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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 16/05/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 147 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
sesión Plenaria núm. 145
celebrada el martes, 16 de mayo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 7767)
Cambio en el orden del día (Página 7767)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Vasco (PNV), de reforma de la Ley que desarrolla
el artículo 154 de la Constitución y de supresión de la figura
de los Gobernadores Civiles. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 53.1, de 4 de enero de 1994
(número de expediente 122/000042) (Página 7767)
Modificaciones en el orden del día:
Solicitud de tramitación directa y en lectura única de
proyectos de ley:
--Proyecto de ley por la que se reconoce a la Universidad
privada «Antonio de Nebrija» de Madrid (número de expediente
121/000093) (Página 7776)
--Proyecto de ley por la que se reconoce como Universidad
privada a la denominada «Universidad Europea de Madrid», con
sede en Madrid (número de expediente 121/000094) (Página 7777)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación de una
Ponencia sobre Bioética. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 232, de 16 de mayo de 1995 (número
de expediente 162/000189)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre transferencia a las
Comunidades Autónomas de la gestión y recaudación del impuesto
especial de determinados medios de transporte. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 79, de 28 de
marzo de 1994 (número de expediente 162/000089) (Página 7777)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre política general del Gobierno
en relación con la seguridad de las centrales nucleares y, en
especial, con la acumulación de incidentes producidos en la
Central Nuclear de Trillo (Guadalajara) (número de expediente
173/000082) (Página 7792)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno en el ámbito de las
políticas activas del mercado de trabajo --colocación y
formación-- para contribuir a la creación de empleo estable de
acuerdo con las demandas del sistema productivo (número de
expediente 173/000083) (Página 7798)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 7805)
--Retirada de reserva por parte de España de la reserva número
2 formulada por España al Convenio Europeo relativo al
reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de
custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha
custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 186.1, de 21
de marzo de 1995 (número de expediente 110/000152) (Página 7805)
--Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales
Militares Internacionales establecidos en cumplimiento del
Tratado del Atlántico Norte, hecho en París el 28 de agosto de
1952. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C,
número 187.1, de 24 de marzo de 1995 (número de expediente
110/000153) (Página 7805)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
A, número 92.1, de 5 de diciembre de 1994 (número de
expediente 121/000077) (Página 7805)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión
secreta.):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados
(números de expediente 4/000081, 4/000360 y 4/000374) (Página 7818)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
148, de 17 de mayo de 1995.)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por
nuevos señores Diputados (Página 7767)
Cambios en el orden del día (Página 7767)El señor Presidente
propone a la Cámara, para un mejor desarrollo de la sesión y
un adecuado tratamiento de los distintos puntos del orden del
día, la alteración en el tratamiento del primer punto que
figura en dicho orden del día, el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados, que
pasaría a ser examinado a la conclusión del debate
correspondiente a los dictámenes de Comisión de iniciativas
legislativas.
Se aprueba por asentimiento el cambio propuesto.
Toma en consideración de Proposiciones de ley (Página 7767)
Del Grupo Vasco (PNV), de reforma de la Ley que desarrolla el
artículo 154 de la Constitución y de supresión de la figura de
los Gobernadores Civiles (Página 7767)
El señor González de Txábarri Miranda defiende la proposición
de ley del Grupo Vasco (PNV), reconociendo que no se trata de
ninguna novedad sino de algo reiteradamente debatido en la
Cámara, si bien desde el Grupo Vasco intentan actualizar la
discusión a la vista de determinadas manifestaciones
realizadas durante la campaña electoral tanto por el Grupo
Socialista como por el Grupo Popular, que vienen a demostrar
la existencia de este problema. Alude también al debate
producido entre los Ministros señores Belloch y Saavedra
relativo a las funciones de los Gobernadores Civiles en el
futuro dentro de la estructura del Estado de las autonomías,
en el que la postura oficial del Gobierno parece que se ha
inclinado por mantener y reforzar esta figura, y de ahí que
estimen oportuno suscitar hoy de nuevo el debate para que los
Grupos Popular y Socialista clarifiquen su postura mediante el
voto.
Agrega el proponente que la puesta en marcha del Estado
autonómico ha supuesto un reparto territorial de poder basado
en el sistema de distribución competencial recogido en los
artículos 148 a 150 de la Constitución y en los respectivos
estatutos de autonomía, afirmando que los estatutos
autonómicos prevén la presencia de la Administración central
en las comunidades autónomas a través de la figura del
Delegado del Gobierno, figura, por tanto, constitucionalizada
y radicalmente diferente a la figura y las funciones de los
Gobernadores Civiles, que no disponen de amparo en el bloque
de constitucionalidad. Por tanto, desde la posición de su
Grupo no tiene ningún fundamento, ni desde el punto de vista
técnico ni desde el punto de vista de organización ni
político, el mantenimiento de estas figuras, que se
corresponden más bien con un empeño de perpetuar un Estado
centralista, un Estado unitario que recuerda las coordinadas
políticas del siglo pasado.
Termina el señor González de Txábarri señalando que la
proposición de ley propone la supresión de la figura de los
Gobernadores Civiles, atribuyendo sus funciones a los
delegados del Gobierno, al mismo tiempo que dota a éstos de la
suficiente personalidad para poder sustentar la adecuada
reordenación de la Administración periférica, que es el
objetivo genérico que entienden que se debiera acometer.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Carrera i Comes, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Mañueco Alonso, del Grupo
Popular, y Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo Vasco (PNV) por 29 votos a favor, 244 en contra y una
abstención.
Modificaciones en el orden del día (Página 7776)
Solicitud de tramitación directa y en lectura única de
proyectos de ley (Página 7776)
Por la que se reconoce a la Universidad privada «Antonio de
Nebrija» de Madrid (Página 7777)
El señor Presidente manifiesta que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150
del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la
Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno del proyecto de ley por la que se reconoce a la
Universidad privada «Antonio de Nebrija», de Madrid.
Se aprueba por asentimiento.
Por la que se reconoce como Universidad privada a la
denominada «Universidad Europea de Madrid», con sede en Madrid
(Página 7777)
El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado igualmente someter a la aprobación del
Pleno la tramitación directa y en lectura única del proyecto
de ley por la que se reconoce como universidad privada a la
denominada «Universidad Europea de Madrid», con sede en
Madrid.
Se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley (Página 7777)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación de una
Ponencia sobre Bioética (Página 7777)
El señor Palacios Alonso defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista, manifestando que no va a ahondar en las
motivaciones que justifican la presentación de esta
proposición porque en parte se reflejan en la motivación de su
texto y otras son sobradamente conocidas. Recuerda que en la
Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico la propuesta fue bien recibida por los portavoces
en la Mesa de la misma, hace ya algunos meses.
Agrega que se trata de una disciplina relativamente reciente,
que se desarrolla hace poco más de quince años, siendo justo
reconocer la tarea y las aportaciones que nuestras Cámaras han
realizado en su configuración. También en el plano
internacional la repercusión de la actividad parlamentaria
española en materia de bioética ha sido reconocida.
Con la propuesta que ahora se somete a la Cámara se da un paso
más, a su entender sustancial, para adentrarnos en asuntos de
relieve que denotan nuestro sentido de la responsabilidad y
previsión en relación con el futuro, homologándonos además con
muchos parlamentos europeos que ya cuentan con comités
similares. En la ponencia cuya creación se propone se podrá
convocar a determinados expertos de reconocido prestigio para
recabar su información actualizada y obrar en consecuencia. En
turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Cardona i
Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Vázquez Romero,
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Milián Mestre,
del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del
Grupo Socialista por 269 votos a favor. Del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre transferencia a las comunidades autónomas de
la gestión y recaudación del impuesto especial en determinados
medios de transporte (Página 7782)
El señor Espasa Oliver defiende la proposición no de ley del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando
que, una vez más, se trata de algo que han repetido
reiteradamente en este hemiciclo prácticamente todas las
fuerzas políticas, en el sentido de dotar de mayores recursos
económicos a las haciendas locales, a los ayuntamientos.
Señala que existe una cifra mágica en la que todos parecen
estar de acuerdo y que consiste en llegar a una
descentralización de los ingresos y gastos en nuestro Estado
de manera que el 50 por ciento fuese para el Estado, el 25 por
ciento para las comunidades autónomas y el otro 25 para los
ayuntamientos y demás haciendas locales. En este momento están
lejos de alcanzar esos niveles, sobre todo por parte de las
corporaciones locales, que, sumando todo el gasto público que
administran, se quedarían en un porcentaje del 16 al 18 por
ciento.
Expone que la proposición no de ley es muy sencilla, pues
existe un impuesto de muy reciente creación, que es el
impuesto especial sobre determinados vehículos, concretamente
el tramo que va desde el 16 por ciento del IVA hasta el 28 por
ciento, que se paga por la matriculación de cualquier
vehículo. A través de esta iniciativa proponen concretamente
que los recursos y la gestión de este impuesto se transfieran
a las comunidades autónomas, con una vocación además
finalista, y es que se garantice que el 75 por ciento de tales
recursos que serían transferidos a cada Comunidad Autónoma
llegasen a las haciendas locales, a los ayuntamientos. Dado
que la mayor densidad de circulación y de tráfico se da en los
conjuntos urbanos, no parece descabellado que el impuesto
pueda tener ese destino finalista hacia los ayuntamientos.Es,
por tanto, una propuesta perfectamente congruente con el
espíritu de la moción aprobada en su día, cree recordar que
por unanimidad de la Cámara, a iniciativa de Izquierda Unida y
enmendada por los demás Grupos, en la que se especificaba una
serie de vías para avanzar en el necesario pacto para la
regeneración y mejora de las haciendas locales. La
transferencia referida al año 1993 representaría un total de
116.000 millones de pesetas recaudados por el impuesto de
matriculación, de los que el 25 por ciento iría a las arcas de
las comunidades autónomas y el 75 por ciento restante sería
distribuido de forma proporcional a los distintos
ayuntamientos. Es una propuesta que considera fácil de
aplicar, sencilla y clara, con vocación descentralizadora y de
inyección de recursos económicos, principalmente a los
ayuntamientos. Espera contar con el apoyo de los demás Grupos
de la Cámara, que tanto presumen de autonomistas en sus
intervenciones.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur
Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Zalabía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV);
Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió);
Fernández Díaz, del Grupo Popular, y Trujillo Oramas, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 15 votos a favor,
146 en contra y 115 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7792)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política general del Gobierno en relación
con la seguridad de las centrales nucleares y, en especial,
con la acumulación de incidentes producidos en la Central
Nuclear de Trillo (Guadalajara)(Página 7792)
La señora Urán González defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, solicitando e instando al
Consejo de Seguridad Nuclear a que tome las medidas oportunas
para la paralización de la Central Nuclear de Trillo hasta que
se lleve a cabo una revisión exhaustiva de los sistemas de
seguridad de la planta y se realicen las operaciones
necesarias para descartar definitivamente la posibilidad de
incidentes que afecten a la seguridad nuclear. Recuerda que
durante el debate de la interpelación la semana anterior
hicieron mención a la serie de sucesos que han venido
produciéndose en esta central nuclear y que están afectando
prácticamente a los sistemas de seguridad esenciales de la
planta, y en este momento insisten en que la misma sea
paralizada para que se realice una revisión exhaustiva de sus
sistemas.
Rechaza que su Grupo trate de minar el prestigio del Consejo
de Seguridad Nuclear ni intente causar alarma social, como se
les ha acusado, ya que, por el contrario, son las propias
actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear las que minan su
credibilidad. La moción de su Grupo simplemente pretende
aumentar el nivel de seguridad para que la planta funcione en
condiciones, a cuyo efecto pide que previamente sea paralizada
y revisada a fondo, ya que debido a los fallos habidos no
puede mantenerse en las condiciones actuales. Se trataría, por
otra parte, de evitar mayores riesgos y, sobre todo,
accidentes que cuando se refieren a la energía nuclear llevan
a situaciones desastrosas de difícil solución.
El señor González García defiende la enmienda presentada por
el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y De Grandes Pascual, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la moción de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con las
modificaciones introducidas en el curso del debate, por 142
votos a favor, dos en contra y 126 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno en el ámbito de las políticas
activas del mercado de trabajo --colocación y formación-- para
contribuir a la creación de empleo estable de acuerdo con las
demandas del sistema productivo (Página 7798)
El señor Aparicio Pérez defiende la moción del Grupo Popular
relativa al principal problema que en este momento tiene
planteado la sociedad española, como es el del paro,
considerando que la urgencia de algunas de las medidas que
proponen viene dada por el hecho de que sigamos más que
duplicando el promedio de los países de la Unión Europea,
aunque los datos que hoy se han conocido son recibidos con
sincera satisfacción por el Grupo Popular, como lo serán todos
aquellos que reflejen una mejoría de nuestra situación
laboral. Sin embargo, si comparan los datos del último
trimestre con los del inmediatamente anterior, observan que la
temporalidad se ha incrementado en un 10 por ciento y de ahí
que exista una primera razón de urgencia en alguna de las
medidas propuestas. Una segunda razón de urgencia se deriva
del hecho de que España siga incumpliendo directivas que
suscribió en etapas anteriores y respecto de las que el
Gobierno adquirió compromiso tanto frente a la Unión Europea
como ante los agentes sociales.
Expone seguidamente el contenido de los puntos que integran la
moción, el primero de los cuales trata de conseguir que en
España se resuelvan por fin las diferencias de índole
administrativa entre los distintos Ministerios e incluso de
tipo conceptual y político para conseguir un modelo global que
integre realmente la formación profesional, dependiente hoy
del Ministerio de Educación y Ciencia, con la formación
profesional ocupacional. Se trataría, por tanto, de adecuar la
formación profesional a un sistema nacional de cualificaciones
profesionales con una visión global y resolviendo las
diferencias existentes y las descoordinaciones entre los
departamentos ministeriales. En tercer lugar, piden que el
contrato de aprendizaje sea homologable a otros contratos de
aprendizaje europeos, incorporando progresivamente la
formación profesional dual centro de trabajo-centro de
formación, en función además de las necesidades específicas
de cada grupo de profesiones o de cada grupo de familias. En
cuarto lugar, solicitan que se contemplen los recursos del
Instituto Nacional de Empleo en las políticas activas,
colocación y formación, así como que se transfiera la gestión
de las prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad
Social. En el quinto punto de la moción tratan de aplicar un
plan de calificaciones, un tratamiento individualizado,
personalizado, a los demandantes de empleo.
La señora Romero López defiende la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, a la par que fija la posición de dicho Grupo
en relación con la moción objeto de debate.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Hinojosa i Lucena, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Peralta Ortega, de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, en los
términos resultantes de la aceptación parcial de la enmienda
del Grupo Socialista, es rechazada por 115 votos a favor, 155
en contra y una abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales (Página 7805)
Retirada de reserva por parte de España de la reserva número 2
formulada por España al Convenio Europeo relativo al
reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de
custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha
custodia, hecho en Luxemburgo el 20 de mayo de 1980 (Página 7805)
Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales
Militares Internacionales establecidos en cumplimiento del
Tratado del Atlántico Norte, hecho en París el 28 de agosto de
1952 (Página 7805)
Sometido directamente a votación el dictamen sobre retirada de
reserva por parte de España de la reserva número 2 formulada
por España al Convenio Europeo relativo al reconocimiento y la
ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así
como al restablecimiento de dicha custodia, hecho en
Luxemburgo el 20 de mayo de 1980, se aprueba por 271 votos a
favor.
Asimismo es aprobado el dictamen relativo al Protocolo sobre
el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares
Internacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del
Atlántico Norte, hecho en París el 28 de agosto de 1952, por
263 votos a favor y nueve abstenciones.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas
(Página 7805)
Proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria (Página 7805)
El señor Mardones Sevilla defiende las diez enmiendas del
Grupo de Coalición Canaria, limitándose a recordar brevemente
el contenido de cada una de ellas.
El señor Andreu Andreu defiende las enmiendas de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Recuerda que la mayoría
parlamentaria básica en relación con este proyecto de ley ha
estado formada por los Grupos Socialista y de Convergència i
Unió, renunciando explícitamente a buscar el consenso con el
conjunto de la Cámara, tal y como sucedió en el debate de
1985. Este hecho indica, según su criterio, hacia dónde iban
las directrices de la reforma, que, a su juicio, significan un
importante giro a la derecha en la legislación tributaria de
nuestro país en un momento político extraordinariamente
inoportuno. Se contempla una reforma fiscal con unas sanciones
extraordinariamente bajas y unos tipos impositivos también muy
bajos que su Grupo en absoluto puede compartir. Cree que una
ley de la trascendencia de la presente hubiera merecido un
proceso de reflexión y maduración mucho mayor.
El señor Costa Climent defiende las enmiendas del Grupo
Popular. Reconoce que la reforma parcial objeto de debate ha
sido mejorada en la tramitación parlamentaria en la Comisión
de Economía y Hacienda, en parte gracias a las propuestas del
Grupo Popular que se han incorporado como consecuencia del
acuerdo con otros Grupos, particularmente con el Grupo
Socialista y con Convergència i Unió. Sin embargo, siguen
estando en contra de una reforma parcial de la Ley General
Tributaria con vías de aguas por todas partes y que se basa en
la absoluta prevalencia de la Administración frente al
contribuyente, principio con el que el Gobierno parece
sentirse totalmente cómodo. Se trata de otro parche fiscal,
dando una nueva vuelta de tuerca a las facultades de la
Administración que su Grupo considera justificada sólo si se
efectúa con respeto a los derechos y las garantías de los
contribuyentes.
Termina señalando que las enmiendas de su Grupo constituyen el
camino para adecuar la Ley General Tributaria a nuestra
Constitución y mejorar los niveles de comportamientos
fiscales, aunque son conscientes de que el Grupo Socialista y
el de Convergència i Unió no van a apoyar la mayoría de estas
propuestas.
El señor Zabalía Lezámiz manifiesta que, aun siendo
partidarios de reformar la Ley General Tributaria globalmente,
son conscientes también de sus dificultades, y de ahí que se
hayan ceñido con sus enmiendas al texto concreto del proyecto,
con el objetivo principal de luchar contra el fraude,
potenciando el cumplimiento espontáneo de las obligaciones de
los contribuyentes y dotando a la Administración de medios más
eficaces para reprimir el fraude. Cree que gran parte de sus
objetivos han sido cubiertos, aunque quedan aún algunos
aspectos que deben ser corregidos.
El señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), valora positivamente los acuerdos
alcanzados con el Grupo Socialista, a los que también se han
sumado otros grupos de la Cámara, considerando que la reforma
parcial de la Ley General Tributaria representará una mejora
en la recaudación de tributos, a la vez que disminuirá la
litigiosidad, consiguiendo una Administración más ágil y
eficiente.
En turno en contra de las enmiendas interviene la señora Aroz
Ibáñez, en representación del Grupo Socialista, fijando la
posición del mismo respecto de tales enmiendas, a la vez que
presenta algunas propuestas transaccionales relacionadas con
aquéllas.Destaca, por otra parte, el hecho de que gran parte
de los aspectos más importantes planteados por los diversos
grupos parlamentarios hayan sido ya incorporados al proyecto,
así como el hecho de que se trate de una reforma parcial de la
Ley General Tributaria y el que esté prevista la remisión a la
Cámara de un proyecto global de Ley General Tributaria.
Igualmente desea dejar claro que con esta reforma, a pesar de
su carácter parcial, se ha avanzado significativamente en la
mejora de los derechos y garantías de los contribuyentes, que
culminará en la reforma global anunciada.
Por último, resalta las importantes modificaciones
incorporadas a la ley durante la tramitación parlamentaria,
gracias al amplio consenso alcanzado, a pesar de las
diferencias que existen en los modelos fiscales de los
distintos grupos de la Cámara.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas
anteriormente, así como del texto del dictamen de la Comisión,
que es aprobado por 152 votos a favor, siete en contra y 116
abstenciones.
Se continúa la sesión con carácter secreto para debatir el
dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es
aprobado.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR
NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Como asunto previo al orden del día de la sesión, vamos a
proceder al juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución por parte del Diputado proclamado electo por la
Junta Electoral Central don Juan Carlos Ruiz López, en
sustitución de don Francisco Celdrán Vidal.
Don Juan Carlos Ruiz López, ¿jura o promete acatar la
Constitución?
El señor RUIZ LOPEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don Juan Carlos Ruiz López ha adquirido
la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.
CAMBIO EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Presidencia, para un mejor
desarrollo de la sesión y un adecuado tratamiento de los
distintos puntos del orden del día, propone al Pleno la
alteración en el tratamiento del primer punto que figura en el
orden del día (dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados), que pasaría a ser examinado en el último lugar de
la sesión de esta tarde, una vez concluido el debate
correspondiente a los dictámenes de comisiones de iniciativas
legislativas.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
DEL GRUPO VASCO (PNV), DE REFORMA DE LA LEY QUE DESARROLLA EL
ARTICULO 154 DE LA CONSTITUCION Y DE SUPRESION DE LA FIGURA
DE LOS GOBERNADORES CIVILES (Número de expediente 122/000042)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo
Vasco (PNV) de reforma de la ley que desarrolla el artículo
154 de la Constitución y de supresión de la figura de los
Gobernadores Civiles.
Tiene la palabra el señor González de Txábarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA
Presidente.
Señoras y señores Diputados, es bien cierto que esta
proposición de ley que presenta hoy el Grupo Vasco no puede
presumir precisamente de novedad. La novedad del tema
radicaría en que estando en estos momentos en una campaña
electoral, donde uno de los puntos centrales es precisamente
la discusión sobre cómo se debe de estructurar la
Administración Central del Estado y, en consecuencia, su
administración periférica, es una buena oportunidad tanto para
el Grupo Socialista como para el Grupo Popular, que están en
una constante discusión en todos los medios de comunicación en
relación con este tema, para poder plasmar aquí sus propias
posturas; para que pueda manifestar el Grupo Popular que es
bien cierto eso de la administración única, de la ventanilla
única y de la racionalización de la administración periférica,
y que ese debate que suscita el Grupo Socialista en la campaña
electoral en relación con el adelgazamiento de la
Administración del Estado, en aras a que el déficit público
pueda sustentarîse precisamente de recursos que provengan de
esa racionalización de la administración pública, pueda
también ser sustentado hoy aquí en este Pleno con los votos
tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista.
En ese empeño, señor Presidente, desde el Grupo Vasco vamos a
intentar actualizar esta discusión y suscitar esta
problemática en el convencimiento de que tanto el Grupo
Popular como el Grupo Socialista cuando hacen en campaña
electoral estas manifestaciones las están haciendo
precisamente porque existe un problema radical en relación a
este tema de los gobernadores civiles.
Es verdad también, señor Presidente, que la presentación el 4
de enero de esta proposición de ley por parte del Grupo Vasco
venía condicionada por aquel debate entre el Ministro Belloch
y el Ministro Saavedra en relación a las funciones que en el
futuro los gobernadores civiles pudieran mantener en la
estructura del Estado de las Autonomías. Parece ser que las
posturas del Ministro Belloch prevalecieron sobre las posturas
del Ministro Saavedra, y que la postura oficial del Gobierno,
no presentada todavía en esta Cámara, no está en la línea de
la reforma y la supresión de esta figura del gobernador civil,
sino que está en mantener y reforzar la figura de estos
gobernadores. Por ello entendemos que es oportuno suscitar
hoy, aunque sea reiterado, este debate y probar en esta
Cámara, donde se dice que reside la soberanía de los
ciudadanos, las posturas y someterlas al crisol de la propia
representación, para ver si estas posturas que tanto el Grupo
Popular como el Grupo Socialista mantienen en campaña
electoral se mantienen hoy aquí y si de verdad esas posturas,
que en medios de comunicación y muchas veces sin contrincantes
que puedan responder se mantienen y se sustentan con mucha
facilidad, pueden ser aquí sustentadas con el voto de cada una
de sus señorías.
Señores del Grupo Socialista, señores del Grupo Popular, es
tan fácil como apretar el sí, es tan fácil como decir que eso
que sus portavoces están manifestando en campaña, pueblo por
pueblo, lo sustentan hoy aquí ustedes con sus votos y que en
realidad son ustedes representantes de esos ciudadanos que
están recogiendo esas opiniones y que están sustentando esas
manifestaciones en la campaña electoral.
Por ello, desde el Grupo Vasco, entendemos, señor Presidente,
que es necesario realizar este debate de forma racional, de
forma sosegada y clarificadora en relación a estas figuras de
los gobernadores civiles.
La proposición de ley que presenta nuestro Grupo en su
exposición de motivos plantea lo que es ciertamente la
arquitectura del Estado que el propio bloque constitucional
diseña; nadie podrá encontrar en la exposición de motivos que
el Grupo Vasco presenta en esta proposición de ley fundamentos
distintos a aquellos que están recogidos en la Constitución
del Estado y en los estatutos de autonomía que lo desarrollan.
En el diseño de este Estado ideado en este bloque de
constitucionalidad resulta que actualmente conforman el Estado
diecisiete comunidades autónomas con diferentes ámbitos
competenciales, con distintas vías de acceso a la propia
Autonomía, recogidos en sus artículos 143 y 150. En
consecuencia, la puesta en marcha de este Estado autonómico ha
supuesto un reparto territorial de poder basado en el sistema
de distribución competencial que está recogido en los
artículos 148, 149 y 150 de la Constitución y en los
respectivos estatutos de autonomía, y, de conformidad con este
reparto competencial efectuado en ese bloque, resulta que
existe un importante bloque de materias que son competencia de
la Administración central, lo cual requiere, evidentemente,
que esta Administración actúe y que esté ubicada en las
comunidades autónomas, y nosotros no presentamos ninguna
objeción a este estado de situación. Pero también es verdad
que los diferentes estatutos de autonomía prevén esta
presencia de la Administración central en las comunidades
autónomas, a través de la figura del delegado del Gobierno.
Existe en este sentido una reserva constitucional sobre la
figura del delegado del Gobierno y esta figura esta
constitucionalizada. Pero convendrán con nosotros, señorías,
que ésta es una situación radicalmente diferente a la de la
figura y de las funciones de los gobernadores civiles, que no
disponen de soporte, que no disponen de amparo en este
bloque de constitucionalidad, pues cuando se diseña un nuevo
modelo de Estado, conformado por comunidades autónomas, se
prevé también una presencia del poder central en éstas,
mediante la dirección del delegado del Gobierno, no
recogiéndose ninguna. Si no, díganos, señor portavoz del Grupo
Socialista, señor portavoz del Grupo Popular, dónde encuentran
ustedes el fundamento para la recogida de esta figura y de
esta función del gobernador civil en este bloque de
constitucionalidad.
Desde nuestra posición, señorías, no tiene ningún fundamento,
ninguno, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto
de vista de organización ni político, el mantenimiento de
estas figuras.
Desde el Grupo Vasco entendemos que continuar con este modelo
de organización de la Administración central es un empeño por
perpetuar un Estado centralista, un Estado unitario, un Estado
que recuerda las coordenadas políticas del siglo pasado. Para
el Grupo Vasco, la auténtica adaptación de la Administración
periférica del Estado autonómico exige la adecuación a la
nueva vertebración territorial y política que marcan la
Constitución y los estatutos de autonomía. Lo están repitiendo
ustedes constantemente en campaña electoral y por ello no voy
a ser más prolijo en relación con esta materia. Existe también
un nuevo motivo que quisiéramos actualizar en este debate, en
el sentido de que en el último debate sobre el Estado de las
autonomías, celebrado con mucha pompa en el Senado, se aprobó,
en marzo de 1993, una propuesta de resolución del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) sobre la remodelación de los
órganos de la Administración periférica para adaptarlos al
sistema de distribución de competencias. Seguimos en el mismo
estado, señorías; no hemos avanzado ni medio paso en este
sentido y estamos asistiendo, además, a una especie de
ceremonia de la confusión, en la que distintos ministros del
Gobierno van manifestando opiniones muy diferentes que van
acelerando las disfunciones que en relación con estas figuras
de los gobernadores civiles se están generando en las
distintas administraciones.
En aras a conseguir el objetivo de remodelación de los órganos
de la Administración periférica, la proposición de ley que hoy
sometemos a la consideración de SS.|SS. suprime la figura de
los gobernadores civiles, atribuyendo estas funciones a los
delegados del Gobierno, al tiempo que dota a los delegados del
Gobierno de la suficiente personalidad para poder sustentar la
adecuada reordenación de la Administración periférica, que es
el objetivo genérico que entendemos debiéramos acometer con
este tema.
Es verdad que se puede realizar un discurso histórico en
relación con lo que han sido las figuras de los gobernadores
civiles en este Estado; entendemos que es otro de los debates
que se ha manifestado suficientemente en esta Cámara y todas
SS.|SS. están debidamente ilustradas en relación con esta
materia, pero sí quisiéramos subrayar el hecho de que observen
SS.|SS. que en los distintos Estados de la Europa occidental
este tipo de figuras que han sido descentralizadoras de las
administraciones centrales han supuesto distintas evoluciones,
han conocido evoluciones muy dispersas, tanto en Francia, en
Alemania como en el Reino Unido. Sería un ejercicio
interesante comparar cuál ha sido la evolución de estas
figuras en los distintos Estados y constatar directamente que
la evolución de estas figuras en el Estado español ha seguido
precisamente una línea evolutiva exactamente inversa a lo que
ha supuesto en los Estados de la Europa occidental.
Por ejemplo, en Francia, mientras el prefecto fue creado como
una pieza de la maquinaria política del Estado centralista,
experimentando después una progresiva tecnificación y
profesionalización, el gobernador civil español, que fue
ideado en origen como un cargo esencialmente técnico, ha
pasado en los últimos años a tener un carácter político, y qué
carácter político, señor Aguiriano. Observamos que
precisamente cuando se producían en los Estados de la Europa
occidental movimientos o evoluciones de corte progresista y
descentralizador ha sido precisamente en España, en los
últimos doce años de gobierno socialista, donde más se han
reforzado estas figuras. Allí donde han existido movimientos
progresistas, allí donde han existido movimientos
descentralizadores en la Europa occidental, se han tomado las
medidas exactamente contrarias a las que en el Estado español
se han conocido en estos últimos años, desde la transición, es
verdad, y mantenidas también en estos últimos doce años de
gobierno socialista.
Así, actualmente, señorías, nos encontramos ante un Estado
compuesto, mixto, dual, uno no sabe ya cómo llamarle, a uno le
gustaría, señor portavoz del Grupo Popular, que estuviese aquí
el señor Fraga para conocer sus propias manifestaciones y
entender, como Presidente de una comunidad autónoma, las
aportaciones que nos pudiera realizar en relación a este tema.
El es el que más en vigor ha puesto esta materia, esta
constatación del Estado compuesto en el que nos encontramos,
donde la Administración central dispone de sus propias
delegaciones, de sus propios gobiernos civiles, los ciudadanos
eligen diputaciones, eligen parlamentos autónomos y somos
incapaces de racionalizar este debate. Entendemos, señor
Presidente, que este es el meollo de la cuestión y es evidente
que así es cuando en la campaña electoral todos estamos
discutiendo precisamente sobre este tema.
Entendemos, señorías, que es bien difícil mantener una postura
concreta en el sentido de decir que es un tema al que muchas
veces hemos votado que no, es un tema muy conocido, parece que
esto no tiene ninguna actualidad. Este tema tiene actualidad
política, este tema
tiene actualidad económica, tiene actualidad presupuestaria y
es uno de los temas fundamentales en esta campaña electoral en
el sentido de decir que vamos a ser capaces, de una santa vez,
de acometer el tema de la Administración del Estado, de
entender eso que se dice que tiene que adelgazar esta
Administración y que su propia administración periférica se
tiene que realizar en una forma sosegada y racional,
atendiendo a aquellas posiciones de grupos, como los Grupos
Catalán, Vasco o de Izquierda Unida, que una y otra vez van
manifestando que no vale hablar de cosas muy genéricas, que no
vale apelar a los grandes principios, que es necesario
acometer las reformas de verdad, que es necesario empezar por
los puntos concretos que la reforma de la Administración
exige, de forma que los ciudadanos se encuentren con que los
que les representamos estamos en sintonía no sólo con lo que
ellos piensan, sino con lo que nosotros mismos predicamos. Por
ello, señor Presidente, entendemos desde el Grupo Vasco que
esta proposición de ley que presentamos hoy en relación a la
reforma de la Ley que desarrolla el artículo 154 de la
Constitución, que solicita la supresión de la figura de los
gobernadores civiles para acometer la reforma de la
Administración, nos brinda una buena oportunidad para que aquí
cada una de las señoras y señores Diputados pueda estar en
sintonía con lo que en la campaña electoral se dice, para que
los objetivos genéricos encuentren hoy aquí una concreción en
el sentido de acometer estos problemas.
