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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 132, de 14/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 132 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 130
celebrada el martes, 14 de marzo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
entregas vigiladas de dinero. (Orgánica.) «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 100.1, de 1 de enero de
1995 (número de expediente 122/000081) (Página 7019)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre protección social, económica y
jurídica de la pareja. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie B, número 82.1, de 12 de septiembre de 1994
(número de expediente 122/000064) (Página 7024)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Idígoras Guerrikabeitia
y Díez Usabiaga), sobre el respeto de los derechos
penitenciarios y penales de los presos y presas políticos del
Estado español. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 51, de 8 de febrero de 1994 (número de
expediente 162/000073) (Página 7031)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas complementarias para revitalizar la construcción
naval. «Boletín Oficia de febrero de 1995 (número de
expediente 162/000169) (Página 7036)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política educativa del
Gobierno para las enseñanzas medias en general, y, en
concreto, respecto de las modificaciones del Real Decreto con
las que el Gobierno regulará las normas de convivencia en los
centros docentes no universitarios (número de expediente
173/000072) (Página 7044)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política general que adoptará el Gobierno, con
carácter de urgencia, contemple de pleno derecho las
variedades y los calendarios de las producciones españolas
(número de expediente 173/000073) (Página 7049)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
133, de 15 de marzo de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7019)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre entregas
vigiladas de dinero (Página 7019)
El señor Robles Orozco defiende la proposición de ley del
Grupo Popular, manifestando que el contenido de la misma se
explica prácticamente por la redacción de su texto y porque se
trata exclusivamente de la ampliación de una modificación que
ya se aprobó en esta Cámara ante la misma posibilidad de
efectuar entregas vigiladas de drogas. Señala que la
experiencia de aquella modificación parcial fue positiva y
precisamente el haber observado en la práctica diaria las
lagunas que se han producido al dejar incompleta la reforma es
lo que ha motivado al Grupo Popular a presentar la iniciativa
que ahora defiende. Añade que es una iniciativa que viene a
poner al ordenamiento jurídicoä español con el mismo nivel de
competencias y con las mismas posibilidades y mecanismos
modernizados que tienen los países de nuestro entorno, que se
enfrentan con mayor éxito a la lucha contra el narcotráfico.
La proposición de ley tiene por finalidad facilitar y
posibilitar las entregas vigiladas de dinero y trata, al mismo
tiempo, de modernizar, agilizar y completar la legislación
española. Son dos posibilidades que se contemplan en la
Convención de Viena y en el Convenio de Schengen y que, por
tanto, España tiene la posibilidad de introducir en su
ordenamiento jurídico. Afirma que la sociedad demanda que se
dote de los instrumentos adecuado a los Cuerpos de Seguridad
del Estado y a los jueces y fiscales y, dado que la mayoría de
los grupos de la Cámara están de acuerdo con el planteamiento,
lo que desean es que no se demore por más tiempo este tema y
que entre todos sean capaces de crear un instrumento que
seguramente va a ser extraordinariamente positivo para luchar
contra las drogas, permitiendo realizar una investigación más
eficaz y más completa.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Cardona i
Villa, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido,
del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; y Rodríguez Zapatero, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley por 123
votos a favor, 140 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre protección social, económica y jurídica
de la pareja (Página 7024)
La señora Urán González defiende la proposición de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza
expresando su condena más enérgica por el asesinato, una vez
más, de mujeres en Argelia a manos de integristas islámicos.
Desea, al mismo tiempo, apoyar la lucha que las mujeres
argelinas están manteniendo en defensa de sus derechos, que en
estos momentos se reducen prácticamente al derecho a seguir
viviendo.
Expone seguidamente que el artículo 39 de la Constitución
española establece la obligación de los poderes públicos de
asegurar la prote económica y jurídica de la familia. A través
de la proposición de ley lo que pretenden es eliminar, con las
modificaciones al articulado del Código Civil, a una parte del
articulado del Código Penal y a los textos de la Seguridad
Social e Impuesto sobre la Renta, la discriminación que en
estos momentos padecen las parejas de hecho y las parejas
homosexuales de hecho. Menciona también la Declaración de los
Derechos Humanos, en su artículo 16.3 y el artículo 23 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva
York, de 19 de diciembre de 1966, que contienen el mandato de
protección legal a la familia, que no siempre se constituye a
través del matrimonio. Considera preciso, por consiguiente,
modificar, ampliando su sentido, las normas que en los
diversos ámbitos del Derecho contemplan las relaciones
familiares. Reconoce que ya se han producido modificaciones en
la legislación española que van amparando estos derechos, pero
considera preciso que sean capaces de arbitrar los mecanismos
adecuados en la legislación para eliminar todo lo que suponga
discriminación hacia la pareja.
Alude asimismo a la Resolución adoptada el 8 de febrero de
1994 por el Pleno del Parlamento Europeo sobre igualdad de
derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la
Comunidad Europea considerando que es el momento político
oportuno y adecuado para concluir con una discriminación legal
que no debería existir.En turno en contr interviene el señor
Michavila Núñez. Comienza mostrando su satisfacción porque en
esta Cámara se debatan temas que realmente interesan a la
sociedad española y a la opinión pública, siendo bueno que la
legislación busque fórmulas correctas, coherentes, razonables
y adecuadas a problemas que indudablemente se dan hoy en
nuestra sociedad. Reconoce que, junto a la materia legal, en
nuestra vida social aparecen fórmulas de convivencia distintas
del matrimonio que van encontrando alguna acogida y respuesta,
bien sea de carácter jurisprudencial, bien sea mediante
acuerdos, incluso de rango legislativo y aprobados por esta
Cámara.
Aclarado lo anterior, en el sentido y decidido propósito del
Partido Popular de luchar contra cualquier forma de
discriminación basada en la orientación sexual, el Grupo
Popular considera que la iniciativa que ahora debaten no puede
merecer el voto afirmativo de esta Cámara. El proyecto de
normas que se presentan les parecen sociológicamente de todo
punto insuficientes y económicamente insolidarias,
jurídicamente incompletas y técnicamente muy deficientes.
Agrega que su Grupo considera que, aun siendo necesario
aprobar normas que sienten una cierta homogeneidad en las
disposiciones jurisprudenciales y normativas que incidan en
las parejas de hecho, éste no es precisamente el mejor favor
que se puede hacer a esos ciudadanos para resolver ese
conjunto de problemas. Su Grupo prefiere, en consecuencia,
esperar a que el Gobierno cumpla con urgencia un mandato que
le hizo esta Cámara el 29 de noviembre de 1994, en cuyo debate
el Grupo Popular manifestó su deseo de que se proceda a esa
regulación. Esperan, pues, una mejor oportunidad para regular
esta cuestión, anunciando en este momento su voto negativo a
la toma en consideración de la proposición de ley.
Replica la señora Urán González.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría
Muñoz, del Grupo Vasco; Casas i Bedós, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Valls García, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley por 14 votos a favor, 280 en contra y dos
abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 7031)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Idígoras Guerrikabeitia y
Díez Usabiaga), sobre el respeto de los derechos
penitenciarios y penales de los presos y presas políticas del
Estado español (Página 7031)
El señor Idígoras Guerrikabeitia, del Grupo Mixto, defiende la
proposición no de ley presentada, solicitando que esta Cámara
inste al Gobierno para que se respeten los derechos de los
presos políticosdel Estado español. Afirma que cada vez con
más intensidad y desde diferentes instancias y colectivos
sociales se viene denunciando la angustiosasituación en la que
en estos momentos se encu iniciar una huelga de hambre con el
único objetivode defender los derechos que por ley les
corresponden. Señala que a los presos políticos les como a
todo ser humano, unos fundamentales derechos, como
constantemente vienen diciendo el Parlamento Europeo y el
Consejo de Europa, agregando que, en estos momentos, estos
presos superan la cifra de 600 en las diferentes cárceles del
Estado español, negándoseles sistemáticamente su derecho a la
información, a la par que se graban las conversaciones más
íntimas de manera ilegal y no se respeta su derecho a la
intimidad, encontrándose en unas condiciones penosas, a
cientos de kilómetros de sus lugares de origen y sin que se
resuelvan las solicitudes de libertad condicional, todo lo
cual considera ilegal. Agrega que el Gobierno está empeñado en
conseguir que los presos políticos renuncien a sus ideas, con
un resultado insignificante después de muchos años, siendo
hora de que se replantee el que tanto violentar la legalidad
únicamente acarrea sufrimiento sin sentido para los presos y
sus familiares.
Concluye exponiendo el deseo de que estos presos vuelvan a sus
lugares de origen y que se respeten sus derechos, así como la
legalidad vigente, afirmando que a un conflicto político le
corresponden soluciones políticas, debiendo apartarse todas
las tentaciones represivas y toda persecución contra estos
presos, que en estos momentos no pueden defenderse.
El señor Anasagasti Olabeaga defiende la enmienda presentada
por el Grupo Vasco (PNV).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Azpiro
Solano, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley por
dos votos a favor, 294 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
complementarias para revitalizar la construcción naval
(Página 7036)
El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la
proposición no de ley del Grupo Popular. Exponeque, una vez
más, plantea una iniciativa tendente a que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a tomar una serie de medidas para
revitalizar la construcción naval y la contratación, por parte
de los astilleros españoles, de nuevas construcciones de
buques. Al mismo tiempo, plantea algo semejante para las
empresas navieras españolas y para el sector de la marina
mercante, que está atravesando por uno de los peores momentos
de su historia, señalando que la proposición no de ley podría
resumirse en la creación de un fondo de garantía que cubra el
tramo de la hipoteca que hoy en día no cubre la banca oficial,
tanto para la construcción naval como para los armadores de
los buques. Manifiesta que las cifras de contratación del año
pasado, de 160.000 toneladas de registro bruto, están muy por
debajo de lo que debería de haber conseguido de acuerdo con la
capacidad de los astilleros, cifrada en 400.000 toneladas de
registro bruto.
Añade que en un momento en el que esta actividad ha crecido en
el mundo España sólo ha conseguido el 1,3 por ciento del total
de la cont mundial, lo que es extraordinariamente bajo. Como
razón fundamental de este desfase alude a la falta de
operatividad del marco legislativo actual, en su aspecto de
financiación y garantías en comparación con nuestros
competidores.
Alude finalmente al contenido concreto de la proposición no de
ley, para lo que pide el voto favorable de la Cámara por
considerar que ha llegado el momento de que se tengan en
cuenta iniciativas del tipo de la presente.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Andreu Andreu, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Cuevas Delgado, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria;
Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); y Sedó i Marsal, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo
Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Soc las modificaciones introducidas en el
curso del debate, es aprobada por 296 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7044)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política educativa del Gobierno para
las enseñanzas medias en general y, en concreto, respecto de
las modificaciones del Real Decreto con las que el Gobierno
regulará las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios (Página 7044)
El señor González Blázquez defiende la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Afirma que su Grupo
Parlamentario prefiere, ante todo, solucionar los conflictos,
si puede incluso antes de que se produzcan, para evitar males
mayores, y en este sentido no esperan a que se publique la
correspondiente norma en el «Boletín Oficial del Estado» para
exponer su postura y procurar evitar que se produzcan los
problemas. En el pasado debate se les dijo también que se
ocupaban sólo de los derechos y no de los deberes, aclarando
que en el proyecto del Gobierno los derechos son muy pocos y
limitados mientras que los deberes son demasiados.
Agrega que la moción que ahora defiende cree que es aceptable
y puede dar lugar a acabar con unas movilizaciones
innecesarias e inoportunas, pidiendo al Ministerio de
Educación y Ciencia que acelere el proceso de negociación a
partir de las promesas efectuadas a las organizaciones
estudiantiles en los últimos días y ratificadas en esta misma
tribuna, promesas que Izquierda Unida califica como un paso
adelante, aunque no suficiente. Anticipa que, en todo caso, su
Grupo aceptará el resultado de la negociación, si se produce,
entre las dos partes más implicadas.
Concluye señalando que han procurado que la moción que ahora
defiende pueda ser aceptada por todos y espera que el Gobierno
no tenga ningún problema para ello.
La señora Cremades Griñán defiende la enmienda presentada por
el Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores López de
Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Nieto González, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 14
votos a favor, 152 en contra y 130 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política general que adoptará el Gobierno, con carácter de
urgencia, para conseguir que la reforma de la Organización
Común de Mercados (OCM), del sector hortofrutícola, a aprobar
por la Unión Europea, entre otros, contemple de pleno derecho
las variedades y los calendarios de las producciones españolas
(Página 7049)
El señor Pascual Monzó defiende la moción del Grupo Popular,
manifestando que la misma es un tanto extensa, pero la pro
hortalizas también es extensa por su cantidad y diversidad. En
la moción han pretendido recoger prácticamente todos los
aspectos que afectan al sector, aunque bien es verdad que sin
profundizar demasiado en ello al considerar que la moción
sirve simplemente como planteamiento básico, como orientación,
de cara al debate que se va a producir en Bruselas ante la
proximidad de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Añade que en el documento básico pretenden que se fije la
postura española para empezar a trabajar. Se trata de una
moción respecto de la cual pretenden llegar a un acuerdo en la
Cámara en relación con el sector hortofrutícola español.
Termina el señor Pascual Monzó exponiendo el contenido de los
puntos que integran la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los
señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria y la
señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida Para
fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Tubert
i Alsina, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, con las
modificaciones introducidas en el curso del debate, es
aprobada por 280 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
ENTREGAS VIGILADAS DE DINERO (ORGANICA) (Número de expediente
122/000081)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: toma en consideración de
proposiciones de ley.
Proposición del Grupo Popular sobre entregas vigiladas de
dinero Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser extremadamente breve en mi exposición
porque la explicación de la proposición de ley que nosotros
presentamos hoy viene dada prácticamente por la propia
redacción del texto y porque es exclusivamente la ampliación
de una modificación que ya se introdujo en esta Cámara con
motivo precisamente de la posibilidad de efectuar entregas
vigiladas de droga.
La experiencia de esta modificación parcial, que se llevó a
cabo como una experiencia positiva, y el haber observado en la
práctica diaria las lagunas que se han producido al dejar
incompleta esta reforma, es precisamente lo que ha motivado al
Grupo Popular a presentar esta iniciativa; una iniciativa que,
por otra parte, viene a poner al ordenamiento jurídico español
con el mismo nivel de competencias y con las mismas
posibilidades y mecanismos modernizados que tienen los países
de nuestro entorno, los países que se enfrentan con mayor
éxito a la lucha contra el narcotráfico.
Esta proposición de ley tiene por finalidad, como les he
dicho, facilitar y posibilitar las entregas vigiladas de
capital, las entregas vigiladas de dinero, y trata, al mismo
tiempo, de modernizar, agilizar y completar la legislación
española; son dos posibilidades que se contemplan en la
Convención de Viena y en el Convenio de Schengen y que, por
tanto, España tiene la posibilidad de introducir en su
ordenamiento jurídico.
Nosotros presentamos esta iniciativa, señorías, en el contexto
de una moción que se debatió en esta Cámara en noviembre del
año pasado. Esta moción, que tuvo la valoración positiva, en
su expresión verbal, de parte de la mayoría de los grupos, no
tuvo su aceptación en aquel momento argumentando precisamente
que era mejor posponer el debate para un mayor análisis de
estos temas en la Comisión mixta del estudio sobre la droga.
Hemos tenido la sesión de la Comisión mixta, ha comparecido el
Secretario de Estado, hemos vuelto a conocer la posición
favorable ya expresada de los grupos en estos aspectos y, una
vez superado el trámite de esa comparecencia en la Comisión
mixta, hemos querido aportar a esta Cámara la posibilidad de
iniciar este trámite parlamentario para que no se demore un
instrumento en que todos hemos estado de acuerdo en expresar
que es un instrumento válido para enfrentar eficazmente la
lucha contra el narcotráfico.
Al margen de protagonismos parlamentarios, queremos dar
ocasión a esta Cámara de iniciar este trámite, porque es lo
que nos está demandando, la sociedad, son los instrumentos que
nos están demandando los cuerpos de Seguridad del Estado y los
fiscales y jueces en este país. Porque no hay ningún motivo,
puesto que se ha expresado el acuerdo de la mayoría de los
grupos y puesto que hay una demanda también de la sociedad, es
por lo que deseamos que no se demore ni un minuto más este
tema y entre todos seamos capaces de crear este instrumento
que seguramente va a ser de extraordinaria eficacia, como he
dicho anteriormente.
Esta es la continuación de la moción que presentamos en el mes
de noviembre y que trata de contemplar todo el entramado
jurídico para luchar contra las drogas. Ya se procedió en su
momento a promulgar una ley para luchar contra el blanqueo de
capitales que era fundamentalmente una ley que contemplaba
aspectos administrativos. Por lo tanto, hoy tenemos que
completarla con aspectos procedimentales que faciliten la
investigación y que la hagan más eficaz. De eso se trata: de
hacer una investigación más eficaz y más completa.
La Ley del blanqueo de capitales, que debe ser un instrumento
legal --aprovecho para decirlo, señorías--, está incompleta,
porque falta todaví el reglamento que prevé la ley y sin el
cual no digamos que es un papel mojado, pero, en todo caso, es
una ley claramente incompleta.
El fenómeno del narcotráfico en nuestro país, como saben
ustedes, es de una extraordinaria gravedad. España ocupa el
primer puesto en decomisos de hachís, de cocaína; es el quinto
país en decomisos de heroína y el volumen de tráfico de
capitales que se estipula que España mueve en cuanto al
blanqueo es de, aproximadamente, 540.000 millones de pesetas.
Yo creo que el gran volumen de negocio que supone para los
narcotraficantes, la gravedad del problema social que supone
para nuestro país, insisto, no nos debería dejar perder ni un
minuto más en hacer posible estas modificaciones. Este tipo de
modificaciones que presentamos a la ley lógicamente deben
estar sujetas a unos determinados principios, que serían,
fundamentalmente, que la autorización sólo puede concederse
caso por caso, quedando, en consecuencia, determinadas
autorizaciones sin carácter genérico; que sólo podrán ser
autorizadas cuando sean necesarias para los fines de la
investigación, lo que quiere decir que, sin su utilización,
sea poco probable o muy difícil descubrir a los miembros de la
organización y tener pruebas materiales para demostrar los
hechos y la relevancia del delito, lo que significa que sólo
se podrá autorizar cuando se trata de un hecho grave
organizado.
Como ven ustedes, está contemplada esta reforma con las
garantías suficientes en los mismos términos, por cierto, que
se hizo en su momento la entrega vigilada de droga.
Yo creo que es innecesario, señorías, extenderme más en la
explicación. Es una urgencia y demanda social; es una demanda
de los Cuerpos de Seguridad y de las
organizaciones no gubernamentales. Hemos expresado entre todos
la voluntad de proceder a ese tipo de reformas. Estamos
poniendo sobre la mesa --valga el ejemplo--, en esta Cámara,
la posibilidad de iniciar el trámite parlamentario. Yo creo
que la opinión pública, las organizaciones no gubernamentales,
los jueces, los cuerpos de Seguridad, los que también son
víctimas de este terrible problema de la droga y la grave
situación que produce este volumen de negocio tan importante
no entenderían de artilugios parlamentarios, de estratagemas
de oportunidad política, de estrategias de grupos
parlamentarios, sino que lo que nos piden es que no perdamos
ni un solo minuto más porque cada minuto que nosotros perdemos
lo ganan los narcotraficantes, por lo cual señorías, les pido
que tomen en consideración esta proposición de ley orgánica
para que iniciemos la posibilidad de esta reforma parcial, en
la que estoy seguro que, si algo hay que modificar en el
trámite parlamentario, todos llegaremos a acuerdos.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, vamos a fijar la posición de
nuestro Grupo, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en
relación a la toma en consi la proposición de Ley sobre
entregas vigiladas de dinero, presentada por el Grupo
parlamentario Popular y en la que se propone la modificación
del artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Hemos de decir que participamos de la idea, de los fundamentos
con los que se presenta la proposición, destacando dos
innovaciones: por un lado todo lo referente a las entregas
vigiladas de dinero, dinero procedente, por otra parte, de
actividades relacionadas con el narcotráfico, como se
contempla en punto 1, y, por otro, la finalidad que se añade
en el punto 2, en el sentido de descubrir cualquier acto que
represente blanqueo de capitales procedentes de dichas
actividades delictivas.
Por muchos y diversos motivos podríamos justificar nuestra
posición concordante, esperamos, con otros grupos de la
Cámara, pero por encima de todo, porque entendemos que en la
lucha contra el narcotráfico el Estado de Derecho tiene una
posición desigual frente a las poderosas mafias organizadas
que intervienen en su distribución.
El artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
se introdujo a finales del año 1992, contempla la entrega
vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas. Añadir
ahora a dicho artículo la entrega vigilada de dinero
procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico no
sólo parece lógico y coherente, sino que también es convenien
las exigencias y situación actual del tráfico de drogas.
Hay que luchar con todas las bazas, con todas las armas que
nos pueda dar el Estado de Derecho frente a esas poderosas
organizaciones mafiosas.
Nos parece también adecuado añadir a las finalidades que
tienen estas entregas vigiladas, tanto de dinero como de
drogas y sustancias, la iden personas involucradas en la
comisión de algún delito relativo a dichas drogas y
sustancias, tal y como se contempla ahora en el artículo 263
bis, así como el delito de blanqueo de capitales procedentes
de dichas actividades delictivas. Hoy en día entendemos
imprescindible su detección para una eficaz y eficiente lucha
contra el narcotráfico. En consecuencia, tenemos que estar de
acuerdo con el objetivo fundamental de fondo que pretende la
proposición de ley.
Por otra parte, el Ministro de Justicia e Interior adelantó en
esta tribuna, con ocasión de la interpelación urgente que el
mismo Grupo presentó el 26 de octubre de 1994, los criterios,
medidas, objetivos y pasos de la política del Gobierno para
afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del
consumo y tráfico de drogas.
Ahora bien, el Gobierno tiene previsto presentar un nuevo
proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal de
manera inminente. Por lo tanto, parece lógico que la
modificación del artículo 263 bis de dicha Ley se haga con el
conjunto de las modificaciones que se propugnan. Por una
simple cuestión de lógica procedimental: no parece éste el
momento más oportuno y adecuado para tratar ahora sólo la
modificación del mencionado artículo 263 bis que se nos
propone.
