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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 129, de 07/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 129 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 127
celebrada el martes, 7 de marzo de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que
se modifica el artículo 4 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo,
sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 98.1, de 2
de enero de 1995 (número de expediente 122/000079) (Página 6844)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno a
que, en el plazo de seis meses, presente a las Cortes
Generales un Proyecto de Ley de modificación de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 61, de 25 de febrero de
1994 (número de expediente 162/000079) (Página 6851)
Inclusión de nuevos puntos en el orden del día (Página 6858)
Proposiciones no de ley (Continuación.):
--De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria,
relativa a la formación d 162/000163) (Página 6858)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre cuál será la postura a
defender por el Gobierno en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social y, en particular, sobre si dicho
posicionamiento ha tenido la discusión social necesaria.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número
198, de 3 de marzo de 1995 (número de expediente 173/000070)
(Página 6870)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
medidas de política económica que piensa adoptar el Gobierno
para que la recuperación económica se traslade a los
ciudadanos en términos de mejora de bienestar. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 198, de 3 de
marzo de 1995 (número de expediente 173/000071) (Página 6876)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
130, de 8 de marzo de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6844)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se
modifica el artículo 4 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre
Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación (Página 6844)
El señor Aparicio Pérez defiende la toma en consideración de
la proposición de ley en nombre del Grupo Popular, solicitando
la modificación del artículo 4 de la Ley llamada de Medidas
Urgentes de Fomento de la Ocupación y cuya cuestión de fondo
no es otra, básicamente, que buscar fórmulas de jubilación
voluntaria flexibles, que se acomoden a lo que son las
tendencias de las distintas políticas de empleo en Europa.
Alude a las políticas dominantes en los años setenta y
ochenta, caracterizadas por filosofías de jubilaciones
anticipadas, que a su juicio, se han mostrado ineficaces para
dos grandes objetivos, como son,ä en primer lugar, la
inserción de los más jóvenes en el mercado laboral y, en
segundo lugar, desde la perspectiva de protección social,
porque no pueden disociarse las políticas de empleo de las
políticas de protección puramente pasiva. Piensa que esas
jubilaciones anticipadas han introducido, además, dificultades
adicionales en los sistemas de protección, especialmente en
sistemas de reparto como el español, dentro de la Seguridad
Social.
Destaca la gravedad del problema, como lo demuestra que en los
últimos cuatro años se haya pasado del 64 al 70 por ciento en
el número de españoles que se han jubilado antes de los 65
años y que incluso en el año 1994 el 41,2 por ciento de las
jubilaciones lo han sido a los 60 años, cuando las modernas
tendencias que se están aplicando en los países de la Unión
Europea van mucho más en la línea de prolongar voluntariamente
la vida activa del trabajador que en la línea de anticipar
jubilaciones lo que lleva a situaciones no sólo de frustración
personal sino que, además, en muchos casos supone una
sobrecarga para el sistema de protección social. Menciona
sobre este particular la Recomendación número 857 del Consejo
de la Unión Europea, en la que se habla de una jubilación
flexible y progresiva, o las recientes recomendaciones de la
OCDE, que están siguiendo varios de los países de nuestro
entorno y que recomiendan el trabajo a tiempo parcial
voluntario para flexibilizar las condiciones de paso a la
jubilación.
Termina señalando que la propuesta del Grupo Popular
permitiría acoger, dentro de los modelos de contratos a tiempo
parcial, a aquellas personas que entre los 62 y 68 años
quisieran compatibilizar al 50 por ciento su trabajo con la
pensión general. Esta fórmula permitiría que el 50 por ciento
disponible de trabajo se realizase mediante una transición
ordenada y armónica de la persona que entre en el mercado
laboral, que se beneficiaría de la persona que prolonga su
vida laboral.
Reconoce que el texto presentado sería mejorable durante su
tramitación parlamentaria, para lo cual solicita hoy su toma
en consideración.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Peralta
Ortega, señalando que, en aras a una cierta tradición
parlamentaria y al tono de la intervención del señor Aparicio,
no debería quizás oponerse a la toma en consideración de la
proposición de ley, pero que concurren en ésta determinadas
circunstancias que le llevan a utilizar este turno en contra
para exponer las razones, que cree fundadas, frente a la
proposición.
Recuerda algo que es de todos sabido, como que la edad de
jubilación ordinaria en nuestro país está fijada a los 65
años, pero se trata de una edad de jubilación reconocida como
derecho del trabajador, que puede jubilarse a dicha edad o más
tarde. No es, por tanto, una jubilación forzosa, que no existe
en nuestro país. Sin embargo, por razones históricas de
derechos adquiridos, el sistema de Seguridad Social español
admite la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años de
edad en las condiciones que especifica. Se trata de un sistema
que se jusficia por el imperativo de posibilitar el acceso al
empleo de jóvenes en un momento en el que, desgraciadamente,
nuestro país sufre un desempleo espectacular. Se considera que
su incorporación al trabajo supone, además, ingresos al
sistema de Seguridad Social, que pueden compensar, en alguna
medida, el mayor gasto que implica comenzar a pagar una
pensión antes de los 65 años.
Añade que, en relación con el sistema anteriormente descrito
se presenta la proposición de ley del Grupo Popular, cuyo
portavoz hacía hi tema de la jubilación flexible parcial tres
años antes o incluso después de alcanzar los 65 años, pero
ocultaba que tal jubilación parcial no iba acompañada de la
obligación de un contrato de relevo, que de un plumazo
desaparecería en la proposición. De esta forma, de aprobarse
la misma, se producen dos efectos que cree no deseados por el
propio Grupo proponente y que son: primero, un aumento de
gastos en el sistema de Seguridad Social al anticiparse
parcialmente la jubilación sin compensarla con la aportación
del contrato de relevo y, segundo, que no se contribuye a
insertar a los jóvenes en el empleo, que era el fundamento de
ese contrato de relevo. Reconoce que la eficacia de este sido
reducida, pero con la nueva fórmula desaparece totalmente esa
posibilidad.
Expone la postura del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya favorable a la jubilación parcial antes de los 65
años como fórmula adecuada si va acompañada del contrato de
relevo, ya que la jubilación después de los 65 años no es una
novedad importante, puesto que se trata, como antes decía, de
un derecho del trabajador.
Concluye aludiendo al borrador de conclusiones de la Ponencia
sobre reforma de la Seguridad Social, afirmando que en el
mismo se contempla la posibilidad de incentivar la permanencia
en el trabajo más allá de los 65 años, pero en ningún caso se
plantea la supresión del contrato de relevo, y en este sentido
pediría la retirada de la proposición de ley en beneficio del
consenso para permitir una reforma completa y equilibrada de
la Seguridad Social.
Replica el señor Aparicio Pérez, duplicando el señor Peralta
Ortega.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Hinojosa i
Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Moragues
Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Popular por 127 votos a favor y
164 en contra.
Proposiciones no de ley (Página 6851)
Del Grupo Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno a que,
en el plazo de seis meses, presente a las Cortes Generales un
proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (Página 6851)
El señor Olabarría Muñoz defiende la proposición no de ley del
Grupo Vasco (PNV), que, a su juicio, se defiende prácticamente
sola, dada su congruencia, su justificación, su legitimidad
jurídica y también su legitimidad y justificación políticas.
Recuerda, por otra parte, que es la segunda vez que su Grupo
presenta una proposición de estas características, que no
pretende otra cosa que articular un sistema de designación de
los magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual pone de
relieve la trascendencia de la proposición. Se trata de una
nueva forma de designación de estos magistrados que se
corresponda con la de aquellos Estados cuya estructura
política o jurídico-política sea similar
a la nuestra, es decir, aquellos Estado Estados federales o de
las comunidades autónomas. Son los denominados Estados de
naturaleza
compuesta, con tribunales constitucionales cuyo procedimiento
de designación de los magistrados es sustancialmente diferente
al previsto por la Constitución española. Recuerda que los
partidos nacionalistas en esta Cámara tradicionalmente han
mostrado su insatisfacción por la forma actual de designación
de los magistrados del Tribunal Constitucional y seguramente
por esa razón tampoco les gusta la jurisprudencia de este
Tribunal en los denominados conflictos competenciales, que van
configurando los límites y la habilitación de los distintos
títulos competenciales que prevén los estatutos de autonomía.
Considera que en un de las características del nuestro ese
Tribunal tieneque tener también en su seno representantes de
las estructuras políticas descentralizadas, que en el Estado
español son las comunidades autónomas. Propone, en definitiva,
un sistema en virtud del cual los cuatro representantes del
Tribunal Constitucional que corresponde designar al Senado
sean designados previamente por los presidentes de las
comunidades autónomas del Estado español. Una segunda fórmula
consistiría en exigir que aquellos magistrados que designa el
Consejo General del Poder Judicial fuesen elegidos entre
presidentes y magistrados de los tribunales superiores de
justicia de las comunidades autónomas.
Anticipándose a argumentos que ya les fueron expuestos en
ocasiones anteriores, afirma que no propugnan la politización
del Tribunal Constitucional, aun reconociendo que la
jurisprudencia de este Tribunal es la más política de las
jurisprudencias existentes.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición
Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Cisneros Laborda, del Grupo
Popular, y señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del
Grupo Vasco (PNV) por 23 votos a favor, 276 en contra y cuatro
abstenciones.
Inclusión de nuevos puntos en el orden del día (Página 6858)
El señor Presidente somete al Pleno, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la inclusión en
el orden del día de la presente sesión de la solicitud,
formulada por don Rodrigo de Rato Figaredo y 77 Diputados más,
de creación de una Comisión de investigación de las
actividades de don Luis Roldán mientras fue Director General
de la Guardia Civil y de las circunstancias en que se produjo
su huida de la justicia durante 305 días, así como de las
actuaciones de todo tipo que culminaron con su ingreso en
prisión.
Se acuerda por asentimiento la inclusión del nuevo punto en el
orden del día.
Asimismo el señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del
Reglamento, la inclusión en el orden del día de la presente
sesión de la solicitud, formulada por los Grupos
Parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, de creación de una Comisión de investigación
sobre la huida del ex Director General de la Guardia Civil,
don Luis Roldán, y de las cuestiones que no fueron tratadas
por la anterior Comisión de investigación.
Se acuerda por asentimiento la inclusión de este punto en el
orden del día.
Proposiciones no de ley (Continuación) (Página 6858)
De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència
i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, relativa a la
formación de médicos según las normas comunitarias (Página 6858)
El señor Palacios Alonso, en nombre del Grupo Socialista,
defiende la proposición no de ley, apoyada por cuatro gr serie
de indicaciones a través de las cuales se puede solucionar uno
de los problemas latentes y candentes en los últimos tiempos
en relación con la formación posgrado de los especialistas en
medicina general, así como de todos aquellos que en los
períodos pasados no han podido acceder a las titulaciones de
especialistas, según está establecido legalmente. La
satisfacción es doble al defender esta proposición en cuanto
que, al parecer, los sectores concernidos han prosperado en la
línea de un acuerdo satisfactorio para todos, que no hace
decaer la calidad de la formación en nuestro sistema formativo
posgrado y que, por otro lado, en alguna medida ya es
conocido, puesto que en algunos medios de comunicación y desde
el Ministerio de Sanidad se dio a conocer en algunas de sus
partes en los últimos días.
Alude a la Directiva 457, de 1986, que establece mecanismos de
formación específica posgrado en medicina general a partir d
durante un período de dos años, como requisito previo para que
estos profesionales puedan ejercer en los servicios de la
sanidad pública.
Posteriormente, se subsume aquella Directiva en la 16 de 1993,
que establece la libre circulación de médicos y el
reconocimiento de los títulos para poder ejercer.
Expone a continuación diversas consideraciones y datos en
torno a la formación de los MIR, como también sobre la
formación de posgrado en medicina actualmente en 22 países
europeos, entre el año y los seis o siete años, para terminar
dando cuenta de la propuesta concreta contenida en la
proposición no de ley presentada por los cuatro grupos
firmantes de la misma, que piensa sinceramente que representa
una salida adecuada que respeta, por un lado, la calidad del
sistema formativo MIR y, por otro lado, el cumplimiento de
nuestros compromisos con la Unión Europea.
Completan la defensa de la proposición no de ley los señores
Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Coalición
Canaria.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular
interviene el señor Fernández-Miranda y Lozana.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el señor
Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, y la señora Maestro Martín,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Ca Sometida a
votación, se aprueba la proposición no de ley debatida por 155
votos a favor, 130 en contra y 14 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 6870)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre cuál será la postura a defender por el
Gobierno en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, y,
en particular, sobre si dicho posicionamiento ha tenido la
discusión social necesaria (Página 6870)
El señor Frutos Gras defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que ya en el debate
anterior los distintos grupos de la Cámara esgrimieron los
argumentos pertinentes en relación con la posición que debemos
tomar como Parlamento y la que debía llevar el Gobiernoa la
Cumbre de Copenhague. Desgraciadamente, esta Cumbre sobre
desarrollo social, muy importan sobre ella la sospecha de que
después de acordarse una serie de resoluciones no van a
cumplirse, sospecha fundamentada en los incumplimientos que
hay en relación con otras cumbres. Afirma que esta Cumbre,
como la de El Cairo o la de Río, tiene un gran interés
político y representa un punto de encuentro de organizaciones
políticas y sociales en la búsqueda de alternativas y
soluciones, pero en el momento de ponerse en marcha las
resoluciones por parte de los gobiernos, desgraciadamente, ni
hay presión suficiente por parte de las fuerzas políticas que
se han comprometido solemnemente en las cumbres ni tampoco la
voluntad por parte de los gobiernos de organizar y poner en
marcha políticas y presupuesto para ir cumpliendo gradualmente
todo lo que se aprueba de forma solemne en dichas cumbres.
Añade que, por otro lado, tiene ya un cierto aire dramático
celebrar una cumbre para el desarrollo social con los datos
actuales, suficientemente conocidos por todos, que hablan de
realidades trágicas en el contexto mundial y en cuya solució
se avanza adecuadamente. A pesar de ello, su Grupo continuará
trabajando con voluntad política e intentando que se vayan
abriendo paso ideas más lúcidas en el enfoque de los problemas
actuales que las predominantes en este momento concreto,
defendiendo una sociedad más justa, más igualitaria y
habitable, si no totalmente, sí de forma aproximativa.
Termina el señor Frutos aludiendo a los problemas actuales y
su agravamiento, en vez de la solución de los mismos, solución
a la que intenta encaminarse la moción de su Grupo a través de
los nueve puntos que la integran y cuyo contenido expone a la
Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción
intervienen los señores Neira León, del Grupo Socialista, y
Hernando Fraile, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones interviene el señor Hinojosa i
Lucena, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 10 votos a favor,
277 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas
de política económica que piensa adoptar el Gobierno para que
la recuperación económica se traslade a los ciudadanos en
términos de mejora de bienestar (Página 6876)
El señor Montoro Romero defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate celebrado hace quince días, que califica de
frustrante en cuanto que el Gobierno no presentó una política
económica capaz de garantizar la continuidad de la
recuperación y la percepción positiva de la misma por el
ciudadano español. La razón para no presentar esa política
económica entiende que tiene una fácil explicación y es que la
misma no existe. Por ello, el Grupo Popular presenta, en forma
de moción, un conjunto de líneas maestras de política
económica dirigidas a fortalecer y consolidar la recuperación
de nuestra economía y, sobre todo, a favorecer que esa
recuperación repercuta sobre el bienestar ciudadano. Considera
que la presentación de la moción es especialmente oportuna ya
que, hoy más que nunca, la recuperación es titubeante y está
amenazada de convertirse en un fracaso, en una defraudación
para todos los españoles. Hoy más que nunca son visibles los
problemas del Gobierno socialista, agobiado por la sucesión de
escándalos de corrupción, los procesos judiciales abiertos y
la sensación de ridículo internacional derivada de su acción
en asuntos como la traída a España de Luis Roldán. Afirma que
el deterioro de la imagen internacional de España es
dramático, con un alto coste económico que estamos pagando
todos los españoles, poniendo incluso en peligro la
recuperación económica de los próximos años.
Añade el señor Montoro que en la moción se resume una opción
política, un compromiso de gobierno, un compromiso de solución
a los proble que aquejan a nuestra sociedad, en un plan de
medidas de política económica que pretende ser oportuno y
eficaz para, en primer lugar, reforzar el crecimiento
económico y la consiguiente creación de empleo y, en segundo
lugar, facilitar nuestra integración en la Unión Económica y
Monetaria de Europa. Explica el contenido de algunas de esas
medidas, que considera que constituyen el plan económico
suficientemente especificado y suficientemente detallado que
requiere España y que están demandando los inversores dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Homs i Ferret, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Aroz
Ibáñez, del Grupo Socialista.
Se procede a la votación de los diversos puntos que integran
la moción, que son rechazados.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE
SE MODIFICA EL ARTICULO 4 DE LA LEY 10/1994, DE 19 DE MAYO,
SOBRE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (Número de
expediente 122/000079)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular por la que
se modifica el artículo 4 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo,
sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en política hay momentos, sin duda alguna, para
disentir, para la polémica, y puede haber momentos --es el
ánimo con el que subo a esta tribuna-- para el entendimiento a
partir de lo que ha sido en muchos momentos la expresión de
simpatía o de voluntad de diversos grupos parlamentarios hacia
una posición como la que hoy el Grupo Popular materializa y
plasma en esta proposición de ley sobre modificación del
artículo 4 de la llamada Ley de Medidas Urgentes de Fomento de
la Ocupación. Básicamente, la cuestión de fondo no es otra que
fórmulas de jubilación voluntaria y flexible que se acomoden a
lo que son las tendencias de las distintas políticas de empleo
en Europa.
A estas alturas del año 1995, cabe hacer un balance de lo que
fueron las políticas dominantes en los años 70 y 80,
caracterizadas por filosofías de jubilación anticipada. Pues
bien, esas políticas materiales de jubilaciones anticipadas se
han demostrado ineficaces para dos grandes objetivos. El
primero, el de la inserción de las personas más jóvenes en el
mercado laboral; y el segundo, desde la perspectiva de
protección social, tal vez porque ignoraban que no
pueden disociarse, que no pueden separarse las políticas
activas, las políticas de empleo, de protección puramente
pasivas. Esas jubilaciones anticipadas, además, han
introducido dificultades adicionales en los sistemas de
protección, especialmente en los sistemas de reparto, como el
español, dentro de la Seguridad Social.
Para partir de unos datos numéricos que puedan hacer
comprender a SS.SS. la gravedad del problema que afrontamos,
les diré que en los últimos cuatro años ha pasado del 64 al 70
por ciento el número de españoles que se han jubilado antes de
los 65 años, y que en el año 1994 el 41,2 por ciento de las
jubilaciones lo han sido a los 60 años. Si ustedes recuerdan -
-sobre todo algunos de los que sé que intervendrán a
continuación--, la edad real, no teórica ni de referencia
administrativa, de jubilación en España está situada en torno
a los 62,7 ó 63 años.
Pues bien, las modernas tendencias, las actuales tendencias,
las políticas que están aplicando los países de la Unión
Europea van mucho más en la línea de prolongar esa vida
voluntaria y activa del trabajador que en la línea de
anticipar, insisto, jubilaciones que llevan a situaciones no
sólo de frustración personal (recientemente, en una visita a
una ciudad castellana, me manifestaban sus preocupaciones los
prejubilados de una determinada e importante empresa de
aquella región, personas que a los cincuenta y bastantes años
o sesenta años no tienen expectativa profesional ni de mejoras
dentro del propio sistema de protección social), sino que,
además, en muchos casos, suponen una sobrecarga para el
sistema de protección social.
¿Qué políticas se están introduciendo? Pues las que se
recogen, por ejemplo --creo que es un documento que conocerán
algunas de SS.SS.--, en la recomendación número 857 del
Consejo comunitario de la Unión Europea, en la que ya se habla
de una jubilación flexible y progresiva. O más recientemente -
-y creo que tiene plena actualidad--, en los documentos de la
OCDE, en su reciente informe del año 1994 sobre el empleo,
cuando recomienda el trabajo a tiempo parcial voluntario para
flexibilizar las condiciones de paso a la jubilación. Esta es
una recomendación expresa formulada por la OCDE en el año 1994
y que están siguiendo varios de los países que forman nuestro
entorno, ese entorno deseable, ese entorno a veces modelo a
seguir por el propio Estado español.
Básicamente nuestra propuesta permitiría acoger, dentro de los
modelos de contratos a tiempo parcial, el de aquellas personas
que desde tres años antes de la edad de referencia --65 años--
a tres años posteriores, es decir, hasta los 68, quisieran
compatibilizar al 50 por ciento su trabajo con la percepción
de la pensión general. Creemos que es una fórmula que, además,
salva un obstáculo de acceso de los jóvenes al mercado. ¿Por
qué? Porque, en este supuesto, ese 50 por ciento disponible de
trabajo permit ordenada, armónica, de la persona que entra en
el mercado laboral, que se beneficia de la experiencia de
aquella persona que prolonga durante ese tiempo su vida
laboral.
Es evidente que en los últimos años algunos de los elementos
de diseño del sistema se han deteriorado. Por felices
circunstancias en algunos casos. Qué duda cabe de que es una
feliz circunstancia que los españoles y las españolas tengan
una mejor expectativa de vida y una mayor esperanza media de
vida. Pero lo que parece que se concilia mal con cualquier
sistema de protección es que sus carreras profesionales, su
vida activa, su vida cotizante sea cada vez menor.
Pues bien, en la línea de esa prolongación voluntaria,
flexible, progresiva; en la línea de permitir también el
acceso y la incorporación al mercado de trabajo de los
jóvenes, aunque fuese en este caso a tiempo parcial, está
nuestra propuesta; en darle ese acogimiento legal en un
artículo idéntico al 4.º de la Ley de Medidas Urgentes de
Fomento del Empleo y en ese marco de tendencias de lo que,
insisto, es rechazo a la sistemática de jubilaciones
anticipadas e inserción o encuadramiento en lo que es
prolongación de tipo voluntario y flexible.
No quisiera --y con esto voy a concluir mi intervención-- que
ésta fuese una pura cuestión de protagonismo político. La
propia proposición d 19 de diciembre de 1994, y antes que ella
ha habido numerosas iniciativas, como las enmiendas formuladas
a distintos proyectos de ley --recordemos el debate de la
reforma laboral, recordemos la Ley de medidas de
acompañamiento de los presupuestos del pasado ejercicio--, por
lo que, insisto, no se trata de una cuestión de protagonismo,
puesto que el Grupo Popular se ha manifestado en distintas
ocasiones en favor de esta fórmula que, por otro lado, ha
merecido la simpatía y el acogimiento formal de portavoces de
algunos grupos importantes de esta Cámara.
No creo que tampoco deba ser una cuestión de especial cerrazón
por parte de quien les habla. Somos conscientes de que nuestro
texto sería perfectible y mejorable a lo largo de su
tramitación parlamentaria y lo que hoy, esta tarde, estamos
pidiendo es su toma en consideración. Quedamos, pues, abiertos
al diálogo, no sólo al que se produzca esta tarde podía ser
oportuno conocer la posición de los distintos grupos--, sino
el que tendría lugar, si así lo estiman oportuno, en su
ulterior debate.
No hay afán de protagonismo, nuestra posición es completamente
abierta y sí nos gustaría --de lo que insisto públicamente se
ha dicho-- que tuviera su materialización en un voto
favorable.
Sirva como último argumento el que la única fórmula semejante
que hoy encontraríamos en el ordenamiento jurídico laboral
español sería el contrato de relevo. Lo digo con tristeza,
pero el contrato de relevo ha tenido
una intensa y decadente historia desde que fue puesto en
marcha allá por el año 1984. No me produce ninguna
satisfacción, pero creo que la cifra de apenas 200 contratos
de relevo celebrados en 1994 debería ser también un elemento
de reflexión a la hora de ver si España tiene alguna fórmula
que permita solventar el problema que acabo de describir. De
los escasamente 1.500 por promedio que se celebraron durante
los años ochenta y comienzos de los noventa, se ha caído
brutalmente a esos apenas 200 contratos de relevo en 1994.
Nuestra fórmula, pues, que nos gustaría que dejase de ser
nuestra para pasar a ser de todos los grupos de esta Cámara,
resuelve mejor, más sensatamente y más acorde con las actuales
tendencias, un problema que creo que SS.SS. sabrán comprender
y acoger.
Por mi parte nada más, simplemente pedirles el voto favorable
para esta proposición de ley y estar a la espera de esas
opiniones que, desde luego, creemos que pueden mejorar y
enriquecer esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo celebra el tono de la intervención que ha
tenido el señor Aparicio, representante del Grupo Popular. No
sólo en atención a ese tono, sino también por una cierta
tradición parlamentaria, no deberíamos quizás oponernos a la
toma e de una proposición de ley. Sin embargo, en ésta,
señorías, concurren determinadas circunstancias que nos llevan
a utilizar este turno en contra. Vamos a intentar explicar las
razones, en nuestra opinión fundadas, en la confianza de que,
con el mismo tono, encontremos también una respuesta favorable
por parte del Grupo proponente y del Diputado que ha
intervenido en su nombre.
La proposición de ley que presenta el Grupo Popular es, como
ha dicho su portavoz en este tema, corta. Proponen una nueva
redacción al apartado 4 del artículo 4.º de la Ley 10/1994.
Para entender exactamente el contenido de esta modificación de
un único párrafo del artículo 4.º, conviene recordar
determinadas ideas, que paso a exponer a SS.SS. De todos es
sabido que la edad de jubilación ordinaria en nuestro país es
de 65 años; edad de jubilación ordinaria siempre reconocida
como derecho del trabajador. Por tanto, puede jubilarse a esa
edad o más tarde. No es una jubilación forzosa, no existe en
nuestro país una jubilación forzosa. Los 65 años es la edad
ordinaria, sin perjuicio de que el trabajador la pueda
retrasar voluntariamente. No obstante, por razones históricas,
de derechos adquiridos, el sistema de Seguridad Social español
admite la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años.
