Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 168, de 20/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 168
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 166
celebrada el miércoles, 20 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 8983)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para conocer
los criterios de política general que desarrollará el Gobierno en
consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del
contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las
iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus
recomendaciones y sugerencias (número de expediente 172/000117)
(Página 9000)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política agraria del Gobierno, en
relación con la prevención y reducción de daños ocasionados por
fenómenos meteorológicos adversos y de protección de los
perjudicados (número de expediente 172/000118) (Página 9009)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 169,
de 21 de septiembre de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 8983)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula
al Gobierno: ¿Piensa el Presidente gobernar en minoría tras la
retirada del apoyo parlamentario anunciada por Convergència i
Unió con carácter general y, en particular, en la tramitación del
Presupuesto para 1996, o por el contrario va a convocar
elecciones generales; de ser así, diga exactamente la fecha?
(Número de expediente 180/001341) (Página 8983)
Del Diputado don Rodrigo de Rato Figaredo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué decisiones adoptará el Presidente del Gobierno tras la
pérdida de la mayoría parlamentaria que respaldaba su acción de
Gobierno? (Número de expediente 180/001345) (Página 8984)
Del Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de las conversaciones y contactos mantenidos en el viaje
a Oriente Próximo y Gaza, como Presidente del Consejo Europeo, en
cumplimiento del mandato de la Unión Europea, acordado en la
reunión de Cannes el 26 y 27 del pasado mes de junio, del
Presidente del Gobierno? (Número de expediente 180/001360)
(Página 8985)
Del Diputado don Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo
Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones está
realizando el Gobierno para que el Consulado de los Estados
Unidos de Norteamérica en Bilbao no sea cerrado? (Número de
expediente 180/001338) (Página 8986)
Del Diputado don Lluis Recoder i Miralles, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿En qué punto se encuentra la confección del censo que
debe elaborar el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición
no de Ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex
residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial? (Número de
expediente 180/001339) (Página 8987)
Del Diputado don Jaume Cardona i Vila, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué criterios ha seguido el
Gobierno para mantener la normativa de venta de leche infantil en
las farmacias? (Número de expediente 180/001340) (Página 8988)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Desde cuándo tiene el
Ministerio de Sanidad y Consumo conocimiento de casos de cólera
en la ciudad de Ceuta? (Número de expediente 180/001352) (Página 8989)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Sanidad y Consumo: ¿Qué actuaciones desarrollará el Ministerio de
Sanidad y Consumo para conseguir que las instalaciones y
servicios de que dispone el Hospital Militar de Valladolid sean
incorporados al Sistema Nacional de Salud y utilizados por todos
los ciudadanos? (Número de expediente 180/001353) (Página 8990)
Del Diputado don Luis Ortiz González, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuál ha sido el
importe de la campaña publicitaria sobre el pretendido éxito del
plan de vivienda 1992-1995? (Número de expediente 180/001346)
(Página 8991)
Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué medidas ha
adoptado el Gobierno ante las noticias referentes a la
utilización de 8.200 millones de pesetas por parte de una
determinada empresa para el pago de comisiones a políticos y
miembros de la Administración? (Número de expediente 180/001349)
(Página 8992)
De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno con respecto al tramo de autovía Bailén-
Jaén? (Número de expediente 180/001362) (Página 8993)
Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones
del Gobierno en relación con la variante de la ciudad de Les
Borges Blanques en la carretera N-240, entre Tarragona y Lleida?
(Número de expediente 180/001363) (Página 8994)
Del Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Mixto,
que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno de la Nación adoptar
iniciativas tendentes a paliar los efectos que el pedrisco del
mes de agosto y septiembre ha ocasionado en el sector agrícola de
la Comunidad Valenciana? (Número de expediente 180/001337)
(Página 8995)
Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Considera que puede ponerse en cuestión el
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas a pocos
meses de finalizar el ejercicio, sin ofrecer mecanismos
alternativos? (Número de expediente 180/001350) (Página 8996)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cree el Sr. Ministro que es su función
realizar recomendaciones sobre decisiones en materia de tipos de
interés que conciernen al Banco de España, a través de los medios
de comunicación? (Número de expediente 180/001351) (Página 8997)
Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la marcha de la economía española
tras conocer los datos del mes de agosto del paro, inflación y
déficit público? (Número de expediente 180/001359) (Página 8998)
Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de la decisión que algunas entidades financieras han
tomado, de reducir los tipos de interés a largo plazo de los
créditos hipotecarios? (Número de expediente 180/001358) (Página 8999)
Interpelaciones urgentes (Página 9900)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para conocer los
criterios de política general que desarrollará el Gobierno en
consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del
contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las
iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus
recomendaciones y sugerencias (Págian 9000)
El señor Gil Lázaro defiende la interpelación del Grupo Popular,
manifestando que la misma supone una importante novedad en la
práctica parlamentaria, viniendo a completar el acto de la
comparecencia anual del Defensor del Pueblo ante la Cámara para
dar cuenta de su gestión durante el ejercicio. Si entonces
correspondía al Defensor del Pueblo el relato de unos hechos sin
formular valoración alguna, hoy se trata de valorar de forma
constructiva con el Gobierno qué aspectos de la actuación
política de éste se constituyen en obstáculos para el logro de la
sociedad democrática avanzada que nuestra Constitución determina
como fin último del quehacer de los poderes públicos. El debate
resulta, además, oportuno e imprescindible,
habida cuenta de que el informe incorpora los aspectos más
dolientes de nuestra realidad y la voz de los ciudadanos que los
padecen. Aclara que no se trata de convertir este acto en un
pliego de cargos, sino de llamar la atención sobre la situación
denunciada en el informe y sobre la responsabilidad del Gobierno
en todo ello.
Aun reconociendo que no todo se ha hecho mal durante estos años,
el conjunto de quejas que año tras año tienen reflejo en el
informe les permite advertir el fracaso del Ejecutivo en la
aplicación de determinadas políticas fundamentales para el
aseguramiento del principio de igualdad de oportunidades como
base para la corrección de las diferencias materiales de origen
entre los ciudadanos. La conclusión a la que llegan, a la vista
del informe del Defensor del Pueblo, es que el Ejecutivo no ha
sabido, querido o podido articular una política económica eficaz
orientada en función de criterios de progreso, compartida y
solidaria con los más necesitados. Pide al Gobierno que explique
si, en verdad, del conjunto de su gestión política cabe o no
reconocer a nuestra democracia como un reflejo en el que el más
débil tiene las mismas oportunidades que el más poderoso, para
evitar que la esencia del espíritu democrático se pierda en meras
estructuras formales. A este empeño último, y no a ningún otro,
quiere servir la interpelación.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de la
Presidencia (Pérez Rubalcaba), señalando que lo hace con la
convicción de que el debate sobre los asuntos que surgen de la
actividad del Defensor del Pueblo se refiere siempre a los
verdaderos problemas y preocupaciones de nuestros conciudadanos,
cuyas necesidades y competencias quedan postergadas en la
atención colectiva. Lo hace también convencido de la utilidad del
debate planteado por el Grupo Popular, al que agradece la
iniciativa, si bien esta utilidad queda debilitada por el
planteamiento del señor Gil Lázaro al utilizar las deficiencias
detectadas en el funcionamiento de la Administración por el
Defensor del Pueblo para plantear una crítica global imprecisa, a
veces más bien un manifiesto electoral, crítica, por otra parte,
de toda una época de gobierno, olvidando las continuas y
frecuentes menciones, en ese informe y en otros anteriores, a las
mejoras introducidas en el funcionamiento de las Administraciones
públicas.
Respecto al ejercicio de 1994 y las demandas globales que en el
mismo se formulan, expone que la democracia avanzada constituye
siempre un horizonte utópico, convirtiéndose en un reto cotidiano
para los responsables públicos y para las Administraciones,
permitiéndoles ver qué trecho se ha recorrido, reflexionar sobre
lo realizado, corregir errores e insuficiencias y reafirmar el
compromiso de mejora de nuestros servicios públicos. Recuerda,
por otra parte, la explicación del propio Defensor del Pueblo
sobre la disminución significativa de las llamadas quejas
colectivas, que algo tendrán que ver con el buen hacer de la
Administración, para satisfacer demandas razonables y razonadas
compartidas por grupos de ciudadanos.
Alude, por último, a los diferentes y más importantes capítulos
contenidos en el informe del Defensor, agradeciendo, una vez más,
la celebración de este debate y reafirmando que aspiran a
cumplir, en cada decisión presente y futura, el compromiso con
los ciudadanos, que es tanto como responder satisfactoriamente a
las recomendaciones y sugerencias del Defensor del Pueblo.
Replica el señor Gil Lázaro, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Casas i Bedós, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política agraria del Gobierno en relación con
la prevención y reducción de daños ocasionados por fenómenos
meteorológicos adversos y de protección de los perjudicados
(Página 9009)
La señora Rivadulla Gracia defiende la interpelación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, justificando la misma
en la creencia de que las medidas previstas en el Real Decreto-
ley 4/1995 son insuficientes, dada la situación de catástrofe
derivada de la sequía y de las heladas en nuestro país. Recuerda
que en el debate habido en su día en la Cámara el propio Grupo
Socialista consideró insuficientes dichas medidas, solicitándose
que el Decreto-ley se tramitase como proyecto de ley, que
actualmente sigue su curso, aunque, ante la situación de
inestabilidad política y el previsible acortamiento de la
legislatura, formulan esta interpelación y la moción consecuente
para ver si es posible avanzar en una serie de medidas que
coadyuven a paliar las deficiencias que tiene el proyecto de ley
en la forma en que está planteado.
Resalta algunos de los datos más importantes relacionados con la
actual sequía, que afecta al 60 por ciento del territorio español
y a 200.000 agricultores, según datos del Ministerio de
Agricultura, sin olvidar los daños producidos por las heladas en
algunas
zonas que, consecuentemente, se encuentran en situación
absolutamente gravísima.
Aunque supone la contestación que le va a dar el señor Ministro,
le formula una serie de preguntas, quedando a la espera de la
respuesta del señor Ministro.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Atienza Serna), considerando que no es el
momento de volver a discutir el Real Decreto-ley que actualmente
es objeto de tramitación en la Cámara como proyecto de ley,
aunque desea aprovechar esta oportunidad para exponer la política
agraria global del Gobierno para prevenir y reducir los daños
causados por fenómenos meteorológicos, así como para apoyar a los
agricultores y ganaderos perjudicados, y que se realiza
principalmente en dos ámbitos, como son el ámbito fiscal y
presupuestario, por un lado, y el ámbito del seguro agrario, por
otro. Expone algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno en
dichos ámbitos, medidas con carácter de emergencia, para tratar
de paliar en lo posible el problema planteado. Agrega que tales
medidas se han visto complementadas de forma notable con las
ayudas directas establecidas con la reforma de la PAC, que han
permitido que durante este ciclo de sequía las rentas de los
agricultores no se hayan visto disminuidas. Llama la atención
sobre el hecho de que, por primera vez en la historia, un ciclo
tan intenso de sequía ha sido compatible con el mantenimiento e
incluso, para algunos subsectores, con el incremento en las
rentas agrarias como consecuencia de las ayudas directas
establecidas en la reforma de la Política Agrícola Comunitaria.
Respecto a las actuaciones de futuro, informa que se enmarcan
básicamente en dos aspectos fundamentales, consistentes en
reforzar y ampliar la política de seguros agrarios e impulsar en
la Unión Europea la solución de los riesgos climatológicos y su
tratamiento en la Política Agrícola Comunitaria.
Replica la señora Rivadulla Gracia, duplicando el señor Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Para fijación de posiciones interviene el señor Pascual Monzó, en
nombre del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL PRESIDENTE
GOBERNAR EN MINORIA TRAS LA RETIRADA DEL APOYO PARLAMENTARIO
ANUNCIADA POR CONVERGENCIA I UNIO CON CARACTER GENERAL Y, EN
PARTICULAR, EN LA TRAMITACION DEL PRESUPUESTO PARA 1996, O POR EL
CONTRARIO VA A CONVOCAR ELECCIONES GENERALES; DE SER ASI, DIGA
EXACTAMENTE LA FECHA? (Número de expediente 180/001341)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 11, de la señora Aguilar, sustituida para este
trámite por el señor Ríos Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en algunos
establecimientos habrá podido leer usted: Hoy no se fía, mañana
sí. Usted aplica un lema similar: Hoy no, mañana ya veré. Usted
se mantiene atrincherado y con un Gobierno a la defensiva por sus
equivocaciones, sus errores y su negligente forma de gobernar.
A comienzos del verano pedía tiempo para tramitar los
presupuestos y dijo que nunca gobernaría en minoría. Hoy,
aparentemente roto el matrimonio de intereses con Convergència i
Unió, no tiene la confianza de la mayoría de esta Cámara para
iniciar nada que no sea dar la palabra a los ciudadanos en una
consulta popular. ¿Ha cambiado de opinión y piensa gobernar en
minoría? ¿Para acometer qué tareas? ¿Qué le queda hacer en
minoría que no haya podido acometer en mayoría? ¿Para qué cosas
concretas, con qué plazos, qué alianzas utilizará para
superarlas? Y sobre todo ¿cuál es el calendario preciso de
disolución de las Cámaras y de elecciones que faciliten, según
usted, acometer estos problemas inaplazables para el interés de
los españoles?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Como
seguramente sabrá ya S. S., el Gobierno va a mantener el
calendario electoral previsto. Por consiguiente, habrá elecciones
en marzo de 1996.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, la verdad es que aclara
muy poco o nada. Usted entró por la puerta grande, y
prácticamente aclamado en el año 1992, pidiendo 25 años para
cambiar España. A los 13 años puede salir por la puerta de atrás
y a empujones.
(Rumores.) Pretende usted unir destinos y permanentemente
confundir sus intereses con los del Gobierno, con el Estado e
incluso con la democracia, y cual Sansón sin fuerza se obstina en
sacudir las columnas para defendernos de no sé qué malhechores.
(Rumores.) En todo caso, no ha explicado qué problemas tiene
España que necesitan tiempo para poder ser solucionados de aquí a
marzo. Yo considero que es legítimo y lícito, por humano, que uno
utilice todo lo que pueda para poder defenderse, porque en
nuestro país no se juzga a todos igual: a un ciudadano que a un
miembro del poder, a un ministro que a un ex ministro y, sobre
todo, a un ex presidente que a un presidente, con los resortes de
presión que le da el poder. Pero si éste es el caso, aunque lo
haga como legítimo, no será por interés de España sino por el
interés de usted.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Respeto su
opinión e incluso el excurso que ha hecho fuera del tema de la
pregunta, pero no lo comparto.
En primer lugar, el respeto mínimo a las reglas del juego
democrático debería indicar que todas las fuerzas políticas se
inclinaran por cumplir los períodos de legislatura, para eso
están los procesos electorales. Yo, en vista de que el clima
parece que aconseja adelantarlos, he propuesto el mes de marzo, y
de aquí a marzo, señoría, tenemos todavía que culminar la
presidencia española de la Unión Europea. Tenemos que culminar el
proceso de debate presupuestario, en un momento en que la
recuperación económica ya no la discute nadie, aunque hace unos
meses todavía muchos la discutían. Tenemos que discutir y aprobar
leyes importantísimas, también a juicio de su grupo, como el
Código Penal, el primero que se votará en el Parlamento y, por
consiguiente, de una enorme trascedencia. Tenemos que discutir
leyes como la de salud laboral y aprobarla en el Congreso.
Seguramente a su grupo también le interesará. Pero no, nada de
eso son argumentos cuando no se quieren oír los verdaderos
argumentos. Usted dice que queremos permanecer en el poder. Le he
dicho marzo. Entre marzo y diciembre ¿cree usted que algo
justificaría estropear lo que hay que hacer en este trimestre?
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON RODRIGO DE RATO FIGAREDO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE DECISIONES ADOPTARA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO TRAS LA
PERDIDA DE LA MAYORIA PARLAMENTARIA QUE RESPALDABA SU ACCION DE
GOBIERNO? (Número de expediente 180/001345)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor De Rato
Figaredo, sustituido para este trámite por el señor Rajoy Brey.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, después de lo que acabamos de oír es evidente
que usted poco nos va a aclarar (Risas.--Rumores.), pero yo, en
cualquier caso, quiero conocer exactamente cuál es el valor de su
palabra.
Usted ha dicho --leo textualmente-- en el mes de julio: No estoy
contemplando la hipótesis de gobernar en minoría sin estabilidad
parlamentaria porque eso me parece un absurdo. Y en el propio mes
de julio volvió a decir que si no hay apoyo a los presupuestos
disolverá las Cortes porque «no estoy dispuesto a gobernar en
minoría». Señor Presidente, ¿cuál es el valor de su palabra?
¿Mantiene usted su palabra dada en el mes de julio o, por contra,
no está dispuesto a hacerlo? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Me acaba de
oír el señor Rajoy, sin duda alguna, responder a la anterior
cuestión, que exactamente es la misma (Un señor Diputado del
Grupo Popular: ¡No!), como si se hubieran puesto de acuerdo entre
ustedes, cosa que me extrañaría. (Rumores.)
Hay un calendario electoral previsto para marzo. Le ofrecí ese
diálogo a todas las fuerzas políticas. Algunas aceptaron, unas lo
compartieron y otras no, la suya ni siquiera aceptó el diálogo.
Por consiguiente, lo decisivo, con los argumentos que he dado, es
que habrá elecciones en el mes de marzo. ¿Por qué quieren ustedes
elecciones antes? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor Presidente, lo malo de todo este
asunto es que su palabra ya no vale nada. (Fuertes protestas.--
Aplausos.) Pero lo auténticamente grave no es que su palabra no
valga nada.
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor RAJOY BREY: Lo auténticamente grave es que su presencia
al frente del Ejecutivo le causa un grave perjuicio a España. No
hay día sin un escándalo mayor que el anterior y, señor
Presidente, todo lo que está sucediendo le obliga a usted a
dimitir. Es grave para España que no lo haga, pero es mucho más
grave todavía que en minoría usted pretenda gobernar, porque
sabe usted perfectamente que en minoría no se puede gobernar.
(Fuertes protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio!
El señor RAJOY BREY: Señor Presidente, ¿cuántas votaciones
necesita usted para evitar que se pueda gobernar? Señor
Presidente, ¿por qué no se somete usted a una moción de confianza
en esta Cámara, como dice nuestra Constitución Española? Haga
esto, señor Presidente, porque ya que usted no quiere asumir sus
responsabilidades políticas, como haría cualquier gobernante en
un país europeo, señor Presidente, al menos sométase al voto de
la Cámara.
Señor Presidente, está usted causando un enorme perjuicio al
conjunto de los españoles. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor RAJOY BREY: Y cuarenta millones de españoles no se
merecen el bochornoso espectáculo que está usted dando. Además,
es absolutamente consciente de ello --eso es lo más grave-- y
también lo son los miembros de su grupo de que lo está dando.
España, señor Presidente, no se merece un Presidente como usted y
no se merece una situación tan bochornosa como la que aquí
estamos pasando. (Fuertes protestas.--Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señoría, lo
que no se merece España es una oposición que se sume a
operaciones tan extrañas como las que usted quiere. (Aplausos.)
Creo que es posible gobernar en minoría. De hecho, hay muchos
gobiernos minoritarios. Sin embargo, no voy a gobernar en
minoría, voy a disolver el Parlamento y a convocar elecciones
para el mes de marzo. Por tanto, no voy a gobernar en minoría.
Cuando haya el debate presupuestario veremos lo que resulta; y
después del debate presupuestario, también veremos lo que resulta
con leyes tran fundamentales como el Código Penal.
De nuevo le repito la misma cuestión. ¿Es que usted cree que
merece la pena alterar la presidencia de la Unión, el debate
presupuestario, el Código Penal, la ley del seguro o la ley de
salud laboral para satisfacer, sencillamente, el capricho de SS.
SS., no respetando los períodos de legislatura? (Fuertes
rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Continúan los
rumores.)
¡Silencio, señorías!
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO DE LAS CONVERSACIONES Y CONTACTOS MANTENIDOS EN EL VIAJE
A ORIENTE PROXIMO Y GAZA, COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO, EN
CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE LA UNION EUROPEA, EN LA REUNION DE
CANNES EL 26 Y 27 DEL PASADO MES DE JUNIO, DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO? (Número de expediente 180/001360)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Costa Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor presidente, el compromiso de la Unión
Europea de favorecer y apoyar resueltamente el proceso de paz en
Oriente Medio, tanto en el plano político como en el plano
económico, ha sumado un nuevo eslabón en la solicitud del Consejo
Europeo de Cannes para que usted, como Presidente del Consejo de
la Unión Europea, adopte todas las iniciativas adecuadas para
ello durante la presidencia española de la Unión.