En consecuencia, y aun participando de la idea, de los
fundamentos que ha presentado el Grupo proponente, nuestro
Grupo, por lo expuesto, no va a apoyar esta proposición de
ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo coincide con el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) en que esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal es oportuna y necesaria. La verdad es que se podrían
suscribir todos los argumentos expuestos por el portavoz de
Convergència i Unió.
Nosotros entendemos que la lucha contra el narcotráfico y
contra el blanqueo de dinero proveniente de
estas actividades ilícitas debe llevarse a cabo con las
máximas facilidades investigadoras, que es precisamente lo que
se intentó en su momento con la modificación del artículo 263
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo que se intenta hacer
ahora con esta proposición de ley, cuyo contenido compartimos.
Es decir, se trata de que el Juez de Instrucción pueda
autorizar no solamente la circulación o entrega vigilada de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
que ya está vigente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino
que, además pueda autorizar entregas vigiladas de dinero
procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Esto es, que se trata, tanto en el párrafo primero como en el
segundo, de que la entrega vigilada por el juez de instrucción
se extienda a lo que técnicamente se han llamado los
precursores; es decir, aquellos elementos previos a la
comisión del délito o, como en el caso del blanqueo de dinero,
posteriores a la comisión del delito, que también hay que
perseguirlos. La lucha contra el narcotráfico no sólo se
realiza a través del combate una vez producido el delito, sino
de la investigación de aquellos precursores o elementos que
van a llevar a la comisión del delito; es el caso del dinero y
también de sustancias químicas que, mediante procedimientos de
síntesis, pueden llegar a producir drogas.
Nos parece que la proposición de ley completa muy
adecuadamente una laguna que existe en este artículo 263 y que
en consecuencia, es absolutamente asumible y compartible. Por
tanto, repito, compartimos los argumentos expresados por el
Grupo precedente. Sin embargo, no compartimos con el Grupo
precedente el que d es oportuna la modificación en este
momento porque se supone que el Gobierno va a enviar un
proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal; no compartimos
esto porque hay muchísimos propósitos del Gobierno, incluso
compromisos de enviar proyectos de ley que no se han cumplido
y que no se sabe si se cumplirán, aunquesería deseable que así
fuese. Recientemente hemos aprobado en esta Cámara una
modificación del proyecto de Ley del Jurado en el sentido de
que haya una reforma muy amplia de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, y, por tanto, es deseable que esto se haga, pero
hasta tanto, no tiene sentido que la Cámara se autolimite sus
competencias y que algunos proyectos de Ley, en este caso
proposiciones de ley, que son procedentes, oportunos,
necesarios, como ha señalado el portavoz de Convergència i
Unió, no se tramiten por el hecho de que está previsto que
venga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, hay otra razón: que, aun cuando viniera ese proyecto
de ley --que no está en la Cámara; otra sería nuestra posición
si el proyecto de ley estuviera en la Cámara--, un proyecto de
ley tiene una tramitación mucho más dilatada que la que puede
tener esta sencilla proposición de ley, que, la verdad, puede
solventarse en muy poco tiempo y, de cara a la lucha contra el
narcotráfico, consideramos que es extremadamente útil.
Por eso nosotros vamos a apoyar esta toma en consideración.
Nuestra posición, en principio, suele ser favorable a la toma
en consideración de ley si su contenido es aceptable; hasta
ahora, las intervenciones de otros grupos nos han convencido
de que es así, de que el contenido de la proposición de ley es
aceptable, y nos parece que este momento es bueno para
tramitar esta proposición de ley, por lo que nosotros vamos a
votar a favor de su toma en consideración, ya que, repito, nos
parece oportuna, nos parece que esta reforma del artículo 263
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está bien planteada.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, también con
brevedad, en este trámite en relación con la proposición de
Ley Orgánica del Grupo Popular, que pretende modificar la Ley
de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 263 bis, intentando
ampliar lo que ha sido la reforma de 1992, en virtud de la
cual se facultó al Juez y no sólo al Juez, sino también a la
Policía Judicial a la fórmula conocida como «la entrega
controlada de drogas», y, por tanto, un instrumento posible de
investigación de hechos relacionados con el narcotráfico y con
el blanqueo de capitales para que pudieran ser más eficaces en
esa labor y en esa tarea. (Rumores.)
Hoy el Grupo Popular nos presenta una ampliación que en su
momento, cuando incluso se produjo la reforma en su día del
263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puso en
cuestión por algún grupo --quiero recordar que fue algún grupo
nacionalista-- que invocó la posibilidad de ampliar la entrega
vigilada de dinero o de capitales (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez Zapatero.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, por favor.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Posteriormente, yo creo que hemos
tenido oportunidad en esta Cámara, en muchos debates y en
varios instrumentos normativos, algunos de los cuales está en
estos momentos en la propia Cámara, de abordar, creo que en
profundidad, creo que con rigor y creo que, a pesar de algún
momento de mayor dificultad, con un consenso bastante
amplio, lo que es en la actualidad un ordenamiento, un
conjunto de instrumentos legislativos bastante eficaz contra
el narcotráfico y, especialmente, contra el blanqueo de
dinero, fundamentalmente como consecuencia de la Ley que
establece todo un sistema de controles y de garantías, de una
Ley que, por cierto, porque quizá yo creo que ha pasado
desapercibido en el conjunto del debate, establece mecanismos
suficientes, quizá no globalmente perfectos, pero sí
suficientes para abordar alguna cuestión con la que se intenta
introducir en la proposición de ley orgánica del Partido
Popular, con la que, quiero dejar dicho de antemano, el Grupo
Socialista no está en desacuerdo; que quizá exigiría --como
toda proposición de ley que intenta en este caso abordar una
regulación que tiene una transcendencia jurídica en el orden
del proceso penal--, que seguramente exigiría, digo, una mayor
reflexión desde el punto de vista técnico-jurídico.
Pero quiero dejar claro, con esa consideración anterior que
hacía sobre la situación de nuestro ordenamiento jurídico de
los instrumentos lega en la lucha contra el blanqueo de
capitales, que nuestro país está en un nivel plenamente
equiparable a cualquier otro ordenamiento; incluso cabría
recordar que, por ejemplo, el actual 263 bis, que se intenta
hoy ampliar en cierta medida, no está recogido en otros
ordenamientos europeos y, sin embargo, la práctica de la
entrega controlada de droga se produce en esos países al
amparo del Convenio de Viena. Conviene recordar esto porque
quizá pudiéramos dar la imagen de que estamos en un debate de
una sustancialidad excesiva, y yo creo sinceramente que no es
así. Está bien la iniciativa. El Ministro en su día anunció un
conjunto de medidas de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, entre ellas la posibilidad de regular
la entrega vigilada de dinero, con las garantías jurídicas y
técnicas que exige una medida de este alcance.
El Grupo Socialista, creo que coincidiendo con algún otro
grupo, entiende que, ratificada la voluntad política por el
Gobierno --que también es un compromiso del Grupo Socialista
de que esa voluntad se haga efectiva--; convencidos de que en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que pueda afectar a
los medios de investigación en manos de los jueces y de la
policía judicial para una mayor eficacia en la lucha contra el
narcotráfico y contra el blanqueo de capitales, los pasos que
ya se han dado y entendemos que han sido muy importantes;
convencidos también de que en su momento --espero que sea muy
pronto-- este proyecto de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que afecta a varias cuestiones --el
Grupo Popular sabe perfectamente cuáles son--, va a gozar
seguramente de un amplio consenso y de la posibilidad de que
políticamente y desde la perspectiva de una racionalidad
legislativa, de una adecuación técnica y de una ordenaciónä
normativa conforme a lo que debe ser un proyecto integral,
donde cerremos para mucho tiempo el perfeccionamiento de los
instrumentos de inv --creo que los penales están básicamente
definidos-- que esta Cámara, que el poder legislativo tiene
que poner en manos de los jueces y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, el plazo de espera para tener esa
perspectiva global, para que trabajemos sobre un texto
conjunto, para que podamos, en su caso, intentar que el máximo
número de grupos parlamentarios esté de acuerdo en esta
dirección, el Grupo Popular creo que lo sabrá comprender
perfectamente.
En función de esas razones de política legislativa, de no
incrementar las leyes especiales o singulares que van
modificando lo que, en definitiva, pueda ser visto --la Ley de
Enjuiciamiento Criminal no es mas que el código del
procedimento penal español, con la importancia que ello tiene-
- en esa perspecitiva de conjunto, por esas razones, repito, y
no por razones de fondo, aunque técnicamente en su día
discutiremos algunos matices que se introducen en esta
proposición --veremos cómo llega el texto del Gobierno--, es
por lo que el Grupo Socialista no va a aprobar dicha
proposición de ley orgánica. Lo hacemos, insisto y reitero,
convencidos de que el compromiso del Gobierno será efectivo,
que estamos hablando en todo caso, si esta proposición tiene
esa bondad y perfecciona instrumentos de investigación, de dos
o tres meses de retraso cuando más, que creo que ciertamente
no afecta nada a las previsiones de la ley del blanqueo, para
una lucha eficaz contra el blanqueo de capitales procedentes
del narcotráfico.
En atención a ese conjunto de razones, y teniendo en cuenta la
reiteración de los compromisos políticos, el Grupo Socialista
no va a apoyar esta proposición de ley y transmite al Grupo
Popular que la contribución que hoy supone esta proposición se
reproduzca, en este y en otros temas, cuando tengamos el
paquete global, la perspectiva general de la modificación de
todos aquellos instrumentos de investigación para la lucha
contra el narcotráfico.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular, sobre entregas vigiladas de
dinero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 264; a favor, 123; en contra, 140; abstenciones,
una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE PROTECCION SOCIAL, ECONOMICA Y
JURIDICA DE LA PAREJA (Número de expediente 122/000064)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre protección social,
económica y jurídica de la pareja.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya y con el permiso del señor
Presidente, quiero empezar mi intervención expresando la
condena más enérgica por el asesinato, una vez más, de mujeres
en Argelia a manos de integristas islámicos. Al mismo tiempo,
desde esta tribuna, quiero apoyar la lucha que las mujeres
argelinas están manteniendo en defensa de sus derechos, que en
estos momentos prácticamente se reducen al derecho a seguir
viviendo.
Después de esto, señorías, vamos a seguir hablando de derechos
y de libertades, del derecho a la protección, a la convivencia
y a la familia, independientemente del origen y filiación que
ésta tenga.
El artículo 39 de la Constitución Española indica la
obligación de los poderes públicos de asegurar la protección
social, económica y jurídica de la familia, pero al mismo
tiempo este artículo no hace referencia a un modelo de familia
determinado ni predominante, lo que hace necesario una
interpretación amplia de lo que debe entenderse por familia,
consecuente con la realidad actual y con el resto del
articulado constitucional referido a la persona.
Por lo tanto, señorías, nosotros venimos a defender una
proposición de ley que lo que pretende es eliminar, con las
modificaciones al articulado del Código Civil, a una parte del
articulado del Código Penal y a los textos de la Seguridad
Social y del Impuesto sobre la Renta, la discriminación que en
estos momentos padecen las parejas de hecho y las parejas
homosexuales de hecho. Lo avalamos no solamente con nuestra
Constitución sino, además, con la Declaración de los Derechos
Humanos en su artículo 16.3 y con el 23 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York,
de 19 de diciembre de 1966. Contienen el mandatode protección
legal a la familia y que ésta no siempre se constituye a
través del matrimonio. Se hace preciso modificar, ampliando su
sentido, las normas que en los diversos ámbitos del Derecho
contemplan las relaciones familiares. Es cierto que ya se han
producido modificaciones legislativas en la legislación
española que van amparando precisamente estos derechos, pero
es preciso que seamos capaces de arbitrar ya el mecanismo y la
legislación adecuada para eliminar todo aquello que suponga
discriminación hacia las parejas. Por lo tanto, también nos
hacemos eco de la Resolución adoptada el 8 de febrero de 1994
por el Pleno del Parlamento Europeo sobre la igualdad de
derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la
Comunidad Europea, que en una de las recomendaciones que hace
a la Comisión Parlamentaria dice textualmente que debe
incluirse dentro de los textos legislativos y tratar de poner
fin, como mínimo, a la prohibición de contraer matrimonio o de
acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de
lesbianas o de homosexuales y, que la recomendación deberá
garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio
permitiendo la inscripción de la convivencia.
Con todo esto, señorías, en el artículo 1.º de esta
proposición de ley nosotros decimos textualmente: «Todas las
familias tienen la misma protección social, económica y
jurídica así tengan su origen en la filiación, en el
matrimonio o en la unión de dos personas que convivan por
análoga relación de afectividad, con independencia de su
orientación sexual».
Y en el artículo 2.º decimos: «Principio de no discriminación.
Nadie puede ser discriminado por razón del origen o las
características del grupo familiar del que forme parte».
Señorías, entendemos que es necesario y que es el momento
adecuado, dada la aceptación social que este tipo de familias
tienen hoy en nuestra sociedad, que esta Cámara legisle y
modifique la legislación para que las parejas no sufran ningún
tipo de discriminación.
Voy a hacer referencia especial a aspectos de este tipo de
modificación que estamos planteando que nos parecen
importantes.
Nos parece que es imprescindible, sobre todo, que se
reconozcan los derechos de esta convivencia --además de
mediante otras modificaciones-- principalmente en el Estatuto
de los Trabajadores en cuanto a los permisos que se pueden
obtener por razón de matrimonio. Proponemos que para obtener
este tipo de permisos sea necesario solamente la acreditación
de la convivencia durante seis meses.
En la Ley General de Seguridad Social planteamos la
modificación en el sentido de que todas las parejas,
independientemente de su origen y de su orientación sexual,
tengan derecho al auxilio por defunción y a la pensión de
viudedad. Recordemos que en el mes de febrero del año pasado
una sentencia del Tribunal Supremo negó la pensión de viudedad
a una mujer por el hecho de no estar casada legalmente con su
compañero. Por tanto, señorías, consideramos que este tipo de
discriminaciones deben desaparecer y nosotros lo planteamos
así en nuestra proposición.
Para ello --voy terminando-- necesitamos que existan pr con
que sean las admitidas en Derecho o con que se acepte la
prueba de los registros que algunos ayuntamientos y
comunidades autónomas, adelantándose a la aprobación en esta
Cámara de cualquier ley que les obligara a hacerlo y dando
respuesta a la necesidad social, ya han empezado a abrir y que
van sencillamente a certificar la convivencia.
Señorías, creo que es el momento político oportuno y adecuado
para dar satisfacción a las reivindicaciones de igualdad que
vienen demandando no sólo los grupos de homosexuales, sino
también las parejas de heterosexuales que vienen padeciendo
una discriminación legal que, según nuestro texto
constitucional, no debería de existir.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Señor Michavila.
El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, subo a esta tribuna para consumir, en nombre del
Grupo Popular, un turno en contra de la proposición de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Quiero empezar este turno explicativo del voto contrario del
Grupo Popular manifestando, en primer lugar, nuestra
satisfacción porque en esta debatan temas que realmente
interesan a la sociedad española e interesan a la opinión
pública. Este debate ya se ha realizado en otras ocasiones y
pensamos que es bueno que el legislador busque fórmulas
correctas, coherentes, razonables y adecuadas a problemas que
indudablemente se dan hoy en nuestra sociedad.
Efectivamente, junto al matrimonio legal, en nuestra vida
social aparecen fórmulas de convivencia distintas del
matrimonio que van encontrando algunas acogidas y respuestas
bien sean de carácter jurisprudencial o bien sea mediante
acuerdos incluso de rango legislativo y aprobados por esta
Cámara. Quiero recordar que muy recientemente, en concreto en
la Ley de Arrendamientos Urbanos, se contemplaban los efectos
respecto de la subrogación para las parejas de hecho.
Sentado esto y sentado asimismo el decidido propósito del
Partido Popular de luchar contra cualquier forma de
discriminación basada en la orie que pudiera existir en
nuestra sociedad, decidido propósito que además se justifica
en los propios hechos, y muy singularmente en la enmienda que
al proyecto del Código Penal ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, específicamente al artículo 491,
solicitandouna agravación de las penas para qu por razones de
orientación sexual a los ciudadanos españoles, el Partido
Popular considera que la iniciativa parlamentaria presentada
hoy por Izquierda Unida no puede merecer el voto afirmativo de
esta Cámara. Efectivamente, el proyecto de norma que se nos
presenta nos parece, sociológicamente, de todo punto
insuficiente, nos parece asimismo económicamente insolidario,
nos parece jurídicamente incompleto y, desde luego, nos parece
técnicamente muy deficiente.
Sociológicamente nos parece insuficiente puesto que no se
atiende a regular la realidad social a la que se hace
referencia. Es bueno distinguir que existen dos realidades
sociales distintas, la de quienes pudiendo contraer
matrimonio, no quieren hacerlo, y la de quienes queriendo
hacerlo, no pueden hacerlo por impedimentos de la legislación
vigente. El proyecto que se nos presenta une en una misma
disposición, sin distinción ninguna, ambas situaciones
sociales, enormemente distintas. A su vez, no responde a lo
que pretende la exposición de motivos, que dice literalmente:
dar plena eficacia al principio de protección de la familia en
nuestro ordenamiento jurídico. Si se pretende reformar de
pleno nuestro ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la
familia, no entendemos cómo no se aprovecha la ocasión para
mejorar algo que reclama también la gran mayoría de la
sociedad española, como son las medidas de protección y apoyo
a las familias ya constituidas con arreglo a la normativa
vigente. Es bueno recordar que España es el país de la Unión
Europea con menor apoyo a las familias constituidas según la
legalidad vigente, y es bueno en ese terreno, por tanto,
seguir prosperando, seguir aproximándonos a los niveles de
calidad que en esta materia existen en la Unión Europea.
Y, finalmente, no es sociológicamente completa, porque se
refiere exclusivamente a la regulación de una fracción de esa
realidad social, que es la relación entre pareja, y además no
con efectos de deberes, sino exclusivamente de derechos,
olvidando que hoy la evolución de las formas de familia en
nuestro país contempla también en su seno lo que las cargas de
nuestros mayores suponen.
Económicamente insolidario porque el texto que se nos
presenta, de una parte, sólo contempla derechos y en ningún
caso deberes, y muy singularmente porque no se protege en este
texto al más débil en esa relación de convivencia. Resulta
sorprendente, podemos decir que resulta casi insólito, que se
haya procedido a hacer una transcripción exclusivamente de
derechos y no se proteja al más débil cuando se pueda romper
esa relación de convivencia. Por ejemplo, nada se dice de la
referencia de bienes adquiridos durante la vida en común; qué
compensación tienen las actividades de trabajo doméstico que
pueda tener un conviviente en favor de otro durante el período
que dure la relación; qué eficacia jurídica se da a las
prestaciones o entregas económicas
de uno en favor de otro; qué régimen jurídico tienen las
«litis expensas» entre los convivientes. No se establece el
más elemental y mínimo derecho de solidaridad entre la pareja,
como es el derecho de alimentos, es decir, no se establece
para ninguno de los dos convivientes el derecho de sustento,
habitación, vestido y asistencia médica entre sí y con
respecto a los hijos, que nos parece un derecho absolutamente
elemental y de una mínima dignidad jurídica en una norma de
esta naturaleza.
En tercer lugar, nos parece un proyecto jurídicamente
incompleto. De aprobarse esta proposición en los términos en
los que se presenta a la Cámara, estoy absolutamente
convencido de que son muchos más los problemas que se abren
que los problemas que con ella se cierran, y ello por una
razón: se dan efectos jurídicos a una relación sin definir lo
que ésta sea. La convivencia afectiva análoga a la matrimonial
aparece como fuente de imputación de múltiples derechos, nunca
de obligaciones, desde pensión de viudedad a derecho de
sucesión, pasando por el permiso laboral de 15 días y, sin
embargo, no se especifica qué se entiende por convivencia
afectiva análoga a la matrimonial. Cierto es que no se ha
hecho en la Ley de Arrendamientos Urbanos ni en el Código
Penal, pero ahí, la matización jurisprudencial puede ser fácil
y muy atinada. Aquí sólo se define en un supuesto y, además,
contradictoriamente con otro. En un caso, para disfrutar de
los 15 días de permiso por contraer matrimonio, se establece
la necesidad de estar conviviendo seis meses. En otro
supuesto, en el relativo a la Ley de Arrendamientos Urbanos,
se establece la necesidad de estar conviviendo efectivamente
dos años. En el resto de los supuestos, no se define la
situación jurídica respecto de la cual se imputan tan
trascendentales consecuencias jurídicas; no se establece cuál
es el criterio de duración general de esa relación afectiva.
Incluso, en muchos casos, parece deducirse del tenor literal
de la norma que no se exige ni siquiera duración alguna, sino
que, inmediatamente, en el momento en el que se produce el
evento jurídico, se dan las consecuencias a esa relación
afectiva. Piénsese, por ejemplo, las dramáticas consecuencias
que esto puede tener respecto de las sucesiones o respecto
incluso del régimen de donaciones. Si no se especifica qué
relación tiene esta figura de la convivencia análoga a la
matrimonial con respecto a la propia matrimonial, no se dice
si puede ser simultánea o no, no se dice si puede ser
compatible, cabría incluso la posibilidad, en su tenor
literal, de la simultaneidad, multiplicidad o sucesión. Estos
perfiles, que no son sino una lectura razonada, lógica del
texto, es necesario aclararlos para que, de verdad,
encontremos una norma que sea adecuada a la demanda social que
en este momento existe en nuestro país.
Finalmente, no podemos dar nuestro voto afirmativo a esta
propuesta porque técnicamente es incorrecta. No nos parece que
los buenos legis buenos juristas que hay en el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
hayan tenido la ocasión de ver con detenimiento este texto.
Resulta sorprendente que en una ley ordinaria se pretenda
modificar una ley orgánica, por ejemplo, como es el Código
Penal; resulta también llamativo, por ejemplo, que se hagan
modificaciones que ya existen en nuestro ordenamiento
jurídico. Pero, quizás, lo más llamativo es el propio artículo
1.º, que mi compañera Diputada que ha defendido este texto ha
tenido la bondad de leernos, y que yo quiero volver a leer:
«Todas las familias tienen la misma protección social,
económica y jurídica, así tengan su origen en la filiación, en
el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan por
análoga relación de afectividad, con independencia de su
orientación sexual».
