en consideración la
propuesta del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que nuestro grupo votó afirmativamente en su tramitación, aunque
no estaba, insisto, de acuerdo con su contenido.
Tenemos la impresión de que el Gobierno controla mejor la
información cuando no hay leyes. Se mueve así en la
discrecionalidad cuando la misma no deriva en arbitrariedad. Para
que nos entendamos, el Gobierno en materia de televisión local
por onda ha venido decidiendo, por afinidad o porque le eran
cercanas, qué televisiones podían emitir libremente y qué
televisiones debían soportar el control del propio Gobierno. Esto
se ha hecho sin duda teniendo en cuenta las líneas editoriales y
también los propietarios de esos medios. Se han intentado cerrar
emisoras de televisión, algunas de ellas se han cerrado incluso
cuando los ayuntamientos no eran mayoritariamente del signo
político del Gobierno central y, sin embargo, han tenido toda la
permisividad del mundo cuando dichas administradores locales eran
gobernadas por el Partido Socialista. Esta situación, a nuestro
modo de ver, hacía imprescindible esta normativa específica en
materia de televisión local por ondas para evitar las
discriminaciones y tratamientos dispares a los que he estado
haciendo referencia.
A partir de la aprobación de esta ley se cierra un campo abierto
hasta hoy a la discrecionalidad, que ha hecho posible el abuso de
poder que ya denunciaba mi compañero Luis de Grandes en el mes de
septiembre al debatir la citada proposición de ley.
Antes de comenzar a valorar tanto el contenido del proyecto como
nuestra propuesta aprovecho que está
aquí el Ministro señor Borrell, para solicitar al Gobierno que,
de una vez por todas, defina el modelo técnico de las
comunicaciones en España y, como consecuencia de ello, modifique
en profundidad la legislación vigente en esta materia, ya que,
como decía el portavoz del Partido Socialista en el mes de
septiembre, estamos hablando de un sector, no sólo el de la
televisión, sino de las comunicaciones que evoluciona a mucha
velocidad. Aunque él hablaba entonces de prudencia, creo que su
excesiva prudencia --si la quieren llamar así-- se ha convertido
en miedo a regular una actividad que es imprescindible para el
futuro desarrollo de España.
No se puede confundir en política prudencia con pasividad y mucho
menos construir la casa empezando por el tejado y a base de
parcheos. Olvídense de su partidismo y planteen seriamente, de
una vez por todas, el futuro del sector de las comunicaciones con
la vista puesta no en los intereses particulares, sino en los
intereses generales de los ciudadanos. Ejemplos de su actuación
interesada en este ámbito podría ponerle muchos, pero basta
contemplar la fecha que estamos debatiendo este proyecto de ley
de regulación de televisión local y el proceso sufrido por el
proyecto de ley de telecomunicaciones por cable.
Señorías, mi grupo no se ha limitado a solicitar que se devuelva
este texto, un texto que consideramos no es acorde con nuestros
tiempos. Estamos hablando de un texto trasnochado y que va a
hacer inviable el desarrollo espontáneo de lo audiovisual en los
ámbitos locales. Ello no es posible con el diseño establecido por
el actual Gobierno, salvo que el propósito del Ejecutivo (que,
por cierto, tiene anunciada la celebración de elecciones
generales para dentro de unos meses), sea ponerle puertas al
campo y dejar coartado el camino al incremento audiovisual local.
Hemos presentado un modelo alternativo porque distinta es nuestra
concepción de lo audiovisual, porque distinta es la forma de
entender el papel de lo público en lo audiovisual y, sobre todo,
porque nosotros sí queremos empresas audiovisuales, locales
fuertes. Nosotros apostamos por empresas fuertes que desarrollen
la información en los municipios y que, en libertad, construyan
programaciones atractivas en los aspectos informativos
divulgativos y culturales para los ciudadanos y los vecinos de
los municipios.
Con su texto, el Gobierno quiere mantener que una televisión
local en cualquier municipio constituye un servicio público
esencial. Se aferran ustedes al concepto de servicio público
esencial que se acuñó en el Estatuto de Radiotelevisión Española
y que está absolutamente superado. Nadie puede defender el
concepto de servicio público esencial en la España del siglo XXI,
salvo que ustedes quieran mantener a toda costa el régimen de
concesiones que significa poder político en la comunicación.
Además el Gobierno, que parece no se encuentra satisfecho con el
déficit billonario --billonario con be-- de Radiotelevisión
Española y con los déficit de las televisiones públicas
autonómicas, no se conforma con ello y quiere ampliarlo, quiere
que el sector público audiovisual sea aún más deficitario. El
Gobierno pretende televisiones locales subvencionadas por los
ayuntamientos, que incrementen la deuda municipal y agraven los
déficit de las corporaciones locales en toda España.
No podrán dudar de la autenticidad de nuestras propuestas porque
les recuerdo que nuestro partido acaba de ganar las últimas
elecciones municipales. Nos resultaría mucho más cómodo decir hoy
sí, que estamos de acuerdo y que los ayuntamientos cuenten con su
televisión local pública, pero no se trata de que los alcaldes
del Partido Popular cuenten con su televisión, como parece ser la
intención de los redactores de este proyecto, que, por cierto,
presentaron antes de las elecciones municipales.
Por ponerles un ejemplo, les diré que, hace poco, el Alcalde de
Córdoba tomaba las medidas oportunas para que la televisión
municipal de Córdoba no continuara. Este alcalde consideraba que
eso no era ninguna prioridad en la ciudad y que había empresas
privadas dispuestas a ofrecer ese servicio sin ningún coste para
los ciudadanos.
Además, el texto del Gobierno trata de impedir que haya
iniciativa privada. Tanto es así, que el proyecto impide que la
televisión local pueda emitir publicidad en horas de máxima
audiencia. Se condena la viabilidad económica de cualquier
televisión que no esté pagada por los impuestos de los
ciudadanos. Quieren televisión local a costa de los impuestos de
los vecinos. Pensarán ustedes, con acierto, que, vistas así las
cosas, todo está muy claro: instálese una televisión local que se
sufragará con los presupuestos de los ayuntamientos, como si
estuviéramos hablando de la limpieza de parques y jardines, de
determinados transportes, en algunos casos, o de la Policía
Municipal. Eso es básicamente lo que proponen el Gobierno y el
Grupo Socialista en su texto.
Nosotros, señorías, como hemos reiterado, no consideramos lo
audiovisual como un servicio público esencial y mucho menos
acertamos a comprender que las arcas municipales de un
ayuntamiento tengan como finalidad sufragar una televisión local.
Nuestro concepto es mucho más amplio y, desde luego, democratiza
la información en el ámbito local.
Proponemos, en primer lugar, que no se considere la televisión
local como un servicio público esencial, porque no lo es.
En segundo lugar, que existan cuantas televisiones demanden los
ciudadanos y, por supuesto, los condicionamientos técnicos
permitan y, además, que para ello sólo sea exigible una
autorización y no tengan que solicitar una concesión por parte
del Estado. Lamento que el señor Borrell se haya marchado pues
nos gustaría que nos explicara por qué en algunos temas relativos
al sector audiovisual habla de no poner puertas al
campo y, sin embargo, en el tema de la televisión local quiere
poner puertas al campo impidiendo que haya más de una televisión
local por municipio.
En tercer lugar, en nuestro texto se reconoce, como debe ser, la
autonomía municipal y se respetan las competencias autonómicas.
En cuarto lugar, no estamos dispuestos a incrementar déficit
públicos, la deuda de los ayuntamientos, con la casi
obligatoriedad de que si quieren una televisión en su ámbito
tenga que ser pública. Ya sabemos que esa televisión se
politizará, con todas sus consecuencias, y que, además, será un
coste añadido para los vecinos. Por tanto, que existan tantas
cadenas como sea viable técnica y económicamente y, desde luego,
si se observa la necesidad del papel subsidiario de un
ayuntamiento respecto a esta actividad, que sean los propios
vecinos los que lo soliciten.
En quinto lugar, reclamamos que las televisiones locales puedan
acudir en su totalidad al mercado publicitario, con las
limitaciones legales existentes para otras televisiones, y así
puedan subsistir, porque, como decía antes, lo contrario sería
recargar el erario público al hacer inviable la iniciativa
privada. No podemos apoyar un régimen de restricciones distinto
del que existe para las televisiones autonómicas o para las
televisiones estatales. ¿Alguien puede explicarnos por qué cabe
la publicidad en una televisión pública estatal, en una
televisión autonómica, y no cabe en una televisión local?
Por último, y en sexto lugar, creemos conveniente que las
autorizaciones se otorguen por tiempo mayor, que garanticen unas
inversiones que, sin ninguna duda, redundarán en un mayor
beneficio para los ciudadanos a través de una mayor calidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, le ruego concluya.
La señora MATO ADROVER: En seguida termino, señor Presidente.
No quiero concluir sin lamentar profundamente que esta Cámara
esté debatiendo hoy el proyecto de ley de televisión local por
ondas cuando todavía no hemos discutido el proyecto de ley de
televisión por cable; mejor dicho, lamento que el Gobierno haya
impedido hasta la fecha el debate de la televisión por cable, y
es suya toda la responsabilidad, porque al igual que ocurría con
este proyecto, nuestro grupo hace ya año y medio, presentó una
proposición de ley para regularla que no fue aceptada a trámite
por la obcecación del Grupo Socialista, pese a nuestra oferta de
consenso.
Señorías, la televisión local por ondas es muy importante, pero
no tiene ningún sentido que su problemática y su regulación no
tengan en cuenta la televisión por cable. Los que saben de la
velocidad a que avanza el mundo de las telecomunicaciones ponen
de manifiesto que la televisión local y la televisión por cable
están llamadas a absorberse o a confundirse en una misma.
Señores de la actual mayoría parlamentaria, con toda claridad he
expresdo nuestras diferencias respecto a su texto. Tenemos un
modelo alternativo y les anuncio que si prospera nuestra enmienda
--solicito a los grupos parlamentarios que la apoyen-- estamos
dispuestos a acercar posiciones en el ámbito del debate
parlamentario. En caso contrario, nuestro grupo parlamentario
presentaría enmiendas parciales, como ya ha hecho, para tratar de
mejorar el texto del Gobierno y hacerlo más cercano a la realidad
actual de la televisión local en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con estas
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria va a fijar su posición en relación con las enmiendas
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y el Grupo Parlamentario Popular, a tenor de lo que
constituye el planteamiento fundamental de las enmiendas que al
texto articulado de este proyecto de ley de televisión local por
ondas terrestres nuestro grupo ya tiene presentadas en el
registro. Nuestra postura es muy clara y va a ser expresada con
rapidez.
