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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 138, de 04/04/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 138 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 136
celebrada el martes, 4 de abril de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Parlamento de las Islas Baleares, sobre modificación de
la Ley 14/1991, de creación del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 6.1, de 7 de julio de 1993
(número de expediente 125/000006) (Página 7292)
Modificación del orden del día (Página 7301)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
(Continuación.):
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se modifica el artículo 1.088 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en cuanto al procedimiento de liquidación de la sociedad
de gananciales tras la separación matrimonial o el divorcio
judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 108.1, de 24 de febrero de 1995 (número de expediente
122/000087) (Página 7301)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación de una
Comisión que organice actos de homenaje a los españoles que
participaron en la Segunda Guerra Mundial. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 194, de 24 de febrero
de 1995 (número de expediente 162/0000173) (Página 7306) --
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayudas y
bonificaciones en concepto de Seguridad Social como
consecuencia de las paradas biológicas. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie D, número 149, de 17 de octubre
de 1994 (número de expediente 162/000145) (Página 7311)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre los planes y objetivos del
Gobierno en las privatizaciones que se están llevando a cabo
de las empresas públicas rentables y, en particular, de los
grandes grupos energéticos (número de expediente 173/000076)
(Página 7321)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas en cumplimiento del deber del Gobierno de colaboración
con la Justicia en la investigación de las responsabilidades
que se deriven de cualquier uso ilícito o delictivo de los
fondos reservados por parte de los Ministerios afectados
(número de expediente 173/000077) (Página 7329)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
139, de 5 de abril de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7292)
Del Parlamento de las Islas Baleares, sobre modificación de la
Ley 14/1991, de creación del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera (Página 7292)
En nombre del Parlamento de las Islas Baleares defiende la
proposición de ley el señor González Ortea, manifestan
Parlamento de aquellas islas aprobaba por unanimidad una
proposición de ley de declaración de Cabrera como parque
nacional marítimo-terrestre, después de un período de estudio
y reflexión de los diversos grupos políticos con
representación en aquella Cámara, durante el cual se había
conseguido aunar los diferentes criterios que sobre el tema
tenían los ponentes. Remitido el texto al Congreso, después de
dos años de espera tuvieron ocasión de defenderlo en esta
Cámara, presentando el Grupo Socialista una enmienda a la
totalidad, con texto alternativo, que con estas modificaciones
seä convirtió en la Ley 14/1991, actualmente en vigor y que
pretenden modificar a través de la proposición de ley.
Expone que los objetivos de la modificación buscan una mejora
sustancial del articulado de la Ley, especialmente en lo que
se refiere al uso y disfrute del parque y a la intervención de
las instituciones de Baleares en el control y desarrollo
efectivos de su gestión.
En relación con el uso y disfrute considera que se cometió un
error grave en la Ley al prohibir, de hecho, en su artículo
3.º, la navegación por las aguas del archipiélago, lo que
provocó una reacción popular de tal magnitud que hizo que, por
primera vez ante un parlamento español, se pusiera en marcha
el mecanismo de la iniciativa legislativa popular,
consiguiéndose en muy breve plazo el número de firmas
necesarias para llevarla a la consideración de la Cámara
balear, donde obtuvo un amplio respaldo, iniciativa popular
que está en el origen de la proposición de ley.
Respecto a la participación de las instituciones de la
Comunidad Autónoma en los órganos de dirección y de gestión
del Parque propone la introducción de un nuevo apartado al
artículo 4.º de la Ley que posibilite que la gestión atribuida
al Instituto de Conservación de la Naturaleza pueda ser
delegada en la Comunidad Autónoma cuando se considere
oportuno.
Igualmente se propone una nueva redacción al apartado 1 del
artículo 5.º, referido al Patronato, remitiendo su composición
a la vía
reglamentaria y estableciendo una representación
paritaria de la Administración central y de la autonómica. En
turno en contra de la proposición de ley interviene, en nombre
del Grupo Socialista, el señor Moragues Gomila, just lugar, en
que lo que hoy se pretende ya se discutió y se
rechazó en su día, cuando se aprobó la constitución del
Parque; en segundo lugar, porque el tiempo transcurrido desde
la creación del Parque ha superado un debate social que
ciertamente se produjo en la sociedad balear en un primer
momento, pero que al cabo de cuatro años de funcionamiento
todos, o casi todos, se han dado cuenta de lo acertado de la
Ley y de que Cabrera, hoy, está en mejores condiciones, con un
parque nacional marítimo-terrestre, el único existente en
nuestro país, que es una magnífica plataforma para reforzar la
idea de un turismo de calidad y de una oferta respetuosa con
el medio ambiente.
Afirma que la propia sociedad balear, o la parte de ella que
se movilizó en los años 1991 y 1992 contra la declaración de
este parque nacional, en base a la idea que se le había
vendido, contraria al mismo, transcurrido el tiempo no puede
hacer otra cosa que rendirse a la evidencia y aceptar de buen
grado que el paso dado, en cuanto a protección del
archipiélago, había sido dado en la buena dirección.
En cuanto a la constitución del Patronato, considera que en el
mismo están representados todos los intereses afectados.
Termina solicitando el voto negativo de la Cámara para la
proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares.
Interviene de nuevo el señor González Ortea, en nombre del
Parlamento de las islas Baleares, replicando el señor Morales
Gomila. En turno de fijación de posiciones intervienen la
señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Simó
i Burgues, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciati Girart, del
Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares por
141 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones.
Modificación del orden del día (Página 7301)
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión
del orden del día de la presente sesión del debate sobre la
reforma del Reglamento de la Organización Común del Mercado
vitivinícola, que figura como número 38.
Se aprueba por asentimiento.
Asimismo se somete al Pleno la inclusión en el orden del día
de la presente sesión del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del proyecto de ley sobre
modernización de las explotaciones agrarias.
Se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación.)
(Página 7301)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
modifica el artículo 1.088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en cuanto al procedimiento de liquidación de la sociedad de
gananciales tras la separación matrimonial o el divorcio
judicial (Página 7301)
El señor Azpiroz Villar defiende la proposición de ley del
Grupo Popular pidiendo la modificación del artículo 1.088 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto al procedimiento
de liquidación de la sociedad de gananciales tras la
separación matrimonial o del divorcio judicial, manifestando
que el problema que plantean a la Cámara, para su solución,
deriva de la regulación que se da en el CódigoCivil, en los
artículos 1.398 a 1.410, de l que, a su vez, en cuanto al
procedimiento remite a los artículos 1.054 a 1.093 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. Agrega que la cuestión reside
concretamente en el artículo 1.088, que prevé que, cuando se
haya
ejecutado una sentencia de separación matrimonial o de
divorcio, a fin de liquidar la sociedad de gananciales se
deberá ir a juicio declarativo cuando no exista acuerdo en
dicho trámite. Reconoce la existencia de diversas posiciones
jurisprudenciales en la materia, lo cual cree que indica
también la necesidad y oportunidad de dotar de una adecuada
solución a esta cuestión.
Expone que se encuentran muchos supuestos de separación en los
que hay una parte con un mayor dominio económico y, por tanto,
dominio y conocimiento de las posiciones financieras y de cómo
se puede actuar con ellas, propiciando que no haya acuerdos y
se vaya a un juicio declarativo, o bien se obligue a la otra
parte, precisada de medios propios para subsistir, a llegar a
un acuerdo a la baja o a plantear un nuevo procedimiento
judicial, con la dilación que supone y el costo que
representa.
Para resolver el problema expuesto, y otros relacionados con
el mismo, proponen una solución, que implique la menor
modificación legal posible, planteando la adición de un
segundo párrafo al artículo 1.088 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de manera que sea el juez de instancia quien, mediante
auto, resuelva definitivamente la cuestión de la división y de
la liquidación de la sociedad de gananciales. Piensa que con
la propuesta que realizan se evitarán dobles procedimientos y
se agilizará la justicia, introduciendo criterios de economía
procesal.
Para fijación de posiciones intervienen los
señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del
Grupo de Coalición Canaria, y las señoras Alemany i Roca, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Aguilar Rivero, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Pelayo Duque, del
Grupo Socialista.
Sometida la votación, se rechaza la proposición de ley
debatida por 143 votos a favor y 154 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 7306)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre creación de una
Comisión que organice actos de homenaje a los españoles que
participaron en la Segunda Guerra Mundial (Página 7306)
El señor Yáñez-Barnuevo García defiende la proposición no de
ley del Grupo Socialista, manifestando que es sólo parcial
diciendo de que España no participó en la Segunda Guerra
Mundial, entre otras razones porque decenas de miles de
españoles republicanos participaron junto a los aliados y
miles de ellos dieron su vida por la liberación de Europa,
creyendo que con su sacrificio liberaban también a España.
Precisamente el sentido de la proposición no de ley es
recuperar de la ignorancia y del olvido la contribución de
España, junto a los aliados, en la Segunda Guerra Mundial, con
decenas de miles de españoles luchando contra el
totalitarismo nazi-fascista, desde 1939 a 1945, muchos de los
cuales perecieron en los campos de batalla, en la resistencia
y en los campos de exterminio y de concentración nazis.
Alude a las circunstancias sufridas por los exiliados
españoles como consecuencia de la Guerra Civil y a la
participación de muchos de e importantes batallas de la
Segunda Guerra Mundial, agregando que durante este año se
conmemoran en toda Europa, con numerosos actos, los cincuenta
años de la finalización de esa Segunda Guerra Mundial,
tratándose, por tanto, de una ocasión única para que España
rinda un merecido tributo de agradecimiento a esa generación
sacrificada y olvidada, que luchó en tierras extranjeras por
la libertad, contribuyendo y abriendo camino al más largo
período de paz, libertad, democracia y prosperidad que ha
conocido Europa.
Considera que el homenaje a estos hombres no es sólo un acto
de justicia histórica, sino también la oportunidad de reclamar
para los deportados españoles en campos de concentración que
aún viven, y que no llegan en total a 200, el mismo rango
indemnizatorio que el Gobierno alemán acordó con los gobiernos
que tuvieron nacionales en dichos campos, conforme a las leyes
de la República Federal de Alemania, de 1956 a 1965.
Concluye señalando que, por encima de todo, el sentido
profundo de la proposición no de ley es recordar a las nuevas
generaciones los horrores que traen consigo el totalitarismo,
la intolerancia, la xenofobia, el racismo, el belicismo y la
guerra, peligros que, por desgracia, no están descartados en
el horizonte de sus vidas, ni en España ni en el resto de
Europa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Albistur Marín, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de
Coalición Canaria; Carrera i Comes,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Romero Ruiz, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Cortés
Muñoz, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley por
297 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ayudas y
bonificaciones en concepto de Seguridad Social como
consecuencia de las paradas biológicas (Página 7311)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la
proposición no de ley del Grupo Popular, manifestando que,
desgraciadamente, la actualidad pesquera en España atraviesa
por uno de sus momentos más conflictivos en el día de hoy. Sin
embargo, el Grupo Popular trae al Pleno una proposición que
presentaron en el mes de diciembre de 1994 y que han querido
rescatar ante la actualidad que tiene la negociación del
convenio con el Reino de Marruecos en la cuestión pesquera.
Lamentablemente, las perspectivas que se presentan en este
momento son las peticiones que ha planteado el Reino de
Marruecos de una drástica reducción de nuestra capacidad
pesquera y del número de buques que faenan en el banco
marroquí, sin que haya ningún viso de que pueda existir
una
contrapartida por parte de España, a la hora de tratar de
frenar ese empuje, antes de iniciar las conversaciones con los
marroquíes. Destaca la importancia que tiene aquella zona para
el sector pesquero español y, en base a ello, presentan esta
proposición no de ley, exponiendo el contenido de los puntos
que integran la misma.
Concluye solicitando que en el seno de la Unión Europea se
emprendan las actividades necesarias para garantizar la
firmeza en las negociaciones pesqueras con Marruecos, de
manera que se evite una reducción arbitraria de las licencias
de pesca. Asimismo solicitan que en el supuesto de que se
prolongasen en el tiempo las negociaciones y se obligase a la
flota pesquera española a permanecer inactiva y en amarre
forzoso se proceda a las compensaciones financieras previstas,
en principio, para el Reino de Marruecos y se apliquen sin
demora indemnizaciones a la flota pesquera comunitaria,
afectada por la paralización y amarre forzoso.
El señor Moragues Gomila defiende la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría
Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Vidal i Sardó, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Soc modificaciones introducidas en el curso
del debate, es aprobada por 302 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes 7321
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre los planes y objetivos del Gobierno en
las privatizaciones que se están llevando a cabo de las
empresas públicas rentables y, en particular, de los grandes
grupos energéticos 7321
El señor García Fonseca defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone diversas
citas expertos en torno a la privatización de las empresas
públicas, afirmando que privatizar lo rentable, como decía un
ministro, era vender las joyas de la abuela y que el caso
concreto que nos ocupa es algo mucho más serio y consiste en
vender aquello de lo que se está viviendo, o una parte de
ello, y no sólo unas joyas que están ahí para un caso
extraordinario. En este sentido va la moción que su Grupo
presenta, pareciéndole escandaloso que estas mociones sean
rechazadas en bloque por el Grupo Socialista.
Expone el contenido de la moción, a la par que critica el
proceso privatizador emprendido por el Gobierno por la vía de
los hechos, afir el Gobierno socialista quiere ser creíble
debiera aceptar esta propuesta por racionalidad y por
imperativo democrático, no vendiendo patrimonio de todos sin
contar con todos. Señala que, a su juicio, se trata de unas
propuestas absolutamente ponderadas, rigurosas y serias.
El señor Gámir Casares defiende la enmienda presentada por el
Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Albistur Marín, del Grupo Mixto; Sánchez i Llibre,
del Grupo Catalán (Convergència i Uni Sometida a votación la
moción debatida, es rechazada por 12 votos a favor, 287 en
contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
en cumplimiento del deber del Gobierno de colaboración con la
justicia en la investigación de las responsabilidades que se
deriven de cualquier uso ilícito o delictivo de los fondos
reservados por parte de los ministerios afectados 7329
El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde defiende la moción del
Grupo Popular. Expone que no hay nada que permanezca siempre
oculto, que las cosas terminan saliendo, que siempre queda un
papel y, o ese papel se presenta voluntariamente y se utiliza
por los que, a lo mejor, lo redactaron con buena voluntad, o
se utiliza luego por quien no era su autor. Afirma que la
mayoría socialista tiene la última oportunidad de terminar de
una vez con el debate sobre los fondos reservados, porque la
moción que ahora presentan les permitiría controlar lo que ha
sido el uso de los fondos reservados desde1983 a 1994. Asumida
por el Gobierno, por el Parlamento, por el Fiscal General del
Estado l habría acabado. Pide que instruya por el Gobierno una
información previa reservada para acreditar alguna
documentación, algún uso de los fondos reservados, habida
cuenta de que cierta documentación existe y es necesario que
exista, como es necesario que haya una constancia mínima del
que
recibe las cantidades o de las firmas de los talones. Menciona
algunas partidas de fondos reservados, reconociendo que se
trata de un uso legal que está contabilizado, pidiendo sobre
ellos dicha información reservada, garantizando siempre el
secreto e informando de los resultados solamente a los
portavoces que están autorizados por el Pleno para conocer los
secretos oficiales.
Insiste en que la aprobación de la moción permitiría, de una
vez, acabar, al menos en sede parlamentaria, y cree que
también en sede jud la famosa polémica, rechazando la objeción
expuesta por algún portavoz socialista y por el propio
Ministro de Justicia e Interior de que no hay obligación de
llevanza de documentación, ya que eso no puede confundirse con
que no haya una obligación de custodia de la documentación en
la que sea reflejado el uso de los fondos reservados. Reitera
que ha habido reflejo contable de alguna manera de documentos
que el Gobierno está en la obligación de custodiar y de
entregar a la autoridad judicial, y al ministerio fiscal,
pudiéndose incurrir en otro caso en delito de desobediencia,
en un delito de infidelidad en la custodia de documentos. Otra
objeción se refiere al pretendido deber de guardar
secreto frente al deber de declarar, de colaborar con la
justicia, afirmando que si no hay uso legal no hay secreto
legal puesto, que el secreto alcanza y ampara el uso de los
fondos reservados con arreglo a la ley, pero, si se han
cometido delitos, el secreto no alcanza ya a cubrir esos
hechos porque la ley no puede proteger aquello que es
delictivo. No hay, por tanto, conflicto de deberes, ya que no
hay un deber de secreto, de ocultar delitos en ningún estado
de derecho.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores
Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Gonzál Vasco
(PNV); López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió); Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, y Barrero López, del Grupo Socialista.
Sometidos a votación los puntos 1, 2 y 4 de la moción del
Grupo Popular, son rechazados por 131 votos a favor, 163 en
contra y una abstención. Asimismo es rechazado el punto 3 por
130 votos a favor, 162 en contra y tres abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, SOBRE MODIFICACION DE
LA LEY 14/1991, DE CREACION DEL PARQUE NACIONAL MARITIMO-
TERRESTRE DEL ARCHIPIELAGO DE CABRERA (Número de expediente
125/000006)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del
Parlamento de las Islas Baleares, sobre modificación de la Ley
14/1991, de creación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
del archipiélago de Cabrera.
Para la defensa de la proposición, en nombre del Parlamento de
las Islas Baleares, tiene la palabra el señor González Ortea.
El señor GONZALEZ ORTEA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, vengo aquí en nombre de la
mayoría del Parlamento de las Islas Baleares y en nombre, en
concreto, de los señores Ribas de Reyna y Peralta Aparicio,
también del Parlamento de las Islas Baleares, que me han
cedido gentilmente su turno, dada la premura de tiempo para
exponer el tema.
El 6 de octubre de 1988 el Parlamento de las Islas Baleares
aprobaba una proposición de ley de declaración de Cabrera como
parque nacional marítimo-terrestre; lo aprobaba por unanimidad
después de un período de estudio y reflexión conjunta de los
diversos grupos políticos con representación en aquella
Cámara, durante el cual se habían conseguido aunar los
diferentes criterios y las distintas sensibilidades que sobre
todo el tema teníamos los ponentes. Remitido el texto al
Congreso y tras casi dos años de espera, tres Diputados del
Parlamento balear tuvimos ocasión de venir a defenderlo y
proponer en esta Cámara su toma en consideración. Recuerdo de
entonces nuestra ilusión, parecida a la de hoy, por conseguir
que la proposición prosperase, y nuestro temor,
simultáneamente, en especial el del Diputado del Partido
Socialista, de que su propio Grupo lo rechazase, al no existir
entonces un pleno acuerdo entre los Ministerios de Defensa y
de Agricultura sobre el particular.
Tras nuestras intervenciones, comenzaron los turnos de los
distintos grupos parlamentarios, que resaltaron dos hechos
fundamentales: el de que el archipiélago de Cabrera poseía un
indiscutible interés como primer
parque nacional marítimo-terrestre y el de que la proposición
venía avalada por la representa de todas las fuerzas políticas
de Baleares y por ello era una fiel expresión de la voluntad
del pueblo balear. Finalmente, llegó el turno del Grupo
Socialista, y nuestro creciente entusiasmo he de confesar que
se enfrió notablemente al escuchar que si bien la proposición
sería tomada en
consideración, su texto se vería modificado por completo, todo
ello dicho en un tono claramente agrio. Al parecer, la
voluntad expresada con tanta claridad, no preocupaba
excesivamente a los socialistas, lo que, si debo ser sincero,
tampoco era ni es una novedad.
Había en aquella proposición varias notas distintivas, pero
quiero detenerme en dos de ellas por su directa relación con
la cuestión que hoy m ante esta Cámara. La primera se refiere
al archipiélago de Cabrera en cuanto a que no podía perder su
accesibilidad para mallorquines y visitantes y así decía
entonces textualmente: Es importante señalar aquí que el
conjunto no debe quedar vedado impidiéndose su conocimiento y
disfrute. El Parque de Cabrera debe ser accesible a propios y
extraños, estableciéndose mecanismos adecuados para su
control.
La segunda nota que me interesaba poner de manifiesto es la
que se refería a la necesaria coordinación en la gestión entre
el Gobierno del Estado, que pasaría a ser titular del parque,
y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, titular de competencia
en la materia de ordenación del territorio, así como del resto
de instituciones interesadas. Así, en la citada presentación
también se decía: Otras notas que definen la proposición de
ley y que nos gustaría que se conservaran en el texto que
definitivamente se apruebe son las de articular unos órganos
de dirección, coordinación, colaboración y consulta de la
gestión del parque, en los que participen activamente las
instituciones de la Comunidad Autónoma --Gobierno, Consell
insular, ayuntamientos afectados, universidad, etcétera--, de
forma que no se disocie algo tan propio de Mallorca de los
órganos políticos y sociales de la isla.
Tal como había anunciado, el Grupo Socialista presentó una
enmienda a la totalidad, con texto alternativo, que, con
escasas modificaciones, se Ley 14/1991, actualmente en vigor y
que hoy pretendemos modificar.
Los objetivos de la modificación buscan una mejora sustancial
del articulado de la ley en los dos temas que ya se han
esbozado anteriormente: el uso y disfrute del parque, por un
lado, y la intervención de las instituciones de Baleares en el
control y desarrollo efectivo de su gestión, por otro.
En relación con el uso y disfrute, la ley comete un error
grave, a nuestro juicio, en el tratamiento de la navegación
deportiva por la extensa zona marítima anexaa Cabrera y objeto
habitual de vi mallorquines. En efecto, el artículo 3 de la
ley prohíbe de hecho la navegación por las aguas del
archipiélago y el artículo 7 la considera una infracción
administrativa, igual que el fondeo. Ello provocó una reacción
popular de tal magnitud que hizo qu ante un Parlamento
español, según creo, se pusiera en marcha el mecanismo de la
iniciativa legislativa popular, consiguiéndose en muy breve
plazo el número de firmas necesarias para llevarla a la
consideración de la Cámara balear, donde obtuvo un amplio
respaldo. Esta iniciativa popular es la que está en el origen
de la proposición de ley que hoy someto a su consideración. Es
cierto que, por un lado, los gestores del parque han
tratado de justificar una gran mejora en la accesibilidad a la
isla esgrimiendo estadísticas de las visitas escolares y de
las organizadas por medio de una embarcación que tiene la
concesión en régimen de monopolio del traslado de visitantes
autoriza es verdad que han tratado de suavizar las
determinaciones de la ley para hacer frente a este aluvión de
protestas que incluso dieron lugar a una manifestación náutica
con una considerable participación de barcos ante el puerto de
Cabrera, pero ello ni resulta suficientemente satisfactorio
para los mallorquines ni mucho menos garantiza para el futuro
la razonable accesibilidad que deseamos.
Seguramente a más de uno le sorprenderá que la afición a la
navegación deportiva pueda tener una tan amplia repercusión en
la isla hasta el pu una insólita manifestación, como he dicho
antes, náutica, pero conviene pensar que Cabrera está muy
cerca de la costa de Mallorca, que su acceso es sencillo para
un pueblo de imprescindible tradición marinera y que la
adquisición o alquiler de pequeñas embarcaciones deportivas es
una práctica extraordinariamente extendida entre la población,
incluso entre la de recursos modestos. Ser dueño de una lancha
o de un pequeño velero no representa ningún status social
superior o diferenciado en nuestras islas.
Se pudiera pensar también que la navegación por las casi
10.000 hectáreas, 100 kilómetros cuadrados de mar que rodean
el archipiélago y que están incluidos dentro del parque
nacional marítimo-terrestre podría causar graves daños a la
flora y a la fauna marítima. Incluso en ese sentido se ha
apresurado algún conocido grupo ecologista a montar la
adecuada campaña, pero si la navegación deportiva causara
efectivamente daños irreversibles, ¿cómo es posible que
después de años y años de navegación los fondos del
archipiélago permiten, e incluso justifican, su declaración
como parque nacional marítimo-terrestre? En relación con este
tema conviene señalar que los daños causados por la navegación
deportiva se producen sobre todo por los posibles efectos
sobre las praderas de Poseidonia de las anclas, de los hierros
lanzados por los barcos en el fondeo y por los eventuales
vertidos de desperdicios durante
ese mismo fondeo en el interior de las pequeñas calas.
La primera cuestión parece fácil de solucionar colocando boyas
en los lugares necesarios, tal como se ha hecho ya, con
carácter muy restrictivo, pero se ha hecho, precisamente por
esa presión popular intensa a la que antes hacía alusión. En
cuanto al tema de los vertidos, cuestión ésta que se ha
exagerado interesadamente haciendo limpiezas en sitios
seleccionados y con grandes alardes publicitarios, debo
señalar que es obvio que en la mar hay personas desaprensivas
que hacen un mal uso de los recursos, pero que es obligado
hacer dos consideraciones: una, que, en general, el
comportamiento de quienes habitualmente navegan es parecido al
de los montañeros o excursionistas aficionados, respetuosos
con el medio del que verdaderamente disfrutan y cuya
conservación toman por asunto personal; la otra, que los
gestores del parque, en definitiva, la Administración pública
está obligada a una especial atención al asunto por medio de
la información, de la puesta a disposición del navegante de
los medios necesarios para evitar vertidos a la mar, de la
vigilancia, de la sanción del infractor y, desde luego, de la
limpieza y conservación permanentes. En caso contrario, como
se pregunta mucha gente en Mallorca, ¿para qué sirve la
declaración del parque? ¿Para convertir Cabrera en un coto
privado de Icona con visitas guiadas y monopolio de
transportes incluido?
Los ciudadanos de Mallorca quieren seguir disfrutando de
Cabrera y hacer que la disfruten también los visitantes, y si
es posible, mejor que a Administración que trabaje para
conservar aquella espléndida naturaleza y asegurarles su
disfrute a ellos y a las generaciones posteriores. Para esto
pagan sus impuestos y para esto quieren la declaración de
parque nacional. No es desgraciadamente eso lo que sucede
actualmente en Cabrera, donde, por ejemplo, a los barcos a los
que se les autoriza el fondeo en el puerto no se les permite
ni deshacerse de sus bolsas de basura, ya que los gestores del
parque no están dispuestos siquiera a organizar un sencillo
sistema de recogida y cobrar por ello lo que sea del caso.
Pero en Cabrera casi todo es así. Se dan autorizaciones para
que un número limitado de embarcaciones pueda acceder, es
verdad, pero para ello es necesaria la petición escrita,
acompañada de toda clase de documentación, el tradicional
papel hispánico, la misma documentación que cualquier barco,
por otra parte, debe gestionar, disponer y presentar ante las
autoridades marítimas legítimamente designadas para el caso.
Se monta una oficina informativa en la Colonia de Sant Jordi,
puerto de la costa de Mallorca más próximo a Cabrera, y en
ella, sorprendentemente, no pueden ni siquiera gestionarse los
permisos para visitarla con embarcación propia; solamente
puede hacerse uso del servicio de la embarcación concesionaria
que sale de allí --eso sí-- con gran alarde publicitario. Los
permisos, que, como decía, se conceden exclusivamente en las
oficinas de Palma, son limitados en el tiempo y en el espacio,
ya que solamente se puede navegar y, sobre todo, fondear en un
número reducidísimo de lugares, eliminándose los más
tradicionales que ofrecen un mayor abrigo al navegante. Por
otro lado, la duración del permiso de navegación y de la
estancia en puerto es escasa y tiende a serlo cada vez más. Lo
curioso del caso es que los responsables del parque afirman
que los cupos de permisos casi nunca se agotan, y ello les
parece que demuestra la suficiencia de sus previsiones, en vez
de demostrar lo que parece claro a juicio de cualquiera: el
desencanto de tantos y tantos usuarios habituales que durante
años han venido utilizando --y convenientemente-- las aguas de
Cabrera.
En la proposición que presento se retocan los artículos 3 y 6
de la ley en lo referente a la navegación, así como el 7,
sobre el régimen sancionador, lo que no impide que en zonas de
especial interés científico o ecológico el plan rector de uso
y gestión establezca las cautelas que sean del caso, tal y
como establecía la proposición que hace años tuve el honor de
presentar ante esta Cámara, que consideraba unas zonas de
especial reserva precisamente por eso, por su interés
científico o ecológico. También se propone que se sancionen
las conductas que supongan un real deterioro del parque, de
acuerdo con los objetivos que la propia ley establece en su
artículo 1.
La segunda cuestión objeto de modificación en la proposición
que hoy presentamos aquí se refiere a la participación de las
instituciones de la Autónoma en los órganos de dirección y de
gestión del parque. A este respecto se propone introducir un
nuevo apartado en el artículo 4 de la Ley que posibilite que
la gestión, atribuida al Instituto de conservación de la
Naturaleza, pueda ser delegada en la Comunidad Autónoma cuando
se considere oportuno. Igualmente se redacta nuevamente el
apartado 1 del artículo 5 referido al Patronato, remitiendo su
composición a la vía reglamentaria, lo que le da una mayor
capacidad de modificación en el futuro, una mayor agilidad, y
se establece en él una representación paritaria de la
Administración central y autonómica. La falta de sensibilidad
de la una --de la central-- para con las demandas de la otra -
-la autonómica-- ya ha producido la retirada inevitable del
Patronato de los miembros del Gobierno de la Comunidad, y eso,
lógicamente, provoca una sensible ausencia de las voces de la
sociedad mallorquina en el desarrollo de planes y programas.
Por ello introducimos las modificaciones descritas en la línea
de conseguir una mayor adecuación del parque a la evolución de
las circunstancias, mucho más fácil de percibir desde la
cercanía de las islas que desde la distancia de Madrid, sin
que ello suponga merma en el reconocimiento y el orgullo de
Baleares de aportar a España entera una
magnífica e irrepetible muestra de su belleza natural y, por
ello, de formar parte de la escasa y valiosa red nacional de
parques. No sé si obtendremos hoy el reconocimiento de una
mayoría de los Diputados de esta Cámara, como en su día
consiguieron los promotores de la iniciativa popular en el
Parlamento de
Baleares, pero si sé que, en cualquier caso, seguiremos
luchando por ello.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Ortea.
Para un turno en contra, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Socialista va a consumir un turno en contra de la proposición
de ley presentada por el Parlamento de las Islas Baleares, que
pretende modificar la Ley 14/1991, de creación del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera, por dos razones
principalmente. La primera, porque lo que hoy se pretende ya
se discutió y se rechazó en su día cuando se aprobó la
constitución del parque, y esto, hoy como ayer, sólo
representa el sentir de los que no quieren una zona protegida
si no pueden utilizarla en beneficio de sus cortos y miopes
planteamientos políticos, turísticos o urbanísticos. La
segunda razón para que esta proposición no prospere es porque
el tiempo transcurrido desde la creación del parque ha
superado un debate social que ciertamente se produjo en la
sociedad balear cuando desde sectores muy próximos a un
determinado entramado náutico-deportivo de las islas se hizo
una fortísima campaña poniendo en duda la necesidad de contar
con este espacio protegido. Creo que, después de cuatro años
de funcionamiento, todos o casi todos se han dado cuenta de
que no sólo el archipiélago de Cabrera no desaparecía en una
bruma proteccionista o sucumbía a una enmarañada y
entorpecedora trama administrativa, sino todo lo contrario.
