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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 126, de 21/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1995 Núm. 126 V Legislatura
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL
Sesión Plenaria núm. 124
celebrada el martes, 21 de febrero de 1995
Página
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
actualización de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 96.1, de 23 de diciembre de 1994 (número de expediente
122/000077) (Página 6694)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
modificación del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 78.1, de 17
de junio de 1994 (número de expediente 122/000061) (Página 6700)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre constitución de una Ponencia
especial, en el seno de la Comisión de Defensa de la Cámara,
que se ocupe de controlar las actividades de los servicios de
información del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 38, de 9 de diciembre de 1993
(número de expediente 162/000040) (Página 6709)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se insta al Gobierno a dictar normas sobre la
aplicación de las reducciones del impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes a la producción de energía
eléctrica. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 29, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente
162/000045) (Página 6716)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, sobre la política industrial del
Gobierno y, en particular, sobre la «propuesta para debate»
que ha presentado a la opinión pública como «una política
industrial para España» (número de expediente 173/000068)
(Página 6721)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
proyectos del Gobierno para plantear una auténtica política
del agua, así como principios que aplicará para proponer
soluciones al problema de la sequía (número de expediente
173/000069) (Página 6728)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número
127, de 22 de febrero de 1995.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6694)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
actualización de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte
(Página 6694)
El señor Carreño Rodríguez-Maribona defiende la proposición de
ley del Grupo Popular. Expone que la Ley 10/1990, del Deporte,
constituye el marco jurídico para el cumplimiento por los
poderes públicos del mandato constitucional de fomento del
deporte. En sus cuatro años de vigencia se ha desarrollado
gran parte de la misma y, aunque podría parecer prudente
esperar al pleno desarrollo de la Ley para valorar sus
resultados, el propio Gobierno tiene ya en proyecto
modificaciones como la del Decreto de federaciones deportivas
españolas y las comunidades autónomas disponen de siete leyes
del deporte aprobadas y tres en avanzada tramitación. Añade
que se trata de una Ley calificada en repetidas ocasiones como
intervencionis-ta, especialmente en relación con la actividad
de clubes, sociedades anónimas deportivas y federaciones.
Reconoce que durante su tramitación parlamentaria se llegó al
consenso en gran parte del articulado de la Ley, pero no así
en cuanto a las competencias del Consejo Superior de Deportes
y de su comisión directiva, donde la mayoría socialista
impidió que prosperaran las enmiendas de los demás Grupos
Parlamentarios.
El objeto de la proposición de ley que ahora defiende pretende
reducir la excesiva tutela del Consejo Superior de Deportes,
una vez llegada la Ley a la mayoría de edad, y también con la
mayoría de edad de las federaciones y asociaciones deportivas
españolas, así como respetar las competencias de las
comunidades autónomas y de las universidades en materia de
deporte, y corregir las contradicciones que presenta la Ley
con relación a directivas europeas vigentes y a otras leyes
tales como el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
o la Ley de Auditorías.
Especifica, a continuación, las diversas modificaciones que
postulan a diversos artículos de la Ley del Deporte vigente,
esperando que la proposición de ley pueda merecer la toma en
consideración de la Cámara.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco
(PNV); López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya, y Martín del Burgo Simarro, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del
Grupo Popular por 115 votos a favor, 149 en contra y 17
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
modificación del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Página 6700)
El señor Recoder i Miralles defiende la proposición de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que postula la
modificación de una norma polémica, como es el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
norma que nació y sobrevive en medio de la polémica planteada,
de un lado porque dicha normativa fue considerada, desde
posiciones ideológicas muy distintas, como la reiteración de
unos mecanismos de política de suelo y vivienda superados ya
en Europa y absolutamente ineficaces para conseguir abaratar
el mercado del suelo y conseguir que la vivienda fuera más
asequible y, por otro lado, por su carácter invasor de las
competencias autonómicas en materia urbanística, lo que llevó
a que nada menos que siete comunidades autónomas recurrieran
ante el Tribunal Constitucional la Ley 8/1990, en la que tiene
su origen el Texto Refundido.
Afirma que en el momento de aprobarse esa Ley existía una
extensa legislación dictada por las comunidades autónomas en
ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo,
modificando y adaptando la Ley del Suelo del año 1976 a la
realidad del territorio de cada una de estas comunidades
autónomas. Añade que con la nueva Ley se intentó reponer en
parte la legislación urbanística anterior a la configuración
autonómica del Estado, lo que originó una duplicidad en
términos jurídicos, con contenido y efectos contrapuestos.
Esta circunstancia se agravó en el caso de alguna comunidad
autónoma, como es la de Cataluña, que en el ejercicio de sus
competencias aprobó previamente su propia refundición de
legislación urbanística que, a su vez, fue recurrida ante el
Tribunal Constitucional por el Gobierno Central, siendo el
resultado de todo ello que en la actualidad se encuentran con
una absoluta falta de seguridad, ocasionada por la vigencia de
dos legislaciones que regulan lo mismo, pero de manera
distinta.
Por otra parte, los efectos negativos de esta norma se han
visto aumentados al manifestar una total ignorancia de la
realidad del planeamiento, al ignorar que inciden en un
conjunto innumerable de municipios que disponen de un plan
general aprobado y en ejecución, que disponen de programas de
actuación, de planes parciales y especiales que han delimitado
unidades de actuación y estudios de detalle, con la aprobación
de proyectos de urbanización de compensación, reparcelación y
expropiación. La consecuencia ha sido el conflicto o la
inhabilitación de la norma y todo ello acentuado en aquellas
comunidades autónomas que disponen de un alto grado de figuras
de planeamiento totalmente vigentes.
Termina resaltando la urgencia en el inicio de la reforma de
la normativa estatal sobre el régimen del suelo, con el doble
objetivo de adaptarla al bloque de constitucionalidad y
terminar así con la falta de seguridad y el caos que la
duplicidad de normas ha ocasionado y, a la vez, definir
políticas eficaces que permitan el abaratamiento real del
precio del suelo. Piensan que tienen la oportunidad de iniciar
esta labor legislativa de reforma y con este fin solicita el
voto favorable de la Cámara y la toma en consideración de la
proposición de ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Martín Menis, del Grupo de Coalición
Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV);
Andreu Andreu, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Ortiz González, del Grupo Popular, y Roncero Rodríguez, del
Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
por 281 votos a favor, 16 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley 6709
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre constitución de una Ponencia especial, en
el seno de la Comisión de Defensa de la Cámara, que se ocupe
de controlar las actividades de los servicios de información
del Estado (Página 6709)
El señor Romero Ruiz defiende la proposición no de ley del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pidiendo la
creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Defensa
para controlar las actividades de los servicios de
información. Afirma que de nuevo ha vuelto a aparecer el
problema de estas actividades ligadas a temas de corrupción,
a tramas, a escuchas ilegales, a luchas entre poderes
económicos e informativos, temas que escapan del control
parlamentario e incluso del control del propio Gobierno y que
es necesario desentrañar para que intereses que no respalda la
voluntad popular intervengan en aparatos de esas
características. En ese sentido señala que durante años no ha
existido ningún mecanismo de control sobre las actividades del
CESID, servicio de inteligencia que tiene hoy una ubicación
formal y una dependencia jurídica y organizativa del
Ministerio de Defensa. Considera que sus programas de
actuación, que deben ser de Estado y no partidistas, sobre
todo en el plano exterior, necesitan de una orientación no
sólo del Gobierno, sino de la Cámara, con garantías para que
sus actividades se desarrollen con respeto profundo dentro de
los cauces que marca la Constitución.
Agrega el señor Romero que recientemente se ha asistido a las
escuchas ilegales de Barcelona, con miembros relacionados con
la máxima dirección del CESID, poniendo en marcha escuchas
telefónicas ilegales, hoy sometidas a la autoridad judicial, y
ayer mismo se publicaba la noticia de que miembros de este
servicio han intentado montar pruebas para vincular el GAL a
la época en que gobernaba España la Unión de Centro
Democrático. Se trataría, entonces, de discutir si hay algo de
cierto en dicha información, de analizar y controlar, al igual
que en todos los países democráticos existen mecanismos de
control, estas actividades.
Entiende que está claro que el CESID debe estar sujeto a
control y consideraría lógico que, al igual que ocurre en
otros países, estos servicios de inteligencia dependiesen
directamente de la Presidencia del Gobierno, perdiendo la
configuración militar que hoy tienen, pero, al no ser así, hay
que habilitar algún mecanismo transitorio en la Comisión de
Defensa para que se controlen estas actividades de alguna
manera, al igual que sucede, por ejemplo, en Norteamérica con
la CIA, o en Italia y Alemania. Esta ponencia en la Comisión
de Defensa supondría un primer paso hasta lograr una
configuración precisa de control de los servicios de
inteligencia que hasta ahora no han tenido ningún tipo de
control parlamentario y democrático.
El señor Díaz de Mera y García Consuegra defiende la enmienda
presentada por el Grupo Popular, al mismo tiempo que fija la
posición de este Grupo en relación con la proposición no de
ley.
Completan el turno de fijación de posiciones los señores
Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
Curiel Alonso, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley
debatida por 15 votos a favor, 274 en contra y dos
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la
que se insta al Gobierno a dictar normas sobre la aplicación
de las reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a la producción de energía eléctrica (Página 6716)
El señor Simó i Burgues defiende la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), expresando como
fundamento básico de la misma la difícil situación financiera
y la inseguridad presupuestaria en la que se encuentran los
ayuntamientos con instalaciones hidroeléctricas en su término
municipal, todo ello como consecuencia del Real Decreto
1589/92 que regula las reducciones del Impuesto de Actividades
Económicas relativas a la producción de energía eléctrica.
Señala que la práctica totalidad de los que se encuentran en
estas circunstancias tienen como principal ingreso el generado
por la central hidroeléctrica enclavada en su término
municipal, tratándose principalmente de pequeños núcleos
rurales, agrícolas y sin otros recursos y riquezas que
aquellos que derivan del agua de sus ríos. Afirma que la
reducción del Impuesto de Actividades Económicas a que se
refiere el Real Decreto antes citado ha ocasionado importantes
disminuciones de ingresos a los municipios afectados por
centrales de producción eléctrica instaladas en su término
municipal, disminución que les coloca en una grave situación
de desequilibrio presupuestario que atenta contra el principio
de suficiencia económica de las entidades locales.
Agrega que las facilidades concedidas por la Ley a las
empresas hidroeléctricas se realizan a espaldas de las
corporaciones locales afectadas, representando, según estos
ayuntamientos, una agresión al principio de autonomía local
establecido en la Ley de bases de Régimen Local.
Concluye el señor Simó exponiendo las medidas contenidas en la
proposición no de ley, medidas que, a su juicio, permitirían
corregir los efectos perjudiciales que la actual situación
viene provocando a esas entidades locales.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley intervienen los señores Pellicer Raso, del Grupo
Socialista, y Gámir Casares, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Albistur Marín y Chiquillo Barber, del Grupo Mixto;
Martín Menis, del Grupo Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz,
del Grupo Vasco (PNV), y Martínez Blasco, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que acepta la enmienda de sustitución
presentada por el Grupo Socialista, es aprobada por 174 votos
a favor, dos en contra y 116 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 6721)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre la política industrial del Gobierno y, en
particular, sobre la «propuesta para debate» que ha presentado
a la opinión pública como «una política industrial para
España» (Página 6721)
El señor García Fonseca defiende la moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que su
Grupo Parlamentario, y él personalmente, intentan real y
sinceramente no tanto llegar a acuerdos sustantivos cuanto a
acuerdos de método que pudieran hacer que todos, o la gran
mayoría de los Grupos de esta Cámara, se pusieran de acuerdo
sobre los procedimientos a seguir para que una política
industrial o unas propuestas de política industrial que hoy el
Gobierno está lanzando a debate terminen en algo creíble.
Reconoce que su Grupo no puede ni pretende imponer su
particular, aunque legítimo, planteamiento de la política
industrial o su alternativa a la actual política industrial,
sino que pretende algo mucho menos partidista, pero en este
caso les parece mucho más importante, dada la situación
económica del país en general y de la industria en particular.
Insiste, por consiguiente, en que pretenden ofrecer a todos
los grupos un procedimiento por el cual unas determinadas
propuestas de política industrial pudieran consensuar el mayor
apoyo social y parlamentario posible, de manera que las
propuestas resultantes fueran creíbles y eficientes, porque, a
su juicio, las que el Gobierno ha lanzado a debate en este
momento no son creíbles y su Grupo pretende ayudar a que lo
sean.
Considera que el momento político actual es el más inadecuado
por la fuerte crisis política existente, que hace que muchos
sectores sociales implicados lleguen a dudar de la finalidad
real de estas propuestas del Gobierno y del Ministro de
Industria, pensando si se trata, simplemente, de una cortina
de humo que aleje de alguna forma a la opinión pública de los
importantes problemas de este momento. Por si ello fuera poco,
coinciden con unos recortes presupuestarios que contribuyen a
hacerlas menos creíbles.
Concluye haciendo referencia a las propuestas formuladas a
través de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción
intervienen los señores Sáenz Lorenzo, del Grupo Socialista, y
Gámir Casares, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los
señores Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y Albístur Marín, del Grupo Mixto.
Sometidos a votación los distintos apartados que integran la
moción debatida, son rechazados.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
proyectos del Gobierno para plantear una auténtica política
del agua, así como principios que aplicará para proponer
soluciones al problema de la sequía (Página 6728)
La señora De Palacio Valle-Lersundi defiende la moción del
Grupo Popular. Alude al debate celebrado la semana anterior,
en el que expusieron la necesidad de llevar a cabo una
auténtica y eficaz política del agua en unos momentos marcados
por la situación de sequía que perdura por tercer año
consecutivo en el sur de España y que supone para millones de
ciudadanos una realidad marcada por los cortes de agua, para
muchas empresas del sector turístico enormes problemas y para
la agricultura una situación de desesperación. La situación no
se ha visto aplacada precisamente después de las declaraciones
efectuadas por el Comisario Europeo en cuanto a la voluntad de
apoyo o ayuda de Bruselas. Añade que la sequía aqueja a España
desde hace tiempo por la situación irregular en cuanto a las
lluvias en España, tanto temporal como geográficamente, y que
exige que por parte del Gobierno se tomen medidas adecuadas
para prever los efectos negativos e intentar disminuir las
consecuencias negativas para nuestra economía y para la
calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Expone, finalmente, el contenido de los diversos apartados que
integran la moción, esperando el apoyo a la misma por parte de
los demás Grupos de la Cámara para poder seguir planteando lo
que debe ser una política del agua aprobada con el respaldo
del mayor número de fuerzas posibles, posiblemente desde la
razón, desde el rigor y desde la seriedad.
El señor García-Arreciado Batanero defiende la enmienda
presentada por el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Mixto; Martín Menis, del Grupo de Coalición
Canaria; Sedó i Marsal, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Socialista, que es aprobada por 281 votos a favor y uno en
contra.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
ACTUALIZACION DE LA LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE
(Número de expediente 122/000077)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Proposición de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre actualización de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte.
Tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Señorías, la Ley 10/1990 del Deporte constituye el marco
jurídico para el cumplimiento por los poderes públicos --en
este caso por la Administración central del Estado-- del
mandato constitucional de fomento del deporte. En sus cuatro
años de vigencia se ha desarrollado gran parte de la misma
con, hasta la fecha, creo que 13 reales decretos, y aún están
pendientes de desarrollar las disposiciones que regulen
cuestiones tan importantes como la coordinación de la
actividad deportiva en las universidades, hoy ordenada por un
decreto anterior a la ley, o el deporte de alto nivel, harto
necesitado de ese decreto que establezca su estatuto.
Podría parecer prudente esperar al pleno desarrollo de la ley
para valorar posteriormente sus resultados, pero el propio
Gobierno tiene ya en proyecto, por ejemplo, modificaciones
tales como la del Decreto de federaciones deportivas
españolas, y las comunidades autónomas disponen ya de siete
leyes del deporte aprobadas y tres en avanzada tramitación.
Por ejemplo, la de Baleares previsiblemente será aprobada esta
tarde por el Parlamento balear. Aunque el preámbulo de la ley
dice rechazar la fácil tentación de asumir un protagonismo
público excesivo, es lo cierto que la ley se ha calificado, en
repetidas ocasiones, de intervencionista. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Carreño.
Señorías, ¡ruego guarden silencio!
Cuando quiera.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
Presidente.
En especial, en relación con la actividad de clubes,
sociedades anónimas deportivas y federaciones. La simple
comparación con las leyes del deporte de las comunidades
autónomas, que he citado, resalta la diferencia entre los
apoyos desde éstas al deporte, vía clubes y federaciones, con
el pleno respeto a sus estructuras y a su independencia en el
funcionamiento y las prevenciones de la Administración
deportiva estatal. Y aunque en el largo proceso del debate del
proyecto de ley se llegó en gran parte de su articulado al
consenso, es lo cierto que especialmente en cuanto a las
competencias tanto del Consejo Superior de Deportes como de su
comisión directiva, a pesar de existir enmiendas coincidentes
de la mayoría de los grupos parlamentarios, la entonces
mayoría socialista en la Cámara impidió que prosperara.
Nuestra proposición de ley, presentada el pasado diciembre y
que hoy debatimos, pretende reducir la excesiva tutela
--llamémosla así-- del Consejo Superior de Deportes una vez
llegada la ley a la mayoría de edad y con la mayoría de edad
de las federaciones y asociaciones deportivas españolas;
respetar las competencias de las comunidades autónomas y de
las universidades en materia de deporte, como no podía ser
menos; corregir contradicciones que, en nuestra opinión,
presenta la ley con relación a directivas europeas vigentes y
con relación a otras leyes como el Texto Refundido de la Ley
de las Sociedades Anónimas o la Ley de Auditorías. Consecuente
con ello, paso a justificar nuestras propuestas de
modificación o supresión de artículos de la ley. Entre las
amplias competencias que otorga al Consejo Superior de
Deportes y que enumera el artículo 8 destaco --y motiva
nuestra modificación--, frente a la actualcompetencia del
Consejo, acordar con las federaciones deportivas españolas los
presupuestos y las estructuras orgánica y funcional de las
federaciones. Proponemos conocer los presupuestos y, desde
luego, suprimir el control, por el Consejo Superior de
Deportes, en la aprobación de las estructuras orgánica y
funcional de las federaciones. Con la Ley de Fundaciones ya
aprobada y el previsible incremento de financiación privada de
las federaciones como entidades de utilidad pública, con el
carácter privado y personalidad jurídica propia de las
federaciones, similar al de las ligas profesionales en cuya
organización interna no entra, por
ejemplo, esta Ley del Deporte, como tampoco entran las leyes
del deporte autonómicas en las estructuras y en el pacto de
los presupuestos federativos en cuanto a las federaciones
territoriales, debe devolverse, y así lo proponemos, la
competencia hoy del Consejo Superior de Deportes a las
federaciones deportivas españolas.
Otra modificación que proponemos entre las competencias del
Consejo Superior de Deportes, para hacerla acorde con otros
artículos de la ley, es la supresión de la autorización que
debe dar el Consejo a la inscripción de las sociedades
anónimas deportivas en el registro de asociaciones deportivas,
y ello porque la propia ley exige en unos artículos más
adelante --concretamente en el 15-- la obligatoriedad de
inscripción de todos los clubes en el correspondiente registro
de asociaciones deportivas, con independencia de la forma
jurídica que éstas adopten, cual es el caso de las sociedades
anónimas.
Hay un artículo duro --el 8 letra r)-- que finaliza con las
competencias, que es un fondo de saco, en el cual se incluyen
las enumeradas en este artículo 8 de la ley y uno final que
dice que el Consejo tendrá cualquier otra facultad atribuida
legal o reglamentariamente que contribuya al cumplimiento de
la Ley del Deporte. La atribución legal que da este artículo 8
es obvia, puesto que cualquier disposición legal con rango de
ley complementará o modificará esta Ley 10/1990. Para la
atribución por vía reglamentaria de otra facultad, ello supone
elevar a rango de ley un decreto, con lo cual daría nuevas
competencias al Consejo Superior de Deportes y alguien tendría
que recortarlas. No es ese el objeto de nuestra proposición de
ley, sino más bien el contrario.
Hay una modificación de carácter técnico, llamemos enmienda
técnica, de funcionalidad y de ahorro del gasto público. Ahora
y siempre debemos vigilar este ahorro del gasto público. Con
el absoluto respeto a las competencias de las comunidades
autónomas, ha de tenerse en cuenta que el último censo de
instalaciones deportivas existente en España es de 1986. Tanto
la Ley del Deporte como las leyes de comunidades autónomas
hablan de la actualización del censo de instalaciones
deportivas. Por otro lado, esta actualización es obligatoria
por ley y está prevista en el plan estadístico nacional.
Supone una inversión de más de 500 millones de pesetas y debe
realizarse antes del 31 de diciembre de 1996. Creemos que la
solución óptima --por eso lo proponemos-- es tener el censo
permanentemente actualizado, con un registro --exactamente
igual que existe un registro actualizado de clubes y de
asociaciones deportivas-- de instalaciones deportivas de uso
público a partir del 1 de enero de 1997.
Dentro de una leve pero no menos importante modificación para
hacer acorde nuestro artículo 8 letra j), de competencias del
Consejo, en el artículo 35 se habla del respeto a la autonomía
universitaria. Sin embargo, en el artículo 8 letra j) se
olvida de las competencias de la universidad, y por ello
pedimos la modificación en el sentido de que el Consejo
coordine con las comunidades autónomas la programación del
deporte escolar y con aquéllas y las universidades la del
deporte universitario cuando tenga proyección nacional e
internacional.
Quizá el artículo más duro en cuanto a las competencias de las
federaciones deportivas españolas es aquel que da facultades
al Consejo Superior de Deportes, a través de la Comisión
directiva, para suspender motivadamente y de forma cautelar y
provisional a presidentes o directivos de federaciones
deportivas españolas. Quiero recordar aquí que la supresión de
este artículo que nosotros proponemos fue solicitada en su día
en el debate del proyecto de ley del deporte por todos los
grupos de la Cámara. No se ha aplicado y hay que recordar que
el artículo 74, sin salir de la ley, atribuye al Comité
Español de Disciplina Deportiva la facultad disciplinaria
sobre las federaciones deportivas españolas y sus directivos.
El artículo 81 exige el lógico expediente disciplinario, y
finalmente el 84 insiste en que el Comité Español de
Disciplina Deportiva, adscrito orgánicamente pero actuando con
independencia del Consejo, decida en vía administrativa las
cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia. Por
ello, nuestra propuesta de supresión.
Las enmiendas de modificación de los artículos 22.1, 24.1 y
24.2 pretenden adaptar la Ley del Deporte, en cuanto a las
sociedades anónimas deportivas, tanto a la Directiva europea
sobre libre circulación de capitales y trabajadores como al
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con la única
particularidad de su carácter deportivo, y por ello el respeto
al artículo 76 de la ley en cuanto a número de administradores
y prohibición de ser nombrados administradores bajo
determinadas condiciones.
Finalmente, el artículo 26, que cita las auditorías, aparte de
las obligadas como sociedad anónima, en este caso deportiva,
que deben hacerse, creemos que está ampliamente legislado y
con total rigurosidad y responsabilidad tanto en la vigente
legislación sobre sociedades anónimas como en la Ley sobre
auditoría de cuentas, de 19 de julio de 1988, y en ninguna de
ellas --en la Ley de Sociedades Anónimas ni en la Ley de
Auditorías-- se habla para nada ni se definen las auditorías
complementarias. Sí se dice en la disposición final primera de
esta ley que el Gobierno establecerá los sistemas y normas
para ejercer sus competencias de control o inspección,
pudiendo recabar de los auditores de cuentas y sociedades de
auditoría cuanta información complementaria necesiten, pero no
auditorías complementarias. La auditoría de una sociedad
anónima, aunque sea deportiva, estimamos que debe ser una y
única.
Por último, las enmiendas de adición al artículo 53, referente
a deportistas de alto nivel, y al 84 pretenden respectivamente
ampliar o ser alternativa a la cobertura de la Seguridad
Social y de la Mutualidad General Deportiva en cuanto a estos
deportistas de alto nivel y dar publicidad a la composición de
la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Espero, señorías, haber justificado suficientemente nuestra
proposición de ley y que pueda merecer la toma en
consideración por esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, la propuesta de actualización,
presentada y ahora expuesta aquí por el portavoz del Grupo
Popular, de esta Ley del Deporte produce, en el análisis
realizado por el Grupo Vasco, una doble satisfacción.
Satisfacción, en primer lugar, al considerar el alcance de los
artículos que se pretende actualizar, que deja patente que la
estructura de la Ley del Deporte de 1990 fue correcta y que
respondía en sus objetivos, sus principios y su propia
redacción legal a las necesidades específicas del mundo
deportivo. Hay que recordar, señor Presidente, que el Grupo
Vasco votó a favor de esta ley, consensuada entre otros grupos
con el Socialista, y que a la misma se presentaron nada más y
nada menos que cuatro enmiendas a la totalidad de devolución
del proyecto. Nosotros seguimos donde estábamos el año 1990. Y
satisfacción, en segundo lugar, por la orientación de la
actualización propuesta por el Grupo Popular y que puede
considerarse, en su conjunto, como coincidente con posturas
clásicas mantenidas por el Grupo Vasco en esta Cámara: menos
intervencionismo estatal y mayor protagonismo de la sociedad
civil, en este caso de las federaciones deportivas;
liberalización de las inversiones, también en el caso de las
realizadas en las sociedades anónimas deportivas, y medidas de
naturaleza fiscal para los deportistas de alto nivel en
consonancia con leyes como la del mecenazgo, que con tanto
ahínco ha salido adelante en esta Cámara.
En el Grupo Vasco, señoras y señores Diputados, entendemos que
es de justicia que se hagan, al comienzo de la consideración
de esta proposición de ley, unas puntualizaciones que creemos
básicas. La Ley del Deporte ha sido un elemento fundamental
para la dinamización de este sector tan importante para la
sociedad y sigue siendo válida en su conjunto para las
necesidades actuales del mundo deportivo. Además, la
aplicación que de la misma ha realizado la secretaría de
Estado para el Deporte es más que positiva en su conjunto. Nos
atreveríamos a calificarla con un notable alto. Ahora mismo
firmaríamos, señor Presidente, que la nota media de gestión e
interlocución de otras áreas del Gobierno socialista se
acercara a la de la Secretaría de Estado para el Deporte.
Establecidos estos dos parámetros que consideramos básicos,
entraré a valorar los contenidos a actualizar que se presentan
en esta proposición de ley del Grupo Popular.
