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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 163, de 27/07/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 163
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 161 (extraordinaria)
celebrada el jueves, 27 de julio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8755)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, en relación con el asunto GAL (número
de expediente 210/000030) (Página 8726)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
--Real Decreto-Ley 6/1995, de 14 de julio, por el que se adoptan
medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de
abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia
de la sequía (número de expediente 130/000030) (Página 8755)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once de la mañana.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, en relación con el asunto GAL (Página 8726)
Interviene el señor Presidente del Gobierno (González Márquez).
En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Aznar
López, del Grupo Popular; Anguita González, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat, en
nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Anasagasti
Olabeaga, del Grupo Vasco (PNV), y Mauricio Rodríguez, del Grupo
de Coalición Canaria; la señora Rahola i Martínez y los señores
Mur Bernad, Albistur Marín y Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, y
el señor Almunia Amann, en representación del Grupo Socialista.
Para contestar a los señores portavoces de los Grupos
Parlamentarios interviene de nuevo el señor Presidente del
Gobierno (González Márquez).
Replican los señores Aznar López, Anguita González, Molins i
Amat, Mauricio Rodríguez y la señora Rahola i Martínez,
duplicando el señor Presidente del Gobierno.
Se suspende la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8755)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 8755)
Real Decreto-ley 6/1995, de 14 de julio, por el que se adoptan
medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia de
abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la persistencia
de la sequía (Página 8755)
En nombre del Gobierno, el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) expone las
razones que han determinado la promulgación del Real Decreto-ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Mur Bernad, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora De Palacio
Valle-Lersundi, del Grupo Popular, y el señor García-Arreciado
Batanero, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley por 157 votos a favor, tres en contra y 129
abstenciones. Asimismo se aprueba su tramitación como proyecto de
ley, por el procedimiento de urgencia, por 286 votos a favor, uno
en contra y cuatro abstenciones.
Se levanta la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las once de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN RELACION CON EL ASUNTO GAL (Número
de expediente 210/000030)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día, comparecencia del Gobierno ante
el Pleno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del
Reglamento, en relación con el asunto GAL.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, comparezco ante este
Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados por la
inquietud política y social que ha ocasionado la rueda de prensa
ofrecida por el señor García Damborenea a la salida de una
declaración judicial. Soy consciente de la gravedad de la
situación y de las consecuencias no deseadas que pueden derivarse
del hecho de que las imputaciones vertidas en dicha rueda de
prensa queden sin respuesta.
Antes de nada quiero dejar claro que no comparezco ante SS. SS.,
como es obvio, por respeto a las afirmaciones
o a la propia persona del señor García Damborenea, sino única y
exclusivamente por respeto a esta Cámara, representación legítima
de la soberanía nacional. Mi comparecencia no responde tampoco a
un intento de demostrar, entre comillas, «mi inocencia». Para eso
están la Constitución, las leyes y el poder judicial, que
permitirán, sin duda, restablecer la verdad y, en consecuencia,
castigar a los calumniadores. Por el contrario, mi propósito ante
esta Cámara es exponer lo que significan tales declaraciones en
un contexto de crispación e incluso de pérdida del sentido común
que caracterizan hoy la situación política española.
De las declaraciones del señor García Damborenea me interesa
rebatir ante SS. SS. las tres afirmaciones básicas. La primera:
este señor dice haber discutido conmigo una estrategia de guerra
sucia en la lucha antiterrorista. Es rotundamente falso. La
segunda: el señor García Damborenea afirma que esta estrategia se
adoptó para forzar que Francia cooperara en esa lucha
antiterrorista. Es también manifiestamente falso. Y, tercera: el
señor Damborenea afirma que don Segundo Marey fue secuestrado
para tratar de salvar la vida del capitán de farmacia señor
Martín Barrios. De nuevo, esto es manifiestamente falso.
Respecto de la primera afirmación, señorías, repito hoy lo que ya
he dicho hace unos días: no he hablado nunca con el señor García
Damborenea de ninguna estrategia de guerra sucia en la lucha
contra el terrorismo. A lo largo de 1983 no me reuní con este
señor en ninguna ocasión. En el año 1984, cuando ya los GAL
habían iniciado sus actividades ilegales, lo hice en cuatro
ocasiones: el 3 de marzo, con la ejecutiva del Partido Socialista
de Euskadi, a raíz del asesinato del Senador don Enrique Casas;
en una sola ocasión, el 15 de marzo, hablé personalmente con el
señor García Damborenea durante algo más de media hora, y en
ningún momento lo hicimos sobre la lucha antiterrorista; el 22 de
mayo de ese año lo recibí, junto a José María Benegas y Ramón
Jáuregui, para intercambiar opiniones con ocasión de la
entrevista que mantendría al día siguiente con el entonces
Lehendakari del Gobierno Vasco, Carlos Garaicoechea, y, por
último, el 19 de noviembre recibí en audiencia a la hija de
Indalecio Prieto, y ésta venía acompañada por el señor García
Damborenea.
En relación a la segunda afirmación, he explicado en diversas
ocasiones ante la sociedad española que la actitud de Francia
cambió radicalmente a raíz de una larga entrevista que mantuve
con el Presidente Mitterrand en diciembre de 1983. En ella, y
como lo reconoció públicamente en 1991, el propio Presidente
Mitterrand se comprometió a cambiar la orientación de la política
de Francia en relación con el terrorismo de ETA. En enero de
1984, por consiguiente pocas semanas después, empezaron a notarse
cambios radicales. Sus señorías recordarán las expulsiones de
dirigentes etarras, como también recordarán que en ese año se
produjeron las primeras extradiciones de miembros de ETA. Por
consiguiente, ¿tiene alguna lógica poner en marcha acciones
destinadas a forzar una cooperación que ya se estaba produciendo?
¿Tiene alguna lógica poner en peligro esta misma cooperación
mediante acciones ilegales en territorio francés? No tiene
ninguna lógica, señorías; por eso, el Presidente Mitterrand ha
podido decir con rotundidad hace pocos meses que el Gobierno
español nunca estuvo en una lucha ilegal contra ETA.
Respecto a la tercera afirmación del señor García Damborenea, ya
conocen los ciudadanos que la secuencia temporal que él establece
no podía darse. Sus señorías saben que el capitán Martín Barrios
fue asesinado el 18 de octubre de 1983 y que su cuerpo apareció
al día siguiente, 19 de octubre, y el secuestro del señor Marey
tuvo lugar el 4 de diciembre del mismo año; por consiguiente,
varias semanas después.
Pero, señorías, no me corresponde a mí ni al Gobierno, ni
siquiera a la Cámara, sino a los jueces, establecer la verdad
sobre las imputaciones calumniosas y sin prueba alguna que el
señor Damborenea formule en su defensa. Sin embargo, creo haber
establecido con claridad que estas afirmaciones son falsas, pero,
en todo caso, señorías, ¿no sería más lógico, en un sistema
democrático, que fuera el señor García Damborenea quien
presentara las pruebas? Esto sería lo lógico, pero todavía hay
quienes me reclaman explicaciones a mí y no a él, y éstos
deberían reflexionar sobre si con su actitud no están
contribuyendo a fomentar y a magnificar un disparate. Nadie puede
ignorar que un principio elemental del derecho es que la carga de
la prueba corresponde al que acusa y no a quien es acusado. Nadie
está obligado a probar su inocencia, sea cual sea su posición
social, y esto, señorías, incluye, naturalmente, al Presidente
del Gobierno. Produce inquietud tener que recordar estos
extremos, que son la piedra angular del Estado democrático de
Derecho, pero, señorías, es tal la atmósfera política que es
imprescindible hacerlo. Es un retroceso histórico aberrante
sostener, como se ha hecho ya en más de una ocasión, que la
presunción de inocencia, que es un derecho fundamental, no se
aplica al ámbito político, donde, al parece, sólo rige el
principio de presunción de culpabilidad.
¿Cómo es posible que el Derecho --que no es sino el reflejo de
las convicciones morales de la colectividad por vía normativa y,
aun más, de los derechos fundamentales-- pueda negársele a una
persona por el mero hecho de dedicarse a la actividad política?
El Gobierno no ha cometido ilegalidad alguna en relación con la
lucha antiterrorista, lo dije ante esta Cámara con toda
solemnidad en el debate sobre el estado de la Nación. El señor
Damborenea tendrá pues que probar sus imputaciones ante los
tribunales. Ni el Gobierno ni nadie puede estar obligado a dar
explicaciones cada vez que
alguien, por los motivos que sean, fabule una infamia o una
calumnia contra él.
¿Por qué el señor García Damborenea hace estas declaraciones?
¿Por qué hay sectores que le conceden fiabilidad? ¿Por qué se le
da crédito a quien previamente negó lo que hoy afirma y se
confiesa autor de un delito? La razón en el fondo, señorías, es
bien simple. Es un paso más dentro de una estrategia que pretende
desplazar del poder a un Gobierno elegido por las urnas.
(Aplausos y protestas.) Obviamente, los que coinciden en los
objetivos no dudan en aplaudir los medios empleados, sean o no
legítimos, incluso cuando les consta su falsedad. No me cabe
ninguna duda, señorías, que el señor García Damborenea busca
generalizar su responsabilidad personal con el objetivo de
encontrar una vía de salida política a su situación.
Autoinculpándose de un delito, acusa al Presidente del Gobierno
para tratar así de conseguir una amnistía o una ley de punto
final que le salve de sus responsabilidades. Lo he dicho ya y lo
repito ahora ante la Cámara. Mientras tenga responsabilidades de
Gobierno no habrá ni amnistía ni ley de punto final, y ello es
extensible a todos los socialistas. Nunca apoyaremos esto.
El Gobierno tiene claro cuál ha sido y cuál debe ser su norma de
conducta. Primero, colaborar con la investigación judicial;
después, respetar las decisiones que adopten los jueces y los
tribunales; finalmente y en consecuencia, defender que si han
existido delitos se condene a los culpables. Y esto, señorías,
exige respetar los tiempos judiciales, y los tiempos judiciales
no son los tiempos políticos por mucho que esto moleste a
algunos.
Esta misma semana hemos conocido dos resoluciones judiciales que
avalan esta afirmación. En una de ellas, relativa a la detención
de don Luis Roldán, el Tribunal Supremo afirma que la actuación
del Gobierno no sólo no es contradictoria con el ordenamiento
jurídico sino que es patente y manifiestamente justa. En otra,
sobre el caso Crillón, el mismo Tribunal sostiene no sólo la
inocencia del señor Serra y del señor García Vargas sino, además,
que las conductas que se les imputaban no son constitutivas de
delito alguno. (Rumores.)
¿Recuerdan SS. SS. la cantidad de barbaridades que sobre uno y
otro caso se han dicho hasta ahora? ¿Recuerdan que se dijo que
habíamos dejado escapar al señor Roldán, que habíamos mirado
hacia otra parte, que lo teníamos escondido, incluso que lo
habíamos matado? ¿Recuerdan que, tras su detención, se nos acusó
de haberle detenido ilegalmente y de otras cosas parecidas?
¿Recuerdan todas las acusaciones, ahora reveladas falsas, que se
han hecho en este Parlamento al señor Serra sobre el caso
Crillón? (Protestas.) ¿Están dispuestos a rectificar?
(Protestas.) ¿No creen que la ética política les obliga a ello?
(Aplausos y Protestas.)
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nos estamos
jugando la credibilidad de las instituciones democráticas,
instituciones que no son ni de este Gobierno ni del siguiente,
cualquiera que éste sea. Las instituciones transcienden a las
distintas opciones políticas y son la base y el fundamento de
nuestra convivencia. Los que creemos en la democracia y en sus
reglas no podemos caer en el juego de aceptar que los tiempos
políticos nos los marquen los delincuentes confesos. Por el
contrario, tenemos que recuperar el espacio público y político
para los demócratas. Todos tenemos que recuperar la plena
libertad de expresión limitada a veces por el miedo y por la
coacción y la mejor forma de hacerlo es celebrar en esta Cámara
un debate como éste.
Mi Gobierno siempre ha defendido que la política antiterrorista
requiere discreción y prudencia en su diseño, en su aplicación y
en su discusión pública, porque cualquier diferencia de criterio
entre nosotros, entre los demócratas, sería sin duda utilizada
por los violentos. Y esta preocupación la sigo manteniendo en el
día de hoy. Por eso es preciso insistir en que en la lucha
antiterrorista no hay más estrategia que la que SS. SS. conocen,
una estrategia que se viene manteniendo con firmeza y sin
vacilaciones desde hace años y que se basa en cuatro pilares
fundamentales.
El primero de ellos, el más inmediato, el más duro sin duda, ha
sido y es la lucha policial llevada a cabo por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y, tras su creación, también por
la Ertzaintza. En esa lucha se han conseguido grandes éxitos. No
cabe duda de que la fuerza operativa de los comandos de ETA es
hoy menor que hace diez años, pero no es menos cierto que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas Armadas y también
muchos civiles, han pagado un inmenso tributo de sangre. Este es
un campo en el que no se puede dar la labor por terminada. El
riesgo de nuevos asesinatos, el riesgo de nuevas violencias sigue
estando presente, como nos lo recuerda cada día la ausencia del
señor José María Aldaya entre los hombres libres de Euskadi.
El segundo pilar de la lucha antiterrorista es la unidad de las
fuerzas políticas democráticas a la hora de combatir a los
violentos. Todos sabemos en esta Cámara que la política
antiterrorista debe gozar de un amplísimo consenso político. A lo
largo del tiempo, y en especial con la firma de los Pactos de
Ajuria Enea y de Madrid, este consenso ha ido fortaleciéndose y
ha sido capaz de mantenerse aun en momentos en que los avatares
de la lucha política partidaria parecían ponerlo en peligro.
El tercer pilar de la lucha antiterrorista es la cooperación
internacional. Es obvio que sin la colaboración de Francia era
imposible avanzar en la lucha contra el terrorismo porque su
territorio se había convertido en refugio de los terroristas de
ETA que aprovechaban la fragilidad de la frontera para ponerse a
salvo de la persecución policial. Y para conseguir el cambio
sustancial de actitud que necesitábamos era imprescindible
convencer a las autoridades francesas de que España
era una democracia como las demás y de que, por tanto, los
terroristas de ETA eran simples criminales y no refugiados
políticos.
El cuarto pilar sobre el que se ha basado la lucha antiterrorista
es el del aislamiento social. Fruto del consenso político
existente y de la convicción de que sólo la reacción de toda la
sociedad sería capaz de profundizar el aislamiento de los
violentos y de quienes les apoyan, han surgido en el País Vasco
un conjunto de organizaciones pacifistas que contribuyen
activamente a este aislamiento de los terroristas y de aquellos
que los amparan.
No se les ocultará a SS. SS. que las actividades ilícitas en la
lucha antiterrorista minaban estos cuatro pilares: disminuían la
eficacia policial, debilitaban el consenso político, ponían en
riesgo la cooperación internacional y limitaban la movilización
social contra los violentos. Lo hacían entonces y pueden hacerlo
incluso hoy, si el debate sobre los GAL y sus actuaciones en
lugar de atenerse a los hechos declarados probados y a criterios
de discreción y de responsabilidad política se encauza a través
de la generalización de la sospecha y de la utilización
partidista de declaraciones de inculpados que tienen derecho a
defenderse como estimen oportuno, incluso mintiendo.
España desde el comienzo de la democracia ha tenido que
enfrentarse, señorías, a un gravísimo problema que condiciona
nuestra convivencia colectiva, especialmente en el País Vasco.
Este problema es, señorías, el terrorismo de ETA. A combatirlo
han dedicado sus mejores esfuerzos y su mayor preocupación todos
los gobiernos de España, todos los gobiernos democráticos han
luchado contra ETA con las armas que proporciona el Estado de
Derecho y entre ellos, desde luego, el Gobierno que presido. Por
eso, desde el primer momento condenamos las actividades de los
GAL.
La primera actuación conocida de estos grupos se produjo en
diciembre de 1983. En ese mismo mes ya me pronuncié contra ella
advirtiendo que el Gobierno perseguiría todas las actuaciones que
vulnerasen la legalidad; en marzo de 1984 y a raíz de la
detención de unos individuos que decían ser de los GAL afirmé que
si así se demostraba, yo garantizaba que las instituciones
españolas los condenarían a muchos años de cárcel. Meses más
tarde, en mayo de 1984 manifesté que, en mi opinión, no hay
clases de asesinatos y que rechazaba la violencia terrorista del
signo que fuera, y en junio de este mismo año aseguré que de los
GAL la única declaración que podía hacer el Gobierno es que
repudiaba toda actividad terrorista y que, desde luego, el
Gobierno estaba dispuesto a cooperar con Francia, que es donde se
estaban produciendo las actividades de los GAL, para hacerlas
desaparecer, y así hasta el año 1987 en que cesaron las
actividades de los GAL. Sin una sola vacilación y con toda
firmeza siempre he defendido que en democracia no se tiene
derecho a emplear todos los medios sino sólo y exclusivamente los
admitidos por la Ley.
Vuelvo, pues, a repetirlo: detrás de los GAL no estuvo nunca el
Gobierno que presido. Como ya se ha dicho, las actividades de
estos grupos contradecían fundamentalmente la política
antiterrorista de mi gabinete y alimentaban la autojustificación
ideológica de los terroristas de ETA. De hecho, debemos lamentar
que el debate actual sobre los GAL, cuyas actividades cesaron en
1987, esté sirviendo hoy nuevamente para que quienes siempre
defendieron la violencia sigan haciéndolo amparándose en un
supuesto terrorismo de Estado que nunca existió.
En el debate sobre el estado de la nación celebrado el pasado mes
de febrero hice un claro pronunciamiento sobre las actividades de
los GAL. Permítanme, señorías, que les recuerde algunas
consideraciones que hice entonces y que añada algunas otras.
Señalé, y sostengo hoy, que hasta en una lucha tan desigual como
es la que venimos librando contra el terrorismo, el Gobierno ha
actuado en el marco estricto de la legalidad, que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido un comportamiento
ejemplar en el ejercicio de sus tareas contra el terrorismo, que
nos hemos empeñado en que actúen siempre utilizando medios
legales y que quien afirme lo contrario, simplemente miente.
Señalé también que los atentados atribuidos o atribuibles a
bandas armadas anti-ETA cesaron en 1987 gracias, desde luego, a
una línea de acción inequívoca de defensa de la legalidad y a la
actividad desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y también gracias a la cooperación internacional. Recordé
algo que con frecuencia se omite y que consiste en el hecho de
que, salvo en un caso, todos los atentados que se atribuyen al
GAL tuvieron lugar fuera de nuestras fronteras, y por ello
ofrecieron especiales dificultades para su investigación y
sanción. Añado a ello que esto no ha impedido, cuando la ocasión
lo ha permitido, que en España, por la acción de los tribunales
de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se haya
logrado detener a quienes han sido acusados de pertenecer a los
GAL, se les haya juzgado y se les haya condenado por ello.
Reconocí, y nunca dejaré de hacerlo, la importancia que la
colaboración de las autoridades francesas ha tenido para el éxito
de las operaciones contra ETA y también contra los GAL, porque en
prisiones francesas varias personas han cumplido y están
cumpliendo condena por su vinculación con estas acciones
terroristas. Y recordé que las autoridades francesas, sea cual
sea su ubicación política, han manifestado su convicción de que
el Gobierno español siempre ha actuado contra ETA con respeto a
las leyes y a las reglas democráticas.
Asimismo, puse de relieve, y lo sigo haciendo ahora, que ninguna
de las sentencias dictadas por los tribunales españoles o
franceses, a lo largo de estos años, por hechos relacionados con
estas actividades ilegales han apreciado responsabilidad alguna
de los servicios de
Seguridad del Estado en cuanto tales y se han limitado
reiteradamente a condenar a sus autores y sólo a sus autores.
Esta, con toda probabilidad, será la línea que seguirán los
pronunciamientos judiciales que por participación en estos hechos
puedan producirse en el futuro. Sostener lo contrario, sostener
la vinculación de los asesinatos cometidos por los GAL con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con instrucciones, apoyo o
complicidad del Gobierno, supone desconocer lo que con
reiteración han declarado o probado los tribunales de Justicia.
No existe esa vinculación y no existe, por ello, responsabilidad
del Gobierno. Tampoco existe por el mero hecho de que en esas
actividades ilegales hayan podido participar personas
pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El terrorismo, todo terrorismo, ataca a las bases mismas del
sistema democrático porque pone en cuestión la supervivencia
misma del Estado. Esta es mi convicción profunda. Ningún fin,
ningún bien jurídico, por importante que éste sea, justifica la
utilización, para su promoción o defensa, de medios no ajustados
a Derecho y menos aún cuando los usan funcionarios públicos
encargados de velar por los derechos y las libertades de los
ciudadanos. Ningún terrorismo justifica acciones violentas de
signo contrario.
Señor Presidente, señorías, desde la recuperación de la
democracia no ha existido ningún peligro real que no proviniera
de la involución y del terrorismo. Ahora, no existe más que la
amenaza terrorista. Bien es cierto que sus perfiles son hoy menos
agudos que antes, pero corremos el riesgo de reactivarlos si no
afrontamos con el mayor rigor las cuestiones que afectan a la
seguridad y si no acertamos a extraerlas del ámbito habitual de
la confrontación política.
Señorías, es a nosotros, los representantes de la soberanía
popular, a quienes corresponde impedir que se establezca el
principio de la desconfianza como motor de la vida política, como
regla y medida del comportamiento político. Si entre todos no
somos capaces de encauzar nuestra vida política por caminos
distintos a los de la desconfianza, la deslegitimación no sólo
afectará al Gobierno sino que se instalará en el conjunto de los
poderes y de las instituciones democráticas. Esta merma la pagará
toda la sociedad (Rumores.), no sólo ahora sino también en el
futuro, más allá de quien gobierne (Rumores y protestas.) Contra
esto hay que luchar y considero que al Gobierno se le puede
exigir más compromiso en esa lucha. Personalmente, entiendo que
tengo la mayor responsabilidad en evitar que nos adentremos por
derroteros inconvenientes para nuestro país.
Por estas circunstancias, he considerado oportuno ofrecer a las
fuerzas políticas el adelantamiento de la conclusión de la
legislatura para marzo del próximo año, ejerciendo una
competencia que me atribuye en exclusiva la Constitución, con la
única reserva de la consecución de objetivos que considero de
interés nacional, como los del ejercicio de la presidencia
europea, la aprobación de unos presupuestos rigurosos que ayuden
a la recuperación y al empleo y la conclusión de algunas reformas
pendientes, pero en estado avanzado de tramitación. Con esta
única reserva, el acortamiento sensible del horizonte electoral
debería permitir un mayor acuerdo de las fuerzas políticas para
preservar de la confrontación algunos de los elementos a que me
he referido.
Señor Presidente, señorías, apelo a la responsabilidad, a la
seriedad y a la serenidad de las fuerzas políticas para
robustecer la lucha contra el terrorismo, para contribuir a que
la Justicia pueda esclarecer cuantos hechos le sean sometidos,
para que las convocatorias electorales sean fijadas por los
responsables políticos y no por quienes lanzan falsas acusaciones
para defenderse de delitos que les son imputados por la Justicia.
Por mi parte, trabajaré con todas mis fuerzas para que la
Justicia pueda llegar al final del proceso sin interferencias,
para evitar que se implante el dominio de la calumnia y de la
infamia, para acabar con la compraventa de «dossiers» y para que
nadie se sienta coaccionado por quienes tienen poder para imponer
sus criterios por el miedo. Trabajaré, en definitiva, para que
España sea la que siempre hemos querido, un país libre y
democrático donde las instituciones funcionen, la sociedad
progrese y los ciudadanos vivan en paz y en libertad.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, en representación del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Aznar.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el último de los asuntos sobre los que a mí me hubiera
gustado debatir en esta Cámara es, sin duda, el asunto del GAL.
La lucha antiterrorista para nosotros es una cuestión que siempre
hemos querido dejar fuera --así lo hemos hecho y lo seguiremos
haciendo-- de la confrontación partidista. Esta es una materia,
una cuestión, en la que yo hubiera preferido poder declararme
siempre también continuador solidario de una acción sostenida del
Gobierno.
Ahora asuntos muy graves obligan hoy al Presidente del Gobienro a
comparecer. Los españoles esperan de esa comparecencia
explicaciones verosímiles y creíbles por parte del Gobierno,
altura de miras por parte de todos y caminos que sirvan para
alumbrar la salida a la difícil situación y la crisis política en
la que estamos.
El señor González, se ha limitado a repetir aquí, en su
intervención, básicamente los argumentos que habíamos tenido
ocasión de escucharle en las dos ruedas de prensa que ha
celebrado la semana pasada. En resumidas cuentas, niega los
hechos, rechaza las declaraciones de sus ex colaboradores, se
considera víctima de un ataque calumnioso y entiende que el
asunto políticamente
debe darse por zanjado. Escuchando su intervención he tenido que
preguntarme si el señor González había comprendido bien el motivo
de esta convocatoria o si comprendiéndolo sencillamente había
preferido ignorarlo.
Hemos venido aquí, señorías, para escuchar la versión personal
del señor González sobre hechos que afectan a su Gobierno y sobre
los que, en nuestra opinión, ni esta Cámara ni el conjunto de la
opinión pública ni los españoles han recibido aún una explicación
verosímil. Desde luego, esta mañana no hemos escuchado una
explicación verosímil. (Rumores.)
El señor González se ha empeñado en su intervención en centrar el
debate en una cuestión de mensajeros, de credibilidad de
declaraciones, olvidándose del mensaje y del fondo de la
cuestión, y yo no he venido aquí a discutir, señorías, acerca de
la credibilidad mayor o menor de ninguno de los implicados en el
caso GAL. En consecuencia, señorías, no voy a entrar en el debate
que el señor González tiene planteado con sus ex colaboradores.
No es mi tarea ni nuestra tarea juzgar quién dice la verdad.
(Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Aznar, cuando quiera.
El señor AZNAR LOPEZ: No es nuestra tarea, señorías, decir o
juzgar quién dice la verdad, eso es algo que deberán resolver los
jueces. Por lo que nos ocupa aquí esta mañana, no me es preciso
referirme en particular a las declaraciones de nadie. No voy, por
tanto, a aludirlas, podemos pasar incluso todas por alto. Tampoco
me apoyaré en lo que hoy es una opinión mayoritaria de los
ciudadanos sobre estos hechos. No se trata de eso. Lo único que
pido, que pedimos, que hemos solicitado en otras ocasiones con
motivos de otras peticiones de comparecencia sobre este asunto
del Presidente del Gobierno, por ejemplo, el 20 de febrero y el
23 de marzo de este año, es que se nos ofrezca a la Cámara y a la
opinión pública una explicación más allá de la respuesta
rutinaria de que ha habido una confabulación calumniosa, de que
todo son difamaciones o que simplemente el Gobierno, su
Presidente, no sabía nada, no se enteró de nada. Lo que pedimos
es una explicación seria de los hechos, de todos los hechos que
han provocado esta convocatoria. Lo que pedimos es una
explicación seria de las conductas y de las actitudes que el
Gobienro ha mantenido ante esos mismos hechos.