Estoy absolutamente convencido de que el fin que se pretendía
al redactar este artículo 1.º no es el que se consigue con su
tenor literal. Sin duda, se pretendía el fin de la no
discriminación, en el cual --digo-- el Partido Popular estará
siempre el primero para defender la punibilidad de esas
conductas y para defender la promoción de la igualdad y la no
discriminación por razones de orientación sexual, pero el
texto literal que les acabo de leer, es decir, que todas las
familias tienen la misma protección social, económica y
jurídica, supone, sin lugar a dudas, una carga de dinamita en
el Estado social. Ustedes conocerán también --como el Grupo
Parlamentario Popular-- que la clave del Estado social
consiste precisamente en que el Estado trata de manera
diferente a los diferentes; que el Estado trata más y mejor a
quien más lo necesita, y no tiene sentido dar los mismos
criterios de igualdad a todas las unidades familiares. La
aplicación literal de este artículo 1.º, unida a la
disposición final derogatoria, supondría, por ejemplo, derogar
la progresividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cosa que estoy seguro que ustedes no pretenden pero
que sería lo que conseguiría este texto; o supondría suprimir
las ayudas de 3.000 pesetas mensuales actualmente reconocidas
en nuestro ordenamiento jurídico para familias cuya renta sea
inferior al millón y medio de pesetas; o supondría reducir las
ya muy escuálidas y escasas ayudas que existen en nuestro
ordenamiento jurídico para familias con cargas familiares
graves por tener un impedido físico profundo en su seno, sea
menor de 18 años o incluso mayor sin renta fija. Estoy seguro
de que no es eso lo que ustedes pretendían, pero los defectos
técnicos con los que se han redactado esta norma nos llevan a
esa conclusión.
Otra manifestación de técnica jurídica --y con esto voy
acabando, señor Presidente-- es que nos encontramos con que
existe una disposición adicional, en la cual, habitualmente,
lo que hacen los textos de rango legal es facultar al Gobierno
a desarrollar una norma legal,
es decir, habilitar al Gobierno para que, en el ejercicio de
su potestad reglamentaria, proceda a dar aplicación práctica y
efectiva al texto que el Parlamento, las Cortes, en ejercicio
de su soberanía, han decidido aprobar.
Pues bien, en esta disposición adicional no se habilita al
Gobierno a desarrollar aplicativamente la ley, sino que se le
habilita exclusivamen disposiciones preexistentes, lo cual sin
duda es restringir la propia eficacia que el legislador o el
que ha redactado esta norma ha pretendido darle. Además, se
introduce un concepto jurídico tan inexistente en nuestro
ordenamiento, como es decir las disposiciones sin rango de
ley. La habilitación al Gobierno es de las disposiciones con
rango inferior a ley, puesto que evidentemente no tienen rango
de ley ni la Constitución ni los Tratados Internacionales y
estoy convencido de que en ese régimen de habilitación no
pretendía entrar el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al
redactar esta disposición adicional.
Finalizo ya. La disposición final establece la inmediatividad
en los derechos reconocidos con eficacia retroactiva. Eso
supondría, por ejemplo de 15 días de vacaciones para quien
lleve seis meses conviviendo sería de aplicación inmediata una
vez que fuera aprobada esta ley. Me parece que esto llevaría a
un enorme desorden jurídico, a una falta de certeza jurídica y
a un caos laboral muy notable. Si se hace con efectos
retroactivos de 60 u 80 años, cualquier persona que haya
tenido una relación afectiva de convivencia de seis meses
puede hoy reclamar ese derecho de 15 días de vacaciones; estoy
convencido de que es algo que ustedes no querían pero que, sin
embargo, dice este texto de ley.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular considera que,
siendo necesario aprobar normas que sientenuna cierta
homogeneidad en la dispersi a esos ciudadanos para resolver
ese conjunto de problemas.
El Grupo Parlamentario Popular prefiere, en consecuencia,
esperar a que el Gobierno cumpla con urgencia un mandato que
le hizo ya esta Cámara noviembre de 1994, en el cual quiero
recordar que mi Grupo Parlamentario manifestó su deseo de que
se procediera a esa regulación, pero su voto de abstención fue
debido al propósito de reconocer el derecho de adopción
respecto de las parejas de homosexuales, situación ésta
concreta que pensamos que no favorece la mayor protección de
los menores, por lo cual hicimos una excepción.
Dicho esto, sin embargo, esperamos una mejor oportunidad para
regular esto y manifestamos que nuestro voto, en consecuencia,
será negativo a la toma en consideración de esta proposición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Michavila.
La señora Urán, para un turno de réplica, tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Michavila, da la casualidad de que los defectos técnicos
son subsanables. Lo que no es subsanable es que precisamente
se utilicen esos defectos técnicos para no entrar en el fondo
de lo que es la proposición de ley. Y el fondo es la
concepción de un determinado tipo de familia a defender --
usted lo decía así-- de forma diferente.
Nosotros consideramos que todas las formas de convivencia son
totalmente válidas y, por tanto, protegibles. Da exactamente
igual que partan del vínculo matrimonial, que partan del
derecho que tienen las personas a decidir libremente cuál es
su forma de convivencia y de una convivencia estable, lo que
no significa que tenga que ser cambio de pareja de semana en
semana. No va por ahí. Nosotros somos conscientes de que tanto
las parejas heterosexuales como las parejas homosexuales,
suelen ser las más estables y las que tienen más larga
duración cuando son parejas de hecho.
Alegaba S.S. que la proposición de ley es económicamente
insolidaria porque no protege al más débil. Precisamente,
señoría, una de las modificaciones legislativas que ha habido
hasta ahora es la modificación de la filiación. El artículo
39.2 del texto constitucional dice textualmente: «Los poderes
públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su
filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado
civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad».
Con nuestro texto no estamos dejando desprotegidos a los más
débiles, porque ya tienen reconocida la protección, sino que
lo que estamos haciendo es equiparar a estas familias, a esta
convivencia a la convivencia matrimonial. Por supuesto, no
somos partidarios de quitar nada, sino todo lo contrario. En
la modificación que proponemos en la reforma del Impuesto
sobre la Renta hacemos constar y especificamos cuáles son los
tipos de familia que tienen derecho a estar incluidos como
unidad familiar dentro de las declaraciones del IRPF.
Obligaciones conyugales las tienen todas porque ellos mismos
las aceptan día a día, minuto a minuto. Yo creo que todo es
modificable y que lo que ustedes han hecho ha sido decir no a
una proposición de ley en base a un criterio con el que, por
mucho que ustedes digan que están de acuerdo, cuando llega el
momento de votarlo, lo rechazan.
A nosotros nos gustaría también haber esperado a la propuesta
del Gobierno, pero creemos que estos temas no pueden seguir
esperando a que el Gobierno decida qué va a hacer, porque los
anuncios del Gobierno, como
decía antes mi compañero de Grupo, se van siempre diluyendo en
el tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, quiero
manifestar la opinión contraria de mi Grupo Parlamentario, con
relación a esta proposición de ley que presenta el Grupo de
Izquierda Unida, entre otras razones, señor Presidente, porque
no comprendemos su sentido político. Esta es una materia que
ya ha sido debatida en profundidad por esta Cámara en el mes
de noviembre del año 1994, utilizando como presupuesto una
proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
en la que se compele al Gobierno a que estudie todo lo
atinente a los problemas de la familia en su consideración más
lata, más amplia, en un plazo de seis meses. Luego, hay un
problema de extemporaneidad en esta proposición de ley que
impide su aprobación y su toma en consideración en opinión de
mi Grupo Parlamentario. No sólo hay un problema de oportunidad
política y temporal, señor Presidente, --también lo ha
comentado el señor Michavila con gran precisión y lucidez--,
sino que esta proposición adolece de múltiples deficiencias
técnico-jurídicas, que deben ser objeto de corrección.
Mi Grupo Parlamentario, señor Presidente, va a esperar con
atención las propuestas normativas que presente el Gobierno,
que tienen una dimens y que nos preocupan. Se lo comentamos al
señor Valls cuando fue objeto de debate la proposición de ley
presentada por el Grupo Socialista. Una proposición de ley de
esta naturaleza, aparentemente inocua, sencilla en su
contenido literario y material, tiene la capidad de afectar
desmesuradamente a la totalidad del ordenamiento jurídico en
su dimensión de derecho privado y de derecho público, a todos
los sectores sin ninguna excepción y a la mayoría o a un buen
número de los preceptos de todos los sectores del ordenamiento
jurídico.
Por razones de prudencia, señor Presidente, con estas cosas no
se puede jugar, no se puede andar con frivolidad, hay que ser
terriblemente cau analizan proposiciones, normas en definitiva
si son objeto de aprobación, que tienen esta capacidad de
incidir, incluso privando al ordenamiento jurídico de uno de
sus valores superiores o de uno de sus bienes más dilectos,
cual es su consistencia sistemática.
Señor Presidente, hay que andar con mucha prudencia, hay que
analizar, hay que especular con muchas cautelas sobre ese tipo
de cuestiones. En definitiva, hay que hacer una valoración muy
ponderada de los preceptos constitucionales atinentes a la
familia, con carácter general. Ya lo dijimos, seño duda de que
el artículo 39 de la Constitución ordena a los poderes
públicos del Estado promover jurídica, social y económicamente
a la familia en su consideración más amplia, entendiendo por
tal a las familias o unidades familiares de naturaleza
heterosexual, las constituidas por homosexuales o lesbianas --
las uniones de hecho de esas características--, así como las
monoparentales, otra unidad familiar que hay tomar en
consideración jurídicamente. Pero también tenemos cautelas y
apelaciones que hacer a la prudencia en este ámbito, porque
hay otros preceptos constitucionales que tienen el mismo rango
jurídico formal que el que hemos citado del artículo 39, y
particularmente el artículo 32, que establece que,
constitucionalmente, en el ordenamiento jurídico del Estado
español, no hay más relación vincular que el matrimonio. Si
alguien es capaz de descubrir en la Constitución española otra
relación vincular diferente a la del matrimonio que me lo
indique, por favor.
En tercer lugar --y para acabar esta breve exposición, señor
Presidente--, me querría detener en la exégesis más
pertinente, que es la interpretación llamada auténtica o del
legislador, del artículo 27 de la Constitución, que consagra
el derecho/deber a la educación. En el debate constitucional
se consagró --consta en el «Diario de Sesiones» y esto no fue
objeto de oposición por ningún grupo parlamentario-- que el
artículo 27.3 de la Constitución, cuando se refiere al
derecho/deber a la educación --puesto que se configura como un
derecho de estas características, como un derecho/deber--,
corresponde a los padres; su sentido teleológico es formara
las generaciones futuras y se de necesariamente la imagen del
hombre y de la mujer como configuración de la diversidad
sexual que debe contribuir inevitablemente a la conformación
de la personalidad.
Estas son las cautelas contenidas en la Constitución; estas no
son reflexiones subjetivas o personales de esteDiputado que
les habla o de su Grupo Parlamentario; estos son
requerimientos inequívocos de la Constitución en los únicos
preceptos atinentes a la familia. Luego, con estas cautelas,
con estos requerimientos, el Gobierno se ha comprometido, en
un plazo de tiempo determinado, a concretar qué leyes, qué
normas jurídicas deben ser objeto de corrección para tender a
la necesaria igualdad promocional de todo tipo de unidad
familiar; monoparental, homosexual o heterosexual. Pero éstas
son las cautelas constitucionales que no afloran, leyendo
detenidamente la proposión de ley presentada por Izquierda
Unida, en ninguno de sus contenidos materiales.
Desde esta perspectiva, manifiesto de nuevo, señor Presidente,
por razones de extemporaneidad, por razones
de oportunidad, por razones jurídicas y por razones político-
materiales, la intensa renuencia de mi Grupo Parlamentario a
votar a favor de esta proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Casas.
El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve porque con la intervención del señor
Michavila y del señor Olabarría poco se puede añadir al debate
que tenemos esta tarde.
Nuesto Grupo Parlamentario comparte la inquietud que tiene el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Este es un tema que está planteado en nuestra
sociedad, importante, que hay que regular. De hecho --ya se ha
dicho con anterioridad--, esta inquietud es compartida por
toda la Cámara, razón por la cual el Gobierno tiene un mandato
para presentar un proyecto de ley que aborde en toda su
extensión este complejo problema.
Es evidente --y no quiero entrar en cuestiones ideológicas,
que es lo que ha hecho la señora Urán en su réplica, porque
creo que éste no es el caso en este momento-- que la sociedad
española ha evolucionado y mucho. Es evidente que hoy la
sociedad está organizada en formas convivenciales muy
distintas a las de hace 40 y 50 años. Es evidente también que
hace falta una adaptación legislativa a algunas fórmulas de
convivencia que se dan hoy en nuestra sociedad y que,
probablemente, no tienen el amparo jurídico que deberían
tener. Pero no es menos evidente que éste es un tema muy
complejo, que no se puede dar un tratamiento unitario
legislativo a realidades muy complejas, y que el ejercicio de
algunos derechos requiere también el establecimiento de
algunos requisitos formales que, comomínimo, sirvan de
garantía para cuand función de los derechos que tengan algunos
ciudadanos.
Cuando se regulan este tipo de situaciones, como hace la
proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no sólo hay que regular comportamientos o
situaciones, sino también su desarrollo y su resolución. Lo
que debe estar en el fondo de una proposición de ley que
regule estas cuestiones es qué ocurre con este contrato civil,
porque habrá que regular la unión de hecho; habrá que amparar
jurídicamente los derechos y obligaciones que los contrayentes
establecen a lo largo del tiempo cuando el contrato se
disuelve, y de alguna forma los jueces deberán dictar
sentencia cuando se produzcan conflictos, cosa harto difícil
que pueda ocurir con la proposición de ley que ustedes han
elaborado.Creo que hay mucho voluntarismo y poco rigor
jurídico, aunque suene muy duro, en est ley. Creo que requiere
más calma y tener presentes todos los temas que de ella se
puedan derivar. Hay que dar un tratamiento distinto a las
uniones heterosexuales y a las homosexuales o lesbianas,
porque no es lo mismo, provocan efectos jurídicos diferentes y
son situaciones familiares totalmente distintas que no se
pueden tratar del mismo modo.
Compartimos la inquietud y estamos de acuerdo en que este tema
hay que abordarlo legislativamente. Esperemos a que el
Gobierno cumpla con su mandato respondiendo a una demanda de
esta Cámara y a que formule el proyecto de ley que regule
estas situaciones. Desde el punto de vista jurídico --y es la
razón fundamental por la que vamos a votar en contra de esta
proposición de ley--, vamos a esperar a ver qué envía el
Gobierno, porque es imprescindible que cuando se regulen
legislativamente estos temas se tenga en cuenta también qué
ocurre cuando dicha unión deja de existir y cómo se amparan
derechos que en los matrimonios civiles y canónicos
organizados hoy en nuestro derecho vigente se regulan.
Precisamente una de las bases de la Ley del divorcio es
regular los derechos que quedan en el momento de la disolución
del contrato, para que nadie quede frente a la ley en una
situación de desamparo.
Por último --creo que soy repetitivo--, es evidente que con
esta redacción introduciríamos un caos interpretativo en los
distintos organismos judiciales, porque la diversidad de
situaciones que se pueden producir a partir de esta redacción
serían múltiples y difíciles de resolver amparando los
derechos de las partes.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Casas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, quiero fijar la posición
en este tema, y debo iniciar mi intervención ratificándome en
todo lo que mantuve en esta misma tribuna el 29 de noviembre
pasado, cuando, con motivo de la presentación de una
proposición no de ley de nuestro Grupo, instábamos al Gobierno
para que enviase a las Cámaras un proyecto de ley regulando la
problemática que nos ocupa.
En el mismo sentido, consideramos que sigue siendo necesaria
esta remisión a las Cámaras de un proyecto de ley que acabe
con una serie de disc que se dan en nuestra sociedad en
materia de uniones. Porque seguimos pensando en el mismo
anhelo de conseguir una sociedad democrática avanzada y poner
en práctica aspectos que nuestra Constitución contempla
en lo que pudiéramos llamar el cuadro de honor de los derechos
y libertades de los ciu aquella época hacía referencia a los
artículo 9.º, 10 y 14 de la Constitución cuando contemplan una
serie de mandatos constitucionales que van en el sentido de
profundizar en la democracia, de profundizar en una democracia
avanzada y, en consecuenci atisbo de discriminación que pueda
darse o cualquier ataque a la libertad de las personas y de
los grupos.
Quizá sea con el artículo 14 en la mano con el que tengamos
que afrontar este desarrollo y abogar por que no exista en
nuestro ordenamiento ninguna discriminación por nacimiento,
raza, sexo, religión, etcétera.
Apoyábamos nuestra petición el Gobierno basándonos en el
acuerdo del Parlamento Europeo de 1994 en este mismo sentido.
Pero, señora Urán, debo decirle con absoluta sinceridad que
hoy no podemos apoyar el texto que ustedes nos proponen.
Estamos completamente de acuerdo con el fin, pero nos cuesta
aceptar su iniciativa porque al querer proteger este derecho
creemos que con la tipificación que se le da a esta
proposición de ley crearíamos un daño. Conozco esta
proposición de ley desde hace tiempo. Su gestación tuvo lugar
en un gabinete jurídico de un colectivo. Precisamente hice
observaciones no en el sentido de considerar a esta iniciativa
peligrosa jurídicamente, pero sí que iba a crear una serie de
riesgos y de incertidumbres que no se podrían corregir
mediante enmiendas. Usted lo sabe perfectamente. No se podrían
corregir porque nosotros creemos que una proposición de ley --
un proyecto de ley en el caso de que lo aprobáramos-- debería
indicar una serie de requisitos y especificaciones de las que
carece su iniciativa. Respecto a los requisitos para formar
uniones de hecho: ¿Cómo se constituye esta unión de hecho?
¿Cómo se disuelve esta unión de hecho? ¿Qué efectos tiene
frente a terceros o interpersonales?
Señora Urán, pienso que deberíamos de ir conformando --creo
que estamos contribuyendo a ello esta tarde-- una opinión de
las características que debe tener este proyecto de ley que
debería remitir el Gobierno. Por ejemplo, ¿podemos estar todos
de acuerdo en que las uniones de hecho pueden ser de personas
de de igual o de distinto sexo? Ya tenemos un punto. Pero
usted estará de acuerdo conmigo en que esa unión de hecho debe
ser «more uxorio»; que no debe ser cualquiera; que no pueden
ser los amigos que viven en un piso; que no puede ser un
colectivo de trabajadores o de estudiantes que viven en un
piso; que no pueden formar una unión de hecho porque sería
desvirtuar lo que queremos regular.
Podríamos decir que esta unión tendría que tener las
características de ser pública y notoria; igualmente podríamos
decir que fuera estable y duradera, para que no fuera una
perversión de ley; podríamos decir que tendría que ser una
relación monógama; podríamos decir que debería tener un
contenido afectivo-sexual parahacerla más completa. Todo eso
no est debería de ser una unión de mayores de edad o, por lo
menos, de menores de edad con los requisitos que establece el
Código Civil para otro tipo de uniones. Todo esto brilla por
su ausencia.
Estoy completamente seguro de que su Grupo y usted están de
acuerdo en que debe ser una unión en la que no haya vínculos
de parentesco. Estoy absolutamente seguro de que su Grupo y
usted estarán de acuerdo en que no debe ser una unión en la
que uno de los unidos --vamos a llamarle así-- tenga a su vez
otra unión con una tercera persona. Todo eso no se dice en la
proposición de ley. Son aspectos fundamentales y mi Grupo
estima que son importantes a la hora de pronunciarnos sobre
esta iniciativa. Igualmente, para evitar problemas de riesgo
jurídico debería especificarse en la proposición de ley cómo
se constituye esa unión de hecho. ¿Por la simple convivencia y
luego la prueba testifical, o con una declaración de
voluntades? Yo le puedo asegurar a usted ahora mismo, señora
Urán, que yo no tengo decidido cuál debe ser, pero lo que sí
es verdad es que debe estar en la proposición de ley. También
tendrán que estar las causas de disolución y el modo, porque
así nos evitaremos una serie de riesgos y, desde luego,
contribuiremos a formar este tipo jurídico con mucho más rigor
y seguridad jurídica precisamente para aquellos a los cuales
queremos proteger.<ð Repito que no me inclino por si debe
ser una declaración de voluntades ante un registro civil, ante
un registro municipal o nada de eso; no. L que sí tiene que
haber una característica que dé seguridad jurídica a la hora
de declarar, a la hora de poder acreditar ante un juzgado que
esa unión de hecho existe.
Igualmente, mi Grupo echa de menos en esta proposición de ley
los efectos interpersonales. ¿Qué régimen jurídico debe
aplicarse a los bienes de esta pareja? Adelanto una posición
de mi Grupo que no está totalmente cerrada y por la que yo
personalmente me inclino, así como otros compañeros de mi
Grupo: ¿puede ser el régimen de participación mucho mejor que
el régimen de gananciales? Lo dejo en el aire, pero
evidentemente alguna solución habrá que adoptar y ella no se
adopta aquí.
¿Cómo solucionamos una serie de problemas que luego van a
tener que regularse o que van a tener efecto jurídico, por
ejemplo, en el caso de la incapacitación de uno de los
miembros de la pareja? Todo esto en la proposición de ley no
se especifica. Igualmente podríamos hablar de una serie de
efectos que pueden y tienen que surgir de la unión de hecho
frente a terceros y que tampoco se contemplan aquí. Ustedes
hablan de una serie de reformas que habría que hacer, por
ejemplo, la de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Creemos que
está hecha, no hay que hacerla. Por otra parte, permítame que
le diga que hay un fallo cuando en el artículo
7.º de su proposici Ley de la Seguridad Social, hablan ustedes
del artículo 174. Pienso que ustedes hablán del artículo 174
vigente, pero copian el texto del anterior, por lo que he
podido ver.
Creemos que tenemos que abordar este problema con seriedad,
pero, sobre todo, con rigor jurídico si queremos proteger
efectivamente situaciones que hoy en día se dan por
discriminadas. Por ello, hemos de pensar --como dije en mi
anterior intervención aquí-- que es una regulación compleja,
que es una regulación difícil, que es una regulación en la que
si usted --como supongo que lo habrá hecho-- se pone a
estudiar una serie de situaciones que se dan, puede parecer un
cesto de cerezas: Se toca un artículo y vienen diecisiete
detrás. Yo le puedo asegurar que le he dedicado muchas horas a
su estudio y que hoy no me encontraría en situación de poder
decir cómo hay que regular completamente esta situación.
