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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 136, de 22/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 136 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 134
celebrada el miércoles, 22 de marzo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 7214)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas en cumplimiento del deber del Gobierno de colaboración
con la Justicia en la investigación de las responsabilidades
que se deriven de cualquier uso ilícito o delictivo de los
fondos reservados por parte de los Ministerios afectados
(número de expediente 172/000096) (Página 7236)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre los planes y objetivos del
Gobierno en las privatizaciones que se están llevando a cabo
de las empresas públicas rentables y, en particular, de los
grandes grupos energéticos (número de expediente 172/000097)
(Página 7246)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
137, de 23 de marzo de 1995.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 7214)
Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, que formula al Gobierno: A la vista de los nuevos
datos sobre la evolución de la inflación, de los tipos de
interés y de la cotización de la peseta, ¿piensa el Gobierno
resituar el gasto público y las variables macroeconómicas?
(Número de expediente 180/001055) (Página 7214)
Del Diputado don Francisco Alvarez-Cascos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué decisiones adoptó el
Presidente del Gobierno cuando tuvo conocimiento de que altos
cargos del Gobierno, supuestamente, se han enriquecido con el
dinero de los fondos reservados destinado a la lucha
antiterrorista? (Número de expediente 180/001067) (Página 7215)
Del Diputado don Jerónimo Nieto González, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar
el Gobierno para mejorar la calidad de la enseñanza? (Número
de expediente 180/001060) (Página 7217)
De la Diputada doña Teresa Sempere Jaén, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué prioridades ha
establecido el Ministerio de Asuntos Sociales a la hora de
adjudicar los fondosprocedentes del 0,52 por ciento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? (Número de
expediente 180/001063) (Página 7217)
Del Diputado don Angel Díaz Sol, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: El pasado día 2 de
diciembre de 1994, el Consejo de Ministros aprobó el Plan para
la Integración Social de los Inmigrantes. ¿Cuáles son los
objetivos esenciales del Plan? (Número de expediente
180/001064) (Página 7218)
Del Diputado don Angel Díaz Sol, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: El Plan para la Integración
Social de los Inmigrantes contempla, como apoyos
complementarios y coadyuvantes del mismo, dos medidas de
carácter instrumental: el Foro para la integración de los
inmigrantes y el ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de
Asuntos Sociales la puesta en funcionamiento de ambos
instrumentos? (Número de expediente 180/001065) (Página 7219)
Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación a las
inversiones presupuestadas para la mejora de la línea férrea
Barcelona-Puigcerdá-La Tour de Carol, en su tramo Ripoll-
Puigcerdá? (Número de expediente 180/001053) (Página 7220)
Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Podría
informar el Gobierno de los criterios que piensa defender en
la Cumbre de Cambio Climático que va a tener lugar en Berlín a
finales del presente mes? (Número de expediente 180/001059)
(Página 7221)
Del Diputado don Antonio Fernández Gordillo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: En relación
con el plan piloto elaborado por la Dirección General de
Calidad de Aguas para implantar en varios municipios de la
Comunidad de Madrid la gestión de redes de aguas residuales
recicladas para el riego de parques y jardines, ¿en qué fasese
encuentran la ejecución de los diferentes proyectos que
integran este plan piloto? (Número de expediente 180/001066)
(Página 7222)
De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Qué medidas piensa adoptar el Sr. Ministro para evitar que se
sigan vertiendo basuras a la Bahía de Algeciras desde la
colonia británica de Gibraltar? (Número de expediente
180/001069) (Página 7223)
Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿En qué medida va a afectar el recorte presupuestario a las
obras de acondicionamiento de las carreteras Límite Avila-
Plasencia (N-110) y puerto de Béjar-Aldeanueva del Camino
(Cáceres), con licitación prevista en el programa de
actuaciones prioritarias 93-95? (Número de expediente
180/001074) (Página 7224)
De la Diputada doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente:
¿Cómo afectará el recorte presupuestario anunciado
recientemente al proyecto 91.17.04.0355 para la red arterial
de las principales ciudades de Asturias, dotado en los
Presupuestos Generales del Estado de 1995 con 3.414,4 millones
de pesetas? (Número de expediente 180/001075) (Página 7225)
Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cuáles son las causas por las que el
Gobierno está reteniendo la tramitación del Programa Garapen
(programa de ayuda e inversiones estratégicas, aprobado por el
Gobierno Vasco) ante la Unión Europea, a consecuencia de lo
cual se bloquean ayudas por valor de 4.500 millones de pesetas
para Mercedes Benz, entre otras empresas importantes? (Número
de expediente 180/001052) (Página 7226)
Del Diputado don Cristóbal Montoro Romero, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son los planes
del Gobierno en relación con los controles de capitales
sugeridos por el Presidente del Gobiernoy por el Ministro de
Comercio y Turismo? (Número de expediente 180/001073) (Página 7227)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿En
qué condiciones se encuentra en este momento la resolución de
los problemas pesqueros de la flota española que faena en el
área de la Organización de las Pesquerías del Atlántico
Noroccidental (NAFO)? (Número de expediente 180/001068)
(Página 7229)
Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿En qué
medida la política agraria del Gobierno es responsable de la
importante subida del IPC sufrida el pasado mes de febrero?
(Número de expediente 180/001076) (Página 7230)
Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Se ratifica la Sra.
Ministra en sus declaraciones públicas en las que afirmó que
los principales responsables de las listas de espera en el
Sistema Nacional de Salud son los médicos? (Número de
expediente 180/001070) (Página 7231)
De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué criterios han
inspirado el documento de indicadores de calidad en la
prescripción farmacológica del INSALUD que ha excluido de la
gratuidad
del Sistema Nacional de Salud diversos específicos
farmacológicos, como consecuencia del Real Decreto 83/1993, de
22 de enero, de uso racional del medicamento? (Número de
expediente 180/001071) (Página 7232)
Del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de la Presidencia: ¿Qué causas han motivado la
demora en remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de
Ley sobre supervisión de los seguros privados, aprobado en el
Consejo de Ministros el pasado 13 de enero? (Número de
expediente 180/001072) (Página 7233)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: Desde la firma del
Convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias, ¿ha aumentado el número de plazas concertadas con
los Ayuntamientos para la realización de la prestación social
sustitutoria? (Número de expediente 180/001057) (Página 7234)
Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la evolución
del número total de plazas concertadas con los distintos
organismos para la realización de la prestación social
sustitutoria? (Número de expediente 180/001058) (Página 7235)
De la Diputada doña María Dolores PelayoDuque, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo
piensa remitir el Gobierno el Proyecto de Ley de asistencia
jurídica gratuita? (Número de expediente 180/001061) (Página 7236)
Interpelaciones urgentes (Página 7236)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
en cumplimiento del deber del Gobierno de colaboración con la
Justicia en la investigación de las responsabilidades que se
deriven de cualquier uso ilícito o delictivo de los fondos
reservados por parte de los Ministerios afectados (Página 7236)
El señor Alvarez-Cascos Fernández defiende la interpelación
del Grupo Popular, manifestando que el 31 de octubre de 1986
el Gobierno presidido por el señor González nombró al señor
Roldán Director General de la Guardia Civil, uno de los
puestos de mayor confianza para un Presidente de un Gobierno
responsable. En ese puesto de absoluta responsabilidad se le
mantuvo al señor Roldán durante más de siete años, siendo
testigo privilegiado del supuesto uso fraudulento de los
fondos reservados, en beneficio propio y en beneficio de
diversos altos cargos del Gobierno.
Añade el señor Alvarez-Cascos que el lunes 20 de junio de 1994
el Ministro de Justicia e Interior, señor Belloch, afirmaba en
Luxemburgo no entender cómo nadie podía tomarse en serio lo
que decía el señor Roldán, a cuyos mensajes calificó de
seriales por entregas, señalando que únicamente podrían
tenerse en cuenta sus afirmaciones si las hacía delante de la
Justicia. Por otra parte, el señor Belloch admitía sin rubor
que varias cartas y notas enviadas por el señor Roldán y
recibidas por el señor Asunción fueron trituradas después de
su lectura. A su juicio, quedaba claro entonces que al
Gobierno le interesaba destruir materialmente y descalificar
el contenido de cualquier documento comprometedor, viniera de
donde viniese, y que ello no entrañaba responsabilidad porque,
según la doctrina del señor Belloch, sólo se admitían como
fuente de credibilidad los testimonios ante la Justicia.
Agrega el interpelante que, levantado hoy en día el secreto de
los sumarios que de una u otra manera afectan al señor Roldán,
espera que el señor Ministro de Justicia e Interior, haciendo
honor a sus palabras pronunciadas en Luxemburgo, les
corresponda recíprocamente a los Diputados de esta Cámara.
Sintetiza una serie de hechos que constan en los citados
sumarios en relación con el uso de los fondos reservados,
afirmando que en ellos están resumidos los testimonios ante la
Justicia que reclamaba el señor Belloch y preguntando cuándo
van a conocer el resto del iceberg, el resto de un presupuesto
que alcanzó en los últimos cinco años los 17.000 millones de
pesetas.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia
e Interior (Belloch Julbe), manifestando que después de oír al
señor Alvarez-Cascos se cumplen las peores expectativas, ya
que parece evidente que no pretende aclarar, informar o
debatir sino que simplemente sigue en la línea general a la
que les tienen acostumbrados en los últimos meses. Cree que
probablemente sea un esfuerzo inútil
el que va a realizar, pero aun así lo va a porque es su
obligación tratar de aportar ideas clarificadoras sobre los
fondos reservados y sobre lo que significan, que es a lo que
podía pensarse que respondía la interpelación.
Pregunta al señor Alvarez-Cascos en qué se basó para afirmar
ante los medios de comunicación de todo tipo que el señor
Belloch se estaba a destruir documentos sobre los fondos
reservados, cuando leyendo el sumario, que es lo que el propio
interpelante ha realizado, parece deducirse que en el año 1992
ya estaban destruidos y que se destruían todos los meses.
Expone el señor Ministro que no acaba de entender qué añade
repetir en esta Cámara algo que es público, notorio y
conocido, como no sea que el interpelante haya decidido, cosa
que es probable, que dado que el Partido Popular ha
interpuesto querella sobre fondos reservados quiera ahora
también ser el juez y resolver esas declaraciones sumariales.
Si es ese su propósito, tiene que decirles simplemente que ésa
no es la obligación del Ministro de Justicia e Interior, y
cree que no debería ser la obligación de nadie más que de los
jueces.
Afirma que el Ministerio va a colaborar con la Justicia
respetando de manera estricta y escrupulosa las previsiones
legales, legalidad vigente que, en tanto se apruebe la nueva
ley en trámite en el Senado, es fragmentaria e insuficiente y
respecto de la cual, para llegar a conclusiones, hay que hacer
verdaderos esfuerzos hermenéuticos de interpretación
sistemática de textos dispersos y de muy diverso valor
normativo. Según esa legalidad, los fondos reservados son
secretos, sometiéndose en cuanto a su régimen de publicidad a
la Ley de Secretos Oficiales, doctrina pacífica que se ha
recogido de manera expresa con el apoyo del Grupo Popular en
el artículo 1 del proyecto actualmente en trámite en el
Senado.
Respecto a la justificación y control de estos fondos, dada su
naturaleza secreta, el régimen correspondiente se separa del
de las demás partidas presupuestarias, recogiéndose
expresamente en el proyecto en tramitación parlamentaria que
no se requerirá publicación documental de clase alguna. El
Grupo Popular, sin embargo, reclama para el pasado que
existiera, lo que excluyen incluso para el futuro, en una
contradicción que desearía que le explicasen.
Concluye afirmando el señor Ministro que la situación es que
no existe documentación y, en consecuencia, obligación de
llevarla, ni de pasado ni de presente ni de futuro, según
incluso el proyecto que el mismo Grupo Popular ha aprobado.
Respecto a los funcionarios y responsables políticos
encargados del uso de estos fondos reservados manifiesta que
la respuesta está contenida de manera clara en el artículo 13
de la Ley de Secretos Oficiales y que el Gobierno colaborará
con la justicia mediante el cumplimiento necesario y riguroso
de la especialísima normativa que en materia de fondos
reservados existe.
Replica el señor Alvarez-Cascos Fernández, duplicando el señor
Ministro de Justicia e Interior.
En turno de fijación de posiciones hace uso de la palabra el
señor Romero Ruiz, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya.
Le contesta el señor Ministro de Justicia e Interior,
replicando el señor Romero Ruiz.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre los planes y objetivos del Gobierno en
las privatizaciones que se están llevando a cabo de las
empresas públicas rentables y, en particular, de los grandes
grupos energéticos (Página 7246)
El señor García Fonseca defiende la interpelación del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aludiendo a lo que
califica como crónica de una venta anunciada: la de una
empresa prototipo de lo que puede ser una empresa importante,
una empresa pública y rentable como es el caso de Repsol.
Señala que la reducción de la participación del INH en Repsol
comenzó en el año 1989, siendo la primera venta de un 4 por
ciento, que pasó a manos del Banco Bilbao-Vizcaya.
Posteriormente, en ese mismo año, se colocó en Bolsa el 26 por
ciento.
Menciona otra serie de privatizaciones que dieron lugar a que
la participación del INH disminuyese hasta un 40,5, por
ciento, lo que no ha impedido que nuevamente se vuelva ahora a
la carga privatizando otro 15 por ciento de las acciones de
esta empresa pública y rentable, privatización a la que pueden
seguir otras adicionales. Sucede, además, que la privatización
se hace por una segunda vía, que es la venta de las empresas
participadas por Repsol, como es el caso de Campsa.
Menciona a continuación una serie de cifras sobre los ingresos
operativos de Repsol y beneficios en los últimos años,
preguntando por los motivos para privatizar una empresa
pública tan rentable y del significado de la que les ocupa.
Por otra parte, si se ha anunciado la presentación en este
Pleno de un plan de racionalización y modernización del sector
público, pregunta qué razones existen para que se proceda en
este momento a la venta de ese importante paquete de acciones
de Repsol. Izquierda Unida entiende que se trata de prácticas
que no
están de acuerdo con el papel que debiera te Cámara, donde
reside la soberanía nacional, en temas tan fundamentales como
la decisión sobre el patrimonio industrial nacional, tema
además de un enorme calado económico e incluso de calado
democrático. Llama la atención sobre el hecho de que estas
privatizaciones se produzcan en relación con un sector
empresarial reducido, si se compara con el de los países de
nuestro entorno, y que las mismas afecten precisamente a las
empresas rentables.
Espera que por parte del señor Ministro se exponga alguna
razón, acompañada incluso de estudios empíricos o de cualquier
tipo que puedan justificar esta clase de actuaciones.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria
y Energía (Eguiagaray Ucelay), manifestando que ha observado
cierta perplejidad en el interpelante por algunas decisiones
del Gobierno, decisiones que afectan al ámbito y
competenciadel Ministerio de Industria y Energía y no a a
comprender esa perplejidad, habida cuenta de que no hay
cambios de actitud en lo que ha sido permanentemente el
discurso del Gobierno en la cuestión que les ocupa. Expone que
para entender la política de desinversiones, ya sea de salida
a Bolsa o de alianzas con capital privado, a lo que el
interpelante se ha referido y que el Gobierno está llevando a
cabo, se ha de partir de una idea que le parece básica: que
las empresas públicas españolas desarrollan actualmente sus
actividades en un entorno que ha cambiado sustancialmente
respecto al existente en épocas anteriores en tono bien
distinto al que existía en nuestro país hace veinte años, e
incluso hace doce. Se trata de un nuevo entorno, en el que
asistimos a un proceso mundial caracterizado por la revolución
tecnológica, por la globalización creciente de los mercados,
por la liberalización de los intercambios comerciales y
financieros y por una desregulación de las actividades
empresariales. Existe también un cambio en la vertiente
jurídico-política y con implicaciones económicas, como
consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que
conlleva, entre otras cosas, la aceptación de un conjunto de
objetivos comunes a los Estados miembros y de normas de
funcionamiento, que influyen decisivamente en el papel de la
empresa pública en relación con el mercado de referencia. Por
último, aunque no menos importante, en el ámbito normativo hay
una tendencia general a la liberalización en el ejercicio de
las actividades industriales en relación con lo que era el
escenario en el que funcionaban las economías nacionales,
europeas y de otros países, así como una nueva regulación para
el sector público, imponiendo unos modos de gestión con
sometimiento a criterios puramente empresariales. Se trata de
algo que lógicamente no se ha producido de la noche a la
mañana, sino que viene produciéndose, cada vez c más
intensidad, a lo largo de estos años, todo lo cual ha llevado
al Gobierno a la convicción sobre la necesidad de una
racionalización y modernización del sector público empresarial
como un objetivo obligado, necesario y conveniente también
para nuestro país.
Termina el señor Ministro exponiendo las características y
razones de las privatizaciones de algunas empresas públicas
llevadas a cabo en los últimos años, entre ellas Repsol.
Replica el señor García Fonseca, duplicando el señor Ministro
de Industria y Energía.
Para fijación de posiciones interviene el señor Gámir Casares,
en nombre del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: A LA VISTA DE LOS NUEVOS
DATOS SOBRE LA EVOLUCION DE LA INFLACION, DE LOS TIPOS DE
INTERESES Y DE LA COTIZACION DE LA PESETA, ¿PIENSA EL GOBIERNO
RESITUAR EL GASTO PUBLICO Y LAS VARIABLES MACROECONOMICAS?
(Número de expediente 180/001055)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Punto 4.º del orden
del día: Preguntas. Pregunta número 10, del señor Ríos
Martínez.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, cuandole hemos
pedido políticas activas para generar empleo, reindustrializar
el país y apostar por una economía productiva, nos han
respondido siempre diciendo que primero tenemos que reducir el
déficit público porque así dominamos la inflación, mantenemos
bajos los tipos de interés y tendremos bajo control la
cotización de la peseta.
Señor Presidente, gobernar es mirar permanentemente en qué nos
hemos equivocado y qué debemos corregir. La realidad
desautoriza su política ec variaciones macroeconómicas y
presupuestarias piensa
usted adoptar ante la evolución descontrolada de la inflación,
el encarecimiento de la deud de los tipos de interés y la
flotante situación de la peseta? ¿Qué grado de responsabilidad
política asume usted en los escándalos de corrupción que su
forma de hacer política han provocado y cómo afectan éstos a
los intereses económicos del país, al valor de la peseta y a
la posibilidad de hacer realidad la recuperación económica?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, imagino que cuando en la pregunta se
habla de resituarse está pensando en modificaciones sobre
gasto público o sobre previsiones macroeconómicas.
Quiero decir a S.S. que, aparte de las realizadas a finales de
enero, no hay ninguna modificación prevista porque no hay
ninguna causa sustancial para ello.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, la verdad es que
usted sigue erre que erre y sin responder y, sobre todo, creo
que lo circunscriben ustedes todo a los «dólares de cabeza»
que sufre la peseta. (Rumores.) En todo caso nuestra peseta
padece una enfermedad congénita, que es la de productiva.
(Risas.--Rumores.) Su política presupuestaria es inflacionaria
por los condicionantes que el señor Pujol y Convergència
provoca a los españoles tres males: primero, podemos comprar
menos cosas con nuestro salario; segundo, a los españoles nos
cuesta más caro vender nuestra deuda; tercero, a los españoles
nos cuestan más caros los préstamos.
Señor Presidente, sobre todo a usted le ha fallado su política
económica y presupuestaria, pero lo peor es que le ha fallado
la credibilidad para regenerar, porque no ha tranquilizado a
los inversores el recorte y el reajuste presupuestario que
usted anunció a bombo y platillo en el mes de enero. Señor
Presidente, yo le considero a usted un hombre de convicciones
firmes y sé que usted no podría dirigir otra política
económica, porque no sabe, no puede o no quiere defender
aquello en lo que no cree, pero España necesita otra política
económica y presupuestaria. Facilítesela, emule a Machado,
agilice el trámite y sitúese ligero de equipaje.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, como usted mismo ha recordado a final
del mes de enero se hicieron algunos reajustes presupuestarios
justamente para cumplir los objetivos de déficit. Por
consiguiente, no hay necesidad de hacer nuevos reajustes.
En cuanto al objetivo de crecimiento, como usted bien sabe, en
el presupuesto es el 2,8. Ya en el último trimestre de 1994
estábamos por encima o al menos a la par de ese objetivo --
usted habrá leído los últimos datos de la coyuntura económica-
-; por consiguiente, no sólo no hay que modificarlo, sino que
probablemente estarán por encima de lo previsto. En cuanto a
la inflacción, ya advertimos en el debate presupuestario y
también en el debate sobre el estado de la Nación que los
primeros mese naturalmente, el impacto de la modificación del
IVA. Esperamos que después de eso se vayan reconduciendo los
precios hasta la cifra prevista por el Gobierno.
En cuanto a otras consideraciones, por ejemplo, la de la
paridad de la peseta, usted que ha hecho un juego de palabras
con dolores y dólares, debe saber que la modificación no se ha
producido en cuanto a la paridad de la peseta en relación con
el dólar, que continúa bastante estable; se ha producido en
relación con el marco, y una buena parte de nuestras
importaciones se hacen en dólares.
En resumen, yo creo que la política del Gobierno, de
mantenimiento del objetivo de déficit y de estabilidad de la
economía española para generar empleo, es una política que
está dando resultados, y es verdad que puede haber otra
alternativa, otra política alternativa que conduzca al
desastre como la que proponen vuestras señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE MIENTO DE QUE ALTOS CARGOS DEL
GOBIERNO, SUPUESTAMENTE, SE HAN ENRIQUECIDO CON EL DINERO DE
LOS FONDOS RESERVADOS DESTINADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA?
(Número de expediente 180/001067)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Alvarez-
Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: ¿Qué decisiones adoptó el
Presidente cuando tuvo conocimiento de que altos cargos del
Gobierno, supuestamente, se han
enriquecido con el dinero de los fondos reservados destinados
a la lucha antiterrorista?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señoría, esta pregunta ya me la ha hecho uno de
los Diputados de su Grupo hace muy poco tiempo. La respuesta
no tiene ninguna variación, como es natural, y usted lo sabe
muy bien. La única modificación que se ha producido es que
ustedes han presentado una denuncia en un juzgado; por tanto,
está en manos de un juez la investigación de los fondos
reservados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, desde la
fecha que usted cita han ocurrido muchas cosas y resulta
preocupante su insensibilidad. Por ejemplo, hace dos meses, el
Consejo de Ministros presidido por usted puso en marcha un
plan para investigar a 5.000 ciudadanos cuya única condición
para ser sospechosos ante Hacienda derivaba de que son ricos y
famosos. (Rumores.--Un señor Diputado del Grupo Socialista:
¡No pagan!) Pues bien, usted mismo y su Gobierno que sabe
tanto o sospecha tanto de lo que ocurre en la casa de los
demás, no quiere enterarse de lo que ocurre en su propia casa.
En los diez primeros meses de gestión del señor Roldán se
llevó directamente al bosillo y sin trámites 120 millones de
pesetas, y hay constancia documental de este hecho. Desde el
año 1989 los medios de comunicación se vienen haciendo eco de
sorprendentes enriquecimientos patrimoniales de sus altos
cargos. En el año 1991, usted contesta a los tribunales de
justicia que el Ministerio del Interior ya estaba
investigando. ¿Qué es lo que estaba investigando en relación
con las tramas de los GAL? ¿A qué conclusiones llegó, si no
llegó a ninguna conclusión en relación con el uso de los
fondos reservados? Y usted no puede invocar esa respuesta,
señor González, la que le dio al señor Trillo en esta Cámara,
porque después se ha producido un auto del Supremo, y lo que
usted contestó, de acuerdo con la doctrina del Supremo, es un
grave atentado contra la existencia misma del Estado de
derecho y el valor supremo de la justicia.
Si usted vuelve a reiterar eso hoy aquí, está usted cometiendo
un atentado contra el Estado de derecho y contra el valor
supremo de la justicia. (Fuertes protestas.)
A partir del año 1993, como consecuencia de la investigación
judicial sobre el señor Roldán, se amplía el catálogo de
aquellos altos cargos que están en nómina y que se están
enriqueciendo con el uso de los fondos reservados destinados a
la usted sigue sin asumir ninguna responsabilidad. Por
cierto, la investigación judicial empieza y termina en los
fondos reservados de Interior, pero éstos son sólo la mitad de
los 17.000 millones de fondos reservados que ha gastado su
Gobierno en los últimos cinco años. ¿No va a tomar usted
ninguna iniciativa para enterarse de lo que ocurre con los
9.000 millones restantes, principalmente de Defensa?
