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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 135, de 21/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 135 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 133
celebrada el martes, 21 de marzo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se modifica la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas
Urgentes de Fomento de la Ocupación. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 99.1, de 2 de enero de 1995
(número de expediente 122/000080) (Página 7160)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, reguladora de los Delegados
Generales del Gobierno. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 94.1, de 23 de diciembre de 1994
(número de expediente 122/000075) (Página 7169)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre cambio estructural
e igualdad de oportunidades para las mujeres. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 172, de 19 de
diciembre de 1994 (número de expediente 162/000156) (Página 7181)
--Del Grupo Popular en el Congreso, sobre registros y cacheos
de internos en centros penitenciarios. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales»,Serie d, número 142,de 3 de octubre de 1994
(número de expediente 162/000138) (Página 7186)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato
respecto a la coordina que España esté en condiciones
razonables de competir (número de expediente 173/000074)
(Página 7194)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política general del
Gobierno respecto de la fe pública en España y, en concreto,
sobre su actual marco legal y su futura regulación (número de
expediente 173/000075) (Página 7200)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
136, de 22 de marzo de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7160)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
modifica la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes
de Fomento de la Ocupación (Página 7160)
El señor Camps Devesa defiende la proposición de ley del Grupo
Popular por la que piden la modificación del artículo 3 de la
Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento
de la ocupación, que afecta principalmente al contenido del
denominado contrato de aprendizaje, con el objetivo
fundamental de establecer un contrato formativo que garantice
a todos los jóvenes una formación profesional que culmine en
una cualificación profesional reconocida y acreditada por un
título o certificado, conforme a lo dispuesto en la Directiva
Europea 9251, sobre reconocimiento de formaciones
profesionales. Afirma que se trata de reiterar la propuesta
que el Grupo Popular hizo al debatirse la Ley hace un año y a
que el tiempo les ha dado la razón. Expone que, con la
regulacióndada en su día al contrato de aprendizaje, el Grupo
Socialista y quienes le apoyaron subordinaro la tradicional
finalidad de estos contratos, eminentemente formativos, al
objetivo perseguido de fomento del empleo, que tampoco han
conseguido cumplir. En el contrato de aprendizaje aprobado no
existe un auténtico programa para la real formación de los
jóvenes sino que, al contrario, una vez más, se encuentran
ante una situación en la que los aspectos puramente laborales
predominan sobre los formativos. A su juicio, en cambio, hay
que situar este contrato en un ámbito intermedio entre lo
laboral y lo docente, sin preponderancia de uno sobre el otro.
Termina pidiendo la apertura de una profunda reflexión y de
una puerta a la esperanza, no condenando a los jóvenes a la
apatía y a la de que sólo va a llevar a la marginación y a la
desesperanza.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Peralta
Ortega, que alude a los numerosos errores del Gobierno en el
tema de aunque escuchando al representante del Grupo Popular
no han podido saber exactamente qué es lo que plantean en su
proposición de ley. A su juicio, el verdadero objetivo del
Grupo Popular a través de la proposición de ley es el de
ampliar buena parte de los elementos más regresivos que ya
tiene la actual normativa introducida por la reforma laboral
aprobada el año anterior. En este sentido, se plantea la
eliminación del requisito mínimo del 15 por ciento de la
jornada laboral para la formación teórica, se suprime también
el que haya un número máximo de aprendices por empresa e
igualmente se suprime la prohibición de que a un trabajador
que pueda estar prestando servicios para una empresa puedan
cesarle y contratarle al cabo de un año como aprendiz. Se
trata, por tanto, de novedades todas ellas regresivas, además
de mantener todos los aspectos regresivos que ya existían en
la legislación vigente.
En definitiva, es una propuesta que no se justifica con ningún
argumento en apoyo de su contenido sino exclusivamente con
críticas, en muchos casos acertadas, a los errores del
Gobierno, pero sin incorporar reformas coherentes con esas
críticas sino todo lo contrario, motivo por el cual su Grupo
votará en contra de la proposición de ley.
Replica el señor Camps Devesa, duplicando el señor Peralta
Ortega.
Para fijación de posiciones, intervienen el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Romero López, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 119 votos a favor, 164 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, reguladora de los Delegados Generales del
Gobierno (Página 7169)
El señor Ríos Martínez defiende la proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que
presentan esta proposición de ley, cuyo contenido se ha
discutido suficientemente en la Cámara en los últimos diez
años, para demostrar que no sólo debaten sobre la corrupción o
sobre Roldán sino también sobre cómo organizar el poder,
compromiso ya viejo en esta Cámara. Con esta propuesta vienen,
además, a suplir la falta de iniciativa del Gobierno y el
incumplimiento de sus compromisos para con esta Cámara.
Agrega el señor Ríos que se hallan en unos momentos en que a
cualquier iniciativa de la oposición se la califica de
extemporánea, diciéndoles que sobre el tema en cuestión ya
está trabajando el Gobierno, y así ocurrió en el mes de
noviembre pasado al defender su Grupo una moción consecuencia
de interpelación sobre la organización del poder,
simplificando y reduciendo la Administración periférica,
señalándoles que tal moción era innecesaria porque el Gobierno
iba a presentar de manera inminente durante aquel período de
sesiones el correspondiente proyecto de ley, cosa que,
evidentemente, no ha sucedido.
Al presentar ahora esta propuesta pretenden que los demás
Grupos de la Cámara, especialmente el Grupo mayoritario,
puedan utilizar el texto de la proposición u otro alternativo,
si éste no les gusta, para tramitarlo en la Cámara,
permitiendo también que los demás grupos y el propio Gobierno
realicen sus aportaciones.
Cree, por otra parte, que es oportuno diseñar aquí desde la
óptica autonomista, desde el desarrollo de los estatutos
autonómicos y de la Constitución, una organización del poder
que reduzca lo que era la experiencia del año 1983 en la
gestión del poder central. Recuerda que de dicho año 1983 data
la regulación de los Delegados del Gobierno y de los
Gobernadores, en un momento en el que en las comunidades
autónomas residía entre el 14 y el 17 por ciento del poder del
Estado, porcentaje que en estos años se ha elevado hasta el 30
por ciento actual.
Añade el proponente que presentan un texto que, desde la
óptica del autogobierno, plantea una nueva ordenación de la
Administración periférica, fijando la representación del poder
central en el territorio de la comunidad autónoma y no en cada
provincia, entendiendo que el representante o Delegado del
Gobierno es el interlocutor que ha de facilitar la
coordinación entre las distintas Administraciones públicas.
Concluye explicando algunos de los pormenores contenidos en la
proposición de ley.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Marcet i Morera, manifestando que, si atienden a la
pretensión de la proposición de ley, ni por el contenido d
motivos ni por lo señalado por el señor Ríos en su
intervención parece que la proposición se corresponda con el
contenido real de la misma. Menciona algunos aspectos de la
proposición, manifestando al señor Ríos que éste es un debate
ya hecho, un debate repetido, que celebraron a principios de
noviembre y que ahora se pretende reabrir mediante una
proposición de ley que, por otra parte, presentaron el 14 de
noviembre, inmediatamente después de debatida la moción, sin
esperar a ver si el Gobierno cumplía el plazo teórico del
final del período de sesiones a que se había comprometido.
Está, no obstante, de acuerdo con la necesidad de abordar la
reforma que se plantea, pero en un marco general mucho más
amplio que el que se contempla en la proposición. Reitera,
además, que el correspondiente proyecto de ley de organización
y funcionamiento de la Administración General del
Estado está muy avanzado, como tuvieron ocasión de oír el
pasado jueves en la Comisión para las Administraciones
Públicas por boca del Ministro, esperando su aprobación en las
próximas semanas, por lo que no considera necesaria la toma en
consideración de la proposición de ley. Anuncia, por
consiguiente, el voto en contra de la proposición por parte
del Grupo Socialista.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Marcet i
Morera.
Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Coalición Canaria;
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Carrera i
Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Mañueco
Alonso, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida
por 20 votos a favor, 248 en contra y 12 abstenciones.
Proposiciones no de Ley (Página 7181)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre cambio estructural e
igualdad de oportunidades para las mujeres (Página 7181)
La señora Pelayo Duque defiende la proposición no de ley del
Grupo Socialista, manifestando que el camino elegido hace
siglos de reivindicaciones puntuales y progresivas de
eliminación de discriminaciones ha sido un camino duro, largo
y poco satisfactorio, quizás el único camino posible, pero, a
su juicio, un camino equivocado por cuanto que, siendo las
reivindicaciones femeninas reivindicaciones de justicia e
igualdad que sólo afloran en los sistemas democráticos, siguen
hoy hablando en un sistema democrático consolidado de unas
exigencias que son primarias y básicas de una democracia,
cuales son la igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas.
Agrega que se están produciendo importantes cambios no sólo
tecnológicos y demográficos sino también en las ciencias
sociales que están no ya únicamente a las relaciones de poder
entre los Estados, sino también al distinto reparto del poder
político o a la moral, a las costumbres y también a las
relaciones entre las personas. Considera que la conducción de
estos cambios necesitan la presencia y participación activa de
todos los seres humanos, hombres y mujeres, y así lo percibió
la OCDE, que elaboró un informe al respecto, en 1991, en el
que habla de que nos encaminamos hacia una sociedad distinta,
una sociedad nueva. Destaca algunos aspectos de este informe,
especialmente los relacionados con la mujer y su participación
en el ajuste estructural e igualdad de oportunidades,
afirmando que las mismas están en condiciones de desempeñar un
papel más importante en la dirección de este cambio
estructural. Es un informe que contiene una serie de líneas,
de acciones y unas conclusiones de la mayor importancia, fruto
de las cuales, y de otros estudios realizados en nuestro país,
es la proposición que ahora defiende. Pretenden que la
sociedad activa que estamos construyendo en nuestro país se
ponga ya en marcha, aun reconociendo que se trata de un
compromiso a desarrollar a largo plazo.
La señora Sainz García defiende la enmienda presentada por el
Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora
Urán González, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación, es aprobada la proposición no de ley del
Grupo Socialista por 274 votos a favor.
Del Grupo Popular en el Congreso, sobre registros y cacheos de
internos en centros penitenciarios (Página 7186)
El señor Gil Lázaro defiende la proposición no de ley del
Grupo Popular, manifestando que a través de la misma pretenden
esencialmente contribuir a una mejora de nuestro ordenamiento
jurídico, sustanciando hoy una declaración de voluntad
política que posteriormente puede ser incorporada, en su
detalle técnico y jurídico, en la reforma del reglamento
penitenciario que en estos momentos se encuentra en fase de
elaboración y de estudio. Considera que la iniciativa que
ahora defiende es útil para introducir en esa reforma
reglamentaria futura los contenidos que en materia de registro
y cacheos de internos en centros penitenciarios ha venido
afirmando el Tribunal Constitucional, a la par que útil para
garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las
personas sometidas a penas de privación de libertad, para
explicitar la presencia del órgano jurisdiccional en el
control de la aplicación de tales medidas y, por último, para
reforzar el grado de seguridad jurídica de los funcionarios
penitenciarios que en el ejercicio de sus cometidos
profesionales deben llevar a la práctica estas medidas.
La proposición tiene su cimentación en una serie de
presupuestos conceptuales que son, primero, que la pena
privativa de libertad no deja sin efecto los derechos
fundamentales de las personas a las
que aquéllas se imponen; segundo, que la g derechos
fundamentales de las personas sometidas a penas de privación
de libertad sólo se pueden instrumentar medidas que tengan un
carácter excepcional, proporcional y motivado, y, por último,
que bajo ningún concepto cabe suplir los fallos, las lagunas o
las imprecisiones de nuestro ordenamiento penitenciario en
materias que afecten a derechos fundamentales por meras vías
de resoluciones de naturaleza administrativa.
Termina señalando que con esta iniciativa quieren contribuir a
que el valor de la institución penitenciaria lo dé el respeto
y el compromiso de todos los Grupos de esta Cámara con esos
derechos fundamentales de las personas que, sometidas a penas
de privación de libertad, ni hacen renuncia ni nadie puede
hacer que renucien de sus derechos de seres humanos y de
ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria; Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, y
señora Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda de las modificaciones acordadas en el curso del
debate, es aprobada por 279 votos a favor y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7194)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato respecto a la
coordinación en materia de infraestructura y funcionamiento
aeroportuario, estrategias de empresas públicas del sector y
transporte combinado, para lograr que España esté en
condiciones razonables de competir (Página 7194)
El señor Camisón Asensio defiende la moción del Grupo Popular.
Comienza llamando la atención sobre la singularidad que supone
la existencia de dos centros directivos en relación con el
transporte aéreo, como son la Dirección General de Aviación
Civil y el ente Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea
(AENA). Sucede además que, en lo que afecta a la navegación
aérea, existen también dos direcciones generales, lo que
considera inimaginable dentro de un proceso de
racionalización. Se da, por otra parte, la circunstancia de
que la antigua Ley 48/60, de Navegación Aérea, todavía
vigente, está absolutamente desfasada y ni siquiera se
desarrolló reglamentariamente. Sabe que el Gobierno tiene
prometida la remisión de un nuevo proyecto de ordenación del
transporte aéreo, pero el problema está en que urge su
promulgación para acabar con una situación centralista, e
incluso repetitiva, de dos organismos que se superponen e ir a
una descentralización progresiva, con criterios de ahorro y
rentabilidad desde una única dirección general del transporte
aéreo. Urge, por otra parte, la reconversión racional de los
aeropuertos con un débil tráfico.
En resumen, justifica la moción en la necesidad de organizar
una administración aérea integrada, sin separaciones ni
problemas de coordinación, como actualmente sucede. También es
necesario ir a la gestión descentralizada progresiva y a la
política de transporte aéreo integrada y coordinada en el
sistema de transporte global.
Termina señalando que la moción va en la línea de conseguir un
equilibrio entre el servicio público y la eficacia que se
deriva de la competencia, creyendo que en esto coinciden todos
los Grupos de la Cámara. Respecto al resto de los apartados de
la moción, entiende que ya se expusieron suficientemente los
argumentos pertinentes durante el debate de la interpelación,
por lo que renuncia a reiterarlos en este momento.
Los señores Dávila Sánchez, en nombre del Grupo Socialista, y
Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Can presentadas. Para
fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sometida a
votación la moción debatida, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada
por a favor, dos en contra y 21 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política general del Gobierno respecto
de la fe pública en España y, en concreto, sobre su actual
marco legal y su futura regulación (Página 7200)
El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Cons consumidores y usuarios
de la fe pública, porque, de alguna manera, permite que desde
el Estado se regule, desde una única posición, el conjunto de
la fe pública, que haya una mayor regularización de la misma y
que no se produzcan las irregularidades que han tenido lugar
en los últimos tiempos. También es favorable la proposición
para los consumidores al producir una rebaja arancelaria, e
igualmente para el conjunto de los trabajadores de los
fedatarios, al permitirles tener una regulación laboral mucho
mejor que la que actualmente tienen.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Jordano Salinas, del Grupo Popular, y De la Rocha
Rubí, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Camp i
Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometidos a votación, son rechazados los puntos 1 y 3 de la
moción, aprobándose el punto 2 por 253 votos a favor, uno en
contra y dos abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos
de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE MODIFICA LA LEY 10/1994, DE 19 DE MAYO, SOBRE MEDIDAS
URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (Número de expediente
122/000080)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Popular por la que se modifica la Ley 10, de
1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la
ocupación.
Para la defensa de la proposición de ley, tiene la palabra el
señor Camps Devesa.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, defiendo hoy, en nombre de mi
Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, la toma en
consideración de la proposición de ley por la que se modifica
el artículo 3 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas
urgentes de fomento de la ocupación; proposición que afecta,
principalmente, al contenido del denominado contrato de
aprendizaje, y cuyo objetivo fundamental es el de establecer
un contrato formativo que garantice a todos los jóvenes una
formación profesional inicial, formación que ha de culminar en
una cualificación profesional reconocida y acreditada por un
título o certificado, conforme a lo que dispone la Directiva
europea 92/51 sobre el reconocimiento de formaciones
profesionales; proposición de ley que, si bien en su contenido
es conocida de SS.SS., porque ha sido objeto de debate, vía
las enmiendas de este Grupo en los distintos trámites
parlamentarios que afectaron a la ley de la que ahora se
pretende su modificación, no reitera en modo alguno dicho
debate, porque nos encontramos, señorías, en un momento bien
distinto, que nos permite abordar con mayor claridad la
reforma que ahora se pretende por parte del Grupo Popular, la
reforma del modelo del contrato de aprendizaje.
No estamos pidiendo una nueva modificación, que no se nos diga
tal cosa; no estamos pidiendo una nueva modificación al cabo
de un año de vigencia de esa ley, de vigencia de lo que fue la
denominada reforma del mercado laboral, sino que estamos
manteniendo nuestras propuestas de entonces, en absoluto
vergonzantes, como definió la entonces portavoz, y me parece
que hoy también, socialista; en absoluto vergonzantes porque
el tiempo transcurrido nos ha dado la razón.
Si hablamos de paso del tiempo, cabe hacer un breve
recordatorio a SS.SS. de lo que históricamente fue el contrato
de aprendizaje, a ver si conseguimos instruir a más de alguna,
el cual apareció configurado como un contrato de enseñanza,
reitero: contrato de enseñanza, en cuyo desarrollo la
finalidad puramente formativa prevalecería sobre los aspectos
laborales, situándose en un segundo plano todo lo relativo al
trabajo del aprendiz y no siendo tampoco desde luego esencial
elemento del contrato la remuneración de dicho trabajo.
Tal concepción, que aparece en Roma, en el derecho romano (hay
que ver a veces con qué tradiciones históricas consiguen
acabar ustedes), es también la que en buena medida va a
prolongarse hasta fechas bien recientes en la regulación del
contrato de aprendizaje en nuestro derecho positivo, llegando
hasta el antiguo artículo 11.5 del Estatuto de los
Trabajadores, el antiguo contrato para la formación, que si
bien ya se concebía en parte como medida tendente a fomentar
el empleo, aún respondía a la visión tradicional de este tipo
de contratos con predominio de su función de enseñanza.
Pues bien, con la regulación de este nuevo contrato de
aprendizaje que tenemos desde hace un año, ustedes, señores
socialistas, no solos sino en compañía de otros, subordinaron
la tradicional finalidad de estos
contratos, eminentemente formativa, al objetivo auténticamente
perseguido, que no es sin como más tarde me referiré. Que ello
era así se evidenciaba claramente a partir del propio rótulo
de la ley: medidas urgentes de fomento de la ocupación. Cierto
es que, sin lugar a dudas, fomentando la formación se está
produciendo un real fomento del empleo; pero resulta necesario
señalar que, sin embargo, el contrato de aprendizaje diseñado
por ustedes no contiene un auténtico programa para la real
formación profesional de los jóvenes a los que se destina,
sino que más bien y al contrario estamos una vez más ante una
situación en la que los aspectos puramente laborales
predominan sobre los formativos, y hay que situar este
contrato, como ya hemos manifestado con reiteración, en un
ámbito intermedio entre lo laboral y lo docente, sin
preponderancia de uno sobre el otro, porque, si no, se puede
llegar a la conclusión de que los elementos relacionados con
la enseñanaza constituyen en este contrato un mero pretexto
que la de convertir este contrato en un sustitutivo de la
antigua contratación temporal no causal.
Evidentemente, la causa formativa justifica la temporalidad,
pero sucede, insisto, que no se ha producido una auténtica
regulación de un Fijénse, respecto a la supuesta formación
teórica que el aprendiz debe recibir, no existe previsión
legal alguna tendente a una efectiva concreción de los
contenidos formativos, ni tampoco de las medidas para
verificar si quienes imparten las enseñanzas están realmente
capacitados para ello, ni de los controles de los resultados
obtenidos. Parece en definitiva que más que ante un auténtico
contrato formativo, se está ante un contrato de inserción
profesional para jóvenes desempleados o, incluso, si me lo
permiten, de inserción social para jóvenes marginados,
habiéndose ampliado notablemente los márgenes de edad
exigibles, a nuestro juicio. Este es, posiblemente, el mayor
problema del híbrido modelo diseñado por ustedes por cuanto
mediante el mismo intentaban pretender dar solución a
problemas heterogéneos.
Por ello, señorías, hubiera sido preferible, como defendió
nuestro Grupo en su momento, antes que recubrir, con cierta
hipocresía legal, una d pretendidas, que por lo demás no había
por qué ocultar, haber creado dos tipos de contrato: un
auténtico contrato formativo, como el que con esta proposición
se pretende, limitado a unos jóvenes con menor edad de la
actual, con previsión real de los contenidos formativos e
implantación de medidas adecuadas para su realización; y un
segundo, de inserción profesional o social para otro colectivo
de jóvenes que, superando los límites de edad del anterior,
demandasen empleo y respecto al que cabría aplicar las
clásicas medidas de fomento del empleo, como nosotros ya
exigimos: beneficios de la Seguridad Social, subvenciones,
etcétera.
No es bueno ni aconsejable, señorías, el café para todos, y
mucho menos el café para todos los jóvenes de este país que
ustedes han pretendido con el contrato de aprendizaje. Por
ello urge su reforma y por ello hoy aquí podemos iniciar,
abierto este debate a todos los grupos de la Cámara, una
reflexión con la que, compartiendo el principio esencial que
inspira nuestra proposición de ley, que es darle por fin
carácter formativo al contrato de aprendizaje, podamos, junto
con todos ustedes --si a bien lo tienen con sus enmiendas y
sus proposiciones en lo que sería el debate del proyecto de
ley--, mejorar este contrato de aprendizaje que de poco nos ha
servido hasta ahora.
Si esta razón ya sería suficiente en el día de hoy para votar
a favor de esta toma en consideración, aún hay más que
justifican la modificación del actual contrato de aprendizaje.
El contrato de aprendizaje nació muerto en diciembre de 1993,
sin contenido formativo alguno adecuado a las demandas del
sistema productivo, refiriéndose tan sólo genéricamente a un
oficio o puesto de trabajo cualificado. El anterior contrato
para la formación, del año 1984, se refería incluso más
explícitamente a los planes de formación ocupacional del Inem.
Aún más, desconoce este contrato el programa nacionalde
formación profesional aprobado en marzo de 1993 y la necesidad
de formar para las cualificaciones profesionales del sistema
nacional diseñado en el mismo.
Lo anteriormente expuesto queda confirmado no sólo por mis
palabras sino en recientes intervenciones en esta Cámara de
insignes Diputadas socialistas --que además supongo, por el
lugar en que se encuentran ubicadas hoy, me sucederán en el
turno de palabra-- y que ya han denunciado la obsolescencia
del sistema actual y la carencia del nuevo marco en que nos
encontramos en cuanto a los oficios, sus certificaciones, sus
sistemas de homologación con los títulos académicos y sus
correspondientes europeos, hecho que además admite el propio
Gobierno en boca de su Secretario General de Empleo,
reconociéndose por primera vez, lo cual nos alegra y nos llena
de satisfacción, la posición que nuestro Grupo viene
manteniendo desde el año 1991. De sabios, señores socialistas,
es rectificar, pero a los sabios siempre se les atribuía
cierto don de la adivinación que, en su caso, brilla por su
ausencia.
El retraso de la aprobación del catálogo de títulos y
certificados, al que ha de adecuarse obligatoriamente por ley
el contrato de aprendizaje, es manifiesto. Según el programa
debería haber finalizado en 1994; tras la Ley 10/1994, una
parte del mismo --justamente la de certificaciones-- se
retrasa a junio de 1995, y ustedes mismos reconocen que el
sistema no va a ser operativo hasta finales de 1996. Tuvieron
una extraordinaria prisa en aprobar este contrato, sin
garantías educativas algunas, y con lo que se han encontrado
ustedes es con que colocaron los bueyes detrás del carro, y
éste, claro, no hay manera de que avance, porque detrás de
todas
estas contradicciones que suscita el programa nacional de
formación profesional, lo que ustedes manifiestan fuera y
dentro de esta Cámara y la propia redacción de la Ley 10/1994,
lo que existe es una orientación, no a la existencia de una
sola formación profesional sino a la conservación de dos
formaciones profesionales distintas: la de la Administración
educativa, y la de la Administración laboral, para las que se
elaborarían dos acreditaciones distintas: el catálogo de
títulos y el repertorio de certificaciones. Ello, señorías,
supone, a nuestro juicio, ir en contra no sólo de los
principios en que se basa el programa nacional de formación
profesional al diseñar un modelo único de formación, sino de
la propia Directiva 92/51, a la que anteriormente me he
referido, sobre reconocimiento de formaciones profesionales,
lo que obstaculizaría evidentemente la transparencia y
correspondencia de nuestros diplomas a nivel europeo.
Reconozcan conmigo, señorías, que el contrato de aprendizaje
sólo persiguió establecer un contrato de costes, salariales y
no salariales, bajos. Ello es tan evidente que se aceptó
incluso el incumplimiento de los contratos formativos por
parte del Gobierno, con claras instrucciones de la Dirección
General de Empleo a la Dirección General de la Inspección de
Trabajo, en orden a que no tuviera por fraude de ley los
contratos de aprendizaje en los que no hubiera formación
teórica alguna. Es tan evidente que nosotros pretendemos
suprimirlo, pero, como muy bien dijeron aquí portavoces de
otros grupos, ustedes, ante un contrato que dicenformativo, la
única sanción que imp de 5.000 a 500.000 pesetas, sin romper
la naturaleza de ese contrato y que pueda ser considerado un
fraude de ley. Es tan evidente que buscaron aquello que está
reconocida en la propia Ley vigente 10/1994, la necesidad de
aprobar el repertorio de certificaciones provisionales al que
se refiere el plan nacional de formación profesional, y aún
estamos esperando ese repertorio en esta Cámara. Pero ni
siquiera como contrato de inserción laboral puro y duro ha
tenido excesivo éxito este contrato. Tras un año largo de
implantación, se puede afirmar la escasa utilización del
mismo, comparado con el antiguo contrato de formación para el
empleo, a pesar de contar con costes muy inferiores. Escuchen
las cifras, señorías. No ha alcanzado la cifra media anual de
este último de 200.000 contratos, y en los años 1990 y 1991,
de 300.000. En los últimos cuatro meses se han registrado las
cifras más bajas del año en la contratación de aprendices en
este país, y se ha encendido la luz de alarma en sus
compañeros de cohabitación parlamentaria, señores socialistas,
que ya manifiestan sin ambage alguno que este contrato de
aprendizaje no ha tenido el efecto dinamizador y que se están
planteando unas nuevas fórmulas de contratación temporal,
dejando de este lado lo que era un simple contrato de
inserción laboral.
Todas estas razones justificarían sobradamente las
modificaciones que por parte de mi Grupo se pretende y que en
resumen suponen, señorías, formar en las cualificaciones
profesionales adecuadas del sistema nacional elaborado de
acuerdo con los interlocutores sociales y contenido en el
programa nacional de formación profesional; acreditar esta
formación mediante un título o certificado, según lo
establecido en la Directiva 92/51; preservar el contrato en
prácticas para los que ya han obtenido un diploma que habilita
para el ejercicio profesional, y hacer viable la alternancia
formación/trabajo, conforme a las prescripciones exigidas por
el reglamento de cada una de las cualificaciones
profesionales.
Por todo ello, señorías, abramos hoy una profunda reflexión,
abramos hoy una puerta a la esperanza para no condenar a los
jóvenes de este país al paro, en el peor de los casos, o a la
concatenación de contratos temporales en el mejor de ellos. No
condenemos a los jóvenes a la apatía y a la desilución que
sólo van a llevar a la marginación y a la desesperanza. Los
jóvenes de este país necesitan un futuro, exigen un futuro
mejor. Hoy en nuestra mano está el poder intentarlo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camps.
Para un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo de
Izquierda Unida, el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, cualquiera de ustedes que haya seguido con atención
la explicación del representante del Grupo Popular habrá
escuchado, eso sí, un abundante repertorio de críticas hacia
los más que numerosos errores del Gobierno en el tema de la
reforma laboral, sin lugar a dudas, pero también sin lugar a
dudas se habrá quedado sin saber qué es exactamente lo que
plantea el Grupo Popular en su proposición de ley, que es en
definitiva lo que debatimos. Ya que no lo ha hecho el portavoz
del Grupo Popular, permítanme, señorías, que haciendo un
notable esfuerzo de objetividad, intente trasmitirles a
ustedes cuál es el verdadero contenido de esa proposición de
ley y por qué mi Grupo ante ese contenido utiliza este turno
en contra.
Como saben SS.SS., en virtud de lo que se conoce como reforma
laboral, llevada a cabo por el Gobierno con el apoyo del Grupo
Socialista el pasado año 1994, y en relación con la cual,
bueno es recordarlo, sólo o fundamentalmente el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ejerció una oposición
clara en relación con el mismo, en función de esa reforma el
contrato de trabajo en prácticas fue definido como un contrato
de trabajo muy estricto, con un ámbito personal muy limitado.
Quedaba referido exclusivamente a aquellos
trabajadores que tuvieran un título universitario o un título
de formación profesional, pero que fuera de grado medio o
grado superior. Esta definición restrictiva del contrato de
trabajo en prácticas era coherente con una definición amplia
del contrato de aprendizaje, que era todo aquél que no tenía
la titulación suficiente para el contrato de prácticas, y como
la titulación del contrato de prácticas era muy restrictiva,
el contrato de aprendizaje era extraordinariamente amplio; era
--y tuvimos ocasión de hacer referencia a ello cuando
discutíamos la reforma laboral-- el gran de la reforma
laboral, y buena parte de las críticas a esa reforma laboral
se centraban en ese contrato de aprendizaje.
En relación con ese diseño planteado por la reforma laboral
hoy nos encontramos con una propuesta del Partido Popular que
creo que es importante saber qué plantea exactamente. Por lo
que se refiere al contrato de trabajo en prácticas, el
objetivo de la reforma del Partido Popular es ampliar su
ámbito. ¿Forma de ampliar su ámbito? Eliminar las
restricciones que se contenían a las titulaciones. Se decía
que era el que podía suscribir un titulado universitario o un
titulado de formación profesional de grado medio o superior.
Pues en la propuesta del Grupo Popular se suprimen los
requisitos de que el título de formación profesional sea de
grado medio o superior; basta cualquier título de formación
profesional. En consecuencia, señorías, se amplía notablemente
el contrato de trabajo en prácticas. Esa es toda la reforma
que se lleva a cabo en relación con el contrato de trabajo en
prácticas. Todo lo demás: la retribución, la duración, la
protección, queda exactamente igual. Eso sí, se amplía
notablemente la posibilidad de suscribir un contrato de
trabajo en prácticas. Esto, insisto, por lo que se refiere al
contrato de trabajo en prácticas.