Aquellos trabajadores que cotizaron en determinadas
mutualidades antes del año 1967 cons adquirido a jubilarse a
partir de los 60 años de edad en determinadas condiciones,
consistentes, fundamentalmente, en una reducción del 8 por
ciento por cada año que le falte hasta los 65. Este era el
sistema con el que funcionábamos en nuestro país desde el año
1967 hasta primeros de los años 80, hasta 1984 en concreto,
fecha en que se regula el contrato de relevo.
En virtud del contrato de relevo, cabe la posibilidad de
jubilarse también antes de los 65 años, a partir de los 62,
aunque no se hubiera cotizado antes del año 1967, pero siempre
que esa jubilación anticipada vaya acompañada de un contrato
de relevo en favor de otro trabajador. Este sistema se
justifica por el imperativo de posibilitar el acceso al empleo
de jóvenes en un momento en el que, desgraciadamente, nuestro
país sufre de un desempleo espectacular. Se piensa que esa
incorporación al trabajo, aparte de lo positivo que tiene la
incorporación al trabajo, supone ingresos al sistema de
Seguridad Social, que pueden compensar, en alguna medida, ese
mayor gasto que implica empezar a pagar una pensión antes de
los 65 años de edad.
Con estas dos fórmulas es como se está funcionando hasta el
día de hoy. En relación con ellas, señorías, se produce esta
proposición de ley del Grupo Popular; proposición del Grupo
Popular cuyo portavoz ha hecho hincapié en que pretende una
jubilación flexible, que consista en jubilarse parcialmente no
sólo tres años antes de los 65, sino incluso tres años
después, posibilidad que hoy no está recogida en nuestra
legislación en estos términos.
Insisto, el portavoz del Grupo Popular ha hecho hincapié en
esa novedad que contiene su proposición de ley: la de la
jubilación parcial más allá de los 65 años de edad, y no sólo
antes, como es la situación actual. Pero el representante del
Grupo Popular ha ocultado que hay otra modificación en esta
proposición de ley, y es que esa posibilidad de jubilación
parcial antes de los 65 años de edad, con lo que implica de
mayor gasto al sistema de Seguridad Social, no va acompañada
de la obligación de un contrato de relevo. Eso desaparece de
un plumazo en el texto de la proposición de ley del Grupo
Popular. En concreto --es bueno recordarlo--, el apartado
primero del párrafo 4, que se modifica, termina diciendo: Para
poder realizar este contrato --el contrato a tiempo parcial
con el que se jubila--, la empresa concertará simultáneamente
un contrato de trabajo con otro trabajador en situación de
desempleo y quedará obligada a mantener cubierta, como mínimo,
la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha de jubilación
prevista en el párrafo siguiente. Al contrato de trabajo por
el que se sustituya la jornada dejada vacante por el
trabajador que reduce su jornada se le denominará contrato de
relevo.
Este párrafo que les he leído literalmente a ustedes
desaparece en la proposición de ley del Grupo Popular, con lo
cual nos encontramos con dos efectos que quiero creer que no
son deseados por el Grupo Popular y que por eso los voy a
explicar. Primero, se produce un incremento de gastos al
sistema de Seguridad Social. Evidente. La pensión de
jubilación se puede pagar parcialmente, pero tres años antes,
sin que este mayor gasto del sistema vaya compensado por lo
que puede implicar la aportación del contrato de relevo.
De todos es conocido, señorías, que el sistema de Seguridad
Social español no atraviesa uno de sus momentos más boyantes.
Sin ser catastrofist el sistema, que no tiene fundamento, hay
que reconocer que su situación es de un difícil equilibrio.
Incidir en ese difícil equilibrio es poco compatible con la
voluntad de mantener ese sistema.
Además, hay un segundo efecto evidente: que no se contribuye a
insertar a los jóvenes en el empleo. Ese era el fundamento del
contrato de relevo. Es verdad --como ha dicho el representante
del Grupo Popular-- que, desgraciadamente, su eficacia ha sido
reducida, pero con la fórmula y con la solución que él propone
el resultado es cero, porque desaparece radicalmente esa
fórmula. Y que no se nos diga que al jubilarse los
trabajadores se contrata a otros, porque lo cierto es que en
este país se jubilan anualmente cientos de miles de
trabajadores y no se producen esos contratos; se amortizan
directamente los puestos de trabajo. Es verdad que esta
fórmula, como tantas otras, es una fórmula reducida de
creación de empleo, pero la alternativa que se pretende es
mucho peor. Señorías, ese apartado que no ha sido puesto de
manifiesto por el Grupo Popular --yo confío que después de mi
intervención reflexione sobre el mismo-- es difícilmente
sostenible y aceptable.
Desde luego, nosotros creímos y creemos que la jubilación
parcial antes de los 65 años de edad es una fórmula adecuada
si va acompañada de ese relevo. Porque la jubilación parcial
después de los 65 años no es ninguna novedad importante. Hoy,
insisto, la jubilación es un derecho del trabajador, que se
puede jubilar a los 65 años, a los 66, a los 67 o morirse
trabajando. Es un derecho del trabajador y, repito, no es una
novedad importante.
He aquí, señorías, la razón de fondo por la que nuestro Grupo
no está de acuerdo con esta proposición de ley. Nos parece que
es una proposición de ley que produce unos efectos indeseables
--desde luego, indeseados para nuestro Grupo-- en relación con
el difícil equilibrio económico del sistema de Seguridad
Social y produce un efecto indeseable en relación con la
inserción de jóvenes en el trabajo.
Sin embargo, hay una segunda razón en relación con la cual el
portavoz del Grupo Popular, en nuestra opinión, se ponía la
venda antes de la herida, es lo que él llamaba el protagonismo
político. Yo no diría eso. Hablaría, simplemente, de un cierto
respeto a lo que hemos acordado entre todos, que es
conclusiones de esa ponencia de reforma de la Seguridad
Social.
Este apartado, en unos términos distintos, aparece allí
contemplado. Allí se habla de la posibilidad de incentivar la
permanencia en el trabajo más allá de los 65 años. En un
derecho, como he dicho anteriormente, de los trabajadores, y
se cree que es positivo incentivar esa permanencia mediante
determinadas fórmulas. En ningún caso se plantea suprimir el
contrato de relevo. Si eso es lo que hemos acordado todos
juntos en el borrador --hoy día todavía borrador-- de una
ponencia, no nos parece oportuno que empecemos de una manera
parcial, desequilibrada, a intentar plantear el desarrollo de
lo que hoy ni siquiera hemos logrado aprobar con carácter
definitivo. No nos parece que sea un buen método de respeto de
ese consenso.
Por tanto, señorías, nuestro Grupo, por razones de fondo y por
razones de forma, pediría al Grupo Popular que esta
proposición de ley, cuyas razones hemos escuchado con atención
y consta en los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara, debería
ser retirada en beneficio de ese consenso que permita una
reforma completa, equilibrada, de la Seguridad Social, en la
línea de garantizar un sistema público, que es el compromiso
que todos hemos contraído, que creo que da respuesta razonable
y justa a las expectativas y a los derechos de la mayoría de
la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Peralta, por todo lo que sea distención, por agradecer
el tono, Mi tono es mi tono, es el tono habitual y no tengo
otro desde esta tribuna, con lo cual espero que eso no sea
interpretado como falta de convicción en las ideas que uno
tiene, o de mayor o menor vehemencia.
En algún momento de su intervención ponía dos reparos sobre si
este tipo de propuestas podían ser beneficiosas o
perjudiciales para el sistema deliberadamente no utilizar uno
solo de los argumentos de otro debate bien reciente, ni
siquiera he querido hacer mención a dicho debate, porque soy
consciente de que las razones que llevaron y animaron a su
Grupo a suscribir una parte del acuerdo de Toledo, el llamado
pacto de Toledo, también estaban contenidas aquí. Me ha
parecido obvio. Repito que esta propuesta --he hecho hincapié
en la fecha-- es de diciembre de 1994, se presentó un mes
antes, con motivo de la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos y se presentó incluso en anteriores ocasiones;
recuerde la reforma laboral. Su Grupo está en el perfecto
derecho de asumirla o no
y de asumirla en el momento en que usted considere necesario,
pero creo que nuestro Grupo tampoco está traicionando --se lo
digo con toda tranquilidad-- acuerdo alguno si su objetivo --
insisto-- ni siquiera es desarrollar una de las
recomendaciones. Es un aspecto bien concreto y es una
aportación a un problema igualmente concreto.
Las menciones al llamado pacto de Toledo las ha hecho usted y
no las quiero hacer yo, no quiero incurrir en esa
contradicción. Sí le digo que para el sistema la posibilidad
de tránsito de un trabajador que está cotizando a la situación
de un trabajador que pasa a cobrar la pensión es más
favorable, es menos traumático que se haga a través de una
fórmula parcial. Creo que eso lo entenderá cualquiera que nos
escuche. Efectivamente, el sistema deja de recibir
cotizaciones, si se quiere, en gran cantidad, pero no tiene
que pasar a pagar la prestación íntegramente al día siguiente,
con lo cual por ese lado es bastante simple y fácil de
entender.
El otro gran reparo que usted ponía era la posibilidad de
acceso de personas jóvenes a puestos de trabajo. Por la vía de
la obligación, como m la vía de la prohibición, poco se
consigue. En este caso vuelvo a insistir, no me gustaría haber
constatado el fracaso de un tipo de contrato. Pero si a usted
le parece razonable que sólo se hayan celebrado a penas 200
contratos de relevo al año 1994 cuando el promedio venía
siendo de 1.500, yo creo que estamos ante dos visiones de la
realidad muy diferentes. trabajo, y el puesto de trabajo se
salva y se posibilita el acceso de un joven si aunque sea a
tiempo parcial ese trabajador sigue manteniéndolo. Digamos que
se mantiene a la persona física aunque sea al 50 por ciento,
pero lo que es más importante, se mantiene el propio puesto de
trabajo. Desde luego, desde una filosofía diferente, yo no
quiero creer que muy diferente, pero no la de la obligación o
la de la imposición, sino la de hacerlo posible, viable. Y si
quiere usted también convenir conmigo en que eso debe ser
estimulado fiscalmente o de otra manera, no se preocupe que
ocasión habrá de que encontremos fórmulas, pero no creo que
ninguno de los dos motivos sea de especial rechazo. Insisto,
ni el efecto que tiene para el propio sistema de Seguridad
Social, positivo en cualquier caso, ni tampoco el de
posibilitar el acceso de un joven.
Por pura coherencia, vuelvo a insistir que en ningún momento
he querido hacer alusión a lo que sé que son acuerdos que
están para ser cumplidos. Al menos desde el Grupo Popular no
hay la más mínima duda, pero tampoco tenemos que pedir perdón
ni disculpas porque algunas de nuestras iniciativas,
presentadas ya hace varios meses, se tramiten en este momento,
entre otras razones porque usted sabe que en este punto es
básicamente cronológica la inclusión de proposiciones de ley.
Si usted quiere ver maldad, véala, pero le aseguro que no
existe. Le aseguro que, al final, como usted sabe, las
proposiciones de ley obedecen básicamente a criterios
cronológicos.
Por otro lado, lo último que se nos ocurriría cuando estamos
hablando de temas laborales o de Seguridad Social es que
precisamente reformas necesarias, cambios necesarios, no se
hicieran por el puro afán de protagonismo, o que los grupos de
oposición cometiésemos lo que yo entendería que sería una
auténtica dejación: esperar sistemáticamente a que sea el
Gobierno quien tome la iniciativa. Le aseguro que prefiero,
como miembro de un Grupo de oposición, no sólo recordar
obligaciones al Gobierno, sino también traer ideas positivas,
constructivas, y que creía que, a priori, podían tener un
importante grado de entendimiento.
No sé si habré logrado convercerle a usted, pero le aseguro
que ése es el ánimo, y no otro, que tenía el Grupo Popular al
presentar esta proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Aparicio, me ha dicho usted que no había ningún afán de
protagonismo por parte de su Grupo en relación con este tema.
Mire, no pretendo negarle protagonismo en este tema, reconozco
que este tipo de planteamientos por parte del Grupo Pop tanto,
si hay que reconocerle algún protagonismo, yo se lo reconozco.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento señor Peralta.
Señorías, ruego guarden silencio.
Puede continuar.
El señor PERALTA ORTEGA: El problema, señor Aparicio, en
relación con estos temas no es de protagonismo que, insisto,
es reconocid El problema, señor Aparicio, es que a medida que
estamos planteando cosas que guardan relación con un trabajo
hecho por todos los grupos, que en este momento está pendiente
de aprobación por todos los grupos, en relación con el cual un
Grupo concreto lanza ideas parciales. El problema, señor
Aparicio, es si con este tipo de iniciativas no se está
poniendo en cuestión algo que para nuestro Grupo, desde luego
es mucho más importante, que es ese acuerdo que se ha
alcanzado por todos los grupos de la Cámara en relación con
algo tan importante como el sistema de Seguridad Social. Hoy
usted plantea este tema; mañana nosotros podríamos presentar
otro, posiblemente con una filosofía distinta, y cualquier
otro grupo de la Cámara, otro, y ese consenso que hemos
alcanzado de un conjunto de recomendaciones para llevar a cabo
una reforma equilibrada del
sistema de Seguridad Social podría saltar por los aires.
Por tanto, señor Aparicio, no le discuto su protagonismo. Este
tipo de ideas corresponde al Partido Popular desde hace años;
quede claro. El p su planteamiento aquí hoy incide en un
acuerdo más amplio de todos los grupos de la Cámara y puede
ponerlo en peligro. Ha sido lo que le he dicho.
En cuanto al fondo del asunto, señor Aparicio, me dice: esta
fórmula que nosotros proponemos de que sea posible la
jubilación parcial antes de los 65 años y después de los 65
años es menos traumática para el trabajador, para el jubilado.
Posiblemente, pero no es menos cierto, señor Aparicio, que hoy
existe esa posibilidad antes de los 65 años, y que después de
los 65 años sigue siendo un derecho del trabajador. Por tanto,
se ocasiona el trauma que él quiere ocasionarse. Nadie obliga
al trabajador a jubilarse a los 65 años, se jubila a la edad
que quiere y se ocasiona el trauma que quiere.
No es menos cierto --y a eso no responde usted, señor
Aparicio-- que lo que hace con su proposición es suprimir el
contrato de relevo, con lo cual ocasiona un problema de
recursos al Sistema de Seguridad Social y, desde luego, señor
Aparicio, ocasiona un problema a la inserción de los jóvenes.
Por escasa que sea la eficacia de esa fórmula, la tiene. La
fórmula que usted pretende no tiene ninguna eficacia, porque
hoy en nuestro país se están produciendo jubilaciones, cientos
de miles, y no se sustituyen con trabajadores. La única
fórmula legal que hay es ésta, que es la que usted pretende
cargarse.
Me dice que no le gusta la vía de la obligación para conseguir
resultados. Señor Aparicio, todo el Derecho del Trabajo es una
vía de obligación, porque se parte de la base de que si se
deja libremente a las partes, hay una que tiene la fuerza
suficiente para imponerse a la otra. De ahí que se produzca
una intervención estatal, por la vía de la obligación, claro,
esa es la raíz y el fundamento del Derecho de Trabajo. Esa
filosofía que usted expone se carga absolutamente el Derecho
del Trabajo. Desde luego, no es ésa nuestra filosofía, señor
Aparicio.
Por eso, lamento que no hayamos alcanzado acuerdo y ya le
digo, desde luego, que nuestro Grupo votará en contra de esta
proposición de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, El Grupo Popular nos propone hoy la
modificación del ar 4, de la Ley 10/1994.
Esta proposición de ley, como digo, pretende modificar el
apartado citado en el sentido de permitir que los trabajadores
mayores de 65 años puedan continuar su trabajo con contratos
llamados temporales. La proposición de ley es corta pero de
importancia, como ya se ha dicho aquí en el turno en contra.
No voy a entrar en los argumentos muy bien expuestos por el
portavoz de Izquierda Unida. Simplemente intentaré
completarlos desde nuestra óptica.
Es verdad que tenemos planteado un debate respecto a la
posibilidad de la flexibilización de la edad de jubilación. Es
verdad también que en ese debate está implicado el acceso al
trabajo de los demás jóvenes. También lo es que el trabajo es
un bien escaso y es cierto que hemos de ingeniárnoslas para
buscar una fórmula que combine ambas situaciones para buscar
el equilibrio de permitir la jubilación flexible con el acceso
de los jóvenes a su primer trabajo.
Me parece que esta proposición de ley no ayuda a conseguir ni
uno ni otro efecto. Es cierto, como se ha dichoaquí, que los
trabajadores no tien que jubilarse a los 65 años. Pueden
seguir trabajando. Es cierto también que la edad media de la
jubilación en este momento es muy baja, pero esto no se
resuelve con la aceptación de esta proposición de ley.
A la vista de la lectura del texto de la proposición me he
quedado sorprendido al ver cómo desaparece la obligatoriedad
de la empresa de sustituir con otro contrato a los
trabajadores que deseen jubilarse parcialmente, porque eso
frenaría el acceso de otras personas al trabajo. Yo no creo
que meditadamente esa sea la intención ni del portavoz que ha
defendido la proposición ni probablemente de su Grupo.
Es cierto también, y hay que decirlo, que esta proposición de
ley incide en un acuerdo concreto de todos los grupos de la
Cámara, y no podemos obviarlo. Es cierto que esta proposición
de ley puede haber sido presentada en la Cámara mucho antes
incluso de que llegásemos al pacto o al acuerdo de Toledo,
pero también es verdad que incide en ese acuerdo y que debía
haber sido retirada en este acto para no interferir ni incidir
en lo que hemos llamado el pacto de Toledo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hinojosa.
Señorías, ruego guarden silencio.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Acabo señor Presidente, porque no
hay más argumentos.
Hemos de continuar con el debate sobre la posibilidad de la
flexibilización de la edad de jubilación en el contexto del
estudio que salga de ese pacto entre todos los grupos
políticos que nos hemos dado en llamar el pacto de Toledo. Es
por ello, señor Aparicio, por lo que, desde mi personal
simpatía por S.S., tengo que decirle que mi Grupo va a votar
en contra de la proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Voy a intervenir con extrema
brevedad, señor Presidente, para reiterar la postura del Grupo
Socialista acerca de la proposición de ley del Grupo Popular
que hemos tenido oportunidad de debatir en tres ocasiones, en
forma de enmienda, con anterioridad al día de hoy.
Durante la tramitación de la Ley 10/1994, en marzo del año
pasado, fue la primera vez que tuvimos oportunidad de debatir
una enmienda literal como la que discutimos hoy en forma de
proposición de ley, debate que se produjo en Comisión y en
Pleno y en el que la enmienda del Grupo Popular acabó siendo
rechazada, y durante la tramitación, en noviembre pasado,
tanto en el Congreso como en el Senado, del proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, las
enmiendas fueron también ampliamente rechazadas por las
Cámaras. Creo, por tanto, que la proximidad de estos debates
es causa suficiente para no volver a repetirlos, pero aun así
me gustaría añadir dos consideraciones a esta propuesta y a
los debates que ha suscitado.
En primer lugar, pienso que el Grupo Popular se equivoca
cuando, por vía de modificación de una determinada figura
contractual, quiere de hech flexibilizar la edad de jubilación
en nuestro país. El artículo 4.º que pretende modificar de la
Ley 10/1994 se refiere a contratos a tiempo parcial y a
contratos de relevo y modifica, a su vez, el artículo 12,
apartado 5, del Estatuto de los Trabajadores, introducido por
la Ley 32/1984. Esos artículos tratan de las modalidades del
contrato de trabajo. Por consiguiente, parece obvio que la
existencia de esta figura contractual y su mantenimiento
dentro de las modalidades del contrato de trabajo persigue una
determinada posibilidad de inserción laboral,
independientemente de la cuantificación que sobre su uso pueda
hacer el portavoz del Grupo Popular. Pero parece claro, o al
menos así lo es para este portavoz, que el artículo 4.º de
posibilidad más de acceso al trabajo, en unas condiciones
diferenciadas de las del resto de contratos vigentes, y que,
por estar unida a la obtención de una jubilación reducida y
anticipada, se le denomina contrato de relevo, ya que, como su
propio nombre indica, posibilita el relevo de un trabajador
por otro, pero primando, como he dicho antes, no la
flexibilización de la jubilación sino el acceso a un puesto de
trabajo que se mantiene, que no se amortiza, y por ello la
empresa se beneficia de las consiguientes bonificaciones en
las cuotas empresariales al Régimen General de la Seguridad
Social.
Segunda consideración que quisiera hacer. Compartimos con el
Grupo Popular y con el resto de gruposde la Cámara la
preocupación que la proposic denota por lo que es ni más ni
menos que el gran debatesobre la necesidad o conveniencia de
mantener o modificar las condiciones en las que los que el
único país de la Unión Europea que no permite a los
trabajadores la posibilidad de combinar el trabajo con la
percepción de una pensión es España, porque para nosotros lo
más importante hasta ahora era asegurar un sistema de
jubilación digno, eficaz, equitativo y económicamente
sostenible, y si sobre la base de estas premisas, y
precisamente para mantener el sistema hemos de estudiar las
modificaciones que se crean oportunas, no va a estar la Cámara
por el Grupo Socialista, muy al contrario. En esta línea, y en
la de armonizarla y homologarla con la política europea, vale
la pena recordar a la Cámara, como ya han dicho antes algunos
portavoces que me han precedido, la recomendación décima del
informe de la Ponencia para el análisis de los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social, que apunta
lo siguiente: Sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de
jubilación en 65 años, resultaría muy aconsejable, en términos
financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria
de la vida activa de quienes lo deseen, etcétera. En esta
línea estamos, señorías, en la de no mantener posturas
dogmáticas e impulsar las modificaciones necesarias para
permitir tanto el acceso al trabajo como el acceso a la
jubilación, y en la de hacer posible que ello pueda ser
asumido con el mayor consenso político y social. Sin embargo,
no estamos en forma alguna dispuestos a apoyar una iniciativa
como la que hemos estado discutiendo, puesto que su aprobación
conllevaría una desincentivación en la creación de empleo,
produciría un efecto discriminatorio en favor de aquellos
trabajadores cuyo nivel salarial es más elevado y,
adicionalmente, generaría una reducción en la cotización de la
Seguridad Social.
Por todos estos motivos, señorías, votaremos negativamente a
la proposición de ley que debatimos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Vamos a proceder a la votación para la toma en consideración
de la proposición de ley, del Grupo Popular, por la que se
modifica el artículo 4 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre
medidas urgentes de fomento de la ocupación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 127; en contra, 164.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO VASCO (PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, PRESENTE A LAS CORTES
GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY
ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Número de expediente
162/000079)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Vasco (PNV),
por lo que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis
meses, presente a las Cortes Generales un proyecto de ley de
modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Tiene la palabra el señor Olabarría. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre de mi Grupo Parlamentario voy a utilizar
poco tiempo para defender una proposición no de ley que, en
nuestra opinión, se defiende prácticamente sola, dada su
congruencia, dada su justificación, su legitimidad jurídica y
dadas también su legitimidad y justificación políticas, señor
Presidente. Es la segunda vez que mi Grupo Parlamentario
presenta una proposición no de ley de estas características y
no pretende otra cosa más que articular un sistema de
designación de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Esto ya pone de relieve la trascendencia, la importancia de
esta proposición no de ley. Estamos haciendo referencia a una
cuestión estrictamente constitucional, una nueva designación
de magistrados del Tribunal Constitucional que se corresponda
con la de aquellos Estados cuya estructura política o
jurídico-política sea parecida o similar a la nuestra, es
decir, con todos aquellos Estados denominados doctrinalmente
compuestos, no centralizados, no unitarios, en los que el
poder político está descentralizado a través de distintas
formulaciones o estructuraciones, ya sean éstas las regiones,
ya sean éstas los estados federales, ya sean éstas las
comunidades autónomas, ya sean éstas cualesquiera de las
estructuras políticas que acreditan la existencia de un Estado
compuesto, señor Presidente, no un Estado compuesto, como en
la anterior legislatura me comentaba el señor Pablo
Castellano, antiguo Diputado de Izquierda Unida, como todos
los Estados, decía él, de cosas, de personas, de animales...
no, un Estado compuesto en el sentido jurídico-formal de la
expresión, un Estado compuesto por entes que ostentan parcelas
de poder mediante la atribución constitucional expresa de
estas parcelas de poder.
En todos los Estados compuestos, todas las estructuras que
existen en el Derecho comparado que hacen referencia a
tribunales constitucionales, tribunales de garantías,
tribunales supremos o tribunales de arbitraje de Estados de
naturaleza compuesta, tienen procedimientos de designación de
magistrados sustancialmente diferentes a los previstos por la
Constitución española. No es desconocido que los partidos
nacionalistas en esta Cámara tradicionalmente hemos comentado
nuestra insatisfacción por la forma actual, la
constitucional --¿por qué no decir las palabras
desproveyéndolas de todo su contenido solemne?--, de
designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Por
esta razón seguramente, tampoco nos gusta la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional cuando aquella jurisprudencia
deriva de la resolución por el Tribunal Constitucional de los
denominados conflictos competenciales, conflictos, en
definitiva, que van configurando los límites y la habilitación
de los distintos títulos competenciales que prevén los
estatutos de autonomía.
No nos gusta tampoco la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, porque entendemos que en este momento la
propia configuración del Tribunal Constitucional adolece de un
déficit de legitimidad originaria, adolece de un déficit de
legitimi puesto que el Tribunal Constitucional, siendo como
todos los tribunales constitucionales de los Estados
denominados compuestos un órgano que tiene, mediante un
sistema de poder supraordenado, la función de resolver
conflictos de competencias entre partes que están en una
función o en un papel procesal de estricta igualdad, cual es
la Administración central del Estado por una parte, y cuales
son las administraciones de las comunidades autónomas, o los
entes de las comunidades autónomas por la otra, que están en
un papel o que ocupan una función o rôle de genuina igualdad
procesal, en un Estado de estas características tiene que
tener en su seno también re que representan estos poderes
descentralizados, estas estructuras políticas descentralizadas
que son en el Estado español las comunidades autónomas, que
son las regiones en Estados como el italiano, que son los
estados federados en Estados como el alemán, etcétera.
