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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 139, de 05/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 139 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 137
celebrada el miércoles, 5 de abril de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 7346)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de carácter general para que el proceso de
funcionarización se haga con sujeción a los principios
constitucionales y a los mandatos legales referidos a la
función pública (número de expediente 172/000099) (Página 7346)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre nuevas actuaciones en materia
de política pesquera respeto del Derecho internacional (número
de expediente 172/000101) (Página 7379)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
140, de 6 de abril de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 7346)
Del Diputado don Rafael Ribó Massó, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Comparte el Presidente del Gobierno la
elaboración y los criterios que se contienen en el
«Anteproyecto de Ley del Gobierno», que ha sido conocido por
su remisión al Consejo General del Poder Judicial, y en cuyo
artículo 32.2 se incluyen previsiones relativas a las
competencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?
(Número de expediente 180/001082) (Página 7346)
De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Tuvo conocimiento el
Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del Gobierno
remitido al Consejo General del Poder Judicial para informe
urgente por el Ministro para las Administraciones Públicas, y
que contempla la extensión del fuero de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo a los ex Ministros y Secretarios de Estado?
(Número de expediente 180/001084) (Página 7347)
De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información puede
aportar el Gobierno sobre cómo va evolucionando la libre
elección de especialista en aquellas áreas del INSALUD donde
ha sido implantada? (Número de expediente 180/001104) (Página 7349)
Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formula al Gobierno: ¿Qué medidas concretas ha tomado el
Gobierno o piensa tomar, para el total esclarecimiento y
depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, por el
asesinato de José Antonio Lasa Arostegui e Ignacio Zabala
Artano? (Número de expediente 180/001083) (Página 7350)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué criterios está
siguiendo el Ministerio de Justicia e Interior en su relación
con la Asociación de Víctimas del Terrorismo? (Número de
expediente 180/001086) (Página 7351)
Del Diputado don Julio Padilla Carballada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué instrucciones está
cursando el Gobierno a funcionarios públicos llamados a
declarar en los sumarios que investigan los casos Roldán, GAL
y Fondos Reservados, sobre la base de las cuales dichos
funcionarios están negándose a declarar acerca de diversos
extremos? (Número de expediente 180/001087) (Página 7352)
Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para evitar la
reproducción de los graves incidentes callejeros que han
convertido al casco antiguo de Pamplona en una zona de máxima
inseguridad ciudadana durante los fines de semana además de
ocasionar numerosos destrozos en instalaciones públicas y
privadas, todo ello con la más absoluta impunidad a pesar de
conocer la pertenencia de sus autores a Jarrai y otras
organizaciones situadas en el entorno político de KAS y ETA?
(Número de expediente 180/001088) (Página 7353)
Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Justicia e Interior: ¿Por qué el Ministerio de Justicia e
Interior no ha
remitido a la Cámara el Plan de Gestión Económico-
Administrativa de Instituciones Penitenciarias que el Pleno le
requirió en la sesión del pasado 29 de noviembre? (Número de
expediente 180/001089) (Página 7355)
De la Diputada doña Eva María Amador Guillén, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Por qué el Ministerio de
Justicia e Interior no ha logrado poner a disposición de los
Tribunales al presunto autor de los tres crímenes de Alcasser
(Valencia)? (Número de expediente 180/001090) Página 7356)
Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿En qué medidas afectará
el recientemente anunciado recorte presupuestario al Plan
Nacional de Lucha contra la Droga? (Número de expediente
180/001092) (Página 7357)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de
ocupación efectiva de las plazas concertadas para la
realización de la prestación social sustitutoria? (Número de
expediente 180/001100) (Página 7358)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué zonas hay
problemas, por falta de plazas concertadas, para que los
objetores de conciencia puedan realizar la prestación social
sustitutoria? (Número de expediente 180/001101) (Página 7358)
De la Diputada doña Anna Balletbo i Puig, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene
el Gobierno en relación con el recuento electoral de las
elecciones del 28 de mayo y la Presidencia Comunitaria de
España, toda vez que se ha quemado el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid? (Número de expediente 180/001102)
(Página 7359)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia: ¿Cuál es la política s
Gobierno en defensa de los intereses de los pesqueros
españoles tras los incidentes que se han producido en el seno
de la Organización de las Pesquerías del Atlántico
Noroccidental (NAFO) con el apresamiento del buque «Estai»?
(Número de expediente 180/001085) (Página 7360)
De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Está dispuesto el Gobierno a remitir a
la Cámara el Informe de la Intervención General del Estado
sobre la gestión económica y financiera del Ente Público RTVE
y sus sociedades, que ha sido negado hasta la fecha por el
Director General del Ente Público RTVE, tanto al Consejo de
Administración como a los distintos Grupos Parlamentarios?
(Número de expediente 180/001093) (Página 7361)
Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Sanidad y Consumo: ¿Cómo piensa solucionar la Ministra de
Sanidad y Consumo el problema de las listas de espera en la
sanidad pública, cuyo incremento ha denunciado el Defensor del
Pueblo? (Número de expediente 180/001091) (Página 7363)
De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo valora el Ministerio
el estudio de los perfiles de facultativos elaborado a través
de la prescripción de los medicamentos que realizan, según se
recoge en el documento del INSALUD «Indicadores de calidad en
la prescripción farmacológica»? (Número de expediente
180/001094) (Página 7364)
Del Diputado don Carlos Dávila Sánchez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Antes de que el
Ministerio de Industria y Energía resolviera autorizar la
reanudación de actividad de la Central Nuclear de Zorita
habían sido satisfechos todos los requerimientos contenidos en
el preceptivo y vinculante Informe del Consejo de Seguridad
Nuclear? (Número de expediente 180/001103) (Página 7365)
Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que
la Escuela de Organización Industrial cumple los fines para
los que fue creada? (Número de expediente 180/001105) (Página 7366)
De la Diputada doña Blanca García Manzanares, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son
las perspectivas y la estrategia por parte del Ministerio de
Asuntos Sociales en la configuración de un sistema público de
servicios sociales básicos accesibles a todos los ciudadanos
españoles? (Número de expediente 180/001106) (Página 7367)
De la Diputada doña Blanca García Manzanares, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han
sido los resultados del programa «La juventud con Europa», de
la Unión Europea, y en particular los alcanzados en España?
(Número de expediente 180/001107) (Página 7367)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco
(PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene
previstas el Gobierno para posibilitar la integración del
Condado de Treviño en el Territorio Histórico de Alava?
(Número de expediente 180/001054) (Página 7358)
Interpelaciones urgentes (Página 7369)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de carácter general para que el proceso de funcionarización se
haga con sujeción a los principios constitucionales y a los
mandatos legales referidos a la función pública (Página 7369)
El señor Núñez Pérez defiende la interpelación del Grupo
Popular. Expone que desde todos los sectores de la
Administración Pública se formulan recursos contra el proceso
de funcionarización y funcionarios de todos los niveles
levantan su protesta, pensando que por algo será, al igual que
también protesta el Grupo Popular. Desea, no obstante, dejar
muy claro al inicio de su intervención que esta iniciativa,
como tantas otras con la misma finalidad que su Grupo ha
presentado en ésta y en anteriores legislaturas, en ningún
caso van encaminadas en contra de los empleados públicos sino
que, al contrario, tratan de defender los derechos adquiridos
por los mismos y que la torpeza del Gobierno está poniendo en
peligro. Tratan también de defender los principios
constitucionales en que debe basarse la función pública. Por
ello, la interpelación tiene por objeto cuestionar la política
de la función pública llevada a cabo por los sucesivos
gobiernos socialistas, y en concreto el proceso de
funcionarización que, a su entender, está bajo sospecha. A su
juicio, arranca todo del abuso intencionado en la utilización
de las contrataciones laborales que el Gobierno socialista ha
practicado desde 1983, quizá porque uno de los vicios más
nefastos para la función pública, el clientelismo, encuentra
fácil acomodo en ese procedimiento. y consecuencias del mismo,
aludiendo al proceso de funcionarización laboral como
consecuencia de un error premeditado de los gobiernos
socialistas al que se dio carta de naturaleza con la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y del que sin ningún pudor se ha
abusado antes y después de la sentencia 99/1987 del Tribunal
Constitucional, según la cual estos puestos de trabajo han de
ser ocupados por funcionarios. Afirma que el error premeditado
deriva de la innata desconfianza de los primeros gobiernos
socialistas hacia los funcionarios y su calculado objetivo de
sustitución a través, por ejemplo, del adelanto de la
jubilación forzosa, del uso y abuso de las libres
designaciones y del desmesurado incremento del personal
contratado laboral en relación con el funcionario. Menciona
algunas cifras sobre la evolución del número de contratados
desde 1982 hasta la fecha, muchos de los cuales considera que
no hubieran sido necesarios si el Gobierno
hubiese practicado una valiente y acertada política de
reasignación de efectivos, sin olvidar que nuestra
Constitución, en su artículo 103, establece bien claramente
que los principios rectores del personal al servicio de la
Administración Pública son el mérito y la capacidad, y en su
artículo 23 proclama el derecho de los ciudadanos a acceder a
las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.
Considera que mediante la generalización de las contrataciones
laborales en el ámbito de la Administración se han conculcado
tales principios, haciendo mención del contenido del artículo
15 de la Ley 30/1984 que se vieron obligados a recurrir al
Tribunal Constitucional, el cual declaró inconstitucional ese
precepto y otros muchos de la Ley. Critica, sin embargo, la
utilización distorsionada de la sentencia, ya que burlando la
doctrina del Tribunal Constitucional se pone en ejecución un
proceso de funcionarización que no cumple con lo dispuesto en
dicha sentencia, ni tampoco con las exigencias de la Ley
23/1988. Añade que ese proceso de funcionarización ha dado
lugar a un elevadonúmero de recursos que, de ser resueltos
favo consecuencias para los afectados, independientemente de
que la gente se pregunte por qué hace el Gobierno esas cosas y
a quién quiere favorecer, pensando también que se trata de
dejar colocadas a determinadas personas que ingresaron en la
Administración durante su mandato sin otro mérito que la
afinidad política.
Termina señalando la necesidad de subsanar las numerosas
irregularidades producidas, incluso desde el punto de vista
constitucional, y rogaría al Gobierno la presentación de unas
medidas que les evitaran tener que presentar ellos la moción
correspondiente. En nombre del Gobierno contesta el señor
Ministro para las Administraciones Públicas (Saavedra
Acevedo), manifestando que el objeto de la interpelación le
hace pensar que el señor Núñez t obsesión por recordar el
pasado, la historia del tratamiento de la función pública a lo
largo de los últimos diez años, más que de proponer una
solución para el muy complicado proceso de funcionarización de
los laborales si se atienen a la modificación derivada de la
sentencia 99/1987 del Tribunal Constitucional. Señala que no
contestará a todos los juicios de valor que ha emitido el
interpelante acerca de la supuesta desconfianza hacia los
funcionarios en el año 1983 por parte del Gobierno socialista,
ni a la ampliación del número de contratados laborales como
fórmula clientelar porque, al final, ignora si el señor Núñez
quiere resolver el problema o dejar el personal laboral tal
como está.Es evidente que hay recursos, lo que pone de relieve
la complejidad de los intereses que están en juego y, por
consiguiente, pendiente, que afecta no ya a los miles de
contratados laborales que están trabajando en la
Administración General del Estado o en la Administración
institucional sino también al múltiple número de trabajadores
que desempeñan puestos en las administraciones autonómicas.
Como punto de partida del problema menciona la sentencia del
Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987, que determinó
la modificación de la Ley 30/1984, a través de la Ley 23/1988,
dando una nueva redacción al polémico artículo 15.1. Con fecha
1 de abril de 1991 publicó el «Boletín Oficial del Estado» el
acuerdo del Consejo de Ministros sobre la materia, que viene a
posibilitar el desarrollo del proceso de funcionarización y
que puede afectar a unos 20.000 contratados laborales del
total de los 125.000 que existen en la Administración del
Estado. Aclara que la incorporación de contratados laborales
en puestos propios del personal funcionario no es un tema que
nace en 1982 sino que venía produciéndose desde mucho antes de
esa fecha. Se trata, pues, de un problema que no se ha
generado recientemente sino que existe en la Administración
del Estado desde hace un buen número de años y lo único que
han hecho los gobiernos socialistas ha sido afrontar el
problema de acuerdo con la ley y la doctrina del Tribunal
Constitucional.
Aclarado lo anterior, informa al interpelante sobre el esquema
conforme al cual está siendo llevada a cabo la
funcionarización, el cual cree que servirá para disipar las
preocupaciones del señor Diputado respecto a la forma en que
el Gobierno está realizando ese proceso. Afirma que las
medidas y garantías existentes y operativas desde el principio
se van a mantener, cumpliendo los principios constitucionales
y legales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la
función pública.
Replica el señor Núñez Pérez, duplicando el señor Ministro
para las Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV) y el señor
Martínez Blasco, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre nuevas actuaciones en materia de política
pesquera, exterior, de defensa, así como de coordinación de
todas ellas, que tiene previsto el Gobierno para asegurar la
actividad de nuestra flota dentro del respeto del Derecho
internacional (Página 7379)
El señor Andreu Andreu d planteada por Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, manifestando que hoy tienen la
oportunidad de ver todo el problema relativo a la situación
pesquera generado con el apresamiento en aguas internacionales
del buque «Estai», y ello desde una perspectiva más serena que
en los anteriores debates habidos en la Cámara desde que tales
hechos acontecieron. También tienen hoy la oportunidad de
decir al Gobierno que cuando negocie en Bruselas haga constar
que tiene el apoyo de una Cámara extraordinariamente exigente
que va a vigilar estrechamente todo lo que se haga.
Considera también que la Cámara tiene la obligación de
controlar lo que ha sido la actuación del Gobierno en todo el
proceso desde el apresamiento del «Estai» y anteriormente, que
ha llevado a la situación de grave peligro en que nos
encontramos para el futuro de la pesca española. Se trata de
un proceso que desde el punto de vista legislativo calificaría
de muy bueno, pero desde el punto de vista de los gobiernos de
España y de los demás de la Unión Europea ha sido muy
deficiente, e igual cabría decir respecto al Comisario de
Pesca y al conjunto de la Comisión Europea.
Alude al acuerdo tomado en su día en la NAFO, criticando la
actuación de la Unión Europea respectoal mismo al abstenerse
en la votación corresp las cuotas de la Unión Europea.
Pregunta cómo el Gobierno español consintió que tal acuerdo se
llevara adelante hasta sus últimos extremos, pidiéndole que
explique a la Cámara qué actuaciones realizó para impedir que
ese acuerdo siguiera adelante, siendo tan gravemente lesivo
para nuestros intereses y del que proviene la situación en que
nos encontramos actualmente.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de la
Presidencia (Pérez Rubalcaba), que comienza recordando que la
nueva regulación jurídica del mar, que se generalizó a finales
de los años 70, supuso un cambio trascendental de las
condiciones en las que hasta ese momento se había desarrollado
la pesca en el mundo. La extensión de las zonas económicas
exclusivas a 200 millas otorgó a los Estados ribereños el
control sobre buena parte de las zonas tradicionales de pesca,
en las que se concentra, además, gran parte de los recursos
pesqueros del planeta. A consecuencia de este fenómeno, los
grandes países pesqueros, muchos de los cuales, como España,
habían buscado durante siglos realizar sus capturas en mares
distantes, hubieron de someterse a la necesidad de utilizar la
vía de los acuerdos internacionales de pesca para acceder a
sus caladeros tradicionales o a la posibilidad de explotar
zonas situadas en aguas internacionales, cuyas potencialidades
pesqueras son me a menudo absolutamente desconocidas. Sin
embargo, esta nueva situación, lejos de producir, como se
creyó en principio, reducciones en la capacidad total de las
flotas pesqueras mundiales y en las capturas que éstas
realizaban, tuvieron un resultado claramente contrario.
Añade que España ha sido pionera en reclamar de la comunidad
internacional la puesta en marcha de medidas encaminadas a
garantizar un desarrollo sostenible de la actividad pesquera,
adecuando en todo momento el esfuerzo a la situación de los
«stocks», planteamiento que España defiende en todos los foros
internacionales, y éste es el fin que persiguen cuando
promueven y colaboran activamente en el seno de la FAO con un
código de conducta de pesca responsable.
Expone a continuación la actuación de España en relación con
otros países y en los organismos encargados de regular esta
materia, agregando respecto a la situación creada últimamente
por Canadá que la actitud del Gobierno se ha mantenido y se
mantiene firme a la hora de exigir un rechazo de la Unión
Europea a los hechos protagonizados por patrulleras
canadienses en lo que España entiende que son claramente aguas
internacionales.
Concluye exponiendo el conjunto de medidas adoptadas para
proteger los intereses de los pescadores españoles que faenan
en caladeros internacionales.
Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Ministro
de la Presidencia.
Para fijación de posiciones intervienen los señores
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), Vidal i
Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Fernández de Mesa y Díaz del Río, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos
de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL RIBO MASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA
ELABORACION Y LOS CRITERIOS QUE SE CONTIENEN EN EL
ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO,
QUE HA SIDO CONOCIDO POR SU REMISION AL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL, Y EN CUYO ARTICULO 32.2 SE INCLUYEN
PREVISIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS DE LA SALA DE LO
PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO? (Número de expediente 180/001082)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 8 del señor Ribó Massó.
El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
¿Comparte el Presidente del Gobierno la elaboración y los
criterios que se contienen en el anteproyecto de ley del
Gobierno que afecta al fuero de los Secretarios de Estado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, el borrador remitido al Consejo General
de debatido y menos aún aprobado por el Consejo de Ministros,
pero tengan por seguro que cuando el Consejo de Ministros fije
criterio sobre este tema y establezca la redacción definitiva
del anteproyecto de ley del Gobierno tanto el Presidente como
yo mismo, así como todo el Gobierno, compartiremos los
criterios y la redacción del anteproyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Ribó.
El señor RIBO MASSO: Gracias, Presidente.
Señor Vicepresidente, según nuestras informaciones, este
anteproyecto ha estado presente en tres Consejos de Ministros,
y por las declaraciones públicas hechas por diversos miembros
del Gobierno está clarísimo que estamos ante un caso de
descoordinación. Ustedes intentan ofrecer un privilegio que va
en contra de todas las tendencias modernas del Derecho
Constitucional, no sólo del Derecho Constitucional comparado,
que incluso apunta a la supresión de la inmunidad
parlamentaria, sino a la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español que, citándole una de las múltiples
sentencias que podría argumentar, dice que los aforamientos no
pueden establecerse por razones de oportunidad, siendo sólo
constitucionalmente admisibles cuando respondan a una
necesidad.
Recuerde usted, señor Vicepresidente, cómo en la ley del
jurado se ha suprimido el antejuicio a los jueces y cómo se
dice constantemente que esto debería ser tarea de los
tribunales, no de una ley que es inconstitucional. Ustedes han
utilizado ese tema con argumentos y motivos partidistas, como
hicieron en 1988, en paralelo a la historia del señor Amedo y
ahora a la historia del señor Vera; o sea, por pura
oportunidad partidista, están ustedes intentando manipular el
Estado de Derecho. (Rumores.)
Creo que es un ejercicio de cinismo que ahora se escuden tras
una descoordinación entre un ministerio y el resto del
Gobierno, y es aún más cinismo cuando ustedes inauguraron esta
legislatura hablando del impulso democrático. Llaman ustedes
impulso democrático a consagrar una inmunidad habida para
cargos que incluso constitucionalmente son de dudosa
protección, tal y como se plantea en el anteproyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor
Presidente, señorías, el señor Ribó se ha referido, en primer
lugar, a la descoordinación en el seno del Gobierno, y creo
que no lleva ninguna razón porque la descoordinación se
produciría si después de una decisión del Gobierno hubiera
posiciones distintas. Por descontado que en el Gobierno hay
diferencias de criterios, porque nosotros tenemos verdaderos
debates y sí practicamos el principio de que haya discusiones
libres en el seno del Gobierno antes de llegar a un acuerdo.
Se ha referido también al privilegio que supone ser juzgado
por el Tribunal Supremo. Ha utilizado hasta la palabra
impunidad y ha dicho que actuábamos por razones de
oportunidad. Ante ello quiero decirle señor Ribó, en primer
lugar, que ser juzgado por el Tribunal Supremo en absoluto
puede considerarse un privilegio ni una impunidad, y mucho
menos aún esto último. ¿Es que alguien cree que el Tribunal
Supremo no es independiente, o que es menos justo que otro
tribunal?
Se trata simplemente, señor Ribó, de utilizar este hecho
precisamente con finalidades partidistas. Nadie puede defender
jurídicamente que de una ley administrativa como ésta pueda
derivarse la más mínima retroactividad. Por eso han utilizado
este tema para descalificar al Gobierno, pero cuando se hace
sobre el supuesto de que el Tribunal Supremo es menos justo,
se está atacando no sólo al Gobierno, sino a las instituciones
y esto me parece inaceptable, señor Ribó. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Silencio, señorías.
--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA
AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TUVO CONOCIMIENTO EL
CONSEJO DE MINISTROS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO
REMITIDO AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA INFORME
URGENTE POR EL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, Y
QUE CONTEMPLA LA EXTENSION DEL FUERO DE LA SALA SEGUNDA DEL
TRIBUNAL SUPREMO A LOS EX MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO?
(Número de expediente 180/001084)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10 de la señora De
Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Efectivamente, el orden
del día del Pleno de hoy recoge una pregunta oral mía al
Presidente del Gobierno sobre las peripecias que han rodeado
el borrador de anteproyecto de la llamada ley del Gobierno,
destinado a ampliar el privilegio, señor Vicepresidente
(puesto que no hablamos de los tribunales ordinarios, sino de
un fuero especial), del fuero de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo.
Una gripe impide hoy al Presidente del Gobierno comparecer
ante nosotros. Estamos en el trámite de preguntas orales al
Presidente del Gobierno contradice la esencia del propósito
parlamentario del sistema que hemos organizado de preguntas al
Presidente del Gobierno (Fuertes rumores y protestas.) La
respuesta...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Las preguntas al
Presidente del Gobierno son preguntas al Presidente del
Gobierno, y aquí no sobra la tautología. (Rumores.) El
Presidente tiene la facultad, en su caso, de pedir su
aplazamiento, pero es que en este caso no ha comparecido ni
pide el aplazamiento y en mi nombre y en nombre del Grupo
Popular manifiesto la protesta porque esto sea así. (Un señor
Popular: ¡Muy bien!--Fuertes rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio, un momento.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente.
Ante un acontecimiento como el envío al Consejo General del
Poder Judicial de este anteproyecto que ha producido legítima
alarma social por cuanto pone de manifiesto no sólo
descoordinación, sino enfrentamientos en el seno del Gobierno
y por cuanto, además, hace pensar en la voluntad de establecer
un blindaje de privilegios vitalicios no sólo a los
actualmente aforados, sino también a los secretarios de Estado
consideramos indispensable la respuesta personal del
Presidente del Gobierno.
Por ello retiro en este momento la pregunta para podérsela
formular al Presidente del Gobierno. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.--Fuertes rumores y protestas en los bancos
del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Como saben SS.SS. las iniciativas retiradas después de haber
sido defendidas o argumentadas dan derecho a contestación por
quien puede hacerlo reglamentariamente. (Fuertes rumores y
protestas en los bancos del Grupo Popular.)
El señor Vicepresidente tiene la palabra. (Continúan las
protestas.--La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la
palabra.--Un señor diputado: Eso es fraude.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
No existe en el Reglamento ninguna iniciativa que dé lugar a
una argumentación política que no pueda ser replicada en la
Cámara. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.)
Señora De Palacio, una vez que S.S. ha argumentado
políticamente sobre la iniciativa está en su derecho de
retirarla, pero el Gobierno tiene derecho a replicarla, en
primer lugar, porque cualquiera puede replicar esa iniciativa
y, en segundo lugar, porque el Gobierno tiene derecho a
intervenir en cualquier momento de un debate en curso en la
Cámara. (Fuertes rumores y protestas.--La señora De Palacio
Valle-Lersundi pide la palabra.)
Señora De Palacio, no tiene la palabra.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, para
una cuestión de trámite.
El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente.
En primer lugar, no he argumentado, sino sencillamente he
explicado por qué retiro una pregunta. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: En segundo lugar, estamos
en un trámite concreto, que es el de las preguntas orales, que
es un trámite tasado que tiene sus propias reglas.
En tercer lugar, hay varios precedentes en los que se retira
una pregunta en el trámite de Pleno y podrá comprobar S.S. que
no hay ninguna respuesta.
En cuarto lugar, hay otro tipo de trámites, por ejemplo
enmiendas, cuya defensa se ha producido en el Pleno,
no ha habido ninguna contrarréplica, porque sobre la misma
defensa se ha retirado en el momento desde la misma tribuna.
En este caso creo, por tanto, que no procede la intervención
del Gobierno por todas las razones que he aportado. Gracias
señor Presidente.
(Fuertes rumores y protestas.-- Apl Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio, para su
tranquilidad... (El señor Hernández-Sito García-Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señor Hernández-Sito!
Para su tranquilidad, señora De Palacio, y la de la Cámara:
hay precedentes de retirada de iniciativas después de haber
sido defendidas en tér y convencionales que no han suscitado
el deseo de ser replicadas por nadie. De eso hay precedentes.
De defensa de iniciativas, en términos polémicos o
argumentados, que hayan dado lugar posteriormente a su
retirada, no hay precedentes, o hay muy pocos en que, si se ha
solicitado, la réplica no se haya concedido.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente, muchas gracias.
Aparte de las razones de todo tipo que ha aducido la
Presidencia por las que el Gobierno no puede, debe contestar a
la señora Loyola de Palacio, yo les daré las razones de fondo
por las que el Partido Popular quiere retirar esa pregunta:
porque se ha dado cuenta del error que han cometido (Protestas
en los bancos del Grupo Popular.) queriendo poner en un apuro
al Gobierno respecto del envío de ese proyecto de ley al
Consejo General del Poder Judicial ( Le dire, señora Loyola de
Palacio, la diferencia entre ustedes y nosotros. (Rumores.) El
Gobierno ha reconocido el error, ha retirado el proyecto, lo
va a discutir y, cuando tenga criterio, lo enviará; pero
ustedes son incapaces de esto. (Rumores y protestas en los
bancos del Grupo Popular.) El señor Trillo ha declarado, en
relación a este tema, que pretendíamos alterar las reglas del
juego para beneficiar a los que ahora están en la cárcel. El
señor Alvarez-Cascos ha dicho que ahora que un Secretario de
Estado tiene problemas con la justicia. (Continúan los rumores
y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento señor Vicepresidente, un
momento.