Nuestro grupo, por las razones que a continuación expondré,
rechaza el texto alternativo que plantea el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y se muestra claramente a favor
del texto que propone el Grupo Parlamentario Popular. No
obstante, nosotros reconocemos que en el proyecto del Gobierno
hay una sistemática de actuaciones, fuera del planteamiento de
principio que recoge el artículo 1 y sobre el cual se sitúa el
pronunciamiento fundamental de nuestro grupo, para que si hay un
ensamblaje, bien en trámite de comisión, bien de consenso, este
importante proyecto de televisión local por ondas terrestres, de
una vez y con todas las demoras que lleva ya dentro de la Cámara,
pueda aprobarse.
Nuestro argumento fundamental para rechazar una enmienda y
aceptar la otra (yo diría que nuestro planteamiento está
plenamente contemplado en el texto propuesto por el Grupo
Parlamentario Popular, que recoge nuestras aspiraciones) se basa
en definir la naturaleza jurídica del servicio. En el artículo 2
del texto del Gobierno se dice que tiene naturaleza de servicio
público y vemos que ello coincide con el planteamiento del Grupo
de Izquierda Unida; sin embargo, la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Popular coincide plenamente con la nuestra
del articulado al definirlo como un servicio de interés general,
que va a
condicionar, como he dicho anteriormente, nuestra posición en el
correspondiente voto.
Señorías, nosotros no alcanzamos a comprender ningún
planteamiento que trate de hurtar la posibilidad de contar con
televisiones locales de iniciativa privada sin que ello pueda
condicionarles tener naturaleza de servicio público. Nuestro
primer planteamiento es el de servicio general, de ahí que
pensemos que si las televisiones públicas deben tener carácter de
servicio público, las televisiones locales (y aquí no estamos
hablando sólo de televisiones municipales o de corporacions de
Derecho público como pueden ser las diputaciones o los cabildos
insulares, sobre lo cual hemos presentado otras enmiendas al
texto articulado), también han de tener esa naturaleza.
Este artículo 2 del proyecto y lo que dicen las enmiendas de
totalidad de los dos grupos proponentes, que son totalmente
dispares, condicionan nuestra posición porque condicionan por
esta naturaleza jurídica el resto del proyecto. De aquí que
nosotros no entremos en más consideraciones sobre el resto del
texto articulado, por coincidir plenamente con lo que dice el
enunciado en el artículo 2. Según la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, tiene naturaleza de servicio de interés
general, y el resto podrá ser asumido bien por iniciativas de
tipo público local, bien por iniciativas de tipo privado
sometiéndose a ese tema, ahí basamos fundamentalmente nuestra
posición.
El planteamiento que Coalición Canaria hace aquí es que,
tratándose de algo que no tiene por qué tener naturaleza de
servicio público, las iniciativas deben ajustarse a una actividad
mercantil de tipo libremente establecido. Nosotros solamente
hacemos una reserva de competencia estatal en lo que es, por
ejemplo, la administración o utilización del espacio
radioeléctrico. Por supuesto que el espacio radioeléctrico, por
la complejidad técnica que tiene para señarlarle la banda, debe
ser objeto de la competencia estatal; pero, fuera de esta
capacidad administrativa de adjudicar la onda correspondiente en
el espacio radioeléctrico, nosotros estamos por toda iniciativa
que consagre el principio de actividad libre y que no la limite a
la naturaleza de servicio público en el campo de las televisiones
locales.
Por esta razón, señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
muestra su rechazo al texto alternativo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y apoyará el texto alternativo que
pesenta el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, dado que el señor Ministro ha
explicado desde esta tribuna el proyecto de ley que presenta el
Gobierno en sus justos términos, tal y como está redactado en el
proyecto de ley que el Gobierno remitió a esta Cámara, a ese
proyecto de ley y a sus contenidos debemos hace referencia.
En opinión del Grupo Vasco, es un proyecto de ley directamente
lesivo a los intereses de las comunidades autónomas que tienen
competencias en materia de medios de comunicación social. Basta
con leer y analizar el proyecto para observar que en todo él sólo
existen dos unidades administrativas, el Gobierno del Estado y
los municipios --el propio proyecto de ley se llama de televisión
local--, cuando son también administraciones locales, además de
los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones. No hay
ninguna posibilidad ni capacidad para entender por parte del
Ministerio el entramado institucional del país.
El señor Ministro no tiene capacidad política en su concepción
administrativa de las instituciones del Estado más que en su
consideración de carácter binario. En el proyecto de ley que
remite a esta Cámara sujeto al Gobierno central, sujeto a
municipios y lo que pueda estar en medio de estas instituciones
administrativas, en ningún caso existe para el señor Ministro.
Local es también lo referente a las mancomunidades, lo referente
a las diputaciones provinciales, circunscripciones en las que
también se pueden establecer servicios de comunicación social más
adecuados en algunos casos a la realidad social y más viables
económicamente. Con el valor de la unidad administrativa,
municipio en este momento, vale lo mismo legislar para Bilbao que
para un ayuntamiento pequeño del Estado. Esta concepción de las
unidades administrativas del Estado no tiene, en nuestra opinión,
ningún tipo de base ni sustento jurídico ni económico ni mucho
menos social.
Entendemos, además, que el proyecto de ley que está sometido a la
consideración de esta Cámara limita, de manera no justificada, el
derecho fundamental a expresar y difundir libremente
pensamientos, ideas y opiniones mediante la creación de
televisiones locales por ondas, y coincidimos en ello con las
intervenciones al respecto tanto de la señora Mato como del señor
Alcaraz.
¿Cuál es la razón técnica o política para que cada demarcación
municipal sólo pueda establecer una televisión local? No
compartimos tampoco en esta línea el criterio de prohibición
absoluta de emisión en cadena, recogida en el proyecto de ley.
Entendemos, además, que es una discusión superada en el ámbito de
los medios de comunicación social, y el funcionamiento de la
FORTA, por ejemplo, como federación de televisiones autonómicas,
lo evidencia claramente.
En un momento de su intervención, el señor Ministro se ha
atrevido a hacer un diseño completo del modelo televisivo del
país, y ha indicado, por ejemplo, que en su concepción, en su
modelo de los medios de comunicación social, existe una sola
cadena, una sola posibilidad para las televisiones autonómicas.
Sin embargo,
cualquiera que conozca la situación actual sabe que, por ejemplo,
en Euskadi esta situación es dual, contamos con dos cadenas en la
televisión autonómica y no acogidas además al llamado autonómico
o tercer canal. Seguimos haciendo análisis sobre las propias
previsiones, como si todo dependiera del Ministerio, como si el
Ministerio fuera omnipotente y omnipresente. No entendemos que
sea la hora de las prohibiciones, del intervencionismo por el
intervencionismo, sino que es más bien la hora de la tecnología y
de la comunicación en el servicio comunitario.
El modelo, en lo que ha insistido mucho el señor Ministro,
entendemos que no es en su actual redacción (insisto que en la
redacción que ha sido presentada por el señor Ministro, porque en
su intervención, por mucha atención que he puesto, no le he oído
driblar lo más mínimo en relación a los contenidos que están
recogidos en el proyecto de ley), un proyecto de televisiones
locales; es un proyecto de televisiones municipales. Entendemos
que el proyecto de ley propone un modelo de televisión local que
si no está directamente relacionado con las arcas municipales no
tiene ninguna posibilidad económica; son proyectos inviables. La
mayoría de los supuestos sobre los que se construye el proyecto
de ley va, en consecuencia, a suponer un incremento del déficit
público, y entendemos que aquí estamos construyendo discursos muy
ambivalentes y, en gran medida, contradictorios. Si uno de los
objetivos fundamentales del Gobierno es la reducción del déficit
público y la reducción del déficit público precisamente donde más
se consolida es donde los servicios se prestan más cerca de los
ciudadanos, en este caso en los ayuntamientos, ¿cómo es posible
que se quiera mantener un proyecto de ley en el cual se da vía
para que los municipios se tengan que endeudar, y además en
cantidades considerables, con la contratación de personal y los
gastos de funcionamiento que ello conlleva? Es contradictorio con
lo que el Gobierno mantiene en sus tesis económicas generales.
En nuestra opinión, con las previsiones recogidas en el proyecto
de ley, los municipios no pueden solicitar contraprestación
económica de los usuarios del servicio y, además, no se les
permite introducir publicidad en la franja horaria económicamente
más rentable. Entendemos, señorías, que imposibilitar la
inserción de publicidad en dicha franja horaria es tanto como
condenar la suficiencia económica de estos medios de comunicación
social.
En el terreno económico, entendemos también que la concesión para
la prestación del servicio debe otorgarse por un plazo no
inferior a diez años, para hacer viable la inversión que supone
la instalación de una televisión local.
Para terminar, quiero indicar que existen modelos alternativos --
hoy se han presentado dos desde esta misma tribuna-- y existe
también una práctica real con un modelo determinado en lo que
respecta a las radios locales de frecuencia modulada. Teniendo en
cuenta las condiciones reales del espacio radioléctrico, para el
Grupo Vasco este modelo de las radios locales en frecuencia
modulada es el que más se acerca a lo que entendemos se debiera
legislar en materia de televisiones locales. En nuestra opinión,
tras los trámites en esta Cámara, esta legislación que viene
tarde y mal formulada, debería acercarse a ese modelo.
Nos consta la voluntad del Grupo Socialista de acercar posturas
en relación a un texto de ley que consideramos malo. Manifestamos
que, además de lo que he intentado explicar en esta intervención,
muchas de nuestras posturas en el terreno económico, en el
terreno liberalizador, coinciden con las posiciones que ha
manifestado la señora Mato en su intervención; que, también como
un gesto de buena voluntad, nos vamos a abstener en las
votaciones referidas a dichos modelos alternativos, en el
convencimiento de que se pueden producir acercamientos, tanto en
materia económica como en materia de viabilidad de los proyectos
como en materia de competencias de las distintas administraciones
en los sucesivos trámites en esta Cámara, con el Grupo
Socialista; pero afirmamos, a pesar de todo que la forma de
trabajar y la consideración que le merecen los grupos
parlamentarios minoritarios al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente es, señor Presidente, lamentable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unión, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER Y MIRALLES: Señor Presidente, señorías, quiero
manifestar en primer lugar y en nombre de nuestro Grupo
Parlamentario, la satisfacción que sentimos por el hecho de que
finalmente se inicie en esta Cámara el debate del proyecto de ley
de televisiones locales. Este es un claro ejemplo donde el
legislador ha ido muy por detrás de la realidad, porque hace
bastante tiempo, más o menos una quincena de años, que las
primeras de esas televisiones empezaron a funcionar, y durante
ese período muchos de los proyectos televisivos que surgieron, en
la mayoría de los casos, gracias a entidades culturales, a
asociaciones, a la iniciativa de la sociedad civil en general,
han consolidado una programación propia y estable enraizada en su
territorio y, además, una programación que en muchos casos tiene
una amplia aceptación entre la población. Pensamos que con ello
han realizado una aportación muy valiosa a la sociedad a la que
sirven, tanto desde el punto de vista cultural como desde el
punto de vista social o cívico.
