CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 V Legislatura Núm. 160
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 158
celebrada el jueves, 29 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:



Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8488)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:



--Real Decreto-Ley 5/1995, de 16 de junio, de creación de
determinadas entidades de derecho público (número de expediente
130/000029) («Boletín Oficial del Estado», número 146, de 20 de
junio de 1995.) (Corrección de errores en «Boletín Oficial del
Estado», número 149, de 23 de junio de 1995.) (Página 8488)



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal (Continuación.)
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 77.1,
de 26 de septiembre de 1994 (número de expediente 121/000063)
(Página 8507)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento,
solicitada por 96 señores Diputados, para que informe sobre
determinadas

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cuestiones en relación con la interceptación y grabación por el
Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) de
conversaciones de carácter privado, así como de las
responsabilidades políticas de toda índole que se derivan de este
caso (número de expediente 210/000026) (Página 8531)



--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento,
solicitada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, para dar cuenta de las
escuchas ilegales realizadas por el Centro Superior de
Información de la Defensa (CESID), así como de las medidas
adoptadas y que se puedan tomar junto con las responsabilidades
disciplinarias, administrativas y políticas que se derivan del
caso (número de expediente 210/000027) (Página 8531)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados (Página 8488)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 8488)



Real Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio, de creación de
determinadas entidades de Derecho público (Página 8488)



En nombre del Gobierno expone las razones que han determinado la
promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay), manifestando que la política del
Gobierno en materia de empresa pública va dirigida esencialmente
a la configuración de grupos industriales eficientes y, por
tanto, competitivos en los mercados nacionales e internacionales.

No encuentra razones para pensar que a la empresa pública no le
sea aplicable el principio de la gestión eficiente, un principio
que debe manifestarse en todos sus ámbitos de actuación. Esta
razón hace necesario en el momento presente un nuevo modelo de
gestión empresarial y de tenencia accionarial de participaciones
públicas, modelo que, sin olvidar la existencia de rentabilidad
social inherente a la presencia pública en la economía, permita
la adaptación de las empresas públicas a las necesidades que
impone la realidad industrial de un país como España, donde
ciertos grupos empresariales públicos constituyen las mayores
concentraciones de capital industrial que existe en la economía
española.

Añade que el afán por buscar una mayor competitividad, una mayor
eficiencia, ha estado en la larga carrera por obtener un sector
público eficiente en años anteriores, donde no han faltado
procesos de enajenación de empresas públicas desde mediados de la
década de los 80, como tampoco procesos de diversificación o
extensión de la base industrial del sector público orientados a
una redefinición del sector público y a su racionalización
económica.

En la misma dirección, la constatación de que la participación de
capital privado en las empresas de titularidad pública puede ser
en ocasiones un factor de eficiencia y fortalecimiento de su
gestión ha llevado a procesos de alianza con el capital privado
de distinta intensidad, según las características y las
circunstancias de cada área sectorial de actuación política, que
el Gobierno piensa proseguir en el futuro y que cuenta, además,
con las mayores garantías jurídicas de defensa de los intereses
públicos generales tras la aprobación de la Ley 5/1995.

Añade el señor Ministro que ese nuevo marco lleva necesariamente
a un replanteamiento de la ordenación institucional que hasta la
fecha ha vertebrado al sector público empresarial en su mayor
parte, concretamente al entramado organizativo que integra el
Instituto Nacional de Industria y el de Hidrocarburos. Expone el
señor Ministro las características y evolución de ambos
institutos y concluye que es preciso impulsar la aplicación de
planes de reconversión y reestructuración como única salida
posible para la supervivencia de determinadas empresas que
todavía no han ultimado algunos procesos que hoy gozan de
particular tratamiento en la legislación comunitaria sobre la
competencia. Este es precisamente el propósito del Real
Decreto-ley, que perfecciona la fórmula que dio lugar a la
creación de Teneo y que asume la distinción entre las empresas
públicas que actúan en un marco jurídico de libre



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competencia, sin derogación de las reglas generales y las que,
estando sujetas a procesos de reconversión, regímenes especiales
o derogaciones parciales de esas normas comunes sobre
competencia, forzosamente exigen maneras distintas de gestión
pública, de gestión incluso empresarial.

Aclara que el Real Decreto-ley no implica en modo alguno el
mantenimiento de la situación anterior e introduce, ante todo, un
organigrama institucional que no tiene nada que ver con un
calendario que pueda significar adelanto o retroceso respecto de
eventuales decisiones de participación privada en el sector
público empresarial. Los objetivos del Real Decreto-ley son, en
primer lugar, la supresión del INI debido a la necesidad de
mejorar la gestión empresarial; en segundo lugar, hacer que la
desvinculación funcional de los presupuestos públicos no sea
solamente funcional sino por imperio de la ley; en tercer lugar,
obtener una liberación de los fondos públicos en la medida en que
se descarga al Tesoro de la amortización de una deuda generada
históricamente por el INI y valorada aproximadamente en 700.000
millones de pesetas.

La supresión de este Instituto y del de Hidrocarburos se operará
el próximo 31 de julio, plazo que servirá para la realización de
las complejas operaciones societarias, financieras y
presupuestarias precisas, debiendo procederse en ese mismo plazo
a la creación de las nuevas entidades, en primer lugar la Agencia
Industrial del Estado, a la que se transfieren todas las
participaciones de que es titular el INI en el momento de la
entrada en vigor del Decreto-ley. La Agencia asume el papel de
interlocutor entre las empresas y el Gobierno y dichas empresas
desarrollarán sus actividades de acuerdo con contratos-programa
aprobados por el Gobierno.

Alude, por último, al régimen transitorio y a los efectos que se
espera de la decisión adoptada por el Gobierno, cuya urgencia
viene avalada por la necesidad de que los Presupuestos Generales
para 1996 se adapten con la antelación suficiente a la situación
jurídica resultante de esta medida. Por otro lado, el Gobierno ha
querido eliminar cualquier incertidumbre en los mercados sobre la
evolución de estas empresas, muchas de ellas con cotización en
nuestra Bolsa y en otras internacionales y, en general,
responsables también de la propia imagen del sector público ante
los mercados financieros. Solicita por ello, de acuerdo con lo
establecido en el ar-
tículo 86 de la Constitución, la convalidación del Real
Decreto-ley.

En turno en contra de la convalidación interviene, en nombre del
Grupo Popular, el señor Gámir Casares, manifestando en primer
lugar que les parece insólita la forma en que este Gobierno está
legislando en materia de empresa pública. Considera que lo lógico
hubiera sido hacer, primero, un estatuto de la empresa pública,
en coherencia con la postura mantenida por el propio Partido
Socialista desde 1977 a 1982, y, una vez aprobado el mismo,
plantear en la norma de privatizaciones la posibilidad de que el
Gobierno mantuviese ciertos poderes de veto sobre las decisiones
de las empresas privadas. Una vez regulados estos problemas de
fondo, cabría hacer una reflexión sobre lo que debe ser la
empresa pública, su forma de actuación, cómo se privatiza, con
qué transparencia, de qué forma se evita cualquier sistema de
corrupción y, después, sería el momento de plantearse el tema de
la estructura jurídica.

En relación con el plan de financiación hasta el año 2000
considera lógico que la Cámara tenga algún grado de falta de
credibilidad a la vista de lo sucedido con los planes formulados
en 1986 y en 1992, en que se dijo que el INI sería viable sin
necesidad de acudir a los Presupuestos Generales del Estado.

Considera también normal que para la mayoría de los grupos de la
Cámara carezcan de credibilidad los planes financieros que se les
plantean.

Entiende, sin embargo, que hay algo de positivo en la
transformación del INI en Agencia Industrial del Estado, y es la
no capacidad de seguir endeudándose con el aval del Estado. No
obstante, si se tramitara como proyecto de ley, estima que
habrían de estudiar la fórmula y no aceptarla como un trágala de
hacer todo simultáneamente, pero ocurre que las empresas de la
Agencia Industrial del Estado iban a poder seguir endeudándose
con el aval del Estado, e incluso más que hasta ahora, ya que no
hay nada que las prohíba agruparse entre sí para acudir a ese
endeudamiento. Después se crea un nuevo organismo, el SEPI, con
la deuda de 0,7 billones de pesetas, creando un «holding» encima
de otro en lugar de simplificar y abaratar la estructura
administrativa. De tramitarse como proyecto de ley examina-
rían esta superposición de «holdings» y verían en la Cámara la
posibilidad de optar por esa conveniente simplificación
administrativa.

Muestra su acuerdo con una política de privatizaciones, pero
siempre que ésta sea lógica y con la finalidad de aumentar la
eficacia del sistema productivo nacional y no para malvender las
empresas para reducir la deuda pública.

Termina señalando el señor Gámir que si el Gobierno estuviese
dispuesto a tramitar esta norma como proyecto de ley, el Grupo
Popular estaría dispuesto a abstenerse en la convalidación, para
tener la oportunidad en la Cámara de mejorar las grandes
imperfecciones que encuentran en la norma. En otro caso, estarían
obligados a votar en contra.




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En turno a favor de la convalidación del Real Decreto-ley
interviene el señor Sáenz Lorenzo, en nombre del Grupo
Socialista. Comienza aludiendo al estatuto de la empresa pública,
afirmando que sobre el particular el Grupo Socialista ha
mantenido una posición uniforme durante la última década.

Considera que tendría sentido hablar de ese estatuto si
estuvieran en una perspectiva de crecimiento de la intervención
del Estado en la economía y en la actuación sobre las empresas,
pero no están en esa perspectiva. Por el contrario, parece
contradictorio que el Grupo Popular se empeñe en hablar de esta
tutela de la empresa pública cuando al mismo tiempo está hablando
permanentemente de la urgente necesidad de privatizar a toda
costa, algo con lo que el Grupo Socialista tampoco está de
acuerdo.

En cuanto a la reforma de la empresa pública, afirma asimismo que
el Grupo Socialista ha caminado siempre en la misma dirección de
intentar mejorar la competitividad, la eficiencia y buscar que
esas empresas puedan funcionar por sí mismas sin depender de los
Presupuestos Generales del Estado y procurando fortalecer la
estructura industrial de nuestro país. Ese ha sido y continúa
siendo el objetivo principal sobre esta materia, y todas las
actuaciones, en particular, el Decreto-ley que ahora debaten,
caminan juntamente en la dirección de los mandatos planteados por
esta Cámara, que significan racionalizar el sector público,
reformarlo en profundidad y mejorar su competitividad y
eficiencia. Se trata ahora, por tanto, de un paso más en la misma
dirección, en un recorrido que les parece importante para la
empresa pública. Esa dirección supone igualmente la disminución
de las cargas presupuestarias de estas empresas, con cuya
privatización masiva no están de acuerdo, tanto por su volumen
como por lo que representan en la economía española. Por otro
lado, no es nuestro sector público en relación con nuestra
economía mayor que el de los países de nuestro entorno y sí, por
el contrario, relativamente menor.

En cambio, es necesario una reforma de su estructura y el
Decreto-ley va precisamente en esa dirección. Desaparecen el
Instituto Nacional de Industria y el de Hidrocarburos y parece
lógico que la gestión no sea la misma en unas u otras empresas
pertenecientes a dichos institutos, como también parece lógico
que esas empresas se agrupen en la nueva Agencia Industrial del
Estado para buscar la competitividad dentro de un planteamiento
de funcionamiento marcada por un contrato-programa distinto,
según las empresas de que se trate. El Decreto-ley funciona
asimismo en la dirección de disminuir las cargas públicas de los
Presupuestos, algo que siempre preocupó mucho al Grupo Popular.

Termina señalando que desde el punto de vista del Grupo
Socialista no hay duda de que se dan las circunstancias previstas
en el artículo 86 de la Constitución sobre la urgente necesidad
de adoptar las decisiones contenidas en el Decreto-ley. Considera
que se trata de un mecanismo adecuado, pero tampoco van a hurtar
el debate a la Cámara, y en ese sentido entiende el Grupo
Socialista que podría ser bueno que se tramitara como proyecto de
ley si así lo consideran los demás grupos parlamentarios.

Replica el señor Gámir Casares, duplicando el señor Sáenz
Lorenzo.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real
Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio, por 159 votos a favor, nueve
en contra y 122 abstenciones. Se aprueba también su tramitación
como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia, por 290
votos a favor y dos abstenciones.




Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 8507)



Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal (Continuación) (Página 8507)



Título XII a XIV del Libro II (Página 8507)



El señor Varela Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular.

Retira las números 386, al artículo 255.2; 389, al 265, y 412, al
330. Lamenta, por otra parte, que en la carrera desenfrenada para
la aprobación del Código Penal disponga tan sólo de diez minutos
para defender cuarenta y tantas enmiendas, lo que hace imposible
el tratamiento adecuado sobre ellas en un tema de tanta
trascendencia como el Código Penal. Esto les obliga en muchas
ocasiones a referirse a una o dos enmiendas únicamente y a dar
por defendidas todas las demás. Se le podrá decir que ya han sido
estudiadas en Comisión y en Ponencia, pero tendría que replicar
que todas las enmiendas que se mantienen para el Pleno tienen
importancia, y así ocurre con las relativas al Título XII, sobre
delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Critica,
por otro lado, la sistemática seguida en el título y hasta la
propia denominación del mismo, sobre la que anuncia una enmienda



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«in voce», agregando que se están estudiando ahora dos delitos
como el robo y el hurto que atentan contra la propiedad, pero que
no tienen por qué relacionarse con el patrimonio, que es de lo
que habla el título. Cree, en consecuencia, que debería hablarse
de delitos contra la propiedad, y así lo propone a la Cámara.

Respecto a las demás enmiendas las da por defendidas por falta de
tiempo para permitir que su compañero de grupo señor Sanz
Escalera pueda tratar de algo tan importante y nuevo como es lo
referente al derecho ecológico.

Completa la defensa de las enmiendas del Grupo Popular el señor
Sanz Escalera, que se refiere a las correspondientes al Título
XIII, delitos urbanísticos y ecológicos, de nuevo cuño en nuestro
ordenamiento jurídico. Consiguientemente, el primer problema con
que se encuentran es la dificultad de su tipicidad y la necesidad
de diferenciar el delito de la simple falta administrativa,
verdadero caballo de batalla en este tipo de infracciones. En
segundo lugar, está el problema de la gravedad, pues de su
importancia dan fe los estragos causados en nuestras ciudades,
monumentos o parajes naturales, haciendo desaparecer o reformando
su fisonomía o su concreta personalidad histórica debido a
actuaciones ilícitas. En tercer lugar, alude a los estímulos
criminosos de estos delitos de amplia difusión, que podría llamar
de cuello blanco, que afectan a los promotores, constructores y
técnicos y que tienen el atractivo de que generalmente producen
grandes beneficios económicos, por lo que el afán de lucro
estimula su comisión.

En relación con estos delitos presenta las enmiendas 401 y 402 al
artículo 305, exponiendo el contenido de las mismas.

Respecto de los delitos ecológicos, a los que el proyecto de ley
dedica los artículos 307 a 316, el Grupo Popular también formula
varias enmiendas. Expone su contenido, a la par que alude a la
escasa vigencia de tales delitos desde hace apenas diez años, por
lo que siguen manteniendo una especie de sombra de novedad,
considerándose su aparición en cualquier juzgado como un caso
inédito. Estas circunstancias deberían hacer que la redacción del
proyecto fuese más fácilmente comprensible para los ciudadanos,
eliminando excesivos tecnicismos.

El señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), manifiesta que sus enmiendas se hallan sujetas a un nuevo
período de reflexión, por lo que no está en condiciones de
intervenir en este momento, pidiendo en todo caso que se den por
defendidas a efectos de votación.

El señor Camp i Batalla defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Destaca, en primer
lugar, el aspecto positivo que atribuye al proyecto al considerar
punibles dentro del capítulo dedicado al delito de daños aquellas
conductas que se dirijan a destruir, a alterar o a inutilizar
datos, programas o documentos de carácter informático. También
considera positivo que dentro del capítulo dedicado a los delitos
relativos a la propiedad industrial se protejan penalmente las
denominaciones de origen frente a posibles utilizaciones
irregulares de las mismas. En cuanto a los incendios forestales
resalta el que se considere de especial gravedad aquel que afecta
a los espacios naturales protegidos. Se trata, por tanto, de tres
temas incorporados al proyecto de ley en base a iniciativas de su
Grupo Parlamentario que valora positivamente.

Alude a continuación a otras varias enmiendas de su Grupo
admitidas en trámites anteriores, que, a su juicio, no implican
mejora en el Código Penal, por lo que en relación con los delitos
contra el patrimonio y el orden socioeconómico simplemente
considera conveniente la eliminación de conceptos jurídicos
indeterminados, recurriendo a definiciones de mayor precisión, a
lo que se dirigen fundamentalmente las enmiendas que aún
mantienen.

El señor Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria, defiende
las enmiendas de dicho Grupo, procediendo básicamente a dar
lectura del contenido de cada una de ellas y al nuevo texto que
solicita para los artículos correspondientes, a la par que
procede a la retirada de algunas de sus enmiendas.

El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Destaca el que estén
discutiendo en un solo bloque aspectos considerados nucleares del
nuevo Código Penal, al tratarse nada menos que de la protección
de un bien jurídico denominado orden socioeconómico, quizá sin
excesivo acierto, aunque también sin excesivas o fáciles
alternativas, ya que en el mismo se encuentran los derechos de
los trabajadores, la protección del bien jurídico del medio
ambiente y, en general, de los bienes colectivos. Se trata, por
tanto, de una serie de títulos de importancia capital y de entre
los que destacaría los delitos contra el orden socioeconómico,
que por vez primera destaca como un bien jurídico con relativa
autonomía en el Código Penal.

Añade el señor López Garrido que su Grupo ha enfocado los
trámites de Ponencia y Comisión con la presentación de varias
enmiendas, logrando que se modificase y mejorase la redacción de
estos títulos, donde hay importantes aspectos nuevos objeto de



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regulación. El primero de ellos se refiere a la existencia de un
mundo de sociedades, que es el protagonista en estos momentos del
tráfico económico y donde se han materializado muchos de los
grandes escándalos económico-financieros que se producen en
nuestro país, y fuera de él, a partir de la década de los 70, que
han llevado a la necesidad de pensar en una defensa frente a esos
hechos no sólo en el campo mercantil sino también en el penal.

Aunque creen que la mayoría de las cosas no son solucionables en
el campo penal, resulta evidente que la dimensión penal puede
tener un elemento de mayor eficacia en los llamados delitos de
cuello blanco que en otros aspectos del Derecho penal. Por ello,
a lo largo de toda la tramitación del proyecto de ley su Grupo ha
pretendido que se adecue el Código Penal a las características
que tiene este mundo societario, es decir, a la necesidad de que
en muchas ocasiones se castigue el mero peligro o tentativa sin
exigir la consumación concreta del perjuicio.

Cree, sin embargo, que quedan aún aspectos importantes del
proyecto que se deben mejorar y que justifican, por tanto, el que
mantenga determinadas enmiendas, a las que alude seguidamente,
aunque sea de forma somera.

En nombre del Grupo Socialista el señor Mohedano Fuertes contesta
en turno en contra de las enmiendas relativas al Título XII, en
el que señala que se presta una especial atención a una forma
delictiva característica de la sociedad moderna, que es la
delincuencia económica. Este título otorga una protección a la
propiedad individual y a la colectiva, a los intereses colectivos
legítimos, a los intereses del mercado y también a la utilidad
social de la cosa propia, aunque lo más importante en este
título, cuya rúbrica considera correcta, es superar la
confrontación que ha existido siempre en la mentalidad
fundamentalmente individualista de los códigos del siglo XIX
entre los bienes individuales estrictamente patrimoniales y los
bienes colectivos que afectan al interés general. En este título
se parte de la idea de que cualquiera de las conductas que ataque
tanto a los bienes patrimoniales individuales como a los bienes
colectivos ofenden simultáneamente a ambos, al interés
patrimonial y al interés general, manteniendo las fórmulas
tradicionales como el hurto y el robo, aunque apareciendo otras
figuras complejas.

En cuanto a la propiedad industrial, se libera totalmente su
sumisión a la Ley de Propiedad Industrial y se abandona la
técnica de la utilización de las normas en blanco, pero, de entre
las medidas de protección de valores insuficientemente protegidos
hasta ahora, destaca fundamentalmente, desde su punto de vista,
la regulación de los derechos societarios frente al abuso en la
gestión de los administradores de las sociedades. Aclara, no
obstante, que el Código Penal no es el instrumento que debe
determinar el buen funcionamiento del sistema económico en toda
su extensión, por lo que el texto que proponen es con pretensión
de estabilidad, que únicamente puede incriminar la infracción de
las reglas mínimas de juego. Ello es muy importante a la hora de
examinar su postura en relación con las numerosas enmiendas a
este título.

Termina fijando la posición del Grupo Socialista respecto a las
enmiendas en cuestión.

Continúa el turno en contra de las enmiendas el señor Navarrete
Merino, en nombre del Grupo Socialista, que se refiere al título
del Código Penal relativo a los delitos contra los derechos de
los trabajadores, fijando la posición de su Grupo en relación con
las enmiendas mantenidas a este título.

Completa el turno en contra de las enmiendas, igualmente en
nombre del Grupo Socialista, el señor Barrero López, que fija la
posición sobre las enmiendas a los Títulos XIII y XIV del
proyecto de ley.

Replican los señores Varela Pérez, del Grupo Popular; Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Olarte Cullen,
del Grupo de Coalición Canaria, y López Garrido, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, duplicando el señor
Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista.

Se procede a las votaciones de las enmiendas a los Títulos XII,
XII bis, XIII y XIV del Libro II, así como al texto del dictamen
correspondiente a dichos títulos, que es aprobado.

Se suspende la sesión a las tres de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.




Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento
(Página 8531)



Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento,
solicitada por 96 señores Diputados, para que informe sobre
determinadas cuestiones en relación con la interceptación y
grabación por el Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID) de conversaciones de carácter privado, así como de las
responsabilidades políticas de toda índole que se derivan de este
caso (Página 8531)



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Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento,
solicitada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto, para dar cuenta de las
escuchas ilegales realizadas por el Centro Superior de
Información de la Defensa (CESID), así como de las medidas
adoptadas y que se puedan tomar, junto con las responsabilidades
disciplinarias, administrativas y políticas que se derivan del
caso (Página 8531)



El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) manifiesta
que el pasado 12 de junio el panorama político de nuestro país se
vio profundamente conmovido por la difusión de noticias que
hacían responsable al Cesid de escuchas telefónicas que habían
afectado al secreto de las comunicaciones de distintos ciudadanos
e incluso de Su Majestad el Rey. La gravedad de los hechos ha
dado lugar en los días transcurridos desde entonces a que, por
parte del Gobierno, se hayan ofrecido por dos veces, en sus
niveles correspondientes, explicaciones a la Cámara. El pasado
día 15, el señor Vicepresidente del Gobierno y el señor Ministro
de Defensa mantuvieron una reunión informativa con los Diputados
con acceso a secretos oficiales y el día 21 el señor
Vicepresidente comparecía de nuevo en esta Cámara, en nombre del
Gobierno, para explicar los hechos ocurridos, sus circunstancias
y características, el contexto en que se habían producido y las
iniciativas adoptadas por el Gobierno para la investigación de
esos hechos y la eventual depuración de responsabilidades.

Ofrecieron explicaciones sobre el correcto funcionamiento de un
servicio destinado a velar por la seguridad, sometiéndose el
Gobierno, por tanto, al control de la Cámara, de acuerdo con las
previsiones reglamentarias. Considerada de antemano insuficiente,
se previó celebrar un nuevo Pleno esta semana, que es el que
ahora se inicia.

Cree que nadie pretenderá una información diferente de la que
exhaustivamente ofreció el señor Vicepresidente la semana pasada,
por lo que entiende la celebración de este debate como una
explicación adicional y de carácter político. El debate de hoy
les permitirá discutir, espera que razonablemente, sobre temas
esenciales para la seguridad del Estado y sobre la garantía de
los derechos y libertades de los ciudadanos. Para ello, expone
los datos disponibles hasta ahora en relación con las actividades
del Cesid que han dado lugar a esta comparecencia y cuyo punto de
referencia lógico es la propia intervención ante la Cámara del
Vicepresidente del Gobierno, sometida a los límites del
desarrollo de la investigación y a lo que impone el
funcionamiento del servicio de inteligencia del Estado. Expone
que, culminada la fase de investigación interna, pocos elementos
pueden añadirse que varíen sustancialmente la posición del
Gobierno, explicada la semana pasada. El Director General del
Cesid ha hecho entrega del informe ordenado por el Gobierno y
buena parte de las conclusiones confirma los datos y las
apreciaciones que el Vicepresidente del Gobierno adelantó a la
Cámara.

Menciona las principales conclusiones del informe presentado por
el Director General del Cesid, afirmando que el Gobierno ha
actuado con diligencia para la averiguación, control y eventual
sanción de lo ocurrido. Alude también a los problemas reales de
organización y funcionamiento del Cesid, puestos de manifiesto
como consecuencia de la investigación, y los medios para
garantizar la seguridad en sus métodos y sus resultados para
conseguir la eficacia en la actuación del servicio de
inteligencia y garantizar la defensa nacional y la seguridad de
los españoles.

Agrega el señor Presidente del Gobierno que se siente el máximo
responsable de la defensa del Estado y de la seguridad de los
ciudadanos y no va a poner en peligro esa seguridad debilitando
al servicio de inteligencia, que es pieza clave para
garantizarla. Por ello, no comentará nada que pueda debilitar al
Cesid en sus funciones, aunque ello conlleve un problema de
credibilidad política, ya que el interés del Estado está por
encima de los avatares de los responsables políticos. Por otra
parte, anuncia que el Gobierno proporcionará el informe elaborado
por el Director del Cesid a los Diputados que tienen acceso a los
secretos oficiales y que en las próximas semanas aprobará el
estatuto del personal del Cesid y se procederá al nombramiento
del nuevo Director General del organismo. Asimismo se remitirá a
la Cámara la propuesta de modificación de la legislación vigente,
a fin de mejorar la eficacia de los servicios y la garantía de
los derechos de los ciudadanos.

Termina señalando que el Gobierno ha dado las explicaciones
oportunas sobre lo acaecido y adoptado las iniciativas necesarias
para corregir las deficiencias observadas y las infracciones
cometidas para mejorar la actuación del Cesid y para tranquilizar
a la opinión. En cuanto a las responsabilidades que puedan
derivarse en el ámbito penal, lógicamente no se va a pronunciar.

Respecto a las responsabilidades políticas, la Cámara ya conoce
la presentación de las dimisiones



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por el Director del Cesid, el Ministro de Defensa y el
Vicepresidente del Gobierno, todas las cuales he aceptado, aunque
de la investigación realizada no se deriva para ninguno de los
miembros del Gobierno que han ocupado las carteras de Defensa
responsabilidad alguna por los hechos que vienen discutiéndose y
a quienes quiere expresar su agradecimiento público por la
ingente labor realizada y por su lealtad.

Para fijación de posiciones de los Grupos Parlamentarios
intervienen los señores Aznar López, en representación del Grupo
Popular; Anguita González, en representación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat, en
nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Anasagasti
Olabeaga, en nombre del Grupo Vasco (PNV); Olarte Cullen, en
representación del Grupo de Coalición Canaria; la señora Rahola i
Martínez y los señores Mur Bernad, Albistur Marín y Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto, y Almunia Amann, del Grupo Socialista.

Para alusiones, interviene el señor De Rato Figaredo, del Grupo
Popular, contestando el señor Vicepresidente del Gobierno (Serra
Serra).

Para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios,
interviene de nuevo el señor Presidente del Gobierno (González
Márquez).

Replican los señores Aznar López, Anguita González, Molins i
Amat, Anasagasti Olabeaga, la señora Rahola i Martínez y los
señores Mur Bernad, Albistur Marín y Chiquillo Barber, duplicando
el señor Presidente del Gobierno.

Nuevamente hace uso de la palabra el señor Aznar López,
contestándole el señor Presidente del Gobierno.

Se levanta la sesión a las nueve de la noche.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución
por parte de doña María Visitación Pérez Vega, Diputada
proclamada electa por la Junta Electoral Central, en sustitución
de don José Joaquín Martínez Sieso.

Doña María Visitación Pérez Vega, ¿jura o promete S. S. acatar la
Constitución?



La señora PEREZ VEGA: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Doña María Visitación ha adquirido la
condición plena de Diputada. Bienvenida a la Cámara. (Aplausos.)



CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:



--REAL DECRETO-LEY 5/1955, DE 16 DE JUNIO, DE CREACION DE
DETERMINA-
DAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO (Número de expediente
130/000029)



El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Convalidación o
derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-Ley 5/1996, de
16 de junio, de creación de determinadas entidades de derecho
público.

Para exponer, en nombre del Gobierno, las razones que han
determinado la promulgación de este Real Decreto-Ley, tiene la
palabra el señor Ministro de Industria y Energía.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Señor Presidente, señorías, tengo el honor de comparecer ante
ustedes en representación del Gobierno para explicar las razones
que le han llevado a aprobar el Real Decreto-Ley 5/1995, de 16 de
junio, de creación de determinadas entidades de derecho público.

Señorías, la política del Gobierno en materia de empresa pública
va dirigida esencialmente a la configu-
ración de grupos industriales eficientes, y por tanto
competitivos, en los mercados nacionales e internacionales. En
este sentido, no hay razones para pensar que a la empresa pública
no le sea aplicable el principio de la gestión eficiente, un
principio que debe manifestarse en todos sus ámbitos de
actuación. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Esta razón hace necesario en el momento presente un
nuevo modelo de gestión empresarial y de tenencia accionarial de
participaciones públicas; un modelo que, sin olvidar las
exigencias de rentabilidad social inherentes a la presencia
pública en la economía, permita la adaptación de las empresas
públicas a las necesidades que impone la realidad industrial de
un país como España. Esto es especialmente importante si se tiene
en cuenta que ciertos grupos empresariales públicos constituyen
las mayores concentraciones de capital industrial que existen en
la economía española, siendo además las únicas corporaciones
industriales en sentido estricto con que cuenta nuestro país. El
afán



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por buscar una mayor competitividad, una mayor eficiencia,
incluso en forma de asunción de participaciones privadas o, en
ocasiones, de desprendimiento de participaciones en el sector
público, ha estado en la larga carrera por obtener un sector
público eficiente en años anteriores. No han faltado en esa
dirección procesos de enajenación en empresas públicas, como los
producidos desde mediados de la década de los 80 en empresas como
Entursa, Enasa, Enfersa, entre otros, o, más recientemente, en
Endesa, Enagás, Repsol, como tampoco procesos de diversificación
o de extensión de la base industrial en la que están presentes
las empresas o los grupos industriales que conforman el sector
público, procesos ambos, en una y en otra dirección, que se han
orientado a una redefinición del ámbito de actuación del sector
público empresarial y a su racionalización económica.

Pues bien, en la misma dirección, la constatación de que la
participación de capital privado en las empresas de titularidad
pública puede ser en ocasiones un factor de eficiencia y
fortalecimiento en la gestión de las mismas ha llevado a procesos
de alianza con el capital privado de distinta intensidad según
las características y según las circunstancias de cada área
sectorial de actuación, una política que, como he afirmado muchas
veces, el Gobierno piensa que debe proseguir en el futuro y que
además hoy cuenta con mayores garantías jurídicas de defensa de
los intereses públicos generales o nacionales tras la aprobación
de la Ley 5/1995, de Régimen Jurídico de enajenación de
participaciones públicas en determinadas empresas.

La necesidad de contemplar este nuevo marco lleva necesariamente
a un replanteamiento de la ordenación institucional que hasta la
fecha ha vertebrado al sector público empresarial en su mayor
parte; me estoy refiriendo más concretamente al entramado
organizativo que integran el Instituto Nacional de Industria y el
Instituto Nacional de Hidrocarburos. Nacido el primero de ellos
como impulsor en España de una industrialización vinculada a la
defensa nacional y a la autarquía, la realidad transformó este
objetivo y determinó la participación del INI en empresas
privadas no rentables como resultado de la denominada
nacionalización o socialización de pérdidas. Esta política, si
bien pudo garantizar en su momento cierta paz social a un régimen
autoritario, dio lugar, como contrapartida, a un crecimiento
indiscriminado y heterogéneo del sector público en España.

Posteriormente, el establecimiento de la Constitución de 1978 y,
a partir de ella, de las bases de un Estado social y democrático
de Derecho, coincidió con una crisis en los sectores en los que
la presencia del INI era significativa: el naval, la siderurgia y
la minería, fundamentalmente. Ello obligó al INI a impulsar
distintos procesos de reconversión, a fin de reajustar las
capacidades productivas a las necesidades del mercado.

Como quiera que la realidad de la empresa pública no es uniforme,
junto a las empresas sujetas a distintos planes de reconversión
existen otras también públicas que, sin embargo, pueden ser, y lo
son, gestionadas con criterios propios de una economía de
mercado, sin que se precisen excepciones ni derogaciones de
ningún tipo a las reglas generales de la competencia que se
aplican a cualquier empresa en una economía de mercado, tanto en
el ámbito nacional como en el ámbito europeo. Por ello, en el año
1992, las participaciones del INI en estas empresas se
transfirieron a una sociedad anónima desvinculada de los
Presupuestos Generales del Estado como es Teneo, S. A. Con ello
se pretendió no sólo mejorar la gestión empresarial,
sino también hacer patente la citada desvinculación
de estas empresas respecto de los presupuestos públicos. El INI
se convertía, pues, en una entidad encargada de coordinar los
planes de reconversión de las empresas en dificultades y, además,
en una entidad tenedora de acciones, pues tal es su papel con
respecto a Teneo, S. A.

Por otra parte, en el sector de los hidrocarburos, la necesidad
de gestionar con criterios específicos las participaciones
públicas en empresas del sector determinó la creación --por
cierto, por Decreto-ley--, en 1981, del Instituto Nacional de
Hidrocarburos. Desde entonces, los cambios profundos introducidos
en esta área, singularmente tras la entrada de nuestro país en la
Comunidad Europea, con la consiguiente desaparición del monopolio
público, han tenido como resultado un progresivo vaciamiento de
competencias del Instituto Nacional de Hidrocarburos, convertido,
finalmente, en una entidad meramente tenedora de las acciones de
titularidad pública en determinadas empresas, entre las que
destaca, naturalmente, el Grupo Repsol.

Como consecuencia, señorías, de todos estos sucesivos procesos de
ajuste de funciones en ambos Institutos, la pregunta sobre su
justificación es obvia, sobre todo en un contexto como el actual,
en el que la conformación de un sector público más eficiente no
puede soslayar ya la necesidad de ciertos cambios también
organizativos.

En efecto, ¿qué sentido tiene la pertenencia a entidades
distintas de participaciones públicas que pueden ser gestionadas
con arreglo a principios ya homogé-
neos?
Asimismo, se hace preciso impulsar la aplicación de planes de
reconversión y reestructuración como única solución posible para
la supervivencia de determinadas empresas que todavía no han
ultimado algunos procesos que hoy gozan de particular tratamiento
en la legislación comunitaria sobre la competencia.

Pues bien, todo esto es el propósito del Real Decreto-ley
aprobado por el Gobierno que perfecciona la fórmula que dio lugar
a la creación de Teneo, S. A. y que asume la distinción que ya he
señalado a SS. SS. entre las empresas públicas que actúan en un
marco jurídico de libre competencia, sin derogación ninguna a las
reglas generales ni las que, estando sujetas a procesos



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de reconversión, regímenes especiales o derogaciones parciales de
esas normas comunes sobre competencia, forzosamente exigen
maneras distintas de gestión pública, de gestión, incluso,
empresarial.

Si SS. SS. me lo permiten, antes de explicar lo que supone el
Real Decreto-ley, desearía en todo caso decir lo que de ninguna
manera supone. La medida aprobada por el Gobierno, señorías, no
implica en modo alguno el mantenimiento de la situación anterior.

La trascendencia de la nueva ordenación de participaciones
industriales, no sólo desde la perspectiva de gestión que acabo
de enfatizar, sino también desde el punto de vista financiero,
como más tarde expondré, descalifica cualquier aproximación
superficial a un mero cambio de nombres que desconozca la
profundidad de la significación de la reordenación que ahora se
instaura.

Quienes quieran ver también en la medida adoptada la consecuencia
de una decisión previa en materia de privatizaciones, yerran en
su análisis. En efecto, el
Real Decreto-ley introduce ante todo un organigrama institucional
que quiero decirles no tiene nada que ver con un calendario o con
una voluntad distinta de la ya expresada por el Gobierno de
eficiencia en el sector público empresarial que pueda significar
ni adelantos ni retrasos respecto de eventuales decisiones de
participación privada en el sector público empresarial. Y me
interesa mucho destacar esto, señorías, porque he oído
interpretaciones en las dos direcciones: desde quienes han
pensado que esto no tiene ninguna trascendencia desde el punto de
vista jurídico, ni de la gestión ni desde el punto de vista
financiero, hasta quienes creen que esto es simplemente un
proceso de liquidación a marchas forzadas del sector público
empresarial o un proceso que se pueda equiparar a una política
generalizada de privatizaciones que el Gobierno siempre ha
renunciado; siempre ha dicho que no forma parte ni de sus
propósitos ni de las actuaciones más convenientes para este país
ni para el sector público empresarial.

En todo caso, señorías, quisiera señalar los que son, a juicio
del Gobierno, los objetivos del Real Decreto-ley.

La supresión del INI y la supresión del INH responden a los
siguientes principios: como les decía, en primer lugar, a la
necesidad de mejorar la gestión empresarial agrupando empresas
cuyos criterios de gestión son homologables entre sí; en segundo
lugar, a hacer que la desvinculación funcional de los
presupuestos públicos o de las empresas con participación pública
respecto de los presupuestos no sea solamente funcional, sino una
desvinculación por imperio de la Ley; en tercer lugar, al
objetivo de obtener una liberación de fondos públicos, en la
medida en que se descarga al tesoro de la amortización de una
deuda generada históricamente por el INI y valorada,
aproximadamente, en 700.000 millones de pesetas. La supresión del
Instituto Nacional de Industria y del Instituto Nacional de
Hidrocarburos se operarán el próximo 31 de julio. El intervalo de
tiempo comprendido desde la entrada en vigor de la norma hasta la
citada fecha debe ser empleado en la realización de las complejas
operaciones societarias, financieras y presupuestarias que se
precisan para la efectiva desaparición de ambos Institutos en
condiciones de seguridad jurídica y de no alteración de las
previsiones económicas, de gestión y también de los tenedores, ya
de deuda, ya de acciones, de estas sociedades.

En ese mismo plazo tendrá que procederse a la creación de las
nuevas entidades que cumplen las funciones que después señalaré.

En primer lugar, la Agencia Industrial del Estado, como entidad
de derecho público de las previstas en el artículo 6.5 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, que se conceptúa
precisamente como una entidad de este tipo, como un ente del
artículo 6.5, por el carácter de las funciones que asume, así
como por la necesidad de que su financiación se realice con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado. Insisto, señorías, en
que las empresas que estarán bajo la dependencia de la Agencia
Industrial del Estado son empresas sometidas a procesos de
reconversión, empresas todavía no viables que la soberanía
nacional, a través de estas Cortes, ha expresado su conveniencia
de que se mantengan en el ámbito público y ha decidido, no
obstante el hecho de ser empresas en buena parte en pérdidas,
seguir manteniéndolas en el marco jurídico de las normas de la
competencia europea por la existencia de regímenes especiales que
permiten su sostenimiento, pero, naturalmente, en la única forma
que esto se puede llevar a cabo, esto es, con aportaciones de los
Presupuestos Generales del Estado, consentidas en este caso
también por las normas europeas.

A la Agencia se le transfieren todas las participaciones de que
es titular el INI en el momento de la entrada en vigor del
Decreto-ley, en las empresas sujetas a planes de reconversión o
reestructuración, regímenes especiales o derogaciones parciales
de las normas comunitarias. Las funciones que corresponden a la
Agencia respecto de estas empresas se centran en la definición de
estrategias, el seguimiento de su actuación, la evaluación del
cumplimiento de los objetivos fijados en los planes de actuación,
inversiones y financiación empresariales.

Por consiguiente, la Agencia asume el papel de interlocutor entre
las empresas y el Gobierno; un interlocutor que deberá ser
exigente con las empresas, porque también el Gobierno, que deberá
responder ante las Cortes de la utilización de estos fondos
públicos, tendrá que ser exigente ante la Agencia. Las empresas
participadas por la Agencia desarrollarán sus actividades de
acuerdo con contratos-programa aprobados por el Gobierno, que
serán la expresión jurídica, económica y técnica de los
compromisos asumidos por ella. Si justo es reconocer que se trata
en muchos casos de empresas que atraviesan situaciones difíciles,
ello no



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debe ser óbice para posibilitar, y así lo hace el Decreto-ley,
que, cumpliendo determinadas condiciones, puedan ser transferidas
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, esto es,
que cuando se produzca la viabilidad que esperamos de estas
empresas, ultimados los procesos de reconversión, puedan pasar
también a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Ahora bien, si el paso de una empresa de la Agencia a la Sociedad
Estatal se configura jurídicamente como posible, diría que
incluso deseable, no sucede lo mismo con la recíproca. Esta
filosofía no sería compatible --y supongo que ustedes coincidirán
conmigo-- con la filosofía que inspira un modelo organizativo
alejado de cualquier intento de volver a resucitar la idea de los
hospitales de empresas en el sector público. Este rigor al que ha
de ajustarse la actuación empresarial se exige también a la
Agencia Industrial del Estado en el plano financiero. En efecto,
la Agencia no podrá endeudarse, no podrá por sí misma avalar o
conceder préstamos a sus empresas. Sin embargo, éstas, las
empresas, podrán seguir, como lo han venido haciendo, recibiendo
avales del Estado para un mejor cumplimiento de los objetivos que
tengan asignados en el marco de los compromisos de
reestructuración y de los contratos-programa que pongan de
manifiesto las obligaciones de una y otra parte en el
mantenimiento y en el saneamiento de estas empresas y del empleo
respectivo que en ellas existe.

En lo que respecta a su organización, el Gobierno ha optado por
la simplificación. La Agencia tendrá un presidente y un consejo
de administración integrado por aquél y por ocho consejeros.

Por último, respecto de los bienes, derechos y obligaciones
correspondientes al INI, se prevé la subrogación de la Agencia en
todos aquellos de que fuera titular dicho Insitituto, en relación
con las sociedades que se le adscriben. En esta subrogación,
naturalmente, no se incluye la deuda histórica generada por el
Instituto que es objeto de subrogación por la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, como explicaré a continuación.

Por su parte, el Tesoro se subroga en los avales pendientes al 31
de julio de 1995 que el INI hubiera otorgado de seguir existiendo
las sociedades que se adscriben a la Agencia.

Por lo que hace referencia a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, para la tenencia, administración,
adquisición y enajenación de participaciones industriales en las
empresas que pueden ser gestionadas de acuerdo con las reglas de
la economía de mercado y, por lo tanto, exactamente en las mismas
condiciones que cualquier otro tipo de empresa, se crea una
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad de
derecho público de las previstas en el artículo 6.1, b) de la Ley
General Presupuestaria, una sociedad que se ajustará en su
funcionamiento, por tanto, al derecho privado y que, de acuerdo
con este régimen, llevará a cabo, dada la naturaleza de sus
funciones, sus actividades fundamentales.

A la Sociedad Estatal se transfieren todas las participaciones de
titularidad pública en Teneo, sociedad anónima, así como aquellas
cuya titularidad corresponde al Instituto Nacional de
Hidrocarburos, entre las que se destacan singularmente las
correspondientes a Repsol, sociedad anónima. Por consiguiente,
estamos ante una cartera de valores claramente rentable, que
tendrá que servir no solamente para hacer una correcta gestión
desde el punto de vista de los intereses industriales del sector
público y del país por extensión, sino también para hacer frente
a los compromisos financieros que se derivan de la subrogación
por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la
deuda histórica generada por el INI. A diferencia de lo previsto
para la Agencia, ni la Sociedad Estatal ni las empresas
participadas por ellas podrán recibir ninguna subvención ni
cualquier otro tipo de aportación equivalente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, con cargo a los
Presupuestos Generales de las comunidades autónomas, con cargo a
los Presupuestos de las corporaciones locales del Estado, con la
excepción de las que provengan de los conceptos de subvenciones
de carácter general, a las que evidentemente pueden tener acceso
estas empresas, como cualesquiera otras empresas existentes en
nuestro país.

No puedo dejar de señalar, señorías, la importancia que tiene el
precepto que les comento, que significa la más clara expresión de
que las empresas, en el ámbito público en nuestro país, en virtud
de esta norma, y a pesar de que esta orientación ya existía en
años pasados, con esta norma, y por imperio de la ley, se
establecen unas reglas de competencia en todo homologables a las
que existen en el sector privado. Será difícil --y me adelanto a
una consideración que ha estado a veces en determinados
ambientes-- sostener que las decisiones que se tomen en el sector
público empresarial dependiente de la Sociedad Estatal de
participaciones Industriales puedan tener la consideración de
ayudas de Estado, cuando, en virtud de la ley española y de este
propio decreto-ley, ninguno de sus decisores, ninguno de sus
administradores podrá tomar decisiones que pudieran ser
contrarias a las que un inversor en una economía de mercado
adoptaría.

Es preciso poner énfasis en esta previsión, por lo tanto, del
Real Decreo-ley, que deja muy clara, desde la perspectiva
jurídica, la desvinculación a la que antes aludía, no sólo de la
Sociedad Estatal, sino también de las empresas en las que aquélla
participa respecto de los fondos públicos. Tendrá, estoy
convencido, una influencia positiva en cualquier valoración que
en el futuro pueda realizarse, sobre el cumplimiento de la
normativa comunitaria, en materia de ayudas públicas. Pero uno de
los principios básicos de la decisión aprobada por el Gobierno
es, como ha sido comentado, el compromiso que asume la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales de amortizar, con cargo a los



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rendimientos que obtenga, la deuda histórica generada por el
INI, valorada, aproximadamente, en unos 700.000 millones. No
puede desligarse, señorías, de este compromiso la atribución de
la capacidad de endeudamiento a la sociedad estatal; atribución
cuyo fin último no es otro que permitirle un efectivo
cumplimiento de esas funciones. Dicho endeudamiento, los 700.000
millones, con la excepción del referido a la asunción de la deuda
generada hasta el momento presente por el INI, no cuenta y en el
futuro, esto es en las futuras operaciones de endeudamiento que
lleve a cabo la sociedad estatal, no contará con más garantía que
la del patrimonio de la sociedad estatal. Por tanto, tampoco
habrá en esta dirección ningún privilegio, ninguna consideración
especial que signifique un tratamiento distinto a sociedades por
el hecho de tener participación pública que aquellas otras que,
en el mercado, naturalmente no gozan de la garantía del Estado.

La sociedad estatal tendrá un Presidente y un Consejo de
Administración del que, junto con aquél, formarán parte seis
consejeros y, al igual que con la agencia, la simplificación ha
sido el principio que ha inspirado la regulación de la estructura
organizativa de la entidad.

Finalmente, señorías, quiero hacer alguna referencia al régimen
transitorio y a los efectos esperables. El régimen transitorio
establecido en el decreto-ley responde a la necesidad de cumplir
los compromisos financieros establecidos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1995, referidos al
período comprendido entre el 31 de julio y el 31 de diciembre del
mismo año, teniendo como principio básico, en una cuestión tan
delicada por su naturaleza, tan delicada por los intereses en
juego, tan delicada por los problemas de certidumbre o
incertidumbre generados en los mercados, el mantenimiento de la
garantía del Estado para aquellas operaciones que gozan de ésta
en virtud de la expresada ley.

A tal efecto, se prevé lo siguiente: La capacidad de aval por
valor de 300.000 millones de pesetas reconocida al INI en la Ley
de Presupuestos, en la cantidad que no hubiera sido empleada por
dicha entidad hasta el 31 de julio, se transfiere al Tesoro a fin
de que pueda hacer frente a las necesidades de las empresas
adscritas ahora a la agencia. Segundo, la capacidad de aval
reconocida al INH, por valor de 150.000 millones de pesetas, en
la propia Ley de Presupuestos, se transfiere a la sociedad
estatal exclusivamente hasta el 31 de diciembre del año 1995.

Hasta esa misma fecha la sociedad estatal podrá endeudarse dentro
de los límites autorizados al INI, establecidos en la ley de
Presupuestos y con las mismas condiciones de garantía, por una
cantidad equivalente a la que no hubiera sido utilizada por dicha
entidad hasta el 31 de julio de 1995.

La instrumentación jurídica que acabo de exponer, señorías, tiene
una indudable trascendencia en el orden financiero, que de una
manera sintética quiero exponer ante ustedes. En primer lugar, la
separación de las empresas en reconversión de aquellas que pueden
actuar en un marco de libre competencia va a significar una
reducción de las aportaciones del Estado a las primeras cifrada
en 153.000 millones de pesetas, en los próximos tres años, sobre
lo previsto en los planes de actuación, inversiones y
financiación aprobados por el Gobierno para el período de 1995 a
1998. Por tanto no son baladíes las consecuencias financieras y,
en ese sentido, también presupuestarias que se derivan de las
decisiones adoptadas y del nuevo marco jurídico que aquí se
adopte.

En segundo lugar, la desaparición del INI y del INH determina un
adelanto del pago de impuestos a la Hacienda pública, valorado en
38.000 millones de pesetas, en el período 1999/2000, que
obviamente también contribuirá, por modificación en el
calendario, a facilitar los procesos de ajuste que sin duda
alguna va a seguir necesitando nuestro país en los años próximos.

En tercer lugar, el Tesoro se ve liberado de la amortización de
un pasivo de 700.000 millones de pesetas, acumulado en el año
pasado, el anterior ni el anterior, sino toda la historia del
Instituto Nacional de Industria, incluso antes de la segregación
de las empresas que después quedaron bajo la tutela del Instituto
Nacional de Hidrocarburos; es decir, a lo largo de toda su
historia, que, de acuerdo con el esquema financiero establecido,
significará que este pasivo se reducirá en 340.000 millones de
pesetas entre el año 1996 y el año 1999, mediante las
aportaciones de dividendos procedente de las empresas
participadas por la sociedad estatal, así como por el traspaso de
Tesorería de Teneo en favor de aquélla y la eventual reducción de
capital que para esta transferencia de Tesorería en Teneo está
prevista en el esquema financiero.

En cuarto lugar, señorías, a partir del año 2000 la sociedad
podrá recibir dividendos de forma constante procedentes de Teneo
y de la participación que continúe teniendo el sector público en
Repsol, incluso si ésta se hubiera reducido aún más de lo que ya
se ha reducido; dividendos que serán ya superiores a los costes
financieros de la deuda restante, lo que le permitirá devolver
deuda de forma acelerada hasta su cancelación total, sin que esto
implique esfuerzos especialmente significativos.

En relación con todo ello, señorías, sería erróneo pensar que el
papel de accionista exigente que en alguna declaración pública he
puesto de manifiesto y que, indudablemente, jugará la sociedad
estatal, pudiera afectar a la política de dividendos de
sociedades como Repsol o como Teneo, que tienen que tomar sus
decisiones en el marco de las condiciones de mercado en que
operan y, naturalmente, atendiendo a la existencia no solamente
de participaciones públicas, sino también de otros tenedores de
participaciones que son privados.

La necesidad de amortizar dicha deuda con cargo a los
rendimientos que obtenga la sociedad estatal, no



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puede contradecir algo que el propio Real-decreto Ley señala, y
es la obligación de que la gestión de las empresas adscritas a la
misma se realice de acuerdo con las reglas de la economía de
mercado. No sería admisible que la existencia de un «pay out»
solamente en función de los intereses del socio privado pudiera
estar en contradicción con la evolución que se espera tengan los
valores de estas sociedades precisamente en los propios mercados.

El cumplimiento del esquema financiero no supondrá, por
consiguiente, una merma de ningún tipo en la autonomía de gestión
de unas empresas que han demostrado en su ejecución un elevado
grado de eficiencia. Por eso me gustaría contribuir, y que
ustedes también contribuyeran a disipar cualquier duda que
pudiera suscitarse en ese sentido porque nada distinto de lo que
en esa dirección pudiera ser exigible a un accionista o a una
sociedad como Endesa, como Repsol o cualquier otra de las que
forman parte del grupo empresarial Teneo, va a serle exigido en
el futuro, desde el punto de vista de su política de dividendos.

Finalmente, permítanme, señorías, que me refiera, como es
obligado en la presentación y justificación de este decreto-ley,
a las razones que han llevado al Gobierno a la aprobación de la
reordenación de participaciones precisamente utilizando esta
fórmula jurídica. El artículo 86 de la Constitución autoriza al
Gobierno a aprobar disposiciones legislativas provisionales en
caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, la
urgencia de aprobar esta nueva ordenación viene avalada por la
necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado para 1996,
cuya preparación --no se les olvide, señorías-- se inicia
muchísimo antes de que comience el año 1996, se adapten con la
antelación suficiente a la situación jurídica resultante de
aquélla. Conviene iniciar también cuanto antes el proceso de
constitución de las nuevas entidades, como ya he explicado, con
la realización de las consiguientes operaciones societarias,
financieras y presupuestarias, cuya complejidad no se les oculta.

En segundo lugar, el Gobierno --y ésta es, sin duda alguna la
principal finalidad-- ha querido eliminar desde el principio
cualquier incertidumbre que la adopción de esta medida pudiera
suscitar en los mercados, afectando a la confianza de las
instituciones financieras tenedoras de deuda o de participaciones
empresariales, a los propios particulares, tanto nacionales como
internacionales, y generando cualquier incertidumbre sobre la
evolución de empresas y de sociedades, muchas de ellas con
cotización en nuestra propia Bolsa, en la Bolsa de Nueva York, en
las bolsas internacionales y, en general, responsables también de
la propia imagen del sector público ante los mercados
financieros.

Señor Presidente, señorías, el Real Decreto-Ley de creación de
determinadas entidades de derecho público es un elemento
necesario, también, de la política industrial del Gobierno.

Constituye un instrumento que posibilita no sólo la disminución
de la carga que la situación de determinadas empresas ha venido
representando para los fondos público, sino también, y sobre
todo, una apuesta decidida por la competitividad del sector
público en España, desde el pleno respeto a las exigencias que
implican el derecho comunitario y nuestra pertenencia a la Unión
Europea.

