CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 161
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 159 (extraordinaria)
celebrada el martes, 4 de julio de 1995



ORDEN DEL DIA:



Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8575)



Comunicación del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 196 del Reglamento, sobre la política del sector público
empresarial:



--Comunicación del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 196 del Reglamento, sobre la política del sector público
empresarial (número de expediente 200/000007) (Página 8575)



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados:



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Camara, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, para informar sobre el Consejo Europeo
que se celebró en Cannes, los días 26 y 27 de junio (número de
expediente 210/000028) (Página 8609)

Página 8572



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Camara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados:



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Camara, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, para informar, en sesión
extraordinaria de la Camara, sobre la Presidencia Española de la
Unión Europea (número de expediente 210/000029) (Página 8609)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 162,
de 5 de julio de 1995.)



SUMARIO



Se abre la sesión a las once de la mañana.




Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8575)



Comunicación del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 196 del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre
la política del sector público empresarial (Página 8575)



Interviene el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay), exponiendo que, desde la perspectiva jurídico-
constitucional, el artículo 128 de la Constitución española
reconoce la iniciativa pública en la actividad económica,
proclamando la coexistencia de los dos sectores de producción, el
privado y el público, que constituyen lo que se ha dado en llamar
un sistema de economía mixta. Se aparta así la Constitución del
orden político anterior en el que primaba el principio de
subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada y en
el que únicamente se admitía la pública ante la inexistencia o la
insuficiencia de la privada, habiendo alcanzado ahora ambas el
mismo trato constitucional, por decirlo de alguna manera. No
obstante, todas las actuaciones de los órganos de la
Administración pública deben responder al interés público,
incluidas las actuaciones empresariales y, además, el artículo
31.2 de la Constitución exige una equitativa distribución de los
recursos y que su programación y ejecución respondan a criterios
de eficiencia y economía, lo cual no es compatible con
cualesquiera actuaciones empresariales carentes de justificación.

Por si fuera poco, la propia Constitución y la pertenencia de
España a la Unión Europea exigen que se garantice y se
salvaguarde la libre competencia y a tal fin han de regir las
mismas reglas para ambos sectores de producción, público o
privado. De este modo, la creación de empresas públicas para
fines empresariales es algo legalmente posible, pero sujeto a la
doble condición de que la actividad empresarial sea una actividad
de indudable interés público y que en su ejercicio la empresa se
someta, sin excepción ni privilegio alguno, directo o indirecto,
a las mismas reglas de la competencia que rigen en el mercado
cuando actúan en sectores susceptibles de competencia.

Desde la perspectiva económico-industrial, la justificación de la
intervención pública o incluso la existencia de un sector público
han venido de la mano del analisis y capacidad del mercado para
producir una coherente asignación de recursos conducentes a la
eficiencia económica. No se trata, por tanto, de justificar
cualquier tipo de intervención pública, y mucho menos cualquier
empresa pública en no importa qué sector, sin la previa
existencia de un escrutinio sobre las condiciones existentes en
las específicas formas de actuación.

La tercera de las perspectivas sería la financiero-
presupuestaria, que parece últimamente la dominante, al menos en
un sector de la opinión pública. De acuerdo con ella, el sector
empresarial debiera ser juzgado exclusivamente por su
contribución al gasto público, vía subvenciones corrientes o de
capital, o por su eventual contribución a la reducción del
déficit mediante los ingresos derivados de su posible
enajenación.

Expone a continuación el señor Ministro, en primer lugar, la
necesidad de adecuar el sector público empresarial al marco en el
que opera actualmente la economía española. En segundo lugar, las
implicaciones que el Gobierno considera que ello tiene sobre
dicho grupo de empresas y, por último, las orientaciones que
deben presidir el diseño de la política del sector público
empresarial con el objetivo de intentar mostrar la coherencia de
las actuaciones que el Gobierno esta llevando a cabo en el sector
público empresarial con el conjunto de nuestra política
económica, por considerar importante que se comprenda que no se
trata de actuaciones aisladas



Página 8573



sino de manifestaciones de una estrategia económica general que
tienen sus implicaciones también para el sector público
empresarial.

Afirma que, en su conjunto, el peso relativo de la empresa
pública industrial en la economía española es inferior al
registrado como media en el entorno europeo, apreciándose además
en España, como en otros países, una tendencia común a la
reducción. Según los últimos datos disponibles correspondientes
al año 1991, el sector público empresarial alcanza el nueve por
ciento en la economía española, mientras que la media comunitaria
se situaba en el 11,8 por ciento. Puede decirse que el sector
público empresarial español representa en nuestra economía la
mitad que el francés, el italiano y el portugués en los suyos, y
es inferior también al alemán, al danés y al irlandés, siendo
sólo ligeramente superior al belga y al holandés. Destaca también
el elevado grado de diversificación sectorial, especialmente en
el grupo INI-Teneo, que plantea problemas de búsqueda de
coherencia empresarial dentro del grupo y exige redefiniciones
sobre su identidad en las estrategias a largo plazo.

Expone asimismo el señor Ministro que, en la nueva situación
existente, la racionalización y la modernización del sector
público son objetivos de primer orden, lo cual obliga a que las
empresas públicas, industriales y de servicios, concedan
prioridad a los factores de competitividad desarrollando
estrategias de adaptación al nuevo marco en el que debe operar.

En esta línea se trataría, primero, del fortalecimiento de una
base empresarial industrial y de servicios que garantice el
adecuado desarrollo de un tejido industrial potenciador de la
economía real; segundo, de la continuidad de aquellos proyectos
empresariales y actividades ya implantadas en nuestro país,
auténticos núcleos de oportunidad de especial referencia, a los
que no se quiere ni se debe renunciar; tercero, de la
potenciación de grupos empresariales que generen interrelaciones
con la suficiente densidad como para alcanzar personalidad propia
y poder de negociación en los mercados nacionales e
internacionales y, cuarto, de la culminación de los procesos de
reestructuración o de desinversiones en sectores específicos
modulando esos procesos, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria y con la valoración de su impacto social en las
áreas sociales y regionales afectadas.

Añade que el Gobierno, como accionista del sector público
empresarial, apuesta para sus empresas por una estrategia de
mejora de la competitividad basada, entre otros aspectos, en
proseguir con la implantación de mejoras de organización y
productividad, el establecimiento de alianzas estratégicas, la
renovación de los medios productivos para reducir costes y
mejorar la calidad de la oferta, así como favorecer su
implantación comercial y del servicio de distribución para
mejorar la atención del cliente. Se trata de estrategias
definidas genéricamente y, obviamente, es necesario pormenorizar
el ambito de los dos principales entes tenedores de empresas: La
Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales.

Alude, por último, el señor Ministro el aspecto específico de las
privatizaciones, afirmando que en algunos mercados la competencia
no puede desarrollarse adecuadamente y se hace necesario, por
tanto, la intervención pública, y ello ocurre en los casos en los
que la producción requiere grandes inversiones y están presentes
fuertes economías de escala. Desde esta perspectiva, no comparte
los prejuicios ideológicos en contra de la gestión pública que
lleva a determinadas fuerzas políticas a encontrar siempre en el
sector privado la solución mas eficiente a los problemas
económicos. Considera que en ciertas actividades el sector
público puede garantizar el cumplimiento de una adecuada oferta
de servicios públicos mediante su regulación, aunque reconoce que
ello no es posible en todos los casos. Por otra parte, el
Gobierno considera que sería, además de inoportuno, inadecuado el
hacer público un plan general o global de privatizaciones. De ahí
que las decisiones deban tomarse a medida que las circunstancias
del mercado, las condiciones específicas de cada empresa y la
oportunidad de consecución de los objetivos de su política así lo
aconsejen.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Chiquillo Barber y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Sanchez i Llibre, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gamir Casares, del
Grupo Popular, y Sáenz Lorenzo, del Grupo Socialista.

Les contesta el señor Ministro de Industria y Energía.

Replican los señores Chiquillo Barber, Mardones Sevilla, Sanchez
i Llibre, Frutos Gras, Gamir Casals y Sáenz Lorenzo, duplicando
el señor Ministro.

Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Camara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, para informar sobre el Consejo Europeo que
se celebró en Cannes, los días 26 y 27 de junio (Página 8609)



Página 8574



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Camara, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de
los Diputados, para informar, en sesión extraordinaria de la
Camara, sobre la Presidencia Española de la Unión Europea (Página 8609)



El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) manifiesta
que comparece ante la Camara para informar conjuntamente de las
conclusiones del Consejo Europeo de Cannes y de los objetivos de
la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo
semestre de 1995, Presidencia que supone para España una gran
responsabilidad que el Gobierno desea llevar a cabo con la máxima
eficacia para los intereses de la Unión Europea, marco esencial
para la mejor defensa de los intereses de nuestro país. El
Gobierno se propone que los seis meses de su presidencia sean un
éxito para la Unión Europea y, por consiguiente, para España, y
de ahí el interés en contar, como ya se hizo en la primera
presidencia española en el año 1989, con el apoyo del conjunto de
las fuerzas políticas de la sociedad. El Gobierno ha venido
aportando al Parlamento la información puntual y periódica sobre
todas las fases preparatorias de la presidencia española a través
de una presencia frecuente en la Comisión Mixta.

Sobre el Consejo Europeo de Cannes señala que han tenido también
los señores Diputados una información de primera mano a través
del texto de sus conclusiones. Señala que para el Gobierno
español ha sido una reunión de particular relevancia, como es la
de concretar y confirmar el marco global de los objetivos de
nuestra presidencia, conociendo los señores Diputados que
nuestras prioridades no suponen otra cosa que la ordenación y
gestión desde la perspectiva española de las prioridades
comunitarias, básicamente un ejercicio de impulso, de
coordinación y de arbitraje para conseguir el funcionamiento
institucional, la gestión de las políticas comunitarias y la
fijación de objetivos a realizar de acuerdo con los intereses de
los quince y de la Unión.

Como conclusión del Consejo Europeo de Cannes y de cara a la
presidencia española menciona, primero, el que se han sentado las
bases para el relanzamiento de la Unión Europea, dejando atrás
una etapa de dudas y escepticismo. Segundo, que se ha completado
y definido el marco de la acción exterior de la Unión para los
próximos años, y de manera especial el Mediterráneo se ha
afirmado como una prioridad en la política exterior y también en
la acción económica. En tercer lugar, se ha confirmado que a la
presidencia española le corresponde una tarea decisiva para el
futuro de la Unión, densa en sus contenidos e importante en los
mensajes y en los informes que habrá que elaborar y realizar.

Agrega que la presidencia española girara en torno a cuatro
grandes objetivos y tres lugares de encuentro. Como primer gran
objetivo menciona el relanzamiento de la Unión Económica y
Monetaria, con una atención especial a las políticas generadoras
de empleo; el segundo es la consolidación de la proyección
exterior de la Unión Europea en un marco de estabilidad y
seguridad; el tercero es la aproximación de los trabajos de la
Unión Europea a los ciudadanos, y el cuarto el diseño de la
Europa del futuro, especialmente a través de la Conferencia de
1996.

Para la realización de estos objetivos contaran con numerosos
informes que elaboraran las instituciones de manera concertada y
con tres momentos decisivos, como son la reunión informal de
Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrar en Mallorca en el mes
de septiembre; otro, la Conferencia Euromediterránea de
Barcelona, en el mes de noviembre y, el tercero, el Consejo
Europeo de Madrid, en diciembre, para tomar importantes
decisiones en el ambito económico y monetario, que culminara
todos los trabajos del semestre.

La presidencia implica, además, la gestión habitual de cuestiones
tan importantes como la aprobación de los Presupuestos de 1996,
la aprobación de reglamentos en materia de pesca o la
organización de mercados agrícolas para productos muy sensibles
de la agricultura española.

Menciona el señor Presidente del Gobierno alguna de las
actuaciones a desarrollar durante los próximos seis meses para la
consecución de los objetivos antes enunciados, destacando la
creación de empleo como prioridad principal y la preparación de
la Conferencia Intergubernamental de 1996 para diseñar y poner
los cimientos de la Europa que ha de acoger a los ciudadanos del
siglo XXI, a lo que se dedicara buena parte de los esfuerzos de
la presidencia española.

Concluye el señor Presidente del Gobierno manifestando que España
se dispone a desempeñar su segunda presidencia comunitaria desde
nuestra adhesión. Expone que muchas cosas han cambiado en España
y en Europa en estos diez años, pero emprende esta tarea con la
misma ilusión y la misma entrega que la vez anterior, porque lo
que esta en juego es el futuro de Europa y, por tanto, también de
España, porque nuestro destino esta ya vinculado al de Europa.

Para ello van a trabajar con la esperanza de contar con el
respaldo de los ciudadanos y de esta Camara y en ello pondrán
todo su empeño.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aznar
López, en nombre del Grupo Popular; Anguita González, en
representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Anasagasti



Página 8575



Olabeaga, en nombre del Grupo Vasco (PNV), y Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; la señora Rahola i Martínez y
señores Mur Bernad, Albistur Marín y Chiquillo Barber, del Grupo
Mixto, y Caldera Sanchez-Capitán, del Grupo Socialista.

Interviene de nuevo el señor Presidente del Gobierno (González
Márquez) para contestar a los portavoces de los grupos
parlamentarios.

Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de
la tarde.




Se abre la sesión a las once de la mañana.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
Señores DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.

Con carácter previo al desarrollo del orden del día de la sesión,
vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución por parte de distintos señores Diputados.

Don José Luis Centella Gómez, Diputado proclamado electo en
sustitución de don Antonio Romero Ruiz, ¿jura o promete S. S.

acatar la Constitución?



El señor CENTELLA GOMEZ: Sí, prometo.




El señor PRESIDENTE: Don Antonio Guinea de Toro, Diputado
proclamado electo en sustitución de don Felipe López García,
¿jura o promete S. S. acatar la Constitución?



El señor GUINEA DE TORO: Sí, prometo.




El señor PRESIDENTE: Don Teófilo de Luis Rodríguez, Diputado
proclamado electo en sustitución de don Luis Eduardo Cortés
Muñoz, ¿jura o promete S. S. acatar la Constitución?



El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Don Antonio Vicente Hormiga Alonso, Diputado
proclamado electo en sustitución de don José Macías Santana,
¿jura o promete S. S. acata la Constitución?



El señor HORMIGA ALONSO: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Don José Ramón Fernández Ibañez, Diputado
proclamado electo en sustitución de don Luis Angel Alegre
Galilea, ¿jura o promete S. S. acatar la Constitución?
El señor FERNµNDEZ IBAÑEZ: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Don José Luis Centella Gómez, don Antonio
Guinea de Toro, don Teófilo de Luis Rodríguez, don Antonio
Vicente Hormiga Alonso y don José Ramón Fernández Ibañez han
adquirido la condición plena de Diputados. Bienvenidos todos a la
Camara.




COMUNICACION DEL GOBIERNO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 196 DEL REGLAMENTO, SOBRE LA POLITICA DEL SECTOR PUBLICO
EMPRESARIAL (Número de expediente 200/000007)



El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Comunicación
del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 del
Reglamento, sobre la política del sector público empresarial.

Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el debate que
ahora se inicia tiene como título la política sobre el sector
público empresarial.

Debo empezar por reconocer mi admiración por el hecho de que su
título se haya transformado en la opinión pública en un debate
exclusivo sobre privatizaciones, como si éste fuera el principal
o incluso el único problema y como si no existieran otros
aspectos tan relevantes o mas que el citado en la política que el
Gobierno viene llevando a cabo en el sector público empresarial.

Las recientes decisiones sobre reestructuración del sector
público empresarial que debatimos la semana pasada y a las que
volveré a hacer referencia, sin duda, son un aspecto inexcusable
de una discusión sobre la política seguida por el Gobierno, pero
sin duda también será difícil reducir reducir la política y
actuación del Gobierno a esta sola cuestión.

Una tercera puntualización me parece inevitable antes de entrar
en materia. El sector público empresarial, al que nos referimos
en singular, es una realidad enormemente plural que se resiste a
ser analizado en términos de una única categoría. Sólo la
ignorancia o la simplificación autoriza a pensar que pudieran
atribuirse iguales políticas al transporte marítimo en manos del
Estado que a la producción de potasas, a la extracción del carbón
o a la actividad financiera. Pero, reconocido lo dicho, si
queremos ordenar el debate de modo comprensible, sugiero que lo
hagamos al menos iniciándolo desde una triple perspectiva: una
perspectiva jurídico constitucional,



Página 8576



una económica e industrial y una financiero presupuestaria.

Desde la primera perspectiva (la jurídico constitucional) --es
importante señalarlo--, el artículo 128 de la Constitución
española reconoce la iniciativa pública en la actividad
económica. Como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia, dicho
precepto proclama en nuestro sistema constitucional la
coexistencia de los dos sectores de producción, el privado y el
público, que constituyen lo que se ha dado en llamar un sistema
de economía mixta; se aparta así la Constitución del orden
político anterior en el que primaba el principio de
subsidiariedad de la empresa pública respecto de la privada y en
el que únicamente se admitía la pública ante la inexistencia o la
insuficiencia de la privada, habiendo alcanzado ahora ambas el
mismo trato constitucional, por decirlo de alguna manera.

No obstante --y es importante--, mientras los particulares pueden
crear sus empresas con plena libertad de criterios, sin mas
condición que la de que sus fines sean lícitos (artículo 38 de la
Constitución), todas las actuaciones de los órganos de la
Administración pública deben responder al interés público,
incluidas las actuaciones empresariales, y, además, el artículo
31.2 de la propia Constitución exige una equitativa distribución
de los recursos y que su programación y ejecución responda a
criterios de eficiencia y economía, lo cual no es compatible con
actuaciones empresariales cualesquiera, carentes de
justificación.

Por si fuera poco, la coexistencia de empresas públicas con fines
empresariales (artículo 128.2 de la Constitución) y de empresas
privadas (artículo 38 de la Constitución), en el marco de la
economía de mercado y la pertenencia de España a la Unión
Europea, exigen que se garantice y se salvaguarde la libre
competencia, y para ello han de regir, y me importa mucho
señalarlo, las mismas reglas para ambos sectores de producción
público o privado, al menos cuando éstos actúan en sectores en
los que es posible la competencia y no concurren otras razones
para la intervención pública.

De este modo, la creación de empresas públicas para fines
empresariales es, por supuesto, algo legalmente posible, pero
esta sujeta a la doble condición de que la actividad empresarial
sea una actividad de indudable interés público, apreciable y
apreciada en el momento de su creación y que en su ejercicio la
empresa se someta, sin excepción ni privilegio alguno, directo o
indirecto, a las mismas reglas de la misma competencia que rigen
en el mercado cuando actúen en sectores susceptibles de
competencias.

Hasta aquí, algunas consideraciones que me parece relevante desde
la perspectiva jurídica constitucional y del propio Derecho
europeo.

Desde la perspectiva económica industrial, la justificación de la
existencia de la intervención pública o incluso de la existencia
de un sector público ha venido, como conocen bien SS. SS., de la
mano del analisis de las capacidades del mercado para producir
una correcta asignación de recursos conducentes a la eficiencia
económica.

Para algunos, siendo el mercado un mecanismo perfecto de la
asignación de recursos, ninguna presencia pública o intervención
esta justificada si no es para deteriorar el resultado óptimo al
que llegarían las propias fuerzas del mercado. Desde esta
posición, el Estado óptimo se constituye en idéntico al Estado
mínimo, una posición que, como pueden imaginar, el Gobierno no
comparte.

Con independencia del sesgo ideológico conservador de tales
tesis, lo lamentable es que su fundamento, incluso económico, es
endeble, porque sólo a base de estilizar y de simplificar una
realidad muy compleja y, desde luego, no siempre tan bella y, en
todo caso, a base de ignorar la enorme complejidad de la
realidad, podría uno aproximarse a aquellas conclusiones. Por
entendernos de una forma mas clara, la competencia perfecta de
los modelos que todos hemos estudiado no es sino una bella
entelequia que hace posible elegantes razonamientos académicos,
pero no siempre conclusiones relevantes para el analisis social
para la vida real o para las decisiones públicas en diferentes
áreas de actividad económica.

No es por casualidad, por lo tanto, que la propia literatura
económica desde hace muchos años, e incluso hasta una parte muy
importante del reciente pensamiento económico anglosajón, haya
puesto el énfasis en señalar que en la realidad la mayoría de la
competencia es oligopolística, que la información en los mercados
es asimétrica e imperfecta, que las economías externas son
importantes fuentes de ganancia y que abundan situaciones en que
se dan economías de escala. Dicho lo cual, la conclusión no
podría ser, aunque sea esto una paradoja, desde luego, la
negación del mercado como asignador de recursos; una posición que
la historia y la experiencia humana, mas que cualquier debate
teórico, se ha encargado de dinamizar con toda contundencia, sino
la proscripción o el escepticismo frente a lo que podríamos
llamar en el extremo opuesto lo que algunos practican y que bien
se puede describir como el fundamentalismo del mercado.

No estamos, por tanto (no quisiera que entendieran mis palabas
como una justificación que legitima cualquier tipo de
intervención pública, mucho menos cualquier empresa pública en no
importa qué sector), sin un escrutinio previo a las condiciones
existentes de las específicas formas de actuación. Esto es, en
todo caso, si lo hace en condiciones equivalentes a las de un
inversor privado o mediante actuaciones que alteren las reglas
generales de la competencia aplicables con carácter general.

La tercera perspectiva que antes mencionaba es la perspectiva
financiero-presupuestaria. Como les recordaba, señorías,
pareciera que ésta fuera últimamente la dominante, al menos en un
sector de la opinión pública. De acuerdo con ella, el sector
público empresarial



Página 8577



debiera de ser juzgado exclusivamente por su contribución al
gasto público, vía subvenciones corrientes o de capital, o por su
eventual contribución a la reducción del déficit mediante los
ingresos derivados de su posible enajenación. En el primer
sentido, me interesa señalar que, desde una aproximación tan
unidireccional, parece olvidarse por algunos que una parte del
sector público es el resultado de la socialización de empresas
privadas inviables o de la decisión parlamentaria, reiterada por
esta Camara, que nadie ha puesto, que yo sepa, en cuestión hasta
ahora, de mantener algunas actividades no rentables por razones
de política social o regional.

En el segundo, en relación con la parte de los ingresos, resulta
también oportuno recordar una cierta miopía, como aquélla de
quienes predican, por razones de reducción del déficit, la
enajenación de empresas, naturalmente sólo de las rentables,
incurriendo en el error contable de computar la reducción de un
stock como si se tratase del aumento de un flujo de ingresos.

Pero sobre este punto volveré después, porque, indudablemente,
forma parte del debate.

Dicho lo que antecede, señorías, trataré de organizar mi
intervención en tres partes: la necesidad de adecuar el sector
público empresarial al marco en el que opera actualmente la
economía española; en segundo lugar, las implicaciones que el
Gobierno considera que ello tiene sobre dicho grupo de empresas,
y, en tercer lugar, las orientaciones que, en consecuencia, deben
presidir el diseño de la política del sector público empresarial.

Mi objetivo es mostrar la coherencia de las actuaciones que el
Gobierno esta llevando a cabo en el sector público empresarial
con el conjunto de nuestra política económica, porque es
importante que se comprenda que no se trata de actuaciones
aisladas, sino de manifestaciones de una estrategia económica
general que tienen sus implicaciones también para el sector
público empresarial.

El sector público empresarial, señorías, es el resultado de la
acumulación histórica, de la amalgama histórica de distintas
etapas, resultado de un complejo proceso histórico con causas y
motivaciones muy variadas, entre las que --y solamente a título
de ejemplo-- se pueden señalar las siguientes: razones de
provisión de bienes y servicios de carácter público no atendidos
por la iniciativa privada, que han dado lugar a la creación de
algunas empresas --Renfe o Telefónica, por ejemplo--;
regulaciones administrativas concediendo monopolios fiscales o
monopolios en el abastecimiento de determinados productos
importantes para la defensa o para la salud --Tabacalera, Campsa,
Bazan, Santa Bárbara--; promoción de actividades industriales,
económicas, de servicios, a las que no se dirigían los capitales
privados por los riesgos existentes en el volumen de la inversión
o en el plazo de maduración, en la rentabilidad o en las
necesidades de financiación, con ejemplos como Ensidesa, con la
banca pública oficial, Iberia, Sepes y tantas empresas; o
decisiones de origen político fundamentadas, sea en un modelo de
desarrollo industrial determinado, protagonizado o promovido
durante una época, sea en la necesidad misma de mantener
actividades empresariales en situaciones de crisis o
restricciones de carácter social o de carácter político.

Históricamente, casos como los de Seat, los de Inespal, los de
Casa o los mismos antecedentes históricos del actual Repsol y
Enagas o Hunosa o Astilleros Españoles, forman parte de una
categoría, de un cajón de sastre como el que les acabo de
describir. Pero no lo tomen mas que a título de ejemplo.

Dada esta situación de partida, actualmente las empresas públicas
industriales españolas presentan características que, de una
parte, son comunes a todas las empresas públicas, a todas las
empresas españolas, y características específicas, derivadas
estas últimas de sus variados orígenes, de las modalidades de
desarrollo, de la intensidad relativa en la adopción de
estrategias empresariales orientadas a la adaptación al nuevo
entorno competitivo en el que se mueven.

A riesgo de simplificar excesivamente y de no recoger, ni
siquiera, la variedad existente, se pueden sintetizar algunos
rasgos diferenciales de este conjunto empresarial público, a
saber: en su conjunto, el peso relativo de la empresa pública
industrial en la economía española es inferior al registrado como
media en el entorno europeo, apreciándose, sin embargo, en
España, como en otros países, una tendencia común a la reducción.

Según el Centro Europeo de la Empresa Pública, el sector público
empresarial español alcanzaba un 12 por ciento en la economía
española en el año 1985. La media europea de la época, 1985, era
de un 15,3 por ciento. En el año 1991, últimos datos definitivos
disponibles, el sector público empresarial español ha pasado al 9
por ciento, mientras que la media comunitaria se situaba todavía
en el 11,8 por ciento. Hay que destacar, por tanto, que, incluso
con datos, no los últimos o no suficientemente actualizados, el
sector público empresarial español representa en nuestra economía
la mitad que el francés, el italiano y el portugués en las suyas;
es inferior, incluso, al alemán, al danés, al irlandés, siendo
sólo ligeramente superior al belga y al holandés.

La segunda característica que quiero destacar es el elevado grado
de diversificación sectorial, especialmente en el caso del grupo
público INI-Teneo, que plantea problemas de búsqueda de la
coherencia empresarial dentro del grupo y exige, además,
redefiniciones sobre su identidad en las estrategias a largo
plazo. Esta peculiaridad explica y aconseja la necesidad de
realizar analisis individuales sobre la posición competitiva de
las empresas, ya que no es posible llegar a una conclusión de
carácter general. Las empresas están presentes en sectores
globales maduros de alta concurrencia y en mercados en expansión;
en sectores donde la eficiencia en costes es la única estrategia
posible



Página 8578



para competir y en negocios con elevado desarrollo de producción.

Como saben, el sector público empresarial aparece
tradicionalmente agrupado en torno a tres grupos: el INI, el INH
y el grupo del Patrimonio del Estado.

Dentro del esquema básico de reparto de la titularidad de las
empresas públicas estatales, el grupo Patrimonio esta formado
principalmente por aquellas empresas situadas en sectores no
industriales, y en base a sus diferentes objetivos sociales se
pueden distinguir: un subgrupo de empresas comerciales y de
servicios, un subgrupo financiero y, finalmente, un subgrupo de
empresas instrumentales en las que la obtención de beneficios
tiene un papel subsidiario, mas subsidiario que en el resto de
las sociedades.

En esta intervención, señorías, no obstante, trataré de centrarme
en lo que me parece que es el principal objeto de las
preocupaciones y del analisis, que es el de las empresas públicas
industriales y de servicios.

Como ya he dicho, las empresas públicas españolas son el
resultado de un largo y de un complejo proceso de cambio y de
transformación histórica que responde a motivaciones muy
variadas. Estas empresas desarrollan actualmente sus actividades
en un entorno que ha cambiado sustancialmente respecto a las
circunstancias existentes en los períodos anteriores en las que
se crearon y desarrollaron.

De este nuevo entorno pueden considerarse como rasgos basicos los
siguientes: en primer lugar, nuestro país ha dejado de ser en el
plano económico un país en vías de desarrollo. Ha atravesado un
proceso de internacionalización caracterizado por las nuevas
tecnologías, por la globalización creciente de los mercados, la
liberalización de los intercambios comerciales y financieros y la
desregulación de muchas de las actividades económicas y
empresariales. Ello supone que el papel del Estado como impulsor
directo del desarrollo industrial por la vía de la actividad
empresarial propia ha perdido en parte su razón de ser. La
iniciativa y el capital privado están en condiciones de
garantizar, cada vez en mayor medida, el necesario dinamismo y
progreso en las empresas, lo cual no significa, claro esta, que
no puedan identificarse actividades en las que la presencia del
sector público debe seguir jugando un papel estratégico, pero en
la actualidad el papel de apoyo del sector público a la actividad
productiva se ha trasladado prioritariamente a otro tipo de
instrumentos o actuaciones de carácter mas horizontal, como son
la política fiscal, las reformas estructurales de los mercados,
las políticas de fomento de la investigación y el desarrollo, las
de apoyo a la exportación, la propia actividad de formación o,
simplemente, las genéricamente dirigidas a la creación de un
entorno mas competitivo en el que pueda desarrollarse libremente
la actividad empresarial.

En segundo lugar, se han operado también cambios en la vertiente
jurídico-política, con claras implicaciones económicas, entre las
que destaca nuestra pertenencia al ambito de la Unión Europea y
el compromiso institucional derivado de la misma. Ello conlleva
la aceptación de un conjunto de objetivos comunes a los estados
miembros y de normas de funcionamiento, que influyen
decisivamente en el papel de la empresa pública en relación con
el mercado de referencia, limitando las posiciones de dominio o
restrictivas de la competencia y condicionando, igualmente las
relaciones financieras entre el Estado y sus empresas.

Es verdad que el Tratado de la Unión no establece ningún tipo de
obstáculo a la actuación empresarial en relación con la propiedad
pública o privada de las empresas. En otras palabras: la
legislación comunitaria es compatible con cualquier régimen de
propiedad aplicable a las empresas de un sector. Pero también es
cierto que nuestra definitiva integración en la Unión Europea
impone una liberalización y una entrada en competencia de un
conjunto de empresas que tradicionalmente han actuado en áreas
con mayores o menores consideraciones de monopolios públicos.

Es reconocido así que en aquellas actividades en las que sigue
existiendo un componente de servicio público, una adecuada
regulación pública, acompañada de la introducción de competencia,
conforman con frecuencia el marco mas idóneo para asegurar el
mantenimiento del objetivo de interés público de la actividad en
cuestión, junto con la necesaria eficiencia económica.

En el ambito normativo existe una clara tendencia a una mayor
liberalización en el ejercicio de las actividades industriales y
a una no desregulación, sino re-regulación de las condiciones de
provisión de bienes y servicios hasta ahora ofertadas por el
sector público. Ello conlleva que las empresas públicas deban
definir sus estrategias y sus modos de gestión con sometimiento a
criterios básicamente empresariales, y no otros, a la vez que
deben adaptarse a operar en condiciones de competencia de mercado
en sectores y actividades tradicionalmente reservados al sector
público.

Finalmente, también la estrategia de política económica dirigida
hacia la convergencia con los países miembros de la Unión Europea
en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de
cohesión social, exige el sometimiento de la empresa pública a
los objetivos generales, ligados a los equilibrios de carácter
macroeconómico y, particularmente, a la reducción del déficit
público, que forma parte de los compromisos y de las prioridades
del Gobierno y, a mi juicio, de todo el país.

Ya he comentado que el contexto jurídico definido en nuestra
Constitución y en el Tratado no establece, en ningún caso,
obstáculos a la actuación empresarial por razones de titularidad
pública o privada. No será, por lo tanto, ni una norma jurídica
ni será una exigencia europea lo que nos lleve a adoptar
decisiones diferentes de las que queramos; será el analisis de la
situación específica, el nuevo marco económico, los objetivos a
alcanzar, los que, desde nuestra realidad



Página 8579



económica española actual, al igual que ocurre en el caso de
todos nuestros socios de la Unión, deben guiarnos en la fijación
de los criterios de actuación de nuestras empresas públicas. El
gran reto de nuestro país es, sin duda, lograr la mejora estable
y duradera del empleo. Esto no es factible mas que mediante una
mejora continuada de nuestra competitividad, por lo cual el
principal objetivo y la principal inspiración de la política del
Gobierno en este terreno es contribuir desde su responsabilidad a
que también nuestras empresas, las empresas públicas, contribuyan
a este fortalecimiento de nuestro tejido productivo, base de
nuestra competitividad y nuestra capacidad presente y futura de
generación de empleo.

Para alcanzar este propósito general, una de las principales
aportaciones de la empresa pública debe provenir precisamente de
su configuración sin ninguna duda como entidades de naturaleza
empresarial, de forma que aquellos otros objetivos, objetivos de
otra naturaleza que puedan estar encomendados legítimamente al
sector público y que quizás hayan sido encomendados a veces en
demasía a la empresa pública, sean diferenciados tanto en cuanto
a la gestión como en cuanto a la financiación necesaria.

Señorías, alguna vez he dicho que las empresas, incluidas las
públicas, son ante todo empresas y no instancias de intervención
administrativa para lograr objetivos que puedan obtenerse mas
eficazmente por otros medios de intervención pública o de
actuación política. En nuestro país, la presencia pública en
determinadas empresas comporta ventajas derivadas de su tamaño y
adicionalmente de otros aspectos, como la mayor capacidad de
control de determinados núcleos estratégicos de actividad que de
hecho ningún país quiere perder.

Pues bien, ante la nueva situación existente, la racionalización
y la modernización del sector público son objetivos de primer
orden. Ello obliga a que las empresas públicas industriales y de
servicios concedan prioridad a los factores de competitividad,
desarrollando estrategias de adaptación a este nuevo marco en el
que deben operar. Se trata de hacer compatibles estrategias de
competitividad y una creciente apertura al capital privado para
favorecer esta estrategia de competitividad con la salvaguardia
del interés público; esto es, de un interés nacional no del
Gobierno, no del ministro, no de una determinada administración,
sino nacional, que pueda concretarse en los siguientes
principios.

Primero, el fortalecimiento de una base empresarial, industrial y
de servicios que garantice el adecuado desarrollo de un tejido
empresarial potenciador de la economía real.

En segundo lugar, la continuidad de aquellos proyectos
empresariales y actividades ya implantadas en el país, auténticos
núcleos de oportunidad de especial referencia a los que no
queremos ni debemos, a mi juicio y a juicio del Gobierno,
renunciar. El llamado efecto sede central --y alguna vez se ha
comentado-- no es en absoluto despreciable en las decisiones
económicas de medio plazo. Sin duda, la mas importante
manifestación de la nacionalidad de una empresa es la
localización de su sede central, que es el lugar donde el
compromiso de las empresas con la sociedad es mayor, lo cual
resulta relevante en el momento de decidir la localización de
otras muchas actividades y los volúmenes de las inversiones.

En tercer lugar, la potenciación de grupos empresariales que
generen interrelaciones con suficiente densidad como para
alcanzar personalidad propia y poder de negociación en los
mercados nacionales e internacionales, algo que en España es
especialmente necesario a la vista de nuestra contextura
industrial y que apenas se da, además de en algún grupo privado,
en otros grupos industriales como los hoy constituidos por Teneo
y por Repsol.

En cuarto lugar, la culminación de los procesos de
reestructuración o de desinversión en sectores específicos --
defensa, siderurgia, construcción naval y minería
estructuralmente deficitaria--, modulando esos procesos de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y también con la
valoración de su impacto social en las áreas sociales y
regionales afectadas.

La puesta en practica de todos estos planteamientos estratégicos
ha llevado bien recientemente a completar la reordenación de
participaciones industriales tanto en el ambito del INI como del
INH, para lo cual se promulgó, señorías, el Real Decreto-ley
5/1995, de 16 de junio, que fue convalidado la pasada semana en
esta Camara. No voy a extenderme en el mismo, por conocido y por
lo reciente de su convalidación; sólo quiero destacar que se
impone ahora un criterio basado, mas que en el sector de
actividad o en la especialización sectorial, en el marco jurídico
aplicable a las empresas públicas, como determinante mas natural
de su específica forma jurídica de actuación.

Se ha establecido, en consecuencia, una nueva ordenación
institucional que permitirá racionalizar globalmente la gestión
de las participaciones industriales de titularidad pública. A
este fin, se han creado dos entidades, la Agencia Industrial del
Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Me permitirán algunas consideraciones estratégicas en un debate
de esta naturaleza y que pretenda, al mismo tiempo, dar cuenta no
con detalle pero sí con alguna diferenciación, de la variedad de
decisiones, de estrategias y de acciones adoptadas en los
diferentes entes que integran el sector público empresarial.

Como les he dicho, el Gobierno, como accionista del sector
público empresarial, apuesta para sus empresas por una estrategia
de mejora de la competitividad basada, entre otros aspectos, en
proseguir con la implantación de mejoras de organización y
productividad, el establecimiento de alianzas estratégicas, la
renovación de los medios productivos para reducir costes y
mejorar la calidad de la oferta, así como fortalecer la
implantación



Página 8580



comercial y de distribución o servicios, para mejorar la atención
al cliente. Obviamente estas estrategias, definidas
genéricamente, es necesario pormenorizarlas en el ambito de los
dos principales entes tenedores de empresas, Agencia Industrial
del Estado y Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, e
incluso sería necesario evaluar con algún detalle, la estrategia
seguida en cada una de las empresas.

En las empresas de la Agencia Industrial del Estado, que operan
en sectores para los que existe un régimen especial que permite
ayudas de Estado, como se señaló anteriormente, la gestión esta
orientada a culminar los procesos en marcha y a procurar, en lo
posible, la continuidad de empresas viables en condiciones de
mercado. Las empresas mineras estructuralmente deficitarias como
Hunosa o como Minas de Figaredo, constituyen, como saben SS. SS.,
una singularidad dentro de nuestra industria del carbón. Son
empresas que funcionan en condiciones de déficit, y de déficit
estructural, por mas esfuerzo que se haga para ponerlas en
mejores condiciones.

En este momento, se esta en pleno proceso de ejecución de planes
de empresa para el período 1994/1997 que, respondiendo a las
orientaciones comunitarias, conduzcan a un ajuste asumible
socialmente y realizado de forma no traumática --por cierto
pactado sindicalmente-- que producirá, en todo caso,
disminuciones sensibles de las capacidades productivas, en línea
con las orientaciones y las obligaciones asumidas
comunitariamente.

Paralelamente, se están desarrollando las vías para un proceso de
reindustrialización en la zona, en el que también colaboran estas
empresas. En siderurgia el proceso de constitución de sociedades
viables, tanto en integral como en aceros especiales, ha dado
lugar en el primer caso, la integral, a la configuración de un
grupo industrial ya autosuficiente, Corporación siderurgia
integral, o CSI, corporación siderúrgica, con los activos y
pasivos validos de la antigua CSI, que tendrá ya resultados
positivos en el año 1995 y que discute actualmente alianzas con
el sector privado.

En Sidenor, aceros especiales, ultimada la reconversión, se ha
iniciado el proceso de búsqueda de un comprador que asegure la
continuidad de la actividad y del empleo. En Defensa, por lo que
se refiere a Santa Bárbara, el objetivo es, como saben por amplia
información, la adecuación de su tamaño a los niveles reales de
contratación, para dar respuesta a las necesidades de los
Ejércitos y a la nueva demanda que seamos capaces o sea capaz de
captar en el mercado nacional e internacional. Y en Bazan el
mantenimiento de un diseño empresarial viable en función del
mercado accesible. También en este sector hay un esfuerzo en pos
de la diversificación de actividades en el que las propias
empresas colaboran, pero que requiere, además, de otros apoyos
para atraer a los potenciales inversores interesados en los
nuevos negocios.

Finalmente, en construcción naval se esta procediendo a una
concentración de los recursos buscando, de nuevo, la viabilidad
económica en razón de la adecuación dimensión-demanda y a través
del posicionamiento competitivo en productos de mayor valor
añadido. Se ha elaborado un plan estratégico de competitividad,
que ahora precisamente esta en pleno proceso de negociación con
los sindicatos, y que necesitara posteriormente la aprobación de
la Administración española y de la comunitaria en el marco de los
acuerdos que obligan a España, en el marco de los acuerdos OCDE
de ayudas al sector de la construcción naval.

Por lo que hace referencia a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, son dos áreas las que
brevísimamente, pero por tener al menos una aproximación a la
estrategia, quiero comentar: la de Teneo y la de Repsol. La
constitución y la consolidación de Teneo tiene valor desde la
perspectiva de la economía española a juicio del Gobierno. Su
contribución al desarrollo de un tejido industrial atomizado por
las ventajas que para una economía supone contar con centros,
como ya he dicho, de decisión empresarial de rango internacional
y que se manifiestan en la capacidad de interlocución y también
en el efecto de arrastre para pequeñas y medianas empresas. No es
baladí, señorías, la existencia de grupos industriales
relevantes; no es baladí, por tanto, una estrategia tendente a
consolidar y a apostar por la existencia de grupos empresariales
de relevancia, de dimensión, de talla significativa, eso sí,
competitivos en nuestra economía. Como orden de magnitud de la
significación de Teneo en la economía española les señalaré que
en 1994 sus empresas generaron un valor añadido de un billón
16.000 millones de pesetas, su aportación equivalente al PIB de
la economía, fue del 1,6 por ciento; la aportación a la formación
bruta de capital fijo del 2 y la aportación a las exportaciones
del 4,4 por ciento. Este grupo llevó a cabo por sí solo el 5,3
por ciento del total de gasto de investigación y desarrollo que
se hizo en la economía española en esa época. Teneo en esta
fecha, finales de 1993, se situaba entre los 80 grupos
industriales mas importantes del mundo y entre los 35 europeos
mas relevantes.

Para conseguir este objetivo al que me refiero, la estrategia de
Teneo toma como referencia los siguientes criterios: una
concentración de esfuerzos tendente a reducir, por tanto, la
actual diversificación de negocios mejorando su posición
competitiva y, en consecuencia, su rentabilidad; en segundo
lugar, la presencia en las empresas con el criterio de dotarlas
de estabilidad accionarial, procurando al mismo tiempo la
apertura del capital a otros accionistas, la incorporación de
otros accionistas, saben señorías, debe permitir --es una
estrategia conscientemente buscada que no oculto-- en ocasiones
no solamente la existencia de un socio estratégico



Página 8581



de carácter comercial o de carácter tecnológico, sino también la
aparición de factores que estimulan positivamente la disciplina
de gestión sometiéndola, además, a una valoración por el mercado
que no siempre ha tenido suficiente intensidad históricamente en
la gestión del grupo; y, en tercer lugar, la autofinanciación del
proceso de consolidación de este grupo. Quiero que en todo caso
conste que dentro de la cartera actual de ese grupo están áreas
que merecerían por sí mismas una intervención suficientemente
amplia que en este momento no puedo hacer, como es el area
energética y del transporte aéreo o el sector aeroespacial, la
electrónica o los bienes de equipo, la ingeniería, la
construcción y el medio ambiente, o el aluminio, la pasta de
celulosa y la minería, o las empresas financieras. No es,
obviamente, el momento ni probablemente el lugar para analizar la
estrategia de cada una de las empresas, salvo corriendo el riesgo
de convertir al Parlamento en algo así como el Consejo de
Administración de una sociedad mercantil sometida a criterios
naturalmente de accionistas relevantes.

Sí quiero acabar por destacar en esta parte que desde el sector
público se esta construyendo, cada vez con mas credibilidad, un
proyecto que por su propia naturaleza tendrá el respaldo del
mercado. Esto se debe traducir, en consecuencia, en una
incorporación de capital privado, tanto en los negocios buscando
las fortalezas específicas que en cada caso se requieren, como en
la propia cabecera, lo que supondría, o supondrá cuando esto se
logre, la aceptación por el mercado del éxito de gestión
económica y también financiera del proyecto. Una quimera hace
tres o cuatro años que en estos momentos forma parte de un
objetivo no solamente lograble sino conseguible probablemente
antes de tres años.

Por lo que hace referencia a Repsol, pocos comentarios quería
hacer, salvo que la estrategia de años del sector público
empresarial ha conseguido poner en marcha un sector o un grupo
relevante en términos de competitividad y de dimensión que, sin
embargo, es compatible con una reducción de la participación
pública, pero preservando los intereses estratégicos españoles,
como se ha hecho en las recientes enajenaciones de
participaciones públicas precisamente en este grupo.

Señorías, he dicho al comienzo de mi intervención que pareciera
lo mas relevante para algunos al hablar del sector público
empresarial --algo que se resiste enormemente a la
simplificación--, hablar de privatizaciones y pareciera que
también una parte del debate en la opinión pública hubiera
adquirido solamente este sesgo: privatizar, sí o no; privatizar
es bueno o es malo, como si a las cosas siempre se pudiera
responder en términos de blanco o de negro, como si la
compatibilidad de diferentes objetivos, objetivos de adaptación
competitiva, objetivos de política industrial, de política
económica, objetivos de déficit público, objetivos de
articulación o adaptación al nuevo entorno jurídico y a las
nuevas condiciones de la vida económica y social, no necesitaran
de una consideración que, como mínimo, es extraordinariamente
compleja.

Sí quiero referirme, porque así lo había dicho también, al
aspecto mas específico de las privatizaciones. Ya mencioné
anteriormente, y es bien conocido, que un mercado en competencia
permite, no siempre pero en general, que la lógica empresarial
garantice la eficiencia y el bienestar económico de los
consumidores. Sin embargo, en algunos mercados, señorías, la
competencia no puede desarrollarse adecuadamente y, por tanto, se
hace necesaria la intervención pública, bien sea por la vía de la
regulación o de la propiedad. Ello ocurre en aquellos casos en
los que la producción requiere grandes inversiones y están
presentes fuertes economías de escala. Algunos ejemplos de lo que
la literatura económica llama monopolios naturales son bien
claros, desde los servicios, las redes suministradoras de
servicios de gas, de agua, de electricidad, las vías de
ferrocarril, los aeropuertos son elementos bien conocidos en los
que, aunque la evolución tecnológica obliga incluso a una puesta
al día permanente de qué actividades merecen la consideración
técnica de monopolios naturales, cualquier Gobierno responsable
debe afrontar esta realidad y darle la solución adecuada.

Ignorarlo sería tanto como tratar de convertir monopolios
naturales sometidos al control público en algo que es lo peor o
el peor de los escenarios posibles, monopolios naturales
convertidos ahora en monopolios privados, en perjuicio de la
eficiencia económica y en perjuicio al mismo tiempo, de la
distribución de la renta y de la distribución del poder
democrático en la sociedad que vivimos.

Desde esta perspectiva, señorías, no compartimos los prejuicios
ideológicos en contra de la gestión pública que llevan a
determinadas fuerzas a encontrar siempre en el sector privado la
solución mas eficiente a los problemas económicos, ignorando
algunas consecuencias a que una política de privatizaciones sin
mas puede conducir en determinadas áreas, tanto por razones de
eficiencia económica como de control social y de poder
democrático en la propia sociedad.

En ciertas actividades, el sector público puede garantizar el
cumplimiento de una adecuada oferta de estos servicios públicos
mediante la regulación, pero ello no es posible en todos los
casos; de manera que, a diferencia de los planteamientos
liberalizadores radicales, nosotros no abandonaremos ni siquiera
la propiedad mayoritaria o el control suficiente en aquellos
sectores en los que la regulación sea excesivamente complicada o
costosa y, por tanto, el control directo sea la mejor vía de
garantizar su provisión y la protección del interés social
general.