Parte del éxito de esas televisiones se debe a que han actuado y
actúan en un ámbito como es el local, en el que muy a menudo no
tienen competidor. Inciden en la información de su territorio o
profundizan en todas las cuestiones que interesan y motivan a los
ciudadanos
de un municipio, y algunas veces sólo este tipo de emisoras dan
satisfacción, dentro del ámbito televisivo, a esta demanda de
información sobre temas de interés local o comarcal.
Fue precisamente en Cataluña donde surgieron las primeras
televisiones locales del Estado y quiero destacar, entre otras
aportaciones que han realizado, la importante contribución a la
normalización de nuestra lengua dentro del panorama
comunicacional. Pero como ya se ha dicho, este desarrollo se ha
producido en una situación de alegalidad, que no de ilegalidad,
ya que el Tribunal Constitucional ha sentenciado repetidamente el
derecho de estas televisiones a la libertad de expresión y
comunicación, a la vez que anulaba las resoluciones gubernativas
por las que se les ha requerido repetidamente, por parte del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el
cese de las emisiones y el desmontaje de sus instalaciones.
El proyecto de ley que debatimos creemos que puede constituir un
punto de partida suficiente, pero sólo un punto de partida. Para
que pueda contar con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario
entendemos que deberá ser bastante mejorado; de hecho, deberá ser
muy mejorado.
El proyecto parte, de entrada, de la consideración de la
televisión local como servicio público, consideración que
compartimos. Sin embargo, hay a continuación dentro del proyecto
de ley toda una serie de aspectos que no compartimos en muchos de
los casos, en otros sí, y en algunos no tan sólo no los
compartimos sino que no los compartimos en absoluto y que son
objeto de las catorce enmiendas al articulado que hemos
presentado.
Así, y en cuanto al ámbito de cobertura, que según el proyecto de
ley debe de ser exclusivamente local, nosotros defendemos que
deberá poderse ampliar a criterio de las comunidades autónomas.
Estamos pensando en aquellas zonas, generalmente zonas rurales,
donde la escasa densidad demográfica hace inviable una televisión
de ámbito local, pero sí en cambio sería posible crear una
televisión de un ámbito superior al local, como pudiera ser un
ámbito comarcal o bien, por ejemplo, en el ámbito insular. Las
islas tienen una marcada personalidad que quieren preservar y, en
algunos casos, pudiera ser conveniente la existencia de una
televisión de este ámbito; en Mallorca, por ejemplo, ya existe.
Tampoco estamos de acuerdo con la fórmula de gestión que nos
propone el proyecto, una fórmula que creo recordar que es de
preferencia municipal, puesto que, a nuestro entender, esta
fórmula parece confundir televisión local con televisión
municipal. Es ésta una fórmula que ignora la realidad cuanto
menos de una parte importante del territorio donde la televisión
local, como decía antes, ha nacido y se ha desarrollado desde la
sociedad civil, no desde los poderes públicos.
Yo sé que en otras partes del Estado hay realidades muy distintas
a la que pueda haber, por ejemplo, en la comunidad autónoma de la
cual provengo, en Cataluña, pero deberíamos conseguir poder
arbitrar un modelo de televisión local que respetara las diversas
fórmulas que se han ideado para hacer funcionar esas
televisiones, tanto el modelo andaluz, por poner un ejemplo --y
me consta que de alguna manera está detrás de esta concepción
excesivamente municipalista que hace un momento denunciaba--,
como el modelo de televisión local catalán que es totalmente
distinto. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario defiende que se
garantice la continuidad de estas emisiones y el acceso de los
ciudadanos a la prestación de este servicio y ello con
independencia de la voluntad del ayuntamiento de gestionarlo.
Para ello proponemos en nuestras enmiendas que el número de
títulos habilitantes no sea de uno sino que pueda ser de dos. Con
ello entendemos que se garantizaría la iniciativa municipal y a
la vez la iniciativa privada.
Otro aspecto que no compartimos del proyecto de ley es el de la
limitación de la publicidad que se contiene en el artículo 8. En
primer lugar, porque pienso señor Presidente, señorías, que esta
limitación está fuera de lugar, no corresponde a este proyecto de
ley. A la Administración central, según el atículo 149.1.27.ª de
la Constitución, le competen las normas básicas del régimen de
prensa, radio y televisión, correspondiendo a las comunidades
autónomas con competencias en la materia el poder dictar las
normas de desarrollo así como su ejecución y, sinceramente, no
creo que determinar la prohibición de emitir publicidad entre las
20 y las 24 horas pueda ser considerado algo tan importante como
para otorgarle carácter básico.
Deberían ser pues, desde nuestro punto de vista, las comunidades
autónomas la que, en su caso, pudieran dictar alguna norma de
este tipo, que espero además que no lo hagan, puesto que la
directiva comunitaria «Televisión sin fronteras» y su
trasposición al ordenamiento español, por lo que se refiere a los
contenidos, creemos nosotros que es ya suficientemente precisa y
no creemos que se deba legislar sobre nada que vaya más allá de
los propios contenidos de esta publicidad. Me parece ya
suficiente esta previsión en la trasposición de la directiva.
Pero es que, además, esta prohibición que se contiene en el
proyecto de ley entendemos que no obedece a otra lógica que a la
de coartar el desarrollo de esas televisiones y, por tanto, señor
Presidente, señorías, lo encontramos fuera de lugar.
En cuanto a las frecuencias radioeléctricas, nosotros proponemos
un sistema similar al que se ha seguido para la frecuencia
modulada, al que de hecho diseñó la Ley de Ordenación de las
Telecomunicaciones en su primera redacción y luego fue mantenido
en el proyecto de ley de reforma. Es decir, es la Administración
central la que asigna las frecuencias y las comunidades autónomas
las que conceden el título habilitante para la prestación del
servicio. No entendemos por qué aquí se ha optado por un modelo
distinto al de la frecuencia modulada.
Por lo que se refiere a la duración de la concesión, saben
ustedes que el proyecto de ley estabece un plazo
de cinco años; plazo que a nosotros nos parece insuficiente y, en
muchos casos, hace inviable la inversión que supone crear una
televisión local. Por ello, proponemos su ampliación a diez años.
El artículo relativo a las estaciones transmisoras también
debería mejorarse, incorporando la posibilidad excepcional de que
la estación transmisora se pueda instalar fuera del núcleo urbano
o, incluso, en un municipio vecino en aquellas poblaciones que lo
precisen por su especial orografía. El proyecto de ley señala que
la estación transmisora debe de estar ubicada dentro del núcleo
principal de población. Asimismo, pensamos que las entidades sin
ánimo de lucro deben de tener el mismo trato que los
ayuntamientos en cuanto a la exención en el canon por la
utilización del dominio público. Para finalizar la exposición de
aquellos aspectos del proyecto que no nos satisfacen, proponemos
que se alargue el plazo de cierre de aquellas emisoras existentes
pero que no obtengan en su momento la concesión y, por lo tanto,
pasen a la situación de ilegalidad. Creemos que los tres meses
que se señalan en el proyecto de ley realmente es un plazo muy
corto para el cierre ordenado de una emisora.
Estas son, señor Presidente, señorías, nuestras principales
discrepancias en relación al proyecto de ley que hoy debatimos y
que, como he dejado claro en mi exposición, creemos que es
francamente mejorable. Quisiéramos oír la opinión del portavoz
socialista acerca de la posibilidad de incorporar nuestras
enmiendas al texto final que apruebe la Cámara. Ello nos ayudará
a definir el sentido de nuestro voto en relación a las enmiendas
planteadas hoy y también, en su momento, marcarán nuestra
decisión final sobre el apoyo al proyecto. Nada más y muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras Diputadas,
señores Diputados, el proyecto de ley de televisión local por
ondas terrestres que hoy estamos discutiendo forma parte de la
política general del Gobierno en materia de telecomunicaciones.
El Gobierno, el 7 de octubre del pasado año, adoptó un acuerdo
sobre política de telecomunicaciones que fijaba cuáles eran los
objetivos a conseguir, las líneas estratégicas de actuación y
tomó un conjunto de 21 acuerdos, uno de los cuales se refiere a
la regulación de la televisión local por ondas terrestres. Se
viene así --lo han dicho otros portavoces-- a regular una
realidad que existe, puesto que hay centenares de televisiones
locales emitiendo en estos momentos en España; televisiones que
vienen a cubrir un ámbito social, cultural y político
indiscutible. Creo que también es de justicia --y así me sumo a
alguna otra intervención-- reconocer el papel positivo que, con
carácter general, estas televisiones han desarrollado.
Nos oponemos al texto alternativo que ha presentado Izquierda
Unida, por varios motivos; quizá hay un motivo principal y es que
tenemos nuestro propio texto. Además, con el texto actual que
propone Izquierda Unida, que sin duda supone un avance en
relación al de la proposición de ley que en su día discutimos en
el sentido de un mayor acercamiento a las posiciones comunes, aun
teniendo muchas coincidencias, también tenemos importantes
desacuerdos.
Coincidimos con Izquierda Unida en la consideración de la
televisión local como servicio público. Coincidimos con Izquierda
Unida en la conveniencia de que la Ley 25/1994, por la que se
incorporaba al ordenamiento jurídico español la directiva
conmunmente denominada «Televisión sin fronteras», sea junto a la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, un referente básico.
Discrepamos de las excesivas exigencias a los gestores del
servicio. Discrepamos en exigir que sean entidades sin ánimo de
lucro. Discrepamos en alguna regulación que se hace sobre materia
que, a nuestro juicio, es de competencia exclusiva de las
comunidades autónomas, como es la propia organización de la
comunidad autónoma. Parece obvio que dentro de la autonomía
política de una comunidad autónoma, dentro de su ámbito de
actuación de competencias, está la propia organización y, por
tanto, la propia asignación de responsabilidades de competencias.