Señor González, con respuestas como las de hoy, permítame que
le dé la vuelta a la pregunta ¿Qué tiene que suceder para que
el Presidente del Gobierno asuma alguna responsabilidad
política por lo que hace y deshace a su antojo, con su
permiso, el Gobierno de España? (Aplausos.--Varios señores
Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, ya que usted invoca el Estado de derecho, coincidirá
conmigo en algo que me parece elemental: quien afirma en el
Estado de derecho tiene que probar. Usted se está convirtiendo
no sólo en denunciante, sino, además, en juez, y eso me parece
que es impropio de una convicción mínima desde el punto de
vista democrático.
Su pregunta, como las de su Grupo a lo largo de estos meses,
sólo trata de crear confusión y de aumentar la crispación.
(Rumores.) Hace meses, cuando empezó a discutirse de eso, yo
pedí a cada Ministro que se responsabilizara de los fondos
reservados que dependían de su departamento, y eso lo conocen
SS.SS. Presentamos un proyecto de ley, cuya tramitación está a
punto de terminar, para que hubiera un control parlamentario,
y usted sabe, señoría, que en ningún Estado democrático, en
ninguno, se haría un debate sobre fondos reservados como el
que usted propone en su propia pregunta. (Rumores y
protestas.), sea lo que sea lo que ocurra. Por tanto, hay un
parlamentario y de responsabilidad en el uso de los fondos
reservados de todos los cargos ministeriales.
Finalmente, le diré que su pregunta está cargada de mala
intención. Nunca, nunca han faltado, naturalmente, fondos
reservados en la lucha contra el terrorismo. Los responsables
de la lucha antiterrorista se lo pueden decir. (Continúan las
protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON JERONIMO NIETO GONZALEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS
VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA? (Número de expediente 180/001060)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Nieto
González.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente del Gobierno, un
objetivo permanente en la política educativa del Gobierno ha
sido la mejora de la calidad de la enseñanza en todos sus
niveles y modalidades. Siguiendo esta línea, el Gobierno que
usted preside, a través del Ministerio de Educación, sometió a
debate público durante el pasado año un conjunto de 77 medidas
o propuesta de actuación en los centros escolares de los
niveles anteriores a la educación universitaria, dirigidas
todas ellas a elevar la calidad de nuestra educación, a elevar
la calidad de nuestro sistema público de educación. Realizado
el debate, recogidas y sistematizadas las muchas sugerencias
efectuadas por padres, profesores y alumnos, parece llegado el
momento de actuar, parece llegado el momento de poner en
marcha esas medidas. Por ello, señor Presidente del Gobierno,
le formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas va a tomar el
Gobierno para mejorar la calidad de la enseñanza?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
El señor Presidente tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor
Presidente, señorías, como sabe S.S., hace cuatro años se
aprobó la Logse, que extendía la educación obligatoria y,
además, reformaba la formación profesional. Junto a ello, la
Logse añadía algunas propuestas para mejorar la calidad de la
enseñanza, que, como saben, desde el punto de vista educativo
ha sido una de las prioridades del Gobierno desde el comienzo
de su mandato. El pasado viernes el Consejo de Ministros
aprobó un proyecto de ley que remitió a esa Cámara para
mejorar la calidad de la enseñanza. Como usted mismo ha
repetido, durante el año 1994 ha habido muchas aportaciones de
toda la comunidad relacionadas con la escuela, con la
educación, que se han ido recogiendo para definir una serie de
objetivos que constan en ese proyecto de ley, que ahora les
recuerdo brevísimamente.
El primer objetivo es el de conseguir que los centros
educativos tengan mayor capacidad de decisión. El segundo
objetivo es el de ampliar la participación de la comunidad
educativa para que los padres, los profesores y los alumnos
elaboren conjuntamente el proyecto educativo propio de cada
centro. (Rumores.) El tercer objetivo es el de ampliar la
formación de los profesores, abrir nuevas vías para su
desarrollo profesional y conseguir que el conjunto de la
sociedad valore más y mejor la función docente. (Rumores.) El
cuarto objetivo es el de reforzar la dirección de los centros
públicos para que los padres a las demandas que planteen.
(Rumores.) El quinto es ampliar los sistemas de evaluación, de
tal manera que la sociedad y la comunidad educativa conozcan
mejor el funcionamiento del sistema. El sexto, hacer posible
que los ciudadanos tengan más información sobre las
características de los centros educativos para que puedan
optar con más conocimiento de causa sobre adónde llevan a sus
hijos. Por último, prestar especial atención a los centros que
están en zonas socialmente desfavorecidas, que se encuentran
en zonas rurales o que atienden a alumnos con problemas
graves. Esta es la aplicación práctica del principio de
igualdad de oportunidades, que ha sido siempre uno de los
objetivos de nuestro Gobierno. Es verdad que en la ley ha
faltado introducir un elemento educativo más que podría
afectar al buen comportamiento de la oposición, pero no ha
sido posible. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--
Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
--DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA SEMPERE JAEN, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
PRIORIDADES HA ESTABLECIDO EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES A
LA HORA DE ADJUDICAR LOS FONDOS PROCEDENTES DEL 0,52 POR
CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS?
(Número de expediente 180/001063)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, de la señora Sempere
Jaén. (Rumores.)
La señora SEMPERE JAEN: Gracias, señor Presidente. Señora
Ministra de Asuntos Sociales, los ciudadanos españoles, a
través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercen, como es sabido, el derecho y el deber de contribuir a
la financiación del Estado en los servicios que, a su vez,
éste presta a los ciudadanos. Es decisión expresa de estos
últimos dedicar el 0,52 por ciento de sus impuestos
(Rumores.)...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Sempere.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.--Continúan los
rumores.)
Señorías, no hemos interrumpido la sesión para que puedan
continuar sus conversaciones, sino precisamente para que pueda
continuar la señora Sempere.
Cuando quiera, señora Sempere.
La señora SEMPERE JAEN: Gracias, señor Presidente.
Como decía, es decisión expresa de los ciudadanos dedicar el
0,52 por ciento de sus impuestos indirectos a aquellos
programas sociales que complementan, desde lo privado, las
actividades de atención de las necesidades sociales que se
realizan desde las administraciones públicas, con un planteam
social redistributiva y como ejercicio máximo de solidaridad
social.
En ese sentido, nos gustaría conocer qué participación tienen
las comunidades autónomas y qué criterios sigue el Gobierno, a
través del Ministerio de Asuntos Sociales, en estas
actuaciones de solidaridad social para con ellas cubrir las
necesidades de interés general. Es por ello por lo que le hago
la siguiente pregunta: ¿Qué prioridades ha establecido el
Ministerio de Asuntos Sociales a la hora de adjudicar los
fondos procedentes del 0,52 por ciento del Impuesto sobre al
Renta de las Personas Físicas?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sempere.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, en el Ministerio de Asuntos Sociales fijamos, con
carácter anual, los programas prioritarios que van a ser
objeto de la subvención con cargo a la convocatoria de
subvenciones para programas de cooperación y voluntariado con
cargo al 0,5 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, participando en ello las comunidades
autónomas, a través del trámite preceptivo que les damos para
que nos orienten sobre las prioridades que consideren
oportunas en cada comunidad autónoma.
En esta legislatura hemos tenido ocasión de hacer dos
ediciones de la convocatoria del 0,5, la del año 1994 y la de
este año 1995. Para 1994 se atendieron las situaciones
generales de necesidad o marginación de los grupos habituales,
como son personas mayores de 65 años, personas que sufren
discapacidad física, psíquica o sensorial, grupos de mujeres
en situación de desigualdad o dificultad social, familia,
infancia y juventud; también personas afectadas por
drogodependencias, personas afectadas por el sida, minorías
étnicas, población reclusa y ex reclusa, refugiados y
asilados, inmigrantes, víctimas del terrorismo y todo otro
conjunto de actuaciones de solidaridad social para cubrir
intereses de carácter general.
El año pasado, en la convocatoria de 1994, introdujimos por
primera vez la idea de atender a grupos familiares y a
personas en situación como dos novedades ante situaciones que
era preciso atender. También se introdujeron los programas de
formación de voluntarios para poder desarrollar una forma de
facilitar que los voluntarios que trabajan en los temas de
interés general estén preparados para realizar un trabajo con
efectividad. También el año pasado, 1994, se incluyó el
colectivo de personas inmigrantes, con un aumento de las
cuantías destinadas a estas personas.
La convocatoria actual, la de 1995, que salió en el «BOE» del
28 de enero, tiene una marcada línea de continuidad con
respecto a 1994, y añade a las personas refugiadas también las
desplazadas, por la nueva situación que hay con respecto a
este colectivo. Por tanto, se habla también de personas
migrantes, no sólo de inmigrantes, sino de personas migrantes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: EL PASADO DIA 2 DE
DICIEMBRE DE 1994, EL CONSEJO DE MINISTROS APROBO EL PLAN PARA
LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES. ¿CUALES SON LOS
OBJETIVOS ESENCIALES DEL PLAN? (Número de expediente
180/001064)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el día de ayer fue dedicado a nivel
internacional, como día contra el racismo, la xenofobia y la
intransigencia, movimientos que aparecen en los países de
nuestro entorno, en algunos con manifestaciones muy
preocupantes, y en nuestro país, donde aún estamos lejos de
esas manifestaciones, pero donde se dan algunos hechos
aislados que deben producir la preocupación de todos nosotros.
El pasado 2 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un
plan para la integración social de los inmigrantes. Esta
actuación, que viene a prevenir manifestaciones de este tipo,
es una actuación que se tomó en su momento oportuno. ¿Podría
explicarnos cuáles son los objetivos básicos de ese plan?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente, la oportunidad de haber formulado hoy
esta pregunta es innegable, dado que ayer precisamente se
iniciaba la campaña de todos los países del Consejo de Europa
contra el racismo y la xenofobia, y fue el día 21 el día
declarado por Naciones Unidas como día contra el racismo, la
xenofobia y la intolerancia, y precisamente este año 1995 es
el año de la tolerancia.
Consciente el Gobierno español de la importancia de tener una
política inmigratoria en España, que había sido
tradicionalmente un país de emigración, hemos venido
trabajando a lo largo de todo 1994 para culminar el trabajo
con un plan para la integración social de los inmigrantes que
aprobamos el pasado 2 de diciembre en Consejo de Ministros.
Fundamentalmente, lo que se pretende es la promoción e
integración social de todas aquellas personas trabajadores
extranjeros que se establecen regularmente en España y también
la de sus familias. También tiene el logro y el objetivo de la
reagrupación familiar. Se pretende que haya un compromiso de
la sociedad española y de los responsables públicos para
adoptar una actitud tolerante y abierta con respecto a las
peculiaridades y a las diferencias de los distintos grupos de
inmigrantes.
El plan define claramente los objetivos que se pretenden
alcanzar con su puesta en marcha. Es un plan que define un
marco de actuaciones, entre las que está desde luego eliminar
cualquier tipo de discriminación injustificada, tanto en el
ejercicio de los derechos como en la posibilidad de acceder a
los servicios existentes. También pretende promover una
convivencia basada en valores democráticos y en actitudes
tolerantes, que es la mejor forma de poder convivir e integrar
la convivencia. Asimismo, pretende garantizar al inmigrante
una situación jurídica y socialmente estable, favoreciendo su
seguridad. Pretendemos combatir las barreras que dificultan la
integración, instando la actualización y la realización del
principio de igualdad de oportunidades. Por supuesto se
pretende erradicar cualquier signo de explotación de la que
puedan ser víctimas los inmigrantes y desde luego movilizar e
implicar a toda la sociedad en la lucha contra el racismo y la
xenofobia.
El plan consta de una serie de medidas que pretenden dar
respuesta a estos objetivos, que afectan a áreas como la
educativa, cultural, marco legal...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: EL PLAN PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DE LOS INMIGRANTES CONTEMPLA, COMO APOYOS
COMPLEMENTARIOS Y COADYUVANTES DEL MISMO, DOS MEDIDAS DE
CARACTER INSTRUMENTAL: EL FORO PARA LA INTEGRACION DE LOS
INMIGRANTES Y EL OBSERVATORIO PERMANENTE DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS. ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE ASUNTOS
SOCIALES LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMBOS INSTRUMENTOS?
(Número de expediente 180/001065)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, dentro del tema de la pregunta anterior que
he formulado, este plan cuenta con dos instrumentos que ayudan
de forma important consecución de los objetivos que acaba
usted de plantear. Uno de ellos es el Foro para la integración
de los inmigrantes y el otro el Observatorio permanente de
flujos migratorios. ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de
Asuntos Sociales la puesta en funcionamiento de estos
instrumentos indispensables?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, estos dos instrumentos, el
Observatorio permanente de la inmigración y el Foro para la
integración de los inmigrantes absolutamente necesarias para
poder llevar a efecto y realizar con eficacia los objetivos
del plan.
El observatorio lo que pretende es obtener, no sólo una
imagen, en un momento dado, de la situación inmigratoria, de
los flujos migratorios, de dónde vienen las personas, qué
idioma utilizan, qué facilidades tienen, qué número hay de
cada país, sino, también, cómo va evolucionando la situación y
qué previsiones hay para el futuro. Entre esas funciones del
observatorio está, por supuesto, ese diagnóstico, tanto
cuantitativo como cualitativo; también prever a largo plazo
qué consecuencias y qué impacto puede haber para la realidad
española por la entrada de inmigrantes, desde el punto de
vista demográfico, social, económico, educativo o sanitario,
que son todas las áreas en que se mueven las acciones y
medidas a las que me he referido en la anterior pregunta. El
observatorio lo hemos implantado ya, en fase experimental, en
Baleares y Barcelona, y tenemos prevista su extensión
paulatina a las distintas regiones donde hay más presencia
inmigratoria.
Respecto al segundo instrumento, el Foro para la integración
social de los inmigrantes, es un elemento de mediación entre
la Administración y el movimiento asociativo; entre las
aspiraciones, sugerencias, ideas,
necesidades del colectivo de inmigrantes y la Administración,
que tiene que dar las respuestas en cooperación con ese
movimiento asociativo. E comunidades autónomas más
representativas, las corporaciones locales, a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias, y está el
Gobierno a través de los ministerios que tienen una incidencia
directa en la resolución de los temas que afectan a la
inmigración.
La oportunidad del foro es innegable. Hay muchos países en
Europa que han puesto en marcha foros semejantes. De hecho, la
Unión Europea, siguiendo una recomendación del Parlamento
Europeo, ha constituido un Foro para la relación con los
inmigrantes que depende de la Comisión. Nosotros tenemos la
recomendación también del Defensor del Pueblo. El foro es de
naturaleza consultiva, pero qué duda cabe que el trabajo
activo de todos los grupos que lo integran va a ser de enorme
eficacia.
En cuanto a la fecha, le diré que va ya a la Comisión de
Subsecretarios del miércoles que viene, con lo cual lo
aprobaremos en Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO EN RELACION A LAS
INVERSIONES PRESUPUESTADAS PARA LA MEJORA DE LA LINEA FERREA
BARCELONA-PUIGCERDA-LA TOUR DE CAROL, EN SU TRAMO RIPOLL-
PUIGCERDA? (Número de expediente 180/001053)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Carrera i
Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, al margen de la dinámica de ir pidiendo cómo
están algunas actuaciones concretas a raíz del recorte
presupuestario --dinámica en la que no pienso participar--,
dado que la consignación lo fue en base a la urgencia y por
obras de segur siguiente pregunta: ¿qué previsiones tiene el
Gobierno en relación a las inversiones presupuestadas para la
mejora de la línea férrea Barcelona-Puigcerdá-La Tour de
Carol, en su tramo Ripoll-Puigcerdá?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted sabe, las actuaciones en esta línea férrea
están previstas en el plan director de infraestructuras,
actualmente en trámite Cámara, dentro del concepto de
rehabilitación integral de la línea.
Anticipándose a lo que resulte del plan director, los
presupuestos del Estado para 1995 contienen una partida de 300
millones de pesetas que permita iniciar los trabajos de
rehabilitación más urgentes. En este momento estamos
determinando cuáles deben ser las actuaciones prioritarias en
el tramo para poder redactar los proyectos constructivos
necesarios y proceder después a la licitación de las mismas.
Los plazos con los que pensamos poder ejecutar estos trabajos,
e invertir en ellos los 300 millones de pesetas disponibles,
son los siguientes técnica para redactar un proyecto
constructivo en el plazo de un mes. Iniciar la redacción del
proyecto, una vez publicada en el «BOE» la licitación, exige
36 días para abrir las plicas de las ofertas. Para estudiarlas
y seleccionarlas hace falta un tiempo mínimo de dos meses y
medio. En redactar el proyecto tardaremos tres meses. En
contratar las obras tardaremos unos cuatro meses y, en
consecuencia, las obras podrían iniciarse a partir de los diez
meses, en su conjunto, que necesitamos en los trabajos previos
de elaboración de proyectos.
Ello hará que la cifra presupuestada en 1995 no pueda
seguramente ser invertida toda ella en este ejercicio
presupuestario, por lo que tendrá al presupuesto de 1996 en
alguna parte y conectarla con las nuevas y mayores
aportaciones que los presupuestos futuros asignen a éste.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro por la información. Usted conoce de
sobra los informes sobre este tramo de la línea Barcelona-
Puigcerdá-La Tour de Car no son solamente los informes, sino
también las actuaciones las que han llevado a la triste
realidad en algunos tramos de reducir la velocidad, como es el
caso que nos afecta.
Ha citado usted un calendario que realmente es importante,
aunque a todos nos preocupa sin duda el factor tiempo. No por
razones de que podamo exigir más al propio Ministerio, sino
por motivos de seguridad. El propio servicio y la línea ya no
pueden aguantar más demoras en este tramo.
Por tanto, señor Ministro, aceptando sin más remedio la
planificación que usted ha hecho contestando a esta pregunta,
pediría que no se demore ni un día más la propia previsión,
puesto que el tema de seguridad es vital en este tramo.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoría, somos conscientes de ello y puedo asegurarle que los
plazos que he fijado son los mínimos imprescindibles y que
trataremos de acortar sea posible actuando con la mayor
diligencia para invertir los 300 millones de pesetas
presupuestados en este año y conseguir mayores recursos para
los siguientes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA NUMERO 13, DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ
MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿PODRIA INFORMAR EL GOBIERNO DE LOS CRITERIOS QUE
PIENSA DEFENDER EN LA CUMBRE DE CAMBIO CLIMATICO QUE VA A
TENER LUGAR EN BERLIN A FINALES DEL PRESENTE MES? (Número de
expediente 180/001059)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Martínez
Martínez.
El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Ministro, lamentablemente ha dejado de ser una
exageración afirmar que la tierra padece ya un cambio
climático no controlado, de consecuencias que pueden ser
desastrosas, e incluso parcialmente irreversibles. Buena parte
de los habitantes de todo el mundo son conscientes de que las
emisiones masivas a la atmósfera de dióxido de carbono y de
metano pueden convertir el denominado efecto invernadero en
una trampa mortal para el planeta, y no sólo en cuanto a él
como soporte, sino, como es lógico, para todos los que le
habitamos. De ahí que, como digo, sean muchas de las personas
en todos los países, especialmente las más jóvenes, las que
cuando se les solicita que expongan sus preocupaciones
personales básicas, a las que dan prioridad, no dudan en
colocar en los primeros lugares de ese catálogo las que se
refieren al medio ambiente y, de modo muy particular, las que
tienen que ver con el cambio climático y con sus secuelas más
temibles, como son el aumento de temperaturas, la sequía y la
desertización.
Una cierta dosis de sentido común y un mínimo de experiencia
nos dicen que las soluciones, sin perjuicio de las
aportaciones que individualmente pueda hacer cada uno de los
países, son soluciones que tienen que pasar necesariamente por
medidas de alcance global y que, por tanto, son decisiones que
deberían ser aceptadas y asumidas por todos los países. Si,
como lamentablemente parece cierto, lo que se ha hecho hasta
ahora en el plano internacional presenta graves déficit en
cuanto a responsabilidad y solidaridad, por ejemplo, desde el
punto de vista financiero y tecnológico, es por lo que, señor
Ministro, nos gustaría saber cuáles son los criterios que va a
defender el Gobierno español en la reunión que sobre el cambio
climático va a tener lugar dentro de unos días en Berlín.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
El Diputado interpelante tiene razón: los cambios del clima y
sus efectos adversos constituyen una preocupación común de
toda la Humanidad. El calentamiento adicional de la superficie
y de la atmósfera de la tierra puede afectar negativamente a
los ecosistemas naturales y todas las medidas precautorias que
se puedan tomar deben tomarse, aun moviéndonos, como sabe S.S.
en un marco de una cierta incert científica; incertidumbre en
las predicciones del cambio climático y la relación causa-
efecto que puede haber entre este fenómeno y otros asociados a
la acumulación de los gases con efecto invernadero que, en
base al principio de no tener que lamentar lo que no pudimos
prever, dio lugar en la Conferencia de Río de 1992 a un
convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático,
cuyo objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de
efecto invernadero a un nivel que prevea las interferencias
que se puedan producir con el clima.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea, en base a las
conclusiones adoptadas los días 15 y 16 de diciembre de 1994,
reiteró el compromiso dichos gases a su nivel de 1990 en el
año 2000, al menos no exceder dicho nivel después del 2000.
Además, el Consejo de Ministros de la Unión Europea considera
necesario que se cumplan los compromisos referentes al período
posterior al 2000. Y dentro de estas líneas básicas, y de cara
a la cumbre de Berlín, nuestra posición es coincidente con
estos criterios y con los establecidos en el último Consejo de
Ministros de Medio
Ambiente de la Unión Europea, celebrado en marzo de este año.
En esa reunión se acordó que la Unión Europea debería apoyar
en la Conferencia de Berlín la creación de un grupo «ad hoc»
para elaborar un protocolo basado en los principios de la
convención y que para ello la reunión de Berlín debería dar un
mandato para iniciar la negociación de un protocolo que
debería estar finalizado en una fecha determinada y que
contemplase un conjunto de elementos considerados clave,
relativos a las fuentes de los gases de efecto invernadero, a
la responsabilidad común, pero diferenciada, de los distintos
países, a la revisión periódica de los compromisos
relacionados con dicha limitación y a la toma en consideración
de las propuestas realizadas por los Estados agrupados en la
Alianza de los Estados Insulares Pequeños.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON ANTONIO FERNANDEZ GORDILLO, DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: EN
RELACION CON EL PLAN PILOTO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL
DE CALIDAD DE AGUAS PARA IMPLANTAR EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID LA GESTION DE REDES DE AGUAS RESIDUALES
RECICLADAS PARA EL RIEGO DE PARQUES Y JARDINES, ¿EN QUE FASE
SE ENCUENTRA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE
INTEGRAN ESTE PLAN PILOTO? (Número de expediente 180/001066)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Fernández
Gordillo.
Tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es evidente que la escasez de recursos
hidráulicos en nuestro país plantea no sólo el problema del
abastecimiento del agua par el regadío, sino su utilización
para el mantenimiento de los parques y jardines de nuestras
ciudades.
En relación con el plan piloto elaborado por la Dirección
General de Calidad de Aguas de su Ministerio para implantar en
varios municipios de la Comunidad de Madrid la gestión de
redes de aguas residuales recicladas para el riego de parques
y jardines, formulo la siguiente pregunta: ¿en qué fase se
encuentra la ejecución de los diferentes proyectos que
integran este plan piloto?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Gordillo.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Como sabe su S.S., el Consejo de Ministros el pasado 17 de
febrero aprobó el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales, e acuerdo con las comunidades autónomas y
aprobado por unanimidad de todas ellas en la reciente
Conferencia Sectorial del Medio Ambiente celebrada en Madrid.
En este contexto, se ha elaborado un programa de reutilización
de aguas residuales depuradas para la Comunidad de Madrid, que
se concreta en diversos proyectos, cuyo objetivo promordial es
el riego de parques y jardines con agua depurada que permita
liberar así caudales para el abastecimiento público. El primer
proyecto ha sido el correspondiente a la ciudad de Madrid, en
donde parte de los efluentes depurados en la EDAR de La China,
con un tratamiento de desinfección potente, permita el riego
de los parques más representativos de la ciudad. El proyecto
está redactado, está pendiente de la correspondiente
aprobación técnica que dará paso a la apertura de un
expediente de información público.