El Grupo Vasco desearía, señor Presidente, que fuera ésta la
última vez en que se tuviese que presentar una proposición de
ley tan razonable y tan razonada como ésta.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la verdad es que yo esperaba aquí, una rotunda
réplica por parte de la representación del partido que
sustenta al Gobierno, pero me va tocar, señor representante
del partido del Gobierno, hablar más de lo mismo sobre este
tema, y la forma como se ha planteado este debate me hace
insistir en ello. De todas maneras, he de manifestar con
cordialidad y con cierta rotundidad, como queda claro y usted
se lo supone, el apoyo a la proposición de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco y, creo, brillantemente defendida
por el señor González de Txábarri. Brindamos nuestro apoyo a
esta iniciativa porque aborda una tarea que corresponde y
correspondería a la propia Administración del Estado, porque
es una acción positiva, una propuesta de solución a un largo
contencioso --y subrayo el término contencioso--, que dura ya
ciento sesenta años, desde 1834, fecha en la que se
constituyeron los primeros gobernadores civiles, porque
pretende sustituir una figura administrativa y política que no
ha tenido ningún arraigo social, que no ha contribuido al
desarrollo socioeconómico local y que ha sido una permanente
interferencia, cuando no un detractor de la autoridad
legítimamente elegida por los ciudadanos, al menos desde 1879
hacia atrás, y porque, además, ante tanta incomprensión, ante
tanta descalificación en relación con las posiciones
ideológicas de los nacionalistas vascos, esta proposición
aborda de manera decidida una etapa más de la definitiva
modernización que necesita el Estado español. Porque, no nos
engañemos, el Estado de las autonomías tiene imbricado como
una especie de parásito un Estado centralista en su interior,
con instrumentos de control de iniciativas políticas
contrarias a la iniciativa política local, y autonómica y con
figuras que utilizan al abogado del Estado para ir contraî las
decisiones de municipios y gobiernos autónomos, cosa muy
frecuente. Estos señores son los gobernadores civiles, que
poco hacen por colaborar con las autoridades democráticas y
desarrollar sus propias provincias.
También apoyamos esta proposición de ley por el respeto a los
Parlamentos autonómicos vasco, catalán y aragonés, que han
planteado la supresión de los gobernadores civiles en sus
Parlamentos y que no han sido atendidos por el Gobierno del
Estado, Parlamentos que, por otra parte --y creo que a muchos
partidos les gustaría contar con ese apoyo hoy--, representan
a más de diez millones de ciudadanos del Estado español.
Hoy en día el mantenimiento de la figura de los gobernadores
civiles en la actual estructura autonómica del Estado
constituye, para decirlo claramente, un anacronismo. El
carácter de esta figura corresponde a una estructura estatal
en la que únicamente existían la Administración Central, por
un lado, y las provincias por otro, y en el que éstas, las
provincias, además, no tenían autonomía ni ninguna capacidad
de decisión política propia. Reitero el hecho de la
contradicción con el actual Estado de las autonomías. El
Estado español a partir de la aprobación de la Constitución se
configura por lo que ustedes llaman el Gobierno de la Nación y
los gobiernos de las comunidades autónomas. Además, existen
poderes legislativos para la «nación» --entre comillas-- y las
Comunidades Autónomas. Todo en su conjunto se llama y se
denomina, en una buena acepción política, Administración
General del Estado. La actual estructura autonómica del
Estado, por tanto, no supone únicamente la asunción por parte
de las Comunidades autónomas de determinadas competencias,
sino que debería implicar, asimismo, una remodelación
de la Administración periférica del Estado, es decir, la
adecuación por parte de los servicios que asumen las
competencias propias del Gobierno central a la organización
territorial autonómica. Esto es lo que se comenzó a hacer
cuando se crea la figura del delegado del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, pero que, finalmente, nadie ha llevado
a su buen término, y es necesario llegar a buen término, sobre
todo en aras a la racionalización y a la eficacia de la
Administración pública, evitando duplicidades de funciones o
competencias e incluso interferencias entre las figuras del
gobernador civil y la del delegado del Gobierno.
El delegado del Gobierno --no nos engañemos-- no tiene
competencia alguna; teóricamente tiene las mismas que los
gobernadores civiles, pero sin dependenciaî jerárquica. El
gobernador civil es una figura propagandística porque, en
definitiva, lo que no se acaba de romper en este Estado es el
Estado de la dictadura de Primo de Rivera, el Estado
decimonónico, el Estado que nos dejó Franco, porque aquí, se
ha transitado por un cambio, se ha hecho una transición, pero
no se ha hecho nunca una ruptura definitiva con el pasado y
nunca se ha constituido un Estado español moderno.
Por otra parte, el propio término gobernador civil es un
residuo del pasado que hoy en día no tiene ningún sentido, no
cabe en ninguna de las figuras y funciones de una
administración civil moderna. Prueba de ello es que, de hecho,
en las comunidades autónomas uniprovinciales dicha
denominación ha sido suprimida y sustituida a todos los
efectos por la de delegado del Gobierno, con la contradicción
siguiente: debiendo existir cincuenta gobernadores civiles,
existen en estos momentos cuarenta y tres, e incluso en
Canarias uno de los gobernadores civiles ocupa el puesto de
delegado del Gobierno. Por lo tanto, estamos ante una
auténtica debilidad de la Administración para abordar su
propia reconversión.
La figura del gobernador civil, pues, hoy solamente existe
como tal en aquellas comunidades autónomas con más de una
provincia en su interior, lo cual es un auténtico
contrasentido.
Por todo ello, se hace inaplazable afrontar la reorganización
de la Administración periférica del Estado, clarificando las
atribuciones y competencias de los delegados del Gobierno y
sustituyendo, en su caso, a los gobernadores civiles todavía
restantes por una figura que podría ser la de subdelegados
provinciales --no me quiero comprometer en ello--,
jerárquicamente dependiente del delegado del Gobierno.
Esta proposición de ley viene en un momento oportuno. Se
presentó en el mes de diciembre del año 1993, ha dormido en
los arcanos de esta casa, como tantos otros proyectos
interesantes, y no es casualidad que ahora venga --desde luego
no ha sido casualidad política-- creo que promovida por el
Grupo proponente y por otro Grupo del Congreso, pero sería una
oportunidad de oro para demostrar al pueblo español, en un
momento electoral, que hay voluntad seria y clara de
modernizar la Administración, terminar con un pasado que
verdaderamente no ha sido positivo para la democracia y
fortalecer una Administración general del Estado que
signifique precisamente un Estado de las autonomías.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Tiene razón el Diputado señor González de Txábarri cuando dice
que, sin duda, ésta no es una novedad; es una iniciativa que
ha venido ya debatiéndose en muchas ocasiones en esta propia
Cámara. También es cierto que estamos ante una iniciativa que,
debo decirlo desde un principio, compartimos plenamente, es
decir, abordar la inaplazable reforma de la Administración
pública, digamos periférica, como respuesta a la construcción
del Estado de las autonomías. Una drástica reducción de esta
administración periférica y un proceso adecuado de
transferencias es, como ya dije en la última intervención, no
sólo factible sino además exigible; que la organización del
Gobierno central y sus ministerios en el territorio debe
simplificarse, está en una línea yo diría que aceptada por
toda la Cámara; que se hace preciso adecuar esta absoluta
regulación de la administración periférica --estamos hablando
de gobernadores civiles y delegados del Gobierno-- para
simplificar, reducir y suprimir figuras y regrupar los
servicios periféricos, así como la reordenación y coordinación
de servicios, lo suscribimos plenamente.
Nuestro Grupo Parlamentario ha venido manteniendo al respecto
posiciones muy claras. Por tanto, no es cuestión en este
trámite, señoras y señores Diputados, de defender cuál ha sido
y es nuestra postura, sino simplemente de ratificar la misma,
de la que dejamos constancia en el Pleno de esta Cámara del
día 21 de marzo.
Más aún, el día 15 de diciembre de 1989, hace ya tiempo, tuvo
entrada en el Registro General de esta Cámara una proposición
no de ley de nuestro Grupo Parlamentario precisamente para la
supresión de los gobernadores civiles, cuya exposición de
motivos, además, está en plena concordancia con la que hoy
debatimos.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
tiene nueve artículos, una disposición adicional y una final,
pero no es cuestión por nuestra parte de ir analizándola
artículo por artículo con respecto a nuestra iniciativa
anterior, porque --repito-- en el fondo buscábamos y buscamos
lo mismo: la definición de funciones, estructura, obligaciones
y supresión de los gobernadores civiles; lo veo, por tanto,
con plena concordancia.
¿Cuál va a ser, pues, la posición de nuestro Grupo
Parlamentario? La de apoyar la iniciativa del Grupo Vasco
(PNV), porque de siempre ha sido ésta la idea: la supresión de
los gobernadores civiles; porque creemos que no hay ninguna
excusa ni ningún razonamiento para que éstos se mantengan;
porque es urgente, además, darle una solución definitiva, ya
que incluso a mí me parece que a veces hay un cierto miedo de
tomar esta determinación, y yo me pregunto: ¿miedo de qué? No
hay ninguna razón, ni política ni administrativa, que en estos
momentos justifique la figura del gobernador civil; está fuera
de lugar y sus funciones pueden, sin duda, asumirse y
canalizarse adecuadamente.
Y ya finalizando permítame añadir algunas consideraciones que
expuse en la sesión plenaria del 21 de marzo con motivo del
debate de una proposición de ley casi en este mismo sentido de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Esta era, a mi
entender --y así fue mi exposición--, mucho más amplia.
Contemplaba a los gobernadores civiles y delegados del
Gobierno con otra amplitud, lo que hizo que indicáramos en
dicha sesión la necesidad de esperar al proyecto de ley de
organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado. También dije otra cosa en aquella sesión. Me dirigí al
Grupo Socialista para decirles que era imprescindible que esta
famosa ley se presentara dentro de plazo; recordemos que en
aquellos momentos el Ministro hablaba de que sería en el mes
de abril.
Para concluir diré que estamos total y absolutamente a favor
de la toma en consideración de la proposición de ley que ahora
debatimos, sin ni siquiera valorar el contenido de los
artículos; si prospera, ya lo haríamos en su momento. Nuestro
Grupo entiende que la de hoy es simplemente una decisión
política.
Por último, y dado que el señor Ministro, en su última
comparecencia en la Comisión, se reafirmó en el compromiso de
la presentación del proyecto de ley antes del 30 de junio --
fíjense señorías que el compromiso anterior era del mes de
abril y no se ha cumplido--, creo de verdad que no habría
ningún problema en que quedaran debidamente encajadas las dos
iniciativas, una y otra, que en su momento ya se debatieron.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo va a apoyar esta proposición de ley del Grupo Vasco de
reforma de la ley que desarrolla el artículo 154 de la
Constitución y de supresión de la figura de los gobernadores
civiles.
Es una proposición de ley que coincide en muchos aspectos,
pero sobre todo en la intención política de fondo, con otra
proposición de ley presentada por nuestro Grupo en el mismo
sentido. Nos parece que ya es hora de que se produzca esta
modificación legislativa; ya es hora de que se lleven a sus
últimas consecuencias las previsiones del Estado autonómico en
este aspecto, ya que la figura del delegado del Gobierno es
una figura clave del Estado de las autonomías, es la expresión
en la Administración central de lo que son las comunidades
autónomas y las administraciones de éstas en el plano
autonómico, y que, como consecuencia lógica de ello, debe
desaparecer la figura del gobernador civil.
Esta figura del gobernador civil es uno de los aspectos de
esta proposición de ley; el otro es, naturalmente, el
desarrollo de la figura del delegado del Gobierno; pero sin
duda quizá lo que tiene más --vamos a llamarle así-- pegada
política, lo que tiene más novedad política, el elemento
central de esta proposición de ley, sin el cual no tendría
sentido, es la desaparición de la figura del gobernador civil,
que está estrechamente vinculada a una filosofía centralista
del Estado.
Hay que recordar que a mitad del siglo pasado se configura
definitivamente y se consolida lo que sería el antecedente del
actual gobernador civil, es decir, la figura del jefe
político. El jefe político, en el momento en que se consolida
el sistema político liberal, se va a convertir en el
protagonista del Estado de fomento, ese Estado que asume
poderes de todas las ramas públicas y que va a ejecutar
fielmente la construcción del Estado centralista, no sólo
dirigiendo las fuerzas de seguridad (que es por lo que
fundamentalmente se va a conocer al jefe político o gobernador
civil después), sino además dirigiendo toda una serie de
acciones de fomento, de intervención económica en el Estado,
como incluso son las comunicaciones terrestres y las grandes
obras públicas del siglo pasado, que era un arquetipo de una
labor estatal que facilitó la ampliación del espacio económico
nacional y del tráfico comercial, labor también ésta
centralizadora.
La evolución posterior del gobernador civil ha ido exactamente
en esta línea. Lo que ocurre con el Gobernador Civil es que,
con el desarrollo de una administración económica mucho más
interventora y con el desarrollo de los demás ministerios
económicos, ha quedado reducido mucho más a labores
principalmente de orden público, mientras que la
administración periférica del Estado, la representación de
cada ministerio en cada una de las provincias, ha empezado a
volar por su cuenta, a desarrollarse autónomamente y a
organizarse de forma absolutamente descoordinada, y en estos
momentos tenemos un panorama en cada una de las provincias en
que el orden público va por un lado y la administración
periférica va por otro, dirigida por los delegados de cada uno
de los ministerios.
Los intentos que hubo hace algunos años, en la transición, de
unificar la administración periférica, han sido inútiles; de
hecho, incluso ya se admitió que, por ejemplo, Hacienda no
podía ser coordinada con nadie,
y ahí apareció esa autonomía con la que ha funcionado el
aparato hacendístico en toda la evolución de nuestro Estado, y
tenemos, por un lado, el aparato de seguridad, el aparato
hacendístico y, por otro, el resto de ministerios, cada uno
con sus delegados correspondientes en cada provincia y con una
total descoordinación.
Esa es la situación actual, en la que, por una parte, el
gobernador civil mantiene un gran poder político residual de
lo que ha sido más de un siglo de historia, y, por otro lado,
tenemos una administración periférica muy descoordinada, en
donde no hay realmente una concepción unitaria reflejada en el
Estado central, en la Administración central, de lo que es la
comunidad autónoma. Es decir, el nacimiento de la figura
constitucional de la comunidad autónoma no ha tenido
prácticamente ningún reflejo en la Administración central. Se
suponía que la aparición de las comunidades autónomas tendría
que producir novedades, no solamente en las administraciones
de las comunidades autónomas, sino que también tendría que
tener un reflejo, repito, en la propia Administración central.
No ha sucedido así. La Administración central ha tenido y
tiene una enorme inercia, como un gran elefante al que es
imposible parar en la dirección que va, y no ha variado
prácticamente nada en su estructura como consecuencia del
nacimiento del Estado autonómico. Sin embargo, la Constitución
previó que el nacimiento de ese Estado autonómico tenía que
modificar la propia Administración central; es decir, previó
que las comunidades autónomas tenían algo que decir en
relación con la Administración central. Por eso es por lo que,
por un lado, se crea la figura legislativa del Senado, un
Senado que se supone que tendría que ser la expresión de las
comunidades autónomas, de las nacionalidades y regiones en el
poder legislativo, en la voluntad del Estado y, por otra
parte, la figura del delegado del Gobierno en el artículo 154
de la Constitución.
El diseño constitucional era y es claro. Por una parte, la
existencia de nacionalidades y regiones, formadas y
organizadas como comunidades autónomas, tienen que expresarse
en la voluntad del Estado a través del Senado (es sabido que
no se ha conseguido; por eso está en trámite precisamente la
creación, a través de una ponencia, de un proyecto de reforma
de la Constitución en cuanto al Senado), y también tenía que
haber una relación entre Administración central y
administraciones autonómicas a través de ese pivote que es el
delegado del Gobierno. Así se establece en el artículo 154 de
la Constitución cuando dice: «Un Delegado nombrado por el
Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el
territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando
proceda, con la Administración propia de la Comunidad».
Realmente no se ha producido ni una cosa ni otra. Ni el
delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en
ese territorio --dirige las Fuerzas de Seguridad, y de alguna
forma tampoco del todo, ya que sigue habiendo un peso
importante del gobernador civil--, ni tampoco coordina; ya que
no dirige esa administración periférica, no la puede
coordinar, naturalmente, con la administración de las
comunidades autónomas. Es un artículo éste inédito, como en
alguna medida también está inédita esa intención que hubo con
el Senado en la Constitución. Por eso decía al principio que
es oportuna esta proposición de ley. Es necesario llegar a una
regulación de la figura del delegado del Gobierno de una vez,
que coordine verdaderamente la administración periférica con
la administración de las comunidades autónomas.
Además existe una dificultad objetiva, en la permanencia del
gobernador civil para que pueda desarrollarse la propia figura
del delegado del Gobierno. Es imposible que si persisten los
gobernadores civiles, con ese residuo de poder importante que
mantienen, pueda desarrollarse este artículo 154 de la
Constitución. Por eso, la desaparición de esa figura va unida
necesariamente al desarrollo, en toda la potencialidad que
aparece en el artículo 154 de la Constitución, de la figura
del delegado del Gobierno. Ni puede dirigir adecuadamente la
administración periférica ni puede coordinarse con las
comunidades autónomas si persiste la figura del gobernador
civil. Y no solamente eso. Es enormemente difícil que pueda
desarrollarse un nuevo modelo de seguridad del Estado si
persiste la figura del gobernador civil. Es sabido que en este
momento hay una serie de estudios en el propio Ministerio del
Interior sobre el modelo de seguridad. Tenemos un modelo de
seguridad que podíamos llamarle más bien antimodelo de
seguridad, es decir, un caos de las policías del Estado, que
son ya siete u ocho. Cada comunidad autónoma tiene un modelo
distinto de seguridad, y es enormemente difícil, repito, que
pueda llegarse a un modelo homogéneo con la permanencia de la
figura del gobernador civil y, por otro lado, con la
impotencia de desarrollo que tiene el delegado del Gobierno.
Por eso nosotros presentamos en su momento esa proposición de
ley y apoyaremos esta otra que debatimos hoy del Grupo Vasco.
Hay todo un conjunto de grupos en la Cámara que están a favor
de que se desarrolle esta figura del delegado del Gobierno y
que desaparezca la figura del gobernador civil. El Gobierno
tiene en esto una desorientación notable, no sabe exactamente
cuál va a ser el modo en que tenga que desarrollarse y
nosotros le aconsejaríamos que se fije en los grupos más
progresistas de la Cámara para ir en esa dirección en el
sentido del desarrollo de la figura del delegado del Gobierno
y de la supresión, por tanto, del gobernador civil. Es algo
que está siendo muy compartido, como digo, entre varios grupos
de esta Cámara, que han presentado iniciativas sustancialmente
idénticas. En este caso, la iniciativa del Grupo Vasco (PNV)
coincide en muchos aspectos con la del Grupo de Izquierda
Unida-
Iniciativa per Catalunya, aunque hay algunos temas en donde no
estamos totalmente de acuerdo, lo que sería, en su caso,
objeto de enmienda, por ejemplo, en cuanto a la dependencia
del Ministerio para las Administraciones Públicas que quizá no
sea la más adecuada la que plantea el Grupo Vasco (PNV), y
también creo que deberíamos reflexionar respecto del fuero
procesal que aparece de nuevo en cuanto a los delegados del
Gobierno para responsabilidad civil y penal ante una Sala del
Tribunal Supremo.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LOPEZ GARRIDO: Creo que éste sería un buen momento
para empezar a hacer que vayan desapareciendo estos fueros
procesales.
Sin embargo, coincidimos en cuanto al sentido político último,
y por ello nuestro Grupo va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mañueco.
El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, comparezco nuevamente, en nombre
del Grupo Popular, para fijar posición en relación con la
proposición de ley, presentada por el Grupo Vasco (PNV),
concerniente a la modificación del artículo 154 de la
Constitución, que pretende la supresión de los gobernadores
civiles.
Señorías, tantas veces ha venido este asunto a la Cámara y
tantas veces ha quedado sin resolver, que entendemos que nada
nuevo se puede decir.
Se manifiesta, por parte de los diferentes grupos, el carácter
general que existe en cuanto a la modificación, en algunos
casos sustancial, de la figura de los gobernadores civiles;
pero los matices que incorporan cada uno de dichos grupos a
este asunto, hace que no podamos llegar a un acuerdo.
Se habla de las iniciativas de Convergència i Unió, del
Partido Nacionalista Vasco, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y yo tengo que hacer referencia necesariamente
ahora a que ha sido nuestro partido, el Partido Popular, el
que presentó, en el anterior período de sesiones, una ley de
gobierno que recogía el tratamiento que nuestro Grupo da a la
figura de los gobernadores civiles, y quiero recordar a todos
los grupos de la Cámara que esa ley de gobierno presentada por
el Grupo Popular fue rechazada.
Ahora nos encontramos ante un nuevo planteamiento: el que hace
el Partido Nacionalista Vasco y que ha sido defendido por el
señor González de Txábarri. Le he visto que ponía demasiado
énfasis en el momento político que vivimos: la campaña
electoral. Yo quiero decir al señor González de Txábarri, con
todo respeto, que debiera tener una visión más global de lo
que acontece a nivel del Estado en cuanto a este punto. En
nuestra Comunidad no se habla de ello. Sin embargo, comprendo
que se hable en el País Vasco, y comprendo que se hable porque
el propio señor Jáuregui dice que apoya a los gobernadores
civiles en autonomías en las que se cuestiona la existencia de
España. Entiendo que se hable allí de la supresión de los
gobernadores civiles; no es el caso de otras comunidades
españolas. Jáuregui dice que debe haber gobernadores civiles
mientras existan los nacionalismos; entiendo esa inquietud que
usted tiene. Rubalcaba asegura que no se suprimirán los
gobernadores civiles, y don Felipe González insiste en
mantener los gobernadores civiles a pesar del rechazo de
Convergència i Unió. No es el caso, repito, de otras
comunidades. Por consiguiente, este debate no es un debate que
se haga con carácter general en el período electoral.
Quiero recordar a la Cámara que en este momento existe un
compromiso: compromiso del señor Presidente del Gobierno en el
debate del estado de la Nación de traer la ley de Gobierno de
la Administración del Estado en este período de sesiones. Y
hoy hace exactamente una semana, por iniciativa del Grupo
Parlamentario, comparecía en la Comisión correspondiente el
señor Ministro para las Administraciones públicas, y el señor
Ministro entendía que se encontraba aún dentro del plazo
suficiente y que antes del mes de junio se presentaría esta
ley.
Entendemos, señoras y señores Diputados, aunque nosotros
tenemos grandes dificultades en creer que vaya a ser así, que
debemos dar un margen de confianza al Partido Socialista para
que, en el período de sesiones en el que se ha comprometido,
traiga la ley de Gobierno de la Administración del Estado.
Porque no se puede tratar de modificar, por un lado, el
artículo 154, suprimiendo los gobernadores civiles, y por
otro, retocar la Administración periférica del Estado; en
definitiva un cúmulo de cuestiones que tienen que estar
recogidas en una ley única. Ley única que nosotros creemos que
tiene que venir en este período de sesiones, que tendrá el
tratamiento correspondiente por parte de todos los grupos, y
en el que se harán las enmiendas necesarias, se someterá a una
votación y cada uno manifestaremos nuestro compromiso.
Antes de concluir, porque creo que no hay mucho más que decir
en este asunto, sí que quiero recordar a la Cámara que el
Partido Popular mantiene y defiende la descentralización
administrativa; es decir, la potenciación de los servicios en
las comunidades autónomas; que el
Partido Popular defiende el desarrollo de las comunidades
autónomas dentro de su ámbito y con todas las competencias que
sean posibles para garantizar la mayor calidad de servicios a
los ciudadanos y con el menor coste; que nosotros somos de los
que creemos que hay que llegar a la descentralización de las
competencias del Estado. Pero siendo conscientes que la
Administración del Estado ha de mantener su presencia en las
provincias y en las comunidades autónomas, debe quedar
regulada por una ley la presencia de la figura del
representante de la Administración del Estado, en este caso y
en este momento la de los gobernadores civiles.
Tengan en cuenta SS.|SS. que no es lo mismo hablar de
comunidades autónomas de una o dos provincias que de
comunidades autónomas donde existen múltiples provincias, como
puede ser el caso de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La
Mancha, etcétera, donde la relación de los delegados del
Gobierno tendría mayores dificultades que la de una figura
permamente en representación del Estado.
Nosotros creemos que las dificultades que hay en este momento
no son precisamente por las funciones encomendadas a los
gobernadores civiles, sino por la disfunción de los
gobernadores civiles, por las atribuciones que se han tomado,
porque los gobernadores civiles han dejado de representar los
intereses del Estado en las provincias y han pasado a
representar y a defender los intereses del Partido del
Gobierno. Eso es lo que ha creado dificultad entre el resto de
los grupos políticos para llevar a cabo las acciones de
gobierno dentro de esas mismas provincias.
Por consiguiente, estando de acuerdo en la modificación de las
competencias de los gobernadores civiles y defendiendo la
descentralización, creemos que lo más conveniente, lo más
completo, lo más necesario y lo que más puede garantizar esta
presencia del Estado en la periferia es la ley que esperamos
que el Grupo Socialista, cumpliendo su promesa, traiga en ese
período de sesiones, sea debatida por los distintos grupos en
Pleno y en Comisión y se lleven a cabo las enmiendas
necesarias para dejar determinada la presencia del Estado en
la periferia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mañueco.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Albistur, alguien dijo que el esfuerzo inútil conduce a
la melancolía o produce melancolía. Yo no quiero decir que el
debate político sea un esfuerzo inútil; en absoluto. Yo creo
que el debate político siempre es positivo, pero qué duda cabe
que en mí produce una cierta melancolía llevar diez años
hablando de este tema, fundamentalmente discutiendo con
ustedes --con algún otro Grupo también--, y no haber
conseguido acercar mínimamente nuestras posiciones. Por tanto,
permítame que en mi intervención haya un poco más de
melancolía que de la rotundidez que usted me pedía en un
principio. Esto no les extrañe porque en diez años habremos
discutido sobre este tema como diez o doce veces y, repito, en
ningún momento hemos acercado posiciones.
Unas veces se ha planteado, como se plantea hoy mismo, la
desaparición pura y simple de los gobernadores civiles, otras
veces se ha planteado como una reestructuración de la
administración periférica, y otras veces se ha planteado como
un cambio de denominación: en vez de llamárseles gobernadores
civiles, llamarles subdelegados del Gobierno, pero con las
competencias de los actuales gobernadores civiles. En
cualquier caso, en el fondo de su posición siempre ha estado
más lo que presenta, la desaparición de gobernadores civiles,
que cualquier otra cuestión. Por eso cada vez que ustedes han
planteado el tema, bien sea como hoy, bien sea en cualquiera
de las otras modalidades, la discusión de fondo que siempre
hemos tenido es la existencia o no de gobernadores civiles, y
ahí nunca nos hemos puesto de acuerdo.
En todas las ocasiones se han aportado razones a favor y en
contra y, como digo, nunca ha habido la más mínima
aproximación. Intentaré, en una breve intervención, hacer un
repaso de las razones fundamentales que se han dado.
Como he dicho alguna vez, podría simplemente remitir a SS.|SS.
a cualquiera de mis diez o doce intervenciones sobre este
tema. Cualquiera tendría exactamente la misma validez hoy que
hace diez años; exactamente igual que sus posiciones son las
mismas hoy que hace diez años.
Por respeto a la Cámara --me supongo que ustedes--, y por
respeto a la Cámara por mi parte, por lo menos intentaré dar
alguna razón.
Hoy de alguna manera se ha dicho que los gobernadores civiles
representan a una época ya pasada, fueron un instrumento
eficaz de la represión en la época de Franco y, por tanto, no
tienen razón de ser. Si pretendemos eliminar de nuestro
ordenamiento todas aquellas figuras que colaboraron con la
dictadura, íbamos a tener excesivo trabajo, porque con la
dictadura colaboraron no sólo gobernadores civiles, sino
también los jueces, el Ejército, los fiscales, ministros,
alcaldes, diputaciones, etcétera, y a nadie se le ocurre
eliminar a estas figuras porque en lo único que concuerdan los
actuales jueces, Ejército, ministros, alcaldes, diputados,
etcétera, es en el nombre. Ni su nombramiento, ni su función
son los mismos que antes, y se han ganado por méritos propios
un puesto indiscutible en nuestra democracia. Con los
gobernadores civiles pasa exactamente lo mismo: ni su función,
ni su nombramiento tienen
nada que ver con sus homónimos de la dictadura. Parece, por
tanto, que ésta no es una razón suficiente.
También se ha dicho que los gobernadores representan a un
Estado centralizado y, por tanto, no tienen razón de existir
en un Estado de las autonomías. Esto podía ser cierto si la
Constitución hubiera hecho desaparecer las provincias, cosa
que no es así. El artículo 141.1 configura la provincia como
división territorial para el cumplimiento de las actividades
del Estado. Por tanto, la existencia de los gobernadores
civiles resulta plenamente congruente con ese precepto
constitucional, pues son los representantes permanentes del
Gobierno de la nación en las provincias y la primera autoridad
de la Administración Civil del Estado a quien se atribuye la
superior dirección de sus servicios periféricos en la misma.
Por tanto, no parece una razón suficiente su desaparición.
También se ha dicho que no aparecen en la Constitución y, en
consecuencia, no son constitucionales, no tienen razón de
existir. Si hacemos un examen en serio y profundo de la
Constitución deberíamos eliminar cantidad de figuras de
nuestro ordenamiento. Preparémonos a eliminar a
subsecretarios, jefes de gabinete, jefes de sección, jefes de
negociado, delegados de ministerios, etcétera, pues ninguno de
ellos están citados en la Constitución.
Hoy se han dado dos razones más que no se habían utilizado
hasta ahora. Una era por razón del déficit: para mejor
solucionar los problemas del déficit eliminemos a los
gobernadores civiles. Si la razón para eliminar figuras
jurídicas o políticas es el déficit, podríamos eliminar
algunas que su sensibilidad nacionalista seguro que no estaría
de acuerdo, pero estén ustedes conmigo en que hay algunas
figuras que, a lo mejor, producen déficit más que otra cosa.
También se ha dado como argumento que ha habido Parlamentos
autónomos, entre ellos el vasco, que ha aprobado resoluciones
en contra de la figura de los gobernadores civiles. No quiero
recordar a SS.|SS. --seguramente lo saben-- que la última vez
que se ha discutido esto en el Parlamento Vasco, la petición
de desaparición de gobernadores civiles, no fue aprobada. En
cualquier caso, sería muy fuerte que este Congreso de los
Diputados aprobase una resolución diciéndole al Gobierno Vasco
cómo tiene que organizarse. Cada uno es competente, en lo que
tiene competencias, y es absolutamente incompetente en lo que
es incompetente. Ni este Congreso tiene competencias para
decir al Gobierno Vasco cómo tiene que organizarse, ni el
Parlamento Vasco le puede decir a esta Cámara cómo tiene que
organizarse la Administración del Estado.
No quiero terminar sin decirle al señor López Garrido que no
se preocupe, que el Gobierno se apoya en el grupo más
progresista de esta Cámara, que es el Grupo Socialista, no su
señoría o su grupo que apoyan más a la derecha que este
partido.
Por tanto si las razones que se han dado durante los últimos
diez años no son suficientes, o por lo menos a nosotros no nos
parecen suficientes, tiene que haber alguna otra razón, y la
única razón que encuentro es que ustedes son nacionalistas y,
por tanto, prefieren que desaparezca la presencia del Estado a
nivel de la provincia.
Si estoy equivocado me alegro de estarlo. Si ésa es la razón
profunda es imposible que ustedes y nosotros nos pongamos de
acuerdo. Por tanto seguiremos discutiendo sobre el tema. No es
cierto que el tema se abra nuevamente y no esté cerrado. El
tema se cierra cada vez que hay una votación. Dentro de diez
minutos el asunto estará cerrado. Algún grupo minoritario de
la Cámara querrá volver a abrirlo, volveremos a discutirlo
cuando SS.|SS. quieran y estoy convencido de que el resultado
seguirá siendo el mismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición de ley del Grupo Vasco (PNV), de reforma de la Ley
que desarrolla el artículo 154 de la Constitución, y de
supresión de la figura de los gobernadores civiles.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 274; a favor, 29; en contra, 244; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:
SOLICITUD DE TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE
PROYECTOS DE LEY:
POR LA QUE SE RECONOCE A LA UNIVERSIDAD PRIVADA «ANTONIO DE
NEBRIJA», DE MADRID (Número de expediente 121/000093)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del
Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara
la tramitación directa y en lectura única, por el propio
Pleno, del proyecto de ley por la que se reconoce a la
universidad privada «Antonio de Nebrija», de Madrid. ¿Acuerda
la Cámara la tramitación en lectura única? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
POR LA QUE SE RECONOCE COMO UNIVERSIDAD PRIVADA A LA
DENOMINADA «UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID», CON SEDE EN MADRID
(Número de expediente 121/000094)
El señor PRESIDENTE: Igualmente la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado someter a la aprobación del Pleno la
tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por
la que se reconoce como universidad privada a la denominada
«Universidad Europea de Madrid», con sede en Madrid.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CREACION DE UNA
PONENCIA SOBRE BIOETICA (Número de expediente 162/000189)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día:
proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Socialista, sobre creación de una
Ponencia sobre bioética.