Para justificar doctrinalmente nuestra proposición se pueden
utilizar cualquiera de las dos escuelas o doctrinas conocidas
en este momento en el Derecho comparado. Se puede utilizar,
como legitimación intelectual o académica, si se quiere,
aquella doctrina que propugna que el Tribunal Constitucional,
cuando resuelve problemas competenciales, está resolviendo en
definitiva problemas de intereses entre partes que ostentan
poderes constitucionales en posiciones jurídicas y procesales
de igualdad, y que, por tanto, todas las partes del conflicto,
tanto los poderes autonómicos, como el poder central, tienen
que tener, en el seno del Tribunal Constitucional, del
tribunal de que se trate, cualquiera que sea su denominación,
quien represente legítimamente sus intereses, teniendo cuidado
que esta representación de intereses nosotros no la podemos
concebir, dada la independencia de cualquier tribunal
constitucional, dada la independencia también del Tribunal
Constitucional español, en términos de representación
jurídico-privada, en términos de mandato de los entes que
pueden designar en este momento magistrados del Tribunal
Constitucional, puesto que nosotros no negamos la
independencia actual o formal del Tribunal Constitucional, tal
como se designan en la actualidad los magistrados; pero tiene
que haber para equilibrar sus decisiones, que son muy
volitivas y cognitivas, sistemas de designación donde también
encuentren representación los intereses legítimos y procesales
de los entes descentralizados que ostentan poder político y
que configuran el Estado español.
Se puede utilizar esta doctrina o se puede utilizar la
doctrina que a nosotros nos gusta más, la doctrina del
profesor Kelsen, la doctrina del Estado tripartito, la
doctrina de la Gens-Staat en definitiva, de forma y manera
que, en virtud de esta doctrina, el Tribunal Constitucional,
igual que lo es en Alemania el Senado, es una especie de
suprapoder que se superpone al poder del Estado federal y de
los Estados federados. Ostenta una posición de poder
supraordenado que se dedica a integrar, a uniformar
jurisprudencialmente e ir determinando las parcelas de poder
que ostentan tanto los Estados federados, como el Estado
federal. Esta es la teoría que nos gusta a nosotros. Esta
debería ser, un poco, la esencia justificativa, la esencia
legitimante del Tribunal Constitucional español también. Pero,
en definitiva, lo que nosotros pretendemos es que el sistema
de designación de magistrados del Tribunal Constitucional sea
sustancialmente diferente a cómo es en la actualidad, que se
posibilite la representación de poderes territoriales
diferentes a los propios del Estado, o de la Administración
central del Estado, o de los poderes constitucionales del
Estado, para lo cual proponemos un sistema en virtud del cual
los cuatro representantes del Tribunal Constitucional (y es
oportuna esta proposición no de ley porque ahora se están
renovando también parcialmente los magistrados del Tribunal
Constitucional) que corresponde designar al Senado sean
designados previamente por los presidentes de las comunidades
autónomas del Estado español. Y a través de un sistema de
vetos de unos presidentes hacia otros se posibilita que estos
magistrados representantes de las comunidades autónomas, sean
representantes de todas las comunidades autónomas de forma
cuasi rotatoria también.
El segundo sistema de integración de poderes territoriales
diferentes al del Estado español en el Tribunal Constitucional
consistiría en exigir que aquellos que designa el Consejo
General del Poder Judicial sean elegidos entre presidentes o
entre magistrados de los tribunales superiores de justicia de
las comunidades autónomas.El Derecho comparado nos provee de
múltiples sistemas de designación de magistrados del Tribunal
Constitucional y en todos los Estados compuestos, como antes
comentaba, no sólo son los poderes constitucionales estatales
los que proveen esta designación de magistrados. Hay sistemas
diversos. En los Estados federales fundamentalmente son los
Estados federados los que designan directamente magistrados
del Tribunal Constitucional. En otros lugares es el Senado,
dondeexiste una eficiente y efectiva repr el que designa
magistrados del Tribunal Constitucional. En otros Estados
existe la posibilidad de veto de los entes descentralizados
cuando se designan magistrados del Tribunal Constitucional. En
otros Estados existe la posibilidad de propuestas no
vinculantes de los entes descentralizados cuando se designan
magistrados del Tribunal Constitucional.
Nosotros proponemos un sistema mixto, un sistema en virtud del
cual el Senado participe, pero con un mandato imperativo y
previo de los presidentes de las comunidades autónomas del
Estado español, y que también el Consejo General del Poder
Judicial participe mediante la designación de magistrados
entre componentes de los tribunales superiores de justicia de
las distintas comunidades autónomas.
El sistema no es novedoso; es un sistema al que nos provee el
Derecho comparado, es un sistema habitual en todos los Estados
compuestos. En definitiva, en un órgano que tiene la función
arbitral, que ocupa una posición procesal de supraparte, entre
dos partes que están en una situación jurídica y política de
igualdad, cuales son las comunidades autónomas y el Estado
central, un Estado que ocupa esta posición de supraparte tiene
que recoger las sensibilidades diversas que derivan de la
pertenencia, aunque sea siquiera por razones personales, de
vinculación personal (este es otro de los sistemas del Derecho
comparado), ya sea ésta la pertenencia a una comunidad
lingüística, ya sea éste el nacimiento, ya sea éste el trabajo
profesional prolongado en determinado ente territorial, tiene
que tener las sensibilidades diversas que políticamente
representen en su conjunto a un Estado de estructura política
compuesta. Este es el sistema de Canadá, donde Quebec tiene
representación en el Tribunal Constitucional canadiense; este
es el sistema belga, donde existe representación en el
Tribunal Constitucional de los miembros de la comunidad
lingüística francesa y de la comunidad lingüística
neerlandesa; este es el sistema austriaco; este es el sistema
de Estados Unidos, donde en cuanto a las designaciones del
Tribunal Supremo existe la capacidad de veto del Senado; este
es el sistema, en definitiva, en distintas manifestaciones, al
que nos provee el Derecho comparado en los Estados compuestos,
bien sean éstos regionales, federales o autonómicos. Y, desde
luego, el sistema habitual no es el previsto en este momento
en la Constitución Española.
Nosotros hemos oído argumentaciones --puesto que no es la
primera vez que debatimos esta proposición no de ley--
desestimatorias de la toma en consideración de la misma que
nos han parecido sinceramente irrelevantes. La argumentación
fundamental ha sido el riesgo de politización de un Tribunal
Constitucional que pueda derivar de un sistema de designación
de estas características. Se nos llegó a decir, en la
legislatura pasada, incluso que la politización fue la razón
del fracaso del Tribunal de Garantías de la II República. No
es la politización del Tribunal Constitucional lo que nosotros
propugnamos, aun reconociendo que la jurisprudencia
constitucional es la más política de las jurisprudencias
existentes, y aunque el Tribunal Constitucional no es un
órgano político, sino jurisdiccional, los magistrados del
mismo aplican tanto criterios jurídicos como metajurídicos, y
la forma de emitir sentencias de dichos magistrados es muchas
veces también metajurídica. Se aplican previsiones cognitivas
o volitivas, y no siempre previsiones vinculadas a los
estrictos requerimientos y mandatos del Derecho.
Desde la perspectiva de que la función del Tribunal
Constitucional tiene una impronta tan política y que la
estructura del Estado español no es idéntica a la de un Estado
centralizado o a la de un Estado unitario, nosotros pedimos
que cuando menos en esta Cámara en el plazo de seis meses,
mediante el mandato que dirigimos al Gobierno de que presente
un proyecto de ley orgánica, se reflexione sobre la
pertinencia en este momento, en que parcialmente se está
renovando la composición de los magistrados del Tri de que
para proveer al Tribunal Constitucional del déficit que en
nuestra opinión de legitimidad política posee, se busque un
sistema nuevo di proponemos uno-- de designación de sus
magistrados.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Olabarría.
A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna
enmienda. En consecuencia, se abre el turno para fijar
posiciones.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a fijar nuestra posición. Mi breve
intervención es para dar el apoyo de Unión Valenciana a la
proposición no de ley del Gru (Partido Nacionalista Vasco), en
la que se insta al Gobierno para que modifique la vigente Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional. Respaldamos esta
iniciativa por considerarla coherente, lógica y consecuente
con la organización y estructura territorial y competencial
del Estado de las autonomías, donde se haga efectiva la
participación de las comunidades autónomas a través de sus
ejecutivos autonómicos y sus tribunales superiores de justicia
en la designa del Tribunal Constitucional en los cupos bien
del Senado, bien del Consejo General del Poder Judicial.
Consideramos esta iniciativa inaplazable por cuanto las
comunidades autónomas tienen que formar parte de ese órgano
que vela no sólo por nuest y por nuestra Constitución, sino
por el bienestar de todos los españoles, empezando por el
bienestar de todas las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, voy a decir unas
palabras para expresar el respaldo absoluto de Coalición
Canaria a la iniciativa que acaba de ser defendida
brillantemente por el señor Olabarría.
Para nosotros, la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco
está absolutamente fundada en la razón. Los argumentos que ha
esgrimido, hace unos minutos, el señor Olabarría en orden a la
normativa existente en el Derecho comparado en distintos
sistemas federales apoyan y hacen que, a mayor abundamiento,
encontremos más que justificado nuestro respaldo a esa
iniciativa. Nadie que tenga un mínimo de conciencia
nacionalista puede disentir de la finalidad que persigue con
ello el Grupo Vasco. Persigue ampliar las concepciones
plurales de un Estado en el que las comunidades autónomas
queremos estar presentes en un órgano como el Tribunal
Constitucional, con la finalidad de obtener esa posición
institucional más equilibrada que se persigue con la
iniciativa.
Podremos tratar de mejorar los cinco puntos en que resume el
Grupo Vasco su pretensión de modificación de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, pero en tanto son conceptos
absolutamente lógicos, bien fundados y, como toda obra humana,
mejorables, prestamos con verdadera satisfacción nuestro
respaldo a tan feliz iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor
Presidente.
Voy a fijar la posición de nuestro grupo en esta toma en
consideración de la proposición no de ley que nos plantea el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que lógicamente
es una posición muy favorable a tener en cuenta esta
iniciativa. Nos parece oportuna pero no en el tiempo, que
sería lo más fácil, aunque también lo es, sino oportuna en el
espacio de la realidad. Con la Constitución en la mano no se
entiende cómo la modulación en la designación de los
magistrados del Tribunal Constitucional no tiene en cuenta la
realidad autonómica del Estado español. Por tanto, más que
oportuna, nos parece absolutamente pertinente y necesaria con
urgencia. Porque ¿cuáles son las funciones que tiene asignadas
el Tribunal Constitucional? Ahí está la Constitución y ahí
está la ley que la desarrolla. Pero si observamos su quehacer
cotidiano, lo que vemos es que en un porcentaje muy alto lo
que hace el Tribunal Constitucional es dirimir los conflictos
que se producen entre las administraciones autonómicas y la
Administración central. Que este órgano, que en definitiva ha
de juzgar los conflictos entre administraciones autonómicas y
Administración central, no tenga en sus mecanismos de
provisión de magistrados --y permítaseme la expresión-- uno
que haga referencia al Estado autonómico, nos parece
absolutamente inadecuado e inaceptable.
Por esos motivos y por los que tan magníficamente ha expuesto
el Diputado señor Olabarría, nuestro Grupo gustosamente va a
apoyar esta iniciativa para culminar lo que sería un paso más
allá, pero dentro de la Constitución, en cuanto a la provisión
de magistrados al Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo, al igual que hicimos en la anterior legislatura
cuando se presentó una proposición no de ley similar, no va a
votar favorablemente a la misma por razones que se expusieron
en ese momento por el señor Castellano, al que ha citado el
portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y también porque nos
parece que los argumentos empleados por el señor Olabarría --
que suele ser muy riguroso en sus expresiones e
interpretaciones jurídicas-- confirman nuestra posición a
partir de la idea que él ha expresado respecto de lo que
entiende que es el Estado español.
Para empezar, nos ha parecido entender en alguna de sus
expresiones que hablaba de que en otros Estados compuestos,
Estados federales básicamente, Estados descentralizados, había
un sistema de nombramiento de órganos constitucionales --ha
dicho-- sustancialmente diferente del previsto en la
Constitución Española, lo cual es un argumento a fav en
nuestra Constitución hay un sistema de nombramiento diferente
de esos Estados, tiene difícil encaje constitucional esa
propuesta que se hace de reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, porque lo que se está haciendo es un
condicionamiento a la facultad que tiene el Senado del
nombramiento de cuatro miembros del Tribunal Constitucional.
En el artículo 159 de la Constitución no hay un
condicionamiento a esa potestad y esta reforma que propone el
Partido Nacionalista Vasco condiciona claramente esa potestad.
No queremos, sin embargo, entrar en un problema de
interpretación del artículo 159 de la Constitución --sería
discutible en todo caso--, pero creemos que hay una
dificultad, porque es evidente que la propuesta que se hace
está condicionando claramente la propuesta que hace el Senado,
puesto que es a partir de una propuesta de otros órganos
cuando queda limitada claramente la posibilidad de opción a la
hora del nombramiento de los miembros del Tribunal
Constitucional, y usted ha admitido que el sistema de
nombramiento del Tribunal Constitucional es diferente de otros
Estados descentralizados.
Además, ha planteado un concepto de Estado que no es
exactamente el del Estado español en la actualidad, que más
bien sería un Estado confederal, una confederación, al estilo
de como funciona en estos momentos el Tribunal de Luxemburgo
en la Comunidad Europea, en donde cada Estado nombra a un
miembro de ese tribunal o el Tribunal de los Derechos Humanos
de Estrasburgo en el que, a partir de una fórmula confederal -
-en el caso de la Unión Europea ni siquiera ya es confederal--
, se va ha nombrar por los Estados esos miembros del tribunal.
Por eso ha hablado de déficit de legitimidad original y de que
tiene que haber representantes de las entidades
descentralizadas en órganos constitucionales que representen
allí sus intereses.
Decía el señor Castellano, entonces Diputado de Izquierda
Unida, con una expresión feliz que las instituciones no
participan unas en otras; en participan los ciudadanos, pero
no unas instituciones participan en otras. Realmente el
Tribunal Constitucional no es un órgano pensado como de
arbitraje entre entes que contienden entre sí como en un
litigio privado, como en un tribunal al que va un litigio
privado, hay partes enfrentadas, el árbitro decide entre unas
u otras y, por tanto, parece que en ese órgano tendrían que
estarrepresentadas todas las partes. El Tribunal
Constitucional lo que hace es simplemente Esa equiparación que
S.S. hace entre Tribunal Constitucional y Administración
central no es rigurosa. Es como si dijéramos que el Tribunal
Constitucional representa a la Administración central, no
representa a la Administración autonómica. El Tribunal
Constitucional no representa ni a una ni a otra
Administración, ni el Senado representa ni a una ni a otra
administración,
sino que se supone que representa al conjunto de ciudadanos
españoles que, a partir de a miembros del Tribunal
Constitucional.
Por tanto, creemos que la fórmula de nombramiento está basada
en una idea que no es exacta respecto de la naturaleza
profunda de lo que es el Estado español en este momento. Esa
fórmula se apoya en unas bases de interpretación
constitucional no sólidas, de ahí que no sea fácilmente
aceptable. Aparte de que la fórmula de nombramiento es
realmente compleja, entrando en una especie de cuotificación,
ya que estamos en una huida de la cuotificación de partidos,
de comunidades, pensando que habría determinados magistrados
que tendrían que tener una sensibilidad especial diferente de
otros y estableciendo también una especie de conflictos que
podrían darse entre comunidades autónomas con esa fórmula que
se plantea. Por otra parte, esa alusión que ha hecho a los
Estados Unidos, que es un Estado compuesto, no es exactamente
equiparable a los efectos que usted defiende, porque en
Estados Unidos quien nombra al Tribunal Supremo es nada menos
que el Presidente, y dice: con capacidad de veto del Senado.
Pues allí tiene todavía mucho menos poder el Senado que aquí;
allí solamente tiene una capacidad de veto, pero la iniciativa
es del Presidente de Estados Unidos.
Yo creo que el hecho de que no guste la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional no debe ser la causa de la
modificación de la forma de composición del Tribunal
Constitucional. De hecho, es verdad que la Comunidad Autónoma
vasca ha dejado de plantear recursos de inconstitucionalidad
desde hace cuatro o cinco años, y yo les invitaría, desde
aquí, a que reanuden esa práctica sana de plantear conflictos
ante el Tribunal Constitucional, ya que ha habido una cierta
retirada de esas posibilidades que contempla la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional.
Yo creo que la fórmula adecuada en este momento para resolver
ese problema, que puede entenderse que preocupe a comunidades
autónomas, no es que las comunidades autónomas se conviertan
en las que nombren a los miembros del Tribunal Constitucional,
que prácticamente es eso, sino llevar a cabo una reforma
constitucional del Senado que haga del mismo un verdadero
representante de los intereses autonómicos, que es lo que no
es ahora mismo. Esa es la vía, no el atajo éste que se
plantea, parcial y sectorial, del nombramiento del Tribunal
Constitucional, sino la vía de la reforma constitucional del
Senado, que por cierto ya está iniciándose y que nosotros
alentamos, para convertirse en un Senado de verdadera
representación territorial que exprese los intereses
autonómicos de verdad, y no este Senado que tenemos que, desde
luego --hay que reconocerlo así--, no expresa los intereses
autonómicos. Esa es la vía. Y ese Senado será el que en su
momento tendrá que nombrar a los miembros del Tribunal
Constitucional, con una sensibilidad diferente de la que hoy
día expresa. Esa es la vía adecuada en este momento: la
reforma constitucional del Senado; no la reforma, por tantos
motivos discutibles, de La Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López
Garrido.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente,
entiendo, señor Presidente, que el señor Olabarría --no lo
entiendan como demérito de quienes me han precedido
brillantemente en el uso de la palabra-- se merece la cortesía
de la tribuna. Ciertamente, si mi admiración intelectual por
el señor Olabarría era alta antes de esta tarde, le aseguro
que a partir de este momento ha crecido, porque los alardes de
ingenio, de sutileza y si me apuran hasta de capacidad
sofistica, y el manejo fulgurante del Derecho comparado que
nos ha hecho para defender esta iniciativa hacen que esa
admiración intelectual crezca muchos puntos. Yo, ciertamente,
al ver la literalidad de la iniciativa, supuse más bien que
podría ser defendida por alguno de sus compañeros de grupo más
inclinado, digamos, a cierta tosquedad de exabrupto que no por
la poderosa construcción intelectual del señor Olabarrría.
Dicho esto, voy a intentar atenerme, con el más escrupuloso
rigor reglamentario, al breve espacio de tiempo de este turno,
mediante un ejercic autodisciplina, a pesar de la enorme
capacidad de sugerencia --permítame, señor Olabarría, el juego
de palabras-- que tiene esta provocación no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco. Y utilizo el término provocación sin
ninguna connotación negativa o peyorativa, sino justamente por
su capacidad de sugerencia de provocación intelectual y de
provocación política. Es decir, esta iniciativa tiene una
clara voluntad transgresora y no puede por menos que
constituir un reto y un emplazamiento intelectual, desde el
punto de vista dialéctico, absolutamente apasionante. Señor
Olabarría, S.S. o su Grupo con esta iniciativa nos plantea,
frontal y explícitamente, una reforma constitucional, y lo
hace por la vía de una criptorreforma constitucional, porque
ciertamente en pocos casos opera más claramente el juego de
remisiones entre la Constitución y la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional como en este caso, hasta el punto que,
como S.S. muy bien sabe, el artículo 159 de nuestra Carta
Magna dice: «El Tribunal Constitucional se compone de 12
miembros nombrados por el Rey; de ellos cuatro...», etcétera.
Pero cuando llegamos al artículo 16 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional nos encotramos con una mera remisión,
que dice: Los Magistrados del Tribunal
Constitucional serán nombrados por el Rey, a propuesta de las
Cámaras, del Gobierno y del Consejo en las condiciones y
términos en que se establece en el artículo 159.1 de la
Constitución. De suerte que no cabe operar sobre la norma
orgánica reguladora del Tribunal Constitucional subsiguiente,
sin estar inmediatamente cuestionando la configuración que del
Tribunal Constitu- cional establece la propia Constitución.
Por otra parte, se ha aludido por S.S. a la configuración
territorial del Poder Judicial, que se cita en la exposición
de motivos. Su señoría ciertamente de la justicia ordinaria
pero no de la justicia constitucional, el artículo 117.5 de la
Constitución dice que el principio de unidad jurisdiccional es
la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
Por cierto, señor Olabarría, el arîtículo 123 de la
Constitución dice: El Tribunal Supremo, con jurisdicción en
toda España... Lo siento, no dice en todo el Estado español;
lo lamento pero debimos equivocarnos y dijimos que tenía
jurisdicción en toda España. El artículo 152.1 de la
Constitución, cuando reconoce el principio autonómico y el
principio de nueva organización territorial, a través de la
institución de los tribunales superiores de justicia, reitera
los principios de unidad del Poder Judicial. Ya sé que puede
muy bien decirme, señor Olabarría, que estamos hablando de
justicia ordinaria y no de justicia constitucional, pero es
que él, en su fulgurante merodeo por el Derecho comparado, nos
ha citado nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, que no es precisamente un órgano específico ni
un ejemplo de justicia constitucional separada o específica,
sino de control constitucional difuso.
Lo que ocurre en su excelente intervención es que hay un salto
lógico absolutamente temerario. El señor Olabarría nos dice:
Este es un Estado compuesto (de acuerdo, señor Olabarría, este
es un Estado compuesto), mejoremos la integración de las
comunidades autónomas en el Estado (de acuerdo, señor
Olabarría), las comunidades autónomas también son Estado (de
acuerdo, señor Olabarría), pero no nos diga que en una
consecuencia lógica, en un salto absolutamente temerario, de
ese Estado compuesto se siga necesariamente su iniciativa de
elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por
qué, por ejemplo, por los presidentes de las comunidades
autónomas? ¿Por qué no por sus asambleas parlamentarias? ¿Por
qué no por sus juntas, en el caso concretamente de Euskadi? Es
decir, ¿por qué necesariamente mediante esa designación y ese
procedimiento de veto, que ya han sido subrayados los
elementos de cierta incoherencia conceptual brillantísima por
el señor López Garrido?
De suerte que, señor Olabarría --y termino--, no es un
problema de concepciones, no es un problema Kelseniano. Señor
Olabarría, aquí ha quedado muy clara una cosa. A SS.SS. no les
gusta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y han
llegado en esa expresión de disgusto al punto de cuestionar su
legitimación --que eso ya es excesivo, señor Olabarría-- en
cuanto a la configuración de este Tribunal Constitucional a
las características de un Estado compuesto. Yo le otorgo plena
y absolutamente al señor Olabarría el principio de la buena
fe. Me sorprende enormemente, desde la tradición histórica y
cultural de su partido, que se descuelgue con una iniciativa
que está también con acentos federales tan exóticos en la
tradición del Partido Nacionalista Vasco, pero al señor
Olabarría hoy le interesaba cualquier cosa, desde Austria al
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo que viniera a
cuento con tal de cuestionar la doctrina del Tribunal
Constitucional. En el camino de mejorar los niveles de
integración de las comunidades autónomas en el Estado nos
tendrá siempre a su lado. Estoy plenamente de acuerdo con S.S.
en que, desdeñar su propuesta con el argumento de que traería
consigo la politización del Tribunal Constitucional, es una
trivialidad y es casi una necedad. Aunque también es cierto --
reconózcalo, señor Olabarría-- que la experiencia de la
participación regional en el Tribunal de Garantías
Constitucionales del 31 no fue feliz --reconózcalo--
históricamente. Pero es que, como decía muy bien el señor
López Garrido, este no es el Tribunal de Aguas, señor
Olabarría, esto no es una contraposición de intereses en que
usted busca una composición paritaria, que saldrían cuatro del
Congreso más dos del Gobierno, seis, poder central; cuatro del
Senado más dos del Consejo General del Poder Judicial, a
través de los tribunales superiores de Justicia, seis. Seis
frente a seis. Es una concepción paritaria que, en definitiva,
está tocando --lo sabe muy bien el señor Olabarría-- a una
clarísima idea o concepción de la soberanía y del propio
Estado. Digámoslo por las claras, señor Olabarría, y no
busquemos procedimientos oblicuos. Planteen SS.SS. la reforma
del Senado, pero no la planteen por este vericueto tan
absolutamente tortuoso.
Yo deseo fervientemente esa mejora de la integración de las
comunidades autónomas en el Estado, y creo en su voluntad de
aproximarlas. Pero no me resulta fácil hacer congruente el
espíritu de esta iniciativa, de esa voluntad manifestada en la
exposición de motivos de la proposición y en sus propias
palabras, con, por ejemplo, la ausencia del Presidente de su
Comunidad Autónoma en el debate general sobre el estado de las
autonomías en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Cisneros.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, efectivamente no es la primera vez que el Grupo
Vasco, en concreto el señor Olabarría, trae a esta Cámara la
pretensión de articular un nuevo sistema de elección de los
magistrados del Tribunal Constitucional; un sistema que
respete, según sus palabras, la estructura de un Estado
compuesto que a sus ojos hoy no es respetada por el actual
procedimiento selectivo. Tampoco es la primera vez que hace un
amplio y prolijo recorrido por el Derecho comparado, sobre el
que no voy a hablar otra vez --ya lo han hecho bastante en la
Cámara otros grupos--, pero que se puede afirmar que es
variopinto en este aspecto para justificar su pretensión. Es
verdad que las propuestas del Grupo Vasco han variado en los
detalles a lo largo del tiempo. Empezaron en el debate
constitucional con alguna enmienda que, por lo menos, supone
un indicio de que realmente el contenido de su pretensión
tiene un calado bastante más hondo del que aparece a primera
vista en ésta, al parecer inocente, proposición no de ley.
Tenían razón algunos grupo que han hablado de que se trata de
proceder a una encubierta reforma constitucional. Decía que
esta proposición ha variado ligeramente de contenido. Hace un
par de años, en la legislatura pasada, no eran los presidentes
de las comunidades autónomas los que debían proponer los
nombres de los miembros del Tribunal Constitucional sino sus
asambleas parlamentarias. No correspondía este derecho a todas
las comunidades autónomas sino sólo a aquellas que tenían una
lengua cooficial. Pero los términos generales de la propuesta
siguen siendo los mismos y la postura del Grupo Socialista,
señorías, sigue siendo también la misma. No podemos aceptarla,
y no podemos hacerlo por motivos suficientes y profundos. En
primer lugar, porque no compartimos la apreciación del Grupo
proponente de que quepa, dentro de nuestro actual sistema
constitucional, ese procedimiento de elección que plantean.