Usted, señor González, es el Presidente de un Gobierno y como tal
no puede alegar el desconocimiento sobre hechos tan graves como
los que estamos tratando. Es de sentido común, porque no estamos
ante asuntos rutinarios de la administración ordinaria. Ante
asuntos como éstos, ante asuntos de la enorme gravedad como los
que aquí nos reúnen hoy, el Presidente del Gobierno no tiene
derecho a alegar ignorancia más que en una ocasión, que es cuando
renuncia a seguir gobernando, es decir, cuando explica los
motivos de su dimisión.
Es necesario, por tanto, que la Cámara y la opinión pública
conozcan una explicación verosímil y creíble de los hechos,
porque son los hechos, señor González, y no sólo las personas o
sus declaraciones las que señalan la responsabilidad del
Gobierno. Nosotros esperamos esa versión creíble de los hechos,
porque es un hecho que durante algunos años ha estado actuando el
llamado GAL. Es un hecho que durante esos años el Gobierno no
inició ninguna investigación sobre el GAL, ni tomó ninguna medida
pra impedir su funcionamiento. Es un hecho que, en 1983, cuatro
miembros de los GEO fueron detenidos en Francia por intentar un
secuestro. Es un hecho que funcionarios del Ministerio del
Interior participaron en el secuestro del señor Marey. Es un
hecho que, en 1984, las mismas personas que hoy están procesadas
fueron ascendidas a los puestos de máxima responsabilidad en el
Ministerio del Interior. Es un hecho que desde 1991 existe una
condena judicial por asuntos relacionados con el GAL sobre dos
miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Es un hecho que se han
utilizado estructuras, medios materiales, armas y fondos
reservados del Gobierno. Es un hecho que el que fuera en 1983
Ministro del Interior está señalado por sus antiguos
colaboradores como uno de los responsables de esta trama. Es un
hecho que el cambio de actitud de Francia en la lucha
antiterrorista tiene una fecha clave, que es 1986, siendo
Ministro del Interior el señor Pasqua y siendo Primer Ministro de
Francia el actual Presidente de la República, señor Chirac.
(Rumores.)
Es un hecho que, en diferentes manifestaciones, responsables de
la lucha antiterrorista, como el señor Sáenz de Santamaría,
afimaron: «Yo le devolví la pelota a Francia con los GAL». Y es
un hecho también, señorías y señor González, en nuestra opinión,
que todos los elementos de la lucha antiterrorista deben ser
fortalecidos en cualquier momento. Para eso el Gobierno ha
tenido, siempre que lo ha solicitado, el respaldo de esta Cámara.
Pero no es este debate el que puede debilitar la lucha
antiterrorista, son otras cosas, y nosotros desearíamos también
que los españoles tuvieran la seguridad de que los terroristas
cumplen íntegramente sus condenas y que no sienten ninguna
inquietud por que se celebre este debate en favor del Estado de
Derecho. (Aplausos.)
Si usted, en nuestra opinión, no da esas explicaciones creemos
que incumple sus obligaciones como responsable del Gobierno, y
mientras no lo explique ofrecerá razones para pensar que no nos
dice toda la verdad o que lamentablemente está usted ocultando
algo. Hasta que no dé esa explicación creíble sobre los hechos,
me guste o no me guste --y le aseguro que no hay nada que pueda
gustarme en esta historia--, los españoles tendrán que aceptar lo
lógica implacable
que se deriva de estos hechos: que usted y su Gobierno son
responsables políticos de este asunto.
En conclusión, señor González, una vez que los hechos señalan la
responsabilidad del Gobierno, una vez que no es posible seguir
guardando silencio sin causar un grave perjuicio al Estado,
tenemos que interpretar que solamente existe una razón que dé
sentido a su actitud, y es que le preocupa más su situación
personal. (Rumores.) Humanamente puedo entenderlo, pero no
debiera usted confundir sus derechos como persona que intenta
defenderse con sus deberes como gobernante. Tiene usted derecho a
defenderse, pero como Presidente del Gobierno está obligado a
ofrecer una explicación sobre los hechos que todavía no hemos
recibido y que todavía vamos a seguir esperando.
Pero aquí, en nuestra opinión, señorías, no acaban las
obligaciones del Presidente del Gobierno. Sólo con los hechos que
hoy nos ocupan, aunque por un momento olvidáramos los otros
veintitantos sumarios que ustedes tienen abiertos, es evidente
que todo el mundo sabe que nos hallamos ante una situación
política gravísima e insostenible en la que se ha abierto una
profunda brecha de desconfianza entre el Gobierno y los
ciudadanos, una situación que exige una respuesta política y que
exige que también usted dé una explicación.
Como en tantas otras ocasiones, señorías, a lo largo de este
bienio, escándalo tras escándalo siempre, ha encontrado usted
pretextos, chivos expiatorios, retorcidas explicaciones para
zafarse de su responsabilidad. Es, al final, todo un estilo de
gobierno que durante años se ha amparado lamentablemente en el
ejercicio abusivo de la mayoría, siempre fronterizo con la
desviación de poder. Y esta es la consecuencia, señorías: hoy es
usted un Presidente de Gobierno bajo sospecha ante los
ciudadanos. Lamentablemente, el problema político de España en
gran medida consiste en que usted no puede dar ninguna de estas
dos explicaciones. No puede explicar los hechos porque si lo
hiciera tendría que renunciar a la Jefatura del Gobienro, y no
puede ofrecer tampoco una salida política rápida, como demadan
los intereses del país, porque ha convertido la Presidencia del
Gobierno, al final, en un baluarte de su seguridad. (Aplausos.)
Por eso, señorías, porque todo le perjudica elude usted las
respuestas, habla de cualquier cosa menos del fondo de la
cuestión, y juega usted con la ambigüedad a embarullarlo todo.
Sin embargo, señor González, sabe usted muy bien que no es
posible gobernar en estas circunstancias. El simple hecho de que
debamos celebrar esta comparecencia manifiesta que usted no
debiera ocupar ya ese escaño. (Rumores.) Y sea cual fuere la
explicación final de estos hechos, usted no puede seguir
gobernando mientras no se aclaren. La salida honorable que usted
reclama no consiste en negar los hechos, en despreciar a los
ciudadanos o lesionar los intereses generales de España. Cuando
un Presidente de Gobierno está bajo sospecha por asuntos tan
gravísimos, como los que aquí nos han reunido, debe dimitir. Y
debe usted dimitir, señor González. Nosotros creemos que tiene
usted la obligación moral y política de dimitir, y que tiene la
obligación de hacerlo ya, antes de que la situación se deteriore
más, antes de que los españoles se vean obligados a soportar
consecuencias políticas y morales que no se merecen.
Afortunadamente, señorías, contamos con un gran país, con unas
excelentes gentes deseosas de pasar la página; deseosas de
olvidar estos hechos; deseosas de trabajar y de construir mejor
nuestro país; deseosas de recuperar altos valores y nuevos
proyectos nacionales; deseosas, señorías, de emprender una nueva
etapa. Nosotros creemos que tiene usted la obligación, señor
González, aunque fuera como último acto de gobierno, de abrirle a
los españoles esa oportunidad.
Gracias, señor Presidente. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la importancia de este debate se deriva de las cuatro
características que coinciden, concurren y lo conforman. La
primera es el contenido y la materia del mismo, los GAL, el
terrorismo de Estado. La segunda es la coyuntura política
presente y la acumulación en la misma de acontecimientos, todos
ellos lesivos para el Estado social y democrático de Derecho que
contempla el artículo 1.º de nuestra Constitución. La tercera, la
presidencia del Presidente del Gobierno y su presencia aquí sobre
las causas que han motivado este debate. Y la cuarta, la
oportunidad que el día de hoy nos depara para ayudar al
protagonismo y al prestigio de la institución parlamentaria,
piedra angular y básica de nuestro sistema democrático.
¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a los GAL, cosa que
aquí se ha obviado hasta el momento? La respuesta se condensa en
breves, trágicos y sangrientos datos explicitados en una macabra
estadística: siete atentados con bomba, dos secuestros, trece
ametrallamientos que conducen a un resultado final de 27 muertos
y varios heridos. Estos son los GAL.
Estas cifras explicitan la acción de lo que genéricamente ha
venido en denominarse GAL, es decir, terrorismo de Estado. Unos
asesinatos y unas acciones cometidas por funcionarios del Estado
en colaboración con algunos mercenarios y que han contado con la
anuencia, el permiso, la complicidad, la instigación y la
planificación de escalones muy altos del funcionariado y del
organigrama político del Ejecutivo.
Lo que generalmente ha venido en denominarse los GAL parte de
manera indiscutible, a nuestro juicio, de una decisión política a
muy alto nivel. Los GAL son la frontera transgredida que separa
el Estado de Derecho de la delincuencia común. Unos GAL que más
que una
organización perfectamente delimitada en su composición, esquema
de funcionamiento y logística, han consistido también en una
serie de acciones terroristas en las que ha habido competencia y
emulación entre uniformes y entre organismos o secciones de los
aparatos coercitivos del Estado.
Los GAL, su funcionamiento, han encontrado la unidad y la
decisión política que los puso en marcha, los autorizó, los
toleró o se inhibió. Los GAL son terrorismo de Estado que,
además, ha hecho uso del dinero de los contribuyentes concretado
en los fondos reservados, y ha hecho un uso, no sólo para sus
acciones criminales, sino también para enriquecimientos
personales, utilizaciones marginales a la ley, con evidentes
muestras de malversación, despilfarro y dolo. Unos GAL que nos
han colocado y pueden colocarnos aún, cuando las investigaciones
en curso sigan avanzando y las que existen sean conocidas, en
graves problemas diplomáticos con nuestro país vecino, Francia,
como consecuencia de la intervención de funcionarios del Estado
español en acciones delictivas cometidas en otro Estado soberano
con el permiso, la anuencia, la permisividad o la inhibición del
poder político español. Unos GAL, un terrorismo de Estado, que,
muy al contrario de lo que dicen pretender a modo de
justificación, ha servido y sigue sirviendo para ser utilizado
como exculpación o incentivo por esa banda criminal llamada ETA y
su fascistizado entorno político. Los GAL, sus hechos, sus
métodos y la filosofía que lo justifica siguen siendo
objetivamente los mejores aliados de ETA y de su polo sangriento
de apologetas del asesinato.
La coyuntura, el momento en el que se realiza este debate
parlamentario está caracterizado por la acumulación de hechos
graves. El fondo del problema, señorías, es el constante y
permanente socavamiento al que se ve sometido el Estado social y
democrático de Derecho, no sólo por los hechos sino por la forma
de velarlos, ocultarlos, exculparlos o tratarlos por parte del
Poder Ejecutivo y su entorno.
Hoy y aquí están presentes como antecedentes, están resumidos los
siguientes hechos: el escándalo de Roldán y todo lo que ha
significado de escándalos marginales, no sólo para la sociedad
sino para una institución tan presente en la vida española como
es la Guardia Civil. El escándalo del que fuera Gobernador del
Banco de España, que ha arrojado ante la ciudadanía y ante la
imagen pública exterior una situación de degeneración, de falta
de previsión y de ligereza de quienes eligieron, sostuvieron,
alabaron y avalaron hasta el último momento al que fue su
Gobernador, Mariano Rubio. El «Boletín Oficial del Estado»,
mecanismo de difusión y de entrada en vigor de leyes, decretos,
resoluciones de los poderes del Estado, se ha visto también
salpicado, y de qué manera, por acciones cuya responsabilidad
política última llegan a la misma mesa del Consejo de Ministros.
No hace mucho tiempo, apenas dos meses, que hemos debatido en
esta Cámara el gravísimo atentado al artículo 18 de nuestra
Constitución por parte del Cesid, una violación de la
Constitución que, habiendo sido reconocida por el que fuera su
director, el teniente general Manglano, no ha impedido que, de
manera sorprendente, sorpresiva y escandalosa, haya sido nombrado
para un cargo de confianza en el Ministerio de Defensa; un Cesid
al que se le imputa con prueba documental la irrupción en
domicilio privado para manipular pruebas y documentos judiciales
sin que, ante la referencia concreta del documento, haya habido
un desmentido por parte de nadie; un Cesid del que han sido
sustraídos documentos importantes que se están ofreciendo en
pública almoneda por antiguos --¿o actuales?, me pregunto--
miembros de dicha institución; un Cesid, cuyos responsables
políticos últimos se inhiben de su responsabilidad, cierran los
ojos y colaboran con esa actitud a incrementar esta situación de
intranquilidad y de indefensión que comienza a aparecer en la
sociedad española.
La coyuntura en la que este debate se celebra está también
cuajada de declaraciones, imputaciones e indicios más que
fundados de comisión de delito por parte de antiguos altos cargos
de la Administración del Estado, señores Vera y Sancristóbal, sin
olvidar al que fue Ministro, señor Barrionuevo, y, junto con
ellos, como conexión necesaria, altos funcionarios del Ministerio
del Interior, y, como colofón, y sin que sea un dato más
relevante que otro, las declaraciones del autoinculpado, señor
García Damborenea, que arrojan elementos de reflexión. Cuando
siguen en candelero todas y cada una de las acciones que estoy
reseñando, surge con la fuerza de la actualidad un clima de
sospecha e intranquilidad en torno a los datos evidenciados de la
muerte de Lasa y de Zabala, y, al fondo, el inquietante perfil
del cuartel de Inchaurrondo.
Todo esto nos lleva a una conclusión: en este debate se condensa
todo un gigantesco proceso de degradación, de ilegalidades y de
delitos cometidos al amparo, la permisividad, el silencio y la
connivencia de como personas, como miembros del Ejecutivo, tenían
la misión y la responsabilidad constitucional de descubrirlos,
erradicarlos y castigarlos, dando cuenta al Parlamento, a la
opinión pública, sin menoscabo de la acción de los jueces.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Anguita.
Señorías, ruego guarden silencio.
Cuando quiera, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Que el Presidente del Gobierno venga aquí a hablar de los GAL es
sin duda importante, además de necesario y obligatorio. Lástima
que no lo haya hecho por
iniciativa propia sino obligado por su socio de los últimos
tiempos, Convergència i Unió.
Fue el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, conjuntamente con el Grupo Mixto, los que solicitaron
la convocatoria urgente de la Diputación Permanente y la
respuesta del señor Presidente fue, al principio: Dejémoslo para
septiembre. Fueron las presiones de Convergència i Unió las que
obligaron a traer aquí, casi a rastras, al señor Presidente del
Gobierno. Y es que el señor González ha rehuido siempre debatir
este tema en el Parlamento. En enero de este año, y contando esta
vez el señor Presidente con el apoyo de Convergència i Unió, fue
desestimada nuestra petición de que compareciese aquí para hablar
de lo que hoy estamos discutiendo. Y de la misma manera, el Grupo
Socialista y Convergència i Unió se han opuesto a la propuesta de
nuestro Grupo para que en esta Cámara, sede de la soberanía
nacional, se hiciese una comisión que investigase la cuestión de
los GAL, y la negativa fue rotunda.
Cuando se viene a esta Cámara a rastras, a la fuerza, con todo un
historial de negativas anteriores, lo que podía ser un momento
solemne para la democracia, en la medida en que el debate y la
toma de decisiones políticas se hacen con claridad, luz y
taquígrafos, se transforma en un trágala solucionado con una
faena de aliño, que después voy a comentar, para salir del trance
como se pueda.
La intervención del señor Presidente esta mañana podía haber
desmentido las afirmaciones que hace un momento acabo de hacer, y
para ello ha tenido lo que defino como la cuarta característica
atribuible a este debate, la oportunidad. El Presidente del
Gobierno ha tenido, aunque fuera contra su voluntad, una
oportunidad no sólo para corregir un rumbo errático, consistente
en hurtar al Parlamento debates y contenidos de trascendencia,
sino que incluso ha perdido una oportunidad para él. Esta mañana
ha habido aquí una oportunidad de oro para encarar la verdad; ha
habido una oportunidad para comentar once años de silencio
espeso, pegajoso, sórdido casi; una oportunidad para corregir esa
torpe excusa manifestada en entrevista a la televisión pública
por el Presidente del Gobierno al entrevistador: «Sobre los GAL
sé tanto como usted». Una oportunidad para explicar si se ha
hecho algo para investigar, conocer, corregir, saber las
deficiencias y los errores; una oportunidad de oro para en estos
momentos difíciles, en los que las instituciones de la democracia
tienen que verse fortalecidas, lanzar un mensaje de
responsabilidad y de reafirmación en los mecanismos democráticos
para solucionar problemas.
El señor Presidente, hasta hoy, ha manejado dos líneas
exculpatorias. Es verdad que en los primeros tiempos, cuando
estaba a la ofensiva, hablaba de que el Estado democrático
también se defiende en las cañerías, pero hoy, a la defensiva,
sigue manteniendo los argumentos de siempre, es decir: No hay
pruebas ni las habrá, el Gobierno no tiene responsabilidad
alguna. Y, a continuación, una referencia leve a un soniquete que
se dice en ruedas de prensa pero que al llegar a esta Cámara
nunca el señor Presidente aclara: dónde están los complots, dónde
están las conjuras, dónde están las maniobras políticas. Venga
usted alguna vez aquí y dígalo, con nombres y apellidos y no con
vagas alusiones que hacen nacer el temor en nuestro pueblo.
Pero esta mañana el Presidente del Gobierno ha hecho una maniobra
de mago. Es la siguiente: Ha empezado dialogando con el señor
García Damborenea. No, señor González. El motivo de su presencia
aquí no era que desmintiese al señor García Damborenea, ni este
Parlamento podía caer tan bajo, señor Presidente. El motivo de su
presencia aquí es hablar de los GAL, del terrorismo de Estado.
Las declaraciones del señor García Damborenea no han elevado el
tono de la angustia o la desazón más que el hecho de que el señor
Vera ha estado en la cárcel y esté inculpado; que el señor
Sancristóbal esté inculpado y esté en la cárcel; que altos
funcionarios estén en la cárcel; que se hayan dado pruebas
irrebatibles, o por lo menos no desmentidas, de que se han
utilizado los fondos reservados para sobornar, para comprar, para
pagar sueldos irregulares y para tapar bocas. Este es el motivo
que a usted lo ha traído aquí, no las declaraciones del señor
García Damborenea. Por tanto, hablemos claro. Su presencia aquí
debía ser, tenía que haber sido, para hablar de los GAL, no para
que utilice usted esta tribuna privilegiada para contestarle al
señor García Damborenea. ¡Es de pena!
Su señoría ha manifestado aquí esta mañana el respeto por la
Cámara. Su señoría no ha tenido nunca un gran respeto por esta
Cámara. Para empezar, no compareció cuando se le pidió. En
segundo lugar, su grupo parlamentario --supongo que con el apoyo
de S. S.-- no permitió una Comisión de investigación. La última
faena hecha a esta Cámara es la intervención que S. S. ha tenido
esta mañana.
Además, S. S. se agarra a un argumento jurídico: hay que tener la
presunción de inocencia. Sí, en los tribunales; pero aquí hay que
hablar de responsabilidad política. La inocencia o la
culpabilidad, siguiendo esas expresiones, la dictaminan los
tribunales. La responsabilidad o la irresponsabilidad política es
la que aquí se trata y S. S. no la ha tocado en absoluto.
Su señoría reafirma el mismo soniquete: El Gobierno no ha
cometido ilegalidad. Sí. Pero, ¿y el señor Presidente de
Gobierno? ¿Y el señor Ministro del Interior? ¿Y el señor Ministro
de Defensa? Ya sé yo que ciertas cosas no se tratan en los
consejos de ministros. ¡Faltaría más! Ya sé yo que estas
cuestiones se tratan en apartes, por caminos extraños. Su señoría
sigue insistiendo que el Gobierno no ha cometido ilegalidad. Y yo
manifiesto aquí con toda claridad: Las decisiones sobre los GAL,
tomadas en un vértice político, por supuesto que no lo son en el
Consejo de Ministros; ya lo sabemos, son decisiones personales
que atan a otras
cúpulas inferiores y que se van metiendo en distintos
ministerios.
Después S. S. ha hablado del caso Crillón y del caso Roldán; ha
hablado de los cuatro pilares de la lucha contra el terrorismo y,
a partir de ahí, nada ha pasado.
Señor Presidente, he afirmado públicamente que por acción u
omisión consciente el señor Presidente es el responsable de todo
lo que engloba la denominación genérica de los GAL; esta
afirmación, que reitero y subrayo solemnemente en mi intervención
parlamentaria, la hago en base a pruebas y evidencias
fundamentadas y basadas en los hechos, la lógica de los mismos y
el resultado de la reflexión.
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy terminando. Pasaré.
Mantengo mi afirmación fundamentándome en una serie de evidencias
de la lógica: la lógica de los hechos nos conduce a una toma de
decisión política en lo más alto del vértice. ¿Cómo es posible
que ante la ola de asesinatos y de imputaciones al Gobierno, éste
no acometiese una investigación interna? ¿O la hubo? En su turno
de réplica, por favor, señor Presidente, diga cuántas
investigaciones internas hubo en torno al tema de los GAL en los
distintos ministerios. Cítelas. Dé los nombres, dé fechas.
¿Es que unos funcionarios, unos servidores públicos, pueden
viajar por todo el territorio español y por el extranjero sin
conocimiento de sus superiores? ¿Con qué dinero? ¿Con qué
permiso? ¿Es que no se dan excusas o justificaciones al Gobierno
francés --que no se le dieron, que se sepa-- cuando no comparecen
para testificar en el país vecino funcionarios que habían sido
cogidos «in fraganti» en acciones ilegales? ¿Es que una persona
como el señor Damborenea, que, según fuente de la dirección del
PSOE, ya había manifestado al Presidente del Gobierno sus
inclinaciones, no es investigada cuando surgen los asesinatos?
Cuando, según la fuente de la dirección del PSOE, el señor García
Damborenea reclama armas, pide mano dura y comienzan a aparecer
los asesinatos, ¿qué hace la dirección del PSOE o el Gobierno?
¿Se investiga al señor García Damborenea? ¿No se sigue el hilo
conductor? ¿Se silencia? ¿Se inhibe? ¿Qué se hizo entonces? ¿Es
que el Presidente del Gobierno no habló de estos temas con el
Delegado del Gobierno en Euskadi, señor Jáuregui? ¿Quién respaldó
al señor Barrionuevo cuando, siendo Ministro del Interior, se
negó a contestar sobre el uso de los fondos reservados? Y, cuando
hemos visto ya lo que se ha hecho con los fondos reservados, con
pruebas evidentes, palmarias, demostradas, ¿quién respaldó
entonces al señor ministro Barrionuevo ante la ocultación de
datos que hubiesen dado lugar a una sentencia por elevación muy
superior? ¿Nadie ha reparado en la afirmación que el señor
Jáuregui hace en su libro «El país que yo quiero» acerca de la
preeminencia en el trato entre el señor Barrionuevo y el señor
García Damborenea?
Así podríamos continuar en un larguísimo etcétera de
interrogantes y de respuestas a nuestras preguntas en torno al
conocimiento que se tenía de las cantidades pagadas a Amedo y
Domínguez. ¿O no se sabía? Y cuando se ha sabido por qué se
pagaba a Amedo y Domínguez, ¿no ha sentido el señor Presidente
del Gobierno curiosidad? ¿No ha llamado al ministro del ramo para
que le aclare? En todo caso, esta Cámara pide una explicación
¿Por qué se le pagaba a Amedo y a Domínguez? ¿Qué se ha hecho con
ese dinero? De esto no ha contado nada el señor Presidente del
Gobierno y esta Cámara tiene necesidad de conocerlo.
La lógica de los hechos conduce a un vértice político en el que
se da la acción o la omisión consciente. Sobre las implicaciones
del poder político en los GAL siempre ha habido un gran consenso
social. En estos días es estremecedor escuchar y leer en boca y
en letra de muchísimos formadores de opinión: Lo sabíamos, pero
fingíamos no saberlo y mirábamos al otro lado. Aquí quiero hacer
una declaración solemne: para este grupo parlamentario llamado
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y su antecesor en la
Cámara, la Agrupación Parlamentaria del Partido Comunista, nunca
hubo mirar para otro lado; siempre denunciamos y exigimos la
investigación. Nosotros sí hemos seguido manteniendo la necesidad
de que estos hechos se vayan clarificando. Las pruebas se
evidencian también en declaraciones procedentes de diputados de
ese grupo parlamentario acerca de que el Gobierno ha sido
responsable porque no cortó a tiempo. Las imputaciones que vienen
de un diputado de ese grupo parlamentario no dicen que el
Gobierno no supiera, sino que le imputa, le achaca que no cortó a
tiempo, pero para poder cortar a tiempo es que lo sabía;
imputaciones o pedidas de dimisión por altos cargos o altas
personalidades de ese grupo como, por ejemplo, el que fue
Presidente de esta Cámara, señor Peces Barba.
El lenguaje utilizado es otra prueba política. No es sólo
Damborenea el que hace una miserable apología del terrorismo de
Estado en su comparecencia pública; días antes, el señor Vera,
con menos dureza verbal, pero con sibilinos acentos, plantea la
necesidad de entender la situación de España entre 1983 y 1984 e
incluso las felicitaciones que recibe, y así otros, como el señor
Barrionuevo, en declaraciones habidas hace unos meses; un tono
exculpatorio y una ausencia total de condena de los hechos,
porque es una cuestión de concepción de los hechos la que se
manifiesta a través de «lapsus» del lenguaje. El propio
Presidente del Gobierno, contestándome en un debate me dice:
porque la lucha contra los terroristas... Le tengo que corregir -
- ¡qué lapsus, señor Presidente!-- serán los otros terroristas.
También el señor Aznar ha dicho: La lucha contra el terrorismo.
No; los GAL son terroristas de la
misma calaña que los de ETA; exactamente, también terroristas. No
confundamos.
Otra prueba clamorosa es el silencio; el espeso silencio sobre lo
que está ocurriendo aquí y sobre las opiniones e informaciones
que, con solvencia, se han venido produciendo. Yo sé que un
Gobierno no puede esta desmintiendo todos los días lo que aparece
en los medios de comunicación; es obvio, faltaría más, pero sí
cuando un periodista tan insigne, en un momento tan importante,
da una conferencia en La Toja horas antes de su muerte --me
refiero a don Pedro Rodríguez-- mantiene y habla de una
conversación habida entre don Felipe Gónzalez y don Manuel Fraga,
donde don Manuel Fraga --dice don Pedro Rodríguez--, en
conferencia pública no desmentida, dice señor Presidente, nunca
le sacaremos los colores por lo que usted haga contra ETA. Esa
afirmación no ha sido desmentida; no han sido desmentidos
artículos enteros de opinión aparecidos en revistas, incluso en
revistas de fuerzas políticas que esporádicamente han apoyado al
Gobierno, como la revista «Euskadi»; no han sido desmentidas
declaraciones de periodistas que afirman haber cenado con el
señor Presidente y que éste les ha hecho una concesión, unas
ciertas informaciones. Son afirmación tras afirmación, «lapsus»,
declaraciones, cosas cogidas al oído, otras cogidas con
grabación... ¿Qué ha dicho el Gobierno ante esto? Absolutamente
nada; yo nada sé, yo nada vi, como en «El Barberillo de
Lavapiés».
