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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 141, de 25/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 141 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 139
celebrada el martes, 25 de abril de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre abolición de la
pena de muerte en tiempo de guerra. (Orgánica.) «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 90.1, de 19
de diciembre de 1994 (número de expediente 122/000072)
(Página 7435)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, por la que queda abolida la pena de
muerte en el Código Penal Militar. (Orgánica.) «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 91.1, de 19
de diciembre de 1994 (número de expediente 122/000073)
(Página 7435)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
queda abolida la pena de muerte en el Código Penal Militar
para tiempos de guerra. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 92.1, de 19 de diciembre de
1994 (número de expediente 122/000074)
Modificaciones en el orden del día (Página 7445)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre uso y
práctica de prueba del análisis del ácido desoxirribonucleico
(ADN) dentro de la estructura del sistema de Derecho penal y
en la investigación de la paternidad. (Orgánica.) «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 112.1, de 3
de marzo de 1995 (número de expediente 122/000090) (Página 7445)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aprobación por el
Gobierno de la Nación de un Plan de modernización del comercio
interior para el período 1995-2001. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 175, de 23 de diciembre de
1994 (número de expediente 162/000157) (Página 7453)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a
un plan especial de acción sobre el comercio interior.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
146, de 10 de octubre de 1994 (número de expediente
162/000142) (Página 7453)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
cumlplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente de los plazos en la construcción
de las autovías de conexión de Galicia con la meseta. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 210, de 24
de marzo de 1995 (número de expediente 162/000179) (Página 7467)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de carácter general para que el proceso de
funcionarización se haga con sujeción a los principios
constitucionales y a los mandatos legales referidos a la
función pública (número de expediente 173/000078) (Página 7471)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre nuevas actuaciones en materia
de política pesquera respeto del Derecho Internacional (número
de expediente 173/000079) (Página 7480)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
142, de 26 de abril de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7435)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre abolición de la pena
de muerte en tiempo de guerra. (Orgánica.) (Página 7435)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, por la que queda abolida la pena de muerte en
el Código Penal Militar. (Orgánica.) (Página 7435)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
queda abolida la pena de muerte en el Código Penal Militar
para tiempos de guerra. (Orgánica.) (Página 7435)
El señor Martín Toval defiende la proposición de ley del Grupo
Socialista. Comienza señalando que interviene con emoción por
subir a la tribuna por última vez después de 18 años de
presencia en esta Cámara, en la que ha estado presente en
todas las legislaturas desde la constituyente. La emoción se
debe también a intervenir sobre una cuestión que fue objeto de
importantes debates constituyentes, así como de consenso en la
propia Constitución, y que hoy también puede resolverse, si
así lo deciden los señores Diputados, por acuerdo unánime.
Recuerda los debates constituyentes en torno a lo que
inicialmente era el artículo 15 de la Ponencia
constitucional sobre el derecho a la vida, en el que no se
hacía ninguna referencia a la pena de muerte, hasta llegar
finalmente a la Comisión Constitucional del Senado donde se le
da a dicho artículo 15 su redacción actual.
Posteriormente, ya vigente la Constitución, se han producido
diversos debates e iniciativas legislativas sin que se llegase
a la abolición de la pena de muerte incluso en tiempo de
guerra. En este momento, en el que la sociedad española
aparece sometida a tensiones de mayor o menor calado y cuando
los violentos siguen siendo los mismos y dando las mismas
pruebas de violencia, considera importante que este Parlamento
sepa dar a la sociedad española el doble ejemplo: primero, del
acuerdo y el consenso y, segundo, de hacerlo, además, en
defensa de la vida.
Al despedirse de la Cámara concluye pidiendo a los señores
Diputados que sigan haciendo todo lo posible y todo lo
necesario para que este Parlamento sea el eje de la vida
democrática de nuestro país sin hacer dejación nunca, como no
lo hicieron desde 1977, de su trascendente responsabilidad. El
señor Presidente manifiesta que cree no equivocarse si
públicamente hace expresión de dos sentimientos: el de la gr
afecto de quienes han trabajado durante tantos años con el
señor Martín Toval.
El señor Romero Ruiz defiende la proposición de ley del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza haciendo
referencia a la lista de países abolicionistas de la pena de
muerte, según datos de Amnistía Internacional, que indican que
cada vez, por fortuna, más países se inscriben en el grupo de
los abolicionistas. El propio Parlamento Europeo, en el Pleno
del 9 al 13 de marzo de 1993, aprobó una resolución por la que
se abogaba por la abolición de la pena de muerte en las
legislaciones de los Estados miembros tanto en tiempo de paz
como de guerra. Afirma que la pena de muertees cruel, que
además se impone de forma desproporcionada a los más
desfavorecidos económicament se sigue aplicando.
Recuerda también que su Grupo Parlamentario presentó una
proposición de ley en idéntico sentido el 31 de marzo de 1992,
que no encontró el apoyode los Grupos Socialista y Popular y
cuyos argumentos en favor y en contra de la proposición
constan en el «Diario de Sesiones». Hoy su Grupo Parlamentario
se congratula y felicita por la unanimidad que espera se va a
conseguir en la Cámara dando un mensaje de civismo, de
humanidad, de Estado moderno, al suprimir también nuestropaís
la pena de muerte en las leyes militares y para tiempo de
guerra.
Termina expresando el reconocimiento de su Grupo Parlamentario
a la figura política del señor Martín Toval y a su trayectoria
en esta Cámara. El señor López Valdivielso defiende la
proposición de ley del Grupo Popular. Comienza sumándose al
recuerdo de simpatía y amistad que el resto de la Cámara ha
dedicado al señor Martín Toval.
Seguidamente expresa su satisfacción personal y política por
intervenir en la defensa de una proposición de ley que supone
la abolición total de la pena de muerte de nuestro
ordenamiento jurídico. Considera innecesario argumentar contra
la pena de muerte y a favor de su abolición, ya que este
debate lo cerró la sociedad española al aprobar con su voto la
Constitución. Quedaba sólo ese resquicio excepcional que para
situaciones excepcionales contemplan las leyes militares, y
tiene que decir que ni siquiera en esas circunstancias
excepcionales se puede justificar la privación de ese bien
supremo y de ese derecho humano absoluto cual es la vida, sea
cual sea la conducta que haya que castigar. Entiende que no es
concebible que se pueda dar en una sociedad estructurada,
moderna y en los años finales del siglo XX ninguna situación,
ninguna conducta para cuyo escarmiento sea preciso recurrir a
la pena de muerte, ni siquiera en las situaciones más
excepcionales de grave crisis, como es una guerra, porque
precisamente en esa circunstancia excepcional puede aumentar
el riesgo de una imposición arbitraria de la pena de muerte.
Agrega que las más altas instancias internacionales, como las
Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa,
se muestran contrarias a la aplicación de la pena de muerte,
siendo ya muchos los Estados que la han abolido, todo lo cual
apoya y avala la decisión que hoy van a tomar aquí.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Chiquillo Barber y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del
Grupo Vasco(PNV), y Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Conv
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista por 300 votos a favor
y tres abste Asimismo se aprueba la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por 301 votos a favor y dos abstenciones.
Finalmente, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 302 votos a favor y
una abstención.
Modificaciones en el orden del día (Página 7445)
El señor Presidente informa a la Cámara que la Junta de
Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer
al Pleno la exclusión del orden del día de los dictámenes de
la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales correspondientes a los puntos 46 y 47,
relativos al Convenio Marco para la protección de las minorías
nacionales del Consejo de Europa y al acuerdo parala promoción
y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España
y la República de Turquía.
Se acuerda por asentimiento la exclusión de ambos puntos del
orden del día.
El señor Presidente informa que asimismo la Junta de
Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer
al Pleno que en el debate de las interpelaciones urgentes se
sustancie en primer lugar la formulada por el Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que corresponde al número 36
del orden del día y, a continuación, la presentada por el
Grupo Popular, correspondiente al número 35 del orden del día.
Se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación.)
(Página 7445)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre uso y
práctica de prueba del análisis del ácido desoxirribonucleico
(ADN) dentro de la estructura del sistema de Derecho penal y
en la investigación de la paternidad. (Orgánica) (Página 7445)
El señor Azpiroz Villar defiende la proposición de ley del
Grupo Popular, manifestando que se trata de la adaptación a
nuestro ordenamiento interno de la Recomendación R-92/1 del
Consejo de Europa y, en segundo término, se trata de dar forma
a la llamada prueba pericial genética que, dentro del
incremento en el avance científico, y en particular en el
análisis del ADN y de las consecuencias que de él se derivan,
viene siendo una realidad social reclamada el que se regule
adecuadamente en Derecho.
Alude a la realidad social que supone el ADN en la España de
hoy, señalando que en el esclarecimiento de delitos de
violación con la prueba del ADN se ha pasado del 10 al 60 por
ciento, porcentaje que cabe esperar se incremente aún más en
el futuro.Como razones para la toma en consideración de la
proposición de ley menciona, en primer lugar, la necesaria
regulación de un vacío legal; en segundo término, adaptar el
ordenamiento interno a las recomendaciones del Consejo de
Europa, y, en tercer lugar, atender a las demandas de la
doctrina científica.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Cardona i Vila,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López
Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 132 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7453)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aprobación por el
Gobierno de la nación de un Plan de modernización del comercio
interior para el período 1995-2001 (Página 7453)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a un
plan especial de acción sobre el comercio interior (Página 7453)
El señor Martín Mesa defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista. Comienza señalando que el sector de la
distribución comercial en nuestro país viene experimentando
durante los últimos decenios un proceso de transformación,
reestructuración y, en definitiva, modernización, que no puede
darse por concluido todavía. Los costes de este ajuste
posiblemente estén recayendo de forma más especial sobre el
comercio de menor dimensión. contemplado y de ahí que el Grupo
Socialista estime procedente la articulación de un plan de
apoyo a este segmento del sector de la distribución. Este plan
de apoyo no es otro que el plan de modernización del comercio
interior para el período 1995-2001, presentado en forma de
proposición no de ley por el Grupo Socialista, cumpliendo el
compromiso contraído en su programa electoral de 1993 de
fomentar la competitividad y el cambio estructural del pequeño
comercio. Se trata de un plan para garantizar la continuidad
del pequeño comercio como un elemento de creación de empleo,
de bienestar y de cohesión social. El Grupo Socialista apuesta
por el pequeño comercio, pero un pequeño comercio que sea
moderno, competitivo y
rentable, adaptado a las necesidades de la demanda actual.
Como objetivos del plan menciona el incremento de la
competencia de los mercados minoristas, la mayor dimensión
económica de las empresas, mejorar la transferencia de
tecnología, incrementar la información de los consumidores y
mejorar la formación de los profesionales del sector, todo lo
cual consta en el extenso escrito del que disponen los señores
Diputados.
Termina pidiendo el apoyo de la Cámara a la proposición no de
ley que, a su juicio, va a suponer un apoyo decisivo a la
modernización y reestructuración del pequeño comercio.
El señor Aguirre Rodríguez defiende la proposición no de ley
del Grupo Popular. Expone que la crisis económica ha dejado,
entre otras, la huella de la caída del consumo, de la que no
nos recuperamos. Por otra parte, se han producido cambios de
hábitos en los consumidores que han afectado de forma directa
al sector de la distribución y también a la dinámica de los
instrumentos para ganar competitividad y de las nuevas
fórmulas para la comercialización. Dichos cambios de hábitos,
junto a las acciones innovadoras de los operadores, han dado
lugar a que dentro de la distribución comercial convivan, no
siempre de forma pacífica, por un lado empresas altamente
tecnificadas y, por otro, empresas que vienen en llamar
comercio tradicional. Esta dualidad presenta signos claros de
desequilibrio que tienen su origen en una posición débil del
comercio tradicional, que se manifiesta fundamentalmente en
términos de cuota de mercado y en términos de número de
empresas. Hay, además, cuatro factores que están estrangulando
el comercio tradicional español, como son el minifundismo, su
dependencia de la financiación bancaria, la reforma de la
incapacidad laboral transitoria y un sistema tributario
claramente beligerante con el comerciante.
Ante la situación descrita, con su coste en términos de
empleo, el Grupo Popular considera urgentey absolutamente
necesario garantizar la super montón de pequeños municipios
españoles, sobre todo de muchas zonas rurales donde no llega
el gran comercio. Para hacer frente a los problemas anunciados
el Grupo Popular considera necesarias una serie de medidas
concretas, frente al acto voluntarista que supone la
declaración de intenciones que pretende el Grupo Socialista.
Señala que tales medidas necesarias constan en la proposición
del Grupo Popular, frente a la propuesta socialista que es, a
su juicio, calculadamente imprecisa y calculadamente
descomprometida.
Termina el señor Aguirre mencionando algunas de las medidas
concretas contenidas en la proposición no de Ley de su Grupo
Parlamentario.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), interviene
el señor Homs i Ferret para fijar la posición de dicho Grupo y
defender la enmienda a las proposiciones objeto de debate.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de
Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV), y Frutos Gras, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista, es aprobada por 146 votos a favor, 15 en contra y
138 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, es rechazada por 126 votos a favor, 160 en contra y
doce abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al
cumplimiento por parte del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente de los plazos en la construcción
de las autovías de conexión de Galicia con la Meseta (Página 7467)
El señor Rajoy Brey defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular, manifestando que, a través de la misma,
pretenden lisa y llanamente que el Congreso apruebe que un
convenio firmado por el Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente y la Junta de Galicia en
noviembre de 1991 se cumpla. Señala que no es una petición
desmesurada sino razonable y espera, por tanto, el apoyo de
los grupos parlamentarios de la Cámara.
Agrega que por el convenio en cuestión el Gobierno se
comprometía a construir dos autovías para conectar Galicia con
la meseta, la llamada autovía del Noroeste y la autovía de las
Rías Bajas, fijándose como fecha de terminación la del 31 de
diciembre de 1995. Como razón para la construcción de estas
autovías se decía que Galicia es una de las pocas regiones que
no cuenta con una adecuada comunicación con el resto del
territorio nacional, lo que dificulta enormemente el nivel de
competitividad y cohesión que sería deseable para todas las
áreas geográficas de nuestro país.
Alude, por último, a los retrasos producidos en las obras y a
los recortes presupuestarios sufridos por este Ministerio,
agregando que con la proposición no de ley pretenden que el
Gobierno actúe con la diligencia debida y que este Congreso
inste al Gobierno a que cumpla los convenios firmados con la
Junta de Galicia.
El señor Alvarez Fernández defiende la enmienda presentada por
el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo Popular por 138 votos a favor, y 146 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7471)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de carácter general para que el proceso de funcionarización se
haga con sujeción a los principios constitucionales y a los
mandatos legales referidos a la función pública (Página 7471)
El señor Núñez Pérez defiende la moción del Grupo Popular,
manifestando que, a través de la misma, proponen medidas para
resolver los gravísimos problemas que afectan al proceso de
funcionarización, cuya gravedad ha sido reconocida por casi
todos los grupos de la Cámara e incluso por el propio Ministro
para las Administraciones Públicas. Expone que no puede servir
de disculpa para tanta irregularidad y privilegios habidos la
socorrida complicación del proceso, ya que la misma no está
reñida con la correcta ejecución.
Alude al debate de la interpelación, afirmando que en el mismo
quedó claro que el Gobierno no había actuado en este proceso
con unos parámetros mínimamente aceptables de eficacia,
racionalidad, transparencia y, sobre todo, respeto a la ley,
dándose la sensación de que todo es incertidumbre e
inseguridad de la que el Gobierno no sabe cómo salir. La
moción del Grupo Popular tiene el único propósito de poner las
cosas en orden, aunque ello suponga dejar en suspenso durante
algún tiempo el proceso de funcionarización para analizar
detenidamente los problemas del mismo y llevarlos adelante
después con sujeción a la legalidad, objetivo perfectamente
compatible con el respeto a los derechos de quienes desempeñan
los puestos de trabajo objeto de funcionarización.
Menciona algunas otras peticiones concretas contenidas en la
moción, fundamentalmente el recabarinformes y datos al
Gobierno, y termina resalta y la capacidad, así como la
concurrencia libre de otros ciudadanos y, al mismo tiempo,
preserva los derechos adquiridos por los contratados laborales
que desempeñan puestos reservados a funcionarios.
El señor Martínez Blasco defiende la enmienda presentada por
el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), Carrera i
Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Trujillo
Oramas, del Grupo Socialista. Sometida a votación la enmienda
debatida, es rechazada por 126 votos a favor, 156 en contra y
13 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre nuevas actuaciones en materia de política
pesquera, exterior, de defensa, así como de coordinación de
todas ellas, que tiene previsto el Gobierno para asegurar la
actividad de nuestra flota dentro del respeto del Derecho
internacional (Página 7480)
El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que, durante
conflicto del fletán ha estado en juego en gran parte la
dignidad de este país, en una situación extraordinariamente
grave en la que países que son aliados de España en la Unión
Europea han mantenido posiciones absolutamente injustas, como
ha sido el caso de Gran Bretaña. Añade que el Gobierno ha
tenido un apoyo absolutamente incondicional durante el
desarrollo de las negociaciones, con una unión sin fisuras de
esta Cámara, pero, vistos los resultados de la negociación,
Izquierda Unida enmienda su postura inicial para formular el
juicio que le merece la actuación del Gobierno a lo largo de
la negociación y el resultado de la misma. Izquierda Unida
propone a la Cámara el rechazo del acuerdo entre la Unión
Europea y Canadá, así como que se repruebe la conducta del
Gobierno al haberlo ratificado. Destaca la gravedad de que el
Gobierno ratificase el acuerdo, al contrario que Portugal,
que, al no ratificarlo, mantiene abiertas las puertas para
cualquier recurso ante el Tribunal de Luxemburgo. Afirma que
el Gobierno ha consentido un acto extraordinariamente lesivo
para nuestros intereses, que supone una afrenta a la dignidad
de España, dejándola en una posición muy débil ante futuras
negociaciones con otros países y muy concretamente con
Marruecos.
Independientemente de esta modificación, Izquierda Unida
mantiene prácticamente en sus mismos términos los aspectos de
la moción presentada hace dos semanas, considerando que Canadá
debe ser denunciada en todos los foros en que participa España
ante una conducta que estima absolutamente impresentable.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Moragues Gomila, del Grupo Socialista, y Fernández de
Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Vidal y
Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 122
votos a favor, 157 en contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ABOLICION DE LA
PENA DE MUERTE EN TIEMPO DE GUERRA (ORGANICA) (Número de
expediente 122/000072)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE QUEDA ABOLIDA LA PENA DE
MUERTE EN EL CODIGO PENAL MILITAR (ORGANICA) (Número de
expediente 122/000073)
--
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
QUEDA ABOLIDA LA PENA DE MUERTE EN EL CODIGO PENAL MILITAR
PARA TIEMPOS DE GUERRA (ORGANICA) (Número de expediente
122/000074)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley.
Vamos a proceder al debate acumulado de las proposiciones de
ley que figuran con los números 1, 2 y 3 en el orden del día,
por razón de la afinidad de su contenido.
Tiene la palabra, en primer lugar, para defender la
proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre abolición
de la pena de muerte en tiempo de guerra, el señor Martín
Toval.
El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente, señorías subo a esta
tribuna por última vez después de 18 años de presencia en esta
Cámara, sin duda con emoción que SS.SS. entenderán. La emoción
no es sólo por dejar este Parlamento, en todas cuyas
legislaturas, constituyente y constitucionales, he estado
presente; también lo es porque hoy me despido de la Cámara
interviniendo sobre una cuestión que fue objeto de importantes
debates constituyentes y, finalmente, de consenso en la
Constitución, y que hoy también, tras recientes e importantes
debates legislativos en esta Cámara, puede, si SS.SS. así lo
deciden, resolverse igualmente por acuerdo unánime.
Permítanme que recuerde los debates constituyentes en torno a
lo que inicialmente no era sino el artículo 15 de la Ponencia
constitucional, sobre el derecho a la vida. Ese artículo 15 de
la Ponencia constitucional no hacía ninguna referencia a la
pena de muerte. Votos particulares y enmiendas, presentados
por grupos como los nacionalistas vascos y catalanes, los
socialistas y los comunistas, pretendían introducir en aquel
artículo 15 de la Ponencia constitucional el texto de: «Queda
abolida la pena de muerte». El informe de la Ponencia al
conjunto de enmiendas y de votos particulares planteados no
modificó el texto inicial del artículo 15 sino en temas que no
atañían a la cuestión de la pena de muerte. Tras el debate, la
Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados mantuvo
el texto de la Ponencia; de hecho, en la Comisión 18 Diputados
votaron en contra de la abolición de la pena de muerte y 17
Diputados a favor.
Aunque el debate entonces --mayo de 1978-- fue en algunos
momentos sobre esta cuestión áspero y confrontado, aquí sólo
quiero recordar unas palabras textuales del portavoz,
entonces, de la Unión de Centro Democrático, que votó en
contra de aquel texto de la abolición de la pena de muerte. En
explicación de ese voto negativo, don Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón dijo en aquella Comisión Constitucional: Lo
que hemos votado no es si debe o no debe haber pena de muerte,
lo que hemos votado es si debe o no constitucionalizarse la
abolición de la pena de muerte. Se abría un portillo al
consenso sobre el tema.
El Pleno del Congreso, cuando trató el artículo 15 de la
Constitución, de nuevo se pronuncia por mayoría contra las
enmiendas y votos particulares de los grupos a que he hecho
referencia --enmiendas y votos particulares abolicionistas--,
pero aprueba también por la misma mayoría una enmienda «in
voce» del Diputado de
la UCD, entonces, señor García Añoveros que decía
textualmente: «Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que
puedan disponer las leyes penales militares para delitos
cometidos por personas sujetas por su propia condición al
fuero castrense».
Es finalmente, como saben SS.SS., la Comisión Constitucional
del Senado la que vota, ya por unanimidad, el texto de la
enmienda defendida por el malogrado Senador socialista
Alexandre Cirici i Pellicer, de Entesa dels Catalans, que se
convierte en el vigente artículo 15 de la Constitución, que,
en lo que hace a este tema, dice textualmente, como saben sus
señorías: «Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que
puedan disponer las leyes militares para tiempo de guerra».
He hecho este recordatorio porque creo que en ese espacio de
tiempo que va desde el inicio de la redacción del texto de
proyecto constitucional por la Ponencia, hasta ese final --
aunque el fin el referéndum-- en trámite parlamentario de la
Comisión del Senado, hubo debates intensos, tensos, difíciles,
pero se llegó a una posición unánime, de consenso. Y desde
1978, vigente ya la Constitución, hasta el día de hoy conocen
bien SS.SS. las modificaciones legislativas y los debates
habidos, tanto en relación al CódigoPenal Militar, a la Ley
Procesal M en la que estamos.
En ningún momento fue posible el consenso para acabar de decir
que en las leyes militares también quedaba abolida la pena de
muerte, incluso e guerra. Pero seguro que tanto el trámite
constituyente a que he hecho referencia como esos debates de
legislaturas precedentes a ésta en la que estamos han
propiciado que finalmente, y curiosamente también en el
Senado, se aprobara por unanimidad, el 30 de noviembre de
1994, la moción que de hecho da pie a las iniciativas de
reforma legislativa que hoy estamos debatiendo.
Decía el 18 de mayo de 1978, en la Comisión Constitucional del
Congreso que debatía el texto de la Constitución, cuando
defendía el voto part de mi Grupo, textualmente lo siguiente:
«Nosotros pensamos que abolir la pena de muerte en la
Constitución es absolutamente oportuno. Sería un acto, si se
quiere, de carácter filosófico, de creencia humanística
colectiva, por encima de la política de los partidos y de los
intereses enfrentados».
Pues bien, señorías, creo que hoy, cuando la sociedad española
aparece sometida a tensiones de mayor o menor calado, pero, en
lo que me interesa, cuando los violentos siguen siendo los
mismos y dando las mismas muestras de violencia, no sabría yo
expresar mejor que entonces mi defensa del abolicionismo. Pero
por encima de mis palabras me interesa resaltar que lo
importante es que en estos momentos de tensión política y de
acciones de los violentos este Parlamento sepa dar a la
sociedad española el doble ejemplo: primero, del acuerdo y el
consenso; segundo, de hacerlo, además --ese acuerdo y ese
consenso--, en defensa de la vida. Como decía el tratadista,
dejemos seguir muerta a la pena de muerte, la vieja enemiga.
Gran consecuencia de este debate de hoy y de la votación que
se haga, sería seguramente que todos los grupos estuvieran
dispuestos --yo ya no a reformar, como otras veces ya hemos
hecho (en 1992 lo hicimos) en materia legislativa electoral
europea, ese artículo 15 para que incluso se reste la
coletilla de «tiempos de guerra» y quede el artículo 15 de la
Constitución diciendo escuetamente, como creemos todos que
debe decir: Queda abolida la pena de muerte.
Señorías, al despedirme de la Cámara, permítanme la osadía de
aconsejar a SS.SS. que sigan haciendo todolo posible y todo lo
necesario para que este Parlamento sea el eje de la vida
política d país. El protagonista de la política, con
mayúsculas, sólo puede ser el pueblo español y, por decisión
suya, sus representantes legítimos, es decir, ustedes; hasta
hoy yo también.
No hagan, como nunca hicimos desde 1977, dejación de esa
trascendente responsabilidad, cualesquiera que sean las
circunstancias de mayorías de gobierno y de alternativas
sociales o económicas, de voluntad desestabilizadora de unos
pocos, de violencia antidemocrática de unos menos. Un buen
ejemplo, sin duda, podría ser ése de la reforma constitucional
a que he hecho referencia.
Sé que las interpretaciones de la realidad siempre son
subjetivas, en mayor o en menor medida; pero a la hora de
resumir mi dilatada experiencia en esta Cámara no falto a la
verdad si la valoración del trabajo de la Cámara la centro en
dos ideas que, a mi entender, debiéramos preservar todos. Por
un lado, la confrontación leal de posiciones diferenciadas, de
ideas contrapuestas, de ideologías diferentes; pero por otro,
y simultáneam para dialogar, para integrar desde la mayoría lo
esencial de las posiciones minoritarias que no contradigan las
ideas básicas de la mayoría.
He sido portavoz en esta Cámara desde la oposición y desde la
mayoría, desde 1977 hasta 1993, y puedo dar fe desde tan
diferentes situaciones de que ese ha sido el talante
predominante en este Parlamento. Sólo cuando la Cámara no ha
sido coherente con esas ideas de confrontación leal, por un
lado, y de diálogo permanente, por otro, es cuando ha corrido
peligro su protagonismo en la política nacional.
Hoy, cuando voces minoritarias menosprecian, intentan diluir
el papel central en la política nacional del Parlamento,
incluso desde posiciones supuestamente basadas en la defensa
de la democracia, la Cámara debe hacer un esfuerzo aún mayor
por legitimar con su
trabajo su posición central, decisoria y vida política
nacional.
Eso, señorías, interesa a la actual mayoría parlamentaria
pero, también, e incluso más, a la oposición que mañana quiere
ser mayoría. De otro modo, el Parlamento, que es tanto como
decir el pueblo español, estaría preso y a expensas de
decisiones, opiniones y criterios que poco representan o nadie
controla. (Fuertes y prolongados apalusos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Toval.
Difícilmente podrían estas palabras, que seguramente es la
última vez que pueden intercambiarse entre S.S. y este
Presidente, tener los acentos de la fría rutina que
normalmente tienen en esta Cámara.
Muchos de nuestros compañeros de escaño de todos los grupos
parlamentarios le han expresado personalmente su simpatía en
el momento en que S.S. ha decidido dedicar su vocación
política en otr vida de nuestro país, pero creo no equivocarme
si públicamente hago expresión de dos sentimientos, que son:
el de la gratitud de la Cámara y el del afecto de quienes
hemos trabajado durante tantos en ella con S.S. Gracias, señor
Martín Toval. (El señor Martín Toval pide la palabra.)
Señor Martín Toval, reglamentariamente no procede el turno si
no es una cuestión de orden. (Risas.)
El señor MARTIN TOVAL: Señor Presidente, si me lo permite,
para no pedirle esta vez una cuestión de orden.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Proposición de Ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que queda
abolida la pena de muerte en el Código Penal Militar.
El señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta
tribuna para defender la proposición de ley orgánica del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
sobre la abolición de la pena de muerte en el Código Penal
Militar.
La lista de países abolicionistas y retencionistas, de acuerdo
con los datos que obran en poder de Amnistía Internacional
arroja las siguientes cifras. Las últimas informaciones
recibidas por Amnistía Internacional indican que 54 países han
abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras 15
lo han hecho para todos los delitos, salvo algunas leyes
excepcionales, como los delitos en tiempos de guerra. Se puede
considerar como abolicionistas de hecho a 27 países, mantienen
la pena de muerte en el Código Penal, pero no han llevado a
cabo ninguna ejecución en los últimos diez años o más, y hay
97 países que mantienen y aplican la pena de muerte.
Está claro que es una lista completa de los países que en el
mundo mantienen la pena de muerte en general o para delitos
excepcionales, y cada vez, por fortuna, más países se
inscriben en el terreno de los países abolicionistas.
El Parlamento Europeo, en el Pleno del 9 al 13 de marzo de
1993, aprobó una resolución... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Romero.
Señorías, guarden silencio.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución por la que se
aboga por la abolición de la pena de muerte en las
legislaciones de los Estados miembros, tanto en los casos
ordinarios como en tiempos de guerra o deserción, y en la que
se pedía además de forma explícita a los Estados miembros que
en los que está aún vigente se proceda a abolir dicha pena. En
opinión del Parlamento Europeo, la pena de muerte es un
castigo contrario al derecho a la vida y al derecho a no ser
sometido a castigos cr y degradantes, derechos reconocidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, en el
Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, todos ellos
tratados internacionales de los que España es parte firmante.
La pena de muerte es cruel, arbitraria e irrevocable, y además
se impone de forma desproporcionada a los más desfavorecidos
económicamente e indefensos en muchos de los países en los que
se sigue aplicando.
En el artículo 6.º 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos se establece que, en los países que no
hayan abolido la pena capital, sólo podrá imponerse la pena de
muerte por los más graves delitos y de conformidad con las
leyes que estén en vigor en el momento de cometerse dicho
delito que no sean contrarias a la disposición del presente
pacto. En su comentario general, el Comité de Derechos Humanos
de la ONU dijo que dicho artículo se refiere en forma general
a la abolición, en términos que denotan claramente que ésta es
de desear.
La Asamblea General de Naciones Unidas afirmó que para
garantizar plenamente el derecho a la vida que contempla el
artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el objetivo fundamental que debe buscarse es reducir
progresivamente el número de delitos a los que ésta puede
imponerse como pena capital, habida cuenta de la conveniencia
de abolir esta pena en todos los países. Este objetivo fue
reafirmado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
Resolución 32/61, de 8 de diciembre de 1977.
En Europa, la pena de muerte ha sido abolida, tanto en la
legislación civil como en la militar, en Austria,
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungía,
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, los
Países Bajos, la República Checa, la República Eslovaca, la
República Federal Alemana, Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza y
El Vaticano. Este último caso habría que hacerlo concordante
con la última lectura de la Encíclica y del Catecismo que
ustedes conocen. Grecia acaba de incorporarse a esta lista de
países totalmente abolicionistas, gracias a la ley aprobada en
el parlamento griego el pasado 16 de diciembre de 1993, por la
que queda abolida sin restricciones la pena de muerte en
tiempos de guerra igual que en tiempos de paz.
En Europa, sólo España, Reino Unido e Italia tienen esta pena
inhumana, cruel y degradante en sus legislaciones militares,
pero en Italia su Parlamento ha aprobado su abolición total,
quedando pendiente de la firma del Presidente de la República.
En la actualidad, en Europa sólo Bélgica mantiene la pena de
muerte para delitos comunes, si bien no se ha llevado a cabo
ninguna ejecución en dicho país desde el año 1950.
Está claro que en España la Constitución dejaba la puerta
abierta a que las leyes militares dispusieran en tiempo de
guerra y para delitos relacionados con la guerra y con las
actividades de carácter militar la posibilidad de establecer
la pena de muerte. Aquí se presentó la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya el día 31 de marzo de 1992, con objeto de dejar
abolida la pena de muerte en el Código Penal Militar, con
carácter de ley orgánica. Esa proposición de ley, que tuve el
honor de defender, contó con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios de la Cámara, excepto con el de los grupos
parlamentarios Socialista y Popular. Quedan reflejados en el
«Diario de Sesiones» los argumentos a favor y en contra que
hubo en aquel debate. Hoy, nuestro Grupo Parlamentario se
congratula y se felicita por la unanimidad que vamos a
conseguir, dando un mensaje de civilidad, de humanidad, de
Estado moderno, al suprimir también la pena de muerte en las
leyes militares y para tiempo de guerra.
Es importante subrayar que en aquel momento los grupos
parlamentarios Socialista y Popular plantearon opiniones
contrarias a la abolición, que nosotros defendíamos diciendo
que la pena de muerte no tiene efectos preventivos, como
demuestran las estadísticas, que nunca han arrojado un
incremento de los crímenes capitales después de una reforma
abolicionista. Hay una serie de ejemplos claros, en el caso de
Estados Unidos, con el acto terrorista cruel y monstruoso de
Oklahoma, y con la actividad criminal y los asesinatos que se
registran en otros países con otras ideologías, que también
mantienen la pena de muerte, como es el caso de China. También
en otros lugares se demuestra que no garantiza ni baja el
índice de criminalidad su existencia como pena capital.
Está claro que el mantenimiento de la pena capital y,
consiguientemente, poner en marcha la maquinaria estatal al
frente de la cual se colocan unos funcionarios públicos
llamados verdugos, destinados a matar premeditadamente, de
manera alevosa a seres humanos, por un precio, constituye una
crueldad incompatible con los principios más elementales del
humanismo europeo sobre el que se basa el Estado de Derecho.
Para defender la pena de muerte se decía la famosa frase de
aquel parlamentario francés: «Yo estoy en contra de la pena de
muerte con tal de que empiecen por abolirla los asesinos». Se
olvidaba este parlamentario de que la autoridad moral de un
Estado sobre los delincuentes debería provenir siempre, y
precisamente, de que aquél se niegue a ser un asesino.
Es necesario que se vea que en España ha surgido
periódicamente la idea de la reinstauración de la pena de
muerte, sobre todo a raíz de los atentados sangrientos de ETA
y de los atentados atroces del terrorismo. Es necesario
recordar que el nacimiento mismo del GRAPO se produce en el
contexto de los últimos fusilamientos del 1 de octubre de
1975. Por consiguiente, lo que hay que pedir en España no es
la reinstauración de la pena de muerte, sino su abolición,
como hacemos en el día de hoy, convirtiendo esta jornada
parlamentaria en una jornada histórica del Parlamento español.
Tambien es necesario recordar que en ese debate al que el
señor Martín Toval ha hecho alusión, Felipe González y otros
oradores de nuestro Grupo Parlamentario en aquella época, del
cual somos herederos, plantearon con claridad la necesidad de
abolir la pena de muerte no sólo en la justicia de carácter
civil y ordinaria, sino también en las leyes militares. Está
claro que hay una serie de delitos en el Código Militar que de
continuar en vigor las penas para estos delitos, éstas se
llevarían a cabo por militares no profesionales, por soldados
de reemplazo, que serían sometidos a momentos psicológicos
fortísimos, en circunstancias de una gran presión, donde la
deserción y cerca de 16 delitos son castigados con la pena
militar de muerte, con consejos sumarísimos, en tiempos donde
la reflexión y las garantías no existen al tratarse de tiempos
de guerra.