Por todo ello, señorías, de acuerdo con lo establecido en el
ártículo 86 de la Constitución, el Gobierno solicita de esta
Cámara la convalidación del Real Decreto-ley de creación de
determinadas entidades de derecho público.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de
la convalidación? (Pausa.)
Como conocen SS. SS., en todo debate cabe un turno a favor y un
turno en contra, y cuando varios grupos parlamentarios solicitan
consumir un turno, en este caso un turno en contra, todos los
precedentes señalan que es el grupo mayor el que tiene
preferencia y, en consecuencia, el que consume ese turno. En
cualquier caso, en el turno de fijación de posición pueden
indicar claramente la posición a favor o en contra. (El señor
Albistur Marín pide la palabra.)
¿Señor Albistur?



El señor ALBISTUR MARIN: Perdón, señor Presidente, pero no me ha
quedado claro qué derecho a participar vamos a tener el resto de
grupos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Como en cualquier otro
debate, en turno de fijación de posiciones.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Gámir para un turno en contra.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, vaya por
delante que nos parece insólita la forma en que este Gobierno
está legislando en materia de empresa pública. Como tendremos
ocasión de analizar con mayor extensión la semana que viene, lo
lógico hubiera sido hacer primero un estudio de la empresa
pública. Ante el tema del estatuto de la empresa pública, lo digo
sin acritud alguna (el señor ministro, de la época en que ejerció
en Economía, sabe que la palabra esquizofrenia en economía tiene
el sentido de doble visión de la realidad), el Partido Socialista
ha mantenido, en este sentido técnico, una postura
esquizofrénica, puesto que cuando estaba en la oposición decía
que era muy bueno el estatuto de la empresa pública porque era
una forma de controlar al Gobierno, y



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cuando está en el Gobierno dice que es muy malo un estatuto de la
empresa pública porque es una forma de ser controlado. Las cosas
son buenas o malas no según se las mire desde los bancos azules o
desde la oposición. En primer lugar, lo coherente con la postura
del Partido Socialista desde el año 1977 a 1982 sería hacer un
estatuto de la empresa pública, relacionado con una ley de
privatizaciones (la semana que viene veremos también la falta de
base jurídica auténtica que tiene en nuestro país la normativa de
privatizaciones), y aprobado esto, será el momento de plantear,
en la norma de privatizaciones, dos, tres o cuatro artículos en
los que se regule ese derecho, que es la única legislación que ha
habido hasta ahora, para que, cuando se privatice, el Gobierno
mantenga, si lo desea, ciertos poderes de veto sobre decisiones
de las empresas privatizadas. Cuando se hayan regulado todos
estos problemas de fondo que plantean una profunda reflexión
sobre lo que debe ser la empresa pública, cómo actúa, cómo se
privatiza, con qué normativa, con qué transparencia, de qué forma
evitar cualquier sistema de corrupción, etcétera, realizado todo
esto será el momento de plantearse el tema de forma de la
estructura jurídica.

El Gobierno ha ido de una forma, por lo menos insólita, lanzando
lo que deberían haber sido unos ar-
tículos de la ley de privatizaciones, para mantener el poder en
determinada toma de decisiones de las empresas privatizadas, y
después planteando el problema de forma antes que los problemas
de fondo. Dicho esto, es así como lo tenemos que juzgar en esta
Cámara porque ésta ha sido la iniciativa del Gobierno.

Después el Gobierno nos plantea otro problema, el de un plan
financiero hasta el año 2000. Es lógico que las señoras y señores
diputados de esta Cámara tengan algún grado de falta de
credibilidad cuando el Gobierno habla de planes financieros en
relación al endeudamiento del INI u organismo similar. Por
ejemplo, en la legislatura de 1986 el entonces Presidente del
INI, el señor Croissier, dijo que para el año 1986 el INI sería
viable sin necesidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Otro plan financiero, con el señor Mercader, decía que para el
año 1992, se salía del apoyo de los Presupuestos Generales del
Estado; desconexión total.

Ustedes, en una operación que es casi contraria a lo que ahora en
estos curiosos cambios, un poco a lo veleta, dicho sea, de nuevo,
sin acritud, decidieron pasar el pasivo de Teneo al INI, para que
Teneo como es lógico, estuviera limpio de polvo y paja, y
aumentaron fuertemente el endeudamiento, en este caso del INI.

Entonces dijeron que lo reducirían el 43 por ciento en una fase
temporal corta. Nada de ello ha ocurrido. La credibilidad se
adquiere por los gobiernos y no por las personas. Es normal, y lo
comprenderán incluso los diputados del Grupo Socialista, que para
la mayoría de los grupos de esta Cámara carezcan de credibilidad
estos planes financieros que se nos plantean.

Entramos en el Derecto-ley. ¿Qué se viene a decir? Se viene a
decir un punto que es positivo. Al transformarse el INI en la AIE
hay algo que es positivo, hay que decirlo con claridad, y es la
no capacidad de seguir endeudándose con aval del Estado. Sin
embargo, si eso se tramitara como una ley, inmediatamente cabría
una fórmula que habría que analizar y estudiar y no el trágala de
hacer todo simultáneamente. Las empresas de la AIE sí van a poder
seguir endeudándose con aval del Estado, incluso más. No hay nada
en la ley que las prohíba agruparse entre sí y de esta forma
endeudarse con aval del Estado, con lo cual habremos creado otra
extraña institución nueva que es perfectamente válida para
recurrir a fondos con aval del Estado. Si esto fuera un proyecto
de ley, hubiera sido aclarado este punto, cosa que no queda en
esta redacción.

Después, pasan ustedes a un nuevo organismo, al SEPI, esos 0,7
billones de deuda, y dicen que se financiará desde el SEPI. Lo
primero que ustedes crean con este SEPI es una suma de
«holdings», uno por encima de otro; en vez de simplificar la
estructura administrativa, hacen algo que normalmente encarecerá
el sistema por el cual se tratan las empresas públicas.

Por ejemplo, Endesa es en sí mismo un «holding» y les está
sirviendo lo mismo para un roto que para un descosido. Si Iberia
tiene un agujero y hace falta dinero, se vende un trozo de Endesa
y con eso se tapa ese descosido. Pero, ¡cuidado!, a veces, esa
política la tienen que hacer, no en el mejor momento para colocar
ese activo de Endesa, sino en el momento en que se ven obligados
por Iberia y en el caso de Endesa es obvio que dado como iba su
cotización, ustedes no colocaron en el mejor momento financiero,
lo cual ha afectado a futuras colocaciones de Endesa. Subordinar
las privatizaciones a los problemas financieros del sistema de
empresas públicas, no es una buena política de venta de las joyas
de la abuela, sino más bien de pulírselas en aquellos momentos en
que por necesidad de tesorería hace falta realizarlo. En esta
situación se puede encontrar perfectamente el nuevo SEPI.

¿Por qué esta nueva superposición de «holdings»? Endesa pertenece
a Teneo; por otra parte, nos encontramos con todo el mundo
relacionado con Repsol y el gas. ¿Por qué no queda todo en un
«holding», desaparece Teneo y el único «holding» es SEPI? ¿Por
qué no pertenece todo a Teneo? ¿Por qué esta superposición
progresiva de «holdings» uno encima de otro? Hay quien ha dicho
que es por problemas personalistas. Yo no quiero darle esta
interpretación. Lo que sí creo es que si esto fuera como proyecto
de ley, examinaríamos la conveniencia de esta superposición de
«holdings» uno encima de otro, veríamos argumentos a favor y en
contra y habría la posibilidad de que esta Cámara optara



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por una simplificación del proceso administrativo de esta
superposición de «holdings».

Nos encontramos a la vez con otro problema. El SEPI tiene que
pagar los 0,7 billones. Dada la falta de credibilidad real que
puede haber sobre este plan para el año 2000, puede ocurrir muy
bien que en un momento dado, igual que ocurrió con Iberia, para
el pago de unos intereses haya que forzar la política de
dividendos por encima de lo que el mercado exigiría. En el caso
de Iberia, la forma de subsanar sus errores de gestión en el caso
de Iberoamérica y en el caso de la compra de flota, fue presentar
un plan un año después y, mientras tanto, vender un trozo de
Endesa. Puede que ustedes se vean obligados a hacer una política
que no sea la más racional para la capitalización de las empresas
en cuanto a dividendos o incluso de privatizaciones en algún
momento dado, simplemente por problema de la financiación
relacionados con el SEPI.

Nosotros estamos de acuerdo, sin duda algo más que ustedes, en
una política de privatizaciones, pero coherente y lógica, cuya
finalidad sea aumentar la eficiencia, la eficacia del sistema
productivo nacional; que lo que se obtenga de la misma vaya a
reducir la deuda pública, pero que no se subordine a pagar deudas
de otras entidades al tener que vender, en algún caso no
adecuadamente, por no utilizar la expresión malvender, en
relación al menos a la otra posibilidad de vender mejor, empresas
públicas, como puede condicionarles esta estructura del SEPI.

Por otra parte, la verdad es que como Gobierno reconozco que
tienen ustedes la gran capacidad de ser sorprendentes, lo cual en
parte es una habilidad, pero a uno le causa alguna extrañeza. Hay
un documento que se llama ahora Libro Blanco sobre la Industria
española (estoy hablando de su redacción del 20 de junio de 1995,
hace una semana, cuando este decreto-ley estaba tramitándose) en
el que hay un capítulo que se dedica a la empresa pública y en él
se sigue hablando del INI, de Teneo, no se habla en absoluto de
este plan, de tal forma que una mano equis del Ministerio --la
derecha o la izquierda, no sé cuál-- propone un Libro Blanco en
el que mantiene la estructura del INI y Teneo como hasta ahora,
diciendo que después quizá vendrá una reorganización, y otra mano
--la derecha o la izquierda, no sé cuál-- manda un decreto-ley al
Consejo de Ministros, en las mismas fechas en que aparece este
documento, en el cual cambia esa estructura. Realmente son
ustedes capaces de sorprender, no ya sólo a la Cámara, sino
incluso quizá a sí mismos, por su capacidad de decir al mismo
tiempo dos cosas contradictorias en dos documentos de cierta
importancia.

Ustedes han planteado con ello una situación en la cual, si
tuvieran por una vez el acto de no arrogancia (y cuidado, la
palabra arrogancia no proviene de mí, sino de otro ilustre
diputado de esta Cámara y dedicada al actual titular del
Ministerio de Industria) y decir aquí claramente estamos
dispuestos a reconvertir este decreto-ley y a transformarlo en
una norma que se tramite como proyecto de ley, si ustedes
estuvieran dispuestos a hacer eso, nosotros estaríamos dispuestos
a abstenernos. No nos gusta esta norma, pero si ustedes hacen
eso, con tal de tener la oportunidad de que esta Cámara, el
Parlamento, mejore todas las grandes imperfecciones que tiene
esta norma, nos abstendríamos. Si ustedes plantean desde la
arrogancia que esto son lentejas, sean cualesquiera los artículos
de esta norma, nos obligarían a votar en contra de la misma.

Quisiera finalizar recordando una vieja idea de Ruskin, que la
digo midiendo las palabras, también una vez más sin ninguna
acritud, y no va dirigida a ninguna persona en concreto. Decía el
sociólogo Ruskin que los más flojos de inteligencia son quienes
más se complacen en la variedad y en los cambios de criterio. La
flojedad de inteligencia no se aplica a una persona, sino a la
actuación del Gobierno en los continuos cambios de criterio, casi
de veleta, que ha tenido en todo este terreno de la empresa
pública y en su tratamiento. Distinta a las continuas
contradicciones es aquella antigua idea de que ustedes, a veces,
aciertan cuando rectifican. Pues bien, rectifiquen esta vez, con
este decreto-ley. Ustedes pueden pedir el mes de julio para que
se debata por el trámite de urgencia, y tiene todo el tiempo de
los presupuestos para que se tramite como ley. Cambien de
criterio y llévenlo a esa idea antigua de que a veces aciertan,
cuando rectifican, que no tiene nada que ver con la
contradicción. En ese caso nos permitirán una abstención al
decreto-ley y no el voto en contra y, sobre todo, permitirá a la
sociedad española contar con una mejor norma para la regulación
de la empresa pública industrial de nuestro país.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gámir.

¿Turno a favor? (Pausa.)
El señor Sáenz Lorenzo por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

(El señor Frutos Gras, pide la palabra.)
Señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Había entendido, señor Presidente, que el
turno en contra, era un turno en contra. Plantear y votar
afirmativamente que el decreto-ley sea tramitado como proyecto de
ley, también lo va a hacer nuestro grupo, pero mantendrá su
posición en contra del decreto-ley. Esto es un turno en contra y
no sé es si el señor Gámir votará a favor del decreto-ley en la
medida que se trámite como proyecto de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, la
Presidencia ha tratado de explicar al principio, y seguramente lo
he hecho mal, el precepto reglamentario. El artículo 74 en su
apartado 1 dice: «en todo debate cabe un turno a favor y otro en
contra». Eso no quiere decir, señor Frutos, que su grupo, y usted
si



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es el portavoz, no tenga la oportunidad de fijar su posición
explicando claramente si está a favor o en contra en el turno de
fijación de posiciones. Como ha habido dos solicitudes de turno
en contra, el grupo mayoritario de los dos tiene preferencia. Por
tanto, en el turno de fijación de posiciones usted podrá
explicar, con toda claridad, la postura de su grupo, frente al
Real Decreto-ley.

Señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Voy a defender, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la convalidación de este decreto-ley y
consumir un turno a favor de la misma.

Señor Gámir, usted empieza su discurso haciendo, de nuevo, una
referencia al estatuto de la empresa pública y a nuestro cambio
de posición al respecto. En política que un grupo parlamentario
durante un década esté planteando una posición uniforme a lo
largo de ese tiempo, me parece que es suficiente para que acabe
un discurso que no va en el sentido de los tiempos. Tendría
sentido hablar de un estatuto de la empresa pública si
estuviéramos ante una perspectiva de crecimiento de la
intervención del Estado en la economía y en la actuación sobre
las empresas, pero no estamos en esa perspectiva, señor Gámir, y
parece contradictorio que su grupo se empeñe en hablar del
estatuto de la empresa pública cuando, al mismo tiempo, nos está
hablando permanentemente de la urgente necesidad de privatizar a
toda costa, cosa con la que nosotros tampoco estamos de acuerdo.

Por tanto, no vuelva usted a esos debates.

También habla usted de que el Gobierno, el grupo mayoritario ha
cambiado de posición. Eso no es cierto. A lo largo de estos años
de Gobierno socialista, la reforma de la empresa pública se ha
llevado a cabo siempre caminando en una misma dirección,
mejorando la competitividad, mejorando la eficiencia, buscando
que las empresas públicas por sí mismas, sin depender de los
presupuestos puedan caminar y fortaleciendo la estructura
industrial de nuestro país. Ese ha sido el objetivo principal de
la empresa pública, éste sigue siendo el objetivo principal en
estos momentos, y la próxima semana se plantea un debate sobre
este tema. Hemos discutido el tema en Pleno y en Comisión. Hay
una serie de mandatos de esta Cámara que tiene que cumplir el
Gobierno. Yo creo que las actuaciones, y en particular este Real
Decreto-ley, están justamente en la dirección de los mandatos que
plantea la Cámara, mandatos que significan racionalizar el sector
público, reformarlo en profundidad, mejorar la competitividad y
la eficacia. Todos estos años, señor Gámir, ha estado trabajando
el Gobierno en la dirección de mejorar la competitividad y la
eficiencia. Por tanto, es un paso más en la misma dirección y en
ese recorrido que nos parece importante para la empresa pública.

Disminuir las cargas presupuestarias que supone la empresa
pública; también estamos caminando en esa dirección. Sin embargo,
no estamos de acuerdo con que sea necesaria una privatización
masiva del sector público español.

¿Por qué? En primer lugar, por su volumen y por lo que representa
en la economía española. Si nosotros comparamos cuál es el
volumen del sector público español con el volumen del sector
público en los países de nuestro entorno, en los países europeos,
nos encontramos con que es relativamente modesto.

Hay un paquete de países en cuya economía el sector público viene
a representar entre el 18 y el 22 por ciento. Estamos hablando de
un porcentaje que podría ser una media ponderada entre porcentaje
de empleo que representa, porcentaje de valor añadido y
porcentaje de inversión. Si hacemos una mezcla de estas tres
valoraciones, en dos países desarrollados como Italia o Francia,
o en dos países menos desarrollados también europeos, como
Portugal y Grecia, el sector público viene a representar entre el
18 y el 22 por ciento. Hay otro paquete de países en que
representa entre el 9 y el 11 por ciento. Entre ellos está
Alemania, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, es decir, hay una
serie de países. España está en la banda más baja de presencia en
el sector público, entre el 9 y el 10 por ciento. Finalmente, hay
un país, el Reino Unido, que tiene una presencia del 5 por
ciento.

Sin embargo, si consideramos por volumen de sector público, el
más grande es el de Francia; en segundo lugar, el de Alemania, y,
en tercer lugar, el del Reino Unido, por encima todavía del
volumen, desde el punto de vista económico y en términos
absolutos, del español.

Por consiguiente, no es nuestro sector público mayor, en relación
con nuestra economía, del de los países de nuestro entorno, sino
relativamente menor. En consecuencia, la reforma del sector
público debe ir orientada en la dirección que han señalado las
resoluciones de esta Cámara de mejora de la competitividad, de
mejora de la eficiencia, de mayor autonomía en las decisiones, de
fortalecimiento del tejido industrial español y de
fortalecimiento y de conformación de grupos industriales de
tamaño suficiente que permitan a nuestro país estar presente en
la economía europea. Por eso, sí que estamos en una senda de
disminución de la presencia pública, en una senda de una
disminución paulatina, que se está llevando a cabo, en algunos
casos, por desinversiones, en los menos; en la mayor parte de los
casos por sacar a Bolsa, por financiarse en el mercado bursátil,
por, digamos, sumar a la financiación de esos proyectos públicos
una parte del ahorro privado. Ese es el camino que se está
llevando. También en otros casos consolidando alianzas con
empresas privadas, sean alianzas tecnológicas, sean industriales
o sean comerciales. Ha habido empresas de



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defensa en las que se han consolidado estas alianzas, y ha habido
empresas del sector del gas en las que también se han realizado.

Por tanto, hay una paulatina disminución de la presencia pública
y un aumento de la presencia privada, que se está llevando a cabo
fundamentalmente mediante salidas a Bolsa y mediante alianzas con
el sector privado.

Nuestro Grupo piensa, igual que el Gobierno, que no es necesario
en estos momentos un plan masivo de privatizaciones, porque sería
perjudicial para el tejido industrial de nuestro país. Un
objetivo prioritario del Gobierno en estos momentos es consolidar
nuestro tejido industrial y lograr que, efectivamente, los grupos
industriales más importantes, que tienen un origen público y en
los cuales cada vez hay mayor presencia privada, jueguen un papel
muy importante de futuro en este país.

Es necesario reformar estructuras y el Decreto que vemos hoy está
justamente en esa dirección. En este Decreto desaparece el
Instituto Nacional de Industria. Parecería necesario, por lo
menos por mi parte, hacer una referencia al papel que el
Instituto Nacional de Industria jugaba en este país en el terreno
de la industrialización, con objetivos muy discutibles,
posiblemente que no hayamos compartido en momentos de autarquía
jugando unos papeles muy distintos de los que hoy debe jugar un
sector público empresarial. Pero no hay duda ninguna de que en un
país donde el capital privado ha tenido un escaso componente
industrial, el Instituto Nacional de Industria ha jugado, a lo
largo de los años, un papel importante. Hoy, este Decreto hace
que desaparezca este Instituto, y creo que es justo que desde
esta tribuna se reconozca esa presencia en la industria y ese
papel importante en la creación y mantenimiento del tejido
industrial del que muchas veces se ha tenido que hacer cargo
empresas privadas con pérdidas, lo que ha originado muchas
dificultades.

También desaparece el Instituto Nacional de Hidrocarburos, que
nace en un momento de la historia de España en el que hay un
monopolio en el sector de la distribución del petróleo y sus
derivados, que ha jugado el papel de lograr que esa adaptación de
situación de monopolio a situación de mercado se pudiera hacer
manteniendo una presencia industrial española significativa, y se
crea una agencia industrial.

Dentro del INI están conviviendo empresas que han estado o están
en reconversión, que participan en planes aprobados por la Unión
Europea, lo que significa, en definitiva, apoyo público, apoyo de
los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, que funcionan
normalmente en régimen de contrato-programa, junto con otras
empresas que tienen que estar actuando en condiciones de mercado.

Parece lógico que la gestión no sea la misma en unas empresas y
otras; parece lógico que se agrupen, por una parte, las
participaciones en las empresas que necesitan la intervención
pública, el apoyo público, en la nueva agencia industrial del
Estado, y, por otra parte, que se agrupen también las
participaciones en el sector que tiene que actuar en condiciones
de mercado, en el sector que tiene que competir y buscar la
eficiencia por encima de todo. También las empresas que están en
la agencia tienen que buscar la competitividad, pero dentro de un
planteamiento y de un funcionamiento de contrato-programa
esencialmente distinto de las otras. Parece, pues, racional que
las empresas que tienen que funcionar con contrato-programa estén
en un organismo, en un ente público que dependa de los
presupuestos, y que no puedan endeudarse, y que las otras actúen
con condiciones de mercado.

Desde mi punto de vista, es fundamental para el futuro que esos
dos grandes grupos industriales, los dos grandes grupos
industriales más importantes de nuestro país, Teneo y Repsol, se
consoliden como grupos de futuro. La presencia pública debe
garantizar en gran medida esa consolidación como grupos de
futuro, porque, como saben SS. SS. desgraciadamente no hay muchos
grandes grupos industriales en nuestro país; los que tenemos han
sufrido la inciatativa pública, saludamos y pensamos que es
positivo que haya una creciente incorporación privada, pero
pensamos también que uno de los objetivos de la política
industrial tiene que ser la consolidación y el fortalecimiento de
esos grandes grupos, y este Decreto va en esa dirección.

Efectivamente, se crea una sociedad estatal de participaciones
industriales que va a tener esas participaciones, pero se
mantiene la autonomía de funcionamiento de esos dos grandes
grupos industriales que parece que no acaba de entender el señor
Gámir.

Pienso que sería negativo en estos momentos romper la dinámica
empresarial de autonomía de funcionamiento de un gran grupo como
Repsol o del grupo Teneo desde una estructura administrativa. La
función de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es
tener esas participaciones públicas y, desde luego, buscar con
las mismas la consolidación del tejido industrial de nuestro
país, pero funcionando autónomamente esos grandes grupos, que
afortunadamente están ya consolidados en estos momentos y cuya
actuación, desde nuestro punto de vista, debe consolidarse.

Al mismo tiempo, este Decreto también funciona en la dirección de
disminuir las cargas públicas sobre los Presupuestos, el problema
del déficit que parece que a ustedes les preocupa mucho en los
momentos de debate presupuestario y mucho menos cuando se discute
cualquier otra ley o actuación del Gobierno. En este Decreto
también está la preocupación del Gobierno por disminuir las
cargas que ha venido suponiendo el sector público empresarial
para los Presupuestos. En ese sentido, efectivamente, la asunción
de deuda de



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700.000 millones supone una descarga de cara al futuro de esos
intereses públicos.

Señoras y señores Diputados, en el Grupo Socialista pensamos que
esta actuación del Gobierno podría haberse producido después del
debate --ese era el calendario existente en el Congreso; por
causas políticas resulta que se va a producir la próxima semana--,
pero no hay duda ninguna de que este Decreto, esta reforma del
sector público está de acuerdo, por una parte, con los mandatos
que esta Cámara le ha enviado al Gobierno y, por otra parte, con
el avance en ese terreno de la competitividad que necesita el
sector público.

Desde nuestro punto de vista, el artículo 86 de la Constitución
establece que, cuando hay urgente necesidad, las decisiones se
pueden tomar como decreto-ley. Pensamos que éste es el caso del
Decreto que nos ocupa por los dos motivos que ha expuesto el
Ministro. Pero nuestro Grupo también considera que hay dos
motivos básicos para ello. El primero, el hecho de que se
pudieran debatir simultáneamente los Presupuestos Generales del
Estado en esta Cámara y una reforma del sector público que tiene
enormes consecuencias presupuestarias sin que hubiera una
coordinación entre ellos, sería una dificultad difícilmente
salvable. Es muy importante consolidar la reforma y la
repercusión que se tiene con los Presupuestos antes de que el
debate presupuestario se inicie en el Congreso, y ello para no
condicionarlo.

En segundo lugar, estamos hablando de un sector en el que hay
grupos que están afectados, donde hay grandes empresas que están
cotizando en los mercados bursátiles nacionales e internacionales
y, por tanto, cualquier incertidumbre respecto de la estructura
final de estas empresas y de estos grupos podría influir
económicamente en esas valoraciones. Pensamos que es un riesgo
que no se debe asumir y, por ello, nos parece que el mecanismo
más adecuado, con arreglo al artículo 86 de la Constitución, es
el de decreto-ley.

Por estas mismas razones nuestro grupo también piensa que podría
ser bueno que no se tramitara como proyecto de ley, pero vamos a
estar de acuerdo en ello si todos los grupos de la Cámara piensa
que es lo mejor, puesto que en ningún caso queremos hurtar el
debate a esta Cámara cuando así se ha solicitado por los
distintos grupos de la oposición.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz
Lorenzo.

Señor Gámir, tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, voy a hablar
con brevedad, sobre todo a la vista de la última manifestación
del señor Sáenz Lorenzo.

El señor portavoz del Grupo Socialista habla de la coherencia de
su grupo durante diez años; le felicito, y aún más, no solamente
durante diez, sino durante doce años han sido ustedes coherentes.

Doce años en el Gobierno contra los cinco que estuvieron en la
oposición. Cuando estaban en la oposición ustedes pretendieron un
sistema de control, y desde que están en el Gobierno han votado
siempre en contra.

Un estatuto de la empresa pública puede tener un contenido muy
diverso. El que nosotros vamos a acabar presentando, porque
ustedes no lo hacen, exige la transparencia de las empresas
públicas para que den la misma información que den las empresas
que cotizan en Bolsa en la Comisión Nacional de Valores; plantea
que ninguno de sus directivos pueda ser un cargo tipo director
general o compañía; plantea una serie de normas sobre gestión y
control de gestión. Ese es el estatuto de la empresa pública
acoplable a este momento, que ustedes, como saben que es un
instrumento de control, no están dispuestos a planteárselo en
absoluto.

Usted ha hablado, por otra parte, de su eficacia llevando la
empresa pública, y en un periódico que no suele ser muy crítico
con el Gobierno, se publicó un largo artículo que decía que a
este país le han costado 24 billones --con «b» de Boyer o con «b»
de Borrell, la que usted quiera-- de pesetas el coste de las
empresas en pérdidas, desde 1982 a la actualidad.

Tuve un debate en Televisión con el señor Moltó, Secretario de
Estado, y con el Vicepresidente del INI sobre este tema, y les
dije: «si no es esta cifra, digan ustedes cuál es». No hubo
respuesta. No sé si ese coste en pérdidas de las empresas de 24
billones es una buena gestión.

Señor portavoz, le ha ocurrido a usted en este debate algo
curioso: usted venía con un texto de casa, y yo no he hablado
sobre lo que usted me ha contestado. Me recordaba (y perdóneme la
anécdota histórica) un debate del año 1981 entre el señor Suárez
y el señor González (cuando el señor González tenía muchos
reflejos), en el que el señor Suárez habló mucho de la
credibilidad, a la que no había aludido en ningún momento el
señor González, pero se traía el discurso de casa y esperaba ese
tema. Yo aquí no he hablado de masivas participaciones; he
hablado de desordenadas privatizaciones por parte de ustedes; he
hablado de privatizaciones como la de Endesa. Si quiere usted,
profundizaría y le diría lo mal que hicieron ustedes la
privatización de Argentaria y cómo han dificultado precisamente
nuevas privatizaciones de Argentaria por la forma en que lo han
hecho. He hablado de que realmente temo que con la política del
SEPI se vean ustedes obligados a operaciones como la de Iberia. A
eso no ha habido respuesta. Parafraseando libremente a Neruda,
diríamos que, aunque estaba usted presente, calló como si se
encontrara ausente ante la crítica realizada sobre ese campo.

Por otra parte, habla usted de grandes grupos industriales. No es
el momento de tratar este tema, pero fue su Gobierno --su
Gobierno, repito-- el que apoyó en Bruselas la desaparición de la
banca mixta en España con el plazo del año 2004. El Gobierno
alemán planteó,



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al contrario, una serie de fechas con las cuales
podían tener más tiempo para mantener el modelo de banco
industrial, con lo que implicaba otra alternativa de grupos
industriales. Su Gobierno, el de aquella época, precisamente se
negó al modelo de banco industrial y prácticamente lo ha hecho
imposible, con lo que ha dificultado (y conoce toda la regulación
al respecto, me figuro) otra alternativa de grupos industriales.

Habla usted de disminuir la carga pública, el déficit público. Yo
no quería entrar en ese tema, pero me obliga a ello. Ustedes han
utilizado hasta ahora un sistema que es un pequeño juego de
manos. ¿Qué hacían ustedes? Primero, le daban menos dinero a una
empresa pública; luego, esa empresa pública, como tenía poco
dinero, que se lo daban ustedes desde el Estado, se endeudaba, y
después ustedes asumían la deuda, con lo cual en ese triángulo
maldito era como si ustedes le hubieran dado más subvención desde
el principio. Pero no era así, porque la asunción de deuda hecha
por ese triángulo maldito, repito, de primero les doy menos
dinero, luego ustedes se endeudan y después yo asumo la deuda, no
entra en el déficit del año y, como tal, no computa en el «ratio»
déficit, o en el porcentaje déficit público-PIB del año. Con ese
sistema están, no quiero decir la palabra falseando, pero sí
manipulando, no diciendo exactamente la verdad. Pues bien, el
problema que tienen ustedes con el SEPI es que probablemente van
a dejar ahí remansada una parte de la deuda pública, y como tal
no pasará donde hubiera tenido que estar al ser absorbida por el
Estado y figurar en otros indicadores de Maastricht. Si con lo
anterior querían ustedes afectar al indicador déficit-PIB, con
éste van a acabar ustedes por afectar el indicador deuda-PIB,
porque ese remanso de dinero que va a quedar en el SEPI no va a
entrar en la deuda pública, como si no hubieran tenido ustedes
que acabar por realizarlo si hubieran asumido esa deuda.

De forma que, al contrario, es una operación de estética
financiera, digamos, la que se está realizando, que no entra en
los problemas de fondo, ni de déficit ni de deuda pública.

Y, por último, usted habla de cumplimiento de un mandato, y no es
cierto.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gámir, vaya
terminando.




El señor GAMIR CASARES: Ha habido un mandato teóricamente
presentado por Convergència (y con ello acabo) a la Comisión, que
es de hace más de un año, que exigía que en el plazo de seis
meses se planteara un plan general sobre empresa pública y
privatizaciones que no ha sido en absoluto cumplido (este debate
es un año después) y no trató sobre el tema que planteó
Convergència i Unió en aquella decisión de la Comisión. Luego
tampoco es por cumplimiento de mandato.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gámir.

Señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señor Gámir, no se
empecine usted en lo del estatuto de la empresa pública, que si
ustedes llegaran alguna vez a gobernar, cosa que dudo (Risas.),
estoy seguro de que no lo aprobarían. (Rumores.) ¡Estoy seguro de
que no lo aprobarían!
El estatuto de la empresa pública respondería a la idea de pensar
que la empresa pública tiene que funcionar con parámetros y con
controles (y usted lo ha venido a decir) distintos de los del
resto de las empresas, cosa que no es nuestra idea, cosa que está
fuera del tiempo, señor Gámir.

Por tanto, no se empecine usted en este debate, yo creo que no
tiene razón, que en ningún caso harían ustedes un estatuto de la
empresa pública si gobernaran, y desde luego nuestro propósito es
no hacerlo, y hace ya muchos años que estamos en esa posición; no
sea usted antediluviano en sus planteamientos.

Me sorprende diciendo que usted no ha hablado nada de las
privatizaciones. Hemos debatido sobre este tema una y cien veces
en la Comisión y en el Pleno. Si ahora dicen ustedes que no son
partidarios de un plan de privatizaciones, me sorprendería, pero
me alegraría, porque significaría que empiezan a acercarse a las
posiciones que interesan a nuestro país desde el punto de vista
industrial.

Usted ha hablado siempre de ese triángulo maldito que yo no acabo
de saber si es cierto o no es cierto. Tendría que reconocer que,
en caso de que existiera ese triángulo maldito del que usted
habla, este Decreto-ley lo resuelve. Por tanto, tendría usted que
aplaudir y votar a favor de su convalidación.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz
Lorenzo.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, vamos a abordar el debate parlamentario sobre la
convalidación del Real Decreto-ley con el que se pretende una
nueva ordenación institucional que busca racionalizar la gestión
de las participaciones industriales de titularidad pública en el
ámbito del INI y del Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Se trata del cuarto y, yo diría, más ambicioso proyecto de
reordenación institucional, societaria y de titularidad



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accionarial realizado en el INI desde su creación en el año 1940.

Como los anteriores proyectos, se mantiene la titularidad
accionarial en el Estado, se redistribuyen en este caso pérdidas
y beneficios, buscando esta vez los siguientes, a nuestro modo de
entender, loables objetivos. Primero, configurar un sector
público menos diversificado, constituyendo grupos industriales de
titularidad nacional, y, segundo, liberar a los presupuestos del
Estado de la carga financiera originada por las elevadas pérdidas
de las empresas públicas integradas en el INI en un largo proceso
histórico que ha alcanzado en número y en volumen de pérdidas los
2,2 billones de pesetas desde su creación. Sin embargo, debatir
la convalidación de este Real Decreto-ley aisladamente y en frío,
como una reforma puntual ajena a la política industrial del
Estado, y en particular a la política de privatizaciones, a
nuestro modo de entender no tiene sentido.

No tiene sentido aprobar este Real Decreto-ley a una semana del
debate sobre privatizaciones en el sector público empresarial, y
no tiene sentido tratar este Real Decreto-ley sin conocer y
debatir en esta Cámara la anunciada política industrial para la
que se ha elaborado una serie de dossieres sectoriales que en
teoría deben constituir un libro blanco de cuyo destino y
contenido hace ya seis meses que los miembros de la Comisión de
Industria en esta Cámara hemos perdido ciertamente la pista, y
que quisiéramos recuperar.

El debate de hoy debería ser un debate conclusivo de una política
industrial determinada, no un ejercicio de forcejeo entre
Gobierno y oposición sobre un proyecto más de reordenación del
INI. Es uno de los proyectos de reordenación y reestructuración
del sector público empresarial quizás más serios que pueden pasar
por esta Cámara, y otro de los hitos que en política económica e
industrial deberían haber sido atendidos con más pausa y más
serenidad en esta Cámara.

Aunque las pérdidas y ganancias se desplacen de los presupuestos
del Estado al propio ámbito empresarial y se constituyan dos
nuevas entidades de derecho público tenedoras de acciones y
redistribuidoras de los recursos generados, el INI y el INH no
abordan la reforma estructural empresarial que se precisa, a
nuestro modo de entender.

La antigua poderosa Oficina Central del INI parece desdoblarse
como resultado de este Real Decreto-ley en dos cabezas: la
Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal de
Participaciones. Ambas tienen en común el subrogarse en los
bienes, obligaciones y derechos del INI y del INH y mantener la
consistencia e incoherencia, a pesa de lo duro de las palabras,
de la dirección estratégica, centralizar decisiones, distribuir
recursos y centralizar también relaciones laborales, cuando, a
nuestro modo de entender, su función debiera ser la de realizar
la definitiva reestructuración empresarial de las empresas
deficitarias, en el caso de la Agencia Industrial del Estado, y
la de ser simplemente oficina de control financiero, en el caso
de la SEPI. Ambas siguen siendo un instrumento de dominio
político, que, a nuestro modo de entender, sigue encerrando
ciertas dudas en su funcionamiento que impiden la constitución de
los pretendidos grupos industriales a partir de las empresas
eficientes, como se dice en la memoria del Real Decreto.

Es poco realista calificar a Teneo hoy día como grupo empresarial
--puede haber un debate sobre este tema, pero yo quisiera
mantener la afirmación-- y, además, integrado por empresas
competitivas en cada uno de sus negocios, con capacidad de
interlocución internacional y con un importante efecto de
arrastre sobre el conjutno del tejido industrial. Yo diría que
esto es hoy un desiderátum más que una realidad; más bien estamos
ante una mera agregación de negocios, sin conexión entre sí,
compitiendo con el capital privado de un sector de actividad en
condiciones más ventajosas. Además, la reordenación lo convierte
en una fuente de recursos para reducir la deuda histórica, lo que
le obliga, ya desde su constitución, a detraer el 60 por ciento
de sus resultados --son datos que acompañan a los anexos del Real
Decreto-- a la amortización del déficit histórico. Si la
estrategia buscada es la reducción de déficit público vía
asignación de recursos allá donde se producen los déficit, la
solución nos parece válida, pero es contradictoria con la
declaración realizada en la exposición de motivos de pretender
constituir grupos industriales potentes de titularidad nacional,
porque la ausencia de recursos lo va a impedir y porque los
grupos surgen a partir de proyectos de diversificación y
especialización en sus negocios básicos y con una dotación de
recursos y capacidades que se van ocupando con negocios
relacionados entre sí y en su propio sector de actividad; eso es
lo que nos gustaría ver hoy como política real del grupo Teneo.

En el proyecto se mantiene el conglomerado de empresas cuya única
relación entre sí es pertenecer al Estado, tener titularidad
pública y compartir la reducción de sus beneficios en pro de la
reducción de la deuda. No se producen alianzas estratégicas entre
ellas ni con empresas del propio sector privado. No hay
revisiones de la gestión, estrategias de internacionalización,
alianzas sectoriales con empresas privadas de su sector para
ganar peso específico y competitividad en el mercado
internacional y en tecnología. No se prevén medidas para
controlar la gestión y las estrategias personalistas que hoy
mismo caracterizan a grandes empresas públicas y las impulsan a
tomar participaciones en cualquier actividad emergente sólo
porque disponen de la oportuna tesorería y sin coordinación
alguna con las leyes sectoriales aprobadas por este Parlamento --
por ejemplo, la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico-- o las
orientaciones del Ministerio de Industria. Me estoy refiriendo
claramente al caso Endesa, que impulsa su propio conglomerado
industrial, a



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nuestro modo de entender descoordinadamente con el grupo Teneo.

Tampoco vemos que se prevean medidas reformadoras con las que
atender la necesidad de no seguir aplazando los ajustes de las
empresas no viables, integradas ahora en un nuevo conglomerado, y
de reutilizar sus activos para reducir la deuda o, lo que es
mejor, promover nuevas empresas. En este Real Decreto-ley --y lo
voy a decir con claridad-- no se garantiza terminar con un
«holding» público que todavía está al servicio de sus empleados,
directivos, proveedores y sindicatos y que asigna objetivos y
comportamientos que benefician a sus integrantes y se presentan
como objetivos públicos. Las condiciones de trabajo, niveles
salariales, acuerdos de prejubilación singulares, el elevado
número de liberados sindicales, reflejan la clara utilización por
parte de algunos grupos, determinados grupos, de la empresa
pública. Esta situación no parece que vaya a cambiar.

Nuestra crítica no ignora, sino que también reconoce, la
existencia de empresas y gestores que realizan un importante
esfuerzo de competitividad, racionalización de la gestión y
desarrollo tecnológico. Insisto en que nos parece laudable el
objetivo de separar el déficit del INI y el déficit del Estado y
buscar soluciones desde el propio sector público empresarial,
pero nos tememos que ahí se agota la reforma y no nos conformamos
con ese horizonte, porque no cambia el fondo empresarial ni
mejora, a nuestro modo de entender, la eficiencia. Por ello, más
que la constitución de nuevas oficinas centrales que pueden tener
un carácter interventor y que son deficitarias, como indica el
propio Real Decreto-ley, es necesario realizar la definitiva
reestructuración de las empresas deficitarias y plantearse la
creación de grupos industriales plenamente autónomos, grupos con
mercados y tecnologías relacionados a partir de Endesa, Indra,
Repsol, Iberia-Aviaco y Siderurgia Integral, pero traspasando
limpiamente el control al mercado de capitales, favoreciendo
paralelamente los procesos de privatización a partir de dichas
empresas, ya sea por venta de acciones en Bolsa o por acuerdos
societarios con capital privado del mismo sector de actividad y,
a ser posible, del Estado.

Para finalizar, tengo que incidir en que el proceso contemplado
en el Real Decreto-ley se efectúa una vez más sin consulta y sin
conocer el criterio de las comunidades autónomas con competencias
en política industrial y con importante presencia del sector
público empresarial en su territorio. Lejos de pretender enterrar
lo que podía llamarse el caduco INI, hoy asistimos de alguna
forma a su resurrección, ahora disfrazado de alguna manera de
ingeniería financiera y de mecanismos reconversores que seguirán
inoperantes por presiones internas que dependen de un falso y
carísimo empleo, pero además convertido, de alguna manera, en una
hidra industrial de dos cabezas que, en definitiva, no va a
solucionar los problemas de intervención desde esas dos cabezas
para que haya una libertad empresarial y una creación de grupos
autónoma desde la propia potenciación empresarial. Por si acaso,
el legislador nos ha puesto en guardia, y quisiera subrayar sus
propias palabras. La filosofía que inspira la creación de ambas
entidades se completa permitiendo que las empresas adscritas a la
agencia puedan ser transferidas a la SEPI cuando garanticen de
manera estable su viabilidad; no sería, sin embargo coherente la
transferencia de empresas desde la sociedad estatal a la agencia.

Creemos que este párrafo no debería haberse escrito porque se
supone.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Albistur, vaya
terminando, por favor.




El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor Presidente.

Solicitaremos la tramitación de este Real Decreto-ley como
proyecto de ley y mantendremos nuestro apoyo a su convalidación
como tal, esperando que en su tramitación podamos introducir
algunas de las propuestas que hemos señalado en esta
intervención.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Coalición Canaria tiene que decir, en el momento de fijar su
posición para la convalidación o no de este
Real Decreto-ley, que se sintió sorprendida desde el primer
momento que tuvo noticia del mismo, sorprendida no de forma
positiva o negativa sino con preocupación.

Nosotros tenemos que hacer determinadas objeciones desde esta
tribuna. En primer lugar, el propio título del Real Decreto-ley
es de lo más ambiguo y difuso posible; habla de la creación de
determinadas entidades de derecho público, y cuando se lee el
texto ahí es nada lo que contiene, nada más y nada menos que el
sector público empresarial e industrial del Estado.

A estas alturas del ejercicio legislativo, el Gobierno podía
haber tenido la cautela suficiente para, desde primeros de año o
desde el año pasado, haber entablado un debate clarificador con
los grupos políticos de esta Cámara para hacer aproximaciones de
consenso, porque no estamos hablando de una cosa baladí o de una
cosa transitoria sino de algo que nace nada más y nada menos que
en la fecha histórica de 1941, con las connotaciones de un
planteamiento de autarquía en una España que acababa de salir de
una guerra civil asoladora de todo su aparato empresarial e
industrial y, al mismo tiempo, en un entorno introducido en una



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sanguinaria y arrasante guerra mundial, sobre todo dentro del
continente europeo.

Las circunstancias de hoy día, 1995, son todo lo contrario, y, si
son todo lo contrario, yo creo que, por no estar en un sistema,
afortunadamente, totalitario, como el que imprime la filosofía de
la Ley de 1941 creadora del Instituto Nacional de Industria, por
obra del entonces Ministro señor Suanzes, hace que haya de haber
una aproximación de análisis. Y aquí la primera de nuestras
objeciones, a la forma. Porque tampoco se puede hacer el debate
de este Real Decreto-ley cuando tenemos ya anunciado en el orden
del día del próximo Pleno extraordinario el debate del documento
de privatizaciones del Gobierno. Son dos materias que van
ligadas, porque dentro de este Decreto-ley se contienen ya las
posiciones estratégicas de determinadas industrias y empresas del
sector público estatal, que sin ese debate posterior clarificador
de privatizaciones sí o no, que democráticamente es exigible
políticamente a esta Cámara, nos podemos encontrar con que ya
estamos colocando en el disparadero de salida y en la posibilidad
inmediata empresarial y bursátil de privatizar una serie de
empresas estatales. Esto es un tema que habría que debatir, para
escuchar los pareceres a favor o en contra de las distintas
fuerzas políticas, sociales y económicas de España.

Nuestra segunda objeción es al fondo. ¿Qué duda cabe que estamos
de acuerdo en que es un proyecto permanente en todo sector
empresarial industrial la racionalización, y más, en este caso,
la exigencia imperativa de la racionalización del sector público
estatal, y que ello conduce a un objetivo de mayor eficiencia?
Hasta ahí estamos de acuerdo, estos son principios generales.

Pero decir esto nada más y ahora decir que esto se soluciona
creando una dicotomía de instituciones de lo que ambiguamente el
preámbulo llama determinadas entidades de derecho público, que
serviría para todo... Resulta que creamos la Agencia Industrial
del Estado, donde va a haber una especie de hospital, de UVI, de
empresas y entidades que están mal, por una serie de razones que
no es del caso analizar y que todas sus señorías que estén
preocupadas del tema de empresas del Estado conocen, y, junto a
ella, una sociedad estatal de participaciones industriales, donde
estaría --digamos-- la parte sana, la parte limpia, la parte que
hace competencia normal dentro de la normativa europea y dentro
de las normas de economía libre de mercado.

Curiosamente, así como a lo primero se le llama Agencia
Industrial del Estado, a esto segundo se le llama Sociedad
Estatal de Participación Industrial. ¿Qué quiere decir esto en
román paladino? Que como no hemos hecho el debate de
privatizaciones, que vendrá la próxima semana, se puede ya decir
que lo que esté dentro del índice de la Agencia Industrial del
Estado no será privatizable porque no habrá empresa privada que
quiera ir por ellas. Porque se dice sociedad estatal de
participación; estamos hablando de acciones, estamos hablando ya
de cuestiones que van a ir al mercado de Bolsa. Resulta que la
sociedad estatal de participaciones industriales puede ser un
trampolín de salida o una predisposición para entrar ya en la
privatización, porque, de hecho --basta nada más ver las hojas
anexas a este Real Decreto-ley--, se puede ver ya en el anexo II,
cuando habla de participaciones accionarias de titularidad
pública que se transfieren a la sociedad estatal de
participaciones industriales, una serie de empresas donde la
participación estatal, salvo Teneo e INI Finanza BV, que tienen
el 100 por ciento de porcentaje de sus acciones, las demás ya
están coparticipadas, incluso algunas de la envergadura de
Repsol,
S. A, en que el porcentaje es del 21 por ciento con casi 63.000
millones de número de acciones.

Nosotros encontramos aquí un defecto fundamental, que el segundo
motivo, no solamente el que estamos de acuerdo de racionalizar y
buscar mayor eficiencia, es cuando se trata en el preámbulo del
Real Decreto-ley de justificar la urgencia. Se dice que la
urgencia es para conseguir el efecto positivo de reducción del
déficit público y se valora aquí la deuda generada por el INI en
700.000 millones de pesetas. Esta urgencia parece que no ha sido
sobrevenida en 24 horas o que se haya descubierto en este mes.

Creo que hubiera sido motivo para que se pudiera haber elaborado,
con el consenso de todos los grupos y con unos amplios debates,
un proyecto de ley bien medido y previamente advertido. Este
déficit de 700.000 millones de pesetas parece que surge aquí, al
igual que nos encontramos en diciembre de 1993 con aquella famosa
intervención de Banesto porque de repente habían aparecido
500.000 millones de agujero de la noche a la mañana.

Efectivamente, ahí había una opacidad en el origen de una
empresa, de un banco privado y la autoridad monetaria se
encuentra con que ahí hay un agujero de 500.000 millones. Aquí no
hay un agujero; aquí hay un déficit de 700.000 millones de
pesetas en empresas públicas que están sometidas a una serie de
controles, por lo menos legal o teóricamente, y esos 700.000
millones de déficit no se improvisan, sino que se deben, como
sabemos todos perfectamente, a un proceso anual, histórico de
acumulación de deudas.

Nosotros, señor Ministro --y le agradezco su presencia--, como
partido de ámbito regional que es Coalición Canaria, cuando en el
Real Decreto-ley se regulan los órganos gestores, tanto en la
Agencia Industrial del Estado como en la sociedad estatal, vemos
que en el cuadro de empresas algunas tienen una tremenda
problemática regional de zona, por estar ubicadas en determinadas
provincias o comunidades autónomas de España. Pues aquí no
aparece ni una sola referencia a un acto competencial de la
comunidad autónoma respectiva. Resulta que no hay al menos una
garantía de que los consejos de administración, compuestos por
ocho consejeros en la agencia y por seis en la Sociedad, puedan
llamar a las comunidades autónomas que están padeciendo los
problemas de las que van mal.




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Porque, ¿cómo no vamos a contar con las comunidades autónomas que
tienen astilleros que van a ir al grupo del Anexo I, como
Astilleros Españoles, la Bazán, etcétera, donde están situadas
las minas de Hunosa, donde están las otras minas que figuran, que
no tienen estas comunidades autónomas, unas verdaderas bombas de
relojería, una serie de problemas sociales y laborales y hasta de
orden público? Habrá que ir a una comparticipación y codecisión
y, por tanto, a una cooperación legalmente entendida que debe
recogerse en este trámite.

Esta es una de las razones que llevan, señor Presidente,
señorías, a Coalición Canaria a sumarse a la petición de que este
Real Decreto-ley se tramite en la Cámara como proyecto de ley,
porque creemos que es fundamental introducir esta demanda que
acabo de hacer, así como clarificar una serie de cuestiones harto
dudosas en el resto del texto.

Señor Presidente, señorías, cuando se habla en el Título III,
artículo 9, de la creación y objetivos de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, que es sobre la que tenemos más
dudas, al no haber habido un debate previo de privatización de
empresas estatales y haber tomado unas oportunas propuestas de
resolución en esta Cámara, imperativas para el Gobierno, resulta
que se dice que corresponden a la sociedad estatal de
participación los siguientes objetivos generales bajo la
dependencia y supervisión del Ministerio de Industria y Energía,
por lo que ya no hay tanta independencia de gestión. Uno de ellos
es «la fijación de criterios para una gestión de las acciones y
participaciones que se le adjudiquen acorde con el interés
público». Si esto no es entrar en el terreno de una posibilidad
de privatizar de la propia entidad, de la propia sociedad...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, vaya
concluyendo, por favor.




El señor MARDONES SEVILLA: Por estas razones, atendiendo al ruego
del señor Presidente, y dado que aquí hay una amplia
responsabilidad de todos los sectores públicos en esta Cámara,
Coalición Canaria se va a abstener en la convalidación de este
Real Decreto-ley. Casi nos hubiera pedido el cuerpo votar en
contra por las inseguridades e incertidumbre jurídicas que tiene,
pero vamos a situarnos en la posición de abstención a la espera
de que se acepte tramitarlo como ley para introducir allí todas
las precisiones, porque vuelvo a decir, si se pretende la
racionalización del sector público estatal, un sector que deba ir
hacia una mejor eficiencia y eficacia, entendemos que con estas
estructuras, incluso las gerenciales, esto no se garantiza.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió va a votar favorablemente la convalidación
del Real Decreto de creación de determinadas empresas de derecho
público por los siguientes motivos: en primer lugar, porque esta
convalidación de dicho Real Decreto presupone la desaparición del
Instituto Nacional de Industria, del INI, como entidad pública y
como argot económico, con todo lo positivo que ello comporta, ya
que todos tenemos presente lo que le ha costado al erario público
dicho organismo en los últimos diez años. Los más lanzados, los
más optimistas, estiman que el Instituto Nacional de Industria ha
comportado unas pérdidas de 20 billones de pesetas y los más
moderados estiman que dicho organismo público ha comportado unas
pérdidas de diez billones de pesetas.

En segundo lugar, porque estimamos que con la citada
convalidación se conseguirá, a través de la creación de los dos
grupos empresariales, la Agencia Estatal Industrial y la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, mayor transparencia, al
segregar las empresas subvencionables, con criterios de la Unión
Europea, de las que no lo son.

A través de dicha convalidación se impondrá también un mayor
control, al evitar que la agencia industrial del Estado AIE pueda
endeudarse, eliminando así uno de los muchos mecanismos
utilizados por el Instituto Nacional de Industria (INI) para
generar déficit ocultos que constatan las pérdidas acumuladas que
he descrito al inicio de mi intervención. Asimismo a través de la
citada convalidación y de esta reestructuración del sector
público empresarial español se clarificará la cuantificación de
las aportaciones futuras a percibir por la agencia industrial del
Estado AIE, que será de 366.000 millones de pesetas, por los
períodos que van incorporados de 1996 a 1998, con un ahorro
estimado, según consta en la memoria, de 153.000 millones de
pesetas. Dichas cantidades, constando en la memoria que ha
enviado el Ministerio de Industria para que el Gobierno pudiera
dictar el mencionado Real Decreto, no constan, y nosotros lo
consideramos muy importante, en el Real Decreto-ley.

Estimamos positivo que la deuda histórica del Instituto Nacional
de Industria, que asciende a 700.000 millones de pesetas, sea
financiada a partir de los beneficios que se generen en un futuro
inmediato en la Sociedad Industrial de Participaciones
Industriales.

Consideramos también favorable la convalidación del citado Real
Decreto porque estamos convencidos --y así lo constatamos desde
Convergència i Unió-- de que dicha convalidación es la antesala
de lo que serán las futuras privatizaciones, las futuras
racionalizaciones del sector público español, compromiso que el
Gobierno



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asumió hace aproximadamente un año, a través de una proposición
no de ley presentada por nuestro Grupo en la Comisión de
Industria, incorporar un plan de privatizaciones de empresas
públicas o de racionalización del sector público español, plan
que a lo largo de este último año no se ha presentado en el
Parlamento español, no ha sido debatido en la Comisión de
Industria; lógicamente nosotros esperamos que dicho debate se
produzca en profundidad la semana próxima, cuando tengamos la
oportunidad de incorporar en esta Cámara el debate monográfico
sobre las privatizaciones. Al mismo tiempo que estos aspectos
positivos --y por ello vamos a votar favorablemente la citada
convalidación-- hemos observado algunas lagunas, algunos puntos,
que no quedan suficientemente aclarados en el Real Decreto.