En este contexto, días pasados ha realizado usted un viaje a
Oriente Medio que le ha llevado a Israel, Gaza, Jordania, Siria y
Líbano. Son numerosas las voces que reclaman que la presencia
política europea se corresponda con su presencia económica. La
Unión Europea ha venido realizando una contribución notable al
proceso de paz en Oriente Medio como mayor donante internacional
en lo económico y apoyando decididamente el diálogo político. La
Conferencia de Barcelona es crucial para replantearse el papel de
Europa en esta región y fortalecer su estabilidad política y
económica. A algunos de esta Cámara puede parecerles banal, pero
¿cree usted que en este marco puede darnos una valoración del
resultado de su iniciativa? (Rumores.)
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
¡Silencio, señorías!
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señoría,
como usted bien ha dicho, estaba cumpliendo un mandato de la
cumbre de Cannes en nombre de la Unión Europea, visitando los
países que están incursos en un proceso de paz en Oriente Medio.
Es cierto, como dice S. S., que hay una distancia que tenemos que
cubrir entre la presencia económica, la capacidad de la Unión
Europea de presencia económica en la región y su propia capacidad
de presencia política. Por tanto, he tratado de cumplir tres
objetivos con este viaje. Primero, valorar en qué situación se
encuentra el proceso de paz y, en la medida de lo posible,
apoyar el esfuerzo de cada una de las bandas negociadoras para
que se desarrolle, como yo creo que se va a desarrollar de manera
irreversible, ese proceso de paz. En segundo lugar, sondear con
los países interesados y con la autoridad nacional palestina su
proceso de entendimiento, de relación con la Unión Europea, así
como los acuerdos de cooperación que están en fase de
transformarse en acuerdos de asociación. Y en tercer lugar, he
querido también cooperar a los preparativos de la Conferencia de
Barcelona. En esa conferencia se pretende (algo que hay de
diferenciar del propio proceso de paz en Medio Oriente) que uno
de los vectores de la política exterior de la Unión Europea, de
la política común, sea el Mediterráneo. Y una pieza clave del
Mediterráneo no cabe duda de que es el Medio Oriente. Por
consiguiente, hemos intentado establecer las bases para que la
Conferencia de Barcelona sea útil para la definición de esa
política exterior.
El viaje ha tenido un alto interés, tanto desde el punto de vista
político para la Unión Europea en relación con el proceso de paz,
cuanto en las relaciones bilaterales de la Unión Europea con cada
parte concernida. Finalmente, también ha tenido un alto interés
en relación con los preparativos de la Conferencia de Barcelona.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO
VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES ESTA
REALIZANDO EL GOBIERNO PARA QUE EL CONSULADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA EN BILBAO NO SEA CERRADO? (Número de
expediente 180/001338)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Anasagasti
Olabeaga.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué gestiones está realizando el Gobierno para
que el Consulado de los Estados Unidos de Norteamérica en Bilbao
no sea cerrado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Muchas gracias, señor presidente.
Como S. S. sabe bien, y ya hablamos de esta cuestión en otras
ocasiones, hemos hecho todo lo que en nuestra mano está, pero la
definición del despliegue consular de un país es una capacidad
que tiene ese país. En este momento los Estados Unidos de América
están redesplegando sus embajadas y sus representaciones
consulares. Hay 19 consulados en Europa que van a ser seguramente
reconsiderados, y en este momento está en el Parlamento de los
Estados Unidos la decisión final que tome, pero no le quepa la
menor duda que España está haciendo todo lo posible
para que no disminuya la presencia consular de Estados Unidos en
nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nosotros tenemos una cierta sensación de que la
Embajada de los Estados Unidos no está haciendo lo suficiente,
porque como bien usted sabe éste es un asunto donde funcionan
mucho los lobby, y la embajada también es una especie de lobby
que puede presionar.
Según la lista que nosotros tenemos, el asunto no está cerrado. Y
los consulados de esa famosa lista de Hermosillo, Matamoros,
Curaìao, Florencia, Edimburgo y Apia han caído de la misma. ¿Por
qué? Porque lógicamente se ha presionado de una manera adecuada.
Le tengo que recordar que el consulado de Estados Unidos en
Bilbao tiene 170 años; que sería un golpe político, social,
incluso psicológico que una representación importante abandonara
el País Vasco, sobre todo por un asunto relativamente menor cual
es el presupuesto, porque el presupuesto del consulado de Estados
Unidos en Bilbao es muy pequeño. Nosotros le instamos, señor
Ministro, a que haga un esfuerzo adicional para que no se cierre
ese consulado porque, de lo contrario, pensaríamos que no se ha
trabajado suficientemente esta cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Le
rogaría que no concluyera que si el consulado se cierra es porque
no se ha hecho todo lo posible. Sería una forma de concluir un
poco extravagante. Estamos haciendo todo lo posible y contamos
también con la cooperación de algunos buenos amigos que nos están
ayudando en ello, no solamente aquí sino también en Estados
Unidos.
Le reitero que son 19 consulados los que se van a cerrar en
Europa, algunos tan importantes como el de Stuttgart, y le vuelvo
a decir que es una decisión de redespliegue de Estados Unidos por
razones presupuestarias y por razones de política nacional. Por
nuestra parte, vuelvo a insistir, estamos haciendo todo lo
posible
para que no se disminuya la presencia consular de los
Estados Unidos en España, pero también le rogaría que no fuéramos
los únicos en trabajar en esa dirección.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON LLUIS RECODER I MIRALLES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿EN QUE PUNTO SE ENCUENTRA LA CONFECCION DEL CENSO QUE
DEBE ELABORAR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION
NO DE LEY SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES EX
RESIDENTES EN LA ANTIGUA COLONIA DE GUINEA ECUATORIAL? (Número de
expediente 180/001339)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Recoder i
Miralles, que tiene la palabra para formularla.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el próximo 5 de octubre vence el plazo de
elaboración del censo de ciudadanos españoles ex residentes en la
colonia de Guinea Ecuatorial. Este es el paso previo para
arbitrar medidas compensatorias para estos ciudadanos, tal y como
preveía la proposición no de ley que en su momento aprobó la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.
Cercana ya la fecha del 5 de octubre, mi pregunta es la
siguiente: ¿en qué punto se encuentra la confección del censo que
debe elaborar el Gobierno para dar cumplimiento a la proposición
no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos españoles ex
residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Tuve ocasión de contestarle no hace muchos meses, al final del
verano, en el anterior período de sesiones, que las dificultades
que entraña la elaboración de este censo son enormes. Su señoría
las conoce bien. Hemos avanzado un poco, hemos analizado
aproximadamente dos mil y pico expedientes. Nos queda todavía un
trabajo por realizar. Le quiero decir con toda franqueza que lo
más probable es que no lo terminemos en el período de seis meses
que ponía en marcha la proposición no de ley y que, por tanto, es
muy probable que para llevar a buen puerto con este trabajo
necesitamos una prórroga de ese período de tiempo. Estamos
trabajando, pero por las razones que le apuntaba hace algunos
meses las dificultades son enormes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Ministro, sabe usted que
estamos hablando de situaciones personales que se arrastran desde
hace muchísimos años, desde hace más de veinte años en la mayoría
de los casos. Por eso, a nuestro grupo parlamentario le parece
que es necesario dar la máxima celeridad a la adopción de esas
medidas. Creo que toda la Cámara opinó de la misma manera cuando
aprobó esta proposición no de ley hace unos seis meses.
Entiendo las complicaciones que puede haber encontrado el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Creo que es conveniente --
supongo que lo deben estar haciendo-- que tengan en cuenta la
colaboración de estos mismos ciudadanos que están agrupados en
una asociación que representa los intereses de la inmensa mayoría
de ellos, y le urjo a que se elabore el censo. Creo que sería
positivo que, aunque no esté terminado el censo, como creo que a
estas alturas es posible tener unos datos estimativos sobre la
cantidad de ciudadanos a los que puede afectar, empezáramos a
avanzar en lo que era el segundo punto de la proposición no de
ley, es decir empezar a arbitrar medidas para compensarles de los
perjuicios económicos que sufrieron por el hecho de tener que
abandonar la colonia en las circunstancias en que lo tuvieron que
hacer.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga):
Gracias, señor Presidente.
Quiero llamar la atención a S. S. sobre algo que conoce bien: la
dificultad que entraña la elaboración del censo. Es verdad que
hay personas que se han agrupado para defender esos intereses,
pero creo que entenderá S. S. que es obligación de un Gobierno
responsable tratar de cotejar las afirmaciones que se realizan,
puesto que no en vano estamos hablando de unas cantidades
presupuestarias, aunque no serán muy grandes. Por tanto, sí
estamos trabajando en ello. Desgraciadamente no hay, como sabe S.
S., buena base documental, no por culpa de este Gobierno ni de
este Parlamento, sino por razones históricas que van más atrás de
las responsabilidades que teníamos los que estamos aquí, pero le
puedo decir que estamos haciendo todo lo posible. Le vuelvo a
reiterar que muy probablemente --para que no me pregunte dentro
de quince días la misma cuestión-- no acabaremos el trabajo en el
plazo de seis meses que nos permitía la proposición de
ley y que, por tanto, tendremos que pedir un plazo extraordinario
para ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME CARDONA I VILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA.
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE CRITERIOS HA SEGUIDO EL
GOBIERNO PARA MANTENER LA NORMATIVA DE VENTA DE LECHE INFANTIL EN
LAS FARMACIAS? (Número de expediente 180/001340)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Cardona i
Vila.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿qué criterios ha seguido el Gobierno, en
concreto el Ministerio de Sanidad y Consumo, para mantener la
normativa actual en el sentido de que sólo se pueda vender la
leche infantil en las oficinas de farmacia en exclusiva?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señor Cardona, como S. S. conoce, la regulación que establece que
las leches adaptadas o maternizadas se vendan en las oficinas de
farmacia data del año 1976. Desde entonces esa normativa se ha
modificado hasta en cuatro ocasiones, creo recordar. En ninguna
de ellas se ha hecho referencia al circuito de comercialización,
no se ha planteado hasta ahora. Cuando se adoptó esa decisión en
el año 1976, seguramente lo que hizo la norma fue recoger la
situación de hecho, y era que sólo se dispensaban en oficinas de
farmacia. Aquella norma se hizo a propuesta del Ministerio de
Industria, del de Comercio y del de la Gobernación donde residía
la autoridad sanitaria. Quiero decirle que, por tanto, no se ha
abordado desde el Ministerio de Sanidad esa cuestión, ni siquiera
en el último decreto, donde no se hacía ninguna referencia al
circuito de comercialización.
La situación actual, señor Cardona, por la que S. S. se interesa,
pone encima de la mesa este problema, habida cuenta de que una
empresa comercializadora ha decidido salirse del circuito de la
oficina de farmacia y comercializar sus productos por otros
circuitos comerciales. Ello ha determinado, primero, que se
plantee el análisis de la interpretación correcta del decreto,
puesto que se discutía, llegando a la confirmación de que,
efectivamente, con la norma vigente parece que está reservado el
circuito a las oficinas de farmacia. Este asunto lo hemos
debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y hay algunas razones, esgrimidas por responsables
sanitarios, a favor de mantener la situación actual, pero como S.
S. conoce, también hay una demanda, sobre todo procedente de los
consumidores y avalada por otros responsables que tutelan también
ese área, en el sentido de liberalizar la dispensación de las
leches maternizadas, pues abarataría los costes.
Por tanto, estamos en este momento con un debate abierto, con una
empresa que ha infringido la legislación vigente, por tanto
sometidos a una presión que hace desaconsejable adoptar ahora
esta decisión, lo cual no quiere decir que la autoridad sanitaria
haya tomado la decisión de mantener la normativa como está.
Estamos reflexionando sobre las ventajas y los inconvenientes que
la situación actual reporta, tanto por razones sanitarias como
por razones de protección de los intereses de los consumidores.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Gracias, señora Presidenta.
La directiva europea, efectivamente, no se decanta...
El señor PRESIDENTE: Señor Cardona, de momento es el señor
Presidente. (Risas.)
El señor CARDONA I VILA: Dispense, señor Presidente.
Muchas gracias señora Ministra, por la contestación.
Efectivamente, la Directiva europea no se decide ni se decanta
por el lugar en que hay que venderla y, por tanto, lo deja a
criterio de los Estados. Ahora bien, se trata de una cuestión que
nosotros entendemos que es competencia de defensa del consumidor
de menos de un año y que el sitio adecuado es el Ministerio de
Sanidad y Consumo. Por tanto, nosotros quisiéramos conocer esos
criterios. Pero es que en marzo se inicia, como ha dicho, su
venta en los hipermercados y cadenas de alimentación, lo que crea
una verdadera lucha comercial con puntos a favor y puntos en
contra. El consejo de empresas distribuidoras de alimentación
tiene en contra al Colegio de Farmacéuticos, así como a un grupo
de expertos en nutrición infantil y a ANDI, la Asociación
Nacional de Dietética Infantil, lo cual ha llevado a que esté en
estos momentos en los juzgados. Ahora bien, las manifestaciones
del Ministro de Comercio y Turismo, este verano, en el sentido de
que si se cumplen unas ciertas garantías no ve ningún
inconveniente en que se venda fuera de las farmacias, no me
negará que ha ayudado poco o, en todo caso, le
añade confusión al problema y, si no demuestra una cierta
disparidad, de criterios dentro del mismo Ejecutivo, sí muestra
una cierta falta de coherencia y cohesión.
No vea más reticencias en nuestra pregunta, sino precisamente una
posición constructiva en el sentido de que podemos compartir
criterios, puede que sea lo más positivo, y puede que lo
entendamos, pero en cualquier caso sí quisiéramos conocer esos
criterios desde el punto de vista de defensa del consumidor y el
sanitario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
--DEL DIPUTADO D. FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿DESDE CUANDO TIENE EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO CONOCIMIENTO DE CASOS DE COLERA
EN LA CIUDAD DE CEUTA? (Número de expediente 180/001352)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor González
Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
¿Desde cuándo tiene conocimiento el Ministerio de Sanidad y
Consumo de los casos de cólera en Ceuta?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Pérez.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, tuvimos conocimiento de los últimos casos de cólera en
la ciudad de Ceuta el 30 de agosto de 1995.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
No empezamos bien, señora Ministra. Todos los veranos en
Marruecos se producen casos de cólera que desgraciadamente acaban
siendo exportados a España, pues no podemos olvidar que en esas
fechas se produce un tránsito elevadísimo de personas de Africa a
Europa.
El primer caso de cólera en Ceuta se dio, señora Ministra, el día
28, pero anteriormente, a primeros del mes de agosto, en
Algeciras se dio un caso de cólera. Curiosamente en Ceuta no se
tomaron las medidas pertinentes sino que se mantuvieron las que
habitualmente, durante la época estival, dicta el Ministerio a
través de la Delegación de Gobierno. Señora Ministra, ahora mismo
en Ceuta hay tres casos de cólera confirmados, de los cuales dos
son patogénicos, por lo tanto altamente contagiosos. Para Ceuta,
el tener como vecino un país como Marruecos, significa tener una
espada de Dámocles permanentemente en materia sanitaria. Si
además tenemos en cuenta que este verano tanto en la provincia de
Mequinez como en la provincia de Tetuán, que como sabrá S. S. es
colindante con Ceuta, se han dado cerca de 500 casos de cólera,
de los cuales muchísimos han terminado con un desenlace fatal; si
a esto unimos la falta de celeridad en informar a la ciudadanía
por incompetencia, sin ningún género de dudas, de la Delegación
de Gobierno de Ceuta, la escasez de agua y el paso incontrolado
sanitariamente de alimentos por la frontera, tenemos como
resultado que en la actualidad tres personas en Ceuta tienen
cólera y ninguna de ellas ha pisado Marruecos en este tiempo.
Señora Ministra, podrían ser suficientes estos datos para que
usted, después de esta intervención parlamentaria dijera: Manos a
la obra y vamos a solventar todas estas deficiencias que existen.
Pero es que hay más, señora Ministra. En la frontera de Ceuta, en
la frontera del Tarajal, el servicio veterinario no dispone de
material adecuado para inspeccionar el trabajo en condiciones
óptimas y su horario se reduce de 9 a 11.30 de la mañana, pasando
todo lo que tenga que pasar. Además, en el Hospital Civil de
Ceuta no existe una sala de aislamiento para contagiosos.
Señora Ministra, en resumen, con un país vecino como Marruecos,
con la falta de información al ciudadano y con tantas cosas que
nos están sucediendo, lo único que tenemos es que la dejación de
la Administración socialista está introduciendo en Ceuta un
virus, el de la indignación, el de la indignación con su
Ministerio, señora Ministra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señor
Diputado, permítame que no comparta su sentido del humor con el
juego de palabras que se permite en un asunto preocupante en cuya
exposición S. S. no tiene razón.
El 9 de mayo de este año, la Comisión de Salud Pública estableció
las recomendaciones sobre las medidas encaminadas a evitar la
aparición del cólera, como todos los años, que en esencia se
resumen en la necesidad de incrementar la vigilancia
epidemiológica
ante la posible aparición de casos importados. El 7 de junio,
desde la Subdirección General de Sanidad Exterior se envió el
documento «Recomendaciones sobre cólera para el período estival
95» a todos los centros de vacunación internacional, a los
servicios periféricos de sanidad exterior, a todas las
direcciones territoriales. En la Dirección Provincial de Ceuta,
como S. S. debe conocer, se aplica el protocolo de actuación
sanitaria ante el cólera en Ceuta, elaborado por la Dirección
Provincial de Sanidad y Consumo de Ceuta y aprobado en su día por
el Centro Nacional de Epidemiología. En este protocolo, como S.
S. conoce, se crea una Comisión de lucha anticolérica para
coordinar las acciones de lucha, que básicamente consisten en las
medidas generales de prevención, en la educación, en la especial
atención a las medidas higienicosanitarias, en la preparación del
Hospital Militar, etcétera.
Como S. S. ha dicho de pasada, efectivamente hay dos casos en
Ceuta de los que tenemos perfecta constancia, perfecto
conocimiento, y en todos y cada uno de los casos que se han
producido se han actuado conforme a la normativa vigente. Cuando
S. S. me ha preguntado por el primer caso en Ceuta le he
contestado exactamente a lo que me preguntaba, lo cual no
significa que esa sea toda la información de la que disponemos,
ni que esa sea toda la actuación que ha tenido el Ministerio en
los casos de cólera.
Yo comparto y agradezco su preocupación, señoría, pero me
gustaría que no la agravara con afirmaciones carentes de todo
fundamento en este momento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE
SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE ACTUACIONES DESARROLLARA EL MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO PARA CONSEGUIR QUE LAS INSTALACIONES Y
SERVICIOS DE QUE DISPONE EL HOSPITAL MILITAR DE VALLADOLID SEAN
INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y UTILIZADOS POR TODOS
LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/001353)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 del señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Ministra, la Ley General de
Sanidad le faculta a usted para disponer la participación y la
colaboración de los hospitales militares en el Sistema Nacional
de Salud. Sin embargo, el Hospital Militar de Valladolid nunca ha
sido aprovechado ni concertado para su utilización por los
ciudadanos. Con 272 camas, que pueden ser aumentadas hasta 415,
con los mejores quirófanos de la ciudad (alguno ni siquiera
estrenado), con las mejores consultas externas de la provincia,
con servicios de primera línea, con una disposición y ubicación
excepcionales y con profesionales de gran cualificación, la
ciudadanía no ha podido aprovecharlo.
Con su modelo ineficiente, este hospital, utilizado al 25 por
ciento de su capacidad, ha coexistido con hospitales masificados
y listas de espera en Valladolid que superan las 3.000 personas.
Con su modelo absurdo, señora Ministra, hay servicios vacíos en
este hospital y ustedes están gastando cientos de millones en
enviar pacientes a clínicas privadas de Madrid para operarles de
varices. Con más de 1.000 millones invertidos allí en los cuatro
últimos años --algunas inversiones se han desarrollado incluso en
este año 1995--, ahora se decreta su cierre por parte del
Ministerio de Defensa, y eso ocurre ante la pasividad, el
desinterés y la ausencia de iniciativa del Ministerio de Sanidad.
Los ciudadanos no entienden esta barbaridad, ni el derroche de
fondos públicos, ni que la autoridad sanitaria en este país, que
es usted, señora Ministra, permanezca ajena ante este cierre.
Por ello me permito preguntarle qué actuaciones desarrolla su
Ministerio para conseguir que las instalaciones y servicios de
que dispone el Hospital Militar de Valladolid sean incorporados
al Sistema Nacional de Salud y utilizados por todos los
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán) Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente es difícil que los ciudadanos entiendan
cuál es la situación si escuchan a S.S. resumir el problema y los
datos tal como lo ha hecho.