Es muy importante leer el Código Penal Militar, porque cuando
la Constitución deja la puerta abierta para casos
excepcionales en las leyes mil tiempos de guerra, dicho Código
Penal Militar en su artículo 25 expresa esa posición diciendo
que la pena de muerte en tiempo de guerra sólo se podrá
imponer en casos de extrema gravedad, y define el tiempo de
guerra como el comprendido entre la declaración de
hostilidades y el cese de las mismas. A pesar de esta máxima
de que la pena de muerte sólo debe imponerse en casos de
extrema gravedad en una situación de guerra, nos encontramos
con dieciséis supuestos en los que se puede aplicar la pena de
muerte en nuestro país
en la actualidad según el Código Penal Militar, y eso es algo
vergonzoso, supuestos que, en algunos casos, tienen incluso
precedentes en el propio Código Penal Militar español, pero de
otra época, tienen precedentes históricos que nada tienen que
ver con la situación actual, tanto en tiempo de paz como en
tiempo de guerra. Fíjense ustedes, en el Código Penal Militar
se puede considerar y aplicar la pena de muerte en tiempo de
guerra a los siguientes casos: traición, espionaje, delitos
contra las leyes y usos de la guerra; rebelión; delitos contra
el centinela, fuerza armada o policía militar que causen
lesiones graves o muerte; atentado contra la autoridad
militar, igualmente con resultado de muerte o lesiones; lo
mismo en el delito de sedición; maltrato a un superior, con
los mismos resultados; o insultos. Quiero decirlo claramente
para que no haya ningún tipo de problemas: artículo 98,
desobediencia; artículo 102, abuso de autoridad con resultado
de muerte; artículo 104, cobardía; artículos 107, 109 y 111,
delitos contra los deberes del mando; artículo 130, abandono
del servicio de las armas o de las transmisiones; artículo
144, abandono del puesto por el centinela; artículo 146,
incumplir las obligaciones con grave daño para los servicios y
los delitos contra la integridad de un buque o de una aeronave
militar.
Todo esto puede ser considerado como delito de suficiente
gravedad hoy para aplicar la pena de muerte en el Código Penal
Militar español en tiempos de guerra. Está claro que se
demuestra que son delitos que no se corresponden con la
sociedad moderna, con el Estado de derecho y con las
garantías. La guerra ya de por sí es lo suficientemente cruel
como para establecer, al margen del frente, la pena de muerte
en la retaguardia. Es necesario que España se incorpore a los
países que avanzan en la abolición total de la pena de muerte,
no sólo en el ordenamiento de carácter civil sino también en
las leyes militares. La Constitución, los valores democráticos
y de la civilidad deben amparar a los ciudadanos, civiles o
militares, en tiempos de paz o en tiempos de guerra. El Estado
no es propietario de la vida de un ser humano. Nosotros
estamos contra la pena de muerte, la practique un Estado o
cualquier grupo por cualquier causa. Se dijo, y era un gran
lema pacifista, que se puede morir por una idea, pero nunca se
debe matar por una idea. Por lo tanto, es muy importante que
nos quepa de nuevo el honor de hablar aquí de la necesidad de
que quede abolida en España la pena de muerte en el Código
Penal Militar. Constitucionalmente, queda esa puerta abierta
para futuras reformas en nuestra Carta Magna cuando llegue el
momento, pero es necesario que, en las leyes que se
desarrollan y que emanan de la Constitución, España se
incorpore jurídicamente a ese grupo de países, cada vez más
numerosos, en los que queda totalmente abolida la pena de
muerte, como debe hacerse en nuestro país.Digo que me cabe el
honor de intervenir porque también quiero saludar y agradecer,
como pa y como demócrata, la presencia del señor Martín Toval
en este hemiciclo y en esta Cámara durante tantos años, con
más ventaja que ustedes, porque ustedes le perderán de vista
pero yo no, ya que hay una situación electoral y municipal en
la hermosísima ciudad de Málaga que nos va a unir durante unos
años más de trabajo. Por eso, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, valga el reconocimiento a su figura política, a
su trayectoria parlamentaria en esta Cámara en defensa --en
estos tiempos que corren cuando hemos visto el atentado de
estos días atrás-- de un mensaje claro de superioridad moral,
ética, del Estado de derecho, que es la abolición de la pena
de muerte en este gran debate que esta tarde culmina con el
acuerdo y el consenso de los representantes del pueblo
español.
Muchas gracias por la atención prestada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Proposición de ley del Grupo Popular por la que queda abolida
la pena de muerte en el Código Penal Militar para tiempos de
guerra.
Tiene la palabra el señor López Valdivielso.
El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
Antes de iniciar mi intervención, quiero sumarme a las
adhesiones y al recuerdo de simpatía y amistad que el resto de
la Cámara y el que me ha precedido en el uso de la palabra han
dedicado al señor Martín Toval, que hoy nos abandona.
Señor Presidente, constituye para mí una satisfacción personal
y política hacer uso de la palabra en defensa de una
proposición de ley que supone la abolición total de la pena de
muerte en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución
Española de 1978 supuso sin duda un paso muy importante al
consagrar el derecho a la vida en general y abolir la pena de
muerte para los delitos comunes. La derogación, cuyo trámite
iniciamos hoy, de las salvedades que la propia Constitución
prevé de lo que al respecto disponen o pueden disponer las
leyes militares culmina ese proceso.
Considero innecesario argumentar contra la pena de muerte y a
favor de su abolición. Ese debate se concluyó, se cerró, lo
cerró la sociedad española al aprobar con su voto la
Constitución. Quedaba sólo ese resquicio excepcional para
situaciones asimismo excepcionales que contemplan las leyes
militares, y, ciertamente, yo tengo que decir que ni siquiera
en esas circunstancias se puede justificar en ningún caso la
privación, sea cual sea la conducta que haya que castigar, de
ese bien supremo, de ese derecho humano absoluto cual es la
vida. En unos momentos en los que en la calle, en el día a día
de nuestra actividad política, en nuestras circunscripciones,
nos encontramos a veces con gente que,
con su mejor buena fe pero de forma equivocada, como
consecuencia de los sentimientos que provocan las acciones
terroristas --y, como es obvio, me refiero a todas y no a las
últimas--, se plantea la posibilidad de volver a aplicar la
pena de muerte, yo creo que es precisamente éste un buen
momento para adoptar una posición abolicionista de la pena de
muerte en todo caso, para que no quede ninguna duda con
respecto a una posible vuelta atrás, sino, muy al contrario,
dando un paso adelante y haciendo desaparecer la pena de
muerte de nuestro ordenamiento jurídico.
No puede darse en una sociedad, no es concebible que se pueda
dar en una sociedad estructurada, moderna, en los años finales
del siglo XX, ninguna situación, ninguna conducta para cuyo
escarmiento sea preciso recurrir a la pena de muerte, ni en
las situaciones más excepcionales de grave crisis como es una
guerra, porque precisamente en esa circunstancia tan
excepcional como es una guerra se puede dar excepcionalmente
el riesgo de una imposición arbitraria de la pena de muerte,
aumenta ese riesgo. Situaciones emocionales especiales,
sentimientos de odio, miedo, rencor, venganza, procedimientos
sumarísimos, fusilamiento al amanecer son incompatibles con la
mesura, la prudencia, la reflexión y las garantías que
exigiría en todo caso, si en alguno fuese justificable, la
aplicación de una pena irreversible y, por tanto, irrevisable.
Las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa, las más altas
instituciones internacionales se muestran contrarias a la
aplicación de la pena de muerte. Son muchos los Estados que ya
lo han hecho, que han abolido la pena de muerte. Todo apoya y
avala la decisión que hoy vamos a tomar aquí. Pero todo eso en
el fondo es irrelevante. Aunque no fuese así --y, de hecho,
son más, por desgracia, los países en los que no se ha abolido
la pena de muerte que los que lo han hecho, aunque en muchos
realmente no se aplique-- y fuésemos los primeros en tomar la
iniciativa, esa decisión, la nuestra, la de abolir la pena de
muerte, sería la acertada, señor Presidente, y lo digo siendo
consciente y asumiendo que no es ésta la primera vez que este
asunto se debate en este Parlamento y que la postura de
nuestro Grupo Parlamentario fue otra en otras ocasiones.
Yo no quiero abundar en argumentos, referencias o
comparaciones de derechos que ya han sido expuestas y que, en
todo caso, son conocidas por SS.SS. Estamos ante una cuestión
de principios que, como tal, no admite excepciones. La pena de
muerte es una violación del derecho a la vida, y lo es en
todos los casos porque forma parte de un núcleo de derechos
humanos básicos que no pueden quedar en suspenso. Y es curioso
como no habiendo nadie, o al menos nunca me lo he encontrado o
le he leído ni le he escuchado, que justifique la tortura, sea
la circunstancia que sea, por muy excepcional que lo sea, sin
embargo, sí que hay quien justifica la pena de muerte, cuando
no cabe más tortura que la privación de la vida, por muy
rápido, muy limpio o muy indoloro que sea el método que se
utilice. Pero volviendo a la cuestión de los principios, señor
Presidente, tengo que decir que, una vez que se acepta el
principio de que la pena de muerte viola el derecho a la vida,
las circunstancias en las que se produzca tal violación, por
excepcionales que sean, son total y absolutamente
irrelevantes.
Quiero terminar, señor Presidente, poniendo de manifiesto y
haciendo un reconocimiento público a la tareay las gestiones
que Amnistía Internaci conseguir que el respeto a los derechos
humanos, en general, y a la vida, en particular, sea algo
normal y no excepcional en cada vez más áreas del planeta. Y
hay que decir que sus gestiones, su insistencia y sus
iniciativas son, en buena medida, algunas de las razones por
las que hoy estamos debatiendo aquí estas proposiciones de ley
que previsiblemente van a ser aprobadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar mi posición respecto a la toma en
consideración de la proposición de ley referente a la
abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar.
Unión Valenciana, a pesar de lo que ya se ha dicho aquí en
estos momentos, haciendo suyos muchos de los planteamientos
manifestados por otros grupos, se opone a la pena de muerte en
todos los casos sin excepción. La pena de muerte es la máxima
negación de los derechos humanos, viola el derecho a la vida,
proclamado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. La pena de muerte es irreversible y es inevitable que
afecte a víctimas inocentes. Mientras la justicia humana sea
falible, nunca podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a un
inocente. Por ello, nos oponemos a que en nuestra legislación
vigente esté contemplada la pena de muerte.
La petición de Amnistía Internacional que nos ha hecho llegar
a todos los grupos pretende abolir la pena de muerte en el
Código Penal Militar, vigente en España por la Ley Orgánica
13/1985, de 9 de diciembre, que en sus artículos 24 y 25
contempla la pena de muerte en tiempo de guerra, y en
determinados artículos al detallar las penas para cada uno de
los delitos en particular: artículos 49, 52, 57, 69, 70,
etcétera. La propuesta de Amnistía Internacional, que Unión
Valenciana asume,
pretende que nuestro Estado, en consonancia con lo establecido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos --artículo
3--, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales --artículo 2, Título
I--, ratificado por España en el año 1979, el Pr de 28 de
abril de 1983, relativo a la abolición de la pena de muerte,
ratificado por España por instrumento de 20 de diciembre de
1984, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966, elimine el apartado
correspondiente a la aplicación de la pena de muerte en los
artículos pertinentes del Código Penal Militar. Esta misma
iniciativa ha sido también recomendada por el Consejo de
Europa.
Es evidente que de acuerdo con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Convenio Europeo anteriormente citado,
el Protocolo númer de abril de 1983 y otros tratados
internacionales adoptados y ratificados por el Estado español,
nuestro país tiene unos compromisos adquiridos que van más
allá de la simple vinculación moral y le obligan a ser
escrupulosamente respetuoso con los principios básicos del
humanismo desde el respeto a la humanidad y a la dignidad
humana. Las principales normas internacionales de derechos
humanos declaran en términos generales que todos tienen
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad.
Considerando que la abolición de la pena de muerte se inscribe
en la tradición humanista de nuestra sociedad, Unión
Valenciana debe pronunciarse a favor, como hoy se pronuncia,
de la abolición de la pena de muerte porque atenta contra el
derecho a la vida, y ninguna razón puede justificarla. En caso
de error, éste es irreparable, y como instrumento de
intimidación se presta a abusos políticos como actualmente en
Cuba y en otros muchos países de la comunidad internacional.
Hoy en día la pena de muerte sigue contemplada en el
ordenamiento jurídico de 132 Estados de la comunidad
internacional sobre un total de 181, en 116 para delitos
comunes, en 16 para delitos excepcionales, y que se aplica aún
en 96 países, incluidos algunos con un sistema político
democrático.
Unión Valenciana, como Partido de inspiración liberal y
progresista, desde el respeto a los derechos del individuo,
considera que los derechos entre los que destaca el derecho a
la vida y la integridad física y moral, son el fundamento del
ordenamiento jurídico y de la paz social. En tal sentido Unión
Valenciana debe contribuir con su esfuerzo a conseguir una
sociedad más justa y solidaria donde desaparezca una pena que
se contradiga con la propia noción de derechos humanos. El
significado de los derechos humanos es precisamente este, que
nunca pueda recurrirse a ciertos medios para proteger a la
sociedad, porque su uso infringe los mismos valores que hacen
que la sociedad merezca protección.
De conformidad con el ideario político de Unión Valenciana, su
inspiración humanista y, sobre todo, de defensa y protección
de los derech asumirse los planteamientos de Amnistía
Internacional tendentes a impulsar una reforma del Código
Penal Militar para la abolición de la pena de muerte de
nuestro ordenamiento jurídico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, dentro de la toma en consideración de estas
proposiciones de ley sobre la abolición de la pena de muerte
en el Código Penal Militar, creo que cabe presentarse aquí en
la tribuna para mostrar la solidaridad con las iniciativas
presentadas por los grupos políticos que nos han antecedido en
el uso de la palabra. Voy a hacer unas breves consideraciones
solamente para explicar el voto y para manifestar el apoyo a
estas proposiciones de ley tendentes a abolir definitivamente
la pena de muerte en la única excepción contemplada hasta
ahora, lamentablemente, y que tanto tiempo nos ha costado
traer a este Parlamento, como era el Código Penal Militar para
tiempos de guerra. Quisiera además reconocer y aprovechar esta
oportunidad por el momento histórico que esto significa,
cuando hay quien todavía, de una forma cerril, pretende
mantener una guerra inútil, estéril y además absolutamente
absurda dentro de nuestra propia sociedad, y creo que la
aprobación hoy unánime de estas proposiciones de ley es el
mejor testimonio que este Parlamento puede dar frente a la
violencia y a los violentos.
El sentido de esta abolición es, en primer lugar, alinearse
sin excepciones, con todos los países que han suprimido la
pena de muerte en los términos de la recomendación del Consejo
de Europa del 4 de octubre de 1994, lo cual significa un paso
importante a fines del siglo XX para poder terminar con lo que
supone una historia de pasado y en la que los derechos humanos
todavía tienen grandes conquistas que realizar y, sobre todo,
tienen que entrar en procesos de modernidad dentro de la
propia historia. El sentido político más profundo de esta
abolición total consiste además en reconocer el derecho a la
vida sin límites y sin excepciones, no tanto como un elemento
jurídico susceptible de ser regulado en un sentido o en otro,
con tal o cual limitación, sino como uno de los principios
fundadores de lo que representa el sistema democrático y al
que, por tanto, se debe dar un carácter absoluto y definitivo.
Abolir totalmente la pena de muerte, sin excepciones posibles,
es por todo ello reforzar la legitimidad del Estado
democrático y hacer más patente su supremacía ética y moral
frente a quienes lo cuestionan. Esto último
queda más señalado, si cabe, al considerar el unánime apoyo
que entre los grupos parlamentarios de esta Cámara van a tener
estas proposiciones de ley, lo cual indica que,
independientemente de ideologías o posiciones políticas, este
es un auténtico elemento de consenso general.
No quisiera terminar sin recordar y reconocer también las
aportaciones que desde grupos civiles, desde grupos no
afiliados, por lo menos no vinculados a partidos políticos, se
han hecho para que estas proposiciones de ley pudieran llegar
al Parlamento y tener la aprobación unánime. Creo que es el
esfuerzo total de la sociedad española el que nos ha llevado
precisamente a esta unanimidad que ojalá se traduzca en una
consolidación de la paz y de la racionalidad en la política
española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria al fijar su posición aquí se siente en una
doble obligación moral. En primer lugar, y desde la voz de
este Diputado, siente ese sentimiento agridulce de despedida
del compañero de tantos años de labores parlamentarias, don
Eduardo Martín Toval. Mi reconocimiento y mi gratitud por los
ratos, fáciles y difíciles, que en la labor parlamentaria
interna hemos compartido a lo largo de tantos años. En segundo
lugar y sobre la materia en que fijamos posición, quiero
manifestar la satisfacción de apoyar estas tres iniciativas
que tanto el Grupo Parlamentario Socialista, como el de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Popular han
traído aquí.
Parece que los grandes debates, cuando se centran en grandes
principios, tendrían que tener una dialéctica más agresiva,
pero no es así. Hay unos antecedentes. El señor Martín Toval
ha puesto la lectura en el «Diario de Sesiones» de las Cortes
Constituyentes cuando se entró a tratar el tema de la pena de
muerte. Los principios que han impregnado, en una tradición
larga del pensamiento político español, el humanismo puro, en
contradicción con planteamientos radicales, llevaron a que en
este mismo hemiciclo, en épocas históricas pasadas, hubiera
dos grandes debates abolicionistas. Uno, durante la Primera
República sobre el tema de la abolición de la esclavitud. Aquí
precisamente, a nuestra espaldas, en el salón de los «pasos
perdidos», un medallón, de mármol de Carrara, de Mariano
Benlliure, recuerda la intervención del que fue Presidente de
la Primera República, don Emilio Castelar, en aquel debate
abolicionista. Pero después hay otro debate, respecto a la
pena de muerte, que es curioso señalar por la circunstancia
que voy a decir y precisamente poniendo énfasis en la misma.
Es durante la Segunda República cuando se plantea aquí la ab
muerte, y es la famosa llegada del Ministro de la Guerra, don
Manuel Azaña, para hacer el discurso contrario, por que las
circunstancias de estructura militar, de inestabilidad en la
Nación española, etcétera, fueron las que en el binomio
orteguiano impidieron que se hiciera la abolición expresa, en
la Constitución de la Segunda República, de la abolición de la
pena de muerte.
Hoy, leyendo yo los debates de 1985, cuando aprobamos aquí la
Ley Orgánica del Código Penal Militar, he podido comprobar con
cuánta suavidad, con cuánto silencio pasamos precisamente a la
hora de los debates sobre los artículos 24 y 25 del Código
Penal Militar. Precisamente, las circunstancias no estaban lo
suficientemente maduras, y aquello que ya el artículo 15 de la
Constitución había conseguido arrancar de nuestro ordenamiento
lamentablemente tradicional en España, la existencia de la
pena de muerte tanto en paz como en guerra, se vio en aquel
momento condicionado por las circunstancias. Se ha dado una
evolución en la toma de conciencia, en escasamente diez años,
desde 1985, y les recuerdo, para que lo lean SS.SS., el
«Diario de Sesiones» en el que figura el debate de la Ley
Orgánica del Código Penal Militar, donde precisamente hacíamos
referencia a esa aparición macabra de la pena de muerte para
tiempo de guerra en los artículos 24 y 25. Afortunadamente,
hoy, diez años después, una toma de conciencia, como decía,
una evolución en madurez, un condicionamiento positivo de las
circunstancias nos hacen que aquí, sin la gran alharaca del
debate en términos dialécticos de radicalidad, con el consenso
de toda la Cámara, nos podamos encontrar con una aprobación
unánime. Si eso, como así lo afirmo, es debido a una
sensibilidad, a una circunstancia y a una cuestión de
conciencia, no es un debate encrespado lo que ennoblece a una
Cámara, sino un debate hecho desde el sentido común, desde la
sinceridad y la reflexión de que estamos en el camino cierto
con la mayor naturalidad.
Por eso, nuestro voto se sumará positivamente a esta
iniciativa de abolir la pena de muerte en tiempo de guerra,
llevándolo incluso, con nuestro compromiso ya desde aquí, a la
propia iniciativa de reto que nos ha hecho el señor Martín
Toval de que, en su día, ese artículo 15 de la Constitución
corra el punto y final unas frases más atrás y quede
rotundamente señalado el principio abolicionista. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sean también las primeras palabras de mi Grupo
Parlamentario las que constituyan un modesto
homenaje al señor Martín Toval. No quiero que estas palabras
de homenaje tengan este tono de despedida, esta impronta de
despedida, este tono casi hagiográfico que algunos otros
portavoces están imprimiendo a sus palabras apologéticas o de
homenaje. Tengo la convicción de que usted no es un cadáver
político, señor Martín Toval, sino que todavía tiene que dar
mucha guerra, aunque sea en otro ámbito institucional, y
entienda lo de guerra en el sentido más convencional de la
expresión.
En todo caso, sí quiero decirle, en nombre de mi Grupo
Parlamentario, que usted ha dejado una huella imborrable en
nuestro Grupo. Usted encarn los valores más positivos que en
política deben ser objeto de consideración. En nuestra
opinión, usted ha sido un negociador duro pero leal y ha sido
un negociador cumplidor de sus compromisos. Usted ha sido
siempre un Diputado brillante y un buen portavoz de su Grupo
Parlamentario, y algunos de estos valores que nosotros
resaltamos en este momento son valores que se perciben como
peligrosamente en declive en esta coyuntura, señor Martín
Toval. Por eso, sean mis primeras palabras de agradecimiento a
su gestión, de agradecimiento a sus aportaciones e, incluso,
de agradecimiento a la concreta aportación en el ámbito de la
derogación parcial del artículo 15 de la Constitución que
usted ha propuesto y nosotros compartimos plenamente; nos
parece lo más sugerente de su intervención en la tarde de hoy.
Yendo al tronco de la cuestión, señor Presidente, tengo que
decir que nosotros también somos un Grupo abolicionista. Mi
Partido político está en contra de la pena de muerte de forma
absoluta, es abolicionista total; está en contra de la pena de
muerte que aplican y ejecutan los poderes públicos del Estado
y de la pena de muerte que publican, aplican y ejecutan
organizaciones terroristas. Llevamos cien años luchando contra
la pena de muerte en las dos manifestaciones que he comentado,
a pesar de las dudas que algunos parecen albergar. Por eso
nosotros nos felicitamos de la presentación de estas tres
proposiciones de ley; nos felicitamos del consenso político
subyacente en estas tres proposiciones de ley, que, como el
señor Martín Toval bien ha indicado, encuentran su base
troncal en una moción que fue presentada en el Senado por mi
Grupo Parlamentario y que fue objeto de la más amplia
consideración, puesto que fue objeto de aprobación por
unanimidad en la Cámara Alta.
En materia de pena de muerte, señor Presidente, nosotros
entendemos que la abolición absoluta de la pena de muerte,
convertir al Estado españo abolicionista en definitiva,
afortunadamente nos coloca entre los países de mayor civilidad
del mundo. Estamos en un contexto de progresión que se está
produciendo a un ritmo de dos países por año que están
aboliendo absolutamente la pena de muerte de sus ordenamientos
jurídicos, también de los ordenamientos jurídicos especiales
como el militar, y también en circunstancias especiales, como
en tiempos de guerra. Por ello nos tenemos que felicitar. Nos
tenemos que felicitar porque la pena de muerte constituye una
transgresión de los derechos humanos más elementales, del más
elemental de los valores superiores del ordenamiento jurídico,
cual es el derecho a la vida humana.
Nosotros nos comprometemos, con nuestra aportación, a derogar
parcialmente el artículo 15 de la Constitución, artículo 15
que, aunque pueda parecer una contradicción en sus propios
términos, es un artículo constitucional anticonstitucional.
Como saben SS.SS., en estos momentos hay autores
constitucionalistas que proclaman la inconstitucionalidad de
parte de preceptos constitucionales. Decimos que es un
artículo inconstitucional en su parte final, la pa
proclamación general del respeto al derecho a la vida con las
especialidades atinentes a las situaciones en tiempos de
guerra, porque esta ambigüedad «in fine» del artículo 15 de la
Constitución contradice los principios axiológicos en los que
se basa el propio texto constitucional y contradice, en
definitiva, los valores superiores del ordenamiento jurídico
español que proclaman el Título I y el artículo 1 Luego
nosotros ya manifestamos nuestra conformidad a derogar la
parte final, ambigua y perturbadora en su interpretación, del
artículo 15 de la Constitución y nos felicitamos por la
derogación de las 22 menciones que en el Código Penal Militar
hacen referencia a la pena de muerte.
La pena de muerte no se puede defender desde ninguna
perspectiva, ni desde una perspectiva ética, ni desdeuna
perspectiva jurídica, ni siquier cómo no tiene efectos
disuasorios la pena de muerte. No disminuye la criminalidad,
no garantiza, en el entorno del Ejército, en tiempos de
guerra, mayores dosisde disciplina; es menos disuasoria t de
guerra porque los impulsos que pueden llevar a cometer delitos
castigados con la pena de muerte en tiempos de guerra son
impulsos como el miedo o, en su caso, el heroísmo, que hacen a
la pena de muerte, o al castigoen definitiva, menos disuasorio
todavía; no es ni siquiera práctica, además de ilegítim
castigo, cual es, en cualquier Código Penal moderno, en
cualquier Constitución moderna, la rehabilitación de los
delincuentes y no el castigo, no la ley del talión. Este es el
principio inspirador de nuestra Constitución, consagrado por
el artículo 25. Por tanto, la derogación de los 22 preceptos
atinentes a la pena de muerte en el Código Penal Militar
coloca también a nuestro ordenamiento jurídico al lado de los
más modernos, los más progresistas y los que responden a los
requerimientos
éticos de los tratados internacionales de derechos humanos.
Respetamos también, con estas tres proposiciones, el Protocolo
adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado
con fecha 4 de octubre de 1994 por la Asamblea Legislativa del
Consejo de Europa y, en definitiva, atendemos los
requerimientos de la sociedad, manifestados a través de
múltiples organizaciones en las que la sociedad se vertebra.
En definitiva, estamos acometiendo un acto de legitimidad,
estamos acometiendo un acto de implantación de elementos de
progresividad en nuestro ordenamiento jurídico y estamos
removiendo uno de los elementos que no hacían equiparable
nuestro ordenamiento jurídico con el de los países más
modernos, más progresistas, más respetuosos con la vida
humana, más respetuoso con los principios axiológicos que
deben inspirar cualquier constitución democrática, en
definitiva, países con los cuales debemos buscar la
equiparación en todos los frentes y también en éste.
Por estas razones, señor Presidente, con entusiasmo, por
congruencia con las iniciativas presentadas por mi grupo
parlamentario en el Senado, por las decisiones tomadas por la
Asamblea Legislativa del Consejo de Europa, por los títulos
preliminares de los tratados internacionales de derechos
humanos y por todas las proclamaciones que han sido comentadas
por otros portavoces manifestamos nuestro voto positivo a las
tres proposiciones de ley presentadas en esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, de hecho, prácticamente ya se ha dicho todo lo que
podía decirse en la tramitación de estas proposiciones de ley.
Quisiera añadir, que en nuestra concepción del Derecho,
nuestras convicciones éticas, y si me permiten también
morales, hacen que nos produzca rechazo la existencia de la
pena de muerte --aunque en caso excepcional--, en nuestro
Ordenamiento jurídico. Por tanto, con mucha satisfacción el
Grupo Parlamentario Catalán va a votar favorablemente a estas
iniciativas que, por otra parte, ya lo había hecho en
anteriores legislaturas debatiendo el mismo tema y celebramos
que hoy este consenso sea posible y aquellos que en su tiempo
no vieron con buenos ojos esta iniciativa hoy se hayan sumado
a una medida que sin duda alguna situará a nuestro
Ordenamiento jurídico entre los más modernos de la Unión
Europea.
Permítanme que en este momento quiera evocar la figura
entrañable de un diputado que fue de esta Cámara en la
República, don Manuel Carrasco i Formiguera, del Grupo de
Minoría Catalana y Unión Democrática de Cataluña, que
precisamente fue ejecutado y condenado en un consejo de guerra
por defender sus posiciones y por existir en nuestro
ordenamiento jurídico la posibilidad de condenar a muerte,
utilizada muy perversamente. Decía Carrasco desde esta misma
tribuna que es el pueblo de Cataluña el que tiene reconocido
en la Constitución el derecho de manifestar su voluntad, y
vosotros, Diputados, tenéis reconocido también en la
Constitución el derecho de discutir si esta voluntad es o no
compatible con la Constitución. La fidelidad hasta el final
con estas convicciones llevó a la ejecucción de Carrasco i
Formiguera. Modificando la Ley en este sentido, conseguiremos
que nunca más ocurran estas cosas, y es bueno a veces recordar
la Historia, para proyectar el futuro en paz, en libertad y
democracia. Por tanto, nuestra satisfacción y nuestro voto
favorable.
No quisiera terminar, sin dirigir unas palabras a don Eduardo
Martín Toval. Me cabe el honor de ser yo, en nombre del Grupo
Catalán, aunque probablemente la ocasión merece que hubiese
sido el portavoz del grupo quien lo realizara pero el debate
hace que sea yo mismo quien lo haga, para manifestarle en
nombre de todo el grupo, respeto y afecto. Respeto por dos
razones, porque dieciocho años dedicados al servicio de los
demás trabajando en esta Cámara, de entrada ya es un motivo de
respeto para cualquier persona que lo haya hecho, y usted lo
ha hecho con tesón y con mucho esfuerzo. Pero, además, respeto
también porque usted es de una generación --lo puedo decir yo,
que soy de otra-- que han hecho posible con su trabajo, antes
de la llegada de la democracia, que hoy podamos vivir en paz,
en libertad y en democracia. Por tanto, por estas dos razones,
nuestro respeto.
Afecto también, porque usted precisamente se ha caracterizado
por ser una persona dura en la defensa de sus convicciones, lo
cual no quiere decir que no lo haya hecho siempre con respeto
a la dignidad de los demás grupos parlamentarios, dignidad
colectiva del grupo parlamentario y de los diputados
personalmente, sobre todo manteniendo siempre las normas de la
cortesía.
Deseo que pueda seguir sirviendo a la sociedad española desde
las responsabilidades que las urnas le otorguen y le aseguro
que es lo mejor que se puede hacer en la vida, trabajar por
los demás, sea desde la responsabilidad que sea. Por tanto,
afecto y mucho respeto.<ð Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Vamos a proceder a las votaciones.
Señorías, y me dirijo especialmente a los grupos autores de
las proposiciones, entiendo que no siendo incompatibles --
difícilmente podrían ser de las distintas proposiciones, pero
no siendo idénticos,
lo que desean SS.SS. es que se proceda a la votación de las
tres iniciativas, para poder dar ulteriormente, la tramitación
que corresponda.
Votación de la proposición de ley, del Grupo Socialista, sobre
abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 300; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que queda abolida la pena de muerte en el
Código Penal Militar.
Comieza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor 301; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
Proposición, del Grupo Popular, por la que queda abolida la
pena de muerte en el Código Penal Militar para tiempos de
guerra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Junta de Portavoces en su
reunión del día de hoy, a acordado proponer al Pleno de la
Cámar día de los dictámenes de la comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales correspondientes a
los puntos números 46 y 47 del orden del día, referentes al
convenio marco para la protección de las minorías nacionales
del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 1.º de
febrero de 1995, y al acuerdo para la promoción y protección
recíproca de inversiones entre el Reino de España y la
República de Turquía, hecho en Ankara el 15 de febrero de
1995.
¿Acuerda la Cámara la exclusión de estos dos puntos?
(Asentimiento.)
Queda aprobada la exclusión.
Asimismo, la Junta de Portavoces, en su reunión del día de
hoy, ha acordado proponer al Pleno que en el debate de las
interpelaciones urgentes se sustancie, en primer lugar, la
formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que corresponde al número 36 del orden del día, y a
continuación la presentada por el Grupo Popular, corre número
35 del orden del día.
¿Aprueba la Cámara la alteración propuesta? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE USO Y
PRACTICA DE PRUEBA DEL ANALISIS DEL ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO
(ADN) DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DERECHO PENAL Y
EN LA INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD (ORGANICA) (Número de
expediente 122/000090)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular
sobre uso y práctica de prueba del análisis del ácido
desoxirribonucleico (ADN) dentro de la estructura del sistema
de Derecho penal y en la investigación de la paternidad.
Tiene la palabra el señor Azpiroz. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Numerosos señores
Diputados abandonan
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus
escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente,
buenas tardes, señoras y señores Diputados.
Planteamos desde el Grupo Popular, en este acto, la toma en
consideración de la proposición de ley sobre uso y práctica de
prueba del análisis del ácido desoxirribonucleico --por cierto
así y no como consta por un error de transcripción en lo
escrito-- (ADN) dentro de la estructura del Derecho penal y en
la investigación de la paternidad.
¿Qué se oculta tras título tan farragoso y largo? ¿Qué hay y
que proponemos desde el Grupo Popular al respecto? En primer
lugar, vamos a analizar las razones de oportunidad de la
proposición que planteamos. Como manifestamos en la propia
exposición de motivos, en primer lugar, se trata de la
adaptación a nuestro ordenamiento interno de la recomendación
R(92) 1 del Consejo de Europa. En segundo término, se trata de
dar forma a la llamada prueba pericial genética que, dentro
del incremento en el avance científico y en particular en el
análisis del ADN y las consecuencias que de él se derivan,
viene siendo una realidad social reclamada que adecuadamente
se regule en Derecho. Recientemente, los análisis de los
cadáveres de Lasa y Zabala
a través del procedimiento del análisis del ADN se han podido
verificar.
En segundo término, queremos aludir a la realidad social: ¿Qué
supone el ADN en la España de hoy? Hay que decir que en el
esclarecimiento de delitos de violaciones, con la prueba del
ADN se ha pasado del 10 al 60 por ciento, porcentaje que cabe
esperar tenga un mayor incremento en el futuro. Si en España
se producen del orden de unos 1.100 casos de investigación de
paternidad, hay que decir que el 50 por ciento obedece a
actuaciones judiciales, ello es en los supuestos de
reconocimiento de la paternidad, y el 50 por ciento se debe a
acciones privadas que se refieren normalmente a la impugnación
de la paternidad. Hoy se dedican a esta cuestión en España
quince laboratorios. En 1993 se produjeron 20 casos de
diagnóstico, de investigación de paternidad prenatal. La
fiabilidad en esta materia y, en concreto, en las pruebas de
paternidad alcanza en el momento presente el 99,5 por ciento,
y también hay que decir que en la criminalística biológica
trabajan seis laboratorios, de los cuales realmente tres son
importantes.
En consecuencia, ¿qué razones existen desde nuestro criterio
para tomar en consideración esta proposición de ley? En primer
lugar, la necesari de un vacío legal; en segundo término,
adoptar y adaptar al ordenamiento interno las formulaciones
que propone el Consejo de Europa en la recomendación a que
antes aludí; en tercer lugar, atender también a las demandas
de la doctrina científica, y quiero recordar a SS.SS. que el
pasado día 3 de este mes ante la Comisión Mixta de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico hubo
oportunidad de escucha la Cátedra de Derecho y genoma humano,
Catedrático de Derecho Penal don Carlos Romeo Casabona, quien
claramente manifestaba lo siguiente: aparte de las materias
acabadas de apuntar --decía él--, el ordenamiento jurídico
español carece de otros jurídicos para proteger de forma
específica y suficiente otras manifestaciones derivadas del
conocimiento genético. Carecemos --continúa-- de una normativa
específica sobre la protección de la información genética
personal y sobre la garantía de no sometimiento a los análisis
y pruebas genéticas de forma obligatoria o coercitiva, incluso
dar información cuando deba atender a intereses altamente
valiosos como son los implicados en la Administración de
justicia, y hacía referencia en una nota a pie de página al
planteamiento por parte de este grupo de la proposición que
ahora debatimos. De la misma manera, he de decir que
personalmente he tenido constancia en diversas conferencias y
seminarios de manifestaciones de parte como han sido los
propios institutos de medicina legal y, en concreto, puedo
citar al departamento de Medicina Legal de la Universidad de
Santiago que pasa por ser justamente, si cabe, el más
importante de España juntamente con el de toxicología,
manifestaciones en cuanto a la reivindicación de regulación
específica y concreta de esta materia.