Quizá la duda fundamental es por qué en dicho real decreto, por
qué en dicha reestructuración del sector público empresarial
español, no se da cabida a empresas públicas como Telefónica,
como Tabacalera, como Trasmediterránea, como Argentaria, como
Aldeasa, empresas todas ellas que pertenecen al patrimonio
del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y
que generan unos recursos importantísimos, que al año 1993
ascendieron a 200.000 millones de pesetas. Entendemos que no
sería inadecuado que en esta futura reestructuración también se
incorporaran dichas empresas que tienen la finalidad de ser
privatizadas o de ser transmitidas paulatinamente al sector
privado. No entendemos el porqué de que, siendo empresas públicas
o teniendo el Estado una participación considerable, nunca se
incorporan en los debates que hemos realizado en las diferentes
comparecencias que ha tenido el Ministro, tanto en la Comisión
como en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Asimismo entendemos que tampoco queda claro que es necesario
tener en cuenta en el futuro desarrollo de esta nueva
organización al sector público empresarial, que queden bien
definidos los aspectos siguientes: En primer lugar, creemos que
tampoco queda clara la prohibición de las aportaciones del Estado
o subrogaciones de deuda al SEPI en un futuro inmediato. Bien es
verdad que en su intervención el Ministro ha dicho que no se
producirían aportaciones de los presupuestos generales del Estado
a dicha sociedad, pero tendría que quedar clarísimamente
explicitada la prohibición de no aportaciones del Estado a dicho
organismo, así como la prohibición de subrogaciones de deuda al
mismo.

Nos parece que es necesario limitar el posible crecimiento de
esta sociedad, del SEPI, que va a incorporar las sociedades, las
participaciones de industrias con posibilidades de beneficios,
porque creemos que éste es un paso para poderlas privatizar en un
momento posterior y hemos de conseguir que no se incrementen las
participaciones industriales en otros sectores que no sean
considerados estratégicos. También consideramos que se han de
introducir las cautelas extraordinarias para evitar futuras
generaciones de agujeros ocultos por la vía del endeudamiento de
las empresas de la Agencia Industrial Estatal (AIE).

Es importante establecer los mecanismos de control y seguimiento
necesarios para que se puedan conseguir los objetivos previstos,
como son los criterios de rentabilidad, y que a través de los
mismos se consigan los beneficios necesarios para amortizar la
deuda de los 700.000 millones de pesetas que dicha sociedad de
participaciones industriales subrogará de la deuda proveniente
del INI.

Es verdad que a través de estas sociedades, teóricamente
rentables, amortizar una deuda de 700.000 millones de pesetas
presupone un control, presupone una gestión eficiente para que
dichas amortizaciones se puedan generar a través de los recursos
o de los beneficios procedentes de sus actividades.

Y es necesario remitir al Parlamento las cuentas de los
resultados de explotación y de los balances proyectados por la
Agencia Industrial del Estado y del SEPI, para un mayor control
en dicha gestión de los objetivos y para un mayor control del
endeudamiento, para que no se puedan generar las deudas
históricas que se han originado a través de las gestiones de los
últimos años del Instituto Nacional de Industria.

Por todos estos motivos, consideramos que, independientemente --
como he anunciado al inicio de mi intervención-- del voto
favorable de nuestro Grupo Parlamentario a dicha convalidación,
sería interesante que el Gobierno presentara dicho proyecto como
proyecto de ley para que así todos los grupos de la Cámara
pudiéramos introducir aquellos aspectos que pudieran mejorar --
sin duda nosotros lo creemos así-- el objetivo fundamental de
racionalizar y gestionar el sector público empresarial español.

Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.

Finalmente, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.

El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señorías, su turno, señor
Gamir, no ha sido exactamente en contra; ha hecho usted un poco
de trampa parlamentaria, sin más importancia.

Hoy, este debate ha sido divertido, al menos a mí me lo ha
parecido, porque he visto al Partido Popular defender la empresa
pública y al Partido Socialista decir que lo moderno es
privatizar. (Rumores.) La tendencia de la historia, la modernidad
es privatizar. Ha sido una experiencia genial, a mi entender. El
PP le roba las palabras, los hechos no; los hechos de verdad que
no se los roba, porque van a privatizar, y bien. En algo tiene
usted razón, señor Gamir, incluso para privatizar debe haber
método, incluso para liquidar el sector público debe haber un
método, hacer las cosas bien, con un buen debate técnico, un buen
debate político, que



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permita luego la decisión técnica y política adecuada. Además,
había una razón de fondo que yo creo que se la explicaba muy
claramente el señor Sáenz Lorenzo, dándole todo tipo de
explicaciones, diciéndole que nuestro sector público es bastante
pequeño; que además hay todo un proceso en marcha de
privatizaciones, de hecho le estaba dando garantías de que la
cosa funcionaba bien.

El señor Ministro decía anteriormente que había urgencia para
tomar este acuerdo, para hacer ese Decreto-ley, y ¿cuál era la
urgencia, a mi entender? Es cierto que la había. Simplemente, es
como si quisieran dar al Partido Popular --según dice algún
comentarista económico, que al mismo tiempo es periodista-- las
cosas bien atadas para que luego no tengan problemas en el
momento de tener que privatizar, porque a lo mejor tendrían un
poco más de resistencia social, y también, y paralelamente, para
intentar dar un poco de sosiego a estos grupos empresariales que
están convocando elecciones cada día, por la mañana y por la
tarde, para darles un poquito más de sosiego y para darles a
entender que, independientemente de que el Partido Socialista
continúe hasta la primavera que viene, que no se preocupen, que
las cosas van bien.

La versión del señor Eguiagaray sobre el INI y el mismo
Decreto-Ley son una antología verdaderamente literaria. Yo no
renuncio de hecho a leer lo que es el primer punto de este
Decreto-ley. Dice: «Por Ley de 25 de septiembre de 1941 se creó
el Instituto Nacional de Industria como entidad de derecho
público, cuyo objetivo era þpropulsar y financiar, en servicio de
la nación la creación y resurgimiento de nuestras industrias...þ
El INI se configuró como un instrumento de apoyo a la política de
autarquía económica impuesta por un Estado autoritario. El
Instituto debía actuar en aquellos sectores en los que estaba
ausente el empresario privado. Se adoptó, pues, un modelo de
iniciativa pública basada en el principio de subsidiariedad que,
combinado posteriormente con la nacionalización de empresas
privadas no rentables, contribuyó a un crecimiento indiscriminado
y heterogéneo del sector público en España». Casi es un tratado
de la historia económica de nuestro país. Ahora bien, yo creo que
se pueden decir muchas cosas. Yo combatí al régimen franquista
políticamente, pero lo que no se puede hacer es simplificar hasta
tal punto la historia de lo que ha ocurrido. El INI representó
más cosas en este país, y la empresa pública y el sector público
representaron más cosas en este país, no únicamente la
socialización de pérdidas, como resultado final después de la
defensa y después de la autarquía, no únicamente la socialización
de pérdidas que se produjo fundamentalmente en los años 70. El
INI, con los planes de desarrollo que se establecieron a partir
del plan de estabilización de 1959, en este país representó, para
bien para mal, bastantes más cosas. Yo creo que es un debate
interesante, que todavía no ha sido abordado en profundidad en
este país, ver un poco cuál ha sido la historia económica de
estos 40, 50 años. En alguna otra ocasión he tenido ganas y he
polemizado hasta donde he podido con algún Ministro que parecía
olvidar un poco esta historia.

El Decreto-ley que se nos presenta hoy, que liquida --siento que
el señor Ministro de Industria no esté presente, pero es igual;
supongo que su compañeros de banco se lo dirán-- el INI y el
Instituo Nacional de Hidrocarburos, es el instrumento legal para
hacer desaparecer el sector público. Yo estoy de acuerdo en que
se tramite como proyecto de ley y lo votaremos, pero, en todo
caso, es el instrumento legal para hacer desaparecer el sector
público. La creación de la Agencia Industrial del Estado va a
hacer --lo está haciendo ya--, todavía más, en la práctica, de
hospital de las empresas en crisis, para la liquidación, para la
reconversión --se dice reestructuación, pero en defintiva es
liquidación-- de estas empresas. Si alguna de estas empresas se
sana, se llevará, naturalmente, a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, que va a ser --permítame, señor
Sáenz Lorenzo-- el escaparate de las joyas de la corona, porque
están en una corona, para venderlas al mejor postor. Esto va a
ser el SEPI, señor Sáenz Lorenzo, además, gravado con 700.000
millones de deuda, que va a representar un lastre en el momento
de poner en marcha cualquier otra política. Sería un lastre si
hubiera intención de poner en marcha alguna otra política que no
fuera el dominio de los títulos, es decir, la gestión de la
titularidad de la empresa.

A nuestro entender, el Estado debería liderar, desde el sector
público, todas las políticas que condujeran a una verdadera
modernización económica, industrial y técnica del país, que
fueran justas socialmente y al mismo tiempo ecológicamente
fundamentadas. Para nosotros, en el momento de hablar de economía
o de sector público de la empresa, es básico ligar todos estos
elementos: que sean justas socialmente y ecológicamente
fundamentadas. La eliminación de instrumentos como los que van a
desaparecer para potenciar la economía productiva o entrar en
sectores emergentes, que es otro de los elementos que debería
impulsar el sector público, es un error económico, social y
técnico. Los nuevos instrumentos, la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales y la Agencia Industrial del Estado,
pierden todo sentido de orientación, de dirección o de indicación
de lo que puede ser una reformulación de todo el tejido
industrial, muy necesario en estos momentos en España en función
de sus gravísimos problemas, y naturalmente de una
reestructuración hecha en un sentido positivo para la economía y
para la industria españolas. Sólo serán, como he dicho antes,
titulares de acciones, y desaparece cualquier posibilidad de
racionalización desde el sector público, de investigación desde
el sector público --investigación en serio-- y, al mismo tiempo,
de superación de desarrollos territoriales. En este sentido, el
Ministro Eguiagaray, en un debate que tuvo con mi compañero
García Fonseca, decía que la empresa pública no tiene por



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qué jugar un papel de equilibrio territorial --lo decía muy
claramente--, sino que la empresa pública tiene que ser, única y
exclusivamente, rentable, como cualquier otra empresa. En
definitiva, la AIE será hospital de empresas y la SEPI escaparate
de ventas al mejor postor; al menos nuestro Grupo cree que esto
es lo que serán estos dos instrumentos.

El Decreto-ley va a servir para dejar que la mano invisible del
mercado, que siempre tiene nombres
--podrían ser, entre otros, el señor Botín, el señor Cuevas, el
señor Ybarra, Volskwagen, directores transnacionales e incluso
algún que otro, no muchos, rentista parasitario, pero con mucho
poder, político y económico--, decida sobre todo lo que se
produce en este país. Ustedes saben perfectamente que desde que
se produjo la venta de Enagas a Gas Natural, hubo un proceso muy
concreto. Primero, se prefigura la empresa para que no tenga
beneficios, en la línea de enfocar ya el tema del gas, tema
importante a nivel europeo --yo no le quito importancia a este
tema--; luego, se vende a un precio inferior, en más de la mitad,
de su valor contable a Gas Natural, pero dejando que la gran
inversión del gasoducto del Magreb sea a costa de su precio fijo,
con precio fijo de recompra, independientemente del coste que
pudiera tener en su momento. El accionariado de Gas Natural está
repartido en un 45 por ciento Repsol; 25 por ciento La Caixa; 3
por ciento INH y el resto controlado por pequeños accionistas.

Pero a pesar de este reparto, la gestión efectiva y del consejo
de administración es del socio minoritario, de hecho una gestión
paritaria; es decir para el señor Durán Farrell y para La Caixa y
seguramente para el señor Pujol es una gestión paritaria, siendo
socios minoritarios de todo este tinglado. Nos parece que es
aceptar excesivas condiciones en el momento de llegar a
soluciones.

Podríamos hablar también de la segregación de Telefónica. Esto
últimos días ha habido dos o tres manifestaciones masivas por
Madrid. ¿Y por qué se manifestan ahora los trabajadores de
Telefónica? No sé si el «leitmotiv» principal en estos momentos
es la privatización o bien que no les segreguen, es decir, que
cojan las partes más rentables de Telefónica, las vendan al mejor
postor, y luego el sector público continuará en su hospital
sanando a los subsectores de Telefónica que no sean rentables en
el mercado de capital.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya
concluyendo, por favor.




El señor FRUTOS GRAS: Voy concluyendo, señor Presidente.

En la práctica, en este país se están laminando los artículos 38,
128 y 131 de la Constitución. Usted, señor Sáenz Lorenzo, también
ha citado artículos de la Constitución, pero yo le cito estos
tres, 38, 128 y 131, que son los que asignan un papel a la
planificación democrática, es decir, al bien colectivo desde la
razón del colectivo que, me imagino, siempre tendrá más razones
que las individuales o las razones de los «lobbies» que están
actuando en este país y que están gobernando también en el
proceso de las privatizaciones. ¿Saben qué hubiera necesitado
este país desde hace años? Prever. Y prever es organizar las
cosas y tomar decisiones políticas, técnicas y económicas.

Necesitamos una política industrial. Durante muchos años parece
que esta política no tenía que existir porque el mercado asignaba
mejor que nadie los recursos.

Finalmente, ha habido aquí un rifirrafe entre ministros porque
unos consideraban que se tenía que recuperar este elemento de
planificación mínimamente
indicativa, no mucha planificación, y además democrática. Esta es
la vía, señor Ministro, esta es la vía,
señores del Partido Socialista y señores del Partido
Popular: que haya intervención política, que se decida
políticamente. En eso tenía usted razón, señor Gámir. Pero
incluso estas cosas, la privatización que quieren llevar a cabo
ustedes, que va a ser una privatización de caballo, se tiene que
hacer con método. En eso estamos de acuerdo, con legalidad y con
método.

En definitiva, el Estado desregula como objetivo, y cuanto más
desregula, menos posibilidades hay para hacer una política que
haga frente a todos los defectos estructurales de la economía
española. Estos defectos y cómo se expresan desde el año 1986 en
empleo, en fraude, en la situación industrial, en la balanza
comercial, etcétera, no creo que se solucionen permitiendo a la
mano invisible --que nunca lo es porque tiene nombres y
apellidos-- que haga todo lo que tenga que hacer, sin dar a la
planificación democrática, a la decisión política el poder
suficiente para hacer una política en función de las necesidades
de este país que está en el marco de la Unión Europea, pero que
debe tener una autonomía suficiente para actuar en el marco de la
Unión Europea, haciendo las leyes de la Unión Europea más
flexibles en función de los intereses del país. Exactamente igual
que hacen todos los países de la Unión Europea.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, termine,
por favor.




El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.

Espero que cuando venga el proyecto de ley a
esta Cámara, si lo hace tal como está en estos momentos el
Decreto-ley, haya en los bancos socialistas como mínimo algunas
posiciones diferenciadas de
las que se expresan de forma técnica y política en el Decreto-
ley.




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Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.

Vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio, de creación de
determinadas entidades de derecho público.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 159; en contra, nueve; abstenciones, 122.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.

Votación para la tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley convalidado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 290; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto
de ley del Real Decreto-ley convalidado.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL CODIGO PENAL (Número de expediente
121/000063) (CONTINUACION)



El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la
continuación del debate relativo al dictamen del proyecto de ley
orgánica del Código Penal. Debate correspondiente a los Títulos
XII, XII bis, XIII y XIV del Libro II.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (Pausa.)
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Varela.




El señor VARELA PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Antes de nada y al objeto de poder llevar el debate en
condiciones, sobre todo en el momento de las votaciones, hago la
mención de que retiramos las enmiendas 386, al número 2 del
artículo 255; 389, al artículo 265, ambos del Título XII; y la
412 al artículo 330 del Título XIV.

Vamos a continuar la carrera desenfrenada en pos del Código
Penal. Y digo la carrera desenfrenada porque realmente es así. En
este momento, mi compañero señor Sanz Escalera y yo tenemos que
defender en diez minutos cuarenta y tantas enmiendas.

Como es fácil advertir, tenemos que defender entre los dos cuatro
enmiendas por minuto o, lo que es lo mismo, me corresponden
quince segundos para la defensa de cada enmienda. Es imposible,
naturalmente, defender estas enmiendas de esta manera. Y no es
que haga ningún chiste, ni pretendo hacerlo. Estoy hablando con
toda la seriedad, porque el tema es de gran trascendencia y
supone que hay que hablar con toda la seriedad del mundo. Lo que
sí es cierto es que desde que comenzaron estas sesiones en
plenario en relación con las enmiendas del Código Penal, estamos
llevando esa media aproximadamente de quince segundos por
enmienda. Lo que sucede es que en muchos supuestos se trata de
defender una o dos enmiendas y las demás se dan por defendidas, y
de esa manera se puede aprovechar el tiempo.

Naturalmente se me puede decir que, en definitiva, estas
enmiendas ya han sido vistas en Comisión, ya en Ponencia se
estudiaron también. Pero es lo mismo, aquí están las enmiendas, y
cada uno de los grupos que participamos en este debate las
traemos al Pleno porque creemos que todas ellas, absolutamente
todas, son importantes, y lo son hasta el punto de que creemos
que si pudieran ser aprobadas, sería ventajoso para el Código
Penal. Por ello, no hay ninguna de las enmiendas que se están
estudiando o intentando estudiar en este plenario que carezcan de
importancia.

Todas las enmiendas del Título XII tienen una gran importancia.

Se trata, además, de un título que hace referencia a los delitos
contra el patrimonio y el orden socioeconómico. En días pasados,
me parece que en la sesión de ayer, el señor Cuesta hablaba de la
sistemática del Código Penal actual y hacía una referencia muy
clara a los delitos contra la vida y decía que a continuación se
habían colocado, por sistemática, los delitos contra la libertad.

Es cierto, entendemos que es así. Es decir, la vida debe de ser
siempre protegida, cómo no, y parece que a continuación la
libertad es aquel otro cauce que ha de ser protegido. Esa
sistemática debía de continuar también dentro de los demás
títulos del Código Penal.

Nos encontramos con el Título XII, en el que, en el primer
capítulo, se estudia el hurto, en el segundo se estudia el robo
y, en cambio, creemos que desaparece totalmente la sistemática
del Código cuando hasta el capítulo XV no se estudia la
receptación. Si de alguna manera se quiere seguir esa
sistemática, la receptación debía de estar a continuación del
robo y del hurto. Pero es que además esa sistemática se rompe
también en este mismo título, y si bien el hecho de que la
receptación aparezca en el capítulo XV no tiene mayor
trascendencia, sí en cambio creo que la tiene un aspecto
importante, y es la denominación del propio título, y voy a
plantear una enmienda «in voce» en este momento, porque creo que
la denominación del título es



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absolutamente incompleta: delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconómico.

Es indudable que cuando hablamos de patrimonio estamos pensando
en algo que puede ser valorable, de alguna manera perfectamente
valorable y que se puede cuantificar en dinero. Pero es que aquí
se están estudiando dos delitos, como son el robo y el hurto, que
atentan contra la propiedad y que no tienen por qué tener nada
que ver con el patrimonio. De hecho yo podría poner ejemplos. Se
me puede decir: bueno, pero es que ya en los artículos está
corregido este defecto. ¿Por qué razón? Porque se habla de los
que se apropiaren o los que hurtaren cosas muebles, y en ese
«cosas muebles» va incluido todo, va incluida la propiedad. Es
cierto, pero eso sucede en los artículos, no sucede en el título.

El título es incompleto porque debía haber una referencia clara a
la propiedad, y se propone como enmienda que el Título XII lleve
por denominación: delitos contra la propiedad, el patrimonio y el
orden socioeconómico. No se trata, tampoco, de que sea un aspecto
carente de transcendencia. Entendemos que tiene una gran
trascendencia y de ahí que planteemos esa enmienda.

En cuanto a las demás enmiendas, teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido y el que falta, las voy a dar por defendidas. No se
trata de que carezcan de importancia; se trata de permitir a mi
compañero el señor Sanz Escalera que pueda, a su vez, defender
unos temas importantísimos y nuevos, como es todo lo referente al
delito ecológico. Además, como estamos en el plenario y esto
podría ser considerado para la gente que anda por el mundo del
proceso por lo menos como una segunda instancia, y todos sabemos
lo que son las sentencias en segunda instancia, sobre todo cuando
confirman las de primera, que lo hacen por sus acertados
fundamentos, entiendo que también las puedo dar por defendidas
apelando a esa frase «por sus propios y acertados fundamentos».

Es cierto que este debate del Código Penal se está siguiendo con
una prisa inusitada, prisa inusitada que desde luego no afecta a
los ponentes de ningún grupo; estoy convencido de que todos los
ponentes de los grupos están pendientes del Código Penal y
tienen, además, el interés de que este Código Penal resulte el
mejor que puede haber. Sin embargo, yo no sé si esa prisa
inusitada dependerá del señor Ministro de Justicia, señor
Belloch, si la prisa vendrá por ahí, si será el señor Belloch
quien tenga prisa por que se apruebe este Código Penal; es
posible que sea así y que pretenda además que este Código Penal
consagre al señor Belloch como el autor, a través del Ministerio,
del Código Penal, pero no vaya a ser que, en lugar de
consagrarlo, lo crucifique, porque lo que puede suceder es que
este Código Penal, a base de la prisa que se le está metiendo,
lleve una serie de errores e inconvenientes. No estoy diciendo
ninguna cosa extraña; a la vuelta de la esquina está la Ley del
Jurado, que fue aprobada en esta Cámara aproximadamente hace mes
y medio, que aún no entró en vigor y ya hubo que modificarla. Se
me puede decir que hubo que modificarla porque nos olvidamos de
aquello o hubo aquel error. Es que aquí puede haber muchos
errores. En modo algunos se puede discutir un Código Penal en el
tiempo en que lo estamos haciendo. Repito, me consta que todos
los ponentes, mucho más que yo, puesto que he intervenido poco,
tienen verdadero interés en que el Código Penal salga adelante y
lo mejor posible, pero no es posible hacerlo así. Señores, se ha
discutido en Comisión aproximadamente a través de unas diez o
doce reuniones que duraron tres, cuatro o cinco horas. Nos
ponemos en unas cincuenta horas aproximadamente, y resulta que
esas cincuenta horas no dejan de ser más que una jornada laboral
durante una semana. Un Código Penal no se puede discutir de esta
manera, por lo menos en beneficio del propio Código Penal.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.

Tiene la palabra el señor Sanz Escalera.




El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, el Título XIII de este proyecto
tipifica los delitos relativos a la ordenación del territorio y
protección del medio ambiente, lo que suele llamarse vulgarmente
delitos urbanísticos y delitos ecológicos. Dedica el Código a
esta materia los ar-
tículos 305 a 320, ambos inclusive. El capítulo I está destinado
a los delitos urbanísticos y comprende los artículos 305 y 306.

Estos delitos de nuevo cuño en nuestro ordenamiento jurídico
tienen las siguientes características.

La dificultad de su tipicidad es la primera, la necesidad de
diferenciar este delito de la simple falta administrativa,
verdadero caballo de batalla de este género de infracciones, a lo
que estamos obligados en virtud del principio de subsidiariedad
penal, refiriendo siempre el tipo penal a la actuación ilegítima
que podríamos decir a gran orquesta o en rebeldía de las órdenes
de la autoridad. Segundo, la gravedad. De su importancia dan fe
los estragos que han causado en nuestras ciudades, monumentos o
parajes naturales, haciendo desaparecer o deformar su fisonomía o
su concreta personalidad histórica las actuaciones ilícitas en
esta materia. Tercero, los estímulos criminosos de estos delitos.

Esos delitos de amplia difusión que integran un específico
delincuente, que podríamos llamar de cuello blanco, como son los
promotores, los constructores y los técnicos, tienen el atractivo
de que generalmente producen enormes beneficios económicos, por
lo que el afán de lucro es una potente palanca para estimular su
comisión. Con esto damos una fisonomía general



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de la importancia que tienen actualmente los delitos
urbanísticos.

Mi Grupo Parlamentario dedica a estas infracciones las enmiendas
401 y 402, la primera de modificación y la segunda de adición. La
enmienda 401, al artículo 305, construye un tipo básico,
representado por los apartados 1 y 2 de la misma, y dos tipos de
modalidades agravadas, recogido en los dos párrafos del apartado
3 de esta misma enmienda. Al párrafo primero del artículo 305 la
enmienda, manteniendo la triple pena de privación de libertad, de
multa y de inhabilitación profesional, hace bascular el núcleo
del delito, no tanto como hace el proyecto en el lugar donde se
actúa delictivamente: viales, zonas verdes, lugar paisajístico o
no urbanizable, que es una casuística poco representativa, sino
que lo centra en cómo se actúa en ellos, ya sea obteniendo la
licencia con falsedad, desobedeciendo la orden de la autoridad
administrativa sobre la inviabilidad del proyecto o la
paralización de la actividad, o no habiendo solicitado la
preceptiva autorización. Estos tres supuestos: la falsedad, la
desobediencia o el no haber solicitado la autorización,
caracterizan al delito urbanístico frente a la simple falta
administrativa, porque implican en el culpable una especial
malicia o actitud antijurídica.

Al número 2 del mismo artículo, la citada enmienda pretende
sustituir la expresión «edificios singularmente protegidos», por
la de «bienes inmuebles», que es más amplia pues aquel --
edificio-- es la especie y éste --bienes inmuebles--, el género.

El artículo 334 del Código Civil, al enumerar cuáles son los
bienes que tienen la naturaleza de inmuebles, dice expresamente
en su primer apartado: «Las tierras, edificios, caminos y
construcciones de todo género adheridas al suelo».

Al artículo 305.3 la enmienda 401 construye una modalidad
agravada que la llamaremos modalidad a), constituida por la
actuación delictiva en el espacio de especial protección por su
valor ambiental o histórico-artístico-cultural. Y una modalidad
b), para el supuesto de que la actuación delictuosa haya
producido grave daño en alguno de los elementos que hubieran
motivado la especial protección en el espacio natural.

La enmienda 402 al mismo artículo 305, es de adición. Respetaría
los dos primeros números de este artículo tal como los presenta
el proyecto, añadiendo un número 3 para tipificar la construcción
sin licencia o infringiendo la que tuviere, una vez que hubiese
sido requerido por la autoridad competente para que paralizara su
actuación y, no obstante, no lo hiciere inmediatamente. La
construcción sin licencia o excediéndose de la obtenida, sobre
todo esta última modalidad, es la verdadera plaga del urbanismo y
para su persecución penal se requieren estos tres requisitos, en
virtud del principio de subsidiariedad penal que hemos dicho
antes: exceso o ausencia de la licencia, requerimiento de la
autoridad competente y persistencia en la actuación ilegítima. El
requerimiento de la autoridad y la rebeldía del culpable son
requisitos ineludibles para tipificar penalmente los actos.




El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor SANZ ESCALERA: Se mantendría el número 3, del proyecto
que sería ahora el número 4.

Querríamos que desapareciera del texto del proyecto la expresión
«motivadamente» porque todas las resoluciones judiciales han de
ser necesariamente motivadas.

Aceptaremos la enmienda 775, de Izquierda Unida, dedicada a
extraer de la acción punitiva, con carácter excepcional, las
construcciones agropecuarias tradicionales de uso temporal.

También aceptamos la enmienda 1.015, de Coalición Canaria, cuando
añade al párrafo 1, del artículo 305, la expresión «ecológico».

El capítulo II del Título XIII está dedicado a los delitos contra
los recursos naturales y el medio ambiente, lo que suele llamarse
el delito ecológico. Convendría decir que este delito, que tiene
ya una vigencia de diez años, sigue manteniendo aún una especie
de sombra de novedad; es un delito en el que su aparición en
cualquier juzgado sigue considerándose como una cosa inédita,
quizá porque no apareció la necesidad de su protección al mismo
tiempo que el resto de los bienes tradicionalmente tutelados hoy
por el Derecho Penal, como la vida, la integridad física, la
salud pública, etcétera, aunque cada vez son más las diligencias
que se abren por esta cuestión.

No obstante, el medio ambiente y el patrimonio
histórico-artístico y cultural son bienes jurídicamente
protegidos por el legislador, que está obligado a hacerlo en
virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Constitución. La
grave cuestión de este tipo delictivo es, como la anterior, la
distinción con la falta administrativa y siempre en virtud del
principio de subsidiariedad penal. A tal fin, dedica el proyecto
los artículos 307 a 316, que podríamos interpretar como la
protección del medio ecológico, y en el capítulo III, los
artículos 317 a 320, inclusive la defensa de la vida silvestre.

El Grupo Parlamentario Popular presenta a estos preceptos tres
enmiendas: la 404, de modificación; la 405, de supresión en
coincidencia y congruencia con la anterior; y la 406, de adición.

La 404 trata de enmendar los artículos 307, 308, 309, 310 y 311.

Esta enmienda, como dice su justificación, pretende reagrupar y
racionalizar los distintos artículos relativos a la
contaminación, eliminando innecesarios preceptos que sólo
complican su comprensión. Mantiene la enmienda la pena triple de
privación de libertad, multa e inhabilitación, y construye un
tipo básico en el apartado 1, una modalidad específicamente
agravada en el apartado 2, proposición primera, para cuando se
pusiere en peligro la flora o la fauna, o se crearan depósitos



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o vertederos, o se produjeran residuos tóxicos o peligrosos; y
otra superagravada, en la proposición segunda, para cuando se
hubiera producido un deterioro irreversible o catastrófico.

Son éstos los elementos distintivos entre el delito y la falta,
el de actuar sin la autorización o la licencia preceptiva, con
desobediencia a las órdenes de la autoridad, con falsedad en la
información previa a ella, o con obstrucción a la actividad
inspectora. En congruencia con esto, la enmienda 405, como hemos
dicho, trata de eliminar los artículos 307, 308, 309, 310 y 311.

Aceptaremos la enmienda 617, del Grupo Socialista, cuando trata
de añadir al artículo 307 la expresión «protectoras del medio
ambiente», que aclara y concreta el significado de la misma.

En el título XIII, la enmienda 406, al artículo 312, pretende
eliminar del proyecto la expresión «queme», haciendo desaparecer
de este artículo una actuación que, por su extrema gravedad, debe
tener un tratamiento diferenciado y aparte, ya que el verbo del
proyecto hace referencia a la utilización del fuego para la
destrucción de la flora, y el incendio del bosque tiene su encaje
en otro lugar y con otras penas y tratamientos.

No nos resistimos, por fin, a hacer una crítica a la redacción
del proyecto, ya que el texto legislativo, que debería ser
fácilmente comprensible para todos los ciudadanos a los que va
dirigido, emplea un término, no sé si técnico, pero con toda
seguridad abstruso e incógnito, como es el de propágulos,
pudiendo haber utilizado el más común y comprensible de esquejes
o semillas. La mayoría de los Diputados intervinientes en
Comisión, y creo que muchos de los componentes de esta Cámara,
desconocían y desconocen el concepto de propágulos, y así incluso
ha quedado expresado en los debates. Los excesivos tecnicismos, o
quizá la pedantería en el lenguaje legislativo, debería ser
cuidadosamente eliminada.

Aceptamos, como digo, la enmienda 617, del Grupo Socialista,
cuando habla de «protectoras del medio ambiente», que aclaraba y
completaba este precepto.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz Escalera.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor
Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.

Las enmiendas de mi Grupo Parlamentario están sujetas a un nuevo
proceso de reflexión. Se está reflexionando de nuevo sobre sus
fundamentos jurídicos y sus principios axiológicos inspiradores,
por lo que no estoy en condiciones de intervenir en este momento,
señor Presidente. Lo haré cuando sea políticamente posible.

En todo caso, cautelarmente, que se den como defendidas en sus
propios términos y se mantengan para la votación.




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ¿entiende S. S. que no hay
trámite posterior en el que pueda hacer uso de la palabra para
defender las enmiendas? (Asentimiento.) Es suficiente darlas por
defendidas a efectos de votación, en cualquier caso.

Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Tiene la palabra el señor Camp i Batalla.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo
respecto a las enmiendas presentadas a los Títulos XII a XIV. Con
carácter previo parece conveniente hacer una breve referencia a
aquellos aspectos que, en su momento, formaban parte del proyecto
de ley presentado por el Gobierno y que han sido consecuencia de
la incorporación de enmiendas sobre las que nuestro Grupo ha
puesto interés en anteriores ocasiones, en legislaturas pasadas.

En primer lugar, cabe mencionar que es positivo que el proyecto
de ley considere punible, dentro del capítulo dedicado al delito
de los daños, aquellas conductas que se dirijan a destruir,
alterar o inutilizar datos, programas o documentos de carácter
informático. Asimismo, se da una respuesta penal a la
problemática generada por los denominados virus, que tanto
afectan a los sistemas informáticos.

Por otro lado, y dentro del capítulo dedicado a los delitos
relativos a la propiedad industrial, al mercado y a los
consumidores, se ha conseguido, tal como viene reclamando el
tráfico mercantil, que junto con las indicaciones geográficas
representativas de una calidad determinada legalmente, se
protejan penalmente las denominaciones de origen frente a
posibles utilizaciones ilegales de las mismas. Por último, cabe
hacer una breve mención al capítulo relativo a los incendios
forestales, en el cual se considera de especial gravedad aquel
que afecte a los espacios naturales protegidos. Por consiguiente,
son tres temas que han sido incorporados en el proyecto de ley a
través de iniciativas de este Grupo Parlamentario.

En relación con las 25 enmiendas que nuestro Grupo ha presentado
a los artículos comprendidos en estos Títulos XII, XIII y XIV,
merecen una especial atención aquellas que fueron aprobadas en el
trámite anterior de Comisión. Se incorpora la sanción penal de
las ocupaciones de fincas y no sólo de viviendas, como hasta
aquel momento contemplaba el proyecto de



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ley, se amplía, pues, el tipo punible previsto en el artículo
238.2 a través de la enmienda 1.135.

Teniendo en cuenta la finalidad perseguida por el legislador,
también fue aceptado en Comisión que debe ser garantizada la
seguridad del tráfico mercantil a través de la protección del
título o valor abstracto en sí. Se incorpora en el artículo
243.1.3.º del proyecto el pagaré como un instrumento más
susceptible de perpetrar el delito de estafa.

Valoramos positivamente las mejoras de naturaleza sistemática
introducidas en el dictamen, que implican una mejora para la
futura aplicación del Código Penal, ya que no tiene sentido que
las infracciones relativas a la propiedad industrial, al mercado
y a los consumidores sean objeto de un capítulo propio y que las
infracciones de la propiedad intelectual figuren en otro capítulo
distinto entre las estafas, la apropiación indebida y la
defraudación de fluido eléctrico y análogos. Por consiguiente, la
aceptación en su momento de las enmiendas 1.137 y 1.138 produjo
este efecto positivo de mejor sistematización de estos extremos.

Dentro de las infracciones en perjuicio de los consumidores y en
relación con la conducta ligada a las ofertas o la publicidad, se
aceptó la enmienda 1.147, que objetiva el contenido del delito
con el fin de evitar imprecisiones desde un punto de vista de
técnica legislativa, si bien se mantiene viva la enmienda 1.148,
que propone la supresión de todo el artículo en coherencia con el
principio de intervención mínima, toda vez que ya se prevé la
punición de las conductas relativas a la publicidad engañosa en
el artículo 241 del presente proyecto de ley, que regula la
estafa.

En relación con los delitos contra los derechos de los
trabajadores, y teniendo en cuenta que el Código Penal ha de
tutelar los valores y principios básicos de la convivencia
social, protegiéndolos de cualquier ataque, es loable la
incorporación de tres de nuestras enmiendas, las números 1.149,
1.150 y 1.151, en la redacción del artículo 288, que ha pasado a
ser el nuevo artículo 301.

En este sentido, es del todo conveniente reconocer como un dato
positivo el hecho de que el legislador va a considerar punible
cualquier acto discriminatorio cometido en el ámbito laboral por
causa de la orientación u opción sexual, por la pertenencia a una
etnia o por el hecho de hablar otra lengua.

Sólo nos resta efectuar una valoración del resto de enmiendas
presentadas por nuestro Grupo Parlamentario y que quedan vivas
para su defensa en este momento en el Pleno.

En relación con los delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioeconómico, se considera conveniente eliminar conceptos
jurídicos indeterminados, tal como pretende nuestra enmienda al
artículo 235.3. Asimismo, y en el delito de robo, se define con
mayor precisión el tipo penal de sustracción de un vehículo a
motor o ciclomotor, evitando que cualquier restitución, con
independencia de las condiciones en que se realice y de los daños
ocasionados, pueda incardinarse en el tipo penal mencionado. Me
estoy refiriendo al artículo 277, enmienda 1.134.

En relación con las infracciones relativas a los derechos de
propiedad intelectual, se considera conveniente que en la
sentencia condenatoria se establezca la no difusión ilícita de
todas las obras, además de penalizar las conductas delictivas en
el momento en que el juez dictare la misma. Por ello, planteamos
que en la sentencia el juez pueda decretar el decomiso de las
obras, producciones o ejecuciones que constituyan el objeto del
delito.

En materia de delitos relativos a la alteración de precios en
concursos y subastas públicas, sería conveniente que en el
artículo 259 se identificara con precisión el carácter de ente
público del organismo convocante de la subasta, en concordancia
con la inhabili-
tación especial prevista al final del artículo que se enmienda.

Es una enmienda amplia y, según la explicación que dé el ponente
del Grupo Socialista sobre el actual redactado, la retiraríamos.

Respecto a los daños --artículo 261--, y en tanto que éstos
suponen la destrucción o menoscabo de una cosa, con independencia
del perjuicio patrimonial que el daño pueda llevar consigo,
proponemos determinar el tipo penal, con objeto de castigar el
delito de daños atendiendo al valor de la cosa dañada y no al
perjuicio patrimonial producido, que sólo tiene interés para
determinar la responsabilidad civil derivada del delito. Con la
enmienda 1.142 pretendemos únicamente que en el tipo cualificado
en el artículo 261.6.º se tenga en cuenta el empobrecimiento
patrimonial cuando coloca al perjudicado en una situación de
grave perjuicio.

En relación con los delitos relativos a la propiedad industrial,
pretendemos concretar el tipo penal, toda vez que, al igual que
sucede en las defraudaciones de derecho de autor, sólo es posible
la comisión dolosa. En este sentido, cabe resaltar la
incorporación de la enmienda 1.143, que, aunque figura como
enmienda viva, de hecho, fue aceptada por la Comisión y, por
consiguiente, procedo a retirarla, por la que se introduce el
requisito del conocimiento del registro. Lo mismo ocurre con la
enmienda 1.144 en cuanto a la introducción de este concepto, si
bien esta enmienda 1.144 --al artículo 269-- proponía un segundo
párrafo, que se mantiene como enmienda al apartado 2, con la
finalidad de que quede claro que quienes comercializan productos
con marca que infringe los derechos de otra registrada con
conocimiento de esta circunstancia, incluso en el caso de
productos importados, incurre también en el delito de infracción.

Es de señalar que este aspecto ya figuraba de forma similar en el
anterior proyecto de ley orgánica del Código Penal.

También en este mismo bloque presentamos la enmienda 1.145, al
artículo 269 bis, en la que se pretende



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que se castiguen penalmente las infracciones en materia de
obtenciones vegetales debidamente protegidas.

En cuanto a los delitos sobre la ordenación del territorio, se
incrementa la pena de prisión impuesta por el delito doloso de
incendios forestales a través de nuestras enmiendas. En este
sentido, proponemos que la misma sea de uno a siete años y no de
uno a cinco, como establece el dictamen de la Comisión, y siempre
que no implique la puesta en peligro de la vida, integridad
física o salud de las personas, ya que en estos supuestos el
proyecto de ley, y ahora el dictamen, ya establecen una pena de
prisión de diez a veinte años.

Finalmente, en relación con los delitos relativos a la protección
de la vida silvestre, se propone sustituir una palabra cuyas
consecuencias de aplicabilidad son importantes, ya que la
expresión «amenazadas» no clarifica la tipología de las especies
referidas al artículo 317. Con la redacción de la enmienda 1.156
que proponemos se tiene en cuenta tanto el catálogo estatal como
el que establecen las comunidades autónomas.

Para ayudar a la ordenación de las enmiendas que nuestro Grupo
tiene presentadas a estos títulos, anunciamos la retirada de las
números 1.135 y 1.143, como antes he mencionado, puesto que su
contenido se aceptó en Comisión. Las enmiendas 1.140, 1.141,
1.152, 1.153 y 1.154 también están retiradas, manteniendo para
votación las restantes que ha presentado nuestro Grupo
Parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.

Tiene la palabra el señor Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, la primera de
las enmiendas que voy a defender, en nombre de Coalición Canaria,
es la 1.011, en la que se propone la incorporación de un nuevo
apartado al artículo 243, que sería el 8.º de los que lo
integran, cuyo texto sería el siguiente: «Cuando el incendiario
de un bien propio persiguiere defraudar o perjudicar a tercero
será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años».

En los supuestos de la destrucción de un bien propio, aunque se
verifique por la vía del incendio, si no se causa daño material a
la integridad o a cualquier otro derecho de la persona o bien
jurídico tutelado por el Código no nos podemos hallar en
presencia de delito alguno. En el supuesto de que la destrucción
por la vía del incendio de un bien propio persiga una
defraudación de terceros nos parece que no sería correcto acudir
a ninguna forma de concurso de delito, ni estaríamos en presencia
de un delito de incendio, sino que, más correctamente, estaríamos
ante una circunstancia específica de agravación del delito de
estafa o de configuración, en cualquier caso, de un delito de
estafa, por cuya razón proponemos la adición de este nuevo
apartado al artículo enmendado. En coherencia con este criterio
que mantenemos desde ahora y que es el que ha venido siendo
considerado por textos anteriores y por la jurisprudencia misma,
formulamos en su momento la enmienda de supresión del artículo
334, a donde se había trasladado heterodoxamente, desde nuestro
punto de vista, esta figura que ahora pretendemos incluir en este
artículo 243 como un nuevo apartado del mismo, porque, lo que no
se puede olvidar, señor Presidente, es que el clásico supuesto
del incendio de un bien propio para cobrar un seguro nos sitúa
ante un delito de estafa, y no en la forma que contiene el
proyecto.

La enmienda 1.012, al capítulo VII del Título XII del Libro
Segundo del proyecto, propone una nueva sección, que sería la
Sección 5.ª, bajo la rúbrica «Disposiciones comunes a las
Secciones anteriores», integrada por un nuevo artículo, que sería
el 254 bis, con la finalidad de poder sancionar adecuadamente a
la autoridad o funcionario que abusando de su cargo cometiere
alguno de los delitos comprendidos en las secciones anteriores de
este capítulo, es decir, en los supuestos de estafa, apropiación
indebida, infracción de los derechos de la propiedad intelectual
y otras infracciones que se contienen en la sección 4.ª
Proponemos castigar estos delitos con las penas señaladas a los
mismos en su mitad superior y, además, la accesoria de
inhabilitación especial para el empleo o cargo público por tiempo
de dos a seis años. ¿Por qué? Lo expresábamos ya en la
justificación concisa pero concreta y clarificadora de nuestra
pretensión cuando decíamos --y seguimos manteniendo-- que nos
parece más adecuado ubicar en este capítulo, como una sección
adicional, este artículo que enmendamos, y no como hace el
proyecto en el artículo 416, ubicándolo dentro de los fraudes y
exacciones ilegales, por lo cual, en su momento, en coherencia
con esta enmienda, tendremos que solicitar la supresión de dicho
artículo 416, porque, ¿cuál es el bien jurídico protegido?
Evidentemente, la seguridad del tráfico jurídico.

Retirada en su momento, al haber sido aceptadas las enmiendas
1.013 y 1.014, mantenemos, sin embargo, la enmienda 1.015, que
pretende modificar el punto 1 del artículo 305 del proyecto,
porque nos parece más adecuado que en los supuestos en los que se
imponen penas a los «promotores, constructores o técnicos
directores que llevaren a cabo una construcción no autorizada en
suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio
público o lugares que tengan legal o administrativamente
reconocido su valor paisajístico», se incorpore «el valor
ecológico», ya que es un concepto que no es nada indeterminado,
otra cosa es que no esté acuñado hasta ahora en textos legales
concretos, pero su contenido es algo más amplio que lo meramente
paisajístico y, en ocasiones, en las leyes que de una manera u
otra se vienen aprobando a distintos niveles de las
administraciones en defensa de la naturaleza, el paisaje es en
ocasiones un bien tutelado de una manera específica, pero hay
otros conceptos que están



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comprendidos dentro de lo ecológico, razón por la cual estimamos,
que debe incorporarse.

Habíamos retirado anteriormente la enmienda 1.016 y en este
momento procedemos a retirar también la 1.017, ya que trae causa
de la citada enmienda 1.016.

Por lo que respecta a la enmienda 1.019, después de haber sido
retirada la número 1.018, por haber sido asumida por la Ponencia,
proponemos una modificación al artículo 312 del proyecto. Donde
se hace referencia a «alguna especie o subespecie de flora
amenazada, o de sus propágulos», debe decir: «alguna especie o
subespecie protegida» (no amenazada) «de la flora, incluidos sus
propágulos». ¿Por qué? Porque la Ley 47/1989, como decíamos en
nuestra justificación en el momento de formalizar las enmiendas y
seguimos manteniendo este criterio, habla de catálogo de especies
amenazadas en lugar de protegidas, lo que induce a confusión en
el caso español, porque lo que hace en realidad es protegerlas.

Puede haber especies amenazadas sin que estén legalmente
protegidas. Por eso es preferible, en aras de un rigor en la
tipicidad del principio de legalidad, de seguridad jurídica,
utilizar el término protegidas, teniendo en cuenta por otra
parte, que los propágulos son tan especie como los individuos
adultos. Desde la enmienda 1.019 saltamos ahora, sin perjuicio de
retomar las precedentes, a la número 1.022, ya que también esta
enmienda propone sustituir en el artículo 317 la expresión
«amenazadas» por «protegidas», por los mismos motivos que
acabamos de defender.

Retomando el orden de las enmiendas, defendemos a continuación la
enmienda 1.020 en virtud de la cual proponemos la adición de un
precepto nuevo, que sería el artículo 312 bis. Se propone la
inclusión de tal precepto, con el siguiente texto: «El que
favoreciese la introducción o liberase clandestinamente
individuos o propágulos de especies exóticas en los hábitats
naturales con la intención de modificar los equilibrios
biológicos o de determinadas especies, será castigado con la pena
de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses».

Sinceramente, encontramos que en el proyecto existe una omisión a
una conducta que puede ser perturbadora del medio ambiente en su
conjunto, a través de una agresión clarísima a un hábitat natural
que, por cualquier razón, siempre con intención dolosa, puede
traer como resultado la modificación del equilibrio biológico o
de determinadas especies, allí existentes. Nos parece un supuesto
tan grave que es acreedor a tipificarlo como una figura
delictiva, con imposición de la pena que nosotros proponemos.

La enmienda 1.021 ha sido retirada también en virtud de la
aceptación verificada en la Ponencia. Por lo que respecta a la
enmienda 1.023, tratamos simplemente de corregir una laguna del
proyecto, porque no vemos por ninguna parte que un precepto como
el que queremos incorporar por la vía de la adición exista en el
texto punitivo del proyecto, porque, a nuestro juicio, debe ser
sancionado --y proponemos una pena de prisión de seis meses a
cinco años o multa de seis a 24 meses-- aquel que incendiare un
bien de ajena pertenencia. Así de claro. Este es un concepto que
no figura por ninguna parte.

Cuando se hace referencia a los incendios como circunstancias de
una especial agravación, con culpabilidad de la gente, en
definitiva, se hace mención a determinados supuestos de interés
público que se concretan en el proyecto, pero de una forma
insuficiente. Por eso, precisamente queremos incorporar un nuevo
precepto, a través de la enmienda 1.024, corrigiendo también en
este caso una laguna del proyecto, que omite el delito de
incendio. Queremos tipificarlo a través de esta enmienda de
adición que, aunque no con la misma literalidad, se encontraba ya
en el Código vigente y creemos que concretándolo adecuadamente, a
través de una rigurosa tipificación, debe contenerse en el
proyecto la sanción, con una pena superior en un grado a la
establecida en el artículo anterior, al que incendiare un bien en
el que habitualmente se encuentre una persona. Es una figura de
especial gravedad que en el proyecto brilla por su ausencia y,
por el contrario, creemos que su presencia es necesaria a través
de la tipificación correspondiente de este precepto.




El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.




El señor OLARTE CULLEN: Estoy terminando, señor Presidente.

La enmienda 1.025 pretende sancionar, también por vía de adición
a aquel que incendiare cualquier bien público y no solamente los
bienes que se concretan en el proyecto. En el proyecto se
concreta una serie de bienes por su valor artístico, histórico y
cultural, pero creemos que el incendio de un bien público tiene
que llevar aparejada una sanción especial, como proponemos, con
lo cual corregimos una nueva laguna y, en cierta manera,
mantenemos criterios que ya acertadamente se encontraba en el
Código vigente.

La enmienda 1.026 propone la supresión del artículo 334d, en
virtud de la filosofía que anteriormente ha-
bíamos explicitado al considerar como un delito de estafa el
incendio en un bien propio para causar perjuicio a un tercero.

Por lo tanto, ahorramos a SS. SS. que tengan que escuchar la
reiteración de una justificación que, por otra parte, ha sido
expresada ampliamente.

Retiradas las enmiendas 1.027 y 1.028, también procedemos a la
retirada en este acto de la 1.030, manteniendo la 1.031, por la
que se propone la supresión del artículo 352 del proyecto, ya que
su ubicación más correcta, por las circunstancias de agravación
específica de reincidencia, en función de condenas dictadas por
tribunales extranjeros, creemos que se encuentra en el artículo
23 del proyecto, en la parte general, y concretamente al
desarrollar la reincidencia, algo que ya en su día,
infructuosamente, planteamos al proponer



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nuestra enmienda de adición, que sería la 9.ª, al artículo 23.

Por último, señor Presidente, hemos padecido un error, por lo que
solicitamos su comprensión y su benevolencia para hacer la
corrección en este acto, y es que cuando expresamos la relación,
acaso por la abundancia de las enmiendas que manteníamos para el
acto del Pleno, y terminábamos, después de pasar de la 1.031 a la
1.033, nos queríamos referir a la 1.032 y no a la 1.033. Por lo
cual, la 1.033 debe entenderse como excluida de nuestro propósito
de defenderla en este Pleno y, por el contrario, seguimos
manteniendo la 1.032, que damos por reproducida en sus cabales
términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, estamos
debatiendo, de un golpe podría decirse, porque lo hemos incluido
en un solo bloque, aspectos probablemente nucleares en el
proyecto de Código objeto de estudio y dictamen en esta Cámara.

Se trata nada menos que de la protección del bien jurídico, que
se denomina, quizás no con todo acierto, pero no es fácil
encontrar alternativas en el proyecto, el orden socio-económico,
en cuyo interior están los delitos contra los trabajadores, por
tanto la protección del bien jurídico, que consiste en los
derechos de los trabajadores, que se ha separado acertadamente en
un título independiente; la protección del bien jurídico del
medio ambiente y, en general, de los bienes colectivos. Por
tanto, estamos ante una serie de títulos de importancia capital
dentro del proyecto de Código Penal. Especialmente, si se me
permite, yo destacaría el primero de ellos, el de los delitos
contra el orden socio-económico, que, por vez primera, se destaca
como un bien jurídico con relativa autonomía en el Código Penal
y, por tanto, defendible con arreglo a unos determinados
objetivos, principios o filosofía y que en el fondo no viene sino
a desarrollar --por lo menos entendemos que esto debe ser así--
la importancia que a las relaciones socio-económicas le da
nuestra Constitución. La Constitución de 1978 dedica muchos
artículos, muchos preceptos a los principios sociales y
económicos, entre los cuales está toda una amplia forma de
intervención del Estado en la economía y que sobre la base de la
economía de Mercado como punto de referencia de un modelo
económico que no es fácil encontrar en nuestra Constitución, no
parece que haya un modelo económico, pero sí unos principios
económicos y sociales, ello, unido a la defensa de derechos de
los trabajadores, de derechos de los consumidores, que aparecen
también profusamente expuestos y destacados en nuestra Cons-
titución --en el comienzo, además, del texto constitucional--,
hace que el debate que tenemos en este momento se corresponda con
el desarrollo de una parte también importantísima de nuestra
Constitución. Nuestro Grupo así lo ha visto, así ha enfocado las
enmiendas que ha presentado y así ha actuado a lo largo de los
trámites de Ponencia y Comisión, en donde se ha modificado, y
creemos que se ha mejorado, la redacción de esta parte, de estos
títulos, y en donde hay importantes aspectos nuevos que destacan
en cuanto a su regulación. El primero de ellos es la existencia
de un mundo de sociedades, el mundo societario, que es el
protagonista, en estos momentos, del tráfico económico. Ese mundo
societario en donde hemos visto que se han materializado muchos
de los grandes escándalos económico-financieros producidos en
nuestro país, y fuera de él, a partir de la década de los 70, por
tanto en la década de los 80, en el mundo financiero, y que ha
llevado a la necesidad de pensar una defensa frente a esos
hechos, no sólo en el campo mercantil o en otros campos del
Derecho, sino también en el campo penal. Aunque es sabido que
nosotros creemos que la mayoría de las cosas no son solucionables
en el campo penal, evidentemente, la dimensión penal --en este
concreto aspecto diría que incluso la pena de prisión-- puede
tener unos elementos de mayor eficacia en los llamados delitos de
cuello blanco que en otros aspectos del Código Penal. Las
sociedades están incluidas en un proceloso mundo, en un tráfico
complejísimo y cuando hay una suficiente densidad interna en esas
sociedades, gobernadas de una forma que vamos a llamar
oligárquica, porque realmente las grandes sociedades se dirigen
oligárquicamente, no hay un gobierno democrático de las
sociedades, se explica que en la práctica se han producido
atentados no sólo contra quienes están fuera de las sociedades,
contra quienes sufren las consecuencias de las barrabasadas que
pueden haber cometido los dirigentes de esas sociedades --es el
caso muy reciente de Banesto y de otros escándalos que tienen que
ver con el mundo financiero-- sino que también afecta a los
propios socios, a la propia estructura interna de esas grandes
sociedades.

Por eso, a lo largo de toda esta tramitación, y esta es la
culminación en esta Cámara de ello, nuestro Grupo ha pretendido
que se adecue el Derecho penal a las características que tiene
este mundo, es decir a la necesidad de que en muchas ocasiones se
castigue el mero peligro, sin exigir la consumación concreta del
perjuicio; a la necesidad, por tanto, de que la mera tentativa se
castigue también , o incluso la necesidad de que se tenga en
cuenta que no sea necesario llegar hasta probar la finalidad
criminógena, por razones incluso de dificultad de prueba, que
tienen, en este caso, todo este tipo de delitos. Y no sólo el
caso de las sociedades, sino también el caso de los delitos de
corrupción, que una parte importante está incluida en estos
títulos; todo ello configura un trozo muy significativo del
proyecto de Código Penal al que, por lo menos por parte de mi
Grupo, nos hemos acercado con una determinada filosofía, que yo
he intentado, mejor o peor, resumir



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en este comienzo de mi intervención. Sin embargo, aún quedan
aspectos importantes que deben mejorar, que pueden mejorase y que
justifican, por tanto, que mantengamos determinadas enmiendas,
que lo más rápidamente posible voy a defender.