El Gobierno tiene un compromiso con la Cámara. Yo le puede
adelantar que dentro de un mes aproximadamente va a empezar a
circular el anteproyecto. Sabe usted que tiene que sufrir una
serie de controles jurídicos pero esperamos que en el menor
tiempo posible pueda venir a la Cámara para dar solución a un
problema de discriminación que se da en la sociedad. Le puede
decir que el interés del Gobierno es mandar cuanto antes este
proyecto de ley en el cual están trabajando ya, comomínimo,
que yo recuerde ahora mismo, cuatro Ministerios: Justicia,
Asuntos Sociales, Asimismo, le comunico a S.S. que el
proyecto del Gobierno tardará un poco en venir, puesto que,
como es preceptivo al tratarse de materias referidas al Código
Civil, tendrá que pasar el dictamen previo de la Comisión de
codificación.
En el deseo, en la esperanza de que pronto todos los grupos
que en esta Cámara deseamos acabar con esta situación de
discriminación podamos ver corregida, de una manera correcta
desde el punto de vista jurídico, esta situación y lamentando
las imprecisiones jurídicas que podrían crear mayores
dificultades todavía a esta nueva situación jurídica que se
pretende establecer, reitero que mi Grupo, estando de acuerdo
en los objetivos, hoy va a votar en contra única y
exclusivamente por no estar conforme, como han dicho otros
preopinantes, en la manera de desarrollar y de proteger esta
situación con la que pretendemos acabar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Se somete a votación la toma en consideración de la
proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre protección social,
económica y jurídica de la pareja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 14; en contra, 280, abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES IDIGORAS
GUERRIKABEITIA Y DIEZ USABIAGA), SOBRE EL RESPETO DE LOS
DERECHOS PENITENCIARIOS Y PENALES DE PRESOS Y PRESAS POLITICOS
DEL ESTADO ESPAÑOL (Número de expediente 162/000073)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones
no de ley. Proposición del Grupo Mixto, de los señores
Idígoras Guerrikabeitia y Díez Usabiaga, sobre el respeto de
los derechos penitenciarios y penales de los presos y presas
políticos del Estado español.
Tiene la palabra el señor Idígoras.
El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, hace más de un año que desde el Grupo de
Herri Batasuna presentamos una proposición no de ley en la que
solicitábamos a esta Cámara que instara al Gobierno para que
se respeten los derechos de las presas y presos políticos del
Estado español. A pesar del tiempo transcurrido desde su
presentación, esta proposición tiene hoy más actualidad y
urgencia que nunca, porque cada vez con más intensidad y desde
diferentes instancias y colectivos sociales se viene
denunciando la angustiosa situación en la que en estos
momentos se encuentran las presas y presos políticos en el
Estado español; situación que incluso ha llevado a algunos de
ellos a iniciar una huelga de hambre, con peligro, incluso,
para su integridad física, como por ejemplo, los que se
encuentran en la prisión de Navalcarnero, Jerez, Bonxe y La
Coruña, con el único objetivo de defender los derechos que por
ley les corresponden.
El hecho de estar en prisión lo único que supone, ni más ni
menos, es estar privado de libertad, pero, al parecer, en el
Estado español ser preso político, además, lleva aparejada una
persecución particular en la que se le priva de sus más
fundamentales derechos que, como a todo ser humano, también a
los presos les asiste.
Esto, señoras y señores, no lo digo yo, ni lo dice solamente
mi Grupo Herri Batasuna; lo está diciendo constantemente el
Parlamento Europeo, l Relator especial de las Naciones Unidas
sobre este tema
y lo están diciendo dos informes, uno del año 1991 y otro del
año 1994, del Comité para la prevención de la tortura del
Consejo de Europa. Todos estos informes y datos están ahí, a
pesar de que el Partido Socialista se empeñe en ocultarnos, y
dan cuenta de la cruda realidad que poco a poco comienza a ser
denunciada a nivel internacional. No está el Ministro de
Justicia y del Interior, señor Belloch, pero sí quiero
dirigirme a los señores del Gobierno para preguntarles
públicamente por qué esos informes no se han hecho públicos y
cuál es el motivo que ha llevado al Gobierno a silenciarlos y
ocultarlos. Señoras y señores Diputados de esta Cámara, a
ustedes también les hago una petición expresa para que
soliciten al Gobierno la publicación de estos informes, porque
ciertamente la doble moral llega a tal extremo que mientras se
ensañan con los presos políticos en general, extensible
también al resto de los presos sociales, no se tiene ninguna
vergüenza en poner en libertad a Amedo y a Domínguez o a
Planchuelo o a Francisco Alvarez, personas presumiblemente
implicadas en crímenes de Estado.
En estos momentos existen en las diferentes cárceles del
Estado español más de 600 presas y presos políticos a los que
se les niega sistemátic derecho a la información, mientras
que, de una manera vergonzosa, las cámaras de televisión y los
medios de comunicación más importantes pueden hacer
entrevistas al señor Sancristóbal en una prisión como la de
Alcalá-Meco, con el beneplácito del Gobierno y del señor
Ministro de Justicia y de Interior, señor Belloch, no presente
en esta Cámara. (Rumores.)
A las presas y presos políticos se les graban las
conversaciones íntimas de una manera ilegal para, luego,
utilizarlas políticamente su derecho a la intimidad. Están en
unas condiciones sanitarias penosas, a miles de kilómetros de
sus lugares de origen y no se resuelven las solicitudes de
libertad condicional. (Rumores.) Hay presos que llevan 16 años
en la cárcel, y lo que determina el artículo 60 del reglamento
no existe en la práctica para los presos políticos. Todo esto,
señoras y señores Diputados, es ilegal.
La política que se lleva contra los presos políticos atenta,
pues, contra la legalidad vigente en el Estado. El Ministerio
de Justicia, a través de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, vulnera sistemáticamente la legalidad vigente,
aun en contra de las resoluciones judiciales, porque, en
realidad, lo que en el fondo existe es un problema político
que no se quiere reconocer, al que no se quieren dar
soluciones políticas y que se intenta solventar por medio de
la dispersión, de la tortura en las cárceles (Rumores.), de
las vejaciones, de los chantajes y de la llamada reinserción.
Es por ello por lo que a los presos políticos no se les da un
tratamiento jurídico, aunque se nieguen a reconocerlo, y se
les da un tratamiento político diferenciado.
Ustedes, señores del Gobierno, a los que me dirijo --y no
están presentes--, están empeñados en conseguir, sin escatimar
ningún medio, por muy ilegal que sea, que los presos políticos
renuncien a sus ideas. El resultado que han obtenido ustedes a
lo largo de tantos años es tan absurdo y tan insignificante
que ya es hora de que se den cuenta y se replanteen
verdaderamente que tanto violentar la legalidad únicamente
acarrea sufrimientos sin sentido para los presos y sus
familiares. Herri Batasuna, con la presentación de esta
proposición no de ley, pretende una serie de objetivos claros
y concretos frente a los oscuros objetivos de la dispersión y
de la vulneración de los derechos: uno, la restauración de una
serie de derechos a hombres y mujeres que les han sido negados
de una manera injusta e ilegal; dos, tratar de suavizar el
sufrimiento de miles de ciudadanos, familiares de presos
políticos, que viven en una situación de auténtica angustia e
inseguridad ante el hecho del tratamiento arbitrario y la
indefensión que sufren sus familiares presos; angustia e
inseguridad ante la presión, ante el chantaje y el ahogo
económico al que son sometidos para seguir manteniendo sus
vínculos familiares. Por eso y porque además así lo dice la
ley, queremos que los presos vuelvan a sus lugares de origen.
No estamos pidiendo ningún privilegio para las presas y presos
políticos; estamos pidiendo, simple y llanamente, que se
respeten sus derechos y la actual legalidad vigente.
Pero, señores del Gobierno, señoras y señores Diputados, hay
otra cuestión que para nosotros, juntamente con ésta, tiene
una vital importancia vez por todas, se entienda que la
existencia de más de seiscientos presas y presos políticos en
el Estado no es ni más ni menos que la consecuencia de un
conflicto político entre el Estado y las diversas naciones que
componen el llamado Estado de las Autonomías, y es necesario
reconocer que a un conflicto político le corresponden
soluciones políticas, y que, por tanto, deben de apartarse
todas las tentacion la persecución que llevan en este momento
contra quienes no pueden defenderse y son de alguna manera
rehenes del Estado, como en este caso las presas y presos
políticos.
Señores del Gobierno, señoras y señores Diputados, si
realmente lo que deseamos entre todos es que desaparezca de
una vez por todas el conflicto, si es que lo que deseamos es
que desaparezcan con él todas las expresiones de violencia,
también tenemos, ¡cómo no!, en primer lugar, que resolver el
enorme déficit democrático que existe por parte del Estado, y
debemos ser conscientes de todo esto mucho más en este
momento, cuando el escándalo de los fondos reservados y los
crímenes del GAL son y dicen la clara implicación de los
aparatos del Estado, que nos llevan sin lugar a dudas a la
conclusión de las claves políticas del conflicto.
El señor PRESIDENTE: Señor Idígoras, le ruego concluya.
El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a terminar, señores y señoras, diciendo que tenemos que
ser capaces en este momento, que hay que tener la suficiente
valentía pa represivas inmovilistas y dar pasos hacia
adelante. En Europa tenemos claros ejemplos de los que,
salvando las diferencias, sí nos enseñan, cuando menos, que en
el abandono de la vía represiva, en la creación de una cultura
del diálogo, por el camino de la negociación política como
instrumento, y en la consecución de todos los derechos
democráticos es donde realmente vamos a poder solucionar de
una vez por todas que en este Estado no haya más presos
políticos y no haya más enfrentamientos.
Termino, señoras y señores, diciendo que, a sabiendas de que
este proceso puede ser largo y costoso, sin descartar que
podamos llegar a esta vía --y soy optimista en este sentido--,
en estos momentos y en esta Cámara solicitamos que, cuando
menos, se respeten los derechos fundamentales de los presos, y
entre ellos se respete su derecho al cumplimiento de la pena
en las cárceles más cercanas a su lugar de origen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Idígoras.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
el Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo siempre ha invitado a Herri Batasuna a
participar en las instituciones, a hacerse presente, a
plantear sus puntos de v el libre juego de mayorías y de
minorías. Por esta razón celebramos que Herri Batasuna
presente esta iniciativa, aunque nos llama la atención que
tenga relación con la situación personal de los presos.
Pensamos que el mejor favor que podría hacer Herri Batasuna a
los presos sería pedirle a ETA que dejara de matar, que dejara
de extorsionar, q imponer sus criterios con la acción directa,
con el secuestro, el chantaje y la mala utilización del nombre
de lo vasco para sus fines vinculados a la violencia, porque
si Herri Batasuna diera este paso, los siguientes siempre
serían más fáciles, porque, además así está contemplado en el
propio Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid.
Por eso, hemos de decir que no estamos de acuerdo con la
argumentación del señor Idígoras. Es una argumentación
tendenciosa y no obedece a la realidad en relación a los
presos. Por tanto, la rechazamos. Y la rechazamos por su
generalización, aunque no se le oculta que tengamos
informaciones conducciones de presos, en provocaciones a los
presos y en casos de malos tratos, que denunciaremos en el
momento en que podamos aportar datos concretos. Por esta
razón, solicitamos al Gobierno y a Instituciones
Penitenciarias extremen el celo para que los derechos de los
presos se cumplan a «cabalidad».
Es normal que se pretenda facilitar a los presos y a sus
familias la cercanía a sus hogares mientras cumplen las penas
que la misma sociedad les ha impuesto, pero también los presos
tienen el derecho a no ser manipulados (Un señor Diputado:
¡Muy bien!) Es verdad que hay algunos que se dejan manipular;
están en su triste derecho. Hay otros que se dejan engañar.
Hay otros que son irreductibles. Pero hay un sector importante
que, conscientes de su situación, desean volver a la sociedad
de manera normal, sin venganzas, sin odios, sin
manipulaciones, y nosotros tenemos que respetar ese derecho.
Por esta razón, hemos presentado a la iniciativa de Herri
Batasuna una enmienda, la misma que aprobó el 4 de marzo de
1994 el Parlamento vasco por mayoría, porque nos parece más
completa y porque tenemos que ser consecuentes con lo aprobado
en aquella Cámara. No queremos un doble lenguaje. El sentido
de la iniciativa es más o menos el mismo que el de la
presentada por Herri Batasuna, pero completada con el criterio
de que no se obligue a nadie a nada, y siempre y cuando el
acercamiento no suponga merma o dificultad para la realización
íntegra de sus derechos individuales. Y lo hacemos porque en
su entorno, señor Idígoras, se ha llegado a decir la perla
jurídica sobre el derecho de todo preso a cumplir íntegramente
sus penas, y porque alrededor de los presos de ETA hay siempre
el intento de manipulación y de agitación; de agitación de
sentimientos, usando de forma indebida las lógicas
sensibilidades de sus familiares.
Nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco, volvemos a decir que
la clave para que la situación de esos presos mejore la tiene
ETA, que con cada atentado añade una vuelta de llave más a sus
celdas. Señor Idígoras, dígale a ETA que deje de matar, dígale
a ETA que deje de ensuciar el nombre de lo vasco, dígale que
entierre las armas, dígale que no secuestre, que no robe y que
no extorsione, y verá que, en aplicación del Pacto de Ajuria
Enea, los presos tendrán la esperanza cierta, no de la
cercanía de su hogar dentro de la cárcel, sino de la
posibilidad de su salida de la misma en aplicación de las
medidas que establece el propio Pacto de Ajuria Enea y el de
Madrid, pero para ello es condición que ETA deje de ser una
pesadilla y una referencia sangrienta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde la legitimidad de ser una fuerza coautora de
la actual democracia española --y lo digo con humildad--, una
fuerza coautora porque el protagonismo de la democracia
española corresponde sin duda a la gran mayoría del pueblo
español; una fuerza coautora porque hicimos cultura
democrática, ejerciendo derechos democráticos, practicando la
democracia cuando no existía en este país --lo digo, señorías,
con humildad--, porque tenemos detrás de nosotros --y tenemos
también el orgullo de decirlo-- el aval de haber sido la
organización política que más dura e intensamente ha sufrido
la represión de la dictadura; pues, señorías, con esa
legitimidad manifestamos explícitamente nuestro compromiso y
nuestra vinculación con la Constitución Española; Constitución
que dota a este país, como a los otros países democráticos,
como a los otros, de una Cámara --ésta-- en la que se pueden
expresar todas las opiniones políticas, todas; por supuesto,
aquellas que sean nacionalistas, incluso independentistas,
todas las opiniones políticas.<ð En nuestro país no hay
persecución por opiniones políticas; no hay presos políticos
en nuestro país. En esta Cámara no sólo se puede expresar
cualquer opinión política --y celebramos la ocasión de que
Herri Batasuna exponga aquí su opinión; desearíamo más
frecuencia, y nos extraña que ellos constaten ausencias de
esta Cámara cuando la suya es tan clamorosa cotidianamente--
(Un señor Diputado: ¡Muy bien!) en esta Cámara, señorías, no
sólo se expresa cualquier opinión política, sino que, además,
se goza del privilegio de la inviolabilidad de las opiniones
políticas; privilegio del que los parlamentarios de Herri
Batasuna conocen sobradamente.
La democracia de nuestro país, como la de cualquier otro país
democrático, como la de cualquier otro, no sólo tiene una
Cámara y unas libertades cotidianas; tiene también unos jueces
independientes que juzgan sólo con arreglo a la Constitución y
a las leyes; jueces que, en su caso, condenan a los presuntos
delincuentes en función de las pruebas que se les aportan, y
jueces que vigilan por el cumplimiento de las penas,
respetando, por supuesto, los derechos de los presos, pero
siempre, siempre, desde la perspectiva constitucional de la
reinserción en la sociedad y no, como algunos pretenden, en la
organización delincuente a la que por su pertenencia han sido
condenados.
Desde ese compromiso de nuestra fuerza política con la
Constitución, con las leyes de nuestro país, creemos que esta
proposición no es aceptable. Cualquier problema, del tipo que
sea, esta Cámara está dispuesta a discutirlo. Estoy convencido
de que todas las fuerzas de esta Cámara, día a día, intentamos
dar solución a los problemas de nuestro país. Esa es nuestra
legitimidad y nuestro orgullo.
Gracias (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, ya se han dicho por quienes me
han precedido en el uso de la palabra, los portavoces de
Izquierda Unida y del Grupo Vasco, varias de las cuestiones
que pensaba explicitar desde esta tribuna. Sin embargo, me voy
a centrar estrictamente, por no ser reiterativo, en el objeto
del debate que plantea Herri Batasuna.
La proposición no de ley, en su parte dispositiva,
exclusivamente propone que el Congreso de los Diputados inste
al Gobierno del Estado españo cumplimiento de la legalidad
penal y penitenciaria, a través de la Secretaría de
Instituciones Penitenciarias, se acuerde lo siguiente: Que las
presas y presos políticos tienen el derecho a estar en las
cárceles más próximas a su lugar de nacimiento, entorno social
y familiar, mientras permanezcan en la cárcel.
Yo hago mío el argumento de que en España no hay presos
políticos. La Constitución Española ampara la libertad de
expresión, la libertad de asociación, la libertad de defender
todo tipo de idea política dentro del marco democrático
constitucional. Esa es la primera objeción que planteamos a
las expresiones que literalmente se formulan en la proposición
que debatimos La segunda cuestión, y se apela en la
proposición a la legalidad vigente, es que entendemos desde el
Grupo Popular que no existe expresamente un derecho al
encarcelamiento en el lugar más próximo al lugar de nacimiento
o al del entorno familiar del preso. Al menos, ese
planteamiento que se formula no se deriva del artículo 9 del
Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de 1981.
Estimamos también, y es una tercera observación que desde la
legalidad vigente todo tipo de cuestiones de orden
penitenciario se pueden dilucidar, como muy bien se ha dicho,
a través de los tribunales de justicia; en todo caso, los
problemas penitenciarios podrán llevarse a través de la Mesa
de Ajuria Enea y de la Mesa de Madrid, para proponer a esta
Cámara lo que proceda desde esos foros --por cierto, foro de
la Mesa de Ajuria Enea que expresa la voluntad mayoritaria de
los vascos, no hay que olvidarlo-- para poder traer aquí, si
fuera menester, cualquier tipo de cuestión al respecto.
Hay un cuarto punto que nos hace concebir como negativa la
propuesta que se debate. Desde el Grupo Popular se entiende
que la política llevada desde el
Gobierno socialista desde el año 1989, la reinserción, ha
propiciado el no control por parte de ETA de todo el Colectivo
de presos, lo que ha propiciado también que haya quien ha
abandonado voluntariamente la violencia, lo cual se ha
traducido también en reinserciones concretas de presos. Por lo
tanto, desde esa perspectiva, la medida de dispersión es
satisfactoria para toda la sociedad y también para muchos
presos o ex presos etarras.
Sin embargo, señor Presidente, uno también se pregunta, y lo
hace en esta Cámara, qué legitimidad se tiene en plantear
estas cuestiones cuando la violencia. Yo sé que es muy duro en
el entorno de HB, lo sé, y sé que es muy duro en el entorno de
los presos de ETA discrepar, sé que es muy duro reprobar la
violencia, condenar el terrorismo, pero afortunadamente
algunos lo han hecho, presos incluidos, y han condenado, entre
otros, el último atentado de mi compañero y amigo Gregorio
Ordóñez.
Quiero recordar, y creo que lo ha hecho el portavoz
nacionalista vasco que en esta sociedad democrática es
condición inexcusable, es condición sine qua non, que finalice
la violencia. Desde ese escenario que todos demandamos y que
todos deseamos, no hoy, hace años, tengo el pleno conocimiento
de que habrá una gran generosidad por parte de toda la
sociedad española, pero no desde otro.
Señor Presidente, si en el futuro se quiere evitar que haya
problemas de reagrupamientos de presos o que haya presos
mismos, este modesto Diputado ha de decir, con claridad, con
sinceridad y con convición, que hay un camino muy fácil. El
camino, pura y simplemente, es que ETA deje de matar. ¡Basta
ya! (Aplausos.)
Concluyo porque también tengo otro convencimiento que reitero.
Desde el fin de la violencia, desde el cese del terrorismo,
tengo el convencimi podrá trazar un camino para construir la
paz de verdad. En su mano está, señores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez
Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista
va a fijar su posición negativa a la toma en consideración de
la propuesta de resolución contenida en la proposición no de
ley de dos Diputados integrados en el Grupo Mixto, y
pertenecientes a la formación de Herri Batasuna, relativa
(sic) al respeto de los derechos penitenciarios y penales de
los presos y presas políticos del Estado español.
El primer punto de discrepancia que tenemos está de entrada,
como pueden adivinar SS.SS. y así lo han manifestado todos los
grupos parlamentarios, en el propio título de la proposición,
ya que en los Estados democráticos --y España lo es p presos o
presas políticos, sino simple y llanamente presos y presas que
han sido condenados por tribunales de justicia independientes,
aplicando las leyes emanadas de la soberanía popular. En este
sentido pensamos que el Estado social y democrático de
derecho, el régimen de libertades de España es tan generoso y
excelso que permite incluso los desvaríos políticos y
jurídicos. La única tortura que se practica en el Estado
democrático de España es la que practican los terroristas. El
único sufrimiento que se padece en España es el sufrimiento de
las víctimas de los atentados terroristas. Si bien es cierto -
-y coincido con los portavoces de otros grupos parlamentarios-
- que es importante que todos los partidos políticos
participen, en buena lid, en la vida democrática española,
también lo es, en este tema en concreto, que Herri Batasuna
diga a ETA que deje de matar y que Herri Batasuna condene
siempre todos los atentados y violaciones a la libertad que se
producen, todos los asesinatos y todas las extorsiones. A
partir de ese momento, la generosidad de las fuerzas
democráticas españolas darán una solución definitiva al
problema de la violencia en el País Vasco.