De todo ello nosotros deducimos la oportunidad del
planteamiento que formulamos a SS.SS. Sin embargo, y antes de
continuar, en honor a la verdad, conscientes de la complejidad
e importancia de la materia y de las implicaciones de la
proposición que planteamos, recabamos de todos los grupos
parlamentarios no sólo su voto favorable para la toma en
consideración, sino también, si tal se produce como deseamos y
esperamos, su ayuda para poder enriquecer y perfeccionar el
texto que ahora proponemos en el posterior debate
parlamentario, en el trámite de enmiendas y la discusión en
Ponencia.
Asimismo, si algún grupo va a votar en contra agradecería que
lo expresara en el correspondiente turno para permitir, de
acuerdo con el espíritu del Reglamento, la posibilidad de
replicar y enriquecer el debate, que es lo que creo se debe
hacer en un Parlamento. He de decir que desde esta perspectiva
por la que solicitamos la cooperación de todos los grupos y de
todas las tendencias representadas en este Congreso de los
Diputados, la formulación que hemos hecho ha pretendido ser
fundamentalmente una traspolación de la recomendación del
Consejo de Europa. En todo caso, la única innovación, la única
diferencia que hemos aportado ha consistido en expandir y
ampliar el campo de aplicación de la pericial genética ADN al
campo de la investigación de la paternidad y no exclusivamente
al campo de la justicia penal, como proponía el Consejo de
Europa. En definitiva, quiero con ello decir que nuestra
voluntad ha sido traer un texto base sobre el que se pueda
debatir.
Desde esta perspectiva, señalaré que hay cuestiones realmente
importantes y objeto de un eventual debate parlamentario que
consideramos imprescindible que se realice. En primer lugar,
la protección de datos, que afecta directamente al derecho de
intimidad de las personas, que nosotros contemplamos en el
artículo 7.º, formulando una remisión a la Lortad los plazos y
formas de mantenimiento de las muestras de ADN y la
información que de ellas se derivan, reguladas en el artículo
8.º de nuestra iniciativa. En tercer término, otra cuestión
discutible y de enorme trascendencia, la necesariedad o no de
la prestación del consentimiento por el afectado a la hora de
la práctica de la pericia, contemplado en el artículo 4.º.
¿Por qué decimos esto? Porque, indudablemente, están
afectándose o pudiéndose afectar derechos constitucionales de
primera magnitud, cuales so a la integridad física en el
supuesto del consentimiento o no --tema que creo habría
oportunidad de reflexionar «in extenso» aquí-- y también el
derecho a la intimidad de las personas cuando estamos hablando
de
informaciones atinentes a extremos realmente importantes de
cada ser humano, con independencia de la autoría o no de un
delito y de su declaración de inocencia o culpabilidad al
respecto. Estamos hablando de que en este momento en España no
hay un control cierto y real de informaciones que pueden
acreditar taras genéticas de importancia para quien las sufre,
también para sus familias, y que pueden incidir directamente
no sólo en el ámbito estricto de la realización de la pericia
genética sino en el campo particular de la vida laboral, de la
contratación de seguros y una multiplicidad de efectos que,
desde luego, no se pueden dejar como hoy al albur de la buena
voluntad de determinadas personas que ejercen con mayor
responsabilidad --creo yo-- sus funciones en los laboratorios
que se dediquen a analizar el ADN.
Consideramos que estas razones, que afectan a los principios
de los artículos 15 y 18 de nuestra Carta Magna, hacen, como
se recababa desde la doctrina científica que antes cité, que
sea preci específica y no tan sólo, como se pudiera sugerir,
una regulación estrictamente procesal, por la triple
implicación que entiendo de importancia; que reflexionemos
todos y entre todos contribuyamos a dar una adecuada
regulación.
Concluyo, señor Presidente, con el convencimiento de la
oportunidad de esta proposición de ley. Es la segunda vez que
como diputado tengo la honra de defender al Grupo Popular en
proposiciones de ley, y creo que un Diputado lo que tiene que
hacer es manifestar a la Cámara los argumentos o motivaciones
en que funda si verdaderamente es oportuno o no este debate y
el subsiguiente, corrector o incluyente de enmiendas y puntos
de vista parciales de los demás grupos políticos. Creo que lo
hemos hecho y ahora, por concluir, lo voy a sintetizar.
Como decía, se trata de llenar un vacío legal. Se trata,
también, de acoger una recomendación del Consejo de Europa al
ordenamiento jurídico i trata de dar una normativa a asuntos
de tremenda importancia. Hemos evidenciado ya la importancia
que tiene esta prueba en el ámbito, sobre todo, de los delitos
sexuales, y particularmente en el campo de las violaciones.
También lo hemos señalado en el ámbito de la investigación de
la paternidad. Asimismo, tiene importancia criminal en otros
supuestos delictivos y, por supuesto, en el ámbito
estrictamente forense. Va a tener importancia, no podemos
obviarlo, en las nuevas figuras delictivas que presumiblemente
la Cámara va a incorporar al nuevo proyecto de Código Penal,
cuales son, entre otras, los posibles delitos de manipulación
genética y de fecundación de óvulos humanos ajena a la
procreación.
Como he dicho, presentamos esta proposición en atención a la
realidad social, a la doctrina científica que lo demanda y,
cómo no, a las partes actuantes en el propio procedimiento de
análisis del ADN.Por todo ello, solicitamos el voto favorable
de to los grupos de esta Cámara para la toma de consideración
de una propuesta que se hace con todo el ánimo y la voluntad
política de que sea abierta, de que propicie una reflexión, de
que propicie una solución y de que articule normativamente, a
través de la oportuna ley que proponemos, con las
incorporaciones que fueren precisas y las modificaciones que
sean pertinentes, un tema que está ahí, un tema que tiene
importancia, un tema que tiene trascendencia, un tema en el
cual los laboratorios no saben tan siquiera cuándo han de
destruir una muestra de ADN o cuándo han de destruir la
información que se ha derivado de tal análisis, porque no
tienen la comunicación de la autoridad judicial que les
permita conocer cómo ha concluido el procedimiento, si ha sido
recurrido o no, si tienen la obligación de custodiar en un
archivo tales datos o si simplemente los pueden tirar a la
papelera.
Tengo el convencimiento de que estas razones avalan nuestra
propuesta y apelo a su buena voluntad convencido de que
podemos hacer una magnífica labor en una materia cada día más
importante. No esperemos a que se produzcan los problemas para
regularla, hagámoslo ya, que podemos y capacidad para ello
tenemos. Tengo el convencimiento de que si hoy,
desgraciadamente, el resto de los grupos no compartiera los
criterios que he procurado exponer con brevedad y claridad,
sin duda ninguna después, con prisa, tendremos que ir a
regular lo que en la sociedad serán situaciones de más
conflicto o de más incertidumbre jurídica. Estamos a tiempo y
a ello, señores, les emplazo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Azpiroz.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Para anunciar que el Grupo Vasco va a votar favorablemente la
toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo
Popular. Entiendo que presenta una problemática específica de
mucha actualidad en este momento, no regulada jurídicamente
por procedimientos para atenderla suficientemente y que,
además, está de acuerdo con una recomendación del Consejo de
Europa que va en esta dirección.
Puede ser discutible el texto articulado que presenta el Grupo
Popular. En todo caso, la propia articulación, caso de que se
tome en considera proposición, podría corregirse a través de
enmiendas en los trámites siguientes. Entendemos que lo que
debería fundamentar hoy la decisión de la toma en
consideración
de esta proposición de ley es precisamente las lagunas
jurídicas en relación a este tema, la vigencia de esta
problemática, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Lasa y
Zabala, que está en este momento de actualidad, si alguien
entendiera, ante pruebas forenses realizadas en este sentido,
que debieran existir reclamaciones de uno u otro signo, no
encontrarían en la actual legislación procedimientos adecuados
para poder realizarlos.
Por todo ello, entendemos que esta proposición de ley intenta
subsanar una problemática muy actual, muy específica, muy
compleja, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular el señor
Azpiroz, y que viene, de alguna forma, a dar respuesta a
problemáticas nuevas donde la ciencia va dando con nuevos
caminos para encontrar cierta verdad, cierta objetividad sobre
hechos sucedidos hace mucho tiempo en nuestra propia historia.
Caso de tomarse en consideración esta proposición de ley --
como así esperamos que lo hagan los demás grupos de la Cámara-
-, presentaríamos enmiendas al texto articulado del Grupo
Popular, manifestando que genéricamente nos parece muy
razonable, muy oportuna esta proposición y, en consecuencia,
la apoyaremos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, vamos a fijar la posición del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en relación a la
proposición de ley sobre el uso y práctica de prueba del
análisis del ácido desoxirribonucleico(ADN), dentro de la
estructura penal y en la investigación de la paternidad, que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
A modo de introducción, hemos de recordar que todapersona
recibe el 50 por ciento de su material genético de la madre, y
el otro 50 por ciento del padre biológico. Este hecho
condicionará la huella genómica específicapara cada persona,
es decir, unas series de pequeñas secuencias de ácido
desoxirribonucleico que se van repitiendo de una forma
determinada para cada individuoy que permite identificarlo
bien y es comparativos de diferentes personas hasta encontrar
coincidencias.
Desde el punto de vista médico, su aplicación ofrece múltiples
posibilidades en el campo de la medicina forense, como
investigación de la paternidad, criminalística a partir de
microindicios, bien sean de sangre, esperma, líquidos
orgánicos, etcétera, y también en el ámbito de la medicina
clínica. En este caso, el ADN permite el diagnóstico de
enfermedades de causa genética, diagnóstico prenatal y hasta
el tratamiento de algunos trastornos mediante la ingeniería
genética. Actualmente, el estudio genómico de ciertos cultivos
microbiológicos nos permite identificar los contactos de
algunas enfermedades infecciosas, como, por ejemplo, el bacilo
de la tuberculosis.
A pesar de todos los avances biotecnológicos que han permitido
la aplicación del estudio del ADN, es necesario un control de
calidad de los laboratorios, la estandarización de sus
técnicas y unos criterios de acreditación de los mismos, como
se ofrece, y que la proposición de ley pretende regular
mediante el desarrollo reglamentario correspondiente, tal como
dice en su disposición adicional.
Queremos hacer una observación de tipo general, y es que el
título de la proposición de ley no se corresponde con el
articulado, ya que hace referencia, como hemos dicho, al uso y
a la práctica de la prueba del análisis del ADN dentro del
sistema del Derecho penal y en la investigación de la
paternidad, mientras que en el articulado únicamente se
desarrolla la cuestión del Derecho penal y no la investigación
de la paternidad.
Bien es cierto también, ya se ha dicho por el portavoz del
Grupo Popular, que la toma en consideración no presupone otra
cosa que eso, es decir, aceptarse a trámite. Sería, por tanto,
en el curso de su tramitación cuando se hagan las aportaciones
de todos los grupos parlamentarios para añadir, suprimir o
modificar, en definitiva para mejorar el texto y adecuarlo lo
mejor posible a los fines que persigue su aprobación y, en
consecuencia, su aplicación.
Ahora bien, en nuestra opinión, y desde el punto de vista del
procedimiento técnico médico legal, que debe ser un proceso
absolutamente riguroso en este caso y en función de su
finalidad, presenta una serie de problemas, tanto de
interpretación como de carácter general. Problemas de
interpretación como la definición del archivo del ADN, que es
en su artículo primero, creo recordar, en el que se confunde
con los resultados del análisis del mismo, siendo cosas
completamente distintas, denominación que puede inducir a
equívocos, ya que una cosa es guardar el ADN y otra muy
distinta los resultados obtenidos en su análisis.
Hay aspectos que parecen contradecirse en el consentimiento
del afectado, en la utilización de información procedente del
análisis del ADN obtenido de personas vivas como prueba de la
autoría de delitos, en sus artículos 3 y 4 (sobre todo en el
párrafo segundo en relación con el artículo 4), y donde no se
distingue entre el procedimiento civil o penal a la hora de
obtener una muestra.
También encontramos problemas de carácter general. Así, en su
artículo 1.º dice que regula la toma de muestras en sus
objetivos, no existiendo otra mención en el resto del texto a
esta toma de muestras. Por tanto, entendemos que no la regula
Para una correcta garantía del proceso debieran regularse los
siguientes aspectos: personal que debe tomarla muestra;
custodia para descartar manipulaciones; transporte y
almacenamientos, así como también el número de muestras.
Pretende garantizar la igualdad de las partes tanto en los
resultados como en la posibilidad de un segundo análisis en
otro laboratorio. Como no se prevé ni la reserva de muestra ni
la custodia de la misma, este segundo análisis no queda
garantizado si no se regula el número de muestras a tomar. El
tema de la homologación de laboratorios es, a nuestro
entender, el más importante a fin de garantizar la calidad de
la prueba analítica. Pues bien, atribuye al Ministerio de
Sanidad y a las comunidades con competencia en sanidad y
homologación de laboratorios la inspección y supervisión
regular de los mismos, pero no regula el aspecto crucial de
quién es el competente para homologarlos. En este sentido,
debería regular, al menos, aspectos como organismo,
institución o entidad competente para la homologación, así
como garantizar la participación en la elaboración de la
normativa de homologación de expertos en los aspectos técnicos
y científicos en relación al ADN, sobre todo por la
especificidad, por la importancia de los avances tecnológicos
y la importancia que estos técnicos pudieran darle.
Podríamos concluir, de todo lo anterior, que nos parece un
texto muy ambiguo, poco elaborado, con problemas de
interpretación, errores concept aspectos técnicos y con
déficit de regulación en los principales aspectos que
constituyen el análisis del ADN. De manera que sería
preferible una nueva redacción en función de las enmiendas,
entendemos que innumerables, que se deberían hacer o un texto
alternativo.
Pero como, por otra parte, esta próxima a presentarse también
la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
entendemos más adecuado y oportuno esperar el texto que se
remita a la Cámara para su tramitación, y después, en todo
caso, tomarla en consideración.
Es por todo ello, señor Presidente, señorías, que nuestro
Grupo no va a apoyar la proposición de ley que se nos
presenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cardona. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido tiene la
palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario comparte la intención, incluso podría
decirs proposición de ley sobre uso y práctica de la prueba
del análisis del ADN, dentro, dice el título no muy
correctamente, de la estructura del sistema de Derecho penal y
en la investigación de la paternidad, pero nos parece que la
forma en la que se ha llevado a cabo esta regulación la hace
de imposible aceptación y voy a intentar justificarlo. Desde
luego, no es ningún pretexto ni ninguna disculpa esto de la
forma en la que se ha llevado a cabo la regulación para
oponernos a la toma en consideración de la proposición de ley,
que como digo, tiene un sentido aceptable, acertado, intenta
cubrir un vacío legal y tiene una oportunidad, ya que
recientemente todo el mundo sabe que se ha producido esta
prueba del ADN en relación con los supuestos restos de Lasa y
Zabala y, por tanto, como siempre sucede en estos casos, hacen
que despierte la necesidad de una regulación que en estos
momentos no existe suficientemente desarrollada en nuestro
país y que, sin embargo, ha merecido nada menos que la
atención del Consejo de Europa, a través de la recomendación
que el señor Azpiroz citaba y que cita en la exposición de
motivos R(92)1 precisamente sobre este tema.
La recomendación habla de utilización de los análisis del ADN
en el marco del sistema de justicia penal, no del Derecho
penal, como incorrectamente dice el título de la proposición
de ley, ya que en realidad no se trata de una regulación de
Derecho penal, sino más bien de una regulación del Derecho
procesal penal, y tampoco de investigación de la paternidad.
Decía anteriormente el representante del Grupo de Minoría
Catalana (Convergència i Unió) que realmente, aunque el título
sea de investigación de la paternidad, la verdad es que el
contenido luego no regula nada sobre esta cuestión. Por tanto,
diríamos que ya nuestra primera discrepancia está en cuanto al
propio título, que no se corresponde exactamente con el
contenido de la proposición de ley.
Pero quisiera reflexionar algo más sobre este contenido y
cuáles son los motivos de discrepancia sobre la forma en que
se ha llevado esta regulación, quizá un poco apresurada, sobre
la redacción un poco apresurada de esta proposición de ley. En
primer lugar, porque se refiere, casi en exclusiva, a una
prueba procesal. Esta proposición de ley regula la forma de
llevar a cabo la prueba procesal del ADN, prácticamente es
eso. Además de ello, hace alusión, con algunas insuficiencias
que luego señalaré, a otros aspectos de la recomendación del
Consejo de Europa, pero sobre todo se refiere, insisto al tema
de la prueba procesal. El hecho de que opte porque sólo podrá
acordarse la práctica de la prueba si media el consentimiento
del afectado es algo que entra dentro de las recomendaciones
del Consejo de Europa, que permite optar por una cosa u otra,
pero es algo que vacía de alguna forma de contenido el sentido
de la proposición de ley, porque con el consentimiento del
afectado ya se puede hacer la prueba del ADN, y sin el
consentimiento --que desgraciadamente no es posible-- se puede
hacer, como se ha visto
en el caso de Lasa y Zabala. Entonces, optar por la fórmula
del consentimiento del afectado, aunque naturalmente es un
tema polémico que quizá mereciera otra discusión un poco más
profunda, ya es, de alguna forma, algo que hace no
necesariamente urgente esta regulación, puerto que ya se puede
hacer, insisto, con el consentimiento del afectado la prueba
del ADN.
Desde este punto de vista no parece necesaria o urgente esta
regulación, porque no introduce una novedad especial en
nuestro procedimiento pen ¿qué razones podría haber para esa
regulación? Por ejemplo, la defensa del derecho a la
intimidad, que es una clave, sin duda, de esta regulación y se
supone que debía ser una clave de esta proposición de ley.
Hemos leído en la prensa --hace escasamente una semana o diez
días, creo recordar-- la noticia sobre una protesta de
organizaciones humanitarias, de organizaciones de defensa de
los derechos humanos en algún país anglosajón, que no sé si
era el Reino Unido o Estados Unidos, contra los atentados a la
intimidad que se están produciendo porque no está regulado
todo esto de la utilización de las pruebas de ADN y se están
creando bancos de datos sin una específica regulación, cosa
que es, desde luego, un atentado objetivo contra la intimidad.
Sin embargo, la proposición de ley no profundiza en esa línea,
porque lo único que hace es decir, en su artículo 7.º, que el
análisis de ADN deberá respetar las normas de protección de
datos contenidas en la Lortad, sin más. ¿Qué quiere decir
esto? Es algo bastante ambiguo, porque ¿cuáles son las normas
a las que se está haciendo alusión? ¿A las normas de la
primera parte sobre la seguridad de los datos, sobre el acceso
a los datos, sobre la cancelación? ¿O a las normas de la
segunda parte, donde se habla de la intervención de la Agencia
de Protección de Datos? ¿Habría que ir o no a un registro
central de datos? ¿Sería admisible que los laboratorios
mantuvieran por su cuenta estos registros?
Creo que hay suficientes temas de interés relativos a la
intimidad como para que, ya que se hace una ley especial al
respecto, se desarrolle realmente y se vean los criterios
sobre los que se base la defensa de la intimidad, que requiere
verdaderamente un estudio específico. La mera remisión a la
Lortad no vale, porque ya está ahí, sería meramente aplicable
desde ese punto de vista, y no avanza nada, no hay un plus, un
valor añadido que haga esta regulación en la proposición de
ley, sobre tantos y tantos aspectos que merece la regulación
del asunto del ADN para defensa de la intimidad, diferente de
otros bancos de datos relativos a la informática. Hay que
tener en cuenta que la Lortad está pensada para archivos
informáticos, para datos personales y sensibles que se
refieren a la intimidad y que están en archivos informáticos.
Esto del ADN no es exactamente eso, se trata de otro tipo de
archivos que están en laboratorios médicos o en un laboratorio
central --tampoco se dice si tiene que ser así--, que
requerirían una regulación específica que no se hace en esta
proposición de ley.
La mera remisión a la Lortad es francamente insuficiente,
incluso podría ser hasta errónea, ya que el tema del
tratamiento informático de datos no es igual que el del ADN y
los laboratorios médicos y su análisis. Se ha cubierto un
expediente muy apresurado de la mera remisión a la Lortad,
pero no se ha entrado en una reguîlación específica sobre este
aspecto. Por tanto, tampoco desde ese punto de vista se
justificaría esta proposición de ley.
Desde el punto de vista de la regulación de los laboratorios
que llevan a cabo estos análisis hay una cuestión importante.
Se están llevando a esos análisis y no se regulan, no se sabe
qué pasa con esos datos. Curiosamente, es ésta una de las
lagunas más evidentes de la proposición de ley, porque es
justamente aquí, en el tema de los laboratorios donde no se
sigue, no se desarrolla lo que dice la Recomendación del
Consejo de Europa. No se desarrolla la Recomendación número 6
que aparece en el texto del Consejo de Europa, que habla de
los requisitos que debe tener la lista de laboratorios
homologados, ni se habla del nivel de conocimientos y
competencias profesionales, de la integridad científica, de la
seguridad, de las medidas de confidencialidad, de otras
garantías y condiciones; nada de eso se dice en la proposición
de ley, no se desarrolla. Tampoco se desarrolla algo
fundamental de la Recomendación del Consejo de Europa, ni
siquiera se hace mención de ello, que el tema de la propiedad
intelectual. El Consejo de Europa dice en su Recomendación que
la defensa que tiene la técnica de la propiedad intelectual no
debe regir en este caso en relación con los laboratorios que
lleven a cabo estos análisis. En este caso hay que ceder para
el acceso a la autorización de los análisis de ADN. Sin
embargo, eso tampoco está en la proposición de ley, me imagino
que premeditadamente, ya que la Recomendación estaba a la
vista de quien haya redactado la proposición de ley y parece
que tiene el sentido de no entrar en el tema, muy importante,
de los laboratorios, en las exigencias de los laboratorios y
de la propiedad intelectual, que aquí debe ceder, repito, para
el análisis del ADN.
En cuanto a la investigación de paternidad, también lo hemos
dicho anteriormente, no hay una regulación de la investigación
de la paternidad, simplemente se enuncia en el artículo 1.º,
pero después desaparece, parece como si se hubiera olvidado;
no hay nada en el resto de la proposición de ley que entre a
regular los análisis de ADN en relación con la investigación
de la paternidad. Tampoco se aprovecha la ocasión para un
aspecto fundamental de la investigación sobre ADN, y es la
investigación científica, que se puede hacer a partir de los
análisis que hagan los laboratorios, lo que en estos momentos
también constituye una gran laguna y de la que tampoco se
habla nada en esta proposición de ley.
Por último, desde el punto de vista estrictamente técnico, es
una estructura enormemente errónea, ya que, aunque se limita a
intentar regular algo sobre la prueba procesal, no hay una
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; hay una
referencia a un arîtículo de esa Ley, pero no hay una
necesaria regulación nueva de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Lo adecuado sería introducir determinados preceptos
de modificación en dicha Ley.
Por tanto, por su contenido, por su forma de proposición de
ley, resulta una estructura incluso difícil de enmendar, si se
quisiera hacer en un sentido determinado. Resulta
extremadamente difícil, ya que no hay elementos, no hay
pilares básicos sobre los cuales apoyar una enmienda, que en
su caso sería absolutamente alternativa, completamente
diferente, una auténtica enmienda a la totalidad, por lo cual
es mejor no tomar en consideración esta proposición de ley y,
aceptando la oportunidad de regular todas estas cuestiones,
por su Grupo, por otros grupos o por el Gobierno entrar al
fondo de todos estos temas que he intentado ir repasando en
esta intervención, que merecen una regulación muy detallada y
que no se corresponde con la redacción concreta, enormemente
insuficiente, de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.
El señor MOHEDANO FUERTES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que en esta proposición de ley del Grupo
Popular se da una nota lógicamente infrecuente en la mayoría
de las proposiciones legislativas, incluso de proyectos que se
presentan en esta Cámara, y es que se trata, al menos, de una
relativa novedad. Pero precisamente por tratarse de una
novedad, la proposición precisa de un rigor y de una
cualificación técnica superiores a la de otras proposiciones
que son simples modificaciones de la legislación preexistente.
El carácter de oportunidad que puede tener la regulación de
esta materia, además de que hay que conjugarla con las
innovaciones científicas qu produciendo permanentemente en
genética o en biología molecular, nos obligan a ser mucho más
precisos y mucho más rigurosos en su regulación. Por lo tanto,
cualquier propuesta legislativa en este sentido debe tener su
ubicación adecuada en el ordenamiento jurídico, tiene que
tener su concordancia y su correspondencia con ese mismo
ordenamiento jurídico y debe configurar unos derechos, unos
deberes y unos procedimientos que se organizan por primera vez
en dicho ordenamiento jurídico. Y frente a la tesis de que hay
que dar respuesta a una materia que nos está apremiando y que
tiene su oportunidad, y también frente a la tesis de su
importancia, debemos medir y modular la prudencia de su
regulación, que incluso el Consejo de Europa y el Parlamento
Europeo está regulando con una dedicación pero con una gran
prudencia.
Es cierto que existe una recomendación, la Recomendación (92)
1 del Consejo de Europa, recomendación que tiene un carácter
no vinculante, indicativo, y que, por cierto, la proposición
de ley del Grupo Popular no sigue. Además añado la
investigación de la paternidad y tiene una tesis sobre el
consentimiento totalmente distinta de alguna cosa que ya se ha
dicho sobre el tema de los laboratorios.
Nuestro Grupo --lo sabe el señor Azpiroz, portavoz del Grupo
Popular-- ha estado meditando el tema, aunque no estamos de
acuerdo con el texto, por calibrar la posibilidad de enmendar.
Pero hemos llegado a una conclusión muy parecida a la del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y es que
cualquier ejercicio de enmienda de este texto por las razones
que voy a explicar ahora se hace prácticamente imposible. ¿Y
por qué se hace prácticamente imposible? Porque, en
definitiva, vemos que tiene una deficiente sistemática
jurídica la proposición de ley, tiene una inadecuada remisión
al orden civil, fundamentalmente en lo que se refiere a la
investigación de la paternidad --materia que no forma parte de
la recomendación que se invoca como justificación para la
defensa de la proposición-- y, en tercer lugar, tiene una
incorrecta técnica de recepción en el ordenamiento jurídico,
fundamentalmente en lo que se refiere al ordenamiento jurídico
procesal penal, que, digamos, es uno de los contenidos
fundamentales de la proposición de ley.
En estas circunstancias nos ha parecido conveniente,
definitivamente, no mostrarnos en contra de su oportunidad y
de su importancia --por eso no hemos intervenido en el turno
en contra--, sino de la técnica legislativa que se utiliza.
Habría ya, desde mi punto de vista, una razón fundamental para
rechazar esta proposición de ley, y es, porque en la
incorrecta técnica de recepción en el ordenamiento jurídico de
esta proposición de ley hay una cosa que es evidente. Estamos
ante una norma no procesal, pero con un gran contenido
procesal, y sólo el hecho de que haya una dispersión de normas
procesales en leyes no procesales, que además no regulan un
procedimiento especial, sino una prueba que afecta a todo el
proceso penal, sin afectar a un procedimiento especial, sino a
una prueba que es para todo el procedimiento penal, sería
suficiente para rechazar esta proposición de ley. Me refería a
una deficiente sistemática de la proposición, y es evidente.
En la propia exposición de motivos ya se ve la cantidad de
materias y de normas que afecta: leyes de carácter orgánico,
no orgánico, reglamentos,
Ley de propiedad intelectual, Ley procesal penal, Ley procesal
civil, normas administrativas de carácter sanitario,
reglamentos, Ley de protección de datos informáticos,
etcétera, y, por supuesto, las normas procesales a las que me
refería antes. Se hace una inadecuada remisión al orden civil,
sobre todo en lo que se refiere a la investigación de la
paternidad, que se trae a esta proposición de ley aunque no
forma parte de la recomendación. Y el problema de la
investigación de la paternidad no es el de la utilización
distinta de la prueba. El problema es el de la voluntariedad
por parte del sujeto pasivo para consentir que se haga la
prueba, y ese es un problema procesal que, por cierto, no se
trata en esta proposición de ley. Es precisamente la negativa
del sujeto pasivo a dar consentimiento a la prueba, y las
consecuencias y efectos de esa ausencia de prueba cuando el
sujeto pasivo se niega, lo que tiene importancia. Y ese
aspecto, que además es procesal, no se trata para nada. Se
trata el problema de la utilización distinta de la prueba,
pero eso no tiene absolutamente ninguna relevancia y, por otro
lado, eso ya tiene un adecuado tratamiento interno. Hay una
doctrina consolidada, una de las sentencias más importantes la
del 17 de enero de 1994, del Tribunal Constitucional, donde ya
hay una regulación --por cierto, parecida a la de otros
ordenamientos europeos-- y, por tanto, estamos ante una
doctrina jurisprudencial consolidada. En nuestro Derecho
interno hay un tratamiento adecuado, que no requiere volver a
tratarse. Lo mismo ocurre en lo que se refiere al problema del
consentimiento en el proceso penal para la práctica de estas
pruebas. Los artículos 3.º, 4.º y 5.º de la proposición de ley
son los que tienen más contenido procesal-penal, y se despacha
el problema del consentimiento con una obviedad, además
absolutamente contraria a la recomendación, diciendo que será
necesario que medie el consentimiento del sujeto pasivo. Y
esto no es así en la recomendación; en la recomendación es
obligatorio. No se hace una ponderación de los derechos y de
los valores en juego, cuando hay una colisión de dos derechos,
porque ni es absoluto el derecho del sujeto pasivo a negarse a
que se practique la prueba ni tampoco es absolutamente libre
el juez a acceder a los archivos donde están estas muestras y
resultados de prueba si en otras ocasiones no media el
consentimiento de las partes, sobre todo el consentimiento del
interesado.
Hay no un difícil sino un imposible encaje procesal entre lo
que dice el artículo 4.º de la proposición de ley y su
remisión al artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
porque el artículo 4.º de la proposición de ley se está
refiriendo a una instrucción a futuro, o sea, a una prueba que
se ha de ordenar practicar, y dice que se hará de acuerdo con
lo que señala el artículo 339, cuando el 339 se refiere a
pruebas ya recogidas por el juez y a su posterior peritación.
Es decir que la proposición de ley está hablando de una prueba
que se ha de practicar, cómo se debe practicar y cómo se deben
extraer y recoger las muestras y se remite al artículo 339,
que se refiere a un análisis de muestras ya recogidas. Por lo
tanto, no hay un encaje del 339 y del artículo 4.º de la
proposición de ley en la instrucción sumarial.
Podemos hablar de la remisión a la LORTAD, y estoy
absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del
Grupo de Izquierda Unida. Y en cuanto a los laboratorios, no
digamos. No es que se separa de lo que dice la recomendación
del Consejo de Europa, sino que, además, por ejemplo, no se
dice si son laboratorios públicos o privados. Es evidente que,
en una norma de este tipo y en unas técnicas de análisis de
este carácter, una norma de elemental prudencia parece hacer
necesario que desde el primer momento se definan como públicos
los laboratorios que se homologan para la práctica de estas
pruebas.
Este conjunto de cosas que se mezclan en la proposición de
ley: régimen de utilización de las muestras y de los
resultados de los análisis, régimen de homologación de
laboratorios, capacidad de disposición de las muestras y de
los resultados de la prueba, condiciones de archivo y de
almacenamiento de los datos y de los resultados de la prueba,
y preservar la intimidad, todo esto, con una cantidad de
normas procesales, penales o civiles, realmente hace imposible
enmendar correctamente esta ley. El propio Consejo de Europa
no ha introducido en la Convención de Bioética estos temas;
hace una enunciación muy general y la remite a dos protocolos:
uno sobre tecnología genética y otro sobre la preservación de
los datos de tecnología genética en las normas procesales, y
lo está haciendo con bastante tranquilidad.
Nuestro Grupo se compromete --y en eso estamos de acuerdo con
el Grupo Popular-- a que, efectivamente, la recogida de
muestras para el análisis del ácido (como correctamente se ha
dicho, no como se dice en el título, porque no es el ácido
desoxidorribonucleico, sino el desoxirribonucleico; sobra un
«do», porque ese ácido no existe), a que la recogida, repito,
de este tipo de análisis y de pruebas se incorpore al nuevo
proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que probablemente
tenga su entrada en muy poco tiempo en esta Cámara y luego
haya otras normas de carácter reglamentario donde se traten
otros aspectos específicos de índole sanitario,
administrativo, etcétera, y en las normas de la ley de
Enjuiciamiento Criminal, con una ponderación muy clara de los
valores y los derechos en juego en lo que se refiere al
consentimiento para la práctica de estas pruebas y para el
acceso por parte de los interesados y del juez a los archivos
donde se encuentran los datos y las muestras producto de estos
análisis.
Señor Presidente, acabo ya con esto diciendo que nos parece
que, efectivamente, es una materia importante, para la que en
estos momentos hay una gran oportunidad para su regulación, y
está haciéndose además a escala
europea, pero consideram o peor, sino porque las deficiencias
de su estructura sistemática y todas las demás incorrecciones
de carácter técnico-legislativo que son más exigibles en esta
proposición de ley que en otros proyectos legislativos, nos
hace imposible al Grupo Socialista, a pesar de nuestros
deseos, como bien sabe el portavoz, de haberla aceptado, votar
a su favor y, mientras tanto --y con esto ya acabo--, no queda
una laguna específica, porque esto tiene un amparo legal,
primero en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en segundo
lugar, los temas de tecnología genética ya están regulados, en
parte, efectivamente, en algunas de las normas legislativas
que hemos aprobado en esta Cámara, fundamentalmente la Ley
42/1988, que en su artículo 8.º se refiere a todos los
aspectos, no sólo de ingeniería genética, sino de tecnología
genética para su uso, para diagnóstico, para prevención y para
fines terapéuticos. Evidentemente, los test genéticos son
diagnóstico y las pruebas a las que nos referimos entran
dentro del diagnóstico; es decir que tienen una cobertura
legal en el artículo 8.º de la Ley 42/1988.
Por todas esas razones, señor Presidente, nos vamos a oponer a
la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mohedano.
Vamos a pasar a la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 288; a favor, 132; en contra, 154; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, SOBRE APROBACION POR EL
GOBIERNO DE LA NACION DE UN PLAN DE MODERNIZACION DEL COMERCIO
INTERIOR PARA EL PERIODO 1995-2001 (Número de expediente
162/000157)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A
UN PLAN ESPECIAL DE ACCION SOBRE EL COMERCIO INTERIOR (Número
de expediente 162/000142)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones
no de ley.
Vamos a proceder a la tramitación acumulada de las
proposiciones que figuran en el orden del día con los números
5 y 6. Ello implica que vamos a proceder a la defensa de las
dos proposiciones por los grupos autores de las mismas en la
medida en que alguno de estos grupos ha presentado enmienda a
la otra proposición y en ese mismo turno defenderá la
enmienda. Los restantes grupos fijarán su posición o
defenderán sus enmiendas a las dos proposiciones en una sola
intervención.
Proposición del Grupo Socialista sobre aprobación por el
Gobierno de la Nación de un plan de modernización del comercio
interior para el período 1995-2001.