Creemos que el artículo 159 de la Constitución es taxativo al
determinar la forma de elección de los miembros del Tribunal
Constitucional. Que actualmente vigente, es el que, nos guste
o no nos guste --y está claro que a los socialistas nos gusta,
aunque al Grupo Vasco le gusta menos--, todos debemos
respetar.
Aparte de creer que el sistema de elección actual es
constitucional, estimamos que es plenamente representativo de
todos los ciudadanos del Estado. Creemos que no se puede negar
la representatividad de un sistema en el que participan los
tres poderes del Estado a la hora de proponer magistrados.
Además, participa de una manera preeminente, proponiendo 8 de
los 12 miembros de este órgano, el Poder Legislativo, que
tiene la representación popular directa; el poder que
constituyen estas dos Cámara del Congreso y del Senado, que
representan a todos los ciudadanos españoles, pertenezcan a
una u otra comunidad autónoma. No vemos, por tanto, el déficit
de legitimidad política y representativa de que hablaba el
representante del Grupo Vasco.
Creemos que la Constitución, la soberanía nacional y la
representación de todo el pueblo español dan a este tribunal
legitimidad y representatividad sobrada. Esto, por una parte.
El sistema actual nos parece adecuado. No estamos en la tesis
de cambiarlo. Pero es que, aunque lo estuviéramos, creemos que
el cambio que propone hoy el Grupo Vasco tiene imposible
encaje constitucional en ninguno de sus dos aspectos, porque
son sustancialmente dos puntos de reforma los que el Grupo
Vasco propone.
Primero, quiere reformar la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, de forma que los cuatro miembros de este
Tribunal elegidos por el Senado lo sean a propuesta de los
presidentes de las comunidades autónomas, incluyendo, además,
como aspecto secundario, un especial derecho de veto de estos
presidentes sobre las propuestas de otros.
Se ha repetido aquí --y yo no me voy a alargar-- que ni la
Constitución, en su artículo 159, ni la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional establecen cuál ha de ser el
procedimiento de selección de los magistrados elegidos ni por
las Cámaras, ni por el Gobierno ni por el Consejo del Poder
Judicial; que precisamente en el caso de los magistrados
elegidos por el Senado, a los que esta proposición no de ley
se refiere, es el propio Reglamento del Senado, en su artículo
184, el que, en ejercicio de la capacidad autonormativa que da
a las Cámaras la Constitución, establece el procedimiento de
selección de candidatos, y fija taxativamente que los
candidatos serán presentados sin limitación alguna y sin
preselección alguna por los grupos parlamentarios o por un
conjunto de diez diputados.
Por lo expuesto, hacer viable su propuesta es imposible para
el Gobierno, señor Olabarría. Para hacer realidad su propuesta
sería necesario re Reglamento del Senado y no la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, como ustedes pretenden. Y el
Gobierno no tiene constitucionalmente capacidad para tomar la
iniciativa de esta reforma. Sólo el propio Senado sería quien
podría tenerla. Recurran ustedes al Senado y no al Gobierno
para iniciar una reforma que no está en su mano
constitucionalmente.
Aparte de todo, hay un segundo aspecto que también nos parece
que al menos roza peligrosamente el contenido de la
Constitución. Y es el aspecto que ustedes proponen en el
sentido de que los dos miembros que han de ser seleccionados
por el Consejo General del Poder Judicial lo sean entre
magistrados que hayan prestado servicios en los dos últimos
años en los Tribunales Superiores de Justicia de las
comunidades autónomas.
Se ha repetido aquí que el artículo 159.2 de la Constitución
dice con toda claridad que los miembros del Tribunal
Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y
fiscales, profesores de universidad, funcionarios
públicos y abogados. Es un abanico bastante amplio de
posibilidades que la Constitución ofrece a todos los entes que
han de seleccionar a esos miembros del Tribunal
Constitucional, tanto a las Cámaras, como al Consejero General
del Poder Judicial, como al Gobierno. En cambio, a uno de
estos órganos, al Consejo del Poder Judicial, esta proposición
no de ley le limita de una manera muy grave su capacidad, no
sólo porque excluye de sus posibilidades de elección a todo
grupo de ciudadanos que no sean magistrados, sino porque ni
siquiera le permite elegir entre todos los magistrados;
solamente le permite elegir entre un número reducido de ellos:
aquellos que hayan estado en los dos últimos años en los
Tribunales Superiores de Justicia de comunidades autónomas.
Sinceramente, nos parece que esta limitación de la capacidad
del Consejo, que esta restricción que se hace a sus
posibilidades de elección, le pone en una situación de
inferioridad respecto a los otros órganos que teóricamente, en
condiciones de igualdad, Cortes Generales y Gobierno, han de
elegir miembros del Tribunal Constitucional. Esa situación de
inferioridad, de restricción, de limitación que esta propuesta
pone al Consejo General del Poder Judicial nos parece otro
aspecto que, que si no vulnera de frente, sí roza muy
peligrosamente la constitucionalidad.
Por tanto, señorías, la postura de mi grupo es hoy negativa,
como lo fue en el año 1992, quizás con más razones, por
algunos aspectos laterale Negativa porque creemos que el
sistema actual de elección de los miembros del Tribunal
Constitucional satisface las exigencias constitucionales y
satisface plenamente las exigencias de representatividad de
todos los ciudadanos de todo el Estado. El Tribunal
Constitucional es un árbitro superior, pero que no ha de estar
integrado precisamente por las partes que arbitra. Y negativa,
porque creemos que aceptar la toma en consideración de esta
propuesta supondría un peligroso ataque, si no de frente, si
al menos desde un flanco doloroso, a lo que establece el
artículo 159 de la Constitución.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Del
Campo.
Vamos a pasar a la votación de la debatida proposición no de
ley. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)
Señor Olabarría, éste es un debate tasado y no hay turnos en
contra.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV), por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de
seis meses, presente a las Cortes Generales un proyecto de ley
de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 303; a favor, 23; en contra, 276; abstenciones,
cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
INCLUSION DE NUEVOS PUNTOS EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno la inclusión
en el orden del día de la presente sesión de la solicitud,
formulada por don Rodrigo de Rato Figaredo y 77 diputados más,
de creación de una comisión de investigación de las
actividades de don Luis Roldán mientras fue Director General
de la Guardia Civil y de las circunstancias en que se produjo
su huida de la justicia durante 305 días, así como de las
actuaciones de todo tipo que culminaron con su ingreso en
prisión.
¿Acuerda la Cámara la inclusión en el orden del día?
(Asentimiento.)
Queda acordada la inclusión.
Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la
inclusión en el orden del día de la presente sesión de la
solicitud, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
creación de una comisión de investigación sobre la huida del
ex Director de la Guardia Civil, Luis Roldán, y de las
cuestiones que no fueron tratadas por la anterior comisión de
investigación.
¿Acuerda la Cámara la inclusión del debate relativo a la
creación de esta comisión? (Asentimiento.)
Queda aprobada la inclusión de este punto en el orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALAN
(CONVERGENCIA I UNIO), VASCO (PNV) Y COALICION CANARIA,
RELATIVA A LA FORMACION DE MEDICOS SEGUN LAS NORMAS
COMUNITARIAS (Número de expediente 162/000163)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los Grupos
Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (PNV) y Coalición Canaria, relativa a la formación de
médicos según las normas comunitarias.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Palacios.
(Fuertes rumores.)
Señorías, estamos en sesión, les ruego guarden silencio y
ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Palacios.
El señor PALACIOS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo la satisfacción de presentar esta proposición no de ley
apoyada por cuatro grupos de la Cámara, puesto que señala una
serie de indicaciones a través de las cuales se puede
solucionar uno de los problemas latentes y candentes en los
últimos tiempos en relación con la formación postgrado de los
especialistas en medicina general y fundamentalmente también
de todos aquellos que en los períodos pasados no han podido
acceder a las titulaciones de especialista según está
establecido legalmente.
Por otra parte, la satisfacción es doble, señor Presidente y
señorías, en cuanto que, al parecer, los sectores concernidos,
tanto desde la Adm desde el ámbito de los recientemente
licenciados y de los estudiantes, han prosperado en la línea
de un acuerdo, que yo me permitiré pergeñar al final,
satisfactorio para todos, que no hace decaer la calidad de la
formación en nuestro sistema formativo postgrado y que, por
otro lado, en alguna medida ya es conocido, puesto que en
algunos medios de comunicación y desde el Ministerio de
Sanidad se dio a conocer alguna de sus partes en los últimos
días.
Como es sabido, la directiva 457 de 1986 establece los
mecanismos de formación específica postgrado en medicina
general a partir del 1 de enero de 1995 y durante un período
de dos años como requisito previo para que estos profesionales
puedan ejercer en los servicios de la sanidad pública.
Posteriormente, se subsume en la directiva 16 de 1993, que
establece la libre circulación de médicos y el reconocimiento
de los títulos para poder ejercer.
Desde 1978 existe en España, año en el que se crea la
especialidad de medicina de familia y comunitaria, con tres
años de duración, que se hace a través del sistema MIR, a
tenor de lo establecido en el artículo 5.º del Real Decreto
127 de 1984 también y que se desarrolla en decretos
posteriores, que voy a liberar a sus señorías de repetir
continuadamente. lo que concierne a la medicina de familia y
comunitaria como a las demás especialidades o a las
especialidades llamadas clásicas; dicha formación se ha estado
acreditando en los últimos tiempos y todos consideramos, al
menos al verlo en todas las propuestas y en todos los debates
que hemos tenido sobre estas materias a lo largo de estos
últimos años en comisiones o en Pleno, se ha acreditado,
repito, como uno de los sistemas formativos reconocido y
alabado por todos, basado, desde la perspectiva de nuestra
Constitución, en las premisas de mérito, capacidad e igualdad
de oportunidades, a través de una prueba de cuyos requisitos y
cuya coordinación y control regula el Consejo Nacional de
Especialidades. Por el Real Decreto 852 de 1993 se establece
el modo de formación de postgrado en la especialidad de
medicina general y se deja claro que esta formación se hará
por el cauce MIR de la especialidad de medicina de familia y
comunitaria, que, como dije, en nuestro país tiene tres años
de formación, y, por otra parte, se establece que puedan
recibir una certificación como médicos generales aquellos que
hayan ejercido con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 en
esta especialidad.
Señor Presidente, antes de continuar, antes de entrar en lo
que ha de ser la propuesta que parece que satisface a todos
los ámbitos, quisiera aportar algunos datosque me parecen de
interés. La form en medicina se viene realizando en 22 países
europeos entre el año y los seis o siete años. En el 80 por
ciento de los países es superior a tres años, en ocho países
es superior a cuatro o cinco años y medio, en cuatro países es
inferior a tres años, en Bélgica y Francia se precisan dos
años de formación, en Grecia, un año y medio y en Holanda, un
año. Por otra parte, desde el año 1989 se han creado en el
Insalud, gestión directa, 1.642 plazas de medicina general, de
las cuales el 69 por ciento se cubrió con especialistas de
medicina familiar y comunitaria, lo cual pone de manifiesto el
interés de la Administración en que éste vaya siendo el cauce,
en consonancia con las orientaciones y mandatos de las
directivas de la Unión Europea, de incorporación de los
especialistas en medicina general, los generalistas, el cauce
de la medicina familiar y comunitaria.
España, como SS.SS. saben, tiene aproximadamente el doble de
media de los médicos de los países europeos. Esto ha ido
creando, con el paso d una situación de cierto colapso, de
manera que las limitaciones del sistema hacían, además del
planteamiento de carácter selectivo de las pruebas MIR, que se
fuera acumulando paulatinamente una bolsa llamada histórica
que en estos momentos se encuentra con alrededor de 10.000
profesionales.
En cualquier caso, sobre este asunto hay que hacer algún tipo
de matización. En primer lugar, que el 87 por ciento de todos
los licenciados que se presentan a las pruebas MIR como
especialistas acceden a ellas generalmente después de dos
años, con lo cual lo que queda para la bolsa histórica es de
aproximadamente el 13 por ciento. En cualquier caso, esta
formulación no es del todo atinente a la realidad, puesto que,
según hemos podido observar --y esto será importante a nivel
de las medidas que pronto, por la vía de reales decretos,
pondrá en vigencia el Ministerio de Sanidad y Consumo--, los
aspirantes a estas convocatorias llevan consigo,
como en el año 1994, 676 profesionales que ya eran
especialistas en formación y 397 que poseían un título de
especialista, lo cual suma 1.073, a restar de esos 10.000
citados previamente.
Por otra parte, habida cuenta que en los planteamientos que
hace el Ministerio, para poder acceder a una segunda
especialidad es necesario exigir renuncia previa de los
aspirantes que sean especialistas en formación, estos citados
caerían de la denominada bolsa histórica.
Hay que decir, además, señor Presidente, que en atinencia al
Real Decreto 852, aquellos médicos que acrediten cinco años de
actuación en la as como médicos especialistas, aun en el caso
de los interinos, podrán acceder automáticamente a la
titulación que les autoriza para ejercer en el sistema
público. Pues bien, en este momento hay unos 5.000 médicos
generales interinos, sin título de especialista, de los cuales
entre 3.500 y 3.800 es previsible que accedan de inmediato a
la titulación, con lo cual aquella bolsa histórica continuaría
reduciéndose a unos 7.000 aspirantes.
Más podríamos añadir en este sentido, puesto que, en general,
un 5 por ciento de los estudiantes que terminan sus estudios
no optan al sistema MIR, y también que un 9 por ciento de los
médicos que están en la bolsa histórica se buscan otros modos
de ejercicio de su profesión y desisten de continuar por estos
caminos. Esto es importante, señor Presidente, porque, en
breve --y por eso mi satisfacción de principio--, dos reales
decretos regularán el acceso a la formación de los médicos
especialistas, tanto en medicina general, como requiere la
Unión Europea, como en las especialidades clásicas.
En este sentido, a tenor de la evolución de los últimos
tiempos, de la culminación de los estudios de estudiantes de
medicina, podríamos decir de cuatro años y con las
perspectivas que se plantean en los reales decretos, se podría
terminar con la bolsa histórica.
Si en el año 1990 fueron examinados 17.293, quedaban en la
bolsa histórica 11.453; en el año 1994 encontramos que nos
hallamos por este sistem con aquellas deducciones antes
planteadas y habida cuenta de que se eleva el número de
personas de médicos que pueden optar a la convocatoria para
los médicos de medicina familiar y comunitaria, previendo que
en el año 1995 haya 4.125 licenciados y 5.000 plazas MIR, es
evidente que a este ritmo y tal y como van descendiendo los
números de los médicos que terminan su carrera, manteniendo
este tope de 5.000 profesionales a través del cauce del
sistema MIR, en cuatro años habremos acabado con la bolsa
histórica y regularemos algo que en nuestra proposición no de
ley también se plantea, como es el hecho de que la culminación
de la profesión médica, sin especialidad, vaya acorde con las
necesidades de estos profesionales del sistema, de manera que
no se produzca una plétora ni un agobio.En este sentido, señor
Presidente, ya com ofrecen las posibilidades formativas del
sistema, en los siguientes términos.
En primer lugar, en lo que concierne a aquellos médicos que
terminaron al 1 de enero de 1995, se hará una convocatoria
específica para médicos de medicina de familia y comunitaria,
con 1.800 plazas. En este sentido hemos de recordar que en el
año 1994 fueron 1.200 y en 1984 eran 356. Por lo tanto, hay un
incremento importante de plazas para una convocatoria anual a
tenor del artículo 5.º del Real-Decreto 127/1984, antes
citado, y por un sistema de puntuación.
El señor PRESIDENTE: Señor Palacios, le ruego concluya.
El señor PALACIOS ALONSO: Sí, señor Presidente.
En el supuesto de que hubiera exceso de aspirantes ocuparán
las plazas en convocatorias sucesivas, según la puntuación
anterior y también pueden acceder a estas convocatorias
sucesivas con el intento de mejorar su puntuación.
Hay una segunda convocatoria general de plazas MIR para otras
especialidades con 2.840 plazas, más 160 para escuelas
profesionales y 200 plazas para médicos de medicina familiar y
comunitaria que hayan terminado anteriormente al 1 de enero de
1995. Aquí podrán presentarse todos a la convocatoria anual y
si son posteriores al 1 de enero de 1995 y han obtenido plaza
en la convocatoria específica de medicina familiar y
comunitaria deberán previamente renunciar a ella y si no
obtien especialidades clásicas podrán, en convocatorias
sucesivas, ocupar plaza en medicina de familia y comunitaria
en las condiciones que establecíamos para la convocatoria
anterior.
Voy definitivamente terminando, señor Presidente. Si ya se
ocupa plaza en el período de formación sólo se podrá concurrir
a las convocatorias con renuncia previa y expresa y los que
sean ya especialistas por la vía MIR no podrán ocupar nueva
plaza por esta vía en un plazo de cinco años a partir del 1 de
enero de 1995.
Señor Presidente, creo sinceramente que la opción que plantean
estos cuatro grupos, a los que espero se sume algún otro, es
una salida muy adecuada que respeta, por un lado, la calidad
del sistema formativo MIR, por todos reconocido, y, por otro,
el cumplimiento de nuestros compromisos con la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacios.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cuando nuestro grupo decidió
presentar, conjuntamente con otros grupos parlamentarios, el
22 de diciembre de 1994, la proposición no de ley sobre la
formación de médicos según las normas comunitarias que ahora
nos ocupa, eramos conscientes de que era un acuerdo de
mínimos, por decirlo de alguna forma, entre los cuatro grupos
firmantes del mismo, pero a su vez también teníamos claro que
posibilitaba la solución global del problema. Recuérdese que
fue como consecuencia de una enmienda que presentamos
conjuntamente con el Grupo Socialista a la moción que
presentó, consecuencia de la interpelación urgente, el Grupo
Popular, y que no fue aceptada en el momento en que dicha
moción se sustanció.
Se le añadió un punto, fruto de la enmienda que en su momento
presentó el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), a la que también
se sumó en aquel momento el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. Efectivamente, la Directiva comunitaria 86/457, de 15
de septiembre, relativa a la formación específica en medicina
general y subsumida en la directiva 93/16, destinada a
facilitar la libre circulación de médicos, afecta directamente
a los licenciados en medicina y cirugía que terminen sus
estudios a partir del 1
vigor dicha directiva; les afecta directamente porque no
pueden ejercer la profesión de médicos generalistas en el
Sistema Nacional de Salud si no complementan su formación
específica con una formación complementaria de, al menos, dos
años de duración.
Señor Presidente, señorías, cualquier solución que se quiera
dar a la adecuación de estas directivas comunitarias afecta a
otros sectores médicos y, en función de la adaptación que se
les quiera dar, influirá de una forma u otra. Ahí, pues, a
nuestro entender, radica el fondo de la cuestión porque, en
efecto, lo que hay aquí es un conflicto de intereses
legítimos. La solución, por tanto, habrá que buscarla en dar
una vía de salida a los afectados directamente, los
licenciados a partir del año actual, pero afectando o
lesionando en lo mínimo a los otros colectivos relacionados
con la cuestión.
En España, como se ha dicho, se instauró el año 1978, como
formación de especialidades el conocido como sistema MIR, al
que se accede mediante una prueba de oposición. Asimismo, un
año después se crea la especialidad de medicina familiar y
comunitaria dentro del propio sistema MIR, para formarse
primero y, después, llevar a cabo la función sanitaria de
médicos de primera línea, es decir, la de asistencia primaria.
El sistema MIR --ya lo dijimos también en su momento-- puede
ser criticado desde aspectos políticos, ya que se trata de un
sistema preconstitucional que aún no se ha adaptado, por
tanto, a la realidad política del Estado de las autonomías,
como también puede hacerse desde criterios meramente técnicos,
ya que entendemos es poco flexible, fragmentador, no evaluado
y, en consecuencia, también mejorable. A pesar de ello, más
importante en el proceso educativo de los últimos años que, a
su vez, ha permitido mejorar el funcionamiento del sistema
asistencial sanitario. Dicho esto, también hemos de recordar
que ya desde su inicio se produjo un desfase entre el número
de licenciados que se iban graduando y el número de plazas que
en concreto se ofertaban. Así, se ha ido formando una bolsa de
médicos que no superaban las pruebas de acceso al MIR y que,
en consecuencia, tenían que buscar otras vías para poder
desarrollar su profesión, unos, como interinos en la medicina
general pública; otros, ejerciendo la medicina privada;
algunos, a su vez, haciendo una especialidad pero fuera del
sistema MIR, en escuelas profesionales, en las propias
facultades de Medicina, o donde pudieran; por último, y no
conviene olvidarlo, desgraciadamente, bastantes están en el
paro.
Por todo ello, entendemos que no se puede ni se debe ofrecer
una solución que sólo dé viabilidad a los licenciados a partir
de 1995, sin pensa bolsa histórica que, por una u otra razón,
no ha accedido a la vía MIR. Es cierto que el desfase del que
hablábamos anteriormente se ha ido equilibrando (no me voy a
meter en números como ha hecho el diputado señor Palacios, que
me ha precedido en el uso de la palabra, pero nosotros estamos
de acuerdo en que se ha ido equilibrando), no sé si en la
forma deseada, y actualmente la tendencia ya se ha invertido y
el número de plazas para acceder al MIR podrá ser superior al
de licenciados que terminen su carrera anualmente. Entendemos
que por ahí hay que ir buscando la vía de solución a aquellos
médicos licenciados antes del 1.º de enero pasado,
incrementando todo lo posible las plazas para la especialidad
de medicina familiar y comunitaria, tal como nosotros
proponemos en el punto 3 de nuestra proposición no de ley. Sin
embargo, la cuestión más importante puede hallarse en lo que
sugerimos en el punto 5 de la proposición no de ley.
Entendemos que es impres establecer unas medidas o unos
mecanismos para alcanzar el equilibrio que ha de existir entre
el número de estudiantes de Medicina y las necesidades del
Sistema Nacional de Salud. Dicho de otra forma: hay que
adaptar, en lo posible, el número de médicos a las necesidades
sanitarias del país, porque si hay un desfase considerable,
siempre habrá profesionales, con la correspondiente carga
familiar y social que sufrirán las consecuencias y si
lamentable es que un estudiante que llega a la Universidad
tenga que superar unas pruebas para seguir los estudios que él
ha escogido libre e ilusionadamente, siempre será peor que
posteriormente se encuentre con esta especie de cuello de
botella que creará problemas familiares y sociales de difícil
solución y con una gran incidencia en su porvenir.
Finalmente, entendemos que para alcanzar un permanente con
todos aquellos colectivos implicados en esta problemática y,
además, con las comunidades autónomas, tal como se contempla
en el punto 6 de la proposición no de ley.
Hemos explicado que es un conflicto de legítimos intereses y,
si no hay diálogo, cualquier solución a la que se llegue nunca
será satisfactoria para todas las partes, por lo que hay que
buscar el punto ideal que perjudique lo menos posible a todos
y cada uno de estos colectivos.
Asimismo, entendemos que debe tenerse un diálogo permanente
con las comunidades autónomas, porque afecta a todas ellas,
pero en algunas, las de gestión transferida, las repercusiones
presupuestarias son indudables.
Por todo ello, y considerando que el tema no ha perdido
actualidad, desgraciadamente, insistimos en su propuesta, con
la intención de que su aprobación pueda contribuir, en lo
posible, a la mejor solución del problema.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
La presente proposición no de ley, presentada conjuntamente
por diferentes grupos parlamentarios, pretende dar solución a
un problema existent vertientes, que son: la formación de
posgrado para los estudiantes de medicina, exigida por la
Directiva refundida 16/1993, de la Unión Europea; en segundo
lugar, potenciar el sistema formativo MIR para la adquisición
de la condición de especialista; y, en tercer lugar, continuar
prestando a los ciudadanos la calidad asistencial media que se
demanda.
Señor Presidente, la entrada en vigor, el pasado 1.º de enero,
de la Directiva refundida 93/16, exige al Gobierno central la
implantación de un mecanismo de formación posgraduada de dos
años para conseguir la capacitación general y poder ejercer de
esa manera en el sistema sanitario público. Existe, pues, una
obligación legal y moral de los poderes públicos de poner en
marcha un mecanismo de capacitación para los estudiantes que
terminen los estudios de medicina a partir de la fecha
indicada.
La normativa comunitaria reguladora de tal cuestión fue
aprobada ya hace ocho años y, desde el Grupo Vasco
consideramos que el Gobierno central ha dejado transcurrir
demasiado tiempo para dar solución a nivel estatal al
conflicto suscitado, actuándose ante la coyuntura existente de
manera pr medida, descoordinadamente entre los Ministerios de
Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia.
Señorías, desde el Grupo Vasco defendemos la necesidad de
potenciar el sistema MIR como vía única para la formación de
especialistas, pues se vía de formación que se ha comprobado
eficaz, en la medida que complementa la formación teórica de
la carrera con la formación complementaria de la práctica
dentro de los servicios públicos de salud, además de
garantizar la competitividad entre los profesionales.
Señor Presidente, desde el Grupo Vasco instamos al Gobierno
central para que en la convocatoria MIR de este año
incremente, en la medida de lo posible, el número de plazas,
con especial incidencia en las relativasa la medicina familiar
y comunita por formar a los médicos en el tratamiento y
prestación de los servicios de asistencia primaria en centros
de salud y ambulatorios. Así, desde el Grupo Vasco
consideramos urgente que el Gobierno central dé respuesta
definitiva al problema suscitado, toda vez que en los últimos
meses estamos asistiendo a una gran confusión y desorientación
para solucionar el problema planteado.
Así, hemos observado las innumerables propuestas, distintas y
contradictorias entre sí, que para resolver el problema
suscitado se han efectuado desde diferentes colectivos:
estudiantes de medicina, decanos de facultades de medicina,
colegios de médicos, especialistas en medicina familiar y
comunitaria. Por ello, consideramos desde nuestro grupo
parlamentario que el Ministerio de Sanidad ha dejado pasar
demasiado tiempo para abordar el problema de fondo, no estando
a la altura de la responsabilidad política que las
circunstancias le exigían. Además, durante este tiempo hemos
constatado la falta de comunicación y diálogo con las
comunidades autónomas, que son las administraciones públicas
que gestionan más de la mitad del sistema público de salud.