Voy a empezar por un aspecto de las patologías del tráfico
jurídico-económico, que son las insolvencias punibles. Se sabe
que estas insolvencias punibles
--que han proliferado de una forma muy preocupante, hasta el
punto de que esta Cámara incluso se ha planteado la reforma
completa de todo el derecho concursal-- tienen un gran problema
en la práctica, que es el de la prueba, la prueba de que la
quiebra o la suspensión de pagos se ha hecho en fraude de los que
no han provocado esa quiebra o suspensión de pagos, y esto exige
ser especialmente cuidadoso en la regulación, en este caso en la
regulación penal. Nosotros mantenemos la enmienda 752 al artículo
255 de este proyecto. En ella intentamos que se castigue a quien,
pendiente de un procedimiento de quiebra, y sin estar autorizado
judicialmente ni debidamente asistido --y llamo la atención sobre
este «ni debidamente asistido», porque en nuestra enmienda hay
una errata, y aparece la conjunción «y», «y debidamente
asistido», que debe entenderse como «ni»--, ni debidamente
asistido, digo, por los órganos concursales, realizare cualquier
acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones,
destinado a pagar a uno o varios acreedores, preferentemente o
no, con posposición del resto. Es decir, en esta situación se
favorece a unos acreedores respecto de otros, incumpliendo la
legalidad, incumpliendo la necesidad de que sean los órganos
concursales o el juez el que autorice ese tipo de acciones de
disposición patrimonial.

En la enmienda 755 se propone una nueva redacción del artículo
257 bis. Nos estamos refiriendo al origen de las quiebras
fraudulentas. Las quiebras fraudulentas o suspensiones de pagos
fraudulentas se suelen preparar con una contabilidad falsa, y eso
es lo que nosotros intentamos castigar en esta enmienda 755; es
decir, personas que se hallen obligados por la ley a llevar
contabilidad y que, sin embargo, o han incumplido totalmente esa
obligación, o han llevado contabilidades distintas, o no han
anotado en los libros los negocios, las operaciones que deben
anotar, o han hecho anotaciones ficticias. Debe advertirse que no
estamos castigando aquí cualquier ilegalidad en la contabilidad
de las sociedades o de las empresas, estamos castigando esa
ilegalidad cuando se prueba que está conectada dolosamente con la
quiebra fraudulenta, con la suspensión de pagos fraudulenta. En
ese caso debe castigarse, porque ha desaparecido --y ha
desaparecido bien en este proyecto de Código-- la remisión que se
hace al Código de Comercio, para que el Código de Comercio defina
aquello que tiene que tener en cuenta el juez penal. Creo que es
una buena técnica legislativa el que el Derecho Penal tenga su
propia autonomía, es decir, que no atraiga de otras ramas del
ordenamiento las definiciones que debe utilizar luego el juez
penal. El juez penal no está atado de pies y manos frente al juez
civil. El juez civil puede entender que una quiebra es
fraudulenta y no necesariamente tiene que serlo en el campo
penal. Pero, como ha habido una ausencia de remisión en este
proyecto de Código al Derecho Civil o al Derecho Mercantil, hay
que ir a una calificación específicamente penal de lo que son las
quiebras fraudulentas. Repito, hay que demostrar la existencia de
dolo respecto de los llamados hechos de bancarrota que determinan
la insolvencia. Probado eso, creemos que debe castigarse, y ése
es el sentido de la enmienda 755 que mantenemos a este Título XII
del proyecto de ley.

La siguiente enmienda que queremos destacar muy especialmente es
aquella que propone un nuevo artí-
culo 290 bis y que se refiere a derechos de los trabajadores (voy
exponiendo en el orden que tenía el proyecto de Código en su
momento, en el que los delitos contra los derechos de los
trabajadores estaban situados dentro de los delitos contra el
orden socio económico), y quiero destacarla especialmente porque
nos parece que es fundamental el que esta enmienda se admitiese,
ya que intenta castigar aquellas conductas de empresarios o de
encargados de servicios o de empresas que ponen en situación de
peligro a los trabajadores, no sólo desde el punto de vista
doloso, sino culposo e imprudente. Por tanto, se trata de un
delito de peligro. Nosotros creemos que, tal como está redactado
el artículo 290, no permite que se castigue a aquel empresario,
encargado de servicio o jefe de un determinado grupo de
trabajadores que coloca a éstos en situación de peligro de una
forma imprudente. Solamente se les podría castigar si atentaren a
la seguridad de los trabajadores, que es uno de los agujeros
negros de nuestra política social; todos sabemos que nuestro país
está a la cabeza, estadísticamente, de accidentes de trabajo
dentro de la Unión Europea. Por tanto, la seguridad de los
trabajadores es un bien jurídico que hay que preservar
extraordinariamente, y el proyecto de Código no lo preserva
suficientemente porque sólo es posible castigar si existe una
situación de puesta en peligro de la seguridad de una forma
dolosa. Es el empresario o el encargado el que tiene que,
conscientemente, sabiendo que pone en peligro al trabajador,
aceptar esa situación de peligro; pero esto no suele suceder en
la práctica. En la práctica, estas situaciones de peligro se
crean imprudentemente, y en el proyecto de Código, también de
forma acertada, ya no existe el artículo 565 vigente, que de
forma generalizada establece el delito de imprudencia. Si se
aprueba el proyecto de Código, ese artículo 565 ya no va a
existir, sino que, en la parte especial, hay que ir previendo,
caso por caso, el castigo por el delito imprudente, y en este
supuesto no se contempla para quienes ponen a los trabajadores,
conscientemente, en situación de



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peligro de forma culposa, es decir, de forma imprudente.




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.




El señor LOPEZ GARRIDO: Voy terminando, señor Presidente.

Pero es tan enorme el temario que hay que tratar, que solicito su
benevolencia para poder defender las enmiendas que tenemos
presentadas a estos cuatro títulos.




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, va a contar con la
comprensión, como la he tenido con los otros grupos, pero lo que
es imposible es defender, una por una, todas las enmiendas que
están pendientes en este trámite. Su intento de hacerlo sí que
desborda cualquier previsión.




El señor LOPEZ GARRIDO: Intentaré referirme a ellas lo más
rápidamente posible, pero al menos debo mencionar, aunque sea muy
someramente, estas enmiendas que mantenemos, que no son muchas.

Son relativamente pocas, porque ha habido algunas que se han
retirado y otras que se han incluido en trámites anteriores.

Quería decir que estamos, evidentemente, ante un delito de
peligro, no es un delito de resultado, pero en delitos de peligro
también cabe la conducta imprudente y en este caso es
especialmente necesario preverla. Por ello, nosotros mantenemos
esta enmienda. Si no fuese así --esto es algo aceptado
absolutamente por el intérprete, por la jurisprudencia y por la
doctrina--, no se podría castigar esta conducta imprudente de
poner en peligro la seguridad de los trabajadores.

Para obedecer las indicaciones del señor Presidente, me referiré
rápidamente a la cuarta de las enmiendas a las que damos mayor
importancia dentro de las que defendemos a estos títulos. Me
refiero a la enmienda 770, al artículo 292, con la que nosotros
pretendemos que se suprima el inciso «para causar un perjuicio
económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero».

Este artículo 292 del proyecto de Código castiga a «Los
administradores... de una sociedad mercantil que falsearen las
cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la
situación jurídica o económica de la entidad, para causar un
perjuicio económico a la misma...» Es decir, habría que probar
que existe ese objetivo de causar un perjuicio económico a la
sociedad. Si no se prueba esa finalidad, que es un elemento
subjetivo, no cualquier tipo de cuentas, sino el falseamiento de
las cuentas anuales de los balances, sería impune. O se podría
incluir, y eso sería una interpretación que ya veríamos si se
podría hacer, en las falsedades genéricas. Pero, fíjense,
señorías, la incongruencia que se da en este caso. Si este
artículo no existiera, si se extrajese del proyecto de Código,
habría que aplicar para este caso las falsedades genéricas del
artículo 369, que están castigadas, más o menos, con la misma
pena: uno a tres años de prisión en el artículo 292 y seis meses
a tres años en el 369. Hay que aplicar este artículo en caso de
la administración de sociedades porque es un tipo especial, pero
se va a privilegiar a los administradores de sociedades que
falseen las cuentas anuales. Porque para castigar hay que probar
la finalidad de causar perjuicio económico, y en este caso sí hay
que probarla. Se privilegia al administrador, de hecho o de
derecho, de una sociedad mercantil que falsea las cuentas, pero
los delitos societarios están pensados para tipificarlos mejor y
para que se castigue más fácilmente. No tiene sentido que haya un
privilegio, una atenuación, una dificultad para el castigo en
este caso. Por eso es fundamental que se admita nuestra enmienda
para que tenga sentido este artículo, que es clave, como
señalabámos en Comisión, y está en la base de los falseamientos
que desencadenan las grandes bancarrotas, los grandes fraudes en
el mundo económico y financiero. Todo empieza por un falseamiento
de las cuentas, no de cualquier anotación. Empieza por un
falseamiento de lo que es el corazón de esa especie de
electrocardiograma que suponen para una sociedad todas sus
cuentas económicas. El corazón de ello es el balance, sus cuentas
anuales; ahí se originan los grandes fraudes.

En cuanto a la enmienda 774, no voy a extenderme. Simplemente
quiero recordar que los delitos contra la hacienda pública y la
Seguridad Social, en estos momentos objeto de una ley aparte, se
incluyan dentro del Código Penal y, por tanto, beban, si se me
permite la expresión, de su filosofía, de sus garantías, de toda
la estructura de ese Código.

A la parte relativa a los delitos contra el medio ambiente
mantenemos las enmiendas 775, 777, 778, 781, 786, pero, siguiendo
las indicaciones del señor Presidente, no me voy a detener en la
defensa pormenorizada de cada una de ellas; ya lo hicimos en
Comisión. Pretenden que haya una mejora en la redacción de un
título que, a nuestro juicio, está correctamente redactado en su
conjunto.

En cuanto a la parte de los delitos contra la salud, en Comisión
planteamos la necesidad de iniciar un debate sobre la
despenalización de las drogas. No voy a reiterar aquí aquello que
ya señalé en su momento. Nos parece que es un camino que hay que
empezar a recorrer, al menos empezar a debatir; si no, se está en
un callejón sin salida en cuanto al tema de las drogas. En este
momento vamos a reiterar las enmiendas que mantenemos a este
capítulo relativo a las drogas. En su momento mantuvimos la
necesidad de disminuir la penalidad a aquellos que son
traficantes de «base», entre comillas, aquellos que trafican para
sostener la dosis diaria que necesitan por ser adictos a la
droga, los



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pequeños traficantes, los camellos, a diferencia de los grandes
traficantes.

Una transacción con el Grupo Socialista permitió en Comisión
agravar no de una forma excesiva, las penas previstas en el
proyecto de Código a los grandes traficantes, a los jefes de las
mafias de la droga, y bajar hasta tres años la pena mínima de los
pequeños traficantes, con lo cual sería posible aplicar la
suspensión de condena prevista para el caso de los que son
adictos a la droga y se les obliga a un tratamiento de
deshabituación. Planteábamos un marco general basado en tres
categorías. La señora Del Campo nos señaló que no es congruente
con el Convenio de Viena. Por ello vamos a retirar estas
enmiendas que tienen un sentido global, aunque sí mantenemos
nuestra reserva en cuanto a que nos parece todavía exagerado que
el primer nivel de gravedad pase de tres a nueve años, se acerque
a la pena mínima para el homicidio en el primer nivel de gravedad
y no en el último nivel del gran traficante.

Retiramos la enmienda 794 y mantenemos para votación la enmienda
795, al artículo 357.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

Turno en contra. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Mohedano.




El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señorías, al llegar
a este Título XII del proyecto de código, se presta especial
atención a una forma delictiva característica de la sociedad
moderna, que es la delincuencia económica. Este título, como ya
se ha señalado por algún interviniente, otorga una protección,
señor Varela, como usted bien sabe, a la propiedad individual y a
la propiedad colectiva; a los intereses colectivos y legítimos, a
los intereses del mercado y también a la utilidad social de la
cosa propia, pero lo más importante es que en este título y por
eso yo creo que la rúbrica es correcta, frente a las notas que he
tomado de la intervención del portavoz del Grupo Popular, se
supera la confrontación que ha existido siempre en la mentalidad
fundamentalmente individualista de los códigos del siglo XIX
entre los bienes individuales estrictamente patrimoniales y los
bienes colectivos que afectan al interés general.

Este título, la opción de política criminal que se contiene en el
Código, y concretamente, como digo, en este título, parten de la
idea de que cualquiera de las conductas, tanto las que atacan a
bienes patrimoniales individuales o a propiedad individual como a
bienes colectivos, ofenden simultáneamente a ambos, al interés
patrimonial y al interés general, y por eso es no sólo la
modificación de la concepción del contenido del propio título,
sino también de la rúbrica del mismo. Por tanto que la rúbrica
diga que se refiere al patrimonio y al orden socioeconómico nos
parece correcto, porque es un poco el reflejo de esa nueva
concepción, que, por supuesto, protege absolutamente la propiedad
individual y también la propiedad colectiva, pero que hace más
plástica cuál es la concepción de este Título XII contra el orden
socioeconómico. Desde el hurto hasta la receptación, también,
señor Varela, la receptación, y por eso va al final del título,
porque no está concebida como se ha concebido clásicamente, y a
eso nos referiremos luego; está concebida como un delito
autónomo; desde el hurto hasta la receptación --repito--, y
empezando por el hurto y por el robo, que mantiene sus fórmulas
tradicionales, que tenían una gran flexibilidad y una gran
precisión y que, además, tenían una elaboración doctrinal que no
puede desdeñarse. Desaparecen, eso sí, las figuras complejas y
hay alguna modificación, pero, como digo, manteniendo las
fórmulas tradicionales.

Es una novedad también la extorsión como delito autónomo, porque
hasta ahora era una subespecie del robo; la usurpación también
tiene tipos nuevos, como la ocupación de viviendas y de locales
vacíos; las defraudaciones tienen algunas novedades importantes,
como las estafas a través de las manipulaciones informáticas, así
como que existan también un tipo básico y unas cualificaciones
agravatorias. El delito de receptación como figura autónoma
porque se ha tenido en cuenta la realidad criminológica y los
nuevos convenios internacionales. En definitiva ya no estamos en
la forma de receptación clásica de nuestro Código Penal, sino
como una forma autónoma que consiste en incorporar al tráfico
comercial legal, bienes o dinero, obtenidos ilegalmente.

La propiedad industrial se libera totalmente de su sumisión a la
ley de propiedad industrial y abandona la técnica de utilización
de las normas en blanco, y las insolvencias punibles ofrecen un
importante número de novedades, si se tiene en cuenta la vejez de
las normas que se utilizan desde el Código del año 1870.

Entre las medidas de protección de valores insuficientemente
protegidos en el Código destaca fundamentalmente, desde nuestro
punto de vista, una regulación de los delitos societarios, frente
a los abusos en la gestión de los administradores de las
sociedades. Entre estos delitos societarios destacan dos
importantes modalidades comisivas en la adopción de acuerdos
perjudiciales para la sociedad: los abusos de mayoría ficticia y
los obtenidos mediante firma en blanco.

La configuración de estos delitos arranca del comprensible
convencimiento de que el Código Penal no es el instrumento que
debe determinar el buen funcionamiento del sistema económico en
toda su extensión. Hay que tener en cuenta que es un texto con
pretensión de estabilidad que únicamente puede incriminar la
infracción de las reglas mínimas del juego. Esto es muy
importante, sobre todo al examinar algunas de las enmiendas
relativas a estos delitos contra el orden socioeconómico, algunas
de ellas relativas, por ejemplo,



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a las insolvencias punibles y a lo que es la gran novedad de los
delitos societarios.

No creo señor Varela que hayamos ido con gran rapidez en la
discusión de este proyecto de código. No sé si las 150 horas que
llevamos debatiendo prácticamente entre Ponencia, Comisión y
Pleno, será mucho o será poco. De todas maneras, me voy a hacer
eco de sus palabras y voy a referirme, en la medida que el
Presidente me dé tiempo, si no a todas las enmiendas una por una,
sí a aquéllas más importantes que se han defendido e incluso a
algunas que no se han defendido.

En los capítulos del hurto y robo sólo quedan dos enmiendas del
Grupo Popular. La primera de ellas es una enmienda «in voce» al
antiguo artículo 235 (y cuando hablo de artículo me refiero
siempre al orden del proyecto, porque luego ha habido sucesivas
modificaciones en la numeración de los artículos) y esa enmienda
dice que además de que haya intimidación y violencia se tomen
rehenes. No vamos a aceptarla, porque vuelve un poco a la vieja
concepción del delito complejo del código actual. Además esta
enmienda desde nuestro punto de vista es técnicamente defectuosa;
defecto técnico que la lleva a ser restrictiva porque exige no
sólo la utilización de la violencia, sino también la toma de
rehenes. En definitiva, estaríamos ante un concurso de delitos --
un delito también contra la libertad-- y como no queremos volver
a la fórmula del delito complejo del Código Penal vigente, porque
nos parece más confusa y menos clara que la concepción actual, no
vamos a aceptar esta enmienda.

La enmienda número 1.133, a este mismo precepto, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), no vamos a aceptarla porque las
demás circunstancias, que al grupo enmendante le parecen un
concepto jurídico indeterminado, no son otras circunstancias
además de la fundamental que se plantea alternativamente, sino
que son circunstancias complementarias que permiten la atenuación
de la pena, pero complementarias de la circunstancia fundamental,
y es la poca entidad o valor de la cosa sustraída.

La enmienda 1.134 al artículo 237, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), yo creo que no tiene en cuenta la
distinción entre el robo convencional y el robo de uso que se
basa en la inexistencia de ánimo de apropiación definitiva. Lo
que distingue el tipo precisamente es esa restitución, no porque
produzca menos daño, sino porque pone de relieve un ánimo
distinto en el autor del delito. Por ese motivo tampoco vamos a
aceptar esta enmienda.

La enmienda 1.135 ha sido ya aceptada en el trámite de Comisión,
y también lo ha sido en gran parte la enmienda 379, del Grupo
Popular, al artículo 243.6 y 7, que se ha mantenido en este
trámite. Se recogió en Ponencia el apartado 7; el apartado 6 no,
porque lo que dice el Grupo Popular de esas circunstancias sobre
el valor de lo defraudado, la gravedad de la situación económica
que se crea en la víctima, se recoge ya en el modelo básico del
delito, pero a diferencia del tipo básico aquí se tiene en cuenta
para una especial gravedad. En el modelo básico se contempla para
modular la pena dentro de los límites de lo que es el modelo
básico de la figura delictiva, pero aquí se tiene en cuenta para
su agravación. Por tanto, se trata de dos situaciones distintas.

La enmienda 1.011, del Grupo de Coalición Canaria, al artículo
243, pretende una forma de estafa a las compañías de seguros
mediante la provocación de incendios sobre un bien propio para
obtener una indemnización. No vemos clara esta enmienda de
Coalición Canaria --ya lo hemos planteado en otros trámites del
debate--, porque el incendio es el medio comisivo; se trata de
simular el riesgo para cobrar la indemnización. El cambio de
ubicación, traerlo del capítulo de incendios a este capítulo de
las defraudaciones, creemos que es más correcta que la
sistemática que sigue el proyecto de Código y se debe mantener en
el 334, que es el de incendios en bienes propios con ánimo de
defender a terceros.

Lo mismo ocurre con la enmienda 383, al artículo 248.2. El bien
jurídico protegido es el buen funcionamiento de la
Administración. Es como si, por ejemplo, las exacciones ilegales
las trajéramos al delito de las defraudaciones o al delito de
estafas. La ubicación sistemática tanto en el capítulo del delito
de incendios como en el título de los delitos contra las
administraciones públicas nos parece correcta, porque hace
referencia al bien jurídico que esencialmente se protege.




El señor PRESIDENTE: Señor Mohedano, habida cuenta que su grupo
ha anunciado que van a intervenir tres ponentes, advierto a S. S.

del tiempo transcurrido en el turno asignado.

Lo digo para que el tiempo que deje a los otros intervinientes
tenga contenido útil.




El señor MOHEDANO FUERTES: Sí, señor Presidente.

Estoy respondiendo sólo a algunas de las enmiendas, no a todas
las planteadas por todos los grupos. Estamos en un título que va
desde el hurto hasta los delitos societarios, pasando por todos
los delitos contra el orden socioeconómico, donde todavía quedan
bastantes enmiendas y solamente por cortesía al resto de los
grupos estoy contestando a las más importantes. Voy a intentar
abreviar más, señor Presidente. Buscaré un equilibrio entre el
tiempo de que dispongo y las enmiendas, procurando atender a las
más importantes, que estoy contestando telegráficamente.

Señor Camp, su enmienda 1.139, al artículo 252, en materia de
propiedad intelectual relativo al decomiso, estamos de acuerdo
con la finalidad y el propósito de la misma, pero creemos que la
intención y el objetivo que ustedes pretenden está plenamente
conseguido en el artículo



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127 que, con carácter general, se refiere al decomiso de los
instrumentos y de los objetos del delito.

Vamos a aceptar, con carácter transaccional, una enmienda de
adición de Izquierda Unida a lo que era el artículo 255 y se
proponía como un artículo bis. Estaría en los siguientes
términos: Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro
años y multas de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez
admitida a trámite la solicitud de quiebra, concurso o suspensión
de pagos sin estar autorizado para ello por el órgano judicial ni
por los órganos concursales y fuera de los casos permitidos por
la ley, realizare cualquier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones destinado a pagar a uno o varios
acreedores, preferentes o no, con posposición del resto. En
definitiva, estamos ante el supuesto de la punición de ciertas
formas de anticipación de pagos durante el proceso concursal a
determinados acreedores en perjuicio de otros. Creemos que esta
enmienda transaccional, que sólo corrige lo que entendemos
algunos defectos técnicos de su enmienda, satisface plenamente su
pretensión.

Sin embargo, no vamos a aceptar la enmienda 755, al artículo 257
bis. Tengo que ir muy deprisa, señor López Garrido. Están ustedes
hablando de una omisión de contabilidad que provoca la situación
de quiebra. Lo que pasa es que, aunque de sus palabras aquí vemos
clara su pretensión, la redacción de esta enmienda no se entiende
exactamente como usted ha dicho. No se sabe si esta omisión de
contabilidad es de actos anteriores o posteriores. Usted ha dicho
claramente que son anteriores, pero en la enmienda no se sabe si
son anteriores o posteriores y no es lo mismo porque plantean
problemas distintos. Si se trata de penar la omisión de
contabilidad con carácter anterior a la declaración de quiebra,
de concurso o de suspensión, deberá proponerse que sea una
conducta atípica en cualquier caso y no sólo cuando hay situación
de quiebra, de concurso o de suspensión. Si se trata de actos
posteriores a la admisión a trámite de la demanda de quiebra, hay
que pensar que la administración de la empresa queda intervenida
judicialmente, por lo que el control sobre la contabilidad es
autónomo. Lo que están proponiendo ustedes es castigar una
conducta previa si luego ha producido un resultado económico
concreto. Desde nuestro punto de vista, eso es lo que tiene una
defectuosa construcción técnica en esta enmienda y, sin que nos
cerremos absolutamente a seguir estudiándolo en el Senado,
creemos que debe tener una construcción totalmente distinta.

No vamos a aceptar la enmienda 387, del Grupo Popular, al
artículo 260 porque nuevamente quieren suprimir la condición
económica de la víctima en el delito de daño a la hora de evaluar
la indemnización. Tampoco la 391, al artículo 273; el secreto de
empresa que se protege pide que sea evaluable económicamente y
que comporte ventajas competitivas y esto forma ya parte del tipo
penal. Además, hay otra modificación en esta enmienda, que atenúa
la punibilidad.

Hay una enmienda muy interesante del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), la 1.146, al artículo 273, que nunca ha descartado
nuestro grupo; es aquella que se refiere a las afirmaciones
denigratorias que causan grave situación económica a las
empresas, normalmente temporal y evaluable. De todas maneras,
siempre cabe la reclamación por la vía de la Ley 3/1991, de
competencia desleal, pero en algunos otros países se ha planteado
este problema en relación con las empresas de tipo farmacéutico,
donde falsas informaciones de carácter aparentemente científico
han producido a veces graves daños a estas empresas. Lo que pasa
es que aquí hay que buscar un equilibrio entre esta construcción
que hacen con su enmienda al artículo 273 y el problema de la
protección al honor en otros capítulos del Código Penal y puede
haber un desequilibrio entre la tutela penal, que se da en este
caso a las empresas, contra las afirmaciones denigratorias que
producen esa grave situación económica, y los delitos contra el
honor. Por tanto, es una cuestión que creemos hay que seguir
estudiando.

En cuanto al delito publicitario del artículo 278, su tutela
penal ha sido moderada mediante la aceptación de una enmienda de
Convergència i Unió en el trámite de Comisión, y pensamos que no
debe desaparecer del Código Penal.

Respecto a las enmiendas que ha planteado el Grupo de Izquierda
Unida sobre los delitos societarios, concretamente la enmienda
número 770 --y con esto ya acabo, señor Presidente--, no vamos a
reproducir en el Pleno el debate que tuvimos ya en Comisión sobre
este delito de falsa información de carácter económico dentro del
ámbito de la empresa. Pensamos, como dijimos en su momento, que
este delito primero, no privilegia a los administradores de la
sociedad frente a la falsedad genérica en documento mercantil del
artículo 369, en relación con el 367, porque la pena mínima ya es
más alta, son seis meses en el delito de falsedad genérica y un
año, la pena mínima, en este delito especial. Exactamente estamos
ante un delito especial frente a la figura general de los
artículos 367 y 369. El hecho de que consideremos que es exigible
el dolo específico, de que se cause el perjuicio económico, es
una idea --ya lo discutimos-- bastante compartida en la doctrina
lo que precisamente le da esa característica de delito especial
frente al delito general del artículo 369. Señor López Garrido,
estamos en un delito especial que no sólo no produce ningún
privilegio, sino que, además, tiene una pena más dura frente a la
falsedad genérica en documento mercantil del artículo 369.

Hablamos ya también en su momento, de que se podía agravar, no la
pena de privación de libertad, sino la pena de multa que tiene
este delito.

En cuanto a la enmienda 774, del Grupo de Izquierda Unida, en la
que plantea que los delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social no permanezcan



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como ley especial, sino que se incorporen al Código, únicamente
voy a decir que nuestro grupo es decididamente partidario de que
estos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se
codifiquen dentro del cuerpo del Código Penal y no como ley
especial. Por tanto, cuando llegue el momento oportuno, que
probablemente será en el trámite legislativo del Senado en el que
se podrá hacer una ordenación de todo el articulado, habrá que
incorporar ya al Código Penal todo el contenido de la ley
especial que hemos aprobado hace poco en las Cortes Generales.

Con esto, aunque siento no poder contestar a todas las enmiendas
que se han planteado, creo que he respondido a las que creía era
más importantes y agradezco al Presidente su benevolencia por
habérmelo permitido.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.

Señor Navarrete.




El señor NAVARRETE MERINO: Señor Presidente, señorías, intervengo
para defender el proyecto del Código Penal en la parte que hace
relación a los denominados en estos instantes ya con un título
independiente: Delitos contra los derechos de los trabajadores.

La primera cuestión que habría que plantearse es el sentido que
tiene la protección penal de los bienes jurídicos que afectan
genéricamente a los trabajadores y a los empresarios.

Naturalmente que es un bien jurídico, como cualquiera otro de los
contemplados en los diferentes tipos del Código Penal, incluso
podríamos decir un bien jurídico de naturaleza relevante que
refuerza, por consiguiente, el sentido de la protección penal.

Sin embargo, el Derecho Penal tiene unas finalidades directas y
otras finalidades indirectas, y es muy frecuente que determinados
derechos de los trabajadores no se puedan ver adecuadamente
vindicados, prevenidos, compensados o resarcidos al tropezar con
la muralla que representan las diferentes sociedades de capital.

En tales casos, la única vía a disposición de los trabajadores
para incidir sobre el patrimonio particular de quienes son los
causantes de las lesiones que aquellos experimentan en sus bienes
jurídicos es la protección penal, porque es el único instrumento
que permite romper el velo que acoraza y que en muchas ocasiones
deja impunes determinadas actuaciones económicas o sociales de
las empresas.

Dicho esto, habría que añadir que en el Código Penal, todavía
vigente, estos delitos se encuadraban sistemáticamente dentro de
un paradójico título dedicado a la defensa de un bien jurídico,
que daba lugar a la denominación del título a que me refiero;
delitos contra la libertad y la seguridad.

La primera cuestión que tendríamos que justificar es por qué el
proyecto abandona esa titulación. Ha sido objeto de discusión en
la doctrina científica si está justificada la denominación
específica de un determinado tipo de delitos como delitos que
coinciden en atentar contra la libertad y la seguridad, y este
cuestionamiento ha tenido efectos, fundamentalmente porque la
comisión de cualquier delito atenta contra la libertad y la
seguridad de las personas.

Ante esta situación, la doctrina científica no tenía más remedio
que intentar buscar una justificación haciendo una distinción en
cuanto a que ese bien jurídico específico de libertad y seguridad
que era vulnerado, no por todos los delitos, sino por una
categoría de ellos, era la libertad y la seguridad en sus
dimensiones más estrictas, más éticas, más personales, en
definitiva, en cuanto protectoras de los mínimos sin los cuales
no es inteligible la vida en sociedad.

Si era difícil la justificación de la denominación delitos contra
la libertad y la seguridad, repito, para referirse a una sola
categoría de delitos, aún más paradójico resultaba en el caso de
los delitos contra los derechos de los trabajadores. Yo creo que
no se es consciente de las dos locomotoras que por la misma vía,
y en dirección contraria, están poniendo en cuestión los más
elementales derechos de los ciudadanos: el derecho a la libertad
de trabajar y a la seguridad en el trabajo. Estas dos locomotoras
son, por una parte, un crecimiento demográfico (se calcula que
hoy la producción de un país se obtiene con la quinta parte de
los trabajadores que se empleaban hace unas décadas) y, por otra
parte, que en cuestión de décadas la población mundial se va a
multiplicar por dos.




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Navarrete.

El Grupo Socialista ha indicado su propósito de que interviniesen
tres ponentes. Se entiende que es para oponerse a los turnos en
defensa de las enmiendas que han utilizado los otros grupos
parlamentarios. El Grupo Socialista ha excedido, con mucho, los
turnos que se han establecido para este debate. Los ponentes han
decidido que podían tratarse en un solo bloque cuatro títulos de
este proyecto, pero porque cabían en un turno, no porque íbamos a
hacer un turno que era el doble de los demás.

Por tanto, les ruego que hagan un esfuerzo para que las
intervenciones quepan dentro de lo que es el turno de un debate
de estas características.




El señor NAVARRETE MERINO: Si me permite, concluyo el
razonamiento y entro rápidamente en las enmiendas.

La otra locomotora está representada por el acelerado progreso
tecnológico que hace innecesaria, en gran cantidad de tareas, la
intervención del esfuerzo humano. En base a ello, está insegura
la situación laboral e insegura la situación de libertad para
elegir un trabajo. Por consiguiente, es más adecuado su
tratamiento dentro de un título dedicado a las cuestiones
socioeconómicas y patrimoniales o bien, como se ha hecho en los
trabajos parlamentarios, introducir un título específico



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con la denominación de los delitos contra los derechos de los
trabajadores.

Estas figuras que se tipifican, en parte tienen que ver con las
que están en el Código Penal vigente; en parte introducen
elementos nuevos; en parte introducen algunos ajustes
sistemáticos, como traer las situaciones de peligro que hacen
referencia a los trabajadores al título específico dedicado a la
protección de sus derechos.

Se ha presentado una serie de enmiendas, algunas de las cuales ni
siquiera han sido defendidas desde esta tribuna. La figura
fundamental, que es la del artículo 285, la alteración de las
condiciones de trabajo reconocidas en las leyes, en los convenios
colectivos o en los contratos individuales, es objeto de una
contradictoria dualidad de enmiendas. Unas, por parte de
Izquierda Unida, pretenden la supresión del dolo específico --la
amenaza, el engaño o abusar del estado de necesidad en que se
pudiera encontrar el trabajador para sustraerle esas condiciones
de trabajo--, con lo que cualquier anomalía en la vida laboral
sería inmediatamente susceptible de convertirse, mediante la
derivación del tanto de culpa a los tribunales, en una infracción
criminal.

Por parte del Grupo Popular se pretendía que con ese dolo
específico y con esa misma tipificación sólo fuera constitutivas
de delito aquellas alteraciones sustanciales para la vida
laboral. Evidentemente, el proyecto pretende sancionar la
conducta que se caracteriza por ese dolo específico, con
independencia de la mayor o menor importancia de las alteraciones
de las condiciones de trabajo.

También por Izquierda Unida se presentó una enmienda, que hemos
aceptado, aumentando la penalidad para la figura del artículo
285. Ello nos obliga en este acto a introducir una enmienda
técnica, que ha sido entregada a los portavoces, que pretende
armonizar las diferentes penalidades que había para los distintos
tipos delictivos.

En relación con el artículo 286, se realizó en Comisión una
transacción que daba satisfacción, por lo menos parcial, a una
enmienda del Grupo Popular, que en definitiva lleva a la figura
delictiva contemplada en ese artículo el dolo específico del
artículo inmediatamente anterior. En consecuencia, se establece
la misma penalidad.

Por otra parte, se tratan en este título las conductas delictivas
en relación con el empleo de los trabajadores, con las
migraciones ilegales. Ahí se pretendía por Izquierda Unida la
aceptación de una enmienda que tenía como objetivo el suprimir el
requisito de la falta de permiso de trabajo para los trabajadores
extranjeros como elemento determinante de la correspondiente
figura delictiva.




El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete, le ruego que concluya.

El señor NAVARRETE MERINO: En definitiva, no vamos a aceptar
ninguna de las enmiendas propuestas. Sí presentamos una
transacción a la enmienda 768, del Grupo Izquierda Unida, que
tiene como objeto clarificar la comisión por imprudencia del
delito consistente en no adoptar las medidas de seguridad,
poniendo en peligro grave la vida, la integridad física o la
salud de los trabajadores. Nos ha costado trabajo aceptar esta
enmienda, por cuanto en todo delito de peligro hay una
imprudencia consistente en no adoptar las medidas necesarias para
prevenir ese riesgo. Por consiguiente, la imprudencia forma parte
de la esencia de los delitos de peligro, pero, a veces, adoptado
ese criterio en otros lugares del Código Penal, resultaba lógico
que también se acogiera aquí la posibilidad de enmienda.

Lamento que el tiempo me obligue a actuar con esta necesaria
simplificación, aunque entiendo que también obliga al Presidente
de la Cámara; en definitiva, estas figuras hubieran necesitado de
mayor disponibilidad de tiempo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarrete.

Señor Barrero, tiene la palabra por tres minutos.




El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, como portavoz
de mi Grupo en los Títulos XIII y XIV, voy a dar una contestación
de carácter amplio, lógicamente limitada por el tiempo, a lo que
ha sido la defensa de las distintas enmiendas de los distintos
grupos en este tribuna.

En términos de filosofía general, de filosofía penal, quiero
recordar que estamos en presencia de algunos de los títulos que
definen este nuevo Código. Este nuevo Código contempla, y lo hace
de una manera muy específica, muy concreta, técnicamente mejor,
determinadas conductas frente a las cuales el ciudadano normal,
la sociedad, tienen una especial sensibilidad y, en consecuencia,
el legislador y el prelegislador no podían menos que darles una
contestación. Estamos hablando del delito ecológico, de solventar
los derechos de los consumidores y de los delitos contra la salud
en general.

En relación con algunas de las enmiendas que se han planteado en
este sentido, tengo que decir que todavía penden algunas, a mi
entender de carácter contradictorio, como son las del Grupo
Parlamentario Popular referidas a delitos contra la ordenación
del territorio. Recordaríamos en esta sede --no es necesario
repetirlo a los miembros de la Comisión-- que el delito ecológico
se divide en las sanciones dirigidas a aquellos que transgreden
las normas de ordenación del territorio, a aquellos que
transgreden las normas de tipo administrativo relacionadas con
los recursos naturales y el medio ambiente y a aquellas conductas
que



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transgreden las normas relacionadas con la protección de la flora
y la fauna silvestre.

En relación con la ordenación del territorio, penden algunas
enmiendas que han sido defendidas en esta tribuna de manera más
concreta por el Grupo Parlamentario Popular. Este Grupo solicita
la variación de los artículos 305 y 306, referentes a
construcciones no autorizadas en suelos dedicados a viales o
zonas verdes, etcétera; la no construcción o el derribo o
alteración grave de edificios de carácter histórico, cultural,
artístico, etcétera, y los supuestos en que los funcionarios y
facultativos deben ser también penados con dolo específico como
consecuencia de los informes favorables a este tipo de
transgresión de la ordenación del territorio.

Quiero advertir, como hemos recordado de manera más dilatada y
con una argumentación más profunda a los miembros del Grupo
Parlamentario Popular, fundamentalmente a su ponente, que sus
enmiendas son contradictorias, especialmente por cuatro
argumentos. Por un lado, porque rebajan penas en temas que a
nosotros nos parecen suficientemente graves como para que la
sanción penal sea suficientemente disuasoria. En segundo lugar,
porque, además, técnicamente no delimitan la autoría de estas
conductas, cuestión que ya suponía un problema en el proyecto de
1992 y que precisamente el esfuerzo de los legisladores de esta
Cámara llevó a que en este nuevo proyecto se haya configurado y
delimitado de manera más correcta quiénes son los autores de este
tipo de conductas transgresoras y, por tanto, conformadoras de
sanción penal. En tercer lugar, porque en algunas ocasiones
confunden con claridad lo que debe ser una sanción administrativa
con una sanción penal. Aun con la advertencia de la tensión que
en este tipo de delitos tiene el Derecho administrativo con el
Derecho penal, existe una contradicción básica en estas enmiendas
del Grupo Popular, de manera tal que en ocasiones se produce una
confusión clara de la sanción administrativa (se sanciona, por
ejemplo, la no solicitud de licencia urbanística con una sanción
penal, cuando evidentemente es una sanción puramente
administrativa). En cuarto y último lugar, porque, en ocasiones,
se sanciona como delito ecológico lo que penalmente debe ser
sancionado como conducta de falsedad en documento o de
desobediencia.

Algunos grupos advertían --sobre todo el de Izquierda Unida-- que
pusiéramos especial interés en la enmienda 777, que solicita que
excluyamos del artículo 306 la sanción penal que merecen aquellos
funcionarios o facultativos que informan favorablemente proyectos
de edificación, de derribo o la concesión de licencias
notoriamente contrarias a las normas ur-
banísticas, por entender que en este supuesto se halla el tipo de
prevaricación, tipo que podía englobar en general estos supuestos
que aparecen penados de manera específica en el artículo 306.

El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.




El señor BARRERO LOPEZ: Concluyo, señor Presidente.

Yo quisiera recordar de manera muy concreta que el artículo 381
ya habla de prevaricación en términos generales, que a lo que nos
estamos refiriendo en estos momentos es a una situación de
prevaricación de carácter específico y que la imprudencia que
como alternativa plantea Izquierda Unida para estos supuestos es
una imprudencia que no está contemplada porque, insisto, la
conducta del funcionario tiene que ser específicamente dolosa y
por tanto debe estar contemplada únicamente --como así ocurre--
en los supuestos de disciplina urbanística en sede
administrativa. El expediente administrativo debe hacer frenar
este tipo de conductas a las que se refiere Izquierda Unida con
el término «imprudencia». Mantener en el artículo 306 la sanción
para el facultativo que tiene un dolo específico, y por tanto una
prevaricación específica en este supuesto, nos parece un tema
importante para que de verdad delimitemos el delito ecológico en
sus justos términos; es decir, no hagamos que el autor tenga una
sanción penal y aquel que pueda instar a ello, que es el
facultativo a la hora de hacer informes notoriamente contrarios a
las normas, no tenga la sanción penal que le corresponde.

Señor Presidente, nos alegramos y felicitamos por que el Título
XIV, y de manera específica la parte correspondiente a las
sanciones frente a los delitos de salud pública, como son las
drogas, etcétera, haya sido prácticamente consensuado por toda la
Cámara, máxime con la retirada de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, y que de esta manera estemos
dando ante la sociedad una sensación de serio consenso a favor de
la represión de tan importante asunto.

Por último --y esto sí que es definitivo, señor Presidente--, mi
Grupo quiere, en atención a lo dispuesto en la enmienda 1.032 de
Coalición Canaria y también en la 795, de Izquierda Unida --
aunque creo recordar que no permanece viva si bien advirtió en
Comisión su interés por mantenerla «in voce»-- presentar una
enmienda al artículo 353, que se refiere al importante asunto de
los arrepentidos con referencia al narcotráfico. La enmienda dice
lo siguiente: «En los delitos previstos en los artículo 345 a 349
los jueces o tribunales, razonándolo en sentencia, podrán imponer
la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley
para el delito de que se trate, siempre que el sujeto hubiese
abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se
hubiese presentado a las autoridades confesando los hechos en que
hubiese participado y hubiese colaborado activamente con estos,
bien para impedir la producción del delito, bien para obtener
pruebas decisivas para la identificación o captura de otros
responsables, o para impedir la actuación o el desarrollo de las
organizaciones o asociaciones a las que hubiese



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pertenecido o con las que hubiese colaborado». Recuerdo que el
proyecto y el dictamen de la Comisión permitían la eximente
completa de responsabilidad criminal para estos supuestos y hemos
entendido la mayoría de los grupos parlamentarios que es
suficiente la rebaja de pena en uno o dos grados para aquel que
colabora con la justicia en la persecución del narcotráfico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.

Tiene la palabra el señor Varela.




El señor VARELA PEREZ: Gracias, señor Presidente.

En principio, para hacer constar que, a la vista de las
manifestaciones del señor Mohedano, retiramos la enmienda número
379, al apartado 6.º, del artículo 243.

Asimismo, aceptamos las transaccionales con la 752 de Izquierda
Unida, al artículo 256 bis; la transaccional al artículo 285.2,
que es la enmienda 395 de nuestro Grupo; la transaccional al
artículo 285, enmienda 762, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; al artículo 289.1 y 2, enmienda 767, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y la transaccional a la enmienda
768, de Izquierda Unida, al artículo 290 bis.

No pretendo, señor Presidente, en este turno de réplica hacer lo
que no hice antes, es decir, defender las enmiendas que antes di
por defendidas, porque sería aprovechar que el Pisuerga pasa por
Valladolid, y realmente no es ese el caso. Unicamente voy a
contestar a los dos temas concretos a los que me referí en mi
intervención, al señor Mohedano, fundamentalmente.

Como ve usted, señor Mohedano, el tiempo no llega, y usted fue
testigo, porque lo sufrió en sus propias carnes. Estamos
discutiendo el Código Penal a excesiva velocidad, no sé si son
los ponentes o quién es, pero lo que sí es verdad, insisto, es
que lo estamos discutiendo a una gran velocidad, hasta el punto
de que usted no ha podido, en modo alguno, contestar a las
enmiendas, y no sólo a las del Grupo Popular, que las di por
defendidas precisamente por falta de tiempo.

Contestando, en principio, a la enmienda «in voce» que formulé en
mi anterior intervención, dice usted que en el Título XII están
protegidos los bienes patrimoniales individuales y colectivos.

¿Cómo iba a ser de otra manera, señor Mohedano? Eso no se nos
escapa; naturalmente tiene que ser así. Lo que estoy diciendo y
lo que mantengo es que en la denominación del título no se hace
constar, y que la inclusión del término «propiedad» en modo
alguno es contradictoria. Sin embargo, allá ustedes si creen que
queda el título mejor denominado con la que figura en el proyecto
de ley.

En cuanto a la receptación, claro que está configurada como
delito autónomo. Pero, aparte de estar configurada como delito
autónomo, la receptación sigue siendo la misma que está vigente
en el Código actual; no hay ningún cambio. Y si no hay ningún
cambio es indudable que, si se quiere seguir una sistemática
clara del Código Penal y el primer capítulo se refiere al hurto y
el segundo al robo, el tercero debería ser la receptación.

Simplemente es esto, colocarlo en su sitio. Se trata de seguir
una sistemática que entendemos que no se sigue.

Para ganar tiempo, puesto que otros grupos lo han perdido, señor
Presidente, muchas gracias. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.

Señor Camp, tiene la palabra.




El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.

Voy a anunciar que retiraríamos la enmienda 1.139, a tenor de las
explicaciones del señor Mohedano, y quiero hacer una mención
específica a la enmienda 1.142 al artículo 261, apartado 6.º, que
hace referencia a todo el tema de daños, y en la que pretendíamos
ampliar el tipo penal en los supuestos de que se produjera no tan
sólo la ruina del perjudicado, como especifica el texto del
dictamen, debido a los daños que se pudieran ocasionar a su
patrimonio, sino que en esta ampliación del tipo penal creemos
que también se habría de contemplar que el perjudicado quedase en
situación de grave perjuicio de ruina, pero sin llegar a ser el
tipo máximo, tal como está en este momento redactado.

No parece que es una enmienda que podría ser aceptada, por lo que
insistimos en su defensa.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.

Señor Olarte, tiene la palabra.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, quiero decir tan sólo,
por la cortedad de las argumentaciones que se han vertido contra
la justificación que Coalición Canaria ha dado a sus enmiendas,
obviamente por razón del tiempo y no por descortesía en los
intervinientes, que en la liviana polémica mantenida entre el
señor Mohedano y yo a propósito de la ubicación o el concepto
técnico-jurídico que hay que dar al supuesto de incendio en
bienes propios para causar un daño a terceros, nos mantenemos en
nuestro criterio y respetamos que ustedes se mantengan en el que
vienen manteniendo. Creemos que, evidentemente, estamos en el
supuesto de una modalidad del delito de estafa y no de un delito
de incendio y, sin perjuicio de ello y del respeto que nos
merecen las opiniones adversas en todos los casos y en éste
también, mantenemos estas enmiendas y las restantes que hemos
defendido en el momento oportuno.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.




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Muy brevemente, voy a contestar a las argumentaciones de los
señores Mohedano y Navarrete sobre las enmiendas que nos parecen
más importantes y que más se han debatido esta mañana, dentro de
las que defendemos y mantenemos. Estamos de acuerdo con la
transacción propuesta por el señor Mohedano en relación con
nuestra enmienda 752, porque el objetivo de la misma era que
realmente hubiera un castigo para quien estando incurso en un
procedimiento de quiebra, concurso o suspensión de pagos hiciera
un favorecimiento a acreedores fuera de los casos permitidos por
la ley. La enmienda transaccional cubre ese objetivo
suficientemente y no vamos a entrar en un debate sobre cuál es
mejor redacción, si la transaccional o la que presentamos
originariamente. Por tanto, vamos a votar a favor y, en
consecuencia, retiramos nuestra enmienda 752.

Sin embargo, nos parece que debería haberse aceptado nuestra
enmienda que conecta la declaración de quiebra con
irregularidades contables, porque, si no, esas conductas, a no
ser que se solucione en el Senado --y parece que habría
esperanzas de que eso fuera así, porque lo ha manifestado el
señor Mohedano--, quedarían impunes. Reitero que ya en el
proyecto de Código no hay remisión al Código de Comercio y que,
por tanto, hay que establecer una tipificación de quiebras y
suspensiones de pagos fraudulentas, y que en este caso --y le
aclaro señor Mohedano las interrogantes que planteaba-- está
claro que la redacción de nuestra enmienda se refiere a conductas
pasadas.

Las circunstancias a que nos referimos sobre irregularidades
contables están redactadas en un tiempo pasado, son previas a la
quiebra, y queda claro que hay una conexión con esa quiebra. Son
conductas ilícitas, ilegales, planteadas para provocar y preparar
adecuadamente una quiebra fraudulenta. Cuando se prueba eso, se
puede aplicar este artículo en un sentido doloso y, por tanto,
nos parece que no habría razones para preocuparse por la
redacción de esa enmienda.

De todas formas, si nuestra enmienda no va a ser aceptada por el
Grupo Socialista, como parece que va a ocurrir, intentaremos
presentar en el Senado una redacción que disipe toda su
preocupación en un sentido parecido a decir que, en todo caso,
esas conductas (es decir, las de aquellos que hayan sido
declarados en quiebra incumpliendo las leyes contables), serán
punibles cuando la declaración de quiebra, concurso o suspensión
de pagos haya sido provocada valiéndose de esas circunstancias;
que quede clara la conexión entre esas ilegalidades contables y
la quiebra fraudulenta. No planteamos una enmienda transaccional
en este instante porque imaginamos que el Grupo Socialista no
está en disposición de poder aceptarla, pero ésa sería la
enmienda que plantearíamos en su momento en el Senado, si es que
el Grupo Socialista no acepta nuestra enmienda.

Quiero decirle, para ir terminando, al señor Mohedano, que en
nuestra enmienda 770 seguimos manteniendo que se está
privilegiando a los administradores de las sociedades que falseen
las cuentas anuales respecto de las falsedades genéricas, no por
lo que ha señalado el señor Mohedano de que la pena se aumenta,
no me refería a eso; tampoco es que se aumente demasiado, porque
pasa de seis meses a tres años en las falsedades genéricas y de
un año a tres años en esta falsedad específica. No me refería a
eso, repito, sino a que se les privilegia, porque para poder
castigarles hay que probar una finalidad de causar perjuicio, un
elemento subjetivo de muy difícil prueba; en ese sentido se les
privilegia. Habrá que aplicar un caso especial, como es al que me
refiero en la enmienda 770, porque en Derecho penal hay que
aplicar los supuestos especiales respecto de los generales, pero
nos podemos encontrar con que nos vamos al supuesto especial y
allí es muy difícil aplicar el tipo porque se exige una
finalidad, un elemento subjetivo.

Nos cabe la duda de si podrá volverse al tipo de falsedad
genérica, porque entonces sí que sería un desastre absoluto haber
creado este tipo, privilegiarlo y no poder volver a la falsedad
genérica por aplicación de las reglas establecidas ahora mismo en
el artículo 8 del proyecto de Código, sobre delito principal y
delito subsidiario. Esa es nuestra preocupación, que creo que es
muy atendible. Nos podemos encontrar con que, queriendo castigar
más a estos administradores que falsean las cuentas anuales,
resultan impunes. En un peligro que hay según la redacción
existente.

Para terminar, en cuanto al señor Navarrete --no puedo
contestarle, naturalmente, a toda su intervención--, he de
decirle que, en relación con nuestra enmienda 778, ha planteado
una transacción para que se penalice una imprudencia grave al
poner en peligro a los trabajadores atentando a su seguridad. Yo
lo que le rogaría al señor Navarrete es que, aceptándole la
aportación que hace en cuanto que se diga que la imprudencia sea
grave, aceptase una transacción sobre la transacción; es decir,
que se aceptase nuestra enmienda en los términos siguientes: «Se
impondrán las penas inferiores en grado a las señaladas en el
artículo anterior en los casos en que, con las circunstancias
allí descritas, se provoque, por imprudencia grave, la situación
de peligro». Es decir, se cambiaría la palabra «imprudentemente»
por la expresión «imprudencia grave», que es lo que el Grupo
Socialista pretende.

De todas maneras, creo que es mejor la redacción de nuestra
enmienda, que se refiere a la situación de peligro, porque, para
efectos de interpretación jurisprudencial, es importante destacar
algo que el señor Navarrete ha destacado también, y es que cabe
la imprudencia en delitos de peligro. Señor Navarrete, no está
implícita, al contrario de lo que usted ha señalado, en todo
delito de peligro una imprudencia; no necesariamente. Hay delitos
de peligro dolosos y delitos de peligro culposos. Nosotros
queremos introducir un delito de peligro imprudente, pero
conviene que la expresión «situación de peligro» esté en el
artículo, porque es mucho más difícil



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interpretar la imprudencia en un delito de peligro que en un
delito de resultado. En un delito de resultado es clarísima la
imprudencia; en un delito de peligro no es tanta la claridad. Por
eso creo que conviene mantener el cuerpo de nuestra enmienda
introduciendo la expresión «imprudencia grave», que era el
objetivo fundamental de la enmienda del Grupo Socialista.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.

El señor Mohedano tiene la palabra.




El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.

Voy a aprovechar este tiempo de dúplica para aceptar algunas
enmiendas más, a la vista de la defensa que se ha hecho, y para
plantear también algunas transacciones.

En primer lugar, en relación con la enmienda 1.142, del Grupo de
Convergència i Unió, se acepta uno de los supuestos que se
requieren para la punición de los daños, concretamente el
apartado 6.º La transacción respeta el contenido de la enmienda,
lo que pasa es que para evitar la sobredosis de gerundios del
proyecto y de la enmienda vamos a proponer una redacción que diga
así: «6.º Cuando se arruine al perjudicado o se le coloque en
grave situación económica».

También vamos a aceptar, en este caso en sus propios términos, la
enmienda 265, del Grupo Popular, que en relación con los daños
por imprudencia grave propone que la cuantía mínima sea de diez
millones en vez de los veinte que plantea el proyecto. Estamos de
acuerdo con el sentido de la enmienda y por eso la vamos a
aceptar en sus propios términos.

También vamos a proponer dos enmiendas transaccionales y una
técnica. Una de ellas es con la número 758 de Izquierda Unida, al
artículo 267, en la que, en los supuestos de provocación,
conspiración y proposición --pasaremos ahora el texto a la Mesa--
, la pena que se impondrá será la inferior en uno o dos grados,
no en dos grados, como era actualmente. El mismo contenido y
sentido tiene la enmienda transaccional con la 773 de Izquierda
Unida, al artículo 304. Y una enmienda técnica a los artículos
292, 293, 295, 295 bis y 296, donde, detrás del término
«cooperativas», se añadirá: cajas de ahorros.

Sentimos no poder atender algunas de las otras enmiendas que han
sido defendidas con tanto énfasis porque, sinceramente, no
coincidimos con ellas, como es el caso de las enmiendas de
Coalición Canaria.