Si bien la heterogeneidad y la complejidad del sector público
empresarial no permiten la aplicación de una única fórmula en
todos los casos, ello no implica que la política de
desinversiones selectivas no pueda y no se deba realizar
respetando unas orientaciones generales



Página 8582



que el Gobierno tiene y que podríamos agrupar en las siguientes.

En primer lugar, como he dicho creo que reiteradamente ya, el
objetivo básico de esta política es y no otro que el de fomentar
la eficiencia, la competitividad y la presencia internacional de
la industria española. Para ello el Gobierno cree que en estos
momentos es bueno en determinados casos incrementar la
participación privada en empresas públicas intentando siempre que
esta colaboración tenga carácter permanente y utilizando cuando
sea necesario la reciente normativa de enajenación de
participaciones públicas en determinadas empresas.

En segundo lugar, el Gobierno contempla tres tipos de
actuaciones, todas las cuales tienen precedentes y tendrán
también subsiguientes o consecuentes en el futuro. Casos de
desinversión total en aquellas actividades en que la presencia
del Estado haya dejado de ser necesaria por razones estratégicas,
de servicio público o de consolidación de cierto tejido
productivo o un grupo empresarial. Casos de desinversión parcial,
en línea con lo que les acabo de decir, en aquellas actividades
en que se considere que el control público sigue siendo necesario
para garantizar los fines de carácter general, pero que éste
puede ejercerse aun reduciendo, y de forma significativa, la
presencia del Estado. Y, por último, casos en que lo importante
es impulsar la creación de grupos empresariales españoles del
tamaño necesario para ejercer un peso significativo en los
mercados internacionales a través de operaciones de venta, de
fusión, de reestructuración, que involucren activos públicos y
activos privados.

Quiero, por tanto, dejar claro, a pesar de la insistencia de
algunos sectores económicos y desde luego a pesar de la
insistencia de algunos sectores políticos dentro de esta Camara,
que el Gobierno va a adoptar una política de maximización en los
casos en que lleve a cabo desinversiones selectivas de acuerdo
con los criterios que he señalado, de maximización del valor
patrimonial de las desinversiones y desinversiones que tendrán
lugar en forma de decisiones «ad hoc», caso por caso. Por tanto,
el Gobierno considera que sería además de inoportuno inadecuado
hacer público un plan general, un plan global de privatizaciones.

Por ello, respetando las orientaciones generales enumeradas
anteriormente y con el propósito de mantener y aumentar en lo
posible el valor patrimonial de los activos del Estado, las
decisiones deben tomarse a medida que las circunstancias del
mercado, las condiciones específicas de cada empresa y la
oportunidad de consecución de los objetivos de su política así lo
aconsejen.

Pero quiero insistir además, señorías, en un punto mas. Que las
privatizaciones selectivas tengan el efecto financiero de
incrementar los recursos del sector público durante algún año, no
supone que ésta pueda ni siquiera deba constituirse en el
principal instrumento para reducir el déficit público. Debemos
ser conscientes de que la política de privatizaciones no puede
ser ni es un instrumento permanente de reducción del déficit.

Bajo una óptica estrictamente financiera el argumento
recaudatorio a favor de la venta de activos públicos rentables,
que a veces se utiliza, no es señorías ni siquiera tan evidente
como pudiera parecer. Un calculo simple que ponga en relación el
precio obtenido con los rendimientos estimados de los activos nos
situaría a lo sumo y si el precio esta correctamente calculado,
en una posición de indiferencia entre el valor actual del flujo
de los rendimientos y el precio por el que se enajenaron. Pero
este argumento no daría respuesta a la necesidad de recurrir
adicionalmente a los presupuestos públicos para hacer frente a la
cobertura de pérdidas de aquellas empresas que no pueden venderse
por no ser rentables, que no deseen cerrar por razones sociales
aceptadas por esta Camara o por otras consideraciones de carácter
regional. Además, tendríamos una consecuencia discutible, incluso
en términos de reducción del déficit, no en sus objetivos
inmediatos, pero sí en sus efectos a varios años. Señorías, de
poco serviría simplemente desprendernos de activos con el
pretexto de reducir el déficit, pues, una vez agotado este
recurso, nos encontraríamos en una situación igual a la inicial,
con el agravante de que ya no dispondríamos de los flujos de
dividendos de las sociedades privatizadas. Por tanto, el Gobierno
no privatizará con el objetivo de reducir el déficit, que debe
ser un objetivo a lograr principalmente mediante una actuación
constante sobre los ingresos y los gastos permanentes de los
presupuestos públicos y no mediante actuaciones en el «stock» de
riqueza existente en el país, quizá con consecuencias financieras
sensibles a corto plazo, pero que, en todo caso, no significan
sino una presentación, no la resolución de los problemas
efectivos de déficit que tiene nuestro país.

Señorías, espero haberles trasmitido con claridad que el Gobierno
tiene una política de modernización y racionalización del sector
público empresarial, lo cual incluye, entre otros muchos aspectos
no menos importantes, una política de enajenaciones selectivas.

El proceso debe permitir el fortalecimiento de grupos
empresariales nacionales potentes, capaces de imponer su
presencia en los mercados internacionales, tanto en términos de
peso específico como de competitividad. Esta política puede
suponer unas mayores garantías futuras para las empresas, una
mejora de eficiencia en el conjunto de la economía, mayores
ingresos fiscales en una perspectiva de medio plazo y una menor
dependencia estratégica del exterior en materia industrial.

Esta es, señorías, la política que el Gobierno viene haciendo, la
que exigieron ustedes en el nuevo marco que ahora se impone no
solamente por los objetivos de convergencia, por nuestra
integración en la Unión Europea, sino también por las
modificaciones operadas en el marco institucional del sector
público empresarial,



Página 8583



y que pretendemos seguir llevando a cabo en los próximos meses,
en los próximos años.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

¿Grupos que deseen intervenir para fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, el señor Chiquillo tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, hoy
debatimos en esta Camara un tema, la política del sector público
empresarial que, aunque al señor ministro no le guste y trae a
colación directamente, encierra el tan traído asunto de las
privatizaciones, asunto éste que suele ser motivo de acalorado
debate, al menos un par de veces por año; este año tuvimos un
primer asalto en el mes de abril y parece que hoy,
inevitablemente, vamos a seguir hablando del tema de las
privatizaciones.

A modo de punto de partida, diremos que la Unión Europea ha
recomendado muy cordialmente al Gobierno español que impulse la
privatización de empresas públicas estatales como una de las
medidas, no la única --y en eso estoy de acuerdo con el señor
ministro--, para combatir al galopante déficit público que nos
afecta. Hay una dura pugna entre aquellos que afirman que el
Estado de bienestar difícilmente se puede entender sin un sector
público fuerte y aquellos que señalan la existencia del Estado
del bienestar consolidado, que pasa por la competitividad y la
eficiencia de las empresas mas que por la titularidad de éstas.

(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
En España, con la llegada de la democracia y en contra de la
influencia de otros países desarrollados, el sector público
empresarial no sólo no disminuyó sino que se extendió aún mas de
la mano de los distintos gobiernos autonómicos, fuera cual fuese
su signo ideológico. En el período 83/93 el sector público
español se extendió, coincidiendo, paradójicamente, con las
corrientes privatizadoras en los países mas industrializados.

El sector público español hoy ni es rentable ni es eficiente --
eso es una realidad--, habiendo recibido cerca de siete billones
en ayudas directas sin que ello haya servido para mejorar su
eficacia ni para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo.

En la presente década, los procesos privatizadores se han
acelerado en los países industriales, la venta de empresas
públicas en cualquiera de sus modalidades se ha realizado
atendiendo a criterios de eficiencia, habiéndose valorado no sólo
los ingresos, que son importantes, sino también si mejorara o no
la eficiencia global de la economía en cada uno de los casos.

También se ha valorado la extensión a amplias capas de la
población de la participación en la propiedad de las empresas,
como ha sido el reciente ejemplo en España de la colocación en
Bolsa de un importante paquete de acciones de Repsol que,
particularmente, creo que ha sido una decisión acertada, así como
el método y el procedimiento empleado. El sector público
empresarial pierde peso en los países de la Unión Europea, y el
proceso va a continuar en los próximos años, especialmente en el
sector de las telecomunicaciones y, en menor medida, en el
siderúrgico.

Hacen falta estrategias decididas de privatización y saneamiento,
en eso estoy totalmente de acuerdo, pero no se puede ir de una
manera improvisada. Por eso hoy estamos debatiendo tan importante
asunto, puesto que parece que existe voluntad del Gobierno de
reducir el sector público, pero creo que coincidimos plenamente
en que hay que hacerlo con coherencia, con coordinación y sobre
todo con transparencia.

En los últimos años ha habido descoordinación y unas pequeñas
dosis de improvisación, que en algunos casos no han sido tan
pequeñas, conductas que en este terreno son malas consejeras. En
España, hasta el día de hoy, puesto que no se han producido
privatizaciones sistemáticas, se han seguido criterios de
oportunidad coyuntural. Con los últimos planes de reordenación y
racionalización del sector público que el Gobierno se propone
poner en marcha pretende obtener unos ingresos de algo mas de
700.000 millones en dos años para contribuir de manera importante
a que disminuya ese déficit público.

La política económica aplicada por el Gobierno en estos últimos
años ha sido de un marcado carácter antiindustrial, la política
fiscal no ha favorecido la actividad industrial y la creación de
empleo. El incremento brutal de la presión fiscal, el
mantenimiento de unos elevados tipos de interés para atraer
capitales extranjeros, encareciendo la financiación empresarial,
y una peseta sobrevaluada que tan negativamente ha afectado a la
industria han sido determinantes en la competitividad empresarial
de nuestro país.

Respecto al documento que ha presentado el Gobierno y ha
defendido el Ministro lo consideramos simple y superficial,
resulta poco mas que una simple declaración de intenciones,
además de llegar tarde, pues ya se han privatizado en parte
algunas empresas públicas y también se esta anunciando la
privatización de otras (se ha hablado de Aldeasa, Argentaria,
Focoex, Paradores, una parte de Telefónica...). Después de la
reciente reordenación del sector nos gustaría conocer con mas
detenimiento qué pasos se van a seguir en pro del saneamiento de
estas empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo. No
olvidemos que la reciente creada Agencia Industrial del Estado la
conforman casi 60.000 trabajadoras. Por tanto, queda claro que
los apenas cuatro folios de que consta el informe dan una total o
aparente total libertad al Gobierno para privatizar cualquier
empresa pública en el momento que lo considere oportuno, lo que
convierte al documento en poco mas que papel mojado. El nuevo



Página 8584



papel de la empresa pública en España esta todavía por definir.

Unión Valenciana considera que el mercado por sí mismo no conduce
ni siquiera a la eficiencia económica por no hablar de sus
repercusiones en el medio ambiente o en la igualdad social. No
obstante, pensamos que actualmente el tamaño del sector público
español esta sobredimensionado y, por supuesto, también el de la
industria pública.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, vaya
concluyendo. No olvide que tiene que compartir su tiempo con el
señor Albistur.




El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo, señor Presidente.

La función del sector público, desde un punto de vista económico
debería ser subsidiaria en una gran parte de los casos del sector
privado, y complementaria en otros casos especiales. De esta
manera, somos partidarios de reducir la intervención del sector
público en la economía y de privatizar totalmente aquellas
empresas públicas que no cumplan una función social o que tengan
una finalidad estratégica.

Lo que Unión Valenciana reivindica es un marco legal que dote de
control y de total transparencia al proceso privatizador, y no
esté, como siempre, supeditado a la última inspiración del
ministro de turno. El proceso de privatización de empresas
públicas, en opinión de Unión Valenciana, debe iniciarse con un
programa integral que defina los objetivos, los criterios, los
sectores, las empresas elegidas, la situación económica de cada
una de ellas, los procedimientos de privatización, las garantías
del proceso, las etapas y el calendario genérico del plan
particular para cada una de estas sociedades, organismos
autónomos, entes o institutos. Además se debería tener en cuenta
que la política llevada a cabo por algunas empresas públicas,
especialmente en el ramo de las telecomunicaciones y las
energéticas, pueden afectar a la competitividad del resto del
sector productivo, y que existen grandes posibilidades de que
algunas de estas empresas caigan en manos de capital extranjero,
todo ello sin olvidar el impacto sobre el empleo y la inversión
productiva que se derivaría de este proceso.

Por otra parte, un debate que debería surgir a raíz de éste es la
necesidad de contar con una mayor eficiencia en la gestión de las
empresas públicas y el de proporcionarles mayor utilidad social.

Al mismo tiempo, se deberían reducir progresivamente las
transferencias a las mismas, especialmente en aquellos casos en
que entren en competencia directa con las privadas, como es el
caso del Grupo de Radiotelevisión Española.

Unión Valenciana considera que se debe elaborar con el máximo
consenso un programa para reducir el sector público empresarial
donde se combinen privatizaciones y el mantenimiento de empresas
públicas en base a la lógica industrial y a la eficiencia
empresarial que permita hacer mas competitivas e internacionales
a las privadas, a las públicas y a las mixtas, lo que puede ser
una buena solución. Por ello es necesario que el Estado se
dedique solamente al sector público empresarial orientado
básicamente a sectores estratégicos de seguridad y de interés
social, y creemos que, a través de las privatizaciones,
mejoraremos la eficiencia económica de nuestro tejido industrial
y, con toda seguridad, contribuiremos a la generación de empleo.

Por ello pienso que el debate industrial todavía en España esta
por elaborar.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.

Señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

El proceso de racionalización del sector público se esta llevando
a cabo en otros países del entorno europeo occidental, así como
en nuestra propia Administración central --también en las
administraciones autonómicas--, aunque por razones distintas, ya
que mientras en los países europeos occidentales el
dimensionamiento del sector público empresarial se esta
planteando en términos de dimensión y eficacia entre sectores
privados, hoy, pese a las palabras que el señor Ministro nos ha
dicho en esta convocatoria, en el Estado, todavía, esta
problemática se impregna de contenidos financieros en términos de
reducción del déficit público.

Frente a estos criterios del Gobierno (que han sido puestos de
manifiesto por el señor Ministro en su exposición, lo que, por
otra parte tengo que reconocer que es loable desde este punto de
vista) es recomendable también la revisión estratégica de la
totalidad de las sociedades públicas, al objeto de proponer su
mantenimiento o fórmulas alternativas de prestación de servicios
y cumplimiento de su objeto social. Es decir, nos plantearíamos
no sólo un tema de privatización sino también de revisión del
sector público en general.

Aunque siendo evidente la dificultad de formular criterios
validos y universales, como también ha indicado el señor
Ministro, para la consecución de estos objetivos, consideramos
que merece la pena realizar un esfuerzo de analisis de la
realidad concreta y singular de las sociedades públicas
existentes, partiendo de la convicción de que todas ellas fueron
creadas como solución organizativa mas apropiada para satisfacer
el interés público en un determinado sector, pero también en una
determinada época histórica. Esto significa que en la revisión
general del sector público se ha de actualizar la ponderación de
intereses públicos y privados en juego, las ventajas de la
gestión, el grado de eficiencia deseable, para así comprobar si
siguen siendo idóneas y en qué modo como instrumentos de



Página 8585



actuación de la Administración pública al servicio de los ciudadanos.

¿Por qué apoyamos un proceso de privatización? En primer lugar,
porque se esta dando manifiestamente un papel mas activo de la
propiedad en la empresa privada, los menores incentivos para la
maximización de los resultados que en ocasiones muestra la
gerencia pública y la falta de precisión en los objetivos, que
obedecen mas a razones políticas que económicas y, por último,
también, la ausencia del control externo que impone el mercado,
sustituyéndolo por un control político. Yo sumaría como
deficiencias de la empresa pública, que no han sido discutidas,
la disolución de la responsabilidad, el síndrome de una imagen
social y económica de ineficiencia, la falta de incentivos, el
exceso de plantillas, junto a una excesiva intervención sindical,
las restricciones presupuestarias blandas y un desarrollo
económico e industrial que a veces resulta ficticio.

En los últimos años, como decía al principio de mi intervención,
la necesidad de financiación ha aumentado rápidamente en los
países industrializados, y fundamentalmente en los países
europeos, y la venta de empresas públicas para mejorar la
situación financiera de los Estados ha podido parecer una
solución, pero también supone la renuncia a ingresos públicos
futuros. Sólo cuando los ingresos obtenidos son mayores que el
valor actual de los dividendos futuros hay una mejora en la
posición del propio Estado, que podría conducir a una sólida
posición presupuestaria a medio plazo, pero no a largo plazo. Por
otra parte, el aumento de la eficiencia, una vez privatizada la
empresa, puede implicar que el activo vendido, paradójicamente,
tenga mas valor que si se hubiese mantenido en manos estatales,
con lo cual, dicho en términos populares, habríamos hecho de la
torta un pan. El argumento financiero, pues, a tener en cuenta no
es si la privatización generara ingresos, sino si mejorara la
eficiencia global de la industria, del sector y de la economía
para la que pretende trabajar.

No insistiré en lo que también han sido ventajas --como se han
llamado-- sobre la privatización, como es determinado capitalismo
popular, porque se trata de participaciones reales pero
minoritarias, sin poder tener ni representación en los órganos de
gobierno. Por tanto, no las considero ni siquiera como estados o
pasos de una privatización.

La internacionalización de la economía, por otra parte, y la
integración económica, sobre todo la que se ha producido en
nuestro Estado con respecto a Europa, han restado validez a los
argumentos que mantenían la presencia del sector público
empresarial para sostener la tecnología. Por eso, recientemente,
como también nos ha indicado el señor Ministro, el peso del
sector público empresarial en la economía ha disminuido en los
últimos años, pero quiero decir que no ha sido un proceso
voluntario, sino que ha sido un proceso exigido por las
circunstancias económicas y macroeconómicas del país.

En las privatizaciones se han seguido en España los tres métodos
mas conocidos: la colocación de acciones en bolsa, la venta
directa y la venta directa de activos. La nota común a todos
ellos --habría que decirlo como crítica-- ha sido la ausencia de
una norma armonizadora que regulase el proceso. En los países de
nuestro entorno, fundamentalmente los países europeos, a menudo,
la privatización de las empresas públicas ha seguido un plan
sistemático previo que ha definido los objetivos, los criterios,
los sectores, las empresas escogidas y los procedimientos
elegidos para ello, las garantías que el proceso tenía, las
etapas y el calendario genérico del plan y el particular para
cada sociedad o para cada grupo industrial que se pretendía. En
España, sin embargo, dado que hasta ahora no se han producido
privatizaciones sistemáticas, se ha atendido mas a criterios de
oportunidad coyuntural. Parece ser, y me gustaría que fuera
confirmado en este debate, que existe entre los Ministerios de
Economía e Industria un plan de racionalización del sector
público, que no conocemos pero que ha sido presentado en la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Este plan, entendemos
que, además de atender a la contribución de la disminución del
déficit público con 700.000 millones de pesetas obtenidos en las
privatizaciones, planteara también un plan de racionalización del
sector público en general, en el sentido del planteamiento
inicial de mi intervención.

En el Estado, hasta hace muy poco tiempo, no ha existido una
legislación específica para las privatizaciones de empresas
públicas. Sólo la Ley de mayo de 1995, aprobada aquí el 23 de
marzo en este Parlamento y denominada de régimen jurídico de
enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas,
es un primer paso en este sentido, aunque no incide sobre otras
cuestiones como la fijación de ventajas específicas para
determinados colectivos o mecanismos explícitos de protección de
los intereses estatales, que muchas veces están en juego, en las
que también están implicadas las comunidades autónomas, la
industria del Estado y una importante política de desarrollo
regional.

Lejos de estar en posiciones radicales, mantenemos que el Estado
debe permanecer en los sectores que sea preciso, por razones
estratégicas, por prestación de servicios públicos y por atender
los derechos de los consumidores, yo diría que los derechos de
determinados sectores industriales, sobre todo de pequeñas y
medianas empresas. Apoyaremos también en ese sentido el empeño
del Ministro en la creación de importantes grupos industriales
sectoriales con participación pública y privada. Nos parecen
necesarios este tipo de grupos, grupos competitivos, sobre todo a
nivel internacional, dentro del sector eléctrico y sus derivados,
en el sector de la tecnología de la aeronáutica, en el sector de
bienes de equipo y en el sector de las telecomunicaciones,



Página 8586



pero creemos que debe hacerse bajo una red de reflexión rigurosa,
porque hay que abandonar los tics y las actitudes dominantes del
Estado, sobre todo el peso de su representación en el grupo
consolidado; dejar, en una palabra, de intervenir, para pasar a
controlar. El Estado ya tiene influencia, de por sí, y debe dejar
a la eficiencia, al conocimiento y a la iniciativa, la dirección
y la gestión del grupo industrial, creada por asociación pública
y privada. El papel del Estado será garantizar la libre
competencia interna y externa para el grupo formado y potenciar
su presencia en el mercado internacional. Desde ese punto de
vista, entendemos que privatizar no significa que el Estado se
desprenda solamente de una parte de su accionariado, sino de la
totalidad del mismo, ni tampoco la utilización de sutilezas de
ingeniería financiera para seguir controlando a las empresas
públicas una vez privatizadas.

En este sentido, aunque el Ministro nos ha planteado en su
filosofía que se trata de integrar mas a las empresas en una
economía de mercado abierto al exterior, buscando un marco de
mayor competitividad empresarial, parece que esto puede plantear
sus dudas, dado que se están privatizando en la actualidad las
empresas que están ganando mas dinero. Además, convendría
clarificar, dentro de esta política citada, la actividad política
de empresas privatizadas, casos como Repsol o Endesa, con amplia
participación privada accionarial, que consideramos que son
utilizadas como instrumentos del Estado para intervenir sectores
emergentes (hablemos de la televisión por cable, de las
telecomunicaciones), con incumplimientos graves, a nuestro modo
de entender, de la Ley de ordenación del sector eléctrico en
temas de diversificación financiera y origen de los fondos
inversores en los nuevos sectores.

Consideramos que la actuación pública empresarial debe nacer con
vocación de temporalidad y como promoción pública de actividades
industriales, entre otras, y que debe desaparecer la concepción
paternalista de la Administración, cubriendo carencias y
garantizando bienes, tal como se ha hecho hasta ahora, porque se
ha convertido en una pesada carga cristalizada y de muy
complicada reconversión. Es imprescindible un urgente cambio
estrutural, coherente con la competitividad que citaba usted,
señor Ministro, y competitividad exigible a la empresa
industrial, sea pública o privada.

En conclusión, solicitaremos en nuestras propuestas que
presentaremos mañana, que se realice una privatización completa,
que no significa una ausencia del Estado, pero sí significa que
cuando se privatiza existe también una posibilidad de tener una
gestión privada empresarial y no una intervención política
escondida tras la gestión. La necesidad de un plan...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Albistur, termine,
por favor.

El señor ALBISTUR MARIN: Termino ya, señor Presidente.

La necesidad de un plan debatido en este Parlamento y convertido
en Ley de ordenación de esta actividad, un plan que afecte al
sector empresarial, pasando por una reestructuración de los
sectores que han quedado en la nueva Agencia industrial,
acompañado también de una reforma de los organismos y entes
públicos de la Administración, con coordinación de las
administraciones afectadas, por una parte, y del Ministerio de
Industria, el Patrimonio del Estado y el propio Ministerio de
Economía, por otra. Y, finalmente, la elaboración de un plan
estratégico para la creación de los grupos industriales que
integre alianzas estratégicas sectoriales entre empresas privadas
y empresas públicas, que termine con las financiaciones
privilegiadas, las competencias desleales y que potencie una
acción exterior importante.

Nada mas y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria interviene en este debate sintiendo que no haya un mayor
ardor, preocupación o interés por uno de los temas que hoy en
día, señor Ministro, están preocupando a todos los países que se
están enfrentando con este problema. Y me estoy refiriendo a los
países de nuestro entorno, porque han sido polémicas en la Camara
de los Comunes, en el Reino Unido, las privatizaciones que la
entonces primera Ministra, la señora Thatcher, hizo de empresas
de servicios públicos, que eran empresas públicas, y hubo que
hacer la distinción, en un amplio debate político, de qué se
entendía por empresa pública y qué se entendía por servicio
público, ya que podían estar actuando coincidentemente o no. En
Francia hemos visto también ese debate político financiero y
económico en la opinión pública y en el ambito sindical y social,
porque se han pronunciado fuertemente lo sindicatos, muchas veces
afectados en plantillas laborales, en despidos, en regulaciones
de plantillas por los procesos de las privatizaciones; hoy este
debate lo traemos a España.

En Coalición Canaria, señor Ministro, hemos utilizado como guía
el documento que ha presentado el Gobierno. Tengo que decir que
políticamente el documento nos parece correcto. Trata de
establecer un escalonamiento de lo que puede ser un debate mas
político, mas de fondo en determinadas privatizaciones. Como
primer documento nos parece correcto y, vuelvo a decir, vamos a
hablar fundamentalmente, desde nuestro punto de vista, sobre el
criterio que tiene el Gobierno.

Podíamos haber optado por un documento mas complejo, en el que no
se hubiera pretendido sólo dejar



Página 8587



clara la diferencia entre sector público y empresas públicas,
porque a nosotros nos preocupa fundamentalmente, señor Ministro,
la distorsión que esto pueda introducir. Una distorsión
financiera, una distorsión de competitividad en los sectores
públicos y privados que estaban ahí y, por supuesto, la
distorsión en el mercado laboral y en los excedentes de plantilla
que se puedan considerar en muchas empresas. Acabamos de ver el
proceso que se ha seguido, por ejemplo, con Galerías Preciados,
desde que en el año 1983 se produce la nacionalización o
incautación de Rumasa, como una de las empresas del «holding»;
vemos las últimas consecuencias y cómo, al final, hay una
preocupación sindical laboral por los despidos en la regulación
de las plantillas. A partir de aquí, convendría ir abriendo
sucesivamente un debate en el tiempo sobre qué entendemos por
privatización.

¿Estamos hablando de desnacionalizar sectores que en su día,
desde 1941, y con la Ley de creación del INI, se nacionalizaron
como la minería, la siderurgia y los astilleros? ¿Estamos
hablando de una fórmula de desregulación del sector? ¿Estamos
hablando de una forma de subcontratación de servicios públicos
por el Estado con la desaparición de la figura de la empresa
pública, manteniendo, eso sí, la tutela estatal en defensa de
intereses generales, de Estado, en el servicio público, con las
concesiones administrativas pertinentes? Creo que estos son
elementos y componentes de un debate en extensión del problema
que aquí llamamos de la política del sector público empresarial
o, como se conoce ya en el lenguaje de la calle, que tanto las
empresas como nosotros mismos en el Parlamento hemos empleado, de
proyectos de privatizaciones.

Por supuesto, señor Ministro, nosotros estamos de acuerdo en un
planteamiento racional de las necesidades de adecuación del
sector público empresarial. Yo creo que en verdad ustedes han
empezado la semana pasada con el Real Decreto-ley --cuyo debate
de convalidación celebramos en el Pleno de la otra semana-- de
creación de determinadas entidades de Derecho público. Han dejado
ya prácticamente el paquete de la sociedad estatal de
participaciones industriales en disposición de presentarlo a una
privatización con cualquiera de las fórmulas que se adopten.

Sí quisiera dejar bien claro en este primer momento un criterio
de Coalición Canaria. Estando de acuerdo en esta línea de
privatización, de desaparición de empresas públicas, estamos
firmemente convencidos de que el Estado tiene que seguir
tutelando el sector público. Esa tutela del sector público o la
ejerce por una vía legislativa pura o la ejerce, junto a la vía
legislativa, por la fórmula de la privatización de la empresa,
aunque el Estado accionarialmente no tenga los activos bursátiles
suficientes para que una ley de sociedades anónimas fuera quien
controlase el consejo de administración. No me preocupa tanto el
paquete de acciones, de obligaciones o de activos públicos
cotizables en Bolsa --por supuesto, en el mercado financiero--,
sino el control estatal de la empresa privatizada en la fórmula
por la que ha optado, por ejemplo, Inglaterra, es decir, la
fórmula de la acción específica, lo que ellos llaman el «golden
share». Para eso, señor Ministro, usted sabe que necesitamos
legislación, porque, como se acaba de recordar por uno de los
intervinientes --creo que por el señor Albistur--, efectivamente
nuestra legislación en la materia es escasísima, puntual y
específica y es prácticamente de los últimos años. Nosotros
creemos que mantenernos en esta fórmula de acción específica, por
supuesto, en las empresas que se han privatizado, como puede ser
Argentaria y otras, exige una reserva del control del Estado. Si
eso se ha hecho para una empresa, debe ser una figura en sectores
estratégicos. Habría que discutir si el sector bancario, con la
competencia privada, es estratégico o no para que exista
Argentaria en nombre del Estado, pero no voy a entrar en esa
discusión en este momento.

¿Qué otras acciones caben? ¿Privatizar a la carta? Parece ser que
en el documento que ustedes presentan a esta Camara, señor
Ministro, en la pagina 2, en un enfoque caso a caso, indican qué
es lo que considera aconsejable el Gobierno. No nos parece mal
como medida cautelar. Ustedes señalan párrafos mas arriba que la
política de privatizaciones tiene efectos financieros; pero,
desde luego, si lo que se esta justificando aquí es la reducción
del déficit, es una actuación puramente coyuntural. Una
privatización con la venta en Bolsa, dentro o fuera del sistema
financiero, del paquete de acciones puede resolver en un
ejercicio o dos algún problema de déficit, pero al tercer
ejercicio, desde luego, si no hay las correcciones estructurales,
el déficit público seguirá aumentando.

Las cifras que nosotros en este momento manejamos están
reflejadas --lo quiero decir aquí-- en un extraordinario estudio
que el Círculo de Empresarios hizo a finales del año pasado y en
el que han colaborado los mas prestigiosos profesores,
economistas, financieros y técnicos, como opinión cualificada
para la privatización de empresas. En él se viene a decir que las
futuras privatizaciones realizables en España pueden afectar
fundamentalmente a Endesa, a Telefónica, a Repsol, a Argentaria,
a Tabacalera y a Aldeasa. En el año 1987, empezamos con la
privatización de Telefónica, con la participación del
accionariado, y continuamos a lo largo de 1988 hasta 1994 con
Endesa 1; Repsol 1, 2 y 3; Argentaria 1 y 2 y Endesa 2.

A este respecto, quisiera decirle, señor Ministro, que falta en
el documento del Gobierno un criterio --de los muchos que pueden
faltar y que nosotros denotamos y denunciamos aquí su ausencia--
que es cómo se hace esta privatización. Y para eso, también en
este estudio a que me he referido hay un trabajo muy acertado de
don Claudio Boada que se refiere a qué tiene que hacer un
Gobierno, una vez que se acepta políticamente la privatización,
para llevar a cabo ésta. ¿Lo hacemos por contratos de gestión?
¿Lo hacemos por desregulación o por venta de empresas? Y si
hacemos venta



Página 8588



de empresas, y por tanto venta de acciones, ¿qué criterio se
sigue?
Señor Ministro, a mí me preocupa que en los actos llevados a cabo
por la autoridad española, en el capítulo que nosotros llamamos
de diversificación de la base accionarial, ha habido una especie
de señuelo, se han vendido acciones, fundamentalmente de Endesa,
Repsol y Argentaria, con unas ofertas al público, en términos
generales, que se han anunciado por los medios de comunicación
españoles, pero no se ha dicho lo que se ha vendido a
instituciones extranjeras. Y nos encontramos, señor Ministro, con
que, en este tipo de empresa que he citado, poco mas de 40
inversores institucionales --extranjeros en su mayoría, algunos
nacionales-- tienen en estas empresas el control del 80 por
ciento de las acciones.

Aquí habría que definir esta política para justificarla, porque a
mí no me preocupa, sino que lo aplaudo, que la venta de acciones
se haga con una diversificación de capital social de la mayor
amplia base posible. Además, esto creara menos problemas que si
el Gobierno utiliza una cláusula de reserva, el «golden share»,
la acción específica para mantener el control del sector
estratégico a través de una empresa ya privatizada, que vérselas
con inversores institucionales muy fuertes, que concentran este
poder del paquete de acciones. Eso puede producir no sólo la
distorsión del control, sino algo muy peligroso, señor Ministro,
la desaparición de la empresa.

Nos preocupa que ante los tiburones internacionales financieros,
ante el capital especulativo que circula ya hasta por la vía del
Internet, como se nos ha dicho en esta Camara recientemente, esto
sea una vulnerabilidad del sector empresarial español. Son muchas
las lápidas desaparecidas en los últimos años de empresas de
distintos sectores, teóricamente estratégicos en un principio,
que, por las razones que sea y aduciendo al final una falta de
competitividad, han caído en manos de multinacionales
extranjeras, de consorcios europeos, que después incluso las han
deshecho con una venta verdaderamente lamentablemente para los
intereses generales españoles.

Nosotros estamos de acuerdo a este respecto en la afirmación del
documento del Gobierno en cuanto a la creación de grupos
empresariales nacionales potentes, y esto queremos verlo
reflejado, señor Ministro, en una legislación. Porque a la hora
en que ustedes, en el apartado 2 de su comunicación, se refieren
a las orientaciones generales de la política del sector público
empresarial, que lo vienen a justificar, como es ya casi un
academicismo, en la eficiencia de la empresa, en la
competitividad o en la presencia internacional...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo inmediatamente, señor
Presidente.

Pues bien, abreviando el trámite, señor Ministro, para
incrementar la participación privada en algunas empresas
públicas, si ustedes van a la desinversión total, a la
desinversión parcial o a impulsar la creación de grupos
empresariales españoles, si tiene que haber una tutela señor
Ministro --y esto va a ser objeto de una propuesta de resolución
que presente Coalición Canaria--, hay que tener en cuenta algo
que también falta aquí: Que en empresas estatales determinadas --
no digo las de servicios que tienen su efectivo de cuartel
general concentrado prácticamente en la capital de la nación--,
me estoy refiriendo a aquellas que están ubicadas física y
laboralmente en territorios autónomos del Estado español, haya
una participación de los gobiernos autonómicos en la toma de
decisiones. No se concibe, por ejemplo, en Canarias, señor
Ministro, entrar en una privatización de la empresa Binter,
filial de Iberia para el transporte interinsular; en una
privatización del sector eléctrico de Endesa con la empresa que
opera en Canarias en nombre del Estado, Unelco, como empresa
estatal, o en Trasmediterránea, sin que haya, al menos, una toma
en consideración de la opinión del Gobierno autonómico. Y si se
hace una participación accionarial, entrar en ella, de la misma
manera que el Estado se reserva un paquete de acciones que sean
soporte, después, de sus competencias específicas para el
control, por acción específica o de «golden share» de la empresa
considerada estratégica, porque nosotros en Canarias consideramos
que el transporte interinsular es estratégico, pero no tiene por
qué ser una empresa pública la que preste este servicio público.

Desde luego, señor Ministro, en esto sí queremos que haya una
consideración a los gobiernos autonómicos, bien en opinión o bien
en participación accionarial, porque de ser una privatización
absoluta al final termina creándoles problemas a esos gobiernos
autonómicos que tienen que financiar infraestructuras derivadas,
que tienen que financiar costes laborales y que soportan
cualquier problema de tipo empresarial, de tipo sindical y de
carácter laboral que allí se presente.

En términos generales, para nosotros el debate esta abierto, y si
se hace una privatización a la carta empresa por empresa, que eso
venga al Parlamento para tomar una decisión política oportuna,
ordenada y con el mayor consenso posible.

Nada mas. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Catalan de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Sanchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, tras el examen de la comunicación
del Gobierno relativa a la política del sector público
empresarial, y después de escuchar



Página 8589



atentamente la reciente intervención del señor Ministro, la
primera sensación es de desanimo. Parece, señorías, como si el
Gobierno no fuese consciente de la influencia que el sector
público empresarial ejerce sobre el conjunto de la economía, y
sólo así puede entenderse que prefiera no tener plan alguno de
privatización y abandonarse, en suma, a la discrecionalidad para
obtener mejores resultados.

En definitiva, el desanimo aumenta cuando se constata el cúmulo
de ocasiones perdidas y la inutilidad de muchos de los esfuerzos
que se han realizado en los últimos tiempos. Sin un efectivo plan
de racionalización del sector empresarial público, sin un plan de
privatizaciones debidamente consensuado, ¿de qué ha servido el
plan de racionalización del sector público empresarial presentado
por este Grupo Parlamentario en la Comisión de Industria y
Energía el pasado 27 de junio de 1994 y que se aprobó, en el que
se instaba al Gobierno al establecimiento de un plan de
competitividad del sector público que afecte tanto a los
servicios como a las actividades de las empresas públicas, que
posibilite su modernización, así como la mejora de su eficiencia
y productividad? También aprobamos en dicha Comisión los
principios estratégicos económicos o sociales que aconsejen el
mantenimiento como públicas de empresas industriales y
comerciales y, en su defecto, su posible paso al sector privado.

Igualmente, en dicha Comisión se aprobaron los criterios de
representación en la gestión de empresas públicas de las
comunidades autónomas donde se ubique su actividad principal.

Hasta la fecha, señoras y señores Diputados, nada de nada. ¿De
qué van a servir todas estas cuestiones si no adoptamos
decisiones importantes en cuanto a políticas estratégicas de la
empresa pública en el Libro Blanco de política industrial
pública? Podríamos percibir aún el eco de cada uno de los
anteriores debates y, sin embargo, en lugar de remitir a la
Camara un proyecto con directrices claras y con propuestas
fundamentadas, el Gobierno se limita a cubrir el expediente con
un escrito vago y difuso.

Señorías, la ley de privatizaciones, o como mejor prefieran
ustedes denominarla, la ley que regula la enajenación de
participaciones públicas aprobada en mayo de 1995, el reciente
Decreto-ley de creación de la Agencia Industrial del Estado y de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, siempre
hemos creído, en un exceso de confianza, que se trataba de
sucesivas piezas en orden a la plasmación efectiva de una
política industrial, pero tras la comunicación del Gobierno y la
exposición del señor Ministro podemos inclinarnos a que se trata
de una política de actuaciones parciales, que no aborda en
profundidad la racionalización de la empresa pública española en
base a programas, en base a plazos, en base a sistemas de venta,
en base a sectores de los cuales es necesario racionalizar el
sector público, en base a volúmenes y en base a perfiles de los
posibles adquirentes de dichas empresas públicas.

Creemos, sinceramente, que tendríamos que abordar este problema
con seriedad. ¿Ha expuesto el Gobierno cuales han de ser los
criterios de actuación de la empresa pública? ¿Ha indicado en qué
sectores ha de actuar el Estado como empresario y con qué
finalidad? ¿Puede servir de marco de referencia para el sector
privado a propósito de la errática actuación pública?
Evidentemente que no.

Si desmenuzamos el contenido de la comunicación, si lo examinamos
con cierto detalle, podemos encontrar objetivos en los que
estamos totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el Gobierno
sobre dichos puntos. Fijémonos, si no, en el apartado a), del
punto 2, que se dedica nada menos que a las orientaciones
generales de la política del sector público empresarial. Pues
bien, en dicho apartado a) se dice «expressis verbis», que el
objeto básico de la política del sector público empresarial es
fomentar la eficiencia, la competitividad y la presencia
internacional de la industria española.

Ciertamente, es un objetivo loable, ¿pero saben SS. SS. cómo
pretende conseguirlo el Gobierno? La respuesta el fácil y se
indica a continuación. Para ello, el Gobierno cree en estos
momentos podría ser conveniente incrementar la participación
privada en algunas empresas públicas. Es decir, según el Gobierno
--criterio que nosotros compartimos plenamente--, el mejor
recurso para aumentar la competitividad y la presencia
internacional de la empresa española no es otro que el de su
privatización, pero luego no se concreta, ni el comunicado del
Gobierno ni en la intervención del ministro, en objetivos
concretos, en un marco de actuación específico en el que queden
detalladas cuales van a ser las líneas maestras del futuro plan
de racionalización del sector público empresarial español.

Si ello es así, ¿por qué no proporcionamos al sector privado los
elementos que han de definir la estrategia pública en materia
empresarial? ¿No es mejor para la economía, en su conjunto, que
el sector privado sepa exactamente cuales son las reglas del
juego establecidas y debatidas en esta Camara, que no deba
recurrir, como elemento único de prospección de futuro, al
oráculo de Delfos o a las últimas predicciones de la Sibila?
Tampoco existe mayor concreción cuando el Gobierno nos indica
cuales pueden ser las decisiones sobre la participación de
capital privado en las empresas públicas. Muy en resumen, lo que
les dice el Gobierno es que pueden existir casos de desinversión
total, casos de desinversión parcial y casos en los que ya
veremos qué ocurre. ¿Eso es una política empresarial pública?
Todos conocemos el esfuerzo de competitividad que estamos
exigiendo a las empresas privadas. Sin duda alguna, la superación
de la crisis económica se ha debido a su impulso, y sobre dichas
empresas se fundamenta la evolución favorable de la coyuntura
económica.




Página 8590



A las empresas privadas les hemos exigido racionalidad, esfuerzo,
competencia, ambición, adaptabilidad e ingenio. Es absurdo
reducir el debate sobre privatización a una mera cuestión de
titularidad de las empresas, sino que afecta a su funcionamiento,
a su filosofía; en definitiva, es un mecanismo para aumentar la
eficiencia y la competitividad. En eso sí estamos de acuerdo con
lo expuesto por el señor Ministro en su intervención.

La importancia del sector público empresarial no es en modo
alguno baladí, y sus resultados son, a la vez, elocuentes y
alarmantes. El INI acumuló, redondeando cifras, unas pérdidas de
190.000 millones de pesetas, 250.000 millones de pesetas y
137.000 millones de pesetas en los ejercicios de 1992, 1993 y
1994, mientras que el grupo Teneo, formado por grandes empresas
teóricamente rentables, obtuvo unos pingües beneficios durante
dicho período; concretamente, 21.000 millones de pesetas, 3.000
millones de pesetas y 30.000 millones de pesetas respectivamente.

Por otra parte, señorías, no hay que olvidar que en los
Presupuestos del Estado para 1995 ha sido necesario consignar mas
de 500.000 millones de pesetas en concepto de transferencias a
FEVE, Radiotelevisión, Hunosa, Autopistas, Correos, etcétera,
cifra a la que hay que sumar otras transferencias efectuadas por
los mas diversos sistemas, a través de subrogación de las deudas
del INI, por la existencia de precios políticos en determinadas
adquisiciones en materia de defensa o minería, créditos blandos a
terceros países para que se adquieran nuestros productos, ayudas
para la reconversión tecnológica, etcétera. De manera que es muy
probable que el coste total del sector empresarial público
español no rentable ascienda, en realidad, a mas de un billón de
pesetas.

Creemos sinceramente que lo mas importante para reducir el
déficit no es sólo la contención de las pérdidas del sector
público no rentable, sino que también es importantísimo asegurar
el control de las transferencias a dichas compañías, porque, tal
como hemos visto a través de las últimas cantidades transferidas
durante el año 1995, probablemente asciendan al billón de
pesetas.

Ahondando todavía mas en el problema, creo que de vez en cuando
es necesario preguntarse cuanto nos cuesta, cuanto le cuesta al
país el sector público empresarial. Lo cierto es que no parece
haber una respuesta unánime ante esta cuestión, y mientras
algunos sitúan este coste en 23 billones de pesetas durante los
diez últimos años, otros lo sitúan entre los 9 y 15 billones de
pesetas.

Sea como fuere, las cifras hablan por sí mismas y creo que ante
tal desaguisado resulta en extremo incomprensible la afirmación
del Gobierno de que no se considera oportuno hacer un plan global
de privatizaciones o de racionalización del sector público
español (que yo pienso que esta terminología es mas adaptable a
las pretensiones del Gobierno), porque puede resultar incluso
desaconsejable desde el punto de vista de la optimización del
valor patrimonial de los activos del Estado.

Tal vez sea porque de verdad España es diferente, aunque no nos
guste, pero lo cierto es que los países de nuestro entorno
inmediato están adoptando políticas que suponen la
reprivatización ordenada y planificada de parte de las empresas
públicas de mayor significación. Así, asistimos a finales del año
1993 a la privatización de la Banque Nationale de París, que
reportó a las arcas francesas cerca de 480.000 millones de
pesetas, y en febrero de 1994 el Gobierno Balladur recaudó casi
800.000 millones de pesetas por la venta del grupo petrolero Elf
Aquitaine, todo ello en ejecución de un programa que preveía
haber alcanzado a finales de 1994 los dos billones de pesetas por
la privatización de otras empresas públicas significativas.

En Italia, desde septiembre de 1993 se ha procedido a la
privatización de importantes instituciones financieras, como el
Crédito Italiano, hecho que ha reportado ingresos superiores a
los 725.000 millones de pesetas y que ha abierto el camino a
futuras privatizaciones, entre las que se prevén importantes
compañías aseguradoras tales como el Instituto nazionale delle
Assicurazioni.

Tanto en Francia como en el Reino Unido, por citar dos ejemplos,
se han adoptado sendos programas de reprivatizaciones, con
especificación del número de empresas a transferir, métodos de
venta, calendario o secuencia de las transmisiones y definición
de los perfiles de los adquirentes deseables. En cualquier caso,
el establecimiento de tales programas ha permitido debatir su
oportunidad, su contenido y su estrategia en cuanto a los
objetivos de dichas reprivatizaciones.

Y precisamente aquí, en España, la experiencia de los últimos
años nos demuestra la necesidad de un programa de privatizaciones
que permita evitar la discrecionalidad y diversidad de criterios
exhibidos en las privatizaciones mediante venta directa de las
empresas de Rumasa y otras empresas del Instituto Nacional de
Industria. Como se ha dicho, tampoco tales privatizaciones han
respondido a una política estructurada o preconcebida, sino que
han tenido motivaciones distintas e incluso a veces
contradictorias. Y si bien es cierto que la Ley 5/1995, de
régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas,
puede suponer un alivio entre tanto desorden, no es menos cierto
que de poco sirve si no existe un plan concreto que pueda ser
tomado en cuenta por el sector privado a la hora de definir sus
estrategias y objetivos.

¿Puede el sector privado tomar decisiones si desconoce, por
ejemplo, el destino de algunas empresas públicas como Inespal,
Ence, Auxini, Trasmediterránea, Tabacalera, Argentaria, Endesa,
Aleasa, Babcock & Wilcox, CASA, etcétera? ¿Qué empresario se
atreverá a invertir y desafiar las barreras de entrada existentes
si ha de competir con empresas públicas en algunos casos



Página 8591



de difícil justificación y amparadas en el colchón de lo público?



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sanchez i Llibre,
vaya concluyendo.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Voy terminando, señor Presidente.

¿Qué razón tiene el Gobierno para mantener en el patrimonio
público a empresas como los Paradores Nacionales de Turismo o
Tabacos de Filipinas?
No puede iniciarse un debate sobre política empresarial pública
sin dar respuesta a éstas y a otras muchas cuestiones.

Pero hay mas, ¿cómo se van a contener las pérdidas del sector
público no rentable? Si persisten las pérdidas, ¿servirá de algo
el recorte previsto de transferencias? ¿Se permitirá la
suspensión de pagos de las empresas públicas?
Voces muy cualificadas han planteado la necesidad no ya de un
plan, sino de una mayor transparencia en la gestión y
conocimiento de la realidad de las empresas públicas. Las Cortes
deben conocer y debatir la conveniencia y coste del sostenimiento
de cada empresa pública y comprobar si dicho esfuerzo se ve
compensado por los beneficios públicos que pueda generar. Se ha
dicho que en los últimos años cada minero de Hunosa ha costado al
erario público nada menos que cien millones de pesetas. Son
cifras cuya magnitud y elocuencia nos eximen de cualquier otro
comentario.