En relación con la otra modalidad, el contrato de trabajo de
aprendizaje, el objetivo de la proposición de ley del Grupo
Popular es también ampliar buena parte de los elementos más
regresivos que ya tenía la actual normativa, la introducida
por la reforma laboral. ¿Forma de ampliar el espectro de
medidas regresivas? Lo primero que plantea el Grupo Popular:
eliminar el requisito mínimo del 15 por ciento de la jornada
para la formación teórica. Se nos dice sorprendentemente que
se pretende hacer un contrato eminentemente formativo, y la
realidad es que ese requisito mínimo del 15 por ciento de la
jornada para formación teórica se suprime.
Otro requisito que se suprime es que haya un número máximo de
aprendices por empresas. Al parecer el Grupo Popular pretende
que las empresas se conviertan en escuelas y no realmente en
empresas. La reforma laboral partía de que, cuando menos, las
empresas eran empresas y que podían dar algún tipo de
formación, en nuestra opinión sin ningún control y en malas
condiciones, y por eso nos parecía que era cuando menos
oportuno un número máximo de aprendices. La propuesta del
Grupo Popular suprime es de aprendices.
En la propuesta del Grupo Popular se suprime también la
prohibición de que un trabajador pueda estar prestando
servicios para una empresa, puedan cesarle y puedan
contratarle al cabo de un año como aprendiz. Esta era una
prohibición contenida en la actual normativa; la proposición
del Grupo Popular la suprime, y nos encontraríamos con el
esperpento de que un trabajador que está trabajando en una
empresa con la categoría de oficial de primera y tiene veinte
años, es despedido y a los pocos meses es contratado como
aprendiz para ese mismo puesto de trabajo.
Finalmente, y después de utilizarlo en su argumentación como
crítica al Gobierno, no se nos ha dicho que la propuesta del
Grupo Popular suprime la obligación empresarial de indemnizar
con la diferencia hasta el salario mínimo en el caso de que no
se preste formación teórica. Es coherente con la supresión del
mínimo de formación teórica, pero desde luego no se utilice
como argumento en contra del Gobierno, para a continuación
suprimir esa obligación, que daría lugar a que los empresarios
no proporcionen ninguna formación al contrato de aprendizaje y
a que además de dedicar todo el tiempo del trabajador a
producir, le tengan que pagar por debajo del salario mínimo.
Es decir, señorías, las novedades que se introducen son
regresivas, porque todos aquellos aspectos regresivos que ya
existían en la legislación actual se mantienen. Así, se
mantiene la duración del contrato de aprendizaje entre seis
meses y tres años; se mantiene una retribución por debajo del
salario mínimo. Se ha dicho, por ejemplo, que se criticaba al
Gobierno porque el contrato de aprendizaje era de bajo coste
salarial, y se mantiene ese bajo coste salarial en los mismos
términos. Se mantiene, también, una protección social
insuficiente. En el colmo del sarcasmo --permítanme esta
expresión--, cuando la actual normativa vigente dice: «La
protección social del aprendiz sólo incluirá...» una serie de
contingencias, la reforma que introduce la propuesta del Grupo
Popular es suprimir la expresión «sólo», y dice: «La
protección social del aprendiz incluirá las contingencias...».
Todo exactamente igual, pero donde cuando menos había la
sinceridad en la actual regulación de decir «sólo incluirá»,
el Grupo Popular suprime la expresión «sólo» para dejar
exactamente el mismo contenido, claramente insuficiente, en
nuestra opinión, y así lo expresamos reiteradamente.
Por todo ello, señorías, porque la propuesta del Grupo Popular
no se justifica con ningún argumento de su contenido, sino
exclusivamente con críticas, en muchos casos acertadas, a los
errores del Gobierno, pero que no se compadecen y que no se
corresponden con reformas coherentes con esa crítica sino todo
lo contrario,
es por lo que, en definitiva, nosotros vamos a votar en contra
de la toma en consideración de una proposición de ley por la
que, si atendemos a que la semana anterior el Grupo Popular
nos planteaba también la supresión de los contratos de relevo,
tenemos ocasión de comprobar, señorías, que la reforma del
Grupo Popular en materia laboral va mucho más allá de lo que
ya fue una auténtica contrarreforma llevada a cabo por el
Gobierno del PSOE.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Peralta.
Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente. (Rumores.)
Señor Peralta, espero a que terminen de felicitarle los
compañeros del Grupo Parlamentario Socialista por su
intervención.
Me alegra que al menos coincidamos en que las críticas al
Gobierno eran fundadas. Me alegra porque, después de coincidir
en las críticas, la r parlamentaria nos lleva a algunos a
establecer cuál es nuestro modelo alternativo. Entonces se
podrá discutir si dicho modelo es o no alternativo al que se
aprobó en esta Cámara, por cierto, con la oposición de mi
Grupo, que tuvo una oposición frontal al contrato de
aprendizaje, y me remito al «Diario de Sesiones» y las
votaciones. Se podrá discutir, reitero, si ese modelo
alternativo es mejor o peor que el modelo del que disfrutamos
o del que gozamos o del que sufren los jóvenes hoy en día en
este país. Y había una cuestión primordial, una cuestión
positiva, no de crítica. Nosotros queríamos que el contrato de
aprendizaje tuviera un carácter eminentemente formativo, que
había que volver a lo que era la tradición en nuestro derecho,
en gran parte del derecho europeo, en el sentido de que estos
contratos sirven para formar y no --no se me entienda mal--
para dar mano de obra barata al conjunto del empresariado.
Evidentemente, los contratos formativos, por definición --
usted, señor Peralta, lo sabe igual que yo-- son temporales, y
por definición --y estamos en un nivel superior a muchos
países europeos-- tienen un recorte de lo que es el salario a
nivel prestación del trabajo por el hecho de que dedican
tiempo a la formación teórica de los denominados aprendices.
Pues ese contrato que nosotros pretendemos mejorar con esta
proposición de ley es el que busca el equilibrio entre lo
docente y lo laboral, y en la búsqueda de ese equilibrio nos
tenemos que encontrar con que, evidentemente, hay partes de la
actual regulación del contrato de aprendizaje aprovechables, y
que hay otras partes --que intentamos modificar-- que
entendemos susceptibles de mejora. Dentro de esas partes (por
cierto, ha dicho que ho hemos hablado del contenido, pero se
lo conocía usted muy bien, porque ha analizado perfectamente
todo lo que hemos omitido, aunque no tan bien lo que hemos
cambiado) que hemos cambiado y entendemos mejorado, sus
críticas las encuentro relativamente infundadas, y permítame
la expresión.
En primer lugar, ampliar el contrato de prácticas no es
extender su ámbito, ir en contra de reformas y de
trabajadores. Ampliar su ámbito es seguir luchando contra el
desempleo de los jóvenes en nuestro país; y sobre todo, y muy
en relación con la proposición de ley que presentamos, señor
Peralta, ampliar su ámbito porque estamos reduciendo el
contrato de aprendizaje. Usted lo ha definido muy bien.
Teníamos un contrato de aprendizaje amplio y un contrato de
prácticas menos amplio. Si limitamos el contrato de
aprendizaje... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Camps. Señorías, ruego guarden silencio.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias por su amparo, señor
Presidente.
Decía que si limitamos el contrato de aprendizaje porque
restringimos la edad --que es una de las limitaciones más
fuertes que puede haber en contrato--, tendremos que ampliar
dicho contrato en prácticas. ¿Por qué le digo esto? Porque no
está previsto qué hacemos con los aprendices que acaban su
contrato y que, cuando puedan, porque al día de hoy no es
posible, tengan su certificado de profesionalidad en el
bolsillo.
Existe una laguna legal que nosotros con esta proposición de
ley mejoramos. Porque ese aprendiz, al no estar restringida la
titulación para acudir al contrato en prácticas, podrá ser
contratado posteriormente en esa modalidad, ya que el título
que él tiene le faculta para ello, y no quedarse nuevamente
fuera de los ciclos dentro del contrato de trabajo. (La señora
Romero López hace signos negativos.) No me extraña que no
compartamos este tema.
En segundo lugar, señor Peralta, no pretendemos ni mucho menos
quitar el 15 por ciento de formación teórica. Está en el Real
Decreto de desarrollo. Nadie ha dicho que se cambie.
Entendemos que no tiene por qué constar en esta modificación.
Lo quitamos no por el hecho del 15 por ciento, que nos parece
muy bien, sino porque nos remitimos no a convenios colectivos,
sino a cualificaciones del sistema nacional. Por tanto, el
hecho de hablar del 15 por ciento a regular en convenio
colectivo no tendría razón de ser aquí y está muy bien puesto
en la norma de desarrollo. Por ello en este asunto tranquilizó
su espíritu, en la medida de lo posible.
Tampoco entendemos que tiene que haber límites al aprendizaje
en las empresas. Cada empresa que tenga el nivel de aprendices
que considere oportuno. Debo decirle
que al día de hoy nos estamos encontrando --y usted lo sabe
igual que yo-- con que hay empresas que están duplicando su
número patronal para que les permitan tener más aprendices. Es
decir, hacemos una ley en la que limitamos el número de
aprendices por empresa y a continuación desde el Gobierno, con
una total hipocresía legal, se permite la duplicación de
números patronales para que puedan contratar las empresas
mayor número de aprendices. No tiene sentido. La lógica y la
razón, señor Peralta, es que cada empresa tenga el número de
aprendices que su sistema productivo le aconseje en ese
momento. Porque volvemos a lo anterior. Si el contrato
perdiera su carácter formativo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camps, le ruego
termine.
El señor CAMPS DEVESA: Termino ya, señor Presidente.
Si el contrato perdiera su carácter formativo, señor Peralta,
como usted muy bien defendió --y le recuerdo sus propias
palabras--, sería un contrato en fraude de ley y, por tanto,
nulo. Ese contrato sería nulo tanto en el caso de las empresas
que contrataran por encima de lo que fuera su sistema de
producción, como por lo que nosotros eliminamos en nuestra
reforma: que baste con que el empresario pague una sanción y
un complemento de salario y no le pase nada.
Creemos en lo que usted defendía. El que parece ser que ya no
cree en lo que defendía era usted en este momento.
Por todo ello, señor Peralta, le tenemos que decir, para
terminar, que no cabe ser restrictivos ni en la protección
social --por eso quitamos la palabra «sólo-- ni en el
contenido ni en el carácter eminentemente formativo de este
contrato de aprendizaje, que debe volver a ser lo que era
anteriormente, y que ya buscaremos las soluciones --en ello
estamos-- para que el empleo de los jóvenes en este país, ese
drama personal de todos ellos, encuentre satisfacciones, pero
no por las vías que hasta ahora coincidemos y que no han
servido para nada, sino por las que por ahora propone el Grupo
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camps.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Camps, ha intentado usted contestar a las razones que yo
le he dado en mi intervención por las que iba a utilizar un
turno en contra de esta proposición de ley.
Ha dicho usted, en un intento de justificar la posición del
Grupo Popular, que el contrato formativo debetener como
finalidad la formación y qu formativa justifica la
temporalidad del mismo y la baja retribución. Esa afirmación y
esa lógica quiebran, señor Camps, desde el momento en el que
en la proposición de ley lo que ustedes reforman es la
obligación de que haya una parte mínima --ahora es el 15 por
ciento de la jornada--; ahora ustedes esa parte la suprimen.
Ustedes presentan un contrato que llaman formativo y en el que
no hay la menor obligación de proporcionar formación teórica.
Eso es así, señor Camps; eso es lo que ustedes dicen en su
proposición de ley. (El señor Camps Devesa hace signos
negativos.) Todo lo demás son palabras.
Lo que cuenta es lo que se escribe, como lo que cuenta, señor
Camps, es lo que se dice en esa proposición suprimiendo la
actual obligación de que si no se proporciona la formación
legal hay que pagar la diferencia, porque no se está
enseñando; se está utilizando mano de obra barata. Esa es la
realidad. Y usted llega a más. Me dice: No, es que con mi
reforma voy a permitir que con el contrato de aprendizaje al
terminar se pueda ser contratado en prácticas. Es decir, que
para ser camarero le contraten a uno de aprendiz durante tres
años, termina el aprendizaje y le contratan en prácticas
durante otros tres años y se tira seis años ganando por debajo
del salario mínimo. Ese es el tipo de empleo que ustedes
ofrecen a los jóvenes de este país, señor Camps; ese es el
tipo de empleo.
Yo le digo a usted, señor Camps, que entre la oferta que
presenta el Grupo Socialista, concretada en el actual contrato
de aprendizaje y en prácticas, y la que plantean ustedes hay
otro tipo de opción distinta, y la hay y conviene que ustedes
lo sepan y usted me pretendía describir a mí a un grupo que no
es el mío. A usted le gustaría que toda la oposición fuera la
que le hace ese grupo, pero hay un grupo, señor Camps que le
dice que entre la ofreta del PP y del PSOE hay otras ofertas a
la sociedad española distintas y mejores, porque, desde luego,
la que plantea usted es hoy más regresiva que la actual.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, estamos ante una proposición de ley para
modificar la Ley 10/1994. La proposición de ley tiene un texto
y sobre intervención. He de admitir que en el discurso hay
elementos con los que podría identificar mi postura, pero voy
a seguir la lógica, y la lógica es la letra y lo que de
ella se desprende. Resulta que esta proposición de ley
pretende modificar, en su artículo 3.1 de la Ley 10, el
contrato en prácticas y me quedo sorprendido cuando veo que se
suprime la referencia al grado medio superior de formación
profesional y no lo entendía, no sabía exactamente por qué se
suprimía. Ahora, en su intervención, el señor Camps ya lo ha
dicho; lo que pasa es que por ahí no podemos ir. Un aprendiz
no puede estar tres años aprendiendo un oficio con la
esperanza luego de hacer otro largo período en prácticas. No
es esta la intención de mi Grupo; no lo fue cuando debatimos
la reforma laboral; no lo es ahora y no lo será. Mi Grupo
aspira a que el aprendiz, cuando acaba su período de
aprendizaje, con su certificado pueda obtener un empleo que no
sea el de volver a un contrato en prácticas. Sobre el contrato
de aprendizaje, el artículo 3.2 de la Ley 10/1994 que se
pretende modificar, modifica dos cosas, fundamentalmente, y
deja fuera una serie de aspectos que ya se han puesto de
manifiesto en el turno en contra, pero yo me quiero referir a
uno de ellos. La primera cuestión en el contrato de
aprendizaje es --lo ha dicho el señor Camps y no es ninguna
novedad-- lo que se expresaba en la enmienda que decía que
pasáramos el contrato de aprendizaje de 16 a 21 años. Ese
debate ya se hizo y se perdió. Lo contratos son de 16 a 25
años, por todas las razones que en su momento dimos.
El proyecto de ley reclama la publicación del sistema nacional
de calificación profesional. Recuerdo que hay un compromiso
del Gobierno en el sentido de aportarlo a esta Cámara y me
sumo a la inquietud de que no haya sido ya presentado y quiero
urgir e incentivar al Gobierno para que lo presente cuanto
antes, por la obligación que tenemos y por el punto de
referencia que ello supone para la concreción de algunos
convenios colectivos que pueden incluir programas de formación
y titulaciones determinadas, duración, incluso, del contrato
de aprendizaje, en función de cómo sea este programa.
Es cierto que el aspecto de la formación teórica queda
suprimido de la letra. Yo también me extrañé al ver que se
suprimía. Recuerdo intervenciones de don Ricardo Peralta en
las que manifestaba que era muy poco el 15 por ciento, y era
cierto, pero suprimirlo me parece realmente innecesario,
aunque es verdad que en el discurso de defensa del proyecto se
ha dicho que se remite al reglamento del programa de
calificaciones profesionales. Yo prefiero que sea en el texto
de la ley donde conste esa obligatoriedad.
Me sorprende mucho que se haya suprimido el párrafo 2 del
apartado d), por el que se evita la cautela que había de
sanción al empresario que no se responsabilizaba de la
formación teórica del aprendiz. También recuerdo aquí debates
muy calurosos en los que se decía que esa sanción era
simbólica, ridícula, muy poco incentivadora, pero, si la
suprimimos, suprimimos todo, ya no hay nada, el empresario ya
no tiene ninguna responsabilidad. Tampoco me parece lógico, no
era lógico hacer un articulado rígido, que sancionase de una
manera muy fuerte al empresario, pero que desaparezca el
mínimo de sanción tampoco me parece lógico.
No se especifica el tiempo para la formación teórica. Yo creo
que éste es un grave error, porque es uno de los problemas que
hemos tenido hasta ahora para conseguir que los contratos de
aprendizaje tuviesen más éxito del que han tenido.
En el fondo, señor Camps, yo creo que estamos hablando de dos
cosas distintas. Ha dicho S.S. --y por lo que a mi Grupo
respecta es cierto-- que nosotros primamos la contratación.
Eso es verdad. Porque lo que verdaderamente nos creaba y nos
crea problemas serios es pensar en esos 700.000 jóvenes,
aproximadamente, que no han trabajado nunca y de ellos el
porcentaje importante de no titulados --el 1 por ciento-- era
el único porcentaje que se contrataba antes de la reforma. Y
eso es lo que básicamente nos preocupaba y lo que primamos es
la contratación, es la inserción en el mundo laboral de los
jóvenes. No olvidamos la necesidad de la formación teórica, no
olvidamos que un aspecto fundamental de la formación, cuando
no se tiene ni siquiera el graduado escolar, sea que se
adquiera ese graduado escolar, pero prima sacar a los jóvenes
de la calle, sacar a los jóvenes de la desilusión, de no saber
qué hacer día tras día; prima, para nuestro Grupo, que puedan
encontrar un lugar de trabajo, con todos los problemas que
ello suponga, pero, repito, prima que los jóvenes encuentren
un trabajo y, a partir de ahí, la formación necesaria.
Quizá hubiésemos tenido la oportunidad de hacer otro tipo de
debate si el Grupo Popular hubiese presentado una proposición
no de ley pidiendo al Gobierno otro tipo de contrato que no
afectase al contrato del aprendiz, que puede tener defectos,
con el que yo mismo no estoy satisfecho al ciento por ciento -
-no podemos estarlo porque lo lógico sería q el doble de las
contrataciones que ha habido--, pero, dicho esto, tengo que
manifestar que si no hubiésemos aprobado esta reforma hoy no
habría ciento sesenta y tantos mil aprendices contratados,
estos jóvenes no habrían entrado en el mundo del trabajo, que
era uno de los objetivos que teníamos al hacer la reforma. Por
tanto, señor Camps, nos vemos obligados a votar en contra de
la reforma de la ley que usted propone hoy porque nos parece
que lo que queda fuera del texto de este proyecto de reforma -
-no tanto del discurso y de la buena intención de su discurso-
- es mucho más regresivo --ya se lo han dicho, pero yo lo
tenía «in mente» y también se lo tengo que decir-- podíamos
imaginar.
En consecuencia, dejemos que la reforma siga su curso. Es muy
joven --sólo tiene un año--, ha tenido defectos
y ha habido problemas para pone los sistemas de formación
teórica; vamos a darle la oportunidad de que el contrato de
aprendizaje dé el resultado que todos, o por lo menos los que
votamos a su
favor, esperábamos que tuviera.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa.
Por el Grupo Socialista, la señora Romero tiene la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor representante del Grupo Popular, créame que teníamos la
intención de haber hecho, como realmente hacemos, un turno de
fijación de posición, pero al oír su intervención pensamos que
realmente hubiera estado justificado haber hecho un turno en
contra, como lo ha hecho el portavoz de Izquierda Unida.
De la lectura de su proposición de ley no se justificaba un
turno en contra por nuestra parte, puesto que de ninguna
manera hemos deducido la fijación de un modelo alternativo que
justificara la cadena de descalificaciones que usted ha hecho
sobre los contratos formativos. No existía nada así.
La segunda tentación de este Grupo ha sido la de agradecer que
este tema de los contratos formativos se estudie, se analice
aquí, en esta Cámara. Nos parece que es importante tener
interés por la formación si de ese interés se dedujera por
parte de todos los grupos el seguir trabajando en un modelo
que realmente fuera el modelo que la sociedad española
necesita en estos momentos.
En ese sentido, mi Grupo quiere agradecer su preocupación por
este tema y ha estudiado con atención y detenimiento los
pormenores de su proposición de ley. Sin embargo, la
exposición de motivos nos da ya el objetivo de esta
proposición de ley: obtener títulos y certificados
correspondientes al sistema nacional de cualificaciones, como
establece el programa nacional de formación profesional y como
se sugiere en la directiva. Para este objetivo se pretende la
modificación del artículo 3 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo,
sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, referido a
los contratos formativos. Sin embargo, de la simple exposición
de motivos se deducen dos premisas falsas: en primer lugar,
que la ley no contempla la obtención de certificados, lo cual
es falso, puesto que, en su disposición adicional cuarta, se
remite al Gobierno para la elaboración del repertorio de
certificados, e incluso se fija el plazo de un año para que
ese repertorio termine sus trabajos. Como sabe, la ley fue
aprobada en mayo, como acabo de decir, y por tanto el plazo no
ha concluido todavía. Con posterioridad a esta ley surge una
orden ministerial transitoria, en la que se habla de este
certificado de profesionalidad que, transitoriamente, se dará
a los jóvenes que están para que puedan, en un futuro,
convalidarlo por los certificados de profesionalidad que se
establezcan, una vez finalizado el repertorio. Por tanto, la
primera premisa es falsa. Es decir, la ley contempla esos
certificados y el plazo aún no se ha cumplido; luego, tal vez,
esta proposición se anticipa a lo que debería de haber sido su
plazo normal.
En segundo lugar, se parte de otra premisa falsa, puesto que
se dice que los citados certificados preparan a los jóvenes en
el contexto de un mercado europeo, como si el sistema actual
no preparara a los jóvenes para el mercado europeo,
interpretando de una manera falsa, desde nuestro punto de
vista, la directiva, que habla, en todos los casos, de
homologación y coordinación de certificados y en ningún caso
de imposición de ningún sistema como requisito indispensable,
sino simplemente de homologación y coordinación, que es lo
que, por otra parte, está en el espíritu de todas las
directivas europeas, como S.S. conoce.
Como esas dos premisas son falsas, hemos buscado la
intencionalidad de esta proposición de ley. Si la
intencionalidad fuera acelerar los trabajos que ahora mismo
están en curso para la terminación del repertorio, su Grupo,
probablemente, hubiera pedido la modificación de esa
disposición adicional, la supresión de esa orden ministerial,
o la petición inmediata de que el repertorio estuviera,
incluso, sin cubrir los plazos que prevé la propia ley. Sólo
detrás de esa supresión de la adicional se entiende el que
pretendan ustedes modificar el artículo tercero tan sólo
porque ese sistema de cualificación aún no está finalizado en
su marco global. Sin embargo, la proposición de ley en ningún
momentohabla de modificación ni de supresión de esa
disposición adicional, y no se ocupa de los tí esas
certificaciones que, al final del contrato de aprendizaje,
ratificarían la formación del joven aprendiz.
Si ése fuera realmente el tema de la proposición de ley, como
la exposición de motivos sugiere, mi Grupo estima que con el
añadido de un nuevo apartado podría haber sido suficiente;
podrían haberse limitado a introducir ese nuevo apartado y así
no tendríamos que hablar aquí de un nuevo modelo, cuyas
características aún no conocemos más que por sus aspectos
negativos, como ha sido reseñado por el portavoz de Izquierda
Unida y por el portavoz de Convergència i Unió. Tal vez, para
este tema hubiera bastado con una proposición no de ley
urgiendo al Gobierno a la finalización del repertorio. ¿Por
qué, entonces, han ido ustedes a la modificación del artículo
tercero, en sus puntos 1 y 2, de la citada ley? Porque,
evidentemente, sus razones son otras. Intentando ver cuáles
son las razones que puedan haberles llevado a establecer las
modificaciones de esos contratos formativos nos encontramos
con que, en el contrato
en práctica, como han dicho los ant formación de grado medio y
la formación de grado superior, con lo cual, cuando hablan
después de las titulaciones equivalentes, será muy difícil
fijar esas titulaciones equivalentes, si ante titulaciones
regladas a las cuales corresponderían. Es decir, en primer
lugar, por técnica jurídica, ese texto está, en cierto modo,
carente de especificidad. Pero, ¿por qué lo han hecho ustedes
genérico? Lo ha confesado usted abiertamente y de una manera
ingenua, y mi Grupo le agradece que digan cuál es su posición
con respecto a este tema. Cuando dijimos que era una propuesta
vergonzante, teníamos razón, acaban de dárnosla ahora cuando
dice que su Grupo vería lógico que, detrás del contrato de
aprendizaje, se pudiera suscribir un contrato en prácticas.
Francamente, éste no es el modelo de contrato de aprendizaje
que mi Grupo, al igual que otros grupos que participaron en la
anterior ley, suscribe. Probablemente S.S. no intervino
entonces en la discusión e ingenuamente va desvelando sus
bazas, lo cual es muy oportuno porque así sabemos realmente
qué tipo de contratos quieren. Pretenden desdibujar, por lo
tanto, el ámbito de aplicación, de manera que se puedan
superponer los ámbitos de los contratos formativos, es decir,
se puede tener un contrato de aprendizaje y, después, un
contrato en prácticas, y hasta ahora, de momento, no han
puesto más limitaciones. Superponen, además, los ámbitos de
aplicación y, consecuencia de ello, superponen la acumulación
de contratos formativos sin ningún tipo de limitación porque
no aparece en las siguientes reglas. Es curiosa su proposición
de ley porque habla de «siguientes reglas», pero, al final,
viene un vacío estrepitoso que probablemente será un olvido
que disculpa a su señoría.
En el artículo siguiente, el punto 2 del artículo 3.º, cuando
habla del contrato de aprendizaje, es cuando ustedes desvelan
realmente cuál es el contrato formativo que pretenden. En
primer lugar, reducen el límite de edad, tema que aquí se ha
tratado ya, se trató en el anterior debate, no lo consideramos
oportuno por la bolsa que existe actualmente de jóvenes sin
experiencialaboral y no porque, en abstracto y en teoría,
podamos pensar que probablemente las edades del aprendizaje en
teoría puedan no ser ésas, pero estamos ante una situación de
coyuntura donde hay que dar respuesta a una bolsa de paro de
jóvenes que no tienen experiencia laboral. Pero, a partir de
ahí, comienzan ustedes con lo que son sus características que,
como digo, definen su momdelo alternativo, y lo definen por
características negativas ya enumeradas, que esbozo
rápidamente, para dibujar una vez más cuál es su modelo de
contrato. Su modelo de contrato es aquél en el que desaparece
el límite máximo de aprendices por plantilla; su modelo de
contrato es aquel en el que desaparece la imposibilidad de
establecer contrato con una persona que ya hubiera estado en
ese puesto (es decir, ustedes dan la posibilidad para que a
una persona que ya haya tenido esa experiencia laboral vuelva
a tener ese contrato); desaparece cualquier referencia a
cualquier tiempo mínimo; ha hablado de que eso podría
establecerse en otro tipo de reglamentación, pero, créame,
señor Camps, que, como su modelo es tan escaso de
formulaciones positivas, no nos cabe todavía el diseño de lo
que querrían hacer con el futuro contrato; y, por último, la
desaparición de la sanción a la empresa. Es cierto que en su
cadena de descalificaciones han hablado de que este contrato
es un contrato que no es formativo, pero ustedes eliminan el
poco tiempo formativo que ese contrato establece como mínimo.
Es verdad que la sanción es pequeña, pero ustedes eliminan
cualquier tipo de sanción que en esa ley aparece; es verdad
que puede no ser un contrato ideal, pero, en todo caso, es el
contrato que en estos momentos nosotros hemos creído que la
sociedad española necesitaba.
Se tendría que reformar, evidentemente, cuando vengan los
reales decretos de certificados de profesionalidad, cuando
esté el repertorio de cer hemos pretendido que este contrato
garantice unos mínimos y no hipoteque el futuro. En ese
sentido es en el que surgió y se mantuvo la discusión sobre la
Ley 10 a que estamos haciendo referencia, y nos gustaría
seguir manteniendo todos los posibles puntos de vista que
concuerden en un modelo de contrato mejor, que, en definitiva,
responda a las necesidades de hoy.
Las enmiendas que se han presentado ya se votaron
desfavorablemente. El debate de fondo realmente no podemos
hacerlo todavía, porque han equivocado el momento, puesto que
no tenemos todavía el repertorio. Cuando hablan de que nos
hemos dado mucha prisa, probablemente, usted, señor Camps, que
es nuevo en estas lides, no conoce que estamos todavía dentro
del plazo para el repertorio y que hubiera sido tal vez más
oportuno haber retrasado el debate unos meses más para poder
hablar sobre cuestiones de fondo, temas en los que nos
interesa entrar. Pero no utilicemos subterfugios ni iniciemos
una exposición de motivos diciendo que vamos a hablar sobre el
sistema de cualificación y sobre certificados de
profesionalidad, porque eso en ningún momento parece que, a lo
largo de la intervención suya de hoy, ha sido el motivo de su
comparecencia.
Nada más. Muchas gracias. (El señor Fernández-Miranda y Lozana
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Romero.
¿Señor Fernández-Miranda?
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicito para el Grupo Parlamentario Popular un turno de
réplica, ya que la ponente del Grupo
Socialista explícitamente, al principio de su intervención, ha
afirmado que su fijación de posición se transformaba, como
consecuencia de la exposición del señor Camps, en un turno en
contra (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Asimismo, señor
Presidente, el tenor de la propia intervención así me fuerza a
solicitarlo.(La señora Romero López: ¿Quieres más réplica?
Toda la que quieras.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández-
Miranda, usted conoce cómo está establecido el debate de la
toma en consideración de una proposición de ley. Ha habido la
defensa de la proposición de ley, ha habido un turno en contra
y fijación de posiciones. En su explicación ha dicho que lo
que se podía haber pensado como un turno podía haber sido
otro, pero no han sido dos turnos en contra sino un turno de
fijación de posiciones.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, por la que se modifica la Ley 10/1994,
de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la
ocupación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 119; en contra, 164; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, REGULADORA DE LOS DELEGADOS
GENERALES DEL GOBIERNO (Número de expediente 122/000075)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de los delegados
generales del Gobierno.
Tiene la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad
es que defender hoy la proposición de ley, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la regulación de los delegados generales del
Gobierno en las comunidades autónomas, reformando la antigua
ley del año 1983, significa un esfuerzo que debe estar
precedido por mi parte de una explicación del motivo por el
que presentamos esta proposición de ley, el objetivo que
pretendemos con la discusión y el debate de la misma, y los
contenidos de la propuesta, aunque creo que en los últimos
diez años se ha discutido el tema suficientemente en esta
Cámara.
¿Cuál es el motivo de esta proposición de ley? ¿Por qué es
bueno este debate en este período ordinario de sesiones?