En cuanto a la enmienda 755 del Grupo de Izquierda Unida, creo
que podremos dejarlo para el Senado porque, como hemos dicho
antes, aunque hemos entendido perfectamente, y compartimos su
sentido, lo que ha sido dicho por el portavoz de Izquierda Unida
en cuanto a las irregularidades contables que dan lugar a
quiebras o a suspensiones de pagos, pensamos que el texto adolece
de bastante inseguridad jurídica, que no tiene claros sus
contornos, que habrá que buscar una fórmula como la que ha sido
leída en este trámite de réplica u otra parecida, estudiándola
detenidamente para poder incorporarla al texto del proyecto.

En la enmienda 770, del Grupo de Izquierda Unida, respecto a la
exigencia del dolo específico para este delito de falsedad o de
falsa información a los socios y órganos de la empresa, el
enmendante dice que él sigue manteniendo que es un delito que
privilegia al administrador de la empresa. De la misma manera que
el señor López Garrido dice que mantiene que es un privilegio,
nosotros seguimos diciendo que mantenemos que no tiene fundamento
ninguno la alegación que invoca el señor López Garrido. Porque no
se puede hablar de un delito privilegiado, desde el momento que
la pena que para este delito especial se impone es superior a la
pena del delito genérico de los artículos 367 y 369. Además, la
exigencia del cumplimiento del requerimiento de dolo específico
que tiene que tener este delito no le da carácter alguno de
privilegio. En cualquier caso, señor López Garrido, no se aflija
usted mucho en relación con este artículo porque este dolo
específico dice que se exige que se cause un perjuicio económico
a la sociedad, a algunos de sus socios o a un tercero y
difícilmente se podrá encontrar una falsedad documental en el
balance de la empresa en que sea difícil probar que tenga la
finalidad de causar perjuicio económico a la sociedad, a algunos
de sus socios o a algún tercero. Pocas falsedades documentales
más se hacen en los balances que aquellas que tienen por
finalidad causar este tipo de perjuicios.

Por último, señor Presidente, nos encontramos ante una situación
insólita o inédita en este debate, y es que, por primera vez a lo
largo del mismo, hay un capítulo --que es el XV, del Título XII,
el de la receptación, que es lo que ahora vulgarmente se llama
blanqueo de dinero o blanqueo de capitales ilegalmente obtenidos-
- que no tiene viva ninguna enmienda, de ningún grupo, en este
trámite, absolutamente ninguna. Por tanto, supongo que esto
obligará al Grupo Popular, por primera vez, a votar a favor del
dictamen, al menos de este capítulo. Y la alegación «in voce» que
ha hecho el señor Varela sobre el orden que dentro del título
tendría que tener la receptación supongo que no modificará lo que
creo que es una consecuencia lógica de que no haya absolutamente
viva ninguna enmienda.

En cualquier caso, señor Varela, el hecho de que la receptación
tenga en este proyecto de Código un carácter absolutamente
autónomo, de delito autónomo, donde, efectivamente, el punto de
partida es el tradicional delito de encubrimiento con ánimo de
lucro y la vieja concepción de la receptación, que ya tenga ese
carácter de delito autónomo que pertenece más bien al orden de
los delitos contra el orden socioeconómico, porque atenta
fundamentalmente contra el interés general, más que contra
intereses patrimoniales estrictamente concretos e individuales,
creo que aconseja más



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que esté en el orden que tiene actualmente en el proyecto, que en
el que usted proponía «in voce» esta mañana, detrás de los
delitos de robo y hurto y antes de los delitos de defraudaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mohedano.

Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.)
Señorías, tengan la amabilidad de aguardar un momento mientras se
está procediendo a la ordenación de las votaciones, que es
compleja, habida cuenta de la cantidad de artículos y enmiendas
que han sido objeto de debate. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante diez
minutos. Ruego a los portavoces que han intervenido en este
debate se acerquen a la Mesa para ordenar la votación.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. (Rumores.)
Silencio, señorías.

Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los Títulos
XII, XII bis, XIII y XIV, del Libro II del dictamen
correspondiente al proyecto de ley orgánica del Código Penal.

Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Enmiendas 72 y 74.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, nueve; en contra, 168; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 10; en contra, 282; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 73.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, nueve; en contra, 155; abstenciones, 145.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 80.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 138; en contra, 156; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 70.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 150; en contra, 157; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 83.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 294; en contra, 12; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda número 71.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 22; en contra, 147; abstenciones, 138.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 88.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 22; en contra, 283; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 89.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, nueve; en contra, 285; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




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Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 22; en contra, 283; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Popular. Enmienda 389.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 283; en contra, 19; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 400.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 128; en contra, 162; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 401, 405 y 406.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 130; en contra, 156; abstenciones, 23.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 404 y 407.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 129; en contra, 171; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 408, 409 y 410.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 135; en contra, 157; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 411.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 129; en contra, 157; abstenciones, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 391.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 130; en contra, 157; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 393.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 130; en contra, 161; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 395.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 129; en contra, 170; abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 413.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 309; a favor, 130; en contra, 156; abstenciones, 23.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 415.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 132; en contra, 169; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 383.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 135; en contra, 156; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 416.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 130; en contra, 160; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 402.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 148; en contra, 156; abstenciones,
cuatro.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas 399 y 414.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 144; en contra, 160; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas 308, 309, 310, 311, 312, 374, 392, 413 y 415.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 131; en contra, 169; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda 399.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 129; en contra, 174; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 387.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 133; en contra, 169; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Popular.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 131; en contra, 170; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Enmienda 1.155.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 18; en contra, 281; abstenciones, nueve.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1.156.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 305; a favor, 21; en contra, 282; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1.148.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 148; en contra, 156; abstenciones,
cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1.157.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 24; en contra, 283.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1.144.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 149; en contra, 144; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda 1.146.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 304; a favor, 23; en contra, 143; abstenciones, 138.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1.133.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 19; en contra, 274; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas 1.134 y 1.142.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 147; en contra, 143; abstenciones, 18.




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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmienda número 1.145.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 17; en contra, 143; abstenciones, 147.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1.138.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 17; en contra, 271; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 21; en contra, 271; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Enmienda 1.022.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 295; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.015.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 152; en contra, 156.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.011.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 306; a favor, 22; en contra, 283; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.023.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 22; en contra, 158; abstenciones, 128.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.024.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 23; en contra, 284.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1.025.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 23; en contra, 156; abstenciones, 129.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1.029 y 1.031.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, nueve; en contra, 170; abstenciones, 129.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 1.012.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, nueve; en contra, 156; abstenciones, 142.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1.019, 1.020, 1.026 y 1.033.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, nueve; en contra, 282; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 10; en contra, 284; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Enmienda 775.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 150; en contra, 155; abstenciones, tres.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 769.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 19; en contra, 284; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas 755, 770, 772 y 773.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 18; en contra, 156; abstenciones, 134.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda 774.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 15; en contra, 284; abstenciones, ocho.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 793.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 15; en contra, 283; abstenciones, diez.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda 795.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 149; en contra, 156; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 14; en contra, 283; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmienda del Grupo Socialista número 617.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 301; en contra, seis; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmiendas transaccionales y de corrección técnica. Enmienda de
corrección técnica del Grupo Popular a la denominación del Título
XII.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 133; en contra, 168; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas técnicas del Grupo Socialista a los artícu-
los 287, 288 y 290.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 305; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la
número 768 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
referida al artículo 290 bis.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 308.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmiendas de corrección técnica del Grupo Socialista a los
artículos 292, 293, 295, 295 bis y 296.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 305; en contra, uno; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.

Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la
enmienda 773, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al artículo 304.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 307; en contra, uno.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la
enmienda 758, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al artículo 267.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 308.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la
enmienda 1.032, del Grupo de Coalición Canaria, al artículo 353.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 307; en contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la
enmienda 752, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al artículo 256 bis.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 127.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la
enmienda 1.142, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), al
apartado 6 del artículo 261.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 307; a favor, 304; en contra, dos; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.

Votación correspondiente al texto del dictamen, Títulos XII, XII
bis, XIII y XIV del Libro II.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 308; a favor, 178; abstenciones, 130.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.

El Pleno se reanudará a las cuatro y media.

Se suspende la sesión.

Eran las tres de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la
tarde.




COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 103 DEL REGLAMENTO,
SOLICITADA POR 96 SEÑORES DIPUTADOS, PARA QUE INFORME SOBRE
DETERMINADAS CUESTIONES EN RELACION CON LA INTERCEPTACION Y
GRABACION POR EL CENTRO SUPERIOR DE INFORMACION DE LA DEFENSA
(CESID) DE CONVERSACIONES DE CARACTER PRIVADO, ASI COMO DE LAS
RESPONSABILIDADES POLITICAS DE TODA INDOLE QUE SE DERIVAN DE ESTE
CASO (Número de expediente 210/000026)



COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO,
SOLICITADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA Y MIXTO, PARA DAR CUENTA DE LAS
ESCUCHAS ILEGALES REALIZADAS POR EL CENTRO SUPERIOR DE
INFORMACION DE LA DEFENSA (CESID), ASI COMO DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS Y QUE SE PUEDAN TOMAR JUNTO CON LAS RESPONSABILIDADES
DISCIPLI-
NARIAS, ADMINISTRATIVAS Y POLITICAS QUE SE DERIVAN DEL CASO
(Número de expediente 210/000027)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto sexto del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 203 del Reglamento, solicitada por 96 señores Diputados,
para que informe sobre determinadas cuestiones en relación con la
interceptación y grabación por el Centro Superior de Información
de la Defensa (CESID) de conversaciones de carácter privado, así
como de las responsabilidades políticas de toda índole que se
derivan de este caso; y comparecencia del gobierno solicitada,
asimismo, por los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y Mixto, para dar cuenta de las escuchas ilegales
realizadas por el Centro Superior de Información de la Defensa
(CESID), así como de las medidas adoptadas y que se puedan tomar
junto con las responsabilidades disciplinarios, administrativas y
políticas que se derivan del caso.

Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, el pasado 12



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de junio el panorama político de nuestro país se vio
profundamente conmovido por la difusión de noticias que hacían
responsable al Cesid de escuchas telefónicas que habían afectado
al secreto de las comunicaciones de distintos ciudadanos e
incluso de Su Majestad el Rey. La gravedad de los hechos que
hacían aparecer al servicio de inteligencia como protagonista de
actividades voluntarias, intencionadas e ilegales, en contra de
los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, ha
dado lugar, en los días transcurridos desde entonces, a que por
parte del Gobierno se hayan ofrecido por dos veces, en sus
niveles correspondientes, explicaciones a la Cámara.

El mismo día 15 el Vicepresidente del Gobierno y el Ministro de
Defensa mantuvieron una reunión informativa con los Diputados con
acceso a secretos oficiales. En ella expusieron las
características de la actividad del Cesid y, más en concreto, los
primeros datos al alcance del Gobierno en relación con las
escuchas denunciadas. El pasado 21 de junio el Vicepresidente
comparecía de nuevo en esta Cámara, en nombre del Gobierno, para
explicar los hechos ocurridos, sus circunstancias y
características, el contexto en que se habían producido y las
iniciativas adoptadas por el Gobierno para la investigación de
esos hechos y la eventual depuración de responsabilidades. La
forma en que se desarrolló el Pleno del día 21 evidenció que nada
de lo que el Gobierno tuviese la intención de decir merecía de
antemano, para una parte de la Cámara, ni interés ni atención ni
respeto. (Rumores.) Más que por la actitud ante las explicaciones
de un Gobierno democrático, me preocupan las consecuencias que de
ella se deriven para servicios claves en la seguridad del Estado.




Con todo, la comparecencia del Gobierno tuvo lugar y, con la
celeridad que merecía la alarma social provocada, ofrecimos
explicaciones sobre el correcto funcionamiento de un servicio
destinado a velar por la seguridad. El Gobierno se sometió, pues,
al control de la Cámara, de acuerdo con las previsiones
reglamentarias. Pero, considerado de antemano insuficiente, se
previó celebrar un nuevo Pleno esta semana que es el que
iniciamos ahora. Seguramente, nadie pretenderá una información
diferente de la que exhaustivamente ofreció el Vicepresidente la
semana pasada.

(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí, sí!) Por ello
entiendo la celebración del debate de hoy como una explicación
adicional y de carácter político.

Ante la crisis originada en las últimas semanas y trascendiendo
los límites del suceso vinculado a la actuación del Cesid, a los
que me he referido al comienzo de mi intervención, el debate de
hoy nos permitirá discutir, espero que razonablemente, sobre
temas esenciales para la seguridad del Estado y sobre las
garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos. El
desarrollo ordenado de esta reflexión aconseja empezar
mencionando los datos disponibles hasta ahora en relación con las
actividades del Cesid que han dado lugar a esta comparecencia. El
punto de referencia lógico es la propia intervención ante la
Cámara del Vicepresidente del Gobierno. Dicha comparecencia
estaba sometida a los límites del desarrollo de la investigación
y también a los que impone la propia materia, el funcionamiento
del servicio de inteligencia del Estado. Teniendo en cuenta esta
limitación se trató previamente con los parlamentarios que tienen
acceso a secretos oficiales y, a mi juicio, deberá volverse a
tratar en este foro.

En ese contexto se expusieron el día 21 los elementos disponibles
de la investigación en curso. Culminada esta fase de
investigación interna y conociendo el estado actual de los
procedimientos judiciales, pocos elementos nuevos pueden añadirse
que varíen sustancialmente la posición del Gobierno explicada la
semana pasada.

El Director General del Cesid ha hecho entrega al Ministro de
Defensa del informe que finaliza por ahora la investigación
ordenada por el Gobierno. Esto nos permite recoger sus
conclusiones más importantes. Una buena parte de estas
conclusiones confirman los datos y las apreciaciones que el
Vicepresidente adelantó a la Cámara. Otras contemplan algunos
extremos que expondré a SS. SS. y que constituirán la base para
algunas iniciativas.

Quiero recordar a SS. SS. que, al igual que ocurre en los demás
países y de acuerdo con las normas vigentes, el director del
servicio de inteligencia informa al Gobierno sólo de los
resultados de sus investigaciones y nunca de los medios
utilizados para obtenerla, que gozan de presunción de legalidad.

(Rumores.) No puede ser de otro modo, salvo que se quiera, sin
más, poner en peligro las fuentes de información utilizadas y con
ello la existencia misma de estos servicios. Esto explica que el
Gobierno no conociera la captación de conversaciones telefónicas
privadas (Rumores.) y, por consiguiente, de buena fe no se le
puede imputar haberlas ordenado o utilizado. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Ah! ¡Ah!) Conocida la noticia, el
Gobierno ordenó al Director del Cesid que iniciase una
investigación interna, a la que ya he hecho referencia, con el
fin de averiguar qué había sucedido realmente y cómo y por qué
había sido posible.

De este informe se desprende: primero. La vigilancia del espacio
radioeléctrico es una actividad habitual de todo servicio de
inteligencia. Esta vigilancia ha producido la captación de
comunicaciones entre las cuales muchas son absolutamente
irrelevantes para las tareas de información que realizan los
servicios de inteligencia.

Segundo, la captación de comunicaciones producidas en este
espacio está al alcance de ciudadanos y de entidades de diversa
índole.

Tercero, el Centro cuenta con normas generales, dictadas por su
director, para proteger la información obtenida, dado el carácter
confidencial de su naturaleza y también para proteger la
intimidad de las personas.




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Esto implicaba discriminar lo que tenía vinculación directa con
las misiones del Centro y aquello que resultara innecesario para
las mismas. Después habría de procederse al borrado inmediato y
automático de la información innecesaria. Implicaba también la
prohibición de almacenar en la unidad de captación cintas con las
conversaciones grabadas y la obligación de remitirlas al
departamento que correspondiera para su análisis y empleo en
operaciones previamente decidas. (Rumores.) Finalmente, se debía
proceder en todos los casos a la destrucción de lo grabado,
incluso de lo transcrito.

Cuarto, la investigación abierta indicó, casi inmediatamente, que
al menos un alto responsable del Centro, y a espaldas de su
director, vulneró las instrucciones que debían garantizar el
secreto de las comunicaciones captadas y no procedió a su
destrucción.

Quinto, todos los datos disponibles indican que la deslealtad y
el consciente incumplimiento de las obligaciones de reserva y de
secreto, asumidas voluntariamente por un alto responsable del
servicio, han sido las causas inmediatas que permitieron que
algunas de estas grabaciones se conservaran, llegaran a manos de
terceros y fueran publicadas por un medio de comunicación, a
pesar de conocer su procedencia y naturaleza.

Estas conclusiones, ya avanzada la semana pasada, se han visto
confirmadas por el informe presentado por el Director del Cesid.

Debo añadir otra a ellas: el Gobierno ha actuado con diligencia
para la averiguación, control y eventual sanción de lo ocurrido.

(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Ahora!--Rumores.)
Por ello, no quiero dejar de recordar que con los datos de que
disponemos se adoptaron con urgencia algunas decisiones de las
que también dimos cuenta hace una semana y que han comenzado a
dar su fruto.

Además de la investigación interna, el Gobierno instó a la
Fiscalía del Estado para que iniciase las actuaciones judiciales
que permitan esclarecer lo sucedido, determinar la legalidad de
las actuaciones y la responsabilidad de quienes sean declarados
culpables de algún delito en el proceso de captación, de
grabación, de entrega a terceros o de publicación de estas
comunicaciones.

Es conocido también que el Director del Cesid interpuso una
denuncia ante el juez togado militar que inició la instrucción de
un proceso. Sin embargo, ya anuncié que el informe remitido por
el Teniente General Alonso Manglano ha puesto de relieve otros
extremos que también merecen ser conocidos para una valoración
cabal de los hechos.

En primer lugar, la conducta desleal mantenida por al menos un
alto responsable del Cesid que es especialmente grave, porque,
según evidencian los datos de que disponemos, forma parte de un
proceder de sustracción y acumulación de otros materiales
sensibles para la defensa y seguridad del Estado.

En segundo lugar, se han podido apreciar insuficiencias en las
normas de funcionamiento de algunos departamentos del Centro,
donde el principio de confianza debía ser completado con
procedimientos de control interno más estrictos.

Existen también deficiencias que afectan al régimen jurídico de
su personal y de sus operaciones, a las limitaciones de la
legislación de secretos oficiales y a la cobertura personal y
jurídica de muchos de sus agentes o colaboradores especiales.

Estos vacíos, si bien han sido compensados por la dedicación y la
entrega al servicio de la inmensa mayoría del personal del Cesid,
han podido dar lugar a conflictos o a riesgos innecesarios.

En tercer lugar, la transformación experimentada por las
telecomunicaciones ha posibilitado la realización de prácticas
que no eran imaginables hace muy poco tiempo. Los medios técnicos
disponibles en manos públicas o privadas que vigilan o
interfieren el espacio en el que se desarrollan estas
telecomunicaciones evolucionan a tal velocidad que hasta leyes
muy recientes pueden quedar pronto desfasadas. Las previsiones de
la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones en materia de
seguridad y defensa nacionales deben ser actualizadas para
salvaguardar en todo caso los intereses públicos y asegurar al
tiempo la defensa de la intimidad. (Rumores.)
En cuarto lugar, la investigación ha puesto de manifiesto
problemas reales de organización y de funcionamiento del Centro.

Las circunstancias en que se produjo la incorporación a la
dirección del Cesid del Teniente General Alonso Manglano y las
tareas que se le encomendaron condicionaron la posterior
reestructuración operativa y funcional del Centro, que él mismo
llevó a cabo y que se revelaron en su día como imprescindibles y
eficaces. Pero la disposición de nuevos medios, la evolución de
sus misiones, la transformación de las propias amenazas a la
seguridad han provocado distorsiones que han afectado a la
eficacia y a la operatividad del Centro. Una estructura
fuertemente piramidal y la estanqueidad absoluta entre sus
distintos departamentos son, efectivamente, obstáculos para la
funcionalidad de los medios de que dispone el Cesid para explotar
el éxito de sus investigaciones y también para garantizar la
seguridad de sus métodos y de sus resultados.

Es evidente, señorías, que el correcto tratamiento de la función
del servicio de inteligencia y la eficacia de su actuación para
garantizar la defensa nacional y la seguridad de los españoles
exige que me detenga en otras consideraciones. En cualquier país
democrático, estos servicios cumplen una función difícil y
arriesgada que provoca tanto la curiosidad como la incomprensión.

Y ello, perfectamente lógico desde la perspectiva de cualquier
ciudadano normal, no debe serlo desde la de un responsable
político.

La Constitución y las leyes encomiendan al Gobierno con carácter
exclusivo la seguridad pública y la protección del libre
ejercicio de derechos y libertades. Una y otra no son deberes
contrapuestos, sino complementarios.




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Por ello, me siento el máximo responsable de la defensa del
Estado y de la seguridad de los ciudadanos. (Rumores y
protestas.) Y no voy a poner en peligro esta seguridad
debilitando al servicio de inteligencia, que es una pieza clave
para garantizarla. (Rumores.) Quienes han pretendido confundir la
actuación de algún miembro del Cesid con el comportamiento del
Centro como institución, está minando una de las bases de nuestra
seguridad, requisito indispensable de nuestra libertad.

Por mi parte, no comentaré nada que pueda debilitar al Cesid en
su función (Rumores.--Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Ah!), aunque esto conlleve un problema de credibilidad política.

El interés del Estado está por encima de los avatares de los
responsables políticos.

Defender así la necesidad de la existencia y del correcto
funcionamiento de los servicios de inteligencia frente al
cuestionamiento que están sufriendo es lo que me lleva a adoptar
cuantas medidas se estimen necesarias para mejorarlo. (Rumores.)
Anteriormente, puse de relieve que el informe elaborado por el
Director del Cesid señala algunas deficiencias en su
organización, estructura, funcionamiento y cobertura normativa,
deficiencias que merecen ser revisadas.

Por eso deseo anunciar a la Cámara, primero, que el Gobierno
proporcionará este informe a los Diputados que tienen acceso a
los secretos oficiales. (Rumores.)
Segundo, en las próximas semanas aprobaremos el estatuto de
personal del Cesid. (Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Ah!)
Tercero, el Consejo de Ministros, concluida la investigación
encargada al Teniente General Alonso Manglano, procederá al
nombramiento del nuevo director general. (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Ah!)
Cuarto, el Gobierno, tras las consultas pertinentes, remitirá a
esta Cámara la propuesta de modificación de la legislación
vigente para mejorar la eficacia de los servicios y la garantía
de los derechos de los ciudadanos. (Varios señores Diputados del
Grupo Popular: ¡Ah!)
Quinto, para aumentar la capacidad de control de la Cámara sobre
el servicio de inteligencia, el Gobierno propone ampliar las
funciones hasta hoy encomendadas a los Diputados con acceso a los
secretos oficiales, para que puedan conocer el plan anual de
objetivos del Cesid y para que, periódicamente, el Ministro de
Defensa y el Director General del Centro puedan informarles sobre
el desarrollo de las tareas señaladas en el plan.

Señor Presidente, señorías, el Gobierno considera que ha dado las
explicaciones oportunas sobre lo acaecido (Rumores y protestas.)
y que ha adoptado las iniciativas necesarias para corregir las
deficiencias observadas y las infracciones cometidas para mejorar
la actuación del Cesid y para tranquilizar a la opinión. Estas
deficiencias e infracciones abren el camino de la exigencia de
responsabilidad.

Respecto de las responsabilidades que pueden derivarse en el
ámbito penal no voy, lógicamente, a pronunciarme. Espero que las
actuaciones judiciales en curso sirvan para delimitar el alcance
de estas conductas y sancionar adecuadamente a los autores de
todas ellas. Pero también se ha hablado estos días y con
insistencia sobre las responsabilidades políticas exigidas. La
Cámara conoce ya el hecho de que el Director del Cesid, el
Ministro de Defensa y el Vicepresidente presentaron sus
dimisiones. El jueves 15 admití la dimisión del Teniente General
Emilio Alonso Manglano. El Director del Cesid la presentó por la
grave quiebra de la seguridad en las tareas del centro. Por ese
motivo la acepté. Al Ministro de Defensa y al Vicepresidente,
como anterior Ministro de Defensa, no se las acepté por entender
que debían impulsar la investigación de estos hechos.

(Protestas.) Concluida ésta, ambos me han reiterado su voluntad
de cesar en sus cargos y en la tarde de ayer procedí a su
aceptación.

No obstante, quiero manifestar con total claridad que de la
investigación realizada no se deriva en ninguno de los dos
miembros del Gobierno que han ocupado la cartera de Defensa
responsabilidad alguna por los hechos que venimos discutiendo.

(Rumores y protestas.) Creo que su actitud es prueba de su
lealtad para con el Gobierno y para conmigo. Han querido dejar
claro que el Gobierno no conoció la captación de comunicaciones
del Cesid. Ambos dejaron en mis manos el momento de hacer pública
la aceptación efectiva de sus dimisiones.

Esta asunción de responsabilidad, señorías, excede con absoluta
seguridad la que se hubiese producido en cualquier país de
nuestro entorno a raíz de un hecho similar. (Rumores y
protestas.) Los ejemplos son numerosos y no merece la pena
detenerse en ellos. Al mismo tiempo soy consciente de que para
algunos la responsabilidad exigible es la mía como Presidente del
Gobierno. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí!)
Faltando a la verdad, incluso se ha llegado a decir que el Cesid
depende directamente del Presidente del Gobierno. (Rumores.--
Varios señores Diputados del Grupo Popular: Sí, sí.) En
democracia, señorías, la responsabilidad política sólo es
imputable de forma directa, sólo es defendible cuando se puede
vincular el ejercicio de un cargo público con irregularidades que
manifiestamente debiera haber conocido o evitado. En el caso de
los dos miembros del Gobierno no se produce esa circunstancia.

(Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Ah!)
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no quiero concluir
mi intervención sin expresar mi agradecimiento público al
Vicepresidente y al Ministro de Defensa por la labor ingente
realizada y por su lealtad.




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Seguiré contando con ellos en las tareas que quieran
encomendarnos los ciudadanos de nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición a la intervención del
señor Presidente del Gobierno, en nombre del Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, voy a tratar de
dirigirme a ustedes con todo el sosiego que exigen las
circunstancias, porque no es preciso alzar la voz para destacar
la gravedad de unos hechos que nadie ha negado. (Rumores.)
La semana pasada todos los grupos aquí presentes censuraron las
actuaciones que han motivado esta convocatoria y no parece que
las explicaciones del señor González aconsejen la modificación de
ninguno de aquellos planteamientos.

El señor González viene tarde, viene mal y viene obligado. Llega
con un injustificable retraso de más de dos semanas, es decir,
con un incumplimiento de más de dos semanas. El escándalo de las
escuchas ilegales exigía una explicación inmediata del Presidente
del Gobierno en este marco que representa la soberanía nacional.

No estamos, señorías, ante problemas de segundo orden, sino ante
asuntos gravísimos: se han violado principios democráticos
considerados inviolables; se ha estado vulnerando la Constitución
durante diez años; se ha espiado al Jefe del Estado; se ha puesto
la seguridad de España al servicio de intereses particulares. Y
cuando ocurren cosas tan graves como ésta, hay, al menos, que
tener el decoro de comparecer inmediatamente ante esta Cámara a
dar una explicación. (Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Muy bien!--Protestas en los bancos socialistas.)
Los ciudadanos necesitan comprobar que la democracia se
caracteriza por un modelo de comportamiento coherente con las
convicciones democráticas. Cuando se defiende que el Gobierno
nace de la voluntad popular y se legitima en la voluntad popular,
se demuestra rindiendo cuentas ante la voluntad popular, es
decir, ante quienes hemos sido escogidos por los ciudadanos para
recibir esa explicación como representantes legítimos de la
soberanía nacional.

Estoy pidiendo, señorías, algo tan simple como que se guarden las
formas (Protestas en los bancos socialistas.) y le estoy
sugiriendo al Gobierno que no añada al abuso la desconsideración,
que no confunda a los ciudadanos y que no contribuya a que se
debiliten las convicciones democráticas de nuestro pueblo.

Hemos dicho que el señor González llegaba tarde, llegaba mal y
obligado. Y, además, señorías, no sabemos bien para qué ha
llegado. Ninguna de sus explicaciones modifica los hechos, ni
mejora su calificación, ni sirve para corregirlos.

Señorías, en la interminable cadena de escándalos que jalonan la
Presidencia del señor González hemos tenido sobradas ocasiones de
comprobar que, sean cuales fueren los hechos denunciados, su
respuesta es siempre la misma. Primero, no sabe nada y,
habitualmente, de lo que sabe es que se ha enterado por la
prensa.

Segundo, lamenta que se hayan producido lo que él llama
irregularidades. Hoy las ha denominado insuficiencias en el
funcionamiento de las instituciones.

Tercero, cuando hace falta se refugia en una explicación
conspirativa que a veces es un complot, otras un chantaje, que en
ocasiones adopta la forma de basura amarilla contra el Estado o
de vendavales antidemocráticos. Por cierto que el señor González
pidió una semana más para poder demostrar ante esta Cámara que
tenía datos, más que sobrados, de que había un pulso contra el
Estado. Lo acabamos de escuchar. No ha podido traer, no ha traído
o no ha sabido traer ninguna prueba de ese pulso al Estado
porque, sencillamente, aquí no hay más trama que la que ustedes
han organizado. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Cuarto, promete una investigación a fondo para depurar
responsabilidades. Ahora, eso sí, nos ha traído los resultados de
una investigación hecha por la persona supuestamente responsable
del escándalo y de los servicios; hecha por una persona dimitida
a la que se ha mantenido en su puesto y hecha por la misma
persona imputada por tres delitos distintos ante los tribunales
de justicia. (Aplausos.)
Quinto, propone una reforma legal, como se ha propuesto una
reforma legal según sea el escándalo del que se trate aquí. ¿Que
se trata de una financiación que afecta al partido del Gobierno?
Pues se propone la reforma de la financiación de los partidos
políticos. ¿Que se trata de irregularidades del Gobernador del
Banco de España? Pues se cambia el estatuto. ¿Que se trata del
enriquecimiento ilícito de fondos reservados? Pues se cambia la
legislación de los fondos reservados. ¿Que se trata de
corrupción? Pues se cambian las incompatibilidades. (Rumores.)
Y, por último, hace lo que suele hacer habitualmente, que es
soltar lastre. Y al respecto hay que recordar que lleva cinco
ministros, dos vicepresidentes y un portavoz parlamentario, de
momento.

En el caso que hoy nos ocupa, el señor González, que está
acumulando mucha experiencia en estas cosas, ha repetido lo de
siempre. Ha traído el informe que hemos podido escuchar y ha
dicho que lo va a facilitar a la Cámara. Se ha lamentado de los
defectos de funcionamiento: están llenos los servicios de
empleados infieles. No conoció ni ordenó ni utilizó las escuchas
ilegales del Cesid; va a traer una gran reforma del Cesid.

Incluso invita generosamente a la Cámara, como se hizo la semana
pasada, a que se den un paseíto por allí los Diputados que
quieran. (La señora Mendizábal



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Gorostiaga: No ha dicho eso.) Y trae el anuncio de dimisión de
los señores Serra y García Vargas. Es decir, lo de siempre. Con
esto el señor González lo que viene a decir, una vez más, es que
ha puesto punto final a su responsabilidad en un asunto que
lamenta pero que, por fortuna, para su peculiar modo de entender
las cosas, ya está corregido.

Y como digo, señorías, aquí ha ocurrido más de lo de siempre.

Estamos de nuevo ante la misma historia, la triste historia, la
misma y lamentable historia de siempre. Los señores Serra y
García Vargas continúan en funciones ocupando sus escaños en el
banco azul; los responsables del desaguisado han sido los
encargados, como he dicho, de la investigación y de la reforma;
al señor Manglano se le han concedido al menos quince días para
que ponga en orden sus papeles. Y que todo esto no sea más --eso
parece-- que un gesto para tranquilizar al señor Pujol; son
aspectos particulares de este escándalo que no quiebran la regla
general. (Rumores.) Una regla, señorías, cuya razón de ser es
intentar convencernos de que las cosas que ocurren son fenómenos
aislados y, por supuesto, que ni el Gobierno ni su Presidente
tienen nada que ver con ellas.

No sé si el señor González habrá conseguido convencer al señor
Pujol. A mí, desde luego, no. Y creo que a la opinión pública
tampoco. Seguimos igual que estábamos. Ni se ha resuelto el
escándalo, ni se ha corregido la crisis española, ni se ha
mejorado la estabilidad del Gobierno. (Un señor Diputado: La
mejoras tú.) Yo creo que esta escenificación no tiene más
utilidad ya que ayudar al señor González a ganar tiempo y a
eludir responsabilidades. Es un gesto inútil, tan inútil como es
intentar tapar con la mano una vía de agua en un barco que naufraga.

Estamos, señorías, hablando de cosas muy serias, porque el
Gobierno, malversando la confianza del país y degradando los
servicios de inteligencia, ha espiado a ciudadanos, a jueces, a
partidos políticos; ha espiado incluso al Rey, por razones que
nada tienen que ver con la seguridad del Estado y sí mucho con
los intereses particulares del Gobierno o de su Presidente.

(Aplausos.)
Y quiero decir que del mismo modo que es inaceptable confundir el
control democrático que desde esta Cámara se ejerce de las
responsabilidades del Gobierno, pretendiendo que son los demás
los que ponen en riesgo y los que dañan los servicios de
seguridad, quiero reafirmar aquí que la defensa de las libertades
exige instrumentos de protección dotados de medios suficientes,
pero estrictamente sujeto su empleo a las reglas del Estado de
derecho y que cuenten con la confianza de los ciudadanos, que los
han de ver siempre como una garantía y no como una amenaza para
sus vidas. (Aplausos.)
Estamos, señorías, ante un abuso de poder que en cualquier país
donde la responsabilidad no fuera una palabra hueca reclamaría la
inmediata disolución de un gobierno capaz de incurrir en
semejante desafuero. Naturalmente me estoy refiriendo a gobiernos
responsables. (Rumores.) Y lo que estamos aquí discutiendo sí que
es motivo bastante en cualquier democracia para que el Gobierno
cese y cese por iniciativa propia, sin más consideraciones.

Desgraciadamente, señorías, este abuso inadmisible no es lo único
que ocurre en España. Lo verdaderamente inquietante, señorías, es
que estos abusos se suman a muchos otros que hemos sufrido antes
y tal vez a otros que aún nos falten por padecer. Lo triste,
señorías, es que este nuevo escándalo no representa sino un
síntoma, un ejemplo de cómo entiende el gobierno el señor
González y, desgraciadamente, un síntoma expresivo de la
situación que vivimos en España como consecuencia de ese estilo
de gobierno. Estilo de gobierno que tiene muchos antecedentes,
porque ya desde hace más de un año padecemos el deterioro
creciente de un clima social y político como consecuencia de una
interminable procesión de escándalos. Una vez se revela la
existencia de Filesa, trama maquinada para la extorsión con la
finalidad de financiar irregularmente el partido del Gobierno,
que competía así con ventaja al margen de la ley. (Rumores y
protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) En otra
ocasión se manifiestan prácticas de tráfico de influencias en la
cabeza misma de la institución central del sistema financiero, el
propio Banco de España. (Rumores.--Un señor Diputado:
¡Hormaechea!)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!



El señor AZNAR LOPEZ: Un día se denuncia la prevaricación
continuada de uno de los máximos responsables de la seguridad
pública de los españoles, el Director General de la Guardia
Civil. (Rumores.) Más tarde se pone de manifiesto el recurso a la
violencia ilegal con desprecio a los derechos humanos. Después se
descubre que unos fondos de naturaleza justificadamente
reservada, en función de sus fines, han sido copiosa y
sistemáticamente desviados de aquéllos y destinados, según todos
los indicios, al enriquecimiento personal. Y hemos acabado
conociendo el asunto de las escuchas ilegales. Esta situación de
escándalos en cadena, de irresponsabilidad, ha generado un clima
de desprestigio, de desilusión, de parálisis administrativa y de
hartazgo ciudadano que, como se ha dicho, no puede continuar.

Asistimos, señorías, al triste espec-
táculo de una descomposición política que no precisa más
calificativos ni admite más esperas. Y no por culpa de los
españoles.

Conviene señalar, señorías, que si han proliferado hasta límites
inaceptables la corrupción, el abuso de poder, el uso desviado de
los caudales públicos o la utilización para fines privados de los
cargos y las funciones no es porque se trate de un vicio
nacional. Resaltar esto, señorías, es de la mayor importancia.

Los españoles no podemos caer en el desánimo de pensar que
comportamientos que nos repugnan no tienen solución,



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porque sí que tienen solución. Y no se deben esos comportamientos
al modo de ser de los españoles, sino a la forma en que el señor
González ha gobernado eliminando controles y estimando que la
mayoría garantizaba simplemente la impunidad. (Aplausos.)
Dirá el señor González que cosas parecidas ocurren en todas
partes. Aquí mismo se ha hecho referencia a eso esta tarde. Tal
vez, señorías, ocurran en todas partes, pero en ningún sitio
ocurren tantas y en ningún lado ocurren impunemente. Lo que no se
consiente en ningún país democrático, señorías, es que se
conculque la Constitución. Los españoles, con la Constitución de
1978, nos otorgamos concordadamente unas reglas de juego para
delimitar el poder, para equilibrar su ejercicio, para proscribir
la arbitrariedad, para asegurar el imperio de la ley y la
supremacía del Derecho, para sujetar a todos los poderes al orden
constitucional, para garantizar los derechos inviolables --como
el secreto de las comunicaciones, por ejemplo-- inherentes a la
dignidad de la persona. Todos y cada uno de estos principios se
han visto dañados por la acción del Gobierno. En España,
señorías, se ha traicionado ese espíritu de la Constitución. El
señor González no ha jugado limpio. Ha dado la vuelta al
principio democrático de respeto a las reglas del juego para
convertirlo sencillamente en un juego sin reglas.

Por todo esto decimos que el señor González esta tarde ha llegado
mal y a destiempo. Estamos, como he dicho, ante un triste
espectáculo de descomposición que merece una respuesta seria y no
cuatro manotazos para intentar ganar tiempo. Pero ya, señorías,
lo de menos a estas alturas es cómo venga el señor González.

Porque si es cierto que este deterioro debe ser frenado y
corregido con urgencia, no es menos cierto que el señor González
ni lo puede frenar ni lo puede corregir. No puede resolver la
situación, en primer lugar, porque es el causante de ella. Y es
evidente que las mismas personas, es decir, que con las mismas
causas se seguirán produciendo siempre los mismos efectos.

Comprendo que el señor González alegue que las cosas han ocurrido
sin su conocimiento y traicionando su confianza. Supongo que él
también comprenderá que no tomemos en serio semejante puerilidad.

Utilizando las mismas palabras del señor González podemos decir
que aquí suceden demasiadas cosas, y no por casualidad. Porque,
en efecto, no estamos ante accidentes, casualidades o
distracciones; si no, examinemos los hechos.

No creo que se pueda decir que ninguno de los protagonistas de
los sucesivos escándalos fuera adversario del partido del
Gobierno, ni siquiera que se tratara de enemigos del Gobierno. Al
contrario, desde el señor Rubio hasta el señor Manglano son todas
personas de la máxima confianza del Gobierno. ¿Y qué digo del
Gobierno? De la máxima confianza del Presidente del Gobierno, en
cuyos nombramientos intervino directamente. (Rumores. ) Todos
comparten un denominador común, un mismo aire de familia, por
decirlo así: que los ha escogido el señor González, que los ha
sostenido el señor González, que han trabajado para el señor
González y que todos señalan con el dedo al señor González
(Aplausos. ) Ni ocurren las cosas por casualidad, ni son
fenómenos aislados, ni es razonable pretender que quien causa el
problema pueda solucionarlo. Digo más, señorías, ni siquiera está
el señor González en condiciones de asegurar que hemos llegado al
final de la cadena de escándalos. Ni siquiera nos queda a los
españoles la tranquilidad de por lo menos afirmar que nuestro
Gobierno no será sujeto a más escándalos.

¿Se han parado ustedes a considerar cuántos jueces españoles
están investigando en estos momentos las actuaciones de este
Gobierno y cuántos jueces tendrán que ponerse a trabajar todavía
antes de que concluya la legislatura? Son, señorías, demasiados
jueces, demasiados sumarios, demasiados procesos. Y todos juntos
forman una trama tan complicada que se autofecunda y engendra
nuevos descubrimientos. Lo que el Gobierno logra amortiguar por
una esquina se alza por la esquina contraria. Porque este
Gobierno, como se dijo en esta misma Cámara hace años, lo ha
tocado todo, lo ha manoseado todo, ha dejado su rastro por todos
sus rincones, y hasta tal punto está complicado en su propia
trama que ya no se puede mover porque cualquier movimiento
contribuye a enredar más la madeja que él mismo ha creado
(Rumores y aplausos.)
Aquí alcanzamos, señorías, la razón última que explica la
incapacidad del señor González como gobernante. Ocurre que todas
las medidas necesarias, todas las medidas que pudieran contribuir
a solucionar la situación, todas las medidas que convienen a los
españoles, todas, perjudican al señor González. Por eso no toma
ninguna. Por eso no puede poner remedio. Porque nada de lo que
conviene hacer conviene a los intereses de España. Por eso no
gobierna. Le arrastran los acontecimientos, resiste, se protege,
gana tiempo, pero no se gobierna. Y es imposible que se pueda
gobernar en las actuales circunstancias y con tantas
limitaciones. (Rumores.)
Alguien dijo aquí, señorías, hace una semana, que el señor
González había perdido reflejos. Yo les tengo que decir que no
estoy de acuerdo. No es que pierda reflejos. Creo que los
conserva bien. Sólo que mira exclusivamente por sus intereses y
multiplica sus cautelas hasta el puro y duro inmovilismo, hasta
el más fiel ejercicio de tancredismo --como se le ha dicho-- o
hasta lograr la prudente quietud de una estatua.

En una palabra, señorías, el señor González no está en
condiciones de corregir la situación; manifiestamente, no. Es lo
único claro en toda esta turbia historia: que el señor González
no está en condiciones de resolverla y que bajo su mandato
continuarán proliferando los escándalos.

El señor González, lejos de solucionar los problemas, se ha
convertido en el principal problema, en el principal obstáculo
para las necesidades, las aspiraciones



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e incluso los derechos de los ciudadanos españoles. Y le guste o
no le guste, cualquier gobierno que él presida será considerado
por la sociedad española como un gobierno provisional. Se mire
como se mire: provisional a todos los efectos. Será un gobierno
asociado a la inestabilidad, a la incertidumbre y a la
desconfianza.

En conclusión, señorías, aquí no cabe más que una salida: dejar
que intervengan los ciudadanos. Poner en sus manos las decisiones
sobre su propio futuro. Abrir las urnas. Convocar elecciones.

(Rumores.) Es lo que exige la razón, lo que imponen las
circunstancias, lo que desean la mayoría de los ciudadanos, lo
que solicitan cada vez más voces dentro del grupo mayoritario, yo
creo que lo que pide ya casi todo el mundo en España, señorías.

Lo dije hace más de un año. Sugerí al señor González que se fuera
porque no estaba en condiciones de gobernar. Ni siquiera pedí que
se convocaran elecciones. (Un señor Diputado: ¡Gracias!) Dije:
Váyase y deje a otro socialista que presida el Gobierno. Continué
con posterioridad ofreciendo fórmulas para resolver la situación.

Ofrecimos un acuerdo parlamentario que comprendía iniciativas
legislativas y la celebración de elecciones generales
coincidiendo con las municipales y las autonómicas. Ofrecí
también la posibilidad de celebrar elecciones mediante una moción
de censura mayoritaria que no fue respaldada. Y por cierto,
señorías, mi oferta sigue en pie. (Rumores.--Risas en los bancos
del Grupo Socialista.) Ofrezco a la Cámara, porque sabe que
cuenta con ello, 141 votos y Diputados del Partido Popular. No
digo más. Me limito a señalar la disposición permanente del
Partido Popular para poner fin a esta situación mediante una
moción de censura mayoritaria destinada a convocar inmediatamente
elecciones. (Aplausos.)
Fíjense, señorías, lo que nos hubiésemos ahorrado si se hubiese
hecho caso a nuestras demandas hace un año. Porque es evidente
que hoy no estamos igual que entonces, sino mucho peor. Si hace
un año aparecía el señor González hipotecado por su propio pasado
y arrastrando una sombra de escándalos que no le iban a permitir
gobernar, calculen ustedes lo que se podía decir hoy. El caso,
señorías, es que hoy ninguna persona seria de nuestro país
discute ya la necesidad de poner fin a esta legislatura cuanto
antes. Todas las diferencias se suscitan hoy en la elección de la
fecha más conveniente y hasta los colaboradores más próximos del
señor González especulan con un calendario electoral. Pues bien,
señorías, contra lo que sin duda es el deseo más generalizado de
los españoles, resulta que el señor González no quiere abandonar
el Gobierno. Todo el problema de España se resume en cinco
palabras: el señor González no quiere. No quiere porque no le
conviene y porque su sentido de la responsabilidad y su sentido
del Estado no dan para otra cosa que no sea para su propia
conveniencia. En las presentes circunstancias su oferta política
consiste, ni más ni menos, en prolongar el calvario, y todo lo
pretende resolver actualizando su pacto con el señor Pujol, que
es tanto como decir que lo único que se le ocurre es fortalecer
su propia trinchera.




El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.




El señor AZNAR LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

No nos ofrece un remedio para la situación que vive España, sino
un apaño que proteja su situación personal. Cambia el difunto
llamado pacto de gobernabilidad por un, al parecer, recién nacido
llamado pacto de ruptura. Oscuro el primero, oscuro el segundo;
perjudicial para España el primero, perjudicial para España el
segundo. Claro está, eso sería si en esos pactos se tratase de
España. (Rumores.)
En resumidas cuentas, dicho pacto implica que el señor Pujol
pueda aparentar un cierto distanciamiento y, en todo caso --
tendremos ocasión de comprobarlo--, no entorpecerá la
supervivencia del Gobierno; que por parte del señor González se
renovará --y, de hecho, ya se ha empezado-- el Consejo de
Ministros para que el señor Pujol esté más cómodo, y que por
parte de ambos se pregonará la trascendental importancia de la
presidencia europea y, consecuentemente, la necesidad, como ya se
ha reclamado, de abrir un período de tregua política por el bien
de España. En una palabra, señorías: Yo no te molesto, tú no me
molestas y vamos a procurar que los demás se callen. (Rumores.)
Tal vez, señorías, no es hoy la ocasión para tratar de estas
cosas, pero este cúmulo de sinrazones, en mi opinión, merecen
algún comentario. Lo primero que se tiene que decir es que
estamos ante un nuevo apaño, que es peor que el anterior, que no
tiene nada que ver con los intereses de España y que se hace en
beneficio exclusivo de las partes contratantes. (Un señor
Diputado: ¡Caradura!) España reclama una regeneración política y
las partes contratantes le ofrecen la regeneración de un contrato
contable, con costas y, al parecer, con lo que haga falta.

¿Por qué es mejor, señorías --a lo que parece--, celebrar las
elecciones a comienzos o en la primavera de 1996 que celebrarlas
ahora? Tengo que decir que no se me alcanza cuál pueda ser la
ventaja de incrementar y de alargar la presente inestabilidad
política con mayores dosis de incertidumbre. (Rumores.) No se me
alcanzan las ventajas y me gustaría, si es posible, escuchar
algún comentario en este sentido.

Y ¿por qué sustituir, después de lo que se ha oído, a los
ministros? ¿Acaso lo han hecho mal? Ya se acaba de decir que no.

Pero si se trata de sustituir a ministros que lo han hecho mal,
con mucho retraso venimos. Y si, como el señor González defiende,
no lo han hecho mal, sino que, al contrario, lo han hecho bien,
han hecho una ingente tarea y no tienen ninguna responsabilidad,
¿por qué los sustituye? (Rumores.)



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¿Porque su socio reclama algunas cabezas? Es decir, ¿que no ha
sido capaz de renovar el Consejo de Ministros para dar ejemplo de
responsabilidad y va a renovarlo para hacerle un favor al señor
Pujol? Pues ¿cuántos ministro está dispuesto a sacrificar el
señor González en esta tanda para salir adelante? (Rumores.--
Varios señores Diputados: ¡A Borrell! ¡A Borrell!) Además,
señorías, ¿qué se puede esperar y qué puede esperar el país de
unos ministros, sean éstos o los que les sustituyan, obligados a
consagrar todo su esfuerzo a que no naufrague el Presidente?
(Rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: Guarden silencio.




El señor AZNAR LOPEZ: No les queda tiempo para otra cosa y el
poco tiempo que les queda se les va a los señores ministros y
ministras en barruntar si el señor Pujol los ampara o no los
ampara, si el partido se divide o no se divide y, en último
término qué será de ellos si se va el señor González o quién se
alzará con el santo y la limosna cuando se vaya.

A estas alturas, señorías, para el conjunto de los intereses
españoles resulta irrelevante que se sustituyan uno, dos o
catorce ministros. Una capa de barniz no remedia un edificio en
ruinas y asistiremos, con remodelación o sin ella, al progresivo
deterioro de una situación que ya resulta inhabitable. España,
señorías, no creemos nosotros que se merezca esta situación ni
esta vergüenza.

Por último, no discutiré yo la importancia de contribuir al
fortalecimiento de la Unión Europea y de consolidar el papel de
España dentro de ella. Pero no se trata hoy, señorías, de hacer
profesión de fe europea. Se trata de que el señor González no
disfrace la realidad. Porque da la impresión de que la
presidencia española de la Unión, que pudo haber sido una
oportunidad, no es ya más que una coartada para el inmovilismo,
algo que no podemos aceptar. El señor González no tiene derecho a
convertir la presidencia española en una tabla de salvación ni en
un refugio ni en una coartada para prolongar la parálisis de la
vida española. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--
Rumores.)
Termino diciendo, señorías, que lo que sea preciso hacer en
España deberá hacerse, le convenga o no al señor González, le
convenga o no al señor Pujol y le convenga o no, por supuesto, al
Partido Popular. Deberá hacerse con presidencia o sin ella, y
deberá hacerse porque hacerlo sea lo que más conviene a España. Y
creo, señorías, que he probado suficientemente que lo único que
puede convenir a España en este momento, porque es lo único que
puede resolver los problemas que aquí se tratan, es que se abran
las urnas, que los ciudadanos hablen, intervengan y pongan fin a
esta sinrazón imperante.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Anguita. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.

Cuando quiera, señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, Constitución española, artículo 18.1: «Se garantiza el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen». (El señor Benegas Haddad: Programa, programa,
programa.) 18.2: «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o
registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». 18.3:
«Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de
las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución
judicial». 18.4: «La ley limitará el uso de la informática para
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».

Señorías, la violación reiterada y selectiva por parte del Centro
Superior de Información de la Defensa (Cesid) de los contenidos
del citado artículo 18 ha motivado la comparecencia del
Presidente del Gobierno ante esta Cámara para dar las
explicaciones que tan graves hechos demandan. Primero vino el
señor Serra, y el señor Serra, aparte de no explicar nada de lo
que había ocurrido, dio el dato de que se había puesto en marcha
una investigación y que una vez que la misma estuviese clara
darían cuenta de ella. Hoy comparece el señor González, y todos
estábamos esperando que diese abundantes datos, habida cuenta que
la investigación, según él dice, acaba de finalizar. Y comienza
el señor Presidente de la siguiente manera: La opinión pública
española ha sido conmovida por la difusión... No, señor González,
la opinión pública no se ha conmovido por la difusión. La opinión
pública española se ha conmovido porque de pronto ha sentido que
estaba en un Estado policíaco puesto que se han grabado
conversaciones de personas no sólo de la política sino también de
la judicatura, del deporte, e incluso conversaciones del Jefe del
Estado. Así que el énfasis hay que ponerlo en la grabación ilegal
que ha conculcado, ha violado el artículo 18 de nuestra
Constitución.

Y sigue: Se dieron explicaciones (se refiere el señor Presidente
a la intervención del señor Serra) sobre el correcto
funcionamiento. Pues si lo que el señor Serra dijo aquí, y acudo
a la memoria de las señoras y señores diputados, o al «Diario de
Sesiones» fue un correcto funcionamiento, ¡que Dios nos coja
confesados! porque lo que aquí se explicó es que nadie sabía en
absoluto lo que estaba ocurriendo en los servicios de
inteligencia españoles.

Continúa el señor Presidente hace unos momentos, diciendo: Nadie
pretenda de mí que diga algo nuevo. ¿Y para qué viene? ¿Para qué
dice en rueda de prensa que si se demuestra algo se asumirá la
responsabilidad política, y viene ya con el cese del
Vicepresidente y del



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Ministro de Defensa? ¿Por qué los cesa? ¿Qué ha habido en esa
investigación? ¿Cómo que no esperemos nada nuevo? Entonces, ¿para
qué sirve una investigación? Claro. Hemos sido un poco ingenuos.

Encargarle una investigación al señor Manglano es encargarle a la
zorra que ponga a cuidar las gallinas. El mayor disparate que se
ha podido hacer es poner el Teniente General Manglano, imputado
de haber violado la Constitución, a que dé un informe al Gobierno
acerca de lo que ha podido ocurrir. No es de extrañar por tanto,
que con este pedestre método venga el Presidente del Gobierno a
decir que no puede añadir nada nuevo.

Y continúa el señor Presidente del Gobierno. Conclusiones: las
del señor Serra. Y ¿que dijo el señor Serra? Que el Gobierno no
conoció, ni vio, ni toleró, ni pidió... Señorías, mi grupo
parlamentario en absoluto cree al señor Serra ni al señor
Presidente del Gobierno. Hay toda una larga ejecutoria de
intervenciones del señor Presidente en esta Cámara, que después
se han visto desmentidas por los hechos.