Igual consideración de rechazo que la denominación del título
de la proposición no de ley merecen para el Grupo Socialista
el fondo y el núcleo de la proposición no de ley de que los
presos y presas políticos tienen el derecho a estar en las
cárceles más próximas a su lugar de nacimiento, entorno social
y familiar, mientras permanezcan en prisión. La Constitución
Española, en su artículo 25.2, y la Ley Orgánica 1/1979, de 26
de septiembre, General Penitenciaria, en su artículo 1.º,
proclaman que las penas priv de seguridad y las instituciones
penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la
reinserción social de los sentenciados y que el condenado
sometido a pena de prisión, que estuviere cumpliendo la misma,
gozará de los derechos fundamentales del capítulo segundo del
Título I de la Constitución, lo cual no quiere decir, en
absoluto, que los presos cumpliendo condena dispongan de un
auténtico derecho subjetivo a cumplirla en las cárceles más
próximas a su entorno familiar y social. Esto es así porque,
como expresa el artículo 25.2 de la Constitución, si bien los
condenados a pena de prisión que estén cumpliéndola gozan de
los derechos fundamentales del capítulo segundo del Título I,
ello es con excepción, obviamente, de los que se vean
expresamente limitados por el contenido del fallo
condenatorio, el sentido de la pena y la Ley General
Penitenciaria.
Por consiguiente, el colectivo de presos etarras debe
someterse, como todos los presos, a una única y común
legislación, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, de
26 de febrero de 1979, y su Reglamento de 8 de mayo de 1981.
En este sentido, el artículo 80 del Reglamento
penitenciario establece que la Dirección Generalde
Instituciones Penitenciarias e distintos centros
penitenciarios, y los artículos 59, 60, 63 y 65 de la Ley
General Penitenciaria y 237, 238, 241, 242.2 y 243.1 y
preceptos concordantes del Reglamento estatuyen las normas
aplicables a los presos en cumplimiento de las penas que les
hubieren impuesto los jueces y tribunales y las
especificidades aplicables parala individualización del
tratamiento según las peculiaridades de los presos. Así se co
de reeducación y reinserción social de los condenados a penas
privativas de libertad, tanto aproximándolos a su lugar de
origen, entorno familiar y Social, etcétera, como alejándolos,
porque es cierto que los presos etarras --hay que decirlo-- se
ven sometidos a una presión, a una coacción que raya en lo
delictivo y no pueden tener la capacidad de juicio n sobre su
propio futuro.
Evidentemente hay denuncias en este sentido.
La adopción de los acuerdos de esta naturaleza sobre la
clasificación de los reclusos se lleva a cabo por parte de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la vista,
precisamente, de las propuestas formuladas por los equipos de
observación o de tratamiento o, en su caso, por el director de
la Junta de régimen y administración, y los trasl se notifican
al juez de vigilancia. Por consiguiente, se cumple la más
estricta legalidad democrática en el traslado de los presos
etarras. Además, la política de dispersión es una parte del
plan de intervención para los presos pertenecientes a bandas
armadas y que ha sido elaborada, desde un principio, con el
consenso de la totalidad de los partidos políticos
democráticos participantes en la Mesa de Ajuria Enea y en el
Pacto de Madrid. Cualquier modificación sobre política
penitenciaria en materia antiterrorista considera el Grupo
Socialista que debe contar con la opinión de todos los
partidos integrantes de estos pactos. Con todo, es necesario
destacar que, en la actualidad, ya el 11,25 por ciento del
total de los presos terroristas de ETA se encuentran
cumpliendo condena en centros penitenciarios del País Vasco.
Por todas estas consideraciones políticas y jurídicas, el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la
proposición no de ley defendida por el Diputado integrado en
el Grupo Mixto.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda defendida
por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Idígoras.
El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Señor Presidente, brevemente
quisiera hacer dos o tres conside-raciones por alusiones
directas que a este Dip este Grupo Parlamentario, se han hecho
en cuanto a que se haga una petición expresa a ETA para que
deje de matar.
El señor PRESIDENTE: Señor Idígoras, este debate...
El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Perdón, señoría.
Me limitaré a la materia.
Este Grupo Parlamentario no acepta la enmienda que el Grupo
Parlamentario Vasco ha efectuado por entender que es una
enmienda totalmente abstracta y que en ella no se especifica
la defensa de los derechos y libertades de los presos y el
respecto a la legislación actual.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del
Grupo Mixto (señores Idígoras Guerrikabeitia y Díez Usabiaga).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, dos; en contra, 294; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
(Rumores.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA REVITALIZAR LA CONSTRUCCION NAVAL
(Número de expediente 162/000169)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Popular,
sobre medidas complementarias para revitalizar la construcción
naval.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
Cuando quiera, señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor
Presidente.
Señorías, plantea nuevamente el Grupo Parlamentario Popular,
aunque prácticamente un año después, una iniciativa tendente a
que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a tomar una
serie de medidas para revitalizar la construcción naval y
revitalizar la contratación por parte de los astilleros
españoles de nuevas construcciones de buques, y a la vez
presentamos --para no perder trámites, por la dificultad que
encierra poder introducir una iniciativa de estas
características
ante el Pleno de la Cámara-las empresas navieras españolas y
para el sector de la marina mercante de España que está
atravesando por uno de los peores momentos de su historia.
La proposición no de ley podría resumirse simplemente en la
creación de un fondo de garantías que cubra el tramo de la
hipoteca que hoy en día banca oficial tanto para la
construcción naval como para los armadores de buques. Todos
sabemos que a la hora de construir un barco el 20 por ciento
inicial ha de aportarlo el armador y el 80 por ciento
restante, a día de la fecha, la Banca no lo facilita; se está
dando entre el 50 y el 60 por ciento, y queda un tramo de un
20 por ciento que es necesario que encuentre alguna forma de
garantizarlo, por lo que nosotros planteamos la proposición no
de ley de hoy.
La cifra de contratación del año pasado de 160.000 toneladas
de registro bruto compensadas, aproximadamente, está muy por
debajo de la que se debería de haber conseguido de acuerdo con
la capacidad de nuestros astilleros, que estaba cifrada en
400.000 toneladas de registro bruto compensadas/año, así como,
por supuesto, las entregas que se han realizado de 134.000
toneladas aproximadamente hasta el mes de septiembre del año
1994. Cuando la actividad ha crecido en el mundo de manera que
la cartera mundial se ha incrementado en 2,3 billones de
toneladas (g-t) de enero a septiembre del año 1994 y los
contratos firmados han ascendido a 11,7 billones de toneladas
de registro bruto compensadas, España ha conseguido tan sólo
el 1,3 por ciento del total de esta contratación, lo que es
extraordinariamente bajo. La razón fundamental de este desfase
--por llamarle de alguna manera-- es la falta de operatividad
del marco legislativo actual, en su aspecto de financiación y
garantías, en comparación con nuestros competidores.
¿Cuál es la situación general española en este momento? El
sector se ha reestructurado con enormes gastos financieros
debido a los retrasos en el pago de las obligaciones asumidas
por el propio Gobierno. El mecanismo de crédito a la
exportación se ha deteriorado. Se ha limitado el uso del FAD
para buques. La marina mercante española está prácticamente
desaparecida. La ausencia de instrumentos financieros
necesarios ha impedido una contratación normal, forzando a
contratos de poca rentabilidad. La ausencia de esos
instrumentos financieros situará al sector en condiciones aún
más precarias ante la entrada en vigor del Acuerdo OCDE,
previsiblemente en enero del año 1996. La última legislación
aprobada ha sido y continuará siendo inoperante por graves
deficiencias suficientemente advertidas por el Grupo
Parlamentario Popular en esta Cámara.
Hay un tema realmente importante, que es la base fundamental
de esta proposición no de ley, que es que la banca comercial
española ignora el mercado marítimo y que la banca oficial, a
efectos del sector, es prácticamente inoperante y muy car tema
de las garantías para los créditos es crucial para el sector,
desde nuestro punto de vista. No hay más que ver en cualquier
gráfico, señorías, que la participación española en la
contratación mundial en tanto por ciento ha descendido hasta
niveles realmente alarmantes: en el año 1980 teníamos el 5,1
por ciento, en el año 1994 no llegamos ni al 1,5 por ciento en
la participación mundial.
El Grupo Parlamentario Popular planteó, el 23 de febrero del
año pasado, una interpelación urgente en la que pedíamos
varios puntos, entre ellos la creación de un fondo de
garantías que no se ha realizado. Curiosamente, de los nueve
puntos que presentábamos en la moción consecuencia de
interpelación a la semana siguiente, el día 1 de marzo, el
único que no se aprobaba era el de la creación de los fondos
de garantía, que afortunadamente yo creo que aprobaremos hoy.
Aquel 23 de febrero del año 1994 el Ministro de Industria y
Energía nos decía: Fomentaremos la contratación de
nuevasconstrucciones de buques --y no se condiciones de
financiación similares a las mejores existentes en otros
Estados miembros de la Unión Europea, y, por otro lado,
unificar el único instrumento normativo, las ayudas del sector
por primas, por financiación, en construcción naval, que
tendrían su encuadre en la 7.ª Directiva. Yo le c para creer.
Y el Ministro decía que lamentaba que hubiera juzgado su
veredicto mucho antes de saber lo que el Gobierno estaba
haciendo y pensaba hacer. Pero el tiempo nos ha dado la razón
de una manera clara, porque no hay más que ir a lo que ha
pasado con el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, que se
publica en el «Boletín Oficial del Estado», el 22 de abril,
cuyo Reglamento, a través de orden ministerial, se desarrolla
el 26 de septiembre. Es decir, desde el mes de febrero, cuando
en enero el Partido Popular en esta Cámara plantea la
iniciativa, hasta el mes de septiembre que puede ser operativo
el instrumento financiero, que finaliza en el mes de diciembre
del año siguiente, se pierdennueve meses sin que el sector
decreto, al que yo me refiero, en su parte de financiación no
ha podido ser utilizado en absoluto. Eso lo contesta el
Gobierno en una pregunta escrita que he formulado no hace ni
un mes. ¿Por qué? Porque el artículo 12.c) no se ha cumplido,
simple y llanamente. Ni las entidades financieras admiten como
fiables los plazos de pago de las subvenciones a las que se
refiere el segundo párrafo de este artículo 12 en su apartado
c), porque saben que se pagará pero no saben cuándo, ni el
problema de la obtención de garantías se ha resuelto aún, lo
que parece que está en contradicción con la disposición final
tercera del propio real decreto. El real decreto es poco
competitivo, y lo que se ha utilizado del
mismo ha sido única y exclusivamente su prima, para lo cual
hubiera bastado que se prolongara la anterior normativa
existente, tal y como yo mismo en esta tribuna decía el día 1
de marzo del año 1993. Por otra parte, el Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el señor Borrell, el
día 16 de noviembre de este mismo año y en esta misma Cámara,
ante una propuesta que el Grupo Parlamentario Popular
realizaba de la creación de un fondo de garantías para la
marina mercante, contestaba diciendo: Señoría, tomo buena nota
de sus sugerencias, las valoro, las estudiaremos y las
aplicaremos en todo lo que podamos. Puedo decir, con toda
sinceridad, que no fue precisamente una de las intervenciones
irónicas que tiene el Ministro Borrell en esta Cámara, sino
que eran creíbles sus palabras. Por tanto, creo que ha llegado
la hora de que esta iniciativa que plantea el Grupo Popular en
este momento pueda ser tenida en cuenta, y por eso pedimos el
voto favorable de los grupos del Congreso de los Diputados.
En el primer apartado solicitamos que se impulse y participe
en la creación de unos fondos de garantía que se crearían en
base a las aportaciones de empresas navieras y siempre dentro
de los créditos establecidos en el consenso de la OCDE. En
segundo lugar solicitamos un sistema que comprendiera la
primera hipoteca y su garantía complementaria. En tercer lugar
solicitamos, tal y como se ha venido reconociendo a lo largo
de este año en las múltiples comparecencias que han tenido los
secretarios de Estado en las comisiones correspondientes, que
se favorezca el uso del segundo registro especialde Canarias,
mejorando los térmi de fiscalidad y seguridad social de los
tripulantes, de forma adicional a lo previsto en la Ley de
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y situarlo en
condiciones similares a las de otros países de la Unión
Europea para buques renovados o sustituidos. Señorías, este
punto es claro y clave. Nuestras empresas navieras estatales
abanderan sus buques en países de conveniencia. Mientras que
Trasmediterránea, Elcano y Repsol no se fíen del segundo
registro de Canarias, ¿cómo podemos pedir a las empresas
privadas, a las navieras españolas, que abanderen sus barcos
en un registro en el que ni siquiera el Estado cree? Este es
el fundamento de nuestra tercera propuesta. Por todos los
argumentos que he dado, con la certeza de que cuanto digo está
avalado no sólo por los informes que ha venido dando el propio
Ministerio de Industria, que encuentra reticencias en el
Ministerio de Economía y Hacienda, y que está claro que el
sector apoya en su integridad, el Grupo Parlamentario Popular
solicita el apoyo de la Cámara para esta proposición no de ley
que presentamos.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de
ley del Grupo Popular se han presentado enmiendas por parte de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por parte del Grupo
Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, van a perdonarme la inmodestia, pero creo que la
enmienda q de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la
resolución que más certeramente aborda el problema de la
creación de un fondo de garantías que ayude a la construcción
naval en nuestro país. Digo esto porque de la propuesta que
nos presenta el Grupo Popular nosotros discernimos elementos
de cierta confusión, como por ejemplo mezclar el apoyo a la
marina mercante con la construcción naval. De esa confusión se
deriva el que, por ejemplo, en el punto número 1 que nos
plantea el Grupo Popular se nos diga que para potenciar la
construcción naval en España es necesario un fondo de
garantías que sirva para la adquisición de buques de segunda
mano. Realmente este aspecto no lo casamos con lo que sería el
apoyo a la construcción naval en nuestro país. Sí lo podríamos
entender como un apoyo a la creación de una flota de marina
mercante, que, por cierto, se encuentra en una mala situación
en comparación con la del resto de los países europeos, pero
esto no nos casa con lo que sería el apoyo a la construcción
naval. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no nos parece
certera la propuesta del Grupo Popular; nos parece un cierto
batiburrillo para intentar solventar dos problemas a la vez y,
al mismo tiempo, quedarse en medio como Moisés pasando por las
aguas, pero sin solventar al final ninguno de los dos. En ese
sentido pensamos que nuestra propuesta es más certera que la
que plantea el Grupo Popular.
De igual manera consideramos que Izquierda Unida resuelve
mejor este punto que la enmienda del Grupo Socialista.
Nosotros decimos claramente que este fondo de garantías debe
estar a cargo de algún instrumento de banca pública. Y, si se
quiere, nos hemos quedado cortos porque a lo mejor deberíamos
haber sido más valientes y haber dicho directamente que en
España es necesaria la creación de una banca pública
industrial. No es posible, desde ningún punto de vista, el
apoyo a la industria, en este caso naval, de ningún país si no
existe una banca pública industrial, como existe en todos los
países de Europa. Lo que pasa es que en nuestro país hemos
pasado de ser los más proteccionistas a los más liberales. Es
decir, nosotros más liberales que ninguno: que desaparezca el
Banco de Crédito Industrial, que desaparezca el Banco de
Crédito Agrícola, que desaparezca cualquier banco público que
haya potenciado la actividad productiva. Nosotros hemos sido
más valientes que ninguno y hemos traspasado todas las
fronteras del liberalismo más absoluto. Alemania tiene una
banca pública industrial fortísima, sin la cual no sería
entendible la potencia de la industria alemana. Y existen
bancas públicas que apoyan los sectores productivos en el
conjunto de Europa. Nosotros incluso nos hemos quedado cortos.
Hemos dicho que sea el ICO o una entidad pública, o
mayoritariamente pública, la que apoye la creación de este
fondo de garantías.
La propuesta del Grupo Socialista ya apunta en esa dirección,
porque cuando manifiesta que tal provisión se hará a través de
las instituciones que el Gobierno designe para tal función,
dejándolo en el aire, este aire al final tendrá que ser
rellenado con algo. Si el debate sobre la industria en nuestro
país es sincero, como dice el Ministro de Industria que quiere
que lo sea; si realmente se quiere plantear el problema de la
industria en nuestro país en su dimensión real y buscando
soluciones, no habrá otra que la creación de un ente público
que defienda, que ayude a nuestra industria con créditos que
verdaderamente sean de apoyo al sector industrial. Por eso he
tenido el atrevimiento de decir que mi Grupo Parlamentario
presenta una enmienda que, por lo menos en el punto primero,
aborda el problema en toda su complejidad y con mayor acierto
que el que se recoge en la proposición del Grupo Popular y en
la enmienda del Grupo Socialista.
En cuanto al resto de la proposición, no entendemos muy bien
por qué se mezcla el segundo registro con la construcción
naval. Creemos que es intentar matar no dos, sino tres pájaros
de un tiro: marina mercante, segundo registro, construcción
naval. Pensamos que esto no ayuda a la proposición y lo que
hace es poner a los grupos parlamentarios en una situación
difícil, porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya ha sido bastante crítico con el
segundo registro. Los efectos del segundo registro hasta ahora
no han sido excesivamente favorables y, sin embargo, los
perjuicios que ha creado sobre el régimen laboral de los
trabajadores del mar, de los diferentes barcos de la marina
mercante, han sido bastante grandes. Mezclar el segundo
registro con el resto de la proposición parece casi un deseo
de restar apoyos a esta proposición no de ley, si no, en este
sentido, es un error político.
En cualquier caso, mi grupo parlamentario, que sabe funcionan
las mayorías y las minorías y es consciente del peso real que
tienen en esta Cám desde luego, no se corresponde con el peso
real que tienen en la opinión pública española y que pronto
tendrán también en esta Cámara), sabiendo todo ello, considera
que, a pesar de no ser la mejor proposición no de ley, debe
apoyar todo lo que sea el fomento de la construcción naval en
nuestro país. En este sentido, creemos que es un hecho
positivo que, por lo menos, se plantee la necesidad de este
fondo de garantía, y se plantee también que tenga que ser
estatal, aunque sea de forma indefinida, que nosotros
consideramos no tendrá que ser otra, que no podrá ser otra que
la creación de instrumentos de crédito público. Ojalá se rompa
esa tradición tremenda que se ha venido sufriendo en los
últimos años de dar la espalda a la construcción naval, hasta
el punto de que hay anécdotas tremendas como la de que
Trasmediterránea haya encargado, nada más y nada menos, que el
J.J. Sister a Finlandia. Es impensable que las empresas
públicas de un país, con una construcción naval como la que
tiene España, hayan encargado barcos de esta naturaleza a
Finlandia. Ojalá que estas resoluciones signifiquen un cambio
de tendencia y que esta Cámara sea sensible a las necesidades
que la construcción naval tiene en España, ya que potenciar
este sector es potenciar un sector punta en la industria y no
un sector en retroceso, como erróneamente se nos ha venido
haciendo creer con desgraciadas actuaciones desde el
Ministerio de Industria en los últimos años.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Popular se apoya
en su exposición de motivos en un hecho cierto y compartido
por todos los grupos de la Cámara, así como por el Gobierno,
como es la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de
garantías estatales que permita cubrir los riesgos comerciales
de la construcción naval en España, lógicamente en el marco de
la normativa y las recomendaciones de la Unión Europea.
Al Grupo Socialista le consta que el Gobierno tiene muy
avanzados los criterios sobre los que se sustentaría este
sistema de garantías, como consecuencia de iniciativas de este
grupo y otras de distintos grupos que nosotros hemos apoyado
en esta Cámara. De hecho, el Real Decreto sobre primas y
financiación, el 442, que aquí se ha mencionado, pone de
relieve en su preámbulo que para que los astilleros españoles
sean competitivos es necesario, además de ofrecer precio y
calidad, que se ponga a disposición de los armadores
financiación y garantías semejantes a las de sus competidores.
Además, el citado Real Decreto permite flexibilizar en la
aplicación de la prima de funcionamiento --lo ha mencionado el
representante del Grupo Popular--, en consonancia con la 7.ª
Directiva comunitaria, y este es un aspecto de vital
importancia, porque en el primer período que se pretende
cubrir, hasta el 1.º de enero de 1996, que ha sido calificado
por todos los países constructores como crucial para encarar
los primeros años
de vigencia del acuerdo OCDE, este d que eso pueda empezar a
hacerse; este decreto con lo que espero que hoy aprobemos
también en esta Cámara.
Con independencia de lo que dice el decreto, y que no estoy de
acuerdo con que no haya servido para nada (creo que ha servido
para algo, y es cierto que podía haber servido para algo más),
estamos de acuerdo con la necesidad de un sistema de
garantías. Eso parece claro en las intervenciones que he
escuchado, ese sistema para las nuevas construcciones con
crédito tipo OCDE y sistema CARI, y así lo ha venido
manteniendo, también el Grupo Socialista. Es verdad que ha
habido distintas iniciativas y diferentes proposiciones,
algunas de una naturaleza y otras de naturaleza distinta. El
Grupo Socialista presentó una enmienda, que fue aprobada por
esta Cámara, a una moción del Grupo Popular en la que se
recogía la necesidad de establecer garantías para la
construcción naval. Más recientemente, el Grupo Socialista
presentó una proposición no de ley sobre la situación del
sector naval en la ría de Vigo, que fue apoyada por toda la
Cámara, y en la que con carácter general, si recuerdan SS.SS.,
instábamos al Gobierno a realizar los estudios tendente fondo
de garantías. Como decía el representante de Izquierda Unida,
no se trataba sólo de estudiar la creación de ese fondo, sino
hacer los estudios tendentes a la creación del fondo. Esto es
lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo que a parte de
SS.SS. les parece excesivo. Es verdad que para estas
necesidades todo tiempo es excesivo, pero también es verdad
que tiene sus dificultades, como intentaré explicar ahora. Con
posterioridad votamos favorablemente en la Comisión de
Industria, una iniciativa de Izquierda Unida que iba en este
sentido.
Como ven SS.SS., compartimos con el Gobierno y con otros
grupos de esta Cámara la necesidad de poner en marcha cuanto
antes mecanismos de garantía para el sector. Sin embargo, la
proposición que se nos presenta hoy mezcla a nuestro juicio --
y se ha dicho ya aquí--, dos asuntos completamente diferentes
y, por tanto, su tratamiento también debe ser distinto. Me
estoy refiriendo a la conexión que se establece en la
proposición entre la situación y los problemas de la marina
mercante y los de la construcción naval. Actualmente, la
construcción naval exporta el 90 por ciento de su producción,
por lo que el apoyo a las empresas navieras no supone
necesariamente el incremento de la actividad de construcción
en astilleros nacionales. Suponiendo que diéramos ayudas o
financiación a las compañías navieras, nada impediría que esas
compañías, también se ha dicho aquí, encargaran la
construcción de los buques a otros astilleros no nacionales.