Primero, porque por parte de nuestro Grupo se da un ejemplo,
se intenta traer a discusión otros elementos demostrando que
en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no solamente
discutimos de Roldán, no solamente discutimos de corrupción,
sino que también discutimos de cómo organizar el poder,
compromiso viejo en esta Cámara, de hace bastante tiempo.
Traemos esta proposición hoy porque el Gobierno viene a acusar
a los grupos de la oposición de no sé qué conjura de necios
producida sobre discusiones políticas, al margen del buen
funcionamiento del país y de la iniciativa política del
Gobierno. Con esto venimos a suplir la falta de iniciativa del
Gobierno, la falta de cumplimiento de sus compromisos para con
esta Cámara.
Señorías, cuando discutimos en muchas comisiones iniciativas
de los grupos de la oposición, también de nuestro Grupo
Parlamentario, siempre se nos dice que ya está trabajando el
Gobierno en el tema, que es extemporánea la iniciativa del
grupo de la oposición. Pues bien, cuando mi Grupo defendía en
esta Cámara, en el mes de noviembre, una moción fruto de
interpelación, se nos dijo que nuestra propuesta de moción era
prácticamente innecesaria porque el Gobierno iba a presentar
en las Cortes inminentemente --y parte del Ministro en esas
fechas que antes de terminar el período ordinario de sesiones
en diciembre-- una propuesta de cómo organizar el poder,
simplificando y reduciendo la Administración periférica. Es
más, el grupo parlamentario de la mayoría de esta Cámara, en
una enmienda de sustitución a nuestra moción, decía que
intentaba sustituir nuestra propuesta por el siguiente texto:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación
para que presente en este período de sesiones el proyecto de
ley de organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado. Ni el Gobierno ni sus socios han sido
capaces de ponerse de acuerdo en una propuesta que aglutine
las distintas maneras de entender la organización del poder
para que en la Cámara podamos debatirla.
¿Qué facilita mi Grupo trayendo esta propuesta ahora? Que los
grupos parlamentarios y el grupo mayoritario puedan presentar,
utilizando ese te no les gusta el texto de nuestra propuesta--
uno alternativo, dando así el visto bueno a la tramitación de
la proposición de ley en la Cámara. Nuestro Grupo, desde su
óptica de organización del poder, facilita el que
esta Cámara tome la decisión, aceptando la capacidad de
iniciativa de los demás grupos. El Grupo Catalán (Convergència
i Unió) podrá traer su texto, sus propuestas, el Gobierno las
suyas, y el grupo mayoritario y todos los grupos podrán
debatir sobre este texto. Por tanto, es oportuno puesto que
entramos ya, señorías, en el segundo año de esta legislatura
de lo que pudiéramos llamar, según lo que aquí se ha
anunciado, nuevo talante autonomista.
Señorías, el segundo razonamiento de mi Grupo es que ya
tenemos experiencia suficiente en nuestro país. Va a iniciarse
en las comunidades autónomas del artículo 143 la IV
legislatura --es decir, tres legislaturas, doce años de
experiencia de gestión-- y las comunidades del artículo 151
tienen dos años más de experiencia, desde el año 1980. Pues
bien, def autonomista, defender un modelo del Estado diferente
no se soluciona solamente con más competencias para mi
comunidad, sino organizando el poder de otra manera. Por
tanto, nosotros creemos que es oportuno que en la Cámara
diseñemos, desde la óptica autonomista, desde la práctica de
los Estatutos de autonomía, desde el desarrollo de la
Constitución, una organización del poder que reduzca la
experiencia del año 1983 en la gestión del poder central. La
regulación de los delegados del Gobierno y de los gobernadores
data del año 1983, momento en que en las comunidades autónomas
residía aproximadamente del 14 al 17 por ciento del poder del
Estado. Hoy, después de todos los avatares de nuestra
experiencia autonómica, que hay que ampliar, que hay que
mejorar, ya está en manos de las comunidades autónomas en
torno al 30 por ciento del poder del Estado. ¿Puede abordarse
desde esa filosofía del año 1983 la organización del poder?
¿Es eso asumible hoy desde un concepto de elección de
presidente de comunidad autónoma con competencia propia, de
elección de presidente del Estado español, de elección de
alcalde? ¿Es posible con este volumen de presencia,
prácticamente de filosofía de ocupación, territorialmente
estructurado en todas las provincias?
Nosotros creemos que no. Es más, el componente catalán de la
mayoría de esta Cámara, Convergència i Unió, tendrá que
explicar si ya son suficientes los dos años legislativos para
abordar este problema, si lo pospone o no, si va a plantear su
discusión o si la aplaza para el futuro en la próxima
legislatura, pues puede ser que con una nueva dinámica en la
Cámara sea más favorable el momento político para abordar la
reforma de la Administración periférica del Estado. Pues bien,
la propuesta de Izquierda Unida, elaborada en relación con el
componente catalán de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
plantea, desde su óptica del autogobierno, una ordenación de
la Administración periférica cifrando la representación del
Estado central en el territorio de la comunidad autónoma y no
en cada provincia, entendiendo que el representante o delegado
del Gobierno sea el interlocutor y facilite la coordinación
entre las administraciones públicas. Es decir, nosotros
estamos situando el tipo de Estado hoy no en el año 1983, sino
en 1995, mirando al futuro autonómico de nuestro país. Puede
parecer que esta propuesta por su propio peso se cae, sin
embargo, es cierto que aquí todavía no estamos todos de
acuerdo. Por ejemplo, un Ministro del Gobierno actual --es
verdad que ya es menos superministro que hace unos meses--
decía lo siguiente: Los gobiernos civiles constituyen una
pieza básica de la Administración periférica del Estado, pieza
que con el tiempo va a tener que incrementar sus competencias
y su capacidad de coordinación con el conjunto de servicios de
las administraciones públicas. ¿Esa es la línea de apoyo a la
Administración periférica que va a funcionar en el futuro? ¿Es
esa la línea política a apoyar por la mayoría de esta Cámara
que sustenta el Partido Socialista y Convergència i Unió o es
otra dinámica diferente?
Nosotros creemos que tenemos la capacidad de distinguir --es
más, la población ya distingue bastante bien-- entre las
competencias nítidamente residenciadas en la Administración.
Les voy a poner el ejemplo de un municipio distante de mi
región. Me refiero a Sabadell. Cuando los ciudadanos votan en
Sabadell para elegir a un alcalde lo hacen por mayoría
absoluta al señor Farrés, de Iniciativa per Catalunya; cuando
votan para la Comunidad Autónoma, al señor Pujol y a
Convergència i Unió; y cuando votan el Gobierno federal, al
señor González y al Partido Socialista. Es decir, tienen
entendidas y asumidas las diferencias de papel y
funcionamiento que existen dentro del Estado; quien no las
tiene es el que gobierna hoy o le falta voluntad política.
Aquí no se puede seguir mareando la perdiz. Hay que abordar el
problema desde la raíz que tenemos: suplir con voluntad
política lo que no se puede achacar a un concepto arcaico en
el funcionamiento de la organización del propio poder.
¿Cuáles son los contenidos de la proposición de ley de
Izquierda Unida que se debate aquí? Una propuesta que puede
facilitar una presencia flexible según la realidad. ¿Por qué
decimos esto? No es lo mismo la estructuración territorial en
Cataluña, donde está muy desarrollado, por ejemplo, el
concepto comarcal frente al provincial, que en Castilla y
León, donde el peso provincial quizá sea mayor que en
Cataluña. Por tanto, si hacemos residir las competencias que
hoy están dentro de la representación del Estado, la gestión,
la inspección del funcionamiento de las competencias
centrales, en los delegados del Gobierno, se tiene una mayor
facilidad de proyección en el territorio según lo flexible que
sea la comunidad autónoma. Es más, hay muchas competencias que
hoy tienen los gobernadores civiles que pueden ser
transferidas hacia los ayuntamientos y hacia las comunidades
autónomas. Me van a permitir SS.SS. que haga referencia a
alguna de las
competencias que el decreto de gobernadores civiles da a éstos
y que creemos que deben ser transferidas a las comunidades
autónomas o a los municipios. Hace falta abordar la
simplificación y la reducción de la Administración periférica
del Estado, haciendo residir las competencias nítidamente en
municipios y en comunidades autónomas. Por ejemplo, la
competencia que el Real Decreto 3117/80 da a los gobernadores
civiles de dirigir y coordinar los servicios de Protección
Civil puede residir en la comunidad autónoma con total
normalidad. Por ejemplo, la competencia de mantener el orden
público y proteger las personas y los bienes puede residir, a
nivel de seguridad, en el propio alcalde, en el municipio. Por
ejemplo, la competencia de velar por el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, reconocidos y amparados por la
Constitución, es una competencia nítida de los presidentes de
las comunidades autónomas y que los estatutos de autonomía
hacen residir en las comunidades autónomas. En suma, hay
competencias de los gobernadores civiles que hoy no son necesa
deben ser trasladadas a otras administraciones.
¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos en cuanto que
residenciamos en el delegado general del Gobierno la parte de
Administración per a las comunidades autónomas o a los
municipios? Fundamentalmente las competencias que hoy están en
manos de los gobernadores civiles las hacemos residir en un
representante del Ministerio de la Presidencia y no del
Ministerio del Interior. Aquí entiendo yo por qué el
Ministerio del Interior se resiste a transferir competencias y
actuaciones: porque elegir 52 gobernadores civiles es elegir
52 personas con mando en plaza, con mando sobre actuación
policial y con una especie de boato en las 52 provincias.
Nosotros creemos que eso hoy no es necesario, que debe hacerse
residir la competencia en la comunidad autónoma y que debe ser
coordinada con la política global del Gobierno. Para Izquierda
Unida la organización lógica del Estado debiera cifrarse en
una presencia del delegado del Gobierno en la comunidad
autónoma que facilite la doble función. Primera, representar
la política del Estado en el territorio y coordinar esa
política hacia las comunidades autónomas. Y segunda, residir
también en la comunidad autónoma la presencia territorial de
los ministerios; por cierto, ministerios que muchas veces no
están bien ensamblados, bien coordinados entre sí en la
actuación global del Gobierno. Nosotros creemos que en cada
comunidad autónoma debe primar la voluntad global de un
Gobierno hacia todo el territorio de la comunidad autónoma, y
no precisamente la voluntad de cada ministro del ramo. Por
tanto, creemos que el nombramiento de los directores
territoriales de cada ministerio en la comunidad autónoma debe
hacerse por el ministro y a propuesta del delegado.
Por último, creemos que en cada provincia debe mantenerse, en
función de la realidad que cada comunidad autónoma pueda
tener, una presencia territorial no del rango actual con nivel
político, sino de rango profesional, que sea esa oficina
provincial la que mantenga la presencia de los distintos
ministerios coordinados en una acción global, puesto que
entendemos que el mando de la policía lo puede tener un
funcionario de la misma policía, al igual que lo puede tener
en el Ministerio de Administraciones Públicas, o al igual que
lo puede tener el de la Administración de Agricultura.
Por tanto, nosotros creemos que es necesario redimensionar la
Administración periférica. La propuesta que hacemos en nuestro
texto es un delegado del Gobierno que asuma las competencias
de los actuales gobernadores civiles (las que no van a ser
transferidas, según nuestro artículo 7), que sea elegido, que
esté bajola tutela del Ministro de la Presidencia y que, a la
vez, actúe de forma coordinada con las distintas
administraciones. ¿Puede esta propuesta, junto con la
simplificación, solucionar todos los males? ¿Tiene la
propuesta de Izquierda Unida la virtualidad de no tener ningún
problema a la hora de desarrollarla? No. Siempre que se toman
medidas para gobernar, siempre que se hace una propuesta
comprometida, puede tener defectos y desviaciones. Es verdad
que puede haber una desviación en esta propuesta, y es
convertir a los delegados del Gobierno en las comunidades
autónomas en virreyes del Gobierno, en ministros del
territorio. Y puede haber esa desviación. Pero cualquiera que
sea la medida que adoptemos tendremos unos riesgos. Lo cierto
es que así reducimos y simplificamos la Administración,
agilizamos la coordinación entre administraciones y, sobre
todo, se acaba con la dinámica de actuación sectorial de cada
ministerio.
¿Es una actuación global? No. Entendemos que la otra
limitación que tiene nuestra propuesta es que no va unida a lo
que pudiéramos llamar la ley de organización del Gobierno, lo
que pudiéramos llamar la ley de funcionamiento del propio
Gobierno, con los vicepresidentes que tiene, con los ministros
que tiene y cómo se organiza el Gobierno. Es verdad, p es que
hasta ahora hemos tenido un funcionamiento distinto. Si por
parte del Gobierno hubiera la voluntad de presentar los dos
proyectos, éste momento.
Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que la voluntad
de nuestra propuesta es traer este debate y mojarnos en tema
tan importante como la organización del poder. Hacemos el
esfuerzo político que nos corresponde, con la fuerza política
que tenemos, 18 Diputados, y con el compromiso de hacer
realidad, en la medida que nosotros lo entendemos, otra forma
de organizar el poder. La Cámara, en su tramitación de la ley,
estoy convencido de que podrá modificar y mejorar lo que es
una propuesta de origen, incluso hasta con textos alternativos
de los que dicen que tienen elaborada una propuesta bastante
articulada.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la
palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, voy a
consumir un turno en contra de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por diversas razones
que intentaré explicar.
De entrada, si nos fijamos en la pretensión de la proposición,
ni por el contenido de la exposición de motivos ni por lo
señalado ahora por el que la proposición se corresponda con el
contenido real que tiene. Veamos qué dice la exposición de
motivos en su principio: La presente ley aborda la inaplazable
reforma de la Administración periférica y la organización del
Gobierno para hacer frente al desarrollo constitucional del
Título VIII. Ni más ni menos. Una pretensión de este calibre
luego tiene como contenido una escasísima reforma de la Ley de
1983, reguladora de la figura de los delegados del Gobierno,
que ustedes no sé por qué les llaman ahora delegados generales
del Gobierno, no sé de dónde han sacado este nombre; quizá
esta era la pretensión que tenía la ley anterior a la de 1983,
pero en todo caso es contrario al contenido del artículo 154
de la Constitución. Por tanto, el contenido de la proposición
es una escasa reforma de la Ley de 1983 y una supresión, como
de pasada, en la disposición adicional de los gobernadores
civiles. Este es el contenido real. En este sentido tengo que
decirle, señor Ríos, que este es un debate ya hecho, es un
debate repetido del que celebramos a principios de noviembre,
al que usted ha hecho referencia en una interpelación y en una
moción consecuencia de la misma y que ahora se pretende
reabrir, por elevación, mediante una proposición de ley que,
quiero señalar a SS.SS., se presentó el 14 de noviembre, es
decir, inmediatamente después de celebrado el debate de la
interpelación y de la moción, y no, señor Ríos, cuando se vio
que se incumplía el plazo teórico a que se había comprometido
el Gobierno de finales del período de sesiones. No. Esta
proposición se presentó el 14 de noviembre de 1994.
Voy a fijar la posición del Grupo Socialista, también de la
parte catalana del Grupo Socialista, señor Ríos, en cuyo
nombre habló, y de un habitante de Sabadell que conoce
perfectamente lo que ocurre electoralmente en su ciudad sobre
el contenido de esta proposición de ley. El objetivo teórico
de esta proposición de ley sería la reforma de la
Administración periférica del Estado, la adaptación del
desarrollo del Estado a las autonomías, y la evitación de las
duplicaciones funcionales, incluso en esta línea de reducción
del gasto público. Este objetivo fue claramente asumido por el
Gobierno y por la mayoría de los grupos parlamentarios en el
debate, en el Senado, sobre el estado de las Autonomías y en
el debate de política general del estado de la Nación,
celebrado no hace mucho en este Congreso, hasta el punto de
que en el mismo se aprobó una resolución específica en la que
explícitamente se insta al Gobierno a remitir a la Cámara, en
el presente período de sesiones --en el que nos encontramos--,
el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado que reduzca sustancialmente
la Administración periférica del Estado en todos aquellos
ámbitos en que se producen duplicidades administrativas con
las comunidades autónomas y se supriman organismos
innecesarios. Esta resolución fue aprobada por la mayoría de
esta Cámara y ahora es necesario, sin duda, hacer alguna
reforma. Pero no se puede reformar aisladamente, sin conexión
con la reforma de la organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado. Es necesario abordar esta
reforma que ustedes pretenden con esta proposición de ley en
un marco general mucho más amplio que el que se aborda en la
proposición. La elaboración del proyecto de ley de
organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado está muy avanzada. El jueves pasado tuvimos ocasión, en
la Comisión de Administraciones Públicas, de oír de boca del
señor Ministro para las Administraciones Públicas que en las
próximas semanas se iba a aprobar tanto la ley de gobierno
como la ley de organización y funcionamiento de la
Administración general del Estado. En este aspecto no sería
necesario, por estas razones de fondo, que hoy se tomara en
consideración esta proposición de ley. Pero vayamos un poco
más allá. Vayamos al análisis del contenido que tiene
exactamente esta proposición de ley.
De entrada paso por alto --y lo he citado anteriormente-- esta
denominación que se inventan de delegado general del Gobierno.
La denominación 154 de la Constitución es Delegado del
Gobierno de la Comunidad Autónoma. Además, hay una supresión
sin más de los gobernadores civiles, directores provinciales
de ministerios, en una disposición adicional, sin articular
fórmulas de sustitución, lo cual sin duda ocasionaría
temporalmente un vacío organizativo de consecuencias poco
mesuradas.
La previsión de la proposición, que se contiene en diversos
artículos, de designar responsables que dirijan la
Administración periférica del Estado es, cuando menos, señor
Ríos, confusa, porque, ¿quién nombra, cuántos son necesarios,
para qué áreas? Fíjese las contradicciones en que incurren en
los artículos 3.º, 7.º y 9.º En el artículo 3.º es el delegado
quien nombra y cesa a estos responsables de la Administración
periférica. En el artículo 7.º el delegado ya no nombra ni
cesa, sino que conoce e informa. Y en el artículo 9.º ni
nombra, ni cesa, ni conoce, ni informa, sino que propone. ¿En
qué quedamos, señor Ríos?
Luego, pretenden un conjunto de innovaciones que sin duda
tienen una falta de concreción. En el artículo 1.º, a las
funciones del delegado, que son las que establece la
Constitución, ustedes añaden una coordinación con la
Administración municipal, una función que, como mínimo, no
está prevista en el artículo 154 de la Constitución como
atribuible al delegado del Gobierno.
En el artículo 2.º hacen una dependencia funcional de la
Presidencia del Gobierno. Usted ha aclarado que era del
Ministerio de la Presidencia, porque me quedaba la duda de si
era del Presidente del Gobierno, o del Ministerio de la
Presidencia. Queda aclarado que es del Ministerio de la
Presidencia. Pero, ¿por qué este Ministerio? ¿Por qué no el
Ministerio encargado de las Relaciones con las
Administraciones Públicas, por ejemplo?
En el artículo 3.º ustedes reinventan los gobiernos civiles.
Hablan de unas oficinas provinciales del Gobierno central, es
decir, los gob quiera denominar. Es otra contradicción, aparte
de las ya señaladas, con los artículos 7.º y 9.º El artículo
4.º es igual que el artículo 3.º de la actual ley. El primer
párrafo del artículo 5.º es igual que el artículo 4.º de la
actual ley. Luego, añaden un segundo párrafo donde establecen
un sistema de sustituciones por el que para cualquier ausencia
del delegado del Gobierno se necesita un acto de gobierno.
Según ustedes establecen en el artículo 5.º se necesita un
acuerdo del Consejo de Ministros para caso de ausencia,
vacante o enfermedad; para cualquier momento es necesario un
acto de gobierno.
El artículo 6.º es igual, excepto la mención de los
gobernadores civiles, al 5.º de la actual ley, artículo que a
la vez duplica el primer apartado del artículo 7.º, porque
este artículo que pretende una enumeración pormenorizada de
las atribuciones con una duplicidad del artículo 6.º Se dice
lo mismo en el artículo 7 a) que en el artículo 6.º Se repite
esta idea de la coordinación con los municipios, a la cual ya
me he referido.
Hay así mismo algunas atribuciones sin duda lógicas, señor
Ríos, en la línea de potenciar la figura del delegado del
Gobierno, que es una orientación que compartimos con ustedes,
y seguramente con la mayoría de los grupos de la Cámara, en
esta idea que va a ser recogida sin duda en la ley de
organización y funcionamiento de la Administración General del
Estado.
Por otro lado, hay una gran falta de concreción y
contradicciones en algunas de estas competencias: conocer,
informar, ser consultado... Desco señor Ríos, la nueva
denominación de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, que así es como se llama la Ley de 1992. Su Grupo aún
sigue denominándola Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, que es la Ley del año 1957. Esta es
una proposición hecha el año pasado. Podríamos continuar
enumerando los artículos de la ley. 12 son idénticos a la
actual ley.
En definitiva, señor Ríos, difícilmente se puede decir que la
proposición de ley que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sea un texto que reúna una elemental madurez o
precisión.
En alguna ocasión incluso se llega a descender a aspectos
puramente reglamentarios como cuando se establecen qué
elementos técnicos deberá ten Delegación de Gobierno (un
gabinete, etcétera), se llega a precisiones de detalle. Hay
incluso una cierta extravagancia en la redacción de la
disposición transitoria primera que contradice, en gran
medida, toda la filosofía del proyecto. A través de lo dicho
en esta disposición transitoria primera se pone un cierto
voluntarismo, una improvisación en la proposición de ley, que
es producto más de las polémicas estériles sobre la supresión
de figuras como la del gobernador civil, que de la serena
reflexión de cómo debe ser la necesaria reordenación de la
Administración periférica.
En resumen, señor Ríos, la iniciativa no presenta
características nuevas, sino que pretende modificar
ligeramente la Ley vigente de 1983. Es u intentado demostrar,
lleno de deficiencias, de duplicidades, de obviedades de
difícil y correcta interpretación jurídica. Una proposición
que proclama abordar la inaplazable reforma estructural de la
Administración periférica del Estado, pero que, en realidad,
no se conecta con ninguna medida estructural de reforma de la
Administración General del Estado, ni tampoco resuelve
satisfactoriamente la posible duplicidad de funciones
provinciales.
Por este cúmulo de razones de fondo y de contenido, nuestro
Grupo va a votar en contra de la toma en consideración y pide
a los demás grupos de la Cámara que se comporten de la misma
forma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías ustedes son
geniales a la hora de plantear los problemas de fondo y de
forma. D porque dicen que unas propuestas son estériles,
porque no surgen de ustedes y otras salen de la serena
reflexión. Hay un dicho mejicano que dice: No se me atrasen,
pero tampoco se me adelanten. Ustedes llevan doce años
reflexionando serenamente. A ver si se van a acordar de traer
la propuesta cuando abandonen el poder y entonces ya la
traerán muy reflexionada, muy matizada y muy articulada.
Algunas de las propuestas que ha hecho me parecía muy bien que
las presentara como enmiendas al articulado, pero hay tres
cosas a las que no ha respondido.
Primero, para cuándo van a presentar el proyecto sobre el que
reiteradamente están reflexionando, cuál es la línea que está
discutiendo la Comisión de Subsecretarios y hacia dónde se
orienta.
Algún Diputado, como el que en este momento le está hablando
en nombre de mi Grupo, no tendría ningún problema en, si
ustedes van a traer una global, mejor hecha, más discutida,
más articulada, retirar su propuesta para discutir después la
que el Gobierno va a presentar. Pero el drama que tenemos con
ustedes es que cada vez que anuncian una cosa la incumplen
sistemáticamente. Nos ha pasado con la ley del aborto, nos
pasa con esta ley y nos puede pasar eternamente estar
esperando que su serena reflexión nos posibilite tomar una
medida.
En cualquier caso, ya he anunciado que nuestra propuesta no
pretendía abordar la reforma de la Función Pública, sino
facilitarla. En segundo lugar, queríamos reformar la Ley del
año 1983 sobre la que ustedes llevan tiempo serenamente
reflexionando, Ley que sigue teniendo las mismas limitaciones
que tiene la nuestra y que está hecha con las duplicidades que
usted pone de relieve. Hemos intentado añadir en el artículo
7.º las competencias que tienen los gobernadores civiles, las
que creíamos que debían tener, a las que se contienen en el
decreto que actualmente les regula, con esa inconcreción de
las leyes que ustedes han elaborado, que pueden ser también
inconcretas.
Suponiendo que fuese tan malo el texto que presenta Izquierda
Unida, si ustedes tuvieran la voluntad política de hacer
frente a este problema, presentado un texto alternativo y
haber anunciado aquí una enmienda a la totalidad con texto
alternativo, con lo cual se sustituye íntegramente lo que
hemos propuesto nosotros. Eso en trámite parlamentario es dar
la cara, lo otro es aplazar el problema, esconder la cara
debajo del ala. Eso es lo que usted ha hecho hoy aquí, bajo no
sé qué pretendida cantidad de problemas, de incongruencias, de
si políticamente depende de la Presidencia, del Ministerio de
la Presidencia, asunto del que usted dudaba. Me da igual que
dependa del Ministerio de Administraciones Públicas,
propóngalo usted.
Hoy los gobernadores civiles --y usted no ha mencionado si los
piensa defender o no-- están nombrados por el Ministerio del
Interior y dependen de él. Desde nuestro punto de vista, esa
figura es obsoleta, innecesaria y cara. Hemos propuesto una
oficina provincial en tránsito. Mientras se produce la
evolución que tenga que haber de manera dispar --porque España
no es uniforme ni se puede homogeneizar, por mucho que lo
queramos hacer a toque de silbato o de tambor, no es posible
hacerlo--, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? Una
oficina provincial que coordina los servicios que queden, sin
rango político, administrativo, al frente de la cual hay un
funcionario. Eso es lo que hemos propuesto. Además, algo
similar había dicho el Ministro Saavedra, no ahora, en
septiembre, y lleva serenamente reflexionando desde
septiembre.
El debate es repetido, es verdad, porque no ha solucionado el
problema, simplemente por eso es repetido y será reiterativo
en la medida en que no podamos abordarlo de una vez por todas.
¿Podíamos haber presentado la ley de gobierno? Lo podíamos
haber hecho, pero tenemos la experiencia de una propuesta
presentada por un Grupo hace apenas unos meses de una ley de
gobierno y entonces le dijeron a este Grupo de aquí (Señalando
a los bancos del Grupo Popular.) que no podía hacerlo porque
eso le correspondía al Gobierno. La estamos preparando, no
presentamos la ley del gobierno, presentamos la proposición de
ley de delegados del gobierno, pero ahora tampoco, ahora el
problema es que los hemos declarado delegados generales y es
un problema para usted. Presente una enmienda al articuladoy
diga: delegados del Gobierno. ¡Fabulo Sabe cuál ha sido el
problema de usted, señoría, que ha querido coger la parte para
no entrar en el centro de la dicusión de la propuesta. Le
reconozco que la propuesta es mejorable, manifiestamente
mejorable, muy mejorable, pero lo que no entiendo es que usted
no pretenda mejorarla, sino que pretenda aplazar el problema;
eso es lo que no entiendo. Eso se llama falta de valentía y
cuando alguien no da la cara, aplazar el problema. Están
indicando ustedes a la oposición que sigamos hablando de lo
que no quieren ustedes hablar: del problema económico, de la
corrupción y de otros problemas, porque aquí no hay manera de
que ustedes tomen decisiones políticas.
Organicen el poder de verdad comprometido desde la óptica
autonómica, simplifiquen la Administración periférica, adopten
las medidas reglamentarias mediante órdenes ministeriales o
decretos, traigan la ley y entonces me tendrá a su lado
apoyando su propuesta. Mientras tanto, permita que nuestra
propuesta, aprobada por la Mesa el 20 de diciembre, presentada
en noviembre, siga adelante, porque no ha habido un texto por
parte del Gobierno, estamos en marzo y el Gobierno al que
usted soporta, con mayor o menor virtualidad, no ha cumplido
todavía el compromiso. Ahora lo aplazan para este período
ordinario, proceso electoral en ciernes. ¿Se podría usted
comprometer a que el texto esté aquí antes de junio para luego
no incumplirlo? Si usted es capaz de mantener ese compromiso y
cumplirlo yo estaría dispuesto a retirar mi propuesta. Pero
como no es creíble ese compromiso, no la puedo retirar.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, hace doce años no podía regularse esta cuestión
de otra forma a como se hizo en la Ley de 1983, porque
estábamos a tres escasos años de la puesta en funcionamiento
de algunas comunidades autónomas y estábamos iniciando la
puesta en funcionamiento de la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas. Hace doce años, señor Ríos no se podía
regular la reforma de la Administración periférica porque ni
siquiera estábamos iniciando el proceso de desarrollo
autonómico. Por esto se hizo una ley que, de acuerdo con las
previsiones del artículo 154 de nuestra Constitución, regulaba
la figura del delegado del Gobierno en estas comunidades
autónomas.
Usted sigue defendiendo esta ley, a la cual me he referido en
su contenido específico, pero también en su aspecto global. He
dicho que podía haber una coincidencia de objetivos, pero que
la reforma necesaria de la Administración periférica, la
adaptación de la Administración del Estado al desarrollo del
Estado de las autonomías, etcétera, era una reforma que no
podía hacerse aisladamente, sin conexión con la reforma de la
organización y el funcionamiento de la Administración General
del Estado. Este es el defecto más claro que tiene su
proposición de ley.
Me pregunta cuándo vendrá a la Cámara la ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado. Hay un
compro Cámara en el reciente debate del estado de la Nación,
de que el Gobierno apruebe esta ley en este período de
sesiones. Dice usted: ¿Se puede comprometer? Me puedo
comprometer de la misma forma que se comprometió el conjunto
de mi Grupo al formular esta propuesta de resolución al
finalizar el debate del estado de la Nación. Este es el
compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, un compromiso, sin
duda, aceptado por el Gobierno. Me pregunta usted por el
contenido. Sabría tanto como yo, señor Ríos, si le digo el
contenido del trabajo que está realizando el Ministerio para
las Administraciones Públicas sobre el contenido de esta ley.
Me dice que presentemos un texto alternativo. El texto
alternativo, sin duda, señor Ríos, es la ley del Gobierno y la
ley de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado. No es necesario presentar un texto
alternativo a su proposición de ley porque hay ya un texto que
va a entrar en esta Cámara, como se comprometió el señor
Ministro, en las próximas semanas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señora Rahola, ¿va a intervenir después el señor Chiquillo? La
señora RAHOLA I MARTINEZ: Sí, nos repartimos el tiempo, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, tiene
la palabra por el Grupo Mixto.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Por enésima vez nos pronunciamos a favor de una proposición
como la presentada por Izquierda Unida con la esperanza de
que, finalmente, se racionalice la Administración del Estado
y, sobre todo, se resuelva la asignatura pendiente de la
supresión de los gobernadores civiles.