Pero, aparte de eso, la lógica más elemental, ¿es que un
Presidente del Gobierno, que tiene que vigilar por el
cumplimiento de las leyes y la Constitución, se levanta un buen
día de 1988, donde en una revista se le dice que el Cesid está
espiando a ciudadanos, y no se entera? ¿No recaba información?
¿Es que un buen día de 1989, en la misma revista, se dan pelos y
señales de un edificio en Puerta de Hierro y el señor Presidente,
que siempre se entera por los periódicos, no pregunta al ministro
de turno, al ministro del ramo, al Ministro de Defensa, qué pasa
con el Cesid? Pero es que otro buen día el señor Manglano, en
1993, comparece ante un juzgado porque en una red privada de
espionaje encuentran a cuatro ex agentes del Cesid con materiales
extraídos del Cesid; es decir, los materiales del servicio de
inteligencia están en la calle, y el señor Presidente, ¿no le
pregunta al señor Manglano o al señor Ministro de Defensa qué
hacen estos papeles fuera del edificio del Cesid?
Pero hay más, es que, cuando, aleatoriamente se dice, se descubre
o se capta una conversación del Jefe del Estado, ¿va el señor
Manglano a informar a la Casa Real, a la Casa Civil? ¿No informa
el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa? ¿Se dirige el
señor Manglano directamente al Jefe del Estado y no informa el
Presidente del Gobierno? Es decir, el señor Manglano, ante el
hecho tan grave de que haya sido captada una conversación del
Jefe del Estado, ¿no pone al Presidente del Gobierno en
conocimiento de lo que está ocurriendo? Y, aun en el caso de que
así no fuera, que tuvo que ser, ¿cómo es que se archiva esa
cinta? ¿cómo es que se guarda la conversación del Rey? ¿De eso no
tiene nada que decir el Gobierno ni el Presidente del Gobierno?
Estos hechos que ocurren delante de sus narices, que aparecen en
los medios de comunicación, ¿no les llama la atención acerca de
lo que puede estar ocurriendo en los servicios de inteligencia?
A partir de ahí, dice: Se prohibió que los materiales pudieran
ser archivados.Ya lo vemos. Hemos visto en los medios de
comunicación, junto con el formulario o el manual de
instrucciones del Cesid, nada menos que una lista de cintas
archivadas en las dependencias de los servicios de inteligencia.

Viene a continuación, la búsqueda del responsable porque en todo
esto siempre hay un responsable. En el caso de Filesa, la prensa
tendenciosa; en el caso de los GAL, que había que cargarse a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Siempre ha habido un
responsable. De pronto, el responsable es alguien, seguramente se
refería --no lo ha citado-- al Coronel Perote porque se había
llevado materiales del Cesid. Yo afirmo en esta sala: lo denunció
el señor Manglano. Y el señor Manglano ¿por qué no denunció el
robo de estos documentos cuatro años antes, cuando fueron
substraídos? ¿Cómo es que guardó silencio el Teniente General
Manglano cuatro años, mientras el señor Coronel Perote recibía ni
más ni menos que un puesto dentro de la empresa Repsol? Todo esto
es extrañísimo, oscuro y permite a nuestro grupo decir que ni el
Vicepresidente ni el Presidente tienen credibilidad alguna en
este hemiciclo, sobre todo en este asunto.

A partir de ahí, convendría, siquiera en la réplica, que se
aclarase lo siguiente. Señor González, no se puede alegremente,
en reuniones de grupo parlamentario, que se filtran a los medios
de comunicación, en ruedas de prensa o en palabras del señor
Vicepresidente del Gobierno hablar o dejar caer ideas como
complot, conjuras contra las instituciones del Estado. Esto es
muy serio, esto es muy grave, esto no es una obra del género
chico. Debe S. S. venir aquí después y explicar si hubo o no hubo
complot o conjura; y si lo hay, nombres, apellidos, medios,
fines, instrumentos. Si no, reconozca S. S. que ha habido
ligereza en la formulación de esa expresión.

Y bien, de todo esto, sobre lo cual he pasado de manera muy
rápida y sucintamente, nuestro grupo parlamentario extrae tres
conclusiones. La primera. Contenidos fundamentales de nuestra
Constitución han sido vulnerados por organismos estatales
dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno y del
Ministerio de Defensa y ello, unido a una trayectoria política
jalonada de escándalos y de las dimisiones, por esos escándalos,
de dos vicepresidentes de Gobierno y cinco ministros, nos plantea
la necesidad de una reflexión en torno al estado de cumplimiento,
desarrollo y respeto de nuestro texto constitucional.

Segunda reflexión. Esta grave crisis se intenta resolver
nuevamente, tanto por parte del Gobierno como por parte del señor
Pujol, con un nuevo trato que, en vez de clarificar la situación
política española, la hunde más en atmósferas enrarecidas por la
sospecha, la inquietud y la desconfianza. España necesita salir
de



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esta situación en la que sólo se explicitan intereses creados; y
necesita salir con luz y con taquígrafos.

Y tres. Urge democratizar los controles sobre el Cesid, como
ocurre en otros muchos países del Occidente europeo, una
preocupación nuestra manifestada aquí, en propuestas en esta
Cámara, y que nunca ha merecido la atención por parte de ese
grupo parlamentario ni tampoco por parte del Gobierno.

Señorías, el episodio de las escuchas ilegales del Cesid no es
sino una escalada gravísima en el resquebrajamiento que va
extendiéndose desde hace tiempo por el Estado social y
democrático de Derecho recogido en el artículo 1.º de nuestra
Constitución. Hemos llegado a esta situación de democracia
postrada y exangüe como consecuencia de una acción de Gobierno
marcada por políticas de desigualdad en todo los ámbitos:
contrarreforma laboral y contrarreforma fiscal, corrupción,
terrorismo de Estado (los GAL), desviaciones perversas del poder
político. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué causas, qué hechos
han conducido a esta degradación? ¿Cómo es posible que en los
últimos dos años los debates necesarios en esta Cámara sobre
empleo, economía, industria, agricultura, pesca, etcétera, se
hayan visto pospuestos por esta innumerable sarta de escándalos y
de corrupciones?
Señorías, para empezar a desentrañar el hilo conductor de todo el
proceso, basta con reflexionar sobre las palabras del Presidente
del Gobierno acerca de su conocimiento de los hechos que nos
traen a este debate, palabras que ha vuelto a repetir aquí esta
tarde. Dijo así: Los servicios de inteligencia ofrecen
explicaciones de resultados, pero naturalmente no de métodos de
trabajo. Aquí se encuentra, justamente, el meollo de la cuestión.

El gobernante, en materia tan delicada por su naturaleza
reservada, se inhibe de ejercer la vigilancia debida y,
renunciando a su obligación, demanda de los aparatos del Estado
sólo resultados y nada más que resultados.

Yo sé que no es el caso, pero imaginen SS. SS. si cualquier
información le llega al Presidente del Gobierno como consecuencia
de la tortura. ¿Qué diríamos entonces? ¿Tiene o no el Presidente
del Gobierno y el Gobierno, que ver los métodos que conducen a
llegar a esa información? Este desinterés, esta renuncia a
ejercer la responsabilidad del control sobre los métodos alienta
a los servicios y aparatos del Estado a hacer lo que crean más
conveniente si ello, a su juicio, redunda en una mayor eficacia y
en un mayor índice de resultados.

Esta filosofía es la adecuación moderna de la expresión atribuida
a Nicolás Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Esta es
la concepción más clara de que se ha renunciado a toda idea de
transformación democrática y se mistifica la realidad, haciendo
una distinción ideologizada y autojustificadora entre técnica y
amoralidad, por una parte, y política como justificación, por
otra. A partir de aquí, los valores de claridad, legalidad,
derechos humanos, ética, pasan a formar parte del mundo de la
política, considerada ésta como el simple ejercicio de un
discurso retórico y hueco. La ausencia de valores o la
sustitución de los mismos por los criterios de rentabilidad o de
cuantificación numérica se asimilan como virtudes a la práctica y
a la acción sobre lo concreto. A partir de ahí, a partir de ese
momento en que este discurso se plasma, se hace carne, vida y
sangre, nace y se desarrolla el discurso de la corrupción
política. (Rumores.)
No importa el gato blanco o el gato negro, sino los resultados;
sólo importan cifras, bien sean las del PIB, bien sean las de la
renta «per capita». El paro o la precariedad del empleo son una
simple cuestión estadística que, llevada hasta sus últimas
consecuencias, confunde de manera interesada la creación de
puestos de trabajo --1.000 al día--, con lo que realmente hay:
renovación de contratos. De esta manera, no importa que la
economía se base en tejido productivo o en una mera y gigantesca
operación de inversiones improductivas e irregulares o de
rentabilidades inmediatas. Las macrocifras, las macromagnitudes y
las estadísticas desalojan de la preocupación y de la atención
política a los seres humanos reales y concretos.

Esta es la filosofía que ha ido degradando nuestra democracia. La
democracia no es sólo un mecanismo mediante el cual, y salvando
los sistemas electorales, el pueblo elige a sus representantes,
sino que es también, y fundamentalmente, un método de
funcionamiento, un equilibrio de poderes y controles y unas
pautas de comportamiento, según derecho. El gobierno de la
democracia es, como dice Norberto Bobbio, el gobierno de lo
público en público; es decir, el gobierno de lo público
transparente y asequible, no sólo a su conocimiento sino también
a la acción de los sujetos y de los agentes sociales.

Cuando únicamente se demandan resultados y se obvian, por
incómodos o inquietantes los controles sobre los métodos, no sólo
se hace el gobernante corresponsable de las violaciones del
derecho o de la Constitución sino que también es responsable de
un proceso de degradación que va conduciendo de la siguiente
manera: desde lo reservado pasa a lo secreto; de lo secreto pasa
a lo oculto; y lo oculto se transforma ya en incontrolable.

¿Sabe el señor Presidente del Gobierno cuántos agentes del Cesid,
en estos momentos, tienen cintas comprometedoras, documentos
importantes, que pueden utilizar simplemente como escudo ante
posibles depuraciones de responsabilidad?
La filosofía del todo vale, si el resultado incide en imágenes de
macrocifras positivas, favorece lo que en otras ocasiones he
planteado en esta Cámara: el reforzamiento de la visión moderna
del doble Estado. Mafias policiales, corporativismos de servicios
y aparatos del Estado en lucha, dinero fácil, finanza de
beneficios rápidos y rentabilidades oscuras, narcotráfico,
tráfico de armas y comisiones correspondientes a ese tráfico



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de armas, operaciones bursátiles con canales de información
privilegiada, amiguismo, etcétera, etc.

Democracia es también sinónimo de transparencia. Cuando en 1993
el señor González consiguió el apoyo parlamentario de
Convergència i Unió, lo que pedíamos entonces era una
comparecencia ante este Congreso de los Diputados para saber los
contenidos de los acuerdos a que se había llegado, porque los
contenidos implican acción de Gobierno, y acción de Gobierno es
incidencia sobre los Presupuestos Generales del Estado y sobre el
funcionamiento de ese Estado y de las tres administraciones que
lo componen.

Después de la dura, durísima en el fondo que no en la forma,
intervención del diputado de Convergència i Unió, señor Lerma, en
el Pleno de comparecencia del señor Serra, estimábamos que
entrábamos en una etapa de clarificación. Sin embargo, la cosa ha
sido muy diferente. Después de la entrevista de los señores
González y Pujol, parece deducirse un apoyo mortecino a este ya
de por sí mortecino Gobierno mediante, ¿qué concesiones? ¿Qué
contenidos?
Señorías, cuando dos fuerzas políticas pactan y se
responsabilizan en una acción de gobierno, el órgano que
representa la soberanía popular tiene que saberlo, tiene que
conocerlo. Pero si ese pacto o acuerdo se hace después de toda
una trayectoria de escándalos y corrupción que culmina en la
violación del artículo 18 de nuestra Constitución, la necesidad
de conocimiento del mismo ya es indeclinable.




El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Me quedan muy pocos minutos. Si no se
explican ante el pueblo español los motivos que han llevado al
acuerdo, la idea de componenda, de apaño, de trato o de apoyo
mutuo de intereses en peligro es la única que se afianza en la
mente de todos nosotros, y al afianzarse esta convicción en la
opinión pública, responsabilidad y corresponsabilidad unifican en
un solo sujeto ambas partes: el señor González y el señor Pujol,
el señor Pujol y el señor González.

Hace tiempo que nuestro grupo planteó una iniciativa a fin de que
el Cesid tuviese control parlamentario. Rechazada aquella
propuesta volvemos, nuevamente a insistir sobre tal cuestión,
aprovechando también las palabras del señor Presidente en este
sentido. Creemos que los hechos nos dan la razón y avalan nuestra
propuesta. A tal fin, hemos presentado una proposición no de ley
tendente a hacer posible el necesario control parlamentario sobre
las materias calificadas como secretas, así como sobre las
actividades de los servicios de información del Estado.

A partir de esta intervención que hago en nombre de mi grupo
parlamentario, tengo que contestar, ¿qué hacer? En el debate del
estado de la nación del presente año ya planteaba que si mi grupo
parlamentario hubiese tenido 35 diputados, hubiésemos colocado
una moción de censura, aun a riesgo de perderla, para demostrar
en debate que hay otro programa y que hay otra política. Desde
1994 hemos venido reiterando la dimisión del Presidente de
Gobierno y la convocatoria anticipada de elecciones generales.

Volvemos a manifestar lo mismo este año, y lo volvemos a hacer
cargados de razón porque estamos convencidos de que en esta
España de paro, de precariedad laboral, de corrupción, de
escándalos y de desigualdades económicas y sociales, en esta
España de problemas S. S., señor González, es precisamente el
principal problema.

Sean mis últimas palabras para ese grupo parlamentario que
comparte con el nuestro la parte izquierda del hemiciclo: el
Grupo Socialista. (Rumores.) Me dirijo a vosotros y a vosotras
(Continúan los rumores.) asumiendo el riesgo, y aceptándolo ya,
de que mis palabras sean interpretadas torticeramente,
manipuladas o motejadas de improcedentes o portadoras de
injerencia en vuestra vida orgánica. Sin embargo, los momentos
por los que atraviesa nuestro país y, sobre todo, la preocupación
por el mañana, por lo que pueda ocurrir en los sucesivos meses,
por lo que está ocurriendo ya me obligan a asumir ese riesgo.

Os sentáis en unos escaños que ganastéis en buena lid
democrática, en junio de 1993 (Rumores.), y los ganastéis con un
mensaje que golpeó sobre los miedos y la memoria de una parte
importante de nuestro pueblo: ¡Que viene la derecha!
Efectivamente, el Partido Popular es la derecha, pero no en
exclusiva toda la derecha (Rumores.) La derecha está compuesta
por el conjunto de fuerzas políticas, programas, acciones de
Gobierno y valores que defienden los conceptos económicos y
sociales del neoliberalismo. El Partido Popular forma parte de la
derecha, pero en ella están también, por mor de la práctica y de
la acción política, aquellos que defienden o votan la reforma del
mercado laboral (Rumores.), la contrarreforma fiscal, las
privatizaciones o el guante blanco para los que defraudan a la
Hacienda Pública. (Continúan los rumores.) Basar la lucha contra
la derecha en una simple cuestión de siglas, desvinculándolas de
los programas, las prácticas políticas o los valores que las
informan, es, simplemente, una manipulación. (Un señor diputado:
¡Qué barbaridad!--Rumores.)
Estos bancos (Señalando los del Grupo Popular) son derecha, pero
las políticas neoliberales que se siguen practicando desde el
Gobierno que sustenta vuestro grupo parlamentario, son también
derecha. (Fuertes rumores y protestas.)
No hay en mis palabras, y si quieren SS. SS. bajo el tono...

(Continúan los rumores y las protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




El señor ANGUITA GONZALEZ: No hay en mis palabras --estoy
terminando-- sino un intento de provocar la reflexión sobre lo
que está pasando y sobre



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la necesidad que tenemos todos de superarlo. (Rumores.)
Tenéis la responsabilidad de pensar en el mañana y de pensar
también en lo que vosotros y vosotras podéis aportar (Rumores y
protestas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy concluyendo. Me queda muy poco.

La izquierda os necesita, a muchos y a muchas de vosotros y
vosotras (Rumores.), para el tiempo venidero y en los momentos
por los que nuestro país va a pasar. Callar, aplaudir
públicamente y murmurar por los pasillos es mantener una agonía
terrible y ominosa (Fuertes rumores y protestas.) no sólo para la
izquierda, sino también para nuestro país.

¿Con qué fuerza moral vais a ejercer la oposición, si llega el
caso, cuando se desarrollen por otras manos las políticas que
ahora estáis aprobando? ¿Seguirá estando en solitario el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la defensa de
propuestas con valores y contenidos de izquierda? (Rumores y
protestas.) ¿Creéis que vuestra fuerza reside o va a depender del
número de escaños? Ha llegado el momento, sin duda difícil y
terrible pero necesario, no sólo de definirse sino de preparar el
mañana. (Rumores.)
Habéis visto en estos años avanzar y avanzar los postulados y los
valores de política económica del más acendrado neoliberalismo.

Estáis asistiendo, en los dos últimos años, a componendas, pactos
o acuerdos con Convergència i Unió que impiden u obligan a
retirar leyes... (Fuertes rumores y protestas.) Repito por si no
se ha oído debido al clamor (Continúan los rumores y las
protestas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Pausa.)



El señor ANGUITA GONZALEZ: Estáis asistiendo, decía, en los dos
últimos años, a componendas, pactos o acuerdos con Convergència i
Unió que impiden u obligan a retirar leyes y propuestas con
contenidos clásicos de la izquierda. En esta agonía que conduce
inexorablemente a la muerte (Rumores y protestas.--Risas.), ¿qué
papel optáis por hacer? Mientras sigáis haciendo de la contienda
político-ideológica una simple cuestión de siglas y no de
programas, de valores y de actitudes, esa fuerza política que
está en la parte derecha del hemiciclo, seguirá subiendo, y lo
hará porque no estáis dando respuestas claras, rotundas y
ejemplares en cuestiones tan importantes como la corrupción, el
funcionamiento democrático y la ética. Debéis hacerlo si queréis
que mañana, cuando todo esto haya pasado y tengamos que acometer
la idea de recomponer y regenerar tanta destrucción y tanta
incuria, vuestra presencia esté legitimada y avalada por un
ejercicio de saneamiento y rectificación. No queremos estar solos
ni es conveniente que lo estemos. Queremos estar con todos
aquellos que se reclaman de las ideas de la libertad, de la
igualdad y de la fraternidad; de las ideas y de las prácticas.

Mientras ideas y prácticas, mientras unas y otras estén
separadas, el entendimiento es imposible. Nosotros seguiremos y
mientras seguimos con nuestro proyecto, con nuestros programas y
con nuestras ideas, os esperamos para discutirlo. (Fuertes
rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Señor Anguita, le ruego concluya.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Os esperamos andando; el tiempo se
acaba. (Aplausos en los bancos del Grupo de Izquierda Unida.--
Rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Molins. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.




El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señorías, hemos escuchado atentamente las
explicaciones que el señor Presidente del Gobierno ha
proporcionado desde esta tribuna. Hemos valorado, igualmente el
hecho, conocido ayer y comentado hoy por el señor Presidente del
Gobierno, de que han sido aceptadas por su parte las dimisiones
previamente presentadas del señor Vicepresidente, don Narcís
Serra, y del ministro señor García Vargas. Conocido y valorado
todo ello, quiero iniciar mi intervención insistiendo en el
comentario que mejor definió la postura de nuestro grupo hoy hace
ocho días: Así no podemos seguir, señor Presidente. (Risas.--
Rumores.) Les explicaré el porqué.

Estoy seguro, señoras y señores diputados, que a nadie extrañará
que la valoración de los sucesos que ahora procederé a realizar
no sea distinta de la que entonces hicimos. Los hechos son los
hechos y acciones posteriores del Gobierno no pueden hacer
cambiar su valoración.

Nos encontrábamos, decíamos entonces y repetimos hoy, ante un
asunto de extraordinaria gravedad: un organismo del Estado,
creado para defender al Estado y a sus ciudadanos se ha
convertido, por acción u omisión, en un instrumento que puede
llegar a ser utilizado contra el propio Estado, que ha actuado
contra el libre ejercicio de un derecho constitucional y que
puede, además, ser utilizado por terceros contra esos mismos
ciudadanos.

El hecho es tan grave, sus consecuencias tan enormes, que la
crisis del Cesid, señoras y señores diputados, señor Presidente
del Gobierno, no puede entenderse



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como una crisis concreta, referida o circunscrita a ese
organismo, sino como una crisis de fondo.

Según los hechos conocidos, de acuerdo con la versión del
Gobierno, el Cesid entre los años 1983 y 1991 utilizó un sistema
de escuchas en el espacio radioeléctrico que actuaba
indiscriminadamente. Se nos dice que en esos años no existían
recursos técnicos que permitieran la selección previa de las
conversaciones realizadas en ese espacio y, por consiguiente, que
permitieran la imprescindible autorización judicial previa. Se
nos dice también que existía la instrucción, la orden de destruir
todas aquellas grabaciones que, una vez escuchadas no aportaran
datos significativos para los objetivos que justificaban su
realización, es decir, los intereses del Estado, su seguridad.

Se nos dice también que alguien, contraviniendo esas órdenes,
mantuvo intactas esas cintas y años más tarde se identifica su
contenido con lo publicado por un rotativo. Por cierto, quiero
hacer constar aquí que en ningún momento he observado
informaciones divergentes entre lo relatado por el señor
Vicepresidente del Gobierno ante los Diputados que en nombre de
la Cámara atendemos explicaciones relativas a secretos oficiales
y los hechos expuestos con posterioridad. Las informaciones
recibidas referentes a la llamada cintateca han sido siempre
coincidentes. La cintateca no era del Cesid, sino cosecha
propia --se nos ha dicho también siempre--, particular del
Coronel Perote y conformada con las grabaciones que existía orden
expresa de destruir.

Se nos dice que existe la sospecha de que esa misma persona pueda
poseer, igualmente, una copia microfilmada de contenido altamente
comprometedor para la seguridad del Estado, habida cuenta que
podría tratarse de un resumen de la actividad del Cesid en los
diez años de trabajo de esa persona en un cargo, el de jefe de
operaciones, de alta responsabilidad en el organismo. A esa
sospecha se llega al recordar que el Coronel Perote, al abandonar
el servicio activo en 1991, se llevó, digamos que distraídamente,
a su casa y durante unos meses esa tan comprometedora información
microfilmada.

Conocidos, no por investigación propia sino por su publicación en
el rotativo al que he hecho referencia, todos estos hechos, el
director del Cesid, General Manglano, procede judicialmente
contra el Coronel Perote y presenta su dimisión. El señor
Presidente del Gobierno la acepta. Más tarde, también el
Vicepresidente, señor Serra, y el Ministro de Defensa presentan
su dimisión, igualmente aceptada como conocemos hoy.

Siendo así los hechos, analicemos los errores en el
funcionamiento del Cesid, de consecuencias gravísimas, que los
han hecho posibles.

En primer lugar, el Cesid realizaba escuchas indiscriminadas sin
autorización judicial. A la primera nota del Cesid han puesto ya
fin unas actuaciones judiciales en defensa del principio
constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones. Todos
podemos aceptar que el Cesid, y cualquier otro organismo de
investigación e inteligencia, debe caminar inevitablemente en los
límites del Estado de derecho; precisamente por ello deben
extremarse los controles, no sólo sobre esos límites, sino sobre
los objetivos que se persiguen en ese arriesgado caminar.

El Cesid traspasó esos límites, clara y rotundamente los
traspasó. Y lo que es más grave aún, no extremó el celo en el
cumplimiento de unas instrucciones que ordenaban destruir las
grabaciones conseguidas y que nada tuvieran que ver con la
seguridad del Estado. Esa instrucción, según la información que
usted nos ratifica hoy, señor Presidente, fue sistemáticamente
incumplida sin que nadie se percatara de ello.

A partir de aquí, señor Presidente, la parte no sólo más
incomprensible, sino también la más preocupante, tanto por el
hecho simplemente de que haya ocurrido como por las consecuencias
que puede comportar. Un funcionario del Cesid ha sacado
impunemente durante años información altamente confidencial,
secreta y, según parece, comprometedora no sólo para el Cesid,
sino también para la seguridad del Estado, con el agravante de
que esa circunstancia pudo ser intuida, como ya hemos dicho,
desde 1991.

Señor Presidente, por acción en algunos casos, por omisión en
otros, el Cesid, funcionarios del Cesid, con instrumentos del
Cesid, han transgredido gravemente el principio constitucional de
inviolabilidad de las comunicaciones; han dado instrumentos a
terceros que pueden condicionar las actuaciones del Gobierno, nos
insinúan ustedes mismos, ciertamente hace una semana con mayor
contundencia que hoy. Y lo que es, a nuestro entender, tanto o
más grave que lo anterior: han causado un grave daño no sólo al
propio Cesid, no sólo incluso a su Gobierno, sino al crédito del
mismo. Usted lo sabe, señor Presidente, las escuchas, y lo que
las escuchas implican, están provocando una profunda,
profundísima desconfianza no sólo respecto de su Gobierno y de
usted, sino en nuestra propia capacidad, la de todos, la del
Estado, de hacer las cosas bien hechas. La percepción de la
realidad viene matizada e impregnada por esa desconfianza; lo que
va mal se magnifica y lo que va bien, que es mucho, no se percibe
ahogado por la profunda desconfianza generalizada que estos
hechos han provocado.

Es por esto, señor Presidente del Gobierno, que hace ya ocho días
le decíamos --y hoy, desgraciadamente, debemos reiterarlo--, que
así no podemos seguir. (Rumores.--Varios señores diputados: ¡No!
¡No!)
Es bien cierto, señor Presidente del Gobierno, que hoy comparece
ante esta Cámara habiendo aceptado ya las dimisiones presentadas
por el Vicepresidente del Gobierno, don Narcís Serra, y por el
señor García Vargas, Ministro de Defensa, responsables ambos del
Cesid durante los casi 13 años del gobierno por usted presidido.

Se ha referido usted hoy, señor Presidente --como lo hiciera el
señor Serra hace una semana respecto al General



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Manglano, cuya dimisión había sido ya aceptada en aquel momento--
, a la larga la trayectoria de todos ellos al servicio del Estado
democrático. No será, señor Presidente, nuestro Grupo quien no
reconozca también rotundamente esos méritos. Particularmente --y
seguro que el señor García Vargas sabrá comprenderlo--,
particularmente, digo, de don Narcís Serra, Vicepresidente del
Gobierno. Con él compartimos esfuerzos en Cataluña por conseguir
la democracia. Con él luchamos para asentarla y a él le ha
correspondido, con nueve años al frente del Ministerio de
Defensa, transformar en profundidad las Fuerzas Armadas,
adecuarlas definitivamente a un Estado democrático y de derecho
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
Saludamos, por supuesto, e incluso desde la discrepancia, su
personal aportación a todo ello. De forma personal, y en nombre
de mi Grupo, quiero que quede constancia pública de ello.

Pero dicho esto, señor Presidente, y de acuerdo con un símil que
a muchos sonará, el centinela se durmió. (Rumores.--Risas.) Ya
puede el centinela haber luchado heroicamente durante el día,
durante muchos días, durante años incluso, si por la noche el
cansancio le vence y el enemigo utiliza su sueño para tomar la
posición, de nada le sirve. El centinela se durmió, señor
Presidente. (Rumores.) Durante una muy larga noche de 12 años, el
centinela se durmió. No sólo era lógico, sino imprescindible,
aceptar su dimisión, cuya presentación les honra a ambos, y
proceder a su sustitución.

Nos anuncia también, señor Presidente, la necesidad de acometer
reformas en la estructura, funcionamiento y --me a parecido
entender-- en el control democrático del Cesid. Parece evidente
que son necesarias. Nuestro Grupo las valora con la calma que su
importancia requiere.

La asunción de responsabilidades políticas y las modificaciones
que nos proponen pueden dar, señor Presidente, solución a la
crisis estricta del funcionamiento del Cesid. Pero, como le decía
al principio, los hechos que comentamos han provocado una
profunda crisis de fondo, una crisis de credibilidad, crisis de
confianza. Y para hacer frente a esa crisis lo anterior era
condición necesaria, pero en ningún caso, a nuestro entender,
condición suficiente.

Cuando, como le decía anteriormente, el descrédito se apodera de
la acción de gobierno --que usted sabe, señor Presidente, que en
esta ocasión lo ha hecho--, lo anterior no es suficiente. En esa
situación no se puede seguir. Y no nosotros, señor Presidente; no
nuestro Grupo Parlamentario, que incluso teniendo en cuenta la
posición numéricamente estratégica que hoy ocupa en el hemiciclo
sería lo de menos, es el país. El país no puede seguir así; usted
y su Gobierno no pueden seguir así.

Usted, señor Presidente del Gobierno, debe decirnos qué quiere
hacer, qué piensa hacer. A usted corresponde, señor Presidente,
demostrar que tiene voluntad de gobernar y capacidad para
hacerlo. Gobernar es decidir, optar, y usted debe demostrar ante
el país que es capaz de hacerlo. Gobernar es llevar a la práctica
una de entre varias opciones posibles, escogiendo de entre ellas
las que más convienen al conjunto de los ciudadanos. Pero
gobernar es también convencer, transmitir seguridad, transmitir
confianza, transmitir ilusión en el futuro del país y en el de
sus ciudadanos. Es en estos aspectos donde se aplica, señor
Presidente, nuestra insistencia.

Usted debe explicarnos a todos, a los aquí reunidos y al conjunto
del país, qué pretende hacer, adónde quiere llevarnos, de qué
manera, por qué, para qué. El país necesita saber. Hoy está
desorientado, quizá incluso aturdido, y con una enorme necesidad
de que sus gobernantes, ustedes --usted en particular, señor
Presi-
dente--, le garanticen con hechos, no sólo con palabras, algo tan
simple, pero tan importante, como es tener confianza en sí mismo
y esperanza en su futuro.

¿Qué piensa hacer, señor Presidente del Gobierno? (Rumores.)
Porque no se trata simplemente de seguir, de ir tirando, sino de
actuar en una determinada dirección, sabiendo hacia dónde vamos y
en qué condiciones vamos, y hacerlo con la energía que
proporciona la propia convicción.

Gobernar es dirigir la acción de su Gobierno, evitando la
descohesión, las contradicciones reiteradas entre quienes lo
forman y entre las directrices que usted como Presidente marca y
los actos que sus ministros realizan. La brújula, señor
Presidente, no alcanza hoy a marcar el rumbo de la acción de su
Gobierno.

Señor Presidente del Gobierno, en las próximas semanas existen
para nosotros dos citas claves en el calendario político. Una, el
martes próximo, cuando usted comparezca ante esta Cámara para
hablarnos de la Presidencia española de la Unión Europea. A
nosotros nos interesa, y mucho, usted lo sabe, saber qué pretende
hacer y también cómo pretende hacerlo. Pero sobre todo nos
interesa conocer si los problemas internos van a permitírselo
hacer. Sabe usted, señor Presidente, que la dudas sobre la
capacidad de usted y de su Gobierno han sido frecuentes aquí, en
España; se diría incluso que ha aprendido a convivir con ellas.

Pero probablemente por primera vez esas dudas han traspasado
fronteras y provocan preocupación entre nuestros socios europeos.

La otra gran cita son los presupuestos. Debemos conocer sus
directrices, sus objetivos y las premisas para alcanzarlos.

Señor Presidente del Gobierno, el país necesita saber, los
ciudadanos necesitan saber, nosotros necesitamos saber qué piensa
hacer en política europea, qué objetivos fija para la Presidencia
española de la Unión, pero también, y particularmente, qué
pretende hacer en política interna en los próximos presupuestos,
cuál es su horizonte, cuál su calendario. (Un señor diputado del
Grupo Popular: ¡Elecciones Generales!) Sólo



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puede usted decirlo y así debe ser. Esperamos, señor Presidente,
su respuesta y su compromiso.

Muchas gracias. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE:Gracias, señor Molins.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.

(Continúan los rumores.)
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.

Cuando quiera, señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, señor
Presidente del Gobierno, con su comparecencia, dos semanas
después de estallada la crisis de las escuchas, usted, señor
Presidente, ha puesto en evidencia el total agarrotamiento de su
liderazgo o por cansancio o por una escasa valoración del
Parlamento. Si usted hace quince días hubiera hecho lo de hoy,
quizá la situación no sería la misma, pero ese venir al
Parlamento como arrastrado por los acontecimientos, tratando de
esquivar debates, no es más que una de las muestras de lo que han
sido sus años de gobierno con mayoría absoluta: un
desconocimiento de la capacidad de control del legislativo. Sólo
los gobiernos débiles, impopulares y sin liderazgo temen la libre
discusión de las ideas y la exposición neta de la verdad, y
sinceramente no lo entendemos en usted, que es un buen
parlamentario. Nosotros creemos que aquí está una de las claves
de lo que ha venido ocurriendo estos últimos años: una mayoría
absoluta que amparó todo al no haber un control que cuestionara
la impunidad.

Reconocemos el valor político de las dimisiones ayer presentadas
y admitidas, respetando las trayectorias de Narcís Serra y García
Vargas. Independientemente de las responsabilidades asumidas, no
estamos de acuerdo con este canibalismo político que convierte a
los adversarios en enemigos a destruir. Y es verdad que el
Vicepresidente compareció la semana pasada y la anterior en
reunión de secretos oficiales, diciendo en ambas comparecencias
lo mismo. No es verdad, por tanto, que en una dijera una cosa y
en la otra cuestiones distintas. Y no me cuesta nada proclamarlo
en honor a la verdad.

En segundo lugar, repetimos que no tenemos elementos de juicio
para valorar si lo que nos ha dicho hoy del Cesid es cierto o no.

Usted, durante trece años, nos ha hurtado cualquier información
sobre el Cesid y, por tanto, no tenemos posibilidad alguna de
contraste. De lo que sí podemos responsabilizarle es de omisión
política, tan grave, a veces, como la acción política.

¿Qué hicieron ustedes cuando estalló la primera gran crisis del
Cesid? ¿Qué depuraron? ¿Qué iniciativas tomaron ante la
evidencia? ¿Por qué no pusieron en cuestión el funcionamiento del
servicio? ¿Por qué no informaron al Parlamento? ¿Por qué ahora
nos hablan de control y no lo hicieron en 1982, con diez millones
de votos tras de ustedes y la promesa de moralizar la vida
política? ¿Por qué pactaron tanto con los restos de poder del
sistema anterior? ¿Por qué no pusieron las cosas en su sitio?
Las grandes sociedades no se construyen sobre bases podridas,
sino con valentía moral. De lo contrario, se termina pagando una
cara factura por una excesiva tolerancia en ese intento de
hacerse perdonar la vida por aquel franquismo residual. Creemos
que ahí está su responsabilidad, salvando las muchísimas cosas
que ustedes realizaron. Una responsabilidad política de primer
orden por permitir crear las condiciones para que se produjera lo
que se ha venido produciendo en estos años.

En tercer lugar, la gran inquietud es conocer si seguirán
estallando escándalos, vinculados con esta cuestión o con otras.

Si usted no es capaz de asegurar que esto no va a ocurrir,
estamos ante una estructura del Estado de cartón piedra, que no
es capaz de controlar ni de reaccionar con rapidez.

En cuarto lugar, seguimos insistiendo en que es anómalo que el
Cesid esté bajo mando militar. Es incomprensible que la
información, no sólo externa sino interna, la compilen, la
procesen y analicen solamente militares, y que ustedes no hayan
hecho nada para resolver esta irregularidad, permitiendo, además,
la proliferación de servicios que compiten unos con otros y que
al final nadie controla.

En quinto lugar, y no nos referimos a usted, nosotros, como Grupo
Parlamentario, nos rebelamos ante comentarios tales como que
estamos ante la crisis más grave que se ha vivido. No es cierto.

Con ser grave, nada es comparable a la corrupción del GAL, que se
trata de un caso de eliminación de vidas humanas y ante
iniciativas de acabar la violencia con más violencia, eso hecho
desde el Estado de Derecho y si se opina lo contrario estamos
ante una sociedad con los valores morales absolutamente
trastocados. Por eso le pedimos una total reestructuración de los
servicios de información y su sujeción al poder civil, no al
militar. Cualquier poder sin control pone en cuestión la
democracia, y le pedimos que al frente del Cesid, como usted ha
anunciado, ponga a un civil, no a un militar.

Pero el mal es de fondo. Es la reiteración de escándalos que han
quitado credibilidad a sus palabras y a un Gobierno sin impulso,
sin ideas-fuerza, a la defensiva, sin capacidad de reacción, con
usted ausente, sin una dirección moral contundente, permitiendo
que los verdaderos debates queden soslayados por los escándalos
dosificados, donde lo trivial es significativo y donde debatir no
es ir en búsqueda de soluciones, sino una manera de eludir la
realidad.

Usted, señor Presidente, algo tiene que hacer, además de reformar
el Cesid. Nosotros no queremos dramatizar ni acentuar las
tonalidades sombrías del panorama, pero éste se complica, y se
complica porque la respuesta a los problemas sigue siendo
tradicional, como si ustedes tuvieran todavía mayoría absoluta, y
en política hay que apostar. Usted no puede seguir dando vueltas
en círculo, eludiendo la realidad, aferrado a



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una óptica esterotipada del ejercicio del poder. Mientras el país
revienta de malestar, usted no puede seguir difiriendo debates,
ni estar ausente del día a día.

Le decimos más. Con respeto, observamos a su Partido. Un partido
perplejo, que no ha podido controlar nunca esta situación. Un
partido que sostiene al Gobierno con su alma dividida. Conocemos
muchos socialistas de a pie, de los que han dado la cara en los
momentos duros, de los perseguidos y humillados por la dictadura,
de los que han sufrido y creyeron otra cosa en 1982. Y nosotros
no queremos lo peor para el Partido Socialista, pero le vemos
seco, observando a su Presidente sin reflejos, sin control e
iniciativa, asumiendo ellos todas las miserias de decisiones de
funcionarios poco escrupulosos o de un grupo pequeño en los que
ellos no han tomado parte y que manchan una limpia historia
centenaria, sin que ellos tengan nada que ver con los Rubio,
Roldán, el GAL o las escuchas, aunque las facturas de un mal
gobierno siempre las paga el partido que lo apoya, y nos
estremece el empantanamiento de una situación que se hace más
crítica, sobre todo en lo moral.

Cada día hay un mayor escepticismo hacia lo político, y esto se
inocula a sectores juveniles amenazando arrancarles la fe en el
porvenir, porque esos jóvenes reclaman autenticidad y no doblez,
corrupción o apatía.

Esta sociedad tiene necesidad de un Gobierno serio, un Gobierno
con respetabilidad, que dé respuesta afirmativa a la interrogante
formulada actualmente sobre la propia estabilidad; que cumpla su
palabra; que garantice a cada uno sus derechos; que sea eficaz
contra el delito organizado y el terrorismo, pero con la ley en
la mano; que haga efectivas las garantías individuales, y que
cuando hable haga sentir la sinceridad de sus palabras; que los
pactos sean valientes y claros, y sobre todo que se cumplan, y
que el ciudadano y los grupos parlamentarios sepamos a qué
atenernos; que genere confianza y estímulo para que la ciudadanía
pueda trabajar con entusiasmo.

Nosotros, señor Presidente, no le tenemos que recordar a usted
que gobernar es plantearse objetivos y tener un plan sobre la
realidad social, y ahora hay desconcierto e improvisación.

Tras el último debate sobre el estado de la nación usted prometió
un cambio y, sin embargo, no ha hecho nada. Por eso sus
explicaciones sobre el Cesid, que quizás hubieran estado bien
hace quince días o cuando ustedes supieron que les iba a estallar
el escándalo hace tres meses o antes, hoy suenan a intervención
vacía por tardía.

Usted, señor Presidente, tenía que haber venido aquí con un nuevo
Gobierno y nuevas propuestas. No lo ha hecho. Está en su derecho,
como en el nuestro está criticarle con dureza aunque no estemos
en la oposición de trinchera, sino en una oposición que no le
niega al adversario político el pan y la sal ni le queita su
capacidad de interlocución ni su capacidad de regeneración, pero
usted nos decepciona: buenas palabras; promesas que nunca se
cumplen; ministros que andan por libre y lo torpedean todo frente
a su pasividad (Rumores.); actuaciones con mentalidad de mayoría
absoluta; agotamiento a la hora de hacer política, y sobre todo,
y lo más importante en toda esta situación, falta absoluta de
liderazgo político por omisión.

Señor Presidente, tiene usted ahora la última oportunidad de
abordar una situación de nula credibilidad política y deterioro
con un nuevo Gobierno que tenga claro que gobernar no es imponer;
que negociar no es claudicar; que liderar no es estar encerrado,
y que todas las asignaturas pendientes acumuladas, como la de la
limpieza del pasado, de señalamiento de responsabilidad y de
estabilidad política, no se sustanciaran en un futuro breve si
fracasa con dimisiones de ministros, sino con su propia
responsabilidad. Y le queda a usted muy poco tiempo en esta
agonía que todos estamos viviendo.

Por eso, señor Presidente, queremos saber si cambiará el estilo
de gobernar, si hablará con los interlocutores, si valorará el
Parlamento, si tratará de compartir proyecto con otras fuerzas
políticas, si saltará como un resorte en cuanto surja un nuevo
escándalo, si liderará, en definitiva, o si se limitará a una
Presidencia de la Unión Europea de buen trabajo externo olvidando
que lo interno también es Europa. Y si usted tan sólo remodela el
Gobierno pero no hace política en serio, y mantiene en él
ministros que andan por libre, que insultan, que se vanaglorian
de que ellos son los que mandan y no usted (Rumores.) que están
en su propia campaña electoral, sabremos que dicho Gobierno será
un Gobierno más, débil y cuestionado.

Al ciudadano le interesa la remodelación a fondo del Cesid, le
preocupa lo que está ocurriendo, pero sobre todo le preocupa al
ciudadano su trabajo, su sanidad, su familia, su ocio, su cultura
y su futuro. Mientras todo sea escándalo y espectáculo, nada
serio podrá hacerse. Una vez más, aunque sea la última, tiene
usted una oportunidad, por relativamente poco tiempo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, no sé si se
refería a mí el señor Aznar cuando aludía en su intervención a
que aquí algún Diputado había dicho en la sesión anterior que el
señor Presidente del Gobierno había perdido ya sus reflejos. En
cualquier caso, si algún otro Diputado participaba de esa
opinión, es evidente que yo me encontraba en conjunción con tal
criterio. Tengo que reconocer, señor Presidente, que me
equivoqué. Tengo que darle la razón en tal caso al señor Aznar,
porque creo sinceramente que el señor Presidente ha tenido
reflejos más que sobrados; reflejos cuando ha fijado precisamente
para hoy esta comparecencia, marcándola en el tiempo



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yo diría que cuidadosamente y después de su regreso de Cannes con
las alforjas llenas, desde luego, sin un fracaso en aquellas
latitudes, y, al mismo tiempo, con una intervención, señor
Presidente, que no podía ser otra que la que ha tenido; una
intervención que necesariamente, por no haber podido ser otra, ha
tenido que traducirse incluso en un debate hasta cierto punto
tedioso precisamente por la falta de conocimientos superiores a
los que tuvimos en la anterior comparecencia por parte del señor
Vicepresidente del Gobierno.

Pero quiero hacer constar en esta intervención, que es, sin lugar
a dudas, la última que tengo como Diputado de este Congreso y al
propio tiempo como portavoz de Coalición Canaria, ya que al haber
sido respaldado por la confianza del pueblo canario con motivo de
las últimas elecciones autonómicas, y dada la incompatibilidad
existente he de retornar a aquellas tierras para ocupar mi escaño
en el Parlamento de la Comunidad Autónoma; quiero hacer constar,
decía, que comienzo con cierta tristeza. No es este el debate, no
es esta la oportunidad que me hubiera gustado a mí para culminar
una tarea breve, de un 50 por ciento tan sólo de la legislatura,
por muy apasionante que haya sido ésta y por mucho que hayamos
pasado de sobresalto en sobresalto, sobre todo aquellos a quienes
nos agrada la vida un tanto azarosa. No es este el debate que
habría querido. Y deseo hacer constar, desde el principio del
mismo, señor Presidente, la preocupación que suscita en todos los
rincones de España los graves acontecimientos que hemos conocido
en estos últimos meses, en estas últimas semanas, en las últimas
fechas.

A veces se pretende que los escándalos de que se hace eco Madrid,
la llamda capital del Reino, no tienen nada que ver con la
sensibilidad y el grado de preocupación que sobre los mismos se
puede tener en otros lugares del Estado español. No es así. Ni es
así, ni en este caso ha sido así. Quiero dejar testimonio rotundo
de que la gravedad del escándalo de las escuchas ilegales del
Cesid es tal que ha suscitado entre los ciudadanos de todas las
comunidades, pero desde luego de la mía, la Comunidad Canaria, la
más distante geográficamente de Madrid, una inquietud inmensa y
una alarma social profunda.

El hecho de que se haya conocido que S.M. el Rey ha sido objeto
de escuchas, que se haya grabado la intervención en el Cesid de
quien a la sazón era Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez con
el señor Gutiérrez Mellado, el hecho de que los meros ciudadanos
hayan sido escuchados y grabadas sus conversaciones, rompiendo el
sagrado reducto de la intimidad personal, es algo que ha calado
profundamente en la ciudadanía.

Los ciudadanos españoles, señor Presidente, asisten asombrados a
la acumulación de escándalos que no parecen tener fin; muy al
contrario, cada día son más relevantes y más cercanos al núcleo
mismo del poder y a la mayor responsabilidad política de los
personajes implicados en los mismos.

Nos alarmamos los españoles cuando conocimos que algunos
altísimos responsables de las máximas instituciones, como el
anterior Gobernador del Banco de España, abusaban
inadecuadamente, con una falta absoluta de ética, de su posición
provilegiada, al igual que posteriormente creció la alarma de
tono cuando se supo que nada menos que el director general de la
Guardia Civil era un personaje más propio de la novela picaresca
española que de la realidad actual y de la seriedad que demanda
el comportamiento de los altos cargos públicos.

La preocupación ciudadana, señor Presidente, ha tomado tintes
sombríos cuando contempla perpleja cómo los máximos responsables
de la lucha antiterrorista están en la cárcel inculpados de
crímenes gravísimos. Y cuando parecía realmente difícil poder
llegar más lejos, salta este tremendo escándalo de las escuchas
ilegales del Cesid. ¿Cuál es el saldo hasta el momento de que
quien era el número dos de esta organización, el Coronel Perote,
se encuentre en prisión, inculpado y sometido a proceso por parte
de la jurisdicción militar y quien fuera el número uno, el
Teniente General Alonso Manglano, se encuentre imputado de
diversos delitos por parte de la jurisdicción ordinaria?
Es en este marco en el que hay que analizar el debate de esta
tarde. No se trata de ser descortés ni injusto al evaluar las
explicaciones del señor Presidente. Yo le rogaría que hiciese un
esfuerzo mental. No le va a resultar difícil. Se encontraba usted
situado en la misma posición geométrica en que se encuentra
actualmente en este hemiciclo. Retroceda a 15 años atrás y
suponga: si se hubiera producido esta cadena de acontecimientos
escandalosos, ¿usted y su Grupo habrían aceptado de buen grado
las explicaciones que hoy se nos han dado, las explicaciones que
se han dado en jornadas precedentes? ¿Piensa el señor Presidente
que la opinión pública española está dispuesta a aceptar una y
otra vez al argumento de que algunas personas aisladas han
traicionado excepcionalmente la confianza que en ellos se había
depositado, por la llamada culpa «in eligendo» o por la culpa «in
vigilando» de que en otras sesiones, que nada tienen que ver con
la actual, ya se puso de manifiesto en los debates parlamentarios
en esta Cámara? ¿Cree que hace quince años habrían aceptado usted
o su Grupo de buen grado que una crisis como la actual se pudiese
saldar simplemente con la aceptación de la dimisión de un
vicepresidente del Gobierno y un ministro directamente implicados
en el escándalo, siquiera sea por la responsabilidad política
que, evidentemente, les atañe? ¿O es que no les atañe tal
responsabilidad política?
Señor Presidente del Gobierno, no sé cómo transmitirle, para
resultar más convincente, mi preocupación ante la pérdida enorme
de credibilidad y de estima que está teniendo entre los españoles
el Gobierno de la nación y, lo que es peor, otras instituciones
del Estado.




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Algunos pensarán que, estando en la oposición, podemos decir que
cuanto peor, mejor. Eso, al menos nosotros, señor Presidente,
quienes integramos Coalición Canaria, porque consideramos que
tenemos que hacer un ejercicio cotidiano de responsabilidad, ni
pensamos que deba ser así ni lo decimos tampoco. Por eso, desde
Coalición Canaria le hemos reclamado en diversas ocasiones un
cambio radical de orientación. El riesgo a que se nos ha sometido
a todos los españoles desde la credibilidad misma de nuestras
instituciones es grave y cuando hemos debatido hoy por la mañana
y en jornadas precedentes la imprudencia, con ocasión de los
debates sobre el proyecto de Código Penal, es una imprudencia
temeraria creer que con pequeñas obras, cambios, modificaciones o
ajustes, se puede superar la situación y por eso exigimos en su
día su urgente comparecencia. Creemos que fue inadecuado celebrar
el Pleno de la semana pasada, un Pleno protagonizado por el
Vicepresidente ya dimitido, dimitido desde entonces y que sigue
como dimisionario.

Y hoy, en un momento en que hace unos instantes, dos portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra aludían a que el
señor Vicepresidente de Gobierno no mintió aquí en la ocasión
anterior, yo, con toda contundencia, por haber conocido sus
explicaciones en la Comisión de Secretos del Estado, con la misma
rotundidad que digo que hoy acaso no debiera estar sentado en el
banco azul, digo que no mintió, que no faltó a la verdad, que
omitió una serie de explicaciones que tenía que omitir y que allí
sin embargo dio, precisamente por el carácter secreto de las
mismas. Por lo tanto, Coalición Canaria, al igual que otros
grupos parlamentarios que antes han expresado tal parecer,
expresa su convicción más absoluta en tal sentido y con la mayor
de las rotundidades.

Urge poner fin a esta crisis en que nos encontramos, señor
Presidente, urge poner fin a esta crisis cuanto antes, porque,
como se decía hoy en un editorial, en una situación como la
actual la Vicepresidencia y el Ministerio de Defensa no pueden
estar bajo la dirección de dos dimisionarios. El país necesita un
nuevo Gobierno cuanto antes, no una mera remodelación. España
necesita recuperar la confianza y para ello sería imprescindible
un nuevo programa de Gobierno enérgico y contundente respaldado
por personas con credibilidad.

Señor Presidente del Gobierno, nuestro Grupo, Coalición Canaria,
ha actuado siempre con gran responsabilidad en esta difícil
legislatura. Hemos sido críticos cuantas veces ha sido preciso.

En ocasiones es posible que hasta nos hayamos pasado en la dureza
de nuestras expresiones, lo reconozco, pero, si bien hemos sido
críticos y contundentes, hemos ofrecido también siempre nuestro
leal apoyo a la gobernabilidad cuando hemos entendido que
convenía a los intereses generales. Hemos sido críticos en el
caso Rubio, en el caso Roldán, con motivo de la dimisión con
tanto retraso producida y con mayor retraso aún aceptada del
Ministro señor Asunción, no hemos apoyado los últimos
presupuestos, planteamos posiciones alternativas en una reforma
laboral en la que discrepábamos del proyecto que nos traía el
Gobierno, fuimos críticos en los debates sobre el estado de la
nación y empezamos siéndolo en el debate de investidura, en el
que el señor Presidente no contó con nuestro voto. Y no digamos
con motivo de los últimos acontecimientos.

Algún medio de comunicación y algunos políticos acalorados han
descalificado los apoyos a la gobernabilidad que en diferente
medida hemos prestado las minorías nacionalistas tachándolos de
puras criticas mercantilistas. A mí me parece una actitud
profundamente insensata y suicida. Se está tratando de plantear
aquí, igual que en su día se planteó, las dos Españas, la de la
izquierda y la de la derecha, la España nacionalista frente a la
España antinacionalista y desde luego con nosotros no contarán
para poder perseverar en esos criterios tan perjudiciales para el
Estado Español en su conjunto y para la armonía que debe imperar
en el mismo.

Yo quiero recordar, cuando ya estoy terminando, señor Presidente,
las palabras que en esta misma Cámara pronunció don Manuel Azaña
en su discurso en defensa de la autonomía cuando lo hacía de una
manera especial en defensa de la autonomía de Cataluña: La
oposición, irreductible a transigir con el sentimiento
autonomista --decía--, produjo su última aberración en Cuba.

Nosotros terminamos una guerra en Cuba con la promesa de una
autonomía. No se cumplió. Un parlamento español rechazó la
reforma autonómica que trajo para Cuba don Antonio Maura, y nació
otra guerra. Pudimos transigir y no se quiso, y a los pocos
hombres que dijeron entonces la verdad al pueblo español, como
don Miguel de Unamuno, se les tachaba de malos españoles, de
traidores y filibusteros.

A nosotros nos entristece ese comportamiento, esa actitud que ha
merecido Coalición Canaria por el mero hecho de que,
compatibilizando un pacto, un acuerdo, en aras de la
gobernabilidad, hayamos querido también sacar adelante viejas y
legítimas reivindicaciones que tiene el pueblo canario. Es
absolutamente inadmisible que, a estas alturas, seamos la única
comunidad autónoma que no cuenta con un estatuto de autonomía
reformado. ¿Creen ustedes que eso es bueno? ¿Creen que eso es
justo? ¿Creen que es bueno para el Estado español en su conjunto?
Señorías, nosotros, cuando hemos hablado de estos temas, como
cuando hemos hablado de la necesidad de que Canarias cuente con
el estatuto permanente como comunidad autónoma en la Comunidad
Europea, el estatuto permanente que se contempla en la ley de
régimen económico-fiscal, nos llevamos una sorpresa sin límite
cuando el propio Grupo Popular, en el Parlamento Europeo, votó en
contra de nuestras legítimas aspiraciones, que se contenían --
además, por ministerio de la ley-- en aquellas disposiciones
normativas.

Sí, señor Aznar; veo su cara de sorpresa y se lo concretaré en
cualquier otro momento.




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Sorpresa, disgusto, desazón, fue lo que produjo en el pueblo
canario ver que a un lado y a otro de quienes tienen mayoría en
esta Cámara, intereses legítimos, importantísimos, de nuestra
propia supervivencia, no eran acometidos con un mínimo interés.

Antes hablábamos --y termino ya, señor Presidente; muchas gracias
por su benevolencia-- de un estatuto de autonomía y de Cuba;
nosotros, en nuestro acervo histórico, contamos con un personaje
que también pasó por el Parlamento español y que para nosotros
constituye una permanente muestra de respeto: don Benito, le
llamamos en el archipiélago; don Benito Pérez Galdós. Don Denito
Pérez Galdós fue el paradigma de lo que entonces se consideraba
el patriotismo, acaso decimonónico, pero de lo que entonces se
consideraba el patriotismo español, y don Benito Pérez Galdós se
quejaba precisamente de la incomprensión del poder central con lo
que hoy es la Comunidad Autónoma Canaria y decía: es que nos
tratan como si fuéramos cubanos o algo así. Entonces, nada menos
que don Benito Pérez Galdós, en una carta que en el año 1902
dirigió al Embajador de España en París, don Fernando León y
Castillo --y esto debe llevar a la máxima reflexión--, decía:
Estoy empezando a sentir el cansancio de sentirme español.