No nos corresponde a nosotros dilucidar si debe ser el Gobierno
de la comunidad autónoma, el parlamento o una institución
independiente a quien le corresponda la adopción de determinado
tipo de medidas.
Coincidimos con Izquierda Unida y con otros intervinientes en la
conveniencia de ampliar, allá donde sea técnicamente posible, el
número de títulos habilitantes a dos, así como flexibilizar la
regulación que se hace de la publicidad. Deben ser las empresas,
empresas rentables, las que sean capaces de sostener
económicamente el proyecto de televisión local.
Discrepamos también de Izquierda Unida en el órgano sancionador,
en la diferencia que establece entre infracciones graves, leves,
muy graves, estableciendo una jerarquía de órganos sancionadores.
A nuestro juicio, la distinción fundamental en las sanciones debe
corresponderse con lo que es competencia del Estado y con lo que
es competencia de la comunidad autónoma. Y desde luego
discrepamos en la necesidad de que exista un Plan Técnico
Nacional. El elaborar un Plan Técnico Nacional para más de 8.000
municipios que hay en España sería retrasar, no se sabe hasta
cuándo, la regulación, la legalización de la situación que hoy
tenemos.
En resumen, coincidimos bastante con Izquierda Unida. Hay muchos
puntos en común. Algunos de ellos han sido reflejados en nuestras
enmiendas, y otros se los estoy exponiendo ahora y así lo haremos
de forma explícita y, si se quiere, con mayor garantía en el seno
de la Ponencia. Creemos que es posible el acuerdo con Izquierda
Unida. Las principales líneas que configuran su modelo las
hacemos nuestras y, por tanto, a nuestro juicio, el texto
alternativo de Izquierda Unida tiene encaje en el proyecto de ley
que ha presentado el Gobierno. En consecuencia, le rogamos que
retire su texto alternativo.
En general, ofrecemos a los grupos que han manifestado una
actitud de entendimiento con los demás (Grupo Nacionalista Vasco
y Grupo Catalán) el alcanzar un acuerdo configurado en torno a la
consideración de servicio público, en torno a la posibilidad de
que haya dos títulos habilitantes, con la exigencia de un reparto
competencial entre comunidades autónomas y Estado, de forma que
lo relativo a la comunicación, es decir, lo relativo a lo que es
televisión, sea competencia de la comunidad autónoma, pero todo
aquello que tenga una componente técnica y, por tanto, una
componente de telecomunicación, sea al Estado a quien le
corresponda la regulación, porque así está previsto en la
Constitución. Un acuerdo que incluya flexibilizar la publicidad y
también la posibilidad de ampliar el ámbito de cobertura de estas
televisiones. He destacado lo más importante. Sin duda habrá
otros asuntos donde también podremos alcanzar acuerdos.
En cuanto al texto alternativo presentado por el Partido Popular,
es muy difícil que pueda haber algún tipo de acuerdo. La señora
portavoz del Partido Popular ha sido clara al decir que hay una
concepción diferente del asunto. El punto de arranque de esa
concepción diferente viene porque el Partido Popular no considera
esto un servicio público, lo denominan un servicio de interés
general o un servicio de interés público, creo que es la
expresión que utiliza. Simplemente quiero recordarle a la
portavoz del Partido Popular y a todos sus miembros que la
existencia de la figura jurídica del servicio público esencial no
es que aparezca en alguna ley, es una idea, es un concepto que
aparece en el artículo 128.2 de la Constitución, donde se prevé
la posibilidad de que por ley se considere algún tipo de servicio
como esencial para la comunidad.
Estando como estamos ante un bien escaso como es el espectro
radioeléctrico, resulta casi inevitable la consideración de
servicio público. Intentar regular este tipo de servicios
mediante una autorización administrativa y no mediante una
concesión es una especie de alarde lingüístico, pero carente de
sentido. Si hay una limitación manifiesta, y todos coincidimos en
que hay una limitación (se podrá discutir si puede haber una
televisión local, dos o dieciocho, pero es indiscutible que hay
una limitación del espectro radioeléctrico), parece inevitable
que la forma de acceder a la prestación del servicio sea a través
de una concesión administrativa y no de una autorización
administrativa. Desde el momento en que hay que convocar un
concurso, como reconoce el texto del Partido Popular, se hace
inevitable la consideración de la figura jurídica de la concesión
administrativa. El servicio público esencial aparece en la
Constitución como una limitación a lo que se recoge en el
artículo 38 de la Constitución, que viene a reconocer la libertad
de empresa. No es posible la libertad de empresa en cierto tipo
de servicios, en cierto tipo de actividades. Por eso, la
Constitución, en el artículo 128.2, viene a dar encaje
constitucional a esa inevitable limitación de la empresa pública.
El texto alternativo del Partido Popular niega de forma explícita
la participación de las comunidades autónomas y de los
ayuntamientos en la gestión de esta televisión local. No sé si
esa posición les va a llevar a que los ayuntamientos con gobierno
del Partido Popular no gestionen ningún tipo de televisión local,
a que las comunidades autónomas con gobierno del Partido Popular
no gestionen ningún tipo de televisión pública; no sé si esa
coherencia política se va a llevar hasta sus últimas
consecuencias. Desde luego sorprende que se le prohíba a
comunidades autónomas y a ayuntamientos la gestión del servicio y
no se le prohíba al Estado, a las diputaciones provinciales, a
los cabildos insulares o a los consejos insulares.
El título habilitante, en la idea del Partido Popular, lo concede
el ayuntamiento y no las comunidades autónomas, lo cual creemos
que es una asignación errónea de competencias. No limita el
número de títulos habilitantes, como si estuviéramos hablando de
un espectro radioeléctrico ilimitado. (El espectro radioeléctrico
es limitado, pero estamos hablando de una franja del espectro
radioeléctrico ilimitado...).
El señor PRESIDENTE: Señor Martinón, le ruego concluya.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, concluiré con rapidez.
La asignación de competencias entre las comunidades autónomas y
el Estado es francamente desafortunada. Los proyectos técnicos
los aprueban las comunidades autónomas y no el Estado. La sanción
sólo la hace la comunidad autónoma y no el Estado. Acepta que no
haya programación en cadena, pero sí acepta, y supongo que
defiende, que haya cadenas empresariales de televisiones locales.
En resumen, estamos ante un proyecto antipúblico,
antimunicipalista, no respeta la distribución y la asignación de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Ha señalado la portavoz del Grupo Popular que desde el Gobierno
se ha perseguido a televisiones locales poco afines al Partido
Socialista. Como esto es algo más que una acusación, me parece
una cosa gravísima. Quiero recordar a la señora Mato --estoy
seguro que si ella no vivió con intensidad aquella época,
cualquiera de sus compañeros se lo podrá recordar-- que estamos
viviendo en España la época de mayor libertad en medios de
comunicación, para no exagerar, de medios de comunicación, y que
en España haya hoy
muchas televisiones que defienden posiciones políticas de lo más
diverso y de lo más variado ha venido de la mano del Partido
Socialista, por mucho que le duela a la derecha de España que
haya sido precisamente el Partido Socialista el que haya abierto
la televisión a la empresa privada, a todas las opciones
ideológicas y políticas que tenemos en España.
Hace un año yo le pedí al Gobierno que fuera prudente en la
regulación de las telecomunicaciones, y la prudencia no es miedo,
señora Mato. El Gobierno ha presentado, hace ya muchos meses, a
principio de año, el proyecto de ley que ahora discutimos y el
proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, proyecto de ley
de telecomunicaciones por cable, señora Mato --se le ha escapado
varias veces proyecto de ley de televisión por cable-- y estamos
regulando --aunque veo que es difícil que lo lleguen a entender--
fundamentalmente un sector de telecomunicaciones. Sin duda, la
televisión por cable va a ser uno de los motores principales de
que en España tengamos un cable desarrollado; la televisión por
cable y otro tipo de servicios de ocio van a ser, posiblemente,
los que van a permitir que haya un desarrollo positivo importante
de las telecomunicaciones por cable en España, pero, sin duda, no
es la televisión por cable lo esencial de un proyecto de
telecomunicaciones por cable.
Resumo y concluyo, señor Presidente, agradeciéndole la
benevolencia que ha tenido conmigo. El Partido Popular quiere
rechazar lo público, está contra lo público, quizá porque eso
forma parte esencial de su ideología. Desde el Partido
Socialista, yo creo que desde la izquierda en general, lo público
para nosotros es fundamental; lo es porque es a través de las
instituciones públicas, es a través de lo público como nosotros
llevamos a cabo nuestra política de justicia entre los
ciudadanos. Habrá una sociedad más justa si hay instituciones
públicas poderosas capaces de hacer que la justicia sea una realidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Mato Adrover pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, pido la palabra para un
turno de réplica, porque el portavoz del Grupo Socialista ha
utilizado el turno no para fijación de posición con respecto a
nuestra enmienda, sino para un turno en contra de nuestra
enmienda por haberse debatido las dos conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Señora Mato, podrá consumir un breve turno
de réplica en la medida en que la parte de la intervención del
señor Martinón no ha sido de fijación de posición, sino de
contradicción o de turno en contra de la enmienda. Ha sido una
parte breve y le ruego que se ciña a la misma.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente, con toda
brevedad y agradeciéndole su benevolencia.
En primer lugar, quería señalarle al portavoz del Grupo
Socialista que parece mentira que no haya leído con detenimiento
la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo
Popular, porque, de otra manera, nunca podría decir que nosotros
somos antitelevisión local o que somos, por supuesto, antinada
absolutamente antinada.
Señor portavoz del Grupo Socialista, sobre el tema competencial,
nosotros respetamos absolutamente las competencias de las
comunidades autónomas y también respetamos la autonomía local,
cosa que ustedes deberían tener muy en cuenta a la hora de
regular cualquier tema relativo a comunicación, porque parece que
al juntarse los límites técnicos con los que son de comunicación,
ustedes no tienen las ideas muy claras y algunas veces sobrepasan
sus intereses en favor de su propio Partido o de su propio
Gobierno.
En segundo lugar, nosotros queremos que haya mayor libertad de
comunicación, queremos que haya libertad absoluta de expresión y
de comunicación; no nos conformamos, porque en épocas pasadas
haya habido menos, con que ahora haya un poquito. No queremos
menos, estamos mirando al futuro y no al pasado, como parece que
hacen ustedes. Queremos que haya libertad absoluta y, como decía
el Ministro Borrell en una ocasión en unas declaraciones a un
medio de comunicación, no queremos ponerle puertas al campo como
parece ser que sí quieren ponérselas ustedes.
