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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 152, de 13/06/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 152 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 150
celebrada el martes, 13 de junio de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 8000)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
--Del Parlamento de las Islas Baleares, por la que pasa a
denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de
Baleares. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 7.1, de 7 de julio de 1993 (número de expediente
125/000007) (Página 8000)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular, sobre comunicación en
lugares accesibles al público de obras protegidas por derechos
de propiedad intelectual. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 127.1, de 27 de abril de 1995
(número de expediente 122/000106) (Página 8006)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre acceso de
minusválidos al transporte público marítimo. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 239, de 2 de junio
de 1995 (número de expediente 162/000201) (Página 8018)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para
favorecer la integración de las personas afectadas por
disminuciones visuales. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 216, de 10 de abril de 1995
(número de expediente 162/000187) (Página 8022)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, en relación con la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 243, de 9 de junio de 1995
(número de expediente 173/000086) (Página 8028)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general para lograr un incremento del
nivel de apoyo a las unidades familiares, especialmente para
aquéllas con mayores cargas o con rentas más bajas. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 243, de 9 de
junio de 1995 (número de expediente 173/000087) (Página 8032)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
153, de 14 de junio de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 8000)
Toma en consideración de proposiciones de ley de Comunidades
Autónomas (Página 8000)
Del Parlamento de las Islas Baleares, por la que pasa a
denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de
Baleares (Página 8000)
El señor Diputado del Parlamento de las Islas Baleares
(Pascual Amorós) defiende la proposición de ley señalando que
el Parlamento de las Islas Baleares, el 18 de mayo de 1993,
acordó por unanimidad esta proposición por la cual pasaba a
denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de
Baleares. Expone que, según el artículo 3.º d de Autonomía
para las Islas Baleares, la lengua catalana propia de las
Islas tendrá, junto a la castellana, el carácter de idioma
oficial y justamente este reconocimiento es el que fundamenta
la presentación de la proposición de ley por la que el nombre
de la provincia constituida por el Archipiélago balear se
denomina Illes Balears. La proposición tiene un antecedente
claro e inmediato en la Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la que
pasan a denominarse oficialmente Lleida y Girona las provincias de
Lérida y Gerona, y atiende a los deseos de los pueblos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, a través de su
representación en el Parlamento balear, de que su tierra tenga
por único nombre Illes Balears y, por tanto no sea llamada en
el futuro Baleares.
El también Diputado de las Islas Baleares (Pons Pons) resalta
el voto unánime del Parlamento balear en relación con esta
proposición de ley, a la que atribuye un gran valor simbólico,
pidiendo el cambio de denominación de la provincia Baleares
por el de Illes Balears. Resalta, por otra parte, la falta de
arraigo popular de la denominación colectiva del Archipiélago,
lo que les ha facilitado la tramitación de la proposición de
ley en su propio Parlamento y conseguir su aprobación unánime.
Aclara igualmente que no se trata de reparar inexistentes
agravios históricos sino de oficializar la denominación Illes
Balears para referirse tanto a la comunidad autónoma como a la
provincia de Baleares.
Completa la defensa de la proposición de ley el Diputado del
Parlamento balear señor Martínez de Dios, manifestando que en
la exposición de motivos de la proposición de ley se
establecen las razones por las que procede y es convenient
sucesivo la denominación oficial de aquella comunidad
autónoma se haga en la lengua propia del Archipiélago,
denominándose Illes Balears, atendiendo así a la petición asumida
por todas las agrupaciones políticas representadas en el
Parlamento balear.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora
Rahola i Martínez y el señor Chiquillo Barber, del Grupo
López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y los señores Cotoner Goyeneche, del Grupo Popular,
y Moragues Gomila, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición de ley debatida
por 279 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8006)
Del Grupo Parlamentario Popular, sobre comunicación en lugares
accesibles al público de obras protegidas por derechos de
propiedad intelectual (Página 8006)
La señora García-Alcañiz Calvo defiende la proposición de ley
presentada, manifestando que la misma supone la expr estudiar
y resolver un problema que está planteado en la sociedad desde
hace tiempo y cuya solución es esperada por muchos ciudadanos
a los que afecta este problema en una u otra medida.
La razón del Grupo Popular para formular esta propuesta,
abierta a que todos los grupos de la Cámara y todos los
sectores implicados en el tema puedan hacer aportaciones
pertinentes para alcanzar una solución clara, satisfactoria y
justa, constan en la exposición de motivos de la proposición
cuya finalidad única es aclarar en qué consiste el acto de
comunicación pública en lugar accesible al público, según se
contempla en el artículo 20.2, f), de la Ley de Propiedad
Intelectual. Sólo así podrán saber qué actos se consideran
comunicación pública y cuáles no, quiénes ejecutan dichos
actos y cuándo y de quién se requiere autorización, así como
cuándo y a quién se puede exigir la remuneración compensatoria
prevista en la ley.
Se pretende con ello poner fin a una situación jurídica en
relación con los autores y su derecho a autorizar la
comunicación pública de sus obras, situación que se ha visto
agravada incluso a partir de la entrada en vigor, el 1 de
enero de este año, de la Ley que incorpora al Derecho español
la Directiva del derecho a alquiler y préstamos y otros
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual y se amplía a otros colectivos el
derecho a remuneración compensatoria por comunicación pública,
con lo que el problema ya existente se ha modificado. En otras
palabras, trata de poner fin al contencioso y a la situación
de inseguridad jurídica que se venía dando desde 1987 entre
los bares y cafeterías, por un lado, y la Sociedad General de
Autores, por otro, situación que se ha visto agravada desde el
1 de enero del corriente año.
Agrega la señora García-Alcañiz Calvo que la obligación del
legislador es hacer buenas las leyes en sentido técnico y que
no sean susceptibles de interpretación contradictoria en lo
sustancial y, si no se logra a la primera, es obligación del
legislador revisar la ley cuantas veces sea necesaria para
evitar la penosa situación de interpretar unas veces en un
sentido y otras en otro distinto. Sobre este particular
resulta evidente que la Ley de Propiedad Intelectual de 1987
no fue clara en este punto, y la prueba es que prácticamente
desde su promulgación se plantearon numerosos litigios con
motivo del pago de una cantidad por los bares y cafeterías a
la Sociedad General de Autores por la tenencia de receptores
de radio o televisión, situación que exige una clarificación
legislativa.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Clotas i Cierco, que anuncia que votarán en contra de
la proposición de ley del Grupo Popular, aunque comprende en
gran manera lo que lleva a este Grupo a hacer la propuesta que
hace, si bien no comparten la vía elegida. Reconoce la
situación de tensión que se ha creado, que preocupa al Grupo
Popular tanto como al Grupo Socialista, como consecuencia de
la percepción del derecho de autor en bares, cafeterías y
demás establecimientos públicos, derecho que, por otra parte,
no es nuevo, sino que se origina en el Convenio de Berna y se
reconoce en un decreto del Estado español en el año 1959.
Cree, sin embargo, que la tensión es provocada seguramente por
otras causas, es decir, o porque el derecho se aplicaba poco o
porque no se aplica correctamente, o bien porque se producen
abusos. No cree que la tensión se produzca por el «quantum»
del impuesto, ya que éste no es elevado. En todo caso, el
Grupo Socialista comprende la incomodidad de algunos
establecimientos, pero no comparte que el derecho creado pueda
limitarse o anularse a través de una decisión legislativa
simple como la que constituye el trámite de hoy.
Por otra parte, la comunicación pública en bares, que es lo
que hoy discuten, no tiene causa directa en la letra f) del
artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, sino en el
número 3 del artículo 20 bis
del Convenio de Berna, vigente en España desde el año 1959,
por lo que, en su caso, tendría que denunciar ese Convenio, lo
cual tiene la complicación y los trámites que los señores
Diputados conocen. Se trata, por lo demás, de un derecho
reconocido en todos los países firmantes del Convenio de
Berna, y concretamente en todos los países de la Unión
Europea, siendo inferior lo que perciben los autoresespañoles
a la media de lo que perciben en Europa. Termina reiterando la
imposibilidad de aceptar la vía propuesta por el Grupo
Popular, aunque sí quisieran aceptar su voluntad de encontrar
una solución, que quizá la han encontrado en la Sociedad
General de Autores, por una parte, y la Federación Española de
Restauradores, por otra.
Replica la señora García-Alcañiz Calvo, duplicando el señor
Clotas Cierco.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Olarte Cullen, del
Grupo de Coalición Canaria; González de Txábarri Miranda, del
Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Alcaraz Masats, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciat Sometida a votación, es rechazada la
toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo
Popular por 139 votos a favor, 155 en contra y dos
abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 8018)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre acceso de
minusválidos al transporte público marítimo (Página 8018)
El señor Costa Costa defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista por la que instan al Gobierno a que, mediante
los instrumentos adecuados, regule las condiciones de acceso,
los recursos y procedimientos para que las personas con
minusvalías tengan acceso al transporte público marítimo de
pasajeros. Expone que el Plan de acción del Ministerio de
Asuntos Sociales profundiza y desarrolla los principios y
mandatos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos,
plan concebido como un marco exhaustivo donde se contemplan de
forma integral todas las necesidades de las personas con
discapacidades y sus familias para posibilitar actuaciones
coordinadas y coherentes entre los múltiples organismos
intervinientes.
Añade que la proposición que ahora debaten responde al
principio defendido por los socialistas de que las
desigualdades deben ser corregidas, al ser obligación moral de
la sociedad paliar estas desigualdades y, en este caso,
eliminar las barreras de manera que personas con
discapacidades funcionales puedan acceder al transporte
marítimo. La proposición nace, además, del diálogo con la
Asociación de Minusválidos de las Islas Baleares, cuyajusta
reivindicación trasladan a la Cámara. Califica la proposición
no de ley como justa, oportuna y necesaria, solicitando su
aprobación por la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y la señora García-Alcañiz Calvo, del Grupo
Popular.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Hinojosa i Lucena,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista es aprobada por 282 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre acceso
de minusválidos al transporte público marítimo (Página 8022)
La señora García-Alcañiz Calvo defiende la proposición no de
ley del Grupo Popular, manifestando que su Partido, en
coherencia con los principios de solidaridad y
responsabilidad, trae esta proposición a la Cámara para
atender unas necesidades y, además, para dar cumplimiento a un
derecho de una serie de personas que más lo necesitan, como
son en este caso las personas con problemas de disminuciones
visuales. Se trata de unos derechos que están claramente
expresados en varios artículos de nuestra Carta Magna y en
otras normas de menor rango, especialmente el Real Decreto de
7 de diciembre de 1983 y la Orden que lo desarrolla de 18 de
junio de 1985. Existe igualmente una normativa sectorial
variada en el ámbito económico que significa que todas las
administraciones públicas han emprendido, en mayor o menor
medida, acciones tendentes a mejorar las condiciones de acceso
al entorno de estas personas con movilidad reducida por una u
otras circunstancias.
Expone, por último, que son muchas las personas que podrían
beneficiarse si la Cámara toma en consideración la proposición
no de ley, para la que termina pidiendo el voto favorable de
los señores Diputados.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y la señora Fernández Sanz, del Grupo
Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, e Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, es aprobada la proposición no de ley por
288 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8028)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en relación con la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo (Página 8028)
La señora Maestro Martín defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza expresando
su indignación por la vergonzosa manipulación de que está
siendo objeto desde hace tiempo, y especialmente en la última
semana, un derecho histórico de las mujeres, en un escenario
de mercadeo político, en un escenario en el cual el derecho a
la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer está
siendo objeto de un toma y daca político de pactos no escritos
entre el Gobierno y el Grupo de Convergència i Unió. Afirma
que se está utilizando la ley del aborto, el chantaje de la
ley del aborto, para poner de manifiesto tensiones entre el
Gobierno en minoría y el Grupo que le apoya, cuyas
características no se revelan y que están siendo expresión de
acuerdos no escritos y están haciendo que esta Cámara desde
hace tiempo esté jugando un papel de comparsa en el mapa
político general porque las decisiones políticas le son
hurtadas y los acuerdos políticos no están escritos sobre la
mesa ni, desde luego, han sido objeto de ningún tipo de
tramitación parlamentaria en la Cámara.
Añade que la moción de Izquierda Unida pretende que el
Gobierno cumpla sus compromisos, su programa electoral, por el
que se obligaba a la presentación de una ley de interrupción
voluntaria del embarazo. Aunque el Ministro de Justicia les
proponía hace quince días que no presentaran la moción porque
probablemente para estas fechas hubiera sido aprobado el
proyecto de ley en Consejo de Ministros y remitido a la
Cámara, su grupo político no se fía del compromiso del
Gobierno y, por tanto, presentan la moción pretendiendo, una
vez más, que el Gobierno cumpla sus compromisos electorales y
parlamentarios y haga frente a esta situación de forma
definitiva.
Respecto al contenido de la moción, expone que no tiene ningún
contenido maximalista, que son contenidos reales para resolver
una situación histórica planteada respecto al derecho y la
autonomía de las mujeres en relación con su maternidad.
Considera que es el único modo razonable en estos momentos
para dar respuesta a la situación planteada.
Termina aludiendo al contenido concreto de los diversos puntos que
integran la moción.
Para fijación de posiciones intervienen las señoras Rudi
Ubeda, del Grupo Popular, y Del Campo Casasús, del Grupo
Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la primera parte del texto
introductorio de la moción por 148 votos a favor, 138 en
contra y una abstención, rechazándose el resto de la misma por
15 votos a favor y 232 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general para lograr un incremento del nivel de
apoyo a las unidades familiares, especialmente para aquéllas
con mayores cargas o con rentas más bajas (Página 8032)
El señor Michavila Núñez defiende la moción del Grupo Popular,
manifestando que los motivos que la justifican son tan lógicos
y sencillos que no exigen de una larga disertación. La moción
persigue algo que reclama el 87 por ciento de los españoles,
que es impulsar y animar al Gobierno a adoptar medidas
eficaces en ayuda y fomento de la solidaridad que hoy existe
en nuestras unidades familiares. Frente a la difícil situación
económica de desempleo, escasez de las pensiones de nuestros
mayores, carestía de la vivienda o personas desgraciadamente
enganchadas en la droga, los españoles donde realmente han
encontrado solidaridad es en la familia. De ahí la
preocupación por encontrar medidas que impulsen y desarrollen
esa solidaridad que ya existe en las distintas unidades
familiares.
A continuación expone el señor Michavila el contenido de los
tres puntos que integran la moción.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa
Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y Trujillo Oramas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, es rechazada la moción del Grupo Popular
por 130 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Con carácter previo al tratamiento del
orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de
acatam parte del Diputado proclamado electo por la Junta
Electoral Central don Julio Víctor Pascual Abad, en
sustitución de doña María Isabel Abad Pinillos.
Don Julio Víctor Pascual Abad, ¿jura o promete acatar la
Constitución?
El señor PASCUAL ABAD: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Julio Pascual Abad ha adquirido la
condición plena de Diputado.
Bienvenido a la Cámara, señor Pascual.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTONOMAS:
--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, POR LA QUE PASA A
DENOMINARSE OFICIALMENTE ILLES BALEARS LA PROVINCIA DE
BALEARES (Número de expediente 125/000007)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas. Proposición del Parlamento de las Islas Baleares,
por la que pasa a denominarse oficialmente Ille Balears la
provincia de Baleares.
Para la defensa de esta proposición, en nombre del Parlamento
de las Islas Baleares, tiene la palabra, en primer lugar, don
Miguel Pascual.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES
(Pascual Amorós): Señor Presidente, señorías, el 18 de mayo de
1993... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pascual.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES
(Pascual Amorós): Decía que el 18 de mayo de 1993 el
Parlamento de las Islas Baleares acordópor unanimidad y en
votación pública por llamamiento, la proposición de ley por la
cual pasa en denominarse oficialmente Ille Balears la
provincia de Baleares.
En mi defensa de esta proposición de ley ante el Pleno de este
Congreso de los Diputados voy a resaltar tres aspectos
respecto al topónimo Illes Balears. Uno de ellos hace
referencia al origen histórico del nombre Baleares; el otro se
refiere a la expresión del mismo en la lengua propia del
archipiélago balear; y el tercero a la confusión que existe
desde la publicación del Real Decreto, de 30 de noviembre de
1833, de Javier de Burgos, por el que se dividió el territorio
español en provincias.
Dice el historiador Gabriel Alomar y Estévez: La cultura
megalítica de nuestra Edad de Bronce era común a todas
nuestras islas. Es probable que el nombre de Baleares dado en
conjunto a las gentes que habitaban el archipiélago, existiese
ya en aquellos tiempos; es decir, hacia el siglo VII antes de
Cristo. Tan antiguo y noble es este nombre que en tiempos de
Virgilio se contaba la leyenda que había sido el semidiós
Balio, compañero de Hércules, quien lo había dado.
Ciertamente, hubo una escisión circunstancial del archipiélago
que dio origen a la doble denominación de Gimnesias para
Mallorca y Menorca y Pitiusas para Ibiza y Formentera. Ello se
produjo en el año 654 antes de Cristo, con la conquista de
Ibiza por los fenicios; pero esta escisión terminaría en el
año 163 antes de Cristo, con la conquista romana. Desde esta
fecha se puede afirmar que el gentilicio Balear ha estado
presente de forma ininterrumpida para designar a los
habitantes de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera en su conjunto.
Desde poco después de la conquista de Mallorca por Jaime I, el
31 de diciembre de 1229, existe en las Islas Baleares una
lengua propia, en la que se han expresado secularmente
mallorquines, menorquines, ibicencos, formenterenses, y que,
asimismo, ha sido desde Ramón Llull (1222-1315), vehículo de
expresión literaria de los escritores nacidos en nuestra
tierra, sin perjuicio evidentemente, del ocasional empleo del
castellano por algunos de ellos.
Los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 1931, en el teatro
Principal de Palma de Mallorca fue discutido y aprobado, por
la Asamblea de ayuntamientos y entidades, convocada por el
Presidente de la Diputación, el proyecto de estatuto
autonómico de Mallorca e Ibiza, cuyoartículo 2.º rezaba: Las
lenguas ofi son, indistintamente, la materna de dicho
territorio y la española. Por primera vez, un texto de
carácter legislativo proponía la cooficialidad de nuestra
lengua. Desgraciadamente, por razones que no vienen al caso,
este proyecto de estatuto nunca vio la luz. Con la
promulgación de la Constitución de 1978 se aprueba la
cooficialidad de la lengua, en su art Finalmente, el artículo
3.º de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, dice
que la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá,
junto a la castellana, el carácter de idioma oficial.
Precisamente es este reconocimiento el que fundamenta la
presentación
de esta proposición de ley, por la cual el nombre de la
provincia constituida por el archipiélago balear se denomine
Illes Balears.
El Real Decreto de Javier de Burgos denomina provincia de las
Islas Baleares la que comprende las islas de Mallorca,
Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. Sin embargo, a lo largo
de los siglos XIX y XX se producen constantes cambios en su
denominación, ya que unas veces los documentos oficiales
hablan de las Islas Baleares, otras de las Baleares y otras de
Baleares a secas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pascual (Pausa.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES
(Pascual Amorós): Gracias, señor Presidente.
Todavía en la actualidad no ha desaparecido esta confusión, lo
que produce en muchos de los isleños una sensación
evidentemente no de falta de respeto, pero sí de
minusvaloración de los pueblos de nuestras islas. Es como si
un documento oficial se llamara a veces José, Pepe o Pepito.
La proposición de ley a tomar en consideración consta de un
artículo, dos disposiciones adicionales, una disposición final
y tiene un claro an en la Ley 2/1992, de 28 de febrero, por la
que pasan a denominarse oficialmente Lleida y Girona las
provincias de Lérida y Gerona. El objeto era, en este caso,
denominar en catalán a dichas provincias. En nuestro caso, no
se trata solamente del cambio de idioma, sino también de que
en los documentos oficiales, en concordancia con el nombre de
la comunidad autónoma, aparezca el topónimo Illes Balears. Es
deseo de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, a través de su representación en el Parlamento
balear, que nuestra tierra tenga por único nombre Illes
Balears y, por tanto, no sea en el futuro llamada, por
ejemplo, las Baleares o Baleares.
Finalmente, en la disposición adicional segunda se establece
el cambio en las siglas de las placas oficiales de la
matrícula de los vehículos, en donde deben figurar las siglas
IB en vez de PM. La razón es obvia. Las siglas PM son
incompatibles con la descentralización política que supone la
España de las autonomías. Las siglas PM representan únicamente
a los habitantes de la capital --Palma de Mallorca--, pero no
a los de la llamada «part forana» de Mallorca y muchísimo
menos a los de Menorca, Ibiza o Formentera, que no son de
Palma ni de Mallorca. De ahí su propuesta de sustitución por
las siglas IB, iniciales del topónimo Illes Balears.Señorías,
esta proposición de ley ha sido aprobada por unanimidad por el
Parlamento de las Illes Balears. Esta proposición de ley tiene
un antecedente inmediato en la Ley 2/1992, aprobada por las
Cortes Generales, de las que forma parte este Congreso de los
Diputados.
En base a ello me atrevo a solicitar a SS.SS. una votación
unánime de la toma en consideración de la proposición de ley
por la cual pase a denominarse oficialmente Illes Balears la
provincia d Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Tiene la palabra don Damiá Pons Pons, en nombre del Parlamento
de las Islas Baleares.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Pons
Pons): Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados,
debo c siento una extraña sensación al dirigirme a SS.SS.
respaldado no exactamente por un partido político, sino por el
voto unánime del Parlamento de las Islas Baleares.
En los tiempos actuales la unanimidad, el consenso, la
concordia, son bienes políticamente escasos, especies
políticas casi en extinción, por eso siento todavía más el
valor de la unanimidad conseguida en el Parlamento de las
Islas Baleares en un tema aparentemente sencillo, pero de gran
valor simbólico: normalizar la denominación Illes Balears como
nombre oficial de la provincia de Baleares.
La proposición de ley que establecerá la denominación de Illes
Balears para designar la provincia de Baleares, no es una
iniciativa banal ni m aislada. Como el resto de nacionalidades
y regiones de España, las Islas Baleares viven un proceso de
creación y consolidación de sus propias instituciones de
autogobierno y, simultáneamente, recuperan, quieren seguir
recuperando, su propia lengua y su cultura.
Vamos avanzando hacia la normalidad y avanzamos de forma
democrática, incluso con la unanimidad, casode la proposición
de ley que presentamos; unanimidad total del Parlamento de las
Islas Baleares. Avanzamos --esto es bueno-- sin prisas y sin
pausas, a ritmo de pequeños pasos, pero sin precipitaciones ni
riesgos. Estamos en el buen camino sin polémicas y sin
crispaciones. A cada paso estamos más cerca de nuestro
objetivo: ser una nacionalidad, una región normal, tanto en
instituciones como en materia cultural y lingüística. Como
dice el viejo refrán castellano y esta es una iniciativa
pequeña, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero.
Las Islas Baleares deben tener una denominación idéntica,
tanto para la comunidad autónoma como la provincia. Hoy
vivimos la pintoresca situación de ser Islas Baleares a nivel
autonómico y de ser simplemente denominación reducida Baleares
a nivel provincial.