Aparte de este proyecto, existen otros dos de gran interés,
que son el relativo al uso de las aguas residuales de la EDAR
de Alcalá de Henares, en el Jardín Botánico, actualmente en
fase de redacción, y el de riego de parques en San Fernando de
Henares, procedente de la EDAR de San Fernando-Coslada, que se
encuentra actualmente en fase de supervisión técnica.
Las actuaciones incluidas en estos tres proyectos se refieren
a tratamientos complementarios a los existentes en las
correspondientes instalaciones de depuración y a la creación
de nuevas infraestructuras en distribución y almacenamiento de
aguas. A lo largo de 1996 podemos haber concluido todas las
actuaciones administrativas previas a su licitación pública y
podremos pasar a la fase de ejecución.
Además de estos proyectos, existen otros que deberían permitir
reutilizar aguas residuales no sólo para regar parques y
jardines en Madrid, sino también para equilibrar mejor el
conjunto de cuencas de donde toman el agua los madrileños y a
las que revierten después de su uso y, en particular, me estoy
refiriendo a las grandes depuradoras del arroyo Culebro, que
tratarán las aguas residuales de Leganés y Fuenlabrada y
permitirán que, aguas abajo del Jarama, hacia su confluencia
con el Tajo, aumente la calidad del agua y, por tanto, la
posibilidad de utilizarla para fines agrícolas de distinto
tipo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL SEÑOR MINISTRO PARA
EVITAR QUE SE SIGAN VERTIENDO BASURAS A LA BAHIA DE ALGECIRAS
DESDE LA COLONIA BRITANICA DE GIBRALTAR? (Número de expediente
180/001069)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Martínez
Saiz, que tiene la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, de forma reiterada, los responsables del
Gobierno de Gibraltar solucionan sus problemas de
infraestructura de la manera más fácil para ellos: se deshacen
de sus basuras vertiéndolas al mar; vertidos que producen
cuantiosos daños en las playas de la bahía de Algeciras y, de
forma especial, en las playas de Levante, de La Línea de la
Concepción.
Ante estas repetidas y graves agresiones a nuestro medio
ambiente y como Ministro responsable de su conservación esta
Diputada quiere conocer piensa adoptar para evitar que sigan
vertiendo basuras a la bahía de Algeciras desde la colonia
británica de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Como sabe, sin duda, S.S., la normativa en vigor que regula el
vertido de desechos al mar está establecida en el convenio
internacional para la protección del Mediterráneo y protocolos
anejos, el denominado Convenio de Barcelona, y el convenio
internacional para prevención de la contaminación en el mar,
conocido como Convenio de Londres, de ámbito mundial. El Reino
Unido es signatario de ambos convenios y por ello debemos
exigirle el cumplimiento de las obligaciones que de los mismos
se deriven.
Como hemos tenido ya ocasión de manifestar en otras
circunstancias, el Gobierno español ha hecho llegar a las
autoridades del Reino Unido su grave preocupación por la
contaminación de la bahía de Algeciras y ha protestado ante el
Reino Unido por no aplicar la normativa vigente.Con ocasión de
la novena delegación española reiteró la necesidad y la
urgencia de que el Reino Unido cumpla con las obligaciones que
tiene asumidas en función de su calidad de signatario de
dichos convenios y tome las medidas oportunas para acabar con
la contaminación procedente de dicha colonia.
Asimismo, en el marco de la Unión Europea, el Gobierno español
está tratando de que el Reino Unido cumpla con estos
compromisos, y hemos dirigido una carta de emplazamiento al
Reino Unido para que, a la vista de la respuesta del mismo, la
Comisión adopte las decisiones que estime necesarias para
exigir a uno de sus Estados miembros que cumpla las normativas
vigentes, de cuyo incumplimiento se derivan las negativas
consecuencias para España que han motivado su pregunta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Saiz tiene la palabra.
La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien sabe, esta Diputada se ha
interesado en varias ocasiones por este problema, recabando
información del Gobierno última ocasión, y como contestación a
una pregunta escrita, el Gobierno, el día 30 de enero, me
informaba más o menos en los mismos términos en que el señor
Ministro acaba de hacerlo en este momento.
Lo que realmente nos inquieta, señor Ministro, es que, ante
esas reiteradas --según ustedes-- e insistentes denuncias ante
el Reino Unido de esa vulneración de los convenios
internacionales por parte de Gibraltar, sigamos esperando para
ver qué pasa con esa comisión y si el Reino Unido es capaz de
tomar decisiones según la contestación de dicha Comisión,
porque mientras tanto, señor Ministro, usted conoce --o debe
conocer, porque siempre dice usted en esta Cámara que está muy
interesado por preservar nuestro medio ambiente-- que siguen
vertiendo esas basuras a nuestras aguas; que siguen
permitiendo que los buques fondeen en aguas supuestamente
gibraltareñas, que no lo son, pero, al parecer, nosotros lo
damos por hecho, porque no hay acta alguna levantada por las
autoridades de este Gobierno, que tiene que vigilar para que
se cumpla la normativa sobre contaminación; no hay acta alguna
levantada y son numerosos los buques que diariamente están
fondeados limpiando sus sentinas en aguas de Gibraltar y de la
bahía de Algeciras. Además, señor Ministro, usted conoce --o
debe conocer-- que Gibraltar incluso se permite el lujo de que
aquellos coches o vehículos que tiene que desguazar los lanza
por una rampa
especial que existe en Gibraltar, con sus aceites y con sus
productos tóxicos incluidos. Son miles los que están en el
fondo de la bahía de Algeciras, y el Gobierno español no debe
esperar más.
¿Piensan ustedes acudir al Tribunal de Luxemburgo? ¿Piensan
hacer todo lo posible y lo antes posible, reitero, para que el
Gobierno del Reino Unido haga cumplir a las autoridades de
Gibraltar sus obligaciones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
Por supuesto, señoría, España hará todo lo que en su mano esté
para exigir a los Estados que incumplen obligaciones derivadas
del Derecho internacional que pongan fin a este incumplimiento
y eviten los perjuicios que nos ocasionan. Pero vivimos en un
Estado internacional de Derecho que nos obliga y que exige
utilizar los procedimientos reglados, y así lo estamos
haciendo. Y el aspecto más importante, en cuya importancia
quizá usted no ha recabado, es que la Comisión, no una
comisión, sino la Comisión de la Unión Europea, ha dirigido
una carta de emplazamiento al Reino Unido como resultado de
las denuncias efectuadas por España, paso previo para
cualquier actuación como la que usted señala.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE: ¿EN QUE MEDIDA VA A AFECTAR EL RECORTE
PRESUPUESTARIO A LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS
CARRETERAS LIMITE AVILA-PLASENCIA (N-110) Y PUERTO DE BEJAR-
ALDEANUEVA DEL CAMINO (CACERES), CON LICITACION PREVISTA EN EL
PROGRAMA DE ACTUACIONES PRIORITARIAS 93-95? (Número de
expediente 180/001074)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Camisón
Asensio.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿En qué medida va a afectar el
recorte presupuestario a las obras de acondicionamiento de las
carreteras límite Avila-Plasencia (N-110), y puerto de Béjar-
Aldeanueva del Camino (Cáceres), con licitación prevista en el
programa de actuaciones prioritarias 93-95?El señor P Tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Dicho ajuste presupuestario no va a afectar al proyecto por el
que se interesa S.S.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Entiendo, por sus palabras, señor
Ministro, que se reitera el compromiso político de llevar
adelante est dentro del plan puente de este trienio. Nos
alegramos y se alegran los extremeños, señor Ministro, pero lo
que ahora queremos es contrastar que esa reiteración del
compromiso político sea sincera. Porque tenemos el programa de
actuaciones prioritarias en carreteras del trienio 93-95, que
S.S. nos entregó en la Comisión, en su momento, editado,
lógicamente, en 1993, que es el primer año del trienio que nos
ocupa, que, concretamente en la página 7, dice que este
programa de actuaciones prioritarias en carreteras comprende
aquellas nuevas actuaciones susceptibles de ser licitadas en
los próximos 30 meses. Habida cuenta de lo que ha pasado en
1993, en los pasados meses de 1994 y de 1995, el plazo está
prácticamente cumplido o cumpliéndose. Entendemos que no
tendría sentido que el plan puente del trienio 1993-1995
sirviera para licitar en el trienio 1996-1998 y para ejecutar
en el posterior.
Por tanto, entendemos que tanto las obras de estos dos
acondicionamientos como la otra obra de la provincia de
Cáceres incluida en este programa, que es la autovía Cáceres-
Plasencia, deberían estar prácticamente licitadas si se
cumplen los plazos previstos. En el caso de estos dos
acondicionamientos, nos interesan sobre todos las partidas que
se refieren a las dos obras citadas en la pregunta, que suman
un total de 11.500 millones. Nos interesa justamente estos
11.500 millones, y es por lo que le he preguntado, señor
Ministro.
El señor PRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor
Presidente.
En su repregunta usted ha hecho referencia a los plazos del
plan puente de carreteras. Próximamente tendremos que analizar
en Consejo de Minis de ejecución de este plan, su duración
tendrá que ser prolongada; ya le anticipo ahora que no va a
ser posible licitar todas las obras contenidas en el plan
puente en el período inicialmente previsto, que llegaba hasta
el verano de 1996, no va a ser posible por los ajustes
presupuestarios sucesivos y también por las dificultades
técnicas que hemos encontrado en algunos proyectos y, sobre
todo, por la falta de medios humanos, técnicos, en la
Dirección General de Carreteras, más que por la de recursos
presupuestarios en su capítulo seis.
Por tanto, elevaré al Gobierno una propuesta para revisar los
plazos de ejecución del plan puente de manera que éste se
prolongue en el tiempo año 1997 seguramente, mientras las
Cortes siguen discutiendo el plan director de
infraestructuras. En cuanto a los proyectos concretos a los
cuales se ha referido S.S., ha preguntado si esos proyectos se
verían atrasados por el ajuste presupuestario de este año. La
respuesta debe ser muy concreta y clara: el ajuste
presupuestario de este año no va a retrasar la ejecución de
estos proyectos concretos, que en estos momentos están siendo
elaborados a nivel del proyecto constructivo y que podrían
estar disponibles para su licitación a finales de este año o a
principios del siguiente y, por tanto, en ningún caso
consumirían crédito presupuestario con cargo al presupuesto de
1995 y, en consecuencia, no se pueden ver afectados por el
ajuste presupuestario de 1995. Otra cuestión es el escenario
presupuestario que resulte en función del cual, como le digo,
tendremos que revisar los plazos de ejecución del plan puente
de carreteras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES FERNANDEZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE:
¿COMO AFECTARA EL RECORTE PRESUPUESTARIO ANUNCIADO
RECIENTEMENTE AL PROYECTO 91.17.04.0355 PARA LA RED ARTERIAL
DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ASTURIAS, DOTADO EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 1995 con 3.414,4 MILLONES
DE PESETAS? (Número de expediente 180/001075)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 29, de la
señora Fernández González, que tiene la palabra para
formularla.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el anunciado recorte en la autovía del
Cantábrico a su paso por Asturias y los reiterados
aplazamientos en la ronda sur gijonesa me llevan a preguntarle
si el anunciado recorte de su Ministerio afectará a la red
arterial de las principales ciudades de Asturias.El señor
PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señoría.
Los miércoles toca hacer la vuelta a España de cómo afectará
el recorte presupuestario. A ver si se enteran ustedes, les
conviene enterarse po pregunta en particular ya la han hecho
otra vez, se han equivocado ustedes de etapa. Esta etapa es la
segunda vez que la preguntan, y desde que la recorrimos hasta
ahora no hay ninguna novedad y, por tanto, no puedo añadir
nada distinto de lo que le formulé en mi respuesta anterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Fernández tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Ministro, creo que usted
debería repasar sus propios papeles. Esta pregunta ni se ha
formulado contestada. La pregunta de referencia fue a la
autovía del Cantábrico a su paso por Asturias, y usted anunció
un probable recorte. Yo estoy refiriéndome a la denominada
ronda sur gijonesa que usted sabe que aparece en la red
arterial de las principales ciudades de Asturias. Este
proyecto no es que vaya a tener retrasos y recortes, es que
los ha tenido históricamente. Aparecía en el primer plan
general de carreteras, posteriormente se incluye en el plan
puente de su Ministerio, en los Presupuestos para 1994 había
una previsión para 1995 de 6.000 millones de pesetas y sólo
hay cuatro mil. La segunda fase del proyecto se encuentra sin
proyecto de construcción ni de trazado, con un amplio retraso
y con un trazado que yo le invito desde aquí a que
reconsideren en el Ministerio.
Los accesos al puerto de El Musel y su conexión con la autovía
no tienen una sola peseta, pese a estar presupuestados en el
plan puente con 3.300 millones de pesetas.
Finalmente, señor Ministro, la autovía del Cantábricousted
sabe que tiene un trazado costero que inevitablemente, y fruto
de una cacicada polít quiebro hacia el interior, dejando a
Gijón aislada de su conexión con la autovía del Cantábrico.
Ello hace que su Ministerio deba paliar ese defecto, defecto
que es imputable a sus técnicos y a su Ministerio. Ese
presupuesto de ese proyecto de 9.000 millones no está ni en
acondicionamientos ni en la red arterial en los presupuestos
de 1995. Yo no sé cómo va a hacer usted las licitaciones. Me
gustaría que me lo aclarase, porque, tal vez, por arte de
magia, como usted decía la semana pasada, puede aparecer lo
que no está ni
en el mundo ni en los presupuestos. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.--Rumores.).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. Tiene la
palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO
AMBIENTE (Borrell Fontelles): Sabe usted, señoría, que lo que
no es no está en el mundo. (Rumores.) Por tanto, baste con que
no esté en el presupuesto para que huelguen las demas
consideraciones.
Si su preocupación se refiere en particular y de forma
concreta a las circunvalaciones de Gijón, debo decirle que no
tiene razón de ser. Puede tranquila, porque supongo que está
usted enterada de que el Alcalde de Gijón --uno de los mejores
alcaldes de España, socialista, por cierto-- me visitó hace
unos días y pasamos revista con él a la situación de estos
proyectos. Le pude garantizar que estos proyectos en
particular no tienen ningún retraso como consecuencia del
ajuste presupuestario de este año y que la autovía del
Cantábrico tendrá una gran «Y», que por una parte se dirigirá
hacia el interior, por el camino de los caciques, como usted
dice, y luego se dirigirá hacia Gijón, de manera que quede
articulado el territorio de una forma perfectamente acorde con
las necesidades de la ciudad de Gijón. Eso lo sabe el alcalde
y lo saben los ciudadanos.
Supongo que usted viene aquí a preguntarlo para ver si se
puede usted incorporar, aunque sea en cola, a la satisfacción
que deben sentir como consecuencia de un acuerdo que usted no
puede ignorar.
Los tres proyectos, Loreda-Piles, Piles-Infanzón y El Cueto-
Latores, están en fase de ejecución, en fase de adjudicación o
en fase de proyecto de acuerdo con las previsiones, con unas
inversiones muy importantes--6.700 millones de pesetas en un
caso, 8.000 millones en el otro--. En el último caso, de El
Cueto-Latores, estamos pendientes de adjudicar las obras y en
fase de estudio de las ofertas presentadas, cuyas plicas
fueron abiertas el pasado 16 de marzo, con un período de
ejecución que esperamos pueda ser rebajado con respecto a los
36 meses que han sido objeto de licitación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE EL
GOBIERNO ESTA RETENIENDO LA TRAMITACION DEL PROGRAMA GARAPEN
(PROGRAMA DE AYUDA E INVERSIONES ESTRATEGICAS, APROBADO POR EL
GOBIERNO VASCO) ANTE LA UNION EUROPEA, A CONSECUENCIA DE LO
CUAL SE BLOQUEAN AYUDAS POR VALOR DE 4.500 MILLONES DE PESETAS
PARA MERCEDES BENZ, ENTRE OTRAS EMPRESAS IMPORTANTES? (Número
de expediente 180/001052)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Albístur
Marín.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Mi pregunta, dirigida al señor Ministro de Economía y
Hacienda, es: ¿cuáles son las causas por las que el Gobierno
está reteniendo la tramitación del programa Garapen ante la
Unión Europea, a consecuencia de lo cual se bloquean ayudas
por valor --un ejemplo-- de 4.500 millones de pesetas para
Mercedes Benz, entre otras empresas importantes? Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur. Tiene la palabra
el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira):
Gracias, señor Presidente. Señoría, no hay ninguna retención.
Los mapas que se presentan son los de todo el país y no
exclusivamente los de un territorio. En consecuencia, era
imprescindible definir el mapa regional para toda España y no
únicamente para el País Vasco.
Ello es necesario porque hay una distribución del mapa de
ayudas de acuerdo con ciertos criterios de intensidad que
toman en consideración tan como los niveles de renta y de
riqueza y que tienen que ser coherentes con lo que sucede en
otros países también y otras partes del territorio español.
Por tanto, dentro de ese planteamiento global se tramitará el
Garapen de acuerdo con sus posibilidades.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra
el señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Ministro.
Yo no creo que sea un tema de mapas. Ese posiblemente sea un
criterio que tenga, no usted, sino su Ministerio; algunos
funcionarios o técnicos Ministerio.
El programa Garapen es un régimen de ayudas a la inversión
productiva y sigue siendo un proyecto básico, arbitrado para
hacer frente a un grave problema de desempleo, así como para
regenerar nuestro tejido industrial, me refiero al del País
Vasco. El proyecto fue remitido a la Secretaría de estado para
las Comunidades Europeas para su tramitación ante la Unión
Europea, en octubre de 1992, y se encuentra actualmente
paralizado porque el Ministerio de Economía y Hacienda
mantiene su informe desfavorable a dicha tramitación, incluso
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige la
Comisión para Asuntos Europeos.
El proyecto tenía una dotación presupuestaria, como sabe usted
muy bien, prevista para los ejercicios 1992-1995, de 30.000
millones de pesetas, lo que suponía partidas similares o
superiores a las previstas por el propio Ministerio de
Economía para los incentivos regionales en el conjunto del
Estado.
Considero que la actitud de la Administración central ha
supuesto una clara ruptura del deber de colaboración entre
administraciones públicas, va a permitir decirlo, sin ánimo de
nada más) que con abuso de poder; bloqueo de una iniciativa
autonómica adoptada en uso de su autonomía financiera y
presupuestaria y de sus propias competencias de política
industrial y promoción y desarrollo económico.
La administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco está
siendo gravemente perjudicada al impedírsele el normal
ejercicio de sus funciones, perjuicio que se refleja al menos
en tres niveles: ante sus propios órganos fiscalizadores del
gasto público; cuestiona, en segundo lugar, la imagen y
credibilidad de nuestra administración autónoma ante los
inversores que el propio programa trata de atraer; y tercero,
nos sitúa sin cobertura formal suficiente ante la
fiscalización de las autoridades comunitarias de la Dirección
General IV de las ayudas públicas que concede la Comunidad
Autónoma vasca.
Lo que le soliciaría precisamente, ante la ruptura de lo que
se puede considerar como un principio mínimo de colaboración,
señor Ministro, es una reunión urgente del Ministerio con el
Departamento de Industria del Gobierno vasco, y una búsqueda
de soluciones (cosas más graves han solucionado), y no de
bloqueos por razones políticas...
El señor PRESIDENTE: Señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: ...para aportar soluciones...
El señor PRESIDENTE: Señor Albístur.
El señor ALBISTUR MARIN: ...a las industrias y empresas que
han investigado en el País Vasco.
El señor PRESIDENTE: Señor Albístur, ¡por favor!
El señor ALBISTUR MARIN: He terminado, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Su tiempo había terminado hace ya
bastantes segundos.
El señor ALBISTUR MARIN: El mío y el de otros señores que han
intervenido antes que yo, según esa señal roja que está hay
delante. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Por supuesto, señoría, estamos en contacto con el Gobierno
vasco para intentar buscar una solución. Lo que sucede es que
S.S. parte de una afirmación que no es correcta. Su señoría
dice que no es un problema de mapas. Pues sí, señor Albístur,
sí es un problema de mapas. Es un problema de acuerdo con el
cual las ayudas que se pueden dar para que no se creen
problemas de competencia entre unas y otras zonas de la Unión
Europea se definen en función de la intensidad de ayudas, de
acuerdo con el nivel de riqueza. Estas intensidades máximas de
ayuda, en términos de inversión, tienen que calcularse en
función del resto del territorio y en función de lo que sucede
en otros Estados miembros.
Es cierto, además, que tenemos que presentar un mapa nacional
que sea coherente. El hecho de que el Gobierno vasco pueda
poner a disposición de sus industrias una cantidad superior a
la que pone el resto del país, no es una justificación para un
tratamiento diferenciado en cuanto a la naturaleza y a la
intensidad de las ayudas. La intensidad de las ayudas tendrá
que ser la que puede ser, y en ese sentido estamos dispuestos
a colaborar, como lo hemos hecho siempre, con el Gobierno
vasco para buscar una solución que tendrá que ser coherente
con la legislación comunitaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SR.
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUALES SON LOS PLANES DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LOS CONTROLES DE CAPITALES SUGERIDOS
POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y POR EL MINISTRO DE COMERCIO Y
TURISMO? (Número de expediente 180/001073)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Montoro
Romero.
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuáles son los planes del Gobierno en
relación con los controles de capitales sugeridos por el
Presidente del Gobierno y por el Ministro de Comercio y
Turismo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Su señoría conoce bien que no hay ningún plan del Gobierno
para controlar los capitales en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa
la Presidencia.)
El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, señor Ministro, el
Grupo Popular se felicita, se congratula, de la declaración
que ha h Ministro de Economía respecto de la no intención del
Gobierno de establecer controles de capitales. Pero, a
continuación, no nos queda más remedio que ponerla en duda. ¿A
quién creemos, señor Ministro de Economía, al señor Presidente
del Gobierno cuando hizo las declaraciones el pasado día 10 de
marzo o al señor Gómez-Navarro? ¿Por qué habla el señor
Ministro de Comercio y Turismo sobre esta materia? ¿Cuál es su
crédito, cuál es su título para anunciar esos controles de
cambio? ¿Qué está pasando en este Gobierno? ¿Qué ocurre con
este Gobierno, que se presenta inerme ante los acontecimientos
internacionales y que, con su actitud, lo que hace es
deteriorar la imagen internacional de España, como ya hemos
advertido desde estos escaños desde hace meses?
Así lo que se hace, señor Ministro, es penalizar a la economía
española e impedir su crecimiento y la creación de empleo. El
Gobierno, con este tipo de declaraciones --si quiere que le
precise, s Economía--, está intentando eludir sus
responsabilidades. Es la pérdida de credibilidad del Gobierno
el auténtico problema de España frente a los mercados
financieros internacionales, y ustedes están presentando a la
opinión pública española algo así como un chivoexpiatorio.
Buscan un responsable lo que hacemos es negar la realidad,
como he insistido reiteradamente; de esa manera lo que hacemos
es entorpecer el progreso de España en su integración en la
economía mundial y en la economía europea. La libre
circulación de capitales es, en primer lugar, una realidad
ineludible. Vamos a tener que convivir en ella durante tiempo
y seguramente nunca veremos un retroceso en esa libre
circulación de capitales. En segundo lugar, es una necesidad.
Lo es para Europa, porque, ¿cómo puede concebirse una unión
monetaria europea sin constituir previamente una zona
monetaria óptima donde esa libre circulación de capitales
asigne eficientemente los recursos en la economía? También es
verdad que la libre circulación de capitales implica riesgos y
costes, pero, sobre todo, implica una exigencia, la de reducir
los desequilibrios de la economía, lo que sin duda lo que hace
es reforzar la convergencia de las políticas económicas. ¿Qué
clase de Europa es la que ustedes pretenden construir, señor
Ministro de Economía?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas
gracias, señor Presidente.
Yo creo que estamos de acuerdo en que los movimientos de
capital son una realidad irreversible. Queda claramente
definido en el artículo 73 B Unión, aunque S.S. también es
consciente de que hace referencia a algunas posibilidades de
controles a corto plazo en situaciones anómalas y,
evidentemente, por períodos limitados. Nunca se nos ha pasado
por la imaginación utilizar este tipo de mecanismos para hacer
frente a las dificultades actuales, dificultades que, por otra
parte, son bastante claras y evidentes. Yo creo que S.S. tuvo
ocasión de debatir este tema en la Comisión de Economía y
espero que en aquel momento quedara claro cuáles eran las
razones y los argumentos.