En cuanto al tema del sector público, por supuesto que no
queremos que haya más participación pública en el sector
audiovisual, y ahí sí que hay una diferencia ideológica. En
primer lugar, bastante dinero les cuesta a los ciudadanos la
televisión pública estatal y las televisiones públicas
autonómicas, como para que haya más dinero público en temas de
comunicación local. En estos momentos hay posibilidades de que
haya inversiones privadas y, por tanto, televisiones locales en
manos privadas que no estén controladas por ningún municipio y
ningún ayuntamiento. Y sí se lo digo, señor portavoz, no queremos
que haya televisiones en manos de gobernantes, ni autonómicos, ni
locales, si se utilizan simplemente para ello, cuando hay
posibilidades de que dinero privado ofrezca una televisión local
a los ciudadanos.
En tercer lugar, no se me ha escapado hablar de televisión por
cable, en absoluto, primero, porque la proposición que
presentamos hace dos años en esta Cámara y debatimos hace año y
medio era de televisión por cable y no de telecomunicaciones por
cable; segundo, porque aquí no estamos hablando de
telecomunicaciones locales, obviamente estamos hablando de
televisión local. Por tanto, he hablado de televisión local, sin
perjuicio de que son ustedes los que un día hablan de
telecomunicaciones por cable y, al día siguiente,
según los intereses de sus socios o ex socios de Gobierno hablan
de televisión local. El propio Presidente del Gobierno en
televisión, no sé si fue en Televisión Española o en otra, dijo
que estábamos hablando de un proyecto de televisión local, cuando
el Ministro Borrell había hablado de un proyecto de
telecomunicaciones por cable.
En cualquier caso, las discrepancias e incoherencias son de su
Grupo Parlamentario y de su Gobierno. No trate usted de buscar
incoherencias en nuestro Grupo Parlamentario ni en nuestro
Partido porque no las va a encontrar en ese terreno. Y le digo,
discrepancias con su proyecto tenemos muchas, y usted también
tiene muchas discrepancias con el proyecto del Gobierno, ya que
ha anunciado aquí que va a modificar en bastantes partes el
proyecto que el señor Borrell ha presentado hace cinco minutos.
Entre su Grupo Parlamentario y su propio Gobierno ya hay
bastantes discrepancias en torno a esta ley de televisión local.
Nosotros estamos dispuestos, como lo he anunciado antes en el
debate parlamentario, a tratar de acercar posiciones, sin
perjuicio de que nosotros no podemos considerar que la televisión
local sea un servicio público esencial de titularidad estatal,
porque sencillamente no lo es y usted lo sabe.
Muchas gracias. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mato.
Señor Alcaraz, en relación con su Grupo me resulta más difícil
entender que la intervención del señor Martinón ha intentado
tener algún matiz polémico. Ha fijado posición en relación con la
enmienda de su Grupo. Si S. S. ha descubierto algún matiz
polémico, en un minuto le ruego replique.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, he encontrado un matiz
polémico de fondo y ahora se lo voya a explicar.
Nosotros no vamos a retirar nuestro texto alternativo, a pesar
del acercamiento que, al cambiar el texto primitivo del PSOE, se
ha producido entre el texto del Gobierno y el nuestro. Es un
matiz bastante polémico. Por ejemplo, se plantea la necesidad y
posibilidad, tal como decimos nosotros en el texto, de ampliar a
dos las licencias por municipio, por demarcación. Por tanto, ahí
hay una diferencia que nosotros acogemos de manera favorable,
pero queremos saber en qué consiste. En primer lugar, nosotros
planteamos una televisión de índole municipal --por cierto, lo
que ha hecho el alcalde del PP en Córdoba es una auténtica
barbaridad, una barrabasada, contra la libertad de expresión en
la televisión local de Córdoba, arrasándola y mandando al paro a
los trabajadores-- y, en segundo lugar, planteamos otra licencia,
no municipal ni subvencionada oficialmente, para que no haya
control de ningún tipo del dinero institucional, con
independencia de las subvenciones que se puedan recibir por
contratos de trabajo, etcétera, planteamos esta otra licencia
para asociaciones sin ánimo de lucro.
He citado aquí una televisión de Vallecas, Tele-K, como ejemplo
de funcionamiento muy positivo. Pero podríamos citar otros, por
ejemplo en Lieja, el Canal Emploi, que se desarrolla a través de
la Universidad de Lieja y de los sindicatos, o también, señor
portavoz del Grupo Socialista, la experiencia que está
experimentando el señor Maragall, con más de cinco o seis
organizaciones sin ánimo de lucro, a través de la emisión de la
televisión local.
Por tanto, hay una diferencia importante que tendremos que
discutir, lo mismo que tendremos que discutir que nosotros, al
hablar del plan técnico nacional, establecemos lo mínimo que se
puede hacer en este terreno. Y leo: El plan técnico nacional de
televisión local comprenderá la regulación de las condiciones de
carácter técnico que sean necesarias para garantizar la adecuada
prestación del servicio, entre ellas las siguientes: bandas,
canales, frecuencias, o la delimitación de las zonas
territoriales. Creo que esto es lo mínimo que se puede hacer a la
hora de hablar de la necesidad de planificar la técnica general
de cara a la emisión de las televisiones locales por ondas.
En definitiva, señor Presidente, hay diferencias que tampoco se
han concretado, aunque hay una aproximación, por ejemplo, cuando
dice el señor portavoz del PSOE que está de acuerdo --por eso le
decía que hay una polémica por medio--, cambiando su texto
primitivo, en flexibilizar el tema de la publicidad, pero no ha
dicho ni cómo ni en qué situación ni en qué condiciones. Por
tanto, mantenemos nuestra enmienda de totalidad con texto
alternativo. Dejamos constancia aquí de que se ha producido en el
debate una aproximación, no concretada todavía en sus términos, a
través de la intervención del señor portavoz del Grupo
Socialista, y esperamos, si no se aprueba nuestra enmienda de
texto alternativo, que a lo largo del debate de las enmiendas
parciales se produzca una síntesis aceptable por nosotros en el
voto definitivo en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Efectivamente, señor Alcaraz, hay
diferencias con Izquierda Unida, y yo he intentado señalar
algunas. También creemos que no son diferencias que hagan
imposible un acuerdo; pensamos, por el contrario, que es muy
posible un acuerdo de Izquierda Unida con nuestras posiciones.
Estamos dispuestos a apoyar una modificación del texto que ha
enviado el Gobierno, efectivamente --y lo he intentado explicar,
quizá con poca por fortuna--, por varias razones. Primero, porque
sólo con los votos de nuestro Grupo no sale el texto de Gobierno,
pero
también porque hay posiciones razonables que defienden algunos
grupos, como el suyo, que no vemos inconvenientes para no
apoyarlas.
Así creo que respondo también en parte a la señora portavoz del
Grupo Popular. Dos consideraciones breves. Me sorprenden
expresiones tan categóricamente dichas, del tipo de que yo no he
leído un texto o de «usted lo sabe», que me suenan a frases que
supongo yo que se aprenderán en esas academias a las que ustedes
van a aprender cómo hay que hablar en el Congreso, porque, desde
luego, debe ser usted una señora con una capacidad adivinatoria,
no sé si extrasensorial o ultra sensorial, para ser capaz de
afirmar con tanta rotundidad cosas sobre otra persona.
Sin embargo, hay un asunto sobre el que sí quisiera responderle
con un poquito más de seriedad y es cuando habla de la
incoherencias del Grupo Socialista y del Gobierno de la nación.
No hay tales incoherencias. Con la misma rotundidad con que usted
dice que hay incoherencia yo le digo que no las hay. Yo donde no
aprecio nunca ningún tipo de incoherencia es en su Grupo. Porque
para que haya incoherencia, señora Mato, tiene que haber alguna
idea. La incoherencia se produce como una contradicción, como una
confrontación de dos ideas. No llegan ni a una.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE PUBLICIDAD ELECTORAL EN EMISORAS DE
TELEVISION LOCAL POR ONDAS TERRESTRES (Número de expediente
121/000088)
El señor PRESIDENTE: Concluído el debate de totalidad
correspondiente a este proyecto de ley, vamos a pasar al debate
de totalidad correspondiente al proyecto de ley orgánica de
publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas
terrestres.
La votación correspondiente al debate que acabamos de concluir
tendrá lugar una vez finalizado el debate de totalidad
correspondiente a este proyecto
de ley.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Con su venia, señor Presidente, señoras y
señores Diputados, intervengo muy brevemente.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen General
Electoral establece en su artículo 60 la prohibición de contratar
espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de
titularidad pública, y añade que durante la campaña electoral --
cito textualmente-- los partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones que concurran a las elecciones tienen derecho a
espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de televisión y
de radio de titularidad pública conforme a lo establecido en los
artículos siguientes. Sin embargo, esta Ley Orgánica fue aprobada
en un momento en el que el panorama audiovisual era muy
restringido, ya que se limitaba a la televisión pública nacional
y a las televisiones autonómicas. La posterior puesta en marcha
de los canales privados de televisión en virtud de las
disposiciones de la Ley 10/1988, de Televisión Privada, determinó
la necesidad de adaptar la nueva situación al régimen de la Ley
Orgánica del Régimen General Electoral. Este fue el motivo que
determinó la aprobación de la Ley Orgánica 2/1988, reguladora de
la publicidad electoral en emisoras de televisión privada, cuyo
artículo único en su punto 1 señala --y cito textualmente--: No
podrán contratarse espacios de publicidad electoral en las
emisoras de televisión privada objeto de concesión.
La aparición con el proyecto de ley de televisión local por ondas
terrestres que está siendo debatido en la Cámara hoy de un
servicio de televisión con un ámbito de cobertura estrictamente
local y que puede ser gestionado pública o privadamente hace
precisa la promulgación de una ley que regule la publicidad
electoral en este tipo de emisoras. La necesidad de que esta ley
tenga carácter orgánico viene impuresta, como no se les escapa a
SS. SS., por el artículo 81 de la Constitución.