Puede parecer irrelevante pero es un indicio claro, un síntoma
evidente de que las Islas Baleares necesitan normalizarse
empezando por algo tan elemental como su propia denominación y
la denominación debe ser oficializada en la lengua propia de
las Islas Baleares que, de acuerdo con el artículo 3.º de
nuestro Estatuto de Autonomía para Baleares, es la lengua
catalana. Por todo lo expuesto defendemos que nuestra
denominación, también a nivel provincial y no sólo a nivel de
comunidad autónoma, debe ser Illes Balears.
En los trabajos de ponencia de la proposición de ley que hoy
presentamos tuve ocasión de llevar a cabo una pequeña labor de
investigación histórica sobre el nombre de nuestro
archipiélago. Me interesa la historia porque creo que en ella
hallamos la clave de muchos problemas. La denominación de
nuestro archipiélago ha sido fluctuante. Baleares y Pitiusas;
Islas Orientales de Al-Andalus, en la época islámica, del
siglo VIII al siglo XIII; Reino de Mallorca en el siglo XIII
al XVIII; y en los siglos XIX y XX Islas Baleares, las
Baleares o simplemente Baleares. Hay que reconocer que todas
estas denominaciones han dejado absolutamente indiferentes a
cada uno de los pueblos de las Islas Baleares. Nuestro
archipiélago no tiene un sentido de comunidad única. Cada
isla: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, se siente una
comunidad definida por los estrictos límites de la geografía.
Nos sentimos mallorquines, menorquines, ibicencos y
formenterenses, pero nadie en las Islas Baleares ha dicho
jamás: soy balear. Por esta razón las fluctuaciones de la
denominación de las Islas Baleares, de nuestro archipiélago,
no trascienden a nivel popular; son denominaciones
administrativas, denominaciones políticas, pero no populares.
Precisamente esta falta de arraigo popular de la denominación
colectiva del archipiélago nos ha simplificado la tramitación
de esta proposición de ley en el Parlamento de las Islas
Baleares y ha permitido conseguir la «rara avis» de total
unanimidad. Esperamos también que en las Cortes Generales, en
esta Cámara, sea unánimemente aceptada.
Quiero decir que ninguno de los representantes del Parlamento
de las Islas Baleares hemos venido a plantear contencioso
histórico alguno. No esconde esta proposición de ley ningún
afán de reparar inexistentes agravios ni viejas ofensas y
pleitos archivados. La Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía marcan para las Islas Baleares, como para el resto
de las nacionalidades y regiones de España, la senda y el buen
camino para alcanzar una normalidad institucional y cultural.
En una situación normal queremos dar hoy a las Islas Baleares
a cada cosa su denominación estricta. El Parlamento de las
Islas Baleares aprobó, de forma unánime, que se oficializase
la denominación Illes Balears para referirse, tanto a nuestra
comunidad como a nuestra provincia. Es la unanimidad que os
pedimos que enesta Cámara, en las Cortes Generales, nuestra
proposición de Ley.
Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pons.
Tiene la palabra finalmente, para la defensa de esta
proposición de ley, don Jesús Martínez de Dios.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES
(Martínez de Dios): Señor Presidente, señorías, después de la
intervención de mis compañeros pocos argumentos puedo añadir
yo a los que han expuesto en defensa de esta proposición de
Ley, aprobada por unanimidad en el Parlamento balear. Por
ello, quiero hacer una referencia puramente técnica a este
proyecto que comprende una exposición de motivos, un único
artículo, dos disposiciones adicionales y una disposición
final.
En la exposición de motivos se establecen las razones de por
qué, existiendo una disparidad entre el contenido del Estatuto
de Autonomía de la y la normativa nacional en relación a la
denominación del archipiélago balear, procede y es conveniente
que en lo sucesivo la denominación oficial de esta comunidad
autónoma se haga en la lengua propia del archipiélago de forma
que se denominen Illes Balears. Esta petición, como ya se
apuntó por uno de mis compañeros, tiene precedentes en las
denominaciones que dos provincias de la comunidad catalana,
Lérida y Gerona, tienen ya vigencia en su lengua nacional, es
decir el catalán, como Lleida y Girona.
Por otra parte, creo que esto también responde, y así lo
manifestó el grupo al que yo represento, el Partido Popular,
en el Parlamento balear, como una cuestión de sentimiento que
fue asumida por todas las agrupaciones políticas representadas
en aquella Cámara.
La segunda ordenación, más bien de carácter administrativo que
contiene esta ley, es la que se refiere a la modificación de
los indicativos de matrícula de los vehículos que circulan por
aquella comunidad autónoma, de forma que la tradicional, y
casi generalmente aceptada de que sea el nombre de la capital
de la provincia la que determine este indicativo, pase en lo
sucesivo, en las Islas Baleares a ser las letras IB;
precedente que tiene, por ejemplo, en la Comunidad Navarra,
antes provincia y también región, en donde la denominación de
la matrícula de los vehículos o en los carnés de conducir, se
hace en base a las iniciales propias de esta comunidad, NA.
También hay precedentes, aunque algo modificados en el
archipiélago canario, en relación con las provincias de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas, en donde no coinciden
exactamente estas matrículas con los indicativos de las
ciudades que son capitales de la provincia. Lo mismo ocurría
en los antiguos territorios españoles de Sahara, Ifni y en los
que fueron provincias españolas del Golfo de Guinea.
No quiere esto decir --y así lo hemos entendido siempre-- que
fuese una exigencia de tipo nacionalista, sino pura y
simplemente una cuestión que, como he dicho antes, se inscribe
dentro de los sentimientos de una comunidad y que tiene su
propio correctivo y su propia matización en la disposición
adicional primera de esta norma, en la que se hace constar que
en todas aquellas cuestiones relacionadas con publicaciones,
actos culturales o cualquier otra manifestación que se haga,
no es imprescindible la exigencia de utilización del término
Illes Balears en la lengua propia de las Islas Baleares y sí,
por el contrario, se siga utilizando con total y absoluta
libertad (lo que demuestra el carácter tolerante que está
representado en el Parlamento balear) la denominación habitual
hasta ahora, de Islas Baleares, hasta que se apruebe esta
disposición para todas aquellas cuestiones que no tengan
carácter oficial.
Como poco más puedo añadir en defensa de la petición de que
por SS.SS. se apruebe esta proposición de ley, y se tome en
consideración para su ulterior tramitación, solamente queda
por mi parte expresarles mi agradecimiento por su atención y
por la acogida que, con toda certeza, estimo tendrá esta
iniciativa que hoy tenemos el honor de presentar ante el
Congreso de la nación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez de Dios.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad, sólo para decir, si me permiten, que este
debate produce un doble sentimiento: por un lado, es una gran
noticia que vayamos avanzando en el terreno de la racionalidad
y de la justicia, también el de la justicia lingüística; y,
por otro, produce la desazón de tener que debatir y defender
lo obvio.
Las Illes Balears se han llamado siempre históricamente Illes
Balears, fruto de la lengua propia, el catalán, que se habla
en las Illes. Por t histórico, por lógica gramatical, por
lógica lingüística, por derecho lingüístico y también por
lógica democrática así tienen que llamarse también
oficialmente.
Nada más. Sencillamente expresar nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, intervengo para
fijar la postura de Unión Valenciana y Coalición Canaria en la
toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento
de las Illes Balears, referente al cambio de denominación de
la actual provincia de Baleares para que se denomine
oficialmente Illes Balears.
Unión Valenciana, junto con Unión Mallorquina, integrante de
Coalición Nacionalista, apoya esta iniciativa impulsada por
Unión Mallorquina en el Parlamento balear y aprobada en 1993,
que solicita el cambio oficial de la denominación de la
provincia de
Baleares por Illes Balears.
En la actualidad, y de acuerdo con la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, sólo tiene validez oficial la
denominación Illes Balears cuando designa a la Comunidad
Autónoma que cuenta como base territorial el Archipiélago
balear. Para que coincida la denominación oficial de la
Comunidad Autónoma y la de la provincia, por respeto a la
tradición cultural, lingüística e histórica, y establecer el
uso oficial del topónimo Illes Balears, Unión Valenciana y
Coalición Nacionalista vamos a apoyar esta iniciativa
legislativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario, el
Grupo (Convergència i Unió), respecto de esta proposición de
ley que nos presentan esta tarde al Parlamento las Illes
Balears, y que ha sido defendida por sus dignos
representantes. Quiero hacer esta fijación de posición desde
una íntima satisfacción doble. Por un lado, se trata de una
iniciativa del Parlament de las Illes Balears y, por tanto, de
una iniciativa que pone en marcha nuevamente un mecanismo
constitucional, como es aquél derivado de la posibilidad de
los parlamentos autonómicos de traernos iniciativas
legislativas ante el Congreso de los Diputados. Es una buena
estos mecanismos constitucionales funcionan y lo hacen
correctamente, de forma positiva.
Además, esta doble satisfacción lo es también porque se trata
de una iniciativa, la que nos presenta el Parlament de las
Illes Balears, que corre en paralelo, es calcada, es
literalmente la misma, que otra que nuestro Grupo
parlamentario presentó en fecha 23 de diciembre de 1991 ante
esta Cámara, relativa a una proposición de ley por la que
solicitábamos, y así está ya en el «Boletín Oficial del
Estado», que las provincias de Lérida y de Gerona se
denominaran oficialmente Lleida y Girona, como correspondía.
¿Que nos pide el Parlament de las Illes Balears? Nos pide algo
muy sencillo, como han puesto de manifiesto sus dignos
representantes, que es que lo que aún hoy oficialmente se
denomina, desde una perspectiva de
provincia, Islas Baleares, sea reconocido como Illes Balears.
¿Por qué? Porque se
mantiene, como algún Diputado de las Illes ha dicho aquí hace
breves momentos, una pintoresca, una absurda situación como es
que la comunidad autónoma como tal se denomina oficialmente
Illes Balears y el mismo territorio concebido como provincia
se denomina Isla Baleares. Esta es una situación absurda,
pintoresca, que cabe corregir y cabe hacerlo desde este
parlamento, a través de una proposición de ley.
En segundo lugar, porque también ha sido señalado aquí, se
trata de avanzar en la recuperación plena de la lengua propia.
Quizás se trata de un gesto para algunos, pero en el fondo se
trata de un avance más en la personalización de una lengua,
que es la propia, el catalán, que es la lengua también oficial
en las Illes Balears, es su lengua, y por lo tanto se trata de
convertir en oficial algo que es normal a nivel de calle: que
las Illes son las Illes y no son las Islas Baleares.
Este Grupo Parlamentario también desea hacer constar que
espera del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Socialista que en la tramitación de esta
proposición de ley no ocurra lo que ocurrió cuando la
tramitación de nuestra iniciativa parlamentaria, referida a
las hoy denominadas provincias de Girona y Lleida, que es que
el Grupo Parlamentario Popular lo que quería era que el
territorio se denominase Girona (Gerona) y Lleida (Lérida). Y
el Grupo parlamentario Socialista con la adición de la palabra
«también» lo que quería era mantener igualmente que Gerona
siguiera siendo Gerona, en vez de definitivamente Girona, y
Lérida fuera también Lérida, además de Lleida.
Desde la esperanza de que no se cometa un nuevo error por
parte del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Socialista, nuestra satisfacción por esa
iniciativa, señor Presidente, que vamos a votar positivamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a expresar el voto del Grupo Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a favor de la
proposición de ley presentada a esta Cámara por el Parlamento
de las Illes Balears.
Se pretende con esta proposición de ley acabar con un
despropósito en relación con el topónimo Illes Balears, que
sólo en este momento es válido cuando se aplica a la comunidad
autónoma, pero no cuando se refiere a la provincia, que, como
se ha dicho, continúa siendo las Islas Baleares.
Esta proposición de ley viene con la unanimidad del Parlamento
de las Illes Balears y nosotros pensamos que debe salir del
Congreso de los Diputados de Madrid con la misma unanimidad.
El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
concretamente esta Diputada que les habla, que pertenece a
Iniciativa per Catalunya, sabe que este no es un tema baladí.
Se trata, sencillamente, de respetar uno de los sentimientos
más profundos, aquél con el que los hombres y las mujeres
designan sus lugares, y lo hacen en su lengua propia, en este
caso, el catalán.
Señorías, estamos también de acuerdo con las adicionales
primera y segunda, por cuanto en el momento actual las siglas
«P.M.» representan la p todo y realmente deben ser las siglas
«I.B.» las que identifiquen a la comunidad autónoma y a la
provincia de las Illes Balears.
Por todo ello, señorías, como he anunciado, es para nosotros
una gran satisfacción que a partir de ahora, si sale aprobada
por mayoría o por unanimidad --esperemos-- esta proposición de
ley, ya no volvamos a hablar ni de Baleares ni de Islas
Baleares, sino que hablemos de las Illes Balears.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cotoner.
El señor COTONER GOYENECHE: Señor Presidente, este Diputado,
ante todo, quiere dar la bienvenida a esta Cámara a los
Diputados del Parlamento de la Comunidad de las Islas
Baleares, señores don Jesús Martínez de Dios, don Damián Pons
y Pons y don Miguel Pascual Amorós, y la enhorabuena por la
defensa realizada de la presente proposición de ley presentada
por aquella Cámara y que en aquel momento, en el año 1993, fue
aprobada por unanimidad.
Nuestro Grupo considera que cuando existe una iniciativa
procedente de una Cámara autonómica que es lógica y razonable
y no infringe ninguna materia estatal ni transgrede
competencias estatales siempre debe encontrar el apoyo de este
Cámara y, sobre todo, el apoyo de nuestro Grupo. Por eso,
desde este momento, anunciamos que nuestro Grupo va a dar el
apoyo a la misma y votará afirmativamente su toma en
consideración.
La proposición de ley ya nos habla en su exposición de motivos
de que la denominación de Illes Balears, de acuerdo con la
Constitución española y el Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares, solamente tiene validez oficial en cuanto se
refiere al territorio de la comunidad autónoma; pero en cuanto
se refiere al archipiélago como provincia, la denominación de
Illes Balears ya no tiene ese mismo aspecto. Nosotros creemos
que es obligación de esta Cámara dar la aprobación
y el voto afirmativo para la toma en consideración de esta
proposición de ley, ya que viene obligado porque el artículo
25.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
que aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes
de régimen
local, dispone que sólo mediante ley aprobada por las Cortes
Generales puede modificarse la denominación de las provincias.
Como recordarán por la exposición de los oradores que me han
precedido en el uso de la palabra, el Decreto de 30 de
noviembre de 1833, sobre delimitación de las provincias,
disponía que dicha provincia se denominaba «provincia de las
Islas Baleares», designando como su capital a Palma de
Mallorca. Este es el famoso Decreto de don Javier de Burgos,
que fue el primero que dividió a España en 49 provincias. Con
la existencia de las comunidades autónomas, lo que se ha hecho
en algunos casos ha sido trasladar provincias que antes
pertenecían, conjuntamente con otras, a otras regiones y ahora
han pasado a diferente comunidad autónoma. Nosotros creemos
que, al ser las Islas Baleares una comunidad autónoma,
denominada por el Estatutode Baleares Illes Balears,
uniprovincial, debe coincidir el mismo nombre de Illes Balears
en la denominación de la provincia. Por eso, nos parece que
esta proposición debe ser aceptada por todos nosotros, dando
el visto bueno a su tramitación.
En relación con el último punto, que es la disposición
adicional segunda, relativa al cambio de las siglas de las
matrículas de los vehículos, lo dejamos para más adelante,
para tratarlo durante la tramitación de la ley en Comisión.
Debemos tener en cuenta las modificaciones que vienen
impuestas por la Unión Europea. En estos momentos, únicamente
hay un documento de trabajo que data de 1990, que todavía no
es obligatorio para los países, pero si esto va adelante, sí
llegará a entrar en funcionamiento la matrícula única de los
diferentes países de la Comunidad Europea. Creemos que durante
la tramitación en Comisión se deben tener muy en cuenta esas
disposiciones de la Comunidad Europea y estudiar muy a fondo
el cambio de las matrículas, para no hacer gravoso a los
ciudadanos tener que cambiar ahora la matrícula que después
seguramente tendrían que volver a cambiar. Por tanto, repito,
pienso que se debe tener en consideración en la Comisión toda
la normativa de la Comunidad Europea.
Nada más.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, ésta va a ser una intervención necesariamente
breve, dado el grado de coincidencia que mantenemos con la pro
nos remite el Parlamento de las Islas Baleares. Vaya por
delante el voto favorable a la toma en consideración del
proyecto de ley, como ya han dicho los portavoces de otros
grupos parlamentarios y como hicieron, por unanimidad, todos
los grupos representados en el Parlamento de la comunidad
autónoma. Estamos de acuerdo con la intencionalidad básica de
esta propuesta, que no es otra que la de hacer coincidir el
nombre oficial de la provincia con el nombre cooficial de la
comunidad autónoma establecido por la ley orgánica de su
estatuto de autonomía, como han dicho y repetido portavoces
que me han precedido en el uso de la palabra.<ð Es bien
cierto, señorías, que adecuar denominaciones provinciales con
las correspondientes denominaciones autonómicas no es algo
nuevo para el los Diputados, que a lo largo de estos últimos
años ha modificado en tres ocasiones el Real Decreto de 30 de
noviembre de 1833: en noviembre de 1980, con la Ley 57/1980,
para que la antigua provincia de Logroño pasara a denominarse
La Rioja; en 1981, con la Ley 8/1981, mediante la cual
Santander pasó a denominarse Cantabria, y en abril de 1983,
con la Ley 1/1983, por la cual la provincia de Oviedo se
convirtió en la provincia de Asturias.
No es menos cierto, señoras y señores Diputados, que esta
tramitación no sería necesaria en este caso, puesto que la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares comparte desde la
promulgación del Estatuto de Autonomía una identidad
terminológica con la provincia --el Estatuto la define en su
artículo 1 como Comunidad Autónoma de las Islas Baleares--, si
no fuera porque nos hallamos ante una disimetría en el
aplicación de topónimos de la lengua propia y de su
correspondiente en castellano y que, además, puede tener
continuidad, aunque en un plano distinto, en todas aquellas
provincias integrantes de comunidades autónomas provistas de
lengua oficial, como ya se ha visto en los casos de Lérida y
Gerona, ahora Lleida y Girona.
Por ello, nuestro Grupo, sin menoscabo de la toma en
consideración de la propuesta, como he dicho al principio,
trasladará para su debate en Comisión la conveniencia de
adoptar un criterio normativo positivo de carácter general, el
cual, desde el respeto que merece la tradición cultural de las
regiones y nacionalidades españolas, pueda introducir
elementos de coherencia y homogeneidad en la definición y los
efectos de las denominaciones oficiales. En este sentido, y a
la espera de su debate en Ponencia y Comisión, votaremos
afirmativamente la iniciativa que nos llega del Parlamento
balear.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Parlamento de las Islas Baleares, por la que pasa a
denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de
Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 279; en contra, dos; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRECOMUNICACION EN
LUGARES ACCESIBLES AL PUBLICO DE OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Número de expediente 122/000106)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley.
Proposición del Grupo Popular sobre comunicación en lugares
accesibles al público de obras protegidas por derechos de
propiedad intelectual.
Tiene la palabra la señora García-Alcañiz. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ruego que
ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señorías, la toma en consideración de esta proposición de ley
del Grupo Popular por todos los grupos de la Cámara, como
espero que así sea, supone la expresión clara de una voluntad
de estudiar y de resolver un problema que está planteado en la
sociedad desde hace bastante tiempo, cuya solución es esperada
por muchos y numerosos ciudadanos a los que les afecta este
problema en una o en otra medida.
Señorías, en este trámite parlamentario, el Grupo Popular cree
necesario explicitar las razones por las cuales hace esta
propuesta abierta par grupos y todos los sectores implicados
en el tema puedan hacer las aportaciones pertinentes de manera
que se pueda alcanzar una solución clara, una solución
adecuada, una solución satisfactoria, y, sobre todo, una
solución justa.Como consta en la ex que persigue esta
proposición de ley es aclarar en qué consiste el acto de
comunicación pública en lugar accesible al público, que se
contempla en el artículo 20.2f) de nuestra Ley de Propiedad
Intelectual. Sólo así podremos saber qué actos se consideran
comunicación pública y cuáles no, quiénes ejecutan dichos
actos y, por tanto, cuándo y quién requiere autorización y
cuándo y a quién se puede exigir la remuneración compensatoria
prevista en la Ley. Con ello, sólo se pretende poner fin a una
situación de grave inseguridad jurídica en este tema. Esta
situación de inseguridad jurídica se venía dando desde la
aprobación en 1987 de la Ley de Propiedad Intelectual en
relación con los autores y su derecho a autorizar la
comunicación pública de sus obras, pero sin duda dicha
situación se ha visto agravada a partir de la entrada en vigor
el 1.º de enero de este año de la Ley que incorpora al Derecho
español la Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo y
otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de
la propiedad intelectual, en virtud de la cual se amplía a
otros colectivos el derecho a obtener una remuneración
compensatoria por comunicación pública, con lo que se ha
multiplicado el problema.
En otras palabras y para que se entienda, si desde 1987 el
contencioso y la situación de inseguridad jurídica se venía
dando entre los bares y cafeterías, por un lado, y la Sociedad
General de Autores, por otro, a partir del 1.º de enero de
este año, las entidades de gestión de los derechos de los
artistas, intérpretes y ejecutantes y la de los productores
podrían empezar a mandar asimismo a sus cobradores para exigir
una remuneración.
Dos son las razones o los hechos que, a nuestro juicio, hacen
necesaria la toma en consideración de esta proposición de Ley,
y el estudio y clarificación por las Cortes del concepto de
comunicación en lugares accesibles al público de obras
protegidas por derechos de propiedad intelectual. En primer
lugar, la situación de inseguridad jurídica que se venía dando
desde 1987, como hemos dicho, en relación con los autores, por
la ausencia de claridad de la Ley de Propiedad Intelectual en
este punto, al no dejar establecido nítidamente cuándo se
produce la comunicación pública y cuándo no en dichos lugares.
En segundo lugar, señor Presidente, el agravamiento o
multiplicación de esta situación de inseguridad jurídica, a
partir del 1 de enero de 1995, por el reconocimiento que se
hace a artistas y productores de una remuneración
compensatoria por comunicación pública, sin que esté claro
cuándo se produce ésta en los lugares accesibles al público.
Además, ambas situaciones han sido creadas o propiciadas por
el legislador, por lo que esta obligación de clarificación
resulta, sin duda alguna más evidente.
La obligación del legislador, como todas SS.SS. saben,
sabemos, es hacer buenas leyes, e susceptibles de
interpretaciones contradictorias en lo sustancial, aunque
siempre haya un margen para la interpretación. Y si no lo
logra a la primera, la obligación del legislador es revisar
esa ley cuantas veces sea necesario, hasta que quede
suficientemente clara y, así, los tribunales no se vean en la
necesidad de tener que interpretar constantemente la intención
del legislador ni en la penosa situación de hacerlo unas veces
en un sentido y otras, en otro.