Tal y como ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, existen
cuatro aspectos que se pretenden modificar: la actualización
del censo de instalaciones deportivas, la limitación de
competencias del Consejo Superior de Deportes respecto a las
federaciones, la coordinación del deporte escolar y
universitario, y las modificaciones en las sociedades anónimas
deportivas y su adaptación a la legislación mercantil de la
Unión Europea.
Existen, señor Presidente, dos aspectos que el Grupo Vasco
comparte con lo manifestado por el Grupo Popular. Uno primero
referido al intervencionismo. Es un debate clásico en esta
Cámara y el Grupo Vasco ha expuesto reiteradamente su
posición. Entendemos que es uno de los aspectos en que la
postura del Consejo Superior de Deportes debe tender más hacia
el lado del fomento de la sociedad civil y de la libre
expresión de la misma, en este caso a través de las
federaciones deportivas, que en sentido contrario. Entendemos
que hay aspectos en la práctica, que no en las reformas
legales que se pudiesen producir en esta Cámara, que deben ser
considerados por los responsables de la Secretaría de Estado
para el Deporte. El segundo aspecto hace referencia a la
liberalización de inversiones en las sociedades anónimas
deportivas. Si somos europeos, señoras y señores Diputados,
debemos serlo con todas las consecuencias. En la modificación
que se pretende por el Grupo Popular de este artículo 22.1, la
relativa a la progresiva liberalización del sistema de
movimientos de capital, se hace referencia a la obligada
adaptación de esta normativa sobre inversiones extranjeras en
el Estado a la Directiva 88/361 de la Comunidad Europea.
Estos son dos aspectos, señor Presidente, que consideramos que
merecen una actualización de la Ley del Deporte. Al decir eso
estamos relacionándolo con la primera parte de esta
intervención, al indicar que si el Grupo Principal de la
oposición entiende que sólo son estos los artículos que
propone para su actualización, el propio Grupo Popular que en
su día --en el año 1990-- pidió la devolución de este proyecto
al Gobierno, entenderá también que la estructura de la ley en
la práctica de cuatro años largos ha sido positiva y ha
devenido en una ley que respondía a las verdaderas necesidades
que el mundo deportivo presentaba. Desde la perspectiva de que
la estructura legal es positiva y que responde a las
necesidades del mundo deportivo, haciendo
una valoración positiva de la labor que durante estos cuatro
años ha realizado la Secretaría de Estado para el Deporte,
entendemos el Grupo Vasco que existen dos aspectos, que son:
el de un menor intervencionismo en la práctica diaria en la
relación con las federaciones, y el de la liberalización de
las inversiones que se puedan realizar desde partidas y
ámbitos europeos que deben merecer la consideración a futuro
de esta Cámara.
Para manifestar nuestra posición, vamos a esperar la
intervención del portavoz socialista, que esperemos que recoja
este guante positivo y constructivo (entendemos que las
posturas del Grupo Popular también están expresadas en ese
sentido) y a la vista de lo expresado por el Grupo Socialista,
señor Presidente, el Grupo Vasco manifestará, a través de su
voto, cuál es su postura de cara al futuro de un sector tan
importante como es el del mundo deportivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri. Por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías,
la proposición de ley sobre actualización de la hoy vigente en
materia deportiva, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, aparece en su exposición de motivos y en la
presentación que se nos ha hecho por su portavoz, como un
intento, aparentemente serio en su planteamiento, de
modificación a fondo de la Ley 90/1990, de 10 de octubre. La
verdad es que --al menos este es el juicio que hace nuestro
Grupo-- el título de la propuesta no hace honor al contenido
real de la misma, que se reduce a una serie de aportaciones
totalmente alejadas de una concepción global de la que debería
ser una alternativa legislativa en materia del deporte por
parte del principal grupo parlamentario de la oposición.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López de Lerma.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.).
Cuando quiera, señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que el texto concreto que nos aporta el Grupo
Parlamentario Popular queda lejos de una concepción global de
una propuesta alternativa a la hoy vigente ley en materia de
deporte. Si me permiten, señorías, y sin ánimo, por supuesto,
de molestar a nadie y menos al Grupo proponente, la propuesta
se queda en una manifiesta banalidad.No diré que la letra c)
del artículo 8 que nos proponen, tal como nos es sugerido en
su redacción literal, podría llegar a ser más beneficioso para
las federaciones españolas, posiblemente sí. Pero es
igualmente cierto que la letra j) introduce un mero cambio
redaccional y que, en su letra n), sorprendentemente se
excluyen del censo de equipamientos las instalaciones de
clubes deportivos privados, que son en la práctica la base del
deporte federado en todo el Estado, algo que realmente aparece
como extraño y como sorprendente. En suma, por lo que hace
referencia al artículo 8, sorprende que no esté a la altura de
un cambio, sino en clara contradicción con el nuevo
planteamiento en el terreno competencial que se alude en la
presentación de esta propuesta, quedándose todo reducido a
insustanciales modificaciones.
Tampoco entendemos, señorías, la oportunidad de los cambios
que se nos sugieren respecto al artículo 10 de la actual ley,
artículo relativo a la Comisión Directiva del Consejo Superior
de Deportes, pues suprimir por suprimir apartados, sin alterar
otras disposiciones conexas con estos apartados que se
pretende suprimir, no nos parece consecuente con la pomposidad
del título de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular ni congruente con lo que se deja, tal como ahora está
redactado, en la hoy vigente Ley del Deporte.
Finalmente, nada de lo que se propone en relación a las
sociedades anónimas deportivas nos acaba de seducir. La
introducción de matices, por otro lado matices bastante
inocuos, no basta para replantear a fondo la cuestión, ni la
propia participación accionarial extranjera precisa de norma
propia, sino de una simple adecuación de las directivas
europeas.
En suma, señor Presidente, la pobreza del contenido no nos
permite votar a favor de esta iniciativa y de esa toma en
consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: El Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en principio --sólo en
principio, ahora explicaré esta cláusula de estilo-- estaría
de acuerdo en votar a favor de la toma en consideración de
esta proposición de ley. Estaría de acuerdo en principio
porque permitiría un terreno de debate en el que nuestras
enmiendas parciales en el seno de una alternativa global, tal
como dijimos en su momento, entrarían en contraste con las
posiciones de otro grupo, fundamentalmente el mayoritario, el
Partido SocialistaObrero Español, de cara a rectificar lo que
es necesario cambiar: una ley con grandes lagunas que es
preciso retomar y redefinir. Incluso algunos capítulos de cara
a definiciones que se han hecho en el marco europeo están
absolutamente desfasados en este momento.
Este debate permitiría también un análisis en profundidad
desde una óptica alternativa, más allá de las enmiendas,
algunas de ellas de parcheo, que plantea el Partido Popular, y
también más allá de la filosofía que plantea el Grupo Popular,
fundamentalmente en temas que ha denominado como
intervencionismo, tutela, etcétera. En definitiva, si no hay
otra alternativa a la hora de dibujar un terreno de juego,
valga la expresión, en función de la intervención que tenga el
portavoz del Grupo Socialista, sí nos inclinaríamos por votar
a favor de la toma en consideración.
En definitiva, y coincidiendo con el Grupo Nacionalista Vasco
vamos a esperar la intervención del portavoz del PSOE para
determinar definitivamente nuestro voto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín del
Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Presidente, señorías,
quiero saludar en primer término al Secretario de Estado para
el Deporte que nos acompaña en las tribunas y darle la
bienvenida a esta casa.
Señor Carreño, he escuchado con detenimiento su intervención,
he estudiado estos días de atrás, también con detenimiento, el
documento que han registrado y le voy a manifestar aquí lo que
piensa mi Grupo Parlamentario sobre su iniciativa.
Las modificaciones propuestas afectan al régimen competencial
del Consejo Superior de Deportes, a determinados aspectos de
los órganos de gobierno de las federaciones españolas y
parcialmente a la regulación de las sociedades anónimas
deportivas derivada de la reciente legislación comunitaria. No
alteran básicamente el modelo deportivo vigente que diseña la
Ley del Deporte de 1990, especialmente en sus contenidos
deportivos y objetivos, plenamente de actualidad, y apropiados
para el momento, ciertamente brillante, por el que atraviesa
el deporte español en 1995... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Martín del Burgo.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe cuando quiera S.S.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.
No adivino nada, señorías, si manifiesto que la buena estela
dejada por los Juegos Olímpicos, los programas ADO y la
cobertura legal que nos ofrece la Ley del Deporte en sus
cuatro años de vigencia ha permitido hacer multiplicar los
centros de alto rendimiento en nuestro país, por cierto bien
distribuidos territorialmente por comunidades autónomas, ha
permitido que se multipliquen por tres el número de primeros
puestos obtenidos por nuestros deportistas de alto nivel, ha
permitido más de 800 instalaciones en centros escolares, sin
contar aquéllas de naturaleza federativa también propiciadas
por el Consejo Superior de Deportes.
A juicio del Grupo Parlamentario Socialista y del conjunto del
mundo del deporte, de sus protagonistas, agentes,
administraciones competentes y comentaristas especializados,
hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo espectacular en
el fomento del deporte base y de promoción, en la mejora y
extensión de las instalaciones deportivas y en el más que
notable papel desempeñado por nuestro deporte de alto
rendimiento y sus deportistas de alto nivel en el concierto
internacional. Metafóricamente un importante medio de
comunicación decía: de la nada hemos pasado a la abundancia.
El Grupo Parlamentario Socialista, señor Presidente, quiere
dejar constancia de algunas valoraciones. La Ley del Deporte
que propone actualizar el Partido Popular tuvo una tramitación
que, si bien no podemos definir como unánime, sí mereció un
amplio apoyo de los Grupos Parlamentarios, especialmente
Socialista, Catalán y Vasco y, en títulos concretos,
coincidencias con Izquierda Unida, incluso con el Grupo
proponente. De entonces acá el Grupo Popular tan sólo ha
presentado ante el Pleno una iniciativa relevante respecto del
deporte. En ese momento no se solicitaba modificación,
actualización o desarrollo alguno referido a los temas ahora
planteados por el Grupo Popular.
Permítanme también constatar, señorías, que del análisis
retrospectivo de la tramitación parlamentaria del proyecto de
ley no advirtamos concomitancias esenciales entre lo que hoy
propone el Partido Popular, reformamuy parcial por su propio
devenir o hipotéticos desajustes, y los planteamientos de
entonces, hace algo más de cuatro años.
En similar sentido manifestar que desde el inicio de la V
Legislatura no se han registrado iniciativas parlamentarias
del Grupo hoy proponente que hicieran referencia directamente
a alguno de los puntos de que consta la proposición de ley. No
se advertía, pues, la urgencia ni la necesidad de acometer
esta actualización, ni se advertía ni se advierte a juicio del
Grupo Socialista. De aceptarse lo solicitado por el Grupo
Popular, señorías, se reducirían los poderes y competencias de
la administración sobre el deporte organizado, se aligeraría
la legítima carga tutelar del Estado sobre las federaciones
deportivas, eliminándose alguna de las técnicas de
intervención y control consagradas en la Ley, se eliminarían
algunas de las especificidades de las sociedades anónimas
deportivas y su régimen jurídico.
Haré otras consideraciones, señorías. La Ley del Deporte
consagra los principios de libertad y voluntariedad en la
práctica deportiva. El reconocimiento y estímulo de las
acciones organizativas y de promoción de las asociaciones
deportivas y el principio de colaboración responsable con
todos los implicados en el fenómeno deportivo.
Señorías, y me dirijo especialmente a aquellos grupos
parlamentarios que al fijar su posición decían que esperaban a
la intervención del Grupo Socialista, he de recordarles que la
Ley del Deporte de 1990 es el primer texto legal que explicita
y define a las federaciones deportivas como entidades
privadas. No lo reconocía así la Ley General de la Cultura
Física y el Deporte de 1980, y no lo intentó tan siquiera la
Ley de Educación Física de 1961. Les estimulo en el sentido de
que hagan una lectura detenida de ambas instancias.
Señorías, señor Presidente, frente a la tesis del privativismo
y máxima independencia de las organizaciones deportivas, a la
que parece adscribirse, legítimamente, el Partido Popular en
esta proposición de ley, y la contraria, aquella que concibe
al deporte como un fenómeno institucional antes que social y
por tanto de responsabilidad y titularidad eminentemente
pública, la Ley del Deporte de 1990, promovida por el Gobierno
socialista y apoyada por otros grupos parlamentarios, ha
elegido un camino intermedio en el que la sociedad, a través
de organizaciones privadas, organiza y ejerce la actividad
deportiva, asumiendo por delegación del poder público
determinadas funciones jurídico-administrativas, en una suerte
de autoadministración que es precisamente la que justifica la
existencia de la tutela sobre entidades de base privada como
son las federaciones deportivas.
Permítanme que me detenga dos minutos respecto de la posición
que nos merece parte del articulado, en concreto lo referido a
sociedades anónimas deportivas, la naturaleza del accionariado
y la tutela e intervención de la administración.
La razón por la que la Ley, señorías, establece limitaciones
en la participación extranjera en las SAD de socios personas
físicas fue evitar el traspaso a manos no españolas de
nuestros clubes deportivos de competición profesional. Era
1990, fecha en la que aún existía control de cambios en
nuestro país.
La enorme transformación que para el deporte supuso la citada
ley requería determinadas restricciones en la transformación
de los tradicionales clubes en sociedades anónimas deportivas,
en un intento de proteger los derechos de los ciudadanos
españoles, y muy especialmente los de los entonces socios de
dichos clubes. En la fórmula propugnada por el Grupo Popular
este peligro no desaparece, pues, a diferencia de lo que hace
para la participación de personas jurídicas en el capital de
las SAD, aquí no establece ninguna limitación y propone elevar
el límite de participación extranjera, fijándolo en un 50 por
ciento. Está en un 25 por ciento no de la sociedad anónima
deportiva sino de la sociedad socio de la SAD, con lo que el
control de la sociedad anónima deportiva habría pasado
definitivamente a manos foráneas. Queremos avanzar en este
camino, y me refiero a esos grupos parlamentarios que
esperaban nuestra intervención, en un marco de consenso, de
diálogo y con otros parámetros diferentes a los que se nos
presentan esta tarde aquí.
Hay algunos asuntos pendientes, señorías. La aplicación del
derecho comunitario respecto del deporte está pendiente de
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. El Tribunal de Luxemburgofallará en relación, por
ejemplo, a la cuota de extranjeros y a las indemnizaciones por
traspasos. La Comisión Europea y anteriormente el Parlamento
Europeo parecen no estar muy de acuerdo con las normas que la
UEFA viene aplicando, según el derecho comunitario.
Hay una pregunta del parlamentario socialista en el Parlamento
Europeo, Glyn Ford, a la Comisión, obteniendo de ésta una
respuesta muy prudente en tanto en cuanto no se pronuncie el
Tribunal Europeo Comunitario. No se reconoce, al menos no lo
hemos advertido, reclamación alguna de particulares de países
de la Comunidad Europea por haberse lesionado sus intereses en
la participación societaria de la SAD en España. Habría de
incluirse por ese camino, y por analogía también, señorías,
según la propuesta del Partido Popular, a los capitales de los
Estados Miembros del
Espacio Económico Europeo --Noruega, Islanda o
Liechtenstein--. No alcanzamos, por ejemplo, a descifrar qué
quiere decir, según el texto presentado, personas jurídicas
públicas privadas. El tema, por tanto, exige otro enfoque y
otro momento, y, repito, queremos avanzar en ese camino y en
esa dirección.
Dos palabras respecto de la tutela-intervención
administrativa. Se trata, señorías, de principios que
contienen reglas derivadas del principio de tutela y que, como
tales, implican técnicas de intervención administrativa en la
vía de las entidades afectadas. Son las típicas cláusulas de
garantía, que difícilmente pueden entrañar intervencionismo
injustificado. Federaciones y ligas son organizaciones de base
privada. Las federaciones deportivas han sido declaradas de
interés público. No es coherente solicitar la liberación de
todo control si se mantiene el régimen de prerrogativas
públicas de estas entidades.
El razonamiento del grupo proponente parte del error de
considerar sanción disciplinaria a la suspensión, cuando
realmente sólo es una medida preventiva. El resultado
definitivo será el producido, en todo caso, por el órgano
titular de la potestad disciplinaria, el Comité Español de
Disciplina Deportiva. Y no lo digo yo, lo dice la
jurisprudencia: sentencias del año 1984 y de 1988 del Tribunal
Supremo, sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 y, muy
especialmente, la del Alto
Tribunal de 11 de enero de 1990, que declaró no resultar
contraria a los postulados de la presunción de inocencia la
suspensión preventiva en el cargo o función de presidentes de
federaciones si dicha suspensión responde a las exigencias del
servicio público y al buen fin del expediente sancionador.
Esta suspensión, pues, no tiene carácter de sanción sino de
medida cautelar, a tomar sólo con carácter excepcional por un
órgano colegiado --la Comisión Directiva del Consejo--, en la
que están integradas, por cierto, las propias federaciones
deportivas. Aún no conocemos ningún caso de suspensión
preventiva de presidentes de federación, y no lo conocemos,
señorías, porque no se ha producido.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Termino, señor Presidente.
La Ley del Deporte de 1990 es de plena vigencia por su
utilidad para el desenvolvimiento del modelo deportivo
español. La posible adecuación de la legislación deportiva
requiere una visión más global y de conjunto de la normativa.
Los socialistas estudiaremos los elementos que paulatinamente
hagan su aparición y puedan requerir a medio plazo una
adaptación de conjunto del esquema legal en el que se
desenvuelve el fenómeno deportivo español en pleno
afianzamiento, evolución y expansión.
Quiero recordar, señorías, la proposición conjunta presentada
por los grupos parlamentarios Socialista y Popular del Senado,
aprobada por unanimidad, instando a la Comisión de Educación y
Cultura a acometer los trabajos necesarios para la elaboración
de una proposición de ley que modifique el Título IX de la Ley
del Deporte.
Señorías, termino diciendo que en ese marco y en ese clima de
colaboración responsable podríamos estudiar las posibles
adaptaciones de la legislación deportiva bajo un enfoque más
de conjunto, realizando así retoques de forma sin acometer el
fondo, que tiene voluntad longeva.
Y termino --ahora sí-- diciendo que de lo escuchado, señor
Presidente, no es difícil deducir que estamos en un alto grado
de identificación respecto de la utilidad y bondades de los
objetivos de la Ley del Deporte del Estado, incluso diría en
un nivel superior al momento procesal y político de su
presentación y trámite parlamentario, hace cuatro años. Por
esas razones vamos a votar en contra de la toma en
consideración de esta iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición de ley del Grupo Popular sobre actualización de la
Ley del Deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 281; a favor, 115; en contra, 149; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma
en consideración.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE
MODIFICACION DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, DE 26 DE
JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTOREFUNDIDO DE LA LEY SOBRE
EL REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION URBANA (Número de expediente
122/000061)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la Proposición de Ley
del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió sobre
modificación del Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Tiene la palabra el señor Recoder. (El señor Vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Recoder. (Pausa.)
Señorías, ocupen sus escaños, por favor. (Pausa.)
Ocupen sus escaños, señorías, y guarden silencio, por favor.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario somete hoy a la
consideración de la Cámara la propuesta de modificación de una
norma polémica, como es el texto refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Como saben ustedes, ésta es una norma que nació y sobrevive en
medio de la polémica, polémica planteada, de un lado, porque
dicha normativa fue considerada desde perspectivas ideológicas
muy distintas, como la reiteración en unos mecanismos de
política de sueloy vivienda superados en Europa y
absolutamente ineficaces frente al objetivo de conseguir
abaratar el mercado del suelo y, por tanto, conseguir que la
vivienda fuera más asequible, y, de otro, por su carácter
invasor de las competencias autonómicas en materia
urbanística, lo
que llevó a que nada menos que siete comunidades autónomas
recurrieran ante el Tribunal Constitucional la Ley 8/1990, en
la cual tiene su origen dicho texto refundido, así como el
propio texto refundido. Concretamente, esas comunidades fueron
Baleares, Aragón, Navarra, Cantabria, Castilla-León, Canarias
y Cataluña, comunidades gobernadas por un amplio espectro de
fuerzas políticas.
En el momento de aprobarse esta Ley existía una extensa
legislación dictada por las comunidades autónomas en ejercicio
de sus competencias en materia de urbanismo que modificaba y
adaptaba la Ley del Suelo de 1976 a la realidad del territorio
de cada una de estas comunidades autónomas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor
Recoder. (Pausa.)
Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Decía que con la nueva ley se intentó reponer en parte la
legislación urbanística anterior a la configuración autonómica
del Estado, lo que originó una duplicidad de términos
jurídicos con contenido y efectos contrapuestos. Esta
circunstancia se agravó cuando alguna comunidad autónoma, como
es el caso de Cataluña, en el ejercicio de sus competencias,
aprobó con anterioridad a la Ley 8/1990, por tanto, bastante
antes de la aprobación del texto refundido, su propia
refundición de legislación urbanística, la cual, a su vez, no
fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del
Gobierno central, a pesar de que en muchos aspectos se
contradecía con la normativa estatal. Resultado de ello es
que, en la actualidad, nos encontramos ante una absoluta falta
de seguridad ocasionada por la vigencia de dos legislaciones
que regulan lo mismo pero de forma distinta.
La norma cuya reforma proponemos pretendía uniformar el
contenido del derecho de la propiedad, olvidando que su
contenido era, y es, consecuencia también de la actividad
legislativa de las comunidades autónomas en ejercicio de sus
competencias urbanísticas. Es decir, que el contenido de este
derecho no lo define en exclusiva el Estado central sino todas
las administraciones públicas con competencias urbanísticas, y
está muy claro en el bloque de constitucionalidad que las
competencias sobre urbanismo se han atribuido en exclusiva a
las comunidades autónomas, sin ningún tipo de límites, sin
ninguna exigencia de respetar unas bases estatales. Sin
embargo, la normativa en cuestión, en muchos de los aspectos
que plantea, invade cuestiones que nada tienen que ver con
otra cosa que no sea urbanismo, aunque se disfrace bajo el
supuesto título del principio de igualdad constitucional. Como
decía antes, así lo creyeron las siete comunidades autónomas
que en su momento llevaron esta Ley ante el Tribunal
Constitucional.
Los efectos negativos de esta norma se han visto aumentados
por cuanto manifiesta una real ignoranciade la realidad del
planeamiento, ya que parece que se quiere aplicar sobre un
desierto de ciudades vacías, en las que no ha sucedido
absolutamente nada antes de la entrada en vigor de esta Ley.
Parecía ignorar la Ley que está incidiendo automáticamente en
un conjunto innumerable de municipios, que disponen de un Plan
General definitivamente aprobado y en ejecución, que disponen
de programas de actuación, de planes parciales y especiales,
que han delimitado unidades de actuación, estudios de detalle
que han determinado subsistemas, han aprobado proyectos de
urbanización, proyectos de compensación, reparcelación y
expropiación.
Como en ningún lado se determinaba, ni se determina, cómo se
afecta lo vigente, la consecuencia ha sido el conflicto o la
no aplicación de la norma, todo ello acentuado en aquellas
comunidades autónomas que disponen de un alto grado de figuras
de planeamiento en plena vigencia.
Por otro lado y como decía al principio de mi intervención,
esta legislación, desde nuestra perspectiva, además de
conculcar competencias autonómicas, supone la reiteración de
unos mecanismos de política de suelo y vivienda absolutamente
superados, como el tiempo se ha encargado de demostrar allí
donde el texto refundido se ha aplicado. El aumento de los
suelos de cesión obligatoria, que se extrapoló
retroactivamente a todo el suelo urbano, repercute en un doble
aumento del precio del suelo, el ocasionado por las mayores
cesiones y el debido a la rigidez que genera el mecanismo,
porque hay que reparcelar, buscar compradores y crear un
mercado paralelo para que este suelo, resultado de la cesión,
pueda ser vendido. El obligar a poner suelo en el mercado por
la vía de la amenaza legal, lo que aparentemente era la gran
arma de dicha Ley, no ha proporcionado los efectos deseados.
Ya dije en su momento,
y lo sigo pensando, que cualquier alternativa basada en una
política de gestión eficaz de suelo ha de ser más efectiva que
la búsqueda de excusas expropiatorias, que además no son
respaldadas por una adecuada financiación.
De hecho, éstos y algunos otros aspectos principales del texto
refundido de la ley del Suelo han sido cuestionados por el
Comité de expertos sobre urbanismo y políticas de suelo,
creado por el propio Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, Comité que recomendó simplificar la
regulación de la actividad urbanística y crear un marco
normativo adaptado a la estructura del Estado de las
autonomías, propuestas que han quedado plasmadas en el texto
denominado: Recomendaciones de avance normativo y políticas de
suelo.
Nuestro grupo parlamentario, que básicamente coincide con las
reflexiones y propuestas de dicho comité de expertos, cree
urgente iniciar la reforma de la normativa estatal sobre
régimen del suelo, con el doble objetivo de adaptarla al
bloque de constitucionalidad y terminar así con la falta de
seguridad y caos que la duplicidad de normas ha ocasionado y,
a la vez, definir políticas eficaces que permitan el
abaratamiento real de precio del suelo, desechando las
propuestas teóricas de despacho que denotan un absoluto
desconocimiento de la realidad a la que deben enfrentarse y
que, por tanto, son del todo ineficaces, como es el caso desde
nuestro punto de vista de la normativa en cuestión.
Pienso, señor Presidente, señorías, que hoy tenemos la gran
oportunidad de iniciar esta labor legislativa de reforma, que
no me cabe ninguna duda se puede producir, se podría producir
y se debería producir, con un amplio consenso en la Cámara.
Por todo ello, solicito su voto favorable, para que esta
proposición de ley pueda ser tomada en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Recoder.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Brevemente, señor Presidente.
Intervengo para fijar postura respecto a la proposición de ley
presentada por el Grupo Catalán sobre modificación del Real
Decreto legislativo 1/1992, sobre el texto refundido del
régimen del Suelo y Ordenación Urbana, para apoyar la toma en
consideración de la proposición, por su oportunidad, por la
necesidad de que, en materia de ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, quede definido y adaptado a la
configuración territorial de nuestro Estado y para dar
seguridad jurídica a tan delicado campo.