Hoy todos se han dado cuenta de que Cabrera está en mejores
condiciones, sigue al alcance del navegante que quiere
disfrutarla y que, preservándola, se ha puesto a disposición
de las comunidades científicas y escolares de Baleares y del
resto de España y del mundo. Todos, señorías, se han dado
cuenta de que disponer de un parque nacional marítimo-
terrestre, el único existente en nuestro país, es una
magnífica plataforma para reforzar la idea de un turismo de
calidad y de una oferta respetuosa con el medio ambiente, que
encaja perfectamente en un contexto insular que tiene a la
isla de Menorca declarada reserva de la biosfera, que ve cómo
Ibiza avanza hacia la declaración de reserva natural para Ses
Salines... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, un
momento. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Como decía, una sociedad que ve con satisfación que Mallorca
ya cuenta con dos parques naturales, el de La Albufera de Muro
y el de Cala Mondragó, y que espera poder extender estas
declaraciones de protección a la isla de Dragonera y a algunas
zonas de la Serra de Tramuntana. Decía hace un momento que
todos se daban cuenta de ello, aunque no todos lo valoren por
igual, y el mantenimiento de la proposición de ley es una
muestra, es una manera distinta de ver las cosas, en las que
prima el interés individual sobre el interés ecológico o
medioambiental, que, a mi entender, es el interés público, el
interés social.
Pero la sociedad balear, o una parte de ella, la que se
movilizó en el año 1991 y en 1992 contra la idea que le habían
vendido de lo que significaba la declaración de este parque
natural, la que fue capaz por primera vez en la historia del
Parlamento autónomo de presentar una iniciativa popular, la
que fue capaz de organizar una manifestación marítima hasta el
parque, la que fue convocada con grandes alharacas a repetir
esta manifestación año tras año hasta conseguir derogar la
iniquidad que el Congreso de los Diputados había cometido
contra el sentir del pueblo balear y sus instituciones al
modificar la proposición d del parque --decían esto los
promotores--, esta sociedad, señorías, no pudo hacer otra cosa
que rendirse a la evidencia y aceptar de buen grado que el
paso en cuanto a la protección del archipiélago había sido
dado en la buena dirección. Por eso no se repitieron, pese a
los intentos habidos, las manifestaciones marítimas; por eso
el número de autorizaciones de navegación y de fondeos ha
aumentado espectacularmente, porque los navegantes deportivos
se han dado cuenta de que las autorizaciones se conceden
superando viejos esquemas burocráticos, con diligencia,
utilizando los medios que la técnica pone a nuestro alcance,
precisamente para evitar molestias al usuario. Ello convertía
en un trámite muy fácil la obtención de las, al principio,
controvertidas autorizaciones. Y como muestra un botón,
señorías: se ha pasado de 1.267 autorizaciones en 1991 a 3.522
en 1992, 4.831 en 1993 y 5.578 en 1994, todo ello sin llegar
al tope máximo establecido, cuando ya se están dando los
primeros síntomas de estabilización en el número de estas
autorizaciones. Y todo ello también sin haber rechazado
ninguna solicitud, que sólo en algún fin de semana de agosto
producen una situación de saturación que la propia
administración del parque reconduce a otras fechas.
Señorías, cuando se repasa el número de visitantes escolares
al parque de Cabrera y sobre todo cuando se
compara con las visitas que la comunidad escolar realizaba a
estas mismas islas antes de ser declaradas parque nacional,
uno puede
entender por qué el debate social sobre el parque se ha ganado
irremisiblemente para las posturas proteccionistas. Cuando
puede oírse de labios de un niño o leer, en las redacciones
que hacen en las escuelas, la experiencia que para ellos (casi
2.500 en 1994) ha significado la visita guiada al parque se
entiende el porqué y el cómo se ha reconducido lo que al
principio podía ser un sentimiento de temor ante la realidad
del parque. Cuando se repasan las cifras de visitantes que han
accedido al parque en embarcaciones turísticas, que el año
pasado sobrepasaron la cifra de 12.000, a las que hay que
añadir las más de 18.000 personas que llegaron por sus propios
medios y las visitas escolares, nos encontramos con una
afluencia total de más de 32.000 visitantes, de los cuales la
mitad tuvieron interés en realizar alguno de los itinerarios
guiados por el interior de la isla. Entonces uno se da cuenta
que, efectivamente, la mejor defensa que puede hacerse del
parque y de su funcionamiento es mostrarlo, es explicarlo a
todos para que comprenda todo el mundo que el parque es y debe
ser compatible con el uso público, didáctico y científico; que
esta presión humana muy superior a la que tenía antes, pero
debidamente ordenada, no supone peligro alguno, sino que, por
el contrario, las actividades tanto en tierra como en el medio
marino son absolutamente compatibles con la función de
protección que la ley encomienda a los parques nacionales.
Esta complicidad necesaria entre objetivos iniciales y
usuarios debía contar, además, con la connivencia de los
usuarios tradicionales de la zona: la pequeña comunidad
pesquera existente. También ello ha sido posible, puesto que
de una postura inicial de temor y dudas ha pasado a
convertirse en uno de los mayores defensores de la
conveniencia y viabilidad de la protección, ya que, muy
especialmente en el mar, ha visto cómo crecía
espectacularmente el número de especies y cómo todo el parque
se ha ido convirtiendo en zona de cría y refugio que ya
empieza a notarse en todo su entorno.
En definitiva, creo que el estado de aceptación del parque
puede resumirse breve y definitivamente al conocer el nivel de
procedimientos sancionadores iniciados en el año 1994, todos
ellos calificados de menos graves o leves y que han alcanzado
la cifra de diez: tres por pesca deportiva, tres por pesca
submarina, tres por buceo sin autorización y uno, sólo uno,
por navegación y fondeo sin autorización. ¿No creen, señoras y
señores Diputados, que ante el cumplimiento ejemplar de unas
normas, que ante la aceptación espectacular de una realidad
protegida como la de Cabrera, que puede visualizarse a través
de estas cifras que acabo de citarles, sobran comentarios y
propuestas como la que hoy debatimos? Yo, sinceramente, creo
que sí.
Para finalizar, me gustaría hacer un breve comentario sobre el
otro tema objeto de debate que plantea la proposición de ley y
que hace referencia a la posibilidad de delegar las
competencias a la Comunidad Autónoma y constituir un Patronato
con representación distinta de la actual. Para el Grupo
Socialista no es posible aceptar estas propuestas, ya que la
propia Constitución prevé en su artículo 150 facultades del
Estado a las comunidades autónomas debe realizarse mediante
ley orgánica y no de carácter ordinario tal como presenta esta
proposición, lo cual además, abriría un debate absolutamente
distinto en el que, por razones obvias, no voy a entrar en
este momento.
En cuanto a la constitución del patronato recogido en la Ley
14/1991, ésta se ajusta a lo contemplado en el artículo 23 de
la Ley 4/1989, y se considera que en el patronato están
representados todos los intereses afectados. Aun así, cabe
recordar que hace unas pocas semanas acaba de publicarse el
Real Decreto 2888/1994, de 23 de diciembre, por el que se
determinan las funciones de la Cominisón Nacional de
Protección de la Naturaleza, se dictan las normas que regulan
su funcionamiento y se establecen los comités especializados
adscritos a la misma.
Uno de los comités especializados que se crea es el de
espacios naturales protegidos, en cuyo seno y para cada parque
nacional de los que integran la red estatal ha de constituirse
una comisión mixta, compuesta por representantes de las
comunidades autónomas en cuyos territorios esté ubicado el
correspondiente parque y representantes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya función ha de ser la
de mantener una más estrecha e inmediata colaboración entre
dichas administraciones, sin menoscabo de las competencias que
tiene atribuida cada una de ellas, ni de las funciones que
confiere a los patronatos el artículo 23 de la Ley 4/1989, ya
citados. Sé que esta Comisión no es la que demanda el
Parlamento balear, pero estoy convencido de que es un lugar de
encuentro entre la modificación del patronato que se plantea,
con lo cual no está de acuerdo nuestro Grupo Parlamentario, y
la solicitud de una mayor presencia de representantes
autonómicos en la gestión del parque nacional.
Todo ello coincide, además, con lo manifestado por el
Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
cuando en el debate de toma en consideración de la iniciativa
legislativa popular, en mayo de 1992, recordaba dos de las
peticiones hechas al Ministro de Agricultura y al Secretario
General de Estructuras Agrarias por aquel entonces, don Luis
Atienza: La primera, decía, que se constituya una comisión
mixta de gestión, una comisión que sea un órgano paralelo a
los existentes ahora, un lugar donde se fomente la voluntad
común entre la Comunidad Autónoma que, de alguna manera,
quiere poder decir lo que cree a la hora
de gestionar un parque nacional situado en su territorio y el
Ministerio correspondiente, que es quien lleva la gestión del
parque. Y en la segunda añadía: Que se halle la fórmula
necesaria para agilizar los permisos de navegación y que el
plan de usos y gestión racionalice de alguna manera el fondeo.
Creo, señorías, que lo logrado hasta el momento con la
colaboración de muchos debiera dar cumplida satisfacción a lo
expresado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma para
aceptar el estado actual de cosas. Dejemos trabajar a los
responsables del parque, incluidos los representantes de la
Comunidad Autónoma que se han vuelto a reintegrar a sus
puestos de responsabilidad en el organismo de colaboración.
Dejemos que los visitantes hagan sus valoraciones como
consecuencia de sus experiencias y no removamos problemas ya
superados, porque el Parque Nacional de Cabrera está
magníficamente integrado en el contexto social de Baleares,
porque es un emblema turístico de calidad y porque es una joya
ecológica, preservada, del Mediterráneo y reconocida a nivel
internacional.
Por todo ello, señorías, solicitamos la votación negativa a la
proposición de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Ortea.
El señor GONZALEZ ORTEA: Gracias señor Presidente.
Muy brevemente. Señor Moragues, nada nuevo me cuenta usted.
Todo eso ya lo decía usted o sus compañeros de Partido en el
Parlamento de Baleares. Nada nuevo. Todo eso ya está
contestado en la Primera intervención. Creí que iba a tener el
detalle, por lo menos, de ilustrar a SS.SS. con algún
argumento de mayor peso y calado.
Dice usted que esto responde a oscuros intereses. No sé si
responde a oscuros intereses. Responde a una iniciativa
legislativa popular, responde a una serie de manifestaciones
que usted mismo ha tenido que admitir, aunque ahora dice,
curiosamente, que ya no ha habido más desde que ustedes
pusieron un fax. Porque toda la modernización que se ha hecho
en cuanto al papeleo no ha sido retirar un solo papel para
pedir permiso para ir a Cabrera. Lo que se ha puesto ha sido
un fax en la oficina de Palma. Debo confesarlo y lo confieso.
Efectivamente, hay un fax y esto supone una gran agilización y
una gran modernización del sistema burocrático.
Dice S.S. que llevan cuatro años de buen funcionamiento.
Respecto a eso ya me he referido antes. Llaman ustedes buen
funcionamiento a que, por la fuerza de la obligación, los
navegantes ya no van porque no tienen donde ir. Por
consiguiente, hay pocas peticiones de permiso. ¿Para qué va
uno a pedir permiso? Señor Moragues, yo soy navegante, tengo
un pequeño barquito y he tratado de ir a Cabrera este verano,
sin ir más lejos; he tratado de hacerlo con toda mi buena
voluntad. Era sábado. Pedí el permiso desde un Club náutico,
el de Porto Petro, después fui a la Colonia Sant Jordi, y en
la oficina de información me dijeron que mirase a ver si
encontraba un fax en alguna oficina comercial para poder
comunicar con Palma, que no sabían si iba a tener suerte
porque el sábado por la tarde y el domingo no funcionaba. Esto
es lo habitual. ¿Qué hicimos yo y unos amigos que iban en otro
barquito? Pura y simplemente, desistir. Ir a navegar por otro
sitio. Eso es lo que usted llama agilización y mejora. De eso
es de lo que usted y los miembros del comité de gestión del
parque se felicitan constantemente.
¿Avance en materias medioambientales? ¡Ya lo creo! Me ha
gustado que usted dijera en esta Cámara que, efectivamente, en
Baleares hemos hecho grandes avances en materia
medioambiental. Me hubiera gustado que le hubieran podido oír
sus compañeros en los escaños del Parlamento de Baleares, que
siempre atribuyen al Grupo Popular una falta de interés en
eso. Usted ha mencionado la Ley de Espacios Naturales, que
protege un 40 por ciento del territorio, parques como el de
Mondragó, la Albufera y el de Es Grau, que le recuerdo que son
parques creados por la Comunidad Autónoma. De manera que,
efectivamente, en eso estamos de cuerdo, se han hecho grandes
avances, pero eso no significa que se tengan que restringir al
uso y al disfrute público todas estas zonas.
Respecto a autorizaciones escolares, exhibe usted algo a lo
que ya me refería antes. Sí, llevan un montón de colegios,
miles de niños de Colegios. Le tengo que decir que me parece
estupendo, pero que si antes no se llevaban era porque Cabrera
estaba bajo jurisdicción militar y los Militares no permitían
que se hicieran visitas terrestres. Una vez que se declara
parque, se lleva una política buena y aceptable --no me duelen
prendas en reconocerlo-- invitando a los colegios, a los
niños, a que puedan ir a visitar aquella maravilla, en tierra.
Pero eso no tiene nada que ver con la proposición que hoy
tratamos de modificar.
¿Afección al parque? También exhibe usted algunas sanciones.
Dice que se han sancionado a tantos y cuantos. Me parece muy
bien. Yo se lo decía antes a todos ustedes. Efectivamente, es
una de las misiones. Para eso pagamos impuestos, para que se
cuiden las cosas, se limpien y, en su caso, al que actúe en
contra de la normativa que se establezca, se le sancione. Nada
en especial y nada de particular está en relación con lo que
nosotros exponemos aquí y tratamos de conseguir con la
modificación de la ley.
Representación de la Comunidad Autónoma. Aquí me hace usted
gracia. Me cita, un decreto de hace poco, que desde luego no
conozco, por el cual se crean unas comisiones
que tal vez, quizá, puede ser que sean la solución para la vía
de entendimiento entre las autoridades de la Comunidad
Autónoma y del Estado. No lo sé. Es posible. Pero le voy a
decir que ese párrafo que citaba del Presidente de la
Comunidad Autónoma proviene de la proposición de ley que
vinimos a presentar aquí hace unos años en la cual se contenía
una comisión mixta. (El señor Moragues Gomila hace signos
negativos.) Sí señor Moragues, se contenía una comisión mixta.
Repase el texto que trajimos aquí, por cierto votado por
unanimidad de la Cámara. Un colega suyo habló desde esta
tribuna.
Teníamos prevista entonces la creación de una Comisión mixta
Gobierno del Estado-Comunidad Autónoma, que ustedes rechazaron
en esta Cámara. Ahora me dice que van a promulgar un decreto
en el cual, tal vez, quizás, haya una cosa similar. Me alegro
de ello, pero no es ése el camino ni lo que pretendíamos, que
ustedes rechazaron en su momento.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor GONZALEZ ORTEA: Concluyo, señor Presidente.
Esperaba señor Moragues, algún nuevo argumento y alguna luz
que justifique mínimamente que ustedes han hecho un
tratamiento tan lamentable de una proposición que en su día
trajimos aquí, y de una vieja aspiración de Baleares --creo
que extensiva a toda España-- tan bonita como que haya un
parque nacional marítimo-terrestre que lo puedan disfrutar
todos, del cual nos sintamos absolutamente todos,
independientemente del color político, orgullosos y
satisfechos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Ortea.
Señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Señor González Ortea, efectivamente, yo no planteaba nada
nuevo desde aquí. Lo único que intentaba era explicarles que
el buen funcionamiento del parque durante los cuatro últimos
años ha acallado lo que fue en su momento un debate social, y
esto es innegable.
El año 1993, recién realizada la manifestación marítima, a la
que tanto usted como yo hemos hecho referencia, fue convocada
la misma gente, añ repetir dicha manifestación, y no se ha
vuelto a hacer. ¿Por qué, señor González Ortea? Porque la
gente se ha dado cuenta de que el funcionamiento del parque es
positivo, porque los intereses que tiene la gente en ir al
parque son asumidos por la administración del parque nacional.
Por tanto, nada nuevo hay. El debate está planteado en estos
términos desde hace algunos años, pero ustedes no se han dado
cuenta de que los cuatro años de funcionamiento del mismo han
archivado, socialmente al menos, la proposición que el
Parlamento balear mantiene en esta Cámara.
Hay que decir, además, señorías, señores representantes del
Parlamento Balear, que estamos hablando de un parque nacional
marítimo-terrestre; estamos hablando de un espacio protegido
y, por tanto, es lógico que haya una serie de zonas
restringidas. Pero también hay que tener en cuenta que es
indispensable que este parque puede ser utilizado en su zona
marítima y en su zona terrestre, y esto se va incrementando
año tras año.
He dicho que en 1991 solamente hubo 1.290 peticiones de fondeo
y en 1994 ha habido casi 6.000. Se han atendido todas y cada
una de las peticiones que ha habido, ni una sola ha sido
rechazada. La sociedad balear, señor González Ortea, ha
entendido que el parque de Cabrera está muy bien protegido,
funciona muy bien y esto es un signo de distinción para toda
la Comunidad Autónoma y para su oferta turística, como le he
recordado.
Finalmente, señor González Ortea, quiero decirle que las
palabras que he citado del Presidente de la Comunidad Autónoma
no provienen del primer debate sobre la cuestión, sino de la
toma en consideración de la iniciativa legislativa del Grupo
Popular, en mayo de 1992, en el Parlamento balear. De allí he
sacado las citas literales que hizo el Presidente de dicha
Comunidad. Allí se pedía una comisión mixta paralela a los
organismos que regían el parque y que funcionaban con arreglo
a la Ley 4/1989. Esto es lo que pedía el Presidente de la
Comunidad Autónoma y lo que ha sido aprobado en un Real
Decreto publicado en el «Boletín Oficial del Estado», del 18
de enero de 1995. Si quiere se lo puedo entregar a usted y al
señor Ribas de Reyna, que está haciendo grandes gestos a su
lado. La otra cuestión que pedía el Presidente de la Comunidad
Autónoma era la racionalización y la agilización del fondeo en
las aguas de Cabrera. Ambas cosas han sido solucionadas.
Yo ya sé que esto --y así lo reconocía-- no es lo que pedía el
Parlamento balear, pero he dicho que esto es un lugar de
encuentro y que, si queremos --es una manifestación de
voluntad que han de hacer las dos partes--, nos podemos
encontrar en esta comisión mixta y mejorar todo lo que sea la
gestión del parque, que creo que debe mantenerse tal como
está.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Sólo para fijar nuestra posición en contra puesto que, aunque
estamos de acuerdo con algún aspecto de la proposición,
especialmente con el carácter autonómico que contiene, el
hecho de delegar las competencias al Gobierno balear, estamos
en contra de su espíritu desde el punto de vista ecológico,
puesto que entendemos que esta proposición está en contra del
medio ambiente, de la protección, y a favor de los clubes
náuticos, de la desprotección de Cabrera porque, como mínimo,
no limitaría la posibilidad de que los barcos y yates pudieran
ir por la Isla.
Desde un punto de vista ecológico, de sensibilidad hacia el
medio ambiente y hacia la protección de Cabrera, no podemos
votar a favor de esta proposición, a pesar de que, como digo,
compartimos algunos puntos de su espíritu. No compartimos
indiscutiblemente el antiecológico, el que está en contra de
Cabrera, que recortaría la protección que consideramos
insuficiente en este momento y aún quedaría más reducida. Por
tanto, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para fijar la posición de
nuestro Grupo, cuyo voto, anuncio, será a favorde la toma en
consideración de la presente proposición de ley. En primer
lugar, por ser una iniciativa legislativa presentada ante esta
Cámara por una comunidad autónoma, en este caso de las Islas
Baleares. Es sabido que nuestro Grupo siempre se ha mostrado
receptivo a tomar en consideración estas iniciativas,
independientemente de la trayectoria que pueda seguir a través
de posterior trámite parlamentario. En segundo lugar, porque la
modificación que se solicita de la Ley 14/1991, por la que se
creaba el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago
de Cabrera, a tenor de la exposición de motivos y de las
razones que en ella se exponen, la encontramos digna de ser
tenida en cuenta. Por último, se establece la posibilidad de
que las competencias de la Administración central puedan ser
delegadas en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
previo acuerdo mutuo, lo que entendemos resultará positivo
para el mejor cumplimiento de la conservación del parque.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo
votará a favor de la toma en consideración de la
presente proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS:Gracias, señor Presidente.
El Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya va a votar en
contra de la toma en consideración de la proposición de ley,
presentada por el Parlamento de las Islas Baleares acerca de la
modificación de la Ley de creación del Parque Nacional Marítimo-
Terrestre del Archipiélago de Cabrera.
Nos encontramos ante un caso típico de colisión entre
desarrollismo, es decir, desarrollo mal entendido, desde el
punto de vista de los intereses de la derecha social,
política, financiera, y la necesidad de preservar el
equilibrio ecológico. Estamos ante un tema, objetivamente
hablando, de desprotección de una zona; desprotección --y aquí
se ha expresado m tamente-- por razones de tipo turístico y
urbanístico.
Al mismo tiempo, señor Presidente, se rompe un consenso
unánime que se consiguió a la hora de aprobar esta ley --
repito-- por unani más importante, porque se puede cambiar de
posición.
Se trata de la desprotección objetiva de una zona, del único
parque nacional marítimo-terrestre que existe en este país, lo
que quiere decir que, desde la concepción de la derecha, no se
quiere pagar la pequeña cuota simbólica, en este caso
conceptual, de protección marítimo-terrestre del único, y por
lo tanto emblemático, parque de esta categoría que existe en
nuestro país. Es una cuota que hay que pagar. Nosotros en
Andalucía la pagamos muy gustosamente en el caso del Parque
Nacional de Doñana y de otros parques, pero parece que aquí,
desde una concepción errática que se intenta disimular, no se
quiere pagar. Digo errática, señor Presidente, porque no hace
mucho tiempo el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya defendió en esta Cámara la necesidad de crear un
ministerio de medio ambiente. Esta pretensión fue contestada
muy seriamente por uno de los grupos que ahora defiende la
modificación de la ley, precisamente por el Partido Popular.
Finalmente, el citado Partido, de cara a la próxima campaña
electoral, ha anunciado la necesidad de crear un ministerio de
medio ambiente. Esto nos enseña que hay una posición errática
desde el principio que, a nuestro juicio, no contempla las
necesidades medioambientales en un esquema general de parques
nacionales con respecto a nuestro país. El no querer pagar la
cuota del único parque nacional marítimo-terrestre nos muestra
que es una posición absolutamente insostenible, señor
Presidente.
Nosotros pensamos que la limitación de la navegación y del
fondeo en este parque marítimo-terrestre se tiene que mantener
en los términos actuales, máxime cuando han conseguido el
consenso social, es decir, integrar la costumbre de los
habitantes de la zona y de los visitantes más o menos lejanos
con respecto a las necesidades de protección del parque
nacional marítimo-terrestre.
Nosotros, señor Presidente, repito, vamos a votar en contra de
la toma en consideración de esta modificación de la Ley
14/1991, de creación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
del Archipiélago de Cabrera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gilet.
El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular da la bienvenida a
esta Cámara no solamente al Diputado balear que ha
intervenido, señor González Ortea, sino también a los
Diputados autonómicos que le han acompañado en este trámite de
toma en consideración de la proposición de ley de la cual voy
a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, que ya
adelanto será afirmativa, al propio tiempo que, aprovecho la
ocasión para invitar a ciertos Diputados, si tienen interés en
ello, a que conozcan Cabrera y así podrán hablar con mayor
profundidad y mayor conocimiento de la misma.
La defensa que ha llevado a cabo el Diputado autonómico, señor
González Ortea, me exime de repasar una serie de
circunstancias que han ido rodeando ese objeto legislativo en
que se ha convertido Cabrera desde octubre de 1988 y pararme
en la circunstancia puntual, que es el punto álgido o
trascendente que ampara y que motiva tanto la proposición de
ley que se convirtió en la Ley 14/1991, como la proposición de
ley remitida por el Parlamento de las Islas Baleares, porque
la cuestión fundamental se halla en esa prohibición implícita
de navegación deportiva por las aguas territoriales del
parque.
El diferente posicionamiento en cuanto a tal consideración es
sumamente claro. Unos estiman que la prohibición no
obstaculiza el ordinario uso las transparentes, claras y
limpias aguas de Cabrera y sus islotes, y otros, por el
contrario, consideran que la prohibición se halla en completa
contradicción con el uso normal y ordinario de un bien
público, de carácter especial, pero bien público.
Para estos últimos, resulta de difícil comprensión que una
zona protegida, como la sierra de Tramontana, área natural de
especial interés, según la Ley 1/1991, en Mallorca, donde es
casi imposible mover una piedra o levantar un metro cuadrado,
de una extensión muy superior a los 48 kilómetros cuadrados de
Cabrera y sus islotes, y sus 116 kilómetros de longitud de
costa, sea transitable sin ninguna limitación, ni permiso, ni
autorización, ni tan siquiera una simple comunicación verbal o
escrita a ninguna Administración, añadiéndose incluso la
circunstancia de ser más de un 25 por ciento de esa zona,
desde la sierra de Tramontana, propiedad de personas no
nacionales.
En cambio, no sucede igual con el Parque Marítimo-Terrestre de
Cabrera. Esta es la contradicción que en el fondo viene
motivando, no solamente la iniciativa popular impulsora, sino
también la aceptación parlamentaria y balear, de la cual trae
Una contradicción que los propios números avalan: así, en
1991, año de entrada en vigor de la Ley de creación del Parque
Nacional de Cabrera, el total de visitantes fue de 21.761, y
el año 1994 fue de 32.226, es decir, unos 4.000 menos que en
1993.
Todos los anteriores números estadísticos reflejan, a mi
entender, la necesidad de un nuevo tratamiento legal a la
actual situación; situación normativa que ha obligado, desde
1991, a más de 100.000 visitantes a cumplimentar unos trámites
burocráticos obstaculizadores de un disfrute sin más condición
que el propio sentido común, ya que seguramente ésta es la
intencionalidad indirecta de la previa autorización como
requisito de acceso: entorpecer el disfrute de un bien de
carácter público, del cual han hecho un buen uso, durante
años, los habitantes de las islas y sus numerosos visitantes.
Y digo y recalco buen uso, pues, como ya se ha expresado, el
Parque Nacional de Cabrera puede ser tal precisamente por la
correcta utilización que se ha dado a sus islotes, calas,
playas, incluidos fines militares con salvaguarda de sus
riquezas faunísticas, ecológicas o simplemente paisajísticas.
En otras palabras, el archipiélago de Cabrera no sería hoy
Parque Nacional si sus numerosos visitantes no lo hubiesen
apreciado y utilizado como tal, incluso antes de su creación
normativa mediante la Ley 14/1991. Seamos, pues, respetuosos
con la iniciativa popular, que no es sino reflejo de ese
sentimiento a que antes hacíamos referencia.
Por lo demás, las modificaciones que plantea la proposición de
ley, que el Grupo Parlamentario Popular va a votar
afirmativamente en este trámite de toma en consideración,
afectan a las competencias de Icona, con su traspaso a la
Comunidad Autónoma, así como al desarrollo reglamentario del
patronato, para una más ágil toma de decisiones en su caso. En
estos momentos es fácil rememorar al ya maltratado
Montesquieu y su «Espíritu de las leyes», cuando nos recuerda:
Cualquier pueblo defiende más sus costumbres que sus leyes.
Pues bien, mediante una ley nacida única y exclusivamente a
iniciativa popular, el pueblo mallorquín, el pueblo balear,
está defendiendo una costumbre: navegar por las nítidas aguas
de Cabrera sin más traba que su gran estima o cariño hacia el
archipiélago, hacia sus islas.
Concluyo así, pues, anunciando el voto afirmativo del Grupo
Parlamentario Popular a la toma en consideración de la
proposición de ley remitida desde el Parlamento de las Islas
Baleares, y agradezco a los grupos que han manifestado que
votarán afirmativamente su postura.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de
ley del Parlamento de las Islas Baleares, sobre modificación
de la Ley 14/1991, de Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 141; en contra, 154; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara
la exclusión del orden del día de la presente sesión del
debate sobre la reforma del Reglamento de la Organización
Común del Mercado vitivinícola, que figura como punto número 38.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda acordado.
Asimismo, de conformidad con el artículo 68.1, se somete al
Pleno la inclusión en el orden del día de la presente sesión
del dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
del proyecto de ley sobre modernización de las explotaciones
agr ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la
inclusión.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY.
(Continuación.):
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE MODIFICA EL ARTICULO 1.088 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE GANANCIALES TRAS LA SEPARACION MATRIMONIAL O EL DIVORCIO
JUDICIAL (Número de expediente 122/000087)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular, por
la que se modifica el artículo 1.088 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil en cuanto al procedimiento de liquidación
de la sociedad de gananciales tras la separación matrimonial o
el divorcio judicial.
Tiene la palabra el señor Azpiroz. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El señor AZPIROZ VILLAR:
Muchas gracias, seño Presidente. Buenas tardes, señoras y
señores diputados.
He subido a esta tribuna al objeto de plantear la toma en
consideración por esta Cámara de la proposición de ley del
Grupo Popular en relación a la modificación del artículo 1.088
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto al procedimiento
de liquidación de la sociedad de gananciales tras la
separación matrimonial o el divorcio judicial.
El problema que el Grupo Popular trae a esta Cámara para que
se solucione deriva de la regulación que se da en el Código
Civil, en los artículos 1.392 a 1.410, de la liquidación y
adjudicación de la sociedad de gananciales, que, a su vez, en
cuanto al procedimiento, remite a los artículos 1.054 a 1.093
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La cuestión reside en que la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
el artículo 1.088, prevé que cuando se haya ejecutado una
sentencia de separación matrimonial o divorcio, a fin de
liquidar la sociedad de gananciales se deberá ir al juicio
declarativo cuando no exista acuerdo en dicho trámite.
Cierto es que hay diversas posiciones jurisprudenciales en la
materia, lo cual, por cierto, creo que también indica la
necesidad y la oportunidad de dotar de una adecuada solución a
esta cuestión.
Así, podemos diferenciar tres bloques de posturas
jurisprudenciales. La primera, que hay que acudir al juicio
declarativo. En este orden de co entre otras, las sentencias
de las audiencias provinciales de Barcelona y de Valencia de
12 de abril de 1988 y 27 de enero de 1993.
La segunda, que debe disolverse la sociedad de gananciales en
ejecución: sentencias de la Audiencia Territorial de Barcelona
de 14 de junio de diciembre de 1988.
La tercera, que se debe plantear la liquidación de la sociedad
en ejecución y, supuesto que no haya conformidad con las
partes, se debe acudir al procedimiento declarativo
correspondiente por la cuantía: sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de abril de 1994, de 9 de septiembre de 1991 y,
entre otras, también el auto de la Audiencia Provincial de San
Sebastián de 28 de octubre de 1993.