Tiene la palabra el señor Palacios.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, señorías, no voy a
ahondar en las motivaciones que justifican la presentación de
esta proposición no de ley porque en parte se reflejan en la
motivación de su texto y otras son sobradamente conocidas. En
la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico esta propuesta fue bien recibida por los
portavoces y Mesa de la misma hace ya algunos meses.
La bioética es una disciplina relativamente reciente, se
desarrolla hace poco más de 15 años. En tal sentido, es justo
reconocer la tarea y las aportaciones que nuestras Cámaras han
realizado a su configuración; configuración que continúa y que
en estos últimos 10 años han recibido nuestro aporte con el
debate parlamentario y social suscitado por algunas de
nuestras bioleyes.
No sólo en el plano nacional, también en el internacional, la
repercusión de esa actividad parlamentaria española en materia
de bioética ha sido bien perceptible y reconocida. Podríamos
decir modestamente, señorías que estamos contribuyendo desde
estas Cámaras a la elaboración gradual de los principios de la
bioética, al igual que está ocurriendo en otros países,
fundamentalmente europeos. La Convención de Bioética del
Consejo de Europa, a punto de entrar en vigencia, y el
documento de la delegación española en la 93 Conferencia de la
Unión Interparlamentaria celebrada en Madrid en marzo-abril de
1995, así como la Resolución sobre bioética de esta
Conferencia, en la que nos cupo la satisfacción de ser
ponentes y copartícipes a los españoles, son una prueba de
ello.
Las implicaciones éticas suscitadas por la aplicación de las
biotecnologías no se quedan sólo en la ingeniería genética o
en la reproducción asistida, ni tan siquiera se limitan
solamente a la mujer o al hombre mismos, con ser éstos
protagonistas principales y a los que hemos de dedicar
atención preferente. También abarcan a las actuaciones,
reflexiones y principios relativos a la salud, la salud
laboral, la exposición a tóxicos y mutágenos, en particular
durante el embarazo, los ensayos clínicos, las pruebas médicas
o farmacéuticas, la investigación biomédica, también al medio
ambiente y, entre ellas, citaré el efecto invernadero, la
desertización, la deforestación, la destrucción de la capa de
ozono, la lluvia ácida, y demás aspectos de la contaminación
ambiental, así como los concernientes al aire, las zonas
lacustres terrestres --superficiales y profundas--, los mares
y océanos, las costas, las ciudades y en cualquier otro
asentamiento humano; sin ser, por último, los efectos
perniciosos sobre las especies vegetales animales, otros
asuntos del máximo interés que conciernen a la bioética.
Con este comité parlamentario damos un paso más, a mi entender
sustancial, para adentrarnos en asuntos de relieve, respecto
del presente, que denotan nuestro sentido de la
responsabilidad y previsión en relación al futuro. Además nos
homologamos con muchos Parlamentos europeos que ya cuentan con
comités similares.
Para terminar, como ya conocen sus SS.|SS., la ponencia o
comité sobre bioética podrá convocar a determinados expertos
de reconocido prestigio, según nosotros mismos acordemos
consensuadammente, para recabar su información actualizada
sobre los apartados de la biotecnología que consideremos
preferentes y obrar en consecuencia.
Creo, señorías, que en el mundo científico-técnico que
vivimos, el mundo de la democracia, del pluralismo de la
defensa de los valores humanos, el Comité de bioética que
ustedes aprobarán, con los errores que ya se han advertido,
que aprobaremos, en definitiva por los fines que se busca, es
una prueba fehaciente del interés de nuestro Parlamento por la
ciencia y, a través de ella, de profundizar en las relaciones
con la sociedad y por la puesta al día de las repercusiones
éticas que la utilización de los avances científicos y
técnicos puedan tener.
Por ello, dándoles las gracias por anticipado, les quiero
felicitar muy sinceramente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Palacios.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
El señor Mardones tiene la palabra, por el Grupo de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, Coalición Canaria, en el mismo sentido con que lo
acaba de hacer el portavoz proponente del Grupo Parlamentario
Socialista, don Marcelo Palacios, va a dar su apoyo pleno y
total a esta proposición no de ley. En ella se pretende, como
con mayor especificidad se dice para adecuarla al Reglamento
de la Cámara y en las propias enmiendas que ha presentado el
Grupo Socialista, la creación de esta ponencia en el seno de
nuestra Comisión Mixta para la investigación científica y
técnica. Es algo que está pidiendo un órgano específico y
singularizado donde se puedan tratar, como materia exclusiva,
los amplios problemas que en los campos del Derecho, y no
solamente de la técnica, se están dando con aquellas
repercusiones que, trasladadas desde la investigación
biológica en el sentido más amplio posible, y de todas las
ciencias concurrentes en un proceso, tanto bioquímico como
biogenético, llevan a un planteamiento ético, es decir, a una
postura en conciencia, a la que no puede sustraerse no ya
solamente por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de
propia moral humanística, cualquier fuerza política de un
sistema democrático.
No cabe duda que para el legislador es importante enfrentarse
con este reto, pero el legislador no podrá entrar en materia
sin un conocimiento suficiente, que no puede ser dejado a una
posición de conciencia solamente, sino que necesita en un
sustrato de información técnica lo más amplio posible.
Nosotros entendemos que la creación de esta Ponencia de
bioética viene precisamente a atender esto: a suministrarnos,
a dotarnos de todos aquellos instrumentos de conocimiento más
actualizados en el momento presente para poder adoptar
cualquier iniciativa legislativa.
Conocimientos que hoy son de uso común en el campo de las
ciencias agrarias, ganaderas, veterinarias, biológicas,
conocimientos que en ese terreno no plantean ninguna cuestión
de conciencia ni, por tanto, de ética, trasladados a la
especie humana plantean cuestiones de una profundidad y una
trascendencia tal que desde los valores religiosos hasta los
derechos de la persona, individualmente considerada, sufrirían
una auténtica revolución, incluso en el Derecho. Si hoy en día
trasladáramos los avances y conocimientos de vegetales y
animales que hay en el terreno de la genética al campo de la
experimentación humana, nos encontraríamos con verdaderos
problemas. En este momento hay institutos en España que están
trabajando en la reproducción clonal de vegetales. Por
ponerles un ejemplo, les diré que en la Comunidad Autónoma de
Canarias se está haciendo actualmente --se viene haciendo hace
más de tres años--, apoyado por la Comunidad Autónoma de
Canarias y por la universidad, un programa de cultivo clonal
de la platanera. Hoy, para un agricultor, obtener clones,
reproducciones exactamente iguales, fotografías genéticas
originarias de la misma planta, exentas de virosis y de todos
los aditivos técnicos, con producciones distintas de la
original, es una práctica totalmente habitual en este terreno;
llevarlo al campo de la reproducción humana plantearía algo
que incluso sobrepasa la propia conducta mental de una persona
que se enfrentara a este fenómeno.
¿Qué decir cuando en este momento nos estamos encontrando con
retos como el tratamiento de determinadas enfermedades
congénitas o de malformaciones congénitas en la especie
humana, de lo que se puede hacer en el tratamiento de
enfermedades infecciosas, de intentar que individuos humanos
sean más resistentes a determinadas enfermedades víricas de
reciente aparición y para lo cual existe en el laboratorio el
recurso perfectamente conocido, es decir, que lo que se
denomina ingeniería genética tratáramos de trasladarlo a la
obtención de especímenes humanos en esta vía? Nos encontramos,
nada más y nada menos, que ante un reto. Si el legislador debe
entrar en esa materia no puede hacerlo con su sola intuición;
éste no es un problema que se resuelva desde un punto político
de partida, sino que exige un planteamiento científico.
Quiero recordar que el doctor don Gregorio Marañón, hacia
1947, en el tratamiento que planteaba ya para enfermedades
endocrinas, decía que posiblemente, y no solamente dejando
volar la imaginación, sino según lo que ya había explicado
Huxley en algunos de sus libros, teóricamente considerados de
ciencia-ficción, como «Un mundo feliz», para tener una
reproducción clonal de personas genéticamente seleccionadas,
no solamente como defensa frente a enfermedades o prototipos
raciales, sino como reconducción de la facultad de pensar para
ponerla en un solo molde, habría que acudir a la genética y
que en cuanto se conozca un conocimiento y una aplicación
técnica, es decir, de ingeniería de la misma, se podrán
reobtener las moléculas de los ácidos fundamentales en la
constitución de los seres vivos. De aquí que nosotros
entendamos, incluso dentro del modesto campo operativo, que se
pude circunscribir esta Ponencia a lo que es el período de
sesiones o una legislatura, y que se pueda ampliar en lo
sucesivo y esto desearíamos reafirmalo hoy aquí.
Va a ser imprescindible en nuestro Parlamento, legislatura
tras legislatura, que estemos dotados de este instrumento de
conocimiento técnico. Yo recuerdo aquellos años de pasadas
legislaturas en que, ante la Ponencia que estudiaba la
reproducción asistida, comparecieron una serie de expertos,
desde el campo de la endocrinología, desde el campo de la
reproducción humana, desde el campo del Derecho, o desde el
campo de las ciencias sociales, para ilustrar a los diputados
que por ser legislativa esta Cámara, teníamos la
responsabilidad política de traer aquí el proyecto de ley
correspondiente a la reproducción asistida y algunos otros
proyectos que aparecen también en la memoria que ha presentado
el portavoz del Grupo Socialista, y que obviamente no voy a
detallar, relacionados con el mundo de la biología y que hemos
discutido aquí. Por tanto, si tenemos que enfrentarnos a este
tema con un conocimiento y un talante ético (y estoy
traduciendo ética, desde un primer momento, por respeto a los
derechos humanos, fundamentalmente, con cualquiera de las
acepciones que después cada grupo político le quiera poner),
ello mismo da idea de la trascendencia que supone para
nosotros, lo que nos ha llevado a manifestar hoy aquí en la
tribuna nuestro apoyo a esta proposición para que la ponencia,
este comité que se pretendía al principio sobre bioética
alcance el máximo de decoro y el máximo de eficacia que se
merece una correcta y sensata ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Cardona
tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió en relación con la
proposición no de ley que nos propone el Grupo Socialista
sobre creación de una ponencia de bioética en el seno de la
Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, y que ha sido defendida por el diputado don
Marcelo Palacios. Anuncio ya de entrada nuestro voto favorable
a esta iniciativa, que nos merece una serie de consideraciones
positivas en cuanto a su conveniencia y oportunidad.
El concepto de bioética, como ha dicho el diputado don Marcelo
Palacios, es relativamente reciente, puesto que data de los
años setenta, siendo su objeto de estudio aquellos problemas
éticos planteados por la ciencia de la vida y derivados de la
aplicación de la tecnología y la experimentación. Es decir,
las aplicaciones de la biología y la medicina sobre la vida en
general y sobre la vida humana en especial conllevan toda una
serie de consecuencias y de valoraciones que abarcan muchos
ámbitos, ya sean sociales, jurídicos, técnicos, etcétera, y
cuyo aspecto técnico compete a la bioética. Uno de sus ámbitos
esenciales lo representan los problemas éticos planteados por
la aplicación de las nuevas técnicas sobre la vida de las
personas, como hemos dicho, es decir, en el campo de la
medicina u otras ciencias de la salud. Esta sería la bioética
médica, que es la parte de la bioética que intenta poner a
punto métodos de análisis y procedimientos de resolución de
los problemas éticos planteados por las ciencias médico-
sanitarias. Pero con ser una de sus partes fundamentales, es
sólo eso, una parte; la bioética, como hemos dicho, va más
allá, abarcando también otras acciones que inciden sobre la
vida de los animales, de los vegetales, o el medio ambiente, y
que también pueden incidir, y de hecho inciden, sobre el ser
humano.
Los elementos en que se basan los postulados de la bioética
son diversos, pero fundamentalmente lo hace sobre los derechos
humanos y las libertades fundamentales de la persona, de
manera que su objetivo esencial es la protección de la
dignidad de la persona humana. Derechos humanos como el
derecho a la vida y a la integridad psicofísica, evitando, por
tanto, torturas y tratos inhumanos o degradantes; el derecho a
la libertad, ya sea de conciencia, expresión, información,
opinión, o bien de religión; así como el derecho a la
igualdad, a la vida privada, familiar, etcétera.
Por otra parte, los avances tecnológicos, científicos y de
experimentación, actualmente van con tal rapidez que se
producen o se pueden producir situaciones en las cuales el
Derecho se ha quedado rezagado, con un cierto retraso; es
decir, que existen unos vacíos legales, de forma que cualquier
ordenamiento jurídico ha de ir tomando en consideración estas
situaciones para ordenarlas desde el punto de vista del
Derecho.
Qué duda cabe que no es fácil adecuarlas, porque a veces se
plantean diferentes puntos de vista, no siempre coincidentes.
De ahí la necesidad de reflexionar sobre ellas con cautela,
con madurez, de forma realista, teniendo siempre presente los
principios éticos a los que hacíamos referencia. Por ello, la
oportunidad y conveniencia de crear un equipo de trabajo.
Nos parece bien la forma presentada de una Ponencia en el seno
de la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, como también nos lo hubiera parecido otra que
pudiera cumplir fundamentalmente con los objetivos que se
pretenden.
Señor Presidente, señorías, en el año 1985, se constituyó en
esta Cámara una Comisión especial de estudios sobre la
reproducción asistida, como ya se ha dicho, y sus trabajos
fueron positivos, de gran valor y utilidad para la aprobación
de diferentes leyes, fundamentalmente dos: la Ley 35/1988,
sobre técnicas de reproducción asistida, y la Ley 42/1988,
sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos o de
sus células, tejidos u órganos, pero ¿cuántas situaciones
nuevas no han ido surgiendo debido a su aplicación? ¿y no
sería muy conveniente tener una información autorizada con
unos trabajos serios y rigurosos sobre estas cuestiones? Por
cierto que, a pesar de que la Ley de reproducción asistida
prevé la creación de una Comisión de expertos sobre técnicas,
no tenemos noticias de que ello se haya cumplido, después de
seis años.
En cualquier caso, también hemos de decir lo conveniente y
necesario que serían los trabajos y conclusiones
sobre una cuestión, otra cuestión candente de nuestros días,
la eutanasia, en todas sus formas, desde el punto de vista de
la bioética, o a la luz de la bioética, o bajo el prisma de la
bioética.
Lejos de estos grandes temas, como los expuestos por el
Diputado don Luis Mardones, que me ha precedido en el uso de
la palabra, hay otras cuestiones éticas de la medicina clínica
ordinaria, del día a día, que también plantean problemas,
problemas surgidos de las modificaciones en la relación entre
sanitarios y paciente, en los últimos años, por ejemplo, o el
enorme progreso de la tecnología sanitaria, o el acceso
igualatorio de todos a todos los servicios sanitarios.
En la introducción del Tratado de Medicina Interna de
Farreras, Rozman y colaboradores, se dice: La relación médico-
paciente ha cambiado en los últimos veinticinco años más que
en los últimos veinticinco siglos.
En definitiva, señor Presidente, señorías, en los momentos
actuales entendemos que la bioética nos afecta a todos, a la
persona y a la sociedad en general, en tanto en cuanto que
receptores y no del todo pasivos, a la propia comunidad
científica, médicos, biólogos, científicos en general, que son
los agentes activos, y también a los poderes públicos, como
reguladores y garantes del desarrollo armónico de la sociedad
a nivel de todo el universo.
Por todo ello, señorías, desde esta perspectiva, nuestro Grupo
votará favorablemente esta proposición no de ley, aprovechando
la ocasión para felicitar al doctor Palacios por la
oportunidad de lo que nos ha propuesto.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE(Beviá Pastor): Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo parlamentario va a votar favorablemente esta
proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, por
compartir tanto la letra como el espíritu de la misma.
Nos parece que la creación de un comité de bioética es
absolutamente necesario. Va a ser el lugar adecuado para
intentar enfrentarnos a un tema complejo, de difícil
articulación jurídica, cuando se pretendan proteger todos los
intereses que en alguna ocasión pueden estar contrapuestos.
Estos intereses contrapuestos y esta difícil articulación
jurídica es consecuencia, afortunada yo creo, de los avances
científicos en las ciencias biológicas, avances que, aunque
sin duda pueden generar alguna que otra situación de duda o
alguna que otra situación de desasosiego, sin duda también en
el conjunto del progreso del ser humano significan pasos
importantísimos, avances a los que hay que sumarse y a los que
no hay que renunciar.
Estas importantes derivaciones jurídicas que se desprenden de
este desarrollo tecnológico van a encontrar en este comité de
bioética, con la colaboración de los científicos que puedan
aportar su conocimiento específico sobre el tema,
especialistas, el órgano adecuado para que estas derivaciones
jurídicas que sin duda se presentarán tengan su acomodo.
Porque, señorías, no se trata de un problema que nos vaya a
afectar en el futuro mediato o inmediato; estamos hablando del
presente ya. Incluso, en algunos casos, de situaciones de
nuestro pasado inmediato. La explosión de la ciencia y la
tecnología en las ciencias biológicas es de tal calibre, de
tal magnitud que necesita, como de hecho está ocurriendo en el
resto de países europeos, de instrumentos para intentar llegar
a acuerdos jurídicos que preserven los diferentes intereses
contrapuestos y que en ningún caso sean freno para ese
desarrollo científico del que toda la comunidad humana tiene
que beneficiarse.
Acabo, señor Presidente, señalando, como decía al principio,
que mi Grupo va a votar favorablemente esta proposición no de
ley, porque comparte el espíritu y la letra de la misma, tanto
en lo que a la creación de este comité de bioética se refiere
como a las funciones que en ella se establecen y también a su
constitución.
Esperamos que este comité de bioética pueda aportar a la
comunidad científica de nuestro país importantes guías en
momentos de dudas y de incertidumbres. Yo creo que nos podemos
felicitar todos de que esta iniciativa salga adelante y
confiar en el buen trabajo parlamentario de todos los grupos
en el futuro de este comité, en la aplicación de la calidad
que nos puedan aportar los expertos científicos que
comparezcan en la misma para, entre todos, conseguir aclarar
este mundo complejo de las responsabilidades jurídicas en un
tema de esta sensibilidad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nos encontramos ante uno de los problemas más
complejos y trascendentes del final de siglo, una cuestión que
probablemente definirá la conciencia del ser humano, del
hombre, y de los comportamientos del mismo en el próximo
futuro.
La ciencia y la tecnología han puesto sobre la mesa un debate
de trascendencia yo diría que límite, pues es al hombre y a su
propia identidad e integridad como persona al que, de alguna
manera, pone en cuestión con
el planteamiento, a menudo, quiérase o no, de su propia
trascendencia.
Es indudable que la razón y la ciencia están modificando no ya
los niveles de conocimiento del hombre, sino su propia
capacidad de hacer, su propia actitud para transformar el
entorno y asimismo al individuo en sus opciones proyectivas
como sujeto y objeto de los grandes cambios y de las
modificaciones genéticas. Pero si la ciencia es un fruto de la
razón y del conocimiento, no es menos cierto que la ciencia no
puede adquirir una carta de autonomía plena al margen de las
leyes morales del ser humano y de la ley positiva que la
sociedad se otorga a sí misma. La razón será una guía del
proceso discursivo en el supuesto de que ella misma no se
convierta en amenaza opresiva o deshumanizadora. Hume
recordaba sabiamente: «Cercenar las pretensiones de la razón
mediante el uso del análisis racional de las cosas». Era esta
su recomendación.
Para nosotros, la ciencia nos ha planteado ahora un reto a los
legisladores que hoy significa, tal vez, la máxima expresión
de lo inevitable. Inevitable es que la ciencia avance
arrasando los viejos conceptos no erróneos, sino
insuficientes, a los que el tiempo y el conocimiento han
enriquecido en toda su verdadera dimensión o lo han proyectado
hasta definiciones de la realidad intrínseca de las cosas
insospechadas sólo unos años atrás. Tales avances de la
ciencia que alcanzaban ya a la raíz misma del ser humano
adquieren implicaciones éticas y sociales que suscitan --y
desde luego suscitarán más todavía en el futuro-- muy ardua
solución y habrá que matizarlas porque son ellas mismas
complejas y divergentes, en las que a veces el distinto sentir
y pensar de la cultura religiosa o laica proyecta un sinfín de
aspectos morales no siempre coincidentes y a menudo ni
siquiera convergentes.
La ética ya desde los griegos fue una norma casi implícita e
inherente a la conducta del ser humano, que el cristianismo y
la modernidad trataron después de positivar en las leyes
humanas contemplándolo a menudo como la última «ratio» de la
norma del vivir. Mas hoy la biología y la medicina, la
ingeniería genética y la investigación de la biósfera han
superado ya muchos de tales vestigios del comportamiento del
hombre, frente al saber y la ciencia. En consecuencia, se
impone a los legisladores contemporáneos una profunda
reflexión acerca de eso que hemos convenido en denominar
bioética, es decir, la disciplina que atiende a las
consecuencias éticas, las implicaciones de orden moral en los
usos científicos, particularmente cuando inciden en el ser
humano cuya dignidad pletórica está fuera de cualquier duda,
pero al que no infrecuentemente se le analiza desde
perspectivas divergentes, según sea el sistema de valores del
que se parte.
No siempre la ciencia o el científico reconocen el aspecto
menos positivo de sus descubrimientos así como la capacidad de
manipulación del ser humano, de la persona, a que puedan dar
lugar tales avances. Decía San Agustín en sus «Confesiones»
que a veces percibía el bien pero se inclinaba por el mal.
«Video meliora deteriora sequor», decía él. A lo largo de la
historia hemos podido obervar cómo errores o malversaciones
intelectuales proyectaron después peligrosos desenfoques
morales que, a la postre, perpetrarían errores políticos de
difícil justificación.
La reciente celebración del 50 aniversario de la Segunda
Guerra Mundial nos ha traído, por ejemplo, algún eco de tales
monstruosos desenfoques. Sin ir más lejos, aún resuena la
polémica que en Italia ha generado el nuevo código ético de
fecundación artificial aprobado en Florencia este mismo año
por el consejo directivo del Colegio de Médicos italianos que
congrega a 300.000 profesionales. En él se prohíbe la
fecundación artificial, las abuelas-madre e impide que se
engendren hijos con semen de hombres ya fallecidos. Tales
resoluciones, cuestionadas por algunos científicos --el doctor
Severino Antínori es el más conocido de todos ellos--, imponen
renuncias sobre ciertas formas de maternidad subrogada sobre
la paternidad homosexual o sobre el llamado alquiler de úteros
o la fecundación «in vitro», avances sobre los que
determinados científicos anglosajones no admiten siquiera
limitación alguna, so pretexto de que la ciencia carece de
fronteras en su autónoma capacidad de progreso. Pero como
acaba de afirmar el profesor de la Universidad de Barcelona,
David Andreu, la ética científica a veces oculta oscuros
intereses.
Más recientemente, los parlamentarios de 135 países, reunidos
en Madrid en la 93 Conferencia de la Unión Interparlamentaria,
aprobaban la prohibición de patentes de genes humanos y el
comercio con partes del cuerpo humano. En esta Conferencia de
la UIP se estableció la urgencia de fijar unos principios --
decían ellos-- comunes y universales sobre la bioética que
deben respetar las culturas, las creencias y las herencias
históricas, así como la necesidad de que los nuevos
conocimientos técnicos y médicos sean compartidos de «forma
justa» --decían entre comillas-- entre los países
desarrollados y el Tercer Mundo. Más aún, desde el punto de
vista jurídico, los 632 Diputados pidieron a los Estados que
legislaran la ética de las investigaciones biomédicas y
biológicas y que exista un especial control desde los
Parlamentos y los Gobiernos de los experimentos genéticos,
ante el riesgo que suponen para la integridad de los seres
humanos. Corolario lógico, por tanto, de todo ello y de una
aseveración como ésta es el mandamiento moral de que los
países creen comisiones nacionales de ética --y cito
textualmente-- «que velen por la dignidad, la libertad, la
identidad y la integridad de las personas» --cierro las
comillas-- y que se promueva una mayor cooperación
internacional en este campo de la Ciencia. Dijo ya Alexis de
Tocqueville en «La democracia en América» que jamás
existió una comunidad libre sin moral. Y ésta es la cuestión
que hoy nos propone debatir el Grupo Socialista de esta
Cámara, vieja y tremenda cuestión, puesto que el hombre de
hoy, orgulloso de su mayoría de edad, sabedor de su poder y de
sus conocimientos, anhela liberarse de toda forma de tutela,
rechaza cualquier forma de servidumbre y trata de eliminar
toda suerte de dependencias. Si a ello unimos los intereses
sin alma del mercado, la avidez del lucro y de riquezas, la
aplicación industrial y comercial de tales descubrimientos
científicos, esta supuesta mayoría de edad del hombre o su
afán de autonomía absoluta, lejos de cualquier tentación de
trascendencia, acabará por proclamar el fin de la moderación y
la desmesura como paradigma ético, y en ello, desde luego,
habrá que fijar algún límite.
Por nuestra parte, señorías, entendemos que temas de semejante
hondura y trascendencia no pueden dejarse en manos de la ética
de los científicos, ante cuya libertad siempre ha de
prevalecer la protección de las personas. El cuerpo humano es
inviolable y su patrimonio genético sagrado e intocable. De
ahí la urgencia de crear comités de bioética, como ya se ha
hecho en otros Parlamentos europeos. Otras decisiones hay, ya
nos han precedido en este sentido, cual es la del Parlamento
Europeo o la del Consejo de Europa, inquietos por desafíos que
ofrece la ingeniería genética desde 1973. El Comité Bioético
de la Unión Europea el año 1993 elaboró un informe sobre esta
materia en el que establecía que las patentes de la materia
viva no constituyen en sí mismas un problema ético, a
excepción de aquellas que afectan directamente a la dignidad
humana. La cuestión esencial, como ha dicho, Jacques Attali,
de dónde establecer los límites de la persona, de lo que es
específico de la Humanidad, será precisamente la cuestión
central del próximo siglo.
En consecuencia, ¿debemos seguir esperando que los hechos nos
desborden? ¿Hemos de aceptar sin más que todo el proceder
delicadísimo, todo este proceso sea a la postre una carrera
entre el mercado y la ley, como se evidencia ya en
determinados posicionamientos al margen de toda norma moral?
¿Debemos consentir que se realice todo aquello que se pueda
hacer? Obviamente, y al margen de cuestiones filosóficas o
antropológicas, que radican en el fondo de este tema tan rico
y de convicciones religiosas, sociales o de intereses de
grupos o de «lobbies», digo, éste es un tema de enorme
importancia, de enorme trascendencia y que un Grupo
parlamentario como el nuestro no puede ser ajeno a su interés.
En consecuencia, vaya por delante nuestra aquiescencia y la
coincidencia plena con las razones esgrimidas en esta Cámara
por el portavoz socialista y por los otros portavoces que le
han precedido y en esa justificación de la proposición no de
ley, para secundar con toda satisfacción una iniciativa del
Grupo Socialista de tanta necesidad y envergadura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Milián.
Vamos a pasar a la votación correspondiente a esta proposición
no de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre creación de una Ponencia sobre bioética.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 269; a favor, 269.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE TRANSFERENCIA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
DE LA GESTION Y RECAUDACION DEL IMPUESTO ESPECIAL DE
DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE (Número de expediente
162/000189)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre transferencia a las
comunidades autónomas de la gestión y recaudación del impuesto
especial de determinados medios de transporte.
Tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, remedando o imitando el opúsculo más traducido y
leído de la historia de la prensa escrita, yo podría empezar
diciendo: Alcaldes de todo el hemiciclo, uníos. Uníos si
queréis, si queremos reforzar las haciendas locales.
Este es un tema que ha venido repetidamente a esta Cámara;
fruto de una moción de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se acordó dar vigor a la necesidad de un posible
pacto para mejorar las haciendas locales en la línea que
prácticamente todas las fuerzas políticas tantas veces hemos
repetido desde este hemiciclo: dotar de mayores recursos
económicos a las haciendas locales, a los ayuntamientos.
Hay una cifra mágica en la que todos parecemos estar de
acuerdo. Quisiéramos llegar a una descentralización de los
ingresos y los gastos en nuestro Estado que fuese: el 50 por
ciento para el Estado, el 25 por ciento para las comunidades
autónomas y el 25 por ciento para los ayuntamientos y demás
corporaciones locales.
Hoy estamos lejos de alcanzar
estos niveles, pero sobre todo están lejos de alcanzarlo las
corporaciones locales. En este momento, aproximadamente el
gasto
público del Estado es de un 59/60 por ciento; el de las
comunidades autónomas se acerca al 23 por ciento y el de las
haciendas locales se podría situar, sumando todo el gasto
público que administran estas entidades, en un 16/18 por
ciento. Por lo tanto, la cenicienta, en cuanto a recursos, en
cuanto a capacidad de gasto, en cuando a capacidad de
políticas activas desde su hacienda saneada, es los
ayuntamientos, las corporaciones locales.
Esta proposición no de ley es muy sencilla. Viene a decir que
un impuesto de muy reciente creación --no tiene más de tres
años--, el Impuesto especial sobre determinados vehículos
automóviles, esto es, el tramo que va desde el 16 por ciento
del IVA hasta el 28 por ciento que se paga por la
matriculación de cualquier vehículo, los 12 puntos restantes
son el Impuesto de matriculación, tal como es popularmente
conocido. Este impuesto está transferido a la Comunidad
Autónoma Vasca, forma parte del conjunto de impuestos que
entran en el cálculo del concierto o del cupo. Este impuesto,
no su gestión pero sí su recaudación, está transferido a la
Cominidad Autónoma de Canarias. Pues bien, esta proposición no
de ley viene a proponer que pueda y deba ser transferido, sus
recursos y la gestión del impuesto, a las comunidades
autónomas, pero con una vocación finalista, con el deseo, con
la recomendación explícita --y así se dice en el punto segundo
de la proposición no de ley-- de que, a través de los
adecuados medios normativos, sean convenios o sean medidas
normativas, del tipo que sea, se garantice que el 75 por
ciento de los recursos que serían transferidos a cada
comunidad autónoma lleguen, con destino finalista, como digo,
a las haciendas locales, a los ayuntamientos. Hay que entender
que uno de los puntos donde podríamos decir que se consume más
la contraprestación del Impuesto de Matriculación sobre los
vehículos automóviles, es decir, el coste del tráfico rodado,
aunque es sobre el conjunto de las redes de tráfico y de
circulación del Estado, no es menos cierto que la mayor
densidad de circulación y de tráfico se da en los conjuntos
urbanos, en las ciudades, pueblos y municipios. Por tanto, no
parece descabellado que este impuesto pueda tener esta
vocación finalista hacia los ayuntamientos como destinatarios
finales.
Esta es, en esencia, la propuesta que se trae aquí, una
propuesta que es perfectamente congruente con el espíritu de
la moción que aprobamos en su día, presentada por nuestro
Grupo Parlamentario, después enmendada por los otros grupos, y
que, finalmente, si no recuerdo mal, fue aprobada por
unanimidad de esta Cámara, en la que se señalaban una serie de
vías para avanzar en el necesario pacto para la regeneración y
mejora de las haciendas locales. Este sería un elemento
concreto de esta regeneración y mejora de las haciendas
locales que puede tener dos caminos: uno, el mejor, el más
favorable para nosotros, y creo que para los ayuntamientos y
para la propia Cámara, sería que hoy mismo aprobáramos esta
proposición no de ley; otra vía hubiese podido ser, a través
de enmiendas, incorporar esta idea, esta propuesta, esta
aquiescencia a lo que se dice en esta proposición no de ley,
al contenido del pacto local para cuando se configure
definitivamente.
En conclusión, se trata de transferir impuestos y recursos de
la Administración central del Estado a su forma de
organización, después de la Constitución de 1978, a las
autonomías (repito, el País Vasco ya tiene cedido este
impuesto; Canarias tiene cedido el importe, no la gestión); es
decir, transferir impuesto y gestión a todas las comunidades
autónomas.