Pues bien, como resulta evidente y como la experiencia ha
demostrado, nuestra Ley de Propiedad Intelectual de 1987 no
fue suficientemente clar al no establecer de forma nítida si
la recepción de las emisiones de radio o televisión en un
lugar accesible al público constituía un acto de comunicación
pública independiente. Prueba de ello es que prácticamente
desde su promulgación se plantearon ante los tribunales
españoles numerosos litigios con motivo del pago de una
cantidad por parte de los bares y las cafeterías a la Sociedad
General de Autores por la tenencia de un receptor de radio o
de televisión, fundamentados en distintas interpretaciones que
se hacían al artículo 20.2.f) de nuestra Ley de Propiedad
Intelectual. Y prueba definitiva de ello es que, más allá de
las diferentes interpretaciones de los usuarios de la norma,
los tribunales españoles han emitido desde entonces,
resolviendo ciertos litigios, numerosas sentencias
contradictorias sobre el particular, que ora daban la razón a
los bares y a las cafeterías y ora daban la razón a la
Sociedad General de Autores. Incluso, entre las sentencias que
eran favorables a unos, la fundamentación del fallo y la
interpretación en este punto de la Ley de Propiedad
Intelectual no era siempre la misma.
Por ello, la situación exige una clarificación legislativa,
clarificación que consideramos deseable, y así lo será, por
todo aquél que actúa de buena fe al interpretar la Ley de
Propiedad Intelectual; sólo aquél que la rechace tendrá que
explicar cuál es la intención que tiene al no querer que una
situación como ésta no se clarifique.
Esta clarificación se hace todavía más necesaria, si cabe, y
es para el legislador más obligada que nunca, después, como he
dicho antes, de la incorporación al Derecho español de la
directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo y
otros derechos de explotación, entre los que se encontraba el
de la comunicación pública. En dicha directiva se reconocía el
derecho de los artistas, intérpretes y cantantes músicos y el
de los productores de fonogramas a obtener de los usuarios una
remuneración equitativa y única por su comunicación pública,
aspecto este que ya estaba contemplado, aunque no exactamente
del mismo modo, en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en el
artículo citado.
Pues bien, con ocasión de la incorporación a nuestro Derecho
de esta directiva se incluyó, por vía de enmienda, un apartado
en el que se reconocía este mismo derecho a los artistas
intérpretes y ejecutantes, actores, y a los productores de
grabaciones audiovisuales, derecho este que no estaba incluido
--y hay que decirlo-- en la directiva que se trataba de
incorporar y que tampoco se encontraba contemplado en nuestra
Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, si no parece el
mejor método para reconocer unos nuevos derechos la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una directiva
europea que no los contempla, con independencia de la justicia
o conveniencia de dicho reconocimiento, mucho peor fue la
forma en que se hizo, sin determinarse las personas a quienes
se podía exigir o de quienes se podía recaudar tal
remuneración, aspecto este que la propia directiva aconseja
hacer a los Estados en relación con otras materias que sí
reconocía. Por eso decimos que al no estar suficientemente
claro en la Ley de Propiedad Intelectual el acto de
comunicación pública en lugares accesibles al
público, este reconocimiento de nuevos derechos vino a agravar
la situación de inseguridad jurídica. Fue entonces cuando la
Federación Española de Restaurantes enterada de la
incorporación en el Derecho de esta enmienda que multiplicaba
por cinco el contencioso que venía manteniendo con la Sociadad
General de Autores desde 1987, se dirigió a todos los grupos
parlamentarios para que en el Senado quedase resuelto el tema
definivamente.
Como consecuencia de estas gestiones, se presentaron en el
Senado cuatro enmiendas que pretendían, por una parte,
delimitar mejor los actos de comunicación pública en los
lugares accesibles al público y, por otra, determinar las
personas a las que se podía exigir o de las que se podía
recaudar la remuneración prevista en la Ley. Finalmente se
llegó en el Senado a un texto transaccional entre los grupos
enmendantes que fue aprobado en el Pleno con el voto a favor
de todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo
Socialista. No obstante, y haciendo honor a la verdad, hay que
decir que el Grupo Socialista intentó hasta el último momento
acordar una enmienda transaccional en la que admitía el
criterio de las enmiendas, pero en la que dejaba fuera de la
aplicación del mismo a los autores, cosa que no fue aceptada
por considerarse que era un criterio general, debía afectar a
todos y no excluir a ningún grupo. Y es así como se llegó al
momento de la ratificación por el Congreso de las enmiendas
introducidas en el Senado, momento en el que, como ya es
sabido por SS.SS., dos grupos parlamentarios que habían votado
en el Senado cambiaron su intención de voto en el Congreso y,
por tanto, no quedó ratificada. Al no ratificarse esa
enmienda, el Congreso dejó la cuestión en la situación de
inseguridad jurídica anterior, eso sí, agravada, como hemos
dicho, por los nuevos derechos reconocidos a artistas
y productores en relación con la comunicación pública, y ésta
y no otra es la situación en la que se encuentra ahora y la
que debemos resolver de una vez.
Así pues, olvidándonos ya señorías, de la accidentada
tramitación que tuvo la directiva sobre derechos de alquiler y
préstamo, tanto en el Congreso como en el Senado, y asumiendo
que debido a esta accidentada tramitación se tuvo que actuar
en este punto, como en algunos otros, con una excesiva
precipitación por la vía de enmienda, a lo que siguieron,
además, los brevísimos plazos de un procedimiento de urgencia
que impidieron una reflexión sobre este tema por parte de los
grupos parlamentarios, dispongámonos ahora con ocasión de esta
proposición de ley a hacerlo de modo más sereno, más sosegado,
zanjando definitivamente esta cuestión.
Desde diciembre pasado ha habido tiempo para resolver con más
calma y para meditar y estudiar con tranquilidad este tema, y
de hecho nos consta que los distintos sectores implicados se
han movilizado durante estos meses para explicar sus posturas
a los partidos políticos y todos, todos, han constatado la
necesidad de abordar este punto con serenidad, con sosiego,
con tranquilidad, pero con justicia, y resolverlo.
Por ello, señor Presidente, tomemos hoy en consideración esta
proposición de ley. Proponemos que antes de empezar el plazo
de enmiendas se abra un período --así piensa el Grupo Popular-
- en el que comparezcan todos los sectores implicados, que nos
expongan sus posturas y, así, los grupos parlamentarios
tendremos un conocimiento más certero del problema que
acontece, y después ábrase un plazo de enmiendas de tal manera
que demos solución a este problema.
En cualquier caso, el Parlamento no puede ni debe dar la
espalda a un problema como éste que, como decíamos al
comienzo, lleva mucho tiempo planteado en la sociedad, que el
propio legislador, es decir, nosotros, esta Cámara, ha
propiciado. Y como nuestra obligación es hacer leyes claras y
el problema se ha agravado, de una vez por todas seamos
responsables y abordemos este problema que tanto lo necesita.
Además, al aclararse el concepto de comunicación pública en
lugares accesibles al público, no sólo quedará zanjado el tema
de la recepción de emisiones de radio y televisión en bares y
cafeterías, asunto con ocasión del cual se ha suscitado la
polémica, pero que no debe inducirnos a confusión respecto a
la trascendencia del tema, sino que también se resolverían,
sin duda alguna, las dudas en relación con otros supuestos y
con otros lugares accesibles al público, como son las
consultas, las peluquerías, las tiendas, los taxis, etcétera.
Como dijimos al principio, señor Presidente, y con esto
termino, la toma en consideración hoy de esta proposición de
ley demostrará la volunt de estudiar y resolver problemas en
los que todos coincidimos que existen y, por lo tanto, urge
una clarificación. Es más importante, seño vez que, incluso,
el sentido en que se haga esta clarificación.
El voto en contra --y espero que no exista-- de esta
clarificación pondrá en evidencia al que lo emita y en la
tesitura de explicar los motivos por los que le interesa que
la cuestión siga oscura. Espero que la responsabilidad de
todos los grupos parlamentarios y de todas y cada una de
SS.SS. den su voto afirmativo, que nos permita el diálogo, el
debate constructivo y la solución de unos problemas que
afectan a la sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Turno en contra.
Para un turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Clotas.
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señorías, no subo a
la tribuna exactamente con ánimo de turno en contra, aunque mi
Grupo va a votar negativamente esta proposición de ley del
Grupo Popular, una proposición de ley que pretende algo que no
es nuevo para esta Cámara, porque, como bien ha dicho la
señora García-Alcañiz, ya se planteó en términos muy similares
con motivo de la votación de las enmiendas del Senado a la
última directiva sobre derechos de autor que vimos en esta
Cámara.
Digo que no subo con ánimo de turno en contra, porque
comprendemos en gran manera lo que lleva al Grupo Popular a
hacer esta propuesta, aunque no compartimos la vía. Lo que a
nuestro entender lleva al Grupo Popular a hacer esta propuesta
es tensión que se ha creado y que les preocupa, como nos
preocupa a nosotros. Se ha creado una tensión por la
percepción de este derecho de autor en bares, cafeterías y
demás establecimientos públicos y esa tensión es una realidad.
¿Por qué se ha creado esa tensión? Quiero decir que el derecho
no es nuevo, que el derecho no se origina ni siquiera en la
Ley de Propiedad Intelectual, sino que el derecho se origina
en el Convenio de Berna, y hay incluso un decreto del Estado
español, del año 1959, que dice con toda claridad y rotundidad
que aquellos bares y establecimientos que dispongan de un
aparato de radio o de televisión tiene que satisfacer este
derecho. Por tanto, no es que el derecho sea nuevo. Esa
tensión seguramente está provocada por otras causas. O porque
el derecho se aplicaba poco o porque no se aplica
correctamente o porque se producen abusos. Yo he oído que,
incluso, en algún caso se ha pretendido que este derecho lo
abonaran los propietarios de quioscos porque tienen una radio
para su uso particular mientras venden los periódicos, lo cual
evidentemente es un abuso. Puede que sea también por el
«quantum» de la percepción.
Quiero decir aquí que eso me parece más difícil, puesto que el
«quantum» no es muy elevado, es menos que la adquisición de un
periódico diario, cosa que hacen muchos bares y lo ponen a
disposición del público. Pero el hecho cierto es que existe
esa tensión y que el Grupo
Socialista comprende la incomodidad de algunos
establecimientos, por sus características, de satisfacer ese
derecho.
Lo que no compartimos, señorías --intentaré explicarme--, es
que eso sea un derecho nuevo o que ese derecho pueda, por una
decisión legislat la que constituye el trámite de hoy,
limitarse o anularse. El derecho, que como digo tiene su
origen en el Convenio de Berna, está plenamente establecido en
el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, que dice,
exactamente, que el autor tiene un derecho exclusivo a
autorizar la comunicación pública en lugar accesible por el
público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra
radiodifundida por radio o televisión. O sea, que el hecho de
tener una radio o una televisión en un local abierto al
público, constituye una de las modalidades de lo que se llama
la comunicación pública y genera un derecho. Esto es
incontestable con las leyes en la mano, y supongo que todas
SS.SS. conocen la Ley de Propiedad Intelectual.
La propuesta del Grupo Popular, a mi entender --y reitero una
vez más que creo en su buena intención y comparto parte de la
buena voluntad en resolver un problema--, comete un error y es
que la propuesta distingue algo que no es posible distinguir
con todo el aparato jurídico en la mano desde el Convenio de
Berna; luego me referiré a cuál es la realidad de los
distintos países europeos. El Grupo Popular dice: cuando hay
un aparato en un bar, sea una radio o una televisión, que
directamente emite, no genera derecho. Otra cosa sería --viene
a decir el Grupo Popular-- si se interpone otro instrumento
entre el público y ese aparato. Pues bien, señorías, eso es
tan poco cierto como que la figura de interponer otro aparato
está contemplada en la Ley de Propiedad Intelectual como
retransmisión, no como transmisión, y es otra de las
modalidades de comunicación pública que, en lugar de llevar la
letra f), lleva la letra e). Por tanto, lo que hace la
propuesta del Grupo Popular es eliminar claramente una de las
modalidades de comunicación pública, y creemos que esto no es
posible. En primer lugar, no sería posible por la vía que se
propone, de adición, porque al añadir el texto que propone el
Grupo Popular, queda inmediatamente sin sentido el que he
leído yo antes del artículo 20, f), de la Ley de Propiedad
Intelectual; son absolutamente contradictorios. Lo que hace el
Grupo Popular es decir: Ya me vale con lo que dice la letra
e). Pero es que lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual,
de acuerdo con el Convenio de Berna y con la legislación de
todos los países europeos, es que existe otra modalidad,
además de la retransmisión, que es la simple transmisión. Lo
que el Grupo Popular llama la simple recepción, aunque es un
concepto que quizá podemos entender, jurídicamente no tiene
ninguna apoyatura. Tampoco podría ser una vía la derogación de
ese artículo, no el añadir lo que pretende el Grupo Popular,
que no es posible, porque inmediatamente anula un texto o lo
vacía de contenido. La derogación de la letra f) del artículo
20 de la Ley de Propiedad Intelectual tampoco es posible. ¿Por
qué no es posible? Porque la letraf) de la Ley de Propiedad
Intel a la comunicación pública en bares que es lo que estamos
discutiendo hoy, tiene causa directa en el artículo 20 bis,
número 3, del Convenio de Berna y, como he dicho, está en
España vigente desde el año 1959. Por cierto no hace mucho, un
tribunal ha dicho que esa Orden Ministerial del año 1959
todavía estaba vigente y, desde luego, eso ha sido también
recogido en la Ley de Propiedad Intelectual y, cómo no, en la
última incorporación de directiva que hemos visto.
No hay inseguridad porque hay sentencias --no voy a citarlas
para no alargarme-- que muy claramente han dicho que no
solamente está vigente el artículo 20 de la Ley de Propiedad
Intelectual, sino incluso este Decreto de 1959; sentencias del
año 1973, que no están muy alejadas. Pero incluso --he tenido
tiempo de estudiarlo con detenimiento-- anteayer salió en la
prensa que el Tribunal Constitucional había desechado una
imputación de inconstitucionalidad de los artículos 17 y 20 de
la Ley de Propiedad Intelectual, que son a los que nos
referimos.
Es más, señorías, por si no estuviera bastante claro todo lo
que estoy diciendo, el Convenio de Berna, que fue reformado en
el año 1948, ya en el año 1948 se planteó si el hecho de que
en un establecimiento público existiera una radio o una
televisión constituía una modalidad de derechos de autor
diferente a la que constituye la simple radiodifusión; si
había dos modalidades, que es lo que se discute en el fondo
hoy. Pues bien, la respuesta fue rotundamente que sí, y lo fue
en base a algo que es bastante comprensible: que cuando el
artista cede su derecho para la radiodifusión está pensando en
un destinatario individual o familiar, no en un destinatario
público y además en un lugar comercial que, de una manera u
otra, se beneficia de tener en su establecimiento esa radio o
esa música. O sea que no solamente el Convenio de Berna lo
dice, sino que lo ratifica en una explicación en el año 1948,
porque se plantea la misma duda que hoy tenemos en esta
Cámara. Por tanto, no es posible técnicamente ni una fórmula
ni otra. Naturalmente, si acaso, tendríamos que denunciar el
Convenio de Berna, pero eso tiene la complicación y los
trámites que SS.SS. conocen.
Para que quede más claro, quiero decir que en todos los países
del Convenio de Berna (y es verdad que en alguno, como, por
ejemplo, en Portugal, existe una preocupación parecida a la
que tenemos en España sobre
este derecho) está reconocido el derec autores de percibir una
remuneración por el hecho de que haya radios o televisiones --
para decirlo claramente-- en bares y hostelería, y
concretamente en todos los países de la Unión Europea. Quiero
decir también, porque es interesante saberlo, que lo que
perciben los autores en España es inferior a la media de lo
que perciben en Europa. La media europea es 11,70 y la
percepción media en España es --lo señalo en ecus--10,11. Hay
países que llegan a cantidades muy elevadas, como, por
ejemplo, 22 ecus en Bélgica; en Alemania es un poco menos que
en España, 8 ecus; en Austria mucho menos, 3 ecus; en Portugal
muchos menos, pero se percibe en todos los países, lo cual
significa también otra cosa: que situaríamos a los
autores, artistas y creadores españoles en condiciones de
inferioridad respecto a los europeos. En algunos países como
Alemania --me he dedicado estos días a leer mucho sobre este
tema, porque es interesante en sí mismo, es complejo y, como
he dicho, no estoy en desacuerdo con lo que estima resolver el
Grupo Popular-- se ha llegado a considerar que después de un
partido de hockey, cuando se reunían los jugadores para
celebrarlo, la transmisión que se recibía a través de un
aparato idóneo, es decir, una radio o una televisión, generaba
derechos de autor. Puede ser que se pueda pensar que es un
exceso, pero es un hecho cierto que en Alemania se consideró
así.
Todo esto nos pone ante la evidencia, señorías, de que no
podemos aceptar la vía que nos propone el Grupo Popular. Sí
quisiera aceptar su voluntad de encontrar una solución, lo que
pasa es que, quizá, la solución la han de encontrar la
Sociedad de Autores por una parte y la Federación Española de
Restauradores por otra, para ver la manera de aplicarlo sin
que eso cause ciertas injusticias o ciertos desajustes que, al
parecer, creo que realmente se producen. Pero la vía jurídica,
la vía parlamentaria es muy difícil.
Finalmente quisiera decir algo porque es obvio, pero puede
resultar sorprendente, cuando se leen ciertos artículos de la
prensa. De lo que estamos hablando hoy, señorías, no es de lo
que han de pagar los bares, porque esto no es un canon ni un
impuesto ni nada parecido. De lo que estamos hablando hoy es
si los artistas, si los creadores tienen derecho a percibir un
salario, que son los derechos de autor. Los artistas y los
creadores no tienen ni vacaciones pagadas, ni pagas dobles, es
decir, el salario del artista se compone de los derechos de
autor en todas sus modalidades. La pregunta que nos tenemos
que hacer es si tienen derecho o no lo tienen a recibir ese
salario por el trabajo, por la creación que realizan. Esa es
la verdadera cuestión.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos en la tribuna del
público.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Clotas.
Ruego a las personas que están en la tribuna que se abstengan
de hacer manifestación alguna ni de aprobación ni de
desaprobación.
Señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Permítame, señor Clotas, que le diga que, con la experiencia
parlamentaria que tiene S.S., dé la impresión que ha
confundido el trámite parlamentario que hoy nos corresponde
con lo que es un debate en Comisión. Agradezco su ánimo de
subir a la tribuna --y no hacerlo desde el escaño-- para
reconocer la intencionalidad del Grupo Popular y de los
restantes grupos políticos de esclarecer un tema que usted
reconoce, asimismo, que es difícil y enrevesado, y al que no
aporta solución alguna.
Permítame que le diga, señor portavoz del Grupo Socialista,
que nosotros no vamos a entrar en este momento en la discusión
de la concreta prop Popular hace. Esa propuesta no sirve ni
más ni menos que para que, en los trámites parlamentarios
sucesivos --lo he dicho en mi primera intervención--, pidamos
la comparecencia de los distintos sectores implicados para que
los distintos grupos parlamentarios podamos tener un
conocimiento más claro y exhaustivo y con calma y tranquilidad
demos solución a un problema que usted y todos reconocen está
planteado en la sociedad.
Convendrá conmigo, señoría, en que el Grupo Popular no está de
parte ni de unos ni de otros, ni defiende a unos contra otros.
Lo que quiere es que un tema como éste se clarifique y se haga
justicia, desde la serenidad, desde este foro parlamentario,
que es el que está obligado a legislar con leyes que se
interpreten claramente por todos los ciudadanos, porque les
afecta, y por los jueces que tienen que interpretarlas, y no
dejarlo, en modo alguno, al albur de la buena voluntad, porque
eso pertenece a otros regímenes en los que, probablemente, se
puede confiar en buenas voluntades, pero un estado democrático
y parlamentario tiene la obligación de abordar esos problemas.
Señor Clotas, reconozco que ha tenido usted probablemente, por
una circunstancia personal no grata, más tiempo de leer, pero
recuerde usted el Convenio de Berna. No es verdad lo que usted
dice. Aquí está el artículo 11 bis del Convenio de Berna, y si
me lo permite el señor Presidente voy a dar lectura de lo que
nos afecta. Dice así: Los autores de obras literarias y
artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar --y paso
al punto 3 que es el que hace referencia a lo siguiente-- la
comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier
instrumento análogo transmisor de signos, sonidos o de
imágenes de la obra radiodifundida.
La equivocación está entre la emisión y transmisión. Por eso
queríamos, y quiere el Partido Popular --creo que está también
en el ánimo de todos, de la SGAE y
de los autores--, que se discuta. ¿Por qué razón, señor
Clotas, se oponen ustedes al debate? Le he dicho que queremos
que se clarifique. Nuestra propuesta dice que no es acto de
comunicación pública. Sin embargo, no tendríamos inconveniente
en aceptar que se trata de un acto de comunicación pública si
se llega a esa
conclusión después de un estudio --que es nuestra obligación--
, de un debate y con la incorpor aportaciones de las personas
afectadas.
Hablaba usted --y voy terminando, señor Presidente-- de la
decisión legislativa. Como usted sabe --ya se lo he dicho y
tiene mucha experiencia como parlamentario--, este es el
primer trámite para que se discuta. Sentémonos a discutir
porque no es este el momento para todas las argumentaciones
que yo podría hacerle de forma sucesiva. No es este el
momento, señor Clotas, y usted lo sabe muy bien. Pertenece al
segundo trámite en Comisión, donde usted puede aportar lo que
estime conveniente, porque está en nuestro ánimo clarificar y
solucionar este problema.
Hace usted referencia, señor Clotas, a las sentencias.
Convendrá conmigo que sentencias hay de todo tipo, unas a
favor de unos y otra a favor de otros. Por tanto, es una
evidencia más de la necesidad de esta clarificación. Hace
usted alusión también a la sentencia del Tribunal Supremo. Si
me permite, debo recordarle que se recurrió en casación
después de que una Audiencia, al igual que otras,
interpretasen lo contrario. Es una sentencia aislada y no
constituye, como usted muy bien sabe, jurisprudencia, porque
hacen falta al menos dos sentencias, como todo el mundo
conoce. Y no hay dos sentencias del Tribunal Supremo. Como
usted recordará, en aquel momento la SGAE se apartó del
procedimiento, pagando las costas, ante la duda, probablemente
razonable, de que la sentencia fuera en contra. En cualquier
caso es una evidencia más de la necesidad de clarificación,
que es lo que pide el Grupo Popular.<ð Ha hecho referencia
también a algo que apareció --usted dice que anteayer, pero yo
lo he visto esta mañana-- en un periódico nacional. Dice: Hoy
la sentenciadel Tribunal Constitucional... N del Tribunal
Constitucional no tiene nada que ver con el tema que tratamos.
No se refiere a este asunto por mucho que algunos quieran
utilizarlo para seguir creando de alguna manera confusión. Se
refiere esa sentencia, como usted muy bien sabe, a los hoteles
y a la ambientación musical; es decir, a la cuestión de
constitucionalidad de los derechos de comunicación pública,
que nadie discute.
Para terminar, señor Presidente, permítame que, aun con cierta
incredulidad, porque a veces en esta Cámara es como predicar
en el desierto, sobre todo para algunos grupos, le recomiende,
señor Clotas, que, puesto que usted ha manifestado su voluntad
de clarificar, cambie su voto, lo haga afirmativamente, porque
es justamente ahora --repito-- cuando tenemos que clarificar
para que la redacción esté a texto refundido. El texto
refundido no puede hacerse en modo alguno sobre textos
inexistentes. De manera que confío todavía --fíjese si soy
mujer de buena voluntad-- en que usted cambie su voto
haciéndolo afirmativamente.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Clotas.
El señor CLOTAS CIERCO: Brevemente desde la tribuna.