Dicho esto, ¿cuál es el problema social que queremos
evidenciar desde esta tribuna? El problema real, el problema
social, el problema jurídico --porque tiene todas estas
implicaciones-- es que nos encontramos en muchos supuestos de
separación en los cuales hay una parte que tiene un mayor
dominio económico, bien porque trabaje, bien porque posea
bienes privativos, bien porque en la práctica haya sido el
administrador real de la sociedad ganancial durante el
matrimonio y, por tanto, domina y conoce cuáles son las
posibilidades financieras y cómo se puede actuar con ellas.
Con ello se propicia el que no haya acuerdos, se vaya a un
juicio
declarativo o bien la otra parte, que está precisada de tener
medios propios para subsistir, de poder percibir su
liquidación en la cuota de la sociedad de gananciales, se vea
abocada a llegar a un acuerdo a la baja o se vea impelida a
plantear un nuevo procedimiento judicial, con la dilación que
supone y con el costo que le representa. Creemos que esto es
un elemento negativo añadido a la propia dureza emotiva de
quien tiene que pasar por el trance de una separación o un
divorcio. Nos parece que constituyen auténticas tragedias
personales las que viven diversos conciudadanos que se han
visto abocados a pasar por este trámite, por esta segunda fase
jurídica, por este segundo procedimiento.
También plantea una dilación indebida, en términos jurídicos,
que entendemos quiebra claramente el principio de la tutela
judicial efectiva del artículo 24.2 de la Constitución
española.
Y, por último, y en quinto lugar, esta situación plantea
también una ruptura del principio de economía procesal, porque
los jueces y tribunale a tener que resolver dobles
procedimientos, y creo que es ocioso recordar que en nuestro
país se encuentran bastante saturados quienes deben
administrar la justicia. Los propios jueces, las propias
audiencias lo han planteado en esos términos y gran parte de
la doctrina científica, mayoritaria diría yo, y de los propios
tribunales, aunque no haya habido, como reconocía al
principio, un criterio unívoco en esta materia, nos llegan a
decir, como es el caso del auto citado de la Audiencia
Provincial de San Sebastián, que el problema de dilación
procesal es cierto, conocido y criticado por la doctrina
científica, pero es un problema que debe resolverse por el
legislador y no por el poder judicial. De forma tal que ese
problema se debe abordar en esta Cámara, tenemos el derecho a
hacerlo y tenemos también la obligación de dar una solución a
esta situación.
Nosotros planteamos una --sin duda puede haber otras--, pero
hemos querido traer al Congreso una solución que implicara la
menor modificación legal posible y para ello planteamos en la
proposición de ley la adición de un segundo párrafo al
artículo 1.088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal forma
que, en definitiva, sea el juzgador de instancia quien,
mediante auto, resuelva definitivamente la cuestión de la
división, de la liquidación de la sociedad de gananciales. Y
todo ello porque en el procedimiento de ejecución, de acuerdo
con las normas de testamentaría que antes indiqué, todas las
partes y el propio juez tienen todas las garantías procesales
para tener el correspondiente avalúo, el correspondiente
inventario y poder efectuar en derecho justamente la
liquidación que proceda. De manera que con esto queremos dar
una solución fácil a un problema que a no sé cuántos miles de
ciudadanos se eleva, dentro de la cifra que ayer se comentaba
en los medios de información pública --a partir de la Ley de
Divorcio ha habido 800.000 casos--, no sé cuántos de ellos se
habrán encontrado en esta situación, pero los que se han
encontrado en esta situación realmente han tenido una tragedia
añadida al propio hecho de la separación matrimonial por el
problema de la separación patrimonial dualmente establecido en
nuestro procedimiento jurídico.
Además, creemos que con ello se dota de algo que parece
elemental, o a nosotros nos lo parece, como es que los jueces
que tengan competencia para conocer de un pleito también la
tengan para su ejecución. En este caso se trataría,
obviamente, de los jueces de familia, en virtud de lo que ya
prevé la disposición adicional tercera de la Ley 30/1981 y el
artículo 55 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo tanto, creemos que si esta Cámara, como deseamos y
estamos convencidos de que así será, atiende esta demanda real
de unos ciudadanos, le dota de una solución, como nos
requieren los jueces, tribunales y los colectivos de
asociaciones de separados --por cierto que hasta el momento,
en otros textos de otra índole que no voy a pasar a comentar,
hasta el momento, que yo sepa al menos, no se había abordado
una cuestión de este tipo--, entendemos que con la solución
que entre todos acordemos, y con las mejoras técnicas, que
indudablemente cabrán dentro del debate y de las enmiendas que
se puedan introducir, aunque la parte dispositiva de la
proposición obviamente es breve, vamos a preservar los
derechos del cónyuge más débil económicamente, y ello porque
le vamos a evitar costos económicos adicionales a los que se
producen con el mero trámite de la ejecución, así como una
dilación indebida, con la consiguiente proyección a lo largo
del tiempode la solución de su problema. Tam que vamos a dar
efectivo cumplimiento al mandato del principio jurídico-
constitucional del artículo 24.2 de nuestra carta magna.
Creemos, reitero, que se evitarán dobles procedimientos y se
agilizará la justicia. Supone una unificación de procesos que
deben presidir la jurisdicción civil en orden a evitar la
dispersión y, de acuerdo también con lo que previene el
artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
introducimos criterios de economía procesal.
Creo que hoy no estamos debatiendo un tema de diferencias
políticas, sino que estamos planteando un problema social,
personal y jurídico que e y considero que todos tenemos la
oportunidad de dotarle de una solución. Yo apelo a todos los
grupos parlamentarios que están en esta Cámara a que tomen en
consideración esta propuesta, que voten favorablemente la
iniciativa que sometemos a debate, que participen y se sumen a
esta intención de hacer progreso dotando de soluciones reales
a problemas reales de los ciudadanos y que con todo ello demos
satisfacción también a las demandas de esos colectivos y de
esos ciudadanos a los que reiteradamente he aludido en mi
intervención.
Desde ese convencimiento, desde y desde esta Cámara, creo que
entre todos podremos aportar una solución real a un problema
real.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Azpiroz.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, intevengo
brevemente para apoyar la iniciativa presentada por el señor
José Eugenio Azp economía procesal que supone y por crear
desde este Parlamento --para eso estamos-- un servicio a los
ciudadanos y, además, en los casos de emergencia como los que
se tratan de solucionar con la presentación de esta
proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, muchas gracias. A
Coalición Canaria no le duelen prendas reconocer lo feliz de
una iniciativa de cualquier otro grupo parlamentario de esta
Cámara si, profundamente estudiada la cuestión, merece nuestro
beneplácito. En este caso consideramos que ni siquiera hay que
entrar en grandes profundidades para valorar positivamente una
iniciativa que aparece breve, pero, a nuestro juicio,
contundentemente justificada en la exposición precedente al
artículo que se propone y que, en definitiva, trata de dar
rapidez a unos procedimientos en los cuales se estaba poniendo
de manifiesto a lo largo de los años la desesperante lentitud
de la Administración de Justicia, singularmente en esta fase
tan peculiar de ejecución que se produce en la liquidación de
la sociedad conyugal. En contraste con el procedimiento
incidentalque en determinados casos se producía y se
caracterizaba por la mayor brevedad que la de ordinarios, he
aquí que cuando se producía cualquier oposición en este tema
de la liquidación de la sociedad de gananciales --y esperemos
que sea por poco tiempo-- había que acudir al procedimiento
ordinario, que hoy, por razón de la cuantía, suele ser
normalmente de menor cuantía. A pesar de que esto se ha
mejorado por las reformas que ha habido en las cuantías y no
siempre y no de manera más usual, hay que acudir al de mayor
cuantía; eso no quiere decir que no se produzca una serie de
lentitudes y de disfunciones que son realmente desesperantes y
que, además, pueden producir, y de hecho producen, un
perjuicio mucho más singular normalmente a la parte más débil
como consecuencia de la ruptura matrimonial y, desde luego, en
muchas ocasiones en perjuicio de los hijos. Por eso nosotros,
en principio, vemos con satisfacción esta iniciativa, vamos a
apoyarla y todo ello sin perjuicio de que en el trámite
correspondiente, y siempre en consideración a una serie de
razones de índole adjetiva, tratemos de incorporar cualquier
mejora a esta propuesta que en el artículo único de la reforma
que se pretende ha articulado el Grupo Popular y hoy ha
defendido y al cual, por lo tanto, le ofrecemos nuestro voto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en la argumentación de la proposición de ley el
Grupo Popular, el grupo proponente se basa exclusivamente en
lo que dispone la Ley 11/1981, de 13 de mayo, sobre
modificación del Código Civil en materia de filiación, patria
potestad y régimen económico de matrimonio. Ciertamente, el
artículo 1.410 del Código Civil remite a las normas de
participación y liquidación de la herencia, así como también
el artículo 1.088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge la
redacción que dispone la Ley 11/1981. Sin embargo, existe una
ley posterior --La Ley 30/1981, de 7 de julio-- que modifica
los artículos 91 y 95 del Código Civil.
Según este nuevo redactado, el artículo 91 del Código Civil
establece que en las sentencias de nulidad, separación o
divorcio o en la ejecuci juez, a falta de acuerdo de los
cónyuges o si no aprueba el acuerdo, determinará las medidas
que hayan de sustituir a las que ya se hayan tomado antes en
relación a los hijos, a la vivienda familiar, a las cargas del
matrimonio y a la liquidación del régimen económico. El
artículo 95.1 del Código Civil prevé que la sentencia firme
producirá respecto de los bienes del matrimonio la disolución
del régimen económico matrimonial. Pues bien, la aplicación de
estos artículos evita este doble procedimiento que argumentaba
el portavoz del grupo proponente. Entendemos que estos
artículos hay que aplicarlos en un proceso de separación o
divorcio, puesto que en realidad son posteriores en cuanto a
su aprobación y tienen un marco más amplio de aplicación, ya
que se refieren a la liquidación de los regímenes económicos
en general --es decir, a todos-- y no exclusivamente a uno
determinado, en concre de gananciales. Y puesto que éste es el
proceso más corto, es el que debería ser aplicado, teniendo en
cuenta, además, que el artículo 11.2 de la Ley orgánica del
Poder Judicial establece que los jueces y tribunales
rechazarán
fundamentalmente las peti y las excepciones que se presenten
en un evidente abuso de derecho y comporten fraude de ley o
procesal.
Nos parece que optar por un proceso largo y costoso cuando
existe uno más breve sería, sin duda, una vulneración de dicho
artículo 11.2, y, como también el mismo portavoz del Grupo
Popular nos decía, hay varias posturas también
jurisprudenciales sobre el tema.
En definitiva, nuestro Grupo considera que esta modificación
propuesta, si bien nos parece oportuna, en cualquier caso nos
parece que debería realizarse dentro de un marco mucho más
amplio, dentro de un marco de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Alemany.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Como decía el portavoz del Grupo Popular, no estamos ante un
tema de diferencia política, sino en la búsqueda precisamente
de la eficacia jurí perspectiva es desde la que nuestro grupo
parlamentario ha examinado esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
Nosotros consideramos, analizando la realidad actual, que es
de enorme dificultad, desde el punto de vista jurídico, todo
el procedimiento al que están sometidos los cónyuges que
deciden ir a una separación matrimonial o divorcio y con
posterioridad, lógicamente, a la disolución de sociedad de
gananciales. Ante esta dificultad evidente como consecuencia
de la interpretación, también distinta y diversa, por parte
del Poder Judicial de lo que es hoy la legalidad vigente,
nosotros consideramos que esta proposición de ley viene a
mejorar la situación actual. No creemos que la mejore de
manera definitiva, pero sí pensamos que puede ser una solución
transitoria hasta tanto podamos abordar, desde el espíritu del
diálogo y buscando el consenso en este Parlamento, una
solución global a todo el tema de separación matrimonial y
divorcio, con todas las medidas que ello conlleva, y no sólo
en la parcialidad de la disolución de la sociedad de
ganaciales.
En ese sentido, como medida transitoria que mejora la
situación actual, a nosotros nos parece que es oportuna y
vamos a dar un voto favorable para que se tome en
consideración la proposición, pero no sólo por eso, sino
porque también coincidimos en algunos argumentos que se han
esgrimido a lo largo de las intervenciones, en el sentido de
que implica disminuir el coste económico que en la actualidad
supone el proceso de separación desde su inicio hasta su
conclusión, con la disolución de la sociedad de gananciales;
porque sin duda también significa dar mayor agilidad a la
administración de justicia y, por ende, conseguir una mayor
eficacia para quienes son los a caso los encartados en el
proceso de separación inicial y disolución de sociedad con
posterioridad, y porque también es verdad que, recordando el
tiempo a que están sometidos los cónyuges por los distintos
procedimientos que tienen que atravesar, estamos favoreciendo
a la parte que menos posibilidades económicas tiene dentro del
propio proceso, cuando además lo cierto y verdad es que esa
parte suele ser, en la mayoría de las ocasiones, la mujer, que
es la más débil económicamente y que desde esa expectativa,
perspectiva y realidad, lamentable, pero cierto, es la que
tiene que soportar a veces acuerdos que no le son para nada
beneficiosos, pero en los que tiene que entrar y aceptarlos
porque le es imposible mantener el coste que supone
inicialmente ir a un procedimiento último de juicio ordinario
de mayor o menor cuantía en función de la cantidad que se esté
ventilando en la disolución de la sociedad de gananciales,
después de haber soportado todo lo que son dos procesos
previos: el de la separación propiamente dicho y el juicio
voluntario de testamentaria al que tiene que estar sometido
para hacer la disolución de la sociedad de gananciales.
Por tanto, este elemento de coste económico y la dilación en
el tiempo afectan a una de las partes de manera mucho más
considerable que a la o entendiendo que hay que generar una
situación de igualdad entre los cónyuges que van a la
separación o al divorcio hasta la conclusión en la disolución
de la sociedad de gananaciales, nos parece que puede ser una
medida adecuada para recortar el tiempo y el plazo a los que
en la actualidad se ven sometidos.
Estas son las razones fundamentales que llevan a nuestro Grupo
parlamentario a votar favorablemente la toma en consideración,
entendiendo que con posterioridad tenemos que ir
obligatoriamente a un debate global sobre separación y
divorcio que contemple todos y cada uno de los aspectos que
tienen estas materias. Nos gustaría que hiciéramos un esfuerzo
por buscar el consenso en aras a la eficacia jurídica y que
lógicamente respondiera a las expectativas que se han generado
en la sociedad, porque son muchas las familias afectadas. Nada
más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señora
Aguilar.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, señorías, para fijar
la posición de mi Grupo en relación con la proposición de ley
del Grupo parlamentario Popular, lo que hago desde una primera
afirmación: la de
que mi Grupo se felicita por la iniciativa del Grupo Popular,
por cuanto que nos permite constatar hasta qué punto los
distintos Grupos parlamentarios estamos de
acuerdo en una serie de principios de cara a la reforma del
Derecho de familia y de cara a cómo se debe enfrentar la
reforma de los procesos matrimoniales. Es más: nuestro Grupo
suscribiría algunos párrafos de la exposición de la
proposición de ley del Grupo Popular. Esto no quiere decir que
nosotros vayamos a votar favorablemente esa iniciativa, y voy
a explicarme, en la inteligencia y en la pretensión de
intentar convencer a SS.SS. de que la posición de mi Grupo es
la más rigurosa y la más razonable.
La proposición parte de una afirmación que no es exactamente
correcta. La proposición dice que el ordenamiento jurídico
vigente, a través de los artículos 1.392 a 1.410 del Código
Civil, establece las normas sobre disolución y liquidación de
la sociedad de gananciales, remitiendo --dice textualmente la
proposición-- este último precepto, en cuanto al
procedimiento, a lo dispuesto en los artículos 1.054 a 1.093
de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el juicio voluntario
de testamentaria.
Yo creo que esta afirmación del Grupo Popular, que es la que
luego determina la fórmula jurídica que propugnan en esta
proposición es la que, a nuestro juicio, induce a error, por
cuanto que si leemos el artículo 1.410 del Código Civil
veremos, señorías, que lo que dice exactamente ese precepto es
que en lo no previsto en el Código Civil para la formación de
inventario, para las reglas sobre tasación y venta de bienes,
para la división del caudal, adjudicación a los partícipes y
demás que no se halle expresamente determinados, se observará
lo establecido para la partición y la liquidación de
herencias, pero no remite expresamente a esos preceptos de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
La interpretación del Grupo Popular es la que ha dado lugar a
que algunos jueces, como se ha puesto de manifiesto por
algunas señorías que me han precedido en el uso de la palabra,
interpreten que para la liquidación de la sociedad de
gananciales en un pleito de separación matrimonial, de nulidad
o de divorcio haya que acudir a la testamentaría. Ese es un
craso error que están padeciendo los ciudadanos de este país,
craso error por una interpretación no correcta de la Ley, por
cuanto, como también ha puesto de manifiesto la representante
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la Ley 30/1981 es
posterior a la Ley 11/1981, que fue la que modificó el sistema
legal de la sociedad de gananciales.
En consecuencia, la interpretación correcta por parte de los
tribunales debería haber sido el que en la misma sentencia de
separación, nulidad o divorcio se decreta, porque así lo dice
el Código Civil, la disolución de la sociedad de gananciales,
si existe, y a partir de ahí, en ejecución de sentencia,
debería procederse a la adjudicación de los bienes que le
correspondiera a cada uno, previa partición. Esa sería la
interpretación correcta por parte de nuestro t La fórmula que
propone el Grupo Popular es mantener la interpretación errónea
de un sector de la judicatura y, además, a nuestro juicio,
abrir inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la resolución de
los coflictos mediante auto, que es la fórmula que propicia el
Grupo Popular en esta proposición, sería la adecuada siempre y
cuando hubiera mutuo acuerdo sobre la naturaleza de los
bienes, sobre, por ejemplo, el carácter privativo o ganancial
de los mismos, etcétera, pero cuando no hay mutuo acuerdo es
por lo que se va, en un juicio de testamentaría, a un pleito
ordinario que por la cuantía corresponda, se acude
precisamente en busca de garantía procesal, que no la da una
resolución por auto, sino un proceso judicial declarativo
ordinario que por la cuantía corresponda. Es decir, la fórmula
del auto, a nuestro juicio, no es la técnicamente adecuada
para resolver la cuestión. Además, de aceptarse la proposición
de ley del Grupo Popular resultaría que conseguiríamos el
efecto no querido, porque hoy en día hay jueces que
interpretan adecuadamente la legislación actual sobre
disolución de la sociedad de gananciales y lo hacen en
ejecución de sentencia, o lo hacen en el juicio declarativo de
menor cuantía directamente, mientras que si se aprobara la
iniciativa del Grupo Popular veríamos que todos tendríamos que
acudir al juicio de testamentaria, cosa no querida por el
legislador y lo digo como testigo privilegiado, si se me
permite la expresión, por cuanto tuve la oportunidad de ser
ponente tanto en la Ley 30/1981 como en la 11/1981.
Señorías, el modo y lugar de resolver estas cuestiones debería
ser, a nuestro juicio, en un debate global sobre la materia.
Hay una oportunidad de oro para abordar estas cuestiones, que
es la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista de
modificación del Código Civil en las materias atinentes a la
separación y el divorcio. Si lee S.S. esa iniciativa del Grupo
Socialista verá que en la exposición de motivos se dice
claramente que no se abordan los aspectos procesales --que son
fundamentales, porque están dando lugar a gravísimos problemas
en la resolución de las crisis matrimoniales-- porque el
Gobierno ha anunciado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil que entrará en esta Cámara en este o en el próximo
período de sesiones.
Este compromiso, además, señorías, lo ha sumido el Ministro en
su comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior, en
noviembre del año pasado, cuando explicó las líneas generales
del debate. Ese compromiso de elaborar una nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil también lo ha asumido la Secretaria de
Estado de Justicia cuando compareció en la Comisión de
Justicia, en diciembre del año pasado, para explicar cuáles
serían las líneas de actuación de dicha Secretaría de Estado.
Existe
ya un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil; en él se
abordan de una manera global, completa, armónica y
sistemática, a nuestro juicio, todos los procesos. En el
anteproyecto se pone de manifiesto la filosofía --como ha
dicho S.S.-- que se debe aplicar en los procesos
matrimoniales, de forma que sean ágiles, rápidos y eficaces,
así como en las distintas cuestiones que se puedan plantear al
hilo de las crisis matrimoniales.
También existe nuestra proposición --como he dicho
anteriormente-- en la que se abordan los aspectos sustantivos
y que nosotros pretendemos debatir en el Pleno con el fin de
ver si somos capaces de lograr ese consenso para llegar a un
acuerdo a efectos de ofrecer a la sociedad española un derecho
de familia lleno de contenido, que esté mejor regulado que el
actual, porque es un derecho, como sabe S.S., que se realizó
en el año 1981 al hilo de las discusiones sobre la
introducción en nuestro país de la institución del divorcio y
que no podía contemplar, obviamente, la experiencia divorcista
en nuestro país.
Nuestro Grupo cree que ha llegado el momento de que se
produzca un debate en la sociedad, de hecho lo estamos
llevando a cabo con organizaciones no gubernamentales, y
nuestro afán y voluntad sería que también en esta Cámara, con
esta proposición se abordaran de una manera global, junto con
la Ley de Enjuiciamiento Civil, los aspectos tanto procesales
como sustantivos referentes a la materia.
No nos parece, señorías --sinceramente se lo digo--, que la
fórmula elegida por la proposición sea la más adecuada, todo
lo contrario, creo que produciría el efecto perverso de
inducir al resto de los juzgados a que en la liquidación de la
sociedad de gananciales tengamos que acudir a la
testamentaría, cosa que no quiso el legislador en su momento y
cosa que creo que se podría obviar de existir una unidad en la
interpretación de la doctrina jurisprudencial.
Por ello, nuestro Grupo va a votar en contra.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación de la toma en consideración de la proposición de ley
debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguente resultado: votos
emitidos, 297; a favor, 143; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en
consideración.PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CREACION DE UNA
COMISION QUE ORGANICE ACTOS DE HOMENAJE A LOS ESPAÑOLES QUE
PARTICIPARON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (Número de
expediente 162/000173)
El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día,
proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Socialista sobre creación de una
comisión que organice actos de homenaje a los españoles que
participaron en la Segunda Guerra Mundial.
Tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Cuando alguien pregunta qué papel jugó España en la Segunda
Guerra Mundial, generalmente se le contesta que España no
participó en la misma o que fue no beligerante y cercana al
régimen nazi-fascista, o si el que contesta es un simpatizante
del franquismo dirá, incluso, que fue neutral gracias a la
habilidad del Caudillo. Pero eso es sólo parcialmente verdad
o, para decirlo mejor, es en parte mentira, entre otras
razones porque decenas de miles de españoles republicanos
participaron junto a los aliados y miles de ellos dieron su
vida por la liberación de Europa y creyeron que con su
sacrificio liberaban también a España.
Hoy mismo se cumplen 50 años de la liberación de Baviera, en
la que participaron --y eso se conoce muy poco en nuestro
país-- miles de españoles que formaban parte de la División
Leclerc, que días antes habían liberado Alsacia y meses antes
París, que habían desembarcado con los aliados en Normandía, y
aun antes habían luchado también en el Norte de Africa, en el
Chad, en Gabón y en Oriente Medio.
Precisamente el sentido de esta proposición no de ley es
recuperar de la ignorancia y del olvido la contribución de
España, junto a los aliados, en la Segunda Guerra Mundial,
porque España estaba en cada uno de las decenas de miles de
jóvenes españoles que lucharon contra el totalitarismo nazi-
fascista, de 1939 a 1945, muchos de los cuales perecieron en
los campos de batalla, en la resistencia y en los campos de
exterminio y de concentración nazis.
El primer reconocimiento oficial que España ha hecho a estos
españoles en medio siglo fue realizado hace pocos meses por el
Presidente del Gob Felipe González, y el Presidente
Mitterrand, en Foix, en el mediodía francés. De la misma
manera que De Gaulle salvó el honor de su país, tras el
humillante armisticio de Petain, estos republicanos españoles
salvaron la imagen de nuestro país, empañada por el
desprestigiado régimen franquista.
Al finalizar la guerra civil, unos 500.000 españoles pudieron
esca para sobrevivir y la nostalgia de su tierra hizo que
varias decenas de miles de ellos volvieran entre 1939 y 1945,
pero la mayoría se quedó en Francia, pudiendo emigrar una
parte a Méjico, gracias a la hospitalidad del Presidente
Lázaro Cárdenas, así como a otros países hispanoamericanos.
Pero para el exilio interior la situación no era tampoco un
camino de rosas. Varios cientos de miles de presos políticos
se amontonaban en cár concentración. Aún hoy, estos días,
aparecen testimonios de «gulags» celtibéricos, como el del
psiquiátrico de Palma de Mallorca, en el que estuvieron
encerrados como enfermos mentales intelectuales y políticos
demócratas de la II República. Nunca se conocerá la cifra
exacta de asesinatos políticos en los años cuarenta y
posteriores, muchos de los cuales fueron encubiertos como
muerte natural en los certificados de defunción.
Cuando las tropas hitlerianas invadieron Francia y la gran
mayoría de la población francesa aceptó el armisticio y la
dictadura de Petain-Laval decenas de milesde republicanos
españoles pasaron a la clandestinidad y comenzaron a formar
las primeras
organizaciones de resistencia. La especial amistad del régimen
franquista con Hitler hizo que la policía política española se
moviera a sus anchas en suelo francés, persiguiendo y cazando
republicanos. Así fueron entregados a Franco destacados
demócratas, como el Presidente de la Generalitat de Cataluña,
Lluis Companys, los diputados socialistas Julián Zugazagoitia
y Teodomiro Menéndez y el redactor jefe de «El Socialista»,
Cruz Salido. Companys, Zugazagoitia y Cruz Salido fueron
fusilados por Franco. La guerra civil había terminado dos años
antes.
Desde entonces y hasta el fin de la guerra, en Europa, el 8 de
mayo de 1945, alrededor de 50 a 60.000 españoles participaron,
en tropas regulares o en comandos de guerrilleros, en multitud
de operaciones contra las tropas alemanas de Hitler y las
italianas de Mussolini. Sería imposible pormenorizar en esta
intervención todas y cada una de dichas acciones, pero no
quisiera dejar de citar las que me parecen más destacadas y
también menos conocidas, como la participación de 2.000
españoles en la batalla de Narvik, en Noruega. Narvik es un
puerto noruego, que cobró gran importancia en la Segunda
Guerra Mundial, porque de él salían millones de toneladas de
hierro destinadas al ejército alemán.
En 1940, los aliados se propusieron tomar y neutralizar
Narvik, y lo consiguieron no sin un elevado coste humano
gracias a una unidad de la Legión extranjera de la que
formaban parte los citados españoles. En el cementerio de
Narvik existe una modesta lápida con los nombres de centenares
de republicanos españoles que reposan allí para siempre.
Los supervivientes de esta batalla se embarcaron para
Inglaterra donde el General De Gaulle acababa de hacer el
llamamiento de la Francia libre en julio de 1940. Consiguió
reclutar a siete mil hombres, de los cuales un millar eran
españoles. A ellos se fueron sumando sucesivamente miles de
efectivos en las semanas y meses siguientes. Liberaron Gabón,
por el desembarco en Duala, se pusieron a las órdenes del
coronel Leclerc, que desde entonces forma su famosa división,
y, después de diversas operaciones por el norte de Africa,
incluso por Oriente próximo, desembarcan de nuevo en Francia y
participan muy activamente en la liberación de París.
El 23 y 24 de agosto de 1944, los hombres de la novena
compañía de la División Leclerc, encabezados por el Teniente
Granell y formados por los mandos Elías, Bernal, Campos,
Montoya, Moreno y Bamba, que comandaban los primeros carros de
combate, llegan al Hotel de Ville, al Ayuntamiento, carros y
tanques que, junto con la bandera francesa, llevaban la
bandera de la República española, con nombres como «Madrid»,
«Ebro», «Don Quijote», «Guadalajara», «Brunete», «Teruel».
Allí se unen a los resistentes entre los que también destaca
la presencia española. El jefe de la zona norte de la
resistencia francesa se llamaba José Barón y encontró la
muerte justamente en la liberación de París.
Como dato simbólico para la historia, el jefe de las fuerzas
de ocupación en París, general Von Choltitz es detenido en su
cuartel general de la Rue de Rivolí por el extremeño Antonio
Gutiérrez, primer soldado aliado que entra en su despacho,
ante el que se rinde entregándole su pistola.
Fueron españoles los que liberaron total o parcialmente las
ciudades francesas de Angulema, Poitiers, Burdeos,
Montpellier, Avignon, Marsella y otras muchas. Participaron en
la liberación de cuarenta y un departamentos o provincias, lo
que supone 250.000 kilómetros cuadrados habitados por 19
millones de personas.
De doce a catorce mil españoles fueron hechos prisioneros por
los alemanes, la mayoría de los cuales fueron deportados a los
campos de concent exterminio nazis; especialmente lo fueron al
tristemente célebre campo de Mauthausen, donde estuvieron
internados casi diez mil republicanos españoles, de los que
sólo sobrevivieron unos tres mil. Al llegar los aliados a
liberar el campo el 7 de mayo de 1945 se encontraron un gran
cartel en la puerta principal, que decía: «Los antifascistas
españoles saludan a las fuerzas liberadoras». Aún se conserva
un monumento dedicado a los siete mil españoles que allí
perdieron la vida. Hoy nos acompaña aquí, en la tribuna
pública, y yo quiero hacerle un especial homenaje, una
delegación de la «Amical de Mauthausen», de la que forman
parte trece o catorce supervivientes de aquel horror del campo
de
concentración. (Los señores Diputados prorrumpen en
aplausos, dirigidos a la delegación presente en la tribuna de
invitados.)
Durante este año se conmemoran en toda Europa con
numerosísimos actos los cincuenta años, el medio siglo, de la
finalización de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una
ocasión única, probablemente irrepetible, para que España
rinda un merecido tributo de agradecimiento a esa generación
sacrificada y olvidada que luchó en tierras extranjeras por la
libertad, contribuyendo y abriendo camino en el viejo
continente al más largo período de paz, libertad, democracia y
prosperidad que ha conocido Europa.
España no pudo, al final de la Segunda Guerra Mundial,
librarse de la dictadura nacida de la guerra civil e inspirada
en las mismas ideas totalitarias y fascistas y en la misma
estética de correajes y camisas oscuras que las de Adolfo
Hitler y Benito Mussolini. Muchos de los jóvenes españoles
supervivientes de aquellas gestas no pudieron volver nunca a
su patria y sólo algunos, ya al final de sus vidas, pudieron
ver realizado en parte su sueño cuando en 1977 se recuperó la
libertad y la democracia en España.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Enseguida, señor Presidente.
Estamos contra el olvido. Una cosa es superar el pasado y otra
bien distinta es olvidarlo, como se ha querido hacer con una
lectura errónea o interesada de la transición democrática.