No podemos tolerar injerencias de la legislación estatal en la
legislación asumida en los estatutos para las comunidades
autónomas y, por tanto, esperamos que en el debate de
Comisión, caso de prosperar esta proposición, podamos
enriquecer esta iniciativa que puede redundar en beneficio de
muchos ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Brevemente también. Coalición Canaria va a apoyar la toma en
consideración de la presente proposición de ley, en virtud de
dos tipos de consideraciones. En primer lugar, es indudable
que la competencia en ordenación del territorio es una
competencia transferida a las comunidades autónomas de forma
exclusiva, fue una de las primeras que se realizó, ya en el
año 1982 (muchas comunidades autónomas tenían esta
competencia) y hay una experiencia suficientemente importante
como para pensar que se puede realizar legislación específica
en las comunidades autónomas que se adapte a las
peculiaridades de cada una de ellas. Por eso nos parece que
restringir la legislación básica a la mínima necesaria, así
como mantener de aplicación plena sólo los artículos
necesarios, puede permitir esta flexibilización de la
legislación específica de cada comunidad autónoma que
indudablemente debe repercutir en la mejor gestión del
territorio.
Por otro lado, en esta proposición de ley, hay artículos que
flexibilizan la ley, que nos parecen positivos en la línea de
conseguir el objetivo prioritario que en este momento se puede
establecer prácticamente en todo el territorio del Estado
español, que es la creación de suelo urbano. Por eso,
apoyaremos esos artículos.
Por último, hay otros artículos que creemos devalúan la
capacidad de las administraciones, ayuntamientos,
diputaciones, cabildos y comunidades autónomas para poder
disponer de más patrimonio de suelo, y consideramos que en el
proceso de tramitación pueden sufrir las modificaciones
oportunas para el mejor resultado de esta ley.
Por tanto, anunciamos que presentaremos enmiendas durante la
tramitación, y apoyaremos la toma en consideración de esta
proposición de ley que creo abre una expectativa importante de
revisión en un momento donde se necesitan conseguir objetivos
claros como la creación de suelo urbano para la mejora de los
precios del suelo y, al final, de la vivienda, que es uno de
los grandes problemas planteados en este país.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco respecto
a la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) relativa a la modificación puntual del texto refundido
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.
Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que hace el
Grupo Catalán en la medida de adecuar el texto refundido a la
realidad del Estado autonómico.
Nos parece necesario que se respeten las competencias de las
comunidades autónomas en materia de urbanismo, puesto que
tanto el artículo 148 de la Constitución, como los diferentes
estatutos de autonomía, que en su conjunto son los que
constituyen el bloque de la constitucionalidad, atribuyen la
competencia urbanística a las comunidades autónomas.
Por tanto, en la medida que este proyecto de ley deja sin base
determinados preceptos del texto refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación Urbana, estamos de acuerdo con el mismo.
Evidentemente, en materia urbanística ocurre que intervienen
diferentes títulos competenciales. Está ocurriendo que títulos
que se cruzan, como puede ser, en base al artículo 149.1.18.ª,
la legislación civil en materia del derecho de propiedad,
están incidiendo en las facultades urbanísticas de las
comunidades autónomas.
Saben SS.SS. que el derecho de propiedad en estado natural es
la propiedad rústica. Es el poder público, son los poderes del
Estado, legítimamente elegidos, los que van reconociendo el
derecho y las facultades inherentes al derecho de propiedad a
cada uno de los titulares del suelo, puesto que en estado
natural uno es propietario de suelo rústico. Son los poderes
públicos los que gradualmente van otorgando, los que van
adjudicando las facultades al titular dominical del inicial
suelo rústico para poder realizar en dicho suelo determinadas
operaciones de naturaleza urbanística.
Señorías, la propiedad urbanística en España se adquiere de
manera gradual. El sistema diseñado por esta Cámara de
adquisición gradual de facultades en el derecho de propiedad
urbanística comienza por el derecho a urbanizar que lo
establece bien sobre suelo urbano o urbanizable el Plan
general, o el Plan parcial en el suelo no urbanizable, para
seguir a continuación con el aprovechamiento urbanístico de
esa superficie de suelo urbano que, en definitiva, el
legislador cataloga y adjudica una vez que se hayan producido
las cesiones obligatorias y la distribución equitativa de
beneficios y cargas en favor de la comunidad. A continuación
el derecho del titular pasa a ser el derecho a edificar, que
se adquiere con la presentación de un proyecto acorde con el
planeamiento urbanístico y con la legislación urbanística y,
en último lugar, el derecho a la propiedad edificada cuando la
edificación se ha realizado de conformidad a la licencia
inicialmente otorgada. Por tanto, señorías, en España, la
propiedad urbanística se adquiere mediante un proceso de
adquisición gradual de facultades, conocido también
doctrinalmente como sistema de escalera.
Nuestro grupo parlamentario delimita la propiedad con dos
tipos de cesiones importantes a la comunidad. En primer lugar,
la cesión de viales, la cesión para la construcción de
jardines, la cesión para realizar parques, primera cesión que
se realiza con carácter de interés general. En segundo lugar,
en la segunda fase de la adquisición de facultades, la cesión
del derecho al aprovechamiento urbanístico, es decir, el 85
por ciento de la superficie del área de reparto corresponde al
titular privado y el 15 por ciento restante es la cesión que
los poderes públicos reciben en base a la legislación
urbanística. Es aquí, señorías, donde se encuentra, además de
en el núcleo competencial, el aspecto gordiano de esta
iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió.)
En definitiva, en este proyecto de ley hay una concepción, hay
una filosofía del derecho de propiedad, puesto que estamos
modulando las cesiones que un particular debe realizar a la
comunidad, en definitiva, a un municipio, y estamos afectando
a la regulación del aprovechamiento urbanístico, es decir, al
15 por ciento del derecho que tiene la comunidad de
participación en la superficie en cuanto al área de reparto.
Por tanto, creo que es una cuestión importante, una cuestión
que no solamente la tenemos que ver desde un punto de vista
competencial, sino que, evidentemente --no se nos puede
pasar-- tiene un matiz ideológico importante, en la medida que
el planteamiento de la iniciativa de ley está permitiendo que
las comunidades autónomas puedan modular, con un carácter más
amplio, las obligaciones y las cesiones, en base al
aprovechamiento urbanístico, que deben realizar a la comunidad
general, en definitiva, al municipio.
Por ello, nosotros estamos de acuerdo en el planteamiento que
se hace en la proposición de ley de que, en defecto de la
regulación urbanística autonómica, o en defecto del
planeamiento urbanístico, la cesión pasa a ser del 85 al 90
por ciento; en definitiva, hay ahí un concepto y una filosofía
de entender el derecho de propiedad y cada cual ha de obrar de
conformidad a los principios que guían su quehacer político.
Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo en ese
planteamiento en la medida que el legislador autonómico va a
poder establecer unas cesiones, en base al aprovechamiento
urbanístico que se plasma bien en dinero o bien en locales que
al final se ceden, una vez construidos, a los municipios, y
podrá determinar, podrá modular un aprovechamiento
urbanístico-tipo superior al 15 por ciento que se establece en
el texto refundido con carácter básico al regular el derecho
de propiedad.
Por último, señor Presidente, la iniciativa de ley lo que
realiza es una serie de preceptos que van a quedar sin base,
con lo cual nosotros estamos de acuerdo. En definitiva tampoco
podemos olvidar que contiene una serie importante de
disposiciones derogatorias que afectan, a nuestro juicio, a
instrumentos no propiamente de ordenación urbanística, sino a
instrumentos de ordenación de territorio y que, por tanto,
nosotros vemos oportuno, vemos conveniente y necesario que
desaparezca la existencia de tales figuras del texto
refundido, porque entendemos que la ordenación del
territorio es competencia autonómica y no competencia de los
poderes centrales del Estado.
Por tanto, vamos a votar favorablemente la proposición de ley
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, yo creo que hoy se va a producir en este Pleno una
de las paradojas que se producen en la vida parlamentaria,
porque fue en la pasada legislatura donde recuerdo yo mismo
haber sido ponente, por parte de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, en la discusión de la Ley del Suelo y haber
tenido un debate tremendo con el Grupo Socialista sobre los
contenidos de dicha ley. Hoy se va a producir la paradoja de
que va a ser el Grupo Socialista uno de los grupos que van a
plantear una modificación, sustancialmente a la baja, de los
contenidos de la Ley del Suelo, y el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya va a ser probablemente el único
grupo de la Cámara que defenderá los actuales contenidos de la
Ley del Suelo. Si eso no es girar aún más a la derecha, ¡que
venga Dios y lo vea!
La propuesta que hace el ponente del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) que está hecha con gran pulcritud y con
conocimiento de la materia de que se trata, es una propuesta
cuyos contenidos (o al menos yo le he oído desde esta tribuna
presentarlo como artífice y argumento fundamental de su
exposición), a nuestro juicio, no son los argumentos que
realmente informan esta modificación de la Ley del Suelo. No
es el problema autonómico, a nuestra manera de ver, el
sustrato fundamental de esta modificación de la Ley del Suelo.
Nosotros estamos de acuerdo en que no debe haber una
duplicidad de competencias en la legislación urbanística, y
defendimos en su momento que muchos contenidos de la Ley del
Suelo deberían serlo de leyes del Suelo de las diferentes
comunidades autónomas. En eso estamos de acuerdo; ese no es el
problema. El problema es que, mediante esta modificación de la
Ley del Suelo, lo que se hace fundamentalmente es aumentar los
derechos de propiedad de los propietarios de suelo. Este es el
hecho fundamental que se plantea. Por tanto, ahí se va a
producir un consenso entre los grupos conservadores y se va a
unir el Grupo Socialista, porque es absolutamente esclavo de
las directrices políticas que emanan del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); no por catalán ni por autonomista, sino
porque es un grupo que tiene una determinada concepción,
absolutamente respetable, pero una concepción conservadora de
cómo se deben llevar los planteamientos urbanísticos. Para que
se vea que no hablo por hablar, que no son aguas de borrajas,
les diré, por ejemplo: ¿cuál es el problema del artículo 27?
En el artículo 27 se plantea que los derechos de
aprovechamiento por parte de los ayuntamientos no van a ser
del 15 sino que van a ser del 10; hay una reducción del 5 por
ciento de los derechos de aprovechamiento, que es una cantidad
importantísima. Estas cantidades, metidas en las diferentes
cuentas de beneficios de las propiedades inmobiliarias, son
muy importantes, pero son cantidades que van a perder
sustancialmente los ayuntamientos. Este es el núcleo duro de
esta proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), como muy bien lo ha entendido el Grupo Vasco.
Aquí estamos hablando del derecho de la propiedad, no estamos
aquí hablando de problemas de competencia autonómica; por lo
menos, no estamos hablando sustancialmente de eso. Este es el
problema fundamental. No olvidemos el artículos 34. La
legislación del suelo, tal y como se encuentra vigente hoy
día, señala que la falta de adquisición del derecho a edificar
por causa imputable al titular del terreno implica, en última
instancia, que la expropiación se hace con el 50 por ciento de
reducción del derecho urbanístico, y eso se suprime con esta
modificación. Es decir, en el caso específico de que haya que
expropiar, la propiedad va al 100 por cien del derecho
urbanístico, mientras que en la actual Ley va al 50 por
ciento. Imagínense ustedes lo que significa esto para un
ayuntamiento, pues que se duplica el precio de expropiación.
¡No es ninguna tontería lo que se está planteando aquí!
Igualmente, al artículo 36, apartado 2, el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) plantea una modificación que supone un
incremento del doble de las expropiaciones para un
ayuntamiento. Por tanto, esto es lo fundamental de esta
proposición de ley.
Si en un principio a mí me pudo sorprender que el Grupo
Socialista aceptara a trámite esta proposición de ley, a mí ya
no me sorprende nada del Grupo Socialista, no me sorprende
absolutamente nada; desde luego, tengo que manifestar que
quien domina cada vez más, legislativamente, esta Cámara
(repito que yo lo respeto, no me molesto ni siento
animadversión por ello, pero es un hecho objetivo) es el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y repito que no por problemas
autonómicos ni por problemas de catalanidad, sino por
problemas de unas políticas conservadoras muy concretas que,
poco a poco, se van imponiendo en esta Cámara.
Nosotros respetamos mucho los argumentos que se han planteado
en esta tribuna por parte del proponente, de la misma manera
que manifestamos en su momento que ésta no era la mejor Ley
del Suelo y que significaba un desarrollo de la anterior
legislación del
suelo. Se tuvo una oportunidad magnífica para haber hecho una
Ley del Suelo más moderna, más actualizada, más capaz de
afrontar los nuevos retos, pero una Ley del Suelo que no
dejara a la administración pública en una situación de
debilidad. Yo creo que aquella oportunidad perdida se está
pagando ahora, cuando las debilidades de aquella Ley del Suelo
se están utilizando ya sea para rebajar los techos de
posibilidades de la Administración pública, ya sea para un
ataque frontal como el que se plantea desde el Ministerio de
Economía que trata, sustancialmente, de que suban de forma muy
importante los derechos de la propiedad y que bajen, de forma
correlativa, los derechos de las administraciones públicas.
Nosotros pensamos que no sé si es de una forma querida o no,
si es coincidente, casual o no, pero, desde luego, esta
proposición de ley sólo hace de avanzadilla de las propuestas
que el señor Solbes ha ido adelantando reiteradamente sobre
cómo debe ser la legislación del suelo y que el Presidente,
señor González, ha hecho suyas y las ha manifestado desde esta
tribuna en el propio debate del estado de la nación.
Nosotros, si no fuera porque es predicar en el desierto,
invitaríamos al Grupo Socialista a que no siguiera en los
contenidos de esta proposición de ley; que al menos fuera
coherente con lo que aprobaron hace dos años, y que no nos
dejen a nosotros la exclusiva de defender una ley que
nosotros, en su momento, atacamos y que sigue sin parecernos
buena. Son situaciones absolutamente paradójicas; pero como
pedir coherencia en el Grupo Socialista me imagino que será
predicar en el desierto, me quedo con el ánimo de
manifestarles que vamos por muy mal camino; que cada vez se
van a reducir más las competencias de las administraciones
públicas en materia de urbanismo y hay que hacer una ley del
suelo moderna, pero, por favor, una ley del suelo que no deje
a los ayuntamientos en una situación mucho peor y que, desde
luego, comprendan que el urbanismo es una actuación pública,
es una función pública, y que los derechos de los
propietarios, siendo unos derechos respetables, son derechos
que están con los límites que se plantean en la Constitución y
con los límites, además, de los derechos de la colectividad.
Por consiguiente, la posición de mi grupo parlamentario va a
ser negativa en lo que se refiere a la admisión a trámite de
esta proposición de ley y, repito, no por problemas
autonómicos sino por problemas de calado, de profundidad, que
se proyectan en esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, la
proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre modificación del texto refundido de la Ley del Suelo,
incide sobre una de las cuestiones de mayor calado de las que
afectan a la sociedad española más allá de las turbulencias --
muy graves-- del momento presente: la problemática del
suelo.
Es un lugar común afirmar que el suelo es de enorme
importancia no sólo para la política de vivienda sino para el
conjunto de las actividades productivas; por ello, evitar o
reducir el impacto de los precios del suelo sobre estas
actividades productivas fue uno de los objetivos de la Ley
8/1990, que es el punto de referencia de esta proposición de
ley.
Hay que decir que, a fecha de hoy, pocas veces se han logrado
peor los objetivos que se han pretendido. La Ley 8/1990 no ha
sido capaz de frenar la especulación del suelo ni de parar la
escalada de precios del suelo y su incidencia en la vivienda
ni de evitar que el ámbito inmobiliario, el ámbito del suelo,
sea uno de los terrenos más abonados de este fenómeno que
asola a la sociedad española en el momento presente y que se
llama corrupción.
En materia de política de vivienda baste decir --y es un botón
de muestra--, que, según datos recientes de Argentaria, si la
incidencia del componente suelo sobre el precio final de una
vivienda era del 15 por ciento, en 1985, hoy llega al 45 por
ciento y, en muchos casos, se acerca al 50 por ciento. Es que
la reforma que se llevó a cabo por la Ley 8/1990 --que ahora
se trata de contrarreformar-- y que el Partido Popular objetó
en todos los lenguajes, mediante una enmienda a la totalidad y
múltiples enmiendas parciales, fue uno de los pasos atrás más
graves e importantes que se han dado en esta problemática del
suelo.
Como se ha dicho, con acierto, en ambientes académicos y
profesorales, aquella reforma de la Ley 8/1990 fue
desenfocada, fue una reforma radical y rígida, fue una reforma
no compartida. Fue una reforma desenfocada porque partió de un
diagnóstico y de un pronóstico de la situación económica de
aquel entonces absolutamente equivocado, olvidando que el
factor desencadenante de aquel «boom» del suelo fue el dinero
negro, sencillamente; por eso fue erróneo su diagnóstico y la
normativa que comportó. Fue una reforma radical y rígida al
implantar lo que alguien, con acierto y no sin sarcasmo, ha
denominado un urbanismo a toque de corneta. Fue, finalmente,
una reforma no compartida, obra de laboratorio hecha por
teóricos de despacho, ignorantes de la práctica y de la
realidad urbanística de nuestro país, lo que dio lugar a que
la ley estatal haya permanecido y siga todavía disociada y
distanciada de los naturales gestores autonómicos y
municipales, que tenían la misión de aplicarla y de cumplirla.
Todos estos fallos se acentúan y se agravan con el texto
refundido de 1992, que en un claro «ultra vires» incorpora 40
artículos nuevos que ignoran que las competencias en materia
de ordenación del territorio, de
vivienda y urbanismo, de acuerdo con la Carta Magna y con los
estatutos de autonomía, corresponden en exclusiva a las
autonomías. No es extraño que desde entonces se hayan alzado
múltiples voces en contra de esta Ley y en favor de su
revisión, modificación o derogación, desde el Tribunal de
Defensa de la Competencia, que no regatea adjetivos frente a
esta Ley, hasta en el seno del propio Gobierno, si bien de una
manera antagónica y opuesta. Recordemos la conocida polémica
entre el señor Solchaga y el señor Borrell, que ahora se
repite entre el señor Borrell, que continúa en el puesto, y el
señor Solbes, Ministro de Economía y Hacienda.
El Grupo Popular, por su parte, con independencia de su
posición en el momento del debate de la desdichada Ley 8/1990,
recientemente en el debate del estadode la nación ha
presentado una propuesta de resolución, la número 43, donde de
una manera clara y precisa (lo que contrasta con el aire vago
y etéreo de la propuesta de resolución conjunta del Partido
Socialista y del grupo hoy proponente) plantea las directrices
de una sustitución, en el plazo de seis meses, de la
desdichada, repito, ley 8/1990, fundamentalmente apoyadasen el
reconocimiento explícito del derecho de propiedad urbana en
términos constitucionales y la iniciativaprivada, así como la
revisión del sistema de financiación de las corporaciones
locales, para evitar que tengan que apelar a las
calificaciones urbanísticas en la búsqueda desesperada de
recursos financieros. Es en este contexto donde hay que
valorar, donde hay que ponderar la proposición de ley que hoy
debatimos.
La proposición de ley, que quiero adelantar mi grupova a
apoyar porque globalmente comparte su objetivo básico, que es
revisar la Ley 8/1990 y el texto refundido, presenta, sin
embargo, una serie de características que, a juicio de mi
grupo, se convierten en otros tantos peros, reservas o
restricciones a lo que sería su apoyo pleno. En primer lugar,
su insuficiente alcance y contenido. En segundo lugar, su
carencia de planteamientos de fondo (desconocemos cuál es el
planteamiento ideológico-político que subyace debajo de la
proposición de ley), su carácter coyuntural y parcial y su
anticipación al pronunciamiento pendiente del Tribunal
Constitucional.
La proposición realmente incorpora medidas sustantivas,
algunas de importante enjundia, como, por ejemplo, la
reducción de la cesión del aprovechamiento lucrativo en el
suelo urbano del 15 al 10 por ciento, que ha recibido hace un
momento los denuestos del representante de Izquierda Unida,
como era de prever y comoes natural y lógico. También la
limitación del alcance de los deberes de cesión, ejecución y
urbanización, la desaparición del carácter automático de la
expropiación forzosa, de la sanción y venta forzosa y la
aplicación prioritaria de la normativa autonómica al respecto
o las normas de valoración en los casos de expropiación
forzosa. Aceptando que incorpora estas sustantivas
modificaciones, lo cierto --y ahí viene nuestro sustantivo de
insuficiencia-- es que fundamentalmente se concreta y se ciñe
a intentar afrontar y solventar problemas de carácter
competencial, como recoge la exposición de motivos.
En definitiva, la proposición lo que hace es que se ciñe en
derogar determinados preceptos, modificar la redacción de
otros para dar prioridad de aplicación no a la ley estatal,
sino a la legislación y normativa autonómica y suprimir el
carácter de básicos o de aplicación plena de numerosos
artículos en beneficio de las competencias autonómicas.
La proposición de ley entraña una recuperación importante de
competencias por parte de las autonomías, y singularmente en
Cataluña, que cuenta con su propio código urbanístico
promulgado --ahí corrijo al portavoz de Convergència i Unió--
sólo semanas antes de la Ley 8/1990.
Mi Grupo entiende, en este caso como en otros, que las
prioridades de Convergència i Unió tengan mucho que ver con
Cataluña. Pero entiende también que es precisa una revisión de
la Ley del Suelo de más fuste, de más fondo, con carácter no
meramente coyuntural sino permanente, que aborde los problemas
básicos para nosotros de acuerdo con las líneas expuestas en
nuestra propuesta de resolución número 43, a la que me he
referido, del debate del estado de la Nación.
El segundo reparo a la proposición, conexo con el anterior, es
su carencia de planteamientos de fondo. En definitiva,
ignoramos cuál es el modelo urbanístico o el modelo de
desarrollo urbano que postula la proposición de ley, cuál es
el alcance que se atribuye a la propiedad urbana y a la
iniciativa privada frente al creciente intervencionismo que
transpira y al que responde la Ley 8/1990. Porque, señorías --
y estoy de acuerdo con el representante de Izquierda
Unida--, en cualquier regulación del suelo hay debajo,
subyaciendo o muy explícita, una filosofía política y una
determinada posición ideológica.
El régimen del suelo se puede abordar desde el respeto al
derecho de propiedad urbana y a su contenido esencial, desde
el entendimiento de que el derecho a urbanizar forma parte del
contenido esencial del derecho de propiedad o, por el
contrario, desde la configuración de la propiedad urbana como
una simple concesión administrativa; desde el respeto a la
iniciativa privada en la gestión urbanística, compatible con
la función social de la propiedad, al intervencionismo
administrativo a que respondió la Ley 8/1990, el texto
refundido de 1992 y, más todavía, el informe de la Comisión de
expertos sobre urbanismo designada por el Ministro Borrell.
Por eso no puedo sino manifestar mi preocupación y la de mi
Grupo al ver la coincidencia del representante de Convergència
i Unió con el contenido esencial, según lo que ha dicho, del
informe de la citada Comisión de expertos. Quiero suponer que,
dadas
las coordenadas ideológicas conocidas de Convergència i Unió,
el modelo de desarrollo urbano no será distinto del que
postula mi Grupo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo,
señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy acabando, señor Presidente.
Como quiera que los pactos entre el Grupo mayoritario que
apoya al Gobierno y el Grupo que también apoya al Gobierno y
que ahora es proponente son un misterio --no sé, las
coordenadas políticas, parece que son variables--, no quiero
dejar de manifestar mi preocupación y la de mi Grupo y afirmar
que no estamos seguros de cuál es la filosofía política
subyacente. No sabemos si es partidario de un urbanismo
Borrell o de un de un urbanismo Solbes o Fernández Ordóñez.
Nosotros estamos seguros del tipo y del modelo de urbanismo
que postulamos.
La última de nuestras reservas tiene que ver con la existencia
de seis recursos de inconstitucionalidad pendientes, los
presentados por las comunidades autónomas de Cantabria,
Canarias, Castilla y León, Cataluña, Navarra y Aragón. Y no
deja de ser llamativo que precisamente la justificación
--véase la exposición de motivos-- de la proposición de ley
sea recuperar las competencias autonómicas. No deja de ser
curioso, porque si este hemiciclo vota favorablemente la toma
en consideración de la proposición de ley con la justificación
que figura en el preámbulo, en el fondo, señorías, estamos
proclamando indirectamente la inconstitucionalidad de la Ley
8/1990 que en su momento aprobó esta Cámara, porque justamente
los preceptos que se trata de modificar con la proposición de
ley son aquellos que figuran casi punto por punto en el
recurso de inconstitucionalidad formulado en su momento por la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Por eso, señorías, solicitamos
del Grupo que apoya al Gobierno que diga si, al votar
favorablemente la toma en consideración, en el fondo no está
manifestando su reconocimiento «a posteriori» de la
inconstitucionalidad en que incurrió la Ley 8/1990. Mi Grupo
se pregunta si no sería más prudente esperar al
pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Señorías --y ahora sí acabo, señor Presidente--, estas son las
reservas, las restricciones a la posición que sería plenamente
favorable de mi Grupo a la toma en consideración. Entendemos
que es cierto que su alcance es limitado, que no sabemos cuál
es la filosofía política a la que responde, que es
coyunturalista y de oportunidad, pero seguimos creyendo que es
un punto de partida para que esta Cámara haga una reflexión en
profundidad sobre este tema esencial del suelo, que condiciona
no sólo la política de vivienda, sino la competitividad de los
sectores económicos, comerciales, industriales y de servicios
de nuestra España.
En este sentido y por estas razones vamos a votar
favorablemente, a pesar de todo, la toma en consideración.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ortiz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, yo
creo que, efectivamente, estamos en un debate sobre una norma
polémica; fue polémica en su día en el debate de hace casi
cinco años, en el año 1990, y polémico también ha sido el
propio texto refundido del Decreto legislativo que ha
refundido, valga la redundancia, toda la normativa anterior.
Pero es verdad que es una norma que, además de polémica, debe
ser esencial para el desarrollo de políticas de suelo que
sirvan de base a políticas de vivienda determinadas.
En la proposición de ley que se nos presenta hoy parece que se
dejan de lado --es una reserva que podríamos plantear en estos
momentos-- problemas de fondo que es preciso reconocer sin
ningún recato que se producen de la plicación durante estos
cuatro años de la normativa emanada del año 1990 y del propio
texto refundido, y hay problemas que siguen subsistiendo y
que, a pesar de esa aplicación, no hemos sido capaces entre
todos --los gestores públicos, además de la legislación-- de
solventar, y esos problemas no se circunscriben ni mucho menos
sólo a cuestiones competenciales. La exposición de motivos de
la proposición de ley se basa prácticamente con exclusividad
en problemas competenciales y se habla de recuperación de
competencias, puesto que se dice en esa justificación que no
debe haber límites ni bases estatales para competencias que,
en opinión del Grupo proponente, son exclusivas de las
comunidades autónomas. Es un puntode vista, el de la
recuperación de competencias. Otro punto de vista que comparto
y que comparte más nuestro Grupo es que la proposición de ley
propugna la expansión de competencias autonómicas en estos
conceptos.