No es cierto lo que dice. No es cierto que la situación de
Valladolid sea la que S.S. describe, lamento que tenga esa pobre
opinión, porque los datos son incontestables.
En el conjunto de los tres hospitales del Insalud en la provincia
de Valladolid hay 1.477 camas; ello significa que existen 2,96
camas por cada 1.000 habitantes, prácticamente el límite superior
de los valores propuestos para camas de agudos, según todos los
criterios de planificación. Esa es la situación actual. Y, para
la planificación futura, la decisión que el Ministerio ha
adoptado para garantizar la mejor asistencia sanitaria a la
población ha sido sustituir las obras previstas en el Hospital
Río Ortega por la construcción de un hospital, en el que, por
cierto, están de acuerdo y participan la Consejería de Sanidad
del Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de la
ciudad de Valladolid. Ambos están de acuerdo en la construcción
de un nuevo hospital que va a suponer una inversión
de 9.000 millones de pesetas y que es una opción, a juicio de
todos, mejor que la adaptación del Hospital Militar. Por tanto,
no se trata de lo que S.S. ha expuesto, sino de haber optado, por
cierto de acuerdo con otras administraciones, por una solución
que garantiza el número de camas disponibles en las mejores
condiciones.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la solución del nuevo hospital es una solución
que avalamos todos, ojalá que usted también, que es la que tiene
realmente la posibilidad en su mano de ponerlo en marcha, pero
ése no es el problema. El nuevo hospital va a sustituir a un
hospital, el Río Ortega, que está en condiciones ya francamente
lamentables para su utilización, y aquí estamos hablando de unas
instalaciones en las que, digo, se han invertido más de 1.000
millones de pesetas en los últimos años, habría que buscar por
qué, y eso es responsabilidad del Gobierno socialista. Aquí
estamos hablando del personal y los trabajadores civiles, no
solamente militares, sanitarios y no sanitarios, de ese hospital
militar, que no sabemos dónde van a acabar ubicados; aquí estamos
hablando...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señor
Diputado, no haga demagogia con la preocupación del personal
afectado por la decisión del Ministerio de Defensa, que, por
cierto, tiene un convenio firmado con los sindicatos que
garantiza soluciones para todas y cada una de las personas que
están en ese hospital, de manera que, si conoce las
características del hospital militar y conoce las necesidades y
las previsiones para el hospital nuevo, convendrá conmigo en que
es una mejor solución. Y no me diga que está de acuerdo en el
nuevo más el militar, porque a ustedes siempre les pasa lo mismo,
que siempre se apuntan a todo, pero no es posible. O hacemos el
hospital nuevo o sustituimos esa decisión por el militar. Nuestra
decisión es hacer el nuevo, y qué duda cabe que al problema del
hospital militar habrá que darle las mejores salidas posibles, y
me consta que se está trabajando en Valladolid, por parte de
Diputados socialistas y demás personas, en buscar soluciones a
eso, pero no pretenda confundir los problemas y mezclarlo todo.
Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS ORTIZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUAL HA SIDO EL
IMPORTE DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE EL PRETENDIDO EXITO DEL
PLAN DE VIVIENDA 1992-1995? (Número de expediente 180/001346)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Ortiz
González.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La pregunta dice así: ¿Cuál ha sido el importe de la campaña
publicitaria sobre el pretendido éxito del plan de vivienda 1992-
1995?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no ha habido ninguna campaña publicitaria sobre el
pretendido éxito del plan de vivienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, estamos acostumbrados a que S.S. niegue las
evidencias. En la última ocasión que tuve la oportunidad de
hacerle una pregunta se refería a las desgravaciones fiscales a
la vivienda, que el señor Ministro había dicho que iba a revisar
o a recortar y que después resultó que lo que había dicho era
distinto. Por eso no me sorprende que niegue la existencia de una
campaña publicitaria, pero los ciudadanos españoles han visto a
toda página en los medios de comunicación nacionales, de Madrid,
de Barcelona y de todo el territorio nacional, páginas y páginas
enteras con el eslogan «Lo hemos conseguido», y una serie de
cifras.
Señor Ministro, permítame que le haga un par de reflexiones mucho
más acentuadas todavía en función de su respuesta. La primera: en
la presente coyuntura presupuestaria, en un Departamento como el
suyo, sometido a recortes presupuestarios importantes, que estoy
seguro de que el señor Ministro siente, nos parece discutible,
por no decir claramente rechazable, cualquier suma que se haya
gastado simplemente en financiar el incienso personal de sus
actuaciones.
La segunda reflexión, señor Ministro, es que este modesto
Diputado ha estudiado con detenimiento las partidas
presupuestarias donde están previstas ese tipo
de atenciones, y mucho nos tememos o sospechamos que se han
utilizado créditos del Capítulo VI y del Capítulo VII, en contra
del mandato de esta Cámara y del Senado. Mi Grupo va a investigar
este asunto y va a adoptar las medidas jurídicas y políticas que
procedan.
La tercera reflexión se refiere a la veracidad del mensaje, el
éxito del plan. ¿Se puede calificar de éxito un plan que se
refiere sólo a la mitad de las necesidades de vivienda
detectadas, un plan que tiene partidas que han fallado, como el
alquiler, las actuaciones sobre suelo, la rehabilitación, y que
en su tramo final necesita de una financiación por imprevisión no
menor de 400.000 millones de pesetas? Parece que la comisión
delegada del Consejo de Ministros ha asumido el acuerdo de
250.000 millones de pesetas, lo que quiere decir desde este
momento que es insuficiente.
Señor Ministro, permítame que termine. Una vez más, su bien
probado afán de protagonismo personal le ha cegado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Esperaba algo más de su seriedad, creía que era usted una persona
algo más solvente. Usted pregunta cuanto ha costado una campaña
publicitaria de páginas y páginas sobre un presunto éxito del
plan de la vivienda. Yo le he dicho que no hay ninguna campaña
publicitaria sobre un presunto éxito, porque es un éxito (Risas.)
Ha habido una campaña de información sobre el éxito del plan de
vivienda. Y a usted le debe doler, como le duele a la oposición,
el éxito del Gobierno. Le duele que hayamos conseguido financiar
407.000 viviendas seis meses antes del plazo que nos dimos para
financiar 400.000. Y cuando anunciamos el objetivo del plan,
400.000, ustedes se rieron diciendo: imposible.
Si el objetivo son 400.000 y seis meses antes de acabar el plazo
se han financiado ya 407.000 ¿Ustedes cómo le llaman a eso,
fracaso? Para usted es un fracaso. Para el sentido común, cuando
alguien se propone hacer algo y lo hace antes de tiempo es un
éxito.
Usted dice: pero es que quedan todavía muchas familias más que
también quieren vivienda. Claro. Pero cuando dijimos cuáles eran
los objetivos de plan dijimos 400.000 y ustedes dijeron: son
demasiadas, imposible de conseguir. Ustedes dijeron eso y dijeron
que serían sólo para los amigos de los socialistas. Ahora que se
ha conseguido, incapaces de tener la generosidad de reconocer que
ese plan ha sido un éxito, vienen aquí a preguntar que cuánto nos
hemos gastado en decir a los españoles que entre todos
(comunidades autónomas, constructores, promotores, financieras,
demandantes de viviendas y este Gobierno Socialista) se ha
conseguido lo que proponíamos.
Aquello que tanto le escandaliza son 4 inserciones, 4; 2 en julio
y 2 en septiembre, en los periódicos de tirada nacional, pagados
con cargo al programa general...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Que todos los fracasos sean como éste.
-- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO ANTE LAS NOTICIAS REFERENTES
A LA UTILIZACION DE 8.200 MILLONES DE PESETAS POR PARTE DE UNA
DETERMINADA EMPRESA PARA EL PAGO DE COMISIONES A POLITICOS Y
MIEMBROS DE LA ADMINISTRACION? (Número de expediente 180/001349)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Hernando
Fraile.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
El pasado 7 de septiembre y en un revista alemana de importante
tirada apareció un reportaje referido a diversos casos de
corrupción en la etapa socialista, en la que se hacía una
referencia muy concreta a un pago de aproximadamente 100 millones
de marcos a distintos miembros de la Administración, miembros del
Gobierno y miembros del Partido Socialista.
Por eso es por lo que le preguntamos a usted y al Gobierno en
general qué medidas ha adaptado ante esas noticias referentes a
la utilización de 8.200 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Esas informaciones a las que usted hace
referencia no aportaban nada nuevo con respecto a las que en su
día se plantearon y motivaron las investigaciones que el
Ministerio desarrolló sin que se llegase a poder comprobar
ninguna irregularidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro,
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Perdóneme, señor Ministro, si le
contradigo y le contravengo, porque es indudable que sí aportaban
y aportan algo nuevo.
Usted recuerde que en el año 1993, en la Comisión de Obras
Públicas y Transportes, dijo aquí, ante todos los miembros de
esta Cámara: Desconozco por completo cuáles son las razones y las
causas por las cuales esa empresa alemana, a la que ahora hacemos
referencia, ha contratado los servicios y la colaboración de
determinadas personas físicas, el importe de las
contraprestaciones o su naturaleza.
Hoy ya sabemos cuál es el importe: 8.200 millones. Hoy sabemos
cuál es su naturaleza: el resquebrajar algunas actitudes y
voluntades de miembros de la Administración socialista.
Señor Ministro, yo creo que a usted lo que le han faltado en este
caso han sido reflejos. Usted tenía que haber actuado con
contundencia y no volver aquí otra vez a negar la evidencia.
Usted debía haber procurado y provocado la actuación de la
Intervención General en este escándalo del pago de comisiones por
parte de esta empresa. Usted debía haber acelerado y haber
provocado la intervención del Tribunal de Cuentas. Usted debía
haber investigado o haber forzado que el Ministerio de Hacienda
investigara el patrimonio de las personas denunciadas en aquel
momento y sobre las que todavía no sabemos cuál ha sido el monto
exacto de sus ingresos.
A pesar de todo, a pesar de lo que usted dice y de los montos que
en ese momento salieron, todavía hay 4.000 millones cuyo destino
no sabemos. Son muchos «convolutos», son muchas óperas, son
muchas partituras que todavía quedan por escribir.
Nosotros, señor Ministro, le instamos a que usted tome cartas en
el asunto, a que inste al Fiscal Anticorrupción y a que no nos
veamos en la obligación de hacer lo que ya hicimos en su momento,
que fue pedir una comisión de investigación, con bastante poco
éxito, por cierto, ya que su Grupo impidió cualquier tipo de
investigación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
No tengo ningún incoveniente en que se investigue todo. Ahora que
la coyuntura parece más favorable, puede usted solicitar una
comisión de investigación sobre este tema. (El señor Hernando
Fraile: No le escucha nadie.) Pero se lo pueden contar ustedes;
no se preocupe.
Nosotros, en su día, ante esta denuncia, desde el Ministerio,
hice todas las averiguaciones que pude y en 1993 acudí a la
Cámara a informar. Yo mismo hablé con los responsables de la
empresa Siemens y les exigí conocimiento de todo lo que hubiera
podido constituir una irregularidad. No apareció nada que
demostrase que tal irregularidad se hubiera producido. No sé si
se ha producido o no. Lo que le digo es que con los medios de
investigación que estuvieron en su día al alcance del Ministerio
no fue posible demostrarla.
Si usted cree que hay ahora razones nuevas y da por sentado los
hechos ¿qué hace usted sentado aquí? ¿Por qué no ha ido ya al
juzgado de guardia? Yo no creo que haya razones nuevas. Si usted
cree que las hay y viene aquí sacando pecho diciendo que las hay
¿por qué no va usted al juzgado de guardia? ¿Por qué todo lo que
me aconseja que haga yo no lo hace usted, que tan convencido está
de que lo tiene que hacer? (El señor Fernández-Miranda y Lozana:
Porque usted es el Ministro.)
Nosotros hemos hecho en su día lo necesario y no detectamos
prueba que permitiese actuar, pero usted está convencido, tiene
el convencimiento... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no
se perciben.) Sí, lee las revistas y supongo que sabe algo más
porque en ese mundo seguramente tienen fuentes de información
mejores que las nuestras.
Si por algún procedimiento sabe usted algo que los demás no
sabemos, no saque pecho en la Cámara, saque usted pecho ante los
tribunales de justicia. No haga de agitador, compórtese como un
ciudadano.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO AL TRAMO DE AUTOVIA BAILEN-
JAEN? (Número de expediente 180/001362)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de la señora Rodríguez
Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, durante la pasada campaña de las elecciones
municipales usted afirmó en un acto público que Jaén se
convertiría en el principal eje de comunicación de Andalucía con
el centro de la península. Al hacer esta afirmación se refería a
la construcción de la autovía Bailén-Motril, concretamente al
tramo Bailén-Jaén, que pronto será una realidad, a pesar de que
este tema se ha visto cuando menos con escepticismo por el Grupo
de la oposición.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos trabajado con el
Ministerio de Obras Públicas para que
esta autovía se considerara una prioridad y apareciera reflejado
así, como ha ocurrido en los dos últimos ejercicios
presupuestarios.
A finales del año 1993 se autorizó la contratación de estas obras
por el Consejo de Ministros. Como Diputada por la provincia de
Jaén he podido comprobar en varias ocasiones la evolución de los
trabajos y la importancia de algunas obras de ingeniería que se
están realizando, como es el caso del puente que se está
construyendo sobre el río Guadalquivir. La prioridad de esta
construcción se justifica, no sólo por la mejora de la
circulación y por lo que va a suponer de reducción del tiempo en
los recorridos sino también por el valor añadido en cuanto a lo
que conlleva de desarrollo comercial, industrial y, por supuesto,
turístico; en el caso de la provincia de Jaén, que es una
provincia interior, del llamado turismo verde, puesto que
contamos con una importantísima superficie natural protegida.
Por todos estos motivos, desearía recibir información del señor
Ministro de Obras Públicas y conocer las previsiones en cuanto a
la entrada en funcionamiento del tramo de autovía Bailén-Jaén.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe S. S., este tramo de autovía no estaba incluido en el
primer Plan General de Carreteras. Se incluyó por el Gobierno en
el Plan Director de Infaestructuras, aprobado en marzo de 1994,
que está actualmente en tramitación parlamentaria.
En concreto, dentro de este Plan, el sector Bailén-Jaén-Granada,
de 117 kilómetros, se dividió para su construcción en cuatro
tramos. El primero de ellos, por el cual pregunta S. S., el tramo
Bailén-Jaén, tiene una longitud de casi 37 kilómetros y las obras
fueron adjudicadas a finales del año 1993, 29 de diciembre de
1993, y empezaron en enero de 1994. Cumple decir que, gracias a
la insistente presión de los diputados socialistas por Granada,
esta obra fue calificada como prioritaria en el conjunto de
actuaciones del Ministerio. Adjudicada en casi 10.000 millones de
pesetas, se dedicaron 6.000 millones en el año 1994 y el resto en
1995. Su fase de ejecución es muy avanzada. En septiembre ya
llevamos realizado el 95 por ciento de toda la obra; es decir, en
dos años prácticamente la hemos terminado. Es un tiempo récord.
Queda únicamente una obra de fábrica singular sobre el río
Guadalquivir en Mengíbar, muy compleja técnicamente, que podemos
y esperamos terminar antes de finales de año. De manera que,
salvo razones de fuerza mayor, estos 37 kilómetros podrán abrirse
al tráfico antes del turrón. Espero acudir a la inauguración
durante las vacaciones de Navidad, puede incluso que antes,
dependiendo del desarrollo de esta obra de fábrica singular. Debo
señalarle también que para ello hemos aceptado una desviación de
coste por importe de 954 millones de pesetas, que ya ha sido
aprobado técnica y económicamente, teniendo crédito disponible.
Por tanto, no preveo que ninguna razón presupuestaria venga a
detener el excelente ritmo de ejecución de esta obra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA VARIANTE DE LA CIUDAD
DE LES BORGES BLANQUES EN LA CARRETERA N-240, ENTRE TARRAGONA Y
LLEIDA? (Número de expediente 180/001363)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Pau i Pernau.
El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, la
carretera nacional 240, que une Tarragona con Lleida, es, sin
lugar a dudas, una vía de alta intensidad de tráfico que se
utiliza como acceso y salida al y del puerto y zonas turísticas
de Tarragona por los ciudadanos y empresas de las provincias del
interior, Lleida, Zaragoza, Huesca. Su trazado y firme han
mejorado muchísimo en los últimos años. Se han construido
variantes en los núcleos urbanos que permiten, excepto en
Montblanc y en Les Borges Blanques, realizar el trayecto con toda
rapidez y seguridad. Estas mejoras han incentivado todavía más su
utilización y el tráfico ha aumentado enormemente en los últimos
tiempos, colapsando, en días y horas punta, las travesías de las
dos ciudades mencionadas. La demanda ciudadana de la construcción
de estas variantes ha aumentado. Se ha conocido, en el caso de
Les Borges Blanques incluso el proyecto de su construcción, y por
ello le preguntaría cuáles son las previsiones del Gobierno en
relación con la variante de la ciudad de Les Borges Blan-
ques en la carretera nacional 240, entre Tarragona y Lleida.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Hace bien S. S. en interesarse por las obras de uno de los
mayores ejes de actuación en la comunicación entre el
Mediterráneo y las tierras de poniente en Lleida.
En concreto, la variante de Borges Blanques tiene un proyecto de
construcción que fue aprobado definitivamente el 30 de junio
pasado e inmediatamente después di orden de expropiación para
dicha variante. No es una variante cualquiera, tiene una longitud
de casi cinco kilómetros y su presupuesto es de casi 1.300
millones de pesetas. Su licitación está prevista durante el año
en curso o, como muy tarde, a principios del año 1996. No preveo
que los ajustes presupuestarios le vayan a afectar, de manera que
podrá estar en servicio aproximadamente a principios del año
1998. Ello se suma a las obras de acondicionamiento del tramo
Tarragona-Valls, que hemos duplicado, invirtiendo 4.500 millones
de pesetas, la variante de Montblanc, cuyo proyecto de
construcción fue aprobado en junio de 1994 y que está actualmente
sometido a información pública. Con ello, la 240 tendrá unos
niveles de calidad y fluidez en el tráfico que vertebrarán de
forma muy eficiente el territorio de Cataluña entre Lleida y
Tarragona.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL
GRUPO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO DE LA
NACION ADOPTAR INICIATIVAS TENDENTES A PALIAR LOS EFECTOS QUE EL
PEDRISCO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE HA OCASIONADO EN EL
SECTOR AGRICOLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA? (Número de expediente
180/001337)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7 del señor Chiquillo
Barber.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señor Ministro, ¿qué
iniciativas piensa adoptar su Gobierno para paliar y mitigar los
efectos que el pedrisco y otras adversidades climáticas han
causado en la agricultura valenciana a lo largo del año 1995?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el pasado 31 de agosto efectivamente una tormenta de
granizo causó daños en determinados municipios de la Comunidad
Valenciana, afectando principalmente al cultivo de cítricos en la
comarca de la Ribera.
En la proposición no de ley que usted presentó el 7 de septiembre
solicitaba el establecimiento de una línea especial de ayudas
para paliar los daños en cultivos, plantones, fincas, maquinaria,
etcétera, así como declarar zona catastrófica los términos
municipales afectados. Una semana más tarde retiró usted esta
última propuesta, manteniendo la solicitud de ayudas que
obviamente no incluye daños a la producción. Creo, por tanto, que
su formación política entiende que no deben establecerse medidas
especiales por daños ocasionados a producciones asegurables y
contemplados en el Plan de Seguros Agrarios, que, en el caso de
los cítricos, el Ministerio subvenciona el 50 por ciento del
coste de la prima y las comunidades autónomas, para facilitar su
contratación, también apoyan económicamente el coste del
agricultor.
La exposición de motivos del Decreto aprobado el 8 de septiembre
por la Generalitat Valenciana defiende que no deben establecerse
beneficios extraordinarios para los riesgos cubiertos por los
seguros agrarios. Por tanto, la Comunidad Valenciana establece,
en el ámbito de su competencia, ayudas mediante la bonificación
del tipo de interés a los préstamos por daños en el arbolado. Esa
iniciativa la considero de gran interés, ya que viene a fijar
cuál es el grado de corresponsabilidad entre las diferentes
administraciones públicas, según su nivel de competencias en
materia agraria. Además, quiero recordar que el Decreto-ley de
sequía, que establece medidas fiscales, financieras y de
tratamiento preferente en la Seguridad Social, cubre también esa
zona de la comarca valenciana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Ministro.