Y ahora, ¿qué?
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Estoy terminando.
¿Qué pasa después de la intervención del señor Presidente del
Gobierno? Para nuestro grupo parlamentario la respuesta sigue
siendo la misma: dimisión inmediata y convocatoria de elecciones
generales. Pero esta respuesta y todo lo que ella conlleva se
inserta en el momento del después de este debate. El Presidente
del Gobierno tiene su legitimidad, derivada de las urnas y de la
elección, en segundo grado, hecha en esta Cámara, pero la
innegable legitimidad de origen, se pierde a cada momento que
pasa por el ejercicio de una política que, como mínimo, ha estado
en connivencia por acción u omisión consciente con el terrorismo
de Estado y todo lo que le acompaña. Son muchos los problemas que
tiene nuestro país, desde el paro y la precariedad hasta la grave
sequía y el cambio climático, que potencian el avance del
desierto por la geografía española, y es necesaria una visión y
una propuesta clara y segura para los próximos diez o quince
años. Hablo de propuesta programática, no de propuesta
partidaria, de propuesta de política firme para atajar los
problemas con visión de futuro. Los ciudadanos reclaman una
directriz, una respuesta con perspectiva de futuro, con realismo;
no con claudicación, sino con rotundidad, con firmeza anclada y
basada en el desarrollo constitucional y en la profundización,
previo saneamiento de los mecanismos y aparatos del Estado y de
las instituciones de la democracia y el ejercicio de la misma.
Porque, pese a los obstáculos, a los impedimentos, el que esto se
esté debatiendo aquí, que avance la Justicia, que podamos asentar
ciertas afirmaciones, constituye un triunfo de la democracia. Esa
democracia no puede ser violada por ninguna acción ni con ningún
motivo porque es la manera más eficaz de luchar contra el
terrorismo de ETA. Y ello sólo será posible si políticamente
ponemos fin a esta situación mediante la dimisión del Presidente
del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales. A partir
de ahí que los tribunales y la Justicia sigan su camino y que al
final del mismo --lo subrayamos con rotundidad-- se aplique la
ley, sin amnistías, perdones, ni puntos finales. Ya anticipo, en
nombre de mi Grupo Parlamentario, que nos opondremos, con la
fuerza que el pueblo nos dé en próximas elecciones, a que eso del
borrón y cuenta nueva pueda ocurrir.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorías, hemos sido
convocados a este Pleno extraordinario a petición del señor
Presidente del Gobierno en respuesta a la misma petición,
expresada de forma diversa por la práctica totalidad de los
grupos parlamentarios de la Cámara. Una y otras peticiones
derivan del impacto que sobre la opinión pública y la ciudadanía
han provocado las declaraciones, en los últimos días, de diversos
imputados en los sumarios judiciales referentes a las actuaciones
de los GAL.
Como recordarán SS. SS., no es la primera vez que el Pleno de
esta Cámara recibe explicaciones del señor Presidente del
Gobierno sobre este tema. Con motivo de la reapertura, en
diciembre de 1994, de los sumarios provocados por el cambio
brusco en sus declaraciones de los también imputados, y hasta hoy
únicos condenados en estos sumarios, los señores Amedo y
Domínguez, tuvieron lugar sendos debates ante la Comisión de
Justicia e Interior, habiéndose adelantado significativamente el
debate sobre política general en su fecha tradicional de
celebración precisamente en razón del clima general de crispación
que con ese motivo se había generado. En ese debate, el señor
Presidente del Gobierno afirmó cosas para nosotros tan
importantes y significativas --hoy nos las ha recordado-- como
las siguientes: Como Gobierno --decía-- siempre hemos respondido
a la convicción de que en la lucha contra el crimen sólo se
pueden utilizar instrumentos democráticos. O también: Nosotros,
como
Gobierno, siempre hemos trabajado para que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado actúen utilizando medios legales. Quien
afirme lo contrario --decía-- miente; las acusaciones son falsas
y, por consiguiente, calumniosas.
Tras esas palabras del Presidente del Gobierno, yo mismo, en
nombre de mi Grupo Parlamentario, recordé que la línea fronteriza
que separa la democracia del fascismo es que un Estado de derecho
debe luchar contra los que atentan contra el mismo, incluidos los
terroristas, desde el más escrupuloso respeto a las normas de un
Estado de derecho. Decía entonces que del resultado de las
actuaciones judiciales en curso podrían desprenderse
consecuencias políticas de grave trascendencia, pero también que
mientras los tribunales no se pronunciasen en definitiva no
íbamos a dar crédito a las manifestaciones interesadas de
aquellos que, para recuperar una libertad que nosotros les hemos
negado por la trascendencia de su delito judicialmente probado,
se dedican a trasladar acusaciones o responsabilidades cuya
autenticidad sólo la Justicia podrá confirmar.
Reclamábamos igualmente respeto para la función y para la
independencia de las actuaciones y resoluciones del Poder
Judicial; respeto que, a nuestro entender, no debe limitarse a no
interferir la acción de la Justicia, sino que debe ir más allá,
evitando, desde la acción política, crear un clima que desde la
presión ambiental limite la propia autonomía e independencia de
jueces y magistrados.
Desgraciadamente, esa no es en la práctica la opinión de otros
grupos políticos. Por eso, en más de una ocasión hemos expresado
nuestra queja --que hoy reitero-- respecto a la utilización
política de un caso sometido a procedimiento judicial de la
gravedad del que nos ocupa. Esa utilización causa un grave daño
al Estado de derecho que se dice defender y sus consecuencias a
todos nos afectan negativamente.
A lo largo de estos últimos seis meses la instrucción del sumario
motivada por las nuevas declaraciones de los señores Amedo y
Domínguez ha provocado la prisión preventiva de dos exaltos
cargos del Ministerio del Interior en aquellos años, así como la
de varios mandos policiales. Hasta hace exactamente doce días
todos ellos negaban su participación en los hechos que se les
imputaban; desde esa fecha la situación da un nuevo vuelco
espectacular al cambiar su declaración varios de los imputados.
Todas esas declaraciones excepto una, a la que más tarde me
referiré, forman parte de ese sumario teóricamente secreto y digo
teóricamente por cuanto han sido hoy un día más no sabemos si
sólo parcialmente y ni siquiera si correctamente, conocidos por
la opinión pública provocando como siempre los juegos
irresponsables de algunos, la indefensión de otros y, en
cualquier caso, el escarnio de todos.
Según parece, pues, de esas declaraciones que constan en ese
sumario secreto se desprendería, por primera vez, una imputación
a un exmiembro del Gobierno por parte de algunos de los
anteriormente ya inculpados. Por otra parte y en rueda de prensa
multitudinaria, uno de los inculpados, el señor García
Damborenea, eleva esa responsabilidad, por lo menos a nivel del
conocimiento de los hechos que se le imputan, hasta don Felipe
González, entonces y hoy Presidente del Gobierno.
Todas esas declaraciones que se suceden a lo largo de seis
intensos días, desde el sábado día 15 hasta el jueves 21 de
julio, causan un enorme impacto sobre la opinión pública y sobre
la ciudadanía, una opinión pública y una ciudadanía --vale la
pena recordarlo ahora-- que estaban en esos días recuperándose
lentamente del impacto de otros hechos --los del Cesid en este
caso-- que desde el punto de vista del Gobierno se habían
traducido en las dimisiones del Vicepresidente del Gobierno,
señor Serra, y del Ministro de Defensa, señor García Vargas. Unos
hechos, señor Presidente del Gobierno, extremadamente graves que
llevaron a nuestro grupo parlamentario a proponer un calendario
de legislatura que contemplara el fin de la misma a partir del 31
de diciembre de este año. Ese calendario pretendía recuperar un
clima de sosiego y serenidad en el que fuera posible desarrollar
una Presidencia española de la Unión Europea eficaz para el
conjunto de la Unión y útil en la defensa de los intereses
españoles, así como la aprobación de importantes textos
legislativos, hoy todavía en tramitación en esta Cámara, y de los
presupuestos para 1996.
Tal es el impacto, señor Presidente, señorías, que esas
revelaciones --declaraciones en su caso-- provocan en los
ciudadanos que de una situación en la que poco a poco, como
decía, parecía asentarse esa serenidad y ese sosiego necesarios
para cualquier acción de Gobierno, en esa opinión en la que a las
voces de siempre exigiendo una convocatoria electoral inmediata
se añadían muchas otras reclamando la necesidad de unos
presupuestos para consolidar la recuperación económica y la
bondad de ese calendario de legislatura a que antes hacía
referencia, de esa opinión, señor Presidente, se ha pasado en
cinco días a un nuevo y palpable clima de intranquilidad y a un
clamor prácticamente unánime de convocatoria electoral inmediata.
Ese clamor es patente desde las fuerzas sindicales a las
organizaciones empresariales, pasando por todos los medios de
comunicación con práctica unanimidad. Nada importan ya para esa
opinión la Presidencia española, ni los presupuestos. Las
elecciones son --insisto-- para ellos imprescindibles tras la
situación creada.
Mucho se ha hablado estos días también de credibilidad, de la
credibilidad de quién le imputa a usted, señor Presidente del
Gobierno, el conocimiento previo de las acciones delictivas de
los GAL. Desearíamos, señor Presidente, que también esto quedara
claro. Puestos ante la disyuntiva de quien nos merece más
credibilidad, si el señor Presidente González o el señor García
Damborenea, nuestra respuesta es clara: nosotros
creemos en el Presidente González. Y esto no sólo por lo que
usted, señor Presidente, nos ha dicho en la sesión de hoy o con
ocasión de anteriores comparecencias, sino por algunos motivos
más. Además del alto sentido institucional que en Convergència i
Unió tenemos, el principal motivo es que el señor García
Damborenea nunca nos ha inspirado la más mínima confianza por sus
actitudes, ni por sus provocaciones, ni por lo que decía hace
diez años, ni por lo que decía hace tres meses, ni por lo que
dice ahora. Sin ir más lejos y comparando simplemente lo que dijo
hace tres meses y lo que ahora dice, una cosa queda diáfanamente
clara: miente; como miente también el señor Damborenea al
intentar justificar el secuestro como un intento de salvar la
vida de alguien que llevaba ya desgraciadamente dos meses muerto.
Nunca, señor Presidente, señorías, el señor García Damborenea ha
merecido nuestra confianza. Sí han confiado en él otros grupos
parlamentarios. (Rumores.) En primer lugar, el Partido Socialista
otorgándole durante muchos años un lugar de responsabilidad en su
estructura territorial. Nunca nadie nos habrá oído decir a
nosotros o hablar a nosotros de «Dambo», dándole al nombre un
deje de admiración. El Partido Popular también ha confiado en él
cuando el señor Aznar abrazaba pública y espectacularmente al
señor García Damborenea ¿sabía que abrazaba a un apologista del
terrorismo de Estado? Estoy seguro de que no, estoy seguro de que
el señor Damborenea engañó al señor Aznar, engañó al Partido
Popular; como estuvo a punto también de engañar al señor Anguita,
que se libró de ello, según recogen las crónicas del momento,
porque el señor Damborenea no aceptó la invitación del señor
Anguita a incorporarse a su partido. (Rumores.) ¿Qué confianza
puede merecer un hombre como ése? A nuestro entender, ninguna.
Por otra parte y desde Convergència i Unió no podemos dejar de
recordar la virulencia de los ataques del señor García Damborenea
contra todo tipo de nacionalismos, también contra los
democráticos, es decir, contra los antiviolentos y, por supuesto,
los antiterroristas; también, obviamente, contra los
nacionalismos que han estado siempre contra el terrorismo de
Estado, tesis defendidas sin reserva alguna y con toda
desfachatez por el señor García Damborenea en su comparecencia
ante la opinión pública.
Por todo ello, señor Presidente del Gobierno, nuestra respuesta
es clara: confiamos en usted, confiamos en su palabra y no en la
del señor García Damborenea. El problema, sin embargo, es que no
es suficiente que nosotros le otorguemos esa confianza, no es a
nosotros a quien debe hoy convencer, señor Presidente, sino al
conjunto de los españoles. La confianza o desconfianza que las
diversas fuerzas políticas de este hemiciclo puedan manifestarle
tiene hoy excesivo peso, particularmente no lo tiene la
desconfianza que le expongan los partidos de la oposición, dicho
sea con el máximo respeto democrático para ellos. La desconfianza
y la falta de credibilidad que son en este momento peligrosas son
las que están en la calle, en la opinión pública. Es a ésta a
quién usted debe hoy dirigirse, es esa desconfianza la que debe
usted superar, esa credibilidad la que debe usted recuperar, y si
no lo consigue, si no convence a la opinión pública, nuestro
consejo es que convoque elecciones. Lo que puede llegar a hacer
daño a España, a su economía, que se está recuperando, a su
capacidad de acción y, sobre todo, a su clima político y
ciudadano es el hecho de que se instale entre sus gentes la más
profunda desconfianza. En ese clima no se puede seguir.
(Rumores.) Esto es lo que usted debe superar. Usted, y usted
solo, señor Presidente del Gobierno, nadie le puede ayudar en esa
tarea.
Ha tomado usted hoy, señor Presidente del Gobierno, la decisión
para nosotros acertada; comparecer ante esta Cámara y dar
explicaciones. Además, ha hecho un buen discurso, nosotros lo
valoramos positivamente; pero vuelvo a decirle que ahora ya el
problema no es de mayoría parlamentaria, el problema es de
autoridad moral y de credibilidad del país. De la misma forma que
su intervención de hoy tiene para nosotros efectos positivos,
puede tener también esos mismos efectos sobre la opinión pública,
sobre los ciudadanos. No le canse, señor Presidente del Gobierno,
repetir ante la opinión pública, ante sus ciudadanos, una, cien y
mil veces, todo aquello que sea necesario para recuperar esa
credibilidad, aunque crea que los hechos que provocan su pérdida,
por venir de quien vienen, no merecen excesivos esfuerzos.
Siempre, señor Presidente del Gobierno, su credibilidad, la
confianza de los ciudadanos en el Presidente de su Gobierno,
merecen todos los esfuerzos, merecen manifestaciones y
explicaciones como las de hoy, repetidas y acompañadas de gestos
inequívocos que restablezcan su capital de confianza; gestos
inequívocos que, por ejemplo, pueden y deben consistir, como
usted mismo comprometió hoy en su discurso, no tan sólo en frenar
sino estimular y ayudar a la acción de la Justicia con valentía,
con decisión. De hecho, señor Presidente, más de una vez la
Justicia ya les ha dado la razón en temas en los que la opinión
pública les había declarado culpables.
Nos complacería, señor Presidente, que recuperase ese capital de
confianza, pero si así no fuera, créame, créanos, convoque
elecciones. Sin la recuperación de un clima mínimamente positivo,
la mayoría parlamentaria que quien fuera, nosotros mismos, le
pudiera otorgar, no serviría para evitar el desconcierto, la
crispación y el desánimo del país y en esas condiciones,
cualquier acción de Gobierno es inútil, cualquier acción de
Gobierno resulta inoperante.
Ya sabe, señor Presidente del Gobierno, que no nos gusta oír
hablar en términos penales peyorativos de un Gobierno o de un
Presidente. Creemos que utilizar esas armas es injusto; injusto
para usted y para una obra de Gobierno importante. Como
consideramos igualmente injusto que la alianza de delincuentes de
origen diverso, de apologistas del terrorismo de Estado
y de gente dominada por la pasión o por el espíritu de revancha
alteren profundamente el funcionamiento democrático del país y su
confianza en sí mismo. Lo lamentamos profundamente, no queremos
alinearnos con planteamientos de esa naturaleza y, como decía
anteriormente, nos complacería que, con sus intervenciones y sus
actuaciones, se recuperase la situación, pero si usted, señor
Presidente, aquí y sobre todo fuera de aquí, en la calle, entre
los ciudadanos, no puede superar el peso del recelo, por injusto
que le parezca, incluso por injusto que realmente sea, plantéese,
señor Presidente del Gobierno, dar por acabada la legislatura y
convoque elecciones. Como usted, señor Presidente, repetidamente
nos recuerda, en sus manos están una y otra alternativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, tras
escucharle, se nos suscita la duda de si usted es el Presidente
de un Gobierno que controla la situación, tiene una política,
ejerce un liderazgo y es solidario con lo que hace su Ejecutivo o
se demuestra, una vez más, que aquí no hay Gobierno sino
políticas superpuestas de ministros. Como nuestro grupo no es una
agencia de detectives y, por tanto, no puede tener elementos de
juicio para implicarle a usted con pruebas en responsabilidades
penales sobre el caso GAL, sí podemos acusarle, señor Presidente,
de responsabilidad política por omisión en todo este asunto.
La intervención de García Damborenea, con toda su carga de
brutalidad, apología del terrorismo de Estado, desvergüenza y
desprecio por la vida ajena, está en la línea, aunque exagerada
de las declaraciones del general Sáenz de Santamaría, Rafael Vera
y José Barrionuevo cuando hablaban en aquellos años del contexto
de hierro, es decir, terrorismo de Estado con fondos reservados
frente al terrorismo de ETA; la ley de la selva.
No se entiende, señor Presidente, que usted no propiciara una
inmediata investigación interna. No se entiende que usted creyera
que el Cesid no sabía absolutamente nada ni podía hacer nada. No
se entiende que usted dijera que el Estado se defiende también
desde los desagües, cuando un presidente democrático debería
haber enfatizado más en que el Estado de Derecho se defiende
siempre desde el derecho y que el fin nunca, nunca, nunca, nunca
justifica los medios. No se entiende que se consideraran héroes y
ejemplares servidores del Estado a unos policías que en cuanto
empezaron a hablar eran ya delincuentes. No se entiende que se
encarcele a un antiguo Secretario de Estado para la Seguridad, a
un ex Director de la Seguridad del Estado, al Comisario Jefe de
la Policía de Bilbao, al responsable de la Brigada de
Información, al Mando Unico de la lucha antiterrorista, al ex
Jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del
Interior, al ex Secretario General de los socialistas vizcaínos y
no se escandalice como si la cuestión no fuera con usted. No se
entiende que el GAL matara a 26 personas, secuestrara, que se
actuara con mercenarios y GEOS y usted no se empleara a fondo en
su denuncia y en su esclarecimiento. No se entiende que su
sensibilidad democrática no le impulsara a investigar los fondos
reservados para saber si lo que se estaba diciendo era verdad o
no. No se entiende que usted no se diera cuenta que el GAL estaba
deslegitimando el Estado de Derecho y una joven democracia débil.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Anasagasti.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: No se entiende cómo usted, con diez
millones de votos en 1982, no entrara a saco contra toda esas
basura acumulada en el franquismo y pactara con toda la
estructura anterior sin depurar responsabilidades, sino incluso
se apoyara en ellos. No se entiende que usted, como Secretario
General del Partido Socialista, permitiera esas obscenas
demostraciones de apoyos a los implicados en el GAL, el visiteo a
la cárcel, el pago de fianza, el pase a la Diputación Permanente
de don José Barrionuevo, las atenciones a las esposas, el festín
de los fondos reservados y toda esa miseria moral.
No, no se entiende, y por eso, señor Presidente, no le creemos.
Usted por lo menos es responsable por omisión. Usted calló y no
saltó como un demócrata sensible cuando estalló el caso GAL. Por
eso, su intervención, que debería haber sido hecha en 1983, hoy,
en 1995, no tiene valor político, aunque usted penalmente no
pueda ser inculpado. Porque si alguien hubiera podido saber qué
era el GAL era fundamentalmente usted, pero usted actuó con
tibieza y por tanto, pasivamente toleró el GAL. Una contundente
acción suya y el GAL no hubiera durado un mes.
¿Cómo es posible que un personaje como García Damborenea hubiera
sido un héroe aclamado y ensalzado, escuchado y jaleado, hubiera
contado con el periódico «Tribuna Vasca» y dispuesto acciones
concretas con gobernadores e infraestructura del Ministerio del
Interior? Para nosotros era un personaje de sobra conocido por su
desprecio beligerante al nacionalismo vasco en todas sus
manifestaciones. Y ya se sabe: primero, se insulta; luego, se
demoniza y, al final, se mata. Y esto es lo que se hizo.
Por eso, con dolor también, tenemos que decir que nunca
entendimos cómo un personaje de estas características se
presentara como un fichaje estrella del Partido Popular. ¿Por ser
antisocialista? ¿Por ser antinacionalista? Nunca el odio
construye nada y esa indecorosa
escena de Zaragoza nos ha parecido un borrón. En política no todo
vale.
Dicho esto y como conclusión, solicitamos, señor Presidente, lo
siguiente: Primero, queremos saber quién mató a las 26 víctimas
de los GAL, más Lasa y Zabala; quién dio las órdenes; quién
apretó el gatillo; quién financió cada una de las acciones;
cuánto dinero se llevó cada uno y que lo devuelvan y que no se
hable de punto final, ya hubo un punto final con el franquismo.
Queremos que se depuren todas las responsabilidades y que el
Gobierno sea el más activo en ello. Queremos que se colabore
activamente con la justicia.
Segundo, queremos que no se siga amparando al ex Ministro José
Barrionuevo. No es de recibo que hayan dimitido seis ministros y
un vicepresidente por casos anteriores, comparativamente menos
graves que éste, y José Barrionuevo siga presidiendo nada menos
que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, a
la que no acudiremos mientras la presida José Barrionuevo.
Tercero, nos parece imprescindible, y también vinculado con el
GAL, que sea el Gobierno quien investigue lo que ha significado y
significa el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo. Una
cosa es combatir el terrorismo y otra amparar acciones
irregulares de todo tipo, que ahora comienzan a aflorar poco a
poco y que siempre hemos denunciado. Es el Gobierno quien tiene
que investigar lo sucedido. De lo contrario, permítase una
comisión de investigación parlamentaria que solicitaremos en
septiembre. Al coronel hay que investigarlo, no ensalzarlo, y,
por otra parte, nos parece terrible que un Gobierno socialista
promueva al generalato a un sospechoso personaje como el coronel
Rodríguez Galindo. Si esto se cumple, nuestro Partido no
encontrará el menor sentido a acudir a las reuniones del Pacto de
Madrid y pensaremos si acudir o no a las mismas.
Cuarto, aborden ustedes lo vasco de otra manera. Detrás de casi
todas las grandes crisis de su Gobierno está lo vasco, por el
pésimo análisis que se ha hecho, por no cumplirse la ley, por
creerse que sólo era un problema de orden público, por pensar que
el Pacto de Ajuria Enea es solamente un pacto policial cuando
tiene diecisiete puntos, de los que sólo se ha cumplido uno, el
policial.
Ocho años después de finalizado el GAL, desgraciadamente ETA
sigue actuando y su Gobierno vive la crisis más seria de su
mandato, pudiendo dejar la firma GAL como el baldón más
importante y nefasto del mandato socialista al haberse combatido
el crimen con el crimen. El combate contra el terrorismo lo ha
envilecido todo, desde Mario Conde a Luis Roldán pasando por los
fondos reservados y el GAL. En política y en la vida estos son
los problemas reales de un país que mira siempre con distancia y
con gran desconocimiento lo vasco. Si usted no va a hacer nada,
señor Presidente, y sigue atrincherándose en palabras, será mejor
que deje el paso a otro, porque la situación será insostenible.
Finalizo. El próximo lunes el Partido Nacionalista Vasco cumple
cien años. Cuando un partido cumple cien años, detrás suyo tiene
una realidad social y un problema no resuelto. Contra nosotros no
han podido ni la cárcel, el exilio, la dictadura, el silencio ni
Franco. Somos junto al Partido socialista los partidos más
antiguos en el Congreso de los Diputados. Hemos trabajado y
trabajamos codo a codo con el Partido Socialista en Euskadi, y no
queremos criminalizar un Partido de tan rica historia
democrática, de tantos servicios a los más débiles, de tanta
altura moral, pero si no se sale bien de este debate, el PSOE
quedará tocado y ETA cargará sus deletéreas argumentaciones. Por
eso no se puede luchar contra ETA sin luchar, por lo menos con la
misma energía, contra lo que significó el GAL y sus terribles
secuelas, porque todo el esfuerzo deslegitimador de la violencia
realizado por el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid y las
fuerzas democráticas en general cae estrepitosamente abajo si no
somos contundentemente beligerantes al decir que no puede haber
muertos buenos y muertos malos, que todo asesinato es una
mutilación de cada uno de nosotros, que todo atentado es
inasumible y que un Estado de Derecho pierde su legitimidad
cuando empieza a hacer matizaciones o a decir que en una balanza
hay tantos muertos y en otra menos, que eran otros tiempos o que
la sociedad está muy harta. Contra el terrorismo no puede haber
matices, porque al final el terrorismo nos divide. Y con la misma
lógica que un Estado democrático, desde sus cloacas más sucias,
organizó su propia trama asesina, con la misma lógica mortal ETA
organiza su propia trama asesina, mientras es coreada por los
mismos que creen que su violencia es la buena violencia. Y esto,
señorías, es absolutamente desolador.
Señor Presidente, la lucha contra el terrorismo es algo demasiado
serio para utilizarlo como arma arrojadiza de unos contra otros.
La opinión pública está confusa, ciertos medios incluso han visto
con buenos ojos en su día la existencia del GAL, una buen parte
de la opinión pública española no vio mal el GAL, y si la gente
con responsabilidad abona este discurso sin matizarlo, sin ser
beligerante, buscando explicaciones, estamos absolutamente
perdidos, porque la democracia sólo puede defenderse desde el
Derecho. Cualquier tentación de abandonar estos parámetros,
además de ser moralmente reprochable, es democráticamente
impresentable y políticamente ineficaz. La muerte como
instrumento para zanjar diferencias es miserable y no puede
contagiarnos. Para quienes tenemos convicciones morales y creemos
en el diálogo y en la democracia, en suma, en el género humano,
la sangre no tiene bandos, su derramamiento es siempre trágico,
lamentable y nos empobrece a todos. Por eso lamentamos lo que
ocurrió con el GAL, y nos parece terrible que su Gobierno no se
indignó con fuerza cuando un pésimo
día, un mal día, surgió el GAL. Sin razones morales y éticas no
puede haber política en democracia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo de Coalición Canaria ha venido a este Pleno -
-Pleno que considera importante, donde hay un debate gravísimo de
la actual situación política de la democracia española-- con el
mejor ánimo, con el espíritu constructivo de escuchar primero la
opinión del Presidente del Gobierno y de todos los grupos
parlamentarios, y después sacar conclusiones.
Aunque ustedes me perdonarán un cierto nivel de improvisación que
ayuda a la sinceridad, nuestra opinión es que este Pleno no puede
terminar, sería gravísimo que terminara, como han terminado
cuatro o cinco anteriores donde hemos discutido y analizado
hechos quizá tan graves, o un poco menos graves pero gravísimos,
para la situación política española.