Estimamos que esa falta de comunicación con las
administraciones sanitarias autonómicas, que no están
participando de ninguna manera en el debate de las soluciones
de fondo, complica todavía más la situación en la medida que
al final van a ser también, juntamente con el Insalud, las
comunidades autónomas las que en sus diferentes ámbitos
territoriales tendrán que formar en posgrado a los
estudiantes, es decir, poner en práctica la solución que al
final se alcance.
Es por ello que en la proposición no de ley planteamos ese
punto relativo a que exista una colaboración y una
coordinación con las comunidades autónomas que hasta el día de
hoy, por la actuación descoordinada entre los Ministerios de
Sanidad y de Educación, no existe como debería existir, en
condiciones de colaboración y de responsabilidades compartidas
a la hora de la prestación de la asistencia sanitaria.
Desde el Grupo Vasco apreciamos la necesidad de equilibrar las
necesidades del sistema sanitario público con el acceso a los
estudios de medicina. Es de interés general que haya una mayor
relación entre el acceso a los estudios y las necesidades de
titulados y especialistas que requiere el sistema sanitario
público. Por ello es precisa una actuación coordinada de las
autoridades sanitarias, centrales y autonómicas, y las
universidades para buscar un régimen de equilibrio como el
indicado.
Conviene recordar que en la década de los años setenta hubo un
ingreso masivo de estudiantes universitarios en las facultades
de medicina, y e originando unos «excedentes» --dicho entre
comillas--, de 50.000 profesionales sanitarios, distribuidos
de la siguiente manera: una bolsa histórica de 1.000 médicos
en desempleo o con ocupaciones eventuales; en segundo lugar,
16.000 médicos formándose actualmente a través de la vía MIR;
en tercer lugar, 30.000 universitarios estudiando en las
facultades de medicina.
Consideramos necerario que el Gobierno central determinara y
definiera en qué situación y en qué régimen se va a impartir
la formación de posg estudiantes que terminen sus estudios a
partir del 1.º de enero de 1995. El pasado lunes, día 6 de
febrero, este grupo parlamentario ha tenido conocimiento de
que el Ministerio de Sanidad tiene prevista la aprobación de
dos iniciativas reglamentarias, de dos Reales decretos
dirigidos a dar cobertura y solución a esta cuestión. Así
parece, por las informaciones complementarias y tangenciales
que este grupo tiene, que van a existir dos convocatorias para
acceder al MIR: una de 1.800 plazas en la especialidad de
medicina familiar y comunitaria destinadas exclusivamente para
los licenciados en medicina posteriores al 1.º de enero de
1995, y otras 3.200 plazas para el resto de las
especialidades, a las que podrán acceder los licenciados en
medicina con anterioridad y posterioridad al 1.º de enero de
1995, salvaguardando 200 de ellas para l comunitaria.
Apreciamos que se pretende dar solución a la capacitación
general de los licenciados a partir de la fecha indicada, pero
también creemos que la solución que plantea el Ministerio de
Sanidad es un punto de equilibrio entre todos los intereses
contrapuestos y distintos que aquí convergen, entre
estudiantes, especialistas en medicina familiar, especialistas
de otras ramas, médicos generalistas, en definitiva, todo un
cúmulo de profesionales de la medicina que no ven que esta sea
la solución adecuada y que no logramos alcanzar cuál ha de ser
la solución que vaya a dar satisfacción plena a todo, lo digo
porque quizás el ministerio --y me remito, señor Presidente, a
lo que anteriormente exponía--ha negociado con una Mesa en la
cual estaban representados colectivos sanitarios con intereses
contrapuestos y, por tanto, nunca podía buscarse una solución
en las propuestas que en la mesa de seguimiento se hicieran,
porque eran tales las diferencias existentes que es difícil
que se buscara una solución que satisfaciera a todas las
partes.
Por ello, señor Presidente, nosotros estimamos que la solución
que se pretende alcanzar con estas iniciativas que conocimos
ayer y que hoy se han hecho aquí públicas por el señor
Palacios, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, viene
excesivamente tarde y que todo el conflicto que se ha
suscitado podría haberse evitado, si hubiera existido una
planificación previa, teniendo en cuenta que la directiva ya
estaba en vigor desde el año 1986 y que no ha existido una
coordinación suficiente con los colectivos afectados, con las
comunidades autónomas, ni con las facultades de medicina,
llegandose «in extremis» a una solución difícil, equilibrada y
que, quizá señor Presidente, a juicio de este Grupo
Parlamentario, sea la única razonable y posible.
Por tanto, lo que con esta proposición no de ley pretendemos
es dar ámbito de cobertura, un mínimo común denominador a la
solución --hemos ten cimiento de ello en el día de ayer-- que
pretende dar el Ministerio de Sanidad y Consumo, pero con
todas las consideraciones y todas las críticas que este Grupo
Parlamentario debe realizar a la labor del Gobierno sobre esta
cuestión.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías,
Coalición Canaria prestó y dio su firma consecuentemente con
los otros tres grupos proponentes de esta proposición no de
ley, en un deseo ferviente de dar solución a un problema que
estábamos viendo cada vez más controvertido y embrollado,
armonizar la integración de diferentes posturas que, como bien
acaba de decir el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), una directiva de la entonces Comunidad Europea, de
1986, parecía tenía un largo plazo para aplicarse, pero que,
cuando se refunde en la directiva de 1993, ya señala un plazo
perentorio, desde el 1.º de enero de 1995. Como el Ministerio
de Sanidad da la sensación de que no reacciona para tener el
sistema puesto a punto en esta fecha, es por lo que nosotros
compartimos también, a la hora de firmar este documento, que
asumimos plenamente, el principio que nos permitió esta firma
que, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), es un documento de mínimos,
porque entendimos que, si fijábamos los mínimos de lo que
queríamos resolver, se podían ir integrando otras posturas y
posiciones que
yo he visto son positivas y que están incluso recogidas y
presentadas en la enmienda que ha hecho el Grupo Parlamentario
Popular. Nosotros desearíamos esa integración y que se
armonizase. Se trata, sencillamente, de resolver un problema
que hemos creado aquí, porque teóricamente lo que habría que
haber resuelto académica y legalmente era lo que indicaba la
directiva de 1993 de la Unión Europea. ¿A qué obligaba esa
directiva? Pues sencillamente obligaba a algo tan sencillo,
parecía sobre el papel, como era que para facilitar la libre
circulación de médicos por el territorio de la Unión Europea,
para el reconocimiento mutuo entre los distintos países y
Estados miembros de los diplomas, certificados y otros
títulos, y para que los licenciados en medicina y cirugía
pudieran también ejercer dentro de nuestro territorio como
médicos generalistas en el Sistema Nacional de Salud, se iban
a precisar, como mínimo, dos años de formación específica.
Pues bien, esto que parecía una exigencia puramente técnica,
de un rigor académico muy normal y natural, se nos complica
entre otras razones, apuntado el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco y que yo, por compartirlas, no las voy a
repetir.
Ahora en este documento de mínimos instamos al Gobierno a tres
cuestiones fundamentales que tratan de ser integradoras de
mínimos, que están en los puntos 1, 2 y 3, porque el punto 4,
sencillamente quiere dar rango de norma legal a esos tres
puntos anteriores.
Aquí nos acaba de decir el cofirmante, el portavoz del Grupo
Socialista, que el Gobierno tiene ya los dos decretos que
atienden en primera medida a esto que pedimos en el punto 4;
es decir, dos Reales decretos que, entre otras cosas, parece
tratan de acabar con el tremendo problema de la bolsa
histórica que hay y evitar la plétora con la frustración que
esto lleve para el futuro.
Nosotros a la hora de redactar esta proposición no de ley de
consenso de mínimos, insistimos también que se pusiera lo que
está recogido, más que en el punto 5 en el punto 6; es decir,
dejar la puerta abierta a los procesos integradores de otras
aportaciones y soluciones complementarias, o sea, alcanzar una
definición final de esta alternativa de una vez por todas,
porque si no continuaremos en el embrollo y en la
complicación. Para esto proponíamos el mantenimiento de unas
líneas de diálogo permanente. Aquí estamos señalando a la
Administración por un lado a la Administración central del
Estado que mantenga esta línea de diálogo permanente con los
colectivos afectados por activa o por pasiva (estudiantes,
docentes, o dicentes; estudiantes, universidades, o
catedráticos), pero, al mismo tiempo, en las competencias que
tienen las comunidades autónomas. Se ha trasladado el problema
también a las comunidades autónomas por esa demora o desidia
en la aplicación del tema. Nosotros quisiéramos que hubiera
una respuesta armónica de todas las comunidades autónomas hoy
competentes en el tema de la enseñanza de la medicina, en este
tema universitario.
Lo hacemos con el mejor sentido de propiciar el consenso, de
encontrar una solución a lo que ética y políticamente estamos
obligados aquí en l de una vez por todas el cumplimiento
estricto de la directiva de la Unión Europea sea un hecho tan
natural como legislar sobre cualquier otra materia de las
muchas que se vienen homologando y que no han producido
crispaciones, demoras, ni distorsiones.<ð A incentivar, a
estimular, a instar al Gobierno a la inmediata y pronta
resolución de estos problemas, es a lo que conduce nuestra
proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por
el Grupo Popular.
Para su defensa y fijar la posición del grupo tiene la palabra
el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor
Presidente.
Me corresponde, efectivamente, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular defender la enmienda correspondiente a
esta proposición no de ley, digamos que tricolor, firmada por
varios grupos parlamentarios, relativa a la formación de
médicos, según las normas comunitarias.
Como bien ha dicho alguno de los intervinientes, en diciembre
de 1994, en la primera semana, el Grupo Parlamentario Popular
denuncia lo que denominamos en aquel entonces la desidia por
parte del Gobierno, tanto del Ministerio de Educación y
Ciencia como del de Sanidad y Consumo, para ser capaces de
resolver el mandato de la Unión Europea que arrancaba de 1986;
un mandato que obligaba a sentar las normas para la formación
de los médicos generales a partir del 1.º de enero de 1995. He
de decirles que a fecha de hoy sigue sin resolverse el
problema; el Gobierno sigue sin dar respuesta formal a este
mandato de 1986 y sigue, además, incurriéndose en los mismos
errores conceptuales que entonces se manejaron en el debate y
que h opiniones y las actuaciones del Ministerio de Sanidad,
que está llevando el protagonismo de este diseño que, insisto,
debería corresponder a ambos ministerios, sigue hablándose de
que hay que especializar médicos generales, que hay que
especializar generalistas; por tanto, se confunde a
continuación, intencionadamente, al sistema MIR, que es el
sistema español para formar médicos especialistas como la
única vía posible; o el MIR, o la nada es el planteamiento, la
amenaza que se hace desde el ministerio y, uno tras otro,
desde los grupos que han presentado esta proposición no de
ley,
retoman la defensa de las enmiendas q su momento a la moción
del Grupo Parlamentario Popular, mezclando continuamente las
necesidades creadas para los licenciados previos a 1995,
mandato de la Unión Europea, y los que se licencien a partir
del 1.º de enero de 1995, hablando de la bolsa histórica,
hablando de esos médicos que no tienen título de
especialistas, pero que no podemos perder de vista que en este
momento están ejerciendo además para la sanidad pública,
contratados por el Estado, en el grupo que se llama mestos,
los médicos especialistas sin título oficial y que están
poniendo de manifiesto la insuficiente dotación de
especialistas de nuestro Sistema Nacional de Salud; están
poniendo de manifiesto la incapacidad del ministerio para
convocar, año tras año, las plazas de especialistas que va a
necesitar nuestro sistema sanitario.
No deja de ser sorprendente que en lo que es una proposición
no de ley presentada por varios grupos, el señor Palacios se
transforme también e Gobierno y venga a leernos el borrador de
un Real decreto que teóricamente va a presentarse, que está
sometido a la consideración de unos grupos y de otros. Ha
hecho de portavoz más allá de lo que es la proposición no de
ley y no sabemos --nos lo tendrá que aclarar el señor
Palacios-- si va a someter a votación de esta Cámara su
proposición no de ley junto con la del resto de los grupos o
los Reales decretos, que, por cierto, usted puede ser que
disponga de ellos, pero respecto al Grupo Parlamentario
Popular, han tenido la descortesía de no comentarlos siquiera.
El señor Cardona (querría contestar brevísimamente a cada uno
de los proponentes de esta iniciativa para defender después
nuestra enmienda) ha acuerdo de mínimos. Es una declaración de
intenciones, no va más allá. No entra en ninguno de los
problemas, en ninguno de los detalles que obligadamente
tendríamos que ser capaces de sacar de esta Cámara, ya que no
es capaz de poner en marcha el Gobierno a través de sus
ministerios. En el enunciado que hace hablan de la formación
de médicos según las normas comunitarias; ciñámonos por tanto
a ellas, ciñámonos al mandato que es clarísimo y que ahora
podremos repasar.
Le preocupa que afecte a otros médicos. Por supuesto. A éstos
que como consecuencia de la falta de previsión, de la falta de
programación del encontrado sin poder acceder al sistema MIR,
nutriendo ese grupo de médicos especialistas sin título, pero
trabajando bajo contrato para la sanidad pública de forma
interina. Es cuestión de respetar derechos adquiridos de unos
y de otros, de los que en este momento son médicos de familia
y comunitarios, y de los que en este momento están trabajando
con la Función Pública 10 y 15 años sin titulación oficial y
cumpliendo una función que se da por buena cotidianamente por
la Administración.
En cuanto al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la
directiva de la Unión Europea no es para que los médicos
puedan ejercer, es para que los médicos puedan aprender, es
para que los médicos puedan tener una formación práctica que
ninguna facultad de medicina de universidad de la Unión
Europea es capaz de dar. Esa es la gran reflexión, la
importantísima reflexión que hace la directiva europea en voz
alta. Conscientes de que a lo largo de seis años, dada la
altísima carga teórica que tiene la carrera de medicina, no se
puede dar la formación práctica necesaria para ser médico
general, la Unión Europea recomienda a todos los países
miembros que vayamos a más, que vayamos a una especie de valor
añadido a la licenciatura y proporcionemos durante dos años
una formación práctica para médicos generales, para
generalistas, dejando aparte y sin discutir la formación de
médicos especialistas, para que el perfil final de estos
médicos generales sea similar en toda Europa y podamos fiarnos
unos países de otros, como consecuencia de la libre
circulación, de tener todos unos médicos generales formados de
manera idéntica, homologados por tanto en su contenido teórico
y práctico a través de estos dos años. El sistema MIR no
completa la formación práctica de la licenciatura, tal como
S.S. afirmaba, el MIR lo que hace es especializar, ahondar en
áreas concretas de la medicina como ciencia para dar una
formación técnica y científica que les permita actuar con
mayor eficacia, pero no es una formación práctica. No nos
equivoquemos, no vaya a ser que el MIR sea la formación
práctica que no tienen los licenciados durante la carrera. Eso
es lo que pide la Unión Europea con dos años para los médicos
generales. Los médicos especialistas han de tener
conocimientos teóricos basados en el conocimiento científico y
técnico de cada una de sus especialidades dentro de la
medicina como ciencia.
Señor Mardones, seguimos en el embrollo del que no han sido
capaces de sacarnos los Ministerios de Educación y Ciencia y
Sanidad desde 1986. Estamos todavía sin saber cómo van a ser
formados en la práctica nuestros médicos generales. La
proposición no de ley que presentan estos cuatro grupos
parlamentarios es precisamente para no cumplir el mandato
europeo, es para seguir en esa inercia cómoda, en esa inercia
casi conservadora de algo que existe como especialidad desde
1979. Ya dije en mi primera intervención que esperoque no sea
para responder a interese lanzados desde la poderosa
Asociación de médicos de familia y comunitarios, especialistas
que, por otro lado, nutren abundantemente los altos cargos del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta es una solución para
nuestros médicos generales que se ha quedado desfasada y
anticuada, que además no tiene que seguir siendo
fundamentalmente realizada en los hospitales, que va más allá
del conocimiento de la medicina general para ser también
analistas, prospectivos, coordinadores
de la acción sanitaria, que va más allá del médico que en este
momento está necesitando la asistencia primara en nuestro
Sistema Nacional de Salud. Un Sistema Nacional de Salud que
hay que dotarle, precisamente en ese nivel del primer contacto
de los ciudadanos españoles cuando así lo necesitan, de una
flexibilidad, de una operatividad, de una capacidad
asistencial que en este momento no tiene.
Los médicos de familia y comunitarios en sus congresos y
reuniones científicas insistentemente dicen que ellos no
quieren hacer una medicina de demanda, que ellos no quieren
atender al paciente según lo necesita y llega a la asistencia
primaria. Ellos quieren una medicina programada, es decir,
están en otro nivel distinto. Hemos conseguido formar, con una
dependencia altísima de los hospitales, unos profesionales que
tienen muy poco que ver con lo que antes denominábamos médicos
de cabecera, con los médicos generales, aquellos que son
capaces de tener el primer contacto con el paciente, de hacer
un primer diagnóstico de aproximación y de llegar, incluso, a
ordenar su ingreso después de las exploraciones
complementarias correspondientes en los lugares de asistencia
en los niveles secundario o terciario.
La oferta que hace el Grupo Parlamentario Popular, que
reitera, obviamente, la que en su momento presentamos como
consecuencia de la moción, hace especial hincapié en responder
de forma estricta al mandato de la Unión Europea y distingue
entre la formación de generalistas y la formación de
especialistas. Además, según se dice en la directiva europea,
debe ser de aplicación para todos aquellos licenciados en
medicina, todos aquellos médicos españoles que quieran ser
médicos generales, que no quieran entrar a formar parte de
cualesquiera de las otras especialidades que en este momento
el catálogo de especialidades españolas ofrece a través del
sistema MIR. Por lo tanto, ha de ser una oferta hecha con
carácter general y no con carácter selectivo, como
inevitablemente ha de ser el sistema MIR que selecciona a los
médicos que pueden ejercer.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Voy concluyendo, señor
Presidente.
Debe ser un sistema de formación con personalidad propia.
Vamos a formar médicos generales; vamos a formarles y a
acreditarles desde el Ministerio de Educación y Ciencia y hay
que hacerlo en el Sistema Nacional de Salud y con los dos años
que solicita la Unión Europea de formación práctica de
nuestros médicos generales, y hay que hacerlo, por lo tanto,
desvinculándolo formalmente de la operatividad del sistema MIR
que hay que cuidar y potenciar. Para ello hay que hacer el
esfuerzo de conseguir un programa docente específico para la
formación práctica de los médicos de familia. Tal y como
recomienda la Unión Europea en su directiva, hay que hacer que
participen formalmente en la responsabilidad asistencial en la
cual ejercerán «a posteriori», es decir, en la asistencia
primaria, de forma reglada durante un año, en las urgencias
durante medio año y en el hospital para completar la formación
de las exploraciones complementarias, habitualmente las de
imagen, durante seis meses. Esto nos obliga a remunerar
formalmente esta formación práctica de los médicos generales.
Para ello hay que desvincular la medicina de familia de una
nueva especialidad, una especialidad que, desde nuestro punto
de vista, ha de tener una gran importancia dentro del Sistema
Nacional de Salud, bien es cierto que más del sistema nacional
de futuro que del actual, en donde las cosas de administración
y gestión parece que tienen relativa importancia. Por tanto,
preservando el sistema MIR como la vía de formación y
acreditación de médicos especialistas, hay que crear una nueva
especialidad, una especialidadde administración y de gestión
de recursos sanitarios, a la que debemos llevar la parte
actual de formación de los médicos de familia, que les permita
el análisis, la planificación y la prospección sanitarias. Esa
parte de coordinación de la asistencia primaria que le
corresponde también al médico de familia ha de desgajarse de
la formación clínica, de la formación asistencial, para
nutrir, tanto en este nivel como en el resto de los niveles
del Sistema Nacional de Salud, una nueva especialidad que ha
de dar personalidad propia a nuestros gestores y
administradores.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, le ruego
concluya.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Concluyo ya, señor
Presidente.
Una nueva especialidad que ha de conseguir, a través de la vía
de la profesionalización, la despolitización de nuestra
sanidad, fundamentalmente en la administración y en la
gestión. Nuestros gerentes y nuestros administradores están
respondiendo en demasiadas ocasiones a consignas del
Ministerio, en lugar de a decisiones técnicas basadas en su
propia formación.
Por tanto, señores proponentes del Grupo Socialista,
Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición
Canaria, hagamos el esfuerzo de ir hacia un diseño de futuro
para nuestros médicos generales, un diseño moderno que
auténticamente sea útil para el Sistema Nacional de Salud de
futuro, aquél que queremos conseguir, con una cobertura al
cien por cien de la asistencia primaria, cosa que hasta el
momento no se ha conseguido. Seamos capaces de romper la
costumbre, el conservadurismo, la comodidad de no tener que
cambiar nada para no reconocer que lo que nos pide Europa
es algo que, de verdad, sirva a los ciudadanos españoles y sea
fiable para el resto de los ciudadanos de los países de la
Unión Europea. Esa es la intención de la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Popular, una petición de futuro,
una petición para la modernidad del perfil de médicos
generales, por lo cual pedimos a SS.SS. que la voten
favorablemente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
debatimos hoy una iniciativa que, desde nuestro punto de
vista, debería hab anterioridad, por cuanto, desde 1986, la
Administración ha tenido más de ocho años para arbitrar la
forma en que iban a realizar los dos años de prácticas
hospitalarias obligatorias los licenciados en Medicina para
poder ejercer como médico generalista en la sanidad pública,
según la Directiva de la Unión Europea 86/457, refundida en la
Directiva 16/93.
Unión Valenciana considera que se ha perdido un tiempo
precioso para intentar, de alguna manera, garantizar un futuro
mejor para los profesionales de la medicina y para los
estudiantes que estaban en período de formación.
Unión Valenciana pretende dar su apoyo a las peticiones y
propuestas de los estudiantes de medicina respecto a la
aplicación de esta Directiva Unión Europea, sobre la formación
de medicina general posgrado; por lo tanto, no apoyamos en su
integridad la proposición no de ley que hoy debatimos. Algunos
puntos, sí, pero en su integridad, no.
Los estudiantes y las universidades españolas han solicitado
un plan serio y de futuro, un acceso libre y directo de todo
licenciado que termi partir del 1 de enero de 1995 al sistema
de formación específico en medicina general. Dicha formación
habrá de tener una calidad adecuada para cumplir los
requisitos de la Directiva y de la sociedad, cuyo programa
docente sea equivalente al de la actual especialización en la
medicina familiar y comunitaria. Tras finalizar dichos
estudios, se le debe considerar capaz para ejercer como médico
generalista en toda la Unión Europea. Esta enseñanza se
dispondrá de modo generalizado y se deben habilitar todos los
recursos que permitan poner en marcha esta formación
específica para los médicos generalistas.
El período comprendido entre la finalización de la
licenciatura y la solicitud de ingreso en este sistema no
estará en ningún caso limitado en el tiempo. La adopción por
parte del licenciado de esta vía no implica su renuncia a
otras vías de formación, y no pueden existir diversos grados
de profesionales a nivel cualitativo respecto a un mismo campo
de atención sanitaria.
Estas eran la propuesta iniciales de los estudiantes. Es
evidente que hay que ceder en algunos planteamientos, pero en
el día de hoy se han aproximado algunas posturas entre las
partes implicadas y, por lo tanto, ese sentido común que
muchas veces hace falta, ahora hace falta más que nunca.
Desde una perspectiva lógica, la solución tiene dos puntos: la
vía MIR, para la formación de especialistas, de duración
acorde con la especialidad, en hospitales y remunerada. El
segundo punto serían dos años de formación de práctica
tutelada en hospitales y centros de salud, de acceso libre y
directo y remunerado para aquellos que no opten por ninguna
especialidad vía MIR. En esta formación deberían intervenir el
Ministerio de Educación, el de Sanidad y las universidades
españolas.
En muchos años, esos casi ocho años que han pasado, ha habido
mucha improvisación y falta de planificación. El decreto, como
aquí se ha coment la formación de medicina general posgrado
está en elaboración por parte del Ministerio. Se están
aproximando las posturas, pero parece que en las negociaciones
no impera el sentido común y las posturas están muy
encontradas. Van a contemplarse dos exámenes para acceder al
MIR, entre otros extremos y otras puntualizaciones,
proponiéndose una vía formativa remunerada para nuestros
jóvenes licenciados en medicina que no opten por una
especialización.
El Ministerio ha presentado su oferta a los colectivos
afectados, médicos de familia y estudiantes de medicina, y el
borrador no parece positi las posturas no parece que se
acerquen y ese famoso eslogan de estudiantes de medicina, de
seis igual a cero, parece que va a consagarse. Debemos evitar
que ese famoso eslogan de seis igual a cero se haga realidad y
no trunquemos la ilusión y el esfuerzo de seis años de
estudios de miles y miles de estudiantes.
Por eso, Unión Valenciana propone un acuerdo general, un
acuerdo global que consiga que nuestro sistemapúblico de
sanidad tenga futuro, donde l de médico general o médico
especialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos ante una proposición no de ley que
pretende, sin ninguna duda tardíamente, abordar un problema
que ha surgido en función de la
entrada en vigor de una directiva comunitaria del año 1986, en
la que se plantea que el acceso a la formación específica en
medicina general tenga una nueva condición de una formación
posgrado de dos años. Mi Grupo Parlamentario entiende que el
planteamiento de la administración sanitaria en este momento,
de cara a la formación de los profesional necesita el propio
sistema sanitario, debe ser el criterio fundamental desde el
cual se debe definir el tipo de formación y, por lo tanto, el
tipo de profesional que el sistema sanitario requiere. Que no
debe ser el problema de la bolsa histórica de parados, ni el
problema de los médicos especialistas sin título oficial, ni
el problema de los licenciados a partir del 1 de enero de
1995, el criterio prioritario desde el cual haya que abordar
el tipo de formación en medicina general que nuestro sistema
sanitario requiere, sino, precisamente, los principios desde
los cuales se define el propio sistema sanitario.