Usted es consciente de que esos graves daños ocasionados en las
explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana no son única y
exclusivamente al 31 de agosto, porque la zona vitivinícola de
Requena-Utiel sufrió también el 15 de agosto unos graves daños
ocasionados por el pedrisco, pero que se han añadido a las
inclemencias climatológicas del año1995; primero fueron sequías,
luego heladas, sequía y posteriormente el pedrisco. Los daños
ocasionados se han calculado, aproximadamente, en casi 150.000
millones por todas sus condiciones.
Unión Valenciana no ha retirado la petición de unas ayudas
extraordinarias que podría plasmarse, como lo hemos presentado en
la Comisión de Agricultura, por medio de un plan integral de
ayuda al sector agrícola valenciano que ha sufrido unos graves
daños desde que se inició el año agrícola, que estamos a punto de
concluir, antes del inicio del nuevo año agrícola. Sí que
solicitábamos especial sensibilidad en ese plan integral de ayuda
al sector agrícola valenciano, donde se incluyan subvenciones,
créditos blandos, ayudas a fondo perdido, que complementen la
rápida actuación de la Generalitat Valenciana, de la Consellería
de Agricultura, por el Gobierno central, a través de su
departamento, y que se involucre la Unión Europea, como parece
que puede llegarse a dar.
Por tanto, pido la máxima coordinación entre todas las
administraciones, la autonómica, la central y la europea, porque
la agricultura valenciana reclama en estos momentos tan difíciles
sensibilidad y acciones firmes y decididas, pues realmente el
campo valenciano requiere de la ayuda de todas las
administraciones implicadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Entiendo que el contenido de la proposición de ley de Unión
Valenciana está satisfecho con el Decreto aprobado por la
Generalitat el 9 de septiembre. No obstante, el Ministerio
solicitará a Agroseguros que realice lo más rápidamente posible
la peritación y la indemnización correspondiente.
Creo que las subvenciones por inversiones en inmovilizado de las
cooperativas de la comarca podrían ser aceleradas si se recibe
una petición en este sentido de la comunidad autónoma.
Por otro lado, ha mencionado usted efectivamente los recusos
adicionales que la Comisión ha anunciado para prevenir y paliar
el efecto de las catástrofes climatológicas sobre la actividad
agrícola. Espero que la concreción de esos programas de 50.000
millones de pesetas adelantados por la Comisión pueda quizá
ampliar nuestro margen de maniobra para atender, prevenir y
paliar estas catástrofes naturales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA QUE PUEDE PONERSE EN CUESTION EL
SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A POCOS
MESES DE FINALIZAR EL EJERCICIO, SIN OFRECER MECANISMOS
ALTERNATIVOS? (Número de expediente 180/001350)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Costa Climent.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado miércoles 13 de septiembre, tras cerrar
sin ningún éxito una ronda de negociaciones con los agentes
económicos y con los grupos parlamentarios para sacar adelante el
proyecto de presupuestos para 1996, usted y otros miembros del
Gobierno ponían en tela de juicio la continuidad del sistema de
financiación de las comunidades autónomas. Usted, y le cito
textualmente, manifestó ante los medios de comunicación que la
única vía para la cesión del 15 por ciento del IRPF a las
comunidades autónomas pasaba por negociar los presupuestos y que
no hay previsto ningún mecanismo que permita aplicar la cesión
del 15 por ciento en 1996. En la misma línea, el Ministro de la
Presidencia manifestaba: Es indispensable que haya presupuestos
para apoyar la cesión; y don Narcís Serra, en un acto público,
ante los medios de comunicación, apuntaba también: Quien esté en
contra de los presupuestos no votará la cesión del 15 por ciento.
El Gobierno ha alertado a CiU de que el acuerdo vencía y que para
volverlo a colocar en los presupuestos hay que votarlo y votar
los presupuestos para 1996.
Señor Ministro, el sistema de financiación de las comunidades
autónomas es algo extraordinariamente serio como para tomárselo a
la ligera con este tipo de declaraciones. Por ello, mi Grupo
Parlamentario le formula la siguiente pregunta: ¿Considera que
puede ponerse en cuestión el sistema de financiación de las
comunidades autónomas a pocos meses de finalizar el ejercicio,
sin ofrecer mecanismos alternativos?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, nadie ha puesto en tela de juicio el sistema de
financiación de las comunidades autónomas; su señoría mezcla las
churras con las merinas. El sistema de financiación está en vigor
hasta el próximo año. Es cierto que desde hace un año estamos
trabajando en la posibilidad de su modificación. Hay un Libro
Blanco, realizado por unos expertos, entre ellos uno nombrado por
su Grupo.
Es cierto que el sistema de financiación actual, y para los años
1994 y 1995, admitía la posibilidad de que un tramo de
financiación se calculara en función de la cesión del 15 por
ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es
cierto que esas decisiones son anuales y, por tanto, debe
incluirse en la Ley de Presupuestos para prorrogarse para el año
que viene. Esa situación hasta ahora no se ha producido y es
evidente que si no hay Ley de Presupuestos o existe una
ley alternativa que recoja esta medida o, evidentemente, no puede
existir prórroga.
Esa es la situación, eso es lo que dije y eso es lo que vuelvo a
repetir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lo cierto es que ustedes lo que pusieron en tela
de juicio es el actual sistema o mecanismo de financiación de las
comunidades autónomas, y eso en este contexto constituyó
claramente una amenaza velada, una forma de presión a otros
grupos parlamentarios para sacar adelante ese proyecto de
presupuestos para 1996; y, además, un reconocimiento explícito de
que cuando ustedes aprobaron la cesión del 15 por ciento a las
comunidades autónomas, más que avanzar en la vía de la
corresponsabilidad fiscal estaban realizando una concesión
política a cambio de apoyos parlamentarios.
Han sido incapaces de negociar e impulsar un nuevo modelo de
financiación para las comunidades autónomas, un modelo que
apueste por una corresponsabilidad fiscal real y efectiva, y
tendrá que ser un Gobierno del Partido Popular el que saque
adelante ese acuerdo político pactando con todas las comunidades
autónomas un modelo de financiación como el que necesita nuestro
país en estos momentos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias,
señor Presidente.
Veo que S. S. sigue sin entender nada y sigue mezclando las
cosas; sigue mezclando el sistema de financiación general con un
problema específico del cálculo para dos años, que ha caducado.
Evidentemente, para renovarlo hay que tomar una decisión en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera y tengo la impresión --y
me gustaría que así fuera-- de que en el próximo Consejo de
Política Fiscal y Financiera tal vez sus correligionarios voten a
favor, cosa que no estaba tan clara hace unos días dada su
oposición radical a este tema. En segundo lugar, que se incluya
en una ley y, en tercer lugar, que haya un acuerdo entre las
administraciones afectadas y la Administración General del
Estado, en este caso con el Gobierno central.
Ese es el proceso necesario. Si no se cumple, evidentemente no
habrá 15 por ciento, pero eso no quiere decir que no haya
financiación de comunidades autónomas. El sistema sigue en vigor
exactamente tal como está pactado hasta 1996.
Es cierto que es este Gobierno el que tal vez no pueda sacar el
nuevo sistema de financiación, pero sí el que puso en marcha hace
un par de años una reflexión para ver cuál es el posible sistema
de financiación futuro. Ya hay realizado un trabajo importante
que si nosotros no podemos aprovechar, evidentemente se podrá
aprovechar en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CREE EL SEÑOR MINISTRO QUE ES
SU FUNCION REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE DECISIONES EN MATERIA
DE TIPOS DE INTERES QUE CONCIERNEN AL BANCO DE ESPAÑA,
A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION? (Número de expediente
180/001351)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Aguirre
Rodríguez, que tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Cree el señor Ministro que es su función realizar
recomendaciones sobre decisiones en materia de tipos de interés
que conciernen al Banco de España, a través de los medios de
comunicacion?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, yo volvería la pregunta por pasiva: ¿Cree S. S. que el
Ministro de Economía y Hacienda tiene derecho a opinar sobre la
situación económica y sobre su propia incidencia en los tipos de
interés? Si S. S. no está de acuerdo con esta afirmación,
seguramente tampoco estará de acuerdo con lo que voy a decir a
continuación.
Su señoría recordará que en la Ley de autonomía del Banco de
España existe incluso la posibilidad de que el Ministro de
Economía y Hacienda se dirija al Banco de España para plantear
mociones y decisiones. Si S. S. ha seguido mis palabras --y lo
puede haber hecho, porque las he repetido con cierta frecuencia--
, sabrá que siempre hago referencia, primero, a que la
competencia es del Banco de España; segundo, que las condiciones
están mejorando y, por supuesto, la posibilidad de que la mejora
de condiciones facilite la bajada de los tipos es evidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Las preguntas en este turno, como sabe S. S., las hace
laoposición. Tendrá que reconocer en este turno, señor Ministro,
que hace pocas fechas culpó usted a Convergència i Unió y a su
anuncio de votar la devolución de los presupuestos socialistas de
constituir razones suficientes para --utilizo palabras
absolutamente suyas-- «truncar las posibilidades de un descenso
de los tipos de interés».
Reconocerá también que 24 horas después de esa declaración los
medios de comunicación escritos titularon palabras pronunciadas
por usted: «El señor Solbes afirma que podrían bajar los tipos un
cuartillo». Reconocerá igualmente, señor Solbes, que en fechas
muy próximas a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de
mayo no perdió usted ocasión de lanzar un mensaje sobre los tipos
de interés. Corrían momentos electorales no muy buenos para el
Partido Socialista y usted, hacia el 23 de mayo, dejó salir de
sus labios yo creo que una afirmación --podría ser una
recomendación, no sé si una reflexión--. En cualquier caso, puso
en circulación el mensaje de que el Ministro de Economía del
Gobierno socialista estimaba que era prudente esperar a conocer
el IPC de mayo para decidir una subida del tipo. Traducido al
castellano, venía a recomendar --eso sí, con sutileza-- que
cualquier incremento de los tipos de interés se produjera en la
segunda decena del mes de junio, para no arrojar efectos
negativos sobre la campaña electoral. Esto es una intromisión
intolerable, inaceptable en la autonomía del Banco de España.
Yo creo que su seriedad, su rigor le hace, como ha demostrado,
conocedor del artículo 20.3 de la Ley de autonomía del Banco de
España. Señor Ministro, el camino que señala el artículo 20.3 es
el indicado para pronunciarse sobre las medidas que tienen que
adoptarse en materia de tipos, no las declaraciones públicas.
¿Qué ha querido decirnos con estas últimas declaraciones? ¿Qué si
no bajan los tipos es culpa de que CiU no apoye los presupuestos?
¿O nos está queriendo decir otra sutileza respecto a los tipos?
Utilice el artículo 20.3 y no sus declaraciones para entrar a
hurtadillas a hurtar autonomías que están concedidas en textos
legales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Entrar a hurtadillas, como S. S. dice, en la posibilidad de
actuación del Banco de España no ha sido nunca mi forma de actuar
ni lo será en el futuro. El Banco de España es absolutamente
independiente y, diga lo que diga el Ministerio o el Ministro de
Economía, hará lo que tenga que hacer.
Lo que sucede es que el Banco de España actúa con criterios que
responden a unos principios sobradamente conocidos en el mundo
económico. Es evidente que elementos como evolución del
diferencial de inflación, evolución del déficit, reducción de
tipos en otros países, juegan un papel fundamental en el momento
de reducir o aumentar los tipos de interés. Es cierto que el
Banco de España actúa con criterios a largo plazo. En ese
sentido, una cifra única, evidentemente, no es suficiente para
tomar una decisión.
He hecho las referencias a las que S. S. ha aludido no
exactamente en los mismos términos que S. S. ha citado. Podía
haber buscado la cita mucho más precisa, porque nunca utilizo la
palabra «truncar». Por eso me ha sorprendido; no sé lo que dirá
la prensa, pero puedo asegurar que no es una palabra que yo
utilice. Con esas referencias le estoy diciendo algo que es
evidente: con unos presupuestos claros para el futuro, la
posibilidad de reducir los tipos de interés para el Banco aumenta
sin la menor duda. Es un hecho, les guste o no.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Pregunta número 21 del señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, si no tiene
inconveniente S. S., desearía formular en primer lugar la
pregunta número 22, alterando el orden en el que están
formuladas.
El señor PRESIDENTE: Siendo las dos iniciativas del mismo señor
Diputado, puesto que son las dos últimas de este punto del orden
del día y no afecta a derechos de terceros, por parte de la
Presidencia no hay inconveniente en que se altere si al señor
Ministro le parece pertinente.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL GOBIERNO DE LA MARCHA DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA
TRAS CONOCER LOS DATOS DEL MES DE AGOSTO DEL PARO, INFLACION Y
DEFICIT PUBLICO? (Número de expediente 180/001359)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, el pasado martes escuchaba en esta Cámara por
parte del --dicen algunos-- futuro Ministro de Economía del
Partido Popular un análisis de la situación económica española y
lanzar un mensaje de esperanza «popular» --y lo digo entre
comillas-- al decir cosas como que la economía española está en
divergencia con Europa, nuestra inflación va distanciándose de la
media europea, el déficit público avanza descontrolado y otras
frases similares. Menos mal, señor Ministro, que horas más tarde
de escuchar esta catastrófica y apocalíptica visión de nuestra
economía conocíamos todos los españoles los datos del mes de
agosto en materias como inflación, paro, déficit y balanza por
cuenta corriente que aliviaban el panorama tan sombrío anunciado
por la buena nueva popular.
Sin dar saltos de alegría, señor Ministro, todavía quiero
preguntarle qué valoración hace el Gobierno de la actual
situación y de las perspectivas de la economía española a la luz
de los resultados del mes de agosto y perspectivas para los
próximos meses y qué pueden esperar de la misma los ciudadanos de
este país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, es cierto que cuando uno echa marcha atrás la moviola e
intenta ver lo que se decía hace unos meses sobre lo que podría
suceder en nuestro país por parte de algunos representantes de la
oposición y lo que está sucediendo en estos momentos, hay que
reconocer que las discrepancias son notables. Lo que a uno le
sorprende es que se siga tropezando en la misma piedra.
Es verdad que ya con datos bien conocidos podemos hacer algunas
afirmaciones que yo creo que son evidentes. Este año nuestro país
va a crecer a un nivel parecido a la media de la Unión Europea,
alrededor del 3 por ciento. Es cierto que los últimos datos del
mes de agosto nos demuestran una caída muy importante del paro,
que significará en términos anuales algo superior a los 180.000
trabajadores y supondrá también, diciembre sobre diciembre,
posiblemente un crecimiento del empleo de alrededor de 300.000
personas. La tasa de inflación, que ha sido una de nuestras
preocupaciones, después de remontar a ese 5,1 que fue nuestro
pico en el año actual, la hemos empezado a ver descender --en un
momento anterior fue del 5,2-- de una forma rápida. Yo tengo
incluso la esperanza de que quedemos por debajo del 4,3 por
ciento, que fue la cifra, diciembre sobre diciembre, del pasado
año. Todo esto también a pesar de los catastrofismos del terrible
efecto que el incremento de la imposición indirecta iba a
producir en las cifras de la inflación. Ello nos va a situar en
posibilidades de reducir la inflación por debajo del 4 por ciento
y aproximarnos al 3,5 en los próximos meses del año que viene.
El déficit de caja del mes de agosto ha significado también un
cierto hito. Por primera vez el déficit acumulado pasa a crecer
menos, pasa a estar por debajo del déficit del pasado año. De una
cifra de crecimiento del tres y pico por ciento hasta el mes
anterior, estamos en el menos cuatro y algo por ciento. Todo ello
nos indica que se van a cumplir las previsiones del Gobierno y
que entramos en unas condiciones inmejorables para el año 1996,
donde veremos crecer más la economía, generar más empleo y seguir
cumpliendo nuestra producción de déficit en términos de plan de
convergencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO DE LA DECISION QUE ALGUNAS ENTIDADES FINANCIERAS HAN
TOMADO DE REDUCIR LOS TIPOS DE INTERES A LARGO PLAZO DE LOS
CREDITOS HIPOTECARIOS? (Número de expediente 180/001358)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21 del señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a lo largo de esta última década se puede
observar, analizando series estadísticas, que el crecimiento
económico y la evolución de los diferentes tipos de interés han
tenido una correlación lo suficientemente errática a veces como
para no sacralizar de forma automática una relación causa-efecto
entre tipos de interés y crecimiento. No obstante, señor
Ministro, qué duda cabe, que unos tipos de interés bajos y
convergentes con la Unión Europea son una garantía para sostener
el actual ritmo de crecimiento económico necesario para animar el
consumo, la inversión y para la creación de empleo.
A lo largo de este último año, el Banco de España, desde su
reciente autonomía, ha elevado en casi dos puntos los tipos de
intervención en aras a controlar la inflación que parece en estos
momentos domeñada. Por el contrario, en estos días algunas
entidades financieras reducen sus tipos de interés, fijos o
variables, de los créditos hipotecarios apostando claramente por
una reducción de los mismos en el corto y medio plazo. En este
contexto, señor Ministro, nos gustaría conocer qué valoración
hace el Gobierno de la decisión
que algunas entidades financieras han tomado de reducir los tipos
de interés a largo plazo de los créditos hipotecarios, si el
Gobierno ve posible una futura reducción de los tipos de interés
y qué piensa hacer el Gobierno para apoyar que esto se consiga.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como S. S. conoce, cuando hablamos de tipos estamos hablando
siempre de dos temas distintos, los tipos a largo y los tipos a
corto. Es cierto que los tipos a corto están muy vinculados a las
decisiones del Banco de España, pero también es cierto que el día
al día del mercado nos va diciendo cuál es la percepción que el
mercado tiene sobre la evolución de esos tipos. En estos momentos
estamos viendo cómo el mercado secundario a corto plazo nos está
ya hablando de tipos inferiores a los actuales del Banco de
España.
A largo plazo el tema es más complejo. He dicho, en respuesta al
señor Aguirre anteriormente, que tomamos en consideración tipos
de interés en otros países, evolución de la inflación, evolución
del déficit y otros tipos de perspectivas. ¿Qué está sucediendo?
Que evidentemente también otros países europeos están bajando sus
tipos, nuestra inflación está teniendo un excelente
comportamiento, también lo está teniendo el déficit y todo ello
ha ayudado a que nuestro diferencial, en el bono a diez años, con
el bono alemán, pase de más de 500 puntos básicos a prácticamente
400 puntos básicos; es decir, casi la reducción de un punto de
tipos de interés en un período relativamente corto.
Interpretado esto por los bancos llegan a una conclusión que a mí
me parece bastante evidente. Aquella gente que no habla sin
ningún tipo de responsabilidad, sino que está actuando en el
mercado financiero y al final está jugándose sus propios
recursos, opina claramente que los tipos a largo van a bajar. Y
precisamente como opina que eso va a suceder, toma la decisión de
iniciar su actuación en el mercado cuanto antes para tomar la
mayor parte del mismo.
Yo creo que en ese sentido hay que interpelar esta decisión. Es
una decisión valiente, positiva, y estoy convencido --porque
estoy convencido también de que el tipo de interés y el déficit
van a seguir reduciéndose-- del que se seguirá reduciendo el
diferencial y, al final, acabaremos reduciendo los tipos a largo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA CONOCER
LOS CRITERIOS DE POLITICA GENERAL QUE DESARROLLARA EL GOBIERNO EN
CONSONANCIA CON LAS VALORACIONES POLITICAS QUE SE DESPRENDEN DEL
CONTENIDO DEL INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, ASI COMO LAS
INICIATIVAS QUE SE VAN A EMPRENDER PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (Número de expediente 172/000117)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular para conocer los criterios de
política general que desarrollará el Gobierno en consonancia con
las valoraciones políticas que se desprenden del contenido del
informe anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas
que va a emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y
sugerencias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, la interpelación
que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular supone una
importante novedad en la práctica parlamentaria por cuanto que
permite, por vez primera, sustanciar un debate de totalidad con
el Gobierno, acerca del sentido y de la letra del informe del
Defensor del Pueblo.
Desde la perspectiva de mi Grupo, esta iniciativa viene a ser el
complemento adecuado del acto que implica la comparecencia anual
del Defensor ante la Cámara, para dar cuenta de su gestión
durante un ejercicio. Y lo es porque si entonces corresponde al
Defensor el relato de unos hechos, sin formular valoración alguna
y a los grupos parlamentarios extraer de ese relato conclusiones
y valoraciones específicas, hoy se trata de confrontar,
dialéctica y constructivamente, con el Gobierno esas valoraciones
para saber qué aspectos de la actuación política de éste se
constituyen en obstáculo para el logro de esa sociedad
democrática avanzada que nuestra Constitución determina como fin
último del quehacer de los poderes públicos.