En esta perspectiva el Gobierno ofrece a la Cámara un proyecto de
ley orgánica extremadamente conciso que pretende asegurar el
máximo respeto por el pluralismo, sin que ningún grupo político
pueda alcanzar una posición privilegiada. Esta es la filosofía
del proyecto de ley, ya que si la legislación substantiva de este
medio limita por razones técnicas el número de emisoras locales,
no parece ajustado al principio constitucional de igualdad que
los diversos sujetos políticos que concurren a una elección se
encuentren, por razones económicas o de otro tipo, en posición de
desigualdad ante la difusión de publicidad electoral. Su
oportunidad, además, se predica de la existencia de una ley
orgánica limilar que regula la publicidad electoral en las
emisoras municipales de radiodifusión sonora. En consonancia con
ésta última, el proyecto de ley orgánica de publicidad electoral
en emisoras de televisión local por ondas terrestres, además de
prohibir la contratación de espacios de publicidad electoral en
este tipo de emisoras, señala que quienes concurran a las
elecciones municipales tendrán derecho durante la campaña
electoral a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras
gestionadas por los ayuntamientos en aquellas circunscripciones
donde presenten candidaturas. El proyecto de ley señala además en
su punto 2. «in fine», de su artículo único que --y cito
textualmente-- estas emisoras no distribuirán espacios gratuitos
de propaganda electoral en elecciones distintas a las
municipales. Con esta previsión se excluye la posibilidad de
insertar espacios gratuitos en campañas electorales
distintas de las municipales precisamente por la complejidad de
aplicar criterios de proporcionalidad en el reparto de dichos
espacios, al poder éstos ser difundidos por un gran número de
emisoras de televisión local.
Por último, y en lo que respecta a la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en opinión del
Gobierno la pretensión que le anima supondría limitar el ámbito
de aplicación de la regulación de la publicidad electoral a las
emisoras públicas excluyendo a las privadas, cuestión ésta con la
que debe discreparse para no hacer una diferenciación entre los
distintos tipos de emisoras, sino que hay que partir, entiende el
Gobierno, de la consideración de la televisión como un servicio
que garantice el acceso a este medio de todos los grupos
políticos y con ello el correspondiente pluralismo.
Por estas razones, señorías, el Gobierno considera necesaria la
creación de este proyecto de ley y el rechazo de las enmiendas y
del texto alternativo presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmienda de texto alternativo, presentada por el Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías, les
aseguro que con la máxima brevedad, ya que, pese al rango de la
ley, que como bien ha explicado el Ministro ha de ser
necesariamente el de orgánica, este proyecto de ley presentado
por el Gobierno es extremadamente breve y no es sino un debate
complementario del que acaba de terminar. Por tanto, no tengan
ningún miedo de que se alargue el trabajo de la Cámara, por lo
menos por lo que respecta al Diputado que va a intervenir.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en
defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo al
proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres. El proyecto de ley que ha
presentado el Gobierno es un texto sumamente breve, que se limita
a una exposición de motivos, a un artículo único, una disposición
adicional y otra final.
Vistas así las cosas, pudiera parecer que no mereciera una
enmienda a la totalidad, pero en nuestra opinión, el proyecto de
ley contiene una posición política que no podemos aceptar. En
consecuencia y entendiendo que nuestra posición debe ser frontal
y merecedora de enmienda a la totalidad, la hemos formulado.
El Grupo Parlamentario Popular, en el ánimo constructivo que
preside siempre nuestro comportamiento político, ha querido
formular un texto alternativo que permita visualizar la dicotomía
existente entre el proyecto del Gobierno y la concepción que del
tema tenemos en el seno del Grupo Popular. Nuestro texto
alternativo constituye una expresión de coherencia política,
mantenida tanto en la Ley Reguladora de la Talevisión Privada
como en las leyes orgánicas reguladoras de la publicidad
electoral en emisoras de televisión privadas y emisoras
municipales. Tan es así, que en nuestros programas electorales
hemos asumido el compromiso de rectificar, en la Ley Reguladora
de Televisión Privada, las restricciones que contiene a la
publicidad política.
Señorías, la clave de nuestras diferencias y discrepancias con el
proyecto gubernamental está en que nosotros entendemos que la
prohibición de publicidad electoral debe afectar a las
televisiones locales por ondas terrestre y por cable de
titularidad pública, pero que esta prohibición no debe afectar a
las emisoras de televisión local por ondas terrestres y
operadores del servicio de telecomunicaciones por cable de
titularidad privada.
Por lo demás, nuestra posición comparte los criterios que
inspiran el proyecto del Gobierno en orden a la regulación de los
espacios gratuitos de propaganda para los partidos que concurran
a las elecciones municipales, con remisión a los criterios
establecidos por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen General Electoral. Hay que decir también que compartimos
la protección al pluralismo y a los valores de igualdad que deben
garantizar las juntas electorales. Por tanto, la aseveración del
señor Ministro cuando explicaba la exposición de motivos de este
proyecto nada tenga de preocupante, puesto que nosotros en
nuestro proyecto hacemos expresamente esa asunción de defensa de
pluralismo y de la igualdad.
Finalmente, nuestro texto alternativo contiene una disposición
adicional que modifica la Ley 25/1994, de 12 de julio, que
incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva
comunitaria llamada de televisión sin fronteras. En este punto,
queremos hacer la reflexión política que nos produce el hecho de
que la paternidad política de la prohibición de la publicidad
electoral en los ámbitos privados de la televisión es,
curiosamente, no del PSOE, no del Gobierno, sino de un grupo
político, concretamente de Convergència i Unió, que incorporó en
su día la enmienda número 60 al artículo 10 del entonces proyecto
de ley de trasposición de la Directiva 89/552 de la Unión
Europea. El proyecto de ley del Gobierno no contenía tal
prohibición, como tampoco existía tal mandato de la Directiva
comunitaria. Ciertamente, nos resulta sorprendente, por más que
su posición sea legítima y, desde luego, merezca nuestros
respetos.
En conclusión, señorías, nosotros, como Grupo Parlamentario
Popular, queremos hacer buena esa expresión que todo el mundo se
atribuye, pero que no todo el mundo cumple: no queremos poner
puertas al campo, expresión que se ha repetido muchas veces en el
día de hoy. Una vez más, apostamos por la libertad contra una
concepción restrictiva, estatalista de la que deriva esa nefanda
doctrina de reputar a la televisión como un servicio público
esencial, cuya interpretación
restrictiva y estricta en los términos en que lo hace el Partido
del Gobierno lleva permanentemente a consecuencias como la que
hoy nos ocupa. No se diga que nuestra posición produce
desigualdad potencial y mayores gastos electorales, porque
existen ya mecanismos legales que impiden esa consecuencia. Se
trata de apostar por la libertad, con mayúsculas, y no por la
libertad vigilada bajo excusas supuestamente igualitarias.
Del Grupo mayoritario no esperamos rectificación, pues su postura
es coherente con su filosofía intervencionalista, pero de un
Grupo como el Catalán (Convergència i Unió), que no está lejano
al principio de la subsidiariedad, que no tiene naturalmente por
qué estar en contra de la estructura social de la libertad, sí
esperamos reflexión y podemos esperar rectificación de una
postura que sólo se entiende, si acaso, por las viejas malas
compañías políticas con las que anduvieron entonces.
Termino, señor Presidente, pues si la ley es breve, no merece
alargar más mis palabras.
Ofrecemos a la Cámara una enmienda a la totalidad con texto
alternativo que entendemos equilibrada, moderada, que apuesta por
un futuro que, quieran o no los intervencionistas, llegará, y
pronto, para ampliar la potencialidad de la sociedad civil. Lo
hacemos modestamente, con la brevedad que ya ven que he cumplido,
y también con la esperanza de que grupos que no están lejos en
este terreno a nuestra filosofía, puedan adherirse a este texto
alternativo que, por supuesto, es susceptible, en Ponencia y en
Comisión, de mejora; con la esperanza de esa adhesión, pero
también con la desesperanza y la seguridad de que el Gobierno, en
su obstinada interpretación del famoso servicio público esencial,
una vez más, va a constreñir, va a restringir la libertad.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, voy a
consumir un breve turno en contra, tan breve, espero, como ha
sido la defensa de la enmienda a la totalidad por parte del Grupo
Popular, porque, efectivamente, nos encontramos ante una vieja
polémica.
La enmienda del Grupo Popular de texto alternativo se reduce a
una sola enmienda, a una sola frase: que la regulación que prevé
el proyecto de ley del Gobierno se aplique sólo, exclusivamente,
a las emisoras de televisión local de titularidad pública. Esta
es la enmienda, éste es el contenido real de la enmienda, no hay
más, o si lo hay, señor De Grandes, es incoherencia, hay falta de
consistencia y hay intento de aprovechar esta ley para reformar
otra ley recientemente aprobada por la Cámara, que no viene a
cuento.
Hay incoherencia. En primer lugar, usted decía que éste es un
debate complementario del que acabamos de tener sobre televisión
local. Y es un debate complementario, pero incoherente por su
parte. Su modelo de televisión local, lo acabamos de oír, hemos
visto el debate ahora mismo, hace unos minutos, es un modelo de
televisión local totalmente privado. No hay emisoras locales de
televisión de titularidad pública. Entonces, por qué regular la
publicidad electoral en emisoras que, en su modelo, no van a
existir. Deberían haberse ahorrado esta enmienda. ¿Por qué
regular entonces este tipo de publicidad?
Hay falta de consistencia, decía, porque basan su regulación, lo
dicen en la exposición de motivos de su texto alternativo, en
consonancia con la Ley del Régimen Electoral General --de
acuerdo-- y con las leyes que regulan la televisión privada y las
emisoras de radio municipales. Si su texto está en consonancia
con las leyes que regulan la televisión privada y las leyes de
emisoras municipales de radiodifusión sonora, esto es lo que
resulta del texto del proyecto del Gobierno, no de su texto
alternativo. Porque su texto alternativo regularía un modelo
completamente distinto.
He dicho que hay aprovechamiento de la ocasión porque sin venir a
cuento de nada --no he visto en su argumentación que sea una
cuestión explicable--, intenta modificar el párrafo c) del
artículo 10.1 de la Ley que incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva famosa de la Comunidad Económica Europea. No
sé por qué aprovechan esta ocasión.
En definitiva, hay incoherencia, hay falta de consistencia, hay
un aprovechamiento errático de una ocasión. Pero lo que sí hay,
señor De Grandes, es una gran coherencia política, lo tengo que
reconocer. Porque siempre han pretendido la utilización de las
televisiones como instrumento de publicidad electoral. Ustedes
tienen una visión de las campañas electorales, de la publicidad y
de la propaganda electoral muy a la americana, hasta el punto de
que en su propuesta llegan incluso a suprimir el párrafo segundo
del punto 2 de este artículo único, donde se dice que este
reparto de espacios de propaganda electoral se hará sólo para
elecciones municipales, es decir, lo prevén para todo tipo de
elecciones; se entiende que en todo tipo de elecciones puede
haber en las emisoras de televisión local publicidad electoral de
todo tipo.