Tampoco parece compatible el apoyo a la construcción de nuevos
buques con incentivos a la compra de buques de segunda mano.
Creo que esto no favorece para nada la construcción naval sino
más bien todo lo contrario. Desde luego, así lo entiende el
sector de la construcción naval con el que este grupo ha
tenido contactos, y hemos estado valorando estas iniciativas.
Igualmente creemos que es improcedente relacionar ambas
cuestiones desde el punto de vista legislativo. En virtud de
los acuerdos comerciales internacionales no existe relación
alguna por cuanto la 7.ª Directiva comunitaria no contempla
ninguna ayuda a las navieras comunitarias, sino sólo a los
astilleros de la Unión Europea.
Resumiendo, señorías, y teniendo en cuenta que todos los
grupos de la Cámara compartimos lo fundamental, esto es, la
necesidad de un sistema d como elemento decisivo para mantener
la competitividad con los países constructores y que aún
tendrá mayor importancia, como he dicho anteriormente, a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo OCDE, creo que
también podemos compartir las dificultades que existen dada la
carencia en nuestro país de entidades especializadas de
crédito o entidades que puedan financiar este tipo de
construcciones, lo que exige un esfuerzo complementario, y
esto, señorías, no es una piedra o una dificultad, esto es una
realidad objetiva. Otros países también se han encontrado con
esta situación, y lo han resuelto o han intentado resolverlo a
través de banca oficial, pero también es cierto que otros
países que se nos han adelantado ya tenían una banca
especializada para este tipo de actuaciones.
Desde estas consideraciones y en el ámbito de las
recomendaciones de la Comisión, de acuerdo con la opinión del
sector, como he dicho anteriormente, y contemplando las
experiencias de otros p Socialista ha presentado la enmienda
de sustitución que a nuestro juicio permite dejar claro el fin
que pretendemos que es la puesta en marcha de un sistema
estatal de garantías dirigido a la construcción de buques en
astilleros nacionales. Se ríe el señor Fernández de Mesa
porque es posible que esto pueda tener alguna interpretación
dentro de la Comunidad respecto a si es posible que eso se
haga o no; yo creo que sí, creo que eso es posible porque los
demás países que han establecido sus fondos de garantías lo
están haciendo así, la prueba es que aquí no se construye ni
un barco financiado por otro sistema que no sea nacional.
También pretendemos definir su naturaleza en el sentido de que
se dan garantías de ámbito estatal; resaltar su
autosuficiencia para hacerlo viable y competitivo con otros
sistemas competidores.
Este es en síntesis, señorías, el sentido de nuestra enmienda
de sustitución que no pretende en modo algo enmendar ni una
plana; nos parece --lo he dicho antes y lo he reconocido-- que
el sentido de la propuesta es el mismo. Lo que sí nos parecía
necesario era hacer esta diferenciación y, por tanto, exigía
una nueva redacción.
Hay un punto, es verdad, en el que nosotros dejamos en nuestra
propuesta que sea el Gobierno el que designe
las entidades que puedan realizar esta labor. Ahí está la
verdadera dificultad del sistema, porque actualmente no existe
ninguna entidad con capacidad ni especialización suficientes
para hacer esto. Por tanto, esto debe ser objeto de
designación por el Gobierno para que se pueda garantizar este
tipo de actuaciones.
Por último y en lo que se refiere al tercer punto sobre el
segundo registro de Canarias, aunque compartimos también la
opinión de otros Grupos tratamiento debería haber sido
diferenciado respecto al de la construcción naval, tal como
está redactado sentimos no poder aceptarlo y es por lo que
también hemos presentado una enmienda de sustitución.
Voy a explicar los motivos de por qué no podemos aceptarlo.
Habla de las necesidades de aplicar mayores bonificaciones
fiscales y ayudas a las rentas de los trabajadores.
Recientemente la Ley 42/1994 sobre medidas fiscales y
administrativas que hemos aprobado hace dos o tres meses,
mejora el tratamiento de las tripulaciones de buques
matriculados en este registro incrementando la parte de
ingresos exceptuados de gravamen en el IRPF, del 15 al 25 por
ciento, y la bonificación de la cuota empresarial a la
Seguridad Social, de 50 al 70 por ciento.
Creemos que esto ya está hecho; no hay que incidir sobre esta
cuestión. Sí nos parece --y por eso vamos a aprovechar la
iniciativa aunque entendemos que no es del ámbito-- que con un
texto alternativo podíamos resaltar algo que nos parece
interesante y por lo que venimos trabajando reiteradamente y
es que como actualmente se está tramitando el proyecto de Real
Decreto por el que se autoriza la inscripción en el segundo
registro de Canarias a las empresas y buques destinados al
tráfico de cabotaje, nos parece más útil y efectivoinstar al
Gobierno a que agilice de buques y empresas navieras de
Canarias, teniendo en cuenta el calendario de la
liberalización del cabotaje fijado por la Comunidad Europea.
Si estamos de acuerdo en lo fundamental y si además, este
texto es aceptado, podríamos dar un paso adelante en algo que
nos parece fundamental a la construcción naval en nuestro
país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios
que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, fijando
la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
respecto a esta proposición no de ley que ha presentado el
Grupo parlamentario Popular, en primer lugar, nosotros
queremos congratularnos de la oportunidad de esta iniciati
debatir el hondo problema, fundamentalmente financiero, del
sector de la construcción naval en España. Por tanto, estamos
plenamente de acuerdo con el fondo; lo que ocurre es que hay
que instrumentar con métodos técnicos esta posibilidad
contemplada en los dos primeros puntos de los tres que trae la
proposición no de ley del Grupo Popular.
Efectivamente, el problema de construcción naval en España no
es un problema de tecnología. Nuestros astilleros,
afortunadademente, están en nivel equiparable al de los
astilleros con que tenemos competencia en este momento,
fundamentalmente en el marco europeo --no me voy a ir al marco
japones u oriental--, en el marco de los astilleros
holandeses, alemanes, polacos o finlandeses. Nuestra
tecnología, por tanto, es puntera y está considerada
internacionalmente entre las mejores.
El problema está en la prefinanciación o financiación de la
construcción del buque y efectivamente, como se ha denunciado
aquí por el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no tiene una buena
recepción que la compañía Trasmediterránea, en la última
renovación de cuatro buques solamente haya encargado dos, los
que hacen la línea interinsular canaria, en astilleros
españoles de Unión Naval de Levante y los otros dos grandes
buques, que realizan la línea entre Canarias y península, se
hayan encargado, hecho y financiado en astilleros de Finlandia
y me estoy refiriendo a la Finlandia de antes de la ampliación
de la Unión Europea. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? La
están tomando determinados armadores en España al construir
buques mercantes en astilleros holandeses, no por una cuestión
de tecnología, de que sean mejores los buques construidos en
estos astilleros, ni mucho menos, sino por la cuestión de la
financiación, que los créditos que se conceden por empresas
asimiladas o hermanadas en «holding» con estos astilleros
tienen condiciones financieras mucho más beneficiosas que el
crédito oficial o bancario que puedan obtener en España. Por
tanto había que instrumentalizarlo. Como hay un riesgo yo creo
que es oportuno también, como dice la propia proposición no de
ley, arbitrar garantías financieras que llevan el riesgo
implícito en la operación que son de altos costes pues estamos
hablando de financiación de buques cuyo coste total no es
menor de 1.000 ó 3.000 millones de pesetas, por poner una
cifra orientativa ante SS.SS. Entendemos que en esta línea de
utilizar unos instrumentos de garantía la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista puede tener el
mismo fondo que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
La última parte de mi intervención está referia al punto 3.
Así como estamos de acuerdo en todo el planteamiento de fondo
que se ha hecho y en enmienda socialista que apoyamos queremos
también
señalar que el punto 3, en cierta medida, es ajeno al fomento
de la construcción naval en España. Desgraciadamente el tema
del segundo registro de buques, el registro canario, no se
puso en el marco legal en que tenía que haber estado en su
origen (incluso altos cargos del Ministerio de Economía y
Hacienda eran en aquel momento favorables), que son las leyes
económicas y fiscales del régimen específico de Canarias. De
la noche a la mañana en una enmienda en el Senado aquel
proyecto de ley de Puertos y de la Marina Mercante aunque en
el debate de esta Cámara para nada se habló del segundo
registro, en el Senado aparece el segundo registro. Eso ha
distorsionado y ahora estamos pagando las consecuencias.
Me ha llamado la atención que en la proposición del Grupo
Popular se hable de mejoras no solamente en la bonificación de
la fiscalidad, con referencia al REF (para eso estamos
pidiendo al Gobierno desde Canarias que de una vez por todas
apruebe el reglamento del REF porque si no no podremos
avanzar), sino mejora de la Seguridad Social de las
tripulaciones. Precisamente la competencia con buques de
bandera de conveniencia es que esos buques carecen de
Seguridad Social para su tripulación. Por tanto no alcanzamos
a entender qué se entiende por mejor, si es reducir esas
condiciones o bajar el listón, con lo cual entraríamos en un
conflicto de tipo sociolaboral.
Entendemos que la única medida que cabe en este momento, a
nivel del Gobierno central, es ir a una liberalización del
cabotaje; es decir, forzar a que la homologación con las
disposiciones de la Unión Europea vayan por la línea de
liberalización del cabotaje. Quiero señalar, sobre todo al
portavoz del Grupo Popular, que el registro de buques de
Canarias no exige la construcción del buque en astilleros
españoles; prueba de ello es que alguna de las últimas
matriculaciones son buques nuevos construidos en astilleros
holandeses. Nosotros sí iríamos a una rectificación de la
actual legislación del segundo registro en la medida que dé
también cabida al tráfico d que la propuesta que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista, que se limita a tener en
cuenta el calendario de liberalización del cabotaje, pueda
permitir a aquellas navieras españolas que realizan tráfico de
cabotaje Península-Canarias, entrar en el segundo registro
porque, al menos, con todas sus deficiencias, tendrían una
posibilidad complementaria de utilización.
Si el Grupo Popular, estando de acuerdo en el fondo, acepta
esta enmienda del Grupo Socialista, nosotros la apoyaríamos
coincidiendo en el fondo de la propuesta del Grupo Popular y
en la forma en que el Grupo Socialista la trata de hacer real
e instrumental.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para manifestar la posición de mi grupo
parlamentario en esta pertinente proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular. Mi grupo va a votar
favorablemente a esta proposición no de ley. Le parecen
adecuadas las reflexiones del portavoz del Partido Popular.
Realmente estamos ante una flota de edad avanzada, casi de
edad provecta con los porcentajes que estamos comentando; el
56 por ciento de los buques del Estado español tienen en este
momento más de 15 años y hay que articular mecanismos
financieros que posibiliten la concesión de las ayudas que se
prevén en la 7.ª Directiva y que se recomiendan en el panel de
financiación del foro de industrias marítimas.
Creo que está bien articulado este fondo de garantía que nos
propone el Grupo Popular, mediante la participación en la
obtención de sus recursos financieros (por una parte, de las
propias empresas navieras, por otra parte, del Gobierno), en
la cobertura que pretende el Grupo Popular --muy pertinente--
del tramo no cubierto en el ámbito hipotecario, tanto por el
consenso OCDE como por el Real Decreto 442/1994 y también en
las apelaciones relativas al favorecimiento de uso del segundo
registro de buques, que nos parece una institución muy
pertinente y eficiente.
En todo caso pediría al Grupo Popular que busque la manera de
sintetizar su propuesta con la enmienda --muy pertinente
también-- presentada por el portavoz del Grupo Socialista y
también por el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Nos
parece que las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley no son absolutamente contradictorias, son complementarias
en algunos de sus aspectos y, por ello seguramente los
representantes de este importante sector, que efectivamente
adolece de tantos problemas, en este momento nos agradecerían
este esfuerzo de síntesis y de comprensión.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría.
Finalmente, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene
la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, brevemente fijaré la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular es
de gran interés para todo el sector naval como ya se ha puesto
de manifiesto en las intervenciones de todos los portavoces.
Existen unos plazos fijados por la OCDE y una normativa de la
Unión Europea que deben
ser tenidos en cuenta desde el Gobierno para aprovechar las
ventajas que puedan obtenerse y, además, favorecer con ello
que el sector pueda competir tanto en el mercado nacional como
en el internacional.
Por todo ello nuestro grupo es consciente de que debe instarse
al Gobierno para que actúe. Ahora bien, el texto de la
proposición no de ley en sus tres puntos no tiene claridad
suficiente como para ser aplicado de forma concreta. Creemos
que una de las enmiendas presentadas, la de sustitución del
Grupo Socialista, deja más clara la intención que debe tener
la instancia al Gobierno y que sea éste el que en la redacción
de toda la normativa necesaria entre en detalles de forma y
funcionamiento de cuanto se desea. Además, con ello podría
obtenerse un amplio consenso en esta Cámara y, a la vez, la
enmienda quedaría bajo la titularidad del grupo proponente.
Por tanto, nuestro grupo tiene intención de votar
favorablemente el texto de la enmienda --si ésta es aceptada--
como esperamos y, en todo caso, pedimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
El señor Fernández de Mesa tiene la palabra a efectos de
indicar la aceptación o no de las enmiendas presentadas por el
Grupo de Izquierda Uni Catalunya y también por parte del Grupo
Socialista.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero manifestar al señor
Andreu que lleva toda la razón al decir que nada tiene que ver
la construcción naval con la marina mercante; pero también
quiero decirle, señor Andreu que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una iniciativa exclusiva para la marina
mercante y otra para la construcción naval que no conseguían
entrar en la Cámara. Por ello nos hemos visto obligados a
tratar de entrelazar, de la mejor manera posible, algoque está
dentro de lo que es el ámbito marítimo español para sacar una
iniciativa adela Soy consciente, exactamente igual que S.S.,
de que son dos puntos totalmente diferentes, pero no queda más
remedio que hacerlo. Después de las intervenciones de los
señores Mardones, Olabarría, Sedó y Cuevas, diré aquí y ahora
que el Grupo Parlamentario Popular lo único que pretende es
que esta iniciativa salga adelante y no nos importa que sea
exactamente en los términos que plantea el Grupo Parlamentario
Popular como en los términos que plantea, acertadamente en
este momento, el Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, sin dolernos prendas a la hora de reconocer quién
tiene la razón y quién no la tiene o quién en este momento
recoge el sentir de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular
no tiene inconveniente en aceptar las enmiendas que ha
realizado el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decirle,
risa que he echado antes --perdóneme usted-- no tenía ningún
carácter ofensivo, sino que era por una conversación que
acababa de tener antes d hemiciclo.
Tengo que decir que en el primer punto estamos totalmente de
acuerdo porque en síntesis dice exactamente lo que nosotros
pretendemos, separand competencia del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pero nos gustaría que
se dijera: «... poner en funcionamiento un sistema estatal»,
es decir, que entre «sistema» y «de provisión de garantías»
figure la palabra «estatal». Aceptamos el resto del primer
punto, pero con una matización, señor Cuevas, que no pretendo
se recoja en este momento en la enmienda que ustedes
presentan: la referencia a que la OCDE no considera a España
como país único, sino que los acuerdos que toma la OCDE son
respecto a la Unión Europea y no a España, y me refiero al
último apartado de esta primera enmienda de sustitución, que
en modo alguno modificamos y que aceptamos simplemente con la
inclusión de que el sistema sea estatal.
El segundo punto que plantea el Grupo Parlamentario Socialista
es exactamente igual al que ha planteado el Grupo
Parlamentario Popular, pero r diferente manera y, por tanto,
mi grupo parlamentario lo acepta en su integridad.
En cuanto al tercer punto, y teniendo en cuenta que el segundo
registro de Canarias, como bien decía el señor Mardones, no
sólo tiene que ser atractivo para los buques españoles, sino
que tiene que ser atractivo para que buques de otros países
acudan a él, el Grupo Parlamentario Popular acepta la
redacción que propone el Grupo Parlamentario Socialista,
teniendo en cuenta, además, lo que acaba de decir el señor
Cuevas en la tribuna, pero nos gustaría que al terminar este
párrafo se pudiera añadir una frase que dijera: tendente a
mejorar las condiciones del segundo registro especial de
buques de Canarias.
Creo, señor Presidente, señoras y señores diputados, que en
este acto todos los grupos de la Cámara haremos un gran favor
a la construcción naval si esta proposición no de ley sale
adelante en los términos que acabo de mencionar.
Muchas gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Fernández de Mesa.
Señor Cuevas, ¿acepta estas dos modificaciones sobre la
enmienda presentada por el Grupo Socialista?
El señor CUEVAS DELGADO: Sí, en los términos que creo haber
oído. En el primer punto, solamente se añade la palabra
«estatal», de forma que figure «sistema
estatal», y en el tercer punto añadir el párrafo que se ha
leído textualmente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
En estos términos, se somete a votación la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, que se somete a votación en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista con las modificaciones propuestas al texto de la
misma y aceptadas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA DEL
GOBIERNO PARA LAS ENSEÑANZAS MEDIAS EN GENERAL, Y, EN
CONCRETO, RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO CON
LAS QUE EL GOBIERNO REGULARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS
CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS (Número de expediente
173/000072)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de
interpelación sobre política educativa del Gobierno para las
enseñanzas medias en general, y, en concreto, respecto de las
modificaciones del Real Decreto con las que el Gobierno
regulará las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios.
Tiene la palabra el señor González. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.)
¡Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños!
Señorías, no sé si son conscientes de la descortesía que
tienen con el orador que está aguardando para iniciar su
intervención. ¡Les ruego guarden silencio!
Cuando quiera, señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, como
les anuncié con motivo de la interpela-ción urgente de la
pasada semana, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya estimó oportuno conocer las propuestas y
proyectos del Gobierno en un tema tan importante como es la
modificación del Real Decreto 1543/1988, que regula tanto los
derechos como los deberes de los alumnos.
Algún grupo político de la Cámara, de éstos que van
incondicionalmente de la mano del Gobierno, se extrañó de que
mi Grupo presentara una interpelación sobre algo que no había
aparecido en el «Boletín Oficial del Estado», y calificaba
esta interpelación y estos documentos, estas propuestas del
Gobierno, como simples borradores sin importancia. Quiero
recordar a quienes así piensan, señor Presidente, que el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene otro
sentido de la política en su labor de oposición y prefiere,
ante todo, solucionar los conflictos, si se puede, antes de
que se produzcan para evitar males mayores. Preferimos
plantear una alternativa a esperar que se publique en el
«Boletín Oficial del Estado» y buscar luego la forma de
explicar nuestra postura, según corran los vientos. Preferimos
--es nuestra polí recoja el producto del consenso y no el de
la imposición. Curioso y esperpéntico no es presentar una
interpelación antes de que se produzcan los problemas; lo más
curioso y esperpéntico es ser acrítico y, desde el oportunismo
que da una determinada posición en la Cámara, entrar después
en el chalaneo y no en la discusión política.
Se decía también, señor Presidente, señorías, que nos
ocupábamos excesivamente de derechos y no de deberes. Pero es
que, señorías, los derechos en el proyecto del Gobierno son
pocos y muy limitados, mientras los deberes eran demasiados,
cuasi, diría, draconianos, como les calificábamos nosotros. La
moción que hoy presento a SS.SS. en nombre de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya entiendo que es aceptable, incluso,
para los escépticos que esperan al «BOE» para su
pronunciamiento. En primer lugar, porque les pido paralizar el
proceso, tal como se está llevando, teniendo en cuenta
solamente la opinión de los consejos sociales y otros órganos
educativos y atendiendo menos las reivindicaciones de los
estudiantes, que son, como hemos reconocido todos los grupos
el pasado día, al fin y a la postre para quienes estamos
legislando.
No se va a conseguir, por mucho que se plantee ante la opinión
pública los apoyos con los que hoy se cuenta, una verdadera
negociación mientras no se negocie --como decía anteriormente-
- con los principalmente afectados: los estudiantes. Eso puede
producir que se acabe con unas movilizaciones innecesarias e
inoportunas.
La segunda parte de nuestra moción se deriva, obviamente, de
la primera, y viene a pedir al Ministro de Educación que
acelere el proceso de negociación a partir
de las promesas efectuadas a las organizaciones estudiantiles
en los últimos días y ratificadas en esta misma tribuna. Esas
promesas fueron calificadas por mi Grupo como un paso
adelante, pero no suficiente. Todavía quedan algunos esfuerzos
por hacer y entendemos --entiende mi Grupo-- que serán buen la
pena para acabar con un conflicto en un momento, como he
repetido en varias ocasiones, muy inoportuno.
En cualquier caso, mi Grupo aceptará el resultado de la
negociación si ella existe, aunque no sea el texto ideal, y
simplemente como producto de una negociación entre las dos
partes más implicadas. El Grupo Federal de Izquierda Unida
espera que no haya calado en el partido del Gobierno la
intervención de alguno de sus socios que, pretendiendo
descalificar --creo que con mal estilo y no habitual en ellos-
- con muy mal talante nuestra interpelación, venían a
pontificar, con argumentaciones a mi juicio y en mi opinión
trasnochadas, de que alguien podría confundir las aulas con
patios de colegio y las plazas públicas donde
manifestarse.<ð La educación en la convivencia y en la
tolerancia se consigue mejor integrando en el funcionamiento
del centro a todos los sectores implicados. La disciplina que
se pretende implantar a través del incremento del poder del
director, y sólo del director, y en detrimento de las
competencias del Consejo Escolar, no es la mejor forma de
educar en convivencia, en tolerancia y en libertad. El Consejo
Escolar, órgano colegiado que por ley garantiza el
funcionamiento democrático, queda relegado desde una posición
vinculante a una función simple de supervivencia.
Señor Presidente, señorías, hemos querido hacer una moción que
pudiera ser aceptada por todos. Entiendo que el partido del
Gobierno no tendrá ningún problema para aceptarla, puesto que
partimos de pedir una negociación de los compromisos que
adquirió el señor Ministro con motivo de la interpelación
urgente. Decíamos que había sido un paso adelante esos
compromisos. Todavía quedan muchos, que no les voy a cansar
con su cita, pero que sin duda tendrán la oportunidad de
discutir en esas negociaciones con los estudiantes, con las
organizaciones estudiantiles, que es lo que, en definitiva,
venimos a pedir hoy con esta moción consecuencia de la
interpelación urgente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo
Popular. Para su desarrollo y para fijar la posición del
Grupo, tiene la palabra la señora Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Gracias, señor Presidente.