No hay ninguna justificación política ni tampoco ética, puesto
que estamos hablando de un tema pendientedesde la transición
política y, sobre t proposición. Probablemente ustedes sean
tozudos, pero también lo es la razón, y aunque hoy volvamos a
perder los que queremos racionalizar la Administración y hacer
desaparecer esa figura antiestética y antipática de los
gobernadores civiles, rémoras de épocas que hay que superar
definitivamente, espero que ganemos algún día finalmente. En
todo caso, el drama es que ustedes, los socialistas, se habían
comprometido a resolver este tema y no sólo no lo han resuelto
sino que lo han dejado pudrir. Dejan perder esta oportunidad
histórica para acabar definitivamente con estos virreyes de la
democracia que son los gobernadores civiles, figuras
estériles, innecesarias y antiautonómicas, puesto que son
centralizadoras.
Nuevamente, no por última vez, nos pronunciamos a favor de la
racionalización de la Administración y de los compromisos
largamente adquiridos y en contra de mantener esta estructura
obsoleta, cara, burocratizadora, antiautonómica y claramente
antipática. Están ustedes nuevamente incumpliendo sus propias
promesas. Aunque el incumplimiento de promesas ya va siendo
una costumbre en su caso, no por ello dejaremos de
escandalizarnos. Por tanto, finalmente resolvamos este tema y
racionalicemos la Administración de la Justicia.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rahola.
Señor Chiquillo, tiene S.S. la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nombre del Grupo de
Unión Valenciana para dar nuestro apoyo a la toma en
consideración de la proposición de ley reguladora de los
delegados generales del Gobierno.
Apoyamos la iniciativa, que creemos inaplazable, porque
consideramos inaplazable esa reforma de la Administración
periférica del Estado y porque debe dotarse
a la organización territorial del Estado de mayores dosis de
operatividad, así como que se permita adecuar la estructura de
nuestro Estado a la organización territorial autonómica
consagrada en la Constitución de 1978.
La iniciativa que hoy debatimos la consideramos oportuna y
congruente. Es responsabilidad de todos trabajar en aras a
conseguir una mayor racionalización, simplificación, reducción
y evitación de duplicidad de funciones para lograr un Estado
autonómico más moderno, eficaz, eficiente y, sobre todo, más
próximo a los ciudadanos y a la realidad autonómica.
La proposición puede ser mejorada y perfeccionada en el
trámite posterior si el Grupo Socialista da la oportunidad
para ello. La Administración periférica del Estado requiere,
desde nuestro punto de vista, una reforma a fondo, reduciendo
la duplididad de cargos y servicios y figuras obsoletas, que
en muchos casos son contraproducentes para el normal
funcionamiento de nuestro Estado autonómico.
Por ello apoyamos la toma en consideración de la proposición
de ley para avanzar en el autogobierno de nuestras
nacionalidades y consolidar el Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria, al fijar
posición, adelanta que su voto va a ser favorable a la
proposición de ley que presenta el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nos fijamos en el fondo de la cuestión. Ese fondo es el que
nosotros valoramos de oportunidad. Se vuelve a traer aquí,
casi por enésima vez, este debate. Si se tomara en
consideración esta proposición de ley, nosotros presentaríamos
numerosas enmiendas a su articulado a fin de perfeccionarlo.
Esta es la forma. Y es el fondo el que nos llama a una
coincidencia de criterios.
La palabra gobernador civil está obsoleta. Creo recordar que
cuando el Gobierno de UCD cambió la denominción tradicional
española de Ministeri Gobernación por Ministerio del Interior,
una de las críticas más inteligentes que escuché fue la del
profesor Tierno Galván, que preguntó por qué cogíamos un
galicismo --el de Interior-- para sustituir la denominación de
Ministerio de la Gobernación.
Esta figura actual de gobernador civil, que es el verdadero
fondo de esta proposición de ley del Grupo proponente, no es
que solamente, como han dicho varios intervinientes, es ya
obsoleta, es ridícula, es cara, sino que es algo peor en
política: es perturbadora. Prueba de ello es la cantidad de
iniciativas que se han presentado para discutir acerca de esta
figura. Es perturbadora, incluso, etimológica y s Comunidades
autónomas que están plenamente asentadas en el desarrollo del
Título VIII de la Constitución se encuentran con esa palabra
perturbadora de gobernador, y cualquier reminiscencia que se
quiera traer no encaja con el ordenamiento jurídico y político
actual. Incluso las comunidades autónomas, con buen criterio,
han mantenido la palabra gobernación en determinadas
estructuras administrativas, concretamente con los consejeros
de Gobernación, que prácticamente están en todas ellas.
¿Qué nos llama la atención de todo este proceso? Lo que sí
quisiéramos señalar al partido del Gobierno es que hay que
distinguir plenamente en lo que queremos ordenar: la figura
del delegado del Gobierno frente a la ordenación de la
titularidad de competencia, terreno más complicado. Aquí es
donde caben dos velocidades: en la reordenación de la
titularidad de competencias, una velocidad más lenta, más
racional; pero en la reordenación de la figura personal,
representativa del delegado, máxima velocidad. Como bien ha
dicho el proponente, ya son muchos años de reflexión sobre el
particular.
Quiero señalar una cosa. No podemos con el tiempo seguir
sacralizando la figura del gobernador civil. En primer lugar,
porque no está constitucionalizada. La figura
constitucionalizada es la del delegado del Gobierno, no la del
gobernador civil. Se nos está transformando en una antigualla
que seguim nuestro ordenamiento.
A la vista de la polémica surgida meses atrás entre el
Ministro de Administraciones Públicas y el Ministro de
Justicia e Interior --vuelvo a señalar el contrasentido de la
dependencia jerárquica de la figura del gobernador civil de un
Ministerio y d ahora se denomina de Justicia e Interior--, y
desde el momento en que se han fusionado estos dos
Ministerios, esa figura incluso es perturbadora desde un punto
de vista de las competencias de otros ministerios, que tienen
más capacidad de actuación en una comunidad autónoma que el
propio Ministerio de Justicia e Interior.
Si en una mayoría de comunidades autónomas la figura del
gobernador civil tiene una especie de traducción de jefe
superior de orden público, d ordenamiento tradicional para el
Ministerio del Interior y para aquellas comunidades en donde
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado siguen siendo el
entramado fundamental del orden público, cosa que no existe,
al menos al cien por cien, en determinadas comunidades
autónomas con derechos históricos, como son los casos de las
comunidades autónomas del País Vasco, de Cataluña o de
Galicia. Hay que quitar de en medio este embrollo para que no
siga perturbando una armoniosa relación entre la
administración del
Gobierno central y del gobierno autónomo. Y vamos a la figura,
repito, que está en la Constitución: el delegado del Gobierno.
Hay que evitar el que aquí se esté especulando con dos modelos
contradictorios: uno, el que permite la supervivencia de esta
figura, incluso con su nombre, como propone el Ministro de
Justicia e Interior; el segundo, el que propone el Ministro
para las Administraciones Públicas.
Pues bien, si se trata de racionalizar la Administración,
llévese esto a una ley general específica. Quiero recordar a
SS.SS. que la Ley 17/1983, que se fijó exclusivamente en la
figura del delegado del Gobierno en razón del mandato
constitucional, t planteamiento: recomendó ya en su exposición
de motivos una flexibilidad al tratar la figura y competencias
del delegado del Gobierno. La Ley de 1983 estableció unos
principios muy claros para señalar estas competencias del
delegado del Gobierno. Una de ellas era que al tratarla
legislativamente no encorsetáramos, y quitáramos por tanto
flexibilidad, el tratamiento que después tendría que darse en
cuanto a las competencias administrativas de las
transferencias dadas por el Gobierno Central a las comunidades
autónomas en razón de sus estatutos de autonomía. Se hablaba
incluso en la Ley de 1983 de estatutos de autonomía
publicados, porque no todas las comunidades autónomas los
tenían, sobre todo, las posteriores a las de derechos
históricos.
Evitemos entrar aquí en un debate sobre cuál es el modelo a
seguir en este asunto. Si aquí se está haciendo, por un lado,
una racionalización administrativa, que parece que es lo que
pretende el Ministro Saavedra y, por otro, algo que nos parece
haberle oído al Ministro de Justicia e Interior sobre
administración del poder. Si de lo que se trata es de
administrar el poder desde el Gobierno central sobre una
comunidad autónoma, aceptando incluso ese debate, yo le
preguntaría: ¿qué poder es el que quiere administrar, el
policial o el político? Así de claro. El político, es
inadmisible --figura perturbadora-- y el policial, resuélvalo
usted con otra figura, con la del delegado gubernativo o la
del jefe superior de orden público que coordine a la Guardia
Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, a las brigadas
antidroga, etcétera, que están dentro de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado.
Nosotros creemos que ha llegado el momento de preguntarse y
preguntarle al Gobierno en qué momento del proceso de
transferencias, por ejemplo, cree el Gobierno que nos
encontramos para que la duplicidad de organismos, figuras y
autoridades siga siendo la regla y no la excepción. Ya va
siendo hora de que esta duplicidad de figuras sea la excepción
y por motivos sobradamente justificados en un cuerpo legal.
Señorías, yo no quiero abusar de la paciencia de los señores
Diputados, sino reiterar que, por congruencia, vamos a apoyar
esta proposición de ley para suprimir una figura perturbadora.
No se trata de reducir un ápice las competencias
constitucionales y estatutarias de las comunidades autónomas,
sino que, de una vez por todas, dejemos el debate permanente
de esta figura perturbadora.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo parlamentario va a anunciar su
posición claramente desde el principio y es la posición
afirmativa de votar favorablemente esta proposición de ley
reguladora de los delegados del Gobierno. Y lo vamos a hacer
al margen de modificaciones y mejoras que en la iniciativa
presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se
puedan realizar. El texto que es objeto de debate es
susceptible de mejora, pero estamos tratando de una cuestión
de calado, estamos tratando de una cuestión de profundo
contenido político, como es el relativo a la organización de
la administración periférica del Estado.
Se podrá decir a esta iniciativa --y así se ha dicho-- que no
tiene una sistemática, una homogeneidad la Administración
central en su tratamiento, pero la iniciativa lo que pretende,
en definitiva, es el reforzamiento de las potestades, de las
funciones públicas de los delegados del Gobierno y no tiene
mayor ambición política ni administrativa. Aspectos como los
relativos a la organización, simplificación y autoorganización
de los órganos centrales de los diferentes ministerios no
forman parte de esta iniciativa legislativa. De hecho esas
cuestiones no son objeto de debate y de tanto enconamiento
político como es la relativa a la organización de los
servicios periféricos. Mientras que puede haber mayor o menor
consenso o acuerdo político sobre la organización de los
servicios centrales de la Administración central del Estado,
no lo hay sobre los servicios periféricos de la Administración
central. Y es sobre esta cuestión sobre la que atañe la
iniciativa que hoy debatimos y no sobre la organización de
servicios que no son periféricos, sino centrales de la
Administración central. Por tanto, yo creo que hay que encajar
y encuadrar debidamente el debate en sus justos términos.
Nuestro Grupo parlamentario está de acuerdo con esta
proposición de ley porque va en idéntica sintonía que otra
proposición de ley planteada por este Grupo parlamentario en
el sentido de reforzar la posición política y administrativa
de los delegados del Gobierno respecto a la situación y al
rango y, en definitiva, al «status» administrativo que tienen
los gobernadores civiles. Entendemos que en un Estado de corte
autonómico, un Estado descentralizado, en el que hay una
distribución
territorial del poder, es precisa una organización por parte
de la Administración central más ecuánime, más justa, más
adecuada y ajustada al nivel de reparto competencial entre los
poderes centrales y las comunidades autónomas. Ello exige esa
organización, esa simplificación y esa reestructuración de los
servicios periféricos de la Administración central. Dentro de
esos servicios periféricos podremos discutir --y yo aquí no
voy a entrar en ello-- el modelo planteado por Izquierda Unida
de ir a funcionarios en oficinas provinciales o de ir a otros
cargos, que no queda claro si son efectivamente cargos
políticos o son cargos de libre designación, como son los
directores territoriales en las comunidades autónomas. Esa es
una cuestión de segundo orden, es una cuestión que, si esta
iniciativa sale adelante, debatiríamos los partidos políticos
a renglón seguido. Lo que esta iniciativa propone es, en
definitiva, esa reestructuración y adecuación al Estado
autonómico, mediante un proceso de ajuste competencial a
través de esa disposición transitoria que contiene, de
transferencias a las comunidades autónomas; ahí está el valor
político, ahí está el tema principal de esta proposición no de
ley y con ello está el relativo a la supresión de los
gobernadores civiles como representantes del Gobierno en la
provincia.
Señor Presidente, señorías, para el Grupo parlamentario Vasco
ésta es una cuestión de nervio, una cuestiónde enorme
trascendencia política. Som Grupo parlamentario Vasco-- de la
supresión de esta figura. Diversos parlamentos autonómicos y
diferentes partidos políticos de esta Cámara, con posiciones
ambivalentes, que han ido desde la posición a favor hasta la
abstención o el voto en contra, que ahora se vuelven a
posiciones favorables, en su momento han mantenidotambién su
supresión. Nosotros pedimos su supresión y estamos
completamente de acuerdo con la disposición adicional de la
iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la
medida en que se produce una disfunción y un desajuste
político de una enorme envergadura, y lo vamos a aclarar. ¿Qué
está ocurriendo con los gobernadores civiles y con los
servicios periféricos? Resulta que los servicios periféricos
del Estado dependen orgánicamente de los gobernadores civiles,
pero funcional y jerárquicamentedependen de cada uno de los
ministerios. En la prácticadiaria, ¿qué está ocurriendo? Que
en materia de obras públicas, en materia de educación,
etcétera, aunque orgánicamente dependan del gobernador civil,
el jefe político, funcional y jerárquico en esa materia es el
ministerio y, en definitiva, es de ese organismo central del
que reciben las instrucciones. Por tanto, los temas del día a
día no pasan por el despacho de los gobernadores civiles.
Entendemos que la decisión de su mantenimiento es una decisión
tomada por el Gobierno en el ejercicio de su potestad de
autoorganización, pero también una decisión política, una
decisión que tiene un contenido político importante: el
mantenimi número de personas nombradas por confianza por el
Gobierno central. Los criterios para la reducción del gasto
público, los criterios para la reestructuración de la
Administración y su convergencia hacia la Unión Europea exigen
al Gobierno caminar por la reestructuración de los gobiernos
civiles y terminar con su supresión.
Hemos visto posicionamientos políticos contradictorios,
distantes entre sí, como han sido los del señor Saavedra y el
señor Belloch, y al fina el asunto el señor Presidente del
Gobierno, manteniendo que su posición política es la de la
existencia y persistencia de los gobernadores civiles.
Señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario va a votar
favorablemente esta iniciativa. Entendemos que en aspectos
puntuales es mejorable, pero, en definitiva, el espíritu y la
finalidad que persigue son loables.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Carrera
tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la
proposición de ley reguladora de los delegadosgenerales del
Gobierno en las comunidades autónomas.
Estamos ante una iniciativa que compartimos plenamente en su
fondo. Abordar la inaplazable reforma de la administración
periférica como respuesta a la construcción del Estado de las
autonomías con una drástica reducción de esta administración
periférica y un proceso adecuado de transferencias es no sólo
factible sino exigible. Que la organización del Gobierno
central y sus ministerios en el territorio debe simplificarse
está en la línea aceptada, yo diría, por toda la Cámara. Que
se hace preciso adecuar esta absoluta regulación de la
administración periférica --los gobernadores civiles y los
delegados del Gobierno-- para simplificar, reducir, suprimir
figuras y reagrupar los servicios periféricos, así como
ordenar la coordinación de los servicios lo suscribimos
plenamente. Otra cosa es la letra, digamos, el articulado, y,
sin duda, la oportunidad en el tiempo.
Nuestro Grupo Parlamentario ha venido manteniendo al respecto
posiciones muy claras. Por tanto, señoras y señores Diputados,
no me preocupa en defender cuál ha sido nuestra postura,
repito, siempre muy clara, siempre muy rotunda cuando hemos
hablado de esta cuestión; la última vez, por cierto, en la
comparecencia
el Ministro Saavedra en la Comisión de Administraciones
Públicas el jueves pasado. En ella dejamos constancia de
nuestra extrañeza y preocupación al no abordarse una cuestión
urgente, a nuestro entender, e instábamos al Gobierno, en este
caso al Ministro, para que, sin demora, se presentara la tan
esperada y prometida ley de organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado. Más aún, el 15 de
diciembre de 1989, tiempo hace ya, tuvo entrada en el registro
general de esta Cámara una proposición no de ley de nuestro
Grupo Parlamentario de supresión de los gobernadores civiles,
cuya exposición de motivos está en plena concordancia: reforma
en profundidad, coordinación, duplicidades, redistribución,
redefinición, simplificación, nueva estructura de la
administración periférica en la que los delegados asuman más
funciones. Repito, plena concordancia. Otra cosa es, como
decía anteriormente, la letra o el articulado.
La proposición de ley tiene 12 artículos, disposición
adicional, disposiciones transitorias, disposición derogatoria
y disposición final, pero tampoco es cuestión de ir
analizándola ahora, artículo por artículo, con respecto a
nuestra iniciativa anterior, porque, repito, en el fondo,
buscábamos y buscamos lo mismo: sistema de nombramiento del
delegado, definición de funciones, incompatibilidades y sede
de la Delegación, estructura, obligaciones, supresión de los
gobernadores civiles. De nuevo, repito, plena concordancia.
¿Qué es lo que sucede entonces? Dos cosas. Primero, el
compromiso del Gobierno, manifestado reiteradamente; segundo,
la resolución aprobada en el último debate sobre el estado de
la Nación, cuyo texto conocen SS.SS., y de la que yo remarco
la fecha límite de presentación, que es la de 30 de junio,
porque es aquí donde también a mí se me plantean gra
reiterados incumplimientos del Gobierno. Por tanto, yo diría
que estamos todos comprometidos. Nuestra iniciativa del año
1989, la suya de hoy, y más que nada el Gobierno y el propio
Grupo Socialista, no sólo por la resolución aprobada, sino por
el compromiso adquirido de llevarlo a término. Es aquí, en
este punto, donde reside nuestra única aunque sí importante
diferencia. Nosotros creemos que no es sólo cuestión de
aprobar una proposición de ley reguladora de los delegados del
Gobierno, sino mucho más. De verdad, señor Ríos, creo que
debería ser mucho más amplia, debería llegar a debatir el
proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado. Me dirán que no la tenemos,
que no existe, y es verdad; puede ocurrir que el Gobierno no
cumpla la resolución mencionada y los compromisos adquiridos,
puede suceder, y así se lo dije al propio Ministro para las
Administraciones Públicas, en su comparecencia en Comisión la
semana pasada, pero, a pesar de todo ello, nuestro Grupo
considera que una modificación en profundidad, repito, de la
Administración del Estado, tanto central como periférica, debe
pasar por un proyecto de ley del Gobierno. Vamos a esperar. Y
les digo más, señoras y señores Diputados, seguro que estamos
corriendo un grave riesgo político, cual es un nuevo
incumplimiento, pero también les anuncio, señores del Grupo
Socialista, que este tema será el último que nuestro Grupo
Parlamentario va a asumir. El señor Ministro dijo que sería en
el mes de abril; el plazo está cerca, veremos a ver si
realmente se cumple.
Finalmente, quería aprovechar este trámite para decir, una vez
más, al Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista que se
trata de una decisi que no puede demorarse. También quería
decir al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que
ésta es una buena iniciativa, aunque pueda tener muchas y
múltiples deficiencias, pero es una buena iniciativa, y aunque
no vayamos a apoyarla, tampoco votaremos en contra.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalmente, por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mañueco.
El señor MAÑUECO ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, comparezco en nombre del Grupo Popular para
manifestar nuestra posición sobre la proposición de ley que
presenta Izquierda Unida, denominada de regulación del
artículo 154 de la Constitución.
No es la primera vez que debatimos este asunto y no es la
primera vez que todos los grupos de la Cámara coinciden en
calificarlo de asunto importante para el Estado, pero no es
menos cierto que no salimos de este círculo indefinido, es
decir, cada vez un grupo presenta una iniciativa, y, al final,
no hay una voluntad suficiente, una mayoría suficiente, que se
atreva a redefinir, a modificar, a dejar de una vez por todas
clara y diáfana la presencia de la Administración del Estado
en la periferia.
Hemos escuchado en la tarde de hoy cómo por parte de los
portavoces de distintos grupos se reclamaban iniciativas,
acuerdos, proposiciones, que han sido presentadas en la
Cámara. Lo que está claro es que cuando se dice por parte del
Grupo Socialista que falta paciencia y que esta acción
parlamentaria se presenta aún en plazo para que el Grupo
Socialista cumpla su compromiso de traer la Ley de la
Administración del Estado, tenemos que decir que no es así,
que los plazos le han vencido al Gobierno socialista, que se
han encendido todos los timbres de las alarmas y que es su
propio grupo el que tiene un debate más tenso sobre la
Administración del Estado en la periferia. Ellos tenían que
haberlo resuelto antes. No vale decir ahora que hay un
compromiso por parte del Presidente del Gobierno en el debate
del estado de la Nación diciendo que de una
forma inmediata y que el Ministro señor Saavedra esa
inmediatez la haya cifrado en el mes de abril. Había un
compromiso anterior por parte del señor Presidente del
Gobierno que concluía al finalizar el año de 1994, pero, con
anterioridad a eso existía un compromiso por parte del
Gobierno socialista reflejado y recogido en la Ley 10/1983, en
cuya disposición adicional quinta se fijaba un plazo de un año
para que el Gobierno socialista trajera aquí la Ley de la
Administración del Estado.
Desde 1983 a 1995 han pasado doce años y la ineficacia, la
falta de criterios, la inconcreción del Gobierno socialista en
relación con los gobiernos locales y los gobiernos autonómicos
nos llevan a esta situación en la que no existe ninguna
concreción ni ninguna postura definida.
Ha dicho el portavoz del Grupo Socialista: estamos
reflexionando sobre ello. Nosotros lo agradecemos, pero bien
es cierto que sus reflexiones tienen que ser en grupo, porque
si reflexionan individualmente, el señor Ministro para las
Administraciones Públicas piensa una cosa, el señor Ministro
de Interior y Justicia piensa otra, el señor Vicepresidente
del Gobierno piensa otra y el señor Presidente del Gobierno
hace una manifestación que no dice ni lo uno ni lo contrario.
Por consiguiente, creemos que ha llegado el momento de retomar
en profundidad este tema.
Desde el Grupo Popular se han presentado diversas iniciativas.
Nosotros creemos que es necesario, según consta en una
interpelación que presentamos, que por parte de todos los
grupos de la Cámara se impulse un gran pacto nacional entre
todas las fuerzas políticas para definir la distribución de
competencias entre el Estado, comunidades autónomas y
entidades locales, teniendo en cuenta los hechos diferenciales
de los diversos territorios, con el objetivo de racionalizar y
simplificar la organización administrativa para una mayor
eficacia y un mejor servicio a los ciudadanos. Esto quiere
decir que necesariamente tenemos que definir de una vez por
todas, en un gran pacto local, las competencias de cada una de
las esferas de la Administración y, una vez definidas y
determinadas, organizar la presencia del Estado en relación
con ellas, teniendo en cuenta las circunstancias y las
características de cada uno de los territorios pero buscando
fundamentalmente la eficacia, la agilidad, la reducción de
costos y fundamentalmente el mejor y el mayor servicio a los
ciudadanos.
Hubiera sido insuficiente esta iniciativa del Grupo Popular si
no hubiera venido acompañada por lo que hoy se reclamaba en la
Cámara; hoy se reclamaba en la Cámara la ley de Gobierno. El
Grupo Popular ha presentado una ley de Gobierno, que consta de
62 artículos, ocho disposiciones adicionales, dos
transitorias, una derogatoria y una final. El motivo es lo que
SS.SS. piden y plantean en este momento. Pues bien, esa ley
que fue presentada por el Grupo Popular y defendida por mi
compañero, admirado compañero de Grupo Parlamentario, don
Manuel Núñez, fue votada en contra por la Cámara.
Por consiguiente, estamos en este momento en una circunstancia
en la que pedimos una ley que cuando viene a la Cámara no es
suficientemente respaldada y no podemos seguir profundizando
en ella, pero creemos que hay que seguir haciéndolo. Lo
primero es interpelar al Gobierno para que si en el mes de
abril finaliza el plazo, que venga la ley. Nosotros creemos,
señor Ríos, no estando en contra totalmente del planteamiento
que hace Izquierda Unida, que la ley trata de una forma poco
clara y ambigua las competencias de los delegados del Gobierno
y que la última finalidad de la ley es la supresión de la
figura de los gobernadores civiles, sin dar una alternativa a
esa necesaria presencia de la Administración del Estado en las
provincias. Y no se puede renunciar a eso, que el Estado tiene
que estar representado administrativamente en las provincias;
que esa dependencia, esa relación, esa coordinación de la
figura provincial del gobernador civil en relación con los
delegados del Gobierno tiene que ser articulada y armonizada
en una ley como la que nosotros hemos presentado y que esa
figura del gobernador civil también estamos de acuerdo en que
no tiene que ser un cargo de definición política ni nombrado
políticamente ni por el Ministerio del Interior. Creemos que
el delegado del Gobierno tiene que ser nombrado por el
Presidente del Gobierno, presentar cuentas a la Presidencia
del Gobierno; en la organización periférica de la comunidad
depende y le corresponde a él proponer los nombramientos, pero
--decim entre aquellos funcionarios de nivel superior que
puedan acceder a estas figuras de representación
administrativa en las provincias.
Estamos dispuestos a estudiar en profundidad todas esas
posibilidades, estamos dispuestos a reformar la presencia del
Estado en la periferia, en las comunidades autónomas y en las
provincias y por ello trajimos una ley que, como digo, no fue
aprobada por la Cámara.
No vamos a respaldar en este momento la proposición de ley de
Izquierda Unida, presentada por el señor Ríos, porque creemos
que es una mínima un todo que es fundamental. Si el todo es
la ley, no nos vamos a conformar con llevar a cabo una
modificación que de lo que trata es de hacer desaparecer la
Ley 17 de 1983, para que, dando más competencias a los
delegados, suprimamos la figura de los gobernadores en las
provincias; eso haría que quedara una presencia coja, una
presencia sin sentido, con mucha problemática, sin capacidad
de relación y definición entre sí y perjudicaría la presencia
del Estado en las provincias, cosa a la que la Constitución da
un sentido al que no podemos renunciar.
Sin embargo, creemos que es importante hacer algo y por eso
hoy, en la Cámara, pedimos una vez más al Gobierno socialista
que traiga la ley de Administración,
que la traiga de una vez, que la someta a debate, que sea
generoso, que sea consciente de lo que pide la ciudadanía, de
lo que hablan sus portavoces políticos en unas y en otras
provincias, en unas y en otras regiones, de las
manifestaciones que se hacen. Porque, señorías, lo que se dice
en relación con lo que estamos debatiendo es tan divergente
como esto. «El PSC debate la desaparición de la figura de los
gobernadores civiles».
«Rubalcaba asegura que no se suprimirán los gobernadores
civiles». «Interior se opone al intento del Ministro Saavedra
de reducir el papel de los gobernadores civiles». «El Gobierno
mantendrá la figura del Gobernador, pero con menos poder».
«Los gobernadores civiles conservarán su rango político».
«Belloch impone su tesis y refuerza el papel de los
gobernadores civiles». «Los gobernadores civiles dependerán de
los delegados del Gobierno». «Un alto funcionario de cada
Ministerio acompañará a los gobernadores civiles». «El PSOE
quiere reforzar a los gobernadores civiles». «El PSOE quiere
reforzar a los gobernadores civiles y les pondrá un
funcionario coordinador». que la nueva función de los
gobernadores no está definida». «Serra dice que el Gobierno no
tiene una postura definida sobre los gobernadores civiles».
«Convergència i Unió y PNV vuelven a amenazar con retirar su
apoyo al Gobierno en relación con los gobernadores civiles».
«Los nacionalistas amenazan con no apoyar a González si
mantiene a los gobernadores civiles». «Izquierda Unida
presenta el miércoles una proposición de ley para suprimir los
gobernadores civiles». «Felipe González insiste en mantener
los gobernadores a pesar del rechazo de Convergència i Unió».
«El partido Popular cree que González está haciendo el
ridículo en el tema de los gobernadores civiles». «Arzallus
afirma que los gobernadores civiles son alcahuetes del
Gobierno». «El futuro de los gobernadores civiles».
«Convergència i Unió considera insuficiente el cambio de
nombre de los gobernadores civiles».
Señorías, podríamos estar toda la tarde --y ya ha concluido el
tiempo-- leyendo titulares de prensa que dicen de una forma
clara y manifiesta existe sobre la presencia del Estado en la
periferia. Es una responsabilidad de esta Cámara y, por
consiguiente, estamos pendientes de esa presentación anunciada
por el señor Ministro y, desde luego, nuestro Grupo colaborará
con su tesis para que la presencia del Estado en la periferia
sea eficaz, suficiente y que beneficie fundamentalmente a la
prestación de servicios a los ciudadanos.
Votaremos en contra de esta proposición de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, esperando poder ser más eficaces
apoyando la modificación de un todo que beneficie la presencia
del Estado en la periferia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mañueco.
Vamos a someter a votación la toma en consideración de esta
proposición de ley. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya reguladora de los delegados generales del Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 20; en contra, 248; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CAMBIO ESTRUCTURAL
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES (Número de
expediente 162/000156)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo: Proposiciones no de ley.
Proposición del Grupo Socialista sobre cambio estructural e
igualdad de oportunidades para las mujeres.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pelayo.
(Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.--
Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde que Olimpia de Gouges, Condorcet o Mary
Wollstonecraf abogaban, allá por el año 1789, por los derechos
de los ciudadanos y de las ciudadanashan transcurrido dos
siglos. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Pelayo.
Señorías, ruego guarden silencio.
La señora PELAYO DUQUE: Durante ese largo tiempo muchas
mujeres y algunos hombres han venido abogando, desde la no
aceptación de l social y desde el reconocimiento de que todos
los seres humanos son iguales, por el acceso de las mujeres a
la educación, al trabajo, a la igualdad legal, al voto, a la
igualdad de hecho, al reconocimiento de la dignidad de la
persona humana-mujer, etcétera. Han sido reivindicaciones
puntuales desde la constatación del distinto reparto de
responsabilidades y papeles ante
ambos sexos, que había sido dado desde hacía muchos siglos
antes, el contrato social por virtud del cual se estableció
una distinta responsabilidad y funciones entrehombres y
mujeres. Una habitac a principios de siglo aquella famosa
escritora-- pero conservando la misma casa, o bien cuando Bels
hablabade que llegaría un día en que no se acabaría el
mundopara la mujer que se case. Eran reivi aquella realidad
social de distribución de responsabilidades y funciones según
fueran hombres o mujeres.