Como SS. SS. saben nuestro criterio es totalmente contrario, y no
por un afán intervencionista, no porque haya una voluntad de
limitar la libertad en ningún sentido, sino poque hay una
necesidad de regulación; nuestro criterio es contrario, señor De
Grandes, como también lo ha sido, por parte del conjunto de esta
Cámara, cuando hace poco más de un año, en una reforma que se
hizo de la Ley de Régimen Electoral General se incrementó el
control del gasto electoral, pero, sobre todo, se rebajó el gasto
electoral y, como recuerda
el preámbulo de la Ley 13/1994, se aducía la conveniencia de
reducir los gastos electorales y se establecían en dicha reforma
una serie de medidas dirigidas a minorar, directa o
indirectamente, los costes de las campañas electorales. Todo ello
era producto de una demanda social creciente. No creo que sea
conveniente ahora --a través de una aceptación de las enmiendas
que ustedes plantean-- un incremento no sólo de la presencia de
los grupos políticos durante las campañas electorales, sino
también un incremento del gasto.
En definitiva, señores del Grupo Popular, señor Presidente, creo
que el proyecto del Gobierno es coherente con toda la regulación
que en materia de publicidad electoral se ha venido produciendo
desde 1985, desde el momento en que entró en esta Cámara, se
discutió y se aprobó por amplio consenso la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General y todas las leyes que después han ido
complementando o reformando esta Ley han sido coherentes con esta
visión.
Por lo tanto, en nombre del Grupo Socialista, solicito a la
Cámara que se rechace la enmienda de totalidad que ha planteado
el Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias. (El señor De Grandes Pascual pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marcet.
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, solicitó la
palabra para un turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías, he
solicitado la palabra para un brevísimo turno de réplica.
Quiero indicar al digno representante del Grupo Socialista que no
casa, primero, acusarnos de incoherencia e inconsistencia y, al
final, darnos la enhorabuena por la coherencia política. ¿En qué
quedamos? Somos absolutamente coherentes --ya lo he expresado
antes en mi intervención--, y no sólo en este proyecto de ley,
sino que, como ya hemos dicho en nuestros programas electorales y
hemos expresado en la Cámara, en cuantas ocasiones hemos tenido
opotunidad, nosotros también queremos modificar la Ley de
televisión privada --a la que hacemos referencia en la exposición
de motivos-- con el fin de cambiar las normas restrictivas de la
publicidad política, y me remito al «Diario de Sesiones», que he
tenido ocasión de volver a reproducir.
Por tanto, no hay tal incoherencia ni hay tal inconsistencia,
puesto que si hacemos referencia a la Directiva comunitaria de la
llamada televisión sin fronteras es por la propia fuerza de la
coherencia en términos de técnica jurídica, ya que es necesario
modificar ese proyecto de ley que aprobamos aquí, que prohibía
expresamente la publicidad política, ya he dicho antes que no de
manos del Partido Socialista, sino por la paternidad de
Convergència i Unió, que aportó la enmienda número 60 al artículo
10 del entonces, proyecto de ley de incorporación o, como se
decía, de trasposición de la directiva comunitaria al
ordenamiento jurídico español. Esa modificación es absolutamente
necesaria y de ahí que, por técnica jurídica digamos que se
modifica algo que ni ustedes mismos traían a la Cámara ni la
propia Directiva imponía como mandato, sino que fue una
aportación que se hizo en la propia Comisión, que inicialmente no
se aprobó y que, después, seguramente en ese juego del «do ut
des», de los legítimos pactos políticos --pero ahí queda
reflejado-- se aprobó y se incorporó. En consecuencia, no hay
incoherencia ni hay inconsistencia.
Tampoco tenemos ningún deseo de ir en contra de nuestros propios
actos cuando pudimos coincidir con ustedes y con el resto de la
Cámara en la necesidad de restringir los gastos electorales.
Nosotros volvemos a reiterar esa necesidad. Yo antes he
manifestado que esto no aportaba una potencialidad de mayores
gastos electorales, puesto que precisamente la norma que usted
cita ya constriñe en cierta forma, refiriéndose al propio ámbito
de cualquier cuestión, entre ellas ésta, y como consecuencia de
ello no se produce el principio de desigualdad que parece tener
el señor Ministro y que antes invocaba.
Para terminar, señoría, tengo que manifestar que el sistema de
medios de comunicación español no es el llamado americano; no
abogamos por el puro y simple sector privado, sino que --lo hemos
dicho muchas veces y está reflejado en nuestros programas--
abogamos por el sistema europeo, donde pueda convivir un sistema
público que merezca tal nombre y que obedezca realmente a un
servicio de interés general fiel a su nombre con un sector
privado que también tenga su mundo, en un campo de libertad,
donde la sociedad civil tenga más campo del que ustedes le dejan.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes. tiene la palabra
el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señor De Grandes, yo he distinguido su coherencia
política, que he reconocido, ya que ustedes vienen defendiendo
desde siempre, desde la televisión local, desde las emisoras
municipales, la existencia de este tipo de publicidad electoral;
lo que he reprochado al inicio de mi intervención es la
incoherencia, digamos, técnica, que consiste en decir que no debe
haber televisiones locales de titularidad pública --antes han
dicho que no debe haberlas-- y ahora venir a regular una
publicidad electoral únicamente para las televisiones locales de
titularidad pública. ¿En qué quedamos? ¿Las hay o no las hay en
su modelo? Y digo que hay inconsistencia porque a través de la
disposición adicional intentan modificar la incorporación
al ordenamiento jurídico de la tan señalada Directiva de la
Comunidad Europea, cuando también podrían haber aprovechado para
modificar la ley que regula la publicidad en la televisión
privada y no lo han hecho.
Señor De Grandes, técnicamente esto tampoco se sostiene por
ninguna parte. Han intentando, en buena coherencia política con
sus planteamientos de siempre, señalar simplemente que haya un
acceso a la publicidad electoral, una posibilidad de publicidad
electoral en los medios privados. Esto es lo que separa su
visión, de cuál debe ser el enfoque de las campañas electorales y
de la publicidad política, de nuestra visión, y por esta razón
hay un proyecto de ley y una enmienda alternativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marcet.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, voy a
fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria con respecto a
la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y su correlación con el texto del proyecto
del Gobierno.
Coalición Canaria tendría poco que objetar al proyecto de ley
presentado por el Gobierno, salvo alguna enmienda de precisión,
si no existiera en su artículo único el apartado primero que le
sirve de preámbulo, al que ni siquiera, quizá por error
tipográfico, se le puso número en el «Boletín del Congreso de los
Diputados» de 20 de febrero de 1995 en el que aparece incluido.
A nosotros nos parece que este proyecto introduce una ambigüedad,
al igual que el que hemos discutido anteriormente. Por un lado se
emplea el término televisión local con un carácter topográfico, y
por otro lado se habla de emisoras gestionadas por los
ayuntamientos. Esta ambigüedad no puede implicar ni términos
sinónimos ni dos personalidades jurídicas distintas, y nos da la
sensación de que el proyecto trata de mezclar la personalidad
jurídica de televisiones locales privadas con la de televisiones
locales promovidas por ayuntamientos.
Como decía anteriormente, nuestro Grupo no tendría nada que
objetar a los apartados 2 y 3 del artículo único, o a la
disposición adicional que fuera correlativa con los mismos, si no
se introdujera la prohibición a entidades privadas de actuar en
el campo libre comercial de una actividad mercantil establecida
que puede dar publicidad de cualquier producto. Si a lo que se
quiere aludir aquí es a una reducción de los gastos elecotrales,
dígase, pero no lo dice el proyecto de ley, y eso es algo que
tendríamos que pactar todas las fuerzas políticas, porque ese es
otro tema: la reducción de gastos electorales para que ningún
partido, aunque tenga créditos o disponga de fondos propios,
pueda gastar dinero en publicidad en emisoras privadas. Lo que no
podemos hacer es negar a una emisora privada, o una entidad
privada, el derecho de emitir publicidad con las tarifas que
estime pertinentes dentro de la ley de la oferta y la demanda, o
dentro de lo que tenga establecido. De ahí que las enmiendas
presentadas por Coalición Canaria al texto articulado vayan
dirigidas a tratar de clarificar y dirigir este objetivo sobre
las emisoras municipales, es decir las de titularidad pública,
aunque también tendríamos que hacer reparos, desde la óptica de
la territorialidad de una zona discontinua como es Canarias, al
no dar entrada allí a las emisoras de titularidad que se llaman
locales con mayúsculas pero que son de los cabildos insulares,
porque todo esto nos parece una especie de prevención hacia algo
que encierra un trasfondo político que la propia técnica no va a
hacer posible.
¿Pero es que se puede creer alguien que la señal emitida por una
televisión local se va a circunscribir al espacio geográfico
municipal del ayuntamiento? Pero si eso se va a estar viendo en
el ayuntamiento de al lado, de la misma manera que las
televisiones autonómicas que actualmente existen en España se ven
en autonomías vecinas. Por tanto, no vemos razón de ser a algo
que la técnica de por sí arrolla, deja totalmente inservible y
perjudica.
Nosotros somos contrarios a que exista una limitación a la
publicidad electoral en las emisoras de cualquier empresa
privada. Si no, tenga valor el proponente, cuando habla de lo
local, de distinguir lo privado de lo municipal, porque ni puede
escribirse lo local con minúscula si se está refiriendo a algo
más administrativo, ni puede hacerse esta separación. Qué duda
cabe que en toda entidad de derecho público, en este caso los
ayuntamientos, estamos a favor de que se inserte publicidad
gratuita como entidades públicas y ante unos instrumentos de
participación pública como son los partidos políticos, pero en
las emisoras locales que pudiera haber de carácter privado --digo
locales con carácter topográfico--, que tienen una ubicación
física, y se les señala también en el espacio radioeléctrico, de
acuerdo con el proyecto de ley que anteriormente hemos debatido,
su frecuencia en ese espacio, en ese espectro, con muchas más
posibilidades técnicas de las que se dicen se puede hacer aquí.
Por esas razones, aunque nosotros con el texto completo del Grupo
Parlamentario Popular tenemos una disparidad en cuanto a su
artículo único, que extiende la no posibilidad de contratar
espacio a los operadores del servicio de telecomunicaciones por
cable de titularidad pública, ahí diferimos porque nosotros
tenemos otras alternativas. En todo lo demás estamos plenamente
de acuerdo con este planteamiento que hace la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Por esta razón, Coalición Canaria la va a
votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco se va a oponer a esa enmienda a la totalidad que
plantea el Grupo Popular, lamentando, en primer lugar, cómo se
funciona por tópicos en este país. El señor De Grandes nos ha
hecho un alegato, en mi opinión, ultraliberal en su concepción
política y en su propio discurso, en relación a que no se pueden
poner puertas al campo. Señor Presidente, señor De Grandes,
entiendo que en esta casa estamos constantemente poniendo puertas
al campo. Gracias a Dios, que ésa es precisamente la concepción
básica de un Estado de Derecho. Quizá, si en algunas otras
materias se hubiesen puesto puertas al campo, no estaríamos en
este momento lamentando situaciones que se han producido
lamentablemente en este país.