Analizando el contenido de la proposición de ley vemos que
efectivamente se circunscribe a esos aspectos competenciales,
aunque tenga otros colaterales de tipo sustantivo pero que son
menores analizándolos globalmente en la propuesta. La
proposición de ley lo que hace es modificar el contenido de
nueve artículos; reducir preceptos básicos y competencias
plenas de la ley y derogar preceptos, sin más, contenidos en
la ley y además son de los que se circunscriben a los aspectos
de competencias estatales, autonómicas o aplicaciones plenas o
supletorias.
De hecho se da la contradicción de que la propuesta, sin
decirlo, reconoce que hay competencias básicas;
aunque en la exposición de motivos se dice que no debe haber
límites ni bases estatales, al propugnar reducciones de
competencias básicas, sí admite determinadas competencias
básicas que mantendría la regulación estatal. En ese sentido
hay una cierta contradicción en esa reducción de la discusión
limitándola solamente a temas competenciales.
Nosotros creemos que esto es tener una visión limitada de los
problemas que afectan al urbanismo y a las políticas de suelo.
Hay temas que en la proposición de ley están olvidados, quizás
porque se hizo hace bastante tiempo, casi un año, como se ha
puesto de manifiesto aquí por otros intervinientes, como los
recursos de inconstitucionalidad que están sin resolver, de
diversas comunidades autónomas, tanto a la Ley como al texto
refundido. Aquí también habría que apuntar que lo que aquí se
pide ahora, recuperación de competencias autonómicas, no
coincide exactamente con los recursos presentados. Aquí de lo
que se habla es de menor recuperación que lo cuestionado en
los propios recursos, en el caso de la Generalitat de
Cataluña. No es coincidente exactamente con los recursos.
Tampoco parece, sin que quiera decir esto que estemos
totalmente de acuerdo con esas recomendaciones, que la
proposición de ley aborde esos problemas de fondo a los que me
refería o algunos de los planteados por las recomendaciones
del Tribunal de Defensa de la Competencia, sin que signifique
--repito-- que estemos totalmente de acuerdo con esas
recomendaciones.
Por haberse hecho hace tiempo tampoco tiene en cuenta el
informe de los expertos, donde ha habido una participación
plural que han presentado modelos diferentes de concepción
urbanística que han llegado a determinadas conclusiones y
votos particulares en su documento final referente a la
valoración de la situación actual y a recomendaciones de
política normativa y de suelo. Tampoco considera resoluciones
que en esta misma Cámara hemos tomado sobre este problema,
recientemente en el propio debate del Estado de la Nación, que
el Gobierno ha venido tomando en esto a lo que me he venido
refiriendo: Tribunal de Defensa de la Competencia, informe de
expertos promovido por el Gobierno, con participación plural
de comunidades autónomas y especialistas de distinto signo de
sectores privados y públicos, etcétera, y que han llevado a
conclusiones que cuestionan la situación actual y proponen
determinadas modificaciones de tipo normativo, pero
fundamentalmente de tipo gestor. Lo que más se cuestiona es la
gestión del urbanismo, las posibilidadesde reformas normativas
encaminadas a la agilización de la gestión, a la no
eternización de procedimientos, a la unificación de
procedimientos, a las competencias municipales, etcétera. Lo
que hay que dejar claro es que al aceptar o no la toma en
consideración de esta proposición de ley no se está en estos
momentos definiendo ningún modelo urbanístico ni tampoco
reconociendo ninguna inconstitucionalidad presunta de la Ley
vigente 8/1990, que defendimos en su momento como
constitucional y seguimos defendiendo, aunque esté pendiente
de definición por el Tribunal; hay que tener la cortesía de
esperar a conocer esa decisión del Tribunal. No se está
aceptando nada de eso; simplemente se está aceptando, en lo
que sí parece que tenemos consenso, que hay problemas, que hay
disfunciones y que hay que hacer algo en la reforma de la
normativa urbanística, de las políticas activas de suelo, de
las competencias municipales, de las tramitaciones, de la
gestión, en definitiva, y que algo hay que hacer.
Tomar en consideración esta proposición no es tirar hacia la
derecha, sino reconocer un problema existente que hay que
abordar y significa discutir sobre el problema con las
posiciones que cada uno tengamos y llegar a acuerdos sobre la
nueva regulación de la normativa que puedan solventar los
problemas existentes.
Eso es lo que quiere decir, ni más ni menos, tomar en
consideración esta proposición de ley. No quiere decir nada
más. Creemos que la proposición de ley es limitada, sus
objetivos están limitados a temas competenciales. Sin embargo,
los objetivos de una reforma del mercado y de la normativa de
suelo deben ser más amplios y consensuados en lo posible por
los grupos políticos.
Sí quiero manifestar desde este momento que nuestro Grupo
sigue manteniendo --como aquí ha sido manifestado por más de
un grupo-- la importancia de la participación pública en el
urbanismo, la importancia de la función pública en el
urbanismo. Eso hay que decirlo así. Independientemente del
reconocimiento de la iniciativa privada, del papel de la
gestión privada, de la agilización de las gestiones; el
principio fundamental y esencial que seguimos manteniendo es
el papel de función pública que tiene el urbanismo y el papel
de la participación pública en el urbanismo.
Desde esos principios, que serán discutibles, tendremos
grandes debates de nuevo, estoy seguro, sobre los mismos y
sobre los modelos urbanísticos, sin tener nadie la visión de
que todo es blanco o todo es negro, sino de que hay principios
compatibles desde los tonos diferentes, siempre entendiendo
que ese principio de la función pública puede ser
perfectamente compatible con la iniciativa privada, con la
gestión privada, y con la promoción de la iniciativa privada
en la promoción del urbanismo, valga la redundancia.
Repito, yo creo que contemplar en estos momentos la toma en
consideración de esta proposición de ley quiere decir que es
un tema oportuno relativamente, y digo relativamente porque
los problemas están planteados. Hay problemas de la gestión
urbanística y de la normativa actual que están ahí. Estamos
con un informe del Comité de Expertos que debemos estudiar en
profundidad y tener en cuenta, que no se ha contemplado
en esta proposición de ley, y también debemos tener en cuenta
que hay recursos de inconstitucionalidad que están en trámite,
que deberán ser solventados, esperamos que en breve plazo de
tiempo, y que tendremos que tener en cuenta en la tramitación
de cualquier modificación que hagamos.
Para terminar, señorías, tomamos en consideración esta
proposición de ley en el sentido de intentar trabajar en el
futuro en su tramitación con las posibles modificaciones que
puedan promoverse desde el Gobierno, con las modificaciones
que propone el Comité de Expertos y con los posibles
resultados de los recursos de inconstitucionalidad
presentados. Serán esas circunstancias, tenidas en cuenta
globalmente, las que puedan hacernos de verdad promover una
reforma que pueda perdurar en el tiempo y que pueda mejorar
las políticas activas de suelo y conseguir los objetivos de
abaratar el suelo y, por consiguiente, la vivienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Roncero.
Vamos a pasar a la votación de la toma en consideración de
esta proposición de ley. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), sobre modificación del Real Decreto
legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 298; a favor, 281; en contra, 16; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CONSTITUCION DE UNA
PONENCIA ESPECIAL, EN EL SENO DE LA COMISION DE DEFENSA DE LA
CAMARA, QUE SE OCUPE
DE CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION
DEL ESTADO (Número de expediente 162/000040)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día:
Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre constitución de una
Ponencia especial en el seno de la Comisión de Defensa de la
Cámara, que se ocupe de controlar las actividades de los
servicios de información del Estado.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor
Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, hoy se presenta una proposición a
la consideración de la Cámara consistente en crear una
Ponencia en el seno de la Comisión de Defensa para controlar
las actividades de los servicios de información.
¿Quién controla a los que nos controlan? Esa es la pregunta
que hay que hacerse en nuestro país. Hoy, publica mi compañero
y amigo Manuel Monereo un artículo de opinión en un periódico,
«Diario 16», titulado «Contra el doble Estado y los poderes
invisibles» y hace referencia a algunos pensadores de la
socialdemocracia alemana, de la izquierda italiana, sobre cómo
se ha ido desregulando y habilitando un poder del Estado y
poderes invisibles paralelos al Estado legal y controlado. Voy
a citar algunos de sus párrafos para avalar la necesidad que
se impone de controlar los servicios de información en nuestro
país y en otros países de Europa y del mundo donde se han
celebrado debates sobre esta cuestión.
Se refiere a que «Cuando Ernst Fraenkel, conocido jurista de
la socialdemocracia alemana, publicó la versión inglesa de su
libro «El doble Estado-1940» pretendía explicar la dualidad
jurídico-política del Estado nacionalsocialista,
constribuyéndose así, como reza el subtítulo, a la teoría de
la dictadura. Fraenkel venía a subrayar la doble componente
estructural del Estado alemán, un Estado discrecional,
arbitrario y despótico y un Estado normativo regulado por
instituciones jurídicas. Las implicaciones de unas tesis así
concebidas son extremadamente trascendentales. De un lado,
remarcaba que las relaciones capitalistas necesitan de
instituciones jurídicas. Por otro lado, que dichas relaciones
podían coexistir con un poder dictatorial. Dicho más
claramente: que el capitalismo precisa de una ordenación
jurídica, pero no de una ordenación política democrática. Sin
embargo, el concepto del doble Estado ha ido cambiando con el
tiempo y destacadamente con aportaciones de Wolfe, Bobbio,
Ingrao han ido haciendo cada vez más referencia a la dualidad
existente entre un Estado político legal y otro Estado
reservado y opaco al control democrático, incrustado en aquél.
Se trata del núcleo duro del aparato del Estado, ligado a los
servicios secretos, a los pactos no escritos entre las
instituciones estatales del carácter militar, al intercambio
entre los aparatos políticos de las respectivas policías,
etcétera.»
De nuevo ha vuelto a aparecer este concepto ligado a temas de
corrupción, a tramas, a escuchas ilegales,
a luchas entre poderes económicos e informativos como los que
hemos visto en nuestro país. Todo lo que se escribía en
aquella época por juristas y pensadores de la izquierda sobre
el doble Estado sigue existiendo hoy y hay temas que se
escapan del control parlamentario, que se escapan incluso del
control ejecutivo político de los gobiernos y que forman parte
de ese Estado «B» que necesitamos desentrañar para que
intereses que no respalda la voluntad popular en la democracia
intervengan en aparatos de estas características.
Durante años no ha existido ningún mecanismo de control sobre
las actividades del CESID. Los servicios de inteligencia
tienen, como en el caso del CESID, una ubicación formal y una
dependencia jurídica y organizativa hoy del Ministerio de
Defensa. Hay una dotación presupuestaria superior a los 4.000
millones anuales. Sus programas de actuación, que deben ser de
Estado y no partidistas, sobre todo en el plano exterior, cosa
que no ocurre en todos los casos, necesitan de una orientación
no sólo del Gobierno, sino de la Cámara. Se necesitan
garantías para que sus actividades se desarrollen con respeto
profundo dentro de los cauces que marca la Constitución.
La hoja de condiciones, por ejemplo, para acceder al CESID
niega a los miembros que accedan al servicio que pongan en
conocimiento de autoridad judicial o parlamentaria alguna
información a la que hayan tenido acceso en el desarrollo de
su labor como miembros de los servicios de inteligencia si no
son autorizados por sus responsables jerárquicos en la casa,
es decir, en el CESID. De esa manera, se hace un llamamiento a
los agentes de los servicios de inteligencia que se contradice
con la Constitución, con el ordenamiento legal y con la
necesidad de informar de aquellos delitos que conocieren por
el desarrollo de su actividad al Poder Judicial.
Hoy mismo, y a efectos del control, nos encontramos con que el
Ministro de Defensa acude en alguna ocasión como responsable
político máximo de la Dirección General del CESID, pero no
acude el Vicepresidente del Gobierno. Además, no hay un
control exhaustivo, son contadas las ocasiones en las que el
Director General de los Servicios de Información Superiores de
la Defensa ha visitado esta Cámara para exponer el plan, los
objetivos y el programa anual del servicio.
Hemos asistido a las escuchas ilegales de Barcelona, con el
tema de miembros relacionados con la máxima dirección del
CESID que pusieron en marcha escuchas ilegales telefónicas,
que hoy están en el centro de la actividad judicial, en
Cataluña, y que son personas muy importantes en el desarrollo
de las actividades del CESID, que han estado en el ojo del
huracán en estos debates, con la participación del Lobo, de
Rodríguez González y de otras personas que han tenido un gran
papel en el Centro Superior de Información de la Defensa. Al
mismo tiempo, se publicaba ayer y hoy se sigue publicando la
posibilidad de que miembros del Servicio de Inteligencia hayan
estado intentando montar pruebas para vincular el GAL a la
época en que
gobernó España la Unión de Centro Democrático. (Rumores.) Se
trata de discutir y ver si hay algo de verdad en esta
información y de que se analice y se controle, porque en todos
los países democráticos hay mecanismos de control sobre estas
actividades y se piden las comisiones de información
correspondientes.
¿Cuál es la estructura y el funcionamiento del CESID? Está
compuesto por un director, por un subdirector, por un gabinete
de inteligencia interior dedicado al golpismo, a la lucha
contra ETA y a otros asuntos; inteligencia exterior, red que
se ha ampliado en los últimos años; contrainteligencia;
economía y tecnología y un núcleo de apoyo operativo. Luego
hay otras secciones burocráticas, como archivos, informática y
personal.
Está claro que debe estar sujeto y debe estar controlado el
CESID. En españa mantiene una dependencia del Ministerio de
Defensa, pero en otros países depende totalmente del
Ministerio de Justicia o del de la Presidencia de Gobierno. Lo
lógico sería que pasaran a depender todos los servicios de
inteligencia de nuestro país del de la Presidencia del
Gobierno, perdiendo totalmente la configuración militar que
hoy tienen. Pero, al no ser así, hay que habilitar un
mecanismo transitorio en la Comisión de Defensa hasta que
dependan orgánica, jurídica y formalmente de la Presidencia
del Gobierno. Hay una herencia del franquismo porque el CESID
procede la unión del CESED, de Carrero Blanco, y de la
División Exterior del Alto Estado Mayor. ¿A qué tipo de
control parlamentario están sometidos los espías en otros
países?
El director de la CIA debe rendir cuenta ante las comisiones
correspondientes del Congreso y el Senado norteamericano. La
legislación establece que el Ejecutivo debe informar de
antemano de las operaciones que van a realizar los servicios
de información. El Senado tiene una competencia especial. El
presidente debe pedir su aval para el nombramiento del
director de la CIA y de su adjunto. Se trata de que los
parlamentarios americanos ejerzan un control político.
Evidentemente nadie pide detalles sobre el funcionamiento en
lo concreto o sobre la identidad de sus agentes, asuntos que
consideran imprescindibles guardar en secreto por la
penetración en redes de narcotráfico, de criminalidad,
etcétera.
En Italia cada seis meses el Presidente rinde cuentas ante el
Parlamento, de forma general, sobre las actividades del SISDE
y del SISMI, y con más detalles envía un informe a un Comité
parlamentario compuesto por cuatro Diputados y cuatros
Senadores, que pueden pedir precisiones al propio presidente o
al denominado Comité Ejecutivo para los Servicios de
Información y Seguridad, el CESIS, que asiste al presidente en
temas de espionaje en la República italiana.
En Alemania está garantizado el control sobre los tres
servicios secretos existentes: la Oficina Federal y las
oficinas regionales para la protección de la Constitución,
inteligencia interior y contrainteligencia; el Servicio de
Información Federal o espionaje exterior; y el MAD, que es la
inteligencia militar. La vigilancia la ejerce una Comisión
integrada por siete miembros. La ley establece que el Gobierno
debe informar, con todo detalle, a la Comisión sobre las
actividades de los servicios secretos durante las reuniones
que se celebran cada mes y medio por iniciativa del Ejecutivo
o por petición individual de algunos de sus miembros. Los
Diputados que integran la Comisión pueden estimar que ciertas
acciones del espionaje alemán deben ser investigadas
públicamente y les es posible solicitar la creación de una
comisión de investigación pública sobre un asunto concreto que
se les pueda ir fácilmente de la mano o descontrolado de la
Cámara o de la vida pública y constitucional alemana.
En España no se ha planteado todavía con claridad una comisión
especial para mantener reuniones periódicas sobre el control
de los servicios secretos. Hay una Comisión de este Parlamento
que, por resolución de su presidencia, tiene acceso a materias
clasificadas, pero no hay una comisión especial, como en otros
países, dedicada al seguimiento, a los presupuestos y a la
actividad de los servicios secretos. Es necesario, por tanto,
que haya ese control, que dentro de la Constitución actúe el
CESID. Hay que recordar que el agente no es una persona
especialmente adiestrada para realizar actividades secretas,
legales o no, como reza en uno de los documentos del Centro
Superior de Información de la Defensa.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, le ruego concluya.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, concluyo.
Está claro que en todas las movidas: en el caso Godó, en los
fondos reservados, en el GAL, en los temas delicados, se
despachan con las carpetas correspondientes con el Presidente
y el Vicepresidente del Gobierno, pero fundamentalmente con el
señor Serra, como ha pasado con todo este asunto, incluso con
el último que se publica.
Todos estos temas hacen aconsejable, en opinión de nuestro
Grupo Parlamentario, que los servicios de inteligencia de
nuestro país, adscritos y ubicados formal y jurídicamente en
el Ministerio de Defensa, tengan una ponencia especial de
seguimiento, como la tienen en otros lugares. Por eso
solicitamos que sea un primer paso hasta lograr que haya una
configuración precisa de control de los servicios de
inteligencia, que no han tenido ni en la época de la UCD ni en
la del PSOE ningún tipo de control parlamentario y democrático
y han funcionado como un poder invisible en muchas ocasiones,
relacionados con los escándalos y con las labores partidistas
y no de los intereses del Estado democrático.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por
el Grupo Popular. Para su defensa y para fijar la posición del
Grupo, tiene la palabra el señor Díaz de Mera.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Señor Presidente,
señorías, compartimos la preocupación del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero sólo
la preocupación, sobre los servicios de inteligencia del
Estado.
Entendemos que lo sustantivo, lo preocupante, no está tanto en
posibilitar el control de la Cámara sobre las actuaciones y
actividades de esos servicios como en plantearse de una forma
clara y decidida, de una forma decididamentte clara, la
reforma de los mismos. Lo que nosotros proponemos hoy,
señorías, en términos de enmienda, coincide plenamente con
nuestra proposición no de ley presentada ante esta Cámara el 7
de abril del año pasado y defendida por el portavoz del Grupo
en la Comisión de Defensa, señor López Valdivielso.
Nosotros proponemos y queremos, señorías, una revisión del
modelo. A estas alturas y ante este panorama con el que
substantivamente coincidimos, señor Romero, ya no es posible
controlar nada. No es posible controlar nada en la dirección
apuntada por su proposición no de ley.
Señor Presidente, en el pasado reciente he seguido con
atención y también con preocupación la obstinada negativa de
los grupos que apoyan al Gobierno resistiéndose a considerar
iniciativas parlamentarias que, como a la que me acabo de
referir, derivan de la voluntad política de mi Grupo, el Grupo
Popular.
Señorías, hoy no podemos, no pueden en puridad y en rigor,
señores del Gobierno y del Partido Socialista, argumentar sin
pudor y sin sentir vergüenza que los instrumentos y los
modelos de inteligencia que tenemos son útiles o son eficaces.
Los acontecimientos ocurridos en España, los duros
acontecimientos que están en la mente de todos en el último
año desmienten a quienes confunden razón y razones con
mayorías.
Como ustedes saben, los servicios de inteligencia del Estado,
con apoyo legal aparente y que ahora voy a omitir por no
resultar prolijo, se encuentran desprestigiados, se encuentran
descoordinados, se encuentran interferidos y también se
encuentran manipulados al servicio de obscuros y de
particulares intereses.
El interés de Estado o la razón de Estado, conceptos
confundidos y violados con notoria y judicializada frecuencia,
han cedido el paso a las intrigas políticas, a la rivalidad, a
la interferencia y a la ocultación de valiosa y necesaria
información entre diferentes servicios
y entre diferentes ministerios, y ello en áreas delictivastan
duras y dolorosas como el narcotráfico o el terror organizado.
Este panorama y esta situación, señorías, que será negada en
esta tribuna dentro de un momento con argumentos pobres y con
argumentos torpes, es, sin embargo, del dominio común, es una
realidad conocida y es una realidad defendida por quienes
sienten y son verdaderos profesionales de los servicios de
información y de seguridad del Estado.
El CESID, señorías, en teoría, como ha dicho el señorRomero,
organizado para obtener, evaluar, interpretar y facilitar al
Ministro de Defensa toda la información que interesa verdadera
y realmente a la defensa nacional, es en realidad un
instrumento poderoso y opaco de la Presidencia del Gobierno
que sirve a intereses de ocasión y que en absoluto tienen que
ver con lo contemplado en los Decretos 1.558, 2.623 y 2.632,
que fijan la estructura, las relaciones y los cometidos del
CESID. Pero es que, además, y tan grave como lo dicho --y
pongo el acento en ello-- es que al atribuirse al CESID un
carácter de hecho a modo de agencia de control, han dejado
desprotegido y sin inteligencia militar al Ministerio de
Defensa o al Ministerio para la Defensa.
Permítanme una elemental reflexión: cuanto menos gasta un país
en Defensa, más debiera gastar en inteligencia militar. Tras
el fin de la guerra fría, los serviciosde inteligencia se han
convertido en un instrumento del Estado de palmaria
importancia. El cambio acelerado del mapa estratégico mundial,
los conflictos regionales, la disminución sostenida de los
presupuestos para la Defensa, la reducción de los efectivos
militares y la merma en la disponibilidad de nuestras Fuerzas
Armadas y de nuestros ejércitos, hacen más necesario que nunca
el llamado preaviso, el preaviso o la alerta que deriva de la
información que facilitan unos servicios de inteligencia
profesionalizados y especializados al servicio del área de la
defensa nacional. Digo esto sólo en términos convencionales y
elementales, para poner un ejemplo que sirva de manifiesto y
que destaque las notables carencias que en el área de la
defensa y de la inteligencia de la defensa padecemos.
Conviene denunciar ahora que la arbitraria atención prestada
por el CESID a los aspectos civiles derivados de la llamada
política interior, sobre todo en lo concerniente a grupos de
involución o a grupos terroristas puros, ha producido
solapamientos e interferencias con las inteligencias, por
demás descoordinadas, del Ministerio del Interior. Saben
ustedes que me estoy refiriendo a las inteligencias de la DGS
y a las Brigadas de Información de la Guardia Civil.
Los recientes y todavía calientes acontecimientos, pendientes
y duros acontecimientos, que afectan a los tres pilares de la
inteligencia del Estado, en combinación con el uso delictivo
de los fondos reservados, me impiden a mí, señor Romero, señor
portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, e
impiden a mi Grupo, optar y votar por la menor, que es lo que
usted propone. No quiero, y no queremos, votar simplemente en
términos testimoniales. Comprenderá S.S., si comparte mi
análisis y mis razonamientos, cómo no es posible perder
nuestro tiempo controlando lo incontrolable. Estos servicios
de inteligencia que tenemos no los controla ya ni quien los
dirige, señoría. ¿No ve que estos señores de la mayoría
volverán a argumentar, como usted certeramente ha señalado,
que ya existe el control que deriva de la Comisión de
portavoces designada por el Pleno para entender y conocer
materias reservadas? ¡Menuda eficacia!, señor Romero, y espero
que coincide usted conmigo a la vista de los acontecimientos.
Sólo un pensamiento muy limitado o muy interesado insistirá,
como después seguramente veremos, en esa tesis argumental.
Nosotros insistimos --sí que insistimos--, verdadera y
fervientemente, en la conveniencia de ir al fondo del asunto y
del problema, a revisar el modelo, a reformar lo
incontrolable, lo que no tiene arreglo. El Congreso, señorías,
tiene poder suficiente para constituir una ponencia que
reflexione y construya un nuevo marco legal operativo y
democrático, que nos dote de los servicios de inteligencia que
precisamos, unos servicios de inteligencia interior y
exteriores que sirvan al Estado con exclusividad y con
lealtad, que impidan el espionaje y las actividades contrarias
al interés nacional de países extranjeros, que procuren la
colaboración y la información necesarias procedentes del
exterior. Obviamente, estoy hablando, señorías, de la
contrainteligencia y de la información exterior. En modo
alguno queremos unos servicios de inteligencia que sirvan a un
poder o a unos poderes localizados o nominados temporalmente.
Sabiendo lo que sé e imaginando lo que imagino, no me cuesta
ningún trabajo creer que, en tiempo real, esos servicios a los
que me estoy refiriendo están recibiendo puntual información
de lo que S.S. y yo estamos diciendo en esta Cámara.
Por consiguiente, la enmienda popular, la enmienda de mi
Grupo, nos coloca ante la urgente e inevitable necesidad de
acometer una tarea de Estado de consenso, que debe ser
abordada por el Congreso. Cuando entre todos nosotros hayamos
conseguido ese instrumento legal, será el momento de
plantearse el control del Parlamento sobre las actividades de
los nuevos servicios de inteligencia, con las necesarias
cautelas y con las fórmulas que nos demos en vías a un
procedimiento que salvaguarde la eficacia, la necesaria
eficacia, de esos servicios, pero no antes, no hoy, señor
Romero. Hoy podemos iniciar, si todos ustedes quieren, el fin
de una situación que ya se presenta inaplazable. Si ustedes,
el Grupo proponente, toman en consideración nuestra enmienda
en términos de alternativa a la suya, nuestro voto obviamente
será afirmativo. En otro caso, no podemos y no vamos a
otorgarles nuestro apoyo.
Como el señor Proudhon, amigo ideológico de toda la parte
izquierda de la Cámara, no queremos sentirnos ni sopesados, ni
medidos, ni controlados, ni espiados. Nosotros no queremos una
inteligencia de aluvión que practique el espionaje al servicio
de intereses particulares, que padece notables casos de
corrupción interna y que padece rivalidades no sólo entre
ministerios sino dentro del propio Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz de Mera, le ruego concluya.
El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Termino
inmediatamente con su benevolencia, señor Presidente.
Nosotros no queremos una inteligencia como la que tenemos;
nosotros queremos revisar el modelo; nosotros proponemos e
insistimos en una ponencia parlamentaria en el seno de la
Comisión de Defensa para revisar el modelo y para dotarnos de
un modelo moderno y democrático; nosotros paramos esta
pretensión reglamentariamente en el artículo 149 y siguientes
del Reglamento de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz de Mera.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, en abril de 1994, se debatió una proposición no de
ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para la
creación de una ponencia sobre el modelo del servicio de
inteligencia para España en base, entre otras cosas, a la
conveniencia de un mayor control sobre las actuaciones del
CESID.