La huelga que el pasado día 9 de febrero protagonizaron los
estudiantes de enseñanza secundaria para protestar contra la
carta de derechos y deberes fue masiva, como se ha demostrado.
En 25 ciudades hubo manifestaciones que, sin embargo, contaron
con la presencia de pocos alumnos.
El Ministerio de Educación minimizó el seguimiento de paro, y
frente al 90 por ciento calculado por los estudiantes, el
Ministerio cifró el paro entre un 40 y un 60 por ciento. Otras
administraciones autonómicas, como Canarias y Galicia,
hablaron de un 70 por ciento. El País Vasco cifró el
seguimiento en un 11 por ciento y Cataluña en un 35 por
ciento. En Andalucía, la Consejería cifró en un 60 por ciento.
El 80 por ciento de los estudiantes de secundaria de Cataluña,
según sindicatos, y el 36 por ciento, según la Generalidad, se
sumó a la jornada de huelga convocada a nivel estatal. Estamos
hablando de cifras bastante altas para comprender este paro.
Barcelona ciudad y Barcelona comarca, Tarragona, Vallés
Occidental y Gerona fueron las zonas con más participación. En
la provincia de Lérida, la incidencia fue escasa porque la
asamblea de estudiantes del día anterior decidía trasladar la
convocatoria al jueves día 16 y posteriormente al día 22. Los
estudiantes catalanes pedían más dignidad para la formación
profesional, la eliminación de la selectividad, más plazas
universitarias y más posibilidades de acceso. En las
manifestaciones se gritó contra todo: las tasas, las notas,
los contratos de aprendizaje, etcétera.
La carta de derechos y deberes del Ministerio de Educación
tiene en Cataluña su paralelismo en la norma aprobada por la
Generalidad en diciembre de 1993. Dos de los puntos más
conflictivos del decreto que prepara el Ministerio de
Educación y Ciencia se incluyen en la normativa catalana:
considerar la huelga estudiantil falta de asistencia a clase y
no un derecho, y traspasar del Consejo Escolar del centro al
Director del mismo las competencias sobre sanciones cautelares
e inicio de expedientes. También se quejaron los estudiantes
de este decreto.
Los estudiantes dejaron claro que en la enseñanza hay malestar
y continúan exigiendo negociación y diálogo. Entre las
peticiones de los estudiantes cabe destacar algunas
reivindicaciones, puesto que observan su futuro con
escepticismo. Los estudiantes aseguran que la reforma supone
un recorte de sus libertades y un incremento del poder
sancionador de los directores de los institutos. Unas de las
medidas previstas en el decreto es la autorización que se
concede a los directores para expulsar a los alumnos cinco
días sin incoar un expediente disciplinario en el Consejo
Escolar, como se hace ahora en estos casos.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha convocado a los
sindicatos de profesores, a la Confederación de padres y a las
asociaciones de estudiantes para celebrar diversas reuniones.
Sin embargo, se quejan siempre de que se realiza esta reunión
«a posterior», en vez de «a priori».
En la jornada de huelga del día 22, la exaltación de todos los
estudiantes fue manifiesta. Los responsables
ministeriales aseguraron haber constatado un menor porcentaje
de inasistencia a clase de los alumnos y esta nueva jornada de
paro parece expresar, según el Ministerio, que el proceso de
diálogo está consiguiendo un clima de mayor sosiego para
encontrar un acuerdo básico con todos los sectores de la
comunidad educativa.
Como ya se manifestó la semana pasada en la interpelación,
nosotros abogamos por un mayor diálogo y un mayor consenso
para fomentar la disciplina y el orden. Algunas
manifestaciones realizadas por insignes profesionales de la
Universidad, como las que aparecen hoy de Santiago Grisolia en
el diario «ABC», expresan que todavía está esperando una
contestación del señor Ministro de Educación. No se puede
tolerar ni consentir que falte este diálogo. Además, el Grupo
Popular persigue que la principal finalidad de este futuro
decreto debe ser la de articular vías de reclamación ante los
órganos de gobierno de los centros de la propia Administración
educativa y hay que lograr que el marco normativo establecido
en el futuro decreto propicie un adecuado nivel de convivencia
en los centros a partir de él y, respetando su contenido, los
reglamentos de régimen interior desarrollarán un conjunto de
normas que faciliten la organización y funcionamiento de los
centros, adantándose a su propia realidad y posibilitando un
modelo educativo propio. Nuestro Grupo Parlamentario propone
una mayor apertura a las propuestas de las asociaciones de
estudiantes para canalizar todas las propuestas.
Quisiéramos plantear una enmienda a la moción presentada por
Izquierda Unida. El apartado 2 quedaría redactado del
siguiente tenor: «A la apertura de un proceso de negociaciones
con todas las partes implicadas, y particularmente con las
asociaciones estudiantiles, que culmine con la elaboración de
un nuevo real decreto». Lógicamente, nuestra postura es para
incrementar el diálogo de todas las partes implicadas en los
derechos y deberes de los estudiantes de los centros
educativos anteriores a la Universidad, para que nuestros
estudiantes, alumnos, padres y profesores puedan crear y
convivir dignamente.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, para manifestar nuestra posición respecto
de esta moción consecuencia de interpelación urgente, que fue
presentada el miércoles pasado por el Grupo parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Fijar nuestra
posición respecto de esta moción en el sentido de que vamos a
votar en contra, como no podría ser menos, y como consecuencia
del debate que ya tuvimos la semana pasada. Nos vamos a oponer
por la sencilla razón de que al menos nuestro Grupo está a
favor del real decreto que nos anunció el señor Ministro de
Educación el miércoles pasado; un real decreto que viene a
modificar el hoy vigente número 1543/88 y que se propone
regular derechos y deberes de alumnos y de alumnas en los
centro docentes y las normas de convivencia en esos mismos
centros docentes.
El señor González Blázquez, en la presentación que ha hecho de
esta moción, dice que mediante ese texto se intenta presentar
una alternativa a lo que se está redactando en el Ministerio
de Educación y Ciencia, y a este Diputado le sorprende que
esta moción, que lo que pide es, pura y simplemente, la
paralización de ese real decreto-ley, sea una alternativa a lo
que nos expuso el señor Ministro de Educación y Ciencia.
Entenderíamos como una alternativa un cambio de planteamiento
en la política que nos aportó el señor Ministro la semana
pasada y no una moción en la que se pide la paralización del
proceso de aprobación de este Real Decreto.
Nosotros estamos de acuerdo en que por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia se regulen, repito, derechos y deberes de
alumnos y que se haga en el marco de la autonomía escolar que
prevé y que ampara la Ley Orgánica del Derecho a la Educación,
la LODE, y que además se dé un mayor protagonismo y una mayor
responsabilidad --añado-- al Consejo Escolar, donde están
presentes los distintos sectores comunidad educativa; que
además se dé, mediante este Real Decreto, un nuevo impulso a
la calidad de la enseñanza mediante la ordenación de la
disciplina interna de todo el centro; además, con la creación
de una comisión de convivencia con la participación de
profesores, de padres y de alumnos. Es decir, estamos a favor
de crear un marco normativo donde practicar el diálogo y la
convivencia en los centros docentes como algo que es básico e
intrínseco con la democracia.
Además, este real decreto que está elaborando el Ministerio de
Educación y Ciencia, a tenor de lo manifestado por el señor
Ministro ante esta visto bueno, tiene el apoyo del Consejo
Escolar del Estado, que es un organismo creado por la LODE,
que tiene además una representación, la que sea, de todos los
sectores que tienen que ver y tienen mucho que decir en torno
a la educación, y, además, tiene el visto bueno también del
Consejo de Estado.
Por tanto, nos encontramos con un norma cuyo contenido exacto
no conocemos, sólo unos borradores, pero que el señor Ministro
nos explicitó en pasado miércoles a raíz de la interpelación
que presentó el Grupo que hoy propone esta moción.
Tiempo habrá --dije en aquella ocasión y repito hoy-- para
hacer una crítica al contenido exacto de un decreto
que hoy no conocemos y para hacer un seguimiento puntual de su
aplicación y evaluar sus resultados. Lo que nosotros no
entendimos entonces fue una interpelación sobre un decreto que
no existe, y lo que no entendemos hoy es una moción que diga
que ese decreto que no existe tampoco exista en el futuro.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, permítame señor González Blázquez
que le felicite por su intervención de hoy y la de la semana
pasada. Es usted un buen parlamentario, ha tenido que
representar un papel determinado y lo ha hecho bien. Tuvo que
representar un papel difícil la semana pasada presentando la
interpelación, una interpelación que, desde mi punto de vista,
y se lo recordó el señor López de Lerma, estaba presentada a
destiempo, puesto que la fase de negociación con los
implicados está muy avanzada. Y yo creo que también hoy ha
tenido un papel difícil, porque ha tenido que defender una
moción, desde mi punto de vista, y dicho con todo respeto, que
no hay por dónde cogerla. Es una moción que está basada en una
interpelación hecha a destiempo y que, por tanto, es bastante
irreal, bastante falta de contenido.
Porque, mire, señor González Blázquez, ustedes presentan en la
moción dos puntos. Se la voy a leer tal como la tiene usted
redactada. En prime paralización del proceso de aprobación,
que está en curso, dicen ustedes, de la modificación del Real
Decreto 1543/1988. Y piden esto porque, en segundo lugar,
dicen que se abra un proceso de negociación, proceso de
negociación que a continuación dicen ustedes debe tomar como
punto de partida las reivindicaciones ya acordadas entre el
Ministerio de Educación y las organizaciones de estudiantes, y
de esta forma parece que quieren ustedes decir que así se
arreglaría la situación. Así está presentado, así está
escrito.
Permítame, señor González Blázquez, que se lo lea al revés.
Usted reconoce que hay una serie de acuerdos entre las
organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Educación
sobre la base de una serie de reivindicaciones planteadas por
los estudiantes, con lo cual usted está reconociendo que ha
habido una negociación y que ha habido unos acuerdos. Si ha
habido una negociación y unos acuerdos, que es lo que usted
pide en el punto segundo, que se abra esa negociación, tiene
poco sentido que en el punto primero digan que se paralice el
proceso de modificación del decreto.<ð Es decir, está usted
presentando algo irreal, algo que no tiene sentido, porque
está reconociendo que existen acuerdos en reivindicaciones
planteadas por los estudiantes y, al mismo tiempo, dice que no
ha existido ninguna apertura de negociación, lo cual no es
cierto (usted dice justamente lo contrario), y sobre esa base
pide la paralización de la modificación del decreto. Por eso
le digo que es una moción un tanto irreal, señor González
Blázquez, se lo digo con todo respeto, y le ha tocado a usted
hacer un papelón, pero, ¡bueno!, para eso se está en algunas
ocasiones.
Dicho esto, yo quisiera también decir que, aparte de insistir
en que la moción no aporta nada nuevo, yo sí creo que está
presentada con un propósito distinto, un propósito claro: para
deteriorar la acción del Gobierno en un asunto como éste, y
también está presentada claramente para crear confusión ante
los ciudadanos. Porque usted quiere transmitir a la ciudadanía
que el Gobierno no negocia con los estudiantes, no negocia con
los representantes de la comunidad educativa y, al mismo
tiempo, también está transmitiendo, aparte de ese mensaje,
otro en el que dicen a los ciudadanos que el Ministerio de
Educación quiere reducir los derechos que tienen reconocidos
los estudiantes en nuestro ordenamiento legal. Y, señor
González Blázquez, con todo respeto, ambas afirmaciones que
ustedes hacen son totalmente falsas. ¿Por qué? Porque el
Gobierno está negociando, el Gobierno ha negociado con los
estudiantes y con otros estamentos que componen la comunidad
escolar y el Gobierno no está intentando, bajo ningún
concepto, reducir los derechos y deberes que tienen
reconocidos los estudiantes.
Quizá, llegados a este punto, convenga hacer alguna
aclaración. Porque, señorías, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de la modificación del Real Decreto
1543/1988, de 28 de octubre, que es un decreto sobre derechos
y deberes de los alumnos. Pero, ¿cuál es el contenido de ese
Decreto? Permítame que le haga la definición del contenido del
Decreto en positivo y en negativo, diciendo lo que regula y lo
que no regula.
¿Qué es lo que está regulando el Decreto? El Decreto hace un
desarrollo pormenorizado del contenido de cada uno de los
derechos y deberes reconocidos por la LODE y, además,
establece una serie de actuaciones de las administraciones
educativas para hacer efectivos esos derechos y deberes; eso
es lo que regula el Decreto. Lo que no regula, señor González
Blázquez, es el reconocimiento o definición de los derechos y
deberes de los alumnos; eso no lo hace este Decreto. Eso lo
hace la LODE.
¿Qué derechos y qué deberes reconoce la LODE, señor González
Blázquez? Reconoce, fundamentalmente en cuatro artículos --en
el 6, en el 8, en el 42 y en el 57--, una serie de derechos
que no se van a modificar porque varíe el Decreto del que
estamos hablando: derechos y deberes básicos reconocidos en el
artículo 6; derecho de reunión de los alumnos reconocido en el
artículo
8; derecho que se reconoce al Consejo Escolar del centro en lo
que se refiere a la resolución de conflictos e imposición de
sanciones, en los artículos 42 y 57. Y eso no quiere
modificarlo nadie; eso, señor González Blázquez, no queremos
modificarlo nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista; eso
no quiere modificarlo el Gobierno. Nosotros apoyamos, en su
momento, la LODE, que es la que regulaba y reconocía los
derechos y deberes de los estudiantes; lo propusimos y lo
apoyamos entonces, cuando se tramitó la LODE, y lo apoyamos
también en este momento.
Lo que pretende el Gobierno, a través de la actualización del
Decreto al que estoy haciendo referencia, es algo mucho más
sencillo, algo mucho más simple, cual es la actualización de
determinadas actuaciones administrativas para hacer efectivos
los derechos y los deberes de los alumnos por medio de la
modificación del Decreto 1543/1988. Y, ¿cómo se pretende hacer
más efectivos estos derechos y deberes que tienen
reconocidos --insisto-- por la LODE los estudiantes? Se ha
seguidoel procedimiento normal, el adecuado. Primeramente,
negociar con los sectores afectados (en este caso,
representantes de padres, de profesores y de alumnos) y, a
partir de ahí, proponer una serie de modificaciones --insisto-
- no en relación con los derechos y deberes, sino con las
normas de aplicación en los centros escolares de esos derechos
y deberes. Las modificaciones del Decreto actualmente vigente
están acordadas con las organizaciones a las que estoy
haciendo referencia a lo largo de mi intervención, y van en la
siguiente línea --lo decía en la interpelación el otro día el
Ministroy lo recordaba hoy el señor L de más autonomía a los
centros para la elaboración de sus normas de convivencia; en
segundo lugar, facultando al consejo escolar --no obligando ni
imponiendo--a delegar en los órganos de gobierno unipersonales
la aplicación de ciertas normas de convivencia; en tercer
lugar, creando una comisión de convivencia en todos los
centros escolares con la participación de profesores, padres y
alumnos; en cuarto lugar, potenciando las juntas de delegados
de alumnos; en quinto lugar, regulando con mayor precisión el
derecho de reunión en el horario escolar del centro, y alguna
otra más que, para no ser excesivamente prolijo y no pasarme
del tiempo que tengo asignado no voy a enumerar.
En definitiva, señorías --y éste es el gran propósito--, el
objetivo es hacer más fácil el trabajo y la convivencia en los
centros escolares. No es quitar ningún derecho de los que
tienen reconocidos en estos momentos los alumnos, sino,
simplemente, dictar normas, que en este caso van a modificar
un decreto, para hacer más fácil el trabajo y la convivencia
en los centros escolares. Ese es el gran objetivo que persigue
esta reforma, ese es el objetivo que nosotros apoyamos y es el
que pretende el Gobierno.Sin embargo, dicho esto, señorías, y
termino, la interpelación de la viendo hoy, si desde mi punto
de vista no ha aportado nada, al menos sí ha servido para
algo, y ha sido para abrir un debate, para que estemos
debatiendo en este momento un asunto como éste, que es de gran
importancia. Ha servido también, permítame que se lo diga,
señor González Blázquez y señora Cremades, para que una vez
más los Grupos Parlamentarios Popular e Izquierda Unida hayan
constituido el frente del no alrededor de un tema como éste,
tan importante para la buena marcha de los centros escolares.
Es más, ha servido también para que el Grupo Parlamentario
Popular haya sido muy claro, haya clarificado cuál es su
posición en un tema import éste. La derecha lo tiene muy
claro, señora Cremades, usted lo ha dicho. No quieren
comisiones de convivencia en los centros, lo dijo el otro día
en la interpelación y lo ha vuelto a recordar hoy; dicen que
ya existen demasiados órganos colegiados. Quieren eficacia en
los centros --yo eso lo comparto--, pero dicen que quieren
ante todo orden y disciplina. Eso ha sido muy clarificador. Yo
creo que los centros esc ver cuál es la propuesta que hace la
derecha, cuando hace alguna, en un caso como éste.
El señor PRESIDENTE: Señor Nieto.
El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Por todo ello y por alguna razón más, que si tuviese tiempo
enumeraría, votaremos en contra de la moción y también de la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en el
supuesto de que sea aceptada por Izquierda Unida.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda, por el
Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González
Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Obviamente, no esperaba que el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) apoyara nuestra moción. Ya lo expresó claramente en el
debate pasado. Pero satisfecho de que ya llame Reales
Decretos a las cosas sin que vayan al «Boletín Oficial». Le
voy a sugerir que otra vez que quiera apoyar o no una moción
aprenda a leer, y no lea sólo la primera línea, sino también
las siguientes, porque cuando mi Grupo dice: «paralización del
actual proceso de aprobación en curso», lo que quiere decir es
que no lo lleven directamente desde el Ministerio al «Boletín
Oficial», sino a través de la discusión, del consenso, de la
negociación...
El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que exprese la
aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Sin ningún tipo de confusión,
perversión, ni nada de lo que se me ha acusado esta tarde al
presentar esta moción, tengo que decir al Grupo Popular que no
puedo aceptar su enmienda porque se para en un punto a partir
del cual viene lo sustancial de la moción.
El Grupo Popular se para diciendo que la negociación con
asociaciones estudiantiles culmine con la elaboración de un
nuevo Real Decreto. Pero moción de mi Grupo quiere que ya se
incorporen, por lo menos, las reivindicaciones que han sido
asumidas por el Ministerio después no de la negociación sino
de que el Ministerio informara a los estudiantes de que iba a
aceptarles determinadas peticiones, porque ese ha sido el
talante del Ministerio. Ha lanzado varios papeles, varios
borradores; evidentemente, el primero más duro, el siguiente
menos duro, y el tercero ya quería que fuera el definitivo con
estas reivindicaciones asumidas. Por eso pedimos que se parta
al menos de esas negociaciones mantenidas ya.
Esa es la razón por la que no podemos aprobar la enmienda del
Grupo Popular. Pero que no vea nadie otras razones, como yo no
las veo cuando algún Grupo dicta a otro lo que hay que hacer
en materia de educación. Porque en materia de educación, señor
Nieto, sus propuestas y las de su Grupo se parecían más a las
que hoy yo estoy proponiendo que a las que le dictan desde
allí, y algunas veces desde Cataluña por teléfono, obviamente
a cobro revertido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 296; a favor, 14; en contra, 152; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE ADOPTARA EL GOBIERNO, CON
CARACTER DE URGENCIA, PARA CONSEGUIR QUE LA REFORMA DE LA
ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM), DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA
A APROBAR POR LA UNION EUROPEA, ENTRE OTROS, CONTEMPLE DE
PLENO DERECHO LAS VARIEDADES Y LOS CALENDARIOS DE LAS
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS (Número de expediente 173/000073)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a
interpelación, sobre medidas de política general que adoptará
el Gobierno, con carácter de urgencia, para conseguir que la
reforma de la Organización Común de Mercado del sector
hortofrutícola a aprobar por la Unión Europea, entre otros,
contemple de pleno derecho las variedades y los calendarios
delas producciones españolas.
Tiene la palabra el señor Pascual. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como consecuencia de la interpelación presentada la
pasada semana, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a este
Pleno la subsiguie la que esperamos el apoyo del resto de los
grupos. Esta moción es un tanto extensa, pero la problemática
de las frutas y hortalizas también es extensa por su gran
cantidad y diversidad. En la susodicha moción hemos pretendido
recoger prácticamente todos los aspectos que afectan al
sector, aunque, bien es verdad, no profundizando demasiado en
ellos. ¿Y esto por qué, señorías? Simplemente porque pensamos
que esta moción sirve como planteamiento básico, como
orientación, de cara al debate que se va a producir en
Bruselas ante la proximidad de la reforma de la OCM de frutas
y hortalizas. En el documentos base, señorías, pretendemos --
porque vamos a asistir a un período largo de debates-- que se
inicie lo que será la postura española para empezar a
trabajar. Por lo tanto, señorías, con esta moción pretendemos
llegar a un acuerdo de esta Cámara que sirva para llegar al
inicio de un acuerdo con el sector hortofrutícola español. La
moción consta de dos puntos. En el punto A) solicitamos que
España lidere la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Esto lo hacemos por primero, porque España, junto con Italia,
es el principal productor de frutas y hortalizas en Europa,
aparte de ser el sector más importante dentro de la
agricultura española, y segundo, porque el sector
hortofrutícola español se enfrenta a un reto más difícil que
el del resto de los países miembros, ya que hasta ahora la
normativa europea ha contemplado la problemática del resto de
los países miembros. España tiene que modificar mucha más
normativa que el resto de los países de la Unión Europea, por
lo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para tirar del
carro de esta reforma. Esfuerzo que va a ser necesario tanto
en el Congreso de los Diputados como en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el señor Ministro
hasta los funcionarios, así como en el sector hortofrutícola,
productores, cooperativas, exportadores o transformadores. En
el punto B), señorías, pedimos desde el Grupo Parlamentario
Popular que por parte de la diplomacia
española se haga todo lo posible para cons aprobación de la
reforma de la OCM de frutas y hortalizas tenga lugar durante
el mandato español, que será durante el segundo semestre del
presente año de 1995. Desde la presidencia europea se puede
influir más y mejor y, por las razones anteriormente
expuestas, creemos que es totalmente necesario que durante
nuestro mandato se apruebe esta reforma. Dentro de la moción,
señorías, hay una serie de puntos --el primero de ellos
creemos que es muy amplio, de consenso-- en los que pedimos
que sigan vigentes los tres pilares básicos de la política
agraria comunitaria, en los que se asentó en un principio,
cuando ésta se consolidó.