El camino elegido hace siglos de reivindicación puntual y
progresiva de eliminación de discriminaciones ha sido, como un
repaso hacia atrás nos revela, un camino duro, largo y poco
satisfactorio; ha sido --ahora lo sabemos-- quizá el único
camino posible pero un camino equivocado, a mi juicio, por
cuanto que explicar el hecho de que, siendo las
reivindicaciones femeninas reivindicaciones de justicia e
igualdad que sólo afloran en los sistemas democráticos,
sigamos hoy hablando en un sistema democrático consolidado
todavía de unas exigencias primarias y básicas de una
democracia, cuales son la igualdad entre los ciudadanos y
ciudadanas. Cómo explicar, por otro lado, el cansancio o el
desconcierto para muchos cuando se habla de la mujer. Parece
que todo estaba dicho, lo dijo hace muchos años Lenin cuando
hablaba a Clara Zetkin, propósito de un famoso libro que
escribiera un no menos famoso socialista August Bebel «La
mujer». Sin embargo, todavía hoy, en los albores del siglo
XXI, seguimos hablando de esa cuestión vieja, siquiera sea con
términos nuevos: democracia paritaria, presencia de la mujer,
cambio estructural; incluso estamos discutiendo hastadónde
llega el derecho de la mujer a su propio cuerpo.
Señorías, se están produciendo importantes cambios no sólo
tecnológicos y demográficos, sino también en las ciencias
sociales. Esos profundos cambios que se producen están
afectando no sólo a las relaciones de poder entre los Estados
(hoy muchos de ellos se sienten impotentes para hacer frente a
la degradación medioambiental, a las migraciones o a las
turbulencias financieras), sino que afectan también al
distinto reparto del poder político, a la moral o a las
costumbres y, ¿cómo no?, también a las relaciones entre las
personas. Estamos hablando de los cambios y la mujer. Estos
cambios, además, ya no son sólo patrimonio de la cultura
judeo-cristiana o de la cultura occidental. Estamos viendo el
esfuerzo que en los países de cultura mahometana están
llevando a cabo las mujeres y los hombres contra el integrismo
y la cultura de la dominación, lucha en la que están sufriendo
la peor parte las niñas y las mujeres por cuanto, como decía
una periodista precisamente hoy en un diario nacional, éstas
están sufriendo por el simple y meridiano derecho a salir y,
en consecuencia, a ser y a vivir.
Es un cambio que afecta a la aldea global en que se ha
convertido el mundo y es un cambio de gran calado y
profundidad. La conducción de estos cambios necesita la
presencia y la participación activa de todos los seres
humanos, hombres y mujeres. Así se percibió en la OCDE cuando,
a instancias de su Secretario General, se encargó a un grupo
de expertos un informe sobrelos retos que tenían que afrontar
los los procesos de universalización, de los progresos
tecnológicos y de la evolución demográfica.
El informe, que se concluyó en el año 1991, se dio a conocer
en nuestro país en el año 1993. Habla de que nos encaminamos
hacia una sociedad distinta, una sociedad nueva. El informe
contiene, a nuestro juicio, una serie de novedades que debemos
destacar. Entre ellas, el informe habla desde los hombres
hacia las mujeres y habla de mujeres en el ajuste estructural,
en los cambios que se están produciendo y en los ajustes que
tienen que llevar a cabo los Estados para afrontar esos
cambios de que hablaba. Se refiere a las mujeres diciendo que
ellas están en condiciones de desempeñar un papel más
importante en la dirección del cambio estructural. Además, el
informe habla de que la experiencia de las mujeres abre una
ventana al futuro. Ellas son las que experimentan el desfase
existente entre el marco institucional y las nuevas realidades
económicas, sociales y políticas.
El informe contiene una serie de constataciones como aquellas
que se refieren a la existencia de una sociedad activa marcada
por la posibilida y la diversidad, la cohesión y la
solidaridad.
Para el funcionamiento armonioso de esta sociedad --dice el
informe-- hay que permitir a las mujeres que saquen partido de
sus capacidades. El informe se opone al concepto tradicional
de que igualdad y eficiencia económica se excluyan. Las
mujeres no suponen un problema para la economía, antes al
contrario, la solución a los problemas económicos puede
radicar en un papel más activo de las mujeres. Las mujeres
constituyen, en fin, una fuente esencial para la economía. El
informe, al explayar el cambio estructural como un proceso
global y dinámico que modifica profundamente la economía y la
sociedad, afirma que los cambios se interfieren y son
interdependientes, de tal manera que ya no son sólo
económicos. Recuerden, señorías, cómo durante algunos años la
economía privatizó, por así decirlo exclusivizó el debate
político. Hoy las perspectivas que se abren son más amplias e
incluyen aspectos sociales. No es casual que, por ejemplo, la
OCDE, también en un Consejo, haya abordado en el año 1991
cuestiones sociales.
En segundo lugar, el informe afirma que el ajuste estructural
no es fruto de una evolución predeterminada. Es una
constatación que a nosotros novedad reconocer que hay todo un
componente de innovación y cambio social donde la
participación humana, en la dirección del cambio, es
fundamental.
La tercera novedad que incluye el informe es, a nuestro
juicio, que hasta ahora las mujeres no han estado en las
mejores condiciones para desempeñar un papel activo en la
dirección del cambio. Es un reconocimiento explícito que hace
el informe; es más, el informe dice (y esto es importante para
nosotros) que los problemas de las mujeres se han definido
esencialmente en términos de discriminación. Es aquel camino
al que me refería al principio de mi intervención:
discriminaciones, conquistas puntuales, reivindicaciones
puntuales.
El informe dice que, aunque la igualdad de hombres y mujeres
pasa fundamentalmente por la adopción de medidas
antidiscriminatorias, reconoce y pone sobre la mesa algo que
para nosotros es fundamental, y es que estas medidas
antidiscriminatorias tienen un efecto limitado, como lo tienen
también las acciones positivas, por cuanto, como se ha puesto
de manifiesto por la experiencia, las desigualdades relativas
al sexo afectan a todo el sistema y, por tanto, requieren una
solución de índole sistémica global estructural; afecta,
señorías, a toda la estructura social.
La cuarta novedad es que el informe estima que las mujeres no
serán las únicas beneficiarias del cambio. El informe contiene
la novedad de atraer al discurso a los hombres; es un discurso
hecho por los hombres sobre las mujeres, pero también atrae a
los hombres. Dice: También los hombres tendrán más
posibilidades en cuanto a las opciones fundamentales, a la
vida, y el conjunto de la sociedad sacará provecho de esta
acción basada en la integración de las políticas. El informe,
en fin, contiene una serie de líneas de acción y una serie de
conclusiones de la mayor importancia para la cuestión. El
informe recibió, como no podía ser menos, la aprobación
unánime del grupo.
Pues bien, señorías, la iniciativa del Grupo Socialista
pretende trasladar a la experiencia de nuestro país la
iniciativa de ese grupo de expertos y que se constituya en
España un grupo de expertos que, de acuerdo con el Instituto
de la Mujer, las organizaciones no gubernamentales y las
estructuras administrativas y políticas que, con competencia
en la materia, hayan desarrollado las comunidades autónomas,
elabore un estudio sobre cuáles podrían ser las acciones a
poner en marcha en nuestro país para conducir el cambio
estructural precisamente en la línea marcada por el grupo de
expertos de la OCDE. La proposición, pues, pretende que esa
sociedad activa que estamos construyendo en nuestro país, que
exije además un compromiso a largo plazo, se ponga en marcha
desde las conclusiones que pueda elaborar ese grupo de
expertos.
La proposición del Grupo Socialista ha recibido una enmienda
de totalidad, de sustitución, del Grupo Popular. Nuestro Grupo
quiere adelantar en esta intervención que nosotros nos vamos a
oponer a esa enmienda, y nos vamos a oponer, lamentablemente,
por cuanto estimamos que la iniciativa del Grupo Popular,
contenida en la enmienda de sustitución, de los expertos, no
conoce el informe de la OCDE e ignora, cuando menos, las
conclusiones a las que ha llegado el informe de los expertos,
aun a pesar de que se basa precisamente en ese informe de la
OCDE para presentar la enmienda de sustitución.
El señor PRESIDENTE: Señora Pelayo, la ruego concluya.
La señora PELAYO DUQUE: Sí, señor Presidente, acabo ya.
Tal como decía el informe de la OCDE en la página 15, aunque
la igualdad entre hombres y mujeres pasa necesariamente por la
adopción de medidas las que enuncia el Grupo Popular, el
efecto limitado de la legislación antidiscriminatoria y de
estas medidas tendentes a ofrecer las mismas oportunidades
pone de manifiesto hasta qué punto esas desigualdades afectan
a la estructura. Es decir, el Grupo Popular pretende
precisamente más de lo que estamos llevando a cabo con el
primer plan de igualdad o con el segundo plan de igualdad de
oportunidades, ignorando lo que supone de avance, ignorando lo
que supone, digamos, de cambio fundamental en la perspectiva
de analizar los problemas de los hombres y de las mujeres en
esta sociedad cambiante.
Como también dice el informe, el futuro empieza ahora;
nosotros queremos con ese informe que España se incorpore a
ese futuro, que las españolas y los españoles empiecen a
construir, con ese informe que elaboren los expertos en
nuestro país, lo que creemos deben ser las estructuras con las
que tendrá que funcionar mañana.
Por ello, nos vamos a oponer y pedimos a los demás grupos de
la Cámara el voto favorable para la iniciativa del Grupo
Socialista.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Popular. Para su defensa, y para fijar la
posición del Grupo en relación con la iniciativa del Grupo
Socialista, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi
grupo en torno a esta proposición no de ley y también para
defender la enmienda presentada por nuestro grupo.
Es efectivamente cierto que la OCDE encargó en 1991 un informe
a un grupo de expertos sobre las mujeres y el cambio
estructural en la década de los noventa que, naturalmente,
nuestro grupo conoce perfectamente, que está aquí, que lo
hemos manejado y lo hemos estudiado
en profundidad. En él se habla de la necesidad de que se
lleven a cabo una serie de transformaciones sociales para la
continuación del crecimiento económico en todos los países y
para el mantenimiento también de la cohesión social. Se
constata en este documento que en este proceso de cambio es
preciso contar con la participación activa de la mujer en los
sistemas de empleo y en la toma de decisiones. Lo dice aquí en
unas determinadas páginas. (La señora Pelayo Duque hace signos
negativos.) Usted dice con la cabeza que no. Después se lo
podré leer a usted perfectamente porque ahora perderíamos un
poco tiemp ¡Vaya si dice esto! Pues bien, señorías, en el
documento se indica perfectamente, y también lo conoce nuestro
grupo, cuáles son los cambios necesarios para tal fin. Es más,
en cada sección se establece un objetivo y se termina con unas
líneas claras de acción que definen, en el marco de su
conjunto, una solución global a cada uno de los problemas, a
cada una de las dificultades que aquí precisamente se señalan.
Se contemplan también en este documento unas acciones a
realizar, a poner en práctica. Se señala, por otro lado,
cuáles son las responsabilidades que tienen los poderes
públicos, cuáles son las iniciativas que corresponden a los
sindicatos, a los empresarios, e incluso también a las
asociaciones. Existe por tanto, claramente en este documento
una estrategia ya marcada, definida, y una acciones
recomendadas para que los gobiernos actúen. Acciones, por
tanto, además, elaboradas, como aquí también se ha dicho, por
expertos que han realizado un importante trabajo que nuestro
grupo conoce y valora claramente de forma positiva. Se
diseñan, en definitiva, acciones concretas para tratar de
rentabilizar la contribución de las mujeres al crecimiento
económico y al progreso social. Por tanto, no es necesario, y
así lo piensa nuestro grupo, que volvamos a encargar a otro
grupo de expertos un trabajo que ya está realizado y que es
susceptible, si hay voluntad política, de ser aplicado de
manera inmediata. Sólo se requiere, señorías, una clara
voluntad política para emprenderlas; y, en nuestro país, esto
es de máxima urgencia. Es de urgencia aplicarlas, dadas la
deficiencias estructurales que existen en el país, dada la
política fiscal, injusta con las familias, dada la realidad de
un Gobierno sin crédito que ha sumido al país en una crítica
situación económica y en donde es urgente precisamente acabar
con la parálisis y con el freno al despegue económico; un país
en donde, además, si esto es necesario en general para toda la
sociedad, lo es de una manera mucho más clara en relación con
las mujeres, porque nuestra tasa de actividad sigue siendo la
más baja de Europa. La tasa de paro femenino es del 31,32 y
¿saben, señorías, cuál es la media en Europa de paro femenino?
El 12 por ciento. Verdadera divergencia tiene nuestro país en
este terreno con Europa.
A ello hay que añadir toda una serie de discriminaciones
salariales, segregación profesional, sistema de valoración de
los puestos de trabajo injustos, inseguridad en el empleo y en
puestos de trabajo amenazados por los cambios estructurales
que se avecinan en muchas actividades de servicios,
arrinconados en la precariedad de unos contratos temporales, o
en el mal llamado contrato de aprendizaje, sin tener en cuenta
su conexión con la formación profesional, como esta tarde
quedó de manifiesto en esta Cámara. Mantener esta situación
sin plantearse más que un estudio no revela una voluntad de
abordar los problemas, ni siquiera, diría yo, revela mucha
inteligencia política, porque la baja actividad femenina en
España es un factor que va en contra de la realización de la
mayor competitividad que nuestro país necesita. Eso es algo
que está reflejado en este documento y en cuantos documentos
salen de la Unión Europea.
Señoría, porque creemos que no se puede precisamente perder el
tiempo, que hay que actuar, nuestro grupo presenta una
enmienda, que podíamos calificar de acción, puesto que
solicita poner en práctica una serie de medidas urgentes
recomendadas en el informe para dar solución a los principales
obstáculos que inciden en la integración social, económica y
laboral de la mujer. Así, solicitamos que se faciliten
servicios de cuidado, tales como guarderías laborales,
programas especiales durante las vacaciones escolares y de
atención a las personas mayores con la familia.
Solicitamos que se incremente la formación profesional de las
mujeres y el acceso a un aprendizaje continuado, que les
permita adquirir capac profesionales utilizables en cualquier
sector, dándoles también la posibilidad de mejorar sus
perspectivas salariales. En conexión con ella, la tercera
medida, que ha sido muchas veces reiterada por nuestro grupo:
fomentar la apertura, la diversificación de las mujeres a
nuestras opciones profesionales, medidas que, por cierto,
ustedes también recogen en el segundo plan de igualdad de
oportunidades que claramente se ha convertido en papel mojado.
La cuarta acción recoge distintas estrategias para resolver
las muchas discriminaciones salariales.
Son éstas, por tanto, señorías unas líneas de acción que
ayudarán a facilitar la integración laboral de la mujer en
términos de igualdad, y que están recogidas aquí, como líneas
de acción que se recomiendan para que las lleven adelante los
poderes públicos. No sólo no desconocemos el informe y su
contenido, sino que están incluso reproducidas textualmente
algunas de las acciones que aparecen recomendadas en este
informe.
Pedimos, por ello, el voto a favor de esta enmienda que
contiene propuestas concretas. Remitir simplemente a un
estudio es una disculpa continuada de este Gobierno. Para
crear el Fondo de garantía de pensiones era necesario también
un estudio, y cuando tienen ustedes
estudios los arrinconan y ponen la disculpa de que la
situación económica no permite sacar adelante una iniciativa
que es auténticamente demandada por muchas mujeres y así una y
otra vez. Se dedican ustedes a profundizar en los estudios
pero son incapaces de dar un paso adelante para actuar
decididamente. Remitir de nuevo a un estudio, que lógicamente
nadie se puede oponer a realizar es, en el fondo, continuar
con el estancamiento de los problemas sin que por parte del
Gobierno se quieran ofrecer soluciones realistas y posibles.
Tengo conocimiento no sólo de este informe, sino de otros
informes elaborados recientemente por el Ministerio de Asuntos
Sociales en los que se abordan también los problemas para la
integración de la mujer en el mundo laboral, los problemas que
tienen las mujeres y las madres trabajadoras, en línea, en
muchas ocasiones, con problemas detectados en este informe. Se
habla de alternativas; por tanto, estudiado está en
profundidad y por expertos. Lo que se necesitaba era no
continuar hundiéndonos en un estudio para luego ser incapaces
de sacar adelante, de ese pozo del estudio, las propuestas
concretas que las mujeres están demandando.
Nuestro grupo desearía que el Gobierno ofreciese algo más de
lo que quiere ofrecer a través de esta iniciativa; que
ofreciese soluciones reali Nuestro grupo ha tomado unas
cuantas iniciativas, las más urgentes, no las que se necesitan
en su totalidad para sacar adelante la adversa situación que
muchas mujeres están atravesando.
En sus manos está ahora dar un paso adelante para garantizar a
las mujeres el ejercicio de los derechos y libertades en
igualdad de condiciones. Está en las manos del equipo que
sustenta al Gobierno, y de las palabras de su portavoz
lamentablemente se desprende que van a continuar de nuevo
dilatando en el tiempo las soluciones urgentes que tantas
mujeres están demandando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores diputados, una breve intervención para manifestar que
mi grupo va la proposición no de ley que estamos tratando
esta tarde.
Estamos de acuerdo con la iniciativa, con su espíritu y con el
discurso que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista,
defendiendo la necesida marcha programas de reformas
estructurales que acerquen, nivelen e igualen a hombres y
mujeres ante todos los aspectos de la sociedad. Per obstante,
hacer una crítica desde el convencimiento y desde la simpatía
que nos merece la proposición no de ley que S.S. ha defendido
aquí.
Dice la proposición no de ley en su punto primero: Instar al
Gobierno a que encargue a un grupo de expertos la elaboración
de un estudio sobre cuáles podrían ser las acciones a poner en
marcha en nuestro país, para conducir el cambio estructural en
la línea del grupo de expertos de la OCDE y que se tenga en
cuenta el Instituto de la mujer y las ONG, así como otras
experiencias que haya en las comunidades autónomas.
Me parece, señoría, que su proposición no de ley podría y
debería ser un poco más valiente. Porque ¿quién es experto en
este país sobre los problemas de las mujeres sino las mujeres
y sus propias instituciones? Entiendo que los hombres expertos
en materia de sociología, de economía y de cualquier otra
disciplina pueden y deben decir su opinión, pero la iniciativa
la deben llevar las mujeres. Su señoría dice que no, y yo ante
su autoridad estoy por no seguir mi intervención, porque lo
que trato es de apoyarla. Si me dice que no, que deben ser los
expertos, que debe ser la OCDE, que deber ser los señores
quienes digan a las mujeres lo que deben hacer, en ese caso
acepto la corrección que S.S. me hace desde el escaño y me
limito a decir que vamos a votar a favor de la proposición no
de ley que ha presentado y defendido esta tarde.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
adelantando el anuncio de nuest a esta proposición no de ley,
pero, al mismo tiempo, haciendo una crítica a la misma.
Cuando llegó a nuestras manos el informe de expertos de la
OCDE acabábamos de aprobar en esta Cámara la reforma del
mercado laboral, y hacía p que habíamos planteado una
interpelación a la Ministra de Asuntos Sociales precisamente
sobre la incidencia que la reforma del mercado laboral y,
sobre todo, los contratos a tiempo parcial, planteaban a la
incorporación de las mujeres al mercado laboral. Este informe
hace mucho hincapié en las formas de contratación atípicas,
como así se denominan en el mismo, y después las plantea.
Habla de contratos a tiempo parcial, de las subcontratas, del
trabajo autónomo, y dice que este tipo de contrataciones puede
inhibir a que las mujeres accedan a un puesto de trabajo por
ser un sector marginal, porque las mujeres acceden a este tipo
de trabajo
pero son profesiones normalmente mal cualificadas, peor
remuneradas y, por tanto, fácilmente expulsadas del mercado
laboral, porque son las primeras de las que se puede
prescindir por su baja cualificación y menor coste. Nosotros
vamos a apoyar esta proposición no de ley con la esperanza de
que puedan servir para solucionar estos temas las críticas que
hemos venido haciendo precisamente en cuanto a la
desaparición, en los Presupuestos Generales del Estado, de las
partidas presupuestarias que venían a beneficiar, por ejemplo,
a las guarderías laborales --y que han desaparecido en los
presupuestos de 1995--; a la falta de una formación
profesional adecuada que vaya generando una dinámica de
preparación hacia las mujeres durante toda la vida --como
también dice el informe-- y reclamando reiteradamente; y a la
adecuación de las estructuras, no solamente de las
infraestructuras necesarias para la incorporación de las
mujeres al mercado laboral, como guarderías, centros para
atención a personas mayores, sino la adecuación de las
estructuras económicas de la sociedad, que realmente son las
que están impidiendo que las mujeres puedan acceder en
igualdad de condiciones al mercado laboral.
Precisamente cuando el informe habla de la flexibilidad del
empleo, termina diciendo en una de sus partes que se ha
entendido la flexibilidad la mayoría de los Estados de la
OCDE --y además en algunos medidas adoptadas por los propios
gobiernos han incitado a ello-- como la contratación en
precario, no como una flexibilidad de horario, que la puede
tener perfectamente un hombre o una mujer cuando están en edad
fértil o tienen niños pequeños a su cargo o personas mayores,
adecuando la estructura para acumular las horas trabajadas en
determinados días de la semana; o sencillamente como poder
acceder, sin pérdida de derechos, a una jornada reducida, que
no a un contrato a tiempo parcial. Esos temas son los que
creemos importantes, no solamente el de las infraestructuras
sino el del cambio de las estructuras.<ð De ahí, señorías,
que nosotros tengamos la esperanza de que este informe haga
reflexionar al Gobierno y se dé cuenta de que precisamente
determinadas políticas que se vienen desarrollando y que nos
afecten a las mujeres y a la sociedad en general están siendo
perjudiciales precisamente para nuestra incorporación en
igualdad de condiciones al mercado laboral y a cualquier tipo
de actividad, no solamente la laboral, sino a la participación
política o social de las mujeres en nuestra sociedad.
Por eso, señorías, creemos que es necesario hacer el informe,
no solamente incorporando las medidas que se deben adoptar, y
que nosotros vamos a seguir defendiendo, de generar más
infraestructuras, más inversión por parte del Estado en
formación profesional, en adecuación de las infraestructuras
existentes, en mejora de los centros que en estos momentos ya
existen y en aumento de los mismos, sino que además este
informe debería hacer recapacitar sobre algunas medidas y
sobre el modelo económico que el Gobierno viene defendiendo
hasta ahora.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Señora Pelayo, ha espresado durante su intervención el rechazo
de la enmienda del Grupo Popular. Vamos, por tanto, a proceder
a la votación. (Pausa.)
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre cambio
estructural e igualdad de oportunidades para las mujeres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 274; a favor, 274.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE REGISTROS Y CACHEOS
DE INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS (Número de expediente
162/000138)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre registros y cacheos de internos en centros
penitenciarios.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, qué duda cabe que incorporar con cierta habitualidad
a los trabajos de esta Cámara expresiones y contenidos que
afecten a la situación de aquellas personas sometidas a penas
de privación de libertad y que cumplen sus condenas en centros
penitenciarios constituye, por la especial circunstancia a la
que se encuentran sometidas estas personas, una expresión
clara de solidaridad y de fidelidad a los más elementales
valores de una cultura democrática. En este sentido la
proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario
Popular pretende esencialmente contribuir a una mejora de
nuestro ordenamiento jurídico, sustanciando hoy una
declaración de voluntad política que posteriormente, pueda ser
incorporada, en su detalle técnico y jurídico, en la reforma
del nuevo reglamento penitenciario que en estos momentos se
encuentra en fase de elaboración y de estudio.
Desde esta consideración, se comprenderá fácilmente que, a
juicio de nuestro Grupo, nuestra iniciativa es útil para
introducir en esa futura reforma reglamentaria los
contenidos que en materia de registros y cacheos de internos
en centros penitenciarios ha venido afirmando el Tribunal
Constitucional; es útil, igualmente, para garantizar el
respeto a los derechos fundamentales de las personas sometidas
a penas de privación de libertad; es útil para explicitar la
presencia del órgano jurisdiccional en el control de la
aplicación de tales medidas y, por tanto, en el mejoramiento
de la tutela de estos derechos fundamentales; y, finalmente,
es útil para reforzar el grado de seguridad jurídica de los
funcionarios penitenciarios que, en el ejercicio de sus
cometidos profesionales como tales, deben llevar a la práctica
estas medidas.
Como bien se comprenderá, desde la perspectiva de nuestro
Grupo esta iniciativa tiene su cimentación en una serie de
presupuestos conceptuales que podríamos enumerar en los
siguientes términos. En primer lugar, que la pena privativa de
libertad no deja sin efecto los derechos fundamentales de las
personas a las que aquélla se impone. En segundo lugar, que la
garantía de observancia de esos derechos fundamentales se
actúa a través del control que en el ámbito penitenciario
ejercen los juzgados de vigilancia. En tercer lugar, que bajo
cualquier previsión legal que afecte a derechos fundamentales
de las personas sometidas a penas de privación de libertad,
sólo se pueden instrumentar medidas que tengan un carácter
excepcional, proporcional y motivado. En cuarto lugar, que las
medidas regimentales legítimamente dictadas por la autoridad
penitenciaria para asegurar el buen orden y la convivencia en
el interior de los establecimientos no pueden entrañar en
ningún caso por la vía de hecho la imposición directa o
indirecta de contenidos aflictivos añadidos a los de la
sentencia. Y, en quinto lugar, que bajo ningún concepto cabe
suplir los vacíos, las lagunas o las imprecisiones de nuestro
ordenamiento penitenciario en materias que afecten a derechos
fundamentales por meras vías de resoluciones de naturaleza
administrativa.
Junto con lo dicho, es obvio que algunos otros recordatorios
merecen ser trazados hoy aquí: que es deseable exigir de
nuestra legislación peni esfuerzo de rigor y de detalle
conceptual en todo aquello que concierna a regulación de
prácticas o supuestos en los que pueda someterse a algún grado
de excepción el contenido básico de un derecho fundamental;
que la práctica de registros y cacheos corporales, por su
propia naturaleza y por la afección que supone del derecho a
la intimidad, no puede ser nunca concebida ni como un método
habitual ni como expresión sancionadora; que en la formulación
específica del modo concreto en que ha de actuarse esta
práctica se ha de prescindir necesariamente de toda forma que
pudiere comportar un menoscabo del respeto inorillable a la
dignidad individual de los internos; que el desarrollo de
cualquier exploración corporal que suponga desnudos, flexiones
o intervención siempre --y de ahí también el sentido de
nuestra proposición-- contar con la correspondiente garantía
judicial. Y finalmente, que la verificación de estas prácticas
de registros y cacheos exige, como viene sucediendo en la
generalidad de los casos, a pesar de alguna notable y triste
excepción, de la observancia de una especial sensibilidad en
las formas por parte de aquellos funcionarios penitenciarios
que deben llevarlas a efecto.
Pues bien, en la actualidad, sin embargo, y a pesar de estar
hablando de una práctica o medida que comporta una afección a
un derecho fundamental, sin embargo, digo, hoy nuestra
legislación está falta de una adecuada regulación de dichas
prácticas. Tan sólo en el artículo 23 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria se establece un límite importante, sin
duda fundamental pero genérico, al hacer referencia al debido
respeto que en la ejecución de tales prácticas se debe tener
en relación con lo que son los límites básicos de la dignidad
individual. Sin embargo en el propio texto de la Ley Orgánica
General Penitenciaria se establece una remisión a la posterior
regulación reglamentaria de estas prácticas sin que después,
en el texto del reglamento penitenciario, esa regulación en
detalle se haya llevado a efecto, limitándose, única y
exclusivamente, a reproducir la propia frontera genérica que
traza la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Cierto es, sin lugar a dudas, que cabe entender que ese
imperativo genérico establecido en la Ley Orgánica General
Penitenciaria, en lo que concierne a la vinculación del límite
de tales prácticas con lo que son los contenidos exigibles de
respeto a la dignidad individual, debe implicar una
interpretación restrictiva de tales prácticas, pero no menos
cierto resulta que en cuestiones, como ésta, conviene en todo
caso evitar o suplir cualquier vaguedad normativa que por su
propia condición de tal pudiera permitir alguna forma de
actuación espuria por parte de alguna autoridad o funcionario
que desde luego nadie desea y que en el compromiso y en el
ánimo de todos está el evitar.
Precisamente y en consecuencia con esto, el informe del
Defensor del Pueblo correspondiente a 1994 traza una serie de
recomendaciones que nosotros hoy básicamente hemos querido
incorporar a nuestra iniciativa. Dice el Defensor del Pueblo
que es imprescindible una mejor regulación legal de estas
prácticas. Dice el Defensor del Pueblo que la comunicación
inmediata de la aplicación de las mismas al juzgado de
vigilancia deviene en garantía inevitable. Dice el Defensor
del Pueblo que la extensión a estos supuestos de las
previsiones de garantía ya contenidas en nuestra legislación
penitenciaria en relación con las prácticas previstas en el
artículo 45 de la Ley Orgánica, en lo que afectan al derecho a
la integridad de las personas, debe ser igualmente incorporada
a esa predicada reforma reglamentaria.
En su consecuencia, señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo parlamentario Popular entiende que con la
iniciativa que Cámara estamos sin lugar a dudas contribuyendo
de una manera explícita a hacer más real y más auténtico ese
objetivo resocializador y reeducacional que nuestra
Constitución prevé para las penas privativas de libertad.
Pero yo no puedo abandonar hoy esta tribuna --si me lo
permiten SS.SS.-- sin hacer una referencia muy singular a algo
que yo creo que añade a la justificación conceptual en sí de
esta iniciativa un valor de oportunidad muy singular. La
semana pasada desde esta mismatribuna alguien, falsa y
espuriamen un igualmente falso y espurio debate sobre derechos
fundamentales de los internos. Probablemente lo hicieron, en
expresión del señor Presidente, con esa interpelación coral
que les da su falta de respeto a la legitimidad democrática, a
los valores de la paz, de la concordia, de la convivencia, del
Estado de derecho y de la libertad. Nosotros hoy, con la
legitimidad que nos da --como la tienen todos los grupos
parlamentarios-- el respeto y nuestro compromiso con esos
valores esenciales de la paz, de la libertad, de la
convivencia, de la tolerancia, de la fidelidad al Estado de
derecho, planteamos un auténtico debate sobre una parte del
equipaje de derechos fundamentales de los internos, que en su
condición de seres humanos y de ciudadanos no pueden nunca
quedar sometidos a ningún género de excepción espuria que no
sea de excepción legal.<ð Hoy un insigne miembro del Grupo
Parlamentario Socialista, ex Ministro de Justicia, recordaba -
-yo creo que con acierto-- la tesis de ese viejo profesor, de
ese viejo maestro de la teoría socialista, Jaurès, cuando
afirmaba que el valor de las instituciones lo da siempreel
hombre. Nosotros hoy con esta iniciativa queremos contribuir a
que el valor de la institución penitenciaria lo dé el respeto
y el compromiso de todos los grupos de esta Cámara con esos
derechos fundamentales de las personas que, sometidas a penas
de privación de libertad, ni hacen renuncia ni nadie puede
hacer que renuncien de su condición de seres humanos y de
ciudadanos.