Tiene la palabra el señor Martín Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a defender la proposición no
de ley que presenta el Grupo Socialista relativa al plan de
modernización del co Como preámbulo, como introducción, debo
decir que el sector de la distribución comercial en nuestro
país viene experimentando durante los últimos decenios un
profundo proceso de transformación, de reestructuración, en
definitiva, de modernización, que, desde luego, no puede darse
por concluido todavía. Los costes de este ajuste probablemente
estén recayendo de formamás especial sobre el comercio de
menor dimensión.
El proceso de transformación, es obvio, no se ha completado,
y, puesto que este proceso no se ha completado, el Grupo
Socialista estima procedente la articulación de un plan de
apoyo a este segmento del sector de la distribución. El plan
de apoyo no es otro que el plan de modernización del comercio
interior para el período 1995-2001, que ha presentado en forma
de proposición no de ley el Grupo Socialista. Debo recordar
que el Partido Socialista, en su programa electoral de 1993,
ya estableció el compromiso de fomentar la competitividad y el
cambio estructural del pequeño comercio, y ello precisamente
mediante la elaboración de un plan de modernización del
comercio. Cuando todavía estamos en la primera mitad de la
legislatura, el Grupo Socialista ya presenta esta proposición
de ley y, como consecuencia de una enmienda aprobada en los
Presupuestos Generales del Estado para 1995, planteada
igualmente por nuestro Grupo en el Senado, el Ministerio de
Comercio y Turismo tiene bien avanzado lo que,
previsiblemente, será el plan de modernización del comercio.
Se trata de un plan que debe garantizar la continuidad del
pequeño comercio como un elemento de creación de empleo, de
bienestar y, claro está, de cohesión social.
Debo decir de forma clara, expresa y rotunda que el Grupo
Socialista apuesta porque el pequeño comercio continúe
poblando los centros históricos y los barrios
de nuestras ciudades, pero, señorías, un pequeño comercio que
sea moderno, competitivo, un pequeño comercio integrado, un
pequeño comercio rentable; en definitiva, un pequeño comercio
adaptado a las necesidades de la demanda actual. En la Unión
Europea, y, naturalmente, en España, se están produciendo una
serie de tendencias, muchas veces aceleradas, que permiten una
profunda transformación en el sector de la distribución
comercial, pero que, naturalmente, requieren abordar acciones
que consigan que esta transformación sea una transformación
ordenada. A título de ejemplo, he de decir que se está
produciendo una internalización creciente en la distribución,
lo cual lleva a implantación de empresas fuera de las
fronteras, hipermercados, cadenas de descuento, etcétera; que
se está produciendo un considerable desarrollo de las
centrales de compra, lo que impulsa al asociacionismo; se
están desarrollando zonas de comercio integradas, lo que
provoca auténticos cambios en los hábitos de consumo.
El desarrollo de cadenas sucursalistas o de franquicia
requiere profesionales cada vez más polivalentes y con unos
perfiles más adecuados a los modernos sistemas de
distribución. Las técnicas de gestión evolucionan y, a título
de ejemplo, he de decir que el intercambio electrónico de
datos o los terminales como puntos de venta vienen a ser
elementos emblemáticos de un cambio radical en el sector de la
distribución.
Por todas estas razones, el plan ha de tener unos objetivos
muy claros y que nosotros especificamos en nuestra proposición
no de ley: increme de los mercados minoristas, incrementar la
dimensión económica de las empresas, mejorar la transferencia
de tecnología, incrementar la información de los consumidores,
mejorar la formación de los profesionales del sector,
etcétera. Ello nos lleva a plantear un plan que habrá de
actuar sobre el entorno, al objeto de la mejora del mismo.
Como SS.SS. disponen del texto de la proposición no de ley, en
la que aparecen estos puntos ampliamente detallados, me
limitaré a resumir que creemos que sería conveniente, en el
ámbito laboral, estimular el rejuvenecimiento del sector
mediante baja incentivada de comerciantes en edad próxima a la
jubilación. Creemos también, y en ese sentido queremos hacer
una declaración expresa, que esa ley de comercio en trámite
parlamentario, que siempre hemos defendido que habrá de contar
con el mayor nivel de consenso electoral y político, vendrá a
mejorar el entorno en que se desarrolla la distribución
comercial.
Habrán de contemplarse --así lo defendemos-- una serie de
programas generales; programas generales que serán actuaciones
que interesen al conjunto de las empresas del sector de la
distribución, con independencia de su inclusión o no en
programas específicos. Por ejemplo, el plan de modernización
ha de apostar decididamente por la formación. Resulta urgente
mejorar los niveles de formación especializada en el sector y
habrá que mejorar también la información disponible sobre la
distribución comercial (estudio de carácter estructural y
coyuntural), para lo cual planteamos la conveniencia de contar
con una amplia base de datos sobre el sector, e incluso un
observatorio de la distribución comercial, animado e impulsado
en colaboración con las propias comunidades autónomas. Creemos
que también es importante el apoyo financiero; concretamente
incentivar decisiones de inversión que permitan llevar a cabo
las actuaciones consiguientes para la modernización del
sector. Un pequeño comercio tiene dificultades, tiene
dificultades de acceso a recursos, muchas veces por faltas de
garantías, otras veces por el coste de los préstamos elevados,
a pesar del descenso experimentado en estos últimos años en el
precio del dinero. Sin embargo, hace falta un apoyo
financiero, y en este sentido propugnamos un convenio de
colaboración con el Instituto de Crédito Oficial que
subvencione una parte importante de las inversiones que lleven
a la modernización de los comercios, subvencionando una serie
de puntos, e incluso contemplando un gran período de carencia
que haga factible la devolución de estos créditos por parte
del pequeño comercio. Junto a ello planteamos una serie de
programas específicos; programas que fomenten, señorías, el
asociacionismo, programas que fomenten la integración del
pequeño comercio y que permitan la adecuación de las
estructuras comerciales a las necesidades de las distintas
áreas de mercado; en definitiva, programas que permitan la
modernización y la mejora de la gestión de las pequeñas y
medianas empresas comerciales. Porque hay una evidencia; hoy
se da una dualidad clarísima en el sector de la distribución
comercial. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hoy
conviven grandes superficies, grandes empresas perfectamente
actualizadas, modernizadas y capitalizadas, junto con pequeños
comercios descapitalizados, no adecuados a las necesidades
actuales de la demanda. Habrá de impulsarse un programa de
ordenación territorial del comercio o bien un programa de
ayudas a pequeños comerciantes individuales que estén
dispuestos a modernizar su establecimiento.
En cuanto a la gestión del plan, señoras y señores Diputados,
estimamos que éste ha de impulsarse a partir de un elevado
nivel de consenso; elevado nivel de consenso con las
asociaciones representativas del sector, con las asociaciones
de consumidores, con los sindicatos, con los grupos políticos.
Y creemos que la gestión tiene que implicar directamente a las
comunidades autónomas, que han de tener un protagonismo
esencial. En este sentido, el plan habrá de girar en torno a
la acción conjunta del Gobierno y de las comunidades
autónomas. A juicio de nuestro Grupo, es imprescindible que el
plan de modernización sea aprobado en el seno
de una conferencia sectorial del comercio, conferencia
sectorial del comercio que, como el propio ministerio ha
informado, tendrá lugar, previsiblemente, durante la primera
quincena del mes de mayo.
En suma, el Grupo Socialista pretende con esta proposición no
de ley poner claramente de manifiesto lo que en su día dijimos
cuando se debatió el Real Decreto-ley de horarios comerciales,
en el mes de febrero de 1994. Dijimos ya en aquel momento --
era la primera vez que se decía en sede parlamentaria--,
durante la intervención de este mismo portavoz, que habría que
ir hacia un plan de modernización del comercio. En el debate
presupuestario de este año presentamos una enmienda en el
Senado en esta dirección y hoy, 25 de abril, el plan de
modernización que planteamos, a mi juicio, ha quedado
escuetamente expuesto.
En esta única intervención debo fijar la posición de nuestro
Grupo sobre la proposición planteada por el Grupo Popular y
las enmiendas que se han formulado, tanto por el Grupo Popular
como por el Grupo Catalán a nuestra proposición no de ley.
Respecto a la proposición del Grupo Popular, he de decir que
nos alegra. Consideramos positiva la idea compartida del Grupo
Popular de elaborar un plan de modernización del comercio
interior, se llame éste de modernización o especial de acción
sobre el comercio interior, como le llaman ustedes.
Compartimos una parte importante de la exposición de motivos,
lo que es evidente y también se deduce claramente de mis
propias palabras hoy aquí. De cualquier forma, creemos, como
ha quedado puesto de manifiesto, que las líneas generales
pueden tener puntos de concomitancia. Sin embargo, he de decir
que el contenido de algunas de las medidas propuestas por
ustedes nos impiden darles nuestro apoyo.
Las medidas financieras, en mayor o menor medida, pueden ser
equiparables. Sin embargo, por economía parlamentaria, habré
de fijarme en tres o cuatro puntos específicos. Hablan de
eliminación de diferencias entre el régimen general y el
régimen especial de autónomos. Creo que estarán de acuerdo
conmigo en que en los últimos diez/doce años se han venido
introduciendo diversas modificaciones en el régimen especial
de autónomos, a fin de equiparar su protección a la
establecida en el régimen general. Realmente, se ha logrado
hoy prácticamente la homogeneización de ambos regímenes, y las
diferencias que perviven, concretamente en contingencias
profesionales y en prestaciones por desempleo, tienen su
origen en las propias peculiaridades de ambos regímenes.
Plantean una reducción de cinco puntos en las cotizaciones a
la Seguridad Social, pero permítame que le diga que esto no
sería posible sin una paralela disminución de la protección, o
bien una modificación sustancial del sistema de protección,
máxime cuando en la proposición de ustedes no formulan ninguna
alternativa de financiación a esta reducción de cinco puntos.
Si mis estimaciones no me fall reducción de un solo punto en
el régimen general implica un coste de 220.000 millones de
pesetas, lo que quiere decir que, multiplicado por cinco
puntos, esto implicaría 1,1 billones de pesetas en sólo tres
años. Señorías, esto significaría la quiebra del sistema,
salvo que la reducción, eso sí, sólo afectara al sector de la
distribución, en cuyo caso creo que supondría un agravio
comparativo de muy difícil justificación para otros sectores
productivos, para otros sectores económicos.
En las medidas fiscales, creo que no está suficientemente
justificado lo que plantean en la estimación objetiva por
coeficiente, y en el incr «a forfait» no justifican el porqué
del incremento de este 15 por ciento. Igualmente habré de
decirle que en el Impuesto sobre el Patrimonio ya se ha dado
un avance importante, concretamente, en el debate
presupuestario, este año se ha elevado el mínimo exento hasta
17 millones de pesetas, de tal forma que hoy quedan fuera de
gravamen la inmensa mayoría de los pequeños patrimonios, en
definitiva, de los pequeños comerciantes.
También se ha mejorado este año la exención de aquellos
patrimonios procedentes de activos patrimoniales, el
productivo o de participaciones en PYMEs, concretamente
reduciendo, como ustedes recuerdan bien, la participación,
para declararlos exentos de la reducción del 20 al 15 por
ciento.
En el Impuesto sobre Sucesiones, también creo que se ha bajado
de forma importante este año, se ha ampliado el período de
fraccionamiento del pago a diez años para transmisiones
«mortis causa» de empresas individuales, donde, como digo,
también se han dado pasos.
El patrimonio preexistente del sujeto pasivo creo que es un
factor de progresividad que en ningún caso podremos eliminar.
Con esto, en principio, creo que queda justificada nuestra
oposición.
No obstante, el Grupo Popular plantea una serie de enmiendas a
la proposición que muy en síntesis comentaré.
Respecto a la primera, no estamos de acuerdo, como ya he dicho
en mi intervención, en la reducción de cinco puntos a la
Seguridad Social (primer punto de la primera), sí estaríamos
dispuestos a aceptar el segundo punto, que establece
incentivos para la retirada de las actividades en determinados
supuestos, y tampoco aceptaríamos el tercer punto.
Con relación a la segunda enmienda, no aceptaríamos ni el
primero ni el tercero, pero sí aceptaríamos el segundo de la
primera.
En el caso de la segunda enmienda que plantean, no tendríamos
inconveniente en apoyarla, siempre que ustedes aceptaran,
tanto en el primero como en el tercer punto, hablar de
continuar la revisión, es decir, añadir
la palabra «continuar». No aceptaremos el segundo punto de la
segunda enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Mesa, le ruego concluya.
El señor MARTIN MESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Igualmente, en la tercera enmienda aceptaríamos únicamente la
frase que adicionan a nuestro párrafo, que incluye la
posibilidad de establecer correspondencia con la formación
profesional.
No habría inconveniente en aceptar la cuarta y la quinta
enmiendas, últimas dos, en el sentido de que van en la misma
línea que nuestra proposición.
Por último, señor Presidente, termino haciendo referencia a la
enmienda planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
y diciendo que estamos de acuerdo en los dos primeros puntos.
Creemos necesario elaborar un plan de modernización del
comercio, pero nosotros vamos un poco más allá y planteamos un
Plan concreto en esta proposición no de ley. Compartimos
plenamente que hay que elaborar una ley del comercio interior.
De hecho, como sabe el portavoz en estos temas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) nos hemos pronunciado por
consensuar con el sector y políticamente la ley, y a la
primera proposición planteada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) actualmente hay enmiendas propuestas,
firmadas conjuntamente por los dos grupos, que han permitido
consensuar más del 90 por ciento de la ley. Creemos que
podemos seguir en esta vía. Respecto al tercer punto que
ustedes plantean, creemos que no es el momento de replantear
el tema de horarios. Estamos tan de acuerdo con el decreto,
señor portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que
fue el Gobierno socialista precisamente el que aprobó este
Real Decreto sobre horarios. Será en el contexto de la Ley de
Comercio, será en el contexto de la ley de ordenación del
comercio minorista donde habremos de consensuar
definitivamente (y yo quiero declarar aquí nuestra voluntad,
igual que lo hemos hecho en el resto de la ley) el tema de
horarios.
En definitiva, señorías, pedimos de ustedes el apoyo a esta
proposición no de ley. A nuestro juicio, va a suponer un apoyo
decisivo al sector de la distribución, va a suponer un apoyo
decisivo a la modernización y a la reestructuración del
pequeño comercio.
Es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Proposición no de ley del Grupo Popular. Tiene la palabra el
señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor
Presidente.Corresponde en este turno al Grupo Popular fijar la
posición en torno a la proposición no de ley del Grupo
Socialista y, al mismo tiempo, defender la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular para contribuir a la
mejora del comercio tradicional español.
Como saben SS.SS., el 10 de octubre de 1994 se publicó la
proposición del Grupo Popular, y el 23 de diciembre del mismo
año se publicó la pro Grupo Socialista. Es decir, 74 días
después de la llegada de la iniciativa del Grupo Popular se
presentó la del Grupo Socialista. Parece ser que el Grupo
Socialista ha tardado 74 días en percatarse de que era
recomendable imitar la iniciativa del Grupo Popular.
Sin lugar a dudas, la crisis económica de la que a duras penas
nos recuperamos, o de la que débilmente intentamos salir
aunque ustedes se empe la salida con su inestabilidad política
y con su inestabilidad gubernamental, decía que sin lugar a
dudas la crisis económica ha dejado, entre otras, la huella de
la caída del consumo, de la que no nos recuperamos. También es
cierto que la demanda está registrando constantes
modificaciones que tienen su origen en muy diversos factores,
pero en cuatro factores principalmente: la expansión de la
población urbana, la ampliación de los períodos de compra, la
mejora de capacidad de almacenamiento y la incorporación de la
mujer al mundo laboral. Estos factores han generado cambios de
hábitos en los consumidores que han afectado de forma directa
a la estructura del sector de la distribución, que también de
una forma directa han afectado a la dinámica de los
instrumentos para ganar competitividad y de las nuevas
fórmulas para la comercialización. Los cambios de hábitos y
las acciones innovadoras de los operadores han producido que
dentro de la distribución comercial convivan --no siempre de
forma pacífica--, por un lado, empresas altamente tecnificadas
y, por otro, empresas de lo que venimos a reconocer y a llamar
comercio tradicional. Esta dualidad, señorías, presenta hoy
claros signos de desequilibrio. Desequilibrio que tiene su
origen en una posición débil del comercio tradicional, y
debilidad que se manifiesta en términos fundamentalmente de
cuota de mercado y en términos de número de empresas; es
decir, debilidad que se manifiesta llanamente en términos de
supervivencia.
Sin embargo, el desequilibrio que hoy protagoniza el comercio
tradicional en el sector de la distribución no sólo tiene su
origen en la débil competitividad sino que además hay cuatro
factores que, a nuestro juicio, están estrangulando, de una
forma silenciosa y lenta, el comercio tradicional español. Su
minifundismo y su atomización constituyen uno de estos
factores; su dependencia de la financiación bancaria es otro.
La reforma de la incapacidad laboral transi de los factores
que han estrangulado el comercio tradicional. Y finalmente hay
dos figuras de nuestro sistema tributario que claramente son
beligerantes con el
comerciante: el Impuesto de Actividades Económicas y los
módulos de la estimación objetiva. A mi juicio --y a juicio
del Grupo Popular-- hay un quinto factor que se reproduce con
demasiada reiteración y que conviene hoy aquí subrayar. Creo
que nadie del resto de los grupos podrá discutir que cuando
existe una crisis en empresas de mayor tamaño la alarma y la
repercusión sociales también son de mayor tamaño. Las crisis
de las grandes empresas, por su incidencia territorial o
regional, por la sacudida sectorial que significan, son
inmediatamente atendidas por el Gobierno y vienen a ocupar
siempre los primeros planos del debate público. Frente a esta
reacción habitual aparece siempre --tristemente
incomprensible-- que las crisis silenciosas que están
padeciendo las pymes del comercio siguen solitarias y pasando
absolutament Pero si reparamos en su coste en términos de
empleo, esto sí que tiene un mayor tamaño; si reparamos en su
coste en términos de actividad, también tiene un mayor tamaño.
Y no digamos si nos fijamos y estamos pendientes del número de
empresas que son destruidas en estos períodos de crisis. Ante
esta situación, el Grupo Popular considera urgente y
absolutamente necesario garantizar la supervivencia del
comercio tradicional.
Hasta aquí hemos expuesto las razones que consideramos
suficientes para defender la supervivencia del comercio
tradicional, pero convendría no echar en olvido en este
trámite que el comercio tradicional es principalmente un
instrumento para garantizar el abastecimiento de un montón de
municipios pequeños españoles, sobre todo de muchas zonas
rurales en donde otras fórmulas comerciales no les interesa,
no son rentables, en definitiva, donde otras fórmulas
comerciales no tienden a ubicarse. Además, el comercio
tradicional representa un factor de proximidad, un factor de
diversificación de la oferta, de especialización y de atención
personalizada, sin lugar a dudas, al consumidor. Pero junto a
la importancia de la garantía de abastecimiento a los
municipios pequeños y a las zonas rurales, donde no llega el
gran comercio, el comercio tradicional cumple hoy una función
absolutamente esencial que es su contribución al mantenimiento
de los conjuntos urbanos. Un comercio tradicional necesario
por sus contribuciones sociales y un comercio tradicional
urgido a renovarse por las exigencias de la competitividad.
Los hábitos de consumo, los costes de comercialización, los
costes sociales, las prácticas de otros operadores, el escalón
del productor y --por qué no decirlo-- la aportación
inflacionista son todos factores que mueven a construir un
nuevo edificio en las relaciones comerciales, un nuevo
edificio, señorías, que ha de ser equilibrado, saneado y
marcado por la modernidad. Son tantos los factores que
influyen en esta fase de adecuación que, señores de la
mayoría, las medidas de un plan especial para el comercio
interior no pueden concebirse como una suma de una serie de
planes parciales o como programas específicos independientes
entre sí.
Señor Presidente, el Grupo Popular entiende que un debate de
estas características exige medidas concretas, medidas
comprometidas que hagan frente a los problemas que hemos
denunciado. Hoy se pretende por parte del Grupo Socialista
aprobar una declaración de intenciones en un acto
voluntarista. El comercio no necesita actos voluntaristas,
sino que se entre en el detalle y que este Parlamento se
comprometa con medidas precisas y concretas, medidas que
sustituyan a esos prolongados períodos de reflexión y que sean
sustituidas por fórmulas concretas y enmarcadas en un
calendario. Por estas razones, el Grupo Popular presenta
medidas financieras creando créditos con períodos de
amortización flexibles y tipos de interés bonificados al
objeto de contribuir a los procesos de integración y de
renovación de los comercios. El Grupo Popular presenta medidas
concretas para programas de formación con soporte
presupuestario para convertir a nuestros atomizados
comerciantes en propios gerentes de sus negocios; medidas
laborales para eliminar en un calendario las desigualdades de
la seguridad social de los autónomos o también para la
reducción gradual de las cotizaciones sociales; también
medidas laborales para establecer incentivos con el objeto de
propiciar la retirada de la actividad; medidas fiscales
tendentes a la decidida reforma de la estimación objetiva del
Impuesto de Actividades Económicas, del Impuesto de Sucesiones
y del Impuesto sobre el Patrimonio; medidas administrativas
para eliminar las trabas burocráticas que sufren las pymes
hoy; y muy principalmente medidas informativas para corregir,
señores de la mayoría, el alarmante vacío que hace que hoy la
Administración no tenga ni pueda facilitar datos científicos
sobre la evolución o los indicadores del sector comercial
concretamente desde 1988. Siete años, señorías, sin un solo
dato que sirva para estudios estratégicos, que sirva para
diseños de políticas son a mi entender la revelación más clara
de la falta de interés que se ha mostrado hasta la fecha;
siete años sin datos fiables a mi juicio ponen de manifiesto y
dejan al descubierto la pasividad del Gobierno socialista
frente al sector de la distribución comercial.
El Grupo que sustenta a este Gobierno, el Grupo Socialista,
trae aquí hoy una proposición no de ley para instar al
Gobierno a que redacte un plan de modernización para el
comercio interior. Señores de la mayoría, ¿tienen ustedes
pensado traernos el plan de modernización a debate? ¿Tienen
ustedes pensado que este Grupo y otros grupos parlamentarios,
en definitiva esta Cámara pueda enmendar el plan de
modernización que se nos anuncia? A mi juicio, señores de la
mayoría, su proposición de ley está calculadamente imprecisa y
está calculadamente descomprometida. Es una proposición de ley
en la que no se atreven a enumerar
ni un solo objetivo prioritario y donde los redactores se han
perdido en una mezcla desordenada y bastante vaga. Me gustaría
conocer qué se oculta detrás de tanta imprecisión, o qué se
pretende hurtar a esta Cámara no trayendo a debate el plan de
modernización. Sin duda, señorías, su falta de compromiso al
no someter a debate las medidas precisas está denunciando que
su proposición de ley es más una medida efectista que una
acción de gobierno concreta. Mejor dicho, ¿quieren ustedes que
esta Cámara les dé un aval, un cheque en blanco para la
redacción unilateral de un plan de modernización sin consultar
a esta Cámara? ¿Se ha consultado a las comunidades autónomas?
Bien sabe usted que se ha consultado a un número muy reducido
de comunidades autónomas en esta materia.
El contenido del plan de modernización que se nos anuncia en
su proposición no de ley dedica escasísimas palabras a la
creación de empleo, por no decir que ninguna, y yo creo que se
extiende de una manera desordenada y agotadora en relatar
imprecisiones y alguna que otra sorprendente propuesta.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego concluya.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Voy terminando, señor Presidente,
pero tenga presente que tengo que consumir tres trámites en
uno solo.
El señor PRESIDENTE: Pero se refieren a la misma materia,
señor Aguirre. Por eso se ha acordado la acumulación del
debate.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Voy
terminando.
En materia laboral y fiscal su proposición no de ley tiene una
sospechosa y difusa expresión, cuando nos viene a decir que
«se deberá estudiar». Nuevamente, lo que ustedes pretenden es
no comprometerse a nada en la proposición no de ley, no dar
pistas de por dónde va a ir el plan de modernización y, en
definitiva, no concretar las reformas que del marco laboral y
del marco fiscal está necesitado el comercio tradicional. En
materia de formación, a la que califican ustedes de piedra de
toque --calificativo con el que estamos absolutamente de
acuerdo--, no consiguen redactar un criterio claro de acción.
Pero sorprendente resulta desde luego la creación de un
observatorio de distribución comercial. Sorprendente, primero
porque es el mejor reconocimiento de que en siete años se ha
estado haciendo una política de comercio sin ningún tipo de
dato que avale las decisiones políticas que se han adoptado. Y
sorprendente, segundo, porque es curioso cómo se crea su
composición. De la composición de este observatorio de
distribución comercial expulsan ustedes a los funcionarios
públicos; quieren ustedes sustituir a los funcionarios
públicos independientes. Además, en su composición marginan a
la Administración central y le quitan todo protagonismo en
estos estudios. A mí me gustaría saber, señores de la mayoría,
quiénes van a ser los componentes de estos observatorios, por
qué quieren que los funcionarios no estén en estos
observatorios.
Respecto al resto de programas, a nuestro juicio, no son más
que meros titulares que no nos dan más pistas sobre su
contenido que su propio enunciado. Por ello nos vamos a
reservar la opinión hasta que tengamos materia suficiente, una
vez que conozcamos el plan presentado. En su momento podremos
tomar posición sobre los mismos, no si antes llamar la
atención sobre la inconveniencia de tratar asuntos de tanta
trascendencia con tanta ligereza.
Para finalizar, señor Presidente, quisiera hacer una
observación en materia de recursos económicos y de su gestión.
Creo que los recursos económicos que se apuestan en esta
proposición no de ley son bastantes menos de los que ustedes
están anunciando, porque no creo que ustedes nos hagan pensar
que se va a poder sumar a la presupuestación del Estado las
presupuestaciones de las comunidades autónomas y las
presupuestaciones de la Unión Europea. Las presupuestaciones
de las comunidades autónomas serán las que sean, con este plan
o sin este plan, y si se consigue algún tipo de financiación
europea habrá que detraerla de la apuesta que hagan los
Presupuestos Generales del Estado.
Y en materia de quién va a gestionar...
El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego concluya.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Concluyo inmediatamente.
Y en materia de quién va a gestionar este plan de
modernización, ustedes se hacen un guirigay burocrático:
conferencia sectorial, comisión mixta de seguimiento, consejo
asesor y consultivo, comité para la formación. En definitiva,
una auténtica inflación para repartir 40 millones multiplicado
por 52 provincias, o un total de 120 millones multiplicado por
17 comunidades autónomas.
Termino, señor Presidente, tomando posición respecto a la
enmienda presentada a la proposición no de ley del Grupo
Popular por parte del Grupo de Convergència i Unió. Señores de
Convergència i Unió, llevamos tiempo hablando de esta materia
y, sin duda, coincidimos con muchos de los fundamentos que
inspiran esta enmienda. Coincidimos prácticamente con muchas
de las propuestas que en sus tres apartados nos plantean.
Pero, déjenme que les diga una cosa: no podemos ni entrar a
analizarla porque ustedes nos proponen una enmienda de
sustitución que sería tanto como retirar la nuestra para ser
sustituida por la suya. En estos términos,
señores del Grupo de Convergència i Unió, no podemos
pronunciarnos. Si hubieran ustedes utilizado otra forma
parlamentaria, probablemente hubiéramos tomado otra posición.
Estas son las razones, señor Presidente, por las que el Grupo
Popular, con sus votos, no va a impedir ni va a obstaculizar
la proposición no de ley del Grupo Socialista. Y estas son las
razones por las que solicitamos el voto favorable para la
proposición no de ley defendida por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), para fijar
posición sobre las dos proposiciones y defender lar enmiendas
presentadas, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de mi Grupo Parlamentario
ante las dos proposiciones no de ley que proponen los grupos
Popular y Socialista, y para argumentar por qué hemos
presentado una enmienda de sustitución de ambas. Adelanto que
si el obstáculo en entendernos con el Grupo Popular es
simplemente un aspecto formal, en nombre de mi Grupo propongo
que esta enmienda no sea de sustitución, sino de adición a la
del Grupo Popular. Lo mismo ocurre con la del Grupo
Socialista, pues estamos dispuestos a que la nuestra sea una
enmienda de adición y que se pueda sumar a sus planteamientos.
¿Cuál es la posición de Convergència i Unió ante el problema
que debatimos, que es la transformación que está operándose en
el sector del comercio? Hoy, en España, se está efectuando la
mayor transformación jamás experimentada de las estructuras de
la distribución comercial en nuestra economía. No es una
transformación menor; es una transformación sustancial, que
tiene su explicación y su fundamento.
¿Qué le sucede hoy al comercio pequeño, tradicional, en
España? Este es un sector que representa el 12 por ciento del
producto interior bruto y ocupa el 14 por ciento de la
población; un sector económico muy importante: 14 por ciento
de la población y 12 por ciento del producto interior bruto.
Un millón seiscientas mil personas trabajan hoy en el sector
del comercio, de las que cien mil están ocupadas en los
grandes establecimientos, en las grandes superficies;
1.600.000 personas, de las que cien mil trabajan en las
grandes superficies. Este es un sector de empresas muy
pequeñas. El 85 por ciento de la actividad en el sector de
la distribución se realiza mediante empresas de menos de diez
trabajadores. No es una estructura caprichosa de la economía
española. Lo es exactamente así en toda Europa. La media en
Europa está en el 70 por ciento. El 70 por ciento de la
actividad de la distribución en todos los países de Europa se
realiza a través de empresas muy pequeñas.
¿Qué está pasando en los últimos cinco años en el sector de la
distribución y del comercio? España está experimentando un
gran cambio, un crec establecimientos de grandes superficies.
Este es el problema profundo que experimenta el sector y por
el que hoy estamos debatiendo la necesidad de un plan. ¿Qué ha
sucedido en los últimos cinco años? Todas las superficies en
las que se localizaban los grandes centros comerciales en 1990
abarcaban 525.000 metros cuadrados. Pasados poco más de cuatro
años, estos 525.000 metros se han convertido en 2.200.000
metros cuadrados, que son los espacios localizados en las
grandes superficies donde se desarrolla el comercio. Se ha
multiplicado por tres el número de establecimientos en España
que se encuentran en grandes superficies. Con esta expansión
tan intensa de las grandes superficies en nuestro comercio en
España ¿qué ha sucedido? Que en 1990 las grandes superficies
distribuían, vendían el cinco por ciento del comercio en
España. Hoy, en términos medios, distribuyen el 28 por ciento
del comercio en España. Si atendemos al sector de la
alimentación, este porcentaje es hoy casi el 40 por ciento,
mientras que en el sector de los productos textiles es el 30
por ciento, con lo cual señorías, en cinco años un sector tan
importante --el 14 por ciento de la población, el 12 por
ciento del producto interior bruto-- cambia de mano y pasa a
distribuir del 5 por ciento a casi el 30 por ciento a través
de las grandes superficies. Esta es una transformación
profunda de las estructuras de distribución en España.
Por eso, señorías, nuestro Grupo se acerca con gran interés al
problema del plan que nos propone el Grupo Socialista y
también al plan que nos propone el Grupo Popular. Pero el
problema de fondo hoy --y estamos de acuerdo en afrontar un
plan-- no es estrictamente el plan. El mejor plan es la ley de
comercio, señorías, que está en trámite en la Cámara. ¿Por qué
no aprobamos la ley de comercio? ¿Por qué está retenido el
debate político en la ley de comercio? Señorías, estamos
debatiendo, como ha dicho el portavoz socialista, la ley de
comercio. Hemos alcanzado un acuerdo en muchas materias,
excepto en una, la más trascendente, la que va a influir con
mayor intensidad en la transformación del comercio en España,
que es la libertad de apertura de establecimientos los
domingos. No es lo mismo Madrid con libertad de
establecimientos hace cinco años que Madrid hoy con la oferta
de grandes superficies y con libertad de apertura los
domingos. ¿Por qué razón? Porque si hoy se concede libertad de
apertura los festivos y los domingos, como existía antes, como
hoy hay una oferta importantísima de grandes superficies que
ya ha absorbido el 28 por ciento de la distribución, en dos
años pasan a consolidar casi el 60 por ciento de la
distribución, con lo cual en dos o tres años, el sector de
la distribución del comercio se va a transformar intensamente,
cerrando pequeños establecimientos con una intensidad que no
juzgamos oportuna. Es necesario transformar las estructuras
del mundo del comercio, pero el comercio necesita tiempo. El
85 por ciento de los pequeños establecimientos que hoy dan
actividad a 1.600.000 personas, y que son el 14 por ciento del
producto interior bruto, para transformarse necesitan tiempo.
No se puede dar a una gran ciudad como Madrid, Barcelona,
Valencia o Bilbao, que hoy tienen una oferta de grandes
establecimientos mucho más importanteque la que tenían hace
cinco años, libe un proceso aceleradísimo de destrucción de
tejido de distribución de comercio. ¿Esto puede ser malo para
los ciudadanos? Si tenemos en cuenta que este impacto tan
intenso puede generar desertización en los barrios, cierre de
establecimientos pequeños, paro y problemas de modelo de vida
en nuestras ciudades, esto sí que es un problema. En Europa
las ciudades no son como en Estados Unidos que hay grandes
urbes de kilómetros y kilómetros de residencias y unos malls,
unos núcleos en donde se concentran las grandes áreas de
distribución. Europa jamás ha tenido este modelo de ciudad.
Europa tiene otra cultura. Europa tiene ciudades integradas en
sus barrios con las estructuras de comercio. Por esa razón, un
proceso tan intenso de destrucción del comercio tradicional en
tan poco tiempo no nos parece bien.
El problema no es el plan, señorías; el problema es la ley.
¿Por qué no aprobamos la ley? Porque no nos ponemos de acuerdo
en los planteamientos en torno a la libertad de horarios. El
Partido Socialista propone libertad de horarios en la ley para
el año 2001 y el PartidoPopular para el año 2000, un añ pueden
abrirse libremente los comercios hasta llegar a la plena
apertura dentro de cuatro años. No nos parece bien tan poco
tiempo. El Partido Socialista nos ofrece una proposición no de
ley que es una declaración política de esta Cámara en favor de
la necesidad de un plan que estamos de acuerdo en que se haga.
Pero, señorías, lo más importante es aprobar la ley. Por eso
nuestro Grupo ha presentado a ambas iniciativas un texto más
político de declaración de fundamento, en cuyo punto primero
se dice que es necesario elaborar un plan. Por cierto,
deberían indicar en sus textos que las comunidades autónomas
tienen hoy competencias exclusivas en materia de comercio, y
ambos lo ignoran. Deberían reconocer que es así, porque no es
lo mismo el comercio en Canarias que el comercio en
Valladolid, y el comercio en Asturias que el comercio en
Valencia o en Baleares. La estructura es muy distinta. Por eso
la Constitución preserva competencias exclusivas en materia de
comercio interior a las comunidades autónomas. Por eso nuestro
Grupo propone en el segundo que se haga una declaración
política de que se urja la aprobación de la ley de comercio,
porque es necesaria, porque es el mejor plan para transformar
hoy el mundo del comercio en España.
En tercer lugar, nuestro Grupo entiende que debíamos hacer una
declaración de que hoy por hoy, hasta que un día podamos
evaluar los efectos de este plan de que hoy se habla, no
deberíamos mover el Decreto vigente de apertura de horarios en
festivos y domingos. Nuestro Grupo entiende que desde
diciembre de 1993, en que el Congreso de los Diputados
convalidó y el Gobierno presentó este Decreto-ley en el que se
establece un principio general de 72 horas de lunes a sábado,
con plena libertad para que el comercio abra cuando quiera,
excepto en domingo, y según el cual se les autoriza a abrir
exclusivamente ocho festivos en toda España, pero pudiendo
cada comunidad autónoma, dice el Decreto, incrementar ese
nivel hasta el número que quiera, sólo una comunidad autónoma
ha tomado la decisión de ampliar este número mínimo de
libertad de apertura de horarios, sólo Madrid, que pasa de
ocho a doce. El Decreto-ley evidencia con ello que es bueno,
que es un buen marco, que hay que preservar, que hoy sirve,
que es útil y que no hay que tocarlo.