Señor De Grandes, yo le aseguro que no existe en Europa un solo
partido demócrata-cristiano que sostenga públicamente la
exposición que ha mantenido hoy en la tribuna, ni uno. Usted se
ha confundido con América, y esto evidentemente no es América. Su
discurso, además, está en clara contradicción con posturas de su
propio Partido y con posturas mayoritarias aceptadas en esta
Cámara en relación a reducción de gastos electorales, a
financiación de partidos políticos, etcétera.
A mí me llama la atención, señor Presidente, cómo el Grupo
Popular tiene capacidad para sostener todos y cada uno de los
discursos allí en el momento que conviene; parece un Partido que
tiene todos los alerones abiertos, desde la extrema izquierda a
la extrema derecha, y es capaz de sostener sin ningún rubor todos
los discursos. Esto no es América, señor De Grandes, no es
igualitarismo el sostener la igualdad de oportunidades. Para que
haya confrontación electoral debe existir igualdad de
oportunidades, y, como grupo minoritario de esta Cámara, le
aseguro que, aún regulando lo que se regula, no existe. Las
nuevas confrontaciones electorales en los medios de comunicación
privados han sido, en nuestra opinión, lamentables, y hay una
clara discriminación ante algunos grupos políticos. Si se quiere
construir un Estado de Derecho con transparencia y con limpieza,
no se pueden sostener planteamientos que inducen a que aquí hay
barra libre para todos, pero evidentemente, cuando hay barra
libre, algunos pueden consumir más que otros. El planteamiento
que sostiene usted es el de un país para los ricos, el de un país
para los poderosos y por eso le digo que no hay en Europa partido
demócrata-cristiano que haga un discurso tan ultraliberal como el
que usted ha sostenido en este momento.
Por ello, señor Presidente, sin que sirva de precedente, vamos a
coincidir con las opiniones manifestadas por el señor Borrell.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
(El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, entiendo que la
intervención del representante del Grupo Parlamentario Vasco no
ha sido de posición en torno a nuestro proyecto, sino de
contradicción, por tanto creo que nos corresponde aunque sea un
breve turno.
El señor PRESIDENTE: Como la intervención del señor González de
Txabarri, efectivamente, ha entrado no tanto a fijar la posición
del Grupo como a contradecir la defensa de la enmienda, tiene la
palabra para un breve turno de réplica.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente. Tenga la
seguridad de que seré muy breve.
A mí me resulta sorprendente la intervención del Grupo
Parlamentario Vasco, en ese discurso que ha pretendido ser de
ideas, cuando últimamente hay partidos nacionalistas como el suyo
--y su posición hoy aquí lo acredita-- que no es que hagan
incursiones en el liberalismo ni en lo ultraliberal o lo
democristiano, sino que claramente se han olvidado de las ideas
para entrar en el campo de los intereses. De ahí que muchas veces
hagan traducciones carentes por completo de sentido.
Nosotros, no hemos defendido, ni yo con mi intervención en
absoluto --lo repito--, un sistema americano que defienda
puramente al sector privado; hemos defendido y defendemos
permanentemente un sistema mixto europeo en el que quepa lo
público y lo privado.
He citado el principio de subsidiariedad, que S. S. seguramente
ha olvidado por otras cuestiones que han superado ese principio.
Por tanto, lo que entendemos es que en este terreno es
perfectamente distinguible lo público y lo privado, como nosotros
hemos hecho en nuestro proyecto alternativo. Por consiguiente, no
existe ningún tipo de incoherencia política, no existe ningún
atentado contra el principio de igualdad, repito. Las normas que
esta Cámara se ha dado garantizan ese principio de igualdad,
también en los gastos electorales y no hay ningún tipo de
dispendio, puesto que si se cortan en un aspecto se pueden cortar
también en el otro. Por supuesto, defendemos tanto o más que
ustedes el pluralismo político. Por tanto, sobra ese tipo de
calificativos y, por lo visto, lo que no sobra es la oportunidad
de coincidir con el Grupo Socialista, porque, al parecer, los
intereses concretos coinciden en este momento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
El señor González de Txabarri tiene la palabra.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI: Gracias, señor Presidente.
Supongo que para el señor De Grandes será legítimo poder
coincidir con el Grupo Socialista, que es la máxima acusación que
ha lanzado a mi intervención. He procurado hacer un discurso
político, dentro de lo que son las coordenadas ideológicas de los
partidos políticos, y le aseguro, señor De Grandes, que detrás de
lo que ha afirmado este portavoz no existe más que el análisis
particular de lo que he intentado entenderle desde la tribuna. No
sé a lo que se refiere cuando ha hablado de intereses sostenidos
por el Partido Nacionalista Vasco. Lo que sí le puedo indicar es
que gracias a Dios éste es un Partido rico en ideas y rico en
personas, capaces de dar, desde la minoría democrática,
testimonio de sus convicciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Popular
señor De Grandes, fuimos los impulsores de la enmienda que se
incorporó a la trasposición de la directiva sobre la televisión
sin fronteras y que incorporó a nuestro ordenamiento la
prohibición de emitir publicidad en los canales privados de
televisión. Fue una propuesta que hicimos en Comisión, que
inicialmente no fue aceptada y sí objeto de una contrapropuesta
del Grupo Socialista, que consistía en que si se encontraba
suficiente consenso en la Cámara para aprobarla, el Grupo
Socialista se sumaría a la misma. Se intentó conseguir un
consenso al respecto y finalmente todos los grupos de la Cámara,
salvo el Popular, aprobamos la incorporación de esta enmienda. Le
debo decir sinceramente que nos sentimos orgullosos y satisfechos
de haber sido los impulsores de la misma.
Yo quisiera destacar, respecto de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, que se trata de una enmienda importante,
con un alto contenido político porque, de aprobarse o tomarse en
consideración, supondría, en primer lugar, abrir las puertas a la
publicidad política en las emisoras locales de televisión. Y, en
segundo lugar, supondría también abrir la puerta a esta
publicidad en los tres canales privados de televisión de ámbito
estatal. Y a nosotros esto no nos parece bien.
Defendemos exactamente lo mismo que defendimos en la trasposición
de la directiva. En primer lugar, para defender el principio de
igualdad, que usted lo contraponía a nuestra posición, si nadie
puede emitir, creemos que es la mejor forma de preservar este
principio, porque, de otra forma, sólo van a poder emitir
publicidad en los canales privados aquellos que más tienen. Por
tanto, nos reiteramos en lo que en aquel momento dijimos.
En segundo lugar, no vemos ningún aspecto positivo en abrir esta
puerta que ustedes pretenden abrir. Muchos países con un sistema
político-económico similar al nuestro tienen una legislación
exactamente igual que la que nosotros estamos defendiendo y
defendimos en su momento y absolutamente contradictoria a la que
ustedes defienden en su enmienda.
En segundo lugar, ello --nos guste o no, existan mecanismos para
evitarlo o no-- dispararía en este momento el coste de las
campañas electorales y saturaría al electorado, a la población,
de publicidad.
El ejemplo que de alguna forma subyace en su posición es el de
los Estados Unidos de América. Señor De Grandes, no sé si usted
ha tenido ocasión de seguir alguna campaña política en los
Estados Unidos. Yo sí he tenido ocasión de hacerlo y le puedo
asegurar que los políticos sensatos cuando les hemos transmitido
el modelo que imperaba en España exclamaban inmediatamente: ¡Qué
suerte tienen ustedes! Le hablo de los políticos sensatos, no de
aquellos millonarios --sabe usted que es un ejemplo muy común en
los Estados Unidos-- que habiendo triunfado en el ámbito de los
negocios se lanzan a una campaña política artificial y, por
tanto, precisan de estos medios privados para dar a conocer su
mensaje político.
Por tanto, señor De Grandes, nos reiteramos en nuestra posición y
vamos a votar en contra de su enmienda de totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Vamos a proceder a las votaciones de estas enmiendas de totalidad
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad de texto alternativo
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto
de ley de televisión local por ondas terrestres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 13; en contra, 293; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular al
mismo proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 127; en contra, 177; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular al
proyecto de ley orgánica de publicidad electoral en emisoras de
televisión local por ondas terrestres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 311; a favor, 128; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
--ELECCION DE UN SEÑOR DIPUTADO DE LOS QUE TIENEN ACCESO A LA
INFORMACION SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE JUNIO DE 1992
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el
de la elección de uno de los diputados a los que se refiere el
punto 3.º de la resolución de la Presidencia, sobre secretos
oficiales, de 2 de junio de 1992.
Se va a proceder a la votación por llamamiento de los señores
Diputados. Les ruego su colaboración para poder desarrollar la
votación con la celeridad con la que ya SS. SS. saben que puede
hacerce. Les recuerdo que cuando el Pleno acordó incluir este
punto del orden del día, lo hizo con conocimiento de que la
votación obedecía al cese por renuncia en su condición de
diputado del señor Olarte, que era el diputado que, en nombre del
Grupo de Coalición Canaria, tenía acceso a los secretos
oficiales. La votación debe referirse, por tanto, a un diputado
del Grupo de Coalición Canaria. Como saben SS. SS., en este tipo
de votaciones no hay propuestas, como ocurre en otro tipo de
elecciones que realiza la Cámara. Les ruego escriban en la
papeleta el nombre del diputado que quieren que sea elegido a
estos efectos.
Comienza la votación (Por los señores Secretarios se procede al
llamamiento de los señores Diputados.)
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna señora o señor
Diputados no han sido llamados para la votación? (Pausa.)
Se va a proceder al escrutinio. (El señor Vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la presidencia.)
Terminado el escrutinio, dijo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El resultado de la
votación es el siguiente: votos emitidos, 281; a favor de don
Luis Mardones Sevilla, 247; a favor de don José Carlos Mauricio
Rodríguez, siete; votos nulos, 10; votos en blanco, 17.
Al haber obtenido más de los tres quintos de los votos de los
Diputados que componen la Cámara, ha resultado elegido, a efectos
de lo dispuesto en la resolución de la Presidencia sobre secretos
oficiales, de 2 de junio de 1992, el Diputado don Luis Mardones
Sevilla.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.