¿Qué principios deben exigirse a una política referente al sector
público empresarial? Yo las apuntaba --justamente ahora hace un
año-- en la defensa de la proposición no de ley por la que se
instaba al Gobierno a remitir a las Cortes Generales un plan
orientado a racionaliar el sector público empresarial, y creo que
tales peticiones tiene aún mayor actualidad hoy en día, dado el
tiempo transcurrido y el escaso esfuerzo realizado. El tren de la
reactivación partirá y aquí estaremos discutiendo con qué vamos a
pagar el billete.

Por ello, entendemos que urge la definición inmediata de los
sectores y supuestos que exigen una presencia pública en
determinados sectores empresariales. No podemos justificar su
actuación mediante el simple recurso a que el texto
constitucional permite la iniciativa privada, porque también se
exige a las administraciones eficiencia y eficacia, y eso, por
ahora, no es el denominador común de las empresas públicas.

Las administraciones han de replantearse la posibilidad de no
adquirir empresas privadas en dificultades y se han de abstener
de crear empresas en sectores susceptibles de ser desarrollados
por la iniciativa privada. Seguidamente, es necesario clarificar
el horizonte económico español mediante la formulación de un plan
de privatización o de racionalización, como a ustedes les gusta
mas, de empresas públicas que no responda a objetivos
estratégicos o sociales y, asimismo, establecer las cautelas
precisas para configurar un núcleo duro de accionistas que
garantice su continuidad o viabilidad y para evitar que tales
empresas caigan en manos de especuladores.

Igualmente, es necesaria la elaboración de un estatuto de la
empresa pública, y también nosotros vamos a presentar, en las
proposiciones que vamos a presentar esta tarde, la posibilidad de
contemplar, en casos en que sea necesaria la titularidad pública,
que se pueda proceder a la gestión de los servicios por medio de
los operadores privados, así como, lógicamente, vamos a
reivindicar la presencia de las comunidades autónomas donde se
ubique su actividad principal en los consejos de administración
y, por descontado, vamos a incorporar --y esperemos que lo pueda
votar el Pleno de la Camara de los Diputados-- la creación de una
comisión de seguimiento que controle los procesos de
privatización.

En esto ha de consistir, y así lo esperamos del Gobierno, la
definición de un proyecto de política empresarial pública acorde
con la Constitución, con las exigencias de Maastricht y con las
necesidades que impone la voluntad de recuperación económica.

Cualquier otra cosa supondrá la perdida de competitividad de
nuestro tejido industrial y la falta de modernización de nuestras
estructuras públicas.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Sanchez i Llibre.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, el señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señorías, se quejaba
usted, amigo Ministro, de que este debate se ha convertido en el
debate de las privatizaciones. No le extrañe. La realidad siempre
supera a la ficción, y la supera porque es mas real. La gente no
lee mal, la gente lee lo que hay, y no es casual que una parte
importante de su discurso la haya dedicado a explicar que en
España hay un sector público bastante mas reducido que en otros
países. Supongo que esta explicación no iría para Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para nosotros, porque
precisamente nosotros pedimos mas sector público.

Le voy decir una cosa, y no comprometo tan siquiera a mi Grupo:
yo soy partidario «a priori», del sector público, de la empresa
pública; repito, «a priori». Luego, vienen las leyes, la
racionalización, la organización de todo esto, pero, en
principio, para cosas fundamentales, para el desarrollo
económico, social, cultural y tecnológico de un país, yo la
empresa pública, el sector público. Se lo digo así.

Este debate es tardío, bastante tardío. ¿Por qué? Porque en estos
momentos concretos empresas públicas rentables muy importantes,
por ejemplo Endesa, esta en un 69,9 por ciento, casi un 70 por
ciento, en



Página 8592



manos en sector público --Teneo--, con todo lo que viene
inmediatamente --pronto va a adelgazarse--; o la red eléctrica,
que es un 53 por ciento; o Repsol, que es un 21,5 por ciento; o
Telefónica, que es un 31,9 por ciento, pero con la perspectiva de
liquidar el 12 por ciento de las acciones --aquí están las
movilizaciones en la calle de los trabajadores de Telefónica--, y
con la perspectiva de liquidar totalmente el sector público de
Telefónica; o Argentaria, que es un 51,7 por ciento, pero también
en la perspectiva de ir a la laminación que conduzca a una
privatización total de Argentaria. Esto en el plano mas
inmeditato.

Empresas con pérdidas. Me alegra que usted haya hablado de la
corporación Siderúrgica Integral, de que es necesaria, pero
deberemos ver hasta que punto es necesaria, con qué presupuestos,
con qué iniciativas, con qué potenciación. O por ejemplo Renfe a
la que usted no se ha referido, servicio público, obviamente, por
lo que no se pueden contabilizar positivamente sus cuentas de
resultados puesto que es un servicio social y económico el que
esta prestando. Usted sabe mejor que yo que, por ejemplo, en la
República Alemana hay un sector ferroviario que necesita mas
subvenciones que Renfe, que tiene muchos mas trabajadores, que
tiene también muchas mas mercancías para circular en relación a
Renfe porque se ha producido una potenciación de este sector
público, y que produce pérdidas al Estado, efectivamente, pero
produce también ganancias económicas y sociales muy importantes.

Pongamos otro caso: Televisión Española. Televisión Española
tiene un déficit terrible y esta recibiendo subvenciones por
valor de 96.000 millones de pesetas. ¿Es éste el problema que
vemos nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
en Televisión Española? No. Nos gusta una televisión pública,
ahora bien, esa televisión pública debe tener dos elementos
centrales que no tiene: hacer a la gente un poquito mas sabia y
un poquito mas sensible sin aburrir al personal. ¿Hace esto la
televisión pública española? No, no lo hace, sino que compite con
la basura que se da en otras televisiones. Y claro ante ello,
quizá llegaríamos a la conclusión de que no necesitamos
televisión pública, que no es necesaria la televisión pública.

He dicho que es un debate tardío, porque muchas decisiones se han
tomado ya. Hoy mismo los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT,
que como usted sabe están en la mesa industrial, han protestado y
han pedido la participación en todo proceso de privatización del
sector público. Han protestado porque no se les ha consultado,
por ejemplo, sobre el Decreto-Ley sobre el INI y el INH, y temen
que continúen las cosas exactamente igual, que se sigan
privatizando toda una serie de sectores sin ponerlo en su
conocimiento, es decir, sin enviarles un fax para que estén
informados de lo que pasa. Nosotros creemos que no solamente
deben estar informados, sino que deben participar, en nombre de
los trabajadores, en la negociación para saber qué es lo que
supondrá el sector público en este país.

Yo quisiera hablarle de cuatro o cinco puntos, si tengo tiempo.

En primer lugar, me referiré a algo de filosofía y a algo de
historia. En relación con la filosofía, no se trata sólo de
reducción del Estado, según las políticas diseñadas por el
Tratado de Maastricht, no corregido, es decir, las políticas de
convergencia o según las políticas del Banco Mundial, o las de la
OCDE; no se trata sólo de la reducción del Estado, sino de la
retirada del sector público de sectores productivos en beneficio
de la iniciativa privada. Este es el elemento central de toda la
política. Luego, se pueden buscar fórmulas para que no parezca
tan brutal, se pueden buscar elementos para que esto se haga con
un ritmo o con otro --seguramente esos elementos los buscara el
Gobierno con el Partido Popular--, pero, en todo caso, el
elemento central es que el sector público vaya dejando todos los
sectores, y especialmente los rentables, que son los mas
apetecibles, en manos del sector privado. Es, en definitiva, una
respuesta pragmática a problemas macroeconómicos y financieros, y
además de todo ello es una alternativa al modelo de economía
mixta.

En estos momentos se esta dando un golpe fuerte, no solamente en
España --ustedes están siguiendo la presión que viene a nivel
internacional--, sino en todos los países de la UE y a nivel
internacional, a todo lo que representa el sector público, a todo
lo que representa que el sector público muy democratizado, que
debería ser la sociedad, no el Estado, pueda tener una
intervención en la racionalización de la economía, de la
sociedad, de la cultura, etcétera.

Veamos, por ejemplo, para saber hacia dónde vamos caminando en
estos momentos concretos a través de las medidas, lo que dice el
editorial de este librito que el Círculo de Empresarios publicó
hace poco, seis o siete meses, en relación a las privatizaciones
en España, y éstos aciertan normalmente, porque tienen buena
información y la utilizan bien. Dice: El proceso desestabilizador
no esta afectando sólo a las empresas, sino también a los
servicios de sanidad, las pensiones, el servicio postal,
etcétera. En estos campos, la ineficacia estatal, ligada en
algunos campos a situaciones presupuestariamente insostenibles a
largo plazo, por ejemplo, ¡atención! la incidencia del
envejecimiento de la población sobre la sanidad y las pensiones -
-¿No les suena eso? Seguramente al señor Solbes sí le sonara--
esta llevando a los gobiernos a conceder cada vez mas terreno a
la iniciativa privada.

Esto, señor Ministro, sí que es pensamiento fuerte, sin
complejos. Como hacen ustedes, sin complejos. ¿Esto es lo que se
necesita? A ello vamos y vamos a hacer la presión necesaria para
que el Gobierno, el del PSOE, y mañana, el del PP, vaya andando
por estos caminos.

En el primer artículo, sobre las privatizaciones, en la misma
filosofía, hay un señor que dice: Hay objetivos



Página 8593



ligados a los anteriores --en relación a la privatización-- o que
derivan de su consecución, como, por ejemplo, la mayor motivación
de los empleados propietarios o la reducción de la capacidad de
movilización de los sindicatos.

No sé si esto les puede importar a ustedes; a nosotros sí, por
inteligencia y por razones sociales. Los sindicatos son
instrumentos fundamentales en éste o en cualquier país para hacer
que las cosas sean mejores, desde el punto de vista económico y
desde el punto de vista social.

El sector público que existe en esta perspectiva que estamos
andando, volverá a ser, como en los años 70, hospital de las
empresas privadas; nunca va a tener de nuevo un papel activador
de la economía. Mejor dicho, a lo mejor sí que lo tiene en el
futuro, si hay otras correlaciones de fuerzas que puedan hacer
otras cosas. Este sector público, éste que va quedando,
adelgazado, apelmazado, ni tan siquiera nos va a interesar a
nosotros, porque no se trata de mantener a cualquier coste una
presencia pública que, al mismo tiempo, da beneficios privados e
impone las estrategias privadas.

En los años 80, aparte del papel que jugó el sector público, se
las somete a un doble proceso de ajuste: reconversión de
actividades y negocios para sanear la cuenta de resultados y
liquidación y privatización de muchas empresas como filosofía.

Nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hacemos
una valoración positiva de la empresa pública y decimos que
seguramente sin ella hubiera habido una asignación de recursos
menos eficiente que la que ha habido y que además contribuyó a
estabilizar los desequilibrios basicos de la economía española,
desempleo, déficit exterior, inflación y que redistribuyó riqueza
con mas equidad y con mas solidaridad, con todos sus defectos y
con todas sus insuficiencias.

El parrafo de la primera pagina de la comunicación del Gobierno,
señor Ministro, lo guardo para la Historia, para sacarselo mas
adelante. Dice que España esta desarrollada y el papel del
Estado, en parte --dice, en parte, y relativizo-- no tiene
sentido como impulsor del desarrollo industrial. Usted lo ha
reiterado hoy.

Por si le sirve de experiencia para prever el futuro, la teoría
del bienestar social exige la intervención pública y el sector
público, tener un sector público adecuado. Guste o no guste, la
redistribución del producto social junto a la intervención
social, cada vez mas amplia y acusada, es decir, en el qué se
hace, qué se produce, dónde se hace, cómo se hace, para qué se
hace, serán elementos imprescindibles para el desarrollo de un
Estado social de Derecho, entendiendo como desarrollo social de
Derecho, fundamentación del Derecho en condiciones de vida dignas
económicamente, socialmente solidarias y ecológicamente
sustentables.

Una parte de todo esto que se podría llamar socialización
concreta, no ideológica, es la modernidad bien intencionada, lo
que defendemos nosotros, y coincidiremos con ustedes en el
momento que defienden este sentido de la modernidad. La empresa
pública ha constituido y constituye una forma de intervención
inteligente en manos del Estado y es, al mismo tiempo, la forma
de intervenir mas directa como elemento endógeno o interno propio
a las situaciones que quiere resolver. Desde la empresa pública
se puede conocer, en la medida en que conoces la empresa y en la
medida en que estas en la situación de la economía real de la
industria, puedes resolver mejor, con mas eficiencia, porque
tienes un conocimiento superior, las situaciones que se van
dando.

Sectores basicos y estratégicos para el desarrollo del conjunto
de la economía que pueden facilitar a los gestores públicos la
resolución de problemas de empresa y sectoriales y además
planificar en perspectiva un desarrollo sostenible, mas armonioso
y equilibrado de toda la estructura económica. Por ejemplo, señor
Ministro, ahorro energético o ahorro de agua. Una empresa privada
en estos sectores --estoy pensando en Endesa-- siempre tendera a
que haya un mayor consumo de energía, cuando por otro lado nos
damos cuenta de que debería haber un menor consumo de energía y,
al mismo tiempo, utilizarla mejor, es decir, ser mas eficientes
económicamente; a través del ahorro de energía, utilizar mejor
los recursos del Estado. Esto esta en mejores condiciones de
hacerlo el sector público. Sin embargo, la suerte que va a correr
Endesa en los próximos meses y años será, efectivamente, su
privatización. A todo esto, el papel público en sectores
importantes para la economía en general y para la sociedad en
general, nosotros lo llamamos planificación democrática de la
economía, con base en los artículos 38, 128 y 131, que
representan, a nuestro entender, racionalidad, inteligencia para
utilizar los recursos y no malgastar los recursos que hay en el
país.

Usted ha dicho que el mercado es el mejor asignador de los
recursos --lo ha dicho usted anteriormente; en todo caso, lo he
entendido mal--. El mercado asigna bien los recursos cuando hay
una buena planificación que tiene en cuenta las potencialidades y
las necesidades en cada sociedad y a nivel mas
internacionalizado; es entonces cuando el mercado juega un papel
de microasignador de los recursos, cuando hay una macroasignación
que permite globalizar el conjunto de los problemas.

La empresa pública --como segundo punto-- tiene también otras
tareas, como es la dirección de procesos sectoriales que apunten
a un cambio estructural.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya
concluyendo.




El señor FRUTOS GRAS: Voy concluyendo, señor Presidente.

No aceptamos, por tanto, que la empresa pública se utilice única
y exclusivamente, aunque se diga lo contrario, para intentar
hacer frente al déficit público. Y



Página 8594



se dice lo contrario, pero hay un plan de racionalización del
sector público en el cual se dice que en dos años se van a
conseguir 700.000 millones de pesetas para intentar hacer frente
a este déficit. Esta no es la forma, y ustedes lo saben
perfectamente. Se trata en definitiva, de mantener una empresa
pública, eso sí, con varias reformas al mismo tiempo que la
permitan funcionar adecuadamente. Estas reformas están
fundamentadas, a nuestro entender, en tres factores. El primer
factor sería la transparencia, diferenciar entre decisiones
políticas y empresariales en el seno de la empresa pública. No
hacerlo así es lo que traslada gastos de los presupuestos a la
empresa pública, lo que provoca mas pérdidas y endeudamiento. Nos
parece adecuado continuar con el contrato-programa, que
materializa la decisión política y que hace, a través de él, que
la empresa pública esté sometida a debate político para conocer
las responsabilidades del Estado y las responsabilidades de cada
fuerza política en el momento de defender unas u otras opciones.

El segundo factor es la negociación, la necesidad de
entendimiento entre gestores públicos y trabajadores a través de
los sindicatos. Esto no se esta haciendo por lo que atañe a la
privatización que en estos momentos se esta desarrollando. Una
buena negociación entre el gestor público y los sindicatos
generaría estabilidad y flexibilidad, necesarias para asegurar un
desarrollo mas dinámico y continuo de la actividad. Participar,
por ejemplo, en los consejos de administración a través de
personas técnicamente solventes y sindicalmente coherentes puede
ser beneficioso para el conjunto de la empresa pública, del
sector público, y para el conjunto de la economía, eso sí, sin
vaciar, como se hace ahora, de contenidos la información que se
da en estos consejos de administración para que esta información
no la tengan los sindicatos.

El tercer factor es un control adecuado, por supuesto
democrático, para superar los problemas de coordinación,
burocratización y no asunción de responsabilidades. Y en la
cúpula de todo eso debería figurar --y volvemos a defenderlo-- el
estatuto de la empresa pública.

Ya como último punto, y para terminar, en la medida en que hay
muchas cosas negativas en todo esto, se dice que la empresa
pública es necesaria porque en este país necesitamos una
participación de la gente. Por todo ello, en la medida que se
vendan acciones a los ciudadanos se ira generando una
accionariado popular que tendrá interés en que funcione la
empresa pública, el conjunto de la economía.

Señor Ministro, este es el cuento del limpiabotas que se hace
capitalista, bajo la forma del capitalismo popular en este caso.

Capitalismo popular con el acceso de la clase media, es decir de
los trabajadores, de gran parte de los trabajadores, a la
propiedad empresarial, y a la decisión, es pura demagogia y
falso. Además esto esta avalado por los datos.

Le voy a dar algunos casos: La Banca, en estos momentos
concretos, en España, con un porcentaje miserable de
participación en las empresas eléctricas, por ejemplo, controla
todas las empresas eléctricas privadas.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, por favor,
termine en un minuto.




El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.

La última privatización se hace, esta que se esta realizando, a
imagen y semejanza de las necesidades de la Banca. Los pequeños
ahorradores no pintan nada. En primer lugar, el pequeño ahorrador
no puede imponer ningún criterio, porque no tiene capacidad en lo
público, porque hace falta para esto capacidad real de decisión,
«status» jurídico que lo potencie y convicción de querer ser
pequeño ahorrador. El pequeño ahorrador vende pronto al obtener
plusvalía y los títulos engordan al grande o al club de
inversores. El mismo Javier Gurpide, dirigente del Banco Bilbao-
Vizcaya, dice que no hay inversores institucionales en renta
variable que formen una accionariado popular y nacional,
reconociendo que el capitalista popular es pasto de los tiburones
nacionales e internacionales.

En eso, y se lo digo a usted, podríamos llegar a un acuerdo de
venta de acciones a pequeños accionistas, con dos clausulas
concretas: Primera, que estos pequeños accionistas, a través de
la renta de sus acciones, no pudieran engordar a los grupos y
«lobbies» que en estos momentos ya controlan el mercado. Segunda,
que haya una intervención colectiva tutelar, una intervención
desde el Estado, a través de una ley que no permita hacer
determinadas cosas.

Si la empresa pública, como conclusión, se viera como una fuente
de creación de riqueza «per se», de equilibrio territorial, y los
gobernantes y gestores gastaran mas energía en diseñar, elaborar,
comercializar y vender productos socialmente útiles, que no en
vender la empresa, se acometería una política de desarrollo
sostenido, con una base firme en la empresa pública que ayudaría
al conjunto de la sociedad. Cuando determinadas leyes no sirven
para la integración social progresiva, se cambian.

Reflexionen ustedes solos señor Ministro, aún tienen fuerza para
hacerlo, aunque mañana no tengan el Gobierno. Vale mas tarde que
nunca. En cuanto a nosotros, a pesar de la oleada privatizadora
que hay en estos momentos, y aunque perdamos estas votaciones o
las mociones de mañana, tenemos que decir lo que pensamos y lo
decimos: No servirá de nada hoy decir lo contrario de lo que
realmente pensamos; pero mañana, cuando vengan mal dadas,
podremos recuperar



Página 8595



el discurso, por si Salamanca ha prestado algo a quien natura no
dio.

Espero que en estos bancos haya posiciones diferentes al manual
Solbes-González, que es en definitiva, un manual que va a una
eliminación del sector público para convertirlo, no en un
elemento subsidiario de la empresa privada --ya lo ha sido y
continúa siéndolo en estos momentos todavía-- sino para
liquidarlo, sobre todo sus sectores mas rentables, y entregarlo
en manos del sector privado, que muchas veces es entregarlo, no
en manos del sector privado eficiente, sino de un sector privado
muchas veces especulativo, que no crea riqueza socialmente útil,
a partir de nuevas necesidades no genera nuevos productos, sino
que intenta, a través de sus capitales flotantes, comprar lo que
en estos momentos ya es rentable y que tiene un efecto económico
y social positivo para la sociedad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gamir.




El señor GAMIR CASARES: Presidente, señorías, este debate tiene
como origen una propuesta del Partido Popular para que se
realizara partiendo de una comunicación del Gobierno. Parece,
pues, que esa comunicación es la columna vertebral del
pensamiento del Gobierno sobre la política de empresa pública y
privatizaciones. Por ello, lo lógico es empezar a referirse a esa
comunicación, a lo que no esta en ella y a lo que se encuentra en
la misma.

El Partido Popular pidió que en esa comunicación se tratara el
tema de a qué se había dedicado el mas de un billón de pesetas de
privatizaciones que según el señor Solbes se habían realizado
desde el año 1982 hasta la actualidad. No ha habido ninguna
respuesta en la comunicación del Gobierno sobre ese tema. El
Partido Popular también planteó que el Gobierno contestara si
consideraba que era adecuada la legislación actual sobre el tema
de privatizaciones, en lo cual la mayoría de los analistas
consideran que no tenemos una legislación «ad hoc» para esa
problemática, parte de unas piezas sueltas, no hay ninguna
mención a ese problema en la comunicación del Gobierno sobre este
tema.

Y si faltan estos datos fundamentales, hay otro que no es que
sobre, sino que produce auténticas perlas del pensamiento
económico. Es realmente divertido que se considere que la base
para realizar o no una política de privatizaciones esta
relacionada con la renta per cápita de un país. Se dice con otra
expresión: «el grado de desarrollo».

Desde las filas socialistas se han hecho perlas que hoy se
estudian en las grandes universidades del mundo en pensamiento de
política económica. Por ejemplo, aquella famosa ley de hierro de
los beneficios, etcétera. Ahora estoy seguro de que esta nueva
perla de decir que la renta per cápita es el elemento para
diferir cuando debe haber mas o menos empresa privada será otro
gran elemento de estudio, otra gran aportación. Parece que los
hechos tozudos lo contradicen, parece que países de Iberoamérica
esta realizando un fuerte proceso privatizador, y con cierto
éxito, y parece que países con renta per cápita superior a la
española realizan procesos de privatización bastante menores.

¿Por qué es esto? ¿Quizá por la necesidad de, ante los propios
militantes, dar una explicación de la evolución del pensamiento
del Partido Socialista en este caso? No lo sé. Pero como regla
seria de política económica no se sostiene.

En este proceso pendular, y si se lee la comunicación resulta
curiosa, se dice que ya en esta renta per cápita, en este grado
de desarrollo, lo que hace falta son políticas horizontales,
cuando se ve las que se definen. En este nivel de renta per
cápita ya no hace falta políticas macro de tipo de interés o tipo
de cambio marco, de un marco económico competitivo desde en
comunicaciones hasta, si se quiere, en el precio de la energía,
ni siquiera políticas sectoriales o políticas oblicuas, como las
denominó algún presente miembro del Gobierno. No. Políticas
horizontales a las que se refiere.

¿No recuerda esto algo en la música a aquella idea que se
aplicaba al Ministro anterior de que la mejor política industrial
es la no existente? De forma que, según renta per cápita, pasamos
de la empresa pública a la mejor política industrial es la no
existente y a sus consecuencias. Son curiosas las perlas que
aparecen en este memorandum.

Para qué sirve la empresa pública. Ahora hay una gran polémica en
Europa sobre este tema de por qué la empresa pública. Se habla de
los beneficios sociales, si serán mayores que los beneficios
privados, si hace falta subvencionar o empresa pública cuando no
cumple el mercado toda su función de asignador de recursos. Se
habla de los monopolios naturales y se discute si con la nueva
tecnología se esta rompiendo el argumento de los monopolios
naturales. Se habla de zonas industriales en decadencia, de la
función de la empresa pública en ellas o problemas relacionados
con el paro. Nada de esto aparece en la comunicación del
Gobierno.

Hay una expresión que casi es curiosa. Se dice que, para ciertas
actuaciones en el extranjero, las empresas públicas, nombrando,
me figuro que a dedo, determinadas empresas privadas, se hagan
acciones conjuntas. Algún periodista muy mal intencionado ha
dicho que esto a lo mejor quiere decir que determinadas personas
de la alta administración o de la empresa pública quieren
buscarse buenas relaciones en las empresas privadas nombradas a
dedo. Yo no quiero caer en esa malignidad, pero es curioso que
ése sea el argumento



Página 8596



básico y está en el documento, el argumento básico para la
empresa pública.

Y llegamos a las reglas para que una empresa se privatice o no y
la regla es pura y simple: discrecionalidad. Haré siempre lo que
quiera. Es casi como si presentaran un presupuesto en la Camara,
diciendo: yo ya decidiré en cada caso si es bueno o no gastar
dinero para esta actividad, pero no quiero ninguna regla
anterior. Déjenme ustedes hacer lo que quiera en cada caso. La
discrecionalidad llevada a esos términos normalmente acaba
llevando a contradicción, porque discrecionalidad llevada a ese
extremo hace tomar decisiones contrarias, en casos parecidos
normalmente, según soplen los vientos en cada caso.

Por ello nos encontramos con que la columna vertebral de la
política de empresa pública y privatización del Gobierno
socialista es la contradicción.

Cuando Ortega y Gasset fue Diputado en las Cortes Españolas, le
dijeron una vez que se ponía la corbata de intelectual. El
contesto: No me pongo la corbata de intelectual; mi columna
vertebral es ser intelectual.

Ustedes pueden decir: mi columna vertebral, por lo menos en este
terreno de mi política, es la contradicción. Queda poéticamente
bien, como comentaré al final; políticamente es muy discutible.

Se lo he recordado otras veces. Por tanto, voy a ser muy rápido
en la lista de contradicciones. No me voy a remontar, ni mucho
menos, al año 1975, cuando una persona no de la izquierda de su
partido, cuando Boyer, por ejemplo, proponía la nacionalización
de la banca y de las empresas de la energía, de las eléctricas.

No me voy a remontar a esta época; simplemente a la época
reciente. Punteando rápidamente: Aranzadi, la anterior persona
que estuvo al frente del mismo Ministerio, declaraba, como es
conocido, que se podían privatizar todas las empresas públicas
industriales y energéticas y que sobraban los dedos de una mano
para aquellas que no podían ser privatizadas. Entra usted en el
Ministerio y lo primero que dice es que con privatizar cuatro
empresas --y una de ellas ya esta medio privatizada--, basta.

Aparecen las declaraciones del señor Solbes en dirección
privatizadora; la teoría del señor Borrell de no vender las joyas
de la abuela, que en su primera expresión era claramente contra
la política de privatización. Felipe González tercia en el tema y
dice que el Estado es mal empresario, con lo cual contradice toda
la política de su Gobierno, que cuando ha privatizado ha
privatizado parcelas de empresas de forma que ha seguido siendo
el Estado el empresario, por lo cual parece que en la línea del
Presidente y en la línea del Gobierno también hay contradicciones
internas.

Las perlas de la contradicción son las que rigen en ese mar, en
el que últimamente ha entrado no solamente el Presidente del
Gobierno, no solamente los ministros; no; los secretarios de
Estado. Nos encontramos con que el Secretario de Estado, el señor
Moltó, ya tiene unas curiosisas declaraciones. Podría sacarle
varias perlas suyas, pero le cito una que usted ya conoce;
hablando, por ejemplo, del plan alternativo del Partido Popular
sobre privatizaciones, dice que es un documento clandestino que
no ha sido aprobado por ningún órgano del Partido.

El otro día, señor Ministro, le planteé este tema en Comisión y
usted se evadió una y dos veces de la pregunta, pregunta que
quiero hacerle y que me conteste sí o no: ¿Respalda usted a su
Secretario de Estado? Conteste que sí o conteste que no. No se
evada. Si respalda a su Secretario de Estado, usted esta
falseando la verdad, porque usted conoce que la postura
alternativa sobre privatizaciones y empresa pública del Partido
Popular fue aprobada por el comité ejecutivo nacional de nuestro
partido. Si usted le respalda y usted esta falseando la verdad,
le recuerdo el caso Profumo, en que un ministro, por falsear la
verdad al Parlamento, tuvo que tomar ciertas decisiones sobre su
permanencia en el Gobierno.

¿Que usted no le respalda? Que el Secretario de Estado, si no
esta repaldado por su ministro, si no es la voz de su amo, haga
lo que estime oportuno.

Usted dijo que era por caridad hacia un texto que no le gustaba a
usted de forma suficiente. ¿Va a contestar otra vez lo mismo? o,
por favor, ¿va usted a contestar la verdad? ¿Respalda o no
respalda esa postura? Y otras perlas que, si hay turno de
réplica, le citaré de su Secretario de Estado, que ha entrado en
este proceloso mar de las contradicciones en las que ustedes se
han encontrado tan natural, tan cómodamente instalados.

Esta tarde presentaremos y mañana se desarrollara el proyecto de
resolución del Partido Popular y se vera la otra cara de la
moneda, la política alternativa sobre empresa pública y
privatización que propone el Partido Popular. Como es lógico, en
este momento tengo que dar al menos los rasgos basicos de lo que
se discutira mañana.

Nosotros planteamos que haya una serie de principios, que no sea
la pura discrecionalidad la que lleve a la política de empresa
pública privatización; que el principio básico para privatizar
sea el incremento de la competitividad, de la eficiencia. Sin
duda que entre los principios también pueda estar devolver a la
sociedad civil parcelas de poder que no deberían haber salido de
la sociedad civil y que las privatizaciones no deben servir para
tapar los agujeros de Iberia vendiendo trozos de Endesa, sino que
deben estar afectadas al endeudamiento público y como tal, si
acaso, su efecto sobre el déficit sería indirecto a través de la
deuda pública. Entre otros principios que abordaremos de la
política de empresa pública y privatizaciones.

Como es lógico, en la política de empresa pública les tendremos
que volver a recordar el problema del estatuto de la empresa
pública, que a algunas personas de su partido les molesta mucho.

También nos expone una curiosa teoría de la renta per cápita al
contestar sobre este tema. Dicen: no; el estatuto de la empresa
pública que nosotros defendimos --nosotros quiere decir el
Partido Socialista-- con vigor, con fuerza



Página 8597



cuando estábamos en la oposición de 1977 a 1982, ahora ya no es
válido. ¿Es otra vez la teoría de la renta per cápita? ¿Es otra
vez que en aquella época de una renta per cápita menor había que
controlar al Gobierno y ahora, como la renta per cápita es mayor,
ahora no hay que controlar al Gobierno? Ustedes tienen unas
teorías de correlación entre renta per cápita y situaciones por
lo menos curiosas. Por lo menos. No las llamaré divertidas, pero
sí curiosas.

¿Que el contenido de un estatuto de la empresa pública hecho hoy
es diferente que el del año 1977? Sin duda. Pero esos principios
son, al final, los de eficacia de la gestión, de control y de
transparencia. ¿Y van a votar mañana ustedes contra el control?
¿Van a votar mañana ustedes conta la transparencia? Tuvieron
ustedes muchas dudas respecto a si votar contra la transparencia
en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, cuando se
pedía la transparencia de las tarifas eléctricas. Fueron
profundamente hamletianos y dubitativos. ¿Qué pasara ahora,
cuando les hablemos de transparencia en el campo de las empresas
públicas? Algún anuncio ya han hecho de que votaran en contra de
la transparencia. Esto es parte del estatuto de la empresa
pública.

En el campo de la empresa privada, de las privatizaciones,
nosotros decimos que la legislación actual no es adecuada, no es
suficiente y que hace falta una ley, como tienen otros países, de
privatizaciones. Planteamos procesos transparentes y claros. No
quiero entrar en el caso de Rumasa, pero no es un ejemplo, en
nuestra opinión, de cómo se debió privatizar. Y sin duda no voy a
entrar en el caso de Intelhorce y todas sus consecuencias. Una
legislación que impida este tipo de situaciones y que, además,
plantee un sistema muy claro, en el que se prefieran los sistemas
públicos, desde la subasta al concurso, etcétera, en la forma de
privatizar, hasta, en último grado, la venta directa y en qué
condiciones la venta directa. Todo esto figura en la resolución
que se presentara esta tarde.

Planteamos la conveniencia de una valoración de la empresa, por
la cual sepamos los ciudadanos españoles lo que vale el
patrimonio de todos y que se tenga en cuenta en la venta de la
empresa, o en la privatización, aunque luego, como es lógico haya
también que tener en cuenta las condiciones de mercado.

Planteamos lo que realmente son los principios basicos de un
texto que ya tenemos articulado, que como ustedes se empeñan en
no presentarlo acabaremos presentándolo nosotros, que será una
ley de bases de la empresa pública y una ley de privatizaciones.

Esto lo discutiremos mañana y veremos la otra cara de la moneda,
de una política muy distinta a la de ustedes. A esa política de
ustedes que, al basarse en la idea de la contradicción no como
corbata sino como columna vertebral, puede ocurrir que les
plantee un grave problema de credibilidad. Porque, señor
Ministro, lo que usted ha dicho hoy puede que no sea lo que usted
u otro compañero de gabinete suyo diga mañana o pasado mañana o
haya dicho ayer. Usted u otro compañero, señor Ministro, nos
tienen acostumbrados a que digan cosas contradictorias. Hoy le
hemos oído, veremos lo que oiremos mañana y si lo comparamos con
lo de ayer, indudablemente, no esta en la misma línea de ese
esquema, de esa belleza poética de la contradicción. Y cito lo de
la belleza poética de la contradicción porque me recuerdan en su
actuación una bella frase de ese gran poeta que fue Whitman.

Whitman decía: ¿Que me contradigo? Pues bien, me contradigo. Soy
amplio. Y añadía: Contemplo muchedumbres de contradicciones. Eso
decía Whitman. Me podrían ustedes decir en su defensa que ustedes
actúan como el gran poeta Whitman. Ahora bien, un gran poeta
puede permitirse ser contradictorio, pero esa facultad --una vez
mas dicho sea sin acritud-- que tenía el gran poeta Whitman no la
tiene un Gobierno mediocre, débil y sin credibilidad, como el
Gobierno actual.

Nada mas y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gamir.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SµENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición de nuestro
Grupo Parlamentario, del Grupo Socialista, en este debate sobre
el sector público empresarial. Debate que no es consecuencia de
una propuesta del Partido Popular, sino que es consecuencia de
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió, que se debatió en junio del año pasado y que, por tanto,
evidentemente, en sus contenidos, responde al mandato de esta
Camara, a la resolución que como consecuencia de ese debate se
aprobó. La propuesta del Partido Popular --que desconozco--, las
cosas de su propuesta que el señor Gamir dice que no cumplimenta
el Gobierno no están contenidas en las resoluciones de esta
Camara.

En consecuencia, nuestro Grupo piensa que el Gobierno con su
comunicación ha respondido al mandato recibido de la Camara en la
propuesta de resolución de la proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario de Convèrgencia i Unió y en las resoluciones
posteriores al debate del estado de la nación a comienzos de este
año.

Por tanto, la comunicación del Gobierno sí responde a los
objetivos y desde mi punto de vista, sí responde a señalar cuales
son las líneas basicas de actuación en el sector público
empresarial, cuales son los objetivos.

El señor Gamir siempre nos plantea los mismos temas, el tema de
los dedos de la mano, de si la política es horizontal, la
política que no existe, unas declaraciones apócrifas e
inexistentes, y para llegar a sustentar su teoría de la
contradicción se tiene que ir veinte años atrás. Señor Gamir, son
muchos años para hablar, porque la gestión del Gobierno
socialista no se remonta



Página 8598



a tan lejos, y yo quiero decirle que en los últimos doce años,
efectivamente, en los años de gobierno socialista, la actuación y
la política sobre el sector público ha sido una política
coherente, una política de mejora de la competitividad y de
mejora de la eficiencia. Algunos portavoces han puesto en duda
esa mejora de la eficiencia en las empresas públicas españolas, y
hay que decir que algunas de las empresas que mejor predicamento
tienen en el mercado bursátil mas prestigioso del mundo resulta
que son empresas de gestión pública, y eso es el resultado de una
gestión, de un planteamiento político de mejora de la eficiencia
que sigue planteando el Gobierno hoy como base de la reforma del
sector público empresarial, pero que ha venido planteando a lo
largo de los doce años. No puede, pues, señor Gamir, con seriedad
sustentar una teoría de la contradicción sobre posiciones de mas
de veinte años de antigüedad. Tendrá que encontrar la
contradicción en una gestión de gobierno que yo creo que ha sido
muy coherente.

Por tanto, debate sobre una proposición no de ley, sobre un
mandato de la Camara planteado en la Comision de Industria y
sobre resoluciones del Pleno y comunicación del Gobierno
coherente con las demandas de la Camara a ese respecto.

Me gustaría señalar algunas características del contexto en el
que se mueve este debate, que es un contexto a nivel
internacional, un contexto desregulador, un contexto de
disminución del tamaño del sector público en los países de
nuestro entorno, en los países europeos, pero en el que se parte,
como ya dijimos en el debate de la semana pasada y como ha
señalado el señor Ministro, se parte de un sector público español
no demasiado grande, sino de un tamaño que se sitúa entre el 9 y
el 10 por ciento de nuestra economía y en la banda baja de
presencia del sector público en los países europeos; mas
presencia del sector público en Alemania, con un 11 por ciento;
mas presencia del sector público en Francia, con un 18 por
ciento, y mas presencia del sector público en Italia, casi en
torno al 20 por ciento. Menos presencia del sector público en el
Reino Unido; es el único país que esta claramente por debajo en
porcentaje de presencia del sector público, que esta en torno al
5 por ciento, pero señalando que, en términos absolutos, ese
tamaño del sector público es todavía mayor en el Reino Unido que
el sector público que tenemos en España.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, no hace falta, como
plantea el Grupo Popular, una drástica privatización y una
disminución drástica del tamaño del sector público, sino que la
política del sector público debe estar muy relacionada con los
objetivos de nuestra política industrial. Esa es la posición del
Gobierno, ésa es la posición que hemos mantenido en los sucesivos
debates parlamentarios, es la posición que seguimos sosteniendo
en este momento. El objetivo debe ser la potenciación del tejido
industrial; el sentido que tiene la presencia del sector público
en la empresa pública industrial es el mantenimiento y el
fortalecimiento del tejido industrial. No en vano hay que decir
que los dos grupos industriales mas importantes de nuestro país
tienen un origen público y una gestión pública, y que da la
impresión de que muchas veces las posiciones de algunos grupos
son posiciones de laboratorio, son posiciones de gabinete, de
planteamiento ideológico; hay que privatizar porque hay que
privatizar sin tener en cuenta la situación real de la economía,
qué es lo que pasa en la industria española y cuales son sus
condiciones basicas de funcionamiento.

Por tanto, en este debate planteamos, y también lo mantendremos
en las resoluciones, que hay que señalar cuales son los objetivos
y que los objetivos, por una parte --y en eso estamos de acuerdo
con las intervenciones de los distintos grupos--, deben ser la
mejora de la competitividad, la mejora de la eficiencia del
sector público, una mayor autonomía de funcionamiento --esta
mayor autonomía de funcionamiento que defiende el Grupo
Parlamentario Socialista esta en contradicción con algunas de las
actuaciones que los grupos de la oposición plantean-- y una
potenciación del tejido industrial y, sobre todo, una
potenciación de los grandes grupos industriales. Para que exista
esa potenciación, pensamos que es bueno que aumente la presencia
del sector privado, que aumente la cooperación con el sector
privado, pero no desde el desmantelamiento de los intereses
públicos, de los intereses industriales, sino desde su
potenciación.

Por tanto, el Grupo Socialista piensa que es bueno que haya una
cooperación del capital público con el capital privado, que en
esa línea estamos actuando en los últimos meses y años, porque,
efectivamente, se ha llevado a cabo una financiación en bolsa de
algunos de los grupos empresariales con gestión pública, una
salida a bolsa que significa que una parte del ahorro privado se
ha involucrado en el apoyo a esa inversión empresarial
industrial. Este no es un camino nuevo, es un camino que el
Gobierno lleva practicando y pensamos que es positivo, puesto que
contribuye a esa mejora de la competitividad, a esa exigencia de
competitividad. Como he dicho antes, que esas empresas públicas
se coticen en los mercados bursátiles mas exigentes del mundo es
buena prueba de la mejora de la eficacia que ello ha significado.

Ese camino lo hemos recorrido y pensamos que puede seguir
recorriéndose.

También pensamos que es bueno que se establezcan alianzas entre
el sector público y el sector privado, alianzas que supongan
incorporación de nuevas tecnologías, mejora tecnológica; por
tanto, alianzas con un objetivo tecnológico, industrial,
comercial, alianzas que se han realizado y que se están
realizando en el sector de la defensa o en el de hidrocarburos,
particularmente en el gas, o respecto de las que ha habido
algunas noticias estos últimos días que parece que no acaban de
entender algunos portavoces de la oposición. Son alianzas que
tienden a fortalecer ese tejido industrial y a buscar que también
el sector privado se



Página 8599



involucre, en mayor medida que hasta ahora, en la potenciación
del tejido industrial de nuestro país.

Lo que pensamos que no se puede hacer es una política como he
dicho antes, de laboratorio. Tenemos la impresión de que esa idea
de las privatizaciones a toda costa que el Grupo Popular mantiene
tiene un fondo ideológico programático y tiene poco que ver con
la realidad industrial y con el analisis de cual es la situación
de la industria española. Incluso hablan de sacar a subasta, de
privatizar por encima de todo, de vender, sin tener en cuenta que
esas ventas, ese listado de empresas a privatizar, significarían,
en el caso de llevarse a cabo, una desvalorización de los valores
públicos presentes en esas empresas y tiene, de alguna manera, un
tufillo a desmantelamiento de un sector industrial, sin tener en
cuenta que lo mas importante para nuestro país es justamente
mantener el tejido industrial, potenciar esos grandes consorcios
industriales en los que es bueno que haya una mayor participación
privada, pero tenemos que tener claro que es importantísimo para
nuestro país que sigan existiendo con tamaño suficiente para
estar en el mercado internacional. Desde el Gobierno y desde el
Grupo Parlamentario se les va a seguir apoyando.

Por tanto, pensamos que hay que establecer criterios de
actuación, pero también que no hay que establecer muchas nuevas
normas respecto al funcionamiento de la empresa. Si miramos la
realidad, que no esta en el gabinete o en el laboratorio, nos
encontramos con una reforma importantísima en la empresa pública
que debatimos aquí, la semana pasada, el Decreto-ley que
aprobamos, que tiene en cuenta que efectivamente hay una serie de
empresas en el sector siderúrgico, en la construcción naval, en
una parte de la minería o en sectores de la defensa que siguen
necesitando de planes de reconversión y de apoyo público, que
deben funcionar en condiciones de transparencia y con contrato-
programa. Pero pensamos que el resto de las empresas que van a
estar es competencia y en el mercado no deben tener una
regulación sustancialmente distinta de la que tenga el sector
privado. No tienen que tener privilegios, pero tampoco tienen que
tener desventajas para competir con las empresas privadas con las
que concurren.

Por tanto, nosotros pensamos que no es bueno que se apruebe un
estatuto específico diferenciador de la empresa pública. Ya hemos
aprobado una ley de enajenaciones en esta Camara, con amplio
apoyo parlamentario, en la que se establece la salvaguardia de
los intereses públicos y que el sector público pueda intervenir
en determinadas decisiones de las empresas, pero somos
partidarios de que la dinámica que se introduzca en las empresas
públicas en las que compitan sea una dinámica empresarial cada
vez mas autónoma de los poderes públicos, con una mayor
profesionalización de la gestión, con una mayor
profesionalización de los consejos de administración, lo cual
esta claramente en contradicción con una mayor planificación, con
una mayor regulación, con un estatuto de la empresa pública que
incomprensiblemente se plantea desde los bancos de la oposición.

Pensamos que es muy importante, por tanto, no perder de vista
cuales son los objetivos basicos del sector público empresarial.

Esos objetivos basicos deben estar en la mejora de la
competitividad, en la mejora de la eficiencia, en una gestión
cada vez mas autónoma de los intereses públicos, en una gestión
cuyos intereses públicos están específicamente regulados por ley,
pero que, además y sobre todo, tengan en cuenta los intereses
industriales de nuestro país. Esto, señor Gamir, no esa política
horizontal. El tener en cuenta los intereses de nuestro país, el
potenciar los grandes consorcios industriales desde el sector
público no es una política horizontal. Será una política no sé si
oblicua o vertical, podremos discutir el grado de verticalidad de
es política, pero le puedo asegurar que en absoluto es una
política horizontal, sino que corresponde al criterio mantenido
por el Gobierno y sostenido por este Grupo parlamentario de una
política industrial activa también en el sector público
empresarial de cada vez mayor cooperación con el sector privado,
pero buscando que se fortalezcan nuestros intereses industriales,
buena parte de los cuales están representados por los grandes
consorcios industriales con presencia pública, con gestión
pública y hoy hay que decir que muy bien gestionados, por cierto.

Por parte de nuestro Grupo, pues, queremos mantener que lo que se
tiene que hacer no son tanto planes específicos y que estamos en
contra de los listados de empresas porque perjudican nuestros
intereses y los intereses incluso de la cooperación con el sector
privado.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sáenz Lorenzo, vaya
concluyendo.




El señor SµENZ LORENZO: Si, señor Presidente. Ahora mismo
concluyo.

Nos parece que es negativo para nuestros intereses el hacer un
listado previamente, puesto que desvaloriza a las empresas
privadas que en la mayoría de los casos no publican sus opciones
estratégicas con antelación, porque eso favorece a la
competencia, y pensamos cada vez mas que el sector público
empresarial debe actuar en condiciones de competencia.

Por tanto, nosotros vamos a defender esa mejora de la
competitividad y que en el fondo y como objetivo básico de toda
esta política del sector público empresarial esté el
fortalecimiento de los grandes consorcios industriales y el
fortalecimiento, en definitiva, del tejido industrial de nuestro
país y por tanto, de nuestros intereses económicos.

Nada mas y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias señor Sáenz
Lorenzo.




Página 8600



Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Gracias, señor Presidente.

Señorías, voy a decir algunas palabras, una vez fijada la
posición por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Socialista, para puntualizar, responder o matizar algunas de las
expresiones que se han vertido en las intervenciones de los
portavoces de los diferentes grupos.

El señor Chiquillo, del Grupo Mixto, empezaba por decir algo que
yo no he dicho de ninguna manera; decía que al señor Ministro no
lo gustan las privatizaciones.

Quiero tranquilizarle, señor Chiquillo, manifestando que yo no he
dicho eso. Lo que digo es que me parece una lastima que una
materia tan compleja se pueda resumir simplemente a un debate en
blanco y negro, a favor o en contra de las privatizaciones. Como
desde el punto de vista del conocimiento de lo que ocurre dentro
y desde el punto de vista de las necesidades del país creo que es
una injusticia, me he referido a esta simplificación en la
opinión pública porque --como alguien ha dicho, es cierto que a
veces la realidad supera a la ficción-- es verdad que un debate,
en el que, evidentemente, hay que hablar sobre la idoneidad o no
de una política de privatizaciones, lo hemos convertido en un
debate solamente sobre esa cuestión al tratar del sector público
empresarial. A eso me refería.