No sé si yo tengo experiencia o la señora García-Alcañiz tiene
gran tesón.
Voy a reiterar una vez más la voluntad del Grupo Socialista de
encontrar una solución. A la vez, reitero que no creemos que
ésta sea la vía. Y no quiero repetir toda la argumentación que
he hecho. Sí quiero decir algo con toda contundencia. La
señora García-Alcañiz, con todos los respetos, no hace una
lectura correcta del artículo 20 bis del Convenio de Berna,
porque imagina que el altavoz del que se habla es algo
distinto del aparato de televisión o de radio. Ya he dicho
antes que estono es así, y que en el año 194 un aparato de
radio o de televisión en un establecimiento público en marcha
constituía un acto distinto de comunicación pública --esta
confusión la ha repetido ahora la señora García-Alcañiz-- del
hecho de que se produzca una retransmisión; es decir, que
mediante otro aparato cualquiera se retransmita lo que está
emitiendo o transmitiendo ese aparato. «La transmisión o
simple emisión en un lugar público es un hecho que constituye
comunicación pública», letra f) de la Ley de Propiedad
Intelectual. «El hecho de retransmitir una emisión o
transmisión mediante un aparato cualquieraa una sala pública
es otra modalidad de comunicación pública», letra e) de la Ley
de Propiedad Intelectual. A veces las leyes carecen de un
cierto espíritu didáctico para que los mismos que deben pagar
estos derechos los comprendan mejor en el sentido de mis
últimas palabras de que esto es el salario de los artistas, o
de que hay que clarificar para evitar, no inseguridad
jurídica, que yo creo que no existe, sino para que queden más
claros los conceptos y no induzcan a errores que quizásson
comprensibles, porque estamos manejando un lenguaje que
incluso a algunas señorías que no se han familiarizado con el
tema de los derechos de autor le puede resultar algo complejo.
Ese trabajo se puede y se debe hacer en la ley refundida. ¿Por
qué no lo podemos hacer hoy? Lo repito, señor Presidente, muy
sucintamente. Porque aceptar, de alguna manera, la propuesta
del Grupo Popular no sólo es admitir que podemos
eliminar una modalidad o limitar un derecho de autor que es un
derecho legítimo, sino porque vulneraríamos un convenio; esto
hay que hacerlo, como he dicho antes, con otros trámites mucho
más complicados.
Por tanto, por fidelidad a un convenio, que además no es de
ayer, sino de hace muchísimos años suscrito en España me
parece que en 1972 o 1973, y porque creemos en esa filosofía,
no podemos votar favorablemente, pero sí podemos, en el
trámite de la refundición de la ley, hacerlo más claro, y como
grupos parlamentarios podemos ayudar a que las partes en
litigio entiendan que es necesario llegar a acuerdos que
eviten la tensión que hoy existe en la sociedad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Clotas.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Un no rotundo a la proposición del Grupo
Popular, primero, porque es indiscutiblemente injusto el
planteamiento, ya que atenta directamente contra el único
derecho de los creadores homologado jurídicamente más allá del
derecho indiscutible a la libre creación, que es precisamente
el de la propiedad intelectual.
Segundo, atenta contra uno de los pocos fundamentos de
seguridad que tiene el creador para poder vivir de su creación
y precariza más un trabajo que ya está suficientemente
precarizado, su capacidad de independencia y, por tanto, su
supervivencia.
Tercero, va, en consecuencia en contra de uno de los
colectivos sociales que desde mi perspectiva más ayudan en la
articulación de una sociedad moderna, racional y avanzada: el
colectivo creador, los hombres y mujeres que con su arte y
capacidad creativa nos hacen indiscutiblemente mejores.
Los artistas no son elementos decorativos de la sociedad, son
una garantía sustancial de la libertad, de la auténtica
cultura de la libertad en la cual hay que fundamentar una
sociedad, y esta proposición de ley del Grupo Popular, a
nuestro entender, los castiga, precariza, y en lugar de
consolidar su actividad la daña seriamente. Va en contra,
pues, de una actividad fundamental para lo que algunos
entendemos que es un avance histórico. No es que, en contra
del mercantilismo de la proposición, los que votemos
negativamente le antepongamos el arte, la belleza o la
estética. Es que a la cultura del mercantilismo algunos
queremos anteponer un planteamiento social donde el arte tenga
también la seguridad de la supervivencia económica.<ðä En todo
caso, y para acabar, es indiscutible que el avance legislativo
no se puede fundamentar en la lesión de derechos ya legislados
y fundamentales, sino en su mejora, y sobre todo en su
consolidación, y el derecho a la propiedad intelectual es uno
de estos derechos. El no a la proposición, lo fundamentamos en
el sentido de progreso. La creación es un bien colectivo, pero
sólo protegiendo sin complejos el derecho individual, sólo
asegurando la dignidad del creador, evidentemente también su
dignidad económica, podemos disfrutarlo colectivamente. Esta
proposición daña sensiblemente este derecho individual, daña,
por tanto, la creación. No, pues, rotundo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, Coalición
Canaria sabe, señora García-Alcañiz, que siempre que se
afronta una decisión, y se toma postura desde esta tribuna en
nombre de cualquier Grupo Parlamentario, se queda en
evidencia. No tenemos el menor temor a la evidencia y
nosotros, ante esa ausencia de temor, optamos por los autores;
así de claro. Optamos por los autores y optamos por reconocer
un derecho que, a lo largo de la historia, no ha sido eficaz
en su aplicación hacia los mismos.
En España, ya desde mediados del siglo XIX, el legislador
estableció el vínculo entre el autor y su obra y reconoció al
creador unos derechos exclusivos de explotación sobre la
misma, de suerte que nadie pueda hacer uso de obras
intelectuales sin su permiso. Y de suerte también que han
quedado fielmente acuñados dos principios en virtud de los
cuales, primero, el autor para bien o para mal, corre
indefectiblemente la suerte de su obra, y, segundo, como
alguien decía anteriormente a mi intervención, que los
derechos del autor son algo así como el salario del mismo; son
algo así como un componente fundamental de su misma vida. Cada
vez que surgía en el mercado una nueva forma de
explotación de obras intelectuales, el legislador reaccionaba
ampliando el derecho exclusivo del autor según las nuevas
circunstancias. Serían muchos los ejemplos que demostrarían
esta constante en la historia de la legislación sobre la
propiedad intelectual, pero hoy nos basta con recordar lo
sucedido con la aparición de los receptores de televisión en
locales públicos, que es, evidentemente, el nudo gordiano de
lo que late en esta iniciativa del Grupo Popular.
Entre los derechos exclusivos de explotación que vinculan al
autor con su obra, la ley de Propiedad Intelectual de 1987 ya
destacó los de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación. Desde
Coalición Canaria, creemos que no es razonable, bajo ningún
concepto, definir la comunicación pública de forma negativa
respecto a las emisiones o transmisiones de radio y
televisión, tal y como para nosotros se nos antoja que se
produce desde la perspectiva del planteamiento del Grupo
Popular.
Legislar sobre la actual complejidad de los derechos de
propiedad intelectual requiere conceptuar la comunicación
pública con la debida seguridad jurídica respecto a los
intereses en juego. El primero de ellos es el atinente al
creador o propietario intelectual de lo que se emite o
transmite; el segundo es el de los emisores o transmisores. La
cuestión, no obstante, es dilucidar quiénes son los segundos a
todos los efectos, porque los primeros están perfectamente
identificados y creemos que son acreedores a la máxima
protección.
De lo que se trata, pues, no es tanto de solucionar
armónicamente un conflicto de intereses, sino de comenzar el
estudio de la situación recon preeminente (así al menos lo
considera Coalición Canaria) y desde siempre muy
minusvalorado, por cierto, entre otros, como derecho de
principal protección, cual el que tiene el autor respecto a su
obra o creación.
Esta proposición, a nuestro juicio, supone un grave atentado a
los intereses y al patrimonio de los autores, a los intereses
y al patrimonio de los editores españoles, con clara
vulneración de los convenios de Berna y de Roma, con
cercenación de derechos consagrados en España y con situación
desfavorable de los autores españoles y sus derechohabientes,
que les sitúa en una posición de desventaja frente a otros
creadores, frente a los creadores pertenecientes a la Unión
Europea, con lo que se produce, además, la paradoja de que los
autores de la Unión Europea habrán de estar protegidos en
España y no así los creadores en nuestro propio país.
La supresión de estos derechos consolidados socialmente supone
eliminar protecciones mínimas establecidas internacionalmente
y afecta a la rem ingresos legítimos de los autores y los
editores españoles, eliminando una parte sustancial de sus
ingresos sin que exista justificación alguna ni contrapartida
para lo que, en definitiva, es una especie de atentado contra
sus intereses legítimos.
Además, con esta iniciativa, señoría, se propone también
modificar la Ley de 1987, que en su momento fue aprobada por
unanimidad, incluyéndose en su aprobación el voto favorable
del Grupo Popular, y desarmonizando el derecho de la Unión
Europea de manera clara.<ð Por todo ello, consideramos que
la aprobación de esta proposición de ley que trae el Grupo
Popular hoy a debate en esta Cámara puede reducir, puede
disminuir, puede limitar, puede perjudicar, en definitiva, la
protección otorgada en España a los creadores con relación a
la otorgada por los otros 106 países signatarios de los
convenios de Berna y Roma, cuya razón es más que suficiente
para aclarar la decisión de Coalición Canaria de votar
negativamente.En el orden constitucional, la limitación o
desaparición de intelectual del autor, y perturba, por tanto,
la protección que de ella hace la Constitución, discriminando
injustificadamente, como antes decía, a los autores nacionales
respecto de los extranjeros amparados por el Convenio de Berna
y otras disposiciones.
En el orden internacional, los tratados válidamente
celebrados, como el acuerdo de Berna o incluso el acuerdo
GATT, forman parte, según la Constitución, del ordenamiento
interno, y tales disposiciones sólo podrán ser derogadas,
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios
tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
Internacional, razón por la cual, y a mayor abundamiento,
queda claro que los autores extranjeros que puedan invocar
tales instrumentos no se verán afectados formalmente por la
modificación que se pretende, pero se degradará, de hecho, el
ejercicio de sus derechos, lo que pondrá en marcha los
mecanismos sancionadores y de retorsión, que precisamente no
es lo que el GATT pretende acelerar y consolidar; y, en el
orden comunitario, se violenta la armonización mínima
instaurada mediante la Resolución de mayo de 1922.
Está bien claro, señorías, cual es nuestra posición. Está bien
claro que esta corrección que se ofrece por vía de la
proposición de ley presentada por el Grupo Popular, añadiendo
ese apartado f), al artículo 20.2, de la Ley 22/1987, de
propiedad intelectual, con el inciso que contiene, no puede
tranquilizarnos de ninguna manera. Por el contrario, es
altamente perturbadora, en nuestra opinión. Decir que no sea
acto de comunicación pública la simple recepción de las
emisiones o transmisiones de radio y televisión a menos que el
sujeto receptor, mediante cualquier otro instrumento, las
vuelva a emitir o transmitir a una pluralidad de personas, es
establecer una clara disfunción, establecer un paréntesis
dentro del cual, y no contemplado aquí, está precisamente la
defensa del derecho de los autores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González de
Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, comenzaré afirmando, señora
García-Alcañiz, que la buena voluntad hay que suponerla, aun
con aquellos grupos que puedan discrepar de las opiniones
legítimas que el Grupo proponente pueda traer con sus
iniciativas a la Cámara. Pero convendrá conmigo, señora
García-Alcañiz, que el tema es un poco difícil.
Yo suelo reconocer muchas veces en esta Cámara que no soy
abogado, pero sí soy lingüista, y cuando se me
presenta un artículo único, como en esta proposición de ley,
que dice que «no es acto de comunicación pública la simple
recepción de estas emisiones», tengo que pensar que si eso es
lo que se quiere cambiar y la enumeración desde el principio
es
negativa, puesto que empieza con un no, será porque la ley
original dice que sí. Porque, si no, difícilmente se podrá
argüir por qué se presenta una proposición de ley en este
sentido. Si la Ley de 1987, como usted argumenta, mantuviera
una grave inseguridad jurídica, no tendría mucho sentido
presentar aquí una proposición de ley en la que se indica que
no es acto de comunicación pública.
Partimos de la base de que los que hemos estudiado estos temas
en detalle tenemos sumamente claro que la Ley de 1987 afirma,
en su artículo 20, que eso es un acto de comunicación pública
que genera derechos para los autores, basta leer la propia
discusión del año 1987, observar las memorias económicas que
se acompañaban y los estudios que se hicieron en aquel momento
para tener bien claro que la voluntad de esta Cámara al
aprobar la ley de propiedad intelectual de 1987 era
precisamente que esos derechos de autor se consolidaran para
los autores.
Por ello, querer afirmar, desde la exposición de motivos de
esta proposición de ley, que el Grupo Popular quiere aclarar
en qué consiste un acto de comunicación pública en lugar
accesible al público, es decir, en qué casos se requiere
autorización o a quién se le puede exigir la remuneración
compensatoria prevista en la Ley de propiedad intelectual, no
tiene mucho sentido. El problema, señora García-Alcañiz, no
está ahí.
No se puede alegar grave inseguridad jurídica. Los distintos
portavoces se lo han ido manifestando y no voy a insistir en
una serie de razonamientos jurídicos que son evidentes. Sí
afirmaré que la voluntad del legislador en el año 1987 era que
esa comunicación generara estos derechos para los autores. Y
eso es innegable. Basta leer los «Diarios de Sesiones», el
propio artículo 20 y entenderlo razonablemente. El
subconsciente les ha traicionado al hacer una proposición de
ley donde pone no, ya que se está afirmando que la ley dice
sí. ¿Si no qué sentido puede tener?
Entendería, desde el razonamiento que ha hecho en esta
tribuna, que el Grupo Popular hubiese presentado una
proposición no de ley instando al Gobierno a entender este
tema y a estudiarlo. Evidentemente existe una problemática,
pero en los términos en que existe. Desde el punto de vista
legal, podemos entender que en el momento en que se ha hecho
la traslación de la directiva comunitaria hay ciertos puntos
ambiguos en relación a la Ley de 1987. En el trámite que S.S.
ha explicado en su intervención, tanto en esta Cámara como en
el Senado, no se aclararon suficientemente esa serie de
puntos, y ese conflicto ha estado en ciertos sectores sociales
y también ha estado en esta Cámara; en eso le asiste toda la
razón. Pero creo que ustedes equivocan la orientación de la
propuesta. Si hubieran presentado una proposición no de ley
indicando que se inste al Gobierno a que se forme en esta
Cámara una ponencia, un grupo de estudio que aborde este tema
desde donde está el propio problema, podríamos entendernos;
pero es que nos obligan a votar una proposición de ley en la
cual la toma en consideración ya es decir que no es
comunicación pública. Si votamos a eso que sí, ya me dirá qué
es lo que vamos a hacer en el siguiente trámite de Comisión.
Desde la perspectiva parlamentaria, creo que es una encerrona
que plantean ustedes a los distintos grupos parlamentarios.
Porque lo que sí pueden aducir, evidentemente, es que existe
un problema desde la perspectiva de que hay un sector
hostelero (que en este caso es el sector que debe pagar este
canon) que entiende injusto ese pago y que cree que, en
ciertas circunstancias y llevando la discusión a puntos de
absurdo, se dan casos de conflicto donde no tiene mucho
sentido pagar estos derechos de autor, una vez que se
describe, repito, el punto de absurdo. Existe ahí un punto de
conflicto; pero ese punto de conflicto no se puede dar con la
generalidad con que está redactada esta proposición de ley y,
evidentemente, como he dicho antes, aduciendo grave
inseguridad jurídica; inseguridad jurídica no existe, existen
una serie de conflictos entre el que no quiere pagar y el que
quiere cobrar.
Me llama mucho la atención que sea el Grupo Popular el que
presente esta serie de proposiciones, porque en la Comisión de
Educación y Cultura hemos estado hablando reiteradamente de
que el tema cultural debe ser planteado, en un Estado moderno,
desde nuevas coordenadas; que la Ley de mecenazgo y la Ley de
propiedad intelectual son, de alguna forma, el nuevo «corpus»
jurídico en el que se tiene que asentar para que aquellos que
trabajan en la cultura, para que aquellos que son personas que
trabajan en el mundo intelectual, en el mundo artístico,
tengan unos recursos propios, que se generen recursos propios,
que no estén dependiendo de las subvenciones. Ese ha sido el
discurso del Grupo Popular en distintos debates legislativos
en esta Cámara, y ahora nos encontramos, en los últimos meses,
con que a la primera de cambio lo que ustedes quieren hacer
precisamente son recortes sin alternativas en estas leyes que
son básicas para el mundo cultural. Esto, señora García-
Alcañiz, es lo que resulta difícilmente asumible por el Grupo
Vasco.
¿Que existe el problema de que en algunos puntos de absurdo
hay que matizar? Evidentemente, pero eso no se hace tomando en
consideración esta proposición de ley para cambiar un artículo
único, porque de ello sólo se derivaría que los actores
dejaran de cobrar parte de las remuneraciones. Si se toma en
consideración esta tarde que no es acto de comunicación
pública, está claro que los ingresos que tienen las entidades
de gestión a partir de la Ley de propiedad intelectual de 1987
se
recortan. A mí me recuerdan ustedes a este locutor de radio de
los domingos futboleros que está diciendo siempre qué
jugador del banquillo tiene que jugar, pero nunca dice qué
titular se tiene que retirar al banquillo. Ustedes son los de
quita y no pon. Creo que esto no es necesario, señora García-
Alcañiz.
Si lo que quieren es enfrentar al resto de los grupos de la
Cámara con el sector hostelero, lo pueden conseguir para aquel
que sigue los debates desde la lejanía; pero yo creo que eso
no es buena voluntad. Aquí, en definitiva, existe una ley y un
convencimiento de una serie de grupos de que el derecho de
propiedad intelectual no es un derecho retórico. El derecho de
propiedad intelectual no es humo en ninguno de los casos,
porque la opinión contraria nos lleva a posturas demagógicas
muy claras. Usted reconoce el derecho de propiedad
intelectual, pero no está dispuesta a que una de las fuentes
de financiación de los autores y de los artistas del mundo
intelectual pueda funcionar normalmente y no plantea
alternativa ninguna. Yo creo que el derecho de propiedad
intelectual es precisamente uno de los derechos que
caracteriza un Estado moderno. Desde esa perspectiva, el tomar
en consideración esta propuesta de ley nos llevaría a no poder
trabajar luego en Comisión, porque si el Pleno toma en
consideración que no es, ya me dirá usted cómo se hacen
después los matices, una vez que la Cámara ha decidido que no
es. No tiene solución. Otra cosa es que, a través de una
proposición no de ley, se hubiese ofrecido un modelo
alternativo: que los hosteleros no paguen en tales
circunstancias, que paguen tanto, que paguen más las
televisiones, que paguen más las radios; es decir, un modelo
alternativo que haga otra serie de equilibrios entre
hosteleros y actores o entre aquellos que detentan derechos de
propiedad intelectual. Creo que ese es el tema correcto, y el
portavoz socialista ha intentado, de alguna forma, entrar en
él, diciendo que una vez que se haga la refundición de estas
leyes, de estas directivas en relación a la propiedad
intelectual, se pueda, de algún modo, valorar y entrar en
esto. Ahí está el problema; el problema no está en que hay
inseguridad jurídica, el problema no está en los líos que
ustedes puedan tener con la Sociedad General de Autores; los
problemas, insisto, no están ahí, sino en otro sitio.
Nosotros entendemos que ese modelo alternativo se puede
estudiar, habría que estudiarlo. Hoy mismo hemos estado en
Ponencia viendo dos directivas de propiedad intelectual y
sería un buen momento para estudiar ese tema allí donde el
problema está, pero no creando problemas artificiales, creando
problemas electoreros, que, en nuestra opinión, señora García-
Alcañiz, están muy cerca de la demagogia y a lo único que
llevan es a querer rascar unos votos, pero dejando bien a las
claras el talante de cada uno de los grupos parlamentarios.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de
Txábarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, el
debate en torno a la proposición de ley sobre comunicaciones
en lugares accesibles al público de obras protegidas por
derechos de propiedad intelectual, presentada por el Grupo
Popular, es, sobre todo, una invitación a que los distintos
portavoces reiteremos los criterios ya expuestos en un debate
anterior sobre el mismo tema con ocasión de la discusión de
las enmiendas aprobadas en el Senado en el trámite de la
última directiva comunitaria sobre los derechos de alquiler y
préstamo. Entonces, la presentación de las enmiendas, dirigida
a buscar una cierta precisión conceptual sobre qué se debe
considerar exactamente un acto de comunicación pública en el
momento de recepción de emisiones de radio o televisión, hizo
que coincidiéramos con el Grupo Popular sobre la base de un
texto que podemos identificar en la nueva redacción que se nos
propone como añadido al apartado f), del artículo 20.2, de la
Ley 22/1987, de propiedad intelectual.
El Partido Popular, en una pirueta parlamentaria considerable,
nos vuelve a situar ante la confrontación de los intereses
legítimos: de una parte, el sector de la actividad de
hostelería, que considera injusto el pago de unos derechos de
autor debidos a la presencia en sus establecimientos públicos
de unos aparatos receptores de radio y televisión que emiten
imágenes y palabras afectadas por la actual legislación en
materia de propiedad intelectual, y, de otra parte, quienes
tienen derecho a la compensación legítima y universalmente
reconocida, como está legislado, con el fin de proteger los
derechos afectados de los creadores artísticos e
intelectuales.
En su momento fijamos la posición y el sentido de nuestro
voto, como lo hicieron los restantes grupos parlamentarios. La
proximidad de aquel debate y la coherencia con los criterios
que expresamos, hace esperar idéntico resultado cuando nada
nuevo ha sucedido. Confieso que preferiríamos evitar este
nuevo debate. Somos respetuosos con los acuerdos adoptados por
la Cámara y somos conscientes de que el objetivo de nuestra
enmienda en aquel momento iba más allá de aportar la voz de un
importante grupo de nuestra sociedad que considera injusto el
pago de unas cantidades por unos derechos que a menudo no se
entienden o son centro de acusaciones de abuso, como ha
relacionado el portavoz socialista. Nuestro ir más allá --más
allá incluso, si se quiere, del Convenio de Berna-- se refiere
a una necesaria reconsideración sobre cómo debieran recaudarse
los derechos de autor, entre otras cosas para que los
tribunales no se vean obligados constantemente a la
interpretación de la ley.
No queremos reiterar las argumentaciones que hicimos en aquel
momento, pero sí lo suficiente para hacernos entender. La
legislación vigente al anclada en un momento distinto del
pasado en el que, a través de bares y cafeterías, se accedía a
la novedad de los contenidos radiotelevisivos y se prestaba
especial atención precisamente a la programación sujeta a
derecho de autor. Sugerimos un estudio detallado sobre el
servicio que un televisor hace actualmente en el seno de un
establecimiento de hostelería; éste es el mejor dato en el
momento de plantear que debe ser reconsiderada la vigente
legislación. Pero es que, además, el impacto de las
televisiones privadas y la importancia de los índices de
audiencia en el momento de posibilitar la autofinanciación de
dichos medios pone en discusión quién debe pagar dichos
derechos, lo que ha transformado radicalmente la realidad y ha
justificado la necesidad de una reconsideración, que es lo que
está en el fondo de nuestro posicionamiento. Ponemos sobre la
mesa el impacto que puedan llegar a tener, por ejemplo las
nuevas sociedades de gestión nacidas de los derechos afines.