Se entenderá, por tanto, que si este debate resulta oportuno
desde la lógica política de la tarea de control es, a su vez,
imprescindible habida cuenta de que el informe incorpora los
aspectos más dolientes de nuestra realidad y la voz de los
ciudadanos que los padecen, de modo que no es posible obviar
cuanto de ellos se dimana.
No se trata de convertir este acto en un pliego de cargo, sino de
llamar la atención en orden a esteblecer qué aspectos principales
de nuestra realidad constituyen
un déficit democrático en la procura de hacer de ese Estado
social y democrático de Derecho un compromiso con dimensión real
en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y cuál es la
responsabilidad del Gobierno en todo ello.
Pero este debate, que no es un debate genérico porque para un
gobernante no puede haber nada más concreto que las reclamaciones
de aquéllos a quienes gobierna, se plantea, además, en un momento
de la vida nacional en el que la gran mayoría de los españoles
reclaman un cambio político de ideas, programas y estilos, al que
sólo se resiste un Gobierno que, consciente de su debilidad, se
niega a abrir con inmediatez el camino de las urnas.
Por eso, inevitablemente también, este debate tiene mucho de
balance de una etapa que se agota y cuyas contradicciónes quedan
patentes tras una lectura entre líneas de esa radiografía social
cuyo significado se ha dado en reconocer a los informes del
Defensor.
No todo se ha hecho mal, evidentemente. Y decir eso sería asumir
una aseveración que negaría la historia, pero un diagnóstico
inicial, al hilo de un conjunto de quejas que año tras año tienen
reflejo en el informe, nos permite advertir el fracaso del
Ejecutivo en la aplicación de determinadas políticas que son
fundamentales para el aseguramiento del principio de igualdad de
oportunidades como base para la corrección de las diferencias
materiales de origen entre los ciudadanos, y eso sólo es posible
cuando se logra dar plenitud a los derechos de naturaleza social
y económica, condición de la que, en nuestra opinión, no puede
hacer plena gala este Gobierno.
Cuando el Defensor nos recuerda que aún es preciso romper con
toda una serie de condicionantes que hacen que amplios grupos de
españoles se vean situados al margen del modelo y de los
beneficios sociales de la nación, nosotros concluimos que el
Ejecutivo no ha sabido, querido o podido articular una política
económica eficaz, orientada en función de criterios de progreso
compartido y solidaria con los más necesitados. Nadie duda de las
buenas intenciones. Y probablemente también en el texto del
informe quedan reflejadas las buenas intenciones, pero, a tenor
de los resultados, esas buenas intenciones deberían tamizarse en
función de aquella duda metódica que el Defensor se planteaba a
sí mismo y que el Gobierno debiera asumir para diferenciar en
todo punto de su acción política entre el deseo de servir al país
y la posibilidad de hacerlo con eficacia.
Por eso, a tenor de lo dicho en el informe de 1994, que viene a
ser en aspectos estructurales básicos reproducción de muchos de
los condicionantes señalados en informes anteriores, queremos que
se nos explique por qué los actuales gobernantes no han sabido
cerrar aquello que el Defensor denomina literalmente como fisuras
por las que se evaden determinados derechos de los ciudadanos y
que en su consecuencia, para mi Grupo, implican,
desgraciadamente, la mera teorización de partes sustanciales del
discurso constitucional, con la carga de frustración que ello
comporta.
¿Cree el Gobierno haber conseguido hacer de la ley el referente
básico de igualdad entre los ciudadanos y el instrumento arbitral
de su convivencia cuando, por una parte, el colapso de la
Administración de justicia, tal y como sistemáticamente, año tras
año, retrata el informe, merma gravemente el derecho a la tutela
judicial efectiva y cuando, por otra, no se ha sabido garantizar
el justo equilibrio en el binomio libertad-seguridad? ¿Cree el
Gobierno haber conseguido dar a cada ciudadano el elemento
capital para la construcción de su proyecto personal, que no
puede ser otro que la traducción práctica de cuanto deriva del
derecho al trabajo, cuando, por el contrario, la falta de éste, y
se advierte plenamente en el informe, se convierte en la más
lacerante forma de alineación individual? ¿Cree el Gobierno haber
conseguido avanzar en la remoción de los equilibrios internos de
nuestra estructura social, cuando los fallos que apunta el
informe en la vertebración de los sistemas públicos de educación
o de salud comportan no dar la posibilidad efectiva a todos los
ciudadanos, no de una manera teórica o nominal sino práctica,
real y con calidad, de gozar de la efectividad de esos dos
derechos básicos, el derecho a la salud y el derecho a la
formación, que son piezas claves en un sistema justo de
igualación social?
Son éstos, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
interrogantes esenciales que se infieren de lo dicho en el
informe, y que a buen seguro explican por qué el total de quejas
que anualmente recibe el Defensor es muy superior al que reciben
otras instituciones similares de países de nuestro entorno.
Pero, además, si algo queda patente, a nuestro juicio, al
trascender la causa de muchas de esas quejas, es que se advierte
que los ciudadanos continúan sintiendo --y lo dice literalmente
el informe-- un cierto temor a la Administración. Se advierte,
además, cómo ésta continúa, en demasiadas ocasiones, actuando más
como un fin en sí misma que en función de una orientación de
servicio al interés general.
¿Cree por tanto el Gobierno haber conseguido vertebrar una
Administración transparente y abierta al ciudadano, plenamente
comprometida en la defensa de los derechos de aquél? ¿Cree el
Gobierno que es aceptable que esa Administración exija del
ciudadano aquello que ella misma después incumple, por ejemplo,
en materia de plazos, o que persista el uso sesgado del
procedimiento privando a éste de su condición de garantía para
los particulares? ¿Cree el Gobierno que es lícito que el
reconocimiento de derecho o cantidad, a través de decisión
judicial y en favor del ciudadano reclamante, llegue a
convertirse para éste en mera entelequia por mor de la
resistencia de hecho que la Administración plantea cuando se
trata de ejecutar por ella las sentencias a las que es condenada?
¿Por qué se ha
hecho muy poco en pro de restar opacidad e imperatividad al
lenguaje administrativo? ¿Por qué se ha hecho muy poco en pro de
garantizar en todo caso la debida motivación de las resoluciones?
¿Por qué se ha hecho muy poco en pro de agilizar la tramitación
de los recursos, especialmente en el ámtito económico-
administrativo? ¿Por qué continúan dándose tantas y tantas
imperfecciones y lagunas en materia de expropiación, siempre en
perjuicio de los particulares afectados?
Si el Gobierno pretendiera no ver la intención constructiva de
este debate y pretendiera reducir éstos y muchos otros
interrogantes a la simple mención formal de afirmar que en 1994
aceptó 61 de las 91 recomendaciones que le fueron presentadas por
el Defensor, habría que recordarle entonces que es el propio
Defensor quien señala que no todas fueron recogidas
adecuadamente; habría que recordarle que la experiencia nos dice
que muchas de esas recomendaciones, nominalmente aceptadas, pasan
después a dormir el sueño de los justos a efectos de su
traducción práctica; y habría que recordarle que, a la vista de
la actitud sostenida por ciertas autoridades en relación con los
requerimientos de la Institución, ha sido necesario acudir a la
tipificación penal de esa conducta conforme a la dicción del
artículo 494.2 del Código actualmente en vía de elaboración
parlamentaria.
Por el contrario, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
lo que realmente importa es saber que el informe realiza una
traslación de quejas que, como el propio texto advierte
literalmente, son hijas de una demanda social, y que en ello se
apunta, necesariamente, todo cuanto el ciudadano echa en falta en
la ejecución de la acción política de quienes le gobiernan. Así,
amén de lo ya dicho, a tenor del informe de 1994, se observa que
los ciudadanos echan en falta una mayor protección de su
intimidad frente al tratamiento informatizado de los datos de
carácter personal; una mayor protección de los derechos de la
familia, del niño y del menor; una mayor protección de los
derechos de usuarios y consumidores y, en fin, acciones más
intensas, orientadas a lograr la efectiva integración de
minusválidos y disminuidos en la tarea social y, desde luego,
planteamientos rigurosos en orden a subvertir cualquier forma de
discriminación, y, de manera más singular, aquellas que aún
afectan a la muyer en el ámbito laboral.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
¿Le permiten, pues, éstas y otras asignaturas pendientes asegurar
al Gobierno que ha sabido impulsar políticas auténticamente
progresistas, que sólo son aquéllas que actúan en beneficio de
quienes más precisan de la atención solidaria de todos? Pero aún
más. ¿Cabe hablar de una política auténticamente progresista
cuando de la imprevisión o la indolencia gubernamental se
desprenden, como relata el informe, consecuencias negativas para
la efectividad de los derechos de los ciudadanos a una adecuada
calidad de vida?
En definitiva, señor Presidente, señoras y señores Diputados, del
informe del Defensor se infiere también la necesidad de preguntar
a este Gobierno si cree que ha asumido o no con decisión el papel
impulsor que le corresponde en la gestación de un clima social
que impida el crecimiento de fenómenos como la xenofobia o la
intolerancia y que, en otro sentido, favorezca la reducción de
todos aquellos oscuros capítulos de nuestra realidad que
conforman los ámbitos de la pobreza y el desarraigo.
Por eso, en grado último, lo que a este Gobierno le corresponde
explicar hoy es si, en verdad, como escribía Gandhi y recordaba
el Defensor en su informe, del conjunto de su gestión política
cabe o no reconocer a nuestra democracia como un régimen en el
cual el más débil tenga las mismas oportunidades que el más
poderoso para evitar así, como advierte la Institución, que la
esencia del espíritu democrático se pierda en meras estructuras
formales.
Insisto en que a este gran empeño último --evitar que la esencia
del espíritu democrático se pierda en meras estructuras formales-
-, y no a ningún otro, quiere servir esta interpelación, cuya
principal contribución a la antedicha tarea estriba precisamente
en ofrecer un precedente que nos compromete para ese devenir
próximo en el que a este Grupo parlamentario le corresponderá la
responsabilidad de gobernar la nación.
Sirva como apunte decir, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, que llegado ese momento, por haber entendido el
mensaje del Defensor, actuaremos de manera tal que Estado y
sociedad trabajen juntos en pro de un futuro escrito en clave de
derechos humanos, democracia, Constitución, justicia, ética,
tolerancia y libertad, porque a tenor del informe y de nuestra
comunicación permanente con los ciudadanos somos conscientes de
que ésa es la más inmediata aspiración de España ante sí misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el señor Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor
Presidente, señorías, intervengo en nombre del Gobierno en
relación a la interpelación que el señor Gil Lázaro acaba de
desarrollar. Y lo hago con la convicción de que el debate sobre
los asuntos que surgen de la actividad del Defensor del Pueblo se
refiere siempre a los verdaderos problemas y preocupaciones de
nuestros conciudadanos; preocupaciones y necesidades, por cierto,
que con demasiada frecuencia quedan postergadas en la atención
colectiva. Lo
hago también convencido de la utilidad de este debate; debate
planteado por el Grupo Popular, al que agradezco la iniciativa,
aunque tengo que decir a continuación que esta utilidad queda sin
duda debilitada por el planteamiento que el señor Gil Lázaro ha
pretendido en este debate, utilizando las deficiencias detectadas
en el funcionamiento de la Administración --añadiría a
continuación de las administraciones-- por el Defensor del Pueblo
en el año 1994 para plantear una crítica global, imprecisa, llena
de lugares comunes, a veces más bien un manifiesto electoral; una
crítica --digo-- de toda una época de gobierno, olvidando, entre
otras cosas, las continuas y frecuentes menciones de este informe
del Defensor del Pueblo, también de otros anteriores, a las
mejoras introducidas en el funcionamiento de nuestras
administraciones públicas. Voy a tratar yo en mi intervención de
ser más concreto y me voy a ceñir esencialmente al informe de
1994, tanto en lo que se refiere a las deficiencias detectadas
como en lo que se refiere a las consideraciones que se hacen en
dicho informe en relación con las mejoras y reformas que la
Administración ha introducido justamente en atención al informe
del año anterior. Lo hago convencido de que la actividad
desarrollada por el Defensor del Pueblo va dirigida a preservar
los derechos y libertades de los ciudadanos, a promover las
actividades de las administraciones que benefician la
satisfacción de las necesidades individuales y colectivas y a
corregir la propia actuación de esas administraciones, cuando así
lo requiere su funcionamiento actual.
Desde una perspectiva tan amplia y en tan corto espacio de tiempo
no podré, como decía anteriormente, sino tomar el pulso a las
conclusiones generales que se desprenden del informe de 1994 y a
las demandas, igualmente globales, que en el mismo se formulan.
Como siempre, el balance no se podrá establecer sobre el
horizonte último que todos desearíamos, sino sobre la situación
descrita en el informe anterior a éste y sobre el grado de
cumplimiento de las propuestas allí realizadas. Si nuestra
Constitución, al igual que las Constituciones más avanzadas,
introdujo la figura del Defensor con objetivos tan ambiciosos,
tampoco desconocía la dificultad en conseguir la plena
realización de todos los derechos en cada uno de nuestros
ciudadanos. La democracia avanzada --y S.S. lo ha venido a
recordar en su intervención-- contiene siempre un horizonte
utópico y se convierte por ello en un reto cotidiano para los
responsables públicos y para las administraciones. Requiere,
además, que cada día se elimine un trecho del camino que nos
separa de ese horizonte, sin duda enormemente ambicioso. El
informe anual --ése es su valor-- nos permite ver cuánto trecho
hemos recorrido, reflexionar sobre lo realizado, corregir errores
e insuficiencias, clarificar los instrumentos idóneos para
corregir abusos y deficiencias, en definitiva, reafirmar el
compromiso de mejora de nuestros servicios públicos.
Por ello, no puedo dejar de compartir las palabras y --si me lo
permite S.S.-- los sentimientos del propio Defensor, a quien ,
por cierto, quiero expresar mi reconocimiento aquí junto al de
sus adjuntos, que al presentar el informe de 1994 a las Cámaras
se detenía no sólo en las quejas más importantes de nuestros
conciudadanos sino, sobre todo, en las que él mismo nos
trasladaba en nombre de aquéllos cuyas condiciones objetivas de
existencia les impide siquiera realizarlas, y que --cito y hago
mías sus palabras-- representan una permanente interpelación a
una sociedad avanzada y a un Estado social y democrático de
Derecho que propugna, como valores superiores de su ordenamiento
jurídico, la libertad, la justicia y la igualdad. Ahora bien, nos
corresponde en este momento atender a la labor del Gobierno en
relación con el comportamiento de la Administración, ya que éste
es el núcleo del debate sobre el informe del Defensor del Pueblo
en relación con el Ejecutivo. Permítanme al respecto una
consideración general que seguramente enmarcará la intervención
del interpelante. En estos casos ocurre el típico y tópico
fenómeno de la imagen de la botella: la oposición, incluso contra
toda evidencia, difícilmente verá líquido en su interior; el
Gobierno, que no pretende el triunfalismo de verla casi llena,
trata de demostrar, lo voy a intentar en esta intervención, que
estamos progresando. Porque, señorías, ésa es la valoración
objetiva, desapasionada, si fuera posible verlo así, que se
desprende de una lectura no apriorística del informe del Defensor
del Pueblo. Hay deficiencias, insuficiencias, incumplimientos en
la tarea de la Administración, sin duda alguna. Así se debe
reconocer, porque así lo perciben y lo padecen los ciudadanos, y
así se constata en el informe. Sin embargo, el balance global es
positivo y, sobre todo, supone un avance sobre los años
anteriores. El informe constata esa actitud en la Administración,
tanto en su colaboración con el Defensor como en la puesta en
práctica de las recomendaciones, en las sugerencias y en la
corrección paulatina de las desigualdades que afectan a nuestra
sociedad.
Sin recorrer todos los ánimos de esta respuesta razonablemente
positiva por parte de la Administración, me detendré en algunos
de los más importantes. El primer elemento positivo es la
tangible disminución de quejas del informe de 1994 respecto al
del año anterior. Me uno a la explicación que ofrecía al respecto
el propio Defensor del Pueblo, pero quisiera subrayar la
disminución tan significativa de las llamadas quejas colectivas,
pues seguramente algo tiene que ver con el buen hacer de la
Administración, repito, de las Administraciones, para satisfacer
demandas razonables y razonadas compartidas por grupos de
ciudadanos.
Respecto al capitulo de derechos fundamentales y libertades
públicas debo señalar la relevancia que el Gobierno otorga por
razones obvias a este apartado. Ciñéndome a algunos de los de
mayor sensibilidad social en la actualidad, discriminación por
raza o etnia, privación de libertad, protección en todas sus
facetas a la infancia, el derecho a la tutela judicial efectiva,
objeción
de conciencia y derechos y libertades de extranjeros en España,
resaltaré que todos ellos fueron contemplados en el programa que
el Gobierno ofreció en el debate de investidura en esta Cámara en
1993.
En consecuencia, el Gobierno emprendió una serie de iniciativas,
legales y administrativas, que ya demostraron su efectividad en
el año 1994, como demuestran las propias respuestas de la
Administración al Defensor. Por su significación, destacaré que
las relacionadas con la lucha contra la xenofobia, la protección
de la infancia y la tutela judicial han tenido un tratamiento
global, es decir, comprendían, y ahora mismo se intensifican,
acciones en las modificaciones legales, medidas educativas y de
protección social destinadas a la prevención o a la ayuda
especial e incremento de medios.
Por lo que se relaciona con la labor del Defensor en materia de
supervisión de las administraciones públicas, indicaré igualmente
de forma muy breve algunas consideraciones específicas sobre los
temas más relevantes. Empezaré por las quejas de los ciudadanos
que no han visto totalmente satisfecho su derecho a la Justicia
gratuita.
A partir de 1994, se ha acometido una reforma de la gratuidad de
la Justicia en relación siempre con el Consejo General de la
Abogacía Española. En enero de 1995 se aprobó el Real Decreto
sobre medidas para instrumentar la subvención estatal a la
asistencia jurídica gratuita, que anticipaba alguna de las
futuras medidas que iba a contemplar la ley que luego glosaré.
En lo que se refiere a las dilaciones indebidas en las
actuaciones judiciales que provocan perjuicios a los ciudadanos,
la Administración ha continuado durante 1994 poniendo en marcha
medidas estructurales, también coyunturales, que sirvan para
mejorar la Administración de la Justicia. Le recordaré brevemente
algo que usted conoce bien: 30 órganos judiciales nuevos,
informatización de 160 juzgados, formación de personal, 4.700
funcionarios nuevos, cobertura casi total de las plazas fiscales
e incremento muy importante del número de jueces, secretarios
judiciales, planes de apoyo a casi cien juzgados en situación de
dificultad, etcétera, además, desde luego, de progresar en la
reforma de la legislación procesal.
En cuanto a las quejas recibidas por la escasez de plazas donde
cumplir la prestación social sustitutoria, he de precisarle que,
como S. S. conoce, la situación de demora en la implantación de
la prestación social y en su consolidación incide decisivamente
en su posterior desarrollo. La evolución del número del objetores
reconocidos por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia ha
pasado de 5.000, durante el año 1986, a 82.000 en 1994. Pese a
ello y con gran esfuerzo, se ha pasado de 37.454 puestos de
actividad, existentes en el año 1994, a 56.000 en el mes de marzo
de 1995 y se han adoptado medidas para agilizar la gestión, que
después comentaré.
En el ámbito sanitario, debo señalar que las medidas adoptadas
por el Ministerio de Sanidad y el esfuerzo de los profesionales
de los hospitales han conducido a una reducción del 33 por ciento
en las listas de espera durante el transcurso del ejercicio de
1994 respecto a 1993. Los objetivos previstos por Sanidad y
Consumo para la implantación del nuevo modelo de atención
primaria, la difusión de la tarjeta sanitaria y la cita previa
han sido conseguidos con creces. A modo de ejemplo, quisiera
señalarle que la cobertura por equipos de atención primaria es
del 72 por ciento y que la implantación de la tarjeta sanitaria
asciende ya al 85,4 por ciento de nuestra población, todo ello
referido a finales de 1994.
Quisiera referirme también a la funcionarización del personal
laboral de la Administración y a la cooficialidad lingüística en
la Administración central periférica, que ocupa una parte de la
reflexión del Defensor del Pueblo. Sabe S. S. que el proceso de
funcionarización se viene impulsando desde el acuerdo
Administración-sindicatos de 15 de septiembre de 1994. Durante
este período, dicho proceso va a continuar aplicándose con las
medidas que garanticen el cumplimiento de los principios de
igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función pública.