Hoy, febrero de 1995, debatimos otra proposición no de ley, en
esta ocasión del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a la constitución de
una ponencia especial y permanente en el seno de la Comisión
de Defensa que se ocupe de controlar las actividades de los
servicios de información del Estado. Yo encuentro en las dos
iniciativas, por lo menos en la de entonces del Partido
Popular, la misma finalidad, es decir, el control de las
actividades de los servicios de información del Estado, si
bien es cierto que hay unas matizaciones importantes a la hora
de defender la enmienda del portavoz del Grupo Popular a la
iniciativa actual de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En abril de 1994, basaba mi intervención en que no era tanto
cuestión de si era necesario o no el control sobre el CESID,
de si era suficiente la Comisión designada para secretos
oficiales, y lo hacía muy concretamente con dos conclusiones.
Manifestábamos --y así lo repito-- sí al control, pero que
éste se hiciera a través de la Comisión nombrada. Estamos en
la misma posición, vistas las manifestaciones, no compartida.
No voy a entrar en si todos los servicios de información de
los Estados democráticos dependen de los gobiernos
legítimamente constituidos (yo creo que sí), ni siquiera voy a
entrar en si alguno de los ordenamientos jurídicos de naciones
próximas vinculan estos servicios a otro poder que no sea el
Ejecutivo (creo que no hay ninguno); pero sí quisiera fijar la
posición de mi Grupo Parlamentario en base a los siguientes
razonamientos.
Al contrario que en muchos otros Estados, nuestros servicios
de inteligencia tienen, a nuestro entender, una regulación
jurídica abierta, sus ámbitos de actuación están expresamente
reflejados en varias disposiciones y el modelo en sí está
perfectamente definido, yo diría todo perfectamente
encuadrado.
En cuanto al control parlamentario que pueda existir en otros
países, evidentemente es muy variado. Desde algunos que
disponen de un comité especial, pero que, por ejemplo, sólo
reciben un informe anual --el caso de Portugal-- a otros a los
que hacía referencia el propio portavoz de Izquierda Unida y
que es cierto tienen un comité especial, pero en los que el
propio primer ministro puede incluso denegar información
clasificada. Además de estos casos, hay otros que no tienen
comisión específica, como son Bélgica, Canadá, Francia, Reino
Unido, Israel, etcétera.
A nuestro entender, ¿cuál es la situación aquí? Creemos que la
existencia de una comisión «ad hoc» cubre sin duda las
exigencias, incluso exigencias válidas de la proposición no de
ley, de que exista un adecuado control. Por tanto, señorías,
la posición de nuestro Grupo Parlamentario es sí a que se
controlen las actividades de los servicios de información del
Estado; sí a que se incrementen incluso estos controles con
más información, pero siempre a través de la Comisión
existente, no de una ponencia especial permanente en el seno
de la Comisión de Defensa.
Esta es la posición y por tanto no vamos a apoyar la
iniciativa presentada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Curiel.
El señor CURIEL ALONSO: Señor Presidente, señorías, me
corresponde utilizar el turno del Grupo Parlamentario
Socialista para fijar nuestra posición sobre un debate que no
ha sido nuevo en esta Cámara, que no ha sido nuevo en el
Pleno, que también se ha debatido varias veces en la Comisión
de Defensa, que indudablemente es un tema importante porque
afecta a uno
de los núcleos de responsabilidad política del Gobierno y de
seguridad del Estado en todos sus ámbitos y, por consiguiente,
vamos fijar nuestro criterio tanto en lo que se refiere a la
iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuanto a
la enmienda presentada por el Grupo Popular.
Debo empezar por decir que me ha sorprendido sobremanera la
intervención del señor Díaz de Mera. Yo no voy a suscitar un
debate sobre lo que ha dicho, me parece que es accesorio, pero
no podemos dejar de sorprendernos --o, al menos, de expresar
mi sorpresa-- por unos juicios que pienso son un poco
excesivos y que descalifican globalmente nada menos que el
trabajo de un organismo del que depende en parte la seguridad
del Estado y del que ha dicho cosas como la de que está
desprestigiado, que es opaco, que está manipulado, que hay
oscuros intereses y que no responde al interés general del
Estado. Señoría, creo que esto es accesorio en el debate de
fondo que hoy nos ocupa, pero, en todo caso, creo que debería
ser un poco más medido en cuanto a unas descalificaciones
generales sobre la actividad de un organismo importante del
Estado como lo es sin duda del que estamos hablando.
Izquierda Unida nos propone, como saben ustedes, una moción en
la que solicita la constitución de una ponencia especial que
atienda al control de la actividad de los servicios de
información, los servicios de inteligencia, básicamente el
CESID --así se entiende aunque no está explicado de esa forma
en la moción--, y el Grupo Popular presenta una enmienda de
sustitución en la que propone que se constituya una comisión
de estudios --se entiende-- para una regulación «ex novo»
desde el punto de vista jurídico, de nuestros servicios de
información.
Yo quisiera responder al fondo de la cuestión, que es el que
nos ocupa, argumentando sobre tres cuestiones básicas, aunque
no sé si para el señor Díaz de Mera serán pobres y torpes. En
todo caso, intentan plantear los problemas jurídicos, los
problemas políticos y los problemas de control parlamentario
que nosotros siempre hemos defendido en todos los órdenes de
aquello que se refiere a la responsabilidad del Gobierno.
Quiero decir que vamos a votar en contra de la proposición no
de ley de Izquierda Unida y, en su caso también, si la
aceptara, de la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Popular. ¿Por qué tenemos esta posición sobre
las dos iniciativas? Primero, señorías, y me gustaría llamar
la atención sobre la redacción exacta que propone el Grupo de
Izquierda Unida, porque estamos hablando de una propuesta que
sugiere que una ponencia parlamentaria controle la actividad
de los servicios de información, repito: controle la actividad
de los servicios de información.
El señor Romero ha hecho una serie de alusiones al Derecho
comparado que son ciertas, pero no sé si el señor Romero
estará conmigo en que, en todo el Derecho comparado (del cual
después podremos hablar), bien de los países que tienen
comisiones parlamentarias «ad hoc», bien de aquellos que no
las tienen, no existe en el Derecho parlamentario ni en el
Derecho constitucional ningún modelo en el que una ponencia
parlamentaria controle la actividad de los servicios de
información. Puede requerir información, requerir
responsabilidad política, exigir al ministro correspondiente
que informe al Parlamento, pero que una ponencia parlamentaria
controle la actividad de los servicios de información no
existe en el Derecho parlamentario; al menos yo no lo conozco
y no lo he encontrado. Sería tanto, señorías, como
parlamentarizar hasta límites insostenibles nada menos que la
actividad, de por sí naturalmente clasificada, de algo que
afecta al corazón, como se ha dicho tantas veces, de la propia
seguridad del Estado. Por consiguiente, es evidente que el
control de las actividades corresponde a la responsabilidad
política del Gobierno y que lo que la Cámara tiene que hacer
es requerir esa responsabilidad del organismo político
correspondiente.
¿Cuál es, señorías, el problema de fondo que, a nuestro
entender, está planteado desde el punto de vista jurídico,
político, parlamentario, de esquema o de modelo político? A
nuestro modo de ver, se trata de articular tres principios
sobre los que hemos trabajado y seguiremos trabajando, digamos
tres bienes jurídicos de carácter político que hay que
preservar. Primero, que se garantice la seguridad y la
confidencialidad de un trabajo y de una actividad, per se,
clasificada, como sin duda SS.SS. compartirán. Segundo, que la
naturaleza de ese trabajo no impida el control parlamentario y
la información parlamentaria para que esta Cámara pueda
ejercer y pueda requerir la responsabilidad política
correspondiente al Gobierno, como así establece exactamente el
artículo 108 de la Constitución. Y, tercero, que se reafirme y
se materialice el principio de responsabilidad política del
Gobierno también en estas materias.
En nuestra opinión, se trata de articular fórmulas y modelos
que busquen esos tres objetivos a los que me he referido, y
nosotros creemos que ese modelo, del que ahora hablaré, al que
antes se refería el señor Carrera, existe, es un modelo
consolidado y es un modelo que, en nuestra opinión, no hay que
cambiar. No es que nos parezca bien o mal que haya una
ponencia que estudie ex novo un nuevo modelo jurídico; es que,
aunque no lo sabemos (porque usted habló de un nuevo modelo,
pero no dijo cuál), probablemente no estemos de acuerdo,
porque sí estamos de acuerdo con el modelo que está
funcionando en estos momentos.
Segunda cuestión a la que me quería referir (se ha hecho ya
referencia a ello, pero me importa subrayarlo). Tenemos ese
modelo consolidado, no estamos en una situación de
indefinición, desde el punto de vista del esquema
constitucional de los servicios de información
ni del Cesid. Se ha hecho ya referencia a ello, pero conviene
decirlo, tenemos un sistema abierto, un sistema público con
diferentes niveles jurídicos; Real Decreto 1/1987, estructura
básica del Ministerio de Defensa, y en ese contexto la
dependencia orgánica del Cesid; el Real Decreto 2632/1985, que
regula estructura, funcionamiento, competencias, etcétera, del
propio Centro, y, por último, la Orden Ministerial 135/1982,
que completa el Real Decreto anterior a los efectos de ir
modernizando, y probablemente modificando la propia estructura
del Cesid; es decir, estamos ante una estructura abierta que,
naturalmente, el Gobierno irá modificando en la medida que las
experiencias en cuanto a la acción lo vayan aconsejando. Por
consiguiente, y me importa decirlo en este momento, en ese
sistema de garantías, al que luego me referiré también, no es
menos importante que esta Cámara acaba de aprobar asimismo una
regulación de los fondos reservados que viene a cerrar,
digamos, el cuadro de control y de competencia del Parlamento
sobre un aspecto muy importante del funcionamiento de los
servicios de información.
Tercera cuestión que sería importante. ¿Estamos o no
satisfechos del grado de control parlamentario que tenemos en
este momento, desde el punto de vista del papel constitucional
que a esta Cámara le corresponde? Repito que hay trabajos de
Derecho comparado que se pueden consultar. Básicamente, hay
dos modelos en este momento. Hay un modelo, al que se ha hecho
referencia, en virtud del cual existen comisiones
parlamentarias que requieren información o requieren
responsabilidad del Ejecutivo, y son comisiones parlamentarias
«ad hoc» o que están integradas en una comisión dentro del
Parlamento. No voy a repetirlo porque ya lo han dicho otros
portavoces, que han recordado los casos de Portugal, Alemania,
Italia, Estados Unidos o, más reciente, el de Bélgica, con una
regulación del año 1990, pero me importa subrayar que en todos
ellos el control de la actividad y la responsabilidad política
es del Ejecutivo, señorías, como así lo establece el artículo
97 de nuestra Constitución, que deja perfectamente claro que
al Gobierno le corresponde la administración de la política
interior y exterior y los aspectos relativos a la seguridad
del Estado. Por consiguiente, estamos dentro del cuadro
dibujado por la Constitución. En otros países próximos a
nosotros indudablemente como Francia, el Reino Unido, Israel o
Canadá, no existen comisiones parlamentarias de control y de
información del funcionamiento de los servicios, en este caso
de los servicios de información del Estado. Hay otros
procedimientos, procedimientos ordinarios, comisiones de
investigación que se crean para momentos o cuestiones
concretas, pero no existe el modelo que sí tenemos.
¿En qué situación está nuestro país y en qué situación está
nuestro modelo constitucional y parlamentario? Aunque se ha
dicho que tiene escaso valor, me parece que quien repase la
resolución de junio de 1992 de la Presidencia de esta Cámara -
-y hay que repasarla con bolígrafo y subrayarla-- comprobará
que en los apartados tercero, cuarto y sexto se establecen con
toda claridad los procedimientos de acceso para materias
clasificadas por parte de este Parlamento, cuya primera
regulación, si no me equivoco, es del año 1986, que a su vez
cubría una laguna no resuelta por la Ley de Secretos
Oficiales, que dejaba claro que el Congreso de los Diputados y
el Senado estarían fuera, digamos, de la clasificación de
estas informaciones, es decir, que el Congreso tenía derecho a
recabar y a recibir esa información.
El artículo 3, como ustedes saben muy bien (porque además hace
unos días procedimos a la votación de un nuevo miembro de esa
Comisión, elegida por tres quintos, es decir, elegida con un
alto grado de consenso de esta Cámara), establece el
procedimiento en virtud del cual Diputados de esta Cámara
tienen posibilidad de acceder, a través de esa vía, a toda la
información clasificada que requiera, incluida documentación.
En otra parte de la misma resolución se establece, para
aquellas materias calificadas como reservadas, es decir, no
secretas, que el Gobierno puede informar, y debe informar, a
los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Por
último, como ustedes saben también, debo decir que esa
resolución establece el procedimiento para que el Gobierno,
cuando toma su propia iniciativa, informe en sesión secreta de
materias clasificadas en la Comisión correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Curiel, le ruego concluya.
El señor CURIEL ALONSO: Termino, señor Presidente.
Tenemos, pues, tres vías de procedimiento de acceso a materias
clasificadas en la resolución de 1992 y ninguna está excluida.
Por consiguiente, entra dentro de la competencia de esta
Cámara el requerir al Gobierno para que informe de las
cuestiones relativas a la actividad de los servicios de
información.
Termino, señor Presidente --y lamento haberme excedido en el
tiempo-- diciendo que desde nuestro punto de vista, señorías,
no hay falta de garantías. Hay vías de información y de
control. Hay vías de requerimiento de la responsabilidad
política. No es cierto el principio del doble Estado en el
funcionamiento de nuestra democracia. Estamos en el Estado de
derecho diseñado por esta Cámara en el año 1978, en un Estado
parlamentario, democrático y constitucional, y nosotros
seguiremos trabajando en esa línea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Curiel.
Señor Romero, tiene la palabra para expresar la aceptación o
rechazo de la enmienda del Grupo Popular.
El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A los efectos de aceptar o no la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, debo decir a dicho Grupo que, tal y
como viene redactada y con la formalidad que se avala, de
acuerdo con el Reglamento, de ser un texto alternativo al que
nosotros planteamos, no la podemos aceptar, por la razón
siguiente.
Nosotros hemos planteado la constitución de una ponencia en el
seno de la Comisión de Defensa, que controle la actividad del
Cesid, de los servicios de inteligencia. Hubiésemos aceptado
este texto de adición, porque lo mismo que controla, se puede
encargar de un estudio serio que necesitan nuestros servicios
de inteligencia, como han puesto de manifiesto el caso Roldán,
el caso GAL, todos los casos de escuchas ilegales y todo ese
doble Estado que existe y es evidente. Por tanto, no se trata
de que terminemos en una merienda de café con magdalenas, sino
de que consigamos un estudio serio, riguroso, para controlar
la actividad de los servicios de inteligencia.
Nosotros estaríamos en la línea de organizar bien la
inteligencia en España...
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, el turno es para expresar
la aceptación o rechazo. Usted ha argumentado ya
suficientemente el rechazo. No es un turno nuevo para
argumentar en contra de la enmienda presentada.
Le ruego concluya.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, estaba razonando
mínimamente.
Concluyo, señor Presidente, razonando muy brevemente que nos
parece que es una enmienda que, si fuese de adición,
completaría el círculo, pero que se necesitan hoy en España
las dos cosas: controlar el servicio de inteligencia y, al
mismo tiempo, reestructurarlo. Eso lo pensamos ustedes y
nosotros, pero otros lo pensaban antes y, ahora, han cambiado
de opinión. Como nosotros somos gente coherente y firme en
nuestras ideas, no hacemos esas cosas.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre constitución de una ponencia especial, en
el seno de la Comisión de Defensa de la Cámara, que se ocupe
de controlar las actividades de los servicios de información
del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 291; a favor, 15; en contra, 274; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR
LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DICTAR NORMAS SOBRE LA
APLICACION DE LAS REDUCCIONES DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS CORRESPONDIENTES A LA PRODUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA (Número de expediente 162/000045)
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
dictar normas sobre la aplicación de las reducciones del
Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondientes a la
producción de energía eléctrica.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Simó. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley que presenta nuestro Grupo
Parlamentario, por la que se insta al Gobierno a dictar normas
sobre la aplicación de las reducciones del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondientes a la producción de
energía eléctrica, tiene como fundamento básico la difícil
situación financiera y la inseguridad presupuestaria en la que
se encuentran los ayuntamientos con instalaciones
hidroeléctricas en su término municipal, todo ello, como
consecuencia del Real Decreto 1589/1992, que regula las
reducciones del Impuesto de Actividades Económicas relativas a
la producción de energía eléctrica.
No pocos, yo diría que la práctica totalidad de los que se
encuentran en estas circunstancias, tienen como principal
ingreso el generado por la central hidroeléctrica enclavada en
su término municipal. Son, principalmente, pequeños núcleos
rurales, agrícolas, y sin otros recursos y riquezas que
aquellos que se derivan del agua de sus ríos. Las reducciones
del Impuesto de Actividades Económicas a que se refiere el
Real Decreto 1589/1992 han ocasionado importantes
disminuciones de ingresos a los municipios afectados por
centrales de producción eléctrica instaladas en su término
municipal; disminuciones de ingresos que les coloca en una
grave situación de desequilibrio presupuestario, lo que atenta
contra el principio de suficiencia económica de las entidades
locales.
Señor Presidente, señorías, el agua es un bien público, según
lo califica la Ley de Aguas, pero es un bien público
susceptible de ser explotado privadamente. Tal actuación se
establece a través de concesiones y autorizaciones
administrativas. De esta manera, un bien público pasa a ser
una materia prima de escaso coste y
en abundancia a manos privadas. En el caso de las eléctricas
representa un gran negocio, ya que, además de obtener tal
concesión, quedan por ley eximidas del canon de ocupación o
utilización de los cauces y embalses. Estarían sujetas a un
gravamen de un 4 por ciento, teniendo en cuenta el valor
utilizado según el rendimiento que reporten.
Estos razonamientos, señor Presidente, señorías, son los
sustentados por la Asociación de municipios
afectados por centrales eléctricas en su primera asamblea. Las
facilidades concedidas por la ley a las empresas
hidroeléctricas --dicen esos ayuntamientos-- se realizan a
espaldas de las corporaciones locales afectadas, representando
una agresión al principio de autonomía local establecido en la
Ley de Bases de Régimen Local.
Los ayuntamientos también somos Estado y tenemos la obligación
de administrar nuestro territorio y velar por los derechos de
nuestros ciudadanos. Por si fuera poco, la peculiaridad de
este tipo de empresas hidroeléctricas es que prácticamente no
reportan ningún beneficio ni riqueza al territorio que ocupan.
Al contrario de otras empresas que utilizan un proceso de
fabricación con mano de obra local, transporte, y que, además,
pagan los impuestos estatales y los municipales, lo que
repercute directa o indirectamente en el territorio que
ocupan, en las empresas hidroeléctricas no se da ninguno de
estos factores. No utilizan apenas mano de obra --ahí está el
proceso de automatización de las centrales hidroeléctricas--,
no pagan derechos de uso y disfrute de la materia prima --el
agua--, no utilizan medios de transporte --que generan
riqueza--, disponen de grandes almacenes de materia prima,
cuales son los embalses, que llenan y vacían a su antojo, sin
importarles la repercusión a nivel paisajístico. Además, están
prácticamente eximidas de impuestos, como en el caso del
Impuesto de Actividades Económicas.
Por todo lo expuesto, las corporaciones locales afectadas por
centrales eléctricas manifiestan que deben contribuir al
desarrollo de su territorio, y el Estado, a través de su
organización administrativa, ser justo y contribuir al
equilibrio territorial, colaborando con las corporaciones
locales y distribuyendo riqueza.
Con el fin de paliar esta grave situación y dar solución a los
problemas de tipo presupuestario que sufren estos municipios,
es por lo que nuestro Grupo presenta ante la Cámara la
proposición no de ley que nos ocupa instando al Gobierno a
tomar las siguientes medidas:
Primero. Aprobar un proyecto de ley, para su presentación ante
las Cortes Generales, con la finalidad de suprimir las notas
comunes 4.ª y 5.ª al grupo 151 de la sección primera de las
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Segundo. Derogar el Real Decreto 1589/1992, de 23 de
diciembre, por el que se dictan normas para la aplicación de
las reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas
correspondientes a la producción de energía eléctrica.
Tercero. Proceder a regular el desarrollo del artículo 45 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, con la finalidad de determinar la
obligación de las empresas explotadoras de suministro
eléctrico de satisfacer precios públicos por la utilización
privada o por aprovechamientos especiales constituidos en el
suelo, subsuelo o vuelo en sus términos municipales, cuando
dicha explotación de servicios de suministros afecte a la
generalidad o a una parte importante del vecindario.
Creemos, señor Presidente, señorías, que con estas medidas
podrían corregirse los efectos perjudiciales que en la actual
situación vienen afectando a los municipios que se encuentran
en las condiciones apuntadas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Simó. A
la presente proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas, una por parte del Grupo Socialista y otra por parte
del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra la señora Pellicer.
La señora PELLICER RASO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la proposición no de ley
presentada en esta Cámara por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) ha merecido el más detallado estudio e interés por parte
del Grupo Socialista, interés que nos ha llevado a plantear
ante el Grupo proponente la enmienda que obra en poder de los
grupos en relación con el punto 1 de la proposición.
La vocación municipalista de mi Grupo Parlamentario nos hace
entender perfectamente la sensación de inseguridad que la
actual normativa causa en los ayuntamientos. Hemos analizado
los efectos que se derivan de la aplicación de las reducciones
en la forma y los supuestos que establece el Real Decreto
1589/1982 en relación con las normas 4.ª y 5.ª comunes al
grupo 151 de la sección primera de las tarifas del Impuesto de
Actividades Económicas, al amparo de lo previsto en el Real
Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
comprobamos que tales reducciones han ocasionado importantes
disminuciones de ingresos a los municipios afectados por
centrales de producción eléctrica, calculando dicha
disminución de recursos en un 50 por ciento como término medio
y llegando incluso al 80 por ciento en algunos pequeños
municipios.
Esta disminución les coloca en algunos casos en una grave
situación de desequilibrio presupuestario que atenta contra el
principio de suficiencia económica de las entidades locales y
que ha hecho que el Ministerio de Economía y Hacienda, como
SS.SS. conocen, y como
conclusión de las negociaciones con la Federación Española de
Municipios y Provincias, incluya una partida de 1.500 millones
de pesetas en el artículo 95.3 con cargo a la Sección 32 y en
el programa 912.C de los Presupuestos Generales del Estado
para 1995, en la Ley 41/1994, con el único objetivo de atender
las reivindicaciones de los municipios afectados relativas al
período 1989/1994.
Sabemos que la producción de energía es un recurso fundamental
de algunos ayuntamientos. Sabemos también que son más de 2.000
los municipios afectados en toda España con problemas
generalmente comunes, como pueden ser la despoblación, las
dificultades orográficas, el envejecimiento de la población,
en fin, la necesidad de suplir carencias por los entes
locales. Sin embargo, van en disminución las afecciones
positivas que podrían derivarse de este recurso --por ejemplo,
cada vez son menos los puestos de trabajo en las zonas
afectadas--, frente a un aumento de otras afecciones
negativas, como por ejemplo las fuertes servidumbres, el
frecuente incumplimiento de caudales ecológicos en nuestros
ríos, la ocupación de terrenos agrícolas fértiles, la
limitación de posibilidades de acciones municipales, etcétera.
En definitiva, las centrales hidroeléctricas no producen en la
actualidad los beneficios esperados en actividades directas a
los municipios afectados, y sin embargo el beneficio fiscal
otorgado a las mismas supone una importante carga en las
administraciones locales, porque afecta directamente a la
financiación de las corporaciones locales, porque merma el
principio de autosuficiencia financiera de las mismas, porque
la minoración en la financiación puede conducir a una
disminución en la calidad de los servicios a los ciudadanos
por falta de recursos, porque se trata, en definitiva, de una
generación de riqueza sin ninguna o nula contrapartida a las
zonas afectadas.
Creemos, por ello, en la necesidad de solucionar la
incertidumbre que la legislación anteriormente mencionada ha
supuesto para los ayuntamientos. Por ello, mi Grupo plantea al
Grupo proponente una enmienda de sustitución al apartado 1,
que quedaría como sigue: «Aprobar un proyecto de ley para su
presentación ante las Cortes Generales, con la finalidad de
dar una nueva redacción a las notas comunes 4.ª y 5.ª al grupo
151 de la sección primera de las tarifas del Impuesto de
Actividades Económicas, con objeto de dotar de mayor
estabilidad y certidumbre a la determinación de los ingresos
derivados de la aplicación de diversas notas. A estos efectos
deberán incluirse criterios para la determinación de las
cuotas en función de la potencia y los estándares de
funcionamiento de las centrales eléctricas.»
Los puntos 2 y 3, relativos a la derogación del Real Decreto
1589/1992 sobre normas para la aplicación de las reducciones
del IAE y la regulación del artículo 45 de la Ley de Haciendas
Locales, los apoyaríamos tal y como el grupo proponente los ha
expuesto.
Por consiguiente, si nuestra enmienda de sustitución es
aceptada, nuestro Grupo votaría favorablemente la proposición
no de ley.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: Muy bien, muy bien.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora
Pellicer.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la
palabra el señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, en cierto
modo nos encontramos aquí con un problema con dos objetivos
contradictorios. De un lado, los intereses de los
ayuntamientos, y de otro, la problemática de la empresa
eléctrica, del pago del IAE en situaciones de parada. Este
tema ha sido discutido ampliamente en el Parlamento. En el
Senado se planteó y la forma en que allí se distribuyeron los
papeles los distintos grupos no coincide exactamente con lo
que aquí está hoy ocurriendo; en todo caso no coincide en la
instrumentación más que en los objetivos. Allí el Grupo
Popular fue el que defendió precisamente, aparte de discutir
la legalidad de las normas por las cuales en situaciones de
parada las empresas eléctricas no pagan el IAE, que pagaran el
IAE las empresas eléctricas incluso en situación de parada y
que, en todo caso, se las compensara a través del Impuesto
sobre Sociedades. Era, pues, una postura de intentar compensar
los problemas municipales con los intereses de las empresas
eléctricas en cuanto al pago del IAE en situaciones de parada.