El sistema sanitario español que define fundamentalmente la
Ley General de Sanidad, pero antes que ésta el Real Decreto de
reforma de la atenc del año 1984, es un tipo de sistema
sanitario centrado en la atención primaria, en el cual el
médico y el equipo de atención primaria son el eje
fundamental, y que lejos de plantearse una formación básica en
medicina general requiere de una formación específica,
cualificada, desde planteamientos de salud pública,
epidemiología, estadística, etcétera, tal y como requiere una
intervención integral sobre la salud de la población. Por lo
tanto, la misma definición del sistema sanitario público que
contempla el Real Decreto mencionado y la propia Ley General
de Sanidad señala con claridad el tipo de médico de atención
primaria que requiere nuestro país, que desde luego comparte
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.<ð Ya me habrán escuchado SS.SS. en otras
ocasiones --desde luego en la Comisión de Sanidad-- la
afirmación que mi Grupo Parlamentario hace de que, al margen
de posibles y necesarias mejoras que sistema MIR, no se conoce
otro sistema que garantice la calidad de la formación de
médicos especialistas en nuestro país de manera semejante, en
la medida que, como todos ustedes saben, compatibiliza la
formación teórica con la formación práctica y con una
aceptación progresiva de responsabilidades. Por lo tanto, la
entrada en vigor de la directiva comunitaria no debería, en
ningún caso, abrir posibilidades de vías de formación al
margen de la vía MIR para el acceso al trabajo en el sistema
sanitario público como médico generalista.
Por todo ello, compartimos el espíritu desde el cual la
Administración sanitaria comunicó a la Comunidad Europea que,
en función de los nuevos requisitos de formación posgrado que
se plantean para el acceso al desempeño práctico de la
medicina general, en España esa fórmula es la especialidad de
medicina familiar y comunitaria, y que el hecho de que la
letra de la directiva comunitaria plantee un posgrado mínimo
de dos años, no quiere decir que ese mínimo de dos años sea el
único que se pueda contemplar, ya que la propia directiva
plantea la posibilidad de su revisión en el año 1997, y que
numerosos comités de expertos y organizaciones médicas
europeas coinciden en pedir que la formación exigida se amplíe
a los tres años recomendados.<ð Por otro lado, como han
dicho otros portavoces y yo no me voy a extender al respecto,
ha habido un proceso de adecuación progresiva del número de
licenciados de cada año al número de plazas MIR ofertadas. Por
tanto, la selectividad del sistema MIR, planteada como
excluyente para quienes no sobrepasen las pruebas de acceso,
cada vez debería dejar fuera a menos médicos licenciados en
medicina y cirugía. Además de obtener su título de licenciado
en medicina y cirugía, como fruto de esa selectividad que
permite una adecuación entre el número de licenciados y el
número de plazas MIR, han sufrido un proceso de selectividad
muy duro, precisamente para tener la posibilidad de acceder a
la formación en facultades de medicina.
También debo decir que la calidad del sistema MIR deriva no
del carácter selectivo del sistema, que cada vez es menor en
función de lo dicho anteriormente, sino del tipo de formación
teórica y práctiva y de la asunción progresiva de
responsabilidades. Por eso nuestro Grupo Parlamentario hace
pocos días ha presentado una proposición no de ley en la
Comisión de Educación de la Cámara en la cual recogiendo las
reflexiones y las propuestas de la Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria y de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y firmado
por ambos organismos, señor Palacios --voy a dar lectura de
dichas propuestas--, se plantea que el período de Formación
posgrado nunca ha de ser inferor a tres años; que nunca se
debe dar lugar a la formación de dos tipos de médicos en
medicina general cuando el tipo de plazas es uno
exclusivamente y que deben tomarse las medidas necesarias para
hacer compatible el requisito universal de la formación
posgrado con la especialidad de medicina familiar y
comunitaria; que han de tomarse las medidas necesarias
tendentes a conseguir un MIR de carácter eminentemente
distributivo y no selectivo, proporcionando una formación de
igual calidad para todos en las distintas especialidades. Este
es el sentido de nuestra propuesta, que fue rechazada en la
Comisión de Educación. En este momento se nos presenta una
proposición no de ley firmada por cuatro grupos
parlamentarios; proposición no de ley que, de su lectura, debo
afirmar que mi Grupo obtiene una sensación de enorme
ambigüedad. Se define en su primer punto que se debe
garantizar el procedimiento de formación posgrado a todos los
médicos que obtengan la licenciatura a partir del 1 de enero
de 1995, dando cumplimiento a lo establecido en la Directiva
93/16
de la CEE. Después hace una serie de afirmaciones, de
declaraciones de principio y de propuestas de futuro en las
cuales se contempla el sistema MIR como vía única para la
formación de especialistas. Sin embargo, queda la incógnita
sin resolver de si la formación posgrado, requerida por la
directiva europea, se contempla o no como formación de
especialistas o bien, como propone el Grupo Popular, como
requisito para el acceso al desempeño de la medicina general.
Quiero decir, señores Diputados de los grupos parlamentarios
que proponen los puntos contenidos en esta proposición no de
ley, que no es mi Grupo Parlamentario el único que tiene
serias dudas de si realmente su espíritu plantea o no dos tipo
para acceder a una misma plaza en la sanidad pública.
Recientemente, después de estar publicada esta proposición no
de ley, se ha producido el encierro en el Ministerio de
Sanidad y Consumo del Co médicos de medicina familiar y
comunitaria.
El señor Palacios en su exposición ha hecho referencia a una
posible normativa del Ministerio de Sanidad y Consumo que
contemplaría la vía MIR como único sistema para el desempeño
de la medicina general, en este caso la medicina familiar y
comunitaria en nuestro país.
En el caso de que eso fuera así, de que esas normativas
contemplaran realmente la vía MIR como la única para el acceso
al desempeño de la medicina general, que en nuestro país es la
medicina familiar y comunitaria, concordaría con el objetivo
básico del espíritu de nuestra propuesta, si bien, en función
del mantenimiento de la selectividad del MIR, los sucesivos
colectivos quedarían a la espera de poder conseguir una plaza,
lo que, en nuestra opinión, crearía una conflictividad
absolutamente gratuita sobreañadida al número creciente de
colectivos que están esperando obtener algún título que les
permita, en condiciones normales, desempeñar un puesto de
trabajo en la sanidad pública en nuestro país o en el resto de
Europa.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
Insisto en que la calidad del sistema MIR, que supuestamente
es lo que esos cuatro grupos que plantean la proposición no de
ley y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya pretenden preservar, no depende del carácter
selectivo del examen, sino de los contenidos de formación. Por
lo tanto, entendemos que nuestra propuesta resolvería el
problema de una manera más clara que la de los cuatros grupos
parlamentarios proponentes y no daría lugar a colectivos
agraviados, que ustedes saben que se acumulan a la hora de
exigir que se les reconozca una determinada formación. Sin
embargo insisto, lo que vamos a votar no son los reales
decretos anunciados, sino el texto de la proposición no de
ley, y a la espera de que esos reales decretos recojan como
única vía de formación posgrado para el acceso a medicina
general el MIR de medicina familiar y comunitaria, nuestro
Grupo se abstendrá.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda formulada
por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Palacios.
El señor PALACIOS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Vamos a rechazar esta enmienda punto por punto.
El punto primero, señor Presidente, porque imita lo que es el
planteamiento y petición general de la Comisión Europea, en
relación con las directivas 457 y 93.
En cuanto al punto segundo, porque a pesar de las
preocupaciones que exteriorizaba --desde luego, con
desconocimiento de los contenidos de estas directivas y del
Decreto 853, de 1993, así como el 127--, en España la
formación de médico general (Decreto 853, de 1993), con el
cual la Comunidad Europea ha manifestado acuerdo en su
decisión 90...
El señor PRESIDENTE: Señor Palacios, ruego se limite a
expresar la aceptación o rechazo y no haga un turno de réplica
a la intervención del señor Fernández-Miranda.
El señor PALACIOS ALONSO: Estoy explicando por qué, señor
Presidente.
Me dicen que no lo va a entender, pero yo creo que sí, porque
en el Decreto 853 se dice que la formación de medicina general
se hace a través del cauce de medicina familiar y comunitaria,
y así ha sido aceptado por la Comunidad Económica Europea, por
lo cual rechazamos el punto número 2.
Puntos números 3 y 4. Porque, en definitiva, lo que ponen de
manifiesto es la eliminación de la especialidad de medicina
familiar y comunitaria, que no se cita ni una sola vez en su
texto, y que corrobora lo que ya se planteó en su
interpelación del 15 de diciembre de 1994.
Todos estos decretos y estas directivas establecen los
criterios de formación de estos profesionales. Al punto número
5 porque pide la potenciación del sistema MIR, y nos
sorprende, como única vía para la formación y acreditación de
especialistas, cuando en su enmienda al artículo 55 de los
Presupuestos decía que había que acabar con el monopolio MIR.
Por lo tanto, no lo entendemos.
Por último, porque el número 6, señor Presidente, cae fuera de
lo que es el contenido de esta proposición no de ley y sí
dentro de lo que es el Consejo Nacional de Especialidades, que
es quien decide qué especialidades se forman. De todas
maneras, sospecho que aquí hay un error y donde dice
especialidad seguramente debiera decir asignatura.
Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a votar en contra de
la totalidad de la enmienda, que reproduce su interpelación y
moción de diciembre de 1994.
El señor PRESIDENTE: Señor Palacios, la enmienda no se
someterá a votación si no la aceptan los grupos proponentes de
la proposici someter a votación va a ser la proposición no de
ley. Vamos a proceder a la votación de la proposición no de
ley de los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán, Vasco y
Coalición Canaria, relativa a la formación de médicos según
las normas comunitarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 299; a favor, 155; en contra, 130; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la
proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-
INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CUAL SERA LA POSTURA A
DEFENDER POR EL GOBIERNO EN LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL
DESARROLLO SOCIAL Y, EN PARTICULAR, SOBRE SI DICHO
POSICIONAMIENTO HA TENIDO LA DISCUSION SOCIAL NECESARIA
(Número de expediente 173/000070)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto tercero del orden
del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moc Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
consecuente de interpelación sobre cuál será la postura a
defender por el Gobierno en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social y, en particular, sobre si dicho
posicionamiento ha tenido la discusión social necesaria.
Tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a presentar esta moción
brevemente porque con motivo del debate de la interpelación
los grupos esgrimier pertinentes en relación con la posición
que debíamos tomar como fuerza política y como Parlamento y la
que debía llevar el Gobierno a la Cumbre de Copenhague. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Debo decir que, desgraciadamente, esta Cumbre sobre el
Desarrollo Social, muy importante por la enjundia de los temas
que trata, tiene y de que después de acordarse una serie de
resoluciones no van a cumplirse, no van a cumplirse porque
esta sospecha hacia esta cumbre está fundamentada en los
incumplimientos que hay en relación con otras cumbres. El
domingo un periódico español publicaba que los países
firmantes de Río incumplen el acuerdo sobre emisiones de
carbono, que había un pesimismo de los expertos ante la
próxima Cumbre sobre el cambio climático en Berlín y, además,
que no sólo se incumplen los acuerdos de Río, sino que ni
siquiera se iba a mantener una cierta moderación en la
producción de emisiones de carbono a la atmósfera hasta el año
2000, es decir, que todavía van a aumentar las emisiones. Por
ello, la Cumbre de Río, la de El Cairo --la más fracasada de
todas ellas--, o la de Copenhague, tienen un gran interés
político y representan un punto de encuentro de organizaciones
políticas y, en lo que respecta a los foros alternativos que
siempre se producen en estas cumbres, un gran encuentro de
organizaciones sociales en la búsqueda de alternativas y
soluciones. Sin embargo, luego, en el momento de ponerse en
marcha las resoluciones por parte de los gobiernos,
desgraciadamente ni hay la presión suficiente por parte de las
fuerzas políticas que se han comprometido solemnemente en las
cumbres, ni tampoco existe voluntad por parte de los gobiernos
de organizar, orquestar, poner en marcha, políticas y
presupuestos para ir cumpliendo gradualmente todo lo que se
propone y se aprueba de forma solemne en las cumbres.
Por otro lado, ya tiene un cierto aire trágico, dramático,
celebrar una cumbre para el desarrollo social con los datos
actuales, datos que no voy a repetir, que están encima de la
mesa y son suficientemente conocidos por ustedes, que hablan
de realidades tremendas, trágicas, en el contexto mundial, en
cuya solución no se avanza a través del conjunto de recetas
económicas y sociales que han predominado hasta ahora,
fundamentalmente de carácter monetarista, de ajuste
estructural, etcétera.
A pesar del escepticismo, repito, nuestro Grupo quiere
insistir en una utopía, que naturalmente no está reñida con la
ciencia capaz de solucio con la voluntad política de
enfrentarse a la realidad. A pesar de todo ello y de que
tenemos un fundado escepticismo sobre lo que pueda ocurrir en
esta cumbre e incluso sobre la voluntad del conjunto de los
grupos políticos de esta Cámara, continuaremos trabajando
con voluntad política e intentando que se vayan abriendo paso
ideas más lúcidas en el enfoque de los problemas actuales que
las predominantes en este momento.
La mayoría de las personas que hoy se declaran partidarias de
la utopía --yo soy una de esas personas--cree estar
defendiendo una sociedad más justa, más igualitaria, más
habitable y realizable algún día de forma aproximativa, aunque
no sea totalmente. No es lo que decía el otro día el Diputado
del partido Popular con relación a mi nostalgia de la fenecida
Unión Soviética, ése es otro problema. Me da la impresión de
que hay representantes del Partido Popular que nunca entienden
nada, pero allá ellos; yo intentaré explicárselo cada vez para
que lo entiendan.
Utopía, etimológicamente, no da cobertura a todas las personas
que en un cierto momento pueden defender unas determinadas
posiciones sino que da cobertura, en este momento, a personas
que pueden ser consideradas gentes con convicciones morales
profundas e ideales morales alternativos que luchan por una
sociedad mejor. Los contrarios a la utopía defienden que
vivimos en el menos malo de los mundos posibles. En esta
Cámara hay bastantes contrarios a los que defendemos ideas
consideradas utópicas, en el sentido de no realizables. Dicen
que en política no tenemos que hacernos ilusiones inútiles
porque esto siempre produce melancolía, pesadez, etcétera, es
decir, que tenemos que ir a lo concreto, y nos explican una
serie de recetas para solucionar los problemas que luego
resulta que no aplican.
Buscar soluciones con sanas convicciones morales está reñido
con reconciliarse con una realidad, lo que se dice: el menos
malo de los mundos posibles o el menos malo de los mundos
existentes. Francamente, no creo en esta realidad ni creo en
las políticas que pretendidamente tienen que solucionar
realidades dramáticas que vive nuestro mundo, pero que, según
los datos concretos --no los míos, los datos de Naciones
Unidas y de organizaciones internacionales bastante asépticas-
-, conducen precisamente al agravamiento de todos estos
problemas.
En este sentido va la moción que hemos presentado, una moción
suficientemente explicada en el momento del debate de la
interpelación, que pretende que, frente a la filosofía de
crecimiento que ha predominado hasta hoy y que me temo que
continuará predominando durante mucho tiempo, se debería
insistir en la necesaria puesta en marcha de un nuevo modelo
de desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico y
que sea, al mismo tiempo, socialmente justo, por tanto, que
ayude al desarrollo social de los pueblos, a solucionar los
problemas, como mejor forma para avanzar en una sociedad que
esté fundamentada en la seguridad de las personas, no en la
capacidad de armamento o de tiro que tenga cada país o cada
grupo de países.Un segundo punto de esta moción sería que de
forma negociada, en el marco de las Naciones Unidas y de la
Unión Europea, se vea qué se puede hacer con el billón de
dólares que se ha liberado en el mundo porque no estamos en la
guerra fría; por el hecho de que ha habido procesos de desarme
prácticamente en todos los países del mundo. Hace cuatro,
cinco, seis, siete años se dijo que con la utilización
mínima --no con toda-- de estos recursos se podrían solucionar
los problemas económicos, sociales y de todo tipo que había en
el mundo. El segundo punto de esta resolución va en este
sentido.
El tercer punto propone que en la cumbre se apruebe una
profunda reforma de los organismos internacionales; es decir,
el Banco Mundial, Fondo Internacional, la Organización
Mundial del Comercio en la línea de las propuestas del
Tribunal de los Pueblos, que se reunió en octubre
paralelamente a la Cumbre del Fondo Monetario y del Banco
Mundial. Debo decir que esta posición del Tribunal de los
Pueblos es moderada dentro de las organizaciones alternativas,
porque luego hay la posición «heavy», la dura que dice:
liquidación pura y simple de estos organismos internacionales,
Fondo Monetario, Banco Internacional, porque no han servido
absolutamente para nada, sino para empeorar muchos de los
problemas que ya tenían los pueblos o las regiones del mundo.
El cuarto punto sería defender la cancelación de la deuda
externa de manera negociada y proponer idéntica cancelación a
los países de la Unión Europea porque nos parece justo,
riguroso y científico. No hay forma de cobrar esa deuda, no se
cobrará, todo el mundo lo sabe, y no se puede mantener una
losa sobre ningún pueblo, sino que se debe intentar, a través
de la condonación de esta deuda, convertir el dinero de la
misma en un desarrollo social controlado --por eso lo
planteábamos así en la interpelación-- democráticamente para
que no haya ningún tiranuelo de cualesquiera de estos países
que haga con la condonación de esta deuda cualquier cosa. El
quinto punto sería implantar fórmulas para que las empresas
transnacionales sean transparentes en su funcionamiento
financiero; eviten la opacidad fiscal; respeten las leyes
internacionales y se establezcan cláusulas sociales y
ecológicas para el control de lo que producen. En este sentido
se establecerían además normas internacionales para eliminar
los paraísos fiscales. Yo no pretendo, porque no soy un
utópico de la quimera, la eliminación de las empresas
transnacionales, sino su control y que actúen según las leyes
de cada país y de las leyes internacionales y no con opacidad.
No otra cosa se pretende aquí. Como ven SS.SS. es una posición
muy moderada.
El sexto punto de la resolución es el control de la producción
y de la exportación de armamento y prohibición de venta a
países en conflicto. Yo creo que es un
viejo asunto sobre el cual se debería pronunciar y aprobarse
una política en la cumbre.
El séptimo punto es la exigencia de mecanismos democráticos de
carácter europeo internacionales para el uso de los créditos.
Aquí el 20 por ciento para el desarrollo social, tanto de las
AOD, como de los presupuestos de cada país que reciba la ayuda
de las AOD.<ð Como octavo punto, excluir todo tipo de ayuda
militar y revisión de la concesión de ayuda a los países que
no destinen un mínimo del 20 por ciento a gastos sociales.
Finalmente, proponer mecanismos de seguimiento de las
resoluciones aprobadas en la Cumbre de Copenhague y garantizar
las medidas y los recursos para el cumplimiento del programa
de acción que se acuerde. Con este fin, para lo que nos
afecta, se promovería que de este Parlamento surgiera un grupo
que, junto con las organizaciones no gubernamentales, formara
una comisión mixta de trabajo permanente para que, cuando
venga un evento importante como es la Cumbre de Compenhague,
la de El Cairo o la próxima que habrá en Pekín sobre los temas
de la mujer, no sea necesario que haya un grupo parlamentario
que se acuerde y traiga una interpelación que promueva luego
mociones. Porque si el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no se hubiera acordado de que existe
la Cumbre de Copenhague, lo cierto es que el Gobierno español
hubiera ido a Copenhague a defender lo que le hubiera venido
en gana, sin haber pasado por un debate en este Parlamento.
Hacer que un Parlamento no intervenga en el debate sobre los
principales temas nacionales o internacionales, me parece que
es la mejor forma de amortizar un Parlamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya
terminando, por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Ya termino, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda,
que mi Grupo no va a aceptar por las siguientes razones.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, después
de la defensa de la moción, tiene usted un turno para indicar
si acepta o no las enmiendas. Quiero decir que no es preciso
que en este momento usted se pronuncie sobre las enmiendas. En
cualquier caso, si lo hace brevemente ahora, puede continuar.
El señor FRUTOS GRAS: Lo haré muy brevemente, señor
Presidente.
Agradezco la enmienda porque se ve que hay voluntad y se puede
ir avanzando, pero se presenta una enmienda de sustitución. No
ha habido o no s realizar, técnicamente o por el tiempo, una
negociación sobre determinados aspectos de la enmienda y se
plantea de sustitución. Creo que en la primera parte, en la
esplicación, hay un deje triunfalista. Ya antes de terminar la
cumbre, se dice que el Congreso de los Diputados valora muy
prositivamente la celebración de la cumbre. Yo no sé si la voy
a valorar positivamente; tengo mi escepticismo. Debemos
intentar que de estas cumbres salgan soluciones positivas,
pero al mismo tiempo no sé lo que va a salir, francamente. Por
último, la enmienda de sustituvión, en algunas partes, rebaja
los objetivos excesivamente con relación a lo que son los
propios objetivos marcados por las Naciones Unidas en esta
cumbre.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias por su
benevolencia en escucharme, señoras y señores Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. Una, por parte
del Grupo Socialista y otra, por otra parte del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socilista, tiene la
palabra el señor Neira.
El señor NEIRA LEON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya presentó una moción, compuesta de nueve puntos
muy concretos. Tan que, a la altura en la que están los
trabajos de la Cumbre de Copenhague, hacen absolutamente
inoperante el que sean aprobados por este Parlamento, con
mandatos dirigidos a nuestros representantes en la misma. Debe
tenerse en cuenta que la cumbre viene precedida de unos
trabajos previos y que es en esa fase donde deben hacerse las
principales aportaciones. Yo me sumo al llamamiento del señor
Frutos en favor de la utopía, pero ha de tener presente que a
estas alturas hay que ser realistas. Que la delegación
española saque de su carpeta mañana la resolución de este
Congreso, nos parece realmente poco eficaz, poco operativo y
poco práctico.
De todas formas, esta propuesta responde a unas inquietudes
que compartimos. Pese a los aparentemente importantes
esfuerzos que los países desarrollados destinan a la
cooperación con los más pobres, pese a las medidas que los
organismos financieros internacionales toman para fomentar el
crecimiento de éstos, pese a que el producto interior bruto de
los países pobres se incrementa año tras año, la verdad es que
cada día hay más pobres, más desigualdad social y económica,
más marginación, más droga y las enfermedades y la incultura
castigan siempre a los mismos.
Los países occidentales, convencidos de la superioridad de su
modelo, hemos confundido con frecuencia ayudar con imponer
nuestros criterios, nuestros sistemas
políticos, económicos o sociales, nuestros principios, nuestra
religión, y lo que hemos conseguido con frecuencia es
exportar, crecidos y aumentados, nuestros principales males.
Porque entendemos que la Cumbre de Copenhague parte de estas
bases, de este mismo análisis, valoramos como positiva su
realización, y nos parecería sumamente útil aprovechar la
iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para
que este Parlamento no quedase al margen de ese
acontecimiento. Por ello habíamos presentado una enmienda que
salvaba el defecto formal, aunque no por eso menos importante,
que plantea la de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que ya he mencionado; enmienda que, al mismo tiempo, responde
perfectamente a las inquietudes expuestas por el señor Frutos,
que en absoluto reduce los propios objetivos de la cumbre;
enmienda que, es verdad, valora positivamente la celebración -
-no hablamos de las conclusiones--, porque la sola celebración
es importante en la medida en que parte de la base de
pretender reconsiderar todo un modelo de cooperación y ayuda a
los países en vías de desarrollo. Fija unos objetivos, tres en
concreto, que coinciden básicamente con los más importantes
que planteaba Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
eran: dar una salida definitiva al problema de la deuda de los
países más pobres por la vía del tratamiento de Nápoles, que
es el tratamiento que España está defendiendo; destinar el 20
por ciento de los créditos de las ayudas oficiales al
desarrollo a necesidades sociales y, por último, implantar
fórmulas para que las empresas transnacionales no utilicen
vías de localización o financiación que persigan la opacidad
fiscal. Por último, en nuestra enmienda instábamos al Gobierno
a comparecer en la Cámara con posterioridad a la celebración
de la cumbre, al objeto de explicar cuáles han sido las
conclusiones y cuál ha sido también su posición en la cumbre.
Nos gustaría que la razón de forma alegada, que es muy
importante, sirviese para hacer reflexionar al señor Frutos y
pudiésemos entre todos aprovechar la ocasión que su moción nos
brinda de sumarnos a este acontecimiento, sin duda importante,
para la cooperación y el desarrollo de los países más pobres.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Neira.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
El pasado miércoles, y a lo largo de la interpelación
propuesta por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ya anunciábamos en esta Cámara que considerábamos
positivo que temas como éste se trajeran a debate
parlamentario; que por este Pleno se valorara cuál debía de
ser la postur en cumbres de este tipo, cumbres mundiales que
se celebran muy escalonadamente sobre asuntos muy concretos y
de extremada importancia para el futuro no sólo de este país
sino del resto del mundo; y resaltábamos la evidencia que se
había puesto de manifiesto en las posturas que en anteriores
cumbres había mantenido este Gobierno, precisamente por falta
de ese debate parlamentario. En la última hablábamos --señor
Frutos y señor portavoz del Grupo Socialista, si ustedes se
acuerdan-- de la desastrosa postura que nuestra Ministra de
Asuntos Sociales mantuvo en el desarrollo de la Conferencia de
El Cairo.
Asimismo, nuestro Grupo entiende que intentar contrastar
opiniones es algo positivo. Ya dijimos en aquel momento que,
indudablemente, el modelo de desarrollo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya no es el modelo de desarrollo del
Partido Popular. No es, por supuesto, el modelo de desarrollo
del Partido Popular, el modelo de desarrollo del Tribunal de
los Pueblos, ni tampoco, señor Frutos, el del Fondo Monetario
Internacional ni el del Banco Mundial, como tuvo ocasión de
exponer mi compañero Cristóbal Montoro en la reunión de la
conferencia que el Fondo Monetario Internacional desarrolló
recientemente en Madrid.