Siguiendo la intervención del miércoles pasado de la portavoz
de Izquierda Unida, creemos que hay que iniciar esta reforma
desde esos tres pilares básicos. La solidaridad financiera, en
primer lugar, con una dotación presupuestaria suficiente; hay
que hacer un esfuerzo presupuestario --ya dábamos los datos en
la interpelación--. Mientras la producción final agraria de
frutasy hortalizas es del 16,6 por ciento este sector sólo
recibe de los presupuestos comunitarios, del Feoga-garantía,
desde el 2,3 por ciento, como recibió en 1988, hasta los
índices más altos, el 4,7 por ciento en 1990 o en 1993. Por
tanto, señorías, es un sector tremendamente barato para
Bruselas y esto se tiene que plasmar, primero, porque el
aumento de la liberalizac mercados comunitarios, como
consecuencia del GATT, va a ser tremendo, van a aumentar las
importaciones, van a disminuir nuestras exportaciones y con
una tasa de cobertura que disminuye anualmnente en un 1 por
ciento hay que hacer un gran esfuerzo en esta reforma de OCM
para garantizar las rentas de los agricultores; y esto,
señorías se consigue, naturalmente, con dinero.
Dentro de la solidaridad financiera estaría incluido el punto
2, de oposición a la disminución de los precios de retirada,
como propone el documento de reflexión de la Comisión. No hay
que olvidar, señorías, que los precios de retirada son de
garantía, es una política de sostenimiento de rentas.
El punto 3, de ayudas a la transformación, es importante como
alternativa preferente a la retirada, inclusoampliando a
nuevos productos que afe tener estas ayudas a la
transformación. Por citar simplemente algunos ejemplos --
habría algunos más--, estarían el albaricoque, el espárrago o
la misma cereza. Esto es importante porque en la
transformación damos valor añadido al producto, se crean
riqueza y puestos de trabajo, se tiene una mejor imagen que
con la retirada y, sobre todo, causa menos problemas
ambientales.
El segundo pilar básico de la preferencia comunitaria sería,
como dice la moción, que se garantice la producción interna
frente a las importac originarios de países terceros, dentro
de los límites establecidos en los acuerdos del GATT.
El tercer pilar básico es la unidad de mercado, de tal forma,
señorías, que no se produzcan discriminaciones de las
producciones entre los distintos países comunitarios, tanto en
lo que se refiere a la distribución de ayudas como a la
comercialización de productos y en el libre tránsito de los
mismos dentro de la Unión Europea, reforzando el Acta Unica
Europea en lo que se refiere a la libre circulación de
mercancías.<ð En el punto 4, señorías, solicitamos que se
aproveche la ocasión de la reforma de la OCM para adaptar los
calendarios y los períodos de la nueva normativa a las
condiciones agroclimáticas españolas; períodos de
intervención, precios de entrada o períodos de ayuda a la
transformación.
El punto 6 se refiere a las concesiones en tratados
preferenciales porque las concesiones a terceros países
siempre las hacemos en los mismos productos, productos
hortofrutícolas y, además, coincidiendo con los mismos
períodos de producción españoles. Debido a que en la normativa
actual no se contempla la problemática española, es en esos
períodos cuando se tiene menos defensa ante las importaciones
de estos productos, y esta pérdida de rentas, señorías, habrá
que conformarla de alguna manera.
Los puntos 8 y 9 se refieren a las organizaciones de productos
de frutas y hortalizas. Simplemente quiero constatar un dato y
es el siguiente: mientras en la Unión Europea se comercializa
un 60 o un 80 por cien a través de estas organizaciones de
productores, en España tenemos un nivel muy bajo, un 20 por
ciento. Asimismo, el documento de reflexión de la Comisión
señala como instrumento básico para desarrollar la nueva OCM
precisamente las organizaciones de productores.
Acabo mi intervención diciendo que la moción que se apruebe
hoy es importantísima para el futuro del sector hortofrutícola
español y, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos lograr, si se puede, un consenso en esta Cámara en el
que como norma básica, como punto de partida podamos seguir
trabajando. En estos momentos recojo el testimonio del
portavoz socalista de que estamos totalmente dispuesto a
seguir con este debate en la Comisión Mixta de la Unión
Europea, con el fin de conseguir, junto con el sector afectado
(porque es un sector muy difícil y desde mi Grupo
Parlamentario comprendemos que incluso en ciertos momentos
puede haber contradicciones o planteamientos distintos dentro
de dicho sector), que se llegue a Bruselas con una unanimidad
de criterios en la postura española para que realmente
beneficie a nuestro sector agroalimentario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Pascual.
A la moción presentada por el Grupo Popular se han presentado
enmiendas por parte de Izquierda Unidad-Iniciativa per
Catalunya, por el Grupo Socialista, y por el Grupo de
Coalición Canaria.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra
la señora Rivadulla.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, pido la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene S.S. la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, a pesar del
orden de presentación, dado que se ha producido una
negociación anterior en este punto y la enmienda del Grupo
Socialista es la más global y puede comprender acuerdos con el
resto de las enmiendas, si es posible, pediríamos defender
nuestra enmienda y aproximar las posiciones con las del propio
Grupo Popular, lo que abreviaría también el debate de los
demás grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Roncero,
efectivamente, normalmente el orden de defensa de las
enmiendas es el orden de presentación en el Registro de la
Cámara, pero si hay una circunstancia particular como la que
S.S. apunta, creo que por parte del Grupo de Izquierda Unida
no habrá ningún inconveniente. ¿no hay ningún inconveniente en
que se defienda primero la enmienda del Grupo Socialista?
(Pausa.)
El señor Roncero tiene la palabra.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, debo agradecer y
felicitarnos por la colaboración de todos los grupos en este
trabajo previo al debate b consenso, ya desde la semana pasada
con motivo de la discusión de la interpelación, para la mejor
defensa de los intereses del sector hortofrutícola español.
Nuestra enmienda, a raíz de la intervención en la fijación de
posición de aquella interpelación, refleja lo que allí
decíamos: recordar principios generales sobre las reformas
pendientes de las OCM en general, y de la de frutas y
hortalizas en particular, trasladando en nuestro primer
apartado siete resoluciones aprobadas ya en esta Cámara en la
Comisión de Agricultura con motivo del debate de los Acuerdos
del GATT. De aquellas 44 resoluciones siete están trasladadas
en nuestra enmienda como primer apartado A), que digo de
entrada que estaríamos dispuestos a retirar en aras de ese
consenso, puesto que son cuestiones repetitivas que también
están reflejadas en los generales que plantea la moción del
Grupo Popular. Por tanto, nosotros renunciaríamos a ese primer
apartado que refleja esas mociones aprobadas con motivo del G
consenso, para que se sumasen nuestros puntos B) y C) a los
puntos que pasaré a comentar de la moción del Grupo Popular.
Les rogaríamos que retiraran en este trámite algunos de sus
puntos, por razones que muy brevemente expondré y que pueden
contribuir al consenso y a profundizar en su conocimiento y en
la mejora de los acuerdos que tomemos posteriormente. Son los
puntos segundo, quinto, octavo y noveno, que se refieren en
conjunto a la gestión de los mercados y que hacen referencia a
precios de entrada, a precios de retirada y a organizaciones
de productores de frutas y hortalizas.<ð Tal como se actúe
sobre esos cuatro elementos, que están interrelacionados entre
sí, los resultados pueden ser muy diferentes. Cualquier
resolución que tomemos debe ser profundizada en los trámites
posteriores que se indican en nuestra propuesta a través de
comparecencias, etcétera, en la Comisión Mixta. Creo que
podríamos trasladar esos temas a esos debates y llegar a un
consenso sobre esos elementos que pueden ser contradictorios
según como se manejen los cuatro en su conjunto.
Por otra parte, hay otro punto, el sexto, cuyo principio
general es el de que en los acuerdos con terceros países no se
perjudiquen los intereses nacionales, los intereses
comunitarios o se repartan las cargas equitativamente. Este
punto, que está reiteradamente aprobado, parece que va
encaminado a pedir ayudas por hectárea. Creemos que en estos
momentos puede ser un elemento de debate y de disenso, no de
consenso, puesto que también hay posiciones contrapuestas
según en qué sectores productores de las frutas y hortalizas
nos movamos. Por tanto, podría ser un punto a retirar en estos
momentos y sobre el que profundizar en debates posteriores.
Asimismo, les pediría la retirada del punto décimo, relativo a
los frutos secos, porque no parecen tener una entidad
suficiente como para figurar en una resolución como ésta de
tipo general, pidiendo una OCM propia para un sector que puede
estar incluido --de hecho, lo está-- en resoluciones que ya
aprobamos con el GATT y que estaban reflejadas en nuestras
siete primeras propuestas ya aprobadas.
Retirando esos puntos y manteniendo el A) de introducción de
su moción, el punto primero, que se refiere a los principios
generales de solidaridad financiera, preferencia comunitaria y
unidad de mercado; el punto tercero, productos transformados;
el punto cuarto, relativo a calendarios de frutas y
hortalizas; y el séptimo, a pequeños productos, yo creo que
hacemos resoluciones de tipo general sobre principios
generales que debe contemplar la OCM y trasladamos el grueso
del debate a resoluciones específicas de detalle de esos temas
que están interrelacionados a la Comisión Mixta, con lo cual
conseguiríamos un buen punto de partida,
un buen pronunciamiento del Parlamento en este inicio del
debate parlamentario sobre la OCM, para seguir profundizando
en ese consenso a lo largo de la Comisión Mixta.
Como decíamos el otro día, creo que todos debemos arrimar el
hombro, estar codo a codo para defender los intereses
españoles en esa Comisión Mixta y sacar de ella una resolución
para que el Gobierno español se sienta respaldado y con fuerza
para defender firmemente ante la Unión Europea esa reforma que
debemos liderar y que debiera ser aprobada, como ustedes
proponen también, en la Presidencia española.
Agradezco las intenciones que me han sido manifestadas de la
buena voluntad y de la retirada de esos puntos en aras del
consenso, y a los demá parlamentarios también les agradezco
las manifestaciones previas que han hecho. Debemos
felicitarnos todos por caminar por esa senda de consenso en la
defensa de los intereses españoles.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Roncero.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías,
nuestro Grupo Parlamentario no ha tenido ningún problema en
ceder el turno al portavoz del Grupo Socialista porque cree
que en este tema, como en otros que hemos tratado en relación
con la modificación y reforma de las organizaciones comunes de
mercado de los productos meridionales, lo más importante es
llegar a un consenso en esta Cámara.
En relación con la moción que presenta hoy el Grupo
Parlamentario Popular, nosotros estamos básicamente de
acuerdo. Atendiendo a que el Grupo había formulado una
enmienda de sustitución que incluía un procedimiento para
nosotros muy interesante, pues tenemos una experiencia previa
en relación con el debate sobre la OCM del vino en esta Cámara
y en el Senado, estimamos que es importante aunar esos
esfuerzos, racionalizar el debate y, de alguna manera,
sistematizar todo ello para no perdernos en múltiples debates
parciales y en dos ámbitos distintos.
En este tema, que es uno de los sectores más competitivos de
nuestras producciones agrarias, que más riqueza y más empleo
pueden crear, no no por cuestiones partidistas, sino teniendo
en cuenta que la postura española debe ser de una gran firmeza
poque todos somos conscientes de que las organizaciones
comunes de mercado de los productos continentales están ya
reformadas; que se han llevado la parte del león del Feoga-
Garantía y de lo que significa la línea directriz
presupuestaria fijada en Edimburgo. Ahora nos estamos jugando
que una vez que esos sectores se están llevando la parte más
importante, en contra de que las organizaciones comunes de
mercado de los productos meridionales les afectasen recortes
importantes creo que estarán todos los grupos parlamentarios
independientemente de su ideología.
Entendimos desde el principio que esas dos mociones se podían
conjugar. Si el Grupo Popular acepta la propuesta que ha hecho
el Grupo Socialista, en el sentido de que en esta moción se
reflejen aquellos puntos en los que todos estamos de acuerdo:
el principio de solidaridad financiera de preferencia
comunitaria, el que se tengan en cuenta los productos pequeños
y algún otro punto que forma parte de la moción socialista,
como son el calendario y las variedades; como decía, si el
Grupo Parlamentario Popular acepta esta enmienda de
sustitución que presenta el Grupo Socialista en la que
adiciona la última parte de su propia moción, que consiste
fundamentalmente en que el debate se remita a la Comisión
Mixta, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya estaría de acuerdo. Como quedarían
afectadas las enmiendas que nosotros mismos hemos presentado,
en aras de ese consenso estaríamos dispuestos a retirarlas,
dejando constancia de que esto no prejuzga postura alguna de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con los
temas conflictivos, como son los del precio de entrada, de las
OPFH y todos los otros puntos que el Grupo Parlamentario
Popular plantea en la moción que hoy nos presenta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Rivadulla.
Para defender la enmienda de Coalición Canaria, tiene la
palabara el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria había presentado a esta moción del Grupo
Parlamentario Popular tres enmiendas, pero el acuerdo de
negociación que se ha anunciado hoy aquí facilita plenamente
el trabajo.
Coincido plenamente con lo que acaba de decir la portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y apoyamos lo positivo de un documento de síntesis,
teniendo en cuenta todos los puntos en los que estamos de
acuerdo, tanto en la moción del Grupo Popular como en las
enmiendas que hemos presentado los tres Grupos restantes, con
el fin de que en el seno de la Comisión Mixta de la Unión
Europea encontremos, mediante el debate, el documento
definitivo de un sector tan importante como es el
hortofrutícola español para definirlo con una buena OCM.
Estas manifestaciones las hago desde la experiencia que en
Canarias tenemos con el primer producto frutícola que se
segregó del marco global, que ha sido el plátano. El punto
décimo de la moción presentada por el Grupo Popular hace
referencia específica al sector de
los frutos secos, sector importante y de gran dimensión en
España. Respecto a este tema nosotros estaríamos de acuerdo en
que en el seno de la Comisión Mixta los frutos secos tuvieran
una OCM propia, como ocurre en Canarias respecto del plátano.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas de reserva, pero
coincidimos con el punto primero de la moción del Grupo
Popular en relación con la s financiera, con el principio de
preferencia comunitaria --fundamental para nosotros en el área
del plátano y, sobre todo, del tomate canario-- y con la
unidad de mercado. Nosotros quisiéramos advertir --y por eso
es importante la reflexión en el seno de la Comisión Mixta--de
que cuando hablemos de cofinanciación no se produzca un
perjuicio, no vaya a ocurrir que la Comisión acepte --en base
al punto 1 a)-- algunas fórmulas que, pudiendo beneficiar y no
estando ahora en cuestión --como, por ejemplo, el sector
citrícola levantino, valenciano concretamente--, no esté
reflejada la defensa de otros productos hortofrutícolas --como
figura en la moción-- distintos de los citrícolas y, sobre
todo, de pequeños productores. Hemos de ser cautelosos porque,
como bien ha señalado la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, ese exhaustivo derroche que ha
habido en los fondos del gasto del Feoga-Garantía lo ha dejado
esquilmado para dedicarlo a otras atenciones.
Yo celebro que en el acuerdo se pueda suprimir --si lo acepta
el Grupo Parlamentario Popular-- el punto quinto, al que
nosotros habíamos presentado una enmienda, no solamente
respecto a los mecanismos de aplicación del nuevo sistema de
precios de entrada para que sea una efectiva aplicación de la
preferencia comunitaria. Nuestra enmienda a este punto
pretendía no sólo que se reforzaran los mecanismos o la
aplicación del nuevo sistema de precios de entrada, sino
también los mecanismos de control y los acuerdos.
En un pasado debate en la Comisión Mixta tuvimos ocasión de
debatir este tema respecto del tomate y de los cupos
marroquíes y decíamos que no nos preocupaba tanto que se
hubiera establecido la cantidad de 130.000 toneladas de tomate
marroquí, como exigir a nuestras autoridades aduaneras que las
vigilen, con el fin de que Marruecos no nos meta goles por una
vía encubierta de entrada de tomate de procedencia marroquí
fuera del cupo que tiene asignado. Estamos a favor del
acuerdo, pero creemos que después los hombres de uniforme
deben vigilar las aduanas de entrada para que éstas no sean un
agujero y se desvirtúe este tema. Si este tema también se va a
tratar en la Comisión, nosotros no tendríamos inconveniente en
retirar nuestra enmienda. Estamos de acuerdo con lo que
propone el Grupo Popular, le manifestamos que estamos en la
misma línea y decimos que se vigile el cumplimiento en
fronteras de los acuerdos que se hayan estipulado para los
cupos de productos hortofrutícolas.
Nuestra última enmienda la habíamos presentado al punto sexto
de la moción. Teníamos unas especiales reticencias a que las
ayudas compensatorias solamente fueran concedidas por hectárea
o superficie. Dada la línea de competitividad, los cultivos
hortofrutícolas en Canarias no se consideran de una manera
decisiva en cuanto a la superficie o a la hectárea, sino a la
productividad. En relación con este tema, nosotros intentamos
introducir una enmienda complementaria que, sin ir en contra
del fondo del punto sexto de la moción, dijera que ello se
realizará sin perjuicio del mantenimiento de las ayudas a la
producción. Aquí está el secreto fundamental. Si nosotros
tuviéramos que optar entre ayudas a la superficie, ayudas
compensatorias, o ayudas a la producción, nos inclinaríamos
rotundamente, en caso de alternativa, por estas últimas. No
obstante, como esto también se remite al marco de la Comisión
Mixta, no tendríamos inconveniente en que, recogiéndose estos
principios --y vuelvo a citar a la portavoz de Izquierda
Unida: esto no significa prejuzgar, sino desear que sea en el
marco de la Comisión Mixta-- allí aumentemos, subamos el
listón de este consenso conseguido aquí con algo que
verdaderamente necesita el sector hortofrutícola español y, en
este caso que yo he defendido, el complementario de Canarias.
Nosotros, en un principio de solidaridad, como se lo hemos
dicho al Gobierno, invocamos unas ayudas que no existen en la
Península, que son las ayudas al transporte, acogiéndonos el
acuerdo de Maastrich de considerar región ultraperiférica a
Canarias, para estas producciones que se ven obligadas a una
competencia y una competitividad en costes de transportes a la
hora de colocar sus productos en mercados europeos
comunitarios, ayudas que también solicitamos para otros
cultivos hortofrutícolas de la producción peninsular que no
tienen estos costes adicionales.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún Grupo
Parlamentario que no haya intervenido en el debate hasta ahora
quiere fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Tubert
tiene la palabra.
El señor TUBERT I ALSINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo me estrené en esta tribuna la semana pasada
expresando la posición de mi Grupo en este tema. Ya me
gustaría que siempre que tuviera la responsabilidad de
defender algo tuviera un apoyo tan unánime, una predisposición
tan positiva como la que se está dando en cuanto a la reforma
de la Organización Común de Mercado en el sector de frutas y
hortalizas.
Nuestro Grupo ya expuso la semana pasada cuál era la única vía
que entendía eficaz para conseguir una propuesta defendible en
los órganos comunitarios, y apuntamos
la vía del consenso, que es lo que se recoge hoy aquí; el
elaborar una propuesta única que asegurara una postura clara,
que diera un ejemplo de madurez del Gobierno español, para que
no se repitieran las circunstancias que se dieron en la
elaboración de la propuesta relativa al sector vitivinícola.
Nosotros entendimos, y creo que es compartido, que el
verdadero reto está precisamente en la posición que tiene hoy
la Comisión de la Unión Europea y en la posición de los
distintos países que tienen intereses en este sector, aunque
sean legítimos.
Entendíamos oportuno aprovechar la circunstancia histórica que
se da en este momento; vamos a ocupar la Presidencia de la
Unión Europea, lo que permite trabajar en profundidad en este
sector, que tiene una fuerte implantación en el Estado
español. Además, la reforma de la Organización Común de
Mercado permite reconducir determinados flecos que en su
momento quedaron pendientes en la incorporación a la Unión
Europea y contrarrestar las grietas que han surgido, fruto de
una dura negociación de los acuerdos del GATT y que si tienen
especial incidencia en algún sector del mundo agrario es
precisamente en el sector de frutas y hortalizas. Asimismo,
con la implantación de estos sectores en el Estado español
cabe garantizar una renta digna, que hoy, con la reforma,
puede servirnos de punto de inflexión. La línea adoptada de
trasladar el debate a la Comisión Mixta de la Unión Europea va
a permitir un trabajo en profundidad, denso y que, a buen
contemplar la mayoría de los puntos que nosotros planteamos el
otro día, ya sean de influencia directa sobre sectores muy
concretos, ya sean colaterales, como puede ser la propia
potenciación de las organizaciones de productores, el no
permitir que se restrinjan las ayudas para retiradas o el
hecho de canalizar, potenciandola transformación, medidas que
aseg En definitiva, en coincidencia con los demás grupos, nos
congratulamos de las propuestas aportadas a la Cámara, y, con
este ánimo, manifestamos que también votaremos a favor.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Tubert.
Tiene la palabra el señor Pascual, para indicar si acepta la
propuesta planteada por el señor Roncero o,en cualquier caso,
las enmiendas defendidas por otros grupos.
El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
En aras al consenso que parece reinar en la Cámara, el Grupo
Parlamentario Popular va a retirar algunos puntos de su
moción.
En concreto, en el apartado A) retiramos los puntos 2.º, 5.º,
6.º, 8.º, 9.º y 10.º. Aceptamos de la emienda del Grupo
Parlamentario Socialista los puntos B) y C), que habr
Parlamentario Popular ya que, como han manifestado todos los
grupo parlamentarios, están a favor de la misma. Reitero
asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que no
renunciamos a ninguno de los planteamientos expuestos que se
contienen en los puntos que retiramos en estos momentos, pero
si el debate se traslada a la Comisión Mixta de la Unión
Europea y hacemos comparecer allí a todos los implicados en el
sector hortofrutícola, una vez éstos se pronuncien, podrá cada
grupo manifestar su postura con lo cual habremos evitado que
en un tema tan importante económica y socialmente se haga
electoralismo y que sea por el bien del sector hortofrutícola
español.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Pascual.
En los términos que S.S. ha indicado, va a someterse a
votación la moción debatida. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular. Se somete a
votación en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 280; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se supende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.