Es verdad que hay una política y una recomendación, si quieren,
en el marco de la unión Europea; es verdad que hay una tendencia
en esa dirección, y es verdad que nuestro país no es ajeno a lo
que ha venido ocurriendo en otros países antes y después del
proceso de convergencia establecido en Maastricht, pero, a mi
juicio y a juicio del Gobierno, es verdad que las principales
razones para hacerlo no deben ser aquellas razones que
identifican lo público o lo privado con la quintaesencia de lo
bueno, dependiendo de en qué ambito del espectro se sitúe uno,
sino, por el contrario, razones tan serias como las de la
contribución a la competitividad general y global de la economía
si los objetivos de la economía española son fundamentalmente la
garantía de un mayor empleo y de un crecimiento económico
susceptible de incrementar el bienestar de los españoles, y eso,
señor Chiquillo, a mi juicio, se discute mal en términos de mas o
menos privatizaciones, sobre todo decididas en abstracto; hay que
hacerlo analizando cada una de las empresas, cada uno de los
grupos, cada uno de los mercados, cada una de las oportunidades o
no que se producen.

En este sentido, no es verdad, por ejemplo, que las empresas del
INI hayan recibido en los últimos años algo así como siete
billones, como ha citado usted --después me referiré a esa cifra-
-, que, además, expresaba una cierta insatisfacción por el hecho
de que en la comunicación del Gobierno, que da unos cuantos
detalles sobre los criterios a los que me he referido y que he
ampliado después, no se den pormenores de qué se va a hacer. No
sé si lo que pretende es que, efectivamente, el Gobierno, en un
documento o en un debate a través de un ministro, haga una
intervención diciendo: La semana que viene, o en el plazo de no
sé cuantos meses, o dentro de dos años, se va a vender tal o cual
empresa. Si ésta es su insatisfacción, desde luego tiene buenas
razones para estar insatisfecho, porque eso no lo hace este
Gobierno ni espero que ningún Gobierno cometa semejante
irresponsabilidad. De hecho, incluso en aquellos países en los
cuales ha habido anunciados procesos de privatización, las fechas
no se han anunciado o incluso se han producido atendiendo
debidamente a las condiciones vigentes en los mercados. Mire, por
ejemplo, la experiencia francesa o puede recurrir también a
algunas decisiones o presuntas decisiones adoptadas en Alemania.

Este Gobierno ha adoptado la decisión de no hacer un plan general
de privatizaciones porque le parece inoportuno, porque le parece
inadecuado incluso desde la perspectiva de maximización del valor
de las participaciones y porque no se trata solamente de una
política de privatizaciones de si o no, sino, en muchos casos, de
una política que atienda también a las características que tiene
nuestro propio tejido productivo, en el que, muchas veces, cuando
no existe el sector público, no existe otro sector u otro
inversor significativo en algunas de las empresas. Es verdad que
éste es un tema difícil de analizar, pero sí me gustaría, por lo
menos, tener la convicción, señor Chiquillo --de usted y quizá
también de otros--, de que no son solamente razones de seguridad,
como las que usted mencionaba en la última parte de su
intervención, las que hacen necesario, conveniente, por razones
sociales y por razones de eficiencia económica, el mantenimiento
de una presencia pública en algunos sectores, entre otros casos,
porque la pura y simple enajenación no es garantía del
mantenimiento --en ocasiones ni siquiera de la existencia-- de
inversores nacionales dominantes. En segundo lugar, porque la
enajenación pura y simple en otros sectores distintos de la
seguridad puede dar lugar, y de hecho en algunos casos se ha
producido, a una pérdida razonable de las posibilidades de
competitividad de algunas de las empresas. Compaginar, por tanto,
una estrategia compleja en esa dirección se reduce muy mal a
tratar de hablar en términos de sí o no a una política de
privatizaciones. Pero, ya lo he dicho, el Gobierno esta a favor
de una política de enajenaciones en determinados casos; en unos
casos pueden ser totales, en otros parciales y en otros tienen
que seguirse manteniendo los intereses estratégicos de España, y
se tiene que hacer en alianza con un capital privado que,
lamentablemente, en nuestro país, en muchos casos, esta
concentrado en grandes instituciones financieras.

Yo no sé si alguno de ustedes, señorías, cree que la mejor
solución a los problemas de los grupos industriales de este país
es el que sea sustituida la presencia del Estado solamente por la
presencia de tres o cuatro



Página 8601



bancos. En todo caso, el Gobierno, quiero garantizarselo, esta
muy lejos de pensar que ésa sea la mejor solución cuando hay que
buscar un horizonte fundamentalmente de ampliación de intereses
no sólo financieros, a veces con una enorme concentración de
poder, sino de intereses que tienen que ser simultáneamente
industriales y de competitividad a medio y largo plazo.

Señor Albistur, en parte, con lo que estaba diciendo, creo que
doy también algunas explicaciones a sus expresiones. Usted es
partidario de una revisión del sector público. Esa revisión se
esta haciendo, esa revisión es un objetivo permanente de
actuación y se resiste muy mal a un plan rígido que una vez se
expone en un Parlamento y después no se puede modificar porque,
como usted sabe perfectamente por su propia trayectoria vital y
por su experiencia profesional, la vida de las empresas es una
vida que se resiste muy mal a trazarla en una norma jurídica y
muchísimo mas en un plan de actuación del sector público
empresarial inamovible. Se trata, por tanto, de hacer grandes
líneas de actuación del establecimiento de criterios.

Creo coincidir con usted en que los objetivos por los cuales se
pueden apoyar determinados procesos de privatización son, desde
luego, la búsqueda de objetivos económicos y el aumento de la
eficiencia. Me he referido a ello en mi intervención anterior y
en otras ocasiones: el sector público, más allá de la discusión
teórica, mas allá de la discusión académica, en la practica de
nuestro país, salvo en contados casos, ha expresado una menor
sensibilidad a la rentabilidad del capital que el sector privado.

Este un dato de la experiencia, no es un dato de la teoría, no es
un dato de la discusión de gabinete, es un dato en virtud del
cual la introducción de capital privado es, razonablemente hecha,
una fuente adicional de eficiencia económica en la utilización de
los recursos puestos a disposición de determinadas empresas, de
determinados sectores. Por eso me parece que es verdad que el
argumento, señor Albistur --en esto coincido--, no puede ser si
se producen mas o menos ingresos públicos, con independencia de
que financieramente esto pueda venir bien en un ejercicio o en
otro, sino, sobre todo, si existe una contribución, en una
estrategia de esta naturaleza, al aumento global de la eficiencia
del sistema público y, por extensión, del conjunto de la
economía.

Decía usted que la reducción del sector público en los últimos
años no ha sido un proceso voluntario, sino, según usted, exigido
por las circunstancias. Tal vez no le haya entendido bien. Desde
luego, la decisión de reducir en ocasiones la presencia del
sector público se ha tomado con clara conciencia del Gobierno y,
a veces, mediante decisiones bien concretas, decisiones que han
formado parte, en la mayoría de las ocasiones, de procesos de
racionalización, de reducción a veces de capacidad productiva,
otras veces de búsqueda de alianzas para la supervivencia y la
competitividad de empresas que integraban el sector público.

Algunos casos se han produciendo recientemente, casos que se
resisten mal a un analisis en términos de documentos rígidos. Por
ejemplo, cuando en un grupo empresarial participado por el sector
público empresarial, como es el grupo Indra, resultado, por
cierto, de un proceso de fusión de intereses privados y de
intereses públicos, hay un compromiso de enajenación de
participaciones públicas y simultáneamente, en un area emergente,
en un area con futuro, se pretende mantener la españolidad de la
gestión de la empresa, pero resulta inevitable una alianza con
otras empresas internacionales que aporten tecnología y que
aporten, además, mercado con posibilidades de acceder a otras
áreas económicas, se plantea un problema extraordinariamente
difícil. Este problema no se resuelve con una sola receta, sí o
no o todo lo contrario, sino a través de un proceso de discusión
y de negociación, extraordinariamente duro, extraordinariamente
oneroso, cuyo resultado no se conoce de antemano y que, a veces,
lleva, como en este caso ha llevado, a una selección, por
ejemplo, de un nuevo inversor que integrara el grupo Indra y que,
no obstante, permitirá que la gestión siga manteniéndose en manos
privadas, y será un inversor y un tecnólogo extranjero, pero, al
mismo tiempo, será una fuente de equilibrio entre el
mantenimiento de la capacidad de gestión, la defensa de
intereses, por lo tanto, nacionales y las posibilidades de seguir
contando algo en la industria electrónica dirigida a la defensa y
a otras áreas de carácter civil, en el ambito del «software» o en
el ambito de las tecnologías de la información.

Hay, por lo tanto, un plan de racionalización, ¿cómo no lo va a
haber?, lo hay, lo he expuesto en muchas ocasiones, lo he
expuesto en el ambito de la Comisión de Industria, lo he expuesto
con todo el detalle que se pueda hacer, sin entrar, sin convertir
a una Comisión de Industria o sin convertir a un Parlamento en
una especie de consejo de administración, en el que cada uno
quiera decir cual es la decisión que habría que tomar esta mañana
o esta tarde en relación con tal o cual operación financiera, lo
cual, naturalmente, resulta absolutamente imposible de hacer en
términos lógicos. Por eso es por lo que creo, señor Albístur, que
coincidimos en que es muy importante que los criterios
financieros no sean los únicos relevantes, en que los criterios
de eficacia en la gestión sean muy importantes y en que la
prioridad clarísimamente otorgada al Gobierno desde hace tiempo,
hoy de nuevo reiterada por mí a la creación, a la consolidación
de grupos industriales en nuestro país, no sea una consideración
ajena a toda la discusión sobre la política del sector público o
sobre las privatizaciones en particular.

Señor Mardones, se ha referido usted al texto de la comunicación
del Gobierno, me alegro que le pareciera, con independencia de
que cualquier comunicación siempre tiene insuficiencias, en todo
caso, correcta políticamente, si le he entendido bien, y se
planteaba usted bien, a mi juicio, algo que es importante, qué es
una privatización, de qué estamos hablando. Ha habido



Página 8602



diferentes versiones en las intervenciones de diferentes
representantes de los grupos, desde aquellos que han creído que
cualquier cosa que no sea la retirada pura y simple hasta el cien
por ciento de la participación del Estado en todas las empresas
no merece el nombre de un proceso cercano a la idea de las
privatizaciones --por cierto, en manifiesta contradicción con lo
que se entiende por política de privatizaciones en otros países--
, o hasta los que creen --quizás usted sea uno de ellos-- que era
absolutamente indispensable, incluso en los casos de empresas que
se privatizaran, hacer un esfuerzo por seguir garantizando
intereses estratégicos de nuestro país. En esta dirección, quiero
expresarle mi acuerdo y el acuerdo del Gobierno, y esto ha sido
lo que hemos venido impulsando. Usted ha hecho una referencia a
normas específicas que existen en otros países, en concreto a la
«Action espécifique», en la legislación francesa, o la «Golden
share», en la figura de las legislaciones anglosajonas. Pues
bien, quiero decirle --y creo que usted es conocedor-- que, no en
los mismos términos jurídicos, pero sí para conseguir finalidades
similares, se adoptó, y se adoptó por esta Camara, por el
Parlamento en su conjunto, a instancias del Gobierno, a propuesta
del Gobierno, la decisión de aprobar una nueva ley, una ley
llamada de enajenaciones, que persigue, precisamente en los casos
en que se reduzca la participación pública, el preservar
intereses no del gestor, no de la administración, sino intereses
evaluados como intereses relevantes para el país ahora y en el
futuro.

Tenemos, por lo tanto, ese flanco cubierto, estamos (aprovecho
para decírselo) esperando que el dictamen el Consejo de Estado
pueda permitir la aprobación breve del reglamento del desarrollo
de esa ley, y por lo tanto la eventual utilización de esa ley y
de su reglamento de desarrollo a los efectos de otros posibles
procesos de reducción de la participación pública, sea Repsol,
sea en otras empresas que podemos entender que responden a
intereses relevantes estratégicos para el conjunto de España.

Con esto, señor Mardones, creo que he tratado de darle una
respuesta a sus inquietudes por cómo se produce la venta de
acciones o a los problemas de información también alrededor de
qué parte de la venta de acciones de Endesa o de Repsol ha
quedado en manos nacionales, en manos extranjeras, etcétera. Esta
información, señor Mardones, se ha dado cuando se ha producido,
con independencia de que, en un mercado de capitales abierto, las
acciones, circulan, y una cosa es lo que se vende en un momento y
otra cosa es lo que puede dar de sí eso al cabo del tiempo.

Quiero también decirle --y creo le consta, señor Mardones-- que
nunca ha estado en la posición del Gobierno ignorar algo que
venimos practicando, que es la toma en consideración de los
intereses de las comunidades autónomas en los procesos de
ordenación del sector público empresarial, se trate de procesos
de racionalización, se trate de procesos de reconversión o se
trate de procesos de eventual enajenación. Tiene usted toda la
razón cuando dice que no es irrelevante para una comunidad como
la canaria si se toma una decisión con la empresa Binter. Sobre
esto hemos tenido alguna vez la ocasión de dialogar
bilateralmente, y al Presidente de la Comunidad Canaria le
constan también las intenciones y los compromisos de dialogo e
información que de esta naturaleza existen por parte del
ministerio si alguna vez, o cuando llegara, existiera una
decisión en esa o en otra dirección.

Señor Sanchez i Llibre, quiero decirle con toda cordialidad que
empezaba usted su intervención diciendo que su primera sensación
era el desanimo. Déjeme decirle que mi primera sensación es que
sus últimas afirmaciones, las de su grupo, casi siempre conducen
a reflejar desanimo. Tengo la absoluta confianza en que el
desanimo que temporalmente les aqueja puede verse superado, pero
no me parece que de la comunicación del Gobierno ni en todo caso
de mi intervención, tenga usted razones objetivas para pensar que
no estamos haciendo aquello que conduce a lo que de verdad son
planteamientos con los que usted y yo creo coincidimos,
planteamientos en la línea de racionalización, de competitividad
y planteamientos que, por cierto, tienen en parte como acicate,
no como único origen pero sí como acicate, algunas iniciativas
parlamentarias no exclusivas de su grupo, también de otros
grupos, pero entre otras su propuesta de plan de racionalización
del sector público empresarial. Yo le quiero agradecer
públicamente, señor Sanchez i Llibre, en representación de su
grupo, que diga que esta sea una buena política. El acicate en
esta dirección siempre viene bien, y es verdad que estamos en
momentos en lo cuales se producen cambios, a algunos me he
referido, que tienen que ver con el cambio en el entorno del
mundo en el cual esta ejerciendo su actividad la empresa pública,
pero cambios que han dado lugar también a decisiones del
Gobierno, a iniciativas del Gobierno, algunas de ellas por
cierto, amparadas y apoyadas también por su grupo parlamentario.

Es verdad --y son ustedes conocedores-- que hay un nuevo marco
jurídico, al menos en los últimos meses, no desdeñable: por un
lado, la ley a que me acabo de referir al contestar al señor
Mardones, la Ley de Enajenaciones, en primer lugar, y en segundo
lugar, y no menos importante, el decreto-ley recién convalidado
en esta Camara, sin perjuicio de su tramitación parlamentaria.

¿Significa eso un marco jurídico distinto en algunas cosas? Sí
señor, significa un marco jurídico distinto en algunas cosas.

Hemos tenido ocasión de discutir durante la convalidación que eso
no era un cambio de nomenclatura; hemos tenido ocasión de decir
que no estamos hablando de una mera reclasificación por razones
sectoriales, sino una reclasificación con efectos económicos, con
efectos de gestión, con efectos financieros, con efectos
presupuestarios y que, al mismo tiempo, y quizás todavía mas
relevante, tiene como función poner en pleno vigor, desde el
punto de



Página 8603



vista del derecho positivo, algo que en la primera parte de mi
intervención he querido explicar: que, salvo en los casos de
intervención de empresas por razones de interés general amparadas
en la Constitución, las empresas que tengan participación pública
en nuestro país, porque lo dice la Constitución y, además, ahora
lo dice el decreto-ley de creación, entre otros, del SEPI, no
pueden actuar mas que exactamente en las mismas condiciones que
el resto de las empresas en una economía de mercado.

La presunción legal, por tanto, no puede ser la discriminación
sino, en todo caso, la presunción legal, el imperio de la ley es
el de la actuación en condiciones homologables por obligación
legal a las empresas que actúan en una economía de mercado, y las
decisiones de inversión del tenedor de las acciones de ese grupo
público son decisiones que también tienen que homologarse a las
de un inversor privado en una economía de mercado. No es en
absoluto irrelevante, desde el punto de vista jurídico, lo que
hemos plasmado en esa norma de cara a la clarificación de lo que
es el sector público empresarial y sus criterios de actuación;
pero vamos en esa dirección, en una dirección que entiendo le
pueda producir a usted cierta decepción, señor Sanchez i Llibre,
puesto que el Gobierno no tiene, ahora ni en el futuro la
intención de hacer un plan, entendiendo por plan lo que usted
cree que es un plan: un listado de empresas con un compromiso de
venta y el establecimiento de plazos, según le he entendido. Esta
no nos parece la política mas prudente, lo cual no significa, y
le consta señoría, que no nos repugna, sino todo lo contrario,
llevar a cabo aquello que sea necesario hacer cuando se producen
las condiciones que hay que analizar caso por caso, como hemos
puesto de relieve en algunos grupos empresariales relevantes de
los que tienen un gran predicamento, o por lo menos notoriedad
pública y también en otros casos en los que no hay predicamento,
ni notoriedad, pero de empresas que llevaban muchísimos años en
el ambito del sector público empresarial, se han producido
enajenaciones recientemente entre 1993 y 1994.

Se preguntaba usted, señor Sanchez i Llibre, cuanto cuesta esto
hoy. Usted ha dicho que el sostenimiento de las empresas en el
ambito del INI esta si no le he entendido mal entre tres billones
de pesetas y 13, según algunas citas. Pues bien, ni una, ni otra.

Depende del criterio que se adopte para medir cuanto cuesta. Le
doy las cifras de lo que significan las aportaciones directas de
los presupuestos del Estado al INI, entre 1982 y 1984, y las
correspondientes a la subrogación de deuda del INI por parte del
Estado. Si toma usted la serie de 1982 a 1994 le saldrá, si no he
efectuado mal la suma --la he hecho en el escaño--, dos billones
745.000 una cantidad enorme de dinero, pero, en todo caso, muy
lejos de las cantidades que en algunos lugares se han citado y
hay que contrapesarlas frente a los resultados obtenidos después
de un esfuerzo presupuestario de esa naturaleza.

Quiero hacerle una puntualización señor Sanchez i Llibre, desde
su decepción. El Gobierno ha dicho que no se considera oportuno
hacer un plan de privatizaciones; pero esto no es equivalente a
que no se considere oportuno hacer un plan de racionalización del
sector público empresarial salvo que cometamos, lo que a mí me
parece un error, la identificación entre privatizaciones y plan
de racionalización.

Creo importante clarificar para los inversores privados, y tomo
la última parte de su intervención, lo que va a ocurrir en
diferentes ámbitos empresariales. En muchos casos que usted ha
citado los empresarios privados lo saben, saben cual es la
política que se lleva a cabo y las intenciones del Gobierno,
pero, desde la perspectiva de que no se puede anunciar, que no
conviene anunciar con carácter general cosas cuando no están
decididas, es por lo que me parece bueno que no haya
incertidumbres en el ambito del sector aeronáutico, en CASA, sin
perjuicio de las alianzas entre CASA y otras empresas privadas,
en Babcock Wilcox o en la industria de pasta de papel a que usted
se ha referido, o que se pueda anunciar, no lo niego, cualquier
día, una operación que tenga que ver con Aldeasa; pero no es un
problema de anunciar algo hasta el momento en que hay operaciones
en curso.

El problema en este momento no es de incertidumbre, y mucho menos
de barreras para la entrada del sector privado. El problema es
mucho mas en la realidad de nuestro tejido industrial, la
búsqueda de entendimientos, de alianzas, de fortalecimientos de
los grupos empresariales y todos y cada uno de los días,
empresarios privados y empresarios o gestores del ambito público
están hablando y discutiendo alrededor de posibles problemas o de
orientaciones en esta dirección.

A veces no es cuestión, y la legislación en ese momento lo
prohíbe, señor Sanchez i Llibre, como le acabo de comentar, que
el sector público haga una competencia desleal al Estado. Mas
aún, usted y yo mismo debiéramos denunciar, como he tenido
ocasión en algún caso de salir al paso, practicas que me parecían
incompatibles con una leal competencia en una economía de mercado
del sector público con el sector privado, en algún proceso de
decisión. Pero me parece que debiéramos ser todos conscientes de
que la legislación de este país prohíbe precisamente este tipo de
practicas, aunque el lugar común en virtud del cual la
participación o la existencia de un accionariado público es una
fuente de privilegios es, créame señor Sanchez i Llibre, muchas
veces una afirmación que necesita ser probada. A veces en algunas
áreas de actividad es una fuente de inconvenientes, desde el
punto de vista de las propias reglas de la competencia, habida
cuenta de



Página 8604



los tiempos que corren en este momento para la imagen misma del
sector público.

En cuanto al señor Frutos, creo que tenemos un nivel de escasa
coincidencia. Tengo la sensación de no ser siempre bien
interpretado cuando afirmo lo que afirmo. Yo no he dicho que el
mercado sea el único asignador de recursos; lo que he dicho,
señor Frutos, es que algunos creen que el mercado es un asignador
perfecto de recursos, y lo que a continuación afirmo, señoría es
que la teoría de los fallos del mercado no es un argumento
suficiente para ir a un criterio de planificación en sustitución
del mercado. Probablemente en esto no estaremos de acuerdo usted
y yo, y me cuesta mucho contestarle cuando empieza por hacer una
afirmación que probablemente es irrebatible en términos técnicos
o porque entra en el campo de la metafísica. Usted dice: no
quisiera, ni siquiera comprometer a mi grupo; yo soy partidario
«a priori» del sector público. Naturalmente, si usted es
partidario «a priori» de algo, empezamos a tener un debate que
probablemente no es racional; es el debate sobre hasta dónde
puede llegar el sector público y temo que usted lo llevaría a
unas orientaciones que ni este Gobierno, ni el Grupo Socialista,
y me temo que otros grupos de la Camara, comparten.

Este Gobierno y el Grupo Socialista, como lo ha expresado, sí
comparten que es necesaria, importante y probablemente en
ocasiones insustituible la actuación del sector público, pero no
en los términos a que usted se refería, sino en otros términos
que tienen que ver con la eficiencia; en unos términos que
significan, no eso que a usted le preocupa tanto y que me parece
revela una parte de su pensamiento con el cual no puedo
coincidir. Según usted el meollo, la cuestión que esta en debate
es si se produce la retirada del Estado en beneficio de la
iniciativa privada.

No resisto la tentación señor Frutos, de preguntarle qué hay de
malo en la iniciativa privada «per se», o por qué es mejor la
presencia del Estado que la iniciativa privada. «Per se» no lo
será; lo será por algunos argumentos. Unos a favor de una cosa, y
otros a favor de otra, pero «per se», no.

Quiero decirle con toda claridad que este Gobierno, un gobierno
socialdemócrata y el Partido que sostiene al Gobierno están a
favor de la iniciativa privada, y están a favor también de la
existencia de un sector público para cumplir determinadas
funciones. A la vez cree que en los últimos tiempos que vivimos,
las funciones del sector público son cada vez menos la producción
de bienes y servicios y, en cambio, mas la creación de aquellas
condiciones que favorezcan la competitividad, eliminen o corrijan
los fallos del mercado y hagan posible el avance, el bienestar y
también el empleo de nuestro país. Pero no es sobre una política
reducida al sostenimiento a ultranza del sector público
empresarial como probablemente se pueden conseguir estos
objetivos. Cuando usted me dice: el sector público no va a ser ya
el motor del futuro, y esto es lo que, a su juicio, estamos
haciendo, le tengo que negar que no tenga una función en esa
dirección.

Si usted repasa algunas de las empresas o de los sectores con
mayor capacidad de futuro en este país, se dará cuenta de que han
sido fruto de cierto impulso público o que hoy son todavía objeto
de un impulso público en alianza con el sector privado porque
cree el sector público que todavía tiene alguna función
estratégica, económica, etcétera, que realizar en esos sectores,
con independencia de que ésta, probablemente, no la hagamos en
los términos que a usted le gustarían.

Estoy de acuerdo de todas formas señor Frutos, con usted. El
problema no es déficit y privatización. Esto no es el objetivo;
por eso he mencionado y he matizado lo que he dicho
anteriormente. Esto no excluye un proceso de discusión con los
sindicados en las operaciones que se produzcan enajenaciones, en
las empresas del sector público, como de información alrededor de
decisiones que el Gobierno cree que debe adoptar en ejercicio de
su responsabilidad sobre el sector público, como este Gobierno,
este ministro y el Ministerio de Industria y otros ministerios
han hecho con los sindicatos al adoptar decisiones recientes y
como todavía siguen haciendo en términos de explicación de las
consecuencias que éstas tienen o pueden tener.

No he defendido, señor Frutos, el capitalismo popular. Eso se lo
dejo a estos señores, a los representantes del Partido Popular.

No es nuestra tesis, fue la tesis del thatcherismo; algunos la
han heredado, pero, ciertamente, no es la nuestra.

Señor Gamir, su intervención ha sido preparatoria de lo que
después va a decir cuando, a su juicio, venga la alternativa
gloriosa, que es su propio plan. Estoy encantado de discutir ese
plan. Se ha permitido ridiculizar algunas cosas de la
comunicación del Gobierno y ha pretendido que el Gobierno en este
momento habla de una nueva teoría sobre privatización y renta
«per cápita». A nadie se le ha ocurrido pensar así, pero, ya que
usted lo dice, ciertamente es verdad que se podría hasta
establecer una cierta correlación, a lo mejor histórica, entre
privatización y renta «per cápita». Probablemente; no sé lo que
daría de sí. La verdad es que sacar esa conclusión no deja de ser
peregrino, pero, en todo caso, como usted se refería a las
contradicciones, esa tentación en la que siempre incurre, déjeme,
señor Gamir, simplemente que le diga dos cosas alrededor de esto.

En primer lugar, como insiste en las contradicciones y luego en
que le conteste a algo que le he respondido por dos veces,
efectivamente, en comisión parlamentaria sobre las declaraciones
de mi secretario de Estado, lo haré por tercera vez respaldando a
mi secretario de Estado en algo que le dije. ¡Cuan buen corazón
tiene mi secretario de Estado que llegó a pensar que ese
documento no podría ser mas que clandestino, simplemente por
respeto a usted y al Partido Popular! Nadie, ni él ni yo mismo,
podíamos creer --ahora es verdad que esta muy confirmado-- que el
Partido Popular pudiera



Página 8605



haber hecho un documento de tan ínfima categoría técnica y tan
extraordinariamente irresponsable a nuestro juicio desde el punto
de vista político para hablar de las privatizaciones y del
programa de política industrial. En fin, ésta es mi opinión, que,
naturalmente, no es la suya.

Sí le quiero decir, señor Gamir, al hablar de contradicciones es
que el tiempo no pasa en vano y, naturalmente, a lo largo del
tiempo se dicen cosas distintas. Muchos ciudadanos de este país,
muchos economistas han tenido ocasión de leer mucha literatura
económica sobre esta cuestión, sobre el papel de las empresas
públicas. Algunos, quizás --es verdad que remontándose ya un
tiempo atrás--, pueden tener hasta ocasión de recordar lo que se
escribía en un viejo tratado, ya que gozó de alguna notoriedad
durante algún período, sobre política industrial en España. En su
tomo primero, en una de las ediciones, en el último capítulo, hay
una encendida defensa de la empresa pública y de sus
posibilidades en diferentes áreas de la empresa pública hasta en
el comercio exterior. Incluso allí se llegaba a defender el papel
activo que debería ejercer Focoex y se hacía hablando de
beneficios sociales y costes sociales. El autor de aquel
capítulo, matizado y hecho en las condiciones de la época, no era
otro que usted. Por tanto, si hablamos de contradicciones,
tendríamos tantas cosas que decir, señor Gamir, que resulta a
veces hasta irritante este dialogo permanente sobre lo que usted
dijo o dejó de decir.

Le quiero señalar tres cosas nada mas. Primero, para usted y para
su grupo, a mi juicio, es una seña de identidad la idea de que el
Estado óptimo es el Estado mínimo. En segundo lugar, ésta es una
idea que yo no comparto. Ustedes han heredado, a mi juicio, una
concepción sobre el sector público que es muy tributaria de una
concepción thatcheriana, en el momento que no ya solamente los
británicos del Partido Laboralista sino también los del Partido
Conservador han puesto en cuestión toda la política de
privatizaciones llevada a cabo por la señora Thatcher.

¿Sabe lo que me decía hace unos días un distinguido político
británico, al hablar de la posición del Partido Popular sobre las
privatizaciones en nuestro país? Decía: Si ustedes tienen que
hacer algo, háganlo, pero, en todo caso, no caigan en el error de
hacerlo como lo hemos hechos nosotros, los británicos. Quizá
ustedes debieran aprender algo en esta dirección, porque
ciertamente a juicio del Gobierno y a mi juicio personal, no es
mediante un estatuto como el que usted propugna, y muchísimo
menos mediante la introducción de la rigidez o de nuevas
legislaciones, que en este momento no son necesarias, como se
puede llevar a cabo una política efectiva en materia de
competitividad industrial, en materia de modificación del tamaño
del sector público y en materia, también, de claridad y de
transparencia en las actuaciones del sector público empresarial.

Pero esto es algo que, naturalmente, ya era conocido antes de que
usted y yo tuviéramos ocasión de hablar. Simplemente estamos en
absoluto desacuerdo, salvo en una cuestión que usted ha
mencionado y yo le agradezco que lo haya hecho, señor Gamir. Que
hay algunos aspectos como el de incremento de la competitividad
que debiera ser la base para juzgar de cualquier política a
llevar a cabo en el sector público empresarial. Yo estoy de
acuerdo en eso; por tanto, debiéramos sacar las consecuencias y
no concebir lo que hay que hacer en el sector público empresarial
sólo desde aquella perspectiva de privatización que le llevó a
usted a decir hace unos meses, en contradicción de nuevo con lo
que dice ahora, que el Gobierno tendría que privatizar Repsol,
Endesa, Argentaria, Telefónica, que así obtendría un volumen de
recursos, en una estimación que usted hizo, y que esto permitiría
resolver los problemas del déficit público. Unas afirmaciones
que, naturalmente, después usted no ha sostenido, porque
felizmente hasta usted y su grupo tienen a veces que hacer
afirmaciones mas matizadas sobre lo que debe ser el sector
público empresarial.

Señor Sáenz Lorenzo, gracias por sus comentarios. Es verdad que
la política del Gobierno no puede ser sino una política dirigida
fundamentalmente a la competitividad. España no tiene un sector
público empresarial demasiado grande, ni siquiera demasiado
maravilloso. Tenemos algunas cosas que humildemente queremos
poner en valor y lo que queremos es que sirvan no para seguir
siendo «per se» empresas públicas, sino para seguir siendo,
básicamente, empresas españolas que contribuyan al desarrollo
productivo de nuestro país.

Coincido con usted en que no son nuevas normas las que hacen
falta; tenemos un marco jurídico suficientemente adecuado, y las
empresas que están hoy en el sector público empresarial, salvo
los casos en los cuales se trata de actividades monopolíticas
deben competir con las mismas reglas que las empresas privadas,
si queremos de verdad contribuir de nuevo a ese objetivo de
competitividad, de eficiencia y, en última instancia, de empleo y
de bienestar económico en nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Chiquillo,
por tiempo de tres minutos.




El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente.

En primer lugar, señor ministro, quiero dejar bien claro que la
postura de Unión Valenciana ha sido requerir que, por parte del
ministerio y con el consenso de todos los grupos, se elaboren las
estrategias decididas para que se lleven a cabo aquellas
privatizaciones y aquellas políticas de saneamiento que se
precisen, y que estamos debatiendo hoy, puesto que parece hay
voluntad por parte del Gobierno de reducir este sector público.

Lo que sí he pedido es que éstas no se hagan



Página 8606



al tuntún y sobre todo que haya coherencia, coordinación y
transparencia.

Unión Valenciana no apuesta por la privatización de todo porque
sí, sino que defiende debe elaborarse, con el máximo consenso,
repito, un programa para reducir el sector público empresarial,
donde se combinen privatizaciones allí donde se estudie que hacen
falta, que es viable, que es necesario y que es imprescindible, y
esa privatización se combine con el mantenimiento de empresas
públicas en base a eso, en lo que sí coincidimos, la lógica
industrial y la eficiencia empresarial, que permita hacerlas mas
competitivas, internacionales a las privadas, a las públicas y a
aquellas que adopten un sistema mixto.

Desde la discrepancia --que en muchos casos pienso es positiva--,
creo que coincidimos y estamos de acuerdo en que queremos mejorar
la gestión de la empresa pública y, por tanto, desde mi
convicción pienso que esa mejora en la gestión de la empresa
pública tiene que tender a incrementar la eficiencia de las
mismas, y sí es evidente que en la empresa pública hay que
introducir criterios de gestión mas acordes con los utilizados en
el sector privado estableciendo objetivos, incentivos, etcétera.

Es evidente que las empresas públicas necesitan y es
imprescindible e inaplazable que se introduzcan gestores
eficientes y administradores profesionales con capacidad de
funcionamiento autónomo para relanzar y reactivar la empresa
pública, que creo es lo que nos mueve a todos los que estamos hoy
aquí debatiendo sobre este sector tan importante para la economía
española.

Por tanto, desde la discrepancia, entienda queremos el bien del
sector público nacional, que siga adelante, que en ningún caso se
quiebre con los principios de esos servicios sociales que deben
prestarse y sobre todo, que tengan un futuro en este mercado
universal en el que nos hemos introducido y que requiere haya
competencia y estemos preparados para un futuro mejor.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.

Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.

Con gran brevedad, por cortesía parlamentaria y para agradecerle
al señor Ministro la receptividad que ha tenido en el último tema
que planteé de tener atención a las comunidades autónomas, a los
gobiernos autonómicos en cualquier proceso de privatización en
cualquiera de sus fórmulas, como bien me ha entendido el señor
Ministro. Nosotros discutiríamos ese tema punto por punto en la
singularidad de cada caso de privatización de empresa, pero en el
caso del archipiélago canario y con relación al Gobierno autónomo
canario y a las empresas públicas que operan allí, en caso de que
se diera entrada a una política de privatizaciones o de
participación accionarial, deben tenerse en cuenta, en primer
lugar, los criterios del Gobierno autónomo correspondiente; y, en
segundo lugar, en su caso, la participación accionarial. No se
olvide, señor Ministro, que estamos hablando de un sector público
empresarial, casi el 9 por ciento de nuestra economía y, sobre
todo por uno de los tres renglones que definen este 9 por ciento
a nuestro juicio, no solamente la generación de capital bruto, no
solamente el valor añadido sino el empleo, y como ese empleo esta
localizado en la comunidad autónoma. Este era el argumento y a mí
me gustaría, señor ministro, que esa voluntad expresa que usted
ha manifestado, y que yo agradezco, tenga un reconocimiento en la
legalidad, en las disposiciones administrativas y en las leyes, o
en las disposiciones puntuales del Consejo de Ministros para que
esto sea una realidad y que, por tanto, el Gobierno autonómico
sea tenido en cuenta en su opinión y en su participación.

Nada mas. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.

Señor Sanchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.

Cuando he iniciado mi intervención respecto a la situación actual
de la empresa pública española en cuanto a la política de
racionalización del sector público español por parte del Gobierno
y he dicho que sentía cierto desanimo a través de la lectura de
la comunicación del Gobierno y de la intervención del señor
ministro, me refería única y exclusivamente a su actuación en el
campo de la racionalización y de las privatizaciones. Usted sabe,
señor Ministro, que nuestro Grupo, Convergència i Unió, ha dado
soporte siempre a sus iniciativas en cuanto a políticas de tipo
industrial, en cuanto a la iniciación del debate del Libro Blanco
sobre política industrial en España, en cuanto a la Ley de
Enajenaciones de participaciones públicas, en cuanto a la
convalidación del Real Decreto-Ley de desaparición del INI y del
Instituto Nacional de Hidrocarburos, y en cuanto a aspectos tan
importantes como son los referentes a la financiación de las
pequeñas y medianas empresas y relaciones con las comunidades
autónomas. No se nos han caído los anillos por decirle que el
ministro gozaba de crédito y así yo me reafirmo en estos
aspectos. Pero cuando hablamos de racionalización del sector
público y de privatizaciones y me encuentro con que el día 24 de
junio de 1994 la Comisión de Industria aprobó una serie de
cuestiones que iban relacionadas a que el Gobierno remitiera en
el plazo de seis meses cuales iban a ser los criterios en los que
iba a tener presencia pública la empresa, el Estado a través de
la empresa pública española en base a criterios industriales,
comerciales y en base a criterios económicos y sociales, y hasta
la fecha todavía el Gobierno no nos ha remitido cuales van



Página 8607



a ser dichos aspectos, ¿cómo no me voy a sentir desanimado, señor
ministro?
También es verdad que en dicha Comisión se estableció un plan de
competitividad del sector público español y, hasta la fecha,
tampoco hemos tenido notificación ni hemos conseguido del
Gobierno que nos remita cuales son sus objetivos fundamentales
para mantener la eficiencia y la productividad del sector público
español. En base a los criterios que aprobamos en la Comisión,
entendíamos que sería bueno que pudiéramos definir dónde es
necesaria la presencia pública del Estado y dónde es necesario
que el Estado haga de empresario; en función de estos criterios,
lógicamente quedaría excluida toda una serie de actividades en
las que esta actuando el Estado en plena concurrencia con el
sector privado. A través de la aprobación de esta moción, también
estaba perfectamente claro que, en todos estos casos en los que
existía concurrencia entre el sector público empresarial y el
sector privado, se procedería a su privatización. En mi discurso,
he intentado explicar básicamente el porqué de nuestro desanimo
por este incumplimiento por parte del Gobierno y determinar que
creo que sería interesante que se pudieran cumplir los objetivos
aprobados en dicha Comisión.

Por otra parte, también entendíamos que sería bueno no hacer un
listado concreto de empresas a privatizar. Creo que en esto, en
el fondo, siempre hemos coincidido en Convergència i Unió con los
planteamientos del Gobierno, pero entendíamos que sería necesario
elaborar un programa de privatización global de todas las
presencias públicas del Estado en compañías industriales, en base
al número de empresas a transferir o privatizar, en base a los
métodos y sistemas de venta, en base al calendario de las
transmisiones y en base a los perfiles de los futuros clientes
que pudieran comprar dichas compañías. Esto es lo que se ha hecho
en los diferentes países de la Unión Europea y ha dado resultados
muy positivos para la competitividad y para la eficiencia del
tejido industrial.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sanchez i
Llibre.

Tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias.

Señor Ministro, usted me ha hecho una pregunta y yo le hago otra.

Usted me pregunta: ¿qué hay de malo en la iniciativa privada «per
se»? Nada, no hay nada malo. Y yo le pregunto: ¿Y en privatizar
lo rentable, en todos los sentidos, hay algo de bueno? Le voy a
dar tres ejemplos emblemáticos. Endesa es rentable desde el punto
de vista económico, desde el punto de vista social, desde el
punto de vista tecnológico, desde todos los puntos de vista,
incluso desde el punto de vista de tener una base para la
internacionalización, hasta cierto punto, de nuestra economía.

El sector privado de las eléctricas. ¿Sabe cuanto cuesta la
moratoria nuclear? Moratoria nuclear que no es únicamente Lemóniz
--sería una excusa--, en función de las amenazas que en su
momento recibió, no; es en función de planes de gigantismo
industrial hechos por la empresa privada que no tenían nada que
ver con la realidad. Sin embargo, lo paga el consumidor a través
del recibo de la luz.

Contra la empresa privada en sí, no tenemos nada. ¿Ustedes tienen
algo en contra de una empresa pública rentable y eficiente como
Endesa? Lo ha demostrado sobradamente, aunque el señor don Iñigo
de Oriol y Urquijo la esta atacando en los últimos días muy
ferozmente porque dice que tiene precios de favor porque tiene
subvenciones del Estado. ¿No tiene subvenciones del Estado la
empresa privada de energía, subvenciones del Estado importantes,
pagadas por todos los españoles?
¿Y Telefónica? Le leo lo que dicen los sindicatos de Telefónica.

En Telefónica no encaja el tan manido argumento de que, mediante
su total privatización, se alcanzara una mayor eficiencia en la
gestión, así como una visión mas real de su auténtico valor
financiero al cotizar en Bolsa. La razón es evidente: Telefónica,
donde el Estado sólo tiene un 32 por ciento del accionariado, no
lo olvidemos, hace mucho tiempo que esta cotizando en Bolsa
incluso a nivel internacional. Es eficiente y, sin embargo, es
una de las que se va a privatizar totalmente y, además, se
segrega. Además, se argumenta una falsedad en relación a la
segregación, se dice que la segregación se adopta en función de
que hay unas leyes que vienen de Europa que lo imponen. Pues no
señor, a lo único que obliga la ley en estos momentos concretos
es a separar contablemente los negocios en monopolio de las
empresas privatizadas; es a lo único que obliga y, sin embargo,
segrega. La batalla que están desarrollando los trabajadores de
Telefónica estos días es en función de eso: de la privatización,
que están en contra, y, al mismo tiempo, de la segregación,
porque saben lo que va a representar todo esto.

¿O hablamos de Argentaria? ¿Continuamos hablando de sectores
públicos o privados que han ido a manos de transnacionales
extranjeras y que en estos momentos empiezan a ser ya un problema
para la economía española? Podemos hablar de la industria
agroalimentaria. En un país donde teníamos una capacidad técnica
y humana muy importante para desarrollar mejor que cualquier país
europeo la industria agroalimentaria, ésta esta en manos de las
transnacionales.

¿Estos son los pequeños capitalistas? No lo ha dicho usted, pero
es igual, lo dicen los que están en los bancos situados mas a la
derecha. ¿El capitalismo popular? ¿O es la venta de un país de
casi 40 millones de personas que no va a tener recursos ni
potencialidades para desarrollar sobre la base de sus necesidades
y sus



Página 8608



potencialidades una economía y una industria mas saneadas?
No me extiendo, aunque se podrían decir muchas mas cosas en
relación a todo esto. Usted me dice que los partidarios de la
privatización total son aquellos señores de allá. Es verdad...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, termine.




El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.

Pero les habrán abierto ustedes una autovía... Ellos en el
momento en que lleguen irán a 180 km/hora, aunque tendrán que
pararse, porque encontraran algún «stop»; tendrán que parar,
porque luego la realidad va a ser mas dura.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Frutos.

Tiene al palabra el señor Gamir.




El señor GAMIR CASARES: Intervengo telegráficamente.

Señor Ministro --se lo digo con amabilidad--, hay varias cosas
que usted ha dicho que son falsas. Primero, yo no he escrito
nunca un libro sobre política industrial, luego la cita que le
han buscado a usted es equivocada. No voy a entrar en ello.

Alguna vez analicé la diferencia entre beneficios sociales y
beneficios privados y de ahí saqué que en ciertos casos de
empresas públicas podría haber subvenciones. Sigo pensando lo
mismo. Por ejemplo, el caso de Hunosa es un caso en el que el
beneficio social y el privado no coinciden por una serie de
razones y, como tal, sería un principio de externalidades el que
justificaría ese tema. Pero su cita es falsa. Nunca he escrito un
libro sobre política industrial.

Segundo, es falso que yo haya dicho en Comisión que había que
vender por valor de tres billones determinadas empresas, para
reducir así el déficit. Lo que dije --esta en el «Diario de
Sesiones»-- es que si se vendía, el resultado eran 3 billones; no
que había que venderlas. También he dicho que como ustedes
vendieron parte de ello después, cuando la Bolsa estaba mucho mas
baja, este país ha perdido 0,7 billones. Ustedes eligieron mal el
momento, entre otras cosas, para tapar agujeros de Iberia;
ustedes se vieron obligados a las ventas de Endesa en un momento
que no era el adecuado.

Es también, en otro sentido, curioso por lo menos lo que usted
dice sobre la caridad del señor Moltó. Eso es demagogia o, si
prefiere una palabra mas clara, es descalificación general.

Nosotros hemos hecho dieciséis críticas a su proyecto de libro
blanco. Ustedes no han hecho ningún analisis crítico a nuestro
proyecto al respecto, y lo de privatizaciones lo veremos mañana.

Lo que sí parece es que usted apoya a algún Secretario de Estado
que lo que ha dicho es falso. Ahí los hechos son rotundos y
claros y demuestran la falsedad de lo dicho por el señor Moltó.

Perdone por la rotundidad de las palabras, pero en este caso eran
merecidas.

Se han incumplido las resoluciones de la Camara. ¡Claro! Sin duda
también se ha incumplido la del Grupo Catalan (Convergència i
Unió) porque hace mas de un año se pedía que en el plazo de seis
meses (dos por uno en este caso, porque ha pasado mas de uno
desde que lo pedían), se trataran los principios económicos y
sociales para la posible privatización de empresas industriales y
comerciales. Ni en el fondo ni en el plazo se ha cumplido lo que
se aprobó en este Parlamento.

Yo me he referido a lo de los veinte años y a la frase del señor
Boyer porque Felipe González a veces habla de la tradición
histórica del partido, pero las contradicciones son de los dos
últimos años. Y si quiere un buen muestrario, se lo doy. Aquí
tiene un número prácticamente monográfico de la revista
«Expansión», que es una lista de perlas de contradicciones. Por
ejemplo: «La política sobre privatizaciones hace aflorar nuevas
discrepancias en el seno del gobierno». «Aumentan las
discrepancias en el Gobierno sobre las privatizaciones». Son una
serie de perlas, de frases totalmente contradictorias entre los
distintos ministros, todas ellas de los dos últimos años, y hay
muchas mas de las aquí citadas.

Acabando, ¿privatización a toda costa? Ustedes han creado el
maniqueo; es muy fácil crear el maniqueo y hacerle decir al otro
lo que no ha dicho y luego criticarlo, que es lo que aquí se ha
hecho. Nosotros nunca hemos dicho privatización a toda costa, y
en el debate de mañana quedara mucho mas claro que en ningún caso
hemos utilizado esa expresión.

¿Políticas horizontales? Es lo que aparece en su documento. Y la
relación con renta «per cápita», que se ve que el señor Ministro
aún la mantiene, realmente parece otra perla curiosa, porque las
privatizaciones importantes en este momento en Iberoamérica
parece que contradicen, contrastan negativamente en términos
popperianos, la hipótesis que ha planteado el ex profesor señor
Eguiagaray.

Ahora, dentro de un momento, señor Ministro, va a tener usted su
famoso último turno. He hecho una recopilación de sus últimos
turnos en esta Camara, en Comisión y en Pleno, y usted utiliza
los últimos turnos, en los cuales ya no se le puede replicar,
para dos cosas: para hacer una loa al Gobierno o para hacer una
fuerte crítica a la oposición. Reglamentariamente es valido;
desde el punto de vista del respeto al dialogo democrático ese
abuso del tercer turno, que no tienen otros compañeros de
gobierno suyos --no lo tuvo Felipe González ni el señor Serra en
los últimos debates--, en su caso es del libro de los Guinness.