La mayoría del Senado no fue por esta línea del Grupo Popular,
sino que conjugó los dos objetivos de otra manera. Dijo que sí
a que se mantuviera el pago del IAE incluso en situaciones de
parada. Es más, para votar eso, el portavoz del PSOE dio gran
número de ejemplos de otras situaciones económicas en las
cuales se reducía el IAE u otros impuestos ante determinadas
situaciones de disminución de la producción en diversos tipos
de industrias. Una amplia documentación al respecto le llevó
en aquel caso a votar de aquella manera y se consideró que lo
que había que hacer era una compensación puramente económica a
los municipios, a través del acuerdo que ha sido fijado para
un año y luego para dos, que llegaba a 3.000 millones de
pesetas. Esa fue la postura del Senado. Hoy con los papeles
algo cambiados, sin embargo, nos encontramos con que el
problema es cómo llegar a servir a los objetivos.
La propuesta que presenta el Grupo Catalán la comprendemos
desde el punto de vista municipalista. El problema es cómo
conjugarla con los intereses de las empresas eléctricas en el
momento de parada.
La enmienda alternativa que propone el Grupo Socialista
contempla una nueva legislación y estaremos a resultas de
ella. Nuestro miedo sobre la misma, con toda sinceridad, es
que la única forma de resolver el problema por esa vía acabará
siendo el subir las tarifas, porque la vía de que dependan de
la potencia y al mismo tiempo de los estándares de
funcionamiento, y que eso sea suficiente para satisfacer a los
municipios sin deterioro de la situación de las empresas,
acabará siendo una vía que en la larga discusión de la LOSEN
nos preocupaba que esas medias acabaran significando en la
realidad subidas de tarifas. Por ello es por lo que, en este
difícil contrapeso de objetivos, nuestro Grupo se planteaba
una situación intermedia: que hubiera una nueva regulación,
sin duda, pero que lo que se hiciera fuera reducir la actual
situación en la cual por parada las empresas eléctricas no
pagan IAE, se lo quedan, y, por otra parte, se compensara
económicamente a los beneficios, es decir, que el coste de la
operación no fuera todo a tarifas, sino que fuera parcialmente
a presupuestos y parcialmente al final, queramos o no, a
tarifas. Esa era nuestra postura intermedia que consideramos
sinceramente más defendible, más en la línea de conjugar estos
dos intereses contrapuestos que --repito-- han revoloteado por
las dos Cámaras con sombreros cambiados por parte de los
grupos parlamentarios. Esa postura nos parecía mejor y de ahí
el texto de nuestra enmienda, que creemos concilia más
adecuadamente los intereses fundamentales de los ingresos de
los municipios con la situación real, recordada por el Grupo
Socialista en el Senado, de que en muchos casos, ante
situaciones de parada u otros problemas de carencia de
producción, los impuestos que se pagan disminuyen.
El Grupo Popular, en todo caso, después de observar los
resultados de las enmiendas de sustitución, su aceptación o
no, planteará su postura en cuanto al voto se refiere.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gámir.
¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y
que deseen fijar su posición? (Pausa.). Por el Grupo Mixto
tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Voy
a fijar posición sobre la proposición no de ley,
presentada por el Grupo de Convergència i Unió, que como
mínimo se debía calificar de acertada y oportuna.
El canon de producción de energía eléctrica, que desapareció
con la aplicación del IVA, era una fuente de ingresos
municipales importante que contribuyó, yo diría que de forma
sustancial y además eficiente, a los presupuestos de muchos
ayuntamientos, a mejorar precisamente la infraestructura
urbana. En el fondo de la cuestión planteada en la proposición
no de ley estamos ante un claro tema de solidaridad. Los
municipios donde están instalados centros de producción y
distribución de energía eléctrica experimentaron grandes
inversiones, pero, al contrario de otras actividades
económicas, no han conocido los efectos beneficiosos de la
implantación industrial. El empleo, que en un momento
determinado, sobre todo dos décadas atrás, pudo ser importante
para estos municipios, generalmente fue empleo no cualificado
y hoy se experimenta un creciente paro con excedentes de
trabajadores debido a, como se ha dicho ya en esta Cámara, la
automatización de las centrales eléctricas.
Y aun en casos en que el efecto positivo de la implantación,
la riqueza que se haya podido originiar por haber estado
implantadas allí centros de distribución, se ha producido
efectivamente, la riqueza generada no ha servido para atender
otras necesidades de infraestructuras que se han ido
produciendo. Con ello me estoy refiriendo específicamente a
los valles pirenaicos, que han experimentado un crecimiento de
la demanda turística que ha ido por delante de la dotación de
infraestructuras, y los ayuntamientos no se han visto con los
recursos suficientes para atender, con los servicios
adecuados, este crecimiento del turismo; crecimiento, además,
que de alguna forma es imparable, en función de los cambios
que se están experimentando en el contenido de la demanda
turística.
Hablaba de solidaridad, porque otros disfrutamos de una
calidad de vida en cierto modo a costa de estos municipios.
Volvería de nuevo a poner ante todos los Diputados aquí
presentes la imagen de las redes de transporte que atraviesen
los valles pirenaicos a veces sin ningún respeto a la ecología
y a lo que podía ser la promoción de la riqueza del propio
valle, como es el turismo.
Apoyaremos esta propuesta desde el supuesto de que su
aplicación no puede ni debe originar modificación alguna en al
tarifa eléctrica. Lo quiero subrayar porque en la historia de
las compañías eléctricas existía ya en tiempos pasados, no muy
lejanos, la actuación paternalista en compensación a la
explotación intensiva de las riquezas naturales allí donde
estaban implantadas. Esa actuación paternalista no influyó en
un incremento de la tarifa sino en los costes generales de las
compañías. Creo que este tema debería tener hoy día un
tratamiento similar. Apoyaremos, como decimos, esta propuesta
por lo que tiene de sentido común y por lo que tiene sobre
todo de respeto a los ciudadanos y a los municipios que de
alguna forma han sufrido la explotación y que merecen
disfrutar también de la riqueza y del bienestar que otros
disfrutamos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Albistur.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor Presidente,
intervengo para dar el apoyo de Unión Valenciana a la petición
de los pequeños municipios, en cuyos términos municipales se
realizan actividades hidroeléctricas, canalizada en esta
proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
En la Comunidad valenciana, Cofrentes y Cortes de Pallás son
dos municipios cuyos ayuntamientos han solicitado el apoyo a
esta iniciativa que hoy debatimos, pidiendo que se derogue
este Real Decreto injusto y una nueva regulación del Impuesto
de Actividades Económicas al respecto. Apoyamos las
reivindicaciones de estos municipios afectados por las citadas
actividades, por garantizar su futuro como pueblos, por
solidaridad con sus ciudadanos y por razones de justicia. Por
ello apoyamos la oportuna y coherente iniciativa de
Convergència i Unió.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Muy brevemente voy a apoyar también la
propuesta del Grupo Catalán. Aunque sólo fuera por la defensa
del municipalismo, cuestión fundamental en Coalición Canaria,
apoyaríamos esta propuesta. Pero es que, además, creemos que
la propuesta es justa y servirá para que las centrales y las
compañías eléctricas empiecen a pensar que su tratamiento debe
ser similar al de cualquier otra empresa. Es común que las
compañías eléctricas piensen que no tienen que pagar licencia
municipal, que no necesitan permiso para realizar las obras, y
una cuestión más, que cuando están implantadas no pagan el IAE
cuando no tienen la planta en funcionamiento. En el país el
resto de las industrias, el resto de los negocios, se mueven
en unos cánones totalmente diferentes, tienen que pagar el
IAE, tienen que pagar sus licencias, sus impuestos, y
solicitar permiso para poder hacer obra.
Nos parece que esta propuesta, además de llevar tras ella una
causa justa, es un buen camino para que las centrales y las
compañías eléctricas empiecen a cumplir todo el cuadro
legislativo y reglamentario de los ayuntamientos, como
cualquier otra empresa. Por eso, vuelvo a repetir, Coalición
Canaria apoyará esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.Intervengo
para fijar la posición de mi Grupo Parlamentario con respecto
a esta proposición no de ley por la que el Grupo Catalán de
Convergència i Unió insta al Gobierno a dictar normas sobre la
aplicación de las reducciones del Impuesto de Actividades
Económicas correspondientes a la producción de energía
eléctrica.
Somos conscientes de que en este tema existen unos intereses
contrapuestos, como pueden ser los de las empresas de
producción de energía eléctrica y los municipios. Sin embargo,
consideramos que es necesario en este caso establecer aquellas
modificaciones que vayan a compensar los aspectos negativos
que, por una parte, se han derivado del Real Decreto
1589/1992, de 23 de diciembre, por el que se estableció la
aplicación de la reducción del Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente a la producción de energía
hidroeléctrica. La aplicación de esta normativa ha supuesto,
como ya se ha hecho constar por otros intervinientes, que los
municipios en que existen centrales hidroeléctricas han tenido
una serie de incidencias negativas en la supresión de uno de
los ingresos más importantes y significativos que tienen en
sus presupuestos.
Por tanto, desde nuestro punto de vista es necesario no
erosionar más los maltrechos presupuestos de los municipios,
que además en este caso la mayor parte de ellos coinciden con
pequeños núcleos rurales. La derogación de las notas comunes,
la cuarta y quinta, al grupo 151 de la sección primera del
Impuesto de Actividades Económicas, creemos que va a propiciar
ingresar en su totalidad la tarifa establecida con estas
centrales hidroeléctricas, independientemente de su tiempo de
funcionamiento. Esta modificación normativa va a permitir
tener un presupuesto equilibrado a todos estos municipios que
se han visto afectados.
Por otra parte, existe otra cuestión que regula esta
proposición no de ley, la cual compartimos, que se refiere a
la necesidad de regular el artículo 45 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, con el
fin de establecer un criterio claro y apropiado sobre el
precio que deben de satisfacer las empresas explotadoras de
suministro eléctrico por la utilización privativa o por
aprovechamientos especiales constituidos en suelo, subsuelo o
vuelo. Estamos de acuerdo, como digo, en la necesidad de
revisar la fórmula para establecer esta tasa o precio público,
aun reconociendo lo complicado de fijar unos criterios
adecuados y la enorme casuística que tiene este servicio. En
cualquier caso, consideramos importante regular esta
normativa, por lo que nuestro Grupo Parlamentario apoya esta
proposición no de ley presentada por Convergència i Unió. Nada
más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Zabalía.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Desde la constatación que hemos hecho todos los grupos de que
la situación actual no es la mejor (de hecho, nuestro Grupo en
la vigente ley de presupuestos generales del Estado presentó
en su trámite de enmiendas alguna que hacía referencia a este
tema), desde la constatación también, como ha señalado algún
otro portavoz, de que no se trata de incrementar los recursos
de los ayuntamientos sino de mantener el poder recaudatorio
que tenían y que han ido perdiendo por aplicación de este
decreto en los últimos años, por tanto no estamos dando algo
nuevo a los ayuntamientos sino manteniendo su capacidad
recaudatoria, desde esas constataciones nuestro Grupo va a
apoyar la proposición no de ley. En todo caso quiere señalar
que la enmienda del Grupo Socialista, tal como viene reflejada
en el texto, la entendemos exclusivamente como que sustituye
al punto 1, y que los puntos 2 y 3, que nos parecen muy
importantes, del texto propuesto por Convergència i Unió se
mantienen.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Efectivamente, señor
Martínez Blasco, cuando ha intervenido la señora Pellicer lo
ha indicado expresamente como S.S. lo ha entendido.
Tiene la palabra el señor Simó para indicar si acepta o no las
enmiendas presentadas por los grupos Socialista y Popular.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo aceptaría la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Socialista siempre y cuando se fije
una fecha límite que vendría a ser el 31 de diciembre de 1995.
La enmienda presentada por el Partido Popular por razones
obvias no podemos aceptarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Simó.
¿Por parte del Grupo Socialista se acepta la transaccional de
establecer «aprobar antes del 31 de diciembre de 1995,
etcétera»?
La señora PELLICER RASO: Sí, señor Presidente. Estamos de
acuerdo con el plazo del 31 de diciembre. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: La proposición no de ley del Grupo
Catalán queda sustituida en su integridad por la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Socialista, con la
precisión relativa a la fecha de presentación de un proyecto
de ley en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 174; en contra, dos; abstenciones,
116.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA INDUSTRIAL
DEL GOBIERNO Y, EN PARTICULAR, SOBRE LA «PROPUESTA PARA
DEBATE» QUE HA PRESENTADO A LA OPINION PUBLICA COMO «UNA
POLITICA INDUSTRIAL PARA ESPAÑA» (Número de expediente
173/000068)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a la
interpelación sobre la política industrial del Gobierno y, en
particular, sobre la «propuesta para debate» que ha presentado
a la opinión pública como «una política industrial para
España».
Tiene la palabra el señor García Fonseca. (Rumores.)
Ruego silencio a SS.SS. (Pausa.)
Cuando quiera, señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a intentar defender e incluso persuadir a la
mayor parte de SS.SS. para que voten favorablemente los puntos
de la moción que presenta Izquierda Unida como consecuencia de
la interpelación sobre las propuestas de política industrial
sometidas a debate por el Gobierno en estos días. Espero que
al menos todos ustedes puedan de alguna formaconstatar que mi
Grupo Parlamentario y el Diputado que les habla intentan
realmente, honesta y sinceramente, no tanto llegar a acuerdos
sustantivos cuanto a acuerdos de método que pudieran hacer que
una gran mayoría de los grupos de esta Cámara nos pusiéramos
de acuerdo sobre los procedimientos a seguir para que unas
propuestas de política industrial, que hoy el Gobierno está
lanzando a debate, terminen en algo creíble. Repito, mi Grupo
no pretende imponer su particular, por supuesto legítimo pero
particular, planteamiento de la política industrial o su
alternativa a la actual política
industrial. Mi Grupo pretende algo mucho menos partidista,
pero que en este caso nos parece mucho más importante, dada la
situación económica del país en general y de la industrial en
particular. Pretende ofrecer a todos los grupos, repito, un
procedimiento, un método por el cual unas propuestas, las que
sean, de política industrial pudieran concitar el mayor apoyo
social y parlamentario posible y, en definitiva, que las
propuestas resultantes fueran, como indicaba en mi
intervención la semana pasada, creíbles y eficientes, porque -
-y repito algo de lo ya dicho--, señoras y señores Diputados,
señoras y señores del Grupo Socialista, las propuestas que el
Gobierno ha lanzado a debate, en este momento particularmente,
no son creíbles, y nosotros pretendemos sinceramente ayudarles
a que lo sean. No son creíbles en este momento particularmente
porque, como les decía, establecer un debate en el culmen (no
sé si en el culmen porque esto parece una espiral ascendente
sin fin) pero, en todo caso, establecer un debate en el núcleo
de una crisis política tan fuerte como la que padecemos,
reconocida por el propio Presidente del Gobierno, señor
González, donde hay tantos ruidos que realmente no favorecen
un debate sosegado, ni mucho menos facilita que se pueda
llegar a propuestas y a acuerdos con un horizonte a medio
plazo. Por todo lo señalado el momento político es el más
inadecuado de los que ha habido durante estos últimos años, de
una fortísima crisis política, que hace que muchos sectores
sociales implicados lleguen a dudar de cuál es la finalidad
real de estas propuestas, si realmente contribuyen a la
creación de una política industrial activa, como empieza a
proclamar el Gobierno y su Ministro de Industria, o
simplemente son una cortina de humo que aleje de alguna forma
a la opinión pública de los problemas que hoy tienen más a lo
vivo.
Tampoco son creíbles estas propuestas en este momento porque
se hacen justo después del debate y aprobación durante varios
meses de lo que es una de las dos herramientas fundamentales,
reconocidas por el propio Gobierno, que hoy tiene un Estado
para cualquier política: la política fiscal, por un lado, y la
política presupuestaria por otro.
Resulta que durante todo el proceso de debate del presupuesto
y de aprobación del mismo no se saca a la luz pública, a la
opinión pública, a los agentes sociales económicos, ni en esta
Cámara, ningún tipo de propuesta industrial particular, y un
mes después de aprobado el Presupuesto de 1995 nos salen con
toda una panoplia de propuestas, con todo un plan que, además,
quiere tener vocación de medio o largo plazo. Y por si estos
«handicap» no fueran suficientes como para no hacer creíbles
estas propuestas, además, los presupuestos sufren un recorte,
o se han anunciado ya unos recortes de al menos 150.000
millones, por un lado, y otros cuatrocientos y pico mil por
otro. Por esto, parece absolutamente imposible, incluso
impensable, que, en esta situación de crisis aguda, tanto en
política general cuanto presupuestaria, sea hoy creíble la
posibilidad de algún plan sin más, exclusivamente desde el
Gobierno, de política industrial a medio y largo plazo.
Repito, permítanos el Grupo Socialista a Izquierda Unida y a
los demás grupos de esta Cámara contribuir a hacer creíbles,
fiables y practicables unas propuestas que puedan ser el
núcleo de una política industrial que pienso que todos los
grupos de la Cámara, pero desde luego mi Grupo, vienen
pidiendo y por la que vienen clamando --permítaseme la
expresión-- desde hace muchos años, señalando quizás como uno
de los déficit más graves de la política económica del
Gobierno la supeditación a una macropolítica económica, de
carácter casi exclusivamente monetarista, del tejido
productivo y particularmente del tejido industrial, que nos ha
llevado a una de las crisis económicas, sobre todo de la
industria, más graves que ha tenido nuestro país.
En este sentido, en el sentido de hacer creíbles, repito, y
practicables las propuestas que puedan salir, en todo caso
algún germen de política industrial con vocación de medio
plazo, nuestro Grupo presenta la moción que tienen SS.SS., con
varios apartados que simplemente intentan explicitar cuáles
son, a juicio de nuestro Grupo, los requisitos metodológicos
que debieran tener, para ser creíbles y eficientes,
cualesquiera propuestas de cualquier plan, general o
sectorial. A nosotros nos parece que para que cualquier plan
sea creíble y eficiente es necesario que a esa política
sectorial se la reconozca como prioritaria, fundamentalmente
que tenga algún tipo de respaldo económico y presupuestario
explícito y suficiente. Decimos algún tipo, pues ocasión
tendríamos en el debate de aquilatar más las cifras, criterios
o algún tipo de referencias, pero que hubiera, no sólo por
parte del Gobierno sino de la mayoría y a ser posible de todos
los grupos de esta Cámara, el compromiso de que las líneas de
política industrial que surgieran iban a tener, por el
compromiso de esta Cámara, respaldo económico y presupuestario
suficiente. Si esto no se hace, ¿qué credibilidad puede
merecer ante la opinión pública en este contexto al que antes
me refería, que no me lo invento? No tendría credibilidad en
ningún caso, pero en este contexto sería prácticamente
imposible e impensable que la pudiera tener.
En el mismo sentido, con el permiso de la Presidencia, me
gustaría formular de otra manera, autoenmendar si lo
prefieren, el segundo punto de nuestra propuesta en un sentido
prácticamente gramatical, porque lo que intento es expresar
mejor lo que de por sí intenta reflejar la propuesta. Este
conjunto de medidas debe estar fortalecido, después de la
información y del debate pertinente, por acuerdos y
compromisos con los agentes sociales y reguladas por el más
amplio consenso parlamentario y de las comunidades autónomas.
El «Libro Blanco» y los documentos a debate del Ministerio de
Industria o del Gobierno insisten, una y otra vez, en la
necesidad de que la política industrial tenga un horizonte a
medio plazo, sin el cual realmente no sería posible hacer
política industrial alguna que fuese medianamente tomada en
serio. Pues bien, nosotros creemos que, para ello, es
fundamental que esta Cámara decidiera que esa política
industrial tuviera la apoyatura, por un lado, de acuerdos y
compromisos con agentes sociales y, fundamentalmente,
estuviera respaldada por el consenso más amplio de esta
Cámara, a ser posible por la unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le ruego concluya.
El señor GARCIA FONSECA: Voy terminando, señor Presidente. Mi
Grupo es absolutamente consciente, como es obvio, de que
existen proyectos distintos, según los distintos grupos de
esta Cámara, sobre política industrial, pero creemos que es
necesario y que es posible que pudiéramos llegar a algún tipo
de acuerdos mínimos, y para eso es el método que ofrecemos. En
el mismo sentido, decimos que sería necesario, o en todo caso
muy conveniente, que se constituyera una ponencia dentro de la
Comisión de Industria, o un grupo de trabajo (el nombre es lo
de menos), que realmente debatiera, estudiara e
intentara consensuar --repito-- el mínimo común denominador en
el cual todos los grupos pudiéramos coincidir en el apoyo a
una política industrial a medio plazo. Pensamos que esta
ponencia debiera incluir, para hacer creíbles y practicables
estas propuestas, criterios en el tema de política de I + D,
de investigación y desarrollo tecnológico, que es uno de los
elementos claves para cualquier política industrial, como, por
ejemplo, el plan coreano, que está ya en funcionamiento, que
establece...
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, le ruego concluya.
El señor GARCIA FONSECA: Termino ya de verdad, señor
Presidente.
El plan coreano gastará en I + D para el año 2000 el 5 por
ciento del producto interior bruto. Nosotros no señalamos esta
cifra obviamente, pero decimos que alguna habría que señalar
de común acuerdo todos los grupos.
Por último --termino ya-- hablamos de la determinación de un
estatuto o unos criterios jurídico-políticos sobre las
funciones y gestión de la empresa pública, para que sepamos a
qué atenernos, para que sepamos en qué sentido se debe
reformar la gestión de la empresa pública, que es un tema
clave, para que sepamos qué es lo que hay que privatizar, que
no sea aquello que ya funciona bien y que es rentable, y qué
es lo que habría que hacer con aquello que no funciona bien y
que no es rentable, y, por último, que señaláramos objetivos
específicos a nichos tecnológicos y sectores, que no nos
inventaríamos la ponencia sino que nos serían dados del
estudio de las evoluciones del mercado y de otros factores de
prioridad que nosotros viéramos convenientes o pertinentes,
como indican los autores del último informe sobre política
industrial del Consejo Económico Social y como reconoce
incluso el propio documento del Gobierno.
Estas son nuestras propuestas --repito-- no tanto sustantivas
cuanto metodológicas, con la intención de la búsqueda de una
política industrial que sea realmente creíble y practicable.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
A esta moción se han presentado dos enmiendas.
En primer lugar, enmienda del Grupo Socialista. Para su
defensa y para la fijación de la posición del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.
El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a
esta moción, con la que pretendemos un acercamiento de
posiciones, tras el debate de la interpelación de la semana
pasada, con la propuesta que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida nos hace.
Los socialistas estamos totalmente de acuerdo con que el
debate que se está suscitando en nuestro país respecto a la
política industrial es un debate de gran importancia, puesto
que pretendemos que la política económica, cada vez más, se
oriente a potenciar la economía productiva y, en particular, a
aumentar la producción industrial. Afortunadamente, la salida
de la crisis económica, el crecimiento en estos últimos meses
se está apoyando, en buena medida, en el crecimiento de la
producción industrial. Es necesario que apoyemos esta dinámica
desde la política económica y esa es la razón de abrir este
debate. Un debate en el que deben participar todos los
sectores sociales, en el que queremos que participen todos los
sectores sociales, que participen los sectores económicos, que
participen las comunidades autónomas, que lógicamente ese
debate se lleve también a nivel parlamentario, a todos los
niveles, y que su objetivo sea, en definitiva, la potenciación
de la política industrial, la potenciación de la economía
productiva, el que buena parte de las inversiones en nuestro
país se orienten cada vez más hacia el aumento de la
producción.
Así está ocurriendo ya. Curiosamente, en los datos de los
últimos meses, son los índices de producción industrial, de
empleo industrial los que se están comportando
de una forma sistemáticamente positiva y, lógicamente,
queremos que eso se acentúe. Pensamos que, evidentemente, como
decía el señor García Fonseca, eso puede tener alguna
repercusión presupuestaria, pero no muy importante desde
nuestro punto de vista. A nuestro Grupo le parece que no es
con subvenciones como se solucionan los problemas de la
inversión industrial en nuestro país, que es con otro tipo de
medidas. Los acuerdos sociales son muy importantes para
incentivar la inversión industrial, y los acuerdos
institucionales con las comunidades autónomas son
importantísimos para apoyar una dinámica de creación de empleo
y de inversión en los sectores productivos. Lógicamente,
también habrá medidas que necesitarán de una inversión
industrial, pero no es el camino de las subvenciones el más
adecuado para resolver este problema, en el que tiene que
haber un apoyo a aquéllos que invierten, a aquéllos que
arriesgan, pero un apoyo muchas veces indirecto, de
incentivación fiscal. Hay muchos mecanismos y creo que el
debate sobre estos temas lo vamos a iniciar en pocos días. Por
tanto, no pondríamos nosotros el acento en las repercusiones
presupuestarias, sino en crear una dinámica que, en
definitiva, genere la necesaria confianza para que las
inversiones puedan llevarse a cabo.
Pensamos que el marco parlamentario debe tener un gran
protagonismo en el debate. Por eso va a iniciarse este debate
el lunes de la próxima semana con la comparecencia del
Ministro de Industria, para poner encima de la mesa los
elementos básicos del mismo y para que comiencen a
establecerse las posiciones de los distintos grupos. Creemos
que a esta Cámara debe venir toda la información del debate
público con los agentes sociales que ya se ha iniciado y que
se está celebrando.
En ese sentido, la enmienda que nuestro Grupo plantea dice en
su punto tres que el Gobierno proporcionará a la Cámara la
documentación que se produzca a medida que se vaya generando.
Es decir, que cada uno de esos grupos de trabajo de los
distintos sectores y de las distintas políticas respecto de
investigación y desarrollo o respecto de la
internacionalización, que se han conformado en torno al
Ministerio de Industria, han de aportar a la Cámara toda su
información.
Por otro lado, aunque nosotros pensamos que la forma más
adecuada de tratarlo en esta Cámara no es la creación de una
ponencia más, que provoca unas dificultades mayores de
calendarios para sacar adelante nuestras propuestas, sí
creemos que es bueno que en el seno de la Comisión de
Industria se produzcan todas las comparecencias que sean
necesarias y que en todo momento tengamos el máximo nivel de
información mediante la comparecencia de las personas que se
considere adecuadas. Nuestro Grupo está de acuerdo en ello y
desde aquí nos comprometemos a apoyar ese tipo de información
y de comparecencias que señala nuestra enmienda, en el sentido
de que toda la documentación que se genere en las mesas de
debate que ya están constituidas y que están funcionando,
venga también a esta Cámara y que finalmente el Gobierno
elabore un documento con las conclusiones y con las propuestas
sobre política industrial para que el mismo venga a la Cámara,
se debata y sea ésta, al final, la que fije cuál debe ser la
posición para afrontar este problema y lograr que la inversión
industrial siga aumentando y proporcione, en definitiva, un
futuro positivo en todos los sentidos para nuestra economía.