En cuanto a la cooficialidad lingüística, la Administración está
actuando en tres vertientes; primero, en la selección de
personal, velando por la formación de los aspirantes
seleccionados en el dominio de la lengua oficial de las
comunidades autónomas en cuyo territorio tengan destino, una vez
nombrados como funcionarios de carrera; en segundo lugar, sobre
la provisión de puestos de trabajo en los que se garantiza
plenamente la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto;
la tercera actuación se refiere a los programas de
perfeccionamiento para mejorar la competencia lingüística de
aquellos funcionarios destinados en los servicios periféricos de
la Administración a través de los oportunos programas de
formación.
Dos apuntes más sobre dos ámbitos de gran sensibilidad social. El
primero se refiere a la educación, ámbito que, como usted sabe,
me es especialmente querido. Las quejas sobre la necesidad de
mayor información de la implantación de la reforma que ordena la
LOGSE son sin duda razonables, como importante ha sido el
esfuerzo que está realizando la administración educativa para
ofrecer una adecuada respuesta, esfuerzo cuyos resultados pueden
ya apreciarse en este mismo curso.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego concluya.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Asimismo,
en otro asunto que ocupa siempre la atención de los informes
anuales del Defensor del Pueblo, como es el de las becas y ayudas
a los estudiantes, hemos podido observar un progreso
satisfactorio al respecto.
El segundo tema de queja y preocupación social se refiere a la
vivienda. Sin objetar la necesidad de mejorar
los baremos y procedimientos administrativos para la concesión de
préstamos, de ayudas y viviendas sociales, no puedo dejar de
resaltar la importancia de haber concluido el Primer Plan de la
Vivienda con los resultados positivos que S. S. ya conoce y sobre
los que ahora no voy a insistir, porque han sido objeto de debate
en esta Cámara.
Indicaré finalmente, para concluir esta parte de mi intervención,
que este año el Defensor del Pueblo ha realizado 91
recomendaciones, 212 sugerencias y 46 recordatorios de deberes
legales o advertencias a las más variadas instancias de la
Administración. En estas actuaciones del Defensor el nivel de
aceptación y cumplimiento por parte de la Administración se
acerca al 70 por ciento de las recomendaciones y no comparte poco
más del siete por ciento, estando el resto en período de
respuesta pendiente.
Quisiera ahora tratar también con concisión la segunda parte de
la interpelación del señor Diputado en la que demanda criterios
de política general a desarrollar por el Gobierno para dar
cumplimiento al informe de 1994. Los criterios no pueden ser
otros que los que se contienen en el mandato constitucional. En
lugar preminente, lógicamente, estará siempre el disfrute
efectivo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Enfatizaré, con todo, dos aspectos sobre este extremo que
considero relevantes. Al primero se refería el propio Defensor
del Pueblo cuando señalaba que la violación, disminución o
matización de muchos de los derechos fundamentales no deben
cargarse exclusiva ni principalmente en el deber de las
Administraciones públicas. Pues bien, es en esa dimensión social
en la que el Gobierno se propone desarrollar un renovado
esfuerzo. Para ello, tratará de incidir en la sensibilidad social
para el crecimiento del respeto a esos derechos y libertades; en
el ámbito educativo, con la reforma educativa ya puesta en
marcha; en el estímulo también de la participación social, a
través de las ONGs y otras instituciones que vertebran nuestra
sociedad, instrumentos que, añado, deben potenciarse. A tal fin,
el Gobierno ha aprobado ya el proyecto de ley de voluntariado y
próximamente presentará en esta Cámara los proyectos de ley de
cooperación y de ayuda exterior al desarrollo.
En segundo lugar, se incrementará el esfuerzo para analizar con
el rigor exigible aquellas nuevas situaciones que, por el
progreso científico y tecnológico, por el incremento de la
complejidad social y cultural, pueden dar origen a nuevas
injusticias en detrimento de los más débiles social, económica o
culturalmente. Me refiero, entre otros ámbitos, a la nueva
relación con el medio ambiente, al pleno apogeo de la tecnología
informática y a la capacidad de los medios audiovisuales que
trascienden las fronteras de los estados y de las naciones. Son
retos que requieren soluciones e instrumentos eficaces.
En cuanto a la labor de supervisión que se encomienda al Defensor
del Pueblo como alto comisionado de estas Cortes Generales, el
Gobierno seguirá perfeccionando los mecanismos institucionales
para apoyar desde la Administración el cumplimiento de su
trabajo. A este efecto, estamos estudiando la posibilidad de que,
sin perjuicio de la relación directa del Defensor con todos y
cada uno de los Departamentos ministeriales, pueda designarse a
un alto cargo de los ya existentes que directamente desde el
Ministerio de Presidencia auxilie al Defensor en el trabajo de
coordinar la comunicación y facilitar, por tanto, el trabajo
conjunto de la Administración con esta institución dependiente de
esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Ya
termino, señor Presidente.
Dedicaré finalmente la última parte de esta intervención a
referir a la Cámara algunas iniciativas gubernamentales a cuya
puesta en marcha ha contribuido eficazmente la opinión,
recomendación o sugerencia del Defensor del Pueblo. Me referiré
brevemente a la ley de asistencia jurídica gratuita, que está en
tramitación en esta Cámara al proyecto de ley de ayuda y
asistencia a las víctimas de delitos violentos, también en
tramitación en esta Cámara, y a la aprobación del proyecto de ley
de la jurisdicción contencioso-administrativa, que también se
está tratando en esta Cámara.
Quisiera también mencionar, en el ámbito de la Administración del
Estado, el Plan de Modernización de nuestra Administración, que
trata, como SS. SS. conocen, de conseguir una gestión más eficaz
y, por tanto, más cercana a los ciudadanos. Es un plan en el
marco del cual se ha desarrollado una guía de información básica
de la Administración del Estado y se ha establecido un esquema de
relación ágil entre la Administración y los ciudadanos que ha
sido utilizado en este año por 75.000 ciudadanos y que ha
atendido a 350.000 consultas, así como distintos proyectos de
mejora de la calidad de nuestros servicios públicos que afectan
al trámite de las pensiones, a la gestión del Inserso y a la
percepción de las subvenciones de las Corporaciones locales.
Termino ya, señor Presidente, señorías, añadiendo que todo
informe del Defensor del Pueblo, como decía anteriormente, es una
exigencia y un estímulo que el Gobierno necesita, asume y
agradece, así como la celebración de este debate, que permite
observar con mayor objetividad las carencias, deficiencias o
insuficiencias de la Administración, pero también nos permite
constatar con modestia, pero con satisfacción, que es innegable
el progreso en el ejercicio de los derechos humanos y las
libertades públicas, así como la mejora de los servicios públicos
que presta la Administración del Estado y el resto de nuestras
administraciones.
He tratado de demostrar brevemente, sucintamente, por tanto, que
las prioridades del informe del Defensor del Pueblo forman parte
destacada del programa de
acción de este Gobierno; he razonado, además, que se está
cumpliendo de forma satisfactoria y que son demostrables las
iniciativas por las que interpelaba el señor Diputado. Aspiramos
a cumplir en cada decisión presente y futura nuestro compromiso
con los ciudadanos, que es tanto como responder
satisfactoriamente a las recomendaciones y sugerencias del
Defensor del Pueblo.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la principal contribución que podemos hacer a
este debate, sin lugar a dudas, es la iniciativa misma de haberlo
suscitado, y en todo caso mantener el tono constructivo, y yo
creo que claro, en el relato de las posiciones del Gobierno y en
la formulación de las conclusiones que realiza mi Grupo
parlamentario, pero sin deslizarnos hacia terrenos dialécticos
que pudieran conllevar la carga de una absurda y estéril sal
gruesa. En ese sentido, yo creo que merece la pena disculpar la
expresión inicial de S. S. cuando, celebrando la posibilidad de
poder comparecer ante la Cámara para suscitar este debate,
calificaba las conclusiones de mi Grupo como mera dicción de
lugares comunes. Y quiero disculpar ese señalamiento porque
parece olvidar el señor Ministro que, en definitiva, no hemos
hecho sino efectuar un traslado de síntesis, con casi dicciones
literales, especialmente en lo que concierne al señalamiento de
los defectos o las carencias de naturaleza estructural, de lo que
viene diciendo el último informe del Defensor del Pueblo y los
informes sucesivos de años anteriores, o, lo que es lo mismo, a
lo que vienen diciendo los ciudadanos a través de su propia
experiencia.
No somos nosotros, tratando de establecer un lugar común a modo
de manifiesto, los que decimos que no funciona la Justicia, ni
somos nosotros los que decimos que existen graves lagunas en la
vertebración eficaz de nuestro sistema educativo o de nuestro
sistema sanitario. No somos nosotros los que decimos que en la
concepción de determinadas políticas sectoriales hay fallos
profundos que impiden que esas políticas, probablemente bien
diseñadas en el terreno de las buenas intenciones, como señalaba
en mi intervención anterior, después no sean efectivas a la hora
de tener una traducción práctica, real y extensiva a todo nuestro
conjunto social. No somos nosotros los que decimos eso, son los
ciudadanos, a través de las quejas que hacen llegar al Defensor,
quienes están haciendo ese retrato social. Por eso el informe del
Defensor tiene el valor, que todos hemos convenido en
reconocerle, de ser una auténtica radiografía social. No es un
análisis de laboratorio, es una traslación de aquellos aspectos
más dolientes de nuestra realidad y por eso merecía que este
debate se celebrase en la Cámara.
Nosotros, en un momento como éste, en el que esta iniciativa se
plantea por primera vez en la práctica parlamentaria,
forzosamente teníamos que hacer un balance, porque no hubiera
tenido sentido lógico ceñirnos exclusivamente a lo dicho en el
informe de 1994, como si no existieran esos informes anteriores y
como si las carencias estructurales que retrata el informe de
1994 lo fueran ex novo en el tiempo. Pero lo que no se puede
perder de vista, a la hora de determinar el balance de la
actuación del Ejecutivo en cuanto a su capacidad para remover
todos esos obstáculos que impiden profundizar en esa concepción
de sociedad democrática avanzada, es que, si es ex novo este
debate en la Cámara, no es ex novo el informe anual del Defensor
y que las deficiencias de naturaleza estructural que plantea son
las mismas que, por desgracia, en 1994 se plantean en
concatenación con los años anteriores, es decir, en concatenación
con lo que es el balance de una gestión de trece años de Gobierno
en los que, por cierto, ha habido oportunidades suficientes de
remover esas situaciones de deficiencia de carácter estructural
en función de haber dispuesto en las Cámaras de mayorías
parlamentarias holgadas.
Por tanto, nos satisface oír que hoy el Gobierno nos dice que la
orientación futura de su política general, en orden a subvertir
todas esas realidades negativas que comportan un déficit
democrático para nuestra sociedad, no puede ser otra que hacer
reales los criterios del mandato constitucional, pero nos
preguntamos por qué en un tiempo amplio de gestión política
previo el Gobierno no ha sido capaz de remover esas deficiencias,
esos lastres de naturaleza estructural.
Decía S. S., claro que sí, y con razón, que evidentemente la
procura, la prédica de una sociedad democrática avanzada siempre
tiene algo de utopía, y ésa es una buena afirmación, en la medida
en que el compromiso político de un proyecto democrático no puede
jamás renunciar a la utopía, pero a nosotros nos da la sensación
de que este Gobierno, durante demasiado tiempo, ha hecho una mera
mención de la utopía, se ha revestido simplemente de
formulaciones dialécticas, como las que tuvimos ocasión de oír en
esta Cámara la semana pasada con motivo de un debate de
naturaleza económica, para, invocando criterios de progresismo,
invocando criterios de justicia social, invocando criterios de
democracia o de libertad, pensar que solamente con la invocación
bastaba y no con la traducción efectiva, práctica y constante, al
alcance de todos los ciudadanos, de esos criterios.
Nosotros, en definitiva, y con ello concluyo, señor Ministro, hoy
hemos pretendido decir a este Gobierno que hemos planteado una
iniciativa parlamentaria que nos parece merecedora de ser
atendida en esta Cámara por cuanto que supone la traslación de un
debate político de lo que los ciudadanos, en la expresión más
doliente, más necesaria de solidaridad, de nuestra sociedad,
demandan, y que lo hemos hecho además con el valor testimonial
importante de plantearlo en la frontera de la asunción de
importantes responsabilidades políticas de futuro por parte de
este Grupo Parlamentario, y trataremos, en el debate de la moción
subsiguiente a esta interpelación, de ofrecer a la Cámara
instrumentos concretos, unos de carácter coyuntural o temporal,
otros con vocación de permanencia en el futuro, para poder
dimensionar mejor este debate.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Creemos que nuestra responsabilidad como primer Grupo
Parlamentario de la oposición, como Grupo que sostendrá el futuro
del cambio político de este país, consistía precisamente en
decirle hoy al Gobierno que durante demasiado tiempo ha gobernado
con las palabras, sólo con las palabras, y que son muchos miles
de ciudadanos, esos siete millones de pobres de los que también
se hace mención en algún momento de éste o de otros informes, los
que no han podido apreciar en su experiencia cotidiana que esas
palabras se hubieran traducido en realidad. Por eso nosotros
también hoy, desde el compromiso de celebrar este debate, decimos
que el Gobierno futuro del cambio político de España, de la
segunda transación que precisa este país, será sin lugar a dudas
un Gobierno que procurará hacer de las palabras hechos, para que
esa trilogía que el Defensor determina --libertad, democracia y
Constitución-- tenga una traducción efectiva y práctica en la
vida de todos los ciudadanos. Sólo así un ciudadano podrá
sentirse auténticamente dimensionado en su condición social y
política como tal ciudadano y respetado en lo más profundo de su
dignidad individual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ha venido escuchando con atención las
intervenciones que me han precedido, tanto del proponente como de
la representación del Gobierno, del señor Ministro.
Efectivamente, a nosotros nos ha parecido siempre (así lo
manifestamos, y consta en el «Diario de Sesiones», cuando se ha
presentado la Memoria Anual del Defensor del Pueblo, que había
que aprovechar una serie de indicaciones, cuya resolución no está
en manos del Defensor del Pueblo ya que él, como alto comisionado
de estas Cortes, se limita en sus análisis al comportamiento
administrativo de la Administración del Estado frente a los
administrados) que ahí había sugerencias muy interesantes a
desarrollar por ambas partes, y cuando decimos ambas partes nos
referimos tanto a la iniciativa del Gobierno mediante proyectos
de ley como a aquellas iniciativas en el campo de las
proposiciones de ley o no de ley, en su caso, de los distintos
Grupos Parlamentarios. A fin de cuentas, la institución del
Defensor del Pueblo es nuestro propio instrumento que nos
detecta, en ese análisis de los comportamientos administrativos
de las distintas unidades de la Administración del Estado, qué
circunstancias acusan un entorpecimiento por falta de legislación
adecuada.
Nosotros creemos oportuno este debate, porque está en la línea de
lo que hemos dicho y vamos a esperar a la próxima semana, cuando
el grupo proponente traiga la moción concreta a resultas de esta
interpelación para votarla.
También quiero decir que las renuncias, que en este documento no
se han concretado en áreas específicas, pueden ser atendidas
tanto en el proyecto de ley correspondiente del Gobierno, como en
la iniciativa de las proposiciones de ley o no de ley que hagan
los distintos Grupos de la oposición.
Lo que sí convendría también es un consenso muy generalizado para
corregir esas deficiencias, que nosotros --y ésa ha sido la
intervención básica del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
que nos parece acertada-- pensamos que están más bien en un área
de responsabilidades políticas que, de alguna manera, hay que
concretar. Nosotros preferiríamos que esas resoluciones que
adopte la Administración del Estado no vayan tan sólo en el área
de disposiciones administrativas de rango inferior al de ley,
tales como decretos, órdenes ministeriales o circulares internas,
para corregir el funcionamiento anómalo que hayan podido detectar
la Memoria y el Informe del Defensor del Pueblo, sino en aquellas
cuestiones mayores, que precisamente creo que es donde se
incardina el fondo de esta interpelación del Grupo proponente.
Por esta razón nosotros consideramos positivo todo debate que, en
un sentido constructivo, desarrolle aquellas denuncias que ha
venido evidenciando el Informe Anual del Defensor del Pueblo.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la verdad es que esta interpelación para nosotros
resulta un tanto atípica, porque generalmente una interpelación
acaba con una moción a un tema concreto y nos ha sido difícil
intentar descubrir, a lo largo de la intervención del señor Gil
Lázaro --con la que en muchos aspectos estábamos de acuerdo--,
qué tipo de moción puede presentarse para someter a votación
al Pleno de la Cámara. Digo esto porque con una moción que
genéricamente diga --es lo que desprendo de la intervención del
señor Gil Lázaro-- que instamos al Gobierno a que todo funcione,
estaremos de acuerdo todos, pero no me parece que sea lo más
lógico para traer a un debate parlamentario. Por eso yo quisiera
introducir algún matiz para que la Cámara se vaya fijando en cuál
va a ser nuestra actitud a la moción que se presente.
Es verdad que el informe del Defensor del Pueblo detecta muchas
anomalías en el funcionamiento de la Administración. De hecho no
puede hacer otra cosa porque refleja las quejas de aquellos
ciudadanos que en su relación con la Administración no han salido
satisfechos. Pero es evidente que, si esto es un buen termómetro
para medir el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos en
relación con la Administración, no todos los ciudadanos que
tienen relación con la Administración van al Defensor del Pueblo.
Se puede dar la circunstancia de que haya alguna queja de un
ciudadano sobre un tema que, por casualidad, por alguna razón
especial, a él no se le ha resuelto bien, pero, en cambio, muchos
otros, tramitando el mismo tema, han salido satisfechos o no se
han quejado al Defensor del Pueblo.
Por tanto, si bien es cierto que es un buen termómetro, no es
tampoco una verdad absoluta el que se diga que, como hay quejas
en algunos departamentos determinados, todo funciona mal. Hay que
coger, como decía el Ministro, a botella y ver si está medio
llena o medio vacía, en cuyo caso las dos ópticas son legítimas.
Lo que sí es cierto, y en esto nuestro Grupo Parlamentario ha
hecho énfasis siempre cuando el Defensor del Pueblo presenta su
Informe Anual, es que si miramos detenidamente desde los primeros
informes a los últimos, el grado de cumplimiento de las
recomendaciones del Defensor del Pueblo ha mejorado
sustancialmente por parte de la Administración. Creo que esto es
cierto. No en la medida en que todos quisiéramos, porque todos
decimos, año tras año, que nos gustaría que una queja no se
reprodujera al año siguiente, pero es verdad que hoy la
Administración se toma más en serio las recomendaciones del
Defensor del Pueblo. Incluso se ha debatido, en conversaciones
que los distintos Grupos han tenido con el propio Defensor, si
merecía la pena más dureza por parte del Defensor con aquellas
administraciones u órganos de la administración que no atendían
bien sus reclamaciones.
Dicho esto, es cierto que es un buen instrumento para detectar
aquellas cosas que no funcionan y que así el Gobierno vea dónde
puede actuar para que la Administración funcione mejor, pero
tampoco se puede utilizar todo el Informe del Defensor del Pueblo
para decir que aquí no funciona nada. Hay muchas cosas que
funcionan y hay otras muchas que hay que mejorar. Estamos de
acuerdo. En la medida en que se recojan en la moción aspectos
concretos que reiteradamente han ido saliendo y a los que el
Gobierno ha sido insensible, podemos encontrar, a lo mejor, algún
punto en común para la votación. Pero desde un punto de vista
genérico, aunque es verdad que con lentitud y no con la celeridad
que todos quisiéramos, creo que de los primeros informes a los
últimos ha habido mayor receptividad por parte de la
Administración, es obvio.
Ha citado el señor Gil Lázaro un tema que comparto, que es la
Administración de Justicia, donde tenemos un déficit
impresionante, que se ha denunciado en esta Cámara en múltiples
interpelaciones sectoriales y sobre el que hay una amplia
coincidencia en el conjunto de la Cámara. Incluso en alguna
ocasión el Grupo Socialista ha votado a favor de alguna
interpelación. Pero también es cierto que poner fin a algunos de
estos déficit requiere unas inversiones de cierto nivel, aunque,
a veces, el Gobierno marca unas prioridades con las que los demás
grupos a lo mejor no estamos de acuerdo. Eso es cierto. Por
tanto, sectorializar la interpelación en temas concretos hubiese
sido, a nuestro entender, más propio de lo que normalmente es una
interpelación.