No basta con que, ante un conjunto de hechos, yo diría evidencias
clamorosas, sólo discutamos la defensa que hace el Gobierno
diciendo que hay que establecer el principio de presunción de
inocencia. Nosotros creemos que la presunción de inocencia es una
clave fundamental del Estado democrático de Derecho y que para
las responsabilidades penales es básico establecer la presunción
de inocencia del Presidente del Gobierno o de cualquier ciudadano
español y que, en base a esa presunción, sean los jueces los que
determinen definitivamente si hay responsabilidades penales.
Pero como aquí se ha dicho, y nosotros compartimos, lo que está
hoy en debate aquí es si hay responsabilidades políticas. Yo me
pregunto: ¿Es posible que haya más responsabilidades políticas
que las que ha habido, no sólo con la acción u omisión en acto de
terrorismo de Estado, en las historias de los fondos reservados,
en los escándalos de las instituciones financieras y en los
problemas de los servicios secretos? ¿Qué tiene que ocurrir en
este país para que haya una dimisión del Gobierno? ¿Qué más puede
ocurrir en este país para que la democracia española dé una
demostración de vitalidad y de fuerza de regeneración democrática
para que haya elecciones e iniciemos un proceso de renovación
democrática? Yo me pregunto: ¿Cuántos países democráticos habrían
aguantado y soportado lo que está aguantando este país?
Las responsabilidades políticas sobre escándalos gravísimos son
evidentes. Y si existe ese conjunto encadenado de
responsabilidades políticas dan un cuadro evidente de una grave
crisis política y moral. En esta país los mecanismos esenciales
del control democrático de las instituciones del Estado se han
perdido. Las consecuencias son los hechos que se han producido.
Eso configura una grave crisis política y junto a la crisis
política se está produciendo un fenómeno profundo de crisis
moral.
Aquí se ha preguntado, ¿creemos más al señor García Damborenea o
al señor Presidente del Gobierno? Permítanme los señores
Diputados que nuestro Grupo de Coalición Canaria exprese el mismo
rechazo moral frente a señores como García Damborenea y otros.
Sin embargo, lo que está en discusión es cómo es posible que los
ciudadanos españoles, por amplísima mayoría, den más credibilidad
a las opiniones, a las acusaciones de un conjunto de granujas,
rufianes, incluso conspiradores de todo tipo que están
denunciando al Gobierno, que al propio Gobierno. La respuesta que
se me ocurre no es otra que, con explicaciones más o menos
verosímiles, seguramente algunas torcidas y otras medias
verdades, esas personas están dando una opinión, una información
sobre hechos que el Gobierno lo único que hace es negar. Y frente
a la negativa de la evidencia, ese vacío lamentable sólo se
rellena con las informaciones y las acusaciones torcidas de
conspiradores y granujas. Y eso es una manifestación de crisis
moral, porque los ciudadanos españoles saben que esos hechos han
existido. Han existido los fondos reservados, ha existido una
crisis, una corrupción y un abuso del poder del Estado y del
Gobierno, por acción o por omisión. Existe una crisis política y
moral.
En el futuro se dirá que es un nuevo bienio negro de la
democracia española. Esta democracia ha tenido ya dos bienios
negros, el que llevó de 1980 a 1982 y el que hemos sufrido de
1993 a 1995. El primero supimos superarlo. La sociedad tuvo
fuerza y vitalidad para superar aquel momento crítico de la
democracia española que incluyó el desgraciado 23-F. Hoy también
tenemos condiciones para superar la actual crisis. La sociedad
española no está enferma. La enfermedad es una degradación y una
degeneración sólo del poder político. Es una democracia todavía
nueva, una sociedad con condiciones y vitalidad para superar esta
situación. Sólo hay que darle los cauces, y este Parlamento tiene
que ayudar a dárselos.
Nosotros creemos que hacen falta un conjunto de medidas,
empezando por un planteamiento claro de regeneración democrática.
La regeneración democrática implica elecciones, pero las
elecciones, que son necesarias, no son una condición suficiente.
La regeneración democrática implica que el Presidente del
Gobierno tenga un acto de gallardía, de coraje político y moral y
venga a esta tribuna y diga que, efectivamente, ha habido
gravísimos errores del Gobierno a la hora de tratar problemas
graves del Estado. Que aunque ellos no tengan responsabilidades
directas y, por tanto, penales y criminales sobre esos hechos, sí
hay responsabilidades políticas. El Gobierno no puede seguir
diciendo que se refugia en que le demuestren esas
responsabilidades porque los hechos son evidentes, por acción o
por omisión.
Si es así, si el Presidente del Gobierno tiene ese coraje
político y moral, estamos iniciando el proceso de
regeneración democrática que necesita el país. Pero hace falta
que la iniciativa la tome el propio Presidente, no defendiéndose,
no diciendo que es García Damborenea y otros los que le acusan,
sino diciendo que desde el Gobierno se han cometido graves
errores que está dispuesto a asumirlos; y no sólo colaborando con
las instituciones penales y con la Administración de Justicia,
sino tomando medidas directas para condenar a aquellas personas
que desde el Gobierno o desde otros sectores del poder del Estado
han cometido gravísimos errores.
Este es el hecho que está faltando en este acto, señor
Presidente. Ya no caben más huidas hacia adelante, ya no cabe
buscar un tiempo que está agotado y que no existe. El ciclo del
poder socialista en España está agotado. Ahora sólo hace falta
saber pasar de ese poder socialista, de ese gobierno socialista a
otra situación política. Esa transición va a dar la grandeza, la
fuerza y la vitalidad de la democracia española. Porque es
difícil saber llegar al poder, pero mucho más difícil y más
importante, y eso refleja más la grandeza de un dirigente
político, es saber abandonar el poder con honor y con dignidad.
Si los españoles saben hoy, globalmente, que esta situación está
agotada, hay que tener el coraje de saberla acabar.
Repito, no basta sólo con convocar elecciones. El Presidente del
Gobierno ha ofrecido una propuesta: elecciones en marzo. Bien,
pueden ser en marzo, dependerá de Convergència i Unió, que ha
hecho un discurso: en el que no he terminado de ver si va a
seguir apoyando al Presidente o no, porque habla de la
credibilidad, simplemente de la credibilidad de los españoles,
pero la credibilidad --que yo también apoyo-- se basa en la
capacidad de autocrítica y de reconocimiento de errores, y no en
actitudes defensivas de descalificar a los acusadores, que no
hace falta ni siquiera descalificarlos porque se descalifican
solos. Pero, detrás de la denuncia de los acusadores
impresentables que hay en este país, de conspiradores de
pacotilla o de conspiradores poderosos, esconder las
responsabilidades políticas del Gobierno no es un acto de
gallardía política ni de coraje moral, ni cambia la situación
política española.
Hay que salvar también la presidencia europea de España. Este es
un acto importantísimo para las responsabilidades del Estado,
porque para España y para Europa es muy importante esta
presidencia española; para los canarios --permítame que, por una
vez, haga una mención a mi pueblo, allá alejado-- es importante
esta presidencia porque nos jugamos la articulación de Canarias
en el proceso europeo. España no puede perder la presidencia
española, porque sería destruir esa oportunidad política de la
reforma de las instituciones europeas, de dar soluciones a
problemas como el empleo o de los fondos europeos, y sería una
irresponsabilidad.
Haga usted con todas las fuerzas políticas, señor Presidente, un
pacto para objetivos realistas en la presidencia española en
Europa, un pacto realista de los presupuestos del Estado, y diga
ya que convoca elecciones antes, si es posible, de marzo del año
que viene. Es decir, hace falta que el país sepa que ya se va a
la convocatoria electoral, que el país sepa que hay un proceso de
cambio político, y que el señor González ha dado en el final de
su vida política, de su etapa política al menos en la Presidencia
del Gobierno, una muestra de altura porque sabe perder el poder,
dejar el poder con grandeza política.
También sería necesario que la oposición y el señor Aznar
supieran llegar al poder, porque para que ese gesto de gallardía
y de generosidad política exista, hace falta la misma generosidad
y responsabilidad en las fuerzas de la oposición.
Hay que dar una salida a este país, porque los señores González o
Aznar son anécdotas, pasan; lo que importan son las
instituciones, y las instituciones democráticas del país están
enfermas, y entre todos, en un gran pacto político de todo el
Parlamento, hay que regenerarlas. Señor Aznar, señor González,
todas las fuerzas parlamentarias debemos de contribuir a que esta
agonía acabe. Eso es bueno para el señor González, eso es bueno
para el Partido Socialista, España lo necesita para el futuro
democrático, es bueno para España y es bueno para la presidencia
española en Europa.
Por lo tanto, el Grupo de Coalición Canaria pide al señor
González que en su réplica acepte que su Gobierno ha cometido
graves errores por negligencia, por omisión, que no tiene
responsabilidades penales pero que los hechos que han pasado en
este país son inaceptables, porque el reconocimiento de que lo
que ha pasado en este país es inaceptable es la única garantía de
que no vuelva a pasar. Si nosotros permitimos seguir
justificando, seguir escondiendo estos hechos o seguir en una
batalla táctica electoral, a ver cuándo convocamos elecciones,
que no es nada más que una batalla política, a ver quién llega
antes al poder o quién lo abandona, este país no habrá entrando
en el proceso de regeneración democrática que necesita.
El Grupo de Coalición Canaria, desde su posición, una posición
minoritaria, llama a las grandes fuerzas políticas del país para
que no se escriba algún día que España está en un proceso de
decadencia política, porque es todavía una democracia joven. Con
todas estas historias lamentables y estos escándalos, este país
ha perdido, quizás, su inocencia, quizás su ingenuidad, el creer
que líderes carismáticos podían resolver los problemas del país,
porque lo que los resuelve son las instituciones arraigadas
profundamente en la conciencia democrática española y, desde ahí,
avanzar en la consolidación y normalización de la vida
democrática española.
Señor Presidente, perdone que se lo diga con todo el dolor y el
desgarro que esto, aunque usted no lo crea, a mí me produce: me
gustaría oír una declaración de responsabilidad política y de sus
graves errores políticos, ya que eso le daría la credibilidad que
usted cree
que en estos momentos sólo gana negando. La negativa por la
negativa sólo le da credibilidad a los conspiradores; la negativa
por la negativa sólo le da a granujas y a sinvergüenzas una
cierta credibilidad entre la opinión pública. Reconozca sus
errores, diga que convoca elecciones, ofrezca los mínimos de la
presidencia europea y de los presupuestos, y cambiemos esta
situación política, saliendo usted del poder con dignidad, con
gallardía, con el honor que merece un Presidente del Gobierno de
España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, doce años después del inicio de lo que sería la
vulneración más grave que puede sufrir una democracia, el
terrorismo de Estado, el caso GAL merece, finalmente, un debate
parlamentario. Han tenido que pasar doce años, un rosario de
informaciones periodísticas, el encausamiento judicial de toda la
cúpula de seguridad del Estado, el espectáculo grotesco de un
arrepentimiento masivo, con también masiva recuperación de la
memoria, e incluso una inculpación directa del propio Presidente
del Gobierno por parte de un personaje grotesco y peligroso,
apologeta del terrorismo y antiguo compañero de filas del Partido
Socialista, para que finalmente el caso GAL se viera en sede
parlamentaria. El debate, pues, era urgentísimo y absolutamente
inevitable, pero llega tan tarde y tan mal que ya sólo puede
tener un valor litúrgico.
Usted comparece hoy aquí, como es su obligación, pero comparece
cuando el GAL ya ha iniciado un proceso de «big bang», cuando el
desconcierto y la indignación en la calle es insostenible, cuando
todas las tripas del Estado han explotado, cuando incluso hemos
oído detalles del horror en forma de cal viva, de uñas arrancadas
y tumbas cavadas.
¿Cómo hemos llegado aquí, señor González? No nos venga diciendo
que hemos llegado a causa del señor García Damborenea, personaje
que esperamos sea procesado por apología del terrorismo, o a
causa de delincuentes sin escrúpulos que insospechadamente se han
dedicado a la acusación sistemática. Para llegar aquí hemos
recorrido un largo y vergonzante camino que nos ha ido hundiendo,
más y más, en la pura cloaca. Para llegar aquí han pasado doce
años en los cuales usted, como los monos de Gibraltar, ni ha
visto, ni ha oído, ni ha mirado, ni ha escuchado. Por no ver no
ha visto ni los muertos, no los ha contado. ¿No le ha parecido
que en algún momento de la cadena un presidente de gobierno tenía
que tomar alguna decisión?
Díganos usted, señor González, cómo se entera usted de la
existencia de los GAL --¿por la prensa?--, cuándo empiezan los
mecanismos de seguridad e información a dispararse --¿con el
primer muerto, con el quinto, con el 12.º, con el número 20?-- y
en qué momento de la cadena usted deja de enterarse por la prensa
y empieza enterarse por el Cesid, o por las propias fuerzas de
seguridad, de que toda la cúpula de Interior puede estar
implicada en un posible delito de terrorismo de Estado.
Para llegar aquí, señor González, no sólo usted ha tenido que
estar sordo, ciego y mudo durante doce años sino que ha tenido
que mirar a otro lado mientras se podía estar pagando con dinero
público el terrorismo de Estado, mientras Intxaurrondo se
convertía en un Estado del horror dentro del estado, mientras
crecía, crecía, y reinaba en el fango un tal señor Galindo, al
que usted quiere hacer ahora general para premiarle los
servicios. Sordo, ciego y mudo mientras Amedo y Domínguez
cobraban su silencio en forma de fondos reservados, mientras
Damborenea teorizaba y defendía el otro terrorismo, mientras
Sancristóbal engrosaba sus cuentas suizas, y las tramas diversas
de los GAL, posiblemente la trama verde, trabajaban en la más
absoluta impunidad.
Para llegar aquí, señor González, han tenido que producirse casi
30 muertos; han tenido que bloquearse investigaciones internas,
se han evitado comisiones de investigación, han podido esconderse
pruebas. ¿Qué pasó con las investigaciones sobre Santiago
Brouard? Se han protegido delincuentes, ¿qué ha pasado con Amedo
y Domínguez?
Para llegar aquí se ha bloqueado el debate parlamentario; hemos
tenido una caricatura del Fiscal General, y se ha presionado el
ámbito judicial.
Para llegar aquí, señor González, se han cometido tantos delitos,
se ha vulnerado de tal manera el Estado de Derecho que cualquier
sospecha, por terrible que parezca, es ahora posible. Incluso la
sospecha, que como demócrata rechazo, de que usted no ha sido un
Presidente de Gobierno al que le han colado toda esta saga de
despropósitos durante doce años, que ha protagonizado, pues, una
manifiesta incompetencia, sino que quizá algo sabía.
Inténtenos convencer, señor González; explíquenos cómo le han
engañado; en qué lugar del escalafón se bloquea la información.
¿Quién le engaña a usted, su Ministro Barrionuevo, la cúpula de
Interior, la jerarquía de Intxaurrondo, un grupo de mercenarios a
sueldo, el Cesid? Aquí sólo caben dos posibilidades si asegura
que usted no lo sabía: o a usted le ha engañado todo el mundo y
se ha dejado engañar mientras iba leyendo la prensa para
enterarse de lo que ocurría, o estamos ante el Estado más
bananero e incompetente que existe.
Señor González, ¿qué sabía usted del GAL? ¿Y qué sabía la cúpula
militar? ¿Y qué llegó a saber la Casa Real? ¿Y qué sabía el
Cesid? ¿En qué momento todos estos estamentos empiezan a
preguntarse qué pasa y en qué momento empiezan a actuar? Señor
González, todo esto da asco.
El problema de hoy no es el señor Damborenea, sino su propia
responsabilidad política. Su problema es que
su Gobierno organizó, autorizó o se inhibió ante los GAL. El
problema es que usted no puede responder a la inmensa mayoría de
las preguntas vergonzantes que motivan 27 asesinatos.
Díganos, por ejemplo...
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego que concluya.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Voy acabando, señoría.
Díganos, por ejemplo, por qué considera usted a Damborenea como
un presunto delincuente falto de crédito y, en cambio, considera
a Rafael Vera, también encausado, un hombre cabal que merece la
ayuda millonaria del Partido Socialista. Díganos por qué Eligio
Hernández recibe en su despacho a José Amedo, condenado a cien
años de cárcel. Etcétera, etcétera.
Señor González, desde la legitimidad que da haber mantenido
siempre la misma postura frente a los GAL; la misma postura
frente a García Damborenea, un personaje que primero fue héroe
para el Partido Socialista y luego fue héroe para el Partido
Popular, mientras para nosotros fue siempre un antinacionalista
furibundo, un parafascista que llegaba a justificar el terrorismo
de Estado; desde la legitimidad que da ser independentistas, pero
ante todo demócratas, le decimos a usted que el GAL sólo pudo
existir si ustedes lo organizaron, lo permitieron o miraron
durante años al otro lado.
Señor González, ya hablarán los jueces de si hay o no
responsabilidades penales y a quiénes conciernen. Pero, señoría,
la responsabilidad política ya ha hablado: 27 muertos, 12 años de
escaparse de una explicación parlamentaria, toda la cúpula de
Interior bajo sumario judicial y un ex ministro suyo
protegiéndose bajo el escudo del aforamiento. ¿Qué más queda?
¿Puede haber mayor responsabilidad política?
El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego que concluya.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Me temo, señoría, que lo que no
puede haber es mayor irresponsabilidad democrática que la que
ustedes han protagonizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Mur, tiene la palabra.
El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señor Presidente del
Gobierno, su comparecencia de hoy hace que empiece a ser habitual
algo que no es normal. Comienza a ser habitual en esta Cámara que
usted, señor Presidente, tenga que venir al Parlamento a
defenderse de gravísimas acusaciones que van más allá de la
lógica dialéctica gobierno-oposición o del lógico control
político que debe ejercer este Parlamento.
Esto es un síntoma de la gravedad de la situación política que
preocupa hondamente hoy a la sociedad española. Yo le agradezco,
sin embargo, su presencia aquí, porque creo en el papel de este
Parlamento. Es aquí, señor Presidente, donde debe tener lugar el
debate político. Este es el lugar adecuado para dar
explicaciones. Pero, dicho esto, le manifiesto que usted ha
desaprovechado, a mi juicio, la oportunidad que tenía esta mañana
para aclarar las cosas y para generar confianza.
Es cierto que lo tiene usted difícil. La opinión pública la tiene
usted en contra. No está ya propicia a creerle porque usted,
señor González, ha perdido la credibilidad. Resulta patético que
usted comparezca aquí para rebatir, para aclarar, para desmentir
las declaraciones, las últimas por ahora, del señor García
Damborenea. Que usted tenga que comparecer aquí y hacer los
mejores esfuerzos teniendo a la opinión pública en contra y
teniendo ante esa opinión pública --permítame que se lo diga--
menos credibilidad que el propio García Damborenea.
De esta situación anómala es usted consciente, y se le nota,
señor González. Lo tiene usted difícil. Hay un clima generalizado
en su contra, y usted lo sabe. Pero, en honor a la verdad,
ustedes se lo han ganado a pulso.
¿Cree, señor Presidente, que puede usted seguir gobernando, que
está en condiciones de resolver los problemas de este país, de
sacarnos de la crisis, de generar confianza e ilusión si tiene
que dedicar más esfuerzos, más tiempo del día a defenderse del
señor García Damborenea y de las declaraciones de otros
confidentes y arrepentidos que estuvieron con usted y bajo su
autoridad?
A estas alturas todos conocemos al señor García Damborenea y cómo
piensa en relación con los temas del terrorismo. Recordemos --con
cierta preocupación-- el entusiasmo que levantaba entre amplias
capas de la sociedad española y en ciertos medios de comunicación
por la contundencia que expresaba hablando de la lucha
antiterrorista y de los métodos de la lucha antiterrorista. Pero
entonces, señor González, cuando el señor García Damborenea decía
estas cosas, estaba en su partido y era su compañero. Han pasado
demasiadas cosas que ahora se van conociendo: el Cesid y su
comportamiento; el uso de los fondos reservados, que tenemos la
sensación de que han servido más para enriquecer a algunos
personajes que para luchar contra el terrorismo y para las
misiones a las que se deben dirigir estos fondos; toda la trama
del GAL; todo confuso, todo mezclado, todo relacionado. Son cosas
inexplicables. La sociedad se pregunta alarmada cómo ha sido
posible todo esto. No saben, señor González, si es fruto de su
torpeza o de su maldad; nosotros creemos que ha sido fruto de la
sensación de impunidad que le deban a ustedes las mayorías
absolutas que les otorgaban las urnas, y ahora, señor González,
se da
cuenta de que las mayorías no siempre otorgan la razón ni
patente de corso, y ustedes lo han olvidado con demasiada
frecuencia.
Desde el Partido Aragonés queremos dejar claro que estamos en
contra de todo terrorismo, de toda violencia. Condenamos a ETA,
condenamos al GAL, condenamos a los violentos. Y queremos
recordar aquí, porque usted lo ha olvidado esta mañana, que
además del señor Aldaya hay otro ciudadano, aragonés en este
caso, que está privado de libertad desde hace justamente un mes.
También para este ciudadano, para el señor Cordón, pedimos la
libertad desde esta tribuna, que lo dejen libre quienes lo tengan
secuestrado, como pedimos asimismo la solidaridad de esta Cámara.
Creemos, señor Presidente, que usted es ya consciente de asistir
al fin de un ciclo político, de una manera muy especial de hacer
política, que vamos conociendo con sorpresa y con estupor; un
triste final --permítame que se lo diga-- para usted, para un
gran defensor de la democracia, que, sin embargo, parece que no
ha superado la tentación de utilizarla en su beneficio,
debilitando el sistema democrático, utilizando las instituciones
y --permítame que se lo diga con dolor-- perjudicando el buen
hacer de muchos socialistas, que no se sienten representados por
estas actuaciones. Tenga usted la grandeza de miras de actuar
ahora en beneficio de los ciudadanos. Cierre esta etapa cuanto
antes y de la mejor manera posible. Termine usted con dignidad
política la presidencia europea, prepare lo necesario para
convocar unas elecciones en un clima de normalidad, porque la
solución a tantos y tantos problemas como nos aquejan ya no la
tiene usted, señor González, la tienen los ciudadanos a través de
las urnas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
El señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, lamentablemente ésta no es la
primera vez que hablamos sobre el GAL en el año 1995. Lo hemos
hecho en más de media docena de veces y esta Cámara todavía no ha
investigado ni debatido sobre el GAL y sus tramas. En todas las
ocasiones que hemos hablado sobre el GAL le hemos reprochado que
ustedes como gobierno no hicieran nada; mejor dicho, exculpaban y
amparaban, incluso visitaban en la cárcel, a los ahora acusados,
reconocidos culpables y procesados, y, de alguna manera, usted
también protagonizó ese amparo.
En el debate sobre el estado de la Nación le advertí de que debía
enfrentarse con el asunto del GAL y sus tramas si no quería que
este asunto terminara con usted, le insistí en que se trataba de
continuar en política, como Kohl, o terminar como Craxi. Más allá
de su papel en la política española, más allá de los encomiables
objetivos, que usted ha vuelto a plantearnos hoy como para
continuar siendo Presidente, más allá de su persona y su
situación personal, hay un hecho objetivo: personas que
pertenecieron a sus gobiernos han sido declarados culpables o
están bajo sospechas. ¿Es que no considera que en este caso
existe una responsabilidad para usted, como persona y Presidente?
¿Qué le distingue a usted de las responsabilidades que asumieron
el señor Solchaga y el señor Asunción? Yo creo que sí existe esa
responsabilidad, y ahí radica nuestra diferencia.
Usted afirma que no debe haber diferencias de criterio en la
lucha antiterrorista entre demócratas. Nosotros, como
nacionalistas, y sobre todo como demócratas, hemos reclamado
reiteradamente que se investigaran las tramas del GAL y sus
responsables, y en esa tarea hemos sido vejados, denostados y
maltratados desde sus filas por miembros ilustres de su Gobierno
y de su partido promocionados por ser martillos de nacionalistas.
Y son precisamente esos, los que más han atacado al nacionalismo,
los que manipulando la unidad de España con mala intención han
confundido todos los nacionalismos, mezclándolos con el
terrorismo, los que aparecen ahora como terroristas de Estado,
atacando directamente al Gobierno, al Estado y a la democracia.
Y aquí viene otra diferencia con sus ideas. ¿Cómo se iba a
producir el aislamiento de terroristas y de quienes los apoyan y
amparan tal y como usted demanda? Sólo esas actitudes de
ambigüedad ante el GAL, sólo las actuaciones de Damborenea, Vera,
Roldán y Sancristóbal han dado y continúan dando alas y
argumentos a los terroristas. Y todo ello desamparando a los
demócratas que sufríamos directamente el terrorismo, desoyendo la
queja del pueblo vasco, que ha pedido que se aclare la trama del
GAL porque más que nadie vive las consecuencias de tan aberrantes
prácticas. Y todo ello impidiendo que se alcanzara la
pacificación tan necesaria en Euskadi y en el Estado.
Existe, además, una diferencia profunda con otra de sus
afirmaciones: Detrás de los GAL no estuvo su Gobierno. No se lo
discuto, sin embargo, los hechos dicen que miembros del Gobierno
que usted presidía aparecen acusados y que un ex Ministro figura,
desde hace varios meses, cada vez bajo mayor sospecha. Si usted
afirma tan rotundamente que el fin no justifica los medios, ¿por
qué amparó a esos vinculados? ¿Por qué redobla el escudo de
inmunidad sobre su ex Ministro Barrionuevo? ¿Por qué no ha
cortado de raíz cualquier vinculación de políticos y funcionarios
de sus Gobiernos sucesivos con los fondos reservados y con el
GAL? Si usted de verdad cree que la creación y la actuación del
GAL es una aberración política y terrorismo de Estado, ¿por qué
no actúa por propia iniciativa y cesa, pide dimisiones, inicia
investigaciones, solicita la intervención del Fiscal General del
Estado, impide nombramientos y reforma las instituciones dañadas?
¿Por qué no ha tomado iniciativas?
¿Por qué sólo ha amparado o excusado a quienes hoy día son
declarados culpables?
El caso GAL --se lo dije alguna vez-- es, con mucho, el más grave
y perturbador caso de corrupción de la democracia española, y lo
es porque ha corrompido de raíz la esencia del ejercicio de la
política y de la democracia. Sin embargo, de todo este contexto,
extraigo un hecho positivo: la machacona insistencia con que los
nacionalistas vascos hemos venido exigiendo la investigación,
esclarecimiento y exigencia de responsabilidades sobre el GAL,
siempre contra corriente de Gobierno y oposición cuando no era un
tema político oportuno.
Nosotros hemos quitado el discurso a los violentos. Los dudosos
demócratas hemos reclamado la regeneración de la democracia y,
paradójicamente, los nacionalistas hemos defendido la buena salud
del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, le ruego concluya.
El señor ALBISTUR MARIN: Termino enseguida, señor Presidente.