Por eso, dar en la Ley, en su artículo 16 --señores portavoces
del Partido Socialista y del Partido Popular--, el mensaje al
mundo del comercio de libertad de horarios es darle una
ventaja operativa excesivamente dura para esa rápida, profunda
e intensa transformación que está experimentando hoy un
determinado sector del comercio: las grandes superficies.
Señorías, esta es en síntesis nuestra posición. Pero para que
vean que mi ánimo, el mío personal y el de mi Grupo, es
básicamente alcanzar con los grupos proponentes un consenso en
torno a esta materia, transformo, si ello es posible y el
Reglamento lo admite, señor Presidente, mi enmienda de
sustitución a ambos textos en una enmienda de adición
simplemente, porque de la iniciativa del Partido Popular no me
desagrada tanto por su contenido como por lo que falta en la
misma, que es el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas en dicha materia y la falta de pronunciamiento en
una materia fundamental hoy para el futuro del comercio, que
es el tema de los horarios. También falta ese aspecto en la
iniciativa del Partido Socialista. Si ambos grupos aceptan
adicionar a su iniciativa los tres puntos que mi Grupo
plantea, señorías, estamos dispuestos a votar coincidentemente
con ustedes, pero sino es así, lamentamos tener que votar en
contra de las iniciativas de los Partidos Socialista y
Popular. Es bueno un plan de modernización del comercio
tradicional y del comercio interior, pero no nos engañemos y
no engañemos a la población: el futuro del comercio está en
clarificar establemente cuál va a ser el marco de libertad de
horarios de apertura
en domingos y, hoy por hoy, recuerden ustedes, señorías,
nuestro comercio, el de España, el que ocupa un millón
seiscientos mil trabajadores, necesita tiempo para adaptarse.
Por esa razón nuestro Grupo ha presentado la iniciativa que
hemos propuesto.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición del Grupo Mixto, Unión
Valenciana, respecto a la proposición no de ley referente al
plan de modernización del comercio interior. Una intervención
que podría calificar como en defensa del pequeño comercio que
suspira y grita hoy por la solidaridad de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara. La Constitución Española de
1978 estableció que por medio de una ley se regulara el
comercio interior, la actividad comercial y el régimen de
autorización de productos comerciales. En consonancia con ese
mandato constitucional el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió, con mucho acierto según Unión Valenciana, presentó el
pasado verano una proposición de ley de comercio, hoy en
debate parlamentario con mucho retraso. Dicha iniciativa
legislativa, que entre sus objetivos esenciales persigue unos
mayores beneficios para el pequeño comercio, una vigilancia
más estricta para las grandes áreas o superficies comerciales
y mayores competencias de las comunidades autónomas para la
fijación de los horarios comerciales, ha sido, fue y será
apoyada sin reservas por Unión Valenciana, porque consideramos
que el pequeño y mediano comercio necesita una regulación
normativa que le ayude a afrontar con garantías los retos de
competitividad que le esperan de cara al año 2000 e impulsar y
fortalecer la economía de este importante sector no sólo de la
Comunidad Valenciana, sino del conjunto de las comunidades del
Estado español.
El proyecto de ley de comercio elaborado por CiU ha motivado
una reacción contraria, tanto por parte del Partido Socialista
como por parte del Partido Popular, partido este último que
presentó un texto alternativo, después retirado, que
propugnaba un período transitorio de cinco años para alcanzar
la tan traída libertad total de horarios comerciales en el año
2000. Los planteamientos del Partido Popular, coincidentes en
muchos extremos con los del Grupo Socialista, en los que ha
incidido el portavoz del Grupo Catalán, pueden conducir, caso
de resultar aprobados, a la desaparición del pequeño comercio
y de la trama comercial que da vida a centros urbanos. Los
pequeños comerciantes hoy están amenazados por las medidas
excesivamente liberalizadoras de horarios, decisión que impide
competircon esa apertura de sábados y domingos que defienden
las grandes áreas comerciales; apertura sábados y domingos
que, de aprobarse así en una ley de comercio, podía poner en
peligro muchos miles y miles de puestos de trabajo. De
aprobarse esta apertura de sábados, domingos y festivos de
nada servirían las promesas de inversión en la modernización
del sector que hoy estamos debatiendo, porque el pequeño y
mediano comercio no podrá competir en igualdad de condiciones
frente a las grandes superficies comerciales.
Unión Valenciana, en defensa de este pequeño comercio, postula
la firmeza frente a la pretendida libertad de horarios
comerciales, porque será muy beneficiosa para las grandes
superficies y muy negativa para el resto. Unión Valenciana
considera prioritario ese plan de modernización y
relanzamiento de los pequeños y medianos comercios, donde se
contemplen ayudas al pequeño comercio para propiciar la
renovación de los mismos: jubilaciones anticipadas, reformas
de las cotizaciones de la Seguridad Social, reformas fiscales
y tributarias, en particular de los módulos y del Impuesto de
Actividades Económicas, que están asfixiando al pequeño
comercio.
Unión Valenciana, consciente de la trascendencia económica y
social del pequeño y mediano comercio en la Comunidad
Valenciana y en otras comunidades del Estado español, el
importante papel que juegan en el entramado comercial de
nuestros pueblos y ciudades y la vinculación, afecto y trato
personal de esos comerciantes con los ciudadanos, propia de la
forma de ser de nuestras gentes, se compromete a trabajar con
firmeza, y llama a esta Cámara a que así lo haga, por impulsar
y fortalecer a nuestros pequeños y medianos comercios, para
asegurar así un futuro más digno para este importante y
trascendente colectivo de nuestro entramado social y
económico.
Desde luego, no nos fiamos de la iniciativa del Partido
Socialista, como tampoco nos fiamos de la iniciativa del
Partido Popular, porque ningu en el pequeño comercio, cree en
lo que significa el pequeño comercio ni en lo que tiene
detrás, dentro del entramado social de nuestros pueblos y
ciudades. Por ello, menos palabras y más actuaciones en pro de
un sector que agoniza. La ley de comercio es fundamental e
inaplazable. Por eso, suscribo en su integridad las palabras
del portavoz del Grupo Catalán de que la ley de comercio tiene
que ser aprobada con la máxima urgencia; de lo contrario, los
planes improvisados para el pequeño comercio no servirán para
nada. El plan de modernización es imprescindible, inaplazable,
pero con la radical libertad de horarios no servirá para nada.
Por eso, desde mi modesta aportación, pido celeridad en cuanto
a la ley de comercio y asumo íntegramente la iniciativa del
Grupo Catalán, llamando a la reflexión de los dos grupos
mayoritarios en beneficio del pequeño y mediano comercio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo. Por el Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria fija su posición en este debate, amplio e
interesante, comenzando por lamentar que una materia de tal
trascendencia en este momento no sea objeto de una propuesta
casi unitaria de toda la Cámara, si esto fuera posible, para
resolver este problema que ya nos viene preocupando a lo largo
de estas dos últimas legislaturas.
En la pasada legislatura, alguno de los portavoces
intervinientes, junto con éste que les habla, han formado
parte de una Ponencia que comenzó, por una iniciativa del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a tratar
del problema de los períodos y plazos de pago de las grandes
superficies comerciales a sus proveedores en el área de la
distribución. Ahí vimos la dimensión tremenda del problema.
Posteriormente, hemos visto cómo se ha tratado, de alguna
manera, de empezar a generar piezas aisladas para abordar
algunos de los problemas que se habían detectado, tema de la
libertad o no de apertura, en horarios comerciales, de los
domingos y festivos y cuestiones ya relacionadas con la propia
estructura.
El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán ha hecho una
magnífica descripción del panorama estructural y económico de
España en este momento, entrar en observaciones y apostillas
subjetivas. De hecho, no es que haya una transformación, es
que hay una auténtica revolución de estructuras comerciales en
este momento, sobre todo con esa dicotomía que se está
produciendo, en términos generales: por un lado, nuestro
comercio tradicional, minoritario, de estructura de empresa
familiar, lo que serían pymes dentro de la definición
legislativa, frente a ese coloso, que viene apareciendo en los
último de distribución.
En este binomio, este portavoz echa de menos algo. Ese algo,
cuya voz también tenemos que escuchar, es el consumidor. De
nada valdría que estuviéramos procediendo a una modernización
--a lo que no nos oponemos, estamos de acuerdo con ella-- de l
estructura del comercio minorista si no definimos los
objetivos, pero ¿solamente para el fin del propio sector del
comercio? No tendría sentido un comercio visto unilateralmente
si no es con respecto al servicio del consumidor. Puede ser
que en España las estructuras representativas del comercio
tengan más fuerza social, política o económica, que la que
puedan tener los consumidores en este momento, siendo los
destinatarios del sistema. Por ejemplo, sería absurdo discutir
una modernización de todo el aparato, maquinaria, vagones de
RENFE o de los aviones de Iberia para la propia satisfacción
de que la empresa está modernizada en sí misma, sin pensar que
está destinada favorecer y dar más comodidad al usuario, es
decir, al consumidor del servicio.
Nostros no nos vamos a oponer a ninguna línea que trate de
hacer una modernización del sector del pequeño comerciante,
cuya importancia socioeconómica y política en España es
evidente. Nos gustaría hacerlo separado de cualquier proceso
electoral. Tenemos que decir que tiene que producirse en el
seno de la Cámara un debate doble: el debate económico y el
debate político.
Atinadamente y con gran acierto, el portavoz señor Homs ha
dicho que estamos pendientes de un debate político respecto a
la ley del comercio. Por eso no sale la ley del comercio,
porque hay una traba de valor político. ¿De qué lado se pone
el legislador o el Grupo Parlamentario que vaya a obtener
mayoría? Aquí hay que mojarse, hay que definirse frente a
alguno de los sectores implicados en este proceso que, para
nosotros, vuelvo a decir, es un proceso estructuralmente
triangular, separando las competencias legislativas y
administrativas: pequeño comercio, grandes superficies y
consumidores. Vamos a tratar de armonizar esos legítimos
intereses en este momento. Para eso, nos parece mucho más
oportuna la estructura de la enmienda que trae el señor Homs,
es decir, racionalizar el sistema. Porque tanto en la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista como en la del
Grupo Parlamentario Popular, se encierran valores muy
positivos, que en la línea singular de modernización del
sector son positivos, pero el problema no termina ahí, ni
siquiera modernizándolo en un plazo de cinco o seis años, para
que en el año 2000 o 2001 haya libertad de apertura, en
horarios comerciales, de domingos y festivos, o se trate de
darle una grantía también, como ha pedido el señor Homs,
mediante el decreto-ley actual, de restricción de la apertura
de los domingos y festivos en todo el comercio nacional. Pues
bien, nosotros entendemos que es necesario apoyar una
propuesta racional como la que trae el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), en primer lugar porque, como señala su
punto primero, es imprescindible determinar los objetivos
generales y los medios para alcanzarlo. Aquí no vemos qué
objetivos generales se están persiguiendo ni qué medios hay
para alcanzarlos, porque incluso ni en una ni en otra
iniciativa, la del Grupo Socialista y la del Grupo Popular, se
garantizan presupuestariamente los medios para ello, cuando
además se está hablando ya de que los próximos presupuestos
generales del Estado --lo ha dicho el propio Presidente del
Gobierno-- van a ser los más restrictivos. ¿Dónde están las
garantías operación de modernización deseable, pero para la
que no hay garantías presupuestarias en estos momentos? Y, en
segundo lugar, no se pueden marginar aquí las competencias de
las comunidades autónomas, como se
hace. Incluso hay párrafos en una y otra iniciativa donde se
le endosa a la comunidad autónoma precisamente hacer frente a
este coste presupuestario. Pero, bueno, ¿cómo vamos a legislar
desde aquí los presupuestos de las comunidades autónomas?
Damos entrada a una competencia de una manera cicatera y
resulta que ahora decimos: No, no, pague usted todo el proceso
de modernización.
Esto requiere más madurez, esto no está maduro. Es un tema
importantísimo que requiere un consenso parlamentario, que
requiere poner encima de la mesa el análisis de todos los
factores y todas las variables que existen en este momento,
para que esto no sea ni una burla a los pequeños empresarios
de estas pymes del comercio ni una actuación extraña, que no
conducirá nada más que a un fuego de artificios y no producirá
la auténtica modernización que requiere un sector de
estructuras atomizadas y familiares frente a las grandes
superficies que están perfectamente dotadas de medios
instrumentales, de análisis económicos, de gestión, de
centrales de compra, de racionalización de su distribución en
la red territorial, etcétera.
Por esas razones, señorías, nosotros, si no hay una aceptación
por parte de los grupos parlamentarios proponentes de esta
enmienda de adición, como bien ha señalado el señor Homs --
porque creíamos que era una enmienda de sustitución y
entendemos el problema que se ha producido--, para darle el
sentido racional de enmarcarlo dentro de la definición de
objetivos y medios y para señalar las competencias de la
Administración central del Estado junto a las competencias de
la propia administración periférica, comunidades autónomas y
ayuntamientos, que tienen mucho que ver, a través del
urbanismo, con autorizar o no autorizar determinadas
estructuras comerciales que tienen que ubicarse allí (ojo con
este tema también porque las competencias municipales son las
grandes ausentes en este amplio problema, junto a los
intereses, incluso la educación de los consumidores a los
efectos de orientar prácticas o hábitos de consumo), nos
abstendríamos en las dos iniciativas, reconociendo los méritos
y bondades que encierran una y otra y que se pueden armonizar.
En nuestro ánimo está apoyar todo lo que sea una línea de
modernización (no sé cómo, para eso estaría el debate en otra
segunda instancia) y, por supuesto, sacar adelante la ley del
comercio, porque si no, flaco servicio haremos a lo que aquí,
en la aritmética de los votos, podamos aprobar sobre estas dos
propuestas de modernización.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario con
mucha brevedad y no porque el tema no sea importante.
Estamos ante la problemática del sector de la distribución
comercial minorista y todos los grupos parlamentarios, en
diversas ocasiones, hemos ya reiteradamente la importancia del
mismo. Pero como ya lo hemos hecho, precisamente por ello, no
creemos que sea el momento de volver a establecer cuáles son
los problemas del sector de la distribución comercial. Si se
revisan las actuaciones de los grupos parlamentarios y de los
portavoces en estas Cámaras, se verá que la misma problemática
ha sido manifestada repetitivamente. Por lo tanto, en aras a
la brevedad, no voy a repetirlo, sin entender que con ello no
quiera dejar bien expresado el interés de nuestro Grupo
Parlamentario por solucionar los problemas que en este momento
tiene la distribución comercial minorista. Pero entendemos,
como digo, que esto ya se ha debatido en la ley de comercio,
ya se ha debatido también en la Ponencia sobre la problemática
del pago del sector de la distribución y se ha debatido en
diversas ocasiones. En este momento, lo que hay para debartir
son dos proposiciones de ley, de los grupos parlamentarios
Socialista y Popular, para establecer cuáles deberían de ser
las medidas para paliar la problemática del sector de la
distribución; y curiosamente, como así debe ser, las dos
propuestas tienen objetivos similares, que son establecer un
plan de actuación sobre el comercio interior que permita la
adaptación de éste a los profundos cambios que le están
afectando.
A la vista de estas medidas, desde nuestro Grupo
Parlamentario, estimamos que la propuesta del Grupo
Socialista, a nuestro entender, expone de estructurada y
sistematizada los objetivos de modernización del comercio
interior, así como también el contenido de dicho plan,
especificando los ámbitos a contemplar, tanto laborales como
fiscales, de formación o financieros. Nos parece más adecuado
establecer los ámbitos --y subrayo los ámbitos-- a estudiar
previamente, antes de pasar a definir las medidas legislativas
concretas que deberán establecerse como consecuencia de este
plan. En este sentido, nos parecen más ajustadas a este
criterio las propuestas que contempla la proposición del Grupo
Socialista. De la misma forma, compartimos la participación
efectiva de las comunidades autónomas, como queda establecido,
en un futuro observatorio de distribución comercial, así como
en un centro de innovación en tecnología comercial y en el
programa de ordenación territorial del comercio. Estamos
también de acuerdo con la idea de crear un programa de
cooperación empresarial que incentive el asociacionismo
comercial y la mejora de la estructura de los canales de
comercialización, con participación de los comerciantes.
Creemos, en definitiva, que en la proposición no de ley del
Grupo Socialista
se está contemplando un plan de modernización del comercio
interior con un nivel importante de colaboración con las
comunidades autónomas. Curiosamente, este es un aspecto que
nos llama la atención porque no suele ser habitual hacer
referencias a la colaboración con las comunidades autónomas en
proposiciones legislativas. En este aspecto, sí quiero reseñar
que en nuestro Grupo Parlamentario, más que declaraciones
políticas, lo que queremos es que se sea consecuente con las
propuestas que se hacen en esta Cámara, y me refiero al propio
marco legislativo de este sector, que se recoge en el proyecto
de ley de ordenación del comercio minorista, al que por parte
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) se acaba de hacer
referencia. Y me llama la atención porque,
incomprensiblemente, se ha dado un giro de 180 grados con
respecto a la proposición inicial, que fue precisamente de
este Grupo Parlamentario, vaciando de contenido las
competencias autonómicas del comercio interior a través del
establecimiento, como ley básica, de más de las dos terceras
partes del proyecto de ley que está en estos momentos
pendiente de debatir en esta Cámara; aspecto al que nuestro
Grupo Parlamentario se opondrá firmemente en el debate que
tengamos sobre el mismo.
Señorías, seamos consecuentes. Si queremos que las comunidades
autónomas tengan verdadera participación, dejemos a las
comunidades autónomas que tienen competencias en estas
materias que legislen de acuerdo con estas competencias, y no
hagamos una ley de comercio como la que está prevista, por la
cual se va a vaciar de contenido las competencias que tienen
en estos momentos las comunidades autónomas. Esto es lo que se
debe de hacer, y veremos si se mantienen estos criterios
cuando debatamos la ley de comercio.
Por lo demás, volviendo a las proposiciones no de ley que se
presentan hoy en esta Cámara y de acuerdo con los
razonamientos que he expuesto, desde nuestro Grupo
Parlamentario vamos a apoyar la propuesta del Grupo
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Zabalía.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Esta tarde tengo un motivo de
satisfacción y quiero, en primer lugar, saludar el sano afán
proteccionista del Diputado, señor Homs, que en este caso
concreto es sensato y racionalmente eficaz, seguramente, en la
medida en que la protección, no sé si decir de los más
humildes para que no se entienda como un concepto
excesivamente limosnero, en cualquier caso, de los que tienen
menos capacidad de defensa ante la sociedad, ante la ley,
etcétera, sea superior. Además, tal y como va el país, con un
24 por ciento de paro y un trabajo tan precarizado, casi
tenemos que procurar que haya una ley de protección al propio
comerciante, asegurando incluso para cada uno de nosotros la
posibilidad de que el día de mañana seamos un pequeño
comerciante en la medida en que a veces ya no es posible
encontrar un trabajo mínimamente estable en el mercado laboral
normal, histórico y clásico en el que solíamos encontrarlo. La
realidad que ha pintado el señor Homs, que no es nueva ni
desconocida, es una realidad concreta: el número de
trabajadores que trabajan en las grandes superficies y en los
pequeños comercios; el número de empresas que hay en este
país; la cuota de mercado de cada subsector del conjunto del
comercio; las relaciones sociales y humanas, que en un tiempo
prudente deberíamos ver cómo van cambiando y madurando a
través de un proceso cultural y social que la gente pueda ir
asimilando, etcétera. Por tanto se tiene que ir con paso
gradual y lento en todas las medidas que se tomen.
Vemos la necesidad de organizar a todo este sector: subsector
del pequeño comercio, el del gran comercio, etcétera, y por
ello creemos que sería más conveniente, a partir seguramente
de lo que aprobemos hoy, ir a un proceso orientado hacia una
visión global, de acuerdo con el conjunto de subsectores que
hay en el sector y con la realidad de las comunidades
autónomas. Yo no veo aquí un ataque feroz contra las
competencias de las comunidades autónomas (no es esto lo que
veo en la proposición del Grupo Socialista), pero sí habría
que profundizar más en la realidad concreta de cada comunidad
autónoma en cada uno de los subsectores del conjunto del
comercio. Para eso sería necesario tener muy en cuenta a la
Mesa del Comercio, en la que están sindicatos, representantes
del comercio, del pequeño y mediano comercio, y que a mi
entender es en este momento una de las bases para poder tener
una discusión más segura, en la medida en que están
representados prácticamente todos los sectores y naturalmente
las comunidades autónomas. Por tanto, sería necesario mucho
diálogo, mucha finura y tomar luego decisiones que fueran
abordando progresivamente el conjunto de los problemas.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista
¿cumple esto que estoy diciendo? Yo creo que es muy genérica.
Yo no podría votarla en contra, seguramente tampoco la votaré
a favor, pero en algunos aspectos es un excesivo canto al
voluntarismo: hay que crear, ver, hacer, etcétera. Luego, hay
un elemento que la hace un poco conflictiva en este momento
concreto, que es la campaña electoral que estamos viviendo.
Por ejemplo, esta misma proposición no de ley presentada en
enero, discutida posteriormente, podía ser algo más normal y
que no se vería, como ha sido acusada en algún caso, como un
elemento excesivamente electoral en este momento concreto. La
proposición no de ley además es, a mi entender, la forma de no
enfrentarse con decisión y valentía a la
ley de comercio interior; una ley que presenta Convergència i
Unió y que inmediatamente se pone a enmendar con alrededor de
82 enmiendas, que hacen una nueva ley. El Partido Socialista
presenta, asimismo, una enmienda a la misma ley y salen de
nuevo 80 u 82 enmiendas; es decir, que en estos momentos nos
encontramos con tres leyes. Pero el problema de fondo no es
éste. El problema de fondo son las contradicciones que han
aparecido en el momento de ponerse de acuerdo el Partido que
apoya al Gobierno y el otro Partido que también apoya al
Gobierno desde la minoría. El problema de fondo ha aparecido
en este momento concreto. Ahora nos encontramos con tres leyes
y con una enmienda a la totalidad presentada por el Partido
Popular, más ceñida, más concreta, más desregularizadora, en
la línea de la filosofía del Partido Popular. Nos encontramos
con una serie de elementos que debiéramos haber discutido a
fondo antes de haber entrado a debatir esta proposición no de
ley. Lo lógico sería haber aprobado un terreno de juego legal,
que hubiera sido la ley de comercio interior, y después
rellenar todos los ámbitos legales y sociales, porque en este
momento concreto nos encontramos con que chocan una serie de
intereses, que van a chocar mañana y pasado mañana, porque son
intereses que están presentes. Aquí casi se ha hecho un canto
poético al pequeño comercio, y el pequeño comercio, más que
cantos poéticos, necesita soluciones estables a medio y a
largo plazo, y, además, en el pequeño comercio y en el
conjunto del comercio existen también intereses distintos de
clase, de capas dentro de las propias clases, es decir, que no
todo está muy pergeñado. No hablamos de una sola visión del
comercio, de una sola opinión dentro del comercio en general,
no, hay opiniones muy diferentes, y no hablo únicamente de la
gran superficie frente al pequeño comercio, sino del conjunto
del comercio. Hay contradicciones bastante importantes que se
deben tener en cuenta en el momento de abordar el tema. Por
ello digo que debe haber finura, diálogo, participación de
todos los entes que puedan aportar algo y después soluciones
lo más consensuadas posible, y si finalmente no puede haber
consenso en todo, no hay consenso; democráticamente se vota y
se aprueba aquello en lo que mayoritariamente se está de
acuerdo. Por tanto, los intereses que han chocado en este
momento y han impedido desarrollar la ley de comercio
continuarán existiendo en el futuro. Los intereses entre los
pequeños comerciantes y las grandes superficies, entre los
horarios estables, etcétera, continuarán existiendo, y
tendremos que buscar una alternativa, una solución a todas
estas cuestiones.
Sólo voy a hacer unos breves comentarios a la proposición no
de ley que plantea el Grupo Socialista. Debo decir, en primer
lugar, que hay cosa necesarias, aunque --repito-- bastante
genéricas. La parte literaria es bastante explícita sobre las
consecuencias de la contrarreforma laboral, tanto sobre los
mecanismos centrales, salida d en el abaratamiento de los
contratos de aprendizaje. Respecto a este tema se les dice a
los señores del pequeño y gran comercio que con la ley de
contrarreforma laboral se lo hemos facilitado mucho, aquí
tienen ya una labor realizada por el Gobierno; por
consiguiente, esto concretamente sí que se valora.
Su proposición es abstracta en las cuestiones de aplazamiento
de pagos a proveedores, ventas a pérdidas, presupuestos,
exportación de la comunidad autónoma, la Unión Europea, los
Presupuestos Generales del Estado. Es concreta en las
subvenciones en tipos de interés, en inversiones a fondo
perdido, en sistemas logísticos, formación, equipamiento
comercial, con lo cual genéricamente --sólo genéricamente,
porque es una propuesta genérica-- estamos de acuerdo. Prevé
promocionar y estimular los ceses de actividad de comerciantes
en edad cercana a la jubilación. En ello también estamos de
acuerdo, pero nos parece contradictoria con otras propuestas
que hacemos nosotros, por ejemplo, en el momento de reducir la
edad de jubilación para los trabajadores en general. Nos
parece bien que se plantee esta alternativa para el pequeño
comercio, para modernizar y rejuvenecer al pequeño comercio o
a los que van a desarrollar el pequeño comercio, pero nos
parecería igual de sensato que se hiciera lo mismo en el
conjunto del mercado del trabajo. Estudia la configuración de
los módulos en la estimación objetiva singular en lo que
respecta al impacto en los mismos del número de empleados,
etcétera, y redunda, en definitiva, en una filosofía --de una
forma muy suave, no grosera-- de vacaciones fiscales y
solicita la constitución de la conferencia sectorial de
comercio en base al artículo 4 de la Ley del proceso
autonómico de 1983, con lo que estamos de acuerdo, aunque
después hay una maraña organizativa que considero innecesaria.
Nosotros plantearíamos, para avanzar, que en los objetivos que
omite esta proposición no de ley se pudiera llegar a acuerdos,
a consensos y, para el debate concreto, para trabajar en
concreto en el plan que sigue inmediatamente, solicitaríamos
la incorporación de la transparencia fiscal, de la
obligatoriedad de que no exista la estimación objetiva al
finalizar el período 1995-2001 y sean declarados los ingresos
netos reales del comerciante, para lo cual se estimularía,
dentro de la cooperación empresarial, la gestión contable
profesionalizada, y, dada la limitación presupuestaria, que
los programas de subvención estuviesen supeditados a no crear
déficit, por lo que se deberían extraer recursos no
presupuestados. Sería conveniente implantar un fondo de
inversiones para el sector o alterar la finalidad de la rebaja
de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social para
la constitución de este fondo de inversiones; o, por ejemplo,
estudiar la incorporación del canal distribuidor para una
política de reducción
y eliminación de embalajes y envases y recogida selectiva, que
es una de las cuestiones qu medio, fracasada por el voto
democrático de esta Cámara. La incorporación de productor y
consumidor en una mesa estable sectorial de la distribución es
otro de los elementos que nosotros hemos reivindicado en
nuestra proposición y que consideramos importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, por favor, concluya.
El señor FRUTOS GRAS: Voy terminando, señor Presidente.
Creo que en la página 19, al final, en la columna de la
izquierda, hay un error. Me da la impresión de que debería
cambiarse indemnización por modernización. Me choca
profundamente la palabra indemnización, el concepto de
indemnización y pienso --no lo sé-- que debe querer decir
modernización.
En relación a la propuesta que hace el Grupo Socialista, debo
decir que el pasado 5 de abril se aprobó en la Comisión de
Agricultura --y además por unanimidad--, a iniciativa de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, una proposición no
de ley. Esta iniciativa se tomó porque el Gobierno estaba
preparando la nueva normativa sobre ayudas a inversiones para
transformación y comercialización de productos agrarios y
había indicios de que iba a recortar las medidas en favor de
las cooperativas. Pues parece ser que en el Consejo de
Ministros del día 21 de abril se han recortado prácticamente a
la mitad las medidas de que disfrutaban las cooperativas; es
decir, que no van en el mismo sentido que se intenta plantear
en la proposición no de ley para el comercio en general. Nos
parece que ésa es una contradicción bastante importante.
En relación a la proposición no de ley del Partido Popular,
tengo que decir que hemos encontrado cosas interesantes, cosas
claras, cosas sensa con las cuales estamos en profundo
desacuerdo, como, por ejemplo, la reducción de cuotas a la
Seguridad Social y otras cuestiones que forman parte de un
proyecto, de una propuesta fiscal del Partido Popular, con las
que hemos dicho reiteradamente que no estamos de acuerdo, y,
en todo caso, nosotros defendemos otra filosofía frente a todo
ello.
La propuesta que hace Convergència i Unió --la enmienda de
sustitución--, no está mal. Dice: vamos a discutir sobre la
ley de comercio. Eso t nosotros. Dice: desarróllese el
decreto-ley aprobado hace un año. Muy bien; ha sido un
decreto-ley que parece que, en la práctica, no ha resultado
perjudicial para ningún sector, al menos de forma importante;
por tanto, desarrollemos y trabajemos en este sentido, pero,
claro está, tienen que ponerse un poco más de acuerdo con los
socios de Gobierno, porque si no nos traen aquí pro-blemas, y
no deberían hacernos perder el tiempo así, sino que deberíamos
aprovechar el tiempo precisamente haciendo un debate más a
fondo de todos esos temas que plantean y, sobre todo, de la
ley de comercio.
El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego que concluya.
El señor FRUTOS GRAS: Ambas propuestas --y termino-- se verían
mejor en la ley de comercio, y ahora creo que sería mejor, que
sería imprescindible --naturalmente, nosotros no vamos a
pronunciarnos en contra de una proposición no de ley que
pensamos que plantea cosas que pueden tener un cierto interés
para el sector y para el conjunto de la sociedad-- poner en
marcha de forma inmediata el verdadero debate de fondo de la
ley de comercio y de todo lo que hay alrededor de la misma.
Gracias, señor Presidente, y gracias, señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Socialista, para expresar la aceptación o rechazo
de las enmiendas planteadas, tiene la palabra el señor Martín
Mesa.
El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
De la intervención del portavoz del Grupo Popular deduzco que
la transacción que le hemos propuesto no ha sido bien vista y,
consecuentemente, no aceptamos las enmiendas a nuestra
proposición.
Respecto a la enmienda de sustitución del Grupo de
Convergència i Unió, ya manifesté en el debate nuestra no
aceptación de la misma como consecuencia de su tercer punto.
Por tanto, señor Presidente, no aceptamos ninguna de las
enmiendas presentadas, ni las del Grupo Popular ni la del
Grupo de Convergència i Unió.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre, a
efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Agradeciendo la sensibilidad del Grupo Socialista con respecto
a nuestras enmiendas, reitero la posición del Grupo Popular de
rechazar la enmienda de Convergència i Unió por entender que
no está en el contexto de las proposiciones no de ley que hoy
se debaten sobre apoyo al pequeño y mediano comercio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre. Vamos a proceder
a las votaciones.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre aprobación
por el Gobierno de la nación de un plan de modernización del
comercio interior para el período 1995-2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 146; en contra, 15; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Que aprobada la proposición.
Proposición del Grupo Popular, relativa a un plan especial de
acción sobre el comercio interior.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 126; en contra, 160; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE DE LOS PLAZOS EN LA CONSTRUCCION
DE LAS AUTOVIAS DE CONEXION DE GALICIA CON LA MESETA (Número
de expediente 162/000179)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
relativa al cumplimiento por parte del Ministerio de Obras
Públicas, Tansportes y Medio Ambiente de los plazos en la
construcción de las autovías de conexión de Galicia con la
meseta.
Tiene la palabra en señor Rajoy. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RAJOY BREY: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la proposción no de ley que
defiendo en nombre de mi Grupo Parlamentario, pretende, lisa y
llanamente, que el Congreso apruebe que un convenio firmado
por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente y la Xunta de Galicia en noviembre del año 1990 se
cumpla. No es, pues, una petición desmesurada sino razonable,
y por tanto espero el apoyo de los grupos parlamentarios de la
Cámara.
Para justificar mi petición de voto favorable aporto a SS.SS.
las siguientes consideraciones y argumentos. El convenio cuyo
cumplimiento se solicita al Gobierno es un convenio firmado,
como he dicho, en noviembre de 1990, entre el Ministerio de
Obras Públicas y la Xunta de Galicia, en virtud del cual el
Gobierno se comprometía a construir dos autoví con la meseta,
las llamadas Autovía del Noroeste y Autovía de las Rías Bajas.
Se fijó como fecha de terminación de las mismas la de 31 de
diciembre de 1995.
La razón por la que ambas administraciones firmaron ese
convenio era, según se dice en su exposición de motivos, que
Galicia es una de las pocas regiones que no cuenta con una
adecuada comunicación con el resto del territorio nacional, lo
que dificulta enormemente el nivel de competitividad y
cohesión que sería deseable para todas las áreas geográficas
de nuestro país.
Como tercera consideración quiero señalar que, con
posterioridad a la firma del convenio, el Ministerio planteó
algunas dificultades de diverso tipo que, en su opinión,
justificaban el retraso que comenzó a producirse en la
ejecución de dichas obras, mostrando en todo momento la Xunta
de Galicia una posición razonable ante las justificaciones
técnicas, pero firme ante los planteamientos dilatorios,
ajenos a las dificultades propias de la construcción de unas
autovías.
Lo cierto es que --y con ello, entro ya en la cuarta de mis
consideraciones-- los retrasos comenzaron a ser cada vez más
preocupantes, lo que generó una cierta inquietud en la
ciudadanía, al menos en la ciudadanía de Galicia; preocupación
que aumentó de forma considerable al producirse, en enero de
este año, un fuerte recorte presupuestario que afectaba entre
otros ministerios al de Obras Públicas y, por ende,
presuntamente, a las autovías de Galicia. Precisamente porque
el Gobierno no fue claro al explicar en qué iba a consistir
ese recorte, yo mismo formulé, en febrero del presente año, al
señor Borrell una pregunta oral en esta Cámara, para que
explicase en qué medida iba el mismo a afectar a las autovías
gallegas. La respuesta, además de displicente, fue muy poco
clara por parte del señor Borrell, y como en mi Grupo, y
supongo que los demás grupos también, queremos claridad,
queremos algo tan elemental como que se cumplan los pactos, y,
desde luego, pretendemos, lo cual parece lógico, que el
Gobierno actúe con la diligencia debida, es por lo que
presentamos esta proposición no de ley que ustedes, al menos
en teoría, ya conocen y que, en la práctica, pretende que el
Congreso de los Diputados inste al Gobiereno a que cumpla los
convenios firmados con la Xunta de Galicia, naturalmente con
las sucesivas modificaciones que las circunstancias técnicas
pueden producir, y que, en consecuencia, se termine la
construcción de dichas autovías en la fecha que se establece
en el texto de la proposición no de ley --última fecha, la de
31 de diciembre del año 1997--, petición que al menos en mi
opinión, y yo entiendo que en la opinión de todas aquellas
personas que actúen en la lógica y justicia, es una petición
sensata y razonable, porque si lo era en el año 1990, cuando
se firmó el convenio, con más razón lo es en el día de hoy, en
abril de 1995; petición, además, que
técnicamente se puede cumplir, por lo que estamos ante un
asunto en el que sólo la falta de voluntad política puede dar
lugar a que se produzca, por parte de algún grupo
parlamentario un voto en contra a esta, vuelvo a insistir,
sensata y razonable propuesta que hace el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.