Con los criterios que he expuesto, no entendemos que sea
razonable, a partir de las quejas de los ciudadanos al Defensor
del Pueblo, cargar directamente contra el Gobierno. En algunos
aspectos sí, en otros quizá no. Habrá que saber valorar muy bien
cuándo se ha ido evolucionando favorableente con las quejas que
han hecho los ciudadanos. Pediríamos fundamentalmente que la
moción fuera lo más concreta posible porque, de lo contrario, va
a ser muy difícil que encontremos algún punto en común para poder
votarla favorablemente. Espero y deseo que sea concreta y, sobre
todo, que pueda suscitar el máximo consenso de la Cámara, porque
una moción muy genérica, instando a que las cosas funcionen, no
nos parece que sea el modo más oportuno para intentar resolver
problemas que afectan a nuestros ciudadanos.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a fijar la posición del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en este trámite, puesto
que en una interpelación, obedeciendo a lo que han sido las
aportaciones, las recomendaciones, las sugerencias e inclusive
los recordatorios que el Defensor del Pueblo ha realizado a la
Administración, no podemos establecer nada más allá de lo que han
sido las intervenciones, tanto del Ministro como del Grupo que ha
interpelado al Gobierno, hasta que no veamos concretada en la
moción cuáles son las sugerencias y los caminos que podemos
derivar
de aquí. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
presidencia.)
En todo caso, hay que reconocer que la institución del Defensor
del Pueblo progresivamente se ha ido consolidando, y que la
evolución de las actuaciones hacia la Administración ha ido
también diversificándose. Mientras en un momento inicial las
consideraciones, las recomendaciones del Defensor del Pueblo, las
quejas que tramitaba, se centraban en unos determinados
ministerios de la Administración central, hoy han ido creciendo
también a otras administraciones. Si miramos, por ejemplo, los 46
recordatorios que este año ha realizado el Defensor del Pueblo,
veremos que están afectadas comunidades autónomas y también
municipios; y si analizamos lo que han sido las sugerencias que
se han podido realizar a nivel de las distintas administraciones,
también habría que valorarlo. En todo caso, lo que es verdad es
que debiéramos estudiar más estos comentarios que el Informe del
Defensor del Pueblo hacía al final, cuando hablaba de una manera
de entender la reforma de la Administración y la participación
del Defensor del Pueblo en la propia Administración. Y aquí
hablaba de qué papel podía desempeñar el propio Defensor del
Pueblo en el campo de la reforma de la Administración, si era,
por así decirlo, los pies de un descubrimiento de las
disfunciones, de las irregularidades y de las patologías que
tiene la Administración y de qué manera puede participar también
en el camino para superar esas disfunciones que ha podido
encontrar. Hablaba también de cómo se podían conciliar
determinadas actuaciones entre administraciones y el papel que
podía hacer el Defensor del Pueblo en esa conciliación o en esa
solución de determinados procedimientos. En todo caso, es verdad
que hay que mejorar lo que pudiéramos llamar rapidez en la
actuación del Defensor del Pueblo y en la respuesta de la
Administración ante ella, para que los caminos que han sido de
mejora --que es verdad que se hayan podido encontrar en este
funcionamiento-- nos lleven precisamente a ampliar aún más el
papel que esta Institución puede jugar. En ese sentido irá
nuestra intervención cuando conozcamos la moción. Hasta ahora o
hasta aquí, ésta sería la posición de nuestro Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA AGRARIA DEL GOBIERNO, EN
RELACION CON LA PREVENCION Y REDUCCION DE DAÑOS OCASIONADOS POR
FENOMENOS METEOROLOGICOS ADVERSOS Y DE PROTECCION DE LOS
PERJUDICADOS (Número de expediente 172/000118)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al punto 32 del
orden del día, que es referente a la interpelación urgente del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
la política agraria del Gobierno, en relación con la prevención y
reducción de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos
adversos y de protección de los perjudicados.
Para su explanación tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, no es
costumbre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ni de esta Diputada que les habla repetir iniciativas
parlamentarias. Creemos en la economía parlamentaria y creemos,
sobre todo, en la necesidad de exigir el cumplimiento de lo ya
acordado. Sin embargo, presentamos hoy esta interpelación porque
pensamos que las medidas previstas en el Real Decreto 4/1995 son
insuficientes, dada la situación de catástrofe derivada de la
sequía y de las heladas en nuestro país.
El Real Decreto, según se manifestó en el debate que tuvimos en
la Cámara, se consideró insuficiente incluso por el Grupo
Socialista y, por tanto, se solicitó que fuese tramitado como
proyecto de ley para que los distintos grupos parlamentarios
pudiesen aportar sus enmiendas. Efectivamente, en mayo, el Grupo
Parlamentario Popular presentó una interpelación y su moción
consecuente, que no pudo llegar a ningún resultado, puesto que el
tema de las exenciones de la Seguridad Social impidió que hubiese
un acuerdo entre las fuerzas de la Cámara.
Ese proyecto de ley sigue su curso, pero la situación de
inestabilidad política, y el previsible acortamiento de la
legislatura, nos obligan a pesentar esta interpelación y la
moción consecuente, para ver si es posible avanzar al menos en
una serie de medidas que coadyuven a paliar las deficiencias que
tiene el proyecto de ley de la forma tal com está planteado.
Señorías, no voy a explicar la gravedad de la sequía, sobre la
que aquí ya se han dado muchos datos: afecta al 60 por ciento del
territorio español y a 200.000 agricultores. Según datos del
propio Ministerio en la memoria justificativa del Real Decreto
4/95, concretamene en los cereales de otoño ha afectado al 48,4
por ciento del total sembrado, es decir, a 3 millones de
hectáreas. En pastos, la superficie afectada ha sido de 8
millones de hectáreas, lo que significa el 57 por ciento del
total. En cultivos leñosos ha afectado al 74,4 por ciento del
total y han sido perjudicadas 3.500.000 hectáreas y en regadío
han sido dañadas 1.500.000 hectáreas, lo que representa un 47 por
ciento del total. La evalución global de los daños, aunque no la
tenemos todavía en datos del propio Ministerio, se puede cifrar
en 600.000 millones de pesetas.
Sobre la repercusión que la sequía ha tenido también sobre el
trabajo asalariado nos han aportado datos las propias
organizaciones sindicales y dicen exactamente
que se han perdido del 35 al 40 por ciento de los empleos
eventuales, lo que ha afectado a 747.656 trabajadores. Según los
propios sindicatos, se han perdido seis millones y medio de
jornadas, y concretamente en la campaña de la aceituna
probablemene se van a perder de cuatro a cinco millones de
jornadas. Esta pérdida de trabajo afecta fundamentalmente a
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Castilla y
León y Canarias.
A ello habría que añadir, señor Ministro, señorías, el daño
producido por las heladas que, como todos saben, no ha sido
contemplado en el Decreto 4/95 y, por tanto, tampoco sirve de
base para el proyecto de ley que actualmente está en vías de
tramitación. Sin embargo, sabemos que el sector del vino se ha
visto afectado en Aragón, Rioja, Navarra, Castilla-León, frutas y
hortalizas en El Bierzo y frutos secos, concretamente avellana,
en Cataluña y Aragón.
La valoración de las pérdidas en heladas es aproximadamente de
unos 100.000 millones de pesetas.
Esta situación es absolutamente gravísima para algunas zonas.
Concretamente en Andalucía, señorías, nos encontramos con una
situación casi de catástrofe nacional. Entre el tema de
astilleros, el tema de la pesca y los daños producidos por la
sequía, la situación realmente es catastrófica y va a hacer muy
difícil la vida de los vecinos de la Comunidad andaluza este
próximo año.
Todo esto, no hay que decirlo, es producto de una falta de
política agraria y de una falta total de política industrial, que
haga posible que esa Comunidad pueda salir adelante sin subsidios
y sin ayudas.
La contestación del Ministro me la espero. Me va a decir que la
renta agraria se ha incrementado en un 30 por ciento. No me va a
decir quién ha incrementado la renta agraria, no me va a decir
qué tipo de agricultores son los que han visto incrementadas sus
rentas. Me va a decir que aquí hay un pollo, que alguien se lo ha
comido, pero no me va decir quién se lo ha comido.
Pues bien, señor Ministro, adelantándome a lo que usted va a
decir, adelantándome a que dirá que las subvenciones de la PAC
han ayudado a compensar esas rentas perdidas por la sequía, le
diré que nunca compensa las rentas, pero es que, además, hay
sectores como frutas y hortalizas que han tenido graves pérdidas
y que, sin embargo, no tienen las ayudas de superficie con las
que cuentan los grandes cultivos.
Esta complacencia del señor Ministro de alguna manera quedó
plasmada en el Real Decreto, que introduce muy pocas novedades en
relación a los reales decretos de años anteriores, pero también
en algunas declaraciones que hoy recogen algunos medios de
comunicación; he leído concretamente «El País», y llega a decir
que los acuerdos con la Unión Europea en relación a los fondos
comunitarios para la sequía son positivos.
Señor Ministro, vistas las cosas y vista incluso la posición de
su Grupo Parlamentario, que está recogida en el «Diario de
Sesiones», en la que se señala que las medidas del Real Decreto
4/95 son insuficientes, le voy a hacer a usted una serie de
preguntas.
¿No considera usted, señor Ministro de Agricultura, que las
explotaciones familiares agrarias tengan ayudas directas para
compensar la pérdida de renta? No estoy hablando de ayudas
indiscriminadas, estoy hablando de unas explotaciones familiares
agrarias.
¿Qué medidas piensa adoptar para compensar a las cooperativas por
la disminución de productos no comercializados y no transformados
por la falta de materia prima?
¿Piensa dar algún paso para la refinanciación de la deuda
acumulada? ¿Tiene previsto ampliar la moratoria del pago de las
cuotas de la Seguridad Social, que según el Real Decreto ya lo
contempla para los trabajadores por cuenta propia? ¿Tiene
previsto ampliarlo para los trabajadores eventuales del campo?
¿Piensa ampliar el presupuesto ya pactado con el INEM de 2.500
millones, más otros 2.500 millones concedidos en julio, destinado
a facilitar empleo a los trabajadores afectados por la pérdida de
jornales, derivada de la sequía y de las heladas? ¿Qué medidas
agroambientales se plantea su Ministerio para el ahorro del agua,
además de barbecho?
Quiero preguntarle también cómo se la producido y a qué
explotaciones ha llegado el mecanismo novedoso que contempla el
Decreto 4/95, de reparto social del agua, a quién se ha repartido
y cómo se ha repartido. ¿Con qué entidades financieras se ha
negociado para la obtención de préstamos a bajo interés por parte
de los agricultores? Y también, si es posible, si me puede dar
datos sobre qué número de agricultores y qué tipo de
explotaciones han pedido esos préstamos.
Por último, señor Ministro, para acabar esta primera parte de la
interpelación, ¿va a hacer usted extensivas las ayudas del Real
Decreto 4/95, actualmente proyecto de ley, a los daños producidos
por las heladas? ¿Es usted consciente, señor Ministro, de que los
81.000 millones de pesetas que contempla el Real Decreto 4/95, de
lo que es aportación directa, son insuficientes para paliar esos
600.000 millones de pesetas de pérdidas que las heladas y la
sequía han producido en nuestro país?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, creo que, efectivamente, no es éste el momento de volver
a debatir el Real Decreto-ley que está siendo tramitado en esta
Cámara como proyecto de ley y, que por tanto, será objeto de
discusión y de enmienda
por parte de SS. SS. durante ese proceso de tramitación.
Sin embargo, en lugar de discutir ese Decreto-ley, lo que quiero
es tener la oportunidad de exponer la política agraria global del
Gobierno para prevenir y reducir los daños causados por fenómenos
meteorológicos, así como para apoyar a los agricultores y
ganaderos perjudicados y que se realiza principalmente en dos
ámbitos: uno, en el ámbito fiscal y presupuestario y otro, en el
ámbito del seguro agrario, que usted ni siquiera ha mencionado en
su intervención.
La actuación del Gobierno en materia de política agraria, en el
ámbito fiscal y presupuestario, se ha desarrollado cuando se
presentan problemas que afectan ampliamente a riesgos o cultivos
no amparados por el sistema del seguro agrario y a varias
comarcas de diferentes comunidades autónomas. Así, el Gobierno,
que ya financia el coste de las primas en casi un 50 por ciento,
apoya la cobertura de los riesgos extraordinarios mediante la
aplicación de medidas excepcionales y urgentes, cuyo contenido se
arbitra en la adopción de Reales Decretos-ley como los que se han
publicado en los años 1992, 1993, 1994 y 1995. Es cierto que en
1995, a diferencia, por ejemplo, de 1992, la sequía no solamente
ha afectado a los cultivos de secano, sino que ha impedido el
desarrollo de cultivos de regadío y ha incidido de manera
importante en cultivos leñosos de secano, al haberse agotado el
agua en las capas superficiales y profundas del suelo.
Las medidas adoptadas lo han sido con carácter de emergencia y,
desde luego, para tratar de paliar en lo posible el problema
planteado. Entre ellas, merecen destacarse, a nivel empresarial,
la exoneración del pago de determinados impuestos, la moratoria
de la cuota de la Seguridad Social, la concesión de créditos en
condiciones muy ventajosas para los beneficiarios, consiste en la
reducción del tipo de interés, que han sido complementados en
algunas comunidades autónomas al poder situar estos préstamos al
cero por ciento. Es un poco pronto para establecer el número de
los solicitantes y los préstamos concedidos, porque algunas
comunidades autónomas se han retrasado notablemente en la
publicación de sus correspondientes órdenes de desarrollo y, por
tanto, digamos que está en sus comienzos el proceso de petición y
de tramitación de estos expedientes por parte de las comunidades
autónomas, que son las que gestionan estas ayudas.
Estas medidas se han visto complementadas de forma muy notable
con las ayudas directas establecidas con la reforma de la PAC,
que han permitido que durante este ciclo de sequía, como ya usted
mismo ha avanzado, las rentas de los agricultores no se hayan
visto disminuidas. No voy a reiterar los datos, usted lo ha hecho
por mí, pero no deja de ser llamativo, y no está suficientemente
puesto en valor, que es la primera vez en la historia que un
ciclo tan intenso de sequía puede ser compatible con un
mantenimiento de las rentas agrarias incluso para algunos
subsectores con un incremento como consecuencia de las ayudas
directas establecidas en la reforma de la política agrícola
comunitaria.
Así, en los meses de julio y agosto se han pagado más de 225.000
millones de pesetas en ayudas directas, de las cuales gran parte
corresponde al anticipo acordado por tratarse de un año de sequía
excepcional.
Asimismo, el Gobierno ha venido solicitando durante todos estos
años el apoyo y la solidaridad de las instituciones comunitarias,
traducidos en disponibilidad de alimentación para el ganado,
ciertas exoneraciones en los cumplimientos de exigencias
impuestas por las reglamentaciones de las organizaciones comunes
de mercado en cuanto a superación de límites, no imposición de
penalizaciones en precios y ayudas como consecuencia de la
superación de determinadas cantidades máximas garantizadas y
autorizaciones para la compatibilidad de las medidas adoptadas.
A pesar de ello, como ustedes saben, he considerado pertinente
plantear el problema de los riesgos climáticos, a los que se ve
sometida la agricultura española y europea, en el Consejo
informal de Ministros de Agricultura que finalizó ayer en Burgos.
De este modo, la política agraria del Gobierno en esta materia ha
querido trascender el estricto marco nacional y llevarlo al de la
Política Agrícola Común.
El seguro agrario desde 1982 viene constituyendo el eje de la
política agraria para reducir los daños por riesgos climáticos en
la agricultura o en la ganadería. Disponemos de uno de los
mejores sistemas para la protección de la renta de los
agricultores de toda la Unión Europea mediante este mecanismo de
los seguros agrarios y, desde luego, el único que cuenta con una
alta participación estatal en su financiación, en su organización
y en su desarrollo. Ese desarrollo ha sido posible también por la
creciente incorporación de las comunidades autónomas y por un
amplio consenso político de todas las fuerzas, lo que ha
permitido consolidar este sistema.
En estos momentos, más de 60 producciones agrícolas, además del
ganado vacuno, el ovino y las piscifactorías de truchas, se
encuentran incluidas en los seguros agrarios.
Los riesgos climáticos cubiertos de forma combinada son helada,
pedrisco y viento huracanado, además del sistema de seguros
integrales, que protege al agricultor contra todo tipo de riesgos
climáticos en cereales, leguminosas de secano y otros cultivos.
Las ayudas públicas han sido crecientes a lo largo de estos
últimos años, pero baste señalar quizá la diferencia entre las
indemnizaciones pagadas, 241.570 millones de pesetas, y las
primas recaudadas, 149.086: por tanto, una diferencia de algo más
de 100.000 millones de pesetas.
Las actuaciones de futuro se enmarcan básicamente en dos aspectos
fundamentales: reforzar y ampliar la política de seguros agrarios
e impulsar en la Unión
Europea la solución al problema de los riesgos climatológicos y
su tratamiento en la Política Agrícola Comunitaria.
El reforzamiento y la ampliación de la política de seguros
agrarios han sido apoyados por el Gobierno con la aprobación del
Plan trienal de seguros agrarios combinados desde 1995 a 1997,
que ha ampliado la cobertura a nuevos cultivos y, además, para
1997 ha puesto en marcha los estudios de viabilidad que
posibiliten, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
el establecimiento de un seguro contra el pedrisco para todos los
cultivos, con la inclusión de la cobertura de las estructuras de
los cultivos en invernaderos y la inclusión del ganado caprino.
En cuanto a la distribución de las subvenciones concedidas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha iniciado
en 1995 una actuación preferente hacia el agricultor a título
principal, concediendo una subvención adicional al conjunto de
los agricultores. Se pretende, para 1996 y 1997, relacionar en
mayor medida los criterios de preferencia con lo regulado en la
Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias aprobada
recientemente, así como estudiar las ayudas a los seguros
agrarios como mecanismo para incentivar el asociacionismo
agrario, en particular, entre las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas y otros sectores sensibles.
Hay otras modificaciones en las que no me voy a extender. En
cuanto a la segunda actuación de futuro que mencionaba
anteriormente, España, en el ejercicio de la Presidencia de la
Unión Europea, ha presentado en el Consejo informal de
Agricultura un documento sobre los riesgos climatológicos y su
influencia en la PAC, que intenta sensibilizar al resto de los
países comunitarios para la adopción de soluciones eficaces ante
los problemas que plantean estas graves situaciones a todos los
agricultores de la Unión Europea.
Las propuestas se orientan a la adaptación de la política
agrícola comunitaria en lo que se refiere a la consideración de
los desplazamientos de cultivo que se derivan de las catástrofes
climatológicas para que no den lugar a penalizaciones: que se
tenga en cuenta el sin sentido que supone pretender penalizar con
un barbecho extraordinario, por ejemplo, a zonas que han tenido
caídas en el rendimiento de su producción en un 30, 40 o hasta en
un 50 por ciento; la defensa de que sea compatible la política de
ajuste en los mercados en determinados sectores con la
recuperación del potecial productivo en aquellos cultivos --estoy
pensando, por ejemplo, en el viñedo-- que se vean fuertemente
amenazados en su potencial productivo como consecuencia de estas
catástrofes climatológicas; y, por supuesto, que se prevean para
actuaciones de carácter extraordinario fondos comunitarios que
expresen la solidaridad y permita prevenir los riesgos
climatológicos y paliar mejor los efectos de mencionados riesgos
climatólogicos.
Como todo el mundo sabe, hemos estado solicitando un fondo
específico comunitario que permita atender de forma especial
estas políticas de prevención y paliativas de los efectos de los
riesgos climatológicos que reflejen la solidaridad comunitaria y
el compromiso de los tratados de la Unión Europea de garantizar
la renta a los agricultores como uno de los objetivos asumidos
por la Unión Europea.
Como usted sabe, en las conclusiones del Consejo informal de
Agricultura ha habido coincidencia plena en la necesidad de dar
una respuesta a las situaciones de fuerza mayor de catástrofes
climatológicas que se presentan; la necesidad de que esa
respuesta compagine la solidaridad comunitaria con la
subsidiaridad en el tratamiento para atender las situaciones de
fuerza mayor pero hacerlo con el conjunto de las administracones,
con un reparto de responsabilidades entre las administraciones
que permita que las administraciones más cercanas participen
también en esa respuesta.
Por parte de la comisión y en respuesta a ese debate se ha
adelantado una actitud favorable a la flexibilización de algunos
mecanismos de la política agrícola comunitaria que contribuyan a
paliar los efectos de estas catástrofes climatológicas; y, por
último, la Comisión ha anunciado también su intención de destinar
300 millones de ecus (50.000 millones de pesetas aproximadamente)
a actuaciones de prevención y de recuperción del potencial
productivo de las zonas afectadas por catástrofes climatológicas,
cuya concreción esperamos se produzca en las próximas semanas.