Como propone el historiador Santos Juliá, sería necesario
crear un centro de estudios sobre la guerra civil que se
dotara de una gran
biblioteca sobre la guerra, la dictadura y el exilio, para que
el recuerdo de la guerra y sus secuelas no se borre por
completo de la memoria de los españoles.
Pero el homenaje a estos hombres no es sólo un acto de
justicia histórica. Es también la oportunidad de reclamar,
para los deportados españoles en campos de concentración que
aún viven --aquí tenemos a algunos de ellos--, que no llegan
en total a doscientos, el mismo rango indemnizatorio que el
Gobierno alemán acordó, mediante convenios internacionales,
con los gobiernos que tuvieron nacionales en dichos campos,
conforme a las leyes de la República F de 1956 a 1965.
Lógicamente, en aquella época el Gobierno de Franco no reclamó
para los republicanos españoles lo que era un derecho.
Por encima de todo, sin embargo, el sentido profundo de esta
proposición no de ley es recordar a las nuevas generaciones
los horrores que trae totalitarismo, la intolerancia, la
xenofobia, el racismo, el belicismo y la guerra, en suma,
todas las formas de dogmatismo y fascismo; peligros que, por
desgracia, no están descartados del horizonte de sus vidas ni
en España ni en el resto de Europa.
Señor Presidente, en la parte sustantiva de la proposición, es
decir, lo que se vota y se aprueba, quisiera hacer una especie
de autoenmienda que diga lo siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que cree una comisión que
organice los actos de homenaje a los españoles que
participaron --no sólo que dieron la vida-- en la liberación
de Europa en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero felicitar la iniciativa del Grupo Socialista, que creo
que todos vamos a compartir, sobre todo por lo que significa
de homenaje a hombres y mujeres, muchos de los cuales hoy
todavía viven, a todos aquellos que en el anonimato dieron su
sangre y su vida, su vida sobre todo después de la Segunda
Guerra Mundial, en situaciones a veces de precariedad y de
olvido, y que hoy de alguna forma volvemos a recuperar.
Tengo que hablar también en este caso en nombre del Grupo
Vasco y recordar a los innumerables exiliados vascos que
tomaron esta vía y que se unieron a las fuerzas que combatían
al entonces ejército nazi, consiguiendo entrar también de los
primeros en París, en uno de los signos importantes de la
pacificación y liberación de Europa.
Creo que el trabajo de esta comisión puede significar, en
medio de un mundo en turbulencia, de tanta guerra como la que
se está produciendo de no tanto de carácter internacional,
donde además la barbarie va alcanzando cotas espeluznantes y
donde la propia violencia en nuestra tierra está significando
también el hecho de que no podamos conseguir la paz, ni
siquiera una prosperidad como la sociedad moderna se merece,
que el recuerdo a todos estos hombres que lucharon por la
libertad en contra de la furia nazi pueda aportarnos no sólo
una memoria histórica, sino una actitud valiente, decidida de
seguir trabajando y conseguir de una vez la paz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Gracias, señor Presidente.
Para expresar también, con el más rotundo de los entusiasmos,
nuestro respaldo a la iniciativa que acaba de ser defendida
hace unos momentos por el representante del Grupo Socialista.
En un tema de la importancia
del que nos ocupa en este momento, creo que la concisión, no
siempre lograda en esta Cámara, es la mejor prueba de ese
entusiasmo que no tiene ninguna limitación.
En la conciencia de que también un número importante de
ciudadanos canarios fueron protagonistas de aquellas acciones
y de aquellas actitudes, compartimos cuanto acaba de expresar
el señor Albistur. Y, por supuesto, tan seguros estamos de que
éste será el denominador común de todas las intervenciones que
se van a producir que, sin conocerlas, por anticipado, nos
sumamos a lo que los restantes compañeros de otros grupos
parlamentarios presentes en esta Cámara puedan expresar a
continuación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que va a ser de apoyo a la proposición
no de ley del Grupo Socia Sin duda, la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) constituyó el acontecimiento de mayores
consecuencias para la humanidad de todo el siglo XX, y sólo la
férrea voluntad de supervivencia, la defensa de las soberanías
nacionales y el amor a la libertad de los pueblos europeos
pudo terminar con esa situación límite. Parece que ahora
numerosos gobiernos y organizaciones se prestan en Europa a
celebrar el cincuentenario del fin de la guerra y, por su
parte, el Grupo Parlamentario Socialista propone crear una
comisión que organice los actos de homenaje a los españoles
que dieron su vida por la liberación de Europa en la Segunda
Guerra Mundial.
Aunque a nivel personal tenga mis dudas de si esta
conmemoración tendrá aplicaciones prácticas o válidas y de si
los actos que organicen servirán para reflexionar, valorar,
encuadrar, analizar y, sobre todo, evitar situaciones
parecidas, sin duda bien merecen un homenaje todos aquellos
que lucharon y dieron su vida por la libertad, la prosperidad
y la democracia en el período 1939-1945.
Señor Presidente, otra cuestión que quisiera añadir,
aprovechando este debate, es la situación en la que se
encuentran muchas de las personas que estuvieron internadas en
campos de concentración y que no han sido indemnizadas por el
Gobierno alemán, tal y como lo han hecho en otros países, por
lo que creo que sería no sólo necesario, sino urgente, que el
Gobierno españolreclamara este derecho, que afecta a tantas y
tantas personas, en una acción diría conjunta --también se
está haciendo en el propio Parlamento Europeo--, y de la que
es un claro exponente la Asociación Amical Mauthausen, viejos
y tenaces luchadores de esta justa reivindicación y que hoy,
como se ha dicho, nos acompañan.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo Parlamentario votará favorablemente esta proposición del
Grupo Parlamentario Socialista, que llega tarde pero de manera
oportuna, para reconocer la participación de miles de
españoles contra el fascismo internacional.
Es un orgullo para los demócratas que decenas de miles de
nuestros compatriotas estuvieran en primera fila en la lucha
contra Hitler, en la lucha contra Mussolini, en la lucha
contra lo que significaba el totalitarismo y el aplastamiento
de los derechos de los pueblos en Europa. La experiencia de la
guerra en España hacía que la organización de la resistencia
en Francia y en otros lugares corriera a cargo de los
españoles. Siempre se tuvo presente que la guerra de España
era la primera gran batalla contra el fascismo, la antesala de
la Segunda Guerra Mundial. La juventud socialista unificada,
los militares profesionales demócratas leales a la victoria
del Frente Popular, todos ellos jugaron un gran papel, un
papel doblemente generoso. Ahora, los países aliados, Rusia y
las antiguas repúblicas que conformaban la anterior Unión
Soviética, los Estados Unidos, celebran actos conmemorativos.
La España oficial, que fue la España franquista, no pudo
participar, era aliada natural de Hitler y Mussolini; en
aquella antesala, enviaron con el bombardeo de Guernica todo
el apoyo a los sublevados contra el Gobierno legítimo del
Frente Popular durante la Segunda República española.
Está claro que el pueblo estuvo dignamente representado, lo
estuvo por comunistas, por socialistas, por anarquistas, por
nacionalistas, por intelectuales progresistas, por personas
que se mantuvieron leales al Frente Popular, a la República, a
la Constitución Española. Está claro que también se aportaron
militares de prestigio, como Líster, Modesto, Romero Marín,
Cisneros, gentes anónimas, jornaleros andaluces y extremeños,
mineros asturianos, obreros de otros lugares, intelectuales y
artistas, la crema y nata de una juventud que sumó a los tres
años de lucha antifascista en España los cinco años de lucha
de la II Guerra Mundial. En los campos de concentración y de
exterminio, en toda esa participación estuvieron --y nunca
deberíamos ser sectarios a la hora de enumerarla-- los
comunistas, los socialistas, los anarquistas, los de país, las
gentes y los republicanos de izquierdas.
Es muy importante que se citen algunos de los datos que el
señor Yáñez ha mencionado para situar la importancia que
tuvieron los españoles en la Segunda Guerra Mundial y en su
desarrollo. En el frente
occidental, fue Garbo el espía que engañó a los alemanes sobre
el lugar del desembarco en Normandía; fue Colomer, piloto del
avión personal de Winston Churchill y también su mujer,
pilotos catalanes de la Aviación de la República española;
fueron los fundadores de las Fuerzas Francesas de Interior,
conocidas por FFI, y de las fuerzas francesas en ese terreno;
participaron en la defensa de Noruega encuadrados en la Legión
Extranjera francesa; participaron en la batalla de Bir Hakeim,
en el norte de Africa y en la Legión extranjera; distinción
especialísima contra los italianos y contra el Africa Korps;
participaron en la liberación de París con la IX Compañía de
Marcha de la II División Blindada Francesa del General
Lecrerc, siendo los libertadores de París y los primeros
soldados aliados en entrar en la ciudad, ondeando la bandera
de los colores de la República.
En el frente oriental, al que aquí no se ha hecho mención,
hubo un gran sufrimiento y una gran participación. No en vano
la antigua Unión Sovi la vida de veinte millones de personas
su lucha decisiva para acabar con el fascismo en Europa. La
escolta aérea de Stalin estaba formada por pilotos de la
Fuerza Aérea de la República Española, pilotos de caza y de
bombardeo de la Fuerza Aérea Española participaban en las
Fuerzas Aéreas Soviéticas; especialistas guerrilleros operaban
en la retaguardia de Alemania; Rubén Ruiz Ibárruri, hijo de
Pasionaria, teniente de ametralladoras, murió en Stalingrado y
fue declarado héroe de la Unión Soviética y próximamente,
cuando se van a conmemorar en un encuentro con el Presidente
de los Estados Unidos en Moscú estos hechos, siguen siendo
héroes libertadores de Rusia y de todas las repúblicas que
conformaban la antigua Unión Soviética las gentes que dieron
su vida contra la ocupación nazi. El puente final que se
tendió para el asalto a Reichstag en Berlín lo hizo el capitán
Alberdi, el 30 de abril de 1945. Alemania se rendió al día
siguiente, primero de mayo de 1945.
Por lo tanto, con generosidad, hemos de levantar acta de toda
la participación de los democrátas, de los antifascistas, de
lo que significó la expresión del Frente Popular en nuestro
país, sin sectarismos, recogiendo la participación de los
nacionalistas, de los que conformaron la Generalitat de
Cataluña, del Gobierno Vasco, de los soldados vascos y los
esfuerzos que hizo en España la mejor y la más generosa
juventud por participar con dignidad y de manera muy destacada
en una hora terrible de la historia de España, de Europa y del
mundo.
Por lo tanto, desde nuestro Grupo Parlamentario, desde
Izquierda Unida, reconocemos --la lista sería interminable--el
sufrimiento de nuestra gente, para que hoy la España
democrática, la España constitucional reconozca y este
Parlamento apruebe esta proposición para que el Gobierno
organice unos actos donde no nos saquen de la historia, donde
podamos reclamar páginas brillantes escritas con sangre y
sufrimiento de los antifascistas de nuestro país.
Nuestro voto será favorable, y a estas alturas, y siempre,
debemos reconocer lo que significó la aportación de la
izquierda española, y de los demócratas españoles en su
conjunto, contra lo que se libró en nuestro país y en Europa,
que fue un gran combate contra el fascismo, que hoy debe
servirnos de lección para seguir luchando contra la
intolerancia, la xenofobia y para conseguir la convivencia
pacífica, el respeto a los derechos humanos y a todas las
ideas legítimas, cuales sean, a la hora de defenderla en el
marco constitucional y democrático.
Muchas gracias por la atención prestada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, viene esta
proposición no de ley en un momento especialmente adecuado.
Llega justo en el año y en el mes en el que se cumplen
exactamente cincuenta años desde la finalización de la Segunda
Guerra Mundial y consecuentemente también de la liberación de
la Europa Occidental. Y es éste también un momento
especialmente indicado, especialmente adecuado para recordar
una vez más, y todas las que fueran necesarias, esa peligrosa
estupidez a la que llevan casi siempre los nacionalismos
exacerbados, aquellos que piensan o que creen en razas, en
pueblos distintos, diferentes y, al final, superiores a los
demás; a la estupidez de los xenófobos que a su falta de
humanismo y de cultura unen también un desconocimiento
absoluto del origen común que une a todos los seres humanos.
Esta es una cuestión absoluta y totalmente inobjetable por
muchos que fueran los argumentos que se quisieran dictar en
contrario. Este es también un momento especialmente grato para
nosotros, porque es el de recordar a muchos españoles que
lucharon hace ahora cincuenta añ libertad, por la liberación
de Europa; miles de españoles que, como aquí se ha dicho con
anterioridad, repartidos por los distintos frentes que aquella
guerra abrió, participaron de forma activa y decisiva, y
especialmente en suelo francés, en donde supieron plantar cara
a ese nacionalismo enfermizo que creía y, lo que es más grave
pretendía hacer creer a los demás que su sangre era más pura.
Nosotros ahora, como españoles, estamos orgullosos de lo que
ellos hicieron; estamos orgullosos de ustedes, que hoy están
aquí, pero al mismo tiempo debemos ser
muy conscientes, debemos tener absolutamente claro que aunque
la historia haya sido cicatera y parca en el reconocimiento de
lo que aquellos españoles hicieron, una parte sustancial, una
parte
fundamental de lo que se dio en llamar y en conocer como
Resistencia, se debe al mérito de miles de compatriotas
nuestros, españoles. Muchos de aquellos hombres murieron
entonces, otros lo han hecho en el devenir de estos ya largos
50 años; pero, afortunadamente, otros muchos viven todavía, y
es no sólo merecido, sino absoluta e inobjetablemente justo
darles el homenaje que merecen.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar de forma afirmativa a
esta proposición no de ley, y lo va a hacer porque coincidimos
plenamente con el espíritu y con el fondo de la cuestión que aquí
se plantea. Y queremos hacer algunas breves consideraciones.
Los hechos de referencia están todavía cercanos en el tiempo,
es cierto, pero precisamente el hecho de haber transcurrido
medio siglo de entonces a hoy, hace que esos hechos sean ya
historia, parte de la historia universal. Y es la misma
historia la que nos enseña, la que nos ha demostrado y la que
nos ha dicho muchas veces que un pueblo, por mucho que esté
sometido a las indignidades de quienes le gobiernan, por mucho
que haya estado sometido a vejaciones por parte de sus
dirigentes, nunca debe sentirse permanente e indefinidamente
culpable por lo que hizo.
Por todo ello, nosotros vamos a pedir a la Comisión, que como
consecuencia del acuerdo que sin duda alguna en la aprobación
de esta proposición no de ley tendremos, en primer lugar, que
tenga una conciencia muy clara de que todos y cada uno de los
actos que se realicen lo sean con un talante y con un carácter
absolutamente positivo; que sepa rendir homenaje a nuestros
hombres y a nuestras mujeres, que hasta ahora no han sido
citadas aquí, porque también las mujeres españolas tuvieron
participación importante en la lucha por la libertad en
Europa. Y que esos homenajes no se queden sólo en la mera
teoría, sino que se preocupen y se ocupen también de dar
solución a los problemas de las personas que todavía nos
acompañan en la vida, algunos de los cuales hoy están aquí
presentes.
Y pedimos también a la Comisión que sepa celebrar la
liberación de Europa, de la que todos somos ahora afortunados
herederos. Y al final queremos pedir que todos, todos
nosotros, sepamos hacerlo con el mayor respeto, con la mayor
delicadeza hacia un pueblo que si entonces fue culpable por
dejarse manipular por quienes le gobernaban, también sufrió en
sí mismo, como el que más, la dureza y la crueldad de la
guerra; el pueblo alemán que hoy, codo a codo, junto a los
españoles y al resto de los europeos, lucha y trabaja por una
Europa unida y libre, ese mismo pueblo que ahora también está
dando ejemplo de vida en libertad y en democracia. Estamos
absolutamente seguros de que, si lo hacemos así, conseguiremos
tres fines: rendir justo homenaje al pasado; hacer justicia al
presente; y, lo que es más importante, ayudar a conseguir que
en el futuro todos estos hechos sean, no sólo imposibles, sino
también impensables.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre creación de
una Comisión que organice actos de homenaje a los españoles
que participaron en la Segunda Guerra Mundial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 297; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Prolongados aplausos de los señores Diputados, puestos en
pie, dirigiéndose a la tribuna de invitados.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AYUDAS
Y BONIFICACIONES EN CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL COMO
CONSECUENCIA DE LAS PARADAS BIOLOGICAS (Número de expediente
162/000145)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre ayudas y bonificaciones en concepto de Seguridad Social
como consecuencia de las paradas biológicas.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, desgraciadamente, la actualidad pesquera en España
atraviesa por uno de sus momentos más conflictivos en el día
de hoy. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular lo que
hace es traer al Pleno de la Cámara una proposición no de ley
presentada en el mes de septiembre del año 1994, que hemos
querido rescatar ante la actualidad que tiene la negociación
del convenio con el Reino de Marruecos en cuestión
pesquera.
Lamentablemente, las perspectivas que se nos
presentan en este momento al respecto son las peticiones que
ha planteado el Reino de Marruecos de una drástica reducción
de nuestra capacidad pesquera, del número de buques que faenan
en el banco marroquí. Desgraciadamente, no hay ningún viso de
que pueda existir una contrapartida por parte de España a la
hora de tratar de frenar ese empuje tan violento antes de
iniciar las conversaciones que los marroquíes pretenden para
con la flota española, tanto andaluza como gallega o de
otras partes de España, como puede ser Canarias, donde hay
intereses, sobre todo en la zona a la que nos referimos.
El Grupo Parlamentario Popular, consciente de la importancia
que tiene aquella zona para el sector pesquero español, quiere
recordar las palab de Asuntos Exteriores del día 2 de marzo de
este mismo año, en la Comisión Mixta para las Comunidades
Europeas, sobre la importancia económica y social de este
acuerdo para España, que queda reflejada en unos datos que
aporto, y decía: afecta a 680 barcos españoles, que
representan unos 12.000 puestos de trabajo directo y cerca de
60.000 puestos de trabajo indirecto. Estos son los datos que
manejaba el Ministro de Asuntos Exteriores, que son muy
ciertos, pero hay otros que están en el tapete de negociación
mucho más preocupantes porque se ciñen a la realidad pesquera
de nuestra flota en el banco sahariano. Hay que tener en
cuenta que de los 682 barcos faenando allí, tenemos unas
posibilidades reales de 772 barcos y habrá que reducir en
tonelaje de registro bruto, en capturas, en arrastre,
palangre, cerco, pesca artesanal, cefalópodos, etcétera, con
un grave perjuicio para otro importante punto de la economía
española que está preferentemente situado en el sur de España.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la
proposición no de ley, que en su primer apartado solicita de
esta Cámara que inste al Gobierno a cumplir el acuerdo del
Congreso de los Diputados de 1 de marzo del año 1994 (es
decir, hace más de un año), en cuanto a ayudas y
bonificaciones en concepto de Seguridad Social que afectan a
las flotas españolas, producidas como consecuencia de paradas
biológicas y recogidas en el Convenio de Pesca en vigor entre
la Unión Europea y el Reino de Marruecos de fecha 1 de mayo de
1992.
Este punto primero enlaza directamente con el segundo, en el
que se solicita que se estudien aquellos supuestos en los que
debiendo haber reci correspondiente dimanante de aquel acuerdo
del Congreso de los Diputados, y no habiéndose recibido aún,
pudiera dar lugar a la exención de la cláusula que les obliga
a estar al corriente del pago de las cuotas de Seguridad
Social. Hay un dato que es significativo, señorías, que el 26
de marzo de este mismo año el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación contestaba a una pregunta escrita de mi compañero
el Senador don Alvaro Molina en la que le decía, interesándose
precisamente por este apartado, que los expedientes recibidos
hace un año y en relación con esta aprobación se encuentran
todavía pendientes y en proceso de resolución. Hay que tener
en cuenta lo que desde el sector se demanda, y es que en el
primer apartado, el relativo al cumplimiento del acuerdo,
desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se
remite al Ministerio de Trabajo, se remite al Ministerio de
Hacienda. La realidad es que la pelota se pasa de un
ministerio a otro sin que al final hayan podido cobrar
todavía, después de un año, las cuantías a que se refieren el
primero y segundo apartados.
En este momento hay más puntos que añadir y de ahí que el
Grupo Parlamentario Popular haya presentado una enmienda de
adición a esta proposición no de ley, en aras a mejorar no
sólo la redacción, sino para adecuarla a la situación por la
que atraviesa actualmente la negociación del convenio con
Marruecos. Solicitamos en un tercer punto la prohibición de la
comercialización de pescados inmaduros en todo el territorio
nacional. Existe un grave problema en este sentido, y es que
no se efectúan las inspecciones fronterizas, no se efectúan
inspecciones sanitarias, no se efectúan inspecciones de los
contenedores, no hay absolutamente ningún control sobre los
camiones y contenedores que llegan al sur de España, con el
agravante de que cuando el recepcionista de la mercancía abre
estos contenedores o las mercancías que se le transfieren
tiene que desprecintarlos para saber lo que viene dentro, lo
que es una demostración clara de que efectivamente no han
existido inspecciones.
Pues bien, ¿a qué está conduciendo esto? Como todos ustedes
saben, hay pesca que no entra a través de estas inspecciones
y, además tan sólo en el primer semestre de este año se han
inspeccionado cuatro camiones, por lo que se está realizando
un auténtico agravio comparativo con la pesca española, porque
la matización que existe para la diferenciación entre las
tallas pequeñas e inmaduras es diferente para el pescado
español y para el marroquí, y resulta que como no han pasado
por ningún tipo de inspección sanitaria, una vez que están en
lonja o en venta esos inmaduros, da la casualidad de que se
les achaca a los pescadores españoles, como si ellos hubieran
cometido esas irregularidades.
Solicitamos que en el seno de la Unión Europea se emprendan
las actividades necesarias para garantizar la firmeza de la
posición comunitaria en las negociaciones pesqueras con
Marruecos, de tal manera que se evite una reducción arbitraria
de las licencias de pesca, también solicitamos que, en
previsión de que llegado el 30 de abril de este año no hayan
culminado las negociaciones con el Reino de Marruecos para la
suscripción de un nuevo acuerdo de pesca, se transmita a la
Unión Europea la necesidad de concertar la prórroga del
actualmente en vigor, sin modificación de sus condiciones
hasta la finalización de las mismas, dado que la paralización
total de la actividad de la flota marroquí comunitaria en el
caladero marroquí, a partir del 1 de mayo de 1995, provocaría
una grave situación para nuestro sector. Y no olvidemos que
cuando a nuestros barcos se les exige una parada biológica no
deberíamos permitir que ningún barco que esté faenando en esos
mismos caladeros, mientras --como digo-- los barcos españoles
están sometidos a una parada biológica,
pudieran introducir en España ningún tipo de pesca procedente
de esos caladeros que e determinado nos están vetados.
En el supuesto de que se prolongasen en el tiempo las
negociaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,
sin accederse mientras tanto a la prórroga del acuerdo de 15
de mayo de 1992, obligándose a la flota pesquera española a
permanecer inactiva y en amarre forzoso, pedimos que se
solicite de inmediato de la Unión Europea la modificación de
los requisistos de ejecución de la línea presupuestaria
establecida para los acuerdos internacionales pesqueros, al
objeto de que las compensaciones financieras previstas en
principio para el Reino de Marruecos se apliquen sin demora a
indemnizaciones de la flota pesquera comunitaria afectada por
la paralización y amarre forzoso. Hay algo bien cierto,
señorías, y es que la Unión Europea en estos momentos está
abonando al Reino de Marruecos, por el mero hecho de que
nuestra flota esté faenando allí, 13.200 millones de pesetas
al año. Lo que no sería lógico es que España, no pudiendo
faenar en aquellas aguas y viéndose sometida la Unión Europea
a la expulsión de sus buques en aquellas aguas, continuara
pagando anualmente la subvención de esos 13.200 millones de
pesetas. Hay un término que se ha barajado en estos días que
es de todo punto inaceptable. A principios del año pasado y
terminada la negociación con cada una de las comunidades
autónomas del IFOP, el instrumento de financiación de las
organizaciones pesqueras, entre todas las comunidades
autónomas y el Gobierno de la nación se llega al acuerdo del
reparto equitativo de ese instrumento que llega a la Comunidad
Europea. Ahora no vale decir que ese IFOP, que ya está
asignado para Andalucía, para Galicia, para el País Vasco o
para Cantabria, sirva en un momento determinado para
satisfacer esas carencias que de un momento a otro vamos a
vernos obligados a tener por dejar de faenar en aguas
marroquíes. No tendrán que venir vía IFOP las subvenciones que
ahora se pretenden, sino que en todo caso habría que instar a
la Unión Europea a que no continúe abonando al Reino de
Marruecos esos 13.200 millones de pesetas en el momento en el
que cese la actividad pesquera española a través de la cual
reciben estas ayudas.
Señorías, nosotros consideramos que el momento pesquero para
España no es bueno y que la presión a la que nos vemos
sometidos desde Canadá puede alimentar otro tipo de presiones
realizadas en este caso concreto desde el Reino de Marruecos.
Pero sepa claramente el Gobierno de la nación que en este
Parlamento, en esta Cámara, desde luego tendrá una respuesta
unánime de apoyo del Partido Popular para defender los
intereses españoles no contra Marruecos, no contra la Unión
Europea, no contra Canadá, sino los intereses españoles en los
foros internacionales, y en este caso concreto de presión ante
la Union Europea y de negociación bilateral con los Estados
miembros para que se acerquen las posiciones que nosotros
defendemos, que están dentro de la normativa comunitaria y de
la normativa española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
A esta proposición no de ley, además de la enmienda de adición
del Grupo Popular, que también ha defendido el señor Fernández
de Mesa, hay presentada otra enmienda por parte del Grupo
Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor
Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo
Socialista acerca de la proposición no de ley del Grupo
Popular y para defender la enmi que hemos presentado a la
misma.
Esta proposición no de ley, que se refería al principio a
ayudas y bonificaciones en concepto de Seguridad Social, se ha
convertido en la prác interpelación sobre pesca porque el
portavoz del Grupo Popular ha incluido en su intervención
desde la tribuna los temas de Marruecos, de grandísima
actualidad, por supuesto, y que van a tener el apoyo del Grupo
Socialista, incluso los grandes c desgraciadamente de
actualidad, que tenemos planteados con la pesca en las aguas
jurisdiccionales de Canadá y en las aguas de NAFO.
Señorías, al primer punto de la proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno
a cumplir el acuerdo del Congreso de los Diputados del día 1.º
de marzo, el Grupo Socialista, como no puede ser de otra
forma, va a darle su total apoyo. Hay que recordar, como bien
ha hecho el portavoz del Grupo Popular, que la iniciativa
legislativa se presentó en marzo de 1994 a instancias del
Grupo Socialista y queremos unir nuestra voz a la de los demás
grupos para que el Gobierno supere rápidamente los problemas
que la aprobación de este acuerdo ha generado y pueda darse
cumplida respuesta a las peticiones que desde el sector
pesquero se han hecho precisamente al albor de la resolución
tomada por unanimidad por el Pleno del Congreso.
En relación con el punto 2, por el cual hemos presentado la
enmienda de supresión, la proposición pretende exceptuar el
requisito de estar al corriente en las cotizaciones a la
Seguridad Social a aquellos beneficiarios que no hayan
percibido la ayuda por parada biológica acordada el 1 de marzo
de 1994. Con
independencia de que el Gobierno deba asumir los acuerdos
adoptados por mayoría en el Congreso, también los
beneficiarios de algún tipo de ayuda deben cumplir con todos y
cada uno de los requisitos exigidos para que tal ayuda
pueda hacerse extensiva. La Orden de 29 de septiembre de 1994,
por la que se establecen ayudas para la retirada de las redes
de enmalle fijo, no autoriza ninguna excepción o dispensa
respecto a los requisitos que han de cumplir los solicitantes
de las ayudas. Por tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación no podría, mediante un acto singular,
excepcionar el cumplimiento del requisito de estar al
corriente en el pago de la Seguridad Social a ningún
peticionario. Esta orden es una disposición de carácter
general y lo en ella establecido no puede vulnerarse con
resoluciones administrativas de carácter particular.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista es partidario del
cumplimiento de la legalidad vigente que exige a los
beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas, previo al
cobro de las mismas, acreditar que se encuentran al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tal
como viene recogido en el Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria y en el artículo 1.4 del Real Decreto 2225/93,
de 17 de diciembre, que aprueba el Reglamento del
procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, sin
olvidar que existe un procedimiento para acceder a tales
ayudas a través del aplazamiento y fraccionamiento en el pago
de las cuotas que, una vez obtenido da la consideración de
empresa al corriente de pago. Este es el sistema que
recomendamos desde el Grupo Socialista sigan las empresas
afectadas para poder acceder a estas ayudas, y precisamente
este es el sistema por el cual solicitamos al Grupo Popular
retire el punto 2 de su proposición no de ley original, por
entender que ya existe un procedimiento que puede canalizar
las situaciones en que algunas empresas se puedan encontrar a
la hora de solicitar la línea de ayudas por el cambio de artes
que algunas embarcaciones tienen establecido o utilizan en los
caladeros marroquíes.
En cuanto a la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular a su inicial proposición no de ley,
estando de acuerdo en la cuestión de fondo que proponen en el
punto 3.º, en el que solicitan la prohibición de la
comercialización de pescados inmaduros, tema que ha sido
debatido reiteradamente con anterioridad en distintas
comisiones de agricultura, no podemos aceptar la literalidad
de la enmi que la prohibición de la comercialización tanto de
pescados inmaduros como de tallas mínimas debe hacerce en el
contexto de la normativa europea. Por tanto, cualquier
iniciativa aprobada en este Parlamento difícilmente podría ser
de aplicación a los países que componen la Unión Europea. Por
eso presentamos a la consideración del Grupo Parlamentario
Popular una enmienda in voce que haga posible que podamos
apoyar este punto 3.º de su proposición no de ley por estar de
acuerdo en el fondo. Sencillamente se trataría de añadir al
texto la siguiente frase: «Solicitar a la Unión Europea la
prohibición de la comercialización de pescados inmaduros en
todo el territorio comunitario». En ese caso el Grupo
Socialista podría estar de acuerdo con esta enmienda y la
votaría a favor.
En cuanto a los puntos 4.º, 5.º y 6.º, que plantean una serie
de consideraciones de carácter general respecto a la
negociación del acuerdo vigente entre el Reino de Marruecos y
la Unión Europea, también quiero anunciar el apoyo del Grupo
Socialista por entender, como he dicho antes, que son de
carácter general y que ya se están aplicando por la
administración pesquera de nuestro país.
En concreto, el punto 4.º pide que el Gobierno español
emprenda, en el seno de la Unión Europea, las actividades
necesarias para garantiza posición comunitaria en las
negociaciones pesqueras con Marruecos. Quiero informar a
SS.SS. que la coincidencia de planteamientos es absoluta y así
se ha hecho constar en las primeras reuniones que los
representantes de la administración pesquera española han
celebrado en el seno de la Comisión.