Lo que sucede es que S.S. saca ventaja de unas declaraciones
realizadas en un contexto distinto para intentarlas aplicar a
la realidad españo --me pareció que era la interpretación
correcta, la que se podía hacer de buena fe-- que, tanto las
referencias del Presidente como las del Ministro de Comercio,
encajaban dentro de un marco más general de reflexión que se
está planteando no sólo en nuestro país sino también en otros
sitios a nivel profesional, de analistas --el Presidente de la
propia Comisión de la Unión Europea hizo referencia a lo
mismo--, sobre en qué medida los organismos internacionales no
deben reflexionar sobre los efectos de la libre circulación de
capitales y los problemas que están surgiendo.
Todos somos conscientes de que nuestra capacidad de actuación,
nuestra capacidad de intervención, es muy reducida, en función
de los fondos que se manejan, pero todos también somos
conscientes de los problemas que se están planteando en el
momento actual como consecuencia de esta libre circulación de
capitales. Incluso elementos como el control de las
operaciones de derivados, de tan malos resultados estos días,
fuerzan a muchos a pensar si no conviene discutir esos
problemas a nivel mundial. Evidentemente, de eso es de lo que
se está hablando, en ningún caso de intentar adoptar una
decisión nacional y, mucho menos, de forma unilateral.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL
SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿EN QUE
CONDICIONES SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO LA RESOLUCION DE LOS
PROBLEMAS PESQUEROS DE LA FLOTA ESPAÑOLA QUE FAENA EN EL AREA
DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO
NOROCCIDENTAL (NAFO)? (Número de expediente 180/001068)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22,
del señor Fernández de Mesa Díaz del Río, que tiene la
palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué condiciones se encuentra en este
momento la resolución de los problemas pesqueros de la flota
española que faena en el área de la NAFO?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de
Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
En mi comparecencia en la Comisión de Agricultura del pasado
miércoles ya le informé de que, al objeto de conseguir la
liberación del buque «Estai», se habían realizado una serie de
gestiones políticas y diplomáticas por la Unión Europea con
amenazas de retorsión de sanciones, tanto por parte de la
Unión Europea como por España. Sin embargo, como sabe S.S.,
antes de que diesen su resultado, el buque fue liberado tras
una negociación bilateral entre las autoridades canadienses y
el armador. A partir de entonces se han venido celebrando unas
conversaciones informales entre la Unión Europea y las
autoridades canadienses que no pueden centrarse en otros
puntos que no sean el restablecimiento de la legalidad
internacional, quebrantadapor el comportamiento de las autorid
y las decisiones que se puedan adoptar sobre la gestión de los
recursos en el seno de NAFO, en una reunión que
desgraciadamente no ha podido celebrarse por la oposición de
Canadá y de alguna otra parte contratante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias señor
Presidente, gracias, señor Ministro.Desde su última
comparecencia hace una semana han pasado mucho tiempo y muchas
cosas, señor Ministro. No puede usted remitirse en este
trámite parlamentario a la comparecencia del miércoles pasado.
Esto es realmente lamentable. Y es más lamentable, señor
Ministro, que el Gobierno español no haya planteado seriamente
ante la Unión Europea qué es lo que quiere España en el tema
de NAFO.
Hay dos temas fundamentales, independientemente de restablecer
la normalidad en la pesquería internacional a favor de los
intereses españoles. En primer lugar, la recomposición del
Comité de NAFO. La Unión Europea no puede continuar teniendo
el mismo número de votos que Letonia, Estonia, Lituania,
Japón, Rusia, Cuba; países que no tienen intereses allí. En
segundo lugar, es imprescindible remontarse a la negociación
de Halifax y no venir ahora a hablar de la cuota autónoma que
nos hemos fijado de dieciséis mil y pico de toneladas, sino
volver al mes de septiembre cuando unilateralmente NAFO rebajó
de 44.000 a 27.000 toneladas para repartir entre todos los
países que faenan en la zona.
Señor Ministro, lamentablemente hace pocos meses era el tema
de la costera del bonito; después es la anchoa en el País
Vasco; más tarde, NAFO; dentro de unos meses será el tema de
Marruecos y, mientras tanto, el sector pesquero español, señor
Ministro, está en clara decadencia. Da la sensación de que el
Gobierno no toma ni una sola medida más que las conversaciones
entre despachos, las llamadas telefónicas, pero, «de facto»,
no hay ni una sola sanción. ¿Qué ha hecho el Ministro de
Asuntos Exteriores hasta hoy? ¿Qué sanciones se han tomado?
¿Se han cortado las importaciones de amianto o de lentejas? No
se ha hecho absolutamente nada, señor Ministro. ¿Qué medidas
son las que ha adoptado el Gobierno mientras nuestros
marineros continúan en alta mar bregando con olas muy altas y
con muy bajas temperaturas? ¿Que es lo que se va a hacer a
partir del día 30 de abril con Marruecos, señor Ministro,
donde vamos a perder cerca de 12.000 puestos de trabajo
directos?
Señor Ministro, yo siento tener que decirle que es lamentable
y vergonzosa la actuación que está llevando a cabo el Gobierno
español, no sólo usted sino todos los miembros de su Gabinete,
por defender los intereses españoles pesqueros en este momento
concreto. Yo creo, señor Ministro, que está usted ganando una
baza, y es la de que probablemente dentro de muy poco tiempo
usted pase a ser única y exclusivamente Ministro de
Agricultura y Alimentación, porque la Pesca se la habrá
cargado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Viene usted haciendo el mismo discurso mes
tras mes, pero no aporta nunca nada nuevo.
Ha mencionado usted el conflicto de la anchoa y, sin embargo,
no ha dicho que los propios pescadores han reconocido que el
acuerdo que se había negociado con Francia era bueno porque
representaba una parada del sector pelágico francés, como ha
parado de hecho, de acuerdo con el compromiso del pasado 20 de
marzo.
Sobre la recomposición del voto, tengo que decirle que en
todos los organismos regionales, en el marco de la legislación
del Convenio de Naciones unidas sobre el Derecho del Mar, cada
parte contratante tiene un voto. Lo mismo sucede en el Báltico
en el que todos los Estados miembros comunitarios tienen un
voto. Eso, entre otras cosas, cuestiona el hecho de que las
decisiones se tomen por mayoría, no tanto teniendo en cuenta
cual sea el número de votos que se tenga cuando se vota, sino
porque las votaciones, sobre todo en lo que se refiere a
criterios de distribución, se adopten por consenso; consenso
que se rompió en esta ocasión.
Se han hecho muchas gestiones. ¿Cuál tiene que ser el
resultado? Muy sencillo. El resultado tiene que ser que Canadá
retiré su ley que le permite actuar más allá de las 200 millas
en contra de la legalidad internacional, que se restablezca
plenamente con las indemnizaciones correspondientes y, por
supuesto, que se discuta sobre mecanismos de control y sobre
una distribución equitativa de las posibilidades de pesca. Por
otro lado, ya sabe usted que existe en estos momentos una
patrullera española apoyando nuestros barcos.
--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION: ¿EN QUE MEDIDA
LA POLITICA AGRARIA DEL GOBIERNO ES RESPONSABLE DE LA
IMPORTANTE SUBIDA DEL IPC SUFRIDA EL PASADO MES DE FEBRERO?
(Número de expediente 180/001076)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 30,
del Diputado don Miguel Ramírez González.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué medida la política agraria del
Gobierno es responsable de la importante subida del IPC
sufrida el pasado mes de febrero?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias.
Como usted ya sabe, la contribución del IPC de alimentación
fue muy similar --el 0,6 por ciento-- a la del IPC de los
productos no alimentarios, que fue el 0,5 por ciento. Por
tanto, no hubo una diferencia sensible entre un producto y
otro.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ramírez.
El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, ésa es su versión.
La versión de los que han comentado la subida del IPC es la de
que, según fuentes del Ministerio de Agricultura, la sequía
había provocado que determinados alimentos tuvieran una subida
importante en la cotización, especialmente el aceite de oliva
y las patatas. La fuente informativa es el Ministerio de
Agricultura, y la sequía, señor Ministro, no es la causante de
esa subida de precios. Por cierto, los precios agrarios, en
los últimos doce meses, han subido el 6 por ciento. Son
decisiones de su Departamento las que están provocando
tensiones en los precios de los productos alimentarios.
Señor Ministro, su Departamento decidió quedarse sin reserva
de cereales, malvendiendo los cereales que había en el
organismo de intervención este verano, cuando ya se sabía que
había mala cosecha, creando una tensión importante de precios
en el interior.
Su Departamento es el que permitió vender las últimas 30.000
teneladas de aceite de oliva a una multinacional, única
compradora, para que, a s del mercado en las condiciones que
han querido, y así lo ha demostrado. Su Secretaria de
Alimentación fue la que hizo las declaraciones diciendo que se
iba a poner el aceite de oliva a 600 pesetas, haciéndole el
juego a esa multinacional, porque gracias a su intervención
unos pocos han ganado muchos miles de millones de pesetas.
Señor Ministro, usted está logrando, con sus decisiones, la
llamada cuadratura del círculo: usted está enfadando
simultáneamente a los agricul consumidores; a los sindicatos
agrarios y a las amas de casa. Usted está generando un
desconcierto absoluto con sus decisiones en la política
agraria.
Yo espero que su paso por el Ministerio sea corto, señor
Ministro, porque, como le han recordado, el epígrafe «pesca»
va a desaparecer en el frontispicio del Ministerio. La
política agraria ya ha desaparecido, porque nos la hacen en
Europa con escasa presencia de nuestros intereses. Y la
política alimentaria, señor Ministro, nos la hacen las
multinacionales, en el caso concreto y último del aceite de
oliva.
Usted, señor Ministro, va a pasar a la historia por haber
provocado que España se quede totalmente desabastecida. En
este momento no tenemos capacidad en
nuestras intervenciones de presionar sobre el mercado
nacional. No tenemos cereales; no tenemos aceite; no tenemos
vino; estamos completamente en manos de nuestros
abastecedores. (Rumores.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro
tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
No es mi versión, señoría, es la versión del instituto
Nacional de Estadística la que dice cuánto han subido los
productos alimenticios y cuánto han subido los no
alimenticios. Lamento, además, que se una usted al coro de
quienes pretenden acusar a los productos alimenticios de la
subida de los precios, porque le voy a dar un dato. Usted sabe
que con los productos alimenticios no se puede analizar el
dato de un mes, ni de dos, ni de cinco. Le voy a dar el dato
de los cuatro últimos años. En los cuatro últimos años la
media de crecimiento de los precios no alimenticios ha sido
del 6,2 por ciento, y la de los productos alimenticios ha sido
del 3,5 por ciento. Es decir, que cada año los precios de los
productos alimenticios han subido casi tres puntos menos que
los productos no alimenticios. (El señor Ramírez González:
Seis, seis.) Por tanto, su apreciación es completamente
errónea, completamente torticera.
Respecto a la evolución de la renta agraria y la pesquera,
quiero decirle que en 1994 el crecimiento de la renta agraria
ha sido un crecimiento récord y ha hecho que, desde el ingreso
en la Unión Europea, sea éste el país en el que más ha crecido
la renta agraria por ocupado a lo largo de los últimos nueve
años. Y, desde el punto de vista pesquero, ha sido un país con
fuerte crecimiento de los desembarcos y con fuerte mejora de
la balanza comercial pesquera. Por tanto, yo espero que estos
éxitos que se han conseguido en 1994 sigan en el futuro y que
cuando me marche me echen de menos. (Risas.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
SEÑORA CONSUMO: ¿SE RATIFICA LA SEÑORA MINISTRA EN SUS
DECLARACIONES PUBLICAS EN LAS QUE AFIRMO QUE LOS PRINCIPALES
RESPONSABLES DE LAS LISTAS DE ESPERA EN EL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD SON LOS MEDICOS? (Número de expediente 180/001070)El
señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24 del
Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana.
El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.
Señora Ministra, ¿se ratifica en sus declaraciones públicas,
en las que afirmó que los principales responsables de las
listas de espera en el Salud son los médicos?
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra de
Sanidad tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, ratificar significa adverar hechos, escritos o
actos que se han realizado. Yo no he hecho esas afirmaciones,
ni mis hechos, ni mis actos, ni mis escritos las adveran y,
por tanto, difícilmente las puedo ratificar.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Fernández-
Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.
Señora Ministra, mienten, pues, los periodistas; miente la
prensa que informa de sus declaraciones en los pasillos del
Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid en el magno
evento de cargos socialistas de la Sanidad. Mienten, según
S.S., pero l están y los españoles que las sufren, más de
200.000, fuera de la sanidad pública.
Es cierto. ¿Quién puede dudar, además, de que los médicos
están totalmente satisfechos de su gestión, señora Ministra?
¿Qué importancia tiene que seis siga siendo igual a cero para
los estudiantes de medicina? ¿Qué importancia tiene que los
especialistas sin título oficial, trabajando ocho o diez años
para la sanidad pública, estén siendo despedidos por su
señoría? ¿Qué importancia tiene que el 50 por ciento de los
médicos que trabajan para el Insalud sean interinos? ¿Qué
importancia tiene que el complemento de productividad es
graciosamente repartido por sus gerentes? ¿Qué importancia
tiene que las diferencias salariales de los médicos del
Insalud con los de algunas comunidades autónomas sean de un
millón menos al año?
La satisfacción, señora Ministra, es tan grande que le están
anunciando huelgas en todos los niveles de la sanidad pública,
que las manifestaciones en la puerta de su Ministerio son ya
acampadas y, mientras tanto (y ahora presten atención,
señorías, porque oiremos que
las listas de espera no existen), S.S. cierra los hospitales a
las tres de la tarde, sus gerentes compran el material un 200
por ciento más ca mercado, se facturan prótesis que no se
implantan a ningún enfermo, los hospitales incumplen
sistemáticamente la Ley de Contratos del Estado según denuncia
el Tribunal de Cuentas y el Sistema Nacional de Salud recibe
préstamos del Banco de España a través de la Seguridad Social
que tendremos que devolver hasta el año 2019.
En definitiva, señora Ministra, ante esta realidad, con las
cifras de las listas de espera inamovibles, decir que de todo
esto tiene la culpa alguien que no sea usted misma, sería una
inmensa desfachatez. Una inmensa desfachatez que, además,
sumaría crispación a la sanidad pública, de la que no está
nada necesitada.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández-Miranda.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
La síntesis que S.S. hace una vez más sí que va a dejar
contentos a todos los profesionales que trabajan día a día en
el sistema sanitario y es bueno que le oigan. Es bueno que
oigan la opinión que S.S. tiene de cuál es la situación de la
sanidad.
Evidentemente no le puedo contestar en cinco minutos a esa
sarta de inexactitudes, de imputaciones falsas, de falsedades
absolutas, pero me vo listas de espera, señor Diputado, que es
el pretexto para esta pregunta y le voy a dar una información
que seguramente le interesa.
El Sistema Nacional de Salud y el Insalud tienen listas de
espera y puntualmente informo de cómo van, de cómo se mueven
los números en las listas de espera y de cuáles son los
objetivos que pretendemos cumplir. Sin embargo, le voy a leer
un comunicado que se manda con carácter de circular en una
comunidad autónoma en la que su Partido tiene la
responsabilidad de gobernar y en la que el consejero de
Sanidad es uno de los ponentes en ese otro magno evento que
hizo el Partido Popular para explicar su programa sanitario.
Era uno de los ponentes de esa conferencia «La sanidad en
libertad». Esta es una buena traducción de qué significaba
aquéllo, porque dice: En relación con la solicitud de consulta
formulada por usted y siguiendo instrucciones, lamentamos no
poder atender su solicitud debido a la lista de espera, por lo
que le recomendamos solicitar consulta en el centr tenga
asignado en la comunidad autónoma donde esté inscrito.
Esta es la traducción del Partido Popular cuando gobierna y
ésta es la lista de espera, que evidentemente no existe porque
dice: Debido a la lista de espera, no se le atiende. Mientras
esto sea así, señor Diputado, debería usted ocuparse de cómo
van las listas de espera en las comunidades donde tienen
responsabilidades de Gobierno y dejar de imputar falsedades a
esta Ministra.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE CRITERIOS HAN
INSPIRADO EL DOCUMENTO DE INDICADORES DE CALIDAD EN LA
PRESCRIPCION FARMACOLOGICA DEL INSALUD, QUE HA EXCLUIDO DE LA
GRATUIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DIVERSOS ESPECIFICIOS
FARMACOLOGICOS COMO CONSECUENCIA DEL REAL DECRETO 83/1993, DE
22 DE ENERO, DE USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO? (Número de
expediente 180/001071)
El señor VICEPRESIDENTE(Beviá Pastor): Pregunta número 25, de
la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra. ¿Qué criterios han inspirado el documento de
indicadores de calidad en la prescripción farmacológica del
Insalud, que ha excluido de la gratuidad del Sistema Nacional
de Salud diversos específicos farmacológicos como consecuencia
del Real Decreto 83/1993, de 22 de enero, del uso racional del
medicamento?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández de Capel.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.
Señora Fernández de Capel, las exclusiones de especialidades
farmacéuticas de la financiación pública se hicieron
desarrollando un decreto del año 1993, en virtud de una orden
que entró en vigor en julio de 1993 y son, como todo el mundo
sabe, las que se refieren a productos cosméticos, a champús, a
cremas dermatológicas, etcétera.
Me pregunta S.S. por este documento que se llama «Indicadores
de calidad en la prescripción farmacológica» que es un
documento elaborado por el Insalud
con posterioridad a ese decreto, que nada tiene que ver con la
exclusión de la financiación pública de ninguna especialidad
farmacéutica, sino que, por el contrario, trata de fijar
criterios para mejorar el programa de uso racional del
medicamento y la información de los médicos en cuanto a las
cualidades terapéuticas de los subgrupos terapéuticos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la
señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la admiro por su peculiar capacidad para
camuflar el medicamentazo. Porque no valen eufemismos. Ese
documento «Indicadores de calidad en la prescripción
farmacológica» es solamente un vano intento de revestir de
carácter científico lo que es un recorte de los medicamentos,
con dos actuaciones que se han calificado por los expertos
como muy discutibles. En primer lugar, hacer una lista de
especialidades calificándolas de baja utilidad terapéutica. Y,
en segundo lugar, utilizar dicha lista como indicación para
que los médicos no las prescriban.
Hay que aclarar, señora Ministra, porque usted no lo hace, que
antes de ser aprobado un medicamento tiene que probar su
eficacia terapéutica y cumplir los requisitos de los artículos
9.1 y 10.1, apartados a) y b) y siguientes y los puntos 2 y 3
del mismo artículo de la Ley del Medicamento que está en
vigor. Cumplidos estos requisitos, si el Ministerio los
autoriza, ¿cómo dice ahora que no son eficaces? Esto resta
credibilidad al Ministerio, si es que le queda alguna, porque
entra en conflicto con dos actitudes diferentes: como garante
de calidad y como controlador del gasto farmacéutico. Este
problema lo ha agravado el Ministerio cuando ha aprobado que
se refundieran las dos funciones en la Dirección General de
Farmacia. ¿Cómo es posible que se pretendan rechazar unos
medicamentos con argumentos que no son científicos y se dejan
otros exactamente iguales? ¿Por qué? Su Ministerio deberá
aclararlo. ¿Es por eso, señora Ministra, por lo que el
documento «Indicadores» no lo ha aprobado la Comisión del uso
racional del medicamento? No intenten hacer ver lo blanco
negro y reconozcan que intentan recortar los medicamentos.
Basta ya de medias verdades y de grandes mentiras, porque
desde junio de 1993 ustedes, con un lenguaje que dice
racionalizar, ofertar, regular, lo que hacen claramente es
recortar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Fernández de Capel.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán):
Gracias, señor Presidente.Comprendo, señoría que insistan
ustedes en tener que hacer creíbles las afirmaciones que con
tanta alegría se han permitido hacer en ocasiones, pero es que
no es cierto: no hay recorte de prestaciones farmacéuticas.
Insisto --y aquí lo tengo a su disposición-- en que el
documento al que se refiere S.S. es un manual de indicadores
de calidad en la prescripción farmacológica, elaborado por un
grupo de expertos del Insalud, que sirve como herramienta para
que se amplíe la información de los médicos que lo solicitan
sobre cuáles son los subgrupos terapéuticos más eficaces,
seguros y de mayor calidad en relación con las enfermedades
que se abordan.
Señora Diputada, está usted faltando al respeto del libre
ejercicio y la libre facultad de prescripción de los médicos
si dice que por un documento interno que se elabora para
nuestros profesionales, estamos recortando los medicamentos
que los médicos prescriben con toda libertad en función de su
conocimiento. Este documento no supone exclusión de ningún
medicamento y sí un intento --a mi juicio, importantísimo e
imprescindible-- de mejorar los conocimientos de los médicos a
la hora de prescribir adecuadamente.<ð Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Ministra.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL ARQUEROS OROZCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SR.
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE CAUSAS HAN MOTIVADO LA DEMORA
EN REMITIR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL PROYECTO DE LEY
SOBRE SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS, APROBADO EN EL
CONSEJO DE MINISTROS EL PASADO 13 DE ENERO? (Número de
expediente 180/001072)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 26,
del Diputado don Manuel Arqueros Orozco.
Tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Presidente, señor Ministro,
¿qué causas han motivado la demora en remitir al Congreso de
los Diputados el proyecto de ley sobre supervisión de los
seguros privados, aprobado en el Consejo de Ministros el
pasado día 13 de enero?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el
señor Ministro de la Presidencia.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, muy sencillo. El Consejo de Ministros aprobó el
proyecto de ley, aprobó en ese acto un conjunto de directrices
políticas para modificar algunos artículos del proyecto que el
Consejo estudió, y encomendó a los Ministerios
correspondientes la modificación técnica de dichos artículos,
que se procedió a realizar, momento a partir del cual se
remitió a la Cámara dicho proyecto de ley para su tramitación
reglamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor Ministro, tras la disolución
de las Cortes y el decaimiento del anterior proyecto de ley,
la tramitación prelegislativa del nuevo proyecto de
supervisión de seguros privados es la siguiente. Con fecha 17
de enero de 1994 se remite el anteproyecto al Consejo General
del Poder Judicial, que el 23 de febrero emite un dictamen
fuertemente crítico con aspectos sustanciales del
anteproyecto. Ante las fuertes críticas suscitadas por el
anteproyecto por parte del Consejo General del Poder Judicial
y de la junta consultiva de seguros, aparece un segundo
borrador, recibido por el sector del seguro el 2 de junio de
1994. Se remite un tercer borrador al Consejo Económico y
Social, que se niega a emitir su dictamen hasta que el
anteproyecto esté completo. Falta la disposición adicional
sobre el régimen fiscal de los fondos de pensiones, que
aparecía en blanco. Remitido al Consejo Económico y Social el
2 de noviembre de 1994, emitido dictamen el 23 de noviembre de
1994, en el mismo se solicita una radical reconsideración del
anteproyecto, aunque ninguna de sus observaciones fue
finalmente recogida en el texto del actual proyecto. El 31 de
octubre se remitió al Consejo de Estado, que emitió dictamen
el 22 de diciembre del mismo año, también en un sentido
fuertemente crítico con el proyecto, sin que tampoco sus
observaciones hayan sido incorporadas al proyecto.
El proyecto de ley de supervisión de seguros privados,
aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de enero de 1995,
tiene una memoria justificativa del proyecto de ley de fecha 3
de febrero de 1995, por lo que parece que el Consejo de
Ministros aprobó un proyecto carente todavía de memoria. ¿Es
así? Remitido al Congreso de los Diputados el 21 de febrero de
1995, sin hacer referencia alguna al Consejo de Estado --no se
decía oído o de acuerdo con el Consejo de Estado, como suele
ser habitual--, el proyecto de ley de supervisión de seguros
privados ha sido objeto hasta el momento presente de cuatro
borradores...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Arqueros.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas
gracias, señor Presidente.