A la proposición no de Ley del Grupo Popular, se ha presentado
una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Alvarez Fernández.
El señor ALVAREZ FERNANDEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, hoy, día 25 de abril de 1995, el Partido
Popular pretende del Gobierno español el cumplimiento estricto
de los plazos de terminación de las dos autovías que nos unen
con la meseta desde Vigo y La Coruña, pasando por Orense y
Lugo, respectivamente. Sobre la base de que el señor Diputado
del Partido Popular fue tan breve en su exposición es
necesario recordar lo siguiente.
El señor Borrell, Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, ya confirmó ante esta Cámara y ante el Pleno
del Senado que se est las previsiones en cuanto a la ejecución
de estas importantes y prioritarias vías de comunicación; por
tanto, el Gobierno ya confirmó su compromiso. Pero, por si
esto fuera poco, las autovías se están construyendo, y los
tramos más complejos están en fase de adjudicación y
concreción de las soluciones más apropiadas técnicamente.
Todos los que residimos en Galicia lo vemos. Los que nos
visitan por distintas circunstancias, también. Es curiosa,
paradójica y demagógica la actitid, en este caso del Partido
Popular.
Dicen ustedes que Galicia ha padecido a lo largo de su
historia un notable déficit de comunicaciones. Es cierto.
Igual de cierto que entre los responsables de esta marginación
se encuentran algunos Diputados de su Partido y, naturalmente,
el propio señor Fraga Iribarne. Recuerden que en el momento de
aprobar el primer plan de carreteras algunos de ustedes,
incluido el señor Fraga, estuvieron conformes con la no
inclusión de los accesos a Galicia. Más tarde, cuando este
Gobierno elaboró el plan de desarrollo regional para Galicia,
ustedes se conformaban exclusivamente con una autovía central
que llegara a Santiago, capital de Galicia. Sin embargo, el
Gobierno español, presidido por Felipe González, se propuso
sacar a Galicia de ese aislamientohistórico que ustedes hoy
confirman y que naturalmente habían propiciado, en primer luga
del momento y más tarde los conservadores de Galicia. A título
de ejemplo informativo que refleja la realidad de Galicia en
cuanto se refiere a carreteras y a las políticas que se están
aplicando desde el Ministerio de Obras Públicas anteriormente
y desde el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente en este momento, en definitiva por el Gobierno, debo
significar a los señores Diputados que me escuchan que desde
la costa de Lugo hasta Lugo capital, con una distancia de 100
kilómetros, se tardaba en 1983 una hora y 45 minutos y hoy se
tarda una hora y 15 minutos; lógicamente, hay una diferencia
de 30 minutos, lo que supone el 30 por ciento de ahorro
respecto al tiempo de entonces. Desde la costa de Lugo a
Santiago, capital de Galicia, con una distancia de 165
kilómetros, se tardaba tres horas y 15 minutos en 1983; hoy se
tarda dos horas y 15 minutos, lo que supone un ahorro de 60
minutos y representa un 33 por ciento del tiempo empleado
inicialmente. Desde la costa de Lugo a La Coruña, 160
kilómetros, se tardaba en 1983 tres horas y hoy se tarda dos
horas. Son 60 minutos de ahorro, lo que implica un 33 por
ciento de ahorro en el tiempo empleado. Por decirlo de otra
forma, desde la costa de Lugo a otra comunidad autónoma, a un
centro industrial como puede ser Avilés, a 200 kilómetros de
distancia, se tardaba cuatro horas, en 1983 y en la actualidad
se tarda dos horas y 15 minutos, es decir 105 minutos menos,
lo que supone un 45 por ciento de ahorro en el tiempo. Todo
esto fue posible precisamente con la reducción en trayectos, a
través de variantes, mejora de firmes, ampliación de la
calzada, aumento de carriles, pasos a distinto nivel,
etcétera.
El Gobierno socialista, para resarcir esa deuda histórica, a
la que ustedes hacen referencia, que la red viaria gallega
presentaba, vio precis tres autovías, para estructurar el
territorio y conectarlo adecuadamente con el resto de las
carreteras de alta capacidad del territorio español y, en
consecuencia, del territorio europeo. Se firmó ciertamente un
convenio con la Xunta, donde el Ministerio se compromete a
construir la Autovía del Noroeste hacia La Coruña y la de las
Rías Bajas hacia Vigo. La inversión total ya supera --como
ustedes saben-- los 440.000 millones de pesetas para cubrir un
total de 640 kilómetros de obra en autovía, es decir de doble
calzada. Esto trae consigo un elevado número de expedientes de
expropiación que generan, lógicamente, cierta dificultad,
dadas las características minifundistas del territorio de
Galicia. Al mismo tiempo, esta importante y prioritaria
actuación obliga al Ministerio a no dañar la geografía de
Galicia. De distintas formas y maneras ya se dijo que los
temas económicos no retrasarán el final de las obras. Los
socialistas no queremos que se masacre, por otra parte, el
medio ambiente y sí queremos, como el que más, exigir a los
responsables del Ministerio que las soluciones técnicas a los
túneles y a los enormes viaductos sean las adecuadas en pro de
la seguridad y evitando en el futuro desgracias irreparables.
Garantizar los principios básicos de la circulación por
carretera, que,
como ustedes saben son la seguridad y la fluidez, es lo que
obliga a todos a que se hagan las cosas de esa forma.
Está correspondiendo en este momento a todos los españoles ser
solidarios con Galicia. El Gobierno debe de forma adecuada
aplicar a esa gran inversión la satisfacción que todos estamos
esperando. Anhelamos, lógicamente, el final de estas esperadas
obras pero, naturalmente, deben realizarse con la sensatez
correspondiente, con la misma, señorías, que la mayoría de los
diputados entendemos y apoyamos esa tercera vía de
comunicación a través de la cornisa cantábrica. El objetivo es
mucho más amplio que lo substantivo y lo simple de unos
plazos. El primer plan de carreteras, el plan de desarrollo
regional, el plan puente de carreteras ya se está concluyendo.
Señorías, miremos al futuro; el presente en infraestructuras
ya lo hacen realidad los técnicos y las máquinas. Nos
corresponde ir pensando ya en el segundo plan de carreteras,
ir definiendo las políticas de infraestructuras de 1999 en
adelante, y este diputado y el grupo en nombre del que habla
entienden que es mucho más práctico y útil para la sociedad
que representamos que se demande la realización de estudios
informativos sobre nuevas vías, que se proceda a la
contratación de asistencias técnicas, en definitiva, que se
vaya elaborando toda la documentación precisa para las nuevas
vías a ejecutar y construir. Lo contrario es dedicar un tiempo
precioso al inmovilismo.
Confiamos en la ejecución de tramos pendientes dentro de esa
inversión de más de 440.000 millones de pesetas, la mayor en
este momento, en car España, inversiones que nos permitan
entrar y salir de Galicia hacia la meseta y hacia Europa, por
cierto, sin necesidad de abonar cantidad alguna en concepto de
peaje.
En este asunto, que para nosotros es importante y prioritario,
planteamos la siguiente propuesta: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno al cumplimiento de los plazos de
terminación de las autovías del Noroeste y la de las Rías
Bajas, de conformidad con la propuesta del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ratificadas en la
Comisión de seguimiento del convenio suscrito en su día por el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y
la Xunta de Galicia. No aceptar esta propuesta es buscar
simplemente demagogia, partidismo y, naturalmente, confusión
entre los ciudadanos, y yo creo sinceramente que ellos no se
lo merecen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alvarez.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria tiene la
palabra el señor Mardones.El señor MARDONES SEVILLA: Muchas
gracias, señor Presidente.
El Grupo de Coalición Canaria va a apoyar esta Proposición no
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular por
boca de su portavoz el señor Rajoy y lo hacemos en razón de
los siguientes argumentos.
En primer lugar, por un principio de solidaridad. Canarias fue
una comunidad autónoma que cuando se aprobó el primer plan
nacional de carreteras quedó excluida del mismo. Desde
entonces la comunidad autónoma a través de su Gobierno y de
los parlamentarios ha venido manteniendo una reivindicación
permanente ante el Ministerio de Obras Públicas para dar
satisfacción al grave problema de la no financiación estatal
en su red de carreteras. Afortunadamente, en los últimos
tiempos ha habido un acuerdo entre el Gobierno central, el
Ministerio de Obras Públicas, el señor Borrell, su Ministro
titular, y el Gobierno antónomo canario, que ha llegado al
punto de entrar ya en la resolución de los problemas.
El señor Rajoy ha señalado que la proposición no de ley del
Grupo Popular pretende sencillamente que se cumpla el convenio
firmado, en su día, entre la Junta de Galicia y el
departamento de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Una petición así de sencilla de que se cumpla un convenio por
el principio de que los pactos son para observarlos y
ejecutarlos, con las derivaciones que tengan de técnicas de
proyectos de obra pública y de su financiación, señor
Presidente, en una línea de congruencia y, como digo, basados
en este razonamiento de principio de cumplimiento de todo
pacto y en el sentido de solidaridad, nos lleva a apoyar esta
proposición no de ley para que la comunicación, por vía del
transporte de viajeros, etcétera, el soporte de la
infraestructura, que son las autovías que se señalan en la
proposición no de ley, tengan el más inmediato cumplimiento,
de acuerdo con lo estipulado.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo Catalán
respecto a esta proposición no de ley.
Es evidente, desde nuestro punto de vista, que la aplicación
del recorte presupuestario para el año 1995 debe afectar, de
forma equilibrada, a que puedan soportar retrasos o
ampliaciones en sus plazos de realización, incluso variaciones
en su fecha de iniciación. Lo que sí está claro para nosotros
es la prioridad del recorte presupuestario por encima de otros
muchos factores.
La proposición no de ley que debatimos en estos momentos no
debe fijar prioridades por encima de lo que
presupuestariamente pueda realizarse, más aun cuando, según
tenemos entendido, a los tramos afectados les acompañan
ciertas dificultades, ciertos factores técnicos de reformados
y variaciones complejas en los proyectos. Creemos que esta
proposición no de ley sería sentar un precedente.
De todas maneras, de lo que dice el proponente señor Rajoy,
vemos que la fuerza que tiene el convenio establecido entre el
ministerio y la comunidad autónoma tiene una comisión de
seguimiento, y es ésta la que verdaderamente debería
establecer en estos momentos un programa sobre cómo puede
llevarse a cabo la terminación de estas obras.
Esta proposición no de ley nos lleva a una reflexión por
cuanto dentro de poco, por temas como la sequía, aunque no
venga al caso pero sí buscando un paralelo, puede haber más
recorte presupuestario debido a los gastos extraordinarios que
puedan venir por este tema y por otros, y quizá el ministerio
debería aclarar de una vez el detalle de la aplicación del
recorte presupuestario. El recorte presupuestario en el
Ministerio de Obras Públicas, ¿dónde va a parar? Así
evitaríamos tener que ejercer el voto en proposiciones no de
ley o en otros trámites que verdaderamente nos dejan un poco
al aire. Nosotros tenemos como premisa principal la prioridad
presupuestaria.
Sobre la proposición vamos a ejercer nuestro voto, que será
negativo, aun cuando sea aceptada la enmienda que presenta el
Grupo Socialista, por cuanto es una enmienda que no se refiere
para nada a los temas presupuestarios y da a entender que la
obra puede terminarse a tiempo. Nos alegraríamos mucho de que
fuera así, pero nosotros no queremos comprometer el tema de
nuestra premisa principal que, como digo, es mantener la
prioridad presupuestaria en las obras del ministerio.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente. Una
proposición no de ley como la que nos ocupa creo que solamente
es entendible en período preelectoral, porque la argumentación
que se manifiesta en ella es, a nuestro juicio, bastante débil
para plantear una proposición no de ley de esta naturaleza. En
el fondo, lo que viene a decir esta proposición no de ley es
que se cumplan los acuerdos que están concitados entre las
partes y ello se basa en declaraciones de determinadas
personas del Gobierno que parece ponen en peligro el acuerdo
existente entre las mismas. Aún más, de la lectura del
preámbulo se deduce que el bueno es una de las partes y el
malo la otra; que uno es el dialogante y otro es el que pone
en peligro que el acuerdo se lleve a buen término. Nosotros no
pensamos que una de las partes sea mejor que la otra. Una
parte es la comunidad autónoma, presidida por el señor Fraga,
y la otra es el Gobierno de la nación, presidido por el señor
González. Repito, no pensamos que una de las partes sea mejor
que la otra; entendemos que esta es una propuesta
preelectoral.
Lo que aquí se manifiesta es algo así como de Perogrullo --que
se cumpla el acuerdo que está firmado entre las partes-- y,
desde luego, nosot seremos partidarios de que los acuerdos se
cumplan. Por tanto, manifiesto fundamentalmente a los señores
proponentes que no piensen que el voto afirmativo de Izquierda
Unida a esta propuesta --que lo habrá-- sea de ninguna manera
avalar esos posicionamientos que más diáfanamente se ven en el
preámbulo que en la proposición no de ley. No avalamos el
preámbulo, sino que se cumpla un acuerdo que está firmado
entre las partes. Avalamos el desarrollo parlamentario y
político de nuestro país tanto en período preelectoral como en
período hábil y normal.
Cúmplanse los acuerdos y no se traigan propuestas de esta
naturaleza, con claros intereses electorales, a las Comisiones
y a los Plenos de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Rajoy para indicar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor RAJOY BREY: Gracias, señor Presidente.
Aprovecho la ocasión, con su permiso, para agradecer los
apoyos que se han anunciado. No tengo nada que contestar --
porque no es este el turno-- a las personas que han
intervenido, ni siquiera nada que reprochar al portavoz
socialista, pues es su primera intervención en esta Cámara y,
por tanto, le he escuchado con espíritu deportivo.
Sí quiero decir que, sintiéndolo mucho, no podemos aceptar la
enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista, pues
lisa y llanamente no podemos votar a favor de que el señor
Borrell no cumpla los convenios que firma, aunque sea con
retraso de dos años, que es lo que pedimos nosotros en esta
proposición.
En segundo lugar, no podemos votar a favor porque la
construcción de las autovías a Galicia no se pueden retrasar
hasta que quiera el señor Borrell o el Gobierno de la nación.
Es evidente que eso no lo puede admitir el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rajoy.
Vamos a pasar a la votación correspondiente.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular,
relativa al complimiento por parte del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Med de los plazos en la construcción
de las autovías de conexión de Galicia con la meseta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 284; a favor, 138; en contra, 146.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Queda rechazada la
proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE CARACTER GENERAL PARA QUE EL PROCESO DE
FUNCIONARIZACION SE HAGA CON SUJECION A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y A LOS MANDATOS LEGALES REFERIDOS A LA
FUNCION PUBLICA (Número de expediente 173/000078)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir el
punto tercero del orden del día: mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción del Grupo Popular sobre medidas de
carácter general para que el proceso de funcionarización se
haga con sujeción a los constitucionales y a los mandatos
legales referidos a la función pública.
Para su explanación, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado día 5 el Grupo Parlamentario Popular
presentó una interpelación sobre el proceso de
funcionarización del personal laboral que desempeña puestos
reservados a los funcionarios. Hoy presentamos una moción,
consecuencia de aquella interpelación, proponiendo medidas
para resolver los gravísimos problemas que afectan al proceso
de funcionarización, problemas que existen, que no son
inventados y cuya gravedad ha sido reconocida por casi todos
los grupos de la Cámara, incluido el propio Ministro para las
Administraciones Públicas, que no tuvo ningún empacho en
subrayar --y así consta en el «Diario de Sesiones»-- que el
proceso puesto en práctica por el Gobierno es sumamente
complicado y por eso está plagado de irregularidades.
En el debate de la interpelación también quedó demostrado que
dicho proceso de funcionarización no venía impuesto por la
sentencia 99/87, 23/1988, que modificó la famosísima Ley
30/1984 en los términos requeridos por la referida sentencia,
de donde se deduce que si el Gobierno se embarcó en un proceso
de funcionarización muy complicado lo hizo porque le convino,
lo hizo «gracis et amore», lo hizo para posibilitar el
conocido refrán de a río revuelto ganancia de pescadores, con
nefastas consecuencias para la función pública y para los
propios sujetos de la funcionarización, porque el Gobierno,
por favorecer a unos cuantos, ha dejado bajo sospecha a todos
y no voy a dar cifras que ya las dimos el otro día, ni a
espigar situaciones producidas en las distintas
administraciones públicas, basta ojear los distintos boletines
oficiales para conocer en las órdenes de convocatoria y en los
resultados de las oposiciones todo lo que en materia de
funcionarización se ha hecho.
No puede servir de disculpa para tanta irregularidad y
privilegio la socorrida complicación del proceso, porque la
complicación no está reñida con la correcta ejecución, y en
ningún caso puede justificar el doble agravio comparativo que
se ha producido con la misma: de una parte, respecto a los
actuales funcionarios y respecto a las personas que se
esfuerzan actualmente en preparar las concurridas y reñidas
oposiciones para alcanzar desde la calle la condición de
funcionario; de otra parte, el agravio que se produce respecto
al personal laboral que no ocupa puesto catalogado como de
funcionario y que por ello no puede acceder a la
funcionarización. Los beneficios previstos y concedidos sin
motivos racionales respecto de este grupo de contratados
laborales llegan a su paroxismo cuando se admite la
posibilidad de funcionarizarse en su mismo puesto y con
derecho a seguir desempeñándolo, es lo que se ha llamado
funcionarizarse en la misma mesa. No existe la menor base
normativa para sustraer estos supuestos de funcionarios al
régimen normal de provisión vía concurso de méritos. También
quedó claro en el debate de la interpelación que el Gobierno
no ha actuado en este proceso con unos parámetros mínimamente
aceptables de eficacia, racionalidad, transparecia y, sobre
todo, de respeto a la ley. La sensación que antes y después
del debate de la interpelación, que en esta Cámara y fuera de
esta Cámara se tiene es que el Gobierno se enfrascó en un
proceso en el que camina lentamente, de manera patosa, en el
que todo es incertidumbre e inseguridad y del que no sabe cómo
salir, por más que en su intervención el señor Ministro
recurriera retieradamente al impulso previsto en el acuerdo
Administración-sindicatos con vigencia para 1995-1996. Es
cierto que no sabemos qué va a pasar con los recursos
presentados a las distintas órdenes ministeriales por las que
se convocan 10.227 pues consecuencias que padecerán los
funcionarios afectados por una resolución que atienda las
reclamaciones
presentadas y defendidas por distintas asociaciones y
sindicatos. Recuerdo a SS.SS. que estos recursos se
fundamentan en sólidas consideraciones jurídicas y que no es
baladí recordar de nuevo que el acceso a la función pública se
rige en nuestro Derecho por tres principios básicos que son la
igualdad, el mérito y la capacidad y la reserva de ley para su
regulación. Ninguno de estos tres principios ha sido respetado
en el nuevo sistema de acceso, supuestamente creado para la
funcionarización del personal laboral por el acuerdo de
Consejo de Ministros de 21 de marzo de 1991 y por el artículo
37.2 de la Ley de Presupuestos para 1991, aplicada por las
órdenes recurridas.
Dicho sistema de acceso otorga ventajas exorbitantes, es
necesario recordarlo de nuevo, aunque lo expusimos aquí en el
debate de la interpelac participación restringida en un único
turno; reserva de destino; ínfimo nivel de exigencia de
conocimientos, etcétera, etc. Reconoce al personal contratado
por la Administración para desempeñar puestos que, según la
propia Constitución, sólo pueden ser desempeñados por
funcionarios y ello, sin cumplir los requisitos que según el
Tribunal Constitucional se exigen para que una excepción
frente a los citados principios constitucionales sea válida,
porque si bien es cierto que la aplicación del antiguo
artículo 15 de l la reforma de la Función Pública, declarado
inconstitucional por las tantas veces citada sentencia del
Tribunal Constitucional 99/87, de 11 de junio, ha dado lugar a
una desconexión entre lo dispuesto en la Ley y la situación
real de la organización administrativa que debe ser eliminada,
la solución a dicha irregular situación aparece ya prevista en
la nueva disposición transitoria decimoquinta de la propia Ley
de medidas.
La solución que en dicho precepto vino a establecer el
legislador, siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal
Constitucional, consiste en facilitar al personal en situación
irregular el acceso a la función pública mediante la concesión
a los contratados de la siguiente y única ventaja frente a los
no contratados: valorar como méritos los servicios efectivos
prestados en su condición de laboral y las pruebas selectivas
superadas para acceder a la misma. Es evidente que el único
favor que se otorga al personal laboral en una norma de rango
adecuado ha sido inconstitucionalmente excedida por
disposiciones posteriores y por las distintas órdenes con las
que se convoca este tipo de oposiciones. Procedería, por
tanto, declarar su radical nulidad de pleno derecho, ya que de
no hacerse así los perjuicios que producirá serán sin duda
irreparables, y lo decimos pensando, sobre todo y ante todo,
en los propios contratados laborales, a quienes queremos
respetar su derechos y facilitarles las posibilidades que la
Ley les concede para su funcionarización.
Por eso, y ante estos argumentos, esperábamos, confiábamos que
el Gobierno, aprovechando la interpelación, hubiera ofrecido a
esta Cámara concreta capaz de sacar a flote el proceso de
funcionarización. Como esto no fue así, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la moción que ahora defiendo con el único
propósito de poner las cosas en orden, aunque para ello
(utilizando términos marinos muy de moda, por desgracia, estos
días) tengamos que dejar el proceso en dique seco durante un
tiempo razonable. Durante el tiempo que permanezca en suspenso
el proceso de funcionarización podemos analizar detenidamente
los problemas del mismo y llevarlo adelante después con
sujeción a la legalidad, objetivo para nosotros --y lo
reitero-- perfectamente compatible con el respeto a los
derechos de quienes desempeñan los puestos de trabajo objeto
de funcionarización. En este tiempo de espera no se
perjudicarán, por tanto, los derechos de los funcionarizables,
porque las disposición transitoria decimoquinta, en su
apartado primero, los deja a salvo cuando dice, por ejemplo:
La adscripción de un puesto de trabajo en las correspondientes
relaciones a personal funcionario no implicará el cese del
laboral que lo viniera desempeñando, que podrá permanecer en
el mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción
profesional. Ofrece, como ven sus señorías, la mejor garantía
para que el proceso de funcionarización se lleve a cabo con
plena sujeción a la legalidad y sin menoscabo de los derechos
de los laborales.
Partamos, pues, de la realidad, conozcamos con precisión y con
rigor las distintas situaciones; reconocer y aclarar la verdad
no es nunca un acto pesimista, como decía Ortega. Por eso
nuestra moción, que tiene dos partes claramente diferenciadas,
comienza pidiéndole al Gobierno en la primera que antes de
finalizar el presente período de sesiones remita a esta Cámara
para su debate en la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas un informe sobre el proceso de
funcionarización, acompañado de una memoria en la que se
analicen los siguientes extremos:
Primero, información detallada de todas las convocatorias de
las pruebas selectivas llevadas a cabo desde 1988 con el tipo
de pruebas propuest de ellas, estado de realización, etcétera.
Todo ello referido, por supuesto, a la Administración general
del Estado, sus organismos autónomos y entes públicos.
Segundo, la valoración de las consecuencias que se producirán
y las medidas a adoptar en el caso de que los recursos
presentados contra las distintas órdenes de convocatoria --
recuerdo que son veinticuatro-- y contra el acuerdo de Consejo
de Ministros de 27 de marzo de 1991, fueran estimados,
produciéndose la nulidad de dichas disposiciones. La
valoración que se pide en este punto deriva de un elemental
sentido de responsabilidad. No podemos arriesgarnos a que un
nuevo caos caiga sobre el que ya existe sin que al menos
estemos prevenidos. No hay que olvidar que el artículo 37 de
la Ley 31/1990 de Presupuestos Generales del Estado
para 1991, establece un turno especial de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley para los laborales que superen las
pruebas previstas en el turno especial, excediendo, por lo
tanto, los límites materiales de las leyes de presupuestos,
conforme a reiterada sentencia de jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, vaya
concluyendo, por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya, señor Presidente.
Tampoco podemos olvidar que el acuerdo de Consejo de Ministros
de 27 de marzo de 1991, que regula el proceso de
funcionarización, contiene defectos de forma y de fondo que
pueden llevar a los tribunales a estimar su nulidad. Entre los
de fondo, destacan la atribución a la Comisión Ejecutiva de la
Interministerial de retribuciones la facultad de adscribir los
puestos a funcionarizar a cuerpos y escalas, la posibilidad de
que éstos queden excluidos de la oferta de empleo público y la
convocatoria en turno exclusivo y la reserva de destino.
Tampoco hay que olvidar que las órdenes de convocatoria
recurridas no hacen sino ahondar en los motivos de nulidad
señalados.
En tercer lugar, se solicita que la memoria refleje aquellos
puestos ocupados por personal laboral que, accediendo a su
puesto de trabajo, superen pruebas homologables a las exigidas
para el acceso a la función pública mediante oposición. Está
claro que en estos casos no se debería pedir a estas personas
una nueva oposición, sino facilitar un procedimiento de
acceso. Lo que no cabe es medir a todos con la misma vara
porque así se incurre en grave discriminación.
En cuarto lugar, solicitamos un nuevo diseño del proceso de
funcionarización que deje bien claro que la no participación
de los afectados en el proceso tiene, como consecuencia
simple, su continuidad como laborales. Este nuevo proceso debe
respetar, como es natural e indispensable, los principios
constitucionales de capacidad, mérito e igualdad en el acceso
a la función pública y en la asignación de puestos de trabajo,
elimi- nando, en futuras convocatorias, el derecho a la
reserva de la plaza que ocupan los laborales que acudan al
proceso de funcionarización.
En la segunda parte de la moción, y ya termino, señor
Presidente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que, entre tanto se aprueban las normas a las que debe
ajustarse el proceso de funcionarización, queden en suspenso
las convocatorias de pruebas selectivas para cubrir las plazas
a que se refiere el punto 1, a) de nuestra emoción. En el
mismo período, por supuesto, no podrán publicarse nuevas
convocatorias. En relación con este punto, todo comentario
está dicho. Conviene un alto en el camino para retomarlo de
manera adecuada. No hay ningún interés legítimo que ponga en
el menor peligro esta medida, todos los que conocen este tipo
de disposiciones las tantas veces citada disposición
transitoria quinta de la Ley de 1988.
El punto segundo de esta segunda parte de la moción tiene un
claro objetivo. Desde 1991, cuando se pone en marcha el
proceso de funcionarización, se han introducido cambios
importantes en la función pública. En concreto, los planes de
empleo y la reasignación de efectivos de la famosísima,
incumplidísima y urgentísima Ley 22/1993. Es un contrasentido
que se puedan estar funcionarizando puestos laborales que
puedan terminar siendo objeto de supresión en base a la
mencionada Ley. Cabría el absurdo de que un laboral
funcionarizado terminara en la excedencia forzosa prevista en
la Ley 22/1993, cuando, por su condición de laboral, podría
haber optado por otras vías de promoción y movilidad.
Finalmente, el punto 2.3 trata de evitar que, como manifestó
el portavoz de Izquierda Unida en la sesión del día 5 de
abril, podamos caer en el ridículo. Por poner un ejemplo real,
si se procede a funcionarizar a los auxiliares laborales del
Inem y, a renglón seguido y en base al acuerdo Administración-
sindicatos plasmado en la Ley 44/1994 a estos efectos, se
procede a convertir las plazas de auxiliares del Inem
reservadas a funcionarios o funcionarizadas en laborales, no
cabe duda de que estaremos cayendo en el mayor de los
contrasentidos. De ahí la conveniencia de contar con una
información detallada al respecto.
Concluyo, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
resaltando que las propuestas que contiene esta moción del
Grupo Parlamentario Popular recogen un sistema que respeta
plenamente el mérito y la capacidad, así como la concurrencia
libre de otros ciudadanos, y al mismo tiempo preserva los
derechos adquiridos por los contratados laborales que
desempeñan puestos reservados a funcionarios.
Para poner orden en este caos, señoras y señores Diputados,
solicitamos el voto favorable para nuestra moción.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, en el
debate del pasado 5 de abril expusimos nuestra posición en el
tema de la funcionarización, que
voy a intentar resumir brevemente como punto de partida a
nuestras enmiendas.
En primer lugar, creemos que en estos momentos es preciso
relativizar la división entre funcionarios y laborales dentro
de los empleados públicos. Traté de explicar las razones
históricas por las que algunas administraciones públicas se
habian deslizado, incrementando las plazas de laborales en
perjuicio de las de funcionarios. Pero esas divisiones
históricas ya no tienen demasiado sentido.
En segundo lugar, habia que discriminar, dentro de los
trabajadores regidos por el régimen laboral, aquellos que
habían accedido al puesto de trabajo en virtud de pruebas
selectivas, más o menos homologables con las de los
funcionarios, de aquellos otros que han entrado por la puerta
falsa, que probablemente serán pocos, no lo sabemos, pero
entraron por la puerta falsa tanto aquellos que fueron
contratados en virtud de los contratos de promoción de empleo
como aquellos que, en virtud de una disposición de 1985,
pudieron ser contratados con los créditos del capítulo 6, de
inversiones.
Algunas administraciones empezaron a contratar con cargo a
dicho capítulo 6, en virtud de este privilegio otorgado por la
ley, a bastantes trabajadores que no eran para una obra en
concreto, y como denunció el tribunal de cuentas el análisis
de la Cuenta General de 1986, se habían excedido a la hora de
contratar. Señaló además el Tribunal de Cuentas con el dedo a
algunos organismos como el Instituto Nacional de Estadística,
el Icona o la Dirección General de Transportes. Eran
organismos que habían utilizado la fórmula de contratos con
cargo a los créditos de inversiones. Al estar fuera de los
créditos del capítulo 1, habían entendido que tampoco estaban
sujetos a ningún tipo de cortapisa a la hora de la
contratación. Ya apunté yo aquí en el debate del pasado día 5
que ni siquiera en algunas ocasiones pasaban las
contrataciones por el Instituto Nacional de Empleo.
Por tanto, es preciso discriminar, para no tratar a todos por
igual, a aquellos que han entrado en virtud de un proceso
selectivo de aquellos que han entrado por la puerta falsa. Y,
en tercer lugar, nosotros ya expusimos el otro día que la
excesiva descentralización en las pruebas --permitida, es
cierto, por la legislación de los Presupuestos Generales para
1991-- ha dado lugar, de hecho, a arbitrariedades y a
irregularidades.
Esos eran los tres puntos fundamentales de nuestra
intervención.
La moción que presenta el Grupo Popular tiene, como se ha
señalado, dos partes: una, recabando al Gobierno informes y
datos, y, otra, proponie un nuevo sistema o un nuevo proceso
de funcionarización. A partir de las premisas que yo he
señalado de que hay, sobre todo, que relativizar en estos
momentos las razones históricas de la división entre laborales
y funcionarios, a nosotros nos parece bien la parte de la
moción que propone que el Gobierno remita a esta Cámara
informes. Todos sabremos cuántos laborales, qué laborales han
entrado en la Administración con pruebas homologables o no. En
ese sentido, nosotros proponemos una pequeña enmienda, que yo
creo que mejora el punto 1, c), en el sentido de que no es tan
importante saber qué trabajadores han entrado como qué pruebas
son homologables, a qué pruebas concede la Administración el
carácter de homologables entre laborales y funcionarios, y a
partir de ahí podremos saber, en esa línea de discriminar,
quiénes han entrado por algún tipo de procedimiento regulado y
quiénes han entrado por la puerta falsa.
En cuanto al nuevo procedimiento de funcionarización, el Grupo
Popular propone algunas líneas fundamentales. Una de ellas es
que no tengan res del puesto de trabajo. Nosotros creemos que
si se cumple el apartado anterior, es decir, el apartado en
que los que han entrado en el régimen laboral con procesos
homologables pasan ahora a ser funcionarios, tiene sentido que
se les reserve el puesto de trabajo. No tendría sentido que
una vez que acceden a la cualidad de funcionario, además se
vieran movidos de ese puesto de trabajo. Por tanto, esa
petición que hace en el nuevo sistema de que se elimine en las
futuras convocatorias la reserva de plaza, nosotros creemos
que no tiene sentido, dando por supuesto que nos estamos
refiriendo a aquellos que han entrado por procesos
perfectamente homologables.
Después, el Grupo Popular propone que, en tanto no se hace una
nueva regulación de la funcionarización, se suspendan todos
los procedimientos en marcha. Nosotros creemos que esa medida
es excesiva. Va de suyo que no se inicien nuevos procesos de
funcionarización, pero, desde luego, nosotros creemos que no
tiene sentido la suspensión de los procedimientos que en estos
momentos estén en marcha. Es cierto, además, como ya se señaló
en el debate del otro día, que se ha intentado ante los
tribunales la suspensión de los procedimientos y los
tribunales la han denegado. Por tanto, no tendría mucho
sentido, repito, que nosotros pidiésemos en estos momentos a
la Administración que se suspendan los procedimientos
iniciados.
Creo que el problema fundamental que plante la moción del
Grupo Popular es si debe haber una regulación nueva de la
funcionarización. Desde luego, que quede claro que nosotros no
compartimos las palabras del señor Núñez de que ha habido
ventajas desorbitantes. Lo ha dicho así, con toda rotundidad,
y nosotros volvemos a insistir en que depende, no sabemos si
es un 10, un 12 o un 5 por ciento los que entraron por la
puerta falsa, o es un 50 o es un 60; reconozco que no lo
sabemos.
Si han entrado por la puerta de pruebas homologables, no hay
ventajas desorbitantes en la legislación.
No compartimos, por tanto, esa rotundidad de la afirmación de
que en el proceso de funcionarización hay ventajas
desorbitantes. Ahora bien, nosotros compartimos con el Grupo
Popular que sería adecuado en estos momentos, visto lo visto y
las premisas de las que he partido, que se hiciera una
regulación, a mi modo de ver, por dos razones. Una, porque los
decretos del año 1991 que regulan el proceso de
funcionarización son decretos que creo que están en un terreno
resbaladizo sin estar amparados por ley. Los decretos de 1991,
al entrar en la regulación concreta, no tienen la cobertura
legal, y sería bueno que una norma de rango legal estableciese
este tema, porque, si no, efectivamente, va a haber sentencias
que entrarán en las diferentes convocatorias.
Segunda razón que a mí me parece que hace conveniente una
regulación nueva de carácter legal. Yo creo que el Ministerio
para las Administraciones Públicas --y se demostró en el
debate del otro día-- ha puesto muy buena voluntad al intentar
llevar al redil a todas las pruebas de las diferentes
entidades, organismos, ministerios, etcétera; pruebas que,
como he señalado, con la excesiva descentralización han
llegado a la excesiva discrecionalidad y a la arbitrariedad.
El Ministerio --aquí se vio-- está intentando emitir informes
sobre esas pruebas en las que denuncia que se han ido de los
cauces constitucionales. Pero ¿cuál es el rango para que estos
informes del Ministerio de Administraciones Públicas puedan
prevaler sobre las distintas convocatorias de los diferentes
organismos y ministerios? Yo entiendo que es preciso un rango
de ley para condicionar todas las pruebas, descentralizadas o
no, que se produzcan en adelante a estos informes reguladores
que no hacen si no reconducir las diferentes propuestas de
normativa de cada una de las convocatorias que se hagan a esos
cauces mínimos que todo el mundo compartimos de mérito,
capacidad etcétera.