En cuanto al punto 5.º, que solicita la necesidad de concertar
una prórroga del acuerdo actualmente vigente, también está
planteado en el seno de la Comisión Europea en los mismos
términos en que lo hace el Grupo Parlamentario Popular y la
propia Comisión ya lo ha planteado en la mesa de negociación
con el Reino de Marruecos. Por tanto, aunque sea reiterativo,
para que se demuestre la unidad de planteamientos de todas las
fuerzas políticas del Congreso de los Diputados vamos a dar
nuestro voto positivo.
Al punto 6.º, que es el de transferencia de recursos
financieros para sufragar los costos que puedan sufrir las
distintas embarcaciones que puedan ser objeto de amarre por la
no prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos, también el
Grupo Parlamentario Socialista va a dar su apoyo.
Quiero añadir que aplicar medidas extraordinarias de apoyo a
la flota española afectada por posibles problemas de
continuidad de las actividades en caladero marroquí durante el
tiempo que duren las negociaciones tiene un problema de
legalidad presupuestaria. Este planteamiento choca con las
exigencias que la legalidad presupuestaria comunitaria tiene
en vigor en estos momentos. Instrumentar estas ayudas al
margen del IFOP sería posible sólo si se modifica la actual
redacción de la línea presupuestaria destinada a sufragar los
costes de los acuerdos internacionales de pesca. Para ello es
necesario, señorías, que el Parlamento Europeo introduzca una
enmienda al presupuesto de la Comunidad. En este aspecto
quiero anunciar que los grupos parlamentarios europeos tiene
un importante papel a jugar en apoyo del acuerdo que
previsiblemente va a salir de esta Cámara y quiero anunciarles
también que el Grupo Parlamentario Socialista ya ha presentado
ante el Parlamento Europeo una enmienda en este sentido.
Esperamos que el Grupo Popular, que
tanta representación tiene en el Parlamento Europeo, haga lo
propio, si no lo ha hecho ya, para poder apoyar --como digo--
las iniciativas que
supuestamente se van a aprobar en la sesión de esta tarde.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Moragues.
Si la Presidencia no ha entendido mal, se mantiene la enmienda
socialista de supresión del número 2 de la proposición no de
ley del Grupo Popular y se aceptarían todos los otros puntos
con la modificación indicada para el punto 3, que sería
solicitar a la Unión Europea prohibir la comercialización de
pescados inmaduros en todo el territorio comunitario.
El señor MORAGUES GOMILA: Así es, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Moragues.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria valora positivamente la oportunidad
con que el Grupo Popular ha traído aquí esta proposición no de
ley, enmarcada en unas circunstancias de gran preocupación que
en estos momentos nos embarga, no solamente por lo que viene
ocurriendo en los bancos de la zona próxima al Canadá, sino
por la que se nos viene encima con el problema de Marruecos. A
este respecto quisiera indicar al portavoz del Grupo Popular,
y a cualquier grupo que escriba sobre los bancos de pesca, que
se debe tener siempre una sensibilidad especial para
distinguir entre los llamados tradicionalmente caladeros o
bancos de indiscutible soberanía marroquí y el banco pesquero
canario-sahariano. No entro en disquisiciones de lo que pueda
ocurrir una vez que se celebre el referéndum en el Sáhara
occidental si surge un nuevo estado que tenga derecho a un
recurso pesquero. En el caso de las flotas españolas esta
crítica va dirigida a la exposición de motivos de la
proposición no de ley cuando se habla de la flota pesquera
andaluza exclusivamente, aunque afortunadamente en el punto
1.º no de ley se habla de flotas españolas. La flota con
pabellón español más importante es la del sector de
cefalópodos, tanto por la mano de obra como por el tipo de
buques que emplea y que tiene su base concretamente en el
puerto de La Luz y de Las Palmas en la Isla de Gran Canaria,
en el archipiélago canario.
Señorías estamos totalmente de acuerdo tanto con la primera
parte, que conocíamos, de la proposición no de ley del Grupo
Popular, en lo que afecta a las ayudas y bonificaciones en
concepto de la Seguridad Social, como con la enmienda
adicional que se ha presentado posteriormente. Quería indicar
al portavoz socialista que nosotros estamos de acuerdo incluso
con el punto 2 de la proposición no de ley que presenta el
Grupo Popular, sin perjuicio de que si acepta la supresión que
propone el Grupo Socialista nosotros votaríamos la resultante
porque estamos de acuerdo con el fondo de todo el problema.
Pero no estaría de más recordar al Gobierno, para no quedarnos
con un punto número 1 que para nosotros no tiene sentido si no
se liga con el 2, que se diga que se cumpla lo que ya se
aprobó en su día en el Congreso de los Diputados.
Respecto a las enmiendas que presenta el Grupo Popular a su
proposición no de ley valoramos muy positivamente que se haga
referencia al apoyo a la Unión Europea. El tratar de entrar en
este conflicto con las autoridades marroquíes desde un punto
de vista puramente unilateral por parte española es verse
conducido al fracaso, porque además jurídicamente quien lleva
la negociación es la Unión Europea. Ahora bien, quiero decir
al portavoz socialista que no hay que confundir el marco
jurídico Unión Europea con el marco de la realidad comercial.
Porque cuando se solicita sustituir el punto número 3 por la
enmienda in voce que ha presentado, que dice «prohibir la
comercialización de pescados inmaduros en todo el territorio
nacional», el Grupo de Coalición Canaria había interpretado
que nos estábamos refiriendo al territorio nacional español,
pero una cosa es el marco jurídico de la Unión Europea y otra
es el marco real de la comercialización de cualquier pescado
capturado por una flota, en este caso la marroquí, o por
flotas mixtas hispano-marroquíes con pabellón marroquí. Creo
que es un poco extraño que le digamos a un holandés o a un
alemán que no comercialice pescados inmaduros; esto le sonará
muy extraño. Quien comercializa ese pescado es el territorio
español, que es el gran consumidor de pescado apresado en
dichos bancos. No conozco flujos comerciales que tengan una
relevancia significativa de pescado capturado en los caladeros
marroquíes o en el banco pesquero canario-sahariano que se
esté comercializando en un mercado que tradicionalmente no
consume esos productos. Por tanto, seamos realistas sobre
dónde están los flujos comerciales porque es aquí donde la
disciplina española, si se aplica tendrá resultado. Dudo mucho
que las autoridades de los ministerios de agricultura, las
autoridades alimentarias o de sanidad de los países de la
Unión Europea vayan a aplicar una disciplina de prohibición de
comercialización de pescados inmaduros. Eso lo hacen las
autoridades españolas o no lo hace nadie, porque ese flujo
comercial, aunque venga de otras flotas de terceros países, se
comercializa en España y nosotros debemos poner de manifiesto
nuestro principio de autoridad y de firmeza tomando
medidas, por ejemplo una policía alimentaria, con dichos
buques, bien de pabellón marroquí, bien de terceras empresas
que traten de comercializar en España. Porque por mucho que se
puedan
comercializar pescados inmaduros en Holanda o en la República
Federal de Alemania, allí no se van a preocupar de este tema
porque no tienen el problema, mientras que sí existe en España
el gran mercado consumidor de pescado, ya que somos el primer
consumidor de la Unión Europea. Por tanto, los flujos
comerciales saben dónde tienen los mejores precios de las
especies que se capturan allí --si no van al mercado japonés
de cafalópodos o túnidos-- y entran directamente en el mercado
de la gastronomía española y en la dieta alimentaria de los
españoles.
Respecto a todo lo demás, como hay un acuerdo en los puntos
4.º, 5.º y 6.º nosotros nos unimos a dicho acuerdo. Sería
oportuno que tanto el negociador español como el negociador de
la Unión Europea supiera que hay un pronunciamiento de apoyo
por parte del Parlamento. Ello coincide con las ideas que ha
puesto de manifiesto el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación en este sentido. Puede haber algunos matices,
pero en cualquier caso ello significaría que albarda sobre
albarda no molesta, sino que contribuye a la defensa de la
política y de los intereses legítimos de España, del sector
pesquero español, dentro del marco de defensa jurídica y
negociadora de la Unión Europea y es también una señal de
advertencia no solamente a la Comisaria de Pesca europea sino
a las autoridades marroquíes para que conozcan la posición de
defensa a ultranza, lógica y consecuente, de este
Parlamento.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al Grupo Parlamentario Vasco le parece pertinente y
oportuna la presentación de la proposición no de ley por parte
del Grupo Parlamentario Popular porque, en definitiva, se
trata, con carácter concreto de desarrollo, de dar
cumplimiento a un acuerdo parlamentario de 1 de marzo de 1994
en virtud del cual pretendíamos corregir un desajuste muy
importante como el plasmado en la Ley de acompañamiento de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, por la cual se
descatalogaba la consideración de fuerza mayor la parada
obligatoria o la parada forzada por la ausencia de licencia o
la inactividad por el agotamiento de caladeros con la
consecuencia, a los efectos de la Seguridad Social, de que no
se debería cotizar. Tal consideración implicó incluso, por
parte del Grupo Parlamentario Socialista, que tomó las riendas
en esta cuestión, presentar una iniciativa parlamentar de ley,
en virtud de la cual se instaba al Gobierno a la compensación
de costes sociales devenidos por la aplicación de la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para
1994. En definitiva, se adoptó una resolución parlamentaria
instando al Gobierno a la realización de las modificaciones
presupuestarias necesarias, resolución parlamentaria que fue
ratificada a su vez por otra resolución de 28 de septiembre de
1994 en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y al
día de hoy el sector pesquero español ha manifestado que no se
ha recibido ninguna ayuda compensatoria por parte del Gobierno
para hacer frente a los costes sociales devenidos de la
entrada en vigor de la Ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1994. Por tanto,
nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad política
importante, en la medida en que hay un acuerdo parlamentario
que ha de articularse de alguna manera, bien por vía legal o
bien por vía reglamentaria, a la hora de la concesión de tales
ayudas, y ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ni el Ministerio de Economía y Hacienda ni el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están adoptando
medidas al respecto, y por consiguiente manifestamos nuestra
preocupación y la gravedad de que un acuerdo parlamentario
adoptado en dos sedes, en el Pleno y en la Comisión, no se
esté cumpliendo en este momento, y lo que hace el Grupo
Parlamentario Popular es algo obvio, traer al Pleno de la
Cámara la ratificación de una iniciativa aprobada en el Pleno
y en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de los
Diputados.
En definitiva, nada tenemos que objetar a la primera cuestión
que ahí se plantea, pero sí queríamos realizar, señor
Presidente, una serie de c orden general sobre la situación de
la pesca en Marruecos. En primer lugar, hay una serie de
posicionamientos políticos por parte de Marruecos que
comportan actuaciones o estrategias de naturaleza fraudulenta.
Se está jugando a una estrategia de pedir lo máximo, e incluso
todo lo que ya no raya en la lógica, la equidad y la justicia
en toda negociación, porque se pide una reducción considerable
--prácticamente la mitad-- de la flota pesquera española que
faena en aguas marroquíes. Por un lado, tenemos a los
cefalopoderos, a los cerqueros, están los artesanales, están
los de arrastre al fresco, y en este momento Marruecos quiere
reducirlos drásticamente, cuando los estudios científicos de
las diferentes pesquerías, como por ejemplo los cefalópodos,
demuestran que no hay un descenso ni una reducción
considerable de la biomasa en el caladero marroquí en cuanto a
esta especie o esta pesquería.
Señor Presidente, además hay otra consideración, y es que se
está produciendo un incremento muy considerable de la flota
marroquí. Marruecos está realizando un comportamiento
fraudulento del siguiente tenor.
En primer lugar, ha incrementado la flota, en el último
escenario de 1992, tomando como referencia el acuerdo 1992/95,
en unos 70 buques cefalopoderos, y además utilizando
tripulaciones de origen coreano y chino, y el acuerdo pesquero
hispano-marroquí exige a la flota pesquera española utilizar
en su caso parte de la tripulación de nacionalidad marroquí.
Marruecos está
incumpliendo su propia legislación interna, está incumpliendo
la legislación más elemental en cuanto a la protección social,
utilizando mano de obra barata, utilizando gente del oriente
lejano, como decía, de nacionalidad china y coreana. En
segundo lugar, se está produciendo un incremento considerable
de la flota de origen soviético, tanto de la Federación Rusa
como de Ucrania. En tercer lugar, se está produciendo un
incremento de las ayudas por parte de los países de la Unión
Europea en cuanto ayudas al desarrollo. Y ¿qué es lo que está
ocurriendo? Que para estos incrementos de flota marroquí,
incluso para luego utilizar mano de obra barata por parte de
un Estado que contraviene todas las elementales reglas del
derecho laboral y de Seguridad Social, se están utilizando los
fondos europeos, incluso fondos españoles, para construir
buques que luego no son abonados a los diferentes Estados de
la Unión Europea.
En definitiva, vemos que hay una serie de comportamientos o de
estrategias político-pesqueras por parte de la Unión Europea
que nos preocupan y, a nuestro juicio, la Unión Europea y el
Gobierno deben actuar con contundencia en esta cuestión, y por
ello nos parece oportuno el planteamiento que aquí hace el
Grupo Parlamentario Popular de condicionar o buscar un
equilibrio para que se pueda acceder por parte de las flotas
europeas, y primordialmente, como flota mayoritaria europea,
por parte de la española, al caladero marroquí, pero que haya
también un equilibrio en cuanto a las prestaciones que está
recibiendo de Europa. ¿Cuál es el meollo del asunto? La parte
no escrita del acuerdo pesquero de Europa con Marruecos, que
no consta en dicho acuerdo, pero que es lo que en la práctica
se produce: una política creciente de desarancelización en
cuanto a los productos pesqueros y agrarios marroquíes. Nos
parece muy bien que se ayude a un país subdesarrollado, pero
tiene que existir una concordancia, un equilibrio, una
justicia entre lo que se está exigiendo por parte de Marruecos
a la Unión Europea, y en definitiva a España, a la flota
pesquera española, y lo que Europa está dando a Marruecos.
Creemos que tiene que haber, por lo menos, un punto de
equilibrio, una mesura y una equidad en los posicionamientos
políticos que mantiene el Gobierno marroquí respecto a la
Unión Europea.
Señor Presidente, queríamos también efectuar otra serie de
consideraciones ya más de detalle o de concreción respecto a
la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular
presenta a la Cámara.
Nosotros entendemos los problemas de legalidad presupuestaria
que contiene el punto 2 y, por ello, en este momento,
presentamos una enmienda «in voce», de carácter transaccional,
en la que se hace referencia a que podría haber lugar a la
concesión de moratoria para ponerse al corriente de las cuotas
de la Seguridad Social. Con esa pequeña modificación creemos
que podríamos corregir el posicionamiento que mantiene el
Grupo Parlamentario Popular y las cautelas --correctas
cautelas, por otra parte-- que mantiene el Grupo Socialista de
que se cumpla la legalidad presupuestaria de estar al
corriente en el cumplimiento de las cuotas de la Seguridad
Social. Creemos que podemos combinar las dos posturas con una
redacción gramatical que pudiera plantear directamente la
concesión de moratoria en las cuotas pendientes de la
Seguridad Social.
En segundo lugar, señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario está de acuerdo con el punto 3 de adición que
propone el Grupo Popular, por una sencilla razón, y es que fue
un punto debatido la semana pasada en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, cuando discutimos la
proposición de ley de comercialización y conservación de
productos pesqueros, y, en definitiva, porque está
manifestando un desajuste y una disfunción fundamental,
consistente en que, mientras que en Europa hay una regulación
específica para la pesca de determinadas especies, como puede
ser la merluza, en el Atlántico o en el Cantábrico, existe una
reglamentación totalmente distinta y con un tallaje inferior
para la pesca de la misma especie y dentro del mismo género en
aguas marroquíes. Ese desajuste ha de corregirse de alguna
manera, ese desajuste ha de corregirse con una medida de
carácter interno, y es que se prohíba en el mercado español la
comercialización de productos de inmaduros. Porque si la flota
pesquera española tiene prohibida la captura de determinadas
especies, al infringir las normas mínimas de tallaje en cuanto
a su crecimiento, lo que no se puede consentir, a renglón
seguido, es que se permita la comercialización de esas
especies por parte de flotas que no tienen bandera española.
Ese desequilibrio se ha de corregir, estamos de acuerdo en
ello, pero creemos que, más que en una proposición no de ley,
debía articularse mediante una medida de carácter normativo,
de carácter vinculante, como planteamos la semana pasada en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En tercer lugar, señor Presidente, en cuanto a los puntos 4, 5
y 6, manifestamos nuestra posición favorable a los mismos.
Creemos, como aquí ha sido dicho por el Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que España tiene que
mantener una posición rígida, una posición contundente, una
posición de defensa del sector pesquero español, puesto que
están en juego diferentes intereses pesqueros. Están en juego
los intereses de la flota cerquera, de la flota cefalopodera,
de la flota de arrastre al fresco, de la flota artesanal. Gran
cantidad
de pesqueros del Levante español, de Cataluña, de Murcia, del
País Valenciano, de Andalucía, de Canarias, del País Vasco,
que faenan en ese caladero están pendientes de qué va a
ocurrir el próximo día 30 de abril, si va a haber una
prórroga, lo cual nos parece muy necesario, como ocurrió en el
año 1992 al vencer el acuerdo pesquero del año 1988. Por
tanto, nuestro Grupo Parlamentario manifiesta su posición
favorable para la votación de estos puntos.
Este tema nos preocupa, señor Presidente, porque, en estos
momentos, estamos asistiendo a una serie de conflictos en
caladeros de terceros países. Ese es el gran drama de la flota
pesquera española, que no tenemos plataforma continental
necesaria y suficiente para poder dar trabajo a toda la flota
pesquera española y, en definitiva, está reflejando la
distorsión que está suponiendo para España el ingreso, por lo
menos en cuanto a la negociación con terceros países, en la
Unión Europea, no en cuanto a la flota de los trescientos, en
cuanto se faena en aguas de la Unión Europea, pero sí nos está
originando una indefensión y una distorsión muy importante en
la pesca que realiza la flota pesquera española en aguas
marroquíes, en aguas de Groenlandia, en aguas de Noruega, en
aguas de Malvinas, Argentina, etcétera, en definitiva, en
aguas de terceros países, por la sencilla razón de que en las
negociaciones políticas, en nombre de la Unión Europea, están
interviniendo personas que, con todo el respeto que merecen
desde nuestro Grupo Parlamentario, no disponen, a nuestro
juicio, de una cualificación y de un conocimiento exacto y
riguroso de cuál es la realidad pesquera que se ha de defender
por parte de la Unión Europea. En conclusión, lo que está en
juego son los intereses portugueses y, primordialmente,
intereses españoles, y están defendiendo los intereses de
estas flotas funcionarios de origen británico, alemán o
francés, y por ello tenemos muchas dudas del éxito y del
devenir que puedan tener estas negociaciones. Por ello creo
que es importante que haya un consenso, un acuerdo
parlamentario de todos los grupos para que podamos apoyar al
Gobierno, para que tenga una firmeza y poder utilizar todos
los mecanismos en su mano, con el fin de que pueda ejercer en
el ámbito de la Unión Europea, es lo que pretendemos, esa
presión política y esa mayor influencia, porque en estos
momentos, señorías, tenemos en juego a todo el sector pesquero
español y todo el empleo inducido que genera, bien en el
sector transformador o bien en el sector de la
comercialización.
Nuestro Grupo Parlamentario está de
acuerdo con el posicionamiento que se plantea aquí en las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a su iniciativa
originaria y también entendemos que es corregible y que se
puede plasmar de alguna manera el planteamiento que hace el
Grupo Socialista de que no se puede proceder a la exención de
las cuotas de la Seguridad Social a través de una proposición
no de ley, y por todo lo cual hemos planteado esta enmienda a
dicha iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Partido Popular trae hoy a
este Pleno del Congreso una proposición no de ley, aunque en
realidad son dos, la inicial, relativa al pago por el Gobierno
de las ayudas en concepto de Seguridad Social a los pescadores
durante las paradas biológicas, y una segunda, en forma de
enmienda adicional con cuatro puntos de diverso contenido,
cuya oportunidad, por ser de actualidad, debemos valorar, así
como la urgencia de acordarlo hoy en este Congreso.
Respecto al texto inicial, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) comparte con el Grupo Popular el
contenido de su punto 1 en el al Gobierno para que cumpla lo
acordado hace más de un año en este Congreso y pague las
ayudas en concepto de Seguridad Social durante los períodos de
paradas biológicas establecidas en el convenio de pesca entre
la Unión Europea y Marruecos, y si así se hiciera, sería
innecesario por descontado el punto 2. Pero, respecto a este
punto 2, se pide la exención de la obligatoriedad de estar al
corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social para
tener así derecho a acogerse a las ayudas de transformación de
las artes de pesca para eliminar las redes de
monofilamento.
Nuestro Grupo entiende que no puede
acordarse tal exención, aunque en algunos casos provenga del
incumplimiento por parte del Gobierno de un acuerdo de este
congreso. A nuestro juicio, lo que procedería es la solicitud
por parte de los afectados de un fraccionamiento del pago, de
un aplazamiento o de una moratoria de las cuotas de la
Seguridad Social, mientras dura el citado incumplimiento,
moratoria que debería ser concedida siempre por el Ministerio
de Trabajo o por el departamento que proceda, y por lo tanto
que no impidiera el acceso a las ayudas de transformación de
las artes y métodos de pesca. El fin es el mismo, pero la
exención, a nuestro juicio, contravendría la normativa general
de concesión de ayudas.
En cuanto al punto 3, primero de la enmienda de adición,
propone que España prohíba unilateralmente la comercialización
de pescados inmaduros dentro del territorio nacional. No se
trata solamente de una cuestión de inspecciones y de control
en puerto o en frontera, como así ha afirmado el portavoz del
Partido Popular. Dicho problema tiene origen en la
discrepancia entre la normativa comunitaria y la española
respecto a las tallas a partir de las que deben tener los
peces calificación de inmaduros, siendo mucho más restrictiva
a este respecto la normativa española.
El objetivo, a nuestro entender, debería ser que nuestro
Gobierno luchara por el establacimiento de una homologación de
las tallas y de las ar Unión Europea, como hemos dicho en
tantas ocasiones. Cualquier discriminación es injusta y
distorsiona la competitividad de nuestra flota y de nuestros
mercados. El objetivo, por lo tanto, debería ser modificar
esta normativa europea, pero una política de Estado
responsable nos impide apoyar una legislación unilateral
española contraria a la vigente en la Unión Europea.
Por lo demás, apoyamos los puntos 4, 5 y 6 de la enmienda del
Grupo Popular para que el Gobierno evite la aceptación por la
Unión Europea de la reducción de las licencias de pesca en
aguas de Marruecos, para que a falta de un nuevo acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y Marruecos, se agote la vigencia
del acuerdo actual y se prorrogue en todo caso hasta la
concertación de uno nuevo y si ello no fuera posible y la
flota española, y por tanto la comunitaria, tuviera que
permanecer paralizada a la fuerza, se suspendiera la ayuda
comunitaria a Marruecos, y el montante íntegro de estas ayudas
fuera destinado a indemnizar el paro forzoso de nuestra flota.
Por todo ello, nuestro Grupo solicita la votación separada,
del resto de los puntos que votaríamos afirmativamente, de los
puntos 2 de la prop --en el caso de que no sea aceptada
nuestra sugerencia-- y 3 de la enmienda de adición del Grupo
Popular, si no se aceptara la enmienda in voce del Grupo
Socialista.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra del señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, como ya han manifestado portavoces de otros grupos
parlamentarios, nos encontramos en realidad ante dos
proposiciones --aprovechando la presencia de una, se presenta
como enmienda la segunda-- para intentar salir al paso de la
situación candente que se produce en los caladeros marroquíes
y del futuro acuerdo que se debe pergeñar en los próximos días
entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta de una manera
tan importante al conjunto de las flotas españolas, pero muy
fundamentalmente a la flota del sur, a la flota canaria, a la
flota andaluza y a la flota del resto del Levante.
En cuanto a la primera de estas dos mociones --aunque
procedimentalmente se debatan como una sola--, manifiesta la
pereza que el Gobierno tiene en solventar las resoluciones de
esta Cámara, aunque sean tomadas de forma unánime o
ampliamente mayoritaria y aunque, incluso, sean propuestas por
el propio Grupo Socialista, que es el que mayoritariamente
apoya al Gobierno. Creo que habría que reconvenir al Gobierno
sobre su excesiva lentitud en abordar las propuestas que
mayoritariamente se aprueban en la Cámara, y así no nos
encontraríamos en situaciones reiterativas de tener que
recordar acuerdos tomados anteriormente. Por lo tanto, creo
que tiene fundamento esta primera parte de la proposición de
ley, de recordatorio del incumplimiento del Gobierno de una
resolución que ampliamente, por acuerdo mayoritario, ha tomado
la Cámara.
En lo que se refiere a la segunda parte, mi Grupo
Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo
entiende fundamentalmente como un apoyo importante de la
Cámara a la labor negociadora que debe llevar el Gobierno en
Bruselas; labor negociadora que no se nos escapa que en un
principio debe ser con la propia Unión Europea, porque parece
ser que hay que convencer primero a los funcionarios de la
Unión Europea de la justeza de las posiciones españolas para
que luego, a su vez, transmitan estas ideas al país con el que
se está negociando. Este hecho se produce demasiado
habitualmente. Son muy llamativas a veces las continuas trabas
que determinados altos funcionarios, cargos políticos
importantes que se encuentran en la Comisión de Pesca de la
Unión Europea, ponen a las posiciones españolas y la
dificultad con las que las posiciones españolas son defendidas
en las negociaciones con Marruecos, como lo son con otros
países. Se han planteado anteriormente casos concretos. Se
podrían especificar aún más hasta el detalle de decir qué
responsabilidades concretas son las que representan estas
dificultades para la negociación española, pero tampoco
consideramos que beneficiaríamos demasiado nuestra posición si
llegáramos a una denuncia muy particularizada desde esta
tribuna. Es un hecho importante el que, desgraciadamente,
tenemos que negociar, primero, en el seno de la Unión Europea
y convencer a nuestros socios comunitarios para que luego
trasladen ellos este convencimiento a países terceros, como es
el caso de Marruecos.
En segundo lugar, otra reflexión que nos trae una proposición
de esta naturaleza es ver que estamos muchas veces ante
transacciones que no son excesivamente serias. Nosotros, desde
luego, reconocemos el derecho que un país como Marruecos tiene
sobre sus recursos naturales y también de negociar las
condiciones en que un tercer país explota dichos recursos.
Pero por lo menos deberíamos exigir seriedad por parte de
Marruecos. Nos llama mucho la atención cómo Marruecos, en
sucesivas negociaciones, no ha planteado las mismas
condiciones en lo que se refiere al paro biológico con sus
flotas que en lo que concierne a la flota española. ¿Es que el
paro biológico de la flota española es menos
dañino que el de la flota marroquí? O mejor dicho, ¿la
actuación de la flota española en los caladeros marroquíes es
más dañina que la de la flota marroquí? Pensamos que no. Si
realmente el paro
biológico constituía un descanso en los caladeros para que se
repusiesen, si eso el auténtico fin, tanto deberían observarlo
la flota española y las diferentes flotas comunitarias como la
marroquí.
En este juego negociador que lleva muchas veces el Gobierno
marroquí, que no es excesivamente riguroso, se han producido
importantes defectos en los resultados de la negociación. Por
ejemplo, en lo que se refiere a la captura de la merluza
negra, se ha tenido que reconocer que muchas de las exigencias
por parte de Marruecos a la flota española han sido excesivas.
Esto ha afectado a las flotas de Cádiz y de Canarias, y al
final se ha tenido que reconocer que han sido exigencias
extraordinariamente lesivas para la flota española.
De igual forma nos preocupa --y ya se apunta-- que una de las
condiciones que pretende Marruecos para el futuro acuerdo
negociador es que los desembarcos de pesca se produzcan en sus
puertos. Este es un hecho especialmente lesivo (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Andreu.
Ruego a SS.SS. que guarden silencio (Pausa.)
Cuando quiera, señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Decía que este es un hecho especialmente lesivo, que supondría
importantes perjuicios en el conjunto de los puertos pesqueros
españoles, en donde se ubica la mayor parte del trabajo que va
anexo a lo que es la propia función de pescar --todo el
trabajo de manipulación y de venta del pescado--, y esto, que
nosotros consideramos que Marruecos lo presenta como una
primera posición de fuerza para negociar, nos preocupa porque
se convierte continuamente en un baile que, no por menos
conocido, deja de ser enojoso al tener que negociar cosas que
son en principio impensables y sobre las que Marruecos sabe
que va a tener que plegarse al final, pero se trata de una
negociación especialmente enojosa, poco rigurosa y seria.
Nosotros consideramos que la Unión Europea debería plantearse
estas propuestas desde plataformas más serias, más solventes y
con mayor prolongación en el tiempo, en lugar de que se
produzcan negociaciones cada dos o tres años, continuamente, y
volviendo sobre argumentos que son reiteradamente conocidos.
Por lo tanto, mi Grupo Parlamentario va a apoyar esta
proposición no de ley, tanto su texto inicial como la enmienda
de adición que ha presentado el Grupo Popular. También nos
agradaría que la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista fuera aceptada, porque a nosotros nos parece un
criterio fundamental, para que existan ayudas, que se esté al
tanto de las cotizaciones de la Seguridad Social. Por ello,
veríamos de buen grado que se aceptara esta enmienda del Grupo
Socialista para poder apoyar el conjunto de la proposición no
de ley.
Muchos de los aspectos que se plantean ahora en el debate
sobre la negociación con Marruecos no se pueden exponer en
toda su profundidad por la forma en que se produce la
discusión. Confiamos que, con la interpelación que presentará
mañana mi Grupo Parlamentario, sobre la que esperaremos
respuestas del Gobierno y tras la que presentaremos una
moción, podamos llegar a una visión más profunda del problema,
tanto en el Atlántico norte como en el Atlántico sur, que es
la zona que en principio nos afecta con esta proposición no de
ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Finalizado el debate, tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa para indicar si acepta o no tanto la enmienda presentada
por escrito por el Grupo Socialista como la observación que ha
hecho a la enmienda de adición del Grupo Popular.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, primero, agradezco la posición de todos los grupos
parlamentarios. Quiero decir al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que hay una cosa bien cierta, que la
población española está en estos momentos plenamente
sensibilizada con el problema que existe en el sector pesquero
español. En ese sentido, tengo que decirle que no es nuestra
voluntad en este momento mantener ninguna postura de
intransigencia ni radical en contra de lo que pueda ser el
consenso de todos los grupos de esta Cámara. En ese sentido,
con respecto al punto número 2, quiero decirle, señor
Moragues, que efectivamente lo que el Grupo Parlamentario
Popular plantea es que, pasado un año desde la aprobación de
aquel acuerdo del Congreso de los Diputados, al día de la
fecha existen personas que todavía no han cobrado esas
indemnizaciones, y utilizando términos pesqueros, que aquí hay
una pescadilla que se muerde la cola, porque para cobrar las
indemnizaciones por el cambio de artes pesqueras de
monofilamento, hay que estar al corriente del pago de las
cuotas de la Seguridad Social. Ese es el auténtico problema
que se plantea. Sin embargo, señor Moragues, aceptado por el
Grupo Parlamentario Socialista el punto número 1 de nuestra
proposición no de ley, por descontado que aceptamos la
enmienda de supresión que plantea el Grupo Parlamentario
Socialista a este punto 2.