Por otra parte, señorías, optando precisamente por los
autores, como ha dicho el portavoz del Grupo canario,
debiéramos ponernos a trabajar en la creación de nuevos
mecanismos de protección de la propiedad intelectual, y no
cabe duda que la inmediata refundición de los textos de las
diversas directivas europeas de propiedad intelectual que se
han venido tramitando --hoy mismo se ha iniciado el debate de
las que parecen ser las dos últimas--, refundación prevista y
del todo imprescindible, es la ocasión para incluir en el
nuevo textola propuesta de creación de meca evitando una
situación que crea índices de impopularidad con respecto a
unas obras de creación artística que precisamente gozan de una
gran popularidad. Estacontradicción ya invita por sí misma a
que nos esmeremos en hallar la solución adecuada a e más allá
de la vigencia de los textos legales, cuestión que mi Grupo no
discute en absoluto, y desde la voluntad de encontrar la
solución expresada por el portavoz socialista, señor Clotas,
que es lo que anima la intervención de mi Grupo sobre unos
derechos que consideramos indiscutibles.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Nos encontramos de nuevo en la Cámara con un recurrente y
extraño debate. Extraño por lo recurrente --se ve de nuevo
aquí-- y extraño también por la falta de argumentos que se
están esgrimiendo, tanto legales como políticos y culturales.
Yo creo que en el fondo de la exposición de la señora ponente
hay un cierto despiste cultural, una pérdida de pista con
respecto a cuál es el tema que estamos tratando y con respecto
a la lucha histórica que ha supuesto la conquista de los
derechos de autor en este país, que en principio no reconocía
ninguno y que al final ha te a los derecho de autor tal y como
se contemplan en la inmensa mayoría de los países de la Unión
Europea. Por tanto, estamos ante una situación que no es
fácilmente conciliable, señor Clotas. A mí me ha dejado un
poco dubitativo la última frase que usted ha pronunciado en
esta tribuna, cuando ha dicho que intentarán llegar a un
acuerdo para que todas las partes estén satisfechas en un
momento determinado. No entendemos cómo se puede conciliar
esta realidad, a menos que se trate simplemente de rebajas
económicas en la percepción de los derechos de autor. No lo
podemos entender de otra manera porque nos encontramos ante
una serie de intereses justos. Y ante esta serie de intereses
justos, frente a otro grupo que reivindica otro tipo de
intereses, ¿qué es lo que hay que asumir? ¿Los intereses
justos o los intereses de otros grupos por el mero hecho de
ser más amplios, por el mero hecho, posiblemente, de tener más
votos? No tener más razón, ni pertenecer a la línea cultural,
a la línea histórica, a la línea política, a la línea jurídica
de toda Europa, sino simplemente porque tiene una presión en
estos momentos corporativa muy fuerte, porque son muchos,
porque, consecuentemente, suponen muchos votos, y entonces nos
encontraríamos cosas que desde nuestro grupo en absoluto
podemos compartir ante una política eminentemente populista,
que fundamentalmente se va a plegar a las presiones de
cualquier grupo, con independencia de la justicia y de la
legalidad que en cada momento pueda invocar.
Nos encontramos, señorías, ante el problema de si el
empresario de un bar o una cafetería tiene que pagar derechos
de autor por la utilización de obras protegidas o, dicho de
otra manera, invirtiendo los términos, nos encontramos ante el
problema de si el autor, a finales del siglo XX, en el umbral
del siglo XXI, en función de ciertos inventos, de ciertas
costumbres que más o menos han cambiado, sigue teniendo
derechos de autor, y no sólo en general, si sigue teniendo
derechos exclusivos y si tiene derecho a cobrar por el uso que
haga de su obra un tercero en España, singularmente en España,
dentro del marco de la Unión Europea en que nosotros,
naturalmente, nos movemos.
Por lo tanto, nosotros pensamos que la situación está así de
estricta, rigurosamente matizada y no admite otro tipo de
argumentaciones que estén basadas en ningún tipo de presión en
función del colectivo de que se
trate en cada caso, y repetimos que se trata en este caso de una
presión de tipo corporativo.
Nosotros pensamos, como aquí se ha dicho, que hay una
conquista histórica y cultural, con respecto a la cual no
podemos retroceder, y que conste que no estamos hablando de la
necesidad de tener que elegir entre tenderos y artistas; no se
trata de esto; se trata de elegir entre lo justo y lo injusto,
teniendo en cuenta todos los eventos, los sucesos que han
venido acaeciendo y que nos ha llevado a la situación en la
que el autor, como aquí se ha dicho, debe de correr la misma
suerte que su obra y, en segundo lugar, que, en función de las
condiciones concretas, los derechos de autor son, como aquí se
ha repetido y yo reitero, el salario de un autor. Sin derechos
de autor no hay salario de autor y, consecuentemente, no hay
autor, a menos que concibamos al autor, al artista como una
especie de ente angelical que ni come y recibe la creación de
algo que no se puede tocar y que, consecuentemente, no hay que
pagar, por, además, el viejo concepto de que el arte es
inútil, no sirve para nada y, por consiguiente, no habría que
pagarlo.
La comunicación pública, por lo tanto, acoge de manera plena
lo que aquí se ha dicho y se define como todo acto por el cual
una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin
previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. En
Europa se recogió este tema conforme fueron cambiando las
condiciones concretas y aquí, en España, también, adecuándonos
a la costumbre, a la legalidad, a la cultura y a la política
europea. En España, por orden del 15 de junio de 1959, se
empezó a retomar esta situación de manera muy concreta, y hay
que recordar que España es país fundador del Convenio de
Berna; por lo tanto, eso no se puede olvidar a la hora de
intentar cambiar una legislación muy concreta como aquí se
plantea en este momento determinado.
La enmienda que en un momento concreto quiso interponer la
Federación Española de Restauración y que ahora se ha
transcrito en forma de proposición de ley que presenta aquí
hoy el Grupo Popular, supone una enmienda a la Ley de
Propiedad Intelectual, que, de consumarse, señorías, a nuestro
juicio, significaría un retroceso enorme en la protección de
autores y un retroceso enorme en el acompasamiento que tenemos
en estos momentos con respecto a la inmensa mayoría de los
países de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, pensamos que pondría en cuestión la clave de
bóveda de nuestra legislación actual con respecto a la
propiedad intelectual, la de que los derechos del autor,
repito, constituyen la fuente de financiación para la vida,
para la cotidianidad, para la subsistencia, para la
reproducción de la fuerza del trabajo, para que el autor pueda
seguir produciendo obras en todo momento y a partir de esta
estructura descompuesta de salario que recibe el autor, el
artista, el músico.
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Consecuentemente, también supondría
un aislamiento cierto, un aislamiento injusto, un aislamiento
no soportable de la Sociedad General de Autores de España con
respecto al resto de las sociedades generales de autores de
los países de la Unión Europea, cosa que tampoco es aceptable,
como no son aceptables las contradicciones que, de aprobarse
esta proposición de ley, se interpondrían con respecto a la
legislación concreta que en nuestro país rige y que rige en la
Unión Europea. El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea
adoptó, el 14 de mayo de 1992, una resolución en virtud de la
cual los Estados miembros se comprometían, en relación con el
Convenio de Berna, a garantizar el respeto efectivo del mismo
en su ordenamiento jurídico. Se establecía, por tanto, una
armonización mínima en la Unión Europea, de la que
naturalmente formaba parte el derecho que nosotros, aquí y
ahora, estamos defendiendo frente a lo que intenta aprobar la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Al mismo tiempo, hay que recordar los términos explícitos
concretos del GATT, del Acuerdo general sobre tarifas
arancelarias y comerciales que obliga al reconocimiento y
respeto de los artículos 1.º a 6.º y 7.º a 21 del Convenio de
Berna, entre los que se encuentra el relativo al citado
derecho que aquí estamos defendiendo en este momento. Por
tanto, señoría, me parece que no hay razones legales, que no
hay razones políticas, que no hay razones culturales para ello
y que ocuparíamos una posición excéntrica con respecto a la
mayoría de los países de la Unión Europea.
Este derecho se recoge, señora Diputada del Grupo Popular, en
Alemania, en Austria, en Bélgica, hasta ahora en España, en
Finlandia, en Francia, en Gran Bretaña, en Grecia, en Holanda,
en Italia, en Portugal, en Suecia y en Suiza, y no tiene
sentido, excepto atender a unas presiones corporativas, el
plantear esto aquí en estos momentos. A nuestro juicio, y con
todos los respetos, señora García-Alcañiz, no tendría ningún
sentido.
Termino, señor Presidente, diciéndole de nuevo que nos parece
un debate recurrente y algo excéntrico y que hasta cierto
punto reviste caracteres de tipo surrealista. Vean ustedes
aquí a un miembro de Izquierda Unida, que pertenece al Partido
Comunista, defendiendo la propiedad intelectual, que en el
fondo es propiedad privada, frente a un miembro de un partido
liberal o neoliberal que intenta anular los derechos de la
propiedad privada. Pero, naturalmente, nosotros partimos del
acatamiento a la Constitución, al contexto europeo, a la Unión
Europea, y le he citado los países que recogen este tipo de
enmiendas, este tipo de derecho y naturalmente, también a la
legislación española que se adapta a la de estos países.
Pensamos que hay un despiste legislativo y cultural, pensamos
que hay un despiste ideológico, en función de presiones de un
grupo corporativo, y pensamos también que hay una falta de
sensibilidad, y lo puede decir un grupo desde la relativa
autoridad que le da haber corregido su voto desde el Senado al
Congreso de los Diputados; falta de sensibilidad en el sentido
de que se piensa que la creación es algo divino, algo que no
requiere esfuerzo, algo que viene del cielo --la misma
palabra, en su sentido riguroso, parece darlo a entender-- y
que no es producción, que no es trabajo. Se vuelve otra vez al
concepto kantiano de la inutilidad del arte, de que el arte es
superfluo, fundamentalmente en etapas de crisis económicas y
desde el punto de vista de los requerimientos económicos de
una simple contraprestación mínima para los bares y
cafeterías. Y desde ese punto de vista se piensa casi que el
artista no trabaja, que el artista no produce, que el artista
no suda su obra, que es un poco consecuencia de la inspiración
divina y que, por tanto, el artista está un poco al margen de
la producción material. Y no es así, esto es una producción
material que hay que realizar, que hay que sudar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor,
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente. ...de
manera muy singular, muy específica, eso sí, pero que,
naturalmente, hay que trabajarla de manera muy concreta. Si
no, podríamos terminar, señora Alcañiz, me parece que como en
una película de Griffithcuando el padre, que se refiere al
novio rupturista, le dice, intentando insultarle, aquéllo de:
¡Artista, que eres un artista!
Termino, señor Presidente, reiterando mi duda respecto a
ciertas palabras que ha pronunciado el señor Clotas al final
de su intervención: ¿qué significa dejar a todas las partes
satisfechas a partir de cierta negociación que puede
inaugurarse, presumo, singularmente entre el Partido Popular y
el Partido Socialista Obrero Español? Lo veremos más adelante.
Muchas gracias. (El señor Clotas Cierco pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alcaraz.
Señor Clotas, ¿por qué motivo desea intervenir su señoría?
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, por alusiones
reiteradas y una tergiversación de mis palabras que ha hecho
el señor Alcaraz.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene tres minutos por
alusiones.El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, el señor
Alcaraz ha tergiversado mis palabras. Yo he dejado
meridianamente ningún caso era partidario de recortar o
limitar los derechos de autor ni ninguna modalidad de
comunicación pública. Me he referido a la necesidad de acuerdo
entre las partes, es decir, los perceptores y los acreedores
de este pago, pero en ningún caso es algo que podamos resolver
los grupos parlamentarios.
Cuando yo me he referido a que en la refundición de estas
leyes los grupos parlamentarios podíamos avanzar en un sentido
era en el de clarificar los conceptos, si hoy no estaban
suficientemente claros, y eliminar cualquier forma de
inseguridad jurídica para que estuviera claro este derecho que
parece que a algunas personas o a algún grupo le ofrece alguna
dificultad de interpretación. El señor Alcaraz,
reiteradamente, ha hecho alusiones que casi son ofensivas y yo
debo remitirme, señor Presidente, al «Diario de Sesiones» para
que el señor Alcaraz se entere, de verdad, de lo que ha dicho
este portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Clotas.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Popular, sobre comunicación en
lugares accesibles al público de obras protegidas por derechos
de propiedad intelectual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 139; en contra, 155; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ACCESO DE
MINUSVALIDOS AL TRANSPORTE PUBLICO MARITIMO (Número de
expedien te 162/000201)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley. Punto tercero
del orden del día: Proposición del Grupo Socialista, sobre
acceso de minusválidos al transporte público marítimo.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender una proposición no
de ley por la cual se insta al Gobierno a que, mediante los
instrumentos adecuados, regule las condiciones de acceso, los
recursos y procedimientos para que las personas con minusvalía
tengan acceso al transporte público marítimo de pasajeros. El
plan de acción del Ministerio de Asuntos Sociales
profundiza y desarrolla los principios y mandatos de la Ley de
Integración social de los minusválidos y los proyectos hacia
un futuro a medio plazo. Este plan está concebido como un
marco exhaustivo donde se contemplan de forma integral todas
las necesidades de las personas con discapacidades y sus
familias, y así posibilitar actuaciones coordinadas y
coherentes entre los múltiples organismos intervinientes. El
plan se estructura en estrategias comunes, que pretenden
optimizar los recursos, y unos planes sectoriales o
finalistas, que plantean alcanzar logros en la situación del
colectivo de personas con desigualdades. Es en este plan,
dentro de su estructura y los programas que lo integran, y
concretamente dentro del programa de accesibilidad y
transportes, donde el transporte marítimo de pasajeros no ha
introducido todavía las adaptaciones necesarias para eliminar
los obstáculos en el acceso y la movilidad a bordo de los
pasajeros con minusvalías.
La proposición no de ley que tratamos responde al principio
defendido por los socialistas de que las desigualdades deben
ser corregidas. Es una obligación moral de la sociedad paliar
estas desigualdades, en este caso eliminar las barreras, de
manera que personas con discapacidades funcionales puedan
acceder al transporte marítimo. Quiero decir también que esta
proposición no de ley nace del diálogo con las asociaciones de
minusválidos de las islas Baleares, cuya justa reivindicación
en este sentido hemos trasladado a esta Cámara.
Señorías, no me voy a alargar más en la defensa de esta
proposición no de ley. Como saben SS.SS., no afecta sólo a los
minusválidos de las islas Baleares o de las islas Canarias,
que tienen en el transporte marítimo uno de los dos únicos
medios de comunicación, sino también a los usuarios actuales o
potenciales del transporte marítimo en el conjunto del Estado
español. Estaproposición no de ley es justa, es el Grupo
Parlamentario Socialista, queremos amparar. Por todo ello,
señorías, solicito su aprobación. Gracias.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha
presentado una enmienda por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que estamos discutiendo una proposición no de ley del Grupo
mayoritario que sostiene al Gobierno que, dentro de un plan de
acción global del Ministerio de Asuntos Sociales, pretende
introducir una especie de actuación sectorial o finalista para
lograr que se superen, en el transporte marítimo, las
dificultades para las minusvalías físicas. La propuesta que
hace el Grupo Parlamentario Socialista viene a estimular al
Gobierno para que, mediante los instrumentos adecuados, regule
las condiciones de acceso, los recursos y procedimientos para
que estas personas puedan solucionar la situación difícil que
ahora mismo tienen para acceder a los buques. Esta realidad
tiene dos partes: una, los buques que se vayan a construir, y
debería exigirse la regulación de esos buques nuevos para que
ya de partida lo puedan tener solucionado; y otra, los buques
que ya están en funcionamiento y que debieran solventar este
problema. Pero también hay que reconocer que actuaciones como
ésta desde el propio Gobiernose deberían abordar desde los
Presupu del Estado, cualesquiera que sean sus manifestaciones.
Por ejemplo, desde el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, hay programas o actuaciones
específicas para solventar los accesos a los edificios
públicos por parte de las personas con dificultades de
movilidad, y se ha solucionado con una actuación decidida
desde el Gobierno para superar las limitaciones que tienen los
edificios públicos, incluso las barreras arquitectónicas que
existen en todo el territorio.<ð Por otro lado, también
existe la política de subvencionar el transporte marítimo
desde el programa 514D del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para que los ciudadanos españoles
en las Islas de Baleares y Canarias o en Ceuta y Melilla sean
apoyados para paliar esta necesidad de transportarse dentro
del territorio español. Este programa de subvención del
transporte marítimo va dirigido fundamentalmente a la empresa
que mayoritariamente hace ese trabajo, la Trasmediterránea. Es
verdad que no solamente la empresa Trasmediterránea debe
abordar la solución a este problema; también las empresas
privadas que pueden hacer este servicio. Pero podíamos
predicar con el ejemplo. La verdad es que llevamos trabajando
en esta vertiente doce años. Ahora tenemos la posibilidad de
solventarlo de forma genérica y entrando de forma directa en
ello.
¿Cuál es la propuesta que con su enmienda hace Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya? Izquierda Unida propone que,
estando de acuerdo que p Grupo Parlamentario Socialista,
estando de acuerdo con que la fórmula sea la de estimular las
reformas legales o las reformas a nivel de actuación con
recursos determinados o con algunos procedimientos para poder
solventarlo, que no sea solamente el acceso al barco o al
transporte marítimo, sino también la movilidad dentro del
propio buque. Es verdad que esto recogido en la exposición de
motivos de la proposición no de ley,
pero en la parte resolutiva no. Podríamos concluir la
proposición no de ley, por ejemplo, con una solución parecida
o similar a la que tenemos ahora mismo en los aeropuertos, en
los que la propia empresa de transporte ha llegado a una
fórmula para llevar hacia el avión, sin tenerlo resuelto aún
en todos los
aeropuertos, a las personas con una determinada minusvalía.
Por tanto, habría que solucionar el acceso y también la
movilidad dentro del propio buque.
La segunda propuesta que hacemos con nuestra enmienda a la
proposición no de ley es que, además de la actuación que ahora
mismo existe desde el Inserso (programas específicos de
atención a los minusválidos que van desde la ayuda para el
transporte hasta la ayuda de carácter individual y social;
todas las medidas que existen en el plan global) se incorporen
las actuaciones que se puedan materializar desde una empresa
en concreto.
En suma, el objetivo de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es mejorar
y concretar la voluntad de la proposición no de ley y, si esas
enmiendas son aceptadas en el curso del debate o bien en
función de la adecuación definitiva que se dé al texto de la
proposición no de ley, nuestro Grupo va a respaldar esta
iniciativa que significaría, propuesta desde su Grupo, un
impulso de toda la Cámara para que el Gobierno acometa algo
que tiene aparcado en la actuación que hasta ahora ha venido
realizando.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, muy brevemente intenvendré en nombre de Unión
Valenciana para fijar nuestra postura respecto a la
proposición no de ley.
Quiero agradecer en primer lugar esta iniciativa porque creo
que siempre así debe ser en este terreno porque, como dicen
muchos refranes de mi tota pedra fa pared, toda piedra hace
pared, y, por tanto, la voloramos positivamente por cuanto que
es una iniciativa justa y solidaria, además de oportuna y
coherente.
Unión Valenciana considera que la integración social del
minusválido es una asignatura pendiente por parte de los
poderes públicos de nuestro Estado. Aún quedan muchas cosas
por hacer, aunque se ha avanzado. Pensamos que, como
asignatura pendiente, tenemos que contribuir todos a que esa
integración social se haga efectiva, día a día, en todos los
sectores y en todos los ámbitos. Las barreras arquitectónicas
de acceso a medios de locomoción y de transporte, tanto
marítimo como terrestre, todavía, por desgra adoptarse
iniciativas como la que hoy nos ocupa para lograr una
verdadera integración social de aquellos ciudadanos que sufren
minusvalías psíquicas, físicas y/o sensoriales.
Por todo ello, Unión Valenciana apoyará esta iniciativa,
porque debe ser el consenso de todos el que apoye un plan para
la integración social del minusválido que recoja no sólo la
integración en los medios de locomoción, sino en la
edificación de nuevas viviendas y en todos aquellos campos en
los que el disminuido psíquico, físico o sensorial sigue
teniendo barreras para su realización en la sociedad en
igualdad de condiciones con los ciudadanos que, por suerte y
gracias a Dios, hemos podido contar con todos nuestros medios
para afrontar la vida. Por tanto, bienvenida sea esta
iniciativa y vamos a ver si
conseguimos que todos seamos, desde nuestras diferencias, más
iguales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Había presentada a esta iniciativa también una enmienda del
Grupo Popular, que corresponde tramitar con carácter
prioritario. Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a esta
proposición no de ley del Grupo Socialista que, a nuestro
juicio, evidencia dos t parece importante mencionar y tenerlos
en consideración.
Por una parte, sin duda alguna, la buena voluntad del Grupo
Socialista de paliar, de remediar, de dar soluciones a
determinadas dificultades que no siendo inherentes a las
propias personas que padecen alguna minusvalía, sí lo son como
elementos externos que dificultan unos derechos fundamentales
de estos ciudadanos. Pero al mismo tiempo que evidencia esta
buena voluntad del Grupo Socialista, reconocida por el Grupo
Popular, pone de manifiesto la falta de responsabilidad del
Gobierno Socialista, una vez más, en este tema. Lamento que la
señora Ministro no esté presente en la Cámara. Probablemente
piensa que son tonos menores los que se debaten. Lamento
verdaderamente su ausencia porque me hubiera gustado que al
menos demostrara, con su presencia, un interés físico. Sobre
la movilidad y barreras arquitectónicas. ¿Qué evidencia esto?
Que la Lismi --Ley que, dicho sea de paso, fue aprobada por
los últimos Gobiernos de UCD--el Gobierno socialista la ha
venido incumpliendo sistemáticamente.
Incumplimiento que es doble: en su aspecto normativo y en su
aspecto presupuestario. Esto, señorías, no son conclusiones
hechas al albur sino los resultados de un estudio sistemático
y considerable de estos datos, es decir, del desarrollo
normativo y del cumplimiento presupuestario. Este estudio
sistemático ha sido realizado por la Cocemfe. De manera que el
Grupo Popular pone de manifiesto también un trabajo serio y
riguroso en el que se evidencia esta falta de responsabilidad
de un Gobierno que sólo en
algunos momentos se acuerda de estas cosas pero que en lo
fundamental las incumple.