Para que tengan una idea, señorías, esta transferencia
representaría unos 116.000 millones de pesetas; al menos ésta
es la recaudación líquida de este impuesto del año 1993, que
son las últimas cifras que obran en mi poder completamente
contrastadas por el propio Ministerio de Hacienda. Es decir,
en el año 1993, por Impuesto de Matriculación, se recaudaron
116.000 millones de pesetas. Para que tengan una idea, por
ejemplo, a Andalucía le corresponderían, de estos miles de
millones, 16.000 millones; a Madrid, 25.000 millones; a la
Comunidad Valenciana, 13.000 millones; a la Comunidad de
Asturias, 3.200 millones, y así podríamos desgranar el
conjunto de cantidades que representarían las matriculaciones
de vehículos en cada comunidad autónoma porque, naturalmente,
de transferirse este impuesto y su gestión, es lógico que el
rendimiento del impuesto quedara en la propia comunidad
autónoma, como se dice en la proposición no de ley, para
transferirlo en un 75 por ciento del conjunto de esta
liquidación del impuesto a los distintos ayuntamientos,
pudiéndose quedar la comunidad autónoma un 25 por ciento para
ayudar a constituir el fondo autonómico de cooperación
municipal. Hay comunidades autónomas que ya lo han hecho,
otras no; creemos que sería bueno que cada comunidad autónoma
tuviese un fondo de cooperación municipal, como lo tiene el
Estado. En esta proposición no de ley se dice que, del
conjunto del rendimiento del impuesto, el 25 por ciento quede
en las arcas de la comunidad autónoma y el 75 por ciento
distribuido, de forma proporcional, por supuesto, a los
distintos ayuntamientos.
Esta es, señorías, la propuesta, la proposición no de ley; una
proposición no de ley que nos parece fácil de aplicar,
sencilla, clara, nítida, con vocación descentralizadora y
autonomizadora, y con vocación de inyección de recursos
económicos, de recursos monetarios a los ayuntamientos, a las
haciendas locales.
Esperamos de los grupos parlamentarios (y sabemos que algunos
de ellos van a votar favorablemente; grupos parlamentarios que
en sus comunidades autónomas tienen ya, bien transferido el
impuesto, bien transferida la recaudación líquida del
impuesto, aunque
no su gestión) que apoyen esta propuesta, pero quisiéramos
también ver cómo otros grupos parlamentarios, el Socialista,
el Popular, el Catalán (Convergència i Unió), que tanto
presume de autonomista en muchas de sus intervenciones, se
apuntan a esta propuesta que no es otra que una idea de
profunda autonomización. Se trata, señorías, de transferir un
nuevo impuesto a las haciendas de las comunidades autónomas y
dedicarle el 75 por ciento de su rendimiento a un objetivo
finalista: mejorar la liquidez de las haciendas locales. Pero,
en el fondo, se trata de un gesto de autonomización fiscal muy
importante. Me gustará oír las opiniones de Convergència i
Unió para negarse a lo que, por otra parte, su Gobierno, su
Presidente, el señor Pujol, reclama una y otra vez: más
transferencias, más capacidad de gestión, más responsabilidad
fiscal. Son ideas que compartimos plenamente, pero nosotros no
sólo las proclamamos y las compartimos, sino que las llevamos
a la práctica y proponemos a esta Cámara medidas concretas de
autonomización y transferencia de impuestos del Estado a las
comunidades autónomas. Un impuesto pequeño, un impuesto de
reciente creación --el impuesto sólo tiene tres años de
vigencia--, por lo tanto, un impuesto que sería transferible
de forma muy indolora y con muy poco trauma recaudatorio,
administrativo, organizativo, de todo tipo, puesto que,
repito, se trata de un impuesto muy reciente y de un volumen
no muy significativo para las arcas del Estado, pero sí sería
muy significativo para las arcas de las comunidades autónomas
y, sobre todo, para las arcas de los ayuntamientos.
Por todo ello, señorías, les pedimos que voten a favor de los
dos puntos de nuestra proposición no de ley, porque así harán
un acto coherente con lo que proclaman todos ustedes
repetidamente: harán un acto de autonomización...
El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.
El señor ESPASA OLIVER: ... fiscal y harán un acto positivo en
favor de las haciendas locales, de los ayuntamientos y de todo
tipo de corporaciones locales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quisiera agradecer al señor Espasa, en particular, y a su
Grupo, en general, la oportunidad de haber presentado este
tema, por lo que supone de introducir un debate sobre lo que
significa la descentralización del gasto y el ingreso y,
además, porque los temas que ha presentado en esta Cámara son
oportunos. Puedo recordar el relacionado con la reducción de
los intereses y de los costos a la hora de la modificación de
los créditos hipotecarios y creo que este tema puede, de
alguna forma, compararse con aquél.
Quiero anunciar el apoyo a la toma en consideración, por lo
que significa la descentralización en el ingreso y el gasto,
como ya he dicho anteriormente, pero sobre todo si esta
descentralización está destinada a llegar finalmente a los
municipios. Pese al tiempo transcurrido --largo ya, pues son
más de quince años, prácticamente dieciocho, de desarrollo de
un Estado de las autonomías--, hoy todavía hay pocas
comunidades autónomas donde los municipios participan en los
recursos obtenidos a partir de la recaudación de impuestos que
podemos llamar --entre comillas-- «eficaces», desde el punto
de vista del contenido recaudatorio; es decir, en impuestos
que, dicho de una forma vulgar, serían sustanciosos en el
contenido de su recaudación y que, por lo tanto, vendrían a
proporcionar a los ayuntamientos importantes volúmenes de
dinero para abordar sus gastos de inversión.
Los municipios participan todavía de impuestos marginales,
lamentablemente, y de la generosidad de otras
administraciones, ya sea el gobierno autónomo, diputaciones o
el propio Gobierno del Estado. Los fondos de cooperación o
financiación municipal son todavía de alguna forma, entes que
están por desarrollar, que están inmersos en una polémica no
suficiente y valientemente afrontada, y que no proporcionan
los recursos necesarios como para que exista una gestión
municipal, desde el punto de vista económico, suficientemente
autónoma.
Esta proposición no de ley abre un capítulo de interés en la
financiación de las comunidades autónomas y, sobre todo, de
los municipios, y por ello yo creo que debe ser tomada en
consideración. Sin embargo, creo que adolece de algunas
ataduras. Ya he manifestado particularmente al autor de la
proposición no de ley que la recaudación debería ser libre,
cien por cien, para las comunidades autónomas y negociado ese
cien por cien por las comunidades autónomas en su distribución
interna. Tendría una lógica mayor y más acorde con la madurez
a que nuestras administraciones locales y autonómicas han
llegado.
El tema está así, está ya planteado y, como tal, lo
apoyaremos. Aunque nos parece que no es suficiente, es un
matiz en estos momentos. Sin embargo, yo creo que existen
además otras perspectivas al hilo de esta proposición no de
ley. En primer lugar, el planteamiento de una reducción, que
no desaparición, de las tasas que gravan el automóvil. Hoy
día, el automóvil tiene un excesivo peso fiscal para ser un
instrumento de utilidad social, comparado con la vivienda o
con otros bienes de consumo. El sector es un sector inversor,
generador de empleo, inductor de empresas y de empleo, con
tecnología propia, con desarrollos tecnológicos importantes y
que abarca dos sectores estatales de la economía,
tanto la industria como los servicios, y tiene una importante
capacidad exportadora.
Yo creo que hace falta una política fiscal agresiva, más que
la renovación --valga la redundancia-- de los planes Renove,
que produjeron incrementos en las ventas anuales superiores al
10 por ciento en la transformación del parque de automóviles,
pero con una importante colaboración privada prácticamente
similar a la que el propio Plan Renove añadía. El Plan Renove
supuso, por parte de la Administración, una aportación del 3
por ciento del precio medio del automóvil, más otro 3 por
ciento que fue aportado por el sector público, todo lo cual
produjo un incremento del 10 por ciento en la recaudación del
IVA; ha supuesto un incremento importante, por tanto, en la
recaudación del IVA, que ha cubierto con creces la subvención
pública. Este es un análisis simple, hecho a bote pronto, pero
es cierto.
El sector del automóvil está lleno de incertidumbres: tiene un
parque antiguo, excesivamente antiguo comparado con los de
otros países europeos; la demanda del sector es una demanda
inelástica, que debe ser incentivada necesariamente y que
precisa de un impulso político a la renovación de un sector
industrial, induciendo a un incremento del consumo que
arrastrará necesariamente inversión y empleo.
Finalmente, diré que basta con reiterar el apoyo en cuanto
plantea la descentralización del ingreso y del gasto, con un
beneficio importante para los ayuntamientos; pero quiero
insistir y reiterar en no dejar pasar esta oportunidad para
debatir, aunque sea someramente, y alimentar un importante
debate sobre lo que significa el cambio de la fiscalidad del
automóvil, que es incidir en un debate de actualidad que
reclama una urgente solución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria va a votar favorablemente esta proposición
no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Lo hace, junto con
las matizaciones que ahora diré al contenido de sus puntos, en
primer lugar, en congruencia y coherencia con la línea
mantenida en debates que ya en la legislatura pasada
celebramos cuando votamos aquí la Ley de Impuestos Especiales.
En segundo lugar, en consecuencia también con un acuerdo
tomado después del verano de 1992 por el Parlamento Autónomo
de Canarias. Y, en tercer lugar, porque vamos al fondo de la
cuestión y no a la forma.
Cuando debatimos aquí, en el año 1992, la Ley de Impuestos
Especiales defendí unas enmiendas dirigidas fundamentalmente
al Impuesto de la primera matriculación de vehículos.
Como bien ha citado el señor Espasa, una de las dos
comunidades autónomas, aparte de la vasca, que tiene el
reconocimiento finalista del rendimiento de este impuesto, que
fijó el artículo 74 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, es
la canaria. La representación parlamentaria de Canarias, que
yo ostentaba, quedó contrariada con aquella ley porque
entendía que el legislador nos iba a imponer aquí el criterio
del Ministerio de Hacienda, en virtud del cual el rendimiento
derivado de este impuesto de matriculación de vehículos iba
dirigido a la Comunidad Autónoma de Canarias, pero la
Administración de Hacienda del Estado se reservaba en nuestro
archipiélago la gestión, liquidación, recaudación, inspección
y revisión. Nosotros denunciamos que no había cosa más
peregrina y tan poco justificable que dos administraciones
paralelas actuando sobre el mismo hecho imponible. Decíamos
entonces: Puesto que el rendimiento del impuesto, su cuantía
en pesetas, está obligatoriamente, por la Ley 37/1992,
dirigida a la Comuînidad Autónoma de Canaria, déjesele a esta
Comunidad, que tiene su servicio de recaudación, de
inspección, etcétera, generar todo el procedimiento
administrativo fiscal que existe sobre este impuesto
específico. No fue así y nos encontramos en este momento en
Canarias, en virtud de la citada Ley 37/1992, que es la
Administración del Estado, central, quien lleva todos estos
aspectos y que, una vez que los termina, coge esa cantidad, la
empaqueta y se la entrega a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Es decir, lo que nosotros venimos llamando un caso
paradigmático de paternalismo fiscal.
Pues bien, nosotros entendemos que, si se da trámite a esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, podíamos hacer una
corrección de estos aspectos, en primer lugar, para la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Nosotros vamos a apoyar también el fondo de esta cuestión por
un principio de solidaridad con las restantes comunidades
autónomas que no tienen el rendimiento del impuesto, ni su
gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión.
Estoy hablando del fondo de la cuestión y quiero dejar
constancia aquí, para el «Diario de Sesiones», de que sobre
los aspectos formales de la proposición no de ley, en el punto
primero tendríamos que decir que estamos de acuerdo no
solamente con lo preceptuado en la LOFCA, sino en la Ley
20/1991, que modifica los aspectos fiscales de la Ley de
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Quiero señalar que
este Impuesto en Canarias tiene un marco distinto del IVA,
tiene el marco que le da la Ley de 1991, que he citado, y la
posterior de 1994 que entra ya en las bases económicas de la
Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
También quiero decir al Grupo proponente --para que quede
constancia de ello en el «Diario de Sesiones»-- que en el
punto 2 de la proposición no de ley se habla de una fórmula
porcentual de distribución. El señor Albistur ha dicho:
dejemos la flexibilidad de esto a la propia comunidad
autónoma. Lo que ocurre es que en el caso de Canarias esto no
puede ir así, porque la Comunidad Autónoma regula ya la
distribución de los impuestos recaudatorios a los cabildos y a
los ayuntamientos, fundamentalmente, de los dos impuestos
clásicos: el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) y el
APIM, impuesto específico, que tiene, además, unos
sometimientos a leyes de la Unión Europea de descrestes
progresivos a lo largo de los ejercicios anuales. En cualquier
caso, el reparto de impuestos generados en la Comunidad
Autónoma Canaria, por imperativo legal de estos dos textos
citados, se hace ya en unos repartos y la Comunidad distribuye
para sí misma lo que va a los cabildos y lo que va a los
ayuntamientos.
Nosotros, como hemos dicho, creemos que lo fundamental aquí es
el fondo de la cuestión y por eso, señor Presidente, lo vamos
a apoyar por los argumentos que ya he mencionado, en
consecuencia y por solidaridad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre la transferencia a las comunidades autónomas
de la gestión y recaudación del impuesto especial de
determinados medios de transporte nos parece, en principio,
positiva, desde la óptica de una mayor descentralización de
los gastos de las administraciones públicas y la distribución
de ingresos entre el Estado, las comunidades autónomas y los
entes locales.
La experiencia que tenemos en la Comunidad Autónoma del País
Vasco sobre este impuesto concertado, a través del cupo, es
positiva. Es un impuesto fácil de gestionar, si bien requiere
una preparación por parte de la Administración que recauda, al
tener que agilizar al máximo la concesión del permiso de
circulación. Tengan en cuenta que hasta que no se paga el
impuesto no hay permiso para circular, lo cual quiere decir
que la Administración tiene que tener una agilidad suficiente
para evitar que haya una congestión de los permisos de
circulación. Es un impuesto, además, que produce muy poco
fraude fiscal, un mínimo fraude, puesto que si uno quiere
comprarse un coche tiene que pagar el impuesto.
Como digo, la experiencia que la Comunidad Autónoma vasca
tiene es que es un impuesto eficaz. Sin embargo, hay aspectos
que hacen dudar de su oportunidad. Es cierto que las
necesidades de financiación de las corporaciones locales
obligan a encontrar fórmulas para equilibrar sus presupuestos,
como lo ha dicho enfáticamente el portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
solicitando la unión de todos los alcaldes. Efectivamente, hay
un problema de financiación de las corporaciones locales. De
hecho, este impuesto puede suponer una fuente de ingresos
importante --como también ha apuntado el portavoz de Izquierda
Unida-- para los ayuntamientos, si es que se destina el 75 por
ciento de la recaudación, como propone el proyecto de ley, lo
que pasa es que esto lo convierte en un impuesto local. Sin
embargo, como impuesto local habría que buscarle un encaje con
el Impuesto sobre circulación de vehículos, que tienen también
los ayuntamientos y que establecen las corporaciones locales.
En este caso, es decir, como tributo local, pueden producirse
unos efectos de discriminacción entre los ayuntamientos. Las
grandes capitales van a absorver la mayor parte de la
recaudación al tener también la mayor parte del parque de
vehículos, salvo que se establezcan otros criterios de
reparto. Este podría ser un problema si se configura como
impuesto local. El debate, desde nuestro punto de vista, se
debería de trasladar no tanto al hecho que hoy estamos aquí
tratando, sino a la conveniencia de mantener o suprimir esta
figura impositiva.
Estos días estamos precisamente oyendo a algún dirigente
político y a representantes cualificados de la Administración
tomar posición en este sentido. ¿Hay que mantener esta figura
impositiva?
¿Tiene que tributar la adquisición de vehículos, o no?
Nosotros, desde luego, somos partidarios de suprimir esta
figura impositiva. Hay que tener en cuenta que el sector de
automoción, es hoy por hoy, clave en el desarrollo económico
de todos los países industrializados y, fundamentalmente, para
el tejido industrial del Estado español, no en vano representa
el 5 por ciento del producto interior bruto y ocupa el 10 por
ciento del empleo total.
Estamos asistiendo a la gran batalla por la supremacía de esta
industria en el mundo. Estado Unidos, Japón y Europa están
librando una lucha encarnizada porque saben que el que gane la
batalla del automóvil logrará la supremacía económica en la
era postindustrial.
El en caso del Estado español, el sector de automoción es,
además, clave para el necesario impulso del consumo interno
que, hoy por hoy, todavía está muy retraído.
Es por estas razones por las que es necesario apoyar
decididamente este sector industrial. El Gobierno lo está
haciendo, aunque tímidamente, a través del Plan Renove I que
tuvo un cierto éxito, lo que pasa es que ese éxito no ha sido
trasladado al Plan Renove II. Por eso pensamos que hay que
continuar buscando fórmulas para incentivar la adquisición de
automóviles, como fórmula también para potenciar la industria
de la automoción.
Concretamente, el impuesto sobre determinados medios de
transporte, el que estamos hoy tratando, es un impuesto que,
salvo en Italia (que, por cierto, es un impuesto local), no
existe en los demas países de la Unión Europea. Por lo tanto,
el establecer un impuesto de ámbito local, con la
trascendencia recaudatoria que en este caso conllevaría para
las corporaciones locales, dificultaría, de forma importante,
una futura supresión del mismo. Una vez que esté instaurado y
que sea una fuente de financiación para las entidades locales,
indudablemente la supresión de esta figura impositiva sería de
una dificultad tremenda.
En definitiva, somos partidarios, como digo, de suprimir el
impuesto que grava la adquisición de vehículos; impuesto que,
por otra parte vino a compensar la pérdida recaudatoria por la
implantación del IVA, como ya se ha apuntado, que sustituyó al
Impuesto de Lujo para la adquisición de automóviles.
En España la compra de un coche en este momento está gravada,
como también ha apuntado el portavoz de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, con el impuesto sobre el IVA, el 16
por ciento, y el 12 por ciento con este Impuesto de
matriculación, lo que hace que la tasa que se paga por la
compra de un coche sea del 28 por ciento. En Francia, por
ejemplo, esta cifra es del 18,6 por ciento; en Alemania, del
15; en el Reino Unido, del 17,5 y en Italia, del 19 por
ciento. Estamos por encima de todos los países
industrializados y de primera línea de la Unión Europea. En
cuanto a la competitividad, por lo tanto, estamos desfasados
en relación con estos países.
Siendo consciente de que la pérdida de recaudación, motivada
por la posible supresión de este impuesto, implicaría la
necesidad de establecer una política fiscal adecuada para
reequilibrar los ingresos y los gastos y evitar así el efecto
negativo que podría tener ante la recaudación, al margen de
seguir profundizando en la solución a la grave situación
financiera por la que atraviesan las corporaciones locales,
que esto de hecho es efectivo y que tampoco con la
trasferencia de este impuesto se iba a solucionar, creo que la
solución de la financiación de las corporaciones locales debe
de abordarse desde la problemática de la hacienda territorial;
no desde sectorializaciones más o menos concretas, sino desde
un encuadre en un determinado sistema organizativo de la
ejecución de la política fiscal.
En cualquier caso, mientras no desaparezca esta figura
impositiva, apoyaremos, por principio, la descentralización de
la gestión y recaudación de los impuestos como un acto de
reafirmación de la soberanía plena que deben de tener las
comunidades autónomas en un verdadero Estado de las
autonomías.
Es por esto por lo que nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar
la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar brevemente la posición del Grupo Parlamentario
Catalán sobre la proposición no de ley de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Estando totalmente de acuerdo con la necesidad de consolidar
una descentralización de los gastos de las administraciones
públicas que configure una nueva distribución de ingresos --
política en la que creo que coincidimos todos--; compartiendo
con ustedes que el nivel actual del gasto muestra cómo las
corporaciones locales se han quedado excesivamente rezagadas
en este proceso descentralizador; reconociendo que las
corporaciones locales siempre han sostenido que debían
aumentar su participación en los ingresos fiscales, primero
del Estado y más recientemente de las comunidades autónomas;
haciendo una vez más manifestación pública de la necesidad de
modificar la Ley de Haciendas Locales por los escasos recursos
de que disponen los ayuntamientos, a pesar de todo ello, no
vamos a apoyar la proposición no de ley de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya en sus dos puntos: el primero, de
tomar las medidas para transferir el impuesto especial de
determinados medios de transporte a las comunidades autónomas,
el segundo, del reparto de esta recaudación. No lo vamos a
hacer sobre la base de lo siguiente.
En 1996 se tiene que negociar el modelo de financiación de las
comunidades autónomas para el quinquenio 1997-2001.
Entendemos, por tanto, que la transferencia de la gestión y la
recaudación del impuesto especial a las comunidades autónomas
debería considerarse dentro del contexto del nuevo modelo a
negociar, no de una manera aislada, como se pretende con esta
iniciativa. Sin duda, habrá que luchar para que el nuevo
sistema de financiación amplíe la corresponsabilidad fiscal, y
esta figura que hoy estamos debatiendo se puede utilizar en
este sentido; pero la responsabilidad de gestionar y de captar
el tributo ha de significar en todo caso una ampliación de los
recursos de las comunidades autónomas en función de los
resultados de la gestión, nunca, digamos --como aquí parece
darse a entender--, una merma de estos propios ingresos. Por
otra parte, desde la perspectiva financiera, el mecanismo
compensatorio que considera la proposición no de ley para las
comunidades autónomas, el 25 por ciento de la recaudación, se
deduce del porcentaje de participación en ingresos del Estado,
puede neutralizar el volumen de recursos a percibir y, por
tanto, no incentivar la gestión del tributo, que es un poco el
propio motivo de esta aplicación. Por último, en cuanto al
tanto por ciento de distribución de la recaudación entre
comunidades autónomas y corporaciones locales, se ha de tener
en cuenta la importancia del tráfico en las carreteras
traspasadas, porcentaje, por cierto, que no se justifica en lo
que es la propia exposición de motivos.
Las corporaciones locales, sin duda, continúan estando
marginadas. Estamos de acuerdo, señor Espasa. No solamente
estamos de acuerdo, sino que es realmente urgente hacer las
modificaciones o las ampliaciones de la actual Ley de
Haciendas Locales. En esto nuestro Grupo estará siempre en
primera línea, seguro que también acompañados por el suyo,
señor Espasa, pero su iniciativa entendemos que debería
contemplarse dentroî del nuevo modelo de financiación de las
comunidades autónomas, repito, 1997-2001, más que de una
manera aislada, como ustedes hoy nos proponen.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández
Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ (don Jorge): Señor Presidente, señoras
y señores Diputados, nos encontramos debatiendo una
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya relativa, desde la perspectiva de mi Grupo
Parlamentario, no tanto a la fiscalidad del automóvil cuanto a
la financiación de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales. Por eso, a la hora de fijar la posición
de mi Grupo Parlamentario, centraré mi intervención
precisamente en la situación existente en relación con la
distribución del gasto público, sustancialmente la
financiación autonómica y la financiación municipal.
Señala el señor Espasa en su intervención de defensa de la
proposición no de ley que es un objetivo coincidente en cuanto
a la distribución del gasto público, con toda la carga
simbólica que puedan tener esas cifras porcentuales de
distribución entre la Administración central, Administración
autonómica y Administración local del 50-25-25, diciendo,
además, que ahora nos encontramos muy alejados de esa
distribución porcentual del gasto entre las diferentes
administraciones públicas, puesto que estamos entre 18-23-59,
aproximadamente, corporaciones locales, comunidades autónomas,
Administración central. Qué más quisiéramos, sin duda, en lo
que hace a las corporaciones locales, que estuviéramos en ese
nivel de distribución del gasto, lo que no obsta, por
supuesto, al objeto de esta proposición no de ley. Tengo
delante la evolución del reparto del gasto público entre los
subsectores de las administraciones públicas, en la serie
estadística cronológica 1980-1994, de la Dirección General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, y en lo que hace
referencia al año 1994, si no me he equivocado a la hora de
multiplicar y dividir --cosa que también es posible--,
estaríamos en torno al 13, 14 por ciento en lo que hace a las
corporaciones locales. Bien es cierto que las series
estadísticas, las comparaciones que se deducen de esas series,
los porcentajes y, en general, todas las cifrasî lo aguantan
casi todo, y el papel aguanta, en lo relativo a cosas que
podamos hacer con esas cifras, también casi todo. Ya sabemos
que la estadística es la ciencia en virtud de la cual si usted
come dos pollos y yo no como ninguno, cada uno comemos uno. No
es menos cierto que, normalmente, para que aparezcan esos
porcentajes, se incluye también en el gasto de las
corporaciones locales lo relativo a los fondos de cohesión y,
como sabemos, estos fondos no son Presupuestos Generales del
Estado.
En todo caso tengo que decir que nuestro Grupo Parlamentario
comparte la preocupación de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en cuanto a que conviene cumplir con el mandato
constitucional de que las comunidades autónomas tengan la
autonomía financiera necesaria para poder gestionar las
competencias que tienen reconocidas en la Constitución, en sus
estatutos de autonomía, y que las corporaciones locales tengan
también la autonomía de ingresos necesaria como para atender
al ámbito de gestión de los intereses propios de las mismas,
que está recogido también en la Constitución y en las leyes de
desarrollo. Para eso convendrá que todos nos pongamos de
acuerdo.
Nuestro Grupo Parlamentario contempla la financiación
autonómica y la de las corporaciones locales como un mosaico
en el que debemos procurar que todas las piezas encajen
adecuadamente. Si aprobáramos esta proposición no de ley, sin
duda sería una pieza desgajada de ese mosaico. ¿Por qué digo
eso? Porque, como han dicho anteriormente otros
intervinientes, en lo que hace referencia a la financiación
autonómica, sabemos que, de acuerdo con la LOFCA, es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera quien por quinquenios
establece el sistema de financiación aplicable a las quince
autonomías de régimen común en lo que se refiere a la
financiación excluyendo, por supuesto, las sometidas a
concierto económico o convenio: País Vasco y Navarra.Ahora
estamos con el modelo aprobado el 20 de enero de 1992, que
está vigente hasta el 31 de diciembre de 1996. Hay que empezar
a negociar el sistema aplicable para el quinquenio 1997-2001,
y para eso precisamente un grupo de expertos, a juicio y a
criterio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha
elaborado un Libro Blanco sobre la financiación autonómica.
Tengo aquí una parte de ese Libro Blanco, elaborado por ese
grupo de expertos a petición del Consejo, y en él
se hacen unas consideraciones muy oportunas en orden a lo que
aquí estamos estudiando; en concreto, sobre el comúnmente
denominado impuesto de matriculación, es decir, ese impuesto
especial sobre determinados medios de transporte que fue
creado, junto con otros, por la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre. Usted dice, además, que ese impuesto debía ser
transferido, en lo que hace referencia a su gestión y
recaudación, a las comunidades autónomas, de acuerdo con el
artículo 11 de la LOFCA. El Libro Blanco de los expertos dice:
En el artículo 11 de la LOFCA, al relacionar los tributos
susceptibles de cesión, incluye en el apartado e) los
impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista,
salvo los recaudados mediante monopolios fiscales. Y dice a
continuación también el Libro Blanco: El impuesto especial
sobre determinados medios de transporte que grava la primera
matriculación en España de los vehículos automóviles y que es
conocido abreviadamente como impuesto de matriculación debe
ser entendido a estos efectos como uno de los incluidos en el
artículo 11, apartado e) de la LOFCA. Por tanto, estaríamos en
la ortodoxia legal, en principio. ¿Dónde, a nuestro juicio, se
rompe no la ortodoxia legal sino la ortodoxia conveniente de
carácter político? En que nosotros hemos mantenido
reiteradamente que, de la misma manera que las competencias de
las comunidades autónomas se han ido estableciendo mediante
pactos (la Constitución, los estatutos de autonomía, los
pactos autonómicos de UCD y PSOE en 1981, los pactos
autonómicos de 1992 entre el PP y el PSOE), los recursos
también han de ser establecidos mediante pactos. Fue pactada
la LOFCA en 1980 y, sin embargo, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera no se ha establecido por consenso ni el
sistema de financiación para el quinquenio vigente entonces
hasta 1986, ni en 1987-1991, ni mucho menos en el actual de
1992 a 1996, que pasará a la historia como el sistema del 15
por ciento del IRPF, para que nos entendamos, y que ha dado
lugar, entre otras cosas, a que el Parlamento andaluz haya
solicitado del Ejecutivo correspondiente que retire el acuerdo
al que llegó con el Gobierno, en lo relativo a la cesión de
ese 15 por ciento de la recaudación líquida en el territorio
de la Comunidad Autónoma andaluza del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, o a que la Xunta de Galicia haya
presentado un recurso de inconstitucionalidad por considerar
que esa cesión era inconstitucional, en la medida en que
atentaba contra los legítimos intereses de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Es decir, se ha dado todo lo contrario al
consenso. Y si decimos eso en lo relativo a la financiación
autonómica, que afectaría especialmente a la parte primera de
esta proposición no de ley, «mutatis mutandis» podemos decir
lo mismo en relación a las corporaciones locales, sus
competencias y sus recursos.
También hemos establecido siempre que por tratarse de un
desarrollo del Título VIII de la Constitución, que afecta a la
organización territorial del Estado, las competencias y
recursos de las corporaciones locales deberían establecerse
mediante consensos, mediante pactos, mediante leyes acordadas,
y resulta que algo así se consiguió parcialmente, en lo
relativo a las competencias, mediante la Ley de bases,
reguladora del régimen local, de 1985, pero no ocurrió así con
los recursos, puesto que todos conocemos las peripecias por
las que ha pasado la Ley de Haciendas Locales de 1988.
Precisamente para salvar esa situación mi Grupo Parlamentario,
mi Partido, han ofrecido y han pedido al Gobierno y al resto
de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara que haya
un pacto local de Estado que se base fundamentalmente en dos
columnas: las de las competencias, mediante una reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local, y la de los recursos, también
mediante una reforma adecuada y consensuada de la Ley de
Haciendas Locales. El introducir de manera desgajada la pieza
derivada de ese 75 por ciento de la recaudación del impuesto
sobre matriculación, que se desprende de esta proposición no
de ley, sin duda tiene una buena motivación, va en la buena
dirección, pero es absolutamente extemporánea, porque,
evidentemente, seguiría abundando en lo que nosotros estamos
denunciando: que no se pactan la financiación autonómica ni la
local mediante un adecuado pacto de Estado.
Por último, quisiera referirle que para nosotros es muy
importante que se reforme la Ley de Haciendas Locales, porque
usted sabe perfectamente que dos tributos que salieron de esa
ley no han tenido una existencia especialmente feliz y
afortunada. Estoy pensando, por ejemplo, en el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles --IBI-- y en el Impuesto sobre Actividades
Económicas. Fíjese usted si ahora añadimos, con la dificultad
que se deriva de que las comunidades autónomas pacten con las
corporaciones locales, que el 75 por ciento de la recaudación
derivada de este impuesto sobre matriculación vaya a aquellas
corporaciones locales. Imagínese el lío en que podemos
introducir a las haciendas locales.
Por ello, teniendo presente que es bueno que avancemos en esa
dirección, pero todos juntos, nosotros no podemos apoyar esa
proposición no de ley, sin perjuicio de que, por estar
sustancialmente de acuerdo con algunas de las motivaciones que
impulsan esta iniciativa, nosotros tampoco impidamos su paso,
es decir, que vamos a abstenernos. Pensamos que después de las
elecciones municipales, y sobre todo teniendo presente que en
trece comunidades autónomas españolas también hay elecciones
autonómicas el 28 de mayo, de donde se va a derivar una
diferente composición de los órganos directivos de la FEMP --
Federación Española de Municipios y Provincias-- y de la parte
autonómica en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, quizá desde las
corporaciones locales y las comunidades autónomas estemos
entonces en mejor disposición para solicitar y en su caso
exigir, del Gobierno de la nación que se siente a negociar de
verdad la reforma de la financiación autonómica y la
financiación local, que tanto las comunidades autónomas como
las corporaciones locales de este país están precisando desde
hace tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Díaz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tal y como planteaban el señor Espasa y los
intervinientes de los restantes grupos parlamentarios, la
proposición no de ley que debatimos esta tarde pretende
transferir la gestión y la recaudación del impuesto especial
sobre determinados medios de transporte a las comunidades
autónomas, estableciendo que el rendimiento del mismo se
fijaría en un reparto que sería del 75 por ciento para las
corporaciones locales y el 25 por ciento destinado para las
comunidades autónomas, si bien en la propuesta se señala que a
estas últimas se les detraería una cuantía igual en lo que
hace referencia a su participación en los ingresos del Estado.