La descripción que usted ha hecho de la elaboración del
proyecto no tiene nada que ver, señoría, con la pregunta que
usted me hace. Usted me pregunta qué ha pasado entre el
momento en que el Consejo estudió el proyecto de ley, lo
aprobó y lo remitió a las Cámaras, y se lo he dicho. Ha pasado
lo que suele pasar con los proyectos de ley complejos, como es
éste: que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y
modificó algunos artículos. La redacción técnica corresponde,
lógicamente, a los ministerios afectados, que es en lo que se
ha gastado el tiempo que va entre el momento en que se aprobó
y el momento en que se remitió a esta Cámara.
Respecto a la memoria sólo tengo que decirle que es
perfectamente coherente la fecha en que se elaboró con el
trámite que le acabo de describir. Lógicamente, la memoria que
acompaña al proyecto de ley en esta Cámara es una memoria que
se modificó después del Consejo de Ministros en el que se
aprobó el texto del proyecto de ley, justamente para
incorporar aquellas correcciones que el Consejo de Ministros,
en uso de sus facultades, consideró portuno incorporar. Esa es
la razón por la que la fecha de elaboración de la memoria es
posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó
formalmente dicho proyecto.
Por tanto, ninguna irregularidad; nada más que la tramitación
normal de un proyecto de ley de complejidad técnica, como es
éste, que se ha enviado a las Cámaras en uso de las facultades
que el Gobierno tiene, porque, como usted bien conoce, y con
esto termino, no hay ningún plazo establecido en ninguna ley,
ni en el Reglamento de las Cámaras, ni en la Constitución,
para que el Consejo de Ministros envíe a las Cámaras los
proyectos de ley que aprueba.
Muchas gracias, señor Presidente.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: DESDE LA
FIRMA DEL CONVENIO CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS, ¿HA AUMENTADO EL NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS CON
LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/001057)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 11,
del Diputado don Jaume Antich i Balada, que tiene la palabra.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia e Interior, la objeción
de conciencia y la consiguient sustitutoria sabe que nos ha
preocupado bastante, tanto a este Diputado como a usted mismo
y al Ministerio, y de ahí las gestiones que yo mismo, como
alcalde y representante de la Federación de Municipios, hice
ante la comisión ejecutiva, al objeto de que la propia
Federación firmara un convenio con el ministerio, instando de
alguna forma a que los municipios asociados posteriormente
firmaran a su vez convenios con el Ministerio de cara a
facilitar un incremento del número de plazas donde poder
realizar la prestación social sustitutoria. Habiéndose firmado
ya ese convenio, como usted mismo informó en su contestación a
alguna otra pregunta que le formulé con anterioridad, creo que
ha llegado el momento de ver el resultado del mismo.
Por ello, señor Ministro, le formulo la pregunta siguiente:
Desde la firma del convenio con la FEMP, ¿ha aumentado el
número de plazas concertadas con los ayuntamientos para la
realización de la prestación social sustitutoria?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Antich.
Señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, le reitero una vez más la gratitud del Ministerio por
sus gestiones y en general a la Federación Española de
Municipios y Provincias que sobre el tema de las plazas de
prestación social sustitutoria ha mantenido y mantiene a lo
largo de estos tiempos.
Efectivamente, el convenio al que S.S. alude se firmó el 21 de
julio de 1994. A fecha de hoy, ya hemos constatado, de manera
real, las ventaj acuerdo. Concretamente, se ha producido un
incremento del número de plazas concertadas equivalente al 35
por ciento del que existía con anterioridad al convenio de
julio de 1994. Particularmente significativo puede ser, por
ejemplo, el mes de diciembre, en el que ha habido una subida
lineal de dos mil ochocientos y pico, más 291 nuevas entidades
locales que se han incorporado al convenio. Esa misma línea
sigue en la actualidad. Concretamente, como consecuencia del
plan de conciertos firmado el 13 de marzo, se ha producido
otro aumento cifrado en 1.323 plazas netas nuevas que
corresponden a otras 161 entidades locales.
Resumiendo, la situación es que, de las cincuenta y cinco mil
y pico plazas que actualmente tenemos para la prestación
social sustitutoria, más de 16.000 corresponden a entidades
locales, lo cual equivale a un 30 por ciento aproximadamente.
Muchas gracias.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA EVOLUCION
DEL NUMERO TOTAL DE PLAZAS CONCERTADAS CON LOS DISTINTOS
ORGANISMOS PARA LA REALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/001058)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12 del
señor Antich i Balada.
El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, completando en parte la
información solicitada en la pregunta anterior, la que ahora
le formulo pretende conocer si otras instituciones, instancias
diversas, con las cuales tiene firmados convenios el
Ministerio de Justicia e Interior, en concreto la Oficina de
Objeción de Conciencia, ahora ya Dirección General, han
seguido una línea semejante de incremento de las mismas.
Por ello, le formulo la pregunta siguiente: ¿Cuál es la
evolución del número total de plazas concertadas con los
distintos organismos para la realización de la prestación
social sustitutoria?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la evolución es positiva. Ya en otras ocasiones
hemos podido analizar algunas de las variables. Con respecto
al número total, indirectamente se lo he indicado en la
pregunta anterior, hemos llegado a la cifra de 55.071 plazas,
que, como le día hace unos días, permiten cubrir las
necesidades que en este momento tenemos.
La evolución es la siguiente: Desde 1988, en el que había un
número de plazas concertadas que no llegaban a las 2.500,
hemos pasado a las 55.000 que actualmente tenemos; en
definitiva, más del dos mil por ciento de incremento. Lo mismo
cabe decir respecto del número de entidades colaboradoras, que
han pasado de 44 a 2.933; de ellas, el sesenta y tantos por
ciento corresponde a entidades públicas en general, con la
proporción de entidades locales que antes le he indicado,
correspondiendo el 37 por ciento a entidades privadas que
realizan actividades de interés general.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO
PIENSA REMITIR EL GOBIERNO EL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA
JURIDICA GRATUITA? (Número de expediente 180/001061)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 15 de
la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el artículo 119 de la Constitución establece
que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y
en todo caso resp insuficiencia de recursos para litigar. Por
su parte, el artículo 9.2 de la Constitución establece que
corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que
impiden que la igualdad sea efectiva entre los ciudadanos y
los grupos. Por último, el artículo 24 de la Constitución dice
que todas las perso obtener la tutela efectiva de jueces y
tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses
legítimos.
Los socialistas, en el año 1983, al hilo de una reforma
urgente y parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
modificamos los preceptos relativ justicia gratuita que se
contenía en la citada ley. Fue una reforma puntual, parcial y
coyuntural. A partir de ahí, el Gobierno ha ido estableciendo
una serie de medidas, entre ellas las adoptadas en el Consejo
de Ministros de fecha 27 de enero de 1995, para instrumentar
la subvención estatal a la asistencia gratuita.
También el Gobierno ha anunciado en alguna ocasión su voluntad
y su deseo de remitir a la Cámara un proyecto de ley de
justicia gratuita, y es por lo que me permito preguntar al
señor Ministro cuándo piensa remitir el Gobierno el proyecto
de ley de asistencia gratuita que tiene anunciado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Pelayo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Señoría, efectivamente, la presentación de una ley de
asistencia jurídica gratuita entra dentro de los compromisos
que el Gobierno asumió con ocasión del último debate del
estado de la Nación para presentar en el actual y vigente
período de sesiones. Ese compromiso sigue en pie y estamos
convencidos de que podremos cumplirlo.El texto del
anteproyecto ya tiene una redacción provisional en sede,
Ministerio de Justicia-Ministerio del Interior; concretamente
sigue las líneas --no podía ser de otro modo-- de la moción
aprobada en su día por esta Cámara y entre esas líneas
recordaría la de desjudicialización, agilización de la
concesión del beneficio de litigar gratuitamente, la creación
de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, la
atribución a los colegios profesionales de la gestión previa e
incluso el nombramiento provisional de abogado y procurador,
la extensión de la prestación no sólo a la litigación y
representación gratuita sino también a la orientación
prejudicial y al asesoramiento incluyendo en determinados
supuestos también los gastos periciales, notariales y
registrales, la articulación de un sistema de tramitación de
quejas y denuncias que puedan a su vez formular los ciudadanos
a/o respecto del turno de oficio. Como ve, señoría, en las
líneas, como le decía, de la moción que aprobó esta Cámara. La
fase de redactar un texto ya se acabó, se envió al Consejo
General de la Abogacía y al Colegio de Procuradores. El
Consejo General de la Abogacía contestó concretamente en fecha
de ayer; falta todavía que evacue el informe el Consejo de la
Procuraduría y también los gobiernos de las comunidades
autónomas que tienen transferidos medios materiales.
Con todo, estamos estudiando las observaciones indicadas, pero
esperamos remitir pronto el texto ya al Consejo General del
Poder Judicial, sin perjuicio de ir recogiendo las
observaciones que puedan venir de las Comunidades autónoma que
tienen competencia en la materia.
Eso es todo lo que le puedo informar, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER DEL GOBIERNO DE COLABORACION
CON LA JUSTICIA EN LA INVESTIGACION DE LAS RESPONSABILIDADES
QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER USO ILICITO O DELICTIVO DE LOS
FONDOS RESERVADOS POR PARTE DE LOS MINISTERIOS AFECTADOS
(Número de expediente 172/000096)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día:
Interpelaciones urgentes. Interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Popular sobre medidas en cumplimiento del deber
del Gobierno de colaboración con la justicia en la
investigación de las responsabilidades que se deriven de
cualquier uso ilícito o delictivo de los
fondos reservados por parte de los Ministerios afectados.
Para la explanación de la interpelación, tiene la palabra el
señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Con la venia, señor
Presidente.
Señorías, el día 31 de octubre de 1986, el Gobierno presidido
por el señor González nombró al señor Roldán director general
de la Guardia Civil, uno de los puestos de mayor confianza
para un presidente de un Gobierno responsable.
En este cargo de absoluta confianza, el señor González mantuvo
al señor Roldán y le reafirmó durante más de siete años.
Amparado en esa confianza que le otorgó el Gobierno presidido
por el señor González, el señor Roldán fue testigo
privilegiado del supuesto uso fraudulento de los fondos
reservados, en beneficio propio y en beneficio de diversos
altos cargos del Gobierno.
El lunes día 20 de junio de 1994, el ya Ministro de Interior y
Justicia, señor Belloch, en Luxemburgo, afirmó no entender
cómo nadie puede tomarse en serio lo que dice Roldán. El
titular de Interior y Justicia calificó los mensajes del ex
director general de la Guardia Civil de serial por entregas y
señaló --declaración muy importante-- que únicamente podrán
tenerse en cuenta sus afirmaciones si las hace delante de la
Justicia.
El señor Belloch evitaba así, por vía del aplazamiento, tener
que afrontar un proceso de responsabilidades políticas
derivado del contenido de varias cartas y notas enviadas por
Roldán, que el propio señor Belloch reconocía que había
recibido su antecesor, el señor Asunción, y, lo que es peor,
el señor Belloch admitía sin rubor que fueron trituradas
después de su lectura. Eran notas irrelevantes, apostilló una
semana después el señor Asunción en esta misma Cámara,
intentando pasar por alto que sobre el señor Roldán pesaba una
orden internacional de búsqueda y captura desde el día 30 de
abril de 1994, dictada por la juez que instruía el sumario por
siete presuntos delitos cometidos por el señor Roldán. La juez
que había dictado esta orden de detención era, en esos
momentos, la única autoridad competente para valorar el
interés real de dichos documentos.
Quedaba claro entonces que al Gobierno le interesaba destruir
materialmente y descalificar el contenido de cualquier
documento comprometedor, viniera de donde viniera, y que ello
no entrañaba responsabilidad porque la doctrina del señor
Belloch sólo admitía como fuente de credibilidad los
testimonios ante la Justicia. Hoy, señorías, levantado el
secreto de los sumarios que de una u otra manera afectaban al
señor Roldán, podemos dar cumplida satisfacción al señor
Ministro de Justicia e Interior. Espero que el señor Ministro
de Justicia e Interior, haciendo honor a sus palabras
pronunciadas en Luxemburgo, nos corresponda recíprocamente a
los Diputados de esta Cámara. Procurando que el esfuerzo de
síntesis no haga resentirse al rigor obligado de esta
exposición, podemos afirmar que existe constancia de Primero,
constancia testimonial aportada por el Coronel Velasco, Jefe
de la Sección de Administración y Contabilidad de la Dirección
General de la Guardia Civil, entre diciembre de 1986 y octubre
de 1987, de que el señor Roldán retiró, sin justificación, 120
millones de pesetas en estos diez meses. De esta etapa queda
íntegra toda la constancia documental. Segundo, constancia
testimonial del oficial de Secretaría, señor Fabián, de que
los gastos reservados se anotaban en un libro que se destruía
pasado un año. En mayo de 1992 declara que se destruyó todo lo
que había, y posteriormente se destruían cada mes. Tercero,
constancia testimonial del Teniente Coronel Fuentes Cabrera de
que Juan de Justo, secretario particular de Rafael Vera, es
quien les llama en mayo de 1993 --creo que la fecha correcta
es ésta y no la que cita el señor Fabián--, repito, es quien
les llama en mayo de 1993, con ocasión de las
eleccionesgenerales, y les dice que hay que romper todos los
papeles anteriores, y que es a part de destrucción anual para
sustituirlo por la destrucción inmediata o, como mucho, cada
mes. Cuarto, constancia documental y testimonial del se la
Justicia, señor Belloch --y le hago un resumen muy resumido--,
de que desde el año 1984 o 1985, en su condición de Delegado
del Gobierno en Navarra, recibía en efectivo, de mano de
Julián Sancristóbal o de Rafael Vera, sobresueldos en forma de
gratificaciones. Posteriormente, la práctica continuó en su
condición de director general de la Guardia Civil,
ininterrumpidamente, con algunos --entre comillas-- «pluses
excepcionales», como los siguientes, que dec señor Roldán ante
el juez.
Uno de ellos. Previamente, el 24 de junio de 1987 (recuerda el
señor Roldán la fecha porque tenían que concurrir a la fiesta
en el Campo del M Barrionuevo iba a presentar la dimisión como
consecuencia del atentado de Hipercor, reuniendo a todos los
directores generales que solidariamente le firmaron la
dimisión y, como una especie de finiquito, el Secretario de
Estado para la Seguridad, Rafael Vera, les entregó al director
general de la Policía, señor Rodríguez Colorado, y al
declarante 10 millones de pesetas, respectivamente, en
efectivo.
Otro. En el curso de una comida celebrada en un mesón de
Algete en enero de 1990, el señor Vera informa a los
asistentes que el Ministro Corcuera y él han acordado que se
les entregue una indemnización de 125 millones de pesetas en
entregas mensuales de cinco millones. (Rumores.)
Otro. Días después el compareciente habla con Rodríguez
Colorado y en el curso de la conversación le explica las
circunstancias que han concurrido en su cese
y salida del Ministerio y le manifiesta que el señor Vera le
ha dicho que, aunque no ha cobrado el total de los 125
millones acordados, se los van a hacer efectivos en varias
entregas. (Rumores.)
Otro. En noviembre de 1991, recuerda el señor Roldán que tiene
un conflicto de discrepancia sobre el funcionamiento de la
Seguridad del Estado terrorismo, y en diciembre, en vez de
llegar el cheque de 5 millones de pesetas, se conoce que para
limar diferencias, llegan 10 millones de pesetas, aparte de la
cantidad que tenía asignada ordinariamente la Dirección
General de la Guardia Civil.
Otro. En enero de 1994, José Luis Corcuera le confirma,
tomando café en el Hotel Miguel Angel, que se le habían pagado
las cantidades acordadas a Rodríguez Colorado, a la vez que se
muestra interesado en conocer si de las cantidades recibidas
por el comparecienteexistía algún documento, resguardo o Otro.
El día 6 de diciembre de 1993, inmediatamente antes de la toma
de posesión de su sucesor Ferrán Cardenal, se reunió con él en
el hotel Sanvy, de Madrid, y le preguntó si Rafael Vera le
había hablado, dentro de las circunstancias de su
nombramiento, de cómo funcionaban los aspectos económicos,
contestándole aquél que le había hablado de sustanciosas
«gratificaciones» --entre comillas--, ante lo cual le explica
en qué consistían dichas gratificaciones.
Otro. Manifiesta que en una reunión en la que estaban
Rodríguez Colorado, Rafael Vera y el compareciente, siendo el
primero todavía director g Policía, trataron el tema de los
problemas de carácter fiscal que se podían derivar de la
inversión de las indemnizaciones que estaban cobrando,
informando el señor Rodríguez Colorado que él tenía una cuenta
abierta en la isla de Man a su nombre, o a nombre de su mujer,
donde había ido ingresando el dinero y, por otra parte,
también les dijo que tenía una participación en una
multipropiedad de lujo en la zona de Marbella, cuya promotora
había sido una sociedad con sede en Portugal. Otro. En fecha
que no puede precisar en este momento, pero se compromete a
hacerlo ante la autoridad judicial que resulte competente, el
Vicep Gobierno, Narcís Serra, en el año 1992, le ordenó que
efectuara una investigación sobre el banquero y Presidente de
Banesto, Mario Conde. El denunciante contactó con el señor
Sancristóbal, que le facilitó el contacto con ciertas personas
que residían en el extranjero, llegando finalmente a conectar
con la agencia de investigación americana Kroll, en su
delegación en Londres. Los pagos mensuales los hacía en alguna
ocasión el propio Narcís Serra. Afirma que el origen de los
fondos era el Cesid (Ministerio de Defensa). Le consta que el
dinero se lo remitía el Ministro de Defensa, señor García
Vargas, previsiblemente procedente del Cesid.
¿Para qué seguir, señorías? ¿Para qué seguir? Aquí están
resumidos los testimonios ante la Justicia que reclamaba desde
Luxemburgo el señor Belloch hace menos de un año. Aquí están,
señor Belloch. Y es el momento de replantear al Gobierno, ¿y
ahora, qué? ¿Seguimos contemplando impertérritos el
espectáculo? ¿Se puede aceptar que la carta y notas que
destruyó el señor Asunción eran irrelevantes políticamente o
penalmente? ¿Se puede aceptar la inhibición de un Gobierno
cuyo Presidente testifica ante los tribunales en 1991 que el
Ministerio del Interior investiga? ¿Se puede aceptar, como
colaboración del Gobierno con la Justicia, el aumento de celo
promovido por el Gobierno del que forman parte los señores
Asunción y Belloch para destruir, con efecto retroactivo, con
celeridad inadmisible y con implacable tenacidad, todo rastro
de cualquier uso, de cualquier uso, de los fondos reservados
usados bajo sospecha desde hacía varios años? ¿Se pueden
seguir orquestando campañas jurídicas para amparar en la
impunidad del secreto los usos irregulares de los fondos
reservados? ¿Se puede seguir ignorando la doctrina del
Tribunal Supremo que declara tal actitud como un grave
atentado contra la existencia mismadel Estado de Derecho y el
valor supe Señorías, gracias a las investigaciones
periodísticas, a los trabajos de la Comisión parlamentaria de
investigación del caso Roldán y a la instrucción de los
procesos en curso ya se conoce prácticamente la totalidad de
lo ocurrido con los fondos reservados de la Dirección General
de la Guardia Civil y con una buena parte de los de la
Secretaría de Estado para la Seguridad.
¿Cuándo vamos a conocer el resto del iceberg? ¿Cuándo vamos a
conocer el resto de un presupuesto que alcanzó en los últimos
cinco años la frio millones de pesetas? (Un señor Diputado:
¡Qué barbaridad!) ¿Quién garantiza que en el Ministerio de
Defensa no se han hecho otras muchas irregularidades, además
del informe Crillón?
Esta Cámara, y a través suya todos los españoles que siguen
consternados e indignados la cadena de escándalos de la era de
los gobiernos del señor González, espera una vez más una
respuesta verosímil. ¿Se siente usted hoy capaz de darla,
señor Belloch? Es su turno. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Alvarez-Cascos.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, después de oírle, señor Cascos, veo que se cumplen,
quizá, las peores expectativas. Parece evidente que no
pretenden aclarar, informar o debatir, sino que,
simplemente, siguen en la línea general a la que nos tienen
acostumbrados en los últimos meses. Probablemente...
(Rumores.--Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Dejar
hablar!) Aún blemente sea un esfuerzo inútil, de ese tipo de
esfuerzos de los que decía Ortega que producían melancolía,
pero, en cualquier caso, es mi obligación hacer ese esfuerzo
de razonamiento, de tratar de aportar ideas clarificadoras
sobre los fondos reservados, sobre esa categoría, sobre lo que
significan, a lo que, en principio, podía pensarse que
respondía la interpelación propuesta por su señoría. Sin
embargo, sí que antes de intentar hacer ese esfuerzo de
racionalidad y análisis, desde mi punto de vista, tendría que
hacer una referencia a alguna de sus intervenciones.
¿Por qué, señor Cascos, consideró usted oportuno difundir en
medios de comunicación de todo tipo que el señor Belloch se
estaba dedicando a destruir documentos sobre fondos
reservados? ¿En qué basaba, señor Cascos, esa afirmación, que
no voy ni a calificar, dentro del esfuerzo de racionalidad que
esta tarde me he impuesto? ¿En qué se basaba? Es curioso,
leyendo el sumario, que es lo que usted ha realizado, parece
deducirse que en el año 1992 ya estaban destruidos y que se
destruían todos los meses. ¿En qué datos se basa el señor
Cascos para decir que el señor Belloch se dedicaba a destruir
los documentos? Si ya estaban destruidos, es un poco difícil.
Es su afirmación. Verdaderamente, se trataba nada más que de
una insidia, señor Cascos, ¿o tiene algún dato? Si tiene algún
dato, me gustaría mucho conocerlo; si no, le rogaría que
cuidara ese tipo de afirmaciones que usted realizó
reiteradamente en medios de comunicación.
Una segunda observación de tipo general, la he dicho de
pasada. Usted se ha limitado a relatar alguno de los aspectos
del sumario, efectivamente publicados ya por la totalidad de
medios de comunicación y realmente no acabo de entender qué
añade repetirlos en esta Cámara, algo que es público, notorio
y conocido, como no sea que usted haya decidido, cosa que es
probable, que, dado que el Partido Popular ha interpuesto, en
función de denunciante, querella sobre fondos reservados,
ahora quiera también ser el juez y resolver y valorar esas
declaraciones sumariales. Si ese es su propósito, simplemente
quiero decirle que desde luego no es esa la obligación del
Ministro de Justicia e Interior y creo yo que no debería ser
la obligación de nadie más que de los jueces.
Dicho esto, voy a intentar explicar, aprovechando la
interpelación que su señoría plantea, cómo ve el Ministerio de
Justicia e Interior el tema de la colaboración con la
Administración de Justicia en la investigación de eventuales
delitos relacionados con fondos reservados, que era, en
principio, el texto de la interpelación que a mí se me había
entregado. Y le voy a contestar del modo que me parece
procedente, es decir, desde la respuesta jurídica propia de un
Estado de Derecho. De entrada, haré una afirmación obvia:
vamos a colaborar, respetando de manera estricta y escrupulosa
las previsiones legales.
Lo cierto es que la regulación vigente hoy en día en nuestro
Derecho y hasta tanto no se apruebe --esperemos que pronto--la
ley reguladora de utilización y control de los créditos
destinados a gastos reservados, la ley de fondos reservado
SS.SS., actualmente en el Senado, supone una legislación
dispersa y no siempre entendida de una manera coherente en
diversos pronunciamientos, incluso en diversos
pronunciamientos judiciales. Una de las razones por las que es
un dato muy importante que esa ley se apruebe es porque
implicará una sistematización de la legislación en la materia
aplicable, que facilitará, sin duda, la interpretación global
de la materia por los tribunales y por las diversas
instancias, incluidas las instancias gubernamentales.
La regulación --decía-- es fragmentaria e insuficiente, y para
llegar a conclusiones hay que hacer verdaderos esfuerzos
hermenéuticos de inte sistemática de textos dispersos y de muy
diverso valor normativo. (Un señor diputado del Grupo Popular:
¡Menos rollo!--Rumores y protestas.) En cualquier caso,
señorías, voy a dar la contestación que creo se merece la
dignidad de esta Cámara. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Rumores.)
Este cuadro se concreta en las siguientes conclusiones.