La señora Fernández me está escuchando y le agradezco su
atención. Usted recuerda, señora Fernández, que siendo
Ministro de este Departamento en el año 1992, con motivo de la
celebración del cumplimiento de la Lismi se nombró una
Ponencia en esta Cámara a la que usted fue requerida como
responsable en aquellos momentos. Pues bien, después de año y
pico de largo debate por parte de todos los grupo
parlamentarios buscando soluciones --algunas como ésta que se
trae hoy--, después de una serie de plazos sucesivos porque el
debate era complejo, se llegó a un acuerdo. En sus
conclusiones se especifica claramente --en el punto número 4
que hace referencia a la supresión de barreras y a las
viviendas adaptadas-- que la Ponencia considera que debe
continuar impulsando --lo de continuar es una expresión de
buena voluntad-- y fomentando la supresión de barreras de
acceso a los medios de transporte públicos colectivos, tales
como trenes, metropolitanos, vagones de Renfe, aeropuertos,
etcétera.<ð Pues bien, nosotros estamos de acuerdo con esta
propuesta del Grupo Socialista, pero reiterando y significando
el incumplimiento del Gobierno Nosotros vamos a votar a favor,
pero hemos presentado una enmienda porque parece que no sería
justo que sólo se limitara al transporte marítimo. ¿Y por qué
razón no a los trenes? ¿Por qué no al resto de los medios de
transporte? Nuestra enmienda lo que pide es la supresión de la
palabra «marítimo», para que se generalice esta medida que
vamos a tomar hoy en el sentido de urgir al Gobierno para que
haga cumplir lo que ya está en la Lismi, lo que se comprometió
en 1992 en las conclusiones de la Ponencia que realizó este
trabajo y que hoy --espero-- pidiéndolo ustedes es posible que
en buena hora puedan cumplirlo.
No obstante, en coherencia con nuestra actitud sobre estos
temas, tengo que señalar que en los Presupuestos Generales de
1994, en el debate re noviembre de 1993, fue aprobada una
enmienda --lo cual agradecemos y seguimos agradeciendo--, a
propuesta del Grupo Popular, la número 693, de adición a la
Sección XVII, Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario, por la que pedíamos cien millones de
pesetas para empresas públicas y otros entes públicos, a la
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, a fin de acondicionar
det uso de los minusválidos. Que yo sepa, no tengo
conocimiento de que se haya adecuado ningún tren de largo
recorrido. Probablemente ustedes lo van a hacer, pero como son
ciertamente lentos en aquellas cosas que no tienen interés,
porque en otras bien que espabilan, es posible que lo cumplan.
No corrió la misma suerte otra enmienda que presentamos a los
presupuestos de este año y que no fue aceptada. De manera que,
señor Presidente, esperamos que nuestra enmienda, en bien de
estas personas que lo necesitan, sea aceptada y que esta buena
voluntad del Grupo Socialista sea extensible a todos los
transportes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, evidentemente esta proposición no
de ley no requiere demasiados argumentos para manifestar
nuestro deseo de votarla favorablemente.
Las enmiendas presentadas, si son asumidas por el Grupo
Socialista, probablemente mejoren el texto, por lo menos las
de Izquierda Unida, porque es evidente que es importante el
acceso, pero también la movilidad dentro del barco. La otra
enmienda es mucho más amplia porque tiene otra problemática.
Se ha mencionado la Lismi, y es verdad que este es un tema que
ya se prevé en esa ley. La Lismi es una ley de la que nosotros
nos sentimos especialmente contentos y orgullosos, porque uno
de sus principales impulsores fue nuestro presidente Ramón
Trías Fargas, hasta el extremo de que se llegó a llamar la ley
Trías durante mucho tiempo. Por tanto, la conocemos bien, pero
también sabemos que cuando queremos abarcar muchísimo luego
resulta que no se hace nada.
En este caso y con esta proposición, que quiere resolver un
problema práctico y concreto, mi Grupo renuncia a hacer otro
tipo de discurso en f se apruebe lo que hoy pretende aprobar
el Grupo Socialista y que se ponga en práctica, que es lo que
hace falta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente esta proposición
no de ley que nos trae el Grupo Socialista. Nosotros
también haríamos un comentario en la misma línea en que la
portavoz del Grupo Popular se ha pronunciado. No solamente las
limitaciones están hoy contempladas en el transporte marítimo
de pasajeros sino también en el ferroviario, y qué decir del
aéreo. El problema no es fácil técnicamente, sobre todo porque
hay vehículos de transporte, como es el caso del aéreo, donde
las dificultades pueden ser mucho mayores.
Circunscribiéndonos al transporte marítimo, a mí me gustaría
que quedara constancia aquí, apoyando esta proposición no de
ley y todas las buenas intenciones que subyacen en la misma,
así como el cumplimiento de la Lismi que ha venido proponiendo
el Ministerio de Asuntos Sociales (muchas veces hemos aprobado
medidas para la supresión de barreras arquitectónicas para el
acceso de los minusválidos y personas con limitaciones
fisiológicas y físicas a los edificios públicos y privados)
que se ha de tener en cuenta en la construcción de las
modernas naves esta circunstancia, porque es un hecho que se
da fundamentalmente en el archipiélago canario y de ahí la
especial sensibilidad con la que Coalición Canaria contempla
este problema del
transporte marítimo entre nuestras islas y la península. El
problema no está solamente en el acceso al transporte
marítimo, sino en las dificultades que se plantean para la
evacuación en caso de accidente o de presunción de naufragio,
que son muy graves por que hay muchas más limitaciones. Un
minusválido que en un medio de transporte sufra un percance o
un naufragio tiene unas posibilidades de supervivencia
tremendamente reducidas. Si por el Gobierno se tiene que
habilitar toda una serie de instrumentos que regulen las
condiciones de acceso al transporte marítimo de las personas
con minusvalías, que se tenga en cuenta también el problema de
la evacuación, porque los tiempos son más cortos y perentorios
que los de acceso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Socialista, para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme manifestar la voluntad del Grupo Socialista de
aceptar las dos enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. La primera en «Asimismo...» la frase «en el marco
del plan de acción».
Respecto a la enmienda del Grupo Popular tengo que decir que
viene a desvirtuar la proposición no de ley que nosotros
presentamos. Lo que nosotros queremos es regular las
condiciones de acceso al transporte marítimo, no a otros
transportes en los que se están efectuando acciones para
facilitar el acceso. Hay convenios con la Federación Española
de Municipios y Provincias para autobuses, apoyados por el
Inserso; con Renfe, apoyados también por el Inserso; con el
sector del taxi, apoyados por la Federación Española de
Municipios y Provincias, la ONCE y el Inserso. En el
transporte aéreo las compañías han hecho sus adaptaciones. Es
verdad que en el transporte marítimo también las compañías
hubieran podido realizar esa adaptación desde que existe la
Lismi, pero no lo han hecho y por eso pedimos que se realice.
Permítanme decirles...
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, no es un turno de debate le
ruego que se ciña a expresar la aceptación o rechazo de las en
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, simplemente quiero
manifestar que existen competencias sobre estos aspectos que
no s sí de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y
que el Grupo Popular haría bien en ver la viga en el ojo
propio y no sólo la paja en el ojo ajeno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre acceso de
minusválidos al transporte público marítimo, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con la precisión formulada por el señor Costa en el
curso del debate.<ð Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 282.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA
FAVORECER LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR
DISMINUCIONES VISUALES (Número de expediente 162/000187)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
para favorecer la integración de las personas afectadas por
disminuciones visuales. Tiene la palabra la señora García-
Alcañiz. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, coupa la
Presidencia.)
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Estamos en el mes de junio y a algunos de nosotros este mes
nos recuerda un hecho diferencial con respecto a otros, y es
que es el mes de los exámenes, y ya ha dicho el Diputado señor
Chiquillo que había asignaturas pendientes. De acuerdo,
señoría. Hay no pocas sino bastantes asignaturas pendientes, y
algunas de ellas no en tono menor, como la que vamos a tratar
en este momento. ¿Qué es lo que ha acontecido? Lo que decía
antes, señorías, que hay que ser conscientes, hay que ser
reiterativos y recordar de vez en cuando la responsabilidad
que a algunos compete para su cumplimiento. Yo confío,
señorías, en los dos ejes que deben guiar las conductas de las
personas de bien: la solidaridad, que sin duda alguna
reconozco a todas SS.SS., y la responsabilidad que nos compete
como políticos. El Grupo Popular, en coherencia con estos dos
principios de solidaridad y de responsabilidad, trae hoy aquí
esta proposición no de ley para atender a u sólo eso, sino
para dar cumplimiento a un derecho de una serie de personas
que más lo necesitan, como son en este caso las afectadas por
disminuciones visuales.
Estos derechos, señorías, están claramente expresados en
varios artículos de nuestra Carta Magna. Como todos ustedes
saben, los artículos 9.2, 14 y 49 hacen una referencia
explícita al tema que nos ocupa. Asimismo existen en nuestro
ordenamiento jurídico español otras normativas. Acabamos de
citar en el punto anterior la Lismi (ley --decía-- que por
cierto fue promulgada en los últimos Gobiernos de UCD) y
también en este punto se hace una referencia a su título IX.
Además de éstas, hay también en el campo sectorial dos normas
estatales sobre el uso de los perros guía para personas con
deficiencia visual. En esta normativa se contempla el Real
Decreto de 7 de diciembre de 1983, de Presidencia de Gobierno,
que regula la normativa de uso de perros guía para deficientes
visuales, cuyo articulado expresa claramente que tendrán
acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos y
transportes públicos en la forma en que se determina en los
diferentes artículos del Real Decreto. Los requisitos de
diverso orden se establecen en la normativa de desarrollo, en
la Orden de 18 de junio de 1985, que especifica la
consideración de lugares, locales, establecimientos públicos,
alojamientos de uso turístico, centros hospitalarios, medios
de transporte, etcétera, y establece los requisitos sanitarios
y la identificación especial que deben tener estos perros
guía. Existe también una normativa sectorial variada en el
ámbito autonómico. Hay que decir que todas las
administraciones públicas han emprendido, en mayor o menor
medida, acciones tendentes a mejorar las condiciones de acceso
al entorno de estas personas con movilidad reducida por unas o
por otras circunstancias.
Dicho esto, podría parecer que el tema que tratamos fuese sólo
de competencia autonómica, ya que casi todas las comunidades
autónomas tienen transferidas las competencias en materia de
servicios sociales, pero no es así. Después de lo expuesto,
también podría pensarse que no es necesario tomar otras
decisiones, ya que el tema está suficientemente atendido, al
menos en sus conceptos normativos, pero la realidad nos
demuestra de nuevo que no es así, que existen serias
dificultades en la práctica, además de considerables lagunas.
Permítame, señor Presidente, que lamente de nuevo la ausencia
de la señora Ministro de Asuntos Sociales que ni siquiera ha
tenido la atención de venir; tendrá otros asuntos más
importantes que éste para eludir su presencia en el hemiciclo.
La señora Alberdi reconoció en su comparecencia del día 2 de
noviembre de 1994, y cito casi textualmente sus palabras, que
existe una clara disgregación de la normativa, que hay una
falta de unidad en la regulación de esta materia específica y
que en algunos casos, dice, es evidente la falta de una norma
sancionadora, que hace prácticamente inviable el ejercicio
efectivo de los derechos que asisten a estos ciudadanos con
disminución visual que van acompañados por perros guía o
perros lazarillo.
Asimismo, seguía diciendo la señora ministra en su
comparecencia, que la fundación ONCE había realizadoun
seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
Como consecuencia de este tra por la ONCE, había remitido
hacía tiempo al Ministerio de Asuntos Sociales a la señora
Alberdi --no recordaba bien si era el mes de marzo o el
anterior-- un proyecto con el fin de unificar las sanciones,
dada la dispersión existente, dispersión que se produce como
consecuencia de las competencias que en este ámbito tienen los
Ministerios de Comercio y Turismo, Hacienda y Trabajo. He aquí
una evidente distorsión que habría que armonizar, acerca de la
cual la señora ministro manifestó su interés y su
preocupación, al tiempo que se comprometía al estudio de la
misma.
El Grupo Popular, y yo personalmente, creemos que con el
tiempo que ha transcurrido desde que recibió la documentación
que la ONCE envió a la señora Ministro --según sus propias
palabras más de año y pico--y porque estamos en el mes de
junio, y sin duda con la dedicación que habrá prestado a su
estudio, estará en perfectas condiciones, desde la
responsabilidad que le compete desde el Gobierno, de atender
esta proposición no de ley que el Parlamento, si así lo
estima, inste al Gobierno, para atender, reitero, a unos
ciudadanos y que puedan ejercitar este derecho.
Son muchas las personas que podrían beneficiarse si tomamos en
consideración esta medida. Con toda intención, señor
Presidente, no he entrado en las estadísticas que hay respecto
al número de personas que tienen necesidad de ser acompañadas
de perros guía o de perros lazarillos, porque creo señorías
que no es esta la cuestión; no es un problema de estadística.
Termino, señor Presidente, como empezaba, pidiendoa SS.SS.
desde la solidaridad que estoy segura tienen
todos los parlamentarios con las personas afectadas por
disminuciones visuales y con problemas de movilidad, y desde
el ejercicio de responsabilidad que nos compete como miembros
de esta Cámara, el voto afirmativo para esta proposición no de
ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A esta proposición no
de ley del Grupo Popular se han presentado enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a
intentar exponer brevemente la enmienda que el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado a
esta proposición no de ley; al mismo tiempo, voy a intentar
fijar la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre el texto de la misma propuesta.
Abordar puntualmente la discusión, que debe ser más
globalizadora, siempre nos puede llevar a mantener posiciones
que pueden parecer contradictorias cuando el objetivo que se
persigue creo que es positivo. La voluntad del Grupo
proponente es intentar acelerar que se pueda generalizar el
uso de lo que pudiéramos llamar la protección del perro guía
que sirve para personas que tienen una minusvalía, en
concreto, un grado de ceguera serio; pero el texto de la
proposición no de ley, al margen de la redacción que se nos
propone, que es el referente en el artículo 49 de nuest la
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, así como de las personas que tienen
disminuida la capacidad visual de forma notable, para
incorporarlas plenamente, ese objetivo se concreta, desde
nuestro punto de vista, con dos limitaciones. Al margen del
plazo que a nosotros nos parece bien, tiempo ha habido para
haberlo puesto en marcha en cualquiera de las
administraciones, hay una, que es la propuesta de armonización
desde una legislación general.
La verdad es que al margen de que se ha puesto la venda antes
de la herida, en el sentido de las transferencias de servicios
sociales a las comunidades autónomas, hay comunidades que ya
lo tienen regulado en una ley; por ejemplo, la comunidad
autónoma de Murcia, de la que yo vengo, tiene una Ley,
aprobada desde julio de 1994, mediante la que se regula el
acceso a cualquier lugar de las personas que van acompañadas
con perros guía por tener deficiencias visuales graves, cuáles
son las características de estos perros guía, dónde han sido
entrenados y cuáles son las condiciones que deben reunir. En
segundo lugar, los accesos que deberían tener o los lugares a
poder acceder, y los califica tanto en lugares o locales
públicos como en lo que son los hoteles, los albergues, como
en el transporte colectivo. Por último, establece en tercer
lugar, todo lo que es un régimen sancionador con las
infracciones leves, la cuantía de las mismas, incluso regula
en una disposición adicional la capacidad del Gobierno
regional para ajustar, para adecuar la cuantía de las
infracciones, que viene a ser para las leves 500.000 pesetas,
las graves hasta un millón y las muy graves hasta dos millones
de pesetas. Igual que está regulado en mi comunidad, existe en
varias comunidades autónomas. Desde una óptica de defensa del
autogobierno y de la capacidad de autonomía de las comunidades
autónomas, lo lógico es que debiéramos haber presentado
iniciativas de este tenor en cada una de las comunidades para
que fuera regulado, puesto que la proposición no de ley
pretende una armonización de la legislación y la normativa
vigente, garantizando el libre acceso a establecimientos,
locales y transportes públicos, cosa que ha hecho esta ley, y
las personas que, debido a esta disminución, pueden usar estos
perros guía.
Por estos dos razonamientos: uno, armonizar y, dos, lo que
vienen a ser las condiciones para acceder, creo que más que ir
a una declaración de armonización general debiéramos ir a que
se adopten las medidas que sean precisas en conjunto, tanto
las comunidades autónomas como la Administración del Estado,
incluso en su gestión, en algunos casos, lo que puedan ser los
entes territoriales, llámense diputaciones, llámense
comunidades autónomas y la facilidad para que eso sea
utilizado.
Por tanto, nosotros creemos que hay que respetar esas
competencias y nuestra propuesta de enmienda pretende que
desde una actuación globalizadora, desde lo que significa la
campaña de difusión y protección de las personas que tienen
esta minusvalía o esta limitación en su movilidad, desde el
Inserso, con los recursos que tengan, con la definición de
esos objetivos y actividades, se haga un planteamiento global;
es decir, que a nivel del Estado se haga esa difusión
globalizadora, se estimule, que haya conferencias sectoriales,
incluso convenios que se pueden ir haciendo desde el
Ministerio de Asuntos Sociales con las comunidades que puedan
tenerlo para generalizar el uso de esta fórmula, y que todas
las personas que tengan esta limitación puedan utilizarla y
tener resuelto su problema.
En suma, creemos que el objetivo que propone la Ley es uno;
sin embargo, el texto que se nos propone es bastante limitado
por esos dos razonamientos. Nuestra enmienda pretende que se
incorpore a esta filosofía el respeto entre comunidades
autónomas y la acción globalizadora que puede hacerse a nivel
de actuación general desde el propio Inserso.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, la señora Fernández Sanz tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la diputada del Grupo Popular ha empezado comentando
que esta proposición no de ley es un tema menor --supongo que
quería decir concreto; yo comparto esa reflexión-- y que no
importa que afecte a muchas o pocas personas; aunque afectase
a media docena merecería la pena tratarlo; también comparto
esa reflexión de la señora diputada.
El Grupo Socialista es contrario a aprobar la proposición no
de ley, el texto que nos plantea el Grupo Popular, y por eso
hemos presentado una sustitución, una enmienda total. ¿Por qué
no estamos de acuerdo con el texto que nos plantea el Grupo
Popular? A nivel estatal ésta es una materia que se encuentra
regulada por el Real Decreto 3250/1983, y por la Orden de 18
de junio de 1985, cuyo ámbito afectaba a los cinco ministerios
firmantes. Ambas normas, el Real Decreto y la orden,
establecen y recuerdan las competencias de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales con arreglo a la
querida Lismi, que hoy hemos tratado en más de una ocasión, a
través de su artículo 3.º2, y habilitan --en el caso de la
orden en su artículo 6.º-- a las corporaciones locales para
que adecuen y adapten sus ordenanzas municipales al Real
Decreto y a lo que legislen las diferentes comunidades
autónomas, porque, señoría, son las comunidades autónomas las
que tienen competencias en esta materia en cada uno de sus
estatutos; no la mayoría, sino todas las comunidades
autónomas. Seamos precisos en ese término: todos los estatutos
de autonomía de las 17 comunidades autónomas tienen las
competencias transferidas, por tanto, señoría, estamos
hablando de una competencia que para el Estado es residual,
porque está en manos de las comunidades autónomas; es más
derecho de comunidad autónoma que derecho estatal, sólo es
derecho estatal como derecho supletorio. El Grupo Socialista
no desea, en esta materia, invadir competencias de las
comunidades autónomas y la atención social y los servicios
sociales, insisto, son competencias de las comunidades
autónomas.
El diputado de Izquierda Unida ha recordado que al amparo de
estas competencias en manos de las comunidades autónomas ya se
han aprobado tres leyes, tres estupendas leyes. El ha hablado
de su tierra, ha hablado de la ley de Murcia, pero un año
antes, en 1993, la Comunidad catalana aprobó una excelente
ley; en 1994 lo hizo la Comunidad murciana; y en 1995, muy
recientemente, en el mes de marzo, ha aprobado otra la
Comunidad de Navarra. Son tres excelentes normas y,
sinceramente, este grupo piensa que en el futuro, queojalá sea
muy cercano, el resto de las comunidades autónomas harán lo
mismo: legislar, com tres comunidades.
Su señoría me puede recordar que estas normas de ámbito
estatal --la Lismi, el Real Decreto y la orden-- no hablan del
régimen sancionador y que ése es un déficit mientras no
legislen las comunidades autónomas, pero S.S. tiene que
recordar que esas tres comunidades autónomas han hecho esas
leyes por ese motivo y es el que debe llevar al resto de las
comunidades autónomas a hacer la misma ley, porque casi todas
tienen una ley marco de servicios sociales, casi todas tienen
una ley de eliminación de barreras arquitectónicas y para
establecer las infracciones y sanciones en este campo se
necesita hacer una ley, contener estos datos en una norma con
rango de ley, tal y como dice en su artículo 127 la Ley
30/1992, sobre régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Señoría, cuando ustedes hablan de armonizar legislación y
normativa vigente --supongo que en virtud del artículo 150 de
la Constitución--, a nosotros nos parece poco procedente
porque el número de comunidades autónomas que han desarrollado
esta ley es muy reducido, y porque sentimos que el resto de
comunidades autónomas lo harán brevemente estimamos que es
prematuro establecer un ejercicio de la legislación
complementaria y subsidiaria que tiene el Estado en esta
materia. De ahí nuestra enmienda de sustitución, señoría, una
enmienda que habla de cooperación y colaboración con la ONCE.
En un momento de ruido no la he entendido bien, pero creo que
usted estaba recordando que la ONCE tiene un proyecto de ley
que ha llevado al Gobierno de la nación, al Ministerio de
Asuntos Sociales y a todas las comunidades autónomas. La
diputada que le habla sabe que con la Comunidad de Madrid se
han sentado para preparar esta norma, similar a la de las tres
comunidades que ya la tienen, que se sitúa en el marco de la
ley que la ONCE ha preparado y que está presentando a todas
las comunidades autónomas. Por eso, dialogar con la ONCE es
bueno, así como colaborar con las 14 comunidades autónomas que
aún no tienen la ley.
¿Cómo lo puede llevar a cabo el Gobierno, o el Ministerio de
Asuntos Sociales? Por relaciones bilaterales, o a través de la
Conferencia Sector tiene más contenido en este objetivo de
homologar y homogeneizar normas. Nuestra propuesta termina
diciendo que ese diálogo y esa cooperación han de conducir a
la adecuación de la normativa existente y al desarrollo de la
normativa donde no exista.
Cuando se generalice --espero que a corto plazo-- el proceso
normativo de las comunidades autónomas, se habrá obtenido el
fin que usted desea, señoría, sin necesidad de que nosotros
aquí, en el Parlamento, violemos el reparto de competencias
que existe entre las tres administraciones del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, y en concordancia
con mi intervención en el punto tres de la proposición no de
ley anterior, que me alegro haya sido aprobado por unanimidad,
quiero manifestar mi opinión a favor de la iniciativa de esta
proposición no de ley del Grupo Popular.