Nuestra enmienda tiene cuatro puntos, como la propuesta de
Izquierda Unida, y pensamos que supone un acercamiento de
posiciones después del debate de la interpelación. Por tanto,
solicitamos al Grupo proponente que la admita porque, en
definitiva, coincidimos con el Grupo de Izquierda Unida en que
este debate debe llevarse a cabo con la máxima participación,
con las máximas garantías y con el máximo nivel de acuerdo. No
pensamos que sea bueno ya en las propuestas iniciales
garantizar que va a haber acuerdos y compromisos, porque en
otras ocasiones nos hemos encontrado con que el poner en las
conclusiones iniciales que tiene que haber compromisos,
dificulta el que al final se pueda llegar a ellos. Queremos
que se llegue al máximo grado de acuerdo con los agentes
sociales, con los agentes económicos, con las comunidades
autónomas y también en esta Cámara; pero creemos que no se
puede poner el carro delante de los bueyes, y no se puede
poner la obligatoriedad de los compromisos antes de que se
hayan acordado estos compromisos.
Acudimos al debate con esa voluntad de acuerdo y de consenso y
pensamos que nuestra propuesta al Grupo de Izquierda Unida es
de acercamiento de posiciones.
Nada más por mi parte. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, quisiera
en primer lugar felicitar a Izquierda Unida por el esfuerzo
que ha hecho de buscar consenso en la Cámara, y esa
felicitación es sincera y auténtica.
Quisiera también separar lo que fue el debate en la sesión
anterior de la interpelación urgente sobre la política
industrial del Gobierno. Nosotros estimamos que tenía dos
partes: una parte metodológica y otra de fondo. De ahí que
hayamos planteado enmiendas metodológicas y enmiendas de
fondo; de fondo, porque creíamos que también era el momento de
iniciar el debate de fondo. Ahora bien, en la idea de llegar a
esta línea de consenso, estamos dispuestos a despojarnos, a
eliminar las enmiendas de fondo, en este momento parlamentario
(como es lógico las recogeremos en
otros), y plantear aquellas que puedan acercar al consenso, en
el sentido de que las prácticas al respecto implican muchas
veces acumulaciones de ideas para llegar al mismo.
Quizá pueda plantearse aquí algún problema de tipo procesal
que no conocemos, pero sobre todo por la intervención del
representante de Izquierda Unida nos parece que, siguiendo su
moción, en el punto 1.º nosotros no creemos que se está
refiriendo a subvenciones, sino que se está refiriendo
simplemente a «un respaldo económico y presupuestario
explícito y suficiente». Son expresiones suficientemente
amplias, como que por «suficiente» nosotros entenderemos
siempre, como es lógico, dentro del marco de la lucha contra
el déficit presupuestario, y además entenderemos que parte de
la política industrial es política de marco (por ejemplo,
política de infraestructuras, etcétera) y, como tal, con esa
interpretación, no nos plantea problemas ese primer punto. El
texto del punto 2.º es distinto a la intervención oral, y
nosotros quisiéramos dejar claro, si es posible, esa
interpretación del autor de su texto. A nosotros el texto de
«este conjunto de medidas deben quedar fortalecidas por», no
nos plantea problemas. Sí nos plantea problemas, y graves, que
«este conjunto de medidas deben estar reguladas», porque si se
dice «estar reguladas», se podría interpretar (no digo que sea
el ánimo del ponente) como una especie de cuasi corporativismo
en que la regulación la hacen los agentes sociales y después
hay un amplio consenso parlamentario. Si de alguna manera se
consigue que figure en el texto la expresión «fortalecidas»,
podríamos plantearnos, dentro de ella, que indudablemente
queda fortalecida, si hay acuerdos sociales, una política
industrial.
En el punto 3.º también nos plantearía problemas la expresión
«una década», porque nos parece un horizonte demasiado largo.
Normalmente tanto en las planificaciones como en los segmentos
de prospectiva que tienden a espacios más cortos, los datos se
convierten en variables. El ponente ha hablado de «a medio
plazo»; aquí figura «una década». No es un problema tan grave,
pero nos gustaría que se utilizara una exprsión más corta que
una década. No es que quiera recurrir al hecho de que tanto la
planificación indicativa como no indicativa en su día fue
quinquenal, sino que realmente una década parece un plazo
excesivamente amplio. Si se pudiera interpretar como a medio
plazo, nos facilitaría también un acercamiento a esta postura.
En cuanto al punto 4.º, cuando señala «estudiando la
posibilidad de asignar un porcentaje o un determinado
nivel...», entendemos que el fijar niveles tiene puntos
positivos y puntos negativos, pero estudiar la posibilidad, en
el grado en que implica un mensaje, por lo menos subliminal,
de apoyo al I+D en todo caso, en ese marco, nos puede parecer
adecuado. El párrafo siguiente: «La determinación de un
Estatuto o de unos criterios jurídico-políticos sobre las
funciones y gestión de la Empresa Pública, y procedimientos
para las operaciones patrimoniales importantes.» es tan
genérico que es válido, porque incluye la política de
privatizaciones. Comprendemos que la interpretación que le ha
dado el ponente no es la que nosotros le daríamos, pero el
mismo texto puede ser válido para ambos casos. Comprendemos
que al Grupo Parlamentario Socialista le plantee algún
problema la palabra estatuto --a nosotros tampoco nos plantea
un problema excesivo la palabra estatuto-- y, una vez más,
tenemos que recordar esa situación especial del Grupo
Parlamentario Socialista, que juzga el valor de una cosa no
por la cosa en sí, sino por la situación relativa en la que se
encuentra. En la oposición, defendía siempre el estatuto de la
empresa pública; en el Gobierno, se opone siempre al estatuto
de la empresa pública. No es el valor en sí de la medida, sino
que es quién la propone o en qué circunstancias se propone la
medida, cuando se vota a favor o en contra. Pero a nosotros no
nos plantea problemas ese término. Sí nos plantea problemas el
último párrafo: «Asignación de objetivos específicos para los
nichos tecnológicos y sectores que se descubran como
prioritarios.», porque creemos que es el mercado quien lo
define. En cierto grado, si de acuerdo con la autoenmienda que
ha hecho el ponente pudiera incluirse la frase «tomando como
base la información proveniente del mercado», o algo parecido,
nos colocaría en una posición más favorable hacia ese punto.
Se plantea, pues, aquí un tema de fondo y de procedimiento y
es cómo se debe interpretar la moción
planteada por Izquierda Unida, con sus, digamos,
autocorrecciones sobre la marcha, ya que esas autocorrecciones
nos acercan mucho más que el texto que tenemos aquí. Si
realmente lo válido es, al final, el «Diario de Sesiones» y
las autocorrecciones, nuestra situación podría ser más fácil a
la hora de votar de una determinada manera; pero desearíamos
que ese punto quedara claro.
Sobre la enmienda que ha planteado el Grupo Parlamentario
Socialista, aparte de que su aceptación o rechazo no nos
corresponde a nosotros, simplemente quiero señalar un pequeño
rasgo, ni siquiera de humor. Nos parece curioso que empiece
señalando que «El Congreso de los Diputados apoya la
iniciativa del Gobierno de...» realizar este debate. Es
curioso cuando en este debate, dicho sea de pasada, la calidad
del texto de partida no nos parece adecuada y en este debate
hay intervenciones, muchas veces, de tres minutos, según hemos
visto. Como es lógico, no vamos a entrar a fondo en este tema,
a no ser que fuera aceptado por el proponente de la moción,
porque si no, no entraría en el debate y tendríamos ocasión de
discutir estos temas en la Comisión.
Resumiendo, se nos plantea un problema de procedimiento que
quisiéramos aclarar y es el grado en que
lo válido son las autocorrecciones que ha hecho el proponente
sobre su moción. Si fuera eso lo que tendríamos que votar, nos
encontraríamos mucho más cerca; en el otro caso, tendríamos
que buscar algún procedimiento para mostrar nuestra postura de
intento de llegar a acuerdo con muchas de las ideas planteadas
por Izquierda Unida, porque son básicamente metodológicas, y
de felicitación por el esfuerzo que ha realizado en la
búsqueda del consenso como método de trabajo en la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, ya la pasada semana tuve la
oportunidad, en mi intervención cuando el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presentó la interpelación al
Gobierno sobre la presentación del Libro Blanco de la
industria, de calificar dicho libro blanco como un buen libro
de intenciones sobre los principios de política industrial,
como un buen libro de intenciones orientado a una buena
sensibilidad industrial, como un buen libro de intenciones en
el cual se detallaba una buena política de «marketing»
industrial.
Desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tuvimos
oportunidad de criticar constructivamente que este Libro
Blanco, sobre política industrial, adolecía de medidas
concretas, es decir, no tenía propuestas concretas de
actuación, tampoco evidenciaba medidas innovadoras dirigidas y
orientadas a la política industrial; en definitiva, este Libro
Blanco de política industrial presentado por el Gobierno a los
agentes sociales y, en este caso también al Parlamento,
carecía de un programa de actuación concreto y definido,
orientado a una actuación industrial contundente, precisa y
con medidas concretas de inmediata aplicación.
En nuestra intervención también tuvimos oportunidad de
criticar la estrategia que había seguido el Gobierno en su
presentación. Nosotros creíamos que hubiera sido más oportuno,
en vez de presentar muchas propuestas y cuestiones
relacionadas con muchos agentes sociales, económicos,
instituciones y ministerios, llevar al Parlamento propuestas
concretas, ya que nosotros teníamos el convencimiento de que
en poder del Gobierno hay en estos momentos suficiente
documentación y estudios elaborados por los diferentes
gobiernos como para que hubieran podido llevar propuestas
concretas sobre la base de estos informes y estudios, que
estamos seguros que el Gobierno dispone de todos los sectores
y subsectores importantes de la industria española.
Por este motivo, nosotros pensamos que el Gobierno ha
equivocado la estrategia, llevada por un camino más lento,
dirigida a debatir entre diferentes agentes sociales,
económicos e instituciones. Después de este debate, que
creemos será demasiado largo, todos los grupos parlamentarios
en la Comisión deberíamos intentar acelerarlo para poder
llegar a conclusiones concretas y precisas.
Por esta razón, quizá estando de acuerdo en el fondo de
algunas manifestaciones que Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha hecho en su moción, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) no la votará afirmativamente, ya
que, en definitiva, pensamos que la creación de una Ponencia
para que estudie toda la temática industrial, en vez de
acelerar las conclusiones y las propuestas, ya que en el ánimo
de todos los Grupos está poder incorporar el máximo de
actuaciones, quizás retrasaríamos este debate, estas
propuestas, lo que conllevaría que la puesta en práctica de
dichas medidas de política industrial que precisa nuestro
país, no sería del todo conveniente.
Tampoco estamos de acuerdo en el punto que Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una serie de
procedimientos para las operaciones patrimoniales importantes.
La semana pasada este Congreso aprobó una ley de
privatizaciones, en la cual quedaba perfectamente clara y
delimitada cuál era la situación del Gobierno en cuanto a
futuras privatizaciones de empresas públicas.
Por tanto, nosotros, en aras a buscar este consenso y a
intentar en la Comisión definir un procedimiento para elaborar
estas conclusiones concretas y precisas, introduciríamos una
enmienda «in voce» a la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en el buen sentido de que si esta enmienda «in
voce» es aceptada, la hace suya el Grupo Socialista y, por
descontado, es aceptada y aprobada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, nuestro grupo votaría
favorablemente la moción, en aras a buscar este consenso
parlamentario y a buscar soluciones concretas, precisas y
definitivas para aplicar inmediatamente en la política
industrial española.
Concretamente, la enmienda «in voce» que voy a leer en estos
momentos, está cogida textualmente de una de las propuestas de
resolución aprobadas en esta Cámara en el último debate del
estado de la nación, y va orientada básicamente a instar al
Gobierno, en el actual período de sesiones y tras el oportuno
debate, a que adopte un conjunto de medidas de política
industrial dirigidas a fortalecer los factores de
competitividad de la industria y, de modo específico, los
relativos a tecnología, recursos humanos, energía,
internacionalización de la empresa, apoyo a las pequeñas y
medianas empresas y financiación de la actividad industrial.
Pensamos que es en este punto donde se pueden buscar
soluciones precisas y concretas para poderlas aplicar
inmediatamente a la política industrial española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente para, como ya hice en la intervención cuando se
presentó la correspondiente interpelación, manifestar mi
acuerdo de fondo con el señor García Fonseca, porque me
parecen que todas sus ideas son perfectamente asumibles.
Además, el espíritu de consenso que él está buscando adorna,
precisamente, los objetivos que quiere alcanzar.
Convertida su interpelación en moción, creo que entramos en un
camino de limitaciones que a mí me parece que es querer
ponerle vías al debate, en este caso vías incluso hasta de
alta velocidad; de alguna forma, estan encauzándolo
excesivamente sin dejar una mayor participación al debate. Me
parece que la iniciativa ya está tomada, nos guste o no. Ya
insistí el otro día en que, de alguna forma, nos podíamos
considerar padres de la criatura. La Comisión --por referirme
a puntos de su moción-- ya existe y el proceso se ha iniciado
de forma contraria a la que usted esblece en el punto 2.º. Me
parece que debe ser el Parlamento el que recoja los acuerdos y
compromisos de los agentes sociales y comunidades autónomas y
los convierta en materia regulable. Desde luego, en su punto
4.º, los objetivos de actuaciones prioritarias que se marcan
me parece que sí, que pueden ser prioritarios, pero pueden
caber otros después de una amplia discusión.
En este caso no le puedo apoyar, señor García Fonseca, aunque,
repito, comparto plenamente su espíritu de consenso. Espero
que la comparecencia del ministro en la comisión sea inmediata
y empecemos a trabajar de forma decidida, yo diría que hasta
intensiva, en este debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
García Fonseca para expresar la aceptación o rechazo de las
enmiendas defendidas.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir, brevemente, que mi grupo no va a aceptar las
propuestas de los demás grupos, y no por razones de cerrazón o
de intentar entrar en confrontacióncon algunos de ellos. En
absoluto. Simplemente porque, por el propio Reglamento, nos
resultaría mucho más difícil poder mantener propuestas que
unos grupos aceptan y otros no, y que pueden expresar, con
distintos matices, las posiciones de cada grupo. Si
aceptáramos algunas de las enmiendas con la que, en principio,
podríamos estar de acuerdo; por tanto, no aceptarlas no
significa el rechazo de todas. Hay algunas con las que
diferimos; otras podríamos aceptarlas; pero, repito en que la
razón de no hacerlo es simplemente una cuestión reglamentaria.
Mantenemos nuestra moción tal como está. La enmienda del Grupo
Socialista nos parece que intenta alguna aproximación, pero
tan tímidamente que no sólo no reducen distancias sino que al
final la alargan en el sentido de que no parece que acepten
adjetivos significativos o conceptos importantes que el propio
documento del Gobierno explicita. Por ejemplo, cuando habla de
establecer...
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, el turno es,
simplemente, para expresar la aceptación o rechazo.
El señor GARCIA FONSECA: De acuerdo, señor Presidente.
Termino diciendo que, en principio, no aceptamos, con estas
explicaciones genéricas a las que acabo de referirme, ninguna
de las enmiendas que se han presentado. Mantenemos la
redacción de la moción, si bien al punto 2.º, como antes leí,
añadimos una palabra que explicita mejor el contenido del
propio párrafo, y esperamos el apoyo total o parcial de los
grupos que lo consideren oportuno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Fonseca.
Vamos a proceder a la votación.
(Pausa.--El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente,
solicito votación separada del punto 4.º de la moción.
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que se somete a votación con
la única corrección gramatical introducida por el señor García
Fonseca durante su intervención y que afecta al punto 2.º
Puntos 1.º, 2.º y 3.º de la moción de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 293; a favor, 130; en contra, 161; abstenciones,
dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados 1.º, 2.º
y 3.º
Apartado 4.º de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 292; a favor, 12; en contra, 278; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 4.º
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
PROYECTOS DEL GOBIERNO PARA PLANTEAR UNA AUTENTICA POLITICA
DEL AGUA, ASI COMO PRINCIPIOS QUE APLICARA PARA PROPONER
SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA SEQUIA (Número de expediente
173/000069)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular consecuencia de
interpelación, sobre proyectos del Gobierno para plantear una
auténtica política del agua, así como principios que aplicará
para proponer soluciones al problema de la sequía.
La señora De Palacio tiene la palabra. (Numerosos señores
diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señora De Palacio.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Señor Presidente, señorías, la semana pasada debatíamos aquí
una interpelación planteada por el Grupo Popular sobre la
necesidad de llevar a cabo una auténtica política del agua,
eficaz, en unos momentos indudablemente marcados por lo que es
la actualidad, es decir, por una situación de sequía, sequía
que perdura por tercer año consecutivo en el sur de España,
que supone para millones de ciudadanos una realidad marcada
por los cortes de agua, para muchas empresas --concretamente
para el sector turístico-- enormes problemas y para la
agricultura una situación casi de desesperación, situación
que, además, no es que se haya visto aplacada después de las
declaraciones efectuadas, a finales de la semana pasada, por
el Comisario Europeo en cuanto a la voluntad de apoyo o de
ayuda de Bruselas respecto a los problemas que aquejan a
nuestros agricultores, cuestión sobre la cual a lo largo de
los próximos días el Grupo Popular presentará distintas
iniciativas pidiendo al Gobierno que lleve a cabo las
negociaciones conducentes a conseguir desde Bruselas apoyos
semejantes a los que se han obtenido en otras ocasiones, como
cuando se producen catástrofes (recientemente, con motivo de
las inundaciones, países como Holanda se van a ver
beneficiados de ayudas europeas), o como cuando, en el año
1992, Portugal recibió 15.000 millones de pesetas en
subvenciones y ayudas para paliar los efectos catastróficos de
la sequía en aquel país.
La sequía, señorías, es un problema que aqueja a España desde
hace tiempo, no es de hoy; es un hecho la situación irregular
en cuanto a las lluvias en España, irregularidad no sólo en
cuanto a su distribución geográfica, sino también en cuanto a
su distribución temporal, pero dentro de esa irregularidad, no
nos engañemos, existe una repetición cíclica que exige que por
parte del Gobierno se tomen las medidas adecuadas para prever
los efectos negativos y para intentar
disminuir las consecuencias negativas para nuestra economía y
para la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Por ello hace una semana a lo largo de la interpelación, en
nombre del Grupo Popular, critiqué lo que nosotros entendemos
que han sido faltas reiteradas de previsión, así como errores
o incapacidad a la hora de gestionar los medios materiales,
humanos y de todo tipo por parte de los distintos gobiernos
socialistas diez años después de haber aprobado una Ley de
Aguas que, en principio, pretendía dar solución a los
problemas de la sequía que hay en España.
A lo largo de ese debate planteamos la urgencia de una
planificación como instrumento adecuado para llevar a cabo una
buena política del agua; presentamos los fallos en la gestión
de las aguas subterráneas que tienen que ver no sólo con la
lentitud administrativa a la hora de solucionar los problemas
relacionados con la inscripción en los registros de aguas
públicas de las explotaciones anteriores a la Ley de Aguas;
planteamos cuestiones como la de los acuíferos
sobreexplotados; los problemas relacionados con la falta de
acción por parte de la Administración en cuanto a los vertidos
clandestinos o ilegales que se producen en nuestros ríos y que
los tienen en estos momentos convertidos, en gran medida, en
enormes cloacas; también planteamos el problema de la falta de
mantenimiento y modernización del capital hidráulico
acumulado, lo que produce que en este momento en España el
segundo consumidor, después de la agricultura, sean las
pérdidas.
Ahora bien, señorías, hablar del agua es hablar de la vida. El
agua, en un momento dado, puede potenciar o, por el contrario,
yugular cualquier desarrollo, porque si no hay agua nada es
posible.
Por ello desde el Grupo Popular tenemos que decir que al
hablar del agua normalmente nos encontramos enfrentados, por
parte de los ciudadanos, con una reacción que no tiene que ver
con la razón sino, no nos
engañemos, con el «pathos». Desde el Grupo Popular entendemos
que los problemas del agua hay que enfocarlos desde la razón;
enfocarlos desde la razón exige rigor a la hora de estudiar
esos problemas; rigor a la hora de plantear soluciones a esos
problemas; rigor que reclama estudios y que, a la vez, debe ir
acompañado de una voluntad de acuerdo. Si el rigor es uno de
los ejes que planteamos desde el Grupo Popular en cuanto a la
política del agua, el segundo elemento que debe impregnar esa
política del agua es la voluntad de acuerdo con el mayor
número posible de fuerzas políticas y la voluntad de conseguir
un respaldo social del máximo nivel.
Por esta segunda razón hemos aceptado en bloque --y lo anuncio
ya--, todas las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
a nuestra moción. Algunas de ellas, eran más o menos
discutibles; otras sencillamente de detalle; otras incluso
creo que mejoran el texto pero, en cualquier caso, las
aceptamos en bloque precisamente en aras a esa voluntad de
acuerdo que creemos debe presidir una política del agua en
España; razón que implica rigor pero eso también tiene que
hacernos comprender que no podemos confundir lo que es
urgencia real de que se lleve a cabo una planificación
hidrológica que permita prever lo que han de ser las acciones
públicas en este terreno para los próximos quince o veinte
años, urgencia real en tomar, de manera inmediata, medidas
concretas que puedan mejorar nuestra situación que pueden
ayudar a que no sea tan grave y mejorar claramente lo ya hecho
hasta el momento; pero, como digo, esa urgencia real que
planteamos y con la que reclamamos desde la elaboración del
Plan Hidrológico Nacional hasta otra serie de cuestiones no
puede ser confundida, en ningún caso, con la precipitación.
Urgencia sí; precipitación, en absoluto.
Precisamente porque reclamamos urgencia, porque reclamamos
razón y rigor, no podemos hablar de precipitación, sino de
estudiar adecuadamente las cuestiones planteadas. Por ello en
nuestra moción hacemos propuestas a medio plazo que tienen que
ver con la planificación fundamentalmente y propuestas de
aplicación inmediata.
El primer punto de nuestra moción es sencillamente reclamar
del Gobierno el cumplimiento, a la mayor brevedad posible, es
decir, tan pronto sea posible, con la máxima urgencia, de la
moción que hace un año casi aprobábamos aquí en la Cámara;
moción que les recuerdo contemplaba las siguientes cuestiones:
por un lado, aprobar que el Gobierno remita cuanto antes un
Plan Hidrológico Nacional acompañado de un Plan de regadíos,
además debidamente coordinado con las distintas
planificaciones sectoriales, concretamente no sólo con la
agraria, sino también con la energética y con la de ordenación
del territorio y la económica. Este Plan Hidrológico Nacional,
además, debiera tener los estudios suficientes que
garantizaran la viabilidad técnico-económica de los trasvases,
pieza clave indudablemente para, en un momento dado, conseguir
el adecuado reequilibrio hídrico en España.
En segundo lugar, planteábamos entonces, y reclamamos y
urgimos en este momento, la culminación de los Planes
hidrológicos de cuenca, culminación que nosotros consideramos
absolutamente necesaria, porque no se puede decir que se
cuenta con excedentes en una cuenca si previamente no se tiene
el Plan de esa cuenca, si previamente no se sabe cuáles son
las necesidades de esa cuenca, cuáles son las necesidades en
un futuro previsible y, por tanto, cuáles son los volúmenes
que de manera regular sobran o van al mar en esa cuenca.
Además de ello reclamábamos cuestiones clarísimas
complementarias, como son un Plan de ahorro y de reutilización
de las aguas en sus diversos usos. Eso se ve complementado con
unas iniciativas concretas, que hoy también planteamos, que
aparecen en los puntos 7.º y 8.º de nuestra moción, y que
tienen que ver con la modernización de las redes de
distribución en las grandes urbes, donde sabemos se pierde una
media del orden del 35 por ciento, llegando en algunas
comunidades autónomas al 50 por ciento, así como impulsar con
las comunidades de regantes (y ahí la incorporación de la
enmienda del Grupo Socialista en el apartado anterior y en
éste, además a través de las comunidades autónomas, cuestión
que creo mejora el texto propuesto en un principio por
nosotros) para modificar, de acuerdo con ellas, las técnicas
de regadío, así como las instalaciones de las mismas.
En tercer lugar, nosotros reclamamos que se cumpla
adecuadamente lo que ha sido un mandato del Congreso, como fue
el envío, por parte del Gobierno, dando cuenta de manera
cumplida de cuál ha sido la real aplicación del Título VII de
la Ley de Aguas, es decir, aquel que tiene que ver con las
infracciones y las sanciones, por cuanto que, como dijimos la
semana pasada, el documento (folio y medio, además
contradictorio con otros documentos del propio ministerio)
entendíamos que en absoluto se podía aceptar como un
cumplimiento razonable de lo que fue el mandato en su día y,
por tanto, lo volvemos a exigir.
En cuarto lugar, dos propuestas relativas a la adecuada
gestión de las aguas subterráneas y muy especialmente
relativas a los acuíferos sobreexplotados. Aquí vamos a
aceptar la redacción que propone el Grupo Socialista. Nos
gustaba más la nuestra, en tanto en cuanto suponía unos plazos
muy estrictos (seis meses, un año), que considerábamos
suficientes, pero entendemos que la propuesta del Grupo
Socialista es aceptable, supone también ciertos compromisos y
de lo que se trata es de que, de una vez por todas, se
produzca el control, la inscripción, el conocimiento y la
identificación de cuáles son en este momento las extracciones
que se producen de nuestros acuíferos, así como que de manera
inmediata se proceda a la ordenación de aquellos acuíferos que
están sobreexplotados, o que están en proceso de declaración
de sobreexplotación, cuestión que consideramos también de la
máxima urgencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio,
vaya concluyendo.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Termino, señor
Presidente.
Por último, señor Presidente, y con ello concluyo, un plan de
mejora urgente de los abastecimientos urbanos con
restricciones, cuestión que enlaza con un Decreto-ley cuya
convalidación se verá el próximo jueves, donde nosotros además
planteamos que haya un control desde el Congreso de la
ejecución de estas obras urgentes, por cuanto entendemos que
eso colaborará a la clarificación y a la transparencia de la
gestión en estas materias.
Espero de los demás grupos el apoyo a esta moción y que, de
esta manera, podamos seguir planteando lo que debe ser una
política del agua que, como digo, entiendo debe ser una
política aprobada con el mayor consenso, con el respaldo del
mayor número posible de fuerzas políticas, desde la razón,
desde el rigor, desde los estudios y desde la seriedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor
Presidente.