Usted utiliza ese último turno sin posibilidad de dialogo ni de
respuesta después, y reserva para él parte de su munición; lo
tendrá usted cuando se lo dé la Presidencia,



Página 8609



después de oír al portavoz socialista, que también aparece
siempre como refuerzo y que se dedica mas a contestar a otros
portavoces que a dar sus propias razones; ya veremos, incluso a
estas horas de la tarde, en qué convierte ese famoso y conocido
turno el señor Eguiagaray.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gamir.

El señor Sáenz Lorenzo tiene la palabra.




El señor SµENZ LORENZO: Señor Gamir, usted me insta a que
intervenga. El problema suyo es que se fija demasiado en las
declaraciones y en lo que dicen los medios de prensa y mucho
menos en las actuaciones. Para valorar cual es la política sobre
el sector público empresarial le ruego que mire cuales son las
actuaciones del Gobierno en materia del sector público
empresarial en los últimos doce años y si encuentra alguna
contradicción que la señale, porque yo creo que es una política
coherente, de mejora de la eficiencia y de reestructuración y
modernización permanente.

Desde el punto de vista de nuestro Grupo, sí que se cumple el
mandato de esta Camara; sin duda, un poco mas tarde del plazo,
pero se cumple el contenido del mandato de esta Camara. Usted,
señor Gamir, en su primera intervención, ha discutido el
contenido, no el plazo, y, desde nuestro punto de vista, sería
bueno no tanto buscar concreciones específicas o listados de
empresas, sino señalar en las resoluciones de esta Camara cuales
deben ser los objetivos del Gobierno en su política sobre el
sector público empresarial y cuales deben ser los criterios en la
toma de decisiones a este respecto.

Nada mas y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene
la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.

Para sorprender al señor Gamir una vez mas, ya que casi nunca
acierta cuando me increpa, la verdad es que en este momento no
tengo interés ni intención mas que de agradecer a todos los
portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el señor Gamir,
su intervención, e incluido, naturalmente, el representante del
Grupo Socialista, lo mismo que al señor Sanchez i Llibre, por sus
loas inmerecidas a mi gestión.

Unicamente le diré, señor Gamir --y permítame que esto no sea una
utilización de las que a usted le molestan, aunque pudiera estar
en mi derecho--, que si he cometido el error de citar su libro
por el título de «Política industrial», lo rectifico, ya que
quería referirme a su libro «Política económica de España». Esto
es todo lo que le tengo que decir, repitiendo que, de todas
formas, no estoy de acuerdo, como a usted le consta
perfectamente, con casi nada de lo que ha dicho y muchísimo menos
en las contradicciones.

El programa del Partido Popular --es todo lo que voy a decir y no
se moleste; espero que tenga el derecho a decírselo--, la verdad
es que no dice mucho, habla de una firme política de
privatizaciones --estoy hablando del programa del Partido Popular
de las elecciones de 1993, señor Gamir; ¿puedo pensar cual era su
programa para esta legislatura o no?-- y, además, dice que esto
sería bueno para los trabajadores, para los que se abrirían
nuevos horizontes de desarrollo profesional, que esto serviría
también para difundir la propiedad entre gran número de
ahorradores y que los ingresos procedentes de la privatización
deben contribuir, colaborar a erradicar el déficit
presupuestario. Eso es todo lo que dice su programa. Lo que no es
menos cierto --a la prensa me remito-- es que, cuando usted hizo
aquellas declaraciones sobre los billones de pesetas que
significarían la privatización de las empresas mas rentables del
sector público empresarial, toda la prensa, utilizando los
argumentos que suele utilizar usted conmigo, interpretó que usted
estaba proponiendo eso precisamente como fórmula para reducir el
déficit. Me alegra saber --porque creo que es mucho mas
responsable-- lo que ha dicho y no lo que la prensa interpretó
que usted decía.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Recuerdo a los señores
portavoces de los distintos grupos parlamentarios que el plazo
para presentar propuestas de resolución sobre este debate
finaliza esta tarde a las seis.

El Pleno se reanudara a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




-- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PARA INFORMAR SOBRE EL CONSEJO EUROPEO
QUE SE CELEBRO EN CANNES, LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO (Número de
expediente 210/000028)



-- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, AL
AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PARA INFORMAR, EN SESION
EXTRAORDINARIA DE LA CAMARA, SOBRE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA
UNION EUROPEA (Número de expediente 210/000029)



Página 8610



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Comparecencia del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento de la Camara, para informar sobre el
Consejo Europeo que se celebró en Cannes los días 26 y 27 de
junio y para informar, asimismo, sobre la presidencia española de
la Unión Europea.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, comparezco ante la
Camara para informar conjuntamente de las conclusiones del
Consejo Europeo de Cannes y de los objetivos de la presidencia
española de la Unión Europea en el segundo semestre de 1995. Esta
presidencia supone para España una gran responsabilidad que el
Gobierno desea llevar a cabo con la máxima eficacia para los
intereses de la Unión Europea, marco esencial para la mejor
defensa de los intereses de nuestro país.

El Gobierno español se propone, señorías, que los seis meses de
su presidencia sean un éxito para la Unión Europea y, por
consiguiente, para España. De ahí nuestro interés en contar, como
ya se hizo en la primera presidencia española de 1989, con el
apoyo del conjunto de las fuerzas políticas y de la sociedad.

El Gobierno ha venido aportando al Parlamento información puntual
y periódica sobre toda las fases preparatorias de la presidencia
española a través de una presencia frecuente en la Comisión Mixta
de ambas Cámaras para asuntos de la Unión Europea. Los grupos
políticos han recibido, pues, documentación sobre el proceso de
identificación de objetivos y prioridades de esta presidencia. El
Ministro de Asuntos Exteriores, en sucesivas comparecencias, ha
traído, además, a esta Camara los elementos de reflexión sobre la
Conferencia Intergubernamental, informes sobre el estado de las
principales cuestiones tratadas en los distintos consejos de
ministros y ya en el pasado mes de junio una comunicación que
señalaba nuestros objetivos para el semestre de la presidencia.

Sobre el Consejo Europeo de Cannes han tenido también SS. SS. una
información de primera mano a través del texto de sus
conclusiones. Para el Gobierno español ha sido una reunión de
particular relevancia. Era el primer Consejo Europeo a Quince,
con la presencia de Austria, Suecia y Finlandia como miembros de
pleno derecho. Pero, sobre todo, Cannes tenía para todos nosotros
la relevancia de concretar o confirmar el marco global de los
objetivos de nuestra presidencia.

Señor Presidente, señorías, en lugar de explicar el Consejo de
Cannes y pasar a continuación a la presidencia española, trataré
por separado los principales objetivos y prioridades de nuestra
presidencia, señalando en cada caso lo que aporta Cannes y lo que
es tarea específica para la presidencia española.

Sus señorías conocen bien los contenidos de esta presidencia y
saben que nuestras prioridades no suponen otra cosa que la
ordenación y gestión, desde la perspectiva española, de las
prioridades comunitarias para la presidencia española y que el
ejercicio que hemos emprendido el primero de julio es básicamente
un ejercicio de impulso, de coordinación y de arbitraje para
conseguir que el funcionamiento institucional, la gestión de las
políticas comunes y la fijación de objetivos se realice de
acuerdo con los intereses de los Quince y de la Unión.

Los resultados del Consejo Europeo de Cannes nos permiten extraer
algunas conclusiones de cara a nuestra presidencia. En primer
lugar, se han sentado las bases para el relanzamiento de la Unión
Europea, dejando atrás una etapa de dudas y escepticismos. En
segundo lugar, se ha completado y definido el marco de la acción
exterior de la Unión para los próximos años; de manera especial
el Mediterráneo se ha afirmado como una prioridad en la política
exterior y también en la acción económica. En tercer lugar, se ha
confirmado que a la presidencia española le corresponde una tarea
decisiva para el futuro de la Unión, densa en sus contenidos e
importante en los mensajes y en los informes que habrá de
elaborar y realizar.

Estas conclusiones del Consejo de Cannes, señorías, nos permiten
afirmar que la presidencia española de la Unión girara en torno a
cuatro grandes objetivos y tres lugares de encuentro. El primer
objetivo es el relanzamiento de la Unión Económica y Monetaria,
con una atención especial a las políticas generadoras de empleo.

El segundo es la consolidación de la proyección exterior de la
Unión Europea en un marco de estabilidad y de seguridad. El
tercero es la aproximación de los trabajos de la Unión a los
ciudadanos. Y el cuarto es el diseño de la Europa del futuro,
especialmente a través de la Conferencia de 1996.

Para la realización de estos objetivos, señorías, contaremos con
numerosos informes que elaboraran las instituciones de manera
concertada y con tres momentos que me parecen decisivos. Uno será
la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno, que habrá
de celebrarse en Mallorca en el mes de septiembre, para
reflexionar sobre el futuro de la Unión, especialmente con vistas
a futuras ampliaciones. Otro, la Conferencia Euromediterranea de
Barcelona en el mes de noviembre, que sentara las bases de una
relación mas eficaz, productiva y estable entre las dos riberas
del Mediterráneo. Y el tercero será el Consejo Europeo de Madrid
en diciembre, que deberá tomar importantes decisiones en el
ambito económico y monetario y culminar todos los trabajos del
semestre.

La presidencia implica, además, señorías, la gestión habitual de
cuestiones tan importantes como la aprobación de los Presupuestos
de 1996, la aprobación de reglamentos en materia de pesca o la
organización de



Página 8611



mercados agrícolas para productos muy sensibles de la agricultura
española. Para España, el desarrollo del proyecto europeo no es
un ejercicio lejano de política exterior sino una actividad que
se incardina íntimamente en el diseño de un proyecto nacional.

Señor Presidente, señorías, me detendré ahora en los objetivos
enunciados. El primer objetivo hace referencia a la Unión
Económica y Monetaria y a las políticas de empleo. En este
segundo semestre trataremos de impulsar la estrategia de
relanzamiento económico que se viene desarrollando a escala
europea con arreglo a las orientaciones acordadas en Essen y
definidas en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y
empleo. La creación de empleo es el principal desafío para las
economías europeas. El diagnóstico acordado hace un año parte de
considerar que una condición necesaria para la creación de empleo
en Europa es lograr el relanzamiento de nuestras economías de
manera sostenida, es decir, vigilando los desequilibrios fiscales
y la estabilidad de los precios. Junto a esta coordinación de
políticas económicas los Estados miembros estamos realizando
reformas internas en un triple plano: una organización mas
flexible del trabajo, una política salarial que propicie las
inversiones generadoras de empleo y el fomento de otras
iniciativas que favorezcan la creación de puestos de trabajo,
especialmente en los niveles regionales y locales.

Como conocen SS. SS., España ha adoptado ya tres iniciativas que
configuran la reforma del marco legal del mercado de trabajo
referidas al fomento de la ocupación, a la reforma del Estatuto
de los Trabajadores y a la regulación de las empresas de trabajo
temporal. Todas estas reformas se han visto acompañadas de la
moderación salarial resultante de la negociación colectiva.

Asimismo se han reducido los costes laborales a través de una
rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social y se han
adoptado medidas que fomentan el empleo de los parados de larga
duración y de los trabajadores no cualificados a través del
contrato de aprendizaje. La consecuencia de estas medidas ha sido
una mayor eficacia del crecimiento económico sobre la creación de
empleo. En el año 1985, una tasa de crecimiento del 2,5 por
ciento fue insuficiente para evitar la destrucción de empleo. En
el año 1995 la economía española esta creciendo al 3 por ciento
y, sin embargo, se están creando mil empleos diarios. Pero en
España y en el resto de Europa el índice de desempleo permanece
aún en niveles que aparecen como inaceptables para todos los
gobiernos. Por ello, el Consejo Europeo de Cannes ha considerado
que hay que invertir la tendencia del desempleo, para lo que
resulta imprescindible mantener políticas de estabilidad
monetaria y presupuestaria que contribuyan al descenso de los
tipos de interés y estimulen la inversión y el crecimiento
económico.

En este mismo sentido, el Consejo Europeo ha decidido reforzar
las medidas destinadas a combatir la marginación laboral de los
jóvenes y de los desempleados de larga duración, para lo que ha
acordado dar prioridad a las políticas de formación y
aprendizaje, con una atención especial a la formación permanente.

La Comisión presentara, antes del final de la presidencia
española, un libro blanco con propuestas concretas en estas
materias.

El Consejo Europeo de Cannes ha considerado asimismo que el buen
funcionamiento del mercado interior es un instrumento esencial
del crecimiento económico y, por consiguiente, de la creación de
empleo. También ha prestado especial atención al papel de las
pequeñas y medianas empresas y ha incrementado el desarrollo de
las iniciativas locales para la creación de puestos de trabajo.

En resumen, señorías, el empleo ha sido para el Consejo de
Cannes, y es para nuestra presidencia, la prioridad principal, y
es esta prioridad la que da sentido a todo el programa económico
del semestre, que se concreta en varias iniciativas que pondremos
en marcha.

En primer lugar, elaboraremos un informe anual del Consejo y de
la Comisión, el primero en la materia, sobre la aplicación de
programas de lucha contra el desempleo y por la igualdad de
oportunidades. En segundo lugar, presentaremos las conclusiones
de un estudio sobre las relaciones entre crecimiento económico y
medio ambiente y sus consecuencias para la política económica
europea. En tercer lugar, habrá también un informe del Consejo y
de la Comisión sobre los efectos de la coordinación de las
políticas económicas y estructurales de la Unión y sus Estados
miembros sobre la creación de empleo duradero. En cuarto lugar,
el Consejo de Asuntos Sociales y Trabajo presentara al Consejo
Europeo de Madrid un informe sobre el desarrollo de iniciativas
locales para el empleo. Y, en quinto lugar, la Comisión
presentara tres informes adicionales: un estudio sobre políticas
de pequeña y mediana empresa y su efecto sobre la creación de
empleo, un informe con propuestas de medidas concretas sobre la
simplificación administrativa en el marco laboral y un último
informe sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en
materia de legislación laboral.

Señor Presidente, señorías, la presidencia española asume, pues,
el mandato de impulsar una política europea de crecimiento y de
competitividad dirigida a la creación de empleo, sobre la base de
un crecimiento económico sostenido y conforme a las orientaciones
compartidas por todos los miembros de la Unión.

En esta misma estrategia se enmarca el proceso de convergencia
hacia la moneda única. El Consejo Europeo de Cannes ha renovado
su firme propósito de preparar el paso a la moneda única no mas
tarde del uno de enero de 1999, respetando estrictamente los
criterios de convergencia, el calendario, los protocolos y los
procedimientos pactados en el Tratado de la Unión Europea.

Este Consejo de Cannes ha recogido favorablemente las
contribuciones del Libro Verde de la Comisión y



Página 8612



del informe del Instituto Monetario Europeo y ha encargado al
Consejo, bajo presidencia española, que defina, en concertación
con estas dos instituciones, el modelo de paso a la moneda única
mediante un informe que deberá presentar al Consejo Europeo de
Madrid.

Por último, y dentro de este primer objetivo al que me he
referido, le correspondiera a la presidencia española velar por
el funcionamiento pleno del mercado interior, tanto para impedir
los obstáculos a la libre circulación de mercancías como en el
terreno de los capitales y servicios, a través de disposiciones
que favorezcan la transparencia de sus operadores.

La presidencia española potenciara el desarrollo de las políticas
internas de contenido económico en el ambito de la industria y de
la energía, de la investigación y del desarrollo en el cuadro del
cuarto programa-marco y del medio ambiente, con especial atención
a los programas Life y Habitat, así como en relación con la
ecotasa. En transportes y telecomunicaciones se potenciaran las
medidas de conexión física y telemática que permitan vertebrar el
espacio europeo y buscaremos soluciones comunes para cuestiones
que afectan directamente a los ciudadanos, como, por ejemplo, la
saturación del trafico aéreo.

Pero no quiero, señor Presidente, señorías, terminar la
enunciación de las políticas sectoriales sin una mención a los
objetivos de la presidencia en dos políticas comunitarias de
especial relevancia: la agricultura y la pesca.

En agricultura se ha de prestar atención especial a las reformas
pendientes de mercados de productos mediterráneos, como frutas y
hortalizas, vinos y arroz, para las que deben aplicarse, a
nuestro juicio, los mismos criterios de unidad de mercado y de
solidaridad financiera que inspiran al resto de las
organizaciones comunes de mercado.

Por otro lado, promoveremos una reflexión del Consejo sobre los
riesgos climáticos en la agricultura europea y sobre los
problemas de escasez de agua y de erosión de tierras a causa de
la sequía y examinaremos el impacto de la ampliación para
asegurar el mejor desarrollo de esta política común.

En cuanto a la pesca, culminaremos la plena integración de España
y Portugal en la política común de pesca, poniendo con ello fin a
la última derogación transitoria respecto a la plena integración
de España en la Comunidad.

En resumen, señorías, el primer objetivo de la presidencia no es
otro que garantizar a todos los ciudadanos un marco económico,
social y monetario que favorezca la creación de empleo y la
mejora de la calidad de vida y los niveles de bienestar.

Señor Presidente, señorías, el segundo objetivo de la presidencia
es consolidar la proyección exterior de la Unión en un marco de
estabilidad y de seguridad. El 24 de octubre España hablara en
nombre de la Unión Europea en el 50 aniversario de la
constitución de Naciones Unidas. Será éste un buen momento para
reflexionar, como españoles y como demócratas, sobre el camino
recorrido en estos años desde la marginación internacional y el
aislamiento político hasta la plena incorporación de España en su
espacio natural.

La presidencia española trabajara asimismo al servicio del
establecimiento de un marco de buena vecindad de la Unión Europea
en toda su dimensión. Con nuestros vecinos del centro y del este
de Europa tenemos ya un proyecto, un calendario y un método de
trabajo bien definido, que contiene también un compromiso
financiero de la Unión en apoyo de la estrategia de preparación
de la futura adhesión para aquellos países que, siendo europeos
geográfica, cultural e históricamente, quedaron al margen de la
integración política por circunstancias ajenas a su propia
voluntad.

Como saben SS. SS., el Consejo Europeo de Cannes ha logrado
también el acuerdo financiero que nos va a permitir a los
europeos poner en marcha una política mediterránea creíble. No
les oculto que para el Gobierno español se trataba de un objetivo
prioritario. Este Parlamento comparte la prioridad del Gobierno
de desarrollar una política mediterránea a escala europea que
redunde en una mayor seguridad para todos los habitantes de la
región. El acuerdo financiero de Cannes nos permite esperar de la
Conferencia Euromediterranea de Barcelona un resultado positivo
en los tres planos en los que planteamos la nueva relación de la
Unión Europea y sus 15 miembros con los 12 países mediterráneos
que mantienen acuerdos de cooperación con ella. El plano del
dialogo político, que nos permita dotarnos de mayor estabilidad y
seguridad en la zona a través de mecanismos multilaterales de
diplomacia preventiva. El plano económico en el que, junto a un
compromiso financiero por parte de la Unión, se establecerá un
espacio económico progresivamente integrado, sin merma para los
legítimos intereses de los Estados miembros. El plano cultural,
que apueste por la dimensión humana de una cooperación que se
base en el entendimiento, el fomento de intercambios de educación
y el respeto a los valores culturales.

La definición de una política euromediterranea como prioridad de
la Unión, y no sólo de los países de Europa ribereños del
Mediterráneo, es una de nuestras mayores ambiciones para este
semestre. Creemos que merece la pena intentarlo y esperamos
lograr no sólo el acuerdo de la Conferencia de Barcelona sino el
establecimiento de los mecanismos que aseguren el desarrollo de
lo que allí se pacte.

Dentro de este marco, señorías, hemos recibido el encargo de
presentar iniciativas para favorecer el proceso de paz en Medio
Oriente. Nos proponemos asegurar que la Unión Europea envíe
observadores a las próximas elecciones palestinas y se haga cargo
de la coordinación de las diferentes misiones de observación
internacional. Nos proponemos, igualmente, conseguir que el papel
político de la Unión Europea



Página 8613



en este proceso esté a la altura de su contribución económica
para que haya una verdadera coherencia entre uno y otro.

Desgraciadamente, en otra area mediterránea las perspectivas son
mas sombrías. Me refiero al conflicto en la antigua Yugoslavia.

El recrudecimiento de las acciones bélicas, especialmente en
torno a Sarajevo, hace muy difícil la tarea del nuevo mediador
comunitario, Carl Bildt.

Al hilo de la declaración adoptada en el Consejo Europeo de
Cannes, desde la presidencia española nos esforzaremos en apoyar
y proteger a las fuerzas de Naciones Unidas. Cualquier
alternativa que planteara en este momento la retirada tendría
consecuencias peores. España, por su parte, continuara
participando en los términos ya conocidos por sus señorías. En
segundo lugar, nos empeñaremos en renovar la confianza y el pleno
apoyo al nuevo mediador comunitario para relanzar las
negociaciones respecto de Bosnia-Herzegovina, sobre la base del
plan de paz del Grupo de Contacto. En tercer lugar, pretendemos
lograr el reconocimiento mutuo de los Estados surgidos de la
antigua Yugoslavia.

En el marco de las Naciones Unidas puedo asegurarles que desde la
presidencia española de la Unión haremos todo lo posible para que
no se llegue al cuarto invierno de guerra y desde ahora debemos
exigir con rotundidad la libertad de acceso a Sarajevo, a los
enclaves y a las zonas de seguridad.

Señor Presidente, señorías, la Unión Europea actual, y desde
luego la ampliada, debe también sentar las bases de una buena
relación transatlántica. España, que ha dotado en estos diez años
a la Comunidad de una política iberoamericana, desea impulsar
asimismo durante su presidencia las relaciones de la Unión con
América Latina, Méjico, Mercosur, Chile, la renovación del
sistema de preferencias generalizadas, la definición de un
esquema de cooperación regional con Centroamérica y la
finalización de una red de tratados bilaterales con todos los
países de Iberoamérica serán algunas de nuestras prioridades.

Pero también hemos querido situar entre nuestros objetivos el
relanzamiento de la relación transatlántica con Estados Unidos.

Bajo la presidencia española se pasara revista al conjunto de las
relaciones entre los dos principales socios comerciales del
mundo, la Unión Europea y Estados Unidos, para conseguir, de esta
forma, un dialogo mas estructurado. El propio Consejo de Cannes
ha decidido la creación de un grupo de alto nivel.

La reciente aprobación en ese Consejo de la dotación financiera
del programa de ayuda al desarrollo, conocido como Octavo FED,
nos permitirá atender a las responsabilidades europeas con las
naciones del Convenio de Lomé, entre las que se encuentra la
República Dominicana. También nos corresponderá preparar la
Cumbre Euroasiática de la primavera de 1996.

No querría, señorías, terminar esta parte de la intervención sin
referirme a la importancia que concedemos a una buena relación de
Europa con Rusia y Ucrania. El Consejo Europeo del pasado día 26
se ha pronunciado a favor de la firma del acuerdo provisional. La
preocupante situación interna en Rusia, derivada en gran medida
del conflicto de Chechenia, merece, sin duda, nuestra atención.

En el mes de septiembre llevaré a cabo en Moscú una nueva fase
del dialogo entre Rusia y la Unión Europea, que espero nos va a
permitir calibrar el potencial de nuestras relaciones. La
estabilidad de Rusia es, sin duda, vital para Europa.

Por otra parte, la continuidad de la política europea respecto a
Ucrania ha quedado bien definida en las conclusiones de Cannes,
con el compromiso de nuevos préstamos.

Por último, en este segundo gran objetivo de la Presidencia debe
enmarcarse la tarea que nos corresponde también, a partir de
ahora y hasta final de año, como Presidencia de la Unión Europea
Occidental. En estas funciones prepararemos el libro blanco de la
seguridad en Europa, que será la contribución de dicha
organización a la Conferencia Intergubernamental en esta materia.

El tercer objetivo de la presidencia es acercar los trabajos de
la Unión a los ciudadanos. Este objetivo no es otra cosa que el
impulso de aquellas políticas y acciones que permitan al
ciudadano mantener la plena confianza en el trabajo diario de la
Unión y comprender que se trata de un ejercicio destinado, por
encima de todo, a mejorar sus condiciones de vida. Este objetivo
tratara asimismo de aproximar la toma de decisiones a los
ciudadanos, siempre que sea posible, y hacerlas mas
comprensibles, huyendo de los lenguajes y de los procedimientos
que resultan a veces indescifrables.

España tratara de impulsar una estrecha y leal cooperación con
las instituciones comunitarias, en especial con el Parlamento
Europeo --y desde luego con el Parlamento español--, durante la
Presidencia, tal como lo hemos hecho desde la fase inicial de
preparación. Queremos que esta tarea sea transparente y
comprensible para todo ciudadano interesado en esta cuestión.

Deseamos impulsar los programas de intercambios educativos, así
como una reflexión sobre medidas para desarrollar en el futuro la
cooperación europea en el campo de la educación y de la formación
profesional, utilizando las posibilidades que abre la sociedad de
la información.

En el ambito de la sanidad y de los consumidores, desarrollaremos
medidas de protección del ciudadano a escala europea y en el
ambito de la cultura programas al servicio del reforzamiento de
la identidad plural de la cultura europea.

Por último, señorías, prestaremos una atención especial al
desarrollo de un espacio de libertad y de seguridad ciudadana que
entendemos que constituye una dimensión esencial del ambito de la
ciudadanía europea. El desfase entre las amenazas que pesan sobre
el ciudadano a consecuencia de manifestaciones



Página 8614



de delincuencia internacional como el terrorismo o el
narcotráfico y las limitaciones que plantea la cooperación
intergubernamental clásica reclaman, a nuestro juicio, un mayor
avance de iniciativas de la unión Europea.

El consejo Europeo de Cannes al tratar sobre el Convenio de
Europol ha puesto de manifiesto las limitaciones que impone el
método intergubernamental. También nos proponemos avanzar hacia
una auténtica política común de inmigración y de asilo y superar
los obstáculos para alcanzar un espacio judicial común. En la
lucha contra las distintas formas y manifestaciones de la
criminalidad organizada hemos de aprovechar las ventajas de una
apuesta en común.

Señor Presidente, señorías, el cuarto y último objetivo de la
Presidencia española es diseñar la Europa del futuro mediante la
preparación de la Conferencia Intergubernamental en 1996. El
Consejo Europeo de Cannes ha confirmado el mandato de Corfú y ha
endosado los trabajos que viene realizando el grupo de reflexión
desde su constitución en Messina el pasado 2 de junio. Este
grupo, presidido por España, tiene la misión de reflexionar sobre
los desafíos de la Europa del futuro e identificar las opciones
posibles para adaptar la Unión de manera que pueda dar respuesta
a esos desafíos. El principal reto es hacer de Europa una
verdadera entidad política a la altura de sus capacidades
económicas y conseguir que funcione con eficacia a medida que
vaya acogiendo a nuevos países, sin que por ello se resienta la
integración. Tenemos que pensar cómo organizar el continente en
términos de seguridad, cómo dotar a la Unión de los instrumentos
necesarios para afrontar compromisos externos, cómo preservar las
identidades nacionales en un marco necesariamente supranacional,
y cómo hacer mas democráticas y transparentes las instituciones y
las propias decisiones.

En definitiva, se trata de poner los cimientos de la Europa que
ha de acoger a los ciudadanos del siglo XXI. Para ello, el grupo
de reflexión presentara un informe al Consejo Europeo de Madrid.

Los jefes de Gobierno por nuestra parte dedicaremos también una
reunión extraordinaria, que tendrá lugar en Mallorca a principios
de otoño, para tratar de preparar lo que serán las conclusiones
de diciembre en esta materia.

Así pues, la preparación de la Conferencia de 1996 y en general,
la definición de una estrategia europea hasta final del siglo
ocupara, a distintos niveles, buena parte del esfuerzo de la
presidencia española.

Quisiera adelantar por mi parte algunos elementos de reflexión.

En primer lugar, debíamos despejar algunas incógnitas. El debate
entre federalismo europeo y Europa intergubernamental me parece
un falso debate. El verdadero reto es lograr compaginar en ese
fin de siglo la ampliación y la integración reforzada. Para ello
debemos identificar el acervo comunitario que es preciso mantener
y desarrollar, los principios y los objetivos del Tratado, el
marco institucional único y la plena integración económica y
monetaria.

En segundo lugar, necesitamos reforzar la seguridad interior y
exterior de los europeos. Para ello, es preciso desarrollar los
objetivos de la política exterior y de seguridad común y dotarla
de los instrumentos necesarios para su funcionamiento. Es urgente
definir también en el Tratado los objetivos y mecanismos que
permitan gestionar a escala europea los asuntos de Justicia e
Interior que no podemos resolver en cada Estado por separado.

Obtener una mayor seguridad interior y exterior es una forma de
responder a las demandas apremiantes del ciudadano europeo, que
reclama mas seguridad sin renunciar a las garantías que protegen
su libertad.

En tercer lugar, la Conferencia debe lograr una reforma
institucional que responda a la triple exigencia de mas
democracia, mas eficacia y mas transparencia, y que permita al
ciudadano una mejor comprensión del significado de la Unión
Europea. Esa reforma deberá hacerse valorando no sólo las
funciones de cada institución por separado sino sus efectos sobre
el sistema en su conjunto, como expresión del entramado de
equilibrios sobre los que reposa el éxito de cuarenta años de
integración europea. La Europa ampliada del nuevo siglo
necesitara instituciones fuertes y capaces de hacer frente a sus
responsabilidades. La ciudadanía europea reclama mas claridad en
la explicación de los asuntos europeos. Debemos simplificar,
primero, el Tratado y subrayar su contenido de valores
compartidos, ya sea mediante la inclusión de una carta de los
derechos del ciudadano europeo o mediante la incorporación de la
Unión Europea al Convenio de Derechos Humanos amparado por el
Consejo de Europa.

Debemos despejar definitivamente los miedos de quienes ven en la
ciudadanía europea una amenaza a su identidad nacional. La
ciudadanía europea no sustituye sino que añade una nueva
dimensión a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión.

Cuanto mas desarrollemos su contenido asegurando la libre
circulación y residencia de los europeos, haciendo mas efectiva
la protección diplomática y consular y enriqueciendo el acervo de
sus derechos políticos, mejor se entenderá por quienes hoy temen
que estas futuras libertades atenten contra su identidad.

Queremos abrir, pues, el debate sobre el futuro europeo a la
opinión pública. Como saben, señorías, el pasado 2 de marzo, el
Gobierno español entregó a este Parlamento un documento destinado
a compartir esta reflexión con la Camara, con vistas a ir
madurando la identificación de los intereses españoles dentro de
las opciones que aparezcan como resultado de los trabajos del
grupo. El Gobierno reitera al Parlamento su voluntad de ir
construyendo los elementos de lo que será la posición española en
la Conferencia de 1996 dentro del máximo consenso nacional
posible.

Señor Presidente, señorías, España se dispone a desempeñar su
segunda presidencia comunitaria desde



Página 8615



nuestra adhesión. Muchas cosas han cambiado en España y en Europa
en estos diez años, pero emprendemos esta tarea con la misma
ilusión y la misma entrega que la vez anterior. Lo que esta en
juego es el futuro de Europa y, por tanto, también el de España,
porque nuestro destino esta ya vinculado al de Europa. Contamos
con el bagaje de nuestra experiencia de estos años y con la
convicción de que vamos a prestar un servicio a España a través
de nuestro servicio a Europa. Por eso, vamos a trabajar con la
esperanza de contar con el respaldo de los ciudadanos y de esta
Camara. En ello, señorías, pondremos todo nuestro empeño.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Para fijar la posición en nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, quisiera comenzar esta intervención refiriéndome
solamente a algunos puntos concretos relativos al Consejo Europeo
de Cannes, porque el hecho de que la mayor parte de los asuntos
que figuraban en el orden del día de dicho Consejo se haya
trasladado a la presidencia española o incluso mas allá nos
eximiría de hacer mayores comentarios.

Sí quisiéramos destacar, en primer lugar, algunos aspectos
positivos, como es la aprobación de la ayuda a los países del
centro y este de Europa y a los terceros países mediterráneos. Se
ha reducido significativamente el desequilibrio entre una y otra
faceta de la política exterior de la Unión. Ello facilitara --
creemos-- la celebración de la Conferencia Euromediterranea de
Barcelona. Y también es positiva, en nuestra opinión, aunque haya
supuesto un incremento de la aportación económica española, la
aprobación de la dotación al Octavo Fondo Europeo de Desarrollo,
destinado a ayudar a los países del Convenio de Lomé. No
obstante, España debería plantearse cómo mejorar su presencia en
esos países y la obtención de retornos, actualmente mínimos en
comparación con lo que consiguen otros países como Francia o
Italia.

Al lado negativo deben enfocarse los escasos resultados para
arbitrar una financiación adecuada a los catorce proyectos de
redes transeuropeas declarados prioritarios, y resulta paradójico
que, en todo caso, España, que necesita de las mismas, no esté
actualmente en condiciones de cofinanciar los proyectos que le
benefician, habida cuenta de nuestra situación financiera y
fiscal.

Para concluir este punto del Consejo Europeo de Cannes, dos
consideraciones: Cualesquiera que sean sus defectos y sus
fracasos, queremos sumarnos a la declaración del Consejo sobre el
cincuentenario de las Naciones Unidas, porque es cierto que han
contribuido decisivamente al mantenimiento de la paz, al
desarrollo de la ayuda humanitaria, a la protección de los
derechos humanos y a la cooperación entre naciones del mas
distinto ambito.

Segundo, con inevitable preocupación por la negativa evolución
del conflicto, compartimos la declaración sobre la antigua
Yugoslavia, el apoyo al mediador Carl Bildt en su nada fácil
misión, y, una vez mas, nos parece oportuno trasladar en este
momento nuestro respaldo y solidaridad a los soldados españoles
que, bajo la bandera de las Naciones Unidas, se encuentran, en
misión humanitaria, en la zona del conflicto.

Señor Presidente, señorías, durante los próximos seis meses, en
razón y por obra de la rotación alfabética, corresponderá a
España impulsar y coordinar las actividades del Consejo de la
Unión Europea, así como la definición de sus prioridades. Por
ello, debe ser interés de todos, y sin duda lo es nuestro, que se
ejerza con seriedad y con eficacia. Así se lo exigiremos nosotros
al Gobierno, a quien incumbe la principal y primera
responsabilidad. En nuestra opinión, la presidencia hay que
contemplarla en todo caso desde la normalidad; no es un período
excepcional para la vida interna del país ni para las actividades
propias de la Unión. En consecuencia, no cabe hablar de treguas
ni de paréntesis; es simplemente una manifestación mas de que
podemos realizar, y esperamos que correctamente, las tareas que
nos corresponden como Estado en el ambito europeo y en la
comunidad internacional. Por otra parte, la presidencia española
no se produce en las mejores circunstancias internas ni
comunitarias. La construcción europea es claro que atraviesa una
severa crisis y la opinión pública española, lamentablemente,
contempla con creciente escepticismo las políticas de la Unión y
no acaba de apreciar las ventajas económicas de nuestra
integración.

Por último, España vive en una situación política inestable,
incierta, atestada de escándalos y de corrupciones que tocan a un
gobierno muy débil y con carácter claramente provisional e
interino.

Señorías, nuestro deseo es que la presidencia alcance los
objetivos que se ha propuesto, porque ello redundará en beneficio
de España y de Europa. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular
ha querido colaborar en la formulación del programa de la
presidencia española, que ha sido objeto de un amplio acuerdo, y
también de algunas diferencias, en el seno de la Comisión Mixta
para la Unión Europea.

Quiero referirme brevemente, señorías, al sentido de lo que ha
sido nuestra aportación. Es evidente que la presidencia debe
ejercerse al servicio de los intereses de la Unión, pero no lo es
menos que cada presidencia tiene su sesgo nacional, y nosotros
hemos querido intensificar la dimensión española en el documento
remitido por el Gobierno, añadiendo y completando prioridades y
objetivos. En síntesis, hemos propuesto, y en gran medida el
Gobierno ha aceptado, entre otras cosas, las siguientes: Primero,
un mayor desarrollo del capítulo relativo al desempleo, como
primera prioridad que refleja el problema nacional mas grave.

Segundo,



Página 8616



en política agraria común, una definición y defensa mas completa
de nuestra agricultura mediterránea y de sus producciones mas
características. Tercero, en política común pesquera, nuevos
objetivos, como promover la búsqueda de nuevos caladeros y la
eliminación de todas las discriminaciones de la flota comunitaria
en los acuerdos pesqueros de la Unión. Cuarto, en el campo de los
transportes, telecomunicaciones e infraestructuras, educación y
formación profesional, objetivos para mejorar la competitividad
de nuestra economía. Quinto, en lo que se refiere a la proyección
exterior de la Unión, destacamos tres puntos: la inclusión
explícita de Argelia como país al que hay que dar una solución a
su grave crisis y con el cual en el futuro podría firmarse un
acuerdo de asociación, la consideración de que el eventual
acuerdo de cooperación con Cuba debe tener como objetivo
ineludible la transición de ese régimen a la democracia y la
defensa de una Europa culturalmente abierta sin proteccionismos
perjudiciales como nota esencial de su identidad. En el resto de
la acción exterior de la Unión hay una identidad de
planteamiento, especialmente en lo que afecta a Iberoamérica.

Compartimos, desde luego, la especial relación que se propugna
tanto con Mercosur como con Chile y Méjico. Por último, de cara a
la Conferencia Intergubernamental, la colocación del principio de
prosperidad relativa como principal criterio de financiación de
la Unión.

Todas estas aportaciones quieren poner de relieve, señorías, uno
de los ejes esenciales de lo que es la política europea del
Partido Popular: la defensa de los sectores productivos españoles
por encima de otras consideraciones.

España, señorías, como país europeo, se incorporó a la Comunidad
con un doble objetivo nacional: fortalecer nuestra democracia
recién establecida y alcanzar el nivel medio de bienestar y
riqueza de los países mas avanzados. El primer objetivo esta
cumplido, pero no así el segundo, en parte por la aplicación de
políticas domésticas equivocadas, en parte por una negociación
mas política que económica de las condiciones de nuestra
adhesión, en parte por una política europea que, volcada en
obtener ayudas financieras directas, relega a un segundo plano la
defensa de los sectores productivos y debilita en muchas
ocasiones la posición de nuestros negociadores. Por eso es
preciso, a nuestro juicio, cambiar el acento de la política
europea española. He reiterado ante esta Camara en muchas
ocasiones que la mejor política europea es una buena política
económica española. Ahora es preciso, además, plantearse cómo
fortalecer nuestras estructuras productivas en el marco del
mercado único y de la Unión Económica y Monetaria.

Señorías, España asume la Presidencia con un Gobierno en el que
se dan, llamémoslo así, tres paradojas. Corresponde a España, en
efecto, presidir un club de países democráticos con un Gobierno
responsable de un gravísimo atentado contra uno de los derechos
mas fundamentales de las personas; corresponde también a este
Gobierno aprobar el informe sobre la evolución del empleo en la
Unión con un Gobierno responsable de la mayor tasa de paro de
Europa y de toda nuestra historia; y finalmente corresponde a
este Gobierno impulsar y aprobar las orientaciones de política
económica de los Estados miembros para supervisar su convergencia
nominal con un Gobierno responsable de que España no cumpla
ninguno de los criterios de necesario cumplimiento para acceder a
la tercera fase de la Unión Monetaria. (Aplausos) Estas
circunstancias preocupan, y nosotros queremos separar claramente
el plano interno y el comunitario.

La semana pasada fijamos con claridad nuestra posición, nuestro
juicio del Gobierno, del Presidente del Gobierno, de la situación
política y las salidas a la misma, y a ello nos remitimos en su
integridad. Por ello, no podemos aceptar que la Presidencia pueda
servir, o se intente que sirva de pretexto para bloquear el
funcionamiento ordinario de nuestra vida política. Por tanto, en
nuestra actuación política distinguiremos entre lo que son
objetivos de la presidencia, a cuya definición hemos prestado
nuestra colaboración y a cuya consecución prestaremos nuestro
apoyo, y lo que exige el ejercicio de la oposición en los asuntos
internos como deber constitucional irrenunciable siempre pero mas
si cabe en nuestra actual situación de crisis de la cual tenemos
que sacar al país. (Aplausos.)
Nuestra posición, señorías, será, pues, de apoyo exigente, porque
bajo la presidencia española se han de decidir cuestiones que
afectan directamente al interés nacional: desde la Organización
Común del Mercado del vino y de las frutas y hortalizas hasta los
reglamentos de aplicación de la plena integración de España en la
política común pesquera, pasando por el perfeccionamiento del
Mercado Unico, el definitivo asentamiento de la dimensión
mediterránea, la conclusión de delicados procesos de asociación
con terceros países mediterráneos de agricultura competitiva con
la española o la preparación de la reforma de la Unión en la
Conferencia Intergubernamental de 1996.

Todos estos temas son, sin duda, de gran interés para la sociedad
y especialmente para la economía española y, por eso, en interés
de una España volcada en Europa y volcada hacia Europa creo que
esta Camara ha de ser exigente con el Gobierno al que le
corresponde presidir la Unión.

Los últimos tiempos, señorías, no han aportado, en nuestra
opinión, éxitos sobre los que cimentar en España la recuperación
de ese espíritu europeo que caracterizó la década de los 80; son
hoy mas visibles los costes y los fracasos. Pero debe quedar
claro que esto no se debe a la Unión Europea, sino al fracaso y a
la torpeza de un Gobierno que ha defendido mal los intereses
españoles.

España ha pagado por ello un alto precio, la imprevisión en los
conflictos pesqueros con Canada y con Marruecos, la negligencia
en la fase prelegislativa de la



Página 8617



Organización Común del Mercado del vino y de las frutas y
hortalizas, la desafortunada política de personal en el seno de
las instituciones comunitarias, o la incompetencia en las
gestiones de empresas tan importantes para España como Iberia y
Seat, son verdaderas causas de fracaso que la opinión pública
imputa equivocadamente a la Unión Europea.

No voy a insistir ahora en la importancia de estas cuestiones,
señorías, pero sí piénsese, por ejemplo, en el futuro de Iberia o
en el futuro de miles de españoles de una parte de nuestra
geografía que depende de cómo se regulen definitivamente sectores
y el mercado del vino, por ejemplo. Su mención es necesaria para
calibrar hasta qué punto va a ser importante la presidencia
española en la recuperación de un sentido europeo y europeísta de
la opinión pública española.

Por eso, ahora quiero referirme a algunas cuestiones en las que
el programa de la presidencia española, en nuestra opinión,
debería haber sido mas ambicioso y completo, porque en ellas o
bien coinciden plenamente el interés español con el comunitario,
o bien condicionan el porvenir de la Unión.

En lo que se refiere a la proyección mediterránea de la Unión,
tres consideraciones: los acuerdos de asociación de la Unión con
los países de la ribera sur del Mediterráneo deberían ser, en
nuestra opinión, objeto de una evaluación global para medir sus
efectos totales sobre los sectores productivos españoles.

Convenio a convenio, se van haciendo concesiones con las que
perjudicamos al final nuestras producciones agrícolas. Sólo
mediante esa evaluación global se puede resolver la permanente
contradicción de querer ayudar a los países norteafricanos y
rechazar el libre comercio de sus productos competitivos con los
nuestros.

En segundo lugar, es pobre, en nuestra opinión también, la
previsión que se hace sobre el seguimiento de los resultados de
la conferencia de Barcelona. Debería procurarse un mayor grado de
institucionalización para evitar que, finalmente, la asociación
euromediterranea, en lugar de ser un interés permanente de la
política exterior de la Unión, quede solamente reducida a un
sistema de distribución de ayuda financiera.

En tercer lugar, en nuestra opinión, debería invitarse a Estados
Unidos y Rusia a participar como observadores en la conferencia
euromediterranea. No parece conveniente segmentar el Mediterráneo
en cuya parte oriental tienen aquellos países intereses vitales y
cuya parte occidental esta parcialmente comprendida en la zona de
seguridad de la Alianza Atlántica. A corto o medio plazo será
artificioso prescindir de estas consideraciones cuando el
objetivo de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad que se
plantee en la Unión Europea contempla por primera vez el
Mediterráneo en su conjunto.

En lo que se refiere a la conferencia intergubernamental es
imprescindible, señorías, definir lo que realmente interesa a
España. El informe que el Gobierno envió a la Comisión Mixta para
la Unión Europea en su día es un punto de partida; trabaja en el
seno de la Comisión Mixta una Ponencia que ha de precisar las
prioridades españolas. Es claro que hay que mejorar el
funcionamiento de las instituciones e incrementar la
transparencia en la democracia y la eficacia. Son objetivos
comunes de todos los Estados miembros. Pero hay que ir mas allá,
y quiero anticipar a SS. SS. algunos temas de orden general, pero
que, en nuestra opinión, deben ser objeto de la mayor atención.

En primer lugar, a España interesa que se analicen todas las
consecuencias de la ampliación de la Unión a los países del Este
y de Centroeuropa, desde luego las institucionales, pero también
las financieras.

En segundo lugar, a España le interesa que se introduzca el
principio de la prosperidad relativa de los Estados miembros como
criterio definidor de sus aportaciones económicas y financieras.

En tercer lugar, a España le interesa el mantenimiento de la
regla de la unanimidad cuando se trata de ciertas cuestiones
vitales, y, en las demas, la introducción del concepto de minoría
representativa como garantía de equilibrio intracomunitario entre
los países menos desarrollados y entre los grandes y pequeños.

En cuarto lugar, a España le interesa que en la ampliación a los
países del centro y el este de Europa se aplique estrictamente el
principio de aceptación del acervo comunitario, sin modificar,
por tanto, sustantivamente las actuales políticas comunitarias.

En quinto lugar, señorías, a España le interesa que se haga un
enfoque global y conjunto de la política exterior y de seguridad
común y de la futura política común de defensa y que se mantengan
ambas, mejorando su eficacia y sus instrumentos en el ambito de
lo intergubernamental. Debe, en todo caso, condicionar su postura
a la consideración del area mediterránea como interés vital de la
Unión y a propiciar la definición de la Unión Europea Occidental
como pilar de una identidad europea de defensa en el marco de la
Alianza Atlántica.

Sexto, a España le interesa una interpretación estricta de los
criterios de convergencia, no sólo como mecanismo de disciplina
interna, sino como garantía de éxito de la Unión Económica y
Monetaria.

Séptimo, a España le interesa la creación de un nuevo marco para
la relación transatlántica en el que se puedan resolver las
diferencias que las nuevas circunstancias del mundo engendran a
uno y otro lado del Atlántico.

De todas estas cuestiones, señorías, y de otras similares depende
el porvenir de la Unión Europea. España esta, afortunadamente en
Europa y forma parte de la Unión Europea, pero si queremos que
este destino sea en verdad irreversible, y el Partido Popular así
lo desea, hemos de procurar una defensa firme e inteligente de
nuestros intereses en el marco europeo. Afortunadamente, vivimos
en un régimen de opinión pública y sólo si los ciudadanos
perciben que ventajas e



Página 8618



inconvenientes guardan un cierto equilibrio dispondremos, como
nosotros deseamos, del indispensable respaldo democrático para
impulsar el avance que la construcción de Europa necesita.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Anguita. (Rumores.) Señorías, ruego guarden
silencio y ocupen sus escaños.