Por tanto, esas dos razones, primera que la legislación, en la
fórmula de decreto del año 1991, a nosotros nos parece que es
insuficiente, ya que puede ser que los tribunales,
efectivamente, digan que se está excediendo determinado
ministerio u organismo en la regulación de las pruebas y
sería, por tanto, conveniente una ley, y, segunda, garantizar
que ese criterio que aquí señaló el Ministerio de objetividad
en las pruebas, que se está haciendo en estos momentos
mediante informes a las diferentes convocatorias, esos
criterios se impongan a las diferentes pruebas
descentralizadas.
Por eso, señorías, nosotros hemos presentado las tres
enmiendas, dos de supresión de elementos que creemos que no
son aceptables en estos momentos. Si han entrado correctamente
tienen derecho a mantenerse en el puesto de trabajo, y, desde
luego, los procesos que están más o menos bien y en marcha,
sería en estos momentos peor todavía que se suspendieran. Va
de suyo que no se inicien nuevos, pero los que están en marcha
no tiene sentido que se suspendan.
Si se aceptan estas enmiendas, nosotros votaremos a favor de
la moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Vasco en relación con la moción planteada hoy por el Grupo
Popular sobre la problemática de la funcionarización del
personal laboral de la Administración central del Estado.
Plantea el Grupo Popular un problema interesante que está
dando mucho que hablar en el ámbito de la Administración
central y originando un cierto nivel de litigiosidad respecto
a las normas que regulan tales cuestiones.
Está en tela de juicio el principio de igualdad ante la ley
que regula el artículo 14 de la Constitución sobre que si en
determinados puestos de trabajo ocupados por unas personas, el
paso siguie funcionarización de estos puestos de trabajo de
naturaleza laboral se ajusta o no a dicho principio de
igualdad del artículo 14 de la Constitu que dicho artículo,
vinculado con el 103, número 3, también de la Constitución,
habla de los principios de mérito y capacidad. Por lo tanto, e
comparación para ver si hay una correspondencia entre ese
acceso a la Administración pública a través de la vía laboral
con esos principios de los artículos 103.3 y 14 de la
Constitución.
Este es un problema importante y que no es de fácil solución,
pero respecto al cual el Grupo Popular, inteligentemente,
aporta una serie de planteamientos novedosos que hacen que la
Cámara disponga de información suficiente e interesante para
ver qué es lo que está ocurriendo en la Administración central
sobre estas políticas de funcionarización de personal que
ocupa puestos de trabajo de naturaleza laboral. Juntamente con
ello entramos en un debate mucho más profundo, que es el de la
naturaleza que ha de tener la relación que liga a la
Administración con el empleado público, bien sea éste de
naturaleza estatutaria que se regule por la Ley 30/1984, o
bien por una relación de naturaleza laboral de la Ley
reguladora de las relaciones de carácter laboral, que es el
Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, entramos, repito, en
un debate mucho más profundo y sobre el que el Gobierno se
ha comprometido a fijar posición defini Sin perjuicio de ello,
nuestro Grupo Parlamentario entiende que lo que en este
momento plantea el Grupo Parlamentario Popular son un serie de
medidas en virtud de las cuales esta Cámara pueda tener mayor
información, pueda disponer de una valoración de estos
procesos de funcionarización de laborales. Nosotros estamos de
acuerdo con el planteamiento que ahí se realiza. Obviamente,
se decía por algún otro portavoz que habrá que ver si hay
procesos homologables o no. Previamente a ello habrá que saber
qué criterios se utilizan para determinar si son homologables
o no. No se ha hecho referencia a ese tema y nuestro Grupo
Parlamentario cree que es importante, en la medida en que no
se conoce --se decía-- el número de puestos de trabajo de
naturaleza laboral que puedan tener el carácter de
homologables o los que no lo t Por consiguiente, nosotros
vemos coherencia en el planteamiento que se hace; creemos que
se debe remitir toda la información y que mientras tanto se
suspenda tal proceso. Vamos a examinar si hay criterios
suficientes para determinar que hay homologación y en base a
eso se continuará o no con dicho proceso.
Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace
en el sentido de recibir en esta Cámara información detallada
al respecto, haciendo una valoración de la misma, y viendo, en
definitiva, si en cada uno de estos procesos iniciales de
acceso a la Administración en las diferentes convocatorias
había una correspondencia o, por lo menos, un sustrato común
en virtud del cual pudiéramos fundamentar, según el principio
de igualdad, que estas personas que ocupan puestos de
naturaleza laboral accedieron a la Administración pública en
base a los artículos 103.3 y 14 de la Constitución. Ello
requiere en este momento detallado, y el Gobierno mantiene una
posición política en el sentido de señalar que esas personas
accedieron en base a procedimientos correctos y que respetaban
el principio de igualdad, el Grupo Parlamentario Popular
mantiene sospechas al respecto y, por lo tanto, nosotros somos
partidarios de que se haga luz sobre ese asunto y vamos a
votar positivamente para que se dé a la Cámara toda la
información necesaria para realizar una valoración política y
definitiva sobre tal cuestión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) en cuanto a la moción presentada
por el Grupo Popular sobre el proceso de funcionarización.
Según el señor Núñez, incluso en sus manifestaciones en el
debate de la interpelación, desde todos los sectores de la
Administración pública s testas y recursos contra este
proceso, lo cual obliga, entre otras cosas, a cuestionar la
política de la función pública, sobre todo en cuanto a este
proceso en concreto.
Todo arranca del abuso de la utilización de contrataciones
laborales, y aunque no se ha dicho hoy, en la interpelación se
barajaron algunas ci ejemplo, de 80 funcionarios, 20 eran
laborales; la proporción en este año va de 57 a 43, y las
cifras totales en 1982 son de 78.000 empleados laborales y en
1995 esta cifra se ha visto duplicada en 160.000.
Ahora se presenta una extensa moción que contiene un punto 1,
con siete subapartados, y un punto 2, con otros tres
subapartados, que abarcan desde solicitud del informe sobre el
proceso de funcionarización hasta una memoria comprensiva del
detalle de las pruebas selectivas desde 1981, valoración sobre
los recursos en relación con los contratados y la propuesta de
un nuevo proceso de funcionarización en base a garantías al
personal laboral, posibilitar a éstos la integración directa
en la función pública y eliminación de la reserva de plaza,
así como que, en espera de las nuevas normas --tema que ya ha
sido comentado por parte de dos intervinientes--, se suspendan
las pruebas o se facilite un informe sobre plazas susceptibles
de funcionarización, incluso más, hasta otro informe sobre los
puestos correspondientes a tareas administrativas de carácter
auxiliar.
Por su parte, en el debate en la propia interpelación, el
señor Ministro de Administraciones Públicas manifestaba que la
incorporación de laborales viene de antes de 1982; que en 1988
el Gobierno se encuentra con 20.000 contratados laborales que
desempeñaban puestos de funcionario y hay que concretar
cuántos son los puestos de personal laboral clasificados; que
el Gobierno ha negociado --estamos hablando del período
1995/1997-- con las propias centrales la adaptación de este
proceso global del que estamos hablando, y que la
funcionarización --decía el propio señor Ministro-- será
objetivo de este período, garantizándose el propio
cumplimiento de los principios constitucionales y la
configuración de la promoción profesional.
Este es un poco el marco, y yo me permito añadir que, sin
duda, estamos ante una iniciativa, como mínimo, importante.
Estamos hablando nada menos que del modelo de articulación de
la prestación de los servicios públicos, de la fijeza, así
como de la funcionarización de puestos de trabajo de
naturaleza laboral, comprobando, al mismo tiempo --esto es
importante--, si existe, por encima de todo, el principio de
la igualdad. Por tanto, ésta es, repito, una iniciativa
importante.
También hay que valorar muchas consideraciones: si es más
operativo disponer de empleos públicos con una relación de
naturaleza estatutaria; que la práctica nos está enseñando que
es más fácil gestionar el empleado público funcionarial que el
laboral; que es bien cierto que en determinado momento la
opinión generalizada era de preferencia por el régimen
laboral, lo que pasa es que se abusó de este régimen, como
también que en la actualidad se han ido, digamos, acercando
posiciones entre funcionario y laboral, por ejemplo,
negociación colectiva, Seguridad Social, incompatibilidades,
etcétera. y todavía quedan otras cuestiones a estudiar, como
laborales sin problemas, repetición o no de pruebas superadas
y abusos de la descentralización, entre otras. En su conjunto,
repito una vez más, ésta es una iniciativa cuyo contenido es
importante, y así lo afirma el propio señor Núñez, que es un
gran conocedor de este asunto.
A la hora de analizar y valorar la moción presentada, nuestro
Grupo ha intentado, digamos, aportar consideraciones de todo
tipo, así como todo argumentos y valoraciones posibles y,
señor Presidente, señorías, hemos llegado a la siguiente
conclusión: el principio general es correcto, pero la moción
es demasiado extensa y pormenorizada y, por tanto, difícil la
aplicación y cumplimiento de los apartados que contiene. Casi
me atrevería a decir, señor Núñez, que, a lo mejor, también
usted, como, digamos, iniciador de la labor y ponente de la
iniciativa, cree que su aplicación es, si no difícil, sí por
lo menos complicada.
Ya sé que no es fácil encontrar el punto óptimo entre una
moción genérica, apuntando sólo los caminos pero sin detallar,
o entrar a fondo, sabiendo que corre el riesgo de pasarte; sin
duda no es fácil. Por tanto, por nuestra parte no vamos a
valorar uno a uno los puntos de la moción. Podría avanzar, por
ejemplo, que sí creemos que la sentencia del Tribunal
Constitucional es una consecuencia lógica; que su punto 1,c),
en el que se pide relación detallada de todos los contratos
laborales de quienes accedieron a su puesto de trabajo
superando pruebas homologables a las exigidas para el acceso a
la función pública mediante oposición, es de difícil
cumplimiento por haberse delegado a cada unidad directiva; que
vemos difícil, incluso quizá inoportuno, estar en contra de lo
que es el último acuerdo firmado con los propios sindicatos y,
si no difícil, sí dificilísimo dar respuesta a su moción en
los puntos 2.1 y 2.3. Pero repito que no nos preocupa tanto el
análisis exhaustivo, que ya sé que siempre y en todos los
casos hay que hacer, si no la fiabilidad y la aplicación. Y,
señor Núñez, de verdad, eso no lo vemos. Es una propuesta que
creemos que incluso desborda sus propias posibilidades. Por
tanto, señoras y señores Diputados, no vamos a apoyar la
moción presentada por el Grupo Popular. Yo pediría que sea el
Gobierno el que continúe con el proceso de una manera estricta
y adecuada.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Carrera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Núñez nos ha presentado esta tarde la
moción consecuencia de la interpelación que hizo el pasado 5
de abril sobre el proces rización y la necesidad de que éste
se ajuste a los principios constitucionales y a la legalidad
vigente en materia de Función Pública para el acceso a los
puestos de trabajo.
Señor Núñez, usted, en la interpelación del día 5 de abril --y
hoy lo ha vuelto a repetir--, manifestaba que esta iniciativa
trataba de defender los derechos adquiridos de los empleados
públicos. ¿Por qué se encargaba usted de hacer ese papel de
valedor de los derechos de los empleados públicos? Porque,
según usted --y cito textualmente--, el proceso de
funcionarización estaba bajo sospecha, bajo absoluta sospecha.
Hablaba de abusos institucionales en las contrataciones
laborales, hablaba incluso de errores premeditados en la
elaboración de la Ley 30/1984 para poder, posteriormente,
favorecer el clientelismo y colocar o dejar colocaditas a
determinadas personas --cito textualmente--, e incluso, en
todo este mare mágnum de descalificaciones, llegaba a hacer
valoraciones tan extrañ otro calificativo, como, por ejemplo,
que la introducción de la jubilación forzosa en la Función
Pública a los 65 años no era sino una muestra de la innata
desconfianza de los socialistas hacia los funcionarios. Este
es el fundamento de su discurso en todos y cada uno de los
debates que en materia de Función Pública tenemos en este
Pleno o en cualquier otro ámbito de los trámites
parlamentarios de estas Cortes Generales. Porque su discurso
tiene dos denominadores comunes: uno: el Gobierno socialista
incumple y vulnera de manera premeditada y sistemática las
leyes y, además, las utiliza o las interpreta en su propio
beneficio. Eso es su discurso. Incluso recuerdo el titular de
un cierto rotativo, cuando ustedes presentaron la singular ley
del Gobierno, que decía: El PP busca que el Gobierno se someta
a la ley. Creo que lo recordará. No vea qué disparate
doctrinal tan grande. En cualquier caso, dejemos a la prensa
al margen de este asunto, aunque usted sabe perfectamente de
lo que le estoy hablando. El segundo denominador común es que
ustedes tienen la innata tendencia --y eso sí es innato-- a
establecer un discurso que se parece más al de una
organización sindical corporativista que al de una
organización política que pretende gobernar las instituciones.
Así, siempre está haciendo referencia a frases como las que
señalaba anteriormente. Y todo esto, a su vez, impregnado de
una concepción, que usted o ustedes no pueden remedir, de
dos tipos de empleados públicos: los de primera clase y los de
segunda, el personal estatutario y el personal laboral. Estos
son los elementos que subyacen siempre en el sustento de
cualquier análisis o cualquier argumentación que usted hace
sobre la Función Pública en esta Cámara.
Pero intentemos ver la moción que nos presenta desde un
aspecto positivo. Lo que usted quiere plantear, en el fondo,
es que lo que le preocupa son las garantías legales, que se
ejerzan los procesos con las cautelas precisas; sano y loable
objetivo que, cómo no, nosotros también compartimos. Por eso
le hacía el ruego al Ministro para las Administraciones
Públicas de que adoptara medidas para conseguir ese fin, que,
cuando el Ministro se las comentaba y le señalaba los precesos
que ha puesto en marcha el Gobierno, usted las calificaba de
gaseosas, que ese era el término que empleaba, y más tarde
veremos en qué situación estamos para ver si ese calificativo
es el adecuado o no.
Como digo, supongamos que usted pretende buscar esas cautelas,
esas garantías para que se respeten los principios
constitucionales y la ley; estaríamos, en principio, de
acuerdo; evidentemente, el resto de los grupos también, como
así lo han manifestado tanto en el debate del pasado 5 de
abril como en la misma tarde de hoy.
A esa preocupación de la garantía de los derechos de las
personas que concurren al proceso yo añadiría, como
organización política no sólo que gobierna, sino que aspira a
seguir gobernando, que también deberíamos velar por que nos
quedáramos con los mejores recursos humanos posibles para
poder prestar los mejores servicios públicos a nuestros
ciudadanos. Con ello, me alejo un poco de ese discurso, que yo
le señalaba medio sindical, como suele usted hacer en estos
asuntos.
¿Qué medidas plantea en la moción para buscar ese fin? De dos
tipos: una serie de medidas, que es solicitud de información,
de pruebas, convocatorias, valoración del Gobierno en
supuestos de estimaciones de recursos, etcétera, que, como
tal, como elemento de esta propia Cámara en la labor de
fiscalización del Gobierno y solicitud de información, todo el
mundo podría compartir, quizá en algunos aspectos, con ciertos
matices, por cuanto que, con referencia a los planes de empleo
--usted conoce perfectamente de qué estamos hablando--, el
plazo que usted pone, por el propio proceso que conlleva, no
sería el adecuado.
La solicitud de información no es un elemento a discutir, pero
sí, en cualquier caso, hacerle mención de que esa información
parece más propia de solicitarse a través de otras vías
parlamentarias que no en un trámite como éste, pues, entre
otras cosas, lo que parece es que la Cámara, a instancias de
su Grupo, pretende ejercer --permítame que lo diga-- una
excesiva tutela en las acciones de meros actos
administrativos. Claro, si usted parte de la sospecha que
parte, evidentemente se entiende un poco, pero, créame, no
parece muy razonable.
La otra parte de su moción es lo que yo defino el núcleo duro
de la moción, que básicamente son dos cuestiones: suspender
todos los procesos q mismo en marcha e ir a un nuevo proceso.
Con respecto a la suspensión, yo suscribo plenamente lo que
decía el propio Portavoz de Izquierda Unida, porque no parece
nada lógico, ya que, probablemente, probablemente no, sin
lugar a dudas, lo que vendría a traer son más perjuicios que
beneficios, e incluso, además, no hay motivo para suspenderlo
por cuanto que usted conoce perfectamente que incluso ha
habido dos autos del Tribunal Supremo, de octubre de 1992 y de
enero de 1993, que se manifestaban en contra de quienes
pretendían la suspensión de esos procesos. Por lo tanto, no a
la suspensión, e ir a un nuevo proceso no tiene, en el sentido
que ustedes lo plantean, ninguna lógica.
Además, ustedes plantean cosas muy concretas que han sido
rechazadas por otros grupos, incluso por el que les presenta
una enmienda en la moción, que es eliminar el derecho,
pretenden ustedes eliminar el derecho de reserva de plazas de
los concurrentes, olvidando una cosa muy elemental, que es que
el proceso de funcionarización lo que viene a pretender es a
regular la situación laboral de una persona que es titular de
un puesto de trabajo laboral, de un laboral fijo, que ha sido
reclasificado como funcionario para el puesto que desempeñaba.
Por lo tanto, con eso se olvidan ustedes de un tema muy
importante, que es el núcleo de la funcionarización, con
respecto a la eliminación que pretenden.
En definitiva, estas son las dos partes duras de ese proceso,
que nosotros, obviamente, no podemos aceptar. No podemos
aceptar, porque ¿qué es lo que usted pretende sacar a flote?,
¿cuál es el caos que pretende ordenar? En definitiva, ¿en qué
situación estamos, que a usted le produce tan mala
calificación? La situación en la que estamos se la explicaba
bastante bien el Ministro para las Administraciones Públicas
el pasado 5 de abril. Se han clasificado más de 20.000 puestos
de trabajo, susceptibles de ser funcionarizados. Recuerde que
en el año 1988 habían 20.000 trabajadores, personal laboral,
que realizaban puestos que podrían ser susceptibles de ser
considerados como puestos de funcionarios. Se han convocado
pruebas para más de 2.500 personas; se han funcionarizado más
de 1.700. En la Agencia Tributaria, se han funcionarizado más
de 6.000. Las propias universidades, por un proceso autónomo,
han reconvertido 110 plazas, procesos, por cierto --y usted lo
sabe perfectamente--, sin ningún tipo de impugnación, y ésa es
la situación en la que estamos, para añadir si la ejecución,
elaboración de los criterios y del calendario se realiza en la
mesa de retribuciones y de empleo, que depende de la mesa
general, por desarrollo del acuerdo del Gobierno con los
sindicatos,
en diciembre del año 1994. Esa es la situación. Así se van
convocando una serie de pruebas específicas ajustadas a la
normativa, en las que se tiene en cuenta el nivel profesional
para acceder al cuerpo o a las escalas. Bien es cierto que se
realizan pruebas específicas sectoriales, que usted ha estado
criticando y con las que yo no voy a alargarme, por cuanto se
producía en el debate de la interpelación la justificación de
las mismas.
Curiosamente, usted ponía un par de ejemplos que se le vuelven
en contra de su argumento cuando criticaba estas pruebas y
hablaba de informes negativos de la Dirección General de la
Función Pública. Si, efectivamente, las pruebas
sectorializadas está tutelada su autorización al informe,
sujetas al informe del Ministerio para las Administraciones
Públicas, y son precisamente esos informes de la Dirección
General de la Función Pública, que creo que usted suscribía,
la principal garantía de que esas pruebas se estén
desarrollando sujetas a los principios de legalidad que usted
pretende preservar.
Incluso, yo creo que --y sí sería bueno que quedara como
conclusión o como una parte en la que pudiéramos estar de
acuerdo en este debate-- es necesario reforzar el
posicionamiento del Ministerio para las Administraciones
Públicas, que algunos otros intervinientes han valorado en
esta tribuna, en todo este proceso. Yo creo que en ese aspecto
podemos estar perfectamente de acuerdo.
También le recuerdo que hemos aprobado en esta Cámara, en la
Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos para 1995, que
se realicen, entre otras pruebas, convocatorias independientes
de las de ingresos para la propia promoción interna, esquema
que a veces, usted, quizás,...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, vaya
concluyendo, por favor.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Voy concluyendo, señor Presidente.
...olvida en demasía.
En definitiva, señor Núñez, ésa es la situación en la que
estamos. El proceso se realiza con cautela, quizás con cierta
lentitud. Yo creo que la lentitud, en estos momentos, no es un
factor a criticar o no sería el factor más importante a
discutir en este tema y, probablemente, lo más que nos debe
preocupar es que el proceso se haga bien; eso es lo que más
nos debe preocupar a todos.
En definitiva --y vuelvo al principio, señor Núñez--, creo que
ustedes, al amparo de una supuesta loable inquietud, que es
que se garanticen los derechos de los concurrentes en estas
pruebas, lo que están intentando ocultar es que ustedes ponen
bajo sospecha a todo el proceso y a todos los que participan
en el proceso: Gobierno, organizaciones sindicales, que no se
olvide que participan a través del acuerdo Gobierno-
sindicatos, pero, sobre todo, pone bajo sospecha a los más de
20.000 empleados públicos que van a concurrir a esas pruebas.
¿Y qué es lo que buscan? Yo creo que lo que buscan es lo que
han puesto en la moción: paralizar y minar, en gran medida, el
propio acuerdo Gobierno-sindicatos, que a usted, no me cabe la
menor duda, no le ha gustado; sé de buena tinta que no le ha
gustado que se haya producido ese acuerdo para los años
1995/1997.
Por todo ello, señorías --y concluyo, señor Presidente--,
vamos a votar en contra de esa moción, no sin antes, señor
Núñez, recordarle que estamos hablando de un proceso que,
efectivamente, es complejo. No por complejo, como ha dicho
usted, se justifican irregularidades. Es falso que el Ministro
haya dicho el 5 de abril eso que usted le imputaba. Proceso
tan complejo que se produce además --y convendría recordárselo
a algún otro interviniente-- en o traciones públicas; no voy a
hacer yo valor de ello. Y usted mismo agradecía al Ministro
que no se hubiesen juzgado sus responsabilidades, con respecto
a la Administración General del Estado, con lo que ocurre con
otras Administraciones públicas; no voy a derivar la discusión
por ahí. Sin embargo, le pediría que un proceso, un debate de
esta naturaleza, como todo los de la Función Pública, se
abordaran con rigor, se abordaran sin apriorismos partidistas
como los que ustedes plantean, y lo que hacemos es invitarles
a sumarse a esa postura constructiva en la que ya se han
situado tanto el Gobierno como las propias organizaciones
sindicales más representativas de los empleados públicos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Trujillo.
Tiene la palabra el señor Núñez para indicar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Supongo, señor Presidente, que no tendré
derecho a réplica, a pesar de que he sido replicado.
(Denegaciones.)
Bien, dirigiéndome al señor portavoz de Izquierda Unida y
simplemente para plantear el porqué del no a algunas de sus
enmiendas tengo que recordar tres cosas muy puntuales:
primera, que la orden del Consejo de Ministros está recurrida
porque está viciada de inconstitucionalidad; segunda, que las
órdenes de 24 convocatorias están recurridas porque están
viciadas de inconstitucionalidad; y tercera, que muchas de las
convocatorias están descalificadas por la propia Dirección
General de la Función Pública, a la que no han hecho caso en
sus informes los ministerios que han convocado las plazas.
Aceptamos la enmienda a la letra c) del número 1, de
sustitución, porque el texto propuesto, siendo de parecido
contenido al de la moción, mejora la redacción de ésta. Por
tanto, esa enmienda sí la aceptamos.
No aceptamos, en cambio, la enmienda de supresión de la letra
d) del número 1, que se refiere a la reserva de puesto,
sencillamente porque consideramos que esta reserva más que una
discriminación es una causa de inconstitucionalidad, tal como
se recoge en la sentencia 50/1986, de 23 de abril, tomando
como base el artículo 23 de la Constitución española. Le voy a
leer este considerando, que es muy breve, para que entienda
por qué no aceptamos su enmienda. (Fuertes rumores.) Señor
Presidente, es la
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
Señor Núñez, sabe usted que el turno es para indicar,
exclusivamente, la aceptación o no de las enmiendas, con una
argumentación mínima, pero no con lecturas que no son
pertinentes.
El señor NUÑEZ PEREZ: Son dos líneas, señor Presidente, para
decirle por qué no aceptamos su enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Lea las dos líneas.
El señor NUÑEZ PEREZ: No nace derecho alguno a la ocupación de
cargos o al desempeño de funciones determinadas y ni siquiera
el derecho a proponerse candidato para los unos o las otras,
un derecho de carácter puramente relacional, para impugnar
ante la jurisdicción ordinaria toda norma o aplicación
concreta de una norma que quiebra la igualdad. Por eso no
podemos aceptar su enmienda.
Tampoco aceptamos la enmienda de supresión del apartado 1 del
número 2, que solicita la suspensión de las convocatorias que
están en marcha. Con ello no perjudicamos los derechos de los
funcionarizables, porque la disposición transitoria 15 de la
Ley 23/1988 claramente le reserva su puesto hasta que se
resuelva el proceso de funcionarización. Por tanto, no hay
ningún problema para aceptar la suspensión y, en cambio, sí
estableceremos un cauce limpio de actuación cuando, en el
plazo en que debatamos en la Comisión el informe, conozcamos
la situación y esto nos permita dar pasos razonables y no
confusos en el proceso de funcionarización.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A continuación,
sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación
urgente del G medidas de carácter general para que el proceso
de funcionarización se haga con sujeción a los principios
constitucionales y a los mandatos legales referidos a la
función pública, con el texto resultante de la aceptación de
la enmienda de sustitución de Izquierda Unida a la letra c)
del número uno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295, a favor, 126; en contra, 156; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, queda
rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE ACTUACIONES EN MATERIA DE
POLITICA PESQUERA, EXTERIOR, DE DEFENSA, ASI COMO DE
COORDINACION DE TODAS ELLAS, QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO
PARA ASEGURAR LA ACTIVIDAD DE NUESTRA FLOTA DENTRO DEL RESPETO
DEL DERECHO INTERNACIONAL (Número de expediente 173/000079)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al punto
noveno, dentro de este apartado tercero, sobre mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
Entramos en la discusión de la moción consecuencia de
interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativ Catalunya sobre nuevas actuaciones
en materia de política pesquera, exterior, de defensa, así
como de coordinación de todas ellas, que tiene previsto el
Gobierno para asegurar la actividad de nuestra flota dentro
del respeto al Derecho Internacional.
Para la exposición de la moción y, además, para la defensa de
la enmienda de sustitución presentada por el propio Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el país entero ha vivido unos días de una atención
mucho mayor que la que la Cámara tiene hoy ante este modesto
Diputado; una atención impresionante a lo que ha sido un
problema internacional, en el que ha participado España, que
supera con mucho la pura dimensión económica de dicho
problema. Lo que ha estado en juego durante los últimos días
en el conflicto del fletán ha sido, en gran parte, la dignidad
de este país. Ha estado en juego la dignidad de España ante un
país como Canadá, que no pertenece a la Unión Europea, e
incluso ante los propios países de la Unión Europea. La
dignidad de España ha estado en juego porque ha sido una
situación
extraordinariamente grave la que se ha vivido cuando países
que son aliados de España en la Unión Europea han desarrollado
situaciones absolutamente xenófobas e injustas, como ha sido
el caso de Gran Bretaña, acusando a nuestros pescadores. El
propio Primer Ministro de Gran Bretaña, intentando despreciar
a los españoles, ha llegado a dudar de la procedencia de cada
uno de ellos llamándoles prácticamente mestizos como si eso
fuera un insulto, puesto que para él lo era. Por lo tanto, ha
estado en juego la dignidad del país más allá de la propia
dimensión económica del problema.
En esta situación, el conjunto de la Cámara, como estamos
convencidos que era el sentimiento del conjunto del pueblo
español, ha tenido un apo absolutamente incondicional a la
intervención del Gobierno, en el sentido de que se viera
apoyado en las negociaciones que se estaban desarrollando,
junto con la Unión Europea, con Canadá. Ha habido una unión
sin fisuras de esta Cámara, tomando acuerdos por unanimidad
precisamente para que no se pudiera pensar en ningún momento
en ningún foro internacional que el Gobierno español estaba
debilitado. Sin embargo, vistos los resultados de la
negociación y vistos los resultados de la actuación del
Gobierno español, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
considerado que el debate que se plantea hoy en esta Cámara y
la consecuente moción del debate deben llevar implícito un
juicio político respecto a cómo se ha llevado por parte del
Gobierno esta negociación y cuáles son los resultados que ha
obtenido. Por lo tanto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha enmendado su propia interpelación que presentó
hace dos semanas, que pretendía ese apoyo a las posiciones
negociadoras del Gobierno, planteando ese juicio que le merece
la actuación del Gobierno a lo largo de la negociación y el
resultado de la misma. No podía pasar esta moción, una vez que
se había llegado a este acuerdo, sin que la Cámara se
pronunciara políticamente sobre el acuerdo en sí mismo y
sobre, repito, la actuación del Gobierno.
Desde luego, la opinión que le merece a Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no difiere mucho de la que expresaron
otros grupos parlamentarios cuando el pasado miércoles
compareció el Ministro de Agricultura para explicar los
contenidos del acuerdo, en medio de una expectación y de una
gran inquietud, que también hay que decirlo, porque se
contemplaba por parte del conjunto del pueblo español como
extraordinariamente lesivo para nuestros intereses. Hubo
grupos que dijeron que este acuerdo solamente podía haberlo
firmado el Ministro en el caso de que estuviera secuestrado y
pagando el rescate por ello. Hubo grupos que dijeron eso. Hubo
grupos que manifestaron una condena importante del acuerdo,
considerando que era absolutamente inaceptable. Me estoy
refiriendo al Grupo Vasco y al Grupo de Convergència i Unió,
que manifestaron un rechazo claro a los contenidos del acuerdo
y una censura importante a cómo el Gobierno se había
comportado en este trance.
No difiere mucho el pensamiento de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Por eso propone a la Cámara el rechazo de este
acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, así como que se
repruebe la conducta del Gobierno por haberlo ratificado.
Todavía podía pensarse que este acuerdo entre la Unión Europea
y Canadá se había firmado porque España estaba en minoría.
Pero hay una cosa gravísima, y es que el Gobierno español
ratifica el acuerdo, al contrario que Portugal, que no lo
ratifica y, por tanto, mantiene abiertas las puertas para
cualquier recurso ante el Tribunal de Luxemburgo. Sin embargo,
incomprensiblemente España ratifica este acuerdo y se cierra
las puertas a cualquier recurso ante el Tribunal de
Luxemburgo. España, por boca del Gobierno que dirige el señor
González, consiente este acto tan extraordinariamente lesivo
para nuestros intereses. De alguna manera --y no lo digo de
una forma que pretenda ser grandilocuente-- es una afrenta a
la dignidad de España, la deja en una posición futuras
negociaciones con otros países, sea en la materia que sea, y
muy fundamentalmente en la pesca, cuando se encuentran
pendientes importantísimos acuerdos en el norte de Africa, y
muy concretamente con Marruecos.
Por tanto, son dos pasos de un mismo acto que merecen las
repulsa por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Consideramos que debe acuerdo, cuando en otras ocasiones otros
Gobiernos de la Unión Europea no los han aceptado y se han
cuidado muy bien de dejar las puertas abiertas para poder
recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo. En asuntos
suficientemente conocidos los Gobiernos de Inglaterra y
Francia han tenido más dignidad, en lo que se refiere a sus
países, que la que tiene el propio Gobierno español. Este es
un hecho fundamental que no podía pasar en un debate político
como el que tenemos hoy. Por tanto, es una enmienda que el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta a
la moción que en su día anunció, una vez que se produjo el
debate parlamentario de la interpelación sobre el problema de
la pesca.
Aparte de esto, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya mantiene prácticamente en sus mismos términos
aquellos aspectos de la moción que se presentó hace ya dos
semanas. Consideramos que Canadá debe ser denunciada en todos
los foros en los que participa España. La conducta de Canadá
ha sido absolutamente impresentable, sin entrar en las
cuestiones de fondo, que todo es discutible. Si España tuviera
que hacer el sacrificio de rebajar sus cuotas --y hay razones
ecológicas para ello, como la preservación de especies, o las
que sean--, nosotros estamos abiertos
a debatir cualquier aspecto. Pero lo que de ninguna manera se
puede consentir es que por el uso ilegítimo de la fuerza se
vea un país --y en este caso es aún más doloroso para nosotros
porque es el nuestro-- obligado a negociar en una posición de
inferioridad y España se vea también obligada a pasar
humillaciones como las que ha sufrido ante la opinión pública
internacional. Esta actuación de Canadá debe conllevar una
denuncia, y es uno de los aspectos importantísimos que
contiene nuestra moción. No sólo hay que decir, como ha dicho
el señor González, arrieritos somos y en el camino nos
encontraremos, en el caso de Gran Bretaña, sino que hay que
tener posiciones mucho más serias y más drásticas. Esto no
significa ser belicitas. En la política internacional hay que
ser dialogantes, hay que tener la mano tendida, pero también
hay que enseñar los dientes cuando se llega a situaciones como
las que hemos vivido, tanto por parte de Canadá como por parte
de Gran Bretaña.
No les relato el conjunto de medidas que SS.SS. conocerán si
han tenido la oportunidad de leer la moción que presenta mi
Grupo Parlamentario, como seguramente han hecho, pero hay dos
puntos que quisiera relatar en esta intervención. Me refiero
al próximo conflicto pesquero que va a tener España en
relación con Marruecos. Mi Grupo parlamentario está a favor
del desarrollo de todo el Magreb y fundamentalmente de
Marruecos, como país vecino, pero desde luego no se pueden
aceptar chantajes. Estamos a favor de que la Unión Europea
colabore con Marruecos, y somos un grupo que lo apoyaremos,
pero lo que no se pude hacer es utilizar las ayudas de la
Unión Europea con Marruecos como un arma para que Marruecos
diga: No importa, me va a dar ayuda la Unión Europea,
lleguemos o no a un acuerdo. Esto no puede ser. En esas
negociaciones con Marruecos España entra en una posición muy
débil después de lo que ha pasado en Canadá. Es justo que se
retome una posición de firmeza y que se manifieste que las
ayudas que la Unión Europea tiene previstas para Marruecos en
ningún momento se den si la flota pesquera española se ve
obligada a estar amarrada a puerto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: No se preocupe, señor Presidente, que
ya termino.
Esto significa que Marruecos empieza a negociar desde una
posición de fuerza y España desde una posición de debilidad:
España con la flota pesquera amarrada a puerto, con la presión
social que eso significa, y Marruecos teniendo claro que va a
tener las ayudas de la Unión Europea. Esto no puede ser. En el
caso de que el conjunto de la flota española que faena en
aguas marroquíes, muy especialmente la flota andaluza que es
la más importante, pero también la canaria, la vasca, la
gallega y la levantina, se vea obligada a quedar amarrada,
consideramos que las ayudas que la Unión Europea tenía
previstas para Marruecos deben quedar para las embarcaciones y
las tripulaciones de la flota española.
Concluyo, señorías. Consideramos que esta moción es
importante. No sólo se refiere al problema económico que ha
habido con el fletán, sino a la posición de España en el
mundo. Tengan ustedes muy en cuenta esto, porque si el
Parlamento español no reacciona con dignidad ante esta
situación, nuestro papel queda muy disminuido. Ya lo está
bastante porque tenemos un Gobierno débil ante los ojos del
mundo, pero por lo menos tengamos un Parlamento que sea capaz
de decir al Gobierno que lo ha hecho muy mal y lo reprobamos
por ello. Desde luego, España está a mucha más altura que el
Gobierno que la representa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías,
debatimos hoy las propuestas de resolución que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, como grupo interpelante, en
política pesquera presentó en el Congreso de los Diputados el
pasado 6 de abril. En aquellas fechas el contencioso entre los
órganos rectores de la Nafo y la Unión Europea o, si quieren
ustedes y dicho de otra forma, la confrontación de intereses
entre Canadá y España fundamentalmente vivía los momentos de
tensión más álgidos de su proceso de negociación. Hoy, ocho
días después de haberse logrado un acuerdo entre Canadá, NAFO
y la Unión Europea o España, las cosas están más claras y ello
seguramente ha motivado la autoenmienda del Grupo proponente.