Nosotros, señor Presidente, no estamos por elecciones ahora o
mañana, estamos por investigar y resolver. Y con la autoridad que
esta conducta que le he citado nos da, le pido lo siguiente: No
ascienda al comandante Rodríguez Galindo al generalato hasta que
la Justicia, tras la correspondiente investigación, lo declare
limpio; clausure el cuartel de Inchaurrondo, como le pedí a su
Ministro de Justicia e Interior, para acabar con toda simbología
de guerra sucia, ineficaz oscurantismo y de gueto o prisión
incluso para los hombres y mujeres que componen la propia Guardia
Civil; promueva una investigación con la finalidad de terminar
con todos los restos del GAL y limpie las instituciones
democráticas de forma que no haya una sola excusa para la
actuación de los violentos. Póngase, por favor, del lado de los
demócratas. Sólo así creeremos en sus palabras y buenas
intenciones. De lo contrario, terminemos de una vez y que la
sociedad cambie esta situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, la
democracia no debe defenderse del terror con el terror. Esta es
una máxima que debe regir la actuación de los poderes públicos en
un Estado de Derecho. El terrorismo de Estado, y más cuando se
trata de un Estado democrático, es la carcoma de las bases del
sistema. La democracia ha de usar en su defensa medios lícitos y
transparentes y eso la hace débil ante el criminal, pero quizás
en esta debilidad radique su mayor grandeza.
Se entiende que ante situaciones intolerables haya quien
reaccione argumentando que todo vale para acabar con el
terrorismo pero, señor González, todo no vale. Se equivoca quien
crea que para defender nuestra democracia se deba hacer del
Estado una cloaca. Esa creencia le hace el juego a los
violentos --y a los hechos me remito--, que pretenden degradar y
cuestionar los valores elementales de la democracia. A la
estrategia terrorista le interesa para autojustificarse que el
Estado adopte conductas totalitarias, y eso es lo que han
significado y determinado la creación y las actuaciones de los
GAL. Sin duda, los ilícitos del GAL son uno de los hechos más
tristes y lamentables de la reciente historia de España. El más
condenable y rechazable es la barbarie de ETA.
Qué casualidad que el GAL iniciara su andadura casi coincidiendo
con su llegada al Gobierno. Hoy, casi trece años después, con la
reapertura jurídica, judicial, política y social del caso, la
palabra del Presidente, su palabra, no tiene credibilidad y no
pocos ciudadanos le imputan la responsabilidad última de los
secuestros, asesinatos y malversaciones varias, bien por acción o
bien por omisión al girar su mirada para otro lado.
Tras Amedo y Domínguez declararon Alvarez, Sancristóbal y
Planchuelo. La semana pasada, García Damborenea --al que no creo-
-, con sus declaraciones le ha colocado en una difícil situación.
Ya entiendo las visitas de Barrionuevo a algunos reclusos, o las
de Planchuelo y Alvarez a Amedo. ¿No iréis a cantar ante al juez?
Esa debió ser la pregunta más formulada en las visitas que usted,
supongo, conocía. Todos los testimonios apuntan a que los GAL se
gestaron desde las altas jerarquías del Ministerio del Interior.
¿Usted no ha tenido nada que ver con la creación y el
funcionamiento de los GAL bien por acción o por simple
consentimiento? ¿No se siente usted acorralado ante el
arrepentimiento generalizado de los implicados?
Señor González, respecto de los crímenes del GAL, que tantas
páginas de información ocuparon, ¿no sintió usted curiosidad por
querer saber lo que estaba ocurriendo? ¿No era esa su
responsabilidad? ¿Funcionaba el Ministerio del Interior por
libre? ¿Era independiente como para no pedirle explicaciones ante
los ilícitos que se estaban cometiendo? ¿Usted no fiscalizaba con
excesivo celo --como así lo ha definido algún Ministro-- la
actividad de cada ministerio? ¿Usted, señor González, giró la
cara ante lo que estaba ocurriendo? ¿Qué hacía el Cesid?
Me he esforzado, se lo prometo, pero permítame que le diga que no
creo todo lo que usted ha dicho aquí en el día de hoy. Me
gustaría creerle, pero tanta devoción no le tengo. Su
intervención de hoy la dejo en cuarentena. Tiempo al tiempo.
Después de su intervención no me cabe ninguna duda de que la
clave está en el entorno de su Gobierno. ¿Tal vez en Barrionuevo,
su escudo humano? El tiempo lo dirá. Sobre él parece que apuntan
los dedos de los arrepentidos y él parece que tendrá que cargar
con la X, con la Y o con la Z del caso GAL, a menos que el calor
sofocante de estos días haga que se le crucen los cables y cante
el nombre de la persona o personas o el cargo superior que lo
coordinaba todo.
El círculo se estrecha cada vez más, señor González, o usted
miente o mienten los arrepentidos y el chaquetero vengador García
Damborenea. Todos esconden algo, no me cabe la menor duda,
empezando por usted. Si Barrionuevo habla se podrán restablecer
las normas perturbadas de nuestro ordenamiento. Si se cose los
labios por medio de un pacto de silencio, no le auguro un futuro
feliz. Si habla demasiado, señor González, ¡cuidado!
Señor González, ha llegado su hora, ha llegado la hora de la
verdad; o asume las responsabilidades para el bien de nuestro
Estado de Derecho reconociendo los hechos, aclarando los
numerosos puntos oscuros que hoy han quedado sobre la mesa y
admitiendo que en el entorno de su Gobierno se intervino en el
montaje de los GAL, o niega la evidencia y nos da más de lo
mismo, como en su intervención de hoy. Puede usted refugiarse en
la verdad a medias o en la mentira como forma de ejercicio del
poder, pero, señor González, aunque se hunda o se intente hundir
con maliciosas maniobras, la verdad siempre sale a la luz
pública. Si el tiempo...
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo. Si el tiempo le da la
razón, yo no seré como otros, yo públicamente rectificaré y le
pediré perdón, pero no olvide una cosa, la verdad avanza y nada
la detendrá.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hace menos de seis meses el Presidente del Gobierno
afirmaba desde esta misma tribuna lo que ha declarado
públicamente en muchas ocasiones desde 1983; que el Gobierno
siempre ha actuado en el marco estricto de la legalidad en sus
actuaciones contra el terrorismo, convencido de que en la lucha
contra los violentos sólo pueden utilizarse instrumentos
democráticos. Hoy en su intervención ha reiterado sus anteriores
declaraciones manteniendo una coherencia y una línea argumental
absolutamente pulcra desde 1983 hasta el día de hoy.
El Presidente del Gobierno dijo hace seis meses desde esta
tribuna, y lo ha repetido hoy, que quien afirme lo contrario está
mintiendo. Las declaraciones, del señor García Damborenea ante
los medios de comunicación la semana pasada, contradijeron la
palabras del Presidente y han creado una situación de alarma que
está en el origen de este debate; a quién creer. Con los datos en
la mano y analizándolos con objetividad, la respuesta no puede
ofrecer ninguna duda: el señor García Damborenea mintió y lo hizo
de forma premeditada. No sólo no aportó ninguna prueba para
fundar sus gravísimas acusaciones, sino que incurrió en
falsedades y contradiciones flagrantes, que ya han sido puestas
de manifiesto tanto por los medios de comunicación como en la
propia intervención del Presidente del Gobierno esta mañana.
No es éste el momento de analizar la trayectoria política del
señor Damborenea en los últimos años. Baste decir que desde que
fue expulsado del Partido Socialista ha mantenido una actitud
extraordinariamente beligerante contra su antiguo partido y
contra el Gobierno, primero desde supuestas posiciones de
izquierda y, a continuación, desde la órbita del Partido Popular.
Tampoco voy a glosar aquí sus textos sobre la lucha
antiterrorista, textos que rezuman ambigüedad sobre los métodos
aconsejables en esa lucha, frente a la claridad democrática de
que han hecho gala siempre los dirigentes socialistas vascos,
desde Chiqui Benegas hasta Ramón Jáuregui pasando por Enrique
Casas, Juan Manuel Eguiagaray, Enrique Múgica, Nicolás Redondo y
tantos otros.
Con independencia de esa confusa trayectoria política y de la
ambigüedad de sus ideas, se dice que las falsas imputaciones del
señor García Damborenea responden al enfoque de su estrategia de
defensa ante las responsabilidades penales que se le imputan.
Pues bien, razón de más para no conceder credibilidad al señor
Damborenea frente a declaraciones tajantes, coherentes y
reiteradas del Presidente del Gobierno. Parece que con sus
cambios de opinión ante el juez y ante los medios de comunicación
el señor Damborenea y otras personas implicadas en el mismo
sumario están tratando de inducir algún tipo de solución
extrajudicial para aliviar sus cuentas pendientes ante los
tribunales. Es cierto que nuestra Constitución es generosa con el
derecho a la defensa de quienes están acusados de violar la
legalidad y les concede incluso el derecho a la mentira, pero ni
la Constitución, ni el Gobierno --y lo ha dicho el Presidente del
Gobierno esta misma mañana, ni el Grupo Socialista, ni otros
grupos parlamentarios, que también lo han dicho aquí esta mañana-
-, avalan hoy, ni podrán avalar en el futuro, las peticiones de
amnistía o de punto final que solicitan algunos encausados
confesos de actividades ilegales en la lucha contra el
terrorismo. Ni jurídica ni políticamente van a tener éxito este
tipo de intentos, no valdrán para ello ni presiones ni chantajes.
Con lo dicho hasta aquí debería bastar para fijar la posición del
Grupo Socialista en este debate. Conocemos bien a nuestro
Presidente del Gobierno y conocimos bien al señor Damborenea.
Hemos escuchado a
ambos y quien nos merece crédito, sin ninguna duda, es el
Presidente del Gobierno.
Le agradecemos su intervención de hoy, la compartimos y la
respaldamos sin reserva de ningún tipo, pero en este debate y en
el contexto en que se celebra, hay otros elementos que también
requieren una fijación de posición por parte del Grupo
Socialista.
Se ha querido presentar este Pleno como la gran ocasión para
asestar el golpe de gracia al Presidente del Gobierno y obligarle
a dar por finalizada la legislatura. Es normal en democracia que
la oposición trate de alterar las bases del apoyo parlamentario
del Gobierno para establecer una nueva mayoría o para obligar a
que ésta surja de unas elecciones. Por supuesto, nada hay que
objetar a este propósito, salvo en dos aspectos que concurren en
el tema que hoy debatimos: el hecho de que se utilice para lograr
ese propósito algo que debiera de estar por encima de la lucha
partidista, como es la lucha contra el terrorismo, y el modo en
que se trata de conducir el acoso al Gobierno.
En el último debate sobre el estado de la Nación, el Presidente
del Gobierno pidió, al referirse al tema del GAL y al terrorismo
en general, un ejercicio de especial responsabilidad para impedir
que las discrepancias partidistas pusiesen en riesgo la unidad de
los partidos democráticos frente a la estrategia de los
violentos. Todos decimos estar de acuerdo en la necesidad de
evitar ese riesgo, pero no siempre lo conseguimos. Para no dar
bazas a los terroristas, es imprescindible intentarlo también
ahora. La unidad de los demócratas debe basarse, entre otras
cosas, en el apoyo a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que combaten al terrorismo en primera
línea, y ese apoyo no puede flaquear por el hecho de que, a
título individual, alguien haya podido, en casos ciertamente
graves, tomarse la justicia por su mano; casos en los que la
justicia ya ha actuado y debe seguir actuando hasta el final, sin
que ello suponga arrojar descrédito ni producir desmoralización
en el conjunto de la institución policial. La unidad de los
demócratas debe ser también el mejor respaldo moral para quienes
arriesgan su seguridad personal dando la cara en la batalla
cívica contra los violentos.
Durante mucho tiempo, y desde luego durante los años en los que
actuaba el GAL, los socialistas vascos estuvieron muy solos en la
primera línea de esa lucha política, proclamando los valores de
la paz, de la no violencia, de la tolerancia, del diálogo, del
respeto por el adversario político, en un clima ciertamente
hostil. Hoy, la situación de la sociedad vasca es
considerablemente mejor que la de aquellos años, pero todavía la
tensión se manifiesta en sus calles. Mis compañeros del Partido
Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, siguen empeñados en la
dura batalla por la paz y nadie tiene derecho, ni como estrategia
de defensa ante los jueces ni como argucia política, a cuestionar
sus convicciones democráticas ni su trayectoria impecable a lo
largo de unos años muy difíciles.
No sólo hay materias sobre las cuales el debate de las fuerzas
políticas debe llevarse a cabo con especial prudencia, también
hay métodos que no debieran utilizarse en ese debate y, en caso
de que se utilicen, deben merecer nuestra denuncia. Hace dos
días, por ejemplo, un Diputado de la oposición afirmó con
desparpajo que en su intervención de hoy, el Presidente del
Gobierno iba a mentir ante el Parlamento. No aportó, por supuesto
--¡cómo lo iba a hacer!-- ningún argumento en el que basar su
temeridad, ni podría hacerlo. Es obvio que desconocía lo que el
Presidente tenía intención de decir en la sesión de esta mañana,
como, por otra parte, le sucedía a quien redactó el discurso del
señor Aznar, por lo que era plenamente consciente de estar
lanzando un puro juicio de intención, un juicio de mala
intención.
Esta manera de actuar no es, por desgracia, un caso aislado.
Todos los días podemos leer y escuchar acusaciones sin
fundamento, en particular contra el Gobierno y sus allegados y,
muy en particular, contra el Presidente del Gobierno. ¿Cómo es
posible que se lancen alegremente todo tipo de imputaciones
falsas sin ninguna consecuencia? ¿Qué se persigue con ello por
parte de quien las lanza? ¿Quién se beneficia de tanta
irresponsabilidad? Se aluce la pérdida de credibilidad del
Presidente, que previamente se ha fomentado a base de calumnias,
para situarle en un estado de indefensión, en la que cualquiera
puede imputarle la comisión de actos ilegales en un clima de
total impunidad. Parece que se hubiese borrado del Código Penal
la figura delictiva de la calumnia y la injuria cuando el
calumniado y el injuriado fuese don Felipe González. En este
punto, las palabras del señor Aznar esta mañana merecen un
comentario.
La Presidencia del Gobierno, señor Aznar, no es un baluarte para
nada, es una responsabilidad que los ciudadanos otorgan o quitan
o que esta Cámara, en función de la voluntad de los ciudadanos,
otorga o quita.
¡Que su impaciencia no le ciegue, señor Aznar! Hay un calendario
electoral (el señor Presidente del Gobierno lo ha repetido esta
mañana) y en su mano está modificarlo o no, utilizando para ello
los instrumentos que la Constitución pone también en manos del
jefe de la oposición para tratar de hacerlo. Si no lo consigue o
si no se atreve a ello, aunque sólo sea por respeto
institucional, modere su palabras. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
No sólo es usted quien debiera moderar sus palabras. Desde los
pasillos de esta Cámara se aseguraba hace unos meses que el
Gobierno nunca permitiría que el señor Roldán fuese puesto a
disposición de la Justicia e incluso se decía que podría estar
con una piedra atada al cuello. Todavía estamos esperando que
quien dijo aquellas barbaridades reconozca su error. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor ALMUNIA AMANN: Hemos escuchado posteriormente la tesis
de que la detención del señor Roldán había sido ilegal y que no
podría ser juzgado en España, incluso que había un pacto sobre
todo ello. Nadie ha tenido la gallardía de corregir tales
falsedades cuando han tenido conocimiento del auto de
procesamiento. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio señorías. ¡Silencio!
El señor ALMUNIA AMANN: ¿Es que desde ese comportamiento alguien
puede pontificar sobre la credibilidad política? Quienes acusaron
al señor Serra o al señor García Vargas de haber conculcado
preceptos esenciales del ordenamiento jurídico en relación al
llamado informe Crillón han tenido que articular alguna frase
ininteligible como única reacción ante la exculpación pronunciada
por el Tribunal Supremo. ¿Se puede seguir pontificando sobre la
credibilidad con ese currículum?
Lo cierto es que ese tono de debate tiende cada vez más a
convertirse en regla de una determinada manera de hacer oposición
desde algunos sectores de esta Cámara y desde algunos otros que
no se sientan en esta Cámara. Todo tipo de ataque al adversario
tiene cabida según esta estrategia, sea cual sea el instrumento
de que se valga. En nombre del Estado de Derecho se pisotean
todos los días derechos fundamentales de algunos ciudadanos, se
ignora la presunción de inocencia, se imputa sin fundamento la
comisión de delitos, se difama. Quien acusa es inmediatamente
creído, mientras que quien es acusado recibe inmediatamente la
condena sin juicio y en medio de una total indefensión. Es verdad
que alguien ha descubierto la manera de pasar de la condición de
acusado a la de acusador: el arrepentimiento, sobre todo si el
arrepentido endosa sus responsabilidades hacia arriba y cuanto
más arriba mejor.
¿Cree alguien que bastan unas elecciones anticipadas para pasar
todas estas páginas? (Un señor Diputado: ¡Claro!) Siento no ser
tan optimista. Más bien creo que hay hipotecas que no se van a
saldar con tanta facilidad, salvo que todos pongamos desde ahora
manos a la obra para hacerlo y veo con preocupación la
despreocupación de algunos de ustedes ante las consecuencias de
tales hipotecas. No se engañen, señores del Grupo Popular. Este
Gobierno tiene adversarios poderosos que heredará el siguiente
Gobierno y el siguiente del siguiente Gobierno y la extensión de
la difamación y la calumnia como argumento para utilizar contra
el adversario político no se para, además en el territorio de un
partido político o de un Gobierno, ni siquiera en el del conjunto
de los partidos políticos. (Un señor Diputado: ¡Ahí! ¡Ahí!)
Se ha dicho del debate de hoy que el Presidente del Gobierno
debía probar la falsedad de las acusaciones que recibe. Póngase
cualquiera de ustedes, por un solo momento, en su situación.
¿Cómo hacerlo? Cualquier abogado sabe que ese planteamiento
encierra una profunda trampa pues, por infundada que sea la
acusación, el acusado se ve imposibilitado de probar su inocencia
a corto plazo y sólo el tiempo --como hemos visto en los otros
casos y veremos en éste-- acaba por poner todas las cosas en su
sitio, pero lo hace de modo demasiado lento como para evitar
daños irreparables en la dignidad de las personas, sean políticos
o no esas personas, pertenezcan al Gobierno o a la oposición.
El Grupo Socialista no está dispuesto a contribuir a esa
ceremonia de la confusión y pide a los demás grupos
parlamentarios y a la opinión pública que tampoco lo haga, no
sólo por la convicción de que el Gobierno ha llevado a cabo su
acción contra el terrorismo en el marco de la legalidad, sino
porque debemos preservar un estilo en el debate político y en
general en la vida pública acorde con el respeto a las normas más
elementales de una confrontación democrática.
Confío, señor Presidente, que este debate, provocado por las
declaraciones de una persona que no merece el crédito que algunos
le han dado, sirva para introducir más claridad y para distinguir
mejor a quienes han actuado en el marco de la legalidad con
relación a quienes tratan de salvar sus responsabilidades a toda
costa. Para el Grupo Socialista esta distinción ha estado, está y
seguirá estando muy clara.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--
Prolongados aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de los
distintos portavoces, tiene la palabra el señor Presidente del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, voy a contestar a algunas de las
consideraciones que se han hecho y lo voy a hacer de una manera
global.
El debate de esta mañana venía condicionado, naturalmente,
provocado incluso, por unas manifestaciones, unas declaraciones a
la prensa, del señor García Damborenea. Alguien ha querido no
reconocerlo así en esta tribuna, cuando ha sido la respuesta
inmediata a esas declaraciones la que ha hecho reclamar mi
presencia, la presencia por consiguiente del Presidente del
Gobierno, ante la Cámara para explicar. Ya ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista la situación en que se encuentra quien tiene
que explicar en un Estado de derecho una acusación que no tiene
fundamento y a la que no se aportan pruebas, pero yo voy a pasar
de esa consideración; voy a hacer una sobre el debate en sí
mismo.
Creo que el debate se desvirtúa si lo que se dice en la
intervención no se tiene en cuenta en la respuesta. Esta ha sido
la impresión que he tenido a lo largo de la mañana. He hecho al
principio de la mañana una intervención
explicando con detalle en qué ha consistido la actitud y la
actividad en la lucha antiterrorista del Gobierno que presido a
lo largo de los años. Lo he hecho, repito, con todo detalle. He
dicho, por ejemplo, que en diciembre de 1983 concretamos algo que
veníamos intentando meses antes, que fue un acuerdo con el
Presidente de la República Francesa para que cambiara su actitud
en dos temas fundamentales: uno, la lucha contra el terrorismo;
otro, la incorporación o la negociación en aquel tiempo de España
con la Comunidad Europea. Se produjo ese cambio de actitud el 20
de diciembre de 1983, y en la primera semana de enero de 1984 se
produce la primera redada de dirigentes de ETA y la expulsión del
territorio francés hacia tierras muy lejanas. Por tanto, la
cooperación no espera a 1986, con el Gobierno presidido en aquel
momento como Primer ministro por el señor Chirac continúa esa
cooperación, pero la cooperación la garantizó y la puso en marcha
el Presidente de la República, repito, en diciembre de 1983. En
aquella fecha recuerdo muy bien que, siendo el pacto un pacto que
exigía discreción, recibí algunas críticas furibundas de los
medios de comunicación porque decían que no había resultado nada
de esa reunión. No queríamos transmitir lo que en realidad se
había acordado porque produciría efectos perniciosos desde el
punto de vista de la actuación de la policía francesa en la
detención de los dirigentes etarras. Por tanto, yo creo que hay
que reconocer la realidad histórica.
Pues bien, no sólo por razones de cooperación internacional y en
este caso de cooperación con Francia, sino por razones de
eficacia policial que explicaba esta mañana, por razones de
consenso con las fuerzas políticas y por razones de aislamiento
del propio fenómeno terrorista, han sido siempre
contraproducentes, no sólo ilegales y condenables, sino
contraproducentes, las actividades de los GAL. Pero he sido yo
uno de los dirigentes políticos que desde la primera acción hasta
la última las ha condenado inequívoca y permanentemente. (Un
señor Diputado: ¿Cuándo?) Todas, no todos han hecho lo mismo,
pero yo siempre lo he hecho, y las actuaciones que se han
producido han sido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo el
Gobierno que presido. ¿Se han producido menos de las debidas?
Siempre es discutible. Las actuaciones se producían en territorio
francés, y he dicho esta mañana y trataba de explicar la
dificultad que tiene investigar hechos acaecidos en otro Estado
para nuestro propio país y para nuestro propio Estado.
Por tanto, señorías, a lo largo de la mañana he tratado de
explicar cuáles son las razones que avalan, a las que responde la
actitud del Gobierno frente a los GAL, no sólo diciendo que hago
una condena moral, que también; no sólo por una trayectoria
democrática y de convicciones profundas, que también, sino por el
hecho de que es contradictorio con la eficacia en la lucha contra
el terrorismo. Por consiguiente, no sólo apelo a valores morales
que siempre he defendido, no sólo a convicciones democráticas que
siempre he tenido, sino también a razones de eficacia en la lucha
contra el terrorismo. Esto es lo que he tratado de explicar esta
mañana. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Lamento, señorías, que alguien pueda pensar que la presidencia
del Gobierno es un baluarte, porque no lo ha sido nunca, ni lo
será. El Presidente del Gobierno, como cualquier ciudadano, está
sometido a la acción de la Justicia y cada ciudadano tiene la
garantía de que será sometido a la acción de la Justicia el
Presidente del Gobierno. En mi caso, yo facilitaré esa acción de
la Justicia porque siempre estaré en favor de un suplicatorio si
así lo estima el Tribunal Supremo. Por tanto no habrá duda de que
estoy siempre dispuesto a someterme a la acción de la Justicia.
(Rumores.)
¿En que consiste la Presidencia del Gobierno como baluarte? Nunca
la he entendido así. Me parece incluso bochornoso entenderla o
comprenderla en esos términos. La Presidencia del Gobierno es un
esfuerzo y un sacrificio al servicio de los españoles, sobre todo
cuando se ejerce durante trece años. Cuando no se ha ejercido
podrá verse de otra manera, cuando se ejerce durante trece años,
es un esfuerzo y un sacrificio cada día, al servicio de los
ciudadanos españoles. (Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
Alguien desde la tribuna me pide que asuma la responsabilidad por
los errores que se han cometido en estos casi trece años. Estoy
dispuesto a asumir naturalmente mi responsabilidad en los errores
y en los aciertos, pero no estoy dispuesto a dejarme arrastrar
por una campaña de calumnias que se basan en el odio, en la
desinformación, en la manipulación. (Rumores.--Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.) Y no lo hago, señorías, por otra
cosa que por una profunda convicción democrática. Hay que hacer
una resistencia democrática frente a los calumniadores, incluso
frente a los calumniadores que son incapaces de retractarse
cuando el Tribunal Supremo les quita la razón. (Rumores.--
Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
Por eso, señorías, considero que este debate es un debate útil.
No tanto porque haya habido un contraste de pareceres, porque muy
pocas intervenciones --algunas sí-- han respondido a lo que he
dicho, no tanto por eso cuanto porque los ciudadanos pueden
comprender la posición de cada cual.
He ofertado un calendario electoral. He tenido, además, la
responsabilidad de salvaguardar algún período que me parece
fundamental, desde el punto de vista político, para los intereses
de España. Ofreciendo el calendario electoral y salvaguardando
ese período repito aquí: las elecciones no las va a convocar
nadie que esté implicado en un asunto de GAL o de cualquier otra
naturaleza; las va a convocar el Presidente del Gobierno.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Rumores.)
Por consiguiente, señorías, restablezcamos en el debate político
un estilo, una forma de hacer, que excluya comportamientos como
los que en este momento estamos presenciando. (Rumores.)
Restablezcamos el respeto entre las diversas opiniones políticas;
no hagamos de todo un «totum revolutum». Hoy estábamos aquí para
discutir sobre un hecho claro y grave que nos ha traído a esta
Cámara. He dado una explicación detallada de la mentira implícita
y explícita en las declaraciones o manifestaciones del señor
García Damborenea y ese debate se ha tratado de desviar en
algunas intervenciones hacia otros derroteros ¿Por qué? Porque no
interesa centrarse en el objetivo real de este debate de hoy, que
no es el primero sobre este asunto, y habrá seguramente más
porque serán necesarios.
Confío en la acción de la justicia, la apoyaré y la respaldaré y
cuando la acción de la justicia se produzca, se restablezca la
verdad y queden en su lugar los calumniadores, la opinión
pública, obviamente, también caerá en la cuenta del montaje que
estamos viviendo en estos meses de la vida española. (Prolongados
aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Señor Aznar. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, intentaré pasar
de la soflama al debate parlamentario (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.--Rumores en los bancos del Grupo Socialista); e
intentaremos hablar de los hechos que motivan esta convocatoria.