Muchas gracias. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro.
A la proposición no de ley del Grupo Popular han presentado
enmiendas los Grupos de Coalición Canaria, Socialista e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, el
Grupo de Coalición Canaria ha presentado cuatro enmiendas a
esta iniciativa que nos ha traído aquí oportunamente el Grupo
Parlamentario Popular. Digo oportunamente porque ha sabido
recoger las indicaciones, incluso reiteradas en informes
anuales, del Defensor del Pueblo ante esta Cámara.
Concretamente en el informe del año 1993 --como bien ha dicho
el portavoz del Grupo Popular-- el Defensor del Pueblo ya
advertía a esta Cámara de la situación en la que se encuentran
para la garantía de sus derechos humanos presos que son
sometidos a prácticas de registros y cacheos, en razón de los
requisitos que la Ley General Penitenciaria y el reglamento
penit a la institución de Instituciones Penitenciarias, que al
tiempo de velar por la seguridad y custodia de los presos,
tiene que garantizar una convivencia ordenada en el ambiente
interno de la prisión, pero con una sujeción al respeto de los
derechos humanos, esos derechos humanos que de una forma
genérica se invocan precisamente para salvar la dignidad
individual y el derechoa la intimidad, pero que de ninguna ma
procedimental y, por tanto, reglamentaria, tienen que
salvaguardarse.
Nuestras enmiendas, coincidiendo plenamente con el fondo de la
proposición no de ley del Grupo Popular, que vamos a suscribir
plenamente, tratan de adicionar algunas cuestiones, dirigidas
a paliar las deficiencias que tiene actualmente el reglamento
penitenciario. A la vista de la enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista, dado que la que presenta el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya está en la misma constelación de los derechos
humanos y de la dignidad para todo lo que sea el tratamiento
del preso frente, en este caso, a las pruebas radiológicas --
en el nuestro, referido, además de a las pruebas radiológicas,
a las flexiones--, no tendríamos inconveniente en retirar
nuestras enmiendas, porque están en la misma línea de lo que
plantea el Grupo Popular, y, sin embargo, donde había que
hacer las modificaciones es precisamente en el reglamento
penitenciario, que es a lo que veo que se dirige la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, anuncio desde
la tribuna, señor Presidente, que de ser aceptada la enmienda
del Grupo Socialista por el Grupo Popular, nosotros
retiraríamos las enmiendas; si no las mantendríamos como
complementarias a la propuesta del Grupo Popular, en el bien
entendido que el propio punto número 1 que plantea el Grupo
Popular, al que hemos presentado nuestra primera enmienda, ya
hace referencia a «incorporar al Reglamento penitenciario», lo
que quiere decir que hay que modificar el reglamento
penitenciario con la correspondiente propuesta o proposición
de ley que salga de esta Cámara, bien a iniciativa del
Gobierno, bien a iniciativa de los grupos parlamentarios.
Nosotros pedimos con esta enmienda la presencia de un médico
en toda actuación que se haga sobre los presos,
porque tenemos una tremenda reserva, porque el reglamento no
lo señala, sobre la información de cómo se realiza en algunas
prisiones españolas lo que se llama la prueba de las
flexiones. Ahí los derechos humanos pueden ser conculcados, yo
diría que a veces involuntariamente, la dignidad individual y
el derecho a la intimidad se pueden ver conculcados por lo que
se denomina en el argot por los propios presos «la prueba de
las flexiones» o con otra palabra que por recato en el léxico
no digo aquí. Así, estamos atentando contra ese principio de
la dignidad personal.
Nosotros queremos que el reglamento penitenciario dé garantías
de estos derechos humanos utilizando dos figuras
fundamentales: la del médico --el médico forense o el médico
de la prisión-- y la de la tutela judicial, ejercida
fundamentalmente por el juez de vigilancia penitenciaria. Nos
congra Grupo Parlamentario Popular haya recogido las acertadas
y atinadas observaciones del Defensor del Pueblo en el informe
de 1993 --de aquí una d de este informe que yo quiero
resaltar--, de que es necesario que el juez de vigilancia
penitenciaria esté en el antes, yo diría que incluso en el
durante y en el después de las prácticas. Esto, lo vuelvo a
reiterar, hay que llevarlo al reglamento penitenciario. Todas
estas prácticas que conlleven pruebas radiológicas, con el fin
de evitar sobrecarga de radiaciones, que conlleven flexiones,
que ojalá desaparezcan del reglamento, y todo lo que implique
cacheos y registros para los que se exija el desnudo integral
de presas y presos pedimos que sea hecho con pleno respeto a
la dignidad humana.
Este es un valor político fundamental al que nosotros, desde
la Cámara, tenemos que responder con una sensibilidad
exquisita. La Ley General Penitenciaria señala que no se puede
agravar la pena que sufre por condena un preso con ninguna
otra práctica más allá de su propia restricción de la
libertad. Este es un principio que dignifica a una sociedad de
derecho, donde los valores democráticos se ennoblecen no
solamente con el respeto sino con la asunción de los
principios de los derechos humanos, y, por tanto, el juez de
vigilancia penitenciaria tiene que tener aquí un papel
predominante. Ojalá vía de la aprobación de esta iniciativa
del Grupo Popular, que apoyamos, o vía de enmienda que propone
que la modificación se haga en el reglamento penitenciario, se
recojan estos principios, que guían tanto al proponente como
las enmiendas que aquí se traen.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender la enmienda del Grupo Socialista a esta
proposición no de ley del Grupo Popular que tiene un objetivo
en principio bastante razonable y es colmar una especie de
laguna que se advierte en el reglamento penitenciario en
relación con la regulación de lo que son las medidas de
registro y de cacheo, en garantía del orden y la seguridad en
los centros penitenciarios y también en evitación de la
comisión de posibles delitos. Es verdad que la Ley
Penitenciaria hizo, en su día una remisión al Reglamento
Penitenciario, quizá con la intención de que apareciera una
regulación más amplia, más precisa, y que el Reglamento, en su
momento, a diferencia de otras situaciones que se producen
habitualmente en los centros penitenciarios, no recogió, de
una manera precisa y completa, cuál debe ser el régimen de los
registros y de los cacheos. Por tanto, en principio, no es de
extrañar que el Defensor del Pueblo haya insistido en ello,
fundamentalmente en el informe del año 1993, y que este tema
haya sido una preocupación compartida por los grupo
parlamentarios, así como por el propio Gobierno y por la
Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias que, a
través de circulares e instrucciones, ha intentado acotar y
delimitar la práctica de los registros y cacheos conforme a lo
que son las previsiones de la propia Ley Penitenciaria y de
orden constitucional, que no podían ser otras que el respeto a
la dignidad de las personas y al conjunto de derechos
fundamentales que puedan verse afectados, entre otros,
lógicamente, el derecho a la intimidad. Es verdad también que
siempre que abordamos este tipo de cuestiones nos movemos en
un terreno de cierta complejidad jurídico-constitucional, nos
movemos en el terreno de la complejidad, ya que el artículo 25
de la Constitución establece que las personas privadas de
libertad no tienen más limitaciones que aquéllas derivadas de
la propia condena y de su situación de privación de libertad,
pero que también tienen unas ciertas limitaciones --creo que
dice textualmente la Constitución--: las previstas en la Ley
Penitenciaria. Es verdad también que, en el derechos
fundamentales y libertades públicas, existen diversos
supuestos que la Ley Penitenciaria limita, afecta y
condiciona, en aras de la seguridad del centro y de la
seguridad pública en general. Y conviene reiterar una vez más
que la Ley Penitenciaria establece esto, con carácter general,
desde una perspectiva progresista. Creo que es una ley
progresista, lo hemos dicho muchas veces, y, por tanto, todo
lo que sea perfeccionar una ley de esta orientación y de esta
naturaleza es un buen paso.
También conviene dejar constancia de que, en general, en la
práctica de nuestras prisiones, la actuación de los
funcionarios del Cuerpo de Prisiones suele ser respetuosa; ha
habido escasos supuestos de conflictos con respecto a lo que
deben ser los registros y cacheos por parte de ese personal y
el respeto al derecho a la intimidad. Pero no es menos cierto,
y conviene recordarlo
aquí, porque si no seguramente no hablaríamos con la
sinceridad adecuada, que, en muchas ocasiones, desde esta
misma tribuna, hemos oído a diversos grupos parlamentarios
reclamar una política más beligerante, más firme, por ejemplo,
en el control de la entrada de sustancias tóxicas y
estupefacientes en las prisiones, que sabemos que son el caldo
de cultivo para estas actuaciones, y que, por tanto, nos
movemos en un terreno donde el equilibrio es complejo y
difícil. Pero no va a ser el Grupo Socialista el que ponga ni
un sólo reparo a lo que sea detallar, delimitar y profundizar
en un sistema garantista para nuestro ordenamiento
penitenciario. Lo hay hoy, y si en un punto concreto --
seguramente se encontrarán pocos-- hay que dar el paso, el
Grupo Socialista está dispuesto a actuar conforme a lo que ha
venido siendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En esa línea hemos presentado una enmienda que entendemos que
recoge este tema con una mayor claridad y con una mayor
amplitud, puesto que no olvidar que, estrictamente, estamos
haciendo un mandato político al Gobierno, le estamos instando
para que ejerza la potestad reglamentaria, para que desarrolle
una reglamentación específica, y, por tanto, no pensamos que
deba haber una regulación muy concreta, sino que,
fundamentalmente, se recojan los principios básicos de esa
regulación que debe hacerse en el Reglamento. Por ello, como
decía, hemos presentado una enmienda, por la cual, recogiendo
en buena medida, salvo el punto 3, con alguna matización que
añadiré a continuación, el punto 2, creemos que intenta dar
satisfacción al objetivo de lo que ha sido el informe del
Defensor del Pueblo y a lo que puede deducirse en cierta
medida, en cierta medida --insisto-- de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional El Grupo Socialista, por tanto, afirma
en su enmienda que «insta al Gobierno a que, en el plazo más
breve posible, apruebe una modificación del Reglamento
penitenciario por la que se regule de modo más preciso la
forma en que debe efectuarse la práctica de registros y
cacheos sobre las personas de los internos, conforme a la
jurisprudencia constitucional».
Creemos que, realmente, esta redacción y el sentido de esta
especie de mandato político al Gobierno recoge con suficiente
amplitud, sin que el Grupo Socialista prejuzgue el mecanismo
concreto, lo que debe ser la regulación específica de los
principios que ha venido estableciendo la jurisprudencia
constitucional, de proporcionalidad, de excepcionalidad y sin
prejuzgar, incluso, la tutela judicial.
Nuestro sentido es que tengamos la suficiente amplitud para
que el Gobierno reglamentariamente pueda hacer una regulación
de una materia que es compleja por su naturaleza, que
técnicamente, desde el punto de vista jurídico, exigirá
seguramente distinguir diversos supuestos de registros y
cacheos; garantizar, es verdad, la seguridad jurídica de los
funcionarios de prisiones que la practiquen, y también no
impedir --como bien afirma la jurisprudencia del propio
Tribunal Constitucional-- los principios de deber que tiene la
Administración penitenciaria de velar por el orden y la
seguridad de los establecimientos, a través del
establecimiento de los oportunos controles para impedir que
las comunicaciones íntimas (que es el supuesto, en última
instancia, que ha dado lugar a esta proposición no de ley)
puedan ser ocasión de introducir objetos peligrosos o
sustancias estupefacientes con evidente riesgo para la salud y
la integridad física de los internos y para la seguridad y
buen orden del centro.
Creo que, desde esa perspectiva, un mandato en esta
proposición no de ley en la línea de lo que ha presentado como
enmienda el Grupo Socialista puede perfectamente recoger la
aspiración global de la Cámara, el sentido del informe del
Defensor del Pueblo y la voluntad política también --¿por qué
no decirlo?-- del Gobierno, que en ningún momento ha neg
exigiría una reforma legal, una reglamentación más concreta y
detallada en materia de registros y cacheos. De hecho, por la
vía de la circular e instrucción --como antes decía-- está ya
efectuando esa línea de trabajo.
Deseamos, por tanto, que se reflexione seriamente sobre esta
enmienda desde la perspectiva de que creemos que el punto 3
está un poco fuera de la naturaleza de las cosas, en relación
con lo que básicamente la proposición no de ley pretendía y
que con este tipo de acuerdo yo creo que, globalmente, la
Cámara estará afirmando, en primer lugar, que tenemos un buen
ordenamiento penitenciario, en todo caso estamos en un trámite
de completar una materia concreta que puede en algún supuesto
concreto afectar al núcleo básico de un derecho fundamental
como es el derecho a la intimidad (no todo registro y cacheo
«per se» afecta a ese derecho, conviene dejarlo muy claro
aquí), y que la seguridad jurídica, tanto de las personas
privadas de libertad como de los funcionarios, debe estar lo
más garantizada posible.
Con ello daremos un paso razonable y positivo en el
perfeccionamiento del ordenamiento penitenciario.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Rodríguez Zapatero.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
la señora Aguilar
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías,
intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo
Parlamentario en torno a presentada por el Grupo Popular y
defender la enmienda que el Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ha presentado a la referida
proposición.
Creemos que la proposición que hoy presenta el Grupo Popular
en esta Cámara viene, lógicamente, por otra
parte, a plasmar algo que ya estaba contemplado en el informe
de 1993 que el Defensor del Pueblo presentó en esta Cámara; lo
que venía en ese informe ha sido, digamos, copiado
literalmente en esta proposición no de ley; tanto es así que
incluso los reales decretos que se mencionan en la misma han
sido ya derogados por el Reglamento de Protección contra
radiaciones ionizantes de 24 de enero de 1992.
No obstante, hay que decir también que el informe presentado
por el defensor del Pueblo ante esta Cámara en su momento
estaba basado en un tiempo político en el que fue Director
General de Instituciones Penitenciarias el señor Asunción y
que en ese tiempo hubo un abuso frecuente de los medios que
ahora pretende reglamentar la propia proposición no de ley;
abusos que originaron fuertes conflictos, serios conflictos
con los juzgados de vigilancia penitenciaria, que dieron lugar
en aquel momento a jurisprudencia variada que exigía que
cualquier medida impuesta a internos que pudiera vulnerar su
derecho a la intimidad --que es lo que se trata de preservar--
fuera motivada y puesta en conocimiento de los juzgados de
vigilancia penitenciaria, encargados estos juzgados, en este
caso, de velar por los derechos fundamentales de los internos.
Es verdad, y hay que constatarlo en el momento del debate, que
precisamente esa jurisprudencia que existe en la actualidad ha
minimizado los efectos perniciosos de los registros y cacheos
que se venían dando en el ámbito de los centros
penitenciarios. Pero nos parece, así y todo, oportuna la
proposición no de ley que se presenta en esta Cámara por parte
del Grupo Popular, porque introducir esos criterios en el
Reglamento Penitenciario nos debe permitir conseguir la
limitación y control de los posibles abusos que aún hoy se
pudieran cometer con los registros y cacheos que se llevan a
efecto en el interior de los centros penitenciarios.
En ese sentido, ya es práctica usual en esos centros la
comunicación al juzgado de vigilancia de las medidas de
control, es decir, de la utilización de medios coercitivos,
sprays, aislamientos, la porra, etcétera. Y también es cierto
que en el anteproyecto del nuevo reglamento se equipara el
registro y el cacheo a las medidas que acabo de citar de
control de los internos y su obligatoria comunicación al
juzgado de vigilancia penitenciaria, precisamente para su
control.
Pero decía que esta proposición no de ley nos parece oportuna
porque permite al Parlamento, por un lado, anticiparse al
propio borrador de reglamento y, por otra parte, asegurar, tal
como se solicita en la proposición no de ley, que quedarán
esos criterios y esos conceptos que ella misma encarna
explicitados en el Parlamento. Estamos dando un mandato y para
que se incorpore al Reglamento Penitenciario es necesario que
hoy nos anticipemos, incluso antes de que el borrador se ponga
sobre la mesa para su discusión, con el objetivo de incorporar
esos criterios que a nosotros nos parecen básicos y
fundamentales para reglar, asegurar y dar garantías
suficientes a los registros y cacheos que han de hacerse en el
ámbito de los centros penitenciarios.
Ahora bien, hemos presentado una enmienda a esta proposición
no de ley porque desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no
nos parece adecuado equiparar los registros y cacheos
ordinarios a lo que son las pruebas radiológicas. En ese
sentido, consideramos que las pruebas radiológicas tienen una
finalidad de diagnóstico clínico que deben ser utilizadas en
situaciones excepcionales, cuando no haya ya otros medios, y
que sea imprescindible realizarlas, y que se deben hacer en el
contexto de la previa autorización judicial. Creemos por
tanto, que cualitativamente hay una diferencia importante
entre lo que son pruebas radiológicas hechas con carácter
excepcional, cuando no haya otros medios y siempre con previa
autorización judicial, con lo que son registros y cacheos, en
los que lo que tiene que haber, desde nuestro punto de vista,
es una mera comunicación al juez de vigilancia penitenciaria,
una vez acontecidos dichos registros, dichos cacheos.
En ese sentido, creemos que en las pruebas radiológicas
también incide el derecho a la salud, además del derecho a la
intimidad. Prueba de ello es que existe una normativa
específica de utilización de las pruebas radiológicas. Por
ello creemos que ambos conceptos deben separarse, no deben
unirse. Justamente en ese sentido va a incidir la enmienda que
ha presentado nuestro Grupo Parlamentario, que creemos que
mejora sustancialmente la proposición no de ley, la precisa y
no la desvirtúa, sino que va a incidir en los contenidos
básicos y fundamentales de la misma, por lo que esperamos que
sea aceptada por el Grupo proponente.
Nos parece fundamental que en la proposición no de ley que
ahora debatimos se incorporen tres elementos fundamentales,
desde nuestro punto de vista yo diría que esenciales: por una
parte, el que se va a regular, los registros y cacheos y las
pruebas radiológicas, en lo que es el Reglamento
Penitenciario; se va a introducir en el Reglamento y, por
consiguiente, ya no va a existir una laguna, como en la
actualidad, que ha tenido que ser cubierta por la
jurisprudencia en función de los abusos de esas prácticas que
ha habido en 105 centros penitenciarios.
En segundo lugar, nos parece fundamental que garanticemos,
desde el Parlamento y a través de esta proposición no de ley,
que los registros y c comunicados al juez de vigilancia
penitenciaria. No nos parece adecuada la fórmula de dejarlo
abierto para que Instituciones Penitenciarias regule, como
quiera y cuando le venga en gana, todo lo relativo a las
pruebas radiológicas, a registros y a cacheos.
En tercer lugar --que es donde incidía la enmienda de nuestro
Grupo Parlamentario--, nos parece fundamental que algo que ya
se está haciendo como práctica
habitual quede reglado y reglamentado, autorización previa del
juez de vigilancia penitenciaria para practicar las pruebas
radiológicas, entendiendo esto como un método totalmente ex
cuando sea absolutamente imprescindible y cuando no haya otros
medios que sustituyan a este excepcional.
Nos parece que son los tres elementos necesarios para que de
verdad la proposición no de ley saliera con garantías
suficientes de este Parlamento, para que sepamos que van a
quedar incorporados los tres al nuevo Reglamento y que este
Parlamento hace no sólo una proclamación de buena voluntad en
el sentido de hacer notar estos elementos esenciales y
fundamentales para que sean incorporados al Reglamento, sino
que vamos más allá, a la comunicación y a la autorización
judicial en el caso de las pruebas radiológicas, haciendo una
separación, que nos parece fundamental y esencial, entre
registros y cacheos y pruebas.
Esto es lo que persigue nuestra enmienda. Nos quedaríamos
cortos y se truncaría una oportunidad objetiva a nivel
parlamentario si al final no los tres elementos, que, por
otra parte, quedaban ya reseñados y señalados en la propia
proposición no de ley del Grupo proponente, y dejáramos sólo
un enunciado general para que, al final, nos viniera de
Instituciones Penitenciarias, en este caso del Ministerio de
Justicia e Interior, lo que consideraran conveniente regular y
reglamentar. Nos parece que sería mucho más oportuno,
necesario e imprescindible aprovechar el contexto de la
proposición no de ley para, al menos, introducir esos tres
conceptos que nos parecen mínimos y básicos para garantizar la
reglamentación de algo tan importante, de lo que se ha
abusado. Esperamos que con esta proposición no de ley se corte
definitivamente en los centros penitenciarios el abuso de
registros y cacheos indiscriminados, en malas condiciones y
sin preservar el derecho a la intimidad, el derecho personal
de los propios reclusos que han sido objeto de estos cacheos.
Para concluir nuestra intervención, esperamos que el Grupo
proponente sea sensible al objetivo fundamental de nuestra
enmienda, la acepte y podamos llegar a un consenso en la
Cámara que permita tener esos tres elementos a los que nos
hemos referido en nuestra intervención como imprescindibles
para introducir en el Reglamento General Penitenciario.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Aguilar.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la iniciativa del Grupo Popular nos parece
interesante y nos gustaría votar favorablemente, puesto que
plantea, como se ha dicho ya en el debate, un tema de
reconocimiento de derechos fundamentales de dignidad de la
persona, que, si bien analizamos el marco normativo vigente,
vemos ya que tanto en la Constitución Española como en la Ley
Orgánica General Penitenciaria existen elementos que habrían
de ordenar suficientemente la actividad penitenciaria para que
no se produjeran supuestos como los que hoy aquí se han
mencionado. Así, el artículo 15 de la Constitución prohíbe el
trato vejatorio y degradante; el artículo 10 reconoce la
dignidad de la persona Constitución consagra el derecho a la
intimidad personal.
La Ley Orgánica General Penitenciaria ha establecido que las
actuaciones penitenciarias deben llevarse a cabo en doble
sentido siempre: respetando, en primer lugar, la personalidad
humana de los recluidos y, en segundo lugar, los derechos e
intereses de los mismos no afectados por la condena. Asimismo,
también el Tribunal Constitucional ha establecido una
jurisprudencia al respecto, en la que la intimidad personal
forma parte de la intimidad corporal, y también ha pedido un
equilibrio en torno a la figura del registro personal, en el
sentido de que es un medio necesario para la protección de la
seguridad y el orden de un establecimiento penitenciario, pero
también reclama que estas medidas se han de relacionar siempre
con el derecho a la intimidad de los reclusos. Por tanto, de
adoptarse tal medida, es preciso ponderar adecuadamente y de
forma equilibrada, de una parte, la gravedad de la intromisión
que comporta en la intimidad personal y, de otra, si la medida
es imprescindible para asegurar la defensa del interés público
que se pretende proteger.
De todos estos elementos y del debate que se ha mantenido
hasta este momento, nuestro grupo deduce que el texto de la
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista sería el que
podría producir mayores unanimidades. Por consiguiente, de ser
aceptada por el grupo proponente, nuestro grupo votaría a
favor de la misma.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Señor Gil Lázaro, tiene la palabra para indicar si acepta o no
las enmiendas presentadas por los grupos de Coalición Canaria,
Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, quiero
agradecer, desde luego, tanto al portavoz del grupo que ha
fijado su posición como a los portavoces de los grupos que han
querido contribuir explícitamente a este debate, las
aportaciones realizadas.
Yo quisiera simplemente señalar que en el ánimo de este grupo
parlamentario está el deseo de incorporar a un texto
definitivo todas esas aportaciones precisamente por considerar
que el valor de esta declaración política hoy, como bien
señalaba la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, debe explicitar esta Cámara para posteriormente ser
desarrollada en la futura reforma reglamentaria. El valor de
esta declaración es precisamente que sea compartida por todos
los grupos parlamentarios. Comprenderán que es un ejercicio
especialmente difícil en un texto poder realizar esa síntesis.
Yo agradezco al portavoz de Coalición Canaria que entienda que
sus enmiendas quedarían reflejadas en el texto de la enmienda
presentada por el Grupo parlamentario Socialista en el
supuesto de que nosotros admitiéramos esa enmienda. Y nosotros
vamos a admitir la enmienda presentada por el Grupo
parlamentario Socialista, siempre y cuando en este acto
admitan un añadido transaccional, por cuanto que consideramos
que en los términos de esa sola enmienda probablemente, con
toda seguridad, esta declaración política que hoy debe
formular la Cámara se quedaría corta.
La garantía de tutela de esos derechos fundamentales de los
internos --en este caso el derecho a la intimidad-- debe tener
en este caso un dob to: un momento previo, precisamente a
través de una regulación reglamentaria con detalle de los
supuestos, de las formas, de los modos. A ese fin se orienta,
sin lugar a dudas, la enmienda presentada por el Grupo
parlamentario Socialista, pero nosotros entendemos también que
el completo, en todo en ese sistema de garantía, se articula
desde un momento igualmente posterior; es decir, desde el
control --control inevitable, como señala algún teórico-- que
los órganos jurisdiccionales competentes ejercen de esa
previsión normativa. En este sentido, creemos que esta
declaración será completa en tanto en cuanto ambos momentos
puedan articularse en un mismo contenido.
Por tanto, propondríamos al portavoz del Grupo Socialista que,
a partir del texto final de su declaración, se sustituyera el
punto por una coma, indicando que se incorporará en dicha
reforma la comunicación motivada al juez de vigilancia
penitenciaria en aquellos registros o cacheos que impliquen
desnudo o pruebas radiológicas.
Nos parece que, desde esta consideración general, podríamos
haber articulado ya un primer momento de coordinación entre el
texto presentado por Coalición Canaria, el texto propuesto por
el Grupo Socialista y el sentido básico del texto de nuestra
proposición.
Yo quisiera pedir al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
que, si el Grupo Socialista acepta la adición que sobre su
enmienda acabamos de formular, en este texto común se pueda
ver reconocido también...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro,
termine, por favor.
El señor GIL LAZARO: Termino.
Digo que se puede ver reconocido también en su propia
enmienda.
El Grupo Parlamentario Popular suscribe absolutamente toda la
argumentación que aquí ha expuesto la portavoz del Grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Cierto es que ya en este
momento se está procediendo...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro,
termine. Está perfectamente entendida la intención.
El señor GIL LAZARO: Sí, señor Presidente, pero es muy difícil
intentar casar cuatro enmiendas en un solo texto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es que el turno es
sólo para indicar la aceptación o rechazo.
El señor GIL LAZARO: Señora portavoz del Grupo parlamentario
de Izquierda Unida, suscribimos íntegramente su enmienda, le
pedimos que, en el supuesto de que el Grupo parlamentario
Socialista acepte esta adición, se entienda que el sentido
básico de su enmienda está incorporado a este texto unitario y
tendrá que ser recogido y reconocido así en esa reforma
reglamentaria y permitamos, en definitiva, con las
aportaciones de todos, producir hoy una declaración unitaria
que nuevamente nos pueda unir y vincular a todos en torno a un
tema de la singularidad que tiene el que nos ocupa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil
Lázaro.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿acepta la adición propuesta por el
señor Gil Lázaro? (Asentimiento.)
Señora Aguilar, ¿acepta también la retirada de su enmienda?
(Asentimiento.)
Sometemos a votación el texto definitivo y resultante del
debate de esta proposición no de ley. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular
sobre registros y cacheos de internos en centros
penitenciarios, que se somete a votación en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, con las modificaciones de la misma acordadas en el
curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 280; a favor, 279; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO DE MODO INMEDIATO
RESPECTO A LA COORDINACION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO AEROPORTUARIO, ESTRATEGIAS DE EMPRESAS PUBLICAS
DEL SECTOR Y TRANSPORTE COMBINADO, PARA LOGRAR QUE ESPAÑA ESTE
EN CONDICIONES RAZONABLES DE COMPETIR (Número de expediente
173/000074)
El señor PRESIDENTE: Punto 3.º del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo
Popular, consecuencia de interpelación, sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno de modo inmediato respecto a la
coordinación en materia de infraestructura y funcionamiento
aeroportuario, estrategias de empresas públicas del sector y
transporte combinado, para lograr que España esté en
condiciones razonables de competir.
Tiene la palabra el señor Camisón. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, me
propongo defender esta moción en base a las siguientes
reflexiones respecto a los aeropuertos españoles, bien es
verdad que aquéllos dependientes del Ministerio de Obras
Públicas. Debo empezar llamando la atención sobre la
singularidad que supone este modo de transporte aéreo que
tiene dos centros directivos: la Dirección General de Aviación
Civil y el Ente Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea
(AENA). Pero hay más. No sólo es que haya dos centros
directivos para el conjunto del modo de transporte; es que en
un apartado de todo el conjunto, justamente en lo que afecta a
la navegación aérea, existen también dos direcciones
generales: una, la antedicha Dirección General de Aviación
Civil, y otra, la Dirección General de Navegación Aérea,
dentro de AENA, dos direcciones específicas para este sistema,
lo cual es totalmente inimaginable dentro de un proceso de
racionalización.
Por otra parte, se da la circunstancia de que la antigua Ley
48/1960, de Navegación Aérea, todavía vigente, está
absolutamente desfasada y, es más, no se desarrolló
reglamentariamente. Ya sé que el Gobierno tiene prometido
remitir un nuevo proyecto con todos los aspectos regulados y
actualizados, una nueva ley de ordenación del transporte
aéreo, pero el problema es que eso que está prometido urge ya.
Se nos ha dicho que estaba retenido en la Secretaría General
de los Servicios de Transporte. Urge romper esta retención
porque es urgente --repito-- que se pueda debatir ya en esta
Cámara esa necesidad. Estamos, pues, ante una urgencia, porque
la idea de flexibilización, la idea de eficacia, que es la que
debe movernos a todos en estos momentos, se hace
contradictoria e incongruente con el centralismo existente en
todas las decisiones de este modo de transporte en cuanto se
reparten las competencias. Se está dando el caso
significativo, por ejemplo, de que la gestión de los tráficos
de los slots no se puede llevar directamente desde los
aeropuertos. Frente a esta situación centralista y, como he
dicho, incluso repetitiva con estos dos organismos que se
superponen, nosotros creemos que es necesario ir a una
descentralización progresiva en esa dirección, con criterios
de ahorro y rentabilidad, estableciéndolo todo en una
dirección general del transporte aéreo.