Primera, los fondos reservados son secretos; los fondos
reservados se establecen como partidas específicas en la Ley
General Presupuestaria, artículos 59 y 60, y en la Ley de
Presupuestos de cada año. Una interpretación sistemática de
estas partidas denominadas reservadas con el artículo 1.º 2 de
la Ley de Secretos Oficiales nos lleva a la conclusión de que
los fondos reservados, por declaración de la Ley de
Presupuestos de cada año, se someten, en cuanto a su régimen
de publicidad, a la Ley de Secretos Oficiales. Esta es la
doctrina pacífica; tan pacífica que se ha recogido de manera
expresa, con el apoyo, por cierto, de su grupo parlamentario
(aunque fuera otro el ponente, ciertamente), en el artículo
1.º del proyecto que actualmente está en el Senado y que ya ha
contado con el visto bueno de su grupo en la sede del Congreso
de establece que estos gastos se caracterizan, respecto a los
demás públicos, por la prohibición de publicidad --artículo
1.º, y en el artículo 3.º--, que toda la información relativa
a créditos destinados a gastos reservados, así como la corr
tendrá la calificación de secretos, de acuerdo con la leyes
vigentes en materia de secretos oficiales. Esto es lo que su
grupo, señoría, ha aprobado, yo creo que con buen criterio,
casi con el apoyo unánime de la Cámara, para el futuro de la
regulación de los secretos relativos a fondos reservados.
Existe, por tanto, de manera
obvia, un consenso para dotar de carácter secreto a toda
información referida a fondos reservados y a su utilización.
(Rumores.)
Hay un segundo aspecto igualmente importante de los fondos
reservados, y es el relativo a su justificación y control.
También en este aspecto, y no podría ser de otro modo dada su
naturaleza secreta, el régimen de justificación y control de
los fondos reservados se separa de las demás partidas
presupuestarias. Y en cuanto a su régimen de justificación,
hay un dato que me parece esencial, y es que también en ese
proyecto, con el apoyo de su grupo parlamentario, de manera
expresa se indica que no debe existir, que no se requerirá
publicación documental de clase alguna. Señoría, convendría,
por tanto, ser claros. Ustedes, también para el futuro,
consideran que no debe existir publicación documental de clase
alguna y, sin embargo, reclaman para el pasado que existiera
lo que ustedes excluyen incluso para el futuro. Es una
contradicción --una más-- que me gustaría explicara. La verdad
es que cuando aciertan es ahora, sin duda, por la naturaleza
del ponente que intervino en nombre de su grupo, persona
dotada de conocimientos reales en la materia. Esa es la
realidad: exigen una justificación documental cuando ustedes
no la piden para el futuro.
Señorías, esto me recuerda una historia muy simple. Imagínese
un juez de instrucción de un pueblo cualquiera de este país
que decide ordenar al párroco: usted debe tocar las campanas
el sábado a las doce de la mañana. ¿Qué hace ese párroco? El
párroco tiene diversas posibilidades. Primera, discutirle la
competencia y decirle: Señor juez, eso es competencia de la
Iglesia. Segundo, puede optar por decir: no voy a entrar en
quién es el competente; simplemente es razonable que se toquen
el sábado las campanas. Cabe una tercera contestación, muy
simple y muy clara: como no hay campanas, para qué voy a
discutir. Pues ésa es exactamente la situación: no existe
documentación y, en consecuencia, obligación de llevarla ni de
pasado ni de presente ni de futuro, según el proyecto de ley
que ustedes mismos han aprobado. (Rumores.)
¿Por qué se dedican a hacer un discurso distinto? No lo
entiendo. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores y
protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!
(Un señor Diputado: Una segunda oportunidad.--Continúan los
rum ¡Silencio, señorías! (Pausa.)
Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Hay
otro punto serio que comprendo pueda preocupar a la Cámara, y
aparejadas para los funcionarios y responsables públicos
encargados de su uso, ese carácter secreto de los fondos
reservados. En opinión del ministerio, la respuesta está
contenida de manera clara y precisa en el artículo 13 de la
vigente Ley de Secretos Oficiales, cuando dice: Las
actividades reservadas por declaración de la ley y las
materias clasificadas no podrán ser comunicadas, difundidas ni
publicadas ni utilizado su contenido fuera de los límites
establecidos en la Ley. El incumplimiento de esta limitación
será sancionado, si procede, conforme a las leyes penales y
por vía disciplinaria, en su caso, considerándose, en este
último supuesto, como una falta muy grave. Efectivamente, S.S.
ha aludido a un auto --que podemos comentar, con mucho gusto--
pero se le ha olvidado, sin embargo, la sentencia de 12 d No
voy a entrar en una discusión --que quizá es innecesaria,
salvo que S.S. la quiera plantear-- entre el valor de una
sentencia y el valor d dicta», en un auto. Es un tema obvio
desde un punto de vista técnico, que si S.S. quiere con mucho
gusto debatiré, pero que, en principio, me parece que no es
necesario en este marco.
El problema es cómo se arbitra la colaboración del Gobierno
con la Justicia, en cuanto exigencia constitucional, con el
cumplimiento necesario, riguroso, de la especialísima
normativa que en materia de fondos reservados existe. Esa es
la pregunta seria, la pregunta sólida a la que vale la pena
enfrentarse.
Cuando en el mundo del Derecho aparece una confrontación entre
mandatos legales --sea esa confrontación real o aparente-- el
Derecho utiliza misma técnica: la ponderación de valores en
juego. Existe, y es evidente, un deber genérico de
colaboración con la Justicia establecido en el artículo 118 de
la Constitución. (Rumores.) Sin embargo, como SS.SS.
conocerán, este deber no es il Ley Orgánica del Poder Judicial
recoge este deber diciendo: En la forma que la Ley establezca
y con las excepciones que establezcan la Constitución y las
leyes. Se trata en definitiva de un deber legalmente
configurado, tasado por la ley, y la propia Constitución, en
su artículo 24.2, recoge una precisión que frecuentemente se
olvida. Dice la Constitución: «La ley regulará los casos en
que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se
estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente
delictivos». Artículo 24.2 de la Constitución. En la misma
línea, desarrollando ese mandato --aunque sea de fecha
anterior--, el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal prevé que no podrán ser obligados a declarar como
testigos los funcionarios públicos, de cualquier clase que
sea, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por
razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar. Existe,
por tanto, una obligación, la de colaborar con la
Administración de justicia; obligación no absoluta sino
sometida a las limitaciones previstas constitucional y
legalmente, y otra obligación, igualmente legal, la obligación
para
los funcionarios y responsables políticos de guardar el
secreto, contenida en el artículo 13 de la Ley de Secretos
Oficiales, mientras no se apruebe la ley que está en marcha.
En definitiva, nos encontramos ante un típico caso de colisión
de deberes que ha de ser resuelto, en rigor, según las normas
clásicas de los principios de ponderación de intereses. De una
parte, el funcionario tiene obligación de guardar secreto, y
esa obligación viene protegida en el Código Penal a través de
un tipo específico que es el del artículo 367. Para reforzar
la posibilidad de que guarde secreto la le exoneran de la
obligación de declarar, incluso en un proceso penal en curso
basado en la investigación de hechos presuntamente criminales
o delictivos. Artículos 24.2 de la Constitución y 417.2 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
De otra parte, el funcionario público, como cualquier otro
funcionario, y de forma reforzada por su carácter de servidor
público... (Rumores.) Me da la impresión de que no les
interesa la explicación, pero mi obligación es darla. (Fuertes
y prolongados rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor ministro, vaya
concluyendo, por favor.
¡Silencio, señorías! (Pausa.)
Termine en dos minutos, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): De
otra parte, el funcionario público comofuncionario público y
como cualquier otro c tiene el deber general de prestar
colaboración requerida por los tribunales, y también ese deber
tiene tutela penal, concretamente en el artíc En definitiva,
¿en qué situación estamos realmente? En un supuesto típico de
colisión entre deberes jurídicos. Si se quiere ser serio no
cabe hacer, por tanto, afirmaciones rotundas en uno ni en otro
sentido, sino que había que realizar una adecuada ponderación.
¿En qué términos? Desde el punto de vista del Ministerio de
Justicia para realizar correctamente la debida ponderación de
intereses hay que tener en cuenta, desde luego, la gravedad
del delito investigado. También hay que tener en cuenta otros
factores concurrentes tales como la imprescindibilidad del
conocimiento del secreto para el buen éxito de la
investigación judicial u otros bienes o intereses jurídicos
que puedan verse afectados por la revelación de secretos:
seguridad interior o exterior del Estado, seguridad personal,
etcétera.
En definitiva, es evidente que no pueden existir límites a la
investigación judicial por ningún hecho delictivo; es evidente
que se puede abr por cualquier hecho delictivo. Sin embargo,
también es evidente que deben observarse no sólo las normas
procedimentales generales sino las específicas relativas a
secretos oficiales. No es cierto, en opinión del Ministerio de
Justicia e Interior, que exista una obligación general de
declarar sobre el más bien al contrario, los funcionarios
públicos no tienen obligación de declarar sobre los secretos
que hayan conocido por razón de sus cargos.
Tercero, a pesar de no tener obligación de declarar, si
declaran no siempre puede afirmarse que cometan el delito de
revelación de secretos, pero tampoco es cierto que en ningún
caso cometan tal delito por el mero hecho de hacer esas
declaraciones ante la autoridad judicial. El problema es
concreto aunque complejo de apreciación. Es simplemente si el
bien jurídico que se salva o que se pretende salvar es
inferior o superior al que se vulnera; en definitiva, si se da
o no una causa de justificación.
Esa es la situación en términos rigurosos y serios tal como la
ve el Ministerio de Justicia e Interior, y ésa es la línea que
va a presidir el conjunto de la actuación del Ministerio de
Justicia e Interior en su deber de constante colaboración con
los juzgados y tribunales, en este tema y en cualquier otro
que se plantee.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.--El señor Hernández-Sito García-Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Hernández-Sito!
¡Señor Hernández-Sito!
Señor Hernández-Sito, la Presidencia le agradecería que
guardara silencio.
El señor Alvarez-Cascos tiene la palabra.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías,
señor Belloch, le hemos entendido perfectamente. (Risas.--Un
señor Diputado: ¡Muy bueno!) Largo metraje para tan corto
mensaje, señor Belloch. (Rumores.) El resumen de sus palabras
se puede sintetizar en esta crónica: la Justicia se tendrá que
arreglar por su cuenta ante la evidencia de que el Gobierno,
este Gobierno no va a colaborar jamás en el esclarecimiento
del uso irregular de los fondos reservados, como ahora le voy
a demostrar. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Primero, señor Belloch, porque no sé muy bien si usted ha
venido aquí hoy a título personal o como miembro del Gobierno.
Verá usted, ha a mí a que yo a usted le pida
responsabilidades por el uso de los fondos reservados a partir
o antes de una determinada fecha y que justifique... (Rumores
y protestas.) ¡Sí! ¡Sí! Y que justifique, señor Belloch, mis
acusaciones dirigidas a de ser responsable de la destrucción
de los soportes documentales de los fondos reservados. ¿Está
usted de acuerdo? (El señor Ministro de Justicia e Interior,
Belloch Julbe: Ahora sí.)
Mire, señor Belloch, en primer lugar, de acuerdo con el
artículo 108 de la Constitución, el Gobierno responde
ante esta Cámara solidariamente de su gestión política. El
problema no es lo que haya el Gobierno del que usted forma
parte y del que tiene el deber de responder solidariamente
ante esta Cámara, señor Belloch. (Rumores.--Aplausos.)
No sé si sus compañeros de Gobierno están ya hartos de oír:
Belloch y el resto del Gobierno; pero esta Cámara sí está
harta de escuchar eludir responsabilidades políticas y
personales que a usted le conciernen como miembro de un órgano
colegiado. (Fuertes rumores.--El señor Caldera Sánchez-
Capitán: ¡Pérez Villar!)
Precisamente por eso, señor Belloch, usted responde de lo que
está ocurriendo con los fondos reservados, con el conjunto de
los fondos reservados que maneja el Gobierno; y, además,
responde de lo que hace usted con los fondos reservados
asignados a su ministerio.¿Su secretaria de Estado ha dicho el
día 16 de marzo lo siguiente, a preguntas de los periodistas:
Se está guardando la documentación que nosotros entendemos que
hay que guardar. Ese es el problema, señor Belloch: la que
ustedes entienden que hay que guardar frente a lo que los
españoles entienden que se debía haber guardado y no se ha
guardado. (Fuertes rumores y protestas.) Ese es el problema,
señor Belloch.
(Continúan los rumores y las protestas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio!
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Mire usted, todo lo que ha
venido a decirnos, señor Belloch, en relación con las
expectativas futuras de legalidad está muy bien para debatir
en una academia; pero lo que venimos a discutir aquí son las
responsabilidades políticas derivadas del cumplimiento de la
legislación vigente, señor Belloch; no de la que va a aprobar
el mes que viene el Senado, de la legislación vigente. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!) Usted ha hecho una excursión
sobre las leyes futuras, absolutamente irrelevantes para
analizar las responsabilidades políticas de los gobiernos de
Felipe González. (Fuertes Rumores.--Varios señores diputados:
¡Muy bien!)
Precisamente por eso, señor Belloch, porque de lo que hay que
hablar es de la legalidad vigente y de las responsabilidades
en el cumplimiento de la legalidad vigente, le voy a leer
completo, y no fraccionado, el apartado correspondiente del
auto de 20 de febrero de 1995, del que usted no ha dejado
absolutamente nada en pie, señor Belloch. (Rumores.)
Dice este auto: Como consecuencia, revelar a la autoridad
judicial que investiga la posible comisión de un delito de uso
concreto de los fondos reservados no integra delito alguno y
es una obligación del funcionario no implicado, que no puede
ampararse en el artícu-lo 417 de la Ley de Enjuiciamiento
res.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Más, en efecto, la existencia de los fondos reservados --como
usted ha dicho-- puede genéricamente tener cobertura
constitucional en el artículo 115, b) de la norma suprema del
ordenamiento jurídico español; pero --y se olvida usted el
«pero»-- la opacidad de tales fondos y derivada no sujeción a
la normal fiscalización del gasto público sólo se refiere a
tal masa patrimonial como conjunto en cuanto, con terminología
«iusprivatista», constituye un patrimonio separado adscrito a
unos fines. En manera alguna, señor Belloch, tal secreto puede
ser obstáculo para la investigación de un tipo delictivo
concreto, ya de malversación para usos privados, ya de
aplicación pública para fines diferentes a aquellos a que
estuvieran destinados ya, en fin, a través de la forma más
grave: su aplicación instrumental para la comisión de delitos.
Y termina: Entender lo contrario sería, si no su fin, un grave
atentado contra la existencia misma del Estado de derecho y el
valor superior de la justicia. Lo que hoy usted ha defendido
en esta Cámara y hace unos minutos defendió el señor González,
lamentablemente. (Varios señores Diputados del Grupo Popular:
¡Muy bien, muy bien!)
Señor Belloch, ni siquiera su interpretación de la legalidad
le permite en este momento el más leve resquicio para escapar
a sus respons resquicio, señor Belloch. ¿Usted admite alguna
irregularidad, después de todo lo conocido, antes en los
medios de comunicación, ahora en los sumarios instruidos por
la justicia? ¿Reconoce usted alguna irregularidad en el uso de
los fondos reservados por el Gobierno del que usted forma
parte, con figuras tales como enriquecimiento personal, pago
de sobresueldos, comisión de atentados? Hoy la sociedad
española está estremecida por lo que está conociendo en medio
del silencio del Gobierno, en relación con nuevas noticias
sobre comisión de atentados que han costado la vida, a
terroristas, sí, pero que han costado la vida a personas que
tenían plenitud en el ejercicio de los derechos humanos y en
particular del derecho a la vida, señor Belloch. (Aplausos en
los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!)
¿Usted admite alguna irregularidad? Sí, sí, aplaudan,
aplaudan. Ustedes decían... (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Ustedes decían aquello de
socialismo es libertad. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Pueden ustedes repetirlo en
estas fechas, señorías. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Alvarez-Cascos, un momento.
Por favor, señorías, les ruego a todos que guarden silencio.
(Continúan los rumores.)
¡Silencio! señorías.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Usted, señor Belloch,
¿reconoce alguna irregularidad en el uso de los fondos
reservados para encargar informes que tienen por objeto
investigar la vida y hacienda de ciudadanos particulares? Eso
es lo que estamos discutiendo en esta Cámara, señor Belloch, y
usted ha organizado una orgía jurídica para evadirse de las
responsabilidades políticas (Rumores y protestas.), señor
Belloch, utilizando una técnica v que se presenta como el gran
renovador del estilo de gobierno del Partido Socialista, como
persona que pretende erradicar y hacer olvidar los usos viejos
y desfasados de sus antecesores en el Gobierno, pero que, al
final, señor Belloch, cae exactamente en los mismos errores,
cae exactamente en los mismos vicios que sus antecesores; unos
vicios, señor Belloch que, en lugar de describírselos con
palabras mías, se los voy a describir con palabras escritas en
el diario «El País», con el título de «Aquellos polvos», por
don Javier Pradera. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Continúe, señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: ¿Cuáles eran aquellos
polvos? En efecto: el caso Guerra fue el prototipo artesanal
de la estrategia diseñada para tapar los escándalos que
pudiesen implicar a dirigentes del PSOE o a altos cargos
gubernamentales. La fórmulaera aplazar la exigencia de
responsabilidades políticas hasta que los tribunales hubiesen
depurado, mediante sentencia firme, las responsabilidades
penales del asunto.
Y precisamente por eso, señorías, concluía el articulista: Los
polvos del caso Guerra, esto es, la negación cínica de las
evidencias, la utilización desviada de la presunción de
inocencia y el recurso picaresco de aguardar a que la tormenta
escampe, se hallan en los orígenes del actual lodazal de
corrupciones y escándalos que ensucia nuestra vida pública y
en el que, desde hoy, está también enlodado el señor Belloch,
señorías.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Muchas gracias, Presidente.
Por un momento efectivamente pensé: el señor Alvarez-Cascos se
ha enterado realmente y hubiera sido muy útil, para los
debates ulteriores, que hubiera comprendido lo que he tratado
de transmitir a través de la intervención. Me temo que no lo
ha entendido, no en los aspectos jurídicos, que sería lo de
menos, sino tampoco en los aspectos políticos.
Ha afirmado S.S. que yo debo responder solidariamente del
Gobierno. Pues claro, eso es evidente; pero no ha entendido,
creo, lo que he dicho. Lo que he dicho es que usted consideró
oportuno decir no que el Gobierno socialista hubiera destruido
la documentación, no; usted consideró oportuno mentir y decir:
el señor Belloch está rompiendo los papeles en el Ministerio
del Interior. Lo denuncio simplemente con un estilo de
comportamiento político, nada más. (Rumores.) A continuación,
dejado claro que u vez-- ese tipo de técnica para dirigirse a
los medios de comunicación, he explicado por qué el mensaje
que hacía era estrictamente solidario con toda la trayectoria
en materia de fondos reservados. ¿Por qué? Porque he tratado
de hacerle entender, señoría, que nunca ha sido exigible
legalmente la existencia de constatación documental de tipo
alguno en cuanto a en qué y cómo se emplean los fondos
reservados; no ha existido nunca tal obligación legal. Su
acusación se basa en una falacia central, nadie tenía
obligación de conservar esa documentación. (Fuertes y
prolongados rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): En
consecuencia, tampoco ha entendido la referencia que hacía a
la futura ley, que no era una referencia para aludir al futuro
estado de cosas, sino para tratar de que S.S. entendiera que
su propio grupo político ha entendido que es tan razonable,
tan obvio, que no puede existir constatació en qué se emplean
los fondos reservados, que su propio grupo parlamentario ha
entendido correcto que tampoco se exija en el futuro. Es
simplemente una demostración, en mi opinión obvia, de la
incoherencia de todo su planteamiento, señor Alvarez-Cascos,
nada más, es así de simple. ¿Por qué, si ustedes creen que
realmente debió haber habido constatación documental, no
defendió su grupo que se exigiera cara al futuro esa
constatación documental? (El señor Hernández-Sito García-
Blanco pronuncia palabras que no se perciben.--Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio! Silencio,
señorías.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Mi
opinión, con todo rigor y sin tratar de
hacer ninguna frase, es que como grupo político demostraron un
sentido de responsabilidad que como interpelante usted no ha
demostrado, señor Alvarez-Cascos, es simplemente eso, porque
su grupo sí lo entendió, y gracias a eso tenemos una ley
fuertemente consensuada que regulará, hará razonable este
planteamiento y hará posible ese control parlamentario que el
Gobierno está deseando realizar.
Por otro lado, no ha entendido políticamente el tema. Dice que
no es el lugar para hablar de derecho y, a continuación, lee
usted un auto. (Risas.) He intentado decirle que podemos disc
a mí me parece que sería desigual en el combate--, sobre qué
significa un «obiter dicta» en un auto que tiene como
finalidad rechazar una querella por presunto delito de
inducción a la revelación de secretos. Eso tiene un valor
jurídico claro y determinado, y puestos a leer podría haber
leído entonces la sentencia del Tribunal Supremo, que sostiene
la tesis contraria. Pero no me parecía oportuno, he eludido
ese aspecto, y sin embargo usted ha considerado oportuno
entrar, por una razón muy de fondo, con lo cual termino. La
razón muy de fondo, desde mi punto de vista, es que su noción
de respetar el trabajo de los jueces es una noción sumamente
singular. Consiste fundamentalmente en lo siguiente: si un
juez adopta la decisión que ustedes consideran, acertada o
equivocadamente, que favorece sus intereses políticos, es un
héroe de la independencia; si ese juez, por el contrario,
adopta una decisión que simplemente no les es particularmente
útil, le castigan con su indiferencia o con la inculpación de
sospechas --ese es su comportamiento-- tienen ninguna duda en
valorar las pruebas testificales, llegar a conclusiones, hacer
dictámenes periciales al margen del procedimiento judicial; y
todo eso en nombre de la independencia judicial. Señoría, eso
no es respetar la independencia de los jueces.
Nada más. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--
Fuertes rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios
que deseen fijar su posición? (Pausa.) (Rumores.--Un señor
Diputado del Grupo Popular: ¡Quién te ha visto y quién te ve!)
¡Silencio! señorías.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en España el Gobierno ha utilizado cerca de 20.000
millones de pesetas en el período comprendido entre 1983 y
1994 en partidas asignadas a los fondos reservados. El 60 por
ciento de esta cantidad corresponde al Ministerio del
Interior.
La sociedad española, movida por la decencia que debe presidir
toda gestión pública exige que se aclaren los siguientes
extremos.Primero, el pago de sobresueldos con fondos
reservados. Segundo, la compra de apartamentos o chalés con
dichos fondos. Tercero, la apropiación de los fondos para
enriquecerse. Cuarto, financiar informes que vulneran los
derechos constitucionales de las personas. Quinto, financiar
actividades terroristas o criminales como el GAL. Sexto, abrir
cuentas en el extranjero sin ningún control. Séptimo, pagar
vacaciones caribeñas.
No se puede cerrar los ojos ante estos hechos y hay que actuar
y hacerlo ahora. Las investigaciones judiciales,
periodísticas, etcétera, nos colocan en la evidencia más
absoluta y nos irán colocando más cada día que pase. Por eso
usted, señor Belloch, no ha llegado a un Ministerio sin
historia, sin documentación, sin archivo, nombrado por un
Presidente sin historia, sin documentación y sin archivo.
Usted ha llegado a un Ministerio que tenía su historia y su
documentación y a un Presidente del Gobierno que había
presidido gabinetes en los que, con anterioridad a su
incorporación, había otros titulares del Ministerio del
Interior. La trituradora famosa no lo habrá triturado todo. De
momento, ahí quedan los bienes, los patrimonios, el dinero en
el extranjero, etcétera.
Usted es partidario, junto al Presidente del Gobierno, del
borrón y cuenta nueva. Ahora hay una nueva ley que sustituye
la circular franquista sobre el uso de los fondos reservados.
Esta nueva ley inaugura un camino de control parlamentario:
una mayor fiscalización; pero no resuelve lo que ha sucedido
en el período anterior. Nuestro Grupo Parlamentario no es
partidario de una ley de punto final y sí de que se
esclarezcan todos estos temas.
¿Cómo está colaborando el Gobierno con la Justicia en los
procesos abiertos sobre el uso de los fondos reservados por
los tribunales de nuestro país? Esa es la pregunta a la que
usted ha tratado de contestar de manera farragosa y torpe,
amparándose en que existe en la legalidad vigente la
posibilidad de que los funcionarios amparados por el secreto,
no revelen ante los tribunales de Justicia un bien jurídico,
que es que se cometan delitos, que se cometan robos, que se
aprovechen de los fondos reservados públicos y no se dé cuenta
a los tribunales de Justicia.