El señor ANGUITA GONZµLEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, este es un debate complejo y denso, una complejidad
que procede de la situación económica, social y política por la
que atraviesan Europa, España y muy especialmente el Gobierno
español: un fuerte paro estructural y una también fuerte
precariedad en el empleo, datos éstos que no parece puedan ser
corregidos con los actuales instrumentos políticos en la
perspectiva del siglo XXI. Las palabras del señor Presidente del
Gobierno hace exactamente unos minutos hablando de dos líneas
maestras para combatir el paro, es decir, la flexibilidad laboral
y la moderación salarial, no hacen sino incidir en el mismo y
fracasado método que ya la Cumbre para el desarrollo social de
Copenhague venía avisando. Una Europa con 20 millones de parados
puede transformarse en una Europa de 35 millones de parados, de
seguir así, en la primera década del siglo XXI.

En segundo lugar, la complejidad viene también del incumplimiento
de plazos y contenidos del Tratado de la Unión Europea de
Maastricht. Las dificultades para el cumplimiento de las
condiciones de convergencia y los plazos contrasta con el
«sostenella y no enmendalla» que se verifica en la Cumbre de
Cannes.

Y en tercer lugar, un creciente euroescepticismo; un
euroescepticismo tanto popular como intelectual, consecuencia no
sólo de lo que anteriormente hemos reseñado, sino también de la
falta de creatividad política y cultural para asumir los nuevos
retos que los nuevos tiempos están demandando.

El debate es también denso en la medida en que los contenidos del
mismo, la Cumbre de Cannes y el programa de la Presidencia
española, se han fundido en una única sesión parlamentaria.

Hubiera sido preferible realizar dos debates diferentes.

El Gobierno español va a presidir la Unión Europea en un momento
en el que se encuentra asediado por circunstancias que él mismo
ha ido creando. Es un Gobierno mas que tocado por los escándalos,
poco cohesionado y con problemas en la calle pertenecientes al
ambito europeo: pesca, agricultura, etcétera. Un Gobierno
intranquilo, que tiene que dirigir una parte de su atención a lo
que esta ocurriendo, bien en los juzgados de la plaza Castilla o
bien en la Audiencia Nacional. Que, además de ser un Gobierno
débil, es también un Gobierno en precario, inestable y en
continua zozobra como consecuencia del zigzagueante y multiforme
discurso de apoyo de la fuerza política que lo sostiene:
Convergència i Unió. Y, para finalizar, un Gobierno con una
imagen exterior no sólo debilitada, sino también negativa. Baste
con tener presente los editoriales de los grandes rotativos
europeos y las declaraciones de algunos jefes de Gobierno de la
propia Unión Europea.

El Tratado de la Unión Europea de Maastricht nació con una
construcción a la carta para el Reino Unido de la Gran Bretaña,
continuó con otro «status» especial para Dinamarca, como
consecuencia de sus dos referendos, incumplió las condiciones
monetarias para pasar de la primera a la segunda fase, y se ha
visto obligado a posponer a 1999 la unión monetaria a la vista de
que casi nadie podía cumplir en 1997 las condiciones de
convergencia.

Y hay un fuerte euroescepticismo. Y tanto el euroescepticismo de
bastantes personalidades del mundo del pensamiento y de la
reflexión, que han vuelto a poner en boga aquella frase de Ortega
de «no es esto, no es esto», cuando se refería a la Segunda
República española, como el euroescepticismo popular, han venido
en mostrar las debilidades en origen del actual proceso de
construcción europea; construcción en la que la unión económica
va muy por delante de la unión política; construcción producto de
élites y de gobiernos que han restado protagonismo a una
participación popular y a las instituciones emanadas del voto de
los ciudadanos europeos. En concreto, el Parlamento europeo.

Construcción europea que ha sido visualizada por un discurso
propagandístico, edulcorado y convenientemente desprovisto de
realismo y de carga ilusionante para vencer los problemas del
camino.

El Ministro señor Solana ha venido insistiendo estos días en un
mismo mensaje: proclamemos una tregua hasta diciembre en el
debate político abierto a nivel nacional para que el semestre
español de la Unión Europea sea un éxito. Nosotros, al abordar el
debate, y tomando como referencia del señor Ministro, queremos,
como nota introductoria a nuestra posición respecto a Cannes y a
los seis meses que quedan por delante, manifestar que admitimos,
solamente como expresión coloquial, lo del semestre español,
porque se trata, en el fondo, de un semestre en el que la Unión
Europea va a estar presidida por el Gobierno español, un Gobierno
que tiene su posición política, sus propuestas y sus visiones,
con muchas de las cuales no estamos de acuerdo. Por tanto,
queremos decir que no nos sentimos llamados por esa especie de
alusión al patriotismo, sino por la coincidencia que podamos
tener en contenidos programáticos.

Para mejor entender nuestra posición se impone que ante esta
Camara, y en apretada síntesis, manifestemos los ejes que trenzan
la línea medular de nuestra visión europea. Primero, votamos y
apoyamos el Acta Unica de 1987, y lo hicimos porque estábamos y
estamos convencidos de que la construcción europea tenía que
hacerse



Página 8619



en torno a los dos pilares que allí se expresaban: el mercado
único y la cohesión económica y social.

Segundo eje. El mercado único no puede conducir a una correcta y
auténtica unión económica y monetaria si previamente --y nunca se
habla de esto en esta tribuna, salvo cuando sale Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya-- no hay una unión fiscal y una unión
presupuestaria.

Tercer eje. La cohesión económica y social, que no es otra cosa
que la construcción de un espacio económico y socialmente
integrado, sólo es posible desde políticas que contemplen tres
conjuntos de actuaciones: primero, políticas de redistribución de
tejido productivo, de bienes y de servicios; segundo, políticas
de solidaridad, y, en tercer lugar, políticas de previsión,
programación, planificación. Lo cual significa que sólo la unidad
de Europa puede hacerse, a nuestro juicio, en una Europa con
fuerte contenido social.

Cuarto eje. No hay Unión europea sin unión política. La
pretendida autonomía de lo económico, sin mas cortapisas que los
mecanismos automáticos y autorreguladores del mercado y de las
instituciones financieras, es simplemente una ficción. Si no hay
Unión Europea, mientras que no haya unión política ésta tampoco
será posible, si el futuro banco central europeo es independiente
de las instituciones políticas que conforman el sistema
democrático europeo.

Quinto eje. La unión económica y monetaria y la unión política
son procesos simultáneos, ya que, de no ser así, asistimos a toda
una serie de arritmias, contradicciones y previsiones de futuro
que se asemejan en nada, absolutamente en nada, a lo que
comúnmente podemos entender por Europa unida. Las expresiones
geometría variable, círculos concéntricos, distintas velocidades,
encierran todo un anticipo de lo que puede ocurrir, si la
simultaneidad no se pone en marcha. Esto es así de tal manera que
hay quienes ya, en vez de hablar de la moneda única, comienzan a
hablar de algo distinto: hablan de la moneda común.

Sexto eje. No hay construcción europea sin una política exterior
de seguridad compartida que, superando la herencia y las
organizaciones del mundo bipolar de la guerra fría, cree los
instrumentos para una política exterior exclusivamente europea. Y
junto a los nuevos instrumentos, como causa de los mismos, una
política orientada a implantar en la realidad un nuevo orden
internacional, económico, social y político.

Séptimo eje. Todo lo anterior nos conduce a formular nuestro
último eje de visión europea. Venimos, desde hace tiempo,
manteniendo la idea de que hace falta un proceso constituyente de
Europa; un proceso --insisto en esta expresión-- porque, una y
otra vez, el Presidente del Gobierno, cuando viene a responder,
cree que es un momento fijo de unos cuantos meses. Hablamos de un
proceso que debe culminar en una constitución. Dicho proceso, sea
cual fuere el tiempo necesario --subrayo esta expresión--, debe
tener presentes cinco sujetos: los pueblos europeos, los
parlamentos nacionales, la Comisión Europea, los gobiernos
europeos y el Parlamento Europeo.

Desde esta posición y desde nuestros conceptos y contenidos
analizamos tanto la cumbre de Cannes como el semestre español.

El Consejo de Cannes no ha sido capaz de dar respuesta al
principal problema de Europa: el desempleo. Se ha limitado a
rectificar los ejes basicos de una política económica y social
que esta en el origen de la crisis y en el 12 por ciento de paro.

El Consejo Europeo reunido en Cannes ha dilatado para dos años
mas la culminación de la unión económica y monetaria. Para
entonces, si no se corrigen los criterios de convergencia, habrá
una Europa a varias velocidades. Las distancias se alargaran y la
construcción europea será una falacia. Y un anticipo de lo que
puede ocurrir, si se continúa por el camino elegido, es la
situación de nuestro país. Diez años después de la adhesión de
España a las Comunidades europeas nuestro país esta exactamente a
la misma distancia de la renta media comunitaria y con el doble
de paro, exactamente el 23,8 por ciento.

Otro gran «dossier», el de la ampliación al Este, no ha recibido
el tratamiento adecuado, quizá por ser complejo y de unos
alcances extraordinariamente importantes. Sería conveniente no ir
demorando cada seis meses una toma de decisión al respecto y,
sobre todo, debemos ser conscientes de que esa ampliación puede
tener diferentes lecturas para países como Alemania o para países
como España. Lamentamos que el Gobierno español no se haya sumado
a las críticas expresadas por los dirigentes socialdemócratas de
Austria y los países nórdicos en relación con la decisión
francesa de emprender nuevos ensayos nucleares.

Nuestra opinión sobre el tema Europol, que algunos han
considerado como el gran fracaso de la cumbre de Cannes, es que
mal se puede poner en marcha un proyecto como éste mientras el
Tratado de la Unión Europea siga organizado en base a las
estructuras de pilares unos comunitarizados y otros
intergubernamentales. Algo de esto ha reconocido el señor
Presidente hace un momento en esta tribuna. Y conste que en dicho
tema queremos manifestar ciertas reservas como consecuencia de
que seguimos creyendo que la protección efectiva de todos los
derechos ciudadanos no puede subordinarse, ni siquiera en
hipótesis, a la búsqueda de una mayor eficacia en la lucha contra
el crimen organizado.

Nos felicitamos por las decisones adoptadas en Cannes en lo que
se refiere a la distribución de la ayuda financiera a países
terceros. Y aunque no se ha podido mantener la propuesta inicial
de la Comisión Europea, sí ha alcanzado, a nuestro juicio, un
equilibrio aceptable entre los fondos destinados al este y al
Mediterráneo. Se ha conseguido una dotación plurianual y unas



Página 8620



cantidades que pueden permitir afrontar el reto de una futura
asociación euromediterranea.

Sin embargo, quisiéramos señalar como nota de precaución,
subrayandolo varias veces, que debe tenerse en cuenta, para no
incurrir en lo mismo, la experiencia acumulada con las salidas
contenidas en el programa FAD. No estaremos de acuerdo con que
los 11.000 millones de ecus aprobados en Cannes se utilicen para
imponer modelos de ajuste duro basados en la privatización masiva
del sector público y en la generación de desempleo en cantidades
difícilmente soportables. No queremos olvidar que, aun a
trompicones, se ha acordado establecer un octavo Fondo Europeo de
Desarrollo adecuado, al menos, a algunos criterios de incremento
objetivo.

¿Cómo ve nuestro Grupo Parlamentario el semestre de la
Presidencia española? ¿Qué demandamos del mismo? A nuestro
juicio, debieran cumplirse o iniciar con trazo indeleble los
siguientes objetivos: primero, reorientar el proceso de
construcción europea, apostando por la unión política y la
igualdad e integración social de todos en el seno de la Unión
Eurpea; segundo, priorizar la lucha contra el desempleo a través
de la adopción de medidas urgentes de reactivación económica que
se orienten hacia la reducción de la jornada laboral y contemplen
políticas industriales y sociales activas, tal y como ha
demandado la Confederación Europea de Sindicatos en su reciente
cogreso; tercero, abordar a fondo la revisión del Tratado de la
Unión Europea de Maastricht en la perspectiva de una verdadera
unión política; una revisión que debe sustituir los actuales
criterios de convergencia nominal por otros criterios que valoren
los esfuerzos de cada país, dependiendo de sus diferencias en
relación a determinados parametros reales: desempleo, dotación de
servicios sociales, desigualdades de renta y de territorio, etcétera.

La convergencia real de las economías comunitarias debe ser la
tendencia a consolidar en el necesario proyecto de construcción
de un espacio económico, social y monetario integrado el
transfondo de una apuesta política creíble y estable a muy largo
plazo que culmine la idea de una Europa cuyos pueblos
interioricen los beneficios mutuos de la cooperación. Este
trabajo, conducente a la revisión, debe tener presente, por parte
del Gobierno, un hecho: a diez años de la firma del Tratado de
Adhesión de España a las Comunidades Europeas entonces, nuestro
país se encuentra en el grupo de cabeza del euroescepticismo;
exactamente en el lado opuesto al que nos encontrabamos en 1985.

El método para abordarlo, teniendo en cuenta lo anterior y la
experiencia de estos años, debe tener como elementos
constitutivos del mismo las demandas, opiniones y propuestas de
las Comunidades Autónomas y de las organizaciones sociales, la
imprescindible participación de la opinión pública en todo este
proceso de discusión, buscando, a tal fin, la maxima
transparencia y el mayor grado de consultas posibles, la
asociación continua de los parlamentos de los Estados miembros y
del Parlamento Europeo a todo el proceso de revisión. Creemos que
debiera convocarse una conferencia parlamentaria para esta
cuestión. Quisiéramos escuchar al Presidente del Gobierno su
opinión sobre este tema.

El Parlamento español debera ejercer una constante labor de
control y propuesta durante la presidencia española. Para ello
sera imprescindible una fluida y frecuente presencia de los
responsables del Ejecutivo ante el pleno y ante las comisiones
correspondientes. En esta línea de actuación, creemos conveniente
una serie de debates sobre temas como reducción de la jornada
laboral, política fiscal comunitaria, hacienda pública europea,
cambio climatico y desertización. Sería importante tener estos
debates monográficos en esta Cámara.

En este sentido, adelantamos a esta Camara que es intención de
Izquierda Unida solicitar que los ciudadanos puedan pronunciarse
vía referéndum sobre la revisión del Tratado.

La presidencia europea ha de servir también para sacar adelante
la reforma de las organizaciones comunes del mercado del vino, de
las frutas y de las hortalizas en los mismos términos en los que
fueron reformadas las correspondientes a los productos
continentales. El principio de preferencia comunitaria y el de
plena financiación deben ser absolutamente garantizados.

El Gobierno, al asumir la presidencia de la Unión Europea, no
puede renunciar a la defensa de sus propios intereses en sectores
de vital importancia para la estructura económica y social de
nuestro país, como son los sectores agrícola y pesquero.

Con respecto a la guerra en Bosnia-Herzegovina, manifestamos lo
siguiente. Esperamos que la Unión Europea, a través del nuevo
mediador Carl Bildt, sea capaz de retomar con decisión el
esfuerzo para poner fin a la tragedia. Creemos que la solución
sigue pasando por la aplicación del plan de paz del grupo de
contacto y demandamos que España pase a formar parte de dicho
grupo de contacto.

Se hace imprescindible mantener la presión sostenida sobre la
única parte que no ha hecho suyo el plan: las gentes de Radovan
Karadzic. Para ello es necesario conseguir que Belgrado reconozca
las fronteras de Bosnia-Herzegovina, lo que aislaría a las
autoridades de Pale y contribuiría a que Serbia volviera al seno
de la comunidad internacional.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Estoy terminando, señor Presidente.

Seguimos apostando por el mantenimiento de los cascos azules. No
nos oponemos a la creación de la fuerza de intervención rapida,
mientras sus misiones



Página 8621



se concreten en la protección de los cascos azules y en facilitar
que se cumplan sus objetivos.

Rechazamos y manifestamos nuestra postura contraria a que la OTAN
juegue un papel en este conflicto. Sólo reconocemos a las
Naciones Unidas como portadoras de la autoridad necesaria para
gestionar o mantener la paz en cualquier lugar del planeta. La
propia ONU, que tiene su carta y sus estatutos, contempla todas
las posibilidades.

El semestre español coincidirá al mismo tiempo con el hecho de
que el Gobierno va a presidir la Unión Europea Occidental. Ello
debe servir para abordar la necesidad de establecer un nuevo
marco de seguridad paneuropeo no basado en el mantenimiento,
fortalecimiento o preeminencia de las estructuras político-
militares surgidas de la guerra fría --casos OTAN o UEO--, sino
en el impulso de la OSCE, cuya cumbre tendrá también lugar en
otoño.

Un objetivo de la presidencia española debiera iniciar y marcar
con firmeza el de la concreción de nuevos marcos de cooperación
entre Europa y sur del mundo a través de la Conferencia
Ministerial Euromediterranea de Barcelona, en la que, insistimos
en ello, los programas de cooperación no deben pretender la
imposición del ajuste duro o neoliberal. Son los siguientes: El
establecimiento de un acuerdo de asociación con los países de
Mercosur que incluya inequívocas clausulas sociales y económicas.

Se debe insistir en la aplicación de los objetivos de la Agenda
21 de Río de Janeiro. La presidencia española debe impulsar la
elaboración de un acuerdo de cooperación económica y comercial
con Cuba, teniendo en cuenta que éste es el único país
latinoamericano con el que no existe tal marco de relación.

Este semestre debe contemplar en la agenda de trabajo y en el
orden de la política y las relaciones internacionales otros
objetivos y otras metas.

Preparar un marco de ampliación de la Unión Europea al Este con
las suficientes cautelas políticas, sociales y presupuestarias
para que dicho proceso no termine ratificando con carácter
definitivo la conversión de la Unión Europea en una zona de libre
cambio que tendría como principales perjudicados a los países
menos desarrollados y los sectores mas débiles de los países
candidatos.

La aprobación definitiva de la Unión Aduanera con Turquía debera
condicionarse al cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Parlamento Europeo.

La preparación correcta del referéndum de autodeterminación del
Sahara Occidental para que la consulta pudiera celebrarse en
enero de 1996; la presión y la demanda políticas necesarias para
producir un proceso de democratización en Guinea Ecuatorial; la
correcta preparación de la Conferencia de Pekín sobre la
situación de la mujer, y, junto a ello, el compromiso a ejercer y
demandar la aplicación de sus conclusiones a través de políticas
integrales de igualdad; conseguir compromisos de lucha decidida
contra el racismo y la xenofobia, defendiendo los plenos derechos
políticos y sociales de residentes en terceros países y revisando
el acuerdo de Schengen.

Para terminar, y a nuestro juicio, y como propuesta final de
nuestra exposición, consideramos que la Presidencia española
tiene que jugar un papel protagonista en la preparación de la
Conferencia intergubernamental, que, a partir de 1996, abordará
la revisión del Tratado de la Unión Europea de Maastricht. Tanto,
las labores del grupo de reflexión como las deliberaciones de la
Cumbre extraordinaria de octubre y las del Consejo Europeo de
diciembre, deberían servir para convocar una conferencia
intergubernamental en cuya agenda se incluyeran todos los temas
que interesan al proceso de construcción europea: revisión de la
filosofía y condiciones y plazos de la unión económica y
monetaria; creación de una autónoma y efectiva política exterior
de seguridad compartida, y desaparición del déficit democratico.

Lo que hemos expuesto ante esta Camara mide, y va a medir,
nuestros acercamientos y apoyos a la acción del Gobierno español
y, de la misma manera, también medira los rechazos y los
distanciamientos. No regatearemos reconocimientos o censuras
severas y tampoco compromisos de colaboración o de apoyo allí
donde, a nuestro juicio, la acción concreta lo requiera. Tanto en
un caso como en otro, nuestro Grupo Parlamentario actuara con
total independencia de criterio, desde su propio proyecto
político.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hemos sido convocados esta tarde, a petición del
Gobierno, para presentar este informe, como ya es tradición,
sobre el Consejo Europeo celebrado en Cannes los días 26 y 27 de
junio pasado, así como sobre la Presidencia española de la Unión
Europea.

Los avatares políticos de las últimas semanas han hecho coincidir
ambas comparecencias en esta sesión. Se trata, señor Presidente
del Gobierno, de los mismos acontecimientos que han provocado la
remodelación de su Gobierno tras la dimisión aceptada del
Vicepresidente, señor Serra, y del Ministro de Defensa, señor
García Vargas; acontecimientos que llevaban a nuestro Grupo,
señor Presidente, a afirmar que, quizá, con esa remodelación y
con las reformas que se nos anunciaron en el Cesid podía hacerse
frente a la crisis estricta del funcionamiento de un órgano del
Estado tan fundamental como ése, pero que en ningún caso bastaban
para dar respuesta a la crisis de confianza generalizada que las
escuchas habían provocado en el conjunto del país.

Conoce usted, señor Presidente del Gobierno, la importancia que
nuestro Grupo Parlamentario concedía,



Página 8622



y sigue concediendo, a la presidencia española de la Unión
Europea; importancia, señor Presidente, que llevó a nuestro Grupo
a asegurar con nuestra política parlamentaria esa estabilidad.

Ocurre, señor Presidente del Gobierno, que, tras la crisis del
Cesid a que antes me refería, la importancia de la presidencia
española no basta, por sí sola, para dar esa estabilidad, rota
bruscamente, como le decíamos, por esos acontecimientos. Por eso,
hoy hace cinco días le proponíamos un mecanismo que entedíamos
que podía ayudar a recuperarla. De ahí nuestra llamada, nuestra
petición, nuestra exigencia, si usted quiere, a que hoy no
circunscribiera su intervención a temas estrictamente europeos.

De ahí, señor Presidente, nuestra petición de que aprovechara la
oportunidad que le brindaba su comparecencia hoy para que nos
explicará sus pretensiones, los objetivos de su acción de
gobierno y, sobre todo, el horizonte de esa acción y su
calendario.

Usted, señor Presidente, en uso de su legítimo derecho, no ha
creído oportuno hacer caso de nuestra petición. De hecho, ya ayer
nos lo anunciaba. Esta, como digo, en su derecho, pero permítame,
señor Presidente, que yo, en uso del mío, le diga que creo comete
usted un error. Permita que le diga que el camino que usted
parece decidido a emprender, no tanto por lo que hoy nos ha dicho
como por lo que hoy no nos ha dicho, pero ha insinuado en fechas
recientes, no proporcionara esa estabilidad que el país y el
ejercicio de la presidencia europea requieren. Es de todas
formas, señor Presidente, su decisión. También, en consecuencia,
su responsabilidad.

Situado, pues, el debate en los términos estrictamente europeos
en que el señor Presidente del Gobierno lo ha situado, permítame,
señor Presidente, señorías, que exprese, en primer lugar, la
valoración de nuestro Grupo Parlamentario en lo que hace
referencia a las conclusiones de la Cumbre de Cannes.

La primera valoración que debe efectuarse de esa Cumbre es que la
Unión Europea no cesa de avanzar. Probablemente, las mas claras
de esta afirmación de este avance hayan sido los compromisos
adoptados en política exterior y en el incremento de la ayuda al
desarrollo de países terceros, específicamente del Mediterraneo,
pero, de inmediato, la segunda valoración es que ese avance se
produce a ritmo lento. Los resultados han sido escasos e incluso
se ha producido algún fracaso importante en temas en los que la
presidencia francesa había otorgado gran prioridad, y el caso mas
palpable es el de la Europol. Seguro que no es ajena a esta
situación la realidad de la presidencia semestral francesa
coincidente con sus elecciones y el debate interno provocado en
esos temas por la extrema derecha de ese país.

Hecha esta primera valoración global, permítame, señor
Presidente, fijar mi atención en algunos puntos concretos. En
primer lugar, la Unión Europea promueve entre los países miembros
la adopción de políticas que en el ambito laboral intensifiquen
las reformas estructurales, reduzcan las cotizaciones sociales,
permitan una mayor flexibilidad laboral y den apoyo a las
pequeñas y medianas empresas. Es ésta la política que durante
toda la legislatura ha venido propiciando Convergència i Unió en
la política interna española y en la que debera profundizarse en
los próximos meses. También se solicita por parte de la Unión
Europea un mayor compromiso de los Estados miembros en las
políticas de ajuste para reducir el déficit, bajar los tipos de
interés, favorecer la inversión y estimular el crecimiento.

Justamente es esta orientación de la política económica la que ha
venido defendiendo nuestro Grupo Parlamentario en defensa de la
economía productiva y de la creación de empleo en la economía
española, y probablemente sea esa orientación de la política
económica adoptada desde las elecciones celebradas hace dos años
la que mejor ha contribuido a la creación de empleo, a la
reactivación económica que actualmente reflejan todos los
informes tanto del Banco de España, del Instituto Nacional de
Estadística o de la propia Seguridad Social.

Quiero, igualmente, remarcar cómo en Cannes se dibuja el
horizonte de 1999 para la moneda única europea. El escenario para
conseguir esa moneda única en 1997 no ha sido retirado del
Tratado de Maastricht. En la cumbre italiana de 1996 debera
adoptarse una decisión definitiva al respecto. No obstante, se ha
puesto de manifiesto la casi imposibilidad de cumplirlo. Esta
situación no significa relajación en el cumplimiento de los
compromisos, ya que paralelamente se ha otorgado una especial
firmeza a la fecha de 1999 como la de inicio de esa moneda única
europea, recalcando que para que ello sea posible deberan
cumplirse todas las condiciones requeridas por el Tratado de
Maastricht. La firmeza de esta declaración clarifica el futuro
inmediato de la Unión Económica y Monetaria Europea, a la vez que
fuerza el interrogante que pesa sobre la economía española para
cumplir los requisitos, ya que, como es bien sabido, en estos
momentos no cumplimos ninguno de ellos.

Cabe reconocer, señor Presidente, señorías, al Presidente Felipe
Gonzalez una parte importante del logro conseguido, para el que
la Unión Europea destina 750.000 millones de pesetas en los
próximos cinco años en política de colaboración y ayuda con los
países mediterraneos. En un contexto de constante austeridad
presupuestaria, resulta muy significativo que los presupuestos
destinados a la solidaridad con los países en vías de desarrollo
se incrementen en un 28,5 por ciento y que los específicamente
destinados a la política mediterránea lo hagan en un 115 por
ciento. El compromiso conseguido constituye un paso remarcable
hacia el objetivo de mejorar el equilibrio europeo entre los
países mediterráneos y los países del Centro y Este de Europa.

En lo que hace referencia a las grandes redes transeuropeas, debe
hablarse de compromisos bajo mínimos. Ciertamente, el acuerdo
adoptado permite que los catorce



Página 8623



proyectos comprometidos puedan beneficiarse de ayudas de la Unión
Europea, a pesar de que la presidencia francesa pretendía que
sólo aquellos proyectos en estado de ejecución mas avanzado, como
por ejemplo el tren de alta velocidad París-Estrasburgo, fueran
beneficiarios de dichos recursos. Esta situación permite
teóricamente que el tren de alta velocidad vía La Junquera con
Francia, así como el tren de alta velocidad vía Irún y la
autopista Valladolid-Lisboa puedan beneficiarse de dichos
recursos. Sin embargo ¿alcanzaran los recursos para esos
proyectos cuando tales proyectos hayan madurado lo suficiente?
Más bien parece que los proyectos españoles puedan quedar
condenados al furgón de cola de la financiación comunitaria.

El fracaso de la Europol muestra una vez mas, señor Presidente,
señorías, el flanco débil de la Unión Europea: la exigencia de
unanimidad en las decisiones. De los quince miembros
comunitarios, catorce estan de acuerdo en establecer la sede de
arbitraje de los contenciosos que pueda generar la actuación de
la Europol en el Tribunal de Luxemburgo; Gran Bretaña, no, quiere
que los tribunales estén en Londres. Es así como se paraliza,
durante un período no inferior a un año, el avance de la política
europea de justicia e interior, que es la tercera de las
políticas fundamentales en que se basan los tratados de
Maastricht.

Por último, señor Presidente, y referido a la Cumbre de Cannes,
quisiera remarcar hasta qué punto, en el avance de la Unión
Europea posterior a los tratados de Maastricht, la guerra de los
Balcanes ha convertido en una permanente hipoteca la actuación y
progreso de la Unión Europea. Nunca la Unión ha tenido capacidad
para dar respuesta a lo que ocurría en la propia Europa. Ha
apoyado todos los intentos mediadores, ha reforzado con tropas de
la mayoría de los países la actuación pacificadora de las fuerzas
de la ONU, pero no ha tenido capacidad de parar el conflicto.

Probablemente, cada día resulta mas complejo resolver un
conflicto que ha ido en aumento y no por ello debe dejar de
intentarse, pero debe destacarse que, mientras el conflicto de
Bosnia siga abierto, la evolución de la Unión Europea tendrá una
hipoteca que le impedira progresar convenientemente. Las
divergencias entre los países miembros de la Unión Europea fueron
claves para el desarrollo del conflicto en sus inicios y lo
siguen siendo ahora, a nuestro entender, para alejar la
posibilidad de una solución ya de por sí enormemente difícil.

Así las cosas y tras la conclusión de la Cumbre de Cannes, se ha
iniciado ya el semestre de presidencia española de la Unión
Europea. Señor Presidente, señorías, las Cortes Generales, y este
Congreso de los Diputados en concreto, han querido expresar la
importancia que para todos tiene el proceso de creación de la
Unión Europea en general y el período de presidencia española en
particular y lo han hecho a través de los instrumentos que
poseen. En primer lugar, a través de los trabajos de la Comisión
Mixta. Tras una comunicación previa del Gobierno, la Comisión,
con una amplísima mayoría, muy próxima al consenso, ha aprobado
un documento en el que se ponen de manifiesto nuestras
prioridades, las de todos nosotros, para ese semestre. A nadie
escapa la situación interna que vivimos, extraordinariamente
compleja y crispada. El hecho de que, a pesar de esa situación,
el documento haya sido posible da idea cabal de la importancia
que todos los grupos de la Camara damos a ese período. Nuestro
grupo, obviamente, hace suyas esas conclusiones, pero en este
momento y ante todos los ciudadanos, ante usted, señor Presidente
del Gobierno, quisiera remarcar las para nosotros particularmente
importantes.

Quisiera iniciar este apartado de mi intervención, señor
Presidente, señalando lo que, a mi entender, es una evolución
negativa del estado de animo general del país, de los ciudadanos,
respecto a la Unión. Las estadísticas, los estudios de opinión
así lo señalan. Frente a una opinión pública en los primeros años
volcada en favor de la Unión Europea y de la pertenencia de
España a ella, se observa hoy un giro que nos muestra que son ya
muchos los que tienen dudas e incluso muchos también los que
creen que en este momento no compensa esa pertenencia. Muchos y
variados pueden ser los motivos que han llevado a ese cambio.

Algunos son, quiza, los errores del propio Gobierno o la forma en
que esos errores han sido amplificados en la, por otra parte,
legítima lucha política, pero no siendo cierta objetivamente la
afirmación principal, a todos nos concierne, señor Presidente,
señorías, señor Presidente del Gobierno, salir al paso de ese
sentimiento, y debemos hacerlo aprovechando cualquier oportunidad
para afirmar no sólo que el balance para España en la Unión
Europea es claro, rotundo, contundentemente positivo, sino que,
ademas, el futuro de España, su capacidad de progreso económico,
las posibilidades de crear empleo, incluso el mantenimiento de
nuestro sistema del Estado de bienestar, en suma, nuestro
progreso, dependen estrecha y fundamentalmente de que el proyecto
de construcción europea avance sólidamente. Debemos explicar cómo
y hasta qué punto, con todas las dificultades, que las tendremos,
sólo en la Unión Europea y con su avance, con su progreso, es
posible nuestro progreso.

Déjenme, señorías, ilustrar con un ejemplo, pequeño si quieren,
pero a mi entender significativo, hasta qué punto ese espíritu,
dañino a mi entender, se apodera de nosotros. En la elección que
el Gobierno debe realizar de los carteles que representan la
presidencia española, en el año 1989 el cartel elegido fue de un
artista, catalan por cierto, en el que, a través de una pintura
abstracta, con unas flechas, se mostraba ese espíritu de España
abierta hacia Europa, hacia esa Europa a la que nos queríamos
unir; en el año 1995 el cartel que ha sido elegido, por cierto,
también de un artista catalan, representa, con la «E» de España,
la tilde de la eñe de nuestro nombre. Una presidencia, la de
1989, ponía de manifiesto la esperanza, la ilusión en la
construcción europea; otra, la de 1995, remarca la importancia



Página 8624



de la defensa de la propia identidad, por una parte, y de unos
intereses, por otra.

¿Quiero decir con ello que en el proceso de unión no deben
defenderse los intereses españoles? Obviamente, no quiero decir
eso. Seguro que nuestros intereses deben ser defendidos; el
Gobierno, en nuestro nombre, tiene el derecho y la obligación de
hacerlo con firmeza, con dureza incluso, y nosotros de impulsarlo
en esa acción, pero deseo insistir en que hoy, como lo era ayer,
como deseo fervientemente que lo sea mañana, el proceso de
construcción europea debe ser, por encima de todo, un proceso
ilusionante, esperanzador, de unión política y económica, que
debe permitir el progreso de todos nosotros, de nuestros hijos,
de los hijos de nuestros hijos. Esa debe ser la idea-fuerza que
debemos ser capaces de trasmitir.

Queda dicho, señor Presidente, que, a nuestro entender, el
período de presidencia española de la Unión Europea no debe ser
considerado como un hecho normal de la acción del Gobierno, sino
como un hecho excepcional, excepcionalidad que, a nuestro
entender, deriva simplemente del hecho de que, en el caso de que
no se produjera ninguna ampliación ni se reformara el sistema de
presidencias, a España no le correspondera ostentarla nuevamente
hasta dentro de siete años y medio; es decir, hasta el año 2003,
dos legislaturas posteriores a la actual. Ademas, de lo que se
decida a lo largo de este período no sólo depende el futuro de
Europa, sino que, en primer lugar, depende también el futuro de
la misma España. La presidencia española debe contribuir a lograr
avances en el proceso de construcción europea, en la doble
dirección de avanzar en la consolidación del mercado interior y
de avanzar en el proceso de ampliación de la Unión a otros países
que ya han solicitado su integración.

En las cumbres anteriores se han mantenido en vigor los criterios
de convergencia macroeconómica que deberan cumplir los Estados
miembros para acceder a la tercera fase, que debe concluir con el
pase a la moneda única; sin embargo, el calendario para acceder a
la misma ha sido modificado como consecuencia de la reciente
evolución económica, hasta el punto de que hoy ya nadie defiende
acceder a la tercera fase en el año 1997, sino que se propone
como fecha de pase efectivo mas próxima la del año 1999. La
determinación de manera definitiva del calendario de aplicación
de esa tercera fase de la Unión Monetaria quiza conllevara la
necesidad de redefinir el alcance del criterio de convergencia en
lo relativo a la estabilidad cambiaria, hecho que debiera
plantearse por parte de la presidencia española. De no adoptarse
la decisión política de iniciar la tercera fase de la Unión
Monetaria en 1999, se iniciara un proceso de Unión Monetaria a
dos velocidades: una, en torno a un núcleo duro de los países del
Centro de Europa, que cumplen los requisitos exigibles; y, otra,
de aquellos países fuera del sistema y cuyas economías llegan mas
difícilmente a cumplir las exigencias de convergencia
contempladas en el Tratado de Maastricht.

El desarrollo de la Unión Europea, señor Presidente, señorías, ha
pivotado basicamente alrededor de aspectos económicos vinculados
a la construcción de la Unión Económica y Monetaria, lo que ha
posibilitado coordinar mas estrechamente las principales
orientaciones de las políticas económicas de los Estados miembros
y ha permitido superar mas rapidamente la última crisis
económica, que ciertamente ha sido de gran intensidad.

Actualmente, ningún organismo económico internacional duda sobre
la recuperación económica de la Unión Europea, sin embargo, todos
constatan cierta desaceleración de los ritmos de crecimiento en
relación a los obtenidos en ejercicios anteriores, ademas de
recordar que la creación de empleo es todavía hoy insuficiente.

La presidencia española no debe, pues, dejar de priorizar
aquellas acciones contenidas en el Libro Blanco de Delors que
permitan mayores posibilidades para generar empleo.

He definido, señor Presidente del Gobierno, dos prioridades para
la Unión Europea, que lo son igualmente pare España: la
definición de un calendario para la entrada en vigor de la Unión
Monetaria, con el cumplimiento de los parametros de convergencia;
y el relanzamiento económico y la creación de empleo. España debe
tener una tercera prioridad, siempre en este mismo ambito de
política económica y social: mantener los parametros del Estado
de bienestar que hemos conseguido crear, es decir, la sanidad,
las prestaciones sociales y la enseñanza.

Cuadrar, señor Presidente del Gobierno, estas tres prioridades no
va a ser sencillo, de ahí la importancia que nosotros damos a los
próximos presupuestos para 1996. Ese sera el primer ejercicio con
fuego real que a nosotros correspondera dentro de pocas semanas,
y es en previsión de esas dificultades por lo que quisiera
explicar claramente nuestra posición.

Nuestro grupo parlamentario ha sido siempre defensor de una
política rigurosa en lo que concierne al déficit público,
exigiendo que éste se mantenga en términos reales tales que no
ponga en peligro, a través de su influencia en los tipo de
interés, una política económica en favor de la economía
productiva creadora de empleo. En esa lucha contra el deficit, en
la que somos los primeros, entendemos que existen, como siempre,
unos límites, que son los que anteriormente he citado: la
necesidad de impulsar la actividad económica y la creación de
empleo --necesidad especialmente importante hoy en España-- y la
necesidad de mantener el Estado de bienestar como mecanismo
imprescindible para lograr la cohesión social. Pretendemos, señor
Presidente, afrontar la discusión presupuestaria con la voluntad
de reducir el déficit público en los términos contemplados en el
Plan de Convergencia diseñado, no hay que olvidarlo, cuando la
Unión Monetaria debía producirse en 1997, pero no nos sentimos
esclavos de



Página 8625



ese objetivo, y claramente le anunciamos ya que no podran contar
con nosotros si para conseguirlo se pone en cuestión la creación
de empleo, la competitividad o los parametros del Estado de
bienestar.

El acuerdo de cooperación financiera con los países mediterraneos
y la decisión de convocar una Conferencia mediterranea, ambas
fruto de anteriores cumbres comunitarias, son unos pasos muy
importantes para consolidar la presencia de la Unión Europea en
el flanco del Mediterraneo sur, pero son tan sólo unos primeros
pasos.




El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.




El señor MOLINS I AMAT: Concluyo, señor Presidente.

La presidencia española no puede dejar pasar la oportunidad que
le brinda la celebración el próximo mes de noviembre, en
Barcelona, de la Cumbre del Mediterraneo para erigirse en el país
líder de la Europa mediterranea, reclamando para sí la ubicación
en su territorio de aquellas instituciones que se creen para
aumentar la cooperación de la Unión Europea con el resto de
países de esa zona. Ademas, dentro de las negociaciones que
debera afrontar próximamente la Unión Europea destaca el cierre
de las negociaciones para el acuerdo de asociación con Marruecos
e Israel, lo que con toda seguridad alterara las relaciones
económicas de España, tanto con esos países como con los del
resto de la Unión Europea. Bueno sería, señor Presidente, que el
Gobierno efectuase un seguimiento continuo de ese tan importante
proceso de negociación.

Igualmente, en la Conferencia intergubernamental, que se
celebrara en 1996, se definira buena parte del funcionamiento
futuro de la Unión Europea. En dicho año se deberan adoptar
acuerdos sobre la reforma del sistema de toma de decisiones,
sobre el derecho de veto de los países, la aplicación de un nuevo
sistema de financiación de la Unión Europea, la democratización y
la transparencia del proceso de toma de decisiones. Para tomar la
decisión final sobre la reforma, se partira del documento de
reflexión, que sera elaborado bajo el impulso y la Presidencia de
España, lo que nos confiere la posibilidad de ser el verdadero
motor de la futura constitución europea. Tiempo habra, señor
Presidente, para, tal como esta previsto, profundizar desde esta
Camara sobre todos estos extremos.

Por último, señor Presidente, desde la aprobación del tratado de
Maastricht, se han generalizado las referencias al principio de
subsidiariedad, aunque hasta el presente todavía no se han
delimitado con claridad las condiciones y los límites de
aplicación de este principio.

Desde la presidencia española, en el marco del proceso de
reflexión para la reforma del Tratado de la Unión, se deberían
sentar las bases que permitieran una aplicación practica de este
principio. Otro tanto sucede con el papel que deben desarrollar
las regiones en Europa, siendo como son una realidad social,
histórica y política indiscutible. Sabe usted, señor Presidente,
que en este apartado el Grupo Parlamentario Catalan propone la
reforma del actual Consejo de municipios y regiones, al objeto de
aumentar su participación efectiva, haciendo posible una mayor
contribución de las regiones en el proceso de construcción
europea. En las manos de la presidencia española esta conseguirlo
o, por lo menos, proponerlo e impulsarlo.

Señor Presidente, señorías, hasta aquí nuestra opinión sobre los
acuerdos de la Cumbre de Cannes y nuestras prioridades respecto a
la muy importante presidencia semestral española de la Unión
Europea. Nuestra opinión también, señor Presidente del Gobierno,
sobre aquello que usted a nuestro entender, debería hacer para
dotar a la misma de la estabilidad que su importancia requiere.

Ya sabemos que usted no lo cree necesario. Como le he dicho al
principio, señor Presidente, es su decisión y su responsabilidad,
pero ese desacuerdo en absoluto me impide que le desee acierto y
suerte en la presidencia que ahora se inicia. La Unión Europea,
es decir todos nosotros, la necesitamos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, sabemos
de la importancia que para un país europeo supone una presidencia
europea comunitaria, y por eso, no hemos apoyado un
adelantamiento electoral porque consideramos que son estos los
verdaderos problemas que a una sociedad le deben interesar pues
son el diseño de su futuro inmediato para los próximos años y
generaciones, y para un país serio, la construcción europea, con
todo lo que esto significa, tiene que ser el eje de su discusión
y no vivir en el sobresalto del escandalo doméstico.

Pero dicho esto, nos da la impresión, señor Presidente, que esta
presidencia la ha abordado usted mas como un reto de tipo
personal que como un reto compartido. Viene usted aquí sin haber
hablado personalmente con ningún grupo parlamentario, con ningún
dirigente político, con ningún medio de comunicación, con líderes
de opinión, ni con las comunidades autónomas; es, pues, su
presidencia, no la presidencia de una sociedad ilusionada.

Es la crítica mas sentida que le podemos hacer desde el absoluto
desengaño de creer en sus promesas. Usted siempre promete
dialogo, pero ése sólo se lo reserva para Santer, Kohl y, ahora,
Chirac. El resto, aparentemente, no importa, y no se puede pedir
entusiasmo ante esta



Página 8626



presidencia y un clima de eurooptimismo cuando se es incapaz de
compartir proyectos europeos.

Usted ha dicho que parlamentariamente se han discutido una serie
de resoluciones, y tiene razón, y que algunas ustedes las
incorporaran a su quehacer para, a nuestro juicio, pura rutina,
nos conformemos. Nada de envergadura. Estamos, pues, ante su
presidencia y no ante nuestra presidencia colectiva.

Dicho esto y con relación a la Cumbre de Cannes que por cierto,
señor Presidente, las cumbres en los países de la Unión Europea
no se hacen en las capitales, sino en ciudades como Essen, Corfú,
Cannes, Hannover, Edimburgo, etcétera, a diferencia de aquí, en
este singular Estado autonómico, dicha Cumbre de Cannes ha sido
considerada una cumbre fallida en lo sustancial. El retraso un
año de la Europol se manifiesta como uno de los fracasos de la
cumbre, a cuenta de los posibles conflictos que se susciten. Este
bloqueo demuestra lo lejos que estamos de una verdadera Europol,
cuando este embrión policial no tiene tan siquiera capacidad
investigadora, ya que sólo sera una red informatica y un
gigantesco banco de datos.

Con relación a Europol, a nadie se le ocurrira que al frente de
este nuevo organismo se designe en Europa a un militar. Aquí, con
el debate del Cesid, hemos sido el único grupo parlamentario que
denunció esta situación de tutelaje. A raíz del escandalo de las
escuchas, esta posición de dominio absoluto es cuestionada desde
dentro de la institución por los niveles profesionales civiles,
basicamente encargados de labores de analisis, de información y
de otras materias y funciones auxiliares, lo que sería la Europol
y, desde fuera, por la creciente corriente de opinión política,
que manifiesta la necesidad de un cambio de estructuras en la
institución, mas adecuada al sistema democratico y a las
necesidades de un Estado de derecho plenamente integrado en la
Unión Europea, y aquí también entra Europol. Si en lugar de un
civil se nombra a un mitar al frente del Cesid, sabremos que
continúa dicha tutela que usted, señor Presidente, no se atreve a
cambio alguno y que, desgraciadamente, el Partido Socialista de
Pablo Iglesias no hace mucho por la sociedad civil trece años
después de haber ustedes alcanzado el poder, hablando en este
momento, como hablamos, de Europol y su coordinación con otros
servicios de investigación en Europa. De todas maneras, seguimos
creyendo que el objetivo de Europol es importante, entendiendo
que en dichos trabajos deben participar todos los cuerpos
policiales existentes.

En el capítulo de las grandes redes europeas se ha vuelto a
hablar de las dos conexiones en alta velocidad ferroviaria con
Francia, a través de Madrid-Barcelona-Montpellier y Madrid-
Vitoria-Dax, que estan técnicamente muy retrasadas y acerca de
las que nunca ha habido un debate en serio aquí sobre el
particular, pues aparentemente el Gobierno se ocupa de marcar en
exclusiva sus apuestas, desbalanceando una vez mas lo atlantico,
como en el caso, también hay que decirlo, de los fondos de
cohesión, donde no hay manera de saber nunca cuales son los
proyectos, los criterios de selección de programas y los de toma
de decisiones. En este caso, como en otros, se actúa con una
total opacidad, sin debate y como si gobernar fuera imponer.

Con relación a la situación de Bosnia, pocas novedades,
desgraciadamente. Las cinco misiones que tendra que desarrollar
Carl Bildt son las mismas que anteriormente fracasaron, con lo
que, desgraciadamente, mucho nos tememos que bajo su presidencia
seguiremos las dantescas escenas que vemos todos los días por
televisión, a pesar de que Sarajevo también es Europa.

Relacionado con temas militares, señor Presidente, nos gustaría
saber si usted protestó ante Francia sobre las pruebas nucleares
de este país. Tenemos entendido que los Primeros Ministros de
Austria, Suecia y Dinamarca reprocharon a Francia esta rechazable
iniciativa.

Con relación a su presidencia, coincidimos con los objetivos
expresados en el programa de la presidencia, en el sentido de
conferir a la preparación de la Conferencia intergubernamental
una importancia primordial. Desde nuestro grupo se desearía que
este trabajo se realizara de la manera mas cercana posible, dado
que, entre otras cuestiones, se van a tratar asuntos relacionados
con el Comité de regiones, con el principio de subsidiariedad y
otros muchos que afectan a este Estado autonómico. En este
sentido el mayor déficit existe en relación con el papel del
Consejo. Por ejemplo, nos gustaría que se ampliara el número de
consejos que pudieran ser públicos, que se armonicen los
criterios para clasificar como confidenciales los documentos del
Consejo, de tal forma que no dependan totalmente del criterio de
cada uno de los Estados miembros; que se legitime el Comité de
las regiones para pedir un determinado debate de orientación del
Consejo y que éste se haga público. Estas medidas pueden ser
promovidas bajo su presidencia, mediante una resolución del
Consejo que supere la interpretación restrictiva existente.