Señor González, nosotros y creo que la opinión pública y la gran
mayoría de los españoles, le pedimos una explicación verosímil
sobre hechos que se han suscitado y producido durante su
Presidencia. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Queremos
que explique usted qué ocurrió, cómo ocurrió y cómo es posible
que usted no se enterase de nada de lo que estaba ocurriendo en
España durante esos años. Eso es lo que tiene usted que explicar
en esta Cámara.
Ha dedicado su intervención inicial y esta otra intervención,
señor González, a hablar de todo menos de lo que se tiene que
tratar en este debate; de todo menos de dar una explicación
verosímil de las responsabilidades que por los hechos afectan a
su Gobierno. Nosotros le pedimos esa explicación. Dé usted la
explicación de por qué nunca inició una investigación sobre el
GAL. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Explique usted
cómo los principales dirigentes de los aparatos de seguridad de
nuestro país están en este momento encausados por vinculación con
los GAL. Explique usted cómo es un hecho que fondos reservados
financiasen los GAL y explique usted, señor González, cómo es
posible también que desde el Estado se organizasen y se
financiasen los silencios de los implicados en el GAL. Eso es lo
que tiene que explicar en esta Cámara, porque esos son los
hechos. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
En las responsabilidades las cuestiones, señorías, son bien
claras. Todos los grupos de esta Cámara podríamos estar de
acuerdo en que una nación como España necesita claramente unos
servicios de inteligencia bien dotados, eficaces y que
contribuyan a la seguridad del país, pero no necesita que se
dediquen a vulnerar la Constitución y a espiar a los ciudadanos
indiscriminadamente. Todos los grupos de esta Cámara podemos
estar de acuerdo en que nuestra nación, nuestro país también
necesita una estrategia antiterrorista, basada en el cumplimiento
de los acuerdos, basada en el respeto a la ley, basada en el
respeto al Estado de derecho, basada en el apoyo y en el
fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, basada también en
que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, y no basada
en que se vulneren derechos humanos o se vulnere la legislación
de nuestro país. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
También podemos estar de acuerdo todos, señor González, que para
eso también es posible, necesario y comprensible que un Estado
como el nuestro necesite fondos reservados, pero para mejorar su
seguridad, no para que se forren los bolsillos de una manera
intolerable algunos ciudadanos teóricamente al servicio del
Estado. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En eso
también estamos de acuerdo.
En consecuencia, señorías, el sentido de la responsabilidad y el
sentido del Estado es el respeto a la ley, el respeto a la norma,
el respeto a las reglas, el respeto al Estado de derecho y no la
arbitrariedad, el abuso, la desviación de poder. Por supuesto,
señorías, que ése es también un sentido de la responsabilidad que
debe afectar, y así lo deseo, a quien tiene la responsabilidad de
haber traído a España a la situación de crisis que estamos en
este momento.
Ese sentido de la responsabilidad debería aconsejarle, señor
González, tener la gallardía y tener coraje de afrontar la
situación y de actuar en consecuencia, asumiendo sus
responsabilidades, diciendo la verdad al país y planteándole al
país una salida. En lo demás, la Presidencia del Gobierno no se
podrá considerar nunca como un baluarte ni como un parapeto. No
se verá cómo van cayendo los ex colaboradores, unos detrás de
otros; no se condenará al país a esta agonía (Rumores.) y,
además, señor González, se prestará un servicio al futuro de
España.
Está claro que la responsabilidad de convocar elecciones le
corresponde a usted: pues haga honor a esa responsabilidad y
convóquelas, señor González. (Prolongados aplausos en los bancos
del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Señor Anguita. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Continúan los rumores.)
Un momento, señor Anguita. Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, permítanme que, primero, gaste unos
simples segundos en informar al señor Molins, porque no es bueno
que tan ilustre portavoz hable desde la ignorancia. (Rumores.)
El señor Damborenea, o mejor García Damborenea, pidió
incorporarse a Izquierda Unida y, en entrevista habida por
persona interpuesta, porque nunca hablé con ese señor, se le dijo
que no. Hay testigos. (Continúan los rumores.) Y salvo que el
señor Molins...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Guarden
silencio.
Señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Decía, antes de que entrase el coro,
que se le dijo no, a no ser que el señor Molins haya oído la
afirmación contraria en los labios del señor García Damborenea y,
entonces, debía aplicar la regla que aplica con el señor
Presidente en cuanto a la fiabilidad.
A partir de ahí, señoras y señores diputados, mi intervención
podía ser muy breve, y creo que la única respuesta concisa y
concreta es la siguiente: ¿Está usted dispuesto hoy, en este
momento y contésteme después, a crear una Comisión sobre los GAL?
Conteste sí o no. ¿Está dispuesto su grupo a que vengamos al
Parlamento, creemos la Comisión correspondiente e investiguemos
parlamentariamente? ¿Está usted dispuesto, sí o no? Conteste
después, señor González. Es la mejor réplica que puede darle a
todas las fuerzas políticas del hemiciclo.
A partir de ahí el señor González ha vuelto a salirse por la
tangente. Lo que se está debatiendo es la responsabilidad del
Ejecutivo, de su Presidente, de algunos ministros, no del
Gobierno, porque estas cosas no se hacen con el Gobierno en
pleno; insisto, la responsabilidad de S. S., señor González, la
del Ministro del Interior de entones, y la del Ministro de
Defensa de entonces, en la organización o en dar anuencia a estos
hechos.
Su señoría no se ha pronunciado nunca, no ha hecho ninguna
Comisión de investigación. Le solicité que en la réplica me
informase. El Gobierno, cuando aparecieron las noticias, ¿hizo la
Comisión de investigación? ¿Le pidió al Ministro del Interior
algunas informaciones? ¿Investigaron los hechos? Silencio,
silencio y silencio.
¿Qué opina el señor Presidente del Gobierno, qué opinan los
ilustres miembros del Gobierno y ese grupo parlamentario, cuando
nada menos que el Director General de la Seguridad del Estado
está en la cárcel y haciendo imputaciones? ¿Eso no tiene
corresponsabilidad política? ¿Qué respuesta dan ustedes a eso?
¿Qué respuestas dan ustedes a que altos funcionarios de la
Seguridad del Estado estén imputados y hayan empezado a hablar?
No hablen de calumnias y de credibilidades. Ustedes alabaron a
Amedo y Domínguez; los sostuvieron; dijeron que eran magníficos
funcionarios estando condenados, y solamente les inculparon de
calumnia cuando empezaron a hablar contra ustedes; ustedes
sostuvieron a Amedo y Domínguez incluso después que fueron
condenados. No hablen ustedes de calumnias; simplemente acudan a
la memoria, si la tienen o tienen voluntad de tenerla.
Cuando el ministro señor Barrionuevo, seguramente amparado y
defendido por el Presidente del Gobierno, se niega a informar
ante el Tribunal que juzga los hechos sobre el uso de los fondos
reservados, y después se demuestra esa entrada a saco en el botín
de los fondos reservados, demostrada con datos fehacientes, y que
puede verse sometido a un cuestionario, ¿ustedes qué opinan?
¿Están de oyentes en el Gobierno? ¿Qué han hecho? Tienen la
obligación moral y política de explicar aquí qué se ha hecho con
los fondos reservados; qué utilización ha habido de ellos, sobre
todo cuando hay sangre por medio, que significa dos cuestiones:
asesinato y, además, malversación de caudales públicos. Qué es lo
que se ha hecho en la investigación de estos datos; cómo
responder políticamente de todo lo que está ocurriendo en los
juzgados, porque, por lo menos, coincidirán, señorías, en que las
imputaciones son graves y obedecen a hechos, obedecen a indicios,
y los indicios llevan, por lo menos, a la responsabilidad de
haberlos investigado políticamente en su momento. Sobre eso losa,
más losa y silencio. Por tanto, como mínimo, anuencia y
complicidad en los hechos. Sobre eso, ¿qué ha dicho el
Presidente? Nada. Contestarle al señor García Damborenea y hablar
del Gobierno. Repito que esas cosas no se discuten en el
Gobierno; esas cosas se discuten entre el Presidente, algunos
ministros y la conexión con los cargos políticos representativos
del Partido en Euskadi, y el señor Damborenea entonces era una
personalidad dentro del partido en Euskadi, renococido en el
propio libro del señor Jáuregui.
Estos son los hechos que necesita la opinión pública española y
esto es lo que necesita este Congreso de los Diputados; que se
informe políticamente de qué han hecho ustedes ante 27 muertos y
ante la malversación de los fondos reservados. ¿Qué han
investigado, qué han dicho? Un ominoso silencio; un espeso
silencio; un sórdido silencio. ¿Es, por tanto, de extrañar que la
opinión pública esté asustada y alarmada?
El ejercicio del Gobierno significa venir aquí y dar esas
explicaciones, con pelos y señales, a no ser que --podemos
también intentar bucear en esa salida-- el señor Presidente del
Gobierno al traerle aquí, no quiera hablar de ciertos poderes que
se le han escapado de la mano y tenga, quizá, miedo a que peor
sea el remedio que la enfermedad. No, ese silencio es
culpabilidad.
El remedio es venir aquí, quitar máscaras y hablar de las
complicidades, por muy altos que sean los funcionarios o las
fuerzas que han intervenido. Aquí nadie ha atacado a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado; aquí se ha hablado de acciones
de funcionarios concretos, específicos. Aquí se ha hablado de
emulación de distintos uniformes y lo dejo aquí. Distintos
uniformes.
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.
El señor ANGUITA GONZALEZ: El GAL no fue solamente una especie de
banda articulada desde un poder político, con unos cuantos
asesinos a sueldo. Fue una serie de instrucciones que varios
brazos ejecutaron; con distintas autonomías, con distintas
implicaciones, pero que al final alcanzan el vértice de la
corresponsabilidad y, por tanto, la del señor Presidente del
Gobierno.
Sobre esto es lo que la opinión pública tiene que conocer; sobre
esto hay que debatir. Al señor Damborenea dejémosle en manos de
los jueces, escuchemos lo que dice, pero, por favor, no traigamos
aquí al señor García Damborenea, a un Congreso de los Diputados,
para contestarle a ciertas afirmaciones. (Rumores, protestas y
aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a responder la amable réplica que me ha
dedicado el señor Anguita.
Señor Anguita, obviamente no es por haber conocido en ningún
momento ni hablado con el señor Damborenea y tampoco por haber
hablado con usted de este tema por lo que he dicho desde la
tribuna lo que he dicho. Ha sido simplemente leyendo una página
del diario «Avui» del 16 de marzo de 1990, que en un párrafo
concreto --y se lo traduzco, señor Anguita-- dice: El líder de
Izquierda Unida, Julio Anguita, manifestó ayer que Damborenea
puede ingresar en su Partido o en el PASOC si es expulsado del
PSOE.
Simplemente esta es la cita, señor Presidente. Muchas gracias.
(Rumores y risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Señor Mauricio.
¡Silencio, señorías!
Señor Mauricio, tiene la palabra.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señoras y señores Diputados,
quisiera, después de la réplica del señor Presidente del
Gobierno, decirle que es claro que en mi intervención de antes en
nombres del Grupo de Coalición Canaria he estado muy atento a su
opinión, a su intervención. Yo he seguido estrictamente lo que
usted ha planteado.
Nosotros le hemos dicho con toda claridad que las
responsabilidades penales y la presunción de inocencia son
problemas de los tribunales; la responsabilidad política es un
problema de ustedes.
¿Es verdad o no que han ocurrido graves acontecimientos en este
país? Usted ha dicho: Asumo las responsabilidades de los éxitos y
de los graves acontecimientos. ¿De qué acontecimientos asume
usted las responsabilidades? Es lo que nos gustaría oír a toda la
Cámara. ¿De qué acontecimientos? ¿De la falta de control
democrático en instituciones claves del Estado? ¿De qué
acontecimientos asume usted la responsabilidad, señor González?
Porque supongo que si usted argumenta que tiene el derecho, por
unas elecciones en 1993, a gobernar este país, y usted convoca
elecciones en marzo del próximo año, es decir, un año antes, es
porque asume la responsabilidad de que se ha equivocado
gravemente por acción, por omisión o por negligencia en el
control de instituciones clave del Estado.
Nos lo gustaría oír a esta Cámara para recuperar el mínimo de
credibilidad, para que las elecciones se puedan producir en el
mes de marzo --que nosotros pediríamos antes-- y para que fuera
posible el éxito de la presidencia europea, un acontecimiento tan
importante, del interés del Estado español y de Europa, donde nos
jugamos muchísimas cosas. Tenga usted el tiempo mínimo necesario
para que tenga éxito esa presidencia española, y para que lo
tenga es necesario que usted diga a la cámara que asume las
responsabilidades de que la Guardia Civil haya estado dirigida de
forma lamentable; que los servicios secretos de España hayan sido
dirigidos de forma lamentable; que el Banco de España haya sido
un espectáculo bochornoso; que el GAL y la seguridad del Estado
hayan estado en manos de irresponsables. Si todas esas
irresponsabilidades en cadena se han producido, no son hechos
aislados ni responsabilidades limitadas; son la responsabilidad
del Presidente del Gobierno.
¿Debo entender o no que, como consecuencia de esa responsabilidad
y por altura política, usted es capaz de abandonar el poder en
unas elecciones si los españoles deciden que el Grupo Socialista
no tenga la mayoría? Esperemos, vamos a ver si ocurre o no. Si
eso ocurre, ¿usted va a convocar elecciones para asumir...
(Rumores y protestas.)
No se pongan nerviosos, señores Diputados del Grupo Socialista.
Tranquilos. (Rumores y risas.) Yo comprendo que ustedes tienen
razones para estar nerviosos. Yo, desde luego, no tengo ninguna.
(Nuevas risas y rumores.) ¿Están nerviosos porque tienen miedo a
las elecciones? Supongo que no. (Varios señores Diputados del
Grupo Socialista: ¡No!, ¡no!) El Presidente del Gobierno tampoco;
por eso tarda seis meses en convocarlas. (Risas y rumores.)
Lo único que le planteo es que para que tenga éxito la
presidencia en Europa --que necesitamos todos los
grupos de la Cámara, empezando por el Partido Popular, que tenga
éxito--, el Presidente del Gobierno no diga, una vez más, que le
demuestren sus errores, sino que asume sus errores, sus
responsabilidades y que diga en esta tribuna que todos los
acontecimientos producidos han sido graves errores de este
gobierno y que por eso convoca elecciones, para que los
ciudadanos españoles se pronuncien. (Rumores.) ¿Es usted capaz?
¿Tiene el coraje político? ¿Tiene la fuerza política de decirlo
ante esta Cámara o quiere echar un discurso otra vez? (Aplausos.-
-Rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.
La señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Quiero decirle al señor Felipe González que
lo fundamental no es venir aquí y darnos discursos sobre moral o
ética política, porque creo que con lo que está cayendo no está
en situación de eso, sino que tiene que respondernos a temas
concretos, o hechos concretos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Amedo y
Domínguez eran héroes hace cuatro días y ahora son delincuentes?
¿Qué ocurría con los fondos reservados? ¿Hubo o no viajes a
Portugal? ¿Que pasó con Lasa y Zabala? ¿Qué ocurre con
Inchaurrondo? ¿Por qué quieren hacer general al señor Galindo?
¿Por qué hay tantas, tantas y tantas preguntas sin respuesta,
señor González? (Rumores.)
El tema GAL es un tema gravísimo; es un tema que merece...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rahola.
Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.)
¡Silencio!
Señora Rahola, cuando quiera.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Si
controlan los nervios, podré continuar.
El problema de fondo, señor González, es que el caso GAL no es
sólo un caso retórico; son hechos, son muertes, son años, son
comisiones de investigación que no se han permitido, son sesiones
parlamentarias que no se han permitido, son luces y taquígrafos,
que no se han permitido, en un tema de cloacas. No nos venga aquí
y nos hable de conciencia, que cada uno tenemos la nuestra, ni
nos haga discursos morales y retóricos, responda a las preguntas
concretas sobre todo lo que ha ocurrido y, entonces, con las
respuestas, podrá recuperar su credibilidad. Haga usted una
comisión de investigación parlamentaria donde se puedan dilucidar
las responsabilidades políticas; hágala, permítala y no nos dé
lecciones morales. (Rumores y protestas en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. Señor Presidente del
Gobierno, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, algunas precisiones más.
Toda la mañana me he dedicado a explicar los hechos. (Rumores y
risas en los bancos del Grupo Popular.) Naturalmente, hay un
proceso de investigación judicial, pero también quiero decir que
los hechos de los GAL en España se han investigado, que no son
pocos, en relación con acciones que se han producido fuera de
España, se han hecho por este Gobierno y por las Fuerzas de
Seguridad bajo su mando, bajo el mando de este Gobierno, y quien
desconozca eso es que quiere desconocer la realidad. Las
sentencias que se han producido, se han producido a raíz de esas
investigaciones --podríamos enumerarlas en relación con los
hechos-- y por parte del Gobierno francés no ha habido nunca
queja en cuanto a la cooperación para la investigación de las
acciones de los GAL.
Tanto el señor Anguita como algún otro interviniente me piden que
se haga una comisión de investigación parlamentaria sobre los
GAL. Si quieren respetar las reglas de juego, háganlo una vez que
acabe la investigación judicial; hágase una investigación
parlamentaria. (Rumores y protestas.) Obviamente; esto es lo que
ocurre en todas las democracias que funcionan; exactamente eso.
(Continúan las protestas.) Naturalmente, quien desconoce...
El señor PRESIDENTE: Silencio señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): ...el
funcionamiento de la democracia no puede soportar que se diga con
claridad. Cuando hablo del Gobierno, hablo de los ministros del
Gobierno y hablo de mí mismo; por consiguiente, no hago una
abstracción. Quiero que quede claro para el señor Anguita que no
me estoy escudando en el Gobierno o Consejo de Ministros, sino
que estoy hablando de los miembros del Gobierno y estoy hablando
de mí mismo, y, reitero, las investigaciones que se han hecho
como fruto del esfuerzo de este Gobierno, y soy de los
responsables políticos que han condenado desde la primera hasta
la última acción de los GAL, siempre con la misma contundencia y
con la misma coherencia y, además, por respeto, esta mañana no he
querido decir que otros no lo han hecho. (Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: El Pleno se reanudará a las cuatro de la
tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de pasar al debate correspondiente al segundo punto del
orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de
acatamiento de la Constitución por parte de doña María Angeles
Ballesteros Belinchón, Diputada proclamada electa en sustitución
de don Justo Zambrana Pineda y de doña Paula Monzón Suárez,
Diputada proclamada electa en sustitución de don Lorenzo Olarte
Cullén.
Doña María Angeles Ballesteros Belinchón, ¿jura o promete S. S.
acatar la Constitución?
La señora ballesteros Belinchon: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Doña Paula Monzón Suárez, ¿jura o promete S.
S acatar la Constitución?
La señora MONZON SUAREZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Doña María Angeles Ballesteros Belinchón y
doña Paula Monzón Suárez han adquirido la condición plena de
Diputadas. Bienvenidas a la Cámara.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 6/1995, DE 14 DE JULIO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS, EXCEPCIONALES Y URGENTES EN MATERIA DE
ABASTECIMIENTOS HIDRAULICOS COMO CONSECUENCIA DE LA PERSISTENCIA
DE LA SEQUIA (Número de expediente 130/000030)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día,
convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 6/1995, de 14 de
julio, por el que se adoptan medidas extraordinarias,
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos
hidráulicos como consecuencia de la persistencia de la sequía.
Para explicar las razones que han determinado la promulgación de
este Real Decreto-Ley, en nombre del Gobierno tiene la palabra el
señor Ministro de Obras Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señor Presidente, señorías, comparezco para
presentar el Real Decreto-Ley 6/1995, de 14 de julio, por el que
se adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en
materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la
persistencia de la sequía, a fin de que sea convalidado de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de nuestra
Constitución.
Señorías, en efecto, desde el año 1991 la mitad del territorio
peninsular y de los archipiélagos canario y balear están
sufriendo un episodio de intensa y persistente sequía. De su
magnitud dan fe los registros pluviométricos de los últimos años.
Después de tres años hidrológicos secos, muy secos, el presente
1994-1995 ha alcanzado extremos de inusitada gravedad. En amplias
extensiones las precipitaciones en los nueve primeros meses, que
son usualmente los más lluviosos, han sido del orden de 200
milímetros, es decir, la lluvia que reciben las áreas desérticas.
Estas lluvias han originado escorrentías muy reducidas en las
cuencas del Guadiana, del Guadalquivir, del Segura y del Júcar,
pero también en la cabecera y en la margen izquierda del Tajo; en
el territorio aragonés de la margen derecha del Ebro las
escorrentías del presente año se estiman en las de un 10 por
ciento de un año normal cuando en los tres años anteriores ya se
habían reducido hasta un 30 por ciento de estos valores normales.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Esta drástica reducción de las lluvias ha obligado a utilizar las
reservas hídricas almacenadas en embalses y acuíferos para
atender a las correspondientes demandas consuntivas. Como
consecuencia de ello, los manantiales y pozos que suministraban
agua, total o parcialmente, a numerosas poblaciones, presentan
signos preocupantes de agotamiento. Lo mismo sucede con la
reserva hídrica de los embalses que suministran agua a algunas
ciudades, Ciudad Real, Sevilla y Cádiz, por ejemplo, que ha
disminuido de forma relevante. En las cinco cuencas meridionales
la reserva ha bajado de casi nueve kilómetros cúbicos a menos de
dos kilómetros y medio en apenas cuatro años, con una disminución
media en las reservas de 1,3 kilómetros cúbicos cada año.
Es imposible prever, con los conocimientos actuales, la duración
que pudiera tener un fenómeno meteorológico de estas
características, pero sabemos por experiencia que no es
previsible que antes del inicio del próximo año hidrológico,
otoño, se produzcan precipitaciones significativas. Y aunque
existen precedentes históricos de períodos prolongados de años
secos, éste es, sin lugar a dudas, el más largo e intenso del
siglo, lo cual nos obliga a tomar todo tipo de medidas para hacer
frente a la hipotética situación que se podría producir si esta
anómala situación se prolongase todavía más en el tiempo.
Desde el comienzo de la sequía, el Gobierno ha afrontado esta
contingencia mediante varias normas de diverso rango, apoyadas
por inversiones cuyo valor acumulado alcanza ya los 70.000
millones de pesetas.
Desde 1992 en este contexto se inscriben dos reales decretos,
cinco reales decretos leyes, que han arbitrado medidas de
prevención y compensación de los daños causados por la sequía, y
como consecuencia de su duración el Gobierno ha planificado sus
actuaciones con normas sucesivas, en función de la evolución
progresiva de la situación creada. Una de estas normas es el
presente Real Decreto-ley por el que adoptamos medidas
excepcionales y urgentes en materia de abastecimientos
hidráulicos, incorporando una serie de modificaciones, temporales
o definitivas, de nuestro actual marco legal que permitirá, en
una situación tan extraordinaria como ésta, una gestión
hidráulica más adecuada a las circunstancias. Estas medidas son
las siguientes: Primero, una modificación excepcional y
transitoria del caudal mínimo del río Tajo en Aranjuez. Saben SS.
SS. que la Ley 52/1980, que fijó el régimen económico de
explotación del acueducto Tajo-Segura, estableció un caudal
mínimo de seis metros cúbicos por segundo del río Tajo a su paso
por Aranjuez, antes de su confluencia con el Jarama. Este valor
fue establecido sin que existiesen estudios que determinasen la
pertinencia de que fuera éste y no otro, por lo que su reducción
temporal hasta el 30 de septiembre de 1996 estimamos que no
producirá una afección relevante, ni mucho menos crítica o
irreversible, al tramo de río afectado.
He de señalar que la excepcional intensidad de la sequía ha
reducido el caudal de todos los cauces en la mitad meridional de
España. Así, el río Guadiana se ha secado en casi todo su
recorrido en territorio español. Ha dejado de existir como río.
En Badajoz, el caudal circulante este verano no llega a un metro
cúbico por segundo. El Guadalquivir apenas supera un metro cúbico
por segundo a su paso por Córdoba y Sevilla. Y prácticamente
todos los ríos de la vertiente mediterránea al sur de Valencia no
son ríos, son caminos polvorientos porque por ellos no circula
prácticamente una sola gota de agua. Es decir, los caudales que
presentan los cauces que bañan nuestras ciudades y costas
meridionales han sufrido un recorte significativo a consecuencia
de la sequía, como lo hubiera sufrido también el Tajo si no fuera
por la gran capacidad de regulación que tienen los embalses de
Entrepeñas y Buendía.
Por lo tanto, al fijar en tres metros cúbicos, como mínimo, por
segundo el valor que deberemos observar en el río Tajo a su paso
por Aranjuez hasta finales del año hidrológico 1995-1996,
equivale a fijarlo en un valor que es triple del que circula por
Badajoz, Córdoba y Sevilla, siendo realmente muy poco razonable
que en las actuales circunstancias mantuviésemos un caudal de
seis metros cúbicos por segundo, soltando un agua de los embalses
que la contienen que no estuviera justificada por razones
consuntivas o medioambientales imposibles de soslayar.
Con esta modificación se puede conseguir disminuir los
desembalses en 95 hectómetros cúbicos al año, cantidad capaz de
asegurar el suministro anual a una ciudad de un millón de
habitantes. Esa modificación permitirá almacenar en Entrepeñas y
Buendía un recurso escaso que nos permitiría, caso de ser
necesario, alimentar en agua a una ciudad de un millón de
habitantes a lo largo de un año.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha adoptado la decisión
de modificar la toma del Canal de las Aves, que permitirá que
todo o parte del caudal derivado en verano por dicha toma circule
por el tramo del río Tajo en las inmediaciones de Aranjuez.
Me extenderé después, señorías, con más detalle en dos aspectos
que considero de especial importancia porque conozco la
preocupación que despierta en Castilla-La Mancha, concretamente,
la manera en que esta medida pueda afectar o no a los
abastecimientos a Toledo. En segundo lugar, el impacto
medioambiental que esta medida puede tener en el tramo afectado
del río Tajo. Creo tener argumentos y razones para poder
convencer a todas SS. SS. de que, desde ambos puntos de vista, la
medida que el Gobierno propone hoy a convalidación de la Cámara
es perfectamente lógica y asumible y no va a crear ningún
problema, ni al abastecimiento de Toledo ni al río Tajo,
considerado como un ecosistema en el tramo afectado por la misma.
Antes de eso, paso a explicar el resto del contenido del Real
Decreto-ley. El Real Decreto-ley establece una modificación al
actual esquema sancionador de la Ley de Aguas, modificando sus
artículos de manera que, bajo las actuales circunstancias
excepcionales, las infracciones que revistan un grado adicional
de gravedad puedan ser sancionadas con la caducidad definitiva de
la concesión del infractor. De manera que, en aplicación del
artículo 56 de la Ley de Aguas, no solamente se puedan imponer
las sanciones ya previstas sino que, en el caso que nos ocupa de
una situación grave de sequía, las infracciones muy graves y
reiteradas puedan llegar a ser sancionadas con la caducidad de la
concesión.