Señor Presidente del Gobierno, señor jefe de la oposición, tengan
presente que Coalición Canaria no quiere, bajo ningún concepto,
que allá en nuestra tierra el pueblo canario siga sintiéndose
cansado de ser español. Acuda, señor Presidente, a los sondeos y
a las encuestas del CIS, acuda y verá cuál es la reacción del
pueblo canario hoy, que, en disconformidad, supera ya al pueblo
vasco, y esto creo que constituye una llamada a la
responsabilidad de todos que yo, humildemente, como portavoz de
Coalición Canaria, hago desde aquí, pero que son palabras que no
deben quedar en el vacío.

Señor Presidente, hoy, en que se produce mi última intervención
en esta Cámara, deseo que en el pueblo canario, cuando tanto se
habla del coste de la insularidad, no se hable de que para
Canarias hay que hablar del coste de la españolidad. Es muy
grave.

Termino, simplemente agradeciendo su atención a SS. SS.,
agradeciendo la atención que me han prestado a lo largo de las
jornadas en que tanto les he molestado con múltiples
intervenciones. En el día de la investidura decía que me
resultaba especialmente gratificante encontrarme aquí con caras
de viejos amigos, viejos amigos que eran mucho más viejos después
de tantos años pasados y de una vida política tan dura como la
que ha tenido lugar, sobre todo en los últimos tiempos, en este
país.

Me despido hoy, puesto que no volveré a tener ninguna otra
intervención, agradeciéndoles profundamente las múltiples pruebas
de cortesía, de amistad y de compañerismo que, salvando las
barreras ideológicas, me han prestado, y tengan ustedes la
convicción más absoluta de que cuando yo me halle allá en mi
tierra y ustedes aquí todos estaremos trabajando por lo mismo.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Evidentemente, empiezo mi
intervención enviando un beso y mi mayor deseo de suerte a
Lorenzo Olarte en sus nuevos cometidos. (Rumores.)
Señor Felipe González, no voy a menospreciar lo que acaba de
ocurrir. La dimisión de un Vicepresidente de Gobierno y de un
Ministro de Defensa son hechos políticos de tal magnitud que en
cualquier situación política normal cerrarían una crisis de
Gobierno. No voy a caer, pues, en ese planteamiento demagógico
del nada vale si no es la cabeza del propio Presidente. Para ser
rigurosos, para intentar establecer un discurso sensato en medio
de tanto ruido hay que decir con claridad que el escándalo del
Cesid tendría que quedar cerrado en sus responsabilidades
políticas con la enorme fractura interna que representa la
dimisión de un Vicepresidente de Gobierno. Se han producido
dimisiones y cabe felicitarnos por ello, aunque se han producido,
a mi entender, tarde y mal. Tarde porque Serra tenía que habernos
ahorrado la bochornosa comparecencia de la semana pasada y mal
porque se produce justo en el escenario de su propia
comparecencia, señor González, en un último acto de servicio para
salvarle a usted este difícil trámite parlamentario. Podríamos
decir que hasta en el momento de la muerte política Serra habrá
hecho de escudo humano de Felipe González.

Empiezo, pues, con esta doble actitud: no menospreciar la
importancia política indiscutible de la dimisión de Serra y
considerar que ciertamente se han asumido responsabilidades
políticas.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, hay una norma de cortesía
parlamentaria que es referirse a personas, sobre todo si están
presentes, en una forma que es habitual en la Cámara. De la misma
manera que creo que nadie se dirigirá a S. S. en la forma en que
usted lo está haciendo al Vicepresidente, yo le ruego que guarde
la cortesía.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Me parece que la he guardado, señor
Pons.




El señor PRESIDENTE: Señoría, me entiende perfectamente.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: No, creo que no.

En fin, con el debido respeto al Vicepresidente del Gobierno, que
evidentemente no dude que tengo.




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Continúo. Sin embargo, señor González, ello no significa que
usted haya cerrado la enorme crisis global en que nos ha sumido.

Se va Serra y García Vargas. Bien. Pero ¿está usted en
condiciones de continuar gobernando con credibilidad y con
control de la situación? ¿Está en condiciones de garantizarnos
que se han acabado los sustos, que no hay en el mercado
informativo ningún otro escándalo gravísimo que lo ponga todo
patas arriba? ¿Cuántos fantasmas más pueden salir del armario?
Atrévase usted a asegurar ante esta Cámara que controla el
presente pero también controla el pasado, que no hay nada más aún
desconocido de lo que tengamos que avergonzarnos políticamente,
que mañana no habrá un enésimo Pleno fruto de una enésima
vergüenza.

Desde nuestro punto de vista, el problema no es el Cesid, sino
algo mucho más grave; es la suma entre la acumulación de
escándalos, la permisividad cuando éstos han sido conocidos, el
pacto con las cloacas que hicieron en su momento y la crisis
enorme de liderazgo político y moral que ha provocado.

Se va Narcís Serra pero usted se queda, ¿y está usted en
condiciones de liderar un discurso de izquierdas éticamente
creíble? ¿Está en condiciones de recuperar la credibilidad de su
acción política, está en condiciones de parar la subida del
Partido Popular? El problema, señor González, es que, en lugar de
la reacción inmediata, han intentado hacernos tragar auténticas
inmoralidades. Estamos hablando de corrupción, de GAL y de
terrorismo; estamos hablando de control de las libertades y
espionaje durante años, auténticas inmoralidades a través de la
cultura del miedo.

Primero, ustedes y sus socios de Convergència nos amenazan con la
inestabilidad, cuando la inestabilidad se produce sólo con la
perversión de lo público, con el abuso del poder, y ustedes ya no
pueden garantizar ningún tipo de estabilidad.

Segundo, se revisten de democracia y nos alimentan el miedo
involucionista, como si ustedes fueran la versión socialista de
los temibles salvadores de la Patria. Y ustedes no son la
democracia, forman parte de ella.

Finalmente, descubren al enemigo exterior y nos hacen bailar con
conspiraciones, y, entonces, ya pasamos de la perplejidad al
humor negro
Se va el Vicepresidente de Gobierno, pero usted se queda, y si
bien entendemos que la dimisión de Serra cierra un aspecto del
Capítulo Cesid, ¿cómo cierra la crisis de fondo? la crisis de
liderazgo moral y político, el descontrol insconstitucional, la
incapacidad de generar energías, la sospecha permanente que se ha
instalado? Usted es la fuente de donde emana el desencanto, en
donde fracasa parte del alma de izquierdas, porque es en usted
donde se produce el «crack» de liderazgo; no en el Partido
Socialista, no en su partido, sino en la incompetencia que
algunos de sus dirigentes han demostrado. El PSOE tiene
militantes, votantes y dirigentes que no tienen la culpa de esta
incompetencia.

Se va Narcís Serra, se va un Vicepresidente de Gobierno, ¿pero
queda un Presidente de Gobierno? ¿Queda en ese banco azul un
hombre capaz de recuperar la fuerza moral del liderazgo, de dar
una imagen ética? ¿Queda un hombre capaz de controlar la
situación, de asegurar al ciudadano que mañana no volverá a
desayunar con alguna nueva vergüenza? ¿Queda un hombre capaz de
ser creíble? Ese es el problema, señor González, y de ahí nace la
inestabilidad. Serra se va porque no ha sido garantía de control
democrático, pero quien se queda, usted, tampoco parece ser ya
garantía de nada.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Tiene la palabra el señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre del Partido Aragonés para transmitirle cómo vemos desde
Aragón la situación actual, señor González.

A estas alturas del debate y después de dos comparecencias, pocas
cosas quedan ya por decir. Pero sí que me gustaría dejarle claro
que consideramos insuficientes las dimisiones del Vicepresidente
de Gobierno y del Ministro de Defensa en la asunción de
responsabilidades políticas por el escándalo de las escuchas.

Nos parece que el tema es mucho más grave, que no puede saldarse
simplemente con estas dimisiones. Es una cuestión, señor
González, que le afecta directamente a usted, y desde un sentido
mínimo de la ética --y me consta que usted la tiene-- le emplazo
a que asuma sus propias responsabilidades. Creo sinceramente que
poniendo parches a su Gobierno no va a poder reconducir la
situación y lo único que va a conseguir es perpetuar o alargar la
agonía de este país en detrimento de los intereses generales de
los ciudadanos.

Los mercados no despegan ante la incertidumbre política, la
prensa extranjera se regocija todos los días con los escándalos
de nuestro país, la población española vive atónita ante la
crisis que viene día a día y se desconcierta por acontecimientos
que ya no tienen explicación. Supongo que entre sus pensamientos
ante las salidas que usted tiene previstas a la situación actual
está la de convocar elecciones anticipadas, la de agotar la
legislatura o simplemente instalarse en la resistencia, pensando,
como decimos en Aragón, que ya escampará.

Señor Presidente, sería bueno que despejara usted incertidumbres
esta tarde aquí ante los representantes de la soberanía popular.

Y permítame que le haga preguntas que todos los ciudadanos se
hacen en la calle, esas preguntas que nos hacen a los Diputados
cuando nos encuentran y nos dicen: Vamos a ver, ¿es posible que
el señor Presidente



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ya crea que con lo que se ha dicho sobre el tema del Cesid está
todo zanjado?
Señor Presidente, ¿puede usted asegurarnos que no existen
documentos importantes del Cesid que puedan comprometer la
seguridad y la defensa nacional en manos de indeseables? ¿Puede
usted afirmar ante esta Cámara que se han tomado todas las
medidas adecuadas para que estos hechos no vuelvan a producirse?
¿Tiene usted la certeza de que, entre las grabaciones sustraídas
y todo lo ocurrido, no existen informaciones que puedan
comprometer a los agentes de lucha antiterrorista o a los agentes
que operan en el extranjero, o simplemente hayan podido debilitar
al Cesid hasta hacerlo auténticamente un organismo inoperante?
¿Cuáles han sido los motivos para que acepte las dimisiones del
Vicepresidente y del Ministro de Defensa apenas 24 horas antes de
su comparecencia en esta Cámara, quince días después de que se
conocieran los hechos? ¿Es que el señor Asunción, pongo por
ejemplo, no dimitió al día siguiente de la fuga del señor Roldán,
sin esperar a saber qué es lo que había pasado y sin que fuera el
encargado de la investigación? ¿Ha tenido algo que ver su
conversación con el señor Pujol para tomar esta decisión? ¿Da por
zanjada la crisis de Gobierno con las dimisiones o ceses del
señor Serra y del señor García Vargas? ¿Considera usted ahora
necesario el control parlamentario del Cesid? ¿Por qué ahora nos
propone el estatuto del personal del Cesid, cuando algunos se lo
pedimos hace más de un año y usted no hizo caso? ¿Mantiene la
teoría de que lo importante no es cómo el Cesid obtiene sus
informaciones, es decir, que el fin justifica los medios?
En definitiva, muchas preguntas que me gustaría que usted
respondiera, señor Presidente, porque cada día somos más los
convencidos de que así no se puede seguir. Se ha dicho esta tarde
en esta Cámara, y yo lo repito: la parálisis de la vida española,
en su faceta política, económica y social, nos amenaza a todos;
el sistema democrático padece innecesarias convulsiones que lo
debilita día a día. Usted señor Presidente, permítame que se lo
diga desde el respeto que le tengo, cada día lo tiene peor. Y su
Gobierno también. Pero lo malo no es eso, lo malo es que lo
tenemos peor todos los españoles, porque usted, hoy por hoy, es
el capitán de este barco, que parece que ha perdido
definitivamente el rumbo.

Asistimos, señor Presidente, al final de una etapa. Acéptelo así,
acéptelo con grandeza de miras, tenga usted la dignidad política
y la grandeza de miras de aceptar que se ha acabado una etapa y
que un tiempo nuevo tiene que venir. Apelo a su sentido de la
responsabilidad, de la que tantas veces ha hecho gala.

Tenemos muchos retos todavía que resolver, internos y externos.

Tiene que presidir la Unión Europea. Hagamos un paréntesis en las
convulsiones de la vida política nacional durante este semestre,
cuidemos lo que queda todavía del prestigio de España, dentro y
fuera de nuestro país, y una vez transcurrido este semestre,
señor Presidente si no tiene ninguna otra solución que ofrecer,
haga lo que en democracia hay que hacer: apele a los ciudadanos,
convoque elecciones y que hablen las urnas.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

El señor Albistur tiene la palabra.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, desgraciadamente, no hay más remedio que repetir hoy lo
que ya dijimos el miércoles pasado: estamos tratando sobre hechos
absolutamente delictivos, atentatorios contra los derechos
fundamentales de los ciudadanos y que no tienen ninguna
justificación posible.

No es admisible, ni desde la legalidad ni desde la ética, la
teoría repetida hoy por usted, señor Presidente, según la cual el
Gobierno pueda permitirse ignorar los medios que emplea el Cesid,
porque lo importante son los resultados. Estamos encontrándonos
con demasiados casos de implicación de altos responsables de la
seguridad en graves delitos como para que no sea usted el primer
interesado y preocupado por los medios y métodos con los que
supuestamente se garantiza la seguridad de los ciudadanos. Pero
son los jueces --y están siendo los jueces-- los que ponen en
evidencia la existencia de responsabilidades políticas al
imputar, como en este caso se ha hecho, delitos concretos al
director del Cesid.

Antes de la imputación de la juez, realizada ayer mismo, y sobre
todo después, hay una responsabilidad política. Y más aún,
continuando con las responsabilidades políticas graves, hemos
conocido también noticias según las cuales el Cesid posee
información sobre los GAL y tramas que no ha sido puesta a
disposición de la justicia. Y que no se nos venga a decir ahora
que encubrir los crímenes de los GAL es una exigencia de la
seguridad nacional.

Tenemos que seguir afirmando que la Constitución, sus garantías y
los deberes que impone su respeto, no han llegado todavía,
después de 16 años, a determinadas instituciones del Estado.

Usted, señor Presidente, y su Gobierno poco han hecho para
corregir esta situación. Tendremos que seguir afirmando --y lo
digo lamentablemente-- que, una vez producido el daño a la
intimidad personal, ustedes tienen la obligación ética, moral y
también política, de repararlo. Y la mínima reparación posible
debería ser, cuando menos, notificarlo a los ciudadanos afectados
por estas escuchas ilegales. Los ciudadanos tenemos derecho a
defendernos especialmente del aparato del Estado.

Hay una vieja cuestión que siempre se plantea cuando de servicios
de información o de seguridad se trata. La vieja cuestión es:
¿quién controla a los controladores? La respuesta es muy simple:
Es usted, en su calidad de Presidente del Gobierno, quien está
obligado a



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controlar a los controladores. Los sucesos que estamos analizando
demuestran que no se ha hecho esto, porque no se ha querido, no
se ha podido o no se ha sabido. Corrija de una vez, por favor,
estos errores. Despeje de una vez esas dudas, y esté seguro de
que con ello saldrá ganando, desde luego, la confianza de la
ciudadanía en las instituciones y en la democracia.

Señor Presidente, después de todo lo expuesto, todavía hay algo
más. Este Estado, que su Gobierno intenta dirigir, no funciona.

Al menos no funciona como debería corresponder a un Estado
moderno, después de 18 años de democracia y nueve de su
incorporación a Europa. Este Gobierno, sometido a varapalos
permanentes, toma iniciativas legales importantes, que este
Parlamento debate y aprueba, pero que pasan prácticamente
desconocidas para los ciudadanos y que, además, el propio
Gobierno es después incapaz de poner en marcha e impulsar.

¿Dónde está el debate de política industrial, que yo le solicité
y usted prometió? ¿Dónde está el desarrollo y aplicación de la
Ley de Ordenación del Sector Eléctrico? ¿Por qué el prolongado
retraso que experimentan la ley de reforma tributaria, del
impuesto de sociedades, el debate sobre privatización de las
empresas públicas a celebrarse la próxima semana, la ley del
comercio, la ley de televisión por cable, la reforma en la
Seguridad Social? Están paradas iniciativas sobre reforma laboral
y un acuerdo económico y social sobre el empleo, que otros
gobiernos europeos han tomado como prioritarios y urgentes.

La sociedad está desconcertada y desilusionada. Mientras la
actividad económica se reanima casi espontáneamente, la actividad
política actúa como freno y revulsivo de la confianza en invertir
y consumir por parte de los agentes económicos y ciudadanos.

En vez de estar ustedes libres y fuertes para coliderar el
impulso y nuevo crecimiento económico, ustedes pierden el tiempo
lamentablemente, sacando agua del barco. Este Gobierno es el
único de la Unión Europea que mantiene abierta la herida del
terrorismo, sin avanzar soluciones. Pero toda iniciativa de
pacificación y normalización pasa por limpiar las actuaciones
delictivas e ilegales realizadas desde instituciones de la
seguridad del Estado. Tómese esta tarea con decisión y
sinceridad, porque sólo así podrá contar con la credibilidad para
iniciar el proceso de pacificación que nuestra sociedad está
pidiendo a gritos.




El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, le ruego concluya.




El señor ALBISTUR MARIN: Termino enseguida, señor Presidente.

En un estado autonómico, tiene usted demasiadas heridas abiertas
con las autonomías, que pueden ser sus aliadas para fortalecer el
buen gobierno de este Estado. El litigio competencial debe
resolverse pronto, con generosidad, actitud negociadora y deseo
resolutivo. Queda poco tiempo.

Para terminar, señor Presidente, no le voy a pedir elecciones
anticipadas. Si su voluntad es terminar la legislatura, si
consigue los apoyos necesarios, sólo le pediré dos cosas: la
primera, que ya se la he pedido anteriormente, que consiga,
después de plantearla, la confianza de la mayoría de esta Cámara.

Segundo, que gobierne, que constituya un gobierno con capacidad
de reacción para acompañar, desde la actividad política, el nuevo
impulso de la economía. Yo le pido por favor, señor Presidente,
que despierte.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Señor Chiquillo, tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, de nuevo
nos encontramos reunidos los máximos representantes de nuestra
joven democracia para denunciar e intentar esclarecer el
penúltimo escándalo que adorna el ya dilatado currículum del
Gobierno tétrico que, por desgracia, aún usted preside. Subir al
estrado para solicitar su dimisión ya se ha convertido en una
costumbre tan ingrata como indispensable, aunque siempre es
preferible enarbolar la bandera de la ética política a la del
enrocamiento en el poder por el poder.

Señor González, con una semana de retraso comparece hoy aquí, en
la Cámara, ante la que tenía que haber comparecido el mismo día
que saltó a la luz pública el asunto de las escuchas ilegales
practicadas por el Cesid, su órgano de información, señor
Presidente. Dada la gravedad de las conductas de espionaje
efectuadas y el ataque a los derechos fundamentales de los
ciudadanos que la práctica de la misma suponía, usted tenía que
haber venido hace quince días y no en el día de hoy. Su Gobierno
entendió que no, que el Vicepresidente Serra era la persona
indicada para comparecer, ante la oposición firme del resto de
grupos parlamentarios, que desconfiábamos de la información que
podía facilitar el señor Serra, porque el señor Serra la semana
pasada estaba ya acabado políticamente, como hoy se ha
demostrado, y tan sólo quería ganar tiempo y ralentizar la
crisis. (Rumores.) Mientras el Cesid espía a inocentes, ETA sigue
matando, extorsionando y secuestrando, y el GAL impune; mientras
el Cesid vigila romances amorosos, el narcotráfico campa a sus
anchas; mientras el Cesid controla a políticos, empresarios,
jueces y periodistas, la corrupción cabalga de nuevo, y ahí nos
interceptan las ondas del teléfono móvil.

Y no íbamos mal encaminados respecto a la comparecencia del señor
Serra porque no aclaró nada, provocó al Parlamento y no dio luz a
tan turbio y oscuro tema, y usted en el día de hoy, emulando al
ya exvicepresidente (Rumores.), nos ha dado lo que vulgarmente se
dice: más de lo mismo. Se ha vuelto a esconder información al
Parlamento negando cualquier implicación en la trama,



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manifestando desconocer la práctica de las escuchas, su
intencionalidad y la autoridad que las ordenó practicar. Ha
traído simplemente dos cabezas, por las cuales tengo un enorme
respeto y les deseo lo mejor, evidentemente. (Rumores.)
Cuando se demuestra corrupción, usted habla de infidelidades
personales, cuando se denuncian malversaciones de fondos, habla
de campañas organizadas, cuando se denuncian escuchas, habla de
chantajes, de pulsos al Estado y de conspiraciones. Señor
González, saber para vencer, ése es el lema del Cesid, y su
Gobierno ha acuñado un nuevo lema a su brillante gestión de
desviación de poder, de corrupción generalizada, de uso
fraudulento de los fondos reservados, de presunto terrorismo de
Estado, de espionaje y escuchas ilegales. ¿Sabe cuál es? Yo no
tuve conocimiento de nada, me enteré por la prensa, lo que es lo
mismo o más corto: mentir para seguir.

Señor Presidente, ha llegado el momento de tomar el timón y
asumir las responsabilidades inexcusables que por su cargo le
competen. Si, como se ha demostrado, quienes grabaron y
archivaron las conversaciones seguían al dedillo las normas del
Cesid, si el Director del Centro ha sido respaldado por un
Ministro de su Gobierno o dos y si reconoce ser destinatario de
la información del Cesid, obra de espionaje telefónico
planificado con alevosía y nocturnidad, en los bancos azules de
esta Cámara sobran al menos tres personas: el Ministro señor
Vargas, el Vicepresidente señor Serra y usted mismo. (Rumores.)
Dos han caído; hágase al ánimo y siga su camino. Los seis meses
de Presidencia de la Unión Europea yo estoy convencido de que al
señor Solana le sobra capacidad para llevarlos con dignidad y a
buen puerto. (Fuertes y prolongados rumores.)
Hoy dos dimisiones y cinco o seis iniciativas vacías y huecas;
mañana, presumiblemente, otro escándalo.

Para terminar, quisiera hacer un ruego al señor Anguita y al
señor Aznar, al señor Aznar y al señor Anguita. En enero, Unión
Valenciana les llamó a la reflexión. Hoy lo volvemos a hacer.

(Risas y rumores.) No se rían. Pónganse de acuerdo. Si tan mal
está la cosa, pónganse de acuerdo. No prolonguen más... (Risas y
rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio señorías!



El señor CHIQUILLO BARBER: Pónganse de acuerdo. No prolonguen más
la agonía de un Gobierno nocivo no sólo para nuestra sociedad,
sino también para nuestra joven democracia. Unión Valenciana está
por la labor.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, por segunda vez en pocos días, el Gobierno ha
comparecido para informarnos sobre las actividades irregulares
detectadas en torno al Cesid. En este espacio de tiempo no es
fácil evitar la reiteración de datos y de argumentos; yo trataré
de hacerlo. Creo que también lo ha hecho el Presidente en su
intervención, intervención cuyo contenido comparto, así como la
presencia del Presidente, que agradezco en nombre del Grupo
Socialista.

Ayer tarde hemos conocido todos que el Presidente ha aceptado las
dimisiones del Vicepresidente del Gobierno y del Ministro de
Defensa. Sin oponer ningún reparo ante esta decisión, creo que
pensada en función del interés general más que en el de la
conveniencia partidista, debo decir que lamento profundamente que
mis compañeros, los señores Narcís Serra y Julián García Vargas,
tengan que abandonar el Gobierno. Uno y otro han realizado una
inmensa tarea durante muchos años, de la que he podido ser
testigo presencial durante más de ocho de ellos. En particular,
creo que la labor del señor Serra como Ministro de Defensa merece
un claro reconocimiento más allá de las afinidades políticas y de
la amistad personal. (Rumores.)
En el caso que analizamos, la actividad de ambos, del señor
Vicepresidente y del Ministro de Defensa, ha sido impecable desde
el punto de vista democrático, al afrontar las consecuencias
políticas de unas actuaciones, desleales y penalmente punibles,
llevadas a cabo por alguna o algunas personas a espaldas del
Poder Ejecutivo y en oposición frontal a sus directrices.

Quienes interpretan con largueza el alcance de sus
responsabilidades políticas, honran la vida pública. Este es el
caso del Vicepresidente Serra y del Ministro García Vargas. Para
quienes les conocemos, su generosidad no nos ha sorprendido.

Frente a ello, como ya sucedió en otras ocasiones, parte de la
oposición pretende confundir esta disposición democrática con el
reconocimiento o la imputación de culpabilidad, por acción u
omisión, en las ilegalidades ocurridas, con desprecio por las
reglas del juego y con cortedad de miras. Más les valdría,
señores del PP, en vez de sembrar esa confusión, ejercitarse en
el reconocimiento y asunción de sus propias responsabilidades
políticas en otros casos producidos en sus filas. (Rumores y
protestas.) No les faltan oportunidades para ello. Ni siquiera
hay que remontarse muy atrás en el tiempo. Estos mismos días, en
el Tribunal Supremo en Baleares, pueden encontrar buenos motivos
para inspirarse. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos
del Grupo Socialista.) Pero ustedes protestan porque se han
acostumbrado a utilizar dos varas de medir responsabilidades
políticas (Rumores.): una siempre llega a don Felipe González,
pasando previamente por sus más directos colaboradores; la otra
nunca llega al señor Aznar. Una provoca acusaciones durísimas,
tanto más duras cuanto menos fundadas; la otra siempre encuentra
explicaciones para



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justificar lo que sucedió o para ocultarlo, o simplemente para
ignorarlo. (Rumores.)
Señor Presidente, señorías, lo sustancial de los hechos acaecidos
en torno al Cesid ya lo conocíamos después del debate de la
semana pasada y de la reunión previa de la Comisión de Secretos
Oficiales. Hoy, el Presidente del Gobierno nos ha confirmado que
el resultado de las investigaciones corrobora los datos que nos
proporcionó el Vicepresidente del Gobierno.

El Grupo Socialista asume sin ninguna reserva el relato de hechos
que se deduce de esas investigaciones. Los hechos son como son,
les guste a los señores de la oposición o no, les sirvan o no
para sus operaciones políticas.

Por cierto --y soy el cuarto portavoz que dice lo mismo en este
debate, en contra de lo que ha afirmado uno de los miembros de su
Grupo--, quiero hacer constar que no existió contradicción alguna
entre las intervenciones del Vicepresidente en el Pleno anterior
y las que hizo en el marco de la Comisión de secretos. El
Vicepresidente ha mantenido en ambos casos la misma versión de
los hechos, y quien afirme lo contrario está simplemente faltando
a la verdad. (Protestas y pateos.--Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.) Señorías, los hechos que debatimos son lo
suficientemente graves como para no necesitar a ninguno de
ustedes que los tergiverse. No es serio prestar credibilidad a
cualquier montaje urdido por quienes agitan el mercado de la
información basura y niegan al mismo tiempo, el pan y la sal a
las investigaciones llevadas a cabo por los servicios del Estado.

Las escuchas, la sustracción y difusión de material secreto y la
crisis en un órgano del Estado tan sensible como los servicios de
inteligencia son asuntos que todos los que nos sentamos en esta
Cámara debemos afrontar con rigor, apoyemos al Gobierno o no lo
apoyemos, queramos su permanencia o su sustitución. En estos
temas las diferencias entre la mayoría que apoya al Gobierno y la
minoría que aspira a sustituirlo debieran poner a salvo el
interés común de fortalecer al Estado y no dejarse llevar por la
impaciencia para derribar al adversario político.

El Presidente del Gobierno nos ha presentado hoy una serie de
propuestas sobre el futuro de los servicios de inteligencia que
valoramos positivamente. La experiencia, por desgracia, ha puesto
de manifiesto que tanto la organización interna del Cesid como el
estatuto de su personal o los mecanismos de control de sus
objetivos y de su funcionamiento están necesitando reformas. En
el ámbito parlamentario, en particular, se impone establecer esos
mecanismos de control. Las ideas avanzadas hoy por el Presidente
del Gobierno en su intervención nos parece un punto de partida
válido. Además, se ha de garantizar, en primer lugar, el derecho
a la intimidad de todos los ciudadanos y se han de depurar las
responsabilidades penales de quienes lo han violado o quienes lo
han puesto en riesgo. En eso ya trabaja la justicia a instancias
del Gobierno. En segundo lugar, hay que proteger la seguridad del
Estado, castigando a quienes la ponen en riesgo con el manejo
ilegal de información secreta. También en este aspecto es de
esperar que los tribunales nos digan pronto lo que tengan que
decir y depuren las responsabilidades penales que deban depurar.

Pero, además, señorías, hay que recomponer ciertas reglas del
debate político. Ya aludí a ello la semana pasada. Hoy todavía
querría añadir alguna consideración, sobre todo porque en los
días que median entre el anterior debate y el día de hoy se han
dicho algunas cosas bastante fuertes. Se ha dicho, por ejemplo,
que don Felipe González no está en condiciones de presidir la
Unión Europea. Quizás el Canciller KÜhl o el Presidente Chirac
puedan informar al autor de ese exabrupto sobre las capacidades
de don Felipe González en la materia. (Aplausos.)
También se ha afirmado en una revista publicada esta semana, y se
ha afirmado por parte de un director de un periódico, que, y cito
textualmente, si no se va Felipe descubriremos más escándalos.

¿Cómo denominar ese anuncio? ¿Es una recomendación? ¿Es una
amenaza? ¿Es un pulso? ¿Quién le ha investido a ese señor para
decir quién nos debe gobernar y durante cuánto tiempo? Pues bien,
ese mismo señor parece que ha decidido últimamente protagonizar
una supuesta partida de ajedrez en la que está empeñado en
asestar lo que él mismo denomina un jaque al felipismo. Les
aseguro que no lo hubiese traído a colación en este debate si no
fuese porque me temo que algunas de SS. SS. a lo mejor acaban
haciendo el papel de peones de brega. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
Ayer se acusó al Presidente del Gobierno, creo que en los
pasillos de esta Cámara, de alta traición al Estado, por supuesto
sin detallar mínimamente las bases de tan grave afirmación.

Podría seguir, pero me paro aquí porque, a la vista de estos
ejemplos, que no agotan el muestrario, ¿quién puede negar la
necesidad de marcar mejor las reglas del debate político y del
respeto por el adversario en este país y en estos momentos?
Me dirijo en especial a los escaños del principal Partido de la
oposición. ¿Se ha parado a pensar el señor Aznar dónde deben
situarse los límites que separan la confrontación política del
respeto por las instituciones? (Rumores y aplausos.) Créame si le
digo --y le he escuchado anteriormente en la tarde de hoy su
intervención-- que no estoy seguro de que la respuesta del señor
Aznar fuese afirmativa. Más bien parece que para el Partido
Popular todos los enemigos del Gobierno socialista, sean quienes
sean y vengan de donde vengan, aparecen como sus aliados; por
usar términos que algunos usábamos hace ya algunos años:
cualquier compañero de viaje les satisface, con tal de que el
trayecto apunte hacia el Palacio de la Moncloa. Maquiavelo podría
avalar esa estrategia, pero tengan en cuenta que sus consejos no
son siempre compatibles con el Estado democrático de derecho,
porque la democracia no puede prescindir de las formas, ni
siquiera



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para ganar elecciones. (Rumores.) Las instituciones del Estado
deben quedar fuera de la confrontación entre opciones partidarias
distintas; los servicios del Estado, especialmente los que se
ocupan de su seguridad, sirven a todos y no son propiedad del
Gobierno de turno. Es más: la función de la oposición no debiera
consistir, a mi juicio, solamente en el descrédito del Gobierno,
pues, de ser así, está desacreditando su propio futuro y negando
a los ciudadanos toda esperanza.

El Grupo Socialista, señorías, no apuesta por esa vía negativa de
hacer política; al contrario, queremos seguir trabajando con
quienes nos quieran acompañar para salir de esta situación
política. Y, hablando de compañías, le tengo que decir algo al
señor Anguita.

Ha dedicado la última parte de su intervención a los
parlamentarios del Grupo Socialista. Me habían hablado de sus
mítines, en los que, según se dice, incluso riñe a alguno de los
asistentes o, en todo caso, les sermonea. Nunca imaginé que yo
tendría oportunidad de asistir en directo a uno de esos mítines;
pero lo he hecho en este hemiciclo. Debo decir que sus palabras
no creo que tengan éxito entre nuestros parlamentarios
socialistas. Y ya que a usted le gustan las frases bíblicas, se
me ocurre una que dice --o creo que dice--: por sus hechos los
conoceréis. ¿Cuáles son sus hechos, señor Anguita? Sus hechos son
declaraciones reiteradas, profesiones de fe antisocialistas; sus
hechos son, señor Anguita, pactos con el Partido Popular para no
dejar gobernar a los socialistas en Andalucía; sus hechos son,
señor Anguita, la ruptura, allá donde le han hecho caso sus
compañeros, de los pactos municipales de izquierda e incluso la
imposibilidad de que la izquierda gobierne en Asturias, y sus
hechos son, entre una cosa y otra, alguna conversación y algún
café con el señor Aznar. (Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos.)
En definitiva, señor Anguita, no se esfuerce con nosotros; hable
con su gente, si quiere hable con los señores de la derecha, pero
no se esfuerce con esos sermones que no caen en buen terreno en
el Grupo Parlamentario Socialista.

Mi Grupo Parlamentario quiere, señorías, que el Gobierno
gobierne, ¡cómo no!, y exige a quienes no tienen respaldo
suficiente para sustituirlo que no pretendan impedirlo. El Grupo
Socialista quiere que el Gobierno atienda los compromisos
adquiridos con los millones de ciudadanos que votaron, sin
doblegarse ante los intereses y pretensiones de unos pocos, por
más que su capacidad de presión sea notable. El Grupo Socialista
quiere que las cifras optimistas que se han conocido ayer mismo
sobre la situación de la economía no se trunquen, sino que sean
la base de la creación de más empleos. (Rumores.) El Grupo
Socialista quiere, señorías, que la Presidencia de la Unión
Europea, que va a iniciarse el sábado, además de servir al
proyecto de construcción de Europa sea una buena plataforma para
aumentar el prestigio de España en el exterior y para la defensa
de nuestros intereses nacionales. (Fuertes rumores y protestas.)
El Grupo Socialista quiere, en fin, señorías, que el Gobierno y
el resto de los poderes del Estado impongan su autoridad
democrática frente a quienes quieren el poder político sin pasar
antes a pedírselo a los ciudadanos. (Aplausos, rumores y
protestas.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
No se nos podrá decir que pedimos lo imposible. Los objetivos que
nos estamos fijando son, por el contrario, perfectamente
alcanzables y lo son sin necesidad de pasar en lo inmediato por
las urnas. (Rumores y risas.) Porque, frente a cualquer otro
sistema político, las democracias parlamentarias --y, por
supuesto, nuestra Constitución-- ofrecen a quienes asumen o
quieren asumir la responsabilidad de gobernar los instrumentos y
las vías necesarias para hacerlo, sin tener que romper para ello
las reglas de juego preestablecidas.

La moción de censura, ya que la ha citado el señor Aznar, es una
de esas vías. Pero para emplearla según lo previsto en la
Constitución y no para agitarla como un espantapájaros. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien! --Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Rumores y protestas.)
En todo caso, la vida democrática nos impone dos condiciones: el
respeto a los derechos de las minorías y, por supuesto, el
respeto de éstas a la mayoría surgida de las urnas, condiciones
que nadie puede pretender sortear.

Nada más y muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.--Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--El señor De Rato Figaredo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Señor Rato. (Rumores.)
¡Silencio, señorías!



El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, puesto que he sido
aludido por el portavoz socialista... (Varios señores Diputados
del Grupo Socialista: ¡No!, ¡no!) acusándome de faltar a la
verdad solicitaría de la Presidencia la oportunidad de replicar a
esa alusión. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista:
¡No!, ¡no! --Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí!,
¡sí!)
Dadme la oportunidad. ¿Tenéis miedo? (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Su señoría ha sido aludido por cuatro
portavoces, no por el Portavoz socialista.




El señor DE RATO FIGAREDO: Directamente por él. (Fuertes
rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio señorías!



El señor DE RATO FIGAREDO: Como los cuatro están presentes y la
interpretación es del señor Presidente, estoy dispuesto a
replicar a los cuatro.




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El señor PRESIDENTE: Señor Rato, en el curso del debate, las
alusiones se sustancian por el trámite de las alusiones. Su
señoría puede en ese trámite rectificar los juicios de valor o
los hechos que se le hayan atribuido. Para eso es para lo único
que le puedo conceder la palabra.




El señor DE RATO FIGAREDO: Efectivamente, señor Presidente.

En la página 8.213 del «Diario de sesiones» del día 21 de junio
de 1995, el señor Vicepresidente del Gobierno, aludiendo a cuándo
conoció el Gobierno a los responsables del Cesid la existencia de
documentación de la microfilmación que había sido supuestamente
extraída por el señor Perote, afirma que cabe presumir, pero que
él no tiene datos sobre esa cuestión.

En la comparecencia en la Comisión de secretos oficiales
reiteradamente se nos indica... (Rumores.-- Varios señores
Diputados sisean.--Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!)



El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Señor Rato, el trámite de alusiones es para que S.S. rectifique
los hechos (Rumores y protestas.)



El señor DE RATO FIGAREDO: Me veo en la obligación de rectificar
los hechos, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Los hechos que se refieren a lo que ha dicho
o hecho S. S. o a los juicios de valor que se hayan emitido sobre
S. S. pero no es un debate sobre el fondo de los hechos. (Rumores
y protestas.)



El señor RATO FIGAREDO: Señor Presidente, se ha afirmado y se me
ha atribuido que yo he afirmado que en la comparecencia en la
Comisión de Secretos Oficiales y en la comparecencia pública del
señor Serra se dan versiones distintas.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, esa es la cuestión.




El señor RATO FIGAREDO: Pues hay dos temas, por lo menos en los
que se dan versiones distintas. Uno es en relación a cuándo
conoce el Gobierno que el señor Perote, presuntamente, ha
extraído microfilmación --ayer quise preguntárselo al señor
González y no vino-- y que es entre finales de 1991 y principios
de 1992, según información del propio Gobierno, cosa que no se
reconoció en la comparecencia del pasado 21 de junio; y el
segundo hecho se refiere a la existencia de una cintateca. Dice
el señor Serra el 21 de junio de 1995, página 82.13 del «Diario
de Sesiones»: Ni se guardaban ni se guardan grabaciones sobre
persona alguna.

Pues bien, el 15 de junio de 1995 se nos dio el número de
grabaciones que habían sido analizadas por las divisiones, del
conjunto de grabaciones obtenidas aleatoriamente, según la
versión del Gobierno, y de ese número de grabaciones cuántas por
años, entre el año 1984 y el año 1990, fueron almacenadas en una
cinta, llámela usted cintateca o como quiera (Rumores), y que
esas grabaciones son las que ustedes alegan, que una vez ordenada
su destrucción, pero que estuvieron guardadas y archivadas
(Rumores), se mantuvo una copia secreta por el señor Perote. Pero
ustedes, entre el año 1984 y 1990, guardaron un número de
grabaciones... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señor Rato. ¡Silencio!



El señor RATO FIGAREDO: ... que analizaron sus servicios, y de
esas grabaciones, un número menor fue también guardado en una
cinta determinada.

No quiero dar las cifras exactas por años que ustedes nos
suministraron ni el porcentaje que esas cifras representan del
total de grabaciones aleatorias porque creo que eso,
efectivamente, puede quedar ya como secreto oficial, pero en dos
ocasiones a mi juicio leal, señor Serra, y fui yo además --
recordará-- el que pidió a mis compañeros el que hubiera un
sistema de grabación para que no tuviéramos ahora que discutir
sobre la palabra de unos y de otros, ...




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, señor Rato...




El señor RATO FIGAREDO: ... pero a mi juicio leal, usted ha
faltado dos veces...




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, señor Rato...




El señor RATO FIGAREDO: ... a la verdad entre las dos
comparecencias. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente del Gobierno. (Rumores
y protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, sólo quiero hacer tres comentarios a las
afirmaciones del señor Rato. (Un señor Diputado del Grupo
Popular: ¡Taquígrafos!)
En primer lugar, el señor Rato ha utilizado y torcidamente la
intervención del señor Ministro y la mía frente a los Diputados
que tienen acceso a los secretos oficiales en los pasados días
con intereses partidistas cuando ha dicho que hoy o tendría que
mentir el Presidente del Gobierno o se vería que he mentido yo. Y
me remito al testimonio de todos los portavoces parlamentarios
que han hecho referencia, señor Rato, a este hecho. (El señor
Almunia Amann: Son cuatro.) Me remito al testimonio del señor
Olarte, de Coalición Canaria, del señor Anasagasti, del Grupo
Vasco (PNV), del señor Molins, del Grupo Catalán (Convergència i



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Unió) y de don Joaquín Almunia, del Partido Socialista Obrero
Español. (Rumores.)
En segundo lugar, al utilizar informaciones reveladas sólo frente
a quienes tienen acceso a los secretos oficiales, el señor Rato
ha dado un golpe muy serio, gravísimo. (Risas.--Rumores.--Fuertes
protestas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Ha dado un
golpe gravísimo a un mecanismo necesario en este Parlamento para
el funcionamiento y el control del Ejecutivo.(Fuertes aplausos en
los bancos del Grupo Socialista.--Risas.)
Señorías, ¿qué Gobierno responsable acudirá ante los Diputados
que tienen acceso a los secretos oficiales, si sabe que uno de
esos Diputados puede utilizar esa información con intereses
partidistas y mintiendo, señor Rato, y mintiendo? (Fuertes
aplusos en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Pascual
Monzo: ¿Quién ha usado los fondos reservados? ¿También hemos sido
nosotros?)
El señor Rato, para salvaguardar la dignidad de la Cámara y la de
su Grupo, en vez de haberse levantado, tendría que presentar la
dimisión como miembro de la Comisión de Secretos Oficiales.

(Protestas.--Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.) Y usted, señor Aznar, usted no sonría, hundido en su
asiento, que tiene usted la responsabilidad de remover al señor
Rato, que ha utilizado información secreta en un debate público.

(Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--
Protestas.--El señor Rato Figaredo pide la palabra.--El señor
Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se
perciben.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

¡Señor Hernández-Sito!
¡Guarden silencio!
El señor Rato tiene la palabra. (Protestas.)



El señor RATO FIGAREDO: El Vicepresidente del Gobierno no ha
abierto turno, interpreto. (Un señor Diputado del Grupo
Socialista: ¡No!) Sí, yo me he referido a alusiones del señor
Almunia y el señor Presidente ha interpretado que incluía a otros
Diputados. Yo no tengo ningún inconveniente. (Rumores.)
Vamos a ver, señor Serra. Está bien que me haga usted discursos.

No es cuestión de lo que usted puede hacer ya, pero contésteme a
dos hechos, no me venga con discursos, que ya el otro día le
escuchamos a usted discursos hasta la saciedad. (Protestas.--Un
señor del Grupo Socialista: ¡No escuchásteis!)
Dos hechos, señor Serra. Dos hechos, hechos. Los discursos, sus
opiniones personales, se pueden valorar todo lo que uno le valore
a usted. Pero los hechos son otra cosa.

Primer hecho: ¿Hubo o no hubo entre el año 1984 y el año 1990 un
porcentaje de gravaciones aleatorias que fueron analizadas...?
(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor RATO FIGAREDO: ¿... y posteriormente fueron grabadas en
una cinta? (Protestas.--Un señor Diputado del Grupo Popular: Los
hechos les asustan.)
Yo comprendo que el señor Serra pretenda ahora que es un secreto
que hubo una cintateca, pero sólo lo pretende él, ni siquiera su
Grupo puede pretenderlo. Está en todos los periódicos. Por lo
tanto, ¿es o no un hecho que entre el año 1984 y el año 1990,
hubo grabaciones aleatorias, de las cuales un porcentaje, que me
reservo, pero que conocimos, fue analizado por los servicios del
Cesid, y de las cuales, a su vez, un porcentaje menor se mantuvo
grabado?
Si eso es cierto, usted el otro día, cuando afirmó que esas
grabaciones... (Protestas.) No me sé las declaraciones del señor
Serra de memoria. ¡Por favor! Cuando usted afirmó que esas
grabaciones no existían, faltó usted a la verdad. Y si es un
hecho que esas grabaciones no existían, entonces, todos los
números y porcentajes que usted nos dio el 15 de junio no eran
exactos.

Segundo hecho. Usted dice: Cabe presumir que el señor Perote se
llevó documentos. ¿Es o no un hecho que entre finales de 1991 y
principios de 1992 el señor Perote devolvió todos o parte de los
documentos que se había llevado y que, por lo tanto, desde
entonces ustedes saben que él había cometido un delito? Hecho
segundo. ¿Es verdad o no es verdad? (Rumores y protestas.)
Si esos dos hechos son verdad, quiere decir que hubo una
cintateca entre el año 1984 y el año 1990 y quiere decir,
segundo, que el Gobierno supo desde principios de 1992 que el
señor Perote había infringido las normas del Cesid. Son los dos
hechos que discuto.

Sus discursos sobre mí --se los tengo que escuchar en esta Cámara
porque tiene usted derecho a hablar-- les doy el valor que le doy
a usted, que no es el momento de precisarlo, pero me limito
exclusivamente a los hechos. Conteste a los hechos, señor Serra;
por una vez --y es la última vez que tiene usted la oportunidad--
conteste a los hechos. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rato.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): El señor
Rato... (El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras
que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernández-Sito! (Rumores.)



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El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, el señor Rato pide que conteste a los
hechos.

Los hechos están claramente relatados en mi intervención en esa
tribuna, en la del Presidente del Gobierno de hoy y avalados por
los cuatro portavoces parlamentarios que han hecho uso de la
palabra y se han referido a este tema, señor Rato. (Rumores.)
En segundo lugar, en absoluto entraré a comentar hechos que están
amparados por el secreto (Fuertes rumores.) porque en este
concepto hablamos en la comparecencia del día 15.

Ha dicho el señor Rato si yo pretendo que algo sea secreto. Sí,
señor Rato, porque la ley obliga a que usted y yo y su Grupo
acatemos que es secreto lo que se dijo en la Comisión de Secretos
Oficiales. (Fuertes rumores.--El señor Ollero Tassara: Lo que tú
digas que es secreto.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, de hechos hay un solo hecho, señor
Presidente, que un Diputado que tiene acceso a los secretos
oficiales ha declarado esta semana que se sentía liberado de la
obligación de guardar ese secreto. (Protestas.) Y yo digo que
este es el único hecho gravísimo que se ha producido, porque
señor Rato, ni usted ni nadie puede liberarse a sí mismo de la
obligación que nos impone la ley de guardar los secretos
oficiales. Este es el único hecho grave que con su intervención,
señor Rato, ha puesto de relieve. (Fuertes aplausos en los bancos
socialistas.--Fuertes protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los
distintos grupos, tiene la palabra el señor Presidente del
Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, el curso del debate permite observar que el
tema central que nos trae aquí, asunto que todo el mundo ha
calificado de importante y de grave, empezando por mí mismo, no
ha sido el centro de la mayor parte de las intervenciones que se
han producido. Algunas intervenciones se han centrado en el tema
de discusión y otras en consideraciones que nada tienen que ver
con el tema que estamos considerando. Yo voy a intentar atenerme
a lo que nos trae aquí esta tarde; voy a intentar atenerme a
ello, pero desde ahora debo confesarles que no resistiré la
tentación de contestar a alguna otra cosa.

Para empezar quiero decirle, señor Aznar --y contestaré a todos
por cortesía parlamentaria-- que usted puede juzgar si he venido
tarde o mal, como Presidente del Gobierno. Esta es la tercera
comparecencia en cinco días del Gobierno, que tiene derecho
legítimo, por el Reglamento, de nombrar a sus representantes para
comparecer aquí.

En segundo lugar, le quiero decir a usted y a otros
intervinientes que ya hemos aclarado --usted, además, tiene la
absoluta certeza de ello, por eso me preocupa más-- que nadie
espió nunca al Jefe del Estado. Lo hemos aclarado
suficientemente. Es un asunto de tal gravedad que lamento tener
que recordárselo de nuevo.

En tercer lugar, me gustaría decir unas palabras en relación con
las imputaciones y las descalificaciones que se hacen al Director
del Cesid. El Director del Cesid, señor Aznar --es de las pocas
referencias que ha hecho usted, porque ideas para intentar
profundizar o resolver en este asunto concreto no ha aportado,
cosa que no me extraña-- (Rumores.), el Director del Servicio fue
ratificado en su puesto por mi Gobierno, fue ratificado en su
puesto por mi Gobierno, lo cual quiere decir --y usted lo sabe
muy bien-- que fue nombrado por el Gobierno anterior, y yo creo
que fue un gran nombramiento. En contra de lo que usted dice
aquí, que era una persona nombrada por mí, digo: No, estaba
nombrando anteriormente. Fue un nombramiento acertado. Hizo una
tarea que algún día posiblemente alguno de ustedes le reconozca y
le agradezca. Tengo todavía la esperanza de que sean capaces de
hacer ese esfuerzo. Después del 23-F en dos ocasiones ha hecho
servicios impagables a la democracia española en materia de
involución. Ya sé que eso puede importar más o menos a algunos. A
mí me importa y mucho. Por eso quiero ponerlo de manifiesto.

(Fuertes aplausos en los bancos socialistas.)
Después se ha hecho imputaciones al Gobierno de dar órdenes de
espiar, etcétera. Le vuelvo a repetir que no tienen fundamento.

Por consiguiente, no hace más que imputaciones. Obviamente,
debería intentar llegar a tener alguna prueba de que lo que dice
es verdad. He explicado lo que ha pasado con el servicio,
brevemente hoy. Lo explicó la semana pasada el Vicepresidente.

(Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡No!) Y se explicó
extensamente, con detalles, ante los parlamentarios que tienen
acceso a los secretos oficiales. Y se ha establecido en torno a
eso una curiosa polémica esta tarde. Es verdad que lo que se diga
en esa especie de Comisión que tiene acceso a los secretos
oficiales no se puede airear fuera, y faltar a eso es faltar
gravemente a un compromiso democrático. (Rumores.) Por
consiguiente, no es posible sostenerlo, y sostenerlo sin
ruborizarse. (Protestas.)
Usted ha hecho imputaciones y un relato, como ha hecho otras
veces, de escándalo, naturalmente olvidando lo suyo. Me he
quedado con una frase que yo nunca he dicho. He tenido varias
veces mayoría parlamentaria, mayoría absoluta y ahora tenga
minoría mayoritaria, y nunca se me ha ocurrido decir que la
mayoría sea una garantía de impunidad. Frase que ha usado usted
literalmente esta tarde. (Protestas.) Perdónenme. Sin embargo,
acabo de oír en estos días a un dirigente



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de su Partido decir que la obtención de la mayoría es la que
garantiza su impunidad. (Protestas.) ¡Fíjese lo que es la
casualidad! (Rumores y protestas.) Sí, sí, sabe usted a lo que me
refiero.

En fin, como decía que me quería limitar a lo que es el objeto de
esta comparecencia y usted no ha hecho ninguna aportación más que
las imputaciones a que he hecho referencia, sólo quería desviarme
de eso para responder a una cuestión que usted ha personalizado
mucho en mí, diciendo que sólo defiendo mi interés personal.

Permítame que le diga una cosa, mi interés personal, si fuera el
de ser Presidente del Gobierno, lo tendría colmado después de 13
años de Presidencia. (Rumores.) El suyo, que me parece
absolutamente legítimo, por llegar a la Presidencia del Gobierno
está también muy lejos de colmarse. Por consiguiente, interés
personal por interés personal, debo decirle que el suyo es mucho
más evidente, que tiene mucha prisa, (Rumores.), que no aceptó
los resultados del 93, y que desde el 93 para acá viene
reclamando elecciones. (Rumores y protestas.--Aplausos.)
El Gobierno viene gobernando en los dos años de legislatura,
viene gobernando, haciendo las reformas estructurales que estima
necesarias, presentando y discutiendo el Código Penal,
presentando presupuestos para la recuperación y sacándolos
adelante, haciendo un compromiso con la función pública y con los
pensionistas para todo el cuatrienio y, además, llegando a la
conclusión (naturalmente ha habido varias intervenciones, por eso
no lo repetiré luego) de que en el primer trimestre de este año
estamos creciendo al 3,1 por ciento. Es cierto que eso puede no
depender de la acción del Gobierno, pero era evidente en el año
93 que la caída del producto interior bruto sí parecía depender
de la acción del Gobierno. Por tanto, algo tendrá que ver el
Gobierno en la recuperación de la economía (Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Las escuchas!, las escuchas.) Yo he
hecho toda la intervención refiriéndome al problema de las
escuchas y ustedes no escuchan (Risas.--Aplausos.) Sin embargo,
en la intervención a la que estoy respondiendo ahora no ha habido
una referencia a ese tema central.

En unas cuantas cosas del análisis han coincidido usted y el
señor Anguita, como son los pactos con Convergència i Unió. No
voy a hacer muchos comentarios. Coincido con la apreciación que
ha hecho el señor Almunia sobre algunos comportamientos políticos
(Un señor Diputado del Grupo Popular: Es raro.) No es raro. Es
normal. Obviamente, señor Anguita, es muy difícil subir a esta
tribuna para defender una posición progresista ante el Grupo
Socialista y dar un repaso por lo que viene ocurriendo desde hace
un año en Andalucía, desde hace pocos días en Extremadura, desde
hace pocos días en Asturias, etcétera. Realmente es muy difícil.

(Rumores.--El señor Romero Ruiz hace gestos al señor Presidente
del Gobierno.) Le incluyo a usted, que me hace gestos, y sé
cuántas ganas tiene. Sí le incluyo a usted (Risas.--Aplausos.)
También quiero responder al señor Anguita un poco al hilo de su
intervención. Me dice que no pongo énfasis en lo principal, que
son las grabaciones ilegales. Creo que hay no sólo grabaciones
ilegales, sino que, después hay sustraciones de ese material, que
hay también entrega a terceros y publicaciones. Lo que digo es
que se depuren las responsabilidades desde el punto de vista
penal a que haya lugar, y no hago distingos. Quien haga
distingos, que explique por qué. Por qué cree que algunas
actuaciones tienen que ser perseguidas y otras no (Aplausos.)
Al igual que el señor Aznar, el señor Anguita ha hecho la misma
descalificación del señor Manglano. Lamento decirle que la misma,
incluso en lo que se refiere al Jefe de Estado. Pues bien, es
verdad que informó al Jefe del Estado de lo delicado que era la
utilización de algunos sistemas de comunicación, y usted ha dicho
que no informó al Gobierno. Y no informó al Gobierno. Advirtió al
Gobierno en 1988 de que los miembros del Gobierno no deberían
utilizar, por lo delicados que son, los aparatos de transmisión
que se utilizan en el espectro radioeléctrico. Lo advirtió, pero
no dijo en ningún caso que habían detectado ninguna conversación.