Además, como ha explicado el señor Espasa, esta propuesta,
esta petición, se fundamenta en una serie de consideraciones,
de las que destacaré aquellas que han dado más relevancia al
debate, que son, por una parte, la actual distribución del
gasto público entre las diferentes administraciones públicas -
-se pretende incrementar la participación de las corporaciones
locales en dicha distribución del gasto--; por otra parte, se
menciona una situación de crisis financiera por parte de las
corporaciones locales, que se pretende subsanar, y, por último
en cuanto al mecanismo concreto que se propone, se hace
referencia a que el hecho imponible que grava el impuesto
especial tiene una cierta relación con servicios municipales
y, además, se recalca, en cuanto al poco tiempo que este
impuesto lleva en funcionamiento, que podría ser ser fácil e
indoloro el proceso de transferencias. En cualquier caso,
curioso término el de indoloro para aplicarlo a las relaciones
tributarias entre la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas, al cual me referiré luego, porque
considero que es importante aclarar qué significa eso de
indoloro, sobre todo después de la explicación que ha dado
aquí mismo el señor Espasa. Lo que sí conviene es que
aclaremos de qué estamos hablando, sobre todo después de haber
escuchado a los distintos grupos parlamentarios, por cuanto,
con independencia de cierta coincidencia entre ellos a la hora
de manifestar cuál va a ser su posición en la posterior
votación, han hablado de cosas muy distintas e incluso se han
alejado un poco de la discusión concreta que se nos plantea
esta tarde. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del
impuesto especial sobre determinados medios de transporte que,
como SS.|SS. saben, nace en 1993 para compensar lo que fue la
disminución del tipo de IVA, del 28 al 16 por ciento, como
consecuencia de la armonización comunitaria de dicho impuesto.
Es un impuesto que nace para compensar esa pérdida
recaudatoria que se produce en ese momento y es complementario
del IVA, siendo esa la naturaleza que se tiene en cuenta a la
hora de diseñar la gestión de dicho impuesto, de tal manera
que, al día de hoy, nos encontramos con dos tributos cuya
gestión está íntimamente ligada, como SS.|SS. conocen
perfectamente. Baste poner un ejemplo, aunque sea doméstico,
como es el de tener que acreditar el pago del IVA a la hora de
poder matricular un vehículo que se compre en otro Estado
miembro de la Unión Europea. Por otra parte, como SS.|SS.
conocen, la inspección de este tributo está residenciada en
los servicios de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria del Estado.
Por tanto, en un principio, desde el punto de vista técnico î-
-éstas son las consideraciones que estoy haciendo en este
momento--, no parece muy aconsejable, e incluso no parece que
vaya a mejorar para nada la eficacia y la eficiencia en la
gestión y recaudación de ese impuesto, residenciarlo en
ámbitos competenciales distintos a los actuales; no parece
nada aconsejable transferir --por utilizar el término que
emplea el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-- la gestión y la recaudación de este impuesto a las
comunidades autónomas, si bien convendría aclarar qué
significa eso de transferir ese impuesto, por cuanto éste es
un concepto que no aparece en el ordenamiento jurídico que
regula las relaciones tributarias entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas. Estamos
hablando de un impuesto de titularidad estatal, y tanto la
Constitución como la LOFCA establecen tres fórmulas claras a
la hora de hablar de este tipo de impuesto: la cesión de
tributos, la delegación de competencias y los convenios de
colaboración entre las diferentes administraciones públicas.
Si estuviéramos en un caso de cesión de tributos,
probablemente sería necesario modificar la propia LOFCA, los
distintos estatutos de autonomía y, en cualquier caso --y en
eso coincidimos con el posicionamiento del portavoz del Grupo
Popular-- parece lógico pensar que convendría instrumentar una
medida de esta naturaleza en un marco más amplio, como es el
sistema de financiación de las comunidades autónomas; sistema
de financiación de las comunidades autónomas que, como han
recordado distintos portavoces, se acordó para el período
92/96, pero que sufrió una modificación muy importante en
diciembre de 1993 como consecuencia
del acuerdo sobre fórmulas para la aplicación del
procedimiento de corresponsabilidad fiscal en el sistema de
financiación autonómica. Es en ese contexto global donde sería
lógico que discutiéramos la instrumentación de una propuesta
concreta, como la que hace el Grupo Federal de Izquierda
Unida, y no deslavazándola, separándola de la globalidad del
sistema. Si de lo que estuviéramos hablando fuese de los otros
dos procesos (de la delegación de competencias, o de la
colaboración entre distintas administraciones públicas),
SS.|SS. conocen perfectamente que son procesos que se
instrumentan cuando existen razones objetivas que hagan
razonable ver que cualquiera de los dos procedimientos pueden
mejorar la gestión del tributo. Por las razones que exponía en
un principio, por esa íntima incardinación entre este impuesto
y el IVA, no parece que vaya a ser razonable en cuanto a lo
que es mejora de la gestión, sino que tendría que establecerse
toda una serie de mecanismos en las propias comunidades
autónomas para proceder a su recaudación y la coordinación con
la propia Inspección de la Administración del Estado, y por lo
tanto no parece que esa sea una base argumental para aplicar
cualquiera de estas dos fórmulas que, como digo, contemplan la
Constitución y la propia LOFCA.
Pero vayamos al elemento sustancial de la propuesta. Incluso
el señor Espasa se ha guardado de plantear en la proposición
no de ley, aunque lo ha dicho en su intervención de esta tarde
aquí, un tercer paso en el contenido de la propuesta, cual es
que del 25 por ciento que iría a las comunidades autónomas,
con esos recursos deberían crearse fondos de cooperación
municipal en las comunidades autónomas, por lo que, si eso se
añadiera a la propuesta en concreto, estaríamos hablando de
una disminución del 25 por ciento de los recursos que ahora
mismo gestionan las comunidades autónomas, porque se minoraría
su participación en los ingresos del Estado. Yo no sé por qué
motivo no lo han reflejado en la propuesta en concreto por
escrito, pero lo ha dicho aquí esta tarde y conviene que lo
tuviéramos en cuenta.
Como digo, el elemento sustancial es incrementar la
participación de las Corporaciones locales en ese proceso
importante que se ha producido en nuestro país de
descentralización del gasto público. Señor Espasa, usted no es
desconocedor de que los socialistas desde el principio de la
propia democracia en sí hemos hecho una apuesta importante por
desarrollar eso que se denomina el Estado de las autonomías, y
sucesivos gobiernos socialistas han ido produciendo un proceso
importantísismo, aunque todavía para nosotros no del todo
satisfactorio, en descentralizar gasto público desde la
Administración general del Estado al resto de las
administraciones públicas de nuestro Estado. Probablemente --
en eso podemos coincidir-- han sido las administraciones
autonómicas las más beneficiadas en el desarrollo de este
proceso y las corporaciones locales han quedado un poco
rezagadas.
El marco desde el que nosotros hacemos una propuesta a S.|S.
es el marco global que se compone de dos elementos, el pacto
que al día de hoy se está discutiendo de participación en los
tributos del Estado por parte de los ayuntamientos, que
abarcaría el período 1994-1998, y el pacto local que como
Partido Socialista estamos proponiendo al resto de las fuerzas
políticas, y más en estos momentos en que estamos cercanos a
comicios electorales municipales, que dé más competencias a
los ayuntamientos y más recursos, más medios necesarios para
que puedan desarrollar dichas competencias. Ese es el marco
global que ofrecemos a su Partido y al conjunto de los
partidos de la Cámara, pero no podemos aceptar --como usted
comprenderá--, tanto por razones técnicas como por razones
políticas, de las que le voy a apuntar alguna más, una
propuesta deslavazada, sin tener en cuenta las repercusiones
en la globalidad del sistema, sin ni siquiera abordar lo que
deberían ser mecanismos lógicos de corresponsabilidad de las
administraciones públicas cuando se debate un tema tan
importante como el gasto público.
Usted sabe perfectamente, ya que hablaba de cifras del año
1993, que la estimación para el año 1994 de este impuesto
ronda los 168.000 millones de pesetas, lo cual significaría en
términos matemáticos puros y duros transferir a las
corporaciones locales 126.000 millones de pesetas, sin ningún
tipo de contraprestación, y por lo tanto esa medida adoptada
de esa manera no es posible abordarla. Yo no sé si cuando
usted habla del término indoloro se refiere a que esa cuantía
no le parece a usted significativa; desde luego tendríamos que
ver, entre otras cosas, qué tipos de políticas se verían
afectadas por esa minoración de recursos y entonces podríamos
hablar de mayor dolor o no, en función de la sensibilidad
política de los grupos políticos que componen esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Trujillo, vaya concluyendo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Concluyo, señor Presidente.
Como usted conprenderá, es en el marco de esa doble
globalidad, de pacto Administración general del Estado-
ayuntamientos para el quinquenio 1994-98 y de pacto local que
estamos proponiendo, en el que le invitamos a usted y al resto
de los grupos a que formulen las propuestas concretas, pero
sin perder la visión global con respecto al deseable
incremento del gasto de las corporaciones locales en la
totalidad del gasto público. Y como su propuesta es muy
simple, muy concreta, como usted señalaba, quiero hacer una
advertencia, a la vista de las distintas posturas de los
diferentes grupos políticos, para que nadie pretenda
hacer una lectura simplista de la posición del Grupo
Socialista en el sentido de no querer incrementar el gasto de
las corporaciones locales en la totalidad del gasto público de
nuestro Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya sobre tranferencia a las comunidades autónomas
de la gestión y recaudación del impuesto especial de
determinados medios de transporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 276; a favor, 15; en contra, 146; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACION
CON LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES Y, EN ESPECIAL,
CON LA ACUMULACION DE INCIDENTES PRODUCIDOS EN LA CENTRAL
NUCLEAR DE TRILLO (GUADALAJARA) (Número de expediente
173/000082)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a
interpelación, sobre política general del Gobierno en relación
con la seguridad de las centrales nucleares y, en especial,
con la acumulación de incidentes producidos en la central
nuclear de Trillo (Guadalajara).
Tiene la palabra la señora Urán. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la moción, consecuencia de
interpelación, que mi Grupo defendió la semana pasada,
solicitando e instando al Consejo de Seguridad Nuclear para
que tome las medidas oportunas para la paralización de la
central nuclear de Trillo hasta que se lleve a cabo una
revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad de la planta
y se realicen las operaciones necesarias para descartar
definitivamente la posibilidad de incidentes que afecten a la
seguridad de la central.
Señorías, ya en la interpelación hicimos mención a la serie de
sucesos que han venido produciéndose en la central nuclear de
Trillo y que están afectando prácticamente a los sistemas de
seguridad esenciales de la planta, que no voy a volver a
repetir porque creo que ya en la exposición anterior quedaron
suficientemente detallados. Aun así y a riesgo de que se nos
siga acusando de hacer una alarma social innecesaria, a riesgo
de que se nos siga acusando de desprestigio hacia el Consejo
de Seguridad Nuclear por nuestras informaciones, voy a seguir
planteando que es necesario, para la seguridad de esta central
nuclear, que sea paralizada y que se realice una revisión
exhaustiva de sus sistemas porque, a pesar de que todas las
anomalías detectadas han sido hechas en escenarios
hipotéticos, sí que es cierto que en un escenario hipotético
se detectaron los fallos de seguridad en los sistemas contra
incendios de la central de Vandellós I y dicha central está
cerrada porque fallaron los sistemas de seguridad contra
incendios y ya se habían detectado esos errores y esos
problemas precisamente en un escenario hipotético y no se
preveía que se pudieran dar las circunstancias que lo pudieran
ocasionar.
También es cierto que en muchas ocasiones nosotros hemos
denunciado el informe que hizo el Consejo de Seguridad Nuclear
a consecuencia de los fallos, de las grietas detectadas en la
central de José Cabrera, de Zorita, y aunque se nos siga
acusando de que causamos alarma social y de que estamos
minando el prestigio del Consejo de Seguridad Nuclear, es
cierto que en ese informe se daba por válida una inspección en
la tobera de venteo donde, al final, ha aparecido un nuevo
poro y, además, era una tobera inspeccionada y donde se
quedaron veinte centímetros de tobera sin inspeccionar.
Por tanto, no somos nosostros los que intentamos minar el
prestigio del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que son las
propias actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear las que
minan su credibilidad. Si causar alarma social es decir que
una planta moderna, que se supone la más segura, está operando
con sus sistemas de seguridad y están ocasionándose fallos, he
de añadir que, por supuesto, en escenarios hipotéticos, pero
que se pueden dar, porque cuando en los sistemas de seguridad
se hacen este tipo de comprobaciones es porque es improbable,
pero nunca se dice que sea imposible que se pueda producir
este tipo de fallos.
Por consiguiente, señorías, como se dijo en esta Cámara el
miércoles, si todos los grupos, por lo menos todos los que
intervinimos, estamos de acuerdo en que la seguridad de las
centrales nucleares está por encima de todo, creo que la
moción que presenta nuestro grupo, que pretende aumentar esa
seguridad precisamente para que la planta funcione en
condiciones, lo único que persigue es que sea paralizada y
revisada a fondo, revisiones que, además, consideramos que se
debieron de hacer antes de licenciarla, puesto que muchos
de los fallos son de diseño, que han sido detectados, que
algunos ya estaban incluidos en las condiciones de
licenciamiento y que aún está por terminar de evaluar por el
propio Consejo de Seguridad Nuclear. Señorías, son fallos que
no pueden mantenerse en las condiciones en las que están; son
fallos que nos llevan a decir que no tenemos la seguridad de
que el resto siga funcionando en debidas condiciones. De ahí
que consideremos oportuno no solamente el trabajo que esté
haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear, sino, además, que se
elabore un informe específico con la planta parada para evitar
mayores riesgos, riesgos que cuando hablamos de energía
nuclear, en caso de producirse accidentes, nos llevan a
situaciones desastrosas de difícil solución. Por tanto,
señorías, apelo a esa sensibilidad que el miércoles se hacía
patente en esta Cámara por los problemas de seguridad de todas
las centrales nucleares y, en especial, por esta central
nuclear, y espero de los demás grupos parlamentarios la
votación a favor de nuestra moción.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
A la moción defendida por la señora Urán se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZALEZ GARCIA: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender la
enmienda de sustitución que planteamos al texto de la moción
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha presentado
este grupo como consecuencia de la interpelación urgente que
sobre política general del Gobierno en relación con la
seguridad de las centrales nucleares y, en especial, con la
acumulación de incidentes producidos en la central nuclear de
Trillo (Guadalajara), que fue debatida la semana pasada.
Dividiré mi intervención en tres apartados: en el primero
trataré de explicar lo más brevemente posible cuál es la
característica fundamental de la institución que en nuestro
país tiene las competencias y responsabilidades en materia de
seguridad nuclear y que no es otra que el Consejo de Seguridad
Nuclear.
Creo oportuno recordar que este Consejo dispone de una entidad
jurídica independiente porque así se define en el artículo
primero de la Ley 15/1980, por la que se crea el propio
Consejo de Seguridad Nuclear. Dice la Ley que el Consejo es un
ente de Derecho público, independiente de la Administración
central del Estado. Asimismo, posteriormente, cuando se
elaboró el estatuto por el que se regula el Consejo, en 1982,
se añade que este Consejo está dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propio independientes de los del Estado, siendo
el único organismo competente en materia de seguridad nuclear
y protección radiológica. Asimismo, la Ley establece que el
Consejo de Seguridad Nuclear tiene poder para suspender el
funcionamiento de una instalación nuclear por razones de
seguridad, pudiendo asimismo proponer al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo la anulación del permiso de
explotación de instalación.
Ni qué decir tiene que han sido estas Cortes Generales las que
han aprobado la mencionada Ley y que, además, ha sido, y es,
este Parlamento el que nombra o elige a los consejeros del
Consejo de Seguridad Nuclear, con el voto favorable de los
tres quintos de los diputados. Por tanto, independencia
administrativa y del Gobierno. Eso es lo que hemos querido los
españoles y eso es lo que tenemos, en mi opinión para bien.
Por supuesto, el Consejo de Seguridad Nuclear responde de sus
actuaciones ante este Congreso, y lo hace regularmente por
medio de los informes semestrales que tiene obligación de
remitir a la Cámara, de los cuales estamos revisando ahora
mismo en la Ponencia el segundo semestre del año 1993 y los
dos de 1994. Hoy mismo ha comparecido ante dicha Ponencia uno
de los inspectores residentes de la central nuclear de Trillo.
En base a lo dicho, creo que, tal y como ya se dijo en el
debate de la semana pasada y como hoy se recoge en el texto
rectificado de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, estos asuntos de seguridad deben de plantearse ante
la autoridad competente, que no es otra que el Consejo de
Seguridad Nuclear, lo que nuestro Grupo plantea en el texto de
la enmienda.
Aclarada esta cuestión, en segundo lugar, quiero describir,
también con brevedad, cuál es la sistemática para medir los
sucesos nucleares. Se trata de una escala internacional de
sucesos nucleares que se denomina escala INES. La escala se
clasifica en ocho niveles, van del cero al siete. Al nivel
cero se le llama desviación, está por debajo de la escala y no
tiene trascendencia para la seguridad; al nivel uno se le
denomina anomalía; a los niveles dos y tres, incidentes, y al
resto de niveles se les llama accidentes.
Sólo una puntualización. El que al nivel uno se le considere
anomalía quiere decir que no llega a incidente y los sucesos
de este nivel son el resultado, lógicamente, de anomalías en
el régimen de funcionamiento autorizado que, aun cuando no
tiene un impacto significativo, revela la existencia de
deficiencias leves en los aspectos de seguridad que es preciso
corregir. Debo añadir que, además, un suceso se clasifica
siempre cuando existen circunstancias que pudieran dar lugar a
un incidente, aunque ese incidente jamás se haya llegado a
producir. Eso es lo que la escala INES define como sucesos sin
iniciador. Se trata, obviamente, de una actuación de
prevención de riesgo. Este es el caso de las recientes
calificaciones de sucesos, de nivel uno, en la central nuclear
de Trillo, que ocurrieron por anomalías
puntuales de diseño, que fueron inmediatamente corregidas tras
su identificación.
Aclaro esta cuestiones porque la escala INES trata de ser un
medio para la pronta información al público, en sus justos
términos, sobre la importancia de los sucesos que ocurran en
las centrales nucleares. Se pretende, por tanto, situar tales
sucesos en una escala adecuada para así facilitar el
entendimiento con los medios de comunicación y el público.
Cuando estas informaciones sobre un asunto tan sensible para
los ciudadanos no son debidamente interpretadas por los
responsables políticos se pueden producir, y de hecho se
producen, situaciones de alarma social; se denota una clara
falta de conocimientos por parte de aquellos que trasladan a
los ciudadanos la falsedad de la importancia de la anomalías
detectadas. Nótese que digo desconocimiento, porque ni
siquiera quiero pensar que dichas actitudes sean deliberadas.
Nadie, insisto, nadie, puede hacer política con estas
cuestiones, ni aun en campaña electoral, porque, en nuestra
opinión, no se puede anteponer ningún interés al de la
seguridad nuclear.
En tercer lugar, señor Presidente, señorías, quiero hacer
algunas observaciones respecto a la central nuclear de Trillo
y a las deficiencias observadas en la misma, así como al
tratamiento que se les ha dado.
La central nuclear de Trillo es, señor Presidente, señorías,
la más moderna de nuestro parque. El origen de su tecnología
es alemán y se caracteriza por estar dotada de una gran
cantidad de automatismos destinados a que la propia central
sea capaz, con un mínimo de intervención humana, de hacer
frente de forma automática a los transitorios incidentes y
accidentes previstos en el diseño. Opera al amparo del permiso
de explotación provisional otorgado por el Ministerio en fecha
4 de diciembre de 1987 y cuya prórroga vigente fue concedida
mediante Orden ministerial con fecha 21 de noviembre de 1993.
Quiero aclarar que en todos los permisos dexplotación
provisional otorgados se establece, entre otros requisitos
relativos a la seguridad, que el titular debe realizar una
revisión continua del nivel de seguridad de la planta,
incluyendo el análisis de la experiencia operativa propia. La
central nuclear de Trillo cumple con este requisito de forma
sistemática y mantiene un programa de análisis de la
experiencia operativa y de los sistemas de seguridad de la
central. Este programa se ha intensificado a partir de la
parada para recarga de octubre de 1994 y ha sido presentado en
enero de este año al Consejo de Seguridad Nuclear como
análisis de experiencia operativa y de los sistemas.
Como consecuencia de este programa, se han detectado en marzo
y abril de este año dos errores de diseño calificados por el
Consejo como del nivel 1, y, respecto a estas dos incidencias,
el propio Consejo ha señalado que se trata de hechos y
circunstancias hipotéticas y de baja probabilidad, que no se
han dado nunca en la realidad y, por ello, en ningún caso se
ha presentado una situación de riesgo ni para la instalación,
ni para el público ni para el medio ambiente. Es decir que se
trata de sucesos sin iniciador, o sea que no ha ocurrido un
incidente real en la central, sino que durante los análisis,
comprobaciones o pruebas realizadas se han descubierto unas
anomalías que, en caso de que se dieran determinadas
circunstancias, poco probables, podrían implicar que los
sistemas afectados no se comportasen exactamente como está
previsto en el diseño central.
Hoy mismo, en su comparecencia ante la Ponencia que estudia
los informes de los incidentes que antes mencioné, uno de los
inspectores residentes, el único que ha comparecido,
precisamente el de la central nuclear de Trillo, manifestó que
las anomalías detectadas de ninguna manera cuestionan la
seguridad de la planta, por lo que la misma es perfectamente
operativa.
Finalizo, señor Presidente, señorías, pidiendo al Grupo
proponente que acepte nuestra enmienda de sustitución, puesto
que, a la vista de lo expuesto, no existe ninguna razón para
que se mantenga su petición de paralización de la planta y,
por contra, creemos que, aunque sea reiterativo, puede ser
procedente que a la opinión pública se le reitere una vez más
la absoluta seguridad de las instalaciones desde el organismo
que realmente es competente en los asuntos nucleares y que no
es otro que el Consejo de Seguridad Nuclear.
De no aceptar nuestra enmienda de sustitución, rogaría al
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que retirara
su propuesta, porque el hecho de mantener una petición de
paralización resulta absolutamente desproporcionado para las
anomalías detectadas y no puede ser más que un motivo de
alarma y confusión para los ciudadanos, cuestión que entiendo
no desea facilitar el Grupo proponente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González.¿Qué Grupos parlamentarios desean fijar su posición
en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) respecto a la moción que ahora tratamos.
He de decir que pensaba hacer una intervención breve, pero al
final me he decidido a subir a la tribuna para dejar
constancia de unas cuantas premisas desde nuestro punto de
vista.
En primer lugar, quiero dejar claro que tenemos una fuerte
sensibilidad hacia toda la temática de la seguridad de las
centrales nucleares. Posiblemente, el diputado
que les habla es el que vive más cerca en línea recta del
grupo de centrales nucleares que hay en España. La demarcación
de Tarragona tiene, como todos ustedes saben, cuatro grupos
nucleares; uno de ellos, el Vandellós I, ya no está en
funcionamiento. Por tanto, yo tengo la inquietud, tengo la
sensibilidad de la seguridad nuclear. Pero la seguridad
nuclear también hay que exigirla en los planes interiores de
las centrales nucleares y hay que expresarla en los planes
exteriores; en los planes exteriores no solamente tiene que
estar implicada la propia central y la Administración, sino
toda la sociedad. No hay que llegar a crear la inseguridad,
porque se dice que no hay seguridad. Este creo que es un tema
muy importante, y en estos momentos yo he de decir que la
moción de hoy y la interpelación, con el texto que se contiene
en el «Diario de Sesiones», del miércoles de la semana pasada,
a mí me parecen improcedentes dentro del prisma en que está en
estos momentos la Cámara. Quizá podrían considerarse
procedentes en un contexto de la situación de campaña
electoral de estos días, y profundizaré un poco explicándome.
Los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear son votados por
el Congreso. Se ha hecho referencia, por parte del señor
González, a las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear,
que puede suspender, e incluso parar, el funcionamiento de
cualquier central nuclear. Se ha hablado de los informes
semestrales del Consejo de Seguridad Nuclear. El otro día se
dijo que no se pretendía descalificar al Consejo, pero aunque
el texto de la moción, tal como está redactado con su enmienda
(porque ya en su primera redacción se instaba al Gobierno a
que procediese a la paralización, cosa que no puede hacer el
Gobierno, sino que ha de ser el Consejo de Seguridad Nuclear),
se corrige con una autoenmienda del Grupo proponente,
francamente, el aceptarlo quiere decir que lo descalificamos,
con lo que pierde credibilidad el Consejo de Seguridad
Nuclear, porque si ha ido haciendo las correspondientes
revisiones, así como los informes, y sigue el camino que debe
seguir, según la ley que le otorga las funciones, por nuestra
parte creemos que sería descalificarlo, y nosotros no entramos
en la descalificación que, puede decirse, no es propia en
estos momentos.
Después tenemos que decir que en la interpelación se hablaba
en primer lugar de hechos, de incidentes del año 1991, de
enero de 1992, de octubre de 1992, otro de octubre de 1992
también, hechos que prácticamente ya habían sido incluidos en
los informes del Consejo de Seguridad Nuclear de los años
correspondientes, habiendo sido vistos y aprobados por la
Comisión de Industria de esta Cámara, previo paso por la
Ponencia correspondiente. Pero es que en estos momentos el
Boletín de información de la Cámara ha dado entrada ya al
informe relativo al segundo semestre de 1993, a la vez que el
del primero y segundo semestres de 1994. En estos informes,
que los está estudiando ya la Ponencia desde el miércoles de
la semana pasada, precisamente el día de la interpelación, en
que hubo ya comparecencias (y como se ha dicho hoy también, ya
ha venido el inspector residente de la central nuclear de
Trillo), estos incidentes de los que se habla aquí ya están
incluidos.
Si el Consejo de Seguridad Nuclear, con todos estos informes
en los que se relatan los incidentes, no ha creído oportuno
tomar más medidas que las que ya se han tomado, a nosotros nos
parece que sería descalificar al Consejo de Seguridad Nuclear,
y no estamos por la labor de dar apoyo a la moción que hoy se
nos presenta.
Por otra parte, yo no sé si será aceptada o no la enmienda del
Grupo Socialista. A mí me parece tanto más improcedente la
enmienda que la propia moción. Francamente, la moción
pretendía la paralización del funcionamiento y que entonces se
trabaje para hacer la revisión exhaustiva. En la enmienda lo
que se dice es que se inste al Consejo de Seguridad Nuclear a
que elabore un informe sobre los mismos incidentes de que se
habla. ¡Pero si el Consejo de Seguridad Nuclear ya lo hace por
ley! Dentro de poco tiempo llegará el informe que incluiría
los incidentes del último año. ¿Como vamos a pedir ahora al
Consejo de Seguridad Nuclear que haga un informe si ya lo
hace? Por lo tanto, me parece más improcedente. Si
verdaderamente no estamos dispuestos a aceptar la moción, que
se vote que no y no pasa nada.
En consecuencia, nosotros no vamos a dar apoyo ni a la moción
ni a la enmienda, si es aceptada, por cuanto nos parece que
todo está incluido en el contexto de lo que estamos viviendo
estos días.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
fijar la postura de nuestro Grupo en orden a la moción que
como consecuencia de interpelación ha presentado el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nuestro criterio, señorías, no puede ser sino negativo, y
contundentemente negativo, por la forma y por el fondo. Por la
forma, porque de nuevo se equivoca el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. Se ha equivocado en la moción inicial, en la
que se dirigía, como consecuencia del error previo en el que
incurrió en la interpelación, al Gobierno para instarle a
tomar decisiones que estaban fuera de su competencia. Sobre la
marcha, y en plazo hábil, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida ha corregido el tiro y se ha dirigido al Consejo de
Seguridad Nuclear en la moción que en
este instante estamos tratando de estudiar. El error, a
nuestro juicio, es tan clamoroso que necesariamente hay que
pensar que es premeditado, y explicaré detenidamente por qué
hacemos este juicio de valor, que lo hacemos respetuosamente,
pero también de forma contundente. Entendemos que tan sólo ha
estado inspirado en el oportunismo electoral, pues lo lógico
hubiera sido que para una propuesta de este calado se hubiera
utilizado el cauce de la Ponencia de seguimiento del Consejo
de Seguridad Nuclear.
Señorías, el miércoles pasado les indicamos que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida había perdido la ocasión de
un interesante debate de carácter general en orden a la
seguridad nuclear, y hoy tenemos que decirles que,
lamentablemente, su moción no merece ni enmiendas de ningún
género --y en eso coincidimos con los términos en que se ha
expresado el digno representante del Grupo Catalán--, pues su
propuesta no tiene arreglo, señores de Izquierda Unida.
Además, hacerlo sería coadyuvar, con Izquierda Unida, al
despropósito de aceptar una utilización artificiosa del
Reglamento del Congreso de los Diputados, para alcanzar un
objetivo que tiene sus cauces específicos como garantía de
todos. Y la prueba inequívoca de que su objetivo político no
era otro que el de lanzar un mensaje electoral es la
existencia previa de una proposición no de ley, con la misma
petición de paralización de Trillo, de fecha 19 de abril de
1995. Lo cierto es que, no teniendo garantías de que esa
iniciativa (iniciativa que iba dirigida literalmente al
Gobierno; de ahí seguramente su insistencia en el propio
error) fuera debatida ahora en la Cámara, han reproducido la
petición, aun corrigiéndola, en vía de interpelación urgente,
para que este debate se realizara en plenas elecciones
municipales. Sinceramente, señorías, una actitud así será
legítima, y lo será en términos parlamentarios, pero denota
políticamente una conducta --permítanme que se lo diga, aun
con respeto-- irresponsable, oportunista y demagógica.
Y ya en cuanto al fondo de la moción, sinceramente no nos ha
producido ninguna sopresa. En primer lugar, porque ya la
habían formulado anteriormente --a lo que nos hemos referido-;
pero es que una propuesta así ya tiene precedente más amplio
en la enmienda que la propia Izquierda Unida formuló en su
momento al proyecto de ley de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, en la que, literalmente, decía --entre comillas--:
«El Gobierno presentará, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta Ley, un plan que contemple el cierre
definitivo de todas las centrales nucleares en el más breve
plazo posible, y en todo caso antes del 31 de diciembre de
1999». Cierro comillas. Esto lo hacía Izquierda Unida el 28 de
septiembre de 1994; es decir, que Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya pide que se cierren todas las centrales
nucleares antes de 1999, o sea, pasado mañana. Esto, señorías,
por imposible, es lo más demagógico que se ha propuesto por
nadie en los últimos años en esta Cámara. (Rumores.) Si, no se
alteren. La propuesta, además, conlleva un coste de miles de
millones de pesetas no para los dueños de las centrales, sino
para todos los españoles. Además, señorías, demuestra que la
petición de paralización de Trillo no trae causa de supuestas
deficiencias en la seguridad, sino que es consecuencia de un
programa político que, por utópico, no constituye sino un
brindis al sol.
Me permitiré, señorías, contarles una anécdota que ocurrió en
esta Cámara, en la que fueron protagonistas miembros de todos
los grupos políticos. Pregunte, señoría, al señor García
Fonseca que no me desmentirá. Estaba preocupada la Ponencia
del Consejo de seguridad nuclear por la construcción de
almacenes de residuos radiactivos, y este humilde Diputado que
les habla sugirió que, puesto que en Suecia se había adoptado
una decisión por referéndum nacional de terminar en plazo fijo
y concreto con todas las centrales nucleares, se trasladara
dicha Ponencia a Suecia para estudiar las experiencias que
lógicamente tendrían que tener en orden a estos almacenes de
residuos. Lo cierto es que, en conversaciones con todos los
grupos parlamentarios de Suecia, todos --eso sí, en voz baja--
nos llegaron a decir que el referéndum había sido un error, y
que no existía en absoluto, hoy por hoy, alternativa
sustitutiva de la energía nuclear.
Por tanto, aun entendiendo que caídos otros referentes, sus
incursiones en la ecología empiezan a ser un componente
ideológico nuevo que se quieren atribuir, no es de recibo que
formulen propuestas bajo capa de supuestas deficiencias en la
seguridad, que por no tener entidad suficiente es real que en
la opinión pública provocan un infundado temor y alarma
social.
Le reitero que cuenten con nosotros en todo lo que signifique
incremento de la seguridad nuclear y propuesta seria de
corrección del sistema de control para ser más exigentes; que
cuenten con nosotros los que tengan ese interés, porque tengo
muchas dudas de que ese sea el primordial motivo que les
anima.
Señorías, en nuestra jerarquía de valores estará siempre la
seguridad por encima de cualquier interés económico y
político. Pero con la misma contundencia les pedimos seriedad
y rigor en sus propuestas, y la de hoy no tiene esos
componentes.
Con motivo de la interpelación pude indicar que, a nuestro
juicio, las anomalías ocurridas en Trillo no tienen entidad
para preocupar. A mis palabras me remito, y no quiero abundar
en ellas. El representante del Grupo Socialista ha hecho yo
creo que una narración de hechos y del estado de la cuestión a
las que yo me sumo por constituir un relato fáctico objetivo
y, por tanto, no quiero cansar a SS.|SS., y menos en esta
tarde en que el orden del día es muy apretado.