Asimismo, se modifica la legislación vigente para prever la
posibilidad de que la tecnificación en el aprovechamiento de los
recursos hídricos permita ajustar el volumen concesional a las
necesidades reales que se trata de cubrir con cada concesión. El
artículo 48.4 de la Ley de Aguas ampara ya claramente que el agua
no puede ser ni desperdiciada ni mal utilizada, ni puede ser
utilizada con abuso. Pues bien, lo que este artículo establece de
una manera genérica se concreta, en una modificación del
articulado correspondiente, en el artículo 63 para impulsar la
realización de auditorías en el uso del agua para comprobar la
idoneidad de los procedimientos utilizados y ajustar la cuantía
de las concesiones para que éstas puedan atender de forma
eficiente las necesidades que se trata de cubrir.
Finalmente, se autoriza transferir 10 hectómetros cúbicos al año
desde la cuenca del Almanzora al territorio meridional de la
cuenca del Segura, algo que ya fue autorizado con anterioridad
por anteriores decretos-leyes y que puede ser llevado a la
práctica sin problemas
porque el embalse de Almanzora dispone en este momento de 88
hectómetros cúbicos al año y las demandas que debe atender
permiten autorizar hasta la fecha indicada en el Real Decreto-
ley, diciembre de 1996, esta transferencia.
Aparte de este Real Decreto-ley, el Gobierno está estudiando un
conjunto de medidas, que puede adoptar por decreto o por acuerdo,
que en su caso serán objeto de otras normas con rango de ley si
necesario fuera. Así, hemos aprobado la transferencia de recursos
a Ceuta desde el puerto de Huelva, dado que los que actualmente
existen en el Campo de Gibraltar, desde donde se abastece Ceuta,
están ya muy mermados.
También hemos autorizado el cambio de toma del Canal de las Aves,
de manera que en vez de tomar al norte de la ciudad de Aranjuez,
se tome al sur de la misma, garantizando la misma calidad del
agua, puesto que la toma se efectuará claramente aguas arriba de
los vertidos urbanos e industriales de la ciudad de Aranjuez, de
manera que la misma agua, la misma calidad y la misma cantidad
podrá ser garantizada a la ciudad de Toledo creando un beneficio
a la ciudad de Aranjuez, que verá compensado la merma del caudal
del Tajo con el aumento del flujo volumétrico que por él circula
como consecuencia del cambio en la toma del Canal. Eso permitirá
también ahorrar diez hectómetros cúbicos al año de pérdidas que
hoy se producen en el subsuelo de Aranjuez, que tienen muy
difícil solución dado lo vetusto de esta infraestructura y las
propias características del subsuelo de una ciudad histórica como
es Aranjuez.
El Consejo de Ministros puede estudiar otras medidas de obras de
emergencia, quizás anticipar algunas de las obras previstas o de
los sistemas de regulación intercuencas estudiados en el Plan
Hidrológico Nacional para hacer frente a una situación que podría
ciertamente ser muy grave si el año que viene fuera tan seco como
los anteriores. Pero no quiero anticipar lo que el Gobierno no ha
hecho todavía, simplemente señalar que estamos pendientes de la
evolución de la situación para tomar otras medidas si necesario
fuera, y ya anticipo que será necesario seguramente pedir a la
Cámara que asigne más recursos presupuestarios de forma urgente
para acometer algunas obras con las cuales hacer frente a una
hipotética situación de un otoño seco.
Permítanme que, para acabar, de unas breves pinceladas sobre los
dos temas que sé que legítimamente preocupan a los ciudadanos y a
las instituciones de Castilla-La Mancha. Primero, el
abastecimiento a Toledo.
Como saben SS. SS., el abastecimiento a Toledo se inició de una
forma moderna después de la Guerra Civil con la construcción del
embalse del Torcón, en la margen izquierda del río Tajo, que
permite transportar agua, desde el Torcón primero y Guajaraz
después, hasta el Cerro de los Palos y desde allí bombearlo a la
ciudad de Toledo. En 1982 se produjo una situación de extrema
sequía, como la actual, en la cual se agotaron los embalses de la
margen izquierda del Tajo y entonces, en 1982, hubo que prever
una toma en Aranjuez para llevar agua por el Canal de las Aves
hasta la estación elevadora de Toledo, para dar a Toledo agua del
Tajo, que no tiene obviamente la calidad que tiene el agua
serrana embalsada en el Torcón y Guajaraz. Esta obra, capaz de
impulsar 200 litros/segundo, no entró nunca en funcionamiento
porque la siguiente primavera fue lluviosa y los embalses del
Torcón y Guajaraz se llenaron de nuevo y durante diez años fueron
capaces de alimentar a la ciudad de Toledo, a pesar del
incremento en su consumo urbano. Pero en esta reciente sequía han
vuelto a agotarse y en 1993 tuvimos que poner en funcionamiento
la toma del Canal de las Aves para alimentar a la ciudad de
Toledo. Estas obras fueron modernizadas y ampliadas y el Real
Decreto-Ley de febrero pasado modificó la toma asignando una
inversión de 320 millones de pesetas para permitir un suministro
estable y permanente de 500 litros/segundo desde el Canal de las
Aves, con una gran balsa de regulación de 15.000 metros cúbicos,
que entró en servicio ayer. De manera que con este sistema de
regulación podemos garantizar a Toledo desde el canal de las Aves
un consumo del orden de 25.000 metros cúbicos diarios, muy
elevado por cierto, 300 litros por habitante y día, que es la
demanda actual, que puede y será atendida desde el Canal de las
Aves con una calidad igual a la actual impulsada gracias a las
obras de emergencia que emprendimos en febrero y que fueron
culminadas ayer.
Por tanto, el abastecimiento a Toledo, que consume al año entre
siete y nueve hectómetros cúbicos, está permanente y
absolutamente garantizado con las tomas actuales y las obras de
emergencia ya concluidas. Pero para asegurar todavía más el
abastecimiento futuro de Toledo y no hacerlo depender únicamente
del caudal del Tajo, en previsión de que los embalses del Torcón
y Guajaraz no se llenaran en los siguientes episodios húmedos,
que esperamos, obviamente, vuelvan a producirse, el Consejo de
Ministros va a incluir en las obras de emergencia que someteré a
su aprobación una conducción desde el embalse de Picadas, en el
río Alberche, hasta las obras de infraestructuras que estamos
acometiendo de común acuerdo con la Junta de Comunidades en La
Sagra para abastecer Toledo con el agua que actualmente se
embalsa en el embalse de Picadas, para desde allí dirigirse a
Valmojado. Esta sería una inversión que costaría unos 3.500
millones de pesetas, para lo cual habrá que solicitar el
correspondiente crédito extraordinario, que diversificará el
abastecimiento a Toledo, de manera que tendrá el actualmente
disponible por el río Tajo desde su cabecera, el de Torcón y
Guajaraz en su margen izquierda y el del Alberche desde Picadas.
De esta manera definitivamente habremos diversificado el
abastecimiento de la mayor y mejor forma posible.
Queda, por tanto, claro que la disminución de caudal en el río
Tajo no va a afectar en absoluto a las posibilidades de
abastecimiento a Toledo, en las cuales el
Ministerio va a seguir invirtiendo, como ha hecho en el pasado,
para garantizar no sólo la cantidad, sino también una mejora de
calidad que depende, claro está, de la mezcla de la procedencia
de los recursos suministrados.
Déjenme, señorías, que a continuación, también brevemente,
explique la manera en que la disminución del caudal de seis a
tres metros cúbicos por segundo puede afectar al ecosistema
constituido por el río Tajo. Antes que nada, déjenme que le diga
que no hay ninguna justificación técnica que diga que seis debe
ser y no otra cantidad el caudal mínimo que debe circular por ese
río en ese lugar. Algunos estudios previos a la regulación
establecida por la Ley de 1980 hablaban de cifras del orden de
tres metros cúbicos por segundo. Se optó por seis metros cúbicos
por segundo para establecer una sobregarantía sobre lo que los
estudios de la época indicaban, pero déjenme también que les diga
que el río Tajo no regulado no sería capaz de suministrar seis
metros cúbicos por segundo en ningún caso de forma permanente, la
historia así lo refleja. Hay caudales que demuestran que en 1945
llegó a haber entre tres y un metro cúbico por segundo, y que
incluso a veces el río Tajo sin regulación sólo fue capaz de
suministrar 0,7 metros cúbicos por segundo; que en algunos
episodios y algunas incidencias el caudal ha disminuido de seis a
tres metros cúbicos por segundo en el 25 por ciento de los años
anteriores a la entrada en servicio de Entrepeñas y Buendía y que
no existe constancia de que ello hubiera producido un daño al
ecosistema.
Pero para explicarlo mejor déjenme que divida el tramo del río
Tajo afectado en tres subtramos: en primer lugar, el tramo que va
desde la presa de Bolarque hasta el presa de Embocador, situada
cinco kilómetros aguas arriba de Aranjuez. Allí el flujo es muy
distinto según la época del año. Entre noviembre y febrero
circulan 6,5 metros cúbicos por segundo, pero en las épocas de
riego el caudal es de 21 metros cúbicos por segundo y, por tanto,
la disminución de tres metros cúbicos por segundo no tiene ningún
impacto, ni siquiera visualmente apreciable. En ese tramo del río
la disminución en la peor época del año, de seis a tres, está
demostrado que no tiene ningún afecto sobre el ecosistema y, por
tanto, en esa zona del río, que es la zona menos degradada,
porque no tiene un entorno humano ni actividad que le afecte,
podemos estar tranquilos, no se produce ninguna clase de afección
que nos deba preocupar, sobre todo porque el caudal más bajo se
producirá en los momentos en los que la actividad biológica del
río es menor.
Entre el Embocador y la desembocadura del Jarama es donde se
producen los seis metros cúbicos por segundo como variable
crítica, y allí la disminución del caudal se verá compensada por
el cambio de toma del Canal de las Aves, de forma que la
desviación que ahora se produce arriba en la ciudad ese producirá
aguas abajo y la travesía urbana no se verá afectada en época de
riego. Naturalmente, cuando no se suministra agua para riego y la
toma es neutral, puesto que no se utiliza, tendremos una
disminución que no tendrá otro efecto que el estrictamente visual
y paisajístico.
El problema, que debe ser analizado con mayor detalle, es el que
es plantea entre el Jarama y aguas abajo de Toledo. Allí el río
Tajo recibe, como ustedes saben, primero al Jarama y después al
Alberche, de manera que el flujo sube mucho y la media anual
supera los 20 metros cúbicos por segundo. Pero en época de riego,
cuando el Jarama diversifica sus recursos hacia sus propios
regadíos, en función de la calidad de los afluentes de Madrid,
tendremos que vigilar --así lo mandata la norma que hoy se somete
a convalidación de la Cámara-- que el caudal se gradúe para
conseguir una mezcla que no produzca, desde el punto de vista
sensitivo, ninguna afección a su paso por Toledo, y así lo hará
la Confederación.
Esta disminución no quiere decir que sean tres metros cúbicos por
segundo todos los segundos del año. Habrá días y épocas en los
que tendremos que ser vigilantes para que la combinación de aguas
del Jarama y del Tajo mantenga unos niveles asumibles en el
caudal que resulta a su paso por Toledo.
Para ello hemos encomendado al Cedex un estudio en detalle de las
repercusiones sobre el medio de la reducción de este caudal,
analizando los niveles freáticos, la fauna piscícola, los
parámetros de calidad, las variaciones términas y, en general,
cualquier característica del ecosistema fluvial a su paso por
Toledo, al sur del Jarama, hasta que recibe las aguas del
Alberche.
Por todo ello, señorías, creo que la propuesta que hoy hace el
Gobierno tiene todos los parámetros de racionalidad exigidos por
la actual circunstancia; que gracias a ella podremos acumular más
reservas en una zona que continúa siendo uno de los grandes
pulmones hídricos de la península para atender prioritariamente,
como indica el Real Decreto-ley, las necesidades de
abastecimiento, sin comprometer ninguna de ellas, garantizando a
las ciudades de Castilla-La Mancha que no tendrán ninguna
afección negativa y con un impacto perfectamente asumible, que
deberá ser estrechamente vigilado, sobre el ecosistema afectado.
Gracias a ello podremos disponer de mayores márgenes de seguridad
para hacer frente a un futuro que se presenta incierto.
Cada vez es más cierto, señorías, que el agua no es un bien
gratuito que cae del cielo. Es un bien escaso que estamos
obligados a compartir, preservar y ahorrar. Sirvan las medidas de
este Real Decreto-ley para avanzar en esta dirección, que
constituye un requisito ineludible de la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Turno en contra de la convalidación. (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo
para fijar la posición de Unió Valenciana respecto al Real
Decreto 6/1995, sobre la sequía.
Un verano más el Estado español está sufriendo con gran dureza
los efectos derivados de la falta de agua, recurso vital
sociológica y económicamente, como bien han avalado las palabras
del señor Ministro.
El tema del agua, más que un problema político es una cuestión de
Estado, y el Gobierno central, según nuestro punto de vista, ha
tenido algunas dosis de improvisación y no ha sabido llevar a
cabo una política decidida en materia hidrológica, quedando aún
como asignatura pendiente la confección del Plan Hidrológico
Nacional, así como los Planes Hidrológicos de Cuenca y la
realización de trasvases, en tanto en cuanto dicho plan no se
confeccione.
La justificación hasta el día de hoy a la denegación del
desembalse es la situación que actualmente atraviesa la cabecera
del Tajo, los embalses de Entrepeñas y Buendía, al considerar que
cualquier trasvase para riegos obligaría a reducir la garantía de
los usos habituales y, en caso de continuar las actuales
condiciones de sequía, la imposición de restricciones.
Una de las alternativas que se propusieron desde la comisión de
explotación del Acueducto Tajo-Segura era la reducción con
carácter temporal y provisional del caudal mínimo legalmente
establecido para el Tajo a su paso por Aranjuez, que si bien en
la actualidad estaba fijado en seis metros cúbicos por segundo,
este decreto acertadamente lo reduce hasta tres metros cúbicos
por segundo, con la finalidad de aminorar, sin afecciones
significativas, los desembalses de Entrepeñas y Buendía y
garantizar un uso racional de los recursos hídricos existentes en
la cuenca del Tajo.
Si bien esa solución que viene regulada en el artículo 1.º de
este Real Decreto-ley ha sido bien acogida por los agricultores,
ya que supone que esa modificación está destinada a incrementar
los embalses de Entrepeñas y Buendía para de esta forma,
garantizar un futuro pero urgente e inaplazable trasvase al
Segura, no ha sido bien recibida la reforma que este Real Decreto
pretende del artículo 63 de la vigente Ley de Aguas, ya que el
Gobierno, aprovechando el período estival y de tapadillo pretende
pasar por inadvertida la reseñada reforma.
El artículo 3.º del Real Decreto que hoy nos ocupa contempla una
modificación que viene a establecer que las concesiones para el
abastecimiento de regadíos y poblaciones podrán revisarse en los
supuestos que las confederaciones hidrográficas acrediten que el
objeto de la concesión pueda cumplirse con una menor dotación.
Este artículo 3.º, desde nuestro punto de vista, supone un
atropello a la legalidad vigente y un intento del Gobierno de
aprovechar el clima social provocado por la sequía, para despojar
a los agricultores y regantes de sus concesiones, al margen de la
Ley de Aguas de 1985, y sin derecho a indemnizaciones. Este
artículo 3.º del Real Decreto constituye un hecho gravísimo para
todos los regadíos españoles y en especial para los de la
comunidad valenciana. Mijares, Palancia, Turia, Júcar, Serpis,
etcétera están cuestionados; esto significa que los caudales que
los agricultores tienen concedidos desde hace siglos, y
reconocidos después por el desarrollo de la Ley de Aguas, podrán
verse reducidos por el Gobierno sin tan siquiera derecho a
indemnización al concesionario, afectando a los regadíos
tradicionales anteriormente relacionados.
El decreto, con la modificación del artículo 63 de la Ley de
Aguas, pretende hurtar el debate con los sectores sociales
afectados y el trámite parlamentario más sosegado de una revisión
de la Ley de Aguas, la revisión del sistema concesional, pilar
básico de nuestra legislación de aguas también consagrado en la
ley del año 1985, vigente en el día de hoy. De ahí que desde
Unión Valenciana abogamos por la no convalidación de este Real
Decreto que, si bien propone medidas positivas para garantizar un
uso racional de los recursos, pretende revisar las concesiones,
apelando a la sequía como excusa para cambiar una ley que
requeriría una larga tramitación y provocaría --usted lo sabe
bien-- una airada reacción de todos los regantes españoles. Sobre
todo es inadmisible porque intenta modificar una Ley, la Ley de
Aguas, que reconoce los derechos adquiridos por nuestros
agricultores desde hace cientos de años, creando una gran y grave
inseguridad jurídica.
Por tanto, si resulta aprobada la convalidación, como así parece
que va a ser, sí solicitamos que se tramite como proyecto de ley
para mejorar lo que es manifiestamente mejorable de este Real
Decreto-ley improvisado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, desde el Partido Aragonés integrado en el Grupo
Mixto, voy a utilizar este turno de fijación de posiciones sobre
la convalidación del Real Decreto Ley que hoy se nos ha
presentado por el señor Ministro de Obras Públicas.
Confieso a SS. SS. que no pensaba intervenir en este debate, pero
cuando hemos salido del Pleno me he encontrado en la puerta del
Congreso con unos agricultores aragoneses, especialmente
alarmados por el contenido de este Decreto-Ley. Es verdad que
hemos reflexionado juntos y yo que esperaba que un Decreto-Ley
para paliar los efectos desastrosos de la sequía fuer aceptado y
recibido beneficiosamente por los agricultores, me he sorprendido
al ver lo preocupados que estaban
por este Real Decreto-Ley. No es para menos porque, aparte del
uso que el Gobierno hace un Real Decreto-Ley que siempre llega
tarde porque hay que esperar a que haya una pertinaz sequía para
el Gobierno tome medidas, y la mejor demostración de lo que estoy
diciendo es que el Decreto-Ley se repite todos los años (en 1993,
en 1994 y en 1995), ya que el Gobierno parece que solamente sabe
darnos datos estadísticos y lamentarse de que no llueva, en lugar
en tomar medidas eficaces, determinar el Plan Hidrológico
Nacional, los planes hidrológicos de cuenca, las obras de
regulación del Pacto del Agua en Aragón y en otras comunidades
autónomas, efectivamente, lo único que le queda al señor Borrell
es no tener la facultad de dictar decretos-ley para que llueva
por decreto, que es lo único que a ustedes parece ser que les
resolvería el problema. Estudiando este Real Decreto-ley que hoy
se nos propone, hemos visto que tiene poco de positivo y mucho de
negativo, poco de positivo como ya lo fueron otros decretos-ley
para paliar los efectos de la sequía. Preguntaría al señor
Borrell si puede contestarme qué fue de una de las medidas del
Real Decreto-ley del año 1993, en el que se recogían actuaciones
en el pantano de La Tranquera, municipio de Nuévalos, con
subvenciones millonarias para hacer obras con fines turísticos y
de recreo, en beneficio, creo yo, de una zona muy concreta pero
no en absoluto para paliar la sequía. Si el señor Ministro sabe
que ha sido de aquellas medidas y qué ha pasado con aquella obra
que, desde luego, no habrá contribuido a paliar la sequía, pues e
lo mejor estaba destinada a contribuir a paliar otras cosas que
no era la sequía; como digo, a la vista de la poca utilidad que
han tenido estos decretos y estas medidas porque, efectivamente,
no son más que buenas intenciones, alguna medida legislativa sin
acompañamiento económico, sin subvenciones a la iniciativa
privada, sin inversiones públicas, etcétera. Ahora se ha
aprovechado una medida circunstancial y coyuntural como es la
sequía, para modificar algo tan serio como es la Ley de Aguas.
Aquí es donde estaba la grave preocupación de los agricultores
aragoneses, porque han visto como con un medida de tapadillo, de
urgencia, metida casi, casi, con calzador, aprovechando un Pleno
extraordinario que no era para esto sino para otra cosa, se
pretende nada más y nada menos que modificar un artículo de la
Ley de Aguas, una Ley que fue ampliamente debatida y que sabe el
señor ministro cuántas reticencias levanta en el mundo de los
regantes, modificar, nada más y nada menos, que el sistema de las
concesiones, dando posibilidad al Gobierno para que expropie sin
ningún tipo de indemnización y, además, lo que es mucho más
grave, con unas justificaciones excesivamente discrecionales a
juicio del Gobierno y que crean una inseguridad jurídica que ha
sido vista y evaluada negativamente por los regantes y por los
sindicatos de regantes.
De ahí, señorías, que desde mi partido no podamos avalar la
convalidación de este Real Decreto-ley, que en todo caso, puesto
que seguramente la mayoría socialista servirá para llevar
adelante esta medida, pediremos que se tramite como Proyecto de
Ley en esta Cámara con el fin de poder enmendar siquiera uno de
los efectos más negativos de lo que se pretende.
Además, quiero decir el señor ministro que el tiempo demostrará
la ineficacia de la medida y que, desde luego, tiene que ponerse
a trabajar rápidamente en soluciones estructurales. Mientras
tanto, le sugiero que hagamos alguna rogativa, que saquemos al
santo en procesión, como se dice en Aragón, y a lo mejor con todo
esto logramos lo que usted no va a conseguir con este Real
Decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) respecto a la convalidación o no del Real Decreto-Ley que
debatimos, por el que se adoptan medidas como consecuencia de la
persistente sequía.
Vaya en primer lugar que nosotros vamos a votar favorablemente la
convalidación del Real Decreto-Ley, aunque tengamos algunos
reparos respecto al mismo. Verdaderamente, es aplicable a su
exposición de motivos la filosofía de la Ley de Aguas, Ley
29/1985, de agosto del mismo año, que en el preámbulo dice: «El
agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y
para el ejercicio de la mayoría de las actividades económicas; es
irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre,
irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el
espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos».
En unos momentos en que la sequía, que viene afectando de forma
continuada desde el año 1991, nos ha llevado en el año
hidrológico actual a extremos de inusitada gravedad, y con la
filosofía que citaba, ya este simple párrafo del preámbulo nos
hace llegar a la conclusión de que en estos momentos, con la
necesidad a que obliga la persistencia de la sequía, nuestro
grupo no puede dejar de convalidar el presente decreto.
Ahora bien, nuestros reparos pueden estar en que, en realidad, la
parte dispositiva la podríamos dividir en dos bloques. El
artículo 1.º y la transitoria son muy claros y concretos. Además,
el artículo 1.º es una modificación excepcional y limitada en el
tiempo. Ahora bien, en la segunda parte se modifican algunos
artículos de la Ley de Aguas y esto ya no nos parece tan propio
de un decreto-ley, aun cuando por el artículo 56 de la propia Ley
de Aguas se establece que el presente decreto tiene rango legal
suficiente. Dice el artículo 56: En circunstancias de sequías
extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en
similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas, el
Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, oído
el organismo de cuenca, podrá adoptar para la superación de
dichas situaciones las medidas que sean precisas en relación con
la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese
sido objeto de concesión. Esta es la primera parte del artículo
56, y este artículo puede legitimar el presente decreto en cuanto
a darle el rango legal suficiente y preciso para las medidas que
se toman.
De todas maneras, la parte expositiva del decreto, que en su
artículo 1.º se fija carácter transitorio, en esta segunda parte
no le da dicho carácter transitorio. Dice: También con carácter
excepcional se autorizan determinadas medidas. Pero este carácter
excepcional es prácticamente permanente porque se modifican los
artículos 109 y 63 de la Ley de Aguas sin tener presente la época
en que se produzca la sequía.
Además, la modificación que en su artículo 2.º se pide del 109 de
la Ley de Aguas verdaderamente nos sorprende, por cuanto este
precepto, en su punto 2, dice: «La sanción de las infracciones
leves y menos graves corresponderan al Organismo de cuenca. Será
competencia del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo» --debería
adaptarse el nombre-- «la sanción de las infracciones graves y
quedará reservada al Consejo de Ministros la imposición de multas
por infracciones muy graves».
Las multas que la Ley fija por infracciones graves son de entre
10 y 50 de millones de pesetas. Ahora, en la modificación que se
pide, se dice: «La comisión reiterada de infracciones muy
graves», o sea, la suma de infracciones muy graves, cuya sanción
tiene que imponer el Consejo de Ministros, por la modificación de
este artículo en el Decreto pasan a ser competencia simplemente
del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Creemos que, en todo caso también tendrían que estar incluidas
entre las infracciones que quedaban para el Consejo de Ministros.
En fin, la modificación del artículo 63 concierne a la revisión
de concesiones y no tiene en cuenta de manera muy correcta, a
nuestro entender, las indemnizaciones a recibir.
Hay que tener en cuenta que la modificación de la Ley de Aguas,
ley importantísima que fue objeto de un duro debate en esta
Cámara, a la que se presentaron en el Congreso 878 enmiendas, más
342 en el Senado, no puede hacerse a través de un simple decreto-
ley. Por tanto, hubiésemos preferido que la convalidación hubiese
sido de medidas urgentes y extraordinarias, para solucionar el
problema de la sequía. De acuerdo que también hay otras
propuestas en las modificaciones de estos artículos, pero creemos
oportuno apoyar que se trámite como proyecto de ley pues, aunque
tenga rango suficiente el decreto, es más correcto que se revise
como proyecto de ley. Entonces podremos debatir si verdaderamente
las modificaciones son adecuadas o hay que establecer alguna
corrección.
Como final de mi intervención quisiera solicitar del Ministerio
que agilicemos el Plan Hidrológicolo más posible. Sé que en estos
momentos es muy difícil lo que pido, pero con relación a la
sequía (ha hablado ya el señor Ministro, los ha citado y figuran
en la exposición de motivos) desde el año 1992 se han aprobado
dos Reales Decretos de medidas para dotar a los organismos de
cuenca; se han aprobado cinco Reales decretos más para ayudar
económica y socialmente al sector agrícola, el Gobierno ha
invertido 70.000 millones de pesetas y una serie importante de
medidas extraordinarias. Además, el señor ministro, fuera de este
Real Decreto, ya estaba preparando otras medidas extraordinarias
que van a venir.
Creemos que hay que agilizar todos estos temas para resolver de
una vez por todas los problemas hidráulicos del país, incluso
teniendo en cuenta que no se ha cumplido o va a muy atrasado el
cumplimiento de la proposición no de ley que esta Cámara aprobó a
propuesta del Grupo Socialista con una enmienda del Grupo
Popular, en el mes de marco del año 1995 como conclusión de una
serie de debates acerca del tema hidráulico y, sobre todo, del
Plan Hidrológico.