Por tanto, hizo la advertencia, y nosotros lo tomamos como una
advertencia del servicio de inteligencia.

Quiero explicarle una cosa más. Yo no he dicho que lo importante
de un servicio de inteligencia sean los resultados; no. No he
dicho eso. He dicho que en un servicio de inteligencia se ofrecen
los resultados de la investigación y nunca los métodos de la
investigación, que no es lo mismo. Y respondo así a varias
intervenciones que han insistido en el mismo punto. Por tanto, no
hay ninguna valoración de medios y fines, sino la explicación de
cómo funciona un servicio de inteligencia en cualquier país
democrático del mundo (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Qué
bien te explicas!), no aquí, dando la información y,
naturalmente, no dando los medios. No lo hace ningún servicio de
información. No se dan los medios operativos, no se han dado
nunca y no se darán. Que eso sorprenda a quien no tiene
responsabilidades políticas es comprensible. Que sorprenda a
quien tiene responsabilidades políticas no es comprensible.

Usted me ha hecho una pregunta --también la han hecho otros
intervinientes-- en relación con lo que pasó en el año 1991 con
la salida del señor Perote y con lo que pudo haber de problemas
de sustracción de documentación. Por la investigación que ha
hecho el servicio, se sabe ahora, por parte del Gobierno, que
hubo, en efecto, la detección de falta de documentos en 1991 y
hasta principios de 1992. Y cuando se detectó la falta de
documentos el servicio trató de arreglarlo directamente con el
señor Perote, que es lo que hace cualquier servicio de
inteligencia en el mundo, y no informó ni al Gobierno ni dio
parte a la justicia, porque su preocupación fundamental es la
seguridad y trató de preservar la



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seguridad por un procedimiento que creyó que se la garantizaba:
con la devolución de los documentos. (Rumores.) Tengan un poco de
calma. Repito, señoría, que cualquier responsable político puede
comprender esto. (Rumores y protestas.) Díganme si pueden
escuchar con respeto; si no, no pasaría nada. Quedaría incluso
mejor su Grupo Parlamentario, créanme.

Ha hecho usted la misma valoración, utilizando prácticamente las
mismas expresiones, no sé si resultado de los mismos encuentros,
de los pactos con Convergència i Unió. Son pactos que tienen,
todos, una transparencia plena. (Varios señores Diputados del
Grupo Popular: ¡Oh!) Todos tienen una traducción parlamentaria,
absolutamente todos (La señora Aguilar Rivero hace gestos al
señor Presidente del Gobierno.) --algunas de SS. SS. me hacen
señas y no quiero perder la ocasión de responder también a las
señas--, incluidos los que tienen una consecuencia
presupuestaria; ésos los que más, como es natural.

En definitiva, señor Anguita, usted cree que como se resuelve es
con mi dimisión y con elecciones anticipadas y yo le respeto. Y
le respeto más puesto que usted antes pedía mi dimisión, pero no
elecciones --ahora pide elecciones-- que a quien ha pedido desde
el principio elecciones y dimisión, pasara lo que pasara. Por
tanto, una parte de su apreciación, la respeto. No la comparto.

Mire usted, la apelación que ha hecho al Grupo Socialista es una
apelación cuando menos impertinente, no pertinente, en el sentido
etimológico del término. Y yo no voy a hacer la misma a la parte
de su Grupo que está descontento con esta política de lacayismo
frente a la derecha que usted objetivamente practica. (Fuertes
aplausos en los bancos socialistas.)
Señor Molins, creo haber contestado a lo que pasó en 1991 y que
usted en su intervención ha referido tan bien. Pero quería
también hacerle una reflexión sobre algo que no ha quedado claro
en su intervención. Yo creo que no se puede confundir al
organismo con las personas que pueden tener fallos dentro del
organismo. Por eso hago siempre la diferenciación entre el Cesid
como institución y lo que puede ser el comportamiento de algún
miembro del Cesid, y esto ha ocurrido no sólo aquí sino en otros
servicios de inteligencia, y han pagado un altísimo precio los
servicios por las traiciones que en algún momento se han podido
producir por parte de algunos de sus miembros o de sus agentes,
como usted quiera.

Es verdad que usted plantea un problema de credibilidad.

Tenemos --digamos-- un bagaje de acción de gobierno en el que no
voy a insistir, pero le quiero decir que no estaré ni un minuto
más del necesario para hacer las tareas del Gobierno y, desde
luego, sin hacer tareas de acuerdo con el programa electoral y
con los compromisos adquiridos, no seguiré en la Presidencia del
Gobierno. No hay que estimularme para gobernar; ya estoy
estimulado. Esta es la única función obviamente que tengo y no
tengo ninguna otra aspiración más que a gobernar al servicio del
país.

Ha hecho dos citas, una de presidencia europea y otra
presupuestaria. Creo que son dos temas, junto a otros, de
importancia o de trascendencia en los próximos meses que hay que
afrontar con rigor y seriedad.

El señor Anasagasti también ha insistido en que hemos tardado
mucho tiempo en venir. Hemos tardado quince días en recoger los
frutos de una investigación encargada, como he dicho antes, a una
persona que me parece seria y responsable, como es el Director
del Cesid, a pesar de las descalificaciones. (Rumores.)
Le quiero hacer alguna consideración sobre el tema central que
usted ha planteado respecto al carácter militar o civil de quien
dirige el servicio o de los que participan en su funcionamiento.

En el momento presente están mitad y mitad. Hay muchos países que
tienen un militar al frente de los servicios de inteligencia.

Esto no quiere decir que los servicios sean militares. Están bajo
un mando civil, naturalmente, y al servicio del poder civil. Por
consiguiente, a mí no me preocupa tanto que sea un militar o un
civil quien esté al frente del servicio, sino que haga una buena
tarea. Esto es lo que me parece relevante y, naturalmente, que el
servicio, como todo, esté sometido al poder civil dentro de una
sociedad democrática.

En el último debate sobre el estado de la nación se aprobaron una
serie de resoluciones. Yo le ruego, señoría, que las vea con
objetividad, y aprecie si hemos hecho un cierto esfuerzo para
cumplir esas resoluciones, si estamos en esa senda; le ruego que
las vea, pero no es el debate de hoy, como he dicho
anteriormente. Por consiguiente, el núcleo de su intervención en
relación con el servicio de inteligencia lo contesto con su
reflexión: obviamente, podría haber más civiles o más militares.

Yo no descalificaría a priori a ninguna persona para prestar un
servicio dentro de lo que es un aparato de inteligencia.

Al señor Olarte lo despido con cordialidad. Se va y dice que no
va a volver a intervenir. Ha hecho usted algunas afirmaciones que
comparto; por ejemplo, la gravedad de los hechos analizados.

Después ha hecho una referencia a la que me gustaría responder,
que es la grabación hecha al Presidente Suárez y al
Vicepresidente en aquel momento, general Gutiérrez Mellado. Por
si todavía queda alguna duda a los ciudadanos en esta confusión
en la que vivimos, quiero decir que la grabación, efectivamente,
es una grabación de 1978 y que el Gobierno conoció, cuando se
publicó, que existía una grabación del Presidente Suárez. Además,
le debo decir que esa grabación también existía en contra de las
instrucciones generales del servicio. Y justamente cuando
apareció esa grabación en el mes de febrero se alertaron los
responsables y empezaron a sospechar que podía haber algún otro
material no controlado por el servicio. Esto es lo que ha
ocurrido. Usted, al hablar de esa grabación, habla de lo que
ocurrió quince años atrás, y yo le quiero decir que,
efectivamente,



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esa grabación se produjo, y se produjo en
presencia del propio Presidente del Gobierno de la época. Y no
sólo se produjo eso, sino que un par de años después se fue
enredando una tremenda trama que nos llevó al 23 de febrero, y
los servicios de inteligencia no la detectaron o, como sabe usted
muy bien, no la pusieron en conocimiento del Gobierno de la
época.

Yo le agradezco que haya sido uno de los que, con el señor
Molins, ha dicho que el Vicepresidente del Gobierno dijo lo mismo
delante del grupo de Diputados que tienen acceso a los secretos
oficiales que durante la comparecencia; naturalmente, con los
límites que impone una comparecencia pública en relación con una
comparecencia en la que puede revelar esos secretos oficiales.

Y se ha equivocado sólo en una de las dimisiones que ha habido, y
a los trece años de gobierno ha habido unas cuantas,
naturalmente. Se ha equivocado cuando ha dicho que el señor
Asunción tardó tiempo en dimitir. No. Dimitió inmediatamente. Por
consiguiente, en eso ha cometido un ligero error.

La señora Rahola ha dicho que he utilizado al Vicepresidente como
escudo humano, pero también ha aceptado que la dimisión de un
vicepresidente y de un ministro de Defensa son hechos que tienen
una cierta importancia. Después se ha planteado interrogantes a
los que yo no puedo dar respuesta: si puedo o no gobernar con
credibilidad o si en el futuro puede haber o no alguien que nos
lleve a un escándalo.

Al señor Mur le ha parecido insuficiente la dimisión del Ministro
de Defensa y del Vicepresidente y, naturalmente, pide también la
del Presidente. Yo lo respeto, aunque no lo comparto.

Usted me pregunta cosas en relación con el tema que nos ocupa que
he tratado de responder a lo largo de esta tarde. Por ejemplo:
¿Podemos tener la seguridad de que no haya documentos importantes
fuera y en otras manos? No. Ya lo he explicado. Incluso he dicho
que el Director General del Cesid ha presentado una denuncia ante
el juez justamente porque cree que puede haber habido fugas de
documentos. Por tanto, eso lo he dicho y lo he dicho con claridad.

Después ha hecho una valoración sobre el final de etapa que, de
nuevo yo puedo comprender pero no compartir, pero me parece bien.

El final de etapa siempre lo marcan los ciudadanos, y lo marcan
en las urnas. Hasta ahora no lo han hecho.

Cuando lo marquen en las urnas aceptaremos que hay un final de
etapa, o que se cierra una etapa y se abre otra. Sí, señor
Albistur, le damos la ocasión a su debido tiempo y no cuando
desea quien no tiene legitimidad para convocar elecciones.

(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor Albistur decía que se veía obligado a repetir parte de
lo que había dicho la semana pasada. Yo también. Eso es lógico
porque ya sabe cuál es el origen de este debate. Yo creo que la
semana pasada se dieron explicaciones muy amplias durante toda la
tarde para lo que es un debate de esta naturaleza. Usted ha hecho
la misma reflexión que el señor Anguita --a quien ya he
contestado-- en relación con los medios operativos y los
resultados. Yo quiero insistirle en que los medios que utiliza el
servicio de inteligencia, naturalmente, tienen la presunción de
ser acordes con la legalidad, y no hay en ninguna parte --le
ruego que haga un esfuerzo por informarse, porque usted lo puede
hacer-- ningún servicio de inteligencia que dé cuenta a ninguna
instancia política de los medios operativos con que cuenta. Este
es un problema de absoluta racionalidad en el funcionamiento. Lo
contrario sería tanto como decir que no debería haber servicios
de inteligencia, cosa que se puede discutir pero en la que yo no
creo.

He tenido ocasión de saludar al señor Chiquillo en el pasillo y
de decirle algo que no le puedo repetir aquí, pero sí le voy a
decir que hay que cuidarse de descalificar a la institución en su
conjunto, al Cesid. Hay que intentar saber si ha habido
responsabilidades individuales, pero no decir que el servicio en
su conjunto es responsable. El Cesid presta servicios muy serios
a la democracia, a la estabilidad, a la seguridad. Puede tener
fallos como en esta ocasión ha ocurrido, pero eso no puede
descalificar al servicio. Naturalmente, hay que corregir los
fallos, depurar responsabilidades y seguir fortaleciendo un
instrumento esencial para la seguridad.

Gracias. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Tiene la palabra el señor Aznar.




El señor AZNAR LOPEZ: Con la venia, señor Presidente, señor
Presidente del Gobierno, contestando a lo que usted ha dicho, yo
tengo claramente una certeza, y es que durante diez años se ha
estado vulnerando la Constitución y espiando a ciudadanos
españoles sin que el Gobierno lo haya impedido. (Rumores.) Esa es
la certeza que tengo. Y usted sí tiene la certeza de que, al
menos desde hace un año, yo le advertí cuál era la situación del
Cesid y cuál era la confianza que nosotros teníamos en el Cesid.

Usted sí que tiene esa certeza.

En relación con las propuestas respecto del Cesid, señor
González, le tengo que decir que desde el año 1988 hasta el año
1994 tiene usted a su disposición cuatro propuestas distintas de
organización del Cesid presentadas por el Grupo Popular en esta
Cámara; propuestas que, evidentemente, ustedes han rechazado
todas como han rechazado todo. Rechazaban lo que se refería al
Banco de España, o a temas de corrupción, o a temas de seguridad,
hasta que no tienen más remedio para seguir adelante que
establecer reformas y otros criterios para el Cesid. (Rumores.)
Por último, en relación con su valoración de las personas, señor
González, evidentemente cada uno tiene la valoración de las
personas que pueda entender por conveniente. Usted fue el que
valoró como funcionarios



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ejemplares a los señores Amedo y Domínguez, o el que se deshizo
en elogios hacia los señores Rubio o Roldán. Esas son sus
valoraciones, pero no son las valoraciones del Grupo Popular.

(Aplausos.)
Le he recordado en mi discurso que usted se comprometió a traer
datos sobre tramas, y no los ha traído. No ha traído ninguno
porque, realmente, lo que se caído es el entramado de poder sobre
el que ustedes estaban fundando su ejercicio de Gobierno y que
ahora ya sabemos los españoles en qué consiste, y mucho nos
tememos que no sepamos todavía todo lo que teníamos que saber.

Pero no ha olvidado usted, señor González, toda su teoría sobre
desligitimación o desconocimiento del resultado de las
elecciones. En el debate del estado de la nación del año 1994,
usted compareció en esta Cámara bajo la sombra de los escándalos
Rubio y Roldán, y dijo literalmente que venía porque era
necesario que el país recuperara confianza y que era necesario
restaurar la confianza social. A nueve meses de las elecciones,
señor González, a nueve meses era necesario que el país
recuperase confianza en sí mismo (son sus palabras literales).

Pero en el debate sobre el estado de la nación de 1995 comparece
usted, además de con esos dos casos, con el caso GAL, con los
fondos reservados y con otros escándalos judiciales. Y también
dice que el país tiene que recuperar confianza en sí mismo. Y
ahora no puede presentar esto usted, como ha intentado
presentarlo también en su réplica, como un caso aislado que usted
lamenta, y vuelve a hacer reformas como en tantas ocasiones. No,
señor González. Aquí estamos ante las consecuencias de una
política, y aquí usted no puede apelar ni a tramas ni a que nadie
reconoce el resultado de las elecciones, porque aquí no hay más
deslegitimación que una sucesión intolerable de escándalos que
causan vergüenza en todos los españoles. Esa es la verdadera
deslegitimación. (Aplausos.) Usted está plenamente legitimado
para gobernar en el marco de la Constitución. No está legitimado
para salirse del marco de la Constitución, para mirar hacia otro
lado, para hacerse el distraído o para permitir que en nuestro
país, en organismos y en órganos dependientes del Gobierno ocurra
lo que está ocurriendo. Claramente le tengo que decir, señor
González, ante algunas cosas que le he oído como Jefe de Gobierno
y como jefe de su grupo, que cuando se habla del sentido de la
responsabilidad, cuando se habla del sentido del Estado, cuando
se habla de la preocupación por el funcionamiento de las
instituciones, de los órganos dependientes del Gobierno, nosotros
mantenemos esa preocupación, y nosotros manifestamos nuestra
preocupación por lo que está pasando en nuestro país. Por eso
venimos aquí a cumplir nuestra función constitucional, que es el
control del Gobierno, y eso, señor González, no se puede decir
que atenta ni contra la seguridad ni contra los intereses de
nuestro país, de ninguna manera. Estamos cumpliendo una función
constitucional. (Aplausos.)
En relación con los servicios de seguridad, señor González,
naturalmente que le quiero manifestar mi preocupación, y me
gustaría que usted y algún portavoz de su Grupo fuesen más
prudentes al hablar de ese asunto. (Risas.) Le quiero manifestar
mi preocupación sobre eso, y no por razones personales (por
razones personales lo podría hacer, pero no lo voy a hacer), sino
porque me preocupa lo que está ocurriendo con los servicios de
seguridad, porque me preocupa lo que está ocurriendo en algunas
zonas de España, porque me preocupa que sientan desánimo las
fuerzas de seguridad del Estado y porque me preocupa que no se
combata con la debida eficacia dentro de la ley a los terroristas
y a quien ampara a los terroristas. Eso sí que me preocupa mucho,
señor González; eso sí me preocupa. (Fuertes aplausos.)
En relación, por último --voy terminando, señor Presidente--, con
las responsabilidades, usted y yo tenemos distintos conceptos de
las responsabilidades. Yo soy de los que considera, señor
González, que las elecciones valen para mucho: para hacer
mayorías legítimas, para formar oposiciones legítimas, para tener
mayorías o hacer una minoría, y para hacer un Gobierno que
gobierne en solitario o tenga necesidad de buscar un acuerdo.

Pero no valen a veces, y todas las veces, para eludir
responsabilidades. Yo no comparto su criterio de que una cosa son
responsabilidades penales, otra cosa son responsabilidades
políticas. (Rumores.) Ese criterio ha hecho mucho daño, lo diga
quien lo diga; lo diga alguien de la mayoría actual o lo diga
alguien de mi partido. Pero yo no estoy de acuerdo con ese
criterio. (Rumores.) Y si no, cuando una buena parte de su tarea
se resume en veintitrés sumarios, señor González, cuando se
comparece a este Pleno y a este hemiciclo con veintitrés sumarios
que afectan a sus tareas de Gobierno, es evidente que no es
cuestión ni de desear ni de no desear responsabilidades penales,
que no se le desean a nadie, sino de establecer claramente cuál
es el principio de responsabilidad política que por actos
continuados afectan a este Gobierno y a su Presidente, que es el
que más responsabilidad tiene. (Aplausos.)
En definitiva, señor Presidente, yo creo que la mayoría de los
españoles desea superar esta situación, desea superar una
situación de descomposición política, de incertidumbre social y
de provisionalidad del Ejecutivo. Usted lo que les ofrece --y hoy
se lo acaba de reiterar-- es seguir adelante con esta agonía.

Nosotros, y yo creo que la mayoría de los españoles con nosotros,
queremos recuperar confianza, seguridad y ambición de futuro en
el país, y usted lo que ofrece, al parecer, es la continuación de
esta incertidumbre. Permítame decirle que creo, francamente, que
es usted representante de una etapa que los españoles desean
superar. Cuando usted dijo, desde ese escaño, que saldría de ahí
con honor sabía y conocía muchas de las cosas que



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nosotros y los demás españoles ahora sabemos. Ahora sabemos
nosotros lo que esas palabras, como otras, valen en su boca,
señor González. Usted, que dijo que saldría con honor (Un señor
Diputado: ¡Buitre!), dé paso a unas elecciones y permita que
España recupere el suyo. Usted está haciendo daño a España en
este momento, señor González. (Fuertes y prolongados aplausos en
los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aznar. El señor
Anguita tiene la palabra.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, qué situación más curiosa aquella cuando os duelen las
palabras, pero no os duelen los hechos que hacéis. (Rumores.)
Tenéis miedo a la dureza de las palabras, a la dureza de los
conceptos, pero a la política diaria que se está haciendo y que
está en la base de lo que viene aquí no se tiene ningún miedo.

Cuando esto ocurre, y estamos en un debate como éste, el
expediente fácil son cuatro frases, cuatro lugares comunes,
cuatro tópicos y entrar en las ideas que la propaganda ha ido
infiltrando día tras día. Me alegro porque me va a permitir
explicar aquí datos sobre lo que ha ocurrido en estos últimos
meses. Para empezar, señor Presidente de Gobierno, no se puede ir
a una rueda de prensa, no se puede permitir que el Vicepresidente
del Gobierno venga a esta tribuna, se hable del asedio a la
democracia, que está en peligro, se hable de un complot, de una
conjura, y no venir aquí a contarlo. No se puede hablar con esa
frivolidad tan grande sobre supuestos complots, sobre supuestas
conjuras a un país que puede verlo con miedo y con angustia.

Mejor se calla. Cuando un Presidente de Gobierno dice --y dice
públicamente-- que las instituciones democráticas pueden estar en
peligro, su obligación como Presidente del Gobierno es venir aquí
a explicarlo, y S.S. en la réplica no ha dicho absolutamente
nada.

Pero vayamos a otras cuestiones. Se pone en cuestión que es igual
de grave la filtración de las cintas, de la información, que la
grabación. Ex vicepresidentes del Tribunal Constitucional han
calificado de gran hipocresía poner en la misma balanza la
grabación ilegal y la filtración de las conversaciones.

Intentando defenderse de la imputación que yo he hecho aquí, que
lo que importa son los resultados, el señor Presidente ha
matizado: No, yo dije que se ofrecen resultados, me los ofrecen a
mí. Y yo pregunto, señor Presidente, cuándo el servicio de
inteligencia le ofrece a usted resultados, ¿usted le demanda
sobre los métodos? ¿Se los pide, sí o no; o simplemente calla y
otorga? Quisiera que me respondiese sobre esta cuestión. No, no
ha respondido, señor Presidente. El señor Presidente ha dicho
aquí lo siguiente: Yo dije en su momento que los servicios de
inteligencia ofrecen resultados y no ofrecen los métodos. Y yo
pregunto ¿cuando esto ocurre, señor Presidente, demanda a los
servicios de inteligencia sobre los métodos o simplemente calla y
otorga y, por tanto, concede determinado permiso?
Sigamos. A partir de ahí, el señor Presidente ha entrado en el
juego fácil de ciertos titulares, que es el siguiente: Hemos
hecho una comparación de los pactos con Convergència i Unió,
alguna otra fuerza política o su dirigente y yo, y a partir de
ahí se entra en cuestiones tan interesantes como la de los cafés
privados. Esa es la base política de toda una intervención
parlamentaria. Vamos a entrar en ella. Se imputa a la fuerza
política que en estos momentos represento ciertas connivencias,
ciertas actitudes. Vamos a recordarlas.

Aquí, cuando yo estaba hablando, me dirigía a algunos señores
Diputados. Y quiero dejar claro una cosa. El orador que está aquí
es muy libre y dueño de dirigirse a quien quiera, porque esos
escaños están ocupados por personas a las cuales se les supone --
y me consta-- que son capaces de ejercer la reflexión. Quiero
decir que cada vez que me suba aquí me encuentro en el derecho de
hablar a los Diputados que yo estime necesario. Y SS. SS., si
conocieran algo de los «Diarios de Sesiones» de lo que ha
ocurrido aquí durante muchos años, sabrían que dirigentes de su
fuerza política, hace muchísimos años, se dirigían a los demás
diputados para aseverar, para informar o para debatir con ellos.

Es una vieja tradición parlamentaria, no la de escudarse un
colectivo detrás de su dirigente. Esa es una forma de que muera
el Parlamento. Aquí todos son iguales y por tanto se puede
debatir con todos y se puede uno dirigir a todos.

¡Y que se toma café con el señor Aznar! Señoras y señores
Diputados, ¿se puede asentar una afirmación política en esa
frivolidad tan de revista del corazón? ¡Si lo lamentable, señoras
y señores Diputados, es que no he podido tomar nunca café con el
señor Presidente, porque el señor Presidente nunca ha querido
saber nada con Izquierda Unida! (Rumores.) Lo normal, lo educado,
lo correcto, lo democrático es tomar café con los demás
dirigentes políticos. Esta es la democracia. Lo tremendo es que
usted nunca ha querido entrar a discutir con Izquierda Unida.

Esto es lo anormal, eso es lo extraño, esto es lo que le acusa a
usted, no el acto en contrario. (Rumores.)
Pero hay más, y lo último. Se plantean los pactos municipales y
algún Diputado, desde su escaño, hacía un gesto con los dedos que
creo representa la pinza. ¡Vamos a ver, señor González y señor
Diputado: Si Izquierda Unida hubiera querido, en la legislatura
pasada, don Joaquín Leguina hubiese estado en el paro político. Y
si Izquierda Unida quisiera, don Manuel Chaves, Presidente de la
Junta de Andalucía, estaría hoy en el paro político. Pero además
y con más datos, ha habido unos 870 ayuntamientos en toda España
en los que podían darse todas las combinaciones posibles. Pues
bien, en más de 600, por la actitud de que hayan negociado
determinado ayuntamiento --ya que dimos libertad a nuestras
bases-- o se hayan inhibido, han



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sacado alcaldes del Partido Socialista Obrero Español. Pero es
más. Ustedes en Puerto Real pactando con el PP, ustedes en
Casares pactando con la candidatura del señor Gil, y nos han
obligado en Manilva a tener que votar al PSOE por la candidatura
del señor Gil. Y sigo. (Fuertes rumores.--Varios señores
Diputados: ¡Es mentira!)



Señor Presidente, pido amparo. ¿Puede ser? Cuando se serenen...




El señor PRESIDENTE: Tiene el amparo de la Presidencia para
continuar, señor Anguita.




El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino ya.

Vamos a otros asuntos. Asturias. Hemos planteado algo muy
racional, que es pactar sobre programas. Pero el programa que
colocaba a nuestra fuerza política en Asturias... (Rumores.) Si
SS. SS. se atribuyen ser de la izquierda ¿quieren recuperar
siquiera momentáneamente la capacidad de escuchar para
reflexionar? (Risas.) Escuchen. En Asturias se planteó un
programa, y en ese programa había condiciones que hacían
referencia al Gobierno central. Exactamente lo mismo que el pacto
que ustedes firmaron con los señores de Canarias, pero en
Asturias no podía valer. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que podía
ocurrir? Se le ofreció la Presidencia de la Asamblea de Asturias
al candidato del PSOE. No quiso. Y nosotros nos hemos abstenido
para que pueda servir de precedente que a partir de ahora se
pacta y se acuerda en base a contenidos concretos (Rumores.),
porque esa misma abstención de Asturias hace que hoy el señor
Presidente de la Junta de Extremadura pueda ser presidente
gracias a la abstención de Izquierda Unida. (Rumores.) Pero la
propaganda, la propaganda lanzando una y otra vez una misma idea
hace bueno aquello de Goebbels: una mentira repetida muchas veces
termina por ser verdad.

Y bien, si la respuesta ante una grave situación como esta, si la
respuesta ante los acontecimientos relacionados con la grabación
ilegal, violando el artículo 18 de la Constitución, es ésta de
que todo se ha explicado, que ya no queda nada más que explicar,
toda mi intervención basándose en que aquí se estaba conculcando
el Estado social y democrático de derecho queda ya corta, queda
pequeña. Aquí se está abriendo paso la impunidad. Simplemente
basta con tener mayoría absoluta real o bien buscándose un apoyo,
y a partir de ahí cada cual hace lo que le dé la gana. Eso se
podrá llamar como S. S. quiera, pero la democracia comienza a
desdibujarse. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.

El señor Molins tiene la palabra.




El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor Presidente.

Agradezco, señor Presidente del Gobierno, su réplica. En primer
lugar, quisiera tranquilizarle. Me ha parecido que no ha
interpretado bien lo que creo haber dicho desde la tribuna. En
ningún momento he confundido lo que hizo el Cesid con lo que
hicieron funcionarios del Cesid desobedeciendo las instrucciones.

El Cesid como tal, y utilizando sus instrumentos, realizó
escuchas, traspasó los límites a nuestro entender, señor
Presidente. El Cesid erró gravemente en el control de su propio
funcionamiento, y unos funcionarios hicieron otras cosas. El
Cesid como tal cometió a nuestro entender, señor Presidente, por
lo menos estos dos excesos.

De su intervención, señor Presidente, se deduce que no ha
interiorizado la necesidad de comparecer ante esta Cámara para
dar explicaciones sobre el Cesid. Evidentemente, no era para dar
información; obviamente si del resultado de las investigaciones
realizadas hubiera sido necesaria esa información que
complementara la ya suministrada por el Gobierno, también. Pero,
señor Presidente, después de un hecho de la gravedad de lo
ocurrido, sólo el Presidente del Gobierno está calificado para
intentar recuperar la credibilidad perdida por esos hechos. Por
eso, señor Presidente, era necesario que usted compareciera ante
esta Cámara, y por eso, señor Presidente, nosotros le pedimos que
gobierne. Y no somos los únicos, señor Presidente. No puede usted
ignorar el clamor que existe en este sentido. Joan Lerma,
Presidente en funciones de la Generalitat valenciana decía hoy:
Además de dimitir, lo que hay que hacer es gobernar. Eso es,
señor Presidente, lo que nosotros le pedimos. Le pedimos que nos
explique qué piensa hacer en política europea, en política
interna, en los próximos Presupuestos; cuál es su horizonte, cuál
es su calendario.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.

Señor Anasagasti.




El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, efectivamente,
usted ha venido y ha comparecido aquí 15 días después de
estallado el escándalo de las escuchas del Cesid. Quince días no
son nada en la vida de un hombre, pero son muchísimo en el tiempo
político, y nosotros consideramos que los reflejos políticos de
un hombre público se evidencian, sobre todo, en su agilidad a la
hora de abordar los problemas cuando éstos saltan a la luz
pública.

El asunto del Cesid no es un asunto nuevo ni es un asunto que a
nadie le ha pillado de sorpresa. Hay que decir que las últimas
informaciones nos alarmaban mucho, sobre todo cuando nos
enteramos, en el mes de febrero, que había unas cintas con
conversaciones grabadas al ex Presidente Adolfo Suárez. En ese
momento, efectivamente, los portavoces parlamentarios tuvimos una
llamada telefónica del Ministro de Defensa, en la que nos decía
lo que usted nos ha indicado; pero nosotros creemos que una
situación de tal gravedad, hubiera exigido una mayor prontitud y,
sobre todo,



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un plan de ataque, desde el punto de vista informativo y desde el
punto de vista de poner los medios para que no volviera a
ocurrir. Tampoco hay que olvidar que el Cesid tuvo también
escándalos manifiestos y públicos con el asunto de «La
Vanguardia», en el año 1993; con el asunto de Jerónimo Arozamena,
en el año 1983; con el asunto de las escuchas a Peces-Barba, en
el año 1989; y con las escuchas a Pastor Ridruejo, en el año
1988. Por tanto, no es un tema nuevo.

Usted nos dice ahora que ese tema se va a regular no solamente en
la reunión de la Comisión de secretos oficiales, y la pregunta
que nosotros le hacíamos era por qué se ha tardado tanto,
incluso, en crear una reunión de secretos oficiales; por qué se
nos ha hurtado durante tantísimo tiempo información en algo tan
delicado.

Hemos oído estos días una de las mayores tonterías que se pueden
decir en política, como la que ha pronunciado el expresidente
Calvo-Sotelo, al decir que hubo un buen vasallo porque hubo un
buen señor. Nosotros creemos que el buen señor es esta Cámara.

Esta Cámara es el control político del poder público y, si se le
hurta esa posibilidad de control, indudablemente, las cosas
fallan.

Nosotros argumentamos el asunto militar no como una especie de
fijación, sino porque nos parece absolutamente impresentable
incluso que se llame Centro de Información de la Defensa, cuando,
teóricamente, responde ante el Ejecutivo.

Usted me dice que la mitad de personal es militar, la mitad civil
y que eso está cambiando. ¡Bienvenido sea! Que en otros países
ocurre igual; sí, pero ahí tenemos el ejemplo de los Estados
Unidos, con una CIA y con un FBI, y a nadie se le ocurre que el
FBI, información interna, esté en manos militares. O como en Gran
Bretaña, el MI5 y el MI6, dependientes del Foreing Office; o en
Francia, de la misma manera. Efectivamente, tiene que haber un
servicio de información militar, pero, ¿qué pintan los militares
controlando la información interna de un país? Una afirmación que
usted ha realizado a nosotros nos sigue alarmando muchísimo. El
Ejecutivo solamente trabaja con los resultados de una
investigación. Los militares o los informadores procesan,
analizan y entregan, y ustedes solamente trabajan con resultados.

Llevando esta argumentación al absurdo, y no quiero hacer unas
alusiones concretas, la lucha antiterrorista permite todo. Usted
da a entender con este sistema poco menos que el fin justifica
los medios, y en una democracia las formas son el fondo, y el
control político tiene que ser exclusivo también del poder civil.

Por tanto, nosotros rechazamos esa afirmación, porque no nos
conformamos con que el poder civil trabaje con los resultados de
una investigación. El poder civil tiene que saber cómo se logra
esa investigación; si no, ésa es una responsabilidad política que
nosotros denunciamos, y nos alarma que no haya reflejo suficiente
para tratar de paliar en el futuro este tipo de comportamiento
irregular.

Sabemos que un servicio de información tiene que ser discreto y
secreto en su funcionamiento, pero tiene que tener el control. De
lo contrario, ocurre lo que ha ocurrido y, por ello su Gobierno
está es esta situación lamentable.

También hemos oído hablar aquí de servicios de información y
sobre todo del descrédito de las instituciones. De acuerdo. Pero
las instituciones se protegen con la Ley en la mano, no con
opacidad; se protegen con comisiones de investigación; se
protegen, sobre todo, con un ojo público vigilando cualquier tipo
de desmán. En la lucha antiterrorista no vale todo. Hay que
luchar contra el terrorismo con las armas de la legalidad, porque
de lo contrario estamos legitimando su propia lucha. Este es un
discurso peligroso que estamos escuchando últimamente con
reiterada consistencia, sobre todo en medios de comunicación
adscritos a la derecha española. Es un mensaje peligrosísimo que
nos puede conducir a situaciones cada vez más graves y sobre todo
cada vez de mayor enfrentamiento.

Finalmente, señor Presidente, le he hecho efectivamente, una
alusión al debate sobre el estado de la nación, como una
demostración de que gobernar no es solamente decir que se van a
hacer cosas, sino realizar un seguimiento muy detallado de los
compromisos, de los pactos, tener la agilidad política de estar
presente en el debate público. Le podríamos decir muchas cosas de
la experiencia que tenemos después del debate del estado de la
nación. Tenemos que reconocer públicamente, porque no nos duelen
prendas, que el Vicepresidente Serra, después del debate del
estado de la nación, y concretamente con nuestro Grupo
Parlamentario hizo todo lo posible para llegar a acuerdos. No se
ha podido llegar a ningún acuerdo porque cada ministro anda por
su lado, y no me refiero a todos, sino en concreto a varios y
usted sabe a quién me refiero. Así no se puede hacer política en
este país, porque ¿quién gobierna? ¿Usted o un ministro poniendo
los acuerdos por montera? Esa es la clave de lo que está
ocurriendo. Usted tiene que hacer política personalmente. Usted
es el Presidente del Gobierno y nosotros le vamos a apoyar en esa
presidencia europea porque nos parece fundamental. Le vamos a
apoyar en este momento de repunte económico, pero lo que no vamos
a tolerar, bajo ningún concepto, es este desgobierno y, sobre
todo, que no se cumpla la palabra dada. No quiero caer en el
detalle pequeño de nuestros propios planteamientos, porque usted
nos conoce muy bien, pero los males de fondo de este momento
político, duro y difícil que están ustedes viviendo, son dos: la
falta de control político y la falta de respeto a los acuerdos
logrados.

Por tanto, señor Presidente --y termino--, nos preocupa que esa
reforma del Cesid siga y deje las cosas tal y como están con un
mayor control en la reunión de secretos oficiales, que se ha
demostrado hoy públicamente que requiere una normativa de
funcionamiento



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interno, para que vuelvan a dar circunstancias como la que hemos
vivido hoy a la tarde.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias.

Señor González, evidentemente que la dimisión del Vicepresidente
del Gobierno es de un gran calado y menospreciarlo sería
insensato; pero cuando se produce una dimisión de esta
importancia lo normal es que el Gobierno que queda sea sólido,
creíble, que gobierne y más allá de sus capacidades dialécticas,
que son muchas, usted no da en absoluto la impresión de que pueda
controlar la situación. No puede garantizarnos que no haya más
vergüenzas escondidas ni tan siquiera da la impresión de que
ustedes tengan capacidad de reacción más allá de la presión
externa que tienen y que sólo entonces reaccionan. Reaccionan
tarde, permiten que todo esto ocurra y encima, aún se creen con
crédito moral y político.

Señor González, Cesid, GAL, corrupción, por tanto espionaje,
terrorismo, suciedad. Repase sus convicciones democráticas y
díganos si no han hecho una erosión grave a la credibilidad de
las instituciones.

En todo caso, le digo para acabar que desde Esquerra Republicana
tenemos la convicción moral de haber sido también investigados,
tal como se dice en el sumario Godó, y sobre todo tenemos la
convicción de que bajo este mandato se ha espiado, se ha
controlado, se ha acumulado información de personas y partidos
democráticos. Eso ha ocurrido con usted de Presidente y ésa es su
responsabilidad. El Estado de derecho ha sido un Estado espía, un
Estado con terrorismo en sus aledaños y un Estado corrupto. Por
eso, señor González, por todo el conjunto, usted ha perdido esa
credibilidad que decíamos y esa capacidad de recuperar el
control.

¿Está usted en condiciones de asegurar que no hay más escándalos
escondidos? ¿Está en condiciones de garantizar que recuperemos la
tranquilidad, el sosiego, la normalidad parlamentaria y
democrática? Creo, sinceramente, que más allá de la valoración
sobre la dimisión del Vicepresidente del Gobierno ésta es la
pregunta fundamental.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Señor Mur.




El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, le agradezco la cortesía
parlamentaria de su falta de respuesta, pero me preocupa mucho
que no pueda usted dar garantías sobre el correcto funcionamiento
del Cesid y que no pueda garantizarnos qué va a pasar con todo lo
que ha ocurrido hasta ahora. Me parece que es muy peligroso, que
es muy grave y, desde luego, de consecuencias absolutamente
imprevisibles ese descontrol que usted ha manifestado sobre la
situación. Usted no controla lo que ocurre, señor González, y los
fines del Cesid, siendo importantes y siendo necesarios, no lo
justifican todo; no justifican la falta de control de su
Gobierno, ni la falta de control parlamentario ni los métodos
empleados por el Cesid. El fin, señor González, no justifica los
medios y mucho menos en política.

En cuanto a los votos, a los que usted ha aludido, en una
democracia son importantes, pero no legitiman todo. Además, sabe
usted lo efímero que es todo, en la vida política más, y lo
efímeros que son los votos, que son el resultado de un momento,
de una votación. No pretenda usted retenerlos o apropiárselos
durante toda la vida. Dé usted a los ciudadanos la oportunidad de
cambiar, la oportunidad de cambiar de criterio, y verá cómo a lo
mejor se lleva usted una sorpresa.

En conclusión, debe usted gobernar, que para eso está todavía al
frente del Gobierno; para eso es para lo que los ciudadanos le
dieron su confianza. Como le he dicho, y le reitero ahora, para
el próximo semestre donde España y usted como Presidente del
Gobierno, tiene una difícil misión que cumplir, contará usted con
nuestro apoyo para que durante este semestre, por lo menos,
tengamos la tranquilidad necesaria para que España pueda
recuperar, a la vista del mundo, ese papel que desgraciadamente
hemos perdido.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.

Señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.

De forma breve, como ha sido también la respuesta del señor
Presidente del Gobierno. Lamento no poder compartir con usted,
señor Presidente, la interpretación que hace actualmente de unas
manifestaciones que usted hizo la semana pasada en otro contexto,
concretamente en una rueda de prensa de Cannes. Usted, y hoy lo
ha repetido, dijo que no conoce los medios que emplea el Cesid
porque lo importante son los resultados. Usted ha insistido sobre
ese tema y voy a insistir; lo voy a decir, además, de forma
satisfactoria, porque el señor Anasagasti, que me ha precedido en
el uso de la palabra, ha incidido sobre el mismo tema. No
comparto esta idea, porque traslada a otros aspectos de la vida
social y política, las consecuencias están siendo ya gravísimas;
ustedes lo están padeciendo y toda la sociedad lo está padeciendo
ya en la propia lucha antiterrorista. Con esa afirmación, usted
está haciendo un mito intocable de la seguridad del Estado, para
la que todo aparentemente vale y esta es una afirmación, a mi
modo de entender --así se lo he manifestado y lo



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repito--, inadmisible desde la legalidad y desde la ética de un
sistema democrático.

Por eso quiero reiterar que usted como Presidente debe ser
garante de la actuación ética y legal de las instituciones; que
usted es el controlador de los controladores, como le he dicho
antes, y que el último controlador es esta Cámara a la que tantas
cosas se le limitan. La responsabilidad del juego limpio es un
tema exclusivamente suyo.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente. En
primer lugar, como demócrata convencido, agradecerle sinceramente
las palabras que me ha dedicado en el pasillo, así como las que
me ha dedicado en el hemiciclo, pero sobre todo las primeras; de
verdad, sinceramente estoy muy agradecido por lo que usted me ha
dicho en el pasillo.

No censuro al Cesid como institución en sí, sino la desviación
consentida, entiendo yo, durante años de espías indisciplinados y
desleales que, como usted ha dicho, había en el Cesid. Esperemos
que con la salida de alguno de ellos, por el bien de la seguridad
nacional, no vuelvan a repetirse hechos como los que se han
producido en los últimos años.

Señor González, usted sabe que la información es poder, pero la
información, señor González, puede dejar de ser instrumento de
poder y puede llegar a ser herramienta del poder, de un poder
que, como sentenciaba Lord Acton, acaba por corromper o deshacer,
incluso al que se ha beneficiado de ese poder y de esa
información. Si me admite un consejo, simplemente decirle que
tenga cuidado.

Señor González, en torno a su poder, alrededor de su poder, ha
habido desviaciones y usted es consciente de ellas, porque las ha
reconocido. Esas desviaciones han hecho tambalear la estructura
del Estado de Derecho.

Le pido como demócrata, como he empezado mi intervención, que
reaccione o abandone, porque nuestra democracia está en juego.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Muchas
gracias, señor Presidente. Intentaré ser lo más breve posible.

En primer lugar, me gustaría decir al señor Aznar y también al
señor Anguita que como hoy no he planteado en el debate ninguna
valoración o apreciación sobre conjuras o tramas, ustedes han
tenido cierta frustración y tratan de traerlas a colación. He
querido separar lo uno de lo otro. Estamos discutiendo sobre los
fallos producidos en el Centro de Investigación para la Defensa
y, por consiguiente, no quiero hablar de lo otro. Hay una
investigación judicial en marcha. Veremos a dónde conducen los
papeles que probablemente hayan sido substraídos del centro. Por
consiguiente, tengamos sólo un poco de paciencia para
pronunciarnos sobre cosas que a veces están en todos los
mentideros de la Villa y no queremos ver.

En segundo lugar, usted ha hablado de la legitimación para
gobernar todavía en la fase en que estaba usted un poco nervioso
al contestar; ha dicho que esa legitimación para gobernar tiene
que hacerse dentro de la Constitución. No sólo estoy de acuerdo,
señor Aznar, sino que quiero decirle que yo la apoyé con todas
mis fuerzas porque creía en esa Constitución y, por consiguiente,
creía que había que sacarla adelante de todas maneras. (Rumores.-
-Aplausos.)
Después no ha contestado a lo que digo. Por ejemplo, ha hablado
ya por cuarta vez del combate al terrorismo. Las fuerzas de
seguridad están haciendo un enorme esfuerzo. Apelar de nuevo al
combate al terrorismo en este debate me parece una salida de tono
que no tiene mucha justificación. (Rumores.)
Verá usted, respecto a las elecciones y eludir o no
responsabilidades, le vuelvo a repetir: ha sido un dirigente de
su partido quien lo ha dicho anteayer. Lo vuelvo a repetir: No lo
hemos dicho ninguno de nosotros. A mí nunca se me ha ocurrido
decir que un proceso electoral elimina las responsabilidades.

Nunca, de ninguna manera. (Rumores y protestas.) No digan ustedes
algo que sea falso, porque no puede ser nunca verdad.

Es evidente que si alguien imputa una responsabilidad política y
los elecotres le dan la razón, obviamente esa responsabilidad
política está subsanada por los electores; pero la
responsabilidad ante los tribunales, ésa no la quitan los votos,
como es natural. (Rumores y protestas.)
Señor Aznar, usted ha hecho una valoración sobre la
responsabilidad política y respecto a algo que dije aquí, y que
repito ahora, de salir de la responsabilidad o del cargo con
honor; pero ha hecho una valoración de la responsabilidad
política que no le voy a contestar. (Rumores.--Varios señores
Diputados: ¡Oh!) No, no le voy a responder. No me provoquen.

(Risas.--Rumores.)
Quiero que se defina usted sólo con una cuestión. Si una persona
nombrada por usted en el primer nivel de reponsabilidad, en el
primero, es decir, como si fuera un ministro o el correspondiente
a un ministro, es procesado, ¿cuál es el nivel de responsabilidad
que usted asume? (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Eso!) Y,
si es condenado, ¿cuál es el nivel de responsabilidad que usted
asume? Me gustaría saberlo. (Rumores y protestas.)
Creo que hay que ser coherente. Yo podría hacer un relato de
algunas cosas que serían molestas.

Antes me estaban estimulando desde los bancos a hacerlo, le voy a
decir por qué no lo hago: porque creo



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que no hay que generar ningún tipo de desconfianza. Yo tengo
confianza en que usted es una persona limpia y, por consiguiente,
no quiero crear ninguna sombra a su alrededor. (Rumores.--Un
señor diputado: No tienes capacidad.--Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Para
contestar al señor Anguita, al señor Albistur y al señor
Anasagasti, de nuevo voy a hacer la misma reflexión. Les voy a
poner un ejemplo en cuanto a lo que supone el conocimiento de los
métodos, de las fuentes que utilizan los servicios de
inteligencia y de los resultados.

Es verdad que a veces recibo una documentación en la que se me
dice que una fuente de alta sensibilidad ha producido tal tipo de
información, ha contrastado tal tipo de información, etcétera. Y
es verdad que nunca y no sólo porque lo diga la ley y sea la
práctica común, nunca se me ha ocurrido preguntar cuál es esa
fuente para saber si es fuente es o no una fuente ajustada a
derecho. Presumo la legalidad de la actuación como hace la ley en
los servicios, pero si vieran esas fuentes en el nivel que fuera,
estarían haciendo un flaco servicio a su misión. Eso es lo que
quiero que tengan en cuenta. Por eso hablo de que los servicios
de información, aquí y en todos sitios, entregan los resultados
de su información, no entregan las fuentes ni los procedimientos
para la obtención de los resultados. Esto es lógico y también
funciona así en medios policiales. Por consiguiente, estoy
diciendo algo evidente y que desde el punto de vista de la
responsabilidad política no sé cómo puede llevarnos a un
desacuerdo; no digo desde el punto de vista de un análisis fuera
de la política.

Señor Anguita, dice usted que yo no he querido discutir con
Izquierda Unida. ¿No he querido discutir con Izquierda Unida? Sí,
alguna vez he tenido oportunidad de hablar con usted, pero
imagínese que es verdad que yo haya creído que no fuera
conveniente, que no me podía entender con usted como responsable
de Izquierda Unida o cualquier otra cosa. Sería lógico que usted
reaccionara contra lo que llama el felipismo, pero ¿qué tiene que
ver Chaves? ¿Qué tiene que ver Rodríguez Ibarra? ¿Qué tiene que
ver Martínez Noval? ¿Qué tiene que ver lo que están haciendo
ustedes en tantos territorios en contradicción con lo que están
predicando, no digo pregonando cada día? (Rumores.) ¿Qué tiene
que ver? Diga usted que está dispuesto a castigar al felipismo,
apele a los demás militantes y cuadros socialistas, pero apele
con coherencia, póngase de acuerdo con el programa que le han
ofrecido en Asturias. Nuestros compañeros sí le han ofrecido el
programa, los suyos no; los suyos han hecho lo imposible para que
no haya un acuedo, y eso, como no tiene explicación, a usted le
va a costar mucho trabajo explicarlo, muchísimo trabajo.

Señor Molins, habrá ocasión de hablar de las tareas del Gobierno.

El debate de hoy creo comprenderá usted que se refiere a los
temas que nos han traído a comparecer aquí. Hay otras
comparecencias y ya hablaremos del programa de la presidencia
española; creo que hablaremos la semana próxima.

Las responsabilidades penales, de todas maneras las tendrá que
depurar la justicia. Usted me decía que había institucionalmente
una responsabilidad; institucionalmente nunca es posible, siempre
serán personas las que asuman las responsabilidades y veremos en
el futuro cómo la justicia determina esas responsabilidades.

Señor Anasagasti, a la parte que le quería respoder más
sustancial ya lo he hecho. Usted me pedía rapidez, más reflejo en
las reacciones y más control también. Trataré de esforzarme para
complacerle. (Rumores.)
Usted ha hecho una cita del anterior Presidente, señor
Calvo-Sotelo; yo no voy a hacer comentarios. Quiero mantener un
grado de respeto a los que han sido presidentes del Gobierno y no
merece la pena hacer comentarios a una cita de esa naturaleza.

Naturalmente respeto plenamente lo que usted ha dicho.

Señora Rahola, hay un problema de credibilidad en las personas y
en las instituciones. En democracia, deberíamos hacer
sistemáticamente el esfuerzo de separar la credibilidad de las
personas de la credibilidad de las instituciones. Este es el
mejor servicio que podemos prestar a los ciudadanos.

Usted dice que se ha sentido espiada. Lo lamento mucho. Nadie ha
tenido nunca intención de espiar a usted ni a su grupo, y no
porque no le demos importancia --le damos toda la importancia que
tiene--, sino porque no se nos ha ocurrido con ningún otro grupo.

Señor Mur, usted habla de si se puede garantizar un correcto
funcionamiento del servicio. Uno procura naturalmente garantizar
un correcto funcionamiento, y cuando se produce un fallo,
obviamente esa garantía ha dejado de existir. Esto es lo que se
ha producido, un fallo en el servicio y un fallo de cierta
transcendencia. Ocurre con alguna frecuencia.

Después ha hecho una reflexión que yo no he hecho, en absoluto,
sobre votos y democracia. Se gobierna naturalmente con la
legitimidad que dan los votos, pero los ciudadanos tienen derecho
a cambiar cuando les plazca, naturalmente, y los demás tenemos la
obligación de respetar, como es natural, la legalidad
institucional.

Querría decirle que agradezco su predisposición a comprender que
la presidencia de los próximos seis meses no es un problema de
política exterior sino de política exterior y de política
interior, un problema en el que no el Gobierno sino España se
juega mucho.

Señor Albistur, antes ya he contestado al tema central de su
intervención que me interesaba responder, que era la reflexión
sobre los servicios, la fuente y los resultados de la
información. La presunción de legalidad



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hay que suponerla, como es natural, en el funcionamiento de los
servicios.

Finalmente, señor Chiquillo, yo sí le agradezco sus palabras.

Estoy seguro de que usted tiene no sólo vocación, sino voluntad
democrática. Seguramente en esa dirección me pide que no se
repitan los hechos y eso es lo que vamos a procurar.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

(El señor Aznar López pide la palabra.--Rumores y protestas.)
Señorías, guarden silencio y dejen que la Presidencia decida en
ejercicio de sus responsabilidades. Agradezco todas sus
colaboraciones, pero les aseguro que no son imprescindibles.

Señor Aznar, un minuto.




El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, procuraré que sea en un
minuto y lo más brevemente posible.

Usted, señor González, fue el que acuñó la frase de que no hay
más responsabilidades políticas que aquellas que determinan los
tribunales de justicia. El 19 de abril de 1994, dijo usted aquí
literalmente: He asumido mi responsabilidad electoralmente. Ha
habido nueve millones y pico de españoles que han dicho: Usted
debe seguir gobernando. (Rumores.--Un señor Diputado del Grupo
Socialista: ¡Está clarísimo!)
Muy bien. Naturalmente, señor González, las responsabilidades no
se diluyen, por las elecciones. Con ese concepto de
responsabilidad nosotros no estamos de acuerdo, se lo vuelvo a
decir, lo diga quien lo diga. Mi concepto de responsabilidad en
aquellas responsabilidades que en algún ejemplo usted cita con
reiteración, que es el de un antiguo consejero de la Comunidad de
Castilla y León, es bastante diferente del suyo. Allí se creó una
comisión de investigación, formada y creada por el Partido
Popular. Allí, señor González, ustedes rechazaron las
conclusiones de la comisión de investigación y ustedes, que no
judicializan la vida política, llevaron el asunto a los
tribunales. En el Senado, a diferencia de lo que han hecho
ustedes con otras personas de su grupo en el Senado, implicados
en otros asuntos, nosotros votamos a favor del suplicatorio
porque tenemos interés en que se aclare lo que se tiene que
aclarar. (Rumores.--Un señor diputado del Grupo Socialista:
Estaría bueno!)
Su actitud, en cambio, no es solamente votar en contra de los
suplicatorios, sino negarse claramente a todas esas comisiones de
investigacion: A la comisión de investigación de fondos
reservados, dos veces, señor González. Y, ¿dónde está la de KIO?
Y, ¿dónde está la de Rumasa? Y, ¿dónde está la del GAL? Y, ¿dónde
están todas esas comisiones de investigación que ustedes aquí no
solamente no han creado, sino que se han negado con reiteración?
Por último, señor González, dígame con claridad, qué nivel de
responsabilidad asume usted cuando hay miembros de su Gobierno
que defraudan fiscalmente, personas que usted nombra en el Banco
de España que defraudan fiscalmente o personas que dependen de
usted, no sólo en ministerios, sino también en su cercanía, que
cobran, sin saber por qué ni para qué, talones de fondos
reservados. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.

Señor Presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Aznar,
a pesar de que su intervención me provocaría ponerle los ejemplos
que citaba antes, sólo quiero decir que usted acaba de manifestar
que no va a abrir ni siquiera una investigación en Baleares. (El
señor Aznar hace signos negativos.) Sí, si lo ha dicho usted
públicamente, y es allí, donde se ha producido la declaración de
que las responsabilidades que se deriven de un asunto que está en
manos de los tribunales están lavadas con las elecciones. Es
usted quien tenía que haber reaccionado frente a eso. Yo no le he
querido poner más ejemplos. Le podía poner algunos más.

Usted no ha respondido a la pregunta que yo le he hecho. Es
lógico que no vaya a asumir las responsabilidades por lo que haya
hecho su consejero; es lógico, señor Aznar. Además no se puede
hacer un recurso demasido fácil, que es el recurso de solemnizar
lo obvio. Usted, cuando logra solemnizar lo obvio, arranca el
aplauso de su grupo, pero no hace más que eso, solemnizar
obviedades. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Se levanta la sesión.




Eran las nueve de la noche.