Señor Ministro, usted no está colaborando en nada con la
Justicia. Esa es la conclusión que saca nuestro Grupo
Parlamentario a raíz de este debate. En nada. Usted no ha
aportado ningún dato desde su Ministerio y se viene
manteniendo que ha destruido todo lo relativo al uso de los
fondos reservados en el período anterior a su llegada al
Ministerio.
Si usted quisiera colaborar abriría una investigación interna
con todos los medios de que dispone, que son muchos, en su
Ministerio. ¿Por qué han abierto una investigación en el seno
de la Guardia Civil para depurar responsabilidades,
relacionadas con la construcción de casas-cuarteles,
investigación durante la cual hubo
un suicidio que se investigó y se está investigando? ¿Por qué,
abriendo esa investigación, no se ha abierto otra por el uso
fraudulento y corrupto de los fondos reservados? ¿Por qué no
ha abierto ninguna investigación? Ahí es donde radica su
responsabilidad política.
Usted asume solidariamente, y lo ha dicho aquí, la herencia
recibida, la asume usted como Ministro de Justicia e Interior,
y no ha abierto ninguna investigación seria y rigurosa. ¿Ha
pactado usted, señor Belloch, con sus antecesores para
tributarlo todo? Esa es una pregunta legítima, política y
parlamentariamente, que podemos hacernos en esta Casa y que se
puede hacer la sociedad española. Usted ha celebrado reuniones
para intercambiar puntos de vista, reuniones normales, para
ver cómo se actuaba ante la Justicia en el requerimiento de
los datos. Nosotros tenemos derecho a pensar que usted ha
llegado a ese acuerdo porque su comportamiento posterior se
traduce en no colaborar en absoluto con los procedimientos
judiciales abiertos.<ð Nosotros tenemos justificantes de las
peticiones de las comandancias para pedir premios para los
confidentes de la lucha contra el narcotráfico procedentes de
los fondos reservados. Hay datos que se han publicado, no sólo
en periódicos sino en libros, hablando de acuerdos para
sobresueldos de 12 millones, de cinco millones, en los
directores generales de la Policía y de la Guardia Civil y en
la cúpula de Interior. Hay datos que se han aportado aquí, que
obran en poder de la Cámara, de un Jefe de Sección en la
Dirección General de la Seguridad del Estado reconociendo el
cobro de un sobresueldo de 40.000 pesetas mensuales.
Todo esto ha existido y las personas que lo han cobrado lo han
denunciado. Usted puede abrir esa investigación, que son
investigaciones orales y en algunas ocasiones con soporte por
escrito. El uso de sobres para sobresueldos en la Dirección
General de la Seguridad del Estado es un hecho. Roldán ha
declarado en sede judicial sobre el sistema de los
sobresueldos; ha hablado también del dinero que se envió a
Suiza para Amedo y Domínguez a través de Juan de Justo; de la
conversación que mantuvo con el señor Corcuera y con el señor
Serra. Por tanto, se ha declarado en sede judicial...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, vaya
terminando, por favor.
El señor ROMERO RUIZ: Voy finalizando, señor Presidente.
Está claro que este tema es concreto y palpable: la
financiación del GAL, la utilización de los fondos reservados
para el terrorismo de Estado. ¿Quién pagó los pisos francos
del GAL? ¿Quién pagó a los mercenarios? ¿De dónde surgió el
dinero para financiar esa cal viva donde se ha enterrado a
Lasa y Zabala, tema que ha surgido de manera clara? (Rumores.)
Con dinero público, con dinero suyo, con dinero mío, con
dinero de toda la sociedad española se ha planteado una
financiación, que es necesario descubrir, con uso de los
fondos reservados. (La señora Pelayo Duque: que no, hombre,
que no.)
Nuestro país, señor Belloch, es firmante del Protocolo de
Nueva York contra la tortura, contra la pena de muerte, contra
los malos tratos. En nuestro país no pueden suceder las cosas
que suceden en los países tercermundistas sin garantías del
Estado de Derecho, ni pueden funcionar impunemente los
escuadrones de la muerte.
Usted ha abierto una investigación en ese campo. Abra una
investigación general sobre el uso de los fondos reservados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente, diciendo que
existe esa documentación, que hay una microfilmación de los
Servicios de Inteligencia de la Guardia Civil y del CESID, que
cada cinco años se plantea y reside en unos edificios que
usted y yo conocemos, que esos datos existen. Extraiga usted
de ahí el uso no legítimo de los fondos reservados, no de los
que tienen un uso legítimo de lucha contra el narcotráfico,
contra el terrorismo para aumentar la seguridad del Estado y
garantizar la convivencia democrática, y no se solidarice con
el período anterior, porque, al hacerlo, usted se hace
responsable política, moral y éticamente de unos hechos que
repugnan a la sociedad española, y en ese trance se encuentra
usted en este momento.
Muchas gracias. (El señor Ministro de Justicia e Interior,
Belloch Julbe, pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe):
Señor Romero, solamente hay un aspecto concreto al hilo de su
intervención que quiero subrayar.
En crímenes tan espeluznantes como los que, razonablemente,
podemos pensar que se han cometido, no habrá ninguna excusa ni
pretexto para llegar al fondo de esa investigación. He
ordenado una investigación en el ámbito de la Secretaría de
Estado de Interior. Esta misma tarde se están reuniendo para
la creación de una unidad mixta Guardia Civil-Policía que se
va a encargar de llevar a cabo ese compromiso hasta el final,
cualesquiera que sean las consecuencias.
A lo largo de mi intervención he intentado subrayar que,
precisamente, incluso en el tema de fondos reservados, el
problema es de colisión entre deberes jurídicos. Es evidente
que para el descubrimiento del tema
o temas de esa entidad delictiva no puede existir ningún
límite, y le aseguro que el Ministerio de Justicia e Interior
los pondrá todos al servicio de la averiguación de la verdad.
A la Secretaría de Estado de Justicia, por otro lado, le he
dado indicaciones expresas de que todas las instituciones
dependientes de la Secretaría de Estado de Justicia --me
refiero a clínicas médico-forenses, etcétera-- adopten como
criterio prioritario y urgente el resolver cualquier solicitud
de dictamen pericial o técnico realizada por los tribunales.
Sobre ese punto me parece importante decir a esta Cámara el
compromiso político de llegar hasta el final en la
averiguación de los asesinatos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señor Ministro.
Hay ya dos investigaciones abiertas: La abierta por la
Dirección General de la Guardia Civil, a la que ya hemos hecho
referencia, sobre lo que sucedió en el servicio de
acuartelamiento, en las comisiones por obra y en las
irregularidades en el entorno de Roldán; esta investigación de
la que usted ahora da detalles de ir hasta el final en
relación con los cuerpos que se han descubierto en Alicante, y
falta una tercera investigación, que es la investigación
relativa al uso indebido de los fondos reservados, a la
apropiación de esos fondos reservados y a una colaboración
decidida con la Justicia en nuestro país. Aquí es,
independientemente del resultado de las otras dos
investigaciones abiertas, donde sigue usted teniendo una
asignatura pendiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LOS PLANES Y OBJETIVOS DEL
GOBIERNO EN LAS PRIVATIZACIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS RENTABLES Y, EN PARTICULAR, DE LOS
GRANDES GRUPOS ENERGETICOS (Número de expediente 172/000097)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Gobierno en las privatizaciones que se están llevando a cabo
de las empresas públicas rentables y, en particular, de los
grandes grupos energéticos.Para su exposición, tiene la
palabra el señor Gar Fonseca. (Rumores.)
Señorías, por favor, ocupen sus escaños. (Pausa.)
Cuando quiera, señoría.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, mi Grupo no quita importancia a debates como el que
obviamente, son temas de una enorme gravedad, pero, desde
luego, mi Grupo no quisiera que este tipo de debates relegara
o incluso ocultara problemas, cuestiones o actuaciones,
debates, en todo caso, como el que, en nombre de mi Grupo,
quiero presentar ahora en esta Cámara: la privatización de las
empresas públicas rentables.
Simplemente voy a comenzar con una especie de crónica
periodística de una venta anunciada, por coger una de las
empresas prototipo, casi paradigmática de lo que puede ser una
empresa importante, una empresa pública y una empresa
rentable, me estoy refiriendo en este caso a Repsol. Y digo --
siguiendo tanto el estilo como la materialidad de una crónica
periodística-- que la reducción de la participación del INH en
Repsol comenzó en el año 1989. La primera venta fue de un 4
por ciento que pasó a manos del Banco de Bilbao-Vizcaya,
posteriormente, ese mismo año, Repsol colocó en Bolsa el 26
por ciento. Entre esta colocación y la siguiente entró en
Repsol la Compañía de Petróleos Mexicanos, PEMEX, que posee el
5 por ciento. En mayo de 1992 Repsol emitió bonos
convertibles; el primer canje redujo la participación estatal
un 9,8 por ciento, es decir, hasta el 54,6 por ciento; en el
segundo canje para instituciones se privatizó un nuevo 13,5
por ciento, con lo cual la participación del INH disminuyó
hasta un 40,5 por ciento después de todo este rosario de
privatizaciones.
La historia continúa, no termina y Repsol, empresa pública,
paradigmática de empresa importante y rentable --y ya es
público, se ha hecho una importante campaña que, por cierto,
nos cuesta más de 7.000 millones de pesetas--, de nuevo vuelve
a la carga privatizando un 15 por ciento de sus acciones y,
además, señala que esta privatización puede ir acompañada de
una privatización adicional. Veo la sonrisa de todos los
grupos de la derecha, empezando por los señores del Grupo
Catalán; no me sorprende, tienen ustedes motivos de
satisfacción, de acuerdo con sus tesis, planteamientos o
intereses. Por consiguiente, de momento y a la espera de
nuevas actuaciones del Gobierno en la misma dirección y
sentido, resulta que Repsol pasaría a tener solamente como
acciones públicas del INH el 25 por ciento y --repito-- en
proceso decreciente.
Además de este proceso de privatización realizado por el
Grupo, la privatización de Repsol se hace también por una
segunda vía y es la privatización de las empresas participadas
por Repsol. Se podrían poner
muchísimos ejemplos, Campsa, ahora CLH, hace cinco años el
capital era cien por cien de Repsol, ahora tiene el 60 por
ciento, y no sumamos sino que vamos restando. Y estoy hablando
--repito-- de una empresa prototipo, paradigmática en cuanto
que es una empresa importante, pública y rentable.
En este sentido permítaseme no dar a conocer sino simplemente
recordar algunos datos. Del último ejercicio auditado en
Repsol, el del año 1993, el «cash-flow», después de impuestos,
subió a 192.433 millones de pesetas, casi el 25 por ciento más
que en el año 1992, cuyo «cash-flow», después de impuestos,
fue de 154.000 millones. Todos los demás indicadores, salvo el
de inversiones al que aludiré rápidamente, son positivos en la
misma línea.
Los ingresos operativos de Repsol son nada más y nada menos
que de un billón 907.898 millones de pesetas en el año 1992 y
de 2 billones 216.631 millones de pesetas en el año 1993. Es
decir, hay un incremento del 16,2 por ciento.
Me permitirán todos los grupo de esta Cámara (y podrán
entender que muchos ciudadanos se hagan la misma pregunta y,
desde luego, mi Grupo quis de portavoz) que planteé dos
interrogantes: ¿Por qué privatizar empresas públicas rentables
de este significado? Además, hay todavía un interrogante
secundario, pero no menor: ¿por qué ahora, señor Ministro?, y
esta pregunta se la dirijo a usted en particular. Supongo que
ustedes van a presentar aquí, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, un plan de racionalización y modernización del
sector público. Ustedes han lanzado un debate a la opinión
pública, a los sectores empresariales y sociales, que
pretenden finalizar en esta Cámara con un informe sobre el
diseño de una política industrial, con voluntad estratégica de
medio plazo, lo más consensuada, lo más ampliamente
participada y ratificada posible. ¿Qué sentido tiene entonces
que ustedes privaticen antes de que tan siquiera informen en
esta Cámara sobre el plan global de privatizaciones que
tengan, que, por cierto, usted siempre ha negado su
conveniencia y ahora parece que va a ser un hecho? Y, si no,
si ustedes ya están privatizando por la vía de hechos, ¿qué
sentido tiene que luego ustedes nos planteen un plan o que
estén lanzando a debate propuestas de política industrial, uno
de cuyos elementos importantes, si no fundamental, es
precisamente qué hacer con el sector público?
Señor Ministro, a mí éstas me parecen cuestiones muy graves,
que no solamente afectan a su credibilidad personal o al
Gobierno al que usted representa, sino que mi Grupo entiende
que son prácticas que realmente no están de acuerdo con el
papel que debiera tener una Cámara donde reside la soberanía
nacional en temas tan fundamentales como la decisión sobre el
patrimonio industrial nacional. Me parecen temas de un enorme
calado económico e incluso, permítame decírselo, de calado
democrático.Señor Ministro, abundando en el interrogante de
por qué privatizar empresas públicas rentables y por qué
hacerlo ahora y tan rápidamente, para hacer todavía más
fundada la pregunta, permítame leerle lo que ustedes mismos
dicen, por ejemplo, en el Plan de Convergencia, que, por
cierto, fue apoyado por los grupo que le apoyan a usted en
esta política de privatizar a ultranza, con premeditación y
casi con nocturnidad. Ustedes, en el Plan de Convergencia,
decían: Sin menospreciar la magnitud de las contrapartidas
monetarias obtenidas, resulta necesario afirmar que la
justificación del mantenimiento y la presencia del sector
público en la actividad industrial, salvo en contados casos de
actividad monopolista o interés estratégico nacional, estriba
en su eventual contribución a la generación de un tejido
industrial sólido, significativo en tamaño y competitivo, una
justificación que difícilmente demanda la presencia exclusiva
del sector público, sino, por el contrario, su creciente
alianza e imbricación con el sector privado. Este proceso,
iniciado en 1985, ha alcanzado, sólo respecto a dicha
institución, a otras 46 empresas. Así, han pasado a manos
privadas la totalidad de SEAT, Enasa, Entursa, MTM, además de
la mayoría del capital de Repsol --estamos hablando ya de hace
algunos años; es decir, se sigue restando--, y prácticamente
la mitad del capital de Argentaria. Han sido puestas en manos
privadas mediante su venta en bolsa. Todo este proceso se ha
desarrollado sobre un sector público empresarial reducido si
se compara con el de los países de nuestro entorno.
Espero que el representante de Minoría Catalana tome buena
nota de documentos que su Grupo apoya y en los que se dicen
cosas que no se compaginan en absoluto con afirmaciones que
hace gratuitamente de carácter puramente estadístico, de
carácter numérico, objetivo; es decir, que no son opiniones,
sino datos. Es decir, el proceso que se está desarrollando,
señor Ministro, señores del grupo político que le sustenta,
está dando lugar a un sector público empresarial reducido si
se compara con el de los países de nuestro entorno. Según el
Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP), el sector público
empresarial alcanzaba un 12 por ciento de la economía española
en 1985, frente a una media europea del 15,3 por ciento; en
1991, según los últimos datos disponibles en este documento
del Plan de Convergencia, el sector público empresarial
español ha pasado al nueve por ciento, mientras que la media
comunitaria se sitúa en el 11,8 por ciento. El informe añade
que el sector público empresarial español representa la mitad
que el francés, el italiano y el portugés, siendo inferior al
alemán, al danés y al Irlandés, y sólo ligeramente superior al
belga y al holandés.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca,
vaya concluyendo.
El señor GARCIA FONSECA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Señor Ministro, resulta difícil comprender que sean
precisamente las empresas rentables las que ustedes
privatizan, al sentido común le resulta difícil justificar las
razones en que ustedes se basan cuando dicen que lo público
hay que privatizarlo porque no es rentable, porque no es
eficiente con relación a la iniciativa privada. El caso del
sector energético es bastante representativo, en unión de
otros casos de igual significado que éste, donde precisamente
es lo público lo que da beneficios, precisamente es lo público
lo que demuestra una gestión eficiente en un sector en el que
lo privado, por ejemplo el sector eléctrico, constituye uno de
los mayores porcentajes de nuestra deuda externa, con cuatro
billones de pesetas.
Espero que me diga cuáles son las razones que les llevan a
adoptar este criterio, si puede ser la de mejorar la deuda
pública o alguna otra, porque no razones sino motivos sé que
hay. Este es un bocado tan goloso que a mí no me extraña que
los sectores que defiendan determinados intereses, muy
legítimos pero desde luego nada generales sino muy
particulares, tengan un enorme interés en ello, lo que yo aquí
pongo en cuestión es que tengan el menor ápice de razón. En
todo caso, es una buena ocasión para que se expongan razones.
Yo no sé, señor Ministro, si usted lo ha impulsado, si lo
consiente, o si simplemente es que no lo puede impedir,
sinceramente no lo sé. Como tampoco sé si los demás grupos que
de una manera entusiasta apoyan este tipo de medidas, la pega
que encuentran es que van demasiado despacio y que no van
suficientemente lejos.
Mi Grupo no necesita que le descubra los motivos que les han
llevado a poner en práctica esa medida, pero sí esperamos que
exponga alguna razón que se pueda contrastar con el sentido
común, o que se pueda contrastar al menos con literatura al
respecto, es decir, con estudios empíricos o de cualquier
tipo, incluso de teoría económica, que puedan justificar hoy
este tipo de actuaciones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señor García Fonseca, señorías, he encontrado al interpelante
perplejo al parecer por algunas decisiones del Gobierno,
decisiones que afectan también al ámbitode competencias del
Ministerio de Industria y Energía, y, sin embargo, no acierto
a comprender la perplejidad porque no hay cambios de actitud
en lo que ha sido permanentemente el discurso del Gobierno en
esta direc-ción, y en especial el discurso de es me ha oído
usted exponer, como otros miembros de esta Cámara, en varias
ocasiones. En todo caso, he de darle algunos detalles
adicionales sobre operaciones que en este momento están en
curso y que, a su juicio, significan no sé cuántos niveles de
contradicción respecto de lo que es deseable o respecto de lo
que habría que hacer en nuestro país.
Para entender la política de desinversiones, ya sea de salida
a Bolsa o de alianzas con el capital privado, a la que usted
se ha referido y que ciertamente el Gobierno está llevando a
cabo, hemos de partir de una idea que me parece básica, y es
que las empresas públicas españolas desarrollan actualmente
sus actividades en un entorno, señoría, que ha cambiado
sustancialmente respecto al existente en períodos anteriores.
No quiero decir que estos cambios se produzcan de una vez y
para siempre o de la noche a la mañana, pero, en todo caso, en
un entorno bien distinto del que existía en nuestro país hace
veinte años o incluso del que existía hace catorce, trece o
doce.
Los rasgos básicos del nuevo entorno, no por menos conocidos,
sin embargo, son necesarios de describir. En primer lugar, se
trata de un entorno en el que asistimos a un proceso mundial,
caracterizado por la revolución tecnológica, por la
globalización creciente de los mercados, por la liberalización
de los intercambios comerciales y financieros y por una
desregulación de las actividades empresariales. En segundo
lugar, en la vertiente jurídico-política, un cambio con sus
implicaciones económicas como las que se producen por nuestra
pertenencia a la Unión Europea, que conlleva, entre otras
cosas, la aceptación de un conjunto de objetivos comunes a los
Estados miembros y de normas de funcionamientos que influyen
decisivamente en el papel de la empresa pública en relación
con el mercado de referencia, limitando, entre otras cosas,
las posiciones de dominio o las posiciones restrictivas de la
competencia y condicionando también las relaciones financieras
entre el Estado y sus empresas. Y, finalmente, no menos
importante, en el ámbito normativo, hay una tendencia general
a la liberalización en el ejercicio de las actividades
industriales, en relación con lo que era el escenario en el
que funcionaban las economías nacionales, europeas y de otros
países, y a una distinta regulación, no a una desregulación
sino a una «re-regulación», de las condiciones de provisión de
bienes y de servicios hasta ahora ofertadas por el sector
público, que conlleva, entre otras cosas, que las empresas
públicas deban definir sus estrategias, sus modos de gestión
con sometimiento a criterios puramente empresariales, a la vez
que permite la concurrencia en condiciones de competencia de
capitales y de empresas privadas en sectores y en actividades
que tradicionalmente, históricamente, habían estado reservados
al sector público.
Esta somera descripción, que naturalmente no se ha producido
de la noche a la mañana y que naturalmente no es de anteayer,
que viene produciéndose cada vez con más intensidad a lo largo
de estos años, es lo que ha llevado al Gobierno a la
convicción a la que usted se refería de la necesidad de una
racionalización y modernización del sector público empresarial
como un objetivo obligado, necesario y conveniente también
para nuestro país. Sin embargo, no se trata de una
racionalización que signifique una ruptura respecto de lo que
ha sido la marcha del sector público empresarial en el pasado
sino, si quiere usted, todavía un paso más en esta dirección
de progresiva racionalización para que las empresas hoy
públicas cumplan las condiciones que deben de cumplir en una
economía cada vez más abierta en mercados cada vez más
liberalizados, con nuevas normas en materia de regulación de
las actividades económicas y de las actividades de servicios.
El principio, señoría, que me habrá usted oído repetir en
múltiples ocasiones y que yo creo poder compartir con usted es
que las empresas públ empresas, no desde luego instrumentos de
intervención administrativa, ni siquiera instrumentos
fundamentalmente dirigidos a una política de rentas o ni
siquiera --quizás esto le parezca polémico excepciones hay en
nuestra práctica actual-- instrumentos dirigidos a las
políticas de reequilibrio interterritorial.
En este sentido, resulta aconsejable --las experiencias al
respecto así lo avalan-- el acceso del capital privado a las
empresas públicas o, como usted repetía, citándome a mí, la
colaboración del capital público y del capital privado, porque
tenemos la convicción de que esta colaboración es capaz de
fortalecer, en las condiciones precisas en las que hoy se
desarrolla la vida de las empresas con participación pública,
los proyectos empresariales. De hecho, la evidencia disponible
con carácter general demuestra que este acceso de capital
privado a los grupos públicos se traduce en una contribución
importante a su eficiencia y también a su competitividad. En
relación a cómo se materializa esta colaboración, en algunos
casos se trata de ampliar la base accionarial mediante la
salida a bolsa de paquetes importantes; en otros de alianzas
estratégicas que pueden tener un objetivo, fundamentalmente de
búsqueda de un socio tecnológico; en otros de proyectos de
cooperación internacional que abarquen a empresas de distintos
países, y en ocasiones se trata también de mantener una
ligazón con un socio bancario o con un socio financiero. Estos
criterios, que naturalmente no se pueden exponer con un
carácter general y aplicables a todo tipo de empresas, pueden
y deben dar, a mi juicio, origen a ventas de áreas de negocio
no prioritarias o prescindibles, o cuya supervivencia sólo
quede garantizada, por ejemplo, mediante su inclusión en
algunos casos en grupos multinacionales. Luego me referiré a
algunas experiencias que usted también ha citado en esa
dirección. Tal ha sido, con carácter general, el caso de buena
parte de las desinversiones realizadas en los últimos años. De
ahí la movilidad del sector público empresarial, el que no se
pueda considerar como una foto fija, que permanentemente ha de
ser igual a sí misma en el tiempo, sino que tiene que
acomodarse a lo que en este momento es la propia vivacidad de
la composición industrial, de la marcha de las actividades
económicas y de la conveniencia de los intereses, a mi juicio,
del país.
Desde el año 1985 --no reiteraré lo que usted ha dicho-- es
verdad que se han producido, solamente en el ámbito del sector
público o empresarial más relevante, más de cuarenta procesos
de esta naturaleza, de alguna intensidad, que han pasado en
ocasiones completamente a manos privadas, empresas como las
que usted citaba, Seat, Enasa, Entursa, MTM; una buena parte
ya del capital de Repsol, que tiene una participación
minoritaria de carácter público, antes del proceso actualmente
en curso; una parte significativa del capital de Ence o una
parte significativa también del capital de Endesa, con
independencia de que todavía haya una participación pública
absolutamente mayoritaria; y prácticamente la mitad del
capital de Argentaria, mediante procesos de venta en bolsa,
procesos que, sin embargo, siempre han evitado la
materialización de un plan de privatizaciones o incluso el
señalamiento, con fecha, día y hora, de un calendario de
salida a bolsa de las distintas empresas, porque siempre he
sostenido que esto hay que irlo haciendo en la medida en que
sea posible y cuando sea conveniente y en todo caso de una
manera puntual, caso por caso. Otra forma de operar impediría
aprovechar las oportunidades, sacar el máximo rendimiento de
los activos, sin perjuicio de que el proceso que hasta ahora
se ha seguido ha podido significar ingresos por encima del
billón de pesetas, cifra muy superior, sin duda, si se
expresara en pesetas del año 1994, habida cuenta del decalaje
en las fechas en las cuales han tenido lugar diferentes
procesos.