Así pues, como digo, convalidamos el decreto porque si creemos
que es oportuno y necesario por la extraordinaria situación en
que estamos; pero también creemos que debe estudiarse como
proyecto de ley, porque afecta de manera demasiado importante a
la Ley de Aguas vigente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña, el señor Andreu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, creo que fue con motivo del trasvase de la cuenca del
Ebro a Mallorca cuando el señor Ministro de Obras Públicas
manifestó que ese sería el último trasvase o la última
modificación importante dentro de la cuenca de un río de España
que se tramitaría como decreto-ley. De hecho, posteriormente vino
un trasvase del río Guadiaro al río Majaceite tramitado como
proyecto de ley, pero en los últimos tiempos se ha confirmado que
aquello no fue nada más que un espejismo; en el Parlamento se
está instaurado de nuevo una especie de estado de excepción
hidrológica por la cual se empieza a actuar mediante decretos-
ley, llevando al Congreso de los Diputados a una situación
extremadamente límite, a moverse y a andar en el alambre,
teniendo como red la situación tan tremenda que están viviendo
muchísimas regiones españolas. Por tanto, esa situación de sequía
y, en algunos casos, de desesperación, sirve de coartada para que
se vaya orillando un plan hidrológico,
estructurar el conjunto de las cuencas de una forma racional, y
que desde hace unos cuantos meses se hayan tomado una serie de
medidas puntuales que, desde nuestro punto de vista, están
poniendo en grave cuestión el futuro de la racionalidad del plan
hidrológico que se pueda plantear en nuestro país.
Nos preocupan algunas afirmaciones que se han hecho hoy en la
tribuna por parte del ministro, ya que empiezan a relativizarse
algunos de los conceptos que nosotros considerábamos
extraordinariamente interesantes de cara al futuro. Por ejemplo,
el concepto del caudal ecológico. Para el señor ministro ya no
hay caudal ecológico exacto, sino que empieza a ser un concepto
enormemente relativo, y si en algún momento, de forma más o menos
científica, se había llegado a la conclusión de que el caudal
ecológico eran seis metros cúbicos por segundo, ahora la pregunta
es, ¿por qué no tres? ¿Por qué no 0,6, como incluso ha llegado a
insinuarse el señor ministro, que se ha producido en algún
momento remoto de la historia?
Por tanto, conceptos como ese, empiezan a desaparecer nosotros
consideramos que eran enormemente importantes desde el punto de
vista de la persistencia ecológica de nuestras cuencas, y por
medio de esta figuras legales que son los decretos-ley y
basándose en situaciones de emergencia, que son situaciones de
emergencia que pudieran haber sido previstas, ya que la condición
seca de nuestra tierra no es nueva ni parece de pronto en
nuestros conocimientos, pues ya sabemos que en España hay una
condición de sequía importante y hay regiones que la tienen más
acentuada que otras, pero esos conceptos empiezan a desaparecer.
A nosotros esto nos preocupa extraordinariamente, como nos
preocupa también que mediante la tramitación de estas figuras
legales, como se está produciendo aquí, se empiecen a modificar
leyes que, independientemente de sus contenidos, han sido leyes
extraordinariamente trabajosas, leyes que han tenido un
importante costo social y que, repito, independientemente de que
sus contenidos sean para mejor o para peor --no entro ahora en
esa cuestión--, modificarlos ahora por vía de urgencia, evitando
el proyecto de ley, supone un desprestigio importante del
contenido de las mismas y supone cierto jacobinismo político,
que, desde luego, nosotros no queremos, en absoluto, consagrar
con nuestro apoyo. Si esto se tramitara como un proyecto de ley,
en el que cupiera un debate normal, la posición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sería
presentar una enmienda a la totalidad. Esa sería, a nuestro
juicio, la posición correcta, pero no es éste el caso que se nos
plantea. Lo que se nos plantea es un Real Decreto-ley que, en
realidad, ya está vigente desde el mismo momento de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y cuya tramitación
plantea un conflicto al Congreso al traernos la situación que se
vive en determinadas comarcas de España.
Nosotros no podemos, de ninguna manera, ratificar algunas de las
proposiciones que dan absoluta carta libre al Gobierno sobre cómo
gestionar los contenidos de este Real Decreto-ley, por ejemplo en
lo que se refiere a la reducción de caudal y a la posible
utilización de ese caudal que se usa ahora de otra manera. Desde
luego decir que se asignará por el Consejo de Ministros de forma
prioritaria para el abastecimiento de poblaciones es tanto como
no decir nada, porque no se hace de forma exclusiva ni de una
forma claramente determinada, sino que en el fondo supone dar un
cheque en blanco al Consejo de Ministros para que utilice ese
agua para el abastecimiento humano, para el cultivo de los
frutales, para el cultivo de determinadas hortalizas o cereales,
o para lo que considere oportuno el Consejo de Ministros en ese
momento. Nosotros no damos un cheque en blanco para eso; no lo
podemos dar. Una operación de esta naturaleza tiene que estar
claramente justificada, el destino del agua tiene que estar
claramente decidido, y el Congreso de los Diputados, según
nuestro criterio, tiene que ser claramente consciente de a qué se
destina ese agua. Para nosotros ese es un motivo más que
suficiente como para no prestar nuestro apoyo a este Real
Decreto-ley.
De igual manera, e independientemente de que esté bien o esté mal
--no es el momento de emitir un juicio al respecto, según
entendemos nosotros-- decidir mediante un acto de esta naturaleza
que las concesiones pueden ser revisadas cuando se hayan
modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, tal y
como dice esta modificación del artículo 63, es decir, dar unas
posibilidades ilimitadas al Gobierno para modificar el régimen de
las concesiones sin ningún tipo de ayuda y convirtiéndolo
prácticamente en una expropiación de la concesión, repito, sin
manifestarme a favor o en contra de ello, nos parece que resulta
excesivo en un trámite de esta naturaleza y, como planteé al
principio de mi intervención, refleja una determinada posición
jacobina en el ejercicio del poder y en el ejercicio de las
actuaciones en las que está cada vez más inmerso el Ministerio de
Obras Públicas.
A nosotros nos parece muy importante el contenido de este Real
Decreto-ley, extraordinariamente importante, pero tenemos serias
dudas de que sea beneficioso para el futuro del Plan Hidrológico
en nuestro país, y tenemos además serias dudas de que puedan ser
unos contenidos aceptables para el actual cauce del Tajo, porque
nosotros pensamos que el cauce del Tajo está sufriendo graves
problemas, situándose su caudal en unos niveles
extraordinariamente graves para su futuro, y desde luego, salvo
que se nos de oportunidad de manifestar nuestro criterio por
medio de enmiendas y planteando la posibilidad de un debate
político de mayor calado y de mayor profundidad nuestra posición
va a ser desfavorable a la tramitación de este Real Decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente,
discutimos hoy una vez más un asunto crucial como es el problema
de la sequía en un Pleno lamentablemente marcado por lo que ha
sido el debate de esta mañana. Debatimos por tercera vez en el
año la convalidación de un Decreto-ley sobre medidas urgentes
para paliar los efectos de la sequía que padece nuestro país. En
ese sentido, señalar que hubiera merecido la pena que una
reflexión más profunda desde el principio por parte del
Ministerio hubiera permitido traer los tres decretos-ley de una
vez, por cuanto, en nuestra opinión, lo esencial de todos ellos
se podía prever y estaba claramente sobre la mesa.
Dicho esto y dejando al margen cuestiones que hemos planteado en
otras ocasiones, como el hecho de que la sequía en España es una
cuestión que se produce regularmente, periódicamente para ser
exacta, y que en ese sentido hay mucho de falta de previsión en
los problemas que atravesamos en este momento, entremos
directamente a analizar y a debatir lo que hoy se nos propone
para su convalidación. Se nos propone un Decreto-ley que contiene
dos partes netamente diferenciadas: una primera parte que se
refiere a medidas excepcionales, concretas para un período de
tiempo limitado, y una segunda parte que se refiere a una
modificación permanente, definitiva, de tipo genérico, de la Ley
de Aguas.
En cuanto a la primera parte hay que distinguir dos cuestiones:
en primer lugar, la reducción del caudal del Tajo a su paso por
Aranjuez, de seis a tres metros por segundo, y también el
trasvase de diez hectómetros cúbicos desde Almanzora a la cuenca
del Segura. Esa parte cuenta con el respaldo del Partido Popular,
el respaldo claro, rotundo en cuanto a la reducción del caudal
del Tajo a su paso por Aranjuez a tres metros por segundo, en
cuanto a las modificaciones que de hecho nosotros habíamos
apuntado en otras ocasiones respecto a la toma del canal de Las
Aves y pasarlo a la zona de Aranjuez aguas abajo, máxime cuando,
como nos ha dicho el señor Ministro, por parte del Ministerio se
es plenamente consciente del problema fundamentalmente de
dilución de fluentes que se puede producir en un momento dado por
reducción del caudal circulante. Por tanto, se podría pensar en
plantear una modulación en ese caudal que en un momento dado
puede ir más allá de los tres metros cúbicos por segundo y
compensarse en otros momentos de menor problema. Pero si queremos
manifestar nuestro claro apoyo a esa reducción por cuanto
entendemos que lo que aquí se ha dicho en líneas generales es
absolutamente cierto y que, además, se trata de una situación
excepcional cuyos orígenes se podrían analizar, es decir, si una
gestión diferente de la que se ha llevado a lo largo de estos
años, concretamente de los años 1989, 1990 y 1991 de la cabecera
del Tajo se hubiera desarrollado, ello hubiera permitido que no
estuviéramos en la situación patética en la que nos encontramos
ahora, aunque no vamos a entrar en este momento en este punto.
Por consiguiente, que quede claro y de manifiesto que esa
cuestión tiene nuestro respaldo, lo mismo que tiene nuestro
respaldo que se produzca desde el Almanzora un trasvase para
regar tanto Los Guiraos como la Sierra de Enmedio, Pulpí o
Aguilas, otra parte de la provincia de Almería.
Dicho esto, y dejando claro y manifiesto nuestro respaldo a estas
vías excepcionales que, además, son propias del contenido de un
Decreto-ley, voy a entrar a analizar la segunda parte del
Decreto-ley con la cual ya anuncio que estamos en radical
disconformidad por dos razones: primero, por una cuestión de
forma y, segundo, por una cuestión de fondo. Paso a analizar muy
brevemente las críticas que hacemos a esta segunda parte del
Decreto-ley. Esta segunda parte contiene dos artículos y modifica
dos artículos de la Ley de Aguas.
En primer lugar, modifica el régimen sancionador que contempla
actualmente la Ley de Aguas, aumentando la capacidad
sancionadora, que puede ir más allá de las multas pecuniarias y
de las posibilidades de cierre de pozos que contempla la Ley en
el caso de las captaciones ilegales, y que va a la posibilidad de
supresión de caducidad de las concesiones por la comisión
reiterada de infracciones muy graves, como dice el texto del
Gobierno, en situaciones (estamos hablando del artículo 56) de
extraordinaria sequía o de sobreexplotación de acuíferos. Es
decir, situaciones extraordinarias, que quede claro.
El problema, señor Ministro, es el siguiente: ¿Sabe cuántas
sanciones graves ha puesto el señor Ministro por abuso en la
utilización del agua, después de los dos decretos que desarrollan
el artículo 56, en los últimos años? ¿Sabe cuantas multas muy
graves ha aprobado el Consejo de Ministros en los dos últimos
años, en que estamos de verdad padeciendo una situación de
extrema sequía? Ninguna. Señorías, ninguna. El Consejo de
Ministros en los dos últimos años, de excepcional sequía, no ha
puesto ninguna multa muy grave por abuso en la utilización de las
aguas, conforme a los decretos de desarrollo del artículo 56 de
la Ley de Aguas. Ninguna, señor Ministro. Entonces, ¿a santo de
qué de esta manera urgente, con un Decreto-ley, añadir una
posible sanción suplementaria, como es la caducidad de la
concesión, residenciada en el Ministro y no en el Consejo, lo que
es un poco incoherente y habría que hablar de ello? ¿Para qué
añadir una mayor posibilidad
si no utiliza tan siquiera las que la Ley de Aguas le ofrece y
que tiene en su mano?
Señor Ministro, nosotros apoyamos la función de policía. Lo hemos
reiterado aquí en diversos debates. Apoyamos la función de
policía por parte del Gobierno en cuanto al control de las aguas.
Hemos denunciado reiteradamente que parece inconcebible que no se
haga nada en un momento de sequía, de sobreexplotación de
acuíferos, en cuanto a todas las captaciones abusivas,
captaciones ilegales, captaciones piratas que existen en este
momento en España, en zonas realmente castigadas con un problema
de sequía. Sabe perfectamente --y si no lo sabe se lo cuento yo--
que en la provincia de Jaén tiene más de 60.000 hectáreas de
riegos ilegales. Por lo tanto, entendemos que esta medida que nos
presenta de manera urgente de aumentar la capacidad sancionadora
está injustificada por cuanto las capacidades sancionadoras de
las que ya dispone el Gobierno no las ejerce y, además, son
previas a la utilización de esta nueva capacidad sancionadora que
nos plantea.
Segundo punto o artículo 3.º del Decreto-ley: modificación del
artículo 63 de la Ley de Aguas. Es decir, modificación del
sistema concesional que contempla la Ley de Aguas. Esto es, en
nuestra opinión, lo más grave de lo que plantea el Decreto-ley.
Modifica por un Decreto-ley, con urgencia, el régimen concesional
no sólo de los regadíos, como han dicho algunos de mis
antecesores en el uso de la palabra, sino también de los
abastecimientos. Le voy a decir una cosa, señor Ministro. ¿De
verdad al Ministerio le preocupa que existan concesiones,
caudales excesivos, que existan abusos? Al Partido Popular, al
Grupo Popular, a mí personalmente, nos preocupa enormemente. Nos
preocupa la utilización eficiente del recurso hídrico. Por eso
hemos reiterado la necesidad de aumentar el esfuerzo en medidas
de ahorro; por eso hemos reclamado planes de ahorro y hemos
reclamado que se reconsidere, a la hora de plantear el Plan
Hidrológico Nacional, con mayor importancia la posibilidad de
ahorro en las explotaciones que ya existen.
El problema, señor Ministro, es que también les preocupaba el
tema de la eficiencia y del ahorro a los redactores de la Ley de
Aguas. ¿Es que el señor Ministro no tiene conocimiento de lo que
dice la disposición transitoria séptima de la Ley de Aguas? ¿Es
que no le han dicho que tenían que haber llevado a cabo desde las
confederaciones una revisión de las características de los
aprovechamientos actualmente inscritos en el Registro? ¿No le han
contado eso? ¿No le han contado eso? ¿Por qué no se ha hecho?
¿Por qué ni tan siquiera se ha aprobado el reglamento de
desarrollo de esta disposición transitoria séptima? Ahora vienen
con estos medios coercitivos, con un Decreto-ley, cuando no ponen
en marcha aquellos instrumentos de los que disponen. ¿Por qué
todavía, a día de hoy, no tienen hecho el inventario de los pozos
y de las explotaciones de aguas subterráneas, que va en el mismo
sistema y que también va a ir en el sentido de buscar una mayor
eficiencia?
Pero es que hay más. ¿Ignora el señor Ministro lo que dice el
artículo 75.3 de la Ley? El artículo 75.3 faculta a la
Administración para que obligue a las comunidades de usuarios, ya
sean éstas abastecimientos, regadíos o cualquier otro tipo de
comunidades de usuarios, a realizar obras e instalaciones que la
Administración les ordena a fin de evitar el mal uso del agua o
el deterioro del dominio público hidráulico. Además, autoriza a
suspender, señor Ministro, la utilización del agua hasta que
aquellas obras se realicen.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio, vaya
concluyendo.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Termino, señor
Presidente.
Tienen todos esos recursos en la Ley de Aguas. ¿Por qué no los
han utilizado a lo largo de estos diez años y ahora vienen,
deprisa y corriendo, con un Decreto-ley intentando modificar el
sistema concesional y ofreciéndonos nuevos instrumentos cuando no
han utilizado todavía aquellos de los que disponen? Es decir, sin
haber estrenado todavía la Ley, pretende cambiarla y buscar otros
instrumentos que tampoco piensa estrenar. ¿Por qué hace uso de
los que ya dispone? No invente lo que está ya inventado, señor
Ministro, y menos lo invente por vía de emergencia.
Termino, señor Presidente. Además de esto, hay un problema de
posible inconstitucionalidad en estos dos artículos. Primero,
porque, como muy bien sabe el señor Ministro, una concesión es un
derecho real administrativo inscribible en el Registro de la
Propiedad y, según nuestro artículo 33.3 de la Constitución
Española, nadie puede ser privado de sus derechos o de sus
propiedades si no es por ley; esto tendría rango de ley, pero
tendría que ser mediante indemnización, señor Ministro.
Además de este posible vicio de inconstitucionalidad, hay un
segundo. Señor Ministro, nuestra Constitución limita la facultad
excepcional que atribuye al Gobierno para promulgar en forma de
Decreto-ley normas con rango de ley y lo limita por dos razones,
por razón de la materia y por razón de que exista un conexión
establecida entre la facultad legislativa excepcional y la
existencia de un presupuesto habilitante concreto: en caso de
extraordinaria y urgente necesidad. Estoy citando una sentencia
del Constitucional reiteramente establecida en la doctrina. Nos
les autoriza, dice claramente el Constitucional, regular aquellas
cuestiones que, por su estructura misma, independientemente de su
contenido, no modifican de manera instantánea --señor Ministro,
instantánea-- la situación jurídica existente, pues de ellas
difícilmente podrá predicarse
la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad.
Señor Ministro, no existe esa posibilidad de aplicación de manera
instantánea de lo que contempla este precepto. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora De
Palacio.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Termine ya, por favor, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Ministro, no
queremos entorpecer la primera parte del Decreto-ley, es decir,
la que se refiere a medidas realmente urgentes; hay que tomarlas
y este instrumento es el adecuado y se podrían haber tomado
antes, como por ejemplo el caudal en el Tajo a su paso por
Aranjuez o los 10 hectómetros cúbicos, pero no podemos respaldar
la convalidación de esos artículos 2.º y 3.º que modifican los
artículos 63 y 109 de la Ley de Aguas.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario se va a abstener en la
votación y va a solicitar su tramitación como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-
Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, lamento que, en mi ingenuidad,
estuviese en el pleno convencimiento de que hoy sería
absolutamente posible y necesario encontrar una postura de pleno
acuerdo entre todos los grupos de la Cámara para proceder a
convalidar este Real Decreto.
Nos debiera bastar con mirar no los muros sino la tierra de la
patria mía para entender, sin necesidad de recurrir a argumentos
administrativos de complicación de si existen metidos o no en la
ley actual, que un país en el que lleva tres años lloviendo el 25
por ciento de lo normal y que en el último año esa lluvia en las
zonas afectadas ha sido el 10 por ciento de lo normal, que un
país en el que casi un 50 por ciento de su territorio está en una
escurrentía media de 200 milímetros al año, que es la que tienen
las zonas desérticas, requiere la adopción de medidas de
intervención urgente, requiere entender no sólo la oportunidad
del Decreto sino la necesidad de las medidas que contiene,
requiere entender que esto exige un esfuerzo de superación de los
desgarros internos, que los hay en todos los grupos, que los hay
en todo los partidos, pero es preciso ponerse del lado de la
razón, del lado del interés general, aunque no sea éste el lado
que concite las manifestaciones de la pancartas en contra de las
medidas establecidas en este proyecto de ley.
En una situación tan caótica, tan excepcional y desconocida
históricamente como en la que nos encontramos en este país no se
comprende cómo no se puede llegar a entender que las concesiones
no son un derecho adquirido (que es teoría, por lo demás,
reiteradamente rechazada por el Tribunal Constitucional), que no
es un derecho inmutable, que el agua de este país está en un
ciclo único y que todos los usos privativos del agua están
sometidos a concesión, no solamente los anecdóticos agricultores
a los que ha hecho referencia el señor Mur, sino todos los usos
consuntivos de este país, incluido el abastecimiento a
poblaciones, están sometidos a concesión y todas esas concesiones
deben de poder ser revisables, incluso anuladas, en desarrollo
del artículo 52 de la Ley de Aguas, en una situación de absoluta
sequía.
El agricultor que riega por aspersión o a manta árboles frutales
en lugar de hacerlo por goteo o por mecha húmeda, necesita de la
sanción de la Administración y de la sanción social diciéndole
que no se puede regar así. El proyecto de ley en esto es
extraordinariamente cauteloso. Para proceder a la revisión --
artículo 3.º-- de una concesión, la Administración tiene que
acreditar, es decir, demostrar que hay una manera mejor de hacer
las cosas y la confederación correspondiente tiene que efectuar
una auditoría de la gestión de aguas en esa concesión. Por tanto,
no es una medida arbitraria. Tiene la garantía que exige que la
Administración demuestre que el interés general es posible
salvaguardarlo con volúmenes de consumo inferiores a los que se
estén efectuando en ese momento.
Naturalmente que también puede ser suprimida una concesión
administrativa. ¿Cuándo lo es? Ante faltas reiteradas muy graves
y únicamente durante el período de tiempo. Me da igual, señora
Loyola, que sean cero, una o dos las sanciones impuestas. Si son
cero, no le preocupe, no ponga tanto empeño en defender los
intereses particulares de los regantes, señora Loyola. Si usted
dice que la Administración no hace uso de esa facultad, no le
preocupe. Pero sí le preocupa; está usted, entonces, defendiendo
la posibilidad del uso abusivo del agua en una situación en la
que no es sostenible defenderlo.
Por lo tanto, para que se produzca la sanción de cancelación de
una concesión es necesario que reiteradamente se produzca una
infracción muy grave, por cierto, de las reservadas, no como le
he creído entender al señor Sedó, al Consejo de Ministros. No se
rebaja el rango del órgano o de la persona administrativa
encargada de la sanción sino que permanece en sede de Consejo de
Ministros. Las sanciones muy graves en la Ley de Aguas, señora De
Palacio, las establece el Consejo de Ministros. Las hay leves,
menos graves, graves y muy graves. Las graves las pone el Consejo
de Ministros, luego la reiterada incidencia en una infracción
muy grave no resulta exagerado suponer que la sigue imponiendo el
Consejo de Ministros.
Otro de los motivos de discrepancia, no suyo ciertamente, con el
Real Decreto es la disminución del caudal ecológico del Tajo de
seis a tres metros cúbicos en Aranjuez y la sospecha, que induce
directamente a algún portavoz, al rechazo, de que los cien
hectómetros cúbicos de agua que se pudieran ahorrar con esta
medida pudieran estar destinados a regadío. El proyecto de ley es
extraordinariamente claro en este sentido, establece que con
carácter preferente y fundamental los recursos que se ahorren por
esta medida deben estar destinados al consumo humano pero no
cierra la posibilidad, señor Andreu, de que sea para regadío.
¿Por qué no, señor Andreu? Si resulta que a partir de octubre --y
permita la naturaleza que así sea-- llueve en la cabecera del
Tajo, en Entrepeñas y Buendía, y no llueve en el Segura, ¿por qué
no vamos a trasladar aguas al Segura, señor Andreu? ¿En nombre de
qué principio falsamente progresista se pueden tener 500, 600,
700 u 800 hectómetros cúbicos en Bolarque-Entrepeñas-Buendía y
40.000 hectáreas de árboles frutales, que son la riqueza
fundamental de una comunidad, destinadas al abandono, a perderse
y a perder una base importante de las economías de esas
provincias? ¿Por qué? No parece que tenga mucho sentido.
Por tanto, la ley --o este proyecto de ley, si se tramita así en
una fase posterior en lugar de como Real Decreto, no tenemos
inconveniente ninguno-- establece que el uso prioritario y
fundamental es para consumo humano, pero no cierra la posibilidad
de que pueda ser otro. ¿Que daño ecológico puede recibir el Tajo
si reducimos de seis a tres metros cúbicos por segundo? Menor que
el Guadiana, que tiene un metro cúbico por segundo, o el
Guadalquivir, que tiene también un metro cúbico por segundo en
Córdoba y en Sevilla. No sé el daño ecológico que pueda producir
la reducción, pero al límite de las posibilidades, si, como la
Administración tiene la obligación de prever, aunque deseamos que
no sea así, el próximo año hidrológico también pintan bastos y
tampoco llueve, ¿tendría sentido mantener tres metros cúbicos de
agua por segundo en el Tajo para mantener el caudal ecológico y
privar de dotaciones a los usos consuntivos humanos? Pues tampoco
parece que eso tenga mucho sentido.
Por tanto, nosotros estamos convencidos de la urgencia, de la
necesidad y de la oportunidad de este Real Decreto-ley, vamos a
votar a su favor y no tendríamos inconveniente, como algún Grupo
ha solicitado, de que en fase posterior se pueda tramitar como
proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García-
Arreciado. Vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (La
señora De Palacio pide la palabra.)
¿Si, señora De Palacio?
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, el
señor Jenaro, en su intervención, aparte de hacer alusión
reiterada a mi persona...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Diga a qué efectos quiere
solicitar la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Por alusiones, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No ha sido aludida, ha
sido citada, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: El señor Jenaro me ha
aludido diciendo que soy la que defiende el uso abusivo del agua,
y es el Ministerio, que no hace lo que tiene que hacer, el único
que defiende usos abusivos y que no pone una sola multa y permite
que eso sea una anarquía... (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Y que pretende sancionar
a los que tienen un título legal en vez de perseguir a los
ilegales. (Fuertes rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Exclusivamente a esos efectos de contestar a esa alusión, tiene
S. S. la palabra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. Brevísimamente, señor Presidente.
He manifestado muy claramente, en nombre del Grupo Popular, el
respaldo de nuestro Grupo --y me da la impresión que no lo ha
entendido el señor Jenaro-- a lo que son medidas de urgente
necesidad, como es lo del caudal del Tajo a su paso por Aranjuez
o el trasvase extraordinario de 10 hectómetros cúbicos del
Almanzora. Lo he reiterado. No sé en qué estaba pensando que no
se ha enterado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cíñase, señora De
Palacio, a los términos de la alusión a la que S. S. ha hecho
referencia.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Es que no me ha
entendido. (Rumores.) Se oye fatal.
En cuanto a la cuestión de que, dice textualmente, defendemos la
posibilidad del uso abusivo, es al contrario.
Quiero tranquilizar al señor Jenaro diciéndole que el problema es
que el Ministerio es el que ha permitido ese uso abusivo y que
ahora pretende ir contra aquellos
que tienen derechos, en vez de perseguir a aquellos que están en
la más absoluta de las ilegalidades, procediendo a explotaciones
sin título de ningún tipo, a los cuales se les permite que sigan
tirando el agua, regando y haciendo lo que les da la gana, y
mientras tanto, aquellos que sí que tienen unos derechos y unos
títulos, títulos que son inscribibles en el Registro de la
Propiedad, que son derechos reales, resulta que...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No estamos en un turno en
contra.
La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: No es un turno en
contra, señor Presidente. Sólo quiero señalar estos extremos que
no ha comprendido el señor Arreciado. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la votación.
(Rumores.) (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 6/1995, de 14 de julio, por el que se
adoptan medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en
materia de abastecimientos hidráulicos como consecuencia de la
persistencia de la sequía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 289; a favor, 157; en contra, tres; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 286; en contra, uno; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto
de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.