Como anteriormente he dicho, en el trabajo por la integración
social de cualquier ciudadano que sufra algún tipo de
minusvalía --en el caso q visuales-- creo que debemos
contribuir todos, con el máximo respeto a las competencias de
las comunidades autónomas que se ha de mantener, pero también
entiendo que tanto las comunidades autónomas como las
corporaciones locales y como el Gobierno central, todas las
administraciones, en un terreno tan importante como es el de
la integración social de los disminuidos, o de los
minusválidos físicos, psíquicos, o sensoriales, han de prestar
su colaboración. Siempre que respete el marco competencial de
cada una de las administraciones, toda la Administración, aun
no teniendo competencias, ha de contribuir para mejorar la
calidad de vida de este colectivo. Por tanto, para no ser
redundante, y manteniendo firme el planteamiento hecho en el
punto anterior, pienso que es trabajo de todos contribuir a
esa verdadera integración social de los colectivos con
minusvalías, y desde ese respeto a las competencias de las
comunidades autónomas, desde ese respeto al cumplimiento
máximo de la Ley de Integración Social del Minusválido, pienso
también que todos tenemos que contribuir y aportar nuestro
grano de arena para que la integración social de los
minusválidos sea efectiva. Por ello, mi voto será favorable a
esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señora Alcañiz, creo que tiene razón. El objeto de la
propuesta, al igual que en la anterior, goza de toda nuestra
simpatía y por ello querríamos votarla a favor, pero no lo
vamos a hacer por dos razones.<ð Estoy seguro, señora
Alcañiz, que esa no es su intención, pero la redacción de este
texto nos habla de la necesidad de proceder a la armo y de la
normativa vigente, y nosotros, por nuestra propia naturaleza,
cuando oímos hablar de armonizar, nos ponemos a temblar. Esta
es una razón. Es un concepto que nosotros querríamos no oír
más, porque estamos es un Estado de autonomías, hay unos
estatutos, unas competencias transferidas y hay unas
comunidades que ya han legislado sobre este tema, entre ellas
la que yo vivo, y otras; por tanto, me parece innecesaria esta
iniciativa. Sé que hay otras comunidades autónomas que si no
han legislado, puede que lo hagan; pero este Congreso no puede
instar a otros parlamentos autonómicos para que legislen, ni
debe hacerlo. Es en ese sentido que mi Grupo votará en contra
de su proposición, probablemente incluso si acepta la enmienda
del Partido Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa.
Señora García-Alcañiz, para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas a su iniciativa, tanto por parte del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como por
parte del Grupo Socialista.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Para expresar la aceptación de enmiendas, pero permítame que
en la explicación de esta aceptación haga algunas pequeñas
matizaciones.
Me alegra, señora Fernández, que haya coincidido en su
discurso prácticamente punto por punto en la exposición que yo
he hecho en el primer momento. Evidentemente, he citado la
normativa estatal...<ð
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora García-Alcañiz,
usted conoce muy bien el Reglamento, sabe que no hay turnos en
contra y por tanto no hay réplicas. La Presidencia puede
permitir que usted argumente muy brevemente las razones por
las que aceptará o no las enmiendas, pero no entrar en
contrarréplica porque no ha sido un turno de réplica ni de
contradicción el que ha utilizado la señora Fernández.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente, tiene
toda la razón. No hay réplica, estamos de acuerdo en todo.
Usted se refiere a la cooperación con las comunidades
autónomas y, evidentemente, lo que yo he dicho, poniendo mis
palabras en la expresión de momentos Ministro del
Departamento, señora Alberdi, son las carencias que existían.
Claro que existe una Ley en Cataluña, estupenda (aquí la
tengo) y otra de Murcia, pero se evidencia una falta de
regulación. Creo que el sentido de nuestra proposición no de
ley es positivo, y estimo que así lo han recogido todos los
grupos de
la Cámara. Nuestra intencionalidad es que siga, porque, señor
Presidente, se puede dar la paradoja de que un ciudadano que
va de Murcia --que sí tiene Ley--, a Cataluña --que también la
tiene--, pasa por Valencia, y allí, como no hay ley, no pueda
acceder. Hay lagunas muy considerables, y
nosotros pedimos que se subsanen.
Aceptamos la enmienda del Partido Socialista, que no es
incompatible con la que hace Izquierda Unida; es decir, habría
que añadir la incorporación que hace el Grupo de Izquierda
Unida, el señor Ríos, que la ha defendido, y por tanto no
existe ninguna diferencia. El Partido Popular quiere que las
cosas se hagan aunque la dominación, la forma y camino para
llegar a ellas sea una transaccional que, aun reconociendo la
competencia de las comunidades autónomas, cosa que en modo
alguno hemos excluido, se puedan
realizar y solventar las lagunas existentes en la normativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
García-Alcañiz.
Señora Fernández, ¿tiene inconveniente el Grupo Socialista de
que a la aceptación de su enmienda por parte de la señora
García-Alcañiz se una como enmienda de adición, es decir, como
una ampliación de esa enmienda de sustitución, la enmienda
defendida por el señor Ríos?
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, tengo el problema
de que el Diputado de Izquierda Unida no ha dicho lo que tiene
escrito. El diputado de Izquierda Unida lo que tiene escrito
es que se abran programas, y sería abrir el debate respecto a
la intervención anterior. Programas ya existen, recursos ya
existen, y el diputado decía que había que insistir en la
sensibilización a la sociedad. Eso sí está claro, es
competencia del Gobierno de la nación, y lo está haciendo.
Sinceramente, es un texto poco claro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora García-Alcañiz,
entonces, tal como está planteada la situación, S.S. tiene que
optar por aceptar la
enmienda del Grupo Socialista, sin más, o por cualquier otra
vía, incluso mantener su iniciativa, con aceptación o no de la
enmienda defendida por el señor Ríos.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Como el Inserso y gran parte de sus competencias no están
transferidas, creo que no habría inconveniente en aceptar la
de Izquierda Unida...El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Señora García-Alcañiz, no vayamos ahora a reabrir el debate.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Sin embargo, señor Presidente,
si no es así, como nuestra voluntad es que esto se lleve a
cabo, aceptaríamos la enmienda del partido Socialista; si él
se niega a aceptar la enmienda de Izquierda Unida, será una
cuestión de su forma de conducta.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
García-Alcañiz.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
La precisión que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista puede quedar solventada si se añade: deberá
incorporar este objetivo en campañas de sensibilización y
atención a los minusválidos del Inserso. Es decir, suprimir la
expresión: en los programas, por el texto que ha dicho la
portavoz del Grupo Socialista, doña Matilde Fernández.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández,
¿acepta el texto, con esa matización?
La señora FERNANDEZ SANZ: Se acepta, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces, se somete a
votación la proposición del Grupo Popular con el texto
resultante de enmienda del Grupo Socialista y la inclusión,
como adición, del párrafo presentado como enmienda por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los
términos resultantes de la precisión que acaba de hacer el
señor Ríos.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
para favorecer la integración de las personas afectadas por
disminuciones visuales, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas, con
las correcciones y precisiones introducidas en el curso del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 288.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, EN RELACION CON LA REGULACION DE LA
INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente
173/000086)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya subsiguiente a
interpelación relativa a regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Tiene la palabra la señora Maestro. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me dispongo a defender la moción consecuencia de la
interpelación del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya deba miércoles de la semana pasada, relativa al
cumplimiento de los compromisos del Gobierno en relación con
la presentación de una nueva ley reguladora de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Antes de empezar a analizar los aspectos que nuestro Grupo
dice que debe contemplar ese proyecto de ley, quiero expresar
la indignación por la vergonzosa manipulación de que está
siendo objeto, desde hace tiempo, pero especialmente en la
última semana, un derecho histórico de las mujeres, una
reivindicación de defensade su autonomía, en un escenario de
mercadeo político, en un escenario en el cual el der objeto de
toma y daca político, de pactos no escritos entre el Gobierno
y el Grupo de Convergència i Unió. Y quiero decir también,
señorías, que si esta indignación no se está expresando con
una mayor crispación social es por la experiencia milenaria de
las mujeres de estar acostumbradas a jugar en un terreno en el
que las reglas las deciden los hombres y los dados están
trucados.
Señorías, estamos asistiendo a un enorme escenario de
hipocresía social desde varios puntos de vista. En primer
lugar, es evidente que se está utilizando la ley de aborto, el
chantaje de la ley de aborto, para poner de manifiesto
tensiones entre el Gobierno en minoría y el Grupo que le
apoya, cuyas características no se reveîlan, y que están
siendo expresión de acuerdos no escritos que están haciendo
que esta Cámara desde hace tiempo esté jugando un papel de
comparsa en el mapa político general, porque las decisiones
fundamentales le son hurtadas y los acuerdos políticos no
están escritos sobre la mesa ni, desde luego, han sido objeto
de ningún tipo de tramitación parlamentaria en esta Cámara. La
moción de Izquierda Unida pretende que el Gobierno cumpla sus
compromisos, que el Gobierno cumpla su programa electoral y,
por tanto, el contrato firmado del PSOE con la sociedad por el
cual se obliga a la presentación de una ley de interrupción
voluntaria del embarazo.
El señor Ministro de Justicia el miércoles pasado me proponía
que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
presentara la moción porque probablemente para estas fechas
hubiera sido aprobado el proyecto de ley en Consejo de
Ministros y remitido a esta Cámara. El Grupo al que
represento, señorías, no se fía del compromiso del Gobierno.
Por lo tanto, presentamosesta moción pretendiendo una vez más
que el Gobierno cumpla sus compromisos electorales y
definitiva.
Los contenidos que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
contempla que debe establecer el proyecto de ley de
interrupción voluntaria del embarazo no son maximalistas. Son
los contenidos reales, los únicos contenidos reales que pueden
en este momento resolver una situación histórica planteada
para las mujeres en relación --insisto-- no con el control de
la natalidad, no con ningún programa de máximos, sino con el
derecho a la autonomía en relación con su maternidad.
La única opción razonable en estos momentos, la única opción
sensata que da respuesta a la situación planteada es una ley
en la que en la prim embarazo la mujer tenga capacidad de
decisión.
Creemos, señorías, señorías fundamentalmente del Grupo
Parlamentario Socialista, que no sería de recibo que la nueva
ley introdujera un cuarto supuesto de razones socioeconómicas
para la regulación voluntaria del embarazo desde el punto de
vista legal. Creemos que esto sigue manteniendo la tutela
jurídico-sanitaria sobre la situación de las mujeres.
Evidentemente, la hipocresía social plantea que sea en
determinados supuestos en los cuales sea legal abortar, pero
¿qué pasa con todas y cada una de las situaciones no previstas
en el cuarto supuesto socioeconómico? ¿Piensan ustedes,
señorías, que es lógico que se impida legalmente interrumpir
el embarazo a las adolescentes o a las mujeres en las últimas
etapas de su fecundidad? Esos no son supuestos
socioeconómicos. Ustedes saben que el embarazo no deseado es
en sí mismo un riesgo para la salud pública y que el embarazo
y el parto en situaciones no deseadas por la mujer introduce
riesgos sobreañadidos de hemorragias, bajo peso e infecciones.
Así pues, es necesario que sea la propia mujer quien valore
situaciones negativas para su maternidad, que pueden incidir
de forma contraproducente en su embarazo, pero sin tutelas
jurídico-sanitarias, que nunca van a conseguir regular la
enorme diversidad de situaciones que se expresan en la
realidad.
Por lo tanto, claro que hay razones socioeconómicas,
culturales, sanitarias, etcétera, por las cuales una mujer
decide abortar, pero es la propia mujer y no tutelas ajenas a
ella misma quien debe valorar si el embarazo continúa o no
continúa en esa primera etapa cuando el riesgo para la salud
de las mujeres es mínimo. Debe garantizarse que esa
interrupción voluntaria del embarazo sea realizada en la
sanidad pública. Yo me pregunto, señorías: ¿Cómo es posible
que se identifique el aspecto socioeconómico como supuesto
para el aborto legal y se pretenda que ese supuesto, además el
mayoritario, se excluya de su realización en la sanidad
pública? Serían las mujeres más desfavorecidas desde el punto
de vista socioeconómico-cultural las que se verían obligadas a
realizar la interrupción del embarazo en la sanidad privada,
por cuanto pienso que los supuestos que hasta el momento se
contemplan, de violación, malformaciones congénitas, etcétera,
podrían practicarse en la sanidad pública.
Recuerdo, señorías, que decía en la interpelación al Gobierno
el miércoles pasado: Hay una situación socioeconómica que pone
contra las cuerdas a las mujeres, y eso no es un problema del
Ministerio de Trabajo, eso no es un problema de cifras
macroeconómicas, eso es un problema de salud. Ustedes saben
que en estos momentos la economía sumergida, el empleo a
tiempo parcial, el trabajo temporal del que son protagonistas
las mujeres, está dejando de ser retazos de formas de
producción precapitalistas para constituirse en un objetivo de
política socioeconómica, y el protagonismo fundamental tiene
que ver con las mujeres.
Insisto, señorías, la ley de plazos es la única que garantiza
una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo que
impida que las mujeres se sienten en el banquillo de los
acusados, que se continúe incluyendo como delito en el Código
Penal la interrupción voluntaria del embarazo.
La hipocresía social a la que aludía tiene que ver también con
el tercer aspecto de la moción. Es impresentable que en estos
momentos la sanid solamente el 6 por ciento de la demanda en
métodos de planificación familiar. El aborto --es necesario
repetirlo hasta la saciedad-- no es una situación a la que las
mujeres accedan de forma voluntaria ni por gusto; es el
fracaso de los métodos de planificación familiar. Por lo
tanto, la extensión al 100 por cien de los métodos de
planificación familiar es la línea de tendencia que permitirá
algún día que el aborto sea inexistente o casi anecdótico. En
la situación actual, señorías, el aborto se está realizando
por fracaso, por insuficiencia de cobertura dentro de la
sanidad pública en métodos de planificación familiar. Y saco a
colación el famoso pero irresuelto tema de la famosa RU-486.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su programa
electoral está escrito que se tomarán las medidas necesarias
para garantizar la comercialización en nuestro país de un
método de planificación familiar, de un método de interrupción
del embarazo que reduce riesgos, que reduce complicaciones y
que reduce costos, y que además, al permitir una interrupción
voluntaria del embarazo fuera de los hospitales, un aborto no
quirúrgico, permitiría el acceso de muchos más profesionalesa
la indicación. Recuerdo, señorías, Roussel-Uclaf para su
inscripción en el registro podían haberse obviado. El
Ministerio de Sanidad podía haber tomado la decisión de
importar como medicamento extranjero la RU-486, de manera que
su introducción en la sanidad pública pudiera romper todas
esas barreras de amenazas y de bloqueos que hoy impiden que un
medicamento calificado como un patrimonio para la salud
pública de las mujeres sea hurtado a las mujeres españolas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, vaya
concluyendo.
El señor MAESTRO MARTIN: Sí, señor Presidente.
El cuarto aspecto de la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida se refiere a la objeción de conciencia.
Señorías, estamos en torno a a una maraña de situaciones que,
en la práctica, está impidiendo, progresivamente, que la
interrupción voluntaria del embarazo, aun en los supuestos
legales en este momento, pueda realizarse en la sanidad
pública.
Es preciso que la sanidad pública, que esta Cámara, al mismo
tiempo que reconozca el derecho a la objeción de conciencia
por parte de los profesionales, tome las medidas necesarias
para que el ejercicio de ese derecho no niegue en la práctica
el derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública. Es
necesario y constituye en estos momentos un exponente de
hipocresía social que, a la hora de echar mano de razones de
conciencia para no realizar interrupciones voluntarias del
embarazo, sea suficiente firmar un papel, cuando la objeción
de conciencia al servicio militar está sujeta al examen de un
tribunal especial y a un servicio social sustitutorio, sobre
todo cuando en la práctica, insisto, la extensión del derecho
a la objeción de conciencia por parte de los profesionales
está anulando ese derecho de las mujeres. Al mismo tiempo que
constituye un motivo de escándalo el hecho de que, si el 98
por ciento de los abortos en este momento se realiza en la
sanidad privada, es evidente que hay un número importante de
profesionales que hacen objeción de conciencia en la sanidad
pública y están realizando las intervenciones en la sanidad
privada.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, es preciso que
asuman en este momento el compromiso de remitir a esta Cámara
un proyecto de ley que resuelva esta situación histórica para
las mujeres. Y llamo la atención: debería pagarse caro de
alguna manera que
ese derecho de las mujeres esté constituyendo un toma y daca
de carácter político, que esté colocando derechos de las
mujeres en la picota del mercadeo y de la utilización en los
medios de comunicación. Sería triste que, después de tantos
debates en esta Cámara, que han hecho que permanente y
recurrentemente esté saliendo un tema no resuelto, como las
pesadillas, fuera objeto, como algún destacado representante
del Grupo Parlamentario Socialista, de una enorme estafa
histórica. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario
Socialista, estarían estafando a su electorado y estafando a
las mujeres si votaran positivamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Maestro, le
ruego termine.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
...la remisión al Gobierno de ese proyecto de ley, pero
estafaran en la práctica a las mujeres, utilizando lo que
ustedes mismos o parte de ustedes ha dicho: una tramitación
parlamentaria lenta que, en la práctica, haga que ese proyecto
de ley no se convierta en ley antes de unas elecciones
generales anticipadas.
El compromiso es el texto y el hecho, el hecho de que esta ley
se apruebe en esta legislatura, para lo cual la tramitación
parlamentaria debe ser la normal o, cuando menos, acelerada,
para que eso no se convierta en una especie de pan para todos,
en la cual ustedes, por un lado, presentan el proyecto de ley,
garantizan a Convergència i Unió que finalmente no será ley y
continúe esa situación planteada.
Yo quería terminar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señora
Maestro, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: ...con una adaptación de una cita de
Ernesto Cardenal que espero que ustedes no olviden, sobre todo
cuando se está haciendo un uso tan desbordante de la objeción
de conciencia. Son adecuadas las palabras que él dice: «Peca
quien miente, o quien dice verdades a medias, o quien dice
verdades que luego no piensa cumplir, porque roba la verdad a
las palabras».
Nada más.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios
que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rudi.
La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Unicamente, para reiterar una vez más la posición de mi Grupo
con respecto a este tema, puesto que además la Diputada de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señora Maestro, ha
repetido prácticamente en su intervención las tesis mantenidas
hay escasos elementos de juicio nuevos sobre la cuestión.
Unicamente hacer referencia al punto 3 de su moción, en el
cual pide el acceso universal y efectivo a los servicios
públicos de planificación familiar. Leído así, antes de haber
escuchado la intervención de la señora Maestro, podía ser
coincidente con tesis defendidas por el Grupo Popular, en
tanto en cuanto en el año 1990 fui yo misma, como Diputada de
este Grupo, la que defendió en la tribuna, precisamente, que
estuvieran a cargo de la Seguridad Social o fuera derecho
prestado por la Seguridad Social los métodos de planificación
familiar. Pero como la señora Maestro engloba dentro de esos
métodos de planificación familiar la pildora RU-486, que no es
un método de planificación familiar, es un sistema de realizar
un aborto o una interrupción voluntaria del embarazo, que
puede llevarse a cabo --como la señora Maestro sabe mucho
mejor que yo, dado su profesión-- bien por métodos quirúrgicos
o bien, cuando hay un plazo muy corto, de un mes, y otras
condiciones sanitarias, utilizando la píldora RU-486, esa
concepción de considerar esta píldora como un método más de
planificación familiar, es lo que nos impide estudiar --que lo
habíamos hecho-- el votar a favor este punto número 3. Por lo
tanto, mi Grupo votará en contra del texto íntegro de la
moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rudi.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías, en
nombre del Grupo Socialista quiero, ante todo, reiterar lo
superfluo de esta moción que presenta Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Hoy se hace necesario repetir la afirmación que hizoel
Ministro de Justicia hace dos semanas en esta mismatribuna.
Esta iniciativa responde a u y a una desconfianza totalmente
injustificados. No hable usted de mercadeos, señora Maestro.
Aquí no hay mercadeos, no hay chantajes y no hay estafas. Aquí
hay coherencia de una postura, coherencia de la postura que ya
expresó el Presidente del Gobierno el pasado 14 de diciembre y
que el Grupo Socialista mantiene: que antes de fin de mes el
Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley que regule la
interrupción voluntaria del embarazo, con un criterio
despenalizador y garantista de los derechos de la mujer. Este,
señora Maestro, es un compromiso serio, un compromiso del
Grupo Socialista, asumido en su programa electoral, y un
compromiso del Gobierno, asumido en virtud de ese programa y
que tiene unos plazos de cumplimiento,
plazos que todavía no se han cumplido. Cuando llegue el
momento de cumplimiento de esos plazos, no le quepa duda de
que podremos debatir en esta Cámara y tener aprobado en el
momento previsto, antes de la entrada en vigor del nuevo
Código Penal, un proyecto de ley que resolverá los problemas
de aplicación que plantea hoy el artículo 417 bis del Código
Penal, un proyecto de ley que conseguirá lo que todos
pretendemos: que ninguna mujer acabe en la cárcel por no
llevar adelante un embarazo que constituye para ella un serio
problema que se siente incapaz de
soportar.<ð Creo que en esa pretensión podemos coincidir,
señora Maestro, y que coincidiremos, por tanto, en aceptar que
llegue a la Cámara un proyecto que conjugará el respeto a los
derechos de la embarazada con la protección, obligada para el
Estado, del bien jurídico, que es la vida del feto; protección
que revestirá en este nuevo supuesto un carácter no penal,
sino un carácter más eficaz y contrastado ya con la
legislación de nuestro entorno, como es el asesoramiento. Un
proyecto, señorías, que protegerá de manera adecuada la salud
de la mujer que desee interrumpir su embarazo. Un proyecto que
dará una respuesta, respetuosa con la constitución, a la
objeción de conciencia del personal sanitario, de forma que el
ejercicio de este derecho, ciertamente constitucional, no
pueda primar nunca sobre el derecho a la vida o a la salud de
la embarazada que se halle en grave peligro.
En definitiva, el proyecto de ley que el Gobierno está a punto
de enviar a esta Cámara garantiza los derechos de las mujeres,
su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la
dignidad, su derecho a la libertad, cuando se ven enfrentadas
con un embarazo que no pueden soportar. Garantiza también el
respeto a los principios constitucionales.
Por ello estamos seguros de que Izquierda Unida apoyará en su
momento los principios que lo inspiran, en cuanto que son los
propios de una sociedad avanzada y de un Estado democrático de
Derecho.
Reiteramos el compromiso firme del Gobierno de que este
proyecto esté en la Cámara antes del final del período de
sesiones, y quisiera recordarles una vez más que esa fecha no
ha llegado. No hay posibilidad de que ni el Gobierno ni a este
Grupo se le reproche en este momento incumplimiento alguno.
Señorías, el Ministro de Justicia pidió hace dos semanas al
Grupo de Izquierda Unida que retirase su interpelación. Yo
estaba dispuesta a pedi retirasen su moción. De la
intervención de su representante he llegado a la conclusión de
que es una petición inútil. Sin embargo, sí que quiero hacer
constar que esta moción sólo puede ser, como he dicho, fruto
de la precipitación o quizá un intento de anticipar el debate
de las enmiendas concretas que sobre aspectos determinados
pueda pretender presentar el Grupo de Izquierda Unida a ese
proyecto de ley; enmiendas concretas referidas a su particular
posición, acerca de cómo debe regularse la objeción de
conciencia o cómo debe regularse el asesoramiento de la e a su
postura acerca de si debe o no tener el carácter de indicación
sanitaria o debe ser una indicación social el aborto que no
tenga como causa un riesgo para la salud.
El Grupo Socialista no va a entrar en el juego de hacer ahora
ese debate. Creemos que asuntos de esta importancia, de esta
trascendencia social, de esta repercusión en los derechos de
las mujeres, merecen ser tratados en profundidad y no
despachados en la intervención de una tarde. Por ello,
señorías, aplazaremos todas estas cuestiones concretas y en
ningún caso podremos votar los puntos primero, segundo,
tercero y cuarto de la moción, que en realidad pretenden
condicionar de antemano los contenidos de la futura ley. En
cambio, si Izquierda Unida mantiene para votación su moción, y
así lo acepta, votaremos a favor del punto primero, aquel que
dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir
a esta Cámara antes del próximo
día 30 de junio un proyecto de ley reguladora de la
interrupción voluntaria del embarazo. Es lógica esta votación,
puesto que la redacción de este
primer punto coincide con la decisión manifestada por el
Gobierno y el Grupo Socialista de debatir cuanto antes en esta
Cámara este proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Del
Campo.