Como saben SS.|SS., el permiso de explotación provisional de
Trillo, concedido por el Ministerio de Industria y Energía el
4 de diciembre de 1987, debe ser renovado cada dos años, y en
la condición quinta de dicho permiso se dice literalmente:
«Durante el período de vigencia de esta prórroga, el titular
realizará una revisión continua del nivel de seguridad de la
planta y para ello debe mantenerse al día sobre los nuevos
requisitos que se generen en el país de origen del proyecto
aplicable a centrales de diseño similar en relación con la
experiencia operativa propia y ajena». En este marco normativo
es donde debe producirse la mejora continua de la seguridad,
la incorporación a toda innovación que redunde en la misma y
la corrección de cualquier desviación que se pueda producir.
En consecuencia, el hecho de que los análisis de experiencia
operativa, efectuados por la central y dirigidos por el
Consejo, puedan adelantar hipótesis de trabajo que permitan
corregir las deficiencias antes que ocurran, lejos de ser
criticable es el camino más deseable para garantizar la
seguridad o, por lo menos, un camino absolutamente idóneo. En
esta actitud de exigencia de seguridad, de mejora y de
innovación es en la que trabaja el Grupo Popular por medio de
los cauces reglamentarios del Congreso de los Diputados. Por
el contrario, la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya nada tiene que ver con la situación de la central;
no es proporcionada sino alarmista, y su moción es parte de
una oferta programática que está muy alejada de la realidad.
Señorías, con todo respeto, si el programa --el famoso
programa, programa-- las propuestas que contiene son parecidas
a la moción de hoy, mucho me temo que, más que alcanzar el
sorpasso, ustedes propugnan el apagón.
Finalmente, me quiero referir, por cortesía, a la enmienda que
ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Sinceramente
volvemos a coincidir con el representante del Grupo Catalán, y
es que seguramente sin querer (aquí no hago un juicio de valor
negativo, entendemos que el Grupo Socialista lo ha hecho con
buena intención), podemos coadyuvar, si aprobáramos esta
enmienda, a presumir una actitud crítica, que no hay por qué,
del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero es más, todas las
anomalías, supuestas incidencias que aquí se han relatado y en
las que, bajo capa de ellas, se apoya el Grupo de Izquierda
Unida para presentar esta moción de cierre o paralización
provisional de la Central, han tenido ya entrada en esta
Cámara. A ellas se ha referido también el Grupo Catalán y el
representante del Grupo Socialista, y están en la Ponencia,
están en los informes semestrales. Por tanto, el Consejo, que
en otro supuesto estamos dispuestos a analizar su
comportamiento para pedir mayor exigencia de control, se ha
portado correctamente y ha informado puntualmente. Traer, si
su enmienda se aprobara, una petición de información a este
Pleno de algo que ya está en la Cámara, supondría, en cierta
forma, una crítica que el Consejo, hoy por hoy, no merece en
garantía de la seguridad de todos.
Por consiguiente, esa enmienda, aunque su contenido objetivo
no nos merece ningún reproche, nos parece que sería mejor que
el Grupo Socialista la retirara para que pudiéramos estar
bastante de acuerdo en la Cámara en orden a la moción que
presenta Izquierda Unida. Esta nos parecería que sería la
mejor suerte, coincidiendo en los demás planteamientos porque
nos han parecido objetivos y veraces.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De
Grandes.
Tiene la palabra la señora Urán para indicar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Socialista a su moción.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Desde luego, esta organización política lo que no hace nunca
es utilizar ninguna argumentación porque estemos en campaña
electoral. Nuestras reivindicaciones sobre la seguridad
nuclear y sobre los cierres de las centrales nucleares vienen
de hace mucho tiempo y no nos vestimos de ecologistas en
campaña electoral, sino que lo practicamos todos los días y
todos los años desde hace ya mucho tiempo. Hay quienes han
descubierto el ecologismo recientemente y se creen que los
demás también lo hemos hecho así.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Urán, el turno
que le ha concedido la Presidencia, y S.|S. no ha solicitado
otro, es para indicar si acepta o no la enmienda del Grupo
Socialista.
La señora URAN GONZALEZ: Sí, señor Presidente.
Pero esto es sencillamente la introducción a la intervención
con respecto a la enmienda que nos plantea el Grupo
Socialista.
Nosotros no tenemos inconveniente en aceptar la enmienda del
Grupo Socialista si al mismo tiempo el Grupo Socialista acepta
dos modificaciones que vamos a hacer a su propuesta.
La enmienda del Grupo Socialista dice textualmente: «El
Congreso de los Diputados, a la vista de los incidentes
observados en el funcionamiento de la Central Nuclear de
Trillo, insta al Consejo de Seguridad Nuclear a elaborar un
informe sobre los mismos que determine si los sistemas de
seguridad de la planta funcionaron...» Aquí nosotros creemos
que no debe decir «si funcionaron», sino «si funcionan
correctamente y si permiten mantener el nivel adecuado de
fiabilidad para hacer frente a cualquier posible
eventualidad».
Y nosotros añadiríamos: «Dicho informe será presentado al
Congreso de los Diputados en el plazo de cuatro meses».
Espero que el Grupo Socialista acepte estas dos enmiendas que
le planteamos y podamos votar en conjunto la moción que hemos
presentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Señor González, ¿acepta las correcciones planteadas por la
señora Urán?
El señor GONZALEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a aceptar el plazo que se marca, porque éste sirve para
cubrir precisamente el hueco que queda entre los informes
semestrales del Consejo de Seguridad Nuclear ya emitidos y el
que aún falta por emitir, lógicamente el del primer semestre
del año 1995, que incluye alguno de los incidentes sobre los
que hemos debatido tanto la semana pasada como ésta, y que
servirán, indudablemente para clarificar ante los ciudadanos
la inexistencia de algún tipo de peligro real en el
funcionamiento de la Central.
Por tanto, aceptamos tanto el cambio del verbo «funcionaron»
por «funcionan», como el plazo de cuatro meses que nos propone
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del
Grupo Socialista, con las modificaciones introducidas a dicha
enmienda en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 270; a favor, 142; en contra, dos; abstenciones,
126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS
QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN EL AMBITO DE LAS POLITICAS
ACTIVAS DEL MERCADO DE TRABAJO --COLOCACION Y FORMACION-- PARA
CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE DE ACUERDO CON LAS
DEMANDAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO (Número de expediente
173/000083)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno en el ámbito de las políticas
activas del mercado de trabajo --colocación y formación-- para
contribuir a la creación de empleo estable de acuerdo con las
demandas del sistema productivo.
Tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Me corresponde hoy presentar, en nombre de mi Grupo, la moción
consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles
tuvimos ocasión de debatir y que afecta, tal y como entonces
dijimos, al principal problema que puede tener en este momento
planteado la sociedad española, y es el paro.
Entendemos que la urgencia de algunas de las medidas que
proponemos viene dada porque aunque hoy se han conocido datos
que son recibidos con sincera satisfacción desde el Grupo
Popular, como lo serán siempre aquellos que reflejen una
mejoría de nuestra situación laboral, no es menos cierto que
seguimos más que duplicando al promedio de los países de la
Unión Europea en nuestra tasa de paro, y que si también
podemos extraer algún dato significativo de las cifras
publicadas, está el fuerte incremento de la temporalidad que
se refleja en la población ocupada española. Si comparamos
este último trimestre, el que ha sido dado a conocer por la
encuesta de población activa, con el inmediatamente anterior,
veremos que la temporalidad se ha incrementado casi en un 10
por ciento, en un 9,3 por ciento. De ahí que ya tendríamos una
primera razón de urgencia en alguna de las medidas propuestas.
Y una segunda razón de urgencia se deriva del hecho de que
España sigue incumpliendo directivas europeas que suscribió en
etapas anteriores respecto a las cuales el Gobierno adquirió
compromisos tanto externos --frente a la Unión Europea--, como
internos ante los agentes sociales, y que hoy por hoy,
insisto, siguen sin cumplir con cierta perentoriedad como
veremos a continuación.
El primer punto de nuestra moción trata de conseguir que en
España, por fin, se resuelvan las diferencias de índole
administrativo entre distintos ministerios, e incluso las
diferencias de tipo conceptual y político que nos han puesto
de manifiesto los respectivos ministros para conseguir un
modelo global y que integre realmente la formación profesional
dependiente hoy del Ministerio de Educación y Ciencia, esa
formación profesional reglada, con la formación profesional
ocupacional. Creemos que podemos partir de una referencia
clara que goza de un amplio consenso político y social y que
tiene, incluso, un acopio también de consenso, vamos a
llamarlo administrativo, en la medida en que fue aceptado y
aceptable para las comunidades autónomas con competencias en
la materia, como es el Programa Nacional de Formación
Profesional.
De cara a la posición que puedan manifestar otros grupos me
permito insistir en este aspecto. El Grupo Popular es
totalmente respetuoso y quiere potenciar el efecto de las
comunidades autónomas en materia de formación profesional. De
no ser así no hubiese suscrito el que se dio en llamar Pacto
autonómico, que contemplaba precisamente las materias de
gestión ordinaria de la formación profesional como una de las
básicas. Esto no quita para que esa referencia nacional sea
indispensable, puesto que la interlocución con la Unión
Europea es a nivel de Estados y este era un requisito
ineludible afortunadamente resuelto.
Pedimos, pues, que se adecue la formación profesional a un
sistema nacional de cualificaciones profesionales. Para
aquellas señorías que no estén habitualmente en estos temas,
no se trata de elaborar, por un lado, repertorios de tipo
laboral y, por otro lado, catálogos de tipo reglado. Se trata
de tener ese sistema nacional de cualificaciones con un visión
global y, sobre todo, que resuelva las diferencias existentes
y las descoordinaciones hasta ahora manifestadas entre ambos
departamentos. Insisto --esa es otra clave--, con
participación de las comunidades autónomas, colaboración
también, por supuesto, de las administraciones locales en
aquellos casos que fuera menester y con participación
permanente de los agentes sociales.
Me gustaría recordar, precisamente de ese Programa nacional,
que fue aceptado por todos y que no deja de tener un carácter
de compromiso para el Gobierno, que en su página número 36
dice: Por lo demás, y tal como establece la Directiva 92/51,
de la Comunidad Europea, con anterioridad al 18 de junio de
1994 î--fecha que verán ustedes ampliamente desbordada--
deberán haber quedado establecidos por el Gobierno tanto los
mecanismos requeridos para la aplicación de dicha Directiva
como la relación de profesiones reguladas por el Estado
español.
Pues bien, esto que acabo de leer, página 36 del Programa
Nacional de Formación Profesional, que vinculaba al Gobierno,
que obligaba al Gobierno en su compromiso adquirido con los
agentes sociales y con otras fuerzas políticas, no ha sido
cumplido. Y permitan mi perplejidad si les digo que ahora, en
la enmienda que a nuestra moción presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, quiere darse una nueva prórroga en
esta materia. De ahí que algunos aspectos de esa enmienda no
sean aceptables para nosotros.
¿Por qué entendemos que es aboslutamente imprescindible la
adaptación a esta Directiva europea? Intenté explicarlo en el
debate pasado. Se trata de evitar la inferioridad de
condiciones de un parado español, de un estudiante español de
formación profesional, sea cual fuere el tipo de formación
profesional que esté recibiendo, respecto a otros países, y
ello de cara a esa libre circulación de personas en la que no
nos gustaría a ninguno, estoy seguro, que los trabajadores,
los estudiantes españoles tuviesen una inferioridad de
condiciones o que tuviesen que recurrir, incluso a la
aplicación de lo que sí existe ya, que es una jurisprudencia
comunitaria que les daría la razón y pondría aún más en
evidencia lo que ha sido una manifiesta incapacidad de nuestro
actual Gobierno.
Pedimos, en tercer lugar --es uno de los objetivos--, que al
contrato de aprendizaje, para que por fin este contrato de
aprendizaje sea homologable, a su vez, a otros contratos de
aprendizaje europeos, se incorpore el establecer
progresivamente la formación profesional dual centro de
trabajo-centro de formación, que creemos que debe estar,
además, en función de las necesidades específicas, que, por
cierto, están detalladas en un documento de la propia Unión
Europea, de cada grupo de profesiones o de cada grupo de
familias. No oculto que hemos tomado como referencia el modelo
alemán de educación dual entre otras cosas porque ciertamente
es envidiable ver que la tasa de empleo juvenil en Alemania no
llega al ocho por ciento, cuando en España pasa del 45 por
ciento. Si alguien se pregunta por qué nos hemos inclinado por
el modelo alemán tengo que decir que por convicción, porque
creo que conceptualmente es bueno, y por eficacia, porque
conduce a unos resultados más que razonables.
Pedimos, en cuarto lugar, que se concentren los recursos del
Instituto Nacional de Empleo en las políticas activas,
colocación y formación, y que se transfiera la gestión de las
prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Creo que el artículo 41 de nuestra Constitución es inequívoco
cuando precisamente habla de que dentro del sistema de
Seguridad Social haya una especial atención a las situaciones
de desempleo. Por otro lado, nos parece que si se le descarga
de esa labor administrativa- financiera estaremos en
condiciones de facilitar su eficacia en la intermediación y en
la formación, que creo que son dos objetivos más que
razonables y unánimes.
Nos ha causado perplejidad --lo dije también la semana pasada-
- que para el cumplimiento de algunos objetivos el señor Grián
--siento que esté ausente-- haya hecho el invento del despacho
de doble sillón, porque no me negará que ese contrato firmado
entre el Inem y el Ministerio de Trabajo es una de las figuras
más peculiares desde el punto de vista político, jurídico y
administrativo que he visto en los últimos años. Parece que el
señor Griñán se ha olvidado de que, además de Ministro de
Trabajo, es Presidente del Instituto Nacional de Empleo. Por
ello, me resulta de muy difícil comprensión, como les
resultará a SS.|SS., que un ministro tenga que llegar a
contratos consigo mismo, es decir, que se pase a un lado de la
mesa a firmar como responsable del Ministerio de Trabajo y al
poco rato dé el visto bueno como Presidente del Instituto
Nacional de Empleo.
Estas operaciones de imagen, que no tienen mucho sentido por
muy en campaña electoral que estemos, no son las que
contribuyen a resolver el problema, sino que sería --
entendemos desde el Grupo Popular-- más eficiente descargar al
Inem de lo que no le es propio, que es estar gestionando
prestaciones que las puede hacer perfectamente el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, como tampoco le es propio
hacer este tipo de escenografías.
Hay un quinto punto, que es aplicar un plan de calificación,
un tratamiento individualizado, personalizado a los
demandantes de empleo. Para que quede claro que al Grupo
Popular no le anima ningún afán sectario y menos aún
electoral, no habría inconveniente --y quizá con esto le
anticipo nuestra posición-- en que fuese sustituido este punto
quinto por el segundo párrafo del tercer punto de su enmienda.
No existiría ningún inconveniente por parte nuestra porque
creo que coinciden básicamente los conceptos. No se trata
tanto de mirar hacia atrás --y supongo que eso les alegrará--
como de poner en marcha cuanto antes medidas de tipo eficaz.
Puedo anticiparle que, respecto de ese punto, serían posibles
cualquiera de las dos redacciones.
En el sexto punto --con esto voy concluyendo, señor
Presidente--, que sería la base material para el análisis de
los problemas del mercado de trabajo, nos seguimos inclinando
por aquello que creemos no sólo más objetivo, no sólo más
desprovisto de elementos de oportunidad política, sino,
además, homologable y razonable frente a la Unión Europea.
¿Por qué se lo digo? Se lo digo por lo siguiente. Entre los
muchos documentos que ha habido que manejar para elaborar esta
moción están los marcos comunitarios de apoyo a nuestras
acciones de formación profesional. Esos marcos definen
objetivos que están también recogidos en nuestra moción y
toman como base numérica en la Unión Europea --usted lo sabe--
no las que caprichosamente cada país quiera darse, sino
aquellas que sean comparables entre sí.
Permítanos que insistamos, y que ahí optemos por nuestra
redacción, en que los datos utilizados en España y fuera de
España sean los de la encuesta de población activa, y que si,
como nos ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, es
posible hacerlo de una forma más periódica, más frecuente,
como es de mes en mes, tanto mejor.
Pedimos en nuestro séptimo punto que un concepto que no sé si
hemos traducido correctamente, pero me resisto a utilizar el
inglés, que es el «stock» de cualificaciones de las empresas,
sea considerado como un activo a ser tratado correctamente
desde el punto de vista de inversión. Creemos que no estamos
ante un esfuerzo cualquiera, es un esfuerzo normalmente sólo
especulativo o de mejora de producción. El esfuerzo de las
empresas en perfeccionar sus cualificaciones, en ampliar sus
cualificaciones, en dar valor añadido al trabajo, debe tener
una consideración contable y fiscal. Ese es el espíritu y la
letra del punto séptimo de la moción.
Finalmente --y me alegra coincidir, como digo, con la
propuesta que realiza el Grupo Socialista porque sería
intercambiable la redacción dada al punto octavo con el punto
quinto de su enmienda--, que ese Consejo General de la
Formación Profesional, por aquello de no multiplicar, de no
crear nuevos organismos, pueda actuar como órgano de
participación institucional, pueda hacer una evaluación de
carácter anual, y tenga ocasión este Parlamento de
pronunciarse año a año, al menos, sobre una materia que --
insisto-- es clave desde cualquier perspectiva de lucha contra
el desempleo.
Estas son nuestras propuestas, alguna de ellas con la urgencia
o la perentoriedad de estar fuera del cumplimiento de normas
europeas, de compromisos adquiridos externamente y de otros
compromisos adquiridos internamente por nuestro Gobierno, y
tampoco estamos pidiendo, en algún caso, grandes esfuerzos.
He citado una directiva que tiene su origen en otra. Tengo en
la mano el Boletín Oficial del Estado en que la primera
directiva sí fue acomodada a nuestra legislación. No me parece
que sea un esfuerzo titánico, sino razonable, que la directiva
que desarrolla y complementa la primera sea puesta cuanto
antes en marcha para beneficio --insisto-- de todos aquellos
españoles que tienen, esperemos que no padecer, sino utilizar
un correcto sistema de formación profesional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa y para fijar la
posición del Grupo en relación con esta moción, tiene la
palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la enmienda que presenta mi grupo a
la moción del Grupo Popular, aclarando que algunos puntos que
están contenidos en la moción han sido mitovo de debate
durante mucho tiempo en esta Cámara. Este es un tema
reincidente, que no solamente hemos tratado en la Comisión de
Política Social y Empleo, sino que también lo hemos debatido
en distintos Plenos, quizá con diferentes enfoques, tal vez
con otras denominaciones, pero, en definitiva, es un tema
recurrente, que, como he dicho, se ha debatido mucho en esta
Cámara.
Es evidente que compartimos algunos puntos contenidos en la
moción, puesto que se trata de acelerar y agilizar la labor
gubernamental en lo que se refiere a establecer el sistema de
convalidación de la formación ocupacional y de la formación
reglada; es decir, de acelerar la implantación de los planes y
programas de la formación profesional y, sobre todo, de
agilizar el repertorio
y la norma básica que dé contenido a los certificados de
profesionalidad, así como las condiciones de acceso que
definan este certificado de profesionalidad. Por tanto, no
podemos menos que estar de acuerdo en esa aceleración, con el
fin de que se cumplan los plazos. Estamos convencidos de que
el interés de todos los grupos está en que ese objetivo se
cumpla lo más pronto posible.
Sin embargo, hay otros puntos en los que discrepamos que
quisiera abordar a continuación, si bien antes hablaré de otro
punto al que S.|S. ha hecho referencia y en el que también
pensamos que podemos coincidir: incrementar todo lo que sea
presupuesto destinado a los planes de cualificación,
clasificación, reorientanción, reciclaje, reinserción; en
definitiva, todas aquellas tareas que aborda el Inem, que
S.|S. generaliza y el Ministerio de Trabajo no ha generalizado
por carencia de presupuesto. Creo que es interesante avanzar
en esa línea, siempre que se cuantifiquen objetivos y se sepa
exactamente qué parte del colectivo se quiere abordar, dado
que éste es numeroso y, por tanto, los planes de cualificación
generalizados suponen un presupuesto muy grande. Por tanto,
creo que en esos puntos podemos coincidir; de hecho, hemos
coincidido ya otras veces.
También estamos de acuerdo en que se puede profundizar en el
análisis del mercado de trabajo, utilizando no sólo los datos
que maneja el Inem; de hecho, se utilizan los datos del
observatorio ocupacional de empleo y los de la Encuesta de
población activa, como no podía ser menos. Cuanto mayor nivel
de información se utilice más correcto será el panorama que se
dibuje, por lo que creo es interesante profundizar, con todos
los instrumentos a nuestro alcance, en todo lo que es el
análisis del mercado de trabajo. Evaluar el desarrollo y la
aplicación del programa de formación profesional es algo que
se hace ya por el Consejo General de Formación Profesional,
pero hacerlo anualmente y, al mismo tiempo, presentar un
informe en esta Cámara en el trimestre posterior a la revisión
anual de ese programa, es un objetivo que también compartimos
y nos parece oportuno.
Estos son los puntos en que coincidimos, porque ya hemos
tenido ocasión de ponernos de acuerdo en distintos foros, no
solamente en la Comisión de Política Social y Empleo, donde
hemos tratado muchas veces este asunto, sino también aquí, en
este Pleno. Sin embargo, señor Aparicio, hay temas en los que
no coincidimos, y me gustaría darle algunos argumentos para
que comprendiera la posición del Grupo Socialista. Cuando se
habla de la formación dual, el objetivo, como es natural y
como hemos dicho aquí muchas veces, es conectar y vincular lo
que es la formación reglada, la formación ocupacional al mundo
de la empresa. Un primer objetivo han sido las prácticas que
se celebran en las empresas y que están contenidas en la
LOGSE. La generalización de esas prácticas empresariales
supone un presupuesto importante; generalizar la formación
dual nos conduce a una dinámica en la que nuestro país no se
ha introducido todavía.
Recomendaría al señor Aparicio, ya que ha manejado documentos
para la presentación de esta moción, que estudiara el sistema
de financiación de la formación dual en Alemania, porque el
sistema de financiación de la formación dual en Alemania es
privado, es una financiación empresarial. Yo estaría de
acuerdo en que camináramos en esa línea, siempre que ese
objetivo se planteara a través de los interlocutores sociales,
que es donde se tiene que plantear, se debatiera en el Consejo
General de la Formación Profesional, se debatiera en los
órganos correspondientes y llegáramos después al acuerdo de
que verdaderamente hay voluntad, por parte de los empresarios,
para asumir ese reto que tiene nuestro país, no solamente en
lo que son las prácticas en las empresas, sino, sobre todo, en
lo que se refiere a dar un contenido real al contrato de
aprendizaje, como venimos reclamando desde hace largo tiempo
en esta Cámara. Por tanto, no estamos dispuestos a incluir un
objetivo que sea papel mojado; estamos dispuestos a estudiar
ese tema a fondo, como creo que hará S.|S., con la
recomendación a los empresarios de este país para que, de una
vez por todas, se tomen en serio el tema de la formación
profesional y sepan que en los países donde más empleno
juvenil se produce y donde más conexión existe entre la
formación profesional y el empleo es en países en los que la
financiación privada, la financiación empresarial es
sustancial. Digamos que todas esas desviaciones de la oferta
formativa que S.|S. y este grupo ha denunciado en sucesivas
ocasiones, puesto que es un tema que hemos tratado muchas
veces, se producen porque tienen ese mismo cáncer en su
principio, que es la falta de financiación privada de esa
formación que únicamente puede hacer la empresa. Desde nuestro
punto de vista, la oferta pública, la que va dirigida
justamente a colectivos desfavorecidos, como no podía ser
menos, porque eso es además lo que se está produciendo en
cualquier país desarrollado, esa oferta pública sufre hoy
desviaciones. Precisamente por esa carencia, S.|S. no puede
limitarse simplemente a esbozar la formación dual como
objetivo fundamental del contrato de aprendizaje. ¿Por qué no
hacen un estudio sobre cómo se financia esa formación dual en
Alemania? Entonces podrán propiciar un acuerdo, por parte de
los agentes sociales, para que podamos, de una vez, hablar de
este tema en serio, y no marear la perdiz, como venimos
haciendo durante sucesivos Plenos y sucesivas sesiones en la
Comisión de Política Social y Empleo, como si estuviésemos muy
interesados en la formación profesional, pero al final, por
parte de su grupo, no existe ninguna referencia, ninguna
apelación justamente a este tema tan candente y tan importante
como son los contenidos del contrato aprendizaje. No
podemos estar de acuerdo con su posición, porque ustedes
justamente tienen que hacer ese pronunciamiento, ese estudio y
avanzar en ese terreno. No valdría, por tanto, establecer
simplemente un objetivo que fuera una coartada para impedir el
avance en eso que tanto están necesitando todos los aprendices
de este país.
Tampoco podemos estar de acuerdo en el punto que hablan de
concentrar los recursos en las políticas activas, en el
Instituto Nacional de Empleo, desligando lo que es la gestión
de las prestaciones. No estamos de acuerdo a pesar de que,
como sabe S.|S., en un momento se habló de transferir la
gestión de las prestaciones al Instituto Nacional de la
Seguridad Social. El motivo de esa transferencia era mejorar
la gestión de las prestaciones por desempleo. Una vez mejorada
sustancialmente la gestión de esas prestaciones y una vez
cubierto ese objetivo, justamente ha sido voluntad del
Ministerio de Trabajo coordinar esas políticas activas con las
políticas pasivas. Por eso pensamos que ése es un argumento
fundamental para concentrar en un mismo ministerio y en una
misma dependencia las políticas activas y las políticas
pasivas. Es por eso, no por otra razón, por lo que creemos es
interesante mantenerlo en el ámbito que está actualmente, al
margen de que siempre podamos estar disconformes o
descontentos porque las políticas activas que se puedan hacer
y que no cor responden sólo al ámbito gubernamental, sean
suficientes.
Por tanto, insitiríamos en que no es ésa la cuestión en estos
momentos, y no es un punto que pueda ser importante, tanto más
cuanto que ustedes también han planteado muchas veces que hay
que ligar las políticas pasivas a las políticas activas de
formación. Y ¿cómo se podrían ligar si están en diferentes
departamentos y en distintos ámbitos? Sería mucho más complejo
utilizar distintas fuentes y separarlas. Por eso, nuestra
intención de mantenerlas concentradas en una misma
institución.
El último punto de la moción que no compartimos es el que hace
referencia a la reforma de las prácticas contables y a la
fijación de salarios de acuerdo con una mejor cualificación.
Nosotros pensamos que eso pertenece al ámbito de la
negociación colectiva, al ámbito de la empresa y, por tanto,
no tiene lugar tratarlo hoy aquí en esa moción.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le ruego concluya.
La señora ROMERO LOPEZ: Por eso pensamos que algunos puntos de
esta moción serían interesantes, pero hay otros que no podemos
compartir.
Sin embargo, señor Aparicio, si no hubiéramos presenciado el
debate de la interpelación, no creeríamos que esta moción se
deriva del debate anterior, porque su intervención en aquel
debate centró prácticamente en el manejo de las cifras por
desempleo. Por tanto, éste es un debate encubierto, señor
Aparicio; esta moción no tiene consistencia debido a que hemos
tratado infinidad de veces este mismo tema. Probablemente a
usted le han aconsejado bien, pero hemos repetido este debate
en todos los ámbitos, la última vez, precisamente la semana
pasada, con motivo de la propuesta de creación de la Comisión
de Juventud para tratar este mismo tema. Déjeme le diga que
ustedes tal vez encubren, con un pretendido interés por las
políticas activas, la disminución cuando no desaparición de
las políticas pasivas.
Ustedes tendrán que explicar, cuando hablan de incomprensión
de una supuesta reforma laboral, a qué se están refiriendo y
por qué hurtan ese debate a esta Cámara. Ahora que anda,
además, su portavoz en temas empresariales, el Presidente de
la Confederación Empresarial, señor Cuevas, haciendo campaña
por el Partido Popular, hablando de cómo se acelera y cómo se
aligera el despido libre, explíquenos qué país nos van a
ofrecer si disminuyen las políticas pasivas y no asumen los
empresarios las políticas activas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, para fijar posición en relación a la moción
presentada por el Grupo Popular.
Diría que lo que acabamos de oír es un intento de abordar con
seriedad la formación para el trabajo, llamada hasta ahora
formación ocupacional, y acabar con el carácter de pariente
pobre que la formación profesional está teniendo, acomodándola
precisamente a las corrientes que están implantándose en
Europa, sobre todo a los planes y proyectos que en Europa
están tratando de homogeneizar cualificaciones y contenidos de
la formación dedicada tanto a los estudiantes como a los
trabajadores en activo; pero sobre todo situar a la formación
profesional en la categoría que corresponde a los planes
educativos y romper la dualidad entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y el Ministerio de Trabajo, dualidad que
no acaba de dar soluciones a la formación profesional por
muchos debates que existan en esta Cámara.
Estamos en Europa donde la movilidad de empresas y mano de
obra son ya un hecho y homologarnos con Europa, en cuanto a
contenido formativo y capacitación técnica, es favorecer las
posibilidades de empleo de los trabajadores y practicar una
renovación técnica permanente y necesaria. Dentro de este
contexto, coincidimos precisamente en la necesidad de
potenciar esa responsabilidad, además de lo que son las
organizaciones sindicales
y empresariales que en algunas partes del Estado comienzan a
hacerse responsables de la aplicación, yo diría que hasta de
la planificación de los planes de formación y de la propia
ordenación de la formación, siempre con el apoyo de la
Administración.
También nos parece oportuna, dentro de esta moción, la
apelación a la aplicación de la directiva europea, en cuanto a
las fechas y a los plazos en que se puede y se debe iniciar su
aplicación. En concreto, a un programa de profundo impacto en
el reciclaje técnico y en la homologación de capacitaciones
como es el «Leonardo» que se ha citado aquí. Todo ello sin
pretensiones de aplicaciones exclusivas de los planes de
formación, es decir, adecuándonos al ámbito de la educación
básica, de la preuniversitaria y de la universitaria.
En lo que son otros puntos de la moción, compartimos el número
3, en el que se habla precisamente de incorporar el contrato
de aprendizaje a un plan de formación permanente, tema que
desde la aplicación de la reforma laboral todavía no está
solucionado. Nos parece importante la diferenciación que se
establece en el Instituto Nacional de Empleo entre lo que son
temas de las políticas activas de empleo, colocación y
formación, separándolos de la gestión de la protección del
desempleo, que debería ir no sé si al Instituto Nacional de la
Seguridad Social o a quien diera esta prestación de la forma
más eficaz; pero, zapatero a tus zapatos, es una de las
fórmulas que todavía no esta aplicada.
Hoy por hoy, también creemos que dentro de este contexto es
necesario, por otra parte, terminar con el enorme voluntarismo
formativo que existe y que ha impulsado a nuestras
instituciones, sobre todo en forma de subvenciones,
subvenciones abundantes que no están integradas en planes, que
no van orientadas a ninguna categoría ni a ningún sector,
dentro de lo que puede ser la aplicación de la formación
profesional y que significan una riada de recursos que no está
teniendo la correspondiente efectividad.
Es necesario reorientar todo el caudal subvencionador hacia
planes y programas actualizables y gestionados por los
afectados por la inversión y el empleo, que son empresarios y
sindicatos, con la presencia de la Administración. En ese
sentido, nos parece importante cortar, en el punto número 6 de
la moción, la arbitrariedad estadística, reflejar la realidad
social y tratar de atenderla con datos como los que están
reflejados aquí por la encuesta de población activa; no estar
siempre en una permanente discusión sobre lo que puede
significar el número de parados que tiene un país.
Pese a lo dicho también por la representante del Partido
Socialista, considero innovador y, de alguna forma,
estimulador el hecho de aprender a valorar la tasa de
rentabilidad interna de la formación, tema que no está todavía
suficientemente valorado en nuestras empresas y los efectos y
resultados del desarrollo empresarial, sin depender de
subvenciones, sino de los propios recursos empresariales, tema
éste que todavía creo sigue siendo una asignatura pendiente.
Calificarlo como un elemento del activo empresarial vendría
precisamente a poder estimular unas políticas formativas a mi
modo de entender más eficientes.
Tomo la palabra finalmente del portavoz del PP señor Aparicio
en su afirmación de respeto a las competencias de las
comunidades autónomas en materia educativa y de salir adelante
los proyectos contenidos en esta moción, donde se trataría
sobre todo de centrar la gestión administrativa y los planes y
aplicaciones de la directiva europea en los departamentos de
educación de las comunidades autónomas, que creo darían una
mayor eficiencia a la aplicación posterior que hicieran la
Administración, las organizaciones empresariales y los
sindicatos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, creo que hoy el debate ha estado
mejor orientado que el otro día. El día pasado no correspondió
el debate a la interpelación o, por lo menos, al anuncio de la
interpelación que nos hacía el PP; hoy, sin embargo, me parece
que la cosa se ha centrado mejor, que la moción que nos
presenta el PP tiene elementos positivos a tener en cuenta; lo
que pasa es que, permítame el portavoz del PP, en un aspecto
no acabo de creerme sus afirmaciones. Cuando usted hace una
declaración de respeto a las competencias de las comunidades
autónomas y después leo su texto, tengo verdaderas dudas;
dudas porque no solamente hacen referencia a su postura de
hoy, sino a la de S.|S., de su grupo y a la de otros
componentes de la Cámara, que en lo que toca a formación
profesional nos tienen francamente decepcionados. Ustedes
saben muy bien que hemos recuperado unas competencias que
teníamos en formación profesional y, por tanto, cuando
hablamos de formación profesional mi grupo no tiene más
remedio que ponerse en guardia.