Señor Presidente, de una presidencia europea podría hablarse
durante mucho tiempo y de forma muy detallada, pero ante la
imposibilidad de hacerlo me he de limitar a destacar un aspecto
que para nosotros tiene mucha importancia y que, a nuestro
juicio, se sigue haciendo mal porque no hay el menor interés en
mejorar, y a usted no le hemos escuchado ni una sola palabra al
respecto. No sabemos el talante del nuevo Ministro para las
Administraciones Públicas (ojala fuera distinto al desarrollado
actualmente por el Gobierno) para abordar la formación de
voluntad de las comunidades autónomas con relación a Europa. Al
ministro Solana este es un aspecto que nunca le ha importado y,
pese a los esfuerzos del Ministro Saavedra, nunca se pudo hacer
nada serio, a pesar de que ustedes en Europa se vanaglorian de
tener un estable sistema autonómico. Dentro de seis meses haremos
balance, pero permítame le haga llegar nuestras sugerencias que,
como



Página 8627



es natural en su Gobierno, creemos que, una vez mas no se tomaran
en consideración.

Nuestro grupo entiende que la presidencia española supone la
ocasión propicia para avanzar en el acercamiento de las
comunidades autónomas al funcionamiento de las instituciones
comunitarias en las materias de competencia autonómica. Para
ello, hemos propuesto la ejecución de las siguientes medidas
concretas. Que el miembro del Gobierno autonómico competente
sectorialmente pueda formar parte de la delegación española en
los consejos que sobre materias de competencia autonómica se
celebren en su comunidad autónoma. Que se intensifiquen las
relaciones de la representación permanente española ante la Unión
Europea con las delegaciones y oficinas de representación de las
comunidades autónomas en la capital belga, de tal manera que a la
finalización de cada sesión del Coreper se celebre una reunión
informativa entre aquéllas y éstas. Que se constituya una
comisión especial de seguimiento de los trabajos preparatorios de
la Conferencia Intergubernamental de 1996, que reúna, al menos
con cierta periodicidad, a los responsables de cuestiones
europeas, del Estado y de las comunidades autónomas. En este
mismo ambito, nuestro grupo considera que la presidencia española
de la Unión es el momento inaplazable para plantear seriamente un
debate político sobre la participación de las comunidades
autónomas en la llamada fase ascendente del proceso comunitario
de adopción de decisiones en la Unión Europea, y para encontrar
unos mecanismos eficaces para esta participación en aquellas
materias de competencia autonómica.

En relación con otra cuestión muy importante, que se refiere a
trabajo y asuntos sociales durante la presidencia española, en el
Consejo Europeo de Madrid va a presentarse el primer informe
anual sobre el cumplimiento de las directrices del Libro Blanco
para la lucha contra el desempleo. La preocupación a este
respecto de nuestro grupo es que este informe permita hacer un
diagnóstico real de la situación y que tenga en cuenta los
condicionantes específicos que afectan al empleo en las distintas
areas geograficas. Con este objetivo, deseamos se realice un
especial esfuerzo para que en este informe se consideren los
condicionantes específicos del desempleo en las comunidades
autónomas, para que se puedan evaluar las medidas que desde las
diferentes administraciones públicas se estan realizando a este
respecto y para que, en su caso, se puedan proponer medidas
complementarias desde una perspectiva comunitaria. Todo esto a
fin de facilitar la presentación de proyectos a financiación por
las iniciativas y programas comunitarios relacionados con el
empleo y la formación, los cuales requieren normalmente que sean
parte de las mismas entidades pertenecientes a diferentes países
de la Unión. Por eso, proponemos la puesta en marcha de un
sistema específico de información que agilice y facilite la
realización de estos contactos y, en consecuencia, el
cumplimiento de esta condición.

Señor Presidente, damos también una especial importancia a la
definición, durante la presidencia española, del Estatuto de las
funciones y de los medios materiales asignados a la Agencia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, a fin de que su puesta en
marcha se agilice y se garantice, con unos contenidos adecuados,
durante su presidencia. En este sentido, consideramos necesarios
que en la propuesta actualmente en elaboración sobre el IV
Programa de Acción de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que va a
marcar las líneas directrices de esta materia hasta el año 2000,
se configure el rol de la Agencia como uno de los elementos
principales en el desarrollo, ejecución y evaluación de este
programa de acción.

También usted, señor Presidente, ha hablado de federalismo.

Nosotros hablamos de federalismo y hablamos de subsidiariedad,
que son principios ademas modernos y que estan en el origen de
Europa. Apuntan al futuro, son principios de eficacia, significan
progreso. No tiene nada que ver con esas reticentes e interesadas
observaciones que se lanzan desde algunos círculos cuando,
abordando simplistamente estas propuestas, se tachan de irreales
con argumentos como el de: Si ya es difícil basar Europa en 15
estados, ¡cómo se va a hacer con 160 regiones!
Cuando nos califican de absurdos romanticos y evocadores del
pasado y nos acusan de subestatales, debemos contestar que lo que
proponemos es un avance que significa dar un paso mas alla de los
agotados esquemas centralistas que hemos heredado del pasado.

Debemos manifestar que no queremos una Europa fortaleza, cerrada
y hacia afuera y lejana para los de dentro. No queremos una
Europa que aprese en sus redes las aspiraciones y los derechos de
las regiones y de las minorías. No queremos una Europa
burocratizada, cerrada en si misma y uniforme. La Europa que
imaginamos es diferente. Una Europa de solidaridad interregional,
en la que ninguna zona prospere a costa del empobrecimiento de
otras; una Europa que posibilite un nuevo renacimiento cultural
basado en la conjunción de ese crisol de lenguas y culturas que
constituye nuestro patrimonio común; una Europa asentada en la
diversidad de sus pueblos y de sus estados que, conservando su
personalidad, enriquecen al unirse con otros que comparten su
mismo destino; una Europa abierta que pueda ofrecer al mundo una
regeneración social y política, un espacio, en fin, de libertades
y de progreso; una Europa, en definitiva, que sea un hogar
confortable para todos. Una meta apasionante, sin duda, que como
todo proyecto de futuro, ha de salvar esta fosa que siempre media
entre los deseos y las realidades.

Nosotros somos conscientes que quienes estan asumiendo la
dirección política de Europa hasta el año 2000 carecen de la
sensibilidad necesaria hacia todos estos postulados. Pero, de
otro lado, el propio realismo



Página 8628



obliga a reconocer que somos ya muchos los que pensamos que
Europa o se hace entre todos o no se hace. Estamos asistiendo ya
a un proceso de alcance continental en el que cada vez se afirma
con mas fuerza el papel de las colectividades territoriales, que
usted no ha mencionado en su intervención ni una sola vez.

En la Cumbre de Cannes se pidió que el nuevo Tratado fortalezca
la política exterior y de seguridad común. Pero algo mas
importante se dijo como resolución tras la Cumbre de Cannes: que
se robustezca el respaldo de la opinión pública a la construcción
europea. Sin embargo, y finalizo, señor Presidente, su
presidencia nace de espaldas a esta opinión pública, a los grupos
parlamentarios, a pesar de que ha habido un debate en la Comisión
Mixta; salvo un leve maquillaje, nace de espaldas a los líderes
de opinión y nos da la impresión, y lo decimos con dolor, que va
a ser su presidencia, pero no muestra presidencia colectiva, y
habra, una vez mas, desaprovechado usted una oportunidad de
trabajar para las futuras generaciones. Eso es lo que diferencia
un planteamiento político que hace política al día del
planteamiento de un estadista que quiere fundamentalmente el
consenso.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, al fijar el criterio y posición de
Coalición Canaria en estos dos debates quiero agradecer la
oportunidad que se nos brinda, una vez mas, de entrar en un tema
apasionante y, sobre todo, desde la distancia de una región
ultraperiférica que, como usted bien sabe es como se señaló en el
Tratado de Maastricht de la Unión Europea, en su resolución
número 26, a Canarias.

Comenzaré por el analisis de la Cumbre de Cannes; cumbre, en
verdad, escasa, magra, pero que tiene un sentido positivo para
Coalición Canaria en la medida en que no ha significado ningún
paso atras en el proyecto europeo, aunque también puede ser que
no haya habido muchos hacia adelante, y en esos dos aspectos es
donde, fundamentalmente, centra Coalición Canaria su
preocupación.

En primer lugar, en cuanto a lo que el Consejo de Cannes ha
puesto casi en su frontispicio sobre las cuestiones económicas,
sociales y monetarias: el tema del empleo, creemos, señor
Presidente, que todo lo que se pueda hacer en el seno de la Unión
Europea para consolidar el empleo sera bienvenido y apetecido por
todo ese mundo de desempleados, sobre todo en el sector juvenil.

Quiero destacar que si el Consejo se ha comprometido a hacer un
marco de programas plurianuales, que deben presentarse en otoño,
valga el endoso para la presidencia española. Igualmente, el
Consejo Europeo de Cannes, fomentando esta política laboral, se
emplaza a presentar un libro blanco antes de fin de año. Creo
que, cogiendo esta herencia del Consejo de Cannes y trasladandola
al próximo semestre, ese libro blanco puede dar unas directrices
y unas directivas verdaderamente optimistas para resolver lo que
el propio Consejo ha reconocido, como ustedes han escrito ahí:
que el índice de desempleo permanecera en 1995 a niveles
inaceptables. Palabras, como usted bien sabe, del propio Consejo.

Esto quiere decir que 1996 tiene que ofrecer unas cifras que
empiecen a ser aceptables para la paz social y laboral.

Quiero resaltarle también, señor Presidente, en los propios
términos en que ustedes han firmado las conclusiones de la
presidencia de Cannes y las han aceptado, que el Consejo Europeo
destaca la importancia que concede al desarrollo de las
iniciativas locales para el empleo, especialmente en el ambito de
los servicios relacionados con el medio ambiente, entorno vital,
artesanía y productos tradicionales. Me refiero a las iniciativas
locales. Señor Presidente, esto en Canarias tiene una traducción
inmediata y singular: el Plan Integral de Empleo Canario. Usted
sabe que esta planteado ahí. Nos gustaría ver en toda la política
de nuestro Gobierno, el que usted preside, ese Plan Integral de
Empleo. Porque si son inaceptables las cifras de desempleo para
1995 de mas de 300.000 habitantes de la Unión Europea, usted
sabe, señor Presidente, lo que son las cifras de desempleo en
Canarias por encima de la media nacional. Por tanto, pedimos que
en esa indicación del Consejo Europeo de Cannes de valorar con
toda su importancia las iniciativas locales entre ésta que le he
señalado del Plan Integral, como de cualquier otra comunidad
autónoma que lo lleve por esa vía.

Quiero señalarle también en el punto 1.6, de los aspectos
económicos que ustedes han ratificado en Cannes, la recomendación
del Consejo Eurpeo de una aplicación rigurosa del principio de
subsidiariedad. Las naciones --nosotros lo traducimos en Canarias
así-- que tienen como Portugal y Francia regiones posei (el
Poseidón, el Poseican o el Poseimadeira Azores) tengan también
este sentido de la subsidiariedad, aceptado por el Gobierno de la
nación, para trasladar los principios de decisión a la inmediatez
del ciudadano. Ya lo diré posteriormente, señor Presidente,
cuando analice el programa que usted ha trazado de los cuatro
puntos para la presidencia española en cuanto a la importancia de
la ciudadanía. Esta tiene que ver de forma tangible cuales son
esas decisiones de Gobierno.

En cuanto a la política exterior de la que han hablado, dado que
hay un emplazamiento en el que incluso se le cita a usted con
nombre y apellido como futuro Presidente del Consejo Europeo, a
quien han solicitado que adopte las iniciativas adecuadas para
una serie de actuaciones exteriores donde se han referido a las
elecciones palestinas, le pido que no olvide, señor Presidente
(porque usted lo tiene en el mejor de sus recuerdos de iniciativa
democratica), al pueblo saharaui, junto a unas exigencias
democraticas en el territorio



Página 8629



palestino, porque, a nosotros nos queda mucho mas corta la
distancia, y no le digo ya de España, sino concretamente de
nuestra parte canaria, allí enfrente, para que haya una zona de
paz, de estabilidad y de respeto a las decisiones que han tomado
las Naciones Unidas.

Finalmente, señor Presidente, en este analisis de la Cumbre de
Cannes, quiero resaltarle algo que debe estar en su agenda de
intención política. Me refiero al acuerdo de los créditos para la
cooperación financiera con los países de Europa oriental y
central y con los países mediterraneos. Ha habido un gran logro
que se le ha reconocido en este foro de Cannes, donde ha tenido
una valiosa participación en cuanto a conseguir una adecuada
cooperación financiera para los países mediterraneos, frente a
las posturas del canciller aleman, señor Kohl. Lo que no hay que
olvidar, señor Presidente --y perdóneme usted que desde nuestra
modestia se le recuerde-- es que los créditos de cooperación
financiera de Europa central y oriental seran un buen arma
política en manos del señor KÜhl. Es la política de Alemania en
ese sector.

Sería interesante --y ahí le apoyaríamos, señor Presidente-- que
España supiera utilizar estos créditos de cooperación financiera
a los países mediterraneos para que nuestro país se presentara
como valedor de los mismos. Porque somos uno de los países mas
comprometidos con los problemas en el Magreb inmediato, que por
sus negociaciones de todo tipo con España,
--singularizadas en Marruecos en temas agrícolas, de pesca, de
seguridad de territorio nacional, etcétera--, tiene que reconocer
un liderazgo en la defensa de sus intereses, no una defensa de
oficio, sino una defensa política, comprometida, de saber sacar
utilidad a ese tema. No es un puro guarismo, una pura cifra.

Estoy seguro de que el señor Kohl, con su política de penetración
económica, social, institucional, de todo tipo en la Europa
oriental y central va a utilizar este instrumento. Tome usted
este ejemplo --yo creo que lo va a hacer con su inteligencia
política-- para utilizarlo también positivamente, en nombre, por
supuesto, de la Unión Europea, pero nosotros somos los que
tenemos la andanada principal de los problemas de todo tipo a
este respecto.

Con esto termino la parte correspondiente a la Cumbre de Cannes y
paso a referirme, señor Presidente, a la parte en verdad del
futuro inmediato que hemos comenzado el día 1 con la presidencia
de España para este semestre de la Unión Europea. Nosotros, desde
Coalición Canaria, suscribimos plenamente el programa de cuatro
puntos que usted ha expuesto aquí y que ya en la primera
comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores en la
Comisión Mixta Congreso-Senado tuvimos ocasión de debatir
ampliamente y, posteriormente, hacer una serie de propuestas de
resolución. A las relativas a Canarias me referiré muy
someramente al final de mi intervención.

Primer punto, el relanzamiento económico de Europa: crecimiento,
competitividad y empleo en un marco socialmente integrado. De
acuerdo, señor Presidente. Pero hay un punto que nos llama la
atención desde Canarias: es la consolidación de un espacio
económico integral. Le pedimos, señor Presidente, que en esa
defensa y en ese programa se tenga en cuenta el apartado especial
de la situación legal y jurídica en que esta Canarias por su
estatus económico y fiscal especial. Le quiero recordar, señor
Presidente --a veces somos un poco suspicaces ante los silencios
y omisiones--, algo que esta en la Ley 19/1994, de las bases
económicas de Canarias, que dice clara y contundemente --el
Gobierno, porque fue el proyecto que ustedes mandaron y aprobó
esta Camara por unanimidad en este punto-- en la disposición
adicional décima que el Gobierno de la nación gestionara ante las
instituciones de la Unión Europea la consolidación de un estatuto
permanente derivado de la condición de Canarias de región
ultraperiférica en razón de la disposición número 26 del Tratado
de Maastricht.

Se trata de pedirle, señor Presidente, que usted asuma este
acuerdo de la propia ley aprobada en esta Camara el año pasado de
defender el estatuto permanente para Canarias en la Unión
Europea. Es decir, que usted asuma en la agenda de trabajo que
éste es un objetivo, para el cual tiene usted dos argumentos
fundamentales: el español de la Ley 19/1994, de las bases
económicas del régimen especial de Canarias, y, en segundo lugar,
el propio Tratado de Maastricht en la disposición 26. No hay que
olvidarlo, porque muchas veces los olvidos llevan a la
desaparición del derecho.

En cuanto al punto segundo, de una Europa abierta al mundo de la
estabilidad, seguridad, libertad y solidariadad, en Canarias nos
sentimos reflejados en la política habitual que esta recogida en
su punto número 4, señor Presidente, del reforzamiento de los
lazos con Iberoamérica. La utilización de la plataforma canaria
en todas sus instituciones para esta proyección nacional, en
colaboración íntima con el Gobierno central, creo que usted
siempre la va a encontrar en Canarias. En próximas fechas, por
ejemplo, se va a celebrar allí una reunión defensores del pueblo
del area iberoamericana. Ahí tiene usted una ocasión para que
estos representantes, junto con otros europeos, puedan servir
como un elemento de encuentro.

Le quiero citar sus propias palabras porque estoy de acuerdo en
un planteamiento estratégico que usted ha hecho. Junto a la
definición de cuatro objetivos, usted ha señalado tres
escenarios. Usted se ha referido al escenario de Mallorca para
hablar del futuro de la Unión. Usted ha hablado del escenario de
Barcelona para la Conferencia del Mediterraneo. Usted ha hablado
al final del Consejo de Madrid. Creo que ha sido el portavoz del
Grupo Vasco (PNV) quien se ha referido a esa necesidad de llevar
a otras capitales a ciudades españolas



Página 8630



estos eventos, estas reuniones de consejos o de instituciones
singulares y especializadas en el marco de la Unión Europea. Ahí
tiene usted también, aunque no esta exclusivamente dentro del
marco de la Union Europea, el uso de un territorio
ultraperiférico con el que hay unos compromisos, sobre todo de
atención política, que nosotros sabríamos agradecer
profundamente, aunque no fuera mas que por el valor del gesto.

Incluso --me ha parecido entenderlo de sus palabras al inicio,
cuando ha hablado de estos tres escenarios de Mallorca, Barcelona
y Madrid-- ponía un énfasis en demostrar que había ahí una
participación y un testimonio territorial y de vinculación.

En el tercer punto, señor Presidente, cuando se refiere a una
Europa abierta al ciudadano, queremos señalarle algo muy
importante relacionado con lo que usted ha hablado de la
participación de la ciudadanía europea. Estamos de acuerdo en
simplificar el Tratado de Maastricht. Yo sé que ustedes han
tenido, y lo han dicho los medios de información pública y
social, problemas con Francia en temas internos de Europol o de
control de fronteras y que hay algunas reservas de países que
todavía no se han integrado en el Tratado de Schengen. Señor
Presidente, creo que ahí va a tener también una buena,
interesante y atractiva agenda política de trabajo para con todos
esos países reticentes con Schengen, con toda esa Unión, porque
el mensaje, con el cual estamos de acuerdo, que usted ha
pronunciado sobre la ciudadanía europea al volver a retomar ese
tema (que fue iniciativa suya, y yo lo reconozco aquí, hace
varios años) ha de ser palpable para el ciudadano al atravesar
fronteras interiores y en el control de las fronteras exteriores
de la Unión Europea; toda esa participación de la consolidación
de la ciudadanía europea tiene que ser tangible. Hay un parón, es
cierto, incluso reflejado en la figura del Defensor del Pueblo
elegido por el Parlmento Europeo. No sé qué grado de intervención
podra tener usted en este próximo semestre para activar la
decisión de algunas figuras como la de Defensor del Pueblo.

En cualquier caso, señor Presidente, y como el cuarto punto es
sentar las bases del futuro de Europa en la Conferencia de 1996,
le pido que en el sistema institucional, en los instrumentos al
servicio de la Unión --porque no esta recogido en el documento--
tenga en cuenta al Comité de las Regiones. Esta consagrado en el
Tratado de Maastricht un Estado, como el español, de las
comunidades autónomas, y en temas tan sentidos por una comunidad
histórica, que hoy puede representar por ser ultraperiférica,
como es el archipiélago canario, por nuestra parte, señor
Presidente, no va a encontrar inconveniente alguno para que la
presidencia española se realice recogiendo estos puntos que le he
señalado aquí desde lo que es la situación de Canarias dentro del
contexto de la Unión Europea. Para que eso sea comprensible allí,
nosotros desearíamos que la actitud con la presidencia española
sea igual que cuando juega la Selección Nacional española de
futbol, de baloncesto o de cualquier otro deporte, apoyarla y
aunarla, porque el triunfo personal que usted, o su gobierno
pueda conseguir, para nosotros es también el triunfo de España, y
en eso le deseamos, para bien de nuestra nación, la mejor
andadura posible.

Nada mas y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, como ocurrió con Essen y como viene ocurriendo desde
que intentamos construir el escenario geopolítico europeo, hay
motivos para una moderada alegra y motivos francamente sólidos
para el desaliento. Se avanza a pasos microscópicos en una
especie de mercadeo permanente que aun permite que intereses
doméstico prioricen por encima del objetivo común. Ejemplo claro
es el boicot de John Major, frutos de sus problemas internos, a
Europol.

Por supuesto, hay un Cannes que aplaudir, hay que aplaudir el
Cannes que ha decidido comprometerse un poco mas con el
Mediterraneo y dotar su ribera sur de fondos de ayuda
importantes. Aplaudir, pues, la reorientación estratégica de la
política exterior comunitaria, una reorientación que por fin
descubre el enorme problema social de la orilla sur del
Mediterraneo. Según la prospectiva, cerca de 310 millones de
personas se agolparan en esa orilla mediterranea en el 2000, con
una renta per capita veinte veces inferior a sus vecinos
europeos. El problema es de tal gravedad que hay que felicitarle
especialmente, señor Gonzalez, por su determinación en el
compromiso mediterraneo. Sin embargo, hay que ser también muy
claros en la denuncia, el Mediterraneo continúa siendo el gran
olvidado de Europa, ese hermano pobre que puede convertirse en
una gran bomba de relojería si no consigue la atención
prioritaria europea, y aún estamos muy lejos de esa priorización,
los números son muy claros, 6.700 millones de ecus para el Este,
4.700 para el Sur, y eso que el sur representa el doble de
población que los nueve países del Este.

Estamos, pues, muy lejos del reequilibrio entre bloques, y éste
sera uno de los grandes retos de su presidencia: liderar la
mediterranización europea. En todo caso, es de una importancia
vital la Conferencia Euromediterranea Europea en Barcelona, como
lo es el hecho de potenciar Barcelona como una de las grandes
ciudades que pueden coliderar, especialmente con Valencia, ese
proceso de giro mediterraneo. En este sentido, no puedo perder la
ocasión de lamentar vivamente la poca sensibilidad que hasta
ahora han demostrado ustedes con la candidatura de Barcelona como
capital europea para el 2001. ¿Qué tiene que decirnos al
respecto? ¿Hay o no la voluntad de apoyar la candidatura de
Barcelona para el 2001? Barcelona esta en condiciones



Página 8631



de liderar el gran proceso mediterraneo, y sería una fuerte
apuesta de compromiso que la Conferencia Euromediterranea de
Barcelona se hiciera en la ciudad ya candidata a la capitalidad.

Comprometerse, pues, con Barcelona.

Primer microavance en Cannes y, al mismo tiempo, primer gran reto
para la presidencia: el sur también existe, y no sólo existe sino
que existe tnato que un día puede explotar y sera, sin duda,
nuestra responsabilidad.

También hay que aplaudir al Cannes que ha dado luz verde a la
firma del acuerdo provisional con Rusia, si ello significa una
ayuda clara para estabilizar la zona, pero si significa dejar
Rusia con las manos aún mas libres para aplastar tanto derechos
humanos como derechos colectivos en el caso de Chechenia, sería
entonces una noticia preocupante, y Chechenia también forma parte
de nuestras responsabilidades, como lo es también el eterno
conflicto balcanico, un conflicto que ha vuelto a fracasar en
Cannes y que conforma, desgraciadamente, el fracaso mas sonoro de
Europa en este fin de siglo. La guerra de los Balcanes y la
actitud no comprometida y expectante de Europa representa una
vergüenza que esta tiñendo con sangre todo el proceso europeo y
que teñira también esta presidencia. Europa nace en Sarajevo y en
Sarajevo muere, y ahí no valen las retóricas, las declaraciones
de buenas intenciones, la fosilizada burocracia, sólo vale una
decisión real de intervención que aún no se ha dado. Son
intereses perversos y no buenas intenciones los que permiten y
mantienen la guerra de los Balcanes.

Fracaso también de Cannes y reto de la presidencia en materia de
reactivación económica y aquí sí que la preocupación es múltiple,
primero, porque las directrices que emanan de la Unión son
profundamente antisociales; segundo, porque coinciden con las
situaciones de su Gobierno de sanear la Hacienda Pública a base
de recortar la inversión social. Paro y saneamiento público, dos
parametros de una Europa que tiene en estos dos talones de
Aquiles su prueba de fuego y su punto de inflexión. Del modelo
escogido saldra una Europa social o una Europa antisocial, una
Europa de los ciudadanos o una Europa de los privilegiados. Y
Cannes apunta peligrosamente hacia la Europa antisocial. Y no
fracaso sino falta total de voluntad para que realidades
históricas como Cataluña o el País Vasco estén presentes en el
debate europeo. Aquí hay que hablar claramente de bloqueo por
parte delas autoridades españolas. Pero el reto de la presidencia
parte de un reto previo que tiene clave interna, la propia
estabilidad del Gobierno que detenta la presidencia, su Gobierno.

Sin capacidad de control en la situación española ¿esta usted en
condiciones de controlar la presidencia europea con un Ejecutivo
debilitado enormemente, que acaba de vivir una remodelación de
broma y con una credibilidad política que vive a caballo entre la
sospecha permanente y el susto informativo? ¿Esta usted en
condiciones de liderar el giro mediterraneo de Europa, de asumir
los retos que quedan por resolver: el informe sobre el paro, las
orientacones macroeconómicas, el escenario de la moneda única, el
informe sobre la droga, el conflicto balcanico?
Europa es un escenario demasiado importante, demasiado serio,
para convertirse en un mero balón de oxígeno de un Gobierno
agónico, en una huída hacia adelante para salvar en la tribuna
europea la credibilidad perdida en la tribuna española. Este es
el problema de fondo, señor Gonzalez, que tal y como usted y su
Gobierno llegan a la presidencia, no sabemos si Europa le va a
dar crédito y estabilidad o, al contrario, su falta de crédito
contaminara e inestabilizara la presidencia europea.

Sinceramente, sólo le falta eso a Europa: cargar ademas con sus
problemas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rahola.

Señor Mur, tiene la palabra.




El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar la
posición de nuestro Partido Aragonés para fijar la posición de
nuestro Partido en esta sesión informativa que ha tenido, o así
lo ha pretendido, un doble objetivo: informar sobre el Consejo
Europeo reunido en Cannes y, sobre todo, dar a conocer los planes
que el señor Presidente tiene para ejercer la presidencia
española de la Unión, que nos corresponde en este semestre recién
comenzado.

Quiero agradecer al señor Presidente del Gobierno el esfuerzo que
ha realizado en su intervención para que la misma tuviera algún
interés y suscitara algún entusiasmo, no porque la situación de
Europa y los temas europeos no sean importantes, y a la vez
preocupantes ante la falta de avances notorios en temas
decisivos, sino porque usted, señor Presidente, sabe que la
opinión pública española espera de usted en estos momentos otro
tipo de explicaciones, otro tipo de decisiones, sobre temas
vitales de la política interior y, por tanto, relega los temas
europeos a un segundo plano.

Señor Presidente, usted acaba de superar con muchas dificultades
los últimos problemas que tienen a su Gobierno paralizado y bajo
sospecha permanente. La crisis de los últimos escandalos le ha
restado, y le sigue restando, capacidad política para desempeñar
en buenas condiciones esta presidencia europea. La situación de
inferioridad quizas se note menos por el fracaso de los dos
semestres anteriores, los presididos por Alemania y por Francia,
países que han estado inmersos en procesos electorales que les
han impedido dedicar a la causa común europea los esfuerzos y la
atención necesarios.

Sin embargo, nosotros creemos que sería útil para los intereses
generales de España que todos, pero ustedes los primeros, señor
Presidente, contribuyamos a



Página 8632



rebajar la tensión política interna para aprovechar mejor las
oportunidades que, de cualquier manera, nos va a aportar esta
presidencia europea. Sería lamentable que, al final de este
mandato, el balance que se pudiera hacer aquí consistiera en
decir: Hemos traspasado los problemas a la próxima presidencia
italiana y nos hemos limitado a preparar la Conferencia
Intergubernamental de 1996. A los necesarios trabajos del llamado
grupo de reflexión sería bueno, sería necesario añadir resultados
concretos de este semestre, señor Presidente, resultados que sean
percibidos directamente por los ciudadanos.

La política europea corre el riesgo, cada día mas, de alejarse de
lo que son los anhelos inmediatos de los ciudadanos. Al
incremento de los euroescépticos se colabora cuando no se
perciben resultados concretos. Los ciudadanos, señor Presidente,
perciben antes los efectos negativos de cualquier política que
los beneficios de la misma, y eso es lo que esta ocurriendo en
España en amplias capas sociales y en algunos sectores concretos,
como el agrario, que ven cada día mas la parte negativa de la
política europea que esa parte positiva con la que todos hemos
estado soñando alguna vez, y cada día que pasa ese sueño y esa
ilusión se van desvaneciendo.

Por eso, nos gustaría conocer, señor Presidente, qué medidas
piensa usted proponer para acercar el debate europeo a los
ciudadanos, para que desde las comunidades europeas podamos
percibir que la política europea tiene en cuenta nuestra especial
organización territorial del Estado español. A usted le
corresponde arbitrar los mecanismos necesarios para que las
comunidades autónomas tengan presencia y protagonismo, que en
ningún caso debe quedar reservado en exclusiva al Gobierno del
Estado. En definitiva, nos gustaría saber en qué se va a
diferenciar la presidencia de la Unión Europea ejercida por
España --por usted, señor Gonzalez-- de lo que ha sido, por
ejemplo, la presidencia ejercida por Francia, paladín del Estado
centralista.

Le proponemos una atención especial a las políticas de creación
de empleo; sin embargo, la ortodoxia económica puede resultar
contraproducente a la hora de pensar en los mas necesitados. Hay
que avanzar en las medidas para mejorar la formación profesional,
requisito inexcusable para la competitividad que se esta
imponiendo todos los días al sistema productivo español. Las
políticas que afectan a las pymes deben estudiarse con el maximo
interés. Todos estamos de acuerdo en la importancia que tienen
para la creación de empleo y por ello es necesario mejorar la
fiscalidad de las pymes y reducir los complejos tramites
burocraticos que tienen que soportar cada día. Los fondos
asignados a las grandes redes europeas deben ponerse de inmediato
al servicio de las comunicaciones y de la reactivación económica.

Antes de terminar, señor Presidente, permítame un ruego muy
especial. Hay que ocuparse mas y de manera especial de ese gran
problema que es la guerra en la ex Yugoslavia, el problema de los
Balcanes. Ya sé que desde España se han hecho cosas, ya sé que
estamos aportando mucho mas que otros países; sin embargo, señor
Presidente, apelo a su sensibilidad humanitaria para que en este
semestre se propongan medidas eficaces. Lo que esta ocurriendo en
la ex Yugoslavia es algo que nos debe avergonzar a todos los
demócratas y a todos los que tenemos un sentido humanitario de
las cosas.

Para terminar, señor Presidente, desde Aragón le digo una vez mas
que confiamos en Europa; siempre nos hemos sentido europeos, pero
también queremos percibir los beneficios políticos y los
económicos de nuestra pertenencia a Europa. Necesitamos
inversiones con fondos europeos, y usted debe hacer un esfuerzo
para que todo esto se haga una realidad. En la medida en que
usted, señor Presidente, trabaje en esta dirección, sabe que
puede contar con nuestra colaboración.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

El señor Albistur tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, señorías, siendo consciente de que
no entra en los temas estrictos de este debate, quiero comenzar
mi intervención refiriéndome a un tema que yo considero que es
europeo y que no se debe pasar por alto en este momento. Seré
breve, pero lo quiero subrayar: la situación de violencia, de
inseguridad y de amedrantamiento que se esta produciendo en estos
momentos sobre una inmensa mayoría de la ciudadanía vasca por
parte de una minoría que ha perdido la mas mínima sensibilidad
democratica.

Es indudable que a lo largo de los últimos años gran parte de los
vascos se han ido liberando de ese clima de resignación y de
pasividad ante la violencia que por mucho tiempo ha atenazado
nuestra tierra. Las masivas movilizaciones desarrolladas con
ocasión del secuestro de Julio Iglesias Zamora dieron testimonio
de ello, y ante el secuestro de José Mari Aldaya esa reacción
popular contra la imposición por la fuerza ha vuelto a repetirse.

Sin embargo, en el momento actual la respuesta de los violentos
ha dado un salto cualitativo. Hoy no nos enfrentamos solamente a
un problema de violencia armada protagonizada por los comandos de
ETA, nos enfrentamos a una estrategia de coacción y
amedrantamiento, una estrategia organizada que responde
plenamente a lo que es terrorismo político y que recuerda cada
vez con menos disfraces a la actuación de los grupos de choque
del partido nazi.

Ante todo ello, en especial en plena presidencia europea, urge
cada vez mas una reflexión de todos los demócratas, y con
especial responsabilidad de todos los partidos democraticos y de
todos los representantes de la soberanía popular; urge que
denunciemos juntos estas agresiones; urge que conjuntamente
demostremos



Página 8633



a la ciudadanía una capacidad de reacción ante esta escalada;
urge que articulemos un apoyo unanime a quienes hoy sienten el
miedo a seguir diciendo en la calle ese «¡Basta ya!» que todos
llevamos en el corazón y es necesario también que hagamos saber a
todos que las discrepancias que aquí, en esta Camara y en otros
órganos representativos del voto popular tienen lugar estan en
otro terreno diferente, en el terreno del legítimo juego
democratico, porque estan basadas en unas reglas, en unos valores
compartidos: en el respeto a los derechos fundamentales de la
persona, que en nada impiden ni contradicen una postura y un
empeño común frente al autoritarismo de corte fascistas, frente a
la ignorancia y al desprecio hacia las personas que supone la
violencia.

Sirva este alegato en el momento en que el Gobierno que
legítimamente nos representa, aunque también legítimamente
podamos discrepar de él, se apresta a presidir la Unión Europea
para recordar que los problemas estan ahí, a ras de suelo, que
éste también es, como decía al principio, un problema de Europa,
y para modestamente, como ya hice el otro día, sugerir que se
aproveche este tiempo para hacer un esfuerzo serio y responsable
para caminar hacia la pacificación.

Adentrandome ya en los aspectos mas específicos de esta
comparecencia del señor Presidente del Gobierno, he de señalar
que el gran norte político de este semestre debería ser el
esfuerzo por el empleo. Todos conocemos el hecho de que la
recuperación económica presente en la Unión Europea no esta
significando todavía un arrastre suficiente de crecimiento del
empleo, todos sabemos que éste no es un problema particular de
tal o cual estado sino que afecta a todos y de la misma forma no
hay tampoco soluciones para este problema desde el marco aislado
de cada uno de los estados. Convertir el crecimiento económico en
bienestar implica hacer que ese crecimiento sea capaz de
traducirse en mayor empleo, implica poner los medios para evitar
que se cronifiquen bolsas de marginación no sólo sometidas a la
carencia y a la pobreza sino cada vez mas desprovistas de
posibilidades de reintegrarse, a través del trabajo, a la
dinamica común de la sociedad. Caben aquí numerosas reflexiones
sobre cómo hacer para que las exigencias de competitividad no
impliquen necesariamente la disminución de los empleos, sobre las
posibilidades de repartir el trabajo existente y las
circunstancias y condiciones en que esto pueda ser factible,
sobre las iniciativas capaces de brindar un acceso al empleo a
los colectivos que hoy lo tienen cada vez mas difícil. En buena
medida, todas esas reflexiones se han iniciado ya en diversos
ambitos y lugares de toda Europa, pero va siendo ya el momento de
empezar a extraer de ellas unas primeras conclusiones que
permitan ir convirtiéndolas en políticas practicas destinadas a
impulsar el empleo.

Como una expresión de lo anterior, porque el empleo no es un
concepto abstracto sino la suma de muchas realidades de personas
concretas, haré una referencia a un sector determinado donde esta
en riesgo el trabajo: el sector pesquero. Los problemas
relacionados con la pesca que afectan a este Estado son de índole
diversa, pero tienen un substrato y una necesidad común, la de
instrumentar una política europea de pesca que sea capaz de
afrontar el doble problema de una gestión racional de los
recursos pesqueros y del reparto de esos recursos entre los
países correspondientes. No se debería dejar pasar este semestre
sin haber resuelto las dos concreciones de este problema,que es
el que mas directamente nos afecta. De una parte, una negociación
con Marruecos que pueda garantizar un marco mínimamente estable
para la presencia de nuestra flota en sus caladeros, y, de otra
parte, llevar a término y hacer cumplir las resoluciones del
Parlamento Europeo sobre la eliminación a plazo fijo de las redes
de volantas. En otro orden de cosas se encuentran los grandes
temas que afectan a la cooperación. En la Cumbre de Cannes se han
esbozado unas líneas de equilibrio entre las dos grandes areas
vecinas de la Unión Europea: el centro oeste, con países que son
futuros candidatos a incorporarse a la Unión, y la cuenca sur del
Mediterraneo. Sin embargo, cabe también esperar de esta
presidencia española que se efectúe un esfuerzo paralelo en
dirección a Sudamérica, en dirección tanto a aquellos países que
se estan esforzando por incorporarse a la órbita del desarrollo
como especialmente a aquellos otros que deben afrontar todavía
difíciles problemas de adaptación de sus estructuras económicas y
también de sus estructuras políticas, y donde las carencias y la
pobreza afectan a sectores mayoritarios de su población. Me estoy
refiriendo en particular a Cuba.




El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, le ruego concluya.




El señor ALBISTUR MARIN: Para terminar, quiero señalar un aspecto
que adquiere en este momento plena vigencia. Me refiero a la
participación de las comunidades autónomas en las instituciones
europeas, así como en la formación de la voluntad política del
Estado de cara a su representación en la Unión Europea.

Reitero la propuesta formulada por el señor Anasagasti: si las
comunidades autónomas son parte integrante de las instituciones
del Estado --así lo dice la Constitución--, debe ser tomada en
serio y puesto en practica, con mayor razón cuando en muchos
casos son las comunidades autónomas las titulares de competencias
afectadas o concernidas por las directivas y resoluciones de la
Unión Europea.

Esta ocasión de la presidencia española es el momento inaplazable
de articular esa participación, igual que lo estan haciendo otros
estados de la Unión Europea, como la República Federal Alemana.

Muchas gracias, señor Presidente.




Página 8634



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, quiero, en
primer lugar, agradecer la información facilitada por el señor
Presidente del Gobierno. Intervengo, en nombre de Unión
Valenciana en esta sesión informativa sobre la Unión Europea,
presente y futuro.

Unión Valenciana considera que nos encontramos en un momento
histórico. La recientemente estrenada presidencia europea
española y los retos que se avecinan, como las mas que probables
futuras ampliaciones de la Unión Europea, que apoyamos sin
reservas, y la entrada en circulación de la moneda única, aunque
quede mas lejos, hacen que las medidas que se adopten en el
futuro inmediato determinen nuestra situación económica y social
a medio plazo. Entramos en un semestre clave para nuestro futuro
mas inmediato.

Respecto a los resultados obtenidos en la Cumbre de Cannes, Unión
Valenciana ha de manifestar que han sido escasos y pocos
satisfactorios. Sin embargo, respaldamos el interés que ha
demostrado el Jefe del Ejecutivo español en conseguir
financiación adicional para los países ribereños del sur del
Mediterraneo, ya que estamos a favor de lograr la paz social y el
desarrollo económico en la zona en cuestión. Eso que vaya por
delante, por los matices de solidaridad que tanto le gustan al
señor Solana.

Quiero dejar claro en el día de hoy que deben calibrar bien las
concesiones en materia agrícola tanto a Israel como a Marruecos.

Apoyamos asimismo el fortalecimiento de las relaciones con los
países de la CEI y Rusia, del Este de Europa, Latinoamérica y los
países del Caribe. Lo que no podemos entender es que ni usted,
señor Presidente, ni su Gobierno demuestren el mismo ímpetu en
defender los intereses de nuestro país, especialmente los de
nuestra agricultura. Resulta dramatico comprobar cómo un sector
de componente social medioambiental e incluso estratégico tan
importante para nuestra economía como es la agricultura haya sido
utilizado reiteradamente como moneda de cambio, y no veamos que
en las negociaciones y en las decisiones de la Unión Europea
salgamos adelante. Ahí quedan pendientes los temas de las
reformas de las OCU; los problemas de la sequía, que creemos que
deben ser considerados por la Unión Europea; los efectos de la
Ronda Uruguay y del GATT; y el respeto a la libre circulación de
mercancías agrícolas españolas en algunos países de la Unión
Europea. Y no tengo que recordarles las desfavorables condiciones
de entrada en el Mercado Común hace mas de diez años.

De esta manera, lo que no podemos aceptar es que nuestros
cítricos reciban menos ayudas que los italianos, que se
subvencione a nuestros competidores con nuestro propio dinero y
que, ademas, tengan mejores condiciones para vender a la Unión
Europea que nuestros propios productos. Todavía hoy --usted lo
sabe bien--, después de dos años de la entrada en vigor del Acta
Unica, existen seis productos españoles típicos de la agricultura
mediterranea que tienen restricciones a la libre circulación en
la Unión Europea.

Referente a otros asuntos tratados en la Cumbre de Cannes, hemos
de manifestar que se ha consagrado al olvido la Comunidad
Valenciana en los proyectos de redes de transporte transeuropeos.

Así, no se ha tomado en consideración, como tampoco se hizo en
Corfú o en Essen, el tren de alta velocidad que uniera las
provincias y las regiones del arco mediterraneo.

Unión Valenciana también se lamenta de que no se haya avanzado en
cuestiones tan importantes y prioritarias como el transito a la
moneda única --que se retrasa--, o la puesta en marcha de la
Europol, porque hemos cedido a las presiones de los britanicos.

En este sentido, hemos de recordar, como todos ustedes saben, que
nuestro país no cumple ninguna de las cinco condiciones de la
convergencia señaladas en el Tratado de la Unión; ni los planes
de convergencia elaborados por el Gobierno ni sus revisiones
posteriores han servido para mejorar la convergencia en la Europa
de los Quince. Con todo, lo mas grave es que tampoco se esta
produciendo una adecuada convergencia real; nuestra calidad de
vida, en términos comparativos con la media de la Unión Europea,
no ha mejorado significativamente en estos últimos años.

Otro de los asuntos olvidados en Cannes, señorías, ha sido el del
empleo. Unión Valenciana ha de manifestar que lamentablemente ni
la Unión Europea ni su Gobierno, señor Presidente, tienen la
firma voluntad, o por lo menos no la han demostrado, de atajar
con firmeza esta lacra que es el paro e impulsar su freno. El
desempleo no se trató profundamente en Maastricht, y ha sido
analizado muy superficialmente en las últimas cumbres europeas.

La reciente presidencia española de la Unión Eurpea debería tener
como prioridad absoluta este asunto, ya que no podemos olvidar
que la tasa de paro en nuestro país duplica la media europea. En
sus manos esta, señor Presidente, que en este semestre se consiga
el compromiso de los Quince para realizar un plan integral de
medidas de creación de empleo. Quiza sea el momento de impulsar
el conocido Plan Delors, concretando las medidas y dotandolas de
suficiencia financiera para poderse llevar a cabo.

Para Unión Valenciana, el objetivo número uno de esta presidencia
española de la Unión Europea debe ser la creación de empleo, y
hemos de manifestar que no se han esforzado, no se han dado los
pasos con la suficiente valentía para afrontar con firmeza este
gravísimo drama económico y social. De esta manera, la
presidencia española de la Unión Europea debería tener como
prioridad absoluta este asunto, y en ese camino nos va a
encontrar, ya que no podemos olvidar los datos, los fríos datos
del paro que afecta a España.

Otro aspecto que nos preocupa muchísimo, y no sólo a los
valencianos, es la reforma de la organización común de mercados
de los sectores vitivinícola, frutas



Página 8635



y hortalizas y el del arroz, así como la plena integración en
materia pesquera. Respecto a la primera, y según fuentes del
Ministerio de agricultura, se ha dicho de la reforma del sector
vitivinícola que no hay condiciones para abordarla y es difícil
ser juez y parte. Yo me pregunto: ¿acaso sólo se produce vino en
España? ¿Vamos a desperdiciar quiza la última oportunidad de
evitar el arranque masivo de viñedos en nuestras tierras y a
seguir permitiendo el procedimiento de chaptalización?



El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.




El señor CHIQUILLO BARBER: Voy terminando.

Ambas OCM pendientes deben ser impulsadas y a ser posible
aprobadas durante este mandato español y financiadas íntegramente
con los fondos europeos.

Otro aspecto, ya para terminar, en el que se debería avanzar --y
puede ser un punto de referencia también la presidencia española
de la Unión Europea-- sería la participación efectiva de las
comunidades autónomas en aquellos asuntos en los que tengan
competencia exclusiva o por la importancia relativa para su
economía tengan decisiones a adoptar en los próximos meses de
presidencia europea. Por tanto, en las instituciones y en las
grandes decisiones a adoptar, la presencia y participación de las
comunidades autónomas del Estado español debe estar considerada y
tomada en cuenta.

Pensamos que, una vez desaparecidas las fronteras interiores
nacionales, los gobiernos subcentrales --comunidades autónomas en
nuestro caso-- tienen mucho que decir en el futuro de la nueva
Unión Europea que queremos contribuir a crear. Nuestra realidad
plurinacional debe ser respetada y considerada. Para que Europa
progrese debe ser desde la diversidad, no desde la uniformidad.

Europa, señor Presidente, es nuestra casa, todos queremos
trabajar por ella, pero empezando desde el primer cudadano hasta
el último y desde la primera comunidad hasta la última. Aproveche
la presidencia de la Unión Europea para hacer que los ciudadanos
del Estado español y todas sus comunidades autónomas sean
corresponsables, sean partícipes y sean protagonistas, para que
nos sintamos parte de la Europa de las regiones y de la Europa de
los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya.




El señor CHIQUILLO BARBER: Termino en seguida.

Si tiene en cuenta a las comunidades autónomas puede contar con
nosotros. Lo que sí es evidente es que el proyecto de Unión
Europea es el deseo de todos los españoles y es el objetivo de
todos los nacionalistas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señorías, el
éxito de la presidencia española de la Unión Europea sera el de
todos y cada uno de los españoles y el de todos y cada uno de los
representantes. No estamos --y hablo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista-- interesados en absoluto en acaparar la
posible brillantez de sus resultados a favor del Gobierno o del
propio Grupo que lo sostiene. Sin embargo, señorías, la memoria -
-esa memoria que siempre hay que preservar-- nos dice que se
contribuye poco al desarrollo de esta actitud --a la que todos
debaríamos rendirnos-- cuando escuchamos declaraciones desde los
bancos de la derecha como la siguiente: «España esta en
disposición de presidir la Unión Europea; el señor Gonzalez no».

Y yo, que celebro de verdad, créanme, el ambiente constructivo
del debate que hemos desarrollado aquí esta tarde, quiero pensar,
señorías, que esta actitud pertenece al pasado, porque, ademas,
entraña riesgos, y los riesgos mas importantes son el que desde
las propias filas ideológicas de uno le llamen la atención, como
han hecho el señor Chirac y el señor Kohl, poniendo de manifiesto
los valores, tanto del Gobierno español como de su Presidente, en
asuntos comunitarios.