Otro problema candente es la existencia de aeropuertos con
débil tráfico. Es el caso paradigmático, por ejemplo, del
aeropuerto de Sevilla. Por tanto, urge también la reconversión
racional de estos aeropuertos de débil tráfico. Y en cuanto a
la gestión del handling, ya se ha dado el paso de que parte se
está gestionando por el primer operador, estando previsto para
el segundo operador e incluso el auto-handling. Sin embargo,
es hora ya de empezar a trabajar --como ocurre en el resto de
aeropuertos del mundo-- a base de la iniciativa privada en
este tipo de actuaciones.
Resumiendo, en esta primera parte nosotros creemos que
justifica nuestra moción el hecho de que estemos ante la
necesidad de organización de una administración aérea
integrada, sin separaciones y problemas de coordinación entre
la ordenación y el control de la navegación o tráfico, y las
correspondientes estaciones de este modo de transporte que,
como saben SS.SS., son los aeropuertos. Es necesario ir a la
gestión descentralizada progresiva, en la dirección de tomar
las decisiones las comunidades autónomas, a la política de
transporte aéreo integrada y coordinada en el sistema de
transporte global, y a romper ese impasse que hay con la
promulgación de la nueva Ley de Ordenación del Transporte
Aéreo y el desarrollo posterior de los reglamentos, sobre todo
el regulador del funcionamiento de los aeropuertos.
Los problemas de tráfico aéreo se siguen acumulando en Europa.
Está, por ejemplo, el problema que todos los veranos surge con
el tráfico aéreo desde Marsella con el turismo en las islas
Baleares. Sabido es que el estudio comunitario Atlas se ocupó
en su día --y ya ha terminado el trabajo-- de examinar la
tecnología electrónica necesaria para un sistema unificado de
gestión de tráfico aéreo. En su día se encargó este estudio
para que se tomaran medidas para propiciar el desarrollo de un
sistema único de gestión de tráfico aéreo en toda la Unión
Europea, y sobre todo
para que se solucionaran los problemas en esta década de los
noventa. A la Dirección Gen integración de tecnologías de
comunicación, navegación y vigilancia, yendo al objetivo común
de sistema único de gestión de tráfico para todo nuestro
entorno europeo. A esto habría que añadir los avances últimos
que se están consiguiendo tanto en redes territoriales como en
vía satélite de transmisión, tanto oral como de datos, ya que
es un hecho real --y así está ocurriendo en toda la aviación
comercial avanzada-- que son vías absolutamente fiables. Se
nos había dicho que era pronto para que España se incorporara
a esta situación. Nosotros creemos que siendo ya fiable no se
debe perder más tiempo. Admitimos que haya que hacer un plan
de transición con un calendario realista y que satisfaga todas
las previsiones desde ahora hasta bien entrada la primera
decena del próximo siglo, sin olvidar los temas de
investigación y desarrollo.
Decía que se había terminado el proyecto Atlas justamente en
el último trimestre de 1994. Por tanto, es el momento oportuno
de recordar al Gobierno que se incorpore a esta movida
internacional, porque además es congruente con el resto de
iniciativas que se están llevando a cabo. Ahí está, por
ejemplo, lo que está extendiendo la Conferencia Europea de
Aviación Civil (CEAC) en su proyecto de armonización de 23
países para la década de los noventa, incluso la organización
Eurocontrol, sin olvidar su investigación y desarrollo en esta
materia a través del proyecto EURED de la Dirección General
7.ª de la Unión Europea. Decimos, por tanto, que ante esta
movida internacional y sobre todo europea España no debe
quedarse rezagada.
En los últimos debates habidos, tanto en esta Cámara como en
el Senado, sobre el transporte aéreo han existido bastantes
coincidencias respecto a las soluciones que se deben dar a
este modo de transporte. Por ejemplo, ya no se discute que un
objetivo común debe ser liberalizar el transporte y crear un
mercado único. Dentro de la organización europea, también los
paíseslimítrofes se han organizado de manera que
establecenprotocolos de vecindad que facilitan de tráfico
aéreo. En España, por tanto, es urgente ir a un plan de
armonización de los dos países peninsulares, Portugal y
España, junto con Francia, con un protocolo extensivo a
Marruecos y Argelia, que son los países que pudieran darnos
más problemas en nuestra comunicación aérea con las islas
Canarias.
En cuanto a introducir el sistema de comunicación por
satélite, ya sé que ha habido un tímido intento de dar un paso
hacia el proyecto Prosat. Nosotros creemos que esto es lo que
hay que hacer, llevar a buen puerto este proyecto, en ese caso
a buen aeropuerto.
Hay que insistir en la ampliación de las infraestructuras
aeroportuarias y sus instalaciones invirtiendo de verdad. Ya
nos decía el Gobierno hace poco en Comisión, y también en el
Senado se acaba de decir, que está preparando la gran
operación de aeropuerto de Barajas para convertirlo en un gran
centro de radiación de transporte para todo el sur europeo y
el norte de Africa. Pues bien, si este es el proyecto, que se
lleve adelante cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Termino, señor Presidente.
En definitiva, debemos conseguir --y en esa línea va nuestra
moción-- un equilibrio entre el servicio público y la eficacia
que se deriva de la competencia, y en eso creo que coincidimos
bastantes grupos. Respecto al resto de los apartados de la
moción, ya expusimos todos los argumentos durante el debate de
la interpelación y no voy a reiterarlos en este momento.
Esto es todo, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Se han presentado a esta moción dos enmiendas. En primer
lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Dávila para la defensa de la enmienda y fijar la posición en
relación con esta moción.
El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde defender la enmienda de sustitución
que mi Grupo ha presentado a la moción que sobre política
aeronáutica civil ha planteado el Grupo Parlamentario Popular.
Veamos cuál es la pretensión y el ámbito de la moción
presentada por el Grupo Popular. La pretensión es obvia: dar
conocimiento al Gobierno de la posición de esta Cámara sobre
la situación actual y el inmediato futuro de la política
aeronáutica civil. El ámbito de la moción es de máxima
generalidad. Se plantea desde el marco legal y administrativo
en el que tiene lugar y en el que es deseable que tenga lugar
en el futuro inmediato todo el tráfico aéreo en España, hasta
las infraestructuras aeroportuarias y los sistemas de ayudas a
la navegación aérea, pasando por las políticas de coordinación
regional del tráfico aéreo que son de incidencia máxima en
nuestros problemas nacionales en lo que respecta al tráfico
aéreo.
Incluso se cita en la moción, y da el cierre del máximo de
generalidad, la incidencia del proceso de liberalización en el
que está incursa la el tráfico aéreo; ese camino progresivo y
rápido por el cual vamos a un espacio único, a un espacio
abierto, a un espacio competitivo donde el tráfico aéreo
tendrá lugar en el ámbito europeo. Es, por tanto, una
situación de la máxima generalidad la que plantea la moción.
Yo celebro que sea así, porque en esta perspectiva global
y de futuro estamos en condiciones de hacer un análisis de
situación razonablemente favorable.
Señorías, creo que España ha hecho de necesidad virtud, lo
importante es que lo ha hecho, y hemos sido conscientes de que
toda la política turística española, que va a ser una viga
maestra de nuestra estructura socioeconómica, tiene como uno
de sus cimientos máximos precisamente la infraestructura
aeroportuaria y las ayudas a la navegación aérea. Por tanto,
creo que hemos hecho de esa necesidad virtud, y eso es lo
importante.
Señorías, déjenme que esboce ese análisis. Incluso aquellos
más escépticos, pero que no por ello renuncien a la
objetividad, tienen que reconocer que en los últimos años
España ha dado un salto adelante irreversible en sus
infraestructuras aeroportuarias, sus infraestructuras en
aviación civil. Señorías, cualquier parámetro que quieran
elegir, de seguridad, de regularidad, de puntualidad, de
eficiencia, incluso de competitividad, admite el más rígido y
estricto análisis o comparación con cualquiera de los países
de nuestro entorno.
Pero no crean que yo voy a hacer un análisis triunfalista; no,
señorías. Estoy dispuesto a aceptar todo lo que tenemos
todavía de fragilidad en nuestra situación, no ya sólo lo que
falta por conseguir --y eso prueba por qué el Plan Director de
Infraestructuras hace una opción importantísima en política
aeronáutica civil--, sino que incluso les reconozco de
entrada, si es que me lo pidieran, la fragilidad o inmadurez
todavía de muchos de nuestros logros. Señorías, no tengo
problema en que recordemos juntos las dificultades por las que
pasamos en nuestro sistema de aviación civil cuando empezamos
la implantación, a nivel de todo el territorio nacional, del
sistema automático de control de tráfico aéreo, pero que hoy
ya es recuerdo, ya está superado, y esa implantación en todo
el territorio nacional es una realidad. Señorías, no creo que
me tachen de prepotente si me atrevo a decir que incluso estas
facetas son matices de segundo o tercer orden que modulan esa
valoración positiva pero que no cuestionan una realidad
difícilmente insoslayable; una realidad que significa que
disponemos, señorías, de una, casi me atrevo a decir,
magnífica infraestructura aeroportuaria y de ayuda a la
navegación civil. Al final es el producto no sólo, pero sí
también, de la inversión de más de un cuarto de billón de
pesetas a lo largo de los últimos años.
Señorías, tenemos una gestión coordinada y global de esa
infraestructura aeroportuaria que conduce a aspectos de los
que a lo mejor no son SS.SS. conscientes pero que son de
máxima relevancia. Esa gestión globalizada y coordinada
permite que tengamos 38 aeropuertos civiles en servicio, de
los cuales sólo once no son deficitarios. Por tanto, esa
gestión global y coordinada permite hacer unas igualaciones
territoriales que no serían concebibles si se aplicasen
estrictos criterios de rentabilidad liberal. Señorías, tenemos
una gestión, que ha sido esbozada en la intervención anterior,
no llevada a su compleción pero sí iniciada, que es la
coordinación regional que permite que España forme parte, con
Francia y Portugal, de una unidad que ahora se amplía a
Argelia y Marruecos, y que es previsible y deseable que lo sea
a Italia y Túnez, donde se regionaliza todo ese tráfico aéreo,
y es una globalización de importantes consecuencias.
Finalmente, señorías, conviene recordar también que disponemos
de un sistema fijado, sustentado en la autosuficiencia
económica y financiera. Sobre los usuarios se está pudiendo
dar este salto adelante y, por tanto, la liberación de cargas
respecto de presupuestos generales del Estado y, señorías,
algo a lo que somos muy sensibles en estos últimos tiempos en
esta Cámara, a no repercutir sobre el déficit público. Por
consiguiente, esa realidad, señoría, junto con el compromiso
de futuro, que significa que en el Plan Director de
Infraestructuras figura para los próximos cinco años medio
billón de pesetas para dar el salto final que les citaba, hace
que el Grupo Parlamentario Socialista crea que, si no la
única, la más razonable y realista de las posiciones es que
instemos al Gobierno a que mantenga el rumbo en la política de
aeronáutica civil que viene desarrollando últimamente y a que
haga el esfuerzo de remontar vuelo --manejando términos del
ámbito en el que me muevo en esta moción-- para conseguir
cotas mayores de eficiencia en nuestro sistema.
Siendo esto así, señorías, el texto de la moción que presenta
el Grupo Parlamentario Popular fija una serie de objetivos
que, puesto que corresponden a la reflexión que acabamos de
hacer colectivamente los grupos que ya hemos intervenido, no
se podría más que suscribirlos, puesto que al final, con
matices ligeramente diferenciales, coincidimos en ellos. Pero,
tal vez por la lógica parlamentaria, el Grupo Parlamentario
Popular en su texto comete lo que desde nuestra perspectiva es
un error por omisión. Señorías, esos objetivos están
enunciados ex novo, desvinculados de cualquier realidad
actual, como si hubieran sido descubiertos en este momento.
Reconózcanme, señorías, que esto no es justo ni es propio de
unos aspectos tecnológicos, estructurales, como los que
estamos tratando, en los que las discontinuidades no existen,
los saltos en el vacío ni existen ni son recomendables. Por lo
tanto, desde la perspectiva de mi Grupo es conveniente, justo
y necesario que sobre esa coincidencia de objetivos aportemos
el reconocimiento de las cosas que está siendo posible
conseguir porque ya se vienen haciendo y porque ya se ha hecho
el esfuerzo de orientar adecuadamente la situación. Por ello,
señorías, nuestro texto lo que hace es, compartiendo los
objetivos, introducir aquellas matizaciones que permiten hacer
ese reconocimiento de hecho de la situación actual.
Nos parece tan extremadamente razonable nuestra pretensión que
esperamos confiadamente que el Grupo Parlamentario Popular
acepte esta modificación de texto, con estas correcciones y,
en consecuencia, podamos en esta Cámara, con un voto
ampliamente mayoritario, exigir al Gobierno que haga los
máximos esfuerzos por conseguir una aeronáutica civil en
España de la máxima categoría posible, puesto que si para
cualquier nación desarrollada esto es necesario, en nosotros
lo es mucho más por lo que significa dentro de la estructura
de nuestro sistema productivo del presente y de la realidad
inmediata.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria ha presentado dos enmiendas a esta moción,
consecuencia de interpelación, del Grupo Parlamentario
Popular.
Vaya por delante que nosotros consideramos oportuno y
conveniente todo el texto de la moción, al cual están
dirigidas nuestras dos enmiendas. la exposición que ha hecho
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de su enmienda
ésta fuera aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, y
puesto que nuestras enmiendas son complementarias de todo lo
que dice la moción, nosotros las retiraríamos, pero dejando
bien claro aquí cuál es la motivación de las mismas.
Aunque el Grupo Popular aceptase la enmienda del Grupo
Socialista, hay algo que queremos destacar porque si no no se
entendería el verdadero engarce que en su día deberían tener
los planteamientos que figuran en nuestras enmiendas. Se trata
de una referencia que hace la moción del Grupo Popular --que
no recoge la del Grupo Socialista-- al proyecto de ley de
ordenación del transporte aéreo. Esto es muy importante,
porque es en el apartado A del primer párrafo de la moción del
Grupo Popular donde se le pide al Gobierno que remita a las
Cortes Generales el proyecto de ley de ordenación del
transporte aéreo, que tiene pendiente de enviar. Es ahí donde
nosotros entendemos que podrían tener cabida nuestras dos
enmiendas.
La primera, porque nos encontramos en Canarias --desde esta
óptica y en ese marco está contemplada nuestra enmienda-- con
un sistema aeroportuario propio de un archipiélago, en la
lejanía, en donde sigue operando una compañía --vamos a
llamarle en su nombre original de tercer nivel--, que es
Binter. Es prácticamente la única que opera en un territorio
archipielágico de comunidad autónoma definido en Canarias, con
la preocupación de que en los últimos días directivos de dicha
compañía vuelven a decir, al presentar el plan operativo de la
misma, con compra incluso de aviones reactores, dado que la
flota actual es sobre turbohélice, que Iberia la tiene en
venta. No sabemos quién la va a comprar, pero el que la
adquiera de alguna manera deberá estar dentro de un marco de
legislación aeroportuaria y aeronáutica propia de aquél.
Nosotros hemos cogido la filosofía que defendió el Gobierno en
la Ley de Puertos y de la Marina Mercante para trasladar una
administración similar a las redes aeroportuarias. De la misma
manera que hay una autoridad portuaria para la navegación
marítima, que haya una autoridad aeroportuaria en la
navegación aérea. En esa autoridad portuaria sí que hemos
visto reflejada la representación de entes que operan en la
política, en la administración o en la economía de la
comunidad autónoma, llámese representaciones del Gobierno
autónomo de la comunidad, llámense Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, para que tengan sus representantes en
aquellos aspectos que generan flujos económicos. Esto creemos
que es importante también en el campo de las infraestructuras.
Hemos presentado la segunda enmienda por congruencia, puesto
que nos gustaría que, bien una futura ley de ordenación del
transporte aéreo, bie distintos artículos de la moción del
Grupo Popular, bien en las enmiendas del Grupo Socialista (en
el apartado C de la moción del Grupo Popular cuando habla de
un plan de armonización aérea específico entre España, Francia
y Portugal, coordinado asimismo con Argelia y Marruecos; y el
Grupo Socialista en sus enmiendas cuando habla en el punto 3.º
de intensificar las actuaciones comunes con nuestros vecinos
europeos y norteafricanos que consoliden la coordinación de
los respectivos sistema de navegación aérea e impulsen, en el
seno de la Unión Europea --serán sólo los europeos, no los
africanos--, las acciones políticas, económicas y técnicas
tendentes a la consecución de un sistema único) se hablase del
espacio aéreo bajo control español. No se olvide que esta
Cámara el día 20 de diciembre aprobó por unanimidad --281
votos a favor de los 281 Diputados presentes-- una iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista, que defendió su compañero
don Antonio Martinón, Diputado por Santa Cruz de Tenerife y
que apoyamos, de la continuidad del espacio aéreo bajo control
español.
Aquí se comprometió al Gobierno, por indicación del Grupo
Socialista y que nosotros apoyamos, a que los espacios aéreos,
las servidumbres de vuelo, los controladores aéreos, no pasen
por el control marroquí de Casablanca, como ocurre en el
momento actual con los vuelos Canarias península, porque ahora
tienen la llave. Entonces pedíamos la continuidad de este
espacio. Que en cualquiera de las opciones que ustedes
aprueben, reconociéndolo el Gobierno en la futura ley de
navegación del transporte aéreo, o bien en la moción del Grupo
Popular con esta referencia, el Gobierno tenga
en cuenta el propio acuerdo de la Cámara del 20 de diciembre y
dé cumplimiento al mismo. Si no estamos tomando acuerdos por
unanimidad en la Cámara que después el Gobierno manda a un
cajón que no vuelve a abrir y nadie se acuerda de estas
necesidades que tienen regiones periféricas y, en el caso
europeo, ultraperiférica.
Este es el motivo de nuestras dos enmiendas que complementan
la moción del Grupo Parlamentario Popular, que apoyaríamos en
el caso de mantener caso del Grupo Parlamentario Socialista
reconduciríamos lo dicho aquí a que se recogiera, a través del
«Diario de Sesiones», el espíritu que tiene que impregnar la
recomendación al Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, hoy le
correspondería al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) fij a una moción consecuencia de una interpelación,
teóricamente debatida el pasado miércoles día 15. Los
documentos presentados por el Grupo Parlamentario proponente
así dan cumplimiento: texto de interpelación la semana pasada;
texto de moción hoy, más enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, más enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Voy a analizar dichos textos y a establecer alguna que otra
comparación entre ellos. En primer lugar, se puede decir que
el título de la interpelación ha mejorado en la moción. No es
exactamente el mismo título y hay adiciones que le dan una
mejor comprensión, lo cual es positivo.
La letra A de la moción podría ser votada favorablemente por
nuestro Grupo si quedase reducida a las dos primeras líneas:
Activar la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley
de ordenación del transporte aéreo. En el resto del texto se
pide toda una serie de cosas que debería contener la ley. Si
el Gobierno tiene otro esquema de redacción, ¿por dónde iría?
Con pedir el proyecto de ley para nosotros sería más que
suficiente. También tenemos que decir que la primera enmienda
de Coalición Canaria debería estar en esta primera letra A de
la moción, aunque, por otro lado, estimamos que es demasiado
extensa. La letra B tiene como objetivo profundizar en la
liberalización del transporte aéreo y a ello va la Unión
Europea. Sobre este punto, también hay que considerar la
primera parte de la enmienda del Grupo Socialista. Ambas
letras, A y B, pueden considerarse positivas con las
matizaciones que ya he expresado.
Respecto al punto C de la moción, tenemos que decir que sí,
pero no. Me explico. La enmienda socialista en su número 3, y
la segunda enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria lo recogen, pero este tema, como ha recordado el señor
Mardones, ya fue aprobado por unanimidad en esta Cámara en la
proposición no de ley del 20 de diciembre de 1994. Como se ha
dicho, se trataba de los problemas de los aviones que para ir
a Canarias deben volar por zona de influencia de controladores
aéreos de Marruecos. Añadíamos en aquel debate la situación
parecida que sufría Baleares en los vuelos turísticos hacia el
norte de Europa. El Gobierno en lo que hace referencia al
punto C de la moción, ya ha sido instado por esta Cámara a
buscar una solución que todos los grupos reconocimos. Repito,
pues, que respecto a este punto, nosotros tenemos que decir sí
pero no, porque ya está prácticamente instado el Gobierno. Los
puntos D y E solicitan mejorar infraestructuras y sistemas de
comunicación. Los resumo sólo en estos dos conceptos.
Consideramos que es muy positivo ¡Cómo no! Incluso está
recogido en el punto segundo de la enmienda del Grupo
Socialista que lo amplía con referencia el Plan Director de
Infraestructuras. El punto F nos parece innecesario. La Ley d
cumplirse y punto. No hace falta nada más.
De los comentarios realizados hasta ahora puede desprenderse
una votación favorable a la moción presentada, o al menos a
varios puntos si se h votación separada. Sin embargo, señor
Presidente, señorías, nuestro voto será negativo. Nuestro
Grupo no quiere estar en disposición de dar un voto favorable.
Me explicaré. Se ha llegado a una fase de debates legislativos
parecida a la del final de la anterior legislatura:
interpelación descalificante, moción totalmente de otro cariz.
Repasando el «Diario de Sesiones» y leyendo el debate con
apariencia de «pelea callejera» --entre comillas--,
calificativo dado por el señor Ministro, vemos que el trámite
de interpelación sólo pretendía desgaste y descalificación,
se decía respecto al título o a la intención base de la
interpelación. Era un desgaste totalmente en negativo y para
esto no se encontrará a nuestro Grupo.
También existe, señorías, el desgaste en positivo que sería,
en este caso, el debate real del enunciado de la
interpelación, demostrando un buen trabajo y un buen quehacer
de la oposición. Pero cuando podíamos debatir la problemática
de las infraestructuras aeroportuarias y todos los temas
relativos a su funcionamiento, debate que podía ser
enriquecedor para todos y, básicamente, para mejorar el
transporte aéreo, se nos escamoteó ese debate positivo. Ahora
no queremos apoyar una moción que tiene una estructura con
piés de barro. Nosotros no debemos seguir un camino así. Ya he
dicho que al final de la legislatura pasada se producían casos
análogos y nosotros procurábamos no estar en
el juego. ¿Por qué el debate de hoy ha sido como ha sido y el
del miércoles pasado fue como fue? Nos extraña muchísimo y
hubiésemos querido que el miércoles pasado se nos hubiese
ilustrado respecto a la interpelación y la moción.
Si el Grupo Parlamentario Popular proponente de la moción
acepta la enmienda del Grupo Socialista queremos expresar que
nuestro voto será de abstención. Tampoco vamos a votar
favorablemente la enmienda del Grupo Socialista. El texto se
puede someter totalmente a votación, pero queremos que nuestro
voto sea testimonial. Es habitual la presentación de enmiendas
de sustitución, hemos votado muchas y seguiremos votando
otras, pero en el día de hoy podríamos decir que la moción con
la enmienda del Grupo Socialista ha sido aprobada y hay un
nuevo plazo para el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente; un desahogo, por tanto, para el Ministerio.
Ya veremos el cumplimiento de los plazos. Es habitual el
incumplimiento de plazos de este tipo en el Ministerio.
Podríamos hacer una buena relación. Esos incumplimientos nos
llevan a un grave riesgo político que no estamos dispuestos a
aceptar. Por lo tanto, tampoco daremos apoyo a la enmienda, si
es aceptada, porque no es más que un texto dilatorio.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la moción que nos trae hoy el
Grupo Popular, con motivo de la interpelación que se produjo
la semana pasada, es una moción que poco tiene que ver con el
tono del debate que se produjo entonces. Se trata de una
moción que salvo en uno de sus puntos, está en la línea de
crear mecanismos de racionalización del transporte aéreo y de
las infraestructuras del transporte aéreo y con la que
nosotros no tendríamos mayores discrepancias, porque muchos de
sus puntos nos parecen de sentido común. Solamente con el
punto E que plantea el Grupo Popular no se sentiría de acuerdo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque viendo cómo
está el conjunto de las infraestructuras del transporte aéreo
en España, cómo se encuentran los aeropuertos y que están en
un grado de infrautilización importante muchos de ellos, como
es el caso de los aeropuertos de Vitoria, Córdoba, Badajoz,
etcétera, no creemos que la mejor solución del transporte
aéreo en España sea precisamente incrementar las dotaciones
aeroportuarias. Desde luego, no es nuestro pensamiento el que
refleja el punto E del Grupo Popular. Salvo en ese punto,
nosotros consideramos que es oportuno que exista este proyecto
de ley del transporte aéreo. Nos parece positiva la creación
de ese espacio único y que se armonice el conjunto del espacio
aéreo con los países del Magreb y del sur de Europa, así como
la utilización de l modernos para garantizar la navegación
aérea.
Nos sorprende más la enmienda del Grupo Socialista, que rezuma
una componente de pensamiento neoliberal por cada uno de sus
poros, incluso cua tiene que estar incluido en elementos de la
resolución como, por ejemplo, cuando se continúa con el
proceso de liberalización del transporte aéreo, apegándonos
continuamente a él. Creo que en España estamos sufriendo los
efectos de la liberalización del transporte aéreo. Hemos visto
la crisis de Iberia, que no es ajena a ese proceso de
liberalización del transporte aéreo, y creemos que se van a
producir seismos mucho más importantes aún dentro del conjunto
del transporte aéreo, precisamente por esa liberalización. De
igual manera, tampoco nosotros vemos necesario afirmar aquí de
nuevo, casi de una forma solemne, que el conjunto del sistema
aeroportuario tiene que estar ajeno a los Presupuestos
Generales del Estado. Sabemos que lo está, pero no
consideramos que sea especialmente necesario reafirmarnos aquí
de nuevo en esa situación, como tampoco pensamos que debamos
cegarnos completamente a posibilidades de uso presupuestario
no se sabe en qué momentos. Aceptamos la situación actual,
pero no queremos hacer un dogma de fe del hecho de que los
Presupuestos Generales del Estado no se puedan utilizar para
una cosa como ésta.
Nosotros consideramos que en esta enmienda a la totalidad que
presenta el Grupo Socialista hay elementos innecesarios; es
innecesario reivindi alejarnos completamente de los
Presupuestos Generales del Estado, además de insistir en la
bondad del proceso de liberalización del tráfico aéreo en el
conjunto de la Unión Europea. Esto es lo que nos distancia más
de la enmienda del Grupo Socialista: la innecesariedad de
ratificarnos en este tipo de pensamientos.
Aunque parezca un contrasentido, nos sentimos más próximos a
los puntos de la moción del Grupo proponente --salvo en el E,
como he manifestado anteriormente-- que a la enmienda del
Grupo Soc Por tanto, decidiremos nuestro voto en función de lo
que haga el Grupo proponente con el conjunto de las enmiendas,
siendo nuestro criterio el que hemos manifestado en la tribuna
al hacer el análisis tanto de la propuesta como de las
enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, para expresar la aceptación o rechazo de
las enmiendas, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Gracias, señor Presidente.
La enmienda del Grupo Socialista recoge de nuestra moción la
intensificación del proceso de liberalización del transporte
aéreo de la Unión Europea; la modernización de la legislación,
que necesariamente ha de pasar por un nuevo proyecto; la
modernización de las estructuras administrativas que regulen
dicho sector, que necesariamente también ha de pasar por la
coordinación; y la actuación de las empresas en un mercado
único, abierto y competitivo. Asimismo, garantiza las
inversiones en infraestructuras, la incorporación del uso de
satélites y la intensificación de actuaciones comunes con
nuestros vecinos europeos y norteafricanos. En definitiva,
entendemos que la enmienda del Grupo Socialista recoge un
porcentaje significativo de nuestra moción y, por tanto, la
aceptamos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Camisón, de sus palabras infiero
que no acepta las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, he creído entender
al portavoz de Coalición Canaria que, en el supuesto de que
aceptáramos la enmienda del Grupo Socialista, su Grupo
retiraría las suyas. Es lo que he creído entender.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón. (El señor
Mardones Sevilla pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, simplemente
quería ratificar las palabras del señor Camisón. Yo he dicho
en la tribuna que si el Grupo Parlamentario Popular aceptaba
la enmienda del Grupo Socialista, nosotros retiraríamos las
nuestras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 277; a favor, 254; en contra, dos; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DEL
GOBIERNO RESPECTO DE LA FE PUBLICA EN ESPAÑA Y, EN CONCRETO,
SOBRE SU ACTUAL MARCO LEGAL Y SU FUTURA REGULACION (Número de
expediente 173/000075)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, sobre
la política general del Gobierno respecto de la fe pública en
España y, en concreto, sobre su actual marco legal y su futura
regulación.
Tiene la palabra el señor Andreu.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el día 31 de mayo la Comisión de Justicia aprobaba
una proposición no de ley que presentaba el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
enmendada por el Grupo Socialista.
Yo creo que la mejor defensa que puedo hacer de la moción que
les traigo a SS.SS. para aprobación en el día de hoy es
precisamente leer de nuevo la defensa que en aquel momento
hizo la portavoz del Grupo Socialista, la señora Pelayo Duque,
de la enmienda que presentaba el Grupo Socialista a la
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Decía la señora Pelayo Duque: La entrada en
vigor de la Ley del Mercado de Valores y del Acta Unica ha
puesto en cuestión una serie de cosas en nuestro país, entre
ellas la profesión de corredores de comercio. La existencia de
dos fe públicas extrajudiciales, la mercantil y la notarial
tradicional, ha hecho que la integración hasta ahora no haya
resultado algo pacífico, si bien parece que se va abriendo
camino la idea de la elaboración de un proyecto de ley de
unificación de la fe pública extrajudicial, después de haber
superado una serie de planteamientos iniciales. Esta cuestión
no es una cuestión nueva que aborde ni el Gobierno socialista
ni el Grupo Socialista, ya que en el V Congreso notarial
celebrado en Granada el 9 de octubre de 1993, el Ministro de
Justicia, señor Belloch, tuvo oportunidad de exponer ante los
notarios, en relación con la integración de los corredores de
comercio y del notariado, algunas ideas sobre dónde podrían ir
los proyectos del Ministerio. En aquel acto de clausura el
Ministro se manifestó en el sentido de que era impensable que
se perpetuara en el tiempo una escisión entre la fe pública
general y la fe pública mercantil y que el interés público
demandaba, ya lo decía la vieja Ley de 1862, que no existiera
en todo el Reino sino una clase de notarios con idénticas
facultades y competencias.