Al no haber presentado ninguna enmienda, tengo la ventaja en
este debate de poderme permitir no entrar en el fondo del tema
que hoy nos trae aquí. El fondo del tema lo venimos
discutiendo desde hace mucho tiempo y, qué casualidad, siempre
cuando hay una campaña electoral nos centramos en estos
debates. Dado que hemos aprobado en esta Cámara la creación de
una comisión para el estudio del acceso de los jóvenes al
trabajo y a la vivienda, quisiera que tuviésemos la capacidad,
la serenidad y la buena voluntad --que a nadie le niego-- de
introducir tanto los temas que propone hoy el PP como los que
propone el Partido Socialista
en su enmienda de sustitución y serenamente hacer un programa
que dé realmente esperanza a los jóvenes, y a los no tan
jóvenes, que están en paro.
Mi grupo y este diputado que les habla siempre son
posibilistas y del debate de hoy podríamos sacar, en beneficio
de las personas que padecen estos problemas, votar la moción
que S.|S. trae si fuese sustituida por la enmienda que
presenta al Partido Socialista.
No sé cuál es su intención, pero si fuera así, mi grupo
estaría encantado de votar favorablemente. Si no es así, S.|S.
tendrá que permitirme que vote en contra y no porque crea que
su moción no tiene buenos elementos, sino porque espero que
los reconduzca a la comisión que nos dimos en crear la semana
pasada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hablar de la formación profesional es hablar de una
necesidad relacionada con el mercado de trabajo. Hoy hemos
tenido conocimiento de los datos de la Encuesta de población
activa, a la que se hace referencia en el texto de la moción
del Grupo Popular, sobre el primer trimestre de este año 1995
y constatamos que el principal problema de nuestro país es el
empleo. Tenemos un nivel de paro del 23,5 por ciento --más de
3.600.000 parados, según la Encuesta de población activa-- en
nuestro país. Si eso es así y ese es un registro oficial, no
cabe duda que éste es el principal problema de nuestro país y
tenemos que abordar con rigor medidas adecuadas para hacer
frente y combatir este problema.
Uno de los instrumentos imprescindibles para ello es lo que se
conoce como políticas activas de empleo. Necesariamente
tenemos que coadyuvar y prever presupuestariamente políticas
pasivas, que con un volumen de desempleo de este tipo
lógicamente se llevan una parte importante del presupuesto de
nuestro país. Estadísticamente se puede apreciar que el
desempleo es la prestación de Seguridad Social a la que
nuestro país dedica un mayor porcentaje de producto interior
bruto, más que los otros países de la Unión Europea. Sin
embargo, también es cierto que el porcentaje de población que
percibe algún tipo de prestación de desempleo cae y cae de una
manera espectacular en nuestro país como consecuencia de las
últimas medidas adoptadas por el Gobierno de nuestra nación.
Otra medida importante, qué duda cabe, son las políticas
activas. En este sentido cualquier observador con sentido
común llegaría a la conclusión de que el principal problema de
las políticas activas de empleo en nuestro país es su escasa
cuantía. Si he dicho, señorías, que las políticas pasivas de
empleo, las políticas de subvención a los parados han caído en
nuestro país, también hay que decir, señorías, que las
políticas activas caen en nuestro país. Este es el principal
problema y significativamente a ese problema, señorías, en la
moción que presenta el Grupo Popular no se le dedica ni una
referencia; no se dice nada de incrementar el presupuesto
destinado a la política activa de empleo.
Por tanto, señorías, cuando este Diputado que les dirige la
palabra leía la moción coincidía simultáneamente con
afirmaciones del Presidente del Grupo Popular en el sentido de
que su reforma laboral, sus propuestas suscitarían
incomprensiones. Tengo que decirle sinceramente que pensé si
se referiría a este texto, porque no lograba entender de qué
se estaba hablando, cuando cualquier observador por sentido
común sabe que el principal problema de las políticas activas
de empleo es incrementar su presupuesto en nuestro país, y de
ello ni la menor referencia en esta moción. No obstante,
también tengo que decirles que con esfuerzo y ahínco continué
estudiando el texto y llegué a la conclusión de que,
efectivamente, el Presidente del Grupo Popular no se refería a
este texto. No es que fuera incomprensible, es que realmente
dice bien poca cosa esta moción, y bien poca cosa en sentido
positivo, porque lo que sí dice muy claramente esta moción,
señorías, es que se primará el trato fiscal a las empresas en
materia de formación. Con esto ¿qué nos encontraríamos? Sin
lugar a dudas, con que habría menos recursos para formación de
los desempleados. Podría haber una mejor formación para el
personal empleado en una empresa, pero para esos 3.600.000
parados en nuestro país, para ellos habría menos recursos
porque las empresas pagarían menos con destino a formación de
los mismos. Por tanto, señorías esta moción no nos parece que
sea una moción que atienda realmente los problemas que se
plantean en nuestro país. Hemos tenido ocasión de estudiar la
enmienda presentada por el Grupo Socialista. En la misma
contemplamos algunas referencia que discrepan y en ocasiones
notoriamente de la política que lleva a cabo el Gobierno. Por
ejemplo, piensen SS.|SS. que el apartado 3 de la enmienda del
Grupo Socialista habla de incrementar lo gastos destinados a
medidas activas a fin de elevar la formación de la población
activa y facilitar su inserción y estabilidad en el empleo. Es
difícil cuadrar estas afirmaciones y estas propuestas con la
política que lleva a cabo el Gobierno. No obstante, señorías,
lo que votamos, en su caso, es esta moción y esta enmienda
caso de ser aceptada por el Grupo Popular.
Por ello diremos que, aunque no se corresponda con la política
del Gobierno, entendemos que en cierta forma anuncia unas
medidas más adecuadas a las necesidades del mercado laboral
español y, por tanto, no estaríamos de acuerdo con la moción
que presenta el Grupo Popular y le instaríamos a que aceptara
la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, porque entendemos que se
acerca más a esas propuestas tradicionalmente defendidas por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Trataré de ceñirme, como es obligado, a este trámite, aunque
haya tenido ocasión de ver que algún grupo, que no intervino
en el debate de la interpelación anterior, haya tratado hoy de
recuperar el tiempo perdido y algún otro grupo haya hablado de
debate cuando sabe que reglamentariamente no es posible. Tal
vez por eso le hayan gustado aquellos debates que no existen.
En relación estricta a lo requerido he manifestado nuestra
voluntad de aceptar la sustitución del punto 8 de nuestra
moción por el punto 5 de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, así como la sustitución del punto 5 de nuestra
moción por el segundo párrafo del punto 3 de la enmienda del
Grupo Socialista. Mantenemos el resto de la moción, de cuya
buena voluntad no dudo, y sobre la cual no introduzco juicios
de valor ni hago alguna excursión o incursión, como las que se
han producido, de forma extemporánea, y sobre las que no es el
momento para pronunciarme.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación parcial de la enmienda
del Grupo Socialista en la forma expresada por el señor
Aparicio en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 115; en contra, 155; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE
CONVENIOS INTERNACIONALES:
RETIRADA DE RESERVA POR PARTE DE ESPAÑA DE LA RESERVA NUMERO 2
FORMULADA POR ESPAÑA AL CONVENIO EUROPEO RELATIVO AL
RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCION DE DECISIONES EN MATERIA DE
CUSTODIA DE MENORES, ASI COMO AL RESTABLECIMIENTO DE DICHA
CUSTODIA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 20 DE MAYO DE 1980 (Número de
expediente 110/000152)
PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS CUARTELES GENERALES
MILITARES INTERNACIONALES ESTABLECIDOS EN CUMPLIMIENTO DEL
TRATADO DEL ATLANTICO NORTE, HECHO EN PARIS EL 28 DE AGOSTO DE
1952 (Número de expediente 110/000153)
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día:
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
Convenios Internacionales.
No hay solicitud de intervención en relación con ninguno de
estos puntos. Vamos a proceder a la votación.
Retirada de reserva por parte de España de la reserva número 2
formulada por España al Convenio Europeo relativo al
reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de
custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha
custodia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 271; a favor, 271.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Protocolo sobre el Estatuto de los cuarteles generales
militares internacionales establecidos en cumplimiento del
Tratado del Atlántico Norte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 272; a favor, 263; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY GENERAL
TRIBUTARIA (Número de expediente 121/000077)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Dictámenes
de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen del
proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Defenderé todas las enmiendas presentadas por Coalición
Canaria al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley
General Tributaria, diez en total.
Nuestra primera enmienda, la número 2, señor Presidente, está
dirigida al artículo 2 de la Ley General. Nosotros partimos de
un reconocimiento de la potestad originaria del Estado
mediante leyes formales para establecer tributos, pero no
podemos olvidarnos de que tenemos una Constitución con un
Título VIII y con una serie de estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas en los que se les reconoce la potestad
de establecer y exigir tributos. Esta es la segunda parte, el
apartado 2 de nuestra enmienda, reconocer que las comunidades
autónomas podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con
las leyes.
Si esto no apareciera aquí, nos encontraríamos con que, en el
marco legislativo económico y financiero canario las leyes de
los años 1991 y 1994, que hacen referencia a los aspectos
fiscales y económicos del marco en que se desarrolla esta
materia en la Comunidad Autónoma de Canarias, no tendrían
sentido.
La enmienda número 3, señor Presidente, tiene también el mismo
contenido de fondo, sobre todo su parte segunda, que dice que
la gestión tributaria debe corresponder privativamente, por
supuesto, al Ministerio de Economía y Hacienda o al órgano
equivalente de las comunidades autónomas, por cuanto no haya
sido expresamente encomendada por ley a otro órgano. Esto para
nosotros, en la justificación de nuestra enmienda, tiene un
profundo sentido de reconocimiento sobre la base de lo dicho
tanto por la Constitución española como por el Estatuto de
Autonomía de Canarias y es extensible a los estatutos de
autonomía de comunidades autónomas, en principio, como la del
País Vasco, Cataluña, Galicia y algunas otras que tienen este
reconocimiento.
La enmienda número 4 viene a reconocer, señor Presidente, con
un texto de adición, los decretos y las órdenes ministeriales
acordadas por los órganos competentes de las comunidades
autónomas, y vuelve aquí nuestra enmienda a detectar la
omisión, que ha traído el texto del proyecto del Gobierno, de
las competencias de las comunidades autónomas.
Nosotros entendemos que la Ley General Tributaria no puede
hacer referencia únicamente a los tributos estatales, sino
también a los tributos propios de cada comunidad autónoma y
vuelvo a decir, en el caso de la Comunidad de Canarias, que
nuestro marco de referencia para toda esta materia está en la
actual Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de la
que todavía estamos esperando que el Gobierno haga el texto
refundido.
La enmienda número 5 ya tiene un procedimiento más técnico
pues se va a referir a una nueva redacción que nosotros
proponemos del artículo 61.3 de la actual Ley General
Tributaria, en el proyecto de modificación, y se refiere
fundamentalmente a los ingresos correspondientes a
declaraciones; si esto no se matiza en el nuevo texto de la
ley con una expresión más clarificadora, podíamos incurrir, a
nuestro juicio, señor Presidente, en una inseguridad jurídica
a la hora de la liquidación de la deuda correspondiente en la
declaración presentada, la recaudación de la misma y la
posterior exigencia del recargo, con la consiguiente
complicación de la gestión. No se trata aquí sino de evitar,
nada más y nada menos, la inseguridad jurídica y un prolijo
tratamiento burocrático administrativo en la gestión del
recurso que plantea nuestra enmienda. La enmienda número 6 es
también de tipo técnico y trata fundamentalmente de proponer
una redacción nueva en el apartado a) del artículo 78, cuando
nos referimos a la falta de presentación, así como la
presentación fuera de plazo, de forma incompleta o incorrecta,
de los documentos que deban acompañar las declaraciones,
conforme a la legislación de cada tributo. Aquí pretendemos
también una adecuación en el caso de los impuestos propios de
las transmisiones patrimoniales o del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, que haya una armonización y no quede
esto dentro de un campo también de inseguridad jurídica.
La enmienda número 7, al artículo 101, pretende la supresión
(es nuestra primera enmienda de supresión), por entender que
este artículo lo que dice es exactamente igual que el vigente
artículo de la ley que tratamos de modificar.
La enmienda número 8 es una enmienda de sustitución.
Proponemos la sustitución de los párrafos primeros de los
números 1 y 2 del artículo 123 de la Ley General Tributaria,
de la expresión que había singularizado el texto del proyecto,
que habla de la Administración, por los «órganos de gestión
tributarias». Nosotros pretendemos una mayor precisión
terminológica, dado que este artículo que enmendamos, el 123,
en sus apartados 1 y 2, tanto por la ubicación sistemática en
la Ley General Tributaria, como por su contenido, se refiere
exclusivamente a los órganos de gestión. Esto es importante,
porque no se está hablando aquí de la Administración, ni la
del Estado central, ni la autonómica, sino que se está
refiriendo a los órganos de gestión de cualquiera de las
administraciones. Estamos hablando de órganos operativos
técnicos o puramente de la gestión.
La enmienda número 9 propone la modificación del artículo
127.1 con una nueva redacción, que viene a decir que cuando,
sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento, una
deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que
transcurra el plazo a que se refiere el segundo párrafo del
número 3 siguiente, no se exigirán los intereses de demora
devengados desde el inicio del período ejecutivo. Nosotros
pretendemos con esta enmienda, también de tipo aclaratorio
técnico
(es una cuestión de forma), evitar una inseguridad jurídica y,
sobre todo, darle una mayor concreción. El párrafo que
tratamos de enmendar nos parece inseguro y bastante oscuro y
entendemos que la redacción del proyecto debe ser mejorada,
tal como proponemos. No es una cuestión de fondo, sino de
forma y de garantías jurídicas, a los efectos indicados en
nuestra enmienda.
Finalmente --y con esto termino, señor Presidente--, me
referiré a nuestras enmiendas 10 y 11. La número 10, a la
disposición final primera del proyecto de ley, pretende una
modificación con el siguiente texto: «Los recargos
contemplados en la nueva normativa se aplicarán a los ingresos
correspondientes a las declaraciones-liquidaciones o a las
autoliquidaciones, así como a las liquidaciones derivadas de
declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento
previo, que se presenten a partir de la entrada en vigor de la
misma, cualquiera que sea la fecha del devengo de los hechos
imponibles con que guarden relación.» Esto lo hacemos para que
haya concordancia con las modificaciones que hemos propuesto
en nuestras enmiendas al artículo 61. La enmienda número 11
propone una adición a la disposición final sexta, con el fin
de simplificar, desde el punto de vista de la racionalidad
jurídica, las numerosas referencias que se están haciendo en
la Ley General Tributaria a los actos que realice el Gobierno,
el Ministerio de Hacienda o la Agencia y que, con respecto a
lo que pretenda decir el legislador, su aplicación no sólo
vaya dirigida por la Administración del Estado, sino que se
tenga en cuenta la normativa básica para que también lo
armonicen las restantes administraciones públicas.
Señor Presidente, con esta enmienda cerramos los
planteamientos que hemos hecho desde la primera enmienda del
reconocimiento expreso en este texto legal de las competencias
--en este caso órganos correlativos-- que, con la
Administración tributaria del Estado, hay que reconocerles,
por imperativo constitucional y legal, a las comunidades
autónomas en los respectivos ámbitos de su competencia.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, no es ocioso recordar que en el proyecto
fundamental del desarrollo del debate parlamentario de esta
ley, la mayoría parlamentaria básica ha estado formada por el
Grupo Socialista y por Convergència i Unió. Y esta mayoría
parlamentaria básica, en la que claramente el Grupo
Parlamentario ha tomado como socio preferencial al Grupo de
Convergència i Unió, es un dato bastante esclarecedor de cómo
ha sido el conjunto del proceso de debate. Se ha renunciado
explícitamente a buscar el consenso con el conjunto de la
Cámara, tal y como se planteó en el anterior debate de 1985 y
tal como nos ha recordado en algún momento la portavoz
parlamentaria del Partido Socialista en los diferentes debates
que hemos tenido sobre esta ley. El hecho de que se haya
buscado fundamentalmente esta mayoría parlamentaria nos podía
indicar hacia dónde iban las directrices de la reforma que se
pretendía plantear con la modificación de la Ley General
Tributaria que estamos actualmente debatiendo.
Además, es una reforma que, según nuestro criterio, significa
un importante giro a la derecha en la legislación tributaria
de nuestro país en un momento político extraordinariamente
inoportuno. Porque cuando se contempla que uno de los
objetivos básicos de otras posiciones políticas, legítimas por
supuesto, pero aún más conservadoras, como las del Partido
Popular, es la reforma fiscal en toda su dimensión, desde
luego el hecho de que haya reformas parciales en la actual Ley
General Tributaria no va a parar el impulso de reforma fiscal
que tiene el Partido Popular y del que hemos tenido
últimamente conocimiento. Un impulso que le lleva a bajar la
fiscalidad de forma importante en nuestro país, mientras que
este proyecto rebaja considerablemente el régimen de
sanciones. Por lo tanto, el futuro de la legislación fiscal
que se puede producir en nuestro país, que hagan entre unos y
otros, puede ser realmente peligroso para cualquier mentalidad
progresista. Un régimen fiscal con unas sanciones
extraordinariamente bajas y con unos tipos impositivos
extraordinariamente bajos también, y ese panorama, desde
luego, para mi Grupo Parlamentario, es un panorama
absolutamente rechazable y que nosotros no podemos compartir,
que no compartimos y, además de no compartirlo, no se ha
buscado demasiado la colaboración de nuestro Grupo
Parlamentario en el conjunto de la redacción de esta ley.
A nuestro juicio, no tiene sentido tampoco que se diga que
esta modificación lo que pretendía era la modernización de la
Ley General Tributaria vigente; no tiene sentido. Porque la
modificación deja que artículos que son claramente obsoletos,
artículos que no se sostienen ni con nuestra Constitución ni
con el ordenamiento jurídico vigente, permanezcan dentro de la
Ley General Tributaria resultante de la ley anterior más la
modificación que vamos a aprobar ahora. Y aunque pueda
resultar anecdótico, creemos que no es baladí resaltar que,
por ejemplo, continúa vigente el artículo 6, que da potestades
reglamentarias al Jefe del Estado, cuando la Constitución
explícitamente impide que el Jefe del Estado tenga capacidad
reglamentaria. No es ocioso tampoco recordar que continuarán
vigente las competencias de los jurados tributarios, cuando
las
competencias de los jurados tributarios fueron asignadas a los
tribunales económico-administrativos por Ley de 1980. Sin
embargo, todos estos conceptos, que son claramente obsoletos
dentro del régimen jurídico vigente, los mantiene la Ley
General Tributaria. Nosotros, por tanto, no podemos estar de
acuerdo con que el objetivo que se plantea con esta
modificación sea la modernización de la ley.
A nuestro juicio, el objetivo básico es la rebaja de las
sanciones, con un argumento que nosotros no podemos comprender
y que creemos que se aleja del sentido común, no ya de unas
ideas políticas o de otras, sino del mero sentido común. El
argumento que se esgrime por parte de los grupos que sostienen
fundamentalmente esta modificación de que si rebajamos las
sanciones por infracción tributaria grave del 300 por ciento,
la deuda tributaria, al 150 por ciento vamos a obtener una
mayor capacidad de recaudación por parte de la administración
de Hacienda, sencillamente consideramos que, desde el punto de
vista del sentido común, no se sostiene. Difícilmente creemos
que un obligado tributario que, aun teniendo una sanción del
300 por ciento, defrauda a Hacienda, por el hecho de que la
sanción se rebaje al 150 por ciento su capacidad y su voluntad
de colaboración con Hacienda van a verse incrementadas.
Sinceramente, señoras y señores Diputados, esto nos parece que
pertenece al reino del absurdo absolutamente y que no tiene
mayor cimentación, ni política, ni de sentido común, ni de
ningún tipo de argumentación. Más bien se trata únicamente de
poner una piedra en lo que es la lucha contra al fraude
fiscal, no sé si de forma voluntaria o involuntaria, pero lo
cierto es que se pone una piedra en la lucha contra el fraude
fiscal y, de alguna manera, los defraudadores van a verse
menos obligados y menos castigados cuando defrauden a
Hacienda, cuando cometan infracciones graves.
Es curioso que uno de los artículos que no estaba contemplado
en el proyecto originario de esta ley, que era el artículo 24,
que se refería al fraude de ley, se haya convertido en uno de
los elementos sustanciales del debate político en este proceso
de debate dentro de la Comisión parlamentaria.
En efecto, el fraude de ley era absolutamente ininteligible
tal y como estaba desarrollado en la ley en vigor. Pero, si
bien se mejora la redacción de lo que es el fraude de ley, a
nuestro juicio, lo que es mucho más importante, que es que el
fraude esté explícitamente castigado y que esté sancionado por
la ley, eso queda absolutamente obviado en la redacción
definitiva que han pactado el Partido Socialista y
Convergència i Unió con el consentimiento del Partido Popular,
en este caso. Y al no estar sancionado el fraude de ley,
estamos manteniendo la vía para que el fraude de ley siga
siendo el gran mecanismo de defraudación a Hacienda.
Si me permiten SS.|SS. el símil, yo siempre he pensado que las
infracciones urbanísticas o, mejor dicho,los grandes
disparates urbanísticos de este país siempre se han hecho con
licencia. Siempre. De igual manera, los grandes fraudes
políticos o los grandes fraudes a Hacienda en este país
siempre se han hecho con una declaración de por medio. Quien
suele defraudar fundamentalmente a Hacienda presenta una
declaración. Lo que pasa es que en esa declaración el fraude
de ley es un elemento sustancial y consustancial de la misma.
Es precisamente a través del fraude de ley como se cometen las
principales infracciones a Hacienda. Y no sancionar el fraude
de ley, no sancionar que se utilicen de forma torticera y
tergiversada determinados preceptos jurídicos para evitar el
pago a Hacienda, nos parece que es hurtar a los ojos la
relidad, dar la espalda a un problema importantísimo en la
fiscalidad de nuestro país.
Y con esta modificación que se pretende por parte de la
Comisión, avalada por el Partido Socialista y por Convergència
i Unió este proceso va a quedar sancionado y consolidado.
Señoras y señores Diputados, nosotros consideramos que este
proceso va a acabar de una forma además semiclandestina,
porque el debate de esta ley, que consideramos que es
absolutamente fundamental, se ha llevado a uña de caballo, se
ha traído de la Comisión al Pleno en practicamente cuatro
días, incluso con problemas técnicos, (no sé cómo habrán
conseguido los letrados de la Comisión resolver los problemas)
y se está debatiendo a última hora de la noche como si no
quisiéramos que esto tuviera toda la trasparencia necesaria.
Una ley de esta trascendencia e importancia consideramos que
hubiera merecido un proceso de reflexión y de maduración mucho
mayor.
Con todo y con ello debemos alegrarnos de que algunos
artículos que estaban en el proyecto originario, como es el
artículo 141, afortunadamente hayan desaparecido del texto
definitivo que se trae a la Cámara, porque era un artículo que
imposibilitaba o dificultaba enormemente la inspección fiscal,
en el caso de muchísimas empresas, en el caso de que el
domicilio fiscal y el domicilio particular tuvieran una
conexión más o menos próxima.
Afortunadamente, ese artículo ha desaparecido, aunque del
artículo 133, tal y como ha quedado, mi Grupo parlamentario
mantiene serias dudas.
Nosotros seríamos partidarios de actualizar y tener un debate
del conjunto de la Ley General Tributaria, pero este no es el
debate que nos interesa. Este debate más bien nos parece una
desafortunada antesala a la desgraciada reforma fiscal, que ya
ha anunciado el Partido Popular, que significa más
insolidaridad y una menor igualdad entre todos los españoles.
Desde parte del Grupo Socialista han planteado ideas de
Modificación, en el sentido de que era necesaria una
modernización de esta ley, pero quiero manifestar,
fundamentalmente al Grupo Socialista que el camino del
infierno está empedrado de buenas intenciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Costa.
El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Gobierno aprobó el pasado 5 de
diciembre de 1994 una reforma parcial de la Ley General
Tributaria, una reforma parcial de la Ley General Tributaria
cuyo contenido ha sido mejorado en la tramitación
parlamentaria desarrollada en la Comisión de Ecomomía y
Hacienda, en parte gracias a las propuestas del Partido
Popular que se han incorporado como consecuencia del acuerdo
con otros grupos parlamentarios particularmente con el Grupo
Socialista y con el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Mejoras como el régimen de recargos por ingresos fuera de
plazo, la ampliación de los supuestos en los que cabe exigir
consultas vinculantes, la limitación a la Administración para
que, de forma injustificada, puede investigar las cuentas
corrientes de los ciudadanos y lesionar el derecho a la
intimidad. Sin embargo, seguimos estando frente a una reforma
parcial de la Ley General Tributaria. Una ley que entró en
vigor en 1963 y con vías de agua por todas partes; una ley que
se basa en un principio: la absoluta prevalencia de la
Administración frente al contribuyente, un principio con el
que el Gobierno parece sentirse absolutamente cómodo, sobre
todo si consideramos el hecho de que, después de trece años de
Gobierno, ha sido incapaz de acometer una reforma global del
marco de relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes; una reforma que democratice el actual marco de
relaciones entre la Administración y los contribuyentes; una
reforma que adecue la Ley General Tributaria a la realidad
jurídica nacida con la Constitución de 1978.
El Ministro de Economía y Hacienda manifestaba en esta Cámara,
en diciembre de 1993, que el Gobierno llevaba estudiando,
desde inicios de 1992, una reforma global de la Ley General
Tributaria y que en 1994 pensaba remitir esa reforma global al
Congreso de los Diputados para que se debatiera y modificar el
actual marco de relaciones entre la Administración y los
contribuyentes.
Nos encontramos en 1995 y el Gobierno únicamente ha sido capaz
de acometer una reforma parcial. ¿Hasta cuándo piensa el
Gobierno mantener el actual marco de relaciones entre la
Administración tributaria y los contribuyentes? ¿Hasta cuándo
piensa el Gobierno mantener un marco de carácter
preconstitucional y que no responde a los principios de la
Constitución de 1978? Quizás el Gobierno carece de un programa
en materia política tributaria y por eso es incapaz de
acometer una reforma global de la Ley General Tributaria. El
Gobierno nos vuelve a proponer otro parche fiscal, otro
retoque al viejo edificio: profundizar en el desguace al que
se viene sometiendo el marco de relaciones entre la
Administración y los contribuyentes desde que tiene
responsabilidades de Gobierno. Ello básicamente con dos
objetivos: en primer lugar, corregir un error de política
legislativa, el cometido en 1985 cuando introdujo un régimen
de infracciones y sanciones absolutamente desproporcionado; un
régimen no acorde con los establecidos en los países de
nuestro entorno económico; un régimen que ponía en peligro
principios constitucionales y que, lejos de ser un instrumento
eficaz en la lucha contra el fraude, ha contribuido a mantener
elevados niveles de fraude fiscal y ha contribuido a
incrementar la litigiosidad en nuestro sistema tributario.
El segundo objetivo consiste en darle una nueva vuelta de
tuerca a las facultades de la Administración; una vuelta de
tuerca que nuestro Grupo considera plenamente justificada,
pero sólo si se efectúa con el respeto a los derechos y las
garantías de los contribuyentes. Desde esa perspectiva, mi
Grupo Parlamentario considera que debe incorporarse una serie
de modificaciones al proyecto de ley de reforma parcial. La
primera de ellas es que se le tiene que requerir al Gobierno
para que asuma el compromiso, en un plazo razonable de tiempo,
de modificar el marco global, el marco que regula las
relaciones entre los contribuyentes y la Administración
tributaria; modificar ese viejo edificio al que hacía
referencia antes, de 1963, e incorporar instituciones tan
razonables como la presunción de buena fe del contribuyente;
el derecho a exigir en todo momento la definición de sus
responsabilidades tributarias; la equiparación entre el
interés adeudado por la Administración y el interés que tienen
que satisfacer los contribuyentes cuando se retrasan en el
pago de sus obligaciones fiscales; el establecimiento de la
cuenta corriente tributaria y de la transacción fiscal; el
restablecimiento, con carácter general, del régimen de
consultas vinculantes; revisar el procedimiento administrativo
y desterrar instituciones arcaicas, como la ejecutividad de
las liquidaciones impugnadas mientras no sea firme y haya
finalizado la vía administrativa.
Pero además de esa necesaria reforma global, esa reforma
global que el Gobierno es incapaz de acometer, esa reforma
global que exige adecuar ese marco a la realidad jurídica
nacida con la Constitución de 1978, mi Grupo Parlamentario
considera necesario acometer e introducir otras enmiendas al
contenido del proyecto de ley de reforma parcial; enmiendas
que tienen como finalidad adecuar el contenido del proyecto de
ley a los principios constitucionales; enmiendas que tienen
como finalidad mejorar el contenido del proyecto de ley, hacer
que sea mucha más exquisito en el respeto a las garantías de
los derechos de los contribuyentes españoles.
En esta línea, mi Grupo Parlamentario propone, por ejemplo,
que se garantice en el desarrollo del procedimiento
de recaudación el no acceso al domicilio privado sin el
consentimiento de todas las personas que conviven en el mismo
o, en su defecto, mediante autorización judicial. La reforma
del procedimiento de recursos para garantizar el acceso a la
tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia de todos
los ciudadanos españoles. Una reforma que atribuya al
contribuyente la posibilidad de optar entre interponer una
reclamación económico-administrativa o acceder directamente a
la vía judicial. Establecer también que las sanciones
administrativas no sean ejecutivas mientras no haya finalizado
el procedimiento administrativo, de acuerdo con los principios
generales de nuestro Derecho administrativo y con las
tendencias existentes en los países de nuestro entorno
económico. Adecuar el régimen de infracciones y sanciones al
régimen establecido también por los países de nuestro entorno
económico. Ello exige suprimir instituciones como las
sanciones no pecuniarias; unas sanciones que rompen la
proporcionalidad del sistema; unas sanciones que permiten un
trato desigual en función de las circunstancias y las
características de los contribuyentes; unas sanciones que
pueden aplicarse con un elevado grado de discrecionalidad por
parte de la Administración tributaria y, por lo tanto, sin
respetar los derechos de los contribuyentes españoles; unas
sanciones también en las que la sanción máxima del 150 por
ciento resulte aplicable únicamente a los supuestos de falta
de ingreso de retenciones practicadas o de falta de ingreso de
tributos repercutidos por parte del contribuyente; un régimen
de infracciones y sanciones en el que se elimine la publicidad
de las sanciones en la medida en que ésta únicamente puede
contribuir a aumentar la litigiosidad de nuestro sistema
tributario. En definitiva, todo un conjunto de instituciones y
de propuestas que persiguen una única finalidad: mejorar el
marco de relaciones entre la Administración tributaria y los
contribuyentes y adecuarlo a esa realidad jurídica nacida con
la Constitución de 1978.
Nuestro Grupo Parlamentario es consciente de que los Grupos
Socialista y Catalán (Convergència i Unió) no van a apoyar la
mayor parte de las propuestas que defiende en este momento
este Diputado. Por eso, aunque haya apoyado a lo largo de la
tramitación parlamentaria esas modificaciones concretas y
puntuales que se han incorporado al proyecto de ley, esas
modificaciones que en muchos casos responden a propuestas
concretas planteadas por nuestro Grupo y que estaban
reflejadas en enmiendas que había presentado en el Registro,
sin embargo no puede votar favorablemente el contenido del
proyecto de ley. No lo puede hacer porque, aunque introduzca
medidas positivas, todavía se encuentra muy lejos de lo que es
nuestro marco de relaciones entre la Administración tributaria
y los contribuyentes.
Yo invitaría por ello a los restantes grupos de esta Cámara a
una doble reflexión que hacía un ilustre hacendista, un
ilustre profesor de la Hacienda pública. Este ilustre
hacendista hacía dos consideraciones. La primera es que no hay
que olvidar la adhesión moral del contribuyente y, la segunda,
la fuerza que imprime a la ley la creencia en su justicia por
parte de quien debe cumplirla.
Señoras y señores Diputados, las enmiendas del Grupo Popular
constituyen el camino para adecuar la Ley General Tributaria a
nuestra Constitución y mejorar los niveles de cumplimiento
fiscal.