Vamos a pasar a la votación. (La señora Maestro Martín pide la
palabra.).
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Solamente quiero expresar que mi
Grupo acepta la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista
de votació primeros renglones y medio de la moción, tal como
ha expresado la portavoz.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Maestro.
Usted ya sabe que esa votación separada solamente se puede
producir, como recordatorio, cuando no hay enmiendas. En este
caso no las hay y puede producirse la votación de la manera
que ha solicitado la señora Del Campo y que S.S. acepta. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
De acuerdo con la solicitud formulada, y aceptada por el grupo
proponente de la moción, se somete a votación, en primer
lugar, la primera parte del texto introductorio: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara,
antes del próximo día 30 de junio, un proyecto de ley
reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo.
Posteriormente la votación se referirá al resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 148; en contra, 138; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este apartado de la
moción.
Votación relativa al resto del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 15; en contra, 272.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el resto de la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PARA LOGRAR UN INCREMENTO DEL
NIVEL DE APOYO A LAS UNIDADES FAMILIARES, ESPECIALMENTE PARA
AQUELLAS CON MAYORES CARGAS O CON RENTAS MAS BAJAS (Número de
expediente 173/000087)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
la interpelación, sobre medidas de política general para
lograr un incremento del nivel de apoyo a las unidades
familiares, especialmente para aquéllas con mayores cargas o
con rentas más bajas.
Tiene la palabra el señor Michavilla.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, señorías, seré
breve, en primer lugar, porque los motivos que justifican la
moción que hoy presenta el Partido Popular son tan lógicos y
tan sencillos que no exigen una larga disertación al respecto;
en segundo lugar, porque comprendo que es difícil mantener hoy
la atención de SS.SS. cuando desgraciadamente son tantos y tan
graves los motivos de preocupación que hoy tenemos los
españoles y singularmente quienes somos responsables
políticos.
La moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular
persigue algo que reclama el 87 por ciento de los españoles, y
es impulsar, animar al Gobierno a adoptar medidas eficaces en
ayuda, en fomento y en estímulo de la solidaridad que existe
hoy en nuestras unidades familiares.
En la interpelación que presentó el Grupo Parlamentario
Popular quedó muy en evidencia que hoy los españoles
difícilmente pueden encontrar en nuestro Gobierno que sea él
quien esté construyendo solidaridad. Frente a los 3.650.000
desempleados, ante la altísima carestía de las viviendas, de
nuestros mayores, con las elevadas cifras de personas
desgraciadamente enganchadas en la droga, realmente los
españoles donde, de verdad están encontrando solidaridad,
donde encuentren un colchón frente al desempleo es
precisamente en las unidades familiares, y es en ellas donde
se encuentra el apoyo a las minusvalías, a las discapacidades
o incluso donde nuestros mayores encuentran el complemento a
sus escasas pensiones. De ahí que sea motivo de de esta Cámara
el encontrar medidas que fomenten, que impulsen la solidaridad
que se desarrolla ya en el seno de nuestra sociedad,
precisamente en las distintas unidades familiares que existen
en nuestra sociedad.
Porque existe esa preocupación en esta Cámara el Pleno de la
misma decidió crear una Ponencia específica, dentro del
Congreso, en la cual se propongan medidas concretas para
fomentar, para facilitar las unidades familiares con mayores
cargas y las de rentas más bajas. Pues bien, precisamente para
que esa Ponencia constituida en el Congreso de los Diputados
pueda desarrollar su trabajo, es absolutamente necesario que
el Gobierno cumpla con lo que Naciones Unidas requirió ya en
1989 a todos los gobiernos democráticos: que elaboraran un
informe en el cual se especificara qué están haciendo los
gobiernos en materia de fomento, ayuda y estímulo a las
unidades familiares.
En este momento nosotros tenemos un informe, remitido por el
Gobierno, que es absolutamente insuficiente y que no responde
a lo que Naciones U solicitó. El Gobierno ha remitido un
informe en el que se nos dice qué es lo que hacemos los
españoles, no lo que el Gobierno hace por los españoles. En
ese informe se nos dice cuáles son las dificultades que
tenemos los españoles para encontrar vivienda. No se nos dice
qué medidas de fomento existen en España para la adquisición
de viviendas a un precio más asequible, cuáles funcionan en el
extranjero y cuáles podían adaptarse en nuestro país. En ese
informe se nos dice que España tiene el índice de natalidad
más bajo de todo el mundo. No se nos dice qué es lo que el
Gobierno hace para ayudar a ejercer el legítimo derecho de
tener un menor o de mantener a un mayor en nuestro domicilio,
que hoy, desgraciadamente, en España se ha convertido o en un
lujo para ricos o en un esfuerzo absolutamente heroico. No se
nos dice en este informe por qué en España, para tener las
mismas ayudas que por un hijo hay en Francia, hace falta tener
la increíble cifra de doce hijos, cosa que desde luego estoy
convencido que el Gobierno no querrá pedir a nadie. En ese
informe se nos dice a qué edad morimos los españoles, o por
qué los españoles en un 83 por ciento, cuando superan los 80
años de edad, van a vivir con sus descendientes, con las
dificultades que eso genera. Lo que no nos dice ese informe es
lo que el Gobierno podría hacer para fomentar
que nuestros mayores envejezcan y mueran en el entorno
familiar y no vayan a residencias. Lo que el Gobierno no nos
ha dicho es qué
medidas de apoyo, de fomento y de estímulo al principal agente
de solidaridad que hay en nuestra sociedad, que es la familia,
se pueden adoptar; cuáles hay en otros países; cuáles han
funcionado y cuáles no; y cuáles podrían ponerse en marcha en
nuestro país.
Nuestro Grupo Parlamentario Popular está convencido de que
esto es bueno para esa Ponencia y de que el resto de los
grupos parlamentarios considerará que es positivo reclamar de
nuestro Gobierno. Si el Gobierno no cumple con ese precepto
impuesto por Naciones Unidas en su Resolución de 8 de
diciembre de 1989, sería absurdo que sea el Congreso de los
Diputados el que realice la tarea de suplir y sustituir la
ineficacia y la pasividad de un Gobierno, que lo primero que
tendría que haber hecho era informar a esta Cámara de qué es
lo que está haciendo y qué es lo que se podría mejorar.
Ese es exactamente el primer punto de la moción que presenta
el Grupo Parlamentario Popular. Los siguientes puntos, el 2 y
el 3, tienen un motivo bien sencillo: pretenden hacer efectivo
un mandato que, por unanimidad (y se lo quiero recordar a
todos los grupos parlamentarios, muy especialmente a
Convergència i Unió, el PNV o Izquierda Unida, que apoyaron
esa iniciativa), se acordó en esta Cámara. Se acordó adaptar a
las circunstancias actuales una ley que, siendo de 1971, había
quedado absolutamente obsoleta, como es considerar la familia
numerosa en España a partir del tercer hijo. Era una cosa
elemental, obvia, y por eso gozó del voto afirmativo de todos
los grupos de esta Cámara. Por eso también, cuando en el
Senado se tomó iniciativa parecida, el 16 de noviembre de
1994, disfrutó del voto positivo de todos los Senadores de
todos los grupos parlamentarios. Pues bien, esa declaración,
que tiene rango legal, esa adaptación proclamada por quien
representa la soberanía, que es el Congreso de los Diputados,
resulta que hoy desgraciadamente no es realidad. Hoy es
familia numerosa a partir del tercer hijo sólo en la ley, pero
no lo es en el bolsillo de los ciudadanos españoles; no lo es
en las prestaciones concretas económicas de los ciudadanos
españoles; y no lo es, señoras y señores Diputados, porque el
Gobierno, después de seis meses, todavía no ha dictado el
decreto necesario para que entrara en vigor algo que esta
Cámara quiso que entrara en vigor el día 1 de enero de 1995, y
que no entró en vigor ni el 1 de enero de 1995, ni el 1 de
febrero de 1995, ni siquiera hoy, que estamos ya en el mes de
junio de 1995. Han pasado seis meses y el Gobierno no ha
dictado un decreto que ya tenía estudiado, que ya tenía
cuantificado y que ya tenía valorado y que, a su vez, la
opinión pública saludó como muy positivo para todos los
ciudadanos. En eso, exclusivamente en eso, en que se cumpla
una decisión adoptada por unanimidad por el Pleno del Congreso
y por unanimidad por el Pleno del Senado, en eso consisten los
puntos 2 y 3 de la moción que presenta el Grupo Parlamentario
Popular.
Como ven ustedes, señorías, la moción del Grupo Popular no
puede responder a unos argumentos, a una justificación más
sencilla y más lógica. S lugar, de dar cumplimiento a un
mandato de Naciones Unidas y, en segundo lugar, de obligar al
Gobierno a dar cumplimiento a un mandato de esta Cámara.
Estoy absolutamente convencido de que con unos argumentos tan
sencillos, con un razonamiento en el que el Grupo
Parlamentario Popular lo que ha buscado es el voto del resto
de los grupos parlamentarios, difícilmente se podrá votar en
contra. Estoy convencido que SS.SS. querran colaborar con la
propia Ponencia en el Congreso de los Diputados aprobando el
punto 1, y estoy convencido de que SS.SS. querrán colaborar
con los ciudadanos españoles aprobando los puntos 2 y 3, y
ratificándose en lo que SS.SS. aprobaron, que es reclamar del
Gobierno que se adapte a la realidad social algo que resulta
absolutamente trasnochado como es el concepto de familia
numerosa, que hasta la fecha padecen nuestros ciudadanos.
Muchas gracias, señorías, por su atención y por la
consideración de esta moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Michavila.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados.
Señor Michavila, usted ha presentado hoy una moción,
consecuencia de una interpelación de hace unos días, que
básicamente es correcta y estamos de acuerdos con ella. Y digo
básicamente porque hay aspectos con los que no estaría de
acuerdo, como sería el apartado 3 del punto 1, que podríamos
discutir. Pero los puntos 2 y 3, no se los puedo discutir.
Tiene toda la razón. Lo que pasa es que mi Grupo va a votar en
contra, y eso tiene la siguiente explicación.
Como ya le dije, en este momento en la Cámara existe una
Ponencia que está a punto de finalizar sus trabajos. Es en esa
Ponencia donde hay que aquellos elementos que creamos
necesarios para que se cumpla el programa que resulte del
estudio de la Ponencia sobre la familia. Pero S.S. tiene
razón, porque el Gobierno se ha retrasado de una manera
inexplicable en el cumplimiento de unos acuerdos tomados,
auspiciados muy encarecidamente por mi Grupo en dos ocasiones
y con unas medidas muy concretas que se plasman en la
disposición final cuarta de la Ley de Presupuestos de este
año.
Querría llamar la atención del Grupo Socialista y de su
ponente porque el Grupo Popular no tendría ninguna razón para
presentar esta enmienda si el Ejecutivo hubiese cumplido con
un mandato de este Congreso. Esto se está produciendo
demasiadas veces. Estan ustedes dando razones al Grupo Popular
para que presente enmiendas o iniciativas como éstas que son
hechos aprobados, hechos en los que la Cámara ya se ha
manifestado, que nos hemos comprometido a realizar y el
Ejecutivo no da a los acuerdos en este Congreso la importancia
ni el valor que tienen. Y eso deben trasladarlo a su
Ejecutivo. No pueden permitirse el lujo de no cumplir
sistemáticamente acuerdos tomados por el Congreso. Por tanto,
es de vital importancia que este real decreto se publique de
una vez y que los beneficios que supone la consideración del
tercer hijo como familia numerosa se apliquen de inmediato. No
soy nadie para dar este consejo, pero sería de desear que el
Ejecutivo tomase nota de los acuerdos en los que su propio
Grupo vota a favor, para evitar trámites como éstos, que
distorsionan innecesariamente la vida parlamentaria y, sobre
todo, la de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros también vamos a votar en contra de esta
moción del Grupo Popular, no exactamente por las mismas
razones que se acaban de exponer, sino porque creemos que
contiene, y nunca mejor dicho, un evidente fraude fiscal.
Contiene un evidente fraude fiscal porque el Partido Popular,
por boca de su Diputado, señor Michavila, nos viene a proponer
una serie de medidas de gasto fiscal sin proponer los
adecuados ingresos fiscales para asegurar que este gasto
fiscal se va a realizar. Es aquello de prometer y después no
dar, señores del Partido Popular; es lo que ustedes
prometieron vanamente en la campaña electoral cuando dijeron
que iban a rebajar la presión fiscal, sobre todo por arriba,
siempre por arriba, bajando del 56 al 40 en el marginal del
IRPF, una ventaja que sólo favorece a las rentas superiores a
ocho millones de pesetas. Esta es su política fiscal. Y con
estos ahorros pretenden después hacer redistribución social de
la renta. Esto no es cierto, y nosotros no vamos a permitir
que ustedes aquí, con proposiciones, con mociones, hagan creer
a la ciudadanía española que su propuesta fiscal es más
progresista, es más avanzada, es más redistribuidora de la
renta. En absoluto es así, es falso y esta es una buena prueba
para demostrarlo.
Decía el señor Aznar en la campaña electoral que había que
rebajar el Impuesto por arriba. Después dijo el señor Montoro
que también había que rebajar las desgravaciones fiscales.
Después, el señor Rato tuvo que decir que no, que eso no era
cierto, que las desgravaciones fiscales no se iban a retirar.
Cuando tengan ustedes más claro el nivel de ingresos fiscales
que pueden asegurar a este país, estaremos en condiciones de
discutir con ustedes también qué volumen de gastos fiscales, a
quién se asignan estos gastos fiscales y qué función de
redistribución social les asignamos a estos gastos sociales.
Mientras tanto, todo lo que digan puede sonar a «evangelium
vitae», puede sonar a buenas palabras, pero, en el fondo, para
nosotros, es fraude fiscal. Por eso vamos a votar en contra de
todas estas propuestas, recordándoles, una vez más, señorías,
que en nuestro país hay un gasto fiscal de 2 billones y medio
de pesetas, que para que exista este gasto fiscal debe haber
unos ingresos fiscales seguros y saneados, que no es posible
prometer sin antes recoger, que no es posible prometer gastos
fiscales sin antes asegurar ingresos fiscales y que no es de
recibo lo que ustedes están haciendo con estas propuestas que
sólo pretenden prometer la desgravación fiscal sin asegurar
los ingresos.
Les recuerdo que tenemos un nivel de ingresos fiscales siete
puntos por debajo de la media europea. Si estuviésemos en las
mismas condiciones que la media europea seguramente otros
grupos, el mío el primero, también estarían en condiciones de
examinar nuevas propuestas de gasto fiscal en el terreno de la
familia, en el terreno de las rentas más bajas, con toda
seguridad; pero antes hemos de asegurar ingresos fiscales para
que se pueda producir la redistribución social de la renta,
que significa, en definitiva, determinar unos ciertos gastos
fiscales y
ofrecerlos como incentivo para hacer políticas activas en el
terreno que sea. Parece que la preocupación del señor
Michavila --preocupación muy respetable, por otra parte-- es
puramente natalista. Yo creo que interpreto el sentir de la
mayoría de los ciudadanos españoles diciéndole al señor
Michavila y al Partido Popular que los hijos que los españoles
quieren tener lo deciden ellos autónomamente y que no va a
depender de los beneficios y de las gracias del Partido
Popular el que los españoles tengan o no más hijos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Michavila, asistimos esta tarde a un debate
que es parte del que tuvimos en la discusión de la Ley de
Presupuestos y que es muy similar a un debate que tuvimos
también en esta Cámara en una moción presentada por el propio
Partido Popular, que iba
en la misma línea del objetivo que pretende ésta de hoy, que
no es otra cosa que intentar
establecer un incentivo fiscal con relación a las cargas
familiares en nuestro sistema tributario y, además, establecer
un incentivo fiscal sin aclarar para nada las circunstancias
personales, los requisitos que los sujetos pasivos tendrían
que tener para poder beneficiarse de los mismos, con una mera
diferencia con relación a la otra propuesta, y es que esta vez
pretenden que sea un incentivo fiscal relacionado con la cuota
y no sobre la base imponible, probablemente porque en aquel
debate, señor Michavila, les hicimos ver claramente lo
regresivo de esa propuesta. Creo que la recuerda.
Como decía, el debate de hoy se repite básicamente en el
objetivo. Me va permitir que, con respecto a esta nueva, le
diga algo que ya le decía al señor Hinojosa el día 31 pasado,
me va a permitir una pequeña reprimenda, en el mismo tono que
él la hacía, un poco cariñoso, y es que ustedes están
aplicando una costumbre un tanto extraña: traer a esta Cámara
interpelaciones y mociones cuando, paralelamente, la Cámara ha
decidido debatir estos asuntos en una Ponencia concreta y en
profundidad, probablemente en una especie de gesto de intentar
ser la vanguardia, la primera línea, de ser poco más o menos
los paladines de la defensa de cada uno de esos temas; en este
caso, los paladines de la defensa de la política de la
familia. Para eso no reparan incluso en utilizar términos como
los que usted empleaba el otro día, cuando decía que a los
socialistas nos daba cierta vergüenza hacer política de
familia; fíjese lo que se atrevió a decir por aquel entonces.
Hacía incluso una especie de gesto dialéctico diciendo que
apoyar la política de familia no era de derechas ni de
izquierdas, sino que era de sentido común.
Señor Michavila, en este tema, como en casi todos, sí aparece
la política de derecha e izquierda. Ustedes tienen un concepto
de la familia bastante diferente; la familia que ustedes
preconizan, la idea de familia que tiene la derecha, es
bastante distinta de la idea de familia que tenemos la
izquierda. Por eso, las formas de actuar con respecto a ella
son distintas y por eso usted, el otro día, no entendía, y
quería hacer ver que la Ministra era la que no entendía, que
las políticas sectoriales son políticas de familia, y le venía
a decir poco más o menos: Mire usted, no estamos hablando de
políticas sectoriales; estamos hablando de fiscalidad. Ese es
su objetivo de hoy, pero, señor Michavila, las políticas de
familia no se pueden limitar a las políticas fiscales. Usted
recuerda perfectamente una sentencia del año pasado del propio
Tribunal Constitucional, que decía claramente que la
protección social de la familia no se puede limitar a los
elementos que contiene la propia política fiscal.
Le voy a hacer una reflexión a los señores del PartidoPopular
y a usted en concreto, señor Michavila. ¿Cómole afectan a las
familias españolas, que reciben, la reducción de más de un
billón de pesetas en los ingresos de la Seguridad Social que
ustedes preconizan? ¿Como les afecta? ¿Le parece que hablar de
eso no es hablar de políticas familiares? Por supuesto que lo
es y, por eso nosotros hablamos de políticas sectoriales que
tienen clara incidencia en la política de familia: la política
de mayores, la política del menor, la política de la mujer, la
política de la vivienda, etcétera. Por cierto, hoy me he
enterado de que usted no tiene ni idea de los incentivos que
con relación a la vivienda existen en España y, por lo visto,
no sabe tampoco dónde se discuten; se discuten aquí, en el
plan de vivienda. Por eso hablábamos de que esas políticas hay
que verlas, precisamente para ver en su globalidad la función
social que cumple una estructura social tan importante como es
la propia familia.
Voy a entrar en concreto --por razones de tiempo-- en las tres
partes de la moción que usted planteaba. En una primera parte
solicita información. ¿Cree usted que estando la Ponencia
abierta, siendo usted miembro de la Ponencia, se debe usar
este trámite parlamentario para solicitar información? ¿Qué
información hemos solicitado desde la Ponencia que no haya
sido remitida a la misma? Dígame una. Dígame algún tipo de
información que no nos hayan dado. Además, en el segundo
punto, donde solicita información, introduce aquel elemento
que era su objetivo: ese incentivo fiscal sobre la cuota, sin
aclarar los requisitos de las personas que pueden ser
susceptibles de su bonificación.
Las otras dos partes de la Ponencia, como señala S.S.,
solicitan del Gobierno el desarrollo reglamentario de la
disposición final cuarta de la ley de presupuestos y, además,
activar lo que van a ser en el próximo curso, tal y como
establece la ley de presupuestos, los beneficios en las tasas
académicas para las familias de más de tres hijos. Le voy a
decir una cosa, señor Michavila, y aprovecho para decírsela
también al señor Hinojosa: el punto 2 de la disposición final
cuarta --creo que nuestro Grupo también conviene en que sería
deseable que el desarrollo reglamentario ya estuviese
realizado-- dice que para llevar a cabo el necesario
desarrollo reglamentario se tendrán en cuenta las
consideraciones que la Ponencia que el Congreso ha creado al
efecto estableza. Señor Michavila, usted y yo formamos parte
de la Ponencia, y probablemente alguna responsabilidad
tendremos en el retraso, ligado al interés que hemos mostrado
por obtener el máximo de información a la hora de establecer
esas deseables recomendaciones que haremos, al menos desde mi
Grupo.
Créame que estoy tentado de traducir este debate en un debate
fiscal, pero no es el momento, por cuanto no es el objeto
general de esta discusión. Tampoco voy a establecer un debate,
puesto que usted no lo ha hecho, relativo a los criterios
básicos sobre los que se debe establecer la política de
familia, qué objetivos y qué medidas concretas, porque ésa es
la decepción que nos hemos llevado con su propuesta de hoy.
Le decía al señor Hinojosa el pasado día 31 de mayo que habría
que ver lo que iban a plantear en la moción, qué 18 o más
puntos --decía el señor Hinojosa-- iban a traer ustedes de
medidas de potenciación de la familia. Pues bien, la única
medida que traen, la única que se vislumbra y que han ocultado
tras una solicitud de información es la que le interesaba a
usted el otro día: un incentivo fiscal. Y créame que nos hemos
sentido francamente decepcionados porque esperábamos, como
decía el señor Hinojosa, un auténtico programa de gobierno con
respecto a la familia, entre otras cosas para luego poderles
exigir el cumplimiento que se derive de dicha propuesta
programática. Pero, al final, plantean ese incentivo, sin tan
siquiera aclarar los términos del mismo, ¿Por qué? Porque
ustedes, en este tema, no pueden ser claros, señor Michavila.
Hace un momento le recordaba el señor Espasa el debate
profundo y las contradicciones importantes que su Grupo sufrió
con respecto al debate fiscal, y ahí están las declaraciones
claramente contradictorias del señor Montoro, del señor Rato y
del señor Aznar.
Como le decía anteriormente, estoy tentado de producir un
debate fiscal, debate que deseamos sobre todo para aclarar al
resto de los ciudadano auténtica política fiscal que ustedes
quieren realizar, porque ése sí es un tema en el que se
diferencian claramente las políticas de izquierda de las de
derecha. Y no como decía usted --y termino, señor Presidente--
,con algo que nos sorprendió a todos. Decía que la primera
diferencia entre la izquierda y l Usted, que es un buen
lector, conocerá un libro que está de moda en los últimos
tiempos y que se titula «Breve Historia de España»; pues bien,
usted la ha hecho brevísima con ese comentario que ha
realizado, porque, a lo largo de toda la historia de España,
los centros de poder de este país han estado ligados a lo que
usted representa. No hace falta coger toda la historia. Si
cogemos las últimas décadas, verá usted que las caras que
representan eso están en su lado, en el mío no encontrará
ninguna.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 130; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la tarde.