En cuanto el punto 3, corrijo el lapso al que se refería el
señor Mardones, en el sentido de que solamente
se cita a la flota andaluza, porque en mi exposición lo he
corregido y he añadido la flota canaria y recuerdo también a
la flota de la península del Morrazo, en la provincia de
Pontevedra, como no podía ser menos. Tengo que decirle al
señor Moragues que nos parece bien la enmienda que plantea el
Grupo Parlamentario Socialista, pero que hay que recordar que
España tiene la fama, que se nos está echando estos días, de
ser un país que esquilma en todos los caladeros, cuando
tenemos la certeza de que esto no es así. Por tanto, si a
nosotros nos apresan
barcos, si nosotros no tenemos delimitadas las aguas
jurisdiccionales entre Gibraltar y España o entre Marruecos y
España, en el Mediterráneo, en el Atlántico o en el Estrecho,
parecería justo que las inspecciones fronterizas, comerciales
y las que se hagan incluso en las lonjas, sean lo más
exhaustivas posibles como para que esto nos sirva...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de
Mesa, sabe usted que el turno es para decir si acepta o no la
enmienda.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Por tanto,
aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista si se
pudiera incluir, señor Moragues, al final de dicha enmienda
que ustedes proponen, que se unificaran las tallas mínimas
convencionales, comerciales y biológicas para toda la Unión
Europea, es decir, que para España no rijan unas tallas
comerciales que después son inferiores para el resto de los
países de la Unión Europea. Si el Grupo Parlamentario
Socialista acepta esta ampliación en el punto 3 nosotros
aceptamos la enmienda de supresión del punto 2 y la enmienda
planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
¿Acepta esta concreción, señor Moragues? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular,
sobre ayudas y bonificaciones en concepto de Seguridad Social
como consecuencia de las paradas biológicas, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista, con las modificaciones y
precisiones introducidas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 302; a favor, 302.El señor PRESIDENTE: Queda
aprobada la proposición no de l
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LOS PLANES Y OBJETIVOS DEL
GOBIERNO EN LAS PRIVATIZACIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS RENTABLES Y, EN PARTICULAR, DE LOS
GRANDES GRUPOS ENERGETICOS (Número de expediente 173/000076)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
como consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
subsiguiente a interpelación, sobre los planes y objetivos del
Gobierno en las privatizaciones que se están llevando a cabo
de las empresas públicas rentables y, en particular, de los
grandes grupos energéticos.
Tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Permítanme, señoras y señores Diputados, señores del Grupo
Socialista, fijar el contexto de esta moción que mi Grupo
presenta a la consideración y al voto de todos ustedes, en el
debate más amplio que está teniendo lugar en esta época
preelectoral y, concretamente, en el marco más específico
cuando, desde los mítines, se plantea como cuestión
fundamental si pactos o no pactos después del 28 de mayo;
cuando oradores del Grupo Socialista dicen en mítines que hay
que hacer todos los esfuerzos para que no venga la derecha;
cuando se suscita el miedo a la derecha como un arma poderosa
electoral desde el partido del Gobierno. Mi pregunta es,
cuando esto se dice, ¿a qué miedo concretamente se quiere
hacer referencia; a una política de derechas, o a la pérdida
de unas determinadas posiciones o cargos gubernamentales?
Permítanme decirles que para mi Grupo, para Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, esta moción es un test importante,
con relación al Grupo Socialista y a otros grupos de esta
Cámara, a la hora de definir posturas y posiciones que, desde
luego, mi Grupo va a tener muy en cuenta para saber qué es lo
que puede esperar, después de unas elecciones, de cada quién,
y qué es lo que cada quién, obviamente, puede esperar de mi
Grupo.
Permítanme todavía hacer una pequeña referencia a este
contexto de debates generales, como cuando, por ejemplo, desde
la filas del Partido del Gobierno, desde
las filas del Grupo Socialista, se hacen llamadas, auto-
llamadas,
autorreflexiones, diciendo que, en el supuesto de perder, por
lo menos hay que perder con dignidad, o cuando se insiste en
que el Grupo Socialista debe recuperar sus esencias. No hago
más que citar, de una menera un tanto libre, expresiones casi
literales de portavoces socialistas en distintos foros.
Pues bien, ¿cómo compaginan ustedes esta recuperación de las
esencias con que al mismo tiempo algún dignísimo representante
del Grupo Socialista, que escribe en determinados periódicos
de cuyo nombre no quiero acordarme, de forma casi melancólica
y en todo caso bastante nostálgica, haga referencia al
socialismo de Jean Jaurès y a los planteamientos, tanto
programáticos como éticos, que de él se derivarían? Yo me
despierto esta mañana leyendo otro periódico donde se dice:
Los socialistas piden a expertos liberales sus opiniones sobre
asuntos económicos. Opiniones tales que incluso el señor
Boyer, que era uno de estos expertos, matizaba por
excesivamente liberales.
Las propuestas que ustedes tienen --me refiero a todas SS.SS.
en general, y especialmente a los Diputados del Grupo
Socialista-- son absolutamente razonables --permítanme la
inmodestia--, ponderadas, rigurosas y fundamentadas además en
opiniones de gente relevante, de analistas, de técnicos
relevantes, de un espectroideológico realmente plural. Voy a
hacer de alguna manera las tengo que justificar. El señor
Julio Segura, refieriéndose a privatizaciones como la de
Repsol, que es a la que más directamente hacemos referencia en
esta moción, dice cosas que vienen tan directamente al caso
como las siguientes. Entre otras consideraciones críticas que
hace a este tipo de privatizaciones, dice: Existe además
evidencia demostrativa de que las operaciones de privatización
instrumentadas por medio de la emisión y cotización de
acciones en el mercado de capitales presentan unos costes no
despreciables para el erario, derivados de la minorización de
ingresos que provoca la fijación de precios de venta de
acciones inferiores a los máximos obtenibles. Y concluye
diciendo que el que el conjunto de los ciudadanos deba hacer
transferencias hacia los inversores institucionales parece
bastante discutible, pero que se vean obligados a realizarlas
en favor de extranjeros --como suele ser el caso en este tipo
de privatizaciones--, con la consiguiente pérdida neta de la
riqueza nacional, resulta injustificable.
Permítanme expresar algunas otras citas de los profesores
Comín, Martín Lapeña, Carlos Jiménez, en publicaciones de tan,
digamos, reconocida s te cnica cuanto difícilmente acusables
de ser ideólogicamente de los colores a los que pertenece mi
Grupo. Por ejemplo, en «Papeles de Economía», en los números
52 y 53, dicen: A pesar de las corrientes privatiza-doras, si
se exceptúa el caso británi provatizadoras, en las ideas, es
un espejismo que no se ha materializado en la práctica. Y
continúan diciendo: El verdadero desafío de las empresas
públicas en España no es privatizar, sino definir claramente
sus objetivos y superar sus problemas organizativos e
institucionales. La revista del Colegio de Economistas de
Madrid, en un número extraordinario, ya en el año 1991,
llegaba a conclusiones similares, y decía: Una sociedad o una
empresa más eficiente no es una empresa o una sociedad más
privatizada, sino una sociedad con mayor competencia. Así de
elemental, así de obvio. O decía: En la práctica totalidad de
los países de la OCDE, al debate sobre los límites de la
propiedad pública ha sucedido otro sobre la modernización de
la gestión, la implantación generalizada de incentivos y la
introducción de la competencia en el sector público. Menos
general e ideológico este debate, pero más pragmático y
realista.
Podría seguir con las citas, pero todas ellas no harían más
que bueno, una vez más, aquel dicho de un viejo profesor mío
en filosofía cuando decía de esta «ciencia» --entre comillas--
, por lo menos con relación a este adagio, que no era más que
la trabajosa demostración de verdades evidentes. Este es un
ejercicio parecido al que yo acabo de hacer: intentar, a base
de citas, demostrar algo tan obvio y tan evidente. Decía un
ministro que privatizar lo rentable era vender las joyas de la
abuela. No, no; es algo mucho más serio. Es vender aquello de
lo que se está viviendo o una parte de ello, no solamente unas
joyas que están ahí para un caso extraordinario.
En ese sentido va mi Grupo con la moción que presenta a la
consideración de todos ustedes. Quiero anticiparme a lo que
sé, porque me consta, q el Grupo Socialista, que ni siquiera
se ha tomado la molestia de hacer alguna matización, una
enmienda a alguno de los puntos que les voy a leer. Me parece,
desde la izquierda más ponderada, algo escandaloso que estas
mociones sean rechazadas en bloque por el Grupo Socialista. Me
parece una cosa escandalosa. Pero, arrieros somos. Acuérdense
de lo que les digo: soy de aquellos que creen que,
efectivamente, hay que impedir el paso a políticas de derecha
y, por tanto, a gobiernos de derechas. Acuérdense después de
las elecciones.
En nuestra moción decimos en el primer punto: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que no se tome ninguna
medida privatizadora antes de que se debata en esta Cámara el
plan del Gobierno sobre racionalización y modernización del
sector público y las conclusiones sobre las propuestas para un
debate sobre la política industrial. Es decir, dos iniciativas
que ha tomado el propio Gobierno para debatir y sacar
conclusiones lo más ampliamente consensuadas sobre qué hacer,
para qué y por qué con el sector público.
Pues bien, mientras esto se plantea a la sociedad,
paralelamente y lo más aprisa que pueden, va práctica de los
hechos aplicando bajo su absoluto y exclusivo criterio,
medidas privatizadoras tan graves como las que están tomando y
como las que permanentemente están anunciando. Una de dos: o
ustedes hacen callar manifestaciones incesantes, tan como
esperpénticas, del señor Solbes, que ya habla --mi Grupo
piensa que ni aun queriendo va a ser capaz de hacerlo-- de
obtener por las privatizaciones, en el próximo año, 900.000
millones de pesetas...
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le ruego que
concluya.
El señor GARCIA FONSECA: Concluyo, señor Presidente.
Mi Grupo cree que esta primera propuesta se deduce de la
coherencia lógica de las iniciativas del Gobierno. Si quieren
ser creíbles, es una pr aceptarse por racionalidad y por
imperativo democrático. Es decir, no vender patrimonio de
todos sin contar con todos.
La segunda propuesta, que no leo tan siquiera, simplemente
intenta poner en enunciados generales, y luego desarrollar un
poco más precisamente proponen los analistas que he venido
citando. No se trata tanto de privatizar cuanto de reformar a
fondo la empresa pública. Ahí esperaba yo que al menos nos
pudiéramos encontrar. Parece ser que ni siquiera en eso.
Repito lo que dije al principio. Para mi Grupo, estas
mociones, repito, absolutamente ponderadas --en todo caso, nos
parecen rigurosas y serias--, son un test para que tanto los
miembros de esta Cámara cuanto el pueblo español en su
conjunto sepan dónde está cada cual a través de posiciones
concretas sobre temas importantes y que se explique luego lo
que pueda pasar en cuanto a políticas de alianzas después de
las elecciones. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo
Popular.
Para su defensa y para fijar la posición de dicho grupo en
relación con la moción, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, nuestro
Grupo ha presentado una moción con texto alternativo y con
cambios de tal profundidad que implican, sin duda, que no
vamos a apoyar la moción de Izquierda Unida. Ahora bien, dicho
esto, en cierto grado comprendemos algunos elementos, sobre
todo desde el punto de vista del procedimiento y de la forma,
de lo que plantea Izquierda Unida. Poniéndonos en su postura,
nos parece que es más lógica esa posición que la que
observamos en el Partido que apoya fundamentalmente al
Gobierno. Parece que el pragmatismo es lo que esconde la
descoordinación, la falta de rumbo y, al final, la carecencia
de política sobre privatización, de la que tantas veces hemos
hablado: el ministro o los ministros de la margarita que un
día quieren privatizar a todas las empresas menos cuatro, que
otro día dicen que solamente cuatro pueden ser públicas, que
otro día nos hablan --y se ha citado aquí-- de las joyas de la
abuela y que otro día el Presidente del Gobierno dice que el
Gobierno es un mal empresario. Esa carencia de un rumbo claro,
que se quiere explicar desde el pragmatismo, nos parece mucho
más negativo que un planteamiento como el de Izquierda Unida
de: empecemos por un debate. Nosotros proponemos empezar por
un debate.
Nuestro debate es muy claro. Es el siguiente: empecemos
definiendo la empresa pública en qué áreas, en qué
actividades, para qué sectores hace falta en nuestro país. Es
una especie de estatuto de la empresa pública ese estatuto de
la empresa pública al que tanto le gustaba al Partido
Socialista cuando se encontraba en la oposición, en aquella
fase de 1977 a 1982 y tantas veces reclamaba como medida de
control. Cuando el controlado es él por ese posible tipo de
normativa, desde 1983 en adelante va votando en contra de lo
mismo. Esa es una forma diríamos cartesiana, clara. ¿Para qué
queremos el instrumento de empresa pública? Visto eso,
comparémoslo con lo que tenemos en este momento en nuestro
país, que es un sistema de aluvión, de cajón de sastre, de
suma inconexa de elementos que hoy forman la empresa pública
en nuestro país. No solamente hay que criticar la actual
situación. Algunas de las empresas públicas provienen del
régimen político anterior; eran empresarios que tenían
suficiente influencia como para socializar pérdidas, otras
provienen de momentos en que se creyó que crear una empresa
pública incrementaba la competencia en sectores en los que
ahora sobra competencia o hay una gran competencia. No tiene
ninguna lógica interna la suma del sistema de aluvión de
empresas públicas en este momento. ¿Qué proponemos? Hacer un
debate, distinto del que propone Izquierda Unida, pero
partamos de él y luego comparemos. Al intentar mezclar ambas
piezas, aquello echará chispas. Esas chispas nos mostrarán con
cierta claridad una serie de empresas, de segmentos
empresariales, que pueden pasar perfectamente a la economía de
mercado, a la economía privatizada en este caso.
Es ese proceso de comparar lo deductivo con lo que tenemos lo
que nos induce un planteamiento básico de una política de
empresa pública y de privatizaciones. Luego, siguiendo los dos
caminos, la política de privatizaciones sin duda necesita ser
transparente. La palabra transparente, en esta Cámara, hay que
repetirla una
y otra vez porque la falta de transparencia da lugar a
procesos extraordinariamente graves a los que quizá no hace
falta volverse a referir de nuevo. Transparencia y, al mismo
tiempo, vender a precios y en momentos adecuados, aunque sean
las joyas de la abuela, de manera que lo que se venda sea más
que la capitalización del dividendo al respecto y que el
dinero que se saque vaya a una cuenta bloqueada para disminuir
la deuda pública.
Hace ya bastante más de un mes, cuando el señor Solbes declaró
que con los gobiernos socialistas se había privatizado por
valor de un billón (con be de lo que queráis, de Borrell), le
formulé una pregunta sobre qué empresas y a dónde había ido
dirigido ese dinero. Ha pasado el tiempo reglamentario y no ha
habido respuesta. En los próximos días tendré que pedir amparo
al señor Presidente para obtener la respuesta de a dónde ha
ido ese dinero. En términos vulgares, ¿a pulírselo o quizás
haya ido, y no lo conocemos, a disminuir la deuda pública?
Porque si un gran problema es la deuda pública, utilicemos ese
dinero para disminuir ese problema, aunque la política de
privatización del Partido Popular se base, sobre todo, en
incremento de la eficiencia del sistema productivo.
Ahí hay un campo que irá en la línea de la economía europea de
las privatizaciones y en el que el Partido Popular considera
que hay que trabajar de manera lógica, coherente, racional, no
utilizando un día un trozo de Endesa para tapar un déficit de
un trozo de Iberia o haciendo cualquier otro juego de manos
parecido. Al mismo tiempo, hay que hacer una política en la
empresa pública para que en aquellas actividades en que hace
falta empresa pública, sea más eficiente. Es necesario una
política de mejora de la gestión de la empresa pública, que
estaría en esta normativa sobre la empresa pública, que fuera
más transparente, y aquí hay una prueba del nueve sobre las
ideas y sobre la transparencia del Grupo Socialista.
Nosotros vamos a proponer como proposición no de ley, pero si
no se puede votar por problemas reglamentarios de este debate,
la presentaremos posteriormente con el siguiente objetivo, que
las empresas públicas den a este Parlamento la misma
información que las empresas que cotizan en Bolsa dan a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. El accionista de la
empresa pública es la sociedad española, sus representantes
están aquí. En consecuencia, que tengamos esa información y
que haya control público en las empresas, incluso en las que
el 50 por ciento esté en manos públicas. A veces se me ha
contestado desde el INI: A lo mejor podemos competir con una
empresa privada que no cotice en Bolsa y como tal daríamos más
información de la que ella dé. A lo mejor incluso aceptaríamos
alguna excepción de ese tipo para facilitarles que fueran por
el camino de la transparencia. Nos costó muchísimo que fueran
por el camino de la transparencia en la Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional en lo que se refiere a las tarifas,
nos costó tanto que a última hora en la última votación del
Senado fue cuando conseguimos la transparencia. ¿Qué nos va a
pasar ahora cuando pedimos transparencia a las empresas
públicas, cuando pedimos que nos digan algo tan simple como lo
que conoce la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
precisamente para desarrollar esa política de transparencia? O
transparencia en las compras. ¿Por qué hay normas en la INI
que dicen a veces: el año que viene debe usted comprar el
doble a las empresas públicas de lo que compraba este año? Si
este año estaba comprando bien y eficientemente, quiere decir
que el año que viene no compra la oferta más eficiente, porque
para duplicar tendrá que comprar alguna oferta que no sea la
mejor en precio y calidad. Por tanto, desde la empresa pública
estamos promoviendo la ineficiencia y utilizándola en cierto
grado como una transferencia de beneficios de determinadas
empresas públicas a otras a las que quizá se les disminuyan
las pérdidas.
Pues bien, nosotros proponemos que quede claro que las normas
de compra de la empresa pública siguen reglas de eficiencia.
Estas son partes de las líneas de lo que hemos planteado en
ambos terrenos. Por un lado, una política que desde un marco
lógico, coherente, siguiendo, aunque con un enfoque distinto,
la idea de un debate previo de la sociedad y de este
Parlamento sobre para qué es la empresa pública, para que
comparado con lo que existe, nos dé una línea de empresa a
privatizar y cómo hacerlo. Por otro lado, que nos proporcione
una línea de qué tipo de actuación hay que realizar con la
empresa pública de manera mucho más eficiente, transparente y
controlada, y que, por ejemplo, el Ministro de Economía y el
Ministro de Industria vengan por lo menos una vez al año a
plantearnos los objetivos de la empresa pública y nos tengan
que decir aquí cómo se van cumpliendo o incumpliendo dichos
objetivos.
Diréis que ese mundo en el que esté mucho más clarificado lo
que se privatiza y lo que no se privatiza y con una empresa
pública mucho más eficiente, controlada y transparente es algo
muy improbable. Con el actual Gobierno es muy improbable, pero
la victoria más atractiva es la victoria sobre lo improbable.
Quizá le queda al siguiente Gobierno después de las urnas
conseguir que esto que parece tan sencillo y que hoy
resultaría altamente improbable, se convierta en posible y lo
posible en real. Es el reto que tenemos planteado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.
¿Grupo que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, hoy
debatimos en esta Cámara un tema, el de las privatizaciones,
que suele ser motivo de apasionado debate al menos un par de
veces por año y, sobre todo, cuando se aproximan unas
elecciones, cuando este tema, más que un tema electoral,
piensa Unión Valenciana que es un tema de Estado.
A modo de punto de referencia diremos que la Unión Europea por
el momento sólo ha recomendado al Gobierno español para que
impulse la privatización de empresas públicas estatales, una
de las armas para combatir el déficit público.
Unión Valenciana considera que el proceso de privatización
tendente a la reducción del sector público no debe ser
acelerado, ni improvisado ni adoptado sin las garantías
mínimas que optimicen los resultados de la privatización. No
hay que ir en este terreno, como en otros, a salto de mata. En
este terreno tampoco son buenas consejeras las prisas ni las
decisiones precipitadas. Hay que evaluar con rigor la
situación de cada empresa pública y hay que primar, sobre
todo, la competitividad y la eficiencia de las empresas.
En el período 1983-93 el sector público español se extendió en
contra de la influencia de los países desarrollados. La
mayoría de las empresas fueron creadas en los años 80
coincidiendo con la corriente privatizadora en los países más
industrializados. El sector público español hoy ni es rentable
ni es eficiente. Ha recibido cerca de siete billones --con «b»
de Borrell, como ha comentado el compañero-- en ayudas
directas, sin que ello haya servido para mejorar su eficacia
ni para garantizar su viabilidad a medio ni a largo plazo.
Hacen falta estrategias decididas de privatización y
saneamiento, sin que ello signifique hacer peligrar el estado
de bienestar ya consolidado y por el que se ha trabajado
mucho.
Parece que hay voluntad del Gobierno de reducir el sector
público empresarial. Hagámoslo con coherencia y transparencia.
Europa nos dice que ha llegado la hora de las privatizaciones.
Unión Valenciana, ante ello, considera que debe elaborarse con
el máximo consenso un programa para reducir el sector público
empresarial, dond privatizaciones y el mantenimiento de
empresas públicas en base a la lógica industrial y a la
eficiencia empresarial, que permita sobre todo hacer más
competitivas e internacionales a las empresas privadas, a las
empresas públicas y a las mixtas. En ese camino, Unión
Valenciana se compromete. Por eso no nos parece oportuno
ninguno o prácticamente ninguno de los planteamientos de la
iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque
parece que vamos hacia atrás y en contra de los principios y
postulados de la Unión Europea.
Muchas gracias.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente, y con
brevedad.
Empiezo diciendo simplemente al señor García Fonseca que no
creo que una moción de este tipo nos tengaque poner ante el
público en general, ant porque creo que el apoyar o no su
moción en este caso no tiene mayor trascendencia. Creo que en
este tema hace falta un debate amplio, como el que usted me
parece que pretende suscitar y que siempre se lo he
reconocido, pero no precisamente con la moción que usted
plantea. Por ejemplo, me parece que tiene aspectos muy
interesantes e importantes, como son precisamente la extensión
de lo que puede ser la gestión de las empresas públicas a la
coyuntura puramente política o gubernamental, pero considero
que en el punto primero de su moción es mucho más acertada la
propuesta de la enmienda del Partido Popular cuando está
estableciendo un análisis de la empresa pública que precise la
utilidad, los objetivos y los criterios de actuación de las
empresas públicas y, sobre todo, cuando continúa diciendo que
defina en qué sectores, actividades y zonas geográficas se
justifica en la actualidad la presencia de la empresa pública
e incluso yo añadiría más: su posible implantación o
implantación futura.
Además, también hay aspectos interesantes cuando se está
hablando de la coordinación de las empresas públicas con los
Ministerios. Yo diría que no sólo con ellos, sino también con
la iniciativa privada, porque muchas veces se está en función
de una determinada competitividad, y digamos que por una más
que dudosa rentabilidad de muchas operaciones, desde la
empresa pública se está atrofiando la propia actividad del
sector privado, incluso introduciendo términos de
competitividad falsa e introduciendo en baja rentabilidad a
empresas que con iniciativa privada la podrían tener y podrían
realizar su gestión de forma acertada.
Por eso tengo que reconocer esta iniciativa como interesante.
Creo que hace falta continuar privatizando, sobre todo si los
recursos que salen de la privatización van destinados
fundamentalmente a la restricción de la deuda pública, tema
que es muy importante en este país. Además, creo que también
es muy importante abrir un debate sobre la racionalización y
modernización del sector público, pero considero que
combinando ambos elementos y no supeditando uno a otro.
Yo apoyaré todo lo que sea la racionalización y modernización del
sector público y tanto el Grupo Vasco como yo apoyaremos
precisamente lo que signifique abrir ese debate en este
Parlamento, pero no restringiendo la privatización, como se
desprendería de su moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez y Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió) no va a dar soporte a
la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya respecto a la posibilidad de aplazar
las privatizaciones hasta que se haya producido en esta Cámara
el debate sobre el libro blanco propuesto recientemente por el
Ministerio de Industria, entre otras cosas porque nosotros
entendemos que en este debate, el Gobierno va a hacer una
serie de propuestas. Vamos a hablar de investigación mas
desarrollo, vamos a hablar de formación, vamos a hablar de la
internacionalización de la sociedad productiva del Estado
español, vamos a hablar de las pequeñas y medianas empresas,
vamos a hablar de política energética. En definitiva, vamos a
hablar de la creación de instrumentos de financiación para que
se puedan abordar proyectos empresariales importantes, y
justamente nosotros creemos que la política de privatizaciones
es un elemento más que no deja de estar enmarcado y englobado
dentro de la política industrial del Gobierno, pero sobre la
que ya hemos hablado sobradamente en muchas ocasiones tanto en
el Pleno como en la Comisión.
En este sentido, me gustaría recordar a SS.SS. que el 1 de
julio de 1994 se aprobó en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo una proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán, en la que instábamos al Gobierno a
presentar una serie de documentaciones --y esperamos que el
Gobierno pueda cumplir en breve este compromiso-- que iban
orientadas básicamente en los siguientes niveles: en primer
lugar, pedíamos al Gobierno que se estableciera un plan de
competitividad de la empresa pública; en segundo lugar,
también instábamos al Gobierno a que estableciera los
principios estratégicos, económicos y sociales que aconsejaban
el mantenimiento como públicas de empresas industriales y
comerciales y, en caso de que no fueran necesarias estas
empresas por motivos estratégicos, de seguridad o de interés
social, se procediera a su paulatina privatización e
intervinieran las diferentes comunidades autónomas en las
cuales se ubicara la actividad principal.
Entendemos que será después de un amplio debate, para el que
contábamos con la mayoría de los votos de los Grupos que han
participado en el mismo --Grupo Popular, Grupo Vasco (PNV),
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Socialista--
cuando, a la vista de la información que nos presente el
Gobierno, podamos aprobar o rechazar las posibilidades de
mantenimiento o de privatización paulatina de empresas
públicas del sector empresarial.Entendemos que no procede
paralizar el proceso de privatización, porque justamente hace
un mes esta Cámara ha aprobado un proyecto de ley de
privatización o de enajenación de participaciones de empresas
públicas en el que se daba un amplio margen de valoración para
que el Gobierno pudiera privatizar paquetes importantes de
empresas que hoy están cotizando en bolsa y que no obedecen a
sectores estratégicos importantes. La prueba la tenemos en
estos momentos cuando vemos que se está procediendo a la
privatización de empresas públicas rentables con beneficios
importantes de cara a la sociedad civil que está yendo a
dichas privatizaciones a través de mecanismos como la bolsa.
Por otra parte, desde el Grupo Catalán también entendemos que
no es necesario paralizar el proceso de privatización de
empresas públicas, ya que con dicho proceso se consigue una
serie de beneficios y ventajas importantes orientadas a la
economía productiva. En primer lugar, a través de las
privatizaciones se consigue mejorar la eficiencia económica de
nuestro tejido industrial, tanto público como privado, a
través del incremento de la competitividad. Con dichas
privatizaciones seguramente se puden reducir los precios,
combatir la inflación y un mayor estímulo para las inversiones
en investigación y desarrollo.
También estamos convencidos de que, a través del proceso de
privatización y racionalización del sector público, se
mejorará el entorno empresarial y permitirá una mayor
eficiencia de nuestras empresas privadas.
Desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) entendemos que es
necesario dejar en manos de la actividad privada la mayor
parte de producción de bienes y servicios. Estamos convencidos
de que cuando el Estado gestiona dichos bienes y servicios,
desgraciadamente el incremento de actividad no llega a las
cotas que se llega cuando dichas gestiones se hacen a través
de las empresas privadas.
Estamos convencidos, señor García Fonseca, de que solamente
está justificada la presencia del sector público empresarial
en sectores de interés social, estratégicos y de seguridad.
Creemos que no es justo que en una economía libre de mercado,
como es hoy la española, haya una serie de empresas privadas
que estén luchando contra la competitividad del sector público
empresarial español.
Desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) estamos
convencidos de que, a través del proceso de privatización del
sector público empresarial español, contribuiremos, en gran
medida, al saneamiento de las finanzas públicas, reduciremos
las
transferencias de las empresas públicas y, al mismo tiempo,
mejoraremos la eficacia en la lucha contra el déficit público.
Por último, y para resumir un poco cuál es el objetivo de las
privatizaciones y de la racionalización del sector público
empresarial español, entendemos que abordando con serenidad
dichas
privatizaciones mejoraremos
la competitividad general del país. Es necesario que el Estado
se dedique solamente al
sector público empresarial orientado básicamente a sectores
estratégicos, de seguridad y de interés social y creemos que a
través de las privatizaciones mejoraremos la eficiencia
económica de nuestro tejido industrial y seguramente también
contribuiremos a la generación de empleo.
Por todos estos motivos, nuestro Grupo Catalán (Convergència i
Unió) no podrá dar el apoyo necesario a la moción presentada
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz
Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nuestro Grupo Parlamentario va a fijar su posición
respecto de la propuesta presentada por el Grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en torno a la
empresa pública.
Este debate lo venimos repitiendo en
Pleno y en la Comisión de Industria ya en cuatro o cinco
ocasiones en los últimos meses; nuestra posición, por tanto,
no va a variar sustancialmente sobre la que hemos venido
manteniendo en todos esos debates.
No vamos a apoyar las propuestas que hoy se nos ponen encima
de la mesa, no tanto porque nos opongamos a su contenido (en
algunas de las propu las que podíamos estar parcialmente de
acuerdo no coincidimos en los acentos, con las prioridades que
se establecen en las mismas), pero no las vamos a apoyar mucho
más porque hay un compromiso ante esta Cámara de que el
Gobierno envíe un documento-informe respecto de la actuación
en la empresa pública. Dicho compromiso se adquirió en la
Comisión de Industria el pasado mes de junio, el Gobierno
pretende cumplimentar ese compromiso, hay ya un documento que
se está debatiendo en los órganos competentes --la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos--, y cuando ese
documento lo tengamos en la Cámara se abrirá un debate en el
seno de la Comisión de Industria y cada grupo señalará su
posición por escrito y, después de matizar nuestras
posiciones, será quizá el momento de sacar adelante una serie
de resoluciones. Repito que con alguna de las propuestas que
presenta Izquierda Unida podemos estar moderadamente en
desacuerdo o
moderadamente de acuerdo, pero creemos que este no es el
momento procesal oportuno para un pronunciamiento, cuando
necesariamente tenemos que seguir haciendo planteamientos
generales y cuando tan próximo en el tiempo está la llegada a
esta Cámara del documento que el Gobierno se ha comprometido
enviar y que, repito una vez más, está ya en el debate en sus
órganos competentes.