No voy a repetir aquí y ahora las explicaciones que portavoces
más autorizados han dado a esta Cámara, pero permítanme
decirles que el acuerdo, difícil e insatisfactorio para el
sector, es una opción, a nuestro entender, ajustada y realista
que ha permitido alcanzar cuatro objetivos importantísimos
para España y su sector pesquero, y me atrevería a añadir que
también lo son para la defensa global de las prácticas de la
pesca amparadas por el Derecho marítimo internacional. Se ha
conseguido, como decía, restituir la legalidad vulnerada. Se
ha conseguido que Canadá tenga que devolver el aval y la carga
confiscada al buque apresado, al Estai. Se ha paralizado el
más importante intento de los últimos años de violentar los
límites de las aguas territoriales al no reconocerse a Canadá
un trato preferente en aguas internacionales. Finalmente, se
ha conseguido obtener la máxima cuota para España en la
distribución del TAC de fletán negro. Sin olvidar que estos
acuerdos de principio tendrán una segunda parte cuando al
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya vea la
reclamación de España de reparación de los daños producidos
contra intereses españoles y contra la normativa canadiense
que dio pie a los mismos.
¿Es esto causa, señorías, de satisfacción para el Grupo
Socialista? No. Este acuerdo tampoco nos causa satisfacción a
nosotros, pero lo acepta responsabilidad que entraña apoyar al
Gobierno de nuestro país. Esta responsabilidad es la que nos
obliga a apoyar salidas a todas las situaciones que se
presentan, por conflictivas que sean. Por ello no podemos
quedarnos, como otros grupos, en la fase de la denuncia o de
la insatisfacción. Hemos oído estos días --y supongo que
continuaremos haciéndolo futuro-- críticas de todo color y
calibre, pero créanme que me hubiera gustado oír también
soluciones distintas, diferentes a las que nosotros apoyamos,
y desgraciadamente éstas no han existido. Diría más. Han
existido comentarios, rumores o posturas que podrían
configurar soluciones alternativas y que aún nos han gustado
muchísimo menos; soluciones basadas en dos puntos inaceptables
para nuestro Grupo: el uso de la fuerza y/o el abandono por
España de la política pesquera común o incluso de la Unión
Europea.
Referiéndonos al primer supuesto, hemos atendido
reiteradamente argumentaciones favorables a la conveniencia o
la necesidad de que el Gobierno español hubiese enviado
unidades navales a la zona para defender la actuación de
nuestros pesqueros, incluso antes de que se produjeran los
tristes episodios de acoso o la detención de las embarcaciones
de la flota pesquera española en la zona; postura que a lo
largo del conflicto fue reclamando el aumento de la presencia
y el aumento de actuaciones de nuestra Armada en aguas de la
Nafo. El Grupo Socialistas entiende con el Gobierno que el
conflicto tuvo y tiene un origen exclusivamente comercial, y
no de otra naturaleza, por lo que las actuaciones de nuestras
unidades fueron, son y continuarán siendo tendentes a
garantizar la seguridad y el apoyo de los barcos españoles,
así como los derechos de pesquería de nuestra flota en la
zona. Incrementar sin límite la presencia de unidades de la
Armada española determinaría, sin duda, una escalada de la
tensión que no hubiera ayudado precisamente a la resolución de
las negociaciones que debían lograr un acuerdo en las mesas de
negociación y no en el marco físico del conflicto. Hemos de
lamentar que desgraciadamente algunos grupos prefieran
utilizar un vocabulario militarista y alimentar un ambiente de
confrontación que pueden rentabilizar muy fácilmente. Así
vemos cómo cualquier conflicto pesquero se convierte de la
noche a la mañana en una guerra: de la anchoa, del bonito, del
fletán o de Marruecos, y como consecuencia lógica de estas
posturas llegan, casi casi, a reclamarse soluciones de tipo
militar. Desde el Grupo Socialista seguimos reclamando
tranquilidad, racionalidad y coherencia para resolver no sólo
el conflicto NAF que podamos tener en el futuro. Y seguimos
reclamando y ejerciendo la defensa en los foros políticos o
jurídicos de la actuación de nuestra flota, de acuerdo a las
más elementales normas del derecho y de la conservación de las
especies.
El otro gran argumento que se ha apuntado ha sido sugerir la
salida de España de la política pesquera común, incluso de la
propia Unión Europea. En cuanto a la primera, he de decir que
hasta finales de 1994 la no integración total de España en la
política pesquera común, como recordarán todos ustedes, tenía
un régimen transitorio previsto hasta el año 2002, que era
criticado como una de las consecuencias más nefastas y
rechazables de la negociación de la adhesión de España a la
Comunidad Europea. No creo que podamos decir hoy, cuatro meses
después de conseguir anular este régimen transitorio, que la
alternativa a nuestro sector pesquero sea salir de la política
pesquera común. En absoluto, señorías. Estoy convencido de que
nuestras dificultades fuera del marco pesquero comunitario
serían mucho mayores e insalvables casi todas. Ni qué decir
tiene que esto que acabo de mencionar es extensivo a las
argumentaciones que sobre todo desde Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya han llegado a reclamar la salida de
España de la Unión Europea. No creo que extrañe, en absoluto,
a la opinión pública la postura que esta formación política ha
vuelto a reiterar y cuyos portavoces han llegado a calificar
como desastre la incorporación española a la Unión Europea.
Esta es la posición antigua y conocida que seguramente ha
servido para solicitar la reprobación de la actitud del
Gobierno de este país. Por mucho que ustedes intenten
disfrazarlo, señores de Izquierda Unida, la reprobación del
Gobierno por la ratificación del acuerdo entre la Unión
Europea y Canadá sólo puede ser calificada de despropósito,
que nada tiene que ver con el acuerdo logrado, sino con este
rechazo profundo que ustedes profesan a nuestra pertenencia a
la Unión Europea. Para reprobar políticamente una actuación y
a sus agentes debe ser posible compararla con otras y
sopesarlas todas. Rechazar una actuación sin dar a conocer
cuál es su alternativa es correcto y legítimo desde posturas
de oposición, pero desde el Gobierno y desde los grupos que lo
sustentan hemos de tener siempre presente la solución que hay
que dar al conflicto y a veces, aunque ésta no nos guste
excesivamente, debemos aceptarla por ser la mejor posible o la
menos mala posible. Lógicamente, la postura del Grupo
Socialista en defensa de la integración española en la Unión
Europea tiene una larga tradición y no hace falta que sea
reiterada en estos momentos, aunque he de reconocer que me
hubiera gustado oír y discutir el modelo alternativo de
política pesquera que defienden estas organizaciones
y fuerzas políticas que no están demasiado convencidas de las
bondades de nuestra integración en Europa, y espero que
tengamos ocasión, en los próximos meses, en el Pleno, en
Comisión o en el seno de la Ponencia que estudia el sector
pesquero español de vernos en este debate.
Dicho todo esto, señorías, no es menos cierto que mantenemos
un importante nivel de acuerdo en muchos de los puntos que el
Grupo proponente nos presenta en su moción y en su
autoenmienda. Desgraciadamente, la inclusión de dos nuevos
apartados en el texto que han presentado hoy al registro de la
Cámara hace imposible que el Grupo Socialista dé el apoyo a
ninguno de los apartados y de los puntos que el Grupo
proponente presentó en su momento y ha autoenmendado a lo
largo del día de hoy. Señorías, señores de Izquierda Unida, el
Grupo Socialista va a votar en contra del paquete de puntos y
de apartados en el que intentan rechazar el acuerdo y reprobar
la política pesquera del Gobierno socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Moragues.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la
palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida una
moción que ha sido autoenmendada porque, evidentemente, las
cosas han cambiado mucho desde que se presenta la
interpelación hasta el día de la fecha. Realmente existe y ha
existido una fase de denuncia, una fase de insatisfacción,
totalmente lógica, con el acuerdo alcanzado entre la Unión
Europea y Canadá, señor Moragues, no entre Canadá y NAFO.
Después le diré por qué. Esta insatisfacción y esta denuncia,
señor Moragues, son del Consejo Económico y Social de Vigo, de
relevantes miembros del Partido Socialista de Galicia, de las
fuerzas políticas de esta Cámara, absolutamente todas,
incluido el Partido Socialista hasta después de aprobado este
acuerdo. Para oír soluciones hemos tenido diferentes debates
en los que todos los grupos de la Cámara hemos coincidido y
hemos planteado al Gobierno una serie de iniciativas, que
unánimemente hemos aprobado, haciendo caso omiso de ellas al
final. Por tanto, soluciones había y propuestas también. Desde
que conocemos el agreed minute, el acuerdo que se ha firmado,
no precisamente porque el Gobierno lo haya hecho llegar a
nadie, pensamos que no sólo no es el menos malo de los
posibles, sino que es el peor de todos los que podía haber
autorizado el Gobierno español. Señor representante del
Partido Socialista, señor Moragues, no es un acuerdo NAFO-
Canadá...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señ Fernández de Mesa,
sabe usted que no hay posibilidad después de turnos en contra.
Por tanto, no haga alusiones personales.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: De acuerdo, señor
Presidente.
Voy al grano. Este «enrolle» es para que ustedes comprendan
también lo que ha hecho su Gobierno. No es ningún rollo.
(Protestas.)
El acuerdo no es NAFO-Canadá-Unión Europea porque su primer
apartado dice: Deberán constituir la base que será
conjuntamente preparada y elabo su remisión a la Comisión de
pesquerías NAFO para su consideración y aprobación. Por tanto,
este acuerdo no ha sido entre NAFO y Unión Europea, ni
siquiera ha sido en el seno de NAFO, ha sido entre dos partes
de las dieciséis que integran NAFO.
Además, hay que tener en cuenta que han cambiado las cosas,
porque en el mes de septiembre la Unión Europea se abstiene en
las 27.000 toneladas de TAC que se fijan en el seno de NAFO,
pero desgraciadamente en el último acuerdo, y según dice su
apartado b), reafirma la Unión Europea que donde dijo digo
dice Diego ahora. Es decir, donde dijo que se abstenía porque
era malo el TAC de 27.000 toneladas, en virtud de este
magnífico acuerdo al que quiere hacernos ver el Partido
Socialista que ha llegado el Gobierno español, reafirma ese
TAC de 27.000 toneladas. En cuanto a la ley, que dicen que ha
retirado y hemos recuperado en aguas internacionales todos los
derechos, dice que Canadá derogará las previsiones del
Reglamento del 3 de marzo de 1995, no la ley, en un plazo sin
fijar todavía. Mañana hay una interpelación y habrá tiempo de
analizar este acuerdo con el que nosostros no estamos
conformes, en absoluto.
Vamos a los datos. ¿Por qué hemos dicho que el acuerdo es
malo? Hasta hace poco tiempo se pescaban 60.000 toneladas. El
año pasado la Unión Europea capturó 44.400 toneladas de
fletán, de las que 40.000 correspondieron a España. En el mes
de septiembre fijamos un TAC total de 27.000 toneladas y
pedimos que se objete. No sólo no se objeta sino que la Unión
Europea se abstiene y el Parlamento, por unanimidad, respalda
al Gobierno en su postura de firmeza. Llegan los meses de
febrero y marzo y como no se reducen, como no se cambian esas
27.000 toneladas, esta Cámara le pide al Gobierno que formule
una objeción a la Unión Europea con una cuota autónoma de
18.630 toneladas. Hemos pasado de 60.000 toneladas a 44.400, a
40.000, a 27.000 toneladas y ahora fijan 18.630 toneladas con
el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Llega un día el
señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y dice que
está muy dura la negociación, que no son 18.630 toneladas, y
que nos vamos a conformar con el 50 por ciento de las 27.000
toneladas que nos dan. Y todos los
grupos de la Cámara decimos que bien, 13.500 toneladas, y que
vamos a apoyar todos al Go como una piña apoyamos al Gobierno.
El último día nos dice el señor Solana y el señor Atienza que
hay que aguantarse y que lo mejor son 9.000 toneladas. ¿Pero
qué más apoyos puede tener el Gobierno de toda esta Cámara?
¿Qué más acuerdos puede pedir? ¿Qué más respaldo puede pedir
este Gobierno después de haber estado apoyándolo desde el mes
de septiembre para mantener unas medidas de firmeza? Y a los
pocos días decimos: Señores del Gobierno, que no se ratifique
este acuerdo. Y va España y después de que el Presidente del
Gobierno diga que en Portugal admiran la dignidad y fortaleza
de nuestro Gobierno vota a favor en el Coreper de ese acuerdo
y Portugal es el único que se abstiene. Nosotros decimos al
Gobierno que no lo ratifique, pero se ratifica a las 24 horas.
¿Y por qué decíamos eso? Por lo que dice el punto primero de
este acuerdo, que esto deberá debatirse en NAFO en el mes de
mayo y España no puede cerrarse las puertas para tratar de
defender que el TAC se revise y se reflexione sobre él
nuevamente en NAFO porque es claramente insuficiente. ¿Y cuál
es el tema? E tema es que hay un acuerdo y un informe del
Consejo Científico Asesor que dice que en el área de NAFO, en
aguas internacionales, se pueden caputar hasta 40.000
toneladas. Estos son los motivos por los que nosotros creemos,
en líneas generales, que el acuerdo no es bueno para el
sector. Y no es bueno porque el señor Ministro de asuntos
Exteriores dice que de cada diez toneladas que pesca la Unión
Europea tres las va a pescar Canadá. Pues vamos a poner en la
balanza otros datos muy reales. De 38 barcos que teníamos van
a poder faenar 8; de 1.200 puestos de trabajo que tenía en
alta mar la flota española nos vamos a quedar con 150; de casi
8.000 puestos de trabajo en tierra nos vamos a quedar con
1.500 y, en líneas generales de cada 1.000 toneladas que iba a
poder pescar cada uno de esos 38 barcos a partir de ahora van
a poder pescar 150. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy
bien!)
¿Existe un acuerdo rentable? ¿Existe un acuerdo que defienda
los intereses españoles? Yo creo que no y que ningún grupo
parlamentario de esta Cámara puede estar de acuerdo con esta
firma definitiva. Por ello, cuando dicen que han conseguido
cuatro objetivos primordiales que se desprenden del texto de
la moción que al final presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, miren ustedes, restituir la legalidad vulnerada no
tenía que ser moneda de cambio para que España perdiera ningún
tipo de cuota. La restitución de la legalidad violada por
Canadá tenía que haber sido una premisa previa para sentarse a
negociar. Y mientras Canadá no hubiera restituido la legalidad
internacional aquí no se debía haber negociado nada. Pero es
que tampoco han devuelto todavía al Estai nada, ni los 57
millones de pesetas que ha tenido que abonar ni la pesca
encautada, ni el daño emergente ni el lucro cesante ni las
artes que han cortado a los barcos en aguas internacionales.
Tampoco se ha paralizado el violentar las aguas
internacionales porque no se ha derogado la ley; se ha
derogado un reglamento que en cualquier momento podrán volver
a poner en vigor. Y ya tenemos un ejemplo. A las 24 horas de
firmado el acuerdo el Ministro Tobin decía en Canadá: Hemos
derogado el decreto canadiense que permitía el apresamiento de
barcos en aguas internacionales, pero miren lo que hago yo con
los pesqueros que hay ahí con bandera de Belize: que pongan
pies en polvorosa; fíjense ustedes lo que me río yo de los
acuerdos internacionales y de lo que yo pueda retirar de mis
reglamentos. Vean ustedes la voluntad canadiense de
efectivamente cumplir eso que ha dicho. Por eso, decir al
final que se consigue la máxima cuota para España es menos que
una ridiculez, porque hemos conseguido realmente arruinar el
sector congelador de la flota pesquera, que en este caso
concreto está en Vigo, y poner muy difícil las alternativas de
salida, porque en estos días estamos viendo que no las tiene
de momento el Gobierno y debería de haberlas pensado antes.
Nadie ha solicitado el uso de la fuerza, y lo dicen claramente
nuestras mociones. Nos hemos anticipado al Gobierno y le hemos
dicho: Señores del Gobierno, vamos a tener un apresamiento, no
están amenazando con apresar un barco --y lo decíamos el 8 de
marzo en esta Cámara y el 9 se producía--, y lo único que
pedíamos era enviar barcos de la Armada española. Nosotros no
dijimos cuántos. Fue el Ministerio de Defensa el que, primero,
envío una patrullera; enseguida, preparó la segunda; no sólo
eso, sino que, ya firmado el acuerdo, salió una tercera, «el
Mahón»; y el Ministro de Defensa anunciaba que tenía una
corbeta, «la Infanta Elena», preparada en Cartagena. Nadie más
que el Gobierno ha sido el que ha puesto barcos en aguas
territoriales canadienses. En esta Cámara no se volvió a
solicitar nada.
Respecto a sentimientos antieuropeístas habrá que decir que
este Grupo Parlamentario se ha cansado de decirle a este
Gobierno que no despeje el balón constantemente hacia la Unión
Europea, que asuma sus responsabilidades, porque de
sentimientos antibritánicos o antilusos está claro quién ha
hablado; de falta de fortaleza ante la Unión Europea, está
claro quién ha hablado también, y eso está en los diarios de
sesiones. Aquí nadie está fomentando antieuropeísmo más que la
política nefasta y claudicante del Gobierno socialista
español. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy
bien! ¡Muy bien!)
Ante todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado dos enmiendas a la iniciativa presentada por
Izquierda Unida. En la primera instamos nuevamente al
Gobierno, a que se cumpla el acuerdo de 5 de abril del
Congreso de los Diputados, a que no
se vulneren permanentemente por parte del Gobierno los
acuerdos de esta Cámara y a que se defienda en el seno de NAFO
el acuerdo de que la cuota autónoma fijada por Consejo de
Ministros de Pesca de la Unión Europea no pueda ser
vulnerado...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de
Mesa, vaya concluyendo.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor
Presidente.
...no pueda ser vulnerado absolutamente en ningún foro. Y como
decía la eurodiputada Carmen Fraga, este acuerdo será nulo de
pleno derecho si no lo ratifica, probablemente, el Parlamento
Europeo. Por tanto, queremos que se siga defendiendo esa cuota
como mínimo indispensable y, en segundo lugar, manteniendo el
que en el Consejo de NAFO del mes de mayo España se fuerce a
la Unión Europea, si es que puede y le queda alguna baza que
jugar, a conseguir esas 27.000 toneladas, que a todas luces se
han quedado insuficientes porque la demanda es mayor y porque
hay un informe del consejo científico asesor que permite la
pesca hasta 40.000 toneladas. Pedimos que ese acuerdo sea
rectificado y se amolde a las necesidades de todas las partes
que integran NAFO.
Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que este acuerdo
no es el menos malo de los posibles, sino que,
lamentablemente, es el peor que se podía haber conseguido para
una cosa muy sencilla, para algo que parece olvidar el
Gobierno: para los intereses de España en los foros
internacionales.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
¿Grupo parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria valora muy positivamente la iniciativa que
ha tenido el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya al presentar esta moción. Compartiendo la
preocupación que afecta en este momento al sector pesquero
español y con lo que diré más adelante de los dos últimos
puntos de esta moción, referentes al futuro acuerdo posible
con Marruecos en lo que afecta a la flota pesquera española
que opera desde puertos canarios y desde el sur de la
península Ibérica, concretamente en Andalucía, quisiéramos
nosotros, señor Presidente, ir por la vía de apoyar aquellos
puntos de la moción --y me refiero al texto con el que hemos
trabajado, una vez abandonado el primero, sobre la enmienda
que a su propia moción ha presentado el Grupo proponente-- en
el sentido de que, de aceptarse enmiendas que consideramos
positivas y válidas, hechas fundamentalmente por el Grupo
Parlamentario Socialista, pudiéramos aprobar aquí lo posible y
deseable. Por eso, Coalición Canaria va a apoyar, sin ninguna
duda, el punto 1, rechazando el acuerdo alcanzado entre la
Unión Europea y Canadá por lesivo, negativo y totalmente
perjudicial para los intereses, legítimos y legales, pesqueros
españoles.
No vamos a suscribir el punto 2 sobre que esto sea causa de
una reprobación para la conducta del Gobierno. Nos ha llamado
la atención porque parece como si fuera una moción de censura.
No es la figura habitual la de reprobar una actuación concreta
de un Ministro del Gabinete. Como no creemos que esto sea en
este momento una solución ni próxima ni a medio plazo para
este conflicto con Canadá ni para el que se avecina con
Marruecos, nosotros pasamos, por tanto, a valorar los otros
puntos de la moción.
Con respecto al apartado 1 del punto 3 de la moción, estando
plenamente de acuerdo con su fondo, creemos que la enmienda
del Grupo Socialista sobre el mantenimiento de la
reivindicación ante el Tribunal Internacional de La Haya es
positiva, porque concreta el principal foro de derecho y no
solamente en los organismos internacionales, para obligar por
la vía de la ejemplaridad a Canadá a hacer esta actuación.
(Rumores.) Si me dejáis hablar os lo agradezco.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS.SS. que
guarden silencio y permitan que el señor Diputado
interviniente pueda hacer su exposición sin ser molestado.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El apartado 2 de este punto 3 no merecerá nuestro apoyo porque
no vemos en este momento ni útil ni posible de alcanzar con
respecto a unas actuaciones en el campo de las estrategias de
cualquier gobierno. Sí estamos plenamente de acuerdo con el
fondo que se recoge en el resto del punto 3, y con los puntos
4, 5 y 6 de la moción.
Finalmente queremos señalar nuestra preocupación, señor
Presidente, por los puntos 8 a 12, que apoyamos plenamente, y
nos congratulamos por la energía con que el portavoz del Grupo
proponente, don Jerónimo Andreu, ha hecho la denuncia de lo
que es en este momento un auténtico chantaje de las
autoridades marroquíes. Los puntos 11 y 12 obligan a que, con
el pronunciamiento de este Parlamento, los negociadores que la
Unión Europea tiene destacados en este momento en Rabat sepan
verdaderamente lo que está en juego, que no son únicamente
unos intereses económicos de un sector productivo español,
sino los principios de soberanía negociadora
y de reivindicación de los legítimos derechos de toda la Unión
Europea. Si este no es un sistema ejemplarizante para las
autoridades del Reino alauita estamos perdidos. Si el día 30
nuestro sector tiene que amarrar toda la flota, casi 700
barcos pesqueros que operan en el caladero de presunta
soberanía marroquí con el banco pesquero canario-sahariano,
esto verdaderamente puede ser una catástrofe. Pues bien, si
hay una serie de compensaciones en los presupuestos de la
Unión Europea que están destinados a Marruecos, sabiendo que
es caro lo que está pagando en el actual convenio de pesca a
Marruecos, que no se dé pábulo a decir que, una vez más, hemos
sido chantajeados, porque no solamente lo sería el Gobierno
español sino la Unión Europea como institución política
supranacional.
Por estas razones y en la línea en que el grupo proponente
pueda aceptar las enmiendas presentadas, estaremos de acuerdo
con ellas, salvo con las dos o tres observaciones a puntos
concretos que no suscribimos.
Nada más y muchas gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, la
Presidencia ha considerado conveniente no interrumpirle porque
era importante que toda la Cámara conociera la posición de su
grupo sobre cada uno de los aspectos, pero quiero recordarle
que en el momento en que el propio grupo proponente ha
presentado una enmienda de sustitución y se acepta, aunque sea
propia, no cabe votación separada; ha de ser una votación de
conjunto.
Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el
señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Brevemente voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Vasco respecto a la moción presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En este momento no
nos encontramos en un trámite procedimental de debate con el
Gobierno y, por lo tanto, señor Presidente, como hemos tenido
la semana pasada dos debates con el Gobierno, este Grupo
Parlamentario, sin perjuicio de otras consideraciones, se
remite en bloque a todas las valoraciones y consideraciones
que sobre el acuerdo hemos realizado en las pasadas sensiones
del miércoles y jueves de la pasada semana.
No obstante, señor Presidente, se someten hoy a votación una
serie de puntos que van a ser objeto de fijación de posición
por este Grupo Parla entendemos que el resto del debate está
suficientemente determinado y realizado --como decía-- en
anteriores comparecencias.Este grupo Parlamentario no está a
favor, por las consideraciones que expuso, del acuerdo al que
se ha llegado. En definitiva, l es un conflicto político entre
los países del Norte y los países del Sur, un conflicto
comercial entre los países nórdicos que no se corresponde con
el principio fundamental de la política pesquera, que es el
del acceso a los recursos mediante la contraprestación del
acceso a los mercados. Por lo tanto, como hay una falta de
correspondencia, mientras que unos pueden acceder a los
mercados otros no pueden acceder a los recursos debidamente,
esa es la razón y el fundamento político del conflicto.
Juntamente a ello vemos cómo países miembros de la Unión
Europea, que se posicionan a favor de intereses nórdicos
muestran grave insolidaridad hacia España y en este sentido es
de reconocer que el señor Solana asumió directamente --no el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación--, la
responsabilidad política de la negociación realizada y todos
los entresijos de la misma que fueron expuestos por el señor
Ministro de Asuntos Exteriores la semana pasada. embargo, no
tenemos sintonía con el punto 2 que es el de la reprobación
del Gobierno. Entendemos que no hay amparo, fundamentación
jurídica reglamentaria al respecto y entendemos que este
momento político no es el oportuno para proceder a realizar
este tipo de actuaciones y por lo tanto, no vamos a apoyar
esta segunda cuestión.
Respecto al resto de las cuestiones nuestro Grupo
Parlamentario está de acuerdo. Tenemos que reconocer que el
señor Andreu ha realizado esfuerzos a lo largo de esta tarde
para llegar a un consenso, pero acontecimientos superiores a
él le han impedido que, al final, se pudiera llegar a un punto
de inflexión y acercamiento suficiente. Lamentamos que no se
haya podido alcanzar ese punto de acuerdo, deseado por todos
los grupos parlamentarios. No obstante, estando plenamente de
acuerdo con todas las posturas que mantiene el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, creo que debemos
hacer una llamada de advertencia. Se contiene en la moción la
posibilidad de ir a faenar a aguas del Atlántico nordeste, y
existe un peligro, y es que podemos enfrentar a pescadores
gallegos del mismo puerto, bien sean congeladores o
bacaladeros, dependiendo de qué posición política mantengamos
a la hora de buscar actuaciones en dichos caladeros. Por lo
tanto, creemos que tenemos que ser cautos en esa cuestión
porque podemos originar una serie de problemas imprevisibles
y, en definitiva, se puede suscitar, en base a actuaciones
anteriores, un conflicto que denominaría, entre comillas,
«NAFO dos» o «NAFO bis». Tengamos cuidado con Groenlandia,
tengamos cuidado con Svalbard, tengamos cuidado con
Noruega, sepamos qué medidas va a adoptar el Gobierno y seamos
cautos al respecto. Por lo tanto en ese aspecto tampoco
tendríamos una coincidencia fundamental y esencial con lo que
plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Por lo demás estamos de acuerdo. Unicamente quería hacer
referencia, señor Presidente, a las consideraciones de fondo
que se expusieron hace d en relación con una proposición no de
ley del Grupo Popular respecto a la pesca en Marruecos. He de
decir que estamos de acuerdo con el planteamiento que allí se
hace y que la relación con Marruecos es más complicada por la
sencilla razón de que la Unión Europea está negociando con un
país que no tiene mentalidad occidental, con un país en el que
no hay democracia, con un país en el que hay una dictadura y
ello supone una serie de condicionamientos políticos,
conductas sociales y políticas, una economía corrupta que está
influyendo en una negociación de intereses ocultos y que, en
definitiva, el sistema occidental democrático, avanzado, como
puede ser el español, el británico o el francés se encuentran
con un serie de cortapisas, intereses y amenazas veladas por
parte de Marruecos, en el sentido de expulsar de allí a la
flota española con toda la gravedad e incidencia que puede
tener sobre el sector económico español en base a una serie de
elementos oscuros con los que amenaza Marruecos. En
definitiva, lo que Marruecos pretende es integrarse en el
Espacio Económico Europeo; tener todas las preferencias que
tiene en Noruega en cuanto a los aranceles de productos
agrarios, de productos pesqueros. Eso es lo que subyace detrás
de este conflicto. Sobre todo, queremos hacer un llamamiento a
que nuevamente puede haber una insolidaridad francesa, por la
sencilla razón de que Francia fue el país madre de Marruecos.
Marruecos fue una colonia francesa y hay en juego intereses
franceses, ya que la ayuda financiera de la Unión Europea para
la construcción de buques se materializa luego en la
construcción de buques en Francia, y a Francia le interesa que
se llegue a acuerdos y que se llegue a otorgar una ayuda
financiera importante, porque, repito, luego revierten en la
economía francesa todas esas ayudas que recibe Marruecos de la
Unión Europea, todos esos créditos que recibe de la Unión
Europea, por cierto, impagados e incumplidos
internacionalmente por Marruecos, cuando en los últimos años
ha incrementado considerablemente su flota. Marruecos ha
consentido que faene en el caladero marroquí flota de la
antigua Unión Soviética, que ha incrementado su posición;
flota de China; flota de Corea, y, a mayor abundamiento,
Marruecos está utilizando dentro de su flota pesquera
tripulaciones del Oriente Lejano, como pueden ser chinos, sin
Seguridad Social, con sueldos infrahumanos, etcétera. Eso es
lo que hay detrás de todo esto. En definitiva, Europa tiene
una posición difícil. Las amenazas de Marruecos de ser el muro
del fundamentalismo islámico son las que están influyendo en
eso, pero Alemania ya ha empezado a plantearse por qué hay que
dar tanta ayuda financiera a Marruecos.
Por tanto, en este momento nosotros tenemos serias dudas sobre
lo que va a ocurrir, pero también conocemos qué está
ocurriendo en Bruselas, y sabemos, según informaciones de
última hora, que la Comisaria Bonino ha dicho ya que por lo
menos va a haber un mes de paro y, a continuación, se está
visualizando ya por parte de la Unión Europea que el grueso de
las pretensiones marroquíes van a salir adelante. Por tanto,
esto nos preocupa, y estamos de acuerdo con el posicionamiento
político que hace Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
estamos dispuestos a apoyar las propuestas contenidas en los
apartados último y penúltimo Nada más. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Finalmente, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con ocasión de la interpelación
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya del 5 de abril, de
la que es consecue el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
predijo que el conflico provocado por Canadá seguiría abierto
y cambiante de hora en hora, pero que la tensión no podía
mantenerse por mucho tiempo, de forma que se podría llegar
fácilmente a algún acuerdo antes de que pudiera sustanciarse
una moción que nos permitiera consesuar en este Congreso
nuevas directrices en defensa de los legítimos intereses de
nuestro sector pesquero. Efectivamente, se ha firmado un
acuerdo entre Canadá y la Unión Europea, y ya se ha producido
una comparecencia del señor Ministro para valorarlo, que
nuestro Grupo, ciertamente, señor Andreu, calificó como un
acuerdo negativo y, no obstante dijo también que era la
solución menos mala entre otras todavía peores, especialmente
si reflexionamos sobre lo que podría haber ocurrido si el
acuerdo se hubiera tenido que negociar bilateralmente, sin
nuestra pertenencia a la Unión Europea.
En este contexto llega la moción inicial de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya proponiendo acuerdos cuyos cuatro
primeros apartados, a nuestra manera de entender, están
superados por los acontecimientos y por el propio texto del
acuerdo Canadá-Unión Europea: unos, porque ya se han cumplido
y, otros porque sus objetivos ya es difícil, por no decir
imposible, alcanzarlos si queremos ser realistas. De ellos,
tal vez podría salvarse la reclamación a Canadá de los
perjuicios directos causados a nuestros pesqueros y los que se
derivan del lucro cesante, prosiguiendo en la denuncia
ante los tribunales internacionales. Todos los demás puntos,
del quinto al duodécimo de su autoenmienda, constituyen, a
nuestro juicio, una razonable invitación a prevenir nuevos
tropiezos en nuestros intereses pesqueros en caladeros
internacionales y en la negociación Unión Europea-Marruecos,
y, en todo caso, siendo la Unión Europea, a nuestro juicio, el
principal responsable del acuerdo con Canadá y de los futuros
acuerdos con Marruecos, que sea ésta quien compense de sus
consecuencias en la disminución de cuotas, proponiendo cuotas
complementarias en nuevos caladeros, o financiando su
investigación, o bien financiando períodos de amarre,
etcétera, propuestas de la moción, señorías, que nuestro Grupo
estaba predispuesto a votar favorablemente. Es una lástima que
una moción que, en esta segunda parte parecía bien
intencionada y constituía, a nuestro entender, una propuesta
de solución viable para buscar soluciones a los problemas
reales del sector pesquero, haya sido neutralizada con una
autoenmienda de sustitución en la que, en sus puntos 1 y 2 de
forma implícita o explícita, se reprueba la conducta del
Gobierno, lo que nos impide reglamentariamente, votar
favorablemente la parte positiva que, en verdad tenía la
moción.
Resulta lamentable que no se haya considerado oportuno aceptar
nuestra transaccional al punto 1, según la cual, el Congreso
de los Diputados declaraba insuficiente el TAC de fletán negro
en aguas de la NAFO y el reparto del mismo que se contempla en
el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Canadá, que es,
señorías, donde nosotros pensamos que se hubiera podido
producir el consenso suficiente y beneficioso para todo el
sector más allá de contingencias partidistas.
Como éste no es el objetivo ni el estilo de nuestro Grupo,
seguiremos trabajando responsablemente para que exista, a
nivel español e internacional, una política pesquera realista
capaz de garantizar un máximo nivel de captura sostenible en
nuestra flota, de acuerdo con lo que la FAO denomina pesca
responsable mundial.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Tiene la palabra el señor Andreu, para indicar si acepta o no
las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el
Grupo Popular.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve, pero no quiero dejar de manifestar que aunque
desgraciadamente el Reglamento impidela votación separada, mi
Grupo no podía dejar a un lado los hechos ocurridos la semana
pasada, tenía que emitir una opinión política sobre esos
acuerdos y era precisa esa autoenmienda. En cualquier caso,
proponemos que el texto que se vote sea el de la autoenmienda
planteada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con la modificación del apartado 6 del punto 3, que
sería sustituido por una de las enmiendas presentadas por el
Partido Socialista, que dice lo siguiente: Impulsar con la
Unión Europea y con los representantes de la flota la búsqueda
de caladeros alternativos y especies complementarias que
permitan la continuidad de la flota pesquera que se dirige
actualmente al fletán en las aguas NAFO. Admitimos esta
propuesta a efectos de evitar los conflictos que el señor
Gatzagaetxebarría manifestaba en su intervención.
Esto sería, señor Presidente lo que mi Grupo Parlamentario
propondría que se votara, lamentando que, desgraciadamente, no
se pueda votar separadamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Vamos a proceder a la votación. Moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre nuevas actuaciones en
materia de política pesquera, exterior, de defensa, así como
de coordinación de todas ellas, que tiene previsto el Gobierno
para asegurar la actividad de nuestra flota dentro del respeto
del Derecho internacional.
Se somete a votación el texto resultante de la propia enmienda
de sustitución del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, modificada en el apartado 6 del punto 3 por la
enmienda presentada por el Grupo Socialista a lo que era en su
numeración el apartado 4 del punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor 122; en contra, 157; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia queda
rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.