Para finalizar, señor Presidente, únicamente querría
manifestarle al portavoz del Grupo de Izquierda Unida que en
estos momentos estamos debatiendo un proyecto de ley remitido
por el Gobierno, pero que no se preocupe porque estoy
convencido de que en el futuro, cuando los ciudadanos
españoles nos atribuyan las responsabilidades de gobierno,
tendremos muchísimo gusto en debatir con usted nuestras
propuestas fiscales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía
para la defensa de las enmiendas que mantiene a este proyecto
de ley.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como anunciamos en el debate de totalidad de este
proyecto de ley, nuestro Grupo Parlamentario, junto con el
señor Albistur, del Grupo Mixto, ha presentado un conjunto de
enmiendas con el objeto de mejorar aquellos aspectos que,
desde nuestro punto de vista, no estaban adecuadamente
tratados.
No hemos creído oportuno ir, en este momento, más allá de la
reforma que presenta este proyecto de ley y no porque lo
consideremos suficiente. Como ya se ha repetido por algún
portavoz parlamentario, hay conceptos obsoletos y multitud de
aspectos en los que también coincidimos que tienen que ser
mejorados.
Somos partidarios de reformar la Ley General Tributaria
globalmente, abarcando la totalidad de la ley, pero también
somos conscientes de su dificultad, teniendo además en cuenta
el compromiso del Gobierno de presentar esta reforma total
para antes de final de este año. Espero y confío que esta
promesa esta vez se cumpla, y que de esta forma puedan ser
incluso nuevamente abordados aspectos que van a quedar
incluidos en el proyecto de ley que estamos debatiendo.
Con estas premisas, nos hemos ceñido al texto del proyecto de
ley, que es importante, tanto por su extensión, puesto que
afecta a 41 artículos, como por su regulación sobre aspectos
tales como el régimen de infracciones y sanciones tributarias,
la práctica de las
liquidaciones provisionales de oficios, el procedimiento de
recaudación y la adopción de medidas cautelares. Creemos que
todos estos aspectos son importantes y que deberían haber sido
regulados ya anteriormente. Todo ello, con el objetivo
principal de la lucha contra el fraude, a través de potenciar
el cumplimiento espontáneo de las obligaciones del
contribuyente, dotando, al mismo tiempo, a la Administración
de medios más eficaces para reprimir el fraude.
Si bien es cierto que hasta es momento --me refiero al trámite
del debate parlamentario que estamos teniendo-- se han
cubierto en parte esos objetivos, quedan aún algunos aspectos
en la norma que, a nuestro entender deben de ser corregidos.
Me voy a referir a los más destacados para evitar a SS.|SS. la
dispersión del interés en cuestiones de menor importancia y
que están recogidas por otras enmiendas suficientemente
debatidas. Debo señalar que algunas han sido incorporadas al
texto de la Ponencia y, otras, transaccionadas en el debate en
Comisión. Por ejemplo, el cálculo de los intereses de demora,
que integra la deuda tributaria, y que será el interés del
dinero devengado a lo largo del período en el que se devengue
y no, como hasta ahora, que era el devengado al inicio del
período, con lo cual a cada ejercicio tributario se le
aplicará el interés correspondiente.
Significará, lógicamente, más trabajo para Hacienda, por los
cálculos a efectuar, pero para el contribuyente representa una
más justa aplicación de la deuda tributaria. Otro aspecto que
se ha mejorado con nuestras propuestas, con las que han
coincidido --justo es reconocerlo-- otros grupos, es el
restablecimiento de la condonación graciable por parte de la
Administración, dotándola de un cierto grado de
discrecionalidad ante situaciones graves del contribuyente.
Ciertamente, sería más cómodo para la Administración llevar un
procedimiento automático de aplicación de sanciones, pero el
automatismo iría en contra de los más básicos principios de
equidad y justicia.
También hemos pretendido el restablecimiento de la consulta
vinculante, desaparecida en la reforma de 1985. No se ha
conseguido el texto propuesto, pero hemos considerado que el
texto transaccionado en Comisión mejora el propuesto
inicialmente, por lo que nuestro Grupo Parlamentario se ha
dado por satisfecho con la redacción final.
Sin entrar a valorar otras mejoras, que van en la línea de
preservar los derechos del contribuyente, es preciso resaltar
la reforma del artículo 24, que hace referencia al fraude de
ley; reforma que tampoco nuestro Grupo Parlamentario tenía
intención de entrar a debatir porque pensábamos que este
artículo debería tener un mayor consenso, debería ser un
aspecto del fraude de ley que habría que abordar dentro de la
reforma global de la Ley General Tributaria. Sin embargo, al
ser introducido por un grupo parlamentario nos hemos decantado
por la redacción que ha propuesto el Grupo Parlamentario
Socialista.
Una figura, la del fraude de ley, bien conocida en la teoría
general del Derecho, que es necesario distinguirla de otras
figuras, tales como los contratos simulados y la economía de
opción, puesto que hay alguna doctrina que confunde estos
conceptos. En el ámbito del Derecho tributario, el fraude de
ley reviste, desde luego, un particular interés. La Ley
General Tributaria, pese a tener un modelo en este aspecto que
regula el fraude de ley, emplea una fórmula un tanto
imperfecta desde el punto de vista de los conceptos, lo que ha
motivado una eficacia casi nula, y, en los contados casos en
que la Administración ha pretendido hacer uso del mismo, no
han resistido la impugnación ante los tribunales.
Estamos de acuerdo en que es necesario
proceder a modificar la regulación actual a fin de que la
Administración tributaria pueda aplicar la ley, tipificar esta
figura y sancionar, en su caso, las conductas que se pongan de
manifiesto. Si, como digo, ha habido aspectos que han mejorado
a través de las enmiendas aceptadas de nuestro Grupo
Parlamentario y de otros grupos, hay otros que han quedado sin
incorporarse y que, entendemos, significarían una mejora del
texto del proyecto de ley.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende, por ejemplo, que es
preciso recoger en esta reforma la no responsabilidad de las
infracciones tributarias, en el supuesto de incumplimiento de
la obligación de ingresar en alguna administración tributaria
los tributos o sus ingresos a cuenta correspondientes al
régimen de volumen de operaciones, por haberlo hecho en otras
oficinas tributarias. Este caso se da con mucha frecuencia en
las administraciones de las diputaciones forales y del País
Vasco. Puede ocurrir que un contribuyente haya declarado e
ingresado en una de las administraciones --tiene voluntad, por
tanto, de cumplir con la normativa tributaria--, pero que
exista un defecto de forma por no haberlo hecho en la
administración señalada al efecto. Este hecho no debe ser
motivo de una responsabilidad porque no existe voluntad de
defraudar, no existe voluntad de no declarar y de no ingresar.
Por tanto, entendemos que este aspecto debe quedar contemplado
de forma que no haya responsabilidad para este contribuyente.
También entendemos que la resistencia, excusa o negativa a las
actuaciones de la Administración tributaria --es decir, la no
colaboración con la Administración tributaria-- van en contra
del deber de colaboración que tiene todo contribuyente, pero
no son elementos que deban ser tipificados como infracción,
sino como criterios de graduación de las sanciones. Por esta
misma razón, estas actitudes no deben ser sancionadas con
multa, como está establecido en el proyecto de ley, de 50.000
a un millón de pesetas, sino que tienen que ser elementos que
constituyan un criterio de graduación
de la infracción. De otra forma habría una duplicidad de las
sanciones y de los recargos por el incumplimiento.
Por otra parte, el actual proyecto de ley introduce una
modificación sustancial en la regulación del carácter
reservado de los datos, informes o antecedentes, cual es el de
dar publicidad a la identidad de las personas o entidades que
han sido sancionadas, en virtud de resolución firme, por
infracciones tributarias graves de más de cinco millones de
pesetas.
Reconozco que, ante los argumentos que hemos dado en el debate
en Comisión, ha habido una cierta sensibilidad por parte del
Grupo Socialista,
ofreciéndonos una enmienda transaccional que eleva de 5 a 10
millones de pesetas la infracción motivo de publicidad, además
del hecho de existir otros criterios de graduación, como son
la reiteración del infractor.
Aun reconociendo que se mejora la actual redacción, he de
manifestar que nuestro Grupo Parlamentario sigue sin estar de
acuerdo con dar expresamente publicidad a la identidad de las
personas o empresas que han sido sancionadas por infracciones
tributarias. Entendemos que esta medida, que pretende ser un
correctivo público, además de las sanciones tributarias y
penales, en su caso, que tiene que aplicarse al infractor, es
un castigo adicional del que no se pueden medir las
consecuencias sociales que esta publicidad pueda ocasionar.
Todo medio disuasorio ante el fraude fiscal es conveniente, en
sí mismo, siempre que sea eficaz, y más en estos momentos en
que las cifras del fraude son tan elevadas. Pero estos
mecanismos e instrumentos deben estar dentro de la legalidad
y, desde luego, no deben atentar contra los derechos
constitucionales de los ciudadanos. Somos partidarios de
perseguir con firmeza y de forma contundente el fraude fiscal
y apoyaremos todas las medidas que esta Cámara entienda
necesarias para que, tanto la Administración tributaria como
los tribunales, tengan los instrumentos necesarios para
combatir eficazmente el problema.
Ante estas medidas, queremos llamar la atención de SS.|SS.,
porque es necesario medir cuidadosamente las consecuencias de
esta publicidad y la violación del derecho de toda persona a
su honor y a su integridad. Por estas razones, somos
partidarios de eliminar de este proyecto de ley la publicidad
de los infractores.
Finalmente, me referiré a la potestad de la inspección a
entrar en fincas, locales de negocio y demás establecimientos
y lugares en los que se desarrollen actividades a gravar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía, vaya
concluyendo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Creemos que sería conveniente precisar la necesidad de que en
estos casos, y concretamente para la búsqueda y reconocimiento
de la documentación, los registros contables y demás elementos
de prueba pertinentes, sea necesario el oportuno mandamiento
judicial, garantizándose al contribuyente que la actuación de
la inspección se circunscribirá al motivo del requerimiento,
salvaguardando los secretos insustriales y comerciales de la
empresa.
Señor Presidente, señorías, las propuestas de nuestro Grupo,
recogidas en las enmiendas a este proyecto de ley, son, a
nuestro entender, totalmente asumibles por la administración
tributaria y justas en sus términos, sin desviarse de los
objetivos definidos en la exposición de motivos y
salvaguardando la potestad de la Administración y los derechos
de los contribuyentes. Por ello, solicitamos de SS.|SS. el
voto favorable a nuestras enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía.
Para la defensa de las enmiendas mantenidas por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario
valora positivamente los acuerdos alcanzados con el Grupo
Socialista respecto a los artículo modificados parcialmente en
la Ley General Tributaria, acuerdos a los que también se han
sumado el resto de los grupos parlamentarios en el debate que
hubo en Comisión en fechas pasadas.
Nosotros entendemos que dicha modificación parcial de la Ley
General Tributaria representará, con seguridad, una mejora en
la recaudación de tributos por parte de la Administración
General del Estado. Estamos convencidos de que dicha
modificación disminuirá la litigiosidad de los aspectos
fundamentales en los que no haya procedimientos en vía
judicial, por lo que la Administración será mucho más ágil y
eficiente. En definitiva, estas dos cuestiones, mayor agilidad
y mayor recaudación tributaria y menos litigiosidad, son
básicas. En el proyecto de ley que ha sido remitido a las
Cortes por el Gobierno Socialista hay una disminución
importante de las sanciones previstas en el proyecto de ley,
que pasan del 300 por ciento al 150 por ciento, así como una
disminución importante de los recargos, que pasan del 50 al 20
por ciento. No hay que alejarse de la realidad y lo importante
es que la Administración pueda cobrar a través de estas
sanciones, que no dejan de ser equilibradas con las de la
Unión Europea. Seguramente las empresas, y también los
contribuyentes, evitarán procedimientos judiciales y pagarán.
Pienso
que en el ánimo del legislador está adecuar la realidad de la
legislación tributaria que existe hoy en España a la de los
demás países de la Unión Europea. Creemos sinceramente que
dicha modificación modernizará la actual legislación
tributaria y, con toda seguridad, mejorará la seguridad
jurídica de los contribuyentes, ya que se introduce la
exigencia de dar audiencia al interesado antes de dictar el
auto administrativo que declara la responsabilidad del sujeto
pasivo.
¿Por qué Convergència i Unió valora positivamente dicha
modificación parcial de la Ley General Tributaria? ¿En qué
aspectos o en qué objetivos fundamentales hemos concordado con
el Grupo Socialista y con los demás grupos parlamentarios, a
fin de que esta ley sea más moderna, más eficaz y dé más
seguridad al contribuyente? En primer lugar, consideramos
innovador que otra vez se pueda volver a instruir el
expediente de fraude de ley, dando audiencia al interesado
para que se pueda defender. Entendemos muy positivo que sea
otro organismo independiente de la inspección el que dirima
finalmente si existe o no fraude de ley y que ese expediente
sea tramitado sin sanción alguna.
Convergència i Unió entiende que la introducción, a través de
la discusión en la Comisión correspondiente, de las
valoraciones que hemos incorporado, junto con los demás grupos
parlamentarios, de los recargos de apremio, situándolos en
unos límites para las declaraciones voluntarias que oscilan
entre el cinco y el 15 por ciento, resulta muy positiva.
También consideramos positiva la graduación de sanciones
incorporadas en el debate en Comisión ya que establece la
posibilidad de mejorar porcentualmente, en función de las
faltas comentidas.
Al igual que han hecho otros grupos parlamentarios, nos parece
muy oportuno que se incorpore a nuestra legislación tributaria
de nuevo el carácter vinculante de las consultas que puedan
realizar los diferentes contribuyentes. En este aspecto,
consideramos muy positiva la posibilidad de que sean las
empresas y las personas físicas residentes en España las que
puedan consultar si determinadas inversiones en activos
empresariales son viables o no en función de la legislación
vigente.
También valoramos muy positivamente el reforzamiento del
derecho a la intimidad de los contribuyentes. Pensamos que ha
sido positivo que no haya prosperado la patada fiscal en las
cuentas corrientes y que hayamos hecho viable que fuera
posible solamente la investigación de la cuentas corrientes en
los casos de personas que estén sujetas a la regularización de
su situación tributaria. Por otra parte, estimamos procedente
que el Grupo Parlamentario Socialista haya retirado del
dictamen de la Comisión del proyecto de ley de modificación
parcial de la Ley General Tributaria el artículo 141 porque
entendemos que dicho artículo suponía una patada fiscal a los
registros posibles de las empresas, así como a los registros
domiciliarios de los contribuyentes. Nosotros habíamos
enmendado dicho artículo en el sentido de que ello sólo es
factible si existe mandamiento judicial. La retirada de dicho
artículo, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, ha
sido valorada muy positivamente por nuestro Grupo.
En cuanto a las enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario
había aplazado para su debate en Pleno, he de decir que existe
una fundamental, cual es la referente a que las sanciones no
sean firmes hasta que no haya finalizado el procedimiento
administrativo.
Nosotros entendemos que las sanciones solamente son ejecutivas
cuando se pone fin a la vía administrativa. En el caso de que
el contribuyente, ya sea persona físca o jurídica, quisiera
recurrir dicho procedimiento, creemos que no procede depositar
el aval para dicho acto administrativo ya que, en definitiva,
son los pequeños contribuyentes, las pequeñas y medianas
empresas, los empresarios autónomos, los que no tienen
capacidad suficiente para despositar el aval correspondiente,
justo cuando sobre dicha figura administrativa, como es la
sanción, hay dictámenes constitucionales, hay doctrinas y hay
jurisprudencia en los que aparece bien especificado que no
serán nunca firmes hasta que no haya finalizado el
procedimiento administrativo. Nosotros mantenemos dicha
enmienda en este debate en el Pleno, puesto que se trata de
hacer justicia en función de una legislación existente, de una
doctrina, y de una jurisprudencia que han dictado los
tribunales para proteger dicha seguridad jurídica de los
empresarios autónomos, de los pequeños contribuyentes, de las
personas físicas que no tienen capacidad ni solvencia para
depositar el aval sobre una sanción, cuando
constitucionalmente nosotros estamos convencidos que no
procede hasta que dicha sanción no sea firme.
También para la defensa en el Pleno hemos mantenido todas
aquellas emiendas que iban referidas a la publicidad de las
sanciones. Nosotros, al igual que han defendido otros grupos
parlamentarios, creemos que no debe existir publicidad, que no
ayudará a incrementar la recaudación de Hacienda, ya que es
difícil dictaminar si es necesario que exista publicidad
cuando se trate de cinco millones de pesetas, como dice el
proyecto de ley, o de diez millones de pesetas, según una
enmienda transaccional del Partido Socialista. Nosotros sí
creemos que debe existir publicidad para todos aquellos
ciudadanos, sean personas físicas o jurídicas, que estén
inmersos en el fraude fiscal, en el delito fiscal, no cuando
superen determinadas cantidades, sean de cinco o de quince
millones de pesetas.
En este momento procesal defendemos la enmienda número 160,
relativa a los embargos de las cuentas corrientes de
determinadas entidades financieras. Creemos que procede
mantener el embargo de las cuentas corrientes cuando en dicho
procedimiento se identifique la oficina y la cuenta corriente
del contribuyente.
No es procedente el embargo sin especificar la oficina y sin
especificar la cuenta corriente del contribuyente, ya que es
difícil que una entidad financiera sepa si globalmente uno o
más contribuyentes tienen un saldo en disposición de poder ser
embargado.
También damos por defendidas nuestras enmiendas número 164,
166 y 168, presentadas por nuestro Grupo Parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, en primer lugar, tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista no mantiene enmiendas para este trámite,
puesto que han sido incorporadas en los anteriores de Ponencia
y Comisión. Sí quisiera hacer una advertencia sobre una
enmienda que no ha sido incorporada en el dictamen de la
Comisión, enmienda número 31, formulada a la exposición de
motivos. Por tanto, ruego a los servicios técnicos que
corrijan esta omisión, que supongo ha sido un error.
Voy a pasar a fijar la posición del Grupo Socialista en
relación a las enmiendas que se mantienen vivas por el resto
de los grupos parlamentarios.
En primer lugar, quisiera señalar que se ha producido en
trámites anteriores, especialmente en el de Comisión, una
importante aproximación entre todos los grupos. Lo que ha
supuesto la aprobación de numerosas enmiendas tanto
transaccionales como enmiendas en sus propios términos,
aproximación que se ha plasmado en trámites anteriores.
Con relación a las enmiendas que se mantienen vivas, quisiera
señalar la posición favorable del Grupo Socialista a las que
se mantienen al artículo 123.2, por parte del Grupo Popular,
enmienda número 228, que supone la consideración al mismo
tiempo de la enmienda número 153 del Grupo de Convergència i
Unió. En dicha enmienda se plantea que en las liquidaciones de
oficio provisionales realizadas por la Administración
tributaria, en las que se podrán efectuar comprobaciones
abreviadas, se puedan solicitar, por parte del contribuyente,
las comprobaciones conforme a las normas de carácter general.
En segundo lugar, en relación con el artículo 132.1, también
apoyaremos las enmiendas números 160, del Grupo de
Convergència i Unió, y 239, del Grupo Popular, respecto a que
los embargos que se produzcan de fondos y valores, en relación
con datos sin identificar, deberán circunscribirse a una sola
oficina bancaria, de acuerdo con una interpretación amplia de
la sentencia realizada por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, mantenemos la voluntad de acuerdo referente a
la publicidad de las sanciones, como conocen todos los grupos
parlamentarios, ya que presentamos la correspondiente enmienda
transaccional en el trámite de Comisión. Esta es una enmienda
transaccional a la 152, de Convergència i Unió, y 225, del
Grupo Popular. El Grupo Socialista considera conveniente el
mantenimiento de la publicidad de las sanciones. teniendo en
cuenta que es un elemento disuasorio para la realización del
fraude fiscal. No obstante, y atendiendo a las consideraciones
que se han producido por todos los grupos, la enmienda
transaccional propone que se reserve la publicidad a las
conductas de mayor gravedad. En este sentido, se elevaría el
importe de la sanción a partir de la cual se daría publicidad
a las sanciones de cinco a diez millones de pesetas. Asimismo,
debería ir unido al hecho de que fueran conductas de carácter
reincidente o bien se llevasen a cabo con la utilización de
medios fraudulentos.
El Grupo Socialista mantiene también una propuesta
transaccional, que ha modificado el contenido de la que
realizamos en su momento, respecto al artículo 81.3, en
relación a la ejecutividad o no de las sanciones. La propuesta
que el Grupo Socialista plantea a todos los grupos es que el
mantenimiento del contenido del proyecto de ley en cuanto a la
interposición de cualquier recurso o reclamación no suspenderá
la ejecución de la sanción impuesta, sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa general. Sin embargo, el Grupo
Socialista propone adicionalmente a este planteamiento
general, que nos parece legítimo --aunque no coincida con lo
dispuesto en el Derecho administrativo, resulta igualmente
legítimo que pueda haber una regulación distinta en Derecho
tributario--, que la Administración tributaria reembolse el
coste de los avales aportados como garantía en la parte
correspondiente a las sanciones impuestas cuando éstas sean
consideradas improcedentes. Esto por una parte. En segundo
lugar, proponemos, además, que exista un supuesto de exención
de aplicación del principio general cuando dicha ejecución de
la sanción afecte sustancialmente al mantenimiento de la
capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad
económica de una empresa. Entendemos que afectará
sustancialmente cuando la sanción a garantizar exceda de un
porcentaje --que proponemos se determine reglamentariamente--
del patrimonio o de los fondos propios del sujeto pasivo.
Estas son las dos enmiendas transaccionales que propone el
Grupo Socialista.
En relación con el resto de las enmiendas que se mantienen,
reiteramos la posición expresada por nuestro Grupo, no
favorable, entendiendo que buena parte de los aspectos más
importantes han sido ya incorporados y teniendo presente
también, como tienen presente SS.|SS., que ésta es una reforma
parcial de la Ley General Tributaria y que está prevista la
remisión a esta
Cámara de un proyecto de ley global de dicha Ley General
Tributaria.
Sí quisiera referirme brevemente a dos consideraciones que se
han vertido, en primer lugar, por parte del Grupo Popular, en
relación con la propuesta que plantea de elaboración de una
norma específica para las relaciones de los contribuyentes con
la Administración tributaria, lo que se ha venido a denominar
el estatuto del contribuyente. Respecto a esta propuesta la
posición del Grupo Socialista es que la relación entre los
contribuyentes y la Administración tributaria, así como los
derechos y obligaciones de los contribuyentes, deben
desarrollarse dentro de la Ley General Tributaria. En segundo
lugar, esta reforma, a pesar de su carácter parcial, ha
avanzado significativamente en la mejora de los derechos y de
las garantías de los contribuyentes, y la reforma global debe
culminar este desarrollo. En tercer lugar, quisiera recordar
el compromiso del Gobierno, apoyado por el Grupo Socialista,
para elaborar una carta de los derechos de los contribuyentes,
en línea con las recomendaciones de la Comisión de la Unión
Europea para que sea una compilación de los derechos de los
contribuyentes, de tal manera que se ponga a su disposición y
puedan ejercerlos y afirmalos ante la Administración
tributaria. Quisiera referirme a alguna consideración que se
ha hecho respecto a la seguridad jurídica de los
contribuyentes en relación con actuaciones de entrada en
domicilio por parte de la Administración tributaria. En este
sentido creo conveniente recordar --como ya se ha dicho-- que
se ha retirado la reforma que se proponía del artículo 141,
que provocaba algunos interrogantes y alguna inseguridad sobre
la constitucionalidad del texto que se proponía. Vamos a
mantener el texto actual del artículo 141 de la ley
considerado, sin ninguna fisura y sin ninguna duda, plenamente
constitucional.
Quisiera destacar las importantes modificaciones que se han
producido en los trámites de esta Cámara, brevísimamente los
enunciaré. Tratamiento más favorable del sistema de recargos
en las declaraciones voluntarias fuera de plazo que se
realicen en el año inmediatamente posterior de dicho período
obligatorio. La mejora de los derechos de los contribuyentes
en dos aspectos fundamentales: en relación al levantamiento
del secreto bancario, que ha de ser individualizado,
delimitando los datos que podrán requerirse y precisando la
existencia de una motivación de comprobación y de inspección a
través de un procedimiento riguroso dentro de la
Administración tributaria, así como la mejora en cuanto a la
aplicación de medidas cautelares por parte de la
Administración tributaria respecto de los embargos. Se
incrementa la seguridad jurídica y las garantías de los
contribuyentes al recuperar la regulación de la consulta
vinculante que había desaparecido mediante la reforma de la
ley en 1985. Estos supuestos que se recuperan hacen referencia
a aspectos de la mayor trascendencia, como son, productos
nuevos que pongan en marcha las entidades financieras,
inversiones en activos empresariales --tanto para residentes
como no residentes--, operaciones intracomunitarias y
convenios entre empresas y trabajadores en relación con
expedientes de regulación de empleo.
Debo señalar también, porque la interpretación que apareció
puede ser controvertida, que se hace operativa la figura del
fraude de ley. Sin dañar la seguridad jurídica de los
contribuyentes y para hacer operativa esta figura se cubre un
vacío normativo. Se ha hecho con unanimidad y quiero destacar
la importancia de regular adecuadamente la figura de fraude de
ley, que es la figura que se está utilizando en estos
momentos, dado el vacío normativo que existía, para realizar
los grandes fraudes en materia de fraude fiscal. Se ha
mejorado también el procedimiento tributario con arreglo a las
enmiendas que se han señalado por los distintos grupos.
Quisiera señalar finalmente, señorías, que en esta ley se ha
alcanzado, como señalaba el principio, un amplio consenso, un
consenso completo con el Grupo de Convergència i Unió y amplio
con los restantes grupos. Debo decir que este consenso es
importante y que ha sido posible a pesar de las diferencias
que existen en los modelos fiscales de los distintos grupos
parlamentarios, como ha señalado el portavoz del Grupo
Popular. Sin embargo, y a pesar de la existencia de modelos
distintos, el Grupo Socialista ha trabajado para conseguirlo y
ha buscado este consenso entendiendo, en primer lugar, que es
positivo que exista en todo el desarrollo del sistema
tributario. No debemos perder de vista que el sistema
tributario español, que arranca en sus aspectos fundamentales
y modernos de la reforma tributaria realizado en 1978, es un
sistema elaborado y desarrollado posteriormente con un amplio
consenso. En segundo lugar, quisiera señalar que la Ley
General Tributaria, al ser el marco de relación de los
contribuyentes con la Administración tributaria, requiere, en
aras de la mayor aceptación social de las normas tributarias,
que exista un amplio consenso en torno a la misma.
Quisiera señalar...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, le ruego
concluya.
La señora AROZ IBAÑEZ: Acabo, señor Presidente.
Quisiera señalar en relación con alguna consideración que se
ha vertido que este consenso ha sido posible con todos los
grupos, con la mayoría de los grupos con los que ha habido
coincidencia en los objetivos y en la filosofía de la ley. A
nuestro Grupo le parece un argumento simple, simplista y
demagógico decir que el consenso con determinados grupos
supone un giro hacia determinado lugar, hacia determinada
parte. Debo
decirle al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
que el único giro que hace este proyecto de ley es un giro a
la realidad de la sociedad española, un giro que tiene en
cuenta el cumplimiento generalizado de las obligaciones
tributarias por los ciudadanos españoles. Quisiera poner de
manifiesto un dato sumamente significativo: el número de
declarantes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en 1982 era de seis millones de personas. En 1995 en
relación con la renta de 1994 será de trece millones de
personas.
En relación con el sistema de recargos y sanciones he de
manifestar que también se ha producido una adaptación de dicho
sistema a esa realidad y una acomodación a los recargos
existentes en la Unión Europea, pero también a lo que es la
realidad española, porque tomando...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, le ruego
concluya. Tiene que intervenir todavía el señor García Ronda.
La señora AROZ IBAÑEZ: Será un minuto. (Rumores.--Varios
señores Diputados: ¡No! ¡No!--Otro señor Diputado: ¡Tiempo!)
Señor Presidente, dos minutos y acabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Más breve, señora
Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: El sistema de recargos y sanciones se
adapta a ese cumplimiento generalizado de la sociedad española
de las obligaciones tributarias y trata de potenciar un mayor
cumplimiento voluntario en el futuro.
Para finalizar quisiera decir que esta ley tiene un buen
equilibrio entre esos objetivos, a los que me refería, de un
cumplimiento voluntario de los ciudadanos españoles de sus
obligaciones tributarias con mantener las facultades de la
Administración tributaria para exigir el cumplimiento de esta
función constitucional de contribuir por parte de todos los
ciudadanos y el mantenimiento de las facultades de la
Administración tributaria para perseguir el fraude fiscal.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Ronda,
tiene la palabra. Le ruego sea muy breve.
El señor GARCIA RONDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy seguro de que la Cámara está deseando oír mi cálido y
riguroso verbo, pero aún estoy más seguro de que me agradecerá
todavía más que no intervenga. Dado que mi compañera doña
Mercedes Aroz creo que ha dicho todo lo substancial y hasta lo
adjetival en cuanto a esta ley, a su término, renuncio a la
palabra en aras de una mayor brevedad. (Aplausos.--Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):Gracias, señor García
Ronda.
¿Turnos de réplica? (Pausa.) El señor Sánchez i Llibre tiene
la palabra.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario aceptaría la transaccional que nos
ha presentado el Grupo Socialista a nuestra enmienda 131,
siempre y cuando el porcentaje no se fijara reglamentariamente
y lo pudiéramos fijar hoy en el Pleno del Congreso de los
Diputados a través de una propuesta nuestra que sería del 15
por ciento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En este momento, están
fotocopiando las enmiendas transaccionales. Si los grupos a
los que el Grupo Socialista ha ofrecido una transaccional han
tomado nota de ella, querría preguntarles si retiran aquella
enmienda afectada por la transaccional ofrecida por el Grupo
Socialista.
¿Señor Costa?
El señor COSTA CLIMENT: Respecto a la enmienda transaccional
que formula el Grupo Socialista a la enmienda 203 del Grupo
Popular, relativa al artículo 81.3, de la misma forma que ha
manifestado el portavoz de Convergència i Unió, estaríamos
dispuestos a aceptar esta transaccional si se incorpora en el
texto del artículo al porcentaje del 15 por ciento.
Respecto a la otra enmienda transaccional formulada por el
Grupo Socialista, mi Grupo Parlamentario no puede aceptarla.
Mi Grupo ya ha ofrecido una enmienda alternativa que se
enmarca en los mismos términos que la transaccional presentada
por el Grupo Socialista. Por lo tanto, lo que debería hacer el
Grupo Socialista, en su caso, es votar afirmativamente nuestra
enmienda alternativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Antes de dar la
palabra al señor Andreu, quisiera preguntar a la señora Aroz
si la corrección que han sugerido tanto el señor Sánchez i
Llibre como el señor Costa con relación al porcentaje es o no
aceptada por el Grupo Socialista.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
No nos parece adecuado que en una ley general, como es ésta,
se introduzca una precisión de estas características. Nos
parece mucho más adecuada la propuesta que realiza el Grupo
Socialista en la enmienda,
que remite a un desarrollo reglamentario la fijación del
porcentaje que estamos seguros cubrirá ampliamente las
inquietudes que plantean los grupos con relación a esta
cuestión. Por tanto, no aceptamos esta precisión y lo
remitimos a un desarrollo reglamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia,
entiende la Presidencia, señores Costa y Sánchez i Llibre, que
no retiran las enmiendas correspondientes. (Asentimiento.)
¿Señor Andreu? (Denegaciones.)
Si no ha entendido mal la Presidencia, ninguna de las dos
enmiendas transaccionales puede ser votada, puesto que no se
han retirado las enmiendas correspondientes. (El señor Sánchez
i Llibre pide la palabra.)
¿Señor Sánchez i Llibre?
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Para comunicarle que nuestro Grupo Parlamentario también
mantiene nuestra enmienda 152 y no aceptamos la transaccional
que nos ha presentado el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Así lo había entendido
la Presidencia, señor Sánchez y Llibre.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondiente al dictamen
del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General
Tributaria.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, nueve; en contra, 151; abstenciones,
115.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, ocho; en contra, 265; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular.
Enmiendas 203 y 225.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 127; en contra, 145; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 228 y 239.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 267; en contra, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aceptadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 114; en contra, 158; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Vasco, PNV. Enmienda número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 15; en contra, 147; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco, PNV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, cuatro; en contra, 158; abstenciones,
113.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán, Convergència i Unió. Enmienda
número 160.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 266; en contra, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Catalán, (Convergència i Unió).
Comienza la votación. >(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 274; a favor, 17; en contra, 146; abstenciones, 111.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación correspondiente al texto del dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 275; a favor, 152; en contra, siete; abstenciones,
116.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión
Secreta):
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS,
SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS
(Números de expedientes 4/000081, 4/000360 y 4/000374)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto
de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
El señor PRESIDENTE: El Pleno se reanudará mañana, a las
cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.