Además, y por lo que ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, nosotros valoramos positivamente la autocrítica;
autocrítica que parece que subyace en sus palabras hacia el
propio Gobierno. Ya pusimos en evidencia la necesidad de hacer
esa valoración autocrítica a la hora de realizar propuestas.
Me ha parecido ver en toda su formulación un cierto tufo de
una progresía que hoy está en decadencia no sólo en este país
sino, afortunadamente también, en el desarrollo del mundo.
Nosotros, señor Frutos, hemos presentado una enmienda de
sustitución a su moción, porque entendíamos que había temas en
la misma que iban a se de debate en esta cumbre y que, sin
embargo, no se habían reflejado correctamente. Así por
ejemplo, no se hablaba nada de la lucha contra la corrupción,
no se hablaba nada sobre la necesidad del apoyo a la familia,
no se hacía referencia al tema de la droga, la delincuencia o
la marginación, ni tampoco, por último, a la necesidad del
reforzamiento de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
Por eso nosotros hemos presentado un texto alternativo que
tiene nueve puntos.
En el primero de ellos hablamos de la necesidad de defender la
evaluación del nivel de desarrollo humano de los distintos
países, no sólo basándose en el producto interior bruto, como
se hace hasta ahora, sino incorporando valores relativos al
índice de esperanza de vida, nivel educativo, asistencia
médica, protección social, empleo, seguridad, igualdad entre
los sexos, distribución de los ingresos, medio ambiente y
desarrollo de
libertades y derechos humanos, todos ellos nuevos elementos de
valoración de los índices de desarrollo humano elaborados por
el PNUD, que creemos que es un elemento importante y que
avanza más en lo que debe ser la valoración del desarrollo
humano de los distintos países.
En el segundo punto pretendíamos que el Gobierno apoyara el
fortalecimiento de la familia y sus valores como unidad básica
de la sociedad, que tiene además un papel trascendente en el
desarrollo social, en un mundo cambiante en el que las
estructuras sociales de algunos países se siguen
descomponiendo sin dar pasoa nada coherente que las reemplace
y cuyas manifestaciones más frecuentes son altas tasas d El
tercer punto hace referencia, señor Frutos, al tema de la
lucha contra la corrupción. Nosotros pensamos que este debe
ser uno de los objeti los distintos países deben realizar
importantes esfuerzos no sólo de carácter interno sino
necesariamente coordinados con otros países, en un mundo cada
día más internacionalizado. Asimismo, en nuestra enmienda de
sustitución, instamos al Gobierno a que apoye medidas que
contribuyan a frenar la evasión de capitales hacia los
llamados paraísos fiscales, y pretendemos que se establezcan o
se definan una serie de valores básicos en todos los países,
como son la democratización, el desarrollo de las
instituciones, la separación de poderes, la existencia de
prensa libre, la transparencia en la gestión de los recursos
públicos o la concurrencia en el comercio exterior, que
entendemos herramientas básicas para la lucha contra la
corrupción. Usted sabe que en la ponencia este era un asunto
especialmente trascendental y que el propio informe del PNUD
hablaba de que la corrupción afecta en determinados países
incluso hasta el 10 por ciento del producto nacional bruto de
alguno de los mismos.
La cuarta medida que deseábamos que apoyara el Gobierno era la
necesidad de conseguir una armonización internacional de la
legislación contra la droga y el narcotráfico y la necesidad
de estimular la prevención del consumo nocivo de drogas y
alcohol, especialmente entre los jóvenes. España debería
defender la necesidad de realizar políticas de cooperación
encaminadas a la sustitución de cultivos en los países
productores de drogas.
En el quinto apartado, señor Frutos, nosotros pretendemos que
el Gobierno defienda la necesidad de incrementar el índice de
prioridad social, sabe, es el elemento que determina el
volumen de fondos de ayuda oficial al desarrollo destinada
hacia las poblaciones más necesitadas, y en ese sentido que
esta ayuda fuera destinada fundamentalmente a la educación
básica, a la asistencia médica primaria, a la desnutrición, al
suministro de agua, a las infraestructuras básicas, vivienda,
paridad entre los sexos o educación responsable, incorporando
además a los objetivos de nuestra ayuda oficial al desarrollo
la necesidad de la solución 20-20. En sexto lugar --algo en lo
que coincidimos con alguna de las formulaciones que usted ha
realizado en su iniciativa--, solicitamos que el Gobierno
apoye programas de condonación de deuda a países en los que la
misma impide su desarrollo económico actual. Estos programas
deberán coordinarse con otros países acreedores en el ámbito
del Club de París. Ayer mismo nuestro Grupo preguntaba al
Secretario de Estado de Cooperación Internacional si el
Gobierno español tenía previsto algún tipo de programa de
condonación de deuda, y el Secretario de Estado nos informaba
negativamente de ello. No sabemos si eso tiene algo que ver o
no entendemos la descoordinación que ha existido en este caso,
entre las palabras de don Felipe González en Nicaragua y las
manifestaciones, ayer mismo, del Secretario de Estado,
respecto a la necesidad de condonación de la deuda de este
país.
En el punto séptimo, señalamos que es necesario que se impulse
el reconocimiento de la progresiva, creciente y necesaria
participación de la sociedad civil y las organizaciones
privadas en la prestación de servicios sociales, tales como
las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y
también nuestro tejido empresarial.
En la octava, coincidiendo en alguna parte con alguna de las
que usted proponía, también pretendíamos que el Gobierno
propusiera medidas eficaces que posibilitaran la prohibición
internacional de venta de material militar a los países en
conflicto armado.<ð Y por último, y también de acuerdo con
el planteamiento y la conclusión que usted establece al final
de su moción, pedimos que se establezca un seguimiento de las
propuestas y resoluciones que se adoptarán en la Cumbre de
Copenhague, y en la medida de lo posible incorpore aquellas
que nos afecten en orden a su cumplimiento. Entendemos, señor
Frutos, como usted, que sin seguimiento no puede haber ningún
resultado optimizable, y que precisamente para saber si la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social sirve para algo y es,
de alguna forma, trasladable, no sólo a nuestro ordenamiento
sino también al resto de los ordenamientos de la comunidad
internacional, es necesario que ya desde España se realicen
esos procesos de seguimiento. Quizás ese ha sido uno de los
déficit fundamentales de la Cumbre de Río, una de las
cuestiones que ha producido que esta cumbre no haya obtenido
el éxito deseable. Por eso nosotros apoyamos en ese sentido la
última de las propuestas de su Grupo que coincide con la
nuestra.
Sin embargo, me va a permitir que le diga que nuestra enmienda
de sustitución establece unos puntos y está mucho más de
acuerdo con la propuesta y con la ponencia que en su principio
ha realizado el PNUD. Por
tanto, entendemos que es mucho mejor en este sentido que la
presentada por ustedes y por eso desearíamos que su Grupo
aceptara nuestra enmienda de sustitución y que pudiera ser
aprobada en sus justos términos. Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Frutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hernando.
Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que este Diputado
tiene una cierta decepción en este momento, porque, primero,
yo creo que este debate es tardío, este debate teníamos que
haberlo hecho con tiempo suficiente para que lo que pretende
la moción se pudiese realizar; es decir, se pudiese instar al
Gobierno a que algunos, por lo menos, de los elementos que la
moción trae aquí a debate se pudiesen haber incluido en la
aportación que haga nuestro Gobierno en Copenhague.
Ciertamente es una utopía pensar que hoy vamos a aprobar una
moción aquí y mañana nuestros representantes en Copenhague van
a poder debatir estos temas. Esto es una utopía irrealizable.
Pero estoy decepcionado también porque en la moción de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hay elementos en los
que nosotros estamos de acuerdo y que nosotros querríamos
poder apoyar, y esos elementos creo que están recogidos en la
enmienda que presenta el Partido Socialista, pero ahora yo ya
sé, y no vale la pena que entre en el debate de los
contenidos, que no la voy a poder votar, porque el señor
Frutos ha anunciado que no la va a hacer suya. Por tanto, no
será posible la votación de la enmienda que presentaba el
Partido Socialista. La otra enmienda no me convence. Por
tanto, votaría en contra si la asumiera el Grupo de Izquierda
Unida. Habríamos votado favorablemente si hubiese asumido la
del Partido Socialista Obrero Español y habríamos contribuido,
creo yo, por lo menos, a valorar algunos contenidos de los que
esta Cámara cree que se deben incorporar en unos debates de la
naturaleza de los que se celebran en Copenhague.
Dada, pues, la situación del debate, señor Presidente,
anunciamos que votaremos en contra de la moción de Izquierda
Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Hinojosa. Señor Frutos, aunque S.S. ha adelantado ya su
posición con respecto a una de las enmiendas, en cualquier
caso tiene la palabra para fijar definitivamente su posición
respeto a la enmienda del Grupo Socialista, posición que ya ha
adelantado ust respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Popular a su moción.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, si me permite voy a
hacer una propuesta política. Nuestro Grupo no puede aceptar
ninguna d Partido Popular acabo de conocerla ahora
exhaustivamente... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Frutos.
Por favor, señorías, guarden silencio. El señor Frutos
seguramente va a proponer algunas transacciones y es
imprescindible que todos los grupos puedan saber exactamente
cuáles son los términos de las mismas.
El señor FRUTOS GRAS: No puedo aceptar ninguna de las dos
enmiendas porque son de sustitución. Ya he dicho que con la
enmienda que ha presentado el Grupo Socialista no ha habido
posibilidad de negociar, y seguramente habríamos llegado a
acuerdos importantes, y también con partes importantes de la
enmienda del Partido Popular.
¿Qué es lo que propongo yo? Yo mantengo la moción presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero hay aquí
una propuesta del Grupo Socialista, que no se tiene que votar,
pero que sí que podríamos aceptar políticamente, y es que ya a
estas alturas, con la cumbre prácticamente terminada, hay poco
tiempo de que llegue a la cumbre una resolución del Parlamento
español, pero sí hay tiempo para que las resoluciones de la
cumbre sean explicadas exhaustivamente en este Parlamento,
pueda haber un debate y podamos establecer, a partir de ese
momento, mecanismos de seguimiento y de control de lo que
representen estos eventos internacionales; próximamente tendrá
lugar el de la Mujer que se va a celebrar en Pekín este
próximo año. Por tanto, yo mantengo esto porque no ha habido
una propuesta de negociación sobre aspectos concretos de
nuestra moción ni por parte del Grupo Socialista ni por parte
del Grupo Popular. Por consiguiente, yo me mantengo en esa
posición, en la medida además en que hay algunos elementos
bastante coincidentes; otros son dispares.
Finalmente, permítame una breve mención a sólo un aspecto de
la enmienda que presenta el Partido Popular. Habla de la
corrupción, pero, claro, en nuestra enmienda hablamos no de la
lucha contra la corrupción en general, sino que presentamos
medidas para que no existan paraísos fiscales, que es una cosa
más concreta. Yo quiero que bajemos a este terreno. Está muy
bien genéricamente pronunciarse contra la corrupción, pero al
mismo tiempo hay que bajar a medidas concretas,
dentro de lo que puede hacer el Estad el marco europeo y en el
marco internacional.
Estamos de acuerdo, por tanto, en muchas cosas. Yo haría esta
propuesta, en el sentido de que en todo caso, cuando haya
cumbres de este tipo y tenga que haber un debate en el
Parlamento, no estaría de más que fuera el Gobierno el que
tuviera la iniciativa de ponerlo en marcha con el tiempo
suficiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En resumen, señor
Frutos, si la Presidencia no ha entendido mal, al margen de
sus explicaciones y de la reiteración de determinadas
coincidencias, usted no acepta ninguna de las dos enmiendas y,
en consecuencia, lo que se va a someter a votación es
exclusivamente el texto de la moción que su Grupo ha
presentado.
Vamos a pasar entonces a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 290; a favor, 10; en contra, 277; abstenciones,
tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA QUE LA RECUPERACION ECONOMICA SE TRASLADE A LOS
CIUDADANOS EN TERMINOS DE MEJORA DE BIENESTAR (Número de
expediente 173/000071)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular consecuencia de
interpelación sobre medidas de política económica que piensa
adoptar el Gobierno para que la recuperación económica se
traslade a los ciudadanos en términos de mejora de bienestar.
Tiene la palabra el señor Montoro. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una moción
consecuencia de la interpelación que el pasado 23 de febrero
defendimos en esta Cámara. La interpelación versó sobre la
recuperación de la economía española, sobre la solidez de la
misma, sobre su continuidad y sobre las repercusiones que para
el ciudadano medio tiene este proceso de recuperación de
nuestra economía. El debate que entonces celebramos en esta
Cámara con el hoy ausente Ministro de Economía y Hacienda,
señor Solbes, resultó defraudante. El Gobierno no presentó una
política económica capaz de garantizar la continuidad de la
recuperación, capaz de garantizar la percepción positiva de la
misma por parte del ciudadano españo.
La razón de por qué entonces el Gobierno --representado por el
Ministro de Economía-- no presentó esa política económica
tiene una fácil explicación y es porque esa política económica
no existe, señorías. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular
presenta en forma de moción un conjunto de líneas maestras de
política económica dirigidas a fortalecer y consolidar la
recuperación de nuestra economía y, sobre todo, a favorecer
que esa recuperación repercuta sobre el bienestar ciudadano.
Entendemos que la presentación de esta moción hoy es
especialmente oportuna, porque hoy más que nunca esa
recuperación es titubeante y está amenazada de convertirse en
un fracaso, en una defraudación para nuestros ciudadanos, para
todos los españoles. Hoy más que nunca son visibles los
problemas del Gobierno socialista, la descomposición del poder
socialista en nuestro país, acosado y agobiado por la sucesión
de escándalos de corrupción, de los procesos judiciales
abiertos y de esta sensación de ridículo internacional que se
deriva de su acción de Gobierno en asuntos como la traída a
España de Luis Roldán.
El deterioro de la imagen internacional de España es dramático
y el alto coste económico que estamos pagando todos los
españoles por ello es una factura muy alta, tan alta como para
poner en peligro la continuidad de la recuperación en los
próximos años, porque, señorías, los próximos años son un
tiempo vital para la integración de España en la Unión
Europeo. Estamos obligados a aprovechar ese tiempo, y la
crisis financiera que estamos padeciendo es una amenaza para
la continuidad de la recuperación económica y, sobre todo,
para nuestra integración en Europa, para nuestra pertenencia a
la Unión Económica y Monetaria de Europa. Pero, ¿qué importa,
este argumento, señorías, para un Gobierno cuyo único objetivo
es permanecer en el poder? ¿Cuál es el coste de mantener en la
Presidencia del Gobierno al señor González? ¿Cuál es el coste
económico que estamos pagando todos los españoles por esa
adscripción al poder político, por esta negación a reconocer
la realidad de lo que está ocurriendo?
La incertidumbre se está adueñando no sólo de los mercados
financieros sino de todos los agentes económicos. La
incertidumbre está proyectando una sombra alargada e incluso
estremecedora sobre la sociedad española, y la incertidumbre
es el antídoto del correcto funcionamiento de la economía. Las
economías se desarrollan positivamente cuando hay un ambiente
favorable a la asunción de riesgos, cuando existe confianza
en el futuro, y eso es exactamente lo que está fallando en
nuestro país, eso es lo que está fallando y está pasando una
dura factura en forma de pérdida de pulso de nuestra economía.
Señorías, no podemos fallar, porque nos jugamos demasiado. Nos
jugamos una recuperación económica y la consiguiente creación
de empleo y nos jugamos también Europa como proyecto y como
aspiración. Por tanto, la presentación de esta moción por
parte del Grupo Popular es hoy especialmente necesaria e
importante. En esta moción se resume una opción política, se
resume un compromiso de Gobierno, un compromiso de soluciones
a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Es un plan, un
conjunto de medidas de política económica, que pretende ser
oportuno y eficaz para, en primer lugar, reforzar el
crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo y,
en segundo lugar --como he insistido desde el comienzo de mi
intervención--, para facilitar nuestra integración en la Unión
Económica y Monetaria de Europa. Es un plan para superar esta
situación difícil, este difícil trance que estamos
atravesando.
Pero sabemos que las medidas de política económica no son
suficientes. Antes que cualquier otra circunstancia, tenemos
que reclamar que se des política del gobierno socialista.
Antes que cualquier otra circunstancia tenemos que dar
solución a la crisis política que está restando credibilidad a
la política económica que se aplica en España. Será a partir
de ahí, a partir de esa solución política, cuando se puedan
aplicar en España las políticas económicas modernas y
coherentes, homologables a las que se aplican en los países
más avanzados y recomendadas por los organismos e instancias
supranacionales.
Dos claves de futuro deben inspirar nuestra política
económica: la creación de empleo y Europa como aspiración. La
creación de empleo significa el incremento del nivel de
bienestar de nuestros ciudadanos; significa el incremento de
la mejora de la renta disponible de las familias españolas;
significa la posibilidad de permitir un nivel sostenido de
demanda de consumo, animador a su vez de la inversión de
nuestra economía; significa, en definitiva, garantizar la
solidaridad a través de la integración en el sistema
productivo de aquellas capas de la población española hoy
apartadas de ese sistema productivo, como son los más jóvenes
y las mujeres casadas, así como también a través del
reforzamiento de la protección social.
Para el Partido Popular Europa no es sólo un desafío o no es
sólo una ilusión, para nosotros es una necesidad perentoria.
Significa Europa, an otra circunstancia, la consolidación de
las exportaciones como motor de crecimiento; sin embargo
sabemos que no podemos consolidar el incremento de la
exportación a través de devaluaciones competitivas sino a
través de la mejora continua de la capacidad de competir de
nuestra economía. Europa, para nosotros, es la reducción del
bache de desarrollo que seguimos padeciendo respecto de los
países más ava para nosotros, es el compromiso de cumplir los
criterios de convergencia nominal con la Unión Económica y
Monetaria de esa Europa.
Las líneas maestras que contiene esta moción, las líneas
maestras de política económica que España necesita para
incorporarse con propiedad y a la recuperación de Europa
pasan, en primer lugar, por la necesidad perentoria de
conseguir la reducción de los tipos de interés, a través de
ganar la confianza de los mercados financieros. Necesitamos,
en una palabra, reducir la prima de riesgo que está pagando
nuestra economía. Como necesitamos también con gran urgencia
abaratar fiscalmente el empleo. Esta moción contiene unas
medidas conducentes a dejar de penalizar fiscalmente el empleo
a través de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad
Social, a través de la reducción de las tarifas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en definitiva, a
través de todo aquello que suavice, que rebaje (Un señor
diputado: ¡muy bien!) la no intención de contratación por
parte de los empleadores españoles.
Necesitamos igualmente señorías, capitalizar urgentemente
nuestra economía; necesitamos promover internacionalmente la
presencia de nuestras e los mercados internacionales, y nos
urge controlar y reducir el gasto público para acabar con la
actual laxitud de los Presupuestos Generales del Estado. Como
es urgente también la revisión de la financiación de las
corporaciones locales y de las comunidades autónomas para
introducirlas en una disciplina de control y reducción del
déficit público. Como lo es también la necesidad de introducir
en España una política auténtica de empresa pública que conste
de un plan de privatización que diga a los agentes económicos
cuál es la voluntad del Gobierno de desprenderse de esa
propiedad pública de las empresas. Como también lo es --y
quiero insistir en este punto, señorías-- la necesidad de
potenciar la pequeña y mediana empresa como único recurso,
como único mecanismo para facilitar la creación de empleo. No
es posible crear empleo si no es a través del nacimiento de
una nueva generación de pequeña y mediana empresa en España.
No es posible crear empleo si no es con el fortalecimiento de
esa pequeña y mediana empresa.
Otros puntos programáticos de nuestra moción se refieren al
incremento de la competencia en mercados y en sectores clave,
como el sector de los transportes, de las comunicaciones o de
la energía. Es la introducción de una reforma del comercio
interior que permita la evolución de este sector básico de
nuestra sociedad sin traumas, y es completar la reforma del
mercado de trabajo para que, en definitiva, en ese mercado de
trabajo, se conformen realmente los precios del trabajo (los
salarios) de forma adecuada y se eliminen los obstáculos que
actualmente impiden la contratación.
En suma, señorías, en esta moción se contiene un plan de
política económica que es el plan suficientemente
especificado, suficientemente detallado, que hoy requiere
España. Este es el plan que nos están demandando los
inversores dentro y fuera de nuestras fronteras; este es el
plan por el que se nos está juzgando en todo el mundo y por
eso creemos urgente y necesario --como decía hace unos
minutos-- presentar una moción de estas características hoy a
la Cámara. (Rumores.)
Señor Presidente, la crisis financiera está dejando sentir sus
peores huellas sobre el tejido productivo español. Sólo desde
la más supina ignorancia o desde la interpretación más sesgada
puede pretenderse que acontecimientos como la caída del valor
de la peseta, la subida de los tipos de interés y el deterioro
de la imagen internacional de España no influyen sobre el
crecimiento económico, no influyen sobre la creación de
empleo. La irresponsabilidad de nuestro Gobierno cuando afirma
eso es muy grave, porque cuanto más cierran los ojos a la
realidad más ahondan la crisis financiera, más perjudican la
posibilidad de crecer y de crear empleo, y la
irresponsabilidad de quienes les están acompañando en este
sostenimiento del Gobierno, quienes les están acompañando en
esa valoración neutra de los efectos de la crisis financiera
es también muy grande.
Con la presentación de esta moción, el Grupo Parlamentario
Popular ha hecho un ejercicio de oposición democrática, el
ejercicio de ofrecer una alternativa de política económica
capaz de inspirar confianza a los agentes económicos y a los
mercados financieros, el ejercicio de ofrecer una alternativa
de Gobierno para un país, España, que ha caído en el
desgobierno de su economía. (Rumores.) Casi con toda seguridad
la composición de la Cámara impedirá que prospere nuestra
moción. De nuevo funcionará la mayoría paralizante para
nuestro país. Como tuvo ocasión de recordar el Presidente de
este Grupo Parlamentario, señor Aznar, recientemente en esta
Cámara, este país está enfermo de mayoría parlamentaria.
(Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Montoro vaya terminando, por favor.
El señor MONTORO ROMERO: Estoy terminando, señor Presidente.
Decía, señorías, señor Presidente, que con la derrota, con la
casi segura derrota de esta moción, el Grupo Parlamentario
Socialista y sus aliados en esta Cámara habrán asestado un
nuevo golpe a la imagen internacional de España, pero al menos
habrán dado un paso más hacia el final de una situación que en
sí misma es insostenible. Por el bien de España, esperemos que
el final no tarde en llegar.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Montoro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este
debate? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías,
mientras se debatían en Comisión y en Pleno los Presupuestos
Generales para 1995, en octubre y en noviembre, recordarán la
intervención del Diputado que les habla que los valoraba como
unos presupuestos que eran papel mojado y auguraba que en el
mejor de los casos su validez no iría más allá de las
elecciones autonómicas y municipales de mayo de 1995.
Realmente fui optimista, a pesar de que no creía en esos
presupuestos, porque entre los recortes de enero y febrero y
las devaluaciones de marzo estos presupuestos han quedado en
papel mojado. No lo digo yo sólo, lo dicen muchos sectores
económicos, empresariales y sindicales de nuestro país.
En aquel debate decía yo que la política presupuestaria del
Gobierno socialista era errática e improvisada. Lo dije en
octubre de 1994 y lo dije en la comparecencia reciente del
Ministro Solbes el mes de febrero. Este calificativo irritó al
Ministro, pero sigo reafirmándome en que esta política
presupuestaria del Gobierno socialista es errática e
improvisada. Vamos a salto de mata y así nos va. (Rumores.) Le
dije al señor Ministro en aquel debate que los presupuestos
estaban alejados de la realidad --como algunos de los que
gritan por allí arriba--, oficializan el paro y se conforman
con que la tasa ronde el 25 por ciento. No crean las
condiciones tributarias, fiscales y laborales para fomentar el
empleo, la inversión y la competitividad de nuestras empresas.
Hay una evidente incoherencia presupuestaria que nos sigue
alejando de Europa, ahora que vamos a asumir la presidencia.
No cumplimos ninguno de los requisitos de Maastricht. Nos
aparta su política de la unión económica y monetaria que
impone la Unión Europea. No estamos aprovechando los ligeros
índices de recuperación económica. La devaluación política
reciente de nuestra moneda acarreará un aumento de la
inflación y se desbordará la previsión del 3,5 por ciento.
Aumentarán los tipos de interés. Descenderá el consumo
interno. Puntales sobre los que se basaba nuestra ficticia
recuperación económica.
Nosotros vamos hacia atrás como los cangrejos. No sólo me
quejo yo sino muchos ciudadanos que, debido a la devaluación
política de esta última semana, van a ser un poquito más
pobres. Lo dicen también los indicadores de coyuntura
económica. Europa nos ha dicho muy claramente que hay que
apostar por privatizaciones
en aquellos sectores que lo permitan y se aconseje por su
rentabilidad y para su buen funcionamiento; una reforma del
mercado laboral; apoyo a las pymes; apoyo a los sectores
fundamentales de nuestra exportación agrícola, textil, del
calzado y el azulejo. Y sobre todo hay que crear las
condiciones para frenar el déficit público. Hace falta un
revulsivo, un plan integral que permita entrar de verdad en el
redil de la recuperación económica en el contexto
internacional, que nos puede hacer progresar.
Por todo ello, con algunos defectos que pueda tener esta
iniciativa, pienso que el Grupo Socialista podría asumir
algunos de los planteamientos del Grupo Popular en beneficio
de todos, no en beneficio de uno u otro partido, sino en
beneficio de la sociedad que lo está demandando a gritos.
Gracias a todos, menos a los que gritan allí arriba.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán
de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario frente a la
moción que ha propuesto el Partido Popular planteando a esta
Cámara un conjunto de medidas de política económica para la
recuperación de la situación económica en que se encuentra
nuestro país actualmente.