Naturalmente, quiero decirle y dejar claro que el Gobierno y
este Ministro de Industria están convencidos de que la venta,
total o parcial, de empresas del sector público tiene que
plantearse, desde luego con una óptica global, caso por caso,
y no solamente desde una perspectiva presupuestaria, a lo que
en ocasiones he tenido que salir al paso, de una posición
reduccionista de lo que es el sector público, sus funciones,
lo que puede hacer y no puede hacer el sector público ahora.
Perodéjeme reiterarle que estoy muy es: puesto que una empresa
es rentable, necesariamente tiene que ser pública; puesto que
una empresa es eficiente, necesariamente tiene que ser pública
si lo es, porque no es la finalidad del sector público en sí
mismo
el tener empresas públicas, sino que en todo caso las empresas
públicas podrán ser instrumentos para alcanzar otra serie de
objetivos. Y si otros objetivos se pueden alcanzar mediante
una menor participación de capital público, probablemente
estamos en la fase de la historia económica de nuestro país en
la que, llegados hasta aquí, a partir de algunas de las
empresas con participación pública que tenemos, la aspiración
es que el esfuerzo que el sector público, todos los españoles
en definitiva, ha venido haciendo por salvar tejido
industrial, por colocar empresas que a veces fueron fracasos
privados en condiciones de rentabilidad y de que pudieran
volver de nuevo a la actividad económica normal --no en
función de una visión de alguna manera de talismán o
dogmática, de que aquello que es rentable debe quedar en manos
del sector público, como yo tampoco defiendo que lo que no sea
rentable deba quedar necesariamente en manos del sector
público--, ese esfuerzo haya contribuido, a través de estos
instrumentos, a que seamos capaces de conseguir un tejido
industrial, incluso con participación privada mayoritaria,
notablemente mejor del que hemos tenido y del que todavía
tenemos.
Esta es, señoría la razón de que ahora se estén produciendo
procesos como los que usted ha mencionado: el que el Gobierno,
sin romper ninguna trayectoria, haya decidido sacar en este
momento a bolsa hasta un 15 por ciento adicional del capital o
de la participación pública en una empresa como Repsol, a la
vez que ha tratado --y ustedes han tenido ocasión de aprobar
el proyecto de ley, que ya es ley y que ha entrado en vigor--
de salvaguardar aquellos intereses que entendemos hoy --no sé
si dentro de diez años se entenderán de la misma manera-- son
estratégicos, relevantes desde el punto de vista nacional, y
que pueden ser salvaguardados incluso con una participación
estatal mucho menor de la que históricamente ha sido necesaria
para defender esos mismos intereses públicos relevantes. Esto
es lo que hoy le puedo decir.
La emisión o la salida a bolsa de Repsol es una salida de
hasta un 15 por ciento del capital que, naturalmente, implica
la voluntad del Gobier ley llamada popularmente ya de
privatizaciones a esta empresa en ulteriores reducciones del
capital que se pudieran producir de participación pública en
el capital de Repsol, sin mengua alguna de los intereses
públicos, que si nos parece tenemos que seguir todavía
protegiendo; una emisión o una salida que, con las
valoraciones que se han hecho, representa una previsión de
ingresos en el entorno de los 160.000 millones y que podrá
servir también para aliviar las cuentas públicas en este
momento, pero de ninguna manera puede entenderse que es la
razón fundamental de una política dirigida a reducir la
participación del sector público.
Probablemente el señor García Fonseca discrepará
permanentemente del Gobierno y del Ministro que se dirige a
usted en esta cuestión. Lo entiendo y respeto su posición,
pero me gustaría que no juzgara solamente lo que se está
haciendo desde una especie de lugar imposible de ser
modificado, según el cual una mayor participación pública es
necesariamente mejor. ¿Por qué la empresa pública tiene que
ser un fin en sí mismo y no un instrumento para alcanzar la
convivencia social y también los intereses económicos de este
país, que deben ser la principal preocupación del Gobierno y
de quienes tienen la responsabilidad sobre el sector público
empresarial?
Existe una política de reducción de la participación del
sector público en empresas públicas --existe caso por caso--,
no se producirá por razones estrictamente presupuestarias,
sino en función de una política dirigida a la competitividad,
pero ni la razón de ineficiencia --que es un argumento de los
enemigos de la participación pública en algunas empresas-- es
un argumento que puede justificar que porque una empresa sea
eficiente no pueda ver minorada su participación pública, ni,
simultáneamente, el argumento de la ineficiencia --en eso
estaría de acuerdo con usted-- debe ser a veces muy mal
esgrimido como para impedir todo proceso de participación
pública en la vida económica, en la vida empresarial si hay
razones, intereses generales, que son los que están en juego.
Lo lamento, señor García Fonseca --sé que no le apunto cosas
muy distintas de las que he dicho siempre--, pero sí creo que
podremos tener la ocasión de seguir debatiendo de esta
estrategia, de esta orientación en un proceso firmemente
decidido a la racionalización adicional del sector público, a
aliviar también las cargas presupuestarias --pero no decidido
por esa finalidad-- y al mismo tiempo y fundamentalmente
dirigido a hacer que lo que de bueno --y no todo es bueno--
existe en el sector público empresarial sea una base más
importante de una actividad aconómica, industrial, de
servicios más sólida en nuestro país.
Esta y no otra será, seguirá siendo, la orientación de una
política de racionalización del sector público que, como usted
sabe, me he comprometido, el Gobierno se ha comprometido,
mejor dicho, a poner en conocimiento de la Cámara y espero que
en breves fechas tengamos ocasión de discutir también quizás
en la propia Comisión de Industria y Energía del Congreso de
los Diputados. En ese momento tendremos ocasión, tal vez de
discrepar, espero también que de aproximar algunas posiciones.
Pero, señor García Fonseca, esto es lo que le puedo decir de
las, a su jucio, inquietantes razones que llevan al Gobierno a
que en empresas eficientes, como es ciertamente Repsol, se
produzca una reducción de la participación que no es sino
parte de un proceso que se inició hace tiempo, con éxito, que
sigue permitiendo el mantenimiento de aquellos elementos
centrales de la estrategia...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Le ruego que vaya
concluyendo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Termino, señor Presidente.
Decía que sigue permitiendo el mantenimiento de aquellos
elementos centrales de estrategia que a juicio del Gobierno
deben ser preservados, sin perjucio de que naturalmente y en
este proceso hoy vendrá bien a las arcas públicas ese ingreso,
pero naturalmente, no es esta la razón por la cual se ha
tomado esta decisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
Tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, señor Ministro, desde luego no pretendo discrepar
con usted y no pretendo hacerlo ni muchos menos por sistema, y
menos quisiera hacerlo en un punto como este. Tenga usted por
seguro que desearía todo lo contrario. Desearía que pudiéramos
llegar a puntos de acuerdo. Y se lo digo, además, como
presentación de la moción consecuencia de esta interpelación
que se debatirá en el próximo Pleno y que mi Grupo, se lo
aseguro ya --aunque todavía el texto escrito no esté
presentado--, y yo particularmente, ha hecho con la mejor
intención, no solamente de hacer algo que creemos conveniente,
sino de llegar a un acuerdo con ustedes: con ustedes, el Grupo
Socialista y con usted como representante del Gobierno, porque
nos parece que este es un tema en el que ya se ha ido
demasiado lejos en algunos aspectos, en relación precisamente
a algún sector de empresas, y camino sin retorno en diversos
sentidos --y quiero emplear esta expresión--; sin retorno en
cuanto al futuro de algunos sectores, al futuro de esas
empresas y al futuro de lo que puede ser una política
industrial activa que fortalezca el tejido nacional y grupos
importantes con sede nacional, e incluso --permítame que se lo
diga también sin ningún ánimo de presión que suene a chantaje-
- también decisivo de cara al futuro de posibles
entendimientos políticos entre su Grupo y el mío, que
posiblemente vamos a necesitar por ambas partes.
Señor Ministro, realmente usted no ha contestado a mis
interrogantes, y más bien, si resumo de forma muy esquemática,
pero desde luego, no más sesgada de la que usted suele
utilizar con mis propios planteamientos, le diría que la única
respuesta que me ha dado es: ¿y por qué no?
Yo he hecho dos preguntas fundamentales. ¿Por qué razones
privatizan ustedes las empresas públicas grandes, las pocas
que tenemos en este país grandes y rentables? Ese primer
interrogante, además, tiene muchos otros derivados, por
ejemplo, uno de ellos, con el ries-go nada teórico, que ya ha
sucedido en otros casos, de que esto dé pie no a grupos
mixtos, españoles todos ellos, o incluso grupos privados
nacionales o estatales, si quiere hablar en el sentido amplio
del término, es decir, privados incluso pero nacionales, sino,
una vez más, a la dependencia, a la absorción por grupos
multinacionales con sede fuera de nuestro país.
Y todos sabemos lo que esto significa en cuanto a
posibilidades de una política industrial o de un desarrollo
industrial que corresponda a las país o que exista en el grado
adecuado. La segunda pregunta era, ¿por qué lo hacen ustedes
ahora mismo, por la vía de hechos consumados, cuando están
pendientes de pasar por esta Cámara informes o conclusiones de
debates sobre la estrategia a seguir en la política
industrial, que tiene vocación, además, en su propia intención
o, al menos, en sus propias palabras, de ser un plan
estratégico? Sencillamente, no me ha respondido.
Una de las cosas que usted ha dicho es que estamos en tiempos
nuevos, en tiempos distintos de lo que pudo ser hace décadas y
del significado que pudo tener entonces la empresa pública o
el sector público, y ha venido a dejar entrever, más o menos,
a insinuar que las épocas que corren, los tiempos que corren,
desde luego, no son nada favorables a la intervención pública
--por decirlo de alguna manera-- y mucho menos si esta
intervención pública se hace además a través de empresas
públicas o de un sector público industrial.
Señor Ministro, yo sé que publicitariamente esos son los
tiempos que corren. Desde luego, todavía estoy por leer
argumentos sólidos, escritos negro sobre blanco o, si quieren,
de otro color sobre blanco, que justifiquen racionalmente este
tipo de medidas. Y, sin embargo, yo podría citarles autores,
de lo más variopinto en cuanto a color ideológico, que
consideran que este tema de las privatizaciones a ultranza,
como se han venido practicando en la última década bajo la
hegemonía o con la marcha en cabeza del Gobierno de la señora
Thatcher en Inglaterra, por una parte, resulta que, con
independencia del color de los distintos gobiernos europeos,
en la práctica no ha sido así...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca,
vaya terminando, por favor.
El señor GARCIA FONSECA: Voy terminando, señor Presidente,
pero permítame un minuto o dos.
...en la práctica no ha sido así, es decir, que de hecho, el
sector público, incluso en los países más conservadores si se
deja de lado el caso inglés, que además ha supuesto tanto
problemas de índole económica cuanto tensiones sociales
extraordinarias, sigue teniendo un peso bastante similar, el
sector público industrial, en la práctica totalidad de los
países europeos, con independencia del color de sus gobiernos.
Pero, además, señor Ministro, ustedes, aquí, en España,
reconocen, y en los documentos últimos figura por
escrito, que en España es fundamental constituir, potenciar o
desarrollar grupos de un tamaño grande, que es una de nuestras
deficiencias, y sólo tenemos dos dentro del «ranking» de los
100 primeros, que son, precisamente, los públicos, al margen
de la valoración, a favor o en contra, que tenga quien sea,
pero este es un dato. Usted mismo, en sus propuestas, hace
planteamientos tales como que sería desde estos grupos
grandes, al margen de que sean públicos o privados, desde
donde debiera iniciarse una especie de reconquista, de
reindustrialización, de recuperación del tejido industrial
español, y usted mismo señala, de forma todavía más
específica, cómo algunos sectores y, en concreto, al que me
estoy refiriendo de forma explícita, el energético, debieran
desarrollar una vocación dirigida a esta promoción de tejido
industrial.
Dígame usted, señor Ministro, cómo estos planteamientos, que
yo comparto con usted, se pueden compaginar con que se vayan
deshaciendo de los ú instrumentos industriales que tienen con
capacidad, con posibilidades tanto por su dimensión cuanto por
su eficiencia, y por otra serie de razones que además conocen
perfectamente porque las tienen escritas, y le hago la última
cita y termino. Mire usted, desde la Dirección General de
Política Económica, del Ministerio de Economía y Hacienda,
cuando se habla del tipo de empresas que para el desarrollo o
la aplicación de una política industrial activa dice lo mismo
que ciertos autores, como Krugman, que son economistas de moda
y que desde luego están muy lejos de los parajes ideológicos
por donde se mueven este Diputado y su Grupo, dicen que es un
contrasentido, que además lo es. Son tiempos realmente tristes
cuando hay que demostrar con muchísimo trabajo verdades
obvias. Que Krugman tenga que decir que una política
industrial activa es un sin sentido terminológico si no hay
una participación fuerte y directa de la acción pública es
algo que efectivamente es casi una tautología. Bueno, pues hay
que demostrarlo, parece ser que hay tautologías que necesitan
demostración. Pues bien, dentro de las características del
tipo de empresas necesarias en nuestro país para esa política
industrial activa que usted --que no sus predecesores--
defiende, y en lo que coincido, decían ustedes ¿qué empresas
se adaptan a este modelo? Y decía la Dirección General de
Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda:
Claramente, las empresas que investigan más pertenecen al
sector industrial, son extranjeras o públicas estatales, son
las más grandes en cuanto al número de empleados y dedican a
la exportación más de la mitad de su producción. Señor
Ministro, sin comentarios.
Yo no pretendo, y se lo he dicho muchas veces, defender lo
público por apriorismo. Hoy, aquí y ahora y dentro del marco
de una política industrial activa que quiera realmente
regenerar el tejido industrial de este país, me parece que con
estos procedimientos dilapidan ustedes los instrumentos, no
los únicos pero sí los fundamentales que tienen en sus manos,
con el riesgo de que, una vez más, sean multinacionales con
sede en el exterior las que se adueñen de nuestro tejido
industrial y no precisamente para fortalecerlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García
Fonseca.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad ya, señor García Fonseca, quiero
agradecerle en primer lugar, el tono de su intervención. Ya
sabe que siempre me produce una especial sensación de confort
discutir con usted incluso cuando no estamos de acuerdo. No
tiene que aclararme que ha hecho sus planteamientos con la
mejor intención, porque siempre presumo la bondad de las
intenciones, especialmente de algunos, y, desde luego, sobre
la suya no tengo duda alguna. Respecto a los posibles
entendimientos políticos, naturalmente, dependerán de los
niveles de coincidencia. Quizás en esto no coincidamos en
todo, pero creo que hay algunos elementos de referencia en los
cuales me parece que hay niveles de posible aproximación,
mientras en otros son ciertamente diferencias que usted se
empeña --me permitirá que se lo diga-- insistentemente en
destacar.
De todas formas, su dificultad principal radica en que no le
he contestado, a su juicio. Y no le he contestado más que de
la única forma que le puedo contestar: ¿qué es lo que ha
ocurrido de nuevo, señor García Fonseca? ¿Qué hay una
reducción de la participación del INH en Repsol? ¿Esto es lo
que ha ocurrido de nuevo? Pero, ¿por qué es un hecho
relevante? ¿En qué medida afecta esto a la existencia de un
gran grupo empresarial? ¿En qué medida afecta esto a la
existencia de grupos empresariales con capacidad de arrastre?
¿En qué medida afecta esto --en la línea de sus argumentos
últimos-- a que se haga más o menos esfuerzo de investigación
y desarrollo tecnológico? ¿Qué es lo que ha cambiado respecto
de lo que existía? ¿Por qué es tan relevante como para
suscitar algo así como un escándalo que sugiera una
contradicción con cosas que yo he dicho anteriormente o
incluso con lo que se ha venido haciendo? Si usted me hubiera
dicho: yo no estoy de acuerdo, de ninguna manera, en que se
produzca una reducción de una sola peseta en la participación
pública en la empresa pública, tal vez le pudiera entender, a
lo mejor, aunque discrepe. Sin embargo, probablemente tendría
usted mucha más razón para suscitar esta cuestión si le
hubiera parecido fundamentalmente escandaloso o por lo menos
contrario a su pensamiento, y lo hubiera dicho en el momento
en que una participación que era abrumadoramente mayoritaria
del sector
público en Repsol bajara al 40 por ciento a lo largo de varios
procesos de emisión de varios tramos, y esto cuando todavía no
existía ninguna ley que protegiera a algunos intereses
públicos por el hecho de que se redujera la participación
pública por debajo del 50 por ciento; en ocasiones, ni
siquiera es un 50 o un 49 por ciento, o más del 50 por ciento
lo necesario para tener el control de una empresa. Se puede
tener el control de una empresa dependiendo de cómo esté de
disperso el capital con muchísima menos participación, pero
incluso para ese caso en este momento tenemos una ley que
permite garantizar el que intereses públicos, no intereses
estrictamente empresariales que tienen que jugarse en el campo
de la competencia, sino que intereses públicos estratégicos
relevantes para este país pueden ser garantizados a partir de
la existencia de una ley como la que se ha aprobado.
Por tanto, sería relevante la discusión sobre la reducción de
la participación pública cuando se debatió esa ley o sería
relevante si usted me estuviera diciendo en este momento --ya
por estirar el argumento--: Miren ustedes, es que encima se
quedan sin ninguna participación. Esta participación significa
que el Estado todavía va a seguir teniendo un 25 por ciento,
más de un 25 por ciento de participación en Repsol. Por eso le
he dicho que es posible que esa participación ulteriormente
todavía pueda reducirse, naturalmente en el marco de la Ley de
privatizaciones, vulgarmente conocida, que ha aprobado esta
Cámara. Pero ¿en qué afecta esto, señor García Fonseca, a
objetivos centrales de este país? ¿En qué medida afecta a una
idea que creo compartir con usted, en el sentido de que puede
haber una base empresarial más amplia o, incluso, que puede
haber elementos de relación con otros grupos empresariales a
partir de un proceso de reducción de la participación pública?
¿En qué medida afecta esto a la internacionalización o a la
capacidad de crecimiento, a la capacidad tecnológica o al
futuro de una empresa que sigue estando garantizada en manos
españolas? Me parece que es esto lo que habría que discutir.
Por este motivo, como no se produce ningún hecho
substancialmente distinto de los que se han venido
produciendo, realmente no me parece que lo que usted acaba de
señalar sea un argumento para decir que se ha producido un
cambio fundamental. Quizá podríamos hablar de otras cuestiones
en las cuales usted puede tener, tal vez, algo más de razón,
pero, por el hecho de que se produzca una reducción del INH en
Repsol en este momento, no me parece que estemos cambiando de
ninguna manera una trayectoria, ni unos principios ni una
orientación de la política industrial. Y, naturalmente, señor
García Fonseca, Krugman --con el que usted no coincidirá, yo
tampoco coin dice, pero, en todo caso, es un economista
relevante-- difícilmente puede utilizarse, como usted ha
hecho, para defender que la participación pública signifique
participación en las empresas a política industrial activa.
En este sentido no me sea, entre comillas y amablemente,
«tramposo» con los argumentos, ni siquiera con los argumentos
de autoridad de los economistas de moda, porque Krugman es el
último en defender una participación accionarial en las
empresas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Ministro.
¿Qué grupos parlamentarios desean fijar su posición en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gamir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, con
brevedad, yo destacaría dos rasgos de la política de empresa
pública y, dicho sea sin acritud, quizá estos dos rasgos son:
contradicción e ineficacia. La lista de contradicciones sería
muy larga y en un próximo documento parece detallada. Aquí
solamente cuatro perlas de la misma. Su antecesor en el cargo
poco antes de dejar el puesto declaraba: Me sobran los dedos
de una mano para contar las empresas públicas que deben seguir
siendo públicas; el resto son privatizables. Poco tiempo
después de que usted tomara posesión como Ministro afirmaba
que no hacía falta privatizar más que unas cuatro empresas
públicas, de las cuales una ya estaba privatizada en parte. La
verdad es que no sale del todo la aritmética. Cinco más cuatro
son nueve y hay más de nueve empresas públicas en este país,
aparte de que no se ve la lógica de las dos frases
relacionándolas una con otra.
También está la tantas veces citada frase de su compañero
señor Borrell sobre que no se deben vender las joyas de la
abuela, en relación con la venta de empresas públicas. Y
ahora, en el informe que se ha presentado como documento de
trabajo del Ministerio, se habla de la seria voluntad del
Gobierno de reducir el sector público empresarial.
Encontramos, pues, diversos vaivenes --que, insisto, en un
próximo documento serán detallados en su larga lista-- de esta
parte vacilante y contradictoria de la política sobre la
empresa pública del Gobierno socialista.
Ineficacia. También dos perlas al respecto. En un reciente
artículo de Carlos Rodríguez, director de un conocido diario
económico, literalmen reunión que había tenido sobre este
tema, adjudicaba, entrecomillada, a don Joaquín Almunia --y
siento que no esté presente-- la siguiente frase: Llevamos
mucho tiempo haciendo mal las cosas en la empresa pública. Era
un reconocimiento de ineficacia del gobierno socialista en el
terreno de la empresa pública.
Por otra parte, un conocido periodista, no precisamente de
derechas, en el diario español de mayor tirada,
publicaba no hace mucho un largo ar cual decía que las
pérdidas, las transferencias de capital, las subvenciones y
las ayudas industriales a sociedades estatales en pérdida, a
pesetas constantes de 1994, suponían 23 billones de pesetas,
con b de Borrell, por ejemplo. No he visto un cálculo
alternativo realizado por el Ministerio. Dos perlas de no
excesiva eficiencia.
En este momento se añade lo que parece ser que es la
problemática, entre comillas, «Bruselas». Para la devaluación,
Bruselas plantea una serie de condiciones, muchas de ellas muy
difíciles de cumplir para este Gobierno, un gobierno en
situación electoral en este o en otro año, que vamos a ver lo
que hace con el déficit público en relación con lo que ocurre
en Bruselas y con las privatizaciones. En la prensa de ayer se
recoge que el Ministro de Economía, hablando sobre ese plan de
privatizaciones, señala que están los objetivos marcados, pero
que aún faltan algunos detalles por ultimar.
Plan de privatizaciones. Algo a uno le suena en este tema.
Diario de Sesiones de la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, de 4 de marzo de 1994; el Ministro señor Eguiagaray
declara lo siguiente: No ha existido ni tampoco se va a poner
en marcha un plan de privatizaciones. Hace una exposición
interesante en varios párrafos de por qué no se debe hablar
nunca de plan de privatizaciones. Coherencia de unas
declaraciones que aparecen en la prensa de ayer del señor
Solbes y las declaraciones del Ministro de Industria en
Comisión: no la conozco. No conozco la coherencia entre
lacrítica dura al plan de privatizacione un miembro de su
propio Gabinete, el señor Solbes.
Lo peor es que si en este momento es cuando se acomete un
fuerte plan de privatizaciones, no parece que esté, aparte del
problema de la peseta, la Bolsa en el mejor momento. El
Partido Popular ni qué decir tiene que es partidario de una
prudente política de privatizaciones, pero vendiendo bien, que
fuera un momento de muchas ventas. Parafraseando libremente
las manifestaciones de Borrell, sería no ya vender las joyas
de la abuela, sino malvender, quizá, las joyas de la abuela.
En este terreno, pues, parecería otra muestra más de
contradicción y de ineficacia un plan de este tipo, lo cual no
quiere decir que no haya que hacer una prudente política de
privatizaciones en nuestro país.
Yo acabaría diciendo, respetuoso con el tiempo, también sin
acritud, que hay una palabra, veleta, de la que la Real
Academia de la Lengua da varias acepciones. Una de ellas dice:
Persona inconsistente y mudable en sus criterios. Mi pregunta
es: ¿esa palabra, en esa acepción, es aplicable a la política
del Gobierno socialista sobre empresa pública y
privatizaciones?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gamir.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve horas.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.