Señorías, guarden silencio. El señor Vicepresidente tiene
derecho a expresarse sin ser impedido de hacerlo. Señor
Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias
señor Presidente.
Decía que el señor Alvarez-Cascos ha declarado que, ahora que
un secretario de Estado tiene problemas con la justicia,
queremos ampliar el aforamiento, incluso con retroactividad.
Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros hemos
corregido el error y ustedes son incapaces de corregir los
despropósitos que, en relación, a este tema, han pronunciado.
(Varios señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
INFORMACION PUEDE APORTAR EL GOBIERNO SOBRE COMO VA
EVOLUCIONANDO LA LIBRE ELECCION DE ESPECIALISTA EN AQUELLAS
AREAS DEL INSALUD DONDE HA SIDO IMPLANTADA? (Número de
expediente 180/001104)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de la señora Novoa
Carcacia.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno: en España disponemos de un
Sistema Nacional de Salud que garantiza a todos los ciudadanos
una política de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y asistencia sanitaria, todo ello financiado
públicamente. No obstante, el sistema sanitario ha de estar en
un permanente proceso de mejora y adaptación a las nuevas
circunstancias. En este proceso, uno de los objetivos que
orienta la política sanitaria del Gobierno es hacer la sanidad
más participativa, tanto para los profesionales como para los
usuarios.
La libre elección de médico se inscribe en este marco, subraya
el carácter personal y privado de la relación médico-enfermo,
y amplía la capac y valoración de la calidad por parte de los
usuarios de la sanidad pública.
Señor Vicepresidente: desde octubre de 1993 es ya una realidad
la libre elección de médico general y pediatra, mientras que
la libre elección de especialista en consultas externas se ha
implantado recientemente, como experiencia piloto, en seis
áreas de salud, de forma que sus resultados se difundan y
permitan ser generalizados.
Por ello le pregunto: ¿qué información puede aportar el
Gobierno sobre cómo va evolucionando la libre elección de
especialista en aquellas áreas del Insalud donde ha sido
implantada?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, como usted muy bien ha dicho, el médico general y el
pediatra son susceptibles de ser elegidos libremente desde el
mes de octubre de 1993. Desde esa fecha, el sistema ha
funcionado perfectamente, y con un nivel alto de satisfacción
del ciudadano. Por ello, el ministerio pensó extender esa
capacidad de elección a los médicos especialistas; pero hemos
pensado que debe hacerse después del conocimiento de las
dificultades o de las características de esa extensión y, para
eso este proyecto que intenta, como el de la libre elección de
médico general y pediatra, propiciar una relación de confianza
entre el ciudadano y su propio médico, lo hemos impulsado en
una experiencia piloto, que finalizará este mes de mayo, en
doce especialidades, que cubren el 90 por ciento de las
especialidades, y en unas zonas que suman más de dos millones
de habitantes, 2.230.000 habitantes. No en todas las zonas se
puede escoger entre las doce especialidades, pero sí en un
gran número de ellas.
¿Cuál es la experiencia --que aún no ha terminado-- que se
deriva de ese proyecto piloto? Se deriva que de los
veinticuatro mil y pico ciudadanos que han sido remitidos por
el médico de medicina general al especialista, tan sólo 2.001
han pedido cambio de ese médico especialista; es decir,
estamos ante 86 cambios por cada 100.000 habitantes, y casi
todos se han producido en los ámbitos de tocoginecología,
traumatología y dermatología.
¿Qué vamos a hacer a partir del mes de mayo? Con esa
experiencia, extender a toda la población afectada por el
ministerio la libre elección del médico especialista, no sólo
pensando que los ciudadanos tienen conocimiento de ello, sino
precisamente para garantizar que cuando la relación de
confianza con su médico, por las causas que sea, no fuera
satisfactoria, puedan tener posibilidad de cambiar de médico
especialista, como ahora la tienen para cambiar de médico
general y pediatra. A partir de mayo, esto estará en
funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS CONCRETAS HA
TOMADO EL GOBIERNO, O PIENSA TOMAR, PARA EL TOTAL
ESCLARECIMIENTO Y DEPURACION DE RESPONSABILIDADES POLITICAS Y
JURIDICAS POR EL ASESINATO DE JOSE ANTONIO LASA AROSTEGUI E
IGNACIO ZABALA ARTANO? (Número de expediente 180/001083)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Romero Ruiz.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas concretas ha adoptado usted o
piensa adoptar para el total esclarecimiento de las muertes de
Lasa y Zabala?
En un debate celebrado en esta Cámara, usted anunció la
creación de una unidad, compuesta por la Guardia Civil y el
Cuerpo Nacional de Policía trámite parlamentario, nosotros le
pedimos una respuesta precisa, al tiempo que debería usted
aclarar en este Pleno cómo piensa colaborar con la justicia
durante todo el desarrollo de la investigación, a tenor de los
sumarios abiertos en los tribunales por estos brutales
asesinatos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, el repugnante asesinato de las personas encontradas
en Alicante, muy probablemente Lasa y Zabala, ha provocado en
el Gobierno, además reacción de horror, algo mucho más
decisivo: la firme y decidida voluntad política de encontrar a
los culpables, de encontrar a los responsables y llevarlos
ante los tribunales.
En el ámbito del Ministerio de Justicia e Interior ello se
refleja, sobre todo, en dos grandes grupos de medidas: por un
lado, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Justicia, he
dado órdenes --cumpliendo-- para que el Instituto Nacional de
Toxicología preste, a la debida colaboración a los Tribunales
en este tema, una prioridad absoluta sobre el resto de temas
pendientes, habiéndose incluso adquirido nuevos medios para
realizar algún tipo de pruebas solicitadas por los jueces. En
el ámbito de la Secretaría de Estado de Interior --ya lo ha
apuntado S.S.--, a través de la creación de ese grupo
encabezado por el Comisario General de Policía Judicial y el
General Fuentes, de la Guardia Civil, que van a colaborar con
la Policía Judicial encargada concretamente del caso, para el
esclarecimiento definitivo de estos hechos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Cuando los jueces reclaman la colaboración de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, estén adscritos o no a la Policía
Judicial, éstos deben colaborar.
Permítame, señor Belloch, le diga que desconfiamos seriamente
de usted y del último talante de las instrucciones
que está dando en su ministerio para torear a la justicia y no
colaborar en el esclarecimiento de algunos hechos. Si ésta
fuera su actitud en el caso de Lasa y Zabala, retrocederíamos
aún más de lo que ya hemos retrocedido en el aislamiento de
los terroristas. Estos crímenes hay que aclararlos para
defender la democracia. Los que buscaron atajos, como siempre,
logran retrasar las soluciones y alargar los sufrimientos con
métodos como éstos, tan crueles contra los derechos humanos,
equiparando el terrorismo a otro tipo de terrorismo, porque
todo terrorismo tiene la misma similitud y el mismo
significado.
Por tanto, pedimos que todas estas medidas que usted anuncia
se pongan en marcha de verdad y que la colaboración con la
justicia sea, en este caso, más fructífera y leal de lo que
está siendo en otros, donde ustedes están dando largas
cambiadas, dejando en mantillas a los grandes diestros de la
tauromaquia de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el tema es demasiado grave para, en mi opinión, jugar
simplemente a la esgrima parlamentaria. Le diré que usted, el
26 de octubre de 1994 dijo: Belloch está en la línea del
borrón y cuenta nueva, de punto final a la etapa de Roldán, y
no tiene verdadera voluntad política para intentar conseguir
que el ex director general comparezca ante la justicia
española y dé cuenta de sus actividades. Eso dijo usted
entonces; hoy el señor Roldán está a disposición de los
tribunales para ser juzgado por la totalidad de los delitos.
Que usted hoy vuelva a repetir que no cree en la voluntad
política del Ministerio no tiene ningún valor ni ninguna
credibilidad. Le volverá a pasar exactamente lo mismo y de
aquí a algún tiempo los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y, desde luego, el Gobierno, cumplirán su
compromiso. No piense que sus palabras serán olvidadas, serán
simplemente una manifestación más de su talante político. Nada
más. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los
bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE CRITERIOS ESTA SIGUIENDO
EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR EN SU RELACION CON LA
ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO? (Número de expediente
180/001086)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Qué criterios está siguiendo el Ministerio de Justicia e
Interior en su relación con la Asociación de Víctimas del
Terrorismo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, la Asociación de Víctimas del Terrorismo merece, sin
duda, el respeto del Gobierno y en particular del Ministerio
de Justicia e Interior; el respeto y la solidaridad que
merecen, indudablemente, las víctimas del terrorismo. Le
aseguro que en pocos sitios como en mi puesto de trabajo se
comprende la necesidad de ser solidarios con las víctimas de
esos delitos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es absolutamente inconcebible la respuesta que
nos acaba de dar en relación con lo que son los hechos
protagonizados por S.S. En términos literales estaríamos
absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero la
realidad es que usted, señor Ministro de Justicia e Interior,
y antes señor Ministro de Justicia, en un caso y en otro no
solamente no ha querido recibir a la asociación sino que ni
tan siquiera se ha dignado contestar a las reiteradas
solicitudes de audiencia que le han formulado.
Lo cierto es que usted, de manera caprichosa e inexplicada, en
el mes de agosto, retiró la ayuda que por parte del Ministerio
del Interior venía recibiendo esta asociación desde hacía
muchísimos años; y lo cierto es que usted hizo coincidir esa
retirada de ayuda, de manera sospechosa para nosotros en el
tiempo, con algunas declaraciones de representantes de la
asociación no compartiendo determinadas políticas sectoriales
de su ministerio.
Por tanto, señor Ministro de Justicia e Interior, le estamos
dando hoy a S.S. una magnífica oportunidad de rectificar, una
magnífica oportunidad de acomodar sus hechos a las
declaraciones que acaba de hacer. Pero tenga S.S. muy presente
que en tanto en cuanto se siga manteniendo en lo que es la
realidad de sus hechos, esos hechos causarán estupor e
indignación en cientos de
miles de ciudadanos españoles que, con independencia de
militancias partidistas o políticas, se sienten profundamente
unidos a todos aquellos que han sido víctimas del terrorismo,
y tenga S.S. en cuenta que en tanto en cuanto no modifiquen
sus propios hechos, esos hechos solamente le cubren a usted de
vergüenza.
No nos hable de instrumentación. No estamos hablando de una
instrumentalización de las víctimas; estamos reprobando un
comportamiento de S.S. inaceptable y que, además, no se
corresponde con lo que ha sido el comportamiento de otros
titulares socialistas de su ministerio. No va a contar con
nosotros para ser cómplices de actitudes como la que usted
está manteniendo Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, se ha puesto usted la venda antes que la herida. Yo
no he hablado de instrumentalización de las víctimas del
terrorismo.
En el tema de las víctimas del terrorismo me parece evidente
que no se puede tampoco hacer alegatos sin contenido. Primero,
no es cierto. Yo he recibido a la Asociación de Víctimas del
Terrorismo. Está mal informado. Concretamente, en el despacho
correspondiente a la actual Secretaría de Estado de Interior.
Por otro lado, se mantienen constantes contactos con mi
gabinete, y es evidente que el apoyo a las víctimas del
terrorismo constituye una prioridad para el conjunto del
Gobierno y para este Ministerio. Para el conjunto del Gobierno
lo evidenciaría simplemente constatar las subvenciones que el
Ministerio de Asuntos Sociales otorga a esa Asociación de
Víctimas del Terrorismo, que pasó de 13 millones en el año
1993 a 40 millones en 1994. Esa es la voluntad del Gobierno.
Sin embargo S.S., que sabe algo de técnica presupuestaria,
sabrá también que no hay ninguna partida de subvenciones
dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de Interior. Eso
determina que no sea posible dar subvenciones desde el ámbito
del Ministerio del Interior. Sí que es conveniente y útil
contribuir a una ayuda real a esa Asociación, y para eso he
encargado a la Subsecretaría que analice la posibilidad de,
por vía del Capítulo 2, por vía de servicios y contratos,
realizar encargos específicos en colaboración con las
funciones del Ministerio del Interior. En la medida en que eso
sea posible, habrá ese apoyo.
El tema es mucho más importante que todo eso. La solidaridad
con las víctimas del terrorismo nunca es completa, nunca es
satisfactoria. Hasta hoy hemos logrado --incluso
representantes de su Grupo lo han reconocido-- el apoyo por
daños personales, no así por daños materiales, y además, no
basta con el apoyo en medios económicos. De ahí que estemos
preparando un plan descentralizado, a través de los gobiernos
civiles, de apoyo y solidaridad específica y concreta en cada
una de las provincias españolas en materia de terrorismo. Eso
es lo importante, señoría (Varios señores Diputados en los
bancos del Grupo Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JULIO PADILLA CARBALLADA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE INSTRUCCIONES ESTA
CURSANDO EL GOBIERNO A FUNCIONARIOS PUBLICOS LLAMADOS A
DECLARAR EN LOS SUMARIOS QUE INVESTIGAN LOS CASOS ROLDAN, GAL
Y FONDOS RESERVADOS SOBRE LA BASE DE LAS CUALES DICHOS
FUNCIONARIOS ESTAN NEGANDOSE A DECLARAR ACERCA DE DIVERSOS
EXTREMOS? (Número de expediente 180/001087)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Padilla
Carballada.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es público, por notoriedad, que funcionarios
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido
llamados a declarar ante determinados órganos
jurisdiccionales, en relación con procesos penales de notoria
y pública relevancia también, han invocado el artículo 417 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar, alegando
que estaban obligados a guardar secreto. Como la mayoría de
ellos, por no decir todos, señor Ministro, integran la Policía
Judicial, entendemos que la misma no puede esgrimir ante la
autoridad judicial ese secreto. Por tanto, hay que interpretar
que se les han cursado instrucciones jerárquicas para que no
presten declaración. Por eso pedimos al señor Ministro que nos
indique qué instrucciones está cursando el Gobierno a esos
funcionarios públicos para que invoquen esa obligación de
guardar silencio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, el Gobierno no está cursando instrucciones a los
funcionarios públicos llamados a declarar ante la autoridad
judicial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Pues entonces, señor Ministro, son unos funcionarios que
demuestran, además de las virtudes propias de su profesión,
una enorme sagacidad, porque no entendemos qué es el secreto
que están en este momento guardando en la instrucción de esas
causas, qué tipo de interés del Estado y de intereses
generales pudieran estar en el lugar donde se hayan podido
hospedar esos funcionarios, los gastos que hayan podido
realizar paracumplir sus funciones y, sobre todo, no
comprendemos cómo se está colaborando y auxiliando a la
Administración de Justicia y cumpliendo las funciones que a la
Policía Judicial le señala la legislación vigente al adoptar
esa postura procesal, que es una postura impeditiva del
descubrimiento del delito y de los presuntos delincuentes.
Señor Ministro, la taumaturgia tiene sus límites; usted, por
fortuna, creo yo, no la tiene, y naturalmente, no puede hacer
prodigios para que la ley diga lo que no dice o para que
pretenda que lo que no dice lo diga la ley. Lo que sí
esperamos es que sea más que palabras la voluntad del Gobierno
de colaborar en el esclarecimiento de los delitos. Porque el
Gobierno y los funcionarios hipotéticamente pueden delinquir,
señor Ministro, pero el Estado entendemos que nunca.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Es difícil no estar de acuerdo, señoría, con la última frase
que ha dicho. Pero, independientemente de eso, en el texto de
la pregunta --y me gustaría aclararlo-- usted hablaba de
actitud de los funcionarios en los casos Roldán, GAL, fondos
reservados, mezclándolo todo. Habrá que aclarar algunas cosas.
Primero, caso Roldán. La cooperación no es que haya sido
relativa, ha sido total. Hemos puesto al señor Roldán a
disposición de los tribunales y el conjunto del material
probatorio practicado se debe sustancialmente a trabajo de la
Guardia Civil y de la Policía. Colaboración absoluta, total y
plena.
Caso GAL. El Gobierno no avala ni avalará ninguna clase de
acción obstruccionista.
Temas de enriquecimiento injusto. Es propósito decidido del
Gobierno que cualquiera que se haya enriquecido a costa del
dinero público no sólo consecuencias penales, sino que
devuelva hasta la última peseta del dinero sustraído. Para
ello se perseguirán sus bienes allí donde se encuentren.
Cuarto y final: que los funcionarios policiales no hayan
querido revelar las fuentes de su información. Eso no sólo es
que sea razonable, es que es estrictamente necesario y
exactamente ajustado al principio de legalidad. Estrictamente
necesario, porque no puede existir en ningún país civilizado
una policía que revelara sus fuentes o sus informaciones. Eso
equivaldría a decir que la policía no pudiera producir ningún
efecto en la lucha contra la delincuencia y en la defensa de
los derechos y libertades de los ciudadanos. Usted, que
sostiene eso, señor Padilla, deberá explicárselo a los
ciudadanos. Usted, si fuera coherente con su postura, acabaría
con la policía española y con la posibilidad de defender el
valor de la seguridad.
Nada más. Muchas gracias. (Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA EVITAR LA
REPRODUCCION DE LOS GRAVES INCIDENTES CALLEJEROS QUE HAN
CONVERTIDO AL CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA EN UNA ZONA DE MAXIMA
INSEGURIDAD CIUDADANA DURANTE LOS FINES DE SEMANA ADEMAS DE
OCASIONAR NUMEROSOS DESTROZOS EN INSTALACIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS, TODO ELLO CON LA MAS ABSOLUTA IMPUNIDAD A PESAR DE
CONOCER LA PERTENENCIA DE SUS AUTORES A JARRAI Y OTRAS
ORGANIZACIONES SITUADAS EN EL ENTORNO POLITICO DE KAS Y ETA?
(Número de expediente 180/001088).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Del Burgo
Tajadura.
Tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no con ánimo de censurar a las fuerzas de
seguridad, sino todo lo contrario, le formulo esta pregunta:
¿Qué medidas piensa ado de Justicia e Interior para evitar la
reproducción de los graves incidentes callejeros que han
convertido al casco antiguo de Pamplona en una zona de máxima
inseguridad ciudadana durante los fines de semana, además de
ocasionar numerosos destrozos en instalaciones públicas y
privadas, todo ello con la más absoluta impunidad, a pesar de
conocer la pertenencia de
sus autores a Jarrai y otras organizaciones situadas en el
entorno político de KAS y de ETA?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer algún matiz al texto de la pregunta. No comparto,
señoría, que sea durante los fines de semana; ha sido durante
un fin de semana muy concreto y específico, los días 24 y 25
de marzo, en los que, efectivamente, tiene razón su señoría,
se provocaron incidentes precisamente protagonizados por
personas próximas al entorno político de Jarrai y
organizaciones análogas.
Tampoco comparto, sin embargo, que se realizaran en un clima
de impunidad, primero porque hubo acciones preventivas previas
(de hecho, el Delegado del Gobierno en Navarra ordenó el
despliegue de unidades especiales de intervención, hasta un
total de 108 agentes) y, en segundo lugar, porque «a
posteriori» de los hechos se han abierto cinco expedientes
sancionadores y remitido actuaciones al ministerio público.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, creo que usted no conoce muy bien, o no le han
informado ciertamente, cuál es la situación de Pamplona los
fines de semana. (Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Sí, sí!) Es cierto que los incidentes a que usted
ha hecho referencia se produjeron esos días 23 y 24 o 24 y 25
de marzo, que tuvieron una extraordinaria virulencia, hasta el
punto de que ocasionaron daños por aproximadamente 40 millones
de pesetas. Pero es que sistemáticamente, señor Ministro, cada
fin de semana se convierte al casco antiguo de Pamplona en una
zona de máxima inseguridad, donde los militantes de Jarrai
campan por sus respetos, donde toman el pelo a la policía,
donde jamás se detiene a nadie, donde hay una impunidad
absoluta. Y eso, señor Ministro, tiene que acabar.
Simplemente, señor Ministro, le traigo aquí el clamor de miles
y miles de ciudadanos de Pamplona que dicen: ¡Ya está bien!
¡Ya basta! Dicen que hay que tomar medidas enérgicas, porque
usted me dice que se produjeron esos incidentes, pero no me ha
dicho nada de lo que va a hacer para evitarlos en el futuro, y
las medidas que hasta este momento se han tomado no son
suficientes. Jarrai es una organización que delinque
permanentemente, que se prepara para la
delincuenciapermanente, que tiene su sede abierta en Pamplona,
que tiene 200 o 300 jóvenes adiestrados perfectamente para la
guerrilla urbana, que en cualquier momento, con cualquier
pretexto se plantan ante la delegación del Gobierno y gritan
«Gora ETA», ante la indiferencia o, por lo menos, pasividad de
las fuerzas de seguridad. Después vuelven al casco antiguo de
Pamplona, cruzan coches, queman cabinas telefónicas, producen
toda clase de desmanes, y así una y otra semana, señor
Ministro. Por tanto, le pido, por favor, señor Ministro,
especialmente --ya comprendo que tiene usted tantos problemas
que afectan a su Ministerio--, qu problema, porque la
ciudadanía de Pamplona lo merece.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señoría.
No voy a polemizar sobre si es un fin de semana o todos. La
información que tengo de la Guardia Civil, de la Policía y de
la Delegación del Gobierno me insiste en lo que le he
indicado. Usted reside en la ciudad, pero, en cualquier caso,
yo debo aceptar la versión que tengo de las fuerzas y cuerpos
de seguridad. No quiero polemizar sobre ese tema.
En todo caso, el tema de fondo que usted plantea sí que es
grave. Jarrai, efectivamente, es una organización que de
manera constante constituye un peligro para la seguridad
ciudadana, en todo caso, y seguramente para cosas más graves
si se analiza a fondo. Por tanto, la investigación de sus
conductas es una prioridad y en esa línea se están orientando
las peticiones del Gobierno hacia el Fiscal General del
Estado, por un lado; por otro lado, la Delegación del Gobierno
va a mantener con carácter estable las medidas --es decir, la
intervención de las unidades especiales-- durante el conjunto
de fines de semana, no sólo en Navarra; sabe usted que en la
Comunidad Autónoma del País Vasco pasa exactamente igual en
los grandes centros urbanos, y además hay órdenes expresas y
concretas de que se cumplan en su integridad las medidas
previstas en la Ley llamada de seguridad ciudadana --es más
largo el nombre--, me refiero concretamente el conjunto de
medidas tendentes a identificar a las personas que participan
en ese tipo de actos, ya no sólo para iniciar expedientes
sancionadores por faltas administrativas graves, sino, sobre
todo, para remitir el conjunto de esas actuaciones al
ministerio fiscal y, en definitiva, a los tribunales.
Le aseguro a S.S. que en el análisis de fondo del fenómeno
Jarrai coincido con usted. Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO CON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿POR QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA E
INTERIOR NO HA REMITIDO A LA CAMARA EL PLAN DE GESTION
ECONOMICO- ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS QUE
EL PLENO LE REQUIRIO EN LA SESION DEL PASADO 29 DE NOVIEMBRE?
(Número de expediente 180/001089)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Gil Lázaro,
que tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Por qué el Ministerio de Justicia e Interior no ha remitido a
la Cámara el Plan de Gestión Económico-Administrativa de
Instituciones Penitenc Pleno le requirió en la sesión del
pasado 29 de noviembre?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.
Señoría, tengo la sensación de que debe haber algún error en
el planteamiento de su pregunta. El Plan de Gestión Económico-
Administrativa, en los términos que recogía el punto 5 de la
moción subsiguiente a la interpelación o el Plan de Acción
Económico-Administrativa, tal como lo describía en esa
interpelación, fue remitido por el Gobierno el 20 de diciembre
del año pasado, fecha en que ingresó en el Registro General
del Congreso de los Diputados. Aquí tengo el documento que lo
avala. Por tanto, no entiendo la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Pues debemos estar hablando de esos innumerables errores de
carácter documental o trasuntos de los mismos que suelen
ocurrir últimamente en su Ministerio, porque con fecha 6 de
febrero de 1995 ingresa en esta Cámara la respuesta del
Gobierno de conjunto a la moción aprobada el 29 de noviembre y
en esa respuesta de conjunto, simple y llanamente, se hace
omisión precisamente del punto 5 de la moción.
Mire usted, a nosostros nos da la sensación de que con este
asunto alguien ha intentado jugar de farol, porque fue S.S. en
la sesión del 16 de noviembre quien afirmó que tenía dispuesto
ese plan. Fue el Grupo Par-lamentario Socialista, presentando
una enmienda a nuestra moción, quien nos pidió que hubiera un
plazo de tiempo de una semana para poder remitir este plan, y
lo cierto es, señor Ministro, que en el conjunto del texto de
contestación a esa moción el plan no ha aparecido.
Dice usted que el plan ha llegado a esta Cámara. Pues vamos a
verlo, porque desde luego, a poder de este Diputado ha llegado
toda la documentación subsiguiente a esa moción y el plan en
modo alguno.<ð Creo, señor Ministro, que ese plan, en los
términos en que se solicitaba en la moción, no está en esta
Cámara. Creo, señor Ministro, que ese plan, en el momento en
que S.S. nos lo comunicó en la como tal y más bien me da la
sensación (por lo que es la respuesta, además de conjunto a
las solicitudes de información que nosotros, que el conjunto
de la Cámara adoptó en esa sesión del 29 de noviembre) que
aquí se sigue intentando disfrazar el fondo del asunto
relacionado con esa moción.
Vamos a seguir hablando en los próximos meses, sin lugar a
dudas, de lo que ustedes nos han dicho en esa moción, porque
mire usted, en esa contestación dada por el Gobierno a la
moción aprobada por esta Cámara, que tenía un enorme calado de
fondo, nos da la sensación ciertamente, que se ha intentado
cubrir meramente un trámite, pero que no se ha cumplido con
fidelidad el mandato de la Cámara, y de eso vamos a seguir
hablando, señor Ministro. ¡Faltaría más! (El señor Lago
Freire: ¡Arriba España!)
El señor PRESIDENTE: Señor Lago Freire, le llamo al orden.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
La verdad, señoría, ¡qué cantidad de palabras por no reconocer
simplemente que se ha equivocado! Es tan simple como eso.
Mire, aquí está: Congreso de los Diputados, Secretaría
General, Registro General, 20 de diciembre de 1994. Registro
29651. La copia está aquí: Congreso de los Diputados. El error
será, en su caso -- si es que es capaz de atribuírselo--, del
Congreso de los Diputados.
Para más señas, tiene en el Congreso el número interno de
tramitación 173/61/2. Para más señas, el texto fue remitido a
la Comisión de Justicia e Interior el día 27 de diciembre. El
texto dice, expresamente: Plan de acción económico-
administrativa 1994-1995. A continuación viene el conjunto del
plan.
Señoría, limítese a reconocer que incluso usted se equivoca.
No pasa nada. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA EVA MARIA AMADOR GUILLEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE
JUSTICIA E INTERIOR: ¿POR QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA E
INTERIOR NO HA LOGRADO PONER A DISPOSICION DE LOS TRIBUNALES
AL PRESUNTO AUTOR DE LOS TRES CRIMENES DE ALCASSER (VALENCIA)?
(Número de expediente 180/001090)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Amador
Guillén.
La señora AMADOR GUILLEN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿por qué el Ministerio de Justicia e Interior
no ha logrado poner a disposición de los tribunales al
presunto autor de los tres crímenes de Alcasser? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador. Tiene la palabra
el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le voy a dar una contestación sincera. Para que un
crimen pendiente se esclarezca hacen falta, entre otras, tres
condiciones previas: la primera, que exista, obviamente, una
voluntad de llegar al fin en el esclarecimiento de esos hechos
criminales; la segunda, que exista una planificación policial
correcta, y la tercera, que exista un empeño profesional de la
policía en encontrar a los criminales.
Le aseguro, señoría, que las tres condiciones se dan. Lo que
ocurre es que, desgraciadamente, además existen otros factores
que hacen que no siempre sea posible descubrir un hecho
criminal con la celeridad que todos --S.S. y todos los que
estamos en esta Cámara-- desde luego, desearíamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra
la señora Amador.
La señora AMADOR GUILLEN: Gracias, señor Presidente. Señor
Ministro, el triple crimen de Alcasser sabe usted que provocó
una enorm opinión pública española y las consabidas
declaraciones de condena y repulsa. También las promesas de
rápido esclarecimiento por parte de sus predecesores los
ministros Corcuera y Asunción. Este último, además, anunció
que pondría en marcha un grupo especial dedicado a esta
investigación. Sin embargo han pasado más de dos años y de los
resultados de este grupo solamente se sabe que no se sabe
nada. pero no solamente eso. Sí sabemos que ha habido notables
abulias en materia de cooperación policial internacional. La
policía judicial de Portugal, por ejemplo, dijo que se tardó
por parte del Ministerio más de 30 días en resolver trámites
burocráticos. pero no sólo esto; además, se sabe que por parte
de alguna instancia política gubernamental se ha tratado de
minimizar la falta de logros en este asunto aduciendo que el
esfuerzo policial que había que realizar tenía que serlo en
función de otras investigaciones, que había otras prioridades,
como la detención de Luis Roldán.
En definitiva, señor Ministro, han pasado más de dos años y ni
se ha detenido al presunto asesino ni se ha dado la sensación
de que se haya hecho el más mínimo esfuerzo o, al menos, el
adecuado para ello.
Y lo peor, señor Ministro, es que no parece que dispongan
ustedes de líneas de investigación que permitan vislumbrar una
próxima captura. Lo c en suma, ustedes no saben dónde está
Antonio Anglés y la pregunta, señor Ministro, se la he
formulado porque un individuo teóricamente declarado como el
más buscado por la policía española, sin ayuda de ningún
género de organización, como han podido tener otros prófugos,
no ha sido capturado.
Por eso, señor Ministro, debería usted contestar por qué no
han detenido a Antonio Anglés. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, muchas gracias.
Señoría, hace escasamente un mes, ante la Comisión de Justicia
e Interior, el Director General de la GuardiaCivil respondió a
preguntas de su grupo parlamentario.
Evidentemente, les explicó con detalle --por tanto, está claro
que ése no era el objetivo de la pregunta de hoy-- cuáles eran
las circunstancias de la investigación, en qué estado se
encontraban; que existía, efectivamente, un grupo especial de
la Guardia Civil que sigue teniendo como objetivo prioritario
y preferente la investigación; como se han realizado contactos
bilaterales y multilaterales de todo nivel para intentar
encontrar pistas sobre Antonio Anglés, etcétera.
El esfuerzo es constante y permanente; ni siquiera se ha
excluido la posibilidad de fallecimiento y al efecto se mandó
la reseña dactilar al conjunto de países de la Interpol para
tratar de ponerlas en contraste con cadáveres desaparecidos.
Es claro --lo sabe S.S.-- que líneas de investigación ni se
pueden decir aquí ni se pueden decir en la Comisión de
Justicia e Interior.
Le digo lo que un anterior Ministerio de Interior le dijo a
otro Diputado que le hizo esta misma pregunta: Si quiere
realmente saber las líneas de investigación, se las podré
decir en mi despacho, no en un acto público, que, obviamente,
implicaría ayudar al delincuente, cosa que no es, sin duda, su
propósito.
Lo que más me sorprende de todo esto es que también el crimen
de Alcasser considere S.S. oportuno ponerlo montando. Nada más
y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿EN QUE
MEDIDAS AFECTARA EL RECIENTEMENTE ANUNCIADO RECORTE
PRESUPUESTARIO AL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DROGA?
(Número de expediente 180/001092)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Robles
Orozco, que tiene la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué medida va a afectar el recientemente
anunciado recorte presupuestario al Plan Nacional de Lucha
contra la Droga?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles Orozco.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, concretamente, en la medida de 1.538 millones de
pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Tenía la esperanza, señor Ministro, que la sensibilidad del
Gobierno hubiera hecho posible que esta cifra que usted nos
acaba de confirmar hoy no fuera así. Eso significa el 40 por
ciento del presupuesto del Plan Nacional de Lucha contra la
Droga y es realmente dramático que el Gobierno no haya
encontrado otro sitio mejor donde recortar el déficit
presupuestario que precisamente en la lucha contra la droga.
Sabe muy bien S.S., lo saben todos los españoles, que la droga
es uno de los principales problemas que tiene nuestro país;
sabe perfectamente que es el segundo problema que siguen
considerando los españoles en su orden de preocupación, y, por
lo tanto, precisamente que nos haya usted confirmado este dato
significa que muchos de los programas de prevención que se
están haciendo, muchos de los programas de asistencia a las
personas que sufren el problema, muchos de los programas que
desarrollan las organizaciones no gubernamentales y, por
supuesto, muchos de los programas que desarrollan los planes
autonómicos, van a verse comprometidos.
Por eso no me extraña que ustedes no hayan tenido el valor,
señor Ministro, de convocar la Conferencia sectorial de
drogas, que, como sabe usted muy bien, es tradición siempre
tenerla celebrada antes del 15 de marzo. Ha pasado esa fecha,
no se ha celebrado la Conferencia sectorial porque ustedes no
tienen el valor de decirle a los reponsables autonómicos lo
que hoy está diciéndonos aquí porque se lo hemos preguntado.
Dígaselo usted ahora a los planes autonómicos que no van a
hacer esos programas, dígaselo a las organizaciones no
gubernamentales, dígaselo a las familias, y dígame usted,
señor Ministro, ¿se puede casar de alguna manera esa
preocupación que ustedes hacen permanentemente de forma verbal
con una política presupuestaria que da un hachazado mortal al
Plan Nacional de Lucha contra la Droga?
Es imposible entender su preocupación de lucha contra la droga
con esa famosa declaración de «vamos a quebrar el espinazo a
los narcotraficantes» --que dijo el señor Presidente del
Gobierno-- cuando, después, no hay una política presupuestaria
coherente que respalde esas declaraciones.
Por lo tanto, mucho me temo que nos estamos quedando como
siempre en una política de declaraciones y de propaganda más
que en una política real.
En dos años, señor Ministro, en dos años de legislatura, ni
una sola iniciativa parlamentaria ni una sola del Gobierno en
materia de lucha contra la droga, la Ley de precursores, la
Ley del fondo, el Reglamento del blanqueo de capitales; ahora,
por último, el colofón es que ustedes recortan precisamente el
Plan Nacional de Lucha contra la Droga en un 40 por ciento. Me
parece extraordinariamente grave.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, le he dicho la cifra porque estaba convencido de que
se iba a equivocar en el porcentaje, y así ha sido. El
porcentaje es el 29,5, no el 40 por ciento. Cuando quiera, en
técnica presupuestaria se lo podemos acreditar por extenso,
aquí o en otro sitio.
En cualquier caso, el problema de fondo es muy grave, el
problema de fondo es que la totalidad de capítulos de este
Ministerio y de la totalid ha tenido que ajustarse a una
política de rigor presupuestario. No hay un solo servicio de
mi Ministerio, en
particular, y de la práctica totalidad de ministerios que para
cumplir los objetivos de déficit y rigor presupuestario no
hayan tenido que sufrir recortes. Podríamos estar hablando de
mi Ministerio, de prisiones, juzgados, Ministerio Fiscal,
cualquier otro servicio, como Policía, Guardia Civil, objeción
de conciencia, todos, sin excepción, han sufrido esos
recortes.
¿Sabe lo que ocurre? Que nosotros, por coherencia con unos
objetivos de déficit, lo hacemos y explicamos no creo que de
una manera nada confusa. Le he dicho exactamente el número de
millones que supone para ese capítulo, como a cualquier otra
pregunta que se me formulara de cualquier otro de los
objetivos del Ministerio, y que, para cumplir esos objetivos
de déficit, hemos tenido que hacer ese esfuerzo solidario.
Ustedes, no; ustedes consiguen decir que van a mantener las
prestaciones sociales y, eso sí, al propio tiempo, van a
reducir ingresos. Hoy, además, me entero, que no sólo
mantendrán prestaciones sociales, sino que ninguno de los
capítulos del presupuesto van a observar reducciones, porque
se podrían poner en cuestión diversos objetivos básicos de las
políticas de un Estado. Simplemente nosotros nos enfrentamos a
la realidad y ustedes juegan en la más total de las
demagogias. Porque no hay nadie, yo estoy convencido que ni
sus votantes, que se puedan creer esa nueva ley de la teoría
económica según la cual, reduciendo los ingresos, se puede
mantener el nivel de gastos. Eso no han logrado ni S.|S. ni su
Grupo ni su Partido que lo entienda ni lo crea nadie en este
país.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL GRADO DE
OCUPACION EFECTIVA DE LAS PLAZAS CONCERTADAS PARA LA
REALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de
expediente 180/001100)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia e Interior, continuando
con mis anteriores preguntas, relativas al tema de la objeción
de conciencia y la sustitutoria, y una vez conocido el aumento
del número de plazas concertado con las distintas
Administraciones públicas, pero también con instituciones
privadas sin ánimo de lucro, creo que es oportuno ahora saber
el grado efectivo de ocupación de estas plazas, puesto que, en
parte con la información facilitada por usted, ya se sabe que
el número de objetores en estos momentos está descendiendo y
que, por tanto, sería bueno que el número de objetores
antiguo, pendiente todavía de realizar la prestación social
sustitutoria, pudiera irse reduciendo. Es por ello, señor
Ministro, que le formulo la pregunta siguiente: ¿Cuál es el
grado de ocupación efectiva de las plazas concertadas para la
realización de la prestación social sustitutoria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Presidente, señoría, efectivamente, en la actualidad el
nivel de ocupación está más cerca del 100 por cien que del 95
por cien, que de manera indirecta le respondí no hace muchos
días en esta misma Cámara, dado que las escasas plazas
ocupadas no lo están exclusivamente porque están en reserva de
ocupación en función de plazas ya adjudicadas y pendientes de
incorporación a lo largo de este año. Es más: las cuentas
concretas son que, en realidad, de las 50.321 plazas
concertadas a finales de 1994, treinta y tres mil y pico se
están cumpliendo en este momento, 8.000 se harán entre marzo y
junio y 10.809 entre junio y los tres meses siguientes, a las
que hay que añadir una nueva incorporación de otras 3.900. De
hecho la cifra es superior: son 56.000 en definitiva, como
consecuencia de que dentro de este mismo año alguna de las
plazas vuelve a quedar vacante y se puede destinar a otro
objetor de conciencia.
Se trata, como sabe S.S., de la primera vez que se ha logrado
la ocupación efectiva al 100 por cien del conjunto de plazas
disponibles. Por tanto, creemos que es un buen resultado,
derivado sustancialmente del plan que en materia de objeción
de conciencia aprobó el Gobierno hece ya de eso más de un año.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE ZONAS HAY
PROBLEMAS, POR FALTA DE PLAZAS CONCERTADAS, PARA QUE LOS
OBJETORES DE CONCIENCIA PUEDAN REALIZAR LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/001101)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Antich i
Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, en relación al mismo tema, aunque en
otro sentido, suele ser frecuente que los objetores de
conciencia puestos a escoger prefieran plazas, en general,
situadas cerca de lo que es su residencia habitual. Uno de los
problemas que se presenta es cuando en algunas zonas del
territorio, casi Comunidades Autónomas enteras, por parte de
las distintas Administraciones no suele haber el conveniente
nivel de colaboración para que este problema pueda resolverse
satisfactoriamente. Es verdad que hay otras instituciones o
administraciones que posiblemente concierten plazas con el
Ministerio, pero sabido es que precisamente en alguna de estas
zonas, donde, además, el número de objetores es bastante
elevado, esto se hace difícil de cumplir. Por ello, pensando
que en realidad este problema es uno de los que quedan todavía
por resolver, le formulo, señor Ministro, la siguiente
pregunta: ¿En qué zonas hay problemas, por falta de plazas
concertadas, para que los objetores de conciencia puedan
realizar la prestación social sustitutoria?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, Presidente.
Como usted sabe perfectamente, señoría, dentro del incremento
de la figura del objetor de conciencia, ese incremento fue
siempre más intenso en las zonas urbanas que en las zonas
rurales y, en consecuencia, ese desajuste de oferta y demanda
donde se produce es precisamente en las zonas de mayor
concentración urbana. Junto a ello, es bastante lógico que la
inmensa mayoría de los objetores de conciencia quieran
realizar la prestación social sustitutoria precisamente en las
proximidades de su domicilio o residencia. Este doble factor
es el que ha determinado un desajuste real.
El reglamento, que se aprobó recientemente --sobre ello tuve
ocación de contestar a S.S.--, contiene medidas que van a
permitir paliar en buena parte ese problema. Es verdad que los
desplazamie margen de problemas de otro tipo, plantean graves
problemas económicos que no siempre pueden ser afrontados con
los presupuestos que realmente tenemos; sin embargo, como se
está acentuando la política de creación de más plazas
precisamente en los centros con mayor nivel de urbanización y,
en definitiva, con mayor nivel de demanda, pensamos que en lo
esencial el tema está encauzado y que se irá resolviendo. La
pregunta concreta que hace es consecuencia de lo anterior. El
problema se plantea, sobre todo, en las provincias de Madrid,
Barcelona, Palencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Alicante. Esas
serían, quizá, las provincias que en este momento plantean
mayores problemas.
En cuanto a capitales concretas, no provincias, además de la
capital de provincia correspondiente a las que le he indicado,
también hemos detectado graves problemas en Córdoba, Granada,
Málaga, Sevilla, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, León,
Salamanca y Valladolid. Estas son las zonas de mayor
concentración.
El conjunto del reglamento y la experiencia que ya tenemos en
materia de gestión, que ha permitido avanzar en otros temas,
nos lleva a la conclusión de que a lo largo de este año
podremos lograr un equilibrio entre oferta y demanda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO EN RELACION CON EL RECUENTO
ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE MAYO Y LA PRESIDENCIA
COMUNITARIA DE ESPAÑA, TODA VEZ QUE SE HA QUEMADO EL PALACIO
DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID? (Número de expediente
180/001102)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Balletbó
i Puig.
La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en esta tarde de sobredosis de preguntas, me
parece que, por suerte, ésta es la última y hace referencia a
las previsiones en relación con el lamentable incendio del
Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
Dado que este año, a pesar de algunos, vamos a tenerla
presidencia comunitaria y el Palacio de Congresos y
Exposiciones es un edificio que hace falta, y que, además,
tenemos elecciones, también a pesar de algunos, sólo de dos
tipos, autonómicas y generales, pero habrá que hacer recuento,
señor Ministro, ¿qué haremos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señoría efectivamente, después del fuego, que afectó
parcialmente a las instalaciones del Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid, la Di correspondiente de la Secretaría
de Estado de Interior --me refiero a la de Procesos
Electorales-- se ocupó de buscar alternativas para la
instalación del Centro de Difusión Nacional del Escrutinio
Provisional, relativo a elecciones municipales. Se habían
estudiado otras
dos alternativas posibles; sin embargo, afortunadamente,
porque no habrá que cambiar la sede tradicional, tras evaluar
los daños realmente causados por el incendio y el tiempo
necesario para la reparación de esos daños, la Secretaría
General de Turismo, que, como saben, es el órgano del que
depende oficialmente el Palacio, nos ha dado garantías de que
podrá estar listo y preparado para realizar su tradicional
cometido electoral. Por tanto, el Centro de Difusión Nacional
del Escrutinio Provisional estará en el palacio donde ha
estado tradicionalmente. Ya se sabe que el recuento electoral
oficial se verificará, en todo caso, en juntas electorales de
zona, sin perjuicio de la publicación oficial autorizada por
la Junta Electoral Central y sin perjuicio de las competencias
de las juntas electorales de comunidad autónoma.
Por lo que se refiere a la presidencia europea, quiero,
primero, aclarar que el conjunto de actividades, sobre todo
consejos de ministros, no se van a celebrar en Madrid, sino
que habrá consejos de ministros en la práctica totalidad de
comunidades autónomas, pero, por lo que respecta a los que se
realicen en Madrid, la decisión desde el principio es que no
se celebren en este palacio, sino en el recinto ferial Juan
Carlos I, que depende del Ayuntamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Señora Balletbó?
La señora BALLETBO I PUIG: Sólo quería agradecer al Ministro
su contestación sobre las previsiones y soluciones... (El
señor Ministro de Justicia e Interior, vuelto de espaldas,
conversa con varios señores Diputados.)
Bueno, bueno, Ministro...
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, señor Ministro.
La señora BALLETBO I PUIG: Nada, nada. (Risas.) Le daba las
gracias, Ministro, pero las considero tomadas por usted.
(Risas.)
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUAL ES LA POLITICA S
POR EL GOBIERNO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESQUEROS
ESPAÑOLES TRAS LOS INCIDENTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL SENO
DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO
NOROCCIDENTAL (NAFO) CON EL APRESAMIENTO DEL BUQUE «ESTAI»?
(Número de expediente 180/001085)El señor PRESIDENTE: Pregunta
número 11, del señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la política seguida por el Gobierno
en defensa de los intereses pesqueros españoles tras los
incidentes que se han pr de NAFO con el apresamiento del buque
«Estai»?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce, el Gobierno ha adoptado distintas decisiones
en relación con el conflicto al que usted se refiere, algunas
en el ámbito estrictamente diplomático, tanto en lo que se
refiere a nuestras relaciones con Canadá como a nuestras
relaciones con el resto de los países de la Unión Europea;
otras, en el ámbito de la defensa de los pesqueros españoles
que actualmente están en los caladeros frente a las costas de
Canadá y finalmente un tercer tipo de medidas de tipo jurídico
para proteger lo que entendemos que son nuestros derechos a
faenar en dichas aguas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente. Gracias, señor Ministro. Quizá sería usted el
interlocutor válido del Gobierno para hablar de estos temas,
porque con ello probablemente nos desharíamos de cantidad de
declaraciones contradictorias que al final no han conducido a
nada.
Señor Ministro, ha pasado prácticamente un mes y de devolución
de fianza al «Estai», nada; de devolución de pesca confiscada,
nada; de haber reparado los daños a los buques, nada; de haber
pagado ni el daño emergente ni el lucro cesante, nada.
Realmente las medidas adoptadas por el Gobierno, en concreto a
lo que se refiere esta pregunta del buque «Estai», no se han
traducido en modo alguno en una respuesta positiva, por lo
menos ni de Canadá ni de la Comunidad internacional.
En cuanto a las declaraciones generales del «Estai» y de la
problemática que ha surgido en NAFO, quiero recordarle
simplemente, señor Ministro, porque con posterioridad habrá
una interpelación, que el señor Ministro de Asuntos
Exteriores, el señor Ministro de Agricultura y el señor
Presidente del Gobierno han estado diciendo reiteradamente y
desde hace veinte días que en modo alguno se aceptaría ninguna
rebaja en la cuota, porque eso no era negociable.
Desgraciadamente, ayer, en el Senado, el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación daba la bofetada más sonora
a todo el sector y a toda la sensibilidad española diciendo
que no se iba a sacralizar el tema de la cuota y que eso ya no
era lo trascendental, no era importante.
Señor Ministro, aplicando una metáfora marinera en este
sentido, permítame que le diga que España no puede continuar
haciendo el pescadito en los foros internacionales y que,
desde luego, tiene que quedar muy claro que a los inmaduros en
normativa pesquera se les devuelve a la mar y a nosotros
constantemente nos están devolviendo a las profundidades, y
eso es lamentable para el sector pesquero español. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce bien, después de todo es un experto en la
materia, se está discutiendo justamente en estos momentos en
el seno de la Unión Europea un borrador de acuerdo entre la
Unión Europea y Canadá. Le recuerde que es un conflicto de la
Unión Europea, de la pesca europea con Canadá, con el cual el
Gobierno español no está de acuerdo.
Justamente mañana hay una reunión de los ministros.
Convendría, pues, que quizá en este debate parlamentario
pudiéramos reflejar un cierto acuerdo, y a eso llamo yo aquí,
en relación con los Grupos Parlamentarios, para reforzar la
posición negociadora del Gobierno español mañana en Bruselas.
Entrando más en concreto en lo que usted dice, yo no he oído
nunca declaraciones en relación con la cuota. Sí he oído una
cosa que me parece enormemente importante que son
declaraciones en relación con los derechos. Como usted conoce
bien, es importantísimo que mantengamos cuota de pesca en los
caladeros frente a las costas de Canadá, pero mucho más
importante que eso es que impidamos que se quiebren las normas
del Derecho internacional en materia de pesca, puesto que
estamos ante un conjunto de tonelaje en las costas de Canadá
del 3 por ciento frente a los 140.000 millones de toneladas
que pescamos en el conjunto de los mares internacionales.
Por tanto, lo principal en este momento, lo prioritario, sin
duda es que el Derecho internacional no quiebre y en eso
estamos volcando nuestro independencia de que también
trataremos de conseguir, cómo no, el máximo de cuota para que
nuestros pesqueros puedan seguir frente a las costas de
Canadá.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿ESTA
DISPUESTO EL GOBIERNO A REMITIR A LA CAMARA EL INFORME DE LA
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO SOBRE LA GESTION ECONOMICA Y
FINANCIERA DEL ENTE PUBLICO RTVE Y SUS SOCIEDADES, QUE HA SIDO
NEGADO HASTA LA FECHA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO
RTVE, TANTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMO A LOS DISTINTOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS? (Número de expediente 180/001093)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 de la señora Mato
Adrover.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿está dispuesto el Gobierno a remitir a la
Cámara las auditorías que el Director General de
Radiotelevisión Española ha negado tanto a los grupos
parlamentarios como al Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su Señoría conoce perfectamente que el artículo 5 del Decreto
por el que se regula el control financiero y el régimen
presupuestario de Radiotelevisión Española establece
claramente que el informe anual, una vez emitido por la
Intervención delegada del Ente Público, se remite a la
Intervención General para que, a su vez, lo mande al Tribunal
de Cuentas.
Según el propio mandato constitucional y el desarrollo legal
específico, el Tribunal de Cuentas es el órgano que ejerce el
control presupuesta Radiotelevisión por delegación justamente
de las Cortes Generales. Cabe entender, y ese es el juicio del
Gobierno y también de la dirección de Radiotelevisión
Española, que el acceso de los grupos parlamentarios a los
informes de la intervención puede realizarse a través de los
informes que, a su vez, el Tribunal de Cuentas presenta en
esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señorías, estamos desgraciadamente en
lo de siempre. No tiene absolutamente nada que ver el discurso
del G del mismo Gobierno. No tiene nada que ver lo que dice el
Gobierno con lo que hace ese mismo Gobierno. Todos los días se
llenan ustedes la boca con declaraciones y grandes
afirmaciones democráticas. A veces hablan de la independencia
del Poder Judicial, y otras, sin embargo, hablan y hacen
alegatos sobre el respeto a este Parlamento.
Cuántas veces les hemos oído hablar de la necesidad del
control público, de la necesidad del control del déficit.
Cuántas veces hemos tenido que soportar que ustedes están
dispuestos a ofrecer toda la información que sea necesaria a
este Parlamento. Pues los hechos son tozudos. El director
general de Radiotelevisión Española es Gobierno... (El señor
Marcet i Morera: ¡Ya quisiera!) El director g está nombrado en
Consejo de Ministros... (Rumores en los bancos del Grupo
Socialista.) Sí señorías, está nombrado por el Consejo de
Ministros y además tiene la confianza del Gobierno.
Ese Director General se niega a ser controlado por esta
Cámara. Es más, ya no se trata de que haya determinadas
competencias o determinados controles que se tienen que
ejercer por el Consejo de Administración o por esta Cámara. En
este caso no hay nada de eso. El Director General de
Radiotelevisión Española se niega a ser controlado por esta
Cámara y se niega a ser controlado por su propio Consejo de
Administración.
Constituye un auténtico abuso y es inaceptable que ustedes se
estén riendo de esta Cámara y de un Consejo de Administración
designado por esta Cámara.
No se conoce ningún precedente de un director general de
ninguna empresa, ni pública ni privada, que se niegue a
entregar las auditorías de su propio ente público al Consejo
de Administración.
Señor Ministro, sería bueno que nos dijeran qué están
escondiendo esas auditorías. Nos gustaría saber si son
auditorías de infarto como aquéllas que ustedes decían tener
sobre la UCD o contra la UCD. En este caso, serían de doble
infarto, porque las pérdidas de Radiotelevisión Española en
los años 1993 y 1994 (79.000 millones y 101.000 millones)
producen ya cualquier tipo de colapso cardíaco. Les pido que
exijan al Director General de Televisión Española que entregue
para su control al Parlamento esas auditorías.
Lamentablemente, en Televisión están ustedes marcando un nuevo
hito. Un director general que se niega a facilitar las
auditorías sobre su gestión a su propio Consejo de
Administración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Veo, señora Mato, que usted quiere extender el Gobierno hasta
el Director General de Radiotelevisión Española en consonancia
con la primera... hace gracia, ¿verdad? Ya sopechaba yo que
les haría gracia.
Señora Mato, esta discusión no tiene nada que ver ni con la
independencia del Poder Judicial, ni con el trabajo de las
Cortes Generales; es una discusión bastante más elemental, en
la que ustedes sistemáticamente caen en grandes
contradicciones.
Los informes de la intervención están en el Tribunal de
Cuentas. Espero que no esté usted diciendo que nuestro
Tribunal de Cuentas no hace un control riguroso del estado
financiero y presupuestario de la Televisión Española. Espero
que no esté diciendo usted eso. (La señora Mato Adrover
pronuncia pa perciben.) ¡Me deja acabar! Que yo he sido muy
respetuoso con usted, y fíjese que ha dicho disparates.
Segundo. Los informes del Tribunal de Cuentas vienen a esta
Cámara y se ven en la Comisión de Radiotelevisión Española y
en el Pleno. Espero q usted diciendo que el Tribunal de
Cuentas no facilita a esta Cámara información sobre aquellos
organismos públicos a los que audita o inspecciona. No me creo
que esté diciendo eso.
Tercero. Que diga usted que el Director de Radiotelevisión
Española se niega al control de esta Cámara cuando pasa un día
a la semana prácticamente en esta Cámara contestando muchas
preguntas, algunas, por cierto, enormemente impertinentes de
su Grupo parlamentario, me parece que es absolutamente
intolerable.
Y una última cosa, señoría. Si ustedes quieren que el Consejo
de Administración de Radiotelevisión Española sea un órgano de
gestión administrativa y no política y, por tanto, entre a
fondo en la gestión de Radiotelevisión Española, tienen el
acuerdo del Gobierno. Pero ustedes no quieren eso. Ustedes
quieren un órgano de control político. Por tanto, o lo uno o
lo otro. O reclama las auditorías para colaborar entre todos a
que Televisión Española se gestione bien, y ahí estaremos de
acuerdo, o si quieren seguir haciendo control político desde
el Consejo de Administración de Televisión nos encontrarán
siempre enfrente. El control político corresponde a esta
Cámara. (Aplausos en los bancos del Gruplo Socialista.--El
señor Ramírez González pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Ramírez!
Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO:¿COMO
PIENSA SOLUCIONAR LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO EL PROBLEMA
DE LAS LISTAS DE ESPERA EN LA SANIDAD PUBLICA, CUYO INCREMENTO
HA DENUNCIADO EL DEFENSOR DEL PUEBLO? (Número de expediente
180/001091)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Villalón
Rico.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el informe del Defensor del Pueblo de este
año dedica siete páginas a las listas de espera de la sanidad
pública. Ya sea desde una visión global o desde el
conocimiento de casos concretos la situación parece
insostenible. Por esto, le formulo la siguiente pregunta:
¿Cómo piensa solucionar la Ministra de Sanidad y Consumo el
problema de las listas de espera en la sanidad pública, cuyo
incremento ha denunciado el Defensor del Pueblo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, vamos a continuar con las medidas adoptadas ya en el
año 1994 para mejorar la lista de espera y que en síntesis
son: mejora de los sistemas de información para tener bien
cuantificada la lista; incremento de la productividad
quirúrgica de los hospitales, mejorando el rendimiento de los
recursos quirúrgicos, y concertación de procesos con centros
privados en aquellas áreas o provincias con recursos
insuficientes o con situaciones de la lista que exceden la
capacidad quirúrgica de los hospitales. Estas medidas han
permitido reducir la lista de espera de más de seis meses en
un 33 por ciento; desde diciembre de 1994 a finales de enero
de 1995 han salido de esa lista más de 4.300 personas. Por
tanto, vamos a seguir con estas medidas a lo largo de 1995.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, lo que nos acaba de contar usted aquí, ahora,
no es que sea increíble, es que no se lo cree ni usted misma.
Habría que decirle: Con todas esas medidas, ¿cómo están las
listas de espera que ha denunciado el Defensor del
Pueblo?Dejando a realidad, a la cruel realidad de nuestros
días, y es que en los últimos años se han incrementado de
forma progresiva las listas de espera debido a la
irresponsabilidad y a la incapacidad de los gestores
socialistas que, por todo ello, han puesto en peligro la salud
de los ciudadanos.
Ustedes no sólo incumplen sus mismos objetivos, los que se
proponen realizar, como ha denunciado el Defensor del Pueblo,
sino que, además, quieren hacer responsables de ese
incumplimiento a los profesionales sanitarios que, de ningún
modo, tienen nada que ver con la mala situación ni con el
deterioro de la Administración sanitaria.
Señora Ministra, las listas de espera --para las que hace dos
años utilizaban de una forma ampulosa, e incluso creo que
cínicamente, el término de listas de demora-- constituyen una
bola de nieve que se inicia en el año 1982, que ha ido
creciendo de forma progresiva y que, por supuesto, en este
momento es casi imposible reparar. Pero estoy citando desde el
año 1982 y, por tanto, no sólo usted es responsable de la
situación actual; usted tiene su cuota de responsabilidad en
relación con sus antecesores en el Gobierno, usted tiene su
cuota de responsabilidad en el fracaso de la gestión sanitaria
y en la impotencia del Gobierno socialista para resolver esta
situación.
Para terminar, señora Ministra, y para que no se vaya por los
cerros de Ubeda, le voy a dar un consejo o por lo menos le voy
a hacer un ruego: No se vaya por los cerros de Ubeda, repito;
no conteste refiriéndose a otras comunidades autónomas que
tienen transferidas las competencias en sanidad y, por
supuesto, no haga referencia a las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular, porque en el informe del
Defensor del Pueblo, referido a las listas de espera, no hay
ninguna línea dedicada a estos gobiernos autonómicos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Lo malo de leer lo que se trae preparado, señor Diputado, ese
que nada tiene que ver su réplica con lo que yo le he
contestado. No he hecho ninguna referencia a comunidades
autónomas, pero como S.S. la hace también yo la voy a hacer.
Nosotros tenemos lista de espera y le voy a decir por qué:
Porque tenemos un sistema sanitario que funciona, porque todo
el mundo sabe que puede acceder a él y porque la calidad del
servicio ha hecho aumentar la demanda ciudadana, porque se les
atiende. Ustedes, en cambio, cuando gobiernan --y ya se lo
dije en el último Pleno--, lo que hacen es mandar a la gente a
su casa porque no la atienden. Ustedes no espera, tienen
listas de
espera, tienen lista de exclusión de personas según de dónde
procedan y según quiénes sean. (Rumores.) Y tengo prueba
documental. Y si el Defensor del pueblo no hace referencia a
ello seguramente será porque no lo conoce y me ocuparé de que
le llegue.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO VALORA EL
MINISTERIO EL ESTUDIO DE LOS PERFILES DE FACULTATIVOS
ELABORADO A TRAVES DE LA PRESCRIPCION DE LOS MEDICAMENTOS QUE
REALIZAN, SEGUN SE RECOGE EN EL DOCUMENTO DEL INSALUD
«INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESCRIPCION FARMACOLOGICA»?
(Número de expediente 180/001094)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, de la señora
Fernández-Capel.
La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad, ¿cómo valora el Ministerio el
estudio de los perfiles de facultativos elaborado a través de
la prescripción de medicamentos que realizan, según se recoge
en el documento del Insalud «Indicadores de calidad en la
prescripción farmacológica»?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, con mucho gusto le reitero la información que
ya le di en el último Pleno. Lo valoramos muy positivamente
porque es un instru que los medicamentos prescritos sean los
más eficaces, seguros y de mayor calidad, y es utilizado por
el médico cuando necesita orientación en el momento de
seleccionar sus grupos terapéuticos y no medicamentos. Las
gerencias de atención primaria del Insalud elaboran perfiles
terapéuticos agregados a nivel de subgrupo, según contempla la
clasificación anatómico-terapéutica, y estos perfiles se
entregan a los distintos equipos y centros de atención
primaria como una actividad más de las incluidas en el
programa de uso racional del medicamento que viene
desarrollándose desde el año 1993 y que le reitero que
valoramos muy positivamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, me habla usted de medicamentos y yo le he
preguntado por los perfiles de los facultativos. Ustedes han
tomado las recetas de los facultativos y unos funcionarios han
decidido quiénes administran un tratamiento adecuado y quiénes
no. Pero como para saber si un tratamiento es adecuado hay que
establecer un diagnóstico y tener un determinado paciente, con
peculiaridades no predecibles en ningún caso, usted deberá
explicar cómo lo hacen por si el ordenador del Insalud, con su
hallazgo, merece el Nobel de Medicina y por supuesto haber
acabado con la ciencia médica.
¿Cómo cuantifican la cualidad y la calidad si es aleatoria y
no cuantificable ni predecible? El Ministerio sigue en su
política de camuflaje d en manos de funcionarios recetas con
nombres y apellidos de enfermos y de médicos, entrándose a
valorar la capacidad de estos médicos por quienes ni siquiera
lo son. Y esto, señora Ministra, es una osadía, una
desfachatez y, cuando menos, una impertinencia repugnante.
Pero como hablamos de la relación médico-enfermo, y la
relación médico-enfermo es una relación sagrada, supone algo
más que un gravísimo atentado a la dignidad profesional, a la
intimidad, al secreto profesional y a los artículos 18 y 20 de
la Constitución, señora Ministra, que ni siquiera el Estado
puede vulnerar.
No camuflen su control sobre el gasto y sobre la prescripción
porque se les va la mano, señora Ministra, y el fin no puede
justificar los medios. Ustedes anteponen, en este caso, la
teleología de su idea a la deontología que, en el ejercicio de
la medicina, es imprescindible e irrenunciable.
Señora Ministra, ¿qué profesional puede soportar tanta
descalificación, intromisión y vejación, desde la burocracia
torpe del Gobierno, como la que someten ustedes a los médicos
españoles? Ya está bien, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, el trabajo a que S.S. se refiere ha sido efectuado a
lo largo de varios meses por un grupo de médicos y de
farmacéuticos expertos, m campo de atención primaria,
habiéndose utilizado bibliografía nacional e internacional
sobre metodología y selección de medicamentos. Que S.S.
pretenda descalificar ese trabajo diciendo que lo han hecho
funcionarios supone que deberá explicar, tanto usted como
su Grupo, qué significa esa descalificación diciendo que son
funcionarios. Seguramente por eso quieren ustedes echar a
tantos, y lo han anunciado ya. (Rumores.) En cambio, yo tengo
una magnífica opinión de los funcionarios y creo que estas
cuestiones no son sagradas --esos calificativos pertenecen a
otro ámbito--, sino que significan la profundización en un
trabajo serio y científico que S.S. descalifica aquí con
argumentos tan peregrinos que se descalifican por sí mismos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS DAVILA SANCHEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ANTES DE QUE EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA RESOLVIERA AUTORIZAR LA
REANUDACION DE LA ACTIVIDAD DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ZURITA
HABIAN SIDO SATISFECHOS TODOS LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN
EL PRECEPTIVO Y VINCULANTE INFORME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR? (Número de expediente 180/001103)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Dávila
Sánchez.
El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria y Energía, en relación con el
recientemente abortado intento de puesta en marcha de la
Central Nuclear de Zorita, tal vez debiéramos hablar de las
grietas que han aparecido en la vasija del reactor como
consecuencia del fenómeno de corrosión intergranular de los
aceros bajo irradiación, por otro lado problema bien conocido
y tecnológicamente no sorprendente, así como de su relación
con los años de funcionamiento del reactor y con la historia
química de la explotación realizada. Probablemente también
debiéramos hablar del futuro de la Central Nuclear de Zorita y
entrar en valoraciones sobre el riesgo nuclear y coste
económico de las tres posibilidades con las que se enfrenta el
futuro de esa central: la reparación de las grietas detectadas
--que es la alternativa aceptada de momento--, la sustitución
de la tapa agrietada de la vasija por otra nueva --esto en el
supuesto de que sólo afectase el problema de corrosión a la
tapa--, o bien, la más concluyente de las opciones, el
abandono de las funciones de la central.
Señor Ministro, soy consciente de que no es éste el momento
para estas reflexiones generales, tiempo y lugar habrá para
hacerlas. Ahora sólo me intereso por saber a quién debemos
atribuir la responsabilidad del desconcierto de la opinión
pública al ver que el Consejo de Seguridad Nuclear ha
suspendido una autorización de puesta en marcha de la Dir la
Energía a los muy pocos días de que dicha dirección general
hubiera adoptado dicha resolución según informe preceptivo y
vinculante del mismo Consejo de Seguridad Nuclear. Alguno de
los dos, o tal vez los dos, el Consejo de Seguridad Nuclear y
el Ministerio de Industria y Energía adoptaron, señor
Ministro, una decición o irreflexivamente precipitada o
insuficientemente fundamentada, puesto que tuvieron que volver
sobre sus pasos en forma que no dudo en calificar de poco
favorecedora de la necesaria confianza en las instituciones
garantes en España de la Seguridad Nuclear.
Señor Ministro, con el fin de que en fases posteriores del
trámite parlamentario podamos atribuir las responsabilidades a
quien realmente corr necesario que nos informe sobre si su
Ministerio --como lo doy por supuesto-- dio exacto
cumplimiento a la Ley de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear en lo que atañe a que las autorizac Ministerio están
condicionadas, de forma preceptiva y vinculante, por los
informes del organismo regulador en España de la prevención
contra el riesgo nuclear, que es, sin ninguna duda, el Consejo
de Seguridad Nuclear.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, sin duda alguna podemos hablar de todas esas cosas
que usted señalaba anteriormente en el momento que
corresponda, la verdad es que el contenido de su pregunta es
simplemente saber si, antes de que el Ministerio de Industria
resolviera autorizar la reanudación de la actividad de Zorita,
habían sido satisfechos todos los requerimientos contenidos en
el preceptivo y vinculante informe del Consejo de Seguridad
Nuclear. Le tengo que decir que sí. Y si la pregunta es
también a qué se debe un cierto desconcierto en algunos medios
de opinión pública, probablemente tendré que decir también
que, a mi juicio, el Consejo de Seguridad Nuclear actuó bien y
naturalmente la autorización del Ministerio, tras el
preceptivo y vinculante informe de Consejo de Seguridad
Nuclear, se atuvo en todo momento al condicionado que
finalmente permitió la realización de una prueba hidrostática
y detectar, en consecuencia, un ulterior fallo que en este
momento está en trámite de corrección.
Por lo tanto, señoría, el Consejo de Seguridad Nuclear nunca
dio un visto bueno incondicional, sino condicionándolo a la
existencia de una serie de pruebas, entre otras, una prueba
hidrostática y, en segundo lugar, la autorización del
Ministerio de Industria y Energía, tras el preceptivo informe
del Consejo de Seguridad Nuclear, permanentemente condicionó
la puesta en marcha
a que se celebrase esta prueba. Habiéndose celebrado esta
prueba y habiéndose detectado otro problema, el Consejo de
Seguridad Nuclear está volviendo sobre lo que ya había
establecido anteriormente y garantizando, como es su función -
-y el control será el de esta Cámara--, la actuación y la
garantía de la seguridad de las centrales nucleares.
Por consiguiente, señoría, no creo que ha habido ningún tipo
de razón en la actuación del Ministerio de Industria y Energía
para el desconcier alude en la opinión pública, pero si
tuviera que decir, a la vista de todo el expediente que está
en mi mano y de lo que ha ido haciendo el Consejo de Seguridad
Nuclear, tampoco veo ninguna razón para ese desconcierto al
que usted aludía, con independencia de que en la opinión
pública se hayan vertido visiones en muchos casos
profundamente desconocedoras hasta de los procedimientos por
los que ha actuado tanto el Ministerio como el Consejo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE
LA ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL CUMPLE LOS FINES PARA
LOS QUE FUE CREADA? (Número de expediente 180/001105)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Ros Maorad.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Escuela de Organización Industrial es la
Escuela de formación empresarial más veterana de España desde
su fundación, hace ya treinta y ocho años.
Ha formado desde entonces directivos y técnicos que ocupan
cargos de responsabilidad, tanto en la administración como en
la empresa privada.
La Escuela de Organización Industrial, dentro del plan de
cualificación técnica e industrial en la empresa, es la
responsable, en gran parte, de mejorar la cualificación del
personal técnico y directivo de las industrias españolas. A
pesar de ello, de cuando en cuando, desde algún partido de la
oposición se alzan voces pidiendo su desaparición. Por ello
quisiera preguntar al señor Ministro si el Gobierno cree que
la Escuela de Organización Industrial cumple los fines para
los que fue creada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Señor Ministro.El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
(Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a juicio del Gobierno, y desde luego de este
Ministro, cumple efectivamente sus fines fundacionales, que no
han cambiado, con independencia de que la normativa originaria
de 1955 fuera después sustituida por otra normativa de 1978 y
de 1988. Estos fines son la promoción de conocimientos, la
investigación de la realidad industrial y del medio ambiente,
la elaboración y ejecución de programas de perfeccionamiento,
de cara a la asistencia técnica de las empresas, y la
colaboración con empresas y organismos nacionales y
extranjeros.
En todo caso, debo decirle que hace usted una pregunta que
responde a una inquietud expresada también en esta Cámara por
algún Grupo Parlamentario, sobre si este organismo autónomo
comercial funciona en un ámbito en el que la actividad privada
es suficiente para cumplir las finalidades de entidades
formativas de esta naturaleza. A juicio del Gobierno, no; no
se cumplen suficientemente estas finalidades desde el sector
privado; en consecuencia, esta no es una escuela de negocios
convencional, abarca acciones que no son directamente
evaluables económicamente a corto plazo, y acciones que,
naturalmente, están muchas veces en línea muy distinta de lo
que son las tradicionales escuelas de negocio. Esto no impide,
no obstante, un nivel importante de autofinanciación de la
Escuela de Organización Industrial y el que en este momento
esté embarcada en un importante programa dirigido
fundamentalmente a la formación en materia de competitividad
de las pequeñas y medianas empresas, de una política de
expansión de su actuación en el ámbito nacional e
internacional, pero no en competencia con las escuelas de
negocios privadas, sino en otros ámbitos.
En concreto, le puedo decir, con mucha brevedad, que está
previsto, en el marco del plan de formación para la pequeña y
mediana empresa que el Ministerio de Industria aprobará en
breve plazo, que se lleven a cabo 536 cursos, la asistencia de
más de 12.000 alumnos, y proyectos en torno a los 9.000, que
se espera podrán conducir a una generación estimada de empleo
de 9.500 puestos de trabajo. Pero ya este año la Escuela de
Organización Industrial ha dado 184 cursos, produciendo 38.000
horas lectivas, atendiendo a 5.300 alumnos y, naturalmente,
contribuyendo a una formación nueva de sectores que tienen
unas necesidades que no son cubiertas por otros centros de
formación, y le corresponde en este momento, a juicio del
Gobierno y de este Ministro, colaborar en lo que es un
auténtico trabajo en favor de la competitividad industrial,
especialmente las Pymes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON
LAS PERSPECTIVAS Y LA ESTRATEGIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE
ASUNTOS SOCIALES EN LA CONFIGURACION DE UN SISTEMA PUBLICO DE
SERVICIOS SOCIALES BASICOS ACCESIBLES A TODOS LOS CIUDADANOS
ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001106)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora García
Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales: en 1988, el Ministerio de
Asuntos Sociales establece un Plan Concertado de Prestaciones
Básicas, en mater sociales, al objeto de articular la
cooperación interadministrativa en esta materia entre la
Administración del Estado, la autonómica y la local, al objeto
también de impulsar el desarrollo de una red básica de
servicios mediante el apoyo económico y técnico a los
ayuntamientos o a las diputaciones en el desarrollo de sus
competencias.
Efectivamente, las diputaciones y comunidades autónomas tienen
competencia plena en materia de servicios sociales. No
obstante, el desigual de normativa autonómica, así como el
desarrollo de programas de cada comunidad, que se pusieron en
marchacon anterioridad a 1988, plantearon la ne acuerdo básico
de mínimos que, con carácter general, garantizara, por una
parte, la posibilidad de ofertarunos recursos básicos comunes
en materia de servicios sociales y, por otra, subsanara o
corrigiera las posibles desigualdades territoriales que
pudieran producirse como consecuencia de las diferencias de
recursos entre las comunidades.
Pues bien; teniendo en cuenta la evolución y el desarrollo de
este plan concertado, y tras unos años --siete ya-- que sin
duda permiten hacer alguna evaluación, es por lo que, señora
Ministra, le formulo la pregunta: ¿cuáles son las perspectivas
y la estrategia por parte del Ministerio de Asuntos Sociales
en la configuración de un sistema público de servicios básicos
accesibles a todos los ciudadanos españoles?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Manzanares.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, efectivamente, el proceso de
implantación del Servicios Sociales es el resultado de un
esfuerzo de las tres administraciones públicas, la
Administración General del Estado, la Administración
autonómica y la Administración local, para impulsar un proceso
de cooperación económica y técnica que se inició en 1988 y que
se denominó Plan Concertado de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales, para desempeñarse y tener lugar en las
corporaciones locales.
Los objetivos son los de garantizar esas prestaciones mínimas
comunes en materia de servicios sociales, pero referidas a
tres objetivos: a la lucha contra la exclusión social, a la
prevención de la marginación y a la mejora de la calidad de
vida.
Con estos tres objetivos, la definición de las prestaciones a
que responden las necesidades básicas van en la línea de
informar, orientar y poder facilitar a las personas que están
en estas circunstancias el acceso a los recursos sociales; la
necesidad de fomentar la cohesión, el alojamiento y la calidad
de vida en los tres supuestos de estos tres objetivos
prioritarios y también, y muy fundamental, la integración
social de estos grupos en situación de exclusión o de
marginalidad.
Para ello, se contempla en la red los equipamientos. Los
equipamientos son fundamentalmente centros de servicios
sociales, albergues y centros de acogida. Los centros de
servicios sociales son normalmente equipos multiprofesionales
que están dotados con los medios necesarios para dar soporte a
las prestaciones básicas, así como generar la información. Los
albergues están destinados a dar prestación de alojamiento con
carácter temporal a gente sin hogar, sin techo, marginados,
para luego promover, a través de ese primer contacto, la
inserción personal y social. Y los centros de acogida están
destinados a personas en situación de convivencia conflictiva
o que no tienen el medio familiar adecuado.
El esfuerzo presupuestario realizado desde 1988 se refleja en
que, en 1988, fueron 5.829 millones el total aportado por las
tres administraciones; y en 1994, 46.000 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN
SIDO LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA «LA JUVENTUD CON EUROPA», DE
LA UNION EUROPEA, Y EN PARTICULAR LOS ALCANZADOS EN ESPAÑA?
(Número de expediente 180/001107)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de la señora García
Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, entre los objetivos
asignados al Instituto de la Juventud en el marco de la
política general de su Ministerio figura el de promover las
relaciones de cooperación internacional en materia de
juventud. Las actuaciones más significativas en este ámbito se
han venido desarrollando a través de intercambios y
cooperación bilateral entre Europa y América Latina y con la
presencia y participación española en organismos
internacionales.
En este sentido, uno de los programas, en el marco de
cooperación multilateral, es el desarrollo del programa «La
juventud con Europa», que tiene como objetivo central promover
estos intercambios de jóvenes en la Unión Europa, con arreglo
a proyectos conjuntos de grupos de jóvenes, que les pueda
permitir adquirir de forma directa conocimientos sobre la vida
económica, social y cultural de otros Estados miembros, así
como establecer lazos de cooperación entre grupos de jóvenes
de diferentes países y reforzar su sentido y su conciencia de
pertenencia a Europa.
Por todo ello, señora Ministra, le pregunto: ¿Cuáles han sido
los resultados del programa «La juventud con Europa», de la
Unión Europea, y en particular los alcanzados en España?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Manzanares.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, efectivamente, la cooperación internaci
es una de las prioridades en política de juventud que llevamos
desde el Gobierno, singularmente la Organización
Iberoamericana de Juventud, el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud en España y también el centro de Cabueñes, en
Asturias, donde hacemos una gran parte de los encuentros
internacionales.
Dentro de esa cooperación internacional en juventud, destaca
especialmente el programa «La juventud con Europa».
Precisamente, en el último Consejo de Ministros de Trabajo y
de Asuntos Sociales de la Unión Europea, se aprobó, para el
período 1995/1999, «La juventud con Europa», el nuevo programa
para estos años sucesivos.
El objetivo de este programa fundamentalmente es el de
fortalecer la conciencia europea entre la juventud (es uno de
los programas más efectivos) y también ese nuevo concepto de
ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas europeos para la
juventud. Este programa nos permite, por un lado, la
comprensión de la vida económica, social y cultural de cada
país por medio de intercambios, y por otro lado, la creación y
consolidación de redes de cooperación entre grupos de jóvenes
que residen en distintos países de la Unión Europea.
Fundamentalmente se intercambian ideas, proyectos, definición
de intereses y, sobre todo, el fortalecimiento de la
conciencia europea.
Los programas son de carácter bilateral, trilateral o
multilateral. Normalmente participan los estados miembros que
forman parte de cada programa. Van dirigidos a jóvenes de 15 a
25 años, y desde el Ministerio de Asuntos Sociales lo llevamos
a través del Injuve, que es la agencia coordinadora del
programa para España.
Los proyectos normalmente están concebidos para jóvenes
desfavorecidos, puesto que siempre este tipo de políticas van
hacia grupos sociales que requieren de políticas
compensatorias por encontrarse en una situación de mayor
dificultad, y también a jóvenes que tengan diferentes orígenes
sociales, económicos y culturales. Normalmente incluyen
regiones de la Comunidad en las que haya pocas ocasiones de
intercambios. También van destinados a jóvenes de zonas
periféricas o bien de una zona lingüística restringida.
Desde 1992 a 1994, período en el que se ha desarrollado este
programa de «Juventud con Europa 2» --no el que acaba de
aprobarse--, ha habido 631 proyectos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO
(PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTAS EL GOBIERNO PARA POSIBILITAR LA INTEGRACION DEL
CONDADO DE TREVIÑO EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA?
(Número de expediente 180/001054)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Olabarría
Muñoz.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿piensa hacer algo el Gobierno para
posibilitar la reintegración del condado de Treviño en el
territorio histórico de Alava?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Olabarría, me gustaría que el dicho de a la tercera va
la vencida se cumpliera, pero debo recordarle que el Gobierno
no pude tomar ninguna iniciativa en relación con el tema que
plantea, que hay unos condicionantes constitucionales, en la
interpretación del Tribunal Constitucional,
que implica a las instituciones locales y a las instituciones
autonómicas en cualquier iniciativa para resolver este
problema. Por consiguiente, me remito a ellas. No corresponde
al Gobierno tomar posición en relación con el asunto que
plantea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, comprendo su laconismo y su falta de
ilustración en esta materia porque este conflicto realmente no
es con usted, usted ya sabe que este conflicto está articulado
con otra institución, detectado por otro partido político,
pero la verdad es que esta pregunta se debería generalizar. Lo
que yo querría saber es si el Gobierno tiene prevista alguna
actuación que, de alguna forma, permita remover o superar lo
que no constituye más que un anacronismo histórico-jurídico.
Es el mantenimiento de determinados enclaves en el Estado
español en los cuales la práctica totalidad de sus ciudadanos
pretenden reintegrarse en aquel territorio en el que están
materialmente ubicados. No se conoce por parte de mi Grupo
Parlamentario ninguna iniciativa, ningún estudio, ninguna
propuesta, ninguna especulación, siquiera, hecha por
representantes del Gobierno, tan dignos como usted, sobre las
fórmulas de resolver un problema que en algunos casos es casi
risible.
Por referirnos particularmente al condado de Treviño, usted
conoce cuál es el origen histórico de la ubicación
administrativa en Castilla y Le condado. Fue un regalo de un
rey inglés a su repostero --al parecer era un buen repostero--
por los servicios de arbitraje prestados por este monarca
inglés en los conflictos entre el Rey de Navarra y el Rey de
Castilla. Estas cosas no se deben mantener porque carecen de
legitimidad histórica, carecen de legitimidad constitucional
en este momento, de legitimidad jurídica por ello, y carecen
de legitimación política, porque en Treviño y en otros sitios
claman ya los ciudadanos porque se superen este tipo de
anacronismos y situaciones que provocan, entre otros
problemas, desatención administrativa. La lejanía de la
Administración de la que dependen estos buenos ciudadanos y
sus «muellos» --utilizando la terminología medieval-- sus
fronteras, impiden que se les atienda debidamente en el ámbito
educativo, que se les atienda adecuadamente en el ámbito
sanitario, que se les atienda adecuadamente en cualquiera de
los sectores en los que tiene que funcionar la Administración
general, de la que dependen, «malgré» ellos, en este momento
estos ciudadanos de Treviño. Me gustaría saber si en el
Gobierno se está pensando en algún tipo de fórmula jurídica,
institucional, que permita superar (sé que está funcionando
una Co-misión de enclaves territoriales en el Senado, a ver si
por ahí vienen las soluciones) estos anacronismos que no nos
colocan precisamente a la cabeza de los estados más modernos
del mundo en el ámbito de nuestra organización administrativa.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Gracias señor Presidente.
Señor Olabarría, precisamente la constitución de la Ponencia
en el Senado para estudiar las enclaves territoriales, que
preside el Grupo Parlamentario Vasco, puede darnos orientación
y criterios que permitan al Gobierno tomar posición al
respecto. Tenemos el máximo interés en el desarrollo de dichos
trabajos, aun conscientes de que es la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la que tiene que decir la última palabra. En
ese sentido deberán realizarse todos los esfuerzos de
comprensión, de explicación, en la misma línea que usted acaba
de exponer.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE CARACTER GENERAL PARA QUE EL PROCESO DE
FUNCIONARIZACION SE HAGA CON SUJECION A LOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES Y A LOS MANDATOS LEGALES REFERIDOS A LA
FUNCION PUBLICA (Número de expediente 172/000099)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas de carácter
general para que el proceso de funcionarización se haga con
sujeción a los principios constitucionales y a los mandatos
legales referidos a la Función pública.
En nombre del Grupo interpelante, tiene la palabra el señor
Núñez. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor NUÑEZ PEREZ: Con la venia, señor Presidente,
señorías.
Señor Ministro, nos alegra mucho verle recuperado de la gripe,
estos procesos gripales tan contagiosos que pueden servir
incluso de coartada para evitar contestar preguntas difíciles.
(Rumores.) Hay que empezar así, señorías no hay que perder el
sentido del humor.
Esta interpelación fue aplazada, señor Ministro, por su viaje
a China, y durante su viaje se armó aquí la de Babel. Así que
voy a hablar en el más puro castellano para que no haya
confusiones.
Desde todos los sectores de la Administración pública señor
Ministro, se formulan protestas y recursos contra el proceso
de funcionarización. Auxiliares administrativos y
administrativos de distintos cuerpos y escalas, facultativos,
cuerpos superiores y cuerpos especiales, todos protestan. Por
algo será. Nosotros también protestamos, pero deseo comenzar
diciendo, para que quede bien claro, que esta iniciativa, como
tantas otras y de la misma finalidad que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado en esta legislatura y en
otras, en ningún caso y en ningún modo van en contra de los
empleados públicos; al contrario, tratan de defender los
derechos adquiridos por los mismos que la torpeza del Gobierno
está poniendo en peligro; tratan de defender los principios
constitucionales en que debe basarse la Función pública. Por
eso nuestra interpelación tiene por objeto cuestionar la
política de la Función pública llevada a cabo por los
sucesivos gobiernos socialistas y, en concreto, el proceso de
funcionarización que, a nuestro entender, está bajo sospecha.
Todo arranca, señor Ministro, también a nuestro entender, del
abuso intencionado en la utilización de contrataciones
laborales que el Gobierno socialista ha practicado sin pudor
desde 1983. Quizá porque uno de los vicios más nefastos para
la Función pública, el clientelismo, encuentra fácil acomodo
en ese procedimiento.
Antes de reclamar al Gobierno las medidas que, a nuestro
juicio, se necesitan, permítanme, señor Presidente, señorías,
exponer brevemente las causas del problema, la situación real
en que se encuentra y las consecuencias del mismo.
El llamado proceso de funcionarización laboral que desempeña
puestos de trabajo que, según la Constitución y la sentencia
99/1987, del Tribunal Constitucional, han de ser ocupados por
funcionarios, es la consecuencia de un error premeditado de
los gobiernos socialistas al que se dio carta de naturaleza
con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública y del que --repito-- sin ningún pudor se
ha abusado antes y desp sentencia.
El error premeditado deriva de la innata desconfianza de los
primeros gobiernos socialistas hacia los funcionarios y su
calculado objetivo de sustitución a través, por ejemplo, del
adelanto de la jubilación forzosa a los 65 años, a través del
uso y abuso de las libres designaciones y, por lo que aquí nos
interesa, a través del desmesurado incremento del personal
contratado laboral en relación con el funcionario. Baste
decir, señor Ministro --y son cifras que facilitan sus propios
documentos--, que en 1982 de cada cien personas al servicio de
la Administración central y periférica del Estado 80 eran
funcionarios y 20 relación llegó a ser de 57 a 43; en cifras
absolutas, en 1982 habían 78.000 laborales y en 1995 cerca de
160.000.
Pero nuestra interpelación no se refiere ni pregunta por todos
los contratados laborales, sino sola y exclusivamente por los
que ejercen y ocupan puestos de funcionarios y que según
respuesta dada por el propio Gobierno son 20.345 en los
ministerios, sin contar los que existen en los organismos
autónomos, en los entes públicos o en las sociedades estatales
del artículo 6.º de la Ley General Presupuestaria. A ellos
habría que añadir los afectados por las leyes de presupuestos
de 1989, 1990 y 1991. Por ejemplo, deberíamos sumar los que
han sido funcionarizados en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, que según convocatorias del 1 de
abril de 1993 y 30 de abril de 1994, ascienden a 7.955. Por
todo ello, no sabemos de verdad de cuántos puestos de
funcionarios de esa naturaleza estamos hablando.
Este grupo de contratados laborales, y esto sí que es grave,
no hubiera sido necesario --y no me estoy refiriendo a las
personas, que ya hubo una confusión que me produjo algún
disgusto, me estoy refiriendo a los puestos-- si el Gobierno
hubiera utilizado a funcionarios sobrantes en otros
ministerios mediante una adecuada y valiente, señor Ministro,
reasignación de efectivos, con lo cual, además, se hubiera
dado cumplimiento a los principios constitucionales y a los
mandatos legales referidos a la Función pública. Me estoy
refiriendo a usted, pero, evidentemente, sus antecesores y los
gobiernos socialistas, que todos tienen el denominador común
de don Felipe González, son los responsables.
No hay que olvidar que nuestra Constitución ha dejado bien
claro en su artículo 103 que los principios rectores del
personal al servicio de l pública son el mérito y la
capacidad. A tales principios se une el proclamado en el
artículo 23, que reconoce el derecho de los ciudadanos a
acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de
igualdad. Permítame completar este sistema aludiendo al
principio de reserva de ley, según el cual la designación de
si un puesto debe ser o no ejercido por funcionario no puede
hacerlo el Gobierno, no se puede hacer en la relación de
puestos de trabajos, tiene que hacerlo una ley.
Pues bien, mediante la generalización de las contrataciones
laborales en el ámbito de la Administración, llevada a cabo
por los gobiernos socialistas desde 1984, se conculcaron tales
principios. La culminación formal de esta manera de entender
las cosas quedó plasmada en la citada Ley 30/84, en el
artículo 15, que señalaba precisamente que en las relaciones
de puestos de trabajo podían fijarse puestos reservados a
funcionarios. Por ello tuvimos que recurrir y la sentencia
99/87, de 11 de junio, declaró inconstitucional este precepto
y otros muchos. El Gobierno socialista tuvo que proceder
a las oportunas rectificaciones en la Ley 23/88, de 28 de
julio, dando, entre otras cosas, nueva redacción al artículo
15, que sentaba el principio claro de que los puestos de
trabajo de la administración del Estado y sus organismos
autónomos, así como los de las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social serán desempeñados por
funcionarios públicos.
Le quedaba al Gobierno la papeleta de saber qué hacer con los
miles de empleados públicos que ocupaban puestos de trabajo
reservados por ley a los funcionarios. La solución venía dada
también por la disposición transitoria de la citada Ley 23/88,
que en síntesis pretendía garantizar los derechos del personal
laboral por dos vías: la primera, indicando que la nueva
adscripción de puestos a personal funcionario no acarrearía el
cese del laboral que lo venía desempeñando; la segunda, dando
la oportunidad a este último para participar en las pruebas
selectivas de acceso a los cuerpos o escalas en que figuran
adscritos los correspondientes puestos. Tal oportunidad se
podría ejercer siempre que se contara con la titulación
necesaria y se reunieran los demás requisitos exigidos por las
normas vigentes. Como mérito en esas pruebas de acceso se
valorarían, como es natural los servicios efectivos prestados
en su condición de laboral y las pruebas selectivas superadas
para acceder a la misma.
Hasta aquí todo parece normal. Los laborales no tenían por qué
pagar, hasta ahí podíamos llegar, las consecuencias de la
actuación no acorde c Constitución del Gobierno socialista.
Con la sentencia citada del Tribunal Constitucional y con la
Ley 23/88 se conjugaban de manera equilibrada los dos
intereses: el de la legalidad y el mantenimiento de los
principios que dan consistencia a la Función pública, por un
lado, y el muy respetable de quienes venían desempeñando los
puestos indebidamente adscritos por el Gobierno al personal
laboral. Lo que ya no resulta tan normal, señor Ministro,
siendo absolutamente criticable y rechazable, es el deliberado
propósito del Gobierno por justificar el complicado proceso de
funcionarización a raíz de estos hechos como una consecuencia
obligada de la sentencia; lo que ya no es normal, siendo
absolutamente criticable y rechazable, es la utilización
distorsionada de la sentencia. El Tribunal Constitucional se
limita a declarar la inconstitucionalidad y,
consiguientemente, la nulidad del citado artículo 15 de la Ley
30/84. Resulta, por tanto, sorprendente y estrambótico que
algunos hayan pretendido justificar el proceso de
funcionarización en esta sentencia que señala únicamente, con
toda claridad, que los puestos de la Administración tienen que
cubrirse con funcionarios, pero ni mucho menos autoriza a
decir que los contratados tengan que funcionarizarse a través
de convocatorias que no respetan los principios y normas que
sirven de base para el acceso y la promoción en la Función
pública.Conviene, pues, dejar bien sentada la grave
responsabilidad en la que incurrieron los gobiernos
socialistas sorteando, por no deci constitucional, porque el
problema surge precisamente cuando se pone en ejecución un
proceso de funcionarización que no cumple, como hemos dicho,
con la sentencia del Tribunal Constitucional ni con las
exigencias de la propia Ley 23/88, incurriendo el Gobierno en
las siguientes irregularidades.
Primero, en las leyes de presupuestos generales del Estado,
correspondientes a los ya citados años 1989, 1990 y 1991,
aparece un artículo relativo a creaciones, reclasificaciones e
integraciones. Ya sabemos lo que dice el Tribunal
Constitucional cuando la Ley de Presupuestos sustituye a lo
que es un proyecto de ley sustantivo, como tenía que ser para
hacer estas cosas.
Segundo, el artículo 37 de la Ley de Presupuestos da un paso
más, estableciendo la posibilidad de un turno especial en las
pruebas de acceso, llamadas de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas.
Tercero, el mismo mecanismo de creación de especialidades en
cuerpos y escalas, con la posibilidad de incorporación a ellas
de quienes venían ocupando las mismas obligaciones como
laborales, se pone en funcionamiento en los artículos 103 y
siguientes de la Ley de Presupuestos de 1991, creando, por
ejemplo, por este procedimiento, la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
Cuarto, el acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de
1991, cuyo recurso, como sabe el señor Ministro, está
pendiente de sentencia ante el Tribunal Supremo, permite que
se hagan convocatorias específicas para el personal objeto de
funcionarización.
Quinto, superando lo dispuesto en la Ley 23/88, en todas las
normas de convocatoria se da por supuesto que quienes superen
las pruebas tendrán derecho a ser designados en el mismo
puesto que venían desempeñando como laborales. La reserva
expresa de destino, señor Ministro, ¿en qué norma de nuestro
ordenamiento encuentra fundamento? ¿Conoce usted el
considerando tercero de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 23 de abril...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, le ruego
que vaya concluyendo.
El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor Presidente, voy tratando de
concluir.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ponga interés en ello.
El señor NUÑEZ PEREZ: Pondré interés en ello. Es que es un
tema muy interesante y creo que debe explicarse con claridad.
Quiere decirse, por tanto, que en esta fórmula de
convocatoria, para que le dicen al contratado laboral:
«Preséntese usted a la oposición, que le reservamos el puesto
y, además, si suspende no se preocupe, se lo volvemos a
convocar para usted. Así, puede estar usted suspendiendo toda
la vida». ¿Usted cree que eso es presentable desde cualquier
punto de vista, digamos, sensato, no ya acudiendo a normas ni
a sentencias?
En algunas órdenes de convocatoria incluso se incumple un
requisito tan esencial como el que señala el artículo 14 del
Reglamento General de Ingreso, aprobado recientemente --
todavía no se ha publicado--, el 10 de marzo de 1995, cuando
dice que las convocatoriascontendrán, al menos, el número y
las características de las plazas convocadas. Cuando se trata
de funcionarios, usted lo sabe muy bien, en el Boletín hay que
publicar el número de plazas y la base de las oposiciones; en
cambio, cuando se trata de contratados laborales en el «BOE»
sólo es obligatorio publicar el número de plazas, pero no las
bases de la convocatoria; artículo 29 del Reglamento aprobado
el 10 de marzo de 1995, que es idéntico al artículo 25 del
Reglamento vigente. ¿Puede explicar el Gobierno las razones de
esta desigualdad?
Séptima irregularidad. La simple lectura de la mayoría de los
temarios aplicados en los procesos de selección hace observar
que nada tienen qu que son habituales en el acceso normal a
los correspondientes cuerpos y escalas. Podemos hablar de la
exigencia de un ínfimo nivel de conocimientos y de unas
facilidades en el momento del examen que suponen simplemente
una burla a quienes desde la calle pretenden acceder a la
Función pública teniendo que superar otro tipo de pruebas,
otro tipo de exámenes, donde la discrecionalidad está reñida,
repito, con la objetividad y el rigor que se les exige.
Ante este cúmulo de irregularidades, no es de extrañar que
tanto el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de
1991 como las sucesivas órdenes de convocatoria hayan sido
recurridas ante los tribunales, con lo que a las
irregularidades se añade la incertidumbre acerca del resultado
y del destino final del proceso de funcionarización, y sobre
todo de la situación en la Función pública de los que han
aprobado las oposiciones. ¿Qué ocurrirá, señor Ministro, si
los recursos presentados --que yo tengo aquí 24-- obtienen una
resolución favorable y se declara la nulidad de las
convocatorias? Es casi seguro que esa papeleta nos toque
resolverla a nosotros, y me gustaría que nos la dejara
resuelta. Los recursos encuentran su razón justificada más
profunda en la conculcación que el proceso de
funcionarización, tal como lo desarrolla el Gobierno, supone
de los principios constitucionales de capacidad, mérito e
igualdad de derechos en el acceso a la Función pública.Desde
un punto de vista más político --ya termino, señor Presidente,
y muchas gracias por su amabilidad--, no deja de ser un
despropósito que el Gobierno se haya embarcado en un proceso
de funcionarización al que nada le obligaba; que lo haga de
manera irregular, arriesgándose a un nuevo varapalo ante los
tribunales con imprevisibles consecuencias para los afectados,
y en el momento más inoportuno desde la óptica de una política
coherente de la Función pública. No es de extrañar, señor
Ministro, que todo el mundo se pregunte por qué hace el
Gobierno estas cosas y a quién quiere favorecer. No es de
extrañar que todo el mundo piense que el Gobierno quiere dejar
bien colocaditas a determinadas personas que ingresaron en la
Administración durante su mandato sin otros méritos que la
afinidad política.
Está claro, señor Ministro, señorías, que no estamos
generalizando. Está claro que nuestro Grupo sabe que muchos de
los contratados laborales para desempeñar puestos de
funcionarios han cumplido con eficacia y rigor sus cometidos.
Pero justamente para defender los derechos de estas personas
hemos presentado la interpelación y otras iniciativas que
tienen la misma finalidad. La defensa de los derechos de estos
contratados laborales, algunos de los cuales ingresaron
incluso a través de determinados procesos selectivos, no nos
impide volver a subrayar que no hubiera sido necesario
contratarlos si se hubiera procedido a una correcta y valiente
reasignación de efectivos.
El despilfarro de los gobiernos socialistas en este asunto es
también espectacular. Las leyes de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado de 1994 y 1995 han regulado
mecanismos como los planes de empleo y reasignación de
efectivos cuya puesta en vigor no se entiende muy bien cómo se
puede compaginar con los procesos de funcionarización. Y menos
se entiende que en el mismo momento en que se procede a la
funcionarización de miles de contratados laborales con
funciones administrativas de carácter auxiliar se acuerde con
los sindicatos y se plasme en la ley de acompañamiento de los
presupuestos para 1995 la adscripción a personal laboral de
puestos ahora de funcionarios en tareas administrativas de
carácter auxiliar. Es, permítame la expresión, la pura
esquizofrenia. No quiero cansar a SS.SS. con el análisis de
las consecuencias que este proceso de funcionarización torpe,
irregular y discriminatorio ha producido...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, termine,
por favor.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya.
Las ha producido en todos los sectores: en los funcionarios,
en los propios contratados que ejercen puestos de
funcionarios, en los que se qui dentro de la Administración en
esos puestos que se reservan,
porque sí, a los que han entrado en la Administración por un
procedimiento mucho más fácil que los anteriores.
Por todas estas razones y para tratar sencillamente de
subsanar unas irregularidades que incluso desde el prisma de
los principios constitucionales son muy discutibles, yo
rogaría al Gobierno que presentara unas medidas que nos
evitaran tener que formular la moción correspondiente. Muchas
gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Varios señores
Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Para contestar, en nombre del Gobierno tiene la palabra el
señor Ministro para las Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Señor Presidente, señorías, agradezco al señor Núñez
la preocupación que tiene por mi estado de salud.
Evidentemente está fuera de toda duda que la gripe era
auténtica; no sé si ha tenido poder contaminante, pero eso ya
es ajeno a mi voluntad completamente.
El objeto de su interpelación me hace pensar que el señor
Núñez tiene una obsesión por recordar el pasado, la historia
del tratamiento de la Función pública a lo largo de los
últimos diez años, más que de proponer una solución al muy
complicado, como S.S. compartirá conmigo, proceso de
funcionarización de los laborales si nos atenemos a la
modificación d sentencia 99 de 1987, del Tribunal
Constitucional.
Yo no voy a contestar a todos los juicios de valor que ha
emitido acerca de supuestas desconfianzas de los funcionarios
en el año 1983 por parte del Gobierno socialista, ni a esa
identidad de la ampliación del número de contratados laborales
como fórmula clientelar, porque, al final, uno no sabe si el
señor Núñez quiere resolver el problema, funcionarizar o dejar
el personal laboral tal como está; en definitiva, nos invade
la confusión acerca de su preocupación real por la solución de
este problema.
¿Que hay recursos? Es evidente, porque pone de relieve la
complejidad de intereses que están en juego, la colaboración
imprescindible en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional de llegar a un acuerdo con las centrales
sindicales más representativas; que ha habido una tendencia
mimética también por parte de las legislaciones territoriales
autonómicas acerca de pruebas de acceso restringido para los
laborales, que luego han sido anuladas por sentencias del
Tribunal Constitucional, lo mismo referidos a la Ley de la
Función Pública en una comunidad concreta como en otra. Es,
por consiguiente, un problema que está pendiente, que afecta
ya no a estos miles de laborales que están trabajando en la
Administración general del Estado o en la Administración
institucional, sino también al múltiple número de trabajadores
que desempeñan, después de superar pruebas de acceso, puestos
en las administraciones autonómicas.
El punto de partida, como S.S. ha señalado, fue la sentencia
número 99 del Tribunal Constitucional, de 11 de junio de 1987,
que fue dictada en recurso promovido por el Partido Popular y
que determinó la modificación de la Ley 30/1984, por medio de
la Ley 23/1988, que dio una nueva redacción al polémico
artículo 15.1 de la Ley de 1984. Esa nueva redacción señala,
en ejecución de la doctrina sentada en la referida sentencia,
que los puestos de la Administración pública deben de ser
desempeñados por funcionarios y que sólo podrán ser provistos
por personal laboral aquellos puestos que excepcionalmente
decida la Administración en aplicación de los estrictos
criterios establecidos por la propia Ley 23/1988.
Con fecha 1 de abril de 1991 publicó el «Boletín Oficial del
Estado» el acuerdo del Consejo de Ministros, ya mencionado por
S.S., sobre la aplicación del mencionado artículo 15 y de la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley de medidas para
la Función pública, así como de los artículos 32, 33 y 39 de
las leyes de Presupuestos Generales del Estado,
correspondientes a los años 1989, 1990 y 1991. El acuerdo del
Consejo de Ministros citado vino a posibilitar el desarrollo
del proceso de funcionarización que puede afectar a unos
20.000 contratados laborales, del total de 125.000 que existen
en la Administración del Estado.
Haciendo un poco de historia sobre el origen del problema,
resulta oportuno destacar que la incorporación de contratados
laborales a la Administración del Estado en puestos propios de
personal funcionario no es un tema que nazca en 1982: por el
contrario, viene produciéndose desde mucho antes de esa fecha.
En buena parte, es consecuencia de la supresión del
contingente de contratados administrativos de colaboración
temporal que en número de 40.000 existía en 1982. En parte,
dichos contratados se reconvirtieron en personal funcionario,
y 6.445 lo fueron en personal laboral. Efectuada por la
Comisión interministerial de retribuciones la clasificación de
los puestos ocupados por personal laboral que requerían la
condición de funcionario público para su desempeño, resultó
que casi un 30 por ciento correspondía a contrataciones
efectuadas antes del 1 de enero de 1983.
En cualquier caso, la Administración del Estado se encuentra
en julio de 1988 con, aproximadamente, 20.000 contratados
laborales que desempeñaban puestos de personal funcionario.
Para racionalizar esta situación, la Ley 23/1988 estableció,
en su disposición transitoria decimoquinta, la posibilidad de
que este personal laboral que desempeñaba puestos propios de
funcionarios
pudiera acceder a la condición de funcionario de carrera a
través de la superación de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicho más claramente, no es éste un problema que
se haya generado recientemente, sino que existe en la
Administración del Estado desde hace un buen número de años.
Lo único que han hecho los Gobiernos socialistas ha sido
afrontar el problema de acuerdo a la ley y a la doctrina del
Tribunal Constitucional.
El Gobierno era consciente de la complejidad que implicaba la
funcionarización, complejidad derivada precisamente de la
necesidad de consagrar mandato constitucional de acceso a la
Función pública conforme a los principios de mérito y
capacidad, con la obligada consideración de la situación y
derechos de los contratados laborales --que me parece ha
olvidado en su intervención el señor Núñez--, contratados
laborales que desempeñaban sus puestos a pleno rendimiento,
puestos a los que habían accedido tras superar en la mayor
parte de los casos las oportunas pruebas.
Una vez dicho esto, me gustaría informar a S.S. sobre el
esquema conforme al cual está siendo llevada a cabo la
funcionarización.
La Administración comienza por negociar todas y cada una de
las fases con las organizaciones sindicales, por disponerlo
así la Ley 9/1987, de órganos de representación. En este
sentido, y por lo que se refiere al período 1995-1997, el
reciente acuerdo del mes de septiembre con las centrales
sindicales más representativas establece las condiciones a que
se debe adaptar el referido proceso. En segundo lugar, la
Administración tiene que concretar cuáles son los puestos de
personal laboral que han de ser clasificados como reservados a
funcionarios. Puedo adelantarles, señorías, que esta fase del
proceso se encuentra ya muy avanzada, puesto que se han
clasificado ya 20.435 puestos de trabajo. En tercer lugar,
cada Ministerio convoca las pruebas selectivas
correspondientes. Obligada consecuencia de las mismas ha sido,
como suele ocurrir en otras convocatorias, la interposición de
numerosos recursos e impugnaciones de funcionarios
disconformes. Los tribunales de justicia encargados de
resolver dichas impugnaciones dirán, en su momento, la última
palabra acerca de si las diferentes convocatorias han
respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en el
acceso a la Función pública. En este momento las únicas
resoluciones judiciales producidas en este proceso son los
autos del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1992 y de 4 de
enero de 1993, que, por cierto, rechazaron la pretensión de
suspensión del proceso puesto en marcha por el acuerdo de
Consejo de Ministros al que me acabo de referir. Por tanto, en
cuanto a la marcha del proceso en la fecha actual, han sido
clasificados 20.435 puestos por la comisión correspondiente,
convocadas pruebas selectivas para 2.526 plazas y
funcionarizados 1.739 contratados laborales en la Administraci
En la Administración institucional es de destacar, por su
volumen, el proceso de funcionarización que se ha llevado a
cabo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde
se han funcionarizado 6.697 contratados laborales en un
período de 15 meses aproximadamente, sin que se haya producido
impugnación o conflicto alguno. La funcionarización de los
2.754 contratados laborales en el cuerpo general
administrativo, en su especialidad de agentes de la Hacienda
pública, supone que esta categoría de profesionales, de gran
importancia en la lucha contra el fraude fiscal, en la
actualidad está integrada únicamente por personal
funcionarizado.
Creo que a la vista de la exposición que acabo de efectuar,
habrán podido disiparse las preocupaciones de S.S. respecto a
la forma en que el Gobierno está llevando a cabo el proceso de
funcionarización. Las medidas de garantía existentes y
operativas desde el principio se van a mantener en todo caso
conforme a lo previsto en el acuerdo con los sindicatos al que
acabo de referirme en el impulso que va a recibir este proceso
de funcionarización en el período 1995-1997.
Efectivamente durante este período próximo pueden tener SS.SS.
la plena seguridad de que a los procesos de funcionarización
se les continuarán aplicando las siguientes medidas
garantizadoras del cumplimiento de los principios
constitucionales y legales de igualdad, mérito y capacidad en
el acceso a la Función pública. Primero, las pruebas serán
adecuadas al nivel profesional del cuerpo o escala
correspondiente y se ajustarán a la normativa reguladora del
acceso a la función pública. A este fin, el Ministerio para
las Administraciones Públicas continuará examinando por cada
Ministerio si la convocatoria se ajusta a los principios de
igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función
pública, antes de proceder a su autorización. Segundo, como
norma general, las convocatorias se harán de forma
sectorializada. Asimismo, se exigirán conocimientos en cada
caso relacionados con las tareas que se desarrollen en el área
de actividad correspondiente. Tercero, se procurará facilitar
a los candidatos la formación necesaria para presentarse a las
pruebas en condiciones idóneas. Cuarto, los procesos de
funcionarización no afectarán a las expectativas de los
funcionarios en materia de movilidad y promoción.
La ejecución del proceso de funcionarización, estudio de
calendario y el establecimiento de criterios se está
realizando en el seno de la mesa de retribuciones y empleo,
dependientes de la mesa general, compuesta por los
representantes de la Administración y de los sindicatos. A
modo de ejemplo, permítanme citar el proceso de
funcionarización del personal laboral informático en tres
campos interdepartamentales, adscritos a los grupos A, B y C,
cuyas convocatorias, calendario y criterios
para su ejecución han sido objeto de estudio recientemente en
la citada mesa de retribuciones y empleo.
En su intervención insistió en que la contratación laboral
comenzó en 1993 como expresión del clientelismo. Ya he dicho
que considero rotundam afirmación y que, por el contrario, la
contratación laboral se remonta, nada más y nada menos, creo,
a la entrada en vigor del texto refundido de funcionarios
públicos del año 1964. Pero es que, además, en este mismo
sentido es más fácil que el clientelismo se produzca en
aquellos supuestos en los que la contratación laboral se
realiza sin pruebas que en los que se hace con ellas, que es
lo que está ocurriendo desde 1984.
Sobre la adecuación constitucional de las convocatorias, que
también ha sido objeto de la interpelación, estamos
convencidos de que todas las convocatorias para laborales han
contado con la propuesta, participación y aprobación de los
respectivos centros gestores, de las centrales sindicales y,
en último caso, de la aprobación del Ministerio para las
Administraciones Públicas. Las convocatorias realizadas hasta
ahora han sido desarrolladas en ámbitos funcionales en los que
el contenido de la prueba venía propuesto por los propios
departamentos, por tratarse de convocatorias de cuerpos o
escalas especiales. Todo el esfuerzo del Gobierno desde el
inicio del proceso ha ido dirigido a dotar a las citadas
pruebas de un contenido específico y diferenciado de las de
turno libre, en cuanto a que se trata de personal que ha
ingresado en la Función pública mediante procedimientos que ya
aseguran el mérito y capacidad, siendo dispensados de nuevos
enjuiciamientos sobre cuestiones cuyo conocimiento ya fue
acreditado en pruebas anteriores.
En esta misma línea me obliga S.S. a recordarle algo que no
debería ignorar. En los procesos como el que nos ocupa, el de
la promoción interna, se trata de validar los conocimientos
teóricos y de forma conjunta valorar el desempeño de la
actividad profesional. Me parece más que importante subrayar
que, al menos para el personal funcionario que ingresó con
posterioridad a 1984, ésta es la segunda prueba selectiva para
obtener un puesto de trabajo similar o equivalente
(evidentemente me estoy refiriendo al personal laboral),
debiéndose aplicar las mismas consideraciones al personal
contratado como laboral y que posteriormente participa en
pruebas selectivas en el marco del proceso de
funcionarización.
En conclusión, señorías, la buena marcha del proceso de
funcionarización en el que estamos embarcados en las
administraciones públicas puede condensarse en torno a los
siguientes puntos que me gustaría subrayar en orden a su
percepción con la mayor claridad por parte de todos los
colectivos e instituciones implicadas. Primero, será objeto de
impulso durante el período 1995-1997. Segundo, los criterios
de su ejecución han venido estableciéndose por exigencias de
la sentencia del Tribunal Constitucional, y así va a
continuar, entre la Administración y los sindicatos en el seno
de la mesa de retribuciones y empleo, y las convocatorias han
de ser previamente autorizadas por el Ministerio para las
Administraciones Públicas. De este modo se garantiza el
cumplimiento de los principios constitucionales y legales de
igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función
pública. Tercero, la configuración de la promoción profesional
poseerá un destacado papel en el futuro modelo de Función
pública. Y cuarto, el proceso de funcionarización más
importante por su volumen, como les he señalado, se ha
desarrollado en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, donde se han nombrado 6.697 nuevos funcionarios,
habiendo transcurrido todo ello con normalidad y sin
impugnaciones.
Creo que con estos elementos se puede disponer de una
comprensión satisfactoria del proceso que ha motivado esta
interpelación. Quiero concluir insistiendo en no olvidar la
situación en que se encuentran esos miles de trabajadores de
la Administración pública que superaron pruebas de selección
para ingresar en ese trabajo, y naturalmente no se puede
ignorar el trabajo que han venido desarrollando al servicio de
la Administración pública y que deben pasar a su
funcionarización con los requisitos establecidos por la
sentencia del Tribunal Constitucional y también con respeto a
la modificación introducida en el artículo 15.1 de la Ley de
medidas urgentes para la reforma de la Administración pública.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
El señor Núñez tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor
Ministro, he tomado nota telegráficamente de las cuatro
medidas. Impulso es el denominador común de todos sus
discursos, que exige el Tribunal Constitucional. El Tribunal
Constitucional lo que exige es que los puestos que tienen que
ser desempeñados por funcionarios los ejerzan los
funcionarios. No exige más, punto. No exige que ustedes hagan
una funcionarización que esté afectada de irregularidades. Eso
no lo exige. Exige sólo lo primero. Por eso tuvieron ustedes
que modificar --ejecución de sentencia-- el artículo 15 de la
Ley 30/1984, a iniciativa de un recurso del Grupo
Parlamentario Popular. Por tanto, las cosas que queden claras.
En cuanto a la promoción profesional, son cosas que no tienen
nada que ver con este problema. Afecta, por supuesto, a la
promoción y a la carrera administrativa la forma en que están
ustedes haciendo la funcionarización, pero de ese tema no
vamos a hablar ahora, porque entonces le citaría hasta dónde
llega nuestra propuesta de profesionalización en la
proposición
de ley del Gobierno y de la Administración del Estado que hace
poco nosotros presentamos aquí y ustedes rechazaron.
Por tanto, vamos a hablar del proceso. Usted dice que es
complicado. Claro que lo es, pero ustedes son los que lo han
complicado, y para precisar --porque en este turno de réplica
hay que dar mensajes telegráficos y muy escuetos--, yo no he
negado en absoluto que cuando ustedes consiguieron el Gobierno
legítimamente después de las elecciones del 28 de octubre de
1982 no hubiera contratados en la Administración. Claro que
los había, si se lo he dicho. Léase el «Diario de Sesiones».
He dicho que en 1982 de cada 100 personas, 80 eran
funcionarios y 20 laborales, se lo dije yo, y que en 1992 --
también se lo dije-- de cada 100, 57 son funcionarios y 43
laborales. Algo ha pasado ahí. En cifras absolutas, se lo voy
a decir también, 78.000 en 1982 y 160.000 en 1995. Son cifras
suyas, están en el registro de personal que usted nos manda a
los casilleros casi todos los trimestres.
Las cifras son elocuentes, señor Ministro, pero es que los
procesos de funcionarización de aquellos 78.000 que ustedes
heredaron en el año 1982 se hicieron a través de oposiciones
libres, que están ahí, en los «Boletines Oficiales del
Estado», sin reservas de puesto y con exigencia de
conocimientos muy superiores a los del nivel que actualmente
se exige. Ustedes no han afrontado el problema, lo han
agravado en número, y el diez por ciento que hay resuelto
hasta ahora, de los veinte mil y pico, sin contar los de otros
organismos autónomos, lo han hecho conculcando la ley y la
doctrina del Tribunal Constitucional.
Quería decirle muy pocas cosas en la réplica, pero algunas es
inevitable que se las diga. Por ejemplo, usted, señor
Ministro, tan partidario de laboralizar la Función pública,
según confesó en una de sus primeras comparecencias en esta
Cámara, ¿cómo permite que se utilice con tanto entusiasmo,
ligereza e irregularidad la funcionarización de los laborales?
Deben funcionarizarse, pero correctamente.
No quiero perderme con el efecto contagio que estas cosas
producen en otros sitios, porque, evidentemente, usted ha
hecho muy bien en no entrar en esa cuestión, y yo tampoco voy
a hacerlo. Simplemente quiero decirle que las irregularidades
son tan evidentes que se denuncian en 24 recursos, presentados
contra otras tantas convocatorias, que incurren en
ilegalidades manifiestas y de importancia tal que minan el
sistema de accesoa la Función Pública que establece n básicos,
cuales son la igualdad, el mérito, la capacidad y la reserva
de ley para su regulación. Ninguno de los cuales se ha
respetado en muchas de las convocatorias en el nuevo sistema
de acceso.
Le voy a poner un ejemplo que procede de su propia Dirección
General de la Función Pública, y se lo voy aleer textualmente.
Este nuevo sistema de acceso, señor Ministro, otorga ventajas
desorbitantes, participación restringida en un único turno,
reserva de destino e ínfimo nivel de exigencia de
conocimientos al personal laboral contratado por la
Administración para desempeñar puestos, que según la propia
Constitución sólo pueden ser ocupados por funcionarios.
He subido a la tribuna unos cuantos ejemplos del «Boletín
Oficial del Estado», aquí los tengo, con las órdenes de
convocatorias. No tengo tiempo ni humor pararelatarlas todas,
pero si tres eje agradecemos.) Se lo mandaré con una tarjetita
a cualquiera de ustedes que les interese.
Unos ejemplos. La orden de 31 de mayo de 1993 convoca pruebas
selectivas de ingreso en el cuerpo de observadores de
meteorología: seis temas,reserva de puesto, mantenimiento del
nivel retributivo, y si no aprueban, pueden repetir o
«tripitir». La de 31 de mayo de 1993 convoca pruebas para
ingresar en la escala de técnicos facultativos superiores de
organismos autónomos del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones: catorce temas e idénticas ventajas.
Pero estas irregularidades e ilegalidades manifiestas las pone
de relieve un escrito de la Dirección General de la Función
Pública, de 15 de junio de 1994, a propósito de la
convocatoria de funcionarios correspondientes a los Cuerpos
facultativos de archivos, bibliotecarios y arqueólogos,
conservadores de museos y ayudantes de archivos, bibliotecas y
museos. Con un rigor y honestidad digna de mejor causa, señor
Secretario de Estado (Dirigiéndose al Secretario
Administración Pública, señor Méndez Martínez.), está muy bien
el informe, hace las siguientes observaciones, que leo
textualmente. Supon dejado en el escaño, porque si no tendría
que pedirle permiso al señor Presidente para volver por ellas.
El señor VCEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino con la lectura de unos párrafos
de este documento.
Dice la Dirección General: El Primer ejercicio de todas las
convocatorias remitidas implica la reconversión de los dos
ejercicios del turno libre, consistentes en el desarrollo por
escrito de varios temas del programa, en la elaboración y
posterior exposición oral de un único tema, utilizando el
material de consulta que se estime necesario. Este extremo
puede convertir la prueba --dice la Dirección General-- en una
mera evaluación de la capacidad del candidato para elegir sus
fuentes bibliográficas y no en un determinado nivel de
conocimientos. Dado que el número de temas de los programas
destinados a esta prueba, la única de carácter teórico, es ya
bastante reducido la utilización de material de apoyo no
resulta adecuada.
Sigamos. El segundo ejercicio, también de todas las
convocatorias, sustituye la resolución de supuestos prácticos
por la elaboración de una memoria de orientación ya prevista
en la convocatoria, memoria que se puede hacer en casa, para
todos los candidatos y para los que no se prevé ni siquiera la
defensa ante el tribunal. Teniendo en cuenta el primer
ejercicio --dice la Dirección General-- y dada la ex prueba
real de conocimientos, esta configuración no se considera
apropiada al carecer el ejercicio de tal naturaleza. Lo mismo
dice del ejercicio de idiomas. Y concluye, para no cansar a
SS.SS.: En de exenciones no justificadas, como la del segundo
idioma en los dos cuerpos señalados, el proceso se configura
con un amplio margen de discrecionalidad, lo que merma, al
menos aparentemente, su rigor y objetividad. No lo decimos
nosotros, lo dice la Dirección General de la Función Pública
de su Ministerio.
Ante este panorama, señor Presidente, señor Ministro,
señorías, el Gobierno permanece pasivo. Un magistral don
Tancredo. Y nuestra obligación de hoy es despertarle y decirle
que le va a pillar el toro, no a usted, Gobierno, que un buen
revolcón bien se merece, sino, a los propios contratados
laborales, porque no merecen estar bajo sospecha y porque de
esta manera no se respetan, con todas las garantías, los
derechos adquiridos por ellos. ¿Qué pasará --le pregunto de
nuevo-- si como consecuencia de los recursos se declara la
nulidad de las oposiciones celebradas? ¿Por qué tiene que
haber discriminaciones dentro de la Función pública y no
tienen que tomarse, en estos momentos, otras medidas distintas
de esas cuatro gaseosas con las que usted terminó su anterior
intervención? Se lo digo con todos los respetos y con la mayor
cordialidad. ¿Cómo no se pueden tomar determinadas medidas
para atajar estos problemas? Todavía están ustedes con el 10
por ciento funcionarizado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya por favor,
señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Termino, señor Presidente.
Para el resto y para los anteriores corrijamos el rumbo,
introduzcamos medidas que de verdad planteen el proceso con
arreglo a la ley y con respeto, de verdad, a los principios
constitucionales y a la doctrina del Tribunal Constitucional.
En esa línea irá nuestra moción, señor Ministro.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Ministro. (El señor Torres Gómez:
¿Qué ha pasado en la Junta de Andalucía, es que son todos
catedráticos? ¡Vaya una jeta!--Fuertes rumores.)
¡Silencio, señorías!
El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra
Acevedo): Señor Núñez, quiero reiterarle las cifras. En rales
en el conjunto de la Administración General del Estado y
organismos autónomos, ascendía a 200.000, un 30 por ciento del
total de funcionarios y personal laboral de ese ámbito. En
1994, señor Núñez, el número de contratados laborales
desciende a 131.728, es decir, un 27 por ciento del total.
En cuanto a las convocatorias efectuadas, desde la primera,
del 10 de junio de 1993, hasta la última, de 21 de diciembre
de 1994, se han concluido cinco de ellas sin que hayan sido
objeto de impugnación, y en las demás se ha realizado el
primer ejercicio y continúan realizándose los restantes
ejercicios sin que tampoco exista ningún problema que haya
provocado la suspensión por parte de ningún órgano judicial
competente.
Yo pensaba que iba a lamentar el ritmo, la lentitud en este
proceso de funcionarización, pero precisamente la complejidad
del tema es lo que nos ha llevado, en las conversaciones con
los sindicatos, a actuar de manera muy prudente para impedir
que cualquier exceso en el carácter restrictivo de una prueba
pudiera viciar de nulidad su celebración.
En consecuencia, esperamos con la máxima atención la moción,
porque si contribuye a aclarar este proceso tan complejo la
acogeremos con el máximo rigor. Insisto en que por la
complejidad del tema, se lleva arrastrando desde hace años y
no es fácil solucionarlo, porque ante los criterios
constitucionales --que a mí me gustaría que fuesen otros, en
favor de la laboralización, como usted ha señalado-- todavía
existentes, hay que actuar con prudencia para evitar la
inseguridad jurídica de los que concurren a esas pruebas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos parece interesante el planteamiento que ha hecho
el Grupo Parlamentario Popular, mediante la presentación de
esta interpelación urgente al Gobierno, en la medida en que
nos encontramos ante un modelo de articulación de la
prestación de los servicios públicos bien en relaciones de
naturaleza laboral, bien en relaciones de naturaleza
estatutaria.
La aspiración o la finalidad que pueda perseguir la política
del Gobierno central en cuanto a la adquisición de fijeza, por
parte de contratados de naturaleza laboral temporal, y, a
renglón seguido, la funcionarización
de puestos de trabajo de naturaleza laboral, puede ser una
función loable. El problema está, señor Presidente, en si eso
tiene correspondencia suficiente, en base al principio de
publicidad, mérito y capacidad y, fundamentalmente, al
principio de igualdad, puesto que todo respeto al principio de
igualdad exige que una actuación administrativa esté
fundamentada o soportada en criterios objetivos, razonados y
acreditados. Por tanto, pueden existir dudas --lo decía el
señor Núñez-- sobre la adecuación al principio de igualdad
constitucional de determinadas actuaciones en políticas de
funcionarización de laborales, al encontrarnos ante dos
regímenes jurídicos de empleados públicos distintos: por un
lado, quienes han adquirido la naturaleza de funcionarios con
sujeción a la Ley 30/1984 y, por otro lado, los empleados
públicos de naturaleza laboral sujetos al Estatuto de los
Trabajadores. En ambos casos es doctrina jurisprudencial
asentada que es necesario el cumplimiento de los principios de
publicidad, mérito y capacidad, y ahí se han producido cruces
que ha resuelto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en cuanto a la adquisición de fijeza en el ámbito de la
Administración pública de personas que han accedido a la misma
sin respetar debidamente estos principios. Existe esa
jurisprudencia y, en este sentido, nos planteamos las dudas
que puedan existir respecto a la adecuación de determinadas
actuaciones del Gobierno en este ámbito.
Coincidimos con el Gobierno en que es más operativo disponer
de empleados públicos que estén ligados al Gobierno por una
relación de naturaleza estatutaria, por una sencilla razón,
porque, cuando se tiende a prestar un servicio público, el
estar ligado a una Administración pública con una relación
jurídica de naturaleza especial, en virtud de la cual existe
una potestad extraordinariamente superior a la que hay en una
relación de naturaleza laboral, da una garantía a la
Administración a la hora de prestar el servicio. Pero, además,
se produce otro efecto, y es que tanto para el ciudadano como
para la Administración supone una garantía el tener a los
empleados públicos sujetos a una relación de naturaleza
funcionarial y no laboral, porque la práctica nos está
enseñando que es más fácil gestionar el empleado público de
naturaleza funcionarial, aunque parezca un contrasentido, que
el empleado público de naturaleza laboral, por la sencilla
razón de que la Ley 30/1984 y la legislación autonómica que
desarrolla la misma, así como los diferentes reglamentos
disciplinarios de los funcionarios de las administraciones
públicas, están otorgando una serie de potestades a la
Administración a la hora de la movilidad y a la hora de la
amortización de plazas, elementos éstos de difícil gestión en
el ámbito de las relaciones de naturaleza laboral puesto que
requieren la intervención de la autoridad laboral en los
expedientes de regulación de empleo, en los expedientes de
movilidad por causasä objetivas, aspectos que no se dan en
relaciones de naturaleza funcionarial porque la potestad y la
relación que liga a la Administración con el empleado público,
en el caso de los funcionarios, es diferente y, por tanto,
supone una mayor garantía tanto para la Administración como
para el ciudadano, que es lo que en realidad nos debe
preocupar a la hora de la prestación de un servicio público.
Sin embargo, señor Presidente, creemos que esas determinadas
cautelas a las que el señor Núñez aludía, con respecto a
políticas de funcionarización, son adecuadas, porque hay
personal que ha accedido a prestar servicios en la
Administración pública con unos determinados requisitos, con
unas determinadas exigencias que nada tienen que ver con
aquéllos que han accedido a la Función pública en base a
relaciones de naturaleza de sujeción especial, en definitiva,
funcionarios o estatutarios. Por tanto, esa garantía ha de
mantenerse también para la cobertura de estas plazas, cuando
se proceda a la funcionarización.
Quizá resulte difícil cohonestar y establecer una
correspondencia entre los planteamientos que ha hecho el señor
Núñez y lo manifestado por el señor Saavedra, pero nuestro
Grupo Parlamentario va a estar atento a la solución que quiera
aportar el Grupo Parlamentario Popular. Nos parece que hay que
hacer un seguimiento de todas estas cuestiones, que estamos
judicializando todas estas convocatorias de funcionarización
y, por lo tanto, vamos a esperar a la moción que presente el
Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición política
definitiva respecto a la política de funcionarización que
sigue el Gobierno central en las plazas de laborales.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señor Ministro, es
cierto que éste es un problema de todas las administraciones
públic da con especial virulencia en otra administración y no
en la Administración General del Estado. Por ello yo creo que
hay que acertar en la solución.
En un determinado momento las opiniones de los sindicatos, de
los sectores públicos, apuntaban a la laboralización por dos
tipos de razones. U tenían más derechos los laborales: tenían
derecho a la negociación colectiva, tenían derecho a la
huelga, tenían derecho a una serie de prestaciones de la
Seguridad Social del Régimen General superiores a las de los
funcionarios. Por ello los trabajadores, los sindicatos y
también los gestores públicos preferían el sistema de régimen
laboral.
Había también --y hay que apuntarlo ya-- razones subjetivas no
siempre plausibles. La legislación laboral permitía contratar
a quien se quisiera. Se hizo uso y abuso de la legislación de
promoción de empleo. Yo conozco listas de empleados que ni
siquiera pasaban por el Inem. En virtud de una legislación muy
permisiva de contratos de fomento del empleo, sin ningún tipo
de prueba, se hacían contratos laborales que fueron
renovándose sistemáticamente --aquí lo hemos visto con motivo
de la reforma laboral, de forma que los primeros contratos que
eran de carácter temporal sistemáticamente se iban renovando--
y ahí han aparecido bolsas. Por tanto, hay razones subjetivas
que no hay que despreciar, que están ahí, que causan escándalo
--porque todo el mundo sabe cómo fue contratado su compañero--
y eso es lo que crea distorsiones en el debate que se está
produciendo.
En estos momentos, en 1995, hay que relativizar el dualismo
entre funcionario y personal laboral, porque los funcionarios
se han ido acercando a los laborales, tienen derecho ya a
negociación colectiva, con unas determinadas limitaciones, hay
otra serie de beneficios que se han incorporado, como es el
Régimen General de la Seguridad Social, etcétera, que ya no
les hace tan diferentes. Por otra parte, los laborales también
se han acercado a un punto medio. En estos momentos nadie
puede sostener que el régimen de incompatibilidades no afecta
a los laborales. Se dice en la determinación de toda la
legislación: incompatibilidades de los funcionarios públicos,
pero todo el mundo entiende que, aunque haya un contrato
laboral, determinados trabajadores están sometidos al régimen
de incompatibilidades.
Todo el mundo entiendo hoy en día que en el acceso al trabajo
público, aunque sea por el régimen laboral, debe haber una
serie de elementos y pruebas objetivas. Por lo tanto, yo creo
que se han ido acercando. Yo me uno a la petición de que este
tema de la funcionarización --que, efectivamente, está en el
capítulo 24 de los acuerdos con los sindicatos de septiembre
pasado-- habría que relativizarlo en base a esto, a que, si es
posible--si por fin llega--, ese régi ese régimen único
flexible y básico de todos ellos y de todas las diferentes
administraciones. Probablemente ahí podría encontrarse un
punto de solución.
Yo creo que lo fundamental no es si los laborales deben
transformarse, sino el problema, muy ubicado en determinadas
partes, de los laborales que no han tenido siquiera pruebas.
Yo estoy de acuerdo con el señor Ministro en que en estos
momentos hay convocatorias de pruebas de laborales con setenta
temas, que no suponen un beneficio especial en comparación con
cualquier oposición de funcionarios públicos; no es ése el
problema. Lo que escandaliza a todo el mundo es el que no ha
entrado por la puerta constitucional del mérito, la capacidad,
la publicidad, etcétera.Establecido ahí, yo también sería
partidario de que el que haya superado ya las pruebas, tampoco
hay ninguna razón para que las repita. Si alguien ingresó en
la Administración con un contrato laboral indefinido, mediante
unas pruebas que eran tan similares que eran copiadas del
régimen de funcionarios, yo no entiendo por qué se les hace
repetir la prueba, porque evidentemente también ahí hay una
lesión de sus derechos. Si quiere permanecer en la
Administración pública, debe repetir las pruebas. ¿Y por qué
las tiene que repetir? Si él no eligió que el puesto de
trabajo era de funcionario o de laboral. El acudió a una
prueba de tal puesto de trabajo. ¿Que le dijeron que era
laboral? Pues bien, repitió exactamente el proceso.
Si se llega por fin a traer a esta Cámara el régimen jurídico
de los empleados públicos podría tal vez resolverse el
problema que ha señalado el señor Núñez, y que yo creo que hay
que confesar que es cierto. Es preferible no funcionarizar a
hacer el ridículo y cometer injusticias. Si funcionarizar
significa que se hace una prueba para pasar el trámite en la
que efectivamente se ha descentralizado al máximo, si entre
ellos se ha dicho qué es lo que se les tiene que preguntar, si
se anuncia que simplemente es escribir y si no lo saben
escribir, se les deja repetir, etcétera, yo creo que antes de
hacer el ridículo, que es un problema gordo, antes de
violentar de esta forma la Constitución, es preferible parar.
Es preferible parar, porque yo reconozco que hay que preservar
los derechos de esos trabajadores, sobre todo si entraron con
pruebas de acceso similares a las de los funcionarios, de lo
que ellos no tienen ninguna culpa. Pero no cometamos tal
atropello a la legislación que, además, hagamos el ridículo.
Yo creo que uno de los elementos que habría que cuestionar en
estos momentos (a ver cómo es la moción que se presenta), es
el tema de la descentralización de las pruebas, que permite
demasiados abusos. Otro de los elementos es que, desde luego,
el Ministerio debería ser también coherente. No puede, por una
parte, firmar con los sindicatos, en septiembre de 1994, un
acuerdo que dice que se va a funcionarizar y, por otra parte,
remitir a esta Cámara un proyecto de ley --que es ley ya en
estos momentos-- donde determinadas funciones auxiliares-
administrativas se laboralizan. Así no vamos a entendernos
nadie. Debemos saber si vamos hacia la funcionarización o si
vamos a la laboralización.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Martínez Blasco.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA
DE POLITICA PESQUERA, EXTERIOR, DE DEFENSA,
ASI COMO DE COORDINACION DE TODAS ELLAS, QUE TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO PARA ASEGURAR LA ACTIVID NUESTRA FLOTA DENTRO DEL
RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL (Número de expediente
172/000101)
El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
materia de política pesquera, exterior, de defensa, así como
de coordinación de todas ellas, que tiene previsto el Gobierno
para asegurar la actividad de nuestra flota dentro del respeto
del Derecho internacional.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, hoy tenemos la oportunidad de ver todo el problema
de la si que se generó ante la opinión pública con el
apresamiento, en aguas internacionales, del barco Estai, desde
una perspectiva, si se quiere, más serena que en los
anteriores debates parlamentarios que se han venido
produciendo en esta Cámara desde que aquellos hechos
acontecieron.
Después de aquel primer debate parlamentario en el que el
conjunto de la Cámara, por unanimidad, otorgó un apoyo cerrado
a las reivindicaciones españolas tras aquel ataque,
absolutamente ilegítimo, de la Armada canadiense y la
resolución que hoy mismo ha tomado la Comisión de Agricultura
y Pesca, también por unanimidad, reclamando que no debe ser la
cuota pesquera inferior en ningún caso a 18.630 toneladas, que
es la cuota que autónomamente decidió la Unión Europea que le
correspondía, después de los desgraciados acuerdos de la NAFO,
hoy tenemos la oportunidad, en primer lugar, de decirle al
Gobierno: señores del Gobierno, cuando negocien ustedes en
Bruselas, digan que tienen una Cámara muy exigente, vigilante,
que no se fía de ustedes y que, desde luego, les va a
controlar extraordinariamente lo que hagan. Esto va a ser un
arma de presión allí en Bruselas. Esto es algo que, ejerciendo
de oposición responsable, favorece a la posición española.
Aparte de lo anterior, nosotros entendemos que esta Cámara
tiene la obligación de controlar la actuación del Gobierno, no
solamente en lo que ha sido el proceso más llamativo, la
captura del Estai y los sucesos acontecidos después, sino cómo
se ha venido produciendo el proceso anterior que nos ha
llevado a la situación en que nos encontramos de grave peligro
para el futuro de la pesca española.
En este proceso, si hubiera que hacer un juicio global de las
actuaciones de las diferentes instituciones, yo me atrevería a
decir que los legislativos se han comportado muy bien --y me
refiero no solamente a esta Cámara, sino también al Parlamento
Europeo-- y los gobiernos han tenido una actuación bastante
deficiente, y no me refiero únicamente al Gobierno de España,
sino también al Gobierno de la Unión Europea, es decir, a la
Comisaría de Pesca y al conjunto de la Comisión Europea, en el
que nosotros detectamos actuaciones muy deficientes que
merecen nuestra crítica y explicaciones; explicaciones que, en
lo que se refiere al Gobierno español, consideramos que se
deben esbozar hoy en esta interpelación y en la respuesta que
el Gobierno dé.
Para entender la actuación de los diferentes parlamentos, diré
que, por ejemplo, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo
lamentó profundamente el acuerdo que se tomó en la NAFO y
criticó severamente al comisario de Pesca que en ese momento
estaba actuando en la Unión Europea por haberse abstenido en
el acuerdo por el cual Canadá, junto con una serie de países
que se aliaron a ellos, consiguió rebajar la cuota europea
desde 40.000 a 27.000 toneladas. En ese acuerdo, que tuvo una
primera fase en septiembre de 1994 y una segunda, ahora, en
febrero de 1995, la Unión Europea pasa de 37.000 a 3.400
toneladas y Canadá pasa de 6.400 a 16.300 toneladas. Y en esta
situación, la Unión Europea se abstiene en la votación.
Me parece absolutamente legítimo y clarificador el juicio que
en ese momento hace la Comisión de Pesca del Parlamento
Europeo, que critica duramente la actuación que tuvo el
comisario de Pesca.
Nosotros nos preguntamos cómo el Gobierno español consintió
que este acuerdo se llevara hasta sus últimos extremos. ¿Por
qué no vetó que este acuerdo se llevara a cabo? Nosotros
quisiéramos hoy conocer las explicaciones que el Gobierno nos
pueda dar sobre cuáles fueron sus actuaciones para impedir que
este acuerdo, gravemente lesivo y en contra de lo que había
sido la tradición pesquera en el área NAFO, se llevara a cabo.
Esta es una incógnita enormemente importante, porque de ahí
proviene la situación en la que nos encontramos.
No solamente pasa esto. El Gobierno español tenía consciencia
clara --o debería tenerla-- de que Canadá estaba acechando y
acosando a los diferentes barcos españoles que estaban
faenando en el área NAFO. Lo debía saber porque incluso hubo
un comunicado del conjunto de los pesqueros españoles que
estaban trabajando en esa área; comunicado que se redacta el 1
de octubre de 1994, en el que, entre otras cosas, dice que es
conocido por todos el fin que persigue Canadá como miembro de
la NAFO, intimidándonos hoy día con buques de guerra,
submarinos y aviación, tratando de humillarnos considerando
como suyas estas aguas internacionales. El 1 de octubre de
1994, el conjunto de los barcos españoles que estaba faenando
en esa área,
con un comunicado advertía seriamente que existía un acoso
importante por parte de la Marina de Guerra y del conjunto de
las Fuerzas armadas canadienses que estaban --como dicen
ellos-- incluso intentando humillarles.
Nosotros nos preguntamos ¿qué reacción tuvo el Gobierno
español cuando conoció este comunicado? ¿Qué actuaciones nos
puede decir el Ministro de la Presidencia, que representa hoy
aquí al Gobierno, que tuvo el Gobierno español cuando tuvo
conocimiento, en octubre de 1994 (como lo debió tener el
conjunto de la opinión pública, pero el Gobierno más, porque
para eso debe ser el responsable de lo que está sucediendo en
el conjunto de los intereses españoles), que estaba
produciéndose una situación de esta naturaleza?
Después de estos hechos, después de que Canadá presionara de
una forma tan brutal en la NAFO para reducir las cuotas de la
Unión Europea, salt incluso lo que había sido la mecánica
habitual de la NAFO de llegar por consenso, hasta imponer en
una votación --en la cual la Unió Europea t unas cuotas que
Canadá sabía que estaban absolutamente en contra de la
tradición pesquera que se había llevado en esas aguas, después
de que Canadá había actuado de la forma en que nos plantea
este comunicado de los pescadores españoles, nosotros pensamos
que el Gobierno debía tener elementos de juicio suficientes
para saber lo que iba a pasar. Por lo tanto, no debería
cogernos por sorpresa lo que luego sucedió.
Con lo que luego sucedió, mi Grupo Parlamentario tiene que
aplaudir lo que hizo el Parlamento europeo, que, al día
siguiente de que se abordara al barco Estai, tomó una
resolución que, a nuestro juicio, tiene elementos
extraordinariamente interesantes --perdón si me equivoco en
algo en una traducción de urgencia--, en la que se insta a la
Comisión y al Consejo a mantener las posiciones que se han
tomado, defendiendo firmemente los principios de la Ley del
Mar; en la que se insta a todos los cuerpos de la Comunidad y
a los Estados miembros a apoyar con firmeza las actuaciones
contra Canadá; en la que se insta a suspender los acuerdos con
Canadá; en la que se reconoce que todos los daños contra el
Estai deben ser compensados por la parte ofensora, por Canadá.
Después de una resolución de esta naturaleza, con los apoyos
tan importantes que significaba para el Gobierno español y
para los pescadores españoles que estaba a bordo del Estai,
nosotros no podemos sino hacernos una pregunta que trasladamos
al Gobierno. ¿Cómo se puede explicar que con esos apoyos tan
importantes, nada más y nada menos que del Parlamento Europeo,
el buque Estai decide pagar la fianza, decide volverse a
España, dejando en una situación de debilidad política
importantísima lo que hasta ese momento había sido una
actuación conjunta y de apoyo mayoritario en el Parlamento
Europeo y de apoyo mayoritario del conjunto de los países de
la Unión Europea? ¿Qué explicación se puede dar a eso? ¿Cómo
ac español ante el buque Estai para que no pagara la fianza?
¿Tuvo alguna actuación el Gobierno español? Nosotros también
queremos una explicación solvente sobre este asunto, porque,
desde luego, el pago de la fianza ha dejado las
reivindicaciones españolas en una situación de importante
debilidad.
Por lo tanto, señor Ministro, tienen el apoyo unánime que hoy
le han prestado todos los grupos para que mañana negocien en
Bruselas que España siga manteniendo la cuota-parte de esas
18.630 toneladas, que es la cuota autónoma que ha exigido la
Unión Europea. Bien es cierto que el Grupo Socialista ha
empleado en su discurso un término que a mí me resulta
profundamente familiar. Ha dicho: de entrada, 18.630. Ese «de
entrada» tiene rememoraciones antiguas que no le voy a
recordar. Aquél «de entrada, no». Pues bien, ahora el Grupo
Socialista por lo menos ha dicho que, de entrada, las 18.630
toneladas. Hoy, en la información que ha dado Televisión
Española, ya decía que 10.300. Televisión Española omitió el
acuerdo de la Comisión de las 18.630. Simplemente dijo que
había un acuerdo unánime, pero omitió la cantidad. En cambio,
ha dado la cifra de 10.300 toneladas que plantea el Gobierno
como posibilidad. Ese «de entrada» ha sido en última instancia
un acuerdo unánime. También este «de entrada» me sugiere una
reflexión que yo considero no es baladí, sino que es
interesante. Nosotros, que estamos en la Alianza Atlántica
supuestamente para defendernos de las actuaciones de terceros
países, hemos sufrido la agresión de un socio. Pregunto al
señor Ministro, ¿qué actuaciones han tenido ustedes dentro de
esta organización? Simplemente la pregunto ésto. ¿Qué han
hecho ustedes para que eso se aclare?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, vaya
concluyendo.
El señor ANDREU ANDREU: Voy terminando, señor Presidente. Por
último, y dentro de esta situación, igual que le he hecho
notar al principio cuando me he referido a la corrección que,
a nuestro juicio, tuvo el conjunto de los órganos
legislativos, a nosotros también nos llama la atención el caso
de Gran Bretaña. Aunque últimamente se ha producido un
movimiento pendular distinto, que nosotros saludamos, de otros
órganos periodísticos, que parece tienen una posición más
objetiva, sin embargo el señor Major ha dicho cosas
gravísimas. ¿Ha actuado nuestro Gobierno ante el de Gran
Bretaña exigiendo explicaciones sobre los comentarios del
señor Major, que no es cualquier persona, es el Primer
Ministro de Gran Bretaña?
Señor ministro, y con esto concluyo, este apoyo que le he
manifestado en reiteradas ocasiones no exime de
que nosotros veamos importantes lagunas en el comportamiento
del Gobierno español en el proceso anterior y posterior al
apresamiento del «Estai». Nosotros consideramos urgente que se
aclaren estos conceptos porque de ello depende no sólo el
futuro de nuestra flota en el Atlántico Norte. No olvide que
al calor de esta situación Marruecos ha exigido
posicionamientos mucho más duros y, desde luego, podemos estar
en una situación muy difícil si no tenemos una actuación
consecuente por parte del Gobierno y también por parte de este
Parlamento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor
Presidente, señorías, para analizar, aunque sea someramente,
las circunstancias que rodean la actividad pesquera de nuestro
país en aguas de otros Estados miembros de la Unión Europea o
en aguas internacionales, creo que es necesario recordar cómo
la nueva regulación jurídica del mar, que se generalizó a
finales de los años setenta, supuso un cambio trascendental de
las condiciones en las que hasta ese momento se había
desarrollado la pesca en el mundo.
La extensión de las zonas económicas exclusivas a 200 millas,
consagrada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, en 1982, otorgó a los Estados ribereños el
control sobre buena parte de las zonas tradicionales de pesca
en las que se concentran, además, gran parte de los recursos
pesqueros del planeta. A consecuencia de este fenómeno, los
grandes países pesqueros, muchos de los cuales como España
habían buscado durante siglos realizar sus capturas en mares
distantes, hubieron de someterse a la necesidad de utilizar la
vía de los acuerdos internacionales de pesca para acceder a
sus caladeros tradicionales, o a la posibilidad de explotar
zonas situadas en aguas internacionales, cuyas potencialidades
pesqueras son menores, incluso a menudo absolutamente
desconocidas.
Paralelamente, esta nueva situación, lejos de producir, como
se creyó en un principio, reducciones en la capacidad total de
las flotas pesqueras mundiales y en las capturas que éstas
realizaban, ha tenido un resultado claramente contrario. El
incremento en términos globales de la flota pesquera mundial,
especialmente la de los países costeros, unido a la
concentración del esfuerzo sobre las especies más comerciales,
ha puesto de manifiesto la necesidad ineludible de promover
medidas de conservación que garanticen el futuro de la
actividad pesquera.
España, como país de gran tradición en la explotación de los
recursos del mar y como país especialmente afectado por los
cambios en la titularidad de los recursos habidos en estos
últimos tiempos, ha sido pionera en reclamar de la comunidad
internacional la puesta en marcha de medidas encaminadas a
garantizar un desarrollo sostenible de la actividad pesquera,
esto es, medidas que permitan explotar los recursos, adecuando
en todo momento el esfuerzo a la situación de los «stocks».
Este y no otro es el planteamiento que España defiende en
todos los foros internacionales bajo la rúbrica de la pesca
responsable; este y no otro es el fin que perseguimos cuando
promovemos y colaboramos activamente en la elaboración, en el
seno de la FAO, de un código de conducta para una pesca
responsable. Creo necesario reiterar a SS.SS. que a pesar de
estos cambios la vocación internacional de nuestra actividad
pesquera sigue manifestándose cl hecho de que un porcentaje
muy importante, en torno a los dos tercios de las capturas que
realiza la flota española, proviene de caladeros exteriores.
Sin embargo, se da la circunstancia de que mientras nuestra
flota, sometida a procesos de reconversión, ha ido encontrando
acomodo en acuerdos pesqueros con terceros países, de los que
por cierto ahora es titular la Unión Europea, o en aguas
internacionales cuyas posibilidades pesqueras hemos
investigado y descubierto, las flotas de algunos Estados
ribereños se encuentran ante situaciones de sobreexplotación
de sus recursos que no permiten absorber su rápido crecimiento
y que, por tanto, no pueden responder a las expectativas de
desarrollo y de riqueza que generaron para las poblaciones
dependientes de la pesca. Como consecuencia de esta mala
gestión de los recursos propios por parte de algunos países,
la situación de desequilibrio entre las nuevas capacidades de
las flotas y los rendimientos que éstas obtienen genera a
menudo gran crispación entre la población de muchos Estados
costeros, crispación que se refleja a menudo en las actitudes
de sus gobiernos a la hora de abordar estos problemas.
Tristemente en ocasiones como las que estamos viviendo en el
conflicto con Canadá, este tipo de actitudes crispadas
encuentran la salida, clar en un caso como éste, de
culpabilizar a la actividad de las flotas de otros países para
desviar la atención de sus propias dificultades tanto en la
gestión de sus recursos, cuanto en la planificación y el
desarrollo del sector pesquero propio.
Frente a estas actitudes España, como miembro responsable de
la comunidad internacional y como primer interesado en la
conservación de los recursos pesqueros, opone y seguirá
oponiendo su compromiso con el respeto tanto al derecho
internacional, como a los acuerdos pesqueros con otros Estados
en los que participa
en calidad de parte de la Unión Europea. En estos últimos
están previstos severos mecanismos de control de la actividad
pesquera, que garantizan el cumplimiento de las condiciones de
conservación previstas. Por su parte, la pesca en aguas
internacionales está sujeta, como saben SS.SS., a la
disciplina de las distintas organizaciones que la regulan por
zonas o por especies.
España es parte por sí, como en el caso de la Organización
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, o a
través de la Unión Europea, como en el caso de la NAFO, y es
impulsora del papel de estas organizaciones en cuyo seno asume
y fomenta las medidas de conservación necesarias para
garantizar el futuro de la actividad pesquera. En coherencia
con este planteamiento nuestro país exige a sus propios
pescadores que respeten las medidas de gestión y las normas de
conservación allá donde quiera que pesquen. Así, por ejemplo,
en el área NAFO los buques españoles se someten a la
inspección del cien por cien de sus desembarcos, a un elevado
número de inspecciones anuales en el mar y al embarque de
observadores científicos --en más del 35 por ciento de los
barcos el año pasado--, que analizan constantemente el estado
de las diferentes pesquerías.
Pero junto a estas actitudes el Gobierno español mantiene una
absoluta firmeza en la defensa de los intereses de nuestro
sector pesquero y en la búsqueda de condiciones que le
permitan continuar desarrollando su actividad en aguas
exteriores con garantías de continuidad y de rentabilidad,
firmeza esta que se pone de manifiesto tanto a la hora de que
la Unión Europea negocie acuerdos con terceros países en las
mejores condiciones para nuestros pescadores, cuanto a la hora
de exigir enérgicamente una respuesta adecuada frente a la
vulneración de las normas que regulan la pesca en aguas
internacionales, en perjuicio, a menudo, de las actividades de
nuestros barcos.
El conflicto con Canadá ha sido un claro exponente de la
situación que he descrito, al pretender un país costero
culpabilizar a otros Estados de sus propios y graves problemas
pesqueros. Desgraciadamente la actitud de Canadá en este caso,
cometiendo actos violentos y claramente ilegales contra los
pesqueros españoles, ha ido mucho más allá del derecho
internacional, situándose al margen de toda posible
justificación basada en medidas de conservación de recursos.
Frente a la situación creada, la actitud del Gobierno se ha
mantenido y se mantiene firme a la hora de exigir un rechazo
de la Unión Europea a los hechos protagonizados por
patrulleras canadienses en lo que España entiende son
claramente aguas internacionales. Nuestra firmeza nos ha
llevado también a reclamar ante el Tribunal Internacional de
Justicia de La Haya la reparación de los daños producidos
contra intereses españoles, y contra la normativa canadiense
que dio pie a los mismos. En esta línea de firmeza, el
Gobierno ha desplazado a la zona patrulleras de la Armada, en
misión de apoyo y protección a nuestros buques. Finalmente, el
Gobierno español continúa realizando en todos los ámbitos las
gestiones necesarias para asegurar el restablecimiento de la
legalidad internacional en el caladero de NAFO y la vuelta a
la situación de normalidad que garantice la conservación de
los recursos, al mismo tiempo que la actividad de nuestra
flota en estas zonas.
Por todo lo dicho, creo responder a S.S. sobre las cuestiones
que plantea la interpelación que debatimos, afirmando que las
medidas que se han venido adoptando y que se adoptarán en el
futuro para proteger los intereses de los pescadores
españoles, que faenan en caladeros internacionales, pasan
necesariamente por: Primero. El fomento y el apoyo del
Gobierno español a las iniciativas internacionales que, en el
ámbito de las Naciones Unidas, se encaminan a regular el
ejercicio de la pesca y a buscar la necesaria coherencia y
coordinación entre las regulaciones de los Estados costeros y
las normas aplicables en aguas internacionales, conferencias
sobre especies transzonales y altamente migratorias y
elaboración, como decía antes, de un código de conducta para
la pesca responsable. España defiende y defenderá la
importancia de llegar a un consenso internacional para evitar
que inadecuadas medidas de conservación, dentro de las 200
millas, condicionen el futuro de las pesquerías en aguas
internacionales. En esta línea, España se opondrá frontalmente
a todo intento de ampliar las zonas económicas exclusivas más
allá de las 200 millas y a toda propuesta encaminada a
conseguir que prevalezcan, en contra de argumentos objetivos
de conservación, los criterios impuestos por los países
ribereños a la hora de explotar las pesquerías en aguas
internacionales.
Segundo. En relación con nuestras flotas que faenan en aguas
de terceros países, España continuará su política de apoyo
decidido a la suscripción de acuerdos pesqueros por parte de
la Unión Europea y al fortalecimiento de los ya existentes,
propiciando, como ha hecho hasta la fecha, que tales acuerdos
ofrezcan posibilidades adecuadas a las necesidades de nuestros
pescadores y alentando a la comunidad ha hacer valer los
beneficios sustanciales que estos países obtienen a partir de
los mencionados acuerdos.
Tercero. En línea con nuestro compromiso con el ejercicio de
una pesca cada vez más responsable que permita un desarrollo
sostenible, el Gobie impulsando y exigiendo el respeto, por
parte de los pescadores españoles y en todos los mares, de las
medidas de conservación de los recursos que resulten de
aplicación en cada caso.
Cuarto. En relación con el conflicto con Canadá, España
continuará defendiendo firmemente, en el seno de la Unión
Europea, una vuelta a la normalidad en el caladero
NAFO, que en ningún caso permita cuestionar los principios
sobre los que deben basarse las decisiones de esta
organización, evitando un trato discriminatorio hacia nuestro
país.
Quinto. En tanto persista la situación de conflicto en la zona
NAFO, el Gobierno mantendrá buques de la Armada en la misma,
en misión de apoyo y protección de nuestros pescadores para
garantizar su plena actividad. Tanto en este como en otros
casos en los que este tipo de medidas sean aconsejables, el
Gobierno pondrá al servicio de la defensa de nuestros
intereses pesqueros cuantos medios, humanos y materiales, sean
necesarios para prevenir y paliar posibles conflictos.
Sexto. En lo que se refiere a las conversaciones mantenidas
entre la Comisión Europea y Canadá durante los últimos días
para desbloquear el conflicto NAFO, ayer, día 4, el Gobierno
manifestó oficial y públicamente el rechazo a las propuestas
planteadas por las siguientes razones. En primer lugar, porque
no se da plena garantía de resarcimiento de los daños
causados, especialmente la devolución de las fianzas
entregadas por el armador para liberar al capitán y al buque
«Estai«, así como el valor de la carga desembarcada en el
puerto Saint John''s. En segundo lugar, el reparto del TAC --
total admisible de capturas--, propuesto en dicho acuerdo no
resulta a juicio del Gobierno español conforme a los criterios
objetivos, series históricas de capturas y no criterios
políticos que deben regir este tipo de decisiones en los
acuerdos regionales de pesca, y en particular en el seno de
NAFO. En tercer lugar, no compartimos el planteamiento de
zonificación del fletán, que implica el compromiso de la Unión
de no pescar en una parte de las aguas internacionales y, por
tanto, supone un reconocimiento implícito de la jurisdicción
de Canadá sobre las mismas. En cuarto lugar, y a juicio del
Gobierno, el mencionado acuerdo no es aceptable porque Canadá
continúa poniendo en cuestión las declaraciones de capturas
registradas en los diarios de a bordo por la flota europea a
lo largo del año 1995. A nuestro juicio, corresponde a la
parte contratante investigar cualquier infracción derivada de
una infradeclaración de capturas y actuar en consecuencia.
Finalmente, la propuesta, a juicio del Gobierno español, no
ofrece las suficientes garantías de que su aplicación práctica
no esté condicionad previa por el órgano multilateral NAFO y
de aplicación, por tanto, para todas las partes contratantes
del mismo.
En todo caso, quiero subrayar a SS.SS. que España está
dispuesta a realizar todos los esfuerzos adicionales en
materia de inspección y control, siempre que las medidas
adoptadas no resulten discriminatorias para la flota española.
No quiero finalizar esta intervención, señor Presidente,
señorías, sin manifestar con toda energía y con la seriedad
que el caso requiere que vamos a continuar defendiendo las
razones que acabo de exponer para decir «no» a la pretensiones
de Canadá en todos los foros internacionales. En este sentido,
y en nombre del Gobierno, quiero agradecer la posición unánime
que viene manifestando la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca de esta Cámara, y que esta misma mañana ha vuelto a
refrendar en apoyo del sector pesquero español.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
ministro. Señor Andreu, para un turno de réplica.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, este es un debate difícil, porque nosotros hemos
plan preguntas y muy lateralmente han sido respondidas algunas
de ellas. Es difícil hacer un debate, que creo da un sentido
bastante plano de lo que es este Parlamento, ante preguntas
que pretenden ajustarse al hilo de lo que es la actualidad y
estar contínuamente en este devenir del debate sobre los
hechos que están sucediendo, si no se dan respuestas también
al hilo de esta actualidad. Por eso digo que el debate es
realmente complicado.
Reiteramos y mantenemos el apoyo a estos puntos que ha
planteado el señor ministro, que no están cuantificados en su
exposición --y llamo la atención sobre ello--; mantenemos ese
apoyo, pero también seguimos manteniendo la sombra de
importantes dudas que nos suscita la actuación que ha tenido
el Gobierno a lo largo de este conflicto y, sobre todo, en los
prolegómenos de este conflicto. Nosotros seguimos pensando que
el problema fundamental no se produce en el momento del
abordaje, sino que se produce ante la pasividad que existió
ante las amenazas que estaba planteando el Gobierno canadiense
de querer expulsar al conjunto de la flota de la Unión Europea
del área NAFO, ya que las estaba llevando no solamente a las
palabras, sino a hechos consumados. Ante esto, nosotros
pensamos que las actuaciones del Gobierno español han sido
absolutamente lentas, absolutamente tímidas y, desde luego, no
han disuadido, en absoluto, al señor Tobin, que es un
auténtico pirata con cargo de ministro, de llevar a sus
planteamientos más extremos las amenazas más demagógicas que
hizo, después de haber arruinado la propia flota canadiense
los caladeros canadienses y echar al conjunto de la flota
europea, muy especialmente a la española. O al menos intentar
echarlas del área NAFO.
Por tanto, estas importantes sombras de duda continúan, y
nosotros consideramos que en algún momento tendrán que ser
aclaradas, porque el Gobierno, en base a esa unanimidad, que
gustosamente le da este Grupo Parlamentario --como creo que el
co Cámara--, para que se defiendan los intereses españoles,
no puede utilizar eso para ocultar lo que ha sido su
actuación, que pensamos tiene importantes aspectos de
negligencia y que, de alguna manera, deberían ser controlados
por esta Cámara. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Quisiera despejar algunas de las dudas que me plateó el señor
Andreu en su intervención y que no he contestado, según él, en
la mía, no sin an he comentado esta tarde en esta misma Cámara
a la pregunta de un diputado del Grupo Popular a juicio del
Gobierno estamos ante un conflicto doble. Por una parte, se
discute la cuantía de las capturas que la flota española puede
realizar en los caladeros de NAFO; y, por otra parte --y esto
es mucho más importante a juicio del Gobierno--, se discute el
cumplimiento de una serie de principios de derecho
internacional que rigen y que regirán no sólo en el caladero
NAFO, sino en el resto de los caladeros que en aguas
internacionales o de otros países permiten que faenen nuestros
barcos pesqueros.
Como decía esta tarde en esta misma Cámara, en última
instancia, si España cediera en la aplicación de esos
principios internacionales estaríamos poniendo en riesgo una
buena parte de la actividad pesquera de nuestra flota y eso es
lo que entendemos que en este momento está en discusión encima
de la mesa. En ese sentido he querido reforzar en esta Cámara
la posición pública y conocida del Gobierno español: no
cederemos en lo que se refiere a la aplicación de los
principios de derecho internacional que han venido rigiendo y
que a juicio del Gobierno deben seguir rigiendo los acuerdos
pesqueros entre los distintos países implicados en este
sector.
En segundo lugar, eso no quiere decir que no discutamos la
cuota dentro del TAC. Sin duda la vamos a discutir y en ese
sentido, como he dicho antes, me parece relevante y positivo
el acuerdo que esta mañana ha reiterado la Comisión de
Agricultura de este Congreso de los Diputados. Después de
todo, iniciamos esta tarde y mañana una negociación en la que
acuerdos de esta naturaleza deben servir, qué duda cabe y S.S.
lo ha señalado en su intervención, para reforzar la posición
española.
Quiero recordarle también (y he hecho una exposición general
que me parece interesante en esta Cámara) cuál es la evolución
de la actividad pe nuestro país. Es verdad que tenemos
conflictos y S.S. ha recordado algunos y es verdad que hay que
discutir y negociar acuerdos inevitablemente después de la re-
visión de la normativa internacional, en el acuerdo de 1982,
en materia de jurisdicción de aguas en países ribereños, a la
que me he referido. Pero no es menos cierto que si usted
examina la evolución de la actividad pesquera de nuestra flota
teniendo encuenta que hay una sobreexplotación, sin duda, de
algunos caladeros y que los países ribereños, lejos de
disminuir sus flotas, en muchos casos las han aumentado, si
tiene usted en cuenta estos dos factores, desde luego
negativos para nuestra actividad, deberá concluir que las
negociaciones que ha realizado España en el seno de la Unión
Europea no nos han ido tan mal. En realidad, estamos hoy
pescando 1.400.000 toneladas, que es aproximadamente la misma
cifra que pescábamos hace algunos años.
Por tanto, a pesar de las restricciones que se están
introduciendo, algunas de ellas lógicas si tenemos en cuenta,
como decía, la sobreexplotación de caladeros, no cabe duda que
las negociaciones que la Unión Europea ha realizado han
beneficiado a la flota española y han permitido que nuestro
nivel de actividad sea comparable al de hace algunos años,
cuando las circunstancias eran radicalmente distintas, cuando
los países ribereños tenían flotas más pequeñas y cuando no
había una sobreexplotación que hoy existe sin duda en muchos
caladeros internacionales.
Por tanto, aun a pesar de la dureza de las negociaciones y de
los conflictos que esas negociaciones han traído consigo, las
cosas para nuestra flota pesquera han ido razonablemente bien.
Esa línea de negociación de acuerdo, esa defensa a ultranza de
España de la política de acuerdos y de las reglas
internacionales en esta materia ha permitido que nuestra flota
pesquera hoy siga obteniendo un número de capturas semejante
al de hace algunos años.
Me formulaba unas preguntas concretas. Le recuerdo que es
verdad que la Unión Europea aceptó el TAC; no es menos cierto
que España se opuso y en ese momento se quedó sola dentro de
la Unión Europea y tampoco es menos cierto que no se aceptó el
reparto de cuotas dentro de ese TAC, que es justamente el
origen del conflicto con Canadá y que es justamente lo que
estamos discutiendo en este momento con Canadá a través de la
Unión Europea y mañana en el Consejo de Ministros de Pesca.
Finalmente, quisiera reiterarle dos cosas más. Me hacía usted
una pregunta en relación con el pago de la fianza por el
armador del «Estai». No corresponde al Gobierno contestar por
qué la pagó. Ciertamente debe ser él quien lo explique. Sí le
digo porque en aquella ocasión lo comentamos en público tanto
el Ministro de Agricultura como yo mismo, que a juicio del
Gobierno ese pago de fianza por parte del armador del «Estai»
fue prematuro. Es verdad, como señalaba S.S. antes en esta
tribuna, que de alguna forma ha debilitado la posición
negociadora del Gobierno español y así lo reconocimos
públicamente.
Las razones por las cuales, a pesar de las recomendaciones
contrarias del Gobierno al armador, en el sentido de que no
pagara, éste pagó, corr lógicamente, explicarlas al armador y
no al Gobierno español; pero a juicio del Gobierno fue
prematuro. Teníamos datos suficientes en ese momento encima de
la mesa para segurar que en las siguientes horas se hubiera
podido producir una liberación del «Estai» en condiciones
distintas de aquellas en que finalmente se produjo al pagar el
armador la indemnización.
Finalmente, no me queda sino reiterar mi agradecimiento y el
del Gobierno por el apoyo que S.S. ha dado en su intervención
en varias ocasione negociadora que mañana defenderá el
Ministro de Agricultura en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al Grupo Parlamentario Vasco nos parece adecuado el
trámite parlamentario que ahora estamos realizando y que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya formulado la
presente interpelación urgente al Gobierno.
Preciso es realizar por parte de los grupos parlamentarios
vascos valoraciones y consideraciones políticas respecto a
acontecimientos históricos y con trascendencia política que
han acaecido desde el pasado 9 de marzo hasta las últimas
horas.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que los sucesos
que han ocurrido en aguas internacionales reguladas por la
NAFO constituyen la crónica de unos acontecimientos anunciados
en la medida que, aparte de la flagrante infracción del
derecho internacional del mar por parte de Canadá, la Unión
Europea, a nuestro juicio no ha mantenido una posición de
firmeza y una adecuada posición de defensa de los intereses
pesqueros europeos, fundamentalmente portugueses y españoles
y, en menor medida, británicos, alemanes y franceses, con unas
cuotas muy pequeñas en la pesca de las especies planas, como
el bacalao y demás especies asociadas, en aguas de la NAFO.
Decimos esto porque en mayo de 1992 la Comisión Europea
acuerda no objetar el cierre de los caladeros (año 1992 3.M y
el año 1993 3.NO) como gesto político, según dice el Acta de
la Comisión Europea, para normalizar relaciones políticas con
Canadá. Ello es fruto de que hay presiones en defensa de
intereses comerciales británicos y alemanes por parte de los
representantes políticos de estos países en la Unión Europea,
y es en ese contexto, como también tuvimos ocasión de debatir
en esta Cámara, en el que se ha producido un cierre progresivo
de caladeros, haciendo dejación de los intereses europeos, a
nuestro juicio, en base a las posiciones que venía manteniendo
Canadá.
Además, en todo este conflicto y desde finales del mes de
enero, desde que se adoptó el acuerdo de distribución del TAC,
de las 27.000 toneladas, se producen dos hechos
significativos. En primer lugar, Dinamarca, país integrante de
la Unión Europea participa directamente en el seno de la NAFO
y mantiene una posición contraria a los intereses de la Unión
Europea; es decir, Dinamarca, que es parte contratante en la
NAFO, al margen de la Unión Europea, pero que es socio
político, socio económico de España en la Unión Europea, actúa
en defensa de los intereses de las islas Feroe y de
Groelandia, como parte diferenciada del resto de la Unión
Europea. Dinamarca, en la negociación política que hubo, se
posicionó con Canadá y se abstuvo en la votación.
Segunda consideración, Noruega interviene como parte
contratante. Noruega es un interlocutor económico y comercial
privilegiado de la Unión Europea y Noruega interviene a favor
de los intereses de Canadá, vontando a favor de las posiciones
de Canadá (Canadá había actuado inteligente y habilmente
comprando votos de otros países de la NAFO). Noruega vota a
favor de Canadá en contra de los intereses europeos, cuando lo
grave es que este país ha estado hace tres meses a punto de
ingresar en la Unión Europea, pero más grave es también que
este país es miembro del Espacio Económico Europeo, que este
país está en este momento gozando de todas las preferencias
arancelarias, de todas las políticas de desarancelización y de
entrada en el mercado español de sus productos pesqueros y
vota en contra de los intereses europeos y en favor de los
intereses canadienses.
Dirán SS.SS. ¿por qué se produce eso? Porque sencillamente
estamos en este momento encontrándonos con un juego de
intereses económicos: los intereses nórdicos con los intereses
de los países del sur. Los países nórdicos en definitiva lo
que quieren es la franca y progresiva desaparición de la flota
pesquera europea de los países del sur, de la flota pesquera
española, de la flota pesquera portuguesa, y esas capturas de
especies pesqueras que se realizan por parte de estas flotas
españolas y portuguesas, para abastecer fundamentalmente el
mercado español como mayor gran consumidor de pescado europeo,
realizarlas por parte de las flotas de los países nórdicos. En
definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no hay una
correspondencia entre los principios de acceso a los recursos,
de acceso a los mercados. El mercado español, el mercado
europeo, está enormemente
liberalizado y --fíjense en la contradicción-- Noruega, país
miembro del espacio económico europeo, goza de todas esas
preferencias arancelarias y vota en contra de los intereses
españoles, vota en contra de los intereses portugueses. Por
tanto, ¿qué es lo que está juego? Hay en juego intereses
políticos y, detrás de los intereses políticos, intereses
económicos, intereses comerciales; se quieren hacer dueños del
mercado español, quieren que el pescado capturado por la flota
portuguesa, por la flota española, no sea capturado por estas
flotas, sino por las de los países nórdicos. Es decir que hay
un conflicto Norte-Sur en el trasfondo de esta cuestión.
Quiero también manifestar que el pasado 1 de marzo se aprobó
una resolución parlamentaria --este Grupo tiene presentadas en
esta Cámara inicia parlamentarias hace tres semanas--,
resolución que hemos hecho saber al Gobierno español y a la
Unión Europea; queremos que el Gobierno español defienda tales
cuestiones en la Unión Europea. Esa resolución decía que hay
dos cuestiones importantes. En primer lugar, que es muy
importante que haya un esfuerzo, que haya una intensificación
de las políticas de evaluación de los recursos pesqueros.
Decimos esto porque tanto en septiembre de 1994 como en enero
de 1995, primeramente por la fijación del total admisible de
capturas y, en segundo lugar, por la distribución del TAC, el
Consejo Científico de la NAFO ha dispuesto como criterio
objetivo, determinante a la hora de la toma de decisiones, los
datos científicos aportados por parte del Ministerio de Pesca
de Canadá. Canadá ha hecho un esfuerzo de inversión en medios
materiales, en medios personales, en campañas de homologación
de los recursos, y esos datos son los que han servido de punto
de partida y de criterio delimitador del reparto y, en
definitiva, de la reducción del TAC y de la distribución de
cuotas por parte de los países de la NAFO. La Unión Europea
políticamente puede poner en tela de juicio los datos que
aporta Canadá, pero no es riguroso, ni es serio el que
políticamente uno vaya en contra...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor
Gatzagaetxebarría, vaya concluyendo, por favor.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo, señor
Presidente.
No es riguroso ni es políticamente exacto el que uno se oponga
sin tener argumentos convincentes, argumentos científicos
suficientes, y ése es el fallo que ha tenido la Unión Europea:
no tener suficiente información científica para poder
contrastar los datos aportados por las autoridades
canadienses.
Otra consideración. Nuestro Grupo Parlamentario presentó en la
Cámara hace 20 días un sistema distinto de articulación de la
NAFO. La Unión Europea está interviniendo en la NAFO como un
ente único. Efectivamente, debe ser un ente único, pero la
toma de decisiones ha de articularse a través del mecanismo
del voto ponderado, porque la Unión Europea está constituida
por 15 Estados miembros, pero los que operan en ese caladero
son cinco: Francia, Alemania, el Reino Unido, Portugal y
España, los que operan en ese caladero de aguas
internacionales, y es necesario que, de alguna manera, en el
mecanismo de adopción de acuerdos esté reflejado el peso
político y el peso pesquero que representa cada una de las
partes contratantes del organismo internacional NAFO. En este
sentido, no es de recibo --y es necesario buscar un
equilibrio-- el que la Unión Europea, con su potencial
político y pesquero, pese política y pesqueramente lo mismo
que Letonia, Lituania, Estonia, Cuba o Bulgaria. Por tanto,
creemos que lo que debemos aportar desde la política en este
momento son propuestas sensatas, propuestas encaminadas a
buscar soluciones. En este momento no debemos únicamente
criticar a Canadá y adoptar medidas contundentes, que también
lo debemos hacer, sino que debemos mantener sensatez, cordura,
y, en definitiva, mantener una política pragmática de buscar
soluciones, y creemos que estos planteamientos que presentamos
van en la línea de dar una solución, pequeña, pero práctica,
al problema en cuestión.
Finalizo, señor Presidente, diciendo que desde el Grupo
Parlamentario Vasco nos felicitamos por la posición que está
manteniendo el Gobierno. Nos parece procedente y
verdaderamente loable que el Gobierno haya mantenido la
posición de defender como criterio delimitador a la hora de la
negociación la cuota autónoma que se objetó de las 18.600
toneladas. Creemos que ése es el marco en el que el Gobierno
español debe defender su actuación ante la Unión Europea y que
no se alcancen parcelaciones, que no se alcancen «boxes» o
caladeros propiamente contingentados fuera de las zonas
económicas exclusivas de pesca, que es lo que pretende Canadá:
buscar parcelas y caladeros específicos en aguas
internacionales. Nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar al
Gobierno en esa firmeza, en esa contundencia y en ese buen
sentido que, a nuestro juicio, ha mantenido el Gobierno en las
últimas horas en la defensa de los intereses pesqueros
españoles.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unio), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, con la detención
y secuestro del buque «Estai» por parte de Canadá se inició
una agresión de este país a la flota pesquera española, y, por
tanto, a la de la Unión Europea, con la evidente intención de
reservarse en exclusiva los
caladeros del fletán negro ubicados en aguas internacionales.
Estas intenciones de Canadá han quedado también más en
evidencia durante las negociaciones que se están llevando a
cabo en estos momentos, sin que la Comisión Europea haya
tenido el coraje suficiente de no iniciarlas, hasta que se
hubiera alcanzado el acuerdo previo de restablecer con
antelación la legalidad internacional, tan groseramente
vulnerada.
Ha quedado, asimismo, demostrado que las denuncias de Canadá
contra el «Estai» y la flota española eran falsas, que no
había razones biológica ni de uso de redes ilegales, tan
burdamente escenificadas, ni de superación de cuotas por parte
española. Por tanto, para nuestro Grupo, la ilegalidad de la
detención del «Estai» y el acoso a nuestros pescadores es
incuestionable, así como la ilegitimidad de los tribunales
canadienses para juzgar unos incidentes en los que tendrían
que aparecer como acusados quienes la realizaron y no quienes
fueron víctimas de ella. <ð Este Congreso no debería olvidar
la actuación heróica de la flota pesquera española en aguas de
la NAFO que, acosadas sin tregua, destrozados sus aparejos e
impedida ilegalmente su actividad pesquera, ha permanecido en
la zona defendiendo unos derechos adquiridos por hallarse en
aguas internacionales y por ser esta flota la primera que
descubrió estas pesquerías y la que las ha explotado y
conservado productivas hasta la fecha.
Sin esta actitud de nuestros pescadores hoy el derecho
internacional del mar habría recibido un duro revés, que
habría sentado, a la vez, un g para todas las flotas que
faenan en aguas internacionales. No sólo España, sino todos
los países, y especialmente los de la Unión Europea, deberían
estarles agradecidos.
Pero el conflicto sigue vivo y cambiante de hora en hora.
Dentro de una semana y media, cuando corresponda tratar la
moción, tal vez ya se habrá producido un desenlace de la
negociación que deseamos favorable a nuestros intereses; pero,
mientras tanto, cualquier acuerdo a que se llegue en las
conservaciones bilaterales Canadá-Unión Europea, o en el seno
de la NAFO, se debe tener en cuenta, en sintonía con lo
anunciado por el señor Ministro, la derogación de la ley de
Canadá contraria al derecho internacional, que ha sido
utilizada para interferir a nuestra flota más allá de las 200
millas; la no reserva de zonas exclusivas de pesca en aguas
internacionales por ningún país; se debe anular el proceso
abierto al «Estai» y reparar por parte de Canadá las pérdidas
económicas y de material del «Estai» y de las demás
embarcaciones a la que se les ha obstruido su actividad. Tal
como se ha aprobado hoy en la Comisión, se debe defender para
España una cuota mínima de fletán negro de 18.300 toneladas.
Se debe establecer en el seno de la NAFO un reparto por países
pes-queros miembros del sistema de voto, po fuera posible, con
el del potencial pesquero de cada país. Por último, si no se
llegara a ningún acuerdo satisfactorio, al tratarse de un
asunto vital para el país, en el caso de no alcanzar una
mayoría de bloqueo, ejercer en el seno del Consejo de
Ministros de la Unión Europea con firmeza el derecho de veto.
Esperamos que esto no sea necesario, pero, en todo caso, el
Gobierno tiene nuestro apoyo para seguir defendiendo con
firmeza, como lo ha hecho hasta ahora, los intereses
españoles.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le parece muy
oportuna la presentación de esta interpelación por parte de
Izquierda Unida.
Yo quiero decirle, señor Ministro, que comparto plenamente lo
que usted acaba de expresar aquí esta tarde y tiene todo el
respaldo del Grupo P Popular para plantear exactamente en esos
términos la negociación que se producirá en el término del
Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se
celebrará mañana, día 6 de abril.
Yo creo, señor Ministro, que lo que hay que analizar es, por
un lado, las declaraciones de buenas intenciones y el respaldo
que esta Cámara le está dando al Gobierno (por cierto, hay que
recordar que esta mañana se aprobaba en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular que recibió el apoyo de todos
los grupos de la Cámara, por lo que nos felicitamos), pero hay
que recordar, señor Ministro, qué es lo que ha pasado hasta el
momento.
Decía usted que, de no haberse abonado los 47 millones de
pesetas por parte del armador para la liberación del «Estai»,
ustedes disponían de d para saber que se hubiera producido
probablemente en fechas inmediatas aquella liberación.
Situado el conflicto desde el mes de septiembre, donde no se
objeta el TAC por parte de la Unión Europea, habría que
preguntarle al Gobierno qué contactos bilaterales mantuvo el
Ministerio de Asuntos Exteriores con las partes que integran
NAFO (Estonia, Lituania, Cuba, etcétera), para tratar de
hacerles ver que el reparto del TAC debería ser el que España
querría; preguntado aquéllo y objetado del TAC en el mes de
febrero, no es menos cierto, señor Ministro, que ustedes
tienen conocimiento desde el mes de enero de que se están
produciendo agresiones por parte de guardacostas canadienses a
la flota pesquera española.
El Gobierno español tiene alguna responsabilidad cuando el
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, en una pregunta formulada al efecto de la
Comisión correspondiente, decía que en la Convención de
Naciones Unidas del año 1982 sobre derechos del mar, se
establece la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón
sobre sus buques en alta mar --según el artículo 92--,así como
sobre las personas --en el artículo 117-- que se encuentran a
bordo de los mismos. Esto estaba reconocido, porque,
efectivamente, es de suyo reconocerl debería de haberse
anticipado a esa situación, no sólo porque el sector lo
demandaba, no sólo porque el Gobierno tenía conocimiento de
ello, sino porque realmente existía el peligro de que pasase
lo que lamentablemente pasó. Por tanto, ha habido una cierta
negligencia por parte de este Gobierno de no haber tomado las
iniciativas que ahora se está viendo y se está demostrando que
efectivamente son productivas para lo que son nuestro
intereses pesqueros en aguas de NAFO. Por cierto, hay que
felicitar a la dotación y a todos los buques de la Armada que
están en aquella zona, que están siendo hostigados por
patrulleros canadienses. Hoy mismo leíamos las declaraciones
del Comandante del patrullero «Vigía» diciendo que mientras
acudían a defender a un patrullero nuestro estaban bordeados
por otros cuatro barcos guardacostas patrulleros canadienses.
En ese estado de cosas, desde que el día 9 se apresa al
«Estai» hasta que el día 29 el Gobierno toma las primeras
medidas pasan 20 días. Por tanto, yo tengo mis dudas de que el
Gobierno tuviera alguna perspectiva de que efectivamente se
iba a liberar el «Estai». Yo realmente, sin conocer en qué se
basa el Gobierno, creo que, de no haberlo pagado, a estas
alturas continuaría en San Juan de Terranova el «Estai».
Quiero recordarle, señor Ministro, aquellas medidas que
anunciaba el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en
al Comisión del 15 de marzo, diciendo que «preparamos un
'dossier'''' sobre medidas de retorsión contra Canadá». Voy a
leer lo que dice el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua con respecto a la retorsión: «Acción y efecto de
retorcer». No creo que fuera esto lo que deseaba el señor
Ministro de Agricultura, a pesar de sus desafortunadas
declaraciones con respecto al Ministro Tobin, con quien tarde
o temprano tendrá que realizar algún tipo de negociación y lo
único que hacen es hacer ver la impotencia del Gobierno al no
hacérsele caso ante los foros internacionales. La segunda
acepción del diccionario sobre retorsión es: «acción de
devolver o inferir a uno el mismo daño o agravio que de él se
ha recibido».
Pues bien, si la respuesta del Gobierno español con estas
medidas de retorsión es la denuncia ante el Tribunal de La
Haya y a las 24 horas la renuncia expresa de nuestro Gobierno
al procedimiento de urgencia, sin que esto obligue
absolutamente para nada a Canadá; si las medidas de retorsión
son la del visado de los pasaportes de los canadienses que
visiten España, después del Convenio de Schengen, pudiendo
entrar aquí por cualquier otro país, y lo único que
conseguimos es hacer más difícil la entrada de los canadienses
que vienen seguramente a gastarse sus divisas en España; si
esas son las medidas de retorsión que tenía previstas adoptar
el Gobierno español, son unas medidas bien pobres después de
los anuncios que se vienen realizando desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores o desde el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
Dicho todo esto, señor Ministro, la situación actual es
preocupante, no sólo por las noticias que nos llegan del
sector y por las noticias que llegan de Bruselas, sino por las
declaraciones que realizan el Ministro Solana y el Ministro
Atienza. Esa es la única preocupación que existe.
Porque si, por un lado, el Ministro Solana declaraba que no
iban a negociar ningún tipo de cuota, sino que lo único que se
iba a hacer era restablecer la normalidad y la legalidad en
aguas internacionales; si el Ministro Atienza declaraba que no
permitiríamos la reducción de una sola tonelada en la cuota de
las 18.630 toneladas de cuota autónoma, y hoy se producen unas
declaraciones --ya está preparada la escapatoria por algún
sitio-- diciendo: Ante todo, España no podrá ceder en los
principios Internacionales, con las que estamos de acuerdo,
todo eso lleva aparejado el restablecimiento de lo que es la
devoluci pesca confiscada, reparar los daños que se han
producido, pagar el daño emergente y el lucro cesante y
restablecer el derecho internacional. De acuerdo. Pero también
va incluido el restablecimiento de esos derechos
internacionales por parte de un país ribereño como es Canadá,
ribereño hasta las 200 millas de la zona económica exclusiva,
que en el año 1977 tomaron los países ribereños, pero ni una
milla más. Doscientas millas, sí, y ahí dentro, lo que ustedes
quieran. Por cierto, han esquilmado sus caladeros durante
estos últimos años y han llevado a la ruina a 40.000
pescadores --los canadienses, no nosotros--, no por estar
pescando en aguas internacionales. Nos parece muy bien el
Derecho internacional, pero las 200 millas de Canadá terminan
ahí. Ni una milla más. España lo único que está haciendo es
pescar legalmente y, de acuerdo a estos principios
internacionales, fuera de esas 200 millas en una pesquería que
nosotros hemos descubierto.
Termino, señor Ministro, diciéndole que el Grupo parlamentario
Popular desde luego, y creo que esta Cámara también, ha dado
muestras de que re Gobierno en todas las medidas que vaya a
realizar tendentes a la solución del conflicto, pero no vamos
a admitir que, una vez más, España ceda cuota pesquera en
aguas internacionales. Porque ese dato que usted acaba
de dar de 1.400.000 o de 1.360.000 toneladas de pesca actuales
iguales que las de hace años es un dato lamentable, señor
Ministro, con reducción de flota, con reducción pesquera y,
lamentablemente, muchos años después pescando lo mismo.
Por tanto, señor Ministro, el Grupo parlamentario Popular, que
apoya lo que haga el Gobierno, y desde luego va a denunciar
públicamente lo que que se está haciendo mal, cree que la
solución del conflicto pasa por los siguientes aspectos: el
primero de ellos, el restablecimiento del Derecho internacinal
del Mar en aguas internacionales y el mantenimiento de la
cuota en las 18.630 toneladas, de la cuota autónoma que ha
fijado la Unión Europea, y, por supuesto, que ese derecho de
veto que ha ejercido el gobierno español, que debe necesitar
de una mayoría cualificada para que lo ratifique la Unión
Europea, ese acuerdo se traslade al Consejo de NAFO, que es,
en definitiva, el que tiene auténticas competencias a la hora
de fijar el TAC que se pueda pescar en aquellas aguas
internacionales.
Recuerdo, por cierto, que de 60.000 toneladas, no de 40.000,
señor Andreu, hemos rebajado a 3.000 las depesca española. De
60.000 toneladas, con un informe del Consejo Científico que no
dice, en modo alguno, que no se puedan pescar, hemos pasado a
27.000, y España, de 40.000 que pescaba, a 3.600. Creo que es
un acuerdo intolerable. Pero el sitio en el que ha de
debatirse y en el foro en el que debe quedar perfectamente
claro es en el foro de NAFO, que es el foro en el que le
pedimos al Gobierno que inste a la Unión Europea para que se
debata el reparto definitivo del TAC que España, descubridor
de esta pesquería de fletán negro, tiene todo el derecho para
seguir ejerciendo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.