El Ministro también expuso cuál podría ser otra consideración
a tener en cuenta en este tema y es que el interés público
exige una alta credibilidad en el fedatario público, lo que
supone, además de los rasgos que se han indicado como propios
de la función notarial, una cualificación profesional adecuada
y suficiente.
Una tercera consideración que hacía el Ministro era la de que
el interés público sólo tiene un límite, y aún éste con
matices, de los derechos adquiridos, entendidos éstos como
categoría jurídica y no corporativa.
Posteriormente, el 4 de diciembre de 1993, en igual sentido
tuvo ocasión de manifestarse el Ministro Belloch,
declaraciones que fueron recogidas por un boletín que nos
manda últimamente el Colegio de Notarios.
El Parlamento Europeo, como saben SS.SS., el día 18 de enero
de 1994 adoptó una resolución por virtud de la cual pone en
evidencia el papel que desempeñan los notarios de la Comunidad
Económica Europea y una cierta uniformidad en el tratamiento y
regulación de la profesión de notario que existe dentro de los
Estados, especificidades que también se reconocen en la
resolución. Como digo, puso en evidencia las características
de la función del notario como actividad que se caracteriza
por una delegación parcial de la soberanía del Estado que
garantiza el servicio público en la elaboración de contratos y
la legalidad, autenticidad y fuerza ejecutoria y probatoria de
éstos, así como el asesoramiento previo e imparcial prestado a
las partes interesadas, con miras a descongestionar los
tribunales.
También el Parlamento Europeo reconoció la importancia de la
profesión, de las cuestiones referentes a la materia que trata
esta profesión y, sobre todo, la necesidad de una reflexión a
efectos de la organización de la misma. Por último, y también
me interesa reclamarlo, el Congreso del Partido Socialista
últimamente ha adoptado, en relación con esta materia, una
resolución que no me resisto a dejar de recordar porque tiene
importancia. A la vista de que, junto con esta iniciativa de
Izquierda Unida está tramitándose otra iniciativa del Partido
Nacionalista Vasco, el Congreso del Partido Socialista decía
que dentro de la reforma de los servicios debe destacarse la
necesidad de una nueva regulación de los colegios
profesionales notariales y del Registro de la Propiedad que
elimine las restricciones a la competencia derivadas de la
legislación actual y aumente la competitividad en el marco de
una economía española abierta a los desafíos de una
competencia internacional en la que estas actividades no
suelen gozar de una normativa tan proteccionista como la que
aún subsiste en España.
La cuestión, pues, está marcada por la voluntad, como ha
manifestado reiteradamente no sólo el Ministro, sino también
el Director General de Registros y del Notariado, de unificar
la fe pública extrajudicial y tener en cuenta una serie de
consideraciones que se dan en el citado proceso de
unificación.
Por ello, mi Grupo ha presentado una enmienda de sustitución
de la proposición que ha planteado el Grupo Federal de
Izquierda Unida, en el sentido de que no se fije el plazo de
un mes, que era lo que proponía Izquierda Unida, pues un mes
es excesivamente perentorio y propone que se haga en seis
meses. Estamos a la espera de un informe del servicio jurídico
sobre el anteproyecto, porque el anteproyecto existe, a
efectos de que lo pueda aprobar el Consejo de Ministros y se
pueda presentar en esta Cámara.
Y terminaba ya la señora Pelayo expresando cómo era la
enmienda a la totalidad.
Esa enmienda a la totalidad --y espero que la señora Pelayo me
perdone que haya leído esa intervención suya-- lo que
planteaba eran precisamente los tres puntos, que son el A), el
B) y el C), que desarrollan el punto primero de la moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En este punto primero se manifiesta literalmente, como
manifestó en su momento la propuesta del Grupo Socialista, que
haya un proyecto de ley de unificación de la fe pública
extrajudicial. Nosotros decimos que, una vez transcurrido el
plazo desde mayo de 1994, que sean dos meses, un plazo
suficientemente extenso para que el Gobierno traiga este
proyecto de ley. Creemos que el plazo es suficientemente
extenso y la intervención del otro día del Ministro Belloch
dejaba bien claro que el Ministerio de Justicia ve con
bastante claridad los problemas. Parece que el señor Belloch
veía bastante claro que los criterios con los que él se
planteaba la unificación de la fe pública extrajudicial --
porque él se plantea la unificación de la fe pública
extrajudicial-- eran precisamente los que se habían expuesto
en aquella proposición no de ley enmendada por el Grupo
Socialista. Por lo tanto, consideramos que es algo
absolutamente reiterativo, pero políticamente oportuno, dado
el plazo transcurrido, que este primer pun contenga, en primer
lugar, la integración en un solo Cuerpo de los actuales
existentes, porque consideramos que es bueno que haya una sola
jurisdicción por parte del Estado que controle algo tan
importante como es la fe pública en nuestro país y nos parece
que no es bueno la situación en que nos encontramos ahora, en
la que diferentes organismos de la Administración están
controlando diferentes tipos de fe pública, lo que está dando
importantes descoordinaciones en el conjunto de la
Administración. También consideramos importante que se
contemple el asesoramiento jurídico imparcial y que haya un
control de la legalidad.
Todo esto era lo que recogía en ese momento la proposición no
de ley que enmendó el Grupo Socialista.
Nos parece asimismo oportuno que se cercene la posibilidad de
realizar acuerdos monopolistas, como está pasando hoy en día
en muchísimos despa pública, tanto de notarios como de
corredores de comercio, por una especie de acuerdos que lo que
hacen es cercenar de una forma opaca la posibilidad de libre
competencia y la posibilidad de que haya una rebaja de
precios, pagando los usuarios a veces precios que no tenían
por qué pagar en una situación de mayor transparencia.
El segundo punto de la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya creemos que es muy
interesante. En este punt una revisión de las tarifas
arancelarias, que consideramos
que en muchísimos casos son extraordinariamente elevadas,
además en un momento en que la fe pública está siendo
utilizada por muchísimos ciudadanos, cuando las actuaciones de
fe pública se han hecho extensivas y ya no son un hecho
absolutamente extraordinario; antes, únicamente utilizaba la
fe pública un ciudadano cuando se testaba y ahora se utiliza
en muchas más situaciones, por ejemplo, en el momento de hacer
una hipoteca. La redacción de hipotecas delante de cualquier
fedatario público es enormemente cara. Ya se perdió la
oportunidad de solicitar que los actos de la fe pública
tuvieran una rebaja arancelaria importante en el momento en
que se aprobó aquella proposición que mi compañero Ramón
Espasa presentó sobre las hipotecas, proposición
extraordinariamente importante. Consideramos que ahora sería
un momento oportuno para que los actos de fe pública, entre
los que no son el menor la redacción de hipotecas, sufran una
rebaja arancelaria importante.
Un tercer punto de nuestra moción, que también pensamos que es
importante, es contemplar la situación laboral en la que se
encuentran muchísimos, por no decir la totalidad, de los
empleados en despachos de fedatarios públicos. Hay que
recordar que este colectivo es de aproximadamente 16.000
personas, entre hombres y mujeres, que, en el caso de los que
están prestando servicio en las notarías no tienen Seguridad
Social, sino que están en una mutualidad y si la abandonasen,
por cualquier circunstancia, perderían absolutamente todos sus
derechos. Por otra parte, el colectivo de trabajadores y
trabajadoras de los despachos de los corredores de comercio no
tiene una regulación que permita unas normas laborales y de
convenios correcta, como se da en otros colectivos de
trabajadores.
Por tanto, nosotros consideramos que la moción de mi Grupo
parlamentario va en beneficio de los consumidores y usuarios
de la fe pública, porque de alguna manera permite que desde el
Estado se regule desde la única posición el conjunto de la fe
pública, que haya una mayor regulación de la misma, que no se
produzcan las irregularidades que se han venido produciendo en
los últimos años, tanto en la mercantil como en la otra.
También es favorable para los consumidores que se produzca
esta rebaja arancelaria, igual que es positivo que la
situación del conjunto de los trabajadores de los fedatarios
tenga una regulación laboral mucho mejor que la que tiene
actualmente.
Sabemos que hay grupos parlamentarios que tienen ya
compromisos parlamentarios adquiridos antes de que se venga a
este Pleno y nosotros pedimos que, en coherencia con esos
compromisos adquiridos --coherencia que nosotros pensamos que
es lógico pedir a un grupo político que se considere serio--,
las posiciones no cambien radicalmente de otros, porque ya
saben ustedes aquello de que sólo los tontos no cambian nunca
o cambián demasiado rápido. Nosotros pedimos a los grupos
parlamentarios que en su momento tuvieron posiciones claras y
coincidentes con el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya --sobre todo a ellos y, por supuesto,
también al conjunto de la Cámara-- que apoyen esta moción que
se presenta hoy en este Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Se han presentado a esta moción enmiendas por parte del Grupo
Popular y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Tendría que empezar diciendo que el debate realizado en esta
Cámara a instancias del Grupo Parlamentario Izquierda Unidad-
Iniciativa per Cata servido para que dicho Grupo reiterara las
posiciones ya expuestas el día 31 de mayo del pasado año en la
Comisión de Justicia e Interior y ha servido en el día de hoy
para que el señor Andreu reitere las posiciones que en aquella
Comisión de Justicia formuló la señora Pelayo.
Yo quisiera decir al señor Andreu --él ha citado a otra
persona, yo me voy a citar a mí mismo--, y se lo decía ya en
aquella Comisión de Justicia, que se está hablando de un
proyecto de ley de unificación de la fe pública sin más
matizaciones. Hay que decir que en España la fe pública es una
función del Estado, que es, por tanto, el que la otorga, por
lo que siempre es única. Por consiguiente, no tiene sentido en
la forma en que está establecido en la proposición de ley. La
plasmación concreta de esa fe pública, que es del Estado, se
atribuye a diversos funcionarios y profesionales. Hay que
hablar de una fe pública judicial y de una fe pública
extrajudicial. Yo comprendo que estas matizaciones, que pueden
ser de contenido jurídico, al señor Andreu, que es de
profesión arquitecto, no le llegan, y no le llegan a pesar de
haberlas repetido en el debate de la moción. Es verdad que yo
no debo tener funciones pedagógicas porque no han recogido ni
siquiera esta idea. Introducían en la moción el concepto
erróneo de referirse a la fe pública en España cuando lo
hacían a la fe pública extrajudicial en el Derecho privado, y
continúan insistiendo hoy en día en ese error.
Nuestro Grupo parlamentario ha partido en el debate que
celebramos en la Comisión de Justicia, en el debate del pasado
miércoles en este Pleno que creemos que no es discutible. La
prestación de la fe pública en el ámbito del Derecho privado
funciona razonablemente bien en España. Los valores que la fe
pública ha de servir son, de un lado, el interés de los
usuarios que acuden a notarios y a corredores de comercio
y, de otro, la seguridad y la agilidad del tráfico económico.
Estas dos finalidades se cumplen en la actualidad. La reforma
de algo que funciona bien debe hacerse con cautela y, por
supuesto, sin someter al legislador a plazos perentorios.
Exigir que el Gobierno presente en el plazo de dos meses un
proyecto de ley en esta materia parece algo desproporcionado,
entre otras cosas por las dificultades que han aflorado en los
intentos que vienen haciéndose por los Ministerios de Justicia
y de Economía desde el año 1992 para llegar a un texto que al
menos concite el respaldo de dos ministerios y no estamos
hablando de una materia que sea fácil de regular.
La enmienda que ha presentado nuestro Grupo parlamentario
pretende que el Gobierno continúe con los trabajos emprendidos
hasta lograr la redacción de un proyecto de ley de fe pública
extrajudicial en el Derecho privado, con participación activa
en los trabajos de redacción de los dos colegios profesionales
afectados. Y cuando hablamos de participación activa no nos
estamos refiriendo al trámite de audiencia que prevé la Ley de
Procedimiento Administrativo y la Ley reguladora de los
Colegios Profesionales. No nos estamos refiriendo a un trámite
formal, sino a una participación más importante, porque se
trata, en definitiva, de conciliar los intereses razonables y
legítimos de notarios y corredores de comercio.
En el texto de nuestra enmienda hemos recogido parte del
apartado 3 de la moción de Izquierda Unida y pretendemos
finalmente que la regulación cuide especialmente los derechos
de los consumidores y su adecuado asesoramiento.
Si lo que pretende la moción de Izquierda Unida en su apartado
2 es que, ante la situación planteada por la unificación de
Cuerpos, se revisen las tarifas arancelarias, creemos que ese
planteamiento es adecuado. Y es adecuado también un
planteamiento que se fije especialmente en operaciones en las
que concurran razones de interés social o de menor capacidad
económica de los contratantes. Por tanto, este párrafo 2
podríamos considerarlo adecuado; lo que pasa es que, en cierta
forma, la redacción que se le da es para producir una especie
de bajada lineal de las tarifas y no creemos que ése sea el
objetivo que haya que buscar, porque una bajada lineal
produciría situaciones injustas en algunos casos. Si lo que se
pretende es una revisión de las tarifas, atendiendo a esta
circunstancia, ese punto segundo sí sería asumible, aunque
creemos que la redacción es algo equívoca.
Nos da la impresión de que la redacción que proponemos es más
ajustada a la realidad actual. No representa ninguna cesión en
el objetivo de de derechos de los usuarios y la referencia que
hacemos a la participación de los colegios profesionales
creemos que es importante.
Cuando el Gobierno pretende una iniciativa legislativa es
difícil que pueda conectar con las personas a las que va a
afectar directamente esa reforma. Muchas veces estamos
hablando de un universo tan amplio que a un Gobierno le sería
imposible poder conectar con asociaciones realmente
representativas de ese universo. Y es verdad que en
determinadas materias y en determinadas leyes es difícil ese
impulso de la sociedad y ese contacto con la sociedad en la
forma de regular algo que le va a afectar. Sin embargo, en una
materia como la que nos ocupa, con un colectivo muy
determinado, con unos colegios profesionales reducidos,
entendemos que es fácil que el Gobierno tome ese contacto con
los colegios profesionales, y creemos que es bueno --y por eso
lo incluimos en nuestra moción-- que, a la hora de legislar,
se tenga en cuenta a la sociedad para la que se legisla y no
se parta exclusivamente de una visión de competencia exclusiva
del Estado para legislar desde arriba, sino que se puedan
recoger las iniciativas que pueda aportar la sociedad civil en
la regulación de una materia y en una ley que tiene que ser
trascendente. No es una norma administrativa que vaya a regir
un período de tiempo corto, sino una ley trascendente para
todo el tráfico mercantil y civil de la sociedad española. Por
ello consideramos que esa referencia que hacemos en nuestra
enmienda a la intervención activa de los colegios
profesionales no desmerecería para nada y que ayudaría a
lograr el objetivo de una ley pacífica o una ley que al menos
pacificara unas aguas que actualmente bajan revueltas y sobre
todo a obtener una ley que técnicamente fuera buena y que de
verdad protegiera el derecho de los consumidores, de los
usuarios básicos de la fe pública en España.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Jordano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, señorías, subo a
la tribuna para defender la posición de mi Grupo en relación
con la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre la fe pública extrajudicial en el ámbito del
Derecho privado y para defender asimismo las enmiendas que el
Grupo parlamentario Socialista ha presentado a esa moción.
Como ya se ha explicado, el tema no es nuevo. Ha sido
considerado en esta Cámara en distintos momentos. El 31 de
mayo de 1994 hubo una proposición no de ley que se debatio y
que se aprobó, creo crecordar, por mayoría de grupos en la
Comisión de Justicia. Ha habido también algunos debates en la
Comisión de Economía. Ha habido asimismo un debate en el
Parlamento Europeo
con una resolución de 18 de enero de 1994 acerca de los
criterios unificadores de la fe pública en el ámbito europeo
para garantizar la eficacia probatoria y ejecutiva de los
documentos públicos de un Estado en otro y, por tanto, mi
Grupo no sólo no se desdice de la posición que haya podido
adoptar en otros momentos --desde luego, yo agradezco al
portavoz de Izquierda Unida que una parte importante de s haya
sido recogiendo, leyendo casi literalmente, la intervención
que en la Comisión de Justicia tuvo mi compañera, María
Dolores Pelayo-- mi Grupo no sólo no se desdice de esa
intervención y de esa posición, digo, sino que la mantiene.
Lo que pasa es que para nosotros el interés fundamental en el
tema de la fe pública extrajudicial no está tanto visto desde
la perspectiva de depositada por el Estado, en el ejercicio
de su soberanía, la posibilidad de otorgar, de reconocer actos
dotados de esa fe pública, sino que para nosotros el interés
fundamental se encuentra en el problema de los usuarios, de
los consumidores, en el interés general, conseguir que el
servicio público de la fe que dan determinados cuerpos de la
Administración sea lo más eficaz, lo más económico, lo más
seguro posible, que la seguridad del tráfico esté garantizada
al máximo, que los costes de ese servicio sean los más
razonables posibles y que la facilidad de acceder a unos
fedatarios o a otros esté también garantizada.
Por tanto, es desde la óptica de los usuarios y de los
consumidores desde la que nuestro Grupo entiende que esta
moción debe abordarse y desde la que hemos presentado las
enmiendas que enseguida defenderé. La posición de partida,
pues, es también que el sistema de fe pública en España
funciona sustancialmente bien, que no debe ser modificado en
sus aspectos fundamentales, organizativos y funcionales,
aunque sí hay algunos aspectos problemáticos. El primero, el
menor de todos, posiblemente, es el de la existencia de dos
cuerpos, notarios y corredores de comercio, que, a través de
una historia y de una evolución diferenciada, han venido
teniendo residenciado el ejercicio y la garantía de la fe
pública extrajudicial en el ámbito del Derecho privado, porque
en otros ámbitos, fundamentalmente en el del Derecho público,
también están muchos funcionarios públicos, particularmente en
la Administración local.
Hoy, es verdad (lo dijo el señor Ministro de Justicia e
Interior hace una semana en esta Cámara), carece de
justificación la existencia de dos cuerpos diferenciados.
Nosotros seguimos abogando por la integración de ambos
cuerpos, como dijo el señor Ministro, de forma razonada y
equilibrada, no dirigida por los intereses corporativos de
ambos grupos de funcionarios, notarios y corredores de
comercio, pero, insisto, este nos parece que no es hoy el
problema central. El problema central son las disfunciones que
perjudican los derechos de los consumidores, sobre todo de
aquellos ciudadanos económicamente más débiles acudir ante un
notario o ante un corredor de comercio no asesorados por un
letrado, porque no suelen tener la capacidad económica para
tener que pagar también a un abogado en esa situación, en esa
disyuntiva. De ahí la óptica de nuestras enmiendas, que ahora
paso a explicar.
La primera enmienda tiene que ver con el plazo del
requerimiento al Gobierno para que presente un proyecto de
ley. Nos parece que un plazo de dos meses es enormemente
perentorio. El señor Ministro dijo la semana pasada que el
trabajo estaba bastante avanzado. Nos parece que un plazo
razonable sería el comienzo del próximo período de sesiones
como plazo máximo para que se presente aquí ese proyecto de
ley, que sería no sólo de unificación de la fe pública, sino
de regulación de la fe pública extrajudicial en el ámbito del
Derecho privado.
Creemos (y precisamente la moción que nos ha presentado y ha
defendido Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya así lo
muestra) que el problema no es sólo el de la unificación, ni
es fundamentalmente el de la integración de cuerpos. El
problema es más amplio. Hay más aspectos que regular. Dejemos
que el Ministerio de Justicia y el Gobierno tengan la
suficiente flexibilidad para poder traer a esta Cámara un
proyecto de ley que cubra aquellos aspectos que, además de la
integración, puedan entender como razonables o, incluso, como
necesarios, de acuerdo con el mandato que la Comisión de
Justicia e Interior, y hoy espero que este Pleno, apruebe.
Junto con eso, entendemos que debe suprimirse el párrafo a) de
la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Debe
suprimirse por las razones que he dicho: no nos parece que
debe primarse la imagen de que lo prioritario, en un debate
sobre los problemas de la fe pública extrajudicial, sea el
problema corporativo de dos cuerpos de funcionarios que hay
que integrar, de qué manera, con qué efectos hay que
integrarlos, con qué equilibrio entre sus intereses. Nos
parece que hoy el énfasis hay que ponerlo en los demás
aspectos, algunos de los cuales se han explicado por el
portavoz de Izquierda Unida; el énfasis hay que ponerlo en
cómo se ejerce la función de la fe pública, de los fedatarios,
con qué garantías y con qué coste para los consumidores. De
ahí nuestro conjunto de enmiendas que afectan a los párrafos
b), d) y al punto 2 de esta moción.
Con demasiada frecuencia, señorías, hay ciudadanos modestos
ciudadanos, desde el punto de vista económico, usuarios, si
vale la expresión, de la necesidad de la fe pública que acuden
ante notarios o corredores de comercio para firmar escrituras
para adquirir una vivienda, para formalizar un préstamo ante
un notario en escritura pública, si se trata de una hipoteca
que le
concede un banco o caja de ahorros, ante un corredor de
comercio para firmar una póliza de un préstamo personal, y que
se encuentran con que ese fedatario público, notario o
corredor de comercio, es una persona elegida por el banco o la
promotora inmobiliaria, una persona que normalmente adquiere
el papel para ese usuario de que es cliente de la promotora o
del banco. Una persona que llega en esas condiciones tiene la
sensación, la perspectiva en muchas ocasiones, hay que
decirlo, no en todas, sin duda, de que el notario, el
fedatario público, más que un asesor imparcial es el notario o
el corredor de comercio del banco o de la empresa
constructora.
Es, por tanto, necesario que, desde los poderes públicos,
desde este Parlamento, hagamos un llamamiento al Gobierno para
que en la futura regu fe pública se contemple este aspecto: el
aspecto de la mayor imparcialidad, también subjetiva en la
captación por parte del usuario. Se cubra también el aspecto
del asesoramiento que tiene que desarrollar ese fedatario,
asesoramiento, no sólo jurídico, también, en muchos aspectos,
financieros, que hoy cubren los corredores de comercio. Y si
se va progresivamente a la integración entre los cuerpos, los
fedatarios públicos, los corredores de comercio también
deberán prestar asesoramiento jurídico, y, en muchos casos,
los notarios cuando liquiden pólizas, por ejemplo, si en su
momento lo llegan a hacer, deberán prestar también
asesoramiento financiero. De ahí nuestra enmienda de que se
ponga especial énfasis en el asesoramiento especializado que
debe concederse a los usuarios que acuden ante un fedatario
público.
No solamente eso. Creemos que debe definirse un marco de libre
competencia entre los federatarios y de libertad de elección
por parte de los usuarios. Y, como ha planteado en su moción
en un aspecto que asumimos el portavoz de Izquierda Unida, con
supresión de los acuerdos o prácticas monopolísticas que,
sobre todo, en ciudades pequeñas, donde hay dos o tres
fedatarios de un determinado cuerpo, en algunas ocasiones, se
producen acuerdos de cobrar unas determinadas cantidades y de
desarrollar su práctica profesional en régimen de semi-
monopolio.
Estos son algunos de los aspectos que nos importan. De ahí
nuestra exigencia de asesoramiento imparcial, de elección del
fedatario por los usuarios, de exigencia de libre competencia
entre ellos, de supresión de prácticas monopolísticas.
Este aspecto está vinculado con el punto 2 de la moción que
nosotros aceptamos en todos sus términos y tiene que ver con
los aranceles. Nosotros compartimos el criterio de que este
Parlamento tiene que instar al Gobierno a que, de alguna
manera, en esa regulación de la fe pública se produzca una
revisión de las tarifas arancelarias de los fedatarios
públicos que conlleve una reducción efectiva del coste del
servicio de la fe pública extrajudicial en el ámbito del
derecho privado, especialmente en aquellos ámbit es
predominante y en aquellos ámbitos en que los usuarios son
personas con menor capacidad económica. Una posible fórmula
podría ser la fijación de aranceles máximos, de tal manera
que, por debajo de ellos, se pudiera producir una competencia
razonable entre fedatarios públicos, de forma que muchos de
ellos cobraran menos y el coste pudiera ser menor. Por tanto,
este punto segundo vamos a votarlo a favor, en cualquier caso.
Nuestra última enmienda es para rechazar el punto tercero de
la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Ese
punto tercero se refiere a la definición del marco legal de
relaciones laborales del personal empleado al servicio de los
fedatarios públicos y de su organización colegial.
Al leer la moción, no sabíamos inicialmente a qué se refería
S.S. porque realmente el marco de relaciones laborales del
personal al servicio de los fedatarios públicos está
perfectamente definido. Ese marco está, en primer lugar,
remitido al artículo 37 de la Constitución, que establece el
principio de autonomía de las partes y de negociación
colectiva; y, en segundo lugar, el Estatuto de los
Trabajadores. Que no se les escape en esta Cámara; los
empleados, por ejemplo, de notarías y de los colegios de
notarios, tienen un sistema de convenios colectivos por
ámbitos territoriales que ya lo quisieran para sí el 70, el
80, el 90 por ciento de los trabajadores españoles.
El problema no es ir a una regulación específica de las
relaciones laborales de este sector de empleados que tienen
ahí su negociación colectiva y que probablemente estaría
vedado al Gobierno. Ya en el Estatuto de los Trabajadores --y
eso se ha modificado en la reforma del año pasado-- se ha
regulado la desaparición de las ordenanzas de Trabajo y, por
tanto, de la capacidad del Gobierno para regular el marco
legal.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De la Rocha,
vaya concluyendo.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Voy terminando, señor Presidente,
en medio minuto.
Hoy, en la defensa de su moción, el portavoz de Izquierda
Unida nos ha especificado de qué se trata. Se trata de un
problema de Seguridad Social, pero no se trata de que los
empleados de notarías no tengan seguridad social; la tienen
hoy cubierta por una mutualidad y aspiran, razonablemente, a
pasar al régimen general de la Seguridad Social. Eso no tiene
nada que ver con definir el marco legal de relaciones
laborales, que es el del artículo 37 de la Constitución y del
Estatuto de los Trabajadores, razón por la cual mi Grupo va a
votar en contra de ese punto.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor De la
Rocha.
¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. Este tema, como ustedes han podido ver, está
planteado desde hace tiempo y en la Comisión de Justicia, del
31 de mayo último, aprobó una resolución.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que aquella resolución
continúa obligando al Gobierno. Fijábamos unos plazos, que no
se han cumplido, pero no por ello pierde vigencia. Al
contrario, el Gobierno continúa estando obligado a actuar
dentro de los márgenes y del ámbito que orientaban dicha
moción. Por consiguiente, nuestro Grupo entiende que el debate
que estamos manteniendo es reiterativo respecto a la posición
que la Cámara ya fijó en su momento.
El tema --se ha visto hoy otra vez-- es complejo, necesita
reflexión por parte del propio Gobierno que tiene la
iniciativa legislativa en est una colaboración de las partes
más directamente afectadas; es un buen instrumento a tener
presente para que el resultado final sea satisfactorio. De
todas formas, el tema es complejo porque afecta a un elemento
muy importante, en la estructura de la fe pública
extrajudicial; por consiguiente, no puede ser analizado de
forma superficial, sino que el resultado final ha de responder
a dos objetivos desde el punto de vista de nuestro Grupo: uno
garantizar la seguridad del tráfico jurídico y mercantil. El
otro sería que el resultado último de los trabajos que se han
de realizar sea en beneficio de los ciudadanos. Y ¿por qué?
Porque es la función social de toda norma, pero también porque
entendemos que el ciudadano ha de tener garantizados varios
elementos. Uno de ellos sería el asesoramiento suficiente, un
asesoramiento jurídico y mercantil que le dé plenas garantías
frente a los instrumentos a asumir y con ello se asegure un
control de legalidad de los mismos. Un elemento que también
consideramos importante es el coste económico que todo ello
puede comportar.
El segundo apartado de la moción, que no se analizó en el
contexto de la resolución del 31 de mayo, ya lo ha dicho antes
el portavoz del Grupo Popular, si plantease una voluntad
revisionista general de las tarifas, de los aranceles, del
coste efectivo de los servicios abriría una línea de trabajo
interesante que es necesario afrontar. Dentro de este segundo
apartado, el último punto que hace referencia a las
operaciones en las que concurran razones de interés social o
de menor capacidad económica de los contratantes, nuestro
grupo vería bien una atención especial sobre este aspecto.
Esperamos la reflexión que nuestras palabras y las de otros
grupos puedan ocasionar en el portavoz del Grupo de Izquierda
Unida.
En cuanto al tercer punto, el portavoz del Grupo Socialista ha
hecho una referencia hace un momento. Ciertamente, el punto
central es el de la empleados de notarías. Es un tema que
entendemos ha de tener su tramitación al margen de lo que hoy
estamos debatiendo. Nuestro grupo parlamentario considera que
no debe formar parte de la resolución que se plantea en este
momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Tiene la palabra el señor Andreu para indicar si acepta o no
las enmiendas que han sido defendidas.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Brevemente. En primer lugar para referirme a la enmienda que
plantea el señor Jordano, del Grupo Popular, y manifestarle
que no puedo aceptar su enmienda porque responde a un criterio
diverso del que plantea mi grupo parlamentario. Su criterio
fundamental es que sean los cuerpos que estén afectados los
que lo regulen, y no podemos compartirlo. Aunque usted me
acuse en algún momento de estatalista, nosotros pensamos que
es función del Estado regularlo. Sí le digo, señor Jordano,
que mi condic representante del pueblo español. No estaría de
más que hubiera una mayor diversidad de profesiones porque nos
libraría del riesgo corporativo, precisamente en este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, como
conoce muy bien S.S., el turno es para expresar brevemente la
aceptación o rechazo.
El señor ANDREU ANDREU: Sí, señor Presidente, soy breve.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, mi grupo
parlamentario no puede aceptarla por dos motivos. En primer
lugar, porque no es cierto que el planteamiento suyo sea estar
ajeno a los cuerpos, yo creo todo lo contrario. Esta marcha
atrás tiene que ver mucho con las presiones que se hacen desde
los cuerpos. Nuestra posición sí pensamos que es neutral en
esta cuestión.
El segundo tema es por una cuestión de pura mecánica
parlamentaria, precisamente para permitir que pueda haber una
votación separada de los diferentes puntos y ya que se ha dado
marcha atrás por parte de ese grupo parlamentario en algo tan
importante que deja en evidencia al señor Belloch, que por lo
menos pueda
aprobarse el punto segundo, relativo a la rebaja de aranceles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la
votación de la moción debatida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya. (La señora Mendizábal Gorostiaga
pide la palabra.) Señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente pedimos
votación separada del punto número 2. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Votación relativa a los puntos 1 y 3 de
la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)Efectuada la votación, dio el
siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, nueve; en
contra, 244; abstencio
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los dos puntos
sometidos a votación.
Votación relativa al apartado 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 256; a favor, 253; en contra, uno; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 2 de la
moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
noche.