¿En qué contexto económico se sitúa este debate sobre la
empresa pública? En un contexto de globalización de la
economía y de desregulación de Eso nos lleva,
fundamentalmente, a una reducción del peso y de la presencia
del sector público en los servicios y en los sectores
productivos, a una tendencia a la reducción; tendencia a la
reducción que hace que el objetivo fundamental que el Gobierno
se plantee en estos momentos no es ni la propuesta que hace el
Grupo parlamentario Popular de privatizar a toda costa ni
tampoco aumentar el tamaño de la empresa pública. El objetivo
fundamental que en este contexto se plantea el Gobierno es
fortalecer nuestro tejido industrial, fortalecer el tejido
productivo con empresas propias de nuestro país, sean públicas
o privadas, con cooperación del sector público y privado,
atrayendo también para estas empresas públicas el apoyo del
ahorro privado, sacándolas a Bolsa y buscando una mayor
eficiencia en la gestión. Por tanto, objetivo principal que se
plantea el Gobierno: fortalecer el tejido industrial,
fortalecer nuestro sistema productivo; buscar con ese
fortalecimiento la cooperación entre el sector público y el
privado.
Señoras y señores Diputados, desgraciadamente hay muy pocas
empresas privadas de tamaño suficiente en nuestro país, hay
muy poco capital privado industrial en nuestro país. Sería
bueno que hubiera una mayor presencia de capital privado. Por
tanto, en este contexto los objetivos han de ir a una mejora
de la eficiencia en la gestión, mayor autonomía, búsqueda de
la competitividad y transparencia, la misma transparencia que
sus competidores. Si queremos que la gestión sea competitiva,
que sea eficiente, no podemos exigirle a la empresa pública
más de lo que vamos a exigir a las empresas competidoras,
porque entonces competirán con ellas en desventaja. Por tanto,
la misma transparencia que tengan las empresas privadas que
hayan de competir con ella. Que no es la que están exigiendo
algunas de SS.SS. Por consiguiente, la máxima eficiencia es
uno de los criterios que se ap Cámara, y máxima eficiencia que
está en consonancia con que se acuda al mercado de valores en
la financiación de estas empresas públicas.
No hay duda ninguna de que si una empresa acude a nuestra
bolsa y a las más prestigiosas bolsas del mundo a su
financiación, se le exige un determinado comportamiento. Y hay
que decir que el comportamiento de las empresas públicas
españolas echa abajo ese argumento de que no es buena la
gestión de la empresa pública. Algunas de las empresas
públicas españolas tienen la mejor de las calificaciones en
las bolsas más exigentes del mundo. Yo creo que esto hay que
decirlo, porque es un elemento de prestigio de nuestra propia
economía.
Por tanto, salida a bolsa para acentuar esa exigencia de
eficiencia y salida a bolsa también para canalizar el
ahorro privado hacia esas grandes empresas productivas, hacia
esas grandes empresas industriales que necesita nuestro país,
que no solamente deben ser financiadas con dinero público, que
cada vez hay más dificultades en el seno de la Unión Eur
recursos públicos se dediquen a ello, sino que es bueno que el
ahorro privado se canalice cada vez en mayor medida a
financiar al sector productivo, a esas empresas industriales
propias que queremos que siga teniendo nuestro país, en las
que queremos que haya cooperación del pequeño accionista y
también cooperación privada, cuando así pueda ser.
Es bueno, por tanto, que haya un debate en el que se analicen
los distintos sectores. No puede ser la misma actuación en
sectores en crisis, como son el sector siderúrgico o la
construcción naval, en la que necesariamente tendrá que seguir
habiendo ayudas, y en sectores como el del petróleo, de la
energía o del gas o los distintos sectores en los que es
importante nuestra presencia. Es importante que España esté
presente con una empresa del sector aeronáutico, es importante
que esté presente en el sector de la defensa, es importante
que esas tecnologías de punta no estén al margen de nuestra
actuación, y habrá que buscar socios tecnológicos o la
cooperación que en cada caso sea necesaria.
Por tanto, nuestra posición no es dogmática en el sentido de
más sector público, sino un sector productivo cada vez más
fuerte en nuestro país y en el que desgraciadamente el sector
privado no es todo lo fuerte que nosotros quisiéramos que
fuera y en el cual, por tanto, tenemos que apoyar con todas
nuestras fuerzas a aquellas empresas que tienen tamaño
suficiente y fuerza para tener una presencia
internacional.
También, lógicamente, debemos ajustar a la
ley la presencia de las Comunidades Autónomas en la gestión de
la empresa pública, sin por eso entrar en contradicción con el
anterior principio que hemos defendido, que es la eficiencia.
Es decir, si estamos alejando la decisión empresarial de la
decisión política, de alguna manera, no sería bueno que, a
través de la presencia de las Comunidades Autónomas,
recorriéramos el camino contrario, sino que esa presencia de
las Comunidades Autónomas, planteada en las leyes y en los
estatutos de autonomía y que, por tanto, hay que poner en
funcionamiento, no debe actuar como un elemento en
contradicción con esa mejora de la eficiencia que buscamos y,
por consiguiente, habrá que buscar las soluciones idóneas para
resolver el problema.
Nuestro Grupo va a votar en contra de las propuestas de
Izquierda Unida, aun estando con algunas de ellas en un grado
razonable de acuerdo, con los acentos en dirección distinta:
cuando ustedes hablan de más coordinación, nosotros queremos
hablar de más autonomía, pero hablamos también de eficiencia
en la empresa pública, y en ese criterio esta Pensamos, sin
embargo, que este no es el momento, que hay un documento que
el Gobierno va a remitir a las Cortes en fecha muy breve y que
sobre ese documento debemos debatir y buscar el máximo grado
de encuentro y de acuerdo para lograr, sobre todo, que, en un
camino que a nivel internacional es de disminución de la
presencia del sector público en la economía, sepamos
salvaguardar los intereses de nuestro país. Hoy, aun
disminuyendo la presencia pública en determinadas empresas,
disponemos de una herramienta eficaz para ello: la Ley que
acabamos de aprobar de enajenaciones del sector público, que
es una ley que permite defender los intereses públicos, aunque
se disminuya la presencia pública y aunque aumente la
presencia privada en determinadas empresas. Usemos esa Ley con
inteligencia, pero sobre todo salvaguardemos y fortalezcamos
el sistema productivo español y la industria, que necesidad
tiene de ello.
Nada más por mi parte. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
A efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda
presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera previamente aclarar el sistema de votación, en el
sentido de que mi Grupo, o más particularmente este Diputado
que les habla, no entiende muy bien, a partir de lo dicho por
el portavoz del Grupo Socialista y por el portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), si la propuesta que hacemos en
el primer punto es aceptable o no. Ya sé cuál es la posición
de ambos grupos con respecto a las privatizaciones, pero,
metodológicamente, han estado permanentemente afirmando que
había que esperar a que llegara el plan del Gobierno, que es
lo que propone mi Grupo....
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le ruego exprese la
aceptación o rechazo de la enmienda. Le he dado la palabra
sólo para eso.
El señor GARCIA FONSECA: De todas formas entenderá, señor
Presidente, que, a efectos de votación, quisiera también
manifestar esa preocupación.
En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, he de decir que mi
Grupo no está de acuerdo con la misma. No vamos a aceptar los
cinco primeros puntos por razones
sustanciales de contenido, aunque sí podríamos aceptar algunos
aspectos separadamente. Sin embargo, sí aceptaríamos, sin
ninguna reserva, el punto 6, es decir, aquel que dice que ya
que se privatiza, al menos que los procesos de privatización
sean transparentes.
Algunos de los apartados que desarrollan ese punto 6,
concretamente el que hace alusión a la
información que las sociedades que cotizan en bolsa han de
suministrar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
etcétera, sí los aceptaríamos. Lo que sucede es que, al no
poder votarse por separado, por cuestiones de Reglamento, y no
estando de acuerdo con el resto de su enmienda, no podemos
hacerlo, pero sí queremos invitar al Grupo Popular a que
presente su propuesta, bajo la fórmula parlamentaria que
estime oportuna, y les anticipo que contarán con el voto
positivo de mi Grupo.
Queremos agradecer, una vez más, que el Grupo Popular, al
menos, se tome la molestia de intentar mejorar propuestas que
se hacen en esta Cámar lamentamos que otros grupos,
particularmente el grupo mayoritario, no hagan ni siquiera ese
esfuerzo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre los planes y objetivos del Gobierno en
las privatizaciones que se están llevando a cabo de las
empresas públicas rentables y, en particular, de los grandes
grupos energéticos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 12; en contra, 287; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER DEL
GOBIERNO DE COLABORACION CON LA JUSTICIA EN LA INVESTIGACION
DE LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER USO
ILICITO O DELICTIVO DE LOS FONDOS RESERVADOS POR PARTE DE LOS
MINISTERIOS AFECTADOS (Número de expediente 173/000077)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a
la interpelación sobre medidas en cumplimiento del deber del
Gobierno de colaboración con la Justicia en la investigación
de las responsabilidades que se deriven de cualquier uso
ilícito o delictivo de los fondos reservados por parte de los
Ministerios afectados.
Tiene la palabra el señor Trillo.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor
Presidente, señorías, permítanme, a estas horas ya de la
tarde, para amenizar un poco la presentación de esta moción
del Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de la
interpelación que desarrolló en nombre de nuestro Grupo el
Secretario General del Partido, señor Alvarez-Cascos, que
recurra a un recuerdo histórico, que estoy seguro que
apasionará a muchas de SS.SS. aficionadas a la historia.
¿Recuerdan ustedes el asunto de las cartas del cofre? Pues
permítanme que les recuerde que eran ocho cartas de la Reina
de Escocia, María Estuardo, dirigidas a uno de sus amantes, a
Bothwell, cuando estaba casada con el señor Darnley, con el
Rey de Escocia. Este último murió asesinado y posteriormente,
aunque la Reina negó siempre su relación sentimental con
Bothwell, aparecieron las cartas, las ocho cartas
comprometedoras, más dos sonetos. Pero las hallaron justamente
aquellos que siempre quisieron condenar a María Estuardo como
autora de un crimen de Estado, que costó la vida a su marido,
el duque de Darnley.
Señorías, ese ejemplo histórico y otros muchos más que podemos
repasar --no voy a cansarles-- hace que sea cierto --desde
luego la frase no es mía-- aquello de que no hay nada oculto
que permanezca escondido, y las cosas terminan saliendo. Aun
en los crímenes de Estado más horrendos --obviamente no es el
caso, espero--, resulta que queda rastro, quedan papeles. En
el de Thomas Becket queda rastro de sangre, en el de Antonio
Pérez queda una esquelita del Rey. Siempre queda un papel y o
ese papel se presenta voluntariamente y se utiliza por los
que, a lo mejor lo han redactado de buena voluntad, o fíjense
que luego se utiliza por quienes quieren condenar como autor
de un crimen de Estado a quien a lo mejor resulta ¡quién lo
sabe! que la historia no ha podido decirlo porque no era el
autor.
Tienen, señores de la mayoría socialista --no voy a decir la
última, pero querría que lo fuera-- la última oportunidad para
de una vez, terminar con el debate sobre los fondos
reservados, porque la moción que les presentamos les
permitiría controlar lo que ha sido el uso de los fondos
reservados desde el año 1983 hasta el año 1994, lo que ha sido
el uso de los fondos reservados antes de esa Ley que, a
propuesta del Grupo Popular, se aprobó por unanimidad de toda
la Cámara, con todas las características y garantías que el
Ministro del Interior reclamaba el otro día cuando mi
compañero de escaño presentó la interpelación. Con todas. Se
produciría así, señorías, el siguiente resultado: por una vez,
no podrían decir luego: Es que van a los tribunales, es que
está judicializándose la política... Porque ¡fíjense!, asumida
por el Parlamento, por el Gobierno, por el Fiscal General del
Estado, la investigación reservada de tales fondos, el tema se
había acabado.
¿Cuál es la moción que presentamos con esas características?
En primer lugar, pedimos que se instruya
por el Gobierno una información previa --es terminología de la
nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas--, con carácter reservado --que es como se llamaba en
la antigua Ley de Pocedimiento Administrativo--, para
acreditar alguna documentación, algún uso de los fondos
reservados. Fíjense que esa información es reservada también,
y no podrán decirme, señoras y señores Diputados, nadie podrá
decir que el Gobierno no va a conocer el uso de los fondos
reservados. Tan reservados no son. Obviamente, el Gobierno
puede y debe conocer, con todas las garantías de secreto que
quiera, cuál ha sido el uso legítimo o ilegítimo de los fondos
reservados durante esos años. Información reservada, pues.
¿Qué contenido ha de tener esa información previa y reservada?
Dice el Gobierno que no puede haber casi contenido porque no
hay documentación. Vamos a distinguir. No hay expediente de
gastos. Es decir, todo aquello exigido por la ley en otras
aplicaciones presupuestarias, consignación del crédito,
habilitación del gasto, intervención previa, simultánea,
posterior, etcétera, efectivamente no lo hay, no tiene por qué
haberlo. Es más, tiene razón, tampoco lo exigimos en la nueva
Ley de control de los Fondos Reservados. Pero convendrán
conmigo que cierta documentación sí existe y es necesario que
exista. Se lo voy a explicar. Se han manejado, sólo entre 1987
y 1994, cerca de 20.000 millones de pesetas. El otro día se
recordaba la cifra. Es evidente que ha sido más, porque no
hemos contabilizado lo que se gastó desde el año 1983.
Cualquier padre de familia, cualquier comerciante honrado --
empleo terminología legal--, el «volui arbitrato» del Derecho
romano, el que quieran, el tráfico jurídico financiero actual,
exige que cuando uno va a hacer un gasto, mucho más cuando es
un organismo público, el gasto lo pasa directamente de los
presupuestos aprobados en esta Cámara al bolsillo del
confidente, por poner un uso legal de los fondos reservados.
Se necesita, obviamente, que exista una distribución en el
propio Ministerio que tiene asignados esos gastos, se necesita
que alguien tenga la firma dispositiva de los talones y de las
matrices de los talones en el Banco de España, se necesita
conocer el procedimiento de distribución interna de esos
fondos, se necesita, en fin, que haya una constancia mínima de
quien recibe esas cantidades. Eso existe. Eso lo hace
cualquiera para el manejo de sus propias cuentas, y lo debe
hacer, lo hace y lo ha hecho sin ninguna duda la
Administración. Claro que lo ha hecho. Una vez más, que ha
habido consignación y distribución interna, es evidente; que
ha habido firma de talones, no es menos evidente. Están en
poder del juez, al parecer, los talones y las matrices del
Banco de España; que ha habido recibos, mírenlos.
(Mostrándolos.) Si muchas de SS.SS. ya los conocen.
Recibo de 10 millones de pesetas procedentes de gastos
reservados, secreto, en concepto de contraprestación por una
confidencia que dio lugar a la aprehensión de 562 kilogramos
de cocaína. Uso legal y contabilizado. Recibo de cinco
millones de pesetas por lo que dio lugar a la aprehensión de
526 gramos de cacaína. Otro recibo secreto, de dos millones,
dado por el coronel tal de la Guardia Civil por el servicio
realizado en tal sitio y que dio lugar a otra aprehensión de
cocaína.
Es más, incluso existen estadillos en el Ministerio del
Interior que contabilizan internamente las partidas de fondos
distribuidas para pagar a los letrados que han ejercido en
defensa de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Claro que hay una contabilidad mínima.
Pues bien, nosotros pretendemos que eso se lleve a esa
información reservada y que, una vez instruido ese expediente,
se siga garantizando el secreto y se traiga a esta Cámara para
que sepan de sus resultados solamente aquellos portavoces que
están autorizados por el Pleno para conocer los secretos
oficiales. Fíjense si se garantiza el secreto. Es más, ni
siquiera les pedimos que lo manden directamente al juez.
Pedimos al Gobierno que lo envíe al Fiscal General del Estado
para que diseccione qué documentos son de interés en los
distintos juzgados y tribunales, donde ahora se instruyen
procedimientos por presuntos delitos, qué documentos deben
permanecer con carácter reservado. No me dirán que el Fiscal
General del Estado no goza de la confianza del Gobierno. ¿O es
que también hemos de pensar que ha perdido la confianza del
Gobierno el Fiscal General del Estado?
Por tanto, señorías, esa que es en síntesis la moción
permitiría de una vez acabar, al menor en sede parlamentaria -
-y yo creo que también en sede judicial--, con la famosa
polémica. Pero eso sí, aquí se plantean objeciones. La primera
de ellas, reiterada estos días por algún portavoz socialista y
manifestada aquí por el Ministro del ramo, o mejor de los
ramos, por el Ministro del Interior y que ahora ejerce también
la titularidad del de Justicia. Dice: No hay obligación de
llevanza de documentación. No la había y no la hay siquiera en
la nueva Ley. Eso es cierto. Pero eso no puede confundirse con
que no haya una obligación de custodia de los documentos en
los que se ha reflejado el uso de los fondos reservados. Es
algo distinto.
Si ha habido reflejo contable de alguna manera, si ha habido
talones, si ha habido recibos, si ha habido distribución y
asignación de fondos, si ha habido firmas, todo eso son
documentos que el Gobierno está en la obligación de custodiar
y de entregar a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.
Si no se hace así, no es que se incumpla solamente la orden de
un juez y se pueda incurrir en un delito de desobediencia del
artículo 367 famoso --el otro día tan utilizado por el
Ministro Belloch--, sino que, además, se puede incurrir en un
delito de infidelidad en la custodia de documentos, porque si
se han destruido en la trituradora... (La señora
Pelayo Duque pronuncia palabras que no se perciben.) Sí,
señora Pelayo. Si se han echado a la papelera, se han mandado
quemar, todo eso es exactamente el tipo penal --estoy seguro
que S.S. lo
conoce-- del 364. Lo puede consultar en el Código Penal.
Hay una objeción, sin embargo, señorías, más de fondo. Es la
que hace relación al carácter secreto de los fondos y al
pretendido conflicto entre el deber de guardar secreto y el
deber de declarar y colaborar con la Justicia. Si no hay uso
legal, no hay secreto legal. El secreto alcanza y ampara el
uso de los fondos reservados con arreglo a la ley. Si, con
ocasión del ejercicio de la función policial...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, vaya
concluyendo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Voy concluyendo,
señor Presidente.
Si, con ocasión del ejercicio de la función policial o por
consecuencia del uso de esos fondos reservados, se han
cometido delitos, o indiciariamente pueden haberse cometido,
el secreto ya no alcanza a cubrir esos hechos, porque la ley
no puede proteger aquello que es delictivo. Esa es una
realidad evidente en un Estado de Derecho. El deber, lejos de
existir, se transforma en una obligación de colaborar con la
justicia para esclarecer la eventual utilización delictiva de
fondos reservados. Por tanto, no hay conflictos de deberes.
Imaginen lo contrario, que sí existiera, como sostenía aquí y
sigue sosteniendo el Gobierno, ese deber, que fuera un
conflicto con el deber de colaborar con la justicia. ¿Con qué
nos encontraríamos? Con que el propio Gobierno es el que
decide cuándo ha habido delito, cuándo no lo ha habido, como
dijo el Ministro de Interior, cuándo es más o menos grave la
conducta delictiva; el propio Gobierno se convierte en el juez
de sus propios actos o de los actos de sus dependientes ante
el Poder Judicial y crea así una esfera inmune al control
jurisdiccional, que es al que compete determinar qué
consecuencias penales se derivarían de esos indicios
racionales de criminalidad.
No, señorías, no hay un deber de secreto que oculte delitos en
ningún Estado de Derecho. Eso es, ni más ni menos, que la
traslación de una vieja técnica, que recordarán los
aficionados y los profesionales del Derecho en esta Cámara,
que se llama la teoría del acto político, en virtud de la cual
había zonas inmunes a la fiscalización de los juzgados y
tribunales en el Derecho Administrativo, pero es impensable en
un Estado de Derecho y mucho más trasladada al ámbito del
Derecho Penal. No puede haber un ámbito inmune en razón del
secreto.
Señor Presidente, y termino de verdad, ésa no es una opinión
solamente de mi Grupo ni de quien hoy hace de portavoz de su
moción. Señorías, es lo que dice la Constitución Española y es
lo que vincula a cualquier Estado democrático perteneciente al
Consejo de Europa o, fíjense si es amplio el alcance, a la
Organización de Naciones Unidas.
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 690
de 1979 sobre Declaración sobre la Policía, punto número 15.
Un oficial de Policí de las Fuerzas de Seguridad de los
Estados miembros del Consejo de Europa estará obligado a
mantener el secreto a menos que, con ocasión del ejercicio de
sus funciones, pueda haberse cometido delito y sea requerido
para ello por la Justicia. Es el caso.
Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración relativa
al código de conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, 17 de diciembre de 1979, artículo 4: Las
cuestiones de carácter confidencial se mantendrán en secreto a
menos que las necesidades de la Justicia exijan estrictamente
lo contrario.
Por tanto, no es sólo opinión política o
política-jurídica de mi Grupo Parlamentario, son actos propios
del Estado español, que ha suscrito la Declaración de la
Asamblea del Consejo de Europa y de la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Si quieren consultar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a
la que también se acoge muchas veces el Gobierno, sentencia de
22 de marzo de 1986, consúltenla y verán que detrás de la
invocación...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya, señor
Trillo, por favor.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente.
Verán que detrás de la invocación no hay más, en definitiva,
señorías, que una cosa peor. Negarse hoy, una vez más, a la
investigación reservada de los fondos reservados vendrá a
revivir entre nosotros la vieja razón de Estado, que va mucho
más allá y mucho más atrás de la teoría del acto político, que
nos conecta, en efecto, con aquellos crímenes de Estado a los
que me refería al principio, aquellos de los que siempre
quedan papelitos, los de María Estuardo, los de Catalina de
Médicis, los de Antonio Pérez, los que ustedes quieran,
revísenlos. Ahí ocurre que, sin embargo, la Historia ha tenido
que escribir páginas negras cuando se negaron sus gobernantes,
porque eran déspotas, a ser investigados por los jueces. Hoy
tienen su última oportunidad para escribir con dignidad la
propia Historia del Partido Socialista Obrero Español y de su
Gobierno.
Gracias, señor Presidente. (Rumores en los bancos del Grupo
Socialista y aplausos en los del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Trillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, nosotros,
allá por el 17 de marzo del año pasado trajimos a esta Cámara
la primera iniciativa que se produjo tratando de establecer la
posibilidad del control de los fondos reservados sin menoscabo
del carácter secreto de los mismo que la ley amparaba y que
una ley que considerábamos que era preciso modificar tenía que
seguir amparando.
Aquella iniciativa se vino abajo, entre otras razones, porque
entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista concretamente
imposibilitaron que siguiera adelante. Un mes más tarde, tras
haber fracasado incluso un recurso que habíamos interpuesto
ante la Mesa, se produce una nueva iniciativa de similar
contenido por parte del Grupo Popular y posteriormente se
adopta un acuerdo por consenso en el debate sobre el estado de
la Nación, del cual trae causa ese proyecto de ley que se
encuentra en el Senado y en virtud del cual hemos querido
nosotros, preserverando en aquel criterio inicial, regular
definitivamente cuestión tan escabrosa y que tanto preocupa a
la ciudadanía española.
El proyecto de ley que se viene tramitando lo ha sido por lo
tanto, sin duda alguna, con nuestra conformidad más absoluta.
Ese proyecto de ley que está en trámite en el Senado, por el
que se regula la utilización y control de los créditos
destinados a gastos reservados, establece, y no es previsible
que se produzca rectificación alguna --éste ha sido el
criterio de esta Cámara inicialmente y parece que se sigue
manteniendo en la otra--, que toda información relativa a los
créditos destinados a gastos reservados así como la
correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la
calificación de secretos, de acuerdo con las leyes vigentes en
materia de secretos oficiales.
Por lo tanto, Coalición Canaria estaría de acuerdo con los
puntos 1.º, 2.º y 4.º de la iniciativa Popular, sobre todo en
lo atinente a la Comisión de secretos oficiales, que sería la
que tendría que estar puntualmente informada y, por supuesto,
en lo atinente a la colaboración del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, en el punto tercero de la iniciativa Popular
Coalición Canaria se abstendrá, dado que en la ley a la que
estamos haciendo referencia se establece que los acuerdos de
autorización, compromiso de gastos y reconocimiento de
obligaciones, así como la expedición de las correspondientes
propuestas de pago que hayan de realizarse con cargo a los
créditos de gastos reservados, no requerirán justitificación
documental, sin perjuicio de lo dispuesto en otro precepto del
mismo conjunto normativo, que es el que establece que los
titulares de los departamentos ministeriales a los que se
refiere dicha ley dictarán las normas internas necesarias para
asegurar que el uso de los fondos procedentes de los créditos
de gastos reservados sea únicamente para financiar las activ
artículo 1 de la ley, todo ello naturalmente previo informe de
la Intervención General de la Administración del Estado, como
específicamente se establece en la ley, y que, una vez
aprobadas tales normas internas, se remitirán a la Comisión
establecida en el artículo 7 de la ley. Este artículo 7, en
definitiva, como SS.SS. sabrán, es el que regula la creación
de la Comisión en el Congreso de los Diputados.
Consecuentemente con ello, nosotros estamos conformes, porque
creemos que son constructivas las propuestas que articula el
Grupo Popular con l bajo los apartados 1.º y 2.º Conformes
asimismo con esa pretensión de que se adopten los acuerdos
necesarios para facilitar la investigación penal de partidas
específicas de los fondos reservados, realizada directa y
personalmente por el juez cuando éste acredite la existencia
de indicios racionales por los que los mismos pudieran haber
sido ilegalmente empleados para financiar actividades
delictivas, como se especifica en el punto 4.º de la propuesta
del Grupo Popular.
Como decimos, en el supuesto de que por dicho Grupo se acuerde
sacar a votación separada los puntos que constituyen su
iniciativa, nosotros, votando favorablemente los puntos
números 1.º, 2.º y 4.º, nos abstendríamos en el 3.º
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra del señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, desde el Grupo Vasco vamos a
apoyar esta moción que presenta el Grupo Popular en relación a
la regulación y al control de los fondos reservados, porque
nos parece que es oportuna en el tiempo, en la cadena y
sucesión de acontecimientos que están ocurriendo; nos parece
oportuna dentro de las iniciativas legislativas anticorrupción
que están en trámite en este momento en las Cortes Generales,
y concretamente ahora en el Senado, en relación a la ley de
regulación de los fondos reservados, y también a la creación
de la fiscalía anticorrupción (temas que el próximo jueves
podremos examinar en esta misma Cámara). Además de parecernos
oportuna nos parecen correctos los términos en los que viene
reda moción.
Queremos hacer dos consideraciones en relación a esta moción
que nos parecen pertinentes desde la perspectiva del Grupo
Vasco y desde esta consideración de que vamos a apoyar esta
moción.
En primer lugar, el Grupo Popular se sitúa en las
coordenadas de consenso que se establecieron en la Ponencia y
en Comisión en relación a la ley de regulación de los fondos
reservados. En esas estrictas coordenadas está establecida y
redactada esta moción y, en consecuencia, dado que hemos
participado en ese consenso, no tendría mucho sentido que
ahora estuviéramos matizando los contenidos, los proced ya en
Comisión y en Ponencia han sido admitidos en esta Cámara por
consenso. Esa ley establece una serie de criterios, de
mecanismos, para la regulación del control parlamentario de
estos fondos reservados y, en consecuencia, no sería
coherente, la primera vez que en esta Cámara se vuelve a
plantear este tema, que nos situáramos de manera distinta.
Además, en los trabajos en Ponencia y en Comisión ha quedado
claro que la puesta en vigor de esta ley no supone no volver a
mirar para atrás. En ningún caso, ninguno de los grupos ha
hablado ni de amnistías ni de amnesias en relación a la
utilización de estos fondos reservados.
En segundo lugar, hay dos consideraciones que entendemos
pertinentes en relación a los contenidos que vienen recogidos
en esta moción: por primera vez el Grupo Popular hace mención
en el tiempo a los ejercicios que están comprendidos entre los
años 1983 y 1987. Las mociones, u otro tipo de documentos que
hasta la fecha ha presentado el Grupo Popular, comenzaban en
el año 1987, lo que suscitaba en nosotros, en el Grupo Vasco,
una serie de consideraciones que encontramos ahora relegadas,
al ver que el año inicial que se propone para la investigación
de estos fondos se eleva al año 1983, con lo cual entendemos
que aquellas causas que devenían para que nosotros
rechazáramos estas investigaciones en relación a estos años,
caen por su propio peso, al haber cambiado el Grupo Popular
sus coordenadas temporales, coordenadas temporales que son muy
importantes de cara a los acontecimientos que se están
analizando en los últimos tiempos. Queda claro que el señor
Trillo ha hecho referencia a los Médicis o a la donostiarra
Catalina de Erauso. No vayamos a olvidarnos ahora de Lasa y
Zabala, y vamos a hacer referencias temporales, no medievales,
o más románticas; vamos a hacer referencia a los casos que de
verdad nos ocupan. Esta apertura, esta clave del año 1987 al
año 83 nos parece, desde este punto de vista, muy
significativa. Además, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, nos parece muy significativo que, por primera vez,
el Grupo Popular no haga referencia a una comisión de
investigación. Nosotros hemos entendido que las comisiones de
investigación en relación a estos temas pueden generar una
serie de dinámicas infernales, que no sabríamos adónde nos
podrían llevar. Ahora se juega con el esquema de la ley de
regulación de los fondos reservados, se hace mención a la
Comisión de Secretos Oficiales y a ella se remite toda la
información que en esta Cámara pudiera depositarse por parte
del Ministerio de Justicia e In estos temas, cambio de actitud
que nos satisface y que nos sitúa en las coordenadas de
consenso que ha presidido esta ley de regulación de los fondos
reservados.
En tercer lugar, se hace también una referencia a la remisión
de estos documentos a la fiscalía, circunstancia y
procedimiento que nos parece muy oportuno porque, como digo,
el próximo jueves esta Cámara va a dar vía libre ya a la
creación de la fiscalía anticorrupción. Entendiendo que tanto
esta fiscalía como la ley de regulación de los fondos
reservados no pueden ser una serie de consideraciones
retóricas, no pueden ser brindis al sol que esta Cámara va
realizando para ir de alguna forma por detrás de algunas
dinámicas sociales que se van generando en el tiempo, creemos
que es la hora de poder concretar estas materias y poder
establecerlas dentro de los parámetros de consenso que esta
Cámara ha ido adaptando en relación a estas materias.