Ya en el debate del 22 de marzo pasado quedó clara la gran
coincidencia de nuestro Grupo en el diagnóstico de la
situación. Es una situación que todos hemos estado conformes
en calificar de muy grave, planteando un cúmulo de problemas
de los que sólo es posible salir si nos instalamos en el
dominio del rigor y de la razón, como hemos tenido ocasión de
escuchar, y si conseguimos instalarnos, en ese dominio del
rigor y de la razón, en un grado superior del mismo que es el
del consenso. Por tanto, hay coincidencias desde el Grupo
Socialista en el diagnóstico de la situación, coincidencia que
no me puede excusar de no estar conforme con la afirmación de
falta de previsión en las políticas del Gobierno relacionadas
con el agua.
La situación es históricamente excepcional. En el último
siglo, este país no había sufrido el conjunto de
circunstancias adversas por las que viene pasando y no lo
había sufrido en condiciones de población y de consumo
absolutamente diferentes de las actuales. Hay un cúmulo de
circunstancias que agravan extraordinariamente una situación
que es de catástrofe nacional, en la que la imprevisión del
Gobierno no es predicable ni sostenible. Del esfuerzo
realizado por estas Cámaras, por el Gobierno, recuerdo no
menos de cinco leyes urgentes sobre la sequía; una de ellas,
en diciembre de 1983, fue la que dio lugar a mi primera
intervención en este Pleno. En los últimos años, más de 50.000
millones de pesetas han sido dedicados a actuaciones urgentes
para reparar, en la medida en que el ser humano tiene
capacidad de diseñar el tamaño de un daño. Pero cuando eso se
presenta con la virulencia con la que se ha presentado en los
últimos años, es ir más allá de lo posible prever la serie de
circunstancias adversas por las que estamos pasando.
Sostenemos también algunas diferencias importantes en cuanto a
los procedimientos para encontrar solución a estos problemas.
Sostenemos que si todos nos pusiésemos de acuerdo en ese
rigor, en ese sentido común y en ese consenso sería posible
acelerar la presentación en esta Cámara de los planes de
cuenca, del plan de regadíos que se introdujo como condición
previa al Plan Nacional, y del propio Plan Nacional,
instrumentos que reiteramos, sin cuyo concurso no podremos
tener nunca la satisfacción de estar planteando en sus justos
términos salidas definitivas a los problemas, por lo menos a
los problemas más importantes de agua que tiene planteados el
país.
Eso nos debe llevar a asumir la durísima misión de explicar la
dura realidad de la necesidad de los trasvases, ligados al
Plan Nacional. Si encontramos ese punto de acuerdo, estaremos
encontrando la salida definitiva a los problemas que tiene
planteados este país en su régimen hidráulico. Porque con
sequía o sin sequía, hay agua donde la hay, sistemáticamente,
y falta donde falta. Eso se produce incluso cuando no hay
sequía.
Por tanto, sin plan hidrológico nacional, sin planes de
cuenca, sin el plan de regadíos que esta Cámara decidió y sin
comprender todos que eso nos lleva, como he dicho antes, a la
durísima batalla de explicar y defender la necesidad de los
trasvases no podremos encontrar salida definitiva a este
problema.
Por volver a la moción, que es el asunto que nos trae hoy a
este Pleno, la coincidencia sustantiva de nuestro Grupo con el
contenido de la moción se deduce de las propias enmiendas que
hemos presentado, la mayoría de ellas de tono menor, que
introducen mejoras, reconocidas por el propio Grupo que trae
la moción, en su redacción.
Quisiera referirme a lo que ha dicho la señora De Palacio, que
es cierto, de que, del informe sobre el grado de gestión de
los títulos 6 y 7 de la Ley de Aguas, el remitido por el
Ministerio referido al título 7 es realmente pobre. Lo es
porque se resumió en dos folios el contenido de una
información mucho más amplia que ahorava a ser enviada con
carácter inmediato a esta Cámara, tal como hoy se dice, porque
está confeccionada. Entendió
el Ministerio, a mi criterio con una mala percepción de la
información que le estaba pidiendo este Congreso, que era
suficiente con resumir una tabla en donde se recogían los
resultados finales. Esa información existe y va a tener
entrada con carácter inmediato.
Hemos enmendado también el punto tercero y no lo hemos hecho
por ningún capricho. Hay ahora mismo más de 100.000
solicitudes de inscripción de aprovechamientos de aguas
subterráneas, posteriores a la entrada en vigor de la Ley de
Aguas, más una cantidad que no puedo precisar de las
anteriores. Era técnicamente imposible en seis meses proceder
a la inscripción registral de esas cien mil solicitudes, so
peligro de dar lo que se entiende por una amnistía
generalizada, darlas todas por buenas e inscribirlas en el
registro sin verificar previamente si cumplían o no las
condiciones ciertamente duras que impone la Ley de Aguas. Por
tanto, lo que hemos sustituido es ese plazo perentorio que
hacía imposible el cumplimiento del mandato de esta Cámara por
un plazo de tres meses para que el Gobierno presente un
programa con calendarios adecuados a la extraordinaria carga
de trabajo que hay pendiente.
El punto quinto también lo hemos suprimido, porque era
básicamente una petición de información al Gobierno y no
parecía que tuviese mucha conexión con la idea de la moción
que es aportar algunas soluciones, además de las que ya hay,
para paliar los problemas de la sequía y del agua en este
país.
Todas las enmiendas son de tono menor, como digo, y ruego a
todos los grupos de la Cámara que las acepten, que las voten
por unanimidad, con objeto de poderseguir manteniendo, por lo
menos hasta hoy, la unanimidad de la Cámara en torno a las
soluciones posibles a un problema tan importante como el del
agua.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
García-Arreciado.
¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir en el debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, muy brevemente.
Intervengo para fijar la postura respecto a la moción del
Partido Popular, consecuencia de la interpelación urgente
sobre la política del agua. El contenido de esta moción es de
máxima actualidad. Nos encontramos --y no lo digo yo sólo,
sino muchas personas de esta Cámara y sobre todo los que lo
sufren-- ante una situación límite. Voy a apoyar esta
iniciativa por cuanto considero que hay que aunar esfuerzos
para conseguir salir de esta situación, pero quiero denunciar
que esta gravesituación por la que atraviesan millones de
ciudadanos del Estado afectados por la sequía podría haberse
intentado paliar con anterioridad si hubiéramos dejado de lado
discusiones, guerras y otras cosas de las que no hemos sacado
provecho ninguno de los españoles.
Lo urgente, lo necesario es que se aborde una decidida
política de trasvases. El Gobierno, el 10 de febrero, adoptó
unas medidas positivas, así lo creo, pero de todo punto
insuficientes en materia de garantizar los recursos y los
abastecimientos hidráulicos. El problema va más allá. El
problema es más grave y más profundo. Mientras llega el soñado
plan hidrológico nacional deben abordarse en el contexto de
una política hidráulica seria y rigurosa los trasvases que
Unión Valenciana ha defendido constantemente, en particular
para la zona de la cuenca mediterránea. Les hablo desde la
experiencia de una comunidad con graves problemas y grandes
carencias hidráulicas.
También sería oportuno, aunque parezca muy ligero, crear un
ministerio para los recursos hídricos que se encargara de la
gestión y planificación hidrológica. Mientras se discute el
Plan hidrológico nacional --Plan hidrológico nacional, sí,
Plan hidrológico nacional, no--, el sur, el sureste y la
cuenca mediterránea pasan sed. Es cuestión de solidaridad.
Depende de nosotros dar soluciones. Es evidente que se hace
necesario un gran pacto estatal por el agua, que es reclamado
por todos los ciudadanos.
Yo, desde aquí, haciéndome eco de la petición de muchos
ciudadanos, hago un llamamiento a todos los grupos para que
impere el sentido común.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Martín.
El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Quiero fijar nuestra posición desde la tribuna, porque desde
Coalición Canaria contemplamos la sequía como uno de los
grandes problemas que tiene en estos momentos el país.
Desde el primer momento queremos dejar claro que la moción nos
parece oportuna. Porque, cuando se habla de política de agua,
indudablemente, no se puede resolver el problemas tratándolo
de forma puntual, sino que hay que hablar de política
integral, de política del agua como recurso, tanto si se trata
de aguas superficiales, subterráneas, depuradas o de
reutilización, cuando se trate de los usos urbanos, agrícola e
industrial o cuando se trate de la aplicación de medidas
inherentes a un cambio de mentalidad en la sociedad o
tecnológica. Eso exige el rigor al que aludía la portavoz del
Grupo Popular.
Es indudablemente oportuna porque yo creo que toda la Cámara
está de acuerdo en que no se había tenido una situación
similar. En Canarias, hace casi un año
que no cae una gota de agua. Lo que pasa es que creemos que no
se puede resolver sólo el problema de una parte de España, de
la España peninsular, sino de la totalidad de España, y ahí se
incluye la España archipielágica.
Voy a intentar en poco tiempo explicar por qué no se resuelve
el problema. Si vemos la moción como si vemos las enmiendas,
nos daremos cuenta inmediatamente de que está tratada desde el
punto de vista genérico, de gran parte del territorio nacional
pero no de todo él, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en
las islas Canarias la Ley de Aguas es una ley específica ya
que tiene competencia exclusiva excepto en lo que es la
situación de las aguas públicas. Por tanto, es necesario
contemplar medidas muy específicas. Pero también hay que
contemplar que en la propia transferencia quedaba claro que
las obras de interés general seguirían siendo competencia del
Estado. Si analizamos los diferentes puntos de la moción --el
punto 1, el 2, el 3--, nosotros no tenemos posibilidad de
hacer transferencias de cuencas ni podemos hablar de
trasvases, porque entre las islas no se pueden hacer, ni
podemos hablar de planes de cuenca, ni de los planes
hidrológicos de cuencas; las medidas de agua y de
reutilización, que se está proponiendo que se estudien, están
estudiadas; los problemas de calidad de aguas, que son los que
más afectan, no entran dentro de esta política... En fin, no
quiero hacer un repaso; indudablemente yo creo que es acertada
la moción pero para una parte de España.
El problema con que se enfrentan en este momento las Islas
Canarias es que éstas se alimentan de aguas subterráneas. En
la península, las aguas son básicamente superficiales y se
recurre a las aguas subterráneas de forma excepcional. En el
caso canario es totalmente a la inversa. Las aguas
superficiales no van más allá del 5 al 10 por ciento, y
depende de qué islas, y, sin embargo, las aguas subterráneas o
potabilizadas constituyen el 90 por ciento.
Por eso, el problema hoy no es inmediato en el suministro de
poblaciones, pero a medio y largo plazo el problema es
muchísimo más grave, porque al final los suministros se están
realizando en función de aguas basales, de sobreexplotar los
acuíferos; eso produce intrusión marina y durante muchísimos
años llevaremos ese baldón sobre las espaldas, por haber
tenido que sobreexplotar los acuíferos.
En este momento se han perdido todas las cosechas de «papas» y
están a punto de perderse las de la viña. La ganadería está
sufriendo como nunca; es pequeña pero la tenemos que mantener,
entre otras cosas, por políticas de autoabastecimiento, aunque
sea en casos mínimos. Se está perdiendo parte de la
agricultura de regadío. En definitiva, la situación está
siendo auténticamente catastrófica.
Sin embargo, si miramos esta moción, si miramos el decreto
sobre la sequía que se verá el jueves que viene aquí, parece
que la situación en Canarias es que sobra agua. Y nada más
alejado de la realidad. Lo que pasa es que las medidas y la
política que hay que adoptar son totalmente diferentes.
Las Islas Canarias tienen que moverse con un exquisito
equilibrio, para poder mantener una situación deficitaria «per
se», situación deficitaria que sólo se puede resolver con
medidas tecnológicas, en algún caso, y con avances en los
planes que están previstos con el Ministerio.
En este caso, casi nos atreveríamos a pedir, simplemente, que
se cumplieran sus plazos, pero hay potabilizadoras retrasadas
y el problema del retraso no es sólo que ese agua potabilizada
no llegue al núcleo urbano, sino que está impidiendo que se
puedan reutilizar aguas depuradas, que no se pueden utilizar
en la agricultura y que se están vertiendo al mar. Hay
poblaciones que están tirando 30.000 o 40.000 metros cúbicos
diarios de agua al mar, porque se trata de aguas de alta
salinidad, que las están consumiendo los ciudadanos pero que
no sirven para la agricultura. Que se introdujeran aguas
potabilizadas de alta calidad permitiría reutilizar esas aguas
que ya están siendo depuradas.
Pequeños impulsos en proyectos muy específicos de calidad del
agua permiten aumentar los recursos para soportar la
agricultura, necesaria no sólo porque significa una
contribución al producto interior bruto de Canarias y de
España, sino porque significa, además de esa contribución, un
recurso al paisaje y, por tanto, al mantenimiento del turismo
para el cual es muy importante.
Por eso queríamos traer a esta Cámara --aun cuando hayamos
ocupado una parte del tiempo que nos corresponda y sea tarde--
la preocupación de que no es cosa de tratar siempre a todo el
mundo por igual. En muchos casos, el trato diferente de lo
igual es muy malo, pero el trato igual de lo diferente es tan
malo como el anterior. Es necesario establecer planes para la
España peninsular y planes para la España archipielágica. Si
yo les contara --y no sé si leerles cualquier plan de
cualquier isla-- las medidas contempladas a largo plazo, a 10
ó 15 años, para poder supervivir en materia de agua, algunos
se convencerían de cómo vivimos los canarios, con una
auténtica preocupación por el recurso hídrico, que es el que
nos permite la supervivencia.
Está estudiado todo tipo de medidas. Se reutiliza el agua, se
utiliza dos veces, se pagan precios altos, se buscan fórmulas
tecnológicas avanzadas, la industria turística potabiliza agua
para entregársela depurada al sistema agrícola como
contribución del turismo para aumentar ese recurso, pero, al
final, lo que falta es financiación para poder paliar los
problemas.
Por eso, Coalición Canaria va a apoyar la propuesta y va a
apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, pero
en tanto creemos que la moción presentada no resuelve los
problemas nos consideramos
en la obligación, y lo estudiaremos en los próximos días, de
traer a esta Cámara una proposición no de ley que complete, de
alguna forma, la serie de medidas que sería necesario
establecer para que la España archipielágica tuviera también
una salida.
Resumiendo, apoyaremos la moción pero esperamos obtener de los
grupos políticos, el día que traigamos una proposición no de
ley razonable, su apoyo, para que resolvamos el problema,
repito, de toda España.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Vamos a fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco
respecto a la moción consecuencia de interpelación presentada
por el Grupo Popular manifestando que nos parece oportuna su
presentación, nos parece que aborda problemas pendientes
todavía y acordados por esta Cámara con ocasión de un debate
habido el año pasado. Y, señor Presidente, yo creo que la
señora De Palacio ha hecho una serie de consideraciones muy
oportunas cuando decía que era necesario un rigor, es
necesario racionalidad, es necesario sensatez en cuanto a la
política y en cuanto al consenso sobre el agua y, por tanto,
el Grupo Parlamentario Vasco está de acuerdo con ese
planteamiento filosófico y político que hace la señora De
Palacio en representación del Grupo Popular.
Nos parece que eso es fundamental, creo que el señor
García-Arreciado en representación del Grupo Socialista estaba
de acuerdo con ello y, por consiguiente, ésta es una cuestión
esencial. Se decía que el agua es la vida, y así es, señor
Presidente. Sin agua no podríamos subsistir, no podríamos
funcionar ordenada, adecuadamente. Además, señor Presidente,
los responsables políticos de todas las administraciones que
tienen competencias sobre esta cuestión, tanto la central como
la autonómica y la local, necesitan una coordinación, una
colaboración para llevar a cabo una política de
sensibilización en cuanto a la importancia que tiene el agua
en la vida de los ciudadanos, no sea que ocurra como aquella
anécdota que le sucedión a un famoso dirigente de los países
árabes de origen británico, como era Lawrence de Arabia, que
cuando volvió a su tierra natal con gente originaria de Arabia
los árabes pensaron que con comprar grifos ya compraban el
agua. Señor Presidente, todavía no estamos en esa situación
que podían estar los árabes, pero es necesario una
sensibilización y un compromiso de que el agua es un bien
absolutamente necesario y escaso. Porque el otro día nos decía
un experto que comparecía en la Ponencia del Plan director de
infraestructuras en cuanto al área referente a los recursos
hídricos que, por ejemplo, en Pamplona llueve más que en
Dublín, pero llueve de manera diferente y eso lo que está
originando es no el aprovechamiento adecuado, no el que sería
preciso y no el que sería rentable para los ciudadanos
españoles.
Señor Presidente, dentro del análisis sobre el agua hay un
planteamiento filosófico importante. Yo creo que cuando esta
Cámara aprobó la Ley de Aguas partía de un concepto nuevo que
era la concepción del agua como un bien de dominio público, es
decir, la regulación excepcional que las disposiciones
transitorias segunda y tercera de la Ley de Aguas contienen
sobre los procesos de publificación de las aguas privadas que
existían en España y en ese texto legal hay toda una
filosofía, un planteamiento de la concepción del agua por
parte de esta Cámara.
Partiendo de esa base política importante que es la concepción
del agua como un bien de dominio público, tenemos que
ensamblar los diferentes instrumentos de planificación.
Sencillamente tenemos la gestión del agua compartida, la
gestión del agua distribuida en cuanto a su gestión, tanto en
lo que se refiere a las cuencas intracomunitarias, que serán
gestionadas por las comunidades autónomas, como las
intercomunitarias, aquéllas que trascienden del ámbito
territorial de una comunidad autónoma. Y, señor Presidente,
ahí intervienen tres elementos de planificación sectorial, de
planes especiales de los que habla la Ley del Suelo y que, en
definitiva, tiene un tratamiento especial en la Ley de Aguas
que es el plan hidrológico con carácter de ley, con carácter
reglamentario los planes aprobados por el Gobierno para las
cuencas intercomunitarias, y luego la planificación específica
que puedan realizar las comunidades autónomas respecto a
aquellas aguas que discurran íntegramente por el territorio de
una comunidad autónoma.
Señor Presidente, también hay un debate sobre cómo se concibe
la planificación del dominio público hidráulico, de si debe
ser primero el plan hidrológico o deben ser primero los planes
de cuenca. Yo creo que la misma Ley de Aguas, la ley sectorial
que hace la regulación general en el tema parte de la idea de
que exista una planificación, primero, a nivel reglamentario
de los planes de cuenca para culminar con un plan hidrológico
nacional. Y digo esto porque cuando la Ley habla del plan
hidrológico nacional está hablando de la coordinación de algo
que ya debe existir, que son los planes de cuenca.
Por lo tanto, señor Presidente, sin perjuicio de las
diferentes opiniones que también manifestaba el Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente que existían
sobre esta cuestión, creo que la función del Plan hidrológico
nacional es la coordinación y determinación del nivel de
trasvases que debe haber entre las diferentes cuencas
hidrográficas. Además, por
otra consideración de orden jurídico o legislativo, señor
Presidente, esa función coordinadora que la Ley de Aguas
designa al Plan Hidrológico Nacional, al final, al ser un
instrumento de carácter legislativo, al ser una Ley en base al
principio de jerarquía normativa, estaría disciplinando y
coordinando a planes hidrológicos, como los de cuenca, que
tienen ámbito reglamentario. En definitiva, todo lo que fuera
en contra de lo establecido en el Plan hidrológico nacional
quedaría derogado, tácita o expresamente, por esa
planificación a nivel superior.
También voy a fijar la posición respecto a las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que son enmiendas
pertinentes, porque lo único que nuestro Grupo pensaba achacar
a la moción del GrupoParlamentario Popular era que no tenía
ninguna consideración o reflejo sobre las competencias de
gestión que tienen las comunidades autónomas sobre ello,
aunque estaba bien plasmada la filosofía en cuanto a su
gestión. Cuando el Grupo Parlamentario Popular plantea la
necesidad de un plan de mejora de los abastecimientos urbanos
o la planificación para la modernización de las redes de
distribución o para la mejora de los regadíos, señor
Presidente, creo que habría que incluir --creo que es
pertinente la enmienda del Grupo Socialista, por lo menos ha
habido sensibilidad autonómica sobre esta cuestión-- que esta
planificación, como he dicho anteriormente, se puede realizar
a tres niveles y la planificación correspondiente a las
cuencas intracomunitarias corresponde realizarla a las
comunidades autónomas, en la medida en que a ellas corresponde
la gestión del uso y aprovechamiento de las aguas que
discurran íntegramente por su ámbito territorial, aunque la
titularidad dominical corresponda al Estado.
Por tanto, creo muy oportunas estas enmiendas, donde se habla
de colaboración entre los poderes centrales del Estado y las
comunidades autónomas. En ese sentido, queda mejorada la
moción presentada por el Grupo Popular, y nuestro Grupo va a
apoyar la moción con las enmiendas presentadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Brevemente. El miércoles pasado, en el debate de la
interpelación, yo hablaba de buscar un consenso, llamaba al
consenso, por decirlo de alguna manera, pedía una moción en
línea para obtener este consenso. Verdaderamente, la moción
está en muy buena línea para ello, con algunos excesos o
matices en los puntos 2, 3 y 5, por lo que nuestro Grupo
estaba dispuesto a votarla en algunos de los conceptos. Vemos
claramente que el concepto 1 es repetición de algo que no deja
de preocuparnos, repetición de seis de los puntos de la moción
que se aprobó el 22 de marzo del año pasado. Entonces, ya hubo
consenso; se aprobó por unanimidad.
El punto 2 hace referencia al punto 7 de entonces. Respecto a
los otros puntos, algunos piden que se impulse la constitución
de comunidades de regantes, que se hagan planes de mejora de
suministros urbanos y también modernización de redes. Esto es
positivo, por lo que vamos a dar nuestro apoyo total a este
texto; además, con la enmienda se subsanan matices que
podíamos tener como puntos un poco débiles que nuestro Grupo
encontraba en la moción.
De todas maneras, quisiera dejar constancia, aun cuando exista
este consenso, de dos reflexiones con una pequeña previa. La
reflexión previa sería que hemos hablado mucho en este debate
de la sequía, pero la moción de hoy no nos lleva a la
resolución de la sequía actual, es un tema del gran plan
hidrológico que necesita el país. En todo caso, las medidas
urgentes de sequía las veremos el próximo jueves.
Pasada la reflexión previa, nuestro Grupo, como primera
reflexión, quiere al menos dejar constancia de que seguimos
creyendo que la resolución inicial de los planes de cuenca es
necesaria para entrar luego a fondo en el plan hidrológico; lo
cito simplemente y quedamos abiertos a corregir esta posición
siempre que pudiésemos estar trabajando en lo que deseamos, en
el plan hidrológico.
Segunda reflexión. Señorías, mucha unanimidad, mucho consenso
hoy. Lo obtendremos, lo abtuvimos hace un año, pero nos
preocupan mucho los plazos. Yo diría que casi se desprecia lo
que desde esta Cámara se insta al Gobierno. La prueba es que
lo que hoy aprobamos --valga la redundancia parcial--, el
punto número uno, es repetición de unos puntos de hace un año.
A nosotros nos preocupa que lo que aprobemos aquí hoy lo tiene
que cumplir el Gobierno y muchas veces se olvida.
Lo más importante, que es obtener el consenso, necesita un
apoyo posterior, que el Gobierno cumpla, y el Ministerio de
Obras Públicas en estos temas a veces es olvidadizo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a apoyar la moción
que salga probablemente con la aceptación de la enmienda por
parte del Grupo Socialista, aunque nosotros tenemos serias
dudas sobre la operatividad de
una moción de esta naturaleza. Tenemos serias dudas no
solamente por lo que han manifestado otros ponentes relativo a
que lo que hace esta moción es repetir conceptos de mociones
aprobadas hace un año, a las cuales el Gobierno ha prestado
una escasa atención, sino porque es una moción que apoyan
ponentes que han manifestado públicamente hoy en esta Cámara
que su deseo es que existan cuantos más trasvases mejor,
mientras que otros, como nosotros, tenemos una actitud mucho
más prudente en ese tema; es una moción que permite un abanico
amplio de ideas sobre la resolución de los problemas
hidráulicos, hidrológicos y la sequía en este país; y, por
último, es una moción excesivamente amplia que no llega a la
profundidad del problema. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, por favor,
señor Andreu.
Ruego, por favor, a SS.SS. que guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, por favor.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Además de los problemas hidrológicos que se plantean en esta
moción y que nosotros por sentido común apoyamos, hay aspectos
que echamos en falta, como son aquellos que se refieren a las
rentas de explotaciones agrarias y asalariados del campo, que
están sufriendo enormemente la sequía, así como que se plantee
la existencia de medidas de financiación para todos estos
agricultores que se encuentran realmente en una situación muy
complicada, para los que, por ejemplo, Portugal ha conseguido
en la Unión Europea ayudas importantes con el fin de que
puedan subsistir durante la anualidad en la que ha habido
sequía. También echamos en falta algo que es muy específico de
la sequía para solucionar los problemas que ésta genera: que
se hable del reparto social del agua, y enmendar la situación
que se da hoy por hoy de que se reparte el agua por hectáreas
y no en función de los agricultores que tienen estas
hectáreas. Nosotros consideramos que los problemas de la
sequía no solamente tienen solución desde el punto de vista
del abastecimiento y de la mejora de las redes de conducción,
etcétera, que evidentemente es un aspecto importante, sino que
también hay aspectos sociales en los que la sequía ha
incidido, que necesitarían una atención mayor por parte de
esta Cámara.
En cualquier caso, estimamos que el debate real sobre la
solución de los problemas de la sequía no se
dará hasta que se discuta en esta Cámara el Plan Hidrológico
Nacional o los planes de cuencas. Ahí es don-de realmente
podremos confrontar las diferentes ideas que sobre la solución
de los problemas hidráulicos de este país tenemos los
distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señora De Palacio, tiene la palabra solamente para saber si
mantiene la posición que S.S. ha indicado de aceptación de
todas la enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor
Presidente.
Como he señalado desde la tribuna acepto en bloque las
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, aunque entiendo
que las que mejoran la moción son aquellas que dan
participación a las comunidades autónomas y establecen una
coordinación de la Administración central con las mismas para
llevar a cabo una serie de medidas, fundamentalmente de
ahorro, del plan de abastecimientos, de modernización de las
redes de abastecimiento y de los regadíos, y que las otras
serían, como he dicho hace un momento, más discutibles. Sin
embargo, en aras a esa voluntad de acuerdo con el mayor número
de fuerzas políticas --me da la impresión de que va a ser
unánime--, acepto todas y entendemos que aunque en algún
momento se pierde, como en el caso de las aguas subterráneas,
una mayor inmediatez en cuanto a los plazos, se mejora en
tanto en cuanto obtenemos el respaldo de todo el mundo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De
Palacio.
Pasamos a la votación de la moción debatida. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete a
votación en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos
emitidos, 282; a favor, 281; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.