Quisiera, señorías, acercarme al debate de esta tarde haciendo
una consideración previa, atendidas las circunstancias en que
se desarrollan en la evolución y la coyuntura de los mercados
internacionales, especialmente motivadas por la situación del
dólar y su incidencia en la evolución monetaria que se está
produciendo en Europa. Quisiera, señorías, acercarme a este
debate, en nombre de mi Grupo, con el deseo de que todos los
grupos políticos de esta Cámara, conscientes de esta coyuntura
y esa especial situación en que se encuentran los mercados
monetarios internacionales, adoptemos responsablemente una
actitud de anteponer, a ser posible, a los legítimos intereses
políticos de los grupos parlamentarios --repito legítimos en
nuestra coyuntura interna en la Cámara-- los intereses
generales de los ciudadanos españoles, con el propósito de que
emerjan unas imágenes y unas actitudes políticas en esta
Cámara que puedan en cualquier momento incidir positivamente
en la actual situación.
He repasado esta mañana la prensa internacional y en ninguna
de ellas --ni en la de Estados Unidos ni en la de Francia ni
en la de Alemania-- he visto reflejada una turbulencia
política en torno a la devaluación de sus monedas en relación
con el marco. La moneda de Estados Unidos está perdiendo peso
en relación con el marco. En Francia ocurre exactamente igual.
La coyuntura política francesa es curiosa e interesante,
atendidala posición de la presidencia y qu un signo político y
el Presidente del Gobierno tiene otro signo político. Y en
ninguno de los medios de comunicación de estos países se da la
imagen ni se reflejan peleas internas entre las fuerzas
políticas, sino que se adoptan posiciones y actitudes en
defensa de los intereses generales de sus respectivos países.
En este pequeño preámbulo ruego que sepamos situarnos por
encima de los intereses legítimos de los grupos y antepongamos
intereses colectivos generales de España frente a la coyuntura
económica en que nos encontramos.
La moción tiene un preámbulo que dice que la solución a la
actual situación es política. Dicen ustedes en la literalidad
de la moción que la solución que plantean es de signo
estrictamente político. Si es de signo político, poca razón
tendría ya esa moción. En toda su literalidad y en toda su
extensión es básicamente una moción de contenido económico,
proponiendo medidas económicas. No obstante, al inicio de la
moción ustedes nos anuncian que la solución al problema no es
de medidas económicas, sino de signo político. Voy a intentar
hacer un esfuerzo para atenerme estrictamente a lo que es la
reflexión económica que ustedes plantean.
Nuestro Grupo se acerca, señor Montoro, con mucho respeto a la
moción que ustedes presentan. Ante la coyuntura actual y su
iniciativa, nuestro Grupo desea ser muy respetuoso con su
propuesta. La hemos analizado, la hemos estudiado, pero
observamos de su literalidad que prácticamente el propósito de
esta iniciativa es visualizar ante esta Cámara la existencia
de un programa económico por parte del Partido Popular.
Ustedes tienen un propósito político, que es constatar un
planteamiento económico, que el Partido Popular tiene un
programa económico. Nuestro Grupo entiende que estas
iniciativas deben ser validadas en las urnas o en una moción
de confianza, pero jamás a través de un instrumento de moción
consecuencia de interpelación, porque se hace imposible que
mediante una moción los demás grupos de la Cámara acordemos y
votemos el texto y la literalidad de una iniciativa de la
naturaleza que ustedes han presentado.
Quisiera trasladarles, señores Diputados del Partido Popular,
que del análisis de esta iniciativa observamos que se trata
más bien de una moción con vocación de ser derrotada; es una
moción con vocación de oposición. No nos plantean ustedes un
contenido de moción con el deseo de alcanzar un acuerdo
unánime en esta Cámara o alcanzar al menos un acuerdo con las
demás fuerzas políticas. No han hecho ustedes, frente a la
coyuntura económica, que es importante, ningún esfuerzo de
plantear a esta Cámara un conjunto de medidas operativas y
viables en estos momentos. Se trata de una moción cuyo
propósito es ser derrotada. Desean ustedes --nos piden a
nuestro Grupo y a la Cámara-- que
votemos en contra de su moción. Y no vamos a poder hacer otra
cosa que votar en contra. La situación económica justificaría
otro tipo de moción del Partido Popular, y mi Grupo hubiera
deseado observar y encontrar en ese trámite otra muy distinta
a la que ustedes presentan. La situación actual, la coyuntura
actual permitía, señor Montoro, señores del Partido Popular,
una moción con unos contenidos para alcanzar, a ser posible,
un acuerdo operativo y aplicable en esta Cámara en los
momentos en que nos encontramos.
Hemos observado la moción, la hemos estudiado, la hemos
analizado y la verdad, señorías, es que si esta tarde la
aprobáramos en toda su literalidad nuestra peseta no se
devaluaría sino que automáticamente saldría del Sistema
Monetario Europeo. (Un señor Diputado: ¡Muy bien, muy bien!)
El déficit público que se ocasionaría al Presupuesto de 1995
sería tan impresionante de aprobarse literalmente todo ese
paquete de 25 medidas que nos proponen que tendríamos que
salir ahora mismo del Sistema Monetario Europeo. Yo entiendo
la filosofía de la moción. Comprendo el propósito que impulsa
esas propuestas, que incluso podríamos compartir en su
filosofía, pero hoy no puede plantearse con sensatez, para el
ejercicio de 1995, bajar tres puntos toda la escala marginal
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esto
supone 200.000 millones de pesetas. Tampoco se puede plantear
reducir, con la intensidad que ustedes lo hacen, a la mitad
los plazos de amortización del sistema de corrección de
plusvalías. Esto es mucho dinero para el presupuesto público.
En el siguiente punto, señorías, nos piden que para mejorar la
fiscalidad de la familia permitamos reducir, de la base
imponible del impuesto, nada más y nadamenos que todos los
gastos necesarios nuestros ascendientes y nuestros
descendientes. ¿Qué más desearía yo, señor Montoro, que poder
deducir de la base de la declaración de la renta los gastos de
mantenimiento de mi abuelo o de mis hijos? ¿Qué más desearía
yo y todos los Diputados y Diputadas de esta Cámara y todos
los españoles? ¿Pero sabe cuánto vale eso?
En el siguiente punto nos plantean reducir cinco puntos las
cotizaciones a la Seguridad Social. Un punto le ha costado a
la economía española 200.000 millones; cinco puntos
significarían un billón. ¿Cree que podemos asumir el
compromiso de aprobar la reducción de un billón de pesetas de
recaudación en las cotizaciones de la Seguridad Social?
En el siguiente punto, señorías, nos piden que todos los
pensionistas de niveles de renta de tres millones --un límite
nada despreciable-- se puedan deducir hasta el 90 por ciento
del pago de las cotizaciones de la Seguridad Social de los
empleados o empleadas del hogar. ¿Usted sabe el dinero que
representa eso? Es una buena medida que desaríamos tomar, pero
nuestra economía no resiste hoy este conjunto de medidas,
aprobadas en una tarde de un martes en e En el siguiente punto
nos piden que fijemos el límite exento del Impuesto sobre el
Patrimonio en 30 millones. Y si seguimos, nos piden que en el
Impuesto sobre Sociedades, actualmente en trámite de estudio y
durante el cual podremos introducir algunas modificaciones, se
establezcan unas correcciones. Nos piden en el Impuesto sobre
el Valor Añadido toda una serie de correcciones que tienen un
efecto económico impresionante en la recaudación. Vamos
analizándolas una por una y la verdad es que cada medida que
se nos plantea tiene un efecto importantísimo sobre la
recaudación en nuestro presupuesto público.
Nuestro Grupo desearía aprobar esta moción, pero España no es
el país que usted dibuja en esta moción. España es otro país
muy distinto al que presume que podría digerir esta moción. Yo
desearía del Partido Popular actitudes políticas en esta
Cámara mucho más responsables de las que han planteado.
(Rumores.) Esto no se lo puede permitir el país, señores del
Partido Popular. Yo hubiera deseado en esta Cámara una moción
más realista, más posibilista, en la que pudiéramos alcanzar
un acuerdo con toda la Cámara y dar una imagen ante la opinión
pública, y a poder ser internacional, más defensora de los
intereses de todos los ciudadanos españoles. Esto, señorías,
es un muy buen programa, pero no lo podemos aplicar porque la
economía española no es la del Canadá, no es la del Japón, no
es la de Estados Unidos. Es otra cosa muy distinta. Tenemos
una economía con muchos problemas, sin duda. Usted, señor
Montoro, probablemente comparte con nuestro Grupo buena parte
de la orientación que se le está dando a la política
económica. Ustedes desearían aplicar este programa, yo también
y mi Grupo también probablemente, pero no es posible porque no
podemos aprobar este programa en ese grado. ¿Por qué no
adoptan ustedes actitudes más positivas y responsables en esta
Cámara? ¿Por qué no nos plantean soluciones más operativas,
más inmediatas, en las que podamos alcanzar acuerdos en esta
Cámara? La imagen estabilizaría a la opinión pública y a los
mercados internacionales. Por esta vía defenderían ustedes las
posiciones de los intereses económicos españoles. Hoy no
solamente es el Gobierno el que estabiliza la imagen política
de España; la oposición también puede aportar unos grados de
estabilización. Esta moción es una grave irresponsabilidad;
esta moción leída en los paraninfos europeos nos genera una
imagen de descrédito impresionante. (El señor De Rato
Figaredo: Hay que ir a Londres a dar conferencias.--Rumores.)
Señorías, ¿cómo se financia estamoción en el supuesto de
aprobarse Señor Presidente --termino--, nuestro Grupo
desearía hallar puntos de encuentro con propuestas que ustedes
plantean; lo desearíamos. Pero, señorías, entenderán que 25
propuestas de este calibre, de esta intensidad,
representan un programa ec en mociones de confianza, no en
mociones consecuencia de interpelaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Hay que ver, señorías, el esfuerzo que
ha hecho el señor Homs para que comprendan lo benéfico de su
política A ver si hacen un esfuerzo, señor Montoro, y se ponen
de acuerdo, porque tampoco debe haber tanta diferencia, pienso
yo.
Señor Montoro, yo me declaro insumiso de la mayoría
paralizante. (Risas.) No pertenezco a esa mayoría paralizante.
Yo soy una pers parlamentario libre.
A nuestro entender, la moción tiene tres partes diferenciadas.
Una tiene un título atrayente: «Aplicar una política
tributaria que aumente el bienestar de las familias...»
(¿quién, puede no estar de acuerdo?) «... abarate el empleo,
fomente el ahorro y mejore la competitividad de las
empresas...». Y a continuación vienen las medidas. Creo que
con ese título atrayente se podría estar perfectamente de
acuerdo. El defecto es que, al leer la letra pequeña, la
moción redunda en la misma política de desfiscalización a que
nos hemos opuesto reiteradamente.
Me voy a detener en algo que para mí es especialmente grave,
que es la reducción de cinco puntos de las cotizaciones de la
Seguridad Social: « empleo mediante la reducción de las
cotizaciones de la Seguridad Social: 5 puntos en tres años».
Me parece que es algo preocupante y alarmante en un momento en
que en Toledo se acaba de aprobar el mantenimiento de todo el
servicio público de pensiones, junto con todo el sistema de la
Seguridad Social. Por tanto, esta propuesta, que no es nueva,
del Partido Popular es absolutamente preocupante.
Las propuestas fiscales destinadas a reducir los ingresos
públicos, so pretexto de apoyar a la inversión o al gasto
privados, se reflejan de forma inmediata automáticamente, en
la aparición o aumento del déficit. Si se argumenta que no
existe problema alguno, que así se facilitará la reactivación
económica y mayores ingresos tributarios en el futuro, se cae
en el mismo argumento que cuando se defiende más gasto
público, pero con una importante diferencia, señor Montoro,
que mientras las políticas expansivas de gasto público se
traducen inmediatamente en un aumento de la demanda efectiva,
del consumo y la inversión, las reducciones fiscales pueden
ser esterilizada de las economías familiares, con mayor
filtración al exterior, en permisividad superior a la que hay
ahora. Carece por eso de fundamento macroeconómico la crítica
del gasto y del déficit público mientras se proponen, al
tiempo, rebajas impositivas. Además de todo ello, está
implícito modificar regresivamente la distribución de la carga
fiscal, y con la disminución del gasto público la
redistribución de los servicios públicos, recayendo sobre las
mismas capas, las más débiles de la sociedad, el enorme costo
que representaría todo esto. Por tanto, la primera parte de
desfiscalización, con medidas que además de ser reiterativas
van en un sentido diferente en cuanto a poder abordar y
solucionar racional y equilibradamente los problemas
económicos y sociales españoles, nos sitúa ante un programa
que preocupa porque es presentado por el primer partido de la
oposición.
El segundo aspecto, dentro de la división de la moción en tres
apartados, se refiere a las privatizaciones. Se preconizan las
privatizaciones a fondo, recaudar más, reducir el déficit
público, y luego se acabó, si te he visto no me acuerdo. A
partir de aquí, todo lo que es el sector público deja de
suministrar recursos a la Administración del Estado para hacer
determinadas políticas y, en consecuencia, la solución que
cabría sería la reducción de toda una serie de conquistas
sociales o de gasto social que estarían en el fondo de todas
estas propuestas. No es un problema de perversidad de nadie,
ni del Grupo Popular ni de usted mismo, sino que es un
problema objetivo. Todas estas medidas llevan de forma
irremediable a una reducción del gasto público o del gasto
social con unas consecuencias sociales muy importantes. En
consecuencia, no podemos apoyar esta parte.
Hay otra parte que habla de la necesidad de evitar las
distorsiones financieras que mantiene actualmente el Impuesto
sobre el Valor Añadido, un proyecto de ley de relaciones
tributarias con estatuto del contribuyente, un plan integral
de lucha contra el fraude, y otra serie de medidas
relacionadas con auditorías para conocer con exactitud el
déficit de las administraciones públicas y un marco normativo
para la transparencia y control del gasto. Dentro de esta
serie de medidas nosotros vamos a apoyar algunas porque
pensamos que son positivas en la línea que nos hemos marcado,
también en el debate de los Presupuestos Generales del Estado
para 1995, es decir, que haya una transparencia del gasto
público, que no pueda haber un trasvase de determinadas
partidas a otras sin un debate suficiente, sin un control
suficiente, y que haya un marco normativo para la
transparencia y el control del gasto. Nosotros estamos de
acuerdo con algunas de estas medidas y las apoyaremos. Ya se
lo hemos dicho a la Mesa porque pensamos que, ya que no hay
enmiendas, esta moción se votará por apartados.
En fin, señor Montoro, la primera parte de desfiscalización
son medidas conocidas, que han propuesto ustedes en otras
ocasiones, que pensamos que no solamente no contribuirían a
hacernos salir de la situación económica delicada por la que
atravesamos en estos momentos sino que prácticamente
agravarían todos los problemas.
En relación con la política de privatizaciones, política
querida también por Convergència i Unió y en la que le
gustaría entrar de forma más medida, más mesurada, nosotros
mantenemos una posición absolutamente diferente, entre otras
razones porque estamos convencidos de que, en un momento como
el actual, si desde el sector público, y no a través de una
política de privatizaciones sino de empuje, de motor de la
economía, no se tira del conjunto de la economía, francamente,
en estos momentos no vemos posibilidades objetivas para que
desde el sector privado se pueda tirar del conjunto de la
economía con propuestas concretas, medibles y que no sean
socialmente un desastre para las capas más desfavorecidas de
la población.
Dentro de que en esta moción, que es toda una exposición de un
programa de gobierno, algunos de los apartados o propuestas
hay un cierto nivel o de confusión que se deja a la libre
interpretación de cada uno, y como no son medidas concretas de
gobierno para ponerse en marcha, votaremos las medidas que nos
parecen adecuadas al momento, que pueden facilitar un mejor
control del gasto público, que pueden coadyuvar a una mayor
transparencia de este gasto público, pero naturalmente nos
opondremos a todas las medidas que representen
desfiscalización y privatización.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz
Ibáñez.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha elegido esta fórmula de
interpelación y moción parlamentaria sobre medidas de gobierno
para trasladar a los ciudadanos la recuperación económica,
para presentar una nueva versión de la alternativa económica
de su Partido, pero, en las propuestas que se realizan,
nuestro Grupo no aprecia ninguna novedad, sino que estamos
ante una edición, intemporal diría yo, del programa económico
que, a lo largo del último año, ha sido presentado en
sucesivas ocasiones, sin que haya redundado paralelamente en
un mayor conocimiento no diría que de manera amplia y popular,
sino ni tan siquiera en los ambientes especializados, en los
sectores económicos, de cuál es la alternativa económica del
Partido Popular, el principal partido de la oposición.
Ello es así porque, en las posiciones económicas del Partido
Popular que recoge esta moción, que ha sido presentada como un
plan coherente, líneas maestras de esa alternativa económica,
no hay, señorías, ni escenarios económicos con compromisos
claros; por ejemplo, no sabemos qué ritmo de disminución del
déficit público quiere el Partido Popular, no hay objetivos ni
medidas coherentes con esos objetivos; en definitiva, tras las
propuestas que se plantean en esta moción, en este programa
del Partido Popular no hay, como se pretende, un proyecto
ordenado, coherente, completo, que dé confianza a los agentes
económicos, como señalaba el Portavoz del Partido Popular.
Esta iniciativa, señorías, pone de manifiesto un segundo
objetivo en la presentación de esta moción, como quedó claro
en el debate de la inter queda claro en las razones que en el
propio texto de la moción se señalan para la presentación de
la misma que son políticas; como ha quedado claro la
intervención, en la defensa que ha realizado de la misma el
Portavoz del Partido Popular. No se pretende con esta moción
confrontar propuestas económicas, no se pretende valorar cuál
es el momento actual de la recuperación económica. Esta
iniciativa se utiliza como un pretexto para una vuelta de
tuerca más en la estrategia política del Partido Popular
aplicada a la economía, una estrategia que hemos comprobado,
especialmente a lo largo del último año, que es negativa,
catastrofista, sin horizontes, que crea crispación, que no
deja resquicio para el debate sereno de los problemas, una
estrategia, señorías que, trasladada al ámbito de la economía,
donde la confianza y las expectativas son un dato de la
realidad económica, ha de considerarse como un intento
deliberado de frenar la recuperación económica o de hacerla
fracasar.
Este no es un juicio de intenciones, señor Montoro, es la
constatación de una permanente llamada a la desconfianza por
parte de diferentes portavoces del Partido Popular. Comenzando
por el Presidente del Partido Popular, el señor Aznar, que en
foros internacionales ha expresado desconfianza hacia la
economía española, siguiendo por las valoraciones que
permanentemente, reiteradamente realiza el Portavoz del
Partido Popular en esta Cámara, la posición de su Grupo es,
dentro de lo que puede considerarse el factor doméstico de la
tormenta monetaria, el factor que más contribuye a crear
inestabilidad y a debilitar la imagen económica de España.
Quisiera reiterar --se lo decía en el debate de la semana
pasada, señor Montoro-- que cuando se hacen análisis, se
cuestiona cualquier avance, cuando se obvian los datos
económicos reales, cuando se enfatizan los problemas para
describir los peores escenarios posibles, cuando se
descalifican todas y cada una de las medidas económicas que se
toman, cuando se niega futuro a la recuperación económica y se
dice que es efímera, se está lanzando, señor Montoro, un
mensaje de
desconfianza en nuestro país; se está lanzando un llamamiento
a la desconfianza y se está haciendo una contribución a la
inestabilidad.
En la reacción del Partido Popular ante una medida que ha
tomado el Comité Monetario para mantener la peseta dentro del
sistema monetario y no perjudicar los objetivos españoles en
el proceso de convergencia europea, se lanza un mensaje que es
una nueva reedición de ese llamamiento a la inestabilidad.
Frente a esos mensajes y a la crispación que produce esa
estrategia, es preciso --el Grupo Socialista quiere hacerlo--
llamar la atención sobre la realidad económica, sobre los
problemas que debemos resolver realmente para hacer que la
recuperación económica sea duradera; sobre la necesidad de
debatir serenamente las políticas y las reformas para lograr
esa recuperación; un debate que debe traspasar, señorías, una
barrera de crispación, la que provoca la estrategia del
Partido Popular, que nos rodea a los políticos y a las
instituciones y que nos aleja a políticos e instituciones de
los ciudadanos con unas consecuencias negativas para todos. La
realidad es que la recuperación económica, con datos en la
mano, va por buen camino; que la política y las reformas
económicas --entre ellas una reforma importante aprobada por
esta Cámara: la reforma laboral-- están dando sus frutos; que
se han reducido distancias en relación con los criterios de
Maastricht; que se han mejorado previsiones que son
significativas de que la recuperación económica que tenemos es
vigorosa. Así lo señala el ritmo de crecimiento de nuestra
actividad, que es similar a la media comunitaria, y las
previsiones que se realizan no ya por el Gobierno, sino por
analistas españoles y extranjeros, entre los que están
prestigiosos asesores del Partido Popular.
Hay que recordar aquí, porque las cifras positivas nunca las
pone de manifiesto el Partido Popular, que hay previsiones de
un semanario prestigioso, como es «The Economist», que dice
que España va a ser el país que en 1996 va a tener el
crecimiento más elevado de los quince países más desarrollados
del mundo con tasas de crecimiento del 3,3 por ciento. Ahora
se plantea si estas previsiones se verán afectadas o no por la
última medida monetaria que se ha adoptado. Hay análisis
rigurosos, aunque le pese al señor Montoro, que dicen que no
necesariamente. Desde luego, estas dificultades son superables
y así lo señalan también estos expertos y analistas españoles.
Lo que sí puedo decirle es que nuestro Grupo desea que esas
dificultades se superen. Coincide en esto con la mayoría de
los ciudadanos españoles, con la mayoría de los grupos
parlamentarios que desean que el país vaya bien, aunque parece
que en esto no coincide el portavoz del Partido Popular.
Estamos, bien es cierto y lo señalaba el señor Homs, en nombre
de su Grupo, en un momento crucial, en el año 1995, para
afianzar la recuperación y hacerla duradera, para aprovechar
la fase de expansión que tenemos ante nosotros; para aprovecha
en otra fase de expansión anterior, liderada por el Grupo
Socialista, para un salto cualitativo en el progreso
económico, en la modernización de España en el progreso social
y en el bienestar de los españoles. Y la política que está
aplicando el Gobierno socialista, señoras y señores diputados,
va claramente, y de manera perseverante, en esa dirección. No
podemos decir lo mismo del programa, del plan, del conjunto de
medidas que presenta hoy aquí el Partido Popular, y por ello
vamos a votar en contra, globalmente, de esta moción. Su
programa no garantiza esos objetivos, los objetivos de llegar
a los criterios de Maastricht, como pretende el Partido y el
Gobierno socialista, con un alto grado de cohesión social, lo
que requiere que el ritmo de reducción del déficit y la
racionalización del sector público empresarial no deben poner
en peligro el nivel de los servicios de bienestar, la
protección social alcanzada ni debe provocar desgarros en
nuestro tejido productivo.
De las propuestas que presenta el Grupo Popular, quisiera
destacar dos aspectos. En primer lugar, la más significativa y
genuina de sus propuestas sigue siendo la reducción de
impuestos, algo que se compatibiliza mal, señor Montoro, con
los objetivos que usted plantea de reducción del déficit, de
aumento de las pensiones y de aumento del gasto que sea
necesario en cada momento. Dejando de lado, no obstante, lo
contradictorio de las propuestas, el Grupo Socialista sí
quisiera destacar la filosofía y los efectos de la política
fiscal del Grupo Popular, porque, tras la propuesta de
disminuir impuestos, hay argumentos que vienen a significar
que la presión fiscal es mayor en nuestro país que en otros,
que se está contribuyendo a erosionar la competitividad y que
los impuestos no se corresponden con las prestaciones que se
reciben. Y con estos argumentos, que no se corresponden con la
realidad, porque nuestra presión fiscal, como saben muy bien
SS.SS., sigue estando por debajo de la media comunitaria, se
combate el desarrollo de la conciencia fiscal y se dan
coartadas morales para conductas predispuestas a eludir
responsabilidades tributarias.
Una segunda consideración sobre otras propuestas que están
contenidas en su moción. Se recogen como propias iniciativas,
proyectos legislativos que están en proceso o previstos por el
Gobierno o reformas y políticas que ya se están llevando a
cabo. Nos congratulamos de esas coincidencias y esperamos
contar con su apoyo en el trámite parlamentario
correspondiente.
Para terminar, señorías, recuerdo que hace apenas un año
discutía el Partido Popular en esta Cámara la credibilidad de
las políticas económicas que proponía el Gobierno para salir
de una situación difícil como era la recesión económica, y se
ponía en cuestión la capacidad de la economía española para
salir de esa situación
con este Gobierno y con las políticas económicas que se
proponían. Hoy un año despúes, estamos en una situación
claramente diferente. Estamos en una recuperación económica
que ya no niega el Partido Popular y, por tanto, los hechos no
les han dado la razón. No les han dado la razón en sus
predicciones y en sus propuestas económicas y no les van a dar
la razón, señores del Partido Popular, en la evolución de la
economía española en 1995, porque la senda de la economía en
1995 es que se está produciendo crecimiento económico...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, vaya
concluyendo, Por favor.
La señora AROZ IBAÑEZ: Termino, señor Presidente.
... y creación de empleo. Y no va a darle la razón al Partido
Popular porque hay una política que está dando sus frutos y
porque España cuenta con un Gobiernoque aplica una política,
que actúa con y que está atendiendo a los intereses de España
y de los ciudadanos españoles.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aroz.
Vamos a pasar a la votación de la moción debatida. (Rumores.)
Sometemos a votación la moción, del Grupo Popular, sobre
medidas de política económica que piensa adoptar el Gobierno
para que la recuperación económica se traslade a los
ciudadanos en términos de mejora de bienestar.
Habiéndose solicitado una votación separada por parte del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, votaremos,
en primer lugar, el punto 2, apar-tado 2.2, y el punto 4,
apartados 4.1 Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 128; en contra, 150; abstenciones,
nueve.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quedan rechazados
estos apartados de la moción.
Sometemos ahora a votación los apartados siguientes: del punto
1, los apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.b) y 1.8;
del punto 3, los apartados 3.2.b), 3.2.c) y 3.2.d), y del
punto 4 los apartados 4.3 y 4.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 286; a favor, 127; en contra, 158; abstenciones,
una.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quedan rechazados los
apartados sometidos a esta última votación.
Sometemos ahora a votación el resto de los apartados de la
moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 287; a favor, 138; en contra, 149.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Quedan rechazados el
resto de los apartados de la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las dieciséis horas.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.