Señorías, en Cannes se han discutido problemas muy importantes
para nosotros. Hablaré brevemente de algunos de ellos. La
cooperación financiera con los terceros países del Mediterraneo
es uno de ellos e importantísimo. El incremento --ya se ha dicho
aquí-- de las ayudas representa un 115 por ciento frente a un 30
por ciento para los países del centro y del este de Europa, y
frente a un 17,8 de incremento para los países de Africa, Caribe
y Pacífico. Admitiendo su insuficiencia, en este notable logro ha
tenido mucho que ver el Gobierno español. ¿Por qué nos importa
tanto? Alguien ha escrito hace poco, antes de la Cumbre de
Cannes, que mas que un mar interior, señorías, el Mediterraneo es
una ambición. Todos los países --decía el articulista-- que
bordean la cuenca mediterranea deberían verla a ésta un día
transformarse en zona de solidaridad política y económica. Esto
sera, a partir de hoy, una realidad mas cercana.

En este area, la riqueza por habitante va desde los 600 a los
20.000 dólares. En otras palabras, unos son 35 veces mas ricos
que otros. La población de la ribera sur, donde se concentra
fundamentalmente la pobreza, representara dos tercios del total
de la cuenca en el año 2000 frente a un tercio en 1950. Mas del
25 por ciento de los aprovechamientos energéticos dependen del
flanco sur para los países de Europa, constituyendo la cuenca la
primera región turística mundial --mas del 30 por ciento de las
visitas-- y, a un tiempo, 120 importantes ciudades no disponen
aún de sistemas de saneamiento. El litoral acoge 50 refienerías, 58



Página 8636



puertos petroleros y 62 centrales térmicas. El Mediterraneo, uno
de nuestros mares, recibe 600.000 toneladas de vertido de
petróleo anuales, y en el año 2000, señorías, el consumo de agua
en las zonas costeras sera cuatro veces superiores al actual. ¿A
qué seguir? Para un país de la Comunidad como España, tan anclado
en el Mediterraneo, resulta esencial un fuerte compromiso de la
Unión en esta política de cooperación.

El pricipal problema de Europa, sin duda, es el del empleo.

Nosotros, en perfectas condiciones de presidir la Unión Europea,
estamos alcanzando en este momento una de las mayores
proporciones de generación de empleo en relación con el
crecimiento de la economía en los quince países miembros de la
Unión. No olvido el grave problema estructural que padece España,
para ello debería alegrarnos y en modo alguno, señorías,
entristecernos. Estamos aplicando políticas de mejora del mercado
de trabajo con muy buenos resultado; políticas similares a las
sugeridas por el Libro Blanco, por un socialdemócrata reconocido,
como el señor Delors, y políticas aceptadas, en gran parte, por
la Confederación Europea de Sindicatos.

Creo, señor Anguita, que convendría romper el mito de las
palabras. ¿A qué viene, por tanto, esta insistencia en el
neoliberalismo y en las dos orillas? Luchamos por lo que
necesitan los trabajadores, el empleo, y lo estamos consiguiendo.

¿Es que alguien, ademas de usted, puede pensar que nos levantamos
cada mañana pensando cómo perjudicar a los trabajadores? ¿Podemos
tener esa atribución de perversidad intrínseca? Creo que no.

Hechos, señorías, que nos conducen, sin duda alguna, a la
creación de empleo. Frente a ello, me temo que nos encontramos
con una actitud retórica, retórica, retórica.

La Unión Europea va dedicar todas sus energías a combatir el
paro, y sin duda esta prioridad debe ser saludada por un país
como España, que debe ponerse a la cabeza de la misma. Pero la
creación de empleo es cosa de todos, del Gobierno, sí, pero
también de empresarios, sindicatos y oposición. Todos debemos
contribuir a crear un clima favorable a la inversión.

Se ha acusado aquí esta tarde al Gobierno de no defener los
intereses nacionales. Señorías, quiero pensar que son actitudes
que pertenecen ya a un cercano pasado, pero, interés por interés,
quiero preguntarles: ¿se estimula el interés de España, señorías
de la derecha, cada vez que se afirma o se deja entrever que
España no es un buen lugar para invertir? ¿Se defiende el interés
nacional cuando se atribuyen al Gobierno los problemas de la
inestabilidad de la peseta que afectaron a otras muchas monedas
europeas, y todos sabemos, y ustedes también, que se deben a
movimientos especulativos propios de economías abiertas? ¿Qué
diferencia hay o había entre la peseta, el franco, la lira o la
libra? Ninguna. Alguna sí podría yo describir esta tarde, y es el
diferente nivel de responsabilidad de las oposiciones en cada uno
de estos países. Y esto ocurre en la defensa del interés
nacional, cuando con el nombre de España, tantas veces en la
boca, se promueven debates parlamentarios y, por tanto, de
conocimiento público, sobre datos esenciales para la estabilidad
de la peseta, como el coste de la intervención del Banco de
España para su sostenimiento. Quiero creer una vez mas, en
beneficio de los españoles, que estas actitudes pertenecen al
pasado y nadie caera en la tentación de reeditarlas.

Es verdad, señorías, que tenemos algunas dificultades. Nuestros
indicadores de convergencia aún no alcanzan la media comunitaria,
pero el alarmismo y la exageración siempre son malos compañeros
de viaje. La inflación se ha acelerado en estos meses, pero a 31
de diciembre de 1994 nuestra distancia de la media comunitaria
estaba en 1,4 puntos, la deuda por debajo de la meida de los 15 y
el déficit un poquito por encima, aunque fuera, ambas, de los
criterios de Maastricht. Ahora bien, señorías, nuestra distancia
en tipos de interés es muy corta, 0,4 puntos, y puede, en un
conjunto ser superado. Por cierto, hablando de euroescepticismos
es verdad que las opiniones públicas suelen variar de acuerdo con
los resultados económicos y de acuerdo con la marcha de la
construcción comunitaria, pero no me cabe la menor duda de dónde
no existe ningún euroescepticismo, y es en los países que estan
llamando a entrar a la Unión Europea, especialmente aquéllos del
bloque comunista que durante muchos años sufrieron una situación
que no desean repetir.

Leo textualmente, y con esto acabo, parte del contenido de una de
las resoluciones aprobadas la semana pasada por la Comisión Mixta
para la Unión Europea: «La presidencia española reafirmara la
necesidad de una aplicación rigurosa de los criterios de
convergencia y del calendario establecido en Maastricht, de
manera que el Tratado no pierda su caracter de elemento
disciplinador de las políticas económicas de los Estados
miembros. La idea de una interpretación laxa de los citados
criterios o un aplazamiento de su cumplimiento podría constituir
un incentivo para relajar la ejecución de los programas de
convergencia».

Recuerdo que esta resolución se adoptó por unanimidad. Compromiso
que, en nombre de mi Grupo, señorías, extiendo a la
compatibilidad clara con el mantenimiento del gasto social
alcanzado en España.

Señorías, la Comisión Mixta Congreso-Senado ha debatido y
aprobado el documento del Gobierno, y yo agradezco al Ejecutivo
su permanente disposición para trabajar en esta Camara por
definir los objetivos y prioridades de la presidencia española
con las diversas resoluciones presentadas por todos los grupos.

En ellas se identifican con notable nitidez las tareas de futuro
de la Unión, sin ocultar la presencia de diversos intereses.

Esta presidencia, por tanto, señoras y señores Diputados, debe
ser de todos y para todos. Creo yo que no comprenderían los
españoles que intereses partidistas lo impidieran.

Muchas gracias.




Página 8637



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.

Para contestar a las intervenciones de los diferentes portavoces,
tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Gonzalez Marquez): Señor
Presidente, intentaré ser lo mas breve posible, pero voy a
contestar por cortesía a todas las intervenciones que se han
producido. Empezaré por la del señor Aznar.

Yo respeto su posición en relación con la política interna,
aunque es política interna también el proceso de construcción
europea. He subido a la tribuna para informar tanto del Consejo
de Cannes como de los objetivos de la presidencia española, y
naturalmente no he pedido ningún comportamiento especial sobre el
semestre. Sí he pedido que haya el mayor grado de consenso
posible, si es que estamos de acuerdo en la mayor parte --y creo
que lo estamos-- de los objetivos a conseguir durante el período
de la presidencia española. Por tanto, hago la distinción entre
política interna y la política referida a la presidencia.

En cuanto a la dimensión española de esa política, coincidimos,
como digo, en muchas cosas. Desempleo, como primera prioridad;
agricultura mediterranea; pesca, con no discriminación y nuevos
caladeros. En la proyección exterior, también coincidimos en la
necesidad de hacer políticas específicas. Creo que ha citado S.

S. Argelia, dentro de la política mediterranea; Cuba, con una
especie de condicionamiento que me parece que va a dar en la
política de aproximación europea, y así lo hemos propuesto
nosotros. Y, desde luego, coincidimos en que haya una igualdad de
criterios con el conjunto de Iberoamérica.

Sobre la Conferencia Intergubernamental de 1996, tengo bastante
grado de coincidencia, aunque no creo que se corresponda con la
conferencia, en que uno de los criterios que deberían inspirar
todo el proceso de financiación comunitaria es el de la
prosperidad relativa. Lo hemos propuesto en muchas ocasiones. Es
evidente que la política de ingresos tiene que medir eso.

Pasando por las paradojas de Gobierno que ha descrito, que me
parece que pertenecen a esa crítica de política interna, el
respeto a la presidencia --dice-- debería incluir un programa mas
ambicioso en acuerdos de cooperación con países mediterraneos.

Quiero aclarar esta política, porque se ha repetido a lo largo de
la tarde en varias intervenciones. Nosotros hemos tenido la
ambición desde hace unos años de que la política mediterranea
constituya uno de los ejes fundamentales de la política exterior
y de seguridad de la Unión Europea. Hemos dado algunos pasos
importantes en esa dirección. Al principio esa política se ha
estimado como un interés de los países ribereños del
Mediterraneo; posteriormente se ha ido asumiendo como una
política de la Unión Europea y en el último Consejo, en Cannes,
no sólo se ha conseguido eso, sino que se ha conseguido definir
un paquete financiero de cierta trascendencia.

Una de las intervenciones, casi de las últimas, por ejemplo,
recordaban que todavía había un desequilibrio financiero entre
los países del centro y del este de Europa y los países
mediterraneos. Efectivamente, lo ha habido y lo habra en el
futuro. La trayectoria de integración de estos países lo van a
marcar también, sin duda, en el futuro, pero hemos pasado de una
relación de uno a cinco, como saben SS. SS., a una relación de
dos a tres, en cuanto a la financiación.

Barcelona ¿qué significa en este sentido? Significa la plataforma
a partir de la cual, con los acuerdos a los que se llegue en las
tres dimensiones de las que he hablado a primeras horas de la
tarde durante mi intervención, se vaya a consolidar una política
exterior y de seguridad.

Hay un tema importante para la conferencia de Barcelona que es el
grado de participación. Si la consideramos como un elemento de la
política exterior de la Comunidad Europea, la relación con los
países ribereños del Mediterraneo, la discusión sería muy breve.

No tendría por qué haber mas que quince participantes de la Unión
Europea y doce participantes de los países del Mediterraneo que
tienen acuerdo de asociación o acuerdos de coperación. Sin
embargo, la presión que se esta ejerciendo para una mayor
participación, naturalmente con distintos grados de presencia,
sea con el estatuto de observadores o de invitados, es una
presión muy fuerte. Todas las presiones tienen una cierta
legitimidad. Por ejemplo, el martes pasado algunos países del
centro y del este de Europa pedían expresamente estar presentes
en la conferencia porque se quieren asociar a la política
exterior y de seguridad de la Unión. Por consiguiente, hay una
razón, que es bastante atendible, lo mismo que lo es la razón que
tiene Estados Unidos para estar presente o la razón de Rusia. Y
no digamos los países arabes, que no se consideran afectados por
la política mediterranea y que también les gustaría estar
presentes en la Conferencia.

Repito que si entendemos la conferencia euromediterranea como la
plataforma a partir de la cual se quiere crear una política
exterior y de seguridad común, podríamos compararla con la
reunión que Estados Unidos hace, por ejemplo, con los países del
continente sin que haya observadores ni figuras extrañas. Forma
parte, desde su punto de vista, de la política exterior de
Estados Unidos y no aceptan que haya «status» diferentes de la
pura relación de participantes con los países.

En cuanto a la conferencia intergubernamental, me gustaría
aclarar un par de cosas que me parece que pueden inducir a
confusión. El grupo de reflexión para la preparación de la
Conferencia no pretende, repito, no pretende llegar a acuerdos
entre los representantes personales de los ministros de asuntos
exteriores. Esta no es la función del grupo de reflexión.

Pretende hacer --naturalmente, en ese caso con el mayor acuerdo
posible-- un catalogo de los problemas que debería afrontar



Página 8638



la Conferencia Intergubernamental y respuestas abiertas a esos
problemas. Así, habra grados de coincidencia en algunas
respuestas y de discrepancia en otras. Se esta utilizando esa
técnica de los cuestionarios, que me parece extraordinariamente
oportuna. Ahora bien, la fijación de la posición española a lo
largo del recorrido del grupo de reflexión sí merece un esfuerzo
de consenso, es decir, la respuesta a los cuestionarios por parte
española sí merece que haya un esfuerzo de esta Camara por
definir lo mejor posible el interés nacional ya en las respuestas
contenidas en los documentos del grupo de reflexión. Pero hay que
distinguir esto de la fase estrictamente de conferencia
intergubernamental.

Es verdad que en la reunión de Mallorca trataremos de establecer
algunos criterios políticos que permitan seguir impulsando el
trabajo del grupo de reflexión y recoger ya los primeros
resultados. Esperamos que para Mallorca el grupo de reflexión ya
haya dado el primer paso por todos los temas que han sugerido
como importantes para la Conferencia Intergubernamental de 1996 y
que han sido endosados, como decía en mi intervención, por la
Cumbre de Cannes. Eso debería quedar claro en cuanto a la función
del grupo de reflexión. Ya hemos hecho una aproximación en el
Parlamento; seguiremos haciéndola, naturalmente, a lo largo de
estos seis meses para la definición en el propio grupo de
reflexión de la posición española.

Sobre todo, sera importante que haya una definición española con
un alto grado de consenso en el debate que va a producirse en la
Conferencia Intergubernamental. Como mínimo, en la expectativa
que en este momento se tiene de la mitad del año de 1996 en
adelante.

Ha hecho una enumeración de siete objetivos que puedo compartir
practicamente en su totalidad. Por ejemplo, la necesidad de
analizar las consecuencias de la ampliación. El primer ejercicio
se va a hacer en este semestre y se va a hacer por parte de la
Comisión, que presentara en el Consejo Europeo de Madrid las
consecuencias de la ampliación para la política agrícola común.

Hemos hablado ayer con la propia Comisión y hemos repasado todo
el trabajo de la presidencia con la practica totalidad de los
comisarios --creo que faltaba sólo uno--. Ha sido, desde la
perspectiva de la Comisión, parece, un trabajo satisfactorio y ha
quedado claro en la conversación con la Comisión que ellos van a
analizar las consecuencias teniendo en cuenta el acervo
comunitario, es decir, la política agrícola común tal como es, no
sugiriendo una política agrícola diferente para la adhesión de
los nuevos miembros. Por tanto, se van a analizar, tanto en ese
sentido como en otros muchos, las consecuencias de la ampliación.

Antes hablé del criterio de la prosperidad relativa. Después, hay
un problema de unanimidades y de mayorías. Yo creo que había que
ir a un sistema preferentemente de mayorías cualificadas, pero ya
hemos dicho en algunas ocasiones, y lo venimos discutiendo en el
ambito de la Unión Eurpea, que las mayorías cualificadas deben
comprender al menos dos criterios importantes: la situación
actual, con los criterios de proporcionalidad de los países
participantes en la Unión, y un criterio en el que tenga mas peso
la población de cada país o la población afectada. Por
consiguiente, los criterios de mayorías cualificadas deberían ser
en algunos casos reforzados; por ejemplo, en los casos de la
política exterior y de seguridad común. Pero yo creo que en el
futuro se ira a muy pocos ambitos de unanimidad. Si pensamos en
una Comunidad de 26 miembros y en ambitos de unanimidad,
probablemente llegaremos a la conclusión de que el bloqueo es
casi inevitable en el proceso de toma de decisión.

Estoy de acuerdo en que hay que preservar el acervo comunitario;
en que la política exterior y de seguridad debe ser una política
intergubernamental. Pero yo no me niego --al contrario, soy mas
bien favorable-- a que empiecen a establecerse pasarelas hacia la
comunitarización de parte de esas políticas. Sera inevitable en
algunos casos, aunque haya algunos sistemas que ya se estan
discutiendo para que un país, a pesar de que se pueda tomar una
decisión por mayoría cualificada en política exterior o de
seguridad común, no esté obligado por la decisión del conjunto y
se pueda descolgar, por ejemplo, de la participación en una
operación de acción humanitaria con envío de tropas, como ocurre
en este momento en Bosnia-Herzegovina.

Creo que es perfectamente compatible el desarrollo de la Unión
Europea Occidental con la prioridad que supone, desde el punto de
vista de la defensa, la vigencia de la OTAN para los países de la
Unión Europea y, por tanto, no creo que ahí vaya a haber grandes
discrepancias.

El Consejo Europeo de Cannes ha mantenido los criterios de
convergencia, a los que me parece que se ha referido en el sexto
punto. No hay dudas, por parte de nadie, en la necesidad de
mantener esos criterios de convergencia.

La relación trasatlantica la he dividido en dos bloques: la
relación en América latina en la que creo repito, que hay una
gran coincidencia, y la relación con Estados Unidos. Cuando se
habla del norte de América, sin duda hay que incluir Canada;
nosotros hemos preferido que durante la Presidencia española sea
la relación con Estados Unidos la que se discuta, por razones
obvias. Habra un grupo de contacto y existe la expectativa --sólo
digo la expectativa-- de que haya una nueva declaración en la
relación Estados Unidos-Unión Europea para el mes de diciembre.

Nueva declaración, después de la de 1990, recogiendo los cambios
que ha habido y, naturalmente, con contenidos de caracter
comercial, en materia de seguridad y otros.

El señor Anguita ha hecho una descripción de lo que entiende que
debe ser la propia construcción europea, en la que podemos
compartir algunas cosas y discrepar de otras. Por ejemplo, usted
cree --y ha habido alguna



Página 8639



otra intervención que ha insistido en ello-- que las políticas
económicas decididas por la Unión Europea en relación con el
desempleo no son eficaces, por decirlo en una sola frase. La
verdad es que no hay ninguna política milagrosa en la lucha
contra el desempleo. No voy a entrar en las críticas que ha hecho
a la situación del Gobierno, simplemente creo que pertenecen a
otro debate, pero naturalmente las acepto en el juego de poder o
de gobierno-oposición, que me parece lógico.

Repito que no hay políticas que sean milagrosas en la lucha
contra el paro. He hecho una explicación, que hemos discutido en
el propio Consejo de Cannes, a pesar de lo apretado del
calendario, sobre lo que creo que han sido mejoras en la creación
de empleo, de caracter cualitativo, en relación con el
crecimiento de la economía española. Por ejemplo, en el año 1985
--decía--, había, con una tasa de 2,5 por ciento de crecimiento,
una destrucción de empleo que se acercó a las 300.000 personas.

En el año 1994, con una tasa del dos por ciento de crecimiento,
ha habido una creación neta de empleo. Por tanto, algo esta
pasando. Yo no querría exagerar la importancia que pudieran tener
las reformas estructurales; no lo quiero exagerar porque, ademas,
creo que para tener una posición absolutamente definida hay que
esperar todavía algún tiempo, pero creo que alguna importancia,
alguna trascendencia pueden estar teniendo.

Usted ha hecho algunas reflexiones sobre la necesidad de que haya
también, si se quiere, un mercado único, una cohesión social,
igualdad de impuestos e igualdad de políticas presupuestarias en
el conjunto de la Unión, lo cual es un desideratum posible. Creo
que cuando se llegue a la Unión Económica y Monetaria desde luego
lo que no podra haber son políticas presupuestarias divergentes.

Es mas difícil conseguir la armonización impositiva. En este
momento hay un comisario italiano que esta proponiendo de nuevo
una política impositiva común en el conjunto de la Unión, pero
tiene tal arrastre histórico que resulta difícil de imaginar que
esa política de armonización fiscal va a llegar mucho mas lejos
de los avances que se estan produciendo en estos años.

Usted dice que la Unión Europea no es posible sin una unión
política y, sobre todo, que la Unión Económica y Monetaria exige
un proceso de unión política. Estoy absolutamente de acuerdo,
salvo que me gustaría establecer un cierto matiz. La unión
económica y monetaria tiene ya un caracter político
extraordinariamente importante; por tanto, si se da el paso hacia
la Unión Económica y Monetaria podemos decir con claridad que
estamos en la vía de la supranacionalización de las políticas,
dando un paso de una gran trascendencia. Lo que es cierto es que
para que funcione la Unión Europea y Monetaria debería haber,
desde el punto de vista institucional, un mayor progreso de
avance en el terreno político. Sin embargo, no estoy de acuerdo -
-prueba de ello es que hemos presentado a nivel de nuestro país
un estatuto para que haya una autonomía plena del Banco de España
en la toma de decisiones-- en que un Banco central europeo
tuviera que estar sometido a un control diferente de los
controles o de la realidad de cada uno de los países miembros.

Se ha referido a la Unión Europea también en relación con la
política exterior y de seguridad común. Yo creo que coincidimos
en cuanto a la importancia de la OSCE. Coincidimos en cuanto a la
importancia de esa organización de seguridad común europea, pero
no coincidimos en cuanto al papel que debe jugar la UEO y la
Alianza Atlantica; es evidente. Me gustaría aclararle que cuando
la Alianza Atlantica o la OTAN hace cualquier política en
relación con la situación de Bosnia no esta haciendo una política
de la OTAN, esta haciendo una política al servicio de Naciones
Unidas. Se puede o no rechazar, pero me parece imprescindible
reconocer que esto es así, porque Naciones Unidas probablemente
no tendría capacidad de presencia si no acudiera a organizaciones
regionales como la Alianza Atlantica.

Ha aclarado usted en el día de hoy su idea del proceso
constituyente europeo y, visto desde la perspectiva de un proceso
a largo plazo o a medio plazo, continuo, de transformaciones, que
podrían llegar al final a un tratado con una cierta
simplificación de las normas y eliminación de algunas de las
normas que sobran, etcétera, y que a esto se le puede llamar un
proceso constituyente, es posible; desde luego, desde el punto de
vista teórico, yo creo que no coincide lo que esta siendo la
construcción europea con lo que podríamos llamar un proceso
constituyente ni en un plazo limitado de tiempo, ni en un plazo
amplio de tiempo.

Me ha dicho usted otras cosas a las que me he referido antes. El
Consejo Europeo no ha retrasado la decisión de la Unión Económica
y Monetaria a 1999. Simplemente sigue los criterios del Tratado y
los criterios del Tratado dicen que en 1997 se hace el primer
ensayo, si hay condiciones, y en 1999 se hace el definitivo. Por
consiguiente, aquí hay una cuchilla que cae en 1999 y en 1997
sólo había una posibilidad prevista en el Tratado. Es evidente
que no va a ser en 1997 a la altura que estamos ya, porque, para
que lo fuera, al final de este año tendrían que tomarse las
decisiones sobre presupuestos, sobre déficit presupuestarios,
referidos al propio año 1996 y a la previsión de 1997, mejor
dicho, a la previsión de 1996, no a la previsión de 1997, y
tendrían que cumplirse los criterios en 1996. Todo el mundo
admite que probablemente vamos a 1999 para el inicio de la Unión
Económica y Monetaria. Dicho sea de paso, me gustaría recordar a
SS. SS. que, en este momento, los criterios de convergencia los
cumplen dos países, el mas grande de la Unión y el mas pequeño,
es decir, Alemania y Luxemburgo. El resto de los países no cumple
los criterios de convergencia y algunos,



Página 8640



en algunos capítulos, tendran bastantes mas dificultades que
nosotros.

He hablado ya del acuerdo de financiación con los pecos y con la
política mediterranea. Usted ha sugerido una conferencia
parlamentaria, creo que es muy compleja la organización, aunque
no estoy en contra de que se pudiera celebrar. Y quiero hacer una
referencia que después reiteraré con un poco mas de detenimiento
cuando me refiera al señor Anasagasti; las comparecencias han
sido muy abundantes a lo largo de estos meses preparatorios y lo
seran durante todo el período de la presidencia. Creo que eso es
simplemente la constatación de un hecho, no una expresión de
voluntad. No estoy hablando de lo que sera el semestre, sino de
lo que han sido los meses previos, que me parecen enormemente
importantes.

Ha hablado de la practica de un referéndum como resultado de la
Conferencia Intergubernamental de 1996 o que empezara en 1996. El
Parlamento Europeo ha pedido que haya un referéndum al mismo
tiempo en todos los países de la Unión; hay algunos países que
incluso constitucionalmente tienen dificultades para realizarlo.

Yo no tengo una posición adoptada en relación con el referéndum;
es algo que se podría considerar; yo no lo creo necesario. Si hay
un referéndum en unos países y en otros, no, a lo mejor nos
llevamos alguna sorpresa.

Le quiero decir que en Bosnia, en este momento, estamos
integrados en el grupo de contacto y que, en relación con los
problemas de fondo, tenemos una posición idéntica, salvo en el
papel que puede jugar la Alianza Atlantica, desde luego siempre
bajo la conducción de Naciones Unidas.

Ha recordado el acuerdo con Cuba. Estamos trabajando en ello
desde hace mucho tiempo. De verdad, sería un acuerdo que
pretendería un proceso de liberalización, de apertura, por
consiguiente un proceso de transición en Cuba, pero creo que es
una magnífica ocasión.

La ampliación al este se hara, según nuestros criterios, sin
merma del pulso de la integración.

En cuanto a la preparación de la conferencia intergubernamental,
estamos de acuerdo con las explicaciones que he dado sobre las
posibilidades de colaboración estre todos.

Usted ha afirmado que, diez años después de la adhesión, estamos
a la misma distancia, desde el punto de vista de la renta o del
producto per capita. No es cierto; hemos pasado de 66, con una
referencia 100 en la media, a 77. Hemos avanzado 11 puntos. Es un
crecimiento que nos gustaría que hubiera sido mayor, pero lo otro
no es cierto. Creo que estadísticamente no deberíamos discutir
algo que, ademas, me parece bastante evidente desde la opinión
pública en su conjunto, a pesar de que estemos en la fase
euroescéptica.

El señor Molins ha hecho una referencia a que el debate debería
haber sido también sobre problemas de política estrictamente
nacional o interna. Yo no lo he creido así, lo he explicado y de
nuevo vuelvo a hacerlo. Naturalmente, tendremos ocasión de
discutir sobre estrategias políticas para el semestre y para
después del semestre, pero me parece que hoy había que centrar la
atención en torno al Consejo de Cannes y a la presidencia
europea. Se puede hablar de otras cosas. Desde luego; por ejemplo
de los presupuestos para 1996, por lo menos hacer un comentario.

Le quiero decir que si los criterios por los que elaboramos
nuestro programa, el progama de convergencia, hubieran sido los
criterios de llegar a cumplir --repito, aunque sea redundante--
con los criterios de Maastricht para la integración en la Unión
Económica y Monetaria de 1997, simplemente no habríamos llegado.

La decisión ha de tomarse un año antes y con referencia al
presupuesto del año anterior. Por tanto, si fuera en 1997, la
decisión habría de haberse tomado a final de 1995 o a comienzos
de 1996 con dos criterios de referencia, dependiendo de la fecha
que se elija, pero preferentemente en la primera, con la
referencia del cumplimiento de los criterios, por ejemplo de
volumen de porcentaje de déficit, del año anterior, del año de
referencia, que sería 1996. Nosotros estaríamos en un objetivo
del 4,4 por ciento para 1996; muy alejados del 3 por ciento. Me
importa que se conozca esto porque, sin duda alguna, la senda de
reducción del déficit hace referencia a la posibilidad de
integrarse en 1999 en la Unión Económica y Monetaria y no en
otro.

Ha definido Cannes como una mezcla de éxitos y de fracasos,
algunos de los éxitos son lentos, poniendo el Mediterraneo como
política de éxitos y Europol como fracaso. Debo decir, porque ha
habido varias intervenciones en relación con Europol, que
efectivamente ha sido la negativa britanica --el acuerdo se
adopta por unanimidad, tercer pilar de la Unión-- a aceptar las
competencias del Tribunal de Justicia Europeo en pleitos entre
Estados y también con particulares lo que ha frenado la
posibilidad de un acuerdo de Europol. Sobre el resto, ha habido
un acuerdo generalizado en cuanto al interés y la necesidad de
poner en marcha esa política.

En el ambio laboral, las políticas económicas o de ajustes
presupuestarios, con la perspectiva del horizonte 1999, todos los
países participantes en el Consejo han estado basicamente de
acuerdo.

En las grandes redes, quiero aclarar a la Camara que,
independientemente de que nosotros podamos tener o no un problema
de cofinancición --eso lo discutiremos a nuestro nivel--, lo que
hay todavía es un problema sin resolver de financiación
suficiente a nivel de la Unión en cuanto a las catorce
prioridades en esas políticas de grandes redes.

Sobre la guerra de Bosnia, coincido con el diagnóstico, hacemos
lo que creo que se puede hacer.

Ha hecho usted una referencia al documento de la Comisión Mixta
en relación con el semestre de la presidencia. Yo no quiero
entrar en valorar, en términos generales, si es muy importante la
presidencia de la



Página 8641



Unión o es relativamente poco importante. No es habitual; ahora
nos toca cada siete años y puede tener una importancia mayor
dependiendo del punto del proceso de construcción europea en que
se produzca la presidencia. Esta, nos guste o no, nos parezca
bien o no, se va a producir en un momento que es clave para tomar
algunas decisiones en el proceso de construcción europea, pero no
quiero darle mas importancia de la que tiene ni quitarsela; sería
absurda una discusión sobre lo que realmente significa en
términos de importancia para cada uno de nosotros. A mí me parece
que realmente es importante para España, pero no pondré especial
énfasis.

Estoy de acuerdo con usted en que, a pesar de que ha habido
algunos retrocesos en la opinión pública, el balance de la
pertenencia a la Unión Europea es rotundamente --creo que es la
expresión que usted ha empleado-- positivo, pero no sólo eso,
creo que el futuro de nuestro país esta condicionado por el
proceso de integración y de desarrollo europeo, en el mejor
sentido del término. Por eso acepto, como decía el señor Aznar,
que no hay que culpar a la Unión Europea de las responsabilidades
que son del Gobierno; es verdad que es mucho mejor criticar al
Gobierno que criticar a la Unión Europea. Asumimos nuestra
responsabilidad en lo que puedan ser políticas que no hayan
tenido éxito, aunque no todas esta en nuestra mano resolverlas.

Tenemos una identidad de criterios en problemas de economía y
empleo, problemas de calendario de la Unión Económica y Monetaria
y de parametros del Estado del bienestar. Sí me gustaría decirle
que, en todo caso, en la política presupuestaria, como he tratado
de explicar públicamente, no habra recortes en los compromisos de
gasto social; habra un esfuerzo presupuestario para conseguir el
objetivo de déficit que cumpla el programa de convergencia, pero
no habra recorte en el gasto social.

Me gustaría añadir, enlazando con la reflexión inmediatamente
anterior, que, mas alla de los criterios de convergencia, el
problema de la lucha contra el déficit es un problema nacional.

Imaginemos que no estamos comprometidos con esos criterios o que
hemos sido como los britanicos y no tenemos nada que ver con la
fecha de 1999. Imaginemos que esto es así. Teniendo en cuenta la
situación de apertura de nuestra economía, es absolutamente
inevitable una lucha rigurosa contra el déficit. Creo que en eso
estamos completamente de acuerdo.

No voy a insistir en cuanto a lo que he dicho respecto al grupo
de reflexión para la conferencia de 1996 y su sentido. Creo que
el principio de subsidiariedad se discutira ya en el grupo de
reflexión y se amplificara mucho con la importancia, con la
trascendencia que tiene también para el papel de las regiones --
no sólo sera ese el papel de las regiones, pero también para el
papel de las regiones-- en la conferencia intergubernamental, que
es donde realmente se habran de tomar las decisiones; lo otro
sera el documento de partida o de base para esas conferencias.

El señor Anasagasti ha dicho que si es nuestra presidencia o su
presidencia. No creo que pueda discutir eso. Sí le quiero decir
que me parece absolutamente injusto que diga que no ha habido
contactos con el Parlamento, dialogo con el Parlamento. Ha habido
muy intensos contactos a nivel parlamentario en la fase
preparatoria y los seguira habiendo durante todo el desarrollo de
la presidencia. Ha habido comparecencias del Ministro de Asuntos
Exteriores y reuniones «ad hoc» con los portavoces de los
distintos grupos. Y buena prueba de ello es que se ha llegado a
un documento con un altísimo grado de acuerdo desde el punto de
vista parlamentario en cuanto a los objetivos a conseguir por la
presidencia española.

Me he pronunciado antes sobre el fracaso de Europol y sobre
grandes redes. Respecto a Europol he dicho con claridad lo que
estaba pensando y no voy a mezclar esta reflexión con si debe
nombrarse un civil o un militar al frente de Europol; a lo mejor,
nos llevamos la sorpresa de que el que se pone al frente de
Europol es un almirante. Lo que me gustaría es no hacer una
calificación o descalificación para una tarea de inteligencia o
de información porque una persona sea o no de condición militar.

Esto me parece que no es justo y lo rechazo, porque no creo que
haya que tener una previa disposición respecto de las personas
que pueden cumplir esa misión.

Me gustaría decirle algo sobre la participación de las
comunidades autónomas en la formación de la voluntad europea, de
lo que ya hemos discutido muchas veces. Yo creo que no es a
través de las oficinas de representación en Bruselas, sino a
través de las conferencias sectoriales, y, ademas, que no es
posible que la participación se defina por la coincidencia en una
comunidad autónoma de un consejo sectorial concreto y que en ese
caso haya un representante en la delegación española. Es bastante
inexplicable. Naturalmente, he recibido esa petición en una carta
que estoy dispuesto a contestar, y ya lo hago ahora públicamente.

Yo creo que no es un buen procedimiento. Y desde luego, si se
planteara en términos generales de participación de
representantes de las comunidades autónomas en consejos
regionales, no digo ya en la Presidencia española, sino en
términos generales, usted convendra conmigo en que es de
imposible cumplimiento, porque hay ambitos competenciales de las
17 comunidades autónomas que exigirían la presencia de 17
representantes, cosa a todas luces imposible de garantizar y que
estoy seguro que usted no pide.

Se va a hacer el primer informe en España sobre políticas de
empleo. Así se decidió en Essen y se va a elaborar durante la
presidencia española, debiendo presentar cada país el suyo. Usted
dice que tengamos en cuenta los condicionantes de las comunidades
autónomas. Yo le sugiero que las comunidades autónomas manden su
visión sobre los problemas de empleo en la



Página 8642



comunidad autónoma concernida para poderlo tener en cuenta en la
discusión entre los Consejos de Trabajo y de Asuntos Sociales y
el Consejo Ecofin, que al final tendran que producir ese
documento. Estoy de acuerdo en que hay que impulsar la política
de seguridad e higiene. Hay algunos avances previsibles para la
presidencia española que incidiran sobre la Oficina de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

Ha hecho una reflexión sobre federalismo, subsidiariedad y papel
de las regiones. Ha dicho que no me he referido en ningún momento
de mi intervención a las regiones. Es verdad que no he hecho mas
que una referencia, pero al menos una hay y justamente referida a
políticas de empleo a niveles regionales y a niveles locales.

Pero, en fin, puedo aceptar la crítica de que no he hecho una
referencia mas amplia a la política regional. Dentro de los
informes a presentar para la Conferencia intergubernamental no
esta incluido el Comité de las Regiones, pero yo creo que podría
y debería incluirse y, si es posible, elaborar un informe de
conjunto del Comité de las Regiones. Sí lo habra del Consejo
Económico y Social, así como de todas las instituciones
comunitarias.

El señor Mardones, de Coalición Canaria, ha apreciado los
resultados de Cannes como escasos, pero ha destacado la prioridad
que se ha dado a la política de empleo. Yo creo que esto tiene
una gran trascendencia, sin duda, así como también la tiene el
que en Cannes no se haya notado una actitud de pesimismo respecto
del proceso de construcción europea.

Me ha recordado el Plan Integral de Empleo de Canarias, y se lo
agradezco, puesto que es una discusión entre nosotros y el
Gobierno canario.

En cuanto a la política exterior y de seguridad común, me ha
recordado, como creo que también lo ha hecho el señor Anguita, el
problema del Sahara. Sus señorías conocen nuestra posición, una
posición compartida por muchos países, aunque desde luego no
forma parte de la política exterior de la Unión en este momento.

Ha hablado también de los créditos en la cooperación financiera y
de la capacidad de que esos créditos influyan sobre las políticas
en relación con el Mediterraneo. Yo creo que pueden tener una
influencia positiva y que no se puede destacar que un país vaya a
hacer una utilización concreta, incluso en el supuesto de que lo
haga.

En cuanto a la presidencia europea, ha hecho un repaso por los
cuatro objetivos, que le agradezco. Es verdad que resulta
indiscutible la necesidad de mantener, con caracter permanente,
el Estatuto para Canarias, pero esta muy garantizado, tanto en el
Tratado como en nuestra legislación interna. Por consiguiente, si
es un recordatorio, se lo agradezco, pero no creo que esté en
peligro ese caracter permanente del Estatuto.

Su señoría esta de acuerdo con la descripción que hemos hecho de
la Europa abierta al mundo, y en cuanto al tercer pilar, ha
destacado los mismos problemas de Europol, que sólo han existido
con Gran Bretaña, y de Schengen, que existen en parte, porque se
retrasa la plena entrada en vigor con Francia, pero espero que se
resuelva.

En cuanto a la Conferencia Intergubernamental de 1996, ya he
dicho cual podría ser la discusión sobre el papel de las
regiones.

La señora Rahola ha dicho que, en parte, Cannes ha sido, a su
juicio, un fracaso --y ha destacado Europol-- y un cierto éxito
la política mediterranea. Aun así, dice que sigue habiendo un
desequilibrio entre la financiación a los países del centro y del
este de Europa y la política mediterranea. Siempre lo va a
haber --quiero recordarselo--; las decisiones que se adoptaron en
Edimburgo y en Essen no hablaban de un equilibrio; hablaban de
compensar la enorme distancia que existía, que era de uno a
cinco, y ahora es de dos a tres. Por consiguiente, se ha dado un
paso, a mi juicio, bastante importante en la aproximación de esas
políticas y, sobre todo, en un equilibrio de importancia en
cuanto a esas políticas en relación con el centro y el este de
Europa y con el Mediterraneo.

Pero reitero algo que ya he dicho en algunos casos, como en las
políticas de los países del centro y del este de Europa: sí habra
políticas estructurales de cambio para adaptarse a la Unión
Europea, y, en otros casos, como en los países mediterraneos, no
habra un condicionamiento de esa naturaleza en cuanto a los
flujos de financiación.

Considera a Bosnia como un fracaso y S. S. esta en desacuerdo
también con la política de saneamiento, en definitiva, de
saneamiento presupuestario, en realidad con la política económica
en relación con el empleo. Yo tengo la absoluta convicción de que
una política presupuestaria rigurosa favorece al empleo, y le
ruego que haga esta reflexión, que es relativamente facil de
comprender: mientras haya un déficit presupuestario alto que
financiar y una carga de la deuda alta, los recursos que podamos
incrementar, año a año, en el presupuesto los absorberan los
intereses de la deuda, y, por consiguiente, no se podran dedicar
a políticas activas; tiene que haber un punto de inflexión que
permita, ademas, que haya un flujo de ahorro hacia los sectores
que invierten en el sector productivo, por consiguiente
directamente hacia los sectores privados. Este es el problema.

Luego hay una diferencia de criterios, pero una diferencia de
criterios que creo que no vamos a resolver en un debate sobre la
construcción europea.

Sí quiero decirle que todos los países europeos coinciden en lo
que digo, desde los socialdemócratas del norte de Europa hasta
los países conservadores, todos coinciden en que esos criterios
de política económica son los que pueden hacer que haya una
evolución positiva del empleo, positiva y continuada del empleo.

El señor Mur ha ofrecido su colaboración, después de haber hecho
una crítica interna, cosa que le agradezco. Los problemas es
difícil dividirlos entre internos y europeos, ya que son bastante
internos los problemas



Página 8643



europeos. Pide resultados concretos de la presidencia, espero que
los habra, pero ya lo veremos, naturalmente, al final de esa
presidencia. Se puede referir a algunas de las políticas
concretas, como, por ejemplo, las OCM, a las que también se ha
referido después el señor Chiquillo. Nosotros vamos a intentar
sacar la de frutas y hortalizas, que nos parece la mas madura;
intentaremos avanzar en el vino, pero no parece que haya mucha
prisa en la Comunidad, y a nosotros lo que nos preocupa es que
haya un cambio de política, que obligara a arrancar viñedos. Por
consiguiente, mientras que no lo haya, no es una preocupación
obsesionante, y, por otra parte, hay una OCM del arroz que es
posible que salga también durante este semestre.

El señor Mur decía que si había algún procedimiento para acercar
el debate europeo a los ciudadanos. Debe haberlo, pero yo no
conozco mas que el que intentamos, que es explicr la política
europea, debatirla en el Parlamento e intentar que traspase la
barrera de la comunicación a través de los medios. Esto es lo que
me parece que es posible hacer desde el punto de vista de la
comunicación con los ciudadanos.

Antes hablé de cómo participarían las Comunidades Autónomas en la
voluntad española en el proceso de construcción europea; son las
conferencias sectoriales las principales protagonistas; si se
refuerzan y se les da sentido, me parece que eso es lo que le
daría verdadera dimensión a este problema. Ha hablado de pymes y
de formación profesional; estan en los resultados del Consejo, y
coincidimos plenamente.

Decía que en Bosnia había que hacer mayores cosas y con mayor
eficacia. Mas cosas vamos a intentar hacer, pero no sé qué grado
de eficacia se conseguira. Hasta ahora ha sido muy frustrante
todo el esfuerzo que se ha hecho en relación con esa guerra que
realmente es una guerra no sólo extraordinariamente, cruel, sino
absurda.

El señor Albistur ha hecho una exposición sobre la situación de
Euskadi, y creo que es justa, desde el punto de vista de su
descripción, ya que la violencia ejercida de unos pocos sobre
muchos es un problema de todos, incluso es un problema de la
Unión Europea, puesto que Euskadi pertenece a la Unión Europea,
como toda España.

Ha destacado el empleo como prioridad y como problema común.

Quiero hacerle ver algo que tiene interés. Hay quiza demasiados
informes previstos para la Cumbre de Madrid, pero hay uno que
tiene una especial trascendencia en esa reflexión, que es el
informe que pide que se analicen cuales son los elementos que
añadirían algo positivo a la política de empleo, analizando
globalmente la política europea, la política del conjunto de la
Unión; por consiguiente, cuales son las sinergias que se añaden
con una visión de la política de la Unión en relación con las
políticas nacionales. Por tanto, habra una reflexión concreta
sobre ese aspecto que a mí me parece de particular trascendencia.

Puesto que es un problema de cada país miembro, hay que ver si en
el conjunto esta incidencia es importante. La mayor parte de las
relaciones de intercambio, de una manera abrumadora --sesenta y
pico por ciento, setenta por ciento o mas--, se dan entre los
países de la Unión. Por ejemplo, respecto de la amenaza del
sudeste asiatico, de todo ese conjunto, en la Unión sólo hay un 7
por ciento de relaciones de intercambio con esa región del mundo.

Por consiguiente, esa sinergia puede tener una gran importancia.

Ha hablado del sector pesquero en términos de estabilidad, alguna
referencia ha habido por parte del señor Aznar al principio
también a la búsqueda de nuevos caladeros y a eliminar las trabas
para integrarse en la política común. Estan practicamente todas
eliminadas y habra un reglamento para que el esfuerzo pesquero
sea controlado. Ha recordado la posición que se ha llevado al
Parlamento Europeo, y que he defendido, de la eliminación de las
redes de volanta. Yo coincido con ello.

Ha hablado de la política mediterranea y de la política hacia
América latina. Creo que en eso no hay discrepancias entre
nosotros.

En cuanto al señor Chiquillo, de Unión Valenciana, ya he hecho
una referencia a su intervención anterior en algunos problemas
concretos, como la reforma de las OCM, y me ha pedido que
tengamos cuidado con las negociaciones con Israel y Marruecos. Lo
tenemos. Alguien ha sugerido que hagamos una evaluación global de
cómo puede ir ese proceso de negociaciones. Nosotros tratamos de
estar vigilantes, defendiendo nuestros intereses y llegando a la
vez a una posición de equilibrio, pero, naturalmente, uno no
puede evitar que a veces se diga en Rabat que en Rabat se come el
pescado con tomate. Eso forma parte de la política exterior y de
unas ciertas políticas de equilibrio que los gobiernos tienen que
llevar adelante.

Sobre las redes transeuropeas ya me he pronunciado, así como
sobre el fracaso de Europol. En cuanto a las políticas de empleo,
yo creo que las que estamos poniendo en marcha son políticas de
empleo de un cierto interés y que estan empezando a tener una
cierta trascendencia. Debo decir que la creación de empleo neto
en España es superior en términos comparativos a la creación neta
de empleo en Francia, con una tasa de crecimiento similar. Por
consiguiente, aquí ha habido un mejor comportamiento cualitativo
en relación con el crecimiento económico en materia de empleo.

Por tanto, tenemos unos objetivos perfectamente definidos, para
concluir, de la presidencia española de la Comunidad, sin
calificar si es su o nuestra presidencia, de uno o de todos; es
la presidencia española. Creo que esos objetivos se pueden
conseguir razonablemente, con un esfuerzo sin duda importante a
lo largo del semestre, y creo, ademas, que se pueden conseguir
con un alto grado de consenso en esta Camara y, por consiguiente,
de consenso en la representación nacional.

Muchas gracias. (El señor Anguita Gonzalez pide la palabra.)



Página 8644



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Anguita, entiendo que el debate ha discurrido por unos
términos que no exigen abrir un turno excepcional de réplica,
como sabe S. S. que lo sería. No parece que haya elementos que
exijan abrir ese turno.

Tiene la palabra el señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: ¿Puedo hablar?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra. Si es para un turno de
réplica o de contestación, no le daré la palabra, pero antes
quiero saber para qué la quiere.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Gracias.

No se pide el turno de réplica porque las intervenciones hayan
sido especialmente duras, sino simplemente para puntualizar
algunos aspectos de los contenidos.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, conoce S. S. cual es el
desarrollo habitual de las sesiones informativas sobre los
Consejos europeos, en las que no se abre normalmente ese segundo
turno, no porque no haya cuestiones que puntualizar y temas sobre
los que seguir hablando, que sin duda se puede puntualizar y
seguir hablando, sino porque el Reglamento prevé que el
desarrollo de la sesión sea el que hemos venido aplicando
siempre, que es, después de la contestación del Gobierno, salvo
supuestos muy excepcionales que exijan una réplica, no abrir ese
segundo turno.

La presidencia entiende que no se da ese supuesto excepcional.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Yo creo que hay contenidos que merecen
réplica. No obstante, acato la decisión de S. S.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

El Pleno se reanudara mañana, a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.