Por tanto, sistema de seguros agrarios; medidas extraordinarias
establecidas mediante decreto-ley de carácter fiscal, financiero
y de tratamiento de Seguridad Social; apoyo a inversiones de
carácter extraordinario y política comunitaria de sensibilización
de los mecanismos de la política agrícola comunitaria y fondos
comunitarios adicionales de sus reservas financieras para
actuaciones de prevención y actuaciones que permitan recuperar el
potencial productivo de estas zonas, yo creo que constituyen un
conjunto de actuaciones que, sin duda, están dotando de contenido
toda nuestra política en el tratamiento de las catástrofes
climatológicas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señor Ministro,
señorías, decididamente veo que no avanzamos. Usted está diciendo
que lo que tenemos hasta ahora ya está bien y que vamos a
profundizar en relación con los temas de la Unión Europea.
Ha hablado usted del seguro agrario, y ha dicho que no nos
preocupamos de este tema. Ya dije en mi intervención
anterior, en mayo, que se requería un apoyo específico para los
agricultores que hayan contratado seguros agrarios mediante
subvenciones especiales para los casos en que el seguro no haya
entrado en grarantía debido a la sequía o a las heladas y
decíamos también que de cara al futuro se tiene que avanzar hacia
un régimen comunitario de apoyo a los seguros agrarios que cubra
la sequía, las heladas y otros desastres.
Quiero recordarle, señor Ministro que, por ejemplo, el sector de
la avellana todavía no tiene cubierto el riesgo de heladas; este
sector ha perdido entre el 60 y el 70 por ciento de la producción
en algunas zonas de Cataluña, y hay un diputado catalán que me
parece asiente.
Usted ha centrado hoy su intervención, señor ministro en las
ayudas de la PAC y en el seguro agrario. Bien. Las ayudas de la
PAC las van a recibir los cultivadores de cereales y los
ganaderos de los países del norte que no han tenido sequía igual
que nosotros, pero con el agravante de que ellos no han tenido
pérdidas de producción por sequía y nosotros sí. Las ayudas de la
PAC, señor ministro es algo que ya está asumido y que no opera
solamente en España sino que lo hace en toda la Unión Europea.
En relación con las catástrofes climatológicas nos preocupan tres
temas. Nos preocupa que las ayudas no se realicen de forma
indiscriminada; nos preocupa que los pocos recursos nacionales o
de la Unión Europea que podamos tener se centren en aquellas
explotaciones que lo necesitan para comer como renta anual, y
preferiría que no se volviera a hablar otra vez de rentas en
general, porque los que tienen grandes extensiones con centenares
de hectáreas plantadas de forraje o de cereal, pueden tener mucha
renta, pero la explotación familiar agraria, esa que en la ley de
modernización tuvimos buen cuidado de que no apareciera, es la
que nos preocupa. Por supuesto que nos preocupa también la
industria agroalimentaria y pedimos ayuda para ella, pero nos
preocupan las EFA. Nos preocupa que los riesgos de heladas sean
contemplados también en el proyecto de ley y usted no me ha dicho
que están en condiciones de poder cumplir con este requerimiento.
Nos preocupa también la situación de los asalariados agrarios.
Estamos hablando de pérdidas de 6,5 millones de jornadas y
estamos hablando de unas ayudas de 5.000 millones de pesetas, que
son absolutamente insuficientes para garantizar la generación de
empleo para esos trabajadores que se han quedado sin trabajo.
Sobre todo, y lo he dicho en mi anterior intervención, nos
preocupa su actitud, señor ministro. No sé por qué le cuesta
tanto a España conseguir lo que otros países logran sin tantos
problemas. Portugal consiguió ayudas a la compensación de rentas
derivadas de sequía y lo han estado cobrando dos años. Usted está
hablando ahora de 50.000 millones, pero son 50.000 millones de
pesetas para repartir desde este año a 1999 entre todos los
países de la Unión Europea afectados por catástrofes
climatológicas. Lo que significa que esto va a ir a Holanda y
Bélgica, que han tenido inundaciones, así como para nosotros, por
el tema de la sequía.
Este dinero procede del remanente del 9 por ciento que se reserva
la Comisión para iniciativas parlamentarias. De lo que queda se
va a asignar sobre todo para obras y mejoras de redes de riego.
Nosotros estamos pidiendo ayudas para compensar la pérdida de
rentas, que es así como lo percibió Portugal. Esta es la lucha
que tiene que llevar usted, señor ministro, porque, primero la
cantidad es absolutamente insuficiente; y, segundo, va a ir a una
serie de objetivos que no son en este momento los que más
interesan.
Nos preocupa otra cosa y se lo pregunto, señor ministro; ¿qué
medida piensa plantear en el Consejo de Ministros para la
creación de ese fondo? A mí me han llegado noticias de que usted
pensaba plantear que de las ayudas que nos llegan de la PAC,
concretamente para los herbáceos, detrajésemos una cantidad para
crear un fondo que actuara como seguro agrario para el caso de
catástrofes. Eso es lo que usted pensaba plantear en el Consejo
de Ministros: si estoy equivocada le ruego que me lo diga, pero
si es verdad querría que me lo confirmase. Me gustaría también
que me dijese por qué antes de ir usted al Consejo de Ministros
no viene al Parlamento a decir que piensa plantear esta medida
que modifica el tema de seguros porque prácticamente convierte el
seguro en obligatorio.
Nosotros vamos a plantear una moción buscando el consenso. Pienso
entrar en comunicación con los distintos grupos parlamentarios,
porque creo que las necesidades reales de gran parte del país
exigen a los grupos parlamentarios que lleguemos a un acuerdo y a
instar al Gobierno, del cual usted forma parte, para que se
tomen, al menos una serie de medidas y que sean adoptadas de
forma inmediata. Estamos en una grave situación. Aunque parezca
mentira, está lloviendo sobre mojado sobre muchas familias, sobre
muchas explotaciones familiares, y pensamos que tenemos que ir
con mucho cuidado.
Le insto también, señor ministro, a que esté ojo avizor en
relación al tema de las importaciones de aceite de mezcla de
semillas y de oliva. Hoy sale en los medios de comunicación una
información que es realmente preocupante. La reglamentación
comunitaria parece ser que obligaría a que esos aceites pudiesen
entrar, pero eso significaría un grave atentado contra los
intereses del sector olivarero de nuestro país. Por cierto, como
botón de muestra, la situación en la provincia de Jaén en la que
dentro de unos días está planeado algún tipo de manifestación
para que seamos conscientes de lo que realmente está pasando en
una región donde prácticamente viven en exclusiva del monocultivo
del olivo y se ha producido un quebranto económico de 30.000
millones de pesetas, se han dejado de percibir subvenciones de la
Unión Europea por
valor de 43.000 millones de pesetas y, además, se ha perdido el
80 por ciento de la cosecha.
Señor ministro, la Unión Europea ha dejado de entregar a nuestro
país 100.000 millones de pesetas en concepto de ayuda comunitaria
por la falta de producción y, sin embargo, se nos prometen 50.000
millones para todos los países de la Unión Europea y para todo
tipo de catástrofes climatológicas.
En la moción que voy a presentar la semana que viene espero
llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios, pero a usted,
señor ministro, le insto a actuar con rigor ante la Unión Europea
en la consecución de este fondo para compensar la pérdida de
rentas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza
Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera responderle sobre el funcionamiento del
sistema de seguros agrarios, cuyo proceso de peritación, de
acuerdo con mi información, se está llevando con gran normalidad
y con ausencia de conflictos. Está funcionando con total
normalidad, de lo que me alegro profundamente, a pesar de que
aproveche para lamentar algunas campañas que se han realizado
sistemáticamente en algunas comarcas agrarias, a veces en zonas
agrarias muy amplias de nuestro país, en contra del sistema de
seguros agrarios, que no ha hecho más que debilitar la
contratación que después, desgraciadamente, ha coincidido con
riesgos o catástrofes climatológicas en los años siguientes. Creo
que todos debemos hacer un gran esfuerzo en mejorar nuestro
sistema de seguros agrarios, pero respaldándolo, para que
nuestros agricultores lo consideren como el sistema normal,
porque tienen el mejor sistema europeo de seguros agrarios para
prever el efecto de las catástrofes climatológicas.
En lo que se refiere a las ayudas a Portugal, que se han traído y
llevado durante muchísimos años, señalaré que eran simbólicas en
relación con las ayudas de la reforma de la política agrícola
comunitaria; simbólicas y muy restrictivas, tan restrictivas que
se tuvieron que prorrogar para intentar consumir los recursos que
se habían habilitado, que eran unos recursos completamente
marginales en relación con los 225.000 millones de pesetas que
hemos enviado antes del verano a los agricultores, como anticipo
por las ayudas de la reforma de la política agrícola común. Eran
unos recursos completamente marginales, completamente simbólicos,
que no tuvieron el éxito que estaba previsto y se tuvieron que
prorrogar porque las condiciones eran muy estrictas; fueron antes
de la reforma y no tenían nada que ver con las ayudas
establecidas a partir de la reforma.
También quiero decir que las ayudas de la reforma de la política
agrícola comunitaria han aumentado en pesetas más de un 30 por
ciento desde su aplicación para los agricultores españoles,
mientras se han mantenido prácticamente constantes en muchas
monedas comunitarias. Por tanto, ha habido una mejora notable
desde el punto de vista de la contribución de estas ayudas a la
renta de nuestros agricultores, como consecuencia de la
modificación del tipo de cambio verde, que también se debe tener
en cuenta a efectos de considerar la situación de nuestros
sectores, sobre todo de los afectados por la reforma de la
política agrícola comunitaria.
En cualquier caso, sabe que coincido con su criterio en cuanto a
la necesidad de concentrar, en mayor medida, los recursos
públicos en las exportaciones más necesitadas y, en particular,
en las explotaciones de los que se dedican profesionalmente a la
agricultura. Esta es la línea en la que estamos trabajando, la
que hemos llevado precisamente en la reforma del sistema de
seguros agrarios, y lo seguiremos haciendo en otras
líneas.
En el tema del empleo en el medio rural, ha habido un acuerdo
reciente entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones
sindicales para contribuir a crear más empleo en el medio rural,
sobre todo en las zonas afectadas por la sequía, y a ese acuerdo
me remito. Creo que los recursos adicionales que la Unión Europea
va a destinar a prevenir y paliar los efectos de las catástrofes
climatológicas son positivos vengan de donde vengan, ya vengan de
las reservas de las iniciativas comunitarias o de sobrantes de
cualquier otra partida. Expresan la solidaridad comunitaria para
un problema que es de todos. En este sentido, son bien venidas.
Yo estaba muy abierto a cómo se financiase y había propuesto que
ese, fondo de solidaridad comunitario se financiase detrayendo un
porcentaje de las ayudas de la política agrícola común, pues
expresaría la solidaridad de todos los agricultores europeos para
aquellos agricultores que se vieran afectados por las catástrofes
climatológicas, pero podría hacerse también aprovechando los
recursos no utilizados en algunas líneas como consecuencia de la
disminución de las producciones o detrayendo recursos de otras
partidas comunitarias. Es menos relevante cuál sea el origen de
los recursos cuanto el hecho de que se constituya, por primera
vez, un fondo comunitario, una partida comunitaria, con una
cuantía para empezar importante, de 50.000 millones de pesetas,
para prevenir y paliar el efecto de todas las catástrofes
climatológicas. Estoy abierto a ello, sin distribución previa.
Ahora tendremos que trabajar para intentar captar el máximo de
esos recursos para programas españoles; pero es un precedente de
extraordinaria importancia que refleja, por primera vez, la
solidaridad comunitaria clara en favor de las zonas afectadas por
catástrofes climatológicas,
además del compromiso de flexibilización de la política agrícola
comunitaria.
Para terminar, en cuanto al tema de la mezcla de aceites --no me
gustaría extenderme en él--, creo que tienen que funcionar los
mecanismos de inspección del fraude, pero me preocupa que se cree
una alarma social innecesaria que, en absoluto, beneficia al
consumo de nuestros aceites, en particular del aceite de
oliva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, señorías, como todos
sabemos --lo acabamos de debatir en estos momentos-- los daños
como consecuencia de la climatología adversa han sido muchos y
variados porque a la persistente sequía y a las heladas tardías
hay que añadir las recientes tormentas, que nos han traído
fuertes pedriscos en amplias comarcas de España, así como lluvias
y precipitaciones torrenciales.
Esta situación dramática afecta de forma directa, naturalmente, a
los agricultores y ganaderos españoles, así como a los
trabajadores del campo; incluso, afecta de forma indirecta a los
trabajadores eventuales que se dedican a la recolección,
vendimiadores, y a todas las industrias relacionadas con el campo
español, como abonos, fitosanitarios, maquinaria, incluso
industrias auxiliares como envases, etiquetas, etcétera; por
tanto, la situación es tremendamente grave. Tengo que destacar,
señor ministro, en nombre de mi grupo parlamentario, la falta de
seriedad en la respuesta suficiente acorde con la situación del
campo español.
La sequía es persistente desde hace varios años. Los Reales
decretos que ha promulgado el Gobierno socialista como
consecuencia de la sequía han sido totalmente insuficientes; es
más, señor ministro, han sido cicateros. El último Real Decreto-
ley 4/1995, de 12 de mayo, por el que se adoptan las medidas
urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía, está
totalmente alejado de la realidad agraria. Por eso le tengo que
decir (usted no estuvo ese día para defender al Real Decreto-ley)
que mi grupo parlamentario se abstuvo. No votamos en contra
porque, aunque insuficientes, se trata de ayudas para el campo
español, pero sí quisimos manifestar nuestro rechazo a un Real
Decreto-ley totalmente alejado de lo que es la realidad agraria
no votándolo a favor sino absteniéndonos.
Poco antes, el día 18 de mayo, el Grupo Parlamentario Popular
había presentado una interpelación y el 30 del mismo mes, en el
Pleno de esta Cámara, defendió la subsiguiente moción, por cierto
brillantemente, mi compañero el señor Ramírez, moción que fue
rechazada con los votos del Grupo Socialista, entre otros. Ahí
pedíamos una serie de medidas más contundentes, más fuertes y más
adaptadas a la realidad de lo que está sucediendo en España.
La valoración de la producción final agraria española en un año
normal está alrededor de los 3,4 billones de pesetas. Las
pérdidas calculadas para este año tirando por lo bajo, están como
mínimo en 700.000 millones, pudiendo llegar incluso al billón de
pesetas. Eso significa una pérdida del 20 por ciento de la
producción final agraria. A esto hay que añadir las catástrofes
recientes a que me he referido antes, como el pedrisco y las
lluvias torrenciales. Esto significa para el agricultor no
solamente la pérdida de renta, sino de muchas ayudas a las que
usted no se ha referido en su intervención, ya que ha intentado
dar una realidad distinta de lo que es; me refiero a las
cantidades que van a dejar de percibir de los fondos comunitarios
de Bruselas. Estas pérdidas, señor Ministro, pueden alcanzar
fácilmente la cantidad de 200.000 millones de pesetas, que van a
dejar de percibir los agricultores y que le va a venir bien a
Bruselas, ya que se va a ahorrar este dinero, y luego hablaremos
de solidaridad, a la que usted ha hecho mención. También va a
ahorrar en intervenciones del Feoga, en la retirada, en las
ayudas a la producción, en las destilaciones vínicas, en
almacenamiento, en las restituciones a las exportaciones.
Usted, señor ministro ha estado hablando de las ayudas en
superficie, pero no se ha referido a las ayudas a la producción
que vamos a dejar de percibir, aparte de las mermas que van a
tener los agricultores en sus cosechas. Simplemente en cereales
de invierno, de una producción normal de 15 millones se va a
quedar reducida a ocho millones de toneladas, y en restituciones
Bruselas se puede ahorrar fácilmente la cantidad de 60.000
millones de pesetas.
La sequía ha dejado prácticamente sin cosecha de arroz. Esto está
ya hipotecando el futuro de nuestro sector arrocero, porque la
superficie máxima garantizada que baraja Bruselas para España es
muy inferior respecto a la producción normal de un año en que no
hay sequía. Esto supone muchos millones para nuestros
agricultores. Igualmente el pedrisco que ha sacudido Valencia y
Tarragona.
En algodón, con las ayudas a la producción, se puede ahorrar
perfectamente 15.000 millones de pesetas; y, en cambio, no
consigue usted un aumento de la superficie máxima garantizada en
girasol, que es el cultivo que menos agua consume. En el tema de
los cultivos leñosos aparte de la producción, vamos a perder una
cosa que es más importante, como es el patrimonio, el arbolado.
En hortalizas, en frutales, etcétera, las perdidas de cosecha y
de arbolado van a ser muy importantes.
Usted sabe que somos el único país de la Unión Europea --lo hemos
pedido en la Cámara y se nos ha negado por el Grupo Socialista--
que tenemos prohibido regar nuestras vides cuando más lo
necesitamos. Por
lo que se refiere a las heladas, ha habido problemas en las
peritaciones en muchas comarcas, como en Castilla-La Mancha o en
la comarca de Requena-Utiel. También el pedrisco que ha afectado
no solamente a la producción, sino a las cepas. Pues bien,
Bruselas se puede ahorrar en destilaciones, en almacenamiento y
restituciones la friolera de 30.000 millones de pesetas.
Otro caso, señor ministro, es el del olivo, donde simplemente por
adelantar en ayuda a la producción las 245 pesetas por kilo si lo
multiplicamos por las casi 400.000 toneladas de aceite que vamos
a dejar de producir, eso quiere decir...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Sí, señor Presidente. Esa falta de ayuda
va a suponer un ahorro para Bruselas y va a afectar negativamente
a la renta de los agricultores en 100.000 millones de pesetas.
Por tanto, ¿dónde está esa solidaridad de la Unión Europea de la
que usted nos está hablando? ¡Le está viniendo muy bien la sequía
a la Unión Europea para ahorrarse muchos fondos comunitarios,
señor Ministro!
Usted nos ha hablado de este Fondo de calamidades --aunque no ha
utilizado la palabra-- que nos ha dicho que ha propuesto en la
reciente reunión de Ministros, en Burgos, pero, señor ministro,
sobre este fondo de calamidades ya le ha replicado la
interpelante en el sentido de que es una exigua cantidad y, sobre
todo, comparado con lo que se va a ahorrar la Unión Europea, más
que un fondo de calamidades es una calamidad de fondo, porque en
absoluto va a solucionar el problema de los daños meteorológicos
en España.
La interpelación hablaba de prevenir los daños metereológicos.
Seguimos sin unas inversiones suficientes en infraestructura
hidráulica para prevenir la sequía. En helada y pedrisco hace
falta una mayor cobertura. Ha hablado la interpelante de
avellanas, seguimos sin conseguir tener un seguro agrario en el
almendro, seguimos sin tener un seguro agrario integral en la vid
que cubra importantes comarcas productoras en España.
Por tanto, señor ministro, la confianza de los agricultores en
los seguros agrarios no depende de campañas, como usted acaba de
decir aquí, depende de las malas peritaciones que se están
haciendo, depende de la letra pequeña que se escribe en los
seguros agrarios y que luego afecta muy negativamente, porque se
puede interpretar según las órdenes que recibe el peritador desde
arriba y desde usted, señor ministro, como último responsable.
También podría hablar del pago rápido de las indemnizaciones a
los agricultores. Esas son las campañas que acreditan o
desacreditan a los seguros agrarios, no las campañas que ustedes
inventan, como siempre, que son campañas fantasmas y de las que
ustedes nunca tienen la responsabilidad.
Por último, señor ministro, esta tarde el señor Presidente del
Gobierno justificaba no convocar urgentemente las elecciones
porque había que finalizar la Presidencia europea, pero, señores
socialistas, ¿para qué queremos que el señor Felipe González siga
ostentando la Presidencia europea? ¡Para qué! (Rumores.) ¿Por la
OCM del vino? ¿Qué han sacado ustedes con la OCM del vino? Ahí
está aplazada, todavía está sin resolver el problema de la OCM
del vino, y no se va a resolver en la presidencia española, señor
ministro, ¿o no es así? (Rumores.) Quizá la Presidencia española
de la Unión Europea nos sirva para sacar una OCM acorde con los
intereses arroceros españoles cuando ya empezamos con una
superficie máxima garantizada muy inferior a nuestro potencial
productor normal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, termine,
por favor.
El señor PASCUAL MONZO: Termino, señor Presidente.
Señor ministro, ¿va a servir para sacar una OCM de frutas y
hortalizas adecuada a la realidad y a las necesidades agrarias
españolas? Todo el sector agrario hortofruticulta ha rechazado ya
la propuesta, que parece ser va a venir, de OCM de frutas y
hortalizas, con lo cual me parece, señor ministro, que de poco
nos sirve para los intereses agrarios españoles que el señor
Felipe González presida la Unión Europea o que usted presida el
Consejo de Ministros de Agricultura, porque ni para las OCM ni
para las ayudas a las catástrofes españolas están haciendo
ustedes absolutamente nada.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El Pleno continuará
mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete de la tarde.