En el Grupo Vasco mantenemos los criterios que hemos sostenido
respecto a estos temas: que no se pueden cometer delitos con
la utilización de fondos reservados; que ni siquiera se puede
inc uso de estos fondos; que estos fondos reservados son
fondos incontrolados y que es un deber del Gobierno el
colaborar con la justicia en el esclarecimiento de estos
hechos. En ese contexto, en ese cambio de actitudes por parte
del Grupo Popular y en la consideración global de estas
materias --como digo, señor Trillo, acordándonos más de Lasa y
Zabala-- en el Grupo Vasco vamos a votar a favor de esta
moción que presenta hoy el Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario respecto de esta moción del Grupo Parlamentario
Popular, relativa a la instrucción por el Ministerio de
Justicia e Interior de una información previa, con carácter
reservado î--como ha subrayado constantemente el señor Trillo-
-, relativa a la administración de los fondos reservados
durante el período 1983-1994. La actual información previa
debería ser puesta en conocimiento --nos dice la moción--de
los miembros del Congreso de los Diputados especialmente
autorizados para acceder al conocimiento de materias
clasificadas, conforme a la Ley de Secretos Oficiales, y, en
su caso del propio Ministerio Fiscal.
Adelanto, señor Presidente, nuestro parecer contrario a tomar
en consideración esta propuesta, lo cual no es obstáculo para
decir lo siguiente. Primero, que nuestro
Grupo Parlamentario comparte la preocupación que subyace en la
moción que ha
defendido el señor Trillo y la preocupación existente en el
seno de la sociedad española, relativa al uso del dinero
público que recibió la categoría administrativa de reservado,
otorgado ese carácter por las Cortes Generales, y además de
secreto, por acuerdo del Consejo de Ministros.
Quede muy claro, por tanto, señor Presidente, señorías, que
nuestra negativa a votar favorablemente el texto concreto que
nos propone el Grupo Popular no equivale ni a despreocupación
ni a desinterés ni mucho menos a una voluntad política de
echar un capote a los gobiernos que han administrado esos
fondos en los últimos 11 años para que todo quede en una
nebulosa confusión (Rumores.)
¡Tranquilos, señorías, tranquilos! De esto, señorías, tengan
la seguridad de que nada de nada.
Queda manifiestamente expuesta, por el contrario, nuestra
preocupación por el tema. Es decir, nuestra preocupación por
un supuesto uso ilícito de ese dinero y nuestro deseo de que
la justicia actúe a fondo, ponga las cosas en su sitio y
depure las correspondientes responsabilidades penales si las
hubiera.
Nuestro parecer contrario a esta concreta propuesta del Grupo
Parlamentario Popular tampoco es obstáculo, señorías, en
segundo lugar, para señ observamos con preocupación el
dubitativo o al menos titubeante quehacer del actual Gobierno
en materia tan espinosa y tan necesaria de prudencia y de
lucidez en su tratamiento. Naturalmente, por todos, no sólo
por el Gobierno; pero quizás --y quizás sin el quizás-- en
mayor medida por quien debe intentar el difícil equilibrio de
asumir por una parte la responsabilidad política del ayer y,
por otra, la inequívoca voluntad de hacer llegar a los
ciudadanos que el control existe y que ningún otro
interrogante se creará en el futuro.
He dicho, señorías, que nuestro Grupo se va a oponer con su
voto a esta moción que debatimos. En primer lugar, va a
hacerlo porque, como dijo dijo un buen periodista y un buen
escritor catalán, Gaziel, en política los instintos han de
subordinarse a la inteligencia. Y al instinto político --que
yo no califico-- de erosionar al Gobierno, debe sustituirle la
inteligencia de llevar el asunto que nos ocupa al lugar donde
el propio Grupo proponente lo ha dejado. Esto es, en manos de
la justicia.
¿Qué se pide hoy? ¿Qué se propone hoy? Una investigación
interna por parte del Ministerio de Justicia e Interior, un
traslado de esa investigación al correspondiente órgano de
esta Cámara, a los correspondientes comisionados, un poner a
disposición de la Fiscalía lo actuado y lo conocido y una
oferta ministerial a la justicia para colaborar con ésta en el
supuesto de que existan indicios racionales de criminalidad en
la gestión de los fondos reservados.Esto es, en resumen, lo
que nos propone el Grupo Parlamentario Popular. Pero, ¿qué
hizo ayer, hace justo unas semanas, el propio Grupo Popular?
Pues poner en manos del Tribunal Supremo unas sospechas de
irregularidad, de ilicitud, para avalarlas en lo que cabe y
decir que ese camino, el camino de la justicia, era el más
apropiado en un Estado de Derecho. Algo que, lógicamente,
compartimos en su totalidad. Lo hicimos entonces y lo volvemos
a hacer hoy, lo defendemos aquí como lo defendimos fuera de
aquí en su momento.
A partir de esto, ¿para qué encargar, señorías, una
información propia con carácter reservado a un Ministerio que
para el propio Grupo propone sospecha? ¿Acaso la desconfianza
de ayer en la gestión de los fondos se convierte hoy en la
confianza para investigar correctamente esa misma gestión que
se cuestiona? Nosotros no lo creemos. Más bien nos parece una
presentación --permítanme-- contradictoria de una misma acción
cuyo único interés --al menos es ése el que observamos-- sea
el de mantener vivo un tema, la posible ilicitud en el uso de
los caudales públicos, que pueda dar sus réditos electorales
de manera más inmediata.
Aquí se encuentra otra razón de discrepancia con la moción que
tratamos. Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
no le interesa este tipo de batallas. Le interesa, claro está,
su clarificación. De ahí nuestro respetuoso silencio para con
el trabajo de la justicia, y nos interesa poder trasladar a la
opinión pública que el Congreso de los Diputados trabaja en
una nueva regulación legal, precisamente la impulsada en su
momento por el Grupo Parlamentario Popular y por la llamada
Comisión Roldán. Porque en este escenario parece, señor
Presidente, una nueva contradicción. Esta vez entre la
propuesta del Grupo Popular de hoy y en el proyecto de ley que
el propio Grupo Popular presentó y este Pleno debatió hace tan
sólo unas semanas, bajo el sereno consenso que precisa el
objeto que tratamos, es decir, los fondos reservados.
¿Estuvimos entonces, hace tan sólo unas muy pocas semanas, de
acuerdo o no en que era precisa una ley reguladora de la
utilización y del control de los créditos destinados a gastos
reservados? Pues sí, estuvimos de acuerdo todos, unánimemente.
Además, estuvimos todos de acuerdo en que la circular de la
Intervención General del Estado de los años sesenta era
absolutamente obsoleta, que ninguna norma especificaba el
concepto de gastos reservados. Todos hablábamos de gastos
reservados, pero ninguna norma especificaba este concepto.
Atribuía responsabilidades unipersonales de gestión y el
control parlamentario de los mismos era inexistente, por
voluntad de las propias Cortes Generales.
¿Cómo se puede ahora proponer una investigación interna sobre
aspectos que, digámoslo claro, el Congreso de los Diputados
nunca quiso saber ni conocer ni regular
hasta que una Comisión de Investigación de esta propia Cámara
detectó ese vacío legal y propuso subsanarlo?
Nuestro Grupo, señor Presidente, entiende que posiblemente
haya responsabilidades políticas en este tema, las habrá
seguramente en la gestión, en el dejar hacer de este
Parlamento. Entiende, además, que es preciso conocer a fondo
esa gestión y depurar las pertinentes responsabilidades, pero
de ello ya se ocupa el Juzgado número 43 de Madrid, por
encargo expreso del Tribunal Supremo, a raíz de una denuncia
interpuesta por el propio señor Trillo, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.
Y entiende, finalmente, nuestro Grupo que no puede ponerse en
tela de juicio, sin pruebas o hechos que lo avalen, la leal
colaboración de los actuales responsables del Ministerio de
Justicia e Interior con la Justicia, sino todo lo contrario:
cabe esperar esa colaboración y al menos nosotros la vamos a
exigir.
Señorías, ni hemos de judicializar la política ni hemos de
politizar la justicia. Quienes creemos de verdad en la
separación de poderes y en los beneficios democráticos que
producen sus respectivas independencias, debemos también velar
porque las formas se conviertan en contagiosa pedagogía de esa
creencia.
La forma, señor Presidente, pasa hoy por dejar en manos del
juez aquello que se puso en manos del juez hace tan sólo unas
breves semanas, y el acelerar la reforma legal y por
practicarla, el Gobierno y este mismo Parlamento.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, tras el debate de la interpelación urgente
presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la
necesidad de que el Gobierno de la nación colabore con la
justicia y se investiguen las responsabilidades que se deriven
del uso ilícito e irregular de los fondos reservados por parte
de los ministerios afectados, y después de los datos que aquí
se aportaron, está claro que la moción viene a recoger con
precisión --nosotros no hemos formulado ninguna enmienda tras
estudiarla porque es concreta-- la idea de que el Ministerio
del Interior abra una investigación interna, la traslade a la
Comisión de Secretos Oficiales, dé traslado de sus
conclusiones a la Fiscalía General y se depuren
responsabilidades penales, si las hubiere, en el uso ilícito
de los fondos reservados. Está claro que el Congreso de los
Diputados venía habilitando en los Presupuestos Generales
partidas destinadas a los fondos reservados y, a raíz de la
Comisión de investigación del caso Roldán, se pone de
manifiesto un uso ilegítimo, ilegal, corrupto de los fondos
reservados, y esa misma comisión de investigación
parlamentaria traslada a la Fiscalía General del Estado toda
la documentación relativa a los interrogatorios y a las
comparecencias para el proceso penal abierto.
También ha cambiado en nuestro país, a raíz de las cosas que
hemos ido conociendo sobre los fondos reservados, la doctrina
del Tribunal Supremo y la línea política del Gobierno, que
hasta ahora argumentaba en sus respuestas parlamentarias que,
al tratarse de materias reservadas, no tenía que dar ningún
tipo de información sobre su contenido y su uso. También, en
el Tribunal Supremo y en el juicio primero del GAL se puso de
manifiesto que, al tratarse de materias reservadas, no se
debería entrar en si se habían usado o no esos fondos
reservados para actividades criminales del GAL o para
cualquier tipo de delito o de apropiación indebida. En la
última resolución del Tribunal Supremo se plantea que los
fondos reservados deben utilizarse para el mandato que dan las
Cortes Generales y para lo que los declaran reservados: para
mantener la seguridad del Estado, para luchar contra el
narcotráfico y contra el terrorismo, y en ese terreno habilita
a los jueces para que investiguen el uso ilícito de los fondos
reservados.
Por primera vez se coloca en manos de la justicia y de la
instrucción penal la posibilidad de pedir datos de los fondos
reservados y de entrar en ellos si éstos son utilizados para
fines delictivos. Pero la línea política del Gobierno en sus
respuestas parlamentarias también ha cambiado
substancialmente. Yo tengo varias respuestas parlamentarias
para las mismas preguntas que he formulado en la legislatura
anterior sobre el pago de la asistencia jurídica a los señores
Amedo y Domínguez con cargo a los fondos reservados, sobre el
pago a los señores Amedo y Domínguez y a sus familiares de
fondos para mantener su silencio durante largos años, o sobre
otros usos relativos o los fondos reservados.
¿Qué sucede? Que el Gobierno contestaba diciendo: al tratarse
de fondos reservados no podemos explicar para qué se han
utilizado. Sin embargo, hay tres preguntas parlamentarias de
la semana pasada, dirigidas al Ministro de Justicia e
Interior, que a raíz de la nueva situación creada en España
dicen lo siguiente en su contestación: no hay constancia en el
Ministerio ni en ninguna de sus dependencias de que se haya
pagado la defensa jurídica de los señores Amedo y Domínguez.
No dice que no se haya hecho, sino que no hay constancia. No
dice que al tratarse de fondos reservados no pueden hablar de
ello, sino que no hay constancia. Cuando se le plantea si se
han pagado sumas a los señores Amedo y Domínguez o a su
familia y si se han llevado dinero a Suiza procedente de los
fondos reservados, dice la respuesta parlamentaria reciente
del Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch,
firmada y remitida
a este Diputado: no hay constancia de que se hayan depositado
cantidades de dinero de ninguna partida presupuestaria de las
que maneja este Ministerio de Justicia e Interior. No dice que
no se haya hecho, sino que no hay
constancia, que la trituradora puede haber hecho desaparecer
algunos documentos que confirmaran este uso.
Está claro que son respuestas parlamentarias precisas a la luz
de lo que ha dicho el Supremo, a la luz de la nueva situación
creada. ¿Por qué esta moción se ajusta a lo que necesitamos
hacer en España? Porque la nueva ley de control de los fondos
reservados inaugura una nueva etapa, y lo que esta moción
plantea es que se analice lo que ha sucedido con los fondos
reservados desde 1983 a 1994, y en ese período no se puede
hacer borrón y cuenta nueva, y la justicia está actuando. Si
se ayuda a la justicia, si se colabora con ella desde el
Parlamento y desde el Gobierno, se llegarán a conocer todos
los extremos ilícitos e irregulares en el uso de los fondos
reservados que se hayan producido en nuestro país, pero si a
la justicia se le ponen zancadillas, si no se le dan los
datos, si se le contesta lo mismo que a mí como Diputado, que
no consta (no digo que no ni que sí, sino que no consta), si
eso se hace, si la actitud del Gobierno es ésa, no sabremos la
verdad de lo que ha sucedido de 1983 a 1994. Una gran parte de
ese dinero del pueblo español que las Cortes habilitaron para
luchar contra el narcotráfico y el terrorismo habrá sido
utilizado, y no se pagará penalmente por ello, para
aprovechamiento indebido, para enriquercerse ilícitamente o
para financiar actividades criminales. y todos los que estamos
aquí somos conscientes de que ese riesgo existe. La justicia
tiene sus limitaciones, tiene dificultades para llegar al
fondo de todas las partidas que hay sobre la mesa.
Por eso la moción está redactada de forma precisa y concreta,
por eso no hemos presentado ninguna enmienda y por eso nuestro
Grupo va a votarla de manera favorable, porque es analizar un
período de la historia de nuestro país, donde ya tenemos
constancia por datos concretos de que una parte de los fondos
reservados se han utilizado para actos irregulares e ilícitos,
y de ello la justicia está entendiendo, pero el Parlamento no
puede desentenderse, ni el Gobierno ni la sociedad española.
Se pone a prueba en esta votación la colaboración entre los
distintos poderes del Estado de Derecho --la colaboración, no
la injerencia, señor (Convergència i Unió)--. Es muy
importante que exista la colaboración. Ustedes plantean: si la
justicia ya está trabajando, nosotros no tenemos nada que
decir, no tenemos nada que hacer. El trabajo parlamentario que
hemos hecho ha sido muy importante en la Comisión Roldán, y ya
la jueza lo ha pedido para su estudio; este Parlamento ha
colaborado con su trabajo parlamentario, y ese trabajo va a
ser útil a la Administración de justicia para esclarecer la
verdad en relación con el papel que ha jugado el antiguo
Director General de la Guardia Civil y los fondos reservados
que tenía asignados. Pero no ocurrirá así en otros capítulos
relacionados con otros temas importantes si no se ayuda, si no
se fuerza desde el Legislativo al Ejecutivo y al Gobierno a
que abra esta investigación que la moción del Grupo Popular
propone.
Por lo tanto, estamos ante un hecho de naturaleza política y
de colaboración para que no haya conflictos entre los
distintos poderes del Estad que no haya obstrucción. Ustedes,
al no votar favorablemente esta moción, están amparando la
situación actual, que no es de colaboración, del Ejecutivo de
Felipe González con la Administración de justicia para
esclarecer la verdad en el tema de los fondos reservados. Por
lo tanto, esos son los datos, y son tan evidentes como que no
tienen contestación posible en contra. Se mantiene el secreto
de los fondos bien utilizados, se preserva el anonimato de las
confidencias, y lo único que se vería sería la utilización
ilícita. No pone en peligro la vida de terceras personas saber
si con fondos reservados se ha comprado un chalé, se ha
enriquecido o ha aumentado su patrimoio; no pone en peligro la
seguridad del Estado ni la vida de los confidentes ni de los
informadores si se averigua que una parte de los fondos
reservados ha sido utilizada para hechos delictivos. Por lo
tanto, no hay razones ni políticas ni éticas ni morales para
oponerse a una moción de estas características, que plantea
discutir a fondo un período de la historia reciente de nuestro
país. No hay nada que temer, que se investigue, que se vea,
que lo haga el propio Gobierno con sus mecanismos, que dé
cuenta al Parlamento y que favorezca a la Administración de
justicia en su trabajo. Por eso, nuestro Grupo Parlamentario
votará a favor.
Muchas gracias por la atención prestada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados.
Señor portavoz que ha defendido, en un tono muy de agradecer,
por cierto, la moción del Grupo Parlamentario Popular, ha
hecho usted esfuerzos --porque usted es un jurista reconocido-
- para evitar amparar en cualquier norma legal actual la
moción que S.S. presenta. Porque la moción que S.S. presenta,
como sabe, señor Trillo, solicita del Gobierno que se
conculquen normas legales en este momento en nuestro país. El
respeto mínimo a un Estado de Derecho, que usted comparte sin
duda, y que nosotros estamos en la dinámica de mantener por
encima de todo, va a permitirme
explicar con detalle lo que entendemos nosotros que es la
doctrina de los fondos
reservados. Doctrina, por otra parte, que ha sido aplaudida
con entusiasmo por su Grupo a la hora de tramitar
parlamentariamente en esta Cámara una nueva ley de fondos
reservados que seguramente, en plazo breve, en dos semanas,
podremos aprobar de manera definitiva.
Usted sabe, señor Trillo, porque no saberlo sería una
irresponsabilidad impropia de usted, que los fondos reservados
--es decir, los gastos reservados, destinados a nuestra propia
libertad, a salvaguardar nuestras libertades y nuestra
democracia y, consecuentemente con ello, a evitar la
publicidad que esos gastos conlleva, su dirección, su
objetivo, su proyecto-- tienen fundamentalmente cuatro notas,
aquí y en el Derecho comparado de todos aquellos países que,
como nosotros, conforman --¡menos mal!-- democracias
consolidadas.
La primera nota, señor Trillo, es su carácter secreto. Es
decir, que son no públicos, que ser reservados significa que
son no públicos. Segunda, el especial control parlamentario.
El único control que existe sobre los fondos. No el
jurisdiccional, el parlamentario. Tercero, la singular
justificación documental, si usted quiere, la singular
justificación contable a la que usted ha hecho referencia.
Cuarta y última nota importante, señor portavoz: su exclusión
de fiscalización jurisdiccional; los fondos, no el delito, los
fondos reservados.
De acuerdo con ello, señor Trillo, hoy
los fondos, aquí y en la mayoría de los países democráticos,
no son publicables, son secretos. ¿Por qué? No por el Gobieno
socialista, sino por una ley que procede de 1978 --la Ley de
Secretos Oficiales--, que fue modificada siendo Ministro de
aquel Gobierno, por cierto, un importante Diputado del Grupo
Popular, no nosotros, sino ese importante Diputado del Grupo
Popular, que después fue ponente en el trámite parlamentario
de la nueva Ley de fondos reservados. Estas personas aprobaron
esta ley que obliga al carácter secreto de los fondos y de las
partidas que están destinados a proyectos dirigidos a
salvaguardar nuestra libertad y nuestra seguridad.
Esa Ley de Secretos Oficiales, en su artículo 1.º 2 dice que
tienen carácter secreto, sin necesidad de previa
clasificación, las materias declaradas por ley. Si los fondos
reservados los ponemos en relación con la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, señor Trillo, de acuerdo con lo que
ahora tendré ocasión de comentarle por la interpretación
jurisprudencial, éstos son no públicos.
La asimilación entre concepto reservado y concepto secreto,
como usted también sabe, viene perfectamente definido en el
artículo 13 de esa misma Ley.
¿Hay sentencias sobre esta materia? Sí, señor Trillo. Del
Tribunal Supremo, de 12 de marzo de 1992, como me consta que
usted sabe también. Ahí se recuerda, una vez más, que los
fondos reservados son no públicos.
Por tanto, primera consecuencia: No se puede inducir, ni aquí
ni fuera de aquí, a ningún funcionario que tenga conocimiento
de los fondos reservados por razón de su materia o de su
oficio, a cometer el tipo de delito bien recogido en el Código
Penal como revelación de secreto. Son secretos, no públicos.
Lo dice la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
de 12 de marzo de 1992.
A mayor abundamiento, señor Trillo, ya en 1986, en un acuerdo
de 28 de noviembre de aquel año, el Consejo de Ministros, en
atención y aplicación de la Ley de Secretos Oficiales de 1978,
declaró con carácter secreto, de manera expresa, la
estructura, organización, medios, procedimientos operativos
específicos de los servicios de información, así como sus
fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas. No
tiene carácter de singularidad esta norma, la puede usted
conocer y ver en cualquier democracia culturalmente cercana a
nosotros.
Es claro, por lo tanto --primera conclusión--, que toda
información referida a los servicios de información
policiales, entre ellas la relativa a los pagos hechos con
gastos reservados para estos servicios de información, tiene
la declaración expresa de secreta. El Tribunal Supremo, en la
sentencia de 1992, da carta de naturaleza también a esa
interpretación del acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de
noviembre de 1986. Por tanto, en este momento y con la
legislación y la interpretación jurisprudencia que hay, ¿los
fondos reservados son secretos? Sí. ¿Se pueden hacer públicos?
No. Lege ferenda, lo que ustedes han ap tres semanas. El
artículo 1.º de esa nueva ley que vamosa aprobar dentro de dos
o tres semanas --y aprobado por ustedes-- es más duro todavía,
habla expresamente de la prohibición de publicidad de los
fondos reservados, de cualquier funcionario que haya tenido
fondos reservados. Y el artículo 3.º --aprobado por ustedes--
dice en el Senado, y lo dirá dentro de poco en la aprobación
definitiva que tengamos aquí, lo siguiente: Toda --no alguna--
la información rel destinados a gastos reservados, así como la
correspondiente a su utilización efectiva, tendrán la
calificación de secretos de acuerdo con las leyes vigentes en
materia de secretos oficiales. Esto es lo que va a decir en un
par de semanas la ley que vamos a aprobar definitivamente.
Pues bien, esto choca de manera frontal con la moción que
ustedes han presentado, señor Trillo.
Segundo apartado, consecuencias de la no aceptación del
carácter secreto de estos fondos. El artículo 13 actual, no de
lege ferenda, dice que esas materias clasificadas, señor
Trillo en la explicación de nuestro Grupo, la correcta, la que
viene en la norma actual--, no podrán ser comunicadas,
difundidas ni publicadas ni utilizado su contenido fuera de
los límites establecidos por la ley. El incumplimiento de esta
limitación, es decir, el dar carácter no secreto,
y por tanto público, a esta información significa, de un lado,
transgredir una norma penal a la que usted ha hecho referencia
con
anterioridad --artículo 367, entre otros, por cierto, del
Código Penal-- y, por otro, una transgresión administrativa
que aparece calificada como falta muy grave para el
funcionario. ¿Qué dice la nueva ley que vamos a aprobar y que
ustedes apoyaron? Lo mismo, señor Trillo, exactamente igual.
Que no es posible, para un funcionario que conoce por razón de
oficio cuál es el destino de esos fondos, dar conocimiento de
ello si no quiere que su conducta aparezca tipificada en un
artículo del Código Penal, el 367, y con la infracción
administrativa de carácter grave que comporta. Por tanto,
señor Trillo, de lo anterior se deduce que existe una
limitación legal expresa --fíjese bien lo que le digo-- y
terminante, ahora y en el futuro, de acuerdo con sus votos,
para dar cualquier tipo de información relativa a la
utilización y destino de los fondos reservados. No explica en
función de qué: utilización y destino. Le diré algo más,
señoría, si me lo permite, para que vea la contradicción de su
propio Grupo. En el proyecto de ley del Código Penal han
tenido ocasión de hacer excepción de la tipificación de la
revelación de secretos en el artículo 394 que habla de este
supuesto. No lo han hecho. Siguen pensando que este tipo de
utilización, de carácter general, insisto, no tiene que ser
penada más que por un Código Penal moderno. Solamente hay un
control en esta legislación que tenemos actualmente y en la
futura: el parlamentario; control que viene dado no ya por la
legislación de 1978 tantas veces repetida, señor Trillo, sino
por una sentencia del Tribunal Constitucional, de 1988, que
cubrió una laguna de aquella Ley de 1978 impidiendo que, con
carácter individual, los parlamentarios puedan ser informados
del carácter secreto de alguno de los fondos o gastos
reservados por una razón, decía el Tribunal Constitucional,
porque con ello se protegía, se custodiaba y se evitaba poner
en peligro la salud y el derecho de terceras personas.
Existe, como sabe --permita que sea puntilloso, señor
portavoz--, una posibilidad, consecuencia de la resolución de
esta Presidencia de la Cá número determinado de parlamentarios
conozca el destino de esos fondos. Ahora, no hay que esperar a
que venga una ley, existe desde el año 1992. ¿Y qué pueden
solicitar estos parlamentarios? No la justificación. Lea la
resolución de la Presidencia. Unicamente pueden, disponer de
documento expedido por el titular del departamento
correspondiente acreditativo de que los fondos reservados han
sido destinados a los fines para los que figuran consignados
en los presupuestos.
¿Qué tiene de novedosa la ley? Es la misma, no nos engañemos.
No se trata de amnistía. Es que la ley futura ya la tenemos
ahora. ¿Qué dice la ley de nuevo? Dos cosas. Una, que hay una
comisión parlamentaria ad hoc, específica, para el
conocimiento del destino de los gastos reservados, y dos, que
a ella deben ir los ministros correspondientes --tres--, cada
semestre, para dar cuenta de la aplicación y uso de los
correspondientes fondos presupuestarios. No ha variado gran
cosa. La única variación es que esta nueva ley tiene también
la aprobación de su grupo parlamentario. También
conculcaríamos el espíritu de esa nueva ley con la moción que
ustedes nos presentan.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Barrero, vaya
concluyendo.
El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, voy terminando, pero
estoy seguro de que el esfuerzo me lo va a agradecer el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.) Me
imagino.
¿Especial justificación contable? Sí. No es el papel que usted
ha traído aquí. Especial justificación contable de acuerdo con
una norma sobre la que algún grupo parlamentario --es cierto--
ha dic carácter obsoleto pero que se recoge también en la
nueva ley. Ni siquiera es bueno --no lo dice la ley y usted lo
tiene que entender-- que haya justificante alguno que no sea
el exclusivo acreditativo, hecho por parte del Ministro, de
que los fondos reservados tienen el destino que figura en su
configuración. Por tanto, con referencia a la justificación
contable de carácter documental, señor portavoz, cualquier
tipo de control, presente o futuro, sobre la efectiva
utilización --no digo la buena o la mala-- de esta clase de
fondos no puede exigir la presentación de justificantes
contables puesto que no existe exigibilidad previa legal
alguna. Por cierto, señor portavoz, cuando se dice que se
destruyen documentos y se da esa cosigna de imagen ante la
opinión pública dando a entender que de esa opacidad se deduce
un destino descarriado de esos fondos, cuando no hay
justificante, aparte de la supuesta mentira, de lo insidioso
de la afirmación, no se está teniendo en cuenta algo que
ustedes han aceptado en el trámite parlamentario para la nueva
ley: que no cabe justificación contable ni documental alguna
de los fondos reservados. Por tanto, que su destrucción es
posible, porque si no cabe exigibilidad la destrucción es
posible y previsiblemente --pregunte si no a algunas de las
personas que están cerca de su escaño-- puede ser hasta buena.
¿Entiende, señor Trillo, que puede ser hasta buena? Por la
seguridad, por las razones de Estado que no van en contra del
Estado de derecho; razones de Estado de las que depende la
seguridad de los ciudadanos españoles. ¿Lo entiende?
(Rumores.)
¿Qué dice la nueva ley? Déjeme ser concreto. La nueva ley, es
más dura, la que aprueban ustedes, es más dura. El artículo 5
establece de manera expresa --y leo-- que los acuerdos de
autorización, compromiso de gasto, reconocimiento de
obligaciones, así como la expedición de las correspondientes
propuestas de pago
--las documentales-- que hayan de realizarse con cargo a los
créditos de gastos reservados --a todos ellos--no requerirán
justificación documental. Esto dice el nuevo artículo que
vamos a aprobar. En definitiva...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, por favor.
El señor BARRERO LOPEZ: Voy a terminar rápidamente.
No cabe control jurisdiccional, señor Trillo. No es posible.
El control jurisdiccional --estamos hablando entre juristas--
que usted está pid porque la publicidad se rompe, de acuerdo
con el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en
cualquier momento de la oralidad del proceso. Esto es así,
señor Trillo. No cabe. Ahora bien, quiero advertirle en nombre
de mi Grupo --y es cierto-- que la ausencia de fiscalización
jurisdicciona ninguna manera a una situación de impunidad ante
la posibilidad de un uso ilícito o ilegítimo de fondos
reservados --usted está entendiéndolo perfectamente, señor
Trillo--, por lo que de acredit delito, relacionada con
posible utilización de fondos reservados, resulta obligada la
actuación de los tribunales de justicia. Por eso es lógico lo
que dice el auto de febrero de 1995: el carácter secreto de
los fondos reservados no obstaculiza la impunidad del delito.
¿Cómo no se va a perseguir un delito aunque una de su causas
directas o indirectas tuviera razón en fondos que son
secretos? Es evidente, igual que se persigue el delito, aunque
alguna de sus causas tenga razón en el secreto profesional que
tenemos nosotros como abogados con referencia al cliente, o en
el secreto profesional...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Barrero, termine
en un minuto.
El señor BARRERO LOPEZ: Termino inmediatamente.
¿Qué significa? Y voy a terminar. Significa que los órganos
jurisdiccionales, por tanto, señor Trillo, para poner en
consonancia la sentencia de 1992 y ese auto que tanto le gusta
citar a S.S., han de realizar las investigaciones respecto al
crimen. Lógico, pero ¿cómo? De acuerdo, primero, con las
normas generales de procedimiento en cualquier investigación
judicial, y segundo, de acuerdo con las normas específicas de
los fondos reservados, que también tienen amparo legal, señor
Trillo. Por tanto, ¿qué dificultad o qué clara limitación
puede tener la investigación judicial? Sencillamente la
limitación que pueda venir dada de los medios de prueba. Es
decir, que si sólo se hace por un camino la investigación
judicial, que le aparece vedado a efectos de control
jurisdiccional, evidentemente está impidiendo que un
determinado medio de prueba visualice, ilumine la comisión de
delito, la investigación judicial sobre el delito.
Termino, señorías, porque entiendo... (Varios señores
Diputados golpean los pupitres con la mano.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor.
El señor BARRERO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creía que les estaba resultando apasionante el debate.
Estas razones, y algunas más de las que usted tiene
conocimiento, señor Trillo, en razón a las relaciones que
nosotros hemos mantenido con este tema y otros muchos más,
llevan a mi Grupo a votar en contra de la moción,
fundamentalmente por una razón, porque solicita al Gobierno
algo que en un Estado de derecho no puede realizar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
El señor Olarte había solicitado votación separada de algunos
puntos en su intervención.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, he solicitado
votación separada del punto 3, y conjunta de los puntos 1, 2 y
4.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Puntos 1, 2 y 4 de la moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 131; en contra, 163; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados sometidos
a votación.
Punto 3 de la moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 295; a favor, 130; en